Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 212, de 16/02/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 1999 VI Legislatura Núm. 212
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 204
celebrada el martes, 16 de febrero de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, relativa a la
reducción de la edad de jubilación y a la utilización del contrato de
relevo. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, núm. 250-1, de 30
de noviembre de 1998 (número de expediente 122/000221) . . .
(Página 11359)
- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre concesión del subsidio de
desempleo y de garantías de integración sociolaboral para los
delincuentes toxicómanos que hayan visto suspendida la ejecución de
su pena de conformidad con lo previsto en el Código Penal. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie B, núm. 216-1, de 28 de julio de
1998 (número de expediente 122/000189) . . . (Página 11365)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de concesión
del subsidio de desempleo y de garantías de integración sociolaboral
para los delincuentes toxicómanos que hayan visto remitida la
ejecución de su pena de conformidad con lo previsto en la legislación
penal. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie B, núm. 239-1, de 16 de noviembre
de 1998 (número de expediente 122/000211) . . . (Página 11365)
Proposiciones no de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, relativa a la
realización de un debate sobre el estado de la Unión Europea, una vez
concluya el proceso de la Agenda 2000, y a la continuación
de la realización de dicho debate anualmente. «BOCG. Congreso de
los Diputados», serie D, núm. 365, de 29 de diciembre de 1998 (número
de expediente 162/000315) . . . (Página 11370)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre
medidas para afrontar la reforma de la justicia. «BOCG. Congreso de
los Diputados», serie D, núm. 343, de 17 de noviembre de 1998 (número
de expediente 162/000295) . . . (Página 11377)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre política del Gobierno en
desarrollo y cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas
sobre los Derechos del Niño, especialmente en sus aspectos sanitarios
y asistenciales (número de expediente 173/000117) . . . (Página 11388)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas
de todo tipo que piensa adoptar el Gobierno para solucionar los
problemas derivados de la contaminación sufrida por diversos
pacientes por el hongo Aspergillus (número de expediente 173/000118)
. . . (Página 11396)
- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre política del Gobierno en
la Unión Europea y los objetivos a alcanzar en la negociación en
curso sobre la Agenda 2000 (número de expediente 173/000119) . . .
(Página 11403)
S U M A R I O
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley . . . (Página 11359)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, relativa a la
reducción de la edad de jubilación y a la utilización del contrato de
relevo . . . (Página 11359)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley, en nombre
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el señor Vaquero
del Pozo. Considera que se avecina una desaceleración del crecimiento
económico y que el anterior ministro de Trabajo se ha salvado de la
quema de los datos adversos, pues este año será peor que el anterior
y mucho mejor que los próximos venideros, cuando la crisis bursátil
haya recalado de forma más efectiva en nuestra economía y cuando el
señor Schröder haya conseguido acabar con buena parte de la cohesión
europea, por lo que no será posible reducir este año el paro al 15
por ciento como se pretendía. Afirma que, por principio, hay que
mirar el crecimiento del empleo desde lo que queda de paro y no desde
el triunfalismo de lo que se haya conseguido, porque no es cuestión
de pesimismo o de estrategia de la oposición, sino de
respeto hacia los ciudadanos, y sobre todo a los parados, y de
lealtad ante los electores que quieren que se les solucionen los
problemas. Reconoce que se están acometiendo políticas activas, pero
éstas no sólo no reducen el paro de manera significativa, sino que
una buena parte del empleo que se genera es de baja calidad, con
salarios basura, contratos a tiempo parcial, con jornadas
incontroladas, a veces con ritmosextenuantes de trabajo y con peligro
mortal para la salud y seguridad
de los trabajadores, como por ejemplo sucede con las empresas de
trabajo temporal. Desde Izquierda Unida no se cansan de decir que
para crear empleo hay que tener voluntad de crearlo y hacerlo con
todos los instrumentos que se tienen a mano, empezando por el sector
público, del que el Grupo Popular no quiere ni oir hablar. Por todo
ello su grupo trae a la consideración de la Cámara una proposición de
ley que consiste en adelantar la edad de jubilación a los sesenta
años, tanto la contributiva como la no contributiva y la forzosa de
los funcionarios y, mediante acuerdo con los sindicatos, por parte de
los trabajadores y de los empresarios, la posibilidad de adelantarla
a los cincuenta y cinco años. Adelantándose a la posible contestación
a su propuesta en el sentido de que no hay dinero y de que se trata
de un problema de financiación y racionalidad, pregunta si no sería
posible, calculadora en mano, hacerlo con el billón de pesetas anual
que se va a pagar a las eléctricas y el medio billón de pesetas que
se van a destinar a potenciar el empleo indefinido mediante la
reducción de las cotizaciones sociales. Aconseja al partido que
gobierna que reorganicen las finanzas públicas y que se gasten el
dinero en las necesidades sociales y no en contentar
a los que representan. Por otra parte, asegura que es el trabajador
mismo quien financia el adelanto de la edad de jubilación, puesto que
deja de percibir parte de su pensión cuando llega a la edad legal de
jubilación. Por tanto no se trata de innovar nada sino de profundizar
y racionalizar una dinámica ya existente y de invertirla haciéndola
más social y más favorable para los trabajadores. Recuerda los
precedentes existentes en las comunidades autónomas como País Vasco y
Andalucía y termina su intervención manifestando que la toma en
consideración de su proposición de ley no significa que se esté de
acuerdo en todos sus términos, sino simplemente que se quiera entrar
a debatir el tema, modificando los aspectos que se crean
convenientes.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Peralta
Ortega y Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario
Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria; Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió); la señora Romero López, del Grupo Socialista
del Congreso, y el señor Camps Devesa, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, relativa a la
reducción de la edad de jubilación y a la utilización del contrato de
relevo, se rechaza por 13 votos a favor y 275 en contra.
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre concesión del subsidio de
desempleo y de garantías de integración sociolaboral para los
delincuentes toxicómanos que hayan visto suspendida la ejecución de
su pena de conformidad con lo previsto en el Código Penal . . .
(Página 11365)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de concesión del
subsidio de desempleo y de garantías de integración sociolaboral para
los delincuentes toxicómanos que hayan visto remitida la ejecución de
su pena de conformidad con lo previsto en la legislación penal . . .
(Página 11365)
En nombre del Grupo Socialista del Congreso, defiende la toma en
consideración de su proposición de ley la señora Calleja de Pablo. En
primer lugar manifiesta su satisfacción porque su primera
intervención ante el Pleno de la Cámara como portavoz socialista en
materia de drogas sea para defender una proposición de ley
encaminada a la protección de un colectivo social especialmente
necesitado de atención por parte de los poderes públicos. Se trata de
extender el subsidio de desempleo a las personas que hubiesen
concluido un tratamiento de deshabituación de su drogodependencia,
siempre que el mismo hubiera durado un período superior a seis meses
y su pena privativa de libertad hubiera remitido en aplicación de lo
previsto en el Código Penal. Propone su articulación a través de un
sistema de becas e incentivos que permita, en su caso, sustituir el
subsidio, porque no sólo se trata de extender a este colectivo los
beneficios de una política de redistribución de rentas, sino de que
se vincule esa política redistributiva a una mayor garantía de
reinserción social que proporciona la participación en acciones
específicas de promoción, formación o reconversión profesional.
Recuerda que una iniciativa parecida a esta proposición de ley la
hicieron en el Congreso y en el Senado a través de las enmiendas
presentadas a la ley de medidas fiscales, administrativas y de orden
social, que fueron rechazadas con el argumento de que el subsidio
venía concediéndose en virtud de la interpretación que el organismo
gestor hacía en el sentido de considerar equivalentes los términos
prisión y centros de rehabilitación y por considerarse
suficientemente cubierta la prestación de formación que el Inem
ofrecía a drogodependientes como consecuencia del convenio suscrito
entre ese organismo y el Ministerio del Interior. Sin embargo, su
grupo opina que ninguna de ambas circunstancias cubre
suficientemente, ni en términos conceptuales ni en términos
cuantitativos, la protección que hoy proponen. Desarrolla los
argumentos de su proposición de ley y confía haber sabido trasladar
a la Cámara los imperativos de profunda justicia social que la hacen
necesaria.
Para defender la toma en consideración de la proposición de ley que
sobre el mismo tema presenta el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida interviene el señor Vaquero del Pozo. Manifiesta, en
primer lugar, que su intervención será breve, puesto que muchas de
las razones que avalan la iniciativa de su grupo ya han sido
expuestas por la Diputada Socialista. Considera que toda política
sobre drogas debe estar basada siempre en el principio de que, amén
de reprimir el negocio que significa el tráfico, hay que intentar
tratar a los drogodependientes como enfermos físicos y psicosociales,
planteándose su incorporación social Añade que para que el proceso
determinado en la reforma del Código Penal en este sentido tenga
virtualidad social es necesario que se modifiqueel artículo 215 del
texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobado por el Real Decreto-legislativo 1/1994, de 20 de
junio, en el sentido de que, además de reconocer como beneficiarios
del subsidio de desempleo a los liberados de prisión que no tengan
derecho a la prestación por desempleo y hayan tenido penas mayores de
seis meses, así como a los que menciona la Ley 67/1997, de 30 de
diciembre,
de acompañamiento a la de Presupuestos Generales del Estado para
1999, se amplíe la cobertura a los toxicómanos delincuentes que hayan
visto suspendida la ejecución de su pena y hayan concluido a lo largo
de un período superior a los seis meses el tratamiento de
deshabituación de su drogodependencia, recibiendo además una atención
específica en políticas activas de empleo acordes con el objetivo de
la recuperación y la integración social mediante becas e incentivos
que, en su caso, puedan sustituir el subsidio, y participar en
acciones específicas de promoción, de formación o de reconversión
profesional que determinen aquellos organismos públicos de empleo o
la entidades asociadas de los servicios integrados de empleo.
Considera que la proposición se defiende por sí sola y está seguro
que va a recibir la acogida favorable de la Cámara.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vázquez
Vázquez (don Guillerme) y Peralta Ortega, del Grupo Parlamentario
Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria; Caballero Basañez, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV);
Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y la señora Cava de Llano y Carrió, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Socialista del Congreso, sobre concesión del subsidio de
desempleo y de garantías de integración sociolaboral para los
delincuentes toxicómanos que hayan visto suspendida la ejecución de
su pena de conformidad con lo previsto en el Código Penal, se aprueba
por 293 votos a favor y una abstención.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de concesión del
subsidio de desempleo y de garantías de integración sociolaboral para
los delincuentes toxicómanos que hayan visto remitida la ejecución de
su pena de conformidad con lo previsto en la legislación penal, se
aprueba por 290 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones.
Proposiciones no de ley . . . (Página 11370)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, relativa a la
realización de un debate sobre el estado de la Unión Europea, una vez
concluya el proceso de la Agenda 2000, y a la continuación de la
realización de dicho debate anualmente . . . (Página 11370)
Presenta la proposición no de ley, en nombre del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, el señor Anguita González. Manifiesta que
su proposición no de ley se fundamenta en la petición de un debate
anual sobre el estado de la Unión Europea a imagen y semejanza del
debate anual que se hace en la Cámara sobre el estado de la nación.
Confía en que su propuesta recibirá el apoyo unánime de la Cámara,
porque ésta viene a desarrollar las facultades y competencias propias
del Parlamento español, desarrollando a continuación las seis razones
en que basa su proposición no de ley. Concluye diciendo que ésta es
una ocasión de oro para hacer una reflexión, a tenor del artículo 93
de la Constitución, sobre lo que hace Europa con lo que España le ha
cedido, no la titularidad, sino el desarrollo de una competencia.
En defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley
intervienen los señores Peralta Ortega y Rodríguez Sánchez, del Grupo
Parlamentario Mixto.
Intervienen en el debate los señores Guardans i Cambó, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Martinón Cejas, del
Grupo Socialista del Congreso, y Martínez Casañ, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Para fijar su posición en relación con las enmiendas presentadas a la
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida interviene el señor Anguita González.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, relativa a la realización de un debate
sobre el estado de la Unión Europea, una vez concluya el proceso de
la Agenda 2000, y a la continuación de la realización de dicho debate
anualmente, en los términos resultantes de la aceptación, por
adición, de las enmiendas presentadas, se rechaza por 144 votos a
favor, y 154 en contra.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas
para afrontar la reforma de la justicia . . . (Página 11377)
Presenta la proposición no de ley, en nombre del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), el señor Silva Sánchez. Confiesa que
su grupo, desde el inicio de la legislatura, ha buscado provocar un
gran debate sobre la reforma global de la justicia y así lo
manifestaron en la primera comparecencia que la señora ministra de
Justicia realizó ante la Comisión de Justicia e Interior, dando
prioridad a la justicia como servicio público y no como poder
judicial, cuya titularidad ostentan los jueces y los tribunales,
porque sin un servicio público de la justicia eficaz de poco valen
las declaraciones de derechos que contiene la propia Constitución y
las leyes que la desarrollan. Aclara que no fue su objetivo en
aquella primera comparecencia de la señora ministra, ni lo es ahora,
efectuar juicio o reprobaciones sobre el comportamiento del actual
Ministerio de Justicia o los anteriores, sino que lo que lo que
pretenden es buscar un consenso para efectuar la reforma global de la
justicia de cara al futuro. Explica que dicha reforma global debe
abordar reformas funcionales, orgánicas, procesales y el compromiso
económico ineludible con la justicia, y pasa a desarrollar el
contenido de la proposición no de ley presentada por su grupo.
Agradece las enmiendas presentadas por otros grupos y ofrece una
propuesta de transacción que ha repartido a los portavoces de los
diferentes grupos parlamentarios.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores
Castellano Cardalliaguet, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida; Jover Presa, del Grupo Socialista del congreso;
Rodríguez Sánchez y la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo
Parlamentario Mixto, y el señor Ollero Tassara, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y la señora
Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas para afrontar la reforma
de la justicia en los términos resultantes de la aceptación de la
transaccional, se aprueba por 298 votos a favor y uno en contra.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes . . . (Página 11388)
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre política del Gobierno en
desarrollo y cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas
sobre los derechos del niño, especialmente en sus aspectos sanitarios
y asistenciales . . . (Página 11388)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente la señora
Almeida Castro, del Grupo Parlamentario Mixto. Manifiesta que la idea
de presentar la interpelación de la semana pasada surgió a partir de
los problemas que se plantearon en relación
con la asistencia sanitaria a los menores inmigrantes, pero
haciendo más hincapié en el conjunto de los derechos reconocidos en
la Convención de los derechos del niño, para ver si con esta
iniciativa y otras que vendrán después se consigue aprobar en el
presupuesto del año 2000 una serie de medidas encaminadas a la
protección total de los inmigrantes y otras mucho más generales sobre
la Ley de Extranjería. Añade que la moción que hoy presentan va
dirigida a conseguir una asistencia sanitaria concreta, como es la
psiquiatría infantil o la protección a las madres gestantes, a
priorizar la necesidad de dotar de viviendas dignas a las familias
inmigrantes, especialmente las que tengan hijos menores, a la
escolarización de todos los inmigrantes, fundamentalmente menores de
16 años, a la prestación de toda una serie de servicios sociales
existentes en España y a los que no tiene derecho este colectivo, a
la formación profesional y ocupacional de la población inmigrante,
evitando su explotación, y a la integración laboral de estas
personas. Reconoce que la moción puede resultar un tanto confusa
porque aunque se refiere en primer lugar a los inmigrantes menores,
también afecta a otros sectores, y pasa a fijar su posición con
respecto a las enmiendas presentadas por otros grupos, mostrando su
pesar por no haber tenido tiempo suficiente para lograr un consenso
en aras de conseguir un texto que luego pudiera ser desarrollado a
través de medidas y leyes concretas.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora
Fernández Sanz, del Grupo Socialista del Congreso; y los señores Gil
Melgarejo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y
Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Gómez
Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Caballero
Basañez, del GrupoParlamentario Vasco (EAJ-PNV), y la señora Maestro
Martín, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Para indicar la aceptación o denegación de las enmiendas presentadas
a la moción, interviene la señora Almeida Castro.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
presenta por el Grupo Mixto, señora Almeida, sobre política del
Gobierno en desarrollo y cumplimiento de la Convención de Naciones
Unidas sobre los derechos del niño, especialmente en sus aspectos
sanitarios y asistenciales, en los términos resultantes del debate,
se rechaza por 125 votos afavor, 154 en contra y 13 abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas de
todo tipo que piensa adoptar el Gobierno para solucionar los
problemas derivados de la contaminación sufrida por diversos
pacientes por el hongo Aspergillus . . . (Página 11396)
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida presenta
la moción consecuencia de interpelación urgente la señora Maestro
Martín. Manifiesta que en la interpelación de la semana pasada
planteada por su grupo sobre los hechos que produjeron la muerte de
diferentes pacientes operados en los quirófanos de un servicio
concreto, gestionado por la Ley de Sociedades Anónimas, se pusieron
de manifiesto los factores que pudieran estar concurriendo, más allá
del hecho biológico en sí y del peligro de contaminación por el hongo
'Aspergillus' u otros microorganismos que pueden estar presentes en
lugares de riesgo como los quirófanos. Añade que tras un análisis de
la Ley General de Sanidad, que va a cumplir trece años, se puede
hacer ya un balance de en qué medida las transferencias atribuidas a
las comunidades autónomas y las competencias que retiene para sí el
Estado son formas de ordenación de la autoridad y de los servicios
sanitarios que permiten adecuar en mayor medida los mismos a las
diversidades y a las peculiaridades de las nacionalidades y regiones
de nuestro país, o en qué medida pudieran estar repercutiendo en la
existencia de desigualdades, de insuficiencias y de desregulación de
las propias competencias administrativas. Explica que la moción de su
grupo persigue que la opinión pública, las autoridades sanitarias y,
desde luego, este Parlamento cuenten en un plazo razonable con una
información que permita establecer un balance de calidad de la
atención de los servicios sanitarios basado en la auditoría clínica.
Pasa a exponer una serie de datos sobre la adecuación de los
diagnósticos y los tratamientos y la difícil búsqueda de la eficacia
económica, pero aun reconociendo las competencias de las comunidades
autónomas en materia sanitaria, considera indiscutible que el Estado
debe mantener en última instancia la competencia y la autoridad, a
través de la figura de la alta inspección, para garantizar que las
funciones transmitidas a las comunidades autónomas se ejercitan y se
practican de acuerdo a las garantías de calidad, de eficacia y de
seguridad que la Constitución y la legislación básica contemplan. Por
último solicita el voto favorable de los grupos parlamentarios para
su moción, que plantea la adopción de medidas de seguridad
elementales y básicas para garantizar que, independientemente de la
opinión sobre la fragmentación del sistema sanitario que se introduce
con las nuevas formas de gestión, el objetivo fundamental de la
calidad pudiera estar preservado.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Socialista del
Congreso interviene el señor Corominas i Busqueta.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vázquez
Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario Mixto; Gómez
Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Caballero
Basañez, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Riera i
Ben, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y el
señor Alcalde Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Para manifestar la aceptación o rechazo de la enmienda interviene la
señora Maestro Martín.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas de
todo tipo que piensa adoptar el Gobierno para solucionar los
problemas derivados de la contaminación sufrida por diversos
pacientes por el hongo 'Aspergillus', se rechaza por 13 votos a
favor, 157 en contra y 119 abstenciones.
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre política del Gobierno en la
Unión Europea y los objetivos a alcanzar en la negociación en curso
sobre la Agenda 2000 . . . (Página 11403)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor
Costa Costa, en nombre del Grupo Socialista del Congreso. Comienza su
intervención refiriéndose a unas palabras que pronunció el señor
ministro de Asuntos Exteriores en el debate de la interpelación
presentada la semana pasada en el sentido de que el Gobierno no puede
estar constreñido por una serie de condicionantes que debilitan la
posición de España ante la negociación de la denominada Agenda 2000,
es decir el futuro financiero de la Unión Europea. Entiende que el
Gobierno no quiere el acuerdo de la Cámara para esta negociación,
y la posición del Grupo Socialista de responsabilidad, moderación y
consenso, defendiendo el interés general de España en las políticas
de la Unión Europea, se ve defraudada una y otra vez por la
incomprensión e incapacidad del Gobierno para realizar políticas de
consenso en materias de Estado. Hace una serie de preguntas sobre por
qué el Gobierno no responde a ninguna de sus preguntas ni acepta
ninguna de sus propuestas, y opina que se está intentando esconder a
la opinión pública lo que de verdad se está debatiendo, los intereses
que están en juego en la negociación en curso sobre el futuro de la
Unión Europea. Su grupo plantea que existan los recursos suficientes
en la futura financiación de la
Unión Europea y que el límite del gasto del 1,27 por ciento del
producto interior bruto comunitario no sea un techo rígido, sino que
pueda modificarse en función de nuevos escenarios económicos o de un
mayor coste de las reformas de las políticas europeas o de la
ampliación al Este. Pasa a explicar detalladamente el contenido de su
moción y afirma que el Gobierno y el Grupo Popular, al no aceptar la
moción de su grupo, no están eludiendo su responsabilidad ante los
ciudadanos, sino que tendrán que responder ante éstos después de la
cumbre extraordinaria del mes de marzo.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida interviene el señor Centella Gómez.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Lasagabaster
Olazábal y el señor Peralta Ortega, del Grupo Parlamentario Mixto; y
los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria, y Martínez Casañ, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Sometido a votación, en primer lugar, el punto 1 a) de la moción del
Grupo Socialista sobre política del Gobierno en la Unión Europea y
objetivos a alcanzar en la negociación en curso sobre la Agenda 2000,
se rechaza por 115 votos a favor, 150 en contra y 10 abstenciones.
Sometido a votación en segundo lugar el punto 1 b) y f), se rechaza
por 113 votos a favor, 160 en contra y dos abstenciones.
Sometida a votación finalmente el resto de la moción, se rechaza por
123 votos a favor, 151 en contra y una abstención.
Se suspende la sesión a las diez y veinte minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, RELATIVA A LA
REDUCCIÓN DE LA EDAD DE JUBILACIÓN Y A LA UTILIZACIÓN DEL CONTRATO DE
RELEVO (Número de expediente 122/000221).
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Punto I del orden del día: Debates sobre la toma en consideración de
las proposiciones de ley, de las que figura la primera la del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, relativa a la reducción de
la edad de jubilación y a la utilización del contrato de relevo.
Para la presentación de la iniciativa ante el Pleno, tiene la palabra
el señor Vaquero, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida.
El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias señor presidente.
Señorías, gracias por su silencio y por su amable atención, que
espero no sea debida a la escasa concurrencia.
Estrenamos ministro de Trabajo, al que ya hemos tenido ocasión de dar
la enhorabuena, aunque de forma agridulce y condicionada, pues, según
le decíamos esta misma mañana, anuncian los expertos, incluidos los
del Banco de España, que se aproxima una cierta desaceleración del
crecimiento económico por culpa de la demanda externa y por tanto, ya
se sabe, del crecimiento del empleo que, a pesar de que algunos se
ufanen en presentar ese 0,9 de elasticidad en la relación crecimiento
del producto interior bruto-crecimiento del empleo, no crece al mismo
ritmo que la economía.
Arenas, por tanto, se ha salvado de la quema de los datos adversos,
pues este año será peor que el anterior y mucho mejor que los
próximos venideros, cuando la crisis bursátil, afincada en base al
descontrol especulativo financiero, haya recalado de forma más
efectiva en nuestra economía y cuando, Dios no lo quiera, Schröder
haya conseguido acabar con buena parte de la cohesión europea.
Incluso ustedes mismos, el Gobierno del Partido Popular, por boca del
vicepresidente, señor Rato, empiezan a aceptar ya ese dato
incontrovertible de la desaceleración y saben que no será posible
reducir este año el paro al 15 por ciento que pretendían.
Las cifras de paro son las que son. Cuando se afirma por los
responsables de crear empleo que se ha reducido el paro, según el
artículo 40.1 de la Constitución desde el Gobierno deberían sentir un
poco de rubor, pues habría que mirar a esos 2,8 millones de españoles
y españolas que no encuentran un lugar al sol en nuestra sociedad, es
decir un puesto de trabajo.
Por principio, señorías, hay que mirar el crecimiento del empleo
desde lo que queda del paro y no desde el triunfalismo de lo que
hayamos conseguido. No es cuestión de pesimismo ni de estrategia de
quien está en la oposición, no es una cuestión de juego
parlamentario; es cuestión de vergüenza, de respeto a los ciudadanos
y sobre todo a los parados, de lealtad ante los electores que nos han
puesto en esta Cámara de representantes de la voluntad popular, a
unos ciertamente más que a otros, no para que nos autocomplazcamos
sino para que resolvamos de una vez por todas sus problemas más
acuciantes y entre ellos el número uno, que es el problema del paro.
Claro que se están haciendo cosas, las famosas políticas activas,
pero con ellas no sólo no se reduce el paro de forma suficientemente
significativa, sino que una buena parte del empleo que se genera es
un empleo de baja calidad, con salarios basura o demediados, y se
pretende potenciar contratos a tiempo parcial, con jornadas
incontroladas de vaya usted a saber cuántas y qué horas, a veces con
ritmos extenuantes de trabajo y con peligro mortal para la salud y
seguridad de los trabajadores. Este es el hecho significativo a
destacar hoy, ése es el significado, por ejemplo de las empresas de
trabajo temporal, de los contratos a tiempo parcial que ya he citado,
etcétera, y pese al esfuerzo que todos los contribuyentes estamos
haciendo para potenciar el empleo indefinido, el fracaso de esta
política es ya clamoroso: 92,3 de cada 100 contratos son y siguen
siendo precarios. Salvo el acuerdo de contratación a tiempo parcial,
el resto de las políticas activas no tiene por objeto crear empleo,
sino más bien potenciar el empleo de los trabajadores a través de la
formación.
Desde Izquierda Unida no nos cansaremos de insistir en que para crear
empleo hay que tener voluntad de crearlo, y hacerlo con todos los
instrumentos que se tienen a mano, empezando por el sector público
del que ustedes, dogmáticos, no quieren oír ni hablar, salvo para dar
dinero a aquellos empresarios que, por cierto, tienen la obligación
de crear empleo sin necesidad de que se les acumule en sus arcas el
dinero público.
Hoy traemos una proposición de ley que consiste en adelantar la edad
de jubilación a los 60 años, tanto la contributiva como la no
contributiva y la forzosa de los funcionarios, y mediante acuerdo con
los sindicatos, por parte de los trabajadores y los empresarios, la
posibilidad de adelantarla a los 55 años. Ustedes podrían decir,
espero que no lo digan, que qué barbaridad, que no hay dinero para
eso, que es un problema de financiación y racionalidad, que ello
puede encarecer los costes laborales indirectos mediante un
incremento de las cotizaciones en la Seguridad Social. Sin embargo,
no tienen la misma vara de medir cuando entregan, por ejemplo, 1,3
billones de pesetas al sector de la energía y cuando se gastan casi
medio billón anual en potenciar una calidad del empleo mediante la
reducción de las cotizaciones sociales, respecto a las que, en
definitiva, el problema no es sólo que no vayan a aumentar, sino que
ya todos los empresarios se están acostumbrando a pagar unas
cotizaciones más reducidas, es decir, están reduciéndose por la
puerta falsa. ¿Era eso lo que quería la recomendación número ocho del
Pacto de Toledo? Sinceramente, creo que no ¿Hay o no hay dinero para
financiar esta proposición de ley que Izquierda Unida trae esta tarde
aquí? Sí, lo hay. Calculen ustedes, no lo voy a hacer yo, cuántos
cientos de miles de contratos de relevo de los que planteamos aquí
-si tiene una calculadora, le ruego lo haga, señor Camps- se podrían
hacer con ese billón anual que van a pagar a las eléctricas y al
empleo llamado indefinido que, por cierto, ha fracasado como pacto y
como acuerdo. Reorganicen sus finanzas públicas,
gástense el dinero en las prioridades sociales y no en contentar
a los que ustedes representan. Demuestren que son de centro y no de
derechas de toda la vida, que obras son amores y no congresos de
marketing preelectoral. De hecho, ya se están realizando estas
políticas que proponemos hoy en la proposición de ley, pues como
ustedes sabrán la media de la edad de jubilación en España no es de
65 años, sino de unos 63 y quizá no llegue porque múltiples
colectivos son objeto de expedientes de regulación de empleo o
lifting empresarial consistente en adelgazar la plantilla por la vía
de la reducción anticipada. Sólo hay medio millón de trabajadores de
más de 55 años, es decir, el 15 por ciento de la población de entre
los 55 y los 64 años o, si se quiere, el 34 por ciento de los
activos. ¿Quién financia este adelanto de la edad de jubilación? En
parte el trabajador mismo, que deja de percibir parte de su pensión
cuando llega la edad legal de jubilación si no se ha previsto por la
vía de la compr, de la pensión de la que algunos intermediarios son
especialistas. En general, esta realidad del adelanto de la edad de
jubilación se carga de nuevo en la espalda de los trabajadores. Se
trata no tanto de innovar nada -nuestra proposición de ley no
pretende innovar-, sino de profundizar y racionalizar una dinámica ya
existente y de invertirla haciéndola más social, más a favor de los
trabajadores.
Además, hay precedentes de las comunidades autónomas. Les traigo aquí
el acuerdo del Gobierno vasco y de los sindicatos de Euskadi de fecha
22 de diciembre de 1998 y el más reciente de Andalucía donde se
establecen la posibilidades de renovación y sustitución de las
plantillas mediante el mecanismo de las prejubilaciones y contratos
de relevo correspondientes. Claro está, estos mecanismos de
solidaridad social se quedan cojos si no se regula un marco legal
estatal.
El señor PRESIDENTE: Señor Vaquero, vaya terminando, por favor.
El señor VAQUERO DEL POZO: Acabo enseguida, señor presidente.
Decía que estos mecanismos de solidaridad social se quedan cojos si
no se regula un marco legal estatal en el que se recoja la garantía
homogénea para todo este tipo de experiencias mediante la
modificación de los artículos 161 y 167 del Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social y el artículo 33 de la Ley 30/1984, de
medidas urgentes para la reforma de la función pública, adelantando
la edad de jubilación obligatoria a los 60 años, como proponemos en
la proposición de ley.
Señorías, acabo. Al presentar esta proposición de ley, Izquierda
Unida propone una medida más entre las muchas que establece su plan
de empleo de 35 horas, de cara a ir reduciendo el tiempo de trabajo.
Hemos presentado aquí una iniciativa sobre reducción de las horas
extraordinarias, otra de modificación de la jornadamáxima semanal a
35 horas y esta misma. Su toma
en consideración no significa obviamente que se esté de acuerdo con
todos sus términos, sino que se quiera entrar a debatir este tema,
modificando los aspectos que se crean convenientes. Ustedes tienen la
palabra.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vaquero. ¿Algún grupo
desea consumir un turno en contra? (Pausa.) Nadie desea consumir el
turno en contra. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En el Grupo Mixto veo dos peticiones de palabra. Compartirán el turno
el señor Peralta y el señor Vázquez.
Señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Señorías, como todos ustedes saben, la edad de jubilación actualmente
en nuestro país está regulada con carácter general en los 65 años de
edad, y se mantiene excepcionalmente en los 60 años de edad para
aquellos trabajadores que empezaron a cotizar antes del año 1967 y
que, en virtud de una reciente modificación, tienen un determinado
número de cotizaciones realizadas.
Esa edad de jubilación en 65 años de edad se estableció hace
muchísimo años en nuestro país, considerando que aquella medida era
financieramente sostenible en atención a que entonces se comenzaba a
trabajar -estamos hablando del año 1960- en torno a los 14 años de
edad y la vida real de una persona se prolongaba por escaso tiempo
después de los 65 años de edad. En esas condiciones laborales y
reales los 65 años de edad era una medida que posibilitaba sostener
financieramente la pensión de jubilación en el conjunto del sistema
de la Seguridad Social. No olvidemos que la pensión de jubilación es
la más importante del sistema de la Seguridad Social, prácticamente
la mitad de pensiones son de jubilación. ¿Qué ha pasado desde hace
tantos años hasta hoy para que se modifique o se pretenda modificar
la edad de jubilación? No cabe pensar, señorías, que se entre a
trabajar antes, al contrario, se entra a trabajar notoriamente más
tarde de esos 14 años de edad, que era la fecha en la que entonces se
empezaba a trabajar. A su vez, no cabe pensar en que se fallezca
antes sino que, por el contrario, la esperanza de vida de los
ciudadanos de este país, afortunadamente, se ha prolongado mucho.
Esta realidad de menos años de trabajo y cotización y más años de
percepción de pensión es una de las explicaciones estructurales de
los desequilibrios que tiene el sistema de la Seguridad Social. En
atención a estas circunstancias, en el Pacto de Toledo todos los
grupos parlamentarios acordamos mantener la edad de jubilación en los
65 años de edad y se planteaba la posibilidad de prorrogar la
permanencia en la vida activa. ¿Ha pasado algo en estos últimos años,
señorías, que justifique cambiar y rebajar la edad de jubilación?
Sinceramente,
entendemos que no. Más allá de la literalidad del Pacto de
Toledo, creemos que no hay razones que justifiquen eso; ni desde el
punto de vista del empleo, porque se han creado en los últimos años
empleos, aunque desde luego no en las condiciones y en los términos
que nos gustaría, pero se ha creado empleo, ni porque las condiciones
de los jubilados de nuestro país hayan empeorado sino que, por el
contrario, sigue aumentando la esperanza de vida.
Por ello, señorías, desde ese rigor que planteaba quien ha defendido
la proposición de ley en la tribuna, yo también me permitiría
preguntarle lo siguiente. Si entrara en vigor esta proposición de ley
tal como se plantea con efectos inmediatos, ¿en cuanto crecería en un
año el número de pensionistas de la Seguridad Social? Quizá en varios
cientos de miles? ¿Cuántos trabajadores habría realmente teniendo en
cuenta que, tal como sostiene ese grupo parlamentario, en muchas
ocasiones las empresas reducen sus plantillas para trabajar menos?
¿Cuántos contratos reales se harían?
Sin lugar a dudas es una proposición de ley que, en opinión de
nuestro grupo, ha sido planteada al margen de las previsiones del
Pacto de Toledo, al margen de los mecanismos de consenso y de
corresponsabilidad del Pacto de Toledo y desde luego, respecto a las
previsiones económico-financieras actuariales, en unas condiciones
más que discutibles.
Desde este punto de vista, Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya
no puede apoyar esta proposición de ley.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Peralta.
Señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Gracias, señor presidente.
