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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 220, de 11/03/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 1999 VI Legislatura Núm. 220
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 212
celebrada el jueves, 11 de marzo de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas:
- Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por
importe de 6.479.998.329 pesetas, para compensar el déficit de
explotación de las líneas de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE),
correspondiente al ejercicio de 1996. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie A, número 145-1, de 13 de noviembre de 1998 (número
de expediente 121/000145) . . . (Página 11762)
- Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por
importe de 3.455.924.700 pesetas, para atender la insuficiencia de
crédito en la aportación al Fondo Europeo de Desarrollo (FED), como
consecuencia de la decisión del Consejo de la Unión Europea de 19 de
diciembre de 1997, sobre contribuciones de los Estados miembros al
FED «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 151-1, de 30
de noviembre de 1998 (número de expediente 121/000151) . . .
(Página 11763)
- Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario por
importe de 12.355.000.000 de pesetas, para la realización de obras de
infraestructura del ferrocarril metropolitano de Valencia, según
convenio entre el Estado y la Comunidad Valenciana «BOCG. Congreso de
los Diputados», serie A, número 153-1, de 14 de diciembre de 1998
(número de expediente 121/000153) . . . (Página 11765)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
- Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario por
importe de 8.717.046.569 pesetas, y de un suplemento de crédito, por
importe de 26.144.743.000 pesetas, para atender insuficiencias de
crédito en los ejercicios 1997 y 1998, respectivamente, por las
subvenciones que se efectúan para la cobertura de las diferencias de
cambio de las divisas obtenidas en préstamos concedidos a las
sociedades concesionarias de autopistas de peaje «BOCG. Congreso de
los Diputados», serie A, número 155-1, de 29 de diciembre de 1998
(número de expediente 121/000155) . . . (Página 11767)
- Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario por
importe de 16.870.101.469 pesetas, para hacer efectivo el pago a las
empresas colaboradoras de asistencia sanitaria de la compensación
económica establecida en la disposición transitoria sexta de la Ley
66/1997, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y
del orden social para 1998 «BOCG. Congreso de los Diputados», serie
A, número 157-1, de 18 de enero de 1998 (número de expediente 121/
000157) . . . (Página 11774)
S U M A R I O
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas . . . (Página 11762)
Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por
importe de 6.479.998.329 pesetas, para compensar el déficit de
explotación de las líneas de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE),
correspondiente al ejercicio de 1996 . . . (Página 11762)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Carreño
Rodríguez-Maribona, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y
Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por
importe de 3.455.924.700 pesetas, para atender la insuficiencia de
crédito en la aportación al Fondo Europeo de Desarrollo (FED), como
consecuencia de la decisión del
Consejo de la Unión Europea de 19 de diciembre de 1997, sobre
contribuciones de los Estados miembros al FED . . . (Página 11763)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Ríos
Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Pérez
Segura, del Grupo Socialista del Congreso, y Echániz Salgado, del
GrupoParlamentario Popular en el Congreso.
Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario por
importe de 12.355.000.000 de pesetas, para la realización de obras de
infraestructura del ferrocarril metropolitano de Valencia, según
convenio entre el Estado y la Comunidad Valenciana . . . (Página 11765)
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Ríos
Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; la
señora Pin Arboledas, del Grupo Socialista del Congreso, y el señor
Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Sometido a votación, en primer lugar, el dictamen de la Comisión del
proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario por
importe de 6.479.998.329 pesetas para compensar el déficit de
explotación de las líneas de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE),
correspondiente al ejercicio de 1996, se aprueba por 247 votos a
favor y uno en contra.
Sometido a votación, en segundo lugar, el dictamen de la Comisión del
proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por
importe de 3.455.924.700 pesetas, para atender la insuficiencia de
crédito en la aportación al Fondo Europeo de Desarrollo (FED), como
consecuencia de la decisión del Consejo de la Unión Europea de 19 de
diciembre de 1997, sobre contribuciones de los Estados miembros al
FED, se aprueba por 249 votos a favor y una abstención.
Sometido a votación, en tercer lugar, el dictamen de la Comisión del
proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario por
importe de 12.355.000.000 de pesetas, para la realización de obras de
infraestructura del ferrocarril metropolitano de Valencia, según
convenio entre el Estado y la Comunidad Valenciana, se aprueba por
unanimidad.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas . . . (Página 11767)
Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario por
importe de 8.717.046.569 pesetas, y de un suplemento de crédito, por
importe de 26.144.743.000 pesetas, para atender insuficiencias de
crédito en los ejercicios 1997 y 1998, respectivamente, por las
subvenciones que se efectúan para la cobertura de las diferencias de
cambio de las divisas obtenidas en préstamos concedidos a las
sociedades concesionarias de autopistas de peaje ... (Página 11767)
El señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y
Hacienda (De Rato y Figaredo) presenta ante la Cámara el proyecto de
ley de concesión de créditos extraordinarios para la cobertura
presupuestaria del seguro de cambio de los préstamos en divisas
suscritos para determinadas sociedades concesionarias de autopistas
de peaje. Manifiesta que el crédito extraordinario que se propone es
necesario por una exigencia legal, ya que a partir de la Ley de
Disciplina Presupuestaria de 1997, las obligaciones generadas en
ejercicios anteriores sólo pueden ser aplicadas al ejercicio
corriente si en el de procedencia existió remanente disponible para
ellas. En caso contrario, deben ser cubiertas mediante una norma con
rango de ley, que es el caso que les ocupa. Explica los pormenores
y tramitación del crédito extraordinario, señalando que la presentación
de este proyecto de ley ante el Parlamento para su aprobación obedece
a la clara
voluntad del Gobierno de proceder a la correcta r egularización de
las cuentas públicas, en línea, por otra parte, con los principios
preconizados por el Tribunal de Cuentas en sus sucesivos informes
mensuales.
En defensa de la enmienda de totalidad de devolución, interviene el
señor Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida.
En turno en contra de la enmienda de totalidad de devolución
interviene el señor Sanz Palacio, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
En turno de réplica interviene el señor Ríos Martínez, duplicando el
señor Sanz Palacio.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Martínez
Sanjuán, del Grupo Socialista del Congreso.
Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario por
importe de 16.870.101.469 pesetas, para hacer efectivo el pago a las
empresas colaboradoras de asistencia sanitaria de la compensación
económica establecida en la disposición transitoria sexta de la Ley
66/1997, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y
del orden social para 1998 ... (Página 11774)
Presenta el proyecto de ley el señor ministro de Sanidad y Consumo
(Romay Beccaría). Se trata de hacer efectivo el pago a las empresas
colaboradoras que asumen a su cargo las prestaciones de asistencia
sanitaria de la Seguridad Social derivadas de contingencias comunes y
accidentes no laborales. Explica que su colaboración se remonta a los
años cincuenta y sesenta, siendo en la actualidad 36 las empresas
autorizadas que prestan asistencia a 220.000 trabajadores y a unos
300.000 beneficiarios. Añade que la colaboración de estas empresas se
compensaba mediante una reducción de sus cotizaciones a la Seguridad,
lo que es imposible a partir del 31 de diciembre de 1997, en virtud
del Paco de Toledo, que desvincula la financiación sanitaria de la
Seguridad Social. Por esa razón se estableció para 1998 una forma
alternativa de compensación consistente en un pago por parte de la
administración sanitaria, por cada trabajador y mes, que en ningún
caso supera el coste medio de la asistencia que este trabajador
supondría para el Insalud. Considera que el nuevo cálculo de
compensación a las
empresas colaboradores es coherente con los acuerdos derivados del
Pacto de Toledo, permite un mayor control de los costes de asistencia
y ha supuesto un importante ahorro al basarse en un criterio de
asistencia real ajustado a la prestación proporcionada y a las
características de morbilidad de los trabajadores. Por último,
anuncia que en estos momentos se está revisando la legislación
vigente para empresas colaboradoras que data de 1966 y 1980, para que
este régimen de previsión se adecue al marco de aseguramiento
universal público y a los principios de equidad y líneas de
modernización del sistema nacional de salud que defienden.
En defensa de la enmienda de totalidad de devolución presentada por
el Grupo Socialista del Congreso, interviene la señora Pozuelo Meño.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Jané i
Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la
señora Maestro Martín, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, y Echániz Salgado, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
En un turno por alusiones intervienen las señoras Maestro Martín, del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Pozuelo Meño y Amador
Millán, del Grupo Socialista del Congreso, cerrando el debate el
señor Echániz Salgado.
Se somete a votación, en primer lugar, la enmienda de totalidad de
devolución, presentada por el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida al proyecto de ley sobre concesión de un crédito
extraordinario, por importe de 8.717.046.569 pesetas, y de un
suplemento de crédito, por importe de 26.144.743.000 pesetas, para
atender insuficiencias de crédito en los ejercicios de 1997 y 1998,
respectivamente, por las subvenciones que se efectúan para la
cobertura de las diferencias de cambio de las divisas obtenidas en
préstamos concedidos a las sociedades concesionarias de autopistas de
peaje, se rechaza por 13 votos a favor, 273 en contra y tres
abstenciones.
En segundo lugar, se somete a votación la enmienda de totalidad de
devolución, presentada por el Grupo Socialista del Congreso al
proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario por
importe de 16.870.101.469 pesetas, para hacer efectivo el pago a las
empresas colaboradoras de asistencia sanitaria de la compensación
económica establecida en la disposición transitoria sexta de la Ley
66/1997, de 30 de diciembre de medidas fiscales, administrativas y
del orden social para 1998, se rechaza por 133 votos a favor y 158 en
contra.
Se levanta la sesión a las once y veinte minutos de la mañana.
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
- PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESIÓN DE UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO, POR
IMPORTE DE 6.479.998.329 PESETAS, PARA COMPENSAR EL DÉFICIT DE
EXPLOTACIÓN DE LAS LÍNEAS DE FERROCARRILES DE VÍA ESTRECHA (FEVE),
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 1996. (Número de expediente 121/
000145).
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías, se reanuda la sesión.
Punto VII del orden del día: Dictámenes de comisiones sobre
determinados proyectos de ley, el primero de los cuales pretende la
concesión de un crédito extraordinario, por importe de 6.000 millones
de pesetas, para compensar el déficit de explotación de las líneas de
ferrocarriles de vía estrecha (FEVE), correspondientes al ejercicio
1996.
Este proyecto no ha recibido enmiendas, al ser el de todos los años.
¿Algún grupo desea fijar su posición? (El señor Carreño Rodríguez-
Maribona pide la palabra.) ¿Qué desea el Grupo Popular?
El señor CARREÑO RODRÍGUEZ-MARIBONA: Presentar una enmienda técnica,
señor presidente.
El señor PRESIDENTE: ¡Ah! (Risas.) Ya me extrañaba a mí, a estas
horas.
Señor Ángel Mario Carreño, adelante.
El señor CARREÑO RODRÍGUEZ-MARIBONA: Simplemente y nada menos que en
la sección 17, servicio 20, artículo 44, concepto 443, como dice el
proyecto de ley, debe decir 444, ya que se trata de un crédito nuevo
y, por tanto, un concepto nuevo debe abrirse.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Extraordinario, señor Carreño. Muchas gracias.
(Risas.)
¿Persiste el señor Ríos en su voluntad de intervenir en torno al
crédito extraordinario de FEVE? (Asentimiento.)
Adelante.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, seré muy breve porque se
trata precisamente de esa corrección técnica.
El crédito extraordinario intenta cubrir el déficit de FEVE en el año
1996. El presupuesto de este año tiene dos partidas presupuestarias
para cubrir el déficit de FEVE, una para el año actual, de 11.000
millones de pesetas, y otro concepto, el 443, que decía: liquidación
del déficit de explotación de ejercicios anteriores. Lo que el
Gobierno hace es un suplemento de crédito de esta partida y, según la
propuesta que acaba de hacer el Grupo Parlamentario Popular, se
transforma a mes a mes, es decir, que además de los 4.700 millones
aparecerá uno de 6.400 millones. El Gobierno se dota de una holgura
de 4.700 millones por lo que pueda pasar de aquí a final de año.
El señor PRESIDENTE: ¿Ha querido S.S. decirlo en catalán, a más a
más, o a mes a mes en el sentido temporal del término, es decir, cada
mes; mes tras mes? (Risas.)
El señor RÍOS MARTÍNEZ: A mes a mes de las nueve y diez. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Extraordinario pareado, señor Ríos. (Risas.) ¿No
hay otras intervenciones sobre tan apasionante asunto? (Risas.) Las
votaciones se efectuarán al finalizar el punto VII.
- PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESIÓN DE UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO, POR
IMPORTE DE 3.455.924.700 PESETAS, PARA ATENDER LA INSUFICIENCIA DE
CRÉDITO EN LA APORTACIÓN AL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO (FED), COMO
CONSECUENCIA DE LA DECISIÓN DEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA DE 19 DE
DICIEMBRE DE 1997, SOBRE CONTRIBUCIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS AL
FED. (Número de expediente 121/000151).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al proyecto de ley sobre concesión de
otro crédito extraordinario, por importe en este caso de 3.000
millones, para atender la insuficiencia de crédito (debería decirse
crédito suplementario) en la aportación al Fondo Europeo de
Desarrollo (FED), como consecuencia de la decisión del Consejo de la
Unión Europea de 19 de diciembre de 1997, sobre contribuciones de los
Estados miembros al FED, es decir al Fondo Europeo de Desarrollo.
Tampoco hay enmiendas. ¿Deseo de intervenir? (Pausa.) El Grupo
Socialista, también el Grupo de Izquierda Unida. ¿Reciprocidad? ¿No?
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Ríos.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías, nosotros vamos a
tener una posición similar en este tema. Vamos a apoyar tanto el
crédito extraordinario del Fondo Europeo de Desarrollo como el que se
hace posteriormente al ferrocarril metropolitano de Valencia.
