Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 225, de 24/03/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 1999 VI Legislatura Núm. 225
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 217
celebrada el miércoles, 24 de marzo de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Preguntas:. . . . (Página 11968)
Interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las
actuaciones de ámbito general que tiene previsto adoptar el Gobierno
para impulsar el llamado «tercer sector» del ámbito social en España
(número de expediente 172/000146) . . . (Página 11992)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la
opinión que le merece al Gobierno la dimisión de la Comisión de la
Unión Europea (UE), el juicio que tiene acerca de la gestión de los
Comisarios nombrados por el Gobierno español, así como los criterios
y opiniones de todo tipo que van a servir de base a la actuación del
Gobierno para solucionar la crisis por la que atraviesa la Comisión
Europea (número de expediente 172/000145) . . . (Página 11998)
- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre política inmigratoria
(número de expediente 172/000147) . . . (Página 12005)
S U M A R I O
Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Preguntas . . . (Página 11968)
Del Diputado don Álvaro Cuesta Martínez, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Justicia:
¿Considera la Ministra de Justicia suficientes los recursos asignados
a compensar el ejercicio de la función de Jurado? (Número de
expediente 180/001685) . . . (Página 11968)
Del Diputado don Leocadio Bueso Zaera, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas está
adoptando el Ministerio de Justicia para ubicar en lugar adecuado la
Fiscalía Especial para la represión de delitos económicos
relacionados con la corrupción? (Número de expediente 180/001699) . .
. (Página 11969)
Del Diputado don José Alarcón Molina, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo beneficia a los
ciudadanos la reciente expedición, por el Ministerio de Justicia, en
forma descentralizada, de los certificados de actos de última
voluntad, que desde ahora se pueden obtener en las Gerencias
Territoriales de Justicia? (Número de expediente 180/001703) . . .
(Página 11969)
Del Diputado don Paulino Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria, que formula al Excmo. Sr.
Ministro de Fomento: ¿Habiéndose presentado en noviembre de 1998 los
programas de las compañías aéreas, de acuerdo con las obligaciones de
servicio público en el tráfico aéreo interinsular canario, qué razón
o razones han existido para autorizar una subida de tarifas en enero
de 1999 a la compañía BINTER-CANARIAS, del grupo público IBERIA?
(Número de expediente 180/001679) . . . (Página 11970)
Del Diputado don Jerónimo Nieto González, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Por qué se imponen
sistemáticamente los intereses del Ministerio de Fomento frente a los
de Medio Ambiente en diversas obras públicas como las autopistas
Ávila-San Rafael y Segovia-San Rafael? (Número de expediente 180/
001689) . . . (Página 11971)
Del Diputado don Jesús Caldera SánchezCapitán, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué razones hay para seguir
adjudicando autopistas de peaje cuando la Cámara ha creado una
Subcomisión para revisar la actual situación de las mismas, de
acuerdo con la demanda ciudadana de supresión de peajes? (Número de
expediente 180/001690) . . . (Página 11972)
Del Diputado don Ramón Companys Sanfeliu, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), que formula al Excmo. Sr. Ministro de
Fomento: ¿Cuándo tiene previsto el Ministerio de Fomento pagar las
expropiaciones de las obras correspondientes a la variante de la
carretera N-340 a su paso por el término municipal de Almacellas
(Lleida), que en este momento se están terminando? (Número de
expediente 180/001693) . . . (Página 11973)
Del Diputado don Cristóbal Pons Franco, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es el descenso
que se ha producido en las tarifas telefónicas como consecuencia del
proceso de liberalización emprendido por el actual Gobierno? (Número
de expediente 180/001701) . . . (Página 11974)
Del Diputado don Tomás Burgos Gallego, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es el estado
de la situación de la carretera nacional 620 en el tramo comprendido
entre Salamanca y Tordesillas? (Número de expediente 180/001702) ...
(Página 11975)
Del Diputado don Ricardo Fernando Peralta Ortega, del Grupo
Parlamentario Mixto, que formula al Gobierno: ¿Considera el Gobierno,
a la vista de lo sucedido en los colegios de Mocejón (Toledo) y San
Benito (Madrid), que la actual presencia de factores religiosos en
los centros de enseñanza se adecua plenamente a los principios
constitucionales y a la LOGSE? (Número de expediente 180/001682) . .
. (Página 11976)
De la Diputada doña María Amparo Rubiales Torrejón, del Grupo
Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué fórmulas está
buscando el Gobierno para resolver la aplicación del censo real de
población a la financiación autonómica? (Número de expediente 180/
001688) . . . (Página 11977)
De la Diputada doña Mercedes Fernández González, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo
valora el Gobierno la incidencia que, para los Ayuntamientos, va a
tener el desarrollo del Pacto Local? (Número de expediente 180/
001700) . . . (Página 11978)
De la Diputada doña María Cristina Narbona Ruiz, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es la actuación en
relación con el avance de la desertificación en España? (Número de
expediente 180/001691) . . . (Página 11979)
De la Diputada doña María Luisa Bartolomé Núñez, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula a la Excma. Sra.
Ministra de Medio Ambiente: ¿Considera la Sra. Ministra de Medio
Ambiente que las condiciones de salubridad del río Segura permitirán
que los ciudadanos de la Vega Baja puedan bañarse el próximo año?
(Número de expediente 180/001692) . . . (Página 11980)
Del Diputado don Antonio Luis Medina Toledo, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es el grado de
desarrollo del Libro Blanco de Educación Ambiental? (Número de
expediente 180/001697) . . . (Página 11981)
De la Diputada doña María Visitación Pérez Vega, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Cuáles son las actuaciones del Ministerio de Medio Ambiente en
materia de costas para proteger adecuadamente las marismas de
Santoña? (Número de expediente 180/001698) . . . (Página 11982)
Del Diputado don José Manuel Caballero Serrano, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Tiene previsto el Gobierno
enviar a la Guardia Civil a la casa de los jóvenes pendientes de
incorporación a filas? (Número de expediente 180/001686) . . .
(Página 11983)
Del Diputado don José Juan González de Txabarri Miranda, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al Gobierno: ¿La actitud
del Gobierno del Estado en el proceso de paz de Euskadi está
presidido por el diálogo, el consenso y el respeto a los principios
democráticos y a las legítimas opciones políticas de los ciudadanos,
para alcanzar el fin de la violencia, evitando actitudes de
enfrentamiento entre posiciones ideológicas distintas, en sintonía
con la moción aprobada el 10 de noviembre de 1998 por unanimidad en
el Pleno del Congreso de los Diputados? (Número de expediente 180/
001680) . . . (Página 11984)
Del Diputado don Mariano César Santiso del Valle, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, que formula al Excmo. Sr.
Presidente del Gobierno: ¿Ante la grave crisis por la que está
atravesando el sector del porcino en España, que está obligando al
cierre de
múltiples pequeñas explotaciones ganaderas, le parece conveniente la
política del Ministerio de Industria de subvencionar con ayuda de 900
millones de pesetas a la empresa «Castileón» en la comarca de Guardo
(Palencia) para la instalación de 10 granjas de cerdo, y otra de 16
millones de pesetas a la empresa «Granjas del Segre» (Lleida), a
pesar del informe negativo del Ministerio de Agricultura y de las
disposiciones de la Unión Europea contrarias a la concesión de ayudas
al sector del porcino? (Número de expediente 180/001681) . . .
(Página 11985)
Del Diputado don Juan Pedro Hernández Moltó, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Por qué el Gobierno incumple la
Ley de Hidrocarburos recientemente aprobada? (Número de expediente
180/001684) . . . (Página 11987)
Del Diputado don Francisco Javier Peón Torre, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué valoración hace
el Gobierno de la puesta en marcha del Plan de la Minería del Carbón
a lo largo de 1998? (Número de expediente 180/001696) . . . (Página 11987)
De la Diputada doña María Isabel Salinas García, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Comparte el Ministro las
declaraciones del Alcalde de El Ejido afirmando que el Gobierno trae
a los inmigrantes a nuestro país y los suelta como perros en las
calles? (Número de expediente 180/001687) . . . (Página 11988)
De la Diputada doña Sandra Moneo Díez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las
líneas básicas del Plan de Acción de la Juventud? (Número de
expediente 180/001694) . . . (Página 11990)
Del Diputado don Jesús Manuel Pérez Corgos, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué objetivos se
persiguen con la reciente creación del Instituto Nacional de
Cualificaciones Profesionales? (Número de expediente 180/001695) . .
. (Página 11991)
Interpelaciones urgentes . . . (Página 11992)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las
actuaciones de ámbito general que tiene previsto adoptar el Gobierno
para impulsar el llamado «tercer sector» del ámbito social en España
. . . (Página 11992)
Presenta la interpelación urgente, en nombre del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), el señor Campuzano i Canadès.
Manifiesta que con esta interpelación su grupo pretende sentar las
bases de desarrollo de una política global de apoyo al denominado
tercer sector, formado fundamentalmente por asociaciones que trabajan
en el terreno social y en el de la solidaridad, con cuatro objetivos
muy claros: conseguir una masiva movilización de recursos contra la
exclusión, la marginación y la precariedad; facilitar la generación
de empleo ante las nuevas necesidades sociales; promover la
participación y la responsabilidad de la sociedad desde la
concertación y el diálogo social; y finalmente, reforzar
y revitalizar el Estado de bienestar. Explica estos cuatro objetivos y
muestra su convicción de que hoy en día existe la posibilidad de
acometer la tarea porque, le consta, el Gobierno es sensible y porque
detrás de la propuesta que plantea su grupo existe un tejido social
absolutamente exigente en esta materia.
Contesta en nombre del Gobierno el señor ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales (Pimentel Siles). Agradece en primer lugar la
interpelación que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) ha presentado, porque le parece conveniente que la Cámara
debata sobre un sector que, por desconocido, no se puede ignorar la
importancia que tiene, sobre todo en el futuro. Afirma que el tercer
sector está profundamente vinculado a la democracia y es la fórmula
para que la sociedad civil participe en los fines que persigue el
Estado de bienestar, por lo que está conforme con la idea de que sea
el Estado quien dé la cobertura legal, jurídica y presupuestaria
necesaria para que este sector pueda desarrollar sus fines.
Explica las actividades incluidas en este sector, situado entre lo
público y lo privado, y considera que debe ser un reto para todos el
conseguir un marco adecuado, representativo y financiero. A
continuación da cuenta de las medidas adoptadas por el Gobierno
y anuncia un proyecto de ley de inserción social, con el que se va a
apoyar a personas con riesgos de exclusión. Termina su intervención
deseando la presentación de la moción para, entre todos, poder
colaborar en el desarrollo de este tercer sector.
En turno de réplica interviene el señor Campuzano i Canadès.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vaquero
del Pozo, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Díaz
Sol, del Grupo Socialista del Congreso, y la señora Mato Adrover, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la opinión
que le merece al Gobierno la dimisión de la Comisión de la Unión
Europea (UE), el juicio que tiene acerca de la gestión de los
comisarios nombrados por el Gobierno español, así como los criterios
y opiniones de todo tipo que van a servir de base a la actuación del
Gobierno para solucionar la crisis por la que atraviesa la Comisión
Europea . . . (Página 11998)
Presenta la interpelación el señor Alcaraz Masats, en nombre del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, interpelación que
tiene la virtud, según su opinión, de que se celebre en tiempo
político real. Critica el hecho de que se haya producido la dimisión
de la Comisión Europea, se haya nombrado a un nuevo presidente, se
haya brindado con champán la discusión de la Agenda 2000 cuando aún
no está consolidada, y la crisis de Yugoslavia esté a punto de dar
una sorpresa desagradable, todo ello en un clima de opacidad y falta
de democracia y debate. Considera una barbaridad el nombramiento del
señor Prodi como presidente de la Comisión de la Unión Europea
durante cinco años cuando hay elecciones al Parlamento Europeo el 13
de junio, y pone de relieve el déficit democrático del Parlamento
Europeo y de la política europea. Hace una serie de preguntas sobre
las responsabilidades de los comisarios españoles y sobre los
nombramientos presentes y futuros, mostrando su confianza en que en
la contestación del señor ministro se informe a la Cámara por primera
vez y de forma pormenorizada sobre todos esos extremos.
Contesta en nombre del Gobierno el señor vicepresidente primero del
Gobierno y ministro de la Presidencia (Álvarez-Cascos Fernández).
Reconoce la oportunidad de la interpelación y asegura que no se va a
encontrar ninguna reticencia por su parte sobre el momento elegido
para formularla, pero añade que esto también exige un plus de
prudencia, por lo que pide moderación en cuanto a las valoraciones
que se puedan hacer de los acontecimientos que están ocurriendo ahora
mismo en los foros europeos competentes. Matiza las preocupaciones
puestas de manifiesto por el señor Alcaraz sobre el nombramiento del
señor Prodi y explica el trámite previsto para el nombramiento de la
Comisión Europea y de su presidente. Asimismo responde a las
preguntas formuladas por el interpelante sobre las responsabilidades
que la Comisión de Expertos atribuía a los comisarios españoles y
explica que para el Gobierno de España era extraordinariamente
importante que la Comisión Europea siguiera jugando un papel decisivo
en la elaboración y aprobación de la Agenda 2000, donde España tenía
y sigue teniendo importantes intereses en juego.
Replica el señor Alcaraz Masats, duplicando el señor vicepresidente
primero del Gobierno y ministro de la Presidencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Costa
Costa, del Grupo Socialista del Congreso, y Martínez Casañ, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, pidiendo la palabra por
alusiones el señor Costa Costa.
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre política inmigratoria . . .
(Página 12005)
Presenta la interpelación, en nombre del Grupo Socialista del
Congreso, la señora Fernández Sanz. Es opinión de su grupo que el
Gobierno todavía no ha entrado a liderar una política inmigratoria
por falta de interés hacia ese colectivo o por falta de diseño de
políticas, yendo por delante el Parlamento a través de
interpelaciones, de proposiciones no de ley, de los trabajos de la
subcomisión creada al efecto o del informe que ha presentado esta
mañana el presidente señor Trillo-Figueroa. A continuación se refiere
al plan de integración de los inmigrantes y a la falta de recursos
para llevarlo a cabo, pues el Gobierno ha repartido entre las
comunidades autónomas los 350 millones asignados en los presupuestos
de 1999, y pone de relieve los puntos negros de la política de
inmigración.
Contesta en nombre del Gobierno el señor ministro de Interior (Mayor
Oreja). Antes de entrar a contestar a cada uno de los apartados de la
interpelación,
hace un resumen de lo que son las características de la política de
inmigración del Gobierno, que es activa y sólida, porque se asienta
sobre cuatro principios definidos por esta Cámara: la integración
social del inmigrante, la seriedad en el control de las fronteras, la
cooperación internacional y la acción determinante contra las redes
organizadas de tráfico de inmigrantes. Niega, por otra parte, que el
plan de integración haya quedado descapitalizado y sin contenido
porque se haya repartido entre las comunidades autónomas, sino que,
por el contrario, cuenta con unas cantidades más importantes que
nunca. A continuación explica las políticas activas llevadas a cabo
por el Gobierno y manifiesta que la política de inmigración no tiene
vocación nacional, sino fundamentalmente europea, por lo que España
deberá sensibilizar a Europa sobre lo que significa la inmigración de
los países subsaharianos.
Replica la señora Fernández Sanz, duplicando el señor ministro de
Interior.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Meyer
Pleite, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Jordano
Salinas, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Se levanta la sesión a las ocho y treinta y cinco minutos de la
tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
PREGUNTAS.
- DEL DIPUTADO DON ÁLVARO CUESTA MARTÍNEZ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE JUSTICIA: ¿CONSIDERA LA
MINISTRA DE JUSTICIA SUFICIENTES LOS RECURSOS ASIGNADOS A COMPENSAR
EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE JURADO? (Número de expediente 180/
001685)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto VI del orden del día: Preguntas orales al Gobierno, comenzando
con aquellas que responderá la ministra de Justicia.
En primer lugar, la que, con el número 19, formula el diputado don
Álvaro Cuesta Martínez, del Grupo Socialista. (Rumores.)
Silencio, señorías.
Cuando quiera, señor Cuesta.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra de Justicia, ya sabe que el artículo 125 de la
Constitución estimula y desarrolla la participación ciudadana en la
justicia, sobre todo en el ámbito penal, a través de la institución
del Jurado, que la función de jurado es un derecho-deber y que la
propia Ley reguladora del Jurado establece unos requisitos,
mecanismos y obligaciones de medios, para que funcione la
institución, y de compensación, por considerarla además un servicio
público inexcusable.
Por todo ello, se formula la pregunta de si considera suficientes los
recursos que se destinan para la institución del Jurado.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cuesta.
Señora ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor presidente.
Señoría, en esto, como en todo, todos queremos más. Me gustaría que
hubiera más, pero los que hay creo que son bastantes y suficientes.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Señor Cuesta.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: Es una lástima que a través de su respuesta
se ponga de manifiesto la voluntad de involución y de poco estímulo
de la institución del Jurado por parte del Gobierno.
Hay una demanda de magistrados, de sectores profesionales y sobre
todo de los ciudadanos que tienen que desarrollar la función de
jurado y es que se tarda mucho en pagar las cantidades de
compensación a ese ejercicio. Hay un planteamiento cutre, porque
muchas de las gerencias de justicia en España regatean a los jurados
hasta las facturas del taxi; no existe una mínima infraestructura de
apoyo a los tribunales de Jurado en nuestro país. Y fíjese usted que
estamos hablando de que en 1997 sólo hubo, en el conjunto de España,
170 juicios de Jurado. Ustedes les regatean hasta las facturas del
taxi, Y hay instrucciones muy claras y muy concretas de las gerencias
que demuestran que, en este sentido, el Gobierno, a través de la
negación de medios, está boicoteando un principio constitucional,
cual es la participación ciudadana en la justicia a través del
Jurado.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cuesta.
Señora ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor presidente.
Señoría, yo creo que sus afirmaciones son hechas desde la ignorancia
(Protestas.), no digo inexcusable, pero sí desde la ignorancia.
(Rumores.)
Respecto a los presupuestos generales de la institución del Jurado,
señoría, en el año 1996 se destinaron
200 millones de pesetas, de los que se consumieron cinco millones y
medio, aproximadamente; en el año 1997, 270 millones, de los que se
consumieron 40.600.000 pesetas; en 1998, 270 millones, de los que se
consumieron casi 73 millones, y en el año 1999 están presupuestados,
igualmente, 270 millones.
Respecto a los gastos para aquel ciudadano que participa como jurado,
señoría, los importes fijados son los adecuados a la función a
realizar: 9.300 pesetas, como retribución diaria; 7.500, para gastos
de alojamiento y 5.500, para manutención. El 29 de enero pasado, la
Subsecretaría, para agilizar los pagos, ha habilitado a las gerencias
territoriales dicha función, para que pueda efectuarlo lo antes
posible. Y de cualquier forma, en abril o mayo esperamos el informe
del Consejo General del Poder Judicial sobre la institución del
Jurado. Si el Consejo General del Poder Judicial entiende que las
retribuciones son escasas, no dude S.S. de que el Ministerio
impulsará un aumento de las mismas. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON LEOCADIO BUESO ZAERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ MEDIDAS ESTÁ
ADOPTANDO EL MINISTERIO DE JUSTICIA PARA UBICAR EN LUGAR ADECUADO LA
FISCALÍA ESPECIAL PARA LA REPRESIÓN DE DELITOS ECONÓMICOS
RELACIONADOS CON LA CORRUPCIÓN? (Número de expediente 180/001699)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 33, que formula el
diputado don Leocadio Bueso Zaera, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Bueso.
El señor BUESO ZAERA: Gracias, señor presidente.
Señorías, en los últimos meses han aparecido en los medios de
comunicación noticias referidas al malestar de la Fiscalía especial
para la represión de delitos económicos relacionados con la
corrupción respecto a los locales que viene ocupando y que al parecer
son propiedad, mediante sociedades interpuestas, de un ciudadano
francés incurso en diversos procedimientos penales. También se
menciona en esas noticias que los locales son inadecuados para las
necesidades de la Fiscalía.
Por ello, señora ministra de Justicia, le formulo la siguiente
pregunta: ¿Qué medidas está adoptando el Ministerio de Justicia para
ubicar en lugar adecuado la Fiscalía especial para la represión de
delitos económicos relacionados con la corrupción?
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bueso.
Señora ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor presidente.
Señoría, el Ministerio de Justicia, con el fin, entre otros, de
mejorar los medios e instalaciones al servicio de la Fiscalía
anticorrupción, y previa conformidad de ésta, ha localizado en la
calle Francisco Gervás número 3, de Madrid, un edificio con las
plantas quinta y sexta disponibles, lo que supone una superficie
total de 1.209 metros cuadrados, que representa más de un 40 por
ciento de aumento de superficie útil con relación a la ubicación
anterior, que tenía los inconvenientes que S.S. ha señalado.
Los trabajos de adaptación del nuevo edificio ya se encuentran
terminados y se está realizando en estos momentos el traslado de
personal y enseres. Con este traslado se han mejorado notablemente
los medios de la Fiscalía y se ha superado la mala imagen de un
organismo como éste, que ocupaba un edificio de propietarios poco
recomendable.
Muchas gracias, señorías. Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Señorías, antes de pasar a la pregunta siguiente, quiero saludar, en
nombre de la Cámara, al grupo de amistad de la Cámara de diputados
italianos, que se encuentra presente en la tribuna institucional,
representado por el presidente Acquarone. Bienvenido siempre.
(Aplausos.)
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ ALARCÓN MOLINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CÓMO BENEFICIA A
LOS CIUDADANOS LA RECIENTE EXPEDICIÓN, POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA,
EN FORMA DESCENTRALIZADA, DE LOS CERTIFICADOS DE ACTOS DE ÚLTIMA
VOLUNTAD, QUE DESDE AHORA SE PUEDEN OBTENER EN LAS GERENCIAS
TERRITORIALES DE JUSTICIA? (Número de expediente 180/001703)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Pregunta que, con el número 37, formula el diputado don José Alarcón
Molina, del Grupo Popular.
Señor Alarcón.
El señor ALARCÓN MOLINA: Gracias, señor presidente.
Señorías, señora ministra, hasta hace un par de años los ciudadanos
tenían que solicitar ciertas certificaciones bien directamente o a
través de empresas intermediarias. Certificados de última voluntad y
certificados de penales. El anterior Ejecutivo puso en marcha una
mejora que fue la de poder solicitar esos certificados a través de
Correos, pero los resultados están dejando bastante que desear, no
sólo por el retraso que se produce, que a veces es de un mes, sino
también por pérdida de la posible solicitud, que lógicamente deja el
tema sin contestación.
El nuevo equipo ministerial que preside S.S. decidió poner en marcha
alguna mejora en los registros de certificación del Ministerio, para
lo cual procedió rápidamente
a la informatización. Consecuencia de ello es que en estos momentos
ya hay posibilidad de hacerse con esas certificaciones expedidas por
las gerencias territoriales de Justicia directamente. Esa
disposición, lógicamente, se ha extendido a algunas provincias.
Y pregunto a la señora ministra: ¿Cómo beneficia a los ciudadanos la
reciente expedición por el Ministerio de Justicia en forma
descentralizada de los certificados de actos de última voluntad que
desde ahora se pueden obtener en las gerencias territoriales de
Justicia?
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alarcón.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor presidente.
Señoría, efectivamente, en el primer trimestre de este año han
entrado en funcionamiento las gerencias territoriales
correspondientes a Aragón, Asturias, Barcelona, Burgos, Cantabria,
Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Granada, Islas Baleares, La
Rioja, Las Palmas, Málaga, Murcia, Navarra, Sevilla, Santa Cruz de
Tenerife, Valencia y Valladolid. Las once, que han funcionado durante
todo el mes de febrero y algunos días de enero, han expedido un total
de 2.382 certificados, lo que indica un alto nivel de servicio en tan
escaso período de tiempo.
En los próximos meses entrarán en funcionamiento los servicios de
Barcelona y el País Vasco. Con este nuevo servicio, el resultado es
la plena informatización del registro de últimas voluntades realizada
en el año 1997. Ello ha permitido la expedición inmediata de los
certificados, superando etapas anteriores en que las solicitudes
directas en los servicios centrales de Madrid eran atendidas en 48
horas y las peticiones por correo se demoraban hasta en un mes. Hemos
pasado de dar la certificación en un mes a hacerlo en menos de 48
horas, señoría.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON PAULINO RIVERO BAUTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
COALICIÓN CANARIA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO:
¿HABIÉNDOSE PRESENTADO EN NOVIEMBRE DE 1998 LOS PROGRAMAS DE LAS
COMPAÑÍAS AÉREAS, DE ACUERDO CON LAS OBLIGACIONES DE SERVICIO PÚBLICO
EN EL TRÁFICO AÉREO INTERINSULAR CANARIO, QUÉ RAZÓN O RAZONES HAN
EXISTIDO PARA AUTORIZAR UNA SUBIDA DE TARIFAS EN ENERO DE 1999 A LA
COMPAÑÍA BINTER-CANARIAS, DEL GRUPO PÚBLICO IBERIA? (Número de
expediente 180/001679)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 14, que formula el diputado don
Paulino Rivero Baute, del Grupo de Coalición Canaria.
Señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, habiéndose presentado en noviembre de 1998 los
programas de las compañías aéreas, de acuerdo con las obligaciones de
servicio público en el tráfico aéreo interinsular canario, ¿qué razón
o razones han existido para autorizar una subida de tarifas en enero
de 1999 a la compañía Binter-Canarias, del grupo público Iberia?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rivero.
Señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoría, la petición formulada por Binter-Canarias solicitando el
registro de una subida de precios se consideró que era plenamente
fundada, toda vez que llevaba dos años con las tarifas congeladas y
hubo de ajustar las tarifas al IPC. Es un problema estrictamente
empresarial, no estamos ante un sistema de precios controlados, sino
que la compañía tiene plena libertad para subir las tarifas hasta el
máximo autorizado, que es el que rige en el sistema de obligaciones
de servicio público que regula hoy el transporte interinsular
canario.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, esta Cámara aprobó por unanimidad una moción
presentada por Coalición Canaria que estaba orientada a mejorar la
cohesión territorial y social del archipiélago. A lo largo de 1998 se
pusieron en marcha distintas medidas para conseguir ese objetivo,
entre ellas garantizar unas buenas comunicaciones aéreas entre las
islas y conseguir una disminución del precio de los billetes. Para
disminuir el precio del costo del transporte insular, el Gobierno
tomó distintas medidas el año 1998. Por una parte, se incrementó la
subvención a los pasajeros residentes en Canarias del 10 al 33 por
ciento y se declararon las obligaciones de servicio público para
garantizar unas buenas comunicaciones entre las islas. Por otra
parte, se disminuyeron los costos de operación de la empresa Binter-
Canarias, bajando las tasas de aterrizaje en un 75 por ciento.
Señor ministro, Binter ganaba, en el año 1997, aproximadamente, 400
millones anuales. La disminución de las tasas de aterrizaje, puestas
en marcha de acuerdo con la moción aprobada por este Parlamento e
impulsada por el Gobierno del Estado, supone para la compañía Binter
a lo largo del año 1998 unos beneficios en torno a 300 millones de
pesetas. Estamos hablando de
que, en la cuenta de resultados, Binter-Canarias está ganando en
estos momentos 700 millones de pesetas. Con las medidas puestas en
marcha, y creo que ese era el fin de la unanimidad conseguida en esta
Cámara y del propio Gobierno, se quería lograr el abaratamiento del
costo de los transportes aéreos en Canarias, nunca beneficiar a una
empresa como Binter-Canarias, que, por otra parte, está en estos
momentos en un proceso de privatización.
Entendemos que no hay razón justificada para el incremento de
precios, dado que no ha habido ni incremento del precio del
combustible ni incremento del gasto del personal, y en cualquier caso
estamos beneficiando a una empresa que entra -insisto- en un proceso
de privatización y no a los usuarios.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rivero.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias.
Señor presidente, señoría, el camino que ha descrito lo hemos
recorrido conjuntamente el Gobierno y las instituciones canarias con
el respaldo de este Parlamento. Por consiguiente, hay pleno acuerdo
en conseguir un abaratamiento del transporte que une a las distintas
ciudades del archipiélago canario. Ese objetivo, señoría, está
conseguido. Hay unas obligaciones de servicio público y rige un
sistema de tarifas libres, con un límite máximo, y por tanto las
compañías aéreas que prestan el servicio de las rutas interinsulares
tienen plena libertad para adecuar sus tarifas al IPC cada año,
siempre y cuando no superen ese sistema de tarifas máximas.
Ahora yo haría, señoría, una reflexión estrictamente empresarial. Hay
momentos en que no conviene apretar demasiado los tornillos. Es
absolutamente imprescindible que el transporte aéreo interinsular sea
prestado por compañías de alta rentabilidad. Solamente con compañías
que sean rentables, y no son precisamente, señoría, los 800 millones
de pesetas a que se refiere S.S. unos beneficios espectaculares,
solamente con compañías sanas, altamente rentables, tendrán
garantizados todos los ciudadanos canarios un adecuado transporte
interinsular. Si apretamos mucho los tornillos de las compañías
aéreas, será extraordinariamente difícil que contemos con esas
compañías. Lo primero y más importante es tener compañías
económicamente sanas. Con eso se garantiza el transporte y a la larga
se garantizará también a precios competitivos.
Yo creo que ese esquema es infinitamente mejor que tener compañías
excesivamente protegidas que al final son incapaces de competir.
Muchas gracias, señor presidente.
- DEL DIPUTADO DON JERÓNIMO NIETO GONZÁLEZ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿POR QUÉ SE IMPONEN
SISTEMÁTICAMENTE LOS
INTERESES DEL MINISTERIO DE FOMENTO FRENTE A LOS DE MEDIO AMBIENTE EN
DIVERSAS OBRAS PÚBLICAS COMO LAS AUTOPISTAS ÁVILA-SAN RAFAEL Y
SEGOVIA-SAN RAFAEL? (Número de expediente 180/001689)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Pregunta número 23, que formula el diputado don Jerónimo Nieto
González, del Grupo Socialista.
Señor Nieto.
El señor NIETO GONZÁLEZ: Señor presidente, señor ministro de Fomento,
venimos observando desde el Grupo Socialista cómo su Ministerio,
usted, se opone sistemáticamente y además las modifica a su gusto
determinadas declaraciones de impacto ambiental que sobre algunas
obras públicas emite el Ministerio de Medio Ambiente.
Permítame que le ponga dos ejemplos, señor ministro. El primero, la
declaración de impacto ambiental de la línea de alta velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelonafrontera francesa, tramo Zaragoza-Lérida, su
tramo dos, cruce sobre el río Ebro, emitida el pasado 2 de febrero de
1999. Como segundo ejemplo, la declaración de impacto ambiental
referente al estudio informativo sobre la construcción de la
autopista entre Ávila y la N-VI, emitida el pasado 1 de marzo.
Por ello, le pregunto, señor ministro, ¿por qué se imponen
sistemáticamente los intereses -quiero recalcarlo- del Ministerio de
Fomento frente a los de Medio Ambiente en diversas obras públicas
como las autopistas Ávila-San Rafael y Segovia-San Rafael?
