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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 222, de 17/03/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 1999 VI Legislatura Núm. 222
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 214
celebrada el miércoles, 17 de marzo de 1999
Interpelaciones urgentes . . . (Página 11860)
- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre la política de
privatizaciones del sector público empresarial (número de expediente
172/000142). . . . (Página 11960)
- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política de seguridad y
orden público del Gobierno, a la vista de las últimas actuaciones de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña (número de
expediente 172/000143) . . . (Página 11870)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la
necesidad de una ley de armonización de la normativa de la
reorganización y reducción de la jornada de trabajo (número de
expediente 172/000144) . . . (Página 11878)
Preguntas:. . . . (Página 11840)
- Del Diputado D. JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno:
¿Cree Vd. que la oposición es también responsable de que ocho de sus
parlamentarios nacionales estén involucrados en otros tantos
procedimientos judiciales, en el sentido que viene manifestando
reiteradamente en las sesiones de control parlamentario? (número de
expediente 180/001655) . . . (Página 11840)
- De la Diputada D.ª MARÍA JESÚS ARAMBURU DEL RÍO, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, que formula al Excmo. Sr.
Presidente del Gobierno: ¿Considera el Gobierno
necesario la creación de un fondo de garantía de alimentos y
pensiones compensatorias en los supuestos de ruptura matrimonial o
núcleo familiar, para dar respuesta al impago de pensiones de
alimentos a cónyuges separados, divorciados o que han visto su
matrimonio anulado y que tienen a su cargo hijos económicamente
dependientes, antes de finalizar esta legislatura? (número de
expediente 180/001665) . . . (Página 11841)
- Del Diputado D. RAMÓN AGUIRRE RODRÍGUEZ, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cree el Gobierno
que se han acentuado las desigualdades sociales en España en el
último trienio? (número de expediente 180/001666) . . . (Página 11842)
- Del Diputado D. ANTONIO MARTINÓN CEJAS, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Primero del
Gobierno y Ministro de la Presidencia: ¿Piensa el Gobierno adoptar
alguna medida ante las graves denuncias sobre supuestos
comportamientos delictivos formuladas por un Diputado canario del
partido que apoya al Gobierno? (número de expediente 180/001656) . .
. (Página 11843)
- Del Diputado D. ALFREDO PÉREZ RUBALCABA, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Primero del
Gobierno y Ministro de la Presidencia: ¿Cuántos mapas autonómicos,
con propuestas de distribución de frecuencias de FM, semejantes al
exhibido por el Sr. Marqués en el Parlamento de Asturias, han
preparado en el Palacio de la Moncloa? (número de expediente 180/
001657) . . . (Página 11844)
- De la Diputada D.ª CARME LAURA GIL I MIRÓ, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), que formula al Gobierno: ¿Dada la
modificación del Reglamento de la Comunidad europea 975/98 relativa a
los valores nominales y especificaciones técnicas de las monedas en
euros, qué medidas ha tomado el Gobierno para adecuar la emisión de
las monedas modificadas al plurilingüismo aprobado unánimemente por
esta Cámara? (número de expediente 180/001677) . . . (Página 11845)
- Del Diputado D. JOAN ROMERO GONZÁLEZ, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Primero del
Gobierno y Ministro de la Presidencia: ¿Qué opinión le merece al
Gobierno el expediente sancionador abierto a la Consejería de
Bienestar Social de la Generalidad Valenciana por la Agencia de
Protección de Datos? (número de expediente 180/001658) . . .
(Página 11846)
- Del Diputado D. JOSÉ ANTONIO BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Cómo valora el Gobierno la situación de la objeción de conciencia,
al día de hoy, en comparación con la situación existente al inicio de
esta legislatura? (número de expediente 180/001676) . . . (Página 11847)
- De la Diputada D.ª MARÍA TERESA DE LARA CARBÓ, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Cuáles son las medidas adoptadas por el Ministerio de Medio Ambiente
en cumplimiento del Plan Nacional de Saneamiento y Depuración?
(número de expediente 180/001674) . . . (Página 11848)
- Del Diputado D. ANTONIO LANDETA ÁLVAREZ-VALDÉS, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Cuáles son las actuaciones desarrolladas hasta la fecha por el
Gobierno para poner en funcionamiento el Parque Nacional de Picos de
Europa? (número de expediente 180/001675) . . . (Página 11849)
- Del Diputado D. FRANCISCO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, del Grupo
Parlamentario Mixto en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es
el grado de cumplimiento por el Gobierno de la Moción aprobada por el
Pleno del Congreso el día 2 de marzo de 1988 sobre medidas para
solucionar la situación de Ferrol y su comarca, en lo referido a
servicios ferroviarios de viajeros y mercancías, propuesta de ronda
de circunvalación Sur-Oeste de Perlio-Fene y aceleración de trámites
para la construcción de la autovía Fene-Ferrol? (número de expediente
180/001653). . . . (Página 11850)
- Del Diputado D. FRANCISCO ARNAU NAVARRO, del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Participa el
Ministro de Sanidad y Consumo del objetivo que ha trazado el
Consejero de Sanidad de la Comunidad Valencia de extender el modelo
Alzira a cada hospital público? (número de expediente 180/001663) . .
. (Página 11851)
- De la Diputada D.ª MARÍA JESÚS CELINDA SÁNCHEZ GARCÍA, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
actuaciones está desarrollando el Ministerio de Sanidad y Consumo en
relación con el problema de la anorexia y bulimia en España? (número
de expediente 180/001671) . . . (Página 11851)
- Del Diputado D. CÉSAR VILLALÓN RICO, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es la posición
del Gobierno en relación a que se incluye entre las prestaciones
sanitarias la cirugía de cambio de sexo para los transexuales?
(número de expediente 180/001672) . . . (Página 11853)
- De la Diputada D.ª BLANCA FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Puede
explicar el Sr. Ministro de Sanidad y Consumo cómo se está ofertando
en la práctica en el Sistema Nacional de Salud la prestación de
cirugía de cambio de sexo en los estados intersexuales patológicos,
de acuerdo con el Real Decreto 63/1995, de ordenación de prestaciones
sanitarias? (número de expediente 180/001673) . . . (Página 11854)
- Del Diputado D. FRANCISCO MIGUEL FERNÁNDEZ MARUGÁN, del Grupo
Socialista del Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de
Industria y Energía y Portavoz del Gobierno: ¿Por qué no declaró Vd.,
en el Registro de Actividades de Altos Cargos, su cargo en Loreto
Consulting, empresa dedicada al asesoramiento y la consultoría?
(número de expediente 180/001659) . . . (Página 11855)
- De la Diputada D.ª TERESA CUNILLERA I MESTRE, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cree el Gobierno que su
política de subvenciones a programas de reactivación de comarcas
mineras colabora a la mejora de la ordenación del sector porcino
español? (número de expediente 180/001660) . . . (Página 11856)
- De la Diputada D.ª MARÍA AMPARO VALCARCE GARCÍA, del Grupo
Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué inversiones se
han realizado para la formación en las cuencas mineras con cargo a
los fondos del Plan del Carbón en el año 1998? (número de expediente
180/001661) . . . (Página 11857)
- Del Diputado D. JUAN PEDRO HERNÁNDEZ MOLTÓ, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Decide el Gobierno
conjuntamente con el Grupo Parlamentario Popular el destino de las
subvenciones públicas? (número de expediente 180/001662) . . .
(Página 11858)
- Del Diputado D. JOSÉ JUAN GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al Gobierno: ¿Qué
actuaciones ha impulsado el Gobierno desde el 10 de noviembre de 1998
para desarrollar una nueva orientación consenuada, dinámica y
flexible, de la política penitenciaria de la forma que mejor propicie
el fin de la violencia? (número de expediente 180/001652) . . .
(Página 11859)
S U M A R I O
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
Interpelaciones urgentes . . . (Página 11860)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre la política de
privatizaciones del sector público empresarial . . . (Página 11860)
Presenta la interpelación urgente del Grupo Socialista del Congreso
el señor Martínez Noval. Manifiesta la voluntad de su grupo de
interpelar al señor ministro de Industria sobre uno de los procesos
económicos más importantes vividos en España durante décadas, como es
el proceso de privatizaciones, que ha supuesto un cambio radical en
la estructura económica del país y, lo más importante, en la
detentación del poder económico. Considera que las razones para
llevar a cabo la privatización total del sector público empresarial
son razones políticas, en lugar de económicas o técnicas como dijo el
señor ministro de Industria, porque una vez privatizadas empresas
como Tabacalera, Repsol, Telefónica, Argentaria o Endesa, se puede
afirmar que en modo alguno la privatización ha conducido a la
liberalización de esos sectores, y acusa al señor ministro de haber
cometido errores de bulto al proceder a la privatización antes de a
la desregularización, dándose la paradoja de que el regulador resultó
capturado por las empresas, poniendo el ejemplo del sector eléctrico.
Critica detalladamente todo el proceso de privatización llevado
a cabo por el señor Piqué y se queja de que, en catorce meses de
funcionamiento de la subcomisión creada en el Parlamento al efecto,
no haya comparecido ninguno de los presidentes de las empresas
privatizadas, por lo que su grupo va a abandonar la subcomisión al
igual que lo ha anunciado esta mañana el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió). Se refiere por último a los informes de la
Intervención General de la Administración del Estado y al
nombramiento de consejeros de las empresas privatizadas, que
considera bochornoso, acusando al Gobierno de haber puesto a su
servicio político a todas las empresas del sector público estatal,
haciéndolo de manera opaca y conduciéndolas a la misma situación de
monopolio u oligopolio en la que llevaban a cabo su actividad
empresarial cuando estaban en manos públicas.
Contesta en nombre del Gobierno el señor ministro de Industria y
Energía (Piqué i Camps), que coincide con el señor Martínez Noval en
la importancia del proceso de privatizaciones que se está llevando a
cabo, porque es un elemento clave de la transformación,
desde su punto de vista positivo, de la estructura económica y
social de nuestro país. Considera que, precisamente por la
importancia que tiene el tema, es necesario abordar, desde la
perspectiva de un análisis coherente, lejos de la demagogia, la
situación en la que se encontraba el sector público cuando el Partido
Popular asumió su gestión hace ya casi tres años, situación que
explica a continuación. Expone que la empresa pública ha sido
utilizada en muchos casos como mero instrumento de redistribución de
la renta, siendo propósito del Gobierno terminar con esa situación,
al considerar que las empresas han de ser fuertes y viables para
garantizar el empleo sólido, aunque sin olvidar el papel regulador y
redistribuidor de las rentas del Estado mediante mecanismos
naturales, ya sea en materia fiscal, de desempleo o servicios
esenciales en beneficio de todos.
A continuación explica las actuaciones llevadas a cabo por el
Gobierno para, en el marco del Programa de modernización del sector
público empresarial del Estado, aprobado por el Consejo de Ministros
de 28 de junio de 1996, adaptar el sector público al nuevo contexto
económico nacional e internacional, y afirma que estas actuaciones,
además de ser económicamente rentables, son también socialmente
rentables, pues el fortalecimiento de las empresas contribuye
positivamente el mantenimiento y al fortalecimiento del tejido
industrial, lo que tiene una clara traducción en el mantenimiento de
la creación de empleo, que es uno de los grandes retos a los que se
enfrenta Europa y uno de los objetivos prioritarios de la política
económica del Gobierno.
En turno de réplica interviene el señor Martínez Noval, duplicando el
señor ministro de Industria y Energía.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez
Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Guardans i Cambó, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Santiso del Valle, del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política de seguridad y orden
público del Gobierno, a la vista de las últimas actuaciones de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña ... (Página 11870)
Presenta la interpelación urgente el señor Saura Laporta, en nombre
del Grupo Parlamentario Mixto. Comienza su intervención felicitando a
la Guardia Civil por el esclarecimiento del secuestro de Olot, y
continúa exponiendo los hechos ocurridos en enero
en la Universidad Autónoma de Barcelona, con motivo de la presencia
del presidente del Gobierno, y los ocurridos hace muy pocos días en
Cornellá, con motivo de la presencia del ministro de Trabajo. Opina
que las actuaciones policiales han sido en ambos casos
desproporcionadas y erróneas, lo que, a su juicio, hace necesario un
debate y una explicación por parte del ministro del Interior.
Recuerda los incidentes de orden público acaecidos en Cataluña desde
que gobierna el Partido Popular, y considera que son demasiados
errores graves los cometidos por los fuerzas de seguridad en
Cataluña, siendo responsabilidad del ministro cambiar estas actitudes
policiales. Por otra parte, añade, la policía se equivoca y cuando se
equivoca hay que reconocerlo, porque no vale legitimar ni justificar
lo injustificable con la excusa de que se tiene confianza en la
policía, ya que el señor ministro no es sólo el responsable de las
fuerzas de seguridad, sino también es el garante de las libertades
públicas.
Contesta, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Interior
(Mayor Oreja). Agradece en primer lugar al señor Saura el
reconocimiento a la labor de la Guardia Civil y pasa a contestar al
contenido de la interpelación, haciendo una serie de reflexiones
sobre las tres afirmaciones vertidas en la misma: un cierto retroceso
general de las libertades democráticas en función de una determinada
política de seguridad y orden público; un conjunto de hechos un tanto
inéditos, que no se habían producido con anterioridad; y que estos
hechos inéditos hayan sido protagonizados por los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado, de lo que se desprende una cierta
responsabilidad del Gobierno. Rechaza estas tres afirmaciones
y manifiesta que no se corresponden con la realidad ni con las
estadísticas, por las cifras, en el terreno cuantitativo, ni tampoco
en función de la lectura de la hemeroteca, que es la única que puede
determinar qué es novedoso y qué no lo es en este terreno, pasando a
exponer varios ejemplos. Termina su intervención manifestando que la
seguridad ciudadana siempre es un reto y nunca hay una situación
perfecta, pero, por encima de cualquier otra consideración, se ha de
tener confianza, desde el control, el rigor y la exigencia, en las
instituciones y, especialmente, en todos los cuerpos policiales,
absolutamente en todos, siendo conscientes de su dificilísima labor.
Por eso, añade, su reconocimiento no va sólo a los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado, sino también a la Policía Autónoma de
Cataluña y a todas las policías locales de Cataluña.
En turno de réplica interviene el señor Saura Laporta, duplicando el
señor ministro de Interior.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Guardans i
Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Meyer
Pleite, del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida;
Pedret i Grenzner, del Grupo Socialista del Congreso, y Gil Lázaro,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la
necesidad de una ley de armonización de la normativa de la
reorganización y reducción de la jornada de trabajo . . .
(Página 11878)
Presenta la interpelación en nombre del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida el señor Vaquero del Pozo. Manifiesta que con su
iniciativa pretenden abrir un debate previsor sobre las consecuencias
de una realidad a la que se está asistiendo impasibles, como es la
reducción del tiempo de trabajo, propuesta que hizo Izquierda Unida
en su programa electoral y por la que se les tildó de iluminados.
Considera que su grupo ha ganado la batalla ideológica y su propuesta
se ha convertido en un eslogan atractivo: trabajar todos menos, para
poder trabajar todos y todas, que va ganando adeptos en la opinión
pública y es imparable. De todas formas, las posiciones divergentes
surgen en cómo se lleva a la práctica, pues el contrato a tiempo
parcial implantado por el Gobierno es una forma de reparto del
trabajo, pero insolidaria y desigualitaria. Tampoco está de acuerdo
con la tesis de que la reducción del tiempo de trabajo debe hacerse
sólo por negociación colectiva, puesto que el señor Cuevas ha
afirmado con rotundidad que no va a negociar las 35 horas, lo que da
más que motivos a Izquierda Unida para pensar que la reducción de
jornada debe hacerse por ley. Se refiere a continuación a una serie
de autores que han estudiado la reducción del tiempo de trabajo,
llegando a la conclusión de que no necesariamente tiene que acarrear
pérdida de competitividad o incremento de los costes. Continúa con
una serie de reflexiones sobre la postura de la patronal y del
Gobierno ante las innovaciones, afirmando que, sin embargo, muchas
comunidades autónomas van por el camino de las 35 horas semanales.
Contesta, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales (Pimentel Siles). Considera que el debate sobre el
tiempo de trabajo es un debate intelectualmente importante, con mucha
tradición en el derecho del trabajo, y asegura que ni el Gobierno ni
él harán de las 40 horas semanales un valor sacrosanto ni inmutable,
simplemente es el tiempo máximo legal de trabajo que está establecido
en España, cuantía máxima legal que, por otra parte, está exactamente
en la media de los países de la Unión Europea. Añade que es un debate
extraordinariamente delicado e importante porque afecta directamente
y de forma notable a la capacidad de
generación de empleo que tiene un sistema económico, por lo que
siempre lo abordan desde el respeto y la prudencia para poder
acertar. Se refiere a continuación a la cumbre de Luxemburgo, donde
se dijo no a una ley de 35 horas y se pidió a los gobiernos que
instaran a los agentes sociales a negociar, en sus respectivos
ámbitos, el concepto de reordenación de tiempo de trabajo que
incorpora aspectos como el trabajo a tiempo parcial, las horas
extras, el cómputo anual, turnos, etcétera, que hacen que una gestión
del tiempo de trabajo pueda ser más eficaz para el sistema
productivo, pero también aportar calidad de vida al trabajador.
Rechaza la afirmación de que la propuesta de las 35 horas semanales
de trabajo sea imparable y seguida por todos, porque sólo Francia y,
con matices, Italia la han abordado. Explica que la realidad de
España en este tema es que, a través de los convenios colectivos, se
va ajustando la jornada de trabajo de una forma flexible, natural, no
impuesta ni traumática, siendo los protagonistas las personas que
conocen cada empresa y cada sector, que son sus trabajadores y
empresarios, consiguiendo incrementar productividad y empleo. A
continuación se refiere a las comunidades autónomas y a los
ayuntamientos y manifiesta que el Gobierno no puede entrar en lo que
son políticas activas de las comunidades autónomas.
En turno de réplica interviene el señor Vaquero del Pozo, duplicando
el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Campuzano i
Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la
señora López i Chamosa, del Grupo Socialista del Congreso, y el señor
Camps Devesa, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Se suspende la sesión a las ocho y cuarenta minutos de la noche
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
PREGUNTAS.
- DEL DIPUTADO DON JESÚS CALDERA SÁNCHEZCAPITÁN, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CREE
USTED QUE LA OPOSICIÓN ES TAMBIÉN RESPONSABLE DE QUE OCHO DE SUS
PARLAMENTARIOS NACIONALES ESTÉN INVOLUCRADOS EN OTROS TANTOS
PROCEDIMIENTOS JUDICIALES, EN EL SENTIDO QUE VIENE MANIFESTANDO
REITERADAMENTE EN LAS SESIONES DE
CONTROL PARLAMENTARIO? (Número de expediente 180/001655)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto IV del orden del día: Preguntas orales al Gobierno, comenzando
por aquellas que responderá el presidente del Gobierno.
Pregunta número 10, que formula el diputado don Jesús Caldera
Sánchez-Capitán, del Grupo Socialista.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Gracias, señor presidente.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Caldera.
Silencio, señorías. Señor Camps, silencio.
Adelante.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Señor Aznar, el interés de esta
pregunta nace de la inquietud y la alarma que produjeron sus
declaraciones de la semana pasada. Dijo usted: 'Por muchos errores
que se cometiesen ahora o en el futuro, jamás se podrá igual o
superar lo que ustedes llegaron a hacer en la vida política
española'. Esto sólo puede significar dos cosas: o usted se considera
infalible -a tanto ha llegado el señor Aznar-, o es una patente de
corso para los suyos. En todo caso, ambas cosas son incompatibles con
uno de los pilares de la democracia: los controles; los controles de
quien maneja el poder (internos, externos, parlamentarios,
judiciales), que con esta declaración se hacen añicos.
Señor Aznar, la honradez no puede medirse en relación con otros
comportamientos, sino con la ley. La norma no juzga la naturaleza de
las personas ni de los gobernantes; juzga su comportamiento, y ya
vemos cuál es el suyo. Por eso, ¿no le preocupa que ocho de sus
parlamentarios estén incursos en procedimientos judiciales? ¿No
creerá que somos responsables de ellos la oposición, verdad?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Caldera.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor presidente,
señoría, no, no creo que el Partido Socialista sea responsable de
todos los asuntos que usted dice; en cambio, sí creo que ustedes son
responsables de enturbiar la vida pública española en la anterior
legislatura y en ésta. (Rumores.-Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
Señor Caldera.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Señor presidente, ya vemos cuál es
su problema: carece de discurso y de medios frente a las
irregularidades (Risas.) De discurso, porque para usted se aplica lo
ancho y lo estrecho se lo aplica a los demás. En cuanto a medios, su
actitud es de brazos caídos. Esto es un problema de valores. Los
actos que cometen otros, para ustedes son gravísimas irregularidades.
¿Los cometen ustedes?, entonces son errores, como
dijo aquí la semana pasada. ¿Confunden ustedes el interés público y
el privado? Entonces se trata de gestión de negocios interesada.
Pero conviene pedir igualdad de trato, señor Aznar, y lo importante
en democracia es que todo se sabe, todo se descubre, pero usted no
ayuda; usted retarda. De sedes de su partido se envían amenazas de
muerte que acaban con graves lesiones para los amenazados. (Rumores.-
Varios señores diputados: ¡Sí; ahí, ahí!) ¿Su actitud? Destituyen al
denunciante. El señor Marqués les acusa de pedir irregularidades
desde Moncloa. Le contesta el Partido Popular que tiene un armario
lleno de documentos incriminatorios. ¿Pero qué es esto, señor Aznar?
¿Para cuándo las comisiones de Investigación? Usted hoy responde aquí
-no me hable del pasado- de su gestión (Rumores.) y ante los
ciudadanos. Porque, le recuerdo algo: entramos el mismo día en esta
Cámara, pero ni a mí ni al señor Borrell ni a ninguno de mis
compañeros nadie ha podido acusarnos de recibir en mano dinero de
empresarios. A usted sí. Esa es la diferencia. (Varios señores
diputados: ¡Muy bien!- Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor presidente,
señorías, lo que creo que está ocurriendo aquí es que durante años
anteriores ha habido en España muchas irregularidades y mucha
corrupción (Rumores.), como están comprobando en este momento los
tribunales de justicia. Y creo que también ustedes tienen un
problema, porque los que mandaban en su partido en esos años siguen
mandando en su partido ahora. Ustedes no han renovado absolutamente
nada (Rumores.) y piensan que todas las etapas son iguales, que todos
los partidos son iguales y que todos los políticos son iguales.
Ustedes llevan un mal camino.
Le quiero decir, señor diputado, que yo no sé exactamente cuántos
parlamentarios y de qué grupos están afectados por algún
procedimiento judicial. Sí sé que en esta legislatura un senador del
Partido Socialista no es que haya sido afectado, ha sido condenado
por financiación irregular de su partido. Y sí sé que un diputado de
esta Cámara ha tenido que dejar su escaño condenado por gravísimos
delitos, y ni alardeamos de ello ni nos alegramos de ello.
Simplemente le digo, señoría, que tiene usted que tener muy presentes
esas circunstancias. Porque cuando usted habla de procedimientos
judiciales o tiene interés en darse un paseo por los tribunales, no
se mueva usted mucho de su escaño porque tiene usted más de 30 causas
judiciales que les afectan a ustedes directamente y que les impiden
tener la más mínima autoridad moral para hablar de estas cuestiones
respecto a los demás y hablar de estas cuestiones en el conjunto de
España, la más mínima. (Rumores.- Aplausos.)
Por ultimo, señoría, le quiero decir que a mí no me extraña que
algunas de SS.SS. quieran mirar atrás, quieran volver al pasado
creyendo que esos años, en los que los españoles pensaban que había
mucha corrupción y que era un problema grave en España, eran los
mejores. Pero
la mayoría de los españoles no quieren que vuelvan esos años, y esos
años, señor diputado, aunque ustedes se empeñen, no volverán.
(Rumores.- Aplausos.)
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del Gobierno.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA JESÚS ARAMBURU DEL RÍO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, QUE FORMULA AL SEÑOR
PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO NECESARIA LA CREACIÓN
DE UN FONDO DE GARANTÍA DE ALIMENTOS Y PENSIONES COMPENSATORIAS EN
LOS SUPUESTOS DE RUPTURA MATRIMONIAL O NÚCLEO FAMILIAR, PARA DAR
RESPUESTA AL IMPAGO DE PENSIONES DE ALIMENTOS A CÓNYUGES SEPARADOS,
DIVORCIADOS O QUE HAN VISTO SU MATRIMONIO ANULADO Y QUE TIENEN A SU
CARGO HIJOS ECONÓMICAMENTE DEPENDIENTES, ANTES DE FINALIZAR ESTA
LEGISLATURA? (Número de expediente 180/001665)
El señor PRESIDENTE: Pregunta que con el número 19 formula al
Gobierno la diputada doña María Jesús Aramburu del Río, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Señora Aramburu.
La señora ARAMBURU DEL RÍO: Buenas tardes, señor presidente,
señorías. Don José María Aznar, ya conoce usted la pregunta, se trata
de que las mujeres españolas sepamos si el Gobierno considera
necesario crear, antes de que finalice la legislatura, un fondo de
garantía de alimentos y pensiones compensatorias en los supuestos de
ruptura matrimonial o núcleo familiar, para dar respuesta a los
impagos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Aramburu.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Sí, señoría, el
Gobierno considera que el problema que usted enuncia es un problema
real y que su solución exige, sin duda, un análisis y un estudio
profundo. Para eso el Gobierno ha creado un grupo de trabajo que
espera llegar a las soluciones más rápidas posibles.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
Señora Aramburu.
La señora ARAMBURU DEL RÍO: Mire, don José María (Risas.), llevo 33
años en el compromiso político y en esta ceremonia de finales de
siglo constato en mi país un submundo que me parece profundamente
injusto: un 20 por ciento de personas viviendo por debajo del umbral
de la
pobreza, mayoritariamente mujeres; la tasa de desempleo más alta de
Europa, con un 40 por ciento de paro femenino, con 50.000 personas
sin hogar deambulando por las calles, fundamentalmente mujeres, y con
200.000 víctimas de malos tratos, todas ellas con nombres de mujeres,
según los datos del INE, Foessa, Tercer Congreso de los sin techo y
el Consejo Económico y Social, y usted hoy retrocede a su debate de
investidura y se instala en las intenciones. No voy a definir como
irresponsable la dejación de responsabilidades, simplemente le
señalaré que es francamente preocupante un incumplimiento en algo en
lo que usted ha empeñado su palabra de presidente del Gobierno de la
nación, la ponencia de su reciente congreso y su programa electoral.
Todo ello origina, por omisión, que se siga golpeando al colectivo
más débil del país que usted dirige. Usted sabe que hay demasiadas
mujeres que durante su matrimonio trabajan gratis dentro de la esfera
doméstica, para sus maridos y para el Estado, renuncian a todo y lo
dan todo. Luego se produce la ruptura. Ellos se fugan con la nómina y
ellas se quedan con los hijos y con la miseria, y el Estado, deudor e
insolidario, no sabe o no contesta.
Yo le emplazo hoy, en nombre del 40 por ciento de las mujeres en
estado de necesidad, a que, tras las resoluciones judiciales, se les
abone la deuda social contraída con ellas. Ayúdenos, don José María
Aznar, a entrar en el próximo milenio haciendo real la igualdad, cree
el fondo de garantías para pensiones impagadas, porque las mujeres
solas o acompañadas vamos a dar la batalla por nuestros derechos, y
no olvide nunca que nosotras no somos negociables.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Aramburu.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Pues verá, doña María
Jesús (Risas.), estamos de acuerdo en que estamos ante un problema
real porque se producen, efectivamente, impagos de pensiones, en
muchas ocasiones por razones de ruptura matrimonial, que afectan a
muchas mujeres y a los hijos de esas mujeres. Y le he dicho que el
Gobierno ha constituido un grupo de trabajo que está analizando el
tema porque, sin duda, hay intereses muy distintos que son
legítimamente protegibles; no es fácil llegar a una solución.
La primera cuestión que hay que considerar, y yo creo que también S.
S. estará de acuerdo conmigo, es que no debe rebajarse en ningún caso
la responsabilidad individual de quien tiene una obligación, porque
si se entendiese que la Administración va a cubrir automáticamente
todas las responsabilidades individuales, lo único que se estaría
haciendo en gran medida es alentar el incumplimiento de esas
responsabilidades individuales. Por eso la Fiscalía General del
Estado ya ha advertido sobre el incremento, por una parte alarmante
pero por otra parte significativo a los efectos que estamos hablando,
de las causas
de demanda de pensiones por incumplimiento en el pago de las mismas.
En definitiva, estamos estudiando el tema. Tenemos que determinar el
coste que tiene. Tenemos que determinar si es compatible o no es
compatible. Créame que cuando el grupo de trabajo interministerial
creado tenga la solución, a mí me gustaría mucho que esa solución se
pudiese poner en marcha en esta legislatura. Creo que ese problema
existe y quiero poner una voluntad real por parte del Gobierno para
solucionarlo.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente del Gobierno.
- DEL DIPUTADO DON RAMÓN AGUIRRE RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CREE EL GOBIERNO
QUE SE HAN ACENTUADO LAS DESIGUALDADES SOCIALES EN ESPAÑA EN EL
ÚLTIMO TRIENIO? (Número de expediente 180/001666)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 20, que formula el diputado don
Ramón Aguirre Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Aguirre.
El señor AGUIRRE RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Ha habido un debate muy intenso en los últimos cinco años sobre la
convergencia con Europa; en estas fechas comienza a ser un debate
importante y creo que va a ser centro de todas las polémicas la
convergencia real de España con Europa.
Dentro de esa convergencia real de España con Europa, considera mi
grupo que es principal y relevante el estado de las igualdades o
desigualdades sociales en España. Hay una polémica respecto a cuál
tiene que ser el indicador para medir esa igualdad o desigualdad. Hay
quienes proponen que sea exclusivamente a través de partidas que se
comprometen con la cosa social en el presupuesto y hay quienes
opinamos que, además de ese criterio, que es bueno, habría que añadir
otros como son el crecimiento económico, reducción de paro,
incremento del poder adquisitivo, sanidad, listas de espera,
enseñanza o acceso a la vivienda. En definitiva, un gran indicador
sintético para poder medir esta evolución de la igualdad social.
Por eso, señor presidente, después de escuchar de manera muy
reiterada que en España han aumentado las desigualdades, que la
riqueza está mal distribuida, que el Gobierno ha logrado el fracaso
en la gestión social o que estamos ante una sociedad menos justa y
más insolidaria, nos gustaría que nos dijera, señor presidente, si
usted cree que se han acentuado las desigualdades sociales en España
en el último trienio.
Ya sabemos que su contestación va a ser negativa, pero lo que
interesa precisamente a mi grupo parlamentario es
que conste en acta no esa contestación negativa, que suponemos, sino
en qué basa el señor presidente esa contestación negativa.
Muchas gracias, señor presidente. (Varios señores diputados: ¡Muy
bien!- Aplausos.- Risas.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aguirre.
Silencio, señorías.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Gracias, señor
presidente.
Sí, señoría. Creo que no solamente no han aumentado, sino que han
disminuido claramente las desigualdades sociales en España. Hay un
indicador que lo puede medir y es que es muy difícil que aumenten las
desigualdades sociales en un país en el cual el empleo neto ha
crecido en 1.100.000 personas en los tres últimos años. Es difícil;
hay 1.100.000 españoles que tienen una oportunidad de trabajo y están
trabajando, que están ocupados y antes no lo estaban.
Si medimos con el indicador de la participación de los salarios en la
renta nacional, señorías, esa participación ha pasado de un 63,13 a
un 63,36 en 1997, que son los últimos datos disponibles. Si lo
medimos por lo que significa el incremento de las pensiones, tenemos
que ver cómo la capacidad adquisitiva se ha respetado y, además, la
ganancia en términos de inflación se ha consolidado para los
pensionistas de cara al futuro. Por tanto, claramente se ha producido
una mejora en la situación de los pensionistas. Si lo planteamos en
razón de las políticas activas de empleo, quiero recordar que han
aumentado en este período en un 141 por ciento, así como las de
solidaridad han aumentado en un 31,3 por ciento. Si a eso se une lo
que es el elemento básico de la estabilidad macroeconómica medida en
términos de inflación, de déficit y de tipos de interés, creo que lo
que realmente se ha producido es un incremento global de las
oportunidades al servicio de la sociedad española y, en consecuencia,
un incremento de lo que es la parte más importante: el progreso
social, la participación de los salarios en la renta nacional y más
oportunidades para la gran población trabajadora, que ha dispuesto a
lo largo de estos años de posibilidades de empleo y que dispone de
ellas en estos momentos, pues en este mes de marzo se sigue creando
empleo con mucha intensidad.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente del Gobierno.