Lo cierto y verdad es que existe en la evolución del tiempo un abuso
de lo que pudiéramos llamar fórmula de presupuestación. El Gobierno,
cuando nos trajo los Presupuestos Generales del Estado, ¿tenía
información suficiente para haber hecho esta previsión presupuestaria
de 5.000 millones de pesetas? La verdad es que a finales de 1997 la
Comisión Europea varió la estimación de la contribución española para
el año 1998, y la decisión del Consejo de la Unión Europea es del 19
de diciembre de 1997. Estamos en el mes de marzo del año 1999 y el
Gobierno tenía información suficiente, antes de traer los
presupuestos del año 1999, en septiembre de 1998, para haber previsto
la cifra correspondiente a este incremento, al margen de que lo que
habría que hacer de verdad sería ver de qué manera estos dineros del
Fondo Europeo de Desarrollo cumplen el objetivo para el que están
creados, que es intentar conseguir que sean para el desarrollo y no
para buscar el retorno a nuestro país por estas actuaciones en los
países que reciben la ayuda.
Por tanto, hay dos consideraciones que nos gustaría dejar
establecidas acerca de las ayudas que vamos a proporcionar a los
países de África, Caribe y Pacífico con este dinero y estas
actuaciones. El convenio es modificado en noviembre del año 1995. El
Consejo de Europa toma definitivamente una decisión en diciembre de
1997. Por tanto, para esto, el Gobierno tenía información suficiente,
podría haberlo introducido dentro del presupuesto de este año y,
además, creo que deberían adoptarse garantías para que se cumpla la
finalidad por la que se conceden los dineros demandados a esta
Cámara, que no sea una fórmula de distribución sin ningún control. En
lugar de ayudar al desarrollo, podemos estar fomentando la
dependencia, y en lugar de ayudar al desarrollo, podemos estar
apoyando actuaciones en países que destinan más recursos de los que
deberían a la acción bélica en vez de ayudar a su propio país a
producir.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
El señor Pérez Segura, por el Grupo Socialista, ha solicitado también
la palabra.
El señor PÉREZ SEGURA: Señor presidente, voy a hacer una breve
intervención en el mismo sentido que el portavoz del Grupo de
Izquierda Unida, para manifestar
ante la Cámara la falta de rigor presupuestario con que actúa el
Gobierno.
Se ha dicho ya que este suplemento de crédito corresponde a
obligaciones que asumió el Estado por Acuerdo del Consejo de
Ministros de la Unión Europea del 19 de febrero de 1997, acuerdo
condicionado a la ratificación de las modificaciones del IV Convenio
de Lomé, que se produjo el 27 de abril de 1998.Nuestro grupo se
encuentra en la curiosa situación de que va a dar su voto favorable a
estos proyectos de ley por el fondo, pero no puede aceptar de ninguna
manera la forma en la cual el Gobierno utiliza el Parlamento para
aprobar estas modificaciones presupuestarias, estos suplementos de
crédito, que lo que hacen es imputar a deuda lo que realmente tendría
que ser un gasto presupuestario. Así, vemos claramente cómo se pueden
cumplir los objetivos de gasto de Gobierno.
Hoy, en esta breve sesión, aprobaremos nada más y nada menos que
75.000 millones de pesetas en suplementos de gasto que irán a deuda y
que ayudarán a maquillar, a cuadrar, las cuentas del presupuesto del
año 1999, un presupuesto cuyas perspectivas de crecimiento van a
laminar notablemente sus ingresos. Así se maquillan las cuentas y así
se puede alardear de éxitos presupuestarios.
Nos queda por decir solamente que nuestro voto va a ser favorable,
pero queremos manifestar ante la Cámara nuestra reprobación por la
pésima gestión del Gobierno en esta tramitación, porque tenía tiempo
suficiente desde el año 1997, si queremos, desde abril de 1998. La
diligencia del Consejo de Estado permitía, sin lugar a dudas,
incorporar este gasto en el presupuesto; no lo hizo, simplemente con
la intención de maquillar las cuentas, algo a lo que tan
acostumbrados nos tiene este Gobierno.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez Segura.
El señor Echániz, por el Grupo Popular. ¡Ya decía yo que habría
reciprocidad!
Adelante.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el Fondo Europeo de Desarrollo es, como saben, el principal
instrumento de los convenios de Lomé y de las decisiones de
asociación de los países y territorios de ultramar a la Comunidad.
Por tanto, son el principal instrumento de la política de cooperación
al desarrollo de la Unión Europea con más de 30 países de África,
Caribe y Pacífico y son, no en vano, los acuerdos de cooperación
norte-sur de mayor envergadura, de mayor duración jamás firmados. El
último acuerdo, el Convenio de Lomé IV bis, fue ratificado en abril
del año pasado y entró en vigor el 1. o de junio.
Los créditos de ayuda al desarrollo proceden, por tanto, de
contribuciones específicas por parte de los Estados miembros y no se
inscriben en el presupuesto general de las comunidades europeas. Se
rigen por programas quincenales de necesidades prioritarias,
centradas principalmente en los aspectos de formación, de
autoabastecimiento alimentario, de infraestructuras y de inversiones
industriales.
Los recursos FED se dividen en ayuda programable -son programas que
por cada país receptor cubren cinco años de cooperación- y no
programable, y en este sentido no son asignados a ningún Estado y se
enmarcan en ayuda para el ajuste estructural, para el Stabex, para el
capital riesgo y para la ayuda humanitaria de emergencia. Los
recursos FED, señorías, son gestionados por la Comisión excepto el
capital riesgo y las bonificaciones de tipos de interés, que son
responsabilidad del Banco Europeo de Inversiones. En este sentido,
los últimos créditos FED han supuesto, en concreto el sexto, más de
7.900 millones de euros y en cuanto al séptimo FED, más de 11.800
millones de euros.
Respecto de la aportación de los Estados miembros al Fondo Europeo de
Desarrollo, saben SS.SS. que existe una tesorería única y que las
aportaciones a cualquier FED no se solicitan hasta haber agotado las
contribuciones del FED anterior. La participación de los Estados es
variable y se fija por parte del Consejo por medio de un acuerdo
interno de financiación y gestión de las ayudas. Por tanto, al no
haberse ratificado durante 1997 la modificación del IV Convenio de
Lomé, la Comisión no pudo en ningún caso solicitar de ningún país la
contribución al octavo FED, y por ello la aportación final de 1997 se
tuvo que rebajar a 1.200 millones de ecus.Hay que señalar, y esto es
meridianamente importante, que desde su adhesión España ha disminuido
su porcentaje relativo de contribución desde el 6,64 por ciento en el
cuarto FED hasta el actual 5,84 por ciento en el octavo convenio,
y que, a su vez, España ha aumentado los retornos del Fondo Europeo de
Desarrollo en un 2,3 por ciento desde 1997 respecto a 1996.
La aportación al Fondo Europeo de Desarrollo se realiza según una
clave de reparto que se fija para cada uno de los fondos tras una
serie de negociaciones. Como consecuencia, señorías, de que la
Comisión no reclamó hasta finales de 1998 el último plazo de
contribución al FED correspondiente a dicho ejercicio, no fue posible
conocer durante la preparación del proyecto de ley el importe
definitivo de la insuficiencia de los créditos para atender las
aportaciones españolas, que finalmente han ascendido a 3.455 millones
en lugar de los 5.038 que contemplaba el proyecto inicial.
Quiero resaltar, señorías, que con esta ley España cumple con sus
compromisos europeos en materia de cooperación al desarrollo, así
como la importancia de hacer cada vez mayores esfuerzos con el objeto
de conseguir mayores retornos para nuestra economía, mayores retornos
para nuestras empresas, aumentando el número de licitaciones y
proyectos financiados con fondos FED.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Echániz.
- PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESIÓN DE UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO POR
IMPORTE DE 12.355.000.000 DE PESETAS, PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA DEL FERROCARRIL METROPOLITANO DE VALENCIA, SEGÚN
CONVENIO ENTRE EL ESTADO Y LA COMUNIDAD VALENCIANA. (Número de
expediente 121/000153)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al dictamen sobre el proyecto de ley de
concesión de otro crédito extraordinario, por importe, en este caso,
de 12.355 millones de pesetas, para la realización de obras de
infraestructura del ferrocarril metropolitano de Valencia, según
convenio entre el Estado y la Comunidad Valenciana.
No hay enmiendas tampoco a este dictamen. ¿Desea intervenir algún
grupo parlamentario? (Pausa.) Grupo de Izquierda Unida, Grupo
Socialista y, me temo lo peor, claro, el Grupo Popular. Digo lo peor
por la extensión del debate, no podría calificar yo de semejante
forma la intervención del Grupo Popular, y menos la del señor
Martínez-Pujalte, que es la que nos amenaza.
En primer lugar, el señor Ríos, de nuevo.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías, en la discusión
del anterior crédito y en el primero de ellos hemos comentado lo que
significa una técnica presupuestaria, que es dar la vuelta a las
previsiones del Gobierno.
Si no fuese por la cuantía global que suponen todos los créditos
unidos, no nos preocuparía, pero son casi 70.000 millones de pesetas
los que vamos a aprobar hoy, aprovechando que pasamos por aquí, para
que el Gobierno tenga un complemento de su presupuestación. En este
caso concreto, además, es para un convenio de obras de
infraestructura con una comunidad. Ese convenio está firmado desde
hace mucho tiempo, las obras de infraestructura se están haciendo.
¿Qué previsión tenía el Gobierno para este año en este presupuesto?
El Gobierno nos remite a la Cámara un suplemento de crédito que en el
trámite de Comisión se ha transformado en un crédito extraordinario.
¿Qué previsión tenía como crédito para este año? Tenía 2.400 millones
de pesetas, ésa era la previsión para este convenio de obras de
infraestructura con la Generalitat Valenciana. Por cierto, este
dinero se ha reducido respecto al año anterior. El año anterior había
3.000 millones y este año 2.400. El Gobierno, en el mes de septiembre
del año 1998, muy previsor de su gasto, lo reduce, pero ahora llega y
se lo sube en 12.000 millones de pesetas. Esta técnica presupuestaria
del burreo permanente con los datos presupuestarios es lo que no nos
gusta. Esta fórmula de presupuestar no es la mejor técnica para
concretar. Fíjense que reducen 600 millones de pesetas para el ajuste
presupuestario y ahora aumentan 12.300, poco más o menos la cifra que
se redujo. ¿Son gastos imprevistos los que hay aquí? ¿El convenio no
estaba establecido? ¿Las obras no estaban establecidas?
¿Son gastos extraordinarios o un suplemento de crédito? El
Gobierno es que se equivoca hasta cuando viene a la Cámara, porque el
Gobierno lo que hizo fue suplementar este crédito; le faltaba dinero
de los 2.700.Ahora nos lo transforma en un crédito extraordinario que
se va a conjugar con el anterior, de tal forma que el Gobierno, para
acometer estas obras, dispondrá de los 2.400 que tiene en el proyecto
más los 12.300. Ha sumado dos actuaciones. Desde luego, tanto la
técnica al hacer el presupuesto, la técnica al traer el crédito
extraordinario, como la técnica con la que termina el crédito
extraordinario nos parecen fruto de la improvisación. Estos tres
elementos, como fórmula de traer los presupuestos, desde luego no
están ligados al rigor, no están ligados a la política de ajustes ni
a la política de ordenación de infraestructuras que se aplica en
otras comunidades para aplazar sine die actuaciones pendientes a la
hora de producir las decisiones en cada una de las inversiones que se
van a acometer.
Yo no estoy oponiéndome, porque voy a votar a favor, a que en la
Generalitat Valenciana se puedan acometer las obras de
infraestructura que aquí se citan, que son las líneas 3, 4 y 5 de la
red de ferrocarril metropolitano en Valencia, pero sí estoy en contra
de la fórmula de improvisación con la que se acometen estos recursos
para que se hagan esas obras. Se puede decir que, como es un
convenio, llevará la contraparte de la Generalitat, que lo ha puesto
cuando lo ha podido poner y ha hecho las obras cuando han estado en
condiciones de ejecutarlas, pero fíjense el agujero que se hace: se
incluye en la sección 32, que se llama nada más y nada menos que
financiación de entes territoriales y que está muy medida a la hora
de repartir los dineros entre todas las comunidades autónomas y entre
todas las actuaciones de los entes territoriales. Pues de golpe y
porrazo recibe una improvisación presupuestaria de cinco veces lo que
el Gobierno ha remitido. La verdad, o el Gobierno desconoce las
inversiones que tenía pendientes, o el Gobierno desconocía cuál era
su compromiso con el convenio, o el Gobierno nos tomó el pelo antes y
ahora lo corrige y, claro, a los que nos queda poco pelo nos molesta
que se nos pueda estar trajinando demasiado.
En fin, señor presidente, para que no parezca que nosotros estamos en
contra de estas obras de infraestructuras, sino que lo que hacemos es
poner trabas a la propuesta del Gobierno, lo que le decimos es que
tenga la misma buena visión para los convenios que tiene firmados,
porque tiene parados casi 100 convenios con comunidades autónomas que
significan dinero, por ejemplo, en materia de educación, con las
comunidades que tienen transferencias pendientes y que tiene
aplazados desde el año 1998, convenios relativos a obras de
rehabilitación de viviendas o convenios sobre otras realidades.
Póngalos también en marcha, sáquelos de los cajones y que lleguen
aquí, para que no parezca que es una forma de insuflar dinero para
eventos electorales que concluyen el día de SanAntonio.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la
señora Pin Arboledas, doña Margarita.
La señora PIN ARBOLEDAS: Gracias, señor presidente.
Señorías, en la anterior legislatura de la Comunidad Valenciana con
gobierno socialista se puso en marcha un programa de ampliación de la
red del metro de Valencia con un presupuesto de 100.000 millones de
pesetas. En aquellos momentos era el programa de inversión en
infraestructura de transporte urbano más importante de toda Europa.