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Nieto.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoría, en los casi tres años que lleva el Partido Popular en el
Gobierno se han emitido 350 declaraciones de impacto ambiental,
aproximadamente. Todas ellas son de conformidad absoluta entre el
Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Fomento, excepción
hecha de dos. Es decir, ha habido dos casos de discrepancia y unos
348 de pleno acuerdo. Traer dos casos de discrepancia como una
cuestión de principio, señoría, no deja de ser una broma.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Nieto.
El señor NIETO GONZÁLEZ: Casualmente, ha ganado el Ministerio de
Fomento las dos.
Me hubiera gustado, señor Arias, oírle decir que no había ningún
interés detrás. Si me lo hubiese dicho en esta Cámara, le hubiera
creído, pero evidentemente no
lo ha dicho. Y el que calla, como usted bien sabe, otorga. (Rumores.)
Por ello, quiero, señor ministro, que me explique, en relación con
las autopistas Ávila-N-VI, de forma especial, y Segovia en la unión
con la N-VI, cómo, teniendo en contra al Ministerio de Medio
Ambiente, cómo teniendo en contra a los ciudadanos de Ávila, a los
ciudadanos de Segovia, incluso al consejero de Medio Ambiente de la
Junta de Castilla y León, señor Jambrina, que ha hecho unas recientes
declaraciones en ese sentido, está usted empeñado en construir esas
autopistas de peaje, y, además, por aquellos lugares donde más daño
hacen desde el punto de vista medioambiental. Me gustaría, señor
ministro, que escuchara la voz de los usuarios, para que no se
construyera en ese sentido, pero veo que no lo va a hacer.
Yo insisto en que necesitamos una explicación; si no nos la da usted,
posiblemente tengamos que pedirla a alguna concesionaria de
autopistas. ¿Es cierto que existe un pacto con Iberpistas para la
construcción de estas autopistas? (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Nieto.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Yo sé que a
ustedes les gusta la teoría conspirativa de la historia (Rumores.) y
ven siempre conspiraciones detrás de cada adjudicación. Pero la
verdad, señoría, es que el proceso de licitación de estas concesiones
sigue el trámite normal de todas las demás concesiones. Y además se
ha anticipado su señoría. Con respecto a la autopista de Segovia,
todavía no hay declaración de impacto ambiental y, por consiguiente,
todavía no se ha manifestado ningún desacuerdo. (Rumores.)
Señoría -escuchen, que les conviene, les conviene escuchar, les
conviene-, es que la legislación que regula los procedimientos para
las declaraciones de impacto ambiental que ustedes hicieron prevé la
posibilidad de desacuerdo en el seno de la Administración General del
Estado, como en todos los demás países. Y no hay por qué estar de
acuerdo siempre sobre la afección que produce una infraestructura en
un determinado paisaje.
Y concluyo, señoría. En la provincia de Ávila, que es de la que se
trata, puesto que la de Segovia no tiene todavía declaración de
impacto, la inmensa mayoría de las instituciones territoriales,
empezando corporativamente por la Junta de Castilla y León, apoyan el
trazado que se incluye en el proceso de licitación. Las instituciones
mayoritarias de la provincia de Ávila están a favor de esa
alternativa y, si no, pregunte usted al Ayuntamiento de Ávila
(Rumores.) y a los ayuntamientos afectados, que son todos ellos -¡qué
casualidad!-, en su inmensa mayoría, ayuntamientos del Partido
Popular. (Rumores.) Esa es la verdadera representación, porque en
democracia, señoría, la representación no se obtiene a través de
manifestaciones, sino a través de los votos. Y en la provincia de
Ávila, las instituciones
son ampliamente mayoritarias del Partido Popular y apoyan este
trazado, señoría.
Muchas gracias. (Aplausos.)
- DEL DIPUTADO DON JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ RAZONES HAY
PARA SEGUIR ADJUDICANDO AUTOPISTAS DE PEAJE CUANDO LA CÁMARA HA
CREADO UNA SUBCOMISIÓN PARA REVISAR LA ACTUAL SITUACIÓN DE LAS
MISMAS, DE ACUERDO CON LA DEMANDA CIUDADANA DE SUPRESIÓN DE PEAJES?
(Número de expediente 180/001690)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Pasamos a la pregunta número 24, que formula el diputado don Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, del Grupo Socialista. (Rumores.)
Silencio, señorías.
Señor Caldera, adelante.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Gracias, señor presidente.
Ahora, señor ministro, me entero de que los ciudadanos quieren pagar
peaje. Es verdad. Los ciudadanos están encantados con su política de
pagar peaje por las autopistas. Pues bien, en estos momentos hay un
amplio debate social, político y económico, señor ministro, sobre el
modelo de autovías y autopistas, y usted lo sabe. En amplias zonas
del país subsisten la concesión y explotación privada de autopistas
que arranca del programa del año 1967, del programa franquista, de
autopistas, que ustedes ahora, paradójicamente (Rumores.), están
continuando. Hubo un gran paréntesis, el del período de Gobierno
socialista.
Por eso le pregunto, señor ministro, qué razones hay para seguir
adjudicando autopistas de peaje cuando en esta Cámara hemos creado
una subcomisión para revisar esa situación, de acuerdo con la demanda
ciudadana de supresión de los mismos. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Caldera.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señoría, en
su propia pregunta falsea usted la realidad. (Protestas.) La
subcomisión no tiene el objeto que dice S.S. en la pregunta, y le
invito a leer ahora mismo la moción que otorga determinadas
atribuciones a la subcomisión que se crea. No son las atribuciones
que usted dice y no tiene el objeto que usted dice. Léala en voz
alta, por favor, para ilustración de la Cámara. Diga la verdad.
(Aplausos.-Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. ¡Silencio!
Señor Caldera.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Señor ministro, el problema está en
su Gobierno y en los intereses que defiende. (Rumores.) Primero, los
privados; después, los públicos. (Protestas.- Varios señores
diputados: ¡Léala, léala!)
El señor PRESIDENTE: Un momento, un momento. ¡Un momento! Señorías,
sosiéguense. ¡Sosiéguense!
Adelante, señor Caldera.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Primero, los privados, señor
ministro; después, los públicos.
Ustedes han hecho un plan de autopistas de peaje. Y usted es bastante
dado a falsear la realidad, a mentir, señor ministro. (Protestas.) Y
me va a recordar al señor Borrell. No lo haga, porque desde el año
1982 a 1996, periodo del Gobierno socialista, se construyeron en
España 5.000 kilómetros de autovías gratuitas y una autopista de
peaje Estepona-Málaga de 80 kilómetros, no varias autopistas de
peaje, como usted va diciendo por ahí: una autopista de peaje.
Ustedes han hecho un plan sin criterio alguno de vertebración
territorial ni de cohesión, sino sólo de mantenimiento de la
actividad inversora del sector. ¿Cómo lo han hecho, señor ministro?
Con importantes ayudas públicas. Han adjudicado una autopista de
Alicante a Cartagena cuyo coste es de 26.000 millones de pesetas:
Boletín Oficial del Estado del 1 de agosto. ¿Sabe usted cuánto dinero
-artículo 10- ha adelantado el Estado para la construcción de esa
autopista? Pues 12.800 millones de pesetas. ¿Dice usted que es un
crédito? ¿Sabe usted cómo se devuelve ese crédito? -artículo 10.2-:
un millón de pesetas al año desde el 2017 al 2048; 6.000 millones en
el 2048 y 6.300 en el 2047. ¿Teoría conspirativa de la historia?
¡Esto sí que es una conspiración contra los intereses públicos, o una
lotería, señor ministro! ¿Sabe a quién le ha tocado esa concesión?
Entre otros, a un señor llamado Fuertes, que es el propietario de una
empresa que se llama El Pozo, que es de Murcia y que supongo que le
sonará.
Paralicen la adjudicación de autopistas de peaje hasta que estudiemos
aquí si hay que unificar o no la red. No sigan aumentando el
problema. Esta es su prueba del nueve. Ahí veremos qué interés
defienden ustedes. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Caldera.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Mire usted,
señoría, el plan de autopistas de peaje va a continuar y vamos a
hacer más autopistas de peaje (Rumores.), porque el Gobierno del
Partido Popular concibe las autopistas de peaje como una red
complementaria de la red de carreteras gratuitas del Estado, una red
complementaria. Segundo, la política de este Gobierno ha sido
favorecer la inversión privada en infraestructuras, y justamente una
de las fórmulas es las autopistas de peaje. Tercero, este Gobierno
está
haciendo autopistas de peaje allí donde hay una alternativa gratuita
en buen estado. (Un señor diputado: O no.) Cuarto, este Gobierno ha
rebajado en media el 50 por ciento en todos los peajes de las
autopistas que corresponden a concesionarias del Estado. (Algunos
señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.) Por favor,
déjenme terminar, me lo dicen al final, pero déjenme terminar.
El señor PRESIDENTE: Por favor, señorías.
Un momento, señor ministro. (Pausa.)
Adelante.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Ahora,
señoría, permítame, puesto que ha hecho referencia a ello, que le
diga cuál ha sido la política socialista. (Fuertes protestas.- Varios
señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.)
El señor PRESIDENTE: ¡Señorías, sosiéguense y guarden silencio, por
favor!
Adelante. (Rumores.)
Señorías, que no se contagie.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): ¿Por qué les
molesta tanto escuchar verdades? (Continúan los rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor ministro.
Señorías, guarden silencio.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Vamos a ver,
señorías. Ustedes publicaron un decreto en el año 1993 que implicaba
la subida automática de todos los peajes existentes. Esa fue su
primera medida de Gobierno en relación con los peajes. En segundo
lugar, dejaron ustedes los peajes en una media nacional de 17-18
pesetas; están entre 9 y 10 pesetas. Tercero, alargaron los plazos
concesionales de las autopistas de peaje a cambio de nada y además
hicieron vías urbanas de peaje como la B-30 en Barcelona.
Señores diputados del Partido Socialista, tengan ustedes el coraje de
defender lo que hicieron como Gobierno y no negarlo ahora para hacer
una oposición demagógica y venir aquí a descubrir el Mediterráneo
suprimiendo los peajes. (Aplausos.- Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON RAMÓN COMPANYS SANFELIU, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE
FOMENTO: ¿CUÁNDO TIENE PREVISTO EL MINISTERIO DE FOMENTO PAGAR LAS
EXPROPIACIONES DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LA VARIANTE DE LA
CARRETERA N-340 A SU PASO POR EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMACELLAS
(LLEIDA), QUE EN ESTE MOMENTO SE ESTÁN TERMINANDO? (Número de
expediente 180/001693)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 27, que formulará
el diputado don Ramón Companys Sanfeliu, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió).
Señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIU: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, afortunadamente está a punto de inaugurarse la
variante de la carretera N-340 a su paso por el término municipal de
Almacellas y nos felicitamos por la ejecución de una obra tan
necesaria. No obstante, si tenemos en cuenta la opinión mayoritaria
de los vecinos y el número de accidentes, queda claro que el enlace
con la variante en el acceso al municipio no es la mejor obra de
ingeniería que se podía realizar. Estamos seguros de que existían en
su momento mejoras técnicas, pero ahora no podemos encontrar
soluciones porque la obra está prácticamente terminada. Sin embargo,
sí podemos hacer alguna cosa por los afectados, ya que a pesar de que
la obra está a punto de terminarse y las fincas llevan mucho tiempo
ocupadas, los propietarios no han sido aún indemnizados. Es por ese
motivo por lo que pregunto al Gobierno cuándo tiene previsto el
Ministerio pagar a los expropiados afectados por las obras de la
variante de la N-340 a su paso por el término municipal de Almacellas
(Lérida).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Companys.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señor
presidente, señoría, me ahorro explicarle el procedimiento
administrativo de pago, que sin duda conoce su señoría.
Los datos que me pasa la Dirección General de Carreteras son los
siguientes. En lo que afecta a depósitos previos e indemnizaciones
por rápida ocupación, por una cuantía de 63 millones de pesetas, se
abonó en abril de 1998. Actualmente están aprobados económicamente,
procediéndose a su pago en fechas próximas, dos expedientes de mutuo
acuerdo por un importe total de 14.207.000 pesetas y un expediente de
justiprecio fijado por el jurado provincial de expropiación, cuyo
importe asciende a 891.536 pesetas. Quedan por resolver cuatro
expedientes, todos ellos de adquisición por mutuo acuerdo, que
totalizan 125.314.000 pesetas y que, por corresponder a ejercicios
anteriores, precisan de la autorización del Ministerio de Economía y
Hacienda. Los servicios de la Dirección General de Carreteras me
informan que en el tercer trimestre de este año el pago a los
afectados se podrá producir casi con toda seguridad.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIU: Señor ministro, muchas gracias por su
información.
- DEL DIPUTADO DON CRISTÓBAL PONS FRANCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁL ES EL DESCENSO
QUE SE HA PRODUCIDO EN LAS TARIFAS TELEFÓNICAS COMO CONSECUENCIA DEL
PROCESO DE LIBERALIZACIÓN EMPRENDIDO POR EL ACTUAL GOBIERNO? (Número
de expediente 180/001701)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 35, que formula al Gobierno el
diputado don Cristóbal Pons Franco, del Grupo Popular.
Señor Pons.
El señor PONS FRANCO: Gracias, señor presidente. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
Adelante.
El señor PONS FRANCO: Señor ministro, de todos es conocido que el
reequilibrio tarifario del servicio telefónico fijo era uno de los
presupuestos claves para la liberalización efectiva de los servicios
de telefonía vocal e infraestructuras. Las subvenciones cruzadas
entre los distintos servicios telefónicos que históricamente venía
soportando la estructura de tarifas de los operadores europeos y en
particular Telefónica se traducían en una distorsión en la demanda de
dichos servicios y en el mantenimiento de ineficiencias en la
asignación de recursos en el mercado. Es conocido también el
tradicional desequilibrio entre los costes asociados y los ingresos
derivados de la prestación de cada servicio, desequilibrio que
conllevaba que tanto el acceso como el servicio metropolitano
presentaran déficit, mientras que los servicios provincial,
interprovincial e internacional compensaban dicho déficit con
superávit extraordinarios.
Esta circunstancia, que en época de monopolio era perfectamente
sostenible, no podía prolongarse en época de libre competencia sin
dañar seriamente la implantación de la misma o comprometer su
desarrollo estable, pero esto no es nuevo. Yo creo que la
reestructuración tarifaria se viene planteando desde hace varios años
y a este respecto cabe recordar que ya en 1991 el Gobierno socialista
duplicó la tarifa metropolitana de tres minutos, paso doble, algo que
fue muy comentado entonces y que introdujo por primera vez en España
un paso o unidad de tarificación por la conmutación inicial a este
tipo de llamadas, medida que además fue acompañada por un incremento
del 19 por ciento en la cuota de alta inicial y del 7 por ciento en
la cuota de abono mensual. Posteriormente, en julio de 1994, también
en época del Gobierno socialista, se aprobó una subida de más del 30
por ciento en la tarifa del servicio telefónico metropolitano y del
3,5 por ciento en la cuota de abono mensual, conceptos tarifarios que
se mantuvieron constantes desde entonces.
Pues bien, señor ministro, con estos antecedentes y dentro del marco
que establecen las diversas directivas de la Comunidad Económica
Europea, tanto la 95/62 como la 98/10, que modifica la anterior, o la
96/19, de competencia plena, que requieren a los Estados miembros que
permitan a sus operadores efectuar el reequilibrio tarifario en la
línea de su orientación a costes, creo que sería conveniente que
explicara a esta Cámara cuál ha sido el descenso que se ha producido
en las tarifas telefónicas como consecuencia del proceso de
liberalización emprendido por el actual Gobierno.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pons.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoría, sin tener en cuenta los planes de descuento a los que me voy
a referir ahora mismo, la reducción de la factura media, que es la
mejor manera de calcular la rebaja de las tarifas telefónicas, de los
abonados en estos dos años ha sido de un 4,13 por ciento. Como todos
los porcentajes, tiene lógicamente un valor estadístico. Después, en
función de la utilización de unos u otros servicios, las reducciones
son mucho mayores. Le digo algunas de las reducciones sustantivas.
La cuota de alta de una línea adicional se ha rebajado en un 43 por
ciento; el 54 por ciento en el alta simultánea de más de una línea de
servicio telefónico; en las llamadas provinciales, el 5 por ciento;
en las llamadas interprovinciales, el 22,3 por ciento; en las
llamadas internacionales la rebaja ha sido del 30 por ciento, y ha
habido una reducción del 13,9 por ciento en las tarifas de tráfico
para las llamadas desde la red telefónica fija a la red de telefonía
móvil automática. Como consecuencia de la reestructuración de tarifas
de los servicios de inteligencia de red, se ha producido una rebaja
que oscila entre el 3,5 y el 28 por ciento. Además, se ha establecido
una banda tarifaria para el servicio de telefonía móvil automática en
la modalidad analógica, que ha supuesto rebajas del 65 por ciento en
las cuotas de conexión, del 24 por ciento en las cuotas mensuales de
abono y en torno al 15 por ciento en los precios del tráfico. Además,
señoría, ha habido algunos planes de descuento, a los que se pueden
acoger singularmente los usuarios, que en el servicio telefónico
provincial permiten una reducción de entre un 10 y un 15 por ciento,
en el interprovincial entre un 10 y un 45 por ciento y en el
internacional permiten una reducción de hasta el 38 por ciento.
Señoría, todavía van a continuar bajando las tarifas telefónicas como
consecuencia de la emergencia en el mercado de los operadores del
cable y de otros nuevos operadores en distintos servicios
telefónicos. Todo ello es, como decía S.S., el efecto de un proceso
de liberalización, hecho aceleradamente, que coloca el coste de
teléfono en términos muy ventajosos para la economía productiva
española y para los ciudadanos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchos gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON TOMÁS BURGOS GALLEGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁL ES EL ESTADO
DE LA SITUACIÓN DE LA CARRETERA NACIONAL 620 EN EL TRAMO COMPRENDIDO
ENTRE SALAMANCA Y TORDESILLAS? (Número de expediente 180/001702)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 36, que formula al
Gobierno el diputado don Tomás Burgos Gallego, del Grupo Popular.
Señor Burgos.
El señor BURGOS GALLEGO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, la duplicación de la calzada de la N-620 y su
conversión en autovía en los 78 kilómetros entre Tordesillas y
Salamanca constituye una infraestructura esencial para el desarrollo
de Castilla y León. Si se me permite la licencia, yo diría que el eje
entre Valladolid, Tordesillas y Salamanca constituye el punto medular
de nuestra historia y de nuestra cultura y, por lo tanto, merecía un
trato mejor desde hace tiempo. Además, este tramo forma parte central
de la autovía de Castilla, de Burgos a Portugal por Valladolid y
Salamanca, eje viario central del corredor Irún-Fuentes de Oñoro,
integrado a su vez en el itinerario europeo E-80 Lisboa-Roma por
Salamanca. Estamos, por tanto, señor ministro, ante un eje de gran
relevancia nacional e internacional que no sólo acortará el tiempo de
recorrido, sino -y lo que es más importante- que evitará la sangría
de vidas humanas, que ha sido el dramático ritual en esta carretera
durante su historia: en el año 1998, un centenar de accidentes y una
veintena de muertos.
Conviene recordar en esta Cámara quién ha sido el que ha dado el
impulso fundamental al desarrollo de esta obra. Ha sido el Partido
Popular, señor ministro (Rumores.), ha sido el Gobierno del que usted
forma parte. Su Ministerio ha demostrado voluntad política y rapidez
para construirla (El señor Caldera SánchezCapitán: ¡Muy bien!) y para
hacerlo además con rapidez, disminuyendo al máximo el período de
ejecución. (Rumores.) El Partido Socialista... (Continúan los
rumores.- El señor De Grandes Pascual pronuncia palabras que no se
perciben.)
El señor PRESIDENTE: Un momento.
Señorías, observa la Presidencia cierta dispersión tendente al
bullicio. Les rogaría que se sosegaran y que quienes tienen, como veo
allí al señor Cuesta, todavía mucho que decir en el Pleno, por favor
que lo preparen fuera de él o al menos que no interrumpan con
conversaciones. Lo digo a todos los efectos a cuantos en este
momento, como algún importante miembro de
la Mesa, están preparando iniciativas o negociándolas. Por favor,
señorías, seriamente, es imposible prestar atención a quien está en
el uso de la palabra, es imposible que el orador se concentre, es
imposible que le sigan los taquígrafos y es una carencia absoluta de
respeto semejante bullicio. Por tanto, les llamo al orden.
Adelante, señor Burgos.
El señor BURGOS GALLEGO: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Partido Socialista también hizo una aportación a esta
carretera, yéndose a la oposición, que fue la única manera de que de
verdad este proyecto se pudiera iniciar.
Señor ministro, con ser importantes los ocho millones de metros
cúbicos que se han movido en esta obra, lo esencial es haber removido
la desidia, el desinterés, el abandono y la falta de compromiso que
tenían gobiernos anteriores con las necesidades de nuestra comunidad
autónoma.
Señor ministro, la nueva vía se espera con ansiedad, el déficit
histórico de comunicaciones de Castilla y León la hace urgente y los
más de 10.000 vehículos diarios que la usan, imprescindible. Por
ello, le preguntamos cuál es la situación al día de hoy de la
carretera N-620 en el tramo comprendido entre Salamanca y
Tordesillas.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Burgos.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoría, le doy cuenta de la situación actual de las obras y de la
fecha previsible para su inauguración. La del subtramo Tordesillas-
Alaejos, que tiene una longitud de 25 kilómetros y supone una
inversión de 5.456 millones de pesetas, estaba prevista inicialmente
para enero del año 2000. No obstante, se va a poder adelantar al
tercer trimestre del presente ejercicio, entre julio y septiembre
aproximadamente. Para el subtramo Alaejos- Cañizal, que tiene una
longitud de 20 kilómetros y supone una inversión de 5.650 millones de
pesetas, el plazo vigente de ejecución era octubre de 1999. No
obstante, la aceleración de las obras permite pensar que se podrá
adelantar su entrada en servicio también al tercer trimestre del año
1999, entre julio y septiembre. El tercer subtramo entre Cañizal y
Salamanca, que tiene una longitud de 33 kilómetros y supone una
inversión cercana a los 10.000 millones de pesetas, tenía como plazo
vigente de ejecución noviembre de 1999. No obstante, la aceleración
de las obras permitirá también anticipar su entrada en servicio entre
los meses de julio y septiembre del presente año.
En todo caso, señoría, antes de que concluya el presente ejercicio,
los ciudadanos de Castilla y León y todos los ciudadanos españoles
van a poder disponer de un nuevo eje, tan importante por la
intensidad de
tráfico que tiene, entre Salamanca y Tordesillas, con una longitud de
80 kilómetros y una inversión de aproximadamente unos 20.000 millones
de pesetas. Todo ello se ha podido hacer de una manera acelerada, en
una ejecución rápida, que demuestra la eficiencia de los servicios
técnicos de la Dirección General de Carreteras.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro de Fomento.
- DEL DIPUTADO DON RICARDO FERNANDO PERALTA ORTEGA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO,
A LA VISTA DE LO SUCEDIDO EN LOS COLEGIOS DE MOCEJÓN (TOLEDO) Y SAN
BENITO (MADRID), QUE LA ACTUAL PRESENCIA DE FACTORES RELIGIOSOS EN
LOS CENTROS DE ENSEÑANZA SE ADECUA PLENAMENTE A LOS PRINCIPIOS
CONSTITUCIONALES Y A LA LOGSE? (Número de expediente 180/001682)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta la número 17, que formula
don Ricardo Peralta Ortega, del Grupo Mixto, que contestará el
ministro de Educación y Cultura.
Señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Permítame que brevemente haga pública, en primer lugar, la
satisfacción de mi grupo por la decisión justa, aunque sea parcial,
de un tribunal británico accediendo a la extradición del señor
Pinochet a petición de un juez español.
Cumplida la obligación, señor presidente, paso a la devoción.
Señor ministro, en el marco de un Estado no confesional y que
garantiza al máximo nivel la libertad religiosa,¿cree que en un
ámbito que el Estado debe considerar obligatorio como es la enseñanza
son admisibles hechos como los que se han producido en los últimos
meses en colegios como el de Mocejón, de Toledo, o San Benito, de
Madrid?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peralta.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTURA (Rajoy Brey): Muchas
gracias, señor presidente.
Señor Peralta, en principio y según me comunican los servicios del
Ministerio, los hechos a los que usted hace referencia se adecuan a
los principios contenidos en la Constitución española y en la Logse.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, la enseñanza es una actividad obligatoria y por ello
el Estado debe regular y regula dicha actividad. De ahí que en las
enseñanzas, y especialmente en los centros públicos, no sean
admisibles elementos de división, como lo es cualquier religión, que
pertenece en definitiva al ámbito privado de los ciudadanos.
Señor ministro, ¿cómo es posible que me diga que se adecuan a la
Constitución hechos como que en el desarrollo de una asignatura se
enseñe a ciudadanos de este país y se les presente como seres
monstruosos a mujeres españolas que ejercitan un derecho legal en
nuestro país como es la interrupción voluntaria del embarazo en
determinados casos? ¿Cómo es posible que se apele a la libertad
religiosa de los profesores para no retirar crucifijos de las aulas
de centros públicos de enseñanza? ¿Cómo es posible, señor ministro,
que se pretenda imponer a quien no quiere recibir enseñanza religiosa
una asignatura obligatoria y evaluable de ética?
Señor ministro, esos hechos no se ajustan plenamente a la
Constitución española, y usted forma parte de un Gobierno cuya
principal obligación y deber no está con ninguna formación religiosa;
está con la Constitución y con los derechos de todos los ciudadanos.
Esos hechos, señor ministro, no se ajustan plenamente a los valores
democráticos. La libertad religiosa en este país se consagra y se
ejercita en otros ámbitos, no en ámbitos obligatorios para todos los
ciudadanos, donde no debe haber elementos de división.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peralta.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTURA (Rajoy Brey): Muchas
gracias, señor presidente.
Estoy de acuerdo con algunas de las afirmaciones que ha hecho el
señor Peralta, sobre todo en la obligación por parte del Gobierno y
de todos los representantes elegidos democráticamente de ajustar su
actuación y la de los poderes públicos al texto constitucional. Dicho
esto, que es una afirmación general que comparto, quisiera hacer dos
comentarios.
El señor Peralta me ha preguntado sobre dos asuntos, uno de ellos
referido a la presencia de símbolos religiosos en los centros
docentes públicos. En este sentido, tengo que decir que el Ministerio
de Educación, ya desde el año 1984 -y hemos repasado las respuestas
a las distintas preguntas que sobre estos asuntos se han hecho tanto
en
el Congreso como en el Senado-, ha dicho con meridiana claridad que
los principios de libertad religiosa y no confesionalidad del Estado
no implican la ausencia de cualquier símbolo religioso en los
edificios públicos. En este sentido, quiero recodar que es el Consejo
Escolar del centro, que es el que tiene encomendadas las competencias
de aprobar y evaluar la programación general, respetando
los aspectos docentes, que corresponden al claustro, y las
actividades extraescolares y complementarias, quien tiene que tomar
la decisión. Por tanto, si el Consejo Escolar del centro decide que
haya estos símbolos, tendremos que respetar, por mandato de la ley,
lo que dice dicho Consejo. En caso contrario, también lo haríamos,
por lo que se procedería a la retirada de los símbolos, pero tenemos
que ser consecuentes con lo que dicen la Constitución, la Logse y la
ley.
En cuanto a la utilización -que es la segunda parte de la pregunta-
de determinados materiales en clase de religión, también tenemos que
ser conscientes de lo que dice la Logse. Dice que la enseñanza de la
religión se ajustará a lo establecido en el acuerdo sobre enseñanza
y asuntos culturales suscrito entre la Santa Sede y el Estado
español,
y en desarrollo de la Logse el real decreto del año 1994 dice que la
determinación de los contenidos es competencia de la jerarquía
eclesiástica, y el mismo decreto dice que en las enseñanzas
correspondientes a las distintas religiones, elaborarán los programas
didácticos de las mismas los profesores. Por otra parte, no se trata,
como usted dice, de una enseñanza obligatoria, se trata de una
enseñanza puramente voluntaria.
Por tanto, independientemente de que usted pueda o no estar de
acuerdo con lo que yo acabo de decirle y, por tanto, con la
legislación vigente, tengo que manifestar que, como Gobierno,
independientemente de aquello con lo que yo esté o no de acuerdo,
necesariamente he de respetar la ley. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA AMPARO RUBIALES TORREJÓN, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ FÓRMULAS ESTÁ
BUSCANDO EL GOBIERNO PARA RESOLVER LA APLICACIÓN DEL CENSO REAL DE
POBLACIÓN A LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA? (Número de expediente 180/
001688)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 22 que, como la siguiente,
responderá el ministro de Administraciones Públicas y que en este
caso formula la diputada doña Amparo Rubiales Torrejón, del Grupo
Socialista.
La señora RUBIALES TORREJÓN: Señor ministro, me duele el alma al
tener que volver a hablar de este tema. Ustedes no cuentan la verdad,
pero lo peor es que ni siquiera cuentan los ciudadanos que existimos
de verdad.
Mi grupo parlamentario, esta portavoz que les habla, el Pleno de la
Cámara, usted mismo cuando era diputado y se sentaba allí enfrente
votamos una proposición no de ley que decía que el censo real de
población aprobado por el Gobierno fuera tenido en cuenta para la
financiación municipal, para la financiación sanitaria y para el
Fondo de Compensación Interterritorial, además de para la
financiación autonómica. El Gobierno
hace oídos sordos a cuanto dice esta Cámara y a cuanto pide y reclama
la justicia.
Después de eso, señorías, señor ministro, la presidenta del Partido
Popular en Andalucía, doña Teófila Martínez, diputada de esta Cámara,
alcaldesa de Cádiz y no sé cuántas cosas más, dice que está buscando
fórmulas con el Gobierno central para resolver el censo. Ese mismo
día, el 16 de marzo, usted mismo afirma que es imposible estudiar de
manera aislada el aumento de la población de Andalucía.
Señor ministro, el 19 de marzo vuelve a aparecer la revisión del
padrón al año 1998. Dicen que siete regiones españolas han perdido
población. ¿Qué están ustedes esperando, a que también bajemos
aquellas que hemos subido, o a qué están realmente esperando, señor
Acebes?
Yo querría que por una vez y si es posible no me hiciera ningún
lírico bailable de la naturaleza del que me hizo ayer su secretario
de Estado y que me respondiera usted si es verdad eso que le
pregunto. ¿Qué fórmulas está buscando el Gobierno, si es que las está
buscando, para resolver la aplicación del censo real de población a
la financiación autonómica?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rubiales.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Acebes Paniagua):
Gracias, señor presidente.
Señora diputada, yo sé que usted conoce bien la respuesta a lo que me
pregunta, aunque no lo vaya a admitir. Voy una vez más, porque han
sido muchas las explicaciones que se le han dado, a tratar de
explicar de la manera más resumida posible el asunto del censo que
usted permanentemente utiliza de manera demagógica y partidista.
