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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 214, de 18/02/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 1999 VI Legislatura Núm. 214
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 206
celebrada el jueves, 18 de febrero de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados:
- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre
declaraciones de actividades de Excmos. Sres. Diputados (número de
registro 73781) . . . (Página 11466)
- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados acerca del
suplicatorio formulado en relación con el Diputado don Joan Miquel
Nadal i Malé (número de expediente 240/000007) . . . (Página 11466)
Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes:
- Real Decreto-ley 2/1999, de 29 de enero, por el que se modifica la
Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada (número de
expediente 130/000064) («BOE» núm. 26, de 30 de enero de 1999) ...
(Página 11466)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios
Internacionales:
- Convención conjunta sobre seguridad en la gestión del combustible
gastado y sobre seguridad en la gestión de desechos radiactivos,
hecha en Viena el 5 de septiembre de 1997. «BOCG.
Sección Cortes Generales», serie A, núm. 256, de 3 de noviembre de
1998 (número de expediente 110/000214) . . . (Página 11470)
- Canje de notas entre el Reino de España y el Programa de Naciones
Unidas para el Medio Ambiente relativo al Acuerdo de Sede de la 2.a
Reunión de la Comisión Mediterránea de Desarrollo sostenible (Palma
de Mallorca, 6 al 8 de mayo de 1997), hecho en Atenas y Madrid el 26
de febrero y el 24 de abril de 1997. «BOCG. Sección Cortes
Generales», serie A, núm. 266, de 30 de noviembre de 1998 (número de
expediente 110/000221) . . . (Página 11470)
- Protocolo adicional al Convenio sobre intercambio cultural entre
España y Perú firmado en Lima el 30 de junio de 1971, hecho en Lima
el 17 de septiembre de 1998. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie
A, núm. 272, de 14 de diciembre de 1998 (número de expediente 110/
000222) ... (Página 11470)
- Convenio número 181 de la Organización Internacional del Trabajo
sobre las agencias de empleo privadas, hecho en Ginebra el 19 de
junio de 1997. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, núm. 273,
de 14 de diciembre de 1998 (número de expediente 110/000223) . . .
(Página 11471)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, núm. 138-1, de 11 de
septiembre de 1998 (número de expediente 121/000138) . . .
(Página 11471)
- Proyecto de Ley de Adhesión de España a diversos Acuerdos del Fondo
Monetario Internacional (procedente del Real Decreto-ley 14/1998, de
9 de octubre). «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, núm. 146-
1, de 13 de noviembre de 1998 (número de expediente 121/000146) . . .
(Página 11487)
- Proyecto de Ley por el que se autoriza la participación de España
en la ampliación del capital del Banco Europeo de Reconstrucción y
Desarrollo (BERD). «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, núm.
152-1, de 14 de diciembre de 1998 (número de expediente 121/000152)
. . . (Página 11489)
S U M A R I O
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana, con
carácter secreto, para debatir sobre dos dictámenes de la Comisión
del Estatuto de los Diputados, que son aprobados.
Continúa la sesión con carácter público.
Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes . . . (Página 11466)
Real Decreto-ley 2/1999, de 29 de enero, por el que se modifica la
Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada . . . (Página 11466)
Comparece ante la Cámara el señor ministro del Interior (Mayor
Oreja), para cumplimentar el trámite de convalidación del Real
Decreto-ley de 29 de enero, por el que se modifica la Ley de 30 de
julio de 1992, que regula la prestación de servicios de vigilancia y
seguridad de personas y bienes, considerando éstos como actividades
complementarias y subordinadas a
la seguridad pública. Explica los requisitos que, según la
legislación española, debían reunir las personas físicas y jurídicas
que se dedicaran a estas actividades y que entran en colisión con la
legislación europea sobre la libre circulación de trabajadores y de
libertad de establecimiento y prestación de servicios dentro de la
Comunidad Europea, por lo que ha sido necesario promulgar el presente
Real Decreto-ley que hoy tiene el honor de presentar a la Cámara para
su convalidación.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señoresRodríguez
Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla,
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría
Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores
Meyer Pleite, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida;
Aguiriano Forniés, del Grupo Socialista del Congreso, y González
Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-
ley 2/1999, de 29 de enero, por el que se modifica la Ley 23/1992, de
30 de julio, de seguridad privada, se aprueba su convalidación por
264 votos a favor, cinco en contra y una abstención.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios
Internacionales . . . (Página 11470)
Convención conjunta sobre seguridad en la gestión del combustible
gastado y sobre seguridad en la gestión de desechos radiactivos . . .
(Página 11470)
Canje de notas entre el Reino de España y el Programa de Naciones
Unidas para el Medio Ambiente relativo al acuerdo de sede de la 2ª
Reunión de la Comisión Mediterránea de Desarrollo Sostenible (Palma
de Mallorca, 6 al 8 de mayo de 1997), hecho en Atenas y Madrid el 26
de febrero y el 24 de abril de 1997 . . . (Página 11470)
Protocolo adicional al Convenio sobre intercambio cultural entre
España y Perú firmado en Lima el 30 de junio de 1971, hecho en Lima
el 17 de septiembre de 1998 . . . (Página 11470)
Sometidos a votación, se aprueban por asentimiento.
Convenio número 181 de la Organización Internacional del Trabajo
sobre las agencias de empleo privadas, hecho en Ginebra el 19 de
junio de 1997 . . . (Página 11471)
Sometido a votación, se aprueba por 257 votos a favor y 13
abstenciones.
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas . . . (Página 11471)
Proyecto de Ley de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas . . .
(Página 11471)
Según ya se anunció en la Junta de Portavoces, el señor ministro de
Defensa (Serra Rexach) presenta en nombre del Gobierno el proyecto de
ley, al no haber tenido oportunidad de hacerlo en el debate de
totalidad. Manifiesta en primer lugar que el Gobierno, entendiendo la
acción política como la persecución yconsecución de objetivos y como
el arte de hacer deseable
lo posible, en el terreno de las competencias de Defensa ha
tenido, desde el discurso de investidura del presidente, unos
objetivos claros y bien definidos, plasmados en la Directiva de
Defensa Nacional 1/1996: la plena participación de España en la
Alianza Atlántica renovada, la total profesionalización de las
Fuerzas Armadas y el desarrollo de la conciencia ciudadana sobre la
defensa. Explica que el presente proyecto de ley que se complace en
presentar ante la Cámara viene a dar respuesta, en el ámbito
legislativo,al segundo de los objetivos marcados por el Departamento.
Asimismo, aprovecha la ocasión para dar las gracias a todos los grupos
parlamentarios por el esfuerzo realizado, habilitándose incluso el
mes de enero para discutir en Ponencia el proyecto de ley.
A continuación pasa a explicar el calado y la naturaleza de la ley, que
responde a las exigencias nuevas del también nuevo modelo de Fuerzas
Armadas. Reitera la importancia histórica del proyecto de ley, y
opina que la defensa debe ser una cuestión de Estado, donde los
cambios drásticos nunca suelen tener resultados positivos, por lo que
han intentado que esta ley pudiera ser presentada con criterios de
continuidad pero también de renovación. En definitiva se trata de un
cambio histórico, en el que se abandona un modelo de Fuerzas Armadas
superado por las circunstancias sociales, estratégicas, económicas y
tecnológicas, para dotar a España de unos ejércitos profesionales,
modernos, reducidos, bien dotados y eficaces.
En defensa de las enmiendas que se mantienen vivas, intervienen los
señores Rodríguez Sánchez y Alcaraz Ramos, del Grupo Parlamentario
Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria; González de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV); Meyer Pleite, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, y Sanjuán de la Rocha, del Grupo Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Campuzano
i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y
Fernández de Mesa Díaz del Río, del Grupo Parlamentario Popularen el
Congreso, que propone a los grupos parlamentarios una serie de
enmiendas transaccionales.
Intervienen de nuevo, brevemente, los señores Alcaraz Ramos, para una
aclaración, y el señor MardonesSevilla, para manifestar su posición
con respecto a las enmiendas transaccionales.
Proyecto de Ley de Adhesión de España a diversos Acuerdos del Fondo
Monetario Internacional (procedente del Real Decreto-ley 14/1998, de
9 de octubre) . . . (Página 11487)
En defensa de las enmiendas que se mantienen vivas intervienen los
señores Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, y Martínez Sanjuán, del Grupo Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Gómez
Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Cámara
Rodríguez-Valenzuela, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proyecto de Ley por el que se autoriza la participación de España en
la ampliación del capital del Banco Europeo de Reconstrucción y
Desarrollo (BERD) . . . (Página 11489)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Gómez
Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Ríos
Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; la
señora Leiva Díez, del Grupo Socialista del Congreso, y el señor
Albendea Pabón, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Por último se procede a las votaciones relativas a los dictámenes de
las comisiones de los distintos proyectos de ley debatidos.
Se levanta la sesión a las doce y veinte minutos del mediodía.
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana, con
carácter secreto.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS:
- DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIONES DE
ACTIVIDADES DE SEÑORES DIPUTADOS. (Número de registro 73781.)
- DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS ACERCA DEL
SUPLICATORIO FORMULADO EN RELACIÓN CON EL DIPUTADO DON JOAN MIQUEL
NADAL I MALÉ. (Número de expediente 240/000007.)
Se someten a votación los dictámenes de la Comisión del Estatuto de
los Diputados, que son aprobados.
Se reanuda la sesión con carácter público.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:
- REAL DECRETO-LEY 2/1999, DE 29 DE ENERO, POR EL QUE SE MODIFICA LA
LEY 23/1992, DE 30 DE JULIO, DE SEGURIDAD PRIVADA. (Número de
expediente 130/000064.)
El señor PRESIDENTE: Punto VII del orden del día: Convalidación o
derogación de reales decretos leyes. Real Decreto-ley 2/1999, de 29
de enero, por el que se modifica la Ley 23/1992, de 30 de julio, de
Seguridad Privada.
Para su presentación, tiene la palabra el señor ministro de Interior.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Muchas gracias, señor
presidente.
Señoras y señores diputados, comparezco hoy ante SS.SS. para
cumplimentar el trámite de convalidación por esta Cámara del Real
Decreto-ley de 29 de enero, por el que se modifica la Ley de 30 de
julio de 1992 de Seguridad Privada. Esta Ley de 1992 regula la
prestación de servicios de vigilancia y seguridad de personas
y bienes, considerando éstos como actividades complementarias
y subordinadas a la seguridad pública.
Entre los requisitos que deben reunir las personas físicas y
jurídicas que se dedican a estas actividades, la ley establece la
necesidad de que la empresa y el personal sean de nacionalidad
española y que sus administradores y directores tengan residencia en
España. El legislador entendió, al elaborar la Ley de Seguridad
Privada, que estas medidas eran compatibles con las prescripciones
del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, al estar
amparadas en la excepción de orden público la libre circulación de
trabajadores y la libertad de establecimiento y de prestación de
servicios. Se consideró que las funciones a desarrollar por estas
empresas implicaban el ejercicio de poder público, lo que aconsejaba
la exigencia de estos requisitos.
No obstante, la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas, de 29 de octubre de 1998, asunto promovido a instancias de
la Comisión Europea, ha entendido que la excepción de orden público
no ampara en este supuesto la exclusión de los principios de libre
circulación de trabajadores y de libertad de establecimiento y de
prestación de servicios dentro de la Comunidad Europea. El fallo
judicial establece que determinados artículos de la Ley de Seguridad
Privada, referentes a la nacionalidad y residencia de las empresas
y personal de seguridad privada, son incompatibles con el Tratado de la
Comunidad Europea.
Por otro lado, como SS.SS. ya conocen, la ejecución de las sentencias
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas corresponde al
Estado miembro afectado. Por ello, en el presente caso, al tratarse
de un supuesto de incompatibilidad entre una norma nacional y una
norma comunitaria, es necesario proceder a
la derogación de la norma interna mediante otra del mismo rango.
El contenido del presente Real Decreto-ley se dirige precisamente a
solventar esta situación, eliminando de la referida Ley de 1992 la
referencia a la necesidad de que las empresas y el personal que
presten servicios de seguridad deban poseer la nacionalidad española
y de que sus administradores y directores tengan residencia en
España.
Esta modificación se lleva a cabo utilizando la vía del real decreto-
ley por varias razones. La primera, derivada de la obligación
impuesta por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas, por la que la ejecución de sus sentencias debe
iniciarse inmediatamente y concluirse en el plazo más breve posible.
Teniendo en cuenta que el artículo 86 de la Constitución posibilita,
en casos de extraordinaria y urgente necesidad, la utilización de la
figura del real decreto-ley, constituye ésta la vía más rápida para
lograr el cumplimiento de la obligación impuesta por el Tribunal.
Concurre en este caso el presupuesto habilitante -la obligación de
una ejecución inmediata de la sentencia- a que se refiere la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional: que la necesidad origen
de la norma haya de ser de tal naturaleza que no pueda ser atendida
por la vía del procedimiento legislativo de urgencia, precisando una
acción normativa inmediata.
En segundo lugar, es preciso evitar situaciones de hecho ambiguas que
lesionen la libre concurrencia en un sector en plena expansión y en
el que cada vez es mayor el número de empresas y trabajadores
afectados. Son numerosas, además, las convocatorias y procesos de
habilitación de personal de seguridad privada ya en curso, en las que
debe darse cabida a la participación de los nacionales de cualquier
Estado miembro de la Unión Europea y al acuerdo sobre el espacio
económico europeo. Asimismo, es cada vez mayor el número de empresas
europeas que solicitan la prestación en nuestro país de servicios de
seguridad privada.
En último término, la ejecución tiene que iniciarse en el plazo más
breve posible para evitar que la Comisión incoe un procedimiento por
la vía del artículo 171.2 del Tratado, que puede terminar en la
imposición de una multa coercitiva consistente en el pago de una
cantidad fija por día de incumplimiento hasta la ejecución de la
sentencia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro. ¿Algún grupo
parlamentario desea consumir un turno en contra? (Pausa.) ¿Turno a
favor? (Pausa.) ¿Tomas de posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Como ya expresó el señor ministro, las actividades de seguridad
privada son subordinadas y complementarias respecto de la seguridad
pública. El decreto-ley que nos propone la modificación de que las
empresas y el personal dejen de ser obligatoriamente de nacionalidad
y con residencia en España para que puedan serlo de cualquier Estado
miembro de la Unión y con residencia también en cualquier Estado,
plantea los problemas derivados del proceso de transnacionalización
en la Unión Europea. Vemos coherente el decreto-ley en cuanto es una
consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas de 29 de octubre de 1998 y está bien esta
diligencia del Gobierno en su cumplimiento.
Queremos expresar, en nombre del Bloque Nacionalista Galego, que
sería interesante que el Ministerio de Interior, mucho más a partir
de ahora, diese cumplimiento al artículo 2.4 de la Ley de Seguridad
Privada, que dice textualmente que el Ministerio de Interior debe dar
cuenta del funcionamiento del sector a las Cortes Generales, o el
artículo 3.2, que dice que no se permitirán controles sobre opiniones
políticas, sindicales o religiosas ni crear o mantener bancos de
datos. Decimos esto porque al transnacionalizarse el sector, en
nombre de la libre concurrencia, está claro que el Gobierno del
Estado español va a tener que controlar políticamente algo que, sin
embargo, va a actuar en todo el espacio de la Unión Europea, con
todos los peligros que esto lleva consigo; peligros que solamente se
pueden obviar si se cumplen estrictamente los artículos a los que
antes aludí.
De todas maneras, teniendo en cuenta la coherencia del decreto-ley
con la sentencia y el inevitable proceso en el que estamos inmersos y
con estos dos requisitos a los que antes aludí, vamos a votar
favorablemente.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Mi grupo va a votar favorablemente la convalidación de este real
decreto-ley, en primer lugar por la sencillez de la norma que se
trata de aplicar, que es la legislación de la Unión Europea en lo que
se refiere a la libre circulación de personas, la libre circulación e
instalación de empresas y que el requisito de nacionalidad de cada
Estado miembro de la misma no puede ser instrumento de bloqueo a la
instalación de personas físicas o personas jurídicas de otros Estados
miembros de la Unión Europea para las actividades relacionadas con la
seguridad privada.
Yo he leído, señor presidente, detenidamente la sentencia de la Sala
Quinta del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 29 de
octubre del pasado año, donde viene a clarificar una postura sobre la
reserva
que había presentado en su día el Gobierno español de las actividades
relacionadas con el orden público, con la seguridad como bien
protector de Estado que corresponde solamente a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, pero no a los vigilantes jurados, no al
personal de las empresas privadas.
Nosotros nos congratulamos, en primer lugar, de esta sentencia de la
Sala Quinta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como he
dicho, al manifestar que los artículos 7, 8 y 10 de la Ley 23/1992,
de Seguridad Privada, conculcaban estos principios de las leyes
básicas de la Unión Europea.
Por otro lado, nosotros también justificamos el principio de urgencia
para utilizar por el Gobierno español la vía del real decreto-ley al
haberse conculcado unos derechos de los ciudadanos a la libre
circulación en la Unión Europea y al establecimiento de las empresas.
Por la misma razón nosotros exigiríamos el cumplimiento inmediato de
unos derechos que han sido conculcados si un ciudadano o una empresa
española de seguridad privada quisiera ejercer su función en
cualquier país miembro de la Unión Europea. De aquí que no se puede
esperar una dilación o demora, procesal o contractual, en cuanto a
que ese derecho que haya sido conculcado por la Ley 23/1992 estuviera
un minuto más sin ser repuesto en el principio de legalidad. Esto
justifica también, por tanto, la urgencia con que el Gobierno español
-y como bien ha dicho el ministro de Interior, el señor Mayor Oreja-
lo ha presentado hoy para restituir este ordenamiento.
En esa naturalidad jurídica de sencillez, dado que la sentencia del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas no es tribunal
ejecutivo, sino que la ejecución corresponde, en virtud de los puntos
determinados del Tratado de la Unión Europea, a los países miembros
afectados que hayan sido condenados o aparezcan como causa
demandante, al Gobierno español, son estas Cortes las que tienen que
establecer y restablecer el principio de legalidad y de legitimidad
en la ley conculcada.
Por esa razón, vamos a votar favorablemente su convalidación, señor
presidente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
Tiene la palabra la señora Uría, por el Grupo Vasco (PNV).