En mayo de 1994, como decía anteriormente mi compañero, entró en
servicio la línea 4 del transporte de Valencia, el primero en el
género por calidad de servicio público y accesible para personas con
movilidad reducida; en mayo de 1995 entró en servicio la línea 3 del
metro Rafelbuñol-Alameda, que con carácter metropolitano une los
municipios de la zona con Valencia; se inició la línea 5 del metro
Alameda- Avinguda, que supondrá, cuando esté totalmente desarrollada,
completar la red del metro del área de Valencia. Todo ello supone
transformar el conjunto de líneas de cercanías de ferrocarriles de la
Generalitat Valenciana en una red de transporte público moderna y
eficaz, además de introducir mejoras urbanas en Valencia.
Otro capítulo importante en la coordinación del transporte del área
de Valencia es la elaboración del plan de transporte metropolitano,
que supone coordinar autobuses de la empresa municipal de
transportes, ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, autobuses
del consorcio Barcelona de Transportes, apeaderos privados
y servicios de cercanías de Renfe. Con fecha 13 de octubre de 1994 se
firmó un convenio con el Ministerio de Economía y Hacienda -repito,
con fecha 13 de octubre de 1994-, en virtud del cual el Gobierno
central se comprometía a pagar el 30 por ciento del total de las
obras del metro. Durante esta legislatura ha continuado la ejecución
del metro según la programación establecida.
Los incumplimientos del Gobierno central con los compromisos
establecidos con la comunidad han sido manifiestos; la tónica general
en el ámbito de infraestructuras de las obras públicas ha supuesto
retrasos o incumplimientos. Al final del período legislativo de la
Comunidad Valenciana, a pocos meses de las elecciones, se entra en la
dinámica de reeditar los convenios, recogiendo en ellos los
incumplimientos proyectados hacia el futuro y, en consecuencia,
neutralizando la actuación de los incumplimientos.
Según los datos que constan en la liquidación de los presupuestos de
1994, se presupuestaron 3.000 millones de pesetas para
infraestructuras del metro de Valencia y se pagaron 2.750 millones.
Desde 1995 no se ha pagado nada, pese a figurar cada año una cantidad
de 3.000 millones de pesetas y a que los ferrocarriles de la
Generalitat de Catalunya o el Consorcio de Transportes de Madrid sí
recibieron sus aportaciones. ¿Por qué el Gobierno valenciano, del
Partido Popular, no ha reclamado
esas cantidades? ¿Ignorancia, olvido, alguna razón desconocida?
Lo que ahora se incluyen son 12.000 millones de pesetas, y lo que se
venderá a bombo y platillo es todo lo que la ciudad de Valencia ha
dejado de percibir durante los ejercicios 1995, 1996, 1997 y 1998.
Señorías, estamos hablando de presupuestar un convenio que se firmó
entre el Ministerio de Economía y Hacienda y la Consejería de
Hacienda de la Comunidad Autónoma Valenciana cuando gobernábamos los
socialistas; estamos hablando de 1994; estamos hablando de dejadez y
abandono del Gobierno del Partido Popular, que aún no ha tenido
tiempo de pagar los compromisos adquiridos por el Gobierno de España
con los valencianos.
Quiero decirles a SS.SS. que el Grupo Parlamentario Socialista va a
votar a favor de la inclusión de la cantidad presupuestada; vamos a
votar a favor por coherencia y seriedad. Queremos resaltar las
diferencias entre nuestra actitud y la del Gobierno. No es la primera
vez que el Gobierno muestra escaso sentido institucional a la hora de
asumir compromisos, fundamentalmente los aprobados por gobiernos
anteriores. Su ramalazo partidista puede más que su sentido
institucional.
No hay ninguna explicación posible para el retraso en la ejecución
del convenio que nos ocupa y tampoco la hay para su urgente
incorporación actual, a no ser que ustedes, los señores del Partido
Popular, estén pensando en las urgencias electorales para su
alcaldesa de Valencia o para su presidente de la Generalitat.
Nosotros, a pesar de todo, votaremos a favor.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pin.
Ahora sí, la anunciada, ya obviamente obligada, y por la Presidencia
que quede claro que siempre bien escuchada, intervención del señor
Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, mi grupo va a votar favorablemente a la concesión de este
crédito extraordinario y, además, se alegra de que el resto de los
grupos lo aprueben por unanimidad, ya que va a suponer, como se ha
dicho en la Cámara, afrontar un proyecto esencial para la ciudad de
Valencia; un proyecto que va a permitir el desarrollo, la
vertebración y la mejora del bienestar de los ciudadanos.
No es verdad que este crédito extraordinario no se ajuste a la
política de austeridad del Gobierno. Es un crédito extraordinario que
proviene de un convenio firmado el 23 de diciembre, después de
aprobados los presupuestos en esta Cámara, y es un convenio que
establece las aportaciones que van a realizar cada una de las
administraciones firmantes.
En este convenio -luego hablaré del convenio y del papelito que
firmaron en 1994-, que recoge el período 1994-2001, se establecen
unas aportaciones que van a permitir una inversión para el transporte
urbano enValencia que alcanza los 85.000 millones. La Generalitat
se compromete a financiar 52.000, la Administración general del
Estado 26.000 y casi 8.000 provendrán de los fondos Feder.
Esto va a permitir, señorías, que Valencia, y sobre todo dos barrios
importantes de Valencia -un barrio muy importante y un municipio
vecino de Valencia, Mislata- van a contar con un transporte de
calidad que hasta ahora no tenían. Casi 150.000 ciudadanos de barrios
que no son donde se encuentran los de rentas más altas, van a
disponer también de transporte de calidad gracias a este convenio.
Valencia, que es la tercera capital de España y que cuenta con un
área metropolitana de 1.200.000 habitantes, necesitaba un transporte
de calidad. Se está haciendo un gran esfuerzo por parte de la
Generalitat y por parte del Ayuntamiento de Valencia para modernizar
la ciudad. Se están afrontando proyectos importantísimos, como la
Ciudad de las Ciencias de Calatrava, como el palacio de congresos de
Norman Foster, que se unen a monumentos históricos de Valencia y que
van a hacer de Valencia un referente entre las ciudades europeas y
por eso necesitamos contar con un transporte de calidad.
El Gobierno del presidente Zaplana y la alcaldesa de Valencia Rita
Barberá (Rumores.) están haciendo una apuesta muy importante por
Valencia para convertir al cap i casal de la Comunidad Valenciana en
una ciudad moderna que pueda afrontar los retos del siglo XXI.
(Rumores.-Aplausos.)
Ciertamente, señorías, como decía la señora Pin, se firmó un papel
-no era un convenio, era un papel- (Protestas.) que se llamaba
'documento marco' y decía: En breve firmaremos un convenio. (Risas.)
Y decía: Vamos a poner un dinero, no se sabe con cargo a qué partida
y no se sabe ni siquiera si se va a autorizar el dinero que nosotros
decimos que vamos a poner. Ciertamente el señor Borrell inundó España
de convenios, y el señor Ríos lo dijo, pero de convenios que no
llegaban a tener partida presupuestaria. Llenó España de convenios
para ganar unas elecciones que además perdió. (Rumores.-Aplausos.)
El presidente del Gobierno de España, señor Aznar, y el presidente
Zaplana lo que quieren no es hacerse fotos electorales, sino poner
dinero contante y sonante para afrontar las infraestructuras
necesarias. (Rumores.) Por eso se ha firmado este convenio, señorías.
Además, tengan en cuenta un dato muy importante; el documento marco
lo firmaban el que luego fue candidato por Alicante y el señor
Borrell y decía: Pondremos 20.000 millones de pesetas en base a una
partida presupuestaria que a lo mejor autoriza el Gobierno. Nosotros
ponemos 26.000 millones de pesetas, el 30 por ciento más, y además
con partida presupuestaria firme que hoy vamos a aprobar y que va a
permitir que Mislata y los poblados marítimos tengan transporte de
calidad.
Señorías, hoy es un gran día para Valencia: se le da el
reconocimiento que se merece la tercera capital de España y además se
le da un tratamiento igual al que tienen Madrid y Barcelona.
Muchas gracias. (Rumores.-Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor MartínezPujalte.
Vamos a llamar para la votación de los tres dictámenes que
constituyen el punto VII. (Pausa.)
Votación correspondiente al dictamen de la Comisión sobre el proyecto
de ley de concesión de un crédito extraordinario por importe de
6.479.998.329 pesetas para compensar el déficit de explotación de las
líneas de Ferrocarriles de Vía Estrecha, más conocidas por Feve,
correspondiente al ejercicio 1996.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
248; a favor, 247; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Dictamen del proyecto de ley sobre concesión de otro crédito
extraordinario, este por importe de 3.455 millones de pesetas, para
atender la insuficiencia de crédito en la aportación al Fondo Europeo
de Desarrollo como consecuencia de la decisión del Consejo de la
Unión Europea de 19 de diciembre de 1997 sobre contribuciones de los
Estados miembros al Fondo mencionado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
250; a favor, 249; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda también aprobado el dictamen relativo al
proyecto de ley del crédito extraordinario mencionado.
Pasamos al tercer dictamen, también un proyecto de ley sobre
concesión de un crédito extraordinario por importe de 12.355 millones
de pesetas para la realización de obras de infraestructura del
ferrocarril metropolitano de Valencia, según convenio entre el Estado
y la Comunidad Autónoma Valenciana.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
251; a favor, 251.
El señor PRESIDENTE: Todos los votos emitidos son favorables,
quedando así el dictamen aprobado por unanimidad.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESIÓN DE UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO, POR
IMPORTE DE 8.717.046.569 PESETAS, Y DE UN SUPLEMENTO DE CRÉDITO, POR
IMPORTE DE 26.144.743.000 PESETAS, PARA ATENDER INSUFICIENCIAS DE
CRÉDITO EN LOS EJERCICIOS 1997 Y 1998, RESPECTIVAMENTE, POR LAS
SUBVENCIONES QUE
SE EFECTÚAN PARA LA COBERTURA DE LAS DIFERENCIAS DE CAMBIO DE LAS
DIVISAS OBTENIDAS EN PRÉSTAMOS CONCEDIDOS A LAS SOCIEDADES
CONCESIONARIAS DE AUTOPISTAS DE PEAJE. (Número de expediente 121/
000155)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto VIII del orden del día, debates
de totalidad de iniciativas legislativas. En primer lugar, proyecto
de ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe de
8.000 millones de pesetas, y de un suplemento de crédito, por importe
de 26.000 millones, para atender insuficiencias crediticias en los
ejercicios 1997 y 1998 por las subvenciones que se efectúan para la
cobertura de la diferencias de cambio de las divisas obtenidas en
préstamos concedidos a las sociedades concesionarias de autopistas de
peaje. ¿Va a presentar el proyecto el señor ministro? (Asentimiento.)
¡Cuánto bueno! Adelante. El señor vicepresidente del Gobierno tiene
la palabra. (Rumores.)
Un momento, señor vicepresidente del Gobierno. Señorías, por favor,
guarden silencio. ¡Señor Gil Melgarejo! ¡Señor De Luis, don Teófilo,
y señor Aguirre, don Ramón! (Pausa.)
Adelante, señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, tengo el honor de presentar ante la Cámara el proyecto de
ley de concesión de créditos extraordinarios para la cobertura
presupuestaria del seguro de cambio de los préstamos en divisas
suscritos para determinadas sociedades concesionarias de autopistas
de peaje. Como saben SS.SS., algunas de las sociedades concesionarias
de autopistas de peaje disfrutan del beneficio de seguro de cambio
regulado por la Ley 8/1972, de construcción, conservación y
explotación de autopistas en régimen de concesión, y este seguro
supone que el Estado corre con las diferencias de cambio negativas
existentes entre el tipo de cambio en el momento en que aquéllas
concertaron operaciones de crédito en el exterior y el tipo de cambio
vigente a la fecha del vencimiento de los correspondientes intereses
y amortizaciones. El pago de las obligaciones derivadas de la
cobertura de este seguro, cuyo importe no siempre es fácil de
cuantificar por anticipado, dado que, además de las reflejadas en los
cuadros de amortización previamente pactados entre las autopistas y
las entidades financieras también pueden surgir de la voluntad de
amortización anticipada de las sociedades concesionarias y se
anticipa, por tanto, la cantidad por el Banco de España, que lo carga
en la cuenta del Tesoro público en los momentos de los sucesivos
vencimientos. Así, las obligaciones que se pretenden dotar están ya
pagadas y, por tanto, computadas en las cifras de déficit público de
cada uno de los ejercicios afectados.
Por tanto, el presente proyecto de ley viene a darles una cobertura
presupuestaria que es una exigencia
legal. En este sentido, quiero recordar a la Cámara que, a partir de
la Ley de Disciplina Presupuestaria de 1997, las obligaciones
generadas en ejercicios anteriores sólo pueden ser aplicadas al
ejercicio corriente si en el de procedencia existió remanente
disponible para ellas. En caso contrario, deben ser cubiertas
mediante una norma con rango de ley, que es el caso que nos ocupa.
Como consecuencia de ello, en vez de ir utilizando los créditos
disponibles para cancelar obligaciones por orden de antigüedad, y de
acuerdo con el crédito dotado inicialmente en las leyes de
presupuestos de cada ejercicio, como se venía haciendo antes de la
aprobación de la Ley de Disciplina Presupuestaria, y cuya aplicación
solía coincidir con los pagos hechos efectivos por el Banco de España
dos años antes, en este momento al presupuesto del ejercicio sólo
pueden aplicarse las obligaciones que ya tenían crédito. Por tanto,
el Gobierno procedió a solicitar del Parlamento en 1998 un crédito
extraordinario por el importe necesario para cancelar la última
liquidación de 1997, que ascendía a 8.717 millones de pesetas y, a su
vez, un suplemento de crédito, para que no se produjeran
insuficiencias de crédito en el propio ejercicio, por importe de
26.144 millones de pesetas, estimación a la fecha de la confección
del proyecto de ley, es decir, en septiembre de 1998.
