Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 223, de 18/03/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 1999 VI Legislatura Núm. 223
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 215
celebrada el jueves, 18 de marzo de 1999
Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes
- Real Decreto-Ley 3/1999, de 26 de febrero, sobre pago de las
indemnizaciones derivadas de la sentencia de la Sala Segunda del
Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 1997, a los afectados por el
síndrome tóxico (número de expediente 130/000065) («BOE» núm. 50, de
27 de febrero de 1999) . . . (Página 11889)
Enmiendas del Senado
- Proyecto de Ley por el que se regula el régimen jurídico de las
transferencias entre Estados miembros de la Unión Europea. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie A, número 139-1, de 25 de
septiembre de 1998 (número de expediente 121/000139) . . .
(Página 11898)
- Proposición de Ley de reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio,
sobre Propiedad Horizontal «BOCG. Congreso de los Diputados», serie
B, número 245-1, de 20 de noviembre de 1998 (número de expediente
122/000218) . . . (Página 11899)
Propuestas de creación de Subcomisiones
- Propuesta de la Comisión de Industria, Energía y Turismo de
creación de una Subcomisión de análisis del diseño, ejecución y
resultados de la política de subvenciones del Ministerio de Industria
y Energía (número de expediente 158/000042) . . . (Página 11907)
- Propuesta de la Comisión de Infraestructuras de creación de una
subcomisión para definir medidas que objetiven, sobre premisas de
solidaridad y equilibrio interterritorial, el coste de los peajes,
con finalidad de eliminar las actuales discriminaciones (números de
expediente 158/000039 y 158/000040) . . . (Página 11907)
S U M A R I O
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes . . . (Página 11889)
Página.
Real Decreto-ley 3/1999, de 26 de febrero, sobre pago de las
indemnizaciones derivadas de la sentencia de la Sala Segunda del
Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 1997, a los afectados por el
síndrome tóxico . . . (Página 11889)
El señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y
Hacienda (De Rato y Figaredo), presenta en nombre del Gobierno el
Real Decreto-ley 3/1999, cuya convalidación solicita a la Cámara como
primer paso para proceder al pago de las indemnizaciones establecidas
por la Audiencia Nacional en su auto de 13 de marzo de 1998, y añade
que, siendo éste el primer paso, es un paso definitivo puesto que, a
partir de la aprobación por parte de la Cámara, el Gobierno podrá
pagar de inmediato todas las indemnizaciones que determinen los
tribunales. Explica a continuación una serie de reglas establecidas
en el auto de 13 de marzo de 1998, en base a la sentencia del
Tribunal Supremo de 1997, que fue la que condenó al Estado como
responsable civil subsidiario, y el contenido concreto del Real
Decreto-ley. Termina su intervención manifestando que con la
aprobación -si se produce- de este Real Decreto-ley, esta Cámara
habrá dado un paso definitivo en la solución de un problema que por
muchos motivos pesa sobre la vida política y sobre la ética pública
del país desde hace demasiado tiempo.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Rodríguez
Sánchez y la señora Almeida Castro, del Grupo Parlamentario Mixto;
los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria; Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió); Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida;
Gimeno Marín, del Grupo Socialista del Congreso, y Martínez-Pujalte
López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En un segundo turno intervienen los señores Gimeno Marín, Ríos
Martínez y Martínez-Pujalte López y la señora Fernández de la Vega
Sanz.
Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-
ley 3/1999, de 26 de febrero, sobre pago de las indemnizaciones
derivadas de la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de
26 de septiembre de 1997, a los afectados por el síndrome tóxico, se
aprueba su convalidación por 284 votos a favor y dos en contra.
Enmiendas del Senado . . . (Página 11898)
Proyecto de ley por el que se regula el régimen jurídico de las
transferencias entre Estados miembros de la Unión Europea. . . .
(Página 11898)
Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley por
el que se regula el régimen jurídico de las transferencias entre
Estados miembros de la Unión Europea, se aprueban por 287 votos a
favor y una abstención.
Proposición de ley de reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio,
sobre Propiedad Horizontal . . . (Página 11899)
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría
Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores
Recoder Miralles, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió); Castellano Cardalliaguet, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida; Navarrete Merino, del Grupo Socialista del Congreso,
y Ortiz González, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Se someten a votación las enmiendas del Senado a la proposición de
ley de reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad
Horizontal.
Propuestas de creación de subcomisiones ... (Página 11907)
Propuesta de la Comisión de Industria, Energía y Turismo de creación
de una subcomisión de análisis del diseño, ejecución y resultados de
la política de subvenciones del Ministerio de Industria y Energía . .
. (Página 11907)
Propuesta de la Comisión de Infraestructuras de creación de una
subcomisión para definir medidas que objetiven, sobre premisas de
solidaridad y equilibrio interterritorial, el coste de los peajes,
con la finalidad de eliminar las actuales discriminaciones . . .
(Página 11907)
Sometida a votación la propuesta de la Comisión de Industria, Energía
y Turismo de creación de una subcomisión de análisis del diseño,
ejecución y resultados de la política de subvenciones del Ministerio
de Industria y Energía, se aprueba por 164 votos a favor, 131 en
contra y dos abstenciones.
Para explicación de voto intervienen los señores Hernández Moltó, del
Grupo Socialista del Congreso;
López de Lerma i López, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió); Santiso del Valle, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, y Peón Torre, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Sometida a votación la propuesta de la Comisión de Infraestructuras
de creación de una subcomisión para definir medidas que objetiven,
sobre premisas de solidaridad y equilibrio interterritorial, el coste
de los peajes de las autopistas, con la finalidad de eliminar
las actuales discriminaciones, se aprueba por 287 votos a
favor, uno en contra y dos abstenciones.
Se levanta la sesión a las once y cuarenta y cinco minutos de la
mañana.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES.
- REAL DECRETO-LEY 3/1999, DE 26 DE FEBRERO, SOBRE PAGO DE LAS
INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE LA SENTENCIA DE LA SALA SEGUNDA DEL
TRIBUNAL SUPREMO DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 1997, A LOS AFECTADOS POR EL
SÍNDROME TÓXICO (Número de expediente 130/000065).
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores diputados. Les
ruego que ocupen sus escaños, vamos a reanudar la sesión.
Se reanuda la sesión.
Punto sexto del orden del día. Debate sobre la convalidación
o derogación del Real Decreto-Ley número 3 del año 1999 en curso, de
fecha 26 de febrero, sobre pago de las indemnizaciones derivadas de
la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 26 de
septiembre de 1997, a los afectados por el síndrome tóxico.
En nombre del Gobierno, para presentar ante la Cámara la disposición,
tiene la palabra el vicepresidente, don Rodrigo de Rato Figaredo.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Señor presidente, señorías, buenos días
ante todo.
El pasado 26 de febrero, el Consejo de Ministros aprobó el Real
Decreto-ley 3/1999, sobre el pago de las indemnizaciones derivadas de
la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de 26 de
septiembre de 1997, a los afectados del síndrome tóxico. Creo que
toda la Cámara es consciente de que con este Real Decreto -si la
Cámara lo ratifica- se pondrá fin a un largo proceso de más de
dieciocho años que ha afectado a muchos miles de personas.
La aprobación del Real Decreto cuya convalidación solicito hoy, en
nombre del Gobierno, a la Cámara es el primer paso para proceder al
pago de las indemnizaciones establecidas por la Audiencia Nacional en
su auto de 13 de marzo de 1998; pero, siendo éste el primer paso, es
un paso definitivo, puesto que, a partir de la aprobación por parte
de la Cámara, el Gobierno podrá pagar de inmediato todas las
indemnizacionesque determinen los tribunales.
Así, el auto de 13 de marzo de 1998 establece, en base a la sentencia
del Tribunal Supremo de 1997, a la que he hecho referencia
anteriormente, que fue la que condenó al Estado como responsable
civil subsidiario, una serie de reglas para proceder a la ejecución
de la sentencia y creo que es bueno que la Cámara conozca, aunque sea
someramente, cuáles son estas reglas.
Primero, como la Cámara sabe, la sentencia de 3 de octubre de 1997,
que es la que establecía las responsabilidades, condenaba a dos
funcionarios públicos y solidariamente al pago de las
indemnizaciones, y les condenaba también por un delito de imprudencia
temeraria. A su vez, la sentencia condenaba al Estado como
responsable civil subsidiario y en la misma se establecía el
descuento de lo ya abonado por el Estado en concepto indemnizatorio,
es decir, los pagos hechos por el Estado y establecidos
específicamente a favor de los afectados, excluyendo aquellos hechos,
por ministerio de la ley, como son los gastos médicos o de Seguridad
Social. Por último, la sentencia del año 1997 establecía la fijación
de unos baremos abstractos de indemnización según la composición y
clasificación de los colectivos afectados.
El desarrollo de esta sentencia en el auto de la Audiencia de marzo
de 1998 era el que establecía las reglas de ejecución de la sentencia
que la Cámara, como he dicho, en mi opinión, debe conocer: en primer
lugar, el inicio del procedimiento a instancia de parte y de manera
individualizada para cada uno de los afectados; en segundo lugar, la
declaración de insolvencia de los responsables directos, es decir, de
los dos funcionarios públicos condenados; en tercer lugar, la
consideración de los estados de afectación, es decir, el grado de
afectación física o psíquica que habían sufrido los perjudicados, que
debería de establecerse en el procedimiento incidental de
liquidación, e incluso en el auto de la Audiencia se establecen dos
plazos probatorios para los afectados que estimen que su situación ha
variado entre la fecha en que fueron contaminados y el momento actual
y también para aquellos que pudieran considerarse como dudosos o
pendientes de calificar.
Con posterioridad a dicho auto han sido interpuestos y resueltos dos
recursos, una de súplica y otro de casación, ante el Supremo, cuya
resolución nos ha llevado a este momento para plantear ante la Cámara
la solución definitiva del problema. La misma semana en que se
fallaba el último recurso de casación, el Gobierno procedió a la
aprobación de este real decreto, en el que se establece un
procedimiento cuyo objetivo es pagar a los afectados por el síndorme
tóxico las indemnizaciones correspondientes con la mayor celeridad
posible y también, al mismo tiempo, garantizar el control, la
disciplina presupuestaria y la transparencia, y creo que la fórmula
que el Gobierno trae hoy a la Cámara garantiza esos dos objetivos.
En efecto, señor presidente, hemos elegido un procedimiento
excepcional para algo que entendemos que
es un caso excepcional y entendemos que otros procedimientos...(
Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor vicepresidente.
Señorías, por favor, les ruego que guarden silencio o atenúen el tono
de las conversaciones. Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Entendemos que otros procedimientos
posibles no podrían conciliar estos dos objetivos, es decir, pagar
inmediatamente a todos los afectados en el momento en que lo decidan
los tribunales y garantizar la transparencia y la disciplina
presupuestaria.
Este procedimiento excepcional que respeta la legalidad vigente, como
no podía ser de otra manera, y que no renuncia a los sistemas de
control, permite hacer los pagos a los afectados en el menor plazo
posible, una vez conocido el importe concreto de la indemnización,
vuelvo a repetir, que los tribunales han establecido que el Estado ha
de pagar individualizadamente, caso por caso, y con un procedimiento
individualizado. Por tanto, estos importes concretos deben ser
fijados en cada uno de los procedimientos incidentales de ejecución
por la Audiencia.
Es preciso a su vez tener en cuenta -y la Cámara creo que puede estar
muy interesada en este aspecto- la imposibilidad de conocer de forma
anticipada dos cuestiones básicas. Una de ellas, la cuantía final del
crédito. No sabemos a cuánto va a ascender la valoración que haga la
Audiencia de cada uno de los casos, pero tampoco sabemos cuándo y el
ritmo con que se vaya a producir. Por tanto, esas dos cuestiones, que
son de máximo interés para esta Cámara desde el punto de vista del
control del gasto público y de la transparencia del mismo, deben ser
resueltas y creo que las resolvemos en el procedimiento que hemos
puesto en marcha.
Por un lado, quiero subrayar ante la Cámara que el Gobierno, para
agilizar todo este prolijo procedimiento que ahora comienza, ha
puesto en marcha los medios humanos y técnicos necesarios, tanto en
la Audiencia como en la oficina del síndrome tóxico, para resolver
todos los expedientes, puesto que la Cámara ya conoce que estamos
hablando, en cualquier caso, de un número de expedientes que supera
los 20.000.
Respecto a esta última cuestión, es decir, a la incidencia
presupuestaria, quiero destacar que está fuera de toda duda un hecho
que también creo que interesa a la Cámara. Estamos ante una cuestión
excepcional, en el que creo que la sociedad española en general y el
Estado en particular tienen la responsabilidad de resolverla
rápidamente, habida cuenta que lleva dieciocho años sin resolver.
Pero estamos ante un hecho no recurrente, y eso creo que es
importante tenerlo en cuenta; es decir, no se trata de un crédito que
vaya a estar habilitado siempre ni que vaya a recurrir en todos los
ejercicios, sino que simplemente se consumirá una vez que se pague la
última indemnización. En ese sentido, no estamos ante nada que
afecte a la sostenibilidad presupuestaria de nuestro presupuesto,
sino que estamos ante un hecho que debemos resolver por cuestiones no
sólo jurídicas sino políticas, sociales y éticas, pero que no afecta
para nada a la sostenibilidad presupuestaria de nuestra evolución de
reducción del déficit público en los próximos años.
Paso ahora, señor presidente, a describir el contenido concreto del
decreto-ley. El artículo primero establece la aplicación a
presupuesto después de hacer los pagos mediante operaciones de
tesorería y elegir esta fórmula permite, por un lado, la adaptación
del importe de los créditos a las necesidades reales y no retrasar el
pago de las indemnizaciones y, por otro, que las modificaciones de
crédito sean las estrictamente necesarias. Por tanto, a través de
anticipos de tesorería lo que podemos conseguir es, sin tener que ir
a fórmulas que pudieran ser más dilatorias porque exigiesen otros
procedimientos internos, como son los expedientes de crédito, pagar
inmediatamente a los afectados y al mismo tiempo regular y
regularizar en el período presupuestario las cantidades pagadas cada
año de manera que éstas se apliquen a déficit. Ahora me gustaría
explicar cómo se va a hacer eso. Porque, señorías, otras opciones
-que son perfectamente no sólo válidas sino discutibles- como, por
ejemplo, que aprobásemos un crédito extraordinario, incluso un
crédito extraordinario de carácter ampliable, que fijáramos una
cantidad, la que al final se estableciese, 10.000, 20.000, 30.000
millones de pesetas de carácter ampliable, supondría, primero, que
tendríamos que estar contínuamente haciendo operaciones de ampliación
de ese crédito y, en segundo lugar, que en cualquier caso cada
ampliación exigiría un expediente de modificación de crédito. Todo
eso, en nuestra opinión, es mucho más lento que el proceso que
nosotros planteamos a la Cámara.
Quiero destacar que, tal y como establece el artículo del real
decreto-ley que tengo el honor de estar presentando, el Gobierno va a
proceder, en todo caso, a la aplicación definitiva a presupuestos de
los pagos realizados en el ejercicio, salvo aquellos que se realicen
durante el mes de diciembre que, por no ser conocidos hasta finales
de diciembre, no se aplicarán a la contabilidad presupuestaria del
año en curso sino del año siguiente.
Quisiera llamar la atención sobre una cuestión que también interesa a
la Cámara. Aunque los pagos realizados en diciembre de cada año no se
apliquen a la contabilidad presupuestaria, sí se aplicarán a la
contabilidad nacional, lo cual hace que el déficit público, a efectos
de debate político y a efectos de Maastricht, sea exactamente el que
recoja los pagos realizados durante todo el ejercicio natural,
incluido el mes de diciembre. Creo que eso también interesa a la
Cámara en términos de control y de transparencia.