- DEL DIPUTADO DON ANTONIO MARTINÓN CEJAS, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y
MINISTRO DE LA PRESIDENCIA: ¿PIENSA EL GOBIERNO ADOPTAR ALGUNA MEDIDA
ANTE LAS GRAVES DENUNCIAS SOBRE SUPUESTOS COMPORTAMIENTOS DELICTIVOS
FORMULADAS
POR UN DIPUTADO CANARIO DEL PARTIDO QUE APOYA AL GOBIERNO?
(Número de expediente 180/001656)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las preguntas que responderá el
vicepresidente primero del Gobierno, la primera de las cuales, la
número 11, formula el diputado don Antonio Martinón Cejas, del Grupo
Socialista.
Señor Martinón.
El señor MARTINÓN CEJAS: Gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente, un diputado de su propio grupo parlamentario,
un diputado canario, ha denunciado amenazas contra él y contra una
compañera abogada...
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Martinón, se ha ido el sonido.
El señor MARTINÓN CEJAS: Mientras que se vaya y no me lo quiten, me
quedo tranquilo.
Parte de esas amenazas se han hecho realidad, puesto que la abogada
ha sido golpeada. También este diputado ha denunciado posibles
delitos de cierta entidad. No se trata ya de un asunto interno del
Grupo Parlamentario Popular, ni siquiera de un asunto interno del
Partido Popular. Aunque es verdad que este es un lío donde se han
metido ustedes solos, no es menos cierto que es un asunto que afecta
a la sociedad en su conjunto y que se ha convertido en un asunto de
interés general. Por eso, le pregunto: ¿qué va a hacer el Gobierno en
relación con las denuncias presentadas?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martinón.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA
PRESIDENCIA (Álvarez-Cascos Fernández): Señorías, lo que va a hacer
el Gobierno, lo que está haciendo, es colaborar activa y
diligentemente con la justicia para esclarecer todas y cada una de
las actuaciones que se encierran en las denuncias presentadas ante el
juzgado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.
Señor Martinón.
El señor MARTINÓN CEJAS: Gracias, señor presidente.
La colaboración con la justicia, señor vicepresidente, es
manifiestamente tardía. Sí, señoría, manifiestamente tardía. Son
denuncias que llevan haciéndose meses. ¡Cómo contrasta la actitud de
ustedes con la del señor Piqué, que ha pedido amparo al presidente
porque un grupo de parlamentarios pretende constituir una comisión de
investigación. Un diputado de esta Cámara ha sido amenazado de muerte
y ha recibido la colaboración del Gobierno y del grupo parlamentario
de forma, insisto, bastante tardía. Loúnico que la población canaria
ha percibido es que a ese
diputado se le ha cesado como presidente del Partido Popular en la
isla de Tenerife.
Señor vicepresidente, en la prensa de Tenerife y en las ciudades de
Tenerife hay muchas vallas publicitarias que dicen: Tenerife gana. Y
lo firma -esto es ahora, estas semanas, estos días- el Partido
Popular. Es de un sarcasmo insoportable. Le puedo garantizar que
todos los canarios, de todas las islas y de todos los pensamientos
políticos, nos sentimos abochornados de ver que el nombre de Canarias
y el nombre de Tenerife cobran importancia a nivel nacional por un
asunto de mafias y de bandidaje. Yo no sé si la deuda que el Partido
Popular ha contraído con todos los canarios va a ser posible
solventarla con decoro.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martinón.
Señor vicepresidente primero.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA
PRESIDENCIA (Álvarez-Cascos Fernández): Gracias, señor presidente.
Todos los presentes somos conscientes de que el ámbito de esta
pregunta afecta a dos cuestiones bien distintas. Una, a las
competencias disciplinarias internas de un partido, el Partido
Popular, sobre las que el señor diputado está seriamente preocupado.
(Varios señores diputados: ¡No!) Y, otra, a las actuaciones que debe
realizar el Gobierno en relación con los conflictos que se susciten
en la vida interna de los partidos. El señor diputado ha abierto un
debate sin precedentes en esta Cámara sobre las dos cuestiones.
(Rumores.- Varios señores diputados: ¡No, no!) El señor diputado
sabe, porque su grupo es un experto en enterarse de las informaciones
por la prensa -como han acreditado durante tantos años-, que la
autoridad judicial está actuando en este asunto desde el día 1 de
octubre de 1998. Y sabe que la brigada judicial, dirigida por la
autoridad judicial, está investigando todos y cada uno de los hechos
denunciados. Pero al señor diputado no le interesa el resultado de la
investigación judicial (Una señora diputada: ¡Claro que sí!); le
interesa intervenir en la vida interna de un partido (Protestas.-
Varios señores diputados: ¡No, no es así!), porque se ha permitido
establecer relación sobre la elección o no elección de una persona
como presidente de otro partido (Continúa las protestas.) y, en
segundo lugar, está estimulando el celo del Gobierno para intervenir
en cuestiones que afectan a otros partidos. (Rumores.) Supongo que
esto es una novedad, porque hasta ahora el celo que se conocía de los
gobiernos anteriores era para obstruir la acción de la justicia,
llevando a magistrados como el señor Barbero a la dimisión de la
instrucción de un asunto que afectaba a la vida interna de su
partido. (Protestas.- Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente, muchas gracias.
- DEL DIPUTADO DON ALFREDO PÉREZ RUBALCABA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y
MINISTRO DE LA PRESIDENCIA: ¿CUÁNTOS MAPAS AUTONÓMICOS, CON
PROPUESTAS DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE FM, SEMEJANTES AL
EXHIBIDO POR EL SEÑOR MARQUÉS EN EL PARLAMENTO DE ASTURIAS, HAN
PREPARADO EN EL PALACIO DE LA MONCLOA? (Número de expediente 180/
001657)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 12, que formula el diputado don
Alfredo Pérez Rubalcaba, del Grupo Socialista. (Rumores.)
Silencio, señorías.
Señor Pérez Rubalcaba.
El señor PÉREZ RUBALCABA: Gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente, ¿cuántos mapas autonómicos, con propuestas de
distribución de frecuencias de FM, semejantes al exhibido por el
señor Marqués en el Parlamento de Asturias, se han preparado en el
Palacio de La Moncloa?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez Rubalcaba.
Señor vicepresidente primero del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA
PRESIDENCIA (Álvarez-Cascos Fernández): Ninguno, señor presidente.
(Varios señores diputados: ¡Hala!)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.
Señor Pérez Rubalcaba.
El señor PÉREZ RUBALCABA: Muchas gracias, señor presidente.
No voy a perder un solo segundo en argumentar lo que es evidente. El
señor Marqués recibió ese mapa en La Moncloa. Es evidente, a pesar de
las alucinantes experiencias grafológicas del Partido Popular, que lo
recibió, no se va a inventar una historia de esa naturaleza.
(Rumores.) Recibió ese mapa y era, señor vicepresidente, una
instrucción para prevaricar, porque se trataba de resolver un
concurso público por anticipado, y resolverlo a dedo. Es evidente que
hay un mapa de cada una de las comunidades autónomas y es la prueba
del 9 de la pasión por intervenir en los medios de comunicación del
señor Aznar. Cómo si no explicar la persecución mediática de algunos
medios de comunicación, las amenazas a periodistas, las compras de
cadenas de radio y de televisión (Protestas.), cómo explicar estos
concursos a dedo: ¿por el exceso de celo asturianista del señor
vicepresidente, o por los desvaríos de un secretario de Estado que
hoy es la primera víctima de la larga marcha hacia el centro del
señor Aznar?
Se lo voy a decir: el señor Aznar manda en La Moncloa; es él el que
tiene alergia a la libertad de expresión; es él el que persigue
medios de comunicación. Y le voy a decir algo más, señor
vicepresidente: lo que más me llama la atención de ese debate
parlamentario es que se levante el
presidente de Asturias y le diga a un diputado del PP: Tengo aquí una
carpetilla llena de asuntos irregulares del Gobierno central.
(Rumores.) Y que se levante el portavoz del PP y le diga a su ex
correligionario: Tengo aquí un cajoncillo lleno de irregularidades
del Gobierno asturiano. Señor vicepresidente, no hay espectáculo más
indigno para un Parlamento que el que ustedes están dando en
Asturias.
Le voy a pedir una cosa, de asturiano de adopción a asturiano de
origen, señor vicepresidente: dejen ustedes en paz a Asturias; dejen
ustedes la basura fuera de Asturias; dejen ustedes de esparcir
miserias en Asturias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez Rubalcaba.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA
PRESIDENCIA (Álvarez-Cascos Fernández): Gracias, señor presidente.
El señor Pérez Rubalcaba, con su final, me lo pone muy fácil, porque
en estos momentos la basura peor, la más maloliente de todas las que
circulan por Asturias está en el Ayuntamiento de Llanes (Fuertes
protestas.), y hay quien dice que el señor Pérez Rubalcaba es uno de
los cocineros de esa basura. Me lo pone muy fácil, señor Pérez
Rubalcaba. No voy a entrar en ese terreno.
En el Parlamento asturiano dijo el señor Marqués que había un
documento en el que hay notas manuscritas y fácilmente
identificables, y yo hoy le ofrezco, señor Pérez Rubalcaba, el tercer
dictamen, de un perito caligráfico, un perito de prestigio nacional,
que concluye que todos esos términos que están escritos en el papel
son inequívocamente documentos indubitados de la mano de don Leonardo
Verdín. Las mentiras, señor Pérez Rubalcaba, sobre todo cuando son
fruto de manipulaciones burdas, son de muy corto recorrido, por lo
tanto, demostrar la verdad de este asunto no cuesta ningún trabajo.
Está demostrado de quién es la mano indubitada de ese documento.
(Varios señores diputados: De Aznar.)
A mí, señor Pérez Rubalcaba, no sabe lo que me alegra su pregunta.
Ver el miércoles exhibir un documento al señor Marqués y el miércoles
siguiente ver exhibir el mismo documento al señor Pérez Rubalcaba no
sabe lo que me alegra, porque hasta ahora en Asturias conocíamos un
dream team de la corrupción y del transfuguismo formado por Barreiro,
por Piñeiro, por Hormaechea, por Gomáriz y por Marqués. Y ahora, a
ese dream team, se apuntan el señor Rubalcaba y el señor Areces;
forman parte de ese dream team del transfuguismo y la corrupción como
cómplices para protegerla y para alentarla. (Protestas.) De tal
manera, señor Pérez Rubalcaba, que yo le animo a seguir uniendo sus
estrategias con el señor Marqués, a traer aquí las inquietudes y la
defensa de los intereses del señor Marqués, porque en Asturias, señor
Pérez Rubalcaba, los asturianos empiezan a percibir la bicefalia como
un conjunto de actuaciones y de estrategias en las que coinciden el
señor Marqués y el señor Areces. Es un buen modelo de bicefalia para
que el señor Pérez
Rubalcaba se lo traiga aquí a su propio grupo y lo ponga en práctica
también.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.
- DE LA DIPUTADA DOÑA CARME LAURA GIL I MIRÓ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿DADA LA
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA COMUNIDAD EUROPEA 975/98 RELATIVA A
LOS VALORES NOMINALES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS MONEDAS EN
EUROS, QUÉ MEDIDAS HA TOMADO EL GOBIERNO PARA ADECUAR LA EMISIÓN DE
LAS MONEDAS MODIFICADAS AL PLURILINGÜISMO APROBADO UNÁNIMEMENTE POR
ESTA CÁMARA? (Número de expediente 180/001677)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 31, que será
respondida por el vicepresidente segundo del Gobierno y que formula
doña Carme Laura Gil i Miró, diputada del Grupo Catalán (Convergència
i Unió).
Adelante.
La señora GIL I MIRÓ: Gracias, presidente.
Modificado el reglamento comunitario sobre las monedas en euros, ¿qué
medidas ha tomado el Gobierno para adecuar la emisión de las monedas
modificadas al plurilingüismo aprobado por esta Cámara?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Gil.
Señor vicepresidente segundo del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Gracias, señor presidente.
Señora diputada, las modificaciones introducidas por el reglamento
423/99 en el reglamento 975/98, relativo a los valores nominales y
las especificaciones técnicas de las monedas en euros destinadas a la
circulación, no afectan a las leyendas que deben contener ni amplían
los diámetros de las mismas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.
Señora Gil i Miró.
La señora GIL I MIRÓ: Ciertamente, el reglamento recién publicado
implica todavía una excepcional oportunidad para su Gobierno de
rectificar las acciones anteriores y de acatar sin reservas la
voluntad reiterada de esta Cámara de hacer evidente el plurilingüismo
del Estado en las monedas en euros. Sería escandaloso que los
fabricantes de máquinas expendedoras hayan conseguido que la Comisión
Europea modifique determinadas monedas y que, sin embargo, la
voluntad de esta Cámara sólo consiga de su Gobierno ser ignorada. No
va a ser fácil hallar pretextos, por lo menos por lo que usted ha
contado hasta
ahora, para hurtar nuestro acuerdo, porque lo seguro es que no hay
ninguna excusa técnica que lo imposibilite. En cualquier caso, sólo
habría cierta obcecación político-cultural.
Usted deberá dar una mejor contrarréplica porque de ella va a
depender no sólo la credibilidad de su Gobierno en este aspecto, sino
nuestra confianza en su crédito. Sería lamentable que consideraran
este tema baladí. Si su respuesta es dilatoria o ambigua, ustedes se
van a confundir con el pasado, va a dejar viva nuestra desconfianza y
además va a conformar un punto de mira legítimo para juzgar política
y éticamente la conducta de su Gobierno y la discordancia entre su
discurso y sus actos.
Le pregunto si ha emprendido acciones ante la misma Comisión, si
fuera necesario, para cambiar las leyendas o ante la propia Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre. Si la fuerza del mercado obliga a su
Gobierno a una nueva emisión de monedas y a repetir troqueles, ¿es
que es menor la fuerza de la realidad lingüística constitucional de
este Estado o es menor la fuerza la de la legitimidad del acuerdo de
esta Cámara y la de la voluntad de mi Parlamento, refrendada aquí la
semana pasada?
Le he formulado un par de preguntas, ahora sólo le hago una más: ¿Es
o no suficiente acicate para el Gobierno del Estado español la
voluntad de esta Cámara? Sí o no sería respuesta suficiente. Un
monosílabo bastará para visualizar la responsabilidad, las
convicciones y la coherencia ético-política.
Antes de hacer la contrarréplica, me permito recordarle lo que decía
Cleaver, el líder de las Panteras Negras, y aplíquenselo usted y su
Gobierno: Tú, o eres parte de la solución, o eres parte del problema.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Gil i Miró.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Gracias, señor presidente.
Señora diputada, podría contestarle sí, y con eso habríamos dado la
respuesta. Pero la señora diputada, que tiene razón en su
preocupación, sin embargo, comete un error desde el punto de vista
técnico que no invalida lo que la señora diputada quiere, pero lo
plantea en un orden en el que pueda ser posible.
El propio reglamento que la señora diputada utiliza en su pregunta
dice literalmente: Es esencial limitar las modificaciones de las
especificaciones técnicas al peso de la moneda de 50 céntimos y el
canto de las monedas de 10 y 50 céntimos, a fin de no comprometer el
calendario de fabricación y la introducción de las monedas en euros
el 1 de enero del año 2002. (Varios señores diputados pronuncian
palabras que no se perciben.) Eso quiere decir... Eso quiere decir lo
que dice. (Risas.) No sé si alguien se ha sorprendido, pero la
pregunta gira sobre eso.
Eso quiere decir, señoría, que si nosotros ahora quisiéramos cambiar
las leyendas de las monedas, primero, probablemente ya no llegaríamos
al 1 de enero del año 2002,
y, segundo, nos encontraríamos con que 550 millones de unidades que
ya se han fabricado no tendrían sentido.
A mí me parece mucho más lógico, desde luego con toda la información
a la Cámara, que el Gobierno, que ya ha demostrado su voluntad de
introducir leyendas en las distintas lenguas oficiales o cooficiales
de España, lo haga en sucesivas emisiones. Yo no puedo ahora decirle
a S.S. el momento en que se va a producir la siguiente emisión,
porque técnicamente no lo conozco, pero me parece que eso es lo
lógico, porque además S.S. es consciente, como el resto de la Cámara,
de que no estamos hablando de un evento que sólo tenga lugar una vez,
sino que estamos hablando de algo con lo que vamos a convivir, y
aunque yo entiendo la preocupación de S.S., estoy convencido de que
dentro de cinco años S.S. se encontrará con monedas en diversas
lenguas cooficiales españolas y no habrá habido dificultad alguna en
producirse ese hecho.
En cualquier caso, reconozco la preocupación de S.S. y lo que puedo
decirle es que de lo único que tenemos que tratar es de que la
siguiente vez que emitamos monedas con otras leyendas se recojan las
preocupaciones de su señoría.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.
- DEL DIPUTADO DON JOAN ROMERO GONZÁLEZ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCELENTÍSIMO SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO
DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA: ¿QUÉ OPINIÓN LE MERECE AL
GOBIERNO EL EXPEDIENTE SANCIONADOR ABIERTO A LA CONSEJERÍA DE
BIENESTAR SOCIAL DE LA GENERALIDAD VALENCIANA POR LA AGENCIA DE
PROTECCIÓN DE DATOS? (Número de expediente 180/001658)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 13, que formula al Gobierno, y a
la que responderá la ministra de Justicia, el diputado don Joan
Romero González, del Grupo Socialista.
Señor Romero.
El señor ROMERO GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, hace unos meses y por dirigentes del PP en la
Comunidad Valenciana se organizó el más formidable acto de intento de
manipulación política que hemos conocido allí desde la llegada de la
democracia. (Un señor diputado: ¡Qué barbaridad!) Pero lo importante
no es esto, lo importante es que se pisotearon derechos individuales
de más de 600.000 ciudadanos jubilados de aquella comunidad,
pisoteando los derechos que las leyes orgánicas y la Constitución
establecen.
Señora ministra, ¿qué opina el Gobierno del expediente sancionador
abierto a la Consejería de Bienestar Social de la Generalidad
Valencia por la Agencia de Protección de Datos?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
Señora ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoría, no es función del Gobierno opinar sobre un expediente
administrativo abierto por un organismo autónomo estatal y más cuando
ello corresponde a un departamento de un gobierno autónomo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Señor Romero.
El señor ROMERO GONZÁLEZ: Señora ministra, cuando en un gobierno
autónomo se incumplen las leyes orgánicas lo lógico es que alguien
vele por la seguridad jurídica de todos los ciudadanos. Y creo que
velar por la seguridad jurídica de los ciudadanos corresponde al
Gobierno de la nación cuando, en el ámbito correspondiente, estos
derechos de los ciudadanos son pisoteados, como lo han sido allí.
Entiendo que en vez de actuar la Agencia de Protección de Datos de
oficio, a petición o previa denuncia del Grupo Parlamentario
Socialista, de los socialistas valencianos y del Grupo de Nueva
Esquerra, hubiera podido hacerlo muy bien el Gobierno de la nación de
oficio y a petición propia, porque ¿quién va a velar, si no, señora
ministra, por los derechos de los ciudadanos?
Fíjese que en este caso se han violado, de acuerdo con lo que dice la
Agencia, los artículos 4 y 6 de la Ley Orgánica de Regulación
automatizada de datos, que dicen - como usted sabe muy bien- que los
datos de carácter personal, objeto de tratamiento automatizado, no
podrán usarse para finalidades distintas de las establecidas, y dice
también que el tratamiento automatizado de los datos de carácter
personal requerirá el consentimiento del afectado, salvo que la ley
disponga otra cosa. En este caso ha habido violación de privacidad,
sin consentimiento de la persona. Si no lo hace el Gobierno, ¿cuál es
el nivel de defensa jurídica de los ciudadanos?
Por otra parte, no sólo es grave esto, sino que, como usted debería
saber, el Gobierno de la Generalidad Valenciana cedió más de 800.000
datos automatizados a una empresa privada, y en este momento nadie
sabe qué se va a hacer con esa información, que viola frontalmente lo
establecido en la ley orgánica de protección de datos. Este es el
nivel de indefensión. Y lo que yo le preguntaba al Gobierno es que,
si allí no se hace, si allí se actúa con impunidad, alguien tendría
que vigilar. Esta es la opinión y la pregunta que yo le formulaba.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor presidente.
Pues efectivamente, señoría, como este Gobierno sí cree en los
derechos de los ciudadanos, deja que la Agencia
de Protección de Datos y su director general -que por cierto no
es S. S, tiene otro nombre, don Juan Manuel Fernández López- actúe de
acuerdo con la normativa legal. Eso es lo que hace este Gobierno,
procurar que los ciudadanos tengan organismos a los que acudir cuando
se sienten de alguna manera inquietados en sus derechos.
Su señoría ha hecho aquí un resumen de lo que cree que puede ocurrir
con un expediente que se está iniciando en este momento; lo que hace
el Gobierno es manifestar el más escrupuloso respeto a ese expediente
y a la resolución que en su día recaiga. Ésa es la forma que tiene
este Gobierno de tutelar los derechos de todos los ciudadanos,
incluidos los de usted, señoría.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ ANTONIO BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿CÓMO VALORA EL GOBIERNO LA SITUACIÓN DE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA,
AL DÍA DE HOY, EN COMPARACIÓN CON LA SITUACIÓN EXISTENTE AL INICIO DE
ESTA LEGISLATURA? (Número de expediente 180/001676)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 30, que formula el
diputado don José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, del Grupo
Popular.
Señor Bermúdez de Castro.
El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, la situación de la objeción de conciencia en España
al inicio de la legislatura era verdaderamente preocupante. A la
escasez de puestos de actividad se añadía la cifra de 130.000
objetores pendientes de cumplir la prestación social, quienes en
muchos casos tenían que esperar hasta cuatro o cinco años antes de
iniciar el período de actividad. Ello, unido al fuerte incremento del
número de objetores de conciencia experimentado en los últimos años,
podría habernos abocado, de no haberse adoptado ninguna medida, a una
situación de auténtico colapso, yo diría que incluso de quiebra
técnica del sistema. Para dar respuesta a dicha situación, desde su
departamento se elaboró un plan de choque cuyo principal objetivo era
precisamente normalizar el régimen de la prestación social,
reduciendo de manera significativa la bolsa de objetores en situación
de espera.
Sobre la base de esas circunstancias, transcurrido ya un tiempo
razonable, creo que es el momento oportuno de realizar una
valoración, un balance, del resultado de la aplicación del mencionado
plan de choque y también de la repercusión de la entrada en vigor de
la nueva Ley de objeción de conciencia. Por ello, señora ministra, le
pregunto: ¿Cómo valora el Gobierno la situación de la objeción de
conciencia, al día de hoy, en comparación con lasituación existente
al inicio de la legislatura?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bermúdez de Castro.
Señora ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor presidente.
Señoría, efectivamente, la situación en la que se encontraba la
objeción de conciencia al inicio de la legislatura era francamente
preocupante, lo que condujo a elaborarun plan de choque, que fue
presentado con fecha 24 de julio de 1996, para eliminar el peligro
que suponía no sólo para reconocer el derecho constitucional de
objeción de conciencia sino también para la profesionalización de las
Fuerzas Armadas.
Con motivo de ese plan de choque, puedo afirmar ante SS. SS. en el
día de hoy que los términos se han invertido absolutamente, puesto
que si en abril de 1996 estaban realizando la prestación social
47.678 objetores, en diciembre de 1998, el número era de 90.469; si
en abril de 1996 había 130.325 objetores pendientes, a 31 de
diciembre de 1998 el número de pendientes es de 27.644. En
definitiva, señoría, se ha pasado de una situación de inicio de
legislatura, en la que había tres veces más objetores pendientes de
realizar la prestación social que aquellos que la estaban realizando,
a otra de diciembre de 1998, en la que los objetores que están
realizando la prestación social triplican a los que la tienen
pendiente de hacer.
Hoy en la mayor parte del territorio nacional los jóvenes objetores
se incorporan a plazas de prestación en un plazo razonable, incluso
inferior al de espera, para incorporarse al servicio militar desde el
alistamiento. Por ello, señoría, creo que el plan de choque elaborado
por el departamento ha cumplido perfectamente sus objetivos.
Gracias, señoría.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra de Justicia.
-DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA TERESA DE LARA CARBÓ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN?
(Número de expediente 180/001674)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las preguntas que, con los números 28
y 29, responderá la ministra de Medio Ambiente. La primera va
formulada por la diputada doña María Teresa de Lara Carbó, del Grupo
Parlamentario Popular.
Señora de Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra de Medio Ambiente, el Plan nacional de saneamiento y
depuración de aguas residuales, aprobado
el 17 de febrero de 1995 por el Consejo de Ministros, tiene el
objetivo básico de garantizar la calidad de la depuración y de los
vertidos de las aguas residuales urbanas mediante la integración de
las inversiones de los tres niveles de la Administración: local,
autonómico y central. De los prácticamente dos billones de pesetas de
inversión previstos en el plan hasta el año 2005, corresponden al
Estado cerca de 500.000 millones, es decir, el 25 por ciento de los
diferentes planes regionales. (El señor vicepresidente, Fernández-
Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
El enorme esfuerzo inversor que supone para el Ministerio de Medio
Ambiente tanto completar las infraestructuras según los criterios de
la directiva como fomentar la reutilización de las aguas residuales
hay que enmarcarlo dentro de la política económica del Gobierno:
política de austeridad y saneamiento de las finanzas públicas. En
esta línea, señora ministra, creo que debemos reconocer la
importancia de las inversiones en el Plan nacional de saneamiento.
Por un lado, se ha incrementado casi un 20 por ciento el capítulo 6
del programa 441.A, Plan de saneamiento y depuración, y se ha optado
por inversiones elegibles, o sea, cofinanciadas por la Unión Europea;
por otro, se está promoviendo la colaboración del sector privado en
la financiación de las infraestructuras, con el doble objetivo de
poner al servicio de la sociedad los recursos de que la sociedad
dispone y de adelantar en el tiempo una serie de actuaciones que, de
otra forma, probablemente tardarían años en poder realizarse.
Creo, señoría, que incluir las competencias de aguas y costas en el
Ministerio de Medio Ambiente ha supuesto un gran paso hacia adelante,
no sólo para incrementar las inversiones medioambientales, así como
las del Plan de saneamiento, sino también para intentar explotar con
criterios medioambientales las obras hidráulicas, que en el anterior
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, del señor
Borrell, carecían de cualquier contenido ambiental.
Por ello, señora ministra, ¿qué medidas ha adoptado el Ministerio de
Medio Ambiente en cumplimiento del Plan nacional de saneamiento y
depuración? Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora De Lara.
Señora ministra de Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señor presidente.
Señoría, en gran parte usted misma esbozaba esas medidas. El
Ministerio de Medio Ambiente, que busca la calidad de vida de los
ciudadanos, ha apostado claramente por la depuración de esas aguas
residuales y, por ello, ha incrementado la inversión de obra
hidráulica, precisamente para cumplir ese 25 por ciento del billón
ochocientas y pico mil pesetas que tenemos que invertir todas las
administraciones de cara al año 2005, razón por la cual hemos
impulsado el Plan en el año 1997 invirtiendo en depuración de aguas
47.035 millones de pesetas, y en el año 1998, 31.116 millones de
pesetas; con relación al año 1998 hemos incrementado este programa
casi en un 20 por
ciento. Además, por el sistema de empresa pública, Sociedad Estatal
del Baix Llobregat, este año vamos a invertir 26.080 millones de
pesetas de cara a la depuradora del Baix Llobregat, lo cual está
demostrando que el Ministerio de Medio Ambiente puede tener una
valoración positiva del compromiso que asumió de abonar ese 25 por
ciento en infraestructura hidráulica.
En cualquier caso, quiero decirle que la ejecución directa del
Ministerio asciende a 215.421 millones de pesetas, el tramo
autonómico financiado por fondos de cohesión es de 115.375 millones y
se encuentran pendientes 141.855 millones de pesetas, por lo que
podemos decir que la participación del Ministerio de Medio Ambiente,
al día de hoy, asciende a la cifra de 330.796 millones de pesetas, lo
que significa un grado de cumplimiento del 70 por ciento del
compromiso. Creemos que podemos asumir el 30 por ciento restante de
aquí al 2005.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
- DEL DIPUTADO D. ANTONIO LANDETA ÁLVAREZVALDÉS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿CUÁLES SON LAS ACTUACIONES DESARROLLADAS HASTA LA FECHA POR EL
GOBIERNO PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO EL PARQUE NACIONAL PICOS DE
EUROPA? (Número de expediente 180/001675)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
29, que formula don Antonio Landeta, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Landeta.
El señor LANDETA ÁLVAREZ-VALDÉS: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, el Parque nacional Picos de Europa integra el
principal macizo calizo de la Europa Atlántica, conforma un
ecosistema homogéneo, un paisaje unitario a caballo de las tres
comunidades autónomas del Principado de Asturias, de Cantabria y de
Castilla y León. Asegurar su conservación implica, obligatoriamente,
una gestión integrada.
La actuación del Gobierno tiende en todo momento a garantizar la
conservación de la naturaleza, la flora y la fauna, sin olvidar la
mejora de calidad de vida de los habitantes, pues no podemos olvidar
en modo alguno que los Picos de Europa son también gente que durante
muchos años conservaron los Picos hasta el momento actual y a
nosotros nos corresponde realizar los actos necesarios para conservar
el Parque en el próximo siglo.
Desde la aprobación de la ley de 30 de mayo de 1995, en que se
declaró Parque nacional, se vienen realizando gestiones con los
sindicatos, ganaderos, empresarios, colectivos ecologistas y todas
las administraciones implicadas, lo que dio lugar a desbloquear los
parques nacionales,
que durante muchos años estuvieron paralizados, y llevar a
efecto la creación y nombramiento del patronato y la comisión mixta,
actuaciones muy importantes. Pero quedan, indiscutiblemente, en los
momentos actuales algunas actuaciones básicas por realizar: el plan
de uso y gestión, que se encuentra en información pública; la
regulación de la caza y la pesca; el tema de los accesos a los lagos;
el funicular y el fin de las instalaciones de Bufarrera, la
protección del núcleo y el régimen económico y compensatorio. Todas
estas cuestiones son fundamentales para la viabilidad y supervivencia
del plan y del Parque nacional.
Ello nos lleva a formular a la señora ministra la siguiente pregunta:
¿Cuáles son las actuaciones desarrolladas hasta la fecha por el
Gobierno para poner en funcionamiento el parque nacional de los Picos
de Europa y su futuro?
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Landeta.
Señora ministra de Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señor presidente.
Señoría, usted como asturiano y yo como cántabra sabemos que es uno
de los ecosistemas que debían gozar de la máxima protección, de ahí
que fueran declarados por una ley como parque nacional, lo que ocurre
es que parece que no fueron consultadas las comunidades autónomas.
Por eso, cuando llegamos al Ministerio, existía un modelo de gestión
que había sido condenado por sentencia del Tribunal Constitucional, y
lo primero que hicimos fue crear una ley para que ese modelo de
cogestión de parques nacionales tuviera también aceptación en las
comunidades autónomas que comprenden el parque nacional Picos de
Europa. Por tanto, la primera actuación que hemos puesto en marcha ha
sido el acercamiento a esas tres comunidades autónomas que han
aceptado participar en el modelo de gestión.
En segundo lugar, hemos creado también el máximo órgano de gestión,
que es la comisión mixta, que ha llevado a la participación de todos
los órganos que la forman y a que el Principado de Asturias haya
retirado el recurso de inconstitucionalidad y que, por ejemplo, la
Comunidad de Castilla y León haya aceptado la primera presidencia de
esta comisión mixta.
En tercer lugar, hemos consolidado los órganos de participación,
puesto que, aunque parezca una paradoja, no existía todavía un
patronato, que es el órgano de participación por excelencia, en el
que se deciden muchos de los asuntos que afectan a una concepción de
un parque que tiene que estar abierto y que tiene que ser
participativo con todos los sectores del entorno. En esta situación
hemos consolidado también la sección del parque nacional creando una
serie de plazas mediante concurso, concretamente 35, que se
encuentran en este momento en fase de concurso público para ser
completadas, 35 plazasya existen y se van a aumentar.
En cuarto lugar, un esfuerzo en la concreción de los instrumentos de
gestión. Efectivamente, la información pública se establece en el
plan rector de uso y gestión. Entendemos que este documento va a
hacer que sea un auténtico desarrollo sostenible el que se realice en
torno a este parque nacional Picos de Europa, y además con una
salvedad: en este parque nacional (quizá el más importante en cuanto
a situación específica) están viviendo más de 1.500 personas, razón
por la cual, cuando se definan los criterios de usos tradicionales,
cuando se definan los criterios para defender el entorno de esa
población para que le suponga un plus favorable el vivir o el
pertenecer a un parque nacional, tendremos especialmente en cuenta
estas situaciones de excepción.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON FRANCISCO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁL ES EL GRADO DE
CUMPLIMIENTO POR EL GOBIERNO DE LA MOCIÓN APROBADA POR EL PLENO DEL
CONGRESO EL DÍA 2 DE MARZO DE 1988 SOBRE MEDIDAS PARA SOLUCIONAR LA
SITUACIÓN DE FERROL Y SU COMARCA, EN LO REFERIDO A SERVICIOS
FERROVIARIOS DE VIAJEROS Y MERCANCÍAS, PROPUESTA DE RONDA DE
CIRCUNVALACIÓN SUR-OESTE DE PERLIO-FENE Y ACELERACIÓN DE TRÁMITES
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOVÍA FENE-FERROL? (Número de expediente
180/001653)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
9, que contestará el señor ministro de Fomento, que formula don
Francisco Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto.
Señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, tengo la esperanza de que usted se acuerde del debate
sobre la situación de las infraestructuras en la comarca de Ferrol
que se puso en evidencia en relación con el desastre del As Pías.
Posteriormente, fue aprobada una moción por este Congreso de los
Diputados instando al Gobierno, de forma específica, a mantener los
servicios ferroviarios de viajeros que se habían instaurado en
relación con el desastre, a que se estudiase la propuesta de ronda de
circunvalación sur-oeste de Perlio-Fene y se acelerasen los trámites
para la construcción de la autovía Fene-Ferrol. ¿Cuál es el resultado
de estas instancias al Gobierno un año después de este debate?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
Señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoría, el puente de As Pías, como recordará S.S., fue reconstruido
en un tiempo récord y a partir de ese momento el Gobierno está
cumpliendo correctamente con lo que se establecía en la moción
aprobada por este Congreso de los Diputados. En su momento, en el
segundo turno de contestación a esta pregunta le podré dar cuenta más
detallada.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Señor ministro, solamente faltaba que no
construyesen el puente de As Pías. Pero, dejando eso aparte, un año
después le puedo asegurar que la situación del ferrocarril es
exactamente la misma que antes del desastre, no la misma que durante
o inmediatamente después del desastre. La opinión pública no sabe
cuándo se va a empezar a ejecutar la obra de acceso de la autovía
Fene-Ferrol y mucho menos lo que va a pasar con la ronda sur-oeste.
Yo creo que sería conveniente que el Gobierno del Estado español
considerase que no es la opinión pública de la comarca la que a lo
mejor se expresa a través de algunas instituciones que no es que sean
colaboradoras con el Gobierno, sino que son excesivamente
colaboracionistas en sus aspectos más negativos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
Señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoría, en lo que se refiere a la denominada ronda de circunvalación
sur-oeste de Perlio-Fene, la orden para la realización del estudio
informativo será posible una vez que se apruebe la revisión del Plan
general de ordenación urbana que incluya la ronda. Esta aprobación de
la revisión del plan corresponde al Ayuntamiento de Fene, que está
regentado por un alcalde del Bloque Nacionalista Galego. El
Ministerio de Fomento no tiene hasta este momento constancia de que
se haya producido la revisión del plan y mientras no se produzca,
señoría, el Ministerio de Fomento no puede emitir la orden de
estudio.
En segundo lugar, sobre el acceso norte a Ferrol, el proyecto de
tronco está ya hecho, asciende a un presupuesto de 18.295 millones de
pesetas y quedó aprobado por el Ministerio el pasado mes de
diciembre. En la actualidad, se está estudiando la manera más
conveniente de licitar las obras, para lo que se están llevando a
cabo las correspondientes conversaciones con la sociedad
concesionaria, Autopistas del Atlántico, con el fin de que el acceso
norte a Ferrol por Fene, Neda y Narón esté exento de peaje.
En cuanto a las actuaciones de índole ferroviaria, sabe que las
inversiones en infraestructuras ferroviarias son de muy lenta
ejecución, entre otras causas, porque hay que
mantener el tráfico mientras se realiza la nueva inversión. No
obstante, hay presupuestados 60.000 millones de pesetas para los
ferrocarriles en Galicia a través de dos convenios: el convenio que
tiene el Ministerio de Fomento con la Xunta de Galicia y el acuerdo
que tiene Renfe con la propia Xunta. Pues bien; en estos acuerdos hay
prevista una inversión importante para el llamado eje atlántico que
contempla, como es lógico, la conexión de Ferrol con Coruña por
ferrocarril. Añadiría más, señoría: después de la reconstrucción del
puente de As Pías y como consecuencia de ese acuerdo que permite a la
Xunta de Galicia financiar en parte el mantenimiento de un
ferrocarril que fue cerrado por el anterior Ministerio de Obras
Públicas...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señor presidente.
- DEL DIPUTADO DON FRANCISCO ARNAU NAVARRO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PARTICIPA EL MINISTRO DE SANIDAD
Y CONSUMO DEL OBJETIVO QUE HA TRAZADO EL CONSEJERO DE SANIDAD DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA DE EXTENDER EL MODELO ALZIRA A CADA HOSPITAL
PÚBLICO (Número de expediente 180/001663)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Preguntas que
contestará el señor ministro de Sanidad y Consumo. Pregunta número
18, que formula don Francisco Arnau Navarro, del Grupo Parlamentario
Socialista.
Señor Arnau.
El señor ARNAU NAVARRO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¿participa S.S. del objetivo que ha trazado el
consejero de Sanidad de la Comunidad Autónoma Valenciana de extender
el modelo Alzira a cada hospital público?
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Arnau.
Señor ministro de Sanidad y Consumo.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoría, ni el Ministerio de Sanidad ni el Insalud tienen propósito
alguno de utilizar la fórmula de las concesiones administrativas para
la gestión de centros hospitalarios en el ámbito de sus competencias.
Nuestra intención es la de seguir promoviendo las fórmulas de gestión
previstas en la Ley 15/1997 y, de modo cada vez más intenso, las
fundaciones públicas sanitarias.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
ministro.
Señor Arnau.
El señor ARNAU NAVARRO: Gracias, señor presidente.
Me alegra, señor ministro, esa contestación. Pero usted ha hecho
exactamente igual que hizo el consejero de Sanidad de la Comunidad
Autónoma Valenciana. Lo peor no es el modelo Alzira, lo peor son sus
reservas al respecto. El consejero de Sanidad, en una reunión con
militantes de su partido y dirigentes sanitarios, dijo que iba a
extender el modelo Alzira, pero, como usted ha hecho hoy, no es bueno
decirlo; no es bueno que nadie diga que va a haber Alziras por todas
partes. Aquí tengo la cita textual, señor ministro. Por tanto, no nos
creemos esas palabras, pese a que nos alegramos de que las haya
pronunciado.
Señor ministro, el modelo Alzira implica algo más que la
privatización de la gestión de un hospital público; implica, mediante
la técnica de la concesión administrativa, un traspaso de
competencias, una dejación de responsabilidades. Con el modelo Alzira
un servicio sanitario público pasa a formar parte de la cartera de
pedidos, entre otras, de unas empresas constructoras, de su política
empresarial, de diversificación de riesgos, que las lleva o bien a
construir una carretera, o unos apartamentos, o a operar una
apendicitis; es decir, el modelo Alzira se ha convertido en el
paradigma de la sanidad convertida en gran negocio.
Pero todavía hay más. Además de las reservas, además del
oscurantismo, además de que se dijo -y usted ha cumplido hoy
fielmente esas instrucciones- que no era conveniente decir que se iba
a extender el modelo Alzira, se justifica esta idea en que la sanidad
pública está deshumanizada.
Señor ministro de Sanidad, usted no es ajeno a estos abusos. En la
misma noticia que incluían las declaraciones del consejero de Sanidad
de la Comunidad Autónoma Valenciana se incluía otra en la que usted
se refería al sistema sanitario público, tachándolo de burocrático,
rígido y centralista. La Ley General de Sanidad contiene medios para
asegurar la eficacia de la gestión sin necesidad de mercantilizarla,
pero usted no cree en la Ley General de Sanidad, y si usted no está
de acuerdo con el Hospital de Alzira ni está de acuerdo con la Ley
General de Sanidad, ¿por qué no cumple sus funciones de alta
inspección, que las tiene, que aseguren que la maquinaria sanitaria
funcione en Granada, en Écija...?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana):
Muchas gracias, señor Arnau.
Señor ministro de Sanidad.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas
gracias, señor presidente.
Señor diputado, no tiene la menor seriedad este debate. Si usted
quiere debatir con lo que usted supone que creo yo, es muy libre de
hacerlo, pero eso no tiene ningún rigor ni ninguna seriedad, como si
yo hiciera lo contrario.
El modelo Alzira es una iniciativa de la Comunidad Valenciana que,
por cierto, la lleva a cabo al amparo de la legislación vigente, una
legislación que ustedes o han promovido o han apoyado, no es nada que
salga de la nada. Esto no es que lo diga yo, es que lo dice el
Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que ha corroborado esa
actuación de esa comunidad autónoma, y que creo que lo que menos
merece en esta Cámara -en el Parlamento de Valencia que discutan lo
que quieran- es el respeto institucional que nosotros le debemos.
Luego entra usted con esa cantinela que les gusta utilizar dando por
supuesto lo que ustedes quieren suponer, porque creen que eso les va
bien a sus planteamientos políticos, y tratan de engañar con eso a la
opinión pública. No lo consiguen, pero caen ustedes en sectarismo
transitorio. Si ustedes no fueran tan sectarios podrían pensar como
el señor García Vargas. Fíjese usted lo que decía el señor García
Vargas en relación con el sistema Alzira. Empieza diciendo con mucha
razón que resistirse a los cambios en el Sistema Nacional de Salud es
condenarlo al fracaso. Después García Vargas se declara partidario de
ensayar nuevos modelos de organización hospitalaria, y, en clara
alusión al Hospital de La Ribera, en Alzira, ha comentado que no se
pierde nada en ensayarlo y que siempre se puede sustituir por
fórmulas conocidas si no llegara a cuajar el ensayo. Eso lo dice el
señor García Vargas, que supongo que usted recuerda quién es.
Y eso del sistema burocrático no es que lo diga yo, es que lo dice el
señor Temes, que seguramente también le suena a usted. Para Temes el
consenso hay que buscarlo -dice un ejemplar del Diario Médico- en las
nuevas fórmulas de gestión que eliminen los lastres del sistema,
burocracia tensa y poca flexibilidad. Eso lo dice el señor Temes.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA JESÚS CELINDA SÁNCHEZ GARCÍA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ
ACTUACIONES ESTÁ DESARROLLANDO EL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO EN
RELACIÓN CON EL PROBLEMA DE LA ANOREXIA Y BULIMIA EN ESPAÑA? (Número
de expediente 180/001671)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
25, que formula doña Celinda Sánchez García, del Grupo Parlamentario
Popular.
Señora Sánchez García.
La señora SÁNCHEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, los problemas de la anorexia y bulimia han aumentado
en esta década de forma progresiva, afectando sobre todo a los
adolescentes y a los jóvenes españoles. Según datos ofrecidos por las
asociaciones relacionadas
con este tema, se contempla un incremento anual de un 15 por
ciento, y dan una cifra total de 500.000 afectados en unas edades
comprendidas entre los 12 y 25 años, con un porcentaje por cierto
altísimo de mujeres, un 95 por ciento. Estos datos ponen también de
manifiesto que de cada cien personas que lo padecen treinta no se
recuperan, y el resto, una vez superada la fase aguda, arrastran unas
secuelas físicas o psíquicas de imprevisibles consecuencias y, lo más
triste, señor ministro, es que de cada diez jóvenes que lo padecen
diez mueren por ello.
Los estudios aportados a la opinión pública sobre este tema por
algunas universidades españolas dan unos perfiles de estas personas
como muy inteligentes, sensibles, e incluso rayando el
perfeccionismo, que seguramente ese perfeccionismo es lo que les
lleva a mimetizar cánones y estereotipos de belleza amorfa y
famélica, que la publicidad y la moda se empeñan en destacar como
paradigma de la perfección, y que todos nosotros sabemos está muy
lejos de la realidad.
Esto, que hace años incluso podría servir de comentarios frívolos por
entender que estas pautas eran más lógicas en los países deprimidos
que en una sociedad desarrollada como la nuestra, y por ello no se
aportaron soluciones al respecto, hoy nos hace estar aquí hablando de
auténticos dramas personales y familiares. Resulta dramático no sólo
para quien lo padece, sino que entra dentro del entorno familiar que
ven el deterioro progresivo de sus hijos sin que puedan hacer mucho
para evitarlo, ya que sabe perfectamente que estas alteraciones no
son fáciles de detectar ni para los que conviven día a día con ellos.
Por ello, cuando se diagnostica ya están en una fase avanzada con las
consiguientes secuelas a las que me he referido anteriormente.
Incluso sus estudios y su trabajo también se ven resentidos.
Por tanto, nos encontramos ante un problema, que además de al
afectado y su entorno, nos afecta y nos incumbe a toda la sociedad.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
El señor ministro conoce la formulación exacta de la pregunta. Su
señoría tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas
gracias, señor presidente.
Efectivamente, señoría, tanto la anorexia como la bulimia constituyen
un problema complejo, multicausal, que ha ido en aumento en los
últimos años. Es preocupante, y su abordaje debe ser
pluridisciplinar, incluyendo actuaciones tanto en el campo educativo,
como en el sanitario y en el social. Trabajamos en su prevención y
asistencia. En 1998 hemos transferido 375 millones a las comunidades
autónomas, y en 1999 repetimos la cifra, para actuaciones frente a
las enfermedades emergentes, entre las que consideramos prioritarias
las actividades formativas en anorexia y bulimia.
En el campo asistencial se están potenciando los servicios clínicos
implicados en el tratamiento de estos trastornos.En el bienio 1997-
1998 se han puesto en marcha unidades
de hospitalización de agudos en los hospitales de El Bierzo, Alcalá
de Henares y Móstoles, en Madrid, y en 1999 se pondrán en marcha
otras nuevas unidades en los hospitales de Huesca, Albacete y el
Rossell, de Murcia. Además, se ha ampliado la capacidad de las
unidades existentes en los hospitales de La Princesa y Puerta de
Hierro de Madrid.
En el ámbito de los denominados productos milagro se ha procedido a
la retirada de 33 productos relacionados con el adelgazamiento, las
dietas milagrosas, o la modificación de las indicaciones de uso con
las que se estaban comercializando. En relación con lo que pudieran
ser factores de riesgo del desarrollo de estas patologías, como son
la moda o la transmisión a través de la publicidad de una imagen
personal, que ensalza y transmite un ideal de extremada delgadez,
cuya imitación puede en algunos casos relacionarse directamente con
la aparición de problemas nutricionales, el Instituto Nacional de
Consumo firmó el pasado 13 de enero un convenio de colaboración con
la Asociación de Autocontrol de la Publicidad en la búsqueda de
acuerdos de autocontrol publicitario, que desde un planteamiento
positivo reconduzcan estas situaciones.
Adicionalmente, y para valorar otras posibles iniciativas, el
Ministerio ha convocado el próximo día 26 de marzo un grupo de
trabajo en el que participarán expertos del Instituto de la Juventud,
Nacional del Consumo, sociedades españolas de Psiquiatría y
Pediatría, Federación Española de Empresas de la Confección,
asociaciones de la Anorexia y Bulimia, de Autocontrol de la
Publicidad, Española de Anunciantes, Española de Agencias de Modelos,
y el Consejo Nacional de Consumidores y Usuarios. A partir de todo
este trabajo y de toda esta información trataremos de ver las
iniciativas adicionales que conviene adoptar en este campo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON CÉSAR VILLALÓN RICO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁL ES LA POSICIÓN
DEL GOBIERNO EN RELACIÓN A QUE SE INCLUYA ENTRE LAS PRESTACIONES
SANITARIAS LA CIRUGÍA DE CAMBIO DE SEXO PARA LOS TRANSEXUALES?
(Número de expediente 180/001672)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
26 que formula don César Villalón Rico, del Grupo Parlamentario
Popular.
Señor Villalón.
El señor VILLALÓN RICO: Muchas gracias, señor presidente. Señor
ministro de Sanidad y Consumo, a lo largo de las últimas semanas
hemos tenido oportunidad de asistir a un amplio debate sobre política
sanitaria, pero este debate
se ha referido a la gestión. Siendo un tema interesante e importante
dentro de lo que es la política sanitaria, y siendo también un tema
muy técnico y algunas veces difícil de debatir y de explicar, no creo
equivocarme, señor ministro, al indicar que la preocupación social se
centra más en las prestaciones sanitarias que proporciona el Sistema
Nacional de Salud.
Desde el Grupo Popular anunciamos hace algún tiempo que sería de
interés un debate sobre la equidad y la calidad asistencial, así como
la eficiente utilización de los recursos de que disponemos para la
atención sanitaria que, como todos sabemos, son limitados, y la
eficiente utilización de los mismos para proporcionar unas buenas
prestaciones sanitarias. Por otra parte, el Partido Popular, fiel a
su compromiso de ser receptivo a las iniciativas y preocupaciones de
la sociedad, atiende en estos momentos a un sector que está
demandando que la cirugía de cambio de sexo se pueda realizar a los
transexuales en los hospitales públicos. En virtud de esta demanda,
todos somos conscientes, y hemos leído a través de los diferentes
medios de comunicación, que hay un amplio debate social sobre lo que
pueden ser las prioridades en el gasto en relación con las nuevas
prestaciones. Mientras hay un sector, como decía antes, que demanda
ese tipo de asistencia sanitaria, hay otros sectores de la sociedad
que consideran de más importancia que se inicien otro tipo de
prestaciones sanitarias, como, por ejemplo, la asistencia a la salud
bucodental desde el punto de vista integral, la balneoterapia,
o cualquier otro tipo de asistencia para los crónicos que en este
momento no se presta por parte del Sistema Nacional de Salud.
Por eso, señor ministro, atendiendo a lo que indica el anexo 3 del
decreto de prestaciones, atendiendo a los acuerdos de la subcomisión
sobre fondos específicos para financiar nuevas prestaciones, y
atendiendo al interés general de los ciudadanos, le formulo la
siguiente pregunta: ¿Cuál es la posición del Gobierno en relación a
que se incluya entre las prestaciones sanitarias la cirugía de cambio
de sexo para los transexuales? Nada más, muchas gracias, señor
presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Villalón.
Señor Ministro de Sanidad y Consumo.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas
gracias, señor presidente.
Señor diputado, la cirugía de cambio de sexo para estados
intersexuales patológicos, y espero ampliar esta información al
contestar a la siguiente pregunta, es una prestación que está
ofreciendo el Sistema Nacional de Salud de conformidad con el Real
Decreto 63/1995, que establece las prestaciones básicas comunes que
ofertan los centros e instituciones sanitarias públicas financiados
con fondos estatales adscritos a la sanidad. Este real decreto fue
sometido a todas las comunidades autónomas en el pleno del Consejo
Interterritorial, celebrado el 25 de abril de 1994. Todos los
consejeros valoraron positivamente esta iniciativa, con independencia
de posiciones políticas o de que se
produjeran aportaciones puntuales que en ninguna medida desvirtuaban
el consenso alcanzado. Las iniciativas unilaterales que rompan este
consenso en un tema de tanto calado como el que se está planteando,
suponen una actuación política de difícil justificación, por no
calificarla de demagógica, máxime cuando afecta a una prestación que
ya se está ofertando en los términos más adecuados y regulados, de
acuerdo con la evidencia y los conocimientos científicos disponibles.
Si lo que se pretende es una ampliación de prestaciones dirigidas a
posibilitar el cambio de sexo a cualquier individuo que lo solicite,
con independencia de la necesidad o justificación médica objetiva, no
podrán olvidarse otras carencias del Sistema Nacional de Salud,
sanitaria y socialmente prioritarias, a nuestro juicio, como es la
extensión de la salud bucodental o la atención a los pacientes
psiquiátricos crónicos.
Una vez planteada la cuestión en estos términos, la posición del
Gobierno es, en primer término, reiterar que la cirugía de cambio de
sexo, para los estados que le he señalado, constituye una prestación
que está ofertándose en el Sistema Nacional de Salud. En segundo
lugar, quiero señalar que el foro adecuado para analizar el contenido
y alcance actual de esta prestación es el Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud, y que al analizarse la prioridad
sanitaria y social de modificar el alcance de esta prestación no
podrán desconocerse las limitaciones presupuestarias y las
necesidades actualmente no cubiertas, y en especial las que afectan a
grupos sociales menos protegidos o de riesgo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA BLANCA FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PUEDE
EXPLICAR EL SEÑOR MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO CÓMO SE ESTÁ
OFERTANDO EN LA PRÁCTICA EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD LA
PRESTACIÓN DE CIRUGÍA DE CAMBIO DE SEXO EN LOS ESTADOS INTERSEXUALES
PATOLÓGICOS, DE ACUERDO CON EL REAL DECRETO 63/1995, DE ORDENACIÓN DE
PRESTACIONES SANITARIAS? (Número de expediente 180/001673)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
27, que contestará el señor ministro de Sanidad y Consumo, y que
formula doña Blanca Fernández de Capel, del Grupo Parlamentario
Popular.
Señora Fernández de Capel.
La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Gracias, señor presidente.
Señor ministro de Sanidad y Consumo, evidentemente como ha dicho el
anterior interpelante, se habla mucho en
estos días en los medios de comunicación y en diferentes ámbitos de
los problemas ocasionados por errores que pueden ser congénitos o
genéticos. Como SS.SS. saben, no es lo mismo un error congénito, que
se produce a lo largo del desarrollo embrionario fetal, o un error
genético, que se produce a través de la propia información genética
del ser en curso, y estos errores a menudo dan lugar a una serie de
patologías del sexo. A veces, desde los medios de comunicación
observamos con consternación que se habla de estos temas con absoluta
frivolidad, sin ningún rigor, sin el rigor y el respeto adecuado que
cualquier patología necesita. Se frivoliza mucho, se habla en un tono
anecdótico, y esto, sin lugar a dudas, señorías, hace que un tema tan
cruel y tan duro para las personas que sufren esta patología sea
abordado desde la sociedad muchas veces con una visión distorsionada
de la situación.
Como cualquier otra patología, la patología intersexual, las
patologías que padecen quienes a través de su desarrollo embrionario
o a través de un error genético sufren una anomalía del sexo, que
ocasiona graves disfunciones sociales, graves estados psicológicos y
a veces hasta psiquiátricos, debe abordarse con el respeto más
absoluto, con toda la eficacia médica posible y con el rigor más
estricto al que el mundo de la sanidad siempre se presta cuando se
enfrenta a un problema o a una patología. Por ello, le formulo la
siguiente pregunta: ¿Puede explicar el señor ministro de Sanidad y
Consumo cómo se está ofertando en la práctica en el Sistema Nacional
de Salud la prestación de la cirugía de cambio de sexo en los estados
intersexuales patológicos, de acuerdo con el Real Decreto 63/1995, de
ordenación de las prestaciones sanitarias?
Muchas gracias, señor ministro.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Fernández de Capel.
Señor ministro de Sanidad y Consumo.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas
gracias, señor presidente.
Efectivamente, como acabo de decir al diputado anterior, el Real
Decreto de ordenación de prestaciones sanitarias incluye la cirugía
de cambio de sexo para los estados intersexuales patológicos. Para
conocer cómo se está ofertando en la práctica esta prestación en el
Sistema Nacional de Salud, lo más adecuado es acudir a la base de
datos del conjunto mínimo básico de datos del sistema. A partir de
esta información puede asegurarse que la prestación prevista en el
citado real decreto, incluida dentro del epígrafe Cirugía de cambio
de sexo para estados intersexuales patológicos, se está ofertando con
toda normalidad en el Sistema Nacional de Salud. En concreto, y para
ser más explícito, puedo indicar a S.S. que durante 1997 se
atendieron en el sistema a 976 pacientes que presentaban los
siguientes diagnósticos: síndrome de Nonne y otras anomalías
específicas, 616; disgenesia gonadal y síndrome de Turner, 176;
síndrome de Klinefelter, 104; hermafroditismo y pseudohermafroditismo
congénitos, 51; pseudohermafroditismos no congénitos, 185; trastornos
de identidad sexual y transexualidad, 29. Como es lógico, la suma de
diagnósticos no es igual al número de pacientes atendidos, dado que
un paciente puede presentar más de una patología.
En todos los casos se ha prestado una asistencia sanitaria integral y
se han detectado todos los procedimientos diagnósticos y terapéuticos
que cada caso requería. En concreto, y por referirme únicamente a
intervenciones quirúrgicas relacionadas directamente con la situación
anatomopatológica de los pacientes, en 16 casos se han efectuado
operaciones de construcción y reconstrucción del aparato genital, en
tres ocasiones se han realizado operaciones de extirpación de ovarios
y en un caso se ha practicado una mastectomía. Además se han
realizado dos operaciones de corrección de sexo en pacientes
afectados por trastornos de identidad sexual y transexualismo, siendo
una de ellas una transformación completa de sexo y la otra una
mamoplastia de reducción bilateral.
En conclusión, el Sistema Nacional de Salud viene ofertando la
cirugía de cambio de sexo, la cirugía correctora necesaria, en
aquellos supuestos previstos en nuestro ordenamiento sanitario y en
concreto en los pacientes afectados por estados intersexuales
patológicos, en los que, una vez efectuados los estudios necesarios,
se ha evidenciado que existía una necesidad objetiva por patologías
físicas definidas y/o por sus consecuencias patológicas y físicas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON FRANCISCO MIGUEL FERNÁNDEZ MARUGÁN, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA Y
ENERGÍA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO: ¿POR QUÉ NO DECLARÓ USTED, EN EL
REGISTRO DE ACTIVIDADES DE ALTOS CARGOS, SU CARGO EN LORETO
CONSULTING, EMPRESA DEDICADA AL ASESORAMIENTO Y LA CONSULTORÍA?
(Número de expediente 180/001659)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Preguntas que
contestará el señor ministro de Industria y Energía.
Pregunta número 14, que formula don Francisco Fernández Marugán, del
Grupo Parlamentario Socialista.
Señor Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señor presidente, señor Piqué, desde que
en esta Cámara se habló por primera vez de Loreto Consulting han
pasado ya 57 días. En este tiempo, en lugar de aclarar la situación
de esta empresa, todo su afán ha sido ocultar al Congreso que es
usted su dueño y que la empresa está y continúa viva y activa. Sólo
ha dicho, fuera de aquí, que utilizó su empresa multiuso para
completar su sueldo cuando era presidente de Ercros y que a través de
ella, desde hace tiempo, viene optimizando sus impuestos.
Pasando de lo ético a lo irregular, ¿por qué no aclara la razón por
la que no declaró en el registro de actividades su cargo en Loreto
Consulting?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Fernández Marugán.
Señor ministro de Industria y Energía.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA (Piqué i Camps): Muchas
gracias, señor presidente.
Al margen de mi absoluta tranquilidad de conciencia en cuanto a mis
actividades privadas y mi relación con la Hacienda pública, tengo que
decir que no declaré mi cargo en Loreto Consulting porque en el
momento de hacer la declaración de actividades de altos cargos a
través del registro no tenía ningún cargo en dicha empresa.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Señor Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señor presidente, señor Piqué, desde
1995, y sobre todo a partir de 1996, las únicas inyecciones
financieras destacables de Loreto Consulting proceden de usted y son
importantes, pues se acercan a los 100 millones de pesetas. Superan
con mucho las ventas ordinarias de la compañía, la cuantía de
cualquier enajenación patrimonial y mucho más, desde luego, el sueldo
de cualquier ministro. Esas aportaciones existen y vienen de otro
lado; se han dedicado a la capitalización de la empresa y al pago de
sus deudas. En ese sentido, habiéndose adoptado por el Miner
decisiones por las que se le han condonado a Ercros 7.000 millones de
pesetas en deudas con organismos públicos, sería grave que existiera
la sospecha de que esas aportaciones que usted ha recibido y que por
otra parte le ha hecho a Loreto Consulting pueden proceder en todo o
en parte de Ercros.
Señor Piqué, ni ha declarado todas las actividades ni todos los
bienes y derechos, y usted lo sabe. Aclare aquí el origen de esas
aportaciones con transparencia, sin escudarse más en el silencio y
sin recurrir a subterfugios como la carta al presidente del Congreso.
(Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Fernández Marugán.
Señor ministro de Industria.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA (Piqué i Camps): Gracias,
señor presidente.
Después de este tema tan apasionante para los ciudadanos que acaba de
plantear S.S. (Rumores.), tengo que decirle que he declarado
absolutamente todo, que tengo -lo reitero de nuevo- absoluta
tranquilidad de conciencia respecto al cumplimiento de mis deberes
ciudadanos y fiscales y le ruego, por lo tanto, que disipe todas sus
sospechas respecto al tema, por ejemplo, que ha planteado de la,
entre comillas, porque usted sabe que no lo es, condonación del
crédito a Ercros, porque eso fue suficiente y ampliamente explicado
en mi comparecencia voluntaria
ante la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados el pasado
mes de enero. Le ruego que la vuelva a leer.
Muchísimas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA TERESA CUNILLERA I MESTRES, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CREE EL GOBIERNO
QUE SU POLÍTICA DE SUBVENCIONES A PROGRAMAS DE REACTIVACIÓN DE
COMARCAS MINERAS COLABORA A LA MEJORA DE LA ORDENACIÓN DEL SECTOR
PORCINO ESPAÑOL? (Número de expediente 180/001660)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
15 que formula doña Teresa Cunillera i Mestres, del Grupo
Parlamentario Socialista.
Señora Cunillera.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Gracias, señor presidente.
Espero, señor ministro, que mi pregunta le merezca la consideración
de importante para los ciudadanos españoles.
¿Cree que su política de subvenciones a programas de reactivación de
comarcas mineras colabora a la mejora de la ordenación del sector
porcino español?
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Cunillera.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA (Piqué i Camps): Muchas
gracias, señor presidente.
Las subvenciones que concede el Instituto para la Reestructuración de
la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas
Mineras se hacen en el marco de una orden ministerial, que es del 6
de marzo de 1998, y van dirigidas a generar actividades económicas
alternativas a la minería del carbón. Por lo tanto, pueden ser objeto
de ayudas todos aquellos proyectos que sean susceptibles de
recibirlas en los términos de los apartados 3.º, 4.º y 5.º de dicha
orden ministerial.
De acuerdo con lo expuesto, evidentemente no es objetivo del
Instituto la ordenación de ningún sector de la actividad económica.
Como es lógico, tampoco sus actuaciones pueden entrar en colisión con
el ordenamiento jurídico, incluida la ordenación de cualquier sector
de la actividad económica. El proyecto al que se refiere la pregunta
entiendo que es el más importante de los que en el pasado año se han
presentado al Programa de desarrollo alternativo de las comarcas
mineras, y especialmente importante desde el punto de vista de la
creación de empleo en una zona minera muy afectada. De hecho, incluso
el Ayuntamiento de Guardo tiene más de 100 solicitudes
de jóvenes solicitando los puestos de trabajo comprometidos
por el proyecto. Merecía desde luego la consideración de la comisión
de evaluación correspondiente, que existe -se lo recuerdo- sólo desde
la entrada de este Gobierno, porque anteriormente no existía.
Evidentemente, el acuerdo tiene que estar condicionado al
cumplimiento, y a partir de la solicitud de información por parte de
los servicios de la Comisión Europea, en cuanto a que pudiera afectar
a la normativa comunitaria, aunque entendiendo que eso ha sido
plenamente cubierto. Esta decisión ha quedado en suspenso hasta que
haya un resultado, pero todos tenemos que ser conscientes de la
necesidad de atender, por una parte, la normativa comunitaria, que es
evidente, pero por otra tener en cuenta también los intereses de las
zonas tan castigadas por la reestructuración de la minería del
carbón.
Muchas gracias, señoría.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Señora Cunillera.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Gracias, señor Presidente; pues sí,
señor ministro, hablamos de la misma subvención.
Usted ha propuesto una subvención para una empresa que se va a
destinar a 10 centros dedicados a cría de cerdas madres. Usted sabe
-por eso la ha paralizado- que esa subvención es ilegal. Lo dice la
legislación europea, lo dice el real decreto del Ministerio de
Agricultura de febrero de 1996, que taxativamente prohíbe la
concesión de ayudas a la inversión que produzca un aumento del número
de plazas de cerdos. Esa subvención se ha parado porque salió
publicada en la prensa y porque la ministra de Agricultura dijo
públicamente que ella ya había informado desde su departamento de que
había ese riesgo de ilegalidad.