La posición del Bloque Nacionalista Galego va a ser favorable a la
toma en consideración de la proposición de ley que presenta el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, que busca, en esencia, la
realización de reformas en la actual legislación para intentar
conseguir una disminución en el número de desempleados a través de la
reducción de la edad de jubilación y la sustitución de esos
trabajadores por desempleados y también con medidas de fomento a la
contratación indefinida. Realmente el paro y la precariedad en el
empleo alcanzan cifras alarmantes. Desde nuestro punto de vista esta
situación evidentemente es consecuencia de la filosofía económica
dominante que, entre otros aspectos, busca la competitividad a través
de la disminución de los costes laborales. Una política económica que
lleva a que del crecimiento de la economía se beneficien
fundamentalmente algunos sectores sociales, mientras que una parte
importante de la sociedad vive precariamente. Y siendo como es
necesario un cambio en la filosofía dominante, en el sentido de
caminar hacia una política económica en la que hayauna distribución
más justa de la riqueza, sin embargo
también es necesario buscar fórmulas que tiendan a aliviar las
situaciones de paro y precariedad. En ese sentido las fórmulas que se
proponen en esta proposición de ley pueden ayudar a conseguirlo, por
lo que sería bueno entrar a discutirlas y por eso las vamos a votar
favorablemente.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vázquez.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Desde luego existe la plena legitimidad, por parte del grupo
proponente, de tomar esta iniciativa. Sin embargo, de aceptarse, eso
sería romper la regla de oro que es el Pacto de Toledo. En el Pacto
de Toledo se discutió esta materia de las jubilaciones y se
estableció una cifra. No quiero abundar más porque suscribo
plenamente los argumentos que ha dado el señor Peralta por parte del
Grupo Mixto, que están impregnados de sentido común, incluso de
sentido actuarial para saber cómo las cajas y los fondos para los
derechos pasivos y para las pensiones pueden resistir el incremento
de pensionistas que se produciría al bajar la edad de jubilación.
Afán siempre loable, no estoy en contra de ello, ahora bien,
justificarlo en que se puede incrementar el consumismo en el mundo
del ocio no me parece serio. Esto habría que renegociarlo, si se
desea hacer así, dentro del marco de un nuevo Pacto de Toledo
renovado, porque si no estamos quebrando uno de los principios
fundamentales que permitió aquel consenso.
Se viene, por ejemplo, a modificar aquí con esta iniciativa cuatro
leyes o decretos legislativos. Me voy a basar, porque el argumento es
válido para todos, en el proyecto que trae esta iniciativa de
modificar el artículo 33 de la Ley 30/1984, de medidas para la
reforma de la Función Publica que, por cierto, es una ley que ya bajo
mandato socialista, durante el Gobierno de Felipe González, una vez
aprobada en 1984 la denominada Ley Moscoso, hubo que modificar para
dos colectivos: uno, el de jueces y magistrados y otro,
posteriormente, el de catedráticos. Se hizo esa modificación que
finalmente, hace escasamente en dos años, extendió esa flexibilidad
entre los 65 y 70 años al resto del colectivo de funcionarios civiles
del Estado y, salvo las disposiciones que afectan al personal militar
por otras cuestiones, se aprobó ya por el departamento
correspondiente y con respecto a los Presupuestos Generales del
Estado para 1987 y ley de acompañamiento que, siendo la edad mínima
de jubilación los 65 años, se permitiera la flexibilidad hasta los 70
años, si bien sometida a criterios de voluntariedad o médicos.
Sin embargo, señoría, con lo que usted propone aquí, si a los
funcionarios civiles del Estado se les bajara esa edad de jubilación
a los 60 años, una de dos: o salta por los aires la caja de
pensiones, lo que son los
derechos pasivos de los funcionarios, o para poder pagar los derechos
pasivos de los que se jubilen habría que hacer tales descuentos en
nómina a los funcionarios que S.S. debería haber tenido el rigor de
exponerlo en cifras, porque mucho me temo que los funcionarios
civiles del Estado mostrarían con huelgas o protestas su descontento
con una reducción en sus nóminas para poder pagar los derechos
pasivos de los funcionarios que se pudieran jubilar al amparo de una
legislación como ésta. Mientras las cifras sean como son, mientras
los derechos pasivos de los funcionarios se nutran como se nutren, es
imposible, por utópico, un planteamiento de este tipo. Si en otras
condiciones de aumento de población, de aumento de colectivos
laborales se pudiera subsanar el déficit, se podría discutir el tema.
Pero hacerlo fuera del marco del Pacto de Toledo y fuera de un
estudio actuarial de lo que sería necesario para poder pagar derechos
pasivos a los funcionarios civiles del Estado o las pensiones del
mundo laboral libre, no me parece de rigor. Por esa razón, señor
presidente, votaremos en contra de esta iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señor presidente.
Con brevedad y desde el escaño. Es esta la clásica iniciativa de
Izquierda Unida, y sabe el señor Vaquero que difícilmente esta toma
en consideración podrá ser aprobada esta tarde. Los argumentos que
han repetido los portavoces que han intervenido anteriormente, sitúan
esta cuestión en dos niveles. En primer lugar, las consecuencias que
tendría para el sistema de la Seguridad Social. Lo lógico sería que
en el marco de las discusiones, que estoy seguro que vamos a tener
este año o en el 2000, se pudiese plantear con profundidad este
debate, que seguro que tiene aspectos positivos e interesantes, no lo
dudamos. Pero sabe el señor Vaquero que difícilmente esta tarde el
Congreso de los Diputados puede romper con aquello que hace unos años
pactamos y que fue resultado del consenso, también con Izquierda
Unida. En segundo lugar, plantear una voluntad de reforma global de
nuestro sistema laboral a través de esta proposición de ley, tampoco
sería lógico. Lo normal sería que del resultado del debate de los
agentes sociales, de un debate social en profundidad sobre la
necesidad o no de avanzar en el proceso de jubilación, tuviéramos en
cuenta o no esta toma en consideración.
Hace escasos días se presentaba en Madrid un informe vinculado al
Club de Roma sobre el reparto del trabajo, que es uno de los grandes
debates que tienen planteadas hoy las sociedades democráticas y
avanzadas. Por las informaciones de prensa que leíamos, entendíamos
todos que no existían soluciones ni absolutas, ni radicales, ni
mágicas. Que debíamos de ser
capaces de desarrollar sistemas flexibles que diesen respuestas a
situaciones personales, a necesidades de los países, de las
sociedades y de las empresas. Pues bien, en una reflexión más amplia
sobre ese reparto del trabajo, reflexiones como las que contiene la
propuesta de Izquierda Unida seguramente son interesantes. Hoy no es
posible iniciar este debate casi de golpe, sin una discusión previa
dentro de la sociedad, con los agentes económicos y los agentes
sociales. Por todo ello, nuestro grupo parlamentario no puede votar a
favor de esa toma en consideración.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Romero
La señora ROMERO LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
Como han dicho otros grupos que me han precedido en el uso de la
palabra, el debate de esta tarde, que se refiere al reparto del
tiempo de trabajo, es de plena actualidad. Mi grupo ha presentado una
proposición de ley para la reducción de las horas extras, y forma
parte de las preocupaciones de todos aquellos que tenemos la
intención de luchar por el empleo. ¿Pero es un debate oportuno? A
simple vista, parecería que sí. Cualquier trabajador que piensa que
bajar la jubilación significa liberar puestos de trabajo,
evidentemente lo vería con buenos ojos. No es un debate igual en
todas partes. Por ejemplo, hay países en los que no es igual la edad
de jubilación entre hombres y mujeres. Equiparar la jubilación de las
mujeres a la de los hombres ha sido una tendencia. Podría darse
también la contraria, teniendo en cuenta la doble jornada. Por tanto,
es un debate que tiene sus propias características, dependiendo de
los países y de cómo se estructura la Seguridad Social, sus
situaciones financieras, las prestaciones a las que atiende,
etcétera. Por tanto, ¿es oportuno? El planteamiento que deberíamos
decirle a cualquier trabajador es que bajar la jubilación significa
liberar puestos de trabajo, pero también significa mantener una
pensión digna y mantener saneada la capacidad financiera de la
Seguridad Social. No ligar estos temas y contemplarlo como una medida
más dentro del reparto del tiempo de trabajo, es un planteamiento
falso. Si a un trabajador cualquiera se le dice que bajar la
jubilación significa liberar puestos de trabajo, pero que no se
garantiza con eso el mantenimiento de una pensión digna, etcétera, es
un planteamiento falso, porque no es una medida más dentro del
paquete de medidas que podrían contemplarse para la reducción del
tiempo de trabajo. Es prácticamente entrar en lo que es la espina
dorsal de la Seguridad Social, que es la relación entre activos y
pasivos.
Señor Vaquero, si plantea el debate tal y como está, entonces
podríamos decir: ¿por qué no bajamos la jubilación a los 55, a los 50
ó ya de paso podríamos jubilarnos nosotros también? Podríamos bajarlo
mucho más. Es decir, si de lo que se trata es de entrar en una
subasta, podríamos hacer un planteamiento incluso mucho más avanzado,
señor Vaquero, porque el problema es que ustedes han planteado la
piedra filosofal. Si se tratara de profundizar y de racionalizar una
tendencia, como ha expresado aquí, o si se tratara de hacerla más
social, ¿cómo no íbamos a estar de acuerdo? El problema es qué
pretenden con esta proposición de ley y qué pretenden con este
planteamiento. No entramos en las profundas intenciones, pero
probablemente el procedimiento no sea el más idóneo. Si requirió la
unanimidad del Pleno y un equipo de expertos el ir exactamente en la
dirección contraria, ¿creen que ir ahora justamente en la tendencia
inversa puede dejarse caer así, como una medida más, sin contemplar
ninguna consideración más de ningún tipo? Probablemente sus
intenciones puedan estar escondidas. A este grupo se le ocultan, pero
tengo que decirle que probablemente no sea el procedimiento más
idóneo el plantearlo de esta forma.
No me atrevo a decir al señor Vaquero algo que probablemente otros
grupos se lo han dicho ya, porque yo no dudo de su seriedad, ni dudo
de sus buenas intenciones. Pero déjeme que le diga, para terminar,
que en la carrera oportunista, que no oportuna, no les van a ganar a
los diputados del Partido Popular. Probablemente, el sucesor del
campeón de todos los acuerdos tenga la llave en este tema, como en
los restantes.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Romero.
El señor Camps persevera y persiste obcecadamente en la utilización
de la tribuna, como ha hecho la señora Romero, en vez del escaño,
como han hecho los restantes portavoces. Ya les llamo la atención
para que, en las sucesivas ocasiones, procuren atemperarse a la norma
que han seguido los demás.
Adelante, señor Camps.
El señor CAMPS DEVESA: Gracias, señor presidente.
Le puedo asegurar que el uso de la tribuna no será en detrimento de
la brevedad de la que pienso hacer gala en esta intervención.
El señor PRESIDENTE: Ya se lo agradeceré, señoría.
Adelante.
El señor CAMPS DEVESA: No amenazo con ella, sino que lo seré.
Anuncio, señorías, en este turno de fijación de posición, que mi
grupo parlamentario va a votar en contra de la toma en consideración
de la proposición de ley presentada por el Grupo de Izquierda Unida.
Era difícil entender que se reiniciara un período de sesiones en esta
Cámara sin que tuviéramos un debate de Seguridad Social. En efecto,
en la segunda semana de sesiones tenemos un debate sobre la Seguridad
Social. Denota la constante preocupación de SS.SS. sobre la materia
y, por parte de mi grupo, nos anima constantemente a conseguir
espacios centrados de consenso
sobre el presente y el futuro de nuestro sistema de protección
social.
Hoy creo que esto puede ser así, señor portavoz del Grupo de
Izquierda Unida. Pero puede ser así en contra de la proposición que
ustedes han presentado. Eso es algo que a mi grupo parlamentario le
preocupa. Igual que desde hace tiempo la edad de jubilación ha
preocupado en este país y en el resto de países de la Unión Europea,
el hecho de que existan discrepancias entre los grupos de esta Cámara
en materia tan sensible, como nuestro sistema de protección social,
es cuestión que preocupa, y mucho, a mi grupo parlamentario.
Centrándonos en el tema que hoy debatimos, ya le han dicho muchos de
los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra que no
estamos ante un debate nuevo, más bien viejo; que no estamos ante un
debate único, más bien propio de todos los países de nuestro entorno;
y que, además, estamos en un debate que podría ser tildado hasta de
irresponsable, dadas las propuestas que ustedes realizan, o, como ha
dicho algún otro portavoz, de oportunista en la materia.
Ello es simplemente, señor Vaquero, porque con esta proposición
ustedes nadan contra corriente. Se han colocado frente a las
tendencias europeas en la materia, que tienen en cuenta lisa y
llanamente las tendencias demográficas. Estamos invirtiendo la
pirámide en este caso. Ustedes están proponiendo que los trabajadores
se jubilen mucho antes cuando habrá cada día menos jóvenes que puedan
sustituirlos -relevarlos, una equivocación suya a la que luego haré
mención- en los puestos de trabajo que ocupan.
No sólo eso. Se colocan también frente a aquel gran acuerdo, que
sigue siendo uno de los mayores activos que tiene esta Cámara y la
sociedad española, que es el Pacto de Toledo; se colocan frente a los
propios sindicatos y organizaciones sindicales, que refrendaron ese
pacto político con un acuerdo social -el acuerdo Gobierno-
sindicatos-; y se colocan frente a esta Cámara, que lo plasmó en la
Ley de consolidación y racionalización de nuestro sistema de
Seguridad Social.
Todo eso no lo hicimos de una manera caprichosa. No se pusieron de
acuerdo todos los grupos de esta Cámara en cuál debía ser la edad de
jubilación y cuál el procedimiento de jubilación porque en ese
momento pensáramos simplemente que era lo mejor que podíamos decidir
-que lo era, además-; lo decidimos, señor Vaquero, porque estábamos
convencidos, como lo estamos ahora, de que una propuesta como la que
contiene su proposición de ley era inasumible por nuestro sistema de
protección social, que el equilibrio financiero del sistema se ponía
en grave riesgo aprobando propuestas como la que ha traído hoy usted
al Parlamento.
Señores de Izquierda Unida, no han traído aquí ningún estudio ni
siquiera cercano a cuáles podrían ser las repercusiones económico-
financieras que una medida como esta pudiera producir. Sólo con
pensarlo dos
veces, en vez de una, no hubieran presentado siquiera esta toma en
consideración en el registro de la Cámara.
Saben perfectamente que esta medida es inasumible para el estado en
que se encuentra nuestro sistema. Saben perfectamente que, si algo
inspira todo el Pacto de Toledo, es el principio de crecimiento
ordenado del sistema. En eso nos pusimos de acuerdo todos los grupos
políticos, incluso ustedes cuando lo firmaron. Propuestas como la de
hoy caminan en sentido exactamente contrario al de esas medidas que
todos adoptamos, al de esos principios inspiradores.
Pero es que, además, la literalidad del Pacto de Toledo en su
recomendación décima dice que, fijada la edad de 65 años, debemos
caminar, como lo hace toda Europa, hacia una jubilación flexible que
permita al trabajador compaginar períodos de trabajo, una jubilación
parcial con un contrato de relevo de aquel joven que le sustituya en
el tiempo de jornada que no se articula. Hasta en eso ustedes se
equivocan, porque le llaman contrato de relevo a lo que en realidad
quieren que sea un contrato de sustitución de trabajador, se
equivocan en los años porque hablan de dos cuando deberían ser tres,
y se equivocan incluso hasta en las rebajas de las cotizaciones
sociales que pretenden en su propia proposición de ley. Lo único que
nos alegra, señor Vaquero, es que entiendan ahora lo bueno de las
bonificaciones sociales para determinados colectivos y determinado
tipo de contratación.
Por todos estos argumentos no podemos compartir ni la forma ni el
fondo de la proposición de ley que hoy nos han presentado, pero me
gustaría abandonar esta tribuna llamando -y entiéndanlo en un tono
totalmente constructivo- en este caso al grupo proponente a la
responsabilidad, a la seriedad y a que vuelvan a la senda que nunca
debieron dejar, que es la senda del Pacto de Toledo. Reflexionen por
un momento y descubrirán que salvo aquellos grupos que quieran hacer
de las pensiones un campo de batalla electoral, que estoy seguro de
que no es el caso ni tampoco el del Grupo Popular, las coincidencias
en orden al mantenimiento presente y futuro de nuestro sistema de
Seguridad Social son mucho mayores que las posibles discrepancias que
podamos tener.
Por eso -termino, señor presidente- les llamo a la responsabilidad
que tuvieron cuando fueron capaces de firmar el Pacto de Toledo y que
estoy seguro se verá correspondida por el resto de los grupos de esta
Cámara. Seguro que millones de pensionistas en este país se lo
agradecerán.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Camps. En efecto, se ha
atenido al tiempo prescrito y se lo agradezco, como le prometí.
Vamos a proceder a la votación. (Pausa.)
Votación sobre la toma en consideración de la proposición de ley del
Grupo de Izquierda Unida, relativa a la reducción de la edad de
jubilación y a la utilización del contrato de relevo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
288; a favor, 13; en contra, 275.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo de Izquierda Unida.
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE CONCESIÓN DEL SUBSIDIO DE
DESEMPLEO Y DE GARANTÍAS DE INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL PARA LOS
DELINCUENTES TOXICÓMANOS QUE HAYAN VISTO SUSPENDIDA LA EJECUCIÓN DE
SU PENA DE CONFORMIDADCON LO PREVISTO EN EL CÓDIGO PENAL (Número de
expediente 122/000189).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, DE CONCESIÓN
DEL SUBSIDIO DE DESEMPLEO Y DE GARANTÍAS DE INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL
PARA LOS DELINCUENTES TOXICÓMANOS QUE HAYAN VISTO REMITIDA LA
EJECUCIÓN DE SU PENA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA LEGISLACIÓN
PENAL (Número de expediente 122/000211).
El señor PRESIDENTE: Proposiciones de ley de los grupos Socialista y
Federal de Izquierda Unida. La primera, sobre concesión del subsidio
de desempleo y de garantías de integración sociolaboral para los
delincuentes toxicómanos que hayan visto suspendida la ejecución de
su pena de conformidad con lo previsto en el Código Penal. La segunda
análoga, de concesión de un subsidio de desempleo y garantía de
integración sociolaboral para los delincuentes toxicómanos que hayan
visto remitida la ejecución de su condena de conformidad con lo
previsto en la legislación penal, o sea, para el caso es lo mismo.
Por el Grupo Socialista, para la presentación de su proposición,
tiene la palabra doña Carmen Calleja, si es que se puede oir.
(Rumores.) Señorías. Señor Ortíz. Señor Peón.
La señora CALLEJA DE PABLO: Señor presidente, señorías, resulta para
mí una gran satisfacción que mi primera intervención ante el Pleno de
la Cámara, en mi condición de portavoz socialista en materia de
drogas, lo sea para defender la proposición de ley que hoy nos ocupa,
porque se trata de una iniciativa directamente encaminada a la
protección de un colectivo social especialmente necesitado de
atención por parte de los poderes públicos. (Rumores.)
Planteamos hoy a la Cámara...
El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Calleja.
Señora Montseny. Señor Griñán y compañía, o sea, señor Eguiagaray.
Señor Izquierdo y señor Coquillat. Señora Conde y señora Frías, no es
lugar para semejante tertulia.
Señorías, seriamente, guarden silencio para que pueda continuar el
desarrollo del orden del día.
Adelante, señora Calleja.
La señora CALLEJA DE PABLO: Gracias por el amparo, señor presidente.
Planteamos hoy a la Cámara, decía, la extensión del subsidio de
desempleo a las personas que hubiesen concluido un tratamiento de
deshabituación de su drogodependencia, siempre que el mismo hubiera
durado un período superior a seis meses y hayan visto remitida su
pena privativa de libertad en aplicación de lo previsto en el Código
Penal. (El señor vicepresidente, Fernández- Miranda y Lozana, ocupa
la Presidencia.) No es accidental a esta extensión del subsidio su
articulación -como proponemos- a través de un sistema de becas e
incentivos que permita, en su caso, sustituir el subsidio. Porque no
buscamos sólo extender a este colectivo, tan vulnerable, los
beneficios de una política de redistribución de rentas -cual la de la
percepción del subsidio-, sino que proponemos vincular esa política
redistributiva -tan necesaria, sin duda- a una mayor garantía de
reinserción social: la que proporciona la participación en acciones
específicas de promoción, formación o reconversión profesional.
Como SS.SS. recordarán, una iniciativa parecida a esta proposición de
ley, cuya toma en consideración hoy debatimos, fue la contenida en
las enmiendas 207 en el Congreso y 159 en el Senado, presentadas en
la tramitación parlamentaria de la que luego sería la Ley 66/1997, de
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.
En aquella ocasión, las enmiendas fueron rechazadas. Por una parte,
con el argumento de que el subsidio venía concediéndose en virtud de
la interpretación que el organismo gestor hacía, en el sentido de
considerar equivalentes los términos prisión y centros de
rehabilitación; y, por otra parte, al considerarse suficientemente
cubierta la prestación de formación que el Inem ofrecía a
drogodependientes, como consecuencia del convenio suscrito entre este
organismo y el Ministerio de Interior, cifrada en 5.000 plazas de
formación profesional ocupacional y acciones complementarias. Pero lo
cierto, señorías, es que ninguna de ambas circunstancias cubre
suficientemente, ni en términos conceptuales ni en términos
cuantitativos, la protección que hoy proponemos.
Por lo que hace referencia a la analogía que se viene haciendo entre
prisión y centros de rehabilitación, escapa de tan generosa
interpretación la situación de aquellos drogodependientes cuya
rehabilitación no se realiza mediante ingreso en centro especializado
sino por tratamiento ambulatorio, donde tendríamos a personas que,
precisamente por su mayor grado de normalización
de vida, quedarían fuera de la acción protectora.
En cuanto a la oferta del Inem, ya existente y destinada
a toxicómanos, para concluir la ineficacia de la regulación actual
-basada en la voluntariedad y no en la vinculación de beneficios al
esfuerzo de reinserción-, baste recordar las cifras de aplicación
real de las acciones formativas. El director general del Inem, en su
comparecencia ante la Comisión Mixta para el Estudio de las Drogas,
el 23 de junio pasado, señaló que el número de participantes, en esas
5.000 plazas disponibles, era de 109 personas como alumnos de
escuelas taller y 356 en cursos de formación ocupacional. A estos
datos añadía el que, de los participantes en estas actividades
formativas del Inem para drogodependientes, sólo el 7 por ciento
tenía cobertura o protección por desempleo. Todo ello sin olvidar que
de la aplicación del convenio Inem-Ministerio de Interior queda fuera
el territorio de las comunidades autónomas con competencia en estas
materias.
Por tanto, señorías, la extensión del subsidio por desempleo, en los
términos del artículo 215 de la Ley General de Seguridad Social a
penados que precisamente por integrarse en acciones de reinserción no
cumplían los requisitos de tiempo previsto en dicha ley, resulta
necesario, desde el punto de vista normativo, si se quieren cumplir
los requerimientos de justicia que se dan en el caso. Resulta también
oportuna la vinculación del subsidio con las políticas activas de
formación si lo que pretendemos, como es el caso de nuestra
propuesta, es no sólo procurar una renta más que necesaria
a colectivos en situación de necesidad, sino también procurar una mayor
garantía de integración social. No hay que olvidar que el colectivo
de ex toxicómanos y ex penados es, quizá, uno de los que más
dificultad encuentran para dicha integración. No basta, créanme,
aplicar políticas redistributivas, siendo éstas imprescindibles. Es
necesario que añadamos acciones positivas, políticas activas de
reinserción social.
Señorías, señala la doctrina que probablemente sea la contingencia de
desempleo la que, dentro del campo de la Seguridad Social, tenga
mayor presencia en la labor cotidiana de los tribunales. Y añade el
profesor García Murcia que gran parte de las reformas introducidas
por la ley han tenido como objetivo más visible e inmediato frenar o
cortar de raíz los efectos de una interpretación jurisprudencial. No
es este nuestro caso porque -hasta donde a mí se me alcanza- sólo una
lejana sentencia de 1991 -y no del Tribunal Supremo- se ocupa del
tema.
Me complace que en este caso sean las Cortes Generales las que, motu
proprio, demuestren sensibilidad -y obsequien, por cierto, con el
artículo 9 de nuestra Constitución- para con un colectivo tan
necesitado de la solidaridad de todos. Pero aún más me conmueve la
inevitable reflexión acerca del porqué de esta ausencia de
jurisprudencia. Les aventuro una hipótesis, señorías: las personas
que han padecido toxicomanía y privación de libertad carecen,
incluso, de la capacidad real para
pedir a la Administración y, en su caso, reclamar ante la
jurisdicción.
Señorías, espero haberles convencido con argumentos y, por qué no,
haber sabido trasladarles los imperativos de profunda justicia social
que el conjunto de personas para cuya protección presenta el Grupo
Socialista esta proposición de ley no acertaría, seguramente,
siquiera a enunciar. En consecuencia, les solicito su voto favorable
a la toma en consideración de esta proposición de ley.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Calleja.
Como han de ser presentadas de forma conjunta las dos iniciativas,
tal y como se anunció en un principio, tiene la palabra el señor
Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor presidente, y muy
brevemente, ya que sin duda alguna la coincidencia de las iniciativas
implica el que muchas de las razones que la avalan hayan sido ya
expuestas por quien me ha precedido en el uso de la palabra.
Señorías, la política sobre drogas está basada siempre en el
principio de que, amén de reprimir el negocio que significa el
tráfico, hay que intentar tratar a los drogodependientes como
enfermos físicos y psicosociales y, por ello, se plantea su
incorporación social como el objetivo principal en base a políticas
de rehabilitación e integración. Esto en general por lo que se
refiere a los toxicómanos y en especial por lo afecta a aquellos que
han caído en problemas jurídico-penales que están íntimamente
relacionados con la situación de los drogodependientes con respecto
al acceso a la droga, precisamente en función de la clandestinidad de
su obtención.
Señorías, esta proposición de ley nos llama a todos los que estamos
en esta Cámara a la coherencia. Pues si éste es el principio de
nuestra acción legislativa en general, lo fue de forma puntual en la
reforma del Código Penal, cuando en el título III, capítulo III,
sección 1.ª, se decidió abordar las medidas que promovieran la
integración social y laboral de los toxicómanos delincuentes a los
que les son suspendidas sus penas privativas de libertad a través del
mecanismo de cumplir con un tratamiento de deshabituación, que, en el
caso de culminar con éxito dicho proceso, pueden verse, siempre
mediante decisión judicial, eximidos definitivamente de sus penas.
Pero para que coherentemente este proceso, el determinado en el
Código Penal, pueda tener virtualidad social es necesario, a nuestro
entender, que se modifique el artículo 215 del texto refundido de la
Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto
legislativo 1/1994, de 20 de junio, en el sentido de que, además de
reconocer como beneficiarios del subsidio de desempleo a los
liberados de prisión que no tengan derecho a la prestación por
desempleo y hayan tenido penas mayores de seis meses, así como a los
que menciona la Ley
67/1997, de 30 de diciembre, de acompañamiento a la de Presupuestos
Generales del Estado para 1998, a saber: los menores liberados de un
centro de internamiento, se amplíe la cobertura a los toxicómanos
delincuentes que hayan visto suspendida la ejecución de su pena y
hayan concluido a lo largo de un período superior a los seis meses el
tratamiento de deshabituación de su drogodependencia. Y junto a esta
percepción del subsidio por desempleo, que por sí sola no garantiza
la reinserción, proponemos que reciban una atención específica, y
éste es el contenido fundamental de nuestra proposición de ley, en
políticas activas de empleo acordes con el objetivo de la
recuperación y de la integración social mediante becas e incentivos
que, en su caso, puedan sustituir el subsidio y participar en
acciones específicas de promoción, de formación o de reconversión
profesional que determinen aquellos organismos públicos de empleo o
las entidades asociadas de los servicios integrados de empleo,
cuestión que, efectivamente, es necesario promover desde la ley misma
y no solamente desde la gestión de quien tiene la competencia de las
políticas activas de empleo. Éste es, por tanto, en breves trazos, el
contenido de una proposición de ley, señorías, que yo creo que se
defiende por sí misma y a la que estoy seguro que esta Cámara va a
dispensar una favorable acogida, pues amén de quien esta tarde
presenta aquí esta iniciativa -los Grupos Socialista y de Izquierda
Unida-, todos debemos tener en cuenta que es una demanda social a la
que este grupo parlamentario ha considerado el deber de atender.
Gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vaquero. ¿Algún grupo parlamentario desea utilizar un turno en
contra de la toma en consideración de las proposiciones de ley?
(Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor
Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Gracias, señor presidente.
No es necesario insistir en que para conseguir la reinserción social
de los toxicómanos son necesarias todas las medidas de apoyo
posibles, si lo que realmente se pretende es que abandonen el uso de
las drogas ilegales y se reintegren en la vida social. Tampoco me
parece necesario insistir demasiado en que las personas
drogodependientes, fundamentalmente consumidoras de drogas ilegales,
en la mayoría de los casos jóvenes, prosiguen inevitablemente un
camino que les conduce a la marginación social, a la delincuencia y,
en consecuencia, a la prisión. También es verdad que muchas de estas
personas realizan esfuerzos para abandonar el uso de las drogas
ilegales y, por tanto, esfuerzos para volver a realizar una vida
social, entre comillas, normal; unos esfuerzos que todos sabemos que
es
necesario hacer de una manera considerable. Por lo tanto, si
cualquier ex penado necesita mecanismos de apoyo, más aún lo
necesitan aquellos relacionados con las drogodependencias. Extender
los beneficios a que hacen referencia las proposiciones de ley a
estas personas nos parece, como Bloque Nacionalista Galego, necesario
y de justicia, por lo que vamos a votar favorablemente su toma en
consideración.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
Señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Muy brevemente voy a intervenir para manifestar, en nombre de Nueva
Izquierda-Iniciativa per Catalunya, nuestro apoyo a la proposición de
ley suscrita por los Grupos Socialista y Federal de Izquierda Unida,
que pretenden, en definitiva, ampliar la percepción del subsidio de
desempleo a un supuesto que se ha producido últimamente como
consecuencia de la reforma del último Código Penal.
Cuando se reguló el subsidio por desempleo se hizo en los términos de
que comprendiera a las personas que habían sido liberadas de prisión,
posteriormente se amplió a los menores liberados de un centro de
internamiento y la reforma del Código Penal los ha enfrentado a la
nueva realidad de los toxicómanos que ven remitida su pena privativa
de libertad como consecuencia de aceptar someterse a un tratamiento
de deshabituación toxicológica. Esta nueva realidad requiere dar una
respuesta también desde el punto de vista de garantizar la protección
social y ésta es una realidad que está presente en la sociedad de
nuestro país. Eso explica que nos encontremos en presencia de dos
proposiciones de ley prácticamente idénticas en sus términos porque
la realidad requiere efectivamente una modificación.
Desde Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya vamos a apoyar esa
demanda social y vamos a apoyar la posición en este sentido de las
dos proposiciones de ley que hoy se defienden.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la
palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Hay iniciativas que necesitan del sentido y del calor humano, como
los que ha transmitido la señora Calleja, que me ha convencido
plenamente en la defensa de algo como el principio de los derechos.
Tenemos que ser consecuentes con la letra y el espíritu de textos
legales salidos de esta Cámara, como el último Código
Penal, que nos obliga a una tutela política de desarrollo de muchos
de sus artículos, que vienen recogiendo el mismo espíritu y letra que
la Ley General Penitencia sobre la reinserción y la rehabilitación
del delincuente, en un caso como éste tan concreto y tan lamentable
de los afectados por la drogodependencia. Esa drogodependencia es un
valor que tenemos que combatir con una serie de medidas que no están
tanto en lo penal sino en los derechos humanos, en ese espíritu y en
esa letra.
Se trata de acomodar, como se plantea en la propia iniciativa de
ambos grupos, el artículo 215 de esta Ley de la Seguridad Social en
su real decreto legislativo y que sintonice y se armonice con ese
espíritu y letra del Código Penal de 1995, con la Ley General
Penitenciaria y con ese principio político de los derechos humanos.
Porque, si no, flaco servicio estaríamos haciendo a los principios de
reinserción social si flaqueamos en esas ayudas complementarias de
las personas que por su situación, en este caso los drogadictos, lo
necesitan más, y sobre todo, a aquellos que, beneficiándose
precisamente de lo que dice el nuevo Código Penal por causa de
tratamiento, de abandono de la situación, necesitan ese plus de
ayuda.
Por tanto, coincido y sintonizo con lo que trae esta iniciativa, con
los argumentos que ha dado la señora Calleja, así como con los
expresados por el otro grupo proponente. Por esas razones, señor
presidente, para que merezca el debate en la Comisión, con las
enmiendas que se le quieran añadir, incluso de tipo descriptivo de
las figuras que se hacen aquí para acomodarlas al lenguaje más
exacto, mi grupo va a votar favorablemente por la toma en
consideración de estos valores humanos, jurídicos, democráticos y
políticos.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el
señor Caballero.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, se nos han presentado dos propuestas de toma en
consideración de proposiciones de ley en relación con la concesión
del subsidio de desempleo y de garantías de integración sociolaboral
para los delincuentes toxicómanos cuya ejecución de su pena hayan
visto reducida de conformidad con lo previsto en la legislación
penal. Es claro que uno de los fines que se buscan en las políticas
sobre drogas es conseguir la reintegración social de los toxicómanos.
La legislación vigente ya contempla como beneficiarios del subsidio
de desempleo a quienes hayan sido liberados de prisión y no tengan
derecho a esta prestación, siempre que la privación de libertad haya
sido de más de 6 meses.
También se ha contemplado la extensión del subsidio de desempleo a
los menores liberados de un centro de internamiento. Por ello, las
necesidades de integración social de los delincuentes toxicómanos
rehabilitados son
equiparables a las de otras personas que salen de prisión. Por tanto,
desde el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) nos parece correcta esta
proposición de ley y vamos a apoyar su toma en consideración. En todo
caso, en su desarrollo ya veríamos si presentar o no alguna enmienda.
Nada más.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Caballero.
En nombre del Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra
el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señor presidente.
Como no podía ser de otra manera y como ha anunciado el conjunto de
los portavoces que hasta ahora han intervenido, nuestro grupo
parlamentario votará también favorablemente a la toma en
consideración de estas dos iniciativas. Los portavoces que han
hablado hasta el momento, los grupos proponentes, y de manera muy
especial la señora Calleja con la precisión, el rigor y la
documentación que la caracterizan nos han dado argumentos más que
suficientes para que todos los grupos tomemos en consideración estas
iniciativas.
La existencia de un vacío legal que hace que los toxicómanos que se
hayan sometido a este proceso de rehabilitación no puedan
beneficiarse del subsidio de paro, más la necesidad de implicar al
conjunto de las políticas activas de empleo a resolver esta cuestión
necesitaban seguramente de esta modificación del artículo 215 de la
Ley de la Seguridad Social.
Por tanto, es evidente que hay que tomar en consideración esta
iniciativa. Hay que felicitar a los dos grupos por haberla planteado
y esperar que en el debate parlamentario en el seno de la Comisión
correspondiente podamos mejorar aquello que se ha de mejorar.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Campuzano.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora
Cava de Llano.
La señora CAVA DE LLANO Y CARRIÓ: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, las proposiciones de ley sobre la
concesión de subsidio de desempleo y garantías de integración
sociolaboral para los delincuentes toxicómanos que hayan visto
suspendida la ejecución de su pena de conformidad con lo previsto en
el Código Penal y que han sido presentadas por el Grupo Socialista y
por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, son, como ha quedado
puesto de manifiesto, prácticamente idénticas. Las mínimas
diferencias existentes entre ambas son de escaso matiz y, en
consecuencia, pasamos al análisis de las mismas de forma conjunta.
Entendemos que dichas iniciativas tienen dos objetivos fundamentales.