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Señor presidente, el señor ministro de
Interior nos ha presentado un decreto que es impecable en lo
jurídico. Efectivamente, la Ley 23/1992, de Seguridad Privada, prevé
que las empresas y el personal que atienden este servicio de
seguridad privada tienen que tener necesariamente la nacionalidad
española o ser residentes en España. El Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas, en la sentencia que él ha citado -y que ya
conocíamos- de 29 de octubre de 1998, ha analizado la compatibilidad
de esta
regulación con los requisitos del derecho comunitario en lo que hace
referencia a la libertad de circulación y de establecimiento y de
prestación de servicios y ha concluido que no está amparado por la
excepción de orden público. Estaban en juego derechos de ciudadanos
y de empresas europeas y, por tanto, urgía que cuanto antes se
corrigiese esta disfunción.
Repito, la corrección en lo jurídico nos parece impecable. Sin
embargo, este es un foro político y son posibles consideraciones de
otra índole, por lo que voy a hacer dos observaciones. La primera es
de corrección parlamentaria. En estos momentos existe en la Cámara
una subcomisión dedicada al estudio del modelo policial, donde una y
otra vez se ha hablado de seguridad privada y han prestado en ella
declaración representantes de numerosas empresas de esta índole. No
se ha dado traslado a la subcomisión ni se le ha notificado la
intención de elaborar una disposición de esta índole, a pesar de que
es indudable el interés para la subcomisión de una norma de este
estilo y que las relaciones de los miembros de la subcomisión con
miembros del departamento de Interior son extraordinariamente
fluidas.
Que esta disposición es importante para el cometido de la subcomisión
lo evidencia el dato de que la letrada que la atiende y le presta
servicios, con la diligencia que le caracteriza, inmediatamente de
publicado el decreto-ley en el Boletín nos dio traslado a todos los
subcomisionados. Esta deferencia que tuvieron los servicios jurídicos
de la Cámara no se tuvo, sin embargo, desde el Ministerio, que repito
que nos sorprendió con la publicación del decreto-ley sin haber
sabido siquiera que se planteaba su tramitación.
La segunda hace referencia al ejercicio leal de las competencias por
parte de quien las ostenta. Es público y notorio que el Gobierno
vasco tiene asumidas competencias en materia de seguridad privada. El
Decreto 309/1996, del Gobierno vasco, así lo establece cuando se
regula el ejercicio de las competencias de la comunidad autónoma en
materia de seguridad privada; competencia que se engancha en
preceptos constitucionales: 148.1.22, 149.1.29 y en el propio
Estatuto de Autonomía, en su artículo 17, o en el artículo 5 de la
Ley 4/1992, que regula la policía del País Vasco, en la que se
atribuye al departamento de Interior la competencia ordinaria en
materia de seguridad pública, protección de personas y bienes y
mantenimiento del orden público. La propia Ley de Seguridad Privada
que ahora se modifica, en su exposición de motivos establece que los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, entre los que se incluye
evidentemente la ertzaintza, deben estar permanentemente presentes en
el desarrollo de estas actividades privadas, conociendo la
información trascendente para la seguridad pública. La disposición
adicional cuarta de la propia Ley 23/1992 establece que las
comunidades autónomas con competencia para la protección de personas
y bienes y para el mantenimiento del orden público podrán desarrollar
las facultades de autorización, inspección y sanción de las empresas
de seguridad que tengan su domicilio social
en el territorio de éstas y su ámbito de actuación limitado a este
territorio. Asimismo, dispone que también les corresponde denunciar y
poner en conocimiento de las autoridades competentes las infracciones
cometidas por las empresas de seguridad que no tengan su domicilio
social en la comunidad autónoma o que tengan el ámbito de actuación
superior a su territorio.
Con esta disposición adicional se evidencia que la Comunidad Autónoma
del País Vasco va a tener que ejecutar la disposición que ahora se
introduce mediante este decreto-ley. Sin embargo, no ha habido
comunicación alguna al Gobierno vasco ni al departamento saliente ni
al departamento entrante; es decir, el que esté recién constituido el
Gobierno no es disculpa porque me he preocupado de constatar que ni
el equipo saliente ni el entrante han tenido en ningún momento
noticia de que se planteaba una disposición de esta índole. Estas dos
razones, la primera, de ninguneo a una subcomisión actualmente
existente en la Cámara y, la segunda, a nuestro entender de ejercicio
desleal de competencias por parte del Estado, va a llevar a que el
Grupo Vasco vote en contra de la convalidación de este decreto-ley.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, estamos ante una modificación obligada de la Ley 23/1992,
de Seguridad Privada, y todo ello porque entre los requisitos que
establecía la ley para cumplir ese servicio estaba la necesidad de
que el personal de las empresas fuese de nacionalidad española. Con
la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas,
que planteaba la necesidad de levantar este condicionamiento para
conseguir la posibilidad de que todas las empresas europeas pudiesen
tener este servicio en España, esta modificación es obligada.
Señor ministro, lo que ocurre es que, por segunda vez, tenemos un
problema de falta de consideración con los trabajos de esta Cámara.
Hay una subcomisión que lleva trabajando más de un año sobre el
modelo policial y, entre otras cosas, hemos estado debatiendo todo lo
que significa la problemática de la seguridad privada dentro de lo
que debía ser un modelo policial para el próximo siglo XXI. Digo por
segunda vez porque también han presentado ustedes el proyecto de
policía 2000 sin tener la deferencia de poder ser informada esta
subcomisión y que ésta participara de lo que debería ser dicho
proyecto. Por segunda vez consecutiva tienen ustedes esta falta de
consideración. Ello significa que tienen ustedes un determinado
talante con respecto a los trabajos de esta Cámara y apelo a que
tengan una cierta consideración respecto al trabajo que está teniendo
esta subcomisión sobre el modelo policial.
De todas maneras, nuestro voto va a ser favorable porque esta
modificación cae por su peso, pero quiero resaltar en mi intervención
lo que planteaba en cuanto a la falta de consideración que está
teniendo el Gobierno, el ministro de Interior, con esa subcomisión.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Meyer.
Señor Aguiriano Forniés, en nombre del Grupo Socialista.
El señor AGUIRIANO FORNIÉS: Gracias, señor presidente.
Quizá esta sea la intervención más breve que he hecho en esta Cámara,
y posiblemente que pueda hacer en un futuro, porque no puedo aportar
más razones de las que ya se han dado por el resto de los grupos,
incluso por el ministro, excepto la posición contraria del Grupo
Nacionalista Vasco, para aprobar la convalidación del decreto-ley que
se nos acaba de presentar. No es porque consideremos que el decreto-
ley no tenga importancia. Creo que tiene una extraordinaria
importancia porque, al fin y al cabo, es reconocimiento de derechos a
los ciudadanos europeos y supone la adaptación a la legislación
española de una sentencia del Tribunal de Justicia que nos obliga a
modificar una ley aprobada por estas Cortes. Por tanto, mi grupo no
tiene el más mínimo inconveniente en apoyar la convalidación de este
decreto-ley.
Quiero manifestar también, al igual que los compañeros del Grupo
Nacionalista Vasco y de Izquierda Unida, la queja por la falta de
consideración hacia la subcomisión que está trabajando sobre el
modelo policial. No es el primer caso, como aquí se ha reconocido,
y esperemos que a partir de ahora el ministro, que veo que está
tomando
nota, lo haga realmente y esa nota tenga alguna eficacia.
En cualquier caso, mi grupo no tiene inconveniente en votar
propuestas del Gobierno cuando éste acierta, lo malo es que no
acierta muchas veces y últimamente casi sólo lo hace cuando sigue las
directrices de las autoridades europeas, que es la mejor manera de
acertar. Mi grupo, por tanto, votará a favor.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Aguiriano.
En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra don Francisco Antonio
González Pérez.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, cuando he llegado aquí esta mañana pensaba que íbamos a
debatir la convalidación de un real decreto, y eso es lo que pretendo
defender en mi intervención, independientemente de otras
manifestaciones que no menoscaban el debate que se pueda mantener en
el contexto adecuado, como es la propia subcomisión del modelo
policial, que ya lleva casi 50 sesiones
y creo que las relaciones entre los grupos parlamentarios y el propio
Ministerio del Interior son excelentes y magníficas. Por eso, me voy
a ceñir exclusivamente a defender la convalidación del real decreto
que hoy traemos a la Cámara, puesto que como no podía ser de otra
manera lo vamos a apoyar.
La Ley 23/1992, de 30 de julio, de seguridad privada, pretende
establecer una regulación de las actividades de seguridad privada,
entendidas éstas como actividades y servicios de vigilancia y
seguridad de personas o bienes cuando son prestados por personas
privadas, físicas o jurídicas, todo ello, como bien ha manifestado el
señor ministro, subordinado a la seguridad pública.
Diversas razones de interés general consistentes en la necesidad de
garantizar adecuadamente la seguridad de las personas y de los bienes
así como en establecer controles apropiados a la luz de las materias
afectadas en este ámbito aconsejaron en su día la adopción de las
medidas reflejadas en los artículos 7, 8 y 10, que se modifican hoy
con este real decreto. Como ya ha manifestado el señor ministro, la
modificación de la ley en los artículos anteriormente mencionados se
produce como consecuencia de una sentencia del Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europeas. El cumplimiento de la obligación refleja
en dicha sentencia que no puede dilatarse en el tiempo sino que debe
iniciarse inmediatamente y concluirse en el plazo más breve posible,
puesto que la norma comunitaria en cuestión debe ser observada desde
el nacimiento de la propia ley. A la vista, por tanto, de la
situación originada por dicha sentencia, los artículos de la Ley 23/
1992 afectados deben ser modificados por una norma con rango de ley,
dándose los supuestos necesarios para que dicha modificación se
produzca, como propone el Gobierno, a través de un real decreto-ley,
esto es, que se dicte exclusivamente para afrontar una situación de
extraordinaria necesidad y que no incida en las materias vetadas al
mismo.
En resumen, lo que se pretende con este real decretoley es dotar de
cobertura legal a situaciones nacidas al amparo de la Ley 23/1992
que, como se ha dicho anteriormente, se ven afectadas por la
sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de
modo que se evite la aparente disparidad entre la norma interna que
regula el sector y la comunitaria, haciéndose extensivo a este ámbito
la aplicación de los principios de libre circulación de trabajadores,
libertad de establecimiento y libre prestación de servicios. Para
cumplir esta finalidad se ha eliminado del texto las referencias a la
necesidad de poseer la nacionalidad española respecto a las empresas
y al personal de la seguridad privada y de residir en territorio
español respecto a los administradores y directores de dichas
empresas.
En consecuencia, a la luz de los argumentos anteriores que el propio
señor ministro ha puesto de manifiesto, consideramos que el presente
real decreto-ley da cumplimiento adecuado a las exigencias
establecidas en la sentencia del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas, de 29 de octubre de 1998, actuación que, por
otro lado, no constituye sino un ejemplo de
voluntad de dar aplicación al derecho comunitario en el sentido
previsto por los tratados, obligación que incumbe a España en calidad
de Estado miembro de la Unión Europea. Por tanto, apoyaremos la
convalidación del real decreto-ley.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González Pérez.
Vamos a proceder a la votación. Llámese a votaciones. (Pausa.)
Votación sobre la convalidación o derogación del Real Decreto-Ley 2/
1999, de 29 de enero, que modifica la Ley de Seguridad Privada.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
270; a favor, 264; en contra, cinco; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada la convalidación
del real decreto-ley.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS
INTERNACIONALES:
- CONVENCIÓN CONJUNTA SOBRE SEGURIDAD EN LA GESTIÓN DEL COMBUSTIBLE
GASTADO Y SOBRE SEGURIDAD EN LA GESTIÓN DE DESECHOS RADIACTIVOS,
HECHA EN VIENA EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 1997. (Número de expediente 110/
000214.)
- CANJE DE NOTAS ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL PROGRAMA DE NACIONES
UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE RELATIVO AL ACUERDO DE SEDE DE LA 2.a
REUNIÓN DE LA COMISIÓN MEDITERRÁNEA DE DESARROLLO SOSTENIBLE (PALMA
DE MALLORCA, 6 AL 8 DE MAYO DE 1997), HECHO EN ATENAS Y MADRID EL 26
DE FEBRERO Y EL 24 DE ABRIL DE 1997. (Número de expediente 110/
000221.)
- PROTOCOLO ADICIONAL AL CONVENIO SOBRE INTERCAMBIO CULTURAL ENTRE
ESPAÑA Y PERÚ FIRMADO EN LIMA EL 30 DE JUNIO DE 1971, HECHO EN LIMA
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 1998. (Número de expediente 110/000222.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto VIII del orden del día, en el
que se someten directamente a aprobación de la Cámara por
asentimiento los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores
sobre los siguientes convenios internacionales. (El señor Alcaraz
Masats pide la palabra.) ¿Señor Alcaraz?
El señor ALCARAZ MASATS: Señor presidente, rogaríamos que el Convenio
número 181 se votara aparte.
El señor PRESIDENTE: Así lo haremos.
Por tanto, en primer lugar, votación de la Convención sobre Seguridad
en la Gestión del Combustible y en la Gestión de Desechos
Radiactivos. ¿Se entiende aprobado por el Pleno? (Asentimiento.)
Muchas gracias.
El Canje de Notas entre España y Naciones Unidas, relativo al Acuerdo
de Sede de la 2.a Reunión de la Comisión Mediterránea de Desarrollo
sostenible, ¿se entiende también aprobado por asentimiento del Pleno?
(Asentimiento.) Muchas gracias.
El Protocolo Adicional al Convenio sobre Intercambio Cultural entre
España y Perú, ¿se entiende también aprobado por asentimiento del
Pleno? (Asentimiento.) Muchas gracias.
- CONVENIO NÚMERO 181 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO
SOBRE LAS AGENCIAS DE EMPLEO PRIVADAS, HECHO EN GINEBRA EL 19 DE
JUNIO DE 1997. (Número de expediente 110/000223.)
El señor PRESIDENTE: Se somete a votación el Convenio número 181, de
la Organización Internacional del Trabajo, sobre las agencias de
empleo privadas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
270; a favor, 257; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen de la Comisión de
Asuntos Exteriores sobre el Convenio número 181 de la OIT.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY DE RÉGIMEN DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS.
(Número de expediente 121/000138.)
El señor PRESIDENTE: Punto IX del orden del día.
Antes de que algunas de SS.SS. abandonen el hemiciclo para dedicarse
a otros trabajos parlamentarios en la Cámara, quiero señalar que el
punto IX y último del orden del día, dictámenes de Comisión sobre
tres iniciativas legislativas, llevará consigo el debate de las tres
iniciativas seguidas y sólo al final se producirá la votación de los
tres puntos.
En primer lugar, proyecto de ley de régimen del personal de las
Fuerzas Armadas. En la Junta de Portavoces se anunció que el ministro
de Defensa quería intervenir en nombre del Gobierno, al no haber
tenido oportunidad de hacerlo en el debate de totalidad. (Rumores.)
Por tanto, si lo dejan algunas de SS.SS., que más bien debieran estar
en el exterior del hemiciclo, por ejemplo el señor Campuzano, tiene
la palabra don Eduardo Serra. (Rumores.)
Silencio, señorías. Señor Camps, esa locuacidad conténgala, por
favor. (Rumores.) Señora Alborch, por favor. Señor Gil Lázaro, por
favor.
Adelante, señor ministro.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Señor presidente,
señorías, entendiendo el Gobierno la acción política como la
persecución y consecución de objetivos y entendiendo, como alguien
dijo, la política no como el arte de lo posible, sino como el arte de
hacer deseable lo posible, en el terreno de las competencias de
Defensa, el Gobierno ha tenido desde el discurso de investidura del
presidente unos objetivos claros y bien definidos, plasmados ya en la
Directiva de Defensa Nacional 1/96, de diciembre de dicho año. (El
señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la
Presidencia.) Y estos objetivos eran los tres siguientes: la plena
participación de España en la Alianza Atlántica renovada, la total
profesionalización de las Fuerzas Armadas y el desarrollo de la
conciencia ciudadana sobre la defensa.
Pues bien, señorías, me complace comparecer ante este Pleno para
introducir el proyecto de ley sobre el régimen de personal de las
Fuerzas Armadas, que hoy se discute en esta Cámara y que da respuesta
en el ámbito legislativo al segundo de los objetivos marcados por mi
departamento. Y me es particularmente grato porque con su
presentación para el debate y su posterior votación el Gobierno ha
cumplido con uno de sus compromisos y con sus acuerdos de
gobernabilidad, tal y como el presidente Aznar manifestó en su
discurso de investidura. Ha pasado un largo tiempo desde que traje a
la Comisión Mixta Congreso-Senado nuestro primer texto sobre la plena
profesionalización de las Fuerzas Armadas, pero tras el dictamen de
dicha comisión, su paso por esta Cámara y la aprobación por el Pleno
del Senado de junio de 1998 los acontecimientos se han sucedido sin
pausa. En ese sentido, quiero agradecer el esfuerzo que han hecho los
grupos parlamentarios sin excepción, habilitando incluso el mes de
enero para discutir en ponencia el proyecto que presentó el Gobierno
a esta Cámara. La verdad sea dicha, yo creo que la importancia
histórica de esta ley justifica plenamente todos los esfuerzos.
Permítanme que les explique, aunque sea brevemente, el calado y la
naturaleza de esta ley. En primer lugar, es una ley que responde a
las exigencias nuevas del también nuevo modelo de Fuerzas Armadas
profesionales. En ese sentido, se trata de la ley de la
profesionalización, ya que en ella se integran por vez primera, junto
a los oficiales y suboficiales, los componentes de tropa y marinería
profesionales. Estos son tratados como una parte más, esencial, de
las Fuerzas Armadas y se ven integrados plenamente en el texto no
sólo en sus categorías, sino también en la enseñanza y formación así
como en sus expectativas de desarrollo profesional. Es más, en esta
ley se establece la suspensión de la obligación del servicio militar
para todos los nacidos con posterioridad al 1 de enero de 1983,
satisfaciendo
con ello una necesidad social largamente sentida y largamente
manifestada. Por tanto, como digo, con esta ley se da satisfacción a
un sentido deseo, a la vez que coloca al personal de las Fuerzas
Armadas en la dirección correcta para contar con unos ejércitos
modernos y eficaces.
En segundo lugar, la presente ley -y esto lo estimo de la mayor
importancia, señorías- busca facilitar la gestión de los recursos
humanos de la mejor manera posible, proporcionando una mayor
flexibilidad en el seno de las Fuerzas Armadas. Así, se potencia la
promoción y la permeabilidad entre cuerpos y escalas. Entre toda una
panoplia de medidas, sólo quiero subrayar en este momento la
recuperación de la figura del militar de complemento, que, con un
compromiso de carácter temporal no permanente, facilitará la
adecuación de las plantillas en todo momento. En este punto también
quiero destacar otra novedad de esta ley: se incluyen las plantillas,
que quedan fijadas en un límite máximo de 48.000 cuadros de mando, lo
que, sumado a los límites marcados por la horquilla 102.000-120.000
soldados y marineros que se fijó en el dictamen de la Comisión Mixta,
nos daría unas Fuerzas Armadas con un volumen total entre 150.000 y
168.000 efectivos.