Señor ministro, el sector minero seguramente tiene muchas
necesidades, pero el sector porcino español tiene, como mínimo, las
mismas. Cualquier persona que conozca mínimamente cómo está en este
momento el sector porcino español, la gravedad de la situación
económica, y repasara el listado de las subvenciones que ustedes han
otorgado, se quedaría un poco sorprendida. Esas subvenciones para el
año 1998, como máximo, son del 20 por ciento, alguna llega al 30 por
ciento, pero curiosamente la empresa Castileón llega al 50 por
ciento. Es la única empresa que llega al 50 por ciento. Es un dato
curioso, como curioso es que usted ponga como excusa que eso se va a
dedicar a I+D y protección medioambiental. Me dirá usted, señor
ministro, I+D y protección medioambiental, ¿las granjas de ceros van
a hacer cerdos, sí o no? (Risas.) ¿Va a haber carne de cerdo en el
mercado, sí o no? Esta mañana, por la prensa local de Lleida y por la
prensa nacional, nos enteramos de que hay otra subvención de 16,5
millones de pesetas para Granjas del Segre, S.L., para construir una
granja de 5.000 cerdos de engorde. Esa es mucha más producción de
carne de cerdo en el mercado. Y ahí está la gravedad de ese tema. El
mismo día que se publicaba lasubvención de Castileón, en la prensa de
Lleida se publicaba
que sólo en los dos primeros meses de este año Lleida ha perdido
3.000 millones de pesetas por la crisis del sector porcino. El precio
no ha hecho más que bajar. Hay muchos, cantidad de ganaderos pequeños
y medianos, ganaderos independientes, que van a tener que cerrar.
Ustedes no han destinado medidas coherentes para salvar el sector
porcino español y yo le aconsejaría que pensara más en el beneficio
del sector porcino español que en el de sus amigos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Cunillera.
Señor ministro de Industria.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA (Piqué i Camps): Muchas
gracias, señor presidente.
Le agradezco a S.S. la información que me da. No forma parte de mis
responsabilidades atender al sector porcino, pero entiendo que todos
debemos mostrar la máxima sensibilidad hacia un sector que puede
estar pasando por dificultades. Lo único que le puedo decir es que la
comisión de evaluación del pasado 28 de diciembre consideró que el
proyecto cumple no sólo con las condiciones exigidas por la orden que
regula la concesión de las ayudas, sino también con la normativa
comunitaria. Y a partir de ahí, si al final hay que corregir alguna
cosa, la corregiremos pero le aseguro que en ningún momento hay
ninguna otra intención que no sea ayudar a la reconversión de las
comarcas mineras.
Gracias, señoría. (El señor Alcalde Sánchez pronuncia palabras que no
se perciben.- La señora Cunillera i Mestres: No me cuentes tu vida
que ya me la sé.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ministro.
Señorías, les ruego silencio.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA AMPARO VALCARCE GARCÍA, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ INVERSIONES SE
HAN REALIZADO PARA LA FORMACIÓN EN LAS CUENCAS MINERAS CON CARGO
A LOS FONDOS DEL PLAN DEL CARBÓN EN EL AÑO 1998? (Número de expediente
180/001661)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
16, que formula doña Amparo Valcarce García, del Grupo Parlamentario
Socialista.
Señora Valcarce.
La señora VALCARCE GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señor Piqué, ¿qué inversiones de formación se han llevado a cabo en
las cuencas mineras con cargo al plan del carbón en el año 1998?
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA (Piqué i Camps): Muchas
gracias, señor presidente.
Inversiones, ninguna.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Señora Valcarce.
La señora VALCARCE GARCÍA: Señor presidente, señor Piqué, en primer
lugar, quiero agradecerle su sinceridad. Es cierto que en 1998 no se
ha invertido ni una sola peseta en las cuencas mineras dentro del
contexto del Plan del carbón y dentro del contexto del Plan de
formación en las cuencas mineras. Es muy lamentable, señor ministro,
que el Plan del carbón, que contempla, como una de las medidas
esenciales, una medida de acompañamiento en la que está previsto que
a lo largo de ocho años se inviertan 40.000 millones de pesetas para
becas y en un plan de formación para el empleo, sin embargo este
Gobierno no haya tenido a bien invertir ni una sola peseta en el año
1998. Usted, señor ministro, ha reconocido hoy aquí que la situación
en las cuencas mineras es gravísima, y ciertamente lo es. Es
gravísima porque la situación a la que nos ha llevado el Plan del
carbón que usted ha promovido es que sólo se ha cumplido una medida,
que es la pérdida de puestos de trabajo y, señor ministro, esta
pérdida de puestos de trabajo supone un paro en las cuencas mineras
del 31 por ciento. Pero a los jóvenes demandantes de empleo les
afecta en un 54 por ciento, y usted está negándoles becas a los
estudiantes de las cuencas mineras, y usted está negándoles esa
formación esencial para el empleo. Señor ministro, es gravísimo que
del dinero previsto, de esos 40.000 millones de pesetas, los 5.000
millones que tenían que haberse invertido en el año 1998, el Gobierno
sólo haya librado 1.000 millones para una fundación. Por lo tanto,
nos encontramos con otra situación gravísima, y es que del dinero de
la formación para las cuencas mineras ustedes privatizan su gestión y
esa privatización nos va a costar 1.000 millones de pesetas y además
lo dejan en manos de una empresa que ni siquiera ha abierto una
oficina en las cuencas mineras. Señor ministro, le pido en nombre de
todas las personas que están gravemente afectadas, como usted ha
reconocido, una reconsideración y que se garantice plenamente que los
40.000 millones previstos irán a las cuencas mineras e irán para
becas y para formación para el empleo.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Valcarce.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA (Piqué i Camps): Gracias,
señor presidente.
Ya que S.S. me ha pedido a mí determinadas cosas, yo le pediría
también, como representante de la soberanía popular, rigor. Y le
solicitaría rigor porque en el Plan de formación nunca se ha hablado
de inversiones, sino de un programa de becas y ayudas, y eso se está
poniendo en marcha. Hay una fundación, autorizada por el acuerdo del
Consejo de Ministros del pasado 31 de julio, que se constituyó con
una dotación fundacional, como usted dice bien, de 1.000 millones de
pesetas, pero la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, de
acuerdo con las decisiones del patronato de dicha fundación, ha
puesto ya a disposición de esta fundación 4.000 millones de pesetas
en el ejercicio de 1998, que se destinarán al programa de becas
correspondiente al curso 1998-1999. Se han convocado ya esas becas de
ayudas. Está el procedimiento de evaluación de solicitudes en
trámite. Hoy mismo hay una reunión del patronato, y esperamos que
este tema marche correctamente. En este primer programa se han
convocado 1.400 becas para estudios de formación reglada, 700 becas
para estudios universitarios y postuniversitarios y 170 becas para
estudios en el extranjero. Se han recibido 7.400 solicitudes, además
de la realización de acciones de formación de las cuales hay más de
1.700 que proceden de más de 160 instituciones. Una vez adjudicadas
las becas y ayudas de esta primera convocatoria, la SEPI procederá a
dotar a la fundación de otros 5.000 millones de pesetas para el
lanzamiento de la convocatoria correspondiente al año 1999 para
ejecutar a lo largo del curso 1999-2000. Por tanto, se irán
cumpliendo todos los compromisos de aquí a la finalización del plan.
Celebro que haya hecho usted referencia a la situación grave y
complicada de las cuencas mineras, celebro que haya hecho referencia
a eso. Efectivamente, la situación grave y complicada con la que nos
encontramos al entrar en este Gobierno en las comarcas mineras exigía
la puesta en marcha del plan más ambicioso de reestructuración y de
diversificación de la actividad económica en las comarcas mineras que
nunca ningún Gobierno de España haya puesto en marcha. (Rumores.)
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JUAN PEDRO HERNÁNDEZ MOLTÓ, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿DECIDE EL GOBIERNO
CONJUNTAMENTE CON EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EL DESTINO DE LAS
SUBVENCIONES PÚBLICAS? (Número de expediente 180/001662)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, les
ruego silencio.
Pregunta número 17, que formula don Juan Pedro Hernández Moltó, del
Grupo Parlamentario Socialista.
Señor Hernández Moltó.
El señor HERNÁNDEZ MOLTÓ: Muchas gracias, señor presidente.
Muy buenas tardes, señor ministro. Hace tan sólo unas fechas
escuchábamos unas declaraciones de un destacado dirigente de su grupo
parlamentario que nos preocuparon y que tenían que ver con la
justificación de una subvención de lo que se ha dado en llamar ya la
piedra angular de su política industrial: la subvención a las piaras
de cerdos en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Digo que nos
preocuparon porque ponían de manifiesto que el Partido Popular tenía
que ver en alguna de las etapas de concesión de subvenciones públicas
de su Ministerio. Por eso le hacemos la pregunta: ¿Qué opina el
Gobierno sobre esta intromisión del Grupo Parlamentario Popular en
las decisiones que teóricamente debían afectar exclusivamente al
Gobierno de España?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Hernández Moltó.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA (Piqué i Camps): Gracias,
señor presidente.
El Gobierno no opina nada porque nunca ha habido ninguna intromisión.
(Rumores.-Aplausos.)
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Señor Hernández Moltó.
El señor HERNÁNDEZ MOLTÓ: Muchas gracias, señor ministro.
No le hacía esta pregunta a humo de pajas, se la hacía acompañado de
una transcripción literal de las declaraciones de ese destacado
dirigente, en las que a la pregunta de qué razones había para
justificar la subvención a la ganadería porcina en la reconversión de
las industrias mineras decía textualmente: Mi grupo y el Ministerio
pidieron los informes correspondientes para ver si efectivamente se
podía encajar un proyecto de esta naturaleza. Se ha dado lugar a esa
interpretación. Que conste que son declaraciones textuales de un
representante del Partido Popular y que no dejan lugar a dudas: el
grupo y el Ministerio, al alimón, deciden otorgar subvenciones.
Señor ministro, tampoco es extraño. A cualquier inteligencia mediana
no se le escapa que usted solo no pudo tomar esas decisiones.
(Rumores.) Es evidente que en decisiones que afectan a la Comunidad
Autónoma de Asturias, sector Cascos, aquellas que tienen mucho que
ver con los amigos, con los médicos personales del señor Cascos, con
el vicepresidente del señor Aznar en la Comunidad Autónoma de
Castilla y León, algo habrá tenido usted de presión para tomarlas.
Usted tiene hoy aquí varias posibilidades: una, desmentir las
declaraciones de su grupo, dejándolo una vez más en evidencia; dos,
permitir que se investigue, no en una subcomisión donde se esconda
sino en una comisión donde podamos averiguarlo, y tres, asumir lo que
casi todo el mundo supone: que el Partido
Popular tiene que ver en la política de su Ministerio. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA (Piqué i Camps): Muchas
gracias, señor presidente.
A la vista de las informaciones periodísticas -no tengo confirmación
directa-, celebro que el Grupo Socialista haya cambiado de opinión y
participe en la subcomisión de análisis de la política de ayudas del
Ministerio de Industria porque, sin duda, esta y otras muchas cosas
van a poder ser aclaradas. Entendería sus críticas si, por ejemplo,
me dijera que de la política de ayudas del Ministerio de Industria el
importe no figuraba en los Presupuestos Generales del Estado, que no
habían sido notificadas a la Unión Europea, que no existía una
fiscalización previa de la Intervención delegada, que no había habido
un procedimiento de concurrencia ni comparación entre los distintos
proyectos (Rumores.), que se evaluaba individualmente sin comparación
y sin plazos, y todo ello sin entrar en el análisis de fondo que es
la eficacia de esas ayudas en términos de inversión y en términos de
empleo. Pues bien, le tengo que decir que eso pasaba antes y ahora
no. (Aplausos.- Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ JUAN GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ
ACTUACIONES HA IMPULSADO EL GOBIERNO DESDE EL 10 DE NOVIEMBRE DE 1998
PARA DESARROLLAR UNA NUEVA ORIENTACIÓN CONSENSUADA, DINÁMICA Y
FLEXIBLE DE LA POLÍTICA PENITENCIARIA DE LA FORMA QUE MEJOR PROPICIE
EL FIN DE LA VIOLENCIA? (Número de expediente 180/001652)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
8, que contestará el señor ministro de Interior y que formula don
José Juan González de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJPNV).
Señor González de Txabarri.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, hace tres meses, concretamente el 10 de noviembre de
1998, esta Cámara aceptó una moción y en uno de los puntos,
concretamente en el tercero, se instaba al Gobierno a desarrollar una
nueva política penitenciaria, dinámica, flexible y consensuada para
mejor propiciar el fin de la violencia. Queríamos conocer, señor
presidente, el grado de cumplimiento de ese punto de la moción.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor González de Txabarri.
Señor ministro de Interior.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Muchas gracias, señor
presidente.
Señoría, las actuaciones penitenciarias, desde esa fecha, podemos
concretarlas en las siguientes. Se han producido 21 traslados de
internos en acercamientos; 11 traslados a centros penitenciarios del
País Vasco, por razones familiares o sanitarias; seis progresiones a
tercer grado y ocho excarcelaciones en libertad condicional. (El
señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor González de Txabarri.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Muchas gracias, señor
presidente.
Está claro, señor ministro, que usted sigue en sus trece y sin mayor
propósito de enmienda. Nosotros entendemos que con esos movimientos
no se está cumpliendo esa moción que se aprobó por unanimidad en esta
Cámara. Por seguir con la misma terminología que ha usado el Grupo
Popular esta mañana en el Parlamento vasco, queremos decirle que esa
es la política penitenciaria del frente nacional. Usted no cuenta con
el acuerdo y con el consenso de los siete grupos de esta Cámara.
Podríamos formularlo de otra manera: ¿con qué apoyos cuenta para
aplicar esta política penitenciaria? Es bien cierto, por los datos
que usted aporta, que no está en tregua, señor ministro. No está en
tregua policial ni en tregua penitenciaria ni en tregua mediática ni
en tregua ideológica ni en tregua electoral. Señor ministro, esto se
llama zafarrancho de combate. Tiene todos los frentes abiertos,
excepto el de la ley. Es precisamente esa ley que usted tanto invoca
como un profesor machaca la que no cumple. Usted tiene una ley
penitenciaria en vigor, una ley que tiene que cumplir, le guste o no
le guste, en lo que comparta y en lo que discrepe, y ciertamente es
bien razonable que aplicar la ley siempre es saludable en democracia.
Nosotros creemos, señor ministro, que usted no está buscando la paz,
como exige esta moción, en sus objetivos. Usted lo que está buscando
es la derrota del nacionalismo y, por ello, ha dinamitado
deliberadamente seis meses del proceso de paz. (Rumores.) Usted está
haciendo oídos sordos a las resoluciones aprobadas por el Parlamento
vasco, está incumpliendo las mociones aprobadas por unanimidad en
esta Cámara y se está saltando a la torera la ley penitenciaria. En
seis meses, señor ministro, ni un gesto humanitario ni un gesto de
distensión, y el objetivo para todos, señor ministro, es conseguir la
paz. Ojalá acertemos entre todos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González de Txabarri.
Señor ministro del Interior.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Muchas gracias, señor
presidente.
Después de escucharle no le oculto, señoría, que es verdad que es
difícil que su grupo político y el Gobierno coincidan en la política
penitenciaria ni, en general, en la política de pacificación, porque
el Gobierno a través de la política penitenciaria o de la
pacificación sólo busca la paz, la paz sin contrapartidas políticas,
la paz por la paz, y la política penitenciaria que defiende su grupo
se asienta y se fundamenta en una estrategia que busca objetivos
políticos diferentes de la paz y que están determinados por la
existencia y por el desarrollo de un frente nacionalista. Su política
penitenciaria está al servicio de los objetivos políticos del frente
nacionalista. Señoría, la paz exige autenticidad. Si usted estuviera
sólo buscando la paz, sin adjetivos, sólo la paz, nada más que la
paz, hoy no me estaría preguntando sobre política penitenciaria. Hoy
me estaría preguntando la forma y manera que tenemos todos los
diputados, todos los grupos, todas las instituciones y todos los
gobiernos para tratar de que el acoso, la coacción, la intimidación a
los concejales del Partido Socialista y del Partido Popular no se
produjese en el País Vasco, que eso sí que va contra la ley y contra
la paz, señoría. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE LA POLÍTICA DE
PRIVATIZACIONES DEL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL. (Número de expediente
172/000142)
El señor PRESIDENTE: Al haberse retirado las preguntas de los señores
Isasi y Madero y de las señoras Pérez Vega y Castro Masaveu, se
concluye así el punto IV del orden del día, preguntas orales, y
pasamos al punto V, interpelaciones urgentes, la primera de las
cuales es la formulada por el Grupo Parlamentario Socialista sobre la
política de privatizaciones del sector público empresarial.
Para la defensa de la misma, tiene la palabra el portavoz del Grupo
Socialista, don Luis Martínez Noval.
El señor MARTÍNEZ NOVAL: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, esta tarde el Grupo Parlamentario Socialista quiere
interpelarle sobre uno de los procesos económicos más importantes
vividos en España durante décadas. Se trata del proceso de
privatizaciones, que ustedes llamaron de modernización del sector
público empresarial, que otros denominaron de gran expropiación, que
otras opiniones calificaron de desamortización de los bienes de todos
los españoles; en definitiva, un proceso muy importante que ha
supuesto un cambio radical en la estructura económica de nuestro país
y, lo más importante, en la detentación del poder económico de
nuestro país.
Cuando accedieron al Gobierno, ustedes manifestaron que los
argumentos para llevar a cabo la privatización total del sector
público empresarial eran razones económicas,
razones técnicas. Hablaban de modernizar, y ese no es un argumento
más que técnico, no es un argumento político. Sin embargo, el tiempo
ha puesto de manifiesto, en razón de la experiencia vivida, que
ustedes privatizaron todo, absolutamente todo, o están en camino de
hacerlo, por razones ideológicas, y es en el propio congreso del
partido al que usted pertenece desde hace tan poco tiempo donde se
habla, incluso en las ponencias escritas, de que las razones para
privatizar el sector público empresarial español no son económicas
sino morales. Ahí es nada esa afirmación. Señor ministro, ustedes
decían, además, con razones menos políticas que técnicas, que lo que
querían era mejorar la eficiencia de todas esas empresas. Y al cabo
del tiempo, cuando una parte de esas empresas, las más importantes
sin duda, Tabacalera, Repsol, Telefónica, Argentaria, Endesa, ya
están privatizadas al cien por cien y podemos valorar en qué medida
ha significado un aumento de la eficiencia, nosotros podemos afirmar,
creo que con razones objetivas, que en modo alguno la privatización
de esas empresas ha conducido a la liberalización de esos sectores, a
la desmonopolización de esos sectores, a la desoligopolización de
esos sectores; en modo alguno, señor ministro. Incluso hemos asistido
a declaraciones un tanto desvergonzadas de presidentes o máximos
responsables de esas empresas que atribuyen a su gestión el que los
beneficios de esas empresas en este contexto hayan crecido muchos
puntos por encima del PIB nominal en estos dos últimos años. Y uno
piensa: ¡Estaría bueno que no hubiera sido así! En esas empresas, en
manos públicas hubiera ocurrido exactamente lo mismo, porque lo que
es evidente es que ese aumento de los beneficios no procede en modo
alguno de su gestión -no de la suya, de la de ellos-, sino
sencillamente de la coyuntura económica que estamos viviendo en estos
momentos. Y también ese aumento de beneficios se explica muy
fácilmente, señor ministro, porque en esos sectores no se ha
introducido la competencia. Esos sectores ahora privados siguen
siendo tan monopolio, tan oligopolio como cuando estaban en las
condiciones en las que detentaba el control de la gestión el sector
público empresarial.
En segundo lugar, señor ministro, usted en particular ha cometido
errores de bulto. Ha procedido, en un curioso proceso, a privatizar
antes de desregular esos sectores. ¿Y qué ha ocurrido? Pues lo que
dicen los manuales del análisis económico de la desregulación de
sectores: que el regulador resultó capturado por las empresas. Le
pongo un ejemplo, el más conocido, el más llamativo y también el más
sangrante. El sector eléctrico privatizado le capturó a usted, y le
capturó tanto que le redactó la Ley del Sector Eléctrico. Hay
documentos que han aparecido en los medios de comunicación y todos
sabemos que una consultoría que se llama Clifford Chance escribió por
usted las enmiendas a esa ley que presentaron en el Senado. De manera
que captura del regulador por parte de las empresas del sector.
En tercer lugar, hay condiciones difíciles de explicar. Hay carencias
de servicios públicos fundamentales que todavía subsisten en esas
empresas. Un caso paradigmático es Telefónica con el servicio de
Internet y de Infovía,
que ya es usual denominar entre los usuarios, entre los que nos
dedicamos a navegar por esa red, en lugar de Infovía, infobirria.
(Risas.)
En último término, señor Piqué, en este apartado en el que yo le
niego la eficiencia de ese proceso se sitúan planes de inversiones en
el exterior de elevadísimo riesgo, de Telefónica en Brasil, de Endesa
en Chile, de Repsol en Argentina. De manera que todos esos procesos
de elevadísimo riesgo -que luego hay que solucionar con decretosleyes
y votaciones en esta Cámara, sí, cuando aparecen las condiciones
adversas; lo recordarán todos ustedes muy bien- se han hecho sin
conocimiento alguno de los accionistas. Insisto en ello porque son
operaciones, señor Piqué, de altísimo riesgo para esas empresas y
para todos los accionistas que han acudido a las privatizaciones de
esas empresas.
Por otra parte, además de la eficiencia, ustedes no hablan más que de
la transparencia en ese proceso. Y yo le digo con toda claridad: Nada
de transparencia, señor Piqué, todo opacidad. ¿Quién controla ese
proceso? Pues muy sencillo: el Consejo Consultivo de las
Privatizaciones. ¿Qué es? No es nada. Es producto de una decisión del
Consejo de Ministros, pero no se sujeta al derecho administrativo.
¿Cuáles son las retribuciones de sus miembros? No se sabe. Parece ser
-se ha dicho en esta Cámara- que son las dietas de asistencia y que
esas dietas en su cuantía dependen no de la asistencia sino de las
decisiones que se tomen. En segundo lugar, el Consejo Consultivo
debería ser un consejo independiente y está presidido por un diputado
de sus bancos, lo cual da una idea ya muy precisa de cuál su
independencia. En tercer lugar, de ese Consejo Consultivo, después de
hacer informes sobre empresas en particular, se han ido tres miembros
a las empresas de las que habían hecho esos informes, dos a
Telefónica y uno a Endesa; una situación muy curiosa para un consejo
consultivo. (Aplausos.) Cosa curiosa la independencia de ese Consejo
y su situación al margen de los intereses de esas empresas. En último
término, el Consejo Consultivo está obligado a enviar a esta Cámara
sus informes y no lo ha hecho. En estos momentos estamos esperando
todavía que los diputados de la oposición o de la mayoría podamos
conocer el contenido de esos informes que tan concienzudamente
elabora el Consejo Consultivo. Es verdad que aquí llegan informes
pequeñitos de sus discusiones y de sus conclusiones, que son los que
se entregan a los medios de comunicación, pero nos negamos a creer,
parapetados en la razón y en la sensatez, que sea eso todo lo que esa
gente escribe sobre los procesos de privatización de las empresas; no
nos lo podemos creer. Creemos que tiene que haber informes mucho más
profundos y detallados sobre las circunstancias de cada una de las
privatizaciones.
Pero además de ese Consejo Consultivo tan extraño y tan independiente
está la subcomisión que se creó en esta Cámara, la subcomisión de las
privatizaciones. Esta mañana un grupo parlamentario que no es el mío
hacía saber que se iba de esa subcomisión, y mi grupo se va también
de ella. Nos vamos porque no sirve absolutamente para nada, porque en
14 meses de funcionamiento nadie ha
podido traer a comparecer a esa subcomisión a ninguno de los
presidentes de las empresas privatizadas, que es a quienes queremos
escuchar. ¿Para qué escuchar a los responsables del Ministerio de
Industria? Queremos escuchar a los presidentes de las empresas
privatizadas. Y el último acontecimiento de esta semana es bien
paradigmático de quién controla esa subcomisión. El lunes por la
tarde, los dos presidentes que tenían que comparecer, que estaba
decidido por la Mesa que comparecieran, los de Tabacalera y de
Aceralia, pidieron a esta Cámara, por los cauces reglamentarios, la
acreditación de las personas que los iban a acompañar al día
siguiente en su comparecencia en esa subcomisión; la tarde anterior.
Esa misma tarde, a última hora, esos dos presidentes, los dos -¡qué
casualidad que las causas sobrevenidas afectasen a los dos, al de
Aceralia y al de Tabacalera!-, horas después de haber pedido las
acreditaciones comunican al presidente de la Mesa que no pueden
comparecer por razones de agenda. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Noval, ha de ir concluyendo.
El señor MARTÍNEZ NOVAL: ¿Cuál es la conclusión que nosotros sacamos
del hecho? Sencillamente que alguien, probablemente el Gobierno, les
dijo que no comparecieran. (Rumores.) Y por esa razón, porque ustedes
y su Gobierno se niegan taxativamente a que sea transparente la
gestión llevada a cabo por estos presidentes desde la esfera pública
y en el tránsito hacia la esfera privada, es por lo que nosotros
abandonamos esa subcomisión. Y señor ministro, tome nota de para qué
sirven las subcomisiones. Sirven para eso, para que el Grupo Catalán
se vaya de esa subcomisión de privatizaciones, que le concierne a
usted, que es de su responsabilidad, y para que también se vaya el
grupo mayoritario de la oposición. ¿Qué podemos esperar entonces de
la subcomisión de la que usted ha hablado hoy aquí en las preguntas?
Sencillamente no podemos esperar absolutamente nada (Varios señores
diputados: ¡Nada!). Y nuestras expectativas no se basan en
especulaciones o en hipótesis sino en la experiencia vivida tan
recientemente como esta semana.
Señor presidente, también quiero llamar la atención respecto a que no
tenemos los informes de la Intervención General de la Administración
del Estado. Ustedes se comprometieron, en el decreto de julio del año
1996, a que a los tres meses de privatizada una empresa se remitiría
al Congreso el informe de la IGAE. Pero no ha sido así en ningún
caso.
Por último, señor presidente, no quisiera bajarme de esta tribuna sin
hacer un relato de lo que ha ocurrido en la fase privada de esas
empresas. El nombramiento de consejeros en esas empresas, señor
ministro, ha sido bochornoso.
El señor PRESIDENTE: Que sea un relato breve, señor Martínez Noval,
por cuestiones de tiempo.
El señor MARTÍNEZ NOVAL: Así lo haré, señor presidente.
Señor Piqué, esas personas nombradas para los consejos de
administración no son consejeros independientes. Usted lo sabe
exactamente igual que yo. Todos son amigos suyos, unos amigos de
otros y amigos entre ellos, pero todos esos consejeros, señor Piqué,
son amigos suyos. (Risas.-Rumores.) Y una vez...
El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden la compostura.
El señor MARTÍNEZ NOVAL: Y una vez nombrados sus amigos, en unos
casos del señor Aznar, en otros del señor Rato, en otros del señor
Piqué... (Rumores y protestas.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor.
Señor Martínez Noval, no pierda un minuto.
El señor MARTÍNEZ NOVAL: ¿Es que vamos a dudar de que algún consejero
de Telefónica independiente, entre comillas, no es amigo del señor
Piqué? (Rumores.) ¿Tengo que explicarles las historia de su amistad?
La puedo explicar perfectamente (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: En la réplica en su caso, señor Martínez Noval.
Ahora ha de concluir.
El señor MARTÍNEZ NOVAL: Una vez nombrados esos consejeros
independientes, amigos de sus responsables políticos, lo que han
hecho es elemental: no han hecho otra cosa que blindar los consejos.
El señor Villalonga ha blindado el consejo de Telefónica, de manera
que va a ser muy difícil en el futuro acceder a la presidencia de
Telefónica. El señor Martín Villa ha hecho lo mismo con una operación
arriesgadísima en Chile, tratando de que los chilenos a quienes
compró Enersis comprasen, a su vez, un 5 por ciento de Endesa a un
precio de un 30 por ciento inferior al que se sacó al mercado. (Un
señor diputado: ¡Qué barbaridad!) Pues sí, señores, qué barbaridad.
Ustedes mismos lo dicen: qué barbaridad. Se trató de blindar los
consejos de administración para, en último término, proceder a un
cambio descomunal de la estructura de poder económico en nuestro
país. Ustedes han puesto a su servicio, a su servicio político, a
todas las empresas del sector público estatal, acumuladas como
patrimonio público a lo largo de muchos años de esfuerzo de los
ciudadanos, y lo han hecho de manera opaca; además de hacerlo de
manera opaca, han conducido a esas empresas a la misma situación de
monopolio u oligopolio en la que llevaban a cabo su actividad
empresarial cuando estaban en manos públicas.
Por todas esas razones -hoy no es el día-, la próxima semana,
señorías, mi grupo parlamentario presentará una moción que trate de
salir al paso de todos estos despropósitos con tan graves
consecuencias políticas, económicas y sociales como son las que
usted, señor Piqué, ha capitaneado a lo largo de los meses de
legislatura que han transcurrido.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Noval.
Para responder a la interpelación, en nombre del Gobierno tiene la
palabra el ministro de Industria y Energía, don Josep Piqué. (El
señor Torres Gómez: ¡Vaya papel que te han encomendado! ¡Vaya papel
que estás haciendo!)
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA (Piqué i Camps): Muchas
gracias, señor presidente.
Coincido con el señor Martínez Noval en su frase inicial en relación
a que estamos tratando en esta Cámara uno de los temas más
importantes -y está muy bien que estén dentro del debate económico y
del político en nuestro país- que hemos abordado y que vamos a seguir
abordando en el futuro, porque es un elemento clave de la
transformación -y él también lo decía, desde luego desde mi punto de
vista en positivo- de la estructura económica y social de nuestro
país. Lo cierto es que precisamente por la importancia del tema es
preciso abordarlo desde la perspectiva de un análisis coherente, de
procurar evitar la demagogia, de hacer planteamientos serenos, porque
no por decir más inexactitudes o más falsedades o por gritar más se
tiene más razón, y hacer una reflexión de verdad, de fondo, sobre la
situación en la que el sector público se encontraba cuando asumimos
su gestión hace ya casi tres años.
El sector público empresarial español, como saben ustedes muy bien,
tiene su origen en el Instituto Nacional de Industria, que se creó en
1941 y desapareció -lo hicieron desaparecer los gobiernos del Partido
Socialista- definitivamente en 1995. Hay que decir que el sector
público en España ha sido -y desde luego hoy todavía lo es más-
relativamente pequeño en comparación con otros países de la Unión
Europea. Según los datos que aporta el último estudio del Centro
Europeo de Empresas con participación pública, las empresas públicas
en España suponían a finales de 1995 alrededor del 8 por ciento del
valor añadido bruto total de la economía, por tanto por debajo, muy
por debajo de la media europea que se situaba en el 10,4 (el 14 por
ciento en Italia, el 15 por ciento en Francia o el 11 por ciento en
Alemania); pero pese a este reducido tamaño el sector público
empresarial español ha resultado enormemente caro.
Las empresas públicas han venido suponiendo una importante carga
económica para los Presupuestos Generales del Estado -y por tanto
para todos los ciudadanos-, de los que han recibido cuantiosísimas
aportaciones; más de 8,5 billones de pesetas entre los años 1989 y
1995. Teniendo en cuenta que la valoración de todo este sector
público a mediados de 1996, en valor de mercado ascendía sólo a 2,5
billones, es evidente que existe una manifiesta desproporción entre
el esfuerzo que estaba costando a los ciudadanos nuestro sector
público y el prácticamente nulo beneficio global que se podía obtener
de él. Eso aparte de consideraciones de política industrial o de
política social de mantenimiento del empleo, pues estas empresas han
sido objeto de sucesivos y costosos procesos de reconversión, que han
reducido considerablemente el número de trabajadores empleados. En
sectores industriales tradicionales públicos como la minería, la
siderurgia o
la construcción naval, entre 1982 y 1996 se han perdido más de 70.000
empleos, lo que supone en torno al 50 por ciento del empleo en esos
sectores.
Creemos, por tanto, que salvo excepciones la empresa pública no ha
sido el mejor instrumento de política industrial. A pesar de los
recursos económicos y humanos empleados en estas empresas, en la
mayoría de los casos no se consiguió hacer de ellas verdaderos
proyectos industriales, sin que, como hemos visto por otra parte,
hayan servido como instrumento para las políticas de empleo. En
nuestro país la empresa pública ha sido utilizada en muchos casos
como mero instrumento de redistribución de la renta y lo primero que
se propuso el Gobierno - creo que con toda razón y con toda
evidencia- fue terminar con esta situación. Queremos que nuestras
empresas sean fuertes, sean viables, que sean la mejor garantía para
la generación de empleo sólido, y el Gobierno sigue convencido, como
lo estaba al asumir sus responsabilidades, de que la actuación del
Estado debe centrarse en su papel de regulador y de redistribuidor de
las rentas, pero mediante mecanismos naturales, ya sea en materia
fiscal, ya sea en materia de desempleo, ya sea en el campo de
servicios esenciales y en beneficio de todos.
