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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 209, de 09/02/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 1999 VI Legislatura Núm. 209
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 201
celebrada el martes, 9 de febrero de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos
señores Diputados . . . (Página 11217)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley de Comunidades
Autónomas:
- Del Parlamento de Canarias, sobre modificación del artículo 6.1 de
la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico
y Fiscal de Canarias. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B,
núm. 204-1, de 12 de junio de 1998 (número de expediente 125/000014)
. . . (Página 11218)
Modificación del orden del día:
- Real Decreto-ley 2/1999, de 29 de enero, por el que se modifica la
Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada (número de
expediente 130/000064) («BOE» núm. 26, de 30 de enero de 1999) . .
11225
Avocación por el Pleno:
- Del Proyecto de Ley de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas
(número de expediente 121/000138) . . . (Página 11225)
- Del Proyecto de Ley sobre adaptación de las normas de circulación a
la práctica del ciclismo (número de expediente 124/000005) . . .
(Página 11225)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Socialista del Congreso, para mejorar la inserción
familiar de los menores en los supuestos de adopción y acogimiento
familiar. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, núm. 225-1, de
11 de noviembre de 1998 (corrección de error en «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie B, núm. 225-2, de 27 de noviembre de 1998) (número
de expediente 122/000198) . . . (Página 11225)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la
ampliación del permiso laboral en caso de adopción. «BOCG. Congreso de
los Diputados», serie B, núm. 217-1, de 28 de julio de 1998 (número de
expediente 122/000190) ... (Página 11225)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para facilitar la
inserción familiar de los menores en los supuestos de acogimiento
familiar y adopción. «BOCG. Congreso de los Diputa-dos», serie B, núm.
242-1, de 16 de noviembre de 1998 (número de expediente 122/000214)
... (Página 11225)
Proposiciones no de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la creación de
una comisión en relación con los sistemas de pago mediante tarjeta.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 373, de 8 de febrero
de 1999 (número de expediente 162/000325) ... (Página 11234)
- Del Grupo Socialista del Congreso, por la que se insta al Gobierno a
conceder el indulto total a doña Norma Enma Giménez del Pino y a don
Antonio Martín Santos, en relación con la condena impuesta por la
Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo. «BOCG. Congreso
de los Diputados», serie D, núm. 293, de 12 de junio de 1998
(corrección de error en «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D,
núm. 297, de 22 de junio de 1998) (número de expediente 162/000247)
... (Página 11240)
Solicitudes de creación de Comisiones de Investigación:
- Solicitud, formulada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida y el Grupo Parlamentario Mixto, de creación de una Comisión de
Investigación para analizar las gestiones del Gobierno, y en concreto
del Ministerio de Industria y Energía, en relación a la
reestructuración
de la deuda que la empresa ERCROS tenía con el Instituto de Crédito
Oficial (ICO), así como indagar sobre las presuntas irregularidades
cometidas en la concesión de ayudas y subvenciones de fondos
dependientes y gestionados por este mismo Ministerio, determinando las
responsabilidades políticas de miembros y altos cargos del Gobierno a
las que hubiera lugar por estos hechos (número de expediente
156/000010) ... (Página 11245)
- Solicitud, formulada por 82 Diputados del Grupo Socialista del
Congreso, de creación de una Comisión de Investigación para analizar y
evaluar la gestión realizada por el Ministerio de Industria y Energía
en relación con los programas de ayudas públicas asociados al Plan de
reestructuración de la minería del carbón y desarrollo alternativo de
las comarcas mineras y los planes y programas de reindustrialización,
desde la fecha de la toma de posesión como Ministro de Industria y
Energía de don Josep Piqué i Camps; los expedientes de privatización de
empresas públicas anteriormente integradas en la SEPI cuya iniciativa o
propuesta de decisión haya correspondido a aquél; las iniciativas o
propuestas formuladas por el mismo en relación con ERCROS, FERTIBERIA y
las empresas asociadas o participadas por éstas; y con la
liberalización
del sector eléctrico, y, en especial, la relacionada con la OPA de
ENDESA sobre FECSA y SEVILLANA, así como los estudios y propuestas de
dicho Ministerio que han dado lugar al reconocimiento de ayudas
relacionadas con los costes de transición a la competencia a empresas
del sector eléctrico, por un importe de 1,3 billones de pesetas (número
de expediente 156/000011)... (Página 11246)
Elección de vicepresidente tercero de la Cámara:
- Elección de vicepresidente tercero de la Cámara... (Página 11257)
Elección de un señor Diputado, de conformidad con el Punto Tercero de
la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre
secretos oficiales, de 2 de junio de 1992:
- Elección de un señor Diputado, de conformidad con el Punto Tercero de
la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre
secretos oficiales, de 2 de junio de 1992... (Página 11257)
Juramento o promesa de la Constitución por el nuevo vicepresidente
tercero de la Cámara... (Página 11258)
S U M A R I O
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos
señores Diputados . . . (Página 11217)
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades
autónomas . . . (Página 11218)
Del Parlamento de Canarias, sobre modificación del artículo 6.1 de la
Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y
Fiscal de Canarias . . . (Página 11218)
Para la presentación ante el Pleno de la proposición de ley del
Parlamento de Canarias sobre modificación del artículo 6.1 de la Ley
19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y
Fiscal de Canarias, intervienen los señores González Hernández, del
Grupo de Coalición Canaria; Fernández González, del Grupo
Parlamentario Popular, y Fajardo Spínola, del Grupo Parlamentario
Socialista, todos ellos representantes del Parlamento de Canarias.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rivero
Baute, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Ríos Martínez,
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Segura Clavell,
del Grupo Socialista del Congreso, y Soriano Benítez de Lugo, del
Grupo ParlamentarioPopular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Parlamento de Canarias, sobre modificación del artículo 6.1 de la
Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y
Fiscal de Canarias, se aprueba por 293 votos a favor y una
abstención.
Modificación del orden del día . . . (Página 11225)
Real Decreto-ley 2/1999, de 29 de enero, por el que se modifica la
Ley 23/1992, de 30 de julio, de seguridad privada ... (Página 11225)
El señor presidente, de acuerdo con la Junta de Portavoces, propone
al Pleno de la Cámara el aplazamiento del punto número 40 del orden
del día, que corresponde al debate sobre la convalidación o
derogación del Real Decreto-ley 2/1999, de 29 de enero, por el que se
modifica la Ley 23/1992, de 30 de julio, de seguridad privada, para
el Pleno de la próxima semana, lo que se aprueba por asentimiento.
Avocación por el Pleno . . . (Página 11225)
Del proyecto de ley del régimen de personal de las Fuerzas Armadas
... (Página 11225)
El señor presidente informa que la Mesa, oída la Junta de Portavoces,
propone la avocación por el Pleno de la deliberación y votación final
del proyecto de ley del régimen del personal de las Fuerzas Armadas,
lo que se aprueba por asentimiento.
Del proyecto de ley sobre adaptación de las normas de circulación a
la práctica del ciclismo . . . (Página 11225)
El señor presidente informa, asimismo, que la Mesa, oída la Junta de
Portavoces, propone la avocación por el Pleno de la deliberación y
votación final del proyecto de ley sobre adaptación de las normas de
circulación a la práctica del ciclismo, lo que se aprueba por
asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley . . . (Página 11225)
Del Grupo Socialista del Congreso, para mejorar la inserción familiar
de los menores en los supuestos de adopción y acogimiento familiar
... (Página 11225)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la
ampliación del permiso laboral en caso de adopción ... (Página 11225)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para facilitar la
inserción
familiar de los menores en los supuestos de acogimiento familiar
y adopción . . . (Página 11225)
En nombre del Grupo Socialista del Congreso, presenta la proposición
de ley el señor Cercas Alonso. Manifiesta que no les guia ningún
interés partidista ni político, sino que pretenden simplemente
mejorar la inserción familiar de los menores en los supuestos de
adopción y también del acogimiento familiar. Reconoce que la
iniciativa no se debe sólo al Grupo Socialista sino también a un
conjunto de entidades ciudadanas y de profesionales del derecho que
trabajan en el mundo de la protección y de la tutela de menores, que
son quienes han sacado a la luz una serie de inconvenientes que se
dan en la interpretación la legislación vigente. Invita a todos a
trabajar para hacer realidad las promesas que figuraban en los
programas electorales de todos los partidos sobre la protección a la
familia, la protección a los niños, ampliando el concepto de familia
a las multiformes realidades que hoy existen en la sociedad, como la
filiación adoptiva o el acogimiento. Se refiere a continuación a la
relación que guarda la legislación sociolaboral con estos principios
de protección a la familia, configurándose un nuevo derecho de
familia, dejando de considerar, por ejemplo, la prestación por
maternidad como una enfermedad para ser entendida como un prestación
de apoyo a la maternidad. Considera que la maternidad ha perdido
también en la legislación sociolaboral el carácter estrictamente
biológico para considerarse como una situación en la que el objeto de
atención es la función social que representa el cuidado del niño.
Añade que, este sentido, debe ser absolutamente indiferente que la
madre o el padre sean biológicos, adoptivos o acogedores de niños,
porque la necesidad que se tutela y protege básicamente es la de la
integración social del menor. A continuación expone los tres
problemas que se presentan ante la adopción y a los que su
proposición de ley intenta dar respuesta: la ausencia de prestación
por maternidad en los casos de acogimiento; la adopción internacional
en cuanto a las obligaciones que contraen los padres adoptantes con
el país de origen de los niños que no están contempladas en la
legislación laboral española y la falta de equivalencia de los
términos empleados en las adopciones internacionales. Manifiesta que
se trata de arreglar problemas estructurales del ordenamiento vigente
y problemas coyunturales, fruto de una interpretación restrictiva del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la
proposición de ley el señor López-Medel Bascones. Lo hace desde la
consideración de que en su grupo existe un gran número de
parlamentarios que se dedicaron especialmente en el ámbito local a lo
que son los servicios sociales y de ser un diputado y no una diputada
quien presente la proposición, porque se está hablando de la
integración de la vida familiar y la atención a los hijos y esto es
algo que sin duda alguna no sólo corresponde a las mujeres, porque
los hombres están llamados a asumir una mayor responsabilidad, una
mayor participación y unos mayores deberes, no tanto por razones de
solidaridad, sino por razones de justicia y de igualdad. Manifiesta
que el tema fundamental de las iniciativas que se debaten es la
ampliación del permiso laboral en los casos de adopción, con el fin
de desarrollar lo que manda la Constitución, que es asegurar la
protección social, económica y jurídica de la familia y de un modo
particular, la protección integral de los hijos. Recuerda los avances
legislativos producidos en la materia por el Gobierno actual y
recuerda que la finalidad del permiso por maternidad no es tanto la
recuperación física de la madre, sino la atención del niño, por lo
que la atención que necesita un niño o una niña mayor de nueve meses
puede ser incluso superior por el cambio sicológico que supone la
integración en una nueva familia y las vivencias anteriores del niño.
Este es el principal objetivo de su iniciativa, al que añade alguna
otra consideración que pasa a explicar. Termina su intervención
diciendo que el Gobierno ha prometido un proyecto de ley más amplio
de conciliación de la vida familiar y laboral y anunciando su voto
favorable para todas las iniciativas presentadas.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, la
señora Sabanés Nadal presenta una iniciativa similar tendente a
facilitar la inserción familiar de los menores en los supuestos de
acogimiento familiar y de adopción. Considera que es un debate
importante para la Cámara, pero que también debería serlo para el
conjunto de la sociedad por cuanto implica el ajuste y la necesaria
articulación de todo lo que va a significar los niveles de protección
a la infancia. Explica que lo que pretenden con su proposición es
igualar las condiciones de protección en los procesos de adopción y
acogimiento con la maternidad biológica, debiendo enmarcarse su
propuesta en un reconocimiento claro del efecto positivo y de mejora
que producen los permisos laborales y otras medidas protectoras en el
entorno familiar, fundamentalmente en los casos de adopción
y acogimiento. A continuación se refiere a las otras iniciativas
presentadas y expone las propuestas concretas de su proposición,
anunciando el voto favorable de su grupo a todas ellas, pero añade
que se debería asumir con precisión, generosidad y amplitud la nueva
regulación resultante, sobre todo teniendo en cuenta que en sucesivas
modificaciones no se ha abordado
el conjunto y la diversidad de situaciones que se deben contemplar.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vázquez
Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición, y Silva Sánchez, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Sometida a votación, en primer lugar, la proposición de ley del Grupo
Socialista del Congreso, se aprueba por 302 votos a favor, uno en
contra y una abstención.
Sometida a votación, en segundo lugar, la proposición de ley del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, se aprueba por 309 votos
a favor y una abstención.
Sometida a votación finalmente la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, se aprueba por unanimidad.
Proposiciones no de ley . . . (Página 11234)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la creación de
una comisión en relación con los sistemas de pago mediante tarjeta
... (Página 11234)
Presenta la proposición no de ley en nombre del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso el señor Gómez Darmendrail. Justifica la
presentación de su iniciativa por la expansión y consolidación de las
tarjetas como medio de pago, que generan un volumen de negocio de
unos 11 billones de pesetas al año, de los cuales unos 3,2 billones
corresponden a compras en establecimientos comerciales y los otros
7,8 billones a operaciones efectuadas en cajeros automáticos,
previéndose un crecimiento importante hasta alcanzar el 25 por ciento
aproximadamente del total de los pagos que se realizan en el país,
crecimiento que se verá favorecido por el abaratamiento de la
tecnología, las cada vez más completas medidas de seguridad contra el
fraude y el papel simplificador de las tarjetas como herramienta de
uso común para facilitar la transición a la nueva moneda comunitaria
en el período de coexistencia entre las dos monedas y aún después.
Expone que el principal motivo de preocupación en el uso de tarjetas
como medio de pago se refiere a las comisiones que los comerciantes
que las aceptan deben satisfacer a las entidades financieras, siendo
éste un problema detectado desde hace algún tiempo por el Ministerio
de Economía y la Secretaría de Estado, Comercio, Turismo y Pymes y
estudiado por el Congreso
de los Diputados en el Pleno del 15 de abril de 1997, donde se
aprobaron un amplio conjunto de propuestas encaminadas a conseguir
que el Gobierno prestase la máxima atención a la modernización del
comercio. La proposición no de ley que presenta hoy su grupo coincide
con el diagnóstico que se hizo en su momento por las instituciones y
trata de buscar la solución entre todos los sectores afectados. Añade
que su propuesta es de diálogo y no de imposición, ni precipitada
como la proposición de ley presentada por el señor Borrell.
Manifiesta que con la iniciativa de su grupo han querido ser
sensibles a un problema social e instan al Gobierno a crear una
comisión que integre a comerciantes y a entidades participantes en
los sistemas de pago mediante tarjeta junto con expertos
independientes, con el objetivo de llevar a cabo un análisis
detallado de los costes que integran la tasa de descuento, siendo
ellos quienes propongan las soluciones, y formulen, en base al
resultado del estudio, las líneas de actuación que parezcan más
pertinentes. El Grupo Popular no quiere intervenir en el sistema
financiero y mucho menos en la fijación de precios; sólo pretende
identificar el problema, ver cuál es su dimensión, quiénes son los
afectados y cuáles son sus derivadas.
En defensa de la enmienda presentada a esta proposición no de ley
interviene el señor Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Zabalía
Lezamiz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Alcaraz Masats, del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Gimeno Marín, del
Grupo Socialista del Congreso.
A los solos efectos de presentar una enmienda transaccional con la
propuesta del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
interviene el señor Gómez Darmendrail.
El señor Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), acepta la transaccional propuesta por el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la transaccional resultante de la proposición no
de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la enmienda
presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
se aprueba por unanimidad.
Del Grupo Socialista del Congreso, por la que se insta al Gobierno a
conceder el indulto total a doña Norma EnmaGiménez Pino y a don
Antonio Martín
Santos, en relación con la condena impuesta por la Sección Segunda de
la Audiencia Provincial de Oviedo . . . (Página 11240)
La señora Rubiales Torrejón, en nombre del Grupo Socialista del
Congreso, presenta la proposición no de ley y manifiesta que, aunque
parezca mentira, a finales del siglo XX se siguen condenando en este
país a hombres y mujeres por delito de aborto. Su grupo considera que
esto es una injusticia y está dispuesto a hacer lo que haga falta
para remediarla, aunque sea un colectivo pequeño y poco interesante
electoralmente el que esté en esas circunstancias. Recuerda que
fueron los socialistas quienes despenalizaron por primera vez la
interrupción voluntaria del embarazo y quienes han intentado
modificar la actual regulación, para evitar situaciones como las que
hoy se van a debatir, y adaptar la legislación a la de los países
europeos afines, intento en el que han fracasado reiteradamente, por
lo que hoy se ven obligados a solicitar el apoyo de la Cámara a su
proposición no de ley que pide el indulto para dos facultativos
condenados por un delito de aborto por la Audiencia Provincial de
Oviedo. A continuación explica el caso concreto del aborto practicado
por los dos facultativos y considera asimismo injusto la práctica
habitual de la judicatura de absolver a las mujeres que se someten al
aborto, pero condenar a los facultativos que intervienen en su
realización. Reitera que su grupo presenta esta proposición no de ley
para defender una vez más a los profesionales, hombres y mujeres, que
en el caso de España utilizan una legislación insegura que el
legislador no ha querido modificar.
Para defender la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso a la proposición no de ley del Grupo
Socialista del Congreso, interviene la señora Fernández González.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Rivadulla
Gracia, del Grupo Parlamentario Mixto, y Aramburu del Río, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
A los solos efectos de manifestar la aceptación o rechazo de la
enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, interviene
la señora Rubiales Torrejón.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Socialista del
Congreso, por la que se insta al Gobierno a conceder el indulto total
a doña Norma-Enma Giménez Pino y a don Antonio Martín Santos, en
relación con la condena impuesta por la Sección Segunda de la
Audiencia Provincial de Oviedo, se aprueba por 155 votos a favor,
nueve en contra y 144 abstenciones.