La ley cubre igualmente una laguna en nuestra organización de la
defensa regulando la nueva figura del reservista, habida cuenta de la
desaparición del servicio militar obligatorio. Con la figura del
reservista voluntario se pretende dar cauce a todas aquellas personas
que quieran estar a disposición de los ejércitos sin tener que
contraer un compromiso de carácter profesional, a la vez que dotar a
la defensa de un mecanismo de generación de fuerzas frente a
necesidades provocadas por una crisis grave.
En fin, señorías, en mi convencimiento se trata de un texto
plenamente moderno en consonancia con los tiempos actuales. Valgan
dos referencias, aunque sean de naturaleza muy distinta. La primera
concierne a la incorporación de la mujer en las Fuerzas Armadas en
pie de igualdad. En esta ley hemos intentado eliminar toda
discriminación y no se hacen distinciones entre el hombre y la mujer
en lo que respecta a su desarrollo profesional; al contrario, sólo en
las pruebas de acceso se realiza una adaptación para adecuar los
parámetros de valoración a las diferentes condiciones de uno y otro
sexo, como vienen realizando legislaciones y ejércitos de nuestro
entorno.
El segundo punto de modernidad está relacionado con los derechos y
deberes de los militares profesionales. Desde el Gobierno se ha
considerado que lo más adecuado es mantener el régimen que regule
dichos derechos y deberes en el marco de las Reales Ordenanzas para
las Fuerzas Armadas. No obstante, no sólo se detallan con mayor
precisión que en la legislación vigente los mecanismos de recursos y
peticiones, sino que, por primera vez en la historia de España, se
crea la figura del Consejo Asesor, órgano donde se podrá dar
expresión y cauce a aspiraciones legítimas de los distintos
componentes de las Fuerzas Armadas.
Señorías, decía al comienzo de mi intervención que nos encontrábamos
ante un texto de una importancia histórica. Es verdad que la defensa
es o debe ser una cuestión de Estado donde los cambios drásticos
nunca suelen tener resultados positivos. Nosotros hemos intentado que
esta ley, en su comparación con la vigente Ley 17/1989, de 19 de
julio, pueda ser presentada con criterios de continuidad pero también
de renovación. Se asumen determinadas medidas de aquella ley y de los
cambios que se han ido introduciendo a lo largo de estos años desde
su entrada en vigor y se ha intentado subsanar los errores así como
mejorar sus deficiencias. Pero ese espíritu de continuidad no puede
empañar u ocultar el carácter renovador del proyecto de ley que estoy
presentando. La ausencia de una enmienda a la totalidad quizá sirva
para subrayar el acuerdo básico sobre la necesidad de dotar a
nuestros ejércitos de un nuevo marco legal para que las Fuerzas
Armadas Españolas del siglo XXI cuenten con el mejor personal
posible, de tal forma que se garantice la máxima eficacia de la
organización militar. Es más, quiero creer que el hecho de que de las
casi 400 enmiendas presentadas al texto del Gobierno sólo queden
vivas para este Pleno un número pequeño pone en evidencia el grado de
consenso alcanzado sobre esta nueva ley en casi todos los temas
fundamentales; consenso que ha sido posible gracias al trabajo de los
grupos en ponencia y Comisión. Sé de los esfuerzos realizados entre
los grupos parlamentarios para acercar posiciones y creo que éste es
un momento para sentirse orgullosos y satisfechos con lo logrado.
En definitiva, señorías, con esta ley el Gobierno aspira a dar un
paso más, decisivo en este caso, en la construcción de unas Fuerzas
Armadas modernas y eficaces que den respuesta a los retos de
seguridad más probables en el siglo XXI. Como he dicho antes, ése fue
el compromiso ante esta Cámara del presidente Aznar, que quedó
plasmado en la Directiva de Defensa Nacional en todas sus vertientes,
la internacional, con la plena participación española en la Alianza y
nuestra participación en las misiones de apoyo a la paz, y en el
plano interno a través de la profesionalización total de los
ejércitos y de su modernización, aspecto éste inseparable de la
profesionalización.
Esta ley, ciertamente, tiene que ser puesta en relación con otros
proyectos legislativos que en su conjunto formarán el marco de esas
FAS del siglo XXI a las que me he referido. Así, entre otros, quiero
hacer mención a la Ley de régimen disciplinario, ya aprobada por esta
Cámara, o las que están en tramitación, como la Ley de apoyo a la
movilidad geográfica, o las que se presentarán en breve, como la del
personal de la Guardia Civil.
En suma, señorías, nos encontramos en un momento de cambio histórico,
en el que abandonamos un modelo de Fuerzas Armadas superado por las
circunstancias sociales, estratégicas, económicas y tecnológicas,
para dotarnos de unos ejércitos profesionales, modernos, reducidos,
bien dotados y eficaces; las fuerzas que
tanto servicio prestan a España en su suelo o en el suelo de otros y
de las que esperamos tanto.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Se mantienen vivas enmiendas de los Grupos Parlamentarios Mixto,
Coalición Canaria, Nacionalista Vasco (PNV), Izquierda Unida y
Socialista.
En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, para la
defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias señor presidente.
Las enmiendas del Bloque Nacionalista Galego se pueden dividir en dos
grandes grupos. El primero iba destinado a profundizar en la
democratización de las Fuerzas Armadas, en su desacralización y en su
auténtica profesionalización como funcionarios del Estado. En ese
sentido, hay las siguientes enmiendas: en concreto, la presentada al
artículo 1.3, que intentaba que la Guardia Civil caminase por la
senda de convertirse en cuerpo de seguridad del Estado y, por lo
tanto, abandonase su carácter militar. Era el mismo empeño que se
demostraba también en la transitoria decimotercera, que también
enmendamos.
La segunda cuestión importante en este aspecto es el problema de la
jura de la bandera. Si uno hace la comparación entre las tres
fórmulas más recientes en la historia del Estado español (el decreto
del 13 de septiembre de 1936, la Ley 24 de diciembre de 1980 y el
actual proyecto de ley), se observa una continuidad sustantiva, sobre
todo a la hora de mantener una secuencia que debía de aparecer en
todo caso en un reglamento y nunca en una ley, sobre todo teniendo en
cuenta que esta secuencia, más que discutible, mantiene profundas
connotaciones feudales, incluso reaccionarias y, por qué no decirlo,
irracionales.
A estas alturas, en pleno proceso de transnacionalización
y precisamente en un contexto internacional que muchos disgustos nos
está dando, mantener fórmulas como el honor, el premiar o castigar o
incluso unas ciertas visiones que no están precisamente muy
contrastadas por la práctica incluso de los gobiernos de los Estados
constituidos aparentemente como Estados soberanos nos parece que no
es contribuir al aspecto laico, democrático y profesional de las
Fuerzas Armadas.
En este aspecto de la democratización hay una enmienda destinada a la
disposición final segunda. Primero, en cuanto al apartado que hace
referencia a la relación profesional de carácter permanente para los
servicios de asistencia religiosa, que sin duda va a hacer que
continúe el funcionariado castrense en un maridaje Iglesia-Estado,
que recuerda viejos tiempos, y en todo caso la propia Santa Sede
debía de ser la primera en renunciar a este tipo de ensamblaje entre
la Iglesia y la Administración pública y mucho más la militar.
Los apartados a), b), c), d), e) y f) consolidan la forma de acceso
de este funcionariado permanente, el régimen híbrido entre
funcionario del Estado civil y militar, los honorarios del mismo
tipo, similares a los de las Fuerzas Armadas. Es un régimen
disciplinario híbrido que, señorías, pensamos -vuelvo a repetir-, la
Iglesia católica debía de ser la primera en no mantener. También la
disposición final segunda en sus apartados 4, 5 y 6, que aparenta una
igualdad de condiciones para todas las confesiones religiosas, deja
de ser cierta, como vimos por todos los comentarios anteriores.
En todo caso, el artículo 16 de la Constitución española queda en
agua de borrajas cuando dice que ninguna confesión tendrá carácter
estatal. Sin duda, en este proyecto de ley se consolida el carácter
estatal de la religión católica.
Hay después un último apartado dedicado a enmiendas, que intentan, de
forma prudente, enfrentar la problemática de colectivos y darles
soluciones legítimas, adecuadas y no discriminatorias. Así, en
concreto, al artículo 66.5, está la que va destinada a que los
militares de complemento con tres años de servicio puedan tener una
promoción interna sin pérdida de los derechos adquiridos, la
categoría militar y la antigüedad en el empleo; o la disposición
transitoria tercera, que afortunadamente fue aceptada, por la que
todos van a poder pasar a la reserva a los 58 años sin
discriminaciones.
Mantuvimos la disposición transitoria sexta segunda a la enmienda
para la integración y promoción interna de los oficiales procedentes
de escalas de complemento y de la reserva naval. Algo se hizo en este
sentido, pero no lo que nosotros proponíamos. Finalmente, dos últimas
enmiendas: una que nos parecía clamorosa y que debía ser tenida en
cuenta, que presentamos como disposición adicional nueva respecto de
los cabos primero, para que se pudiese mantener una relación
permanente en la perspectiva del artículo 97 de la ley y que hubiese
por lo menos derechos adquiridos para que en los casos que tuviesen
12 años de servicio y/o 35 años cumplidos pudiesen mantener esta
situación.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor
Rodríguez, le ruego que concluya.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: La última enmienda -y acabo ya señor
presidente- es la relativa a los suboficiales de infantería de marina
con título de diplomado universitario, para que se pudiesen integrar
en las escalas oficiales. No estamos de acuerdo con esta ley porque
no es claramente democrática. A pesar de que se hicieron grandes
avances por solucionar la problemática de muchos colectivos, su
sustancia no nos convence porque no acaba de subordinar claramente al
poder político y a los derechos y libertades colectivas a las Fuerzas
Armadas del Estado español.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rodríguez.
Señor Peralta.
El señor ALCARAZ RAMOS: Señor presidente, soy el señor Alcaraz.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Discúlpeme,
señoría.
El señor ALCARAZ RAMOS: En cualquier caso, también podría hacer la
intervención él por ser de mi grupo.
Defiendo las enmiendas vivas de Nueva IzquierdaIniciativa per
Catalunya de manera muy breve, no sólo por el limitado tiempo al que
por razones reglamentarias me voy obligado a restringir esta
intervención, sino porque en todo el proceso de tramitación
parlamentaria ha habido brillantes intervenciones de mi compañera, la
señora Rivadulla, que evitarán que abunde en determinadas ideas.
Nos congratulamos de que alguna de las enmiendas que nuestro grupo
presentó fueron aceptadas en los diversos trámites, en especial,
aquellas que se referían a objetores de conciencia. Pese a su
aceptación, otras muchas no lo fueron y, a nuestro modo de ver,
afectan a ámbitos importantes de la materia que va a regular esta
ley.
Un primer bloque que a nosotros nos preocupa mucho es el de los
derechos fundamentales en el ámbito militar. Una cosa es que por la
especificidad de la profesión militar algunos derechos fundamentales
previstos en la Constitución pueden admitir ciertos límites, si se
quiere, ya que, siguiendo la doctrina de nuestro Tribunal
Constitucional, no existe ningún derecho que no tenga algún límite
legalmente establecido o que se deduzca de otros derechos de la
propia Constitución, y otra entender que en algunas materias los
derechos fundamentales se quedan a la puerta de los cuarteles. No hay
ninguna razón para ello más allá de tortuosas tradiciones históricas
de nuestro país que felizmente van siendo superadas por la democracia
y que ahora encontrarían con la profesionalización de las Fuerzas
Armadas una ocasión para que se pudiera avanzar también en este
ámbito. Me refiero, sobre todo, al derecho de asociación.
No existen razones de peso para no avanzar mucho más de lo que se
hace en la autorización de un derecho de asociación amplio como, por
otro lado, encontramos en Estados de nuestro entorno que, sin duda,
han avanzado mucho más. En cuanto a la libertad religiosa, bajo el
amplio manto de que una cosa es la libertad religiosa de cada cual y
otra la asistencia a determinados actos religiosos por razones del
servicio, nos encontramos con que en muchas ocasiones se produce una
anulación de facto del derecho a la libertad religiosa en nuestras
tropas. Por otro lado, -y mi antecesor en el uso de la palabra
insistía en ello-, nos sigue remitiendo a modelos muy antiguos de
relación entre
la Iglesia católica y el Ejército español que no podemos entender ni
compartir. Igualmente, en el terreno de los derechos encontramos
algunos aspectos sobre seguridad jurídica en el acceso, algunas
reformas en las fórmulas que posibilitan el acceso para que la
permanencia y el acceso de las mujeres a las Fuerzas Armadas esté, de
verdad, en pie de igualdad con los hombres.
Nuestras enmiendas tratan de atender algunas situaciones
particulares. Ya se ha indicado la de los cabos primero y también la
de arquitectos o ingenieros técnicos. Pero hay otras dos
discrepancias muy importantes para nosotros y que afectan al conjunto
del futuro ejército profesional. En primer lugar, la relativa a la
dimensión. Hemos dicho reiteradamente -y volvemos a decirlo ahora-
que nos parece una dimensión excesiva esa horquilla a la que el señor
ministro hacía alusión, y, en segundo lugar, la fecha, ya que para
nosotros la fecha prevista es excesivamente lejana, para antes del
2001 deberíamos tener un ejército plenamente profesional.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Alcaraz,
le ruego vaya concluyendo.
El señor ALCARAZ RAMOS: Sí, señor presidente.
Finalmente, la apuesta por la desmilitarización de la Guardia Civil,
ahora y en futuras normas que se debatan, va a ser una constante.
Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya siente alegría porque ha
habido un buen clima, una buena voluntad de trabajar, porque esta ley
contribuye a un fin con el cual nosotros estamos de acuerdo, que es
la plena profesionalización de las Fuerzas Armadas, aunque, desde
nuestro punto de vista, hay deficiencias que tratamos de salvar con
estas enmiendas que defiendo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Alcaraz.
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señor presidente.
Señorías, Coalición Canaria hace uso de la tribuna de oradores para
dar un significado especial a la tramitación de este proyecto de ley
del régimen de personal de las Fuerzas Armadas. Bastaría la propia
calificación que el señor ministro hace breves instantes ha empleado
al considerarlo un proyecto histórico para que compareciéramos en
este Pleno. Quiero en este acto reconocer al Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida la iniciativa que ha tenido de pedir la
avocación a Pleno para que, después del trámite de Comisión, viniera
aquí este histórico e importantísimo proyecto de ley.
Coalición Canaria ha presentado una amplia lista de enmiendas, pero
ya en el trámite de ponencia y de Comisión -sobre todo, en Comisión-
retiró aquellas
que pudiera interpretarse que podían ir en contra del consenso que
habíamos alcanzado en la Comisión Mixta Congreso-Senado para el
estudio de este modelo profesional de las Fuerzas Armadas y que
pudieran afectar a su estructura. Señorías, señor ministro de
Defensa, Coalición Canaria retiró aquellas enmiendas que creaban una
cuarta escala, para no romper el principio doctrinal de las tres
escalas del proyecto de ley -ni escala única ni cuatro escalas,
aunque fuera la técnica-, y dejamos de ordenar cuáles eran las
competencias relacionadas entre el subsecretario del departamento
y los cuatro jefes de Estado Mayor, el de la Defensa y el de los tres
restantes ejércitos de Tierra, Mar y Aire, porque entendíamos que no
íbamos a arreglar la casa por dentro, y retiramos también aquellas
que hacían referencia a la más alta magistratura del Estado, a la
Corona, a través del príncipe heredero, que, por respeto a esta
institución, quisimos sacar de un debate que tenía que ser más
profesional y de respeto al modelo de Fuerzas Armadas que queremos y
no de otras instancias representativas, por muy altas que sean en el
sentido de acatamiento.
Pues bien, de las enmiendas que llegan al Pleno voy a referirme a las
de amplia repercusión política. En primer lugar, la número 15, que
propugnaba la creación de un artículo 4.o nuevo, pedía la presencia
de la figura del presidente del Gobierno de España en este elenco de
personas que con sus cargos aparecen en la ley. En unas competencias
entre el Gobierno, en sentido colegiado amplio, y la figura del
ministro de Defensa, con pleno respeto a estas dos figuras,
intercalábamos la del presidente del Gobierno en razón de las Leyes
orgánicas 6/1980 y 1/1984, que regulan no sólo los criterios básicos
de la defensa nacional sino esa figura nodular del presidente del
Gobierno, incluso con facultades en casos de guerra para ejercer el
principio de autoridad, fundamental en una estructura como la de
nuestros ejércitos.
Coalición Canaria, a través de este diputado, ha querido justificar
nuestras enmiendas en dos pilares. El primero, por respeto a la
institución militar y lo que eso supone en todo Estado de derecho
democrático, el segundo, porque la justificación de esas enmiendas no
se hace de forma improvisada. Puedo decir que la frivolidad ha estado
alejada de mi texto. Puedo tener mejor o peor fortuna, pero su
contenido ha estado guiado por un principio director de política de
Estado y de respeto a disponer de unas Fuerzas Armadas no sólo
profesionalmente cualificadas, sino democráticamente constituidas y
orgánicamente vinculadas a los poderes del Estado.
Con la inclusión de esta figura del presidente del Gobierno no
tratamos de interferir ni de hacerle objeto de recurso contencioso,
para eso están el subsecretario, el ministro, el Consejo de Ministros
y los tribunales de lo contencioso-administrativo. Si el Grupo
Popular quiere reconocer lo que estas leyes orgánicas que he citado
de 1980 y 1984 reconocen en cuanto a los criterios de defensa
nacional, que reflejan que el ministro
de Defensa actúa en estas materias por delegación del presidente del
Gobierno, mi grupo estría dispuesto a aceptar una enmienda
transaccional que hiciera posible esta referencia explícita al
presidente del Gobierno. No soy yo quién para poner ni quitar
facultades al presidente del Gobierno, pero como español que quiere
que las Fuerzas Armadas tengan un referente personalizado no
solamente del capitán general de los ejércitos en la figura de Su
Majestad el Rey como mando supremo de las Fuerzas Armadas sino de las
Fuerzas Armadas como instrumento de la política de un Gobierno
democrático, deben estar reconocidas ahí.
