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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 224, de 23/03/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 1999 VI Legislatura Núm. 224
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 216
celebrada el martes, 23 de marzo de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la
inclusión del acoso psicológico como infracción laboral en el
Estatuto de los Trabajadores. «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie B, número 280-1, de 1 de marzo de 1999 (número de expediente
122/000249) . . . (Página 11918)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para incorporar dos
disposiciones adicionales a la Ley 7/1996, de 15 de enero, de
Ordenación del Comercio Minorista. «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie B, número 292-1, de 22 de marzo de 1999 (número de expediente
122/000261) . . . (Página 11923)
- Del Grupo Socialista del Congreso, de modificación de la Ley 7/
1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie B, número 258-1, de 7 de diciembre
de 1998 (número de expediente 122/000229) . . . (Página 11923)
Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados:
- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre
declaraciones de actividades de Excmos. Sres. Diputados (número de
registro 76631) . . . (Página 11932)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios
Internacionales.
- Acuerdo entre el Reino de España y la Organización de las Naciones
Unidas relativo a la octava conferencia sobre la investigación urbana
y regional de la Comisión Económica para Europa (Madrid, 8 al 11 de
junio de 1998), firmado en Ginebra el 25 de mayo de 1998. «BOCG.
Sección Cortes Generales», serie A, número 276, de 21 de diciembre de
1998 (número de expediente 110/000224) . . . (Página 11932)
- Acuerdo entre el Reino de España y la República de Perú sobre
cooperación en materia de prevención del consumo, desarrollo
alternativo y control del tráfico ilícito de estupefacientes y
sustancias psicotrópicas, hecho en Lima el 17 de septiembre de 1998.
«BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 277, de 21 de
diciembre de 1998 (número de expediente 110/000225) . . . (Página 11932)
- Convenio entre el Reino de España y la República de Cuba sobre
ejecución de sentencias penales, hecho en Madrid el 23 de julio de
1998. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 279, de 29 de
diciembre de 1998 (número de expediente 110/000226) . . . (Página 11932)
- Tratado de Extradición entre el Reino de España y la República del
Paraguay, hecho en Asunción el 27 de julio de 1998. «BOCG. Sección
Cortes Generales», serie A, número 280, de 29 de diciembre de 1998
(número de expediente 110/000227) . . . (Página 11932)
Proposiciones no de Ley.
- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre la tarifa eléctrica para
1999. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, número 365, de 29
de diciembre de 1998 (número de expediente 162/000316) . . . (Página 11932)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre igualdad de
oportunidades. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie D, número 395, de 15 de marzo de
1999 (número de expediente 162/000353) . . . (Página 11939)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la
necesidad de una ley de armonización de la normativa de la
reorganización y reducción de la jornada de trabajo (número de
expediente 173/000130) . . . (Página 11946)
- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política de seguridad y
orden público del Gobierno, a la vista de las últimas actuaciones de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña (número de
expediente 173/000131) . . . (Página 11951)
- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre la política de
privatizaciones del sector público empresarial (número de expediente
173/000132) . . . (Página 11955)
S U M A R I O
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley . . . (Página 11918)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la
inclusión del acoso psicológico como infracción laboral en el
Estatuto de los Trabajadores . . . (Página 11918)
Presenta la proposición de ley, para su toma en consideración, la
señora Aramburu del Río, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida. Considera que la realidad es injusta con la mujer en
el ámbito doméstico, así como en el ámbito laboral, agudizándose en
éste los comportamientos de abuso de poder, que sólo son denunciables
si se trata de acoso sexual. Sin embargo hay otro tipo de acoso tan
nocivo para la dignidad como el sexual y es el que denominan acoso
psicológico. A continuación hace un análisis sobre estas actitudes,
por lo general, de los jefes con respecto a sus subordinados,
ocasionando depresiones en sus víctimas, que pueden acabar incluso en
suicidio, y asegura que la violencia en el puesto de trabajo, física
o psicológica, ha alcanzado dimensiones mundiales, según un informe
de la OIT, siendo especialmente vulnerables las mujeres. Concluye su
intervención manifestando que considera esta iniciativa humildemente
histórica; con ella pretende remover las conciencias de SS. SS. y les
recuerda que la violencia psicológica o el llamado acoso moral es la
causa del 15 por ciento de los suicidios en este país.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Almeida
Castro y el señor Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo Mixto;
la señora Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV);
el señor Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió); y las señoras Marón Beltrán, del Grupo
Socialista del Congreso, y Pardo Raga, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la
inclusión del acoso psicológico como infracción laboral en el
Estatuto de los Trabajadores, se rechaza por 137 votos a favor, 157
en contra y cuatro abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para incorporar dos
disposiciones adicionales a la Ley 7/1996, de 15 de enero, de
ordenación del comercio minorista . . . (Página 11923)
Del Grupo Socialista del Congreso, de modificación de la Ley 7/1996,
de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista . . . (Página 11923)
Presenta la proposición de ley, para su toma en consideración, el
señor Gómez Darmendrail, en nombre Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso. Manifiesta en primer lugar que la finalidad esencial de la
leyes de ordenación del comercio es garantizar el aprovisionamiento
de los consumidores con el mejor nivel de servicio posible y con el
mínimo coste de distribución, así como, y complementando lo anterior,
el deseable equilibrio en el sector comercial, compatible en todo
caso con el respeto a su capacidad de iniciativa, pero sin que ello
sea óbice para el adecuado cumplimiento de la finalidad esencial.
Considera que las leyes de ordenación del comercio han mostrado
suficientemente su eficacia en orden a la consecución de ambos
objetivos, pero ha de procurarse la mejor solución posible para
algunos problemas secundarios que se han detectado en su aplicación,
principalmente relacionados con las ventas con pérdida y con los
pagos a proveedores de comercio. A continuación explica el contenido
de su proposición de ley, que coincide básicamente con la propuesta
del Grupo Socialista sobre el mismo tema, y fija su posición en
relación con la misma.
Presenta la proposición de ley del Grupo Socialista del Congreso,
para su toma en consideración, la señora Leiva Díez. Aclara en primer
lugar que la proposición de ley de su grupo fue presentada en el mes
de noviembre, debatiéndose hoy acumuladamente con la que hace una
semana presentó el Grupo Popular sobre la misma materia. Añade que
las dos proposiciones de ley coinciden prácticamente en la necesidad
de la renovación de la ley, pero difieren en la metodología
propuesta. Opina que la ley ha sido, en términos generales, un
instrumento eficaz en la capacidad de ordenación y equilibrio en el
sector de la distribución comercial, pero la experiencia acumulada
aconseja introducir un conjunto de modificaciones que permitan la
profundización en el espíritu con el que nació y, a su vez, garantice
el mejor cumplimiento de la misma y, a poder ser, con el consenso de
todos los grupos de la Cámara. Explica las situaciones que se están
produciendo que vulneran el espíritu de la ley, refiriéndose en
particular al aplazamiento de pagos y a la venta a pérdidas.
Finalmente manifiesta que su grupo ha presentado esta proposición de
ley con espíritu de consenso y solicita del Grupo Popular que
reconsidere su voto para poder llegar a un acuerdo sobre algunos
aspectos que preocupan mucho a las pequeñas y medianas empresas del
país.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vázquez
Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario Mixto; Gómez
Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Zabalía
Lezamiz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Sánchez i Llibre,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Alcaraz
Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para incorporar dos
disposiciones adicionales a la Ley 7/1996, de 15 de enero, de
ordenación del comercio minorista, se aprueba por 165 votos a favor,
142 en contra y dos abstenciones.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Socialista del Congreso, de modificación de la Ley 7/1996,
de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista, se rechaza por
151 votos a favor, 157 en contra y una abstención.
Continúa la sesión con carácter secreto para debatir sobre el
dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, que es
aprobado.
Se reanuda la sesión con carácter público.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios
internacionales . . . (Página 11932)
Acuerdo entre el Reino de España y la Organización de las Naciones
Unidas relativo a la Octava Conferencia sobre la investigación urbana
y regional de la Comisión Económica para Europa (Madrid, 8 al 11 de
junio de 1998), firmado en Ginebra el 25 de mayo de 1998 . . . (Página 11932)
Acuerdo entre el Reino de España y la República de Perú sobre
cooperación en materia de prevención del consumo, desarrollo
alternativo y control del tráfico ilícito de estupefacientes y
sustancias psicotrópicas, hecho en Lima el 17 de septiembre de 1998 .
. . (Página 11932)
Convenio entre el Reino de España y la República de Cuba sobre
ejecución de sentencias penales, hecho en Madrid el 23 de julio de
1998 . . . (Página 11932)
Tratado de extradición entre el Reino de España y la República del
Paraguay, hecho en Asunción el 27 de julio de 1998 . . .
(Página 11932)
Sometidos a votación los dictámenes de la Comisión de Asuntos
Exteriores sobre convenios internacionales, se aprueban por
asentimiento.
Proposiciones no de ley . . . (Página 11932)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre la tarifa eléctrica para
1999 . . . (Página 11932)
Presenta la proposición no de ley el señor Fernández Fernández, en
nombre del Grupo Socialista del Congreso. Su grupo solicita una
reducción de en torno a un 8 por ciento de la tarifa eléctrica porque
desea que se aplique con todo rigor el protocolo que suscribieron en
1996 los monopolios eléctricos y el Ministerio de Industria. Explica
que en dicho documento se planteaba la posibilidad de unas
reducciones adicionales de las tarifas en función de unos
determinados parámetros como, por ejemplo, los tipos de interés y la
demanda eléctrica, y acusa al ministro de Industria de silenciar a la
Comisión del Sistema Eléctrico Nacional.
En defensa de la enmienda de adición, presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, interviene la señora Urán
González.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez
Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto;
Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y Medina Toledo, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar la enmienda presentada interviene
el señor Fernández Fernández.
Sometido a votación el punto primero de la proposición no de ley del
Grupo Socialista del Congreso sobre la tarifa eléctrica para 1999, se
rechaza por 124 votos a favor, 155 en contra y 13 abstenciones.
Sometido a votación el punto segundo de dicha proposición no de ley,
se rechaza por 136 votos a favor y 157 en contra.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre igualdad de
oportunidades . . . (Página 11939)
Defiende la proposición no de ley, en nombre del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, la señora Sainz García. Lo hace con la
esperanza de concitar la unanimidad de todos los grupos políticos
acerca de la importancia que tiene el principio de la igualdad en una
democracia. El objetivo de su proposición no de ley es construir una
nueva cooperación entre los hombres y las mujeres para garantizar la
plena y total participación de éstas y de aquéllos en un plano de
igualdad en todos los sectores y una distribución verdaderamente
equilibrada de los beneficios del progreso de la sociedad, lo que
exige no sólo una legislación adecuada, sino también una
transformación cultural de los comportamientos individuales, de las
actitudes y de las prácticas colectivas, además de una firme acción
política basada en una movilización amplia. Profundiza en estos
conceptos y concluye pidiendo el apoyo para esta proposición no de
ley desde el convencimiento de que se está ante una iniciativa
pionera entre los países europeos.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras
Salinas García, del Grupo Socialista del Congreso, y Aramburu del
Río, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; y las señoras
Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Solsona i
Piñol, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene
la señora Sainz García.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, sobre igualdad de oportunidades, en los
términos resultantes de la enmienda transaccional, se aprueba por 287
votos a favor y una abstención.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes . . . (Página 11946)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la
necesidad de una ley de armonización de la normativa de la
reorganización y reducción de la jornada de trabajo . . . (Página 11946)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente el señor
Vaquero del Pozo, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
En ella se insta al Gobierno a remitir a la Cámara un proyecto de ley
básica que sirva de marco armonizador de la normativa dispersa que
las comunidades autónomas están elaborando sobre incentivación de la
reorganización, reducción del tiempo de trabajo, horas
extraordinarias y reducción de la jornada semanal a 35 horas.
Profundiza en el contenido de su moción y recuerda que el Gobierno
deberá contemplar el marco normativo ya existente al realizar la
exigencia de la Cámara en el caso de que se apruebe la moción.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Socialista del
Congreso, interviene la señora López i Chamosa.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Caballero
Basañez, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Campuzano i
Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y
Caneda Morales, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente,
presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, se
rechaza por 17 votos a favor, 160 en contra y 123 abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política de seguridad y orden
público del Gobierno, a la vista de las últimas actuaciones de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña . . . (Página 11951)
Defiende la moción el señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario
Mixto. Manifiesta que la moción que presenta en nombre de Iniciativa
per Catalunya-El VerdsNueva Izquierda es consecuencia de la
interpelación
formulada la semana pasada en relación con la política de seguridad y
orden público del Gobierno a la vista de determinadas actuaciones de
las fuerzas de seguridad en Catalunya. Añade que, desde el más
absoluto rechazo a cualquier tipo de violencia, está convencido de
que el principal problema de inseguridad lo crearon las propias
fuerzas de seguridad con su actuación y se remite a los argumentos
dados en la interpelación. A continuación explica los cuatro puntos
de que consta la moción: llevar a sede parlamentaria lo que se ha
dicho fuera del Parlamento; investigar las causas por las que se han
producido los errores cometidos por las fuerzas de seguridad; tomar
medidas e informar al Parlamento, y pide el voto positivo y unánime
de la Cámara.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Meyer
Pleite, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y
Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Pedret i
Grenzner, del Grupo Socialista del Congreso, y Gil Lázaro, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas interviene el señor
Saura Laporta.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Mixto, en sus propios términos, se rechaza
por 137 votos a favor, 153 en contra y 11 abstenciones.
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre la política de
privatizaciones del sector público empresarial . . . (Página 11955)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente el señor
Cuevas Delgado, en nombre del Grupo Socialista del Congreso.
Manifiesta que de las explicaciones que dio el señor ministro de
Industria la semana pasada en contestación a la interpelación
presentada no se pueden sacar conclusiones claras sobre lo que ha
supuesto el proceso de privatización del sector público. Considera
que tanta importancia como pueda tener el tema de la moción lo tiene
el hecho de que la oposición pueda contar con los elementos
suficientes para ejercer su función de controlar al Gobierno y que el
Gobierno tenga la oportunidad de demostrar que no tiene problemas
para traer a la Cámara toda la información sobre este proceso o
cualquier otro. Sin embargo, opina, no se ve por ningún lado
transparencia en la información desde el momento en que se ha creado
una subcomisión sobre privatizaciones que ha sido absolutamente
inoperante y que sólo pretende lavar la cara de un Gobierno que no
quiere darla. Reitera los argumentos dados la
semana pasada en el debate de la interpelación urgente y pide el voto
favorable para su moción.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores
Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto, y Santiso del
Valle, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Guardans i
Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Peón
Torre, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene el señor Cuevas Delgado.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Socialista del Congreso, sobre la política de
privatizaciones del sector público empresarial en los términos
resultantes del debate, se rechaza por 129 votos a favor, 153 en
contra y una abstención.
Se suspende la sesión a las nueve y cuarenta minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE LA
INCLUSIÓN DEL ACOSO PSICOLÓGICO COMO INFRACCIÓN LABORAL EN EL
ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES (Número de expediente 122/000249)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Punto I del orden del día: Debates en torno a la toma en
consideración de las proposiciones de ley, que comienzan por la del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre la inclusión del
acoso psicológico como infracción laboral en el Estatuto de los
Trabajadores.
Para su defensa y presentación tiene la palabra, en nombre del grupo
proponente, la diputada doña María Jesús Aramburu.
La señora ARAMBURU DEL RÍO: Señor presidente, señorías, la
proposición de ley que traigo hoy a esta Cámara se refiere a la
inclusión del acoso psicológico como infracción laboral en el
Estatuto de los Trabajadores. Voy a tratar de razonarles y defender
lo que esta diputada considera elemental, y además tiene la esperanza
de llamar la atención para la consideración
y reflexión, en un intento de aunar voluntades, para su aprobación.
Se trata, una vez más, de radiografiar la realidad y cambiarla,
cuando es injusta. En este caso les hablo de lo siguiente. Como saben
ustedes, el ámbito laboral y el ámbito doméstico son los dos
escenarios clasificados como centrales para que las relaciones de
poder actúen en la configuración de los microclimas que formatean una
sociedad de desiguales, y es con la incorporación de la mujer al
mercado de trabajo, aunque de forma paulatina y en precario, cuando
se agudiza la existencia de ciertos comportamientos, cuyos
protagonistas pertenecen a los puestos de mando en general. Lo
trágico es que sólo cuando el acoso entra en la sustancia de lo
sexual, cuando tiene perfil, es visible y verificable, entonces es
denunciable y está tipificado, pero hay otro tipo de acoso tan nocivo
para la dignidad como el sexual y que denominamos acoso psicológico.
Este tipo de acoso consiste, señorías, en diversos procedimientos
insidiosos de destrucción, reiterativos, de jefe a subordinado
o subordinada. Se trata de tiranos impecables, sin pudor para llegar
al
asesinato psicológico, acosadores morales intrínsecamente perversos,
como los define Mary France Irigoyen, especialista en victimología.
Señorías, las víctimas de estos personajes llegan a sufrir verdaderas
depresiones que en múltiples ocasiones acaban en suicidio, lo que ha
provocado que en países como Suecia, Noruega, Suiza o Canadá se hayan
aprobado leyes contra estos personajes que asesinan amablemente y sin
compasión. Tratan de aislar y descalificar, se utiliza el comentario,
la tergiversación, la rumorología, hasta conseguir neutralizar la
defensa del contrario, no reconociendo el agresor, jamás, el
conflicto en cuestión, según la psiquiatra francesa. Señorías, estos
individuos, que suelen ser siempre jefes de algo, son expertos en
enfrentar a unos contra otros y cualquier intento de rebelión acaba
en marginación.
Hay un psicólogo y escritor español llamado Francisco Gavilán, autor
del libro Toda esa gente insoportable, que cuenta cómo el acosador
carga casi siempre a sus empleados, empleadas de horas y horas de
trabajo, de deberes por hacer, y los mantiene en vilo con exigencias
incongruentes, empeñado siempre, además, en demostrar la inferioridad
de quienes los rodean.
Señorías, estudios recientes de diferentes universidades de los
Estados Unidos sobre esta rama de la criminología que analiza las
secuelas psíquicas, las personas que han sufrido agresiones de esta
magnitud, refieren cómo el agresor es un individuo, hombre o mujer,
frágil, sin mucha personalidad y con un gran terror a perder el
poder, y para asegurárselo necesitan el permanente recurso del
autoritarismo, de la vejación y la humillación. Son criminales
enmascarados, generalmente bien adaptados, profundos conocedores de
las reglas y saben que no pueden sobrepasarse públicamente.
Señorías, atiendan y escuchen, porque un perverso no se apiada nunca,
porque no tiene conciencia. El agresor tiene dos armas fundamentales:
desestabilizar al contrario y evitar la comunicación directa,
destruyéndolo
poco a poco hasta anularlo. Sería francamente peligroso que en este
tiempo en el que se valora profesionalmente la ausencia de
sentimientos se impusiera esta patología de impostores
patrimonializando el poder, las direcciones empresariales, etcétera,
al módico precio de dejar algunos cadáveres psicológicos en el
camino.
Señorías, la violencia en el puesto de trabajo, física o psicológica,
ha alcanzado dimensiones mundiales, rebasando fronteras, entornos de
trabajo y grupos profesionales. En un reciente informe de la OIT se
afirma que algunos lugares de trabajo y profesiones se han hecho de
alto riesgo y que las mujeres son especialmente vulnerables.
Investigaciones llevadas a cabo, por ejemplo, en el Reino Unido han
demostrado que el 53 por ciento de los trabajadores, las trabajadoras
han sido víctimas de coacciones y el 78 por ciento han sido testigos.
Según un estudio realizado en Finlandia, los efectos de las
coacciones producen, por ejemplo, en los trabajadores municipales, un
40 por ciento de víctimas extraordinariamente estresadas, un 49 por
ciento anormalmente fatigadas y el 39 por ciento se sentían
constantemente nerviosos o nerviosas.
Señorías, el acoso moral o psicológico ya constituye un problema
creciente en países como Australia, Austria, Dinamarca, Alemania,
Suecia, el Reino Unido y los Estados Unidos. Sería incorrecto, además
políticamente incorrecto, y defensivo, sobre todo defensivo,
vanalizar este fenómeno reduciéndolo a conflictos individuales de
agravios o frustraciones personales.
Señorías, Vitori di Martino, que es coautor -como ustedes saben- del
informe de la OIT, nos comenta cómo la violencia psicológica, además
de la destrucción del supuesto contrario, erosiona a corto y largo
plazo la organización y el entorno general del trabajo. Sobre la
empresa recaen los costes directos del tiempo de trabajo perdido y
del reforzamiento de las medidas de seguridad; los costes indirectos
comprenden la reducción de la eficiencia, la productividad, la
disminución de la calidad del producto, el deterioro de la imagen
y la reducción de la clientela. Es más, señorías, para que se ilustren
y conozcan la envergadura de la iniciativa, que no es testimonial ni
futurista, pero tampoco se contempla en nuestro ordenamiento, debo
decirles que una encuesta realizada en los Estados Unidos por el
Instituto Nacional de Seguridad en el Trabajo da que los costes
totales ocasionados por la violencia en las empresas de este país en
1992 supusieron 4.000 millones de dólares y, según la junta de
indemnización por accidentes de trabajo, de Columbia Británica, en
Canadá, las reclamaciones por pérdidas de ingresos salariales,
deduciendo las causas de actos violentos, se ha incrementado en un 88
por ciento desde 1985. Una última muestra más de lo que trato de
decir: en una empresa alemana, con una plantilla de 1.000
trabajadores, el coste directo de la violencia psicológica se ha
calculado en 112.000 dólares anuales y los costes indirectos han sido
estimados en 56.000 dólares. Dinero, señorías.
Hoy en esta Cámara estamos ante un problema profundamente real, no
subsumido en ningún articulado, con profundas reticencias porque
nadie, señorías, quiere moverse, porque estamos construyendo una
sociedad del sálvese quien pueda, y si además las agresiones son
aparentemente invisibles, las víctimas no encuentran cómo defenderse,
ni siquiera en sus leyes democráticas.
Lo que les estoy pidiendo es que el tema, estadísticamente
demostrado, deje ser objeto de estudio para convertirse en objeto de
actuación. En este sentido, es necesario incluir un capítulo donde se
subraye la importancia de abordar la violencia en el trabajo con
criterios preventivos, considerando clave la configuración de una
respuesta eficaz tanto en la acción inmediata como en la asistencia a
largo plazo de las víctimas de la violencia.
Señorías, este tiempo de precarización y de regulación en el trabajo
hace más inseguro y débil al trabajador, a la trabajadora y consiente
cada vez más los abusos del poder. La violencia en el trabajo también
se ha globalizado y tiene los siguientes nombres, señorías:
intimidación, amenazas, ostracismo, mensajes ofensivos, lenguaje
soez, gritos, apodos, indirectas, silencio despreciativo, golpes,
daño moral, acoso psicológico, en definitiva, señorías.
Yo animo a los sindicatos, a las organizaciones empresariales y a las
fuerzas sociales a recuperar la cultura de la denuncia, y emplazo a
esta Cámara a desempolvarse, a dar amparo a las víctimas, a prevenir
los conflictos y a legislar para todos y todas, las trabajadoras
incluidas, por tanto, las mujeres cuando están doblemente afectadas.
Efectivamente, en diciembre de 1998 se ha venido a recoger en el
artículo 96 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo de 1/1995, de 24
de marzo, la figura del acoso sexual como infracción muy grave y, por
tanto, sancionable. Igualmente, es necesario introducir y equiparar
el acoso psicológico cuando se produzca dentro del ámbito a que
alcanza la facultad de dirección empresarial con un nuevo apartado,
con el 15, en el artículo 96 del mencionado texto.
Termino, señorías, diciéndoles lo siguiente: que cuando el trabajo
resulta peligroso en un país hay que decidirse entre barbarie o
civilización, y que demasiadas mujeres y demasiados ciudadanos
víctimas de abusos están siendo hoy golpeados en este país y aquí en
esta Cámara nunca pasa nada. Yo considero esta iniciativa
humildemente histórica y, por decirles algo más que remueva sus
conciencias, les recuerdo que la violencia psicológica o el llamado
acoso moral es la causa del 15 por ciento de los suicidios en este
país, y quizá a ustedes les parezca sólo algo novedosa, compleja para
su abordaje. Señorías, suelten lastre y decídanse, decidámonos a ser
útiles a esta sociedad.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Aramburu. ¿Algún grupo
desea consumir un turno en contra de la iniciativa? (Pausa.) ¿Grupos
que desean fijar su posición? (Pausa.)
Veo que tienen deseo de intervenir por el Grupo Mixto la señora
Almeida y el señor Vázquez, que compartirán su tiempo.
Adelante, señora Almeida.
El señor ALMEIDA CASTRO: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el Grupo de Iniciativa por Cataluña-Los
Verdes-Nueva Izquierda va a apoyar la toma en consideración de esta
ley y, además, va a felicitar a la exponente, porque ha hecho un
estudio muy detallado de la situación de violencia psicológica creada
en muchísimos ámbitos laborales. Esta violencia no alcanza el mismo
sentido que el acoso sexual que logramos incluir en el Estatuto de
los Trabajadores, pero hay otras situaciones que, por la precariedad
en el empleo, por el miedo a perder el mismo, por la situación en la
que las mujeres se encuentran en el trabajo, y también algunos
hombres -porque también los hombres pueden ser objeto de este tipo de
agresiones, aunque para variar mayoritariamente las sufren las
mujeres-, suponen una auténtica agresión.
Igual que en el Código Penal en estos momentos estamos intentando
hacer una modificación sobre el maltrato psíquico en el ámbito de lo
laboral, también este maltrato penalizará el ambiente donde se
trabaja o donde se tienen puestas las ilusiones de un proyecto o las
necesidades de tu vida económica, lo que está haciendo que muchas
veces se tengan que soportar estas situaciones, porque lo único que
se te permite, si el ataque es muy notorio, es una escisión del
contrato de trabajo.
Creemos que el poder estar sancionados no entre jefes sino también
entre iguales, porque la agresión puede venir de ambos, es una buena
apuesta, una buena medida que nosotros vamos a apoyar. Incluso nos
gustaría (y lo intentaremos cuando se discuta) que, además de estar
tipificado en el Estatuto de los Trabajadores dentro de las
infracciones y sanciones, se reconozca como un derecho laboral, como
un derecho de los trabajadores el no ser objeto de este tipo de
actuaciones, porque creo que eso permitiría que la defensa del puesto
de trabajo se hiciera no sólo en el ámbito de la sanción sino en el
ámbito de la decisión y de la indemnización por los daños y
perjuicios. Esto sería más útil, pero lo haremos en el trámite de
discusión, si es que hay posibilidad de hacer alguna enmienda.
Cuenten con nuestro voto positivo.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Almeida.
Señor Vázquez Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Gracias, señor presidente.
Muy brevemente, para decir que el Bloque Nacionalista Galego va a
votar favorablemente la toma en consideración de esta proposición de
ley presentada por Izquierda Unida para que se incluya como
infracción laboral en el Estatuto de los Trabajadores el acoso
psicológico.
Es verdad que repetidas veces discutimos en este Congreso cuestiones
que hacen referencia a las condiciones laborales de los trabajadores,
que han sufrido un importante retroceso en los últimos años. Aun así,
por cierto, persisten las presiones destinadas a empeorarlas. Esto
viene a cuento de que aun en las más óptimas circunstancias se pueden
producir situaciones de abuso por parte de quien detente el poder.
Sin embargo, es evidente que cuando existe una situación en la que el
paro es muy elevado o la precariedad es casi norma, los trabajadores,
y especialmente las trabajadoras, se ven indefensos. Les resulta muy
difícil defender sus derechos y en esas circunstancias los abusos se
multiplican, y, entre ellos, los abusos que tienen repercusiones
psicológicas. Efectivamente, uno en el trabajo, y una especialmente,
puede sentir gran impotencia e indefensión, caída de la autoestima,
etcétera, ante las agresiones constantes de este tipo.
Para nosotros es claro que este tipo de acoso, calificado como de
psicológico, existe y es real, y por tanto la consideración de este
comportamiento como infracción a nosotros nos parece que ayudará a
muchos trabajadores, y especialmente a las trabajadoras, a defenderse
de este tipo de abuso, y también a ver si ayuda a frenar en alguna
medida a aquellos que desde las situaciones de poder lo practican.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vázquez.
Señora Uría, por el Grupo Nacionalista Vasco.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente.
Debo manifestar a la Cámara que abordo con cierto pánico la postura
de mi grupo en relación con esta iniciativa, puesto que temo incurrir
en algún tipo de afrenta al pensamiento único que en materia
feminista parece pretender imponerse en esta Cámara.
He de decir la perplejidad en la que me sumió la lectura de esta
iniciativa. Ya conoce la Cámara cuál es mi modesta afición por la
materia sancionadora, y, puesto que de materia sancionadora se trata,
me puse a analizarla con entusiasmo. Tras la exposición de motivos,
que me pareció tremenda, no me queda nada claro qué es lo que se
pretende acotar en la iniciativa. Se dice que se quiere ir contra
ciertos comportamientos en el ámbito laboral protagonizados por parte
de determinadas personas que habitualmente desempeñan su trabajo
desde puestos de poder, y se habla del jefe o la jefa. No entiendo
por tanto qué tiene que ver con ello la
apertura del mercado de trabajo a la mujer, tal y como se manifiesta
en un apartado anterior.
El paso previo para toda tarea de tipificación es localizar un bien
jurídico a proteger y sus posibles ataques, y de este texto yo no los
deduzco. Se plantean situaciones que considero evanescentes,
inaprehensibles, indefinidas e indefinibles, dinámicas y sobre todo
subjetivas. No sé cómo puede establecerse en una norma sancionadora,
cómo se van a plasmar en el tipo, las conductas consistentes en la
destrucción que se hace con insinuaciones, comentarios, miradas,
silencios, burlas, sarcasmos y rumores, tratando de descalificar y de
aislar a la otra persona y creando la confusión en su mente,
impidiéndole así comprender y neutralizar su defensa.
Creemos que se plantean situaciones -repito- inaprehensibles. Se
rompe el principio esencial en el derecho punitivo de seguridad
jurídica, se utiliza un concepto, el de acoso psicológico, que excede
de lo permitido por el Tribunal Constitucional a la hora de admitir
tipificaciones. Creemos que no queda claro lo que se pretende y que
además se plasma de manera insegura.