Solicitudes de creación de comisiones de investigación ... (Página 11245)
Solicitud, formulada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida y el Grupo Parlamentario Mixto, de creación de una comisión de
investigación para analizar las gestiones del Gobierno, y en concreto
del Ministerio de Industria y Energía, en relación a la
reestructuración de la deuda que la empresa Ercros tenía con el
Instituto de Crédito Oficial (ICO), así como indagar sobre las
presuntas irregularidades cometidas en la concesión de ayudas y
subvenciones de fondos dependientes y gestionados por este mismo
Ministerio, determinando las responsabilidades políticas de miembros
y altos cargos del Gobierno a las que hubiera lugar por estos hechos
. . . (Página 11245)
Solicitud, formulada por 82 Diputados del Grupo Socialista del
Congreso, de creación de una comisión de investigación para analizar
y evaluar la gestión realizada por el Ministerio de Industria y
Energía en relación con los programas de ayudas públicas asociados al
Plan de reestructuración de la minería del carbón y desarrollo
alternativo de las comarcas mineras y los planes y programas de
reindustrialización, desde la fecha de la toma de posesión como
Ministro de Industria y Energía de don Josep Piqué i Camps; los
expedientes de privatización de empresas públicas anteriormente
integradas en la SEPI cuya iniciativa o propuesta de decisión haya
correspondido a aquél; las iniciativas o propuestas formuladas por el
mismo en relación con Ercros, Fertiberia y las empresas asociadas o
participadas por éstas; y con la liberalización del sector eléctrico,
y, en especial, la relacionada con la OPA de Endesa sobre Fecsa y
Sevillana, así como los estudios y propuestas de dicho Ministerio que
han dado lugar al reconocimiento de ayudas relacionadas con los
costes de transición a la competencia a empresas del sector
eléctrico, por un importe de 1,3 billones de pesetas . . .
(Página 11246)
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el señor
Santiso del Valle presenta la solicitud de creación de una comisión
de investigación sobre diversos asuntos relacionados con la gestión
en el Ministerio de Industria en función de que, tras el debate
habido en la Comisión de Industria, con la comparecencia del señor
Piqué, quedaron sin aclarar diversos aspectos relacionados con la
concesión de subvenciones gestionadas por el propio Ministerio de
Industria, así como otros asuntos, pasando a concretarlos a
continuación. Considera que hay elementos suficientes para hacer
una reflexión sobre lo que está pasando en el Ministerio de Industria
y, probablemente, para pedir responsabilidades, por lo que su grupo
seguirá agotando todas las vías parlamentarias a su alcance, sin
descartar el emprender otro tipo de acciones.
Por el Grupo Parlamentario Mixto interviene el señor Rodríguez
Sánchez, que apoya la solicitud de creación de una comisión de
investigación, aunque su grupo no pueda participa en ella, lo que
encuentra absolutamente discriminatorio.
El señor presidente aclara a la Cámara que el Reglamento no
obstaculiza la presencia de ningún grupo en las comisiones de
investigación ni la obstaculizará tampoco en este caso.
Para presentar la solicitud de creación de una comisión de
investigación, formulada por 82 diputados del Grupo Socialista del
Congreso, interviene el señor Fernández Fernández. Manifiesta que su
grupo plantea esta propuesta porque considera que hay
irregularidades, transgresiones e indicios racionales de que esto no
es sólo un proceso atropellado y negligente de carácter
administrativo sino bastante más, algo que está enturbiando toda la
política de subvenciones del Ministerio de Industria. A continuación
pide una serie de explicaciones sobre la gestión realizada por el
Ministerio de Industria.
En último lugar interviene el señor Peralta Ortega, del Grupo
Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Txabarri
Miranda, González de del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); López
de Lerma i López, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), y Peón Torre, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación en primer lugar la solicitud de creación de una
comisión de investigación formulada por los grupos parlamentarios
Federal de Izquierda Unida y Mixto, se rechaza por 151 votos a favor
y 169 en contra.
Sometida a votación en segundo lugar la solicitud de creación de una
comisión de investigación, formulada por 82 diputados del Grupo
Socialista del Congreso, se rechaza por 152 votos a favor, 168 en
contra y una abstención.
Elección de vicepresidente tercero de la Cámara . . . (Página 11257)
Elección de un señor Diputado, de conformidad con el punto tercero de
la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre
secretos oficiales, de 2 de junio de 1992 . . . (Página 11257)
Tras la votación nominal secreta y por llamamiento, el señor
presidente proclama vicepresidente tercero de la Cámara al señor
Companys Sanfeliu, por 257 votos a favor, y diputado electo por la
Cámara para ser miembro del grupo que conoce los secretos oficiales
al señor López de Lerma i López, por 231 votos a favor.
Juramento o promesa de acatamiento por el nuevo vicepresidente
tercero de la Cámara . . . (Página 11258)
Se suspende la sesión a las nueve y cincuenta minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS
SEÑORES DIPUTADOS.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Se abre la
sesión.
Conforme al artículo 20.1.3 del Reglamento, vamos a efectuar el
llamamiento, para prestar juramento o promesa, de don Jordi Jané i
Guasch, que sustituye a don Francesc Homs i Ferret.
Don Jordi Jané i Guasch, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución?
El señor JANÉ i GUASCH: Sí, prometo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Don Jordi Jané
i Guasch ha adquirido la condición
plena de diputado. Bienvenido a esta Cámara. (Aplausos.)
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES
AUTÓNOMAS:
- DEL PARLAMENTO DE CANARIAS, SOBRE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 6.1 DE
LA LEY 19/1994, DE 6 DE JULIO, DE MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN ECONÓMICO
Y FISCAL DE CANARIAS (Número de expediente 125/000014).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Punto primero
del orden del día, toma en consideración de proposiciones de ley de
comunidades autónomas. Proposición de ley del Parlamento de Canarias
sobre modificación del artículo 6.1 de la Ley 19/1994, de 6 de julio,
de modificación del régimen económico y fiscal de Canarias.
Para su defensa, tiene la palabra, en primer lugar, don José Miguel
González Hernández, diputado del Grupo de Coalición Canaria del
Parlamento de Canarias.
El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE CANARIAS (González Hernández):
Gracias, señor presidente.
Sean mis primeras palabras de saludo, en nombre del Parlamento de
Canarias, para todas SS.SS., en esta sesión, en la que, de acuerdo
con las previsiones del artículo 87.2 de la Constitución española,
tenemos el honor de defender ante esta Cámara la toma en
consideración de una proposición de ley emanada de nuestro Parlamento
para la modificación del artículo 6.1 de la Ley 19/1994, de 6 de
julio, una de las dos normas de este rango, relativamente reciente,
que regulan y completan nuestro régimen económico y fiscal. Soy
consciente de que, así enunciada, difícilmente se puede entender la
importancia que los canarios otorgamos a esta proposición de ley,
porque he de señalar, señorías, que lo que ahí se plantea es una
modificación puntual pero a la vez muy importante de una de las
normas en la que se contienen los elementos nucleares de esa
institución jurídica diferencial de nuestra nacionalidad canaria: el
régimen económico y fiscal.
Aunque tengo consciencia de la brevedad de mi intervención, no quiero
dejar de recordar a SS.SS. que esta institución jurídica encuentra
sus raíces a finales del siglo XV cuando los reyes de Castilla
llegaron a ser reyes de Canarias antes que reyes de Granada. Así
queda de manifiesto documentalmente en las franquicias fiscales
otorgadas por los Reyes Católicos a Gran Canaria en la real cédula
dada en Salamanca el 20 de enero de 1487, es decir, hace ya 512 años.
No es fácil ni lo ha sido la pervivencia en el tiempo de esta
institución jurídica, que no es sino la expresión lógica de una
realidad esencial, la necesidad de un sistema económico y fiscal
diferente, capaz de dar respuesta adecuada a una realidad
geoestratégica singular, la de un archipiélago alejado del resto del
Estado, por su propia naturaleza fragmentado en islas, dotado de
pocos recursos
económicos, frontera de Europa hacia el sur y plataforma proyectada
hacia África y América.
No es ésta la ocasión ni tampoco el momento de hacer un análisis
histórico de la evolución del régimen económico y fiscal de Canarias,
aunque no por ello dejaremos de citar un hito fundamental de esta
evolución que fue el Real Decreto de 11 de julio de 1852, creador de
los puertos francos, que, inspirado por un canario insigne, don José
Murphy Meade, fue impulsado por un ministro de Hacienda extremeño al
que todos los canarios recordamos agradecidos, don Juan Bravo
Murillo. La Ley 30/1972, de 22 de julio, aún parcialmente en vigor,
adaptó a las circunstancias de la época el acervo histórico canario,
creando unas instituciones con personalidad jurídica propia, la JIAI
o Junta Interprovincial de Arbitrios Insulares, desde una perspectiva
descentralizadora excepcional y con facultades que aún hoy en día nos
sorprenden, si tenemos en cuenta la situación política de la España
de aquella época.
Señores diputados, quiero centrarme en el tema, otra cosa no me
permite el tiempo de que dispongo. Ya en la Ley 30/1972 se incluía un
artículo sexto, epígrafe 3, que garantizaba al tráfico marítimo, tan
importante en aquella época, subvenciones en sus tarifas. Los
elementos esenciales del REF se encuentran enmarcados en dos leyes
relativamente recientes, la 20/1991, de 7 de junio, que modificó los
aspectos fiscales, y la 19/1994, de 6 de julio, que modificó los
aspectos económicos del REF. Quiero recordar a SS.SS. que el impulso
inicial para esta última fue precisamente una proposición de ley ante
las Cortes Españolas, sometida a un trámite similar al de hoy y
aprobada en el Parlamento de Canarias con base a un texto propuesto
por Coalición Canaria.
Lo que sometemos a SS.SS. para su toma en consideración en el debate
del día de hoy es una modificación del artículo 6.1 de esa ley.
Quiero hacerles patente la importancia que todos los canarios, desde
luego los nacionalistas, otorgamos a todo procedimiento de
modificación de nuestro REF. Recuerden que nuestra Ley de leyes, la
Constitución española, en su disposición adicional tercera, exige que
el informe previo de la comunidad autónoma es necesario para
cualquier modificación del régimen económico y fiscal de Canarias
y que, dentro del bloque de constitucionalidad, en el artículo 46.3 del
Estatuto de Autonomía de Canarias se recoge, de acuerdo con la
disposición adicional tercera, que el REF sólo podrá ser modificado
previo informe del Parlamento de Canarias, que, para ser favorable,
deberá ser aprobado por las dos terceras partes de sus miembros, lo
que en opinión de Coalición Canaria otorga a este informe el carácter
optativo negativo. El tema que se somete a la toma en consideración
por SS.SS. en el día de hoy fue aprobado, a iniciativa del Partido
Socialista, por unanimidad de nuestro Parlamento el 20 de mayo pasado
y su objetivo es modificar el apartado 1 del artículo 6 de la ley, en
el que se establece que para los residentes en nuestro archipiélago,
ciudadanos españoles o de cualquiera de los Estados
de la Unión Europea, habrá una reducción de las tarifas de los
servicios regulares de transporte de un 33 por ciento en los
trayectos directos Canarias-Península y de un 10 por ciento en los
tráficos insulares tanto marítimos como aéreos.
No sé, señorías, si aquellos que no viven en una isla son conscientes
de lo que es el mar para los isleños. El mar es nuestro entorno
permanente, parte de nuestro territorio archipielágico, pozo de
muchas ilusiones y fantasías e inspirador de añoranzas y nostalgias,
pero también barrera que nos distancia, en nuestro caso, del resto de
los pueblos de Europa, que fragmenta nuestro archipiélago separando
nuestras islas y dificulta esa Canarias cohesionada, justa y
solidaria que defiende Coalición Canaria. No se olviden -y eso cuando
se mira los mapas no es tan evidente- que desde Lanzarote a Hierro
hay más distancia que desde Barcelona a Madrid. Las reducciones en
las tarifas de los servicios públicos de transportes a través de las
subvenciones, al igual que el trato singular en las
telecomunicaciones, no es sino la manifestación del mandato de la
Constitución española de lograr realizar efectivamente el principio
de solidaridad -cito textualmente- entre las diversas partes del
territorio español y atendiendo en particular a las circunstancias
del hecho insular.
Señorías, los canarios agradecimos y seguimos agradeciendo la
comprensión de esta Cámara al aprobar el texto vigente del artículo
6.1 de la Ley 19/1994, pero con la proposición de ley de hoy, cuya
toma en consideración proponemos, pretendemos hacer frente a lo que
los canarios llamamos los sobrecostes de la doble insularidad,
aquéllos que tienen que soportar los que viven en las islas no
capitalinas para su relación con el resto de España, por la necesidad
de desplazamiento a los centros económicos y comerciales, y también a
los decisorios, situados en Tenerife y Gran Canaria, y cuya realidad
de hecho ya fue reconocida en el apartado 3 del mismo artículo 6º de
la ley. Los canarios no somos capaces, nadie lo es, de acercar
nuestras islas entre sí, pero en su mano está, señorías, conseguir
que la distancia física sea paliada por una menor distancia económica
con la culminación del trámite que se inicia en este Pleno del día de
hoy.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor González,
le ruego vaya concluyendo.
El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE CANARIAS (González Hernández):
Señorías, les recuerdo que el artículo 1.º del real decreto lo que
plantea es una reducción subvencionada del 33 por ciento del Real
Decreto 1745, de las tarifas del servicio regular del transporte
aéreo de viajeros. Lo que se pretende, señorías, es que en la ley
queden recogidos el espíritu y la letra que fueron establecidos en el
Real Decreto 1745 y que se extienda a los transportes marítimos.
Estoy seguro de que la solidaria comprensión constitucional
demostrada por los últimos gobiernos de España y los partidos que los
han apoyado, y por esta Cámara, en
desarrollo del principio del artículo 138, con respecto al derecho
insular, en este caso insularidad alejada, se materializará en una
decisión positiva a través del voto de SS.SS. para la toma en
consideración de esta proposición de ley.
Mis gracias anticipadas.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular del Parlamento de Canarias,
tiene la palabra don Manuel Fernández González.
El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE CANARIAS (Fernández González):
Muchas gracias, presidente.
Presidente, señorías, antes que nada quiero dedicarles un afectuoso
saludo por ser ésta la primera vez que intervengo en esta Cámara,
para defender uno de los temas históricamente preocupantes en las
islas Canarias.
La incertidumbre del transporte en las islas es algo secular. Unas
veces nos cierran los aeropuertos, otras veces nos cierran los
puertos, otras veces nos cierran las dos cosas, otras veces no
encontramos plaza para desplazarnos, y cuando nos tenemos que quedar,
por no encontrar plaza, vienen sobrecostos añadidos en hoteles, con
los que no contábamos. Eso es algo secular dentro de la vida de las
comunicaciones en las islas. Afortunadamente, en los últimos años
esto se ha mejorado notablemente, sobre todo con la introducción de
la libertad en el tráfico marítimo, donde ha habido un auge
competitivo, y una mayor racionalización en el transporte marítimo,
que indudablemente ha mejorado las comunicaciones entre las islas.
Todo esto es lo que siempre se ha llamado el coste de la insularidad.
Además del coste de la insularidad, en las islas Canarias tenemos
también el costo de la doble insularidad que padecen las islas
menores frente a las dos islas mayores. Sin entrar en muchos
detalles, les daré algunos ejemplos, porque tampoco voy a relatar
ahora los hechos históricos -ya lo ha hecho mi compañero en su
exposición anterior- ni tampoco los detalles de la propia proposición
de ley. Tenemos que, para trasladarnos de Tenerife o de Hierro a
Lanzarote, el coste viene a suponer, ida y vuelta, en torno a 36.000
pesetas, y nunca podemos hacerlo en el mismo día, con lo cual siempre
hay costos añadidos al tener que pernoctar en cualquiera de las
islas. No digamos nada del costo bruto, sin residencia, entre
Canarias y la Península, que es, en clase turista, del orden de
64.000 pesetas. A veces, nos acongoja ver ofertas en la prensa para
visitar Nueva York por 50.000 ó 45.000 pesetas, algo incomprensible
para los canarios, que, para venir a nuestro propio territorio
nacional, a la capital de nuestra nación, tenemos costes superiores.
A esto se añade el alto costo de los transportes, incluso internos,
debido a la gran diseminación de la población y el uso dependiente
del transporte terrestre. Tenemos ejemplos de lo que supone en
recientes cálculos hechos por los servicios técnicos del Gobierno de
Canarias. El costo kilométrico medio ponderado entre los medios
disponibles, únicos posibles, como el transporte en guagua o autobús,
barco o avión, viene a suponer 32 pesetas en Canarias, frente al
mismo costo ponderado en la Península de 11 pesetas. Creo que esto es
un dato evidente y claro de la diferenciación de los costos en las
islas y en el resto de España. Incluso dentro de las mismas islas,
este costo es de 38 pesetas en las islas menores y 27 en las islas
mayores. La incidencia del transporte en Canarias, en los costos de
producción, con carácter general, viene a ser de 8,4 puntos, frente a
6,3 puntos en el resto de España.
El actual Gobierno de la nación, el pasado mes de julio, entendiendo
esta reivindicación constante de los canarios, ya introdujo una
partida presupuestaria extraordinaria de unos 3.000 millones de
pesetas, para paliar el costo del transporte aéreo, que actualmente
se está aplicando y que ha significado un gran avance en las
comunicaciones entre las islas. Antes, disponíamos exclusivamente,
según recogía el REF, del 10 por ciento de descuento entre las islas
por ser residente y lo que pretendemos hoy en la proposición de ley
es que esto se eleve a ese 33 por ciento, para que de una vez los
canarios podamos disfrutar de esa cercanía interinsular de la que hoy
nos encontramos tan alejados.
Señorías, apelo a la comprensión de todos ustedes para tomar en
consideración esta proposición de ley. Seguramente, en las visitas
que hayan realizado a las islas, habrán tenido que sufrir en su
propia carne estos desequilibrios entre las condiciones climáticas y
los transportes. También quiero añadir que, desde el punto de vista
jurídico, el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias confirma que
esta proposición de ley se acomoda perfectamente al parámetro
constitucional y estatutario de Canarias.
No me queda más que apelar nuevamente a vuestra generosidad para que
toméis en consideración esta proposición de ley, pues hoy Canarias
está pendiente de lo que se vote en esta Cámara.
Muchas gracias, señorías. Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista del Parlamento de
Canarias, tiene la palabra don Luis Fajardo Spínola.