Hasta el año 1996 el Consejo de Política Fiscal y Financiera acordó
un determinado censo como parámetro de referencia. Cuando se aprueba
el modelo de financiación 1997-2001, tiene que partir de un año base,
acordado por todos los grupos políticos en aquel momento. A partir de
ese año base se introduce un nuevo mecanismo por primera vez, en el
que se establece que en cuanto a la evolución de la población a lo
largo del periodo de vigencia, en el quinto año la financiación media
por habitante de cada una de las comunidades autónomas no podrá ser
inferior al 90 por ciento de la financiación media por habitante del
conjunto de todas ellas, es decir, es un mecanismo de garantía en
cuanto a la evolución de la población que ninguno de los modelos
anteriores había recogido. Lo que no puede hacer es estar
utilizándose permanente y recurrentemente el tema del censo de
población a sabiendas de que no es un instrumento riguroso sino
exclusivamente partidista el que siguen utilizando en sus preguntas y
en sus intervenciones. (Aplausos.- Rumores. )
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señora Rubiales.
La señora RUBIALES TORREJÓN: Señor Ministro, otra vez se me ha vuelto
a ir por las ramas. Sólo quiero que me conteste: ¿es verdad lo que
dice la presidenta del PP de Andalucía de que están buscando fórmulas
con el Gobierno central para resolver el problema del censo? ¿Quién
miente, usted o la presidenta del PP en Andalucía? (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rubiales.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Acebes Paniagua):
Gracias, señor presidente.
Señoría, no mentimos ninguno de los dos. (Risas.- La señora Rubiales
Torrejón: ¡Fantástico!) No existe más perjuicio económico para los
andaluces que el que se deriva de la pérdida de miles de millones de
pesetas por una decisión del Partido Socialista de no aceptar ni el
modelo de financiación actual ni el anterior (La señora Rubiales
Torrejón: El censo, el censo) y estamos buscando todos los medios
para que los andaluces, a pesar del Partido Socialista, no pierdan
una sola peseta de sus recursos, y además los vamos a encontrar.
(Aplausos.- Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Silencio, señorías.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MERCEDES FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CÓMO
VALORA EL GOBIERNO LA INCIDENCIA QUE, PARA LOS AYUNTAMIENTOS, VA A
TENER EL DESARROLLO DEL PACTO LOCAL? (Número de expediente 180/
001700)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 34, que formula la diputada doña
Mercedes Fernández González, del Grupo Popular.
Señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro de Administraciones Públicas, quiero formularle una
pregunta en relación a lo que se ha dado en denominar el pacto local.
Sus señorías saben, y sin duda el titular del departamento conoce
perfectamente, que a lo largo de esta misma semana concluirá el
trámite parlamentario que en el Senado se está impulsando respecto a
lo que se ha dado en denominar el pacto local. Dicho pacto local,
señorías, se compone de una serie de textos legislativos que tienen
una única finalidad, conseguir el fortalecimiento de los gobiernos
locales y unos mayores niveles de autogobierno. Me atrevería a decir
que en los últimos trece años, desde que ha entrado en vigor y se ha
promulgado la Ley reguladora de las bases de régimen local, el
denominado
pacto local y las iniciativas legislativas que en el mismo se
contienen son sin duda el hito más importante en la historia del
municipalismo español.
Por todo ello, señor ministro, en nombre del Grupo Parlamentario
Popular y en el mío propio, quiero formularle la siguiente pregunta:
¿Qué valoraciones hace respecto a la incidencia que las iniciativas
legislativas contenidas en el Pacto Local van a suponer para el
municipalismo español y para el impulso y fortalecimiento de los
Gobiernos locales en nuestro país?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Acebes Paniagua):
Gracias, señor presidente.
Señoría, la valoración que realiza el Gobierno a la incidencia del
Pacto Local en el ámbito municipal no puede ser más que altamente
positiva, por la importante repercusión que conllevará la culminación
de un proyecto que ha sido deseado y esperado durante muchos años por
todos nuestros municipios, sean estos grandes o pequeños. Además, es
un proyecto que dará respuesta a la reiterada y común petición
efectuada durante muchos años por la Federación Española de
Municipios y Provincias. (El señor Vicepresidente, FernándezMiranda
y Lozana, ocupa la Presidencia.)
Debemos felicitarnos, creo, por la especial importancia que la
consecución de este pacto tiene por varias medidas, medidas de
fortalecimiento de la democracia local. Cabe destacar la introducción
del automatismo en la convocatoria de los Plenos en los que debe
discutirse la moción de censura y la introducción de la cuestión de
confianza, por vez primera en el mundo local ligada a la aprobación
de determinados acuerdos de trascendencia para la corporación. Por
otra parte, hay un paquete de medidas de fortalecimiento del Gobierno
local, con la atribución al alcalde o presidente de funciones que son
meramente de carácter ejecutivo para una mayor eficacia y agilidad, y
el fortalecimiento de las funciones del control político del Pleno.
Y, además, hay un conjunto de medidas de defensa de la autonomía
local. La previsión de mayor trascendencia es que se articula por
primera vez un acceso directo de los entes locales al Tribunal
Constitucional en defensa de la autonomía que la Constitución les
reconoce. Merece destacarse especialmente la reintroducción del
recurso de reposición tantas veces solicitado por los municipios
españoles, que tantos beneficios tiene para los administrados y que
les evita la litigiosidad de tener que ir directamente a los
tribunales; la posibilidad de que se revisen sus peticiones; y el
reconocimiento de la representación local en organismos de
asesoramiento y planificación del Estado.
Por tanto, me parece un magnífico acuerdo que va a potenciar a
nuestros ayuntamientos, sobre todo, por la eficacia de los servicios
a los ciudadanos.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA CRISTINA NARBONA RUIZ, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁL ES LA
ACTUACIÓN EN RELACIÓN CON EL AVANCE DE LA DESERTIFICACIÓN EN ESPAÑA?
(Número de expediente 180/001691.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Preguntas que
contestará la señora ministra de Medio Ambiente.
Pregunta número 25, que formula doña Cristina Narbona Ruiz, del Grupo
Parlamentario Socialista.
Señora Narbona.
La señora NARBONA RUIZ: Ministra, el 20 por ciento del suelo español
está afectado por desertificación y casi un 50 por ciento sufre
erosión en mayor o menor medida. Esto significa una pérdida de
calidad del suelo que equivale a unos 200.000 millones de pesetas
anuales de pérdida soportados básicamente por los agricultores. ¿Qué
ha hecho en tres años el Ministerio de Medio Ambiente para frenar el
avance de la desertificación?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Narbona.
Señora ministra de Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señor presidente.
Comparto con S.S. la enorme preocupación por todos los problemas de
desertización; fundamentalmente, problemas de deforestación y el mal
uso en muchas ocasiones de ese suelo causa, como estamos viendo,
desertización.En este sentido lo que estamos haciendo son inversiones
muy importantes en estos dos años y, desde luego, un plan nacional de
lucha contra la desertización.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
Señora Narbona.
La señora NARBONA RUIZ: Ministra, el desierto avanza pero la política
ambiental retrocede y mucho. Ha retrocedido la inversión pública en
tareas forestales y prácticamente han desaparecido los fondos
europeos destinados a esta finalidad, y no lo digo yo, señora
ministra; aquí está la estrategia forestal hecha por su Ministerio.
En la página 44 dice literalmente: El Estado ha sido incapaz de
cumplir los compromisos de financiación del tramo estatal del Feoga-
Orientación, ya que tan sólo lo ha hecho en un 25 por ciento, por lo
que se perderán unos 26.000 millones de pesetas de retorno
comunitario. Ministra, esta página ha desaparecido en la última
versión de la estrategia forestal, posiblemente
censurada ante la gravedad de lo que afirma y que todos sabemos que
es cierto.
Retrocede también la planificación. Usted dice que está haciendo un
Plan nacional de lucha contra la desertificación; lleva tres años
haciéndolo. Se comprometió a culminar de manera inmediata el borrador
que ya existía cuando usted llegó al Ministerio, y lo que nos
encontramos en la estrategia forestal que usted ha presentado a la
conferencia sectorial es estrictamente una página, señora ministra,
la 143. Hoy día el Plan nacional de lucha contra la desertificación
es una página de la estrategia forestal del Ministerio.
Retrocede también, señora ministra, la concertación. Ha presentado
públicamente la aprobación de la estrategia forestal española, donde
está este esbozo mínimo de plan de lucha contra la desertificación,
como un gran acuerdo consensuado con todos, y sabe que eso es
perfectamente falso, puesto que la estrategia forestal en su última
versión no recoge muchas de las observaciones y sugerencias que por
parte de muchas comunidades autónomas y de organizaciones ecologistas
se hicieron a ese texto. Sin embargo, usted, que ha convertido la
conferencia sectorial en una pantomima, en algo vacío de sentido, se
apresuró a decir que ya estaba hecha la estrategia forestal, que poco
menos que ya estaba hecho el Plan nacional de lucha contra la
desertificación, que poco menos ya estaba hecha la ley forestal,
y llevan ustedes tres años en el Gobierno. La política ambiental
existía aunque fuera mínima, pero con ustedes no va a quedar ni
rastro.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
Narbona.
Tiene la palabra la señora ministra de Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): No creo
que los consejeros de la Junta de Andalucía, de Extremadura y de
Castilla-La Mancha compartan que la conferencia sectorial, a la que
asisten permanentemente, sea una pantomima. En cualquier caso, era
una pantomima cuando S.S. o el señor Borrell la convocaban.
En cuanto al Plan nacional de lucha contra la desertización, cómo
lamento que en 14 años sólo les diera tiempo a ustedes de hacer
borradores. (Rumores.) La desertización avanzaba igual, y usted,
además, es diputada por Almería. Acerca de la página ha desaparecido,
¿por qué no se le ha ocurrido pensar que se ha desbloqueado el
problema que existía entre el Ministerio de Economía y Hacienda y la
Junta de Andalucía? Siempre están buscando situaciones que no
responden a la realidad.
Lo que se ha invertido en esa partida concreta para la lucha contra
la desertización en 1997 han sido 5.865 millones y 5.023 millones de
pesetas en 1998, todo ello con el objetivo de detención y control de
procesos erosivos y aumento en cantidad y calidad de la cubierta.
Para este año, por ejemplo, están previstos 2.565 millones
de pesetas en una superficie de actuación de 13.000 hectáreas;
tratamientos herbícolas de la vegetación preexistente en una
superficie de 20.000 hectáreas, 2.600 millones de pesetas;
repoblación forestal en terrenos donde falte cubierta vegetal, por un
importe de 2.000 millones de pesetas, y otras hidrotecniaa para
estabilización de laderas, cauces y ramblas, 800 millones de pesetas,
aparte de otros estudios que ascienden a un total de 366 millones de
pesetas. Señoría, con todo eso no vamos a parar la desertificación,
pero estamos avanzando y creo que en la dirección correcta.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA LUISA BARTOLOMÉ NÚÑEZ, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA
MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE: ¿CONSIDERA LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO
AMBIENTE QUE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL RÍO SEGURA PERMITIRÁN
QUE LOS CIUDADANOS DE LA VEGA BAJA PUEDAN BAÑARSE EL PRÓXIMO AÑO?
(Número de expediente 180/001692.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
26, que formula doña María Luisa Bartolomé Núñez, del Grupo
Socialista del Congreso.
La señora BARTOLOMÉ NUÑEZ: Muchas gracias, señora ministra.
Señora ministra, altos cargos de su partido en la provincia de
Alicante, en una visita realizada a la Vega Baja del Segura para
conocer directamente el grado de contaminación del río, manifestaron
a los medios de comunicación que se iban a realizar una serie de
inversiones urgentes que permitirían bañarse en el río Segura en el
año 2000. Por ello le formulo la siguiente pregunta: ¿Considera la
señora ministra de Medio Ambiente que las condiciones de salubridad
del río Segura permitirán que los ciudadanos de la Vega Baja puedan
bañarse el próximo año?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Bartolomé.
Tiene la palabra la señora ministra de Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señor presidente.
No conozco esas declaraciones, pero tampoco conozco que en la zona de
la Vega Baja del Segura haya existido ni en estos dos años ni en los
14 que estuvieron gobernando SS.SS. ninguna zona de baño.(Una señora
diputada: No sabe, no contesta.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
Tiene la palabra la señora Bartolomé.
La señora BARTOLOMÉ NÚÑEZ: Es obvio, señora ministra, que aquellas
declaraciones, dada la situación del río, resultan cargadas de
descaro y casi de desprecio a los vecinos que, día a día, ven
amenazada su calidad de vida. Han sido ya varias las ocasiones en las
que por distintos grupos parlamentarios hemos planteado en esta
Cámara la grave contaminación del río Segura, siempre con la voluntad
de intentar aportar soluciones a una situación que es ya inaguantable
para los habitantes de la comarca de la Vega Baja. No se puede
abandonar a su suerte a un río para convertirlo en estos últimos años
en una auténtica cloaca.
Frente a la publicidad permanente de su Gobierno anunciando
inversiones multimillonarias, la realidad es que paralizan obras de
saneamiento del río y ralentizan las inversiones tanto en la
provincia de Alicante como en la de Murcia. Es casi una desvergüenza,
un acto que no quiero calificar, anunciar a los ciudadanos que sufren
día a día los olores de un río putrefacto que a un año vista se van a
poder bañar en él.
Señora ministra, el saneamiento del río Segura exige la garantía de
un caudal constante y ecológico, y más que ecológico sanitario, que
se pongan en funcionamiento las depuradoras que aún no funcionan, y
que se controlen y prohiban los vertidos contaminantes. Para ello es
preciso voluntad política y usted, señora ministra, no ha estado a la
altura de las expectativas que han tratado de crear a los ciudadanos
de la Vega Baja, con afirmaciones casi burlescas, como las que he
referido en mi pregunta, y que una mínima sensibilidad de respeto a
las personas debería avergonzar a quien las formula.
Señora ministra, le exigimos queasuma su responsabilidad y solucione
el problema. Si no lo hace, perderemos en la zona de la Vega Baja del
Segura el crédito de zona de interés turístico, el crédito como zona
agrícola de calidad y, sobre todo, provocarán una gran decepción en
los ciudadanos, que ven su salud y su calidad de vida afectada de una
forma impresionante, que por supuesto no están dispuestos a soportar
un día más.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Bartolomé.
Señora ministra de Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señor presidente.
Señoría, yo comprendo que cuando las respuestas se traen escritas,
difícilmente responden a la realidad. Difícilmente he podido ser
burlesca en mis contestaciones, cuando empiezo a contestar a S.S. en
este momento.
En cuanto a la preocupación que siente ahora mismo diciendo que ha
traído a esta Cámara soluciones, he de contestarle que las soluciones
se aportan cuando uno está en el Gobierno, que es cuando se pueden
hacer
obras. Precisamente porque la contaminación del río Segura no ha
hecho más que crecer, hemos puesto en marcha desde que hemos llegado
al Gobierno un programa de calidad y saneamiento del río Segura por
valor de 21.000 millones de pesetas. Nunca ha habido pretensiones de
hacer anuncios ni propuestas infundadas a los ciudadanos de aquella
zona. Se les ha dicho clarísimamente -y está el «Diario de Sesiones»,
en donde se ve que he contestado siempre con el mismo rigor- que hay
un programa de inversiones por valor de 21.977 millones de pesetas, a
terminar los últimos 300 millones en el año 2001, pero el grueso de
todas las inversiones se realizará en el año 2000. ¿Qué es lo que
hemos hecho? Para empezar, algunas obras tan importantes como la
depuradora de Murcia, que ya está construida en un 80 por ciento,
porque es esencial y Murcia no podía estar en el siglo XXI sin una
depuradora para sus aguas. Pero es que además ha habido obras de
emergencia por valor de 405 millones de pesetas, señoría. Algunas se
terminaron antes del verano pasado, por valor de 80 millones de
pesetas. Las demás, como las de los aliviaderos en el azud de
Rojales, se están iniciando; lo mismo que la instalación de equipos
complementarios de aireación en Orihuela, por valor de 65 millones de
pesetas; las anteriores, 100 millones de pesetas. Además, se dedican
a limpieza y acondicionamiento del cauce 200 millones de pesetas y,
por otra parte, 300 millones de pesetas al acondicionamiento del
tramo segundo contraparada-desembocadura. La estación depuradora,
como les acabo de decir, está ya hecha en el 80 por ciento. Pero es
que además hay otra serie de actuaciones, cuya finalización está
prevista en 1999, por valor de 3.600 millones de pesetas;
concretamente en la Vega Baja hay previstos otros 550 millones de
pesetas. En los últimos dos años se han concluido actuaciones en
Murcia por importe de 1.900 millones y en la Vega Baja por 1.100
millones de pesetas. Como comprenderá, se siguen haciendo controles
de calidad de los residuos y, desde luego, estamos en la buena
dirección. (Aplausos.- Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias.
Señorías, les ruego guarden silencio.
- DEL DIPUTADO DON ANTONIO LUIS MEDINA TOLEDO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁL
ES EL GRADO DE DESARROLLO DEL LIBRO BLANCO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL?
(Número de expediente 180/001697)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
31, que formula don Antonio Media Toledo, del Grupo Parlamentario
Popular.
Señoría, Medina.
El señor MEDINA TOLEDO: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra de Medio Ambiente, la educación ambiental de niños y
mayores es un tema de absoluta actualidad política y social y es
fundamental para permitir el desarrollo sostenible de la humanidad.
La educación ambiental es igualmente un excelente instrumento para
fomentar no sólo el conocimiento de los temas medioambientales, sino
para desarrollar la capacidad crítica de los ciudadanos para
permitirles opinar y fijar sus propias posiciones en estos temas y,
en suma, para actuar como ciudadanos libres con criterio propio y no
como prosélitos que solamente conocen un ángulo determinado de los
problemas, si tales problemas existieran. Sin embargo,
lamentablemente la versión que hoy se ofrece en los libros de texto,
fundamentalmente escolares, de las ciencias medioambientales invita a
la desesperación y al pesimismo. No deja espacio para que los
estudiantes, los alumnos, los niños, los mayores den paso a su
natural curiosidad para conocer verdaderamente cómo funcionan las
cosas del mundo en realidad.
Asuntos tales como el cambio climático, la lluvia ácida y su
incidencia en la conservación de los bosques, el agotamiento de los
combustibles fósiles y las energías renovables o, sin ir mas lejos,
la producción de alimentos y los productos transgénicos suelen estar
sometidos a un proceso oscilante, que va desde la irresponsabilidad
de decir que esto es una cuestión de cuatro chalados y no tiene
importancia hasta la concepción ecologista fanática, radical y
antihumanista que se opone a cualquier desarrollo económico y social
en aras a no sé qué valores ecológicos de difícil constatación.
Por todo ello, señora ministra, nuestro grupo parlamentario considera
muy acertada la iniciativa del Ministerio de declarar el año 1999
como el año de la educación ambiental. Justamente por esto, queremos
formularle una pregunta para saber cuál es el grado de desarrollo del
Libro Blanco de la educación ambiental.
Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora ministra.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Medina.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señor presidente.
Señoría, en efecto, la mejora de la calidad de vida de los
ciudadanos, que es de lo que se ocupa esencialmente el medio
ambiente, pasa no solamente por normativas y situaciones de control,
que son imprescindibles, sino también por utilizar otros instrumentos
sociales al alcance de todos los ciudadanos. La educación, la
información para la formación es esencial, razón por la cual, dentro
de las actividades que estamos poniendo en marcha desde el Ministerio
en este año de la educación ambiental, y en colaboración con las
comunidades autónomas, se ha elaborado el primer borrador del Libro
Blanco de la educación ambiental. Este borrador se ha consensuado con
las comunidades
autónomas, como le digo, y con el Ministerio de Educación y Ciencia.
En este momento, estamos trabajando en cinco mesas de trabajo cuyas
áreas concretas son las siguientes: las organizaciones no
gubernamentales en mesa de trabajo coordinada por la Junta de
Castilla y León; las empresas de consultoría y asistencia de
educación ambiental coordinadas por la comunidad de Valencia; los
medios de comunicación coordinados por la Junta de Andalucía; la
Administración local dirigida por el Gobierno de Canarias; los
agentes sociales coordinados por la Generalitat de Catalunya; y,
además, unos foros virtuales en Internet en tres áreas temáticas que
consideramos esenciales: una sobre universidad e investigación, otra
sobre sistema educativo y la última de participación pública.
Pensamos que, al final de este año, podremos estar en condiciones de
llegar a un consenso lo suficientemente amplio como para dotarnos de
un Libro Blanco de la educación medioambiental.
Gracias, señor presidente. (Un señor diputado: ¡Muy bien!)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA VISITACIÓN PÉREZ VEGA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿CUÁLES SON LAS ACTUACIONES DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE EN
MATERIA DE COSTAS PARA PROTEGER ADECUADAMENTE LAS MARISMAS DE
SANTOÑA? (Número de expediente 180/001698)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
32, que formula doña Visitación Pérez Vega, del Grupo Parlamentario
Popular.
Señora Pérez Vega.
La señora PÉREZ VEGA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, las marismas de Santoña son una zona de cepa de aves
y están incluidas en el convenio de Ramsar de protección de
humedales. Asimismo, las marismas de Santoña, aparte de ser un
espacio de gran interés ecológico, son lugar de referencia mundial
desde el punto de vista medioambiental. La Ley de costas, en su
exposición de motivos, define las marismas como uno de los más
importantes núcleos generadores de vida en el medio marino, vitales
para la producción orgánica y biológica. Pese a todo ello, hace algo
más de una década, se aprobó en Consejo de Ministros el cerramiento
de parte de las marismas de Santoña y su desecación. Se consideraban
las marismas como zona sanitariamente peligrosa e improductiva, lo
que trajo como consecuencia que no recibieran la protección adecuada.
Se diseñó un plan de medidas urgentes pero, dada la necesidad de
continuidad en las medidas de protección
y lo complejo de la problemática, le formulo la siguiente pregunta:
¿cuáles son las actuaciones del Ministerio de Medio Ambiente en
materia de costas para proteger adecuadamente las marismas de
Santoña?
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
Pérez Vega.
Señor Ministra de Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señor presidente.
Sabe S.S. que cuando llegamos al Gobierno, en el año 1996, existía
una sentencia condenatoria del Tribunal de las Comunidades Europeas y
que estábamos a punto de obtener la segunda sentencia condenatoria
por incumplimiento de la primera -habían pasado ya tres años- con una
sanciones económicas muy grandes, que hubieran tenido repercusiones
muy dramáticas para todo el Reino de España. Por esa razón, aparte de
por ser cántabra y querer defender ese humedal, nos pusimos en marcha
y hemos conseguido, de entrada, paralizar por completo esas
iniciativas puesto que la Unión Europea sabe en qué línea se está
trabajando.
Concretamente, por reseñar en este breve tiempo los trabajos más
importantes realizados, empezamos por la demolición de los diques de
cierre de unas instalaciones de cultivos marinos, así como los diques
destinados a una desecación de la marisma para la instalación de un
polígono industrial. La primera actuación nos permitió rescatar una
concesión y, en el segundo caso, conseguimos una cesión por parte de
los ayuntamientos a favor del Ministerio. Se contrataron ambas
actuaciones, con carácter de urgencia, el 14 de marzo y el 8 de
octubre de 1997 y se terminó la primera de las obras por un importe
de 38 millones de pesetas en el año 1997. He de decir que la
situación ha sido realmente favorable porque ya se han obtenido
beneficios ambientalmente visibles. Otra gran actuación de 280
millones de pesetas para demolición del dique también quedó
finalizada durante 1997.
Evidentemente, queda todavía bastante por hacer. Como sabe usted,
hemos hecho otra inversión muy importante por un importe de 324
millones de pesetas para comprar unas fincas que, aunque no estaban
incluidas en las obligaciones de la sentencia, venían bien para
recuperar ese entorno desde el punto de vista ambiental.
Entendemos que no están terminadas todas las actuaciones, pero se ha
avanzado notablemente. En cualquier caso, quedan todavía algunos
contratos que hacer con algunos ayuntamientos, pero entendemos que
estamos defendiendo una zona costera e intermareal que, como decía S.
S., es sumamente importante. Por tanto, estamos en disposición de
afrontar con optimismo el futuro, reparando una injerencia histórica
de las administraciones en este humedal tan importante.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ MANUEL CABALLERO SERRANO, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿TIENE PREVISTO EL
GOBIERNO ENVIAR A LA GUARDIA CIVIL A LA CASA DE LOS JÓVENES
PENDIENTES DE INCORPORACIÓN A FILAS? (Número de expediente 180/
001686.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
20, que contestará el señor ministro de Defensa y que formula don
José Manuel Caballero Serrano, del Grupo Parlamentario Socialista.
Señor Caballero.
El señor CABALLERO SERRANO: Señor ministro. según ha aparecido en
algún medio de comunicación, el Ministerio de Defensa ha consultado
con el Ministerio del Interior la posibilidad de que la Guardia Civil
acuda a los domicilios de los jóvenes pendientes de incorporarse al
servicio militar obligatorio con objeto de solicitarles que
clarifiquen su situación. Coincidirá conmigo, señor ministro, en que
ésta no parece la mejor forma de realizar una gestión que tiene un
carácter puramente informativo.
Con objeto de conocer la veracidad de esta noticia, es por lo que le
pregunto si el Gobierno tiene previsto enviar a la Guardia Civil a la
casa de los jóvenes pendientes de incorporación a filas.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Caballero.
Señor ministro de Defensa.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Muchas gracias, señor
presidente.
Señoría, con toda rotundidad, no lo tiene previsto. No se ha pensado
en ningún momento más que en cumplir la Ley del servicio militar
obligatorio y el reglamento del mismo servicio, aprobado el 9 de
julio de 1993, que no tiene modificaciones, y no se piensa introducir
ninguna. En esas disposiciones se fija el procedimiento para los
jóvenes que, siendo llamados a filas, incumplan la obligación del
servicio militar obligatorio. Ninguno de esos preceptos prevé la
actuación de la Guardia Civil.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Señor Caballero.
El señor CABALLERO SERRANO: Señor ministro, sinceramente me alegro de
que sea así, porque es responsabilidad de su Gobierno que el proceso
de profesionalización de las Fuerzas Armadas y la consiguiente
desaparición de la mili sea lo más ordenado posible, y
estoy seguro de que esa postura va a ser la de lamayoría de los
grupos que componen esta Cámara. Ahora bien en lo que no iba a estar
de acuerdo el Grupo Socialista es en que, habiendo realmente un
problema, puesto que casi la mitad de los jóvenes llamados a filas no
llegan a incorporarse, la solución fuera enviar a la Guardia Civil a
su casa para recordarles su obligación militar.
Sinceramente, yo me creí esa noticia porque su Gobierno ha demostrado
en los últimos meses que tiene tendencia a enviar a la Guardia Civil
o a la Policía contra los jóvenes cuando éstos no se portan como
desean. Lo hemos visto en la Universidad Autónoma de Barcelona, en
Cornellá y ante los estudiantes de secundaria en Ciudad Real.
Mire, señor ministro, la inmensa mayoría de los jóvenes que no se
incorporan al servicio militar hacen uso de un derecho
constitucional, la objeción de conciencia, y de las leyes que les
permiten declararse objetores prácticamente hasta el momento de
incorporarse al servicio militar. No es problema de estos jóvenes que
el Ministerio de Justicia no se lo comunique al Ministerio de
Defensa, por tanto, que no haya celeridad en esta información.
Señor ministro, desgraciadamente, el proceso de profesionalización
puede acabar, en mi opinión, siendo un carajal pues, por un lado, hay
problemas para reclutar a los jóvenes que pueden ser profesionales. A
pesar de que han hecho una campaña de publicidad en la que el año
pasado gastaron más de 1.600 millones y creo que este año incluso van
a superar esta cifra, cada vez es menor el número de jóvenes que
quieren ser soldados profesionales. Ciertamente, sabe que esa campaña
de publicidad, más que intentar alistar a los jóvenes, lo que
pretende es hacer publicidad electoral, política, para su Gobierno
diciendo que se acaba la mili. Al final, también nos encontramos con
que puede haber dificultades para que, hasta que liquidemos la mili,
haya jóvenes suficientes para atender esta necesidad. Esto se
arreglaría fácilmente si ustedes, por una vez, cumplieran lo que
prometieron antes de llegar al Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Caballero.
El señor CABALLERO SERRANO: En enero de 1996 decía el señor Aznar que
pagaría un sueldo de 30.000 pesetas a los soldados. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Caballero.
Señor ministro de Defensa.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Muchas gracias.
Es absolutamente fantástico que se ponga en tela de juicio la
existencia del Estado de derecho para hacer una crítica a un
propósito, a un objetivo del Partido
Popular que se está cumpliendo y que ustedes, como no creían que se
iba a cumplir, no se atrevieron a prometerlo. (Varios señores
diputados: ¡Muy bien, muy bien!) Aquí lo que hay es un proceso de
profesionalización en marcha. El proceso de profesionalización va
a concluir en la fecha prevista. Ese proceso tiene que contar con un
servicio militar obligatorio, que se extinguirá en ese momento, y con
un personal, que ha crecido gracias a esa campaña que S.S. llama
política; una campaña donde no se habla más que de las Fuerzas
Armadas profesionales. Y esa campaña ha conseguido que, empezando el
año 1998 con menos de tres solicitantes por plaza, se acabe ese mismo
año con casi cuatro solicitantes por plaza. Eso es consecuencia no
sólo de esa campaña, señoría, sino de que desde que está en el
Gobierno el Partido Popular está hablando de las Fuerzas Armadas y de
los ejércitos como se merecen y no haciendo crítica soterrada,
consecuencia de lo cual es que nadie quisiera ir a los ejércitos.
Ahora nuestros jóvenes quieren ir y tenemos la confianza de que cada
vez quieran ir más.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ JUAN GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿LA ACTITUD
DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN EL PROCESO DE PAZ DE EUSKADI ESTÁ
PRESIDIDA POR EL DIÁLOGO, EL CONSENSO Y EL RESPETO A LOS PRINCIPIOS
DEMOCRÁTICOS Y A LAS LEGÍTIMAS OPCIONES POLÍTICAS DE LOS CIUDADANOS,
PARA ALCANZAR EL FIN DE LA VIOLENCIA, EVITANDO ACTITUDES DE
ENFRENTAMIENTO ENTRE POSICIONES IDEOLÓGICAS DISTINTAS, EN SINTONÍA
CON LA MOCIÓN APROBADA EL 10 DE NOVIEMBRE DE 1998 POR UNANIMIDAD EN
EL PLENO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS? (Número de expediente 180/
001680)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Preguntas que
contestará el señor portavoz del Gobierno y ministro de Industria y
Energía.
Pregunta número 15, que formula don José Juan González de Txabarri
Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV).
Señor González de Txabarri.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor presidente.
¿Está satisfecho el Gobierno con el grado de cumplimiento del punto
tercero de la moción que aprobó esta Cámara el 10 de noviembre de
1998 en relación con el proceso de paz de Euskadi?
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO
(Piqué i Camps): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, en la medida de sus posibilidades y de sus
responsabilidades, el Gobierno entiende que ha cumplido plenamente
con los contenidos de la moción aprobada por unanimidad en noviembre
pasado y, en particular, con el punto tercero. Por lo tanto, muestra
su satisfacción.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Señor González de Txabarri.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Debe ser bien cierto, señor
ministro, que vivimos en países distintos. Es la tercera semana que
exigimos al Gobierno el grado de cumplimiento de los contenidos de
esta moción. Hemos ido cambiando de interlocutores: del
vicepresidente primero al ministro de Interior y ahora al portavoz
del Gobierno. Por cierto, ¿le preocupa al presidente del Gobierno
este tema? Parece que no. (Rumores.)