Para que esto sea posible hay que liberalizar, y se están
liberalizando los sectores regulados como los energéticos o las
telecomunicaciones, y desde luego (tengo un informe de la OCDE que si
a S.S. le interesa puedo leer al final), a un ritmo superior al que
nuestros compromisos comunitarios nos obligan. Estamos racionalizando
sectores como el de la minería, lo hicimos en su momento con la
construcción naval, lo estamos haciendo con el sector de la defensa,
y hemos definido una clara política de actuación para el conjunto de
las empresas públicas, que es coherente, que es racional, que es
integrada y cuyo marco de referencia básico dentro de la política
económica del Gobierno es el programa de modernización del sector
público empresarial del Estado aprobado por el Consejo de Ministros
de 28 de junio de 1996. El programa persigue la mejora de la gestión
empresarial, la desvinculación de las empresas de los presupuestos y
la reducción de la participación pública en un marco de alianzas con
el capital privado y de privatizaciones, con el objetivo de adaptar
este sector al nuevo contexto económico nacional e internacional.
Esto se articula en torno a tres líneas de actuación. La primera es
el saneamiento de las empresas públicas deficitarias,
desvinculándolas de los Presupuestos Generales del Estado; la segunda
es la consolidación de proyectos empresariales sólidos y rentables
que tengan asegurada su viabilidad futura; y la tercera es la puesta
en marcha de un ambicioso programa de privatizaciones. Esas empresas
son hoy administradas desde la perspectiva de un gestor racional,
ordenado y coherente que orienta su actuación hacia este objetivo de
conseguir empresas rentables, viables y competitivas, como paso
previo para su posterior privatización, potenciando así la
consolidación de proyectos industriales, favoreciendo la
competitividad en la mejora del tejido industrial de nuestro país, y
lo que es más importante manteniendo el empleo.
Para conseguir estos objetivos, en primer lugar se sanean las
empresas públicas de forma que no supongan un coste para el
presupuesto público. Ahora las empresas públicas industriales que
están adscritas a la SEPI -que es un grupo autosuficiente-, han
dejado desde hace dos años de suponer una carga presupuestaria para
el Estado. Este saneamiento ha supuesto la cancelación prácticamente
total de la deuda histórica del INI, que recuerdo que en mayo de 1996
era de 530.000 millones de pesetas y que este año agotaremos por
completo. Además, se han externalizado los compromisos laborales con
el personal no productivo que fueron contraídos en su día (siempre se
ha dicho que la reconversión industrial se hizo pero no se pagó) que
ascendía a casi 1,3 billones de pesetas (un señor diputado: ¡qué
barbaridad!), y que iban lastrando las cuentas de resultados de las
empresas. Con esta medida no sólo hemos liberado a las empresas de
esas cargas financieras mejorando sus cuentas, sino que además,
porque se ha hecho de acuerdo con los sindicatos como todo lo que
hacemos, se ha dado plena garantía a los trabajadores del
cumplimiento de esas obligaciones.
En segundo lugar, estamos consolidando las empresas públicas
definiendo sus proyectos industriales, potenciando su crecimiento y
expansión en los mercados y buscando su asentamiento definitivo en la
economía. No me puedo extender mucho en este aspecto por la poca
disponibilidad temporal, pero hay casos concretos como Endesa,
Iberia, Aceralia o Inespal, que tienen un pasado reciente enormemente
turbulento, constituyen hoy grupos industriales competitivos,
rentables y con una implantación en los mercados inimaginable hace
unos años.
También hemos orientado nuestros esfuerzos en hacer las empresas
rentables, viables y competitivas como paso previo y necesario para
su posterior privatización. Aquí me gustaría hacer algunas
aclaraciones. En primer lugar, las privatizaciones no son un fenómeno
que haya empezado en España en 1996; entre 1982 y 1996 se vendieron
más de 60 empresas públicas de las cuales quiero recordar que 33 lo
fueron por adjudicación directa desde el INI. (Rumores.) La
diferencia fundamental entre el actual proceso de privatizaciones y
el de aquel período es que el del actual Gobierno está
desarrollándose siguiendo una sistemática y un procedimiento en el
que priman los siguientes aspectos: primero, la transparencia y
concurrencia en el proceso, que se refleja en algo tan elemental como
una notabilísima rebaja de las comisiones que va en beneficio de
todos los ciudadanos. Un segundo aspecto que me parece fundamental y
que conviene que SS.SS. entiendan bien, es que hay que separar
claramente la responsabilidad que corresponde a los accionistas en la
privatización, que es toda, y la de los gestores de las empresas, que
se circunscribe a la gestión de las empresas. También quiero destacar
el control del proceso ejercido con carácter previo por el Consejo
Consultivo de Privatizaciones, que tiene que velar por determinados
principios y posteriormente por la fiscalización de la Intervención
general y el Tribunal de Cuentas.
En cuanto a la información al Parlamento sobre las operaciones de
privatización, estoy seguro de que los datos
que voy a darles no resisten ninguna comparación. Se han contestado
más de 250 preguntas escritas. En el Congreso se ha informado sobre
el proceso de privatización de empresas concretas en contestación a
más de 50 solicitudes y en el Senado a más de 20, entre ellas se
encuentran las comparecencias del presidente del Consejo Consultivo,
quien como se puede comprobar en los boletines oficiales de Cortes ha
hecho entrega de sus informes. Se han atendido las peticiones de
documentación de la subcomisión de seguimiento de los procesos de
privatización, enviándole los informes de los agentes gestores sobre
los procesos de privatización concluidos y poniendo a su disposición
por parte de SEPI en su sede la documentación relativa a dichos
procesos dado su gran volumen.
En segundo lugar, quiero decir que los objetivos que marcan esta
política no pasan únicamente por la obtención de ingresos para el
Estado -es obvio que forma parte de nuestra obligación intentar que
esto se maximice-, pero la idea es distinta. Desde la aprobación del
programa de modernización se han privatizado totalmente en el ámbito
de SEPI, en el ámbito del sector público industrial 21 empresas por
las que se han obtenido más de 2,6 billones de pesetas. Estos
ingresos han permitido sanear y consolidar el grupo, cancelando la
deuda histórica del INI, poniendo en marcha el plan de
externalizaciones de los compromisos laborales y realizando
aportaciones a las empresas que lo han necesitado para consolidar su
proyecto industrial por un importe entre el año 1996 y 1998 de
664.000 millones de pesetas aproximadamente; es decir un gran
esfuerzo para darles futuro, para darles viabilidad y con ejemplos
muy concretos entre los que me gustaría destacar las empresas de
defensa, en particular Bazán.
En el programa de privatizaciones que hoy estamos desarrollando,
prima siempre como objetivo fundamental asegurar el proyecto
industrial, el futuro de la empresa y el mantenimiento de los puestos
de trabajo. Para ello se solicita a los posibles adquirentes la
presentación de planes industriales en los que deben precisar
aspectos tales como las inversiones, las actividades, sus
estrategias, su mantenimiento y en su caso incremento de plantillas,
etcétera.
En tercer lugar, quiero destacar también que el proceso de
privatizaciones tiene una vocación claramente internacional y si se
quiere fundamentalmente europea por razones obvias, dado que si se
excluyen las privatizaciones desarrolladas por el procedimiento de
ofertas públicas de venta buena parte de los procesos han concluido
en la configuración de potentes grupos industriales en el ámbito
europeo o en el ámbito internacional que permiten a nuestras empresas
públicas abrirse hacia mercados extranacionales a los que hasta ahora
no tenían acceso o convirtiéndolas en cabeza de línea en Europa de
grupos multinacionales de gran importancia económica a nivel mundial.
Quiero recordar que la decisión final sobre todas y cada una de las
privatizaciones, cualquiera que sea el tamaño de las empresas a
privatizar -y eso no era así-, corresponde al Consejo de Ministros.
Este proceso de privatizaciones supone claros beneficios para las
empresas. En primer lugar, contribuye al fortalecimiento de las
mismas. En
segundo lugar, se promueve su internacionalización. En tercer lugar,
su competitividad también se beneficia de las alianzas empresariales
derivadas de la privatización, porque hay economías de escala
resultantes del aumento de tamaño, y por tanto la consiguiente
reducción de costes. Por último, y para nosotros muy importante, se
ha procurado siempre aumentar o por lo menos mantener el empleo.
Al margen de los beneficios directos para las empresas, hay otra
virtualidad del programa de privatizaciones que quisiera referir muy
brevemente y es que hemos conseguido modificar a mejor los hábitos de
ahorro de la sociedad española. Si hasta hace bien poco los
ciudadanos y ciudadanas españoles confiaban su dinero al Estado,
ahora hemos conseguido orientar esos recursos hacia la economía
productiva y los españoles depositan sus ahorros en compañías que les
merecen plena confianza.
En las OPV desarrolladas se han incorporado durante estos dos años y
medio más de cuatro millones de pequeños accionistas. En conclusión,
el papel del Estado creo que ha variado radicalmente y el Estado
productor debe ser sustituido por el Estado regulador que debe
dirigir su actuación a facilitar la actividad industrial y la
competencia, definiendo los marcos de referencia y regulando las
reglas de su desarrollo. Creo firmemente que nuestra política es
económicamente rentable, pues saneando las empresas públicas,
haciéndolas viables y sin necesidad de aportaciones presupuestarias,
estamos contribuyendo -es verdad- en importante medida a mejorar las
finanzas públicas. Favorecemos también la consolidación de un mercado
europeo fuerte, potente y que pueda presentar batalla a la
competencia de otros mercados operantes en una economía que cada día
es más global.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, vaya concluyendo.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO
(Piqué i Camps): Voy terminando, señor presidente.
Nuestras actuaciones, además de ser económicamente rentables son
también socialmente rentables, pues el fortalecimiento de nuestras
empresas contribuye positivamente al mantenimiento y al
fortalecimiento del tejido industrial, y esto tiene una clara
traducción en el mantenimiento de la creación de empleo que es uno de
los grandes retos a los que se enfrenta Europa y uno de los objetivos
prioritarios de la política económica de este Gobierno. Así lo hemos
hecho, así lo estamos haciendo y así lo vamos a seguir haciendo con
independencia de opiniones que olvidan su pasado y no tienen en
cuenta el presente.
Muchas gracias. (Aplausos.- Rumores y protestas.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro de Industria y Energía.
Señor Martínez Noval, para turno de réplica.
El señor MARTÍNEZ NOVAL: Gracias, señor presidente.
Quiero empezar por contradecir una afirmación que los responsables
económicos del Gobierno gustan hacer desde esta tribuna y que me
agrada contradecir porque creo que tengo la razón. No es verdad señor
ministro que el ahorro haya aumentado en la sociedad española,
sencillamente no es verdad y como no es verdad no lo vuelva a repetir
desde esta tribuna; dígalo en cenas con amigos, etcétera, pero aquí
no. No es verdad que en 1997 y 1998 haya aumentado el ahorro de los
españoles.
Yendo ahora a lo fundamental de su respuesta, me acusa usted de que
no estoy sereno (Rumores.), que he sido un demagogo (Continúan los
rumores.- Un señor diputado: ¡agua!)
El señor PRESIDENTE: Señorías, seriedad.
Adelante, señor Martínez.
El señor MARTÍNEZ NOVAL: Paso por alto todas esas cosas, señor Piqué,
en beneficio de la cordialidad en el debate parlamentario.
Usted dice, ¿dónde se encontraba el sector público empresarial? Todo
lo que me ha citado son las empresas que perdían y que siguen
perdiendo. Pero yo no hablé de esas empresas, señor Piqué, ésas no se
han vendido, ésas no se han privatizado; el sector naval, la minería,
Santa Bárbara, no se han privatizado. (Rumores.) ¿Se han privatizado?
¿Se van a privatizar? Yo estaba hablando de lo que se ha privatizado,
y lo que se ha privatizado eran las mejores empresas españolas, entre
las mejores empresas españolas. De hecho, de las pocas empresas que
cotizaba en la Bolsa de Londres o de Nueva York en el año 1996 se
encontraban unas cuantas empresas públicas, eran todas ellas señor
Piqué empresas que tenían beneficios y en algunos casos muy
abultados, como el caso de Endesa.
Usted dice que esas empresas eran una importante carga económica, y
citó la cifra de 8,5 billones desde el año 1989. Es cierto, y ninguna
de esas empresas eran las que usted vendió. Las que pesaban en la
carga presupuestaria del Estado siguen pesando, señor Piqué; sigue
pesando la minería, sigue pesando la construcción naval, y no insisto
más en esos sectores que fueron objeto de tantas reestructuraciones.
¿Cuándo cuesta un sector que no está en reconversión, como el sector
eléctrico? ¿Cuánto va a costar? (Un señor diputado: Ahí, ahí.) Va a
costar más de dos billones de pesetas, señor Piqué. Aquel
calificativo que yo nunca olvidaré cuando decía usted que las
subvenciones de la minería eran unas subvenciones orgiásticas, son
grano de anís comparadas con las subvenciones en el sector eléctrico.
Ésas sí que son subvenciones orgiásticas.
Usted ha hecho una cosa muy sencilla. Usted ha vendido las empresas
que ganaban dinero, que ganaban dinero entonces y que lo ganan ahora,
y ha olvidado comentar algo en esta tribuna. Si ahora vuelve a
intervenir señor Piqué, que no lo dudo, explíqueme un poco más esa
confusión entre liberalizar y privatizar. Usted confunde, y supongo
que no lo hace por ignorancia, no le voy a decir eso, pero deliberada
y conscientemente usted confunde
privatizar con liberalizar, y no tiene nada que ver una cosa con la
otra.
Dijo después que hay empresas que en nuestra etapa vivían una
situación de turbulencia. Claro, algunas de ellas de turbulencia por
razones del mercado. La siderurgia era lógico que viviera situaciones
de turbulencia. ¡Ojalá, señor Piqué, que la Aceralia privada no tenga
que enfrentarse a una coyuntura internacional como a la que se
enfrentaron Ensidesa y la Corporación Siderúrgica Integral! ¡Ojalá,
señor Piqué, que el ciclo positivo de precios que en estos momentos
se vive en el sector siderúrgico mundial se prolongue durante muchos
años! Pero no siempre ha sido así, señor Piqué, y usted no lo puede
desconocer.
Hablando de turbulencias. Ha citado también a Endesa y yo no conozco,
y supongo que usted tampoco, ningún proceso tan turbulento como se
vivió en Endesa a consecuencia de una decisión de la que usted era
responsable, porque todavía Endesa era pública cuando esa empresa
decidió embarcarse en una operación de alto riesgo en Chile. Incluso
en esa operación el que ahora es su secretario de Estado estuvo
presente en las negociaciones con los propietarios de esa empresa
chilena. Eso sí que fue una verdadera turbulencia, eso sí que
significó sin ninguna duda un desdoro, una pérdida de crédito de la
imagen exterior de España en Latinoamérica. Hablando de turbulencias,
señor Piqué, la mayor turbulencia fue la de Endesa.
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Noval ha de concluir.
El señor MARTÍNEZ NOVAL: Sí, señor presidente.
Usted señor Piqué quiere y defiende, cosa lógica, la transparencia.
Haga el favor de enviarme cosas que ya es la segunda vez que le pido;
aquí, en esta Cámara, personalmente es la segunda vez que le pido.
Hemos hecho toda serie de esfuerzos desde el artículo 7 y el amparo
del presidente del Congreso de los Diputados para que se nos enviaran
documentos, y no hemos conseguido absolutamente nada. Se lo dije yo
verbalmente hace semanas en la Comisión de Industria, usted
cortésmente tomó nota, pero nada de nada.
Queremos los informes de la Intervención General de la Administración
del Estado, ustedes en el Decreto del año 1996 se comprometieron a
enviarlos; quisiéramos, se lo hemos pedido ya alguna vez, un sencillo
informe de estado de origen y aplicación de los fondos provenientes
de las privatizaciones; sabemos cuánto se ha ingresado, pero no
sabemos, no tenemos ni idea de a dónde han ido esos ingresos. Los
balances de la SEPI, señor ministro, ya los sabemos leer, pero ahí no
viene la información de a dónde han ido esos ingresos, a qué se han
aplicado esos ingresos. Queremos saber, señor ministro, quién y por
qué, con qué criterios decidió respecto al 9,5 por ciento del grupo
luxemburgués Arbed. Por cierto, se lo digo, señorías, Aceralia no es
una empresa privatizada, quien controla su mayoría y quien lo
gestiona es una empresa pública sólo que luxemburguesa en lugar de
española, por más que usted diga señor ministro, por más que usted
haga con el dedo que no, eso está controlado por el grupo
Arbed. Queremos saber por qué cuando se produce la transferencia de
Aceralia pública española a Aceralia pública luxemburguesa ustedes
intercambian con ellos el 9,5 por ciento del capital del grupo Arbed,
que el grupo Arbed utiliza como pago por Aceralia. Ese día ustedes
valoran el 9,5 por ciento en 15.200 millones de pesetas, y ese mismo
día, quien haya tenido oportunidad de entrar a través de la red en la
bolsa de Luxemburgo, el 9,5 por ciento de Arbed valía 36.200 millones
de pesetas. ¿Por qué esa diferencia? Hemos pedido repetidas veces que
nos digan qué consultoría, qué consulting, qué banco de inversiones
les hizo un informe que permitía salvar esa enorme diferencia de más
del doble entre lo que ustedes valoraron el 9,5 de Arbed y lo que ese
mismo día lo valoraba el mercado.
Queremos saber qué hay en el contrato de Inespal con Alcoa. Queremos
saberlo, se lo hemos preguntado en repetidas ocasiones...
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Noval, concluya, por favor.
El señor MARTÍNEZ NOVAL: ¿Hay o no hay un compromiso de tarifas
eléctricas en ese contrato? No sabemos absolutamente nada en relación
con el contenido de esa operación.
Por último, y aunque no le atañe a usted porque tiene que ver con la
Seppa y no con la Sepi pero tiene que ver con las privatizaciones,
hemos preguntado repetidas veces por qué el Estado vendió el 23,7 por
ciento de Telefónica Internacional a Telefónica por 127.000 millones
de pesetas, cuando había consultoras españolas, por ejemplo una que
estaba obligada a decir la verdad, BBV Interactivos, siendo el BBV
uno de los accionistas de referencia de Telefónica, y que en aquellos
momentos tasaba o valoraba ese 23,7 por ciento en 170.000 millones de
pesetas. Hemos denunciado en repetidas ocasiones que esa diferencia
en Telefónica de 127.000 a 170.000 fue la que financió la compra de
medios de comunicación para ponerlos a su servicio. (Aplausos.-
Rumores y protestas.)
De manera, señor Piqué, que ustedes no han maximizado los ingresos
que usted afirmó en esta tribuna, es falso; en el caso de Aceralia
ustedes no han maximizado los ingresos. ¿Quién valoró los 40.000
millones de Aristrain?
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Noval, le ruego que concluya
inmediatamente.
El señor MARTÍNEZ NOVAL: Estamos esperando esa información. ¿Por qué
Aristrain valía 40.000 millones de pesetas? ¿Dónde están los informes
que justifican ese valor?.
Señor Piqué, ustedes no han saneado y consolidado el sector público
empresarial, lo que han hecho lisa y llanamente es vender las
empresas que ya eran rentables y hurtar a este Parlamento el
conocimiento de las actividades financieras de las empresas que
siguen desgraciadamente sin ser rentables.
Gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien! Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, como guste, desde el escaño o en
tribuna; donde le sea más cómodo.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO
(Piqué i Camps): Muchas gracias, señor presidente.
Voy a procurar ser breve y cumplir con el tiempo, a diferencia de S.
S. interpelante, y voy a procurar contestar a cada una de las cosas
que se han planteado. La primera es que hay que escuchar...
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, guarden silencio.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO
(Piqué i Camps): Cuando he hablado del ahorro me he referido
simplemente a un cambio de hábitos; un claro cambio de hábitos. Hay
que recordar lo que sucedía con el ahorro en nuestro país en esos
años tan espectaculares, a finales de los ochenta y principios de los
noventa, cuando era muchísimo más rentable comprar bonos del Tesoro
que invertir en actividades empresariales y de riesgo que cubrieran
la iniciativa empresarial. Eso afortunadamente ha cambiado
radicalmente. (Aplausos.)
Me sorprende, señor Martínez Noval, que usted olvide entre las
empresas que se han privatizado, a Aceralia, a Inespal, a Almagrera y
a Iberia que está a punto, está en proceso como usted sabe, o a
Barreras que forman parte de esos 8,5 billones de pesetas. (El señor
Martínez Noval hace signos negativos.) ¿Cómo que no? Unas todavía
permanecen y estamos intentando ponerlas en viabilidad, como es el
caso de Santa Bárbara, es el caso de Bazán, es el caso del conjunto
de los astilleros. En eso se está; pero entre las empresas
privatizadas buena parte de ellas están en el origen de esas ingentes
cantidades. ¿O es que hay que recordar de nuevo lo que ha costado a
los españoles la reestructuración de la siderurgia? Comparto con
usted que ojalá nuestra siderurgia no se tenga que ver delante de la
situación de los años anteriores, es cierto y yo lo comparto; pero le
debo decir que si la situación vuelve a ser mala, y espero que no (en
cualquier caso los ciclos existen y van a seguir existiendo), desde
luego las condiciones para afrontarla van a ser hoy mucho mejores que
antes. Estoy seguro que usted y yo eso lo valoramos y nos
congratulamos.
Ha dicho también usted que liberalizar no es privatizar, y es verdad,
son cosas completamente distintas; una cosa es privatizar y la otra
es liberalizar. Por ejemplo, privatizar sin liberalizar es vender un
porcentaje importante de Endesa dentro del marco legal y estable; eso
es privatizar sin liberalizar. Vender un porcentaje importante de
Telefónica sin acabar con el monopolio de las telecomunicaciones en
España, eso es privatizar sin liberalizar. Vender el 91 por ciento de
Enagas a Gas Natural, empresa privada, sin romper el monopolio del
gas, eso es privatizar sin liberalizar.
(Aplausos.) Por cierto, ahora que acabo de mencionar este último
punto, me pregunta usted por la valoración del porcentaje de
Telefónica Internacional vendido a Telefónica, perfectamente
justificable por otra parte. ¿Pero verdad que no querrá usted que
aguantemos una comparación entre el precio del 91 por ciento de
Enagas vendido a Gas Natural y el precio al cual le hemos vendido el
9 por ciento restante? ¿Quiere usted aguantar esta comparación?
(Aplausos.)
Sigo respondiendo, señor Martínez Noval. Hablando de procesos
turbulentos es verdad que la presencia de empresas españolas en los
mercados internacionales en cuanto a su presencia empresarial, es un
proceso complicado y difícil. Siempre ha habido problemas en nuestro
país; empresas extranjeras que han pasado también por procesos
turbulentos, y eso no nos debe impresionar. Es como si le dijera que
habida la experiencia, por ejemplo, del enorme fiasco de la inversión
de Iberia en Argentina con Aerolíneas Argentinas, o de Iberia en
Chile con Lan Chile, o en Venezuela con Viasa, debiéramos pedirles a
nuestras empresas que ahora se abstuvieran de hacer operaciones en el
exterior. ¿Verdad que no me lo aceptaría, señor Martínez Noval? Hay
que seguir intentándolo, hay que hacerlo bien y hay que tener el
patriotismo suficiente como para ayudar a nuestras empresas a que
esos procesos vayan adelante. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!
Aplausos.)
Otra cuestión. Todavía me extraña más que pida usted el origen y
aplicación de fondos de la SEPI. ¡Si es público! Es más, yo los tengo
aquí, y después, si usted me los solicita, inmediatamente le doy una
fotocopia, pero son públicos y están claros, señor Martínez Noval. De
la misma manera que el compromiso de los informes de la Intervención
General del Estado se mantiene y le recuerdo que el 14 del próximo
mes comparece ante esta Cámara el interventor general, y le pueden
solicitar lo que ustedes consideren oportuno.
Con esto acabo, señor presidente, porque ya me paso del tiempo.
Volver de nuevo a una discusión que hemos mantenido en infinidad de
ocasiones en el Pleno y en la Comisión de Industria sobre la
operación de Aceralia y los términos del intercambio con el grupo
Arbed, o volver por enésima vez sobre los acuerdos entre Inespal y
Alcoa, me parece que puede ser un ejercicio más o menos interesante,
pero a estas alturas absolutamente superfluo. Me remito al 'Diario de
Sesiones'.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.- El señor Martínez Noval
pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Martínez Noval, sabe S.S. que no hay otro turno.
El señor MARTÍNEZ NOVAL: El señor ministro me ha hecho unas preguntas
que quisiera responder. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Noval, el señor ministro puede
hacer las preguntas que le parezca oportunas en su intervención, bien
porque desearía verlas contestadas,
bien como argumento retórico, pero en ningún caso eso da
lugar a que se contraríe el reglamento y a que tenga un nuevo turno
S.S., que lo sabe perfectamente. No tiene la palabra, señor Martínez
Noval.
El señor MARTÍNEZ NOVAL: Yo creo contribuir a la claridad de los
debates...(Rumores y Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Se lo agradecemos, sin duda.
Señor Martínez Noval, lo lamento, pero no tiene otro turno.
El señor MARTÍNEZ NOVAL: Es que es una verdadera pena que no le pueda
hablar al ministro de Gas Natural. Estoy contrariado, señor
presidente.(Continúan los rumores y protestas.)
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Noval, sin duda los debates
pueden prolongarse ad infinitum argumentando por parte del
interpelante y argumentando por parte del Gobierno, pero el
Reglamento hay que respetarlo, lo sabe muy bien S.S., y no cabe un
nuevo turno. Lo siento.
El señor MARTÍNEZ NOVAL: Acato su opinión, señor presidente, pero no
la comparto. (Rumores.- Un señor diputado: Se han terminado los
papeles.-El señor Madrid López: ¿A qué hemos venido aquí?)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Silencio, señorías.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Señor Rodríguez, por el Grupo Mixto.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Podemos coincidir con la intervención del señor ministro en lo
referente a que hay unas circunstancias políticas internacionales que
incitan en esta transnacionalización a la privatización sin trabas de
ninguna clase. Sin embargo, como ya el ministro habló de
conglomerados de carácter industrial, es muy difícil que estos
conglomerados financieros industriales estén al servicio de la
sociedad. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa
la Presidencia.) Muchas veces hemos comentado y debatido en este
Parlamento cómo el papel de Endesa privatizada no garantiza para nada
ni siquiera inversiones industriales, por ejemplo en un lugar como
Galicia; por supuesto tampoco se esclarece su futuro industrial, y
además incluso ha agudizado el proceso de centralización operativa y
de reducción de plantillas. Esto nos lleva a plantear el papel del
Estado en la economía, que hoy quedó muy de manifiesto por ejemplo en
la intervención del señor presidente de la SEPI hablando de Iberia.
No cabe duda, señorías, que los servicios públicos de transportes
o el energético, en lo que tienen de más importante, debían ser
controlados desde el punto de vista social, y la prueba está en que
hoy por la mañana tuvimos queescuchar cómo el presidente de la SEPI
hablaba de la
importancia de tener un accionariado institucional -ahora lo
institucional parece ser que es lo privado-, que estaría constituido
por bancos, para dar estabilidad a una compañía como Iberia.
Nosotros mismos, como diputados y diputadas, sabemos lo que es la
falta de control político y social de estas empresas privatizadas. Yo
recuerdo las patéticas comparecencias, patéticas si no fueran
cínicas, días antes de la privatización, por ejemplo del señor
Villalonga o del señor Martín Villa o del señor presidente de
Tabacalera, que hoy se pueden permitir el lujo de estar ausentes de
este Congreso de los Diputados con absoluta chulería y, desde luego,
con un total descontrol político de empresas que objetivamente
cumplen una función social y son un servicio público.
Hablando de pérdidas y de ganancias, es indudable que las
privatizaciones empezaron, efectivamente, por las que daban
muchísimas ganancias; las otras se privatizan previa capitalización y
aquellas que no se capitalizan previamente simplemente se eliminan
con evidente reducción industrial y pérdida de puestos de trabajo.
Acabo con una referencia al señor ministro. Él reconoció que la
presencia de la empresa pública en el Estado español era poca; a
partir de ahora no va a ser ninguna. Es un hecho diferencial con
otros Estados de la Unión Europea, Estados centrales.
Voy a hacer la siguiente reflexión. Es curiosa una evolución de la
humanidad en la que, siendo cada vez más clara la función social de
determinadas empresas e incluso cómo su riqueza se crea
colectivamente y se sustenta en el esfuerzo colectivo, después se
gestiona de la forma más privada posible, siendo favorables solamente
oligarquías y aún transnacionalizadas. Por esta vía nosotros pensamos
que la humanidad no tiene solución y esto, en definitiva, nada tiene
que ver con el acoso y derribo de la libre competencia y la libertad
de empresa, que estaba garantizada siempre que estas empresas se
democratizasen y el Estado fuese democrático, que es lo que realmente
tiene que ser y no posiblemente, como podría haber sido hasta ahora,
con algunas empresas públicas.
Por lo tanto, nosotros vemos que la evolución es negativa desde el
punto de vista territorial del Estado español y creo que desde el
punto de vista social y el tiempo se encargará de decir si el Estado
español no hizo un malísimo negocio, entendido colectivamente, con
este proceso.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, desde Convergència i Unió se ha dado en el pasado y
se sigue dando ahora un apoyo claro a todo lo que ha sido el proceso
de privatizaciones y, por tanto, nosotros en este momento no vamos a
hacer seguidismo de un proceso de descalificación global, donde por
otro
tipo de razones se puede llegar a descalificar lo que es un
trayectoria en la gestión y concretamente en todo lo que es el
proceso de privatizaciones que ya comenzó en la última etapa del
Ministerio anterior, que tuvo nuestro apoyo y que sigue contando con
él. Por tanto, desde esta perspectiva, quiero que sepa, señor
ministro, que no hay una crítica global -no digo que no pudiéramos
entrar aquí a debatir uno por uno los procesos de privatización-
sobre lo que ha sido la gestión y tramitación de esos procesos hasta
ahora.
Lo que sí lamentamos -lo hemos hecho público esta mañana y en estos
últimos días- es la escasa participación del Parlamento en ese
proceso; lamentamos y constatamos que la subcomisión de seguimiento
de las privatizaciones no haya funcionado. No tenemos del todo claro
a quién es imputable ese tema y, por tanto, no seremos nosotros
quienes directamente imputemos eso ni al Gobierno ni al Grupo
Parlamentario Popular. Por el momento no lo sabemos; constatamos que
lo que parecía un instrumento para la participación e implicación del
Parlamento en lo que había de ser el proceso de privatización no ha
funcionado por distintos elementos, entre otros quizás por el propio
Reglamento de la Cámara, que concede libertad a cualquier persona,
salvo en el marco de la Comisión de investigación, para comparecer de
forma voluntaria, según lo estime oportuno, cuando se le pida. Por
tanto, ese es un dato concreto, un dato objetivo que está en el
Reglamento de la Cámara y que se ha manifestado en el desprecio
-utilizo esa palabra con todo su sentido- con el que personas citadas
a comparecer ante esta Cámara han negado, por compromisos teóricos de
agenda, esa comparecencia y la han aplazado una y otra vez. ¿Es eso
imputable al Gobierno o al Grupo Popular? No lo sé; en todo caso, mi
grupo lo lamenta y, como tal, se está planteando no abandonar la
subcomisión, como se decía antes, sino terminar sus trabajos. En
cualquier caso, vamos a ver cuál es la mejor salida que se le puede
dar a un instrumento que constatamos se ha convertido en inútil.
El debate sobre liberalización-privatización y el encaje entre las
dos figuras es un debate sobre el que mi grupo tiene también
inquietud. No es el momento de abrirlo y no sé si la moción que
seguirá a esta interpelación incluye algún punto en ese sentido,
probablemente nos pronunciaremos sobre eso, pero sí quería dejar
constancia de que, efectivamente, es un debate que nos inquieta. Nos
ha inquietado en otros sectores que no dependen directamente del
Ministerio de Industria, como en el de las telecomunicaciones, y nos
inquieta asimismo en el sector de la energía y en el futuro más
inmediato con la privatización de Iberia. No creemos que la
competencia venga más garantizada, sino más bien menos, por el hecho
de que esté o no en manos públicas una determinada empresa, pero sí
constatamos, y se lo decía esta mañana al presidente de la SEPI, que,
efectivamente, la competencia, cuando no ha habido una liberalización
previa y sólo hay una privatización, es más difícil de vigilar.
Por tanto, eso sí que es un riesgo. Quería dejar constancia de que es
algo que nos inquieta y sobre lo cual volveremos en su momento.
No descalificamos globalmente, ni muchísimo menos, el proceso de
privatizaciones, no compartimos la sensación de que haya que
criticarlo en su conjunto, lamentamos la escasa participación del
Parlamento en todo ese proceso y esperaremos a la moción para fijar
definitivamente nuestra posición.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Guardans.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene
la palabra el señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, nosotros nos mantenemos en la misma posición que
hemos tenido inicialmente, y no sólo en esta legislatura, sobre el
proceso de privatizaciones.