La segunda enmienda que quiero resaltar -doy por defendidas las que
están en la lista que opera en poder de SS.SS., alguna referencia
explícita haré a alguna de ellas- es la número 60, que se refiere a
los cabos primero. Lo que no me explico, señor ministro, es cómo se
meten ustedes en ese jardín de dificultades humanas, personales, con
un colectivo tan pequeño que en el conjunto de los tres ejércitos
puede alcanzar los 3.000, 4.000 ó 5.000 hombres y que en el Ejército
de Tierra, que es lo que más me preocupa, no pasa de los 1.500. ¿Qué
vamos a hacer con esos cabos primero que llevan en el ejército 10, 11
ó 12 años, que tienen edades superiores a los 30 años y que han
entregado por vocación una vida de servicio laboral a España a través
de sus Fuerzas Armadas? ¿Cómo es que con el dinero que se está
gastando el Ministerio de Defensa en el llamamiento del nuevo
ejército profesional y con la publicidad que se está haciendo de
varios miles de millones de pesetas en los medios de comunicación
haya tan poca demanda para el Ejército de Tierra? ¿Es que aparte de
crear un problema laboral humano e interno nos vamos a permitir crear
un problema profesional? ¿Con qué vamos a sustituir a esos cabos
primero si los ponemos a todos en la calle por aplicación directa de
esta ley? No entiendo que un director de empresa se complique su vida
de funcionamiento laboral y profesional con la creación de este
problema. Señor ministro de Defensa, estúdielo y reflexione sobre él
desde un punto de vista empresarial.
Finalmente, después de una referencia a enmiendas relacionadas con
determinados cuerpos especializados -afortunadamente el Grupo Popular
ha corregido lo del cuerpo de sanidad y psicología y lo relativo al
cuerpo de intervención y auditorías, para no buscarle apellidos
nuevos y distintos a estos cuerpos tradicionales- , entro en el
núcleo de lo que yo llamo el bloque de enmiendas constitucionales,
que giran alrededor de nuestra enmienda número 61: el derecho de
asociación en los ciudadanos de uniforme, que son, afortunadamente en
un Estado democrático, nuestras Fuerzas Armadas. Mi enmienda -lo
vuelvo a decir por enésima vez- no trata de ser un sindicalismo
encubierto, sino que trata sencillamente del reconocimiento que hace
la Constitución española del derecho de asociación, del que no se
priva a nadie. Asociación no reivindicativa; en nuestra enmienda está
expresado claramente, diferenciándose el rechazo al sindicalismo
dentro de las
Fuerzas Armadas, reconocimiento a nuestro principio constitucional.
Si vamos a basar una fórmula nuclear del juramento del personal
profesional de las Fuerzas Armadas en sus distintas categorías en
jurar acatamiento a la Constitución, yo me pregunto por qué no la
cumplimos todos. La Constitución no es sólo un artículo, es toda una
doctrina que compendia una serie de artículos entre los cuales está
el derecho de asociación. Vamos a defenderlo. ¿Cómo vamos a poner de
ejemplo a nuestras Fuerzas Armadas profesionales ahora que entramos
en algo que el ministro Serra ha calificado de proyecto histórico,
porque lo es, porque es nuestra primera ley de un ejército que ya no
es mixto, que ya no es de conscriptos, de mili obligatoria, sino cien
por cien puramente profesional? Al mismo tiempo que profesional, por
estar en el Estado de derecho en que estamos, es un Ejército
constitucional, es un Ejército democrático, nacido de la voluntad de
las Cortes Generales del Estado español, del reino de España. Esa
función es primordial para que reconozcamos este derecho. Ante este
derecho de asociación tienen ustedes salida, que no puede ser el
decir que es sustituida por los consejos asesores. Con los consejos
asesores van a meter ustedes...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Mardones,
le ruego que vaya concluyendo.
El señor MARDONES SEVILLA: Termino, señor presidente.
Decía que con los consejos asesores van a meter ustedes el
sindicalismo dentro de los cuarteles. Las asociaciones no están
dentro de los cuarteles. Pertenecemos a la OTAN, a la Unión Europea,
a nuestros aliados occidentales, que tienen reconocidas las
asociaciones. Hay un organismo internacional, que es Euromil, con
50.000 asociados en este momento en Europa, de 19 países, que está
reconocido por la OTAN y que tiene el status de asesor del Consejo de
Europa. ¿Quién va a ser el consejo asesor del Ministerio de Defensa
en una organización profesional que quiere tener asociados? ¿Por qué
razón restringimos ese derecho? ¿Por desconfianza? Sería una ofensa y
una indignidad sembrar la desconfianza en nuestros actuales cuadros
de mando de todas nuestras Fuerzas Armadas.
El derecho de asociación no solamente tiene una justificación
constitucional. En este proyecto de ley olvidamos que la decisión de
una persona de hacerse militar no es solamente económica, laboral o
profesional, sino que es vocacional, sobre todo en los cuadros de
mandos. Desde luego que es profesión militar, pero reconózcase la
vocación militar. ¿Qué pasa después de la edad de retiro? Se pierde
esa condición profesional, pero le vamos a hacer perder su vocación,
lo que fue una decisión en su vida, como en tantas profesiones que
quedan dignificadas no por un parámetro económico, sino por un
parámetro de vocación...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Mardones,
le ruego concluya.
El señor MARDONES SEVILLA: Concluyo, señor presidente.
Este tiempo se me limita, pero yo no quiero que se limite a los
militares este derecho que, por su vocación, les hace acreedores de
una confianza democrática en su actuación al servicio de España, de
la democracia y de la Constitución.
Esas enmiendas que se nucleaban a través de nuestra enmienda 60
tienen una solución: la reglamentación de las asociaciones. Yo no
quiero decir que a una asociación militar le tenga que sacar el
Ministerio de Defensa un reglamento con el número que tienen que
tener de afiliados y la dependencia orgánica de la Subsecretaría. ¿O
es que la Constitución cuando reconoce a los jueces y magistrados una
serie de limitaciones, como estar afiliados a partidos políticos, les
niega el derecho de asociación? A jueces y magistrados, con el poder
que tienen, mucho más que las Fuerzas Armadas en una democracia en
paz, no se lo ha negado. El centrismo en la legislación de la
transición hizo normal a nivel de Gobierno lo que era normal a nivel
de calle. Hagamos normal a nivel de Gobierno ese tema. Y si se quiere
seguir amparando en las reales ordenanzas, que no tienen rango
constitucional, sencillamente cúmplase por el Gobierno la disposición
final segunda de las reales ordenanzas, que llevan 20 años sin
desarrollarse y que dicen que el Gobierno deberá dictar las normas
relativas al ejercicio de deberes y derechos individuales en el plazo
de tres meses a partir de la entrada en vigor de las reales
ordenanzas. 20 años de Constitución, 20 años esperando este derecho.
Por esa defensa, Coalición Canaria ha presentado esta enmienda y
ruega a la Cámara su consideración.
Nada más y muchas gracias por su benevolencia, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el
señor Gónzalez de Txabarri Miranda.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) coincide con el planteamiento
que acaba de realizar el señor Mardones, en nombre del Grupo de
Coalición Canaria. Empezando por donde ha terminado, entendemos que
este proyecto de ley rompe con el consenso alcanzado en el seno de la
Comisión mixta al insistir en dar carta de naturaleza a unas reales
ordenanzas que expresamente no fueron citadas, señor ministro, en el
dictamen de la Comisión entre aquellos textos legales con capacidad
limitadora de derechos y libertades. Debemos recordar que la
eliminación de este texto en el dictamen finalmente consensuado se
debió al carácter preconstitucional de la norma, al contenido
inconstitucional de
los preceptos limitativos de los derechos y libertades en ella
contenidos y, en concreto, a la expresa violación del derecho de
asociación previsto en el artículo 22 de la Constitución española que
realiza el artículo 181 de las citadas ordenanzas.
No contentos con ignorar lo consensuado se pretende ahora la
constitucionalización definitiva de dichas reales ordenanzas,
elevándolas a rango de ley orgánica con capacidad de limitar derechos
y libertades de los ciudadanos sean o no uniformados, lo que supone,
en nuestra opinión, no sólo un fraude de ley, sino una actuación
contraria al espíritu del constituyente. Además, fraude a la voluntad
de esta Cámara y a la del Senado expresada a la hora de la aprobación
del dictamen de la Comisión mixta sobre la profesionalización de las
Fuerzas Armadas.
De ahí que mantengamos viva nuestra enmienda en relación con este
tema, al igual que ha hecho el portavoz de Coalición Canaria, y no
participemos del criterio del dictamen de la Comisión que,
incomprensiblemente, afirma que la nueva redacción dada al artículo
151 del proyecto resulta de una aproximación al espíritu de nuestra
enmienda como y al de la presentada por el Grupo de Coalición
Canaria, dando a entender, por tanto, una supuesta transacción que en
modo alguno se ha realizado con este grupo parlamentario. Esta misma
actitud debe ser considerada, señorías, respecto al contenido de los
artículos 18 y 19 del proyecto, que igualmente ignoran lo establecido
en el apartado 2.2.b) del referido dictamen, cuya redacción
consensuada se debió a los planteamientos realizados por el Grupo
Parlamentario Vasco que solicitaba la remisión a esta Cámara, para su
aprobación, de una ley de plantillas que quincenalmente fijara el
contingente.
Estas consideraciones que son básicas para este grupo parlamentario
no se recogen en el dictamen de la Comisión, no se respeta el
espíritu implícito de la enmienda que este grupo parlamentario
formuló en la Comisión mixta y que fue aprobada. El fundamento básico
del planteamiento realizado por el Grupo Parlamentario Vasco era
permitir que este Parlamento interviniera en una cuestión tan
importante como la fijación de las plantillas, con su consabido
reflejo presupuestario, que el autor o autores del texto primitivo
pretendían residenciarlo en el Ministerio de Defensa, y a la vista
está que lo han conseguido. A estas alturas del debate resulta obvio
que para dichos redactores aquel consenso referido a los principios
generales para la implantación del nuevo modelo de las Fuerzas
Armadas es independiente del que exigen las normas para su
desarrollo, criterio que en modo alguno compartimos por lo cual
mantenemos vivas nuestras enmiendas.
Para el Grupo Parlamentario Vasco, el proyecto no sólo rompe el
consenso citado, sino que desconoce e ignora la realidad
parlamentaria y minusvalora la representatividad y funciones de este
Parlamento, porque no puede ser tomada en consideración la pretensión
del Gobierno prevista en el artículo 34 del proyecto que analizamos,
relativa a una situación de tanta trascendencia
como es la movilización de la reserva en la que el único papel
que se otorga a esta Cámara de Diputados es la de ser mero receptor
de una información sobre -cito textualmente- las medidas adoptadas.
Es decir, la tan cacareada soberanía popular se reduce, por decisión
del Ministerio de Defensa, a la de mero oyente de la política del
Ministerio de Defensa o a un aspecto sustancial de la política de
defensa como es la evaluación de las necesidades que la defensa
requiera para la incorporación de reservistas, o incluso la necesidad
de aportación suplementaria de esa reserva para otro tipo de
supuestos y la consiguiente habilitación de créditos para cumplir con
estas funciones y objetivos. El proyecto de ley que analizamos asigna
todas estas funciones al Gobierno por voluntad expresa de un
Ministerio que parece reacio a asignar esas funciones a la Cámara de
electos. En consecuencia, mantendremos vivas nuestras enmiendas
referidas al artículo 42, párrafos 2 y 3.
Un gran bloque de enmiendas presentadas por este grupo parlamentario
se refiere al título II del proyecto, que habla de categorías y
empleos. El proyecto presentado por el Gobierno contiene, en lo
referente a los oficiales, el mismo modelo que el actualmente
vigente. El nuevo modelo de las Fuerzas Armadas tan sólo es novedoso
en lo referente a la tropa y marinería que pasa a ser profesional, no
habiendo cambio alguno en su oficialidad. Consolida, pues, un modelo
discutido y que, tras sucesivas modificaciones, ha dado como
resultado inmediato una injusta frustración profesional en un
importante colectivo de oficiales hoy integrados en las escalas
medias. Nuestras enmiendas van precisamente encaminadas a solicitar
la supresión de la denominada escala de oficiales e implantar en el
sistema un modelo en el que los principios constitucionales de
igualdad de oportunidades, mérito y capacidad, queden mejor
salvaguardados que en el modelo presente. La capacidad profesional
asignada a los oficiales no debe basarse en el camino elegido para
acceder a esta categoría militar.
Entendemos, pues, que el modelo que recoge el dictamen de la Comisión
puede ser mejorado. Que el nuevo ejército que se está diseñando no
permita la existencia de dos tipos de oficiales basada en la
procedencia y no en la competencia. Esta sociedad se vería más
identificada con unas Fuerzas Armadas cuya organización permitiera a
los ciudadanos más capacitados alcanzar los más altos empleos
militares, independientemente de la puerta de acceso a los mismos.
Para llegar a un ejército socialmente integrado, que debe ser el
objetivo compartido por todos los grupos parlamentarios, es, en
nuestra opinión, requisito ineludible la efectiva permeabilidad de
las escalas, que será efectiva y real cuando se establezca un modelo
profesional como el que propone este grupo parlamentario en el que
prime el mérito y la capacidad de todos aquellos que han decidido ser
profesionales de las Fuerzas Armadas. En nuestra opinión, esta
propuesta refuerza, por equiparación,el sistema educativo general al
exigirles títulos
del sistema educativo general para su ingreso en las Fuerzas Armadas.
En definitiva, señorías, nuestras enmiendas pretenden construir una
organización que permita acceder a los más altos empleos militares,
independientemente de la vía de acceso elegida para su ingreso en el
ejército. Esta pretensión del Grupo Parlamentario Vasco no es en modo
alguno nueva ni intranscendente por cuanto ha sido planteada por
todos los grupos parlamentarios sin excepción cuando éstos han estado
en la oposición, para olvidarlo en cuanto han ocupado el Ministerio
de Defensa. A la vista está, señorías, que la lógica del poder dista
leguas de la lógica de la oposición.
La trascendencia de este proyecto de ley que hemos subrayado y en el
que hemos intentado delimitar desde nuestra posición, nos obliga
también como grupo parlamentario a priorizar lo principal y reubicar
entre nuestras enmiendas aquellas que son secundarias, cuya defensa
puede no corresponder, estrictamente por lo menos, al mandato que
para la profesionalización del ejército contempla el informe de la
Comisión mixta. En la medida en que un bloque de enmiendas, que en
nuestra opinión mejoran la estructura de la oficialidad y diseñan una
más justa carrera profesional, puede afectar, o en su caso matizar,
lo establecido en los apartados d), h) y k) de los principios
generales del nuevo modelo de las Fuerzas Armadas, el Grupo
Parlamentario Vasco anuncia la retirada de las enmiendas comprendidas
entre los números 73 y 86, la 92, y las comprendidas entre los
números 94 y 97, para que las que se sometan a votación se ajusten
estrictamente a los contenidos del dictamen de la Comisión mixta.
Para terminar, señor presidente, con la aprobación de esta ley se va
a conseguir, aunque no sea de inmediato, como sería el deseo del
Grupo Parlamentario Vasco, sino a partir del mes de julio, la
desaparición de la obligación municipal de efectuar el reclutamiento.
Conocen SS.SS que esta cuestión ha sido objeto de atención preferente
y constante por parte del Grupo Parlamentario Vasco en esta
legislatura. Recién iniciada esta VI Legislatura, presentamos una
proposición no de ley para liberar a los ayuntamientos de esta
obligación que ha venido generando una importante conflictividad
social en el ámbito vasco y en otras partes del Estado.
Ha sido también eje básico de nuestra participación en la Comisión
para la profesionalización de las Fuerzas Armadas y en la tramitación
de esta ley, dar solución a este problema durante el período
transitorio hasta la definitiva profesionalización. Presentamos
incluso una propuesta de resolución, que fue aprobada en el último
debate sobre el estado de la Nación.
No quisiera terminar nuestra valoración de este proyecto de ley sin
subrayar la satisfacción de este grupo parlamentario por la
desaparición de la obligación municipal de efectuar el reclutamiento.
Muchas gracias, señor presidente; muchas gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor González de Txabarri.
En nombre de Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Señor presidente, señorías, estamos ante una
ocasión fallida de conseguir algo que desde nuestro grupo nos
empeñábamos en alcanzar al inicio de los trabajos de la ponencia: la
modernización y democratización de nuestras Fuerzas Armadas; Fuerzas
Armadas que están retrasadas respecto a estos dos objetivos
-modernización y democratización-, entre otras cosas, tal vez por la
especial transición democrática que conseguimos en el año 1977. Por
tanto, éstas eran dos asignaturas importantes que había que intentar
aprobar.
Izquierda Unida puso todo su empeño, a través de estas 110 enmiendas,
la mayoría vivas -solamente cinco han sido admitidas-, en alcanzar
unas Fuerzas Armadas plenamente instaladas en una sociedad
democrática y que se pudieran equiparar al máximo a la Función
pública, con las especiales características de funcionarios del
Estado armados.
Decimos que ha sido una ocasión fallida porque el resultado final no
es plenamente satisfactorio en cuanto a alcanzar estos dos objetivos.
Intentábamos con nuestras enmiendas conseguir un ejército laico;
queríamos también alcanzar un concepto de ejército próximo al de
ciudadanos y ciudadanas de uniforme y, por tanto, homologado al
máximo a la Función pública en cuanto a sus escalas o niveles y a las
titulaciones requeridas; un ejército que tuviese reconocidos derechos
que actualmente están limitados y, lamentablemente, lo seguirán
estando, como el de asociación.
Desde esta reflexión, compartida por otros grupos políticos, no
entendemos que el asociacionismo militar no pueda ser una realidad en
nuestro país, como en otros modelos europeos de ejército: el francés,
el alemán o el belga. Hace escasamente un mes, la Cámara de
Representantes de Portugal aprobó la posibilidad de que los militares
portugueses tuvieran plenamente reconocido el derecho de asociación.
No es un tema menor. Es una de las señas de identidad que muestran
hasta qué punto las Fuerzas Armadas están plenamente democratizadas o
no.
En definitiva, señorías, pretendíamos equiparar lo máximo posible a
estos funcionarios a los que se les encomienda la tarea de la defensa
nacional, con los funcionarios civiles, con las lógicas limitaciones
-como decía- derivadas de ser un cuerpo armado.