Sin embargo, como consecuencia de la tramitación del expediente, esta
ley ha de aprobarse definitivamente por la Cámara en el ejercicio de
1999, por lo que ha sido necesario calificar, a través de las
enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, el
suplemento de crédito como crédito extraordinario, dado que va a dar
cobertura a obligaciones de ejercicios anteriores. Además, se ha
revisado a la baja el importe de la dotación crediticia necesaria,
pues la liquidación del Banco de España relativa a obligaciones del
año 1998 ha superado las previsiones iniciales en 21.718 millones de
pesetas, y no en los 26.144 millones estimados cuando se hizo el
proceso en septiembre de 1998.
Valga este último hecho por sí mismo como expresión de la dificultad
de cálculo del importe a hacer efectivo por el seguro de cambio en el
momento de la confección del proyecto de Presupuestos Generales del
Estado. Un fuerte incremento de la dotación para 1998, que contaba
con una previsión inicial de 11.000 millones de pesetas, similar a la
de 1997, se debe principalmente al ejercicio de la facultad de
efectuar amortizaciones anticipadas por las sociedades concesionarias
a la que se ha hecho referencia con anterioridad.
Por otra parte, se destaca que este procedimiento de financiación
para las sociedades concesionarias de autopistas, que deriva, como he
señalado, de una ley del año 1972, no ha sido utilizado en ningún
caso por este Gobierno, que ha optado en su política de control
y sostenibilidad de las finanzas públicas por ofrecer financiación
reintegrable en forma de préstamos participativos a las empresas
adjudicatarias de estas concesiones.
Finalmente, señor presidente, quiero señalar que la presentación de
este proyecto de ley ante el Parlamento
para su aprobación obedece a la clara voluntad del Gobierno de
proceder a la correcta regularización de las cuentas públicas, en
línea, por otra parte, con los principios preconizados por el
Tribunal de Cuentas en sus sucesivos informes mensuales.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepresidente del
Gobierno.
Para la defensa de la enmienda de totalidad de devolución, presentada
por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
Ríos Martínez, don Pedro Antonio.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías, el Grupo Federal
de Izquierda Unida ha presentado y mantenido una enmienda a la
totalidad al proyecto de ley sobre la concesión de un crédito
extraordinario y suplemento de crédito a unas empresas que no
consideramos que sean de las que más necesiten el apoyo o el auxilio
hoy.
La verdad es que legalmente corresponde, porque obedece a una ley del
año 1972, pero a nuestras manos ha llegado el informe del Tribunal de
Cuentas sobre la situación de las fuentes de financiación de un grupo
de empresas concesionarias de autopistas de peaje del ejercicio 1995
al que a nosotros nos gustaría que el Gobierno prestara bastante
atención por las consideraciones que hace. El informe del Tribunal de
Cuentas data del 29 de julio de 1998; por tanto, el Gobierno pudo
también tener en cuenta estas consideraciones del Tribunal de Cuentas
a la hora de traer el proyecto de Presupuestos Generales del Estado.
Y digo esto porque estamos ante un sector que ha tenido, a diferencia
de la situación que en origen tuvo la actuación del Gobierno cuando
en 1972 hizo esta ley, tratamiento privilegiado y apoyos del Gobierno
a través de la Ley de acompañamiento del año 1998, con enmienda
introducida en el Senado, o a través de otras iniciativas. ¿Cuáles
son las ventajas que estas empresas, que gestionan las autopistas
hoy, han tenido del Estado? Primero, les han alargado la concesión a
75 años, y no es baladí, porque en el año 1972, cuando se les daban
estas ayudas, tenían una concesión por 40 años, y esa concesión que
tenían del Gobierno les facilitaba recuperar la inversión que tenían,
y por eso cobraban un determinado peaje. El Gobierno ha renegociado y
les ha dado negocio por 35 años más; ya les ha metido una inyección
de dinero que modifica sustancialmente la situación del año 1972. En
segundo lugar, les ha producido una rebaja al IVA reducido del 7 por
ciento a través de la Ley de acompañamiento.
Por tanto, estamos ante un sector que ha tenido apoyos, beneficios
diferentes de los que tenía en el año 1972, momento en el que se
sitúa la regulación, tanto de la ley como de los decretos que dan
cobertura a esta subvención bajo el informe del Banco de España.
Pero hay otra cosa más que nos lleva a traer esta reflexión a la
Cámara y que hace referencia a la recomendación
tercera del Tribunal de Cuentas, por tanto tampoco es
inventada por un grupo que quiere fastidiar al Gobierno en sus
propuestas; no. La propia recomendación tercera del Tribunal de
Cuentas viene a decir que en todas estas actuaciones que llevan a
cabo las sociedades y que tienen beneficios fiscales y obligaciones
del Estado para sustituir este cambio de moneda, se tengan en cuenta
y no se asuman por el Estado todas las que tengan relación con
operaciones de endeudamiento que refinancien su deuda. ¿Por qué hace
referencia a esto el Tribunal de Cuentas? Porque el Tribunal de
Cuentas en el año 1995 ya detecta que estas empresas renegocian sus
créditos que tenían establecidos, en el año que se les da la
posición, con moneda fuerte con monedas débiles. Al hacer ese cambio
con una refinanciación de su deuda con monedas débiles consiguen una
sustanciosa ventaja en reducción de tipos de interés, pero a cambio
el Estado tiene que incrementar esa ayuda, porque hay una variación y
un cambio de moneda. Lo que buscan las empresas con ese tejemaneje es
ahorrarse sus gastos financieros y que el Estado les incremente el
dinero. Y precisamente lo que dice el Tribunal de Cuentas es que no
sigan teniéndose en cuenta esas medidas. Es verdad que lo hace sobre
la cuenta de 1995 y que aquí estamos hablando de las cuentas de 1997
y 1998, pero son recomendaciones que deberían haberse tenido en
cuenta. Por eso mantenemos esta enmienda a la totalidad.
Pero hay otras razones de tipo presupuestario. Citaré dos de ellas.
La previsión del Gobierno es bastante inferior a esta cantidad en la
sección de gastos de diversos ministerios. Es verdad que esas
previsiones se hacen sin tener la liquidación definitiva. Por tanto,
el Gobierno no presupuestó mal, el Gobierno, en función de la
realidad que tenía, hizo una previsión presupuestaria de equis miles
de millones, aproximadamente 10.000, 11.000, 13.000 millones de
pesetas, tanto en el año 1997 como en el año 1998. Lo que se ha
disparado es esta subvención, porque antes hemos estado debatiendo
sobre tres créditos extraordinarios con una gran movilidad, para
obras concretas, para ayudar a Feve, para ayudar a infraestructuras
ferroviarias, 23.000 millones; pero ahora, para ayudar a estas
empresas en cambio de moneda son 26.000 millones de pesetas de
suplemento de crédito y 8.700 millones de pesetas -que se ha bajado
en 2.000 millones de pesetas, según lo que ha dicho el señor
ministro- de crédito extraordinario.
Lo que aquí se está produciendo, señorías, es un exceso que duplica y
casi triplica una previsión presupuestaria. ¿Cómo es eso, cuando ha
habido tres o cuatro años en los que ha tenido una misma actuación?
Porque han utilizado y han abusado de ese cambio de moneda, de esa
renegociación o refinanciación de sus propias deudas.
En segundo lugar, sobre esta técnica presupuestaria, hay que ver la
rapidez que hemos tenido. Fíjese, señor vicepresidente, en que es un
crédito para suplir los años 1997 y 1998 y el Consejo de Ministros lo
apruebaen noviembre de 1998, antes de terminar el año 1998;
es una rapidez tremenda a la hora de actuar, nunca habíamos visto la
técnica presupuestaria de hacer en el mismo año ese suplemento. En
todo caso, la evolución lo ha situado en este año, en 1999, pero es
una rapidez fortísima en técnica de créditos extraordinarios y de
suplemento de crédito. El crédito extraordinario está justificado
porque es del año 1997 y está cerrado y lo aprueban ustedes en
noviembre de 1998, pero para el suplemento de crédito de 1998 podían
haber esperado a terminar el año, es verdad que son liquidaciones y
que por tanto da lo mismo hacerlas ahora que hacerlas al año
siguiente, puesto que tendrían que obedecer.
Cuáles son, por tanto, las orientaciones y opiniones que nosotros
sacaríamos de este informe del Tribunal de Cuentas, que exige que
además de aprobar esto el Gobierno adopte medidas. Lo primero que yo
pediría sería que el Gobierno revisara tanto la ley como los decretos
1955, del año 1973, y 2417, del año 1975, para que se pueda
establecer una adecuación a la realidad actual. El año 1972 no es la
realidad actual con los beneficios y las ayudas que han recibido las
empresas por las decisiones del Gobierno. Hay que resituar legalmente
la acción a la que ahora mismo deberíamos proceder. ¿Por qué lo digo,
lo propongo y lo sugiero ahora? Yo sé que no debe ser porque haya un
crédito extraordinario, pero sí para evitar que haya más créditos
extraordinarios de este tenor.
La segunda consideración que hace el Tribunal de Cuentas es que las
previsiones sean más ajustadas presupuestariamente. La tercera es que
se bucee en lo que son estas previsiones para que no se incluyan las
refinanciaciones que se realicen con posterioridad al vencimiento del
período máximo de financiación que fija la cláusula 46 del pliego de
cláusulas generales que estableció esa decisión. ¿Qué estaríamos
consiguiendo con esto? Que no se abusara en una sobrefinanciación de
estas empresas, que considero ya boyantemente establecidas con la
resituación de la concesión en 35 años más de negocio, puesto que su
previsión era tener 40 años de negocio y financiar sus obras y su
actuación. Ya han amortizado su actuación y se les ha añadido 35 años
más de negocio. Ya tienen unos recursos que no tenían o que tenían
medidos en el año 1972. Hay situaciones económicas y situaciones de
subvención que son sustantivamente diferentes. Esa es nuestra
posición hoy, a pesar de que el Gobierno actúa en función de una ley
y de un informe del Banco de España que dice que estas son las
transacciones económicas, estos son los cambios de moneda, haga
frente al seguro de primas de riesgo de cambio mayor, por lo que se
ve obligado a esa previsión presupuestaria.
Entienda S.S. que en un año de recorte, de ajuste, en un año donde
todo el mundo se aprieta el cinturón, donde se evoluciona de una
manera determinada, desde lo que son actuaciones de inversión del
Estado a lo que son previsiones de los gastos o actuaciones de los
funcionarios públicos, como es la situación de las personas o de las
clases pasivas, lógicamente, ver un crédito extraordinario para gente
que tiene beneficios
permanentemente y a la que se le ha dotado hoy de mayor negocio, la
verdad es que no es un placer ni nos parece un plato de gusto.
Hemos presentado enmiendas al articulado que persiguen ese objetivo,
que esperamos que en el trámite del proyecto en Comisión se vean e
incluso, si no obedecen a crédito extraordinario, en modificaciones
posteriores, que a lo mejor se deben hacer a través de un proyecto
del Gobierno, de una proposición de ley de los grupos parlamentarios
o de una proposición no de ley que estimule y busque, porque podemos
estar parados sólo en un tipo de vertiente cuando no es solamente
ella. He citado dos decretos y una ley, pero pueden ser otras
previsiones legales las que se pueden modificar. En cuanto a la
actuación del Banco de España, no sé si habrá que modificar algún
tipo de relación.
El señor PRESIDENTE: Señor Ríos, ha de concluir.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, concluyo.
No sé si el Gobierno tendrá que tener una previsión para esas
revisiones de lo que se haya producido en refinanciación.
En cualquier caso, nuestra postura es evitar que estos créditos en el
futuro tengan esta cuantía y, sobre todo, no obedezcan a realidades
concretas y que de verdad deban ser subvencionadas.
Nada más, señor presidente. Nada más, señoría.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. ¿Algún grupo desea consumir un
turno en contra? (Pausa.)
Señor Sanz Palacio, por el Grupo Popular, para turno en contra.
El señor SANZ PALACIO: Gracias, señor presidente.
Señorías, esta es la segunda vez en la historia de la Cámara que se
presenta una enmienda a la totalidad a este tipo de proyecto de ley
de concesión de crédito extraordinario para esta clase de
subvenciones.
Si se examina el 'Diario de Sesiones' solamente podremos encontrar
votaciones ampliamente favorables, con algún voto en contra y alguna
abstención, pero es un asunto que siempre ha recibido el voto
mayoritario o casi unánime de la Cámara, ya que estamos ante el
cumplimiento de una obligación legal. El único precedente de debate
que hay de este tipo data del año 1985 y no se discutió el fondo del
asunto, como tampoco lo ha discutido el señor Ríos, que dice que está
de acuerdo en cuanto al fondo, sino la forma, puesto que en la
presentación que el Gobierno hizo del expediente ante esta Cámara no
figuraba el dictamen del Consejo de Estado, como es preceptivo.