El procedimiento para el pago material de las indemnizaciones se
describe con todo detalle en el artículo 2 del decreto-ley, con la
finalidad de que esta norma se agote en sí misma, es decir, que no
necesite desarrollo reglamentario, en coherencia con el objetivo
perseguido de la celeridad en la disposición del pago y de
acuerdo con el procedimiento establecido. Una vez que la Audiencia
Nacional notifique el auto al afectado y al abogado del Estado, éste
lo notificará a la oficina de las prestaciones del síndrome tóxico,
que depende del Ministerio de Trabajo. Esta oficina, de acuerdo con
los correspondientes procedimientos de gestión, y previa la oportuna
fiscalización, propondrá el pago a la Dirección General del Tesoro y,
a su vez, la Dirección General del Tesoro realizará el pago material
a cada uno de los afectados, de acuerdo con el procedimiento que
ellos mismo elijan, es decir, transferencia bancaria o cheque. Por
tanto, estamos ante un procedimiento muy rápido, muy ligero y que,
sin embargo, tiene los mínimos instrumentos de control. En este
sentido, quiero anunciar a la Cámara que ya se están tramitando las
primeras órdenes de pago y que éstas se realizarán durante la próxima
semana. Creo que eso es una prueba de que estamos ante un
procedimiento que funciona.
Como ya he señalado, el objetivo de la celeridad de los pagos es
plenamente respetuoso a su vez con los procedimientos de gestión
presupuestaria y de fiscalización, y así lo establece el propio
artículo 2 en su párrafo tercero.
Por último, y creo que también es un tema que interesa a SS.SS., la
Cámara, según lo establece el artículo 4 del real decreto-ley, tendrá
información mensual, lo cual permitirá al Congreso de los Diputados
conocer todos los meses el montante de pagos que se han producido. En
ese sentido, señor presidente, creo que garantizamos, por un lado, la
máxima celeridad a través de la fórmula de anticipos de tesorería y
que otras fórmulas, en nuestra opinión, serían más lentas. Vuelvo
a repetir, estamos ante hechos que han sucedido hace dieciocho años. Y
por otro, garantizamos la disciplina presupuestaria, puesto que, en
cualquier caso, se aplicarán en la contabilidad presupuestaria todos
los pagos realizados entre el 1 de enero y el 30 de noviembre y en la
contabilidad nacional todos los pagos realizados entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre. Por último, habrá un control político y
parlamentario mensual, que establece la voluntad del Gobierno de que
la Cámara esté plenamente informada en todo momento de lo que está
sucediendo.
Señor presidente, creo que con la aprobación -si se produce- de este
real decreto-ley, esta Cámara habrá dado un paso definitivo en la
solución de un problema que por muchos motivos pesa sobre la vida
política y sobre la ética pública de nuestro país desde hace
demasiado tiempo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepresidente.
¿Algún grupo desea consumir un turno en contra de la convalidación
del real decreto-ley que ha sido presentado por el Gobierno? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En primer lugar, en nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor
Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Vamos a dar nuestro apoyo al decreto-ley del Gobierno que va a hacer
práctica la sentencia del Tribunal Supremo del 26 de septiembre de
1997, que consideraba definitivamente la responsabilidad subsidiaria
del Estado. Pero, todo hay que decirlo, este decreto-ley llega a la
Cámara después de múltiples recursos, de una dilación de muchos años,
prácticamente más de 18, para la solución del problema, y no sin
haber pasado antes por querer circunscribir las responsabilidades
penales a personas físicas concretas.
Desde el Bloque Nacionalista Galego queremos hacer notar que es
triste que ante un tema de este tipo, que afectó a miles de
ciudadanos y nada menos que a través de algo misterioso llamado
síndrome tóxico, misterio aún no aclarado hoy, después de que hayan
muerto muchas personas y, como dijo el señor ministro, veinte mil
personas estén afectadas con severas minusvalías físicas y psíquicas,
tengamos tantos escrúpulos de carácter financiero para hacerle
frente. En este sentido, el método utilizado, al que el señor
ministro llamó excepcional, nosotros consideramos que es normalísimo,
pensamos que debía ser utilizado siempre en cuestiones de
indemnizaciones de las administraciones públicas y combina dos
cuestiones fundamentales: la celeridad y la transparencia. Solamente
nos queda esperar que los trámites y los datos se reúnan rápidamente,
que no se moleste mucho a los afectados y que la oficina de gestión
de los afectados por el síndrome tóxico y la Dirección General del
Tesoro actúen diligentemente y no poniendo trabas burocráticas que
sean innecesarias.
Por lo demás, es de alabar que la información de los pagos se vaya
realizando en las Cortes mensualmente, ya quisiésemos que se actuase
así con todos los casos de indemnizaciones o ayudas públicas.
Queremos tranquilizar al señor Rato porque el Bloque Nacionalista
Galego por esta cuestión nunca pondrá en duda la política económica
del Gobierno. La sostenibilidad presupuestaria debe estar muy por
debajo de la necesidad de solucionar un problema tan gravísimo como
el que hemos soportado durante veinte años en esta cuestión relativa
al síndrome tóxico.
Nada más y muchas gracias. (La señora Almeida Castro pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
Tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor presidente, mi grupo va a votar
favorablemente...
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Mardones. La señora Almeida había
pedido la palabra.
Adelante, señora Almeida.
La señora ALMEIDA CASTRO: Muchas gracias, señor presidente. Siento
que no me haya visto antes, cuando pedí la palabra.
Desde Iniciativa por Cataluña, los Verdes y Nueva Izquierda queremos
también expresar nuestra opinión favorable al decreto del Gobierno,
pero no sin hacer antes una reflexión ante la Cámara.
Estamos viendo ahora la solución -si es que es ahora la solución- de
un asunto, de una terrible tragedia que afectó a muchos ciudadanos y
ciudadanas españoles en el año 1981. Nos tiene que llevar a hacer una
reflexión que, a pesar de los años de vigencia de la Constitución,
todavía estemos por decidir cómo vamos a pagar los dineros que se
debían en aquel entonces. Cuando hay una tragedia nacional, cuando
sucede algo que afecta a tantos ciudadanos, creo que la actitud del
Estado tiene que ser la de dar una respuesta inmediata, no porque
tenga responsabilidad penal, sino por la responsabilidad social, la
responsabilidad frente a los ciudadanos de representarlos. Además,
aparte de ser más justo, más democrático y más solidario, es también
más barato, porque si se hubiera afrontado este problema en el año
1981, hoy no estaríamos teniendo que ocultar las cifras del problema;
y hoy no estamos poniendo cifras, porque si las ponemos, creo que
Maastricht y todos los presupuestos se nos irán abajo. No ponemos las
cifras precisamente para poder atender a lo que era una desgracia
nacional. Pero también tenemos miedo a que la vaguedad de este
decreto plantee problemas a los ciudadanos, porque no está tan claro
cómo se van a realizar estas indemnizaciones. En concreto, a mí me
están llamando muchos afectados -y me están llamando para informarse-
a los que no se les ha recogido la totalidad de sus secuelas y va a
haber problemas. Esto que se está aprobando hoy no es un real
decreto, es dar satisfacción a un desánimo y descontento social por
lo que se tiene que dar una mayor agilidad. Se han creado medios
personales y humanos, pero también se debe crear la capacidad de
influencia en la gente, la capacidad de llevar a término la realidad
de sus secuelas y la realidad de la indemnización. En ese sentido,
vamos a estar muy vigilantes d las pegas y de los trámites que se
realicen en este proceso. Pero esto no es un cheque en blanco, esto
es un cheque para dar satisfacción a las necesidades de muchísima
gente, de muchísimas familias y, en ese sentido, vamos a exigir un
control estricto para que los medios que se creen no sean una
burocracia más para interponerse en la familias, sino que sirvan para
agilizar y de verdad dar cumplida cuenta de todas las penalidades,
haya habido o no ya la sentencia, porque lo que ha habido ya son las
muertes y las enfermedades, que han hecho que toda esta gente hayan
pasado casi veinte años de sacrificios, de humillaciones y de
desamparo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Almeida.
Ahora sí, señor Mardones, discúlpeme.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias.
Mi grupo, como había comenzado a decir antes, va a votar
favorablemente la convalidación de este real decreto-ley que nos
acaba de presentar el señor vicepresidente segundo del Gobierno y
ministro de Economía y Hacienda desde el punto de vista de una
perfecta corrección presupuestaria. La sentencia sobre este triste
caso de la intoxicación del denominado síndrome tóxico, que tantas
víctimas y penas causó y sigue causando, aquella sentencia de 1996 de
la Audiencia Nacional, y la que sale del recurso de casación que se
presenta contra la misma ante la Sala Segunda de lo Penal del
Tribunal Supremo, ya en septiembre de 1997, plantea una serie de
problemas a la contabilidad nacional, a la Hacienda, en razón del
pago por la responsabilidad civil subsidiaria del Estado, que era
necesario resolver. No es fácil resolverlo contablemente, tanto en la
contabilidad presupuestaria como en la nacional, en los efectos de
pago, porque la sentencia contempla también reducciones y
restricciones a esos pagos. Nos parece que es muy correcta la postura
que fija el ministro de Economía y Hacienda para que el principio de
pago tenga una seguridad jurídica para los afectados, para que la
contabilidad presupuestaria no se resienta de opacidad, para que la
contabilidad nacional refleje los pagos y, al final, se pueda deducir
la cuantía total y, como bien ha señalado el señor Rato, cuándo se
puede efectuar este pago. Este real decreto-ley, desde un punto de
vista jurídico-político, tiene todas las características garantistas,
junto a una cosa muy importante: si el cumplimiento de la sentencia
de la Sala Segunda del Tribunal Supremo tuviera que llevarse con
criterios puramente ortodoxos de contabilidad, las incertidumbres
y demoras serían tan grandes que se añadiría un efecto perjudicial
tanto para la imagen de solvencia del Estado en cuanto a la
responsabilidad civil subsidiaria, como para las víctimas o herederos
de las víctimas que les corresponde la atención que fija la sentencia
del Tribunal Supremo. Por tanto, el principio de rapidez y agilidad
se garantiza.
Por otro lado, no decaen las garantías desde el punto de vista de
información contable y de resultado presupuestario, porque en el
tercer punto de la parte articulada del real decreto-ley figura el
efecto de la notificación del derecho de cobro. Hay que establecer
una normativa sobre cómo se puede acceder al pago y a la
indemnización correspondiente en razón de la sentencia, no ya
solamente por la cuantía, cerca de 20.000, como ha señalado
exactamente el señor vicepresidente segundo del Gobierno, sino que
hay tres cuestiones técnicas que es necesario resolver con claridad.
(El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la
presidencia.) En primer lugar, la autorización del abono de las
indemnizaciones reconocidas judicialmente mediante operaciones de
tesorería, que tienen que tener rigor y transparencia. En segundo
lugar, la fórmula del establecimiento de las imprescindibles
previsiones procedimentales para la verificación y control de los
pagos afectados. Ello es una garantía
presupuestaria para que esto no sea un totum revolutum y para que, de
acuerdo con la parte preceptiva que señala el real decreto-ley en
relación con la información que debe recibir las Cortes, podamos
tener un sistema de seguimiento exacto de los pagos.
En tercer y último lugar está la posterior aplicación presupuestaria.
La información que con respecto a este tema nos ha suministrado el
señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y
Hacienda y la postura que ha adoptado nos dan garantías de que el
procedimiento presupuestario es correcto y que no se trata de una
beneficencia totum revolutum que después no tenga una referencia
exacta y concreta en los análisis de la cuenta de resultados del
gasto público de los Presupuestos Generales del Estado y, por tanto,
de la contabilidad presupuestaria, para que, siendo acertada la
figura de exonerar, los pagos que se efectúen en el mes de diciembre
tengan su reflejo en la cuenta de la contabilidad nacional, que es la
garantía de la ley presupuestaria.
Así pues, todas estas razones, el principio de justicia, recordando
lo que ocurrió en 1981, la polvareda política que se formó contra el
Gobierno de UCD, y el hecho de que hoy tengamos aquí esta solución
presupuestaria nos llevan, señor presidente, a dar nuestro voto
favorable a la convalidación de este real decreto-ley.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a votar
también favorablemente la convalidación de este real decreto-ley, el
cual pretende, y lo conseguirá, dar una solución presupuestaria para
acelerar los pagos que judicialmente y de forma individualizada se
vayan resolviendo. La fórmula de los anticipos de tesorería va a ser
un buen instrumento presupuestario, pero debemos constatar que, a
pesar de la bondad del instrumento presupuestario, el trámite que hoy
estamos celebrando pone de relieve un cierto fracaso de nuestro
sistema de garantías constitucionales, de nuestro sistema judicial.
El que 18 años después de producirse esos hechos tan lamentables
tengamos que seguir discutiendo hoy cómo se van a pagar de forma
individualizada las ayudas a los afectados es algo deplorable. Seguro
que en muchísimas ocasiones estas ayudas llegarán tarde y mal, no
pudiendo resarcir en ningún caso el daño sufrido realmente por
quienes padecieron ese síndrome.
Así pues, claramente entran aquí en colisión dos preceptos
constitucionales. El artículo 24, que nos exige la tutela judicial y
nos dice que dicha tutela debe llegar sin dilaciones cuando resulta
que han pasado ya 18 años. Esto, evidentemente, hay que conjugarlo
con el rigor presupuestario y el Estado, antes de pagar de
forma individual a los afectados debido a la responsabilidad civil
subsidiaria que tiene, debe esperar a que la sentencia definitiva
fije el montante individual que corresponde a cada afectado.
Por tanto, nosotros les vamos a dar nuestro apoyo, pero también
queremos poner de relieve ese fracaso de nuestro sistema judicial por
haber resuelto este tema con tantas dilaciones, porque ha habido
recursos e impugnaciones, pero al final han sido 18 años y, sin duda,
la solución llegará siempre tarde.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Jané.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene
la palabra el señor Ríos.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías, la verdad es que
el señor vicepresidente segundo, cuando ha presentado este decreto-
ley, ha hecho dos afirmaciones que luego, al leer el texto del
decreto ley, no se asemejan. El título del decreto-ley se refiere al
pago. Sobre esto estamos de acuerdo porque en realidad tiende a que
al final se pague, aunque no sobre el trámite para que se pague, que
es el real decreto que estamos aprobando hoy.
Después ha dicho: pagar de inmediato todas las indemnizaciones. Eso
no dice el artículo 2. Este artículo dice: para efectuar el pago de
la forma más inmediata posible, de tal manera que en el artículo 1 se
arbitra la posibilidad de pagar en varios años. Habla del cierre a 30
de diciembre. Ustedes piensan que es posible pagar una parte de este
año el siguiente. No le falta razón en cuanto a lo que es la
concreción individual de cada una de ellas, puesto que se va a ir a
indemnizaciones individualizadas.
Usted ha descalificado una de las posibilidades para llevar a cabo
esto. Cuando hay una sentencia indemnizatoria, lo que hay que hacer
es pagarla. Usted ha descalificado la posibilidad de un crédito
extraordinario ampliable. Yo a esto le añado la palabra suficiente.
Si usted aprueba un crédito extraordinario ampliable de 30.000
millones tendrá que ir ampliándolo, pero si pone 200.000 millones en
ese crédito extraordinario no tendrá que ampliar, sino que al final
de año hará la liquidación. Incluso aceptaríamos que pudiera haber
previsiones para dos ejercicios.