Pretendíamos un ejército laico en el que la asistencia religiosa nada
tuviera que ver con el servicio diario, que no formara parte de las
ceremonias castrenses y, por tanto, se diera fuera del marco militar,
revisando para ello todos los acuerdos que se han alcanzado con el
Estado del Vaticano al respecto. Creemos, sinceramente,
insatisfactorio el resultado que se consigue con este proyecto de
ley, en el sentido de que vamos a seguir con unas Fuerzas Armadas
donde va a ser
habitual que determinados servicios religiosos se puedan encuadrar
dentro de lo normal en los servicios castrenses.
Este es el modelo que ha inspirado nuestras más de cien enmiendas y
desde esa perspectiva hemos apoyado y apoyaremos aquellas enmiendas
de los demás grupos políticos que van en este sentido: modernización
es igual a democratización.
De las enmiendas del Partido Nacionalista Vasco, vamos a votarlas
todas, de la 69 a la 104; del Grupo Mixto, del Bloque Nacionalista
Galego, de las once presentadas, votaremos afirmativamente diez; de
la señora Rivadulla, de las 36 presentadas, votaremos 28; de
Coalición Canaria, de las 32 presentadas, votaremos favorablemente 25
y del Partido Socialista Obrero Español, de las 42, votaremos
afirmativamente 25.
Respecto a la exposición de motivos, aunque efectivamente no forma
parte de lo que es la propia ley de plantillas, nosotros sí queremos
dejar claro, señorías, que seguimos planteando que es un verdadero
disparate el volumen de fuerza armada que se quiere imponer en
España: 170.000 efectivos, de los cuales 48.000 son mandos, es decir,
una proporción de dos oficiales por cada soldado. Nos parece,
sinceramente, que no tiene justificación esta proporción entre
oficialidad y soldados, y creemos que es un error seguir planteando
en el nuevo marco internacional, con un concepto de seguridad anclado
en el pasado, un volumen de fuerza de estas características, cuando
España está perfectamente defendida con un volumen menor -nosotros
proponemos en torno a 80.000- y cuando, además, sabemos que en todas
las misiones internacionales el envío de tropa extranjera no superará
nunca los 3.000 efectivos. Por tanto, hay una desproporción que vamos
a pagar todos los contribuyentes, que van a pagar los españoles en
detrimento de otros gastos sociales.
Creemos también que es un error seguir contemplando en la exposición
de motivos a la Guardia Civil dentro del concepto de fuerza armada,
cuando, por el contrario, estamos defendiendo en el modelo policial,
en la subcomisión creada al efecto, la desmilitarización de la
Guardia Civil, y es obligado, por tanto, en esta exposición de
motivos que Izquierda Unida siga planteando la desmilitarización de
la Guardia Civil.
Tampoco compartimos que la puesta en práctica de la
profesionalización del ejército se tenga que producir en el 2003. Muy
al contrario, creemos que la fecha del 2000 podría ser la adecuada
para el fin del servicio militar obligatorio, la mili, y que, por
tanto, el año 2000 debía ser el año de puesta en funcionamiento
definitivamente del ejército profesional.
Nuestro núcleo de enmiendas, señorías, va dirigido a distintos
apartados, en primer lugar, al encuadramiento de los militares
profesionales. Tal vez aquí, señorías, es donde más esfuerzo hemos
hecho para la equiparación de la función militar a la función civil.
Nos distanciamos claramente de cualquier estructura o niveles de
Fuerzas Armadas que no tengan que ver con los niveles de la Función
pública civil. Frente a lo que va a salir,
un modelo con distintas escalas de oficiales, creemos que un ejército
moderno, profesional, debería tener solamente tres niveles: el
personal de tropa o marinería, los suboficiales y los oficiales,
equiparando, además, la escala de suboficial al nivel B de la Función
pública, requiriendo, por tanto, la titulación de diplomado o de
ingeniería técnica, y proponiendo para los oficiales el nivel A de la
Función pública, requiriendo para ello la titulación de licenciatura
o de ingeniero superior. Con ello, además de homologar la carrera
militar a la de funcionario del Estado, se intenta evitar lo que ha
sido habitual, y es que el ingreso para el personal de mando no fuese
igual para todos y que el proceso de selección no sea objetivo; es
decir, que las promociones no sean otorgadas a dedo.
En relación al personal de complemento, señorías, defendemos su no
inclusión dentro del ejército profesional, alejándonos del modelo
alemán, que sí deja un cupo importante a los oficiales de complemento
para que puedan formar parte del ejército profesional, y echamos en
falta, y la reclamamos, una ley de movilización nacional que regule
su participación en tiempo de guerra y que también regule la objeción
de conciencia del reservista.
Otro capítulo importante es el relativo al artículo 3, sobre
juramento o promesa de la bandera. En este caso se ha avanzado
notablemente, con una fórmula mucho más constitucional. Nos parece
más sugerente, no obstante, la defendida por el Partido Socialista
Obrero Español en su enmienda 381 porque, a la hora de pedir cumplir
las órdenes, establece con claridad que se trata de cumplir las
órdenes legítimas de los mandos. Me parece muy importante esta
apreciación a la hora de la promesa o juramento del cumplimiento de
órdenes. Ya tuvimos ocasión en la Ley de disciplina militar de
plantear la necesidad de distinguir entre órdenes legítimas y órdenes
ilícitas.
De todas maneras, tendremos un problema -nuestro grupo, desde luego,
va a hacer propuestas para solucionarlo-, y es que a partir de la
aprobación de esta ley, tendremos que de tenientes coroneles para
arriba todo el personal no habrá jurado o prometido la Constitución y
de teniente coronel para abajo sí habrá prometido o acatado la
Constitución. Por imperativo legal, muchos de nuestros oficiales
superiores, de teniente coronel hasta general, han prometido o jurado
los principios fundamentales del Movimiento Nacional. Por tanto,
habrá que buscar una fórmula para que el conjunto del ejército
profesional, mandos y tropa, puedan prometer o acatar la
Constitución. Ya buscaremos fórmulas para resolverlo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Meyer,
vaya concluyendo.
El señor MEYER PLEITE: Finalmente, señorías, hay todo un capítulo,
que nosotros llamamos de las escalas maltratadas, que con esta ley
siguen quedando maltratadas. Ya teníamos problemas con la ley
anterior y con
ésta, desgraciadamente, a pesar de los esfuerzos y a pesar de las
enmiendas que quedan vivas, nos tememos que van a seguir siendo
escalas maltratadas. Se trata de las escalas especiales, las escalas
auxiliares, la tropa profesional permanente, el personal procedente
de escalas de suboficiales. Concretamente vamos a votar
favorablemente las enmiendas referidas a los suboficiales de
complemento de infantería de marina: la 104, del Partido Nacionalista
Vasco; la 68, del Bloque Nacionalista Galego y la 369, del Partido
Socialista Obrero Español. También las referidas a los cabos primero:
la 11, del Bloque Nacionalista Galego; la 60, de Coalición Canaria y
la 373, del Partido Socialista Obrero Español.
Da la impresión, señorías, de que todo hubieran sido facilidades a la
hora de acoplar a la nueva realidad los niveles de capitán para
arriba y de que hubiera habido muchas dificultades, muchas trabas,
para acoplar a la tropa profesional, de suboficial para abajo.
Creemos que esto es un error. Vamos a seguir planteando este debate
en este trámite parlamentario. A resultas del mismo, seguiremos
presentando enmiendas y sugerencias en la Cámara Alta, en el Senado,
con esa intención que teníamos y que seguimos teniendo en Izquierda
Unida, a la que desde luego no renunciamos, de alcanzar unas Fuerzas
Armadas plenamente modernizadas y democratizadas.
Tengo que concluir diciendo que con este Gobierno no se va a poder
conseguir. Este Gobierno no va a conseguir la plena democratización
de las Fuerzas Armadas y habrá que esperar a que en un resultado
distinto de las urnas, con un gobierno claramente progresista y de
izquierdas, seamos capaces, finalmente, de resolver una asignatura
que queda pendiente desde la transición española.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Meyer.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
señor Sanjuán.
El señor SANJUÁN DE LA ROCHA: Señor presidente, señoras y señores
diputados, subo a la tribuna para fijar la posición del Grupo
Parlamentario Socialista sobre el proyecto de ley de la función
militar y para mantener y defender, siquiera sea de manera breve, las
enmiendas que hemos presentado.
Estamos ante un proyecto de ley que parte de la vigente Ley 17/1989,
sobre el régimen jurídico del militar profesional, y que tiene que
adaptar a una nueva realidad, la de un ejército plenamente
profesional, la función militar. Los socialistas hemos colaborado de
manera sustancial en este proyecto de ley. Hemos trabajado
hondamente, tanto en ponencia como en Comisión, y tengo que decir que
nuestro trabajo ha sido reconocido a lo largo de los debates en
ponencia y en Comisión. Pero seguimos manteniendo algunas enmiendas
y tenemos que decir también que todo nuestro trabajo
y todo nuestro esfuerzo ha ido dirigido en una doble dirección.
Primero, conservar los aspectos positivos y los avances, algunos
especialmente importantes, que se contienen en la todavía vigente Ley
17/1989, que ahora se va a modificar y se deroga. Es decir, no
queremos que haya ningún retroceso político en el proceso de
modernización de nuestras Fuerzas Armadas. Y, en segundo lugar, que
la necesaria adaptación a un modelo de ejército puramente profesional
tiene que realizarse con un sentido progresista y que signifique, por
consiguiente, el seguir avanzando en el proceso de modernización de
las FAS.
La profesionalidad por sí misma no es un factor de modernización. La
modernización de las FAS tiene que ver, sin duda alguna, con su
estructura, con su preparación, con su organización y armamento; sin
embargo, pasa ante todo con la identificación con la sociedad civil a
la que sirve y de la que dependen, con su democratización, que no es
otra cosa que reconocer su dependencia, en el ejercicio de sus
funciones, de la autoridad civil. En este sentido, tengo que decir
que las Fuerzas Armadas españolas son plenamente constitucionales y,
desde este punto de vista, también plenamente democráticas.
Desde esta doble perspectiva hemos trabajado los socialistas,
teniendo muy presente que nuestros militares son funcionarios que
necesitan estabilidad y que como funcionarios deben ser tratados, sin
más especificidades ni más singularidades que aquellas que se derivan
de su profesión militar, de las importantes misiones que nuestra
Constitución atribuye a la institución y del hecho de ser
depositarios de las armas de la nación.
Dicho esto, que, en definitiva, fija nuestra posición, vamos a entrar
en el análisis de aquellas enmiendas que consideramos más
sustanciales, teniendo por reproducidos los argumentos que dimos en
Comisión respecto de aquellas enmiendas que, naturalmente, no vamos a
poder tratar en este momento.
Hemos presentado un gran número de enmiendas dirigidas a mantener las
competencias que la Ley 17/1989 atribuye a los órganos civiles del
Ministerio de Defensa. Nos preocupaba un cierto retroceso que
observábamos en la competencia de los órganos políticos del
Ministerio. Es cierto que la generalidad de las enmiendas que hemos
presentado a este tema nos han sido aceptadas y que ha habido una
gran receptividad, pero seguimos manteniendo tres enmiendas y
confiamos que ahora o en sucesivos trámites sean aceptadas. Una es la
306, al artículo 17, sobre la concesión de empleos honoríficos, que
puede ser un tema menor. Sin embargo, no son un tema menor las
enmiendas 347 y 354 y el contenido de los artículos 116, 117 y 130.
La declaración de aptitud o no para el ascenso pasa a ser ahora
competencia de los JEME, de los jefes de Estado Mayor, y antes era
competencia del ministro de Defensa. Igualmente, son los jefes de
Estado Mayor, artículo 117, los que hacen las evaluaciones para
asistir a los cursos de capacitación para ascender a oficiales
generales.Ellos, determinando quiénes son los que van a
los cursos, van a determinar, en definitiva, quiénes son los que
ascienden a oficiales generales.
Son también importantes para nosotros las enmiendas relacionadas con
la plantilla, forma de determinarla y número de efectivos: enmiendas
307, 348, 375 y 384. En coherencia con la posición que mantuvimos en
la ponencia Congreso-Senado sobre el modelo de ejército profesional,
no estamos de acuerdo con el número de efectivos, que consideramos
excesivo, de cuadros de mando y de tropa profesional. Tenemos que
reconocer, qué duda cabe, el inmenso esfuerzo realizado por nuestras
Fuerzas Armadas, con la considerable reducción de efectivos que se ha
efectuado durante los últimos años. Desde 1982 hasta la fecha, hemos
pasado de un ejército de 380.000 efectivos a alrededor de 180.000.
Creemos que la apuesta por un ejército plenamente profesional debería
significar un mayor esfuerzo de reducción de efectivos y, desde
luego, no estamos de acuerdo en que las plantillas queden para
siempre fijadas en esta ley y que sólo a través de decretos-ley el
Ministerio de Defensa las pueda modificar, sin pasar por esta Cámara.
Continuando con enmiendas que hacen referencia a la ley anterior y
que, a mi juicio, pueden significar un cierto retroceso respecto de
esa ley, me quiero referir a la enmienda relativa a la forma de
acceso del cuerpo de intendencia a la profesión militar. Antes se
exigía que fueran economistas que, a través de un curso, se
integraban en cada cuerpo militar. Pues bien, esto ha sido modificado
y el ingreso de los cuerpos de intendencia se puede efectuar ahora a
través de las academias, como si se tratara de los militares
profesionales más stricto sensu, es decir, los que denominamos como
cuerpos de mando.
La Ley 17/1989 significó un considerable avance en este proceso en
cuanto a la creación de cuerpos comunes. Sabemos que no es nada fácil
unificar cuerpos militares. Habíamos dejado preparado el cuerpo de
intendencia para que pudiera ser también un cuerpo común. En
definitiva, no hay ninguna razón para que los cuerpos de intendencia
de aviación, de marina o de tierra sean cuerpos distintos; podría ser
un cuerpo común en cuanto que sus misiones de logística son
idénticas, pero en vez de avanzar en este proceso, sencillamente,
hemos retrocedido.
A mi juicio, tampoco es positivo el tratamiento que damos a las
situaciones administrativas. Me refiero concretamente al artículo 141
y a las disposiciones que establecen la situación de servicios
especiales para aquellos militares que sean nombrados subsecretarios,
directores generales o altos cargos de la Administración central o
autonómica. Sinceramente, creemos que la situación de estos militares
nombrados para cargos de evidente importancia y significación
política debe ser la de excedencia voluntaria, la misma que tienen
aquellos militares que se presentan a cargos de elección popular,
máxime cuando en estos momentos ha sido justamente corregida, y a mi
juicio es mejor, la situación anterior que conllevaba la pérdida de
derechos pasivos
y de trienios. Hoy ya no es así. No es bueno que el abandono de la
carrera militar para dedicarse a la actividad política no conlleve
ninguna consecuencia para el que toma esa opción sino, al contrario,
que signifique casi un plus. La condición de funcionario de las FAS
tiene una especial singularidad que, a su vez, exige la singularidad
de que si quiere hacer carrera militar permanezca en las Fuerzas
Armadas. Cambiar la situación, a mi juicio, es negativo y va a
originar problemas de agravio comparativo en las FAS. A mi juicio, no
es bueno politizar a los militares porque este país está vacunado
contra esa politización.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Sanjuán,
le ruego vaya concluyendo.
El señor SANJUÁN DE LA ROCHA: Termino ya, señor presidente.
Por último, brevemente, voy a referirme a dos temas relacionados con
la carrera militar y con el ejército profesional. Creemos que debe
mantenerse como duración de la carrera los 58 años de edad y 32 años
de servicio. Estamos absolutamente de acuerdo en que ese retiro a los
58 años no origine consecuencias económicas, y que esas consecuencias
económicas se originen, en equivalencia con los cuerpos comunes, a
los 61 años de edad, pero creemos que es necesario seguir avanzando
en el proceso de rejuvenecimiento de las Fuerzas Armadas.
La última reflexión es con relación al tema de los militares de
complemento. La ley dice que la carrera militar se compone, por un
lado, de los militares permanentes, los que son de carrera y, por
otro lado, de aquellos que tienen una adscripción de carácter
temporal, y dentro de ellos cita a los militares de complemento y a
la clase de tropa y marinería. El militar de complemento se define
como aquél que complementa los cuadros de mando. Pues bien, a nuestro
juicio, el militar de complemento tendría que ser uno de los ejes
fundamentales sobre los que debería basarse un ejército profesional,
y es evidente que la ley no lo entiende así. Ninguna de nuestras
enmiendas, que incluso son tímidas, ha sido aceptada. Parece que la
ley no quiere militares de complemento, dice que complementan los
cuadros de mando y sólo los admite con la categoría de alférez o de
teniente. ¿Me quiere decir el Grupo Popular, me quiere decir el
Ministerio, cómo complementar cuadros de mando cuando sólo pueden
serlo de la categoría de alférez o teniente? Esto es un error, por
tres razones. Primero, porque la permeabilidad de la sociedad civil
es absolutamente necesaria en un ejército profesional, y esa
permeabilidad exige que el cuerpo de oficiales de nuestro ejército se
nutra de personas que vienen de la Universidad, que entran y
permanecen durante un periodo de tiempo en nuestras Fuerzas Armadas,
se complementan allí, adquieren experiencia y después se van
nuevamente a la vida civil. Esto no va a producirse en forma alguna
con el modelo diseñado de los militares de complemento. Segundo,
porque
sirve para descargar el cuerpo de oficiales de manera permanente y,
por consiguiente, facilita el ascenso de los militares de carrera,
reduce la pirámide.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Sanjuán,
le ruego concluya.
El señor SANJUÁN DE LA ROCHA: Por último, porque, además, señor
ministro, descargarían así el capítulo I y las situaciones de
reserva.
Termino diciendo que los socialistas, en general, estamos de acuerdo
con este proyecto de ley. Creemos que cabe mejorarlo todavía en
sucesivos trámites y esperamos que así se realice.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Sanjuán. ¿Grupos que sin haber presentado enmiendas desean
fijar su posición? (Pausa.)
En primer lugar, tiene la palabra, en nombre de Convergència i Unió,
el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Con este trámite casi terminamos el proceso parlamentario de
elaboración de la ley fundamental para acabar con el servicio militar
obligatorio.
Antes de nada, creo que sería de justicia reconocer por nuestro grupo
parlamentario el esfuerzo de todos los grupos políticos,
especialmente del partido del Gobierno y del principal partido de la
oposición, para crear un texto que, en sus aspectos esenciales, va a
encontrar un amplísimo apoyo parlamentario. Es evidente también que,
en este sentido, el equipo del Ministerio de Defensa ha adoptado una
actitud flexible que queremos agradecer desde esta tribuna.