Por un lado, extender el beneficio
del subsidio por desempleo reconocido en este momento a penados y
menores liberados de centros internamiento a las personas que hayan
concluido un tratamiento de deshabituación de su drogodependencia,
siempre que el mismo haya durado un periodo superior a seis meses y
hayan visto remitida su pena privativa de libertad en aplicación de
lo previsto en el Código Penal.
Por otro lado, es decir, el segundo objetivo, a fin de procurar una
mayor garantía de integración sociolaboral de los menores y
drogodependientes, se pretende instaurar un sistema de becas e
incentivos que permita, en su caso, sustituir el subsidio.
Entrando en el estudio de la primera fase, es decir, del primer
objetivo de las proposiciones, debemos recordar que viene regulado no
sólo en el Código Penal, como se decía aquí, sino en otras normas de
regulación del subsidio de desempleo. Efectivamente, el artículo 87
del Código Penal contempla la regulación actual de la suspensión de
la ejecución de las penas privativas de libertad y se configura como
una facultad que corresponde a los jueces y tribunales otorgar las
penas privativas de libertad no superiores a tres años de los penados
drogodependientes siempre que se den una serie de circunstancias que
enumera, tales como que se acredite la situación de drogodependiente
del sujeto, que se certifique por qué el condenado se encuentra
sometido a tratamiento, que no se trate de reos habituales, que la
duración de la pena privativa de libertad no sea superior a tres
años, que el hecho delictivo se hubiera cometido con ocasión de la
dependencia a las drogas tóxicas, sustancias estupefacientes o
sustancias psicotrópicas y que se den una serie de condiciones
durante el periodo de prueba, que oscila entre tres y cinco años, en
el que el penado debe cumplir una doble condición: primero, no
delinquir; y segundo, no abandonar el tratamiento hasta su
finalización.
Las otras normas a tener en cuenta en esta materia sobre la
regulación del subsidio de desempleo para los liberados de prisión
son: la Ley 31/1984, de protección por desempleo, que en su redacción
inicial consideraba como beneficiario del subsidio a quien hubiera
sido liberado por cumplimiento de condena o remisión de la pena y no
tuviera derecho a la prestación por desempleo; el real decreto que
desarrolló esta ley, por la que se estableció una exigencia adicional
de un periodo de prisión superior a seis meses, hasta llegar al texto
vigente, el Real decreto 3/1989, de medidas adicionales de carácter
social, que introdujo la redacción del artículo 215 del texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social y que prevé que el
subsidio se otorgará a los liberados de prisión sin derecho a la
prestación de desempleo, siempre que la privación haya sido por
tiempo superior a seis meses, cumpliendo también con una serie de
requisitos como son estar desempleado, figurar inscrito como
demandante de empleo durante un mes, no haber rechazado ofertas de
empleo, carecer de rentas superiores al 75 por ciento del salario
mínimo interprofesional, etcétera. En esos casos, la duración
del subsidio podría ser de seis meses prorrogables por otros periodos
hasta un máximo de 18 meses.
Comentaba la querida compañera señora Calleja, que tantos halagos ha
recibido y que lógicamente recibirá los míos por el entusiasmo con
que ha defendido esta proposición de ley, que en el trámite del
proyecto de ley de medidas fiscales y administrativas y de orden
social de 1997, el Grupo Socialista presentó una enmienda en la que
se intentaba conseguir más o menos lo que se propone ahora.
Efectivamente, eso fue así. La enmienda fue rechazada y la razón que
se dio por parte del Grupo Parlamentario Popular fue que en la
actualidad el subsidio de desempleo se concede a las personas
acogidas al artículo 87 del Código Penal y por considerar que el
vocablo prisión, tal y como yo decía, se incluía en los centros de
rehabilitación social.
Yo creo que el argumento era sólido por la sencilla razón de que es
cierto que la Ley Orgánica 1/1979, General Penitenciaria, establece
en su artículo 7 una clasificación de establecimientos penitenciarios
en tres grupos: los preventivos, los de cumplimiento de penas y los
establecimientos especiales. Pero convengo con usted, señora Calleja,
en que lo que abunda no daña y que el artículo 215 del texto
refundido, cuya modificación hoy se pretende, establece que la
privación de libertad debe ser superior a seis meses; y según una
sentencia que usted invocaba, que también obra en mi poder, del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 31 de mayo de 1991, ha
de tratarse precisamente de privación de libertad efectiva y no de
privación de libertad teórica, como sucede si la pena impuesta no se
cumple por una causa legal. Por lo tanto, la concesión de subsidio
exige haber estado privado de libertad al menos durante seis meses,
supuesto que no se produce para el colectivo de delincuentes
toxicómanos acogidos al artículo 87 del Código Penal, ya que en la
mayoría de los casos no ingresan en prisión y en los casos en los que
se produce el ingreso éste no suele alcanzar los seis meses. Por otra
parte, el hallarse sometido a tratamiento de deshabituación no supone
el ingreso en un centro, ya que muchas veces estos tratamientos
suelen ser de carácter ambulante. Todas estas consideraciones nos
llevan a pensar que, efectivamente, podría en muchos casos no ser
aplicable a los delincuentes lo que se solicita.
Nosotros en cuanto al segundo objetivo por ustedes planteado estamos
de acuerdo con su filosofía. Es precisamente la integración laboral
de los toxicómanos en particular y de cualquier colectivo con
problemas de marginalidad en general el objetivo perseguido para
alcanzar su inserción social. Usted sabe que por parte del Gobierno
se están realizando grandes esfuerzos, no sólo en el Plan de medidas
para la lucha contra las drogas al que usted ha hecho mención, sino
también en el programa nacional de formación profesional. (El tercer
objetivo de la formación profesional se refiere a dirigir a la misma
los colectivos que lo precisen, atendiendo al principio de igualdad
de trato.) Existen también unos datos que quisiera poner de
manifiesto en cuanto a la atención específica con relación a las
políticas activas
de empleo. El proyecto de presupuesto del Inem para 1999 dedica un
58,7 por ciento más de lo que se presupuestó inicialmente para 1998.
En definitiva, señorías, participamos de esa filosofía. Nos
congratulamos una vez más del consenso que en materia de política de
drogas conseguimos en todos los grupos políticos; lo digo sin
perjuicio, lógicamente, de las enmiendas que, en su caso, se pongan
por parte de los distintos grupos parlamentarios en el momento
procesal oportuno. Por lo tanto, el voto del grupo al que represento
será favorable a las dos proposiciones de ley.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Cava de Llano. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a las votaciones
correspondientes a las dos proposiciones de ley que acaban de
debatirse, coincidentes en la materia.
La primera, la del Grupo Socialista, que se titula sobre concesión
del subsidio de desempleo y de garantías de integración sociolaboral
para los delincuentes toxicómanos que hayan visto suspendida la
ejecución de su pena de conformidad con lo previsto en el Código
Penal.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
294; a favor, 293; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, aprobada la toma en
consideración de la proposición de ley.
Votación de la proposición del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida sobre la misma materia.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
293; a favor, 290; en contra, uno; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda también aprobada la toma en consideración
de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, RELATIVA A LA
REALIZACIÓN DE UN DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA UNIÓN EUROPEA, UNA VEZ
CONCLUYA EL PROCESO DE LA AGENDA 2000, Y A LA CONTINUACIÓN DE LA
REALIZACIÓN DE DICHO DEBATE ANUALMENTE (Número de expediente 162/
000315).
El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: Proposiciones no de
ley. Debate sobre la proposición
no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida,
relativa a la realización de un debate sobre el estado de la Unión
Europea, una vez concluya el proceso de la Agenda 2000, y a la
continuación de la realización de dicho debate anualmente. (Rumores.)
Señorías, les ruego guarden silencio para que pueda continuar el
desarrollo del orden del día, con la intervención de don Julio
Anguita, presidente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida. (Continúan los rumores.)
Sí, señor Cámara, más le vale guardar silencio y atender al señor
Anguita. (Pausa.)
Adelante, señor Anguita.
El señor ANGUITA GONZÁLEZ: Señor presidente, señoras y señores
diputados, el Grupo Federal de Izquierda Unida trae a la Cámara una
proposición no de ley que, como SS.SS. saben, se fundamenta en la
petición de un debate anual sobre el estado de la Unión Europea, a
imagen y semejanza del debate anual que hacemos en esta Cámara sobre
el estado de la Nación. (El señor vicepresidente, Marcet i Morera,
ocupa la Presidencia.) Señorías, este portavoz confía en que esta
propuesta recibirá el apoyo unánime de esta Cámara, pero no por las
virtudes de quien pueda hablar defendiendo la proposición, sino
simplemente porque viene a desarrollar las facultades y competencias
propias de este Parlamento, sobre todo en un proceso democrático.
Las razones que hacen que este portavoz crea que esta proposición no
de ley va a tener el apoyo unánime son seis, que esbozo someramente
ante SS.SS. La primera es que este debate fortalece el vigor de la
institución parlamentaria. SS.SS. saben perfectamente que, debido a
los tratados de Maastricht y de Amsterdam, muchas de las decisiones
que hasta entonces se tomaban en el Parlamento español, muchas
competencias que ejercía en el territorio del Estado español el
Gobierno han pasado a una autoridad más allá de nuestras fronteras, y
por tanto hablar del debate del estado de la Unión Europea es hablar
también del debate de la nación española. Eso significa, señorías,
que el debate de la Unión Europea es un debate complementario al
debate del estado de la Nación. Sería contradictorio, cuando no
chocante, que tuviésemos un debate sobre el estado de la Nación para
evaluar la perspectiva de la marcha de la sociedad española, de la
economía, de la política de defensa, de la política social y
hurtáramos a esta Cámara, que representa al soberano, es decir al
pueblo español, el debate sobre un aspecto fundamental que le atañe.
Los 40 millones de españoles y de españolas no sólo se ven
beneficiados o perjudicados por las decisiones que se toman en esta
Cámara o por el Gobierno, sino que se ven beneficiados o perjudicados
por las decisiones que se toman en Bruselas. Naturalmente, ante esas
decisiones, qué menos que los representantes del soberano, del pueblo
español que se ve perjudicado o beneficiado -que somos nosotros-,
debatamos sobre el
estado de la Unión Europea. El primer argumento es impecable, debatir
sobre el estado de la Unión Europea es un complemento del debate del
estado de la Nación y tiene como virtud fundamental reforzar el
vigor, la justificación y la legitimación de la existencia de esta
Cámara. Sin embargo, hay un apartado también en este primer capítulo:
que significa la extensión y la profundización del concepto
democracia.
Señorías, cuando estamos asistiendo a un proceso de construcción de
la moneda única no hay sino que seguir las declaraciones de
políticos, de economistas y de tratadistas de la Unión Europea sobre
eso que se ha acuñado ya y es casi un tópico: el déficit democrático.
Cualquiera que se precie, con datos y rigor en la mano, puede
constatar perfectamente que este proceso que ha conducido a la moneda
única adolece de construcción democrática. Un debate sobre el estado
de la Unión Europea en esta Cámara sería, ni más ni menos, que añadir
elementos que fuesen laminando esa situación de déficit democrático,
porque esos procesos y toma de decisiones, muchas veces en contra o
con la opinión renuente del Parlamento Europeo, han ido tomándose en
foros que tienen toda la legalidad y la legitimidad pero que no han
permitido por lo cerrado, por las decisiones a veces de carácter
técnico, que trasciendan. Consiguientemente, es necesario un debate
que lleve a la ciudadanía española la evaluación del proceso que ha
conducido hasta ahora a la moneda única. Por eso esta fuerza
política, como saben SS.SS., tantas y tantas veces, ha venido
pidiendo e insistiendo en que hubiese un referéndum en cada momento
para que el ciudadano español, la ciudadana española, puedan decidir
qué piensan de la incorporación al Tratado de Maastricht, al Tratado
de Amsterdam o todos los momentos sucesivos que han ido conformando
la situación actual de la moneda única.
La tercera prueba irrefutable es que esta Cámara no puede decir no a
una propuesta como ésta. Señorías, estas paredes han oído muchas
veces que es necesaria la convergencia macroeconómica. Estas paredes
han escuchado muchas veces que es necesario acercarse a Europa,
convergencia macroeconómica, pero hay que acercarse a Europa también
en convergencia democrática. En Europa, en todo el proceso de
construcción de la moneda única, ha habido referéndum en Dinamarca,
dos; en Francia, en Irlanda, en Suecia, en Noruega, en Finlandia y en
Austria. Pero es más, una personalidad que tiene tanta influencia o
eco en tantos bancos de este hemiciclo como el señor Tony Blair,
primer ministro de Gran Bretaña, ha prometido a su pueblo que antes
de que Gran Bretaña entre en la moneda única convocará un referéndum
a todo el pueblo británico. Teniendo en cuenta que es una promesa del
primer ministro, estamos ante otra prueba más de que el proceso en
otros lares de la Unión Europea está avalado por convocatorias a
referéndum; pero solamente éste. En países como Francia, Alemania,
Italia, Gran Bretaña y Dinamarca el proceso de construcción de la
moneda única es moneda común en los debates, está en la calle.
Sin embargo, en España es un debate no diría yo que hurtado, sino
silenciado.
Permítanme un comentario. A veces es desestabilizador y menguador del
ánimo comprobar cómo tras el debate de cada cumbre europea hay un
escaso eco en los medios de comunicación cuando, cumbre tras cumbre,
se toman decisiones que afectan a la ciudadanía. Sería interesante y
necesario simplemente por ese acercamiento a una convergencia europea
en cuanto a actos democráticos. Creemos que nos acercaría más a
Europa en la medida en que en cuatro países se realizan debates
anuales parecidos al que estoy solicitando a esta Cámara sobre el
estado de la Unión Europea. Que se pida desde España es pedir también
que haya un proceso de convergencia en cuanto a actuación
democrática.
En cuarto lugar, ¿qué es lo que justifica este debate? Señorías, los
contenidos. Cuando se instituyó el debate del estado de la Nación en
una comunicación del Gobierno de entonces, en el año 1983, se
planteaba algo interesante: que no bastaba solamente con los debates
sectoriales -decía el entonces presidente del Gobierno al introducir
el debate-, sino que hacía falta aquí, en una Cámara, en un lugar
como éste en el que somos representantes de la soberanía nacional,
debatir sobre la situación del Estado español, de la Nación española,
había que debatir sobre el proceso, sobre la globalidad. Si eso es
válido para lo que nos ocupa, debatir sobre la situación y el proceso
de construcción de la moneda única es algo extraordinariamente
importante. ¿A dónde va ese proceso? ¿De dónde viene? ¿Se continúa la
línea iniciada en el Acta Única? ¿Qué supuso el Tratado de
Maastricht? ¿Vamos hacia la construcción europea o solamente hacia la
construcción de la moneda única? ¿Qué ritmo se lleva? ¿Cómo se puede
relacionar la competitividad que sigue existiendo y que afecta a los
países de la Unión Europea con el pleno empleo? ¿Ha habido o no
rompimiento de la línea en la secuencia que viene, como dije antes,
del Tratado del Acta Única? ¿Tenemos o no una política exterior de
seguridad compartida? ¿Hemos delegado esa política en la Unión
Europea en otras instituciones? ¿Qué tiene que ver que se amplíe la
base de Rota con la Unión Europea? Por cierto, si eso es así, se
viola nuevamente la tercera condición del referéndum de 1986, y se le
da al pueblo español en los propios nudillos. Pero dejemos este tema.
Esta construcción de la moneda única, ¿cómo entiende la cohesión
económica y social? ¿Cómo se entienden los distintos planes que
plantean muy teóricamente la creación de empleo? ¿Cómo se puede
compatibilizar la soberanía que radica en el pueblo español y en la
propia Constitución con la construcción de un ente que no es político
porque no hay unión política, que no tiene política exterior? ¿Cómo
podemos tener mecanismos de control, a través de qué? ¿Qué es lo que
se está construyendo? ¿Qué futuro nos depara? ¿No creen SS.SS. que
esto merecería un debate en esta Cámara sereno y tranquilo? ¿Es que
solamente vamos a vivir aquí a golpes
de debate de una Comisión Mixta Congreso-Senado sobre aspectos
concretos? ¿Es que solamente vamos a vivir aquí sobre debates después
de cada cumbre europea, que hacen referencias específicas a momentos
concretos? ¿Es que esta Cámara no va a debatir sobre ese proceso que
tanto afecta a los españoles y a las españolas de la llamada
construcción europea, y que este portavoz siempre llama construcción
de la moneda única? ¿Es que esta Cámara va a quedar insensible para
no debatir con criterios globales aquello que afecta al pueblo que
decimos representar?
Pero no es solamente esta cuestión, sino que hay otras más que hacen
referencia al momento: una moción de censura que se avecina o se
advierte a la Comisión Europea, un debate en el Parlamento Europeo.
Un Parlamento Europeo que, por otra parte, señorías -lo digo por si
a alguien se le ocurre argumentar-, no está compuesto por
nacionalidades sino por teorías políticas, por grupos políticos, y
esta Cámara, todos los que estamos aquí, aunque representamos
programas e ideologías políticas, hablamos para España, para los
españoles, para los intereses de nuestro país, desde nuestro punto de
vista. La Cámara de Estrasburgo, no. Los grupos hablan por afinidades
ideológicas. ¿En dónde está allí lo que se llama tan pomposamente los
intereses de España? No vale que se me diga que el Parlamento Europeo
hace el debate allí, no; hay que hacerlo aquí también, desde España,
desde las distintas posiciones ideológicas, porque - repito- en aquel
Parlamento no estamos representados como españoles sino como
ideologías, como propuestas políticas distintas.
El momento es importante. Estamos ante la discusión de la Agenda
2000, una Agenda 2000 que está siendo fuente de problemas. Ahí está
la inquietud de los ganaderos; ahí está la inquietud que hay sobre la
agricultura; ahí está el problema de los fondos de cohesión, de los
fondos estructurales, de la ampliación, que no termina con los tres
países que van a entrar ahora mismo, sino que hay más que están
esperando; ahí está el presupuesto, el problema de la fiscalidad, de
la nueva Hacienda pública europea. ¿Cómo vamos a ver esto? ¿A golpe
de debate parcial cada seis meses? ¿Es que esta Cámara no tiene la
obligación de ser una visión global y dar su opinión? ¿Es que se nos
hurta a los representantes del pueblo español la posibilidad de poder
debatir sobre aquellas políticas que inciden precisamente sobre este
pueblo? Queda naturalmente otra base que hace que esta propuesta
merezca que sea apoyada de manera unánime.
Señorías, permítanme que les lea el artículo 93 de la Constitución
española: «Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de
tratados por los que se atribuya a una organización o institución
internacional el ejercicio de competencias derivadas de la
Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según
los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las
resoluciones emanadas de los organismos internacionales o
supranacionales titulares de la cesión». Señorías, estoy planteando
el cumplimiento de
la Constitución española. Los tratados de Maastricht y de Amsterdam
se basan en el artículo 93 en donde se atribuye el ejercicio de la
competencia, pero la titularidad está aquí, en esta Cámara, y si aquí
no se debate es que esta Cámara renuncia a ejercer el desarrollo del
artículo 93. Estoy planteando la plena constitucionalidad de la
propuesta.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Anguita, le ruego
concluya, por favor.
El señor ANGUITA GONZÁLEZ: Estoy terminando, señor presidente.
El que nosotros hayamos hecho la atribución del ejercicio de la
competencia no significa que renunciemos a nuestra obligación de
debatir aquí sobre políticas que afectan a nuestros representados y a
nuestras representadas, los ciudadanos y ciudadanas españoles.
Consecuentemente con ese artículo 93 hay que hacer ese debate, sólo
por coherencia constitucional. No creo que necesite volver a leer el
artículo 93 porque las razones que acabo de dar van de suyo, son
naturales, emanan de la lógica, se sustentan en la racionalidad,
están concordes con los principios constitucionales en la letra y en
los contenidos. Creo que ganaríamos no solamente fortaleciendo a esta
institución, fortaleciendo el ejercicio democrático, sino, además,
esa Constitución que tantas veces decimos que hay que cumplir con
tanto énfasis. Aquí hay una ocasión de oro: las instituciones
europeas emanadas de los distintos tratados que conforman hoy la
Unión Europea toman decisiones que afectan a nuestros compatriotas, a
nuestros conciudadanos y a nuestras conciudadanas. Que nosotros,
representantes de esos conciudadanos y conciudadanas a tenor del
artículo 93 de la Constitución, hagamos una reflexión de qué hace
Europa con lo que nosotros le hemos cedido, no la titularidad sino el
desarrollo de una competencia, que pidamos que haya un debate no es
ninguna cosa del otro mundo, simplemente es ajustarse al desarrollo
de la Constitución.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Anguita.
A esta proposición no de ley han presentado dos enmiendas el Grupo
Parlamentario Mixto. Para la defensa de la que viene avalada por el
señor Saura y el señor Peralta, tiene la palabra, en primer lugar, el
señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Efectivamente, en el ámbito de la Unión Europea se están llevando a
cabo debates muy importantes. En estos momentos, en concreto, todos
los que giran en torno a lo que se conoce como la Agenda 2000, en
donde se discuten tanto las fuentes financieras de la Unión como las
políticas de gasto de la misma, así como, en el fondo, las
previsiones de ampliación hacia países del centro y del este de
Europa y también, lógica
y coherentemente, problemas de institucionalización democrática de la
Unión. Son temas de la máxima trascendencia para la Unión y también,
como se ponía de manifiesto por parte del señor Anguita, para nuestro
propio país en la medida en que el proceso de construcción europea es
cada día más una cuestión interna y, a su vez, son más importantes
los intereses españoles implicados en ese proceso de construcción
europea. Desde ese punto de vista, cualquier medida que contribuya a
facilitar y fomentar la participación de esta Cámara en el
seguimiento de ese proceso nos parece de especial interés.
Hemos seguido con atención la intervención del señor Anguita y la
serie de razones que ha expuesto para justificar su proposición. El
tono de respeto que ha manifestado hacia el proceso de construcción
europea bien merecería que se adoptara una medida de este tipo que
disipara cualquier duda acerca del carácter importante, crucial,
trascendental y democrático del proceso de construcción europea. En
nuestra opinión -Izquierda Unida ha presentado su enmienda en este
sentido-, no sólo deberíamos pedir que se incrementaran los
mecanismos de información (ese es el contenido que se plantea con la
exigencia de un debate), sino que también deberíamos pedirle al
Gobierno que fomente y promueva el máximo consenso en la defensa de
los intereses nacionales.
Este Gobierno se ha caracterizado por actuar al margen de este
Parlamento no sólo en los procedimientos, prescindiendo de convocar y
de informar adecuadamente, sino también en solitario. De ahí que los
resultados que se han conseguido en temas importantes no hayan sido
los que se hubieran podido conseguir mediante la unión y el consenso
de todas las fuerzas políticas. Nos parece importante plantear esta
exigencia de consenso para garantizar la mejor defensa de los
intereses nacionales en el proceso de construcción europea.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Peralta.
Para la defensa de su enmienda, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Desde el Bloque Nacionalista Galego pensamos que en el Estado español
se ha pasado de una euforia acomplejada, en la medida en que a
principios de los años 80 se pensaba que Europa era un marco ideal,
que resultaría la panacea para convertirnos en ciudadanos de primera
categoría, conforme a esa tesis de una Europa ideal que es el centro
del mundo en esa visión eurocéntrica, a una situación actual que se
caracteriza por la rutina irresponsable. Aún recientemente hemos
asistido a una votación de esta Cámara en relación con el Tratado de
Amsterdam que, prácticamente, pasó desapercibida para la opinión
pública del Estado español.
Nada menos que la ratificación de un tratado que va a condicionar
gravísimamente la vida de todos los ciudadanos del Estado español.
Es muy importante que la sociedad, los pueblos del Estado español,
participen con su opinión, teniendo una información adecuada, sin
interferencias ni interpretaciones de terceros, de lo que piensa cada
fuerza política en relación con lo que está aconteciendo respecto de
problemas gravísimos e intereses fundamentales de cada una de las
naciones que integramos el Estado español. Es por eso por lo que,
además de apoyar la proposición no de ley presentada por Izquierda
Unida, hemos presentado una enmienda de adición precisamente para
que, de realizarse este debate anual, en paralelo con el debate sobre
la situación del Estado, se transmita en directo por los medios de
comunicación públicos, porque son pocas las ocasiones en las que los
ciudadanos pueden ver cuál es el trabajo de esta Cámara, el papel que
tenemos cada una de las fuerzas políticas, sin trampa ni cartón.
Presentábamos otra enmienda de adición para que hubiese que dar
cuenta al Pleno de la Cámara, pero como acto de Gobierno en su
conjunto, no atomizado y de manera confusa, sobre los problemas que
subyacen en la política institucional y económica de la Unión Europea
en este momento preciso. El problema de la política agraria común,
sus vinculaciones con la globalización, el gravísimo problema de la
reindustrialización o de la reestructuración industrial, en concreto
en un sector tan importante como el naval y sus vinculaciones también
con la globalización y el marco de la OCDE; el proceso de integración
de los Estados del este europeo y la problemática de los fondos de
cohesión estructurales, en función de todo un balance conjunto sobre
el problema económico para saber si, realmente, el Estado español es
un Estado subsidiado o no estamos contribuyendo con la balanza
comercial de forma muy positiva a que los Estados centrales se puedan
desarrollar.
Señorías, tampoco el problema institucional es baladí. No es igual
que se mantenga el derecho de veto o que no se mantenga. No es igual
que todos los Estados de la Unión Europea podamos estar representados
en la Comisión a no estarlo, porque esto va a llevar consigo, si se
debate con tranquilidad, que incluso la opinión pública del Estado
español empiece a ser menos cicatera e histérica en relación con
cuestiones internas y que esté más preocupada por la defensa común de
los intereses colectivos de todos frente a terceros. El problema del
Estado español en este momento no está en el interior, está en sus
relaciones externas y una posición democrática debe hacer lo posible
por clarificar esta cuestión. La política sin la gente no es más que
democracia delegada y nosotros aspiramos a que la democracia sea
participativa, con fundamento de causa y sin miedo a lobos feroces
que no existen.
Señorías, vamos a apoyar esta proposición no de ley y esperemos que a
partir de este momento la opinión pública española no esté
distorsionada por menudeces,
por anécdotas, por cuestiones baladíes y se fije realmente en lo
importante, que será la mejor manera de que todos nos entendamos.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Rodríguez. ¿Grupos distintos de los enmendantes que quieran
participar en el debate? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor
Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Gracias, señor presidente.
Izquierda Unida presenta esta tarde una iniciativa, una idea política
que, dicho sea con absoluto respeto, nos parece, por un lado, muy
positiva, pero, por otro, que se suscita en un marco equivocado. Nos
parece absolutamente positiva, y en ese punto querría que centrara
más su atención su señoría. Compartimos totalmente la reflexión que
ha hecho el portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida
acerca de la necesidad de que haya una mayor presencia parlamentaria
en la Unión Europea, una mayor presencia de las instituciones
representativas, democráticas en el peso del funcionamiento de la
Unión Europea. Europa no puede quedar como un reducto de poder no
democrático, tecnocrático, en el que efectivamente se nos beneficie o
se nos perjudique por parte de una serie de personas que no responden
y no pueden ser controladas por nadie. Muy gráficamente se me
preguntaba en un debate fuera del Parlamento al hilo de la crisis -si
así se puede llamar- del olivar, lo siguiente: ¿A quién tengo que
votar para que Fischler deje de ser comisario de la Unión Europea? Y
era una pregunta que no tenía respuesta.
En el concepto de fondo, de que efectivamente existe no sólo una
falta de transparencia sino de auténtica democracia en el
funcionamiento de la actual Unión Europea tal cual la tenemos
concebida, el portavoz del Grupo de Izquierda Unida tiene nuestro
absoluto apoyo y sintonía. En ese sentido, intentar introducir un
elemento de mayor reflexión democrática en un Parlamento es en
principio positivo, y si se plantea como un debate sobre el estado de
la Unión -con una terminología que tiene claramente reminiscencias
americanas, puesto que ese discurso es el único debate del estado de
la Unión que auténticamente funciona- podría ser en principio
aceptable. Lo que ocurre es que si nos atenemos a la actual
configuración constitucional no sólo española, sino entendiendo por
constitucional la de los tratados y la del conjunto institucional de
la Unión Europea, nos parece que no es aquí donde ese debate
específicamente debe tener lugar. En primer lugar, porque, como
efectivamente ha destacado el portavoz -y creo que lo ha dejado un
poco de lado, ha disminuido su importancia-, cada seis meses hay un
debate aquí, en el Pleno, con todo el Gobierno sentado en primera
fila, con el presidente del Gobierno, con todo el Parlamento
y los portavoces de cada uno de los grupos, sobre los
resultados de la Presidencia de la Unión Europea durante los seis
meses anteriores. La Unión Europea funciona semestralmente, como las
universidades con el nuevo plan de estudios, y semestralmente es
examinada aquí. Hay un debate sobre el estado de la Unión Europea
cada seis meses en esta Cámara al hilo de lo que se ha conseguido
durante los seis meses anteriores, y no es un debate coyuntural sino
de fondo, puesto que esas conclusiones con las que se cierra cada una
de esas cumbres son auténticamente el estado de la Unión Europea en
la fecha en la que son aprobadas. Por tanto, yo empezaría por no
disminuir en su valor ese debate que celebramos aquí semestralmente.
Puede ser perfeccionable, se le puede dar a lo mejor un contenido
político de mayor nivel, menos técnico en cuanto al contenido real de
las intervenciones, pero es un debate que ya está perfectamente
previsto.
En segundo lugar, y como razón de mucho más peso, creemos que ese
debate debe tener lugar en el Parlamento Europeo, puesto que el
Parlamento Europeo, como dice S.S., no nos representa como país, sino
como ciudadanos. Efectivamente, nos representa como ciudadanos; en la
Unión Europea hemos de estar representados como ciudadanos. Es ahí
donde debe ser controlado el conjunto de las instituciones y donde se
tiene que marcar el peso.
Ello no impide que en el debate de política general que tiene lugar
en esta Cámara cada año, llamado, sin que a nosotros nos entusiasme
la expresión, debate sobre el estado de la Nación, si se acepta este
nombre -en ese juego de nombres la diferencia no es baladí-, dentro
de la política general que se debata, entre la política de la Unión
Europea. Exactamente de la misma manera que en el debate de política
general que se celebra anualmente en el Parlamento catalán -es una
analogía perfectamente válida-, y supongo que en los parlamentos de
todas las comunidades autónomas, tiene un inmenso peso, por supuesto,
la situación del conjunto de la política española y del conjunto de
la política europea. No se puede hablar de política catalana sin
hablar de política española ni se puede hablar de política española
sin hablar de política europea; pero ni tendría sentido hablar en el
Parlamento catalán de un supuesto debate de política española
distinto del debate de política catalana, ni tendría sentido hablar
aquí de un debate anual de política europea, más allá de lo que
hacemos semestralmente al hilo de las cumbres, al margen de lo que es
la política general.
Existen dos instrumentos aquí. Uno de ellos es el debate de política
general, imbuido todo él de política europea, como lo está de hecho.
Toda nuestra política económica es política europea, no sólo la
política monetaria; nuestro modelo de justicia es política europea;
nuestro modelo de defensa es política europea; nuestras relaciones
exteriores son política europea; incluso casi nuestro modelo
sanitario empieza a ser política europea en ciertos aspectos y algún
día quizánuestro modelo fiscal. Eso forma parte del debate de
política general; en cambio, la fiscalización concreta,
institucional, de cómo está funcionando la Unión, creemos que tiene
su marco -que debe ser perfeccionado, por supuesto-, y ese marco es
el Parlamento Europeo.
Por tanto, y termino, compartimos con el portavoz de Izquierda Unida
la inquietud de que no existe suficiente control democrático en la
Unión Europea. El Parlamento Europeo no tiene el peso político que
debería tener, hay que reformar los tratados en esa línea. En la
medida en que podamos hacerlo desde aquí, compartimos todo eso: la
posibilidad de un control político no sólo del presidente de la
Comisión, sino de cada uno de sus comisarios y atribuir un poder al
presidente de la Comisión Europea para cesar a sus comisarios. Las
mociones de censura, la ya planteada y la que probablemente se va a
plantear en breve, ilustran claramente esa situación. El Parlamento
Europeo debe tener más fuerza de la que tiene, pero es ahí donde
deben realizarse estos debates globales sobre el estado de la Unión y
no en esta Cámara.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Guardans.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Martinón.
El señor MARTINÓN CEJAS: Señor presidente, señoras diputadas, señores
diputados, la proposición no de ley que ha presentado Izquierda Unida
y que en esta misma tribuna ha defendido su presidente, el señor
Anguita, pretende la celebración de un debate anual sobre el estado
de la Unión Europea. Yo anticipo ya el voto favorable del Grupo
Parlamentario Socialista porque estamos conformes con la celebración
de ese debate sobre el estado de la Unión Europea.
Se trata -insisto en ello-, o al menos nosotros lo entendemos así y
me parece que el proponente lo ha dejado claro desde este mismo
lugar, de un debate sobre el estado de la Unión Europea, sobre el
proceso de construcción de Europa, sobre hacia dónde va Europa y cómo
va; no sólo de políticas europeas que, efectivamente, llegan a
confundirse, casi a identificarse a veces, con las políticas
nacionales e incluso con las políticas de las comunidades autónomas.
Se han dado aquí muchas razones. El proponente, el señor Anguita, ha
dado varias razones para justificar su propuesta, razones que, a su
juicio nos obligarían a todos los grupos a votar a favor. Hay una que
a mí me resulta especialmente chocante y es la alusión al artículo 93
de la Constitución. Quizás todos aquellos a los que nos gusta
consultar la Constitución con frecuencia, leerla, porque al final es
el principal referente de nuestra convivencia democrática, hacemos
interpretaciones distintas o al menos no acabamos de encontrar en ese
artículo 93 una justificación clara, rotunda, definitiva de la
conveniencia de la celebración de este debate. Algunos pensamos que
quizá el abusar de mencionar
o de citar la Constitución puede llegar a ser
contraproducente.
Pero dejando a un lado esta pequeña diferencia de interpretación, en
estas semanas pasadas se ha hablado mucho en nuestro país acerca de
la Unión Europea. Hace justo una semana, en esta misma Cámara, mi
grupo parlamentario presentó una interpelación al Gobierno acerca de
la situación de la Agenda 2000 y de cómo iban las negociaciones, para
que el Gobierno explicara aquí cuál era la situación.
Lo cierto es, señorías, que, aunque hemos hablado mucho de la Unión
Europea, el Gobierno ha dicho poco acerca de cómo van las cosas en la
Unión Europea. Quizás este debate que se propone desde las filas de
Izquierda Unida obligue al Gobierno a decir más, aunque sea con menos
palabras, porque efectivamente se trata de asuntos muy importantes
para todos nosotros, importantes para nosotros como comunidad
política e importantes para cada uno de los españoles de forma
individual. Se trata de celebrar un debate donde todos los grupos
parlamentarios expongamos nuestras opiniones y al Gobierno le
corresponde sin duda explicar desde dentro, desde la propia
negociación, cómo se está construyendo Europa.
Este debate de esta tarde, esta discusión acerca de la proposición no
de ley ha servido también para hablar de Europa, no sólo para poner
de manifiesto la conveniencia, la necesidad, lo adecuado de celebrar
un debate acerca de la Unión Europea, sino para comentar algunos
aspectos acerca de la construcción europea.