Las conductas de las que se habla en la exposición de motivos que
pueden merecer reproche creemos, además, que tienen entrada en las
tipificaciones ya hoy vigentes en el Estatuto de los Trabajadores,
por ejemplo en el apartado 10 o en el apartado 12, que además, si no,
entrarían, si es que la índole de la conducta tiene matiz sexual, en
la modificación que en la Ley de acompañamiento se efectuó respecto
de este mismo precepto, el artículo 96 del Estatuto de los
Trabajadores.
Por las razones que he expuesto, el Grupo Vasco votará en contra.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el
señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
También quiero comunicar que el Grupo Parlamentario Catalán de
Convergència i Unió votará en contra de la toma en consideración de
esta iniciativa de Izquierda Unida.
Compartiendo los argumentos de la señora Uría, y, por tanto, no los
voy a repetir, tan sólo me gustaría poner encima de la mesa algunas
otras reflexiones. Muchos de los comportamientos que aquí se han
mencionado los podríamos encontrar no tan sólo en el ámbito laboral,
sino que forman parte del modelo de sociedad que estamos
desarrollando entre todos desde hace muchísimos años. Estoy seguro de
que todas las señoras diputadas y los señores diputados podríamos
explicar experiencias cercanas a las que la intervención de la
ponente de Izquierda Unida se ha aproximado. Pero también creo, y la
señora Uría lo ha dejado muy
claro, que hoy existen mecanismos en el Estatuto de los Trabajadores
que pueden permitir resolver esta cuestión. Por lo que hace
referencia al ámbito laboral, hace escasísimo tiempo hemos tipificado
el acoso sexual, y además es evidente que en la formulación jurídica
que se hacía en su propuesta nos situábamos en un tipo absolutamente
subjetivo y, por tanto, que habría también la posibilidad del abuso
en su utilización. Este es un elemento más que suficiente para
entender que no es posible dar trámite a esta iniciativa.
Otra cuestión es que, quizá, siendo conscientes de que existe un
problema, y eso creo que nadie se lo puede discutir, seamos capaces
de buscar mecanismos que nos puedan permitir tener un mayor
conocimiento del mismo y observar cuál está siendo la aplicación,
tanto del Estatuto de los Trabajadores como de las leyes de
arbitraje, y ser capaces de encontrar otras soluciones que yo estoy
convencido de que hoy no se van a situar en el terreno de una
tipificación en el Estatuto de los Trabajadores, sino que, en todo
caso, van a responder a problemas más profundos de orden cultural -
insisto- en el conjunto de la sociedad.
Un último comentario. Yo no voy a quitarle la oportunidad, la validez
y la legitimidad de la señora Aramburu al plantear esta iniciativa,
pero también lo que ha de quedar muy claro es que en este Congreso en
todas las Comisiones y en este Pleno cada día discutimos de
cuestiones que son útiles para el conjunto de la sociedad, y en el
orden del día de hoy hay un montón de medidas tan útiles como la que
nos plantea Izquierda Unida en este primer punto.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.
Doña Carmen Marón tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista.
La señora MARÓN BELTRÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, para el Grupo Socialista el contenido de la proposición de
ley que hoy debatimos, tal como está presentada con una genérica
exposición de motivos y una ambigua redacción del apartado 15 que se
pretende añadir al artículo 96 del Estatuto de los Trabajadores, no
concita un apoyo decidido, por las razones que expondré, pero también
es cierto que el maltrato o acoso psicológico en el mundo del trabajo
existe y, cuando menos, es de agradecer la iniciativa que permite
profundizar más abiertamente en las relaciones laborales y el deber
de protección de los trabajadores que va engrosándose con la
evolución, y ahí es precisamente donde se puede encontrar mayor
apoyatura, ya que aparece el concepto de salud mental.
Quizá fuera deseable analizar previamente la incidencia de ese acoso
en los contextos laborales, detectar, analizar los factores que
intervienen, cuál es el perfil de los trabajadores que lo infringen y
los que lo sufren, reflexionar sobre los mecanismos actuales para
ahondar más en la realidad social del mundo laboral y, desde luego,
establecer propuestas que permitan su prevención con mecanismos de
apoyo eficaces para mejorar el clima laboral de todos lo que acuden
diariamente a un puesto de trabajo.
Desde luego el Estatuto de los Trabajadores obliga al empresario al
deber de protección por el hecho de firmar un contrato y obliga a
proporcionar al trabajador condiciones que no sean nocivas para su
salud, pero sabemos por experiencia que ello no es suficiente. Con
esta iniciativa se introduce por primera vez el término de salud
mental o salud psíquica del trabajador, y esto sin duda es muy
importante y es un salto cualitativo en el concepto de salud laboral.
No hay duda que nada hay más importante que la dignidad de la
persona, y las humillaciones y vejaciones van minando su salud hasta
la destrucción del ser humano.
Es cierto que al hablar de salud estamos hablando, entrando ya en la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, de un posible solapamiento
que había que concretar en toda su extensión. Tal como aparece
definido en el apartado 15 que se pretende añadir, un concepto vago y
genérico que nos lleva al mundo de lo objetivo y subjetivo, como ya
se ha dicho, y para evitar posibles arbitrariedades, es preciso
dejarlo perfectamente definido, y en esa línea permítanme que haga
algunas reflexiones. Primero, en el esquema del Estatuto de los
Trabajadores las infracciones laborales se refieren exclusivamente a
las cometidas por los empresarios; los incumplimientos laborales de
los trabajadores son sancionados por el empresario.Segundo, el
Estatuto de los Trabajadores, o la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, proceden a tipificar y calificar las infracciones de las
obligaciones que establecen para cumplir las exigencias del principio
de legalidad en su vertiente de lex previa, principio de legalidad
derivado, por otra parte, del artículo 25.1 de la Constitución, que
obliga a definir con claridad e íntimamente vinculado al principio de
seguridad jurídica.
En síntesis, en el Estatuto de los Trabajadores el sujeto responsable
de la infracción es únicamente el empresario por incumplimiento de
sus obligaciones derivadas de la relación laboral y cuya exigencia
coercitiva a través de la infracción requiere que sea clara y
taxativamente tipificada. Ahora bien, en el acoso psicológico que
aduce la proposición de ley, ¿cuál es la obligación que sustenta la
infracción? Es cierto que el derecho a la inviolabilidad del
trabajador, el derecho a la seguridad e higiene se encuentran
acotados en los artículos 18 y 19. Puede defenderse que el derecho a
que el trabajador no sufra un trato que menoscabe su salud mental no
es más que una plasmación de los mismos, pero de donde deriva es del
deber de protección, al que antes me he referido, con la vigilancia
del ámbito laboral.
Las conductas, señorías, tienen que estar perfectamente definidas, y
el concepto que se introduce es indeterminado, difuso, abierto, e
incluso podría tacharse de discrecional al dejar fuera de la norma la
regulación efectiva de la conducta. Saben perfectamente
SS.SS. que la indefensión es un riesgo en sí mismo. ¿Cómo se puede
probar algo tan subjetivo? ¿No sería conveniente introducir alguna
cautela que proteja del acoso psicológico, independientemente del
resultado causado? Y, en el caso de una conducta aislada, ¿se grava
igualmente la conducta persistente que la habitual? Ello requiere
algún tipo de gradación. Quizá sea necesario recabar la opinión de
expertos en psicología o psiquiatría para conocer cómo puede influir
este acoso en las personas. Una personalidad fuerte, ¿puede
neutralizar la agresión? ¿Cuál es la capacidad de reacción ante la
hostilidad? Por otra parte, hay que tener bien presente que no
existen códigos ni leyes que puedan transformar comportamientos
sociales, por lo que es necesario buscar la raíz del problema y
contribuir a su erradicación desde la prevención.
Nuestro voto, no obstante, será favorable a la toma en consideración
de la proposición, puesto que nos parece importante introducir el
debate de la salud mental en el ámbito laboral, pero en el trámite de
enmiendas es necesario profundizar mucho más en el contenido de esta
ley, y en esa línea sugerimos introducir los tratos vejatorios o
degradantes que menoscaben la salud de los trabajadores como parte
del concepto que podamos definir. El propio diccionario de la Real
Academia define el término vejatorio como: maltratar, molestar,
perseguir, o hacerle a uno padecer; y el término degradar lo define
como: desgaste de las cualidades inherentes a las personas, humillar,
rebajar, envilecer, por lo que podemos aproximarnos al sentimiento,
a la piel de las personas que sufren estos malos tratos. Con esta
voluntad de avanzar en el tema y de llegar a un consenso entre los
grupos para articular una ley que dé soluciones a los problemas que
sufren algunos trabajadores o trabajadoras en su ámbito laboral,
votaremos favorablemente esta iniciativa, esperando que en el trámite
de enmiendas se aclaren adecuadamente los conceptos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias señora Marón.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña
María del Carmen Pardo Raga.
La señora PARDO RAGA: Gracias, señor presidente.
Señorías, subo a esta tribuna para fijar la posición del Grupo
Parlamentario Popular respecto a la toma en consideración de la
proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, referente a la inclusión del acoso psicológico como
infracción laboral en el Estatuto de los Trabajadores. Pero antes,
señorías, permítanme que haga una valoración del tema a tratar para
explicar el sentido de nuestro voto.
La referida proposición de ley se compone de una exposición de
motivos, un artículo único y una disposición final única también, con
la pretensión de que se modifique el Estatuto de los Trabajadores,
introduciendo
en su artículo 96 un nuevo apartado, el número 15, que pretende el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para que se tipifique
como infracción grave el acoso psicológico cuando se produzca dentro
del ámbito al que alcanzan las facultades de la dirección
empresarial.
Quisiera resaltar que en esta Cámara, en la Ley 50/1998, de 30 de
diciembre, sobre medidas fiscales, administrativas y de orden social,
y que el grupo proponente también cita, ya se introdujo un nuevo
apartado, el número 14 de ese mismo artículo 96, en el que ya se
tipifica como infracción muy grave el acoso sexual cuando se produzca
dentro del ámbito a que alcanzan las facultades de dirección
empresarial. Por tanto, señorías, en esta legislatura y con el
Gobierno del señor Aznar, se ha introducido ya un nuevo apartado que
vela por la dignidad de las personas trabajadoras, porque desde el
Grupo Popular siempre seremos defensores de las innovaciones
necesarias para hacer efectivo en nuestro ordenamiento jurídico tanto
la igualdad de hombres y mujeres en el acceso a los puestos de
trabajo como en las mejores condiciones y el mantenimiento de los
mismos pero, sobre todo, el respeto a la intimidad y consideración
debida a la dignidad de las personas trabajadoras.
Señorías, el hecho de que ya se incluyera este artículo 14 por
razones sociológicas, didácticas y de la gravedad de aquel momento y
la extensión del fenómeno que se había producido, no quiere decir que
cualesquiera otros supuestos imaginables de agresiones, actos de
presión o comportamientos ilícitos de carácter físico o psicológico,
susceptibles de producirse en el ámbito laboral, tengan también que
introducirse cuando ya se encuentran claramente tipificados en su
conjunto. Soy consciente, como la representante del Grupo Vasco, de
que la proposición de ley de Izquierda Unida alude a una posible
conducta de acoso, y entendemos que esto supone un menosprecio a la
dignidad de los trabajadores, según manifiesta en la exposición de
motivos. Si de verdad a lo que hace referencia este acoso psicológico
es a la dignidad, hay que resaltar que este acoso psicológico produce
una indeterminación, y podemos considerar que la protección de tal
bien jurídico ya se encuentra recogido en el apartado 11 del propio
artículo 96 del Estatuto de los Trabajadores, que tipifica como
acción muy grave los actos del empresario que fueran contrarios al
respeto a la intimidad y consideración debida a la dignidad de los
trabajadores.
Señorías, desde el Gobierno y desde el Grupo Parlamentario Popular,
la política sobre mejoras de la situación laboral de las personas
trabajadoras tiene peso específico y una prioridad máxima. Es por eso
que estamos convencidos de que se han de desarrollar medidas que
permitan la incorporación plena al mercado laboral y, después de esta
incorporación, garantizar al máximo su estabilidad y su dignidad.
Por tanto, la creación de empleo es un objetivo prioritario para este
Gobierno; es más, yo diría que es quizás el principal objetivo de su
política económica y
social, que podríamos resumir como más y mejor empleo para todos. Así
pues, en coherencia con lo anterior, no lo será menos el procurar
unas condiciones dignas dentro de este terreno laboral. Pero tampoco
es menos cierto que, como ya he dicho anteriormente, en el apartado
11 del artículo 96 ya vienen tipificados como infracción muy grave
los actos del empresario contrarios al respeto a la intimidad y
consideración debida a la dignidad de los trabajadores.
En consecuencia, no se considera justificado ni oportuno añadir al
catálogo de infracciones de dicho Estatuto un nuevo tipo como el
propuesto, de perfiles, por lo demás tan poco perfilados, y valga la
redundancia, como los del acoso psicológico. Quizás en otro momento
resultaría aceptable, pero tal como lo expresa en la exposición de
motivos el grupo proponente, nuestro voto va a ser desfavorable.
También quisiera manifestar que el propio Gobierno popular y el grupo
parlamentario al que represento hoy aquí siempre estarán a favor de
la libertad y la dignidad de las personas trabajadoras. Quiero
mandarles desde aquí un mensaje de que estén tranquilas, porque su
intimidad y la consideración debida a la dignidad de las trabajadoras
ya están recogidos en dicho artículo 96, párrafo 11.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pardo.
Vamos a proceder a la votación de la toma en consideración de la
primera de las proposiciones de ley que acaba de debatirse, que ha
sido presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
y versa sobre la inclusión del acoso psicológico como infracción
laboral en el Estatuto de los Trabajadores.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
298; a favor, 137; en contra, 157; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, PARA INCORPORAR DOS
DISPOSICIONES ADICIONALES A LA LEY 7/1996, DE 15 DE ENERO, DE
ORDENACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA (Número de expediente 122/000261)
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 7/
1996, DE 15 DE ENERO, DE ORDENACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA (Número de
expediente 122/000229)
El señor PRESIDENTE: Dentro de ese mismo punto de proposiciones de
ley, corresponde ahora el turno a la del Grupo Parlamentario Popular
para incorporar dos disposiciones adicionales a la Ley número 7, de
15 de
enero de 1996, de Ordenación del Comercio Minorista, para cuya
presentación y defensa tiene la palabra, en nombre del grupo
proponente, el diputado don Javier Gómez Darmendrail.
La proposición del Grupo Parlamentario Popular se va a debatir de
forma acumulada con la proposición de ley del Grupo Parlamentario
Socialista que trata de la misma materia. Así lo decidió la Junta de
Portavoces y, por tanto, el señor Gómez Darmendrail no sólo se
referirá en su intervención a los argumentos en defensa de la
proposición de ley de su grupo, sino que aprovechará para fijar
posición respecto a la del Grupo Parlamentario Socialista, que a
continuación será defendida en los mismos términos por su portavoz.
Cuando quiera, señor Gómez Darmendrail, si es que consigue el
silencio de la Cámara.
El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, intentaré presentar en nombre del Grupo
Popular una proposición de ley que pretende incorporar dos
disposiciones adicionales a la Ley de Ordenación del Comercio
Minorista. (Rumores.)
Señorías, la finalidad esencial de la Ley de Ordenación del Comercio
Minorista es la de garantizar el aprovisionamiento de los
consumidores con el mejor nivel de servicio posible y con el mínimo
coste de distribución. (Rumores.) Otro objetivo de esta Ley,
complementario del anterior, es el de procurar el deseable equilibrio
en el sector comercial (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, parece que no se oye ni se ve el
tiempo. A ver si se ve ahora el tiempo. Ahora se ve. Gracias,
señorías.
En cuanto a lo del silencio depende más de sus señorías, así que, por
favor... (El señor Gómez Darmendrail, pronuncia palabras que no se
perciben.) Señoría, sabe que le están escuchando a través de la
microfonía en la sala de prensa, experiencia por la que ya ha pasado
esta Presidencia en numerosas ocasiones.
Adelante, señor Gómez Darmendrail.
El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: Muchas gracias, señor presidente.
Decía, señorías, que la finalidad esencial de las leyes de ordenación
del comercio es la de garantizar el aprovisionamiento de los
consumidores con el mejor nivel de servicio posible y con el mínimo
coste de distribución. Otro objetivo de estas leyes, complementario
del anterior, es el de procurar el deseable equilibrio en el sector
comercial, compatible en todo caso con el respeto a su capacidad de
iniciativa, pero sin que ello sea óbice para el adecuado cumplimiento
de la finalidad esencial. En ese sentido es evidente que las leyes de
ordenación de comercio, en el marco general de la acción de Gobierno,
han mostrado suficientemente su eficacia en orden a la consecución de
ambos objetivos, por lo que no parece razonable exigir modificaciones
que puedan alterar el equilibrio alcanzado, que se ha mostrado
verdaderamente positivo para la buena marcha del sector. Nada obsta,
sin embargo, a procurar la mejor solución posible para algunos
problemas secundarios que se han detectado en su aplicación,
principalmente los relacionados con las ventas con pérdida y con los
pagos a proveedores de comercio, pero siempre que ello se haga por
los medios adecuados a la entidad de cada problema, como recomendó el
Observatorio de la distribución comercial, y sin poner en peligro el
consenso alcanzado en el sector en orden a la operatividad de la Ley
de Ordenación del Comercio Minorista y su ley orgánica
complementaria, que constituyen un conjunto homogéneo.
Estos problemas secundarios tienen su base, señorías,
fundamentalmente en la pretensión de algunos comerciantes mayoristas
y de algunas entidades de intermediación, que utilizan los minoristas
para centralizar sus compras y sus procedimientos de gestión, de no
estar sujetos a las normas que la Ley 7/1996 dicta en materia de
ventas con pérdida y de pagos a proveedores. Es evidente que la falta
de cumplimiento de los preceptos legales en ambas materias por parte
de los colectivos mencionados, al hacer que pierdan su eficacia
práctica las disposiciones correspondientes, puede dar lugar a un
fraude de ley que conviene evitar.
Aunque una interpretación sistemática y finalista de los preceptos de
la ley permite defender que tales preceptos son aplicables por igual
a toda clase de comerciantes, no estará de más un expreso
reconocimiento legal de esta circunstancia que permita aplicar
directamente el espíritu de la ley sin que sea preciso esperar a que
la resolución de posibles recursos cree jurisprudencia al respecto.
Además, este es un aspecto que, debatido ampliamente en el
Observatorio de distribución comercial, no ha encontrado ninguna
oposición en el sector, por lo que no parece existir ningún tipo de
inconveniente para ponerlo en práctica. Y no hay que perder de vista
tampoco, señorías, el mandato del artículo 51 de la Constitución
española que no hace distingos entre comercio minorista y comercio
mayorista cuando dispone que la ley debe regular el comercio
interior.
Por ello, la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular
coincide con la proposición del Grupo Socialista en el sentido de
propiciar la expresa inclusión de los colectivos mencionados en el
ámbito de aplicación de los artículos 14 y 17 de la Ley 7/1996. Pero
lo hace en términos más amplios y por una vía diferente: mediante la
propuesta de incorporar una simple disposición adicional a la ley, de
forma que se pueda alcanzar el mismo resultado sin tocar para nada el
cuerpo legal que puede permanecer así redactado en los mismos
términos que delimitó esta Cámara en la anterior legislatura, por
cierto, señorías, sin ningún voto en contra.
Los restantes problemas detectados sobre remisión y rectificación de
facturas y sobre un aseguramiento más firme de los pagos a los
proveedores del comercio son
cuestiones que merecen algunas matizaciones. A propósito de los
problemas en materia de ventas con pérdida, hay que señalar que en la
mayoría de los casos carecen de entidad suficiente para justificar
una modificación legal, puesto que se trata de prácticas reducidas
que podrían ser perfectamente perseguidas y corregidas por los
servicios de inspección de las comunidades autónomas, como ha puesto
de relieve la Mesa de directores generales de Comercio al ratificar
el acuerdo que al respecto adoptó una reunión anterior de técnicos de
comercio.
En relación con los problemas que ha podido suscitar la aplicación
del artículo 17 sobre pago a los proveedores del comercio, y al
margen de cualquier otra consideración, hay que insistir en el hecho
de que está en trámite una directiva europea mediante la que se
pretenden armonizar las legislaciones de los diversos Estados de la
Unión sobre esta materia, directiva que obligará a España dentro de
un plazo probablemente breve, por lo que no se considera prudente
embarcarse en una reforma legislativa que posiblemente haya de ser
revisada más profundamente en fechas no lejanas. No obstante, y dado
que la propia ley 7/1996 apunta al código de buenas prácticas
comerciales como el procedimiento que considera más idóneo para
alcanzar el pleno cumplimiento de sus finalidades, parece conveniente
hacer uso de dicho procedimiento, que no solamente permite alcanzar
los resultados apetecidos, sino que además posibilita que ello se
haga con el máximo respeto a la voluntad del legislador y sin ninguno
de los inconvenientes que llevaría consigo una modificación formal de
la ley. En este sentido, hay que tener en cuenta asimismo que
bastantes comunidades autónomas, sobre todo las que acaban de acceder
al más alto nivel de competencia en materia de comercio interior,
están preparando en estos momentos sus propias leyes comerciales en
las que cuando lo estiman oportuno contemplan ya la solución de estos
problemas, de acuerdo con algunas propuestas del Observatorio de la
distribución comercial. Por tanto, un cambio en el marco referencial
de las normas básicas entrañaría probablemente numerosos perjuicios
sin aportar ningún beneficio a las regulaciones autonómicas.
Señorías, las ventajas que encierra la fórmula del código de buenas
prácticas comerciales que propugna la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Popular son varias. Por un lado, se trata de una
fórmula propuesta en repetidas ocasiones por el Observatorio de la
distribución comercial y, por otro, es también el procedimiento
recomendado por el órgano institucional de expresión de las
comunidades autónomas al respecto, que es la mesa de directores
generales de Comercio en cuanto comisión de la Conferencia Sectorial
de Comercio.
Pero es que, además, señorías, esta fórmula de la autorregulación es
la que mejor puede compaginar el adecuado respeto de la libertad
comercial, al margen de tentaciones intervencionistas, con la
preservación del funcionamiento de la libre y leal competencia, como
consecuencia del libre compromiso de las empresas
de no incurrir en prácticas que puedan alterar el buen
funcionamiento del mercado. Todo ello, como queda dicho, con el
máximo respeto hacia el espíritu de consenso que alumbró la ley y que
se ha mantenido durante estos tres años en relación con su contenido,
no sólo en esta sede parlamentaria sino también fuera, en el propio
sector de la distribución comercial.
En consecuencia, la proposición de ley del Grupo Parlamentario
Popular se completa con la propuesta de añadir una segunda
disposición adicional a la Ley 7/1996, en el sentido de facultar a la
Secretaría de Estado de Comercio, Turismo, Pequeña y Mediana Empresa,
para que autorice, ofrezca al sector, y en su caso tutele, un código
de buenas prácticas comerciales en desarrollo del marco de mínimos
establecido por la ley para conseguir un mejor comportamiento de
todos los agentes que participan en el comercio. Para que este código
responda efectivamente a los objetivos marcados y para dar
cumplimiento al propio tiempo al acuerdo del Pleno del Congreso de 15
de abril de 1997, la disposición adicional que se propone señala
expresamente que este código deberá incluir las materias de ventas
con pérdida, aplazamientos de pago y ventas promocionales,
ajustándose a la vez a determinados principios que se considera deben
informar cualquier código de buenas prácticas comerciales. La razón
de plasmar esta autorización en una disposición con rango de ley es
la de facilitar la propia eficacia del código puesto que, de no
contar con dicha autorización legal, las prácticas correspondientes
podrían ser impugnadas en virtud de la prohibición genérica de toda
clase de acuerdos, decisiones, recomendaciones colectivas o prácticas
concertadas o paralelas que contiene el artículo 1 de la Ley de
Defensa de la Competencia. Señorías, aunque las situaciones
resultantes de los acuerdos, las recomendaciones prácticas que se
deriven de la aplicación del código de buenas prácticas comerciales
serán por su naturaleza, lógicamente, susceptibles de autorización en
los términos previstos por la propia Ley de Defensa de la
Competencia, parece más adecuado y congruente con las iniciativas a
favor del código procurar la legalización original del mismo mediante
una expresa autorización legal, tal y como permite el artículo 2 de
la misma ley.
Finalmente, señor presidente, con toda brevedad, paso a fijar la
posición de mi grupo sobre la proposición de ley del Grupo Socialista
que, por cierto, incluye en su exposición de motivos una descripción
de síntomas que es bastante acertada en líneas generales. Sin
embargo, la pretensión de modificar la Ley 7/1996 aparece como
excesiva y probablemente contraproducente; excesiva porque la
situación real de los problemas denunciados no justifica entrar a
reformar un texto que fue objeto de amplísimo consenso parlamentario,
reflejo del consenso alcanzado en el sector, que se estima que no
debe ser roto; y contraproducente porque la apertura de discusiones
acerca de la posibilidad de modificar aspectos de la ley, sobre cuya
oportunidadno exista una coincidencia unánime, podría dar lugar a
que la inevitable dinámica de los debates se extienda a otros puntos
respecto de los cuales se mantiene todavía intacto el consenso
temporal alcanzado en 1995 y cuya ruptura traería consecuencias
nefastas en todos los sentidos. La propuesta de directiva que está en
tramitación, y a la que antes me referí, lejos de ser un argumento a
favor de la necesidad de modificar la ley, hay que entenderla al
revés, como una razón para posponer cualquier modificación en este
sentido hasta el momento en que la directiva que se tramita marque
los puntos concretos que debe recoger la legislación española sobre
el particular, por lo que cualquier apresuramiento en este sentido
podría dar lugar a que las modificaciones legales que ahora se
introdujeran devinieran inservibles dentro de unos meses.
Por todo ello, estando fundamentalmente de acuerdo con la
conveniencia de procurar solucionar los problemas denunciados en
aplicación de la Ley 7/1996, mi grupo no comparte el procedimiento
que propone el Grupo Socialista y, de acuerdo con el Observatorio de
la distribución comercial, somos partidarios de una solución por
medios que guarden proporcionalidad con la entidad de cada problema,
sin romper el clima de consenso que reina en el sector de la
distribución comercial con propuestas que pongan en peligro su vida.
Por eso, señorías, anunciamos nuestro voto en contra de la
proposición de ley del Grupo Socialista y esperamos que la Cámara
tome en consideración la propuesta del Grupo Popular, que en
definitiva persigue los mismos fines pero por caminos, a nuestro
juicio,más adecuados.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: De nada, señor Gómez Darmendrail.
¿Grupos que desean consumir un turno en contra? (La señora Leiva Díez
pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: Perdón, señora Leiva. Creía que ya había
intervenido su señoría.
Como anuncié, para la presentación de la iniciativa, que es sobre la
misma materia, modificación de la Ley de Ordenación del Comercio
Minorista, por el Grupo Socialista tiene la palabra doña Ana Leiva.
La señora LEIVA DÍEZ: Señor presidente, entre que no aplicaba el
tiempo al portavoz del Grupo Popular y no me daba a mí la palabra,
parecía un agravio para mi grupo.
El señor PRESIDENTE: No se preocupe, estará amparada S.S. en todo
momento.
La señora LEIVA DÍEZ: Gracias, señor presidente.
Señor presidente, señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario
Socialista presentó en noviembre esta proposición de ley que ahora se
debate por acumulación con la que hace una semana, el 15 de marzo,
presentó
y ahora defiende el Grupo Parlamentario Popular. Coincide con
nosotros prácticamente en la necesidad de la renovación de la ley,
aunque no comparte la metodología de la propuesta. Por tanto, como ya
indicamos en nuestra exposición de motivos, la ley está demostrando
en estos tres años de vigor que en términos generales ha sido un
instrumento eficaz en la capacidad de ordenación y equilibrio en el
sector de la distribución comercial. Sin embargo, la experiencia
acumulada en el período de vigencia aconseja introducir un conjunto
de modificaciones que permitan la profundización en el espíritu con
la que nació y a su vez garantice el mejor cumplimiento de la misma,
y a poder ser con el consenso de todos los grupos de esta Cámara.
Se están produciendo situaciones de poder de los distribuidores
respecto a los fabricantes que vulneran, de hecho, el espíritu de la
ley, en particular respecto a cuestiones que afectan a la propia
competitividad de las empresas fabricantes, como son dos casos muy
concretos: el aplazamiento de pagos y la venta a pérdidas. Hemos
recogido la propuesta de modificación del artículo 1 de la ley, hemos
recogido aquí el sentir prácticamente unánime de los operadores del
sector y de los expertos, y hemos efectuado una redacción razonable
que evita vaciar el contenido actual respecto al comercio mayorista y
el fraude de ley resultante de la utilización, sobre todo por grandes
empresas de distribución, de las llamadas plataformas mayoristas como
intermediarias o negociadoras por cuenta de aquellas ante los
fabricantes. (El señor vicepresidente, Fernández- Miranda y Lozana,
ocupa la Presidencia.) Estamos convencidos de que sobre este aspecto
de nuestra proposición puede haber consenso también con los otros
grupos de esta Cámara y creemos, además, que técnicamente se debe
situar esta modificación legal en el artículo correspondiente al
objeto de la ley, que es lo que hace nuestra proposición frente a la
formulada por el Grupo Popular introduciendo una disposición
adicional. Por cierto, una y otra vez argumenta que así no se mueve
el cuerpo legal. Igual movemos el cuerpo legal con una disposición
adicional que con un artículo.
En segundo lugar, nosotros también proponemos en esta línea la
modificación del artículo 14 de la ley, prohibición de la venta con
pérdida, porque después de tres años de aplicación de la ley las
cautelas establecidas en la misma están siendo burladas. Así, se
viene detectando que en numerosas ocasiones empresas minoristas
presionan sobre el proveedor para que emita una factura rectificada a
través de la cual se corrija la situación que da lugar a la venta con
pérdida, y se da la circunstancia entonces de que una gran empresa de
distribución en el momento en que se encuentra con una denuncia de
venta por pérdidas llama a su proveedor exigiéndole una factura
rectificada que hace en la práctica decaer toda denuncia que se
hubiera podido presentar. Hemos sido prudentes pero también firmes a
la hora de proponer la modificación del artículo 14reforzando las
cautelas a través de los plazos y hemos
propuesto un plazo razonable de 10 días como adicional para
subsanación y remisión de la factura rectificada, estableciendo que
no se tendrán en cuenta las modificaciones contenidas en facturas con
fechas posteriores a los plazos indicados. Por consiguiente, creemos
que 10 días desde la remisión, si no hay reparos, y un plazo
adicional de 10 días para rectificar son más que suficientes para dar
garantías a los operadores comerciales y no burlar el espíritu de la
ley.