Ayer tuvimos la oportunidad de escuchar en la Comisión de Economía al
subsecretario de Economía, que tuvo la virtud de ser muy claro.
Planteaba que la razón de las privatizaciones es ideológica. Por lo
tanto, no buscó ningún otro tipo de refugio o subterfugio en cuanto a
la modernización del sector público hasta entonces, sino que dijo
claramente que era una opción de una política de derechas que apuesta
por esta privatización, que tampoco es una liberalización. También
dijo algo muy claro, y es que al frente de estas empresas se pone a
los conocidos. Entre otras cosas porque los que no se conocen no se
pueden poner. Lógicamente, puestos a elegir, se elige a aquellos más
próximos ideológicamente o a aquellos en los que se tiene más
confianza para abordar un proceso. Por tanto, hasta ahí es correcto.
Yo, como no tengo un grado de medición de las amistades, no voy a
entrar en ese terreno, pero sí hago una advertencia. En este mundo de
los negocios lo que hay son intereses: intereses del Gobierno en
intentar tener control sobre sectores estratégicos. Una vez que uno
pierde el control accionarial sobre ellos, le interesa, a poder ser,
que Telefónica esté en manos de gente afín ideológicamente en todos
los sentidos o Endesa esté en manos de alguien afín políticamente o
que comparta, al menos, los criterios de evolución futura de ese
sector.
Pero cuando los intereses empiezan a escapar al control público y
cuando los intereses van en dirección contraria a lo que es incluso
una liberalización, el estimular la competencia en un sector, es
cuando lógicamente la oposición tiene que denunciar lo que entiende
que ha sido el entreguismo del Gobierno en sectores claves como el
eléctrico o como el de hidrocarburos. Por consiguiente, se ha
actuado, en mi opinión, al revés; en muchos casos, han sido estos
sectores los que han dictaminado qué tipo de ley tenía que abordar el
sector de hidrocarburos o cómo había que tratar los costes de
transición a la competencia. Al menos es nuestra valoración. Hasta el
punto de que en cantidades muy importantes -si hablamos de los costes
de transición a la competencia el famoso billón- lo que más me
preocupa en esta fase es que no haya ninguna garantía de que esos
fondos, obtenidos por este argumento de los costes de transición a la
competencia, reviertan
de verdad al sector. O que incluso incentivos al consumo del carbón,
como por ejemplo los lignitos en Endesa, que, como ustedes saben, se
están consumiendo rápidamente en la mina, puesto que tienen un baremo
más alto de aportación de ayudas, no haya ninguna garantía de que una
parte al menos vaya a aquellas comarcas o localidades más afectadas
precisamente por esas explotaciones mineras en unos casos o por la
explotación de los recursos en otras.
En cuanto a la transparencia del proceso, nosotros seguimos
manteniendo que ha sido escasa. Nuestro grupo ha redactado hoy mismo
un escrito dirigido al presidente de la Comisión de Industria
pidiendo la disolución de la subcomisión de privatizaciones, entre
otras cosas para evitar el ridículo en el que sitúa el Gobierno y los
comparecientes, o los que tenían que comparecer, al Grupo Popular. Lo
hemos vivido ya en varias ocasiones, y sentimos vergüenza ajena, por
tener que recibir en la primera reunión un listado cogido casi de la
guía de Telefónica de empresas privatizadas y al final tener que
constatar cómo una y otra vez comparecencias anunciadas de personas,
no sé si conocidas o amigas, tan relevantes como el presidente de
Aceralia o de Telefónica, unas veces intentan mandarnos a alguien de
tercer o cuarto nivel y otras veces, convocada formalmente la
subcomisión, tenemos que ver cómo se va buscando el escaso recurso de
problemas de agenda, cuando el día antes hay una petición de
acreditación en esta Cámara. Nos parece que ante esta vergüenza es
preferible subsumir esta comisión en la propia Comisión de Industria
y que aquellos presidentes de empresas que tengan a bien comparecer,
lo hagan en el propio marco de la Comisión, que es amplio y
suficiente, para evitarnos de nuevo este tipo de vergüenzas y que
ponen en muy mal lugar al propio Grupo Popular y al propio presidente
de la subcomisión, al cual tenemos un gran respeto.
Quiero decir que en este canto a la trasparencia también hay que
denunciar que el famoso Consejo Consultivo de Privatizaciones ha
jugado un escaso papel, y no sé si porque no le han dejado. Entre
otras cosas, hay quejas, al menos privadas, de que en muchos casos
han tenido escasos días para poder evaluar el complejo proceso de
puesta en el mercado de OPV, por ejemplo, y, por lo tanto, no han
tenido muchas posibilidades. Sin embargo, sí han tenido tiempo
algunos ilustres miembros de esta ONG consultiva -puesto que no
perciben ingresos, están escasamente remunerados, según los criterios
que se manejan a estos niveles- de recolocarse algunos de ellos en
las mismas empresas de las cuales han emitido informes para su
privatización. Pongo el ejemplo de Telefónica y de Endesa, que han
tenido a bien contratar después o introducir en el consejo de
administración a miembros de estos consejos consultivos. Por lo
tanto, sinceramente nos parece que se ha hecho un flaco favor a la
necesidad de trasparencia.
También quiero decir que hay procesos de privatización que están
siguiendo una experiencia lamentable, y no me puedo resistir a citar
el caso de Babcock Wilcox, que después de abierto el proceso durante
dos, tres veces, vemos con enorme preocupación cómo se ha tenido que
reabrir de nuevo, cómo la que inicialmente el Ministerio
de Industria anunciaba como la gran solución que era Warner se ha
tenido que retirar y cómo Babcock Wilcox cada día que pasa está en un
riesgo mayor de desaparición, puesto que sus gestores han sido
incapaces de cumplir lo que aquí tanto dice el Gobierno, y es que el
presidente de la empresa hace la gestión del día a día, intenta
buscar cartera, intenta continuar el negocio y es SEPI quien
privatiza. Pues bien, como se pensaba que se iba a privatizar ya
mismo, mientras tanto se ha deteriorado hasta tal nivel la empresa
que el volumen de pérdidas crece y la cartera está hoy bajo mínimos y
en graves riesgos. Sinceramente, quiero decirle que desde aquí nos
gustaría pedir explicaciones, y las pediremos, y quizá la dimisión
del presidente de Babcock Wilcox, por su ineficacia durante este
período de gestión que le ha tocado afrontar.
Termino diciendo que, desgraciadamente, el porqué de las
privatizaciones nos parece que ha sido para hacer caja y que hoy lo
que era de todos los españoles es de unos pocos. No sé de quien son
amigos, pero desde luego sí que sé que son amigos de sus intereses y
que incluso los que hoy aparecen como próximos al Partido Popular
mañana aparecerán próximos al siguiente Gobierno, puesto que están
defendiendo intereses económicos y no intereses ideológicos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Santiso.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y
ORDEN PÚBLICO DEL GOBIERNO, A LA VISTA DE LAS ÚLTIMAS ACTUACIONES DE
LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO EN CATALUÑA. (Número de
expediente 172/000143)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pasamos al
punto 33 del orden del día: interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Mixto, sobre la política de seguridad y orden público
del Gobierno, a la vista de las últimas actuaciones de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña.
Para su presentación y en nombre de su grupo parlamentario, tiene la
palabra el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, como usted sabe perfectamente, esta interpelación
tiene como objeto reflexionar sobre la política de seguridad y de las
fuerzas de orden público en Cataluña a la vista de las últimas
actuaciones que se han producido.
Quería empezar felicitando la actuación de la Guardia Civil en el
esclarecimiento del secuestro de Olot, distinguiendo la naturaleza de
este tipo de trabajo de las fuerzas de seguridad, que
fundamentalmente ha sido un trabajo a partir de una investigación
judicial. Creo que ha sido un trabajo efectivo, que ha habido un
esclarecimiento importante
y reciba usted la felicitación de los diputados y diputas de
Iniciativa y Nueva Izquierda.
Formulamos esta interpelación porque, en menos de dos meses, se han
producido un par de actuaciones policiales en Cataluña (en concreto
en enero en la Universidad Autónoma de Barcelona, con motivo de la
presencia del presidente del Gobierno, señor Aznar, y hace muy pocos
días en Cornellá, con motivo de la presencia del ministro de Trabajo)
muy desproporcionadas y erróneas, no sé si fruto de la imprevisión o
de la incompetencia. En todo caso, se trata actuaciones policiales
que creemos que deben motivar un debate y una explicación por su
parte.
Ciertamente, usted compareció a petición propia inmediatamente una
vez que se produjeron los acontecimientos de la UAB, pero ya sabe que
en aquella comparecencia prácticamente ningún grupo parlamentario,
excepto el suyo, le dio soporte; eso sí, contó con la ambigüedad
característica de sus aliados parlamentarios de Convergència i Unió.
Quiero poner de manifiesto las consecuencias que se han producido en
estas dos actuaciones: lesiones humanas, desorden público, en el caso
de la UAB unas imágenes que nos retrotraían a momentos no
democráticos, a una importante degradación de la imagen de las
fuerzas de seguridad o a una gran confrontación de estamentos
universitarios con el propio Ministerio.
En esa misma línea quería recordarle, para que usted reflexione, que
en Cataluña, desde que el Partido Popular gobierna, los tres momentos
de mayor inseguridad ciudadana, los incidentes de orden público más
importantes que se han producido, son sin duda alguna el desalojo de
los okupas del cine Princesa, el altercado de la Universidad Autónoma
y el de Cornellá; estos han sido los mayores incidentes.
No es que lo diga yo, prácticamente lo ha dicho todo el mundo en
Cataluña. La principal responsabilidad de la magnitud de esos
incidentes fue la actuación desproporcionada o errónea de la policía.
Es decir, en esos tres casos -en uno se puede decir que hubo
provocadores y en otro otra cosa- la magnitud y la trascendencia de
los incidentes de orden público fueron motivadas por el tipo de
actuación de la policía.
Hace pocos días, en un periódico catalán había un editorial que se
titulaba massa errors, que en castellano quiere decir demasiados
errores. Me gustaría que, si se tuviera que quedar con dos o tres
frases de mi interpelación, la primera fuera esa: demasiados errores;
y añado: demasiados errores gordos. Errores pequeños, uno puede
cometer muchos; lo esencial es no cometer errores importantes,
trascendentes; y cuando hablamos de las fuerzas de seguridad no se
pueden cometer errores ni gordos ni pequeños, pero especialmente
gordos. La actuación de las fuerzas de seguridad en Cataluña tiene
demasiados errores gordos.
Me preocupa cierto clima que se está creando en Cataluña en relación
con la sensación de que prácticamente cada vez que hay un miembro del
Gobierno o una visita de una autoridad del Gobierno central, se
produce unadialéctica que acaba en conflicto seguro. Existe la sensa
ción
de que ante manifestaciones legítimas de descontento o ante algunas
manifestaciones de violencia que condenamos, pero reducidas y
pequeñas, lo que motiva el gran incidente es la actuación de las
fuerzas de seguridad. Sé que usted me puede decir: pero señor Saura,
si tiran piedras ¿qué hacen? Pues mire, si 10 muchachos tiran piedras
no se puede organizar lo que se organizó en la Universidad Autónoma.
Y si 20 personas increpan al ministro de Trabajo en Cornellá no puede
ser que haya por allí policías de paisano que empuñen una pistola
encañonando a un chico o saquen un tablón persiguiendo a otro.
Usted tiene que cambiar esto. Incluso aceptando que en determinados
momentos haya sectores muy minoritarios que puedan tener actitudes
que no se pueden consentir desde el punto de vista democrático, las
respuestas que las fuerzas de seguridad ante esos acontecimientos son
absolutamente inaceptables desde el punto de vista de normalización
democrática.
En cuanto a Cornellá y a todo esto que ocurre, creo que, más allá de
los hechos, hay una gran responsabilidad en cómo ustedes -en concreto
usted- han gestionado lo que ha pasado. Lo peor de lo que pasó en la
UAB fue ver las terribles imágenes, aquello que no tenía
justificación y que usted lo justificó. Es cierto, y esto le honra,
que dos o tres semanas después usted pidió excusas o pidió perdón
e hizo un reconocimiento público de que se había actuado mal, pero en
las dos o tres semanas que duró todo el debate sobre cuál había sido
la actuación de la policía, la delegada del Gobierno y usted,
insistentemente, legitimaron, justificaron la actuación de la policía
y dieron sólo la versión de la policía, cuando usted tenía otra
versión, la del rectorado. Usted nos dijo en la comparecencia: es que
yo tengo confianza en la policía. Yo, globalmente, también tengo
confianza en la policía, pero la policía se equivoca y cuando se
equivoca hay que decir que se equivoca. Por lo tanto, cuando usted,
en relación con los incidentes de la Universidad Autónoma, legitima,
dice que todo se ha hecho bien, que no cree, en absoluto, la versión
del rectorado, que hay faltas de previsión, pero legitima esto, está
poniendo las bases para que, de alguna manera, pueda suceder lo de
Cornellá. La trascendencia de lo de Cornellá, desde el punto de vista
público, no se habría producido si antes no hubieran ocurrido los
incidentes de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Quiero decirle, señor ministro, que me parece bien que diga que tiene
confianza en las fuerzas de seguridad, pero usted no es sólo el
responsable de las fuerzas de seguridad. Usted, como ministro de
Interior, es el responsable de las fuerzas de seguridad, pero ha de
ser el garante de las libertades públicas y si en algún momento eso
entra en colisión, tiene la obligación de no creer sólo una versión,
sino de confrontar las versiones y asegurar un equilibrio entre el
responsable de las fuerzas de seguridad y el garante de las
libertades públicas. Por tanto, lo que le estoy diciendo, señor
ministro -y termino-, es que los efectos de su comparecencia y de sus
actuaciones cuando se han producido estos hechos fue, en primer
lugar, que en Cataluña nadie compartió su opinión, y esto es grave.
Cuando digo nadie quiero decir que el Partido Popular de Cataluña
públicamente dijo que sí, pero comiendo con ellos manifestaban el
mismo rechazo que expresaba yo. No hubo nadie en Cataluña, ningún
medio de comunicación, ningún partido político, nadie, que se situara
en el terreno en el que usted situó lo que pasó en la Universidad
Autónoma. Si usted justificó lo que no se podía justificar en
relación con la Universidad Autónoma, a partir de ahí en Cataluña se
puede hacer todo. Cuando las fuerzas de seguridad hacen lo que hacen
en Bellaterra, usted públicamente no dice que se han equivocado y que
esa no puede ser la actitud. Si usted lo hubiera dicho, habría
enmarcado claramente la actuación de las fuerzas de seguridad en el
futuro. Si usted, ante aquello, dice que eso es legítimo, cualquier
policía puede hacer lo que hizo el otro día esta persona: sacar una
pistola, de paisano, ante 20 personas. Puedo incluso pensar que, en
una situación de nervios, se puede hacer eso; desde el punto de vista
personal, puedo entender perfectamente que un policía, en un
determinado momento, haga eso, pero esa no ha de ser la actitud y,
sobre todo, no puede ser que los planes operativos policiales ante
estos temas fallen una y otra vez en Cataluña.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Saura, le
ruego concluya.
El señor SAURA LAPORTA: Por tanto, señor ministro - y con esto
concluyo-, tres cosas. La primera, demasiados errores gordos. Esto no
está en discusión; demasiados errores gordos. Y luego dos consejos o
dos ruegos. El primero, intente evitar que se sigan produciendo estos
errores. ¿Qué va a hacer usted para que no se sigan produciendo
errores gordos? Y, si se producen, por favor, no los justifique,
porque no justificándolos va a hacer prevención de otros incidentes
que pueden ser más graves.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Saura.
Para contestar en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor
ministro de Interior.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señor presidente, quiero
comenzar agradeciendo al diputado señor Saura el reconocimiento que
ha hecho de la actuación de la Guardia Civil. Si hay que hablar de
singularidad en la opinión pública y en la sociedad catalana respecto
de lo que ha sido una actuación policial, habría que decir también
que la Guardia Civil se ha singularizado en el esclarecimiento de un
hecho que había conmocionado a la sociedad catalana y a la sociedad
española. Me parece por eso muy importante su primera intervención,
se lo agradezco, y quiero decirle que prácticamente todas las
investigaciones policiales están judicializadas cuando hay gravedad,
por lo cual me alegra que el éxito lo compartan exactamente igual los
jueces y la policía, porque creo que en una investigación de esta
envergadura de todos es el mérito, en función sobre todo del
resultado brillante y esclarecedor de unos acontecimientos que sin
duda habíansacudido a la sociedad catalana y española.
Si no he entendido mal, señoría, usted, en su interpelación, de
alguna manera trataba de trasladar tres conclusiones o tres
afirmaciones. La primera, que usted intuía un cierto retroceso
global, general, de las libertades democráticas en función de una
determinada política de seguridad y orden público. La segunda, que se
había un conjunto de hechos un tanto inéditos, novedosos, que no se
habían producido con anterioridad y que nos retrotraían en parte al
túnel del tiempo. Y la tercera, que estos hechos inéditos y novedosos
habían sido protagonizados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, por lo que se desprendía una cierta responsabilidad política
del Gobierno. Creo que básicamente esas han sido las tres
afirmaciones que usted ha hecho, y vuelvo a decirle que se lo
agradezco porque esas tres consideraciones nos permiten hacer una
reflexión en este turno de respuesta.En mi opinión, esas tres
afirmaciones no se sostienen por la realidad, tampoco por las
estadísticas, por las cifras, en el terreno cuantitativo, ni tampoco,
señoría, en función de la hemeroteca, que es la única que nos puede
determinar qué es novedoso y qué no lo es en este terreno. Y me va a
permitir que empecemos con las cifras y con las estadísticas en lo
que se refiere a Cataluña.
Escuchándole, podría dar la impresión de que en Cataluña, en el
capítulo de dispositivos policiales y en el de manifestaciones, se
hubiera producido un retroceso de libertad en estos meses. Le quiero
recordar que desde mayo de 1996 hasta la fecha se han producido en la
provincia de Barcelona 2.500 manifestaciones y se han producido
exactamente 20 cargas policiales. Puedo además decir lo que esto
vendría a significar en los últimos trienios en Barcelona: en el
trienio 1996-1998 se han producido 1.240 manifestaciones y 22
intervenciones policiales, es decir, un 1,8 por ciento del total; en
el trienio 1993-1995 se han producido 1.090 manifestaciones con 21
intervenciones policiales, un 1,19 del total. Es decir, prácticamente
iguales. En el capítulo de las denuncias contra actuaciones
policiales tampoco hay variaciones sustanciales en los últimos años,
y esa media es similar a la que se produce en España. En España, en
el año 1995 -le doy un dato-, de 2.407 manifestaciones, se producen
10 denuncias, es decir, un 0,4 por ciento, y en el año 1998, de las
3.138 manifestaciones, se producen 17 denuncias, es decir, un 0,5 por
ciento. Quiero ello decir, señoría, que por el número de
manifestaciones, por el número de denuncias, por lo que pueden
significar unas actuaciones policiales, según las cifras, no hay
retroceso democrático alguno.
Ahora bien, con toda razón, S.S. podría decirme que las cifras no lo
son todo, que no son las únicas variables a examinar, cuando además
estamos todos desarrollando un concepto de seguridad ciudadana bien
diferente del viejo concepto de orden público. Y tiene usted razón.
No sólo es la cantidad, sino que es la calidad, la gravedad de los
hechos, lo que determina la importancia de una acción de carácter
policial. Y creo, señoría, que tampoco tiene razón en la cuestión de
la calidad, de la gravedad, pero en función de la hemeroteca. Y con
esto, señoría -y le ruego que me interprete bien-, no trato de
minimizar los incidentes que se han producido. Le ruego que no
utilice
luego el argumento de que estoy minimizando por comparación con lo
que pasó en años anteriores; simplemente le estoy diciendo que no se
entre en la dinámica de decir que se está retrocediendo en función de
la gravedad de los hechos sucedidos.
Le puedo decir que en el año 1991, por ejemplo, se producen graves
incidentes con motivo de la inauguración del Centro de la
Microelectrónica, y hay siete heridos en Barcelona en ese momento. Y
en la Universidad en su conjunto, ya que usted ha planteado el
ejemplo de Bellaterra, le hago un brevísimo repaso de los incidentes
que se han producido en España desde el año 1979, no sólo con el
Gobierno anterior, sino en la etapa democrática.
En el año 1979 caían muertos dos universitarios a tiros por la
Policía Nacional. En diciembre de 1984 un estudiante resultaba herido
grave de bala, cuando se disponía precisamente a poner un ramo de
flores en el lugar donde habían muerto esos dos estudiantes en el año
1979. En marzo de 1986, y por segunda vez consecutiva en un mes,
miembros antidisturbios de la Policía Nacional irrumpían con
violencia en el interior de la Escuela Superior de Ingenieros
Industriales a raíz de una ley de atribuciones profesionales. En
enero de 1987 un joven es herido de bala por la policía en una
batalla campal de estudiantes en el centro de Madrid. En el año 1993,
en la Facultad de Periodismo de Madrid, se producen graves
alteraciones y se detiene a 43 personas. Por ello, señoría, no hay
retroceso democrático en función de los hechos que se han producido.
Y no puede ser de otra forma, no porque el Gobierno sea bueno o malo,
sino simplemente porque la sociedad española es cada día más
exigente, formalmente y de fondo, con la democracia y no acepta
retroceso alguno.
Usted podrá argumentar que no es suficiente la calidad y la gravedad
de los hechos. Usted puede decir -y es lo que ha comentado en su
intervención- que la respuesta de la democracia, del Gobierno y de
las instituciones no ha sido suficiente. Le voy a poner otra vez el
mismo ejemplo de Bellaterra. ¿Sabe usted cuándo un Gobierno
democrático ha aceptado una falta de previsión ante un hecho sucedido
en un campus universitario? Yo he repasado todos los incidentes
universitarios de España desde el comienzo de la democracia y le diré
que jamás se ha aceptado la falta de previsión de un dispositivo
policial. La primera vez que se acepta la consideración de falta de
previsión se produce por el incidente universitario en Bellaterra del
14 de enero. La primera vez que se ha pedido perdón a las personas
que sufrieron en aquel momento una actuación sin tener
responsabilidad alguna porque estaban allí de paso se hizo en esta
Cámara, también por los acontecimientos de Bellaterra. Quiero
recordar que la primera vez que ha cesado -porque ha dimitido- un
gobernador civil por una acción policial, que yo recuerde desde el
año 1980, no en Cataluña, esta vez en el País Vasco, ocurrió también
con este Gobierno, que cesó a un gobernador civil por una serie de
actuaciones que, sin duda, aconsejaban tal decisión. Es la segunda
vez que por un incidente universitario se produce una comparecencia
voluntaria, ésta no es la primera vez.
En definitiva, quiero decirle, señoría, que desde la acción del
Gobierno -como le acabo de poner de manifiesto- ha habido una
respuesta más democrática, que es en el fondo lo que nos demanda la
sociedad española. Ni que decir tiene que este Parlamento, el
Congreso y el Senado, ha ejercitado como nunca el control, y eso es
mérito de la oposición, pero ha habido dos preguntas, ha habido una
interpelación, ha habido una comparecencia voluntaria y además ha
habido un recurso contenciosoadministrativo ante el Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña, con lo cual el Estado de derecho en su
conjunto, en sus diferentes instituciones y manifestaciones, ha
mejorado -nunca perfeccionado- una respuesta en este terreno.
La última consideración que le quería hacer es lo que significa la
atribución a las Fuerzas de Seguridad del Estado. Yo ya sé que son
los responsables políticos. Usted -y quiero ponerlo de manifiesto-,
desde el primer momento, ha mostrado la confianza en la
profesionalidad y en la competencia de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, pero de ellos o de sus responsables políticos
se hace una especie de piedra de escándalo en función de los últimos
acontecimientos de Cataluña. Yo quiero hacerle una reflexión para que
haga un esfuerzo por no utilizar varas de medir diferentes en función
de las policías de que se trate, porque nos introducimos en cierta
arbitrariedad, en una excesiva utilización partidaria de estos
asuntos. La propia hemeroteca nos demuestra que esas consideraciones
que usted hacía de poner como piedra de escándalo a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado no se corresponde con la realidad, y
le voy a poner ejemplos.
El 13 de enero, en Sabadell, sabe usted que un policía local,
persiguiendo a un presunto delincuente, lo mató por la espalda. El 30
de enero de este año, en Reus, un policía municipal hirió de gravedad
con una pistola a un guardia de seguridad. En Lérida, el 12 de
febrero de este año, unos miembros de la Policía autonómica
encañonaron a unos chicos que se habían saltado un semáforo en rojo.
El 9 de marzo de este año, un policía local de Badalona, con un alto
grado de alcohol en sangre, iba pegando tiros a las farolas a altas
horas de la madrugada. Esas acciones se han producido al mismo tiempo
que éstas. ¿Para qué lo digo, para minimizar nuestras actuaciones? En
modo alguno. ¿Para minimizar la gravedad de lo sucedido? En modo
alguno. Y tampoco minimizo lo que sucede en las policías locales. Lo
digo simplemente para que hagamos el esfuerzo de introducir la misma
vara de medir, para ser cada día más exigentes con nosotros mismos y
con las fuerzas de seguridad del Estado, no para minimizar los hechos
que sucedieron en Bellaterra ni tampoco los que protagonizó la
Policía autonómica.
Usted sabe muy bien, señoría, que la seguridad ciudadana siempre es
un reto; nunca hay una situación perfecta, siempre hay fracasos en el
camino, siempre hay aciertos y siempre hay desaciertos, pero, por
encima de cualquier otra consideración, todos hemos de tener
confianza, desde el control, desde el rigor y desde la exigencia, en
las instituciones. Y ser conscientes -como usted ha dicho- de la
dificilísima labor de todos, absolutamente
de todos los cuerpos policiales, de la dificultad que hay en saber si
es proporcional o no su actuación, de la dificultad que tienen estos
cuerpos ante fenómenos violentos a la hora de responder en muy pocos
segundos. Por eso, mi reconocimiento no sólo a las fuerzas de
seguridad del Estado, sino también a la Policía autónoma de Cataluña
y a todas las policías locales de Cataluña. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Señor ministro, creo que usted tenía
preparados un escrito y una idea y ha rebatido cosas que yo no he
dicho. Se ha pasado toda su intervención diciendo que yo había dicho
que existía un retroceso de las libertades democráticas. Nada, no he
dicho nada de esto, no he dicho absolutamente nada. He situado tres
ejemplos en tres años y he situado dos ejemplos en dos meses. Luego
me referiré a las cifras y haré ver la importancia política, con
cifras pequeñitas, en las fuerzas de seguridad.
Le voy a decir otra cosa. Usted hoy aquí no ha emitido opinión alguna
sobre las actuaciones que yo he denunciado. Si usted me lo permite,
le señalaré que ha hecho tres cosas: decir que yo hablaba de
retroceso democrático, cosa que no he hecho, y ha continuado en la
línea que el otro día abrió el señor Aznar. El otro día, el señor
Aznar contestó a un diputado o diputada socialista, hablando de
corrupción: Hasta que nosotros lleguemos a la suya, fíjese si falta.
Y usted ha continuado en esa línea: Hasta que tengamos los muertos
del PSOE, fíjese si falta. Y me ha sacado una lista de muertos
durante el Gobierno del Partido Socialista. Pero ese no es el debate,
señor Mayor Oreja. No me compare con lo que pasó en 1980, en 1979, en
1960; no me lo compare con nada de todo esto.
Hemeroteca. Todo esto, señor Mayor Oreja, es de la UAB: prensa,
editoriales: Torpeza policial. Viejas maneras.
La visita de Aznar a la Autónoma acaba en una batalla campal. El
conseller de Gobernación considera intolerable la actuación de la
policía. Carga sin precedentes en la Autónoma. Y por primera vez un
rector de la universidad va a los tribunales pidiendo
responsabilidades a la delegada del Gobierno.
Fíjese bien, desde el punto de vista de las cifras, si esto pasa una
vez entre un millón, es que no puede pasar. Si entre un millón de
actuaciones de la policía hay una en que ocurre esto, corríjala, no
me dé cifras, porque esto no puede pasar. Y usted, ante esto, no dice
nada, me remite a 1979, a 1980, a la UAB, a lo que pasa en Sabadell y
a lo que pasa en Lérida. Pero, respecto a lo que yo le he planteado,
que ha habido dos actuaciones desproporcionadas de la policía, con
errores importantes, ¿considera usted que son o no errores? ¿Piensa
hacer algo para que no se repitan? A esto no contesta.
El presidente de Generalitat, que nunca acostumbra a hablar de esto y
sólo habla cuando toda Cataluña lleva una semana hablando, consideró,
después de cuatro días en los que todo el mundo hablaba de ello, que
la actuación
de la policía en Cornellá fue errónea y estuvo fuera de lugar. Si
quiere, le leo una parte del comunicado de 60 rectores de las
universidades públicas y privadas ante los hechos de la UAB. Sesenta
rectores han dicho: actuación desproporcionada y de extrema violencia
de las fuerzas de seguridad. Ni la seguridad de las personas ni la
normalidad universitaria estaban en una situación que justificara la
intervención de la fuerza pública en el recinto universitario. Hay
responsabilidades de las autoridades políticas, que demostraron
imprevisión, descoordinación e incompetencia.
Esto no se puede rebatir con cifras. Faltaría más que las cifras de
las fuerzas de seguridad ciudadana mostraran más errores que
actuaciones positivas, no se podría vivir en este país. Ya
presuponemos que, en un Estado democrático, la mayoría de las
actuaciones de las fuerzas de seguridad son buenas, se producen
conforme a derecho, ya lo sabemos. Lo que le estoy diciendo es que ha
habido dos actuaciones en los últimos meses, y una hace un par de
años, sin precedentes desde el punto de vista policial. No hay
precedentes en el Estado español durante el período democrático de
que los rectores vayan a los tribunales en contra del delegado del
Gobierno, no hay precedentes.
Supongo que usted vio la cinta de lo que pasó en la Autónoma, supongo
que la quiso ver. No he querido hacer un debate hoy de los hechos
concretos, de la versión del rector de la Autónoma, incluso he dicho
que en Cornellá el policía se pudo equivocar, se pudo poner nervioso;
lo que le estoy intentando transmitir es que no se salga por la
tangente, pues yo no he dicho que haya un retroceso en las libertades
democráticas.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Saura, le
ruego concluya.
El señor SAURA LAPORTA: Esa fue la intervención de otro diputado en
la comparecencia, no la mía; fue, en concreto, la del señor Meyer, de
Izquierda Unida. Yo hoy no he dicho esto, lo único que le estoy
diciendo, señor Mayor Oreja, es que reconozca lo que no ha
reconocido, que me hable de lo que yo le digo. Simplemente le digo si
piensa hacer alguna cosa para que no se vuelvan a repetir dos
actuaciones desproporcionadas, imprevistas, ineficaces, que han
acabado muy mal. Parece que usted no va a hacer nada porque me está
diciendo que todo está muy bien y que ahora esto funciona mejor que
hace veinte años o que en algunos otros ayuntamientos.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Saura.
Señor ministro de Interior.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Gracias, señor
presidente.
Había comenzado mejor la interpelación el señor Saura. Lamento que le
cueste no agriar al final el debate. La verdad es que su intervención
ha sido impecable y evidentemente todos tenemos motivos de reflexión,
pero lamentablemente
al final le cuesta aceptar una serie de datos que le he
dado, unas cifras, un ejemplo de lo que ha sido, creo yo, una
respuesta razonable ante una situación difícil como la que usted
mismo ha descrito.
Yo no me he inventado el retroceso de libertades, señor Saura. Usted
ha hablado del túnel del tiempo y de que nos retrotraía a tiempos
pasados. Ha sido un término que usted utilizó en la comparecencia en
su momento y lo ha vuelto a utilizar hoy. Creo que en mi respuesta -y
en modo alguno quiero que se interprete así- no he lanzado muertos de
unos partidos o de otros; he hablado de lo que sucedía en algunos
momentos en la Universidad española en el año 1979, pero simplemente
para que no haya complejo alguno de que se puede retroceder en
libertades democráticas en España. Ni con gobiernos de la izquierda
ni con gobiernos del centro ni con gobiernos de la derecha se
retrocede democráticamente en España, ni con unos ni con otros, y lo
que no podemos es tratar de introducir un cierto complejo del sistema
democrático en función de quien gobierna. Lo único que he hecho ha
sido defender la mejoría del conjunto del Estado de derecho a lo
largo de estos años.
Yo no sólo he dado cifras, señoría; he explicado exactamente otras
cosas bien distintas. He comparado en gravedad los acontecimientos
-y, en ese sentido, usted no me ha respondido en la interpelación- y
le he dicho que precisamente este Gobierno ha hecho lo que, en ese
terreno de la reacción y de la respuesta, no habían hecho otros
gobiernos. Yo no he hablado solamente de cifras. ¿Cuántas veces
quiere que le repita que hemos tenido una falta de previsión? Yo ya
no sé cuántas veces lo he dicho, pero lo puedo repetir una vez más.