El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE CANARIAS (Fajardo Spínola): Señor
presidente, señoras y señores diputados (El señor Martínez y
Martínez, don Miguel Ángel: ¡Bienvenido a casa, Luis!), debo
reconocer ante SS.SS. que es bastante gratificante para mí volver a
ocupar esta tribuna en torno a la cual estuve muchos años (Aplausos.)
y hacerlo para representar al Parlamento de Canarias, que ejerce hoy,
como se ha dicho por mis compañeros de Cámara, la iniciativa
legislativa proponiéndoles la modificación de una ley importantísima
para nosotros, una de las leyes casi constitucionales del acervo
principalísimo legislativo de
Canarias, que es la Ley de Régimen Económico y Fiscal, en un
artículo, el 6, relativo precisamente a los apoyos al transporte
aéreo y marítimo.
El coste de la movilidad en Canarias, señorías, es -creo que lo saben
SS.SS.- muy superior al que se da en gran parte o en todas las
comunidades autónomas peninsulares. La movilidad interprovincial en
Canarias tiene un coste de unas 30 pesetas/kilómetro, mientras esa
movilidad en la Península tiene un coste de unas 10 pesetas/
kilómetro. Por otro lado, la movilidad para llegar a la capital
autonómica para interesarse por una gestión administrativa supone, en
coste, el doble que en Andalucía, 10 veces que en Castilla y León,
cuatro veces que ir de Lleida a Barcelona o nueve veces que ir de
Cáceres a Mérida.
El transporte en Canarias es caro y los especialistas en economía del
transporte nos lo explican porque los trayectos cortos hacen que los
costes se concentren excesivamente y que los precios se encuentren
anclados en niveles muy altos. Incluso, la liberalización del
transporte aéreo y del transporte marítimo, las políticas y los
reglamentos liberalizadores de la Unión Europea han mejorado
ciertamente la situación, pero los precios siguen estando por encima
de lo tolerable socialmente. Acabamos de tener la triste experiencia
de una compañía privada de aviación en Canarias, que operaba en
transporte regular y que acaba de cerrar. La subvención, por tanto, a
los residentes se impone y debe pasar, como proponemos a SS.SS., del
10 al 33 por ciento.
Por eso, el Grupo Socialista canario, en su momento, presentó esta
proposición de ley, que recibió el voto unánime de los demás grupos
de la Cámara autonómica. En el texto que entonces presentamos y que
hoy traemos aquí para su toma en consideración se plantea elevar ese
10 por ciento al 33 por ciento, para el transporte aéreo y para el
transporte marítimo. Ya se ha señalado por los compañeros que me han
precedido en el uso de la palabra que lo relativo al transporte aéreo
ya ha sido objeto de una regulación por un real decreto del verano
pasado; sin embargo, esta regulación por una norma reglamentaria, no
de rango legal, para nosotros no es suficiente. Aparte, señorías, de
que no está todavía recogido, lo que pretendemos con la toma en
consideración de esta proposición de ley y su ulterior tramitación en
el Congreso y en el Senado, es que se extienda también al transporte
marítimo.
Señorías, resulta oportuna y necesaria esta modificación legal para
alcanzar una doble finalidad, la finalidad de consolidar legalmente
lo ya conseguido en ese real decreto. Qué duda cabe que ese 33 por
ciento que hoy ha sido ya reconocido por real decreto pudiera en el
futuro rebajarse por algún gobierno desconsiderado que pudiera venir
en el futuro o, incluso, por algún gobierno despistado, como en algún
momento ha ocurrido. Lo cierto es que la garantía del rango de ley es
la que nosotros creemos indispensable para que no pueda en el futuro
sino mejorarse esas condiciones. Pero aparte de esta primera
finalidad de consolidar legalmente lo ya conseguido para el
transporte aéreo en ese real
decreto del verano pasado, con esta proposición de ley aspiramos a
extenderlo al transporte marítimo; transporte marítimo, señorías, que
últimamente, en cuanto a transporte de pasajeros, ha crecido mucho en
Canarias. Los avances técnicos en la navegación marítima, como
también la liberalización del transporte marítimo, han hecho que
muchas líneas sean hoy muy utilizadas por los usuarios canarios. Para
ellos pedimos también, con esta proposición de ley, este apoyo
suplementario hasta el 33 por ciento.
Solicitamos, pues, señorías, desde el Parlamento de Canarias, la toma
en consideración de esta proposición de ley y estamos seguros de que
SS.SS. comprenderán, a partir de la necesidad que los diputados
canarios hemos expuesto aquí, lo conveniente de ella, social y
económicamente, para nuestra comunidad autónoma y votarán a favor de
la toma en consideración.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría. ¿Algún grupo parlamentario desea utilizar un turno en
contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Señor presidente, señorías, sean mis primeras
palabras para saludar a los representantes de Canarias que han
defendido la proposición de ley del Parlamento de Canarias sobre la
modificación del régimen económico y fiscal en lo que se refiere al
artículo 6.1, que trata de las subvenciones al transporte de viajeros
para los ciudadanos españoles y para aquellos residentes de los otros
Estados miembros de la Unión Europea y en los trayectos entre las
islas o de las islas con la Península.
De antemano anticipo, señorías, que el Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria va a apoyar la toma en consideración de la
proposición de ley presentada por el Parlamento de Canarias, y la
vamos a apoyar por dos cuestiones elementales: primero, porque emana
de la Cámara que representa la voluntad de todos los canarios;
segundo, porque esta proposición de ley es acorde con los objetivos
generales que Coalición Canaria ha venido defendiendo en esta Cámara
acerca de la necesidad de arbitrar medidas que posibiliten la
cohesión territorial del Estado español y la cohesión de las islas
entre sí.
Señor presidente, señorías, cuando se ha debatido la iniciativa de
Coalición Canaria, esta Cámara ha sido sensible a la necesidad de
avanzar en medidas que acerquen Canarias a la Península y a las islas
entre sí. El desarrollo económico y social del archipiélago canario
depende de un sistema de comunicaciones con el exterior y de las
islas entre sí, tanto en transporte marítimo como en el aéreo, que
sea económico y eficaz. Para poder entender las reivindicaciones
canarias en materia de comunicaciones aéreas y marítimas es necesario
comprender el carácter social que significan el avión y el
barco en el Archipiélago. Con una población de algo más de un millón
y medio de habitantes, la movilidad de los residentes alcanza cifras
de más de 5 millones anuales. La movilidad que se produce entre las
islas, y ahí está su marcado carácter social, es a causa de tener que
asistir a las universidades y a los centros hospitalarios que radican
en las islas mayores, comercio, gestiones administrativas, etcétera.
El derecho comunitario compatibiliza las subvenciones a los
residentes comunitarios en territorio insular y ultraperiférico, como
es Canarias, porque considera que estas ayudas a los residentes de
los Estados miembros de la Unión Europea son de carácter social.
Hemos expresado con claridad en esta Cámara nuestra preocupación por
la liberalización del transporte aéreo y marítimo y por la
privatización de los operadores públicos que cubren las
comunicaciones entre las islas y de éstas con la Península y hemos
advertido de la necesidad de prever medidas que protejan a un
territorio frágil en esta materia como es el de las islas Canarias.
En esa línea de preocupación, con el respaldo de todos los grupos
parlamentarios de esta Cámara, se aprobó una moción de Coalición
Canaria en mayo de 1997 que contenía medidas a llevar a cabo para
garantizar la cohesión territorial y social de las islas.
Con la misma contundencia y rotundidad que denunciamos la
insensibilidad del grupo Iberia y Trasmediterránea en cuanto a la
calidad de los servicios que deben prestar a las islas, y que sin
duda vamos a seguir haciendo, decimos que en estos dos últimos años
estamos llegando a puntos de encuentro satisfactorios con el Gobierno
de España para ir desarrollando los acuerdos políticos plasmados en
la moción a la que antes hacía referencia. En ese sentido, en la Ley
de acompañamiento de los presupuestos de 1998 se establecieron
bonificaciones a las tasas de pasajeros y aterrizajes en los
trayectos y vuelos regulares entre las islas y de éstas con la
Península: en un 70 por ciento entre las islas y de un 15 por ciento
con la Península.
Se han declarado obligaciones de servicio público los trayectos entre
las islas, lo cual permite garantizar trayectos, frecuencias, tipos
de aviones y precios máximos. Fruto de los acuerdos alcanzados entre
Coalición Canaria y el Partido Popular, en el mes de agosto de 1998
el Consejo de Ministros aprobó incrementar del 10 al 33 por ciento la
bonificación a los residentes en todas las rutas aéreas
interinsulares.
El Real Decreto 1745/1998, por el que se articula el acuerdo del
Consejo de Ministros, supera las previsiones que se plantean en esta
iniciativa en lo que se refiere al transporte aéreo, por lo que ya
anunciamos de antemano que enmendaremos el texto del Parlamento de
Canarias para que se ajuste a las medidas que hoy están en vigor y
que son más favorables para el conjunto de los residentes canarios en
materias relacionadas con el transporte aéreo. Nos parece un avance
importante que las ayudas se extiendan al 33 por cientopara el
transporte marítimo interinsular, porque
puede producir efectos muy beneficiosos para la movilidad entre las
islas.
En definitiva, señor presidente, señorías, Coalición Canaria apoya la
proposición de ley del Parlamento de Canarias. Anunciamos, como he
dicho anteriormente, que enmendaremos el texto en lo referente a las
subvenciones al transporte aéreo para ajustarlas a los acuerdos que
hoy están articulados en el real decreto de 1998 y, sin duda,
señorías, en esta Cámara se va a seguir hablando con profusión de los
temas marítimos y aéreos hasta que los isleños consigamos estar en
las mismas condiciones, en precio y en calidad de servicios, que
cualquier español que viva en el punto más alejado de la España
peninsular.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rivero.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene
la palabra el señor Ríos.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías, quizá esta tarde
sea el único no canario, ni de nacencia ni de estancia, que vaya a
defender la proposición de ley que tiene su origen en el Parlamento
canario, y lo haremos por cuatro razones que pueden ser compatibles
con las que han defendido otros grupos parlamentarios pero orientadas
de otra manera.
La insularidad no es un problema solamente de los ciudadanos de
Canarias sino un problema del conjunto del Estado y, como tal parte
del conjunto del Estado que tiene una doble relación con Europa y con
la propia composición interna, es una necesidad el que se haga
efectivo lo que pudiéramos llamar apoyo al transporte que en el seno
de las propias islas se está produciendo. Este transporte
anteriormente estaba subvencionado por la ley en un 33 por ciento
solamente para el desplazamiento que se hacía entre el territorio
nacional y el archipiélago canario. Sin embargo, donde más necesidad
hay de ese apoyo o de ese hacer frente a las condiciones de mayor
demanda es en los trayectos entre las propias islas.
He dicho que son cuatro razones: primero, porque es razonable y
necesaria la propuesta que se hace; segundo, porque beneficia a todos
los ciudadanos por igual; tercero, porque dentro de beneficiar a
todos los ciudadanos beneficia precisamente a los que viven en las
islas más pequeñas y cuarto, porque no es limitado para un uso, sino
que es global y general. No está limitado a que yo tenga que ir a
estudiar a una universidad, no está limitado a que yo tenga que ir a
un hospital a recibir un tratamiento especializado, sino que es una
filosofía orientada a ayudar una movilidad más fácil de todos los
ciudadanos; facilidad que no está lograda con los dos grandes
movimientos que tienen ahora mismo dentro de las propias islas y que
son el transporte marítimo y el aéreo.
Es verdad que después de alguna discusión puntual, mediante un
decreto o una norma hemos modificado
esta ayuda a una de las partes, lo ha dicho antes un interviniente en
nombre del Parlamento canario, pero lo cierto es que estamos haciendo
una reforma legal que da la cobertura a todo y es lógico que se pueda
introducir dentro de esta iniciativa.
Para terminar diría que este coste de movilidad y de insularidad debe
abordarse desde una filosofía global de todo el Estado y no sólo
desde una política de apoyo o promoción dentro de Canarias porque es
una filosofía global para todos los ciudadanos del Estado español.
Nosotros vamos a apoyar la proposición en este trámite de toma de
consideración y en los que vengan con posterioridad. En todo caso,
espero que la relación con la Unión Europea facilite que estas cosas
tengan un trámite más ágil, más rápido del que hasta ahora han
tenido, aunque dentro de la propia Unión hay reticencias a que esta
realidad sea tenida en cuenta. Yo creo que la razón les asiste, por
lo que la posición de nuestro Gobierno podrá ser más contundente y
explicativa hacia los demás países miembros para que esas reticencias
a esta política no impidan que la voluntad de lo que aquí sale sea
efectiva para todos y cada uno de los ciudadanos a partir de que la
ley sea aprobada.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ríos.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Con la venia, señor presidente, señoras y
señores diputados.
Señores diputados representantes de los grupos parlamentarios de
Coalición Canaria, Popular y Socialista del Parlamento de Canarias,
les doy la bienvenida en nombre del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso de los Diputados y la bienvenida específica en nombre de
los cinco diputados socialistas que representamos las dos
circunscripciones electorales canarias.
Una vez más en estas sesiones plenarias en el Congreso de los
Diputados celebramos debates vinculados a la materia del transporte
regular de viajeros entre los diferentes puntos del Estado español,
pero en este caso específico entre los diferentes puntos de la
comunidad de canaria. Señorías, en la presente legislatura han sido
muchas las ocasiones en las que se han celebrado debates de estas
características, promovidos muchos de ellos -hay que decirlo con
estricta justicia, sin por ello reproducir ahora contenidos de los
«Diarios de Sesiones»- por el Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso de los Diputados.
Recuerdo una de aquellas ocasiones en las que analizábamos en el mes
de diciembre de 1996, primera oportunidad en la presente legislatura,
el impacto de las políticas de liberalización del tráfico aéreo en
todo el Estado español pero específicamente en las conexiones con la
Comunidad Autónoma de Canarias. También nos vienen también a la
memoria -así está recogido
en el «Diario de Sesiones»- aquellas ocasiones en las que tanto en la
Comisión de Economía y Hacienda como en la Comisión de
Infraestructuras y Transportes del Congreso de los Diputados hemos
debatido proposiciones no de ley del Grupo Parlamentario Socialista,
una de ellas en la Comisión de Economía y Hacienda instando al
Gobierno, en el proyecto de resolución pertinente, a que adapte, a
que aplique, a que desarrolle reglamentariamente los contenidos de
los artículos 5, 6 y 7 de la Ley 19/94, de modificación del régimen
económico y fiscal canario. Así mismo, en la Comisión de
Infraestructuras, en una sesión de mediados de 1997, proponíamos la
definición de las rutas de interés público Canarias-Península, en el
transporte aéreo y en el seno de la comunidad canaria.
Recuerdo que en otra ocasión, en el Pleno del Congreso de los
Diputados, defendimos una proposición no de ley para que se definan
en el ámbito marítimo las líneas de interés público en el Estado
español y singularmente aquellas que comunican a la comunidad
canaria, y si bien es cierto que el ámbito competencial de la
regulación de las líneas marítimas de interés público lo tiene la
Comunidad Autónoma de Canarias, no obstante ello no impidió que
debatiésemos al respecto.
En consecuencia, señorías, para el Grupo Parlamentario Socialista es
motivo de satisfacción sumarnos al planteamiento de defensa del
contenido de una proposición de ley que procede del Parlamento de
Canarias, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en el
Parlamento de nuestra comunidad autónoma, y también a iniciativa del
diputado Fajardo Spínola, tal como se recoge en el «Diario de
Sesiones» del Parlamento de Canarias.
Señorías, entendemos que, teniendo en cuenta la secuencia temporal de
lo que ha ocurrido a lo largo de todo el año 1998 en este tema que
estamos debatiendo, esa secuencia temporal nos puede llevar a pensar
que hay una cierta disfuncionalidad, tal como ya ha sido puesto de
manifiesto por otros intervinientes. Por consiguiente, el Grupo
Parlamentario Socialista procurará adaptarla de forma tal que cuando
se abra el plazo de presentación de enmiendas, una vez superado el
trámite de aceptación a trámite del día de hoy, haremos las mejoras
que estimemos pertinentes, particularmente en uno de los puntos, el
que hace referencia a la subvención del tráfico de pasajeros entre
las islas de Gran Canaria y Tenerife.
Señorías, a efectos de no salirme del tema que nos ocupa, quiero
indicar que la defensa que el diputado Fajardo Spínola hizo en el
Parlamento de Canarias, recogida en el «Diario de Sesiones», la
hacemos enteramente nuestra y no es éste el momento de hacer doctrina
al respecto. Sin embargo, no podemos trivializar lo que ha ocurrido y
lo que ha sido una iniciativa del Partido Socialista Canario,
promovida y presentada por el Grupo Parlamentario Socialista canario.
Es precisamente el 28 de enero del año 1998 cuando se debate en el
Parlamento de Canarias la proposición de ley que hoy
se analiza aquí y definitivamente el 20 de mayo de 1998 se aprueba y
se remite al Congreso de los Diputados. Señorías, en paralelo, el
Gobierno de la nación, a instancia de las Cortes Generales, el 12 de
junio de 1998 adopta una serie de resoluciones que se materializan en
el Boletín Oficial del Estado el 28 de agosto de 1998. Concretamente
en ese Boletín 206 del 28 de agosto, reitero, se publica la
resolución del Ministerio de Fomento, a través de la Secretaría de
Estado de Infraestructuras, declarando obligaciones de servicio
público una serie de rutas aéreas en Canarias. Ese mismo día el Real
Decreto 1745 eleva las subvenciones del 10 al 33 por ciento en las
rutas interiores en Canarias, pero también ese mismo día, con el Real
Decreto 1746 del año 1998, para los vuelos interinsulares en las
Islas Baleares se eleva la subvención a la misma cuantía del 33 por
ciento. Parece razonable, señorías, que tengamos presente que la
secuencia temporal legislativa del Parlamento de Canarias, ante el
conjunto de iniciativas que aquí están haciendo cola, digámoslo
entrecomilladamente, para tener cupo y poder entrar en la pertinente
sesión plenaria, ha llevado a que en este Congreso de los Diputados
se esté aceptando a trámite la iniciativa de Canarias en un tiempo
bastante diferido y que en ese período de tiempo intermedio el
Gobierno de la nación haya establecido un mecanismo, que nosotros
apoyamos naturalmente, que refleja nuestra posición política. De ahí
que nosotros anunciemos, en la aceptación a trámite de esta
iniciativa parlamentaria, que presentaremos enmiendas en la línea de
producir la mejora del contenido de la misma y extenderla, por
supuesto, al tráfico marítimo, aún no recogido en ninguna norma de
ninguna índole por parte del Gobierno de la nación. También queremos
que se incorporen las modificaciones que por Real Decreto publicado
el 28 de agosto en el Boletín Oficial del año 1998.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Segura,
le ruego vaya concluyendo.