El texto que hoy estamos a punto de aprobar es, en aspectos
importantes, diferente al que envió el Gobierno. Eso es bueno porque
el Parlamento ha jugado su papel y ha servido para mejorar esta
propuesta legislativa. Para nosotros es importante en el aspecto
político esencial de la misma, ésta es la ley del fin del servicio
militar obligatorio. Nos gustaría remarcar esta idea para no
descentrar aspectos importantes pero que escapan al origen esencial
de esta ley. Esta ley desarrolla el dictamen que en su día aprobó
este Pleno y, por tanto, concreta en términos jurídicos lo que era
una propuesta política de principios de esta legislatura; aquello que
Convergència i Unió y el Partido Popular pactaron a principios de
esta legislatura, que luego concretamos en un acuerdo político
amplio, como fue el dictamen de la Comisión mixta, hoy lo concretamos
con una ley que sanciona este proceso. Por tanto, desde este punto de
vista, nos podemos sentir satisfechos. Queremos remarcar, además, que
responde en esencia a aquello que marcaba el dictamen. Desde este
punto de vista, nos sentimos profundamente cómodos en el debate y en
las conclusiones de este proceso.
Este proyecto de ley representa la continuidad de un proceso
histórico que se ha vivido en los últimos veinte años en el Estado
español, no es un proyecto de ley rupturista, enlaza de alguna manera
con la Ley 17/1989. Nuestro grupo parlamentario mantuvo discrepancias
con el modelo de Función pública que se planteaba por el entonces
Gobierno socialista; en este proceso parlamentario no nos ha parecido
necesario ni oportuno plantear discrepancias esenciales sobre aquello
que se desarrolló en 1989. Han pasado diez años, existe un modelo de
función militar, seguramente acumulamos déficit, confusiones,
situaciones injustas. En estos diez años se han corregido algunas de
éstas; con esta ley, seguramente corregiremos otras, pero reducir la
complejidad de la función pública militar, muy marcada por el régimen
jurídico de función que se estableció a lo largo de los años de la
dictadura, no es nada fácil. Hay algunas enmiendas que, en buena
lógica, estoy seguro que a todos nos gustaría poder votar en este
trámite, pero son enmiendas voluntaristas. Si de verdad queremos
empezar a solucionar algunos déficit históricos que afectan a la
Función pública militar, ésta es una buena ley.
Existe una cuestión que ha preocupado a nuestro grupo a lo largo de
este debate parlamentario y que se refleja en la enmienda número 60,
que mantiene el señor Mardones: la preocupación sobre la situación de
ese colectivo de soldados de tropa y marinería, especialmente de
cabos, con más de 12 años de permanencia y más de 35 años de edad.
Para nuestro grupo, saber resolver la situación de este colectivo se
puede convertir en la piedra de toque en relación con uno de los
elementos esenciales del proceso de profesionalización, la capacidad
de dar salida a la vida civil a aquellos jóvenes que optan en su
juventud por la profesión militar. Resolver esta cuestión es de
sentido común, de justicia y, sobre todo, es garantía de éxito del
proceso de profesionalización en su globalidad.
Nosotros hemos ofrecido una enmienda transaccional a la número 60 de
Coalición Canaria, en los siguientes términos: El Gobierno elaborará,
antes de 12 meses, un plan de actuaciones destinado a los militares
de empleo de la categoría de tropa y marinería profesional que a la
entrada en vigor de la presente ley hayan alcanzado 12 o más años de
servicio activo en las Fuerzas Armadas o hayan cumplido 35 o más años
de edad que contemple un conjunto de actuaciones dirigidas a su
cualificación profesional para su incorporación a la vida civil. Se
trata de lanzar un mensaje a este colectivo de que la Administración,
el Ministerio, el Congreso de los Diputados tienen en cuenta su
situación. No estamos en condiciones de garantizar per se una
situación de permanencia. La ley, a través de una enmienda
transaccional que en su día propuso el Grupo Popular, marca un
camino, marca una vía de transición que nos parece positiva, pero
también queremos un compromiso explícito del Gobierno de trabajar
para que la calificación profesional de estos profesionales de las
Fuerzas Armadas les pueda garantizar su inserción en la
vida civil. Nos gustaría que esta enmienda transaccional fuese
aceptada.
A lo largo del debate parlamentario, nuestro grupo ha insistido en
algunos conceptos que me gustaría reafirmar. En primer lugar, en la
necesidad de que el contingente que prevea la ley sea un contingente
ajustado. La enmienda que se ha aceptado en el debate parlamentario,
que sitúa el contingente en esta horquilla entre 102.000 y 120.000
efectivos, incluye los términos justos del dictamen de la Comisión
mixta, no obliga a alcanzar un máximo de 120.000 efectivos y, sobre
todo, crea las condiciones objetivas para que el Gobierno adelante el
fin del servicio militar. Nosotros tenemos el pleno convencimiento de
que, a mediados del 2000 ó finales de 1999, el Gobierno estará en
condiciones de anunciar un adelanto sobre las fechas en esta ley.
Creemos que sería importante que el Gobierno hiciese esto y que esta
ley lo permite y estamos convencidos de que el éxito de las próximas
convocatorias va a permitir este avance.
Nuestro grupo ha entendido que era necesario que en el debate
parlamentario mejorásemos el tratamiento del ámbito de derechos y
libertades que preveía la ley. Se aceptó una enmienda nuestra, que
fue transaccionada con los grupos parlamentarios, y que marca que
antes del 31 de diciembre del año 2002, cuando se produce el final de
este proceso, el Gobierno debe remitir a las Cámaras proyectos de ley
que supongan una adaptación del conjunto del ordenamiento legal a la
profesionalización y de manera muy específica al régimen de derechos
y deberes de los militares.
A nosotros nos parece que mantener en este momento una discusión en
exceso académica sobre el sentido último y el carácter constitucional
o no de las reales ordenanzas es huir de un aspecto de sentido común.
Las reales ordenanzas han sido útiles durante veinte años y es lógico
que después de ese tiempo nos planteemos con tranquilidad adaptarlas
a la nueva situación: el Ejército profesional, la plena integración
en la Alianza Atlántica, la plena integración en una Europa que
avanza de manera inevitable hacia un proceso de unificación, también
en estas materias. Y con toda tranquilidad abordar la elaboración de
un régimen de derechos y libertades que garantice aspectos esenciales
en los que creemos que a lo largo de veinte años se ha ido avanzando.
De ahí que nos parezca que las posiciones que se han mantenido
queriendo plantear de manera inequívoca el carácter inconstitucional
de las reales ordenanzas nos llevan a un callejón sin salida. Y
creemos que con la disposición cuarta que incorpora el proyecto de
ley damos una salida a este debate.
Convergència i Unió ha insistido a lo largo del proceso de
profesionalización en que este nuevo modelo debe caracterizarse
también por un reconocimiento explícito de que el Estado español es
fundamentalmente plural, en el terreno cultural y en el terreno
lingüístico. Y para nosotros es especialmente importante y
especialmente significativo que en aquello que hace referencia a la
formación de los militares se reconozca
que es un valor presente en la Constitución que el Estado español es
plural en el terreno de la cultura y que, por tanto, este valor de
pluralidad cultura se debe contemplar en la formación de los cuadros
de mando.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor
Campuzano, le ruego que vaya concluyendo.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Para nosotros es importante que este hecho sea contemplado, porque
demuestra un avance en la sensibilidad de las Cámaras al
reconocimiento del carácter plural en el terreno lingüístico y en el
terreno cultural del Estado español.
Voy terminando, señor presidente. Finalmente, decía que con este
proceso culminamos aquellos acuerdos políticos iniciados entre el
Partido Popular y Convergència i Unió en 1996. Terminamos también, de
alguna manera, un proceso de modernización de las Fuerzas Armadas
iniciado con el fin de la dictadura. Hoy tenemos un Ejército que
responde a los parámetros del Estado democrático, pero me parece que
por este proceso empezamos una segunda transición en las Fuerzas
Armadas. El nuevo marco legal que define la ley, que va a marcar la
previsible reforma de la Ley Orgánica de Defensa Nacional y la
previsible ley de derechos y libertades de los militares, debe
iniciar un segundo proceso de transición, con el objetivo de
consolidar este modelo profesional y hacerlo más reducido, más
transparente, más socialmente justo, más al servicio de la paz
internacional. Nos parece que hemos creado unas condiciones que
pueden permitirnos decir dentro de diez años que por fin la
transición ha acabado en las Fuerzas Armadas. Esta es la apuesta de
Convergència i Unió, en la que pensamos seguir trabajando en los
próximos años.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Campuzano.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Fernández de Mesa.
El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: Muchas gracias, señor
presidente.
Señorías, señor ministro de Defensa, como representante del Grupo
Parlamentario Popular, le agradezco que esta mañana haya presentado
esta ley. No había tenido posibilidad de hacerlo en su momento,
porque no había ninguna enmienda a la totalidad. Hoy se cumple un
hito relevante desde el debate de investidura en el que el presidente
del Gobierno se comprometió a alcanzar una plena profesionalización
de las Fuerzas Armadas españolas, de acuerdo con el pacto público y
escrito con los grupos nacionalistas que dan soporte parlamentario,
Coalición Canaria, Partido Nacionalista Vasco y Convergència i Unió.
Creo que si en algo coincidimos todos los grupos políticos de la
Cámara, y por eso precisamente no se ha presentado ninguna enmienda a
la totalidad, es en la necesidad de profesionalizar las Fuerzas
Armadas. Existe una demanda social creciente y, lamentablemente, un
rechazo a lo que era el servicio militar obligatorio. Todos
coincidimos en la necesidad de reducir el número de efectivos de las
Fuerzas Armadas, para hacerlas más operativas, más flexibles, más
reducidas y mejor dotadas, y todos estamos de acuerdo -o es lo que
decimos, aunque algunos después digan que no se pueden incrementar
los presupuestos- en modernizar las Fuerzas Armadas. Pues bien, con
estos parámetros nos presentamos hoy ante las Cortes, después de 60
horas de trabajo en la ponencia para el dictamen de la plena
profesionalización, más de 30 horas de trabajo en la ponencia para
cerrar el proyecto de ley que el Gobierno remitió a las Cortes, con
un trabajo serio, con un trabajo continuado, más por unos grupos
políticos que por otros, interesados realmente en esta ley al margen
de cuestiones de índole política. Y tengo que expresar una cierta
satisfacción de que en este periodo de trabajo se haya avanzado de
manera seria y rigurosa, con un diálogo permanentemente abierto no
sólo para aquellas enmiendas que se habían presentado, sino también
sobre aspectos que no se nos habían ocurrido pero que hemos
conseguido mejorar.
No puedo dejar de insistir en este momento en algunas de las
apreciaciones que se han realizado por determinados grupos
parlamentarios, aunque, igual que ocurrió en la ponencia, no estén
ahora presentes en el debate. El Bloque Nacionalista Galego o el
señor Alcaraz siguen manteniendo que existen algunas cuestiones de
carácter religioso que nos retrotraen al pasado. Y quiero decirles
con toda tranquilidad que, superados todos los prejuicios, con más de
20 años de democracia instalada en España, en esta ley lo único que
se recoge son los acuerdos entre las diferentes confesiones y el
Estado. Está recogido un acuerdo entre el Estado y la Iglesia
católica -que tiene el peso que tiene, nos guste o no nos guste-,
pero también lo está un acuerdo entre la Iglesia evangélica, los
judíos y los musulmanes, al que ninguno de ustedes han hecho
referencia; también tienen recogida la asistencia religiosa en todos
y cada uno de los apartados que a ello se refieren en esta ley. No
veo que se quiera separar a nadie ni que se quiera imponer a nadie la
religión católica. Más bien creo que existe una cierta predisposición
e imposición de determinados grupos políticos para aniquilar
cualquier referencia a la Iglesia católica, que hoy por hoy es la
mayoritaria en el Estado español. Así de sencillo y con esta claridad
lo digo en este momento.
Se incide asimismo en el carácter militar o no de la Guardia Civil.
En pocos días debatiremos en este Parlamento una ley específica de la
Guardia Civil, del régimen de su personal precisamente como cuerpo o
fuerza de seguridad del Estado que se ha querido dejar al margen de
lo que es el debate de la Ley del régimen del personal profesional de
las Fuerzas Armadas. Y
quien no quiera entenderlo así está confundido, porque eso no se
trata en esta ley, sino que se remite en ella a un texto diferente
que tendremos oportunidad de debatir a lo largo de estas semanas.
Entro ya en las enmiendas de Coalición Canaria. Las que hacen
referencia a los cabos primero y subtenientes las abordaré de manera
global. Hay una serie de enmiendas que dicho grupo ha retirado. Yo
agradezco al señor Mardones su participación en la ponencia y sus
aportaciones, aunque algunas no hayan podido ser admitidas. Sin duda,
se han producido avances que probablemente nadie hubiera supuesto
hace unos meses que se iban a producir, en el campo del
reconocimiento de derechos y libertades recogidos en la Constitución
y en las Reales Ordenanzas, que son tan constitucionales como la
propia Constitución. Recordemos que están sancionadas al día
siguiente de la sanción de la propia Constitución y debatidas en el
mismo periodo, por tanto, con el mismo espíritu constitucional con el
que se debatió la Constitución en aquellas fechas, entre los meses de
octubre y diciembre. No hay por ello ninguna razón por la que se
pueda cuestionar la constitucionalidad de las Reales Ordenanzas. Pero
es que hay algo más importante, y es que nos ceñimos a tratados
internacionales totalmente en vigor e incorporados al ordenamiento
jurídico español una vez que han sido publicados en el Boletín
Oficial del Estado y que estos aspectos se recogen en la Ley 13/1991,
referida al servicio militar, que todos aprobamos en el Congreso de
los Diputados.
Por tanto, señorías, no hablemos de cuestiones inconstitucionales,
cuando, si algo gana este proyecto de ley en todos sus aspectos, es
en la permanente referencia a la Constitución y el sometimiento
permanente a ella de las Fuerzas Armadas. En ese sentido, señor
Mardones, de sus aportaciones se desprende claramente que se ha dado
un paso importantísimo, pues se recoge el texto de las enmiendas que
se han hecho en relación con los consejos asesores, que estarán
integrados, en los tres ejércitos y para los cuerpos comunes, en la
Subsecretaría de Defensa; estarán compuestos por miembros de todos
los cuerpos y de todas las escalas. Y el artículo 161 recoge cuáles
serán las quejas y su canalización para poderlas hacer llegar a donde
corresponda.
Teniendo en cuenta los preceptos constitucionales y la normativa
legal vigente, no cabe más que concluir que se ha dado un paso
importantísimo, pero que no se recoge la amplitud del texto del señor
Mardones. No se trata de una cuestión de desconfianza, no se trata de
una cuestión de relegación de los derechos y de las libertades de
unos militares, que, por cierto, conocen desde el preciso momento en
que se apuntan para incorporarse a las Fuerzas Armadas cuáles son
esos derechos, cuáles son esas libertades y cuáles son esas
limitaciones. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Todos
acceden de manera voluntaria, conociendo sus derechos, sus libertades
y, sobre todo, sus limitaciones. Por consiguiente, nadie engaña a
nadie y
todos conocen la ley al acceder a los cuerpos depositarios exclusivos
de las armas en España. Ello nos obliga a una reflexión más profunda
a la hora de avanzar en estos aspectos.
El señor PRESIDENTE: Señor Fernández de Mesa, ha de ir concluyendo.
El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: Voy a concluir, señor
presidente.
El Partido Nacionalista Vasco ha hecho referencia, en líneas
generales, a sus enmiendas. Yo quiero decir, para abreviar, que esta
ley recoge que a partir del día 31 de julio del año 1999 no serán los
ayuntamientos los encargados de hacer el reclutamiento, cuestión que
había planteado el Partido Nacionalista Vasco en el debate de la
Comisión.
Quiero referirme también a la intervención del portavoz de
Convergència i Unió, al que agradezco sus palabras. Ha dicho que este
texto se ajusta y cumple de manera estricta el dictamen de la
Comisión. Agradezco sinceramente esta manifestación de un grupo
nacionalista, de un grupo nacionalista catalán como es Convergència
i Unió, por la relevancia que tiene este grupo parlamentario. Esta
manifestación ha sido hecha sin ninguna atadura, siendo su único
espíritu, en esta aportación y en las que hizo en la Ponencia,
mejorar el texto de la ley, al margen de cualquier otra cuestión de
carácter político, que no esté directamente relacionada con la
profesionalización de las Fuerzas Armadas.
Con Izquierda Unida, señor presidente, señorías, nuestra posición es
diametralmente opuesta. Lo sabemos. Ellos tienen un modelo de Fuerzas
Armadas. La mayoría de la Cámara tiene otro completamente diferente.
Yo quiero incidir solamente en dos aspectos: en el de sus enmiendas
relacionadas con la modernización, que dice que está atrasada, y con
la democratización. Nada ha podido definir mejor en esta Cámara cuál
es el sentido de la democratización de las Fuerzas Armadas que la
dependencia de la autoridad civil y el sometimiento total a la
Constitución que ha hecho el señor Sanjuán, portavoz del Grupo
Socialista. Así entiende la mayoría de los grupos de la Cámara la
democratización de las Fuerzas Armadas españolas.
En cuanto a que su modernización está atrasada, no se compadece con
el discurso habitual de Izquierda Unida, que, por un lado, pide que
se modernice y, por otro, nos pide que metamos a todos los cabos
primero, a todos los subtenientes, que agrupemos a todos los
suboficiales, olvidándose de que todo eso implica un incremento
presupuestario. Y a la vez que nos pide que metamos a los cabos, a
los subtenientes, a las escalas auxiliares, nos dice que reduzcamos
no sólo las plantillas sino también el presupuesto. Es una
contradicción permanente. En el momento en que se den cuenta de ello,
sacarán más rendimiento, sobre todo en aquellas zonas donde se
construyen barcos, como son Ferrol, San Fernando o Cartagena, en la
Empresa Nacional Bazán; o en aquellos lugares donde se encuentra la
Empresa Nacional Santa Bárbara, en revitalización gracias a los
acuerdos entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Industria;
o las construcciones aeronáuticas de CASA.