La tuvimos y lo dijimos en la Cámara; no tengo ninguna vergüenza en
aceptar nuestros errores en ese sentido. Hubo una falta de previsión,
de la que además no se podía responsabilizar a persona alguna porque
hubo un conjunto de responsabilidades compartidas y, evidentemente,
la destitución de una persona hubiese sido una flagrante injusticia.
Pero la responsabilidad política de un error la asume uno en el
momento en el que en una comparecencia voluntaria está diciendo -en
este caso yo, el ministro de Interior- que se ha equivocado y que
asume la responsabilidad política de un error. Señoría, si quiere, lo
vuelvo a repetir, vuelvo a pedir perdón y vuelvo a decir que, en esta
cuestión, en su momento, hubo una falta de previsión por parte del
Gobierno.
Le voy a decir una cosa. En el terreno de la mejora de la seguridad
ciudadana la oposición siempre encontrará al Gobierno. En el terreno
de lo que puede significar una descalificación general, una
descalificación universal, un análisis de varas de medir en función
de una policía u otra, ahí no nos encontrará; pero en el tema de la
mejora, sin duda. Y ya que usted ha planteado el tema de Bellaterra,
le voy a plantear yo por qué no somos capaces de impulsar la
elaboración de un convenio, un protocolo de funcionamiento, con el
conjunto de las universidades españolas, a efectos de que estos
sucesos nunca se reproduzcan. Un convenio de cooperación y
colaboración en ese terrenoentre el Ministerio de Interior con las
universidades
españolas, sin duda alguna, podrá ser un buen instrumento de futuro
para eliminar absolutamente cualquier acontecimiento o incidente de
estas características.
También quiero decirle, señoría, que el barómetro de la seguridad
ciudadana en Barcelona (y es verdad que el dato que le voy a dar es
de junio) nos lleva a la tranquilidad. El último barómetro realizado
en Barcelona en junio de 1998 señala que sólo al 5,1 por ciento de
los barceloneses les preocupa la seguridad ciudadana y sólo al 1,9
los problemas derivados de la droga, mientras que al 30,9 les
preocupa la circulación y al 10,5 el paro. Quiero decir, señoría, que
no hay un problema de alarma social e inseguridad. Cataluña está
presidida por la normalidad democrática, en sus ciudadanos y en las
fuerzas de seguridad que actúan, y hay hechos, en momentos
determinados, que evidentemente todas las policías tienen que tratar
de corregir. En ese terreno, sin duda, el Gobierno está en la mejor
disposición de seguir trabajando para que ni siquiera estos
acontecimientos puedan alterar lo que es una característica de
Cataluña. Pese a que hay grupos minoritarios y muy violentos -grupos
de okupas, el grupo de Cornellá-, qué duda cabe que Cataluña está
presidida, en el terreno de la seguridad ciudadana, por la normalidad
democrática.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, yo también querría empezar con una felicitación
expresa a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero muy
particularmente, como es obvio, a la Guardia Civil, por su actuación
en la aclaración de algo que tenía muy en vilo al conjunto de la
sociedad catalana, como era el secuestro de la farmacéutica de Olot.
Creo que eso es algo que ha sido percibido muy positivamente por el
conjunto de la opinión pública, por lo que la Guardia Civil merece en
este caso una felicitación muy expresa, que casi me atrevería a
personalizar, si se me permite, en el teniente coronel Miguel Gómez
Alarcón, jefe de la Policía judicial, que ha desempeñado en este caso
un papel muy claro y así ha sido percibido. No está de más que a
veces las felicitaciones tengan nombre y apellidos. (El señor
vicepresidente, Companys Sanfeliu, ocupa la Presidencia.)
Tiene razón el interpelante cuando habla de la alarma que causaron
los dos hechos que han dado lugar a esta interpelación. Causaron una
enorme alarma social precisamente por esa paz de la que usted hablaba
hace un momento. Precisamente porque la normalidad, la estabilidad
y la tranquilidad, en el marco de la seguridad ciudadana, es lo que
caracteriza -y que sea así por muchos años- a Cataluña, porque entre
las inquietudes de los ciudadanos los problemas de los cuerpos de
seguridad no son en absoluto la primera de sus prioridades, hechos
como los
de la Universidad Autónoma de Bellaterra (la UAB), y posteriormente
el incidente de Cornellá, provocaron efectivamente una alarma social;
en medida muy distinta en uno y en otro. Sin duda, lo de Bellaterra
fue un gravísimo error, fue una enorme imprevisión. De todos modos,
tanto en un caso como en otro recibimos explicaciones, más detalladas
en el caso de Bellaterra, menos en el caso de Cornellá, pero hemos
recibido una explicación y un reconocimiento de error, que es lo que
se espera del responsable político. Una vez asumido y sin reducir la
importancia del tema, sin que se minimicen esos episodios en un
conjunto de estadísticas comparativas, que en ningún caso podrían
disminuir la importancia de cada uno de esos hechos, entendemos que
las explicaciones dadas por el Gobierno y el expreso reconocimiento
de que las cosas no se hicieron bien, en términos políticos, nos
parece suficiente. Esperamos que no haya muchas más ocasiones en las
que eso tenga que volver a ser debatido en esta Cámara.
Por tanto, en términos políticos y globales, quedamos a la espera de
los términos de la moción consecuencia de esta interpelación, para
ver si es posible llegar a un acuerdo en términos positivos. Pero en
términos negativos - por decirlo de alguna manera- o de control, mi
grupo considera satisfactorias las excusas y el reconocimiento de que
efectivamente las cosas no se hicieron bien.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
Guardans.
En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Meyer Pleite.
El señor MEYER PLEITE: Gracias, señor presidente.
Señorías, este grupo parlamentario registró el 9 de marzo una
petición de comparecencia del ministro de Interior para que
informara, en este caso en la Comisión de Justicia e Interior, sobre
los incidentes ocurridos en Cornellá, porque considerábamos
absolutamente necesario que esta Cámara fuera informada de lo que
todos vimos en imágenes: cómo un funcionario de policía tenía que
desenfundar su arma reglamentaria para intentar resolver un incidente
ante la visita de un ministro.
Quería decirle al señor Saura, autor de esta interpelación, que puede
contar con nuestro grupo a la hora de la redacción de la moción,
esperaremos a que se nos presente la moción y aprovecharemos la misma
para ayudar al señor ministro de Interior en lo que en algunos casos
hemos denunciado como no seguir el manual de cualquier operativo
policial -y estamos hablando de un problema técnico, ni siquiera
político-. Con el manual en la mano, cuando una autoridad del Estado
visita una comunidad, se tienen que dar determinados pasos desde el
punto de vista técnico. Primero, que el servicio de información, que
para eso está, se informe sobre el terreno de a dónde va esa
autoridad, si va a tener contestación o no y cuál va a ser el grado
de la misma, si va a ser pacífica o si va a actuar con medios no
pacíficos; es decir, un trabajo previo de campo -como dice el manual-
para que los servicios de información puedan elevar a la autoridad
correspondiente el
grado de contestación que puede tener una visita. A partir de esa
información, y en función de ella, hay que decidir qué tipo de
operativo hay que poner ¿Para qué? Para resolver dos cosas: la
seguridad de la persona que va a visitar el lugar y la protección de
los derechos de los ciudadanos o ciudadanas que quieran expresar
cualquier descontento o cualquier crítica a esa persona. Es un
problema de manual. Pues bien, efectivamente, con los incidentes de
la Universidad Autónoma y con los últimos de Cornellá, el manual ha
saltado por los aires, y detrás de los dos incidentes hay una
responsabilidad que nadie puede achacar a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, hay una responsabilidad política, y en este
caso, de forma muy clara, la responsabilidad recae sobre la persona
que está representando al Ministerio de Interior en Cataluña, sobre
la delegada del Gobierno. La delegada del Gobierno hizo unas
declaraciones recientes diciendo que ella no entiende, no se ocupa de
lo que debe ser un operativo policial. No, mire usted: usted es la
responsable de decidir qué tipo de operativo se tiene que poner
cuando se produce la visita de una personalidad o de cualquier
persona con representación pública. No eche usted esa responsabilidad
al funcionario de turno. Nosotros no vamos a caer en el error de
echar la responsabilidad de los incidentes de Cornellá al funcionario
que tuvo que desenfundar su pistola reglamentaria. No, no. La
responsabilidad es de la autoridad política, de la delegada del
Gobierno y su servicio de información que, ante la visita del
ministro de Trabajo en un acto electoral del Partido Popular, no
detectó que ahí podía haber personas que iban a manifestar
-efectivamente, con unas formas que desde luego en Izquierda Unida
nunca lo haríamos- una expresión política contraria a esa visita. No
es lo mismo anteponer a esa expresión crítica a tres funcionarios de
paisano, con su arma reglamentaria y un tablón, a anteponer una
fuerza de seguridad en condiciones que garantice las dos cosas, que
el ministro pueda hacer su acto electoral con normalidad y que las
personas que quieran expresarse puedan hacerlo.
Lo que pasó en Cornellá y en la Universidad Autónoma de Barcelona es
un problema de recuperación de los manuales más elementales, señor
ministro, y después de asunción de responsabilidades políticas. En
este caso merecería la pena que no pusieran ustedes al frente de esa
responsabilidad a la delegada del Gobierno actual, porque no ha sido
capaz de resolver en muy poco tiempo lo que consideramos
indispensable en política de interior, que es el equilibrio entre la
seguridad y la protección de los derechos.
Yo fui citado por el señor Saura y fui uno de los que planteó en la
comparecencia sobre los incidentes de Barcelona que asistíamos con
preocupación a un cierto retroceso en este equilibrio entre
protección de derechos y seguridad, porque no solamente han sucedido
estos hechos en Cataluña. En 1996, a pocos meses de ponerse en marcha
este Gobierno, tuvimos ocasión de ver, durante la visita del señor
Aznar a Canarias, cómo era disuelta a palos una concentración de
delegados sindicales de Comisiones Obreras y UGT. En aquellos
momentos nos pareció muy grave, pero a partir de esa carga, la de
Barcelona y
estos incidentes de Cornellá, merecería la pena hacer una reflexión
para intentar corregir lo que desde nuestro punto de vista merece una
atención especial.
Para ir terminando, diré que el señor Saura puede contar con este
grupo a la hora de redactar la moción para que estos incidentes no se
vuelvan a producir y para que cuando un ministro, en este caso el de
Trabajo, vaya a otra comunidad, los servicios de información
funcionen, vean si van a tener contestación o no, y que, en función
de la contestación, manden a determinado número de efectivos. Así no
se volverán a producir esos acontecimientos.
Eso sí, señor Saura, a nosotros nos gustaría, ya se lo plantearemos
en la moción consiguiente, señalar en este caso concreto la
responsabilidad de la delegada del Gobierno en Cataluña.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias señor
Meyer Pleite.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, nos tienen ustedes acostumbrados a que los miércoles
se conviertan en una sesión de control de gobiernos anteriores, pero
no vamos a consentir que se convierta en una costumbre parlamentaria.
Usted desde la tribuna se ha dedicado al control de gobiernos que no
están en este momento en el poder, cuando el Gobierno que está
transitoriamente en el poder es el que debe ser controlado. Se ha
referido también usted al control de equipos de gobierno municipales.
Voy a intentar yo, señor ministro, centrarme en una sesión de control
del Gobierno.
Aunque no nos haya sorprendido la intervención que ha hecho desde la
tribuna, puesto que ha sido básicamente reproducción de la que se
realizó el 18 de enero, en la comparecencia a petición propia ante la
Comisión de Justicia e Interior, hemos de decir que nos encontramos
un tanto perplejos respecto al sistema de defensa acérrima de la
actuación policial que se hizo en aquel momento y el sistema clásico
de comparación para ver quién ha cometido más errores o menos en
materia policial.
Nosotros creemos que tiene que haber un acuerdo claro sobre que la
política en este punto debe ser una política básicamente de
protección de las libertades ciudadanas, que sólo puede llegarse a la
represión cuando hay un conflicto de valores o de derechos tal que
justifique una proporcionada intervención de la policía, y la
proporcionada intervención de la policía es algo que viene
establecido como una obligación legal: la Ley 2/1986, de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, que usted evidentemente conoce mucho
mejor que el diputado que habla, establece en su artículo 5.2.c) la
necesidad de la proporcionalidad de la intervención.
Nosotros entendemos que, en los últimos tiempos, en las actuaciones
policiales en Cataluña, tema de la iniciativa presentada por el señor
Saura en la tarde de hoy, no ha existido la proporcionalidad que
exige la ley. Esta proporcionalidad,
que además ha sido interpretada, por ejemplo, en la circular 12/1987,
de la Subdirección General Operativa de la Policía Nacional,
estableciendo las condiciones y la justificación de la exhibición de
armas de fuego por parte de los policías, que supongo debe continuar
vigente bajo su Gobierno, no se ha observado en el caso de Cornellá
y no se ha observado en el caso de Universidad Autónoma de Barcelona.
No nos sirve la comparación, señor ministro, ni el recurso a la
hemeroteca. Nos preocupó usted el día 18 de enero cuando se refirió
al 11 de abril de 1991 en la Universidad Autónoma; hizo referencia a
la hemeroteca. Nosotros hemos recurrido a la hemeroteca y hemos
recurrido también a la memoria histórica de personas destacadas
presentes en aquel día.En las hemerotecas, en lo que hemos podido
controlar, en El País y en el ABC, dos periódicos de tendencia
ligeramente distinta, se hace referencia larga y elogiosa al
desarrollo de la vista de S.M. el Rey para la inauguración del Centro
Nacional de Microelectrónica de Bellaterra; no se hace ninguna
referencia a ningún tipo de incidentes con heridos por parte de los
estudiantes. Pero además hemos intentado recurrir a la memoria
histórica, y hemos hablado con el entonces rector de la Universidad
Autónoma de Barcelona, el doctor José María Vallés, que nos ha
relatado cómo sucedieron los hechos, cómo no hubo incidente digno de
consideración, cómo además en un acto presidido por S.M. el Rey se
ofreció incluso un aperitivo en una carpa instalada en el exterior,
frente al centro, junto a la universidad, sin que hubiera ningún tipo
de incidente ni de carga policial.
Quizá lo que ocurra, señor ministro, es que, siendo la policía la
misma, lo que han cambiado han sido los responsables políticos que
deben dirigir esta policía, y por lo tanto se produce una situación,
que usted considera que no es de alarma social, en una utilización yo
creo que equivocada de la estadística, porque usted ha leído desde la
tribuna estadísticas de criminalización y victimización en la ciudad
de Barcelona y lo ha extendido a toda Cataluña. Primero, eran
anteriores a los hechos; segundo, usted ha dicho de Barcelona, y lo
cierto es que, tal como pusimos de manifiesto (y se reconoció así en
trámite parlamentario complemente distinto por parte del Defensor del
Pueblo en una comparecencia sobre seguridad ciudadana), en la ciudad
de Barcelona funciona el Consejo de Seguridad Ciudadana, que está
animado por el Ayuntamiento, y las cifras de percepción de
inseguridad en la ciudad de Barcelona son bastante inferiores a la
media nacional por razón de este buen funcionamiento del Consejo de
Seguridad Ciudadana.
Pero ello no nos lleva, señoría, más que a la conclusión de que lo
que es necesario es dirigir correctamente a la policía, que lo que
debe hacerse es una actuación que haga que los ciudadanos se sientan
protegidos en sus derechos.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Señor Pedret, vaya
terminando.
El señor PEDRET I GRENZNER: Concluyo inmediatamente, señor
presidente.
No nos parece que la actuación y las manifestaciones de la delegada
del Gobierno en Cataluña vayan por la vía de satisfacer este legítimo
deseo de seguridad y de libertad de los ciudadanos. Y aquí no me voy
a referir a la hemeroteca en general, le voy a facilitar a usted la
búsqueda y le voy a citar exactamente la página 24 de la edición de
Madrid de fecha 9 de marzo de 1999 del periódico ABC, poco sospechoso
de tratar mal al Gobierno actual, en que aparecen unas declaraciones
de la señora García Valdecasas, delegada del Gobierno en Cataluña,
diciendo que ella no se responsabiliza de actuaciones policiales,
porque ella es farmacéutica y de lo único que puede hablar es de
farmacia.
Señor ministro, en Cataluña no nos merecemos una delegada del
Gobierno que manifieste que no puede hablar de policía porque es
farmacéutica. Necesitamos un delegado o una delegada del Gobierno que
garantice las seguridades y las libertades públicas. Señor ministro,
con la confesión de boca no es suficiente. La penitencia es también
necesaria y la penitencia en política son dimisiones o ceses, no
meros reconocimientos de confesión de boca.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
Pedret.
Por parte del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Muchas gracias, señor presidente.
Con toda brevedad, yo creo que la primera idea importante a destacar
hoy en el contexto de este debate es que efectivamente este Gobierno
ha venido impulsando una política de seguridad ciudadana
profundamente progresista por ser profundamente participativa; una
política de seguridad ciudadana que no tiene en absoluto nada que ver
con el viejo concepto del orden público, y que está fundamentada
desde dos principios esenciales: el de actuar como garantía y defensa
de las libertades y de los derechos ciudadanos, como no puede ser de
otra forma, y el de haber introducido un elemento importante
-permítaseme la expresión-, un elemento casi de cogestión entre
ciudadanos y policías para poder hacer precisamente eso, más ágil,
más flexible, más participativa, más dinámica, más abierta, en
definitiva, de mayor calidad en la respuesta de fondo y forma de la
prestación de ese servicio policial.
Yo creo que esta es una experiencia difícilmente contestable, está
ahí. Proyectos como el de Policía de proximidad o Policía 2000 están
recibiendo un amplísimo eco y un amplísimo respaldo social, y son
muchas las autoridades locales de otros municipios diferentes a los
que han comenzado a poner en práctica dicho proyecto, y de signo
político distinto del que en este momento representa el Gobierno de
la nación, que interesados por el proyecto están pidiendo que cuanto
antes también pueda ser puesto en práctica en su municipio. Eso no
pretende ser, desde
la concepción del Grupo Parlamentario Popular, un éxito de este
Gobierno; es un éxito de todos, porque el ministro del Interior, el
Gobierno del Partido Popular, este grupo parlamentario, hemos venido
repitiendo hasta la saciedad que en políticas de seguridad y en
políticas de seguridad ciudadana no puede haber fronteras
artificiales entre un antes y un después, sino que hay una
continuidad esencial, porque de la misma forma que hace una semana
hablábamos de política penitenciaria y decíamos que solamente había
una política penitenciaria posible, la política penitenciaria
constitucional, la que queda refrendada, inspirada y nacida en
nuestro marco constitucional, también en políticas de seguridad y en
políticas de seguridad ciudadana no hay más que una política posible:
la constitucional. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y
Lozana, ocupa la Presidencia.)
Por tanto, intentar establecer -yo creo que no se ha hecho
básicamente aquí, pero por si hubiere la tentación en el futuro- una
especie de sombras, o lagunas, o de comillas, o de interrogantes, o
de dudas sobre si la política de seguridad de este Gobierno está
afecta o no a esa prestación del servicio policial de calidad
orientado a la defensa de los derechos y libertades de los
ciudadanos, me parece que estaría puramente de más. Puede ser un
ejercicio político voluntarista, hasta incluso divertido o
inteligente, pero obviamente en el terreno de la realidad está
absolutamente de más.
La segunda cuestión yo creo que también ha venido reiteradamente
explicitada por el Ministerio del Interior, por el ministro del
Interior y por este grupo parlamentario. Bienvenidas todas aquellas
iniciativas de control por parte de los grupos de la oposición que
signifiquen aumentar los niveles de autoexigencia en la prestación de
ese control de calidad por parte del servicio policial; pero la
primera autoexigencia sin lugar a dudas nace del propio Gobierno, por
vocación y por compromiso político, pero sobre todo, señoras y
señores diputados, por una razón absolutamente incuestionable: por
imperativo jurídico, porque es su obligación. Y ese nivel de
autoexigencia permanente del Ministerio del Interior para vertebrar
adecuadamente esa política de seguridad ciudadana de calidad en
defensa de los derechos y libertades públicas se manifiesta en un
hecho de estilo muy claro, en el hecho de que este Ministerio, cuando
se ha podido producir un hecho que ha generado una cierta alarma
social, o que ha generado una inquietud, o que no se ha acomodado a
los niveles de autoexigencia que el propio Ministerio tiene
planteados, ha sido el primero en acudir a esta Cámara a petición
propia, en explicar con detalle los hechos, los pormenores del
suceso, y en pedir disculpas cuando ha habido que pedir disculpas, y
no se han caído los anillos. Y esa actitud, ese estilo acredita
sencillamente un rotundo nivel de autoexigencia en la prestación de
calidad de fondo y forma de ese servicio, que es clarísimamente un
compromiso, señor Pedret, con los derechos y con las libertades.
Por eso creo que podemos hablar hoy con claridad, cuando se invoca,
como se ha invocado, el principio de normalidad democrática.
Normalidad democrática significa, sí, autoexigencia por parte del
Gobierno y exigencia
por parte de los grupos de la oposición de que todas las actuaciones
policiales, todas, se ajusten a esos principios. Pero también
significa por parte de todos nosotros poner en práctica aquello que
Ortega llamaba la función didáctica de los dirigentes, y a veces
olvidamos llevar a cabo esa función didáctica de los dirigentes,
porque yo creo que en la invocación del principio de normalidad
democrática hay que decir tan claramente que toda actuación policial
en fondo y forma se ha de ajustar a esos cánones que el Ministerio y
todas las fuerzas políticas democráticas y los propios profesionales
de la policía desean, hay que decir eso tan claramente como decir que
en normalidad democrática no cabe aceptar ninguna forma, ni la más
pequeña, de violencia para el ejercicio de una protesta legal, de una
protesta pacífica, de una protesta rotunda.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Gil
Lázaro, le ruego concluya.
El señor GIL LÁZARO: Concluyo, señor presidente.
Ninguna forma de violencia. Sería bueno también que cuando planteamos
ese nivel de autoexigencia, que es necesario, planteemos también esa
invocación didáctica para que otros entiendan que cualquier forma de
violencia en el ejercicio de una protesta no va a contar con el
amparo ni el respaldo de ningún grupo político democrático.
Concluyo, señor presidente, deseando que este debate pueda tener la
próxima semana un epílogo constructivo. Que el grupo proponente, que
todos seamos capaces de alcanzar un texto de moción que nos permita
seguir avanzando en esa calidad democrática, en esa autoexigencia que
todos deseamos para la prestación del servicio público policial. Pero
de ahí la responsabilidad de todos, porque si lo que se desea es
hacer del texto de la moción un punto de confrontación o de
diferencia, probablemente este debate sólo habrá servido para dar un
pequeño paso atrás. Que este debate sirva para dar un paso adelante,
que este debate permita que el texto de la moción nos permita, a su
vez, a todos avanzar en ese nivel de autoexigencia. En definitiva,
que todos seamos capaces, señor presidente, y con esto concluyo, de
que cuando hablamos de estas políticas, que son políticas afectas a
los derechos y a las libertades ciudadanas, hablemos siempre lejos de
cualquier tentación partidaria, lejos de cualquier tentación
sectaria, con un profundo sentido de la responsabilidad, y no
perdiendo de vista que tenemos que saber ejercitar también un
compromiso didáctico. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Gil Lázaro.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE LA
NECESIDAD DE UNA LEY DE ARMONIZACIÓN DE LA NORMATIVA DE LA
REORGANIZACIÓN Y REDUCCIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO. (Número de
expediente 172/000144)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pasamos al
punto 34 del orden del día: Interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre la necesidad de una
ley de armonización de la normativa de la reorganización y reducción
de la jornada de trabajo.
Para su presentación, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor presidente.
Señorías, con esta interpelación urgente Izquierda Unida pretende
introducir un debate previsor de las consecuencias de una realidad a
la que estamos asistiendo impasibles. Nadie duda hoy que la reducción
del tiempo de trabajo, el reparto del trabajo que Izquierda Unida
planteó en su programa electoral de 1993 y por lo que se nos tildó en
su día de iluminados, ha ganado la batalla ideológica, la batalla de
la conciencia colectiva de nuestro pueblo e, incluso, de la opinión
pública mediatizada por los medios de comunicación. Las 35 horas son
hoy incluso un eslogan bonito, atractivo, que se ha hecho popular,
una especie de consigna popular, como dice el sociólogo Albert Recio.
En consecuencia, ningún grupo político se atreve a contrariar la
fuerza de ese simple razonamiento que lo sustenta, de trabajar todos
menos para poder trabajar todos y todas.
Otra cosa es cómo se haga eso. Ahí es donde surgen las posiciones
divergentes, pues qué duda cabe que lo que está siendo la medida
estrella del Gobierno para crear empleo, esto es, el contrato a
tiempo parcial, es una forma de reparto del trabajo, como lo
reconocía Guy Aznar en su famoso libro de hace un lustro, más o
menos. Pero es una forma insolidaria y desigualitaria, sobre todo en
mercados laborales como el nuestro, donde la tasa de actividad de la
mujer está en un 37,7 por ciento, mientras la media está estancada en
un 50 por ciento, y por tanto la del hombre tiene que ser lógicamente
superior, y la del paro femenino está en un 26,6 por ciento, frente a
un 13 por ciento del hombre, lo que hace que su potenciación sea,
además de desigualitaria, sexista en este sentido.
Sea como fuere, la derecha (el centro, como ustedes quieran, es
igual) ya ha encontrado su forma de repartir el trabajo sin
contrariar a la patronal ni repartir la riqueza, los incrementos de
productividad ni los beneficios. Todo lo contrario, dando al mercado
más motivos de alegría, pues van a encontrar una mano de obra más
barata, dócil y ajustada a las exigencias de las puntas del proceso
productivo.
Otros también hacen equilibrios para no decir que no a la exigencia
de la opinión pública de la jornada de 35 horas. Prefieren decir que
la reducción debe hacerse sólo por negociación colectiva. Pero el
señor Cuevas ha afirmado con rotundidad que no va a negociar las 35
horas; claridad que es sin duda de agradecer, sobre todo porque
despeja las dudas y resta justificaciones gratuitas a posiciones
dubitantes o equívocas. Cada vez que el señor Cuevas hace
declaraciones, nos da más razones a Izquierda Unida para plantear que
la única vía posible para conseguir la
jornada de 35 horas es la ley. Ojalá -lo digo con toda lealtad-
hubiera más asambleas de la CEOE, porque tendríamos cada vez más
razones.
Debo confesar que, al margen de lo que piense la patronal, desde la
lógica y la experiencia vivida y estudiada a lo largo de la historia
del desarrollo de las fuerzas productivas, Izquierda Unida piensa que
la reducción de jornada debe hacerse por ley y como una especie de
shock -permítame que emplee esa palabra- controlado, eso sí, y en
cierta medida en el paradigma productivo. Sólo así la reducción del
tiempo de trabajo se convierte en una fuente más, no la única, claro,
de creación de empleo. La experiencia analizada por Ingrid Burmann de
los sindicatos y la patronal sueca es que, a través de la negociación
colectiva, después de seis años, han conseguido reducir la jornada,
sí, pero 23 minutos a la semana; cantidad tan exigua que fue
absorbida inmediatamente por los incrementos de productividad. ¿Es
esto a lo que se refiere el señor Cuevas y el Gobierno cuando hablan
de negociar la reordenación del tiempo de trabajo, canjeando
reducción de jornada por más flexibilidad de la misma? Pues ojo sobre
todo a los negociadores, a los sindicatos, porque realmente este
viaje no merece la pena, no se creará empleo y sí se propiciará más
desregulación y pérdidas de derechos, si es que a estas alturas cabe
perder más derechos.
Gerhard Bosch y Steffen Lenhdorf han estudiado la reducción de tiempo
de trabajo a lo largo de los cien últimos años, porque lo de la
reducción de jornada no es nada nuevo. Su trabajo consiste en una
recopilación de otros trabajos de diversos expertos, que lo hacen
desde distintos métodos empíricos y analíticos, y lo han publicado en
1997 en el Boletín de la Confederación de Cajas de Ahorro de España,
en un monográfico sobre el empleo muy interesante, cuya lectura yo
recomiendo a sus señorías. La conclusión a que llegan estos
estudiosos es que no es una verdad necesaria que la reducción de
jornada tenga que acarrear pérdida de competitividad o incremento de
los costes, pues lo que importa controlar es el incremento de los
costes labores unitarios, y se demuestra empíricamente que la
competitividad puede incluso incrementarse por la vía de ese shock al
que antes aludía. La patronal, lógicamente conservadora, no quiere
arriesgarse a cambiar el paradigma productivo que implica la jornada
laboral de ocho horas diarias cinco días a la semana, que es más o
menos el que existe actualmente, pero si éste se cambia por ley,
primero buscará la trampilla del incremento de horas extras y,
después, fracasado el intento de esa trampilla, se sacudirán el
conservadurismo y elegirán innovar las formas organizativas de su
empresa para adecuar el proceso productivo al nuevo paradigma
horario. Con esta innovación sí cabe la negociación con sus
trabajadores; pero en ese punto del proceso la empresa obtiene una
nueva recomposición de la productividad en condiciones más
favorables. A esta conclusión es a la que llegan esos estudios.
El miedo al riesgo es legítimo y razonable, pero no debe servir para
parar la historia, necesitada de soluciones en cuanto a la
incapacidad de crear empleos de calidad o para hacer que cada día los
ciudadanos dejen de perder
derechos para que la patronal no se inquiete. Yo creo que eso no es
lo razonable. Lo demás, los sucedáneos, los incentivos para reducir
la jornada gota a gota, es decir, sí para decir no, frustrando la
esperanza de creación de empleo que despierta legítimamente las 35
horas, sinceramente no debería interesarnos a estas alturas.
En cualquier caso, la realidad es que muchas comunidades autónomas
están ya en esa vía. Ustedes nos han dicho alguna vez que las 35
horas no se pueden conseguir por decreto, que no se puede hacer un
decretazo, que es la sociedad la que tiene que crear empleo,
etcétera; sin embargo, las comunidades autónomas están elaborando
estos decretazos y ustedes no están haciendo nada. El Gobierno se
está viendo desbordado por la fuerza de las 35 horas y se hace el don
Tancredo. Señor ministro, le va a pillar el toro, porque las 35 horas
son un impulso que, por la vía emprendida por las comunidades
autónomas, les pone a la defensiva. ¿O no es estar a la defensiva
reprimir a los ayuntamientos, excepto al de Ávila, que han adoptado
las 35 horas para sus funcionarios en vez de legislar la legalidad de
la medida? ¿O no es estar a la defensiva hacerse el don Tancredo y
asistir como si no pasara nada a la dispersión normativa que se está
produciendo de unas comunidades autónomas a otras? Andalucía,
Cataluña y Galicia ya tienen decretos de reducción de jornada
incentivada de una forma o de otra o de reorganización del tiempo de
trabajo, es igual a los efectos que estoy planteando; Castilla y León
lo tiene reconocido como derecho individual; Canarias tiene un
decreto de incentivación de reducción de horas extras y anuncia un
inminente plan de incentivos para lo mismo; Extremadura y La Rioja
aplican las 35 horas para sus empleados públicos, lo mismo que
Andalucía; Castilla-La Mancha ha anunciado una inminente acción del
Gobierno ante el bloqueo por la patronal de las negociaciones;
Euskadi y Navarra también han incentivado los pactos individuales o
colectivos de reducción de jornada mediante beneficios fiscales o
bonificaciones para reducir la cotización social; el Gobierno
regional de Madrid ha confesado ser favorable, pero por el momento la
patronal bloquea también el acuerdo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Vaquero,
le ruego vaya concluyendo.
El señor VAQUERO DEL POZO: Voy acabando, señor presidente.
Asturias, Baleares y Murcia están pendientes de la negociación de
acuerdos sobre empleo donde se planteará la reducción de jornada y
Cantabria está pendiente del desarrollo legal del pacto. La olla está
hirviendo; por tanto, el toro embistiendo y don Tancredo plantado. Es
responsabilidad del Gobierno y del Legislativo actuar de forma
previsora, armonizando y concretando criterios de incentivación para
la reorganización y reducción del tiempo de trabajo antes de tener
que lamentar que las inversiones multimillonarias no hayan servido
para nada o para poco, como ahora parece ser nos dice el Tribunal de
Cuentas respecto a otro momento de la historia.
Por todo ello, en paralelo, lógicamente, nosotros vamos a seguir
planteando la jornada de las 35 horas y, en todo caso, en la moción
concretaremos nuestra exigencia al Gobierno de todo esto que hemos
expresado.
Gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vaquero.