El señor SEGURA CLAVELL: Termino, señor presidente.
La Ley del régimen económico y fiscal de Canarias, que
lamentablemente ha resultado conculcada por el Gobierno de la nación
con el Real Decreto del 28 de agosto de 1998, al no haber pasado por
el trámite preceptivo inexcusable de la convalidación por el Congreso
de los Diputados, debió haber tenido rango de real decreto ley, y
estamos en condiciones de producir la modificación pertinente.
Muy brevemente, señor presidente, son diez segundos. Se incorporan en
Canarias nuevas tecnologías al tráfico de pasajeros, tal como se ha
anunciado recientemente. Por consiguiente, la incorporación de la
subvención al tráfico de pasajeros por vía marítima es algo
inexcusable que debemos tener presente en la tramitación que, una vez
se produzca esta aceptación a trámite, tendrá lugar.
Nada más, señor presidente, muy amable.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Segura.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Soriano.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Señor presidente, señorías, sean
mis primeras palabras para unirme a la bienvenida expresada por los
portavoces de los restantes grupos parlamentarios a los
representantes de los tres grupos políticos del Parlamento de
Canarias que hoy nos honran con su presencia en esta Cámara.
Prescindiendo de consideraciones históricas y teniendo la ventaja de
que por hablar el último obvio a SS.SS. la reiteración de las
cuestiones ya previamente enunciadas en la Cámara, me voy a referir
en exclusiva a la legislación vigente en la materia y a los
tratamientos que ha tenido en esta Cámara en fechas recientes el tema
de los transportes tanto aéreos como marítimos, lo que en Canarias es
una cuestión capital, como ya se ha puesto de manifiesto en las
anteriores intervenciones.
Se trata, en definitiva, como ya se ha dicho aquí, de modificar el
artículo 6.1 de la Ley del régimen económico y fiscal de Canarias,
Ley 19/1994, de 6 de julio. Esta ley prevé el derecho de los
ciudadanos españoles o de otro Estado de la Unión Europea -lo que me
parece importante-, residentes en las islas Canarias, a obtener una
reducción del 33 por ciento en las tarifas para los trayectos
directos entre el Archipiélago y el resto del territorio nacional y
del 10 por ciento para los trayectos interinsulares. Es precisamente
este apartado el que se pretende modificar a través de la proposición
de ley que hoy se trae a debate en esta Cámara.
Como es sabido, el artículo 138 de la Constitución determina la
obligación del Estado de velar por el establecimiento de un
equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del
territorio español, atendiendo en particular a las circunstancias del
hecho insular. Con objeto de cumplir este mandato constitucional se
han adoptado una serie de medidas no ya sólo a favor de la Comunidad
Autónoma de Canarias, sino también a favor de la Comunidad Autónoma
de las lles Balears y de las ciudades autónomas de Ceuta y de
Melilla. Aunque existen notables diferencias en cuanto al nivel de
desarrollo, condiciones sociales y régimen económica y fiscal de los
territorios mencionados, todos ellos comparten el problema del
elevado coste que supone el transporte de mercancías y viajeros,
cuyos efectos negativos sobre la competitividad de los productos y el
acceso a otras partes del territorio nacional se han visto paliados
con las reducciones en las tarifas previstas por el ordenamiento
jurídico. Así, recuerdo -y me cupo el honor de ser ponente entonces-
la Ley 46/1981, de 29 de diciembre, que estableció una bonificación
para los residentes en Baleares, y también posteriormente una ley del
año 1987 en su disposición adicional primera, la Ley de presupuestos
para el año 1988, reguló estas subvenciones para Canarias, Ceuta y
Melilla, estableciendo la reducción del 33 por ciento y del 10 por
ciento ya mencionada.
Sin embargo, por lo que se refiere a la Comunidad Autónoma de
Canarias, como hemos indicado, arranca de la Ley 19/1994, de
modificación del régimen económico y fiscal. Esta ley limitó la
cuantía del gasto en relación con el transporte aéreo de viajeros a
una cantidad máxima por trayecto. Esta autorización general viene
además reiterada, en relación con el transporte aéreo y durante el
año 1998, en la Ley de medidas fiscales y de orden social. También
han sido reiteradas en la reciente ley aprobada en esta Cámara a
finales del pasado año de medidas complementarias a la Ley de
presupuestos, donde en su artículo 85 se autoriza al Gobierno de la
nación para que durante 1999 modifique las cuantías de las
subvenciones al transporte aéreo para residentes en las islas
Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, actualmente vigentes o, en su
caso, reemplace dicho régimen por otro sistema de compensación. El
sistema empleado del 33 por ciento puede ser sustituido por cualquier
otro. Tengo que poner de manifiesto que la actual redacción del
artículo 6 de la Ley 19/94, ya mencionada, arranca de una enmienda
presentada conjuntamente en su día, en esta Cámara, por el Grupo
Socialista y el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. El Grupo
Popular presentó a este artículo una enmienda en el Congreso,
reiterada luego en el Senado, siendo ambas rechazadas, en la que se
indicaba que se podría proponer un sistema de subvención al
transporte más racional que el entonces existente, sin que ello
conllevara que fuera uno mejor que otro. Decía en el Senado la
senadora Luzardo Romano: Nosotros somos más ambiciosos en el
tratamiento de los transportes; por eso hemos creído importante
considerar el principio de continuidad territorial, que significaría
que de forma imaginaria traslademos las islas a las costes
peninsulares de Cádiz o de Huelva. Pretendemos que la subvención al
transporte se pueda ir incrementando de forma gradual, de tal manera
que el coste de un billete o de una tarifa entre las islas no sea
superior, tanto en el transporte marítimo como en el aéreo, al precio
que soportan en una misma comunidad autónoma las dos provincias más
alejadas. En este planteamiento creemos que se compensa la lejanía y
la insularidad. Con esto trato de poner de manifiesto que a lo largo
de la discusión parlamentaria de esta proposición de ley podríamos
incluso mejorarla en sus contenidos. No puedo por menos de recordar
que en la primera legislatura o en la constituyente, no recuerdo
bien, se sometió a la consideración de las Cámaras, y fue aprobado,
que las tarifas telefónicas Canarias fueran similares a las
existentes entre los territorios de la Península más alejados. Por
poner un ejemplo, en las actuales tarifas telefónicas cuesta lo mismo
una llamada de Madrid a Cádiz que una llamada de Madrid a Canarias.
Aquel sistema que se consiguió en su día, en la época de la Unión de
Centro Democrático, podría ser también un modo racional de acercar
más las islas al centro de la Península.
Tenemos que tener en cuenta que los temas que son hoy objeto del
contenido de esta proposición de ley se han debatido ya en multitud
de ocasiones, como lo han puesto de manifiesto el representante de
Coalición Canaria y el representante del Grupo Socialista. Por
consiguiente, el Grupo Parlamentario Popular es consecuente con la
postura adoptada por nuestro grupo en el Parlamento de Canarias,
anuncia el voto favorable a esta proposición de ley y tratará de
mejorar el contenido de la proposición de ley en el trámite
parlamentario, esperando contar con la comprensión de sus señorías.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Soriano.
Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones, que subrayo
en plural, porque después de la votación de la proposición del
Parlamento de Canarias les anuncio que tendremos otras dos votaciones
por asentimiento.
Votamos, en primer lugar, la proposición del Parlamento de Canarias
sobre modificación del artículo 6.1 de la Ley 19/1994, de 6 de julio,
de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
294; a favor, 293; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición de ley del
Parlamento de Canarias.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:
- REAL DECRETO-LEY 2/1999, DE 29 DE ENERO, POR EL QUE SE MODIFICA LA
LEY 23/1992, DE 30 DE JULIO, DE SEGURIDAD PRIVADA (Número de
expediente 130/000064).
El señor PRESIDENTE: Les anticipaba que debo someter al Pleno, de
acuerdo con la Junta de Portavoces, en primer lugar, la exclusión del
orden del día del punto número 40, que corresponde al debate sobre la
convalidación o derogación del Real Decreto-Ley número 2/1999 de
Seguridad Privada, que la Junta ha considerado debe quedar pospuesto
para el Pleno de la próxima semana. ¿Lo acuerda así el Pleno?
(Asentimiento.)
Muchas gracias, señorías.
AVOCACIÓN POR EL PLENO:
- DEL PROYECTO DE LEY DEL RÉGIMEN DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
(Número de expediente 121/000138).
El señor PRESIDENTE: Dos pretensiones de avocación que ha visto la
Mesa y la Junta de Portavoces.
Avocación por el Pleno de la deliberación y votación final del
proyecto de ley del régimen del personal de las Fuerzas Armadas. ¿Lo
aprueba así el Pleno? (Asentimiento.)
Muchas gracias.
- DEL PROYECTO DE LEY SOBRE ADAPTACIÓN DE LAS NORMAS DE CIRCULACIÓN A
LA PRÁCTICA DEL CICLISMO (Número de expediente 124/000005).
El señor PRESIDENTE: Asimismo, deliberación y votación final del
proyecto de ley sobre adaptación de las normas de circulación a la
práctica del ciclismo. ¿Lo acuerda así el Pleno? (Asentimiento.)
Muchísimas gracias, señorías.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, PARA MEJORAR LA INSERCIÓN
FAMILIAR DE LOS MENORES EN LOS SUPUESTOS DE ADOPCIÓN Y ACOGIMIENTO
FAMILIAR (Número de expediente 122/000198).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA
AMPLIACIÓN DEL PERMISO LABORAL EN CASO DE ADOPCIÓN (Número de
expediente 122/000190).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, PARA FACILITAR
LA INSERCIÓN FAMILIAR DE LOS MENORES EN LOS SUPUESTOS DE ACOGIMIENTO
FAMILIAR Y ADOPCIÓN (Número de expediente 122/000214).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto II del orden del día: Debate
sobre la toma en consideración de tres proposiciones de ley que
suscriben los grupos Socialista, Popular y de Izquierda Unida, en
sendas proposiciones, dirigidas todas ellas a mejorar la inserción
familiar de los menores en los supuestos de adopción y acogimiento
familiar.
La del Grupo Popular, en concreto, que es la segunda -el rótulo que
he leído pertenece a la del Grupo Socialista-, dice: relativa a la
ampliación del permiso laboral en caso de adopción, y la del Grupo de
Izquierda
Unida: para facilitar la inserción de los menores en los supuestos de
acogimiento familiar y adopción.
El debate se producirá de forma acumulada, de manera que comenzarán
la exposición aquellos grupos que han presentado las proposiciones y,
posteriormente, fijarán su posición los restantes.
Tiene la palabra, en primer lugar, el señor Cercas para la defensa de
la proposición de ley del Grupo Socialista. (Rumores.) ¡Señorías!
Señor Cámara, señor Zabalia, señora Rubiales, señor Hernando, señor
Ollero.
Adelante, señor Cercas.
El señor CERCAS ALONSO: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, me cabe el gran honor de representar en
esta tarde en el hemiciclo al Grupo Parlamentario Socialista para
presentar una proposición de ley que pretende mejorar la inserción
familiar de los menores en los supuestos de adopción y en el supuesto
también del acogimiento familiar.
Tengo un gran interés, señoras y señores diputados, no solamente en
ser escuchado, sino en ser escuchado en los méritos de la
argumentación que digamos esta tarde y menos visto desde el tamiz de
la posición ideológica, que me honro también en tener, del Grupo
Parlamentario Socialista. Normalmente este tipo de reflexión no suele
estar presente en los debates del Parlamento donde todos tomamos más
en consideración quién es el ponente que los argumentos que defiende.
Pero esta tarde, quizá porque vamos a hablar de las personas más
indefensas de la sociedad, como son los niños, y porque nos referimos
también a los más necesitados de protección dentro de la infancia,
como son los niños que carecen de una familia biológica que pueda
proveerles de los elementos materiales y espirituales que son
precisos para el desarrollo de la personalidad humana, espero que
escuchen con atención los argumentos de nuestro grupo.
No hay, por tanto, el más mínimo interés partidista, político,
partidario en nuestra proposición. Nuestro único interés, señoras y
señores diputados, es que entre todos esta tarde resolvamos un
problema que aflige a estos niños y a familias de acogimiento, de
adopción. Y aunque solamente sea también para rendir justicia, ni
siquiera la iniciativa es propia del Grupo Socialista, sino de un
conjunto de entidades ciudadanas, de personas, de profesionales del
derecho que trabajan en el mundo de la protección y de la tutela de
los menores y que nos han puesto en la pista de diversos
inconvenientes que hay en la legislación y en la interpretación que
se hace de la legislación vigente.
Les invitamos a que nos acompañen y que así la iniciativa sea de
todos. Les invitamos, por tanto, a hacer realidad los grandes
discursos que tenemos todos en nuestros programas electorales y de
gobierno referidos a la familia, a la protección a la familia,
referidos a la protección a los niños, que, por otra parte, ya se
encuentran en el artículo 39 de nuestra Constitución, y
al mismo tiempo para que hagamos realidad esta tarde algo que también
puede estar en nuestros debates, que cuando nos referimos a la
familia o nos referimos a los hijos no nos estamos solamente
refiriendo a la familia biológica, a los hijos consanguíneos, sino a
un concepto mucho más amplio en el que quepa esa familia en las
grandes y multiformes realidades que hoy existen en nuestra sociedad
y en esa filiación adoptiva o de acogimiento que tanto mérito y tanta
necesidad social hay de proteger.
Les invito también, señoras y señores diputados, a que reflexionemos
sobre las exigencias que nos acarrea nuestra retórica sobre la
igualdad. Tenemos que hacer a todos los niños iguales, sea cual sea
su filiación, y que no haya discriminación tampoco entre los niños en
acogimiento según las rúbricas de la ley cuando habla de acogimiento
preadoptivo, de acogimiento permanente, de acogimiento provisional.
Todos estamos de acuerdo en que es el interés superior del menor y su
integración familiar la que debe ser principio rector de todas las
actuaciones de los poderes del Estado, del Poder Legislativo, del
Ejecutivo, del Judicial. Hoy tenemos la ocasión de que todos estos
bellos principios se tornen en realidades, porque lo cierto es que
existen problemas que están mal resueltos y que están peor
interpretados en nuestra legislación.
Nosotros sabemos, ustedes también, que la legislación sociolaboral no
debe ser ajena a estos principios generales de la familia, de la
protección a la familia y a la infancia que emanan de nuestra
Constitución. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Cercas.
Es notorio que algunas de SS.SS. tienen muchos temas en que ocuparse
después de reiniciarse el período de sesiones y otros están haciendo
gestos ostensibles de que no pueden atender al orador, sin duda por
los murmullos que están produciendo quienes tienen otro tipo de
dedicaciones. Rogaría que quienes tienen otro tipo de cometidos para
este Pleno o para los días siguientes tengan la bondad de ir a sus
despachos a realizar el trabajo y dejen que quienes han de atender a
la sesión puedan hacerlo tranquilamente.
Continúe, señor Cercas.
El señor CERCAS ALONSO: Muchas gracias, señor presidente, por su
tutela.
Les decía, señoras y señores diputados, que la legislación
sociolaboral ha empezado tímidamente a recibir estos principios de la
configuración del nuevo derecho de familia. En concreto, en cuanto a
la prestación por maternidad, ésta ha dejado de ser considerada como
una enfermedad para ser entendida como lo que es: una prestación de
apoyo a la maternidad. Pero hemos de entender -no podía ser de otra
forma- que la maternidad ha perdido también el carácter estrictamente
biológico en nuestra legislación sociolaboral para considerarse como
una situación en la que el objeto de atención es la función social
que representa desde la
perspectiva del cuidado del niño. En este sentido, por tanto, debe
ser -y no lo es todavía en nuestro derecho- absolutamente indiferente
que la madre o el padre sean madres o padres biológicos, adoptivos o
acogedores de esos niños, porque la necesidad que se tutela y que se
protege básicamente es la de la integración social del menor y si
éste tiene necesidad de convivir íntima y pacíficamente con su padre
o su madre en los primeros estadios de su vida, mucha más necesidad
hay de ese contacto íntimo y personal del niño que es adoptado o
acogido, sobre todo en los casos de acogimiento que son los que más
problemas tienen en nuestra legislación, porque además son niños que
conocen a su familia biológica y suelen venir de las instituciones de
tutela con grandes problemas de integración social. Es necesario que
tengan un lapso temporal, unas semanas, en el que la atención sea
continuada y no pueda ser rota por la relación laboral que tienen su
madre o su padre con su empresa, con su lugar de trabajo. Por tanto,
parece muy evidente que debemos hacer un esfuerzo para igualar la
protección que se asegura en todos los tipos de filiación y bajo
todas las fórmulas de maternidad. Pero no es así, tenemos tres
problemas -señor presidente, procuraré exponerlos con toda rapidez,
aunque sin duda me pasaré de tiempo- que solucionar, que son los que
intenta resolver la proposición de ley del Grupo Socialista.
En primer lugar, en España hay una ausencia -que además es novedosa
porque es un regreso a una situación previa en la que no existía esta
laguna- de prestación por maternidad en los casos de acogimiento. En
la mayor parte de los acogimientos la Seguridad Social está denegando
las prestaciones por maternidad. Curiosamente, desde el día 15 de
enero de 1996, y bajo el amparo de una ley de protección jurídica del
menor, se abrió una forma múltiple de acogimientos y hay una que
literalmente es la que más se parece a lo que dice el artículo 133 de
la Ley General de Seguridad Social y el burócrata de turno o la
autoridad política de turno desde el año 1996 -y lo siento, señores
del Partido Popular, desde que ustedes están en el Gobierno- están
interpretando que sólo el acogimiento preadoptivo tiene derecho a la
prestación por maternidad. Como consecuencia de ello, en más del 90
por ciento de los casos de niños que están siendo acogidos están
siendo denegadas las prestaciones por maternidad, porque son
acogimientos permanentes o provisionales, pero en los que no aparece
rótulo preadoptivo. Por tanto, por una interpretación literal que
olvida todo lo que yo acabo de decir sobre el iter, sobre los
principios normativos del conjunto del derecho de familia, nos
encontramos con que hoy la Seguridad Social deniega protección en
situaciones que hace tan sólo tres años estaban protegidas. Por
supuesto, la interpretación es discutible. Pero vamos a cambiar -y lo
pretende la proposición del Grupo Socialista- el artículo 133 bis de
la Ley General de la Seguridad Social para que ningún burócrata
establezca interpretaciones restrictivas del derecho.