Esa equiparación que ustedes buscan entre la función militar y la
función civil es algo que estamos haciendo en este momento, pero
desde todos los puntos de vista, desde todos. Y si hemos hecho algo
ha sido reducir el número de escalas. Precisamente para que nadie se
pueda ver vejado por las escalas que existen en este momento, he de
decirle que las hemos reducido a una escala superior de oficiales, a
una escala de oficiales, a la escala de suboficiales y a la escala de
tropa y marinería. Pero no se cierra la puerta absolutamente a nadie
para que de la escala de oficiales pueda pasar a la de oficiales
superiores, porque está prevista y recogida en el texto de la ley la
promoción interna. También está previsto que esos señores que
ingresen voluntariamente en las Fuerzas Armadas, bien sea como tropa
y marinería, bien como suboficiales, bien como titulados de grado
medio, puedan llegar al generalato. ¿Y sabe por qué? Porque del
debate de la ponencia se ha conseguido que esas personas, que tengan
que, por promoción interna, volver a las academias para tener un
curso de formación, puedan estar estampilladas con la graduación que
tienen y, sobre todo, que ese período de formación no cuente a la
hora de volver a incorporarse a la escala correspondiente. Por tanto,
está totalmente encaminado a que precisamente se recoja el espíritu
del dictamen de la Comisión.
Se ha referido a algunas cuestiones el Grupo Socialista, al que yo
también quiero agradecer -y no me duelen prendas- su colaboración, su
predisposición al diálogo permanente en la Comisión mixta y, sobre
todo, en la ponencia. Y hay tres aspectos que yo quiero recalcar. El
primero es que nos dicen que no quieren ningún tipo de retroceso
político. Nosotros entendemos que no lo hay.
El señor PRESIDENTE: Señor Fernández de Mesa, ha de concluir.
El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: Gracias, señor presidente.
No se compadece la petición de que no exista un retroceso político
con la vuelta atrás de la Ley 17/1989, cuando ustedes suprimieron las
escalas de complemento. Precisamente, esta ley recupera las escalas
de complemento, con la temporalidad como base. Dice usted que sólo
podrán entrar de tenientes o alféreces. Naturalmente. Y durante 12
años, porque complementarán las escalas básicas. Pero no es cierto
que se queden ahí, porque aquellos que quieran podrán realizar
promoción interna e incorporarse definitivamente a las escalas
permanentes. Lo que no vamos a hacer es convertir una escala
temporal, que ustedes convirtieron, en virtud de la Ley 17/1989, en
militares de empleo temporales, en permanente.
Concluyo, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Las transaccionales, por favor. Las
transaccionales.
El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: Este debate daría para mucho
más, pero voy a referirme a las enmiendas transaccionales que hemos
ofertado, en este trámite de Pleno también, a los grupos políticos.
Hemos ofertado transaccionales a la enmienda número 347, del Partido
Socialista Obrero Español, que se refiere a los cursos de
capacitación para el ascenso a general. El Gobierno no tiene el más
mínimo interés en que no se incluya que esos cursos de capacitación
para el ascenso a teniente coronel de las escalas de oficiales
y suboficial mayor corresponden también a la categoría de oficiales
generales. La presentará el ministro de Defensa, a quien corresponde
aprobar con carácter definitivo quién debe asistir al curso.
Presentamos una transaccional a la enmienda número 15, de Coalición
Canaria, que se refería a la inclusión de la figura del presidente
del Gobierno en uno de los apartados de esta ley. Recoge
estrictamente lo que la Ley Orgánica 6/1980, de los criterios básicos
para la defensa, establece como competencia, en este caso delegada,
del ministro de Defensa, por parte del presidente del Gobierno.
También tenemos otra enmienda transaccional a la 29, de Coalición
Canaria, al artículo 40, sin ningún inconveniente, de la misma manera
que hemos aceptado la enmienda 45, para que el cuerpo militar de
intervención y auditorias que preveía la ley se convierta
exclusivamente en su tradicional nominación de cuerpo de
intervención, sobre todo para que no exista ningún tipo de peligro o
de intranquilidad por parte de los cuerpos jurídicos militares.
Nuestra transaccional 307 se refiere a la 309, de las plantillas
máximas, del Partido Socialista Obrero Español. Y aceptamos también
la enmienda transaccional que ha ofertado Convergència i Unió a la de
Coalición Canaria referida a los cabos, porque si hay algo claro y si
hay una voluntad clara del grupo de Gobierno, del Grupo Parlamentario
Popular, y de todos los que hemos estado en los debates de la
ponencia, preferentemente Coalición Canaria, Convergència i Unió y el
Grupo Socialista, preferentemente, es solucionar un problema de
tantos militares.
Ese problema se soluciona con el texto de la ley, mejorado con la
enmienda que ustedes proponen. A todos ellos, sin límite de edad, sin
tener en cuenta los años de servicio, aunque hayan pasado los 38
años, se les da oportunidad, si lo solicitan a los dos meses de la
entrada en vigor de la presente ley, para firmar un compromiso hasta
el 31 de diciembre del año 2002, tres años y medio más. En ese plazo
podrán volver a optar, sin límite de edad y sin tener en cuenta los
años de servicio, como digo, por promoción interna, a la
incorporación definitiva y permanente. Para los subtenientes, que era
a lo que se refería, señorías, el grupo parlamentario, con las
aportaciones realizadas por los grupos a que me he referido, ha
dejado perfectamente claro que, para solucionar el grave problema que
existe
de atasco derivado de la aplicación de la ley 17/1989, estos
profesionales, a partir de la entrada en vigor de esta ley, puedan
ascender a teniente con ocasión de vacante o bien ascender a teniente
con ocasión de retiro o retiro voluntario, siempre teniendo en cuenta
que se beneficiarán de los recursos económicos que más les interese,
los de teniente o los de subteniente.
Creo que no hemos podido hilar más fino en estas cuestiones, sobre
todo porque -y termino, señor presidente- en esta ponencia ha habido
un fundamento claro, el de que todos los grupos políticos nos
centremos en la ley, nos centremos en lo que nos une, debatir todo
aquello que nos unía. Porque estas Fuerzas Armadas no pueden ser las
del Partido Popular, ni las del Partido Socialista, ni las de
Convergència i Unió, ni de ningún otro grupo político de la Cámara.
Tienen que ser unas Fuerzas Armadas constitucionales, de todos los
españoles. Y yo creo que con este texto lo hemos conseguido entre
todos.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández de Mesa. (El
señor Alcaraz Ramos pide la palabra.)
Señor Alcaraz, ¿a qué efectos?
El señor ALCARAZ RAMOS: A efectos de contestar a una alusión que ha
hecho el señor portavoz del Grupo Popular, que hemos considerado
insultante hacia mi intervención. Si no le he entendido mal, ha dicho
que se desprendía tanto de mi intervención como de las enmiendas de
mi grupo una voluntad nada menos que de aniquilar a la Iglesia
católica.
El señor PRESIDENTE: No parece que ésa haya sido en modo alguno ni la
expresión ni la intención del señor Fernández de Mesa, con lo cual,
señor Alcaraz, no procede la alusión.
El señor ALCARAZ RAMOS: Deseamos que al menos quede constancia de que
obviamente no es ésa la voluntad de nuestro grupo.
El señor PRESIDENTE: Así quedará constancia en el «Diario de
Sesiones», señor Alcaraz. (El señor Mardones Sevilla pide la
palabra.)
Señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor presidente, quiero mostrar nuestra
conformidad con lo que ha dicho don Arsenio Fernández de Mesa,
retirando, por tanto, la enmienda número 15 y aceptando la
transaccional ofertada por el Grupo Parlamentario Popular. También
tengo que decir que retiramos la enmienda número 52. Y quiero pedirle
que me aclare, porque no le he entendido, su manifestación de que hay
una enmienda transaccional a nuestra enmienda número 29. Tal como ha
leído el texto, lo que se hace es aceptar nuestra citada enmienda,
con los efectos en cadena de
aquellas otras expresiones que se suprimen y que están en otros
artículos. Se trataría no de una transaccional sino de votar la
enmienda número 29, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Nada más, señor presidente, ratificándome en la retirada de la
enmienda número 15, que hace referencia a las potestades del
presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
Brevemente, señor Fernández de Mesa. Estamos alargando en exceso el
debate.
El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: Muchas gracias, señor
presidente.
Me refería a que se acepta la enmienda número 29, de Coalición
Canaria, en la que se pide la supresión de la nominación del cuerpo
militar de Intervención y Auditorías, para que quede exclusivamente
como cuerpo militar de Intervención.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señorías.
- PROYECTO DE LEY DE ADHESIÓN DE ESPAÑA A DIVERSOS ACUERDOS DEL FONDO
MONETARIO INTERNACIONAL (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 14/1998, DE
9 DE OCTUBRE). (Número de expediente 121/000146.)
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate y aclaradas las eventuales
alusiones en la forma debida, pasamos al dictamen de la Comisión
sobre el proyecto de ley de adhesión de España a diversos acuerdos
del Fondo Monetario Internacional, que procede, a su vez, del Real
Decreto-ley número 14, del 9 de octubre de 1998.
Perviven una enmienda del Grupo Federal de Izquierda Unida y otras
dos enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. ¿Desean defenderlas
o mantenerlas? (Pausa.)
Señor Alcaraz, por el Grupo de Izquierda Unida. Les rogaría que
fueran ya abreviando.
El señor ALCARAZ MASATS: Muchas gracias, señor presidente.
Nosotros mantenemos una enmienda que intenta crear una disposición
adicional. Para nosotros es una apuesta legislativa, pero también
política y moral, teniendo en cuenta el destino de las aportaciones
que España da al Fondo Monetario Internacional, que nos parece que
son, teniendo en cuenta la crisis del modelo de globalización y cómo
se está financiado, aportaciones que suponen, a nuestro juicio, un
cierto escándalo monetario. Pretendemos con esta enmienda que, a
partir de la entrada en vigor de esta ley, quede condonada totalmente
la deuda pública con el Estado español de los países afectados por el
huracán Mitch que destinen estos recursos a inversiones en el sector
productivo, sanitario, educativo y habitacional de sus respectivos
países. A nuestro juicio -y es el número 2 de esta posible
disposición adicional- se debe habilitar un crédito extraordinario
por importe de 17.000 millones de pesetas en la Sección 12,
Ministerio de Asuntos Exteriores, organismo 103, Agencia Española de
Cooperación Internacional. Crédito extraordinario que se financiaría
con deuda pública.
Señor presidente, nosotros pensamos que la aportación que hace España
al Fondo Monetario Internacional, de unos 3.000 millones de dólares
-450.000 millones de pesetas-, en última instancia van destinados a
financiar los agujeros que ha producido el sistema financiero de la
estrategia de globalización. Por lo tanto, estamos financiando los
problemas de Brasil, pero no de Brasil en cuanto pueblo, sino los
problemas del sistema financiero, fundamentalmente de los inversores
norteamericanos de Brasil y otros por el estilo. En este sentido, voy
a leer un pasaje brevísimo de un artículo publicado en The Economist
en septiembre de 1998 por Jeffrey Sachs, en absoluto sospechoso de
ningún sesgo izquierdista. En este artículo se dice que el colapso de
los mercado emergentes y sus consecuencias sobre la economía avanzada
tal vez no suponga el fin de la globalización, pero representa sin
duda el fin de una era. Desde la caída milagrosamente pacífica del
comunismo, Washington ha tratado de dirigir entre bastidores la
transición al capitalismo global. América, de mutuo acuerdo con
Europa y Japón, garantizaría la seguridad y buscaría soluciones para
el comercio mundial y la estabilidad regional. El Fondo Monetario
Internacional instalaría los canales financieros para que Rusia,
África, Iberoamérica y el Sureste asiático pudieran regresar a la
economía mundial. Este planteamiento se desmorona rápidamente y,
además, lo estamos financiando con dinero público español, pero no
sólo con dinero público, sino con un fondo de reptiles del Banco de
España. Esos 3.000 millones de dólares no es dinero que proceda de
las arcas presupuestarias, arcas transparentes sobre las que todos
debatimos aquí a lo largo del año, sino un dinero que procede
directamente sin control de esos fondos de reptiles del Banco de
España.
Por lo tanto, señor presidente, para ayudar a Centroamérica, arrasada
por el huracán Mitch, y teniendo en cuenta que estamos tapando los
agujeros de los más ricos, intentaremos también solucionar algunos
problemas de los más pobres.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alcaraz.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Martínez
Sanjuán.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Con gran brevedad, por cuanto que el día 28 de octubre se celebró un
debate importante y quizá bronco por el procedimiento empleado por
parte delGobierno para la convalidación de compromisos inter
nacionales
de España con el Fondo Monetario Internacional y que yo no voy a
reproducir. No obstante, nos ratificamos en aquello que dijo nuestra
portavoz, doña María Teresa Fernández de la Vega, en un tema de gran
trascendencia política como es la competencia del Congreso de los
Diputados para la ratificación o no de compromisos internacionales.
Señor presidente, es verdad que, posiblemente gracias a que se
convalidó aquel real decreto por parte del Congreso de los Diputados,
España ha podido cumplir unos plazos y que de otra forma, si
hubiésemos esperado exclusivamente a la tramitación parlamentaria,
España, que habría tenido que haber dado su visto bueno antes del 29
de enero de este año 1999 para la ratificación de su aportación al
undécimo aumento de recursos del Fondo Monetario Internacional, no
hubiese podido cumplirlos, porque hoy estamos a 18 de febrero y
todavía no está aprobada la ley; es decir, nosotros rechazamos que el
Gobierno tenga que utilizar estos atajos de la convalidación de
reales decretos para temas importantes.
El Grupo Parlamentario Socialista está de acuerdo, lo dije entonces
en Comisión y lo quiero decir aquí ahora, con el contenido
fundamental del real decreto, hoy proyecto de ley, con que España
cumpla sus compromisos internacionales, sobre todo cuando estamos
queriendo aumentar la participación de España en el FMI para ayudar,
para colaborar y para que la economía de los países subdesarrollados,
que atraviesan graves dificultades, puedan tener una vía de alivio y
de mejora de su situación.
Estamos de acuerdo con que España suscriba el undécimo aumento de
recursos del Fondo Monetario, que se adhiera a los nuevos acuerdos
para la obtención de préstamos y que ratifique la cuarta enmienda del
Convenio de Hong-Kong, además de que pueda sumarse, con unos
compromisos de hasta 3.000 millones de dólares, a la mejora del
programa colectivo del FMI y ayude a paliar la crisis financiera,
fundamentalmente de Brasil. Ahora bien, mantenemos dos enmiendas que
son iguales, una al artículo 4º y otra a la exposición de motivos,
referentes a que, cuando el Gobierno decida ejecutar, desarrollar,
impulsar y participar con el crédito de 3.000 millones de dólares en
el Fondo Monetario Internacional, nos enteremos por un real decreto y
no porque se haya reunido y haya llegado a un acuerdo el Consejo de
Ministros. ¿Por qué? Porque queremos que este Parlamento, este grupo
parlamentario y los grupos parlamentarios que están en esta Cámara
conozcan el cuánto, el porqué y el para qué de esta aportación de
3.000 millones de dólares que haría España al FMI para mejorar la
crisis financiera de Brasil. Porque, señor presidente, como decía en
parte el señor Alcaraz, nos preocupa el futuro de la economía de
Brasil, que puede afectar al propio país, a los países de Mercosur y
a países como España, que tiene un grado de internacionalización de
su economía y que está abierta a países de estas características.
También nos preocupa el desarrollo futuro de las medidas que el Fondo
Monetario Internacional puede
desarrollar, concretamente en Brasil. Como decía el subdirector del
Fondo Monetario Internacional en Davos recientemente, Stanley
Fischer, el Fondo Monetario Internacional va a reconsiderar las bases
del programa de ayudas de los 41.500 millones de dólares. Esto, que
se ha reconocido recientemente, hace a mi grupo parlamentario más
fuerte en el mantenimiento de esta enmienda, porque queremos que se
conozca clarísimamente cuándo, para qué y por qué tomará la decisión
el Gobierno de la aportación de los 3.000 millones de dólares.
Por último, señor presidente, quiero fijar muy brevemente la posición
del Grupo Socialista en relación con la enmienda del Grupo de
Izquierda Unida que propone añadir una nueva disposición. Nos vamos a
abstener en la votación de esta enmienda porque que no tiene nada que
ver con el proyecto de ley, sino que guarda relación con la
cooperación y con determinadas circunstancias que han pasado en
Centroamérica debido al huracán Mitch. Pero también quiero decir que
mi grupo, conjuntamente con el resto de los grupos de este Congreso,
el 24 de noviembre aprobó una proposición no de ley que era muy
similar, incluso con cantidades más cuantiosas, para apoyar y ayudar
a los países de Centroamérica. No podemos votar en contra porque no
deseamos decir que no queremos apoyar a los países centramericanos
que han sufrido las consecuencias del huracán Mitch, pero tampoco
creemos que esta enmienda deba ser incorporada a este texto porque no
tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Sanjuán. ¿Algún
otro grupo desea intervenir? (Pausa.)
No se animen, ya he dicho que íbamos a ser breves. Fijación de
posición estricta.
Señor Gómez Rodríguez.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Con toda brevedad, quiero decir que vamos a apoyar este proyecto de
ley, basado en el informe de la ponencia y en el dictamen de la
Comisión de Economía y Hacienda, que atiende los compromisos que
tiene España con el Fondo Monetario Internacional. Vemos con
satisfacción el apoyo a Brasil, país al que nos unen razones
fraternales y también de índole empresarial. Lamentablemente, no
vamos a apoyar la condonación de la deuda de los países afectados por
el huracán Mitch, ya que falta la multilateralidad que existe en el
caso de Brasil, y también vamos a rechazar todo aquello que suponga
agilidad a la hora de la concesión de las ayudas del Gobierno español
al Fondo Monetario Internacional, de acuerdo con lo que se señala en
este proyecto.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez Rodríguez por su
concisión.
Señor Cámara, del Grupo Popular.
El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Muchas gracias, señor
presidente.
Con la misma concisión, quiero decir que mi grupo no va a apoyar las
enmiendas presentadas y que quedan vivas después del debate en
Comisión, de los grupos Socialista e Izquierda Unida. En el caso de
la enmienda presentada por Izquierda Unida, en principio por una
razón casi de la misma naturaleza y con el mismo tipo de discurso que
ha hecho el señor Gómez Rodríguez. En realidad, no acabamos de ver la
utilidad de presentar una enmienda en forma de disposición adicional
para proceder a una condonación total de la deuda con los países
afectados por el huracán Mitch, porque faltando la multilateralidad a
la que se refiere el señor Gómez Rodríguez, se provocaría un efecto,
si se quiere, testimonial, pero no causaría ningún efecto financiero
que beneficiara de forma directa a los países que tienen contraídas
estas deudas. Faltando esa multilateralidad, lo que se haría, sin
más, sería dejar un remanente de deuda por parte de estos países con
respecto a la deuda que se mantiene con España, pero que acrecería
obviamente la deuda que se tiene con otros países que no se
incorporarían del modo automático al que se refería la enmienda
adicional. Por tanto, existe una falta de eficacia material de la
norma y hablando de testimonios, sería un testimonio comprensible, un
testimonio que podemos compartir, pero el Gobierno español ha dado
muestras más que testimoniales de apoyo a medidas para facilitar que
se palíen las graves consecuencias que tuvo el huracán Mitch en los
países de Centroamérica.