El proponente ha puesto de manifiesto, ha explicado, ha señalado, ha
indicado algunos defectos o insuficiencias en el proceso de
construcción europea. Es evidente que estamos hablando de un proceso
muy complejo, un proceso inacabado aún, posiblemente siempre
inacabado, siempre podremos estar hablando de la construcción
europea, igual que hoy muchos continuamos hablando de la construcción
de España. Pero creo que también es obligado decir esta tarde que
Europa se ha convertido en el mayor espacio de libertad y de progreso
que jamás haya existido en la faz de la tierra. Europa estará plagada
de dificultades en su construcción, sin duda, pero Europa es hoy el
lugar de la tierra donde hay más libertad, donde hay más progreso.
No se me oculta que hay problemas sociales gravísimos. Hay un paro
que resulta insufrible e insoportable, hay zonas de marginación y de
pobreza, pero pese a esos defectos, pese a las insuficiencias en la
construcción de la propia Europa, pese a todo eso, reafirmo que
Europa es hoy el espacio geográfico más amplio donde hay libertad y
donde hay progreso.
Para muchos españoles Europa no sólo ha significado un ámbito de
progreso económico, de progreso social, no sólo ha significado un
ámbito económico, monetario y político. Principalmente para muchos de
nosotros Europa ha significado un conjunto de valores éticos, de
valores que permiten sustentar la convivenciade los individuos y la
convivencia entre los pueblos.
Es ese conjunto de valores éticos y de convivencia lo que más nos
anima en la construcción europea y eso es también lo que más nos
anima para avanzar en lo económico, en lo monetario y en lo político.
Avanzar en la construcción europea supone para nosotros avanzar en el
reforzamiento de esos valores éticos que Europa representa.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Martinón.
Finalmente, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
señor Martínez Casañ.
El señor MARTÍNEZ CASAÑ: Gracias, señor presidente.
Señorías, todos en esta Cámara estamos de acuerdo en que Europa debe
adaptarse, evolucionar y reformarse para el reto que supone el siglo
XXI; adaptarse a ese proyecto de unión económica y monetaria, de
unión política, de un verdadero espacio de libertad, de seguridad
y justicia, de cohesión y progreso para todos los ciudadanos de esa
Europa que debe ser una Europa ampliada y solidaria.
En este sentido es en el que se elabora la Agenda 2000, que dibuja
una estrategia para conseguir estos objetivos. El primero,
profundizar la Unión; el segundo, ampliar la Unión; el tercero, dotar
a la Unión de un nuevo marco financiero para el próximo quinquenio
que haga posible la consecución del proyecto inmediato. Por ello,
porque la Agenda 2000 es un documento y un reto importantísimo, es
por lo que el presidente del Gobierno, en su discurso de investidura,
brindó el apoyo del Ejecutivo y de su grupo parlamentario para que la
política europea fuese de consenso, una política impulsada y
respaldada por este Parlamento, en todos sus niveles y en todos sus
detalles. Por eso es por lo que la colaboración del Gobierno en este
proyecto ha sido impecable, minuciosa, constante e incondicional con
todos los grupos parlamentarios.
Se han establecido cauces nuevos de colaboración y se han respetado y
profundizado los cauces existentes. No tengo que recordar que la
Comisión Mixta nunca ha trabajado como trabaja en estos momentos para
asociar a los diputados y senadores a este proceso y a este reto; no
tengo que recordar cómo la Comisión Mixta Congreso-Senado representa
directamente a todos los ciudadanos, no es un ente ni es una
entelequia, es la representación directa de todos los ciudadanos del
Estado español. No solamente está la Comisión Mixta, están también
las ponencias que se han elaborado al respecto para tener un
seguimiento muchísimo más profundo y de mucho más detalle, como es en
la actualidad la subcomisión de seguimiento de la Agenda 2000 y de
las perspectivas financieras, que se creó a instancias del Grupo
Parlamentario Popular y del Grupo de Convergència i Unió.
No tengo que recordar tampoco cómo, y de manera puntual, el ministro,
el secretario de Estado o los distintos
ministros competentes acuden cada vez que se les requiere, en
la medida en que lo permite tanto nuestro calendario como el suyo,
tanto a la Comisión Mixta como a la ponencia para explicarlo. No
tengo que recordar cómo antes de cada Consejo el ministro de Asuntos
Exteriores viene a recabar el apoyo del Parlamento y a sugerir ideas
en todo lo que pueda haber de constructivo y de aportación. No tengo
que recordar tampoco cómo, de qué manera y de qué forma escrupulosa
el presidente del Gobierno, tras cada cumbre de la Unión, viene a
informar a este Parlamento y tienen ocasión y oportunidad todos los
portavoces parlamentarios de disentir, de apoyar o de pedir
explicaciones sobre la acción del Ejecutivo.
Señorías, el artículo 7 del Reglamento del Congreso regula el régimen
jurídico de las peticiones de información a las administraciones
públicas por parte de los diputados. Sin embargo, la propuesta de
debate sobre el estado de la Unión Europea parece calcada del debate
del estado de la Nación. En este sentido, la analogía resulta
completamente improcedente. Se piden dos cosas. Primero, que, una vez
concluya el proceso de la Agenda 2000, se realice un debate. Señor
Anguita, esto está comprendido en el funcionamiento de esta Cámara.
Una vez que haya tenido lugar el Consejo en el que se llegue a un
acuerdo sobre la Agenda 2000, el presidente de Gobierno informará
puntualmente de los progresos realizados y de los acuerdos
conseguidos. Sin embargo, el segundo punto, celebrar un debate sobre
el estado de la Unión Europea, es improcedente.
En el debate sobre el estado de la Nación, señor Anguita, el Gobierno
acude como responsable único y absoluto de su gestión política. Por
el contrario, en un hipotético debate como el que usted pretende
sobre el estado de la Unión Europea, estarían ausentes auténticos
protagonistas del proceso de construcción europea, como son las
instituciones comunitarias: la Comisión, el Consejo y el Parlamento
Europeo, que tengo que recordarle que es el representante directo de
todos los ciudadanos de Europa y, donde, a pesar de lo que usted ha
dicho, señor Anguita, la práctica demuestra que no se defienden en
último caso intereses ideológicos sino intereses del país, y me
remito a las actas parlamentarias para que vea en qué medida los
informes de la diputada doña María Izquierdo, de su grupo
parlamentario, contó con el apoyo unánime de todos los diputados
españoles, socialistas, populares, del partido que fueran.
Señor Anguita, en su discurso del 25 de junio, con motivo de la
comparecencia del presidente del Gobierno para explicar la cumbre de
Amsterdam, usted decía sobre el Acta Única europea, que se fundamenta
en dos pilares: la construcción de un mercado único y la cohesión
económica y social. Decía: señor presidente del Gobierno, para que
esto sea posible se necesita de un poder político que unifique y tome
medidas a fin de que las diferencias que genera el mercado puedan ser
corregidas por decisiones políticas sobre la propia economía a nivel
europeo. Y decía: para que esto sea posible,
se necesita un proceso constituyente para Europa con cinco sujetos
constituyentes: los pueblos de Europa, los parlamentos nacionales, el
Parlamento Europeo, el Consejo Europeo y la Comisión. Pues bien,
señor Anguita, de esto se trata, de respetar el proceso constituyente
y la división de poderes, tanto a nivel interno como a nivel de
construcción europea. El Parlamento Europeo, como ha señalado el
portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), es el
competente, y así se hace en un debate anual sobre el programa de la
Comisión.
Señores diputados, señores de Izquierda Unida, sobre todo a ustedes,
les pediría, en nombre de mi grupo parlamentario, que fuesen
constructivos. Votaron en contra de Maastricht y ahora les gusta
Maastricht, votaron en contra de Amsterdam y lo tacharon de parto de
los montes, parieron los montes y nació un ratón, dijeron
literalmente. Se opusieron a Schengen, que lucha por un espacio de
libertad, de seguridad y de justicia, y Schengen nace del clamor
general de los ciudadanos europeos que continúan dándoselo para poder
vivir en paz y en seguridad. Se han opuesto al Pacto de Estabilidad,
que tanto está contribuyendo en este país a la creación de empleo.
Nunca se ha protegido ni se ha hecho más por el empleo, base del
bienestar de los trabajadores, que lo que se hace ahora en este país.
Señores del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, ayúdennos con una
crítica constructiva, pero también con una colaboración leal desde el
convencimiento y la aceptación del proyecto europeo, lo cual no han
hecho hasta ahora, y ayúdennos a que éste redunde cada vez más en
beneficio de sus ciudadanos. Pero háganlo poniendo cada cosa en su
sitio, cada debate en su institución, cada sistema de control en la
institución que resulte competente.
Por todo esto y tras esta petición, tengo que decirles que votaremos
en contra de la proposición no de ley y de las enmiendas que han
presentado otros grupos políticos.
Gracias, señor presidente. Gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Martínez Casañ.
Señor Anguita, tiene la palabra para fijar su posición sobre las
enmiendas que ha presentado el Grupo Mixto.
El señor ANGUITA GONZÁLEZ: Ya sé, señor presidente, que no puedo
contestar a los señores diputados.
Hay tres enmiendas presentadas a nuestra proposición no de ley que
vienen del Grupo Mixto, dos de ellas de un diputado del Bloque
Nacionalista Galego. La primera es una enmienda de adición que
plantea que el debate, en caso de aprobarse, fuese retransmitido
y que el pueblo español pudiera seguir el debate sobre la situación de
la construcción europea. La asumimos al igual que la segunda.
Con respecto a la tercera enmienda, que también es del Grupo Mixto y
que firman los señores Saura, Laporta y Peralta Ortega, hay un
problema que voy a ver si
podemos resolver en este trámite. Los contenidos de la enmienda, si
fuese de sustitución -y aquí lo proponen-, quitan los contenidos de
la nuestra. Por tanto, nosotros no tendríamos ningún inconveniente si
la enmienda de sustitución se transformase en enmienda de adición y,
si vale en este trámite con el asentimiento del señor diputado, lo
asumimos sabiendo que sería una enmienda de adición. Parece que el
señor diputado está de acuerdo y, por lo tanto, se asume esa
enmienda.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Anguita.
Los servicios intentarán compaginar las enmiendas con la aquiescencia
del señor Peralta para que surja un texto integrado que se pueda
someter a votación. Así pues, vamos a llamar a votación en los
términos producto del debate realizado. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la proposición no de ley del Grupo
de Izquierda Unida, relativa a la realización de un debate sobre el
estado de la Unión Europea, una vez concluya el proceso de la Agenda
2000, y a la continuación de la realización de dicho debate
anualmente, en los términos resultantes del debate de la aceptación,
por adición, de las enmiendas presentadas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
298; a favor, 144; en contra, 154.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE
MEDIDAS PARA AFRONTAR LA REFORMA DE LA JUSTICIA (Número de expediente
162/000295).
El señor PRESIDENTE: Debate sobre la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas para
afrontar la reforma de la justicia.
Para su presentación, tiene la palabra el portavoz adjunto de dicho
grupo, señor Silva. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y
Lozana, ocupa la Presidencia.)
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, desde el inicio de esta legislatura, el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) ha buscado, con mejor o peor fortuna,
provocar un gran debate sobre la reforma global de la justicia.
En su día, en la primera comparecencia que ante la Comisión de
Justicia e Interior realizó la señora ministra
de Justicia así se lo planteamos, de la misma manera que hicimos
hincapié en que, desde nuestra perspectiva, era absolutamente
prioritaria esta reforma global de la justicia, entendida como
servicio público... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento,
señor Silva; discúlpeme.
Señorías, les ruego guarden silencio. (Pausa.) Puede continuar.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Decía, señorías, que desde el inicio de esta legislatura el Grupo
Parlamentario Catalán se había marcado como objetivo provocar la
realización de un gran debate sobre la reforma global de la justicia.
Así tuvimos ocasión de manifestarlo -decía- en la primera
comparecencia que la señora ministra de Justicia realizó ante la
Comisión de Justicia e Interior, incluso poniendo de manifiesto que
para nuestro grupo parlamentario la prioridad era esta reforma
dirigida a la justicia como servicio público y no tanto a la justicia
como poder judicial, cuya titularidad ostentan los jueces y los
tribunales.
Cierto es que esta visión de la justicia como Poder Judicial pone de
manifiesto la existencia de problemas, incluso de conflictos con
otros poderes del Estado - curiosamente no definidos así, como
poderes, en la misma Constitución-, y que instituciones como pueden
ser el aforamiento y el suplicatorio, por lo que hace referencia a la
relación entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo, o incluso
sobre la materia de los secretos o clasificados, en relación a
documentos del Poder Ejecutivo, por aquello que se refiere al
conflicto o conflicto hipotético entre el Ejecutivo y el Judicial,
han estado encima de la mesa a lo largo de la legislatura pasada, e
incluso de ésta.
Sin embargo, decía que es prioritario para el Grupo Parlamentario
Catalán esta reforma global no dirigida a ese Poder Judicial sino
dirigida fundamentalmente al servicio público de la justicia, que no
es baladí, porque ciertamente sin un servicio público de la justicia
eficaz de poco valen las declaraciones de derechos que contiene la
propia Constitución y las leyes que la desarrollan o que se dictan en
el marco de ésta. De ahí que incluso en el último debate de política
general, el 14 de mayo de 1998, en virtud de una propuesta formulada
por el Grupo Parlamentario Catalán, se manifestase que era urgente
afrontar con el máximo consenso posible una reforma global de la
justicia a partir de las propias recomendaciones del Consejo General
del Poder Judicial contenidas en el libro blanco.
Señorías, el libro blanco constituyó en su día un gran esfuerzo de
síntesis en la definición de grandes reformas y si bien constituye
inicialmente un documento de trabajo, desde luego producto del
Consejo General del Poder Judicial, constituye un gran esfuerzo de
síntesis de la definición de problemas y en muchos casos,
incluso, de aportación de soluciones. Sobre la base de las propuestas
contenidas en el libro blanco pretendemos fundamentar este gran
debate sobre la reforma de la justicia. No era nuestro objetivo en
aquella primera comparecencia de la señora ministra de Justicia, como
no lo es en el día de hoy, efectuar juicios o reprobaciones sobre el
comportamiento del actual Ministerio de Justicia o de ministerios de
justicia anteriores. Precisamente, lo que pretendemos es buscar un
consenso, puntos de encuentro, para efectuar esa reforma global de la
justicia de cara al futuro.
Las encuestas, y todos tenemos presente la encuesta realizada por el
Centro de Investigaciones Sociológicas, ponen de manifiesto esa gran
insatisfacción y desconfianza de los ciudadanos respecto de la
justicia, curiosamente desconfianza e insatisfacción muy superior en
aquellos ciudadanos que no acuden a este servicio público que en
aquellos que sin embargo sí han acudido. En cualquier caso, se
produce -como decía anteriormente- esa insatisfacción, que por lo
demás no puede ser superada por aquellas mejoras económicas que se
pueden introducir en uno o en más presupuestos, de la misma manera
que no puede superarse ni efectuarse esa reforma pura y simplemente
modificando leyes procesales, cosa que, por lo demás, estamos
haciendo, y entiende mi grupo que con acierto, también en esta
legislatura.
Señorías, esa reforma global de la justicia se extiende tanto en el
espacio como en el tiempo a estos estrechos márgenes de un ejercicio
presupuestario, del mandato de un Gobierno o de una legislatura.
Ciertamente, requiere un compromiso con una dimensión temporal
superior; requiere, por tanto, un programa plurianual de dotación de
medios a esta Administración de justicia, de la misma manera que
entendíamos que esa reforma global no puede agotarse en una pura y
simple modificación de las leyes procesales. Esa reforma global debe
abordar, en cualquier caso, reformas funcionales, reformas orgánicas,
reformas procesales y ese compromiso económico ineludible con la
justicia.
Porque invertir en justicia no sólo tiene una rentabilidad social.
¿Quién va a discutir que una mejor protección de los derechos de los
ciudadanos presenta esa rentabilidad social? Es que tiene también una
auténtica rentabilidad económica. Los costes que para nuestro sistema
económico pueden derivarse de la pura y simple morosidad, amparada en
muchos casos por las leyes procesales y en otros casos por artificios
de los agentes procesales -no vamos a decir que no-, de la misma
manera que por la duración y a veces el resultado imprevisible de los
litigios, convierten ese incremento de las dotaciones, esa gran
inversión en la justicia, en una de las inversiones más rentables,
tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista
económico, que en cualquiera de los casos pudieran asumirse.
Desde esos planteamientos, Convergència i Unió, en virtud de un
documento realizado en su inicio por el Partido de Convergència
Democrática de Catalunya,
por su sectorial de Justicia y muy magníficamente por dos de sus
miembros, en estos momentos diputados en el Congreso, Ignasi Guardans
y Jordi Jané, y después con aportación del otro partido de la
coalición, Unió Democrática de Catalunya, determinó la presentación
de la proposición no de ley que se debate en el día de hoy, no como
un contrato de adhesión al que los demás grupos tengan que votar sí o
no, sino buscando ese encuentro, ese consenso, tanto en el espacio
como en el tiempo. Y hay que reconocer que no es el primer debate que
se realiza en esta Cámara sobre esa reforma global. Hace unos meses,
a instancia de don Pablo Castellano, de Izquierda Unida, una
interpelación, después convertida en moción, permitió efectuar con
una cierta amplitud un debate que en aquellos momentos a nuestro
grupo todavía le parecía un poco verde. Hemos tenido más tiempo, unos
cuantos meses más, y entendemos que quizá el debate de hoy pueda ser,
ahora sí, fructífero.
Señorías, a partir de este planteamiento, a partir de la
reivindicación social, a partir de las actuaciones de las comunidades
autónomas, hace muy pocos días, el día 12, se reunían los seis
consejeros autonómicos con responsabilidad en la materia para acordar
una serie de medidas que pretendían solicitar al Ministerio de
Justicia, en virtud, no de las propuestas del libro blanco, sino de
las efectuadas desde la Magistratura, desde el secretariado judicial,
desde la sociedad civil, desde la Fundación Pi i Sunyer, por ejemplo,
en Cataluña. Entendemos que ese es el momento en el que se produce la
maduración suficiente para efectuar este debate.
Mi grupo presentó la proposición no de ley, que resumiré muy
brevemente, no desde la perspectiva de un puro contrato de adhesión,
sino con la finalidad de, abriéndose a los consensos, dejar claro
cuál es la posición de Convergència i Unió en esta materia y
efectuando un planteamiento de las reformas funcionales, orgánicas,
económicas y procesales que entendíamos que eran ineludibles para esa
gran reforma global de la justicia. Porque mi grupo entiende que la
independencia judicial y la racionalidad administrativa no están
reñidas y que, por tanto, puede efectuarse un perfecto deslinde entre
aquellas funciones jurisdiccionales y de tramitación de las que son
de gestión de medios materiales y medios de personal. Y también
entiende que en estos momentos la concurrencia de competencias sobre
los medios personales y materiales en la Administración de justicia
equivale a un auténtico caos, motivo por el que plantea en la
proposición no de ley la supresión de los cuerpos nacionales y la
atribución de plenas competencias a las comunidades autónomas sobre
los citados medios personales. La estructura territorial del Estado,
lo que se ha venido en llamar el Estado de las autonomías, requiere
también la descentralización del Consejo General del Poder Judicial y
la existencia de comisiones mixtas de esos órganos descentralizados
con los gobiernos de las comunidades autónomas con competencias en la
materia. Mi grupo también entiende que la realidad pluricultural y
plurilingüística
del Estado requiere establecer aquellos instrumentos
y mecanismos precisos para garantizar el uso normal de las lenguas
cooficiales y propias en los distintos territorios que la sustentan,
también en el ámbito de la Administración de justicia, que no puede
ser una zona exenta de los derechos de los ciudadanos. A partir de
ahí, mi grupo entiende aquellas otras propuestas de acceso a la
justicia, de la función de los procuradores, de la carrera judicial y
de las modificaciones de las leyes procesales que ha puesto de
manifiesto en esta proposición no de ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Silva, le
ruego que concluya.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Acabo ahora mismo, señor presidente.
A lo largo de estos últimos días hemos mantenido conversaciones con
otros grupos parlamentarios que han formulado enmiendas a la
proposición no de ley. Agradecemos las enmiendas, agradecemos la
liberalidad y el ánimo de consenso con que han afrontado este debate
y al mismo tiempo ofrecemos una propuesta de transacción que en estos
momentos obra en poder de los portavoces de los diferentes grupos
parlamentarios.
Agradeciendo ese esfuerzo de consenso y esperando que en el día de
hoy sea fructífero, Convergència i Unió se alegra de haber podido
provocar este gran debate o este debate sobre la reforma global de la
justicia.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Silva.
Le ruego que haga llegar a la Mesa el texto de la enmienda
transaccional.
Han sido presentadas enmiendas a esta proposición no de ley por los
grupos Federal de Izquierda Unida, Socialista, Mixto y Popular.
En primer lugar, para la presentación y defensa de sus enmiendas, en
nombre de su grupo parlamentario, tiene la palabra el señor
Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muy buenas tardes y muchas
gracias, señor presidente.
Efectivamente, a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió se ha presentado por nuestro grupo una enmienda.
Habría que aclarar que la terminología de enmienda en este debate que
estamos desarrollando quizá no sea muy propia, porque cuando se asume
de esa proposición no de ley una gran parte, por qué no decirlo, casi
la totalidad de la misma, la enmienda es más bien el complemento con
el que se quiere contribuir -y yo creo que en el mismo ánimo que el
resto de los grupos parlamentarios- a que, efectivamente, ese debate,
tantas veces exigido y necesitado, no sólo sobre el servicio público
dela justicia, sino sobre los medios materiales y humanos, su
administración y hasta sobre el propio Poder Judicial,vaya empezando
a tener lugar.
No compartimos, desde el más absoluto respeto, la impresión de que
éste sea el gran debate, quizá porque el estrecho marco de una
proposición no de ley no nos lo permite, pero ese estrecho marco en
modo alguno puede minorar la voluntad que se aprecia en los
proponentes y en los enmendantes de ir haciendo realidad un tema muy
importante, que es el pacto de Estado sobre la justicia. Es verdad
que ese pacto de Estado sobre la justicia empieza hoy a tener aquí
formulación y aparecen, lógicamente, coincidencias y diferencias.
Pero nuestro grupo resalta de una forma muy positiva que las
coincidencias son muy importantes y, siendo muy importantes, es
evidente que vamos a hacer todo lo posible, y ya lo anunciamos, para
que en ese esfuerzo transaccional, aunque evidentemente no es nuestra
posición la que más se ve reflejada, por lo menos haya una posición
de cierta unanimidad de la cual podamos seguir arrancando.
Es verdad que en la proposición no de ley -y no se tome como crítica,
sino pura y simplemente como consideración- hay una preocupación
lógica por lo que podíamos llamar el reflejo de lo autonómico en el
mundo de la Administración de justicia. Nos hubiera gustado ver esa
misma preocupación en cuanto a otros contenidos. Por ello, nos hemos
permitido presentar no tanto una enmienda como un complemento en
temas que, efectivamente, van a quedar encima de la mesa, pero que
pensamos que se acabarán teniendo en cuenta a lo largo del tiempo.
Hay una coincidencia absoluta en todos: no nos vale el modelo de
oficina judicial actual. Es posible que el modelo de oficina judicial
al que podamos aproximarnos o llegar en su día sea el que postula la
proposición no de ley, basado en el partido judicial. Es posible a lo
mejor que logremos convencer de un nuevo modelo de oficina judicial
llamada juzgado general u oficina judicial general, que supere
enormemente la práctica, que no tildamos de negativa, de lo que se
llaman las secciones de servicios comunes y que están dando,
evidentemente, un resultado positivo, pero que nos parecen
insuficientes.
Queremos que de verdad se supere esta estructura de juzgados
compartimentos estancos, que no permite la menor flexibilidad para la
adscripción, para el nombramiento de jueces, para el nombramiento de
secretarios, incluso para solucionar con eficacia administrativa -esa
eficacia administrativa de la que hablaba el señor Silva- ese
servicio público de la justicia. Ahí tenemos una cierta diferencia.
La tenemos también en un tema en el que creo que podríamos llegar a
ponernos de acuerdo y es en que los funcionarios, oficiales,
auxiliares, agentes, sin perjuicio de poder mantener el carácter de
cuerpo nacional, pueden ser perfectamente objeto de selección, objeto
de nombramiento y objeto, por qué no, de ordenación por parte de las
correspondientes consejerías de las comunidades autónomas. Ahora, nos
gustaría que, tras esa pretendida pérdida del carácter de cuerpo
nacional, no viniera aparejada la pérdida de la posibilidad de la
movilidad, que evidentemente es esencial para esta clase de
funcionarios. Y creemos
que, si efectivamente no tienen por qué tener un trato distinto al
resto de los funcionarios de la Administración del Estado en todos
sus niveles, sí tiene una especificidad, la especificidad de que
están al servicio de un poder muy concreto como es el Poder Judicial
y eso conlleva que se exija de ellos unos requisitos, que yo no digo
que sean ni superiores ni inferiores, pero sí distintos del resto de
las funciones que ejerce la Administración.
Nos gustaría participar y coincidir en la más efectiva
descentralización y, si acaso esta expresión no gusta, en la más
completa corresponsabilidad de las comunidades autónomas en el
servicio público de la justicia, de modo tal que los diferentes
gobiernos autónomos se responsabilicen -perdonen la redundancia- de
que ese servicio público de la justicia sea acomodado a lo que
necesitan los ciudadanos. Compartimos el concepto de ampliación de
competencias de las salas de gobierno, que efectivamente están
teniendo una interpretación -valga la expresión- a lo mejor
reduccionista o cicatera. Pediríamos que, al tiempo, la composición
de las salas de gobierno se planteara mediante un sistema de elección
proporcional corregido y no mayoritario, porque la realidad de las
asociaciones profesionales de jueces y magistrados, y sobre todo el
importante número de magistrados y jueces independientes, hace que
muchas veces queden fuera de un órgano de tal importancia.
Sabe de sobra el proponente que somos partidarios de la separación en
cuanto al acceso de jueces y fiscales, por vías completamente
distintas. ¿Por qué? Porque hemos insistido enormemente, a lo largo
de muchos debates o intervenciones, en que no nos parece en modo
alguno riguroso hablar de la posible incardinación del ministerio
público en el Poder Judicial. Y queremos llamar la atención, a través
de este complemento, sobre la necesaria exigencia, en materia de
responsabilidad de jueces y magistrados, de participación de personas
ajenas a la carrera. El corporativismo, sinceramente, tiene que estar
exigiendo algún elemento corrector y creo que hay imaginación
suficiente para poder buscar el método en virtud del cual los
ciudadanos no puedan pensar que aquello es como lo de Juan Palomo,
que, puesta la responsabilidad en manos de ellos mismos, puede haber
una cierta tentación de algún proteccionismo.
Evidentemente, compartimos que hay que hacer un esfuerzo acerca de la
utilización de una profesión tan merecedora de respeto y útil, a
nuestro modo de ver, como son los procuradores y hay que hacerlo de
modo tal que, en todo lo que se refiera a los actos de comunicación
y -¿por qué no?- en muchísimos trámites procesales en los que lo que
llamamos la dirección técnica o la asistencia técnica no es tan
precisa, puedan perfectamente cumplir ese deber de postulación
procesal y de representación de las partes, que viene a representar
también, lógicamente, una faceta del aspecto contradictorio. Nos
gustaría que, en el tema de la asistencia jurídica gratuita, fuéramos
avanzando hacia la figura, no del abogado de oficio, sino del abogado
elegido
por cada ciudadano, como en otros países de Europa, donde no existe
ese turno restringido, sino que el ciudadano se dirige a aquel
despacho de abogados que considera conveniente, eso sí sabiendo que
no va a pactar sus honorarios con libertad porque están sujetos a
una
baremación. Permite, no obstante, que, en un momento determinado, no
se pueda alimentar la duda de si, por el riguroso turno en que le ha
sido adjudicado el correspondiente defensor, existe alguna clase de
perjuicio o alguna situación de lamentable indefensión.
En cuanto a una preocupación que manifiesta la proposición sobre la
Sala Segunda del Tribunal Supremo y el aforamiento, que efectivamente
está conduciendo de forma poco aceptable a la privación de una
instancia, nos gustaría que se aprovechara también para que
redujéramos las situaciones de aforamiento, tanto en lo que se
refiere a las personas como a las figuras delictivas, a lo que es
exclusivamente fruto del ejercicio de una actuación profesional, de
la que nace la calidad del aforamiento. No podemos seguir entendiendo
la inmunidad parlamentaria ni el aforamiento de los altos cargos con
tal amplitud que haga que delitos que nada tienen que ver con la
función que se ejercita pueden acabar siendo enjuiciados en la Sala
Segunda del Tribunal Supremo. Esto hay que reducirlo notoriamente,
porque el ciudadano tiene una percepción clarísima y lógica de que es
una situación de privilegio y de desigualdad ante la ley y ante la
justicia. Nos gustaría hacer ese esfuerzo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor
Castellano, le ruego concluya.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Acabo en seguida, señor
presidente.
En este relato de puntos en los que tenemos no voy a decir
diferencias sustanciales sino enfoques distintos y que querríamos
poner como complementos, voy a insistir en que en la elección y en el
nombramiento de la figura del fiscal general del Estado participe el
Parlamento. Es más, aquí se aprobó ya así, y estamos esperando a que
el Gobierno envíe ese proyecto de estatuto del ministerio fiscal, en
el que se recoja además la presentación de la correspondiente
memoria.
Ante alguna tentación de eliminación y desaparición de la Audiencia
Nacional, nuestro grupo se manifiesta en cuanto a la reducción de sus
competencias a todos los delitos que sean fruto de la delincuencia
organizada.
Finalmente, nos gustaría que en este caso concreto se haga un serio
esfuerzo y se reincorpore al marco de las competencias del Ministerio
de Justicia, por no aludir a otros temas de nuestra enmienda, la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Esta sustracción
de competencias en algo tan importante como es la ejecución de las
penas no ha sido fruto de ninguna perspectiva de mejora funcional o
administrativa, tiene un enorme calado político de, a través de
competencias en materia penitenciaria, corregir la plana en cuanto
a las decisiones de los tribunales, y hoy es quizás
uno de los puntos más escandalosos que se producen en nuestro
panorama. Basta con que nos asomemos a los periódicos y veamos qué
ocurre con los que llamamos normalmente delincuentes comunes y con
los que llamamos delincuentes de cuello blanco, que, en virtud de
esta transferencia de competencias al Ministerio de Interior y a las
comunidades autónomas, no es que reciban un trato de favor, es que
reciben pura y sencillamente un trato que escandaliza a cualquiera.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Jover.
El señor JOVER PRESA: Señor presidente, señoras y señores diputados,
en una cosa coincido con lo que acaba de decir el señor Castellano en
su intervención y es que una cuestión tan importante y tan compleja
como la que nos ocupa, la reforma de la justicia, no puede ser
abordada ni enfrentada a través de un debate como éste, que es una
simple proposición no de ley, en la que los grupos tenemos un turno
de diez minutos -si no me equivoco- para expresar nuestra posición
y en la que las enmiendas que presentamos son aceptadas o rechazadas
por el grupo proponente, de manera que sólo se votan las aceptadas y
al final no tenemos más remedio que votar la globalidad del texto,
puesto que no es posible hacer votación separada de aquellos aspectos
que no hayan sido incorporados.
Por eso, señor presidente, yo creo que no es cierto que éste sea el
gran debate al que se refería el señor Silva. No es un gran debate,
es un debatillo, oía yo decir. No está mal, mejor esto que nada, por
supuesto, pero no nos hagamos muchas ilusiones. El tema es
importante, es grave, y no lo digo yo, lo decía el mismísimo Consejo
General del Poder Judicial, en la introducción del libro blanco,
cuando afirmaba que, aún tras las profundas reformas que ha
experimentado la justicia en nuestro país, existe en la sociedad un
extendido estado de opinión que refleja una profunda insatisfacción
con el funcionamiento de la Administración de justicia y que afecta o
puede afectar muy negativamente a la confianza del pueblo español en
ella.
A nosotros nos parece que este debate, independientemente del que
hagamos hoy, es necesario, es fundamental, y a ese aspecto se refiere
nuestra enmienda. Yo, señor presidente, voy a hablar en este momento
de nuestras enmiendas, que es lo que me corresponde en este turno. Y
lo que pide nuestra enmienda es ese debate, pide un proyecto global
que nos permita afrontar los grandes problemas que tiene hoy la
justicia en España.
Para eso, lo que proponemos, señor presidente, es que el Gobierno,
que tiene todas las posibilidades al respecto, elabore, previo
acuerdo, previa negociación, previa consulta al Consejo General del
Poder Judicial y a las comunidades autónomas que tengan competencias
en la materia, y remita a las Cortes un plan para la modernización de
la justicia, un plan global que garantice la prestación como servicio
público a todos los ciudadanos en condiciones de igualdad y exprese
el compromiso de las Cortes Generales y del Gobierno de asegurar la
plena disponibilidad de los medios materiales y personales que sean
precisos. Eso es lo que hace falta, un plan, un programa de
modernización de la justicia. Las Cortes Generales deberían debatir
este programa y a partir de ahí conseguir ese gran pacto de Estado
para la justicia del que habla la proposición no de ley que todos
queremos. Y sería bueno que se hiciese a través de unas
consideraciones globales de lo que hace falta.
Ese pacto de Estado o ese plan de modernización de la justicia
tendría después su traslación a aspectos más concretos. Por ejemplo,
a la modificación de la planta judicial. La Ley de Demarcación de
Planta Judicial es de 1988, hay que adecuarla, porque las necesidades
que había hace once años no son las actuales. No es posible seguir
reformando la planta judicial a base de reformas parciales pequeñas
en esta provincia, en aquella otra, porque más bien obedecen a deseos
electoralistas de algunos diputados de la provincia en cuestión que a
una visión global de lo que ha de ser la planta judicial. A partir de
ahí vienen otras muchas cosas: reformar la oficina judicial;
potenciar los servicios comunes; crear la figura del gestor, como
dice la proposición no de ley; informatizar íntegramente y de forma
interconectada la Administración de justicia; reestructurar las
funciones de los secretarios judiciales y definir elementos más
adecuados para ver qué hacemos o cómo se establece la integración de
los restantes miembros del personal al servicio de la Administración
de justicia. Esto nos parece fundamental y es el primer bloque de
nuestras enmiendas.
El segundo bloque se refiere a las reformas procesales que también
son necesarias. La Administración de justicia en España necesita
medios, necesita medios materiales y personales, necesita más
juzgados, una planta más adecuada, una oficina judicial bien
organizada, informatización, pero también necesita reformas
procesales, sobre todo, en el proceso civil, que es aquel que ha
quedado más anticuado. En ese sentido, señor presidente, también
presentamos un conjunto de enmiendas que nos parece que son
imprescindibles; hay que reforzar los principios de oralidad,
inmediación y concentración; la oralidad está en la Constitución, no
es nada especial pedir que haya más oralidad en el proceso civil; hay
que simplificar los procedimientos; hay que prestar mayor atención a
la fase de ejecución en todos los procesos; hay que recabar de forma
más completa la tutela cautelar, tanto en el proceso penal como en el
civil. En fin, una serie de elementos sobre los cuales no me voy a
extender demasiado, porque no tendría tiempo.