En tercer lugar, pensamos que es el momento de avanzar hacia una
modificación sustancial de la actual regulación sobre los mecanismos
de control de la morosidad de las transacciones comerciales y también
de los conocidos aplazamientos de pagos. Han pasado ya tres años
desde la puesta en marcha de la Ley de comercio. El artículo 17 nació
como respuesta prudente al grave problema de desequilibrio existente
entre la relación fabricante-distribuidor. Los plazos de pago
existentes en España en el momento de promulgarse la ley eran los más
altos de Europa, junto a Italia y Grecia. La Ley de comercio
estableció un sistema de garantías para el fabricante que respetando
el principio de acuerdo negocial previo evitase situaciones de
morosidad carentes de garantías. El tiempo transcurrido ha dado la
razón a quienes pensaban que sólo la capacidad de autorregulación, a
través de buenas prácticas comerciales de los sectores, no era
suficiente para equilibrar las cosas, máxime cuando las posiciones de
dominio de los distribuidores sobre los fabricantes son, como se está
demostrando, cada vez más fuertes. Los datos más recientes elaborados
por el equipo de investigación de la Universidad Autónoma de Madrid
son descorazonadores. España sigue siendo primer país en aplazar
pagos en el sector del comercio minorista. Durante los años 1996 y
1997, el período medio de aplazamiento de pagos de las cuatro grandes
cadenas de distribución minorista superaban los 120 días y, lo que es
más notable, respecto al año 1995 todas salvo una aumentaban los días
de aplazamiento medio. En muchos casos existe una doble función del
aplazamiento de pagos: permite obtener financiación sin coste para
procesos de expansión o colocar el excedente financiero en los
mercados de capitales constituyendo así una mejor rentabilidad de las
empresas. Pero esta situación afecta gravemente a la competitividad
de los fabricantes españoles, en su mayoría pequeñas y medianas
empresas, que han de financiar períodos de cobro muy superiores a los
de sus competidores de la industria europea, y se agrava desde el 1
de enero con la aprobación de la ley del euro. Creemos, por tanto,
que ha llegado el momento de abordar el problema retocando los
parámetros que conforman el artículo 17 de la ley e introduciendo
nuevos elementos de garantía. Nuestra propuesta parte del modelo
transaccional español y de la prudencia a la hora de abordar
modificaciones legislativas que entendemos ya imprescindibles. Hemos
ajustado a la nueva redacción del artículo 17 la obligación del
documento que lleve aparejada acción cambiaria. Así, cuando el plazo
pactado supere
los 75 días, el documento deberá ser endosable a la orden y, en todo
caso, en aplazamientos de pago superiores a 120 días, el aval
bancario -seguro de crédito y caución- es ineludible. Otro aspecto
del problema es el derivado de la emisión y remisión de facturas, que
ya he comentado, que en el caso de la morosidad tiene efectos graves:
establecer la obligación de emitir y remitir facturas en 30 días a
partir de la entrega de la mercancía o en el caso de múltiples
operaciones dentro del mes natural en el último día del mes.
Estas propuestas son prudentes y razonables, recogen el sentir del
sector, están dentro del espíritu de la Ley de comercio que se
impulsó por parte del Gobierno socialista y que se aprobó, como muy
bien decía el portavoz del Grupo Popular, con el consenso de todos
los grupos. Recogen también iniciativas de otros grupos, como
Convergència i Unió, que se han realizado en esta Cámara a lo largo
de la presente legislatura. Y ustedes dicen que esto se va a corregir
introduciendo dos disposiciones adicionales a la modificación de la
ley. A nosotros nos parece que es mucho más operativo que cada
problema se cuelgue del artículo correspondiente de la ley. Creemos,
además, que la propia realidad va a provocar en corto tiempo
posiciones más rígidas sobre el problema de los plazos de pago. Los
efectos de la ley francesa de limitar el aplazamiento a un máximo de
60 días todos sabemos, señorías, que han sido muy positivos. Francia
ha rebajado sustancialmente el período medio. En el debate
comunitario sobre propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre medidas de lucha contra la morosidad en las
transacciones comerciales se está configurando una opinión
mayoritaria que establezca plazos ciertos y limitativos. Esta opinión
es también la mayoritaria del sector de la fabricación y de los
expertos y de muchos comerciantes minoristas, pequeños y medianos,
que prefieren relaciones de correctas prácticas comerciales con sus
asociados naturales, que son los proveedores, y un régimen de
funcionamiento que evite el conflicto a la larga. En la última
reunión del grupo de cuestiones económicas de la Comisión, que se
celebró el 1 de febrero del año 1999, la representación española
advirtió claramente que la actual norma vigente en España es poco
eficaz, pues otorga al suministrador- proveedor un derecho al que se
suele ver obligado a renunciar por exigencia del comprador; sólo
serán eficaces las normas para las empresas acreedoras, y sobre todo
las pymes, si son imperativas y no puramente dispositivas.
Estamos convencidos de la necesidad de nuestra propuesta de
modificación legal. No hemos sido maximalistas al plantearla y ello
desoyendo muchas voces que en nuestro país y fuera de él abogan ya
por una pura ley de plazos que ponga fin con estrictos mecanismos de
control a las posiciones de abuso que estamos denunciando el Grupo
Socialista y que todos los grupos de la Cámara han descrito en alguna
ocasión. Creemos firmemente, además, que hay que ligar este problema
al de la competitividad del sector, al abaratamiento de los
costes y a las situaciones de concentración empresarial; en
definitiva, hay que relacionarlo también con la repercusión sobre los
costes finales para los consumidores. No se puede decir que la ley es
inmutable cuando ya no es operativa para regular hechos que en la
vida práctica la desborda. Es función del Parlamento recoger en
normas lo que la realidad está demandando. Han pasado 20 días desde
la comparecencia de la secretaria de Estado ante la Comisión de
Economía del Congreso sobre aspectos de la política del departamento
y en esa comparecencia tuvimos ocasión de exponer nuestro criterio.
Le dijimos también que es muy importante el empleo que genera, además
de su fuerte participación en el PIB, el sector del comercio
minorista. Nosotros nos tememos que, con esta iniciativa que ha
presentado el Grupo Popular, la gran cautela que presenta para no
modificar la ley esté más relacionada con intereses que afectan a una
minoría del sector, precisamente ésa que se beneficia del
incumplimiento de alguno de sus artículos. Debería oír y escuchar las
recomendaciones que los miembros, los expertos del propio
Observatorio de distribución comercial están haciendo al Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Leiva,
le ruego que concluya.
La señora LEIVA DÍEZ: Por lo tanto, tres años perdidos. En este
momento nosotros proponemos que haya una modificación de los
artículos 14 y 17 de la ley, pero se pueden abrir otros problemas
como los horarios comerciales y la decisión sobre el mantenimiento de
las actuales restricciones, sobre el código de buenas prácticas
comerciales del que no sabemos nada desde hace tres años, etcétera.
Mi grupo ha presentado esta proposición de ley con espíritu de
consenso y de adaptación de una ley que impulsó estando en el
Gobierno y que en conjunto ha demostrado su eficacia. En
consecuencia, desde esta tribuna pedimos al Grupo Popular que
reconsidere su voto y de esa manera, en el proceso próximo que se
tendrá que celebrar en la Comisión, podamos llegar a un consenso
sobre todos estos aspectos que preocupan mucho a las pequeñas y
medianas empresas de este país.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Leiva. ¿Algún grupo parlamentario desea utilizar un turno en
contra de las iniciativas? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su
posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Mixto tiene la
palabra el señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (Don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente.
Señoras y señores diputados, las proposiciones de ley de reforma de
la Ley del comercio minorista ponen sobre la mesa un problema real:
el abuso que las grandes
cadenas de distribución y de manera especial las transnacionales
del comercio ejercen sobre los fabricantes, a quienes colocan contra
las cuerdas con todo tipo de prácticas. Estamos ante las
consecuencias, absolutamente previsibles, de una política de comercio
que vendió como modernidad las nuevas formas de comercialización
concentradas en pocas manos y, además, en demasiados casos en manos
transnacionalizadas; una política que nosotros siempre denunciamos
por las facilidades que otorga a este tipo de empresas, conscientes
no sólo de que su instalación suponía la destrucción de comercios
tradicionales y de empleos sino por la imposibilidad de desarrollo
del capital comercial propio y, en último caso, por que afectaba al
tejido productivo, al fabricante. Y estas consecuencias hoy creo que
son evidentes. La capacidad de control que pueden ejercer y ejercen
unas pocas grandes distribuidoras se revela como nociva para el
propio tejido industrial, unos efectos que ya sufrieron en otros
países europeos, lo que les obligó a realizar modificaciones legales
o poner límites a la actividad de este tipo de empresas. Los pagos
aplazados hasta límites intolerables creo que son de todos conocidos,
así como el uso de todo tipo de triquiñuelas para demorarlos, las
ventas a pérdida, etcétera, que son, como decía, conocidos y
denunciados muchas veces por los afectados en voz baja, por los
proveedores, prácticas que suponen dificultades añadidas para éstos y
beneficios indirectos, derivados del juego con el dinero, para estas
grandes distribuidoras.
El Bloque Nacionalista Galego cree que esta situación debe ser
corregida mediante reformas legales que resulten claras, fácilmente
aplicables, que permitan la defensa de los proveedores y que a su vez
limiten los abusos de esta actividad casi oligopólica. Por tanto,
vamos a votar a favor de la toma en consideración de la proposición
de ley del Partido Socialista porque va a permitir abrir un debate
muy interesante sobre este asunto y formular aportaciones que
corrijan los problemas actuales. En cuanto a la propuesta del Partido
Popular, me parece que pretender inhibirse o que cuestiones como ésta
se resuelvan mediante la autorregulación del sector o con la puesta
en práctica de códigos más o menos morales o éticos no significa más
que no querer encarar el problema. Creemos que hay que tener una
actitud activa y hay que promover leyes que debe hacer cumplir la
Administración, de manera que estas leyes regulen y armonicen los
diferentes intereses económicos porque todos sabemos que estos,
dejados al libre albedrío, conducen en demasiadas ocasiones a
situaciones indeseables, tanto para la famosa libre competencia como
para los intereses finales de los ciudadanos.
Concluyo, señor presidente. El Bloque Nacionalista Galego cree
necesario garantizar que en el campo de la actividad comercial se
armonicen los distintos intereses de proveedores, del pequeño
comercio, de los consumidores, etcétera, con las reformas legales que
lo garanticen.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor
Gómez Rodríguez.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Con brevedad, es un criterio indiscutible que la vida mercantil tiene
un dinamismo del que adolece la vida civil, y ello se refleja no
solamente en los actos civiles y mercantiles, en las instituciones y
civiles y mercantiles, sino en las correspondientes legislaciones.
Respecto a las modificaciones del Código de Comercio, en nuestro país
surgió la necesidad de regular el comercio al por menor,
especialmente la distribución comercial, por la incorporación de
nuevas tecnologías, las nuevas formas de venta y el reto que suponía
la Unión Europea. Para modernizar todas esas estructuras comerciales,
ayudando a corregir los desequilibrios entre las grandes y las
pequeñas empresas comerciales y manteniendo los principios de
libertad de empresa y libre circulación de bienes, nació la
importante Ley de Ordenación del Comercio Minorista, Ley 7/1996, de
enero, que fue lograda con un amplio consenso, ley de mínimos que
regula la oferta comercial y lo referente a los precios y a la rica
variedad de toda clase de ventas. Para no alargarnos, recordemos
solamente los contenidos de los artículos 14 y 17, el primero
referente a la prohibición de la venta con pérdida y el segundo al
pago a los proveedores. Pues bien, tanto en la iniciativa del Grupo
Popular como en la del Grupo Socialista se está de acuerdo en la
necesidad de actualizar sus contenidos, pero no debemos olvidarnos ni
del sector ni de la legislación autonómica ni de la legislación
comunitaria. El sector tiene preocupación pero tiene opinión, las
legislaciones autonómicas no pueden ser pisoteadas y la legislación
comunitaria, la legislación de la Unión Europea, va a ser
supraestatal. Por tanto, supone un trabajo baldío regular algo que
dentro de pocos meses nos vamos a ver obligados a rectificar. Por
ello, más que por técnica legislativa por una redacción más lógica,
nos parece superior la proposición de ley del Grupo Popular, que en
el fondo viene a recoger muchas de las inquietudes, magníficas, del
Grupo Socialista; por ejemplo, la del artículo 1 está recogida en la
disposición adicional séptima.
Nosotros vamos a votar a favor de la proposición del Grupo Popular y,
sintiéndolo, no vamos a apoyar la del Grupo Socialista. Estimamos
-repito- que no debemos adelantarnos a la directiva europea. Al mismo
tiempo que valoramos positivamente los contenidos de ambas
iniciativas legislativas, debemos pensar en la prudencia sobre algo
que va a ser regulado posteriormente, así como contar con las
autonomía y con el sector que va a ser regulado.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Zabalía.
El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Gracias, señor presidente.
Las dos proposiciones de ley que se han presentado a esta Cámara, por
el Grupo Parlamentario Popular y por el Grupo Socialista, parten de
una misma percepción, y es que tres años después de haber entrado en
vigor esta Ley de Ordenación del Comercio Minorista -que nos costó
más de dos años prepararla- se detectan algunos problemas y
disfunciones que hacen necesario regular con mayor precisión y
claridad algunos aspectos de esta ley. (Rumores.) Incluso las dos
proposiciones de ley coinciden (no en la presentación, porque la del
Grupo Socialista se presentó en diciembre de 1998 y la del Grupo
Popular en marzo de 1999) en señalar la conveniencia de extender la
regulación de los artículos 14 -que trata de la prohibición de la
venta con pérdidas- y 17 -en cuanto al pago a proveedores-
a entidades de cualquier naturaleza jurídica, no sólo las que están
dedicadas al comercio minorista sino también las que se dedican al
comercio mayorista, aunque la ley no incluye este aspecto. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento,
señor Zabalía.
Señorías, les ruego guarden silencio. Señor Ros, el señor Zabalía
está interviniendo desde el escaño y es imposible que pueda hacerlo
si SS.SS. están hablando. Les ruego que abandonen esa zona del
hemiciclo.
Puede continuar, señor Zabalía.
El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Gracias, señor presidente.
Decía que la ley que regula los aspectos relacionados con el comercio
minorista no incluía a los operadores ajenos al comercio minorista o
que presten servicios de intermediación. Por tanto, era importante
contemplar esta situación.
Por lo demás, las iniciativas de los dos grupos hacen sus propuestas
de forma detallada y concreta. El Grupo Socialista propone una
redacción pormenorizada de la modificación de los artículos 14 y 17,
que es en realidad una nueva redacción, mientras que la proposición
de ley del Grupo Popular plantea un cambio legislativo mediante la
presentación de una disposición adicional, que también es una forma
de modificar la ley pero que en el fondo no viene a proponer una
redacción nueva de estos artículos sino que remite a la Secretaría de
Estado de Comercio la autorización y tutela del sector mediante un
código de buenas prácticas, con especial consideración a los dos
temas a los que alude la proposición de ley del Grupo Socialista, es
decir, las ventas con pérdidas y el aplazamiento de pagos.
Desde el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), estamos de acuerdo en que
hay que solucionar la problemática suscitada en relación con estas
dos cuestiones mediante una reforma legislativa, un código de buenas
prácticas
o lo que se estime conveniente, pero lo que es importante, sobre todo
para el sector, es dar solución a esta problemática de forma
adecuada, eliminando interpretaciones y asegurando el cumplimiento
estricto de las condiciones de pago que están establecidas y que es
uno de los caballos de batalla en estos momentos. Creemos que la
normativa en vigor no soluciona las disfunciones que la práctica
mercantil está ocasionando, no está evitando las posiciones de fuerza
que utilizan los grandes distribuidores sobre el pequeño comercio
y seguimos sin resolver los problemas del aplazamiento de pagos. Por
tanto, estamos de acuerdo en aceptar la toma en consideración, pero
sin referirme a ninguna de las proposiciones de ley porque creo que
el objetivo de las dos es el mismo aunque el procedimiento es
diferente. Desde el Grupo Parlamentario Vasco decimos lo siguiente:
vamos a trabajar para dar solución al problema. ¿A través de cuál de
las dos? En principio no tenemos ninguna preferencia. Mi grupo
parlamentario va a apoyar la toma en consideración de las dos
proposiciones de ley. Ahora bien, en caso de que las dos fuesen
aprobadas habría que establecer algún acuerdo para que al final un
sólo texto pudiera ser tramitado. En cualquier caso, debe imperar el
objetivo que se persigue y no la forma en que se puede conseguir.
Desde nuestro grupo parlamentario vamos a trabajar en este sentido,
presentaremos las enmiendas correspondientes al articulado de la
proposición de ley que sea aprobada, y como digo, en caso de que
fuesen las dos insistiríamos en que se llegue a un acuerdo para que
haya un solo texto legislativo con el que trabajar.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Zabalía.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, en primer lugar, mi grupo parlamentario
de Convergència i Unió quiere constatar si una vez transcurridos más
de tres años desde la aprobación y publicación de la Ley de
ordenación del comercio y de la Ley orgánica complementaria de la
anterior, y en vista de los resultados previstos en la aplicación de
las mismas y en las actividades comerciales, se ha demostrado la
correcta orientación del consenso alcanzado en aquella ocasión, que
permitió aprobar ambas leyes con una amplia mayoría de los grupos
parlamentarios representados en la Cámara.
Es evidente que mi grupo parlamentario de Convergència i Unió quiere
constatar que también urge completar dichas actuaciones con otras
orientadas a la modernización del sector desde una perspectiva
global. Al igual que en décadas anteriores en las que se afrontaron
importantes procesos de reconversión que afectaron a sectores
industriales específicos, es preciso reconocer
que en estos momentos el comercio interior es un sector de
servicios en el cual se afrontan profundas reconversiones; proceso
que a nuestro entender debe ser aprobado e impulsado por una política
económica y por las propias administraciones públicas al objeto de
evitar una destrucción importante del tejido económico, y básicamente
por tres cuestiones: en primer lugar, porque el comercio minorista o
detallista afecta a casi 2 millones de empleos; en segundo lugar,
porque el comercio minorista es un sector clave en el control de la
inflación; y en tercer lugar, porque desde esta perspectiva se
mantiene una doble estructura económica: las grandes superficies que
están en contraposición con el pequeño comercio, y éste deberá seguir
coexistiendo en equilibrio en el futuro para fortalecer desde todas
las perspectivas y desde todas las ópticas industriales el tejido
productivo del país.
Justamente por estos motivos mi grupo parlamentario de Convergència i
Unió presentó el día 22 de mayo de 1997 una moción consecuencia de
interpelación sobre la modernización del comercio interior,
básicamente sobre cuatro áreas que a nuestro entender incidían muy
directamente en la modernización del comercio interior: unas medidas
orientadas a mejorar todos aquellos aspectos fiscales que incidían
plenamente en el pequeño y mediano comercio, unas medidas que iban
dirigidas a los aspectos administrativos y de carácter mercantil de
las pequeñas y medianas empresas, otras medidas relativas a la
financiación y aspectos financieros que incidían para dar mejor
dotación de recursos financieros a las pequeñas y medianas empresas,
y el último paquete de medidas referidas a la formación profesional y
a todos aquellos aspectos laborales que pudieran mejorar la
competitividad de este tejido de pequeña y mediana empresa.
Justamente dentro de los acuerdos que se aprobaron en la mencionada
moción figuraba promover la elaboración y la adopción por parte del
sector comercial de códigos de conducta y de buenas prácticas
comerciales sobre las ventas a pérdidas, sobre los aplazamientos de
pago y sobre ventas promocionales. La moción que se aprobó en esta
dirección es el centro de atención de las dos proposiciones de ley
que hoy han presentado, una por parte del Grupo Popular, y otra por
parte del Grupo Socialista.
Respecto a la posición que nuestro grupo va a adoptar sobre la
proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, en
la que se añaden dos disposiciones adicionales respecto a la
ampliación de lo dispuesto en los artículos 14 y 17 de prohibición de
las ventas con pérdidas y pagos de proveedores, entendemos que dicha
extensión es positiva porque incrementa la posibilidad de ampliar
dichas características a las entidades jurídicas que se dediquen por
una parte al comercio mayorista y minorista, y también posibilita que
se extienda a las entidades jurídicas que se dediquen o efectúen
adquisiciones o presten servicios por cuenta de los pequeños y
medianos comerciantes. Portanto, desde esta perspectiva la
disposición adicional
en cuanto a la extensión de los condicionantes de los artículos 14 y
17 de la Ley de Comercio mejora sustancialmente dicha Ley, y es
coincidente en el fondo con la propuesta presentada por el Grupo
Socialista en cuanto a la modificación de dichos artículos, pero no
en una disposición adicional sino justamente en los artículos 14 y
17.
Respecto a la segunda propuesta que nos presenta el Partido Popular
de incorporar una disposición adicional séptima, que facilite o
faculte a la Secretaría de Estado, Comercio y Turismo y de la Pequeña
y Mediana Empresa, para que tutele dentro del sector un código de
buenas conductas que permita en la práctica autorregular las reglas
fundamentales de las relaciones comerciales con el objeto de
conseguir un mejor comportamiento de todos los agentes que participen
en el comercio con aplazamiento de pagos y ventas promocionales y que
también se ajuste a los principios de voluntariedad, transparencia,
proporcionalidad y no discriminación respecto a lo pactado, nuestro
grupo parlamentario entiende que ésta también es una cuestión que
mejorará con toda seguridad el comportamiento y el buen uso de las
prácticas comerciales. Desde la óptica de Convergència i Unió ya
adelantamos que en el trámite parlamentario oportuno, en el caso de
que hoy esta propuesta se tome en consideración, vamos a intentar
presentar enmiendas para que se pueda impulsar esta tutela del código
de buenas conductas y prácticas comerciales, de acuerdo con el
reconocimiento de las respectivas competencias de las diferentes
comunidades autónomas en materia de comercio interior, que como SS.
SS. saben tienen competencias exclusivas en la materia.
Sobre la proposición de ley presentada por el Grupo Socialista, el
punto 1 se ajusta en el fondo a la propuesta realizada por el Grupo
Popular. En cuanto a la propuesta de modificación del punto número 2,
sobre las facturas de las ventas en pérdidas, nuestro grupo
parlamentario ya anuncia que para poder referenciar las facturas como
elemento probatorio y de rectificación, presentará enmiendas que irán
justamente en la dirección que ha presentado el Grupo Socialista en
la tramitación parlamentaria que se producirá en la Comisión, ya que
nuestro grupo entiende que este mecanismo dará solvencia en el
proceso de pago administrativo porque introduce limitaciones en el
tiempo a la presentación de facturas rectificadas, lo que
posibilitará que se resuelva la situación actual de desviación de las
responsabilidades derivadas de la venta de pérdidas a la que hoy se
está aludiendo a través de la práctica de dicha ley.
En la votación que se va a producir inmediatamente, nuestro grupo va
a votar favorablemente la proposición de ley presentada por el Grupo
Parlamentario Popular, y vamos a votar en contra de la proposición
presentada por el Grupo Socialista y defendida muy inteligentemente
por la diputada Ana Leiva, porque en el fondo estamos aprobando, al
menos desde nuestra perspectiva, el punto 1 de su proposición de ley,
y ya hemos
anunciado que vamos a presentar en el correspondiente trámite
parlamentario enmiendas referidas a la posición que ustedes anuncian
respecto a los elementos probatorios de rectificación de facturas.
Muchas gracias, señoras y señores diputados. Muchas gracias, señor
presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Sánchez i Llibre.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene
la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señor presidente.
De manera muy breve queremos decir que esta proposición de ley que
pretende modificar la Ley del comercio minorista es necesaria por las
disfunciones que se ha generado a partir de la puesta en práctica de
la ley que aprobamos aproximadamente hace tres años.
Hay que exigir a los mayoristas lo mismo que ya se exige al comercio
minorista, que está sometido prácticamente -ya se ha dicho aquí con
anterioridad- a un régimen oligopólico en muchas de las proyecciones
en que se desarrolla su vida normal, por ejemplo en el tema de la
venta con pérdidas o en el tema de la regulación a pago de los
proveedores.
Hay dos proposiciones de ley, la del PSOE presentada tres meses y
medio antes que la del Partido Popular, y que coinciden en la primera
parte pero no en la segunda, que es la más interesante como se suele
decir.
Nosotros pensamos que si el espíritu de la propuesta del PP es el que
se va a mantener en el texto definitivo, no podríamos estar de
acuerdo puesto que a través de las dos disposiciones adicionales y
facultando a la secretaría de Estado de Comercio se lleva al Gobierno
a que ofrezca, y en su caso tutele desde el Gobierno y no desde la
ley, un código de buenas prácticas comerciales para conseguir un
mejor funcionamiento del sector que se intenta regular.
Por tanto, no compartimos esa segunda parte, en la que parece no se
intenta de verdad una regulación en serio del sector minorista,
rectificando la ley que se aprobó y que no funciona bien, por lo que
nosotros de manera preferente votaremos la toma en consideración de
la proposición presentada por el Partido Socialista.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Alcaraz.
Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a las votaciones
correspondientes a las proposiciones de ley que han sido presentadas
y debatidas.
La primera corresponde al Grupo Popular, para incorporar dos
disposiciones adicionales a la Ley 7/1966, de 15 de enero, de
ordenación del comercio minorista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
309; a favor, 165; en contra, 142; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, aprobada la toma en
consideración de la proposición de ley.
Se somete a votación ahora la proposición del Grupo Socialista,
también de modificación de la citada Ley de ordenación del comercio
minorista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
309; a favor, 151; en contra, 157; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Socialista.
Punto II del orden del día.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS. (SESIÓN
SECRETA.)
- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE
DECLARACIONES DE ACTIVIDADES DE SEÑORES DIPUTADOS (Número de registro
76631.)
Se somete a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los
Diputados, que es aprobado.
Se reanuda la sesión con carácter público.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS
INTERNACIONALES.
El señor PRESIDENTE: Señorías, si ningún grupo parlamentario desea
intervenir sobre los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores
procederíamos a su votación, y a su vez si no desean que se somete al
procedimiento de votación electrónica (Rumores.), a reserva de la
petición del señor Martínez Sanjuan en solitario (Risas.), parece que
podemos proceder a votación por asentimiento.
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES
UNIDAS RELATIVO A LA OCTAVA CONFERENCIA SOBRE LA INVESTIGACIÓN URBANA
Y REGIONAL DE LA COMISIÓN ECONÓMICA PARA EUROPA (MADRID, 8 AL 11 DE
JUNIO DE 1998), FIRMADO EN GINEBRA EL 25 DE MAYO DE 1998 (Número de
expediente 110/000224)
El señor PRESIDENTE: En primer lugar, Acuerdo entre el Reino de
España y la Organización de las Naciones Unidas, relativo a la Octava
Conferencia sobre la investigación urbana y regional de la Comisión
Económica para Europa. ¿Lo acuerda sí el Pleno? (Asentimiento.)
Muchas gracias.
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE PERÚ SOBRE
COOPERACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO, DESARROLLO
ALTERNATIVO Y CONTROL DEL TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y
SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, HECHO EN LIMA EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 1998
(Número de expediente 110/000225)
El señor PRESIDENTE: Acuerdo entre el Reino de España y la República
de Perú sobre cooperación en materia de prevención del consumo,
desarrollo alternativo y control de tráfico ilícito de
estupefacientes y sustancias psicotrópicas, hecho en Lima el 17 de
septiembre de 1998. ¿Lo acuerda también el Pleno? (Asentimiento.)
Muchas gracias.
- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE CUBA SOBRE
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS PENALES, HECHO EN MADRID EL 23 DE JULIO DE
1998 (Número de expediente 110/000226)
El señor PRESIDENTE: Convenio entre el Reino de España y la República
de Cuba sobre ejecución de sentencias penales. ¿También se entiende
aprobado? (Asentimiento.)
Gracias.
- TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE
PARAGUAY, HECHO EN ASUNCIÓN EL 27 DE JUNIO DE 1998 (Número de
expediente 110/000227)
El señor PRESIDENTE: Tratado de extradición entre el Reino de España
y la República del Paraguay, hecho en Asunción el 27 de junio de
1998. ¿También lo acuerda así el Pleno? (Asentimiento.)
Muchísimas gracias, señorías.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE LA TARIFA ELÉCTRICA PARA
1999 (Número de expediente 162/000316)
El señor PRESIDENTE: Punto IV del orden del día: proposiciones no de
ley.
En primer lugar la del Grupo Socialista sobre la tarifa eléctrica
para 1999.
Para la presentación de la iniciativa y en nombre del grupo
proponente, tiene la palabra don Javier Fernández. (El señor
Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Ruego a SS.SS. que ocupen sus
escaños para que el señor Fernández pueda iniciar su intervención, o
bien desalojen por favor el hemiciclo aquellos que están en trance de
hacerlo. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente. Señorías, si
el Grupo Socialista en cuyo nombre me dirijo a ustedes, plantea la
reducción de la tarifa eléctrica para 1999 en torno al 8 por ciento,
es porque queremos que se aplique con todo rigor aquel protocolo que
en 1996 suscribieron los monopolios eléctricos y el Ministerio de
Industria. En aquel documento se planteaba una senda de tarifas, pero
también y en función de la evolución de determinados parámetros
podría haber reducciones adicionales de esas tarifas. Uno de esos
parámetros eran los tipos de interés, si el mibor a tres meses bajaba
del 6,5 por ciento, y ustedes saben perfectamente que en 1998 se
situó en el 4,5 por ciento. Otro parámetro que evolucionó muy
positivamente fue el de la demanda eléctrica. Se promovían
reducciones adicionales si esa demanda superaba el 3,5 por ciento, y
en 1998 se ubicó en el 6,5 por ciento, es decir tres puntos por
encima. Sin embargo, los consumidores tuvieron una magra bajada de
tarifas, pese a los planteamientos de la Comisión reguladora
independiente, del Grupo Socialista, de la oposición y de los propios
consumidores. Pensamos que este año hay que recuperar esa posiblidad
de bajada de tarifas que nos proporcionan las previsiones que hace el
propio Gobierno: un crecimiento de la demanda de cinco puntos, es
decir 1,5 por debajo del de 1998, y una disminución del mibor medio
de 20 puntos básicos respecto al de 1998.