Estamos tratando aquí de indemnizaciones que datan de muchísimo
tiempo atrás, después de una sentencia judicial definitiva del 26 de
septiembre de 1997, y que añade una serie de limitaciones para que
cada médico certifique las condiciones de cada una de las personas
que puedan estar afectadas. Permítame que le diga que la mayoría de
las previsiones que ustedes contemplan aquí no tienen necesidad de
establecerse en una ley. Por ejemplo, no es necesario que se ponga en
una ley que habrá una oficina de prestaciones económicas y sociales
del síndrome tóxico; que el subdirector hará el papel de la oficina
general, que remitirá lo acordado a
la Dirección General; que la Dirección General expedirá la
notificación, la cual tendrá plenos efectos liberatorios. Todas estas
previsiones no necesitan regularse en una ley; necesitarían otra
distinta.
En suma, ustedes establecen aquí cuatro fronteras antes de pagar:
primero, trámite y notificación; segundo, que entre en una relación
que prevé el artículo 2, que se remite por esa oficina; tercero, que
entre en la expedición de esa notificación con efecto liberatorio y,
cuarto, que se pague. Son los cuatro trámites que ustedes fijan aquí.
En cuanto al tiempo, a mí me gustaría que me dijese el tiempo que se
ha fijado para hacer frente a este pago, en virtud del cumplimiento
de cada una de las sentencias.
Respecto a la garantía del artículo 46.1 de la Ley General
Presupuestaria, también tiene su limitación en el tiempo. Usted fija
un plazo para poder hacer efectivo este pago desde que tiene la
notificación.
Usted ha hecho referencia al déficit público y a la transparencia. Yo
no voy a negar que aquí haya una garantía importante de
transparencia. Ustedes han puesto una garantía de transparencia,
primero de liquidación mensual ante las Cortes y, segundo, la
garantía de que todas y cada una de las indemnizaciones van a estar
fijadas y que las personas que las perciban son realmente las que las
deben de percibir. Pero lo dramático de la previsión de este real
decreto es que se trata de una especie de declaración de intenciones
de que el Gobierno lo quiere acometer. Es verdad que ustedes lo hacen
mediante operaciones de tesorería y todas las que sean necesarias son
posibles. Ustedes lo han hecho de una manera muy abierta. Yo estoy
convencido de eso. Sin embargo, el trámite no garantiza la
efectividad, la inmediatez para hacer frente a ello. Si no, ahora me
puede precisar si efectivamente se fija la rapidez, la inmediatez, a
la hora de tener la sentencia y la concreción individualizada sobre
quién realmente va a percibir la indemnización. Ustedes añaden unas
cautelas, unos trámites administrativos que son excesivos para
regularlos en un decreto.
Nosotros vamos a apoyar esta voluntad del Gobierno, no nos vamos a
oponer, porque además no sería lógico. El Gobierno ha abierto dos
puertas para hacer efectivo este pago. Pero sí lamentamos que hechos
ocurridos hace tantos años, que tienen una gran implicación en dramas
personales, que afectan a personas que tienen un deterioro físico
importante, después de un sinfín de años con un deterioro progresivo,
no se resuelvan eficazmente desde que hay una sentencia efectiva
diciendo lo que debe indemnizarse a cada una de las personas. Aquí
fijamos un tiempo en el trámite que puede retrasar cuatro, cinco,
seis meses o más. El artículo 46.1,b) fija seis meses. Señor
presidente, señorías, deberíamos buscar el dinero suficiente para
hacer frente a este pago. Este país no ha tenido problemas de déficit
público y ha encontrado dinero suficiente en otros casos, desde los
900.000 millones para el agujero de Brasil, que aparecieron en el
seno del Banco de
España y no hubo problemas, hasta para determinadas actuaciones de
entidades o sectores económicos que lo necesitaban. Y lo hemos pagado
con rapidez. Bueno, pues no hay mayor prioridad social que una
sentencia incumplida para un volumen de personas tan importante.
Páguese de manera inmediata, con los recursos y las previsiones
presupuestarias que sean necesarias.
En todo caso, agradezco al señor vicepresidente la voluntad que ha
manifestado hoy aquí: pagar de inmediato las indemnizaciones, o por
lo menos lo más rápidamente posible; información y trasparencia en
cuanto a la gestión de esos recursos -a lo que nosotros no le íbamos
a poner muchas pegas- y que hagan las operaciones de tesorería que
sea necesarias, ¡ojo!, aunque el déficit público suba cuatro décimas.
Eso es lo que yo le pediría, aunque el déficit público suba.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ríos.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
señor Gimeno.
El señor GIMENO MARÍN: Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, fíjense lo que son las
paradojas de la vida. Hoy, después de tantos años, a este Pleno están
asistiendo desde la tribuna del Congreso representantes de los
afectados de la colza y jóvenes que se tendrán que sorprender de que
hoy debatamos en esta Cámara algo que ellos ni conocieron y que ni
siquiera, señor vicepresidente, hoy vamos a resolver. Ese es uno de
los problemas más importantes del debate de hoy. Usted hoy viene con
ventaja a este debate, señor vicepresidente, pero yo creo que en esta
Cámara hoy tiene usted que decir algo más. Hoy en esta Cámara tiene
que comprometerse en cosas más concretas. Usted sabe que hoy le
tenemos que aprobar este real decreto, cómo no, se lo tenemos que
ratificar a la fuerza y sabemos que el Estado quiere pagar. ¿Cómo no
va a pagar si le han condenado? El Estado ha sido condenado en
responsabilidad civil subsidiaria a pagar como consecuencia de los
delitos que se cometieron en relación con el síndrome tóxico. Pero yo
creo que si sólo planteáramos las cuestiones formales, hoy no lo
resolveríamos bien.
Entiendo que el vicepresidente tiene que hablar de cuestiones
formales, porque hoy viene a presentar una forma presupuestaria para
pagar algo que él ya sabía desde 1997 que había que pagar. Eso lo
sabía usted, señor vicepresidente, y todavía lo sabía más cuando
confeccionó los presupuestos de 1999 porque conoce lo que pasó en
marzo de 1998. Pero esto son cuestiones de forma. Es cierto que usted
ha elegido la manera que le ha parecido más adecuada. A sus
especialistas en contabilidad creativa los ha puesto en marcha y lo
han hecho bien. Le digo que nosotros no vamos a discutir eso. Nos
parece hasta bien. Podía haber sido la otra forma, no la que dice
usted, podría usted haber previsto las cantidades que se van a pagar
este año, que es lo importante. Lo grave es que usted no da las
cifras globales, ni siquiera dice las cifras que va a pagar este año.
¿Por qué se lo digo? No por el problema del déficit. Señor
vicepresidente, nosotros no nos vamos a preocupar en esta cuestión
del déficit porque no tendría mucho sentido. Descuente ese déficit.
En los debates que tengamos sobre déficit, tanto en contabilidad
nacional como en déficit presupuestario, no hablaremos de la parte
que corresponda a la colza. No lo plantearemos aunque se lo recuerde
el señor Barea, aunque le diga -como le ha dicho hace unos días- que
usted ya sabía esto. Claro, ya lo sabemos todos.
Y nos debería decir hoy, usted ya lo conoce porque sus funcionarios
llevan más de un año trabajando en ello, cuáles son las cuantías que
se tienen que deducir de las cantidades fijadas en la sentencia.
Usted sabe si son 300.000, 400.000 o 600.000 millones. Muchas cifras
son las que se citan. Por ejemplo, el señor Barea ha fijado la cifra
en 400.000 millones y en algunas reuniones recientes yo he oído que
está por encima de 500.000 millones. Pero eso no es lo que me
preocupa, sino que los afectados sepan en estos momentos cuánto
tiempo se va a tardar en pagarles; lo que me preocupa es que se sepa
qué va a pasar con las prestaciones que están percibiendo en estos
momentos los afectados y lo que preocupa es que se sepa qué es lo que
va a pasar para determinar las cuantías exactas y cuáles son las
cantidades que se van a deducir de las cantidades marcadas por los
tribunales. Todos esos problemas son los que hoy le van a permitir al
vicepresidente, si él quiere, o al Grupo Popular comprometerse más
claramente y en algo concreto; si no, no sabemos, ni nadie va a
saber, si lo que hoy dice usted que se acaba simplemente es el
comienzo de otro tiempo que no acaba nunca de terminar, porque no
sólo es que hoy se apruebe un real decreto, el problema va a ser
cuánto tiempo vamos a estar con este real decreto.
Señor vicepresidente, ¿cómo se va a organizar la oficina de gestión
de prestaciones económicas y sociales del síndrome tóxico? ¿De qué
medios la va a dotar usted o cómo la va a incentivar para que
resuelvan todos los problemas? Porque usted sabe ya que en estos
momentos, por ejemplo, para las certificaciones que son necesarias
para ejecutar la sentencia se están produciendo retrasos importantes;
usted sabe que faltan todavía más de 10.000 personas que necesitan
tener las certificaciones correspondientes para que lleguen a los
tribunales y se pueda ejecutar la sentencia.
La pregunta que sí que tiene usted que contestar es qué se va a hacer
para incentivar la actuación, porque estoy convencido totalmente de
que la voluntad del Gobierno va a ser que se haga lo mejor posible,
pero usted tiene que decir cómo lo va a hacer porque si no van a
suscitarse muchos problemas.
Usted sabe, por ejemplo, que se ha producido un debate importante
entre los afectados, los tribunales ya han respondido y que ahora en
estos momentos le toca también a la Administración. ¿Cómo se van a
fijar las cuantías que van a percibir los afectados como consecuencia
de las sentencias? ¿Qué se va a deducir de esas
cuantías? Usted sabe, señor vicepresidente, que se ha planteado por
los tribunales que no puede deducirse la ayuda familiar económica
familiar complementaria, usted sabe que no se puede deducir la ayuda
domiciliaria y usted sabe que no se pueden deducir las ayudas
extraordinarias y lo que son las prestaciones sanitarias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Gimeno,
le ruego vaya concluyendo.
El señor GIMENO MARÍN: Sí, señor presidente. ¿Qué va a pasar, por
ejemplo, con las prótesis sanitarias? En estos momentos se está
discutiendo si se les deduce también de las prestaciones y es algo
que preocupa a los afectados.
Le diré más. Los afectados se están preguntando, señor
vicepresidente, señor Rato, si van a dejar de percibir las pensiones
que han estado cobrando durante todos estos años. ¿Van a dejar de
percibir las prestaciones cuando cobren las indemnizaciones? El
Gobierno debe responder, porque deben saber los afectados cuál es su
voluntad. Le diré más. ¿Van a quitar la ayuda familiar que han venido
percibiendo durante todos estos años cuando cobren las
indemnizaciones?
Estas son las preguntas y las respuestas que se están esperando del
Gobierno para conocer realmente qué es lo que va a hacer el Gobierno.
Porque el decreto ya sabemos que decía que le autorizaba al Gobierno
a pagar. No se preocupe usted, señor Rato, nuestra preocupación
fundamental en este caso no es el problema del déficit, sino que
usted pague lo antes posible para que de una vez, y eso sea verdad,
se terminen las consecuencias desastrosas de este caso, porque la
realidad es que para los afectados el problema continúa. Deberían
saber ustedes que muchos de los afectados siguen empeorando.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Gimeno.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, señorías, yo
esperaba realmente una intervención del portavoz socialista con un
discurso más prudente (Protestas.), como han sido las intervenciones
del resto de los grupos, porque hoy vamos a dar una solución
definitiva a un problema de hace muchos años. No esperaba
felicitaciones, señor Gimeno, pero sí, por lo menos, que usted
reconociera que traemos a esta Cámara un instrumento que permite
pagar con agilidad, rapidez, transparencia, cuidando los controles, y
además -y contesto al señor Ríos- de una manera inmediata, pero de
una manera inmediata cuando se conozcan las sentencias individuales.
Además en este decreto-ley se prevé una normativa que facilitará que
no tenga que producirse ningún desarrollo reglamentario posterior
para pagar de una manera inmediata.
Señor Gimeno, no se puede usar políticamente todo y desde luego no se
pueden usar políticamente temas después de trece años de Gobierno, no
tienen ustedes ninguna legitimidad para hacerlo. (Protestas.) Usaron
ustedes el drama de los afectados del síndrome tóxico contra el
Gobierno de UCD. Pidieron la reprobación de cinco ministros -cinco-
porque los ministros de UCD no supieron cuál era la causa del
síndrome tóxico. Ustedes han estado trece años en el Gobierno y
tampoco lo han conocido durante todo ese tiempo. Estuvieron trece
años en el Gobierno y no quisieron ni supieron tomar las medidas
adecuadas para dar solución a este problema y ahora otra vez quieren
usar políticamente este tema para restar credibilidad presupuestaria.
(Rumores y protestas.- La señora Martínez Saiz: Eso es así.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento,
señor Martínez-Pujalte. ¡Señor Martínez Sanjuán, le ruego silencio!
(El señor Martínez Sanjuán pronuncia palabras que no se perciben.) No
me obligue a que le llame al orden, señoría.
Continúe, señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Si hubiera leído la sentencia con
detenimiento, vería que en el punto número 4, página 108, hasta el
juez les dice que nos hallamos ante un supuesto de catástrofe
nacional en que el Estado pudo y debió afrontar esto con las
cantidades indemnizatorias suficientes para compensar y resarcir a
los afectados de sus consecuencias -como ha hecho en múltiples
ocasiones-, sin esperar a que los tribunales decidan sobre posibles
responsabilidades penales. ¡Trece años y no han hecho ustedes nada!
¡Nada! ¿Qué viene usted a decirnos a la Cámara, señor Gimeno, si
hasta la sentencia les dice que debieron y pudieron hacer algo? (El
señor Martínez Sanjuán: Patético.) Pues sí, patético es que en trece
años no se haya solucionado el drama de muchas personas afectadas por
el síndrome tóxico.
Pone aquí en duda la política presupuestaria del Gobierno. No, señor
Gimeno; nosotros hemos traído un instrumento que va a permitir dar
cumplimiento rápido a la sentencia, cumplimiento que debe ser rápido
por justicia, porque hay muchos miles de afectados que han debido
esperar años para recibir la compensación. Usted sabe, señor Gimeno
-luego hace política en esta tribuna, pero usted lo sabe- que la
sentencia no señala el número exacto de afectados ni la cuantía de la
indemnización, y sabe que se debe producir una sentencia
individualizada que señale la cuantía, y sabe que no es posible
determinar el decalaje en el que esas sentencias individuales se van
a producir, y sabe que si no se conoce la cuantía ni el número de
afectados ni el momento en que hay que hacer frente a los compromisos
con esos afectados podríamos haber esperado tramitando
créditos extraordinarios, trayendo proyectos de ley de créditos
extraordinarios. Sin embargo, este Gobierno no ha querido esperar, ha
querido dar una solución rápida y ágil a un problema que no fue
creado por nosotros y al que se podía haber dado solución con
anterioridad, en los gobiernos del Partido Socialista. (Protestas.)
Este es un problema que se podía haber arreglado con los gobiernos
del Partido Socialista, pero nosotros somos conscientes del drama de
los miles de afectados y queremos arbitrar un sistema ágil, rápido y
transparente, como ha reconocido el resto de los grupos de la Cámara.
(El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte, por favor, vaya
concluyendo.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Nosotros queremos arbitrar un
sistema que permita pagar inmediatamente después de que sean
conocidas las sentencias individuales y eso es este real decreto-ley.
A través de una cuenta de tesorería se harán adelantos de pago y el
30 de noviembre se tramitará un crédito extraordinario para
contabilizar como gasto las cantidades abonadas, que irán a déficit
público de cada ejercicio según se pague, con una transparencia y una
ortodoxia presupuestaria extraordinarias, pero, además, dando
satisfacción a los afectados.