Desde la perspectiva del Grupo Parlamentario Vasco, constatamos,
señor ministro, que no hay diálogo. Hay un trágala, no hay
distensión. Se está apostando exclusivamente por la imposición. El
Gobierno, señor ministro, no tiene iniciativa, está dormido en los
laureles y han pasado por el arco de triunfo los contenidos de esta
moción, incluso del propio proceso de paz. No han movido ni un solo
dedo -impasible, además, señor ministro- para construir la paz.
Ustedes lo que pretenden es imponer la mayoría que tienen en esta
Cámara en Euskadi, donde son minoría parlamentaria, y por ello
apuestan sin rubor, no ya por un diseño sin el PNV, por un diseño sin
la mayoría parlamentaria vasca. Usted mismo, señor ministro, actúa
como un ejecutivo agresivo, no como un político pacificador. ¿Cree
que son de recibo las manifestaciones que realiza en su condición de
portavoz del Gobierno en las ruedas de prensa tras los consejos de
ministros? ¿Tan poco respeto le merece la mayoría parlamentaria
vasca? Es ciertamente grotesco, señor ministro. Han optado por
generar convulsión institucional, jugando con las instituciones
vascas, en vez de por procesos de distensión y de pacificación, y
están, señor ministro, en un tris de echar por la borda la
oportunidad histórica de la paz, generando enfrentamiento y
convulsión interinstitucional.
Señor ministro, salten de una vez a la arena de la pacificación,
abandonen las trincheras, abandonen las posiciones numantinas, salgan
de esos cómodos burladeros gubernamentales y agarren al toro por los
cuernos,
señor ministro, que en política de pacificación no hay más cera
que la que arde.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO
(Piqué i Camps): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, puedo estar de acuerdo con su primera afirmación:
probablemente vivimos en países distintos, porque no se le puede
decir al Gobierno que no haya tomado iniciativas y que no haya tenido
un planteamiento de diálogo en diversos niveles absolutamente claro,
diálogo con todas las fuerzas políticas democráticas representadas en
esta Cámara y diálogo con todas las fuerzas políticas representadas
en el Parlamento Vasco en el marco de una práctica política
normalizada. Por ahí deberíamos empezar, porque no hay una práctica
política normalizada y eso no se le puede atribuir al Gobierno, hay
que atribuirlo a aquéllos que justifican y no condenan la violencia,
hay que atribuirlo a aquéllos que conculcan diariamente derechos
elementales en el País Vasco, como la libertad de asociación o la
libertad de expresión, hay que atribuirlo a aquéllos que nominan para
la Comisión de Derechos Humanos a responsables de tremendos atentados
terroristas, hay que atribuirlo a aquéllos que utilizan el
Parlamento, el Vasco en este caso, para cosas que no corresponden a
instituciones democráticas.
En cualquier caso, le aseguro que el Gobierno está absolutamente
comprometido con la paz, que va a seguir practicando el diálogo, que
lo va a hacer sobre la base de la convivencia democrática y del
respeto a todas las libertades, y que lo va a hacer sin
contrapartidas políticas y, en todo caso, de acuerdo con la moción
unánime aprobada por el Congreso de los Diputados, que ustedes
también respaldaron y que espero que sigan respaldando.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON MARIANO CÉSAR SANTISO DEL VALLE, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, QUE FORMULA AL SEÑOR
PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿ANTE LA GRAVE CRISIS POR LA QUE ESTÁ
ATRAVESANDO EL SECTOR DEL PORCINO EN ESPAÑA, QUE ESTÁ OBLIGANDO AL
CIERRE DE MÚLTIPLES PEQUEÑAS EXPLOTACIONES GANADERAS, LE PARECE
CONVENIENTE LA POLÍTICA DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA DE SUBVENCIONAR
CON AYUDA DE 900 MILLONES DE PESETAS A LA EMPRESA «CASTILEÓN» EN LA
COMARCA DE GUARDO (PALENCIA) PARA LA
INSTALACIÓN DE 10 GRANJAS DE CERDO, Y OTRA DE 16 MILLONES DE PESETAS
A LA EMPRESA «GRANJAS DEL SEGRE» (LLEIDA), A PESAR DEL INFORME
NEGATIVO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DE LAS DISPOSICIONES DE LA
UNIÓN EUROPEA CONTRARIAS A LA CONCESIÓN DE AYUDAS AL SECTOR DEL
PORCINO? (Número de expediente 180/001681)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
16, que formula don Mariano Santiso del Valle, del Grupo Federal de
Izquierda Unida.
Señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Piqué, esta pregunta iba destinada al presidente del Gobierno
que, por motivos obvios, no ha podido asistir. Su sentido era conocer
la opinión del presidente del Gobierno ante el posible conflicto
entre el Ministerio de Industria y el de Agricultura por la concesión
de 900 millones de pesetas de ayudas al sector porcino a Castileón y
16 millones a Granjas del Segre, precisamente por entender que es un
sector que está sufriendo una grave crisis estructural, que el
Ministerio de Agricultura dedica sólo 200 millones de pesetas en su
presupuesto para esta grave crisis, que está llevando al cierre de
muchas pequeñas explotaciones, muchas más de los supuestos 100
puestos de trabajo que se van a crear y, al mismo tiempo, por
entender que se vulnera la propia normativa europea.
No obstante, en su nombre, como espero que me conteste, le pregunto
si sigue considerando oportunas este tipo de ayudas a pesar de la
situación del sector.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Santiso.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO
(Piqué i Camps): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, la política del Ministerio de Industria va orientada a la
generación de proyectos de inversión alternativos a la reducción del
sector del carbón en las comarcas mineras y tiene como objetivo
fundamental crear empleo. Como es natural, eso debe ser compatible
con la normativa comunitaria y con los procesos de ordenación de
otros sectores que no corresponden al Ministerio de Industria, en
este caso concreto el Ministerio de Agricultura. Hay que hacer
compatibles las dos cosas, y hasta ahora las hemos hecho siempre
compatibles.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Señor ministro, lo cierto es que el 28 de
diciembre, día de los santos inocentes, fue cuando se decidió este
acuerdo para conceder esta primera subvención, y sólo después de
conocerse que, a pesar de los informes negativos del Ministerio de
Agricultura, se había concedido es cuando desde el propio Ministerio
se ha paralizado.
Le anunciamos que vamos a pedir la comparecencia de la señora
ministra de Agricultura en la subcomisión creada al efecto para
estudiar las subvenciones, para que nos explique, desde su punto de
vista, cómo es posible que el Ministerio de Industria atienda esto en
una línea totalmente contraria a lo que están planteando los propios
productores, además escudándose en cosas tan peregrinas como que eran
para I+D y que no iba a incrementar la cabaña de cerdos, cosa
bastante complicada cuando se montan 10 granjas de cerdos, en el caso
de Castileón.
Termino diciéndole que nuestro grupo cree que va siendo el momento de
que estudie su carta de dimisión, de redactarla de la manera más
digna posible por éste y por otros acontecimientos que se están
sucediendo en estos días, dado que no es experto en el sector
porcino, pero sí lo es en la optimización fiscal.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Santiso.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO
(Piqué i Camps): Muchas gracias, señor presidente.
Con independencia de no tener que responder a algunas de las cosas
que ha dicho el señor Santiso y que él sabe que sería mejor que no
dijera, lo que sí le quiero decir al señor Santiso es que está en
nuestra obligación, cuando viene un proyecto de casi 4.000 millones
de pesetas de inversión y que puede crear 110 puestos de trabajo
directos en una comarca tan castigada por la crisis minera como es
una buena parte de la provincia de Palencia y en particular la zona
de Guardo y alrededor de Guardo, analizarlo y ver si es posible que
ese proyecto pueda ir hacia adelante. Se analiza, se ve si es
compatible con la normativa comunitaria y con la propia normativa de
ordenación del sector y lo que se hace es partir el proyecto para que
aquella parte subvencionable que no afecta a la normativa comunitaria
y a la ordenación del sector pueda seguir mereciendo apoyo, porque
hace falta, insisto, apoyar a esas comarcas y apoyar a los jóvenes
que están buscando un trabajo que hasta ahora no podían obtener, y
sobre esta base se hace lo que se puede.
Otra cosa es que, a raíz de las informaciones que han surgido en los
periódicos, haya una petición de información de la Comisión Europea.
Hemos decidido esperar al resultado de esa petición de información
para tomar después una decisión, pero yo le aseguro que el único
objetivo que todos tenemos es seguir creando
puestos de trabajo y sacar de una crisis profunda, que la ha afectado
durante muchísimos años, a una zona especialmente castigada, que
merece el respeto no sólo del Gobierno, sino de todos los grupos
parlamentarios, incluido el suyo, señoría. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JUAN PEDRO HERNÁNDEZ MOLTÓ, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿POR QUÉ EL GOBIERNO INCUMPLE
LA LEY DE HIDROCARBUROS RECIENTEMENTE APROBADA? (Número de expediente
180/001684.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
18, que formula doña Arancha Mendizabal Gorostiaga, del Grupo
Parlamentario Socialista.
Señora Mendizabal.
La señora MENDIZAL GOROSTIAGA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¿por qué el Gobierno incumple la Ley de Hidrocarburos
recientemente aprobada?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
Mendizabal.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO
(Piqué i Camps): Gracias, señor presidente.
Señoría, el Gobierno entiende que cumple con la Ley de Hidrocarburos
con alguna pequeña excepción, que tiene una clara justificación.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
ministro.
Señora Mendizabal.
La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Sí, una mera excepción.
Efectivamente, señor Piqué, está incumpliendo la Ley de Hidrocarburos
y está incumpliendo, si usted cree que es una pequeña excepción, la
transitoria undécima, que da un plazo de tres meses para la
designación de los miembros de la Comisión Nacional de Energía, plazo
que ya se cumplió a principios de año. Señor Piqué, usted incumple la
ley, usted incumple los acuerdos. Está claro por qué: porque su
objetivo, señor Piqué -esto que le parece a usted una pequeñez-, es
evitar el funcionamiento de un órgano regulador, como es éste, que
vela por la competencia, que vela por la objetividad y por la
transparencia y que vela por las garantías de los consumidores. Pero
a usted, señor Piqué, los consumidores no le importan nada. Usted
está más preocupado y sobre todo más
ocupado, que es lo grave, en solucionar o en tapar sus propios
problemas. Ese talante liberal que tiene o del que le suele gustar
hacer gala, la verdad es que es pura retórica, señor Piqué, porque
sus actuaciones, y en este caso es una prueba más, evidencian que lo
único que hace es tener falta de objetividad, falta de transparencia
y sobre todo un talante autoritario e inquisidor.
Señor Piqué, usted reaccionó con una cierta soberbia cuando la
Comisión Eléctrica hizo un informe que a usted no le gustaba respecto
a los CTC o, mejor dicho, respecto a las ayudas al sector eléctrico,
y provoca usted la dimisión de su presidente. Usted, señor Piqué,
evita la constitución de la Comisión Nacional de Energía preparando,
a su vez, un reglamento de funcionamiento que, sinceramente, no tiene
desperdicio, porque lo único que persigue es la censura previa. A
usted no le gusta que le controlen. Señor Piqué, yo le pediría que se
centrase en su talante, en sus actuaciones y sobre todo en su
trabajo. Lo mismo que utiliza ese celo fino y sofisticado a la hora
de alcanzar la optimización fiscal, úselo para su trabajo, para
gestionar su Ministerio y cumpla usted la ley, señor Piqué.
(Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Mendizabal.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO
(Piqué i Camps): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, ya veo cuál es el motivo por el cual quien formula la
pregunta no es don Juan Pedro Hernández Moltó, porque el señor
Hernández Moltó, interlocutor del Ministerio de Industria para estos
temas, sabe perfectamente que nos pusimos de acuerdo para avanzar en
un consenso respecto a la composición de la Comisión Nacional de
Energía y que si para alcanzar ese consenso retrasábamos algo el
plazo previsto en la ley, eso no iba a ser objeto de ningún problema.
Veo que no se ha mantenido esta posición. En cualquier caso, la
posición del Gobierno sigue siendo la misma y tengo la satisfacción
de informar a la Cámara que he solicitado ya mi comparecencia en la
Comisión de Industria para informar ampliamente en relación con esta
última cuestión, que es la formación de la Comisión Nacional de la
Energía.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON FRANCISCO JAVIER PEÓN TORRE, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ
VALORACIÓN HACE EL GOBIERNO DE LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE LA
MINERÍA DEL CARBÓN A LO LARGO DE 1998? (Número de expediente 180/
001696)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
30, que formula don Javier Peón Torre, del Grupo Parlamentario
Popular.
Señor Peón.
El señor PEÓN TORRE: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, yo voy a preguntar sobre su trabajo y su Ministerio.
Es curioso, porque todos estos días su trabajo y su Ministerio son
protagonistas del debate parlamentario y fuera del Parlamento, con
mucho ruido, con muchas declaraciones grandilocuentes y con una
reiteración de ideas y de mensajes, pero se habla poco de los
resultados de ese trabajo, de cuáles son los números de ese trabajo,
de los resultados en empleo, en desarrollo industrial, se habla muy
poco de eso, parece que eso interesa poco aquí e interesa poco que se
sepa también fuera de aquí.
Se ha hablado de que es un escándalo que fondos mineros vayan a
empresas no mineras, pero no se explica que esos fondos son para
desarrollo alternativo de comarcas mineras y que la normativa prohibe
expresamente que esos fondos vayan a explotaciones mineras. Se
pregunta también por qué a unas comarcas sí y a otras no, y se
desconoce o se quiere desconocer que son planes de
reindustrialización para comarcas españolas muy concretas necesitadas
de esos fondos. Se habla de si hay fondos para formación o no, y se
desconoce lo que se ha explicado en esta Cámara muchas veces, que hay
un Instituto para el desarrollo de la formación de las comarcas
mineras que tiene una dotación de 5.000 millones anuales. Es decir,
mucho ruido, pero muchísimas nueces. (Rumores.) Eso es lo que se
quiere tapar, que hay muchas nueces.
Nosotros estamos muy orgullosos de su trabajo y del resultado de la
política de su Ministerio. Nuestro grupo está muy orgulloso, y nos
gustaría saber, señor ministro, y nos gustaría que explicara a esta
Cámara y a la opinión pública española cuáles son los resultados de
su trabajo en su Ministerio.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Peón.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO
(Piqué i Camps): Muchas gracias, señor presidente.
El plan, que realmente es un plan histórico, acordado con los
sindicatos, con las empresas mineras y con las diferentes autoridades
autonómicas y locales, está dando, después de un año de vigencia, un
resultado positivo, sobre todo si lo comparamos con la situación de
las comarcas mineras de los últimos años, la evolución del empleo, la
evolución de la producción, también la evolución de las subvenciones
en sentido contrario y, por lo tanto, de los recursos que hayan
tenido que pagar todos los ciudadanos.
En consecuencia, hacer un balance del plan nos llevaría muchísimo
tiempo, pero para intentar sintetizar le diría que hay, por una
parte, unas medidas organizativas y, por otra parte, algo que
podríamos establecer como resultados concretos, que paso a resumirle
brevemente.
Desde el punto de vista organizativo, se ha creado el Instituto para
la reestructuración de la minería del carbón y desarrollo alternativo
de las comarcas mineras; se ha creado la Fundación para el desarrollo
de la formación en las zonas mineras; se ha constituido ya su
patronato; se reúne con carácter periódico la comisión de seguimiento
del plan, con representación del Ministerio de Industria, las
organizaciones sindicales y los empresarios del sector, y hay siete
protocolos de colaboración con las comunidades autónomas afectadas,
que son el marco de actuación y que permiten resultados concretos.
Primero, se han concedido y pagado mensualmente las ayudas al
funcionamiento a las empresas del carbón por un importe total el año
pasado de más de 85.000 millones de pesetas; se han tramitado ayudas
correspondientes sobre cargas excepcionales vinculadas a planes de
modernización, reestructuración y racionalización de la actividad de
las empresas mineras que han supuesto la concesión de 13.740 millones
de pesetas de ayudas y la prejubilación, sin medidas traumáticas, en
torno a 4.000 millones; se han pagado las ayudas al transporte y a
financiar las existencias.
En cuanto al desarrollo alternativo, que probablemente tenga mayor
interés, quiero decirle que se han firmado 266 convenios específicos
con las comunidades autónomas, que corresponden a otros tantos
proyectos de infraestructuras, por un importe para el primer
cuatrienio de casi 118.000 millones de pesetas; se han convocado a su
vez las ayudas a proyectos empresariales generadores de empleos; en
el bienio 1996-1997 ha habido subvenciones por 24.000 millones,
inversiones por 80.000 y se han creado más de 3.700 puestos de
trabajo y, en cuanto a la orden de marzo de 1998, estamos hablando de
movilizar 50.000 millones de pesetas de inversión, otros 9.000
pesetas en subvenciones y la creación adicional de 2.100 puestos de
trabajo directos.
Por lo tanto, creo que estamos ante una situación realmente mucho
mejor y en un marco de mayor transparencia y objetividad, porque
ahora las ayudas se presupuestan y antes no, ahora se fiscalizan por
la Intervención delegada y antes no, y ahora se seleccionan los
proyectos y antes no.
Gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA ISABEL SALINAS GARCIA, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿COMPARTE EL
MINISTRO LAS DECLARACIONES DEL ALCALDE DE EL EJIDO AFIRMANDO QUE EL
GOBIERNO
TRAE A LOS INMIGRANTES A NUESTRO PAÍS Y LOS SUELTA COMO PERROS EN
LAS CALLES? (Número de expediente 180/001687)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Preguntas que
contestará el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
Pregunta número 21, que formula doña Isabel Salinas García, del Grupo
Parlamentario Socialista.
Señora Salinas.
La señora SALINAS GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, el alcalde del Partido Popular del municipio con
mayor número de inmigrantes en la provincia de Almería hacía hace
unos días en todos los medios de comunicación, prensa, radio y
televisión, las siguientes afirmaciones: La Administración central
trae a miles de inmigrantes a nuestro país y los suelta en la calle
como a perros. ¿Comparte el ministro dichas afirmaciones de su
alcalde?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Salinas.
Señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Pimentel Siles):
Gracias, presidente.
Señoría, el Gobierno no tan sólo no comparte esas declaraciones, que
considera desafortunadas y además no adecuadas a la realidad, sino
que además está invirtiendo en la inserción social de estos
inmigrantes, conjuntamente con otras asociaciones, por lo que nos
parecen desafortunadas, en primer lugar, y alejadas de la realidad,
en segundo lugar.
Gracias, presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
ministro.
Señora Salinas.
La señora SALINAS GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, no quiero perder ni un solo segundo en calificar
semejantes afirmaciones, hechas por un alcalde de su partido y
candidato de nuevo a la alcaldía. Se descalifican por sí solas. Desde
luego, a mí, como socialista, me avergüenzan. Es verdad que varios
días después, cuando ustedes lo llamaron al orden, intentó
recitificar y dijo textualmente: Hay una mala política de
extranjería. El Gobierno no puede traer cupos de personas y soltarlas
en la calle y ya está. Eso lo dijo después de llamarle al orden. Lo
que se pone claramente de manifiesto es que ustedes dicen una cosa
aquí, en esta Cámara, y sus alcaldes dicen y, lo que es peor, hacen
cosas muy peligrosas.
Señor ministro, su alcalde se ha hecho famoso por desalojar a
inmigrantes documentados y perfectamente legales, dejándoles en la
calle sin darles tiempo ni a
recoger sus pertenencias personales. Ayer mismo veíamos en la prensa
nacional la fotografía de un inmigrante de El Ejido con la mandíbula
rota a manos de un policía local. Hace poco también era primera
página de un diario otro inmigrante de El Ejido con las dos piernas
partidas. Señor ministro, ya sabemos que la política de inmigración
no es una prioridad de su Gobierno. Todos los grupos de esta Cámara
hemos presentado un proyecto de reforma de la Ley de Extranjería,
todos menos el Grupo Parlamentario Popular, que se ha dedicado
a presentar enmiendas que no reconoce ni su propio portavoz. Pero, aun
sabiendo eso, quiero hacerle un ruego: ponga usted algo de su parte
para frenar las actitudes y manifestaciones de su alcalde, de los
alcaldes de su partido, que están potenciando y ejerciendo actitudes
racistas, con el fin bastante miserable, como usted comprenderá, de
ganar un puñado de votos entre los autóctonos a costa, como siempre,
de los más desfavorecidos. Le pedimos que hagan un esfuerzo por
llamar a estos alcaldes y candidatos al sentido común en beneficio de
una convivencia que se está poniendo en peligro en nuestra provincia.
Empiecen por concienciar a su alcalde. Este alcalde acusó a su
Gobierno de no facilitar las condiciones de vida de los inmigrantes y
de no haber hecho nada en tres años que llevan gobernando. Señor
ministro, no se lo digo yo, se lo dice su alcalde, aunque ha estado
pensando presentarse por el partido de Jesús Gil, pero al final es
candidato del Partido Popular, que es lo mismo.
Señor ministro, empiece cuanto antes a aplicar políticas sociales y
de integración para y con los inmigrantes. En este camino siempre nos
va a tener a su lado, pero, por favor, condene estas actitudes.
Gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Pimentel Siles):
Gracias, presidente.
Señoría, la acogida social y las actitudes de solidaridad de los
españoles y españolas con las personas inmigrantes que vienen a
trabajar con nosotros es una cuestión de extraordinaria importancia,
por lo que le hubiera agradecido que no hubiera introducido el
chiste, supongo que lo ha hecho a título de humor, sin mucha gracia
ni mucha fortuna, de comparar a nuestro partido con el partido de
Jesús Gil. No he comprendido si lo ha hecho con ánimo de amenizar,
con un poco de humor, pero me parece muy desafortunado.
Este Gobierno debe responder, lógicamente, de sus acciones, y le
parecen muy desafortunadas y alejadas de la realidad las
declaraciones del alcalde de El Ejido, como le he indicado
anteriormente. Por tanto, este Gobierno le va a preguntar qué está
haciendo, porque, como usted sabe, está haciendo lo que, entre otras
cosas, se ha acordado de forma unánime en unas conclusiones que se
abordaron en la Comisión de Política
Social y Empleo, que hoy se han presentado brillantemente. Estamos
haciendo una política consensuada, una política que lleva un tiempo
y, por tanto, no estamos haciendo ninguna política que no tenga el
consenso no sólo de las fuerzas políticas de esta Cámara, sino
también de las distintas organizaciones no gubernamentales. Le puedo
decir que a partir de 1996 se ha mejorado sensiblemente el nivel de
seguridad con el que acceden los inmigrantes a nuestro país, sobre
todo los provenientes de Ceuta y Melilla, que vienen ya con
documentación completamente formalizada y capacitados, por tanto,
para residir y trabajar sin limitación formal alguna. Los destinos de
estos inmigrantes se fijan semanalmente de común acuerdo con las
organizaciones no gubernamentales tutelantes y, además, a aquellos
colectivos que tienen especial dificultad se les da acogida en plazas
residenciales de las ONG concertadas, con cargo a fondos públicos,
así como a todo aquel inmigrante cuya situación de especial
vulnerabilidad lo requiera.
Por último, se ha aprobado, como también sabe S.S., el Plan de
integración social de los inmigrantes que el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales presentó, y se aprobó en el foro para la integración
social de los inmigrantes el documento de desarrollo del Plan de
integración social.
Por tanto, el Gobierno entiende que se está haciendo mucho y es
consciente de que queda mucho por hacer. Habrá que hacer un gran
pacto social -lo decía hoy en la presentación de las conclusiones-
entre las fuerzas políticas, instituciones y sindicatos, y espero que
en dicho pacto social su partido sea más coherente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA SANDRA MONEO DÍEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁLES SON LAS
LÍNEAS BÁSICAS DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA JUVENTUD? (Número de
expediente 180/001694)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
28, de la diputada doña Sandra Moneo Díez, del Grupo Parlamentario
Popular.
Señora Moneo.
La señora MONEO DÍEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, los jóvenes de este país se encuentran hoy, a final
del siglo XX, ante el comienzo de un importante episodio. Si el reto
de la generación anterior fue el alumbramiento de la Constitución, a
la generación actual le corresponde encontrar los cauces que permitan
su adecuado desarrollo y la consolidación de su protagonismo en la
vida social, económica, política
y cultural a través de valores como la pluralidad, la tolerancia y la
solidaridad.
El Gobierno actual asumió, con una juventud cada vez mejor preparada
y por supuesto más exigente, una serie de compromisos que engloban
desde la reivindicación histórica de la supresión del servicio
militar y la consiguiente profesionalización de las Fuerzas Armadas
hasta la adopción de una serie de medidas encaminadas a dibujar un
mercado laboral capaz de cubrir las expectativas que centenares de
jóvenes vieron frustradas en los últimos años. Hoy podemos decir que
ambos compromisos son una realidad, están en marcha y dando sus
frutos. No obstante, no nos podemos quedar aquí. Todavía existen
otros campos y otras vías de actuación.
Señor ministro, los jóvenes españoles han sufrido algún que otro plan
de juventud realizado por anteriores gobiernos. Por ejemplo, el del
año 1994, elaborado más como un documento teórico y propagandístico
que como una actuación seria y eficaz. Un plan sin posibilidad de
desarrollarse de forma efectiva y real y, por tanto, sin ninguna
oportunidad de llegar al núcleo de las demandas, los problemas y los
retos que los jóvenes planteaban. Un plan que fracasó en sus
propuestas en empleo, en formación, en igualdad de oportunidades y en
asociacionismo, quizá por la descoordinación de las administraciones
o por la falta de voluntad política de llevarlas a la práctica.Por
eso, señor ministro, ante el compromiso de este Gobierno con más de
nueve millones de jóvenes, le formulo la siguiente pregunta: ¿Cuáles
son las líneas básicas del Plan de acción de la juventud?
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Moneo.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Pimentel Siles):
Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, para garantizar la integración completa de los jóvenes, el
fin que se deduce de su pregunta, hay muchas medidas. No todas pueden
incluirse en un plan, seríamos utópicos, excesivamente estatistas o
administrativistas si creyésemos que con un simple plan se pueden
solucionar todos los problemas. Lo que sí es cierto es que un plan da
coherencia e inteligencia a las acciones que sean posibles, de ahí
que hayamos sido partidarios de aprobar y elaborar un plan para
articular y enfocar las acciones públicas que sean posibles.En esa
línea, sobre la base de la colaboración con las comunidades autónomas
y las diferentes instituciones, el Consejo de Ministros, en su
reunión del día 5 de marzo, aprobó un acuerdo por el que se dispone
la elaboración de un Plan de acción en materia de juventud para el
periodo 2000-2003, que deberá estar finalizado antes del 31 de
octubre del presente año, correspondiéndole
capitanear la elaboración del plan al Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. ¿Cuáles van a ser los dos grandes objetivos sobre los que
se va a articular la elaboracion del plan? En primer lugar, facilitar
la autonomía, emancipación y bienestar de los jóvenes mediante la
puesta en marcha de medidas fundamentales y básicas de inserción
laboral y también de acceso a la vivienda, segunda gran dificultad
que tienen los jóvenes para su emancipación y su bienestar, así como
programas de educación para la salud y alternativas saludables de
ocio y tiempo libre.
El segundo grupo de objetivos consistirá en fomentar los valores de
solidaridad y tolerancia mediante medidas de apoyo a colectivos
desfavorecidos, de prevención del racismo, de la violencia, apoyo del
voluntariado, de cooperación con pueblos y culturas diversas y de
cualesquiera otras que favorezcan su participación activa en la
sociedad. En este sentido, se articulará un programa de empleo joven
que cuente con las distintas medidas que se han ido tomando, las que
se van a tomar en empleo por cuenta ajena, autónomos, autoempleo,
pues si el empleo en el conjunto del colectivo de trabajadores y
trabajadoras de este país está teniendo una evolución muy positiva,
está descendiendo el desempleo casi dos puntos al año, en el
colectivo joven está descendiendo casi cuatro puntos al año. Por
tanto, es un colectivo donde la intensidad de creación de empleo está
resultando especialmente beneficiosa. Se contemplará un programa de
acceso a la vivienda, un programa de educación para la salud
(especialidad en la lucha contra el sida), mejor consumo, programa de
promoción de hábitos de vida saludable y de prevención del
alcoholismo y la drogodependencia con alternativas de ocio y tiempo
libre.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JESÚS MANUEL PÉREZ CORGOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ OBJETIVOS SE
PERSIGUEN CON LA RECIENTE CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE
CUALIFICACIONES PROFESIONALES? (Número de expediente 180/001695.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
29, que formula don Jesús Pérez Corgos, del Grupo Parlamentario
Popular.
Señor Pérez Corgos.
El señor PÉREZ CORGOS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, disculpen la precariedad de mi voz. Señor ministro, los dos
instrumentos más importantes que tenemos para lograr un crecimiento
económico sostenido y la deseable cohesión social son la educación y
el empleo, dos instrumentos que están tan interrelacionados
entre sí que podríamos afirmar que sin una educación o, mejor,
sin una formación profesional constantemente adaptada y de una
calidad suficiente, sería imposible crear empleo estable.
Nuestro sistema nacional de formación profesional prevé la
coexistencia de tres subsistemas: la formación profesional continua,
la reglada y la ocupacional, de tal manera que se genera una
coexistencia de contenidos y de planes que el propio segundo Plan
nacional de formación profesional contempla, previendo, en
consecuencia, la creación del Instituto Nacional de Cualificaciones,
que fue creado precisamente este mes, mediante real decreto aprobado
en Consejo de Ministros. Por ello me ha parecido oportuno formularle
la pregunta que figura en el orden del día, es decir, ¿qué objetivos
se persiguen con la reciente creación del Instituto Nacional de
Cualificaciones Profesionales?
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Pimentel Siles):
Señoría, la precariedad de su voz no le quita contundencia a sus
argumentos.
Efectivamente, la preparación cada día de nuestros recursos humanos
es mucho más que una mera política de transmisión de conocimientos,
que lo es y ya en sí es noble, es una política de empleo. Formación
equivale a empleo. En un país donde la tasa de desempleo, aunque va
bajando rápidamente, sigue siendo muy elevada, el 18 por ciento, la
preparación de nuestros recursos humanos debe tener lógicamente una
prioridad en cualquier política de empleo.
En nuestro tradicional sistema de formación profesional teníamos tres
subsistemas: la ocupacional, que era para desempleados, la reglada,
que era la clásica de educación y la continua, que era para
trabajadores. Se estaban dando titulaciones que no eran homologables
entre sí y, por lo tanto, no sabíamos qué equivalencia tenía un
título otorgado a un desempleado frente al que daba el sistema
educativo, produciéndose así un fraccionamiento peligroso que impedía
la movilidad funcional e incluso geográfica de nuestros trabajadores.
Por tanto, era necesario articular un instituto que homologara esos
títulos, que permitiera que cualquier sistema de formación
profesional en cualquier punto de nuestro país fuera equivalente y
que se facilitara la titulación, el intercambio de movilidad
funcional y también la movilidad geográfica. Así pues, el primer
objetivo es la integración de estos tres subsistemas.