Hemos analizado el mayor coste que tiene esa también mayor demanda,
el hecho de que la demanda no se distribuya igual en todos los
suministros, el incremento de los excedentes del régimen especial que
aumenta los costes y hemos considerado también el hecho de que los
clientes cualificados puedan acceder al mercado. Si todos ellos lo
hubieran hecho el día 1 de enero, que no lo hacen porque entre otras
cosas algunos están ubicados en tarifas bonificadas de las que no se
van a mover, se podría hacer una disminución de ingresos de las
eléctricas por precio y tarifa del orden del 8 por ciento, pero en
ningún caso podría disminuir la tarifa menos del 6 ó 7 por ciento.
Esos son los números, sin entrar en otras cuestiones que están en el
decreto de tarifas; por ejemplo el hecho de que se esté cobrando a
los consumidores por una señal, que viene a indicar las necesidades
de nueva capacidad en el mercado -unos 200.000 millones al año-,
cuando en este parque hay una sobrecapacidad de aproximadamente
el 20 por ciento. Son 1,3 pesetas por kilowatiohora que se dice
por el Gobierno se reduce a los consumidores cualificados, y es
verdad hasta 0,3 pesetas por kilovatio-hora, pero no se dice a los
consumidores que se les aumenta la tarifa en la misma medida con una
especie de subsidio cruzado, de tal manera que las eléctricas tengan
el mismo ingreso por ese concepto.
Otra cosa que se encuentra también en ese decreto de tarifas y que me
interesa resaltar, es que mientras todos estamos pendientes del
debate de la titulización de los costes de transición a la
competencia, las eléctricas han metido otra vez la mano en el cajón
que les abre el regulador, de tal manera que ha habido una
transferencia de fondos desde una actividad liberalizada, como es la
comercialización, hacia una actividad regulada y por tanto sin riesgo
como es la distribución, sin que ello esté vinculado a ningún aumento
de la calidad, salvo 10.000 millones en concreto, y sin que se haya
procedido a la separación jurídica de los distintos negocios; es
decir entre 1996 y 1998 la retribución de la distribución ha
aumentado el 39 por ciento, de 207.000 a 328.000 millones de pesetas.
Eso, además, es una gravísima barrera de entrada para nuevas
comercializadoras al reducir los costes de gestión comercial, de tal
manera que este remedo de mercado existente se repartirá entre las
cuatro empresas comercializadoras de Unesa. Esos son los números que
nosotros planteamos para esa rebaja, aprovechando que hay un 4,5 por
ciento de aceptación, impuesto, recargo, lo que ustedes quieran
llamar, para la recuperación de los costes de transición a la
competencia, más otros cuatro mil y pico millones, también de costes
de transición a la competencia, que se recuperarían por diferencias.
Señorías, como esos costes de transición a la competencia están
considerados por la Comisión como una ayuda pública, deben ser
sometidos a aprobación, y antes de esa aprobación lo que procede -y
así lo establecemos en el punto segundo de nuestra proposición- es
quitarlos de la tarifa, y así podríamos obtener esa rebaja que
proponemos.
En una cuestión tan aritmética, son los números los que quitan o dan
las razones, y a mi me gustaría saber si el Grupo Popular tiene algún
número más que estos que amablemente me ha proporcionado el mismo
señor Medina respecto a unas estadísticas, de las tantas que existen,
y en las que se dice que Francia va justo detrás de nosotros en el
proceso de liberalización, cuando de todos es sabido que en Francia
hay un monopolio eléctrico, que es el de EDF, que por cierto, pese a
sus estadísticas o en otras estadísticas, parece que ese monopolio
público baja más las tarifas que lo que se está produciendo en
España. Así que espero que tenga más números y menos literatura, como
la literatura que acostumbran a esgrimir en estos casos, aquello de
que la bajada de tarifas se produce como consecuencia de la
liberalización, cuando si ustedes echan un vistazo a lo que son las
cuentas de Unesa de 1990, verán que los costes que bajan son los que
no son gestionables por lasempresas: baja un 13,5 los costes
financieros, baja un 13
por ciento los de aprovisionamiento de materias primas energéticas y
suben los costes gestionables un 1,6.
Seguramente si fuera el ministro el que me contestara, añadiría
todavía más tópicos vacíos y más literatura. Todos sabemos -y yo lo
he comentado muchas veces- que es un experimentado creador literario,
no me refiero ya a su obra primeriza de ambiente empresarial, sino a
su obra política. Esas tres novelas, esa trilogía política
problemática sobre las subvenciones, las privatizaciones y ésta que
nos ocupa hoy de las liberalizaciones, porque al fin y al cabo la
cuestión eléctrica es el tema esencial o uno de los temas esenciales
de las liberalizaciones del Gobierno del Partido Popular. Ya sabemos
que la novela de las subvenciones nos introduce en un mundo de
fealdad casi filistea, en un mundo de transgresiones e hipocresía,
mientras que la de las privatizaciones es toda ella una reflexión
sobre la clandestinidad, está llena de metáforas, como aquella imagen
tan bonita en la que parece que la apropiación política de las
empresas se le denomina modernización. También tiene una carga
simbólica elevada el hecho de que el Consejo Consultivo de
Privatizaciones sea él mismo un órgano clandestino o semiclandestino
que no tiene ni ubicación política ni presupuestaria ni
administrativa. Pero hoy toca lo de las liberalizaciones. Estábamos
con esa novela problemática, que es toda ella de fabulación. En ella
hay una deformación intencionada y grotesca de la realidad, como si
el nuevo callejón del gato fueran ahora los pasillos del Ministerio
de Industria. Ahí el ministro recrea una nueva realidad, en la que se
hace una auténtica estafa intelectual, un alarde informativo colosal,
en el que se hace pasar por profundas modificaciones estructurales lo
que son cambios puramente epidérmicos y superficiales.
Se nos dice que la bajada de tarifas es consecuencia del mercado,
cuando ya hemos visto que no lo es en absoluto; o se recurre a
aquello de que había un billón 300.000 millones que eran derechos de
los consumidores y luego nos enteramos, por quien tiene que
bautizarlos, que es la Unión Europea, de que son ayudas públicas; o
se dice también que el anterior marco normativo aseguraba no sé
cuántos millones más, y resulta que una de las grandes empresas de
Unesa tenía recurrido ese marco normativo, y sin embargo cuando se
cortan esas expectativas de ingresos no dice absolutamente nada;
igual que cuando ahora se reducen un 2 ó un 3 por ciento las tarifas,
todo el mundo está de acuerdo y no pasa nada, hay una extraordinaria
comunión entre las empresas eléctricas y el Gobierno, mientras que
cuando en 1996 el Gobierno socialista congelaba esas mismas tarifas,
las empresas de Unesa, la patronal eléctrica, se iba al contencioso-
administrativo. No me negarán que hay algo paradójico en todo esto
que nos hace entrever un cierto fondo de insalubridad o tal vez de
perversión.
Por cierto, señor Medina, al hablar de la congelación me he acordado
de las tarifas de 1996. Usted siempre me recuerda que, en aquel año,
la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional dijo al Gobierno
socialista que
había que disminuir en un punto las tarifas y que el Gobierno no le
hizo caso. Yo le aseguro que es verdad que discreparon en aquella
ocasión el Gobierno y la Comisión, y seguramente lo hicieron en otras
ocasiones también; pero lo que nunca hizo aquel Gobierno fue intentar
represaliar y silenciar a la Comisión, y eso sí lo está haciendo este
Gobierno y lo está haciendo este ministro.
Primero fue aquella tosca manera de intentar liquidar la Comisión
mediante el proyecto de ley del sistema eléctrico; volvieron a
insistir tozudamente en el proyecto de ley de hidrocarburos; luego
vinieron las acusaciones de politización; luego el intento de asfixia
financiera; más tarde o siempre, el ninguneo permanente; y ahora la
guinda, el colofón: un reglamento interno según el cual todas las
decisiones e informaciones, esos informes que nos manda la Comisión,
tienen que pasar por la censura previa del Ministerio de Industria.
Se trata, en definitiva, de eliminar mediante este corsé cualquier
atisbo de independencia o autonomía de un órgano que, por definición,
debe ser independiente. Por esa vía del sigilo y de la
confidencialidad se le lleva a lo que siempre ha sido el sector: la
opacidad, el secretismo y la ocultación. Se intenta convertirlo en
una especie de apéndice administrativo, una especie de oficina de
estudios y de documentación del Ministerio de Industria. Esto,
señorías, lo hace el ministro de Industria. Este ministro censor que
dice que los socialistas utilizamos técnicas inquisitoriales contra
él.
Si se trata de inquirir, es decir, de preguntar o de averiguar, lo
socialistas vamos a seguir inquiriendo a este ministro y al Gobierno.
En ningún caso hemos utilizado ni vamos a utilizar la censura previa,
ni el secreto, ni el acallamiento del discrepante, que son las
técnicas del Santo Oficio, de aquel tribunal eclesiástico.
Ahora la manifestación del espíritu inquisitorial no se hace a través
de la acción de preguntar, sino a través de la decisión de silenciar.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vaya terminando, señor
Fernández.
El señor FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: Voy terminando, señor presidente.
A través de esa decisión que ha tomado el ministro de silenciar a la
Comisión del Sistema Eléctrico Nacional.
De todas maneras, la verdad es que el ministro ya no escribe ni
novelas poemáticas ni poesía trovadoresca; ahora es un mero
espectador de su propio drama, que quiere convertir -eso sí- en un
auto de fe.
Mientras llega ese desenlace inevitable y doloroso, yo les pido a
todos ustedes que apoyen esta propuesta para que los consumidores de
electricidad españoles tengan las tarifas que se merecen.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Fernández.
A la proposición no de ley defendida por el señor Fernández se ha
presentado una enmienda de adición por parte del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida. Para su defensa, la señora Urán tiene la
palabra.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, no es la primera vez que en el Congreso de los Diputados
discutimos sobre la necesidad de la rebaja de las tarifas eléctricas,
ni es la primera vez que este grupo parlamentario plantea, aun a
riesgo de que se le acuse de no querer rebajarlas, su posición a este
respecto.
Reconocemos que es verdad que existen posibilidades de que la rebaja
de la tarifa eléctrica se haga de una manera mucha más sustanciosa de
lo que se ha venido haciendo hasta ahora, tal como se fijó en el
protocolo que firmaron el ministro de Industria y el sector
eléctrico; pero, al mismo tiempo, este grupo parlamentario defiende y
plantea que el mejor ahorro precisamente para los consumidores es
aquel que se destina al ahorro energético, es lo que más les va a
beneficiar en la tarifa eléctrica.
De ahí que hayamos presentado una enmienda de adición a la
proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, en la que planteamos que al menos el 50 por ciento de esa
rebaja que aparece en la proposición no de ley se destine como un
impuesto finalista a mejora medioambiental y a programas de ahorro y
eficiencia energética. Este planteamiento no es nuevo en este grupo
parlamentario. Esperamos que el Grupo Parlamentario Socialista la
pueda aceptar para que este grupo parlamentario pueda votar
afirmativamente toda la iniciativa porque compartimos los criterios,
y no desde luego porque vayamos a escribir una carta a los Reyes
Magos ni seamos utópicos, sino porque se está haciendo en otros
países; otros países están haciendo planes de ahorro y eficiencia
energética que realmente son los que van a ayudar a abaratar la
tarifa a los consumidores, a los que les va a ayudar a rebajar lo que
pagan en el recibo de la luz, no solamente a los pequeños
consumidores, a los consumidores domésticos, sino también a las
pequeñas y medianas empresas que, en definitiva, estamos todos
pretendiendo defender.
Señorías, creemos que con esto no sólo bajaríamos el consumo
energético, sino que además estaríamos coadyuvando a una mejora
medioambiental. Todos sabemos que la producción energética es una de
las que más incide en un menoscabo del medio ambiente y desde nuestro
grupo parlamentario creemos que es necesario que se produzcan este
tipo de programas y proyectos. Además, creemos que es necesario que
se pueda producir también una rebaja que se note sustancialmente en
los bolsillos de los consumidores.
Creemos que es mucho más importante el punto 2 de la proposición no
de ley. Compartimos totalmente que no se fije ningún recargo en el
recibo de la luz con cargo a los costes de transición a la
competencia. Todavía
estamos pendientes de que se pronuncie la Comisión Europea para
saber si realmente estamos pagando costes de transición a la
competencia o se le está dando una ayuda al sector que van a pagar
los consumidores y usuarios. Cuando alegremente el Gobierno fijó, a
través de una enmienda presentada a la ley de acompañamiento en el
Senado, la cantidad de los costes de transición a la competencia lo
hacía diciendo que ésta iba a favorecer la rebaja de las tarifas, la
libre competencia y que en realidad iba a beneficiar al sector y a
los usuarios. Esto no es así, porque en realidad lo que estamos
haciendo es gravar fundamentalmente a todos los consumidores, pero
además gravar a aquellas empresas que decimos que queremos ayudar a
que sean competitivas; al resto de los sectores empresariales del
Estado español les vamos a estar gravando como mínimo durante quince
años con un 4,5 por ciento más en el recibo de la luz, con lo cual
estamos facilitando que sus precios no sean competitivos en el
mercado exterior.
Cuando se vendían las bondades de la liberalización del sector, la
verdad es que el señor Medina nos ha pasado un cuadro que a mí me ha
venido muy bien a la hora de poder plantearle que cuando él hablaba
de que el Reino Unido era uno de los países que en principio había
liberalizado el sector -siguiendo la argumentación que se hace desde
los bancos que apoyan al Gobierno que decían que la liberalización
vendría a favorecer la rebaja de las tarifas eléctricas- habrá que
decirle que el Reino Unido, que ya lleva años funcionando en la
liberalización del sector, ha producido un aumento de casi el 19 por
ciento en la tarifa doméstica, de un 21 en la de otro tipo y de un 23
en la de otro tipo. También hay que decirles que se penaliza a los
consumidores que menos consumen a lo largo del año y se beneficia a
los que más consumen, cuando tendría que ser al revés.
Si vamos a hablar de las ayudas o del interés que se tiene por
favorecer a los sectores industriales, precisamente con esta rebaja
de tarifas el Reino Unido, que es el pionero en la liberalización del
sector, aumenta sus tarifas para el sector industrial casi un 25 por
ciento en un tipo, casi un 30 por ciento en otro tipo y en más de un
30 por ciento en el último tipo que aquí en este cuadro nos ha
facilitado el señor Medina. Por tanto, la liberalización del sector
precisamente no es lo que va a garantizar la rebaja de las tarifas
eléctricas.
Pero es más, no solamente no la va a beneficiar, sino que con la
medida adoptada por nuestro Gobierno facilitándole al sector más de
un billón trescientos mil millones de pesetas como costes de
transición a la competencia, reconociéndoles unos derechos que no
tenían en la ley, lo que ha hecho ha sido eliminar cualquier
posibilidad de incidencia de este Gobierno para dentro de unos años
poder forzar una bajada de tarifas real, con independencia de lo que
este grupo parlamentario pueda pensar en cuanto a las rebajas de las
tarifas eléctricas.
Señorías, no se está favoreciendo al sector industrial, no se está
favoreciendo al consumidor doméstico sinotodo lo contrario, se les
está perjudicando. Es cierto
que no se va a notar a corto plazo una incidencia en la tarifa
eléctrica del impuesto del 4,5 por ciento para pagar los costes de
transición a la competencia, pero también es cierto que cuando el
Gobierno haya dejado de tener en sus manos, como ha dejado de tenerlo
ya, su posibilidad de incidir en las compañías, en el sector
energético, en el sector eléctrico para rebajar tarifas, éstos, como
además demuestra el cuadro que ocurre ya en Inglaterra, en el Reino
Unido, tendrán siempre la posibilidad de aumentar poniendo todas las
excusas que sean capaces de poner, porque así se ha comportado el
sector eléctrico, porque así nos tiene enseñados el sector eléctrico,
a pesar de haber sido un sector fuertemente protegido.
En unas recientes declaraciones del secretario de Estado para la
Energía se decía que en 1998 el Estado se había ahorrado, es decir,
el Gobierno, los consumidores y todos en general, 18.000 millones de
pesetas como se había fijado en los costes de transición a la
competencia; es decir, antes de la modificación legislativa el Estado
se podía ahorrar esa cantidad de dinero entre otras cosas porque
podía incidir en cómo fijar los costes de transición a la
competencia. A partir del 31 de diciembre de 1998 el Estado, el
Gobierno ya no va a tener posibilidades de hacer este ahorro porque
ya han fijado unos costes de transición a la competencia que todos
estamos empezando a pagar y que en realidad van a perjudicar a los
sectores industriales de mayor consumo energético y que tienen que
ser tan competitivos como el sector eléctrico.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Urán. ¿Grupos
parlamentarios que quieran fijar su posición en el debate? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Intervendré de forma muy breve para expresar el apoyo del Bloque
Nacionalista Galego a la proposición no de ley presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista. Lo hacemos desde la convicción de que
estamos actuando en relación con un grupo financiero industrial que
realmente resulta un oligopolio blindado y que, además, está
relacionado nada menos que con un sector base para cualquier Estado
como es el sector energético.
Por eso somos partidarios de que la tarifa se reduzca como mínimo un
8 por ciento y ya encubre determinado tipo de ganancias que, como se
demostró por parte del proponente, eran encubiertas ya que no van a
correr por cuenta de la producción de las empresas. A nosotros nos
gustaría que este tipo de reducción de la tarifa afectase de forma
especial a las zonas productoras de electricidad con graves
deficiencias de carácter económico-social o una crisis industrial
importante; o
-por qué no- cómo no se hacen unos descuentos especiales a las zonas
con graves deficiencias en el suministro, que las hay, y que están
afectadas incluso en su economía doméstica, en su economía familiar,
en la economía de la pequeña y mediana empresa.
El segundo punto, ya que lo que se trata de encubrir en los costes
del tránsito a la competencia posiblemente sean ayudas públicas, que
no se cargue en los recibos de la luz de esta forma indiscriminada,
sólo en relación con la utilización del carbón de origen español. En
ese sentido, nosotros pensamos que el mercado de la electricidad aún
está terriblemente regulado, es un monopolio, especialmente para el
mercado doméstico, minorista, y hay auténticas dificultades, por otra
parte, para que los mayoristas, por ejemplo, se puedan abrir paso
poniendo plantas de gas natural. Todos sabemos que el mercado
energético del Estado español está controlado por dos grandes
empresas, todo lo más cuatro, después de las alianzas que se han
realizado.
Por todo esto, nos parece que la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Socialista es un primer paso, cuando menos, para poner
este sector energético al servicio de la mayoría de la sociedad,
aunque sea de una manera limitada y moderada.
Acabo haciendo referencia a que efectivamente en los gráficos que se
nos han presentado sigue siendo el Estado francés, aquel que mantiene
prácticamente el sector en manos públicas, el que muestra una
tendencia más equilibrada y más ponderada tanto en el consumo
doméstico como en el industrial.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), el señor Guardans tiene
la palabra.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Gracias, señor presidente.
Los tempos parlamentarios tienen este tipo de efectos. Una
proposición no de ley que quizá, y sólo quizá, tenía algún sentido
cuando entró en el registro de la Cámara, lo ha perdido totalmente
hoy, pero el Grupo Parlamentario Socialista, en lugar de retirarla,
la mantiene porque todo lo que sea el ruido y la confusión,
especialmente si tiene por medio como protagonista al Ministerio de
Industria, es algo que parece que contribuye al interés general. Sin
embargo, en este caso, estamos ante una proposición no de ley cuyo
contenido es netamente de carácter demagógico, en su formulación y en
su literalidad.
Esta Cámara y el Senado ya tuvieron ocasión de debatir ampliamente
los llamados costes de transición a la competencia, su determinación
y su cuantificación, sus ventajas y sus eventuales inconvenientes.
Eso es un debate cerrado que ya pasó por aquí y terminó. Finalmente
quedó incorporada la disposición transitoria sexta de la ley de
acompañamiento de los presupuestos. Una vez que esa disposición quedó
fijada, posteriormente
se materializó en un decreto la tarifa para 1999, así como la cuota
que había que pagar para esa materialización de los CTC, de los
costes de transición a la competencia, que fueron reconocidos y
titulizados. De hecho, se aceleró la reducción de las tarifas
eléctricas mientras aumentaba el número de consumidores que pueden
acceder en realidad al libre mercado. El hecho es que, además, sin
demagogias, las tarifas en España no han hecho más que bajar en los
últimos años. Bajan en términos absolutos y bajan, como se prueba en
este cuadro que todos los portavoces tienen porque ha sido
distribuido por el portavoz del Grupo Popular, con estadísticas
tomadas según la fuente que se cita de Eurostat, no sólo en cifras
absolutas sino que baja el propio índice de disminución, que es el
mayor en España respecto de todas las tarifas con una sola excepción,
que es Bélgica. Por tanto, la reducción de tarifas se puede afirmar,
con toda seriedad, que en España es superior a la que se está
produciendo en el resto de Europa, incluso es probable que el
promedio total de reducción en España sea igual o superior al 8 por
ciento que ahora se exige.
En cuanto al adelanto o no de la titulización de los CTC, de los
costes de transición a la competencia, en función de la decisión que
eventualmente pueda tomar la Comisión Europea, la propia redacción no
es correcta, puesto que efectivamente ese paso ya está dado. No se
puede hablar ahora de la no incorporación de los CTC en la tarifa de
1999. Otra cosa es que sea más lógico esperar. Ya se verá qué ocurre
cuando la Comisión Europea (que, dicho sea de paso, es evidente que
no podrá tomar ninguna decisión que no sea de mero trámite, y esto no
es mero trámite porque la situación general política de la Comisión
Europea es la que es) se pronuncie sobre este asunto -puede que tenga
que volver a empezar el propio expediente-, si decide finalmente que
la cuantía es excesiva o decide que la naturaleza jurídica de los
costes de transición a la competencia es otra, lo cual tendría otro
tipo de consecuencias, y si se interpretara como ayuda pública, que
se proceda a una reversión, a una reducción de las tarifas
eléctricas. Hablar ahora de una no incorporación de los CTC no tiene
lógica.
Mi grupo se opone a lo que es un juego demagógico de cifras, de
tarifas eléctricas, como si fuera un tema donde el consumidor es el
gran perjudicado por el Gobierno -con el apoyo en este caso de mi
grupo parlamentario- y sólo estuviera defendido por el Partido
Socialista, cuando es una realidad que si algo ha bajado en este país
desde 1996 es el precio de la electricidad para todos los
consumidores.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Guardans.
El señor Medina tiene la palabra como portavoz del Grupo Popular.
El señor MEDINA TOLEDO: Muchas gracias, señor presidente.
Mi grupo parlamentario piensa que cualquier ocasión es buena para
intentar transmitir a los ciudadanos en general, y a SS.SS.
integrantes de esta Cámara en particular, un mensaje clarificador en
materias como esta que ya de por sí son de naturaleza complicada.
Hago mía una cita textual que ahora leeré del profesor Gaspar Ariño
Ortiz, cuando en el prólogo de un trabajo dirigido por él respecto de
los CTC, recientemente presentado, decía así: Dejando a un lado
aquellos pronunciamientos puramente partidistas, quiero pensar que
esta polémica a la que hemos asistido en el sector eléctrico es
también fruto de la falta de un lenguaje común, que es el lenguaje
regulatorio, hecho de una mezcla de conocimientos jurídicos,
económicos, tecnológicos, políticos e institucionales al que no
estamos acostumbrados. Fin de la cita.
Señor presidente, señorías, comprenderán ustedes lo procedente de la
cita que les acabo de leer y la necesidad de precisar de una forma
exquisita los conceptos y definiciones a emplear en este debate si
empezamos diciendo que bajo el título tarifas eléctricas no estamos
hablando de una misma cosa, si nos referimos a su definición antes de
la aprobación de la Ley del Sector Eléctrico o después de su
aprobación, es decir, en el momento presente. Antes hacía referencia
a los precios que pagaban por el suministro de energía eléctrica
todos los consumidores sin excepción; en la actualidad, el mismo
título hace referencia únicamente al precio que pagan por la
electricidad aquellos consumidores que no tienen la facultad de
elegir suministrador, o sea, aquellos consumidores que se llaman
consumidores cualificados. En este y en otros aspectos resulta
relevante hacer notar que estamos en un período transitorio o de
tránsito hacia la competencia y, por tanto, que el ejercicio de la
voluntad política del Gobierno lo que está haciendo es acelerar a
gran ritmo los plazos para llegar lo antes posible a ese período de
competencia plena. Por consiguiente, al llegar a ese período de
competencia plena, todos los consumidores tendrán capacidad de
elegir.
Pues bien, ese dinamismo que la voluntad política del Gobierno ha ido
poco a poco imprimiendo al proceso liberalizador ha hecho que esta
proposición no de ley se haya quedado vieja. Es una proposición no de
ley de finales del año pasado, escasamente tres meses, porque habla
de tarifas eléctricas en términos generales. Las últimas medidas
liberalizadoras adoptadas por el Gobierno, entre otras importantes
cuestiones, han adelantado el calendario de liberalización cinco años
respecto al inicialmente previsto, de forma que a final del año 1999
podrán acceder a la condición de consumidores cualificados
prácticamente el 42 por ciento del consumo total de los españoles
que, concretamente, son aquellos que tienen un consumo superior a un
kilovatio hora-año, lo que equivale, a efectos prácticos, a que
podrán acceder a esa condición prácticamente
todas las actividades industriales y comerciales que están en la
frontera entre pequeña y mediana empresa.
Podemos afirmar, sin duda alguna, que en el año 1999 el efecto
combinado de la ampliación de la capacidad de elegir suministrador y,
por tanto, de pactar un precio libre de electricidad, que asciende a
8.274 clientes en total y representan, como decía antes, el 41 por
ciento del mercado y la disminución global de tarifas para aquellos
consumidores que no tienen la capacidad de elegir en un 2,5 por
ciento, tendrá en conjunto un efecto más beneficioso para la
totalidad de los consumidores que lo que se solicita en el apartado
primero de la proposición no de ley. Aun a costa de ser reiterativo
-sabía que el portavoz socialista intuía que se lo iba a recordar,
efectivamente es así-, resulta enternecedora la magnífica opinión que
respecto a la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico tiene el Grupo
Parlamentario Socialista en este momento, cuando en el pasado no hizo
ningún caso, insisto, a las propuestas de la Comisión, inclusive en
algo tan modesto como bajar la tarifa en un 1 por ciento,
congelándolo en la tarifa de 1995 para el año 1996.
Sin embargo, legítimamente podían asaltarnos algunas dudas, y esas
dudas son, por ejemplo, ¿cómo es de cara la electricidad en España en
relación con los países más representativos de la Unión? ¿Cómo son
las tarifas de los consumidores domésticos en relación con las de los
industriales en estos países? ¿Los consumidores domésticos españoles
están peor o mejor tratados que los consumidores de la Unión respecto
de los consumidores industriales? ¿Cuál ha sido la evolución de las
tarifas en España si se las compara con las de la Unión Europea? Pues
bien, como reconocían algunos portavoces, ese pequeño estudio, cuya
fuente no es cualquiera, es Eurostat, es importante. Señor Fernández,
va por mal camino el Grupo Parlamentario Socialista si, según una
inveterada costumbre de España, no se le da importancia a las
estadísticas y se las minusvalora, se piensa que las estadísticas es
algo que se puede usar o no en función de las conveniencias
políticas. Eso lo único que rebela es un camino imparable hacia la
insolvencia política. No vaya usted por ese camino.
Por tanto, como la fuente es fiable, los resultados podrán ser
discutibles, pero los números no admiten discusión. A pesar de que el
Grupo Parlamentario Socialista se empeñe, este vaso, si se suelta,
cae por la ley de la gravedad. Pues bien, son cinco los países de la
Unión contemplados: Alemania, Francia y Reino Unido, cuyas economías
industriales son las más poderosas de la Unión; Reino Unido, que
tiene la gran ventaja de que nos precedió en la liberalización;
Italia, que es otra potencia industrial, y Bélgica, que posee una
economía muy desarrollada. No se hace una comparación cualquiera,
sino entre tres tarifas domésticas y tres tarifas industriales
perfectamente determinadas. Las tarifas industriales están escogidas
como prototipo de una pequeña, de una mediana y de una gran empresa,
y fíjese usted qué curioso: la mediana empresa tiene una tarifa de 4
gigavatios/hora/año que está bastante
por encima de 1 gigavatio/hora, que se va a permitir. Por eso decía
que la liberalización y la elección de clientes cualificados está
justo en la frontera entre pequeña y media empresa.
Pues bien, también don Francisco Rodríguez interpreta mal las
estadísticas y no sé por qué, porque es muy fácil de leer, y me
limito a las conclusiones sin poner demasiado énfasis en los números
que están disponibles. Primero, España es el único país entre los
considerados que disminuyó todas las tarifas comparadas respecto a
las iniciales del año 1996, disminuyó siempre. Segundo, el porcentaje
de disminución de las tarifas españolas es el más elevado excepto en
un caso, el de una tarifa doméstica de Bélgica, que baja ligeramente
más de un punto.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Medina, vaya
concluyendo, por favor.
El señor MEDINA TOLEDO: Sí, señor presidente.
Como consecuencia de lo anterior, España mantuvo o mejoró en todos
los casos su posición en el ranking de países más baratos. Sin
embargo, el Reino Unido, doña Presentación Urán, no tiene CTC, y eso
tendríamos que hablarlo. Sí, no se ría porque es cierto. No es el
mismo caso el inglés que el español porque los ingleses se limitaron
a vender activos de empresas públicas mientras que en este caso
estamos hablando de empresas privadas que prestaban un servicio
público. Está por medio la circunstancia de que, en esa situación,
las grandes compañías americanas tomaron el control de Inglaterra,
cosa que recuerda viejas actividades del Partido Socialista, que daba
preferencia a los inversores extranjeros frente a los nacionales,
algo con lo que nosotros no estamos en absoluto de acuerdo. La no
disponibilidad de fondos para sustituir las centrales que se quedan
obsoletas, que es la misión fundamental de los CTC, por nuevas
centrales más eficientes es lo que da lugar a un efecto boomerang y a
una subida de las tarifas. Las estadísticas dan la realidad, lo que
pasa es que hay que interpretarlas correctamente.
En el caso español, las tarifas domésticas bajan, por tanto, no se
castiga a ningún consumidor doméstico frente al industrial. Pero,
señorías, coincidirán ustedes conmigo que el efecto multiplicador de
una disminución de la energía eléctrica para las empresas es siempre
más importante porque, a su vez, repercute en un coste de servicios y
de productos inferior para los consumidores.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Medina, termine.