El segundo problema que tenemos afecta a la llamada adopción
internacional, también a veces por interpretaciones restrictivas del
derecho. Desde luego, en la adopción internacional hay un problema
muy serio que no está recogido en la legislación vigente, que es la
contemplación de un fenómeno muy habitual: que la legislación de los
países de los que son oriundos los niños que se adoptan obliga a los
padres adoptantes a permanecer equis días, equis semanas en ese país
para establecer exámenes, para establecer pequeños períodos de
convivencia. En la legislación española no hay ninguna previsión para
esta contingencia. De hecho, las familias españolas que adoptan niños
fuera de nuestro territorio pueden tener esos períodos de ausencia
del trabajo exclusivamente por la benevolencia de su empleador, pero
en la legislación laboral española no existe ningún tipo de reserva
de puesto de trabajo, de suspensión de la relación contractual, de
permiso a los funcionarios para que se desplacen a estos países y que
puedan cubrir los períodos mínimos obligatorios de convivencia entre
el padre adoptante y el hijo adoptado. Eso pretende nuestra
proposición de ley: que se amplíe y que se acumule a las semanas del
permiso por maternidad ese tiempo mínimo imprescindible que
obligatoriamente deben permanecer en los países de origen de los
niños adoptados.
En la adopción internacional hay también un problema muy serio y bien
que lo siento, señores del Partido Popular, porque dicho problema
está latente desde que ustedes están en el Gobierno. Tomando el
rábano por las hojas y haciendo una interpretación literal de los
preceptos, no se están dando las prestaciones por maternidad en
aquellos supuestos de adopción donde las resoluciones judiciales que
amparan tal adopción vienen de países en los que, al traducir al
idioma castellano los términos de la legislación de dichos países,
aparecen formulaciones que no son exactamente la adopción. Tengo aquí
también resoluciones de la Seguridad Social denegando prestaciones
por maternidad en adopciones internacionales; por ejemplo, en la
Unión India, en lugar de hablar de adopción, el juez de distrito
justifica y certifica que se ha producido la tutela del niño y la
Seguridad Social dice que la tutela no es el término equivalente a la
legislación española, sino que debe aparecer literalmente la palabra
adopción.
Comprenderán, señorías, y esa es la interpretación que queremos que
se incorpore a la legislación mediante una referencia en la reforma
del artículo 48 de la Ley 8/1980, que debe ser indiferente sea cual
sea el término que utilice la legislación extranjera y lo único que
debe tener un significado para la legislación española es que se
trate de los términos del apoyo jurídico a las situaciones que se dan
en nuestro país y no ir, por tanto, a ningún tipo de interpretación
literal que arroje a la desprotección, como lo está haciendo desde
que ustedes están en el Gobierno, a todos estos niños y niñas.
Así pues, señoras y señores diputados, queremos arreglar problemas
estructurales del ordenamiento
vigente y también algunos problemas coyunturales fruto de una
interpretación restrictiva que está haciendo el Instituto Nacional de
la Seguridad Social y sospecho que queremos hacerlo de una manera
mucho más amplia de lo que le gustaría al partido en el Gobierno, que
esta tarde también trae una proposición de ley. Yo vengo con la
esperanza, que espero no sea defraudada por los hechos, de que al
menos una vez, y sin que sirva de precedente, los señores del Partido
Popular, entendiendo las razones del Grupo Socialista, que nuestra
iniciativa es mucho más amplia, que resuelve de forma más eficiente
todos los problemas que tiene planteada no sólo la familia, sino, lo
que es más importante, los niños que están en trámite de tutela o
adopción, no guillotinen nuestra iniciativa y, dado que hay otra
iniciativa de Izquierda Unida, podamos aprobar todas ellas esta tarde
conjuntamente y después, en trámite de ponencia y Comisión, podamos
establecer, con el consenso de toda la Cámara, un texto armónico que
signifique un salto adelante en la tutela de unos derechos en los
que, señoras y señores diputados, no hay la menor contraindicación
para seguir avanzando. Normalmente se nos arguye...
El señor PRESIDENTE: Señor Cercas, vaya concluyendo, por favor.
El señor CERCAS ALONSO: Señor presidente, acabo en 30 segundos.
Querría simplemente decir que al menos esta tarde no se pretexten
dificultades presupuestarias o económicas, porque tales dificultades
no existen. Son unos pocos casos, centenares, quizá mil casos al año
a lo largo y a lo ancho de la geografía española, pero es
infinitamente mayor el beneficio social, personal y humano que está
en juego como para que se pretexte ningún tipo de cortapisa económica
y mucho menos, señoras y señores diputados, que en este momento en el
que ustedes hablan de una sociedad de oportunidades no sean capaces
de dar una oportunidad también a los niños que están más
desfavorecidos y que necesitan ser adoptados o acogidos para tener
una vida digna, en la que se puedan desarrollar como hombres y como
mujeres, con paz, con bienestar y con progreso personal. Espero, por
tanto, señoras y señores diputados de la mayoría, que acompañen al
Grupo Socialista y que todos juntos demos un pasito en el sentido de
la justicia y de la solidaridad.
Muchas gracias, señoras y señores diputados. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Para la presentación de su proposición, en
nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor López-Medel
Bascones.
El señor LÓPEZ-MEDEL BASCONES: Señor presidente, señorías, me
corresponde el honor de presentar, en nombre del Grupo Popular, ante
el Pleno de esta Cámara la proposición de ley que registramos en materia
de adopciones y lo hago, en primer lugar, desde la consideración
de que en el grupo que represento existe un gran número de
parlamentarios que se dedicaron especialmente en el ámbito local a lo
que son los servicios sociales.
A esta perspectiva y a esta consideración de carácter social quiero
añadir otra circunstancia concreta: el hecho -y en este mismo sentido
me alegro de que también sea así por parte del Grupo Socialista, y
estoy seguro de que el señor Cercas suscribirá esta parte de mi breve
intervención- de ser un diputado y no una diputada quien presente
estas proposiciones. Y lo hacemos desde el convencimiento de que, sin
perjuicio de que en muchas ocasiones las mujeres han tenido que
luchar por sí solas por sus propios derechos a lo largo de la
historia, también los hombres tenemos que coadyuvar en ello. Porque,
además, aquí no estamos hablando tanto de derechos de las mujeres,
sino de la integración en la vida familiar y la atención a los hijos.
Esto es algo que sin duda alguna corresponde no sólo a las mujeres,
sino que también los hombres estamos llamados a asumir una mayor
responsabilidad, unos mayores deberes, una mayor participación, no
tanto por razones de solidaridad, sino por razones de justicia y de
igualdad.
El tema fundamental de las iniciativas acumuladas que hoy debatimos,
entre ellas la del Grupo Popular, es la ampliación del permiso
laboral en los casos de adopción, iniciativa ésta que fue presentada
a primeros del mes de julio y que a la vista de su aceptación por
otros grupos fue trasladada con algunas modificaciones, que luego
trataré, pero que en lo fundamental recogían lo que nosotros ya
habíamos presentado.
La razón de ser de la iniciativa del Grupo Popular es el desarrollo
de la Constitución, que proclama como eje fundamental de nuestro
Estado social y democrático el principio de igualdad, el cual tiene
reflejo de un modo particular en cuanto a los hijos en el artículo
39, precepto éste que impone a los poderes públicos el deber de
asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia, de
un modo particular la protección integral de los hijos. Esta
protección debe ser especialmente intensa en los primeros momentos de
la llegada del niño o la niña a la vida familiar, debiendo el Estado
facilitar en lo posible que los padres cumplan con el deber que la
Constitución les atribuye. Con esta finalidad, en el derecho español
se han producido notables avances en esta materia. En ese sentido,
quisiera recordar que tras siete años de Gobierno socialista la Ley
de 3 de marzo de 1989 reconoció una suspensión del contrato laboral,
en los casos de adopción, de ocho semanas si el niño era menor de
nueve meses y de seis si el niño tenía entre nueve meses y cinco
años. Así se mantuvo (año 1989) la situación legal.
Quisiera recordar que a poco de constituirse esta legislatura, este
diputado, concretamente el 25 de septiembre de 1996, formuló una
pregunta oral en el Pleno al Gobierno sobre el trato discriminatorio
que la legislación concedía en estos casos respecto a la maternidad
biológica. La respuesta efectiva del Gobierno, anunciada
por el entonces ministro Javier Arenas, fue la ley de acompañamiento
aprobada en diciembre, por la cual se pasó de las ocho semanas a las
16, procediéndose así a lograr una notable equiparación en los casos
de maternidad, paternidad biológica y adoptiva. Así pues, tuvieron
que pasar no ya siete años, sino sólo siete meses de Gobierno del
Partido Popular para lograr un importante avance social en esta
materia. Pero valorando ese avance, lo cierto es que todos
consideramos que debía irse más allá, dado que esa ampliación y esa
equiparación era absoluta, si el niño o la niña tenía entre cero y
nueve meses. Sin embargo, si tenía más de esta edad o llegaba hasta
los cinco años, se mantenía sólo el permiso de seis semanas en el
derecho actualmente vigente. Con ello se había logrado una
equiparación entre la filiación adoptiva y la biológica. Pero dentro
de la filiación adoptiva existía un absurdo, una discriminación no
del todo justificada por el hecho de que el niño o la niña tuviera
nueve meses o tuviera nueve meses y un día. Ello motivó que a fin de
recabar información se presentaran diversas preguntas escritas para
saber datos concretos en cada comunidad autónoma. En base a esa
información, el Grupo Popular registró esa iniciativa parlamentaria.
Nuestro grupo parte del principio fundamental de que la finalidad del
permiso no es tanto la recuperación física de la madre, sino sobre
todo la atención al niño. Pues bien, en el caso de la adopción de un
niño o de una niña mayor de nueve meses, la atención que necesita
puede ser incluso superior a la que requiere un niño menor, sobre
todo con las circunstancias del cambio psicológico importante que
supone la integración en una nueva familia y también lo que son las
vivencias anteriores que esa criatura haya podido tener. Este es el
principal objetivo de nuestra iniciativa, que presentamos, como antes
dije, a primeros de julio y también el de las otras que se
presentaron con posterioridad y añadiendo alguna consideración a la
cual me voy a referir ahora.
Cierto es que esas dos iniciativas contemplan también otros aspectos
que, en general, el Grupo Popular valora de forma positiva, aunque
hay algo que no se comprende en la iniciativa del Grupo Socialista, a
la cual ha dedicado una parte de su intervención el señor Cercas a
modo de crítica, que es la modificación, y así lo propone en su
proposición de ley, de la Ley General de la Seguridad Social.
Desde luego, señorías, no pueden convertir en modo alguno una
anécdota en categoría y criticar a un Gobierno en materia de
adopciones cuando lo único que ha hecho este Gobierno del Partido
Popular ha sido conseguir importantes avances. Hacen referencia en la
exposición de motivos de su proposición de ley a una circular; además
del escaso valor jurídico que puede tener, lo cierto es que tanto
afirmaciones de la secretaria general de Asuntos Sociales como hechos
posteriores demuestran que no es así. Además hay otra razón
fundamental, que estoy seguro de que comprenderán. Si ustedes
solicitan la modificación de la Ley
General de la Seguridad Social es que están admitiendo que la
interpretación que se pudo hacer -usted decía por un burócrata- en un
caso concreto era conforme a la ley. Si precisamente se está
impulsando que se modifique, se está admitiendo que esta
interpretación, acertada o no, desde luego, era conforme a la ley.
Ustedes también en su iniciativa pasan de las 8 semanas, en el caso
de permiso, a las 16. Ampliamos la edad a los 6 años precisamente
porque es la edad de la enseñanza obligatoria, de la educación
obligatoria. No obstante, queremos buscar alguna fórmula para
aquellos casos de niños y niñas que, aun habiendo cumplido los 6
años, aun estando insertos en el deber de la educación obligatoria y,
por tanto, de la asistencia a la escuela, se les deba también
facilitar la integración. Igualmente, el Grupo Popular va a
introducir en trámites ulteriores algunas propuestas sobre adopciones
internacionales y vamos a realizar otras mejoras. Mejoras que no
tengo ningún inconveniente en anunciar aquí, aun a riesgo de que
puedan ser copiadas, porque lo importante en estos temas no es la
paternidad de los grupos, sino que entre todos se consiga avanzar en
esta materia. Les anuncio que vamos a hacer propuestas en orden a una
plena equiparación entre la figura no sólo de la adopción sino del
acogimiento permanente, del acogimiento preadoptivo para evitar esos
problemas interpretativos. También vamos a proponer que se
individualice el derecho a los permisos y las excedencias. En la
legislación vigente, cuando el padre y la madre trabajan, sólo uno de
ellos puede ejercitar este derecho. Nosotros queremos que se haga una
opción para que el padre o la madre puedan, de forma simultánea o de
forma sucesiva, distribuirse este permiso, con lo que estamos
impulsando una mayor participación de los hombres en la atención de
los hijos. También en temas como la adopción múltiple, aunque no voy
a extenderme sobre ello. Concluyendo, señor presidente, quiero decir
que todo esto debe estar inserto en un planteamiento más amplio.
Quisiera hacer un recordatorio a los trabajos que esta Cámara hizo en
una subcomisión o en una ponencia sobre el tema de la familia en la
cual todos los ponentes trabajaron de una manera notable, aunque
permítanme que haga una referencia especial al trabajo sobresaliente
como impulsor que hizo el diputado del Grupo Catalán, don Manuel
Silva.
Por otro lado, no voy a recordar actuaciones del Gobierno en esta
materia que facilitan también el tema familiar, pero sí al menos
citar la reducción a coste cero de las cotizaciones sociales de
aquellos trabajadores que sean contratados para sustituir en los
supuestos no sólo de parto, sino también de acogimiento y de
adopción. Ahí está el Decreto-ley de 4 de septiembre de 1998, de hace
escasamente cuatro meses.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vaya terminando, señor López-
Medel.
El señor LÓPEZ-MEDEL BASCONES: Voy concluyendo, señor presidente.
Quisiera mirar al futuro y decir que el Gobierno ha anunciado un
proyecto de ley más amplio de conciliación de la vida familiar y
laboral. Espero que mañana el nuevo ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, en una pregunta en el Pleno, concrete las previsiones de
remisión de este texto. Mientras que estas previsiones son
concretadas, nosotros vamos a votar favorablemente no sólo,
obviamente, nuestra iniciativa, sino la de todos, porque lo
importante es que entre todos podamos conseguir el desarrollo de la
Constitución y, en definitiva, el fortalecimiento de un Estado social
y democrático de derecho.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor López-Medel.
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida ha presentado
también una iniciativa similar para facilitar la inserción familiar
de los menores en los supuestos de acogimiento familiar y adopción.
Para su presentación, la señora Sabanés tiene la palabra.
La señora SABANÉS NADAL: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida para defender nuestra proposición de ley, tendente a
facilitar la inserción familiar de los menores en los supuestos de
acogimiento familiar y de adopción.
Sin duda alguna, como se ha puesto hoy de manifiesto aquí, los
propios contenidos de las proposiciones de ley vienen a significar y
a determinar un amplio debate y una amplia demanda de colectivos de
nuestra ciudadanía. Es un debate importante para esta Cámara, pero
también debería serlo para el conjunto de la sociedad por cuanto
implica el ajuste y la necesaria articulación de lo que van a
significar, con el mayor grado de amplitud y generosidad, los niveles
de protección a la infancia.
Básicamente -a pesar de que el señor López-Medel nos ha planteado una
serie de proyectos y propuestas de futuro- lo que hoy planteamos
aquí, y queremos hacerlo con claridad, es que las propuestas
signifiquen igualar las condiciones en cuanto a la protección en los
procesos de adopción y acogimiento con la maternidad biológica. Y
estas propuestas deberían enmarcarse en un reconocimiento claro del
efecto positivo y de mejora que producen los permisos laborales y
otras medidas protectoras en el entorno familiar, fundamentalmente en
estos casos que estamos tratando, es decir, en los casos de adopción
y en los casos de acogimiento familiar, teniendo en cuenta el mandato
constitucional y la obligación, por tanto, de los poderes públicos de
velar por la protección de la familia, especialmente por la
protección de los hijos y de la hijas, teniendo en cuenta también la
necesidad de poner en el eje de las propuestas,
y frente a otras consideraciones, el interés superior del
menor y su integración familiar y social, y valorando, finalmente, el
efecto positivo que produce en el conjunto de la sociedad -y no sólo
en la familia- el mejor y el más justo tratamiento en los procesos de
acogimiento o de adopción.
También se ha puesto aquí de manifiesto, y lo reitero, que la Ley
orgánica de 1996, de protección jurídica del menor, introduce una
diversificación en las actuaciones de protección a los menores y
adecua los diferentes tipos de acogimiento en función, básicamente,
de la estabilidad del menor y de la estabilidad de la acogida.
Introduce también una nueva regulación en el caso de las adopciones
internacionales. Todo ello significa la necesidad de adecuar las
diferentes normas, la legislación social y laboral, a las nuevas
situaciones, precisamente en función de recoger los objetivos que
significaron en su momento, tanto la propia ley como los sistemas de
protección jurídica al menor.
En este sentido, nosotros sí creemos necesario modificar el artículo
133 del texto general de la Seguridad Social. Es necesario explicitar
con claridad la diversidad de situaciones, evitando sencillamente
interpretaciones no acordes con lo que significan los propios
procedimientos de adopción y las modalidades que se establecen a
partir de la Ley de protección al menor.