Señorías, esperaba que después de estar trece años sin solucionar un
problema no tuvieran el síndrome del olvido. Ustedes no supieron
arreglar este problema que el Partido Popular ha sabido y ha querido
arreglar. Los afectados que hoy están escuchándonos van a percibir de
manera inmediata las compensaciones y vamos a dar carpetazo a un
problema que es un drama social y con el que no se puede hacer
política, como hicieron ustedes entonces y quieren volver a hacer,
demostrando cuál es su concepto de la política.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez - Pujalde. (Los señores
Gimeno Marín y Ríos Martínez piden la palabra.)
Señor Gimeno.
El señor GIMENO MARÍN: Señor presidente, no sé si ha escuchado la
intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, pero si la
hubiera escuchado, seguro que no tendría ninguna duda de por qué pido
la palabra. (Risas.-Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: No la he escuchado porque me he incorporado a la
Presidencia tras la parte final de la intervención, que ya ví que
estaba suscitando cierta algarabía en sus bancos. Pero sabe, señor
Gimeno, que en el turno de convalidación o derogación de un decreto
ley no existe un segundo turno.
Adelante.
El señor GIMENO MARÍN: Señor presidente, en la parte primera de la
intervención del Grupo Parlamentario Popular se han hecho alusiones
bastante agresivas hacia mi intervención y afirmaciones
descalificatorias que yo creo que exigen tener la posibilidad de
aclararlo. (El señor Ríos Martínez pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, por favor, señor Gimeno.
Señor Ríos.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Pido la palabra solamente para hacer una
precisión, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Para una precisión.
En ese caso, señor Gimeno, dos minutos exclusivamente para alusiones
personales o de grupo que pueda haber estimado, y luego un minuto
para la precisión del señor Ríos.
Adelante.
El señor GIMENO MARÍN: Señor presidente, creo que el portavoz del
Grupo Parlamentario Popular no ha entendido bien mi intervención. Ni
siquiera he querido hacer referencia a los temas presupuestarios
porque no creo que sea el problema fundamental en estos momentos,
aunque este real decreto tiene que ver con ello y, lógicamente, el
vicepresidente tiene que venir a proponerlo para poder pagar vía
presupuesto.
Lo que quería decir y quiero dejar bien claro es que en estos
momentos lo más importante para el Gobierno y para el grupo que le
apoya es cómo se comprometen o no se comprometen para resolver los
problemas concretos, es decir -que no lo interpreten mal-, lo que
necesitan saber los afectados es de cuánto tiempo y de qué medios van
a dotar, por ejemplo, a la Audiencia Nacional y a los servicios de la
Administración para poder pagar rápidamente, como parece ser que
quiere el Gobierno. Y lo que necesitan los afectados, porque es más
complicado de lo que parece incluso en la interpretación de la
sentencia -eso quería decir-, es saber -y el vicepresidente podría
aclararlo, o también nos parecería bien que lo hiciera el Grupo
Parlamentario Popular- qué va a pasar con todas las prestaciones que
se han pagado hasta ahora.
El señor PRESIDENTE: Señor Gimeno.
El señor GIMENO MARÍN: Por ejemplo, qué va a pasar con la ayuda
familiar.
Sólo eso, señor vicepresidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gimeno.
Señor Ríos.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, mi precisión es a las
palabras del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que ha
intervenido desde la tribuna diciendo que habíamos venido aquí a
hacer política
desde la tribuna. En el régimen anterior, Franco decía a sus
ministros que no se metieran en política, pero todos los que vienen
aquí hacen política, defienden una posición para solucionar un
problema que afecta a los ciudadanos. (Aplausos.-Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
Sus señorías, en los términos que han considerado oportunos y, eso
sí, en breve tiempo, han utilizado el turno para lo que yo me temía,
que era un minitercer turno. (El señor Martínez-Pujalte López pide la
palabra.)
Señor Martínez-Pujalte, consuma el mínimum del tercer turno que, sin
precedente alguno, se ha concedido hoy.
Adelante.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, se preguntaba el
señor Gimeno -y esa era la alusión personal que le había hecho- cómo
nos comprometíamos a solucionar el problema. Nos comprometemos de una
manera clara: tramitando un real decreto, que hoy se convalida en
esta Cámara y que va a permitir el pago inmediato.
Señor Gimeno, a mí lo que me preocupa y por lo que están preocupados
muchos afectados es por qué ustedes, en trece años, no hicieron nada.
(Protestas.) Lo que de verdad nos preocupa es por qué hay afectados
que no han percibido las indemnizaciones y, sin embargo, hay algunos
abogados que estaban en sus filas que sí han percibido las minutas.
(Fuertes protestas.)
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Eso es lo que de verdad nos
preocupa.
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Porque aquí se viene a hacer
política, pero ustedes no hacen política; ustedes quieren ser buitres
sobre el drama de muchas personas, y eso nosotros no lo toleramos.
Gracias. (Fuertes protestas.- Rumores.- La señora Fernández de la
Vega Sanz pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte, tengo por seguro, a
efectos del «Diario de Sesiones», que lo de buitre es estrictamente
una figura alegórica, pero en modo alguno con animus de otro tipo.
Así constará.
Señor Martínez Pujalte, por favor, especifique que se trata solamente
de una figura alegórica y sin ningún otro ánimo, a efectos de que
conste en el «Diario de Sesiones».
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, desde luego, es
una figura que lo que quiere indicar es que se están aprovechando del
mal ajeno para hacer una determinada clase de política.
Gracias. (Protestas.-La señora Fernández de la Vega Sanz pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señora Fernández de la Vega.
La señora FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ: Señor presidente, no es
suficiente una interpretación de ese insulto intolerable. Exigimos la
retirada de esa expresión. (Aplausos.-Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández de la Vega.
Vamos a proceder a la votación. (La señora Fernández de la Vega Sanz:
¡No, no!.-Continúan las protestas.)
Señora Fernández de la Vega, S.S. ha pedido, utilizando un legítimo
derecho, que el señor Martínez-Pujalte retire la palabra. El señor
Martínez-Pujalte también tiene derecho a pensar si retira o no la
palabra, como suele ocurrir siempre, y ya tomará una decisión que
comunicará a la Presidencia. No vamos a organizar un nuevo debate
sobre un asunto que queda ya cerrado.
Votación sobre la convalidación o derogación del real decreto-ley que
ha sido presentado y debatido.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
286; a favor, 284; en contra, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, aprobada la
convalidación del real decreto-ley debatido.
ENMIENDAS DEL SENADO.
- PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE REGULA EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS
TRANSFERENCIAS ENTRE ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA (Número de
expediente 121/000139).
El señor PRESIDENTE: Punto VII del orden del día: Enmiendas del
Senado al proyecto de ley por el que se regula el régimen jurídico de
las transferencias entre Estados miembros de la Unión Europea.
¿Grupos que desean fijar su posición sobre las enmiendas del Senado a
este proyecto de ley? (Pausa.)
Si no los hay, sometemos a votación las enmiendas del Senado a este
proyecto de ley.
Votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley por el que se
regula el régimen jurídico de las transferencias entre Estados
miembros de la Unión Europea.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
288; a favor, 287; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas del Senado a este
proyecto de ley.
- PROPOSICIÓN DE LEY DE REFORMA DE LA LEY 49/1960, DE 21 DE JULIO,
SOBRE PROPIEDAD HORIZONTAL (Número de expediente 122/000218).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las enmiendas que la propia Cámara
Alta ha formulado a la proposición de ley de reforma de la Ley 49/
1960, de fecha 21 de julio, sobre propiedad horizontal. ¿Grupos que
desean fijar su posición sobre las enmiendas del Senado? (Pausa.)
En primer lugar, tiene la palabra el señor Mardones, por el Grupo de
Coalición Canaria. (Fuertes rumores.) Señorías, a quienes permanezcan
en el hemiciclo, sin tener que abandonarlo para otras tareas
parlamentarias, les ruego guarden silencio para que pueda continuar
el desarrollo del orden del día.
Adelante, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria va a votar favorablemente
las enmiendas que nos llegan del Senado a este proyecto de ley de
reforma de la Ley 49/1960, de la propiedad horizontal, excepto -y lo
señalo aquí para que se separe en el proceso de votación- la primera
enmienda presentada al párrafo inicial del artículo 12.o, que se
refiere concretamente al artículo 17 de la Ley de propiedad
horizontal que estamos modificando. Salvo esta excepción, las demás
votaciones serán favorables por entender mi grupo que el Senado ha
introducido enmiendas importantes que contribuyen a aclarar
determinados aspectos del texto legal, evitando confusión, como es el
caso de la enmienda al artículo 1, cuando aclara el alcance del
término local suprimiendo la expresión local de negocios.
Las enmiendas introducidas por el Senado al artículo 4 son muy
importantes porque dan seguridad jurídica. Otras enmiendas serán
garantistas de los derechos, tanto del colectivo de la comunidad de
propietarios del inmueble como de las garantías individuales, sobre
todo de la defensa del copropietario solvente y cumplidor, de los
estatutos o reglamentos de la comunidad de vecinos y de propietarios,
frente a los que carecen de un mínimo de sentido de responsabilidad
cívica y subsidiaria en relación con pagos, cuotas, conductas,
etcétera. Las enmiendas al artículo 4 van acertadamente, a juicio de
mi grupo, en esa línea, como aquellas que concretan medidas para
garantizar el pago de los gastos generales. Corresponde al mismo
principio rector la enmienda al apartado cuarto del artículo 6, que
prevé a quién corresponde el pago de las derramas, pues ha sido
siempre conflictivo distinguir entre el propietario de la vivienda o
del piso y el arrendatario o el que esté ocupando el local.
En cuanto a las enmiendas al artículo 8, el Senado introduce unos
elementos muy positivos de perfeccionamiento, no solamente de tipo
expositivo o gramatical, sino en cuanto a seguridad jurídica, porque
corrigen una omisión que tenía el proyecto que salió del Congreso de
los Diputados para señalar que la elección por turno rotatorio o
sorteo del presidente es siempre un proceso subsidiario al derecho de
los propietarios de elegir al presidente de la comunidad de
propietarios o de vecinos, y para precisar su alcance cuando el Poder
Judicial, en la persona del juez, tiene que designar al presidente.
Desaparecen las referencias a las organizaciones profesionales, con
lo que estamos de acuerdo porque se globaliza y generaliza el
principio.
Señor presidente, termino con la enmienda al artículo 11, que
entendemos positiva porque establece la necesidad de especificar en
las actas los débitos que tengan los propietarios morosos que no
estén al corriente del pago de sus deudas y que sean conocidos por el
resto de copropietarios. Por estas razones, por entenderlas
positivas, porque introducen principios de seguridad jurídica y
porque son garantistas, vamos a votar favorablemente todas las
enmiendas salvo la que hemos indicado.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Señora Uría, por el Grupo Vasco (PNV).
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente.
Llegamos hoy al último trámite de una ley que pretende la regulación
de unas unidades de convivencia no siempre todo lo pacíficas que
sería de desear. Es una regulación inter privatos, es decir, se
articula derecho civil, al margen de otros títulos competenciales que
puedan corresponder a las comunidades autónomas. Entró en esta
Cámara, además de por dos proposiciones de ley de distintos grupos
políticos, por una iniciativa legislativa popular, eso sí, bastante
acompañada, o empujada cuando menos, por administradores de fincas
que estaban animados por loables propósitos y también, por qué no
decirlo, por algún interés corporativo que parece que no se ha visto
del todo satisfecho. Esto es lo que pasa cuando se introduce una
iniciativa popular en una Cámara legislativa. Evidentemente, uno es
responsable del texto que presenta, pero son luego los miembros de la
Cámara, los representantes de los grupos políticos, quienes deciden
con la fuerza de sus votos cuál es la versión definitiva, lo que al
final es consolidado como texto legal.
Las novedades introducidas en la ley son importantes en relación con
el texto del año sesenta en lo que hace referencia a la regulación de
lo que se ha venido en llamar vecinos incómodos, dando la posibilidad
de que la comunidad se defienda mediante medidas cautelares
o definitivas frente a ellos. Contiene también importantes previsiones
en relación con los morosos y, sobre todo, incluye una gran novedad,
que es la obligación
de constituir un fondo de reserva afectado a determinadas utilidades.
En esto, el grupo al que pertenezco ha sostenido que en parte es
derecho civil, en parte es vivienda y, por tanto, tal y como ha
quedado finalmente plasmado en la disposición adicional, serán las
correspondientes comunidades autónomas con competencias las que
puedan regularlo definitivamente. Regula también algo que ha sido más
notable y a lo que se le ha dado más relevancia, el régimen de
mayorías en la adopción de acuerdos, excluyendo la regla que
resultaba tan draconiana de la unanimidad.
Las enmiendas del Senado son muy numerosas y obedecen a la necesidad
de completar un texto que se reelaboró totalmente en la ponencia, no
al margen sino en gran medida utilizado como material de trabajo,
aunque con enormes aportaciones de los grupos. En este caso, le hemos
dado trabajo real a la Cámara de segunda lectura. Se ha introducido,
además, una exposición de motivos que le faltaba al texto y un gran
número de enmiendas, repito; diez fueron presentadas por el Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), de las cuales nueve fueron aceptadas.
Mi grupo va a votar favorablemente a todas las introducidas por el
Senado, excepción hecha de aquella a la que se ha referido también el
representante del Grupo Coalición Canaria. La introducción que se
hace en el artículo 12.o, referido al artículo 17 de la Ley 49/1960,
da al primer inciso más confusión que claridad y quisiéramos que sea
apartado del texto del articulado.
Señorías, concluyo haciendo votos en nombre de mi grupo para que esta
ley sirva para mejorar la calidad de la convivencia de la gran
mayoría de los ciudadanos de este Estado que viven en casas de pisos
normalmente en régimen de comunidad de propietarios.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Recoder i Miralles.
El señor RECODER I MIRALLES: Señor presidente, señorías, subo a la
tribuna para manifestar la posición de nuestro grupo parlamentario
con relación a las enmiendas del Senado a esta reforma de la Ley
sobre propiedad horizontal. Quiero iniciar esta intervención
señalando que para mi grupo este es un día importante. En primer
lugar, porque vamos a aprobar un proyecto de ley, la reforma de una
ley del año 1960 que afecta a millones de ciudadanos de este país. No
es una ley con un altísimo contenido político, pero, en cambio, sí
tiene un gran contenido social que, sin lugar a dudas, va a facilitar
la vida a todas aquellas personas, mujeres y hombres, que viven en
una comunidad de vecinos. En segundo lugar, es un día importante para
nuestro grupo parlamentario como grupo que está en el inicio del
debate de esta reforma parlamentaria. Quiero recordar que, en
septiembre del año 1997, se inició la tramitación parlamentaria de
una iniciativa de Convergència i Unió sobre una reforma amplia de la
Ley sobre propiedad horizontal a la que se acumuló en ese mismo
debate la iniciativa parlamentaria popular promovida por el Consejo
de Colegios de Administradores de Fincas, que tenía por objeto
mejorar dicha ley para poder combatir con más eficacia lo que se
denomina el grave problema social de la morosidad.