El señor MEDINA TOLEDO: Acabo, señor presidente.
Finalmente, señor Rodríguez, lea bien las estadísticas. Francia,
aunque tenga un monopolio público, está en un proceso de apertura, se
lo exige la directiva sobre el mercado común de la electricidad, y en
ese proceso de apertura -no he dicho ninguna cosa falsa- sigue detrás
del español y, por supuesto, está
mucho menos actualizado y liberalizado. Por eso sus tarifas bajan
menos.
Déjeme definitivamente acabar, señor presidente, con su permiso,
diciendo que podemos buscar otra oportunidad para poder discutir con
serenidad sobre los CTC, pero siempre ha sido la intención de este
grupo parlamentario -de ahí la documentación que hemos entregado- no
vencer, sino fundamentalmente convencer. Yo sé que eso en política
parlamentaria es de una cierta ingenuidad, pero en este caso no
renunciamos a la utopía porque creemos que estamos absolutamente en
lo cierto. (Rumores.)
Concluyo, señor presidente, diciendo que no se puede hacer mangas y
capirotes con las intenciones de la Unión Europea. Sí podrían
ahorrarse algunos distinguidos miembros del Grupo Parlamentario
Socialista algunos viajes a Bruselas para hablar mal de los CTC.
(Protestas.) Cuando sea necesario, les daré los datos de quién...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Termine, señor Medina.
El señor MEDINA TOLEDO: Cuando sea necesario les daré los datos de
quién, dónde y en qué momento, pero en la actualidad la Unión Europea
no se ha pronunciado en absoluto sobre el tema. Lo único que ha
pedido es un trámite paralelo como ayuda de Estado sin predeterminar
que lo sea. La Unión Europea, en el fondo, lo que tiene es un gran
temor a sentar un precedente con el caso español porque España, cada
vez más, avanza en la liberalización.
Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Medina.
Señor Fernández, tiene la palabra para indicar si acepta o no la
enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida.
El señor FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Aunque aceptamos cualquier iniciativa que promueva el ahorro
energético, en este caso concreto no es posible por cuanto que en la
propia exposición de motivos de la proposición se dice que se trata
de aplicar estrictamente el contenido del protocolo eléctrico y éste
iba destinado a disminuir el precio de la electricidad y no al ahorro
energético.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Fernández.
Vamos a pasar a la votación. (La señora Urán González pide la
palabra.) ¿Señora Urán?
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Al no haber sido aceptada nuestra enmienda, solicitamos votación
separada de los apartados 1 y 2.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): No hay ningún inconveniente.
(El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a las votaciones
derivadas de la defensa en el Pleno de la proposición no de ley del
Grupo Socialista, sobre la tarifa eléctrica para 1999, votando por
separado los dos apartados, como ha solicitado el Grupo de Izquierda
Unida, cosa procedente al no haberse aceptado enmiendas.
Punto 1 de la proposición no de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
292; a favor, 124; en contra, 155; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el punto 1 de la proposición no
de ley.
Votación sobre el punto 2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
293; a favor, 136; en contra, 157.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el punto 2 de la proposición no
de ley.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES (Número de expediente 162/000353)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley del Grupo
Popular, sobre igualdad de oportunidades, para cuya defensa, en
nombre del grupo proponente, tiene la palabra doña María Jesús Sainz
García. (Rumores.)
Señor Saavedra, por favor, no me hagan grupos dentro del hemiciclo;
señor Griñán, señor Lapuerta Quintero, don Álvaro. Respeten el turno,
señorías.
Cuando quiera, señora Sainz.
La señora SAINZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, subo a esta tribuna, en nombre de mi grupo, para defender
una proposición no de ley sobre la igualdad de oportunidades, y lo
hago -tengo que confesar- con ilusión, desde la esperanza de que
pueda concitar la unanimidad de todos los grupos políticos de la
Cámara, y además la calificamos de interés porque hace referencia a
la igualdad.
La igualdad, como saben SS.SS., es un principio básico de la
democracia. Espero, por tanto, que coincidan con nuestro grupo en que
el contenido de la propuesta
abre nuevas e importantes perspectivas en la política de la igualdad.
El reto que tenemos, sin duda, es construir una nueva cooperación
entre los hombres y las mujeres para garantizar la plena y total
participación de éstas y de aquéllos en un plano de igualdad en todos
los sectores y una distribución verdaderamente equilibrada de los
beneficios del progreso de la sociedad. Ese cambio exige no sólo una
legislación adecuada, sino también una transformación cultural de los
comportamientos individuales, de las actitudes y de las prácticas
colectivas, además de una firme acción política basada en una
movilización amplia.
Por ello, es necesario profundizar en la integración de la igualdad
en todas las políticas, en lo que hemos venido llamando el
mainstreaming o transversalidad, en línea con las recomendaciones de
la Comisión Europea. La importancia de la transversalidad fue ya
recogida en la plataforma de Pekín, como SS.SS. saben, y formalizada
también en el Tratado de Amsterdam, cuando se menciona explícitamente
el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer
y promover su igualdad; y, como es bien sabido, también se recoge en
nuestro Tercer Plan de igualdad de oportunidades que el Gobierno
aprobó, unido a las acciones de discriminación también llamadas
positivas que se vienen realizando con intensidad; pero es preciso
recurrir a todas las políticas para lograr la igualdad.
Está también claro que la dimensión de igualdad de género debe estar
presente, por tanto, en todas las acciones, en todas las actividades,
ya desde la fase de su planificación, estudiando claramente cuáles
serán los efectos cuando se aplique. No podemos olvidar que el género
es una diferencia estructural que afecta al conjunto de la población,
y está comprobado que políticas que pueden parecer neutras afectan de
manera diferente a las mujeres y a los hombres; políticas
aparentemente no discriminatorias pueden tener, cuanto poco, un
impacto claramente diferente en las mujeres y en los hombres y
reforzar, por lo tanto, las desigualdades existentes, y ello en razón
de esas diferencias sustanciales en las vidas de mujeres y hombres en
la mayoría de los ámbitos. Así lo podemos ver en ejemplos muy
concretos. Si estudiamos un sector que podemos considerar
aparentemente neutro, como el de los transportes, un examen atento
pone de manifiesto diferencias sustanciales entre mujeres y hombres
en cuanto a las modalidades de utilización y de acceso a los medios
de transporte públicos y privados. No se sorprendan, señorías, de lo
que voy a decir cuando les manifieste que las mujeres tienen acceso a
un coche particular con menos frecuencia que los hombres, y esto está
comprobado en informes que lo han estudiado de manera rigurosa. Las
mujeres utilizan más los transportes públicos y, en consecuencia,
tienen mucho que ganar con mejoras de frecuencia, de calidad y coste
de los transportes públicos. Estas desigualdades, en definitiva,
reflejan diferencias entre los dos sexos en la distribución de
recursos, en este caso concreto de un coche particular, y refuerzan
las desigualdades relativas
a las dificultades de tiempo, en la medida en que un coche privado
representa, en general, un ahorro de tiempo.
Todas las políticas, por tanto, deben tener en cuenta este hecho: ser
sensibles a las cuestiones de género, buscando eliminar las
desigualdades que existen. Con ello no sólo las mujeres saldrán
ganando sino, en definitiva, el conjunto de la sociedad. Buen ejemplo
lo tenemos sin duda en el empleo, al haberse introducido en el centro
del Plan de empleo precisamente el pilar de la igualdad.
La transversalidad es, por tanto, un objetivo político que requiere
un planteamiento integrador y estrategias especiales en las distintas
áreas: educación, trabajo, transporte, medio ambiente, nuevas
tecnologías, etcétera. Dentro de las estrategias, la primera es
concienciar no sólo a la sociedad de las ventajas que de ello se van
a derivar sino, de manera especial, a todas las personas que tienen
un poder decisorio. La concienciación, por tanto, es fundamental.
También será importante contar con expertos en el ámbito de
aplicación y de la metodología que se pueda diseñar. Por ello, el
primer punto de la iniciativa hace referencia a que los ministerios
articulen una estructura que vele claramente por que ese principio de
igualdad esté presente a la hora de diseñar políticas generales y
sectoriales.
En el segundo punto, señor presidente, hacemos referencia a las
políticas de evaluación del impacto en función del género como una
herramienta de primer orden. El seguimiento constante será sin duda
la mejor garantía de progreso. De la evaluación se desprenderá la
necesidad de adoptar medidas específicas para neutralizar las
desigualdades, proponer las modificaciones claramente adecuadas para
potenciar por igual las distintas conductas, en definitiva, las
distintas necesidades de los hombres y mujeres. Por ello, solicitamos
la elaboración por parte del Gobierno de una guía de evaluación del
impacto de las propuestas en función del género, que estamos seguros
será una herramienta muy útil para facilitar la aplicación de ese
principio de transversalidad, incorporando ejemplos prácticos
concretos para mejor adaptar la estrategia a seguir en la aplicación
de lo que llamamos transversalidad. En definitiva, se trata de
asegurar que no será propuesta ni llevada a cabo ninguna política que
pueda influir negativamente en el objetivo de la igualdad, sino todo
lo contrario.
Por último, señor presidente, señorías, se recoge también la
propuesta del Parlamento Europeo que recomienda la evaluación del
impacto en función del género mediante la elaboración de un informe-
memoria, de modo análogo a lo que se viene realizando, como SS.SS.
conocen perfectamente, en medio ambiente; todos conocemos la eficacia
de sus informes preceptivos de impacto medioambiental. Queremos
solicitar que el Gobierno, en aquellos casos que se considere de
especial interés, acompañe los proyectos de ley de una memoria-
evaluación de la repercusión en función del impacto de género.
Termino, señor presidente, pidiendo el apoyo para esta proposición no
de ley, desde el convencimiento de que estamos ante una iniciativa
pionera entre los países europeos. La Comisión Europea ha marcado
unas pautas y España, con esta proposición no de ley, se anticipa en
la aplicación de las recomendaciones que se han hecho, cosa que nos
parece importante resaltar. Pioneros seríamos, por tanto, en la
aplicación práctica de esas recomendaciones en lo que a la política
de igualdad se refiere, y es sin duda un paso políticamente
importante en el objetivo de alcanzar una igualdad realmente vivida,
compromiso firme del Gobierno que viene aplicando claramente en
distintas áreas y con medidas de acción discriminatorias positivas
como la mejor apuesta para un futuro mejor para la sociedad española.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sainz. ¿Algún grupo desea
consumir un turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que han presentado
enmiendas? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Salinas.
La señora SALINAS GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Socialista para defender las
enmiendas que hemos presentado a esta proposición no de ley sobre
igualdad de oportunidades, que el Grupo Parlamentario Popular
presentó el día 5 de marzo, en un intento claro de hacer una puesta
en escena con motivo del día 8. Dicho así, y aunque sólo sea por
hacer un intento más en parecer de centro, estoy convencida de que en
el decálogo nuevo que tienen de cómo ser de centro y no morir en el
intento han incorporado las políticas de igualdad. Puede ser por eso
o también porque la Unión Europea, la Comisión y el Parlamento
Europeo les están obligando a cumplir sus resoluciones, como ponen de
manifiesto en la exposición de motivos. En cualquier caso, bienvenida
sea a la Cámara esta oportunidad de debatir un tema que para mi grupo
es de vital importancia.
Lo primero que quiero dejar bien claro, en nombre del Grupo
Socialista, es que estamos de acuerdo en el tema del impacto de
género, estamos de acuerdo en el fondo, como no puede ser de otra
forma, ya que lo llevamos en nuestro programa electoral, pero
discrepamos en la forma en que el Gobierno y el Grupo Parlamentario
Popular quieren salir del paso presentando esta proposición no de
ley, que no es nada más que un brindis al sol. Cogen ustedes lo
mínimo y no explican ni cómo lo van a hacer ni con qué recursos
piensan hacerlo ni tratan el tema de la formación de expertos, aunque
se lo he oído a su portavoz. Por cierto, la exposición de la portavoz
popular ha sido una bonita puesta en escena, no me atrevo a decir
brillante, pero ahora vamos a ver lo que de verdad nos proponen.
Para empezar, la aplicación de la plataforma para la acción exige
-subrayo la palabra exige- la adopción de medidas encaminadas a
establecer o fortalecer los mecanismos nacionales para el avance de
las mujeres al más alto nivel político; procedimiento y personal
apropiados para la coordinación en los ministerios y entre
ministerios y otras instituciones, con el mandato claro y la
capacidad de ampliar la participación de las mujeres e incorporar el
análisis de género en los programas y políticas. Esto lo exige ya la
plataforma de acción y de esto no hay nada reflejado explícitamente
en el texto que se propone a la Cámara. (El señor vicepresidente,
Companys Sanfeliu, ocupa la Presidencia.)
Igualmente, ya en la Declaración de Pekín, el artículo 204, apartado
a), dice textualmente: Velar por que, antes de adoptar decisiones
políticas, se realice un análisis de sus repercusiones sobre mujeres
y hombres respectivamente. Esto lo dice la Declaración de Pekín y no
es otra cosa, señorías, que el impacto de género.
En el informe de seguimiento de la Comisión Europea, que lleva por
título: Integrar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
en el conjunto de las políticas y acciones comunitarias, de marzo de
1998, ya les señala a los gobiernos nacionales los deberes que tienen
que hacer. Dice claramente: concienciación al respecto
prioritariamente de los mandos superiores e intermedios -no he visto
nada de eso en su texto-; formación a gran escala para contar con los
necesarios expertos, formación de expertos en asuntos de género -no
hay nada de formación de expertos en su texto-; políticas de
evaluación del impacto en función del género como procedimiento
habitual. Es más, dicha recomendación de la Comisión Europea obliga a
nuestro Gobierno a: Primero, llevar a cabo un seguimiento permanente
de la política de transversalidad, que no es otra cosa, como todas
SS.SS. saben, que recurrir a todas las políticas y medidas generales
con el fin específico de lograr la igualdad. Orientar y reorientar
los recursos humanos para potenciar la cooperación en el seno de los
servicios y la dimensión del género de programas y acciones.
Insiste la Comisión, una vez más, en la formación para el personal
implicado, y dice: Las personas encargadas del control de la
dimensión de la igualdad tendrán que recibir la formación adecuada.
En ese sentido hemos presentado una enmienda que ya nos ha anunciado
con mucho cariño la portavoz del Grupo Popular que no están
dispuestos a aceptar.
El Parlamento Europeo ha recomendado la evaluación del impacto del
género en todas las propuestas de ley -léanse, por favor, la
recomendación- que se presenten. Pues bien; el Grupo Popular, en el
tercer punto de su iniciativa, dice: «Tener en cuenta la
recomendación del Parlamento Europeo» -pero, ¡ojo!- «en los proyectos
de ley de especial interés». Esto es como el valor en la mili: se
supone.
Este Gobierno está obligado (porque es de obligado cumplimiento) a
tener en cuenta la recomendación del
Parlamento Europeo, pero se limita a la ley del mínimo esfuerzo:
solamente para los proyectos de especial interés. Me consta que
también el Grupo de Izquierda Unida ha presentado una enmienda en
este sentido que, asimismo con mucho cariño, ha sido rechazada.
Lo que ya sí me parece para premio es el segundo punto de esta
proposición no de ley. Dice: «Elaborar una guía de evaluación del
impacto en función del género». Señoría, no es necesario elaborarla,
porque está en Internet -pueden comprobarlo todas SS.SS-; es más,
está publicada la guía. Aquí se nos dice que quieren elaborar una
guía. Aquí está la guía. Está publicada por la Comisión Europea, y,
además, viene perfectamente todo lo que hay que hacer y todo lo que
deben aprenderse, si de verdad quieren parecer de centro, sobre las
políticas del impacto del género: criterios para la evaluación del
impacto del género, pertinencia con respecto al género, y ejemplos,
como muy bien ha apuntado la portavoz del Grupo Popular. Está
publicada desde 1997 y está en Internet.
Ante esta situación, el Grupo Socialista ha presentado una serie de
enmiendas a esta iniciativa que mejoran y concretan el texto ambiguo
y vacío del Grupo Popular. Creíamos que podían ser perfectamente
asumibles si de verdad nos creemos lo del impacto del género, ya que
son literalmente las recomendaciones europeas al respecto. Los
hombres y mujeres socialistas siempre hemos defendido las medidas de
acción positiva, y -¡ojo!- la Comisión llama la atención en el
sentido de que las medidas específicas de acción positiva seguirán
constituyendo una parte fundamental de la promoción de la igualdad
entre hombres y mujeres.
Señorías del Partido Popular, medidas de acción positiva, lo dice la
Comisión. Yo no sé si ahora que son de centro creerán ustedes en
ellas. Yo no sé a quién he oído yo eso de que la que vale, vale, y la
que no..., al PP. Ahora, se lo exige la Comisión Europea. En
cualquier caso, como hombres y mujeres socialistas y progresistas
defendemos, como hemos hecho siempre, las medidas de acción positiva,
defendemos la transversalidad, defendemos evaluar el impacto en
función del género, que no es otra cosa que comparar y apreciar, en
función de criterios pertinentes con respecto al género, la situación
y la tendencia actual con la evaluación que cabría esperar como
resultado de introducir políticas concretas.
Con nuestras enmiendas ni siquiera ha habido la voluntad de
transaccionar. Pedíamos fomentar la formación específica del personal
encargado; se pedía igualmente elaborar informes periódicos de
seguimiento y evaluación. Como he dicho anteriormente, pedimos lo que
les obliga a ustedes la Comisión Europea.
Señorías, a mi grupo le parece que no es serio venir a la Cámara con
una iniciativa que no obliga a nada. Hubiera sido bueno llegar a un
consenso entre todos los grupos para poder votar algo serio; de no
ser así, mi grupo va a presentar una iniciativa, pero no les vamos a
dar el gusto de que mañana, en una información sesgada, como nos
tienen acostumbrados, vean el
titular de que el Grupo Parlamentario Socialista está en contra de
las políticas del género. Queremos pensar, porque somos bastante bien
pensados, que han sido las prisas por querer hacer algo para el 8 de
marzo lo que ha llevado al Grupo Popular a presentar esta proposición
no de ley, la cual ha quedado bastante mal redactada.
Vaya por delante que por parte de mi grupo ha habido esfuerzos por
llegar a acuerdos. Sabe perfectamente la portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, porque me lo ha oído decir (la última vez me
lo oyó en mi tierra, en Almería), que las mujeres solemos sobrepasar
con mayor facilidad las barreras de los partidos políticos, sobre
todo cuando hablamos del género. Por eso van a conseguir ustedes el
consenso sobre nada. Es cierto que el Grupo Parlamentario Popular
parece que va a aceptar alguna enmienda de Izquierda Unida que mejora
su texto. Por ello, anuncio que no nos van a pillar y vamos a votar a
favor.
Queremos, por último, animar al Grupo Popular a tener en cuenta las
prioridades y las necesidades respectivas de los hombres y mujeres en
todas sus políticas y acción que es, sin duda, una muestra más de su
apego a la democracia. Mi grupo hace mucho tiempo que cree en la
democracia paritaria, que no es otra cosa que la democracia en
igualdad.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señora
Salinas.
A esta proposición no de ley se ha presentado también una enmienda
del Grupo Federal de Izquierda Unida. Para su defensa, tiene la
palabra la señora Aramburu.
La señora ARAMBURU DEL RÍO: Señor presidente, señorías, voy a
intervenir en calidad de enmendante y con muchísima brevedad.
La proposición no de ley que nos trae el Partido Popular debería ser,
en el voltaje parlamentario, de alta intensidad. Por el contrario,
aparece como suficientemente plana y bastante declarativa, con un
lenguaje que, entiendo, distorsiona los objetivos por no reconocerse
en el acervo de la derecha. Se plantea adoptar medidas de acción
positiva sin apellidos, con lo que se incurre en el no reconocimiento
de las desigualdades en función de las clases, además del género, por
lo que se abandona o, mejor dicho, no se da centralidad a la
consideración sustancial de discriminación positiva; discriminación
positiva que objetiviza la no neutralidad en el análisis y, por
tanto, en las alternativas.
El discurso de la integración, señorías, a estas alturas, en los
albores del siglo XXI, es exclusivamente una de las vertientes del
factor asistencial (integrar, integrar, integrar) en la que se
instala el partido del Gobierno para paliar conflictos estructurales
que dividen a la sociedad en compartimentos, sin solución de
síntesis, al no reconocerse los instrumentos que utiliza el poder
para una subliminal y calculada fragmentación de la
sociedad. Por tanto, el carácter de lo preventivo adquiere carácter
de supremacía y de relevante como fórmula de dirigirnos al origen y
las causas de una sociedad de desiguales.
Señorías, la transversalidad significa convertir en mito lo que hay o
lo que está subordinado. La aplicación de las políticas de igualdad
planteadas desde la asepsia, desde el descafeinamiento ideológico,
desde la intencionalidad, convierten a los gobiernos en observatorio;
en observatorio de la realidad, papel asignado a las crónicas
periodísticas. Por tanto de lo que se trata es de intervenir, de
ejecutar y de resolver. Se trata, señorías, en políticas de mujer, de
actuar.
Comprenderán ustedes mi descreimiento y escepticismo con la
iniciativa después del lento recorrido de la travesía en el pos
Pekín. En este sentido esta portavoz tiene serias dificultades para
votar afirmativamente si no se recogen las enmiendas de mi grupo
parlamentario, que no plantean, señorías, ninguna revolución, como
casi nunca, ni siquiera ninguna reforma, ni dura ni blanda. Sólo
plantea dotarnos de cláusulas garantistas para que este país deje de
ser un país situado en la tribuna y pase a ser un país situado en el
ruedo de las actuaciones. Señorías, estamos simplemente demandando
que todos los proyectos de ley estén afectados por el impacto de
genero, sin exceptuarlos, y no a discrecionalidad de quien administra
la igualdad. Comprendan, señorías, que el grupo al que represento
cree firmemente en la no discriminación y en la igualdad, y le parece
una quiebra de la ética feminista dosificarle su subordinación en
función de los intereses partidarios o de los tiempos políticos.
Pero, puesto que no hay retrocesos en la iniciativa, y porque creemos
firmemente en el más uno siempre antes que en el resultado cero, si
se admiten mayoritariamente las enmiendas no técnicas sino
profundamente políticas, en su vertiente neta, o transaccionales, mi
grupo volverá a demostrar que está dispuesto a hacer los recorridos
obligados para que el disenso no sea coartada a la hora de hacer
política para las mujeres y con las mujeres.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señora
Aramburu. ¿Grupos que no hayan intervenido y deseen fijar su
posición?
Por parte de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente, y con
gran brevedad.
Mi grupo va a votar favorablemente la iniciativa de esta proposición
no de ley en la presentación que ha hecho el grupo proponente, el
Grupo Parlamentario Popular. Si acepta algunas de las enmiendas que
se han presentado por los grupos, que complementan la idea,
apoyaremos el texto final que vaya en esa línea.
Con respecto a las enmiendas, no tengo ninguna observación al punto
primero de la que presenta el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Al Grupo
Parlamentario Socialista sí quiero decirle la reserva que tiene mi
grupo con su texto por entender que, sin ir en contra de la idea de
fondo que presenta la iniciativa, porque coincide con ella -y he
escuchado las palabras de la portavoz del Grupo Socialista-, el texto
ya instrumentalizado en la forma en que lo presenta el Grupo
Socialista da, a nuestro juicio, un sentido como de funcionarización
o de burocratización de un principio; que no es necesario que haya ni
órganos de funcionarios ni especie de tribunales o de gestores
internos para visualizar si la igualdad de oportunidades, en su
sentido transversal, se está cumpliendo.
Yo creo, señorías, que, al amparo del artículo 14 de la Constitución
española, toda nuestra legislación democrática se ha ido desde
entonces impregnando positivamente de este principio de que nadie
puede ser discriminado por una serie de razones, entre ellas la del
género sexual, para que esta igualdad de oportunidades se esté
manifestando en todos nuestros textos legales, y se ha venido
haciendo con naturalidad, porque el primer principio referido como
está casi fundamentalmente (igual que lo evidencian las propias
enmiendas del Grupo Socialista) a la función pública, a que en los
Ministerios existan estos principios rectores, en base constitucional
-artículo 14- de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, el
principio de neutralidad de los programas para las oposiciones de
ingreso en la Administración pública, el principio de neutralidad, de
que no discriminan por razón de sexo a los varones y las hembras que
concurren a ingreso en las distintas Administraciones públicas, es un
principio que está latente, y prueba de ello es que en este momento
hay ya cuerpos de la Administración del Estado en que el porcentaje
de los que ingresan y van constituyendo estos cuerpos va siendo
superior el de mujeres que el de hombres, y se da -y sirva de ejemplo
meritoriamente- no solamente en Ministerios sino en instituciones.
Creo que ese principio de igualdad de oportunidades no está solamente
circunscrito a lo que serían Ministerios, sino que cada comunidad
autónoma, y en este caso la Comunidad Autónoma de Canarias, igual que
otras comunidades autónomas, tienen reconocido este principio de
neutralidad en los programas y en los requisitos de oposición de
ingreso y de concurso a los distintos cuerpos de sus Administraciones
civiles respectivas, y las salvaguardas que ha habido que introducir
en determinadas legislaciones, como la militar, por razones
específicamente de la función final, no excluyen este principio del
artículo 14 de la Constitución. Pues bien, no solamente debe estar
este principio en los Ministerios, sino en todas las Administraciones
públicas y todas aquellas instituciones públicas. El ejemplo lo
tenemos en esta propia Cámara con el prestigioso cuerpo de Letrados
de Cortes, donde se va viendo cómo en las últimas oposiciones el
contingente que hay de méritos personales del sexo femenino
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Señor Mardones, le ruego
concluya.
El señor MARDONES SEVILLA: Por estas razones, señor presidente, y
para no entrar en un papanatismo de defensa de cuestiones que están
en la realidad de los hechos, vamos a votar en esta línea de
normalidad y de naturalidad, sin más alharaca, la iniciativa que ha
presentado el Grupo Parlamentario Popular. Pero si se hacen
evaluaciones, a lo mejor dentro de unos años los varones nos vamos a
llevar curiosas respuestas.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
Mardones.
Para fijar su posición, tiene la palabra la señora Uría, por parte
del Grupo Parlamentario Vasco.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Vasco va a votar a favor de la iniciativa que
propone el Grupo Parlamentario Popular porque apoya el loable
propósito que le anima de que el Gobierno haga en su ámbito
competencial lo que en el ámbito de la administración vasca se inició
ya hace años, conscientes de la necesidad de una actuación pública
integral en materia de igualdad.
La representante del Grupo Socialista en su intervención ha aludido a
políticas nacionales en la materia. Si por nacional entiende lo mismo
que yo, quizá estemos de acuerdo. Creo que no será éste el supuesto y
entonces debo hacerles la advertencia de que las comunidades
autónomas ejercen competencias en esta materia, y en algunos casos,
como he indicado, llevan ya tiempo desarrollando políticas propias.
En todo caso, es un dato que la igualdad de derecho no produce
necesariamente una igualdad de hecho, y que la experiencia indica que
para conseguir la igualdad de resultados real y efectiva entre
mujeres y hombres no basta con garantizar la igualdad de
oportunidades, sino que son necesarias otras formas de intervención
orientadas a remover los obstáculos reales para la participación de
las mujeres en igualdad de condiciones en los ámbitos de la vida
política, social, económica y cultural.
Es cierto que la transversalidad del género no puede reemplazar ni
parecer redundante con las políticas o instituciones propias de la
igualdad. Cuando se dice que la transversalidad es una nueva
estrategia para conseguir la igualdad del género, se pone siempre el
acento en que esta estrategia no reemplaza las políticas
tradicionales de igualdad del género, sino que las complementa, y
desde luego, por lo que a la experiencia vasca hace, ayuda. Creemos
que se han podido desarrollar estas políticas de transversalidad
porque se ha optado por una organización determinada, haciendo
radicar el Instituto Vasco de la Mujer en la propia presidencia del
Gobierno, depende de la Lehendakaritza, y se ha articulado en los
tres niveles de administración,
la Administración general, la local y la foral, a través de dos
comisiones, una interdepartamental y otra interterritorial. En todo
caso, el Gobierno podrá decidir en su ámbito la organización que le
parezca más adecuada para llevar adelante y hacer el seguimiento de
los planes de igualdad que establezca.
Repito que el resultado en el caso vasco es tendencialmente bueno,
porque tratándose de igualdad no se puede hablar todavía de puntos de
llegada sino simplemente de tendencias, y nos parece que si en estas
materias se alude siempre a la importancia de los agentes de cambio,
bien está que el Congreso de los Diputados actúe en este caso como
tal, instando al Gobierno a adoptar las medidas que la iniciativa
popular propone en tal sentido.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señora
Uría.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), tiene la palabra la señora Solsona.
La señora SOLSONA I PIÑOL: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el avance de las políticas para la igualdad en favor de las
mujeres no podrá tener su resultado positivo si estas no se aplican
de una manera global en todos los órganos de gobierno. La Conferencia
mundial de Pekín estableció la necesidad de aplicar las políticas en
favor de la igualdad de una manera transversal en los organismos de
poder. El párrafo 203.E, de la plataforma de acción señala que los
gobiernos deben informar periódicamente a los órganos legislativos
acerca del progreso alcanzado en la aplicación de las medidas
encaminadas a incorporar la problemática del género. Desde entonces,
todos los organismos internacionales se han manifestado en favor de
la transversalidad en la integración del género en todas las
políticas, acciones y programas y avaluar el impacto de éstas.
En la reciente reunión de la Comisión de la condición jurídica y
social de la mujer, del Consejo Económico y Social de Naciones
Unidas, celebrada del 1 al 19 de marzo de 1999, el secretario general
presentó un informe en el que hacía hincapié en los esfuerzos
realizados en apoyar la perspectiva del género y de las actividades
de seguimiento en los trabajos de Naciones Unidas. El secretario
general, Kofi Annan, afirma en dicho informe que los mecanismos
nacionales deberían ayudar a los ministerios y organismos a incluir
una perspectiva del género en sus informes presupuestarios y de otra
índole al Parlamento, y a preparar informes del progreso realizado en
la incorporación del género, y dichos mecanismos nacionales deberían
ayudar a los organismos gubernamentales a establecer indicadores
cualitativos y cuantitativos claros para medir su empeño con respecto
a la incorporación del género.