Finalmente, y es el último aspecto al que me quiero referir, la
proposición no de ley no contiene un capítulo específico dedicado a
la adecuación de la Administración
de justicia al Estado de las autonomías. No lo contiene. Hay
muchas propuestas sobre el Estado de las autonomías y muy
interesantes, pero no están articuladas en un capítulo único. Ahora
ya sí, en la propuesta transaccional que se nos trae ya hay un
capítulo que se refiere al Estado de las autonomías, al Poder
Judicial y a la Administración de justicia. De acuerdo, señor Silva,
muchas gracias por haber aceptado esta propuesta. Pero es importante
que tengamos en cuenta lo que he dicho.
Y ahora quiero exponer muy brevemente cuál es nuestra posición. Para
empezar, adaptar la Administración de justicia al Estado de las
autonomías significa, comenzando por el Poder Judicial,
descentralizar el propio Poder Judicial. Esto comporta necesariamente
potenciar las salas de gobierno de los tribunales superiores de
justicia, potenciarlas de verdad. Las salas de gobierno y a su
presidente, como representante de las mismas. Y sobre todo, y en esto
coincido con el señor Castellano, es imprescindible reformar su
composición y el sistema de elección de los vocales electivos para
garantizar una mayor representatividad. Porque actualmente el sistema
mayoritario no garantiza esa adecuada representatividad de todas las
candidaturas que se presentan. Y esto, desgraciadamente, no ha sido
incorporado en la propuesta transaccional que se nos propone.
Es importante que la proposición no de ley deje bien claro, y así lo
dicen nuestras enmiendas, que se va a aplicar la cláusula de
subrogación que está en todos los estatutos de autonomía
prácticamente. Todavía no se ha dado plena efectividad a la misma. Y
dice sencillamente que las comunidades autónomas asumirán en sus
territorios todas las competencias que según la Ley Orgánica del
Poder Judicial corresponden al Gobierno; todas las que sean posibles,
evidentemente. Nadie va a pedir, por ejemplo, que las comunidades
autónomas ejerzan competencias en materia de cooperación
internacional judicial, pero hay muchas otras, en materia de medios
personales y materiales, que podrían ser perfectamente transferidas a
las comunidades autónomas, y todavía no lo han sido, a pesar de que
la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su reforma del año 1994, ya lo
permitía plenamente. En este aspecto hay una cosa sobre la cual sí
quiero insistir. El control y las competencias sobre el personal al
servicio de la Administración de justicia. Nuestra propuesta señor
presidente, era muy simple. Se trataba de dar plena efectividad a lo
que dice el artículo 455 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su
reforma del año 1994, que lo dice todo, no hay que inventarse cosas
nuevas, simplemente hay que dar efectividad a ese artículo, que dice
que podrá corresponder a las comunidades autónomas -leo textualmente-
todo lo referente al personal, a su estatuto y régimen jurídico,
comprendida la selección, formación inicial y continuada, provisión
de destinos, ascensos, situaciones administrativas, jornada laboral,
horario de trabajo y régimen disciplinario. Todas esas competencias
en materia de personal pueden ser perfectamente transferidas a las
comunidades autónomas. No habla de los secretarios
judiciales, por supuesto que no, pero sí de los oficiales, de los
agentes, de los auxiliares y los médicos forenses. Que se haga esto
es lo que pedimos nosotros, que se ejercite esta transferencia.
Finalmente, toda esta asunción de competencias por parte de las
comunidades autónomas requiere el establecimiento de sistemas de
coordinación, una conferencia sectorial que si no estaba en la
proposición no de ley ahora parece que sí está en la enmienda
transaccional. Muy bien, de acuerdo. Nosotros la pedíamos, pero
pedimos algo más, reclamamos también coordinación a nivel de cada
comunidad autónoma, y esto requiere la creación de órganos concretos,
específicos, previstos en la ley orgánica, de coordinación entre la
sala de gobierno respectiva y la comunidad autónoma, la Consejería de
Justicia. Esto me temo que no está suficientemente desarrollado.
Señor presidente, esta es nuestra posición. Hemos tenido conocimiento
de una propuesta transaccional que incorpora buena parte de nuestras
enmiendas, no todas desgraciadamente, ni tampoco la mayoría, pero
digamos algunas significativas. Por ejemplo, le agradezco, señor
Silva, que haya incorporado plenamente nuestra propuesta sobre
justicia de proximidad; queremos una justicia próxima al ciudadano;
queremos una justicia que actúe con criterios de celeridad,
inmediación, concentración, y ello no solamente para los juzgados de
pequeñas reclamaciones, a las cuales se refiere el libro blanco, sino
incluso para algunas faltas y también, por qué no, en materia
contencioso-administrativa respecto a sanciones municipales, que
podría hacer perfectamente esta justicia de proximidad.
También agradecemos, señor Silva, que haya usted incorporado nuestra
propuesta de que las lenguas propias de las comunidades autónomas
sean tenidas en cuenta no sólo a los efectos de ser mérito para la
provisión de plazas, sino también a la hora de establecer los
sistemas informáticos, que es una cosa tan importante como la otra,
porque, ¿cómo vamos a conseguir la plena disponibilidad de las
lenguas si uno de los procedimientos informáticos no es compatible a
las dos lenguas de cada comunidad? Afortunadamente esto también se ha
incorporado.
En cambio, lamentamos que otras cosas no hayan sido incorporadas. No
hay nada o casi nada sobre justicia de paz, sólo una pequeña frase:
Se reorganizará la justicia municipal. Nosotros pretendíamos que se
dijeran más cosas porque la actual justicia de paz, desgraciadamente,
no acaba de funcionar por dos razones, primera, porque es realmente
un poco fuerte exigir a jueces que son legos que se pronuncien en
derecho, y, segunda, que es lo más importante, porque la ley orgánica
actualmente no permite que haya juzgados de paz en aquellos
municipios que ya tienen juzgados de primera instancia e instrucción,
es decir, donde más necesarios son, donde mejor papel pueden cumplir
como justicia de proximidad. Esta era una enmienda importante en
nuestra posición y no se ha incorporado, como tampoco se han incluido
referencias al ministerio fiscal,
y aquí coincido plenamente con lo que decía el señor Castellano.
Tampoco se han añadido referencias a la ampliación de las
competencias del tribunal del jurado o a la reducción de las
competencias de la Audiencia Nacional.
Señor presidente, esta es la situación. Si finalmente la transacción
que se nos ha propuesto es la que se pone a votación, nosotros
votaremos a favor de la misma, no porque nos acabe de gustar
plenamente sino por otras dos razones: primera, porque se han
retirado de la proposición no de ley todos los aspectos que nosotros
hemos planteado que no nos gustaban, y, segunda, porque aunque todo
lo que hay en ella es insuficiente y falta mucho, al fin y al cabo,
lo que hay está bien. Por lo tanto, votaremos a favor. Pero -insisto-
no está todo lo que debe estar en ella, por lo que mi grupo se
reserva la posibilidad y el pleno derecho de presentar en futuros
trámites nuevas propuestas alternativas en la materia.
Nada más, señor presidente, muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Jover.
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer
lugar, el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
El Bloque Nacionalista Galego considera que las deficiencias que
tiene la Administración de Justicia en el Estado español están
prácticamente enfrentadas con las medidas de reforma de la justicia
que propone el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Por tanto, como punto de partida nos parece aceptable y además está
basado en una sólida base argumental porque se buscan soluciones
apropiadas a corto plazo, que exigen sólo un mínimo esfuerzo de
voluntad política. Pero es cierto que no se puede llamar a esto un
pacto sobre la justicia, porque, entre otras cosas, falta algo
fundamental que es la ciudadanía. Esa ciudadanía que, con razón,
tiene una especial desconfianza ante este servicio público sobre el
que yo particularmente quiero recordarles que no deja de ser un
servicio público, igual que la sanidad o la enseñanza. Y de eso se
trata: de si tenemos un auténtico servicio público que ejerce la
tutela en nombre del Estado sobre derechos de diversas vertientes y
no una administración u organismo en situación de privilegio.
Nuestras enmiendas van en esta dirección. No varían para nada, ni
siquiera en su letra formal, la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Catalán y solamente adicionan algunos aspectos de
interés. El de más interés para nosotros es aquel que hace
referencia, en cuanto a la reforma de la oficina judicial, al
problema de la consideración de la condición plurilingüe del Estado
español, y observamos que en la transaccional no se asume esta
cuestión ni con un mínimo rigor de carácter democrático.
En nombre del Bloque Nacionalista Galego, señorías, quiero
recordarles que es imposible el ejercicio de un derecho si los
funcionarios que están al frente de la Administración no tienen algún
tipo de deber. Y cuando los jueces, los magistrados o los
funcionarios no tienen, ni siquiera como mérito, por lo menos como
mérito preferente entre iguales para ocupar una plaza en Galicia,
Euskadi o Cataluña, el hecho de conocer el idioma o estar
predispuestos a conocerlo a través de un proceso, difícilmente los
gallegos, los catalanes y los vascos vamos a poder ejercer el derecho
a expresarnos en nuestra lengua como lengua oficial en las oficinas
judiciales. Esto pienso que es impropio de un Estado de derecho,
viola los derechos humanos más elementales y creo francamente que en
la transaccional se opta por un camino muy posibilista, pero como si
fuera el Poder Judicial algo así como el acorazado Potemkin al que no
se le pueden plantear ni las mínimas bases elementales desde los
derechos democráticos en el terreno lingüistico.
Las otras enmiendas van todas en el sentido de adicionar cuestiones
que pensamos que tienen interés, por ejemplo, para que en el Gobierno
de la Administración de justicia las comunidades autónomas tengan
atribuciones competenciales exclusivas para modificar, cuando fuese
necesario, los partidos judiciales de su ámbito territorial, cuestión
fundamental desde la perspectiva competencial de la ordenación del
territorio y las necesidades sociales. En relación con la carrera
judicial pensamos que falta algo explícito y claro sobre la función
inspectora, la actuación inspectora y en concreto de cuerpos
destinados a tal fin.
El problema de la justicia de paz fue objeto de una proposición no de
ley que no salió adelante, presentada por el Bloque Nacionalista
Galego precisamente para que se integrasen los miembros de la actual
justicia de paz de forma plena en la Administración de justicia,
o incluso que se hiciese un proyecto de ley de justicia municipal para
que se considerase a todos los que trabajan en ella funcionarios
públicos con todas las de la ley. Por fin, para acelerar la justicia,
para aproximarla al ciudadano, pensamos que los juzgados de lo Penal
podían ser itinerantes, a pesar de que tuviesen su ubicación en la
capital de la provincia, y desplazarse a los juzgados de los partidos
judiciales para celebrar las vistas orales. Exactamente igual que en
relación con la jurisdicción civil, pensamos que las comunidades
autónomas que tengan competencias exclusivas debían de poder crear,
suprimir o segregar partidos judiciales e incluso creación de nuevos
juzgados en los mismos, cuestión que no deja de ser la adaptación del
Estado español al Estado de las autonomías.
Acabo ya, señor presidente, diciendo algo que, desde nuestro punto de
vista, es fundamental: medios, retribuciones y funcionarios forman un
paquete que, en la medida en que se mueve en el nivel administrativo,
debía de estar totalmente transferido. Lo que es la aproximación de
la justicia a la sociedad exige respetar los derechos humanos
elementales, los derechos democráticos
básicos y que todos estos derechos alumbren y tengan
fundamento de las garantías procesales. Por tanto, nosotros partimos
del supuesto de que el Poder Judicial, por muy autónomo que sea, no
está al margen ni por encima de la sociedad a la que sirve y que debe
de fundamentarse en los derechos y libertades sin cuarteamientos ni
discrecionalidades.
Por supuesto, votaremos a favor de la proposición no de ley, a pesar
de que vemos que el tema lingüístico no está ni siquiera encaminado
por una alternativa mínimamente democrática que sea de recibo para
poder ejercer los derechos individuales en nuestros territorios.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Rodríguez. Entiendo que la votación será a la enmienda transaccional
planteada por el grupo proponente.
Tiene la palabra la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Muchas gracias, señor presidente.
La reforma de la justicia se ha convertido en los últimos tiempos en
una necesidad impuesta por la propia sociedad y por todos los
colectivos que directa o indirectamente inciden en la misma. El
llamado pacto de Estado sobre la justicia se nos antoja urgente y
prioritario y el mismo permitiría articular reformas de calado y no
parcheos constantes. Debemos dotar a la justicia de una estructura
que posibilite la eficacia y la eficiencia, que ponga en sintonía la
realidad social y el ordenamiento jurídico. Eficacia como grado de
cumplimiento de los objetivos, tales como la accesibilidad objetiva
de los ciudadanos al servicio público de la justicia, la calidad
intrínseca de las resoluciones judiciales o la celeridad del proceso,
y la eficiencia como la mejor utilización de los recursos empleados,
ya fueren personales, materiales o procesales.
De las múltiples aportaciones a la proposición que hoy se presenta, y
a la que nos adherimos, queremos subrayar en concreto tres. En el
primer caso, en la reforma de la oficina judicial, es realmente
importante la informatización integral e interconectada de la
Administración de justicia. En este caso nos congratulamos de que en
algunos lugares, en la Comunidad Autónoma del País Vasco, no sea una
necesidad, gracia a Dios es una realidad. Pero también tenemos muchos
problemas allí como, por ejemplo, readecuar un sistema de selección
del personal al servicio de la Administración de justicia con los
perfiles requeridos en cada puesto de trabajo. Lo que está claro es
que apoyamos y apoyaremos cualquier iniciativa como la presente, de
forma que permita adecuar una estructura de la Administración de
justicia a la realidad lingüística de la sociedad. Creemos que
debiera ser absolutamente imprescindible el apoyo ahora y ya. Creemos
que los ciudadanos tienen derecho a ser atendidos en la lengua que
quieranutilizar o en la que quieran interrelacionarse.
¡Y cómo no hablar de la supresión del carácter nacional del personal,
que creemos que es una figura -ese carácter nacional- desfasada y
generadora de la mayor parte de los problemas de gestión de dicho
personal! No es algo que digamos nosotros, sino que aparece incluso
en el propio Libro Blanco de la Justicia. Por eso creemos que esa
supresión debiera ser una realidad en el momento actual.
Hay otras cuestiones en relación con la redefinición de las
competencias en materia de la administración de justicia, que
estaríamos dispuestos a apoyar en la proposición no de ley. No nos
queremos extender porque se nos ha presentado una enmienda
transaccional que es muy larga y muy densa. Probablemente, como les
pasa a otros grupos parlamentarios, no estaríamos del todo de
acuerdo. En estos temas clave que nos afectan como necesidades
evidentes a la sociedad que necesita de la Administración de
justicia, no nos aporta las necesarias soluciones. Pero también
creemos que, aunque no estemos del todo conformes, sí es necesario
apoyarla, al menos para empezar algo que ya es absolutamente
necesario.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora
Lasagabaster, le ruego concluya.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Concluyo, señor presidente.
Por lo menos se nos aporta una conferencia sectorial que ya sé que no
es el mejor instrumento, pero es algo a lo que el Gobierno estaba muy
reticente, y puede ser el inicio para solventar esos problemas que he
señalado anteriormente.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: Señor presidente, señorías, se ha apuntado
ya que quizás se observa en este debate de hoy un cierto desfase
entre la amplitud de los problemas que han sido objeto de reflexión y
la iniciativa parlamentaria a través de la que se han instrumentado.
En todo caso, al grupo que me honro en representar le parece muy
bueno, aunque pueda resultar a veces reiterativo, que se reproduzcan
estos planteamientos de conjunto, que no sólo dan ocasión al grupo
proponente de expresar cuál es su actitud ante estas cuestiones, sino
que también dan pie a que se pronuncien los demás grupos de la
Cámara. Con el debate de hoy estamos contribuyendo entre todos a
plantear cuáles son los problemas reales de la justicia, lo cual es
interesante, sobre todo porque con frecuencia los problemas que
llegan a los ciudadanos sobre la justicia a veces son más
epidérmicos, sin duda ininteligibles, sorprendentes, escandalosos en
ocasiones, pero llegan también a dibujar un cuadro excesivamente
patológico y en cuestiones no se refieren precisamente a estos
problemas que hoy estamos tratando aquí. Por tanto, creo que este
debate tiene algo de cura de realismo sobre cuáles son los problemas
auténticos de los que depende un mejor funcionamiento de la justicia.
Es obvio que la autoría de la propuesta inicial se deja notar en el
texto de la proposición no de ley, donde se recargaba, de una manera
lógica por otra aparte, el protagonismo de cuestiones particularmente
vinculadas a reinvindicaciones nacionalistas dado el carácter del
grupo proponente. Pero es de resaltar que la generosidad de los
proponentes y el afán de consenso de todos los grupos hace que en
estos momentos tengamos ya una propuesta de transacción en la que
todos hemos intervenido. Es fácil constatar en qué medida cotejando
las enmiendas y el texto inicial de la proposición. Como consecuencia
de ese juego conjunto, mi grupo considera que se ha reequilibrado
bastante el contenido final de la proposición tras ese doble trámite
de enmiendas planteadas por los grupos, bien parciales o de
sustitución, de esta generosa transaccional, que es la que realmente
vamos a votar, y ya anuncio que mi grupo lo hará en sentido positivo,
entre otras cuestiones porque, como ya he señalado, creo que queda
diseñado un mapa interesante de cuestiones pendientes sobre la
justicia y algunos de los aspectos nos parecen que están mejor
tratados que en el texto inicial.
En esta propuesta de transacción, por ejemplo, nos parece muy
positivo que se haya reiterado el acuerdo que se adoptó con ocasión
de un debate sobre el estado de la Nación, que ya ha sido citado, en
mayo de 1998, en el sentido de que se plantearan mayores garantías
para la utilización efectiva de la lengua oficial elegida en las
distintas diligencias judiciales. Se ha reproducido exactamente el
texto de aquel acuerdo con motivo de un debate del estado de la
Nación.
Por otra parte, a mi grupo le parece también muy lógico, y es fácil
en el cotejo de textos sacar conclusiones al respecto, que en un
Estado de las autonomías resulte imprescindible el intercambio de
criterios entre las administraciones afectadas con competencia en la
materia. Desde luego, por parte del Gobierno no hay en modo alguno
ningún tipo de resistencia a que la conferencia sectorial se reúna;
prueba de ello es que la alusión a la conferencia sectorial no estaba
en el texto inicial, sino que aparece precisamente en la transacción
posterior. Por tanto, no parece que el grupo que apoya al Gobierno
sea ajeno a la introducción de esa modificación. Esa conferencia
sectorial además lo que va a hacer es debatir una serie de cuestiones
que en el texto inicial parecían demasiado perfiladas en un sentido
determinado, y ahora quedarán ahí abiertas a un debate y por tanto
sin predeterminar cuál va a ser el resultado. Se aborda prácticamente
la situación de todos los protagonistas de la justicia. Por supuesto,
ya se ha aludido a los cuerpos existentes, a la propia carrera
judicial, jueces y magistrados, a los secretarios que intervienen en
la Administración de justicia. Se ha modificado bastante el
tratamiento inicial de la cuestión
y se ha aludido igualmente a otra figura como la del procurador. Nos
parece que todo eso contribuirá a aclarar el objetivo que se
perseguía.
En esa transaccional hay alusiones a reformas procesales en trámite,
como son la de a Ley de Enjuiciamiento Civil, cuyo debate esperamos
tener ocasión de comenzar muy pronto en este Pleno, así como la aún
pendiente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Nos parece también interesante la alusión que se hace a la
modificación de la asistencia jurídica gratuita, tanto en lo relativo
al control de la calidad en su prestación, como a la exclusión de
determinadas personas jurídicas, por ejemplo del ámbito financiero
que, sorprendentemente, se están beneficiando de esa gratuidad.
Para nuestro grupo es muy positivo que se haya hablado tanto, no sólo
en los textos sino también en las intervenciones, de la proximidad y
del acercamiento de la justicia a los ciudadanos. Si algo está
haciendo este Gobierno es precisamente trabajar en esa línea.
Proximidad a los ciudadanos son los juzgados de lo contencioso, que
tanto se discutieron aquí y que ya parece que nadie discute;
proximidad a los ciudadanos son las salas en ciudades que no son
capital de provincia, que también dieron lugar a notorias polémicas y
son aceptadas ya; proximidad a los ciudadanos son los nuevos juzgados
de lo penal y de lo social. Por ejemplo, es posible que en el Consejo
de Ministros del viernes, dentro de tres días, se apruebe un
anteproyecto sobre este particular que, por cierto, afectará -debo
confesarlo así- a un Juzgado de lo Penal y otro de lo Social en
Motril. El portavoz socialista lo atribuye al electoralismo de
algunos diputados, con lo cual me doy por aludido y me alegro porque
los socialistas de Motril dicen que n, que no tengo nada que ver con
eso, sino que es fruto de las reivindicaciones que durante años los
socialistas de Motril mantuvieron frente a su Gobierno que ahora, de
pronto, en una deflagración posterior, han dado resultado. Por tanto,
me alegra que en este Pleno una voz tan autorizada haya puesto las
cosas en su punto. De todas maneras, las cifras de los juzgados de lo
Penal y de lo Social de Granada no dejan que uno se atribuya grandes
protagonismos, ahí están y hablan por sí solas, pero nunca viene mal
que a uno le echen una mano de vez en cuando de manera tan oportuna.
Se ha hablado de los juzgados de paz. Quiero recordar que en los
presupuestos de este año hay previstas 40 agrupaciones de juzgados de
paz, a las que se alude en el texto, mientras que en los presupuestos
de los tres últimos años de la legislatura anterior, en los
ejercicios de 1993, 1994 y 1995, la cifra para agrupaciones hechas
fue enormemente redonda: concretamente, 0; ninguno de los tres años
se hizo ni una. Con lo cual estamos en la línea de aproximación a los
ciudadanos.
Igualmente, la adscripción permanente de fiscalías a ciudades que no
son capital de provincia es otra novedad que este Gobierno está
llevando a cabo.
De la responsabilidad penal del menor ya hay un proyecto en la
Cámara, y es otro aspecto que sí se aborda.
Para nuestro grupo es una satisfacción constatar que una vez que
hemos repasado esta especie de estadillo de los problemas pendientes,
en el fondo este debate se convierte en un balance de lo que se ha
hecho en sólo tres años. En sólo tres años se ha hecho muchísimo de
lo que hay aquí; eso sí, sin hacer un plan. El Gobierno podía haber
hecho un plan y estaríamos todavía discutiendo el plan. Este Gobierno
es poco imaginativo y, en vez de hacer un plan, ha hecho una ley de
lo contencioso, ha hecho todo esto a que me acabo de referir y ha
traído un proyecto de ley de enjuiciamiento civil de 800 artículos,
que es la primera de esa dimensión que se debatirá en este
Parlamento. Lo del plan, lo dejamos para la próxima legislatura.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ollero. ¿Entiendo que su grupo parlamentario, señor Ollero, no
acepta la enmienda transaccional?
El señor OLLERO TASSARA: Sí, sí que la acepta.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Discúlpeme.
Por tanto, al ser aceptada por todos los enmendantes, someteremos a
votación la enmienda transaccional, sin que haga falta que el señor
Silva exprese la aceptación o no de las enmiendas. (El señor Mardones
Sevilla pide la palabra.) Perdón, señorías.
Para fijar su posición, en primer lugar, en nombre del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo con gran brevedad porque se nos ha recordado ya
reiteradamente que hemos llegado a una enmienda transaccional
ofertada por el propio grupo proponente de la iniciativa, el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Señorías, cuando la sistemática parlamentaria hace que las
proposiciones no de ley no pasen prácticamente de un párrafo o de un
punto y, sin embargo, hoy nos llega una iniciativa con seis páginas
en el Boletín de las Cortes Generales y la enmienda transaccional
tiene dieciséis folios, ya nos damos cuenta de qué estamos hablando.
En una materia como la justicia, efectivamente, como bien han
señalado el señor Castellano y el señor Jover, esto que llega es
poco, pero es el primer eslabón de una cadena que ojalá llegue a buen
fin para establecer por consenso de todas las fuerzas parlamentarias
el pacto de Estado para la justicia.
Mi grupo se congratula de que se haya llegado a esta fórmula de
consenso, ya que en estos largos dieciséis folios de la enmienda
transaccional se perfecciona y complementa el texto original del
Grupo Catalán (Convergència i Unió) y se da cabida a una serie de
puntos
que también nos hacen a nosotros pensar que toda esta proposición no
de ley es más un menú, un índice de problemas que tiene pendiente la
modernización y actualización de la Administración de justicia en
España. Ese largo índice o menú permite perchas, algunas de las
cuales, también mi grupo quiere recordarlo aquí, no están recogidas
en una sistemática exposición de necesidades.
Si esto conlleva un debate amplio en el marco correspondiente,
nosotros nos congratularemos, incluso con omisiones, porque está en
el «Diario de Sesiones» -y lo quiero recordar aquí al hilo de lo que
se ha dicho por parte del señor Castellano- que el lugar de ubicación
adecuado de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, la
vieja y tradicional Dirección General de Prisiones, en un Estado de
derecho armónico y consecuente, es el Ministerio de Justicia y no el
Ministerio del Interior. Está en el «Diario de Sesiones» que recoge
la comparecencia del ministro del Interior, señor Mayor Oreja, hace
dos años cuando vino a explicar eso mediante una petición que le hizo
por boca de este diputado mi grupo parlamentario de Coalición
Canaria.
Estando de acuerdo -y no quiero glosar ninguno de los índices que hay
aquí- en que en la administración territorial de los tribunales
superiores de justicia se dé más ámbito competencial, se regulen
armonizaciones con las comunidades autónomas, se refuerce lo que fue
el principio constitucional, que lo hemos olvidado por desviaciones
atípicas, de llevar competencias del Ejecutivo de justicia al Consejo
General del Poder Judicial, que después las perdió, hay que hacer que
vuelva el Consejo General del Poder Judicial a tener, dentro de un
marco de pacto de Estado de la justicia, las competencias precisas.
Por esas razones, señor presidente, vamos a votar favorablemente la
enmienda transaccional presentada.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), la señora Uría
tiene la palabra. (Rumores.) Señorías, les ruego silencio.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente.
Quiero en nombre de mi grupo felicitar al proponente por traer a la
Cámara una iniciativa que parecería más propia o más adecuada de
quien tiene responsabilidades de gobierno, ya que la propuesta aborda
todo aquello a que se quiere instar al Gobierno. Son un elenco de
medidas que pueden ser calificadas como las cuestiones necesarias que
debería abordar una reforma de la justicia de cara al siglo XXI.
(Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Perdón, señora
Uría.
Señorías, les ruego guarden silencio. (Pausa.) Señorías, les ruego
guarden silencio. (Pausa.)
Adelante, señora Uría.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente.
Se utiliza para ello la labor de desbroce de los problemas ya
efectuada en el Libro Blanco de la Justicia del actual Consejo
General del Poder Judicial, con las miras puestas en la necesidad de
una reforma en profundidad que no se ha impulsado desde el Gobierno.
Se han hecho desde luego cosas -el señor Ollero aludía a la reforma
del proceso contencioso-administrativo-, pero no se ha abordado este
problema en su globalidad y se hace desde una óptica, como no podía
ser menos desde un grupo nacionalista, de Estado autonómico. El Poder
Judicial es constitucionalmente único, pero la propia Constitución
contempla la asunción de importantes competencias en materia de
administración de justicia por las comunidades autónomas, además de
otros títulos competenciales como los referidos a derechos privativos
o a la propia utilización de lenguas oficiales distintas del
castellano.
En la sistemática que emplea la proposición se aborda, en primer
lugar, la reforma de la oficina judicial, siempre pendiente a
remolque de problemas concretos, cuando no impedida o torpedeada en
su diseño desde la propia Administración central y que vienen
intentando las comunidades autónomas. Se han hecho desde las
comunidades autónomas numerosísimos esfuerzos en lo material que no
siempre han resultado lo suficientemente rentables por la
imposibilidad de gestionar los efectivos personales en la manera a la
que luego aludiré.
Nos hubiera gustado ver en el texto de la iniciativa alguna
referencia a la gestión de los depósitos judiciales. Respecto de esta
cuestión hay una moción aprobada en el debate del estado de la Nación
en esta Cámara que, sin embargo, no se ha puesto nunca en práctica
porque los servicios jurídicos del Ministerio de Justicia entienden
que no es posible, no es adecuada a la legalidad. La disparidad entre
el criterio manifestado por esta Cámara y el sostenido por los
servicios jurídicos del Ministerio merecerá alguna iniciativa que mi
grupo en este momento se compromete a traer a la Cámara.
Nos parece bien que se potencie la figura del gestor de personal
dedicando entonces a los secretarios, dada su extraordinaria
formación jurídica, al quehacer procesal, y en aras a la racionalidad
de efectivos creemos que debe hacerse la adscripción de personal no a
juzgados concretos, sino buscar una definición de centro de trabajo
que suponga un concepto más amplio.
También nos parece correcto el planteamiento en cuanto a la lengua,
entendido como mérito y no como requisito, en territorio de
cooficialidad, pero quizá en la línea de lo manifestado por el
representante del Bloque Nacionalista Galego se debería intentar
avanzar en otro problema ya suscitado por esta misma representante
del Grupo Vasco ante esta Cámara cuando hay
que intentar que los justiciables que deseen poder ser entendidos en
su lengua propia, singularmente en los procedimientos penales, puedan
ver hecho efectivo este su derecho sin demérito del derecho al juez
natural, también constitucionalmente consagrado.
La desaparición del carácter de nacionales en los diferentes cuerpos
es una vieja aspiración del grupo al que pertenezco y del Gobierno
vasco, en el que tenemos responsabilidades de gobierno. No se hace de
momento, pero creemos que es un camino iniciado que con el tiempo
forzosamente llegará a plasmarse. Creemos que así se solucionarían
dos recursos de inconstitucionalidad pendientes: el que pende sobre
la reforma del artículo 455 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
interpuesto por 50 diputados del Grupo Popular en la pasada
legislatura, y el interpuesto en ésta por el Gobierno frente a las
órdenes reguladoras de las plantillas desde la Administración vasca.
En este recurso, por cierto, en fecha reciente se ha producido el
alzamiento de la suspensión por parte del Tribunal Constitucional.
Creemos que los efectos respecto del funcionamiento de estos cuerpos
en el ámbito de la Administración vasca no deben ser tan tremendos
como se nos anunciaba.
En lo que afecta al gobierno de la Administración de justicia, desde
luego es evidente que deben deslindarse de una manera más clara las
competencias que corresponden al Ministerio, cuáles a las comunidades
autónomas con competencias asumidas, y potenciarse, tal y como se
dice en la transacción aprobada, las competencias de las salas de
gobierno de los tribunales superiores de forma que puedan ser los
órganos generales del gobierno interno del poder judicial en el
ámbito de las comunidades autónomas. (Rumores.)
No me detendré en otros aspectos, puesto que veo que no gozo del
necesario silencio por parte de SS.SS. En cuanto a las medidas
concretas de cada orden jurisdiccional, nos satisface que se aluda a
la posibilidad de que exista casación en los distintos niveles
jurisdiccionales dentro de los tribunales superiores de justicia; ya
se ha plasmado así en el orden contencioso-administrativo. El
proyecto de ley de enjuiciamiento civil que se ha traído a la Cámara
contempla un recurso por infracción procesal. Creemos que tampoco hay
impedimentos que no permitan que más adelante pueda plasmarse un
recurso de esta índole en el orden penal. Quizá hubiera podido
contemplarse de una forma más estricta la responsabilidad de jueces y
magistrados y también la responsabilidad del Estado derivada del
funcionamiento anormal de la Administración de justicia, en lo que
hay, además, dos cuestiones que merecerían encontrar un concreto
encaje: la responsabilidad derivada de la actuación de la policía
judicial, funcionalmente dependiente de los tribunales, y la posible
incidencia en la materia de responsabilidad patrimonial de las
competencias asumidas por funcionarios que pasen a ser propios de las
comunidades autónomas.
Termino, señorías. Nos gustaría que la proposición no de ley se
aprobase en sus propios términos. Sin embargo,
entendemos el juego de mayorías en la Cámara y la necesidad de
buscar los apoyos suficientes que han llevado al grupo proponente,
Convergència i Unió, a aceptar otras propuestas y algunas rebajas,
como esa medida de residenciar los problemas de medios personales y
materiales en la conferencia sectorial, en este momento en ciernes.
En todo caso, será un avance, un pequeño avance y quizá esta
iniciativa pueda servir como paradigma para futuros debates de otras
iniciativas. En todo caso, el Grupo Vasco va a votar favorablemente.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Uría.
Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la proposición no de ley del Grupo
de Convergència i Unió, sobre medidas para afrontar la reforma de la
justicia, en los términos resultantes de la aceptación de la
transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
299; a favor, 298; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE POLÍTICA DEL GOBIERNO EN
DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, ESPECIALMENTE EN SUS ASPECTOS SANITARIOS
Y ASISTENCIALES (Número de expediente 173/000117).
El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día: Mociones
consecuencia de interpelaciones urgentes, comenzando por la del Grupo
Mixto, sobre política del Gobierno en desarrollo y cumplimiento de la
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño,
especialmente en sus aspectos sanitarios y asistenciales.
Para su defensa, tiene la palabra la señora Almeida. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio. Señor Belloch. Señor Estrella y compañía.
Señor Serra. Señora Cunillera. Señor Amarillo.
Adelante, señora Almeida.
La señora ALMEIDA CASTRO: Muchas gracias, señor presidente.
Venimos a estudiar hoy la moción consecuencia dela interpelación que
presentamos el otro día en la
Cámara, precisamente en base a la celebración del X aniversario de la
Convención sobre los Derechos del Niño, que fue ratificada por España
en 1990. Nuestra idea surgió a partir de los problemas que se
plantearon en relación con la asistencia a los menores inmigrantes
y que saltaron a los medios de comunicación y salieron a la luz
pública. Ahora bien, nuestra interpelación quería hacer más hincapié
en el conjunto de los derechos reconocidos en esa Convención para ver
si, con motivo de la celebración este año de ese X aniversario y el
año que viene de su integración en nuestro ordenamiento, lográbamos
intentar que se empezaran a tomar las medidas que posibilitaran que
en el año 2000 pudiéramos aprobar presupuestariamente toda una serie
de medidas que, por supuesto, no sólo van a estar presentes en esta
moción, sino en otras muchas iniciativas en el Congreso de los
Diputados, algunas específicas, sobre temas concretos de la
protección total a los inmigrantes, y otras mucho más generales,
sobre la Ley de Extranjería y otros determinados términos, que van a
ser objeto de estudio en esta Cámara.