El día 27 de septiembre de 1997 constituyó un hito en una larga
historia que se iniciaba años antes. En nuestro caso, en 1995,
cuando, después de la aprobación de la Ley de Arrendamientos Urbanos,
ya manifestamos que, habiendo culminado el proceso legislativo de
reforma de uno de los pilares de la política o de la legislación que
afectaba a la vivienda, lo que tocaba era iniciar en ese momento la
reforma de la Ley sobre propiedad horizontal o la aprobación de la
ley de ordenación de la edificación. Culminamos hoy la reforma de la
Ley sobre propiedad horizontal y el proceso de aprobación de la ley
de ordenación de la edificación ya está iniciado en la Cámara. Es
también un hito para la larga historia que iniciaron los colegios de
administradores en noviembre de 1996, si no me equivoco, con el
comienzo del meritorio proceso de recogida de firmas para poder
presentar una iniciativa parlamentaria popular. Este doble proceso
llevó a la presentación, en enero y febrero de 1997, de las dos
iniciativas, de la nuestra en primer lugar y de la de los
administradores pocos días después. La tramitación parlamentaria ha
sido especialmente positiva desde nuestro punto de vista, aunque
también debo decir que no ha sido fácil. Ha sido excesivamente lenta
a menudo y nos ha obligado a algunos, especialmente a nuestro grupo
parlamentario, a realizar acciones de impulso parlamentario de la
reforma. En cualquier caso, el resultado es una buena reforma que
incorpora, de forma sobrada, los objetivos de nuestra proposición de
ley y los de la iniciativa parlamentaria popular. A la reforma se ha
llegado con un amplísimo consenso por parte de todos los grupos
parlamentarios, que nos hemos esforzado en intentar encontrar las
mejores soluciones a los problemas que había planteados. El largo
debate parlamentario en Comisión se ha visto asistido de una forma
muy eficaz por el letrado don Alberto Dorrego y ha contado también
con la inestimable colaboración del común amigo de todos los
ponentes, que siempre ha estado a nuestro lado, el experto don Daniel
Loscertales.
El resultado, la nueva ley que actualiza la de 1960, es, sin lugar a
dudas, una ley buena. Así creo que ha sido valorada de forma unánime
por todos aquellos colectivos profesionales y sociales que son sus
destinatarios. Quiero destacar como grandes valores que se trata de
una reforma sencilla; la Ley de 1960 era una ley sencilla y no
compleja, lo cual era una virtud, y hemos conseguido de hecho que la
reforma tenga también esta sencillez. En segundo lugar, es una
reforma que, renovando a fondo la Ley de 1960, no modifica en exceso
el esquema de derechos y deberes de los ciudadanos. Ello es
importante por cuanto se trata de una ley que afecta a gente común
que no tiene por qué conocer nada de derecho. Hemos considerado que
cuanto menos modificara ese esquema lógico, mejor iba a ser la nueva
ley.
Las principales innovaciones, que citaré de manera somera porque son
sobradamente conocidas cuando menos por los miembros de la Comisión
de Justicia que las han votado, dan en el clavo en aquellos aspectos
cuya reforma requería una ley con treinta y ocho años de vida. En
primer lugar, se refuerzan los poderes de la comunidad frente al
vecino incívico, y en este sentido quiero destacar la nueva acción de
cesación. En segundo lugar, se fomenta la cultura de la conservación
y la rehabilitación creando el fondo de reserva, una propuesta de
Convergència i Unió para la que nos costó serios esfuerzos conseguir
el consenso y la credibilidad de los otros miembros de la Comisión.
Creo que lo hemos logrado y que va a dar buenos frutos en el futuro
para promover esta cultura de la conservación y rehabilitación de los
inmuebles, lo mismo que el establecimiento de determinadas obras de
conservación como obligación de la comunidad, o la posibilidad de
crear un arbitraje administrativo para determinar qué obras
corresponde realizar a la comunidad y cuáles a cada uno de sus
integrantes. En tercer lugar, hay que destacar que esta reforma
actualiza de forma eficaz los mecanismos de toma de decisiones. Se
rompe la regla de la unanimidad que ha actuado a veces de forma
fatídica impidiendo, por ejemplo, instalar el ascensor en una
comunidad o prescindir del servicio de portería con el simple voto en
contra de uno de los vecinos. Ahora la mayoría de la comunidad, el 60
por ciento, va a poder tomar decisiones. También se rompe esta regla
en lo que se refiere al alquiler de los espacios comunes y se reduce
el porcentaje para adecuar la accesibilidad del inmueble a la
minusvalía de alguna persona.
Por último -y este era el objeto exclusivo, importante, de la
iniciativa parlamentaria popular, también incluido en la iniciativa
de Convergència i Unió-, se refuerzan los poderes de la comunidad
frente al vecino incívico, no frente a aquel vecino incívico para el
cual hemos pensado y hemos ideado la acción de cesación a favor de la
comunidad; aquella persona que, por ejemplo, tiene la mala costumbre
de poner la música a todo volumen a las cuatro de la madrugada. Hay
otra clase de incivismo, que es el que caracteriza a aquella persona
que vive en comunidad pero que se niega reiteradamente a contribuir
al sostenimiento de lo que es de todos mediante el pago de las
correspondientes cuotas. En ese sentido, se introduce la obligación
de aportar un certificado que acredite el estado de deudas de un
vecino con la comunidad en el momento de la compraventa del inmueble,
un nuevo procedimiento judicial ágil que permite incluso la
acumulación de las deudas vencidas durante su tramitación y que puede
ser objeto de la sentencia final; la privación del derecho de voto al
vecino moroso, o la obligación de consignar para poder recurrir en
segunda instancia para aquellos morosos que han sido condenados en
primera. Quiero citar también que además de estas cuatro grandes
innovaciones que tienen su reflejo en diversos preceptos de
la nueva ley, el proyecto de ley incorpora otras novedades, como es
una nueva regulación de los órganos de la comunidad, la forma de
elección del presidente, las competencias de la junta, los requisitos
de las actas, el procedimiento de impugnación de los acuerdos de la
comunidad, o la posibilidad de extender todo el procedimiento de
cobro de morosos a las urbanizaciones.
Quiero terminar, señor presidente, manifestando nuestra satisfacción
porque algo que comenzó hace tiempo, una iniciativa que se empezó a
gestar hace ya cuatro años, está llegando a su último trámite
parlamentario. Una iniciativa que llegó, nada más y nada menos, que
palpando el pulso de la calle, intentando conocer cuáles eran los
aspectos que preocupaban a los ciudadanos que vivían en comunidad.
Quiero manifestar mi satisfacción porque una iniciativa popular, que
por primera vez ve la luz en esta Cámara, dentro de pocos días va a
ser publicada en el Boletín Oficial del Estado. Quiero agradecer,
para terminar, a todos aquellos que han aportado algo al proceso de
elaboración de esta iniciativa: administradores de fincas, agentes de
la propiedad, cámaras de la propiedad, asociaciones de vecinos,
colegios profesionales o multitud de ciudadanos de a pie que,
conociendo que se estaba tramitando en el Parlamento una ley de este
tipo, se han dirigido a nosotros exponiendo sus problemas, problemas
que a veces vivían con un cierto agobio, para ver si éramos capaces
de encontrarles solución. En muchos casos hemos podido dar respuesta,
en otros no, pero nadie puede decir que el Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió no les haya escuchado.
No es esta, como decía al principio, una ley de gran contenido
político, pero quiero reiterar que afecta a millones de personas, a
millones de ciudadanos que van a ver su vida diaria, su día a día, su
quehacer diario como miembros de una comunidad notablemente mejorada.
Quiero manifestar que como impulsor de esta iniciativa, junto con el
Colegio de Administradores, me llena de satisfacción haber
contribuido de forma decisiva a su alumbramiento.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Recoder.
Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra don Pablo
Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
Es lógico que, tal como han resaltado los anteriores intervinientes,
en este texto legal, fundamentalmente obtenido del consenso de todos
y cada uno de nosotros, se puedan y se tengan que repetir conceptos y
valoraciones por todos los que en este momento fijamos posiciones con
respecto a las enmiendas del Senado. Como también han destacado otras
intervenciones, es importante poner de manifiesto lo que esta ley
supone. Yo destacaría la alegría y la satisfacción que le produce
a mi grupo parlamentario que una iniciativa legislativa
popular se vea hecha realidad como una ley. En un sistema jurídico
como el nuestro, que frente a la iniciativa legislativa popular no se
puede decir que sea nada generoso, pidiendo ni más ni menos que medio
millón de firmas, cuando llega una ocasión como esta, se tiene uno
que congratular de una expresión del sistema democrático que va mucho
más allá de lo que puede ser la interpretación de la democracia
delegada y hace realidad una democracia mucho más directa.
Hay que atribuir lógicamente todo el mérito a una profesión, la de
los administradores de fincas, que entendemos que quiere hacer
realidad lo que debe presidir el ejercicio de cualquier profesión: la
función social. Alguien puede pensar que los administradores de
fincas pudieran tener un interés corporativo en ensanchar y
garantizar su plano de actuación. En cierta medida, tienen
legitimidad para pretenderlo, porque, al promover esta iniciativa,
han cumplido muy seriamente con la función social de cualquier
profesión. Por ello, no tenemos ninguna clase de reparo en destacar,
en halagar y en agradecerles que, además de a otras iniciativas
parlamentarias, se hayan sumado a la reforma de la Ley de la
propiedad horizontal. No nos gustaría que, tal como se está
destacando en los medios de comunicación, de la Ley de propiedad
horizontal quedara la imagen de que hemos una ley contra los morosos.
No es así. No hemos hecho una ley contra los morosos.
Es verdad que aquel copropietario que demuestre su insolidaridad no
atendiendo las cargas que son comunes a todos y cada uno de los que
forman parte de esa comunidad de bienes, que efectivamente incurra en
morosidad, que no es lo mismo ni es equiparable a la imposibilidad de
atender sus obligaciones, y que vaya obstruyendo ni más ni menos que
el funcionamiento de la institución con actitudes de carácter
absolutamente incivil, tenga que ser sancionado, no tanto porque se
busque ninguna actitud de condena, sino por protección y por legítima
defensa de los derechos del resto de los copropietarios. Esta ley no
está orientada a luchar contra la morosidad, esta ley está orientada
a impedir toda clase de abusos, a impedir las actuaciones
evidentemente dolosas de aquellos que en un momento determinado,
pudiendo, no quieren manifestar la primera calidad que se debe exigir
de un ciudadano en una comunidad, que es la buena vecindad. Estoy
absolutamente convencido de que si, en el ejercicio y práctica de
esta ley, cualquier comunidad de propietarios se encuentra con
situaciones de auténtica necesidad, imperará el sentido común y no se
equiparará pura y sencillamente el incumplimiento justificado de las
obligaciones, la imposibilidad de su cumplimiento, con lo que es una
situación de auténtica morosidad, una situación de auténtico abuso.
Es mucho más importante destacar en esta ley la modificación en la
regulación del quórum para la obtención de los acuerdos. Tiene mucho
más de positivo. Y creemos -podemos estar equivocados- que se ha
encontrado un punto de equilibrio entre la protección
de los intereses de las mayorías y las garantías de las
minorías, sobre todo en aquellos extremos en que no sean
indispensables las obras a realizar, en que puedan obedecer a una
mayor comodidad, a una mayor confortabilidad, pero que algunos,
sinceramente, no estén en condiciones de asumir. No quedan
desprotegidos y al mismo tiempo las mayorías ven facilitado el camino
para que se haga realidad su deseo. Es muy importante, como aquí se
ha destacado -y nos unimos a la enfatización-, ese fondo de garantía.
¿Para qué? Para que, además de la defensa del propio patrimonio que
constituye la comunidad, en la defensa del propio patrimonio se
contribuya a la conservación de un patrimonio general. Hay que
procurar que efectivamente esa comunidad de propietarios sea algo más
que una aglomeración de vecinos, que sea evidentemente una célula de
convivencia y de buena vecindad, pero hay que procurar que también
ese edificio sea conservado, al servicio de algo tan importante como
es la ciudad, con todo esmero, con todo cuidado, porque al fin y al
cabo eso es una manifestación más de la cultura.
Acabamos, señor presidente, saludando que esta ley vaya a suprimir o
a evitar una enorme clase de abusos y estamos convencidos de que, si
la vieja Ley de propiedad horizontal dio como resultado un número
importante de litigios, esta nueva ley los va a evitar. Es una ley
muy clara. Es una ley que los propios comuneros van a poder
interpretar sin necesidad de grandes intermediaciones jurídicas. Es
una ley que establece unas reglas de juego y que, en manos de los
administradores, de los presidentes de las comunidades de
propietarios, va a permitir hallar los mecanismos para solucionar
posibles conflictos, sobre todo va a tratar de evitarlos, y va a ser
lo que buscamos, un instrumento de convivencia y un instrumento de
solidaridad para los que malhadadamente, en aras a un política de
vivienda que lo único que ha protegido ha sido la adquisición de
viviendas y desde luego no el alquiler, se han visto forzados a tener
que hipotecarse de por vida para acabar teniendo un inmueble en el
que situar su morada, frente a lo que hubiera sido mucho más sensato,
una seria política de viviendas sociales en alquiler, que se ha
practicado en otros países a los que desde luego no se puede poner
como ejemplo de países revolucionarios, pues son pura y simplemente
países racionales y sensatos. Con esta ley, vamos a procurar, dentro
de la irracionalidad de la política de vivienda de este país,
contribuir a que la irracionalidad no se acabe convirtiendo también
en un semillero de conflictos.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Castellano.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra don Carlos Navarrete.
El señor NAVARRETE MERINO: Señor presidente,señoras y señores
diputados, tengo el honor de representar
a mi grupo parlamentario para expresar su posición en relación con
las enmiendas que proceden del Senado y también en torno a la ley,
como han hecho otros grupos parlamentarios, dado que esta ley fue
tramitada con competencia legislativa plena en la Comisión de
Justicia e Interior. Y lo voy a hacer con la sinceridad que creo que
debe caracterizar la vida política, mostrando la coincidencia entre
lo que los políticos pensamos, lo que los políticos decimos y lo que
los políticos debemos hacer o hacemos. En este caso concreto me voy a
expresar en los mismos términos, sin dejarme excitar por el ambiente
de tensión que generalmente produce el hemiciclo, con la misma
distensión con la que hemos trabajado en la ponencia, en la Comisión
de Justicia o en un abundante número de mesas redondas en que hemos
concurrido una buena parte de los ponentes.
Lo primero que quisiera decir es que es una ley que tiene un tremendo
impacto. Si se dice que la característica de la ley es la
generalidad, se considera que esta ley va a ser de aplicación a más
de 14 millones de viviendas en nuestro país. Por consiguiente, nos
encontramos con que, dentro de la generalidad que debe tener toda
ley, esta es de las más generales posibles. A continuación, debo
añadir que, aunque se haya indicado que no es una ley de contenido
político, si tiene este impacto social, es evidente que es una ley de
gran trascendencia política.
Es una ley elaborada en buena medida por el consenso. Queremos
agradecer la receptividad que han mostrado los ponentes y los grupos
parlamentarios respecto de nuestras aportaciones, receptividad que no
ha sido superior a la que nosotros hemos demostrado respecto de las
propuestas sensatas que nos llegaban de otros grupos parlamentarios.
Debo añadir que el Partido Socialista, que ha vivido los
acontecimientos de la vida española desde la posición de Gobierno y
desde la posición de la oposición, ha ofrecido en este caso concreto
un consenso que ya nos hubiera gustado tener en leyes de corte
similar que se elaboraron durante nuestro mandato gubernamental.
Nunca es desaprovechable la ocasión para que el PP vaya aprendiendo
ciertas cosas elementales del funcionamiento democrático.