El segundo objetivo es muy importante. Durante años hemos tenido la
sensación -todavía seguirá pasando en parte- de que la formación
profesional no estaba produciendo los profesionales que en muchos
casos requería la sociedad y los nuevos tipos de empresa. La empresa,
la economía, nuestro sector productivoevoluciona rápidamente y
todavía no hemos sido capaces
entre todos de conseguir que nuestra oferta formativa vaya a la misma
velocidad. Es precisamente el Instituto Nacional de Cualificaciones
el que intentará armonizar la demanda de formación con la oferta de
formación que ofrecemos para que realmente sea útil a nuestro sistema
productivo, a nuestros desempleados y a nuestros trabajadores. Y por
último, va a ser un instrumento al servicio del Consejo General de
Formación Profesional, donde están representados empresarios,
sindicatos, la Administración general del Estado y las comunidades
autónomas. La formación profesional es gestionada ya prácticamente en
su integridad por las comunidades autónomas y era necesario y preciso
un órgano integrador de todo el conjunto de administraciones que
gestionara estos programas.
Por tanto, con ese triple objetivo creemos que se ha producido un
avance muy importante, consensuado con el conjunto de los agentes
sociales y las comunidades autónomas, para hacer lo que deseamos en
formación profesional, una política útil de empleo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS
ACTUACIONES DE ÁMBITO GENERAL QUE TIENE PREVISTO ADOPTAR EL GOBIERNO
PARA IMPULSAR EL LLAMADO «TERCER SECTOR» DEL ÁMBITO SOCIAL EN ESPAÑA
(Número de expediente 172/000146.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Punto VII del
orden del día: Interpelaciones urgentes.
Les comunico a SS.SS. que, por acuerdo de los grupos parlamentarios,
vamos a modificar el orden del debate de las interpelaciones,
comenzando por la que figura con el número 39 en el orden del día:
Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió) sobre las actuaciones de ámbito general que tiene previsto
adoptar el Gobierno para impulsar el llamado tercer sector del ámbito
social en España.
Para su presentación, en nombre de su grupo parlamentario, tiene la
palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, con esta
interpelación que se plantea esta tarde por parte del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) pretendemos sentar las
bases del desarrollo, del inicio de una política global de apoyo al
denominado tercer sector, entendiendo por el mismo aquel que no es ni
el económico ni el estatal y formado fundamentalmente por
asociaciones que trabajan en el terreno
social y en el de la solidaridad. Y con cuatro objetivos muy claros:
en primer lugar, conseguir una masiva movilización de recursos contra
la exclusión, la marginación y la precariedad. En segundo lugar,
facilitar la generación de empleo ante las nuevas necesidades
sociales. En tercer lugar, promover la participación y la
responsabilidad de la sociedad desde la concertación social y desde
el diálogo social. Y, finalmente, reforzar y revitalizar el Estado
del bienestar, con el objetivo, entendemos, de acabar con décadas de
retrasos, de malentendidos y de tópicos respecto a la sociedad civil
y desde el convencimiento de que ésta no es una crítica que podamos
atribuir a este Gobierno, sino que es una crítica que podemos
atribuir a anteriores gobiernos y especialmente al conjunto de las
administraciones públicas que han tenido responsabilidades
específicas en el desarrollo de ese tercer sector.
En primer lugar, decíamos una movilización de recursos para hacer
frente a la exclusión, la marginación y la precariedad, porque
estamos convencidos de que a pesar del crecimiento económico que vive
nuestra sociedad, hoy en nuestra sociedad hay marginación, exclusión,
pobreza. Los informes de Foessa, el fenómeno de la nueva emigración,
con todo lo que se deriva de la emigración irregular, nos indican que
existen estos problemas.
En segundo lugar, indicábamos también que pretendemos crear
ocupación, porque entendemos que con el simple crecimiento económico
no podemos acabar con el paro y porque además nuestra sociedad está
sufriendo o viviendo transformaciones sociales: el envejecimiento de
la población, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, la
transformación de la familia, el creciente peso de las zonas urbanas
en detrimento de las zonas rurales, el impacto de las nuevas
tecnologías, una mayor demanda de cultura y ocio, que también marcan
nuevas necesidades sociales en relación con las cuales se puede crear
también ocupación. También la asunción de determinados conceptos y
valores, muchos de ellos ligados al medio ambiente y a la
sostenibilidad, propician esas nuevas oportunidades para crear nueva
ocupación. Y, además, convencidos de que en la línea de aquello que
ya se apuntó en su época, en relación con el informe Delors, existen
importantísimos yacimientos de ocupación. No tan sólo vamos a crear
ocupación a través de las políticas activas convencionales, sino
aprovechando todo el terreno que nos dejan los yacimientos de
ocupación.
En tercer lugar decíamos que pretendíamos promover la participación y
la responsabilidad de la sociedad desde la concertación social, desde
el diálogo social, superando esas desconfianzas que desde el mundo de
la Administración se tenían, buscando protagonismo desde la sociedad
civil, buscando su corresponsabilidad, fomentando su diálogo,
entendiendo que los intereses colectivos no son tan sólo patrimonio
del Estado, sino que los intereses colectivos también han de ser
patrimonio del conjunto de la sociedad. En este sentido, las
asociaciones sin ánimo de lucro, como instrumentos
de participación, se configuran como elementos centrales de esta
política. También entendemos que esta reflexión implica replantear
las relaciones entre lo público y lo privado y situarnos en nuevas
perspectivas y reconocer el papel del voluntariado y de las
asociaciones en el diálogo democrático.
Finalmente, decíamos que con esta iniciativa pretendíamos buscar
fórmulas que permitan revitalizar y reforzar el Estado del bienestar,
recordando que en el Estado social europeo la existencia de este
tercer sector es un elemento característico y definitorio que implica
superar una visión de las políticas sociales paternalista y
autosuficiente y que basarse en la corresponsabilidad implica también
asumir que hoy los retos a los que tiene que hacer frente el Estado
del bienestar son diferentes de aquellos que llevaron a su creación
después de la II Guerra mundial. La evolución demográfica
-insistimos-, los procesos de envejecimiento, la mayor duración de la
vida de las personas, la incorporación de la mujer al mundo del
trabajo, la emigración, las nuevas enfermedades, todo ello nos obliga
a replantear el funcionamiento del Estado del bienestar y a buscar
aquellos mecanismos que puedan permitirlo. Lo hacemos en el contexto,
entendemos, de una no política en este sector o, en todo caso, de una
política escasa, o en todo caso, quizás, de una política retórica y,
seguro, en una política que es insuficiente e -insistimos- no
respecto a este Gobierno, sino también respecto a otros.
Existe un desconocimiento del sector, de su dimensión, de sus
capacidades y posibilidades, tanto respecto de aquello que necesitan
como en relación con sus posibilidades en la creación de empleo; un
desconocimiento de la problemática legal, fiscal, laboral, recursos
y de gestión. Un contexto también en el que está claro que la cuestión
del tercer sector no forma parte de las prioridades, de verdad, del
conjunto de fuerzas políticas y del conjunto de la acción del
Gobierno. Por ejemplo, en el diálogo social que se ha desarrollado
desde 1996 este tercer sector, teniendo intereses directos en las
cuestiones que se debatían, no ha formado parte de las mesas de la
concertación social. En el plan de empleo que aprobó el Gobierno
había referencias a esta cuestión, pero no hemos ido más allá de
referencias en cierta medida retóricas y no hemos podido concretar
las medidas apuntadas en ella misma. O, lo que seguramente es más
escandaloso, hoy continuamos, después de veinte años de vigencia de
la Constitución, sin una ley de asociaciones adaptadas a la
democracia, continúa vigente la ley de 1964. En nuestra agenda, el
tercer sector no está situado.
Insistimos en que en este contexto, la desconfianza, la timidez, los
excesivos criterios burocráticos en la interpretación de las leyes
continúan estando allí. Dos ejemplos, la Ley de Mecenazgo, impulsada
por Convergència i Unió en anteriores legislaturas, hoy está teniendo
una aplicación por parte del Ministerio de Economía y Hacienda
absolutamente limitada, sin aprovechar todas las posibilidades que se
plantean en la
misma; o que el Gobierno ha iniciado la tramitación de una ley de
contratos del Estado y no incorpora una de las principales
reivindicaciones de este colectivo del tercer sector como son las
cláusulas sociales.
Por tanto, planteamos esta iniciativa con estos cuatro objetivos:
movilizar recursos para la lucha contra la exclusión, facilitar la
generación de empleo, promover la participación, reforzar el Estado
del bienestar en un contexto que entendemos que es de desconocimiento
de la realidad, de no prioridad política de la materia y de la
desconfianza de la misma.
Hoy existe la posibilidad de empezar a cambiar esta situación, en
primer lugar, porque nos consta que el Gobierno es sensible. Desde
mayo del año pasado, el presidente del Gobierno, el actual ministro
de Trabajo, así como su antecesor han iniciado una senda de diálogo
con parte de los representantes de este tercer sector, y ahí esta esa
oportunidad, porque creemos que el Gobierno va a ser sensible a estas
cuestiones. En segundo lugar, porque, detrás de esta propuesta que
plantea Convergència i Unió, existe un tejido social absolutamente
exigente en esta materia y no sólo desde mayo de 1998, cuando tuvo
lugar la primera reunión con el presidente Aznar, ni tampoco desde
marzo de 1996. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Si me
permiten voy a situar esta referencia en una anécdota. En 1989,
cuando don Luis Recoder, asistente del Grupo Parlamentario Catalán,
era presidente de las Joventuts Nacionalistes de Catalunya y un
servidor accedió a la Secretaría General de esas Juventudes, con un
grupo de asociaciones, entre ellas, la Fundació Catalana de lEsplai,
-que creo que tienen previsto asistir hoy al Pleno como público-
entonces aún no fundada y trabajando bajo el nombre de Movibaix,
tuvimos dos o tres reuniones en 1989 hablando ya de las
potencialidades del tercer sector en la generación de empleo, en la
movilización de recursos para luchar contra la exclusión, la
marginación y la precariedad, para revitalizar nuestro sistema
democrático y para ser capaces de reforzar el Estado del bienestar.
El señor PRESIDENTE: Señor Campuzano, vaya concluyendo.
El señor CAMPUZANO Y CANADÉS: Voy terminando, señor presidente.
Alguien en 1989 ya lo veía, hoy con este proceso parlamentario
ponemos el reloj en marcha para que esta sea la política de Estado
asumida desde el consenso de todas las fuerzas políticas. Nos
gustaría que el señor ministro en su respuesta pudiese profundizar en
estas cuestiones que le hemos planteado.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campuzano.
Para contestar a la interpelación, en nombre del Gobierno tiene la
palabra el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, don Manuel
Pimentel.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Pimentel Siles):
Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, agradezco sinceramente la interpelación que el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha presentado para
debatir en torno al llamado tercer sector. Me parece oportuno, me
parece conveniente, que esta Cámara debata, y lo haga muchas veces,
sobre un sector que por novedoso, por desconocido, no puede hacernos
tapar la pujanza, la creciente importancia que tiene en nuestra
sociedad y sobre todo el futuro que hay detrás de él.
Cada día son más los españoles y españolas que de una forma u otra
participan total o parcialmente en este tipo de actividades. Hay una
corriente social profunda, de base, importante, que condicionará
estos movimientos en el futuro. Estos movimientos, que normalmente
tienen su base en la solidaridad -también los hay de otra índole y me
referiré a ellos-, se pueden convertir en un motor muy importante no
sólo de solidaridad sino también de creación de actividad y, por
tanto, de empleo.
El tercer sector es un sector profundamente vinculado a la
democracia, es la fórmula por la cual la sociedad quiere participar
en los fines que persigue el Estado del bienestar, es una sociedad
civil mayor de edad que quiere tener mayor protagonismo en el
conjunto de las políticas. Por tanto, debe ser papel del Estado -ya
lo es pero debería serlo aún más- darles cobertura legal, jurídica y
presupuestaria para que puedan desarrollar estos fines, teniendo en
cuenta que son entidades que colaboran muy eficazmente, a veces más
eficazmente de lo que pueda hacerlo la propia Administración, en la
consecución de los fines que soportan y mantienen el Estado del
bienestar.
Como sabe S.S., ese sector incluye múltiples tipos de actividades que
sería muy difícil clasificar tan solo en una: organizaciones no
gubernamentales, asociaciones, fundaciones, etcétera. En el ámbito
cultural también existen, y las de ámbito social, de solidaridad o de
apoyo al desarrollo ya van en nuestro país teniendo unos años. En los
años cincuenta, si se exceptúa la Cruz Roja, van naciendo las
primeras entidades, muy lentamente, siendo las primeras de carácter
confesional, y se va incrementando el número siendo el desarrollo
exponencial en estos últimos años. En estos momentos, la inmensa
mayoría de las organizaciones no gubernamentales, aproximadamente un
75 por ciento, son aconfesionales, incluyendo multitud de objetivos
y de finalidades.
Entre los hitos importantes en la historia de la vertebración del
sector, uno de los objetivos que plantea el proponente de la
interpelación, señalaría que en el año 1983 se crea por vez primera
una coordinadora española de las ONG, que aglutina en la actualidad
80 instituciones, habiéndose multiplicado por ocho las ONG en estos
15 años. El segundo hito sería la constitución, en 1997, de la
coordinadora de organizaciones para el desarrollo, que agrupa a las
cien principales
organizaciones de cara a su proyección internacional. Por tanto,
tenemos ya una historia que ha consolidado el movimiento asociativo
del tercer sector, pero sobre todo tenemos la certeza de que nos
queda mucho más futuro que historia tenemos. De ahí que no tan sólo
la interpelación sea interesante, sino que si el grupo proponente
presenta una moción, será siempre objeto de estudio por este
Gobierno. ¿Cuántas personas trabajan? Para hacernos una idea de la
importancia que ya tiene, y repito que en mi opinión personal y en la
del Gobierno es un sector que va a crecer más, según datos de la
Plataforma del Voluntariado existían en nuestro país, en 1997,
500.000 voluntarios y más de un millón de adheridos. Destaca que el
52 por ciento de las organizaciones ha sido creado en los últimos 10
años y, además, el 70 por ciento de la participación voluntaria tiene
carácter juvenil. Hablábamos antes de programas de juventud y no cabe
duda de que el segmento de población más comprometido con los valores
que representa el tercer sector son precisamente las personas
jóvenes. Creo que podemos estar orgullosos de nuestra sociedad, de su
pujanza, del compromiso que tiene, especialmente espectacular, porque
hay muchos criterios comparativos con otros países, en momentos de
solidaridad internacional, como se ha demostrado, por ejemplo, en el
apoyo que ha dado toda nuestra sociedad a los damnificados del
huracán Mitch. Sin embargo es un reto, y debe serlo para todos, y
debe serlo para el Gobierno, dar un marco adecuado, representativo y
financiero para todo este sector. Este sector que se sitúa entre lo
público y lo privado, que tiene financiación pública, funcionamiento
privado y un conjunto de similitudes con uno y con otro.
También querría destacar que, según el Registro de Asociaciones del
Ministerio del Interior, el 51 por ciento de las asociaciones tiene
carácter local y precisamente el crecimiento de las nuevas
asociaciones está teniendo un carácter eminentemente municipal y
local, lo cual unido a las nuevas demandas, a lo que viene llamándose
nuevos yacimientos de empleo, nos dará un tejido muy importante de
creación de actividad económica y de empleo como venía diciendo.
Desde el punto de vista de actividad, por hacer una clasificación, un
31 por ciento de ellas tienen un carácter ideológico y cultural;
deportivo y juvenil, un 21 por ciento. Hay que destacar un
crecimiento importante de las ONG dirigidas al apoyo a los refugiados
e inmigrantes, que se han incrementado en un 20 por ciento, y a la
protección de derechos humanos y mujer, que se han incrementado
también en estos diez últimos años en el cien por cien.
Por lo que se refiere a los datos cuantitativos, las ONG aportan,
según nuestros datos, el 0,6 de nuestro producto interior bruto;
según los datos de las propias entidades, el 4 por ciento. La
creación de empleo directo nosotros lo ciframos en 100.000 personas y
algunas ONG elevan esta cuantía hasta las 500.000 personas. Por
tanto, estamos ya ante una realidad muy importante,
hablamos ya de cientos de miles de empleos creados que merecen
cualquier esfuerzo y cualquier actuación. ¿Qué dos tipos de ONG o qué
dos tipos de tercer sector podríamos abordar? Son muchos, porque
están todas las fundaciones a distinto ámbito y sería inabarcable,
pero yo querría centrarme, con la brevedad que es requerida, en dos:
en los servicios sociales y en lo vinculado al área de empleo. En los
servicios sociales existen actualmente unas 700 organizaciones no
gubernamentales que desarrollan su programa dentro del ámbito estatal
en el campo de los servicios sociales, cumpliendo una función ya hoy
esencial en la atención a los colectivos más desfavorecidos.
Efectivamente, desde la reunión que tuvimos con el presidente del
Gobierno el 21 de mayo de 1998 se han puesto en marcha una serie de
iniciativas y de compromisos con estas organizaciones no
gubernamentales. En primer lugar, ya está creada una comisión
interministerial para la elaboración, en 1999, de un libro blanco
sobre el tercer sector que determine el ámbito de actuación y
dimensión del mismo y para el cual se puede diseñar un plan
estratégico para su desarrollo a partir del año 2000. Siempre que un
responsable público habla de un plan o de un marco produce cierto
pudor porque parece que es una forma de relativizar la importancia o
aplazarlo sine die. En este caso, como son muchas las actuaciones que
hay que coordinar, creo que como marco es una estrategia de trabajo
muy acertada.
Es especialmente importante articular la representación del sector.
Son muchas las ONG y, si queremos tener una interlocución válida,
tenemos que tener un órgano que sea suficiente y democráticamente
representativo del conjunto del sector. Por eso tenemos muy avanzada,
ahora mismo está en consulta con el sector, con el movimiento
asociativo, la tramitación de un proyecto de real decreto por el que
se crea el consejo estatal de organizaciones no gubernamentales en el
ámbito social. Espero que podamos aprobar en los próximos meses, una
vez concluidas todas las consultas, este real decreto y tengamos un
consejo que sea representativo a la hora de la interlocución, que
para el Ministerio o para el grupo político de esta Cámara será de
extraordinaria utilidad.
Vamos a realizar, señorías, los estudios para ver la posibilidad de
incluir en los contratos con las administraciones públicas la
denominada cláusula social. Igualmente vamos a constituir una mesa de
diálogo con representantes del sector para continuar analizando
propuestas y actuaciones concretas en los ámbitos que hemos reseñado
anteriormente. También el ámbito de estas propuestas debe ir dirigido
a establecer nuevos mecanismos para un mejor seguimiento, control y
evaluación de los programas subvencionados de las ONG, a fomentar
medidas para la creación de empleo en el marco de las organizaciones
sociales, a facilitar la adquisición de equipamiento informático y
aplicaciones específicas para las organizaciones no lucrativas y
a desarrollar el plan estatal del voluntariado conforme a las
previsiones en él contenidas. Por tanto, son
muchas las iniciativas puestas en marcha, son muchas las acciones que
ya se realizan y en esta línea espero la moción para continuar
avanzando.
En materia de empleo el tercer sector también incluye mucha de la
llamada economía social, donde cooperativas, sociedades anónimas
laborales, cooperativas de trabajo asociado también tienen un papel,
a veces no el cien por cien podríamos considerarlo como tercer
sector, pero en algunos casos sí tiene un amplio campo de
intersección.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, vaya concluyendo, por favor.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Pimentel Siles): Sí,
presidente, en seguida.
Esta Ley de Cooperativas, que se aprobó por unanimidad en la Cámara,
podrá reforzar este tercer sector del movimiento asociativo.
También les anticipo a SS.SS. que tenemos muy avanzado un proyecto de
ley de inserción social, una clara actividad del tercer sector, por
el cual vamos a conseguir que se apoye a personas con riesgos de
exclusión a través de una inserción laboral, lo que a todos los
efectos es la mejor forma de inserción normal en nuestra sociedad.
Espero la moción que pueda presentar para que entre todos continuemos
colaborando en este desarrollo del tercer sector.
Muchísimas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor ministro.
Señor Campuzano para turno de réplica.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Agradezco la intervención del señor ministro. Ha facilitado datos que
nos ayudan a profundizar en la definición del sector y que nos
permiten enmarcarlos de una manera más precisa.
Quiero insistir en una referencia a la Unión Europea, aunque sea un
poco teórica, ya que viene trabajando desde hace tiempo en este
ámbito e insiste en la idea de que nos estamos refiriendo a un sector
concreto de la economía social y que, por tanto, nos alejamos de
cooperativas y de mutualidades que formarían parte de ese bloque de
la economía social; que nos centramos en un tipo de organismos que
responde, desde un punto de vista jurídico, al perfil de fundaciones
y asociaciones; y que -y ahí está el interés de este tercer sector-
son organizaciones que realizan actividades en el terreno de lo
social a través de la fórmula privada pero alejándose de la lógica
del mercado, porque la lógica del mercado nunca podría dar
satisfacción a aquellas necesidades que se le plantean.
Dicho esto, creemos que es interesante avanzar, en primer lugar, en
esta línea en el concepto de que una sociedad moderna va a necesitar
de la existencia de
organizaciones no gubernamentales fuertes, independientes, no
clientelares, y eficaces. Eso nos va a obligar a plantear, por
ejemplo, la necesidad de profesionalizar parte de los cuadros
directivos de estas organizaciones si queremos tener una calidad en
su actuación; tenemos también que abrir el debate sobre cómo somos
capaces de financiar sus estructuras y, al mismo tiempo, el debate
sobre las fórmulas para la captación de ingresos de estas
asociaciones, y todo ello ligado con el control de calidad de esos
recursos públicos destinados a manos privadas, pero desde la
perspectiva de que pretendemos que exista un mundo civil fuerte e
independiente, no clientelar, y eficaz.
En segundo lugar, nos gustaría profundizar en el concepto del plan de
empleo. Tuvimos ya un debate con el señor ministro, creo recordar que
cuando él era secretario general de Empleo, en el que le
manifestábamos nuestra preocupación porque en el Plan de Empleo
vigente las referencias al tercer sector eran excesivamente
genéricas. Nos parece que en la perspectiva del nuevo Plan de Empleo
tenemos que dar un paso adelante, entendiendo que en este tercer
sector directamente se puede crear empleo, que con la mejora de
empleo que puede producir el tercer sector podemos facilitar la
obtención de empleo y podemos encontrar mecanismos que permitan
obtener empleo a sectores especialmente marginados y desfavorecidos.
En este sentido nuestro grupo se siente satisfecho -y nos constaba-
de la voluntad del Gobierno de aprobar pronto un proyecto de ley que
regule las empresas de inserción social laboral. Hace cerca de seis
o siete meses la Comisión de Política Social y Empleo aprobó una
proposición no de ley de Convergència i Unió, por la que instaba al
Gobierno a plantear esta iniciativa. Nos parece que las empresas de
inserción forman parte de este tercer sector, un sector muy concreto,
en este caso el de la inserción, muy especializado y que necesita
encontrar de manera urgente este espacio para poder trabajar desde la
legalidad.
Tomamos la palabra al señor ministro de su voluntad por encontrar una
solución en el trámite de la Ley de Contratos del Estado en relación
a las cláusulas sociales. Nos encontramos hoy, por ejemplo, en el
caso de Cataluña, con que se están promoviendo actuaciones de
creación de mercados tutelados alrededor del parque de vivienda
pública del Gobierno de la Generalitat, y que ahí existe un nivel de
voluntarismo muy importante del Gobierno de Cataluña porque no hay un
soporte estatal que pueda facilitar la creación de estos marcos
tutelados. Si el Gobierno mantiene una posición abierta, va a
encontrar enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) para facilitar esta actuación.
Finalmente, vamos a plantear una moción consecuencia de esta
interpelación que va a girar en torno a los ejes que hemos planteado:
la necesidad de dibujar el mapa con precisión, asumir la prioridad y
avanzar en modificaciones legales pertinentes, para que superemos la
fase retórica de esta materia y entremos en la
concreción. Seguramente en la presentación de la moción tendremos un
debate sobre aspectos más concretos. Pero me gustaría enfatizar un
concepto de esta interpelación. Con esta apuesta por el tercer sector
estamos apostando por un determinado modelo de sociedad civil que sea
rica en la diversidad, compleja en la gestión, matizada en el
análisis, con capacidad de innovación, no paternalista, responsable,
solidaria y basada en la búsqueda de la igualdad de oportunidades,
que invite a la participación y que sea crítica y profundamente
insatisfecha, porque nuestra sociedad se merece una sociedad civil
con este sentido. Ahí tenemos la oportunidad y estoy convencido de
que la historia nos acompaña en esta línea y que en el debate de la
moción, dentro de quince días, encontraremos espacios de consenso que
nos permitan no sólo que sea un consenso entre el grupo interpelante
y el grupo que da apoyo al Gobierno, sino que este consenso se
extienda al conjunto de la Cámara. Convergència i Unió no quiere que
este debate se realice sólo entre el Gobierno y Convergència i Unió,
sino que debe ser un debate del conjunto de la Cámara. Nos parece que
el tema se lo merece y, sobre todo, nos parece que los colectivos
implicados en esta cuestión exigen de nosotros ese consenso. Desde
Convergència i Unió contribuiremos al máximo.
Nada más y mucha gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.
Si no hay réplica, vista la oferta de consenso entre el grupo
interpelante y el Gobierno, ¿grupos que desean fijar su posición?
(Pausa.)
Tiene la palabra el señor Vaquero, de Izquierda Unida.
El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor presidente.
Izquierda Unida, en su programa de acción para la creación de empleo,
el programa social que tuvimos ocasión de presentar al ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales el año pasado, plantea la potenciación de
este tercer sector o sistema de la economía. Esto es así porque se ha
producido un doble movimiento en la economía desde hace unos cuantos
años, posiblemente dos décadas o más. Por un lado, un retroceso de lo
que es la iniciativa de las administraciones públicas respecto a la
creación de empleo directo, y, por otro, un retroceso del Estado,
incluso del Estado del bienestar en general, con la invasión de
determinadas actividades de la iniciativa privada, del mercado, en
estos ámbitos que antes eran típicamente públicos. Ese movimiento se
complementa con la dejación por parte del mercado de determinados
ámbitos que son susceptibles de libre cambio, de posibilidades de
expansión de ese mismo mercado. Ese doble movimiento se realiza a
partir de unos cuantos años, posiblemente no por una dinámica
planificada ni estudiada, sino porque determinadas
iniciativas de tipo neoliberal han ido generando esta dinámica.
Hay que separar el grano de la paja cuando se habla de este tercer
sector. Siempre se dice que este tercer sector puede venir a
erradicar la exclusión social, a crear empleo, a garantizar el
mantenimiento del Estado de bienestar, etcétera. Muy bien, pero para
todos esos nobles objetivos, ¿todo vale? Nosotros creemos que no, que
es necesario potenciar este tercer sector, pero, al mismo tiempo,
establecer determinadas cláusulas de garantía, porque estamos
asistiendo también con cierta preocupación, sean cuales sean las
cifras -algunos lo cifran incluso más allá de lo que ha dicho el
señor ministro, hasta un 7 por ciento del producto interior bruto
ocupa este ámbito de actividades no mercantiles, por decirlo de
alguna forma-, a que corre paralela esta dinámica con una cierta
desregulación, con unas condiciones de trabajo y salariales en
precario y, al mismo tiempo, con una cierta emersión de esta
actividad; es decir, su actividad figura en paralelo con lo que hemos
llamado clásicamente la economía sumergida. Todo esto lógicamente nos
preocupa, porque a la hora de potenciar este sector tendremos que
tener mucho cuidado en definir qué es lo que entendemos por tercer
sector. Yo me temo que hasta ahora su definición se hace de forma
negativa: tercer sector son aquellas actividades que no quiere el
mercado o que no apetece porque su rentabilidad es menor,
insuficiente, etcétera. En todo caso, lo definimos de forma positiva
en función de los agentes que acometen esas actividades, las ONG, el
voluntariado, las cooperativas y el autoempleo, etcétera.
Todo esto implica la necesidad de marcar unas ciertas reglas de
juego. Por eso nosotros estamos de acuerdo en la necesidad de un
estatuto de este tercer sector, una ley marco -como se la quiera
llamar-, pero que no sea un estatuto ingenuo y para cubrir el
expediente. Este estatuto tendría que tener unas características para
que se legisle el sector de forma que no signifique dejación
o disminución del Estado del bienestar, de la responsabilidad de las
administraciones públicas a la hora de crear empleo y de satisfacer
determinadas necesidades de calidad de vida en general. En primer
lugar, que el avance de este tercer sector no signifique retroceso
del Estado del bienestar, de las actividades del Estado. En segundo
lugar, que no signifique un portillo hacia el fraude empresarial,
hacia la desregulación laboral so pretexto de flexibilidad y hacia el
despilfarro de las ayudas. En tercer lugar, que no atente contra la
estabilidad financiera u orgánica del sistema público de la Seguridad
Social, ni contra una desfiscalización o disminución de la capacidad
de la Hacienda pública. Y en cuarto lugar, que no se burocratice, se
clientelice o invada el nivel de la democracia económica y social que
significaría este tercer sector, en la medida en que se potenciase de
una forma limpia, transparente y perfectamente bien definida.
Estos elementos son los que nosotros buscaremos a la hora de abordar
de forma concreta y rigurosa la
legislación respecto a esta realidad, por la que sin duda alguna
apostaremos en la medida en que efectivamente sea una avance, no un
retroceso, en lo que todos nosotros queremos.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vaquero.
El señor Díaz Sol, del Grupo Socialista.
El señor DÍAZ SOL: Muchas gracias, señor presidente.
Abordamos en esta interpelación un debate que se está iniciando en
nuestra sociedad que demanda madurez y en el que se necesita
profundizar, porque si conseguimos llevar adelante una estrategia
adecuada en el desarrollo del tercer sector y en su consolidación
podremos afirmar que damos un paso en la consolidación de la
ciudadanía y de los derechos sociales, que, si bien están de alguna
forma garantizados en nuestra sociedad, es verdad que hay sectores
que tienen verdaderos problemas para ejercerlos con plenitud.
Alcanzar un Estado en el que el ciudadano pueda ejercer plenamente
los derechos civiles, los derechos políticos y los derechos sociales
es dar un paso adelante en el perfeccionamiento y en la modernidad de
una sociedad.En ese campo de la consolidación y el afianzamiento de
los derechos sociales es en el que se desarrolla y afirma ese sector,
que hoy es la razón de nuestra interpelación. Es un sector que se ha
visto en un principio como algo subsidiario y poco desarrollado en
nuestro país, como un pequeño colchón que evitaba la caída en las
desgracias de los damnificados de los otros sectores, el público y el
privado, pero que luego ha demostrado una vitalidad y unas
posibilidades importantes que motivan esta interpelación.
Me imagino que con la moción vendrán las consiguientes precisiones.
La intervención del señor ministro hablándonos ya de una serie de
proyectos legislativos y de decretos demuestra que hay una verdadera
voluntad de llegar a la ordenación de este sector. Me gustaría que
esta ordenación se hiciera de una forma muy participativa.
Precisamente por sus características hay que dar el máximo de
participación a todos los agentes que forman parte de él. Caeríamos
en un error si no considerarámos todos los elementos que nos lleguen
a través de una selección que fluya desde abajo y manejarámos unas
iniciativas que no hayan sido contrastadas con la opinión de todas
las asociaciones, movimientos sociales, y organizaciones no
gubernamentales incluidas dentro de este tercer sector.