El Grupo de Izquierda Unida ha presentado una enmienda a la
totalidad, basada en una serie de motivaciones que se presentaron en
el escrito dirigido a esta Cámara y en las que ha hecho el señor
Ríos, que he escuchado atentamente. Como motivos habla de premura
injustificada, de tratamiento privilegiado y respecto al dictamen del
Tribunal de Cuentas del año 1995 añade una serie de consideraciones a
las que luego me referiré. Empecemos por la primera motivación del
Grupo Federal de Izquierda Unida, premura injustificada. La urgencia
y necesidad del gasto quedan justificados por su propia naturaleza, y
no lo dice el Grupo Parlamentario Popular, señor Ríos, sino el
dictamen del Consejo de Estado en su página número 6; en el caso del
crédito extraordinario, para satisfacer unos gastos que ya han sido
realizados por el Banco de España. Estamos, como ha dicho el señor
vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, ante
el cumplimiento de una obligación legal, ante el cumplimiento del
artículo 13, c) de la Ley de Autopistas del año 1972, que dice
textualmente en este artículo que el Estado facilitará al
concesionario las divisas o monedas extranjeras para el pago de los
principales intereses de los préstamos y obligaciones que éste
concierte en el exterior al mismo tipo de cambio de compra vigente el
día en que se constituya el depósito o se efectúe la venta al Banco
de España de las divisas a que se refiere este préstamo.
Su señoría sabe, y lo conoce bien por su condición de experto y
veterano portavoz parlamentario en temas presupuestarios, que no
existe ninguna premura en la concesión de subvenciones, y no existe
porque su devengo ya se ha producido y porque lo que se hace no es
otra cosa que dotar de créditos para aplicar a presupuestos los
gastos originados por las subvenciones. El Gobierno, señor Ríos, no
ha hecho más que cumplir la ley, cumplir el artículo 13, c) que le he
citado y el artículo 65 del Texto Refundido de la Ley General
Presupuestaria, que fue modificado por la Ley de medidas de discipla
presupuestaria, de 27 de diciembre de 1996, que establece que en el
caso de que excepcionalmente, de acuerdo con la normativa en vigor,
se produzcan anticipos de fondos como consecuencia de la
intermediación del Banco de España en los pagos, estos anticipos
deberán quedar cancelados antes de finalizar el ejercicio económico
en que se hayan producido. Estas son y no otras, señoría, las
circunstancias por las que se otorga el crédito extraordinario.
Tratamiento privilegiado. Estoy seguro de que esa afirmación no va
referida a la tramitación del crédito extraordinario y de suplemento
de crédito. Sin duda, y así lo entiendo, S.S. debe referirse a la
compensación que deriva de una ley propia, una ley de 1972, en la que
la Administración que había entonces adoptó esa decisión. Yo no voy a
entrar a analizar cuáles son los motivos por los cuales se realizó.
El contexto económico era muy diferente. Lo que sí le digo es que en
ese contexto se promulgó una ley en la que se refleja el marco legal
para desarrollar compromisos de inversión bajo ciertas condiciones,
entre ellas la que hoy es objeto de debate. La obligación del Banco
Central de entregar las divisas a un precio determinado viene
motivada por la obligación previa del concesionario de entregar las
divisas al Banco de España al mismo tipo de cambio.
Ese era el campo de juego, y no fue otro hasta que fue
modificado por esta Cámara en el año 1988, que derogó el artículo 13,
c) de la Ley de 1972, reconociendo una nueva situación financiera y
capacidad de mercado interior. Pero las concesiones, señoría, que se
hicieron del año 1972 al año 1988 estaban y están sujetas a esas
condiciones y beneficios y lo que hace el Gobierno es cumplir la ley,
y cumpliendo la ley es por lo que da este crédito extraordinario, que
es legítimo, de acuerdo con el artículo 13, c) que le he citado. No
se le escapará a S.S, sin duda, además de otro tipo de consecuencias,
cuál sería el grado de deterioro de la credibilidad y confianza
existente en los mercados nacionales e internacionales si el Estado
incumpliera unas obligaciones derivadas de una ley aprobada por este
Parlamento.
Veamos el Tribunal de Cuentas. Usted habla del dictamen del año 1995.
A este dictamen le estamos prestando extraordinaria atención, lo
estamos analizando y no se preocupe, señor Ríos, actuaremos en
consecuencia. Pero no aquí, no en este debate, sino en su sitio, en
el momento adecuado, en el seno de la Comisión del Tribunal de
Cuentas, que es donde se tiene que analizar y debatir este tema. Aquí
estamos viendo el proyecto de ley de crédito extraordinario y haré
algunos comentarios al respecto. En primer lugar, no son
observaciones a la Cuenta General del Estado, sino a dos sociedades
concretas. En segundo lugar, que este Gobierno no tenía
responsabilidades en 1995.
Quisiera tranquilizar a S.S. respecto al ejercicio de 1996,
refiriéndome al dictamen del Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta
General del Estado de dicho ejercicio. La única observación del
Tribunal de Cuentas se refiere a que la cantidad correspondiente a
1996 no se aplica en ese ejercicio y la obligación se traslada al
siguiente. Esto, señor Ríos, no es un capricho; viene motivado porque
el seguro de cambios de autopistas para su liquidación final requiere
el análisis de las liquidaciones enviadas por las concesionarias, así
como las cuantificaciones del Ministerio de Fomento. Ello hace
necesario que en algunos casos la tramitación de modificaciones
presupuestarias se pueda retrasar a años posteriores por el propio
trámite parlamentario. Estamos, por tanto, ante un gasto pendiente de
imputación y de imposible determinación final en el ejercicio en que
se producen, motivo por el cual se concede este crédito
extraordinario. En cuanto a los ejercicios 1997 y 1998, no hagamos de
adivinos. Ya veremos qué dice el Tribunal de Cuentas, no trabajemos
sobre hipótesis. Cuando lo conozcamos, tanto usted como nuestro
grupo, podremos opinar, pero no antes.
Finalmente, S.S. aprovecha este debate para plantear una serie de
temas que en el fondo van encaminados a cambiar la ley. Haga sus
propuestas, señoría, pero no aquí, porque no es el motivo del debate.
Esto debe ser objeto de otras iniciativas, como usted mismo ha
reconocido. Se ha equivocado de foro. Preséntelas, las vamos a
estudiar, las vamos a debatir, y ya veremos. Síle adelanto que
cualquier tipo de iniciativa debe respetar
unos principios. En primer lugar, el principio de seguridad jurídica.
En segundo lugar, los compromisos de inversión que se han realizado
bajo ciertas condiciones o contemplar las indemnizaciones que
pudieran plantearse. También la problemática de los mercados
internacionales y las obligaciones que tiene asumidas el Estado
respecto a terceros. No obstante, el fondo del tema es que esta ley
no la ha hecho el Gobierno, pero la hemos de cumplir todos, su grupo
y el mío.
Por todo ello, señor Ríos, por los motivos que le he manifestado y
que he tratado de hacerle entender, y por los expuestos por el señor
vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, le
invito a reflexionar, a retirar, si lo estima conveniente, la
enmienda a la totalidad y a dialogar en el seno de la Comisión de
Presupuestos sobre las enmiendas parciales presentadas. De no ser
así, nuestro grupo votaría en contra de la enmienda a la totalidad.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sanz.
Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, para defender la propuesta
de mi grupo y contraargumentar el rechazo del Grupo Parlamentario
Popular.
Tres son las razones que me llevan a mantener esta propuesta y a
replicar al Grupo Parlamentario Popular. El Grupo de Izquierda de
Unida no se ha equivocado de foro. Se puede haber equivocado en
cuanto al momento en que se debe discutir, pero el foro es éste.
Donde se hacen las leyes y donde se discuten las propuestas es aquí.
Por tanto, no me he equivocado de foro.
En cuanto a la premura, hay que ver lo riguroso que se ha puesto S.S.
para decir que se debe cumplir una ley que obliga a suplementar un
crédito que alcanza los 26.000 millones cuando inicialmente era de
11.000 millones de pesetas, y todavía no ha terminado el ejercicio,
puesto que la propuesta del Consejo de Ministros al recabar el
informe del Consejo de Estado y lo remite al Congreso, es en el mes
de noviembre de 1998. Es decir, piden ustedes un suplemento de
crédito para un presupuesto que ni siquiera se ha terminado en sus
propios gastos. Podemos repasar la historia para ver no solamente
cómo se cumplen determinadas actuaciones legales, incluso sentencias,
sino cómo se negocia y se discute. Aquí hemos topado con lo que es el
Banco de España, y el Banco de España ha pagado y quiere cobrar
rápidamente. Pues sí, y podríamos actuar, pero no creo que vaya a
entrar en quiebra el Banco de España porque en lugar de pagarle en
noviembre le pague en julio estos dineros, aparte de que es el que ha
anticipado ese dinero por el seguro de cambio. Además, hacía
referencia a 1998. Sin embargo, fíjese, le voy a dar un dato. Usted
ha de entender que los grupos que estamos en la oposición podemos
conocer las evoluciones en función de los datos que el Gobierno nos
pueda ir dando. En el año 1997 la previsión presupuestaria para esta
partida era aproximadamente de 17.000 millones. ¿Sabe usted qué pasó
a mediados de año? Que ustedes presentaron un crédito extraordinario
y lo financiaron quitando 7.000 millones de ese dinero, porque les
sobraba. En el año 1997 quitaron parte para financiar un crédito
extraordinario y ahora lo tenemos que suplementar en 8.000 millones.
Yo comprendo cuál ha sido el problema, que el Banco de España se lo
ha dicho ahora, no se lo dijo hace un año. Pero en lo que es la
evolución presupuestaria entienda que a la oposición le cabe pensar
que hay una especie de justificación por la que ustedes son muy
rápidos con unas cosas y menos rápidos con otras. Ese ha sido mi
comentario en cuanto a la premura en la vertiente del año 1998.
En cuanto a la modificación de la legislación a que yo me he
referido, no le quiero recordar cómo estaba compuesto este Parlamento
en el año 1972. Yo voy a respetar las normas, pero entienda usted que
de 1972 hasta hoy ha habido una transición política, una Constitución
nueva y hay una nueva situación. ¿Sabe usted por qué se hicieron el
decreto y la ley del año 1972? Porque a mitad del período
concesional, a los quince o veinte años de la propia actuación,
necesitaron hacer unas precisiones que garantizaran las condiciones
de solvencia de esas empresas. Por eso se produjo este movimiento
legal en el año 1972, porque a la mitad del período por el que tenían
las concesiones debían de resituarse a la nueva realidad, y para
compensar ese gasto -que en esa época los tipos de interés estaban
muy caros por la realidad que hubiese entonces- se busca esta
fórmula. Ahora, usted tendrá que convenir conmigo que ustedes han
modificado las condiciones resituando ahora las concesiones en los
dos últimos años, en 1997 y 1998.
El señor PRESIDENTE: Señor Ríos, ha de concluir, por favor.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Concluyo, señor presidente.
Entiendo que ustedes no gobernaban en 1995, pero he utilizado el
informe del Tribunal de Cuentas de 1995 porque me justificaba el
argumento que tenía, no porque quisiera discutir el año 1995. No es
un problema de discutir la Cuenta General del Estado de 1995, lo que
estaba intentando trasladar es que en la previsión de 1997 y de 1998
ustedes han tomado modificaciones legales, la concesión se ha
ampliado, se ha modificado fiscalmente, y que también podían haber
abordado esta situación. Usted reconocerá conmigo que el año 1972,
además de obsoleto políticamente, está obsoleto económicamente en
cuanto a las circunstancias por las que funcionaban estas
concesiones. Esa es la reflexión que le he hecho, esa es la
indicación que le he sugerido.
No creo que haya ninguna complicación. No me quiero oponer a que la
ley se cumpla, cúmplase la norma. He mantenido esta reflexión porque
no se
puede pasar de puntillas por este nuevo volumen de recursos. Es mucho
dinero, son 26.000 millones de pesetas, cuando aquí regateamos hasta
500 millones para hacer cualquier obra, y regateamos en otras
cantidades aunque sean muy pequeñas. Cuando yo presenté enmiendas a
los presupuestos, enmiendas de 7.000 millones me las transaron
ustedes diciendo: de acuerdo, pero en ferrocarril vamos a gastar 600
millones.
El señor PRESIDENTE: Señor Ríos, concluya, por favor.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Sí, señor presidente.
Eso es sobre lo que yo quería hacer una reflexión.
Voy a mantener la enmienda a la totalidad, pero no con el ánimo de
impedir este trámite, no con el ánimo de impedir que se dé este
crédito extraordinario, que procede legalmente, sino que le invito a
usted a que esa reflexión que está haciendo sobre el informe del
Tribunal de Cuentas pueda culminar, a instancia mía, a instancia de
ustedes o a instancia del Gobierno, en las modificaciones precisas
para que no se produzca la parte de abuso que detecta, que es la que
he traído a colación. Se puede haber producido parte de abuso de
refinanciación, de cambio de moneda, porque no es lo mismo una moneda
fuerte como el dólar que una moneda débil, que tiene un tipo de
interés más bajo, como puede ser el yen u otras. Esos son los
movimientos que detecta el Tribunal de Cuentas, no yo, y como es un
comisionado de esta Cámara, quiero sacar rentabilidad a eso y
aprender de la experiencia. Si en el año 1995 se hizo mal, quiero que
se aprenda de la experiencia para que, ya que no hemos llegado a
tiempo en 1997 y 1998, lleguemos a tiempo en 1999. Ese es nuestro
comentario, sin ningún ánimo de exacerbar los argumentos, sino
simplemente de hacer esa reflexión.
El señor PRESIDENTE: Señor Sanz.
El señor SANZ PALACIO: Gracias, señor presidente, muy brevemente.
Hay una serie de temas que no son objeto del debateporque no están
contenidos aquí. Al decir que no era el foro adecuado, no me refiero
a este Parlamento sino a que lo que es del Tribunal de Cuentas tiene
que verse por el Tribunal de Cuentas, mientras que cualquier
modificación de la ley debe debatirse en trámite parlamentario, a
través de una proposición de ley o de la iniciativa que S. S. escoja.
Vamos a cumplir una ley en cuya elaboración no tuvimos nada que ver
ni ustedes ni nosotros, que corresponde a una situación dada en un
contexto alejado y afortunadamente muy distinto del actual.