Se recoge también la necesidad, compartida en este caso por el
conjunto de las iniciativas, de elevar a 16 semanas los
procedimientos de adopción o acogida de los niños y niñas hasta los
seis años, teniendo en cuenta que la edad no puede determinar,
precisamente en estos casos, los niveles de protección e integración,
siendo en todo caso igual o más necesario el requerimiento de
atención para un nuevo ambiente familiar en edades más avanzadas. Por
esto y en este mismo sentido, debemos tomar en consideración la
necesidad de regular también los casos de niños y niñas mayores de
seis años, por el mismo argumento que exponíamos y por la necesidad
de incidir en una mejora de la protección y de la integración
familiar y social, en este caso.
Finalmente, es absolutamente imprescindible que los mismos niveles de
protección se alcancen en el caso de adopciones internacionales,
incluidos los desplazamientos a los países de origen, considerando
que en el transcurso del debate y después de la toma en consideración
tendremos que ajustar el redactado teniendo en cuenta los términos
que las legislaciones de otros países utilizan para definir
básicamente los mismos conceptos que nosotros estamos utilizando en
el desarrollo de los sistemas de acogida.
Por el señor Cercas se planteaban las dificultades de interpretación
que existen cuando las legislaciones de otros países no responden
exactamente a los criterios que se recogen en la definición de los
sistemas de acogida. Será necesario adecuar esos términos con
precisión en el transcurso del debate para evitar que pudieran
existir situaciones que, en último caso, reconocemos y consideramos
como análogas.
Por tanto, nuestro grupo va a votar favorablemente todas las
proposiciones que hoy se presentan aquí, pero es necesario decir con
claridad que se debería asumir con toda precisión, generosidad y
amplitud la nueva regulación, sobre todo teniendo en cuenta que en
sucesivas regulaciones o modificaciones no se ha abordado el conjunto
y la diversidad de situaciones que debemos contemplar. Cuando menos,
debemos ser capaces de plantear con rigor lo que hoy sabemos que
ocurre y lo que se deriva de nuestros propios planteamientos
y compromisos, fundamentalmente con lo que se diseñaba a través de la
Ley orgánica de protección jurídica al menor.
Finalmente, quisiera decir que no creo que sea un valor añadido que,
para dar prestancia a la proposición de ley, la defienda un diputado
o una diputada; el valor añadido va a ser el nivel de compromiso y de
generosidad que seamos capaces de asumir en la nueva regulación.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Sabanés.
¿Grupos que deseen fijar su posición sobre esta cuestión? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Con mucha brevedad, señor
presidente, voy a expresar la opinión favorable del Bloque
Nacionalista Galego a la toma en consideración de las proposiciones
de ley presentadas por los grupos Socialista, Popular e Izquierda
Unida. Creo que estamos de acuerdo en la premisa básica de que las
prestaciones por maternidad se conceden para una mejor atención de
los menores, para su mejor cuidado e integración en la familia.
También parece evidente que, bajo el paraguas o el amparo de estas
prestaciones, deben incluirse tanto los hijos biológicos como los
adoptados o acogidos, sean bajo la fórmula de acogimiento familiar
permanente o preadoptivo. Es lo razonable, es lo conveniente para
unos niños y niñas que, cuando son adoptados o acogidos, necesitan de
una gran atención, especialmente en los primeros momentos; atención
que sólo se puede prestar si los miembros de la familia adoptante o
que los acoge disponen de estas prestaciones.
Por tanto, lo dicho, señor presidente, las propuestas que contienen
las proposiciones de ley nos parecen válidas para facilitar la
atención a estos menores y por eso las vamos a votar favorablemente.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Vázquez.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Mi grupo se congratula del fondo que plantean estas tres iniciativas,
que obedecen a todo un desarrollo del Estado social y de derecho, de
una política de justicia social, del mandato que está contemplado en
nuestra Constitución para los poderes públicos, para las fuerzas
políticas, de protección de la familia y del menor.
Yo diría que las diferencias técnicas de estas tres iniciativas, que
coinciden en el fondo y que mi Grupo de Coalición Canaria va a apoyar
favorablemente, están solamente en la invocación que hacen de la
modificación de tres leyes que han venido regulando de una manera
limitada estos supuestos no solamente de la maternidad biológica sino
de la adopción y de la acogida a menores que no proceden de la
reproducción biológica de la pareja. Esas diferencias técnicas están
sencillamente en que por parte el Grupo Popular se invoca la
legislación del Real Decreto legislativo 1/1995, referente al
Estatuto de los Trabajadores, que era una de las normas que venían
regulando los permisos por maternidad. También invoca la Ley 30/1984,
reguladora de la Función pública, cuando el trabajador -trabajadora
en este caso- es funcionario de uno de los cuerpos de las
administraciones públicas. Las iniciativas del Grupo Socialista y del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, recogiendo estas dos
modificaciones a estos dos textos legales, lo amplían también al de
la Seguridad Social, al Real Decreto-ley 1/1994, porque es necesario
recoger también las disposiciones sobre esta materia que la Seguridad
Social ha incluido en su ley.
Dicho esto, también lo vamos a apoyar porque es necesaria la
modificación de estos textos legales para darle a esa protección el
principio de igualdad -que acertadamente ha recogido el portavoz del
Grupo Parlamentario Popular al defender su iniciativa-, porque en los
tiempos que están corriendo, vistas las tasas de natalidad de la
familia biológica y al ritmo que vamos, nos estamos quedando con
familias formadas sólo por los cónyuges y si, por las razones
ambientales, fiscales, de vivienda, de justicia social, laborales y
sociales, no hay un ambiente propicio, no digo ya a la familia
numerosa sino a la familia con dos hijos, bueno es que, por ese
principio de igualdad, donde la naturaleza no ha considerado
favorecer biológicamente a los padres naturales, le demos protección
al acogimiento y al reconocimiento de hijos adoptivos, y eso se
requiere con un sentido amplio. Coincido plenamente con lo que acaba
de decir la portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida al final de su intervención, que no es cuestión de que lo
defienda el diputado masculino o femenino, sino que es una cuestión
de conciencia social, y en esa línea sintonizamos perfectamente
porque son los resultados de una sociedad que quiere seguir
cumpliendo con el principio constitucional de la defensa de la
familia, y para eso tiene que existir familia porque, si no, sobran
las leyes de protección.
Por esa razón, señor presidente, votaremos las tres iniciativas en el
deseo de que concluyan en una convergencia de un texto común que
recoja el fondo, en lo que estamos todos de acuerdo.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor
Caballero.
El señor CABALLERO BASÁÑEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), para
fijar nuestra posición en relación con las tres proposiciones de ley
presentadas. Las transformaciones sociales y culturales, que de una
forma continua se vienen sucediendo en nuestra sociedad, están
provocando un interés creciente por el menor y su integración
familiar y social, lo que lleva a un cambio en el status social del
niño y exige una reformulación de la estructura del derecho a la
protección de la infancia. La legislación sociolaboral no debe ser
ajena a estos cambios y tiene que adaptar sus preceptos en el sentido
de proteger al menor.
Como se señala acertadamente en la exposición de motivos de la
proposición presentada por el Grupo Socialista, la maternidad, como
contingencia a proteger, pierde su carácter exclusivamente biológico
para considerarse como una situación que debe ser objeto de atención
por la entidad de la función social que representa, y pasa a ser
considerada más desde la perspectiva del cuidado del niño que desde
la óptica de la incapacidad laboral de la madre. Es cierto que con la
finalidad de protección de los hijos, y teniendo en cuenta la
perspectiva de considerar que la atención a situaciones derivadas de
la incorporación de hijos no incida sobre la vida laboral de los
trabajadores y trabajadoras, se vienen produciendo cambios legales
que, sin embargo, todavía no habían abordado la solución de las
situaciones que tratan de solucionar las proposiciones presentadas.
Así, la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, por la que se modificaban
determinados artículos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento
Civil en caso de adopción, transforma sustancialmente el ámbito de
protección del menor. Por primera vez se introducía la consideración
de la adopción como un elemento de plena integración familiar y se
configuraba el acogimiento familiar como una nueva institución de
protección. Merece la pena señalar que las modificaciones
legislativas que se van introduciendo ofrecen una nueva proyección
del enfoque aplicado a los derechos del menor, en tanto en cuanto
suponen el reconocimiento pleno de su personalidad. En definitiva, se
está avanzando hacia una nueva concepción del menor, no sólo como
sujeto de protección, sino también como partícipe en la comunidad.
En el informe elaborado por la subcomisión para analizar la situación
actual de la familia y proponer las reformas y medidas que se
consideraban necesarias, y que fue aprobado por unanimidad de la
Comisión de Política Social y Empleo, en el capítulo VI, relativo a
las políticas familiares, y en el apartado sobre política integral
de apoyo a la familia se indicaba que el objetivo de la política
familiar debe ser el de crear un marco legal y un entorno social
favorable para que las familias puedan asumir libremente pero con
menos costes personales, que atendida la situación real recaerían
fundamentalmente sobre la mujer, opciones familiares que cumplen
importantes funciones sociales.
Más adelante, y dentro del subapartado sobre conciliación entre la
vida laboral y las responsabilidades familiares, se señalaba que es
necesaria la conciliación entre la vida laboral y la creciente
incorporación de la mujer en el mercado laboral y las
responsabilidades familiares. Finalmente, en el subapartado sobre
adopción se indicaba hacer extensivas a los supuestos de adopción las
excedencias que por caso de maternidad se otorgan.
Por todo ello, los cambios propuestos en las tres proposiciones pasan
a considerar la adopción y el acogimiento familiar como situaciones
protegidas a efectos del permiso por maternidad. Sería deseable que
entre las tres proposiciones presentadas se llegase a un acuerdo
necesario, que el Grupo Parlamentario Vasco apoyaría por estar de
acuerdo con el contenido de las mismas. Entre las tres proposiciones,
la del Grupo Socialista parece la más completa, pues aborda de una
forma más integral la reforma de los tres preceptos relativos a una
protección integral de la mejora en la inserción familiar. En todo
caso, votaremos a favor de las tres proposiciones.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Caballero.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor
Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo con brevedad porque a estas alturas del debate, con
remisiones a anteriores intervenciones, podemos dar el tema
prácticamente por zanjado.
El Grupo Parlamentario Catalán votará a favor de la toma en
consideración de las tres proposiciones de ley, porque si en algo
coincidimos todos es en que la situación actual descrita por nuestra
legislación social y laboral no satisface suficientemente -tal y como
la Constitución impone, incluso promovía el informe elaborado por la
subcomisión de la familia- el interés del menor. Y no lo hace
ciertamente ni en el permiso por maternidad propiamente dicha ni en
el permiso que pueda concederse en supuestos de adopción y de
acogimiento.
Desde esa perspectiva, las tres proposiciones de ley que han sido
presentadas, así como la proposición no de ley que ayer presentó el
Grupo Parlamentario Popular, coinciden sustancialmente en la
equiparación de las situaciones de adopción y de acogimiento a la de
maternidad, tal como está configurada en el artículo48.4 del Estatuto
de los Trabajadores y en la Ley de
medidas para la reforma de la Función pública. Desde esta
perspectiva, no podemos coincidir más en esta equiparación, en la
necesidad también de efectuar un tratamiento equitativo a los
supuestos de adopción de menores de más de seis años, también en
atender, como establecía el propio informe de la subcomisión a que
anteriormente he hecho referencia, los supuestos de adopción
internacional en ese doble problema al que hace referencia la
proposición del Grupo Parlamentario Socialista, de la estancia
obligada de los adoptantes en el Estado de nacionalidad del menor,
así como también en los problemas que pueden producirse en el momento
de calificar la institución del régimen jurídico propio del adoptado,
atendiendo a la legislación propia de los adoptantes.
Sin embargo, señorías, mi grupo no querría dejar pasar esta
oportunidad, esta regulación de los permisos de maternidad, para
manifestar que ninguna de las tres proposiciones atiende
suficientemente a aquel objetivo que también establecía el informe
sobre la situación de la familia en España de redistribución de
tareas dentro de la familia. Entendemos que las reformas, tal como
están planteadas en estas proposiciones, no comprometen
suficientemente al varón, ni en el caso de nacimiento ni en el caso
de adopción, con ese interés del menor, al contrario de lo que ocurre
en los países nórdicos: en Dinamarca, en Suecia o en la misma
Noruega. No sólo eso, sino que también tendríamos que decir que no
responde al planteamiento de la Directiva 96/34, de la Unión Europea,
que tratando concretamente de los permisos parentales, tanto por
nacimiento como por adopción, establece que para promover la igualdad
de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres, las partes
firmantes del presente acuerdo consideran que el derecho de permiso
parental debe concederse en principio de manera no transferible. ¿Qué
queremos decir? Señorías, de una parte, tal y como se regula el
permiso de maternidad en nuestra legislación, existe la posibilidad
de transferencia de las cuatro últimas semanas de las dieciséis del
permiso por maternidad de la madre al progenitor. Por tanto, desde
esa perspectiva no se cumpliría lo dispuesto en la directiva. Sin
embargo, en las proposiciones de ley que se nos han presentado se
produce el fenómeno opuesto: se establece que en los supuestos de
adopción, cuando ambos adoptantes trabajen, sólo uno de ellos podrá
beneficiarse del permiso, con lo cual se está condenando al adoptado
a convivir esos primeros días bien sólo con el padre o bien sólo con
la madre.
Señorías, como decía antes, debemos aprovechar esta oportunidad para,
asumiendo los compromisos que hemos adquirido en el ámbito de la
Unión Europea y aquellos elementos de derecho comparado que más nos
pueden satisfacer, promover suficientemente esa coparticipación del
varón. Piensen SS.SS. en el régimen jurídico que se da en Suecia y
que tiene ese nombre tan simpático de los días de papá, que permite
precisamente al progenitor obtener un permiso para acompañar a la
esposa o compañera en el momento del parto,
atender a los otros hijos mientras la madre está en el hospital o
compartir esos primeros días de la vida del recién nacido o de la
vida en la nueva familia del adoptado, con lo que se favorece
notablemente esa inserción en la familia. Señorías, es a estos
modelos a los que nos corresponde incorporarnos y, por tanto,
manifestando nuestra satisfacción por las proposiciones de ley y el
apoyo que prestaremos a continuación, no podemos sino manifestar que
también presentaremos las enmiendas para no dejar pasar esta gran
oportunidad.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Silva.
Vamos a pasar a las votaciones correspondientes a la toma en
consideración de las tres proposiciones de ley debatidas. (El señor
presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a las votaciones
correspondientes a las proposiciones de ley que, coincidentes en la
materia, se han presentado por los grupos Socialista, Popular y de
Izquierda Unida.Votamos en primer lugar la proposición de ley para
mejorar la inserción familiar de los menores en los supuestos de
adopción y acogimiento familiar, presentada por el Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
304; a favor, 302; en contra, uno; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Socialista.
Pasamos a la del Grupo Popular, relativa a la ampliación del permiso
laboral en caso de adopción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
310; a favor, 309; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración de la
proposición del Grupo Popular.
Finalmente, en este punto, la del Grupo de Izquierda Unida, que
titula: para facilitar la inserción familiar de los menores en los
supuestos de acogimiento familiar y adopción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
312; a favor, 312.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad la toma en
consideración de la proposición de ley de Izquierda Unida.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA CREACIÓN
DE UNA COMISIÓN EN RELACIÓN CON LOS SISTEMAS DE PAGO MEDIANTE TARJETA
(Número de expediente 162/000325).
El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día: debate sobre
proposiciones no de ley. En primer lugar, la del Grupo Popular, sobre
la creación de una comisión en relación con los sistemas de pago
mediante tarjeta.
Para su presentación, tiene la palabra el señor Gómez Darmendrail,
don Javier. (El señor vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la
Presidencia. Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señorías, por favor, si
circulan con celeridad el señor diputado podrá empezar su
intervención. (Rumores.)
Señorías, por favor, ocupen sus escaños o salgan fuera del hemiciclo
para continuar con sus charlas. (Continúan los rumores.)
Señor Guerra Zunzunegui. Señor Muñoz-Alonso. Señor Rodríguez
Zapatero. Señor ministro.
Señor Gómez Darmendrail, cuando quiera.
El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, la expansión y consolidación de las tarjetas como medio de
pago es un hecho bien conocido por todos y quizá sea este el motivo
por el que las tarjetas mismas se han convertido en una cuestión
problemática que viene llamando la atención de la opinión pública, de
los medios informativos y, como no podía ser de otra manera, de esta
Cámara legislativa.Hay que tener en cuenta que las tarjetas generan
un volumen de negocio de unos 11 billones de pesetas al año, de los
cuales unos 3,2 billones corresponden a compras en establecimientos
comerciales y los otros 7,8 billones a operaciones efectuadas en
cajeros automáticos. Las previsiones de futuro en este medio de pago
esperan un crecimiento importante hasta llegar a alcanzar
aproximadamente el 25 por ciento del total de los pagos que se
realizan en el país. Este crecimiento vendrá favorecido por el
abaratamiento de la tecnología chip, las cada vez más completas
medidas de seguridad contra el fraude y, además, se verá potenciado
por el papel simplificador que las tarjetas jugarán como herramienta
de uso común para facilitar la transición a la nueva moneda
comunitaria en el período de coexistencia entre las dos monedas y aun
después.
El principal motivo de preocupación que se manifiesta en los diversos
órdenes en relación con el uso de
tarjetas como medio de pago se refiere fundamentalmente a las
comisiones que los comerciantes que las aceptan deben satisfacer a
las entidades financieras. Esta preocupación, que en los últimos
tiempos ha adquirido el carácter de asunto de actualidad, no es, sin
embargo, una cuestión que se haya puesto de moda espontáneamente,
sino que responde a un problema detectado desde hace algún tiempo por
el Ministerio de Economía y la Secretaría de Estado, Comercio,
Turismo y pymes.
En los primeros meses de 1997, cuando el Observatorio de la
distribución comercial daba sus primeros pasos, una de sus comisiones
de trabajo propuso ya expresamente que se solicitara del Banco de
España un estudio sobre el particular, lo que la Secretaría de Estado
llevó a cabo inmediatamente. Una vez recibido el informe del Banco de
España, éste fue ampliamente debatido, glosado y puntualizado tanto
por parte de la Dirección General de Comercio Interior como en el
seno del Observatorio. Este Observatorio ha seguido en todo momento
muy directamente el problema de las tarjetas, como se puso de relieve
en la jornada sobre distribución comercial el día 2 de junio de 1997,
con participación de más de 3.000 profesionales del comercio.