No podemos considerar al tercer sector como una especie de apéndice
de los otros dos. Como he dicho al principio, tanto el sector
público, como el privado, como el social -podríamos llamarlo así-
tienen un objetivo e intereses comunes: conseguir una sociedad cada
vez más moderna, más desarrollada y más democrática. Si respondemos
a características de estas organizaciones como la participación, la
solidaridad o la descentralización de los órganos de poder, si somos
coherentes y hacemos
una consulta adecuada, contrastamos opiniones y llegamos a la
estructuración debida, habremos dado un paso adelante y evitado
marginaciones.
Es verdad que el Estado puede tener muchas competencias públicas a
desarrollar y que el sector económico privado se preocupa básicamente
de lo que hace, pero si consideramos que el sector social no es nada
más que el voluntariado o las ayudas a los que están en situación más
grave, estaremos cometiendo un error histórico. El tercer sector es
una escuela de participación, de civilidad, de solidaridad, de
pluralismo y de deliberación, que exige al poder político a través de
sus manifestaciones democráticas.
Esta interpelación, que me parece oportuna, va a tener como
consecuencia una moción a la que todos prestaremos la máxima
atención. Por mi parte, me gustaría dejar claros algunos criterios.
En primer lugar, hay que dar un paso adelante en la organización y
perfeccionamiento de estas ONG y asociaciones. Hay que dotarlas de
los medios económicos, de infraestructuras, de personal formado, de
personal directivo que no esté allí por amor al arte, sino que sean
profesionales. Además, hay que quitarles ese carácter de absorción de
yacimientos de empleo por la gran cantidad de nuevos empleos que
surgen, como ha dicho el señor ministro. Algo que aún tiene que hacer
el Gobierno es cubrir las vacantes que existen en las estructuras de
las prestaciones del Estado, por ejemplo, eliminar las colas de la
sanidad o evitar la masificación de las aulas. Eso demuestra que aún
hay posibilidad de generar más empleos y no quedarse parado,
trasladando al tercer sector la responsabilidad de absorber esa mano
de obra. Una vez cumplida esa función del Gobierno, si hacemos una
ordenación con seriedad, dándoles los medios y la responsabilidad que
deben tener, como decía antes, avanzaremos hacia una sociedad cada
vez más moderna.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Díaz Sol.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Mato.
La señora MATO ADROVER: Señor presidente, señorías, intervengo con
mucha brevedad para mostrar nuestra satisfacción por el debate que
estamos celebrando esta tarde y también, cómo no, por el consenso que
parece traslucirse de las intervenciones de todos los grupos
parlamentarios.
Señorías, nuestro grupo siempre ha querido mostrar su máximo respaldo
al papel de las organizaciones no gubernamentales por su constante e
inestimable acción en favor de quienes, por una u otra circunstancia,
requieren atención solidaria. Nuestro grupo cree que la integración
social debe entenderse como un compromiso compartido de los poderes
públicos y de las organizaciones voluntarias para la solidaridad. El
llamado tercer sector, señorías, señor portavoz de Izquierda Unida,
lejos de desviarnos de lo que llamamos la sociedad del bienestar, lo
que hace es favorecer la participación de
los ciudadanos, especialmente de los más jóvenes, como decía el
ministro, en tareas que complementan la política asistencial del
Estado. Es estrictamente la esencia de lo que llamamos la sociedad
del bienestar. Hay que tener en cuenta que tenemos una participación
sólo en ONG, que constituyen el tercer sector, de más de un millón de
voluntarios en España.
No sólo apoyamos la acción del Gobierno en esta materia sino que,
además, somos los más fervientes impulsores de todo lo que significa
apoyo a las organizaciones no gubernamentales. Por esto, también
hemos escuchado con satisfacción al ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, señor Pimentel, que nos ha explicado el proceso que se ha
llevado a cabo de trabajo, de diálogo continuo, y el alto grado de
interlocución que se ha logrado entre ambos, un grado de
interlocución que ha generado un clima de expectativas y de
colaboración verdaderamente histórico entre ONG y Gobierno. Podemos
decir con satisfacción que, por primera vez, existe la posibilidad de
dar un paso de alcance histórico en la configuración de un tercer
sector que dé respuesta a las necesidades que se plantean en la
sociedad española.
Somos conscientes del esfuerzo que el Gobierno viene haciendo para
presentar una serie de medidas que signifiquen un verdadero
compromiso con los sectores más desfavorecidos. Desde julio de 1996,
el Gobierno ha venido sentando las bases que permitirán llevar
adelante este paquete de medidas concretas de gran importancia que el
ministro ha anunciado para este sector.
Nuestro grupo cree imprescindible el trabajo conjunto de las
administraciones públicas y de las organizaciones sociales para
conseguir la calidad, el control, al que hacía referencia el portavoz
de Convergència i Unió señor Campuzano, y el aprovechamiento máximo
de los recursos públicos que ya se están destinando en España hacia
grupos sociales concretos, hacia problemas también concretos, muy
extendidos en España, y también, cómo no, para detectar hacia dónde
dirigir los nuevos impulsos que cada día se están generando, como uno
de los pilares básicos de la política del Gobierno del Partido
Popular.
Señorías, finalizo ya dejando constancia de la apuesta clara del
Partido Popular por la labor que están llevando a cabo las
organizaciones no gubernamentales. Ya les anunciamos desde este
momento que estudiaremos con todo el interés las propuestas que se
presentarán en la moción subsiguiente a esta interpelación. Pueden
estar ustedes seguros de que nuestro grupo, nuestro partido, nuestro
Gobierno siempre estará del lado de las organizaciones solidarias,
para consolidar la sociedad del bienestar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Mato.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE LA
OPINIÓN QUE LE
MERECE AL GOBIERNO LA DIMISIÓN DE LA COMISIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
(UE), EL JUICIO QUE TIENE ACERCA DE LA GESTIÓN DE LOS COMISARIOS
NOMBRADOS POR EL GOBIERNO ESPAÑOL, ASÍ COMO LOS CRITERIOS Y OPINIONES
DE TODO TIPO QUE VAN A SERVIR DE BASE A LA ACTUACIÓN DEL GOBIERNO
PARA SOLUCIONAR LA CRISIS POR LA QUE ATRAVIESA LA COMISIÓN EUROPEA
(Número de expediente 172/000145)
El señor PRESIDENTE: Concluida la interpelación del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), pasamos a la que formula
el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la opinión
que le merece al Gobierno la dimisión de la Comisión de la Unión
Europea, el juicio que tiene acerca de la gestión de los comisarios
nombrados por el Gobierno español, así como los criterios y opiniones
de todo tipo que van a servir de base a la actuación del Gobierno
para solucionar la crisis por la que atraviesa la Comisión Europea.
Para la presentación de la interpelación, tiene la palabra el
portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor
Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor presidente.
El Grupo de Izquierda Unida ha presentado esta interpelación, que
tiene la virtud -si así se puede decir- de que se celebra en tiempo
político real. Acaba de dimitir la Comisión Europea, dimitió el
presidente y hoy ha sido nombrado un presidente para la citada
Comisión de la Unión Europea. Discutimos algo absolutamente actual a
posteriori, sin ninguna posición, sin ningún conocimiento previo de
la situación, en un momento complejo de la política europea, de
absoluta inestabilidad de la política europea. Por una parte, la
discusión de la Agenda 2000, que en absoluto estaba tan consolidada
como para brindar con champán; la crisis de Yugoslavia, que
posiblemente pueda hoy, por desgracia, darnos alguna noticia
desagradable; la dimisión de la Comisión, ya citada, y el
nombramiento que se ha realizado hoy del señor Prodi como presidente
de la Comisión. Todo esto en un marco de absoluta o casi absoluta
opacidad y de falta de democracia y de debate. Una OTAN que funciona
sin ONU, un Parlamento Europeo sin alcance democrático y un Gobierno
español absolutamente suelto de manos, que ni siquiera se molesta en
hacer declaraciones públicas y que cuando las hace deja de hacerlas y
no sitúa sobre el terreno ningún mensaje claro. No sólo margina a la
opinión pública, sino que también margina, fundamentalmente, a este
Congreso de los Diputados. Estamos en una situación desmedulada y no
democrática, aunque también hay que decir que hay bastante apatía a
la hora de juzgar las cosas desde un sentido crítico de la vida.
Estaba todo el mundo hablando de que había que nombrar rápidamente a
un presidente de la Comisión de la Unión Europea. Nadie se esperaba
que lo nombraran
tan rápido -mucho menos el señor Aznar-, pero de pronto ha
sido nombrado -al mediodía nos hemos enterado- y nadie se asombra de
algo que está en el fondo de la cuestión y que es absolutamente
escandaloso. El Gobierno español acaba de confirmar ese nombramiento
del señor Prodi como presidente de la Comisión de la Unión Europea
por cinco años cuando hay elecciones al Parlamento Europeo el 13 de
junio. Es una auténtica barbaridad, algo absolutamente descabellado,
que muestra lo que, de manera eufemística, escondemos bajo el rótulo
de déficit democrático del Parlamento Europeo y de la política
europea. Estamos en esa situación en un momento en el que el
presidente de la Comisión Europea no es de extracción parlamentaria
-no lo es- y nos quedamos todos tan tranquilos, como si no pasara
nada. Es un auténtico escándalo desde un punto de vista riguroso. Son
los gobiernos los que le nombran, pero después no le controlan. Al
final, se forma una especie de burocracia sin ningún control puesto
que no hay un Parlamento que tenga esa capacidad. Tampoco existe por
ahora una prensa europea específicamente como tal. Existe la prensa
de las distintas naciones, pero no hay ese control del denominado
cuarto poder, y los comisarios -que tampoco responden unos por otros,
no hay un Gobierno solidario- se van independizando de lo que puede
ser una colegiación de las decisiones, se independizan de cualquier
tipo de control.
A partir de ahí sucede lo que parecía impensable: la mayor crisis
institucional en los últimos 42 años del llamado Gobierno europeo, de
la Comisión Europea, porque nadie lo controlaba, porque han perdido
ellos mismos el control político de la situación y han ocurrido una
serie de hechos que afectan a comisarios nombrados por el Gobierno
español, que tampoco ha controlado y por los cuales tampoco ha
rendido cuentas ante nadie, ni ante la opinión pública ni ante este
Congreso de los Diputados.
No es superficial el documento de los sabios ni lo que dice con
respecto a los comisarios nombrados por el Gobierno español. En el
caso Med, señala que el Comité ha constatado que el señor Marín, el
comisario responsable, actuó rápida y correctamente en respuesta a la
detección de irregularidades, conflictos de intereses y falta de
control. La principal crítica que se le hace al señor Marín es que
dejó pasar demasiado tiempo entre la detección de los problemas por
parte del Tribunal de Cuentas y el inicio de una investigación
administrativa: 20 meses. El comisario que precedió al señor Marín,
que todos conocemos, debe cargar con una mayor responsabilidad, pues
presidió la creación de una estructura de gestión que posteriormente
dio origen a la situación que se ha descrito. Su falta es de omisión,
no gestionó correctamente la ejecución de los programas Med en
circunstancias de elevado riesgo. La Comisión en su conjunto merece
fuertes críticas por lanzar un programa nuevo de gran importancia
política y de elevados costes sin contar con los recursos, etcétera.
En el caso ECHO, la principal responsabilidad a nivelde los
comisarios concierne al personal. El señor Marín
fue informado de la presencia de personal irregular y, a pesar de
haber dado instrucciones por escrito para que se remediara esta
situación, fue inducido a tolerarla durante varios años,
principalmente como consecuencia de la falta de respuesta a sus
repetidas peticiones de personal adicional. Y sigue en este mismo
tono. Al final, lo eleva a la Comisión en su conjunto y dice que la
Comisión ha perdido el control político de la situación y, como
consecuencia, se han producido una serie de graves irregularidades
que han llevado a esta crisis institucional de gran volumen que está
sufriendo en estos momentos la Comisión Europea y de la que no
termina de salir.
Señores del Gobierno, señor Cascos -creo que usted va a contestar-,
acaba de ser nombrado el presidente, pero no van a ser nombrados los
comisarios que, por lo visto, van a permanecer con carácter de
interinidad hasta el próximo nombramiento en los siguientes meses,
cuestión que choca con lo que el ParlamentoEuropeo ha debatido y con
nuestra propia posición. Pensamos que no está justificado que se
mantengan los comisarios. No sabemos qué posición han mantenido
ustedes y queremos conocerla ¿En base a qué criterio? No sabemos qué
posición han llevado ustedes allí porque hasta ahora no hemos
conocido nada, excepto balbuceos y noticias a medio gas. Le pido que
nos aclare esta situación.
Señor Cascos, en nuestra opinión, no se puede mantener esa Comisión
interina, sino que habría que nombrar una nueva Comisión de inmediato
para lo que resta de mandato, es decir, hasta enero del año 2000. Esa
Comisión nombrada debiera empezar a cambiar la forma de funcionar, de
ser controlada, de gestionar y de rendir cuentas para que empezáramos
a discutir los elementos de democracia que tiene que asumir ese
Parlamento Europeo para que reciba tal nombre. Nadie discute eso y el
Parlamento Europeo sigue funcionando como una especie de punto de
referencia que ha ganado algunos enteros durante este debate, pero
que empieza a perderlos con ese nombramiento del señor Prodi y con el
mantenimiento, con carácter de interinidad, de los comisarios que han
sido cesados o han dimitido por un informe de los sabios que hablaba
de fraude y de gravísimas irregularidades.
Queremos saber, señor Cascos, si a la hora de este nombramiento
rapidísimo del señor Prodi ha entrado también el nombre del señor
Solana. No sé dónde tiene la cabeza en este momento el señor Solana:
en la antigua Yugoslavia, en la Comisión o donde la tenía hasta el
mediodía de hoy. Queremos saber si en algún...
El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, vaya concluyendo, por favor.
El señor ALCARAZ MASATS: Termino, señor presidente.
Queremos saber si en algún momento se ha utilizado una especie de
mercadeo de cargos teniendo en cuenta que hay que nombrar a una serie
de cargos y
que no van a recaer todos a partir de ahora en Italia. Por ejemplo,
el presidente del Banco Europeo de Inversiones, míster Pesc, o los
secretarios generales de la Unión Europea Occidental y el secretario
general de la OTAN. Queremos saber si esto se ha debatido -usted me
va a decir que no- o si se han visto problemas para el futuro. Señor
Cascos, espero que nos informe por primera vez y de manera
pormenorizada en esta sesión del Congreso de los Diputados, porque
hasta ahora este Congreso está al margen de todo, como lo está la
sociedad española.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
Para contestar a la interpelación, en nombre del Gobierno, tiene la
palabra el vicepresidente primero del Gobierno, don Francisco
Álvarez-Cascos.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA
PRESIDENCIA (Álvarez- Cascos Fernández): Con la venia, señor
presidente. Señorías, tengo que reconocer, efectivamente, que cuando
en tantas ocasiones se discute en esta tribuna acerca de la
oportunidad de las iniciativas y se suele esgrimir como crítica que
las iniciativas son poco oportunas, en este caso hay que decir que el
grupo interpelante ha demostrado una excepcional muestra de
oportunidad a la hora de plantearla. Sepa S.S. que no va a encontrar
ninguna reticencia al momento elegido para formular esta
interpelación en función del calendario y de la actualidad en la que
discurren en estos momentos muchos de los acontecimientos, como ha
quedado demostrado esta mañana con la propuesta de nombramiento del
ex presidente de Italia, señor Prodi, para presidir la Comisión
Europea. Lo que ocurre es que eso mismo también exige un plus de
prudencia, porque no se puede hacer la crónica de un partido mientras
el partido está celebrándose, salvo que a uno no le importe hacer el
análisis de un resultado y que luego el resultado sea distinto y
quiera que le siga sirviendo el análisis. Lo único que le pediría es
que acomodara esa defensa de la oportunidad de esta interpelación con
la moderación en cuanto a las valoraciones que se puedan hacer de
acontecimientos que están ocurriendo ahora mismo en los foros
europeos competentes.
Es verdad que el momento europeo es muy complejo y que, como todos
los momentos complejos, exige un esfuerzo mucho mayor de moderación y
de relativización de las grandes declaraciones rotundas, que luego
necesitan ser contrastadas con ese compromiso de acuerdo y de
consenso que preside las grandes decisiones europeas. Conviene no
confundir ese compromiso en favor del consenso y de la unanimidad que
preside las decisiones europeas con situaciones no democráticas,
porque hablar en temas de política europea de una situación no
democrática justamente en la primera ocasión en la que, como
consecuencia del ejercicio de la función de control del Parlamento
Europeo, ha presentado la dimisión la Comisión no es precisamente el
mejor momento para hablar de situaciones no
democráticas, en términos de política parlamentaria europea. Cosa
distinta es que cada grupo tenga modelos diferentes, pero eso de
decir que el modelo de uno es democrático y que el modelo de los
demás no lo es me parece una afirmación que, por excesivamente
rotunda, tiene poco que ver con la realidad.
Las preocupaciones que en relación con el nombramiento del señor
Prodi ha hecho S.S. necesitan ser también precisadas y matizadas. El
señor Prodi debe recibir el respaldo de la consulta por parte del
Parlamento que previsiblemente, según las noticias de las que
disponemos, podría tener lugar en la sesión del Parlamento Europeo
del mes de abril. Una vez investido presidente el señor Prodi, de
acuerdo con los respectivos gobiernos europeos, deberá designar a los
miembros de la Comisión. Pero esa Comisión, el presidente y la
Comisión resultante, se someterá colegiadamente al voto favorable, a
la aprobación del nuevo Parlamento. Ése es, señor Alcaraz, el trámite
previsto. Si S.S. tenía en estos momentos la idea equivocada de que
iba a surgir una nueva comisión sin ningún tipo de respaldo, con
mandato para cinco años, sin pasar por las exigencias ni del actual
Tratado de Maastricht ni del nuevo Tratado de Amsterdan, le corrijo.
Y quiero decirle que en el mes de abril recibirá, como es preceptivo,
con arreglo al vigente Tratado de Maastricht, el informe
correspondiente preceptivo del Parlamento Europeo. Y la nueva
Comisión, después de las elecciones, tendrá que someterse
colegiadamente al voto del nuevo Parlamento. En función de esos
resultados, tendrá o no el mandato que le corresponde a partir del
año 2000.
Su señoría se interesaba en la interpelación y también lo hacía en su
intervención acerca de las responsabilidades que la comisión de
expertos atribuía a los comisarios españoles. Señor Alcaraz, yo creo
que de la lectura sosegada del informe de este comité de expertos
independientes justamente lo que se deduce es que aquellos supuestos
de irregularidades que se imputaban a determinados comisarios y en
particular a algún comisario español ha quedado suficientemente
justificado que carecían de todo fundamento y quedan expresamente
descartadas en los puntos de conclusiones con los que cierran el
apartado 9 los expertos independientes en su informe.
Por sintetizar el motivo en el cual buscan responsabilidades
colectivas los expertos independientes en la Comisión y en su
presidente, le ruego que se detenga de manera muy precisa en la
conclusión del apartado 9.2.9, donde, al hablar de uno más de los
casos, dice: Es el defecto común a varios de los casos examinados, es
decir, asumir el compromiso de un nuevo ámbito político sin disponer
de los recursos para realizar su tarea. Ése es el problema básico de
lo que ha ocurrido con la Comisión, a juicio de los expertos
independientes, consultados para analizar las responsabilidades
políticas en que pudieran haber incurrido sus miembros. Además, se
dice expresamente que, respecto de acusaciones personales de
favoritismo en otros casos, el comité no ha encontrado justificación,
no ha encontrado
justificación para las acusaciones de favoritismo dirigidas
contra los comisarios Liikanen, Marín y Santer.
Yo creo, señor Alcaraz, que este informe hay que verlo en su alcance,
hay que verlo desde el origen del que traía causa y hay que verlo en
sus conclusiones. Y en sus conclusiones se establece una
responsabilidad por no haber aplicado recursos proporcionales a las
competencias y a los programas sobre los que tenían responsabilidad
y política de ejecución. De ahí se derivan las medidas correctoras de
cara al futuro que debe adoptar la Comisión. La continuidad de los
comisarios dimisionarios y en estos momentos las decisiones que
puedan surgir del Consejo Europeo. Ese es un buen punto de conexión
entre lo que la lógica del funcionamiento de un sistema político
parlamentario exige, el que está regulado en los tratados de
Maastricht y Amsterdan, y lo que el Gobierno español ha venido
defendiendo. Porque, señor Alcaraz, al margen de los asuntos que eran
competencia del Parlamento Europeo sobre el funcionamiento de la
Comisión y por tanto la tarea natural de control del Parlamento
Europeo sobre la Comisión, al Gobierno de España le resultaba
extraordinariamente importante, y creo que en esta opinión coincidían
bastantes grupos de la Cámara, que la Comisión Europea siguiera
jugando un papel decisivo en la elaboración y aprobación de la Agenda
2.000, donde España tenía y sigue teniendo importantes intereses en
juego.
Y el papel que podían jugar, que debían jugar y que creemos que
pueden seguir jugando los comisarios encargados de cada una de las
materias, que son los que conocen los dossiers de cada uno de los
asuntos que están en juego, a nosotros nos parece que es una cuestión
decisiva para poder llegar a un buen acuerdo, a un acuerdo
equilibrado en relación con los intereses en juego, muy
particularmente de la posición española. Y con la fórmula que se ha
alcanzado en estos momentos de nombramiento de un presidente, de
continuidad en sus funciones de los nuevos consejeros, de paulatina
sustitución y de nombramiento definitivo y ratificación después de
las elecciones, se ha alcanzado una fórmula también equilibrada, que
permite que nosotros, como Gobierno, que España pueda seguir
manteniendo el plus de esperanza positiva en el trabajo de los
comisarios, ya que hasta ahora, como ha dicho este fin de semana el
Consejo Europeo de ministros de Asuntos Exteriores, merecen el
agradecimiento por los trabajos realizados en interés de la Unión
Europea, su consolidación y su ampliación. Porque durante el período
de mandato de la presente Comisión se han adoptado decisiones
estratégicas para Europa, como en el caso de la introducción del euro
y la iniciación del actual proceso de ampliación, y la contribución
de la Comisión a tal efecto ha sido considerable. No es sólo, señor
Alcaraz, una opinión particular del Gobierno de España. Es una
opinión colegiada del Consejo de la Unión Europea, reunido este fin
de semana, a la hora de analizar la dimisión de la Comisión.
Por eso, señor Alcaraz, mantenemos en estos momentos la tranquilidad
de saber que, en un momentocomplejo, de decisiones difíciles, por la
vía del
acuerdo y del consenso, España sigue manteniendo los objetivos que
desea defender, al amparo de los legítimos intereses que nos asisten,
en la negociación de la Agenda 2000. Creemos que la continuidad en
sus funciones de los actuales comisarios puede contribuir
positivamente a que en estos dos días se alcance el acuerdo
definitivo que deseamos y creemos también que se han introducido los
elementos de estabilidad institucional que reclamaban el Parlamento
Europeo y las instituciones europeas para mantener inalterable la
credibilidad y la fe de los europeos en el sistema parlamentario y en
sus instituciones democráticas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepresidente del
Gobierno.
Señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señor presidente.
Señor Cascos, yo creo que usted está tan mal informado como yo. Veo
que hasta ahora la información que se haya tenido que producir no ha
llegado al Gobierno, porque ha dicho usted una serie de
superficialidades y no conocemos a fondo los criterios que nos han
llevado -vuelvo a incluirme en la posición del Estado- al
nombramiento del nuevo presidente, señor Prodi, ni los criterios para
que permanezca de manera interina la Comisión, que ha tenido que ser
cesada o ha dimitido por fraude e irregularidades.
Eso abona la idea que tenemos nosotros de que hay que hacer debates
en profundidad y previos a esta toma de decisiones en el Congreso de
los Diputados. Incluso presentamos una proposición no de ley en el
sentido de instituir en el Congreso un debate sobre el estado de la
Unión, porque estamos al margen de esa situación y pensamos que el
señor Aznar está al pairo de la situación. Basta con seguir las
declaraciones que hizo a partir del estudio de la comisión de sabios,
fundamentalmente de la resolución que hicieron y la dimisión
consecuente, para ver que se ha estado al pairo de la situación, al
socaire, teniendo en cuenta la visita del señor Schröder y otras. Al
final, se han adoptado posiciones que no estaban estudiadas
previamente, que no estaban previstas, que se han improvisado, y de
las que no tenemos -usted creo que tampoco en profundidad- la
información suficiente.
Usted nos dice que hay que tener prudencia mientras se juega el
partido, pero me está llamando usted espectador, señor Cascos. Nos
está usted diciendo que ustedes ponen los jugadores, el balón, el
campo, que van a jugar el partido y que el resto tenemos que tener
paciencia hasta que termine para ya salir por la puerta y decir que
han jugado bien o han jugado mal. Por favor, señor Cascos, aquí todos
somos representantes de la soberanía popular y naturalmente no
queremos ser espectadores de decisiones de enorme importancia. Esa es
la misma posición que tuvo el señor Rato en la tribuna con respecto
a la Agenda 2000: No nos presionen ustedes, no
intenten marcar una posición a partir de la cual debamos negociar.
No, no. Nosotros vamos con las manos sueltas y después, en todo caso,
ustedes juzgan y critican lo que hayamos conseguido o dejado de
conseguir. No, señor Cascos. Pensamos que eso es un error muy serio
en el que nosotros no estamos dispuestos a caer.
Y ni siquiera en la reforma del Tratado de Maastricht, que se hizo en
Amsterdam, se conceden al Parlamento Europeo capacidades suficientes
para ejercer de manera directa y en profundidad lo que es la
soberanía popular. Usted lo sabe perfectamente. Por tanto, no
defienda aquí a una institución que debe ser corregida a fondo. Sabe
usted que en la cumbre de Colonia habrá que estudiar en profundidad
la reforma institucional, de cara a la ampliación que hay que hacer.
Porque ni en Maastricht, ni siquiera en Amsterdam, se ha podido
corregir a fondo la participación democrática -con plenitud del
sentido de la palabra- del Parlamento Europeo.
Tenga en cuenta lo que estamos utilizando en toda Europa para
criticar la situación actual. Es un eufemismo pero que habla de
democracia. Hablamos del déficit democrático del Parlamento Europeo.
Y seguimos hablando. Por tanto, no quite importancia a la crítica que
se está haciendo. Yo tampoco debo quitar importancia al papel que ha
jugado el Parlamento Europeo, amagando con posibles mociones de
censura y al mismo tiempo consiguiendo nombrar esa comisión de sabios
-y nosotros estuvimos a favor de que se nombrara- que ha conseguido
al final empezar a depurar una situación que ya se estaba
corrompiendo, que ya se estaba deteriorando. De una parte debemos
reconocer eso y, de otra, tener en cuenta que en el Parlamento
Europeo no se llega a la capacidad suficiente para lo que usted ha
descrito, señor Cascos, de manera bastante superficial, al menos a mi
juicio.
Y lee usted el punto 9.2.9 e intenta interpretarlo de una manera que
no es correcta, señor Cascos, a la hora de decir que no hay
responsabilidades y que el comité de sabios no tiene fuerza. Yo creo
que los hechos demuestran lo contrario de lo que usted dice. Lo que
dice el estudio, lo que dice la resolución, no es exactamente lo que
ha dicho usted. Dice que hay fraude, irregularidades y nepotismo,
aunque no afecta al enriquecimiento personal. Y se ha demostrado que
en muchos casos no conocían ni siquiera la existencia del fraude,
aunque eso es otra cosa, señor Cascos. Pero sí afecta a la
responsabilidad política directa. Se dice varias veces: al control
político que se ha perdido. Y se ha perdido la cadena jerárquica en
el control de las resoluciones democráticas y de las asignaciones,
nombramientos o control de las situaciones que se iban estableciendo.
Eso no quiere decir que no haya responsabilidad, señor Cascos. Lo que
dice el punto 9.2.9 es que, en el caso de la seguridad nuclear -uno
de los casos, posiblemente el que menos carga ha tenido en función
del dictamen de los sabios-, la principal responsabilidad que
menciona el comité y que afecta a la Comisión en general y a los
comisarios es el defecto común a varios -no dice todos- de los casos
examinados, es decir,
asumir el compromiso de un nuevo ámbito político sin disponer de los
recursos para realizar su tarea. Este es uno de los temas, señor
Cascos, que faltaba personal, o que no exigían, o que no les daban
las respuestas correspondientes para poder llevar adelante el trabajo
de manera adecuada. (El señor vicepresidente, Fernández- Miranda y
Lozana, ocupa la Presidencia.) Pero el fondo permanece. Le he leído
los dos casos fundamentales que afectan a los comisarios españoles -a
uno de los actuales y a uno de los pasados-, que pertenecen a ambos
partidos mayoritarios en esta Cámara.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Alcaraz,
le ruego que concluya.
El señor ALCARAZ MASATS: Termino, señor presidente.
Sí están el fraude y la irregularidad en el dictamen. Primero, con
respecto a comisarios en particular. Le he leído los casos. Y,
segundo, ese fraude, esa irregularidad, se eleva al conjunto de la
Comisión. Por eso dimite el conjunto de la Comisión, porque en parte
tenía también una responsabilidad compartida.
Señor Cascos, me voy de aquí casi como he entrado, sin la información
concreta y rigurosa que determina esa posición con respecto a Prodi y
que determina la posición con respecto a la situación de interinidad
que van a mantener los comisarios dimitidos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Alcaraz.
Señor vicepresidente del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA
PRESIDENCIA (Álvarez- Cascos Fernández): Gracias, señor presidente.
Señor Alcaraz, yo no quería devaluar su papel situándole en el ámbito
de mero espectador. Quería decirle que usted en este partido quiere
ser al mismo tiempo jugador, árbitro, espectador y comentarista. Y
eso es bastante complicado. Por lo menos es complicado acertar en
todos los papeles, admítalo; se puede acertar en algún papel, pero no
en todos. Y, desde luego, en relación con el resultado, cuando se
está jugando el partido, para eso, señor Alcaraz, están otros
ejercicios de adivinación.
En Europa las decisiones se toman por los procedimientos del consenso
y del acuerdo y, para la sustitución del presidente de la Comisión,
los jefes de Estado y de Gobierno han tomado en Berlín la decisión
política por unanimidad de proponer al señor Prodi como candidato a
la Presidencia de la Comisión. Yo creo que no es necesario explicar
cómo se toman las decisiones por unanimidad. Se buscan candidatos de
consenso, se buscan personas que puedan reunir los requisitos
necesarios a juicio de los 15 jefes de Estado y de Gobierno que
representan a los Estados de la Unión, personas que puedan ser
susceptibles de ese apoyo. Y ese apoyo lo ha encontrado el señor
Prodi, también el apoyo del presidente del Gobierno español.
Esta propuesta, siguiendo el artículo 158, apartado 2, del Tratado de
Maastricht, debe pasar por una consulta al Parlamento Europeo, que
tendrá lugar probablemente en la próxima sesión plenaria del mes de
abril. Pero no me planteará usted la responsabilidad de dirigir las
sesiones del Parlamento Europeo como miembro del Gobierno de España.