Vamos a decir que sí a la inmensa mayoría de las propuestas que
vienen del Senado porque mejoran el texto que se envió desde el
Congreso. Y vamos a decir que no a algunas cuestiones puntuales,
entre ellas algunas del máximo nivel y de máxima importancia. No
sabemos por qué el Senado ha metido la tijera y ha podado un
artículo, que en buena medida ya venía en el texto primitivo de la
Ley de propiedad horizontal, para sacar de la responsabilidad del
propietario la de los daños ocasionados por el ocupante del piso
cuando este no sea el propietario, sin perjuicio de que la
responsabilidad del propietario de una vivienda así ocupada tenga
-decía la Ley y decía el texto remitido desde el Congreso- acción
directa contra el ocupante. ¿Por qué ha desaparecido esto, que era de
una extraordinaria virtualidad y de una extraordinaria utilidad
práctica? No lo
sabemos. Quizá por una indebida confusión entre ocupación y alquiler,
al pensar que este tema estaba resuelto en la Ley de arrendamientos
urbanos. Yo debo decir que el título jurídico de ocupante, que puede
ser hasta posesor, hasta precarista, hasta cesionario, usuario,
etcétera, no se corresponde con el título de arrendatario y, por
consiguiente, es una poda en un órgano esencial de la Ley de
propiedad horizontal.
Vamos a decir también que no al sistema de reenvío -diabólico- que se
produce entre los artículos 9.2, 11.2 y 17. ¿Por qué calificamos el
reenvío, que es una técnica legislativa normal, en este caso de
diabólico? Porque se trata de un reenvío de unos artículos a otros
que entre ellos no tienen ninguna relación, salvo que están ubicados
dentro de la misma Ley de propiedad horizontal. En uno se habla de
gastos generales o reparaciones generales, en el otro se habla de
sistemas de mayoría y en el otro se trata de innovaciones no
exigibles. Por tanto, ese reenvío no tiene ningún sentido, a no ser
que el Ministerio de Justicia tenga un extraordinario interés -y no
creemos que sea esa su voluntad- de suscitar en el intérprete de la
Ley la más absoluta de las perplejidades.
Vamos a decir también que no al sistema que se ha modificado en el
Senado de designación judicial del presidente cuando el nombrado por
los diferentes procedimientos que establece la Ley se excusa
legalmente y hay que acudir al juez para que designe un presidente.
En ese caso se ha introducido una reforma en el Senado que consiste
en que el juez, al resolver judicialmente este incidente, va a fijar
un plazo límite del mandato del presidente designado judicialmente. Y
nosotros nos preguntamos que para qué se mete en la ley una
disposición de contenido imposible. ¿Cómo va a poder el juez prever
el tiempo que va a tardar en disolverse la causa de las excusas que
puedan tener los distintos propietarios que pudieran ser designados,
elección o nombramiento como presidente?
Vamos a decir que no también a un tema que creemos fundamental: Que
la convocatoria a las juntas de los propietarios de las comunidades
bajo este régimen contenga la relación nominal de morosos para
advertirles de su privación del derecho de voto. Hemos aceptado en
ponencia y en comisión que pudieran quedar desposeídos del derecho de
voto los propietarios morosos. Con alguna limitación. Y hemos
aceptado que del acta se deduzcan, para el cálculo de las mayorías,
las personas y las cuantías de propiedad que representen en relación
con el conjunto del inmueble estos morosos. No podemos aceptarlo de
ninguna manera y yo pediría a los grupos parlamentarios que tuvieran
el suficiente sentido de la sensibilidad y de la dignidad
constitucional como para no votar a favor de esta enmienda del
Senado. Porque hemos introducido en una ley nada más y nada menos que
la figura del cobrador del frac y me temo que en próximas leyes
metamos en la cárcel a los deudores, resucitando la figura del
conptrent per corps, afortunadamente abolida en la práctica
civilizada de la mayoría de las culturas jurídicas del mundo.
¿Es verdad que esto refuerza la situación constitucional para privar
del derecho de voto? Yo creo que no, que basta con la simple
advertencia de que los morosos quedarán excluidos del derecho de
voto. Suponiendo que se pudiera entender del derecho de defensa
constitucional que es necesario la citación nominal de los morosos,
estaríamos ante una colisión de derechos constitucionales, el de la
capacidad de defensa de la persona que es sometida a cualquier tipo
de enjuiciamiento, por un lado, y el derecho constitucional a la
preservación de la intimidad. En estos casos hay una doctrina
constitucional que todos conocemos, en la que los derechos
constitucionales se limitan, teniendo el intérprete que discernir
cuál es más importante que otro. Por consiguiente, es absolutamente
anticonstitucional que se haga, recordándonos, de tiempos de la
dictadura, en que muchos de nosotros llevábamos pantalón corto, la
horrible vergüenza que sentían los alumnos de los institutos cuyos
padres, por los motivos que fuera, estaban en la relación de deudores
del correspondiente colegio. Eso, que está ya abolido, lo resucitamos
en la convocatoria de las juntas de las comunidades de propietarios.
Vamos a votar que no, y no por su contenido intrínseco, sino porque
se insertan en un bloque de la ley con el que no estamos en absoluto
de acuerdo, en las enmiendas que hay respecto del procedimiento
monitorio, un procedimiento al que no se han atrevido ni siquiera a
ponerle nombre. Naturalmente, no le han puesto nombre porque la Ley
de Enjuiciamiento Civil está tramitándose parlamentariamente y será
un milagro que el procedimiento monitorio previsto en la Ley de
propiedad horizontal no sea alterado cuando se prevea en la Ley de
Enjuciamiento Civil. De momento, hay que decir que la finalidad de
unificar los procedimientos no se ha conseguido. Hay un procedimiento
monitorio, hay un juicio de equidad y hay dos casos en los que es de
aplicación el juicio de cognición. Es un elemento exótico en nuestro
derecho y en nuestra opinión constituye una cosa bastante extraña,
que es resolver los problemas de falta de actividad de la justicia,
de morosidad en la administración de justicia de nuestro país, a base
de pegar una patada en el trasero de las garantías de las personas
que son enjuiciadas. El procedimiento monitorio constituye una
privación de garantías y no es por ahí por donde hay que buscar la
solución de los problemas de la lenta administración de la justicia
en España.
Por último, estamos en contra de la enmienda única por la que se
faculta a las comunidades autónomas que tuvieran competencia en
materia de vivienda para dictar disposiciones en relación con el
fondo de reservas. ¿Y por qué no se les faculta para dictar
disposiciones en otras materias también reguladas en la Ley de
propiedad horizontal? Sencillamente, porque en este caso la reforma
que se introduce, sibilina y anticonstitucional, tendría un relieve
tan extentóreo que haría imposible la aprobación de una enmienda que
solapadamente se ha intentado y se ha logrado introducir en el Senado,
aunque nosotros, como he dicho, votaremos en contra de ella.
Estamos muy satisfechos, y no voy a reiterar los aspectos
novedosos...
El señor PRESIDENTE: No, señor Navarrete, porque ha de concluir, por
favor.
El señor NAVARRETE MERINO: Voy concluyendo.
Hemos logrado que se acepte por todos los grupos el relleno de una
laguna que existía en nuestro ordenamiento jurídico, que era la falta
de previsiones normativas para la situación, cada vez más frecuente,
del conjunto de edificios o parcelas que tienen elementos
inmobiliarios en común. Hemos dado la posibilidad de resolverlo con
un doble tratamiento, como una sola comunidad de propietarios o como
una federación o confederación de comunidades de propietarios. Hemos
hecho un esfuerzo de síntesis, al que no han sido extrañas las
colaboraciones del letrado Dorrego y de Daniel Loscertales, con cuya
amistad y colaboración nos honramos. Se ha logrado una redacción
extraordinariamente sintética, que resuelve problemas que en otros
países han requerido muchísimos más artículos y muchísimos más
folios.
Y, desde nuestro punto de vista, no se ha redactado del modo que
convendría el acceso a la figura de administrador o secretario
administrador. Hay una redacción absolutamente confusa. Se dice que
cuando se trata de personas físicas no propietarios, para ser
administrador de una finca urbana hay que tener cualificación
profesional y reconocimiento legal. Pues bien, si se aplica esa parte
del precepto en su literalidad, nadie que no sea propietario podrá
ser administrador de fincas, porque qué es esa cualificación
profesional que implica ese reconocimiento legal donde están las
normas legales que lo amparan. En el caso de las personas jurídicas,
después del canto a la profesionalidad que se acaba de hacer con
respecto a las personas físicas, se ha suprimido la posibilidad de
que las organizaciones profesionales ejerzan la administración de las
fincas urbanas. Es decir, tenemos dos varas de medir: la
profesionalidad es muy estimable cuando se aplica a las personas
individuales, pero no cuando tiene relación con las organizaciones
profesionales.
La verdad es que el sistema de administración ha venido funcionando
bien. Los que habitualmente han venido dedicándose a esta materia,
como por ejemplo los administradores colegiados de fincas, lo han
hecho notablemente bien. Pero, en una carta que he recibido me hacen
la siguiente pregunta: ¿Qué profesión tienen Enzo Ferrari, Billy
Gates o Le Corbusier? Y el propio autor de la carta se responde que
ninguna y que no pertenecen a ningún colegio profesional.
Yo quiero concluir mi intervención recordando a una de las figuras
más interesantes de la poesía española, León Felipe, que en esto como
en otras cosas nos dabauna lección magistral cuando afirmaba algo que
se puede
aplicar a la profesionalidad: Para enterrar a los muertos, cualquiera
sirve, cualquiera, menos un sepulturero.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Navarrete.
Don Luis Ortiz, por el Grupo Popular.
El señor ORTIZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor presidente, señorías, con este trámite de debate y votación de
las enmiendas del Senado en relación con la proposición de ley de
reforma de la Ley sobre propiedad horizontal termina un largo y
fructífero debate que tiene su origen, como se ha recordado por los
portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, en tres
iniciativas legislativas. Una, la popular, promovida nada menos que
con 800.000 firmas por el Consejo General de Administradores de
Fincas, cuyo horizonte estaba fundamentalmente en la lucha contra la
morosidad, contra esta situación de impago, de demora, de débitos a
comunidades de propietarios por los respectivos comuneros por un
importe que las últimas evaluaciones sitúan en el entorno de los
30.000 millones de pesetas. Una iniciativa del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) que ponía el acento en un aspecto que
se ha convertido, valga la redundancia, en un aspecto cardinal del
texto final resultante, que es la creación de un fondo de reserva,
que obedece a la clara inquietud y preocupación por la insuficiencia
de las consignaciones, dotaciones o atenciones de las comunidades de
propietarios a la conservación y mantenimiento de los inmuebles. Y
una última iniciativa de mi grupo, que pretendía la modificación de
algunos aspectos organizativos y procedimentales en el seno de las
comunidades de propietarios.
El resultado merece la plena satisfacción de mi grupo, con alguna
mínima salvedad a la que después haré referencia. El texto es
sencillo, como se ha subrayado, asequible a todas las comunidades de
propietarios, a todas las comunidades de vecinos, desde las más
ilustradas a las menos; es un texto fundamentalmente consensuado. Se
ha logrado en ponencia y en comisión un consenso importante, a pesar
de la insistencia del portavoz socialista, señor Navarrete, en los
extremos que nos separan, insistencia que le honra porque ha repetido
los mismos extremos que viene repitiendo desde que se inició el
debate en ponencia, después en comisión y finalmente en las numerosas
mesas redondas en las que hemos participado conjuntamente. Me
referiré a alguna de las observaciones que ha hecho en otro momento
de mi intervención.
Quiero subrayar que en el marco de este consenso importante se ha
hecho una auténtica labor de creación normativa, porque hubo que
conseguir un texto que sirviera de punto de referencia a tres
iniciativas legislativas distintas, cada una de las cuales merecía
enmiendas respecto a las demás y la labor de la ponencia se centró
inicialmente, con la inestimable colaboración del
letrado don Alberto Dorrego, en la creación de un punto de
referencia, de un texto que sirviera de base para la formulación de
enmiendas ya definitivas por parte de los grupos. Esta labor de
creación normativa se ha plasmado en un texto final, que no sólo
reforma, sino que modifica sustancialmente la venerable pero
anacrónica ley de 1960. Ahí queda el dato. De los 21 artículos que
tenía la ley de 1960 se modifican todos, salvo los artículos 4, 5, 6
y 21, y se da nueva redacción, radicalmente distinta, a todos los
demás.
Junto al consenso de los grupos parlamentarios hay que subrayar que
la ponencia, los ponentes y la comisión han sido accesibles a todos
los grupos sociales que nos han hecho sugerencias o recomendaciones.
En este sentido puede decirse que esta ley es de toda la sociedad
española que se ha querido acercar en el trámite parlamentario a este
fenómeno importante de la propiedad horizontal, de la propiedad
dividida, o de la propiedad por pisos. Para el Grupo Parlamentario
Popular, el objetivo que ha perseguido y que entiende que ha logrado
plenamente no era otro que establecer un régimen de la propiedad
horizontal coherente con la realidad de nuestro tiempo, superando los
anacronismos y las ineficiencias o deficiencias del texto de 1960.
Como quiera, señor presidente, que voy a centrarme en las enmiendas,
sólo deseo subrayar cómo esta intención básica de elaborar un régimen
idóneo, actualizado, de la propiedad horizontal, se ha plasmado en
algunos objetivos subordinados, que también creo plenamente logrados.
El primero, la flexibilización del régimen de acuerdos, superando la
exigencia generalizada de unanimidad, tal como estaba en la ley de
1960. En el texto que se aprueba hay tres regímenes de mayorías: la
unanimidad, que sólo -dice el primer inciso del artículo 17- será
exigible para aquellos acuerdos que afecten al título constitutivo o
a los estatutos de la comunidad; el régimen de la mayoría del 60 por
ciento o de los tres quintos para la implantación de los servicios de
ascensor, de portería, de vigilancia, de las infraestructuras de
telecomunicación o para los servicios energéticos; y, finalmente, el
régimen normal de la regla tercera del artículo 17, que es la mayoría
simple, que por cierto se aplica a aquellos acuerdos que se orienten
a la supresión de barreras arquitectónicas. Se ha querido hacer esta
llamada a la solidaridad de los españoles exigiendo la simple mayoría
para la implantación de reformas o modificaciones con la orientación
de la supresión de barreras arquitectónicas.
En el Senado se ha introducido una enmienda, que tiene cierta
entidad, en la que se extiende este régimen de los tres quintos o del
sesenta por ciento a los acuerdos que se dirijan al arrendamiento de
elementos comunes del edificio que no tengan una asignación
específica en la comunidad. El caso más claro es la vivienda del
portero, si no hay portero o no se utiliza, o el establecimiento de
rótulos luminosos, exigiendo en estos supuestos no sólo el acuerdo de
las tres quintas partes, sino el consentimiento de aquel comunero que
pueda ser afectado.
El segundo objetivo importante era afrontar el problema de la
morosidad o del impago. Aquí las medidas fundamentales, amén de otras
muchas, son dos, que tienen que ver con alguna de las intervenciones
insistentes del portavoz socialista. En primer lugar, la privación
del derecho de voto, que obedece a una iniciativa de don Pablo
Castellano, a aquellos comuneros que no estén al corriente del pago
de las deudas a la comunidad. Y decía que me iba a referir a la
enmienda del portavoz socialista porque en el Senado se ha
introducido otra -y lamento disentir del señor Navarrete- llena de
sentido común, que establece que en la convocatoria se haga constar
la relación de comuneros que no estén al corriente del pago de los
débitos a la comunidad y la advertencia de que pueden ser privados
del derecho de voto, con lo cual, señoría, creemos que cualquier duda
que pudiera existir sobre la inconstitucionalidad de la medida queda
superada con la cautela de la notificación que reciba el comunero que
no esté al corriente del pago del débito comunitario, con la
indicación de que puede ser privado del derecho de voto; insisto,
despeja cualquier duda respecto a la inconstitucionalidad de la
medida. Lamento, señor Navarrete, no compartir su diatriba y su
ardorosa oposición a la medida, por inconstitucional, y su recuerdo
de tiempos ya pasados, que no tienen nada que ver con el tema que
tenemos en este momento en debate.