Independientemente de la preocupación manifestada en la Secretaría de
Estado de Comercio y en el Observatorio de la distribución comercial,
el Congreso de los Diputados ha mostrado también su receptividad en
relación con el problema de las tarjetas de pago. En este sentido,
sin ir más lejos, el Pleno del Congreso de los Diputados, en su
sesión de 15 de abril de 1997, aprobó un amplio conjunto de
propuestas encaminadas a conseguir que el Gobierno preste la máxima
atención a la modernización del comercio. Entre ellas estaba la de
instrumentar los medios legales que resulten necesarios para
homogeneizar el tratamiento que ofrece la banca al comercio en los
pagos mediante tarjetas de crédito, para evitar cualquier
discriminación al respecto entre grandes y pequeños comerciantes.
Esta propuesta concreta, junto con otras muchas reveladoras del
interés por el futuro de la distribución comercial en general y del
pequeño y mediano comercio en particular, fue incorporada por el
Partido Popular a la moción originaria presentada por el Grupo
Parlamentario Catalán de Convergència i Unió.
La proposición no de ley que presenta el Grupo Popular, y a la que
inmediatamente me referiré, enlaza lógica e históricamente con las
propuestas del Observatorio de la distribución comercial y con el
acuerdo del Congreso a que antes me refería y enlaza también de una
forma natural con el estudio que la Secretaría de Estado Comercio,
Turismo y pymes encargó al Banco de España. Efectivamente, es un
estudio serio, equilibrado, ponderado y muy descriptivo de la
situación. Mi grupo coincide con el diagnóstico y ahora se trata de
buscar la solución entre todos. Por eso presentamos esta proposición
no de ley, para que se reúnan los sectores afectados y estudien las
soluciones y las líneas de actuación. Nuestra propuesta es de diálogo
y no de
imposición o precipitación, porque las soluciones poco meditadas
suelen dar problemas a largo plazo. Además, para precipitación ya
está el señor Borrell que, a sabiendas de que estábamos trabajando en
este asunto y en su afán de ganar la carrera por el registro,
presentó pública y precipitadamente una proposición de ley llena de
errores, una proposición de ley, señorías, que confunde los tipos de
interés con la tasa de descuento; una proposición de ley donde la
descripción incompleta y la terminología imprecisa olvida millones de
tarjetas y excluye nada mas y nada menos que a todas las Cajas de
Ahorro; una proposición de ley que pretende proteger a consumidores y
comerciantes con instrumentos legales que ya están regulados en la
normativa vigente; una proposición de ley que ignora los componentes
y variables empleados para el cálculo de la tasa de descuento e
intercambio; una proposición de ley que habla de Tribunal de Defensa
de la Competencia allí donde es Servicio de Defensa de la
Competencia; una proposición de ley que confunde las operaciones
electrónicas on line, que se repercuten de una manera inmediata al
titular de la tarjeta, con el resto de las operaciones; y, en fin,
señorías, algunas estulticias más que no enumeraré para no sonrojar a
este Parlamento. Y es que al señor Borrell le persigue el éxito pero
él corre más y, en su precipitación, no contento con dejar que su
grupo cometiera la mayor agresión que jamás un partido político ha
hecho al comercio, es decir, presentar una iniciativa para que los
partidos de fútbol se televisasen los sábados antes de las siete y
media, que es el mayor punto de inflexión de las ventas, ahora,
pretendiendo arreglar aquel entuerto, se nos presenta cual Moisés
bajando con las Tablas de la Ley en forma de iniciativa parlamentaria
y presenta una propuesta excesiva, innecesaria y quizá
contraproducente para el correcto funcionamiento de las tarjetas de
pago en nuestra economía de libre mercado. Sí, señorías, es que el
señor Borrell les está metiendo a ustedes en un laberinto en los
temas de comercio -no sé en otros- que SS.SS. saben que el manicomio
existe pero no saben ahora mismo de qué lado de la tapia están,
porque no se trata de una proposición que pueda ser modificada en su
contenido a través de los posteriores trámites parlamentarios; su
gravedad radica en la pretensión de querer otorgar dimensión
legislativa a cuestiones que al menos en buena parte deben
inscribirse en el marco de los acuerdos entre particulares. La propia
denuncia de la Confederación Española de Comercio ante el Servicio de
Defensa de la Competencia por un pretendido abuso de posición
dominante por parte de los bancos y entidades emisoras de tarjetas
pone de manifiesto que no se trata de regular legalmente la
utilización de tarjetas, sino de estudiar los problemas que de ello
puedan derivarse.
Ciertamente diversos sectores del mundo del comercio se quejan del
importe de esta tasa de descuento, pero no por su homologación a los
tipos de interés bancario aplicable a las operaciones de crédito,
sino por las diferencias que se producen en las aplicadas
según sectores. Por ello, señorías, desde el Grupo Popular, y así
retomo el hilo que me hizo perder el comentario a la iniciativa
socialista, presentamos una proposición no de ley que es la respuesta
más razonable posible al problema planteado por el pequeño y mediano
comercio en relación con las comisiones que tiene que satisfacer
cuando acepta pagos con tarjeta.
Hemos querido ser sensibles a un problema social que existe y por eso
presentamos esta iniciativa, desde la que instamos al Gobierno a que
cree una Comisión que integre a comerciantes y a entidades
participantes en los sistemas de pago mediante tarjeta junto con
expertos independientes. Como saben SS.SS., el objeto es llevar a
cabo un análisis detallado de los costes que integran la tasa de
descuento y proponer líneas de actuación. Serán ellos, señorías,
quienes propondrán las soluciones, serán los sectores quienes
formulen, en base al resultado del estudio, las líneas de actuación
que parezcan más pertinentes.Lo que está claro es que desde el Grupo
Popular no queremos intervenir en el sistema financiero y mucho menos
en la fijación de precios. Lo que intentamos es defender a los
consumidores; lo que pretendemos es identificar el problema, ver cuál
es su dimensión, quiénes son los afectados y cuáles son sus
derivadas. Todo el mundo es consciente de que tanto el banco emisor
como el banco adquirente soportan riesgos y costes por el servicio de
la tarjeta. También todo el mundo comprende que tanto el titular de
la tarjeta como el establecimiento se benefician de una serie de
servicios. El problema surge cuando el comerciante se plantea que la
comisión que paga a las entidades financieras tiene un intervalo muy
amplio, y además es especial motivo de preocupación la percepción de
que exista cierta discriminación entre grandes y pequeños.
Saben SS.SS., pero no será ocioso repetirlo, que la comisión o tasa
de descuento es igual a la suma de la tasa de intercambio más el
coste del banco adquirente y su margen de beneficio. Y saben también
SS.SS. que la tasa de intercambio, es decir, la comisión que paga el
banco comerciante al banco emisor de la tarjeta, tiene diversos
niveles que dependen del volumen de la facturación, del nivel
potencial de fraude, del tamaño medio de las operaciones, de las
evoluciones de las ventas, etcétera. Viendo algunos de estos
parámetros, muchas de SS.SS. comprenderán por qué desde el Gobierno
se insiste en fomentar el asociacionismo empresarial.
Señorías, quedan muchas puntadas que dar y mucha tela que cortar,
pero estamos seguros que los sectores sabrán fabricar un traje, si no
a la medida, al menos cómodo para todos. Lo que es evidente es que la
propuesta socialista modifica el Código de Comercio, altera las bases
del sistema bancario y financiero español y se aleja de los
fundamentos con que la Unión Europea se está aproximando a la
administración del uso de las tarjetas y comercio electrónico. Sin
embargo, la propuesta que presentamos...
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Gómez Darmendrail,
le ruego que vaya concluyendo.
El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: Concluyo inmediatamente, señor
presidente.
Sin embargo, la propuesta que presentamos desde el Grupo Popular, que
esperamos merezca la aprobación de la Cámara, permitirá el estudio de
soluciones eficaces, fundadas en derecho, con audiencia de todos los
sectores interesados.
Concluyo, señor presidente, manifestando que desde mi grupo vamos a
seguir atentamente el debate porque estamos seguros de poder llegar a
algún punto de encuentro que enriquezca esta iniciativa, que, sin
duda, es muy esperada por los distintos sectores interesados en el
problema que nos ocupa.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Gómez
Darmendrail.
A esta proposición no de ley ha presentado una enmienda el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Para su defensa, tiene
la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) ha presentado una enmienda de modificación a la
proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular
en función del objeto de la proposición no de ley presentada por el
Grupo Popular. Básicamente estamos de acuerdo con el fondo, pero
hemos querido recoger en la enmienda transaccional que hemos
presentado una serie de preocupaciones que existen hoy en el sector
por el uso de las tarjetas electrónicas y de crédito, y si en la
comisión creada ad hoc, en la que participarán todos los sectores
implicados (comerciantes, usuarios de las tarjetas de crédito,
entidades financieras y expertos), incorporamos dichas preocupaciones
podremos obtener unos resultados más objetivos de cara a resolver la
problemática existente hoy en el mercado. Esta preocupación se debe a
los diferentes problemas derivados del amplio intervalo de comisiones
o de tasas de descuento que aplican las entidades financieras a los
comerciantes y titulares de establecimientos de servicios por la
aceptación de pagos mediante tarjetas, así como su discriminación por
sectores o tamaño de los negocios. Existe también una cierta
preocupación por la aplicación de tipos de interés sustancialmente
superiores a la media de las diferentes modalidades de crédito a los
usuarios de tarjetas por la disposición de dinero efectivo con cargo
a las cuentas de crédito vinculadas a la tarjeta, así como sobre los
tipos de interés que aplican a los descubiertos y excedidos en dichas
tarjetas de crédito. También hay preocupación en el mercado por la
posibilidad de que se produzcan prácticas restrictivas a la
competencia en la determinación de
las comisiones que perciben los emisores de las principales tarjetas
y de las entidades financieras a quienes las aceptan como medio de
pago. Hay preocupación por la posibilidad de que las comisiones e
intereses aplicados por la disposición de dinero en efectivo,
tarjetas de crédito o descubiertos de las tarjetas de crédito puedan
ser considerados abusivos o excesivos en relación al tipo básico
fijado por el banco emisor. A estas cuatro preocupaciones añadiría la
expectación que existe hoy en el sector ante la resolución que puede
adoptar el Tribunal de Defensa de la Competencia por la denuncia
presentada por la Confederación Española de Comercio en relación al
uso de las tarjetas de crédito.
Por estos motivos, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha
presentado una enmienda a la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular en el sentido de acortar el plazo de seis meses
a tres. Entendemos que es un plazo objetivo y racional para que el
grupo de trabajo pueda acabar todos los trabajos que nosotros
incorporamos en dicha enmienda. También quiero señalar que en nuestra
enmienda transaccional nos hemos olvidado incorporar en dicho grupo
de trabajo a las entidades financieras que participan en el uso de
las modalidades de tarjetas de crédito. Esta enmienda transaccional
va encaminada en la dirección de poder conseguir cinco aspectos que
tendría que cubrir dicho grupo de trabajo. El primero de ellos que,
a efectos de elaborar las pautas que considere oportunas, se tengan en
cuenta los informes realizados por el Gobierno como consecuencia de
una proposición no de ley presentada por el Grupo Catalán
(Convergència i Unió) y aprobada el 15 de julio de 1997, por la que
se instaba al Ministerio de Economía y Hacienda a elaborar un informe
sobre los tipos de interés aplicados por las entidades financieras a
los usuarios de tarjetas electrónicas y sobre las comisiones
aplicadas por las entidades financieras y por los emisores de dichas
tarjetas. Entendemos que las conclusiones del mencionado estudio
serán interesantes de cara a los resultados que pueda lograr este
grupo de trabajo. Desde la perspectiva política de Convergència i
Unió también creemos que debería tenerse en cuenta el estudio de la
política de fijación de las comisiones y de las cargas a comerciantes
por la aceptación como medio de pago en sus ventas de tarjetas de
crédito y/o débito, elaborado por el Banco de España. Igualmente,
tendría que tener en cuenta los informes sobre la materia elaborados
por la Dirección General de Comercio Interior y tendría que
incorporar, cómo no, el derecho comparado y los usos en el resto de
países de la Unión Europea, a fin de poder homologarnos a este tipo
de modalidad de pago que cada vez está más incorporada en nuestro
país. Y, por descontado, nuestro grupo parlamentario es del parecer
de que se encargue un estudio al respecto al Tribunal de Defensa de
la Competencia.
Por todas estas consideraciones, pediríamos al Grupo Parlamentario
Popular que aceptara nuestra
enmienda transaccional para poderla incorporar al texto de la
proposición no de ley.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Sánchez i Llibre. ¿Grupos que desean fijar la posición en este
debate? (Pausa.)
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo parlamentario va a apoyar las iniciativas que presente
esta Cámara en lo referente a la mejora, al estudio, a la
racionalización del uso de las tarjetas de crédito, porque creo que
es un tema importante por la dimensión creciente de la utilización de
estas tarjetas, tanto como medio de pago, por una parte, como en la
utilización de servicios, que es una de las actividades que está en
un proceso ascendente. Incluso con la implantación efectiva del euro
como moneda oficial en la Comunidad Europea, todas las transacciones
que no están realizadas con billetes o monedas pasan a tener un
protagonismo mucho mayor, y éste es el caso de las tarjetas de
crédito.
Todos sabemos que la utilización masiva de las tarjetas está
produciendo, fundamentalmente para los comerciantes, para las
empresas, un coste que a veces es elevado porque no pueden
repercutirlo en el precio de los productos, y esto hace que no puedan
entrar dentro del circuito de aceptación de tarjetas dado su carácter
de pequeña empresa. Las comisiones que se cobran en las entidades
financieras por la utilización de las tarjetas van del cero al 6 por
ciento. En el resto de los países europeos se aplican diversas
fórmulas: el establecimiento de una renta mensual a los comerciantes,
en unos; en otros, se juega con la fecha en que se carga en cuenta la
tarjeta de crédito, hay diversas fórmulas que se aplican en los
distintos países. Este no es un caso nuevo y tampoco lo que estamos
debatiendo hoy es algo diferente a lo que ya se ha tratado en esta
Cámara; existen informes en el Gobierno sobre esta problemática.
Nosotros seríamos más partidarios de que este problema se negociara
dentro del ámbito estricto de relaciones comerciales o mercantiles de
los sectores. Inmiscuirnos nosotros o el Gobierno en lo que tienen
que ser relaciones comerciales nos parece peligroso. Debería existir
una negociación entre estas entidades financieras y los comerciantes,
bien a través de asociaciones o de cámaras de comercio, que evitara
la intervención de la Administración o del Gobierno para encorsetar
-jurídicamente, sobre todo- aspectos de las relaciones comerciales
que deben estar basadas en la libertad. Este problema debería
enfocarse dando el apoyo necesario a las partes implicadas, pero en
ningún caso entrometiéndonos en la resolución de los problemas.
No sé si la proposición no de ley tiene voluntad de intentar resolver
el problema o establecer una serie de informes o análisis sobre el
coste. Creo que el problema no se va a resolver; lo que podemos hacer
es instar al Gobierno a que haga los estudios correspondientes, pero,
indudablemente, los que tienen que llegar a acuerdos sobre la
aplicación de las comisiones a cobrar tienen que ser las partes
implicadas.
En mi grupo parlamentario pensamos que con la creación de esta nueva
comisión, o ponencia, o como se la quiera llamar, se va a hacer algo
que ya se estaba haciendo y que debería ser propio de la Secretaría
de Estado de Comercio, que es la que debería realizar los estudios
oportunos sobre los costes y su repercusión y dar algunas directrices
u orientaciones.Nos parece excesivo que estemos debatiendo este
problema en la Cámara, que se lo traslademos al Gobierno instándole a
crear una comisión para hacer unos informes que, de alguna manera, ya
han sido realizados -se ha hecho referencia a los mismos en la
intervención del portavoz de Convergència i Unió-. El último que
tenemos en la mano es de octubre de 1998, un estudio de la política
de fijación de comisiones y otras cargas a comerciantes como medio de
pago en las ventas de tarjetas de crédito. Este informe lo solicitó
la Secretaría de Estado de Hacienda al Banco de España, está
detallado y contiene una comparación exhaustiva incluso de nuestra
situación con la de países europeos. Creo que insistir en informes de
este tipo es una pérdida de tiempo.
Como digo, no nos vamos a oponer a iniciativas que vayan en esta
línea, simplemente creemos que deberíamos ser más efectivos en las
propuestas que nosotros hagamos al Gobierno y desde luego entiendo
que la Secretaría de Estado de Comercio podría realizar los estudios
que fueran necesarios para ponerlos en conocimiento de los
comerciantes y de las entidades financieras, que como digo al final
van a tener que regular estas relaciones y establecer las comisiones
dentro de la libertad de mercado que existe en el tráfico mercantil.
Nada más, y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Zabalía.
Por el Grupo de Izquierda Unida tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Muchas gracias, señor presidente.
Vamos a ver lo que nos trae hoy aquí el Partido Popular. El Partido
Popular quiere que se cree una comisión para regular mejor el
funcionamiento de las tarjetas de crédito y punto, nada más.
Realmente ésta es la oferta que hace el Partido Popular a un año del
final de la legislatura; digo esto por razones que inmediatamente
sumaré.
Hay que recordar al señor portavoz del Partido Popular, que persigue
también el éxito pero corre por delante, que el 15 de abril de 1997
se aprobó en este Congreso de los Diputados un amplio conjunto de
medidas, y entre ellas se incluyó la necesidad de instrumentar los
medios legales para homogeneizar el tratamiento que ofrece la banca
al comercio en los pagos mediante tarjeta de crédito para evitar
cualquier discriminación al respecto entre grandes y pequeños
comerciantes.
Por tanto, a partir de ahí hubiera correspondido a la iniciativa
legislativa del Gobierno presentar esta serie de medidas legislativas
en forma de proyecto de ley, eso es lo que hubiera correspondido; sin
embargo se persiguen las cosas por delante y se vuelve al principio,
se pone de nuevo el cuentakilómetros a cero, otra vez volvemos al
principio y sin ningún plazo por delante, teniendo en cuenta lo que
podría estudiar esta comisión y los estudios previos que ahora se
exigen en función de la enmienda transaccional que ofrece el Partido
Popular sin ninguna garantía de que estos trabajos terminen antes de
que culmine la legislatura. Por tanto, marear la perdiz y más mareo
de la perdiz es lo que se ofrece.