Digo que es lo que en estos momentos probablemente va a ocurrir. Y,
una vez que el Parlamento Europeo haya emitido su dictamen, los jefes
de Estado y de Gobierno designarán oficialmente al señor Prodi. Y ya
designado, el señor Prodi pasará a ocuparse de la Presidencia de la
Comisión Europea en el mes de abril, con los actuales comisarios en
funciones. Durante este período, el presidente Prodi designado
celebrará las consultas pertinentes con los gobiernos de los Estados
miembros, para elegir a las demás personalidades a las que se
propongan nombrar nuevos comisarios. Y, según el procedimiento
aprobado hoy, será ya el nuevo Parlamento Europeo el que decidirá la
aprobación del presidente y del resto de la Comisión, que serán
nombrados, si el voto es positivo, por los gobiernos de los Estados
miembros, para un período de cinco años.
Eso es lo que se ha decidido hoy en Berlín. Yo creo que esta
información la conoce casi todo el mundo. Y me sorprende que S.S. no
esté de acuerdo en que esta es la información que surge de los
acuerdos que se han adoptado hoy en Berlín. Si lo que a S.S. le
hubiera gustado es que hoy se hubiera nombrado a todos los
comisarios, que hubieran cesado los anteriores, que se hubiera
producido otra candidatura, eso es S.S. quien debe explicarlo. Yo
quiero decirle que el Gobierno de España ha respaldado este
nombramiento y este procedimiento y creemos que es bueno para que
sirva, comohemos venido defendiendo, como un instrumento útil para
alcanzar los acuerdos necesarios y fundamentales en relación con la
Agenda 2000, de tal manera que el papel de la Comisión Europea sea un
papel equilibrador para alcanzar ese punto exacto en el que deseamos
ver los intereses de España reflejados en el acuerdo de la cumbre de
Berlín.
Señor Alcaraz, esto es lo que hay en este momento. Sobre la cumbre de
Berlín, tendrá S.S. oportunidad la semana que viene de examinar y
contrastar sus resultados. Discutir en este momento las cuestiones
que usted está planteando como distintas de la realidad, permítame
que le diga que es como discutir la hora que marcan en este momento
los relojes.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor vicepresidente. ¿Algún grupo parlamentario desea fijar su
posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Costa.
El señor COSTA COSTA: Señor presidente, señoras y señores diputados,
señorías, este debate puede hasta
resultar interesante, pero es verdad que está descontextualizado por
distintas realidades, algunas previstas y otras sucedidas en el día
de hoy.
Es cierto que el Parlamento del Estado español no debe desvincularse
de una crisis institucional que se ha abierto en la Unión Europea, en
la que también tienen responsabilidad directa los Estados nacionales
a través del Consejo, y que viene de alguna manera a aflorar la falta
de liderazgo, la falta de capacidad política que han mostrado en los
últimos tiempos las instituciones principales de la Unión Europea. Es
cierto también que personas muy relevantes del mismo partido del
Gobierno no han sido precisamente las que han contribuido más y mejor
a que hubiera otras soluciones que la que ha ocurrido, la dimisión de
la Comisión Europea y la subsiguiente crisis institucional.
La realidad es que a estas alturas del día tenemos una propuesta del
Consejo, que no es que le haya dado el visto bueno, sino que ha
acordado proponer a un candidato, por unanimidad, porque no puede ser
de otra manera, es decir, con la participación del voto del Gobierno
español. No es que el Gobierno español participe. No. El Gobierno
español participa en la elaboración de esa propuesta y, si no hubiera
estado de acuerdo, la propuesta no se hubiera llevado a cabo. Pero
eso es bastante absurdo plantearlo cuando ya se ha producido el
hecho. Sí caben algunas preguntas, aunque sean inútiles, dentro del
acto político que hoy estamos realizando. Desde el Grupo Socialista y
desde todos los grupos de esta Cámara tenemos derecho a preguntarnos
si era posible y conveniente un calendario diferente para defender
mejor los intereses de nuestro país, si no ha habido capacidad
política en nuestro Gobierno para defender un calendario distinto que
pudiera en su caso abrir hipótesis distintas del acuerdo de esta
mañana. Eso nos lo podemos preguntar. Y podemos preguntar si España
podía aspirar a presidir la Comisión con esa actitud política
diferente. Si podíamos aspirar, señores del Partido Popular, a tener
un presidente de la Comisión, por primera vez en la historia,
español. Y podíamos. Ustedes saben que podíamos, con un calendario
diferente, con un escenario diferente. Y ustedes no han sabido
defender ese escenario diferente, han sido incapaces políticamente de
defender lo que es un gran interés para España, para los ciudadanos
españoles, para la participación de nuestro país en las instituciones
europeas. Porque ha salido el señor Prodi, con el apoyo de su
Gobierno, con la propuesta firme de su Gobierno, desde el primer
momento, de ser candidato. A las primeras posiciones razonables del
Gobierno no les hemos visto ninguna firmeza. Hemos visto debilidad
permanente, declaraciones confusas que han propiciado que el
candidato que ha sido propuesto esta mañana obtuviera todos los
apoyos y, finalmente, ninguna resistencia para el acuerdo que se ha
logrado, cosa que ahora no voy a juzgar porque el presidente del
Gobierno va a comparecer el próximo martes y creemos que es el
momento adecuado para que nos explique todos los elementos de esa
decisión. Queremos esperar a conocer cómo se ha producido.
Es cierto que se podía aspirar razonablemente a tener un presidente
español en la Comisión Europea.
Un socialista, probablemente. Y uno se puede preguntar si esa actitud
política puede obedecer a que fuera un socialista el candidato a
presidir la Comisión Europea. Nos lo podemos preguntar legítimamente
y se lo pueden preguntar legítimamente también los españoles, porque
ustedes saben que, en la parrilla de salida, quien estaba en mejores
condiciones era un candidato español. Eso no ha sido así, son
preguntas inútiles, hay un acto ya realizado, queda esto reflejado en
el «Diario de Sesiones» y, como ya he dicho, esperaremos al próximo
martes para escuchar la respuesta convincente del presidente del
Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Costa, le
ruego que concluya.
El señor COSTA COSTA: Concluyo, señor presidente.
En cualquier caso, queremos manifestar que la solución a la crisis
institucional debe pasar por profundas reformas en los mecanismos y
en los sistemas de funcionamiento y de gestión de la Comisión
Europea. Y debe pasar por que se dote de los medios económicos
y materiales suficientes a las instituciones europeas, para que puedan
cumplir los encargos que el Consejo, los gobiernos nacionales,
realizan a esa importante institución. Por ello, queremos una
Comisión fuerte, una Comisión que responda con fuerza a los retos que
tiene hoy planteados la Unión Europea. Naturalmente, eso se está
decidiendo en estos momentos en Berlín, donde se están negociando las
perspectivas financieras para el año 2000 y 2006.
Y yo no voy a dejar pasar la ocasión, señoras diputadas, señores
diputados, señor vicepresidente del Gobierno, de decirles que el
Gobierno -lo dijimos ayer en la Comisión mixta para la Unión Europea-
cuenta con el apoyo de nuestro grupo en esta negociación y que
esperamos que el martes pueda venir a esta Cámara y decir que ha
mantenido los logros de Edimburgo, que ha mantenido la capacidad
española en la política europea...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Costa.
El señor COSTA COSTA: Acabo, señor presidente.
Que vamos a poder seguir mejorando nuestro medio ambiente, nuestras
infraestructuras, los servicios y la calidad de vida de los
ciudadanos, como se ha hecho en estos últimos 6 años, que vamos a
tener la capacidad financiera para abrir esperanzas de una
convergencia económica y de calidad de vida real con el conjunto de
la Unión Europea. De eso hablaremos el martes más tranquilamente.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Costa.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Martínez Casañ.
El señor MARTÍNEZ CASAÑ: Gracias, señor presidente.
Señorías, mi grupo parlamentario cree que el Consejo Europeo ha sido
oportuno en la designación del candidato y del calendario a seguir
para el nombramiento del próximo colegio de comisarios. Piensa que es
lo acertado porque es lo que ha venido defendiendo desde el
principio. Quiero recordar a SS.SS. que, desde el otoño del año
pasado en que empezaron los ataques a la Comisión, el Gobierno y este
grupo parlamentario en innumerables ocasiones defendieron la
honorabilidad de los dos comisarios españoles, tal y como lo hizo
durante la crisis de la semana pasada, después de la crisis, y lo
continúa defendiendo en la actualidad, y ha sido reconocido por el
informe del comité de sabios. Por tanto, no ha habido ningún cambio
en la actitud del Gobierno de la nación, no ha habido ninguna actitud
en el discurso del Partido Popular. Siempre ha defendido la
honorabilidad de los comisarios y siempre ha defendido que lo mejor
para España y lo mejor para Europa era una Comisión fuerte, era una
Comisión eficaz y era el mantenimiento del equilibrio institucional.
Una Comisión fuerte, un Parlamento fuerte y democrático y un Consejo
líder de la Unión Europea.
El calendario que se ha seguido es el mejor. Estamos inmersos en una
difícil negociación que va a marcar las pautas para el próximo
quinquenio y que va a abrir las puertas del siglo XXI en la Unión
Europea. Tal y como ha dicho el vicepresidente primero del Gobierno,
no sería conveniente en estos momentos cambiar el colegio de
comisarios, aunque fuese por un colegio con una gran preparación y
con un gran conocimiento de los temas. Creo que ha sido la decisión
adecuada.
Me gustaría dejar bien claro que nuestro grupo parlamentario
comparte, acepta y respeta la designación del señor Prodi. Y ahí
tampoco ha habido ningún cambio desde el principio. En el momento en
que el Gobierno italiano propuso al señor Prodi -que quiero recordar
que fue el líder político italiano que llevo a la victoria al Partido
del Olivo, partido de centro izquierda, en las elecciones de 1996-
para la Presidencia de la Comisión, el Gobierno dijo que era un
candidato aceptable e idóneo, como podían serlo otros muchos. Al
final ha sido éste el elegido, pero, como es lógico, el Gobierno
nunca cambió el discurso y siempre le consideró un candidato idóneo.
Y miren ustedes por dónde, señorías, este ha sido el candidato
propuesto por la socialdemocracia europea, por la Presidencia alemana
y por el Gobierno de Italia. Por tanto, no ha habido un cambio de
discurso ni una ausencia de liderazgo, ni muchísimo menos, porque
hemos dicho lo mismo desde el principio y lo continuamos diciendo
ahora.
Creo que el señor Solana estaría avergonzado esta tarde si estuviese
en este hemiciclo, en este Parlamento, escuchando lo que dice alguno
de los señores del Partido Socialista. El señor Solana, que es un
gran político y que tiene una gran responsabilidad, nunca fue
candidato, y a pesar de no serlo, el Gobierno de España, en
innumerables ocasiones, expresó su disposición y su voluntad de
apoyar su candidatura en el caso de que esta se materializase. No
pudo ser por una serie de
razones, quizá porque el señor Solana tiene un gran sentido de la
responsabilidad y un gran sentido común y tiene misiones muy
importantes que realizar, como la que está llevando a cabo en este
momento, en pro del mantenimiento de la paz y la defensa de los
derechos humanos. Por eso creo que lo que tendríamos que hacer es
abandonar esa serie de manifestaciones y declaraciones insidiosas,
que lo único que pretenden es intoxicar a la opinión pública, y ser
realistas, pragmáticos y objetivos. El señor Solana está llevando a
cabo una gran labor que el presidente del Gobierno de España ha
apoyado sin ningún tipo de duda esta mañana en sus últimas
declaraciones.
Creo que no es conveniente llevar a cabo este tipo de discurso,
señores del grupo de la oposición, porque lo que tenemos que hacer
juntos es contribuir al progreso de la Unión Europea y al progreso y
a la defensa de los intereses de España.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.- El señor Costa Costa pide la
palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Martínez Casañ.
Señor Costa, ¿a qué efectos solicita la palabra?
El señor COSTA COSTA: Señor presidente, sólo por una cuestión de
orden.
Solicitaría al interviniente del Grupo Popular que retire la
afirmación de que en mi discurso he hecho declaraciones insidiosas
para alguien. Entiendo que eso de ninguna manera ha sido así; que el
discurso que he realizado no contiene ninguna declaración insidiosa,
sino más bien interrogantes claramente defendibles en la situación
que se ha producido.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Costa.
Señor Martínez Casañ, ¿tiene S.S. algo que añadir?
El señor MARTÍNEZ CASAÑ: No tengo nada que decir, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Martínez Casañ.
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE POLÍTICA INMIGRATORIA
(Número de expediente 172/000147)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pasamos al
punto 40 del orden del día, interpelación del Grupo Socialista sobre
política inmigratoria, que será presentada en nombre de dicho grupo
por la señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ SANZ: Señor presidente, señor ministro, señoras y
señores diputados que permanecen en el hemiciclo en un día tan triste
parlamentariamente, un día no sé cómo, gracias por estar aquí.
(Aplausos.) No está la mitad del Gobierno, por ahí fuera pasan cosas
muy complicadas...
El Grupo Socialista había presentado esta interpelación para hablar
de una serie de puntos negros que vemos en la política inmigratoria,
con el deseo constructivo -le gusta al ministro del Interior y
también a algunos de los portavoces del Grupo Parlamentario Popular
decir que buscando una política de Estado- después en la moción de
buscar soluciones comprometidas para resolver esos puntos negros que
permanecen en la política inmigratoria.
El Grupo Parlamentario Socialista cree que el Gobierno todavía no ha
entrado a liderar una política inmigratoria, por falta de interés
hacia este colectivo o por falta de diseño de políticas. Es más,
creemos que el Parlamento ha liderado la política inmigratoria más
que el Gobierno, de lo cual me satisfago: las interpelaciones
y proposiciones no de ley de Izquierda Unida, las nuestras, la
subcomisión, el informe que esta mañana el presidente Trillo ha
presentado, los proyectos de ley de nacionalidad, de derechos de los
extranjeros... El Parlamento ha liderado más política inmigratoria
que el Gobierno y eso a mí como parlamentaria me satisface; espero
que al Gobierno como Gobierno, no.
Empezaré por un punto negro, por un aspecto que demuestra esta
ausencia de liderazgo por parte del Gobierno. No afecta al ministro
que va a contestar sino al área del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. Me refiero al plan de integración de los inmigrantes. El
Gobierno puede cambiar lo que heredó, por supuesto. Está en su
capacidad y en su derecho democrático, pero lo que ha hecho no ha
sido cambiar ese primer esqueleto del plan de integración de los
inmigrantes, sino enterrarlo, señor ministro. Porque, ¿qué dice el
presupuesto de 1999? Que hay 350 millones para el plan de integración
de los inmigrantes. ¿Qué ha hecho nuestro Gobierno? Acaba de firmar
diez convenios con las comunidades autónomas, repartiendo los 350
millones. Esto quiere decir que el Gobierno de la nación no se queda
ni con una peseta para buscar un programa o una política; política en
la que es común, por ejemplo, una campaña de sensibilización, como le
pide el Consejo de Europa as través del ECRI en el informe de España.
España hace bien las campañas de sensibilización en la lucha contra
el racismo y la xenofobia; España hace bien los programas de derechos
humanos de formación de sus Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado, pero debe de seguir insistiendo en campañas de
sensibilización y su ministro de Interior debe insistir en la lucha
contra los prejuicios, etcétera. ¿Eso lo van a hacer 17, en este caso
10, comunidades autónomas que han recibido unos poquitos millones de
esos 350? No, señor ministro. No, Gobierno español. No se puede
hacer.
Hace lo mismo con otros 100 millones que tiene y firma convenios con
corporaciones locales y algunas ONG, que hacen un trabajo tan duro,
tan difícil y tan complicado como el que le corresponde a las
administraciones; y no lo hace con el porcentaje que se dedica del
0,5. Es decir, el Gobierno de la nación, con los recursos que tiene
en su presupuesto, sea plan de integración, sea convenio con
corporaciones locales, o sea
el 0,5, que en esto guarda toda su lógica, no se queda ni con un duro
para hacer una política desde la Administración. Imagínese en el
territorio MEC, con la integración de los niños en las escuelas. Se
puede hacer un programa de profesores de complemento, un programa de
cualquier tipo y crear una cultura, una imagen, una pauta, un modelo
para el territorio ya transferido. Pues no. El Estado renuncia a
hacer absolutamente nada. Firma convenios y desde el primer duro al
último lo transfiere a comunidades, corporaciones u ONG. Está
enterrando el plan para hacer desde sensibilización a cualquier
diseño o modelo, aunque sea temporal, hasta que se acuñe, hasta que
se haga definitivo y lo asuman así todas las comunidades autónomas.
Por eso digo que no hay política de Estado. Por eso digo que no hay
programas desde el Gobierno. Se renuncia a todos.
A esto podría añadir lo que está sucediendo. Este año se han firmado
diez convenios, pero a la vez que se firmaban, señor ministro, nos
hemos enterado que el año pasado, que había sólo 250 millones para el
plan de integración, algo se retiró para las ONG que traían personas
de Ceuta y Melilla y el resultado es que se firmaron con seis o siete
comunidades autónomas algunos convenios con cantidades por encima del
convenio de Andalucía. Aunque alguno de los diputados de aquí no siga
la política inmigratoria, ¿verdad que el sentido común dice que en
Andalucía hay más inmigrantes que en Galicia? Pues el convenio de
1998 tenía 50 millones para Galicia y 43 para Andalucía. Yo no sé qué
sucede ahí, no me gusta poner adjetivos a algunas cosas, digo los
datos y pido que reflexionemos todos.
Otro ejemplo se lo han puesto al ministro de Trabajo en las preguntas
de control cuando hablaban del alcalde de El Ejido y sus
declaraciones. El Gobierno renuncia a hacer una política hasta el
punto de que una unidad del departamento que dirige el ministro del
Interior hace unas enmiendas a la proposición de ley de derechos de
los extranjeros, de Convergència i Unió, y lo que sabemos por el
pasillo es que el grupo parlamentario no cuenta con esas enmiendas
porque quiere avanzar de una manera más positiva, y, por lo que esta
diputada sabe, ni el ministro del Interior ni el de Trabajo están de
acuerdo con esas enmiendas. ¿Cómo pueden pasar esas cosas? ¿Cómo
puede pasar que en esta Cámara haya unas enmiendas a una ley que al
final van en una dirección que marca el Ministerio del Interior y no
es lo que verbalizan el ministro de Interior, ni el de Trabajo, ni
los excelentes portavoces que tiene el Partido Popular en política
inmigratoria? ¿A qué se van a dedicar entonces ustedes, señor
ministro? ¿A sacar los contingentes? ¿A controlar y evitar las mafias
de tráfico de personas? ¿A los visados? ¿Al papeleo? A mí me parece
que esa no es la función de un Gobierno que tiene competencias en
política de inmigración.
Segundo punto negro, señor ministro, e insisto en que a mí me parece
bien que un Gobierno que cambia de signo diga que no le vale nada de
lo que ha recibido y lo quiera cambiar todo, pero algunas cosas ya
forman parte de las reglas del juego democrático que todos
hemos aceptado. Nosotros hemos dicho que no nos basta la democracia
parlamentaria, que defendemos una democracia participativa, y hemos
creado foros de participación en las ONG con el Consejo de la
Juventud, con el Consejo de Mayores, con el Consejo de Mujeres, con
el Foro de integración de los inmigrantes. Ministro, el foro está
paralizado. Don Álvaro Gil-Robles ha presentado hace mucho tiempo su
dimisión, les está pidiendo a ustedes que le sustituyan y las ONG han
hecho una enmienda a lo que ustedes pretenden, que es -y han sacado
una norma- que el nuevo foro, al amparo de cambiar la presidencia, se
constituya nominando ustedes a dedo cuáles son las organizaciones no
gubernamentales que van a estar en él. Para empezar la democracia
participativa de este país, a finales de los setenta me parecería
bien que eso lo hubieran hecho los gobiernos de UCD , pero que lo
hagamos a finales de los noventa, cuando el foro ha trabajado, cuando
ustedes tienen buenos papeles de las diferentes ONG y de las
diferentes comisiones, y que saquen ahora una norma diciendo que van
a elegir a dedo las 20 ONG de inmigrantes y de solidaridad con los
inmigrantes... Dejen, por favor, señor ministro, que sean las propias
organizaciones las que digan quiénes están en este foro. Por cierto,
sería bueno -y le pido a usted que lo tenga en cuenta- que el
Gobierno, tal vez a través del ministro de Trabajo que es quien
preside este foro, consultara a los portavoces de los grupos
parlamentarios y les preguntara nombres de personas, de hombres o
mujeres, que todos asumimos que seríamos capaces de consensuar como
futuro presidente o presidenta del Foro de la inmigración.
Tercer punto negro, el Gobierno da trato diferente a los inmigrantes
y esto está produciendo mucho malestar. Voy a poner rápidamente
algunos ejemplos. Cuando vamos a analizar los visados tenemos
personas a las que damos exención de visados y personas a las que
mandamos a los consulados cercanos a España: Lisboa, Elvas y
Perpignan. Según la última información que me mandan ustedes, se ha
hecho desvío de visados de ciudadanos de diferentes partes del mundo:
500 a Lisboa, 380 a Elvas y 165 a Perpignan.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora
Fernández, le ruego vaya concluyendo.
La señora FERNÁNDEZ SANZ: Tiene que ser benévolo, presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Yo soy
benévolo, pero S.S. debe concluir.
La señora FERNÁNDEZ SANZ: Desvío o envío a los diferentes países.
Analizamos el contingente de 1999, señor ministro, y decimos que
vamos a hacer exención de visado a las personas de Centroamérica que
han sufrido el huracán Mitch, pero también a quien vive conflictos
bélicos, políticos, étnicos o religiosos. ¿No sería más lógico que
esas personas tuvieran el circuito del refugio y el asilo, ya que hay
en Europa tan pocos demandantes y lo
asume el propio Gobierno? También eximimos de visado a las personas
que cuidan ancianos, pero no a las personas que cuidan niños. Tenemos
montones de mujeres de los países andinos y de Centroamérica que como
se tienen que ir a su país a recoger el visado, cuando vuelven a la
casa donde estaban cuidando al niño han sido sustituidas por otra
persona. Este año hemos incluido también a las gestantes. No sé si es
que el Gobierno quiere hacer crecer la natalidad en nuestro país a
través de las inmigrantes, pero hay exenciones de visados también
para las gestantes. Después, tenemos la cartilla sanitaria, que en
unos lados funciona bien y en otros no; la educación: en unos lugares
se escolariza y en otros no; en unos piden el documento nacional de
identidad a los padres de los niños inmigrantes para darles una beca
en una escuela, con el tiempo que lleva el papeleo. Infórmese en el
Ministerio de Justicia, aunque lo sabrá, cuál es el tiempo promedio
que se tarda desde que se entregan todos los papeles para adquirir la
nacionalidad, y pregúntele luego a su compañero del PP, presidente
del Club de Fútbol de La Coruña, cuánto se ha tardado, una vez
entregados los papeles, en resolver la nacionalidad a determinado
futbolista. No doy nombres, porque no me interesa el chascarrillo. El
promedio para conceder la nacionalidad es de más de un año, una vez
entregados todos los papeles, además del tiempo de permanencia en el
país, y a ese futbolista se lo han resuelto en algo menos de 30 días.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora
Fernández, le ruego concluya.
La señora FERNÁNDEZ SANZ: Voy concluyendo, señor presidente.
Otro punto negro tiene que ver con la traída de personas de Ceuta y
Melilla. Con toda la solidaridad, y de forma especial al ministro de
Interior, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios tenemos que
ser capaces de trabajar con más rigor. Hasta ahora, según datos del
Gobierno, de octubre de 1996 a febrero de 1998, con un visado
especial, excepcional, que crea conflictos con las personas que están
en la Península, han entrado 2.828 personas, y desde ese mes de
febrero hasta ahora, 628. Las primeras 2.828 han entrado bajo la
protección de un convenio y unos recursos, no muchos ( 648 millones),
que las ONG tenían para resolver los papeles, atender a estas
personas, enseñarles el idioma y ayudarles a buscar trabajo. Ahora,
los últimos 628 ciudadanos que han venido de Ceuta y Melilla lo han
hecho sin el arropamiento de las ONG y sin ningún recurso, porque no
lo hay. He oído que están tramitando en Economía un crédito
extraordinario. El Grupo Parlamentario Popular podía haber escuchado
las enmiendas del Grupo Socialista en las que les decíamos que, como
mínimo, necesitaban 500 millones de pesetas para resolver las cosas,
tal como se hizo en 1998.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora
Fernández, S.S. debe concluir de forma inmediata.
La señora FERNÁNDEZ SANZ: Descriptivamente, expongo dos o tres
aspectos más y en todo caso recurriré al tiempo de réplica.
Esas personas que están viniendo, señor ministro, lo hacen sin
conocerlo los ayuntamientos, y no como anuncia hoy un teletipo de
Efe, que dice: Las ONG se encargan de que los acojan particulares. Lo
que están haciendo las ONG es pedir a los inmigrantes de Ceuta
y Melilla que den la dirección de una persona de su país a donde
dirigirse, con lo que no se resuelve el problema. En segundo lugar,
le voy a poner un ejemplo que me ha llegado del Ayuntamiento de
Lleida. Yo diría Lérida, pero luego mis compañeros catalanes me
pegarían. Llega un ciudadano de Camerún y va a una dirección que no
está bien transcrita, pero que es la de Cáritas en Lleida. Va a esa
dirección. Cáritas puede que sepa que iban a venir unas cuantas
personas, pero como esa dirección no estaba bien, se dirige al
albergue de inmigrantes que tiene el Ayuntamiento de Lleida y el
resultado es que los servicios sociales dicen: nosotros no sabemos
nada. Y el ciudadano de Camerún dice: pues en la próxima semana
llegan veinte.
Ministro, esto no se puede hacer así. Ustedes no pueden traer a la
gente de Ceuta y Melilla, primero con un visado que es una excepción
y es una mejora en relación a los ciudadanos que están ya dentro de
la Península y, segundo, no puede decir: ahí les mando, a donde
lleguen y quieran ir, sin que los ayuntamientos y las comunidades
sepan cómo resolverlo o cómo intentar...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Fernández. Señoría, ha consumido el doble del tiempo
reglamentario. Concluya su intervención, pero hágalo ya
inexcusablemente en treinta segundos.
La señora FERNÁNDEZ SANZ: Tenemos que resolver entre todos otro tema,
no ya el del traslado de la gente, sino el de la situación de Ceuta y
Melilla, y ahí -me podrá usted contestar, porque sabe mucho de esto-
tenemos que hablar de contingentes y de más recursos humanos,
económicos y de más coordinación entre la Administración. La voluntad
del Grupo Socialista, que va a ver reflejada en la moción, es
contribuir a buscar soluciones, porque estamos hablando de las
personas más desiguales y con menos recursos en este país y, por
tanto, la obligación de esta Cámara y de este Gobierno es atenderles,
es decir, demostrar que somos un Estado fuerte al servicio de los que
menos tienen. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Fernández.
Para contestar, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor
ministro de Interior.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Gracias, señor
presidente.
Señoría, antes de entrar en cada uno de los apartados sobre los que
ha fundamentado su interpelación, me va a permitir que haga un
resumen de lo que son las características de nuestra política de
inmigración, que de alguna manera también vienen a contestar esa
impresión de falta de política o de falta de actividad de la política
de la que usted acusaba al Gobierno.
La primera característica de la política de inmigración del Gobierno
es precisamente que se ha tratado de una política activa. El balance
de estos años -y si tengo tiempo trataré de demostrarlo
posteriormente- dice que la política del Gobierno ha sido
especialmente activa. Una política del Gobierno es activa en la
medida que es una política ejecutiva. La actividad de un Gobierno se
mide esencialmente por su capacidad de ejecución. Cuando usted antes
despreciaba esa actividad diciendo que el Gobierno sólo se ha
dedicado a controlar las mafias de inmigración, tengo que decirle que
esa ejecución es enormemente difícil. No se puede medir la eficacia
de un Gobierno en función simplemente de una frase, de un objetivo o
de una intención, que evidentemente está en el ámbito de la norma que
regula esa actividad del Gobierno; al Gobierno hay que medirle en el
ámbito de la ejecución, y la norma, en la medida en que sea capaz de
consensuarla en esta Cámara con otros grupos, será un buen activo del
Gobierno. No significa que el Gobierno haya hecho dejación de ese
concepto de responsabilidad que le corresponde en al ejecución de la
misma; significa un acierto del Gobierno que además he de decir que
no es nuevo en esta Cámara.
Sabe usted que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya planteó al Gobierno socialista, a mediados del año 90,
una interpelación que dio lugar a una proposición no de ley en marzo
de 1991, con once medidas. Esas once medidas significaron
y significan la base de la política de inmigración en España. ¿Eso es
una crítica al Gobierno socialista en aquel momento? En modo alguno.
Fue un acierto que entonces la Cámara también protagonizara la
definición del marco en donde encajar la política de inmigración. No
por eso el Gobierno socialista dejaba de tener una política de
inmigración. Acertó el Gobierno socialista en aquel momento al hacer
de esa resolución parlamentaria toda la base de la política de
inmigración en esta década en España. Por eso he de decir que la
política del Gobierno ha sido especialmente activa, más activa que la
anterior, como el siguiente Gobierno tendrá que tener una política
más activa en el ámbito de la ejecución, a medida que existen normas
y marcos que va produciendo esta Cámara.
Además de activa, la política del Gobierno sigue siendo sólida porque
se asienta siempre sobre cuatro principios que no ha definido el
Gobierno, que los ha definido esta Cámara, pero que siguen
confirmando absolutamente, en mi opinión, la bondad de dicha
política: la integración social del inmigrante, la seriedad en el
control de las fronteras, la cooperación internacional y la acción
determinante contra las redes organizadas
del tráfico de inmigrantes. Estos son los pilares que hacen que esa
política siga siendo sólida y que no haya ningún cambio sustancial en
la misma y por eso es una política asentada en la coherencia. Insisto
en que me alegro -y lo digo a pesar de lo que ha señalado usted- de
que sea una política asentada en el esfuerzo y en la voluntad de
acuerdo y de que esta Cámara, incluso en la integración de los
inmigrantes, en esas propuestas que hace Convergència i Unió, vuelva
a tener el protagonismo indispensable, porque eso confirma que no es
una política de Gobierno estrictamente. Don Pablo Castellano -le he
visto antes pero ahora no le veo- siempre ha ridiculizado mucho la
figura de la política de Estado. Yo no, yo creo en la política de
Estado sobre la inmigración porque va a ser el principal problema de
convivencia en España en los próximos decenios. Los problemas de
convivencia y de seguridad en España en los próximos decenios van a
estar asentados en una buena política de inmigración, racional,
equilibrada y sensata, pero la política de inmigración va a ser
clave. Los problemas de convivencia y seguridad en España van a estar
más determinados por la proyección exterior que por la interior. En
los próximos decenios va a ser más difícil resolver los desajustes
existentes y las desigualdades demográficas, económicas y sociales
entre continentes que los que pueden producirse en el interior de
España. De ahí que sea tan importante que siga siendo una política de
Estado.
Vayamos a contestar alguna de las críticas concretas sobre los
aspectos que determinan su situación. Respecto de Ceuta y Melilla no
me ha dicho todavía nada; a lo mejor no ha tenido tiempo y lo hace en
la réplica. Yo también me reservo para luego la intervención sobre
este tema.