Simplemente vamos a cumplir la ley en ese sentido.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sanz. ¿Grupos que desean
fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente, con gran
brevedad. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa
la Presidencia.)
Las reflexiones que ha hecho el señor Ríos, muy atinadamente desde un
punto de vista de intelectualidad política, en nombre del grupo que
trae esta enmienda de totalidad y devolución pueden permitir
verdaderamente un perfeccionamiento legal en el tiempo, pero aquí nos
encontramos, en un momento determinado, con un hecho procesal que hay
que cumplir y con una ley de vigencia estatal aunque sea anterior al
régimen democrático actual y a la Constitución, como es la Ley de
1972, pero es una ley del Estado español y es imperativo su
cumplimiento. Esta cuestión que hoy nos reúne aquí, bien con un
crédito extraordinario o con un suplemento de crédito para las
cuestiones de cambio en las empresas concesionarias de autopistas,
exige el imperativo legal de su cumplimiento en un Estado de derecho
que hereda los imperativos legales de cualquier circunstancia legal
anterior. Es una ley vigente hasta que no se cambie por el
procedimiento habitual en nuestro sistema parlamentario.
Si esto no se cumpliera así, si se aceptara la hipótesis que trae el
planteamiento de la enmienda, que muy acertadamente en su
intelectualidad ha defendido el señor Ríos, nos podríamos encontrar
no solamente conculcando el Estado de derecho sino que nos llevaría a
enfrentarnos, de entrada, con un recurso contenciosoadministrativo
interpuesto por las propias empresas concesionarias de autopistas,
que exigirían al Estado el cumplimiento de sus obligaciones legales,
sin entrar en más considerandos que el principio de seguridad
jurídica que impregna el funcionamiento de un Estado de derecho. Este
contencioso, a juicio de este diputado, lo ganarían las empresas
concesionarias si dejara de atendérseles la exigencia derivada del
seguro de cambio que contempla el artículo 13 de la Ley de la
concesión de autopistas de 1972, ley que he estado leyendo para
conocer el entorno de la Ley, de las circunstancias económico-
financieras y cambiarias de España en 1972, cuando por el valor de su
moneda, la peseta, tenía que ir a la caza y captura de los créditos
financieros en los mercados internacionales, normalmente en dólares,
libras o marcos alemanes, para la financiación, el aporte de capital
circulante, de estas operaciones de autopistas.
Por estas razones, por el principio de que se ha de mantener la
seguridad jurídica, porque es una obligación que tiene la
Administración del Estado, porque se trata de atenderlo no con cargo
a Presupuestos Generales del Estado sino por la emisión de deuda
pública, mi grupo, señor Ríos, va a votar en contra de su propuesta
de enmienda de totalidad y, por tanto, va a apoyar el proyecto del
Gobierno.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Martínez
Sanjuán.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero fijar la posición de mi grupo parlamentario sobre este crédito
extraordinario de más de 30.000 millones de pesetas.
Señor presidente, se puede acudir a este crédito extraordinario con
dos criterios: uno, con entusiasmo y, otro, con resignación. Nosotros
lo abordamos con resignación, sabiendo que, como decía el señor
Mardones, hay que cumplir una ley, pero sin estar, ni mucho menos,
convencidos ni satisfechos con lo que tenemos que votar esta mañana,
que es dar más de 30.000 millones de pesetas a las concesionarias de
autopistas por unos créditos que pidieron hace muchos, años, cuando
se les dio la concesión para realizar la obra de aquella autopista y
la explotación de la misma.
Es verdad que es una ley preconstitucional y que, lógicamente, por el
Estado de derecho, la Constitución nos obliga a seguir cumpliéndola,
pero es una ley que hoy es tremendamente obsoleta y algo habría que
hacer para intentar modificar un mapa jurídico, un mapa concesional
y un mapa de relaciones económicas en el mundo de que estamos hablando,
que es la concesión de autopistas.
Si esto lo explicamos a los ciudadanos, si lo explicamos a todos esos
jóvenes que están ahí arriba, aunque, quizá, por la poca gente
presente y el poco caso que me harán algunos sea absurdo intentar
explicar de qué va esto, me quedaría satisfecho simplemente con que
me entendieran.
En un momento este Congreso, en concepto de unos créditos que unas
empresas, hace muchos años, pidieron en moneda extranjera, se va a
gastar casi el dinero de algún ministerio del Gobierno con poca
cantidad presupuestaria, grosso modo. ¿Y qué vamos a darles? Hace
muchos años, en una ley del año 1972, cuando había una situación
económica complicada y había que impulsar que se hicieran autopistas
en España, a aquellas empresas se les dio la facilidad de que
pidieran en el extranjero créditos para construirlas, pero que no se
preocuparan porque cuando tuvieran que devolver los créditos el
Estado les pagaría el dinero suficiente para que no perdieran, si los
tipos de cambio, si el dólar, hoy, está más alto que cuando lo
pidieron. Eso significa que entre todos los españoles y
correspondientes a dos años, 1997 y 1998, tenemos que pagar 34.000
millones de pesetas, 1.000 pesetas cada uno de los habitantes de este
país mayores de 18 años.
Además, a las autopistas, que hoy obtienen unos magníficos,
excelentes beneficios -sólo entre dos concesionarios de autopistas
Aumar y Acesa, este año 1998 han tenido más de 30.000 millones de
pesetas de beneficio-, el Estado les tiene que seguir pagando en
moneda extranjera las cantidades que tienen que abonar.
Las concesionarias de autopistas son entidades privadas y,
aunque tienen una concesión pública, no son hermanitas de la caridad,
se dedican a lo que se dedican. Estas sociedades, a las que todos
estamos pagando hoy 34.000 millones de pesetas, siguen manteniendo
unos precios que son realmente poco sociales, señor ministro; por
ejemplo, Logroño-Bilbao, 2.310 pesetas; Burgos-Pancorbo, pocos
kilómetros, 845 pesetas, y encima les tenemos que seguir pagando
estas cantidades que son importantísimas.
Habría que hacer, de verdad, un análisis serio - como decía el señor
Ríos- de qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado con
estas ayudas permanentes. Quisiera que alguien me explicara por qué a
la autopista vasco-aragonesa, la autopista del valle del Ebro, sólo
por seguro de cambio se le ha pagado más de 75.000 millones de
pesetas en los últimos años, 75.000 millones de pesetas para que
paguen los créditos en moneda extranjera, créditos que, por cierto,
cuando los refinancian los siguen refinanciando en monedas
complicadas, a costa de tener unos tipos de interés más bajos, y esto
es también lo que está diciendo el Tribunal de Cuentas. Habría que
hacer algo, habría que llegar a un acuerdo, habría que llegar a un
debate, habría que llegar a unas reglas de juego distintas porque no
puede ser que hoy con las autopistas estén ganando dinero a chorros,
a espuertas, y les estemos dando miles y miles de millones para que
tengan la posibilidad de devolver los créditos que pidieron hace
mucho tiempo. Por cierto, sociedades poco capitalizadas en su día que
en vez de ir a aumentos de capital para hacer las obras preferían ir
permanentemente por la vía del endeudamiento, que todos los españoles
pagaremos.
Como decía el señor Sanz, es verdad que esto hay que cumplirlo, hay
que pagarles porque está la ley. Pero, como decía al principio -con
esto termino-, uno puede acercarse a este problema y a este crédito
extraordinario con entusiasmo o con resignación. Nosotros nos
acercamos con resignación. No nos gusta. Tendremos que apoyarlo
porque es verdad que es de obligado cumplimiento, pero si se lo
explicamos a los españoles convendrán conmigo en que se hará verdad
aquella frase del señor presidente, oída de tapadillo: ¡Manda ...!
comillas. Este es el espíritu con el que nosotros nos enfrentamos a
este proyecto de ley. Vamos a votar a favor de que se siga
tramitando. Habrá enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida con las que coincidimos en el trámite parlamentario. Pero
insisto en que uno tiene la sensación de que no estamos haciendo bien
las cosas para el conjunto de los ciudadanos de este país.
(Aplausos.)
Muchas gracias.
- PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESIÓN DE UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO POR
IMPORTE DE 16.870.101.469 PESETAS PARA HACER EFECTIVOEL PAGO A LAS
EMPRESAS COLABORADORAS DE
ASISTENCIA SANITARIA DE LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA ESTABLECIDA EN LA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 66/1997, DE 30 DE DICIEMBRE,
DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DEL ORDEN SOCIAL PARA 1998.
(Número de expediente 121/000157)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pasamos al
punto 39 del orden del día: Debate de totalidad del proyecto de ley
sobre concesión de un crédito extraordinario para hacer efectivo el
pago a las empresas colaboradoras de asistencia sanitaria de la
compensación económica establecida en la disposición transitoria
sexta de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social para 1998.
Para su presentación en nombre del Gobierno tiene la palabra el señor
ministro de Sanidad y Consumo.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas
gracias, señor presidente.
Señorías, tengo el honor de presentar ante esta Cámara el proyecto de
ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe de
16.870.101.469 pesetas, para hacer efectivo el pago a las empresas
colaboradoras de asistencia sanitaria de la compensación económica
establecida en la disposición transitoria sexta de la Ley 66/1997, de
30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden
social para 1998.
Las empresas colaboradoras, objeto de esta ley, asumen a su cargo las
prestaciones de asistencia sanitaria de la Seguridad Social derivadas
de contingencias comunes y accidentes no laborales. Su colaboración
se remonta principalmente a los años cincuenta y sesenta. A lo largo
del tiempo ha ido aumentando el número de empresas autorizadas a
colaborar, concediéndose la última autorización en marzo de 1996. En
la actualidad son 36 las empresas autorizadas prestando asistencia a
220.000 trabajadores y a unos 300.000 beneficiarios. La colaboración
de estas empresas se compensaba mediante una reducción de sus
cotizaciones a la Seguridad Social hasta el 31 de diciembre de 1997.
Sin embargo, el cumplimiento de los pactos de Toledo, que desvinculan
la financiación sanitaria de la Seguridad Social, hacía insostenible
aquel mecanismo de descuento. Por esta razón se ha establecido para
1998 una forma alternativa de compensación consistente en un pago por
parte de la Administración sanitaria por cada trabajador y mes, que
en ningún caso supera el coste medio de la asistencia que este
trabajador supondría para el Insalud. Así se estableció en la
disposición transitoria sexta de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre,
antes citada.
El nuevo cálculo de la compensación a las empresas colaboradoras
supone una importante mejora respecto del mecanismo anterior, no sólo
porque es coherente con los acuerdos derivados de los pactos de
Toledo, sino porque permite un mayor control de los costes de la
asistencia que proveen las empresas al no permitir
que se pague a ninguna de ellas por encima de lo que la asistencia de
ese colectivo hubiese supuesto para el sistema de salud.
Adicionalmente, es un mecanismo que ha supuesto un importante ahorro
al basarse mucho más en un criterio de coste asistencial real,
ajustado por la prestación real proporcionada por las empresas y las
características de morbilidad de los trabajadores de estas empresas
que son, por definición, menores de sesenta y cinco años y carecen de
condiciones invalidantes. Como resultado de estos ajustes, la
colaboración de empresas ha generado una necesidad de crédito de
16.800 millones de pesetas, cercana a lo que se presupuestó para 1996
y menor de los 20.750 millones que se hubiesen tenido que
presupuestar de acuerdo con los criterios anteriores de compensación.
Para finalizar, puedo decir que en estos momentos se está revisando
la legislación vigente para empresas colaboradoras, que data de 1966
y de 1980, para que este régimen de provisión se adecue al marco de
aseguramiento universal público, a los principios de equidad y a las
líneas de modernización del sistema nacional de salud que defendemos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ministro.
A este proyecto de ley se ha presentado una enmienda a la totalidad
de devolución por parte del Grupo Parlamentario Socialista, para cuya
presentación tiene la palabra la señora Pozuelo.
La señora POZUELO MEÑO: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una
enmienda a la totalidad solicitando la devolución al Gobierno de este
proyecto de ley por el que se pretende compensar, con cerca de 17.000
millones de pesetas, a las empresas colaboradoras de asistencia
sanitaria que han prestado servicio a 219.000 trabajadores de grandes
empresas durante el año 1998. Creemos que este proyecto de ley es
contrario a la Ley General de Sanidad de 1986, a la Ley de
presupuestos de 1989, a los acuerdos de financiación sanitaria de
1994 y de 1998 y, finalmente, a los acuerdos del Pacto de Toledo. La
Ley de presupuestos de 1989 estableció por primera vez que la
financiación del Sistema Nacional de Salud debía hacerse
preferentemente a través de ingresos tributarios del Estado. A partir
de ahí, los acuerdos de financiación con las comunidades autónomas
para 1994 y posteriormente para 1998 confirmaron este principio.
Igualmente, los acuerdos del Pacto de Toledo consideraron que las
prestaciones de carácter universal debían financiarse con ingresos
del Estado. Con este proyecto de ley se quiere mantener un sistema
obsoleto y arcaico, basado en la consideración de la asistencia
sanitaria como una prestación de la Seguridad Social y no como una
prestación universal. Estamos en contra de este proyecto porque
consideramos que es un paso más en la firme decisión del Gobierno
de desmontar el actual Sistema Nacional de Salud, universal, igual y
equitativo para todos, e implantar un modelo dual, fragmentario, de
estratificación social, basado en dos ideas que ya ha expuesto con
anterioridad en otras ocasiones el propio ministro de Sanidad; una,
que hay que acabar con el monopolio asistencial del Estado
liberalizando el sector, es decir privatizándolo, y dos, que un
sistema público es aquel que está financiado con fondos públicos,
independientemente de quién preste el servicio y cómo lo preste. Es
la coartada para seguir llamando público a un sistema dual y a su vez
permitir la financiación con fondos públicos de empresas privadas. A
partir de estas ideas, le Gobierno ha ido desarrollando una serie de
medidas como la Ley de fundaciones públicas, la reforma del IRPF, que
concede sustanciosos incentivos fiscales a las compañías aseguradoras
sanitarias, y estas propia ley que hoy debatimos, todas ellas con un
objetivo final: privatizar el aseguramiento. Estas medidas
legislativas culminarán, como ya ha anunciado también el ministro,
con la presentación en esta Cámara de una reforma de la Ley General
de Sanidad, que claramente están vulnerando. La Ley General de
Sanidad, aprobada en 1986, se basaba en los principios de equidad,
igualdad y universalidad y en la consideración de que la salud es un
derecho social. Estos principios chocan abiertamente con el nuevo
sistema que se quiere implantar por el Gobierno, en el que se
considera la salud como un derecho individual y se accede a él según
la situación laboral, económica o social de cada ciudadano. Este
modelo sanitario que están implantando calladamente y ocultándolo a
la opinión pública es un mal modelo, es un modelo dudosamente bueno
para algunos y muy malo para la mayoría de la población; es además un
modelo caro, menos eficaz y menos igualitario.