Expertos internacionales en temas de igualdad reunidos en Santiago de
Chile en agosto-septiembre de
1998, a propuestas de la División para el adelanto de la mujer, de
Naciones Unidas, también sugieren las medidas que se pueden adoptar
para la incorporación del género y proponen mecanismo específicos
para exigir responsabilidades al Gobierno en cuanto a la
incorporación de la perspectiva del género.
También la Unión Europea, de conformidad con el compromiso contraído
en Pekín, emitió una comunicación de la Comisión, aprobada el 21 de
febrero de 1996, titulada: integrar la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres en el conjunto de las políticas y acciones
comunitarias, y en ella menciona su intención de recurrir a todas las
políticas y medidas generales con el fin específico de lograr la
igualdad, teniéndola en cuenta de forma activa y abiertamente desde
su fase de planificación.
La presente proposición no de ley del Grupo Popular va en esta línea
de acción, aplicar el mainstreaming; es decir, integrar de una manera
transversal las políticas de igualdad implica tener en cuenta estas
políticas en los hechos cotidianos y en las actividades derivadas de
las decisiones políticas. Consiste en la organización, el
mejoramiento, la evolución y la evaluación de los procesos de toma de
decisión a fin de incorporar la perspectiva de la igualdad entre las
mujeres y los hombres en todos los ámbitos y a todos los niveles por
los agentes implicados en las decisiones políticas; y evaluar las
políticas supone utilizar diferentes técnicas e instrumentos y
también analizar los programas y políticas, tanto de orden general
como sectorial, bajo la perspectiva de la igualdad entre mujeres y
hombres.
El mainstreaming es una nueva estrategia hacia la igualdad de sexos
que en ningún caso debe reemplazar las políticas, llamémoslas
tradicionales, existentes a tal efecto, ni supone en modo alguno la
reducción a la minimización de las medidas específicas de acción
positiva en favor de las mujeres. Por supuesto, deben seguir
existiendo y potenciándose comisiones para los derechos de la mujer
en los parlamentos o los institutos de la mujer en los organismos
tanto del Estado como de las comunidades autónomas. Estos organismos
y las políticas transversales serán estrategias complementarias
indispensables, unas y otras, para que la igualdad devengue en una
realidad.
Pero la elaboración de una guía de evaluación del impacto en función
del género que se pide en el punto 2 de la proposición no de ley
exige la adopción de nuevos instrumentos. Un instrumento para la
integración del factor igualdad en el conjunto de las políticas será
un formulario de evaluación del impacto de la especificidad
sociocultural de los sexos, así como las directrices adjuntas, y
antes de cualquier toma de decisiones, cualquier planificación y
cualquier evaluación de programas y proyectos debería hacerse un
análisis en función del género.
Es evidente la necesidad de la elaboración de estadísticas también en
función del género, en función del sexo, ya que las actuales no las
contemplan en su mayoría. Pero sin duda lo que es más importante es
la
manifestación de una voluntad política para llevar adelante estas
propuestas. Sin ella nada será eficaz para lograr una integración del
factor de igualdad que todos deseamos. Y para demostrar esta voluntad
política nuestro grupo apoyará esta iniciativa parlamentaria, con la
esperanza de que también lo hagan los restantes grupos
parlamentarios.
Nada más, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señora
Solsona.
A efectos de aceptar o no las enmiendas presentadas, tiene la palabra
la señora Sainz.
La señora SAINZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
En relación con las enmiendas de Izquierda Unida, aceptamos en sus
justos términos la primera enmienda, porque consideramos acertado
introducir la expresión «políticas de igualdad» que se propone en su
redacción. En relación con la segunda, proponemos una transaccional
consistente en anteponer los términos intervención y ejecución a
nuestra expresión de «seguimiento y evaluación», porque sin duda era
la voluntad de nuestro planteamiento y hay coincidencia.
No podemos aceptar, en cambio, la última porque no consideramos que
sea acertado en este momento solicitar en todos los proyectos de ley
ese informe de impacto del género.
En cuanto a las propuestas de Grupo Parlamentario Socialista, en
principio nos alegramos de que vean ustedes mucho bueno en la
propuesta cuando anuncian, en definitiva, el voto a favor. Yo lamento
(me va a permitir el señor presidente) que sea una mujer socialista
quien haya hecho en esta Cámara una descalificación claramente
machista de las mujeres del Partido Popular, como hizo usted en su
intervención; yo incluso le pediría que retirara esa expresión.
En segundo lugar, quiero manifestarle que no podemos aceptar las
enmiendas que han presentado ustedes porque nada nuevo operativo
introducen. (Rumores.) No estamos de acuerdo con que sea un
funcionario el único que esté encargado de esas políticas, por eso no
podemos aceptarlo. No podemos aceptar la creación de nuevas
comisiones porque ya existe una comisión interministerial. Pensamos
que el punto tercero está perfectamente recogido en nuestros
apartados; no se trata de hacer una guía igual a la que sabemos que
existe en Europa, sino una guía-evaluación adaptada a España. Y, por
supuesto, no nos parece adecuado introducir en esta proposición no de
ley lo de «recursos financieros», y los demás instrumentos que
ustedes señalan están perfectamente recogidos en nuestra proposición.
Por tanto, lamento que las energías en política de igualdad las
concentren en la oposición y que no las hicieran realidad cuando
ustedes gobernaban.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señora
Sainz.
Por tanto, la propuesta quedaría redactada como ha dicho la señora
diputada e Izquierda Unida retiraría su enmienda. (Asentimiento.)
Muchas gracias.
Pasamos a la votación. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a la votación de la
proposición no de ley del Grupo Popular sobre igualdad de
oportunidades, en los términos resultantes de la transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
288, a favor, 287; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, aprobada la proposición
no de ley en los términos de la transaccional.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE LA
NECESIDAD DE UNA LEY DE ARMONIZACIÓN DE LA NORMATIVA DE LA
REORGANIZACIÓN Y REDUCCIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO (Número de
expediente 173/000130)
El señor PRESIDENTE: Punto V del orden del día: Mociones consecuencia
de las interpelaciones que como urgentes se debatieron en el Pleno de
la semana pasada. (Rumores.)
En primer lugar, la del Grupo de Izquierda Unida sobre la necesidad
de una ley de armonización de la normativa de la reorganización y
reducción de la jornada de trabajo. (Rumores.)
Para su defensa tiene la palabra el señor Vaquero del Pozo. Señorías,
les ruego que guarden silencio para que pueda continuar el desarrollo
del orden del día. Muchas gracias; aún sería más de agradecer mayor
silencio.
El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor presidente.
Señorías, planteamos en la moción a debatir que este Congreso de los
Diputados inste al Gobierno a que remita al Legislativo un proyecto
de ley básica que sirva de marco armonizador de la normativa dispersa
que las comunidades autónomas están elaborando sobre incentivación de
la reorganización, reducción del tiempo de trabajo, horas
extraordinarias y reducción de la jornada semanas a 35 horas más
expresamente. (Rumores.)
Antes de entrar en materia tengo que decirles que al tratarse de un
requerimiento al Gobierno éste deberá contemplar, lógicamente, el
marco normativo ya existente al realizar la exigencia de esta Cámara
en el caso de que salga hacia delante la moción. (Rumores.) Por
ello, en cumplimiento de la Constitución, se trata en todo caso de
legislar las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos
los españoles en el ejercicio de los derechos y los deberes
constitucionales en materia de legislación laboral. Dice el artículo
149.1.7.a de la Constitución: «Legislación laboral; sin perjuicio de
su ejecución por los órganos de las comunidades autónomas.», con el
fin de que se respete la competencia que en materia de fomento
económico, laboral y fiscal en todo caso, tengan transferidas las
comunidades autónomas en aplicación del artículo 148.1.13. a
(Rumores.)
Conforme al punto 3 del artículo 150 de la Constitución: «El Estado
podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para
armonizar las disposiciones normativas de las comunidades autónomas,
aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas,
cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes
Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de
esta necesidad.» Pues bien, eso es precisamente lo que Izquierda
Unida propone en esta moción: que sin restar un ápice de las
competencias de las comunidades autónomas, el Estado no abdique de su
responsabilidad de utilizar su competencia exclusiva constitucional
de legislar los principios por los que deba regirse la normativa
-actualmente dispersa o que se va a ir dispersando poco a poco- sobre
reordenación y reducción de la jornada laboral, del tiempo de
trabajo, que están emitiendo las comunidades autónomas.
Lo que Izquierda Unida exige al Gobierno es que sea tan celoso de su
ámbito competencial como lo son legítimamente las comunidades
autónomas, o como lo es incluso el propio Estado en otras materias
respecto de las que no tiene empacho en ser más centralista,
digámoslo así, que nadie, y por cierto las comunidades autónomas no
tienen ningún inconveniente en dejarle serlo; por ejemplo, en
aquellas materias que signifiquen disciplina presupuestaria, recorte
del déficit público, recorte de la expansión del gasto público,
incluido el gasto social, legislación sobre la privatización manu
militari, por real decreto, o compensación a las eléctricas -ya ha
salido esta tarde, pero tendrá que salir muchas veces- de los
procesos de liberalización. Ahí no hay inconveniente en que el Estado
sea centralista. Es curioso, de verdad, ver el embudo que existe para
aplicar la normativa constitucional. Señorías, los sindicatos han
planteado por activa y por pasiva la necesidad de legislar un marco
normativo como el que aquí estamos planteando, obviamente consensuado
con ellos; pues bien, que así sea. Nuestra moción no impide que en el
proceso de aplicación de la resolución que así obliga al Gobierno,
éste lo haga previa negociación con los sindicatos y la patronal; al
revés, nos parecería muy bien que lo haga así. Sin embargo, ello no
quita para que si al final no hay consenso, como lo ha anunciado ya
la patronal de forma tan rotunda, el Gobierno tenga la obligación
política, derivada de la exigencia del Legislativo, de regular el
marco armonizador de la normativa dispersa. Se trata, por tanto, de
una especie de norma ad cautelam, no incompatible con la negociación
abierta o semiabierta que ahora mismo están emprendiendo los agentes
económicos y sociales. El Gobierno debe hacer caso a los sindicatos y
a la oposición en esta exigencia, simplemente por responsabilidad con
su papel. No es de recibo que el ministro de Trabajo se haga el don
Tancredo mientras los dirigentes autonómicos de su propio partido
están emanando normas sobre el recorte del tiempo de trabajo o sufren
el bloqueo de la patronal para poder llevar a cabo la reducción de
jornada a la que ellos mismos aspirarían. ¿Se ha preguntado el
Gobierno, y el Grupo Popular que lo apoya, por qué las comunidades
autónomas han emprendido esta desenfrenada carrera? Los dirigentes de
las comunidades autónomas son más sensibles a las opiniones de los
ciudadanos, ven la realidad más cerca y no se conforman con las
cifras macroeconómicas, por eso tienen más sensibilidad social que el
Gobierno, al menos aparentemente, según parece desprenderse de las
diversas posiciones de unos y otros.
El Gobierno nos ha repetido varias veces que siente un profundo
respeto intelectual por este debate de las 35 horas, de la reducción
de jornada. Pero más allá del respecto intelectual que les merece la
reflexión teórica de la necesidad de la reducción de jornada, de las
35 horas en abstracto -excusa que, por cierto, el actual ministro ha
heredado del anterior-, lo que se impone es una reflexión urgente y
una decisión política coherente sobre la necesidad de que un
trabajador de Extremadura no tenga que trabajar más horas que uno de
Galicia o que una empresa de Cataluña no tenga que soportar más
costes laborales que, por ejemplo, una de Aragón; en definitiva, de
esto es de lo que se trata a la hora de armonizar la normativa
dispersa. ¿Por qué ponemos tanto empeño en esta cuestión,
precisamente nosotros, los de Izquierda Unida, que somos los que
menos confiamos en la virtualidad de estos decretos sobre las 35
horas? Muy sencillo, señorías, porque sabemos que, al final, cuando
estos tibios decretos sobre reducción del tiempo de trabajo, a pesar
de las subvenciones multimillonarias que van a significar para los
empresarios, fracasen como instrumento de política de creación de
empleo o no cumplan toda la virtualidad que se espera de ellos, la
misma idea de las 35 horas, que modestamente nosotros hemos acuñado,
será la que sufra el revés. Ello servirá como coartada a los
ideólogos del neoliberalismo para justificar su dogmática posición
contra el modelo económico y social alternativo que, en el fondo,
significan las 35 horas. Todo método, señorías, implica un resultado,
por eso nos detuvimos tanto en el debate de la interpelación urgente
a la hora de explicar cómo sólo la ley de la jornada de 35 horas, que
se entendía como un show en la organización del trabajo, puede
convertirse en una significativa creación de empleo. Por eso hoy
insistimos en que al menos se armonicen los principios por los que se
arbitran medidas de reducción de jornada de trabajo a cuentagotas,
como lo están haciendo en las
comunidades autónomas. Si lo que quieren es que el futuro de las 35
horas sea una especie de muerte dulce, como dicen los jugadores del
mus, vale, pero si lo responsable es, como creemos desde Izquierda
Unida, que no se desperdicie esta posibilidad de creación de empleo
de calidad, que significa la reducción de jornada a 35 horas, esta
moción nos ofrece a todos la oportunidad de no jugar al farol como en
el mus, sino la oportunidad de jugar realmente a la creación de
empleo de calidad. No la desperdiciemos, señorías, no la echemos en
saco roto.
Excuso decir, después de lo argumentado, que sinceramente agradecemos
la enmienda del Grupo Socialista, pero no podemos aceptarla -ya se lo
he indicado a la portavoz del grupo- pues expresa una posición que no
compartimos, ya que es más cercana a la posición del Gobierno...
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Concluyo ahora mismo, señor presidente.
...que es la vía de la negociación colectiva, que a la nuestra. Lo
siento, pero no les voy a facilitar, de verdad, la labor de sembrar
más confusión sobre las 35 horas entre todos. Lo siento, pero eso es
así. En último término, que este debate sirva para saber quién es
quién en el tema de las 35 horas, que no es poca cosa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vaquero.
Como S.S. ha anticipado, se ha presentado una enmienda del Grupo
Socialista, para cuya defensa tiene la palabra doña Isabel López i
Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, señor presidente.
Señorías, voy a defender la enmienda que mi grupo ha presentado.
Puesto que el señor Vaquero dice que esto va a servir para fijar las
posiciones referente a las 35 horas, que no es poco, voy a intentar
fijar la posición de mi grupo. Yo pienso que cuando uno explica una
cosa y lo dice de viva voz, luego puede decir no, yo quise decir pero
no dije. Pero el papel lo aguanta todo, queda reflejado y dice lo que
dice. Lo que yo leo en esta moción es prácticamente, desde mi punto
de vista, que se pretende una Loapa de la jornada laboral, es decir,
se trata de hacer una Loapa que organice a todo el Estado. Yo creo
que eso va contra nuestro funcionamiento del Estado, contra el Estado
de las autonomías, incluso contra la empresa privada, porque aquí se
habla de armonizar la jornada laboral de la empresa privada y
pública. Es decir, que desde una ley les vamos a decir a las empresas
cómo han de organizar la jornada laboral en los centros de trabajo,
cuando sabe S.S. que las empresas privadas ni siquiera dejan que el
comité de empresa participe en la organización del trabajo.
Yo creo que es difícil de entender, de verdad, que un partido
político esté en el Pacto de Estella y luego presente esta moción
aquí. Es muy contradictorio. No se puede defender una cosa en un
lugar y otra en otro. Esto es quitar no sólo las competencias a las
comunidades autónomas, sino a las propias empresas en sí. Por lo
tanto, nosotros no podemos apoyar esta moción. ¿Qué pretendemos con
la enmienda? Yo pienso que las 35 horas son un objetivo que hemos de
conseguir y que ha de llegar. Pero para conseguir las 35 horas hay
que hablar de varias cosas: primero, de las horas extras. Hay que
eliminar las horas extras, no podemos ir a una reducción de jornada
en la que no quede claro que esa reducción de jornada ha de
significar más puestos de trabajo; si no, no conseguiríamos el
objetivo. Por consiguiente, yo creo que el camino que sigue la
enmienda del Partido Socialista de incentivar, para que a través de
la negociación colectiva se marque el camino, es el adecuado. Luego,
al final, si esa negociación colectiva, después de un tiempo, vemos
que no ha llegado donde queríamos, sí podríamos hablar de una ley que
modifique el Estatuto de los Trabajadores y que establezca una
jornada máxima legal, como hicimos los socialistas en su día en 1983,
el señor Almunia, con la ley de las 40 horas, pero nunca de una ley
que armonice. Además hay que hablar de varias cosas más.
En nuestro país o empezamos a hablar de la formación profesional o
nos vamos a encontrar con un problema. Yo no sé si SS.SS. han leído
la semana pasada en un periódico de difusión nacional como es La
Vanguardia que la patronal de Tarrasa ha tenido que hacer un acuerdo
con Estonia o Lituania -no me acuerdo exactamente con quién- para
importar trabajadores cualificados para el sector metalúrgico y para
el sector manufacturero. Eso sí que empieza a poner los pelos de
punta, y perdónenme la expresión, que en un país que tenemos en torno
al dieciocho y pico por ciento de paro haya una patronal que dice que
no encuentra trabajadores adecuados para sus necesidades. Hay que
empezar a hablar sobre esos temas, sobre el tipo de formación que
hacemos, sobre el tipo de formación que tenemos que hacer y que sea
una formación que sirva para responder a la demanda que se haga en
las empresas y nos encontremos con trabajadores que realmente están
preparados. Todo eso, señorías, se tiene que hablar a través de la
negociación colectiva y tiene que ir parejo con esta ley porque si
no, nos podemos encontrar, repito, con que reduzcamos la jornada
laboral y en ningún caso signifique más empleo, sino más horas extras
en los centros de trabajo porque sale más barato además para los
empresarios. Eso es una realidad, por eso digo que a través de la
negociación colectiva tenemos que avanzar.
En estos momentos hay más de dos millones de trabajadores que ni
siquiera tienen convenio de aplicación. Precisamente tenemos que ir
avanzando en esos espacios. ¿Y qué se ha hecho? Pues que los agentes
sociales -sindicatos y patronal- con el Gobierno han llegado a un
acuerdo que ha venido a esta Cámara y
que realmente espero que aprobemos. Pues en esto, señorías, creo que
tenemos que hacer exactamente lo mismo. ¿Cuál es nuestra posición?
Realmente la reducción de jornada es un elemento indispensable para
crear más empleo, sin ninguna duda, señor Vaquero. Que hemos de
llegar a las 35 horas también lo tengo claro, pero resulta que
tendremos que llegar con el convencimiento de que las partes
implicadas realmente así lo entiendan y se pueda aplicar en los
centros de trabajo, porque si no, repito, nos encontraremos, como le
decía antes, con las horas extras que tenemos. Por eso mi grupo ha
presentado esta enmienda y creemos que contempla un avance importante
en este contexto, como es hacer una ley que contemple incentivos para
aquellas empresas que generen más empleo como consecuencia de la
reducción de jornada. Entonces quedan bien claros los dos objetivos.
Si como ya me ha manifestado, no nos van a aceptar la enmienda, no
podemos votar esta moción como ustedes la plantean. También es cierto
que no vamos a votar en contra porque, como le decía a usted, no nos
van a utilizar ni a coger con el tiempo cambiado, porque nosotros no
estamos en contra de las 35 horas; estamos de acuerdo con el
objetivo, pero no estamos de acuerdo con el camino que ustedes han
iniciado.
Lo que les voy a decir, señorías, señores de Izquierda Unida, es que
realmente si su posición fuera el sentir mayoritario ya no sólo de
los trabajadores, sino del pueblo español, su iniciativa popular
hacía meses que hubiera rebasado no las 500 firmas, sino el millón de
firmas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora López i Chamosa. ¿Grupos
que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor
Caballero.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Gracias, señor presidente.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) para
fijar la posición de nuestro grupo en relación con la moción del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
Es una realidad, que no por repetida deja de tener su vigencia, que
nuestra sociedad se enfrenta a un grave problema: el de la fuerte
tasa de desempleo. A pesar de que en estos cuatro últimos años el
crecimiento de la economía ha sido continuo y de importancia, el paro
sigue estando en niveles insostenibles, sobre todo en lo que se
refiere a los jóvenes y a las mujeres. En el Partido Nacionalista
Vasco pensamos que sí existen medidas concretas de actuación en
relación con el desempleo, como también pensamos que el empleo admite
planes articulados de estimulación. Por ello, para nuestro grupo
resulta indispensable proporcionar un gran pacto social que vincule
la actitud ante el
empleo no sólo de la Administración u otros poderes públicos, sino
también de los diversos interlocutores sociales y agentes económicos.
En consecuencia -y lo hemos dicho en esta Cámara en más de una
ocasión-, entendemos que un pacto social puede y debe armonizar una
política de rentas dirigida a la creación de empleo. Sin embargo, en
relación con la moción presentada, y ante ciertas actitudes
centralistas disfrazadas de armonizadoras, quiero recordar al
proponente algunas cuestiones de gran interés para nosotros. En
primer lugar, dado lo que representamos, quiero recordarle que la
mayoría social vasca tiene conciencia de pertenecer a una realidad
algo diferente de la que se nos ha expuesto y que esto se ve
reflejado en los distintos ámbitos de desenvolvimiento de la
sociedad, como el político, donde hay una mayoría nacionalista, o el
empresarial y el sindical, y quiero recordar que Confebask aglutina a
la nueva realidad empresarial vasca. De la misma forma, también es
relevante la existencia, de cara a la clase trabajadora vasca, de
unas centrales sindicales nacionalistas que representan a la gran
mayoría de trabajadoras y trabajadores vascos. Por ello, porque los
trabajadores de nuestro país se decantan claramente por sindicatos
nacionalistas y por la existencia en Euskadi de una cultura sindical
y empresarial diferente a la estatal, en bastantes ocasiones hemos
solicitado un marco de actuación que recoja estas aspiraciones de la
sociedad vasca, es decir, un marco autónomo propio de relaciones
laborales.
Volviendo al asunto que nos ocupa -del que me he desviado ante
algunas afirmaciones que he oído-, quiero decir que apostamos por un
gran pacto social, pero no por rígidas regulaciones legales, que no
se corresponden con las diferentes situaciones de cada subsector
económico y social. Por consiguiente, no podemos apoyar esta moción,
que va más en la línea de algunos modelos puestos en marcha, por
ejemplo en el Estado francés, y que hasta este momento no han
demostrado ninguna eficacia. No es casualidad la posición actual del
Gobierno francés en relación con los trabajadores de la Función
pública, dando cierta marcha atrás respecto a actitudes anteriores.
En resumen, vamos a votar en contra de esta moción.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Caballero.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señor presidente.
Tanto en el Pleno de la Cámara como en Comisión hemos tenido
bastantes ocasiones de debatir aspectos relacionados con la reducción
del tiempo de trabajo, la reducción de la jornada laboral, la
propuesta de las 35 horas, etcétera, y en todos y cada uno de estos
debates hemos insistido en que en esta cuestión no podía existir
ningún tipo de fundamentalismo; es decir, que las 35
horas por ley no eran la solución milagrosa a los problemas del paro
en el Estado español ni tampoco un elemento a combatir y a destruir.
Entendemos que la creación de empleo está siendo el resultado de
multitud de factores, económicos sociales y culturales, algunos de
ellos en clave estrictamente estatal y otros en clave estrictamente
internacional. Este podía ser el sentido de nuestra intervención y, a
partir de ahí, justificar el porqué de nuestra posición en relación a
esta cuestión. Tanto en la intervención que se produjo durante la
interpelación como ahora en la moción, tanto en el texto que se nos
presenta a votación como en la intervención del señor Vaquero se nos
obliga a introducir un elemento clarísimo, inequívoco, para
pronunciarnos en contra de esta moción. Para nosotros, la propuesta
que plantea Izquierda Unida de armonización del conjunto de decretos
que se han puesto en marcha en diversas comunidades autónomas
responde a una voluntad de homogeneizar absolutamente el mercado
laboral del Estado español, obviar la realidad que hoy existe, la
voluntad política tanto de los agentes sociales como de los gobiernos
autonómicos de desarrollar sus propias políticas activas laborales; y
eso en la legislatura en que se ha producido el traspaso de la
gestión de las políticas activas del Inem a Cataluña y a Galicia.
Nosotros no podemos compartir de ninguna manera un discurso que
utiliza las expresiones normativa dispersa o desenfrenada carrera por
parte de las comunidades autónomas. Esos apelativos permiten deducir
que hay una actitud de desprecio por parte de Izquierda Unida a lo
que está siendo la legítima actuación de los agentes sociales y de
los gobiernos autonómicos en esta materia. Para nosotros es más
paradójico aún que se produzca una coincidencia de intereses entre
Izquierda Unida y el señor Cuevas. El señor Cuevas, la semana pasada,
descalificando también estos decretos apelaba a la unidad del
mercado. Nosotros entendíamos que el planteamiento del señor Cuevas
era antiguo y pasado de moda y creemos que el planteamiento de
Izquierda Unida, basado en la homogeneización y la armonización, es
también antiguo y pasado de moda. Por tanto, estos elementos
justifican inequívocamente nuestro voto contrario a esta iniciativa.
Continuamos pensando que, hoy, la creación de empleo será el
resultado de la suma de muchas cosas, del crecimiento económico, del
diálogo social, de actuaciones en materia de formación profesional,
en el reforzamiento de las políticas activas y también, seguramente,
en el inicio de procesos de reducción de jornada laboral vinculados a
la creación de empleo, como pioneramente se iniciaron en mi país, en
Cataluña. Sin embargo, eso nunca va a poder justificar que aquellas
naciones del Estado español que pretendemos desarrollar marcos
nacionales laborales nos veamos coartados por iniciativas como la que
hoy nos plantea Izquierda Unida. Por todo ello votaremos en contra de
la moción.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor
Caneda.
El señor CANEDA MORALES: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Popular tampoco apoyará esta moción de Izquierda
Unida. Ya se explicó en la interpelación que para nosotros el empleo
es lo más importante en España y, en consecuencia, cuando se toque
algo que pueda afectar a la creación de empleo hay que hacerlo con
mucho cuidado y rigor. Ni la forma ni el fondo de la iniciativa nos
parecen adecuados; la forma, porque recoge ese estilo de la izquierda
de confiar mucho más en el BOE que en la sociedad. Y aunque he visto
que poco a poco van entendiendo, nuestra posición es la contraria
exactamente. Ustedes se empeñan en imponer y nuestro estilo es
favorecer el diálogo, crear debate y lograr acuerdos. Es más
saludable y además más eficaz, como se está demostrando.
La organización del tiempo de trabajo, la jornada laboral la tienen
que negociar los agentes sociales, como se ha venido demostrando en
los últimos años bajando el máximo de las 40 horas semanales a 37 ó
38 en determinados sectores y en determinadas empresas, negociando
además las horas extraordinarias, el cómputo de la jornada anual,
etcétera, es decir negociando en conjunto. Este debate es
interesantísimo y utilísimo para encontrar formas de organización y
distribución del tiempo acordes con los requerimientos de un sistema
productivo moderno y competitivo que a su vez genere más calidad de
vida. Es lo que recomiendan, por otro lado, las directrices europeas
emanadas del Consejo de Luxemburgo, También es por lo que apostaron
las organizaciones sociales mayoritarias más representativas en los
acuerdos interconfederales de 1997. El Gobierno, por su parte, hace
llamamientos para que se negocie un acuerdo marco que sirva de
referencia a las aplicaciones puntuales en cada ámbito, con
diferenciación. Por último, gran parte de las comunidades autónomas,
con ocasión de la octava conferencia sectorial de Santander,
recientemente expresaban la misma opinión de visión globalizada de
los temas que afectan a la jornada y de lucha por el diálogo.
Respetemos, pues, estas líneas que parecen mayoritarias.
Señor Vaquero, la jornada de los funcionarios en las comunidades
autónomas -que usted menciona también- es competencia de las
comunidades autónomas y, desde luego, nuestro grupo no tiene ninguna
intención de inmiscuirse en los acuerdos que las administraciones
autonómicas y los sindicatos hagan en su ámbito, y lo mismo le digo
respecto a los incentivos que se den como políticas activas de
empleo. Vivimos en un Estado descentralizado y se hacen las
transferencias para aprovechar las ventajas de aplicar en cada lugar
lo que es necesario. Dar incentivos por la reducción de jornada en
una comunidad autónoma puede parecer tirar el dinero público,
malgastarlo, y en otra puede parecer genial; incluso puede que sean
verdad las dos cosas, sencillamente porque hay distintas realidades
de
mercado en cada una de las comunidades. En el fondo, como se vio en
la interpelación (donde el 95 por cierto de su tiempo, por cierto, lo
dedicó a hablar de la reducción de la jornada a las 35 horas), yo
estaba de acuerdo con usted cuando dijo: La jornada de 35 horas es un
bonito eslogan. Eso es cierto y así lo debe utilizar. Si su prioridad
es que algunos sectores trabajen menos horas, está muy bien; pero si
de verdad, como para nosotros, en este país la prioridad absoluta es
que se cree empleo, no. Muchas veces se recurre a modelos teóricos
cuando no se tiene ninguna experiencia en la que constatar lo que se
quiere defender, y la experiencia -no olvide que es la madre de la
ciencia- nos demuestra que aplicando la reducción de jornada por ley,
hasta ahora, en ningún caso se ha creado empleo; y en el caso de
España, en 1982, con la reducción de 48 a 40 horas, tampoco. Sin
embargo, le recuerdo que en el Reino Unido, en 1980, se destruyó
empleo al reducir la jornada, lo mismo que en Francia, en 1983. Estos
ejemplos nos deberían de servir.
El otro día, en su intervención, usted se apoyaba en unos estudios de
Bosch y Lenhdorf en los que se dice que no necesariamente se pierde
competitividad. Efectivamente, no necesariamente. Por eso nosotros
defendemos que sea por sectores, que sea por empresas, y allí donde
se puede se hará y allí donde no se puede no se hará; es decir,
aplicación por negociación. Por contra, si usted observa la creación
de empleo en los últimos 30 años verá que tanto en los países que han
creado mucho empleo -Estados Unidos, Canadá o Japón- como en los que
han creado poco -los de Europa continental- siempre coincide con la
ganancia de productividad. En esto, señor Vaquero, es en lo que
estamos en España. Llevamos unos años ganando productividad y creando
empleo. Sin tantos dimes y diretes de que hay más incorporación de
mujeres, menos población activa, para que sea sencillito: Hay más
ciudadanos trabajando que nunca. En el año 1997 hemos llegado a
equipararnos al número que había en el año 1975. Y como estamos
creando empleo a buen ritmo, para seguir creándolo necesitamos seguir
en esta política de estabilidad y ganar productividad, y no se pueden
aprobar leyes irresponsables que ponen en peligro la creación de
empleo.En consecuencia, seguiremos creando empleo a buen ritmo (por
cierto, tres veces más que en Francia con su reducción de jornada) si
no se toman medidas como ésta.