Ha hablado del programa de traslado de personas desde Ceuta y
Melilla. Habla de algunas limitaciones en la última actuación, pero
no ha dicho que ha sido el programa de acogida más ambicioso, en
colaboración con las ONG, que ha realizado un Gobierno en nuestra
democracia. El número total de extranjeros trasladados a la Península
ha sido de 4.357. Ha sido, como digo, un programa extraordinariamente
ambicioso. En el primer programa de acogida y acceso al empleo, que
se produce entre octubre de 1996 y marzo de 1997, acogemos a 2.848
subsaharianos, con la participación activa de siete ONG. Es verdad
que es el mejor programa de acogida, y fíjese en la trascendencia que
tiene: 2.848 personas. Luego, también hay argelinos trasladados de
cuya acogida por particulares se encargan las ONG: entre mayo
y noviembre de 1997, 122. Hay 1.387 extranjeros trasladados dentro de
esa actuación a partir del 8 de octubre de 1998. Es verdad que no es
el mismo programa que el inicial, porque también hay limitaciones en
este terreno, presupuestarias fundamentalmente, pero vale la pena
destacar la ambición del conjunto del programa de acogida que se ha
llevado a cabo en Ceuta y Melilla.
El coste medio por extranjero es de 300.000 pesetas aproximadamente.
Estamos hablando de una operación importante y relevante. No es
cierto que las personas
que se traen de Ceuta y Melilla no tengan regularizada su situación
-no lo ha dicho usted-. Todos vienen dentro de un programa preparado
por las ONG y todos acceden a la Península con permiso de residencia
y autorización para trabajar. Eso no significa que lo tengan resuelto
todo, pero eso lo tienen resuelto en este tercer programa que ha
protagonizado el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Respecto a los contingentes tampoco me ha dicho nada. Si interviene
usted sobre ello, tendré mucho gusto en responderle. Sí ha hablado
del plan de integración. Creo que tampoco es cierto que haya quedado
descapitalizado y sin contenido, entre otras cosas porque hoy existe
lo que antes no existía. Ha habido 250 millones en 1998 y hay otros
350 millones en 1999. ¿Tiene usted alguna razón al decir que nos
hubiese gustado no compartirlo todo con las comunidades autónomas?
Probablemente la tiene, pero eso tampoco significa que no sea un
programa importante. ¿Es que no es una acción de Estado? ¿Es que no
se puede coordinar a las comunidades autónomas con unas directrices
generales, de modo que ellas puedan utilizar unos fondos
presupuestarios pero actuando todas bajo unos criterios y unas
directrices? ¿Es que por el hecho de que el dinero vaya a las
comunidades autónomas no hay política de Estado? Eso no significa
necesariamente que no haya política de Estado en ese terreno. No está
descapitalizado ese plan de integración, tiene unas cifras más
importantes que nunca. Las cifras no indican descapitalización en ese
terreno. Si eso es en el aspecto de la cantidad, le quiero recordar
que, en el de la calidad, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
presentó al pleno del foro un documento de plan de integración social
en el que se proponían siete líneas de actuación, que fueron
aprobadas el 25 de junio de 1998. Ha habido algunas novedades; por
ejemplo, a los solicitantes de asilo, no a los que lo reciben, a los
solicitantes de asilo, a los refugiados y a los desplazados se les
incluyen dentro de las medidas de protección protagonizadas a través
del Imserso.
Usted parece olvidarse también de los esfuerzos que han hecho los
grupos de trabajo, cuyos resultados fueron elevados a la Comisión
interministerial y al foro, lo que supone un trabajo de una comisión
ad hoc sobre extranjeros en situación irregular. Es verdad que
nosotros quisimos no ampliar la regularización de 1996, pero también
lo es que ha habido una comisión que ha trabajado con cientos de
casos individuales, de modo y manera que esas personas que estaban en
España pudiesen tener una solución a sus problemas.
Tampoco S.S hace referencia. a que se ha puesto en práctica un nuevo
sistema de permisos de residencia y de trabajo que incluye la
concesión de un permiso de residencia permanente; que se ha creado el
estatuto de residente permanente para aquellas personas que han
acreditado haber residido legalmente en España durante seis años o
para aquellos que tienen una especial vinculación con España. Tampoco
recuerda la orden, publicada en el Boletín Oficial de 13 de enero de
1999, en la que se aborda por primera vez, con limitaciones,
la mejora del funcionamiento existente para que los residentes
extranjeros puedan reagrupar a sus familiares y residir con ellos en
España. Es un avance, significa un trabajo; no despreciemos los
avances que se van produciendo en esta materia.
Señoría, voy terminando. Hablando de políticas activas, dice que no
hay actividad del Gobierno. Le voy a poner un ejemplo de lo que son
oficinas de extranjeros o centros de internamiento de extranjeros.
Hay mucho que desarrollar en todo lo que aprobamos en el Parlamento
y un Gobierno tiene que dedicarse a ejecutarlo.
Sobre oficinas de extranjeros en los años 1994 y 1995 no se abrió
ninguna oficina en España. Existían cuatro oficinas de extranjeros en
el año 1992. Pues bien, en el año 1997, se han creado cinco nuevas:
Barcelona, Las Palmas, Murcia, Ceuta y Melilla. Las de Ceuta y
Melilla son aquellas que me recordaba en 1996 que había que crear, y
se hizo en 1997. Se van a crear inmediatamente, prácticamente este
mes, las de Lérida, Valencia y Baleares; para el primer semestre de
1999, las oficinas de Sevilla, Málaga, Cádiz, Huelva y Granada; para
el segundo semestre, Coruña, Orense y Navarra. Vamos a tener, veinte
oficinas de extranjería a finales de 1999. Dirá que no hay recursos.
Pues, mire usted, para las cinco oficinas nuevas el Gobierno ha
invertido más de 100 millones de pesetas y, como todo en la vida es
relativo, pregúntese cuánto han invertido ustedes en oficinas de
extranjeros en los años anteriores.
Lo mismo cabría decir de los centros de internamiento de extranjeros.
Durante el año 1999 se van a invertir 117 millones de pesetas en los
centros de Barcelona y de Málaga. Supone el esfuerzo inversor más
importante nunca realizado, exactamente igual que en el caso de Ceuta
y Melilla, al que antes me refería. Es el esfuerzo inversor más
importante en los centros de internamiento de extranjeros en el año
1997. En el año 1994 no se inviertió nada en estos centros y en 1995
se invirtieron solamente 6 millones de pesetas. Si aquello no era
falta de recursos ¿cómo calificar esta situación?
En cuanto a estancias medias de los inmigrantes en centros de
internamiento, en el año 1997 la estancia media era de 20 días, en
1998 es de 17 y en el año 1994 era exactamente de 23 días. Se ha
aprobado el 22 de febrero de 1999, por fin -y usted me había hecho
una pregunta, que retiró porque se aprobaba-, una norma sobre
funcionamiento y régimen interno de estos centros; estaba prevista
desde el año 1985 y se ha hecho en el mes de febrero de 1999. Se
sigue avanzando, se sigue trabajando, se sigue ejecutando y hay
muchísima tarea para afrontarlo, sin necesidad de tener el Gobierno
que modificar marcos normativos. Hay que hacer una gran tarea de
ejecución en la política de inmigración en los próximos años.
Termino ya definitivamente, señoría. Usted ha hablado antes de puntos
negros, pero yo no sé si con este debate estamos desenfocando lo que
va a ser la inmigración en España en los próximos años. El Tratado de
Amsterdam va a entrar en vigor en los próximos meses y la política de
asilo y la política de inmigración se van a comunitarizar
en buena parte. De lo que tenemos que ser conscientes es de que
la inmigración va a encontrarse pronto en el primer pilar, lo que
supone que la política de asilo o la política de inmigración no tiene
vocación nacional, fundamentalmente tiene una vocación europea. El
problema de España no va a solucionarse con el tratamiento que aquí
demos a estas cuestiones, sino que lo más relevante va a ser nuestra
capacidad de influencia en la Unión Europea, porque allí se van a
aprobar políticas para todos, incluso con mayorías, no por
unanimidad. España tiene que aportar a la Unión Europea la
sensibilidad -que probablemente no tiene- de lo que significa la
inmigración de las personas procedentes de los países subsaharianos,
de los países que tienen probablemente una miseria muy alta. Ése sí
que es el gran reto de la política de inmigración. No podemos
olvidarnos de esa dimensión, porque ése puede ser un punto negro, que
no deberíamos olvidar en esta Cámara. Todos los grupos deberíamos ser
capaces no de introducirnos en este terreno en una política que tiene
estrictamente una vocación nacional, sino de estudiar la fórmula para
que podamos influir en el seno de la Unión Europea en los próximos
meses.
Muchas gracias. (Aplausos.- Varios señores diputados: ¡Muy bien, muy
bien!)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ SANZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, una interpelación es para controlar al Gobierno y
para ver, desde la oposición, los defectos que el Gobierno tiene;
pero, si usted me va a escuchar mejor si empiezo por contarle lo
positivo, le aclaro que casi coincido con el 90 por ciento de lo que
usted ha dicho. Su Ministerio ha presentado la regulación y el
reglamento o la norma de los centros de acogida. Por cierto,
ministro, me ha contado aquí algunos indicadores y ratios. De ese
control que de vez en cuando, peleándome con el ordenador, intento
hacer, he sacado la información de que usted nos debía -de una
proposición no de ley, desde el 9 de julio de 1998- un informe, que
le habíamos pedido que en dos meses entregara a la Cámara,
diciéndonos cuántas plazas había en ese momento, qué tiempo de
permanencia teníamos y qué inversiones se iban a hacer en nuevos
centros o en mejora de los existentes. La proposición no de ley
hablaba de eso y del reglamento. El reglamento ya está ahí y mi grupo
lo valora como positivo.
La lucha contra las mafias lo valoramos mucho, y le felicitamos por
cada éxito que tiene. Todos, también otros ministerios, podemos hacer
cosas que evitarían mafias, y la moción, modesta, de este grupo va a
ir en esa dirección.
La norma de reagrupamiento familiar también es importante, señor
ministro, pero hay mucho papeleo en las oficinas consulares y yo no
he visto ninguna RPT-la RPT es lenguaje administrativo- para
incrementar
el número de funcionarios ni de contratados. Y si no hacemos huecos
para que haya más personas contratadas, funcionarios o laborales, nos
podemos encontrar con lo que está pasando cada vez que hay un nuevo
contingente. Actualmente no se ha terminado el contingente de 1998 y
los funcionarios que están tramitando esos papeles tienen que
dejarlos porque tienen que empezar a tramitar ya el de 1999. Usted
sabe que cuando el Ministerio de Trabajo tiene terminados los 25.000
o los 28.000 expedientes de los contingentes de los años 1997 y 1998,
su Ministerio, por las tramitaciones y por la escasez de recursos
humanos -¡que usted tiene sólo cuatro funcionarios en Madrid para
tramitar papeles!-, está todavía ocupado con la mitad de esos
veintitantos mil; y cuando vamos al Ministerio de Asuntos Exteriores
para ver cómo está tramitando los visados nos encontramos con la
mitad de la mitad. Por lo tanto, se termina el contingente de 1998,
estamos empezando a trabajar en el de 1999 y todavía sólo está
resuelto realmente un 25 por ciento en el círculo final, que es el
visado y las oficinas consulares.
No comparto esa valoración tan positiva sobre el programa de acogida.
Sí digo que el Gobierno ha condicionado todas las políticas al
programa de acogida y que es un problema para cualquier Gobierno, y
lo es por tanto para esta Cámara, el que se concentren 1.000, 2.000 ó
3.000 personas en Ceuta o Melilla, y eso hay que resolverlo; pero que
todo lo que se hace gire en torno al programa de traslado más que de
acogida, no lo creo.
Señor ministro, usted ha hablado de la interpelación de Izquierda
Unida y de los 13 puntos de 1990. Me gustaría que la moción y los
puntos de la moción de la semana que viene pudieran significar un
avance como el de los años 1990 y 1991, que fue acompañado de un
informe del Gobierno socialista diciendo cuál era la situación de los
inmigrantes, lo que se estaba haciendo y lo que había que resolver
con normas.
Le digo telegráficamente que el Grupo Socialista quiere hacer una
moción y pactarla con todo el mundo y dar un salto cualitativo como
el de 1990 y 1991, dejando bien claro que el Gobierno tiene que hacer
y desarrollar directamente políticas sociales, porque la política de
inmigración es una política que consta clarísimamente como
competencias del Estado. El Gobierno tiene que resolver el problema
de la parálisis del foro. Dejen a las 20 organizaciones que elijan
entre ellas, señor ministro, porque son adultas, son capaces de hacer
esas cosas que usted dice: traer 4.000 personas aquí y gestionar con
el mayor éxito posible sus problemas y su realidad. Consensúen con
todos los grupos parlamentarios quién debe llevar esa presidencia,
hombre o mujer, capaz de liderar, de manda sobre ustedes y sobre el
Parlamento; hagan que los programas de acogida sean un pacto leal con
los ayuntamientos, con las comunidades autónomas y con las ONG. No
puede usted, señor ministro, como reconoce, decirles que sigan
resolviendo la llegada de inmigrantes sin tener recursos, porque las
ONG tienen muy poca capacidad
de autogeneración de recursos y mucha necesidad de subvenciones de
las diferentes administraciones.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Doña Matilde,
le ruego concluya.
La señora FERNÁNDEZ SANZ: Termino, señor presidente.
Señor ministro, hagan el centro de Ceuta, como el de Melilla, y éste,
que lo hemos visto y es un buen centro, pónganlo en funcionamiento.
Usted ya tiene el dinero de la Comunidad Europea. Por favor,
construyan el centro de Ceuta. Las personas no pueden estar como
están en Calamocarro. Hagan que las permanencias sean cortas, como
dice el foro de los inmigrantes, y resolvamos conjuntamente el tema
de Ceuta y Melilla procurando que los contingentes estén abiertos
durante todo el año y existan contingentes de Ceuta y Melilla hacia
la península; ésa será la forma de tratar igual a los inmigrantes que
vengan de Latinoamérica, que a los que estén aquí, que a los que
vengan de África o de los países del Este. Pongamos en marcha
proyectos de cooperación.
Por último, señor ministro, no se podrá hacer frente a los 600.000
inmigrantes que ya tenemos aquí, además de los 50.000 ó 100.000 más o
menos que están en situación irregular, con RPT de mediados de 1980,
con los mismos funcionarios y laborales que cuando sólo entraban
10.000 ó 20.000 personas al año en nuestro país. Eso produce cuellos
de botella; se necesitan más recursos humanos y económicos.
(Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Fernández.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Gracias, señor
presidente.
Agradezco el tono y la intervención de la diputada socialista y
quiero decirle que ojalá esta moción parlamentaria, resultante de una
interpelación, pueda significar una política más acordada y sobre
todo que sea enormemente eficaz en su cumplimiento por parte del
Gobierno; no hay cosa que más desee.
Debo decir que algunas proposiciones que ustedes han presentado y han
sido aprobadas han determinado sustancialmente la política de
inmigración del Gobierno, con lo cual ustedes en ese terreno deben
tener la satisfacción por haber hecho ese esfuerzo parlamentario,
porque no ha sido ninguna pérdida de tiempo y el Ministerio evalúa
cada una de las mociones que ustedes presentan y trata de
desarrollarlas de una forma coherente y razonable, al menos en el
límite de sus posibilidades.
A mí me parece que el balance general de una política de inmigración,
quizás a usted le parezca demasiado sencillo y elemental, es el nivel
de confrontación que se produce en el seno de una sociedad después de
practicar esa política. Si la política de inmigración no divide una
sociedad, he de decir que es sustancialmente acertada. Es evidente
que hay otro termómetro, que es el interés, el
cuidado, la preocupación por los inmigrantes, pero también en la
política de inmigración tenemos que introducir el termómetro de la
división o no, de la fractura o no, de la disgregación o no de una
sociedad. La experiencia de muchos países europeos es que en función
del partido que aspiraba al Gobierno se ha lanzado a la sociedad
siempre un mensaje equívoco que hacía de la inmigración un arma
arrojadiza. Cuando las derechas trataban de gobernar, se decía que
iban a modificar y revolucionar la legislación en materia de
inmigración para luego defraudar a su electorado; también cuando
otros partidos de izquierda trataban de acceder al Gobierno en países
europeos provocaban exactamente la misma sensación de fraude una vez
en el Gobierno al no ser capaces de afrontar los retos y
probablemente las falsas promesas de las que hacían gala. Hoy en
España no hay una fractura social en el freno de la inmigración, y
eso es bueno para la izquierda, para el centro, para la derecha y
para todos. En este sentido, yo pongo de manifiesto que actualmente
no hay ninguna quiebra en la sociedad española por la política de
inmigración. Me parece además un factor positivo para este Gobierno y
para el futuro, el que venga, sea del color político que sea.
Usted tiene razón cuando en la moción que presenta usted utiliza
varias veces el concepto de personas inmigrantes. Quiero decirlo
porque me parece que es un buen detalle por su parte la utilización
del término personas inmigrantes. Yo sé que hay quienes identifican
al inmigrante con delincuente, y no hay mayor disparate. Pero también
hay que ser conscientes -y ésa es la causa del número de personas que
residen en Ceuta y en Melilla- de que al fenómeno de la inmigración
sí que se asocia la criminalidad organizada; no digo al inmigrante,
sino al fenómeno de la inmigración. Yo quiero decirle que ésa puede
ser una de las explicaciones del aumento sustancial de delincuencia
que se está produciendo en determinados lugares. Quiero recordarle
que en el año 1997 se han desarticulado 100 redes de tráfico de
inmigrantes y se han detenido 305 responsables; en el año 1998 se han
desarticulado 141 redes, lo que significa un incremento del 41 por
ciento y se ha detenido a 331 responsables, lo que representa un
incremento del 18 por ciento; en el año 1997 la Policía ha detectado
1.698 documentos falsos relacionados con inmigrantes y durante 1998
fueron detectados en fronteras 2.049 documentos falsos, lo que en
términos porcentuales ha significado un incremento del 20 por ciento.
Asociemos, lamentablemente -y probablemente es mi especialidad-, a
este fenómeno -y hay que ser implacable- a los que trafican con
inmigrantes, porque, si hay políticas más activas de inmigración,
cada día hay grupos organizados más activos en esta materia.
Respecto de lo que dice de los contingentes, señoría, no se trata de
que yo en estos momentos trate de hacer una réplica exhaustiva,
aunque me pongo a su disposición. En general, hasta el mes de marzo
los contingentes se están resolviendo sustancialmente mejor que el
año pasado. Usted recordará que en aquella interpelación me
preguntaba si iba a haber cupos o contingentes, como si el Gobierno
del Partido Popular los fuese a eliminar.
Hemos aumentado las cifras, ya que estamos hablando de que hay 80.000
personas en el cupo en los tres años. En cualquier caso, aunque puede
y debe mejorarse, en general la respuesta es favorable y positiva.
En cuanto a los centros de Ceuta y Melilla a los que usted se
refería, se inaugura el de Melilla en el mes de abril. Aprovecho, y
no lo tome a mal, para invitarla a la inauguración del centro de
Melilla para ir juntos al centro correspondiente. En el centro de
Ceuta ya se ha determinado el solar, se está ya tramitando el
proyecto correspondiente con urgencia y yo soy el primero que tengo
un especial interés en poder justificar definitivamente el cierre
-probablemente una de las cosas más duras, más preocupantes- del
campamento de Calamocarro en Ceuta. Mi disposición es completa.
Por último -ya termino definitivamente, señoría-, en materia de
inmigración sería interesante -antes le he dicho que vamos a tener el
reto de influir en la Unión Europea- afrontar uno de los retos más
importantes que tiene España -en eso también les pido su
colaboración, que es que algunos países que tenemos un mismo tipo de
inmigración homogeneicemos nuestras estructuras políticas
y administrativas. Todos los países del sur de Europa (franceses,
portugueses, italianos y españoles) tenemos que homogeneizar,
uniformizar nuestras estructuras políticas en materia de inmigración.
Si hay un delegado de Gobierno en la inmigración, debe existir en
todos esos países. Debemos homogeneizar estos países. Tenemos que
hacer un esfuerzo entre todos los países para poder influir así en la
Unión Europea. No habrá influencias sólo de España en la Unión
Europea cuando esa política esté comunitarizada. Los países del sur
de Europa tenemos que ser los que consigamos homogeneizar estructuras
políticas y administrativas, y hemos de buscar desde esos países un
nuevo perfil de lo que es la inmigración. Por ejemplo, creo que hace
falta definir lo que es una gestión moderna de flujos migratorios ,na
gestión moderna que contemple la situación de asilados, la protección
temporal y los inmigrantes permanentes. Tenemos que saber afinar cada
uno de esos colectivos, tenemos que gestionar de una forma moderna.
Debemos de conseguir también mecanismos - y ya no sigo-, por ejemplo,
para la aplicación real de las teorías del codesarrollo, en las que
los franceses están marcando pautas importantes.
En definitiva, yo le vuelvo a insistir enque eso es un gran reto,
pero mirando hacia afuera, no simplemente quedándonos en la política
doméstica que todos tenemos planteada.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro. ¿Algún grupo parlamentario desea fijar su posición?
(Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene
la palabra el señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Señor presidente, abro paréntesis a los solos
efectos de hacer constar en el acta la profunda consternación e
indignación de mi
grupo, de Izquierda Unida, porque en estos momentos se está
bombardeando la República Federal de Yugoslavia, creando una
situación dramática, vulnerando un acuerdo que se tomó por unanimidad
en esta Cámara. Esta Cámara ha estado ausente de esa tremenda
decisión, según la que se está bombardeando con participación
española. Cierro paréntesis. Lo digo para que por lo menos conste mi
consternación e indignación.
Señora Fernández, usted puede contar con nuestro grupo para esa
moción. Una vez más, intentaremos algo que se viene repitiendo y es,
después de una interpelación, conseguir una moción que concite la
máxima unanimidad posible, pero yo le sugeriría que repasásemos
mociones anteriores, para ver si los deberes de las anteriores
mociones están hechos o no.A mí me da la impresión de que esta Cámara
va decidiendo cosas, va marcando ritmos al Gobierno, y, a la hora de
repasar esa moción, yo sospecho que parte de los deberes de la
anterior moción están sin hacer.
Señor ministro, el problema al que nos enfrentamos -usted lo califica
como no estrictamente nacional, y yo coincido con usted- es europeo.
Sin entrar en ese debate en profundidad de lo que está significando
desde nuestro punto de vista una política equivocada de Europa para
lo que va a ser sin duda uno de los problemas centrales del siglo XXI
y de la propia construcción europea, sin entrar en ese debate de
fondo, lo que le digo, señor ministro, es que fundamentalmente el
problema que tenemos es la velocidad en las soluciones, que es lenta
y genera problemas importantes.
Por ejemplo, mencionaré Calamocarro y El Ejido; pongo dos zonas
distintas del país, Almería y Ceuta. Yo acabo de visitar Calamocarro,
y estoy convencido que si allí el contingente que hay de miles de
personas (mujeres, hombres, niños) sin agua caliente, rodeados de
basura, no fuera subsahariano sino español, la celeridad en la
solución sería rápida; hay que vivirlo, hay que verlo yendo allí.
Yo sé que la secretaria de Estado de Asuntos Sociales ha ido allí, y
viéndolo -la conozco y sé de su respuesta humanitaria- inmediatamente
ha planteado que hay que hacer una acción urgente, y usted ha hablado
de la necesidad de cerrar ese campamento. Pero el problema es la
velocidad, y la velocidad en la respuesta. Y, ¿mientras tanto qué?
Mientras tanto hay que ver cómo un barril vacío se llena de agua para
calentarla al fuego para que se puedan bañar; tenemos que pasar por
una cierta autogestión; tenemos que ver que no tienen condiciones
higiénicas mínimas, que casi no se alimentan porque las unidades
alimenticias del ejército no llegan. Y digo yo: la respuesta del
Estado ante un problema de estas características ¿no podía ser más
rápida? ¿No se podría detraer dinero de una manera más rápida para
atajar este problema? El problema de El Ejido es que los propios
empresarios reclaman más cupo para los trabajadores. Son los propios
empresarios los que dicen que necesitan más trabajadores, y no hay
por el cupo. Pero en El Ejido se está creando una situación
complicada. No sé si usted vio ayer o anteayer la fotografía de un
joven marroquí con la dentadura rota; se publicó la fotografía en
todos
los medios de comunicación, aparecía con una boca reconstruida con
alambres por una agresión que sufrió en El Ejido. Éste es un síntoma,
que afortunadamente no es general. Afortunadamente, la sociedad
española es tolerante, precisamente porque ha sufrido la emigración,
pero es un problema al que hay que estar atentos.
Habría que hablar de todos los puntos que ha planteado la señora
Fernández, que yo creo que merecerían una atención especial; están
las cuestiones de Ceuta, Melilla, los contingentes, los cupos y los
centros de internamiento. Hace poco el Colegio de Abogados de Madrid
ha sacado un informe interesante, con el que todos tendremos que
trabajar, porque nos alerta de las características de estos centros
de internamiento, que no son cárceles, que no son centros de
retención, pero donde se vulneran derechos fundamentales de las
personas que están en ellos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Meyer, le
ruego que vaya concluyendo.
El señor MEYER PLEITE: La respuesta la están demandando incluso los
propios funcionarios del cuerpo de seguridad del Estado. Yo he tenido
ocasión de visitar el centro de Capuchinos, de Málaga, hace poco,
y las personas más críticas respecto a esa situación eran los
funcionarios de policía, que decían: Éste no es nuestro cometido; ni
siquiera en las cárceles el cometido de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado es el trato personal con los detenidos. Hay
personas con una formación para que en el trato con el detenido
busquen su rehabilitación y su integración social. He podido
comprobar cómo incluso los funcionarios del cuerpo de Policía se
preocupaban por el tratamiento médico de los asistentes y sacaban
medicinas de su bolsillo para poder tratarlos. Es decir, hay una
serie de actuaciones que yo creo que necesitan de otra velocidad; no
podemos ir a esta velocidad porque es generadora de conflictos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Meyer, le
ruego que concluya.
El señor MEYER PLEITE: Voy concluyendo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): No, le ruego
que concluya.
El señor MEYER PLEITE: Sí, termino ya.
Señora Fernández, cuente con nuestro grupo para intentar hacer una
moción que llegue a los problemas y que concite la mayor unanimidad
posible. Y usted, señor ministro, apriete más el acelerador, porque,
si no, vamos a tener problema tras problema.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Meyer.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Jordano.
El señor JORDANO SALINAS: Gracias, señor presidente.
Iniciaba su intervención la señora Fernández refiriéndose a una
cierta tristeza en el día. Yo creo que es un día en el que llueve
-está lloviendo mucho en Andalucía-, en el que la Cámara de los Lores
ha establecido un precedente importantísimo en derecho internacional
para perseguir a dictadores, en que las fuerzas de la OTAN están
intentando restaurar un espacio de derechos humanos en el territorio
europeo y en el que se ha presentado el informe de esta Cámara sobre
la inmigración a la sociedad. Por tanto, es un día que creo que tiene
unas características aceptables y buenas para todos, a pesar de que
esté nublado.
Han insistido mucho tanto la portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista como el portavoz del Grupo de Izquierda Unida en una serie
de factores, y parece que olvidan la realidad. Estamos tramitando
ahora mismo una reforma integral de la Ley de extranjería, que, por
primera vez en esta legislatura y con un Gobierno del Partido
Popular, va a pasar de ser una mera ley de policía de control de
fronteras a una ley de integración social del inmigrante. Y no se
pueden desconocer los esfuerzos de este Gobierno en una política de
integración. Podía haberse limitado a estar quietos esperando las
situaciones, y no actuar decididamente en una política de
integración. Expedir tarjetas sanitarias para todos los menores
inmigrantes es una política de integración activa hecha por este
Gobierno. Escolarizar a todos los niños extranjeros en España, 8.000
niños extranjeros escolarizados en el curso 1998-1999 en Madrid es
una política de integración. Hacer convenios de colaboración con
Portugal y Marruecos para dar a los niños extranjeros clases lectivas
de su cultura y de su lengua materna es una política de integración.
Hablar por primera vez desde el Ministerio de Sanidad del compromiso
de extender la tarjeta sanitaria a todos los inmigrantes y prestar
una asistencia normal y no por urgencias, como se venía haciendo, es
un claro compromiso de integración. En fin, ha criticado las
exenciones de visados en el contingente. Por primera vez se ha
aplicado con un criterio casi general la exención de visados a los
solicitantes de contingente y no se ha obligado a los de países más
lejanos a tener que ir a su país para volver a presentar en el
consulado español la solicitud de visado. Eso se ha hecho por primera
vez en este momento.
Se ha resuelto por el Ministerio de Trabajo el tema de las
irregularidades sobrevenidas cuando quiebra o desaparece la empresa y
se permite a los inmigrantes acceder a las políticas activas de
empleo. Por tanto, vemos que hay un conjunto de medidas que refuerzan
las políticas de integración social de los inmigrantes. Desde el
punto de vista de gestión, se ha resuelto el reglamento de los
centros de extranjería -ley de julio de 1995-; ya había una previsión
de creación de centros y, por tanto, una previsión de que había que
reglamentarlos; no se había hecho desde 1985.
Se ha afrontado por primera vez el problema de Ceuta. Quiero recordar
los incidentes del 20 de octubre de 1995 en las murallas reales de
Ceuta. No estaba este Gobierno en el poder en aquel momento. Tampoco
existía entonces Calamocarro, es entonces cuando se empieza a
utilizar este campamento. Lo cierto es que hasta 1995 los inmigrantes
que llegaban a Ceuta lo hacían para situarse en sus calles o en las
murallas reales. No había ningún centro de acogida ni ningún espacio
para estar. Las políticas de traer inmigrantes desde Ceuta han venido
funcionando. En 1999, la cifra es de 628 personas. Ha señalado usted
un problema, el de la falta de aviso a determinadas ONG o
determinados ayuntamientos, pero cuando se aplica la solución al
problema también la critica. Se ha buscado solucionar ese problema
con la persona de contacto, familiar o amigo del inmigrante, y la
verdad es que no hay incidencias. En la expedición del día 4 de
marzo, que es cuando se empieza a aplicar, vinieron un total de 51
personas, en la del 11 de marzo 120 personas y en la del 12 de marzo
61 personas. Por tanto, esa exigencia a partir del 4 de marzo no
parece que haya significado ningún problema para los inmigrantes.
En definitiva, y para concluir, el Grupo Parlamentario Popular está
respaldando claramente la acción del Gobierno en esta materia y
entiende que ésta es una política de Estado y que es bueno que el
protagonismo y el impulso lo tenga el Parlamento, porque para una
política de Estado eficaz es necesario el consenso y la unanimidad de
todos los grupos. El Grupo Parlamentario Popular ha estado en ese
consenso y en esa unanimidad en esta materia con el resto de los
grupos, y quiere seguir estándolo en la moción y en la multitud de
iniciativas que ha presentado el Grupo Socialista en relación con los
extranjeros. Seguiremos haciendo un esfuerzo enorme para mantener esa
unanimidad y ese criterio de consenso.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Jordano.
Concluido el orden del día, se levanta la sesión.
Eran las ocho y treinta y cinco minutos de la tarde.