En primer lugar, es un modelo más caro porque subvencionar a empresas
privadas para la prestación de servicios sanitarios a una parte de la
población aumenta, sin duda, los costes generales que habría si esta
población estuviera incluida en un único sistema. Este modelo,
similar al vigente en Alemania y Francia, que por cierto han aprobado
recientemente una ley modificándolo y acercándose a la nuestra,
cuesta dos puntos más del PIB, lo que en España significaría un
billón 200.000 millones de pesetas más de gasto sanitario que el
coste actual. Es más caro porque estas empresas sólo se hacen cargo
de los trabajadores cuando están en activo, cuando tienen menos
necesidades sanitarias, hasta su jubilación, precisamente cuando la
asistencia es más cara. Además, este proyecto de ley contiene una
sobrefinanciación a las empresas. Para imputar esa diferencia de
riesgo a la que antes me refería, el Gobierno aplica un coeficiente
reductor de 0,82. En el proyecto no se explica la metodología de
cálculo de este coeficiente, pero un cálculo más conservador de esa
diferencia de riesgo entre el colectivo protegido por el Sistema
Nacional de Salud y el adscrito a las empresas colaboradoras lo
situaría en el 0,65. Hay que tener en cuenta que las personas mayores
de 65 años generan
un gasto superior tres o cuatro veces a la media de la población,
según las estadísticas de la OCDE. Este coeficiente del 0,65 sólo
normaliza en relación a la diferencia de edad, pero no toma en
consideración el distinto riesgo, menor también para estas empresas,
de la población ocupada, por lo que probablemente sería mayor.
Utilizando ese coeficiente, que creemos nosotros que sería el lógico,
la estimación económica de la compensación a las empresas sería de
13.143 millones de pesetas, en lugar de los 16.870 que propone el
Gobierno en este crédito extraordinario. El Gobierno estima, además,
que habrá un 5 por ciento más de empleados que financiar para el
último trimestre del ejercicio al existir, según se establece en la
memoria del proyecto, una tendencia creciente de trabajadores
acogidos a empresas colaboradoras. Estamos, señorías, en marzo de
1999. ¿Cómo es posible que aún no se conozcan los datos ciertos de
población protegida para el último trimestre de 1998? Además, ¿quién
promueve esa tendencia al alza a que se protejan los ciudadanos en
empresas colaboras?
En segundo lugar, es un modelo menos eficaz. La cobertura sanitaria
que se está prestando desde las empresas privadas se entiende por los
ciudadanos como complementaria a la pública. De manera habitual, las
empresas remiten a los pacientes al sistema público cuando se
presentan graves problemas hospitalarios a los que no tienen
capacidad de dar respuesta por no disponer de los medios suficientes
y necesarios y porque precisan inversiones muy costosas a las que no
obtendrían rentabilidad económica suficiente teniendo en cuenta la
población a la que tienen que proteger. En este sentido, el documento
que aquí se debatió ayer del hospital La Paz, de Madrid, sobre la
posibilidad de alquilar sus instalaciones a empresas privadas es muy
elocuente. La aprobación de la Ley de fundaciones ha significado
también en la práctica una puerta abierta a la privatización de los
hospitales públicos. El caso de Alcira es el paradigma de su modelo:
se ha hecho una concesión administrativa a una empresa aseguradora en
régimen de monopolio, lo que en la práctica significa desgajar una
parte del sistema público para entregarlo a una empresa privada.
En tercer lugar, es un modelo menos igualitario. Lamentablemente se
está implantando en España un sistema regresivo en el que las
prestaciones sanitarias se vincularán al nivel salarial y profesional
de los trabajadores. Vamos al ejemplo americano. Se vincula la
asistencia sanitaria al contrato de trabajo. Las pólizas serán
diferentes para los directivos que para el resto de los trabajadores.
Las fundaciones, señorías, y el modelo Alcira están conformando esa
dualidad de atención sanitaria en la que conviven dos clases de
ciudadanos, los que tienen una cartilla sanitaria pública y los que
tienen una póliza suscrita con la aseguradora que gestiona el
hospital.
Por todo ello, señorías, si el Gobierno quiere beneficiar al sistema
público, tal como declara, pedimos que se incorpore el dinero de este
crédito extraordinario al
presupuesto de sanidad.Este proyecto de ley es un paso firme hacia la
privatización del sistema público. Se quiere hacer desaparecer el
sistema nacional de sanidad por un sistema de seguros privados
financiados con fondos públicos.La Ley General de Sanidad preveía la
integración de todos los sistemas de protección dentro de un único
sistema público sanitario, eliminando las diferentes coberturas entre
los distintos ciudadanos. Desde 1986 hasta que ustedes llegaron al
Gobierno todos los acuerdos que se tomaron en esta Cámara fueron
encaminados a consolidar este sistema público y universal: la ley de
1989, los acuerdos de financiación de 1994 y el Pacto de Toledo.
Según todos ellos sería el año 1999 el primero en el que se haría la
financiación íntegramente por ingresos tributarios y no por
cotizaciones sociales. Por tanto, éste hubiera sido el momento
adecuado y justo para que se cumplieran las previsiones del
aseguramiento único y universal. El Gobierno debía haber unificado
los diferentes sistemas de cobertura para garantizar a todos los
ciudadanos su incorporación a un único sistema. Muy al contrario, el
Gobierno ha tomado decisiones, a las que anteriormente me refería,
totalmente contrarias a la consolidación del sistema y avanza hacia
la creación de este sistema dual y estratificado, que hoy aquí nos
propone, en el que coexisten servicios públicos y servicios privados.
Por todo ello, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista se opone
en su totalidad a este proyecto que en vez de acabar con este sistema
obsoleto y anacrónico de empresas colaboradoras, basado en la
financiación a través de deducciones de cuotas de la Seguridad
Social, ofrece como alternativa un sistema de subvenciones públicas
directas a las empresas y, además, adelanta injustificadamente en un
año su aplicación. Este proyecto da cumplimiento a la Ley de medidas
fiscales de 1998, que en la disposición adicional sexta modificó el
artículo 77 de la Ley refundida de la Seguridad Social, que
establecía este método de compensación económica como alternativa a
las deducciones en las cotizaciones sociales. Pero a nuestro grupo le
gustaría saber por qué este adelanto, por qué no se ha utilizado en
1998 la misma fórmula de deducciones que en los años anteriores, por
qué interesa modificarlo en este momento y quién se ha beneficiado de
ello.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Pozuelo,
le ruego vaya concluyendo.
La señora POZUELO MEÑO: Voy concluyendo, señor presidente.
Creemos que son las compañías aseguradoras las que se van a
beneficiar de este sistema. Señor ministro, en 1997, el negocio de
los seguros sanitarios movió en España más de 390.000 millones de
pesetas, con un incremento previsto para 1998 de un 8 por ciento. Los
seguros sanitarios se han convertido en los terceros en importancia
de nuestro país. El negocio es fácil y seguro, no tiene riesgos, el
propio sector empresarial así lo manifiesta. El sector tiene
asegurado, además, una
financiación del Estado de más de 17.000 millones de pesetas (17.000
para 1998 y previsiblemente más para 1999), además de las
desgravaciones fiscales del 35 por ciento que se contemplan en la Ley
de reforma del IRPF. Por cierto, el señor subsecretario del
Ministerio ha declarado que en 1999, año para el que no existen
créditos, no van a seguir este método para saldar las cuentas. ¿Puede
decirnos, señor ministro, qué sistema es el que van a seguir para
cubrir estos gastos en el año 1999? No existen créditos en el
presupuesto que aprobamos en esta Cámara. Ya sabemos que el
secretario general de Asistencia Sanitaria, el señor Núñez Feijóo,
utiliza créditos extrapresupuestarios que incorporará donde él o
usted mismo consideren oportuno, según declaró en la Comisión de
Presupuestos y consta en el 'Diario de Sesiones'. Dudamos que con
esos ingresos extrapresupuestarios a los que él aludía tengan
suficiente para cubrir los 124.000 millones de déficit en gasto
farmacéutico que se ha producido en el año 1998 y los más de 17.000
que supongan las compensaciones previstas a las empresas en el año
1999.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Pozuelo,
le ruego concluya.
La señora POZUELO MEÑO: Voy concluyendo, señor presidente.
El proyecto que hoy debatimos tampoco dice nada sobre cómo se va a
producir la distribución entre las comunidades autónomas. Si se
establece el criterio de población, como dice la disposición
transitoria de La ley de acompañamiento, volverá a repetirse la
discriminación del acuerdo de financiación de 1998.
Señor ministro, rectifique. Retire este proyecto de ley que significa
un paso más en la transformación del Sistema Nacional de Salud para
convertirlo en un sistema dual de seguros privados con financiación
pública, que fragmenta el sistema, que rompe el principio de igualdad
de los ciudadanos al ofrecerles prestaciones diferentes según sus
niveles de ingresos, su contrato laboral o su categoría profesional y
que quiebra el principio de universalidad al impedir la igualdad de
acceso al sistema sanitario. Sobre todo, señor ministro, no engañen
a la opinión pública. Tengan la valentía de explicar abiertamente lo
que han hecho a lo largo de estos tres años y lo que están haciendo;
explíquenlo y, si es cierto que quieren consolidar el sistema
sanitario público, voten a favor de nuestra enmienda y retiren este
proyecto de ley.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Pozuelo. ¿Algún grupo parlamentario desea utilizar un turno en
contra de la enmienda de totalidad? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar
su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) no ha
presentado enmienda a la totalidad a este proyecto de ley y, por
tanto, no va a votar a favor de la enmienda de devolución presentada
por el Grupo Parlamentario Socialista. No obstante, nuestro grupo
parlamentario, aprovechando este debate de totalidad, aprovechando la
presencia ante el Pleno del ministro de Sanidad, quiere hacer una
precisión sobre este proyecto de ley. La precisión es que entendemos
que el pago a estas empresas colaboradoras debe comprender a todas
las de todo el territorio del Sistema Nacional de Salud. Queremos
precisar, por tanto, que este pago debe incluir a las empresas del
territorio de las comunidades autónomas con gestión transferida y a
las empresas del territorio de gestión directa del Insalud. Esta
precisión es importante para nosotros y es, además, justa. La propia
Ley 66/1997 establecía que el coste de esta compensación iba con
cargo a cuotas de la Seguridad Social, en nada repercutía en la
financiación de las comunidades autónomas. Por tanto, queremos que el
proyecto expresamente acote, defina y precise que engloba a las
empresas de todo el territorio del Sistema Nacional de Salud y hemos
presentado una enmienda en este sentido que esperamos que sea
aprobado en los trámites de ponencia y Comisión.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Jané.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida tiene la
palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTÍN: Gracias, señor presidente.
Consumo este turno para expresar la oposición del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida a la concesión del crédito extraordinario
a empresas colaboradoras de la asistencia sanitaria, como
compensación económica, por valor de 16.870 millones de pesetas.
Creemos que pone de manifiesto con toda claridad cómo la eficacia, la
flexibilidad y la idoneidad del mercado son defendidas siempre por el
Gobierno del Partido Popular, excepto cuando se propone la
transferencia de fondos públicos a empresas privadas. En este momento
en que la financiación se plantea casi exclusivamente a través de los
Presupuestos Generales del Estado, seguir apoyando el criterio de
empresas colaboradoras de la Seguridad Social es una mala tapadera
para acceder de manera absolutamente injustificada a estos fondos
públicos y transferirlos a empresas privadas. Creemos que se está
avanzando decididamente en la conformación de un sistema que se
parece cada vez más al de Estados Unidos, en el cual la población de
menor riesgo, la población activa tiene la posibilidad de un doble
acceso a la asistencia sanitaria por desempeñar sus funciones en
grandes empresas. Ese modelo se ha complementado con la introducción
de una medida
en la reforma del IRPF que permite la desgravación de las
cotizaciones empresariales a la Seguridad Social de aquellas empresas
que contraten pólizas colectivas para la asistencia sanitaria con
aseguradoras privadas. Es evidente que el modelo que desde la empresa
privada se pretende constituir pasa por seleccionar los riesgos
menores del tipo de población que todavía no tiene edad para las
enfermedades crónicas que consumen mayores recursos sanitarios. Esa
situación es la que se viene a consolidar con la concesión de este
crédito extraordinario que avanza decididamente en el modelo de
privatización de la sanidad, que no es asumir el riesgo del capital
privado en la prestación de la asistencia sanitaria, sino incrementar
decididamente la parasitación de la sanidad privada con respecto a la
sanidad pública, parasitación que se viene manteniendo históricamente
y que además permite en este momento al Gobierno del Partido Popular
decir que la sanidad sigue siendo pública cuando el dinero procede de
fondos públicos, cuando evidentemente eso supone el mantenimiento de
un sistema dual, de un sistema de doble acceso a la asistencia
sanitaria.