Para este grupo, como le he dicho, el empleo es lo más importante.
Señor Vaquero, con las cosas de comer no se juega y por eso vamos a
rechazar su moción.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Caneda.
Señorías, vamos a proceder a la votación de la moción del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre la necesidad de una
ley de armonización de la normativa de la reorganización y reducción
de la jornada de trabajo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
300; a favor, 17; en contra, 160; abstenciones, 123.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y
ORDEN PÚBLICO DEL GOBIERNO, A LA VISTA DE LAS ÚLTIMAS ACTUACIONES DE
LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO EN CATALUÑA (Número de
expediente 173/000131)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la moción correspondiente al Grupo
Mixto que se formula sobre la política de seguridad y el orden
público del Gobierno, a la vista de las últimas actuaciones de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña.
Señor Saura, tiene la palabra.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
La moción que hoy presento en nombre de los diputados y diputadas de
Iniciativa per Catalunya-Els VerdsNueva Izquierda es consecuencia de
la interpelación que formulamos la semana pasada en relación a la
política de seguridad y orden público del Gobierno a la vista de
determinadas actuaciones de las fuerzas de seguridad en Cataluña. En
concreto hicimos referencia en la interpelación a los incidentes que
se habían producido en el mes de enero en la Universidad Autónoma de
Barcelona con motivo de la visita del presidente Aznar y, hace pocos
días, a unos nuevos incidentes acaecidos en Cornellá con motivo de un
acto político del Partido Popular con la presencia del ministro de
Trabajo, señor Pimentel.
Desde el rechazo clarísimo a cualquier tipo de discrepancia que
utilice medios violentos, dijimos al señor ministro la semana pasada
que en estos dos incidentes el principal problema de inseguridad lo
habían creado las propias fuerzas de seguridad con su actuación.
Argumentamos -y sólo hay que recurrir a la hemeroteca para captar la
desproporcionada actuación de las fuerzas de seguridad del Estado-
que hubo en estos dos incidentes todo tipo de calificativos en
relación a la desproporción, a lo erróneo de la actuación, a la
imprevisión y a la propia incompetencia con que las fuerzas de
seguridad habían actuado. Le decía al señor ministro la semana pasada
que hacía mío el título de un editorial de un medio de comunicación
de Cataluña cuando decía que se estaban produciendo demasiados
errores en las actuaciones de las fuerzas de seguridad del Estado
y añadía que estaban siendo demasiados errores importantes, demasiados
errores gordos. Por tanto, cuando hacemos esta crítica a la actuación
de la policía no lo hacemos exclusivamente desde Iniciativa per
Cataluña; prácticamente ha habido unanimidad de todos los sectores
sociales y políticos de Cataluña en esa crítica. Creo que todos los
periódicos han hecho
editoriales condenando la actuación de las fuerzas de seguridad,
todos los partidos políticos, excepto el PP (le decía al señor
ministro del Interior que incluso altos dirigentes del PP en el bar
me había expresado también su rechazo a la propia actuación de la
policía), los sindicatos, el rectorado y dirigentes de CiU, empezando
por el presidente de la Generalitat. Por tanto, estos hechos están
ahí, no se pueden discutir. También comentaba al señor ministro la
semana pasada que una gran preocupación que sentíamos es que se
intentara instalar un determinado clima en Cataluña que significara
que cualquier actuación de las fuerzas de seguridad acabaran en
conflicto; que en estos momentos en Cataluña no hay ningún tipo de
conflicto en relación con estos temas, pero que la actuación de
algunas minorías y la respuesta desproporcionada y equivocada de las
fuerzas de seguridad pudieran avanzar en una línea peligrosa.
Desde ese punto de vista, lo que está claro es que ha habido errores
en la actuación de las fuerzas de seguridad, de la delegada del
Gobierno y del propio ministro. Posiblemente el error más importante
no ha sido la actuación de la policía sino que concretamente en los
incidentes de la Universidad Autónoma desde el Ministerio se
justificara aquello que era injustificable, la actuación de la
policía, reconociendo que dos o tres semanas después el ministro tuvo
la honestidad o el acto que le honra de pedir perdón por la
actuación, pero quedándose simplemente en pedir perdón, aunque ante
actuaciones anteriores y actuales de otros ministros en que nadie
pide perdón era honroso por su parte. En todo caso, respecto de la
investigación que se dijo que se abría tanto en los incidentes de la
Universidad Autónoma como de Cornellá no sabemos cómo ha quedado; que
sepamos no se ha tomado medida de ningún tipo para que estos hechos
no se vuelvan a reproducir.
La moción que planteamos consta de cuatro puntos. El primero es
simplemente llevar a sede parlamentaria aquello que se ha dicho fuera
del Parlamento. Yo he dicho que todo el mundo había reprobado la
actuación de los responsables de las fuerzas de seguridad en estos
incidentes. Simplemente voy a leer dos de las frases que ha dicho el
presidente de Cataluña: Pujol califica de muy grave la carga policial
de la Autónoma y en Cornellá califica de errónea y fuera de lugar la
actuación del Cuerpo Nacional de Policía. Por tanto, nuestro primer
punto es simplemente decir aquí, con la misma coherencia con la que
se está diciendo esto fuera del Parlamento, que la actuación de la
policía en estos dos casos ha sido errónea.
Segundo punto: que se investigue, pero que se investiguen sobre todo
las causas por las que se han producido estos errores. Ciertamente,
el ministro de Interior en su comparecencia en enero reconoció que
había habido una falta de previsión del dispositivo policial en la
visita a la Universidad Autónoma. ¿Por qué se produjo la falta de
previsión? El ministro de Interior la semana pasada me decía que
posiblemente podía haber
habido otro error de previsión en la visita del ministro de Trabajo a
Cornellá. La pregunta es ¿por qué? Por tanto, nuestro segundo punto
es que se diga, que se explique, que se investigue cómo es posible
que en cuestiones tan importantes exista falta de previsión.
El tercer punto de nuestra moción hace referencia a que se tomen
medidas. No es necesario solamente que el ministro pida perdón sino
que sepamos por qué se han producido estos errores. Y detrás está lo
más importante, que se diga qué medidas se van a tomar organizativas,
políticas, administrativas y disciplinarias, de qué índole van a ser
las medidas que se van a tomar para que podamos tener confianza y
prever que no vuelva a pasar nunca más.
El cuarto punto de nuestra moción hace referencia a que, una vez que
se haga todo esto, se informe al Parlamento.
Insisto en que son cuatro puntos. El primero, traer aquí aquello que
se dice fuera: la actuación de los mandos, de los responsables de la
policía -incluyo a la delegada del Gobierno- es reprobable en la
medida en que se ha producido injustificadamente. Hay que investigar
las causas de por qué se han producido, hay que tomar medidas y hay
que informar al Congreso de los Diputados. Pensamos que sólo una
actuación del Gobierno en esta línea de no justificar lo
injustificable, de investigar y de tomar medidas, va a hacer posible
que no se vuelvan a producir incidentes de este tipo. Decía el otro
al ministro del Interior que tenía dudas de que en el caso de que en
los incidentes de la Universidad Autónoma el Ministerio hubiera
estado firme hubiera sucedido lo de Cornellá. Y digo hoy aquí que no
lo deseo en absoluto pero estoy seguro de que si ante actuaciones de
éstas el ministro del Interior y la delegada del Gobierno dicen que
no pasa nada, que la actuación de las fuerzas de la policía es
correcta y que el único problema es la actuación de unas minorías
violentas, estos incidentes se van a reproducir.
Por tanto, señoras y señores diputados, espero que con esta
argumentación voten por unanimidad la moción que les acabo de
presentar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Saura.
A la moción se han presentado dos enmiendas, una del Grupo de
Izquierda Unida y otra del Grupo Catalán de Convergència i Unió.
Por el Grupo de Izquierda Unida tiene la palabra el señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Muchas gracias, señor presidente.
Estando de acuerdo con los cuatro puntos que ha señalado el
proponente de la moción, señor Saura, hemos presentado una enmienda
de adición porque creemos que hay que añadir por convencimiento
político claro y expreso que estamos ante una responsabilidad
política por una actuación absolutamente irregular e irresponsable de
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado en dos sucesos, fundamentalmente el de Bellaterra, porque
hacía tiempo que no se tenía una actuación de esas características en
una universidad y después en Cornellá. Nosotros entendemos que es
obligado señalar la responsabilidad política tanto de la señora
delegada del Gobierno en Cataluña como del subdelegado del Gobierno
en la provincia de Barcelona. No podríamos compartir de otra manera
una moción que no señalara la necesidad de instar al Gobierno al cese
tanto de la señora delegada como del subdelegado del Gobierno.
Estamos de acuerdo en expresar en la moción, en los puntos 1, 2, 3 y
4, lo erróneo de la actuación, la necesidad de la investigación, la
necesidad de que se tomen medidas organizativas y disciplinarias, las
que fueran, y la necesidad de que sea informado el Parlamento, pero
echamos en falta señalar con claridad la necesidad de pedir el cese
de la delegada y del subdelegado del Gobierno. ¿Por qué? Porque para
el Grupo de Izquierda Unida está más que comprobado que las
responsabilidades políticas tienen nombres y apellidos. Por tanto,
ante estas dos actuaciones irregulares de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado que rompen el equilibrio entre protección de
derechos y seguridad, esta Cámara tiene que tener una actuación muy
clara al señalar la responsabilidad más que evidente de la absoluta
incompetencia de la señora delegada del Gobierno y, por ende también,
del subdelegado del Gobierno en Barcelona. Lo planteamos así porque
si no señaláramos esta responsabilidad no tendríamos ninguna garantía
de que acontecimientos que se producen con tanta rapidez en el tiempo
no se vuelvan a repetir. Por tanto, como los errores son de esta
magnitud nos vemos obligados a añadir un punto más que plantea instar
al Gobierno el cese de la señora delegada y del subdelegado del
Gobierno. Para nosotros es fundamental y por eso solicitamos al grupo
proponente, en este caso al señor Saura, que nos permita introducir
esta adición. De no hacerlo nos obligaría a abstenernos porque
entenderíamos que la moción quedaría coja al no señalar esta
responsabilidad.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Meyer.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el
señor Guardans i Cambó.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Gracias, señor presidente.
La semana pasada y con motivo de la interpelación tuve ocasión de
decir que dicha interpelación, y la moción consecuencia de la cual
estamos ahora debatiendo, nos merecía todo el respeto en la medida
que había traído al Pleno de la Cámara unos hechos que en su momento
levantaron en Cataluña y ante la opinión pública catalana unas altas
dosis de indignación.
Creo que esta palabra es la que mejor refleja lo que fue y es el
estado de ánimo colectivo, en la medida que un pueblo lo pueda tener,
respecto principalmente de
lo que fue la carga policial en la Universidad Autónoma de Barcelona:
indignación; indignación colectiva porque no se recordaban hechos
iguales desde hacía muchos años.
La retina pública acabó identificando con esos hechos otros de
naturaleza distinta ocurridos en Cornellá un tiempo más tarde,
metiendo todos juntos en un mismo paquete que también está cubierto
por el mismo manto: la indignación ante lo que ha sido calificado
como un grave, principalmente un gravísimo error policial, una grave
falta de responsabilidad por la imprevisión con que se afrontaron
esos hechos.
La protección de las personas, tanto de los ciudadanos individuales
como de los ministros o del mismísimo presidente del Gobierno, ha de
ser siempre proporcionada, y cuando es previsible que pueda darse
algún tipo de conflicto debe hacerse siempre una planificación
adecuada. Son verdades absolutamente obvias que no merecerían mayor
comentario si no fuera porque eso es exactamente lo que faltó aquí:
faltó proporción y faltó previsión.
El ministro del Interior, en sus sucesivas comparecencias y preguntas
en el Pleno de esta Cámara, en el Pleno del Senado y en la Comisión
de Justicia e Interior, ha tenido ya ocasión de lamentar expresamente
lo que allí ocurrió, de pedir excusas y de anunciar la apertura de
una investigación que aclarara exactamente cuáles fueron las causas
que llevaron a esta situación, y por tanto suponemos -es la lógica
que se deriva de sus palabras-, la depuración de eventuales
responsabilidades. Eso es exactamente lo que esta Cámara debe y puede
exigir: que se aclaren las causas que llevaron a eso y que se depuren
las responsabilidades.
Por eso, ante la moción presentada por Iniciativa per Catalunya, mi
grupo presenta una enmienda de sustitución al texto, que con toda
precisión y después de aclarar cómo esta Cámara lamenta muy
expresamente y manifiesta su grave preocupación por los hechos allí
ocurridos, pide que se culminen las investigaciones que en su momento
se nos dijo se habían abierto respecto de estos hechos, que se
determinen las responsabilidades a que hubiera lugar en su caso, y
que se adopten todas y cada una de las medidas para impedir que
hechos de esta naturaleza puedan volverse a repetir; lógicamente se
pide también que el ministro informe después puntualmente a la
Comisión de Justicia e Interior de los contenidos de este apartado.
Entendemos que este texto fija con toda claridad la posición del
Gobierno, sin prejuzgar tampoco las responsabilidades de unos u otros
a qué nivel quedan, si a nivel de Administración general del Estado a
nivel de Madrid, a nivel de la Delegación del Gobierno en Cataluña,
o a un nivel inferior, no lo sabemos; esperamos esa información y que
en virtud de ella se exijan las responsabilidades que correspondan.
Por tanto, pedimos a Iniciativa per Catalunya que admita esta
enmienda de sustitución y que en sus términos se pueda someter
a votación.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guardans. ¿Grupos que desean
fijar su posición? (Pausa.)
Señor Pedret, por el Grupo Socialista.
El señor PEDRET I GRENZNER: Gracias, señor presidente.
Para indicar el voto favorable del Grupo Socialista a la moción
presentada por el diputado Joan Saura, por entender que es adecuada
al debate que se ha producido en el día de hoy y al que se produjo no
sólo el miércoles anterior en la interpelación urgente, sino también
a los debates producidos en la Comisión y en otras sesiones de
control de esta Cámara.
En efecto, entendemos que en los últimos tiempos se ha producido una
clara falta de proporción de las actuaciones policiales en Cataluña
en puntos geográficos distintos, en momentos temporales distintos, y
siempre con el único nexo de unión de la falta de proporción, de
haber olvidado que la política de seguridad del Estado debe ser ante
todo y primordialmente una política de protección de los derechos de
los ciudadanos.
Es cierto que el señor ministro del Interior pidió disculpas por las
actuaciones. No parece cierto, sin embargo, que haya especial interés
por parte del Gobierno en solucionar, ni siquiera en informar sobre
las soluciones o trámites de averiguación que se estén llevando a
cabo. Prueba de ello es el hecho de que estén aún sin respuestas
preguntas presentadas el 26 enero de 1999, poco después de los hechos
de la Universidad Autónoma de Barcelona, que no han sido respondidas,
o al menos las respuestas por parte del Ministerio del Interior no
han llegado a quien les habla.
Parece que el propósito de enmienda, necesario aparte de la confesión
de boca, tampoco esté en el ánimo del Gobierno. Lo cierto es que en
la penitencia política que se solicitaba el miércoles anterior, que
se concretaba en ceses o dimisiones, parece haberse trasladado a la
de para que no se pudiera acusar de actuación desproporcionada, dejar
que determinados manifestantes pisotearan el capó del coche del
ministro, señor Piqué, que tiene otras preocupaciones. Tanta falta de
proporción y tanta falta de previsión hay cuando se deja desbordar el
dispositivo policial y se producen situaciones de violencia
injustificada por parte de las fuerzas actuantes, como cuando se
permite que los manifestantes hagan exactamente lo que quieren, para
evitar cualquier acusación de intervención excesiva. Repito que el
nexo de unión de todos estos hechos es la existencia de un
responsable político de las fuerzas de seguridad en Cataluña, y no es
otro que la delegada del Gobierno en Cataluña, la señora García-
Valdecasas, que como dije el miércoles pasado parece ser que no
entiende de esto. Lo ha manifestado voluntariamente ante la prensa;
ha dicho que como es farmacéutica, no entiende de política de
seguridad. Parece ser que esta calificación académica no le impide en
cambio regocijarse y entender de actuaciones policiales tendentes a
soluciones más o menos felices de secuestros, pero sí le impide
dedicarse a la política de seguridad y a la protección de la libertad
de los ciudadanos de Cataluña.
Por ello, y por entender que en el punto 1 de la moción presentada
por el diputado señor Saura ya está implícito de forma clara que la
responsabilidad es de la señora García-Valdecasas, actual delegada
del Gobierno en Cataluña, y que no es necesaria a nuestro entender la
adición propuesta por Izquierda Unida puesto que ya se dice en la
moción, y entendiendo que la enmienda presentada por Convergència i
Unió no responde a la realidad de los hechos sino seguramente a otras
situaciones de necesidad de acuerdo parlamentario para otros temas,
reitero la posición del Grupo Socialista de votación afirmativa a la
moción presentada por el señor Saura.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pedret.
Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Muchas gracias, señor presidente.
Con toda brevedad, porque no voy a repetir un debate que desde
nuestro punto de vista está suficientemente explicitado en lo que fue
la actitud del Gobierno, no sólo respondiendo con toda claridad y con
una sinceridad encomiable a la interpelación formulada la semana
pasada, sino compareciendo inmediatamente ante la Comisión de
Justicia e Interior donde se celebró un debate específico sobre este
asunto. No entendemos cómo se puede decir a estas alturas que por
parte del Gobierno no ha habido compromiso y voluntad de
transparencia y de contestación, cuando insisto con independencia del
trámite que hoy nos ocupa y del debate de la semana anterior, hubo ya
una comparecencia exhaustiva especifica en el seno de la Comisión de
Justicia e Interior.
Todos estamos de acuerdo en un principio general, el de que la
política de seguridad ciudadana se tiene que vertebrar desde la
finalidad de andar lo mejor posible el camino de la protección de los
derechos de los ciudadanos. Estoy convencido que esa fue la tesis
fundamental que animó la política de los anteriores gobiernos, como
es la tesis fundamental que anima la política de este Gobierno o de
cualquier gobierno sucesivo, por la sencilla razón de que, como
señalaba en la interpelación, ésa es la política constitucional.
Por lo demás, creo que sobra recordar cuál ha sido la actuación del
Gobierno en este caso, que ha impulsado un compromiso de
transparencia, de inmediatez en las explicaciones, y de apertura de
investigaciones para llegar al fondo de la cuestión; todo ello porque
el Gobierno, sin lugar a dudas y en los términos constructivos en que
estamos seguros que así se plantean, recibe esas llamadas por parte
de todos los grupos parlamentarios a la autoexigencia, a la exigencia
siempre constante en la calidad y en la prestación del servicio
público policial, en esos términos de protección de los derechos de
los ciudadanos; pero recibiéndolas en esos términos hay que decir -y
supongo que todos los grupos parlamentarios coincidirán también en
apreciar el sentido de esta
afirmación- que ese nivel de autoexigencia el primero que se lo
plantea también, al menos con la misma preocupación y consecuencia
que los demás grupos parlamentarios, es el propio Gobierno, por la
misma vocación y por el mismo compromiso que anima a todos los demás
grupos, pero además porque en su función y en su responsabilidad de
Gobierno ése es precisamente su deber y el imperativo jurídico al que
está sometido.
Decía la semana pasada que es bueno que casemos todos ese permanente
nivel de autoexigencia de las autoridades políticas, de los
profesionales, del conjunto de los grupos parlamentarios sobre lo que
debe ser el desarrollo de la política de seguridad ciudadana, que lo
casemos todos también con el ejercicio desde nuestra responsabilidad
como representantes públicos de una tarea didáctica, de decir que en
democracia toda forma de protesta, toda forma de discrepancia, todo
ejercicio del derecho a la crítica es siempre legítimo, pero
precisamente porque lo es, en democracia hay formas y modos
suficientes para ejercer ese derecho con toda intensidad, con todo
rigor, con todo acento, sin tener que recurrir nunca a alguna forma
de violencia.
Concluyo, señor presidente, diciendo que la enmienda de sustitución
presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) a
este grupo parlamentario y precisamente porque también es coherente
con ese nivel de autoexigencia al que yo antes hacía referencia, le
parece estimable; nos parece muy estimable porque retrata
perfectamente lo que puede ser, lo que ha sido un estado de ánimo, de
percepción, de opinión de todos, incluido el propio Gobierno, y me
remito a las palabras del ministro de Interior ante esta Cámara, con
un sentido al mismo tiempo constructivo, intentando casar lo que se
está haciendo con lo que se debe hacer y en todo caso con buscar un
espacio en el que todos los grupos parlamentarios pudiéramos
encontrarnos a la hora de aprobar hoy un texto que sirviera también
de acicate para seguir manteniendo esos niveles de autoexigencia.
Por tanto, valoramos con todo rigor y con toda profundidad la
iniciativa de sustitución presentada por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), al mismo tiempo que decimos no
podríamos apoyar -y ése sería el sentido de nuestro voto- el texto de
la moción original. Desde ese espíritu de consenso, desde esa
voluntad de autoexigencia que a todos los grupos nos anima en la
mejora de la prestación del servicio público policial orientada
precisamente a ese fin de protección de los derechos de los
ciudadanos, nos permitiríamos animar al grupo proponente a que
pudiera aceptar esa enmienda de sustitución que este grupo
parlamentario sí votaría.
Nada más, señor presidente, muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor Saura, para la aceptación o rechazo de las
enmiendas que se han defendido.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
En primer lugar y con relación a la enmienda de Convergència i Unió,
no la vamos a aceptar porque no
contiene una cuestión que debería contener, como es reprobar la
actuación de los máximos responsables de las fuerzas de seguridad, y
esto -insisto- es opinión generalizada de toda la sociedad catalana,
incluso del señor Jordi Pujol. Si la enmienda transaccional de CiU
hubiera ido en la dirección de las palabras del presidente de
Cataluña la hubiera aceptado. Por tanto, la enmienda de Convergència
i Unió en la práctica no es nada, porque significa continuar con una
investigación que no dará ningún fruto, pero agradezco el esfuerzo
positivo y constructivo que han hecho al enmendar nuestra moción.
En segundo lugar, la enmienda de Izquierda Unida plantea que este
Parlamento acuerde el cese del delegado, debía ser de la delegada del
Gobierno en Cataluña. Es una enmienda en sentido contrario a la de
CiU. Quiero recordar especialmente al Grupo de Izquierda Unida que
nuestro primer punto es tan fuerte que plantea reprobar la actuación
en estos incidentes de los máximos responsables de las fuerzas de
seguridad; la máxima responsable en Cataluña es la delegada del
Gobierno y posiblemente el jefe de policía y el subdelegado. En todo
caso nos parece que una reprobación a los máximos responsables
incluye en primer lugar una reprobación a la delegada del Gobierno, y
estoy seguro de que si saliera adelante una reprobación a la delegada
del Gobierno, ésta debería dimitir inmediatamente o ser cesada. Por
tanto, tampoco admitiríamos la enmienda de Izquierda Unida, por
entender que está contemplada en nuestra moción.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saura.
Vamos a proceder a la votación de la moción del Grupo Parlamentario
Mixto, defendida por el señor Saura, sobre la política de seguridad y
orden público del Gobierno a la vista de las últimas actuaciones de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña, en sus
propios términos al no haberse aceptado ninguna enmienda por el
proponente de la moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
301; a favor, 137; en contra, 153; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, rechazada la moción
debatida.
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE LA POLÍTICA DE
PRIVATIZACIONES DEL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL (Número de expediente
173/000132)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Socialista sobre la política de
privatizaciones del sector público empresarial.
Para su presentación ante el Pleno tiene la palabra don Antonio
Cuevas. (Pausa.)
Silencio, señorías; por favor permitan que pueda desarrollar su
intervención el señor Cuevas. Silencio, por favor. (Pausa.)
Adelante, señor Cuevas.
El señor CUEVAS DELGADO: Gracias, señor presidente.
Señorías, nos trae hoy aquí el debate de la moción correspondiente a
la interpelación que la semana pasada dabatió mi grupo en esta
Cámara; bien es cierto que a la ya consabida falta de transparencia,
como quedó demostrado en esa interpelación, se une hoy...(Rumores.-
Varios señores diputados abandonan el salón de sesiones.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor. Por
favor, quienes tengan otras ocupaciones parlamentarias fuera del
hemiciclo les ruego lo abandonen si han de establecer negociaciones o
mantener cualquier tipo de conversación.
Adelante, señor Cuevas.
El señor CUEVAS DELGADO: Decía que a la falta de transparencia se une
hoy la nocturnidad, sobre todo por la hora. Esperemos que del
resultado de esta votación la nocturnidad no se trueque también en
alevosía.
Digo esto, señorías, porque de esa interpelación, en la que estuvo
presente el ministro que dio una serie de explicaciones o de evasivas
sobre lo que ha supuesto el proceso de privatización del sector
público empresarial, no tuvimos la oportunidad de sacar conclusiones
claras sobre eso que tanto se está diciendo que es la transparencia y
la información. Señorías, esto que hoy presentamos aquí tiene
importancia, más aún la tiene que este Parlamento recupere su
dignidad, su función y que la oposición tenga elementos suficientes
para ejercer su trabajo y para controlar la acción del Gobierno; pero
también para que el Gobierno tenga la oportunidad de demostrar que es
un Gobierno democráticamente elegido y que no tiene problemas en
traer a esta Cámara toda la información correspondiente a este
proceso o a cualquier otro.
Es más grave aún, señorías, porque en ese documento que dio lugar a
este proceso de privatizaciones el propio Gobierno decía que había
que hacer un proceso absolutamente transparente que controlara este
Parlamento e incluso ponía mucho énfasis en que había que hacer
procesos de auditorías que la Intervención General del Estado
remitiría a este Parlamento. Al día de hoy -y es una historia ya
sabida- después de numerosos esfuerzos porque esto sea así no lo es;
en consecuencia, esta moción sólo pretende algo que ni siquiera
tendría que ser planteado en este Parlamento: pretende información.
No es una moción para decir que el Gobierno lo hace bien o mal,
queremos información. El grupo de la derecha que apoya al Gobierno
tiene aquí la oportunidad de votar esta moción en la que
solamente pedimos información, para demostrar que ustedes en ese
camino, en ese lento caminar desde no sé dónde hasta el centro, que
más bien parece que van por una especie de cinta transportadora pero
al revés, están llegando a posiciones desde que venían de Alianza
Popular a ese centro al que pretenden llegar. Den ustedes
información, sean demócratas y así estaremos haciendo un favor a este
país. Algunos grupos que apoyan a este Gobierno sean conscientes
también de que lo que pedimos aquí es lo mismo que dicen con palabras
pero no cumplen con hechos. No lo hacen desde el momento que apoyan
el encubrimiento de esa subcomisión de privatizaciones que ha sido
absolutamente inoperante, que no ha servido para nada, que no va a
servir para nada y que sólo pretende lavar la cara de un Gobierno que
no quiere darla y que cuando la da y trae a su ministro lo único que
hace es dar evasivas y dejar de lado la información que se le pide.
Señorías, entérense ya, estamos en la VI Legislatura, esto es la
oposición al Gobierno de ustedes, al Gobierno del Partido Popular;
den información y no se escuden más en hechos del pasado, porque
oportunidad tuvieron y mal la ejercieron por cierto, o tuvieron un
mal estilo de hacer oposición al Gobierno de entonces. (Rumores.- Un
señor diputado: ¡Agua!) Sí, señoría, hace falta agua porque hay que
lubricar un poco este Parlamento, hay que lubricarlo para que ustedes
también entiendan que no sólo se vive aquí de vanas palabras sino de
hechos y de cuestiones muy concretas. (Continúan los rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, dejen el agua en paz.
El señor CUEVAS DELGADO: No son ciertas las afirmaciones que oímos
aquí el miércoles pasado de que este proceso está creando empleos.
¿Cuántos empleos han creado Endesa, Telefónica, Tabacalera y
Argentaria? Se han destruido empleos, no se han creado; luego no es
cierta esa afirmación. (Aplausos.- Rumores.) Tampoco es cierto -y lo
decían ustedes con una especie de rechazo a la gestión del anterior
Gobierno- que ustedes estén liberalizando y privatizando. No es
cierto, señorías, porque un proceso de liberalización no tiene nada
que ver con el que ustedes han llevado a cabo. Decía el ministro que
los gobiernos socialistas también privatizaron sin liberalizar.
Nosotros privatizamos parcialmente ciertas empresas públicas que
seguían siendo públicas; no hemos entregado a los monopolios privados
empresas públicas. Eso no lo hemos hecho. Tampoco lo hemos hecho al
coste que ustedes lo han realizado, que me parece en algunos casos
irrisorio, por lo poco que conocemos. (Una señora diputada: ¡Muy
mal!) Sí, muy mal, pero si es muy mal escuchen. No son ciertas
tampoco las informaciones... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Por favor, no interrumpan.
Señor Gutiérrez Molina.
El señor CUEVAS DELGADO Si no escuchan, es imposible que aprendan, No
son ciertas tampoco las afirmaciones del ministro cuando dice que la
información proporcionada por la SEPI permite conocer el empleo de
los fondos obtenidos por esas privatizaciones. Eso no es cierto, no
hay datos para conocerlo. Ha habido, es verdad, informes del Consejo
Consultivo, o una relación que parece la guía telefónica de empresas,
sector, capitales invertidos, acuerdos del Consejo de Ministros,
etcétera, y que no sirve para nada, señorías, no sirve para conocer
esto; tampoco conocemos la aplicación de los fondos. No es cierto que
la información esté a disposición de esa Comisión, que por cierto es
secreta y no pueden comparecer los presidentes de las empresas
públicas, pero no sólo cuando ya han sido privatizadas sino tampoco
antes.
Queremos saber lo que se esconde detrás de este proceso que ustedes
llaman de modernización del sector público. Nosotros decimos que ese
proceso es de esquilmación del sector público, poniéndole además un
antifaz a este Parlamento y a los ciudadanos que eran los dueños de
esas empresas y a los que ustedes se las han quitado para dárselas a
sus amigos (Rumores.); y no digan ahora que no son sus amigos porque
luego voy a dar un listado de algunos.