La segunda medida fundamental en esta materia es la anticipación que
hace el artículo 21 del texto que vamos a aprobar del proceso
monitorio incorporado al artículo 810 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, cuya toma en consideración aprobó esta Cámara el pasado día 25
de febrero. Se trata de un proceso que tiene su causa en la práctica
totalidad de los países de nuestro entorno, fundamentalmente en
Alemania, Italia y Francia, con un procedimiento mucho más ligero,
porque ni siquiera hay que aportar ningún tipo de documentación para
acreditar la existencia de un débito dinerario -basta la simple
indicación del peticionario- y que se apoya en una segunda realidad,
en una realidad estadística que hace constar el Libro Blanco de la
justicia elaborado por el Consejo General del Poder Judicial, y es
que en los procesos civiles la rebeldía, es decir, la incomparencia
del demandado, alcanza el 39 por ciento de los casos, pero en los
juicios ejecutivos alcanza el 70 por ciento de los supuestos
contemplados. Parecía razonable articular un proceso sumario y
rápido, que es este proceso monitorio, naturalmente sin nombre y
apellidos, como recordaba el señor Navarrete, puesto que la
denominación no se incorpora hasta el proyecto de ley de
Enjuiciamiento Civil, que se articula y se desarrolla en el artículo
21 del texto que vamos a aprobar.
Los otros objetivos que creemos se logran con el proyecto son una
mejor ordenación del funcionamiento de la junta de propietarios; una
regulación de la figura del administrador, señor Navarrete, de
acuerdo con la normativa existente, y la normativa -se lo aseguro
porque hay un decreto que por azar de la fortuna lleva mi refrendo
como ministro de entonces- no era preconstitucional
sino claramente constitucional. En esa profesionalidad
y en esa cualificación, constatada por un decreto del año 1981, es
donde encuentra respuesta la diatriba del señor Navarrete. Otros
objetivos que se alcanzan son la regulación de los complejos
inmobiliarios privados, que no me duelen prendas reconocer que
obedece a una iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, y la
creación del fondo de reserva.
Las enmiendas del Senado -a parte de las cuales ya he aludido-, señor
presidente, afectan fundamentalmente al artículo 1, incorporando
enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco, suprimiendo la expresión
«locales de negocio» y haciendo mejor referencia a locales, ya que no
todos los locales que existen en un inmueble en propiedad horizontal
son locales de negocio. En el artículo 9 se establece la
responsabilidad con el propio inmueble. Otras enmiendas se refieren a
la sustitución de la palabra cuotas por la de gastos; al
esclarecimiento de que el fondo de reserva del 5 por ciento del
presupuesto ordinario de una comunidad de propietarios no tiene
carácter acumulativo, con lo que se sale al paso de algunas
objeciones o malas interpretaciones, según las cuales, con una
asignación del 5 por ciento del presupuesto de una comunidad con
carácter acumulativo año tras año, se podría llegar a lo que nos
amenazaban el otro día en Barcelona y es nada menos que a congelar la
cifra de un billón de pesetas. Queda claro que el fondo de reserva no
tiene carácter acumulativo y se ha cumplido con él en el momento en
que se haya alcanzado el nivel del 5 por ciento del último
presupuesto ordinario aprobado. También se establece la obligación de
pagar el interés legal para aquellos comuneros que no estén de
acuerdo con la implantación de determinadas mejoras, pero que se
podrán incorporar después, si bien pagando no sólo ese importe sino
éste, acrecido con el interés legal.
El señor PRESIDENTE: Señor Ortiz, vaya concluyendo.
El señor ORTIZ GONZÁLEZ: También cabe aludir a la mejora de lo que se
refiere a convocatoria y actas y a la modificación del plazo de
caducidad de la acción de impugnación, que es con carácter general de
tres meses pero de un año cuando se impugnen acuerdos contrarios
a los estatutos o contrarios a la ley.
Finalmente se retoca el artículo 396 del Código Civil en la larga
enumeración de los elementos comunes, haciendo expresa referencia a
las cubiertas, a la portería o al portero electrónico, enmiendas que
de suyo no serían necesarias, dado que hay una definición general de
elementos comunes. Se establece el plazo de un año para la adaptación
de los estatutos a la nueva ley y se suprime la cláusula de entrada
en vigor al día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial del
Estado y se sustituye por el silencio, lo que dará lugar a la
aplicación de la vacatio legis de 20 días establecida en el Código
Civil, que propiciará que aquellas comunidadesde propietarios que
estén en fase de convocatoria y
celebración no tengan todavía que someterse a la normativa de la
nueva ley.
Mi grupo tiene una sola salvedad o excepción y a ella han hecho
alusión algunos de los grupos que me han precedido en el uso de la
palabra. Se trata del texto del párrafo inicial del que será artículo
17 y concretamente de la supresión del inciso «No obstante lo
establecido en el artículo 11,...». La inclusión de este inciso
entendemos que puede dar lugar a problemas interpretativos,
fundamentalmente por el mal entendimiento que puede producir respecto
a si los acuerdos de la junta de propietarios se regulan en el
artículo 17 o más bien teniendo en cuenta los requisitos del artículo
11. Queda claro que es mejor el texto que salió de esta Cámara y, por
tanto, votaremos a favor de la supresión del inciso que nos viene del
Senado «No obstante lo establecido en el artículo 11,...».
Quisiera subrayar para acabar la necesidad de alguna corrección de
estilo, que espero de la eficacia y el buen hacer de los servicios de
la Cámara, en puntos relacionales o de puntuación. Un ejemplo es el
preámbulo, donde hay un adverbio -legítimamente- que está mal ubicado
en la frase de que se trata, porque, en definitiva, en lugar de decir
«Otra de las grandes demandas de la sociedad es lograr que las
comunidades de propietarios puedan cobrar lo que legítimamente les
adeudan los copropietarios...», que tiene un aire de obviedad
evidente o incluso de contradicción, debe decir «Otra de las grandes
demandas de la sociedad es lograr que las comunidades de propietarios
puedan legítimamente cobrar lo que les adeudan los copropietarios...»
El señor PRESIDENTE: Señor Ortiz, ha de concluir.
El señor ORTIZ GONZÁLEZ: Señor presidente, quiero reiterar la
satisfacción de mi grupo por este texto consensuado y sencillo, que
afronta uno de los problemas que en este momento tiene la sociedad
española en las comunidades de propietarios y entiendo que podemos
estar satisfechos todos los grupos, con la colaboración de la
sociedad, de ver cumplido el establecimiento de un régimen de la
propiedad horizontal no anacrónico sino plenamente adecuado a la
realidad sociológica y económica de nuestros días.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ortiz.
En consecuencia, finalizado el debate, vamos a proceder a las
votaciones de las enmiendas del Senado a esta proposición de ley y, a
continuación, realizaremos las correspondientes al último punto del
orden del día.
Votación de las enmiendas del Senado a la proposición de ley de
reforma de la Ley sobre Propiedad Horizontal, proposición de ley que
comenzó por una iniciativa legislativa popular.
En primer lugar, enmienda del Senado al artículo duodécimo,
correspondiente al artículo 17 de la Ley sobre Propiedad Horizontal,
párrafo primero, inciso inicial, que dice «No obstante lo establecido
en el artículo 11».
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
295; en contra, 295.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada por unanimidad del Congreso.
Enmiendas del Senado a la exposición de motivos; al artículo cuarto,
que se refiere a su vez al 9 de la Ley de Propiedad Horizontal,
apartado 1, letra g), y apartado 2; al artículo sexto, que se refiere
al 11 de la Ley de Propiedad Horizontal, apartado 4 (nuevo); al
artículo octavo, que va referido al 13 de la citada ley, apartados 2
y 6; al artículo undécimo, que va referido a su vez al 16, apartado
2; al decimosexto, que se refiere al 21, apartados 1 y 4, y,
finalmente, al artículo vigésimo, que va referido a la disposición
adicional de la citada Ley sobre Propiedad Horizontal.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
297; a favor, 176; en contra, 120; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan, en consecuencia, aprobadas las enmiendas
del Senado a la exposición de motivos y a los artículos referidos.
Restantes enmiendas del Senado a la proposición de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 296.
El señor PRESIDENTE: Quedan así aprobadas por unanimidad las
restantes enmiendas del Senado a la proposición de ley de reforma de
la Ley de Propiedad Horizontal, que queda así finalmente aprobada en
el Congreso.
PROPUESTAS DE CREACIÓN DE SUBCOMISIONES:
- PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO DE
CREACIÓN DE UNA SUBCOMISIÓN DE ANÁLISIS DEL DISEÑO, EJECUCIÓN
Y RESULTADOS DE LA POLÍTICA DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE
INDUSTRIA Y ENERGÍA (Número de expediente 158/000042)
- PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CREACIÓN DE UNA
SUBCOMISIÓN PARA DEFINIR MEDIDAS QUE OBJETIVEN, SOBRE PREMISAS DE
SOLIDARIDAD Y EQUILIBRIO INTERTERRITORIAL, EL COSTE DE LOS PEAJES,
CON LA FINALIDAD DE ELIMINAR LAS ACTUALES DISCRIMINACIONES (Números
de expediente 158/000039 y 158/000040)
El señor PRESIDENTE: Como saben SS.SS., ha decaído el punto VIII del
orden del día, al no alcanzar enmiendas de totalidad las iniciativas
legislativas que, como tales, estaban previstas, y hemos de pasar al
punto IX y último, propuesta de creación de subcomisiones, en el que
existen dos propuestas, porque así se decidió por el Pleno, como
recordarán SS.SS., en el primer día de sesión, al incorporar una
segunda de la Comisión de Infraestructuras para la creación de otra
subcomisión.
Por tanto, se somete a votación, de acuerdo con la regulación de la
resolución de la Presidencia al efecto, la propuesta de la Comisión
de Industria, Energía y Turismo de creación de una subcomisión de
análisis del diseño, ejecución y resultados de la política de
subvenciones del Ministerio de Industria y Energía.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
297; a favor, 164; en contra, 131; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda en consecuencia aprobada la creación de la
subcomisión referida. (El señor Hernández Moltó pide la palabra.)
Señor Hernández Moltó.
El señor HERNÁNDEZ MOLTÓ: Al amparo del artículo 89 -si no recuerdo
mal- del Reglamento, mi grupo quisiera solicitar un turno para
exponer las razones por las que ha votado en contra de esta
iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Correcta la cita del artículo 89. (Risas.-
Aplausos.) Artículo 89.1: «Verificada una votación o el conjunto de
votaciones sobre una misma cuestión, cada grupo parlamentario podrá
explicar el voto por tiempo máximo de cinco minutos.» Aténgase, por
tanto, también al texto de la cita.
Tiene cinco minutos, señor Hernández Moltó.
El señor HERNÁNDEZ MOLTÓ: Muchas gracias, señor presidente.
La necesidad que mi grupo ve en expresar las razones por las que ha
votado en contra de la creación de la subcomisión es la de intentar
romper esta estudiada puesta en escena que el Gobierno ha hecho para
aparentar que lo que aquí se votaba hoy con la creación de esta
subcomisión era un intento de darle transparencia y de que
resplandeciera la verdad. Nuestro grupo quiere manifestar a las
señorías que no lo supieran y sobre todo a la opinión pública que lo
que aquí se ha hecho hoy es justo lo contrario.
Hoy lo que se ha hecho ha sido impedir que en el Congreso de los
Diputados se pueda saber a partir de este momento qué es lo que está
sucediendo en ese ya túnel oscuro del Ministerio de Industria en
estos últimos años. Y digo esto por algo fundamental, porque tienen
que saber SS.SS. y tiene que saber la opinión
pública que a partir de este momento en esta subcomisión -por cierto,
con una de las denominaciones más cursis que yo he oído en mi vida-
sólo informarán en el Congreso de los Diputados aquellos que tengan
la voluntad de hacerlo. Es decir, si algún grupo parlamentario,
a partir de este momento, quisiera que, por ejemplo, don Javier de la
Rosa, porque pensara que tiene relaciones con el Ministerio de
Industria, viniera a explicar alguna de esas relaciones o de sus
vinculaciones, estaría al libre albedrío del señor Javier de la Rosa
venir o no venir. Otro ejemplo, si algún diputado pensara, por alguna
razón, que el antiguo vicepresidente del señor Aznar -por cierto, hoy
condenado en sentencia firme-, el señor Pérez Villar, tuviera que
venir a informar de sus excursiones al Ministerio de Industria y de
sus relaciones y el señor Pérez Villar no quisiera hacerlo, no habría
ningún mecanismo para que eso fuera posible.
Señoras y señores diputados y opinión pública, esta es la segunda
reproducción de una farsa parlamentaria que ya se inició hace dos
años y medio. En primer lugar, tendrán que recordar por qué se crea
esta subcomisión. Esta subcomisión se crea porque este Congreso de
los Diputados votó en contra de la creación de una comisión de
investigación. El Grupo Popular derrochó todo tipo de argumentos,
probablemente incluso ingeniosos, para decir que no se debía estudiar
el procedimiento de subvenciones y la gestión del Ministerio de
Industria, pero el ministro de Industria, insatisfecho por cómo podía
quedar su imagen ante la opinión pública, no tuvo empacho en dejar en
evidencia al Grupo Popular y a esta Cámara diciendo: No, que se me
investigue, pero -dijo en voz baja- poco y mal. Por tanto, en vez de
una comisión créese algo con lo que parezca que se me va a
investigar, pero que no se le ocurra a nadie, yo creo que no dijo
investigarme, sino investigarnos, ¿eh, señor Cascos? (Rumores.) Que
no se le ocurra a nadie investigarnos.
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
El señor HERNÁNDEZ MOLTÓ: A partir de ese momento se crea esta
segunda farsa, señoras y señores diputados, porque este Parlamento ya
fue sometido también a una pequeña burla cuando hace dos años y medio
el Gobierno entró, probablemente incluso convencido de que podría ser
transparente, cuando se debatió en esta Cámara la petición de
constitución de una comisión para estudiar el proceso de
privatizaciones. No está el inefable señor Sánchez i Llibre, entonces
ponente empeñado y además constante en aquella petición que no pudo
ver la luz, y el Grupo Popular reconvirtió aquella iniciativa del año
1995 en otra subcomisión; una subcomisión cuya petición de creación,
para refrescar la memoria -por cierto, ya ha anunciado algún grupo
parlamentario que va a pedir su liquidación por derribo, porque está
absolutamente derribada esa subcomisión-, entró en la Cámara el 15 de
octubre de 1996. Es casi un incunable de esta legislatura.
Pues bien, a estas alturas del curso tienen que saber SS.SS. que no
hemos sido capaces entre todos los esforzados diputados ...
El señor PRESIDENTE: Señor Hernández Moltó, ha de concluir.
El señor HERNÁNDEZ MOLTÓ: Acabo, señor diputado. (Risas.)
Diputado lo es, señalado.
El señor PRESIDENTE: Lo soy. Por decisión de los electores,
evidentemente.
Adelante.
El señor HERNÁNDEZ MOLTÓ: A estas alturas del curso saben
perfectamente, señoras y señores diputados, que no hemos sido capaces
de que venga ni un solo presidente de aquellas empresas públicas,
sometiendo a esta Cámara a una de las mayores humillaciones que jamás
ha conocido. ¿Saben por qué? Porque el Gobierno y el Partido Popular
han impedido que esos presidentes asistan a informar. (Varios señores
diputados pronuncian palabras que no se perciben.- Una señora
diputada: ¡Tiempo!) Es evidente, señoras y señores diputados,
pregunten al presidente de la Comisión de Industria y les responderá
puntualmente.
Por eso, señor presidente, entenderá la necesidad que mi grupo tenía
de expresar las razones por las que quiere poner de manifiesto que lo
que hoy aquí se ha aprobado no es la creación de un subcomisión sino
una auténtica farsa parlamentaria.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: El señor López de Lerma ha pedido también la
palabra por el Grupo Catalán (Convergència i Unió). (Rumores.)