Por todo esto, porque es coherente esta fórmula con el proceso de
privatización de la sanidad, porque además -insisto- se plantea
avanzar en la transferencia de fondos públicos a empresas privadas,
es por lo que consumo este turno en contra de la convalidación del
crédito extraordinario y mi grupo parlamentario votará a favor de la
enmienda de devolución presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Maestro.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor
Echániz.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a respaldar la
tramitación de este proyecto de ley, de este crédito extraordinario,
para compensar económicamente a las empresas colaboradoras en la
gestión de asistencia sanitaria de las contingencias comunes, esto
es, de las derivadas de la enfermedad común y de los accidentes no
laborales, como consecuencia de la disposición transitoria sexta de
la Ley de acompañamiento de 1998. Empresas colaboradoras que en
número de 36 prestan sus servicios a más de 219.000 personas con unos
300.000 beneficiarios protegidos. La necesidad de este proyecto de
ley, señorías, es consecuencia de la separación de fuentes de
financiación de la Seguridad Social y, por tanto, del cumplimiento de
una de las resoluciones del Pacto de Toledo. Es consecuencia también,
toda vez que la sanidad se financia ya a través de impuestos
generales sin contribución de cuotas de Seguridad Social por su
carácter de universalidad, de la desaparición de los coeficientes
reductores en las cotizacionesaportadas por este tipo de empresas
para la
financiación de su actividad. Por tanto, no significa en ningún caso
cambios en la naturaleza de la prestación, ni siquiera en la
financiación mediante recursos públicos, sino sencillamente un cambio
en el origen de la asignación presupuestaria, en la medida en que de
la redacción de esa disposición transitoria no se podía desprender el
importe final de las compensaciones.
Tengo que decir a la portavoz de Izquierda Unida, aunque no se
encuentre presente en la sala (El señor Núñez Pérez: Sí está.), que
no debe preocuparse porque esta ley afecta a todas las empresas que
funcionan antes de la promulgación de esta ley, que son todas, que
son además grandes empresas y que la financiación se produce con
independencia de la ubicación de los centros de trabajo.
Resulta sorprendente la solemnidad demagógica que utiliza la señora
Pozuelo en su argumentación. Califica el sistema de obsoleto o de
anacrónico cuando el Partido Socialista lo mantuvo durante sus 14
años de Gobierno, cuando no lo cuestionó, y no sólo no lo cuestionó,
sino que cuando la comisión de reforma de la Seguridad Social en 1985
y como consecuencia del acuerdo económico y social de 1984, se
planteó si las mantenían las mantuvieron; igualmente decidieron
mantenerlas después de firmar el Pacto de Toledo, eso sí, sin
realizar desde luego el cambio de financiación necesario. ¿Quiere
decir usted esta mañana, señora Pozuelo, que lo hicieron mal? ¿Quiere
decirnos que se arrepienten en cualquier caso de haber convivido con
este sistema durante los años de sus gobiernos? Repito que lo digan
claramente esta mañana. ¿Quiere usted decirnos también en qué estaban
pensando en 1994 cuando se aprobó el texto refundido de la Ley
general de Seguridad Social y en su artículo 77 volvieron ustedes a
regular las condiciones de colaboración y las facultades para
autorización de este tipo de empresas colaboradoras?
Señora diputada, no entiendo cómo se puede decir que este sistema de
cobertura no corresponde a los principios, al modelo sanitario
previsto en la Ley general de Sanidad, cuando dicha ley data de 1986
y ustedes estuvieron en el Gobierno hasta 1996, es decir diez años
después. ¿Tampoco respondía en aquellos diez años el modelo sanitario
a las consecuencias de esta ley o es precisamente ahora que ha habido
un cambio de Gobierno, ahora que el Partido Popular gobierna en el
Estado cuando no responde? Si no respondía es porque ustedes no
hicieron nada, porque ustedes en cualquier caso se cruzarían de
brazos en este asunto. Me gustaría que nos dijeran, señora Pozuelo,
que han estado ustedes privatizando por tanto la sanidad durante
estos catorce años en que han mantenido el sistema. ¿Quiere decirme
que han estado ustedes fraccionando el sistema sanitario público
durante 14 años? ¿Cómo nos puede imputar a nosotros con este
desparpajo y sin pudor este cambio en la financiación? ¿Sabe usted,
señora diputada, que desde que ustedes se fueron del Gobierno no se
ha inscrito una sola empresa en este
nuevo sistema? ¿Es posible que a estas alturas algún medio, alguna
persona en estre país les compre aún estos argumentos y estas
soflamas?
Han decidido instalarse en estos momentos y en materia de sanidad en
la ceremonia de la incoherencia y en la ceremonia de la confusión
permanente. ¿Cómo pueden ustedes cuestionar las fundaciones públicas
sanitarias cuando ustedes las están creando en las comunidades
autónomas donde gobiernan? (Rumores.) ¿Cómo pueden ustedes cuestionar
en estos momentos el sistema Muface después de mantenerlo y
potenciarlo en este país, especialmente cuando usted era ministra,
señora Amador? ¿Cómo pueden decir, señorías, que beneficiamos a los
seguros sanitarios privados en la reforma del IRPF cuando ustedes
permitían una desgravación del 15 por ciento sin ningún tipo de
control de los servicios médicos, estuvieran o no cubiertos por la
Seguridad Social; desgravaciones que además crecían a un ritmo
superior al 15 por ciento, lo que significa tres veces por encima de
lo que crecía la base imponible del impuesto?
Hablan ustedes de engañar a la opinión pública y yo me pregunto cómo
se puede tener ese desparpajo y no ponerse colorado. ¿Cómo se puede
decir que se calcula arbitrariamente el importe de la compensación
cuando ustedes utilizaban en las cotizaciones los coeficientes
reductores automáticos que son mucho más opacos y además sin control?
Es precisamente ahora cuando se han establecido sistemas de
información, cuando se han ponderado dos factores para homogeneizar
los costes y cuando se está utilizando un punto de partida objetivo,
que es la cuota de asistencia médico-farmacéutica por enfermedad
común y por accidente no laboral que corresponde satisfacer a los
colectivos ajenos al sistema Nacional de Salud público, y en la orden
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 26 de enero del año
pasado se establecen las normas de cotización a la Seguridad Social.
¿Sabe usted, señora Pozuelo, que esta compensación se establece en
términos capitativos en función del número de trabajadores y que el
importe final ha de ser en cualquier caso inferior al coste real de
los servicios prestados por el Insalud? Pues no, probablemente no lo
sabe. ¿Sabe usted, señora Pozuelo, que por tanto no va a costar una
sola peseta más de lo que costarían estos trabajadores en el Sistema
Nacional de Salud? Seguramente tampoco lo sabe. ¿Sabe usted que este
crédito es inferior a lo presupuestado hace tres años y muy inferior
a lo presupuestado por ustedes hace cinco años? Pues probablemente
tampoco lo conoce. ¿Sabe usted que según los criterios anteriores,
los que ustedes utilizaban, sin el actual control el crédito
necesario en estos momentos hubiera sido 4.000 millones de pesetas
superior? Pues probablemente tampoco lo conoce. Señores diputados,
creo que conviene lo sepan, conviene que tengan en cuenta estos
criterios porque de otra manera sólo se incurre en el discurso
sanitario patético al que nos tienen ustedes acostumbrados.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a respaldar esta mañana
la tramitación de este proyecto de ley para ser coherentes con las
obligaciones pendientes y con los cambios producidos en la
financiación de los gastos sanitarios en el marco del sistema de la
Seguridad Social y en el marco de la modernización del Sistema
Nacional de Salud.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Echániz. (Las señoras Maestro Martín y Pozuelo Meño piden la
palabra.)
Señora Maestro, ¿a qué efectos solicita la palabra?
La señora MAESTRO MARTÍN: Simplemente, para que quede constancia en
el 'Diario de Sesiones' de que, en contra de la percepción del señor
Echániz, esta portavoz ha asistido a toda su intervención, como no
podía ser de otra manera. Lo digo para no inducir a la confusión que
pudiera derivarse de sus palabras.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Así constará,
señora Maestro. Muchas gracias.
Señora Pozuelo, ¿a qué efectos solicita la palabra?
La señora POZUELO MEÑO: Señor presidente, el portavoz del Partido
Popular se ha referido a mí personalmente de forma reiterada y creo
que tengo derecho a una réplica. (Rumores y protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías,
¡silencio!
Señora Pozuelo, efectivamente el señor Echániz se ha referido a S.S.
de forma reiterada, no podía ser de otra forma ya que S.S. ha
personalizado la presentación de la enmienda de totalidad, pero el
señor Echániz, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, ha ejercido
estrictamente la fijación de posición de su grupo parlamentario y no
tiene S.S. la palabra. Muchas gracias. (La señora Amador Millán pide
la palabra.) ¿Señora Amador?
La señora AMADOR MILLÁN: Señor presidente, el señor Echániz también
ha hecho una alusión personal a esta diputada, que no ha
personalizado la fijación de posición del Grupo Socialista.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Por tres
minutos S.S. puede responder estrictamente a la alusión sumamente
breve -su señoría lo ha percibido perfectamente- de que ha sido
objeto.
Tiene la palabra por alusiones en este momento.
La señora AMADOR MILLÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Señor diputado, la ardorosa defensa que ha hecho S.S. del proyecto de
ley... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): ¡Silencio!,
señorías.
Señora Amador, S.S. ha sido aludida específicamente en un momento
determinado del debate, pero si se refiere a la forma en que ha sido
defendido el proyecto de ley no está respondiendo a las alusiones y
está abriendo el debate. Por tanto le ruego que responda
exclusivamente a la alusión y no reabra el debate, que va a concluir
en este momento con su intervención. Le ruego, por favor, que se ciña
estrictamente a la alusión.
La señora AMADOR MILLÁN: La alusión se refería a mi condición de
ministra en el Gobierno anterior y a la trayectoria que el Gobierno
socialista ha seguido en relación con el modelo de entidades
colaboradoras y de Seguridad Social. Para contestar eso, señor
presidente, me gustaría poner de relieve que una vez más y tres años
después de que el Gobierno popular ocupe las responsabilidades de
Gobierno, ustedes basan todas las defensas de sus iniciativas en
alusiones al Gobierno anterior.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Amador,
ésa es exclusivamente la alusión a la que tiene que responder.
La señora AMADOR MILLÁN: Por eso voy a contestar, señor presidente,
que el Gobierno anterior y en la acción de gobierno en relación con
la política sanitaria hizo lo que respondía a su proyecto político.
Ahora es el Gobierno popular el que toma esta iniciativa y en lo
único que estamos de acuerdo con la intervención del señor diputado
respecto a la valoración de nuestra gestión y a la iniciativa que hoy
ha defendido, es en que efectivamente esta iniciativa es coherente
con las obligaciones que tiene adquiridas el Partido Popular con el
sector sanitario privado.
Gracias, señor presidente. (El señor Echániz Salgado pide la
palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Amador.
Señor Echániz, ¿a qué efectos solicita la palabra?
El señor ECHÁNIZ SALGADO: A efectos de comunicar a la señora diputada
portavoz de Izquierda Unida que la alusión no era a ella, sino al
portavoz de Convergència i Unió, en la medida que él citó una
enmienda que queda viva respecto a la tramitación en Comisión; en
ningún caso a la portavoz de Izquierda Unida.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Ha sido un
lapsus; pero el señor Jané también estaba presente en ese momento,
estaba hablando con otro diputado, y posiblemente por esa razón S.S.
no lo vio. Queda aclarado. Muchas gracias, señor Echániz.
Ha finalizado el debate del punto 39 del orden del día y, al no
existir enmiendas presentadas al punto
número 40, vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa
la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, ocupen sus escaños por favor, vamos a
proceder a las votaciones. (Pausa.)
Votaciones correspondientes a las enmiendas de totalidad que han sido
presentadas y debatidas. La primera de ellas al proyecto de ley sobre
concesión de un crédito extraordinario por importe de 8.717 millones
de pesetas y de un suplemento de crédito por importe de otros 26.144
millones, para atender insuficiencias de crédito en los ejercicios
1997 y 1998, por las subvenciones que se efectúan para la cobertura
de las diferencias de cambio de las divisas obtenidas en préstamos
concedidos a las sociedades concesionarias de autopistas de peaje.
La enmienda que se somete a votación es la de totalidad de devolución
que ha presentado el Grupo de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
289; a favor, 13; en contra, 273; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Se somete a votación la enmienda de totalidad de devolución que
formulada por el Grupo Socialista se ha presentado y debatido al
proyecto de ley sobre concesión de otro crédito extraordinario por
importe de 16.870 millones de pesetas, para hacer efectivo el pago
a las empresas colaboradoras de asistencia sanitaria de la
compensación económica establecida en la disposición transitoria
sexta de la Ley 66/1997, de fecha 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social para 1998.
Se somete a votación, insisto, la enmienda de devolución del Partido
Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
291; a favor, 133; en contra, 158.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda de totalidad.
Concluido el orden del día, se levanta la sesión.
Eran las once y veinte minutos de la mañana.
Corrección de error.-En el «Diario de Sesiones» número 219,
correspondiente a la sesión plenaria de ayer, miércoles, 10 de marzo
de 1999, en la réplica del señor González de Txabarri Miranda al
señor vicepresidente primero del Gobierno y ministro de la
Presidencia -página 11710, segunda columna- se comienza diciendo: «No
se pase al club de los cuentistas de Interior, señor vicepresidente.
De su talante no se podía esperar otro tipo de respuesta.» dado que
se produjo un defecto de audición, se hace constar que la
intervención literal del señor González de Txabarri Miranda fue la
siguiente: «No se pase al club de los cuentistas de Interior, señor
vicepresidente. De su talante y estilo se podía esperar otro tipo de
respuesta».