La necesidad de plantear problemas que hoy están en nuestra sociedad,
problemas de carencia para los que se solicita tomar medidas y no que
se imponga cómo se tiene o cómo se puede hacer en otras leyes, ha
dado lugar a la moción que hoy presentamos. Y la moción que hoy
presentamos va dirigida a la asistencia sanitaria, a una asistencia
sanitaria concreta. Hay unas deficiencias claras -así lo dije en el
momento en que se presentó la interpelación- en la psiquiatría
infantil, deficiencias que están planteando verdaderas carencias en
nuestra sociedad no sólo por problemas psíquicos de los menores, sino
también por problemas de comportamientos anormales que están dando
lugar a una cierta violencia que no se puede atajar por la
inexistencia de servicios de este tipo. A ello va unido también,
porque en la Convención sobre los Derechos del Niño se dice así, la
protección a las madres gestantes, precisamente porque en esa
Convención la asistencia prenatal y posnatal está determinada como
uno de los derechos que se tiene que reconocer a los niños. Eso
significa que todas esas madres, incluso las que son inmigrantes,
cuya situación no está regularizada en este momento, pueden tener
acceso, aunque sabemos que la mera aprobación por la Convención sobre
los Derechos del Niño ya les daría tal acceso; sin embargo, en muchos
casos se les ha negado a través de distintas formas y, aunque no se
hacía antes, a partir de los últimos tiempos hemos visto cómo se han
ido denegando ese tipo de prestaciones.
Otros puntos de la moción tratan de distintos temas pendientes, como
la necesidad de que desde los foros de los inmigrantes, de las
organizaciones no gubernamentales que cubren la asistencia a todos
estos colectivos, se propongan las medidas necesarias para que toda
la población inmigrante tenga acceso a esos centros sanitarios. Y
nada mejor que hacerlo a través de las distintas organizaciones de
estos colectivos, a fin de efectuar debidamente la tramitación de las
tarjetas sanitarias
o de cualquier otro medio que requieran las comunidades
autónomas para la asistencia sanitaria a estos menores y a la
población inmigrante en general.
Precisamente hoy hablábamos de que el chabolismo, la falta de
realojo, está afectando a la salud no ya sólo de los inmigrantes
menores, sino de personas que en estos momentos están sufriendo una
clara marginación por la sociedad. Por eso pedimos que se tomen
medidas por el Ministerio de Fomento para que se priorice la
necesidad de dotar de viviendas o proceder a la rehabilitación de
todas las familias y fundamentalmente de las que tengan menores, que
es a las que nos referimos en nuestra moción.
El otro día oímos la falta de escolarización en colectivos de
inmigrantes y de inmigrantes no regularizados, colectivos que llegan
a tener el 50 por ciento de falta de escolaridad. Eso nos preocupa y
requiere una medida concreta, por lo que solicitamos que el
Ministerio de Educación y Cultura, en colaboración con las
comunidades autónomas, antes del 30 de junio del presente año,
apruebe un plan para lograr que la escolaridad, por lo menos en el
próximo curso, sea una realidad para todos los inmigrantes,
fundamentalmente menores de 16 años, o de colectivos que rocen la
falta de escolaridad.
Pensamos que la asistencia que se les dé no sólo tiene que ser
sanitaria, sino que tienen que tener algunas prestaciones sociales
que en estos momentos no gozan determinados colectivos. Por eso
pedimos que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través de
la conferencia sectorial de asuntos sociales, presente un programa de
actuaciones para conseguir el acceso de todo este colectivo a los
servicios sociales de nuestro país, así como a la formación de
empleo, a la capacitación, que hoy supone una verdadera marginación
de estos colectivos. Asimismo, pedimos en nuestra moción que se
aprueben planes concretos para una auténtica formación profesional y
ocupacional de la población inmigrante. Es verdad que la situación de
irregularidad en que se encuentran estos colectivos está haciendo hoy
que la salud laboral, el trabajo y toda una serie de condiciones,
suponga una auténtica explotación y un fraude que se debe vigilar, a
través de un plan de actuación de la Inspección de Trabajo, para
evitar la explotación de estas personas. Una de sus prioridades debe
ser la vigilancia de este colectivo, que hoy está en determinados
aspectos en absoluta desigualdad y explotado y no sólo por su
ilegalidad, sino por la contratación que se hace por los empresarios.
También pedimos que en los planes de empleo se contemplen las
propuestas encaminadas a la integración laboral de las personas
inmigrantes, precisamente en contacto con el foro de la inmigración.
En el punto 12 hablamos de que en ese foro de inmigrantes deben
recogerse las medidas necesarias para la reagrupación familiar.
Aunque algunos de estos temas se piense que no afectan directamente a
la declaración de derechos del niño, hay que tener en cuenta que
estamos hablandode menores y si no se produce el reagrupamiento
familiar, la asistencia ocupacional de todos estos padres, si no se
posibilita su integración en los servicios sociales, nunca se
garantizará la vida y la salud de los menores y la unidad familiar,
que ha de ser uno de los motivos de esta celebración.
Los menores no son sólo inmigrantes, ni inmigrantes legales ni
inmigrantes no regulares, sino que también son españoles que pueden
tener un cierto abandono, como el impago de las pensiones para los
alimentos de los hijos.
Eso está produciendo en sectores que sólo dependen de ello un
abandono clarísimo para los menores. Por eso decimos que, aunque ya
se haya planteado este tema muchas veces en esta Cámara durante el
mandato de los distintos gobiernos, todavía sigue sin crearse ese
fondo de garantía de pensiones. En ese sentido recordamos que con
urgencia se debe crear ese fondo de garantía de pensiones para que no
se produzca este abandono.
La verdad es que la moción -y muchos me lo han dicho- es un poco
confusa, porque no sabían si iba dirigida sólo a los inmigrantes
menores o era una cuestión que podía afectar a otros sectores. Es una
moción que atiende a lo que hoy son derechos de la infancia en esa
declaración. Han presentado numerosas enmiendas y hemos tratado el
tema con una cierta rapidez, ya que responde a un problema que ha
surgido. Estoy de acuerdo con la enmienda que ha presentado
Convergència i Unió, que no es de sustitución. Estoy de acuerdo en
sus puntos, estoy de acuerdo con que se tenga que incorporar algún
punto más a esta moción aunque resulte más larga. Admito las
enmiendas del Grupo Socialista, excepto algunas que ya he planteado
que no son de alcance. Las del punto primero las aceptaríamos en lo
que se refiere a añadir a la moción, pero no a la referencia que se
hace a otras proposiciones de ley, que cuando vengan aquí ya las
discutiremos. Ya he explicado que tampoco aceptamos la supresión de
los dos puntos de nuestra moción.
El señor PRESIDENTE: Señora Almeida, ha de concluir.
La señora ALMEIDA CASTRO: Voy concluyendo.
Aunque se lo he explicado personalmente, debo decir que lo único que
no comprendemos son las enmiendas de sustitución del punto dos y del
punto tres, sobre la aplicación de las medidas de sanidad a las
madres gestantes. En ese sentido las de supresión que nos ha
planteado no las admitiríamos, pero sí las de adición, como las del
punto 8, las del punto 6 también, la del punto 5 que habla de la
sustitución de una parte. Nosotros estamos por mantener la parte
relativa al acceso de toda la población inmigrante a los centros
sanitarios y de la Seguridad Social a través de los centros de
servicios sociales de los ayuntamientos o cualquier otro que se
establezca. Aceptaríamos esa enmienda sin ningún problema en cuanto
que no en todos los
sitios hay servicios sociales en los ayuntamientos a los que se
pretende ese acceso.
El señor PRESIDENTE: Señora Almeida, excede con mucho el tiempo.
La señora ALMEIDA CASTRO: Me parece bien que el Grupo Popular
presente una enmienda. Si nosotros planteamos esta moción es porque
creemos que no se ha hecho nada en favor de este colectivo. Se nos
dice que ello significa continuar haciendo lo mismo. Creo que no
debemos aceptar esa enmienda. Nos gustaría que se sumaran a los
puntos de nuestra moción. Es un deseo de pedir al Gobierno y no un
deseo de reconocer al Gobierno que ya lo está haciendo, porque si lo
hubiera hecho no estaríamos aquí discutiendo. Entiendo que el
Gobierno no quiera dar su brazo a torcer y diga que ya se está
haciendo todo lo posible, pero desde la oposición nos gustaría que
estos problemas fueran tomados en cuenta por la Cámara.
Siento no haber tenido el suficiente tiempo para llegar a un
consenso, pero creo que los puntos que planteamos se pueden tener en
cuenta en leyes concretas. En ese sentido, nos parece que podría ser
aprobada la moción, sin que ello suponga ningún tipo de desencuentro
en la Cámara. Si el Gobierno cree que ya lo está haciendo, me parece
bien que no le guste esta moción, pero estamos pidiendo que se haga
lo que hemos detectado que no se ha hecho.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Almeida.
A la moción se han presentado tres enmiendas. Una del Grupo
Socialista, una del Grupo Popular -como ha anticipado la señora
Almeida- y otra del Grupo de Convergència i Unió.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista, en primer lugar,
tiene la palabra la señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ SANZ: Muchas gracias, señor presidente.
Aunque he intentado estar muy atenta, todavía no sé bien lo que
admite de nuestras enmiendas Cristina Almeida. Vamos a ver si después
de nuestro turno de intervenciones nos da una propuesta concreta.
El Grupo Socialista ha presentado ocho enmiendas, tres de ellas de
supresión; algunas las podemos retirar en función de la intervención
de la diputada Almeida. ¿Por qué habíamos presentado tres enmiendas
de supresión? Una, la número tres, al punto 13, porque nos estaba
hablando del fondo de garantía de impago de pensiones y nosotros
entendíamos que era en el caso de los niños inmigrantes -por cierto,
con tan pocas familias reagrupadas en el país-, y pensábamos que si
no lo teníamos todavía regulado para los niños españoles (el Grupo
Parlamentario Popular nos ha dicho en la Cámara en más de una ocasión
que su Gobierno tiene intención de presentarlo y también los
últimos documentos del congreso del Partido Popular) sería bastante
difícil hablar de un fondo de pensiones para esos niños con tan pocas
familias de inmigrantes reagrupadas. Si ahora Cristina Almeida dice
que este punto 13 es para todos los niños de España, retiramos esta
enmienda del Grupo Socialista.
Las otras dos enmiendas de supresión se referían a evitar
procedimientos: cómo se pide la tarjeta, adónde hay que ir, en qué
ventanilla se llama, etcétera. ¿Por qué? Porque hemos entendido que
la diputada Almeida lo que pretendía era hablar no sólo del derecho
de los niños en situación irregular, sino también de los adultos. Si
en esta moción vamos a pedir al Gobierno la regularización de la
asistencia sanitaria para las personas que no están regularizadas en
el país, como mínimo tenemos que hablar de una ley, porque si no es
¡viva Cartagena!. Es hablar de un procedimiento, de algo que no se
puede reconocer si no lo reconoce una ley. Por eso yo sigo pidiendo a
la diputada Almeida que reflexione acerca de retirar el punto dos y
aceptar nuestra enmienda de supresión, porque no puede pedirle al
Gobierno un procedimiento de algo que no está regularizado en una
ley. Acepte nuestra enmienda al punto uno, que se refiere a que
traigamos una ley para ampliar el derecho a la sanidad, el derecho a
la salud, de las personas que están sin papeles, es decir, que
teóricamente no existen en nuestro país.
Las otras enmiendas son de adición para situar los puntos de Nueva
Izquierda en el marco de lo que ya está funcionando en este país. Es
decir, si hablamos de impulsar políticas sociales, situémoslo en el
marco de un plan de integración de los inmigrantes. El actual
Gobierno impulsa políticas, el anterior también lo hacía. Si hablamos
de las personas que hoy tienen derecho a una atención sanitaria, como
los niños o las madres gestantes, o hablamos de empezar a tramitar
alguna salida, dirijámonos a los servicios sociales, que es adonde se
dirigen los españoles que no están cotizando a la Seguridad Social y
demandan el derecho a la sanidad. Cuando un español no es cotizante a
la Seguridad Social, para tener derecho a la sanidad tiene que
recurrir a un decreto del año 1989, el número 1088, por el que una
persona que no tiene recursos económicos aunque no cotice tiene
derecho a la sanidad. ¿Qué pretende el Grupo Socialista con esto? El
trato igual, señorías. Demos igual trato a todos los ciudadanos en
las normas. Si después sigue produciendo desigualdad, entonces
pongamos en marcha acciones positivas. Pero no queramos decir a un
inmigrante cuya situación es irregular, al que hasta ahora no hemos
dado cobertura sanitaria si era un adulto porque sólo se la dábamos a
los niños, que vaya a por una tarjeta con un procedimiento distinto
del que tienen los españoles que no cotizan a la Seguridad Social.
Normalicemos esta situación. Así en la moción parecerá que estamos
hablando de aspectos rigurosos porque les damos trato igual y en
similares condiciones que a los españoles. (El señor vicepresidente,
Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
¿Qué le dice esta diputada en nombre del Grupo Socialista? Estamos
dispuestos a retirar las enmiendas de supresión del punto 13 y del
punto tres. Pero rogamos a la diputada Almeida que piense en la
conveniencia de aceptar nuestra enmienda de supresión del punto dos
porque vamos a armar un cacao si hablamos de procedimientos de
personas en situación de irregularidad. Acepte nuestra enmienda del
punto uno acerca de que traigamos una ley y resolvamos la prestación
sanitaria de hombres y mujeres, niños, niñas, gestantes, etcétera,
pues será la única forma de decir en la calle a los ciudadanos que
estamos apostando por resolver definitivamente este problema.
El resto de las enmiendas -me parece que ha dicho la diputada que las
acepta- guardan relación con el hecho de tener en cuenta la escuela
pública y la escuela concertada. Hoy tenemos un problema y es que muy
pocos niños de la minoría gitana nuestra y de la minoría de
inmigrantes están siendo aceptados en la escuela concertada. Pero a
lo mejor en esta Cámara, por iniciativa de cualquier grupo, un día
tenemos que venir a decir que se aplique la ley de educación y que se
suspenda un concierto en una escuela que no admite a un niño de las
minorías -lo dice nuestra ley, cualquier grupo parlamentario lo puede
plantear-. Introduzcamos aquí en la escuela pública y en la escuela
concertada, incorporemos el marco del desarrollo de políticas en el
Plan de integración social de los inmigrantes. Hoy ha comparecido el
ministro de Trabajo y ha hablado de ello y de seguir impulsando estas
políticas. Hablemos del Plan de infancia y del Plan de familia que
están pendientes por el Gobierno -el ministro de Trabajo nos ha dicho
hoy en la comparecencia que antes de julio quiere tener el Plan de
familia-, donde se tienen que seguir incorporando políticas dirigidas
a la infancia y a la familia.
En definitiva, el Grupo Socialista quería, primero, que no hablásemos
de cosas que no se pueden resolver si no hay ley, por rigor y por no
confundir a la gente, y, segundo, situaba las enmiendas en el marco
de lo que en este país se está haciendo, porque así guarda coherencia
y no son propuestas en el vacío.
Yo espero que con la retirada de dos enmiendas de supresión la
diputada Almeida me diga que el resto de las enmiendas me las acepta
y así mi grupo podrá votar a favor de su moción.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Fernández.
Para la defensa de la enmienda presentada a esta iniciativa por el
Grupo Popular tiene la palabra el señor Gil Melgarejo.
El señor GIL MELGAREJO: Señor presidente, señorías, en nombre del
Grupo Parlamentario Popular voy a defender la enmienda que hemos
presentado a la moción, que, a su vez, presentó el Grupo
Parlamentario Mixto sobre la política del Gobierno en desarrollo y
cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos
del niño, especialmente en sus aspectos sanitarios y asistenciales.
Quería decir, para comenzar, que entiendo que para poder llegar a
unas conclusiones deberíamos -y es lo que pienso hacer- de poner un
orden discreto en lo que ha sido la historia muy reciente, que creo
que ha derivado en una serie de iniciativas que al final han
desembocado en esta moción. Los antecedentes, como todas SS.SS.
saben, son la imputación concreta por parte de la Fiscalía de Madrid
al Insalud de la no atención de hijos de inmigrantes ilegales. Esa
imputación que se le hizo por parte de la Fiscalía de Madrid al
Insalud mereció inmediatamente, como no podía ser menos, una
investigación profunda, exhaustiva, seria y coherente, fruto de la
cual esas acusaciones fueron rebatidas una por una, de tal manera que
a las 36 horas, con hechos probados, se llegó a la conclusión de que
carecían de fundamento. Concretamente aquí es donde se sitúa el
verdadero problema y lamentablemente no hemos podido llegar a un
acuerdo. A raíz de esta polémica, que fue recogida en esta Cámara, se
presenta, por un lado, la interpelación del Grupo Mixto y, por otro,
una pregunta de control al Gobierno por parte del Grupo Socialista y
otra por parte del Grupo Parlamentario Popular. En esas respuestas
del ministro, tanto a la interpelación como a las preguntas, se
dejaron bien claras -y quiero manifestarlo con énfasis y con ahínco-
las soluciones a las preguntas concretas y lo que la investigación
dio de sí, que fue lo siguiente. En primer lugar, se comprobó que
todos, absolutamente todos los casos investigados (hasta nueve;
después se encontraron los otros tres, haciendo un total de doce)
estaban siendo atendidos, no de manera urgente sino reglada y, en
segundo lugar, se comprobó que en ningún momento había habido
desasistencia, no sólo en este caso, sino en otros que posteriormente
salieron a la luz pública.
Quiero manifestar que, a raíz de esta noticia, el Ministerio -como no
podía ser menos- tomó cartas en el asunto y ordenó que a partir de
ese momento se facilitara un documento (un documento que además
reunía las características de confidencialidad que se exigían; un
documento para el que solamente se pedían nombres y apellidos, edad y
sexo) para facilitar la asistencia sanitaria a ese colectivo de
inmigrantes llamados ilegales. Eso viene ocurriendo de un tiempo a
esta parte, y eso es lo que recoge precisamente nuestra enmienda -de
sustitución, tengo que decirlo-, complementada con la enmienda que ha
presentado el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). No
se ha entendido así y la interpelación del Grupo Parlamentario Mixto
ha sido llevada a la moción que debatimos en el día de hoy; una
moción que yo considero que carece de un mínimo rigor para poder
llegar a un acuerdo serio, porque muy seria, tremendamente seria es
la situación que estamos describiendo, y se merece, desde el punto de
vista del Grupo Parlamentario Popular, una reflexión más profunda de
la que hemos tenido
en estos momentos para poder llegar a unos acuerdos concretos. Y esa
reflexión profunda que no se ha producido, por falta de tiempo, por
falta de acuerdos o por falta de sintonía -y estoy convencido de que
esto último no es así-, ha llevado a este grupo parlamentario a la
descripción de la siguiente situación: Tenemos delante una moción que
consta de 14 puntos, que afecta a unos siete ministerios, en la que
además se mezclan -perdone- las churras con las merinas cuando nada
tienen que ver los culos con las témporas, en la que no hay un orden
establecido ni secuencial y que, además -señor presidente, señorías,
con esto termino-, se adelanta y se pone por encima de unos acuerdos,
importantes acuerdos, a los que ha llegado una subcomisión creada
dentro de la Comisión de Política Social y Empleo de esta Cámara a
los efectos de poder estudiar la situación de los españoles,
emigrantes o residentes en el exterior, y la situación de los
emigrantes a España, o sea, de los inmigrantes. Esa ponencia -que ha
sido aprobada ya aquí, y aprobada además por unanimidad-, el grupo
que usted representa la deja al margen, la lateraliza y la supera en
demanda, no respetando una serie de criterios, que serían los más
adecuados para haber podido facilitar el consenso que estoy
convencido que podríamos alcanzar todos los grupos parlamentarios.
Por lo tanto -y para terminar esta intervención en nombre del grupo
al que represento-, yo le podría rebatir, uno por uno, los 14 puntos:
lo que afecta al Ministerio de Sanidad, que lo tiene expresado en la
enmienda; lo que afecta al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
que está muy bien recogido por la enmienda de Convergència i Unió; lo
que afecta a Fomento, a la vivienda, al plan de vivienda y a las
dotaciones presupuestarias de los epígrafes correspondientes a los
desarrollos de las políticas a las que usted ha hecho mención.
Le podría ir rebatiendo uno por uno esos puntos; lo voy a obviar en
aras a la brevedad, pero quiero solicitarle lo siguiente: que acepte
las enmiendas a la totalidad que han presentado Convergència i Unió y
el Grupo Parlamentario Popular, que no tienen ninguna otra razón que
lo realmente acontecido y lo que se prevé que va a suceder a partir
de mañana en una ponencia que se crea al efecto para estudiar la Ley
de extranjería; le sugiero que recoja, diputada Almeida, estas
sugerencias. Estoy convencido de que así haremos un buen servicio a
nuestro Parlamento, a nuestro país y al mundo de la emigración.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Gil Melgarejo.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), el señor Campuzano tiene la palabra.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Abordamos de nuevo en el Pleno de esta Cámara una iniciativa
relacionada con el ámbito de la emigración. En lo que va de
legislatura, y si la memoria no me falla, hemos aprobado dos mociones
resultado de sendas interpelaciones, una de Izquierda Unida y otra
del Grupo Socialista, aprobadas por unanimidad de la Cámara. Hemos
aprobado también un informe resultado de los trabajos de la
subcomisión propuesta en su día por el Grupo Socialista, textos que
han servido para orientar y marcar la política del Gobierno en esta
materia y que fueron resultado de un amplio debate y sobre todo de la
voluntad evidente de consenso de los grupos políticos para continuar
manteniendo las políticas relacionadas con emigración en un ámbito
donde el acuerdo fuese posible. Creo que son precedentes positivos
que han marcado tendencias y que han supuesto un espacio de
confidencia política en un tema delicado desde muchos puntos de
vista.
Hace escasos meses este mismo Pleno tomó en consideración tres
proposiciones de ley, una de Nueva Izquierda, otra de Izquierda Unida
y otra de Convergència i Unió, que afrontaban el problema de la
emigración en su globalidad, entendiendo que lo que no funciona en el
Estado español en esta materia es el ámbito legislativo, tanto desde
la perspectiva del reconocimiento de los derechos sociales de los
emigrantes como en el armazón legal que supone la actual Ley de
extranjería, que conlleva a la existencia en el Estado español de
entre 60.000 y 120.000 emigrantes en situación irregular. El
principal problema que afrontamos es este marco legal que no reconoce
ni garantiza la igualdad de derechos y que ha creado esta bolsa de
ciudadanos en una situación irregular entre 60.000 y 120.000
personas.
Mi grupo siempre ha entendido que abordar este problema en serio,
yendo a la raíz, pasaba por la modificación del marco legal y por la
vertebración de un consenso político y social amplio con relación a
la materia de emigración. En esas mociones, en ese informe de la
subcomisión lo conseguimos y nuestra voluntad, y así lo hemos
manifestado, es que en los trabajos que mañana inicia la ponencia
parlamentaria en el seno de la Comisión Constitucional también lo
logremos.
Hoy nos llega esta moción resultado de la interpelación y de una
polémica aparecida en los medios de comunicación a lo largo del mes
de enero. Creemos que es bueno que el Parlamento se pronuncie
respecto a aquello que sucede en la calle, pero no creemos que sea
bueno que el Parlamento tome iniciativas sólo a impulsos de aquello
que publican los medios de comunicación. Antes de que los medios de
comunicación destacasen el hecho de que se producían situaciones
irregulares en la prestación de servicios sanitarios a niños en
situación irregular todos sabíamos que existía, entre otras razones
porque el texto de Convergència i Unió, que mañana inicia su
tramitación, incorpora expresamente con una modificación de la Ley
General de la Seguridad Social y con modificaciones de las leyes del
ámbito de la sanidad ese reconocimiento del derecho
a la sanidad a los menores de edad con independencia de su
situación legal. Entendíamos que, a pesar de que la Convención de los
derechos de los niños lo reconocía, si no existía un reconocimiento
explícito en la legislación española en esta materia se produciría lo
que venía ocurriendo en la práctica: situaciones puntuales en las que
no había cobertura de ese derecho. Entendíamos que era necesario para
los emigrantes adultos en situación irregular garantizar un mínimo de
asistencia sanitaria en caso de urgencia y de enfermedad grave. Nos
parece que ése es el marco donde debemos ser capaces de resolver
estas cuestiones y pensamos -insisto- que los trabajos que mañana
empieza la ponencia pueden dar satisfacción a esa necesidad que desde
hace tiempo las ONG, grupos políticos, gobiernos autonómicos,
gobiernos municipales, Gobierno del Estado tenían asumido como
problema. Por tanto, ya existe una primera incomodidad: que en pleno
debate de estas leyes Nueva Izquierda hoy nos plantee iniciativas
concretas que no pueden ir más allá de la expresión de una voluntad
política.
Lo que nos parece especialmente grave -asumimos la responsabilidad
que tenemos como grupo- es que hayamos sido incapaces de llegar a un
mínimo consenso en la media hora que hemos tenido los diversos grupos
para discutir la moción y estas enmiendas. Estoy seguro de que no
discrepamos en el fondo de la mayoría de las cuestiones, pero también
es cierto que si no existe flexibilidad es imposible que lleguemos al
consenso y resultará que esta tarde por primera vez en esta
legislatura los grupos políticos habremos sido incapaces de votar una
moción eficaz en materia de inmigración. Es un mal precedente,
especialmente cuando mañana empezamos el debate parlamentario de la
reforma de la Ley de extranjería.
Nuestra enmienda pretendía ser un marco suficiente donde se
reconociesen algunas evidencias. En primer lugar, que la mayoría de
las propuestas que contiene la moción de Izquierda Unida forman parte
del informe de la subcomisión que aprobó este Pleno con el apoyo de
todos los parlamentarios y que, por tanto, al Gobierno hay que
exigirle que desarrolle las propuestas del informe de la subcomisión.
En segundo lugar, el Gobierno tiene en marcha un plan social para la
integración de los inmigrantes; en el marco de ese plan social donde
se contienen algunas de estas cuestiones deben incorporarse algunos
de los elementos que pueden ser novedosos y propone Nueva Izquierda.
En tercer lugar, que en el marco de las proposiciones de ley que
mañana empezamos a debatir también se encuentran soluciones a estas
cuestiones. Por ejemplo, Izquierda Unida plantea la necesidad de que
la Inspección de Trabajo desarrolle actuaciones en esta materia. Una
de las disposiciones adicionales de una de estas proposiciones de
ley, en concreto la de Convergència i Unió, incorpora un mandato en
el mismo sentido. Por tanto, nos parecía necesario hacer esa
referencia al informede la subcomisión, al plan social de integración
de los
inmigrantes y a los trabajos parlamentarios de tipo legislativo que
mañana se inician.
Finalmente, nuestra enmienda exponía la necesidad de vertebrar un
pacto social del conjunto de las administraciones, del conjunto de la
fuerzas políticas y sociales para que la inmigración continuase
siendo una cuestión de consenso. Nueva Izquierda prefiere optar, y es
legítimo que lo haga y entiendo que en media hora es imposible
ponernos de acuerdo en cuestiones de esta transcendencia, por una
moción de cuestiones concretas en la que vemos imposible ponernos de
acuerdo en tan escaso tiempo.
Lo lamento, asumo mi incapacidad absoluta para llegar a un acuerdo y
anuncio nuestro voto negativo. Espero tener más suerte en los
trámites parlamentarios que mañana por la mañana vamos a iniciar.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Campuzano.
¿Grupos parlamentarios que no hayan intervenido en el debate y
quieran fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Gómez.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Mixto, diputados y diputadas de Nueva
Izquierda-Els Verds ha presentado esta humanitaria moción como
consecuencia de la interpelación urgente sobre la política del
Gobierno en desarrollo y cumplimiento de la Convención de las
Naciones Unidas sobre los derechos del niño, ahora en el décimo
aniversario.
Esta iniciativa en sus largos catorce apartados comprende un
conglomerado abigarrado de peticiones un tanto teóricas, pero
mezcladas con cuestiones prácticas -incluso se cita a siete
ministerios, comunidades autónomas, ONG, corporaciones locales,
etcétera- que van encaminadas a una serie de avances sociales
sanitarios, educacionales en favor de los inmigrantes, en favor de
los niños, de las madres gestantes. Esos avances van en una
casuística concreta desde la dotación de la tarjeta sanitaria a toda
la población inmigrante hasta la atención a las observaciones
aceptadas del Grupo Socialista, dentro de la mayor confidencialidad
tanto en el territorio Insalud como en el de las comunidades
autónomas con competencias sanitarias transferidas.También comprende
programas de previsiones sanitarias, el reconocimiento de la
especialidad de psiquiatría infantil, así como campañas informativas
editadas incluso en chino, actuaciones para acabar con el chabolismo
hasta finalizar con la petición de la inclusión en los presupuestos
del año 2000 de un crédito suficiente para atender todo este conjunto
de peticiones sociales que están en el ánimo de todos los grupos
políticos de esta Cámara.
Me parece que esto es un gran cesto de peticiones, que es un excesivo
detalle competencial. Teniendo en cuenta que esta Cámara viene
trabajando en la anterior legislatura y en la actual sobre estas
materias tan importantes,
que hay que sedimentar y pisar firme, avanzando socialmente,
máxime cuando ya se ha celebrado en 1997 el Año europeo contra la
xenofobia, creándose el correspondiente observatorio europeo, y
teniendo en cuenta que esta Cámara aprobó por unanimidad nuestro
informe de la subcomisión para estudiar la situación de los
inmigrantes, en especial en el ámbito de la salud, los servicios
sociales, la educación y la vivienda, y que mañana incluso comienzan
un trabajo de ponencia, nos hubiese gustado que hubiese sido el
resultado de un armónico consenso de todos los grupos políticos,
pero, ante la imposibilidad de hacerlo por falta de tiempo, por falta
de contacto o por lo que fuera, tenemos que ser prácticos. Nosotros
no podemos apoyar la moción que con tanto entusiasmo presenta la
diputada señora Almeida, muy humanitaria, no cabe la menor duda, pero
queremos ir por el camino de lo práctico, y por ello vamos a votar
favorablemente las enmiendas conjuntas que han presentado y defendido
el Grupo Popular y el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Solamente, señor Gómez, la
presidencia quiere recordarle que las enmiendas no se someten a
votación, salvo que la autora de la iniciativa acepte esas enmiendas.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Plenamente de acuerdo.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo Vasco (PNV),
tiene la palabra el señor Caballero.
El señor CABALLERO BASÁÑEZ: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, como consecuencia de la interpelación
presentada la semana pasada, el Grupo Mixto presenta una moción
instando al Gobierno a determinadas medidas con relación al
desarrollo y cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas
sobre los derechos del niño.Las medidas propuestas afectan a diversos
ámbitos, tanto del sector sanitario como del sector educativo, como
de los terrenos de los ministerios de Fomento y de Trabajo y Asuntos
Sociales.
En lo relativo al sector sanitario, la moción mezcla el desarrollo y
cumplimiento de los derechos de los niños con su pretendida
ampliación a los adultos inmigrantes en situaciones irregulares. Debe
entenderse que los niños tienen reconocidos sus derechos en el actual
ordenamiento jurídico a través de la Ley Orgánica 1/1996, de
protección jurídica del menor, por lo que en todo caso lo único que
hace falta es aplicar con toda la generosidad necesaria los
principios que inspiraron la promulgación de dicha Ley. La posible
solución a la problemática de los adultos, por el contrario, está
supeditada al resultado de la emprendida reforma de la conocida como
Ley de extranjería sobre derechos ylibertades de los extranjeros en
España.
La posición del Grupo Vasco en lo que respecta a los menores ha sido
de inmediato y gustoso acatamiento de lo dispuesto, como lo refleja
el hecho de que en Euskadi se lleve dos años y medio dando tarjetas
sanitarias a los niños inmigrantes. En cuanto a los adultos, la
normativa en vigor impide en la práctica que se les proporcione
tarjetas sanitarias. Desde la posición tradicionalmente solidaria del
pueblo vasco, veríamos con buenos ojos que se solucionaran los
problemas formales de este colectivo al menos en cuanto a su derecho
a ser protegidos por el sistema sanitario público. Mientras tanto, en
Euskadi el departamento de Sanidad del Gobierno vasco en colaboración
con la secretaría general de acción exterior de Presidencia del
Gobierno, que aporta los fondos necesarios, suscribió ya un convenio
con el Hospital San Juan de Dios, de Santurtzi, a fin de proporcionar
a los adultos en cuestión la asistencia sanitaria que excedía la
capacidad de resolución de las ONG que trabajan en el sector.
Ni qué decir tiene que además de lo anterior los centros sanitarios
públicos atienden todas las urgencias que se les presentan sin
discriminación alguna.Como he señalado anteriormente la moción
presentada mezcla la atención sanitaria con atenciones sociales
educativas, de vivienda, laborales, etcétera. Entendemos que la
calificación de necesidad esencial, que afecta a lo sanitario,
difícilmente puede aplicarse a otras áreas y su resolución requiere
un debate profundo y sereno, más en la reforma de la ley antes citada
que como consecuencia del debate de una moción como la presente. Por
ello, el Grupo Parlamentario Vasco no va a apoyar esta moción y vamos
a votar en contra del texto propuesto, remitiendo la solución de los
problemas sanitarios mencionados, en el caso de los niños, al
cumplimiento de lo ya dispuesto, y en cuanto a los adultos, al ámbito
de la reforma de la Ley de extranjería, para lo que el Grupo Vasco ha
presentado las enmiendas pertinentes que recogen lo que pretende la
moción, pero de una forma estructurada.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Caballero.
Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora
Maestro.
La señora MAESTRO MARTÍN: Gracias, señor presidente.
Seguramente en la misma línea de lo expresado por portavoces de otros
grupos parlamentarios, el nuestro también duda de la oportunidad en
el tiempo y de lo adecuado de los contenidos de la moción al objetivo
que se pretende conseguir. La confusión, a juicio de mi grupo
parlamentario, en cuanto a las competencias de los diferentes
ministerios, junto al hecho global de que el abordaje pertinente de
la problemática de la inmigración, en concreto la de los niños, no
puede plantearse en serio, si no es bajo la fórmula de la
modificación de las leyes que tienen que ver con estos temas y muy
significativamente
la Ley de extranjería y la Ley General de Sanidad. En
concreto, en relación con este último término, mi Grupo Parlamentario
ha presentado una proposición de ley de reforma del artículo 1 de la
Ley General de Sanidad que plantea la extensión del derecho a la
asistencia sanitaria a toda persona que esté en este país,
independientemente de su situación legal, porque creemos que sería el
único ámbito en el que se apartaría de la discrecionalidad del
gobierno de turno al ser una ley orgánica. Por otro lado, en opinión
de mi grupo parlamentario no resulta coherente plantear de una manera
aislada los derechos del niño de los derechos de la madre gestante,
por ejemplo, que evidentemente es una unidad difícil de separar y en
la cual los factores de riesgo se plantean y se acumulan.
Por tanto, respetando la intención del Grupo parlamentario Mixto, en
concreto de Nueva Izquierda, mi grupo parlamentario cree que existen
marcos de debate, probablemente mas adecuados que el que propone esta
moción, para atender a la problemática que en ella se muestra y mi
grupo parlamentario se abstendrá, teniendo en cuenta que no se
entiende por abstención ninguna inhibición de la problemática que
pretende resolver, sino las dudas razonables acerca de si el momento
y el procedimiento son los más adecuados para resolverlos.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Maestro.
La señora Almeida tiene la palabra para indicar su aceptación o
denegación de las enmiendas presentadas a la moción que ha defendido.