Silencio, señorías.
El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Nuestro grupo parlamentario ha
votado a favor de la creación de esta subcomisión por sentido de
responsabilidad. (Rumores.) Cada uno tiene la que tiene y la
administra como desea.
Hay insinuaciones, cuando no llamativas imputaciones, sobre si los
principios de igualdad, transparencia y legalidad se han vulnerado en
el ejercicio de la política de subvenciones del Ministerio de
Industria y Energía. Nuestro grupo, que jamás se ha subido al carro
del susurro ni tampoco al bólido de la acusación, cree oportuno
analizar, como dice la propuesta, el diseño, la ejecución y los
resultados de esa política de subvenciones. Por eso hemos votado a
favor, para trabajar honestamente en la Cámara. Pero advierto que no
iremos a la misma con prejuicios formados, es decir, con juicios de
valor previamente establecidos que no hacen otra cosa que marcar en
el horizonte el guión del informe que finalmente se ha de librar. Ni
creemos que lo irregular haya acompañado a la gestión de subvenciones
ni creemos
en lo contrario. Partimos de una situación expectante y quizá
-permítanme- algo escéptica ante la labor a realizar, sabiendo, eso
sí, que nadie va en búsqueda de un arquitecto si sólo tiene alguna
que otra teja en mal estado.
La subcomisión aprobada, en cuya eficacia nosotros sí creemos -y
respetamos a aquellos que opinan lo contrario-, nos compromete como
grupo parlamentario ante la opinión pública. Si se ha beneficiado a
alguno o algunos, lo diremos. Si las subvenciones -como creemos- se
han ajustado a la legalidad vigente, también lo diremos. Además, si
es así, nos vamos a alegrar profundamente como demócratas, porque la
sociedad precisa creer en la honradez de quienes gestionan lo
público, sean de un color político o sean del color político
contrario.
Ante este Pleno nos comprometemos a realizar un impecable trabajo en
esta subcomisión. No ocultaremos nada, pero tampoco leeremos lo
contrario de lo que esté escrito, porque la destrucción del
adversario político no se halla, afortunadamente, no se halla, no
pueden encontrarla en nuestro historial parlamentario ni en nuestra
práctica política. (Un señor diputado: ¡Dígaselo a Aznar!)
Permítanme, señorías, no integra, afortunadamente, nuestro corpus
doctrinal.
El objeto de la subcomisión, señor presidente, está delimitado. Es
ciertamente una exigencia reglamentaria. A eso también vamos a servir
con lealtad, al objeto de esa subcomisión que por Reglamento nos
impone la aprobación por este Pleno. No nos opondremos a nada que
tenga que ver con el objeto de la subcomisión, pero no nos vamos a
atribular ni a poner nerviosos por oponernos a todo aquello que no se
recoja en el encargo realizado por este plenario.
Se trata de analizar el diseño, la ejecución y de evaluar los
resultados de una determinada política de subvenciones, ni más ni
menos, exactamente esto. No se trata de arrastrar honorabilidades -no
nos van a encontrar ahí- ni de poner altavoces allí donde la
prudencia de la ética debe gobernar los trabajos, debe guiarlos y
debe honrarlos. Deseamos que el sosiego, y no el incesante ruido
interno y externo, domine la actividad de esta subcomisión. Para
nosotros el «todo vale» simplemente no valdrá. Alguna vez lo hemos
sufrido en carne propia, alguna vez, pero jamás lo hemos practicado,
ni lo haremos. Lamentablemente, por acción u omisión, se ha
acostumbrado al país a pedir demostraciones de honradez en vez de
exigir pruebas de culpabilidad a quienes, interesadamente,
partidariamente, siembran la duda.
Quizás seamos, señor presidente, y voy finalizando, un tanto
ingenuos, quizás sí (Rumores.)...
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Quizá seamos un tanto ingenuos
cuando decimos que la política está para solucionar problemas
(Rumores.) -qué cosas, lo decían ustedes antes- y no para crearlos;
quizás también
seamos un tanto ingenuos, señor presidente, cuando afirmamos que la
destrucción del adversario sólo produce heridas profundas en la
credibilidad de la política y de los políticos en nuestra todavía
joven democracia, quizás. Pero ésta es, señorías, nuestra inalterable
posición de fondo que, afortunadamente para nosotros, para nosotros
al menos, nos viene acompañando desde 1977 en esta Cámara y en el
Senado. En definitiva, señor presidente, es la fuerza de nuestra
coherencia, que pondremos precisamente al servicio de esta
subcomisión.
Nada más, señor presidente, y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López de Lerma.
Señor Santiso, por el Grupo Federal de Izquierda Unida.
El señor SANTISO DEL VALLE: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, nuestro grupo quiere explicar su voto en este acto,
entendiendo que aquellos que habíamos pedido una Comisión de
investigación que estableciera todas las garantías democráticas
necesarias para poder abordar las incertidumbres, las sospechas o las
posibles irregularidades que pudieran afectar al Ministerio de
Industria o a su propio titular no podíamos votar sino en contra. Por
tanto, estamos en desacuerdo porque no es el instrumento
parlamentario más adecuado para abordarlo. Creemos que va en la
dirección contraria a lo manifestado en otras ocasiones por el Grupo
Popular cuando estaba en la oposición, que defendía precisamente que
las minorías pudieran proponer en algún momento la creación de
comisiones de investigación.
Además, creo que el Grupo Popular, con esta actitud, también pone en
indefensión a su propio ministro de Industria, que ha tenido que
recurrir extrañamente a pedir amparo al presidente de la Cámara,
precisamente porque no encontraba el marco adecuado para plantear su
posible defensa. Entendemos que, al acotar y limitar la subcomisión
exclusivamente a las posibles subvenciones del Ministerio de
Industria, se está también limitando la posible investigación de
algunos aspectos que están en duda ante la opinión pública, cuando el
propio señor ministro manifestó su intención de explicarlos en rueda
de prensa con su declaración de la renta y la declaración de
actividades de su empresa Loreto Consulting. Por tanto, creemos que
el propio objeto de la Comisión está excesivamente restringido e
impide al señor Piqué defender legítimamente una visión contraria
o una discusión sobre las actividades que, también legítimamente en la
labor de oposición, el resto de los grupos sometería a debate.
Aun así, nuestro grupo, que siempre ha dicho que como minoría es
respetuoso con los resultados, va a acudir a la subcomisión. Es
verdad también que hay un precedente clarísimo. Nuestro grupo hoy
mismo se ha dirigido al presidente de la Comisión de Industria
pidiendo la disolución por consunción de la subcomisión
encargada del estudio de las privatizaciones porque, como se ha
citado anteriormente, nos hemos visto plantados varias veces por
presidentes de empresas tan relevantes como Aceralia o Tabacalera
que, una vez más, no han acudido incluso después de pedir
acreditación para sus acompañantes esta misma semana para comparecer
ante la subcomisión que estudia las privatizaciones. Nuestro grupo
quiere hacer pasar por esta subcomisión, por ejemplo, al señor Pérez
Villar para que explique su extraña habilidad para conseguir
subvenciones de todos los gobiernos habidos y por haber.
Nosotros no entramos a evaluar quién es más corrupto o quién ha
cometido más irregularidades, en lo que parece muy interesado el
Grupo Popular; creemos que lo grave es que está sucediendo. Por
tanto, eso no atenúa la responsabilidad del Gobierno, y lo que hay
que analizar exhaustivamente y con claridad es si hay irregularidades
en la concesión de ayudas, si hay personas que tienen una especie de
conocimiento extraño de las intenciones ocultas de las órdenes
ministeriales para que, por ejemplo, empresas de servicios estén
obteniendo ayudas, que me parecerían legítimas si fuera en igualdad
de condiciones con otras empresas de esos sectores que también
tuvieran posibilidades de acceder a ellas. Ahí está el último caso de
Seresco, anteriormente Telecable, etcétera.
Hay materia importante para analizar y variar, como aquí se ha
aprobado a propuesta de Izquierda Unida. Como el señor López de Lerma
decía que aquí venimos a cambiar cosas, nuestro grupo también quiere
cambiar cosas y, por eso, trajo una moción aprobada para evitar que
los condenados por prevaricación continúen recibiendo ayudas y, en
caso contrario, que les hagan asesores del Gobierno para lograr
ayudas comunitarias, por ejemplo, dada su gran habilidad para
conseguir cientos de millones de ayudas. Ése es el fondo de la
cuestión que hay que discutir y corregir en un futuro. Por tanto, una
subcomisión no es mecanismo parlamentario suficiente. Seguimos
insistiendo en que hay que dar un paso más hacia la Comisión de
investigación o, en caso contrario, que en la subcomisión se puedan
solicitar comparecencias más amplias. La primera debe ser la del
señor Piqué, para darle amparo parlamentario, para que nos venga a
explicar con su declaración de la renta y con la de actividades en la
mano cuál era el mecanismo, legítimo probablemente, pero éticamente
condenable para un cargo público, para utilizar todos los recursos
para desgravarse fiscalmente, incluyendo desde su coche particular a
su vivienda particular (la luz y el agua).
Nada más. Muchas gracias. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
El señor PEÓN TORRE: No nos gustaría convertir este trámite realmente
excepcional de explicación de voto en el propio desarrollo de los
trabajos de la subcomisión.No resumamos en cinco minutos lo que debe
ser objeto de trabajo durante más de cuatro meses. Vamos a
intentarlo.
Para puestas en escena, al margen de a la que estamos asistiendo hoy
de esta sesión, no vamos a dar ningún tipo de lección a quien ha
acreditado ser maestro en ella. Recuérdese, aquella célebre frase de:
Señor Rojo, míreme a los ojos. (Risas.- Protestas.- Aplausos.- Un
señor diputado: Señor Rubio, míreme a los ojos.- Fuertes y
prolongados rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego guarden silencio y permitan
que la intervención del señor Peón transcurra en el mismo ambiente de
respeto en el que se ha producido la de los anteriores portavoces de
la Cámara.
El señor PEÓN TORRE: Para puesta en escena, como decía, está aquella
célebre frase -me dicen que al señor Rubio; es igual- (Rumores.):
míreme a los ojos. Ya sabe a qué me refiero mi compañero del Grupo
Socialista.
Vamos a intentar explicar, por otra parte, nuestro voto relativo a
por qué hemos considerado que esta subcomisión es necesaria. Es
necesaria, señorías, porque ha habido denuncias muy graves hacia
algunos casos concretos de la gestión de ayudas públicas del
Ministerio de Industria. Son los casos de siempre: Torcidos Ibéricos,
Castileón 2000, Telecable, Uría Motor...; son los casos de siempre
que se reiteran una y otra vez. (Rumores.) Sin embargo, se alega que
no ha habido información en esta Cámara. Señorías, sí ha habido
información en esta Cámara. El ministro de Industria en enero de este
mismo año compareció durante más de cuatro horas para explicar todas
estas cuestiones, ya que se veía que había datos que no se
correspondían con la realidad.
Posteriormente, de nueve plenos el ministro ha estado en siete; esto
lo ha hecho el ministro que ustedes dicen da la espalda al
Parlamento. De veintidós preguntas que se han presentado desde enero
hasta ahora ha contestado a diecisiete del Grupo Socialista; de las
interpelaciones ha contestado a cuatro del Grupo Socialista, desde
enero hasta ahora, todas ellas en relación con los mismos temas:
Torcidos Ibéricos, Telecable, Uría Motor, Telecable, etcétera.
Se está dando información, señorías; pero ¿por qué esta subcomisión?
Si se está dando información, ¿cómo es posible que sigamos hablando
siempre de los mismos temas si la realidad demuestra que esas
denuncias no tienen la más mínima consistencia? Por la reiteración de
esas denuncias; la misma reiteración, la misma insistencia en esos
datos que no se corresponden con la realidad.
Nuestro grupo, que entiende que no se puede dar lugar a una Comisión
de investigación bajo un supuesto de sospecha general, sí que ha sido
sensible y es consciente de que hay necesidad en la sociedad española
de información veraz y neutral. Tenemos que seguir dando
explicaciones; hagámoslo en un órgano
adecuado, que garantice esa veracidad y esa neutralidad.
En este sentido, para nosotros es interesante comprobar que algunos
bancos del otro lado del hemiciclo siguen insistiendo en hacer oídos
sordos a la verdad. (Rumores.) Siguen insistiendo en los mismos datos
-ahora, aquí, en cinco minutos- que han sido explicados durante horas
en esta misma sede parlamentaria en las semanas precedentes.
Observamos un ligero cambio, señorías; ya no se habla de
ilegalidades, que era la primera acusación; ahora se habla de
amiguismo. Es decir, si alguien cumple todos los requisitos legales,
siendo alcalde de un ayuntamiento en representación del PP, no puede
tener ningún derecho a ayudas, está vetado y sólo le corresponden
a otros ayuntamientos de otro color político. Ese absurdo argumento,
ese absurdo de desviar la acusación inicial de ilegalidad al color
político de las zonas geográficas a las que se destinan las ayudas,
también se demostrará en la subcomisión, cuando podamos profundizar
en el estudio de esas ayudas, que no ha habido ninguna discriminación
en función del color político a la hora de asignar esas ayudas a las
diferentes zonas de España; pero eso lo podremos comprobar como
consecuencia de los trabajos de esta subcomisión.
Como algún grupo es consciente de esto, de que los trabajos de la
subcomisión van a poner de relieve que las denuncias que se han
hecho, los datos que se han aireado ante la opinión pública no se
corresponden con la realidad, hay un intento bastante evidente de
desacreditar ab initio, en principio, de entrada la propia
subcomisión. (Rumores.) Se dice que la prueba del nueve de la
utilidad de esa subcomisión es que vengan aquí unos representantes
legales de unas empresas sin posibilidad legal -se dice- de que dejen
de acudir.
Señorías, lo que va a hacer de esa subcomisión un instrumento y un
marco parlamentario útil para llegar a todo lo que ustedes quieran
llegar va a ser la voluntad política de los grupos políticos de esta
Cámara.
De la subcomisión de privatizaciones hablaremos el martes, que hay
una interpelación.
El señor PRESIDENTE: Señor Peón, concluya, por favor.
El señor PEÓN TORRE: Termino, señor presidente.
Veremos que esa subcomisión de privatizaciones pidió la comparecencia
de esos presidentes y acordó el calendario en febrero de este año,
hace tres semanas; hace tres semanas que se pidieron esas
comparecencias y se ajustó ese calendario. Dígase todo y el martes
hablaremos de este tema.
La voluntad política de nuestro grupo está claramente determinada. Se
ha hablado hace una momento de comparecencias, se ha hablado de que
el señor Pérez Villar tiene que venir (Rumores.); no se preocupen,
nuestro grupo va a pedir que venga el señor Pérez Villar y que venga
el presidente del Tribunal de Cuentas y que explique quien tenga que
explicarlo qué ha
ocurrido con las ayudas públicas en los últimos años en este país.
Será nuestro grupo el que demostrará con su voluntad política,
señorías, que los resultados de esa subcomisión serán los que juzguen
su utilidad o no.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.- Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peón.
Pasamos a la votación de la propuesta de la Comisión de
Infraestructuras de creación de una subcomisión para definir medidas
que objetiven, sobre premisas de solidaridad y equilibrio
interterritorial, el coste de los peajes de las autopistas con la
finalidad de eliminar las actuales discriminaciones.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
290; a favor, 287; en contra, uno; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, aprobada la creación de
la citada subcomisión.
Concluido el orden del día, se levanta la sesión.
Eran las once y cuarenta y cinco minutos de la mañana.