Para contestar en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor
ministro de Trabajo.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Pimentel Siles):
Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el debate del tiempo de trabajo es un debate
intelectualmente importante, tiene mucha tradición en el derecho del
trabajo y de hecho la secuencia histórica del derecho del trabajo no
tan sólo ha consistido en otorgar y dar derechos sociales y laborales
a los trabajadores y trabajadoras, sino que también ha habido una
progresiva reducción del tiempo de trabajo. Por tanto, nunca este
ministro ni tampoco la fuerza política que sostiene a este Gobierno
haremos de las 40 horas un valor sacrosanto ni inmutable ni un dogma
de fe. Es el tiempo máximo legal que tenemos en este país, fruto de
una serie de modificaciones históricas laborales y, además, es una
cuantía máxima legal que está exactamente en la media de los países
de la Unión Europea. Hay países que tienen, los más, una jornada
máxima legal y algunos, muy pocos, algo menos. Estamos exactamente en
la media de la jornada europea.
Por tanto, es un debate al que tenemos y tengo el máximo respeto
intelectual, pero es un debate extraordinariamente delicado e
importante porque afecta directamente, y de forma notable, a la
capacidad de generación de empleo que tiene un sistema económico.
Acertar o errar en esta materia significará acertar o errar en la
capacidad de generación de empleo de nuestro sistema económico. Ello
hace que siempre abordemos este tema, uno, desde el respeto y, dos,
desde la prudencia, para acertar y atinar. No tiene nada que ver una
prudencia, un bien hacer, un cambio, una mutación o un planteamiento
con el inmovilismo que S.S. reflejaba.
Le quería decir que este debate, como bien sabe S.S., fue motivo muy
importante de atención en una cumbre monográfica que sobre empleo
celebramos en Luxemburgo, donde hubo un país, un Estado muy
importante, Francia, que había planteado una iniciativa legislativa
de reducción de jornada. Hasta ese momento fue el único país que lo
había hecho. Italia con algunos matices le siguió después y sobre
todo Francia planteó en la cumbre de Luxemburgo la oportunidad de que
los respectivos gobiernos planteáramos por ley la reducción del
tiempo de trabajo.
Usted también sabe que en la composición de fuerzas políticas que
sostienen los gobiernos europeos en este momento hay mayoría de
gobiernos socialdemócratas, no le digo que sea la democracia
cristiana o los gobiernos de centro los que sean en estos momentos
mayoría en Europa. ¿Sabe cuál fue el resultado de ese debate al cual
personalmente asistí en mi calidad anterior de secretario general de
Empleo? Por unanimidad se aprobó que no era recomendable
proceder a la reducción de la jornada de trabajo por ley. Está en la
cumbre de Luxemburgo y puede leerlo en la correspondiente
recomendación. No a una ley de reducción de jornada, no a una ley de
35 horas. La cumbre de Luxemburgo, tan loada por todos los grupos de
esta Cámara, dice que los gobiernos instarán a los agentes sociales a
que negocien, en sus respectivos ámbitos, el concepto de reordenación
de tiempo de trabajo, que no tiene nada que ver con esa visión miope
que usted ha aportado del concepto, dándole connotación negativa,
sino que incorpora muchos aspectos: reducción de tiempo de trabajo,
efectivamente; tiempo parcial, efectivamente; horas extras, cómputo
anual, turnos, etcétera, que hacen que una gestión del tiempo de
trabajo pueda ser más eficaz para el sistema productivo, pero también
aportar calidad de vida al trabajador. No puedo coincidir con su
visión estrictamente negativa del concepto de reordenación del tiempo
de trabajo. Yo personalmente creo que puede ser positiva.
Por tanto, la cumbre de Luxemburgo y Europa nos dicen no a la ley de
35 horas, sí a instar a que los agentes sociales debatan el concepto
de reordenación de tiempo de trabajo. Ese es el frontispicio y esa es
la envolvente europea que tiene actualmente este debate. España está
en este momento exactamente en el punto del debate en que está el
conjunto de los países de la Unión Europea. Ni un solo país más ha
abordado una ley de reducción de tiempo de trabajo; ni uno. Francia,
que lo hizo en un momento determinado e Italia que, como S.S. sabe,
también tiene una serie de matices, puesto que los sindicatos no
están de acuerdo con la ley que se promulgó en su momento y
probablemente se produzcan algunos cambios en esa ley. Esa es la
realidad. No intenten construir los discursos de que hay una ola
imparable, ese toro que usted dice que embiste, esa olla hirviendo,
porque no existe. Tan sólo existe en los ámbitos políticos que
legítimamente deciden. Y le tengo respeto y nos queremos creer que es
un toro o una ola imparable. No existe ni ese debate europeo tan
acentuado ni los países europeos están avanzando hacia ese tema. Ni
una sola ley, a raíz de la cumbre de Luxemburgo; tan solo Francia e
Italia con algunos matices.
El Gobierno de España, en unos momentos en que se está creando empleo
de forma intensa -S.S. lo sabe-, está estudiando fórmulas que
permitan mejorar aún más esta capacidad de generación de empleo, pero
ni mucho menos está como don Tancredo ante una realidad sociolaboral.
Permítame que le diga que usted tiene una percepción personal que
nace probablemente de su convicción ideológica acerca de la bondad de
las 35 horas, que yo respeto, aunque matizaría en algunos aspectos,
pero no existe esa ola imparable europea ni en la sociedad española a
favor de esa ley de 35 horas. Yo por lo menos no la he percibido, no
la veo, no veo en ningún boletín oficial de nuestros países hermanos
de la Unión Europea esa tendencia y por tanto creo que tenemos un
debate muy sosegado en estos momentos. No a la ley de 35 horas,
e instar a los agentes sociales a que debatan el concepto de
reordenación del tiempo de trabajo, que tiene connotaciones positivas
y es mucho más amplio.
¿Qué está pasando en nuestro país? También usted debe decirlo. La
jornada máxima legal es de 40 horas a la semana; en cómputo anual son
1.820 horas. ¿Sabe usted cuál es la jornada máxima negociada ahora
mismo por convenio colectivo? 1.778 horas. Es decir, de forma
flexible, natural, no impuesta, no traumática hay convenios
colectivos que van ajustando, entre otras cosas, su tiempo de
trabajo. Hay convenios que tienen 37 horas, 38, 39 y otros 40. Esa es
la realidad del país. De forma natural, adaptada, flexible, no
traumática y teniendo por protagonista a las personas que conocen
cada empresa y cada sector, que son sus trabajadores, sus
trabajadoras y sus empresarios, están consiguiendo incrementar
productividad y empleo sin ningún tipo de trauma. Por tanto, tampoco
pinte ese panorama tan negro, donde algunos se aferran a una realidad
de 40 horas, cuando la realidad no es esa. Ahí tiene la estadística.
Conozco que usted bucea habitualmente, se documenta bien y bucea en
la estadística y sabe que lo que le digo es exacta y estrictamente
cierto. La jornada pactada en estos momentos son 1.778 horas. Si
incorporáramos la componente de tiempo parcial, que es lo que hacen
algunos países europeos, esa jornada media incluso bajaría, pero no
lo he hecho, me he ido a la jornada media pactada. No introduzco,
como en algunas estadísticas, la ponderación del tiempo parcial, que
le indico, por cierto, que en nuestro país su utilización es
bajísima. Estamos tan sólo en un 8 por ciento. Ahora se está
empezando a incrementar algo, pero seguimos en una utilización a la
mitad de lo que lo hacen los países de la Unión Europea.
Ese es el debate donde estaba situado en nuestro país todo el
concepto de tiempo de trabajo y reordenación de tiempo de trabajo. Y
sí tiene usted razón que sobre la palestra de la opinión pública
aparecen dos realidades que son absolutamente distintas: por una
parte, unos acuerdos que se toman en ámbito local, municipal de
reducción de tiempo de trabajo y, por otra parte, una serie de
comunidades autónomas -es cierto, la enumeración es correcta, son
varias ya- de distinto signo político -es decir, no tiene monocolor
la bandera de la ideología política- crean una línea de incentivos
para las empresas que mediante acuerdo creen empleo a través de una
reducción de tiempo de trabajo. Son dos temas absolutamente
distintos, que es bueno matizar. En los ayuntamientos la jornada de
los funcionarios locales se rige por la Ley de Bases del Régimen
Local, que nos dice estrictamente, y cito literalmente, que el tiempo
de trabajo de los funcionarios y funcionarias locales será idéntico a
los funcionarios de la Administración general del Estado. El tiempo
de trabajo de la Administración general del Estado se ha fijado
mediante acuerdo con los sindicatos, no se fija este tiempo por real
decreto sino por acuerdo con los sindicatos, y en este momento son 37
horas y media. ¿Qué ha pasado? Algunos ayuntamientos han presentado
este acuerdo de reducción de tiempo de trabajo y la Abogacía del
Estado de oficio - porque no puede hacer otra cosa, ya que la ley
dice que son 37 horas y media, porque es lo que dice el acuerdo con
los sindicatos- ha recurrido estos acuerdos y el Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña ha dado la razón a los planteamientos de la
Abogacía del Estado.
Pero este no es el debate. El debate que usted planteaba es el
decreto de incentivos que están creando algunas comunidades
autónomas. Primer tema: ninguna comunidad autónoma ha reducido el
tiempo de trabajo en el ámbito del mercado de trabajo. Es legítimo
que lo haga en su ámbito propio de funcionarios, donde la comunidad
autónoma sí tiene competencias y el Gobierno no tiene nada que decir.
Está en facultad de sus competencias. Si lo hacen por acuerdo, el
Gobierno siempre -lo está haciendo y va a predicar con el ejemplo- va
a respetar el acuerdo. Si una comunidad autónoma entiende que es
positivo que sus funcionarios trabajen 35 horas, no tenemos nada que
decir. Están en su competencia legal, lo acatamos y no aportamos nada
nuevo. Distinto es el mercado de trabajo ordinario, que se rige, como
usted sabe, por el Estatuto de los Trabajadores, que tiene ámbito
nacional. Ninguna comunidad autónoma, y digo ninguna, ha reducido el
tiempo de trabajo en el ámbito de la comunidad autónoma, ninguna. Han
creado decretos de incentivos para aquellas empresas que creen empleo
mediante el acuerdo con reducción de tiempo de trabajo. Estamos ante
unos decretos de incentivos, de políticas activas y, por tanto,
competencia de las comunidades autónomas. No reducen tiempo de
trabajo, crean incentivos como los hay a la contratación de personas
con discapacidad, autoempleo o iniciativas locales de empleo; un
conjunto de políticas activas en el ámbito de la comunidad autónoma
sobre las que tienen competencia previa.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor ministro,
le ruego vaya concluyendo.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Pimentel Siles):
Enseguida, señor presidente.
Esa es la situación.
El Gobierno está tranquilo; las comunidades autónomas tienen sus
competencias y no vamos a recurrir porque no podríamos hacerlo. Otro
caso es que entremos a cuestionar alguna vez cuál es la eficacia real
de esos incentivos, que sería otro capítulo.
En la conferencia sectorial que tuvimos en Santander el lunes pasado,
donde estuvimos hablando de estos temas, el conjunto de comunidades
autónomas dijo por unanimidad no a la ley, sí al concepto de
reordenación. Ante la propuesta de una comunidad autónoma de que
hubiera una ley que homologara todos los decretos de comunidades
autónomas, empezando por este ministro que no lo ve oportuno y
concluyendo por el resto de comunidades autónomas, se desestimó la
posibilidad de esta homologación que no aportaría realmente nada. El
panorama del tiempo de trabajo está tranquilo. Hay una serie de
incentivos que las empresas pueden adoptar como tantos otros
incentivos creados, pero no hay ninguna confusión ni ninguna duda.
Por último, quiero decirle que en el acuerdo interconfederal de mayo
de 1997, donde se fijó el nuevo contrato estable que tan buenos
resultado ha tenido, se planteó dentro de la comisión de seguimiento
una posible negociación entre sindicatos y empresarios del concepto
gestión
y reordenación del tiempo de trabajo. Hay una magnífica
oportunidad ahí para que los agentes sociales aborden el concepto de
reordenación del tiempo de trabajo de forma marco, que tendrá
concreción después en los ámbitos sectoriales o de empresa.
Ese es el panorama global, señoría. Hay tranquilidad en torno a este
debate; no hay ningún toro, no hay ningún nervio. Le puedo decir que
personalmente creo que la ley no sería positiva, sino negativa, al
igual que creo que es positivo para los sectores que, dentro de cada
ámbito y de forma flexible, vayan estimando qué utilización pueden
hacer de la reordenación del tiempo de trabajo.
España, en todo caso, está en primera línea del conjunto de políticas
europeas.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, efectivamente, don Tancredo está tranquilo,
absolutamente tranquilo, fijo, parado. No se preocupe usted, el toro
también está tranquilo, es su forma de ser; embiste simplemente
porque es su forma de ser, la necesidad social es la que empuja.Ese
es el problema; el problema es que no se da respuesta a esa necesidad
social.
Quizás hayamos confundido el debate. Este no es el debate de la
necesidad de la ley de las 35 horas, ese vendrá cuando presentemos la
iniciativa legislativa popular. Lo que planteamos aquí es que el
Gobierno presente una ley para homogeneizar todas las iniciativas
incentivadoras, claro está, que están realizando las comunidades
autónomas. Creemos que esa es la realidad, que lo están pidiendo los
sindicatos. Usted me informa en cuanto a las comunidades autónomas
que la conferencia sectorial no está de acuerdo, pero los sindicatos
sí. Yo leo la prensa y en la prensa se plantea que hace falta una ley
marco para reordenar, para homogeneizar y homologar. Una ley básica,
posiblemente, luego las comunidades autónomas pueden, en uso de sus
competencias, realizar las iniciativas que correspondan; pero, en
cualquier caso, hacen falta una serie de criterios para poder
homogeneizar el mercado de trabajo en el ámbito en que existe: el
estatal.Eso es lo que planteamos y no otra cosa ahora mismo. Decimos
que, en paralelo, vendrá la otra iniciativa y tendremos tiempo de
hablar de si la reducción del tiempo de trabajo, las 35 horas, crea
empleo o no, es prudente o no es prudente.
Siempre oímos hablar de que este debate es legítimo y se respeta,
pero la prudencia es lo que impide tomar la decisión final. Nosotros,
señor ministro, creemos que estamos en la media europea, pero no
estamos en la media europea del paro. Tenemos casi el doble de paro
y, por tanto, como media, tenemos el doble de necesidad que los
europeos restantes de poder habilitar fórmulas que creen empleo. Diga
lo que diga la cumbre de Luxemburgo, ni Francia ni Italia están fuera
de esa cumbre, que yosepa, y creo que el señor ministro no ha querido
echar de
esa cumbre ni a Francia ni a Italia. En consecuencia, si también
estuviera España acompañando a Francia e Italia, también estaría
dentro de la cumbre de Luxemburgo, precisamente porque cada Estado
tiene, dentro de esa cumbre de Luxemburgo, posibilidades de realizar
su política de empleo, la que corresponda en función de sus
necesidades e, insisto, nuestra necesidad de crear empleo y de
habilitar todas las fórmulas posibles es el doble que la de los
europeos restantes. En cualquier caso, si otros gobiernos,
socialdemócratas la mayoría, no lo entienden así, nosotros tendríamos
que entenderlo, fueran socialdemócratas, de centro o de lo que usted
quiera.
El asunto está ahí y no se puede plantear que ya se esté realizando
una reducción de jornada de forma natural. Usted trae a colación la
reducción de jornada en la negociación colectiva. Es evidente que de
la negociación colectiva, de la jornada pactada a la real, hay un
paso bastante considerable, señor ministro, y eso es lo que hay; lo
que tendríamos que ver es la real, las jornadas de 50 y 60 horas, las
horas extraordinarias, lo que modifica, lo que perturba esos datos
que usted me está planteando. No es cierto que en España haya una
jornada de este tipo. Hay una jornada muy abultada y hay mucho parado
que espera que se reparta el trabajo en cualquier caso. Obviamente,
el grado de cumplimiento de los convenios no es el que debería
corresponder y, por tanto, ese dato no nos sirve como contraste a
nuestra opinión.
La Abogacía del Estado ha recurrido porque no tiene más remedio que
hacerlo, porque esa es su obligación, pero para eso nosotros estamos
instando al Gobierno a que habilite las fórmulas legales para que ésa
deje de ser su obligación. Es lo que estamos diciéndole; estamos
diciéndole que legisle, que traiga a esta Cámara una ley en función
de la cual las corporaciones locales, los ayuntamientos, puedan
reducir su jornada laboral.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Vaquero,
le ruego que concluya.
El señor VAQUERO DEL POZO: Concluyo ahora mismo, señor presidente.
Muchas gracias.
Por tanto, no es la convicción ideológica la que nos lleva a plantear
estos asuntos. Hemos estudiado esto; usted sabe perfectamente que
tenemos interés en estudiar esto. Que no sea la convicción ideológica
contraria la que le aferre a usted a plantear una negativa constante
a este debate, porque es absolutamente necesario. Al final, cuando
vengan las vacas flacas y usted empiece a tener que lamentarse de que
ya no se crea tanto empleo -por cierto, no se crea tanto empleo, lo
que ocurre es que está bajando la tasa de actividad y eso cubre parte
de las cifras de ese importante incremento del empleo, pero ese es
otro debate-, que no sea el dogma, la posición dogmática la que nos
impida habilitar todas las fórmulas posibles de creación de empleo
que necesitan los trabajadores y trabajadoras de este país y, sobre
todo, los parados.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Vaquero.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Pimentel Siles):
Gracias, señor presidente.
Insiste usted en los símiles taurinos: el toro que pasa, el toro que
embiste, las vacas flacas. En la ganadería, en los toros, existe la
selección genética, como usted sabe, y hay toros que embisten, hay
toros pastueños. Usted, en su concepción ibérica, siempre ve ese
fiero toro que embiste y que arrolla lo que hay a su paso. En este
caso, estaríamos ante un toro que está, que pasta con tranquilidad,
pero que no está arrollando a nadie y en la plaza, en el ruedo
europeo, mucho menos. No insista porque no existe esa petición por
parte de los Estados, ni de los gobiernos, ni de la sociedad, que no
cree, como usted, que esa asociación de reducción de tiempo de
trabajo y creación de empleo es una fórmula casi mágica. No existe.
Es un debate que está, que es legítimo, que se va produciendo, pero
no tiene ni la fiereza ni la presión que de sus palabras se deduce.
Como matiz, le diré que sí se está creando empleo. El incremento o no
de la población activa tiene repercusión en la dimensión del
desempleo, pero la creación de empleo es un dato neto, objetivo e
independiente de cualquier otra circunstancia y se está creando
empleo a un ritmo importante. Pero fíjese usted -y no es por entrar a
devaluar iniciativas ni a contrastar, que no quería hacerlo- que hay
ya países como Francia donde se ha empezado a aplicar la reducción de
la jornada, y nosotros estamos creando empleo ahora mismo, con esta
concepción flexible de reordenación del tiempo de trabajo al triple
de intensidad que lo hace Francia. No asocie directamente que se
reduce el tiempo de trabajo más en Francia y que se crea empleo. No
está pasando en Francia, y le doy el consejo personal de que no tenga
la certeza tan ciega que le veo en esa medida como generación de
empleo. Plantéelo como una posibilidad, como un camino, como una
senda, pero no lo haga como lo hace, porque en la vida es muy difícil
saber quién está estrictamente en la verdad, y a lo mejor no es
exactamente -yo así lo creo desde luego- una varita mágica para la
creación de empleo. Las experiencias que hay lo avalan. No hay ni una
sola experiencia todavía, en un ámbito amplio de economía, de que
reducción de tiempo de trabajo haya significado creación de empleo. A
lo mejor, a largo plazo y en forma flexible, sí, pero desde luego a
corto y a medio plazo y de forma tajante, por ley, yo le aseguro que
no es así.
Francia e Italia suscriben, por supuesto, la cumbre de Luxemburgo y
son los primeros que no suscriben el principio del concepto de
reordenación, independientemente de que ellos tenían abierta su vía
de ley. La jornada pactada en nuestro país es de 1.778 horas; no
existe en este país, de forma sistemática -lo digo porque hay que
cuidar las palabras- una jornada de 50 ó 60 horas a la semana. No
existe. No sé si en algún sector, en alguna empresa, puede haber uso
fraudulento de horas extraordinarias, pero siempre serán casos
concretos y puntuales. La media
de trabajadoras y trabajadores de este país, desde luego, no trabajan
doce horas en la empresa. No se engañe. No digo que no haya casos
puntuales, y de hecho la Inspección trabaja en esta línea, pero no
diga que la jornada media es de 60 horas a la semana, porque no lo
es, señor Vaquero; no son jornadas de 12 horas al día cinco días a la
semana.
En cuanto a los ayuntamientos, hoy no es el momento de debatirlo,
pero fíjese usted que nos pide que homologuemos los decretos de
incentivos. Yo creo que tiene cierta lógica, e independientemente el
Legislativo podrá plantear lo que tenga, que haya cierta homogeneidad
de tiempo de trabajo entre Administración general y ayuntamientos,
aunque no tendría por qué ser así, porque podría pasar, como en las
comunidades autónomas, que hubiera libertad. Pero incluso por
atención al ciudadano, sería difícil entender que un ayuntamiento
abriera a las diez, otro a las nueve, y cerraran a la una, a las dos
o a las tres. A lo mejor tiene cierto sentido que este legislador
entienda que sea buena cierta homogeneidad, en la línea de lo que
usted creía. Pero, en todo caso, el tiempo de trabajo de la
Administración general del Estado, que es la que rige en los
ayuntamientos, se fija por convenio y por acuerdo con los sindicatos,
no se fija por real decreto, como usted sabe. Y en estos momentos son
37 horas y media. Creo que el año que viene toca negociación, y por
tanto se fijará el nuevo tiempo de trabajo. Es un debate que estoy
seguro de que nos va ocupar mucho tiempo, y creo que vamos en la
buena línea de instar a los agentes sociales a que sigan negociando.
Yo creo que tenemos unos agentes sociales muy maduros en este país y
que sabrán hacer convivir los legítimos intereses de creación de
empleo, de productividad necesaria y de bienestar de los
trabajadores. Y la combinación de todo esto significará, sin duda,
bienestar y también empleo.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Señor presidente, intervengo muy
brevemente porque tendremos tiempo de entrar en el fondo de la
cuestión en el debate de la moción la semana que viene, pero sí
quiero fijar posición sobre dos cuestiones de fondo. Una de ellas es
que nosotros compartimos el planteamiento que hace el ministro de
afrontar este debate sin dogmatismos y sin necesidad de imponer, a
través de la fórmula de la ley, esta nueva jornada laboral, y por
tanto vamos a mantener, como el señor Vaquero debería intuir, una
posición coherente con otros debates que ya hemos mantenido en
relación con esta cuestión. Nos parece que debemos ser capaces de
desarrollar la fórmula del diálogo social para avanzar realmente en
la reordenación del tiempo y al mismo tiempo continuar convirtiendo
la cuestión de las horas extraordinarias en una lucha del conjunto de
las administraciones públicas
y de los agentes sociales, como creo que en los últimos meses se
ha venido haciendo.
Otra cuestión, que es la que me ha motivado principalmente
a intervenir en este debate, es que nosotros no entendemos que el
Gobierno deba homogeneizar el conjunto de políticas activas que en
materia de ordenación de empleo están creando las comunidades
autónomas. No nos parece que deba ser así. Creo que, en función de
nuestra capacidad de autogobierno, cada una de las comunidades
autónomas está intentando desarrollar sus propios ámbitos laborales
de actuación. Otra cosa sería que el Gobierno pueda utilizar ese
mecanismo que, por ejemplo, Cataluña ha empezado a desarrollar.
Consideraríamos interesante y positivo que el Gobierno se inspirase
en el modelo catalán de pacto por la ocupación, pero no entendemos
que el Gobierno tenga la obligación de homogeneizar aquellas medidas.
Por tanto, si su moción va en esa línea, le puedo asegurar que no va
a encontrar nuestro apoyo.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Campuzano.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
señora López.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, señor presidente.
Intervengo muy brevemente.
Afrontamos nuevamente este debate que ya hemos realizado en algunas
otras ocasiones, en el que mi grupo sigue en la misma posición en
coherencia con posiciones anteriores. Es verdad que el tiempo de
trabajo tiene una relación directa con el empleo, eso es evidente,
pero también es cierto que tenemos que reflexionar en profundidad
sobre ese tema porque en estos momentos, en el año 1998, en nuestro
país se han hecho en torno a 100 millones de horas extras y si
verificamos donde se hacen esas horas extras comprobamos que son en
las empresas de más de 200 trabajadores, que casualmente son las
empresas que están reduciendo plantilla. Por tanto, no es matemático
que la reducción de plantilla lleve aparejada estas horas. ¿Qué es lo
que nos planteamos? Nos planteamos que tenemos que seguir avanzando
en el debate de las 35 horas semanales, porque es inevitable que han
de llegar. Es una cuestión que hemos de tener clara, ya que en el
futuro las nuevas tecnologías, los avances, los nuevos sistemas
organizativos de los centros de trabajo nos han de llevar a esto.
Pero nosotros creemos que hay que hacer varias cosas antes de
afrontar una ley de este tipo. Primero, hemos de darle una
oportunidad a la negociación colectiva entre los agentes sociales,
pero también el Gobierno ha de intervenir en afrontar un tema
prioritario como es el de la formación.
Es cierto que tenemos un número muy alto de parados, sobre todo
parados de larga duración, que necesitan formación para que estén
dispuestos a afrontar las necesidades y las demandas que se producen
en los centros
de trabajo. Ante todo y sobre todo lo que necesitamos es eliminar las
horas extras. No es posible que estemos hablando de las cifras de
paro que tenemos, porque es cierto que se crea empleo, pero no al
ritmo que necesitaríamos para subir la tasa de actividad que en
nuestro país es más baja que en la Unión Europea y también para
reducir el paro que tenemos. Vamos bajando, pero necesitaríamos
hacerlo más. Para ello necesitamos trabajar en varias direcciones,
una, en la formación, para que nuestros parados estén preparados para
la demanda del mercado, para las necesidades que se generen y, dos,
en la negociación colectiva ayudando a los agentes sociales en esa
negociación.
Nosotros, como grupo parlamentario, no descartamos ninguna medida al
final. Tampoco descartamos que, al final, tengamos que tomar alguna
medida legislativa en este contexto pero, repito, dándole primero
oportunidad a la negociación colectiva y, teniendo en cuenta que la
patronal es la más reacia en entrar en estas negociaciones, si hay
que darle un empujón desde el Gobierno a la patronal para que entre a
negociar sugerimos que se haga.
La semana que viene veremos cómo resulta la moción y seguiremos en
este debate.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Camps.
El señor CAMPS DEVESA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, señorías, intervengo con absoluta brevedad porque he
observado a lo largo del debate que son muchas más las coincidencias
que las discrepancias en una materia como ésta. Nosotros no somos
dogmáticos en absoluto en el Partido Popular, sí que tenemos una
obsesión, y es la de crear empleo. Esa obsesión puede ser compartida
y es compartida por todos los grupos de esta Cámara. Esa obsesión,
además, la compartimos con dos prioridades a nuestro juicio máximas,
no absolutas -ya hemos dicho que no somos dogmáticos-: la adecuación
de nuestro mercado de trabajo a los requerimientos del nuevo milenio
y el avance en los derechos sociales y laborales de los trabajadores.
He oído al señor Vaquero hablar de que la reducción del tiempo de
trabajo, la reducción de jornada era un logro social, era consolidar
avances y derechos de nuestros trabajadores. Pues bien, queremos
decir y muy claramente que, evidentemente, la reducción de la jornada
de trabajo desde que era de mucho más de 40 horas hasta este momento
ha sido una conquista social, pero que seguir haciéndolo a partir de
ahora ya no cabe entenderlo de esa forma porque las circunstancias
son muy distintas, aunque cualquier tipo de reforma o acuerdo que
tengamos que tomar todos los grupos de esta Cámara siempre encontrará
el respaldo del Partido Popular si consolida o avanza en los derechos
sociales y laborales de los trabajadores a los que va dirigido. Por
eso hemos de establecer un marco, para plasmar todas estas
cuestiones, y entendemos que no hay mejor marco que el respeto al
diálogo social y la colaboración
con las diferentes instituciones. Entiéndame, señoría,
respeto al diálogo social. Y respeto al diálogo social no quiere
decir solamente que se lo tengamos a los agentes sociales sino que,
además, les pedimos responsabilidad para que lleguen a acuerdos, y
que esos acuerdos luego sean trasladados al conjunto de la ciudadanía
por el Gobierno al que corresponda, con las medidas legislativas que
tenga que acordar. Creo que nunca le ha faltado la responsabilidad
a este Gobierno para incentivar -si me permiten la expresión- a los
agentes sociales para que adopten los acuerdos que deben adoptar en
cada momento, en función de las circunstancias y de las necesidades
de nuestro mercado laboral. El Gobierno debe legislar y, por tanto,
es responsable de que se tomen los acuerdos necesarios que puedan
refrendar esas posteriores tomas de posición o leyes que deban
tramitarse. Desde el Partido Popular creemos que esa responsabilidad
del Gobierno nunca ha faltado. Pero también creemos -estamos
absolutamente convencidos de ello- que la mejor manera de que una ley
se aplique es que los receptores de la misma, aquellos a quienes va
dirigida, hayan participado en su elaboración y estén convencidos de
las bondades de esa ley en su posterior aplicación. Por eso creemos
que ha dado tan buenos resultados el diálogo social hasta ahora y que
en esta materia deberá seguir manteniéndose ese diálogo social y
llegar a un acuerdo con los agentes sociales para que posteriormente
podamos trasladarlo a norma legal.
Señorías, creo que en esta Cámara todos compartimos tres objetivos:
crear más empleo, que ese empleo sea mejor, más estable, de más
calidad, y que además sea para todos. Como dijo el señor ministro en
su primera comparecencia como tal en esta Cámara, más y mejor empleo
para todos. Y yo creo que la única manera de que haya más y mejor
empleo para todos -a lo mejor esta parte de mi discurso le gusta
menos al señor Vaquero- es aumentar la productividad de nuestras
empresas; es la única manera. El Gobierno legisla, el Gobierno da un
marco adecuado para que quienes puedan crear empleo lo creen, pero en
este país el empleo lo tienen que crear los empresarios de acuerdo
con aquellos que van a poner el factor trabajo, que son los
trabajadores que se van a emplear. No me olvido de ellos, señor
Vaquero. Pero le puedo asegurar que si no aumentamos la productividad
de nuestras empresas en un contexto ya global como en el que estamos
ahora va a ser difícil, por no decir imposible, crear empleo en
nuestro país. Desde luego, no podemos permanecer estáticos, y creo
que no lo estamos, pero tampoco debemos lanzarnos a locas carreras
que no sabemos a dónde nos pueden conducir.
Señor Vaquero, señorías, en el Partido Popular nos gusta hablar de
reordenación del tiempo de trabajo porque creemos que es un concepto
mucho más amplio que el de reducción de jornada. Además, creemos que
situar el debate en la reducción de la jornada como la panacea que
trae automáticamente consigo que por reducir horas se creen nuevos
puestos de trabajo es -si me lo permiten SS.SS.- una postura pobre y
limitada. Podemos ir mucho más allá -lo ha dicho el señor ministro-
pues el conceptode reorganización del tiempo de trabajo incluye mucho
más que simplemente la reducción de la jornada del tiempo de trabajo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Camps, le
ruego concluya.
El señor CAMPS DEVESA: Concluyo ya, señor presidente.
Señorías, la realidad del mercado español es evidentemente muy
heterogénea entre los sectores, entre las propias empresas, con unas
diferencias verdaderamente importantes. Quienes mejor pueden
considerar la situación de cada sector y de cada empresa son,
evidentemente, aquellos que la conocen, los empresarios y los
trabajadores. Por eso apoyamos al Gobierno cuando considera que son
los interlocutores sociales los que deben conciliar en cada caso el
mantenimiento o el aumento de la productividad con la reordenación
del tiempo de trabajo, y por eso no consideramos conveniente ni
positivo para el empleo la regulación por ley de la reordenación y la
reducción de la jornada laboral. Además, y concluyo señor
presidente, somos absolutamente respetuosos con los acuerdos que en
esta materia puedan adoptar las administraciones, que para eso son
competentes en la misma. Nosotros hemos aceptado las políticas
activas de empleo con las transferencias que estamos haciendo a
distintas comunidades autónomas. Nunca nos vamos a quejar de que
ejerzan esas competencias.
Por todo ello, señor Vaquero, estaremos a la espera del contenido de
su moción. Pero ni somos dogmáticos ni tenemos miedo al riesgo ni,
desde hace mucho tiempo, tenemos miedo a la libertad. Lo que queremos
es cada día más y mejor empleo para todos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Camps.
El Pleno se reanudará mañana a las nueve de la mañana.
Se suspende la sesión.
Eran las ocho y cuarenta minutos de la noche.