La señora ALMEIDA CASTRO: La verdad es que, aunque estábamos
dispuestos a aceptar los puntos de Convergència i Unió, no como
supresión de nuestra moción, sino añadiéndolos porque estábamos de
acuerdo con el contenido, a la vista de que lo plantea como una
enmienda de sustitución global de nuestra moción, no la podemos
admitir, aunque, repito, estamos de acuerdo con todos y cada uno de
los puntos que ha expuesto. Si dice que es inflexible en esta parte,
nosotros, que aceptamos todos sus puntos, no sabemos donde está la
inflexibilidad. En cualquier caso, que quede constancia de que
aceptamos los puntos de Convergència i Unió, pero no como enmienda de
sustitución. Me gustaría explicar, para que quede claro, en cuanto a
las enmiendas que nos ha presentado el Grupo Socialista, que hemos
admitido el conjunto de la enmienda al punto 1 (lo tiene el letrado,
aunque quiero repetirlo) excepto la referencia a una ley del Partido
Socialista, no porque estemos en contra, porque estimamos que es
necesaria para regular este tema, sino porque no es una referencia a
establecer en la moción. Con relación a las enmiendas al punto 2,
estamos dispuestos a suprimir dicho punto. Era sólo una derivación de
competencias a las comunidades autónomasque creíamos que se podía
admitir. Estaríamos dispuestos
a admitir esa enmienda de supresión. No las relativas al punto 3 y al
14, que han sido retiradas. Estamos de acuerdo con las expresiones
que se han incorporado al punto número 5, y lo único que propondría,
por si la finalidad está mal expresada, es añadir que el acceso a los
centros sanitarios se haga a través de la obtención de la tarjeta de
los servicios sociales correspondientes, porque en algunas autonomías
son de distinto tipo. En lo que se refiere a los puntos a añadir,
estamos de acuerdo con las enmiendas.
En cuanto al Grupo Popular, ya he dicho en la intervención anterior
que no vamos a admitir la enmienda, no tanto porque el contenido no
esté comprendido en la nuestra, sino porque sólo se habla de la
continuidad de algo que parece que ya se hace, cuando lo que queremos
es que se haga.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Almeida.
Señora Fernández, ¿está de acuerdo con las matizaciones realizadas a
la enmienda presentada por el Grupo Socialista?
La señora FERNÁNDEZ SANZ: El Grupo Socialista no quiere dejar a Nueva
Izquierda en esta ocasión en solitario y acepta la propuesta. (El
señor Campuzano i Canadès pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Campuzano, había
entendido la Presidencia en su exposición inicial que S.S. había
anunciado ya el sentido de su voto, que, tal como ha manifestado la
señora Almeida, era la aceptación de la enmienda de sustitución o que
de otra manera no lo aceptaba.
Tiene la palabra su señoría.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Quiero precisar una cuestión que, a
efectos del «Diario de Sesiones», es importante. En los encuentros
que hemos tenido en los pasillos los ponentes de esta moción no se
planteaban el texto del Grupo Parlamentario Popular o de Convergencia
i Unió como enmiendas de todo o nada, sino que se pudiesen asumir en
el marco de las enmiendas del PSOE y de la propuesta de Nueva
Izquierda. Como esa asunción de la globalidad de los cuatro textos no
era posible, formalmente hemos presentado como enmienda de
sustitución lo que figuraba como tal en el texto entregado esta
mañana en el registro de la Cámara.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Campuzano.
Vamos a pasar a la votación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, ocupen sus escaños. Vamos a proceder a
la votación. Les ruego que se incorporen a sus escaños con cierta
celeridad a efectos de no demorar innecesariamente la sesión.
Votación de la moción presentada por el Grupo Mixto, señora Almeida,
sobre política del Gobierno en desarrollo y cumplimiento de la
Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño,
especialmente en sus aspectos sanitarios y asistenciales, en los
términos resultantes del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
292; a favor, 125; en contra, 154; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE MEDIDAS
DE TODO TIPO QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA SOLUCIONAR LOS
PROBLEMAS DERIVADOS DE LA CONTAMINACIÓN SUFRIDA POR DIVERSOS
PACIENTES POR EL HONGO ASPERGILLUS (Número de expediente 173/000118).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la moción del Grupo de Izquierda
Unida, sobre medidas de todo tipo que piensa adoptar el Gobierno para
solucionar los problemas derivados de la contaminación sufrida por
diversos pacientes por el hongo Aspergillus.
La señora Maestro tiene la palabra para la defensa de la moción.
(Rumores.) Veamos si SS.SS., incluido el señor Trías Sagnier, guardan
silencio. Señor Pillado y señor Arqueros, ¿pueden guardar silencio?
Gracias. Señora Alborch y señor Sanus. Señor Sanus le esperan fuera.
Señor Solé Tura, por favor, silencio.
Adelante, señora Maestro. (El señor vicepresidente, Marcet i Morera,
ocupa la Presidencia.)
La señora MAESTRO MARTÍN: Gracias, señor presidente.
Con motivo del debate de la interpelación urgente presentada por mi
grupo parlamentario pudieron ponerse de manifiesto situaciones que
vinculadas en el tiempo a la aparición de diversos casos de muerte
por contagio de hongo Aspergillus en quirófanos de algunos hospitales
públicos, pudimos... (Rumores.)
Señor presidente, no me concentro nada.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Sí, señora Maestro, tiene
toda la razón. A ver si conseguimos que haya un poco más de silencio
en la Cámara. (Pausa.)
Cuando quiera.
La señora MAESTRO MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente.
Decía que, con motivo del debate sobre los datos y los hechos que
terminaron con la muerte de diferentes
pacientes operados en los quirófanos de un servicio en concreto
gestionado por la Ley de sociedades anónimas, pudimos analizar qué
factores estaban concurriendo, más allá del hecho biológico en sí y
del peligro de contaminación por el hongo Aspergillus u otros
microorganismos que pueden estar presentes en lugares de riesgo como
son los quirófanos, en este caso en quirófanos destinados a
intervenciones de cirugía mayor.
Podemos hacer un análisis -¡ya es hora,señorías!- de la Ley General
de Sanidad, que va a cumplir trece años en abril de este año. Podemos
hacer ya un balance de en qué medida las transferencias atribuidas a
las comunidades autónomas y las competencias que retiene para sí el
Estado son formas de ordenación de la autoridad y de los servicios
sanitarios que permiten adecuar en mayor medida los mismos a las
diversidades y a las peculiaridades de las nacionalidades y regiones
de nuestro país, o en qué medida pudieran estar repercutiendo en la
existencia de desigualdades, de insuficiencias y de desregulación de
las competencias administrativas.
Señorías, en algo tan importante para el control de calidad de los
servicios sanitarios como son las normas que regulan la acreditación
de los mismos, si no me equivoco, pocas comunidades autónomas -y,
desde luego, la gallega no se encuentra entre ellas- han utilizado la
autoridad que las transferencias les atribuyen para regular la
acreditación de los centros sanitarios. A la hora de contrastar las
condiciones del quirófano del Medtec con las condiciones de seguridad
previstas, pudimos ver que había una reglamentación de ámbito
estatal, la circular 6/1990 del Insalud, que establecía los
requisitos que tenían que cumplir los quirófanos para intervenciones
de alto riesgo. Pudimos comprobar que normativa posterior, circulares
que intentaban establecer un mayor rigor en los requisitos que debían
cumplir este tipo de quirófanos, pudieron ser de aplicación en el
resto del Insalud pero no en una comunidad autónoma, Galicia, en la
que las competencias sanitarias atribuían a la autoridad autonómica
la capacidad de legislar sin que ésta la hubiera ejercitado.
Hay otro hecho también, señorías, que yo sé que es controvertido,
pero ojalá no tengamos que volverlo a poner encima de la mesa nunca
más en esta Cámara, cual es el aumento del riesgo y el perjuicio para
la salud de la población, en este caso con peligro para la propia
vida, derivados de los elementos de inseguridad que introducen las
nuevas formas de gestión. Señorías, aunque sólo sea por la enorme
fragmentación del sistema sanitario que introduce la posibilidad de
que cada centro sanitario tenga personalidad jurídica propia y que,
por tanto, no le sean de aplicación normativas, estructura
jerárquica, recomendaciones, que hacen que tenga lugar el
funcionamiento coordinado del conjunto de los servicios sanitarios
dentro del sistema sanitario a nivel de nacionalidad o de región,
superponiéndose unos a otros. En todos los países en los que el
régimen jurídico del derecho privado se introduce en la gestión de
los servicios sanitarios peligra gravemente la calidad
de la atención sanitaria. La moción que mi grupo parlamentario
propone persigue que la opinión pública, las autoridades sanitarias,
y desde luego este Parlamento, cuenten en un plazo razonable con una
información que permita establecer un balance de calidad de la
atención de los servicios sanitarios basado en la auditoría clínica,
en la auditoría médica.
No quiero cansarles con datos técnicos, pero la adecuación entre los
diagnósticos y los tratamientos y lo que realmente está sucediendo en
cada persona es la principal medida de calidad de la atención
sanitaria. Lo digo -y pudiera parecer una evidencia de perogrullo-
porque la búsqueda de eficacia económica, la búsqueda de rendimientos
basados en el ahorro supone intensificar el número intervenciones en
el marco sanitario, posiblemente rentables con la actual forma de
gestión pero con despilfarros globales del sistema sanitario por la
dudosa pertinencia de su indicación y, de forma sobreañadida, por los
mecanismos de inseguridad que comportan estrictamente desde el punto
de vista de la salud de las personas.
Mi grupo parlamentario es consciente de las competencias de las
comunidades autónomas y ha extremado el cuidado para no ignorar que
las transferencias sanitarias suponen un altísimo grado de autoridad
por parte de las comunidades autónomas que las ostentan. Quiero hacer
referencia a unas declaraciones, a mi juicio profundamente
desafortunadas, del vicepresidente de la Generalitat, señor Trías, en
las cuales abogaba por la desaparición de los Ministerios de Sanidad
y Cultura. Con respecto al Ministerio de Cultura, mi grupo
parlamentario tiene serias dudas de que sea pertinente su existencia
dada la diversidad y la identidad cultural de los pueblos, se podrían
arbitrar fórmulas administrativas mucho más eficaces para que la
identidad de los diferentes pueblos del Estado español se
manifestara. Con respecto a la sanidad es, a juicio de mi grupo
parlamentario, un error desafortunado.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señora Maestro, le ruego
concluya.
La señora MAESTRO MARTÍN: Termino, señor presidente.
El que el Estado mantenga en última instancia la competencia y la
autoridad a través de la figura de la alta inspección para garantizar
que las funciones transmitidas a las comunidades autónomas se
ejercitan y practican de acuerdo con las garantías de calidad, de
eficacia y de seguridad que nuestra Constitución y nuestra
legislación básica contemplan, a juicio de mi grupo parlamentario es
indiscutible.
Finalmente, y en virtud de la dispersión que en este momento existe
del diferente grado con que las comunidades autónomas con
competencias sanitarias han utilizado la autoridad atribuida en
materia de acreditación y de garantía de calidad, hay que tener en
cuenta que la autoridad atribuida es un bien a proteger por nuestra
Constitución y por todos los grupos parlamentarios
respetuosos con ella y también hay que respetar el objetivo de la
equidad y de la garantía de calidad que en estos momentos puede estar
seriamente cuestionada.
Más allá de la toma de posición que pueda hacerse con respecto a la
enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, solicito de los grupos
parlamentarios el voto positivo para esta moción que, como SS.SS.
pueden comprobar, lo único que solicita es la adopción de medidas de
seguridad elementales y básicas para garantizar que,
independientemente de la opinión sobre la fragmentación del sistema
sanitario que se introduce con las nuevas formas de gestión, se
preserve el objetivo fundamental de la calidad.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Maestro.
A esta moción se ha presentado una enmienda por parte del Grupo
Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el señor Corominas.
El señor COROMINAS I BUSQUETA: Gracias, señor presidente.
Estamos debatiendo aquí y ahora una moción consecuencia de la
interpelación que presentó el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida,
sobre qué medidas pensaba adoptar el Gobierno para solventar uno de
los problemas que se había planteado, que es el de la contaminación
sufrida por el hongo Aspergillus y otras contaminaciones
hospitalarias que se han producido.
El hecho de que en estos últimos tiempos hayan ido apareciendo como
un rosario, a lo largo y ancho de todo el territorio español, una
serie de datos sobre infecciones nosocomiales, que afectan igual a
centros públicos que privados, con gestión pública o privada, pone de
manifiesto que el tema de las infecciones nosocomiales, como era de
prever, no es una cuestión que tenga que ver con la fórmula de
gestión que se utiliza sino con otros parámetros.
Nuestro grupo entiende que las cosas no suceden por azar; tampoco
cree que se hayan dado cita en este momento una serie de
circunstancias en relación con este tema. Podríamos apuntar algunas
razones por las cuales esto ha sucedido. Ha acontecido porque ha
habido una presión asistencial muy alta que ha hecho que se aumentara
el nivel de utilización y, por tanto, de productividad en los
quirófanos de los centros hospitalarios sin incrementar, en la mayor
parte de ellos, las condiciones de higiene que se venían manteniendo
de forma habitual. Al aumentar la productividad en los quirófanos y
mantener los mismos criterios de tipo preventivo y sanitario aumenta
el riesgo de infecciones. Por otra parte, también se ha podido
observar cómo ha existido una dejación de funciones por parte del
Ministerio de Sanidad y Consumo, ya que, como manifestó el propio
ministro el día anterior, en su comparecencia con motivo de la
interpelación, hasta el año 1996 los datos de infecciones
hospitalarias eran muy positivos
en nuestro país y desde el año 1996 no tenemos información; es decir,
el Ministerio no ha continuado la pauta de seguir las infecciones
nosocomiales año tras año, dar información pública sobre las mismas y
ver si había una desviación o no, con lo cual, probablemente, se
hubieran podido evitar algunas de las situaciones actuales.
Finalmente, quiero señalar que las informaciones en los medios de
comunicación social sobre las infecciones hospitalarias y los
problemas que generan para algunos pacientes producen una alarma
bastante importante en la población y también se pone en entredicho
al propio Sistema Nacional de Salud. Creemos que es un problema
urgente y perentorio solventar estas cuestiones y pedimos que no haya
ausencia de la voz autorizada del ministro de Sanidad, porque ante el
primer brote de una infección nosocomial tenía que haberse
pronunciado y evitar así este reguero de informaciones progresivas
que han ido deteriorando la situación.
Por todas estas razones, nuestro grupo parlamentario ha presentado
una enmienda de sustitución al texto de Izquierda Unida. Entendemos
que debe sustituirse porque se trata de un problema puntual, urgente
y perentorio, cual es el tomar medidas para evitar el incremento y la
reproducción de situaciones como la actual. Por ello, pedimos que se
desarrolle un sistema de información epidemiológica que pueda
detectar las variaciones que hay en relación con este tema, sistema
que deberá ser obligatorio para todos los hospitales del sistema
sanitario español, sea cual sea su titularidad y su forma de gestión.
Asimismo, decimos también en esta enmienda de sustitución que se debe
implantar y difundir la guía para la vigilancia y control de la
infección hospitalaria, que ya estaba establecida por el grupo de
trabajo EpiHos y de la que se venía dando información pública año
tras año, desde 1991 hasta 1996. Este tema se ha cortado y creemos
que es necesario continuar. El segundo punto de nuestra enmienda
pretende establecer los criterios básicos y comunes de calidad en
todos los establecimientos del sistema sanitario español.
No podemos aceptar el texto que presenta Izquierda Unida porque huye
del problema puntual que aquí se ha expuesto y que en este momento
preocupa a la opinión pública española. Esto no significa que no
estemos de acuerdo en la necesidad de que se realice una auditoría
clínica para evaluar la capacidad y calidad asistencial de todos los
centros sanitarios y que se puedan clasificar los distintos centros
sanitarios en función de la calidad asistencia para que todos los
usuarios y pacientes tengan una información veraz y rápida de cuál es
el nivel asistencial que se presta en cada uno.
Tal y como hemos informado al Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, es un tema que habría que debatir profundamente y
que debería ser objeto de otra iniciativa parlamentaria que pusiera
de manifiesto la organización y el funcionamiento de este nuevo
organismo que se dedique a auditar, controlar y clasificar los
centros sanitarios españoles; insistimos, cualquier
centro sanitario, público o privado, de gestión tradicional o de
nuevas formas de gestión, debe ser auditado y traspasar esta
información al público. Por esta razón, mantenemos esta enmienda de
sustitución y, en caso de que no sea aceptada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida nuestro grupo se abstendría
en la votación. Como decía antes la portavoz, ello no significa que
no estemos de acuerdo en que sea necesario controlar la calidad
asistencial sino que consideramos que en este momento es prioritario
establecer una serie de medidas inmediatas que estaban presentes y
que ya están elaboradas por el propio Ministerio desde hace tiempo y,
en una segunda fase, realizar una propuesta más detallada sobre las
auditorías clínicas y la forma de organizarla. En caso de no
aceptación, nuestro grupo se abstendría en la votación.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Corominas. ¿Grupos que desean fijar la posición en el debate?
(Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Gracias, señor presidente.
Tengo que reconocer a estas alturas del debate una cierta confusión
sobre sus objetivos y sobre los caminos por los que discurrió y
discurre. El pasado miércoles discutimos la interpelación presentada
por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, que versaba
sobre las medidas del Gobierno para solucionar los problemas
derivados de la contaminación sufrida por diversos pacientes por el
hongo Aspergillus. Al margen de la oportunidad o no del contenido
concreto de la interpelación, la moción que hoy presenta este grupo
parlamentario hace referencia a determinadas medidas destinadas a
impulsar el control y evaluación de la calidad de los centros
sanitarios gestionados bajo fórmulas regidas por el derecho privado,
tanto del Insalud como de las comunidades autónomas con competencias
transferidas. Además, propone elaborar normativas que establezcan los
requisitos de calidad que deben cumplir los centros sanitarios, así
como su evaluación periódica.
Nosotros no dudamos del interés de este debate, pero a mí me parece
que todo este asunto está mezclado con otros debates más de fondo, en
los que se plantean cuestiones tales como si las transferencias de
las competencias a las comunidades autónomas dan origen a
desigualdades; asimismo se plantean dudas sobre la capacidad de las
comunidades autónomas para llevar a buen puerto las competencias
sanitarias de que disponen o si se están creando desigualdades como
consecuencia de esto; también se entremezcla con el problema de las
nuevas formas de gestión y su eficacia y con problemas derivados, al
parecer, de una mayor necesidad
de tutela del Estado sobre la actuación de las comunidades
autónomas en las competencias transferidas.
Señor presidente, a mí me parece que se están entremezclando
demasiados temas, ya digo que todos ellos muy importantes, pero
seguramente sería un mejor método para abordarlos el hacer nuevos
debates más concretos, más específicos y más pausados. Por lo tanto,
en esta ocasión y ante esta propuesta concreta, nosotros nos vamos a
abstener por lo dicho anteriormente.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Vázquez.
En nombre de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Gómez.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Con toda brevedad, quiero decir que Coalición Canaria no puede
admitir el hecho de que, desde que ha intervenido la gestión privada
en el mundo sanitario, esté peligrando la salud y la sanidad pública.
No lo podemos admitir de plano.
En segundo lugar, tampoco podemos admitir que la alta inspección del
Ministerio, regulada en el artículo 43 de la Ley 14/1986, de 25 de
abril, pueda vaciar de contenido las competencias transferidas a las
comunidades autónomas.
En tercer lugar, en cuanto a las auditorías clínicas, ya hay una
Comisión que está trabajando como consecuencia de una moción del
Senado y esperamos que esas conclusiones se produzcan pronto para
bien de la sanidad española, que está llevando a cabo con toda
eficacia, como lo están haciendo las fundaciones, las comprobaciones
necesarias para cualquier clase de hongos. Debemos decir claramente
que ha sido un accidente lamentable, pero que no rebasa los mínimos
en cualquier país que tenga una sanidad pública aceptable. Votaremos
que no.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Gómez.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Caballero.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, como consecuencia de la interpelación
realizada la semana pasada, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida
nos presenta una moción instando al Gobierno a adoptar una serie de
medidas para solucionar los problemas derivados de la contaminación
sufrida por algunos pacientes por el hongo Aspergillus. Desde el
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), evidentemente estamos a favor de
la implantación de medidas rigurosas tendentes a minimizarestos
problemas en los centros hospitalarios. De
todos modos, la moción presentada da a entender que el grupo
proponente atribuye de alguna manera la aparición de este problema al
modo de gestión de una de las unidades en las que se ha dado.
Literalmente se dice: en aquellos centros del Insalud gestionados
bajo el régimen jurídico del derecho privado. En este sentido, cabe
decir que los hongos no entienden de modos de gestión, que al fin y
al cabo son inventos humanos, habiendo aparecido, como han reflejado
los medios de comunicación en las últimas semanas, en todo tipo de
centros.
En términos epidemiológicos, no es correcto deducir de un brote de
Aspergillus la existencia de una epidemia de privatización.
Resumiendo, el Grupo Parlamentario Vasco no va a apoyar esta moción y
votaremos en contra.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Caballero.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra la señora Riera.
La señora RIERA I BEN: Gracias, señor presidente.
Ante todo quiero disculparme, como portavoz de mi grupo en materia de
sanidad, por perderme la interpelación la semana pasada. Se ve que no
sirve ser portavoz de sanidad para no coger una gripe sonora. Yo la
padecí.
De todas maneras, me he leído atentamente el «Diario de Sesiones» y,
sinceramente, señora Maestro, en la interpelación que usted presentó
subyace constantemente un tema de debate que ya es antiguo en esta
Cámara a estas alturas de la legislatura. Su señoría atribuye el que
haya habido un desgraciado brote de hongo Aspergillus, con
consecuencias fatales para los pacientes afectados, a que haya
distintos modelos de gestión del sistema sanitario; es decir, que una
de las principales causas, si no la principal, es lo que usted
considera una privatización del sistema y un empeño en la
productividad y en el criterio economicista de la materia. No
pensamos, de verdad, señora Maestro, que pueda establecerse una
relación directa en este sentido. He visto que usted misma afirmaba
que los brotes existentes en la sanidad pública debidos a virus de
quirófano, por decirlo de una manera vulgar, forman parte de los
parámetros normales de cualquier sistema sanitario con los que nos
comparamos. Por este motivo, usted incide todavía más en que si ha
pasado esto en Galicia no es por casualidad. Sinceramente, no lo
vemos así. Compartimos, no obstante, algunas de las argumentaciones
que ha hecho el señor Corominas, portavoz socialista. Francamente,
pienso que las nuevas inercias de los hospitales, los nuevos índices
de productividad, la utilización de los quirófanos durante muchas más
horas, que es bueno y positivo, porque sirve para que puedan ser
atendidos muchos más pacientes con mayor brevedad, tiene que llevar
aparejado, y me parece de sentido común -estoy de acuerdo,
señor Corominas-, el que seamos capaces de adecuar las medidas
profilácticas y de higiene de los quirófanos, teniendo en cuenta su
mayor utilidad.
Usted afirma algo que es evidente. Es importante que seamos
conscientes de este tema, para que a todos los niveles se adopten
aquellas medidas que sean necesarias para que estos brotes
inevitables que se producen de vez en cuando se reduzcan a la mínima
expresión. En opinión de mi grupo parlamentario, no se puede decir
que la causa sea que hay unos modelos de gestión diferentes. Es más,
me atrevo a decir que si alguien quisiera echar piedras sobre su
tejado no tendría nada tan sencillo como demostrar que hay una falta
de atención en los modelos sanitarios de nueva gestión. Por lo tanto,
más que nunca pienso que el Gobierno tiene que esmerarse más en que
los nuevos centros de gestión sean modélicos y si en algún sitio
deben primar las garantías de que se siguen todos los controles, más
que en ningún sitio es en los nuevos centros de gestión, precisamente
para que no pueda decirse que esto sucede porque se ha cambiado el
modelo.
En cuanto a la observación que hacía usted en la moción, quiero hacer
un breve comentario puntual. Usted ha hecho referencia a unos
comentarios del conseller Trías. Como S.S. sabe, no es
vicepresidente, como usted ha dicho, sino conseller de Presidencia.
Comparto la afirmación, como no podía ser de otra manera, del
conseller Trías. Bajo nuestro punto de vista, señoría, el hecho de
que las distintas comunidades autónomas que conforman el Estado
español tengan competencias en materia sanitaria y que las adquieran
las que aún están pendientes de transferencia, no es un
empobrecimiento del Sistema Nacional de Salud, sino, bien al
contrario, una de las formas de enriquecerlo. Ahora bien, comparto lo
que decía también el portavoz socialista. Por descontado, la
diversidad de competencias que existe en este momento dentro del
conjunto del Sistema Nacional de Salud no tiene que ser excusa ni
debe serlo para que nos escudemos mutuamente en quién le pone el
cascabel al gato, quién asume responsabilidades y quién da la cara.
Particularmente, comparto una observación que hacía el señor
Corominas el miércoles pasado al debatir la interpelación cuando
decía que aquí ha habido alarmismo y que esto es malo para la opinión
pública. Por tanto, tenemos la obligación de luchar todos contra este
alarmismo y hemos de hacerlo desde las comunidades autónomas y
también desde el Ministerio. Pensamos que la línea del Gobierno va a
ser esta, creemos que el Ministerio tiene la voluntad -y así se ha
manifestado en el seno del Consejo interterritorial de salud- de que
confluyan las distintas aportaciones de las comunidades autónomas y
de los centros que dependen del Insalud para que de alguna manera
seamos capaces de establecer unos controles que tengan rigor, que
tengan las máximas garantías y que sirvan para que los ciudadanos
y ciudadanas de todo el Estado estén tranquilos y estén seguros de que
están en unos hospitales quecuentan con las garantías sanitarias que
el sistema
requiere.
Naturalmente, vamos a votar en contra de la moción.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Riera.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Alcalde Sánchez.
El señor ALCALDE SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo para exponer la postura del Grupo Popular
respecto a la moción del Grupo de Izquierda Unida, consecuencia de la
interpelación del pasado miércoles, que versaba, en teoría, sobre las
medidas que iba a adoptar el Gobierno para solucionar los problemas
derivados de la contaminación sufrida por diversos pacientes por el
hongo Aspergillus. Y digo en teoría, señorías, porque el texto de la
interpelación -como ha dicho muy bien el señor Vázquez, del Grupo
Mixto- era sobre el hongo Aspergillus. Sin embargo, el miércoles
pasado se debatió sobre el hospital de Meixoeiro de Vigo, el texto de
la moción habla de calidad de los centros sanitarios y hoy ha
aparecido en este debate la bestia negra de la señora Maestro que no
es otra que la privatización de la sanidad. Una interpelación que es
espuria, lógicamente acaba en una moción que es todavía más espuria,
señora Maestro.
En el texto de la moción que ha presentado hoy aquí no se hace ni una
sola referencia al teórico motivo de la misma, la infección por el
hongo Aspergillus o, por extensión, a las infecciones hospitalarias.
Quizás porque usted mismo reconocía el pasado miércoles que la
incidencia de infecciones por Aspergillus en los hospitales de la
sanidad pública no ha salido en ningún momento de las cifras normales
en nuestro país y en los países de nuestro entorno. Asimismo
reconocía que no hay una epidemia de infección por Aspergillus en
hospitales de la sanidad pública. O quizás no ha querido entrar hoy
en el texto de la moción y hablar del Aspergillus porque para
Izquierda Unida sea difícil reconocer que la actuación de las
diferentes administraciones sanitarias ha sido correcta respecto de
las infecciones aparecidas por este hongo. El Ministerio de Sanidad
ha impulsado medidas para apoyar las actividades que, en desarrollo
de sus competencias, llevan a cabo las comunidades autónomas que han
recibido la gestión de asistencia sanitaria, así como las de carácter
específico que desarrolla el propio Insalud en su territorio.
No voy a recordar aquí qué es, cómo y a quién afecta este hongo, pues
parece ser que sólo ha servido como cabeza de turco para que los
grupos de la oposición cuestionen la calidad de la asistencia
sanitaria de los centros públicos o para crear, tal vez, una
situación de alarma social injustificada ante las infecciones
hospitalarias en nuestro país. ¿Dónde está la plaga? ¿Dónde está el
rosario de infecciones nosocomiales, señor Corominas? Ninguna de SS.
SS. se ha molestado en aclarar
que las infecciones nosocomiales en España están por debajo de la
media europea y casi dos puntos por debajo de los estándares
internacionales de la OMS; organización que considera adecuada una
tasa de infección de hasta el 9 por ciento, señorías, cuando en
nuestros hospitales, en los hospitales españoles, según los datos del
estudio Epine, en 1997 era del 6,9 y, según los datos de los
hospitales del Insalud, en 1998 era del 6,36, todavía más baja. Sin
embargo, esto no nos puede llevar a la autocomplacencia -nunca más
lejos por parte del Gobierno-, pero sí a seguir trabajando en la
línea que está manteniendo de potenciar los programas de prevención,
de control y de vigilancia de este tipo de infecciones.
Se ha hablado aquí de quirófanos, de inseguridad, de riesgo, pero no
ha dicho la señora Maestro que de los 24 casos de aspergillosis
aparecidos en diciembre de 1998 y en enero de 1999 -de los cuales
solamente 8 eran infecciones y 16 colonizaciones, de los que
fallecieron 5-, ni uno solo había sido sometido a intervención
quirúrgica en el período inmediato.
Señorías, nadie de la oposición se ha molestado en tranquilizar a la
opinión pública diciéndoles, por ejemplo, que en Estados Unidos,
paradigma de la calidad hospitalaria, se produce una infección
hospitalaria por cada 125 habitantes al año, mientras que en los
hospitales del Insalud se produce una por cada 200 habitantes al año.
Pero parece que eso no importa a algunas de SS.SS., más preocupadas
por desacreditar nuestro sistema sanitario público que por decir la
verdad de lo que ocurre. (Protestas.) Sí, señorías. (Algunos señores
diputados pronuncian palabras que no se perciben.)
Entrando a analizar el texto de la moción, mi grupo no puede apoyar
ninguno de los tres puntos de la misma. Por lo que respecta al
primero de ellos, señorías, en los centros sanitarios del Insalud ya
existe un programa de calidad muy parecido a los existentes en los
países de nuestro entorno y que mide la calidad asistencial desde
distintos parámetros, entre otros, la monitorización de indicadores,
que es un avance muy importante en los sistemas de medición de
resultados.
Por lo que se refiere a los centros del Insalud gestionados bajo
régimen jurídico de derecho privado, es decir, las fundaciones
(hospitales de Manacor y Alcorcón), el control que se ejerce sobre
ellas desde el Insalud, señoría, es mayor que el que ejerce sobre el
resto de hospitales de la red, realizándose sobre las mismas un
seguimiento y una evaluación permanente. Mensualmente deben remitir
información de la actividad realizada, datos de recursos humanos,
datos de seguimiento económico y datos de control de calidad (como
los indicadores universalmente reconocidos) y las reclamaciones de
los usuarios. Asimismo la dirección de ambas fundaciones debe
informar al patronato de los resultados de gestión, clínicos,
operativos y financieros. ¿Dónde está la inseguridad, señoría?
Respecto del segundo punto de la moción, hay quedecir como premisa
que el grupo proponente no entiende
correctamente el contenido de la competencia de alta inspección que
la Ley General de Sanidad atribuye a la Administración general del
Estado o no entiende lo mismo que entiende por alta inspección el
Tribunal Constitucional en sus sentencias 6/1982, 32/1983 y 42/1983,
que recogen que la alta inspección no puede vaciar de contenido, so
pretexto de inspección, las competencias transferidas; que dicen que
la alta inspección, según interpreta el Tribunal, constituye una
competencia estatal de vigilancia, no un control genérico
e indeterminado que implique dependencia jerárquica de las comunidades
autónomas respecto de la Administración del Estado. En fin, señora
Maestro, el Ministerio de Sanidad, al amparo de las competencias que
le confiere la Ley General de Sanidad no puede de ninguna manera
constituirse en un órgano central de intervención directa, porque
carece de las competencias necesarias para efectuar las auditorías
clínicas que constituirían la base del informe-balance que propone su
moción.
Por otra parte, en el seno del Consejo interterritorial ya están
constituidos los órganos de coordinación necesarios para desarrollar
las competencias que tiene encomendadas el Consejo. El Ministerio de
Sanidad va a convocar próximamente las comisiones de gestión y de
salud pública para tratar, dentro de la actividad periódica
y continuada que viene realizando, diversas cuestiones, entre las que
se encuentran las infecciones nosocomiales que deberían ser la base
de esta moción.
En cuanto al tercer punto de la moción, el Senado aprobó el 27 de
octubre pasado una moción del Grupo Parlamentario Popular instando al
Gobierno a que, desde el respeto a las competencias de cada una de
las comunidades autónomas y en el marco del Consejo interterritorial,
inicie los trabajos y estudios técnicos dirigidos a establecer, en su
caso, un sistema de acreditación estatal de los centros sanitarios.
En cumplimiento de este mandato del Senado, señorías, el Ministerio
de Sanidad está desarrollando las acciones precisas, a través del
Consejo interterritorial, para establecer un sistema de autorización
y acreditación de los centros sanitarios en el que se incluirán los
requisitos básicos de calidad que deben cumplirse en cada caso. Estos
requisitos, lógicamente, podrán ser ampliados por las comunidades
autónomas en base a las competencias que ostentan en materia de
desarrollo y ejecución legislativa.
Para finalizar, señorías, y con independencia de las razones ya
expuestas y que justifican nuestra oposición a esta moción, mi grupo
no podría apoyar nunca una moción que ha olvidado por completo el
texto inicial que motivó la interpelación de la que dimana. Moción
cuya única misión es poner en duda la calidad de los servicios que se
prestan en el sistema sanitario público, con el único objetivo
político de evitar que el Gobierno adopte soluciones para mejorar la
eficacia y eficiencia del mismo. Señorías, a ustedes no les preocupan
los ciudadanos, a ustedes lo único que parece preocuparles es que
nuestro país se mantenga como único botón de muestra de una sanidad
burocratizada, obsoleta y trasnochada, por cierto, como la que hemos
padecido los últimos años.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Alcalde.
Señora Maestro, tiene la palabra a los efectos de manifestar la
aceptación o no de la enmienda presentada por el Grupo Socialista.
La señora MAESTRO MARTÍN: Gracias, señor presidente. Intervengo a
esos efectos.
Desde el Grupo Socialista se valoró la pertinencia de la
interpelación, que, evidentemente, no se refería exclusivamente a la
presencia de hongos, sino a la diferente reacción que, ante la
presencia de hongos en un quirófano, se da en la sanidad pública o en
los regímenes de gestión que se caracterizan por el derecho privado
y la inseguridad que de ello se deriva. Por lo tanto, valorando la
intención del Grupo Socialista, he de decir que el cumplimiento de
las medidas que estaban vigentes en otros momentos en cuanto a
vigilancia epidemiológica es deseable y entendemos que si plantea su
moción como sustitutoria, no puede ser aceptable por mi grupo
parlamentario porque el contenido básico de la interpelación
precisamente se basaba en establecer las diferencias en cuanto a la
seguridad y a la calidad de la atención sanitaria que se derivan de
la introducción de una situación radicalmente diferente a la que
estaba vigente con anterioridad.