Con respecto a la enmienda del Grupo Socialista que trata de elevar
el rango de las decisiones en materia de ampliación de los límites a
los que se refiere el artículo 4º del proyecto, hay otras medidas en
el mismo sentido que funcionarían de forma análoga a las del artículo
4º, tales como la articulación de líneas de crédito, que en este
momento ya está el Ministerio de Economía y Hacienda articulando en
otras materias. El Grupo Socialista no ha interpuesto ningún tipo de
reparos a este tipo de apertura de líneas de crédito y no vemos la
razón por la que se ha de elevar el rango en este caso.
Para acabar, diré que hemos podido intuir que en el discurso final
del Grupo Socialista ha existido cierto arrepentimiento por los
pronunciamientos que hicieron en su día, por cuanto que aunque en la
forma hay una discrepancia importante en el planteamiento de la
cuestión en el Congreso de los Diputados, en el fondo, como se ha
visto, hemos quedado no sólo de acuerdo, sino que el propio Grupo
Socialista ha colaborado a que se perfeccionara el texto, emitido por
el Gobierno en un principio en forma de real decreto, hasta el punto
de que una de sus enmiendas permite ofrecer una seguridad en el
ámbito del Banco de España
que no existía antes de presentar el real decreto y el proyecto de
ley, por lo que creemos que en cierto modo, tácitamente, podemos
entender que ha habido un cambio de posición con respecto a lo que se
hizo en el mes de octubre, aunque el señor Martínez Sanjuán me
indique que no ha habido ninguna forma de arrepentimiento.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cámara.
- PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE AUTORIZA LA PARTICIPACIÓN DE ESPAÑA
EN LA AMPLIACIÓN DEL CAPITAL DEL BANCO EUROPEO DE RECONSTRUCCIÓN Y
DESARROLLO (BERD). (Número de expediente 121/000152.)
El señor PRESIDENTE: Ahora sí, pasamos al proyecto de ley por el que
se autoriza la participación de España en la ampliación del capital
del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo.
El dictamen de la Comisión sobre el mismo no ha tenido ninguna
enmienda. ¿Algún grupo desea fijar su posición? ¿No, verdad? (Pausa.)
¿Sí? ¿La señora Leiva? (Asentimiento.) Con la brevedad que sabe que
marca la hora y el transcurso de los debates. (Pausa.)
Un momento, señor Gómez Rodríguez, enseguida se me anima.
El señor Gómez Rodríguez pide la palabra, pero seguro que promete
hacerlo con la concisión de su intervención anterior; la señora
Leiva, ¡qué barbaridad!, y el Grupo Popular para no ser menos ¿No ve,
señora Leiva? Sus compañeros les enjuiciarán. (Risas) Adelante, señor
Gómez Rodríguez.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Tomo la palabra con toda brevedad para decir que el Grupo de
Coalición Canaria va a apoyar el dictamen de la Comisión, por tanto,
esta ley que trata del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo,
que se constituyó en Londres en 1991 con el fin de impulsar el
proceso de reforma y transformación de los países de Europa central y
oriental y, sobre todo, de aquellos nuevos Estados independientes, la
ex Unión Soviética, creando una institución multilateral en la que
además de los Estado miembros está representado también como socio la
Comunidad Europea.
Apoyamos plenamente esta iniciativa, pero también solicitamos que se
faculte a los ministerios de Asuntos Exteriores y de Economía y
Hacienda para que se dicten cuantas medidas sean precisas para llevar
a cabo esas aportaciones, dirigidas sustancialmente a mantener la
cuota española, esperando que aumente la presencia de las empresas
españolas en la utilización del Banco y también en los órganos
directivos de dicha entidad financiera internacional.
Muchas gracias, señor presidente
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez Rodríguez.
Señor Ríos, don Pedro Antonio, por Izquierda Unida.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Lo que estamos haciendo hoy aquí al votar este proyecto de ley es dar
la autorización a la participación de España en la ampliación de
capital del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. No hemos
presentado enmiendas a este proyecto para que no se nos dijese que
estábamos en contra de ampliar la actuación para la reconstrucción y
el desarrollo, pero nos gustaría hacer alguna precisión.
Antes ha surgido la diferencia que existe entre el FMI y otros
instrumentos de multilateralidad a la hora de actuar. En el Banco
Europeo participan tanto la Unión Europea como el Banco Europeo de
Inversiones y 40 países. Está centrado en identificar proyectos
empresariales en Rusia y en los países del Este. Sin embargo, desde
nuestro punto de vista, no hay seguridad en cuanto al control de la
utilización de estos fondos, que en muchos casos son controlados por
oligarquías locales. Es más, el funcionamiento de los recursos que se
aportan por parte de España al Fondo Monetario Internacional y al
BERD son muy distintos. Mientras en el caso del FMI nuestra
aportación se hace desde el Banco de España -no sabemos de qué
partida ni de qué bloque, pero lo mismo aparecen 100.000 millones que
400.000, que 500.000, antes hemos oído la explicación de 450.000
millones-, en el caso del BERD va metido en los Presupuestos
Generales del Estado como capítulo VIII, que es todo lo relativo a
activos financieros. Nosotros no sabemos por qué no se produce una
revisión de verdad de todos los instrumentos de actuación
multilateral, para ligarlo a la cooperación y al desarrollo de cada
uno de los sitios, ni sabemos por qué todos estos recursos no
obedecen a la misma transparencia presupuestaria. ¿Por qué pueden
aparecer, por arte de birlibirloque, 450.000 millones de pesetas para
actuar ante la situación financiera de Brasil y, sin embargo, tiene
que venir un goteo permanente de proyectos para cada actuación que
pueda hacer este Banco de Desarrollo.
Por tanto, señor presidente, reconociendo que estos instrumentos de
cooperación multilateral necesitan una profunda revisión, no nos
hemos opuesto ni hemos enmendado esta ampliación concreta, pero es
necesario que se profundice en lo que es la canalización de verdad de
los recursos que España suma a esa cooperación con la eficacia y el
control de esos dineros. No vaya a ser que esos dineros estén
sirviendo para actuaciones no claras o no precisas, ni siquiera
ligadas con actuaciones empresariales o industriales en los países
que están en vías de desarrollo, como es en este caso Rusia y los
países del Este.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
Señora Leiva, por el Grupo Socialista.
La señora LEIVA DÍEZ: Señor presidente, siento haber provocado el
debate, pero creo que el Grupo Socialista tiene algo que decir en
este proyecto de ley, que autoriza la participación de España en la
ampliación del capital del Banco Europeo de Reconstrucción
y Desarrollo.
Todos mis antecesores han dicho cómo nació, como surgió, con qué
fines, por tanto no lo voy a repetir, pero según los datos de la
memoria que acompaña el proyecto de ley, el Grupo Socialista tiene
que decir que hay una escasa participación del Gobierno español y una
falta de interés y de coordinación en los organismos internacionales,
y en este caso en el BERD. España todavía no ha cubierto su cupo de
personal adjudicado y el número de españoles en el staff del Banco es
muy reducido. El Gobierno, por tanto, debería hacer un esfuerzo para
que haya más presencia española.
Si nos atenemos al informe económico, se habían aprobado 500
proyectos, con una contribución financiera superior a 12.000 millones
de euros, y como el porcentaje de la participación española en la
ampliación del Banco es del 3,4 por ciento, nos corresponderían,
teniendo en cuenta esta participación, 408 millones de euros y 680
millones de euros de créditos vinculados. De los 500 proyectos que se
han aprobado, corresponderían a España diecisiete. Pues bien, según
la memoria, solamente son seis operaciones españolas -por tanto, la
tercera parte de lo que nos correspondería-, en las que se han
financiado 82 millones de euros. Según el Gobierno, las inversiones
españolas ascienden al 1,7 de los pagos del BERD -por tanto, sería la
mitad de lo que nos correspondería- y, sin embargo, según los datos
que mi grupo tiene, con la contribución financiera del BERD solamente
correspondería el 0,68 por ciento. Por tanto, si tenemos todo esto en
cuenta, las empresas españolas han dejado de disponer de créditos en
el BERD por 326 millones de ecus y de créditos vinculados por 548
millones de ecus. Si se sigue esta tendencia, la ampliación que
estamos aprobando hoy en esta Cámara servirá para financiar las
operaciones de otros países. Preguntamos al Gobierno si es esto lo
que entienden ellos por internacionalización de la empresa española.
Me pueden decir que éste no es lugar para hacer estas críticas, pero
nos parece imprescindible que esto se debata en esta Cámara.
El BERD ha sido empujado desde su origen a que hiciera una gestión de
mercado. Desde la marcha de Attali se ha consolidado un modelo de
gestión caracterizado por la maximización del beneficio como único
referente. El objetivo no ha sido la internacionalización de la
empresa española, sino sacar el máximo beneficio. No han hecho más
que crear fondos de inversión a través de operaciones bursátiles;
inversiones centradas en sectores con altas tasas de retorno y
negocios especulativos más que en sectores de verdadero crecimiento
estructural de los países del Este de Europa.
La consecuencia es que la mayor parte de los citados fondos tienen
unos resultados netos inferiores al 35 por ciento de su valor de
capitalización a precio de mercado,
lo que ha erosionado la situación financiera del BERD. Esto lleva a
que la ampliación de capital no sea un medio para aumentar su
operatividad, sino para salvar la liquidez de la entidad.
A pesar de todo, el Grupo Parlamentario Socialista va a apoyar este
proyecto de ley. El lunes pasado nos visitó en España el primer
vicepresidente de la entidad; estaba preocupado por la actual
situación ya descrita y definió a estos países como los países
emergentes del siglo XXI.
En resumen, mínima presencia española en el staff del Banco y escasa
participación en los proyectos del BERD. Mi grupo -insisto- va a
votar favorablemente para autorizar la participación de España en la
ampliación de capital del BERD, pero tenemos que decirles que, a
veces, desde el Gobierno se dispara con pólvora del rey o, en versión
más actualizada, con los euros del Banco de España.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Leiva.
Señor Albendea, en nombre del Grupo Parlamentario Popular.
El señor ALBENDEA PABÓN: No hubiera yo intervenido si no hubiera sido
porque la portavoz socialista ha pedido la palabra para abrir un
debate sobre un tema que se había tratado en Comisión. Las cuatro
enmiendas que presentó el Grupo Socialista, de carácter técnico, se
incorporaron a la ponencia, luego no parecía que hubiera muchas
razones para esto. Reabierto el debate, no tengo más remedio que
referirme muy brevemente a algunas de las acusaciones que parece que
ha formulado al Gobierno en relación con la actividad del BERD y el
número de funcionarios españoles que están en el staff del Banco.
Quiero recordar que el Banco se creó en 1990, hace nueve años. El
número de funcionarios efectivamente es reducido, pero, de esos nueve
años, el Partido Popular lleva gobernando tres y los seis anteriores
gobernó el Partido Socialista. Luego, en cualquier caso, por lo menos
dos tercios de la responsabilidad de ese escaso número de
funcionarios sería de los gobiernos socialistas y un tercio de este
Gobierno. Además, hay que pensar que el de la constitución del Banco
hubiera sido el momento lógico para crear el staff adecuado, no a
posteriori; no obstante, hay que decir que precisamente en el último
año es cuando se ha incrementado el número de funcionarios españoles.
En cuanto al número de operaciones, es verdad que en los nueve años
que lleva solamente se han aprobado seis operaciones españolas de
inversión, pero ahora mismo hay nueve operaciones en estudio por
parte del BERD y seis operaciones de empresas españolas en
preparación. Es decir, seis en nueve años y quince en el momento
actual. Creo que el resultado de la comparación en cuanto a la
gestión y en cuanto al interés de cada uno de los gobiernos por el
Banco es evidente.
Por otro lado, como sabe muy bien la señora Leiva, la Secretaría de
Estado de Comercio ha promovido unos seminarios para explicar a los
empresarios cuáles son las actividades y posibilidades del BERD. Está
claro que no se había hecho esto anteriormente.
Pienso, señor presidente, que si el Grupo Socialista, en un proyecto
de ley que lo que pretende es mantener la participación de España en
el mismo porcentaje que tenía, abre un debate de esta naturaleza es
que tendrá pocos temas de hondo calado político para ejercer la
oposición.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a S.S. y a todos cuantos han
intervenido en términos tan concisos como era menester.
VOTACIONES:
- DEL PROYECTO DE LEY DE RÉGIMEN DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS.
(Número de expediente 121/000138.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, ocupen sus escaños, van a comenzar las
votaciones sobre diversos puntos derivados del debate de las
enmiendas que se han mantenido y que anuncio que pueden ser
enjundiosas y largas si no comenzamos ya.
Como saben SS.SS., vamos a proceder a las votaciones correspondientes
a los dictámenes de las Comisiones a las distintas iniciativas
legislativas que han sido debatidas y que comienzan por el proyecto
de ley de régimen de personal de las Fuerzas Armadas, en el que
subsisten abundantes y variadas enmiendas, prácticamente de todos los
grupos parlamentarios, con excepción del grupo que sustenta de manera
principal al Gobierno.
Comenzamos por las enmiendas del Grupo Mixto y dentro de él por las
del señor Rodríguez. En primer lugar la enmienda número 8.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
306; a favor, 13; en contra, 157; abstenciones, 136.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 8.
Votamos las números 11 y 68.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
306; a favor, 145; en contra, 158; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Votamos la enmienda número 12.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
305; a favor, 24; en contra, 158; abstenciones, 123.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Votamos las restantes enmiendas del señor Rodríguez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, 24; en contra, 280; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas del señor
Rodríguez.
Votamos las enmiendas de la señora Rivadulla, dentro del Grupo Mixto,
números 155 a 158; 175 a 177 y 180.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, 11; en contra, 279; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas 154 a 163; 170, 183, 167 y 169.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
306; a favor, 25; en contra, 156; abstenciones, 125.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 159, 160, 173, 174, 179, 182 y 178, de la señora
Rivadulla.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
305; a favor, 146; en contra, 157; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas de la señora Rivadulla.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
306; a favor, 24; en contra, 278; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las restantes enmiendas de la
señora Rivadulla y con ellas todas las enmiendas del Grupo Mixto,
pasando ahora a las de Coalición Canaria, comenzando por la número
29.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
304; a favor, 303; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmiendas números 50, 51 y 66 de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, 10; en contra, 280; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 37, 38, 48 y 61 de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, siete; en contra, 300.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 54 de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, 25; en contra, 159; abstenciones, 123.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda transaccional a la 60.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, 288; abstenciones, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Transaccional a la enmienda número 15.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, 290; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Restantes enmiendas de Coalición Canaria que permanecen vivas,
advirtiendo que la 52 ha sido retirada.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, 23; en contra, 279; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a las del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV). En primer
lugar, las enmiendas 87 a 91, 93, 101 y 102.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, 26; en contra, 279; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 71 y 104.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
305; a favor, 149; en contra, 156.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas que permanecen vivas del Grupo Vasco (PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
306; a favor, 27; en contra, 279.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a las enmiendas del Grupo Federal de Izquierda Unida,
comenzando por las números 270, 278, 284, 288, 290 y 292.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, 149; en contra, 157; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a las enmiendas números 255, 277, 279, 281 y 283 del Grupo de
Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, 25; en contra, 155; abstenciones, 127.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las referidas enmiendas.
Restantes enmiendas del Grupo de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
308; a favor, 26; en contra, 281; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a las enmiendas del Grupo Socialista. En primer lugar, la
transaccional a las número 307 y 309.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
308; a favor, 291; en contra, uno; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la transaccional a las citadas
enmiendas.
Enmienda número 348.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, 130; en contra, 156; abstenciones, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmiendas número 295, 310, 313, 314, 315, 328, 340, 349 a 352, 370 y
374.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
308; a favor, 131; en contra, 169; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda 384.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, 130; en contra, 174; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Transanccional a la 347.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
308; a favor, 307; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la transaccional a la 347.
Restantes enmiendas del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
308; a favor, 152; en contra, 155; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votaciones correspondientes al dictamen. En primer lugar, el artículo
2, apartado 1; el artículo 10, apartado 3; los artículos 19, 48, 63,
130 y la exposición de motivos en su apartado octavo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
308; a favor, 159; en contra, 19; abstenciones, 130.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Artículo 13, apartado 4; artículos 18, 21, 43, 55, 64; 66, apartado
5; 92, 116, 122 a 126, 141, 145; disposiciones adicionales segunda,
quinta, décima y las transitorias segunda, quinta y decimoctava.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, 157; en contra, 146; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los referidos artículos y
disposiciones.
Resto del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
306; a favor, 279; en contra, 16; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los restantes artículos y
disposiciones del dictamen.
- DEL PROYECTO DE LEY DE ADHESIÓN DE ESPAÑA A DIVERSOS ACUERDOS DEL
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL. PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 14/
1998, DE 9 DE OCTUBRE. (Número de expediente 121/000146.)
El señor PRESIDENTE: Concluida la votación del proyecto de ley de
régimen del personal de las Fuerzas Armadas, pasamos al proyecto de
ley de adhesión de España a diversos acuerdos del Fondo Monetario
Internacional, que procede a su vez del Decreto-ley número 14 del año
1998.
En primer lugar, sometemos a votación la enmienda que pervive de
Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
308; a favor, 16; en contra, 168; abstenciones, 124.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda de Izquierda Unida.
Perviven, a su vez, dos enmiendas del Grupo Socialista, que se
someten a votación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
308; a favor, 127; en contra, 165; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación del dictamen correspondiente al proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
308; a favor, 290; en contra, 13; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
- DEL PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE AUTORIZA LA PARTICIPACIÓN DE
ESPAÑA EN LA AMPLIACIÓN DEL CAPITAL DEL BANCO EUROPEO DE
RECONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO. (Número de expediente 121/000152.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al proyecto de ley por el que se
autoriza la participación de España en la ampliación del capital del
Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. Al no tener enmiendas,
vamos a votar directamente el dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
308; a favor, 307; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen y con ello concluido
el orden del día.
Se levanta la sesión.
Eran las doce y veinte minutos del mediodía.