Por estos motivos ese proceso no es transparente. En esta moción
pedimos que traigan aquí esa información. Queremos que no sigan con
las prácticas que hasta ahora estaban haciendo, que a ustedes les
parecerá que son muy inteligentes. Estas prácticas sí que son
transparentes. Hace pocos días -podíamos hablar de cualquier otra
empresa- fue la privatización de Indra. Me decía algún portavoz del
Partido Popular que teníamos información privilegiada, lo que
teníamos era los periódicos, por lo menos algunos hay que leer.
Indra, unos días antes de la privatización, de que saliera la oferta
pública de adquisición de acciones en Bolsa -no sé si una semana o
dos antes, porque esta información privilegiada no lo especifica-,
cesa a siete presidentes nombrados entre los que ustedes han citado
antes, como subsecretarios, directores generales, etcétera, y nombra
a siete consejeros independientes.
El señor PRESIDENTE: Señor Cuevas, vaya concluyendo, por favor.
El señor CUEVAS DELGADO: Termino ya, señor presidente.
Los independientes, entre comillas, son un consejero de leche
Pascual, otro de Renta-4, otro de Corporación Planeta. Estos son los
independientes que saben mucho de la nueva tecnología de la defensa
en este país. Indra es una empresa puntera en este país que este
Gobierno la va a hundir en función de sus intereses personales y
mediáticos. Estos señores nombrados en este consejo van a seguir por
lo menos los cinco años que va a durar la acción de oro que se ha
reservado el Gobierno sobre esta empresa. Los que compren las
acciones de Indra
no van a poder decidir sobre la composición de su nuevo consejo
porque, previamente, en una perfecta operación que se llama de
marketing financiero o de ilusionismo del señor Piqué, ha convertido
a ese consejo en un núcleo duro que ya velará porque no cambie.
Ustedes se adueñan de una empresa pública, de una empresa de un
sector estratégico de la defensa y la utilizarán de la misma manera
que han utilizado a Telefónica, a Endesa y a tantas otras. Mañana,
seguramente, Indra, como otras empresas, empezará a comprar medios de
comunicación para desvirtuar el proceso democrático. Ustedes, y esa
es la clave, están haciendo un gran núcleo de poder económico y
financiero, un gran núcleo de presión de este país, con lo que están
desvirtuando la democracia. Y lo están haciendo apropiándose de las
decisiones en esas empresas que eran públicas, por otra parte
rentables, porque de las que no son rentables todavía no han
encontrado comprador. En las empresas que no son rentables sigue
habiendo deudas para el erario público, las dejarán después cuando
cesen en el Gobierno y tendremos que hacernos cargo nosotros de
ellas. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
El señor CUEVAS DELGADO: Pensaba, al principio, que la hora era una
dificultad, pero parece que están ustedes muy animados.
Voy a terminar diciéndoles que por esos motivos hemos presentado esta
moción que sólo pretende modestamente, señorías, recuperar la
democracia en este Parlamento (Rumores.) Democracia no es sólo que
hable yo aquí, que me responda alguien; democracia es que haya un
amparo, que no se lo voy a pedir ahora al presidente. (Rumores.)
Señorías, estoy argumentando, no estoy diciendo que pida amparo.
Estoy diciendo que no lo voy a pedir ahora al presidente, como algún
miembro del Gobierno lo ha hecho, porque estamos suscitando
información que desde que existe democracia en este país se ha dado a
los representantes de la oposición. Véanlo y estúdienlo, decidan
ustedes qué votan y decidan si nos podemos creer que ese viaje al
centro tiene algún camino y destino.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cuevas.
A la moción del Grupo Socialista, se han presentado dos enmiendas,
una del Grupo Mixto y otra del Grupo de Izquierda Unida.
Para la defensa de la primera, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
El Bloque Nacionalista Galego presenta tres enmiendas que voy a
explicar ahora.
La moción del Grupo Parlamentario Socialista habla de un proceso de
privatizaciones que está en curso, que está prácticamente consumado,
y presenta la preocupación
informativa y resolutiva en relación con el problema del
empleo y con la capacidad productiva. Es un tema importante porque
hemos podido comprobar que empresas privatizadas, en concreto Endesa
o Tabacalera en el caso de Galicia, fueron acompañadas de una
reducción del número de puestos de trabajo y los efectos
territoriales son, sin duda, evidentes.
Igualmente existe preocupación sobre los ingresos que se producen con
estas privatizaciones y lo que, sin duda, no es un control adecuado
del Consejo Consultivo de Privatizaciones, que está actuando como un
organismo de carácter decorativo. Tiene también preocupación por la
aplicación de los fondos que se consiguen, las finalidades a que van
empleados, sin duda importantes, porque también nosotros hemos podido
comprobar que privatizaciones multimillonarias, de prácticamente más
de un billón de pesetas, de empresas muy rentables que actuaban en
Galicia, en nuestro país no vimos un céntimo en inversión productiva
alternativa.
Nosotros presentamos, por lo tanto, una enmienda al punto 1 para que
también se dé un informe detallado sobre las operaciones de
privatización en curso o pendientes, ya que el Gobierno piensa
realizarlas y sería importante que supiésemos el calendario de las
mismas, las repercusiones que van a tener en la capacidad productiva
y en el empleo.
La segunda enmienda va destinada al punto número 3 de la moción del
Grupo Parlamentario Socialista, que incide en la información
privilegiada y en el favoritismo que tuvieron muchas personas que,
puestas en la empresa pública por el propio Gobierno, después hacen
negocios privados. No voy a recordar aquí nombres muy emblemáticos,
que hoy se pueden permitir el lujo de no aparecer por este Congreso.
Estas personas sí fueron colocadas por el Gobierno. Nosotros pensamos
que el apartado número 3 debe ir acompañado de una enmienda que haga
referencia a que las operaciones de privatización pendientes no
disminuyan la capacidad productiva o incidan negativamente en la
pérdida de empleo, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, y en todo
caso poner la cautela de que durante cinco años las empresas
privatizadas mantendrán estas obligaciones contractuales del nivel de
empleo y, sobre todo, que no puedan especular con los terrenos o las
instalaciones que tenían estas empresas, ya que muchas veces
comprobamos que es así.
La última enmienda se refiere a un error que pensamos que es
puramente gramatical o técnico, y sería abogar por la participación
de las comunidades autónomas en el proceso informativo sobre las
privatizaciones. Solamente quiero expresar la preocupación del Bloque
Nacionalista Galego por este proceso, que va a condicionar gravemente
el futuro y también la capacidad de reacción de las autoridades
públicas ante cualquier tipo de situación donde sea necesario un
nuevo orden económico basado en las necesidades sociales de la
mayoría.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Señor Santiso, por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra para
la defensa de su enmienda.
El señor SANTISO DEL VALLE: Muchas gracias, señor presidente.
Una vez más estamos ante el eterno debate de la privatización y,
sobre todo, sobre la trasparencia del proceso. Creo que no por
repetido el debate está agotado, sino que siempre aparecen elementos
nuevos interesantes para poner en conocimiento de la Cámara. Por eso
nos parece oportuna la moción, fruto del debate de la interpelación.
Nosotros planteamos un par de enmiendas que van, en definitiva, a
intentar puntualizar aún más la información sobre las variaciones
sufridas por las plantillas de las empresas privatizadas y también
intentar buscar un destino a los ingresos obtenidos por
privatizaciones diferente al que hasta ahora ha llevado a cabo el
Gobierno.
Pero quiero insistir en la trasparencia. Es verdad que se ha creado
hace tiempo, ya casi ni nos acordamos, una subcomisión para el
estudio de las privatizaciones, precisamente a propuesta -había
consenso de todos los grupos- del Grupo de Convergència i Unió, en
concreto del señor Sánchez i Llibre, que en principio tenía como
intención seguir el día a día de las privatizaciones, para que al
menos tuviéramos en este Congreso una información puntual, al mismo
tiempo al menos que la propia comisión de sabios sobre las
privatizaciones. Hoy todavía hemos asistido a un acto más de esta
subcomisión, de la cual habíamos pedido algunos grupos su disolución
por consunción. Es curioso cómo después de tener en reiteradas
ocasiones problemas los presidentes de las empresas públicas
privatizadas o anteriomente públicas para comparecer, resulta que
ahora han encontrado todos un hueco en la agenda casi el mismo día y
a la misma hora. Es decir, vamos a tener que habilitar el jueves y el
viernes para que comparezcan ocho presidentes de empresas públicas,
en concreto Tabacalera, Aldeasa, Aceralia, Telefónica, Retevisión y
el viernes Argentaria, Endesa y Repsol.
Es sorprendente que al final sea este Congreso el que tenga que
adecuar su agenda fuera incluso de período ordinario de sesiones.
También es sorprendente -no sabemos por inspiración de quién- que de
repente todos se pongan firmes y, después de las negativas, aparezcan
en esta Cámara el mismo día a la misma hora. Para intentar quedar
bien y decir que al menos pasan por aquí puede estar bien. Ahora
bien, yo creo que hacen un flaco favor a este Congreso y a estos
diputados supeditando precisamente las actividades del Congreso a
otro tipo de actuaciones que no creo que sean realmente de control.
Es muy difícil, y a SS.SS. no se les escapa, discutir en serio, por
ejemplo, sobre la privatización de Aceralia, con más de 250.000
millones de pesetas, sobre la de Telefónica o sobre cualquiera de las
otras citadas en sesiones maratonianas, que prácticamente dan para
dar
los buenos días o las buenas tardes a los presidentes de las empresas
públicas. Por lo tanto, nos parece que, en lugar de ir a la
disolución, vamos a ir, aunque nosotros hemos votado en contra y
vamos a estar presentes como siempre en todos los trabajos
parlamentarios, al asesinato de la subcomisión prácticamente en día y
medio ante la perplejidad de todos aquellos que nos tenemos que
prestar, por cumplir nuestras obligaciones, a este tipo de
actuaciones. Esto refleja realmente cuál ha sido todo el avatar de la
supuesta claridad y transparencia de esta Comisión. Esperemos que no
suceda lo mismo con la otra subcomisión tan de actualidad en estos
próximos días.
Nuestro grupo quiere llamar la atención también sobre otro aspecto
que aquí siempre se pone de relieve, que es el famoso capitalismo
popular; capitalismo popular que significa que las empresas públicas
que eran de todos hoy van a ser de menos gente y a lo que ahora todo
el mundo se sube y dice que es maravilloso que haya un estímulo a la
participación, a la compra de acciones de estas empresas. Pero yo
quiero hacer una advertencia. Estamos en una fase del ciclo alto, de
lo cual nos alegramos lógicamente, pero creemos que no ha ido
acompañada esta puesta en el mercado de acciones -por ejemplo, las de
Indra en estos días- de una información exhaustiva a los propios
ahorradores, que están trasladando sus ahorros personales, en algunos
casos conseguidos con mucho esfuerzo. Sin embargo, nos podemos
encontrar dentro de un tiempo en un ciclo bajo, donde lo que hoy son
grandes alegrías, pueden encontrar un gran problema político y de
percepción social puesto que, sinceramente, señorías, estamos
embarcando a muchas personas humildes por consejos de sus bancos, por
intentar buscar una rentabilidad a esos pequeños ahorros, en muchos
casos en una aventura que no es la suya. No son grandes grupos
inversores ni son precisamente expertos en Bolsa y, por lo tanto, no
tienen muy claro que estos posibles beneficios a corto plazo pueden
verse esfumados también en muy pocos días. Creo que hay que hacer un
esfuerzo también serio de información, no vaya a ser que dentro de un
tiempo nos tengamos que lamentar de estas situaciones.
Por último, respecto a este tema, nos preocupa también la fuerte
presencia en estas empresas no de grupos industriales en muchos
casos, sino de entidades bancarias, también buscando, lógicamente,
este buen momento para obtener rentabilidades a corto plazo; grupos
que -y el pasado nos demuestra también que después surgen grandes
dificultades- se encuentran con carteras y no hay voluntad realmente
industrial o apuestas industriales de permanencia. Ejemplos hay de
las carteras de algunos bancos significativos -en su día, Banesto,
Bankinter y otros- que hace décadas tuvieron serios problemas con
este tipo de actuaciones, que, en definitiva, no tienen realmente una
voluntad de presencia y conocimiento incluso de los propios sectores.
Por eso hacemos referencia también a los capitales extranjeros. Hoy
empresas significativas como Repsol
tiene mayoría ya de capital extranjero, también en muchos casos
buscando una rentabilidad a corto plazo, con escasa voluntad de
permanencia y de impulsar realmente estos sectores industriales.
Termino diciendo que nos preocupa cómo el Consejo Consultivo se ha
convertido también para algunos en una agencia de colocación, que han
pasado automáticamente, al cabo de un tiempo, a formar parte de los
consejos de administración de Telefónica o de Endesa personas que han
tenido que informar sobre esos procesos. Nos preocupa también que
privatizaciones en marcha, como la de Initec, vayan a caer en manos
de dudosa fiabilidad para el futuro de estas empresas, como parece
ser, o el caso de Babcock Wilcox, ya que esta empresa continúa
perdiendo 20.000 millones al año y aquí no se preocupe nadie, que los
gestores sigan al frente sin haber pedido responsabilidades sobre los
grandes errores anteriores y los agujeros negros, que algunos de los
que quisieron comprarla evaluaron en más de 80.000 millones de
pesetas, y aquí sigamos mirando al tendido...
El señor PRESIDENTE: Señor Santiso, concluya, por favor.
El señor SANTISO DEL VALLE: Concluyo, señor presidente.
Decía que nos preocupa que aquí sigamos mirando al tendido mientras
se destroza el sector de bienes de equipo en el ámbito estatal.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Santiso. ¿Grupos que
desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero empezar diciendo que el Grupo Parlamentario Catalán no ha
puesto ni pone en cuestión la política de privatizaciones del actual
Gobierno. Quede esto como frontispicio de mi intervención. No
compartimos esa imagen genérica de que el importante proceso
privatizador que ha habido en este país, y que se inició en la
legislatura anterior, ha sido una especie de grave desorden, que de
alguna manera ha resultado perjudicial para el conjunto de los
ciudadanos. No es así y rechazamos frontalmente que se pueda dar esa
imagen. Convergència i Unió ha impulsado la liberalización económica
de los sectores más importantes de la economía de nuestro país y
hemos apoyado la privatización de todas estas empresas, cuya
pertenencia al sector público ya no tenía ninguna razón de ser; no la
tenía en términos de gasto público, ni la tenía en términos de
competitividad, ni la tenía en términos de apoyo a los derechos del
ciudadano. Por tanto, no podemos ni queremos sumarnos a una
descalificación global del proceso de privatización, a lanzar sobre
este proceso una
especie de duda genérica, como una especie de niebla húmeda que lo
empape todo.
Señor Cuevas, con tanto respeto como claridad, le diré que sólo desde
la más absoluta irresponsabilidad se puede decir en este momento,
cuando está en curso la privatización de Indra, que se pretende
hundir a esa empresa. Nos parece una afirmación que, dicha en sede
parlamentaria y afectando a una empresa que está en fase de
privatización, es seriamente irresponsable. Por tanto, no compartimos
eso y queremos que los ciudadanos sepan, y de hecho lo están notando
día a día, que las privatizaciones han tenido un gran papel en el
marco global de estabilidad que caracteriza hoy a la economía de este
país. Esos ciudadanos -según los casos y la empresa de la que estemos
hablando-, como consecuencia de la liberalización, están notando en
sus propios bolsillos las consecuencias de la competencia y de la
competitividad que esas empresas han adquirido. Que puede haber
habido errores, disfunciones, mayor o menor acierto en los
nombramientos, eso es otra cuestión; pero lanzar globalmente la
sombra sobre el proceso de privatización nos parece un grave error.
Lo que sí ha hecho mi grupo, y vuelve a hacer en este momento, es
lamentar y criticar duramente no una genérica falta de transparencia,
pero sí el escaso papel que se ha otorgado a esta Cámara en ese
proceso, el escaso papel y el escaso respeto que se ha tenido a la
subcomisión de seguimiento de las privatizaciones, la falta de
información, ya que consideramos que no bastaba con una simple puesta
a disposición de una documentación en lugar de su transmisión directa
y material a esta Cámara y, sobre todo, hemos lamentado y criticado
las ausencias de los presidentes de las empresas privatizadas, que,
aun no teniendo obligación de acudir, podían haberlo hecho y lo han
eludido más de una vez bajo supuestos pretextos de agenda.
Finalmente, tenemos la suerte de que se han conseguido arreglar las
agendas de todos ellos y será posible que comparezcan esta semana. Mi
grupo ha aceptado esa propuesta y, por tanto, esta semana tendremos
unas sesiones intensas de la subcomisión de seguimiento de las
privatizaciones para poder examinar una por una las distintas
empresas.
No podemos dar apoyo a una moción que pretende una especie de puesta
en cuestión de las privatizaciones en su conjunto. Quizá contenga en
su texto literal algunos extremos que efectivamente podrían ser
aplicados -y quizá así lo haga el Gobierno- a los procesos de
privatización en curso, pero no podemos apoyar lo que pretende
presentarse como una especie de manual del privatizador, como una
especie de ley aprobada en lectura única, en la que se establezcan
con toda rigidez las normas, consultas y procedimientos que de ahora
en adelante se deban seguir.
Por tanto, porque no compartimos ese planteamiento, mi grupo no dará
apoyo a la moción.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guardans.
Señor Peón, por el Grupo Popular.
El señor PEÓN TORRE: Gracias, señor presidente.
Señorías, creo que no constituirá ninguna sorpresa anunciar nuestro
voto contrario al texto de la moción. Ya se han dado bastantes
argumentos por algún otro compareciente de por qué no podemnos estar
de acuerdo con el texto de esta iniciativa. La verdad es que es un
debate ya recurrente, se ha producido en muchas ocasiones en esta
Cámara. De alguna manera, vamos a reiterar algunas de las cosas que
ya se han dicho, pero parece que el sino de esta cuestión es repetir
una y otra vez las cosas que se van diciendo y que los grupos de la
oposición repitan que no hay información, aunque se produzca multitud
de debates sobre estas mismas cuestiones en sede parlamentaria.
Queremos llamar la atención sobre que no tenemos gran preocupación en
cuanto a la irresponsabilidad de algún grupo de la oposición respecto
a determinadas manifestaciones porque creemos que ya empieza a tener
poca credibilidad. Los ciudadanos ya no se creen el discurso de algún
grupo parlamentario, el intento de reabrir polémicas artificiales
sobre temas que son de una enorme complejidad y que suponen una
importancia trascendental para el conjunto de la economía española
y para cada una de las empresas concretas que están siendo objeto de
complejas alianzas internacionales, de complejos procesos de puesta
en valor en Bolsa para multitud de accionistas, en definitiva,
cuestiones que deben ser tratadas con un mínimo de rigor; rigor
exigible también a los que intervienen en sede parlamentaria, sean
del grupo parlamentario que sean.
Decimos que no tienen demasiada credibilidad porque se insiste en
manifestar cosas que los propios hechos demuestran que no son así.
Queremos comenzar nuestra intervención llamando la atención sobre
algo que se dijo en el debate que da lugar hoy a la moción. El
portavoz socialista, en el debate de la interpelación del miércoles,
más o menos venía a decir que el problema de la falta de
transparencia es que aquí no funcionaba la subcomisión de
privatizaciones ni el Consejo Consultivo de Privatizaciones, que eran
los que controlaban todo este proceso. No es así. Aquí hay, primero,
un control de legalidad, una ley que determina cómo debe conducirse
el Gobierno en la privatización de empresas públicas. Es una ley que
no ha hecho este grupo parlamentario, la hizo el Grupo Parlamentario
Socialista porque es del año 1995. Es cierto que la ley se tuvo que
producir a iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, entonces en la
oposición, porque se habían privatizado 60 empresas públicas y 33 de
ellas por adjudicación directa, es decir, a dedo. El 60 por ciento de
las privatizaciones del Gobierno anterior se hizo a dedo y este
grupo, entonces en la oposición, pidió una ley que regulara eso. Esa
ley se elaboró al final de la legislatura, en el año 1995, y es la
que obliga ahora a este Gobierno. Control de legalidad.
Además, hay un programa marco de modernización del sector público
empresarial, de junio de 1996, obra de este Gobierno. Antes no había
nada de esto, antes no se sabía por qué se privatizaba unas empresas
y por qué no otras, no se sabía por qué se privatizaba empresas,
aunque fuera parcialmente, en sectores totalmente regulados, en
situación de monopolio, que suponía entregar una tarta muy golosa a
particulares. Entonces sí se entregaba parte de una tarta muy golosa
a particulares porque había un absoluto monopolio. No sabíamos las
razones por las que el Gobierno actuaba así, no sabíamos si lo que
guiaba al Gobierno entonces era hacer caja o mantener empleos. La
realidad de los hechos nos hace suponer que no era mantener empleos
porque los datos están ahí. Sector naval, sector de la minería y
sector de defensa, inversión de recursos públicos en la etapa
anterior, más de 8 billones de pesetas -lo dijo el ministro, aunque
digan que no se da información-; valor de mercado de ese conjunto
empresarial público, poco más de 2 billones. Es decir, el esfuerzo
que hacían los contribuyentes españoles era muy superior al valor del
propio tejido empresarial público que gestionaba el Gobierno
anterior. ¿Y cuál fue el resultado de ese esfuerzo de los
contribuyentes en términos de empleo? Lo dijo también el ministro:
70.000 empleos menos. La mitad del empleo de ese tejido (Rumores.),
la mitad. Esos son los resultados de lo que se hacía antes. ¿Por qué,
entonces, se acusa a este Gobierno de hacer lo que se hacía antes si
los datos demuestran que ahora hay un plan de modernización -que
establece reglas concretas para proceder a esas privatizaciones-, la
propia ley que aprobaron ustedes -que obliga a este Gobierno-, la
Intervención General del Estado y los informes del Tribunal de
Cuentas? Eso es lo que obliga a este Gobierno, pero antes, hasta el
año 1995, no existían esos parámetros de control de la legalidad.
Además de poner en cuestión estos resultados, ahora se dice -y por
eso decía que a nosotros no nos preocupan algunas afirmaciones- que
esta política no ha creado empleos. ¿Pero cómo se puede decir que
esta política no ha creado empleos cuando los datos -no los
discursos, los datos- demuestran que en este país se han creado en
los últimos dos años y medio más de un millón de empleo? El país de
la Unión Europea que más empleo ha creado. ¡Y la mitad de este empleo
es empleo industrial, señorías! (Rumores.) ¿Pero cómo se puede decir
que esta política de saneamiento no ha creado empleo en el sector
industrial? Por supuesto que lo ha creado; son datos, no es discurso
político.
Se dice también, señorías, que las privatizaciones se han producido
en sectores donde el Gobierno no ha liberalizado. Eso es lo que
ocurría antes; el ministro ya puso el otro día una serie de ejemplos.
El sector del gas es el más paradigmático, cómo se privatizó Enagas
en una situación de monopolio. Sería muy interesante profundizar en
esos debates, pero ahora estamos hablando de qué se ha hecho con este
Gobierno. ¿Que no se liberalizó? Vamos a rehuir cualquier tipo de
discurso sobre
lo que dice el Partido Popular y lo que dice el Partido Socialista.
Vamos a ir, simplemente, a lo que dice la OCDE, que no creo que sea
sospechosa de ser amiga del PP. (Rumores y protestas.- Varios señores
diputados: ¡Qué morro!) Estudio económico publicado en 1998 por la
OCDE: El Gobierno español ha acelerado el proceso de reestructuración
y privatización de las empresas públicas. El Gobierno introduce una
nueva legislación para impulsar la concurrencia en sectores en que
previamente las empresas públicas eran dominantes. (Rumores.) Y sigue
diciendo este informe: Las innovaciones más significativas atañen al
cambio de estructura en los sectores eléctricos y de
telecomunicaciones. Además, se aplicarán reformas en los sectores del
gas y del petróleo. El esfuerzo español, de liberalización, ha
conseguido rápidos progresos y en ciertos campos ha superado al de
muchos de sus socios europeos. Telecomunicaciones, sector eléctrico,
petróleo y gas. Lo dice la OCDE, no lo mantiene este grupo
parlamentario. (Rumores.) Ustedes pueden mantener lo que quieran,
pero la realidad es la que es.
La subcomisión de privatizaciones. Señorías, se puede decir lo que se
quiera en sede parlamentaria. Se ha dicho también que el Grupo
Parlamentario Popular estaba impidiendo la comparecencia de los
presidentes, y hoy se ha dicho que se ha conseguido un calendario
para que el jueves y el viernes comparezcan los nueve. (Rumores.) No
todos, señorías, no se había pedido la comparecencia de todos. Se
había pedido la comparecencia de nueve presidentes, no de todos, y se
había acordado la comparecencia de nueve. (Un señor diputado: hay
doce.- Rumores.) Pues el Grupo Parlamentario Popular ha conseguido
que se produzca un calendario todavía más rápido para esas
comparecencias. Que se nos acuse de eso, de haber forzado la
comparecencia de los presidentes, de un calendario más rápido, pero
que no se nos acuse de lo contrario, porque la voluntad política de
cada grupo, señorías, se retrata en esas actuaciones. No en los
discursos de los adversarios políticos, sino en las actuaciones
concretas de cada grupo. La voluntad política de este grupo es clara:
Queremos que comparezcan, no hay nada que ocultar en esos procesos,
se ha dado información más que suficiente. Y ya se ha dicho también
que la propia comparecencia de los presidentes -que algunos grupos
pretenden que sea la prueba del nueve de esa transparencia- (El señor
Ros Maorad: ¡Venga, venga, venga!) no es trascendental en absoluto,
porque se ha manifestado por el presidente de SEPI -que compareció en
la subcomisión de privatizaciones- que quien determina cuál es el
proceso concreto de privatización es el accionista, es decir, Sepi y
Seppa, y así se dice también en el propio programa de modernización
del sector público empresarial. Los presidentes no deciden sobre cómo
se privatiza su empresa. Eso ocurría antes... (Rumores y protestas.)
El señor PRESIDENTE: Señor Peón, vaya concluyendo, por favor.
El señor PEÓN TORRE: Voy terminando, señor presidente.
Eso es lo que ocurría antes, pero eso no es lo que ocurre ahora,
señorías, porque ahora los presidentes de esas empresas se ocupan de
la gestión y no de la privatización. (Rumores y protestas.)
Termino con una breve referencia a la falta de transparencia. En la
legislatura anterior las privatizaciones del Gobierno socialista -60
empresas privatizadas, 33 por adjudicación directa- dieron lugar a
una intervención de este grupo parlamentario pidiendo una legislación
concreta que determinara reglas objetivas para la privatización. En
cinco comparecencias se habló de privatizaciones en la legislatura
anterior. En esta legislatura ha habido siete interpelaciones en el
Congreso de los Diputados sólo para hablar de estos temas, cinco
interpelaciones en el Senado para hablar de estos temas, 26 preguntas
orales en Pleno sobre estos temas y más de 306 peticiones de
comparecencias respondidas en las comisiones de Industria, Economía y
Fomento; 306 en esta legislatura. Les puedo hacer el relato
exhaustivo de cuáles han sido, señorías. (Rumores.) Ustedes podrán
decir lo que quieran, pero, transparencia, toda la que haga falta,
porque la voluntad política de nuestro grupo es clara. No sólo no
tenemos nada que ocultar, sino que estamos orgullosos, señorías...
(Continúan los rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
Señor Peón, concluya.
El señor PEÓN TORRE: Termino, señor presidente.
Estamos orgullosos -y quizá ahí está el problema de estos debates- de
que la política industrial de este Gobierno, incluido el proceso de
privatización de empresas públicas y de modernización del sector
público empresarial, esté teniendo efectos positivos para nuestro
país, para España, y para el empleo de los trabajadores. Eso es lo
que a nosotros nos alegra, y parece que es lo que a ustedes les
preocupa.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.- Protestas.- El señor Cuevas
Delgado pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peón.
Señor Cuevas, adelante.
El señor CUEVAS DELGADO: Quisiera que me concediera un turno previo
al de mi posicionamiento sobre las enmiendas, porque he sido aludido
por el señor Guardans y acusado de grave irresponsabilidad.
El señor PRESIDENTE: Señor Cuevas, ya sabe que en cuanto al turno en
este caso el Reglamento se pronuncia de manera clara, y la práctica
no es menos inflexible.
El señor CUEVAS DELGADO: Con arreglo al artículo 71, señor
presidente.
El señor PRESIDENTE: No procede.
El señor CUEVAS DELGADO: He sido acusado de grave irresponsabilidad
que va a afectar a los mercados.
El señor PRESIDENTE: Señor Cuevas, deje que la Presidencia ilustre a
S.S. y a la Cámara. Su señoría tiene un turno para aceptar o rechazar
las enmiendas planteadas, y no puede utilizar el tiempo para
establecer de nuevo controversia con quienes, en el uso legítimo de
su derecho a intervenir, hayan contradicho las opiniones de S.S.,
incluso con frases como la que ha citado, que pueden considerarse
dentro de la lógica natural del debate.
El señor CUEVAS DELGADO: Me preocupan los mercados mañana, señor
presidente. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: No se preocupe.
A la prudencia de S.S. dejo el uso del tiempo para aceptar o rechazar
las enmiendas.
El señor CUEVAS DELGADO: Ya que no es posible enderezar los mercados,
diré que mi grupo va a aceptar la enmienda del Grupo de Izquierda
Unida al punto 1. En cuanto a la enmienda al punto 3, les rogaría que
aceptaran una transaccional, porque donde dice: «dedicar los ingresos
obtenidos por las privatizaciones» parece más razonable que diga: «la
mayor parte de los ingresos».
Aceptamos la enmienda número 1, del Grupo Mixto, y en cuanto a la
número 2 esperamos que acepten una transaccional que propone añadir,
justo detrás de «un plazo mínimo de cinco años», «salvo acuerdo
contrario con los sindicatos». Aceptamos la enmienda número 3.
Confiamos que con la aceptación de estas enmiendas, este debate,
aunque no tenga demasiada repercusión, no afecte mañana a los
mercados.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cuevas.
Vamos a proceder a la votación.
Votación de la moción del Grupo Socialista sobre la política de
privatizaciones del sector público empresarial, en los términos
resultantes del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
283; a favor, 129; en contra, 153; abstención, una.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, rechazada la moción.
Buenas noches.
Se suspende la sesión hasta mañana a las cuatro de la tarde.
Eran las nueve y cuarenta minutos de la noche.