Lamentamos también que, si bien el Grupo Socialista cree que es
pertinente establecer unos criterios más estrictos respecto a la
vigilancia y a la normativa para evitar que la inseguridad pueda ser
una característica regular en el funcionamiento de estas nuevas
formas de gestión, no haya estimado pertinente apoyarla. Por lo
tanto, en cualquier caso, entendiendo que la moción del Grupo
Socialista se refiere solamente a uno de los aspectos, y no de los
más fundamentales, que en la interpelación se manifestaron, no estoy
en condiciones de aceptarla.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Maestro.
Vamos a proceder a la votación de la moción. (Pausa.-El señor
presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la moción del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, sobre medidas de todo tipo que piensa
adoptar el Gobierno para solucionar los problemas derivados de la
contaminación sufrida por diversos pacientes por el hongo
Aspergillus.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
289; a favor, 13; en contra, 157; abstenciones, 119.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción del hongo Aspergillus.
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE POLÍTICA DEL GOBIERNO EN
LA UNIÓN EUROPEA Y LOS OBJETIVOS A ALCANZAR EN LA NEGOCIACIÓN EN
CURSO SOBRE LA AGENDA 2000 (Número de expediente 173/000119).
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Socialista, sobre política del
Gobierno en la Unión Europea y los objetivos a alcanzar en la
negociación sobre la Agenda 2000.
Señor Costa, tiene la palabra, en nombre del Grupo Socialista.
El señor COSTA COSTA: Buenas tardes, señoras y señores diputados.
Quisiera empezar mi intervención leyendo una parte del «Diario de
Sesiones» de esta Cámara, concretamente una parte referida al debate
del miércoles pasado y explicitada por el ministro de Asuntos
Exteriores. Decía éste que no se puede estar constreñido por una
serie de condicionantes que debilitan la posición negociadora de
España. El ministro de Asuntos Exteriores se refería a la posición
que adoptaba esta Cámara ante la negociación de la denominada Agenda
2000, es decir, del futuro financiero de la Unión Europea. (El señor
vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
Señoras y señores diputados, desde el primer momento he de decir que
el Gobierno no quiere el acuerdo de la Cámara para esta negociación,
no quiere que le apoyemos en la negociación que se está llevando
a cabo para la Agenda 2.000. Porque nuestra posición de
responsabilidad, de moderación, de compartir y consensuar una
posición política, defendiendo el interés general de España en las
políticas de la Unión Europea, se ve defraudada una y otra vez por la
incomprensión y por la incapacidad del Gobierno para realizar
políticas de consenso en materias de Estado.
El Gobierno, señorías, no piensa en el interés general. Es
rotundamente falso que el Gobierno, en esa política, esté pensando en
el interés general. Está pensando sólo y exclusivamente en los
intereses políticos partidistas más inmediatos derivados de las
elecciones de los próximos meses y particularmente de las elecciones
locales, autonómicas y europeas del mes de junio. Y debemos denunciar
esa actitud del Gobierno de forma clara y contundente. Desde que
nosotros, reiteradamente, hemos propuesto a esta Cámara que el
Gobierno venga a explicar cuáles son sus objetivos en la negociación
de la Agenda 2.000 de la Unión Europea, hemos recibido sólo largas
por respuesta. No apoyaron ni aceptaron nuestra proposición no de ley
para que nos explicaran cuáles eran sus objetivos, ni dijeron que
aceptaban las condiciones que les planteamos en el debate sobre la
cumbre de Viena, ni hoy aparentemente
van a aceptar una propuesta que, en las políticas y en las
explicaciones del Gobierno, en la Comisión Mixta y fuera de esta
Cámara, permanentemente dicen compartir. ¿Por qué no quiere el
Gobierno que esta Cámara adopte un acuerdo que refleje el consenso,
el sentir general de los grupos parlamentarios y de las fuerzas
políticas sobre el futuro financiero de la Unión Europea? ¿Por qué no
puede compartir objetivos que se reiteran ante la opinión pública de
forma constante? Mientras ahora mismo los portavoces parlamentarios
estábamos intentando llegar a un acuerdo sobre un texto, el partido
del Gobierno me pedía que retiráramos del texto la referencia que se
hace a la posible cofinanciación de la política agrícola común, sobre
la que no estábamos de acuerdo. ¿Y saben qué estaba ocurriendo en el
mismo momento fuera de esta Cámara? Que la ministra de Agricultura,
que forma parte de este Gobierno que no quiere aceptar que la Cámara
le mandate en esa materia, estaba diciendo en Pozoblanco, en Córdoba,
que no aceptarán esas políticas. ¿Por qué lo dice ante los
agricultores en Córdoba y no lo refrenda el Gobierno en esta Cámara?
¿Se está intentando engañar a los agricultores? ¿Se está intentanto
engañar a la opinión pública de nuestro país en esa negociación? ¿El
Gobierno está intentando esconder a la opinión pública lo que de
verdad se está debatiendo, los intereses que están en juego en la
negociación en curso sobre el futuro de la Unión Europea?
Lo que nosotros planteamos, señorías, es bien compartible. Es que
existan los recursos suficientes en la futura financiación de la
Unión Europea. Y para ello no es que nos hayamos radicalizado.
Decimos exactamente lo mismo que ha dicho el ministro de Asuntos
Exteriores y el vicepresidente segundo del Gobierno, señor Rato, en
la Comisión Mixta para la Unión Europea y en el propio Pleno de esta
Cámara. Lo que nosotros mantenemos es que el límite de gasto del 1,27
por ciento del producto interior bruto comunitario no sea un techo
rígido y que pueda modificarse en función de nuevos escenarios
económicos, de un mayor coste de las reformas de las políticas
europeas o de la ampliación al Este. Lo que pedimos es que se
mantenga la cohesión económica y social, que en ese punto se destine
como mínimo el 0,46 por ciento del producto interior bruto
comunitario, que dos tercios de esas políticas de cohesión estén
destinados al objetivo 1 de la Unión, que no se adopten otros
compromisos que imposibiliten o contradigan la consecución de esos
objetivos. ¿Por qué no están de acuerdo con esto? ¿Acaso están
negociando elementos que impidan que las políticas de cohesión
comunitarias lleguen al 0,46 por ciento del dinero destinado a la
cohesión? ¿Están impidiendo en la negociación que dos tercios de los
fondos estructurales estén destinados al objetivo 1? Nos tememos que
sí, señorías. Nos tememos que estén negociando condiciones que hagan
imposible asumir plenamente esosobjetivos.
Y qué decir del mantenimiento de las rentas agrícolas, que ya he
señalado antes. Si el Gobierno es un clamor cuando sale de esta
Cámara en la defensa de la financiación comunitaria de las políticas
agrícolas y de las rentas del sector agrícola español, ¿por qué, en
un texto tan moderado como el que presenta el Grupo Socialista, que
simplemente pretende mantener íntegramente la financiación del
presupuesto comunitario garantizando el mantenimiento de las rentas
agrícolas, no puede el Partido Popular, el Gobierno del PP, votar
a favor? La respuesta es clara, señorías. El modelo del PP no quiere el
acuerdo, no quiere el consenso. Es un modelo caudillista, quiere que
le sigamos en todos aquellos elementos que por necesidad política y
partidista deben asumir en el futuro.
Es triste, señorías, que desde el grupo que manifestaba
reiteradamente en la pasada legislatura la necesidad de participación
del Congreso de los Diputados en la elaboración de políticas para
nuestro país, que iba a revitalizar el Parlamento en nuestro país, a
regenerar la vida democrática, hoy no se atienda ni siquiera a
elementos que el mismo Gobierno, a través de sus portavoces en los
medios de comunicación y reiteradamente, dice compartir. Si yo fuera
del Grupo Parlamentario Popular, hoy me sentiría profundamente
avergonzado del papel que les toca jugar en esta Cámara.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Costa, le
ruego vaya concluyendo.
El señor COSTA COSTA: Finalmente, quiero hacer referencia a las
consecuencias que para los ciudadanos tienen los elementos que hoy
estamos discutiendo.
Señorías, la cohesión económica y social, que se introdujo en 1992
con un Gobierno Socialista, ha permitido a España ganar en torno a
diez puntos de acercamiento a la renta media comunitaria, ha
permitido acercarse en convergencia económica real a los ciudadanos
de los países más ricos de Europa. En Irlanda, que recibe el 4,5 por
ciento de su PIB de estos fondos comunitarios destinados a cohesión,
han superado ya el 90 por ciento. Nuestro país recibe rentas de una
magnitud más humilde y por lo tanto no podemos avanzar al ritmo que
ha avanzado Irlanda en la consecución de ese objetivo de la
convergencia real, pero sería deseable que así fuera. Si
percibiéramos el 4,5 por ciento del PIB, sin duda lograríamos estar
en la media comunitaria, que es nuestro objetivo, mucho más rápido, y
sería un objetivo a compartir.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Costa, le
ruego concluya.
El señor COSTA COSTA: Concluyo, señor presidente.
De lo que se trata, señorías, no es sólo de la convergencia real sino
de que podamos seguir obteniendo los recursos suficientes para nuevas
infraestructuras, para nuevos servicios, para que los pueblos, las
regiones de España que perciben este objetivo puedan seguir disfrutando
de nuevos servicios, de nuevas infraestructuras que
posibiliten su desarrollo económico, su desarrollo social. Que
podamos mejorar nuestro medio ambiente a través de los fondos de
cohesión.
Acabo ya, señor presidente. Los esfuerzos del Gobierno y del Partido
Popular para lograr que el Congreso no adopte un acuerdo los tendrán
que dedicar a partir de ahora a negociar los objetivos que
planteamos, porque, no aprobando el texto de la moción, señorías,
ustedes no eluden su responsabilidad ante los ciudadanos españoles ni
ante las promesas constantes que les han formulado; eluden aprobar,
eso sí, un texto consensuado, que otros grupos de la Cámara estaban
en disposición de hacer y que ustedes han conseguido finalmente
impedir. Les felicito por su éxito y espero que pueda felicitarles
después de la cumbre extraordinaria del mes de marzo porque hayan
logrado estos objetivos, porque, si no, tendrán que responder de ello
a los ciudadanos españoles.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
Han presentado enmiendas a esta moción el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida y el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), pero este último la ha retirado formalmente mediante escrito
presentado en la Mesa.
Por lo tanto, para la presentación y defensa de la enmienda del Grupo
de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente, señorías, permítanme que
empiece mostrando mi sorpresa, porque en puntos anteriores algún
portavoz se haya permitido el lujo de intentar repartir en esta
Cámara credenciales de europeísmo. Yo le preguntaría al portavoz del
Partido Popular que de qué europeísmo nos habla. Si nos habla de ese
europeísmo que mantiene un Parlamento con unas competencias que
sonrojaría a cualquier demócrata o si nos habla de ese europeísmo que
deja la economía en manos de un ente sin control democrático, como es
el Banco Central Europeo. Señorías, seamos serios y sobre todo sean
ustedes prudentes al intentar dar lecciones de europeísmo en esta
Cámara.
Desde esta perspectiva es desde la que intervengo para intentar
explicar la postura de nuestro grupo respecto a la moción presentada.
También voy a defender nuestras enmiendas, enmiendas que tratan de
profundizar en una verdadera construcción europea, basada en la
solidaridad y en la negociación fiscal financiera y medioambiental,
una Europa realmente unida y no una Europa soldada en la defensa de
los intereses de los especuladores y de los intereses de las
multinacionales. Ya la semana pasada señalábamos que el camino
emprendido para la construcción europea no era desdenuestro punto de
vista el camino correcto. Y no lo era
sobre todo desde el punto de vista de los intereses de la mayoría.
Es realmente paradójico que la Unión Europea tenga en este momento,
como decía anteriormente, situaciones parecidas a las de cualquier
régimen no democrático, con un Parlamento que no tiene poder para
elegir a su gobierno o con un banco central que escapa de cualquier
control democrático. Por esto nos preocupa que todos digamos en esta
Cámara que estamos de acuerdo con principios europeístas, pero que
luego, en función de razones que no se explican o que se ocultan, se
tomen decisiones que van en sentido contrario a la construcción
europea. Por eso, queremos dejar claro, por si alguien no lo entiende
en esta Cámara, que, por parte del foro de la izquierda unitaria
europea, somos en estos momentos los máximos defensores de una
construcción europea realmente efectiva. Pero de una construcción
europea de la Europa de los pueblos. Y que nadie trate de engañar a
los ciudadanos desde esta Cámara ni desde la calle. Nuestra posición
no es contraria a Europa ni contraria a la integración progresiva de
su estado en la Unión. A lo que nos oponemos desde Izquierda Unida es
al diseño que está surgiendo y a la forma de realizarlo, diseño, por
cierto, asumido con demasiada ligereza, tanto por nuestro Gobierno
como por otros grupos políticos que luego se sorprenden de algunas de
sus consecuencias.
Desde Izquierda Unida, repito una vez más por si alguien sigue sin
enterarse, apostamos por una Unión Europea basada en el bienestar de
sus trabajadores, en el bienestar de sus ciudadanos, frente a los que
intentan construir otro tipo de Europa. Pretendemos una Europa
construida solidariamente, una Europa en la que los avances en la
integración mercantil, financiera y monetaria vayan al unísono con la
integración social y política. La cohesión económica y social debe
significar la igualación del nivel y la calidad de vida de los
ciudadanos de las diferentes regiones europeas.
Señorías, hay que aplicar normas que busquen el pleno empleo y que a
la vez consoliden los fondos estructurales para superar las
diferencias regionales. Todo ello desde la filosofía de un desarrollo
sostenible. La política social debe entenderse, sin exclusiones,
a todo el espacio comunitario, fijándose objetivos que garanticen su
cobertura a todos los ciudadanos europeos, independientemente del
lugar de residencia.
Y entramos, en lo concreto, a hablar de la Agenda 2000. Porque hablar
de la Agenda 2000, aunque se nos presente como un debate básicamente
presupuestario, en realidad esconde el verdadero problema, que es el
modelo de Europa que se intenta construir. Denunciamos que
actualmente se están defendiendo unos intereses económicos a los que
sobran las garantías democráticas que tienen en este momento
cualquier Estado de derecho.
Señorías, en el paso de la configuración hacia la Unión Europea, se
nos está intentando robar conquistas sociales, se nos está intentando
robar conquistas democráticas que no fueron regalo de nadie, sino que
fueron fruto de conquistas de las luchas sociales. Por eso, en la
aplicación de la ampliación de la Unión Europea, debe ser una
cuestión innegociable para nuestro país la construcción de una Unión
Europea que garantice realmente los grandes objetivos de construcción
europea basados en la cohesión económica y en la cohesión social. Es
paradójico en este sentido que se nos presente la Agenda 2000 con la
excusa de la ampliación europea, pero, cuando la estudiamos, vemos
que muy poco habla de esa ampliación, que muy poca relación tiene con
esa ampliación. Que realmente donde estamos siendo conducidos es a un
debate en el cual se ponen en cuestión los recursos propios, con ese
techo, que seguimos considerando insuficiente, del 1,27 por ciento
del producto interior bruto comunitario. Por tanto, decimos que no es
una casualidad que se esté planteando el debate de una forma no
apropiada, de forma consciente, para que al final veamos que no sólo
hay que construir un mercado único sino que principalmente deberíamos
construir una Europa cohesionada económica y socialmente.
No nos engañemos, señorías. Para tener una visión más real de la
Europa actual nosotros pensamos que no solamente tendríamos que
hablar en función de contribuyentes y de sectores netos, sino que
tendríamos que habría que hacer bien las cuentas. Tendríamos que
hacer un balance económico global, ya que es evidente que la política
económica más significativa no es la que queda reflejada
exclusivamente en el presupuesto. En ese sentido, seguimos
denunciando que hay algunas economías que se benefician en el gran
mercado interior, mientras que otras pagan su tributo económico
y comercial con una dependencia obligada. Y en eso, nuestro Gobierno
está siendo cómplice de esa línea política.
Sobre la política agraria común, queremos señalar que hemos elegido
para este tema realizar un debate de forma monográfica, porque
creemos que es demasiado importante, que nos jugamos demasiado. Y
hemos presentado para mañana una interpelación urgente, en la que
concretaremos mucho más nuestra postura. Hoy quiero decir que nos
preocupan los efectos sociales, los efectos sobre el empleo, que van
a repercutir fundamentalmente en los sectores más débiles de la
agricultura y de la ganadería. Nos preocupa la introducción de la
lógica de la cofinanciación, lógica que no resuelve los problemas, y
nos preocupa que las propuestas de esta comisión, de no frenarse,
llevarían a la ruina a gran parte de nuestra agricultura y de nuestra
ganadería. Vemos con gran preocupación cómo en estos momentos por
parte del Gobierno y también, tengo que decirlo, por parte del
consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía, parece que se da
la batalla por perdida. Parece que se asume ya que al final va a
haber una rebaja en los fondos agrarios. Creemos que dar en estos
momentos por perdida esta batalla es dar la espalda a nuestra
agricultura, dar la espalda a nuestra ganadería. Desde esta
perspectiva, hemos presentado dos enmiendas. Una de ellas ya ha sido
debatida
esta tarde cuando hablábamos de la necesidad de un debate anual sobre
la Unión Europea, y no voy a referirme a ella. En la segunda enmienda
exponíamos la necesidad de ir a un proceso constituyente en la Unión
Europea, un proceso constituyente en el cual se superasen los déficit
que tiene la Unión Europea. Porque es imposible construir una Europa
sustentada sobre condiciones que ningún Estado de derecho se podría
permitir. No podemos seguir siendo un mal ejemplo para la democracia,
no podemos seguir construyendo una Unión Europea que tenga muy poco
de democrático. Por eso decimos que hay que avanzar hacia la
construcción europea mediante un período constituyente del que al
final salga una verdadera...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Centella,
le ruego vaya concluyendo.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Voy terminando, señor presidente. Una Unión
Europea realmente democrática y acorde con lo que son las
transferencias de soberanía que hacemos los estados. Porque es
realmente inaudito que se esté transfiriendo soberanía a entes no
democráticos. Es realmente inaudito que se estén transfiriendo
elementos importantes de soberanía a entes que no tienen ningún
control de los ciudadanos.
Estos son nuestros planteamientos, señorías, y creo que algún
portavoz debería reconocer que no son nada antieuropeos, no van
contra la construcción europea. Van contra esta construcción europea,
una construcción europea que, repito, no está basada en la democracia
y la solidaridad.
Pero vamos a retirar nuestra enmienda para permitir una votación
separada, porque hay puntos en la moción que se nos presenta con los
cuales estamos de acuerdo y que nos gustaría votar. Creemos que es
una moción suficientemente amplia y, por ejemplo, en el tema de la
política agraria común estamos plenamente de acuerdo y vamos a votar
a favor. Hay otros puntos, fundamentalmente los que hablan del Plan
de Estabilidad, con los que no podemos estar de acuerdo y que no
votaremos. Por eso vamos a retirar nuestra enmienda, porque creemos
que puede salir...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Centella,
le ruego concluya.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Termino, señor presidente.
Que puede salir aprobada, digo, al menos en alguna de sus partes, con
elementos interesantes, que sirvan para que nuestro país se presente
en los foros europeos con unas ideas claras, sobre todo en la defensa
de lo que debe ser esa Europa de la solidaridad, esa Europa de la
cohesión, que al final, ustedes, los que no estén de acuerdo, tendrán
que explicar, no sólo en esta Cámara, sino sobre todo a la sociedad
española.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Centella.
Grupos que desean fijar su posición. (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer
lugar, la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Muchas gracias, señor presidente.
Debatimos en este trámite una moción consecuencia de una
interpelación sobre política del Gobierno en la Unión Europea. El
debate de hoy en toda la sesión, en concreto en dos puntos de esta
sesión, ha sido muy ilustrativo de lo que está siendo la construcción
europea. Y lo es, curiosamente, porque antes hemos debatido si es
necesario o no un debate de la Unión, si hay que hacerlo aquí, si hay
que hacerlo en el Parlamento Europeo, en los dos lados, cómo
controlamos a los gobiernos, qué es lo que tienen que negociar, quién
determina la posición negociadora. Son cuestiones que se han visto en
el día de hoy. Nos parece importante porque esto es sintomático de lo
que debe ser la integración europea o a lo mejor de lo que no debe
ser. Qué papel tenemos nosotros en la integración europea, qué papel
tenemos los parlamentarios. Eso es para mí lo preocupante de esta
cuestión.
Con la moción que se nos ha presentado lo que se está viendo es un
debate sobre cuál podía ser la mejor posición negociadora del
Gobierno. Es obvio que todos queremos que el Gobierno pueda negociar
de la mejor manera, con los mejores apoyos y conseguir los máximos
beneficios para todos. Ya veríamos cómo se divide luego ese
beneficio. Pero, en principio, que nos represente, que nos represente
bien y que nos consiga intereses para todos. En eso todo el mundo
está de acuerdo y eso sí es ser muy europeo. Pero cuando se plantea
el problema, y llevamos arrastrándolo desde diciembre, es cuando
hablamos de qué es lo que va a negociar el Gobierno. ¿Puede el
Gobierno ir sin ningún mandato, sin ningún tipo de principio? ¿Debe
hacerlo? ¿Tenemos que plantear algunas cuestiones concretas? ¿O
quiere el Gobierno ir con un cheque en blanco y con las manos
perfectamente abiertas? Esa es la cuestión. Yo creo que aquí lo que
se planteaba no era un tema cerrado. Somos conscientes de que una
negociación es muy compleja, especialmente estas negociaciones, y
desde luego somos suficientemente conocedores y nada ingenuos para
saber que nadie quiere atar las manos del Gobierno como para que no
pueda desenvolverse de la mejor manera. Pero también queremos saber
-y lo llevamos diciendo desde hace mucho tiempo- cómo pretende el
Gobierno llevar a cabo su posición negociadora, qué va a negociar y
qué es lo que pretende conseguir. Y eso tan claro y tan rotundo, en
concreto, no lo hemos visto reflejado.
Iré concluyendo, señor presidente, muy rápidamente. A mi me sorprende
que, aunque no estuviera de acuerdo con la moción del Grupo
Socialista, el Grupo Popular no haya presentado nada. Por ejemplo, en
la anterior proposición no de ley de la Administración de
justicia, ha tenido la responsabilidad, según el portavoz, de
presentar una enmienda, transaccionándola en una enmienda de 16
páginas. ¿Qué pasa con este tema? ¿No es importante? ¿No es
responsabilidad del Gobierno o no interesa decir nada? Cuando se
tienen apoyos hay que decir el porqué, qué es lo que se quiere y cómo
se va a conseguir. Me parecería oportuno que hubieran presentado al
menos un texto alternativo. Y lamento que se haya retirado el de
Convèrgencia i Unió, porque había una cosa que enmendaba, en la
anterior moción, que me parecía muy buena, que es el apoyo también de
las comunidades autónomas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Lasagabaster.
Señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Es y ha sido tradicional considerar que la defensa de los intereses
de nuestro país en política exterior es algo que forma parte de una
cuestión de Estado en la que todos los grupos debíamos estar de
acuerdo. Evidentemente, de esa consideración formaba parte la defensa
de los intereses nacionales en el ámbito de la Unión Europea. El
debate de este punto concreto hasta este momento ponía de manifiesto
que esto era así en la práctica política de nuestro país. Y de ahí
que grupos políticos tan distantes ideológicamente, como pueda ser el
Grupo Socialista o el Grupo de Convergència i Unió, hayan podido
presentar textos prácticamente coincidentes. En este sentido es bueno
felicitar explícitamente a los portavoces, tanto al señor Costa, del
Grupo Socialista, como al señor Guardans, del Grupo de Convergència i
Unió, que han defendido los textos sobre los que se desarrollaba este
debate.
Señorías, creo que esta consideración, que ha sido la práctica
habitual del debate político en estos temas hasta ahora, se rompe en
virtud de la posición que adopta el Grupo Parlamentario Popular de
rechazar la posición que se sostiene por parte de los grupos de la
oposición y alguno de los grupos que sostenían al Gobierno. Y, en
este sentido, es importante la pregunta que se hacía por parte del
representante socialista: ¿Por qué razón el Grupo Popular, el grupo
del Gobierno no quiere pactar la política europea con los restantes
grupos de la Cámara? Incluso más, como decía la anterior portavoz, la
señora Lasagabaster, ¿por qué el Grupo Parlamentario Popular no
presenta ninguna alternativa a las enmiendas y a los textos
presentados por los distintos grupos objeto de este debate? ¿Es que
el Grupo Popular pretende que se dé un cheque en blanco a sus
posiciones? ¿O es que el Grupo Popular no quiere tener ninguna
atadura en una negociación en la que piensa que va a salir derrotado?
En cualquier caso, parece que nos encontramos con un Gobierno y con
una mayoría parlamentaria que no se compromete con la defensa de los
intereses nacionales.
Los intereses del conjunto de la nación no parecen estar
adecuadamente defendidos por esta mayoría parlamentaria. Desde ese
punto de vista, desde Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya nos
hubiera gustado apoyar la enmienda del Grupo Catalán, que concitaba
el apoyo del Grupo Socialista y el apoyo de este grupo, pero la
retirada inexplicada hasta la fecha de esa enmienda hace que por
parte de nuestro grupo se vaya a apoyar la moción presentada por el
Grupo Socialista.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Peralta.
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
En este momento del debate, por lo que he escuchado a los señores
portavoces y a la Presidencia, está viva nada más que la iniciativa
del Grupo Socialista sobre esta moción, consecuencia de
interpelación, de la política del Gobierno en la Unión Europea, por
haberse retirado tanto la enmienda del Grupo Catalán de Convergència
i Unió como la del Grupo Federal de Izquierda Unida. Yo celebro que
se hayan retirado estas enmiendas, fundamentalmente la del Grupo
Catalán (Convergència i Unió), porque había aspectos en contra de los
cuales mi grupo hubiera votado, por lo que voy a explicitar a
continuación.
No quiero entrar en una ceremonia de confusión, pero quienes toman
las decisiones en los órganos de la Unión Europea son las
representaciones de los gobiernos respectivos en el Consejo, tal como
todos sabemos -no voy a hacer pedagogía-, sin perjuicio de las
posiciones que con respecto a la Agenda 2000 haya fijado la Comisión
y todo su colegio de comisarios. Son los gobiernos los responsables
de esa política. Al Gobierno le controlamos en la Cámara; lo que no
dictamos en la Cámara es la política de negociación que tiene que
hacer el Gobierno.
En la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista hay objetivos que
yo comparto, por ejemplo, el que se dice en el punto 1.º, que el
límite del gasto del 1,27 por ciento del producto interior bruto, el
actual techo de aportación, no sea rígido. Hasta ahí de acuerdo, es
un objetivo. Lo que no podemos hacer nosotros -ni el Gobierno
admitir; cualquiera de ellos, porque no lo admitió el Gobierno
socialista cuando se negociaba el Acta Única o el Tratado de
Maastrich-, es decirle al Gobierno qué medios instrumentales debe
emplear para conseguir esos fines. Eso es negarle la posibilidad de
flexibilizar, de negociar, de buscar distintos escenarios.
El Congreso de los Diputados no es dueño de los escenarios ni de las
circunstancias en que discurre la negociación. Se dice aquí, después
del punto y seguido: Debe poder modificarse, en función de las
desviaciones en los escenarios económicos y/o de un mayorcoste del
previsto para la reforma de las políticas de la
Unión. Bueno, esas circunstancias las tendrán que tener en cuenta los
negociadores del Gobierno.
No comparto, señor Costa, su tesis central en el debate, según la
cual el Gobierno no quiere que el Congreso adopte un acuerdo. Creo
que deberíamos adoptar un acuerdo de objetivos, si procede, pero un
acuerdo de medios y de circunstancias de negociación... ¡Hombre!
Dejémosle por lo menos esa responsabilidad al Ejecutivo. Si no
consigue los objetivos, ahí estará el control de esta Cámara para
exigirle sus responsabilidades.
En el apartado b) se dice que se destine a la cohesión económica y
social de la Unión a Quince, como mínimo el 0,46 por ciento de PIB
comunitario, pero después se añaden otra serie de circunstancias que
no se pueden aceptar. Se ha dicho que el Gobierno no trae una
alternativa a través del partido del Gobierno. Es que ni siquiera es
el partido del Gobierno quien tiene que traer esa alternativa. Esta
es una competencia legal, directa y legítima de la función que tiene
cualquier Ejecutivo de la Unión Europea. Dudo mucho que haya habido
parlamentos por ahí que se hayan atrevido a dar un papel al Gobierno
con las exigencias sobre las fórmulas de negociación que se tienen
que emplear.
Otro ejemplo lo tenemos en el apartado d), que dice que la política
agrícola común siga obteniendo íntegramente su financiación del
presupuesto comunitario, garantizando el mantenimiento de las rentas
agrícolas. Se vuelven a mezclar objetivos con fines, todo ello dentro
de una especie de voluntarismo político. Lo que yo creo que nos
interesa defender desde el punto de vista de nuestros agricultores es
que la política agrícola común siga garantizando el mantenimiento de
las rentas agrícolas; que eso se consiga íntegramente con
financiación a cargo del presupuesto comunitario es una circunstancia
aleatoria de la negociación, y lo sabe usted muy bien. Si este punto
tuviera que llevarse adelante, yo hubiera dicho: sí, siempre que se
diga que el objetivo es el mantenimiento de las rentas agrícolas,
pero no condicionar algo que está incluso fuera del alcance del
Gobierno español, el que sea, el anterior o el actual; nunca se
aceptó esta cláusula negociadora.
Cuando se citan como ejemplo de cuestiones que podríamos aceptar
dentro de este texto aspectos que van relacionados con la aceptación
de fórmulas de intermediación, no es nuestra línea.
Señor Costa, y termino, señor presidente, por lo avanzado de la hora,
esto no es negarle al Parlamento una capacidad de definición de
objetivos. Con lo que mi grupo no está de acuerdo es con que se trate
de restar al Gobierno capacidad negociadora o flexibilidad en los
escenarios distintos cuyas circunstancias ni dependen de esta Cámara,
ni dependen del Gobierno español, sino de la situación general.
Por esta razón y para no negarle al Gobierno desde nuestro grupo lo
que le hemos exigido cuando se han tocado aspectos concretos de la
fiscalidad o del régimen económico de Canarias, señalándole el
objetivo
pero dejándole la flexibilidad de la gestión, vamos a votar en contra
de esta moción presentada por ustedes.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Martínez Casañ.
El señor MARTÍNEZ CASAÑ: Gracias, señor presidente.
Señorías, en la moción del Grupo Socialista el Congreso de los
Diputados insta al Gobierno: Primero, desarrollar una defensa activa
de la posición de España sobre algunos objetivos concretos; segundo,
consultar e informar al Parlamento buscando el consenso con las
fuerzas políticas, incluso de forma previa a cualquier negociación;
tercero, alcanzar acuerdos amplios en temas específicos y, cuarto,
realizar los esfuerzos financieros que sean necesarios. A cambio de
todo ello, se ofrece el apoyo del Congreso de los Diputados al
Gobierno.
Señor Costa, si yo fuera con ofertas tan generosas, desinteresadas y
fáciles como la suya a un contrato de asociación, tenga usted por
seguro que me quedaba sin socios. Pero hablemos en serio. Su
propuesta, como no podía ser de otra manera, pues tanto S.S. como yo
intentamos, aunque no siempre lo consigamos, defender lo mejor para
nuestro país y lo mejor debe ser lo posible, lo razonablemente
posible, es altamente coincidente con los objetivos defendidos por el
Gobierno, apoyado por este Parlamento en la negociación de la Agenda
2000. Pero no olvidemos que no podemos constreñir al Gobierno a
condiciones que puedan debilitar su posición negociadora en lo que es
un paquete -el paquete en general debe ser positivo y no los
objetivos concretos- y que debemos hacer compatible la promoción
generosa y solidaria de una mayor integración europea y de la
ampliación con la defensa de nuestros intereses nacionales y de las
distintas políticas comunitarias, como ha sido un principio constante
desde el primer día de la adhesión de nuestro país a la Comunidad.
Su señoría sabe que es objetivo ineludible del Gobierno que la
política agrícola común siga garantizando el mantenimiento de las
rentas agrarias, tan importante para nuestros agricultores y para el
entorno rural, y que se intentará por todos los medios, como así se
viene haciendo, que las políticas que se establezcan en concordancia
con el pacto de estabilidad y los objetivos económicos de los Estados
miembros se basen en los créditos de compromiso aceptados para el año
1999 para la categoría correspondiente a acciones estructurales. Todo
esto lo sabe porque se lo han dicho a usted como me lo han dicho a
mí.
Sabe también el interés por encontrar un sistema de aportaciones más
justo y más ambicioso incluso que el que S.S. propone en su moción, y
sabe que el Gobierno está dispuesto a vetar cualquier solución que se
aparte
de estas líneas y que vaya en detrimento de los intereses de nuestro
país. Por eso debemos ser generosos en el margen de confianza que se
le da al Gobierno.
Somos, como puede usted comprender, señoría, los más interesados en
tener éxito porque tenemos la mayor responsabilidad y sus compañeros
de partido que han ejercido responsabilidades de gobierno en épocas
anteriores saben que el Partido Popular no sólo no puso jamás a su
Gobierno un corsé en la negociación, sino que apoyó formalmente todas
y cada una de las iniciativas en política europea dentro de este foro
parlamentario.
No voy a entrar en los puntos 2.º y 3.º de la moción referentes al
respeto de la información al Parlamento, me remito a lo que he dicho
en mi intervención anterior esta tarde en esta Cámara. Me parece que
no es una afirmación seria. Todo es mejorable, señoría, por supuesto,
y en eso estamos, en mejorar lo que se puede y se debe mejorar, pero
echen un momento la vista atrás y verán, señorías, cómo estaban las
cosas en este sentido en el año 1993. Después me cuentan si estamos
igual o hemos mejorado.
Por todo ello, señorías, señor presidente, el Grupo Popular no puede
votar a favor de la moción presentada por el Grupo Socialista.
Agradezco al Grupo Catalán (Convergència i Unió) los esfuerzos que ha
hecho intentando lograr con su enmienda un lugar de encuentro que
desafortunadamente y en detrimento del consenso no ha sido posible,
y agradezco muy en particular a su portavoz el talante constructivo y
razonable en un tema que es de Estado. Espero dentro de poco estar en
situación de congratularme con SS.SS. de los éxitos de España y de
los españoles en esta difícil negociación que todos deseamos llegue a
buen puerto.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Martínez Casañ.
Vamos a proceder a la votación, ya que han sido retiradas las dos
enmiendas. (El señor Centella Gómez pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente, como he dicho en mi
intervención, solicito votación
separa del punto 1.º, a) por un lado, de los puntos 1.º, b) y 1.º, f)
por otro y del resto por otro lado.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Centella. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, con mis disculpas, procedemos a la
votación.
Votación de la moción del Grupo Socialista sobre política del
Gobierno en la Unión Europea y los objetivos a alcanzar en la
negociación en curso sobre la Agenda 2000.
Votamos, en primer lugar, el punto 1.º, a).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
275; a favor, 115; en contra, 150; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votación sobre el punto 1.º, b) y f).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
275; a favor, 113; en contra, 160; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Resto de la moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
275; a favor, 123; en contra, 151; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se suspende la sesión hasta mañana a las cuatro de la tarde. Buenas
noches.
Se suspende la sesión.
Eran las diez y veinte minutos de la noche.