Es cierto que la proposición de ley que ha presentado el Grupo
Socialista y que registró el día 22 de enero de 1999, puede tener
problemas, puede ser un texto enmendable, perfectible, pero aunque
esto sea así, que lo es, es un texto que nos permite un terreno en el
que jugar todos y de inmediato de cara a una ley consensuada que
reproduzca la intención real de aquel acuerdo del Congreso de los
Diputados de fecha 15 de abril de 1997.
Por tanto, en este sentido votaremos esta proposición no de ley
sabiendo con casi total seguridad, señor portavoz, que nos
arriesgamos a que no se culmine este estudio, o en todo caso a que el
estudio que hagamos no culmine en un proyecto de ley porque no da
tiempo por parte del Gobierno del Partido Popular que ha incumplido
su obligación en función de lo que acordó este Congreso en 1997.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Alcaraz.
Finalmente por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Gimeno.
El señor GIMENO MARÍN: Muchas gracias, señor presidente.
Algún efecto ha tenido la proposición de ley presentada por el Grupo
Socialista y es, parece ser, despertar del letargo al Gobierno y al
Grupo Popular con una iniciativa que como decía ahora el portavoz de
Izquierda Unida, permítame le diga que la transaccional que usted
presenta quiere decir en la práctica que es imposible que desde esta
Cámara se adopte algún tipo de medidas en tiempo para antes de que
termine la legislatura. Usted propone una comisión que estudie
durante seis meses. En el texto que me ha dado usted a mí pone seis;
ya es bueno que el Grupo de Convergència i Unió le haya convencido de
que los seis meses tienen que pasar a tres, me alegro porque fíjese
que hasta con
tres meses nos vamos a encontrar después del verano ¿y me quiere
decir qué iniciativas parlamentarias existen con posibilidad de
prosperar antes de que termine la legislatura? En cualquier caso es
bueno, porque sirve para producir un debate que me parece de enorme
interés.
Otra comisión más, sin duda. ¿para qué? ¿El problema no es conocido
por ustedes? No es conocido el problema aunque usted viene a esta
tribuna y dice cuál es el problema, incluso se aventura en su
transaccional a apuntar algunas soluciones; pero presentan una
comisión para que se estudie un problema que, como se decía ahora,
llevamos más de un año estudiando, los comerciantes denunciándolo
desde mucho antes, y usted lo sabe. Puesto que usted ha hablado de
una forma tan dura y tan crítica de la proposición de ley que ha
presentado el Grupo Socialista, le quiero decir que esta proposición
de ley, que sin duda alguna será mejorable, se ha preparado y ha
tratado los problemas fundamentales que tienen los comerciantes, los
problemas fundamentales que ellos tienen, y usted lo sabe, tanto es
así que en la transacción que hace a su propia proposición no de ley
está intentando decir que hay que reducir como sea lo que ahora llama
comisiones o tasas de descuento, que es como se denomina en la
terminología que viene usándose cuando se habla de tarjetas de
crédito.
El problema de fondo es que nos encontramos con un mercado que no
está funcionando, el mercado que tiene que ver con las tarjetas de
crédito, y como en tantas otras cosas para que ese mercado funcione
hay que intervenir para evitar que se produzcan posiciones abusivas
o dominantes. Ésa es la situación real que fundamentalmente están
denunciando los comerciantes. ¿Qué está pasando y cuáles son los
problemas reales de fondo que hay que solucionar? Presentamos esta
iniciativa como proposición no de ley porque creemos que ya es hora
de que se aborde el problema de fondo y ustedes lo saben. ¿Cuál es el
problema? Que en un contexto en el que los tipos de interés han
bajado de la forma que lo han hecho en los últimos tiempos, el
sistema financiero está compensando sus cuentas y sus resultados con
los ingresos que proceden de la utilización de tarjetas y dificulta
la solución del problema. Lo sabemos. Mientras el sistema financiero
se está congratulando del incremento de los beneficios los
comerciantes están protestando por la disminución de sus márgenes
comerciales. ¿O es que los márgenes comerciales que se están
produciendo a través de la utilización de las tarjetas tienen que ser
trasladados al sistema financiero? Hagamos que el mercado funcione,
pero para que ese mercado funcione se necesita una intervención,
porque le quiero decir que ése no es un mercado transparente. Usted a
lo mejor ya ha empezado a estudiar el problema, aunque esa comisión
de estudio parece que le exige más tiempo para conocerlo, pero cuando
paga con una tarjeta de crédito casi ningún ciudadano sabe lo que
paga el comerciante y lo que paga la entidad financiera. No lo saben
porque como usted
bien ha dicho aquí a cada uno se le paga una cosa, lo decía también
el portavoz de Convergéncia i Unió. Con una misma tarjeta, el mismo
titular si paga en una gasolinera paga una cosa y si paga en un
comercio textil paga otra; si paga en un gran almacén paga una cosa y
si paga en el mismo gran almacén en la sección de alimentación o en
el resto de las secciones, paga otra. ¿Eso es un mercado
transparente? Ese mercado no es transparente y por eso necesita de
intervención. Es un mercado que tal y como está funcionando no es
justo. Eso es así. Además, el mercado de las tarjetas de crédito es
la privatización más importante, y asumida socialmente, que se ha
producido en el funcionamiento de los medios de pago generalmente
aceptados, y eso lo saben ustedes. Resulta que en este sistema no son
lo mismo mil pesetas pagadas con tarjeta que mil pesetas pagadas con
un billete del Banco de España; fíjese si tienen razón los
comerciantes para preocuparse y para alarmarse. Además, usted sabe
que los emisores de la tarjeta no cobran lo mismo a dos comerciantes
si son de distinto sector, ni siquiera aunque sean del mismo sector.
¿Así está funcionando ese mercado? ¿Ése es el mercado que ustedes
están defendiendo para que funcione y resolver este problema él
solito? No puede resolver el problema él solito. Debería saber usted
que el sistema financiero se niega a aceptar que se agrupen dos
comerciantes aunque sólo sea para discutir con la entidad financiera.
Ésa es la situación. Ni siquiera para discutir dos comerciantes
juntos con una entidad financiera se ponen de acuerdo, porque no les
dejan y eso que hoy día un comercio no se puede negar a aceptar una
tarjeta de crédito. Existe discriminación entre sectores y existe
discriminación entre comerciantes de un mismo sector. Todos esos son
problemas reales que ya han denunciado en informes que se han
efectuado. ¿Para qué quieren ustedes una comisión si ya existe? En el
Observatorio que usted ha citado antes se reunieron hace tiempo
comerciantes con los expertos del Gobierno; pero bueno, confíen
ustedes en los expertos independientes que nos van a dar la solución.
Ya verá usted qué bien nos la dan; seguro que nos la van a dar.
Propongan ustedes que estén de acuerdo. Ojalá se ponga de acuerdo el
sistema financiero con los comerciantes. Ya lo dudo, tendremos que
ayudarles a que se pongan de acuerdo.
La situación de los consumidores no es mucho mejor que la de los
comerciantes, es mucho peor. ¿Cómo es posible que alguien que paga un
crédito con una tarjeta de crédito pague el doble y medio más que si
pagara un crédito sin tarjeta? ¿Me quiere decir cómo se explica eso?
Ya sé que eso lo hace usted cuando firma el contrato de la tarjeta de
crédito. ¿Es eso el mercado? También ha intervenido el Banco de
España para evitar que a los descubiertos en cuenta se les cobre los
tipos de intereses abusivos que se estaban cobrando. Ésta es la
situación, esos son los problemas y ustedes nos vienen hoy aquí a
plantear que dicha situación hay que estudiarla. Pues bien, nosotros
no nos vamos a
oponer a que el Gobierno se ponga a estudiar para saber de qué va
esto ni a que lo estudien ustedes para que se informen, estamos de
acuerdo. Como ya sabemos todos cuáles son los problemas, pongamos las
bases para que se empiecen a solucionar tales problemas, pongamos las
bases para que sea posible que los comerciantes negocien en términos
reales y pongamos las bases para que si esos acuerdos no se
produjeran, fueran posibles unos tipos máximos de los que ustedes
hablan en parte en su transacción cuando se refieren a su
disminución, para que sea posible que no se produzcan las situaciones
abusivas y de usura que se están produciendo por el sistema
financiero en relación con los comerciantes y con los consumidores.
Así esta la situación y la proposición que presenta el Grupo
Socialista pretende que de verdad se aborde ya y se resuelva dicho
problema, el cual llevamos años estudiándolo y sin resolverlo. Hace
años que los comerciantes se tienen que movilizar, hacer campañas
y por supuesto presentar denuncias también al Tribunal de Defensa de la
Competencia, pero no son sólo esas denuncias las que pueden resolver
el problema, sino que es mucho más profundo y hay que buscar
soluciones de fondo.
En cuanto a las comisiones de estudio, tengo que decirle que nosotros
no nos vamos a oponer. ¿Cómo nos vamos a oponer a que el Gobierno se
ponga a estudiar ahora para saber de qué va esto y ustedes hagan lo
mismo?
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Gimeno.
Señor Gómez Darmendrail, como sabe tiene la palabra a los solos
efectos de señalar la aceptación o en su caso transacción, según ha
llegado a esta Presidencia, respecto de la enmienda presentada por el
Grupo de Convergència i Unió.
Señor Gómez Darmendrail.
El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente hemos presentado una transaccional a la enmienda del
Grupo de Convergència i Unió, la cual está ya en poder de los grupos.
Quiero agradecer desde aquí el trabajo que han realizado, que no dudo
ha contribuido a enriquecer nuestra proposición no de ley, y quiero
decirle también que lamentablemente no hemos podido aceptar la
enmienda en su totalidad porque había una notoria omisión, sin duda
un olvido involuntario, y había dejado coja la Comisión eliminando
una de las patas de la silla. A nuestro juicio y como es natural, en
la Comisión deben estar representadas todas las partes, porque si no
carecería de sentido.
En todo caso, señorías, la transaccional que presentamos es
básicamente nuestra propuesta inicial, enriquecida como ya dije antes
con algunas aportaciones del Grupo de Convergència i Unió.
Efectivamente, aceptamos el plazo de tres meses que propone dicho
grupo.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Gómez Darmendrail. ¿Se acepta la transacción por parte de
Convergència i Unió, señor Sánchez i Llibre?
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Efectivamente, señor presidente, una vez
materializada la rectificación de seis por tres meses, aceptamos la
enmienda transaccional a nuestra propuesta transaccional respecto a
su proposición no de ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Sánchez i Llibre.
Vamos a proceder a la votación de la proposición. (El señor
presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a la votación de la
transaccional en que ha resultado la proposición no de ley del Grupo
Popular sobre la creación de una comisión en relación con los
sistemas de pago mediante tarjeta.
Se somete a votación la transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
306; a favor, 306.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO
A CONCEDER EL INDULTO TOTAL A DOÑA NORMA-ENMA GIMÉNEZ PINO Y A DON
ANTONIO MARTÍN SANTOS, EN RELACIÓN CON LA CONDENA IMPUESTA POR LA
SECCIÓN SEGUNDA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE OVIEDO (Número de
expediente 162/000247).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Socialista, por
la que se insta al Gobierno a conceder el indulto total a doña Norma-
Enma Giménez Pino y a don Antonio Martín Santos, en relación con la
condena impuesta por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de
Oviedo.
Para presentación de la iniciativa, tiene la palabra la diputada del
Grupo Socialista, doña Amparo Rubiales Torrejón. (El señor
vicepresidente, López de Lerma i López, ocupa la Presidencia.)
La señora RUBIALES TORREJÓN: Señor presidente, señorías, mientras el
partido en el Gobierno o que apoya al Gobierno lleva años y años
caminando hacia el centro y ahora declara de nuevo que ya lo ha
encontrado, en España siguen ocurriendo cosas, demasiadas
cosas que lo contradicen. Pero no se trata ahora de hablar de esto,
señorías, tendremos ocasión de hacerlo en otros momentos. Hoy querría
recordarles, señorías, que hay algunas sentencias que con una
interpretación absolutamente restrictiva de la vigente legislación
despenalizadora del aborto vuelven a evidenciar la inseguridad de la
misma y la necesidad de proceder a su reforma. En este país,
señorías, se sigue condenando a hombres y mujeres... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Un momento, señora
Rubiales.
Por favor, señorías, respeten a quien está en el uso de la palabra.
(Pausa.)
Gracias, señorías.
La señora RUBIALES TORREJÓN: Señorías, les estaba diciendo y alcé la
voz porque el tumulto no dejaba oír mis palabras, que aunque parezca
mentira, a finales del siglo XX, a finales del milenio se sigue
condenando a hombres y mujeres por delito de aborto en este país. A
lo peor algunas de SS.SS. piensan que no es para tanto y que total
sólo alcanza a media docena los que se hallan en estos momentos
condenados por sentencia judicial por este delito, que ni siquiera
este colectivo interese electoralmente que está visto es lo único que
en ocasiones preocupa. Pero a mi grupo, señorías, no le ocurre lo
mismo y queremos hacer lo que podamos para resolver estas injusticias
que todavía en España se siguen produciendo.
Todo el mundo sabe que fuimos los socialistas los que despenalizamos
por primera vez en nuestra reciente historia la interrupción
voluntaria del embarazo, pero también hemos sido nosotros los que
hemos querido modificar la actual regulación para evitar situaciones
como las que hoy vamos a debatir, a fin de evitar que se sigan
produciendo, y para adaptar nuestra legislación a la de los países
europeos de nuestro entorno. Hemos fracasado reiteradamente en el
intento, señorías, aunque haya sido por la mínima y hoy nos vemos en
la necesidad de solicitar que nos apoyen en esta proposición no de
ley que pide el indulto para dos facultativos, un hombre y una mujer,
condenados por un delito de aborto por la Audiencia Provincial de
Oviedo.
Señorías, lo he dicho muchas veces y lo repito, la Ley orgánica 9/
1985, de 5 de julio, que incorporó con la redacción vigente el
artículo 417 bis del Código Penal, supuso un gran avance en orden a
adaptar la punibilidad de la interrupción voluntaria del embarazo
a los requerimientos constitucionales en la medida que se reconoció la
indiscutible preeminencia de los derechos fundamentales de la mujer
en ciertas situaciones de necesidad o de no exigibilidad de otra
conducta y adoptó determinadas garantías para la protección del bien
jurídico constitucional representado por la vida embrionaria fuera de
dicho supuesto. Sin embargo, SS.SS. saben que ni desde el punto de
vista de la mujer ni desde el punto de vista del embrión, de la vida
embrionaria, la regulación actualmente vigente viene a dar
satisfacción a las demandas actuales de la sociedad.
Las opiniones sobre el aborto, lo hemos dicho y lo repetimos, son
bien distintas, son dos cuestiones diferentes que no se pueden
confundir. Las opiniones son y seguirán siendo siempre dispares.
Responden a diferentes apoyaturas ideológicas y todas merecen nuestro
respeto.
Señorías, sin embargo entendemos que la penalización del aborto, el
hecho de tratar como delincuentes y pensar en llevar a la cárcel a
hombres y mujeres por abortar o por realizar abortos ante situaciones
de grave conflicto personal, familiar o social, concita ya en nuestra
sociedad un consenso generalizado en contra; a los recientes debates
parlamentarios me remito, y su propia repercusión en la sociedad
demuestra la veracidad de mis afirmaciones.
No se tomaron en consideración, señorías, las proposiciones de ley
del Grupo Parlamentario Socialista que en tantas ocasiones hemos
debatido, y perdido como ya he dicho por los pelos en esta Cámara,
pero perdido, y hoy nos vemos obligados a instar al Gobierno para
que, previa tramitación en turno preferente del correspondiente
expediente, proceda a conceder el indulto total a dos personas que
están condenadas por delito de aborto, dos médicos en este caso
asturianos o al menos residentes en esta comunidad autónoma.
Señorías, el 1 de abril de 1998 el Tribunal Supremo confirma la
sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo y condena a la
psiquíatra doña Norma-Enma Giménez Pino y al ginecólogo don Antonio
Martín Santos por un delito de aborto, a un año de prisión y dos de
inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión sanitaria a
la primera, a la psiquíatra, y a seis meses de prisión y ocho de
inhabilitación especial al segundo, al ginecólogo, basándose todo en
la falta de validez del informe psiquiátrico que los señores jueces
consideran insuficiente para demostrar el riesgo para la salud
psíquica de la madre, en lo que entendemos que es una clara
vulneración de los preceptos constitucionales de legalidad, seguridad
jurídica, presunción de inocencia y tutela judicial efectiva.
Señorías, se trataba de un caso de aborto -se lo voy a resumir muy
rápidamente- practicado en una clínica previamente autorizada, por un
ginecólogo sin impedimento legal, a una adolescente de 18 años de
edad que se encontraba embarazada de su novio, que fue naturalmente
el que la denunció posteriormente, que decide libremente abortar en
razón a su juventud, estado civil y situación económica y familiar.
La psiquiatra señala en su informe, informe que es la causa de la
condena por parte de los tribunales, que la mujer -dice literalmente-
refiere síntomas tales como pinchazos y ahogos equiparables a crisis
de angustia, ansiedad importante habitual, muy sugestionable, rasgos
fóbicos y la siguiente situación actual: ansiedad, equivalentes
somáticos de angustia, insomnio, emesis importante -que no sé lo que
es- tres cruces, mareos, dolor abdominal, en función de lo cual la
psiquiatra certifica que la continuación de su embarazo en las
circunstancias actuales implica un grave riesgo para su salud
psíquica, a pesar de lo cual la Audiencia y el Tribunal Supremo lo
consideran insuficiente.
Ya conocen, señorías, las sentencias que a veces dictan los jueces,
afirmando por ejemplo que no ha existido violación porque no ha
habido resistencia insuperable por parte de la mujer y otras lindezas
por el estilo, ésas de que el servicio doméstico, los trabajos en el
hogar, no son suficientes para producir no se sabe qué tipo de
invalidez a las que sí tienen derecho otros trabajos. Nos queda mucho
por avanzar en esto de la equiparación entre hombres y mujeres; hay
que cambiar la mentalidad sobre todo de muchos hombres. No sé qué más
querrán los jueces que nos pase para que consideren que tenemos
voluntad suficiente para poder decidir sobre nuestros actos.
Todo esto no viene sino a poner de relieve, señorías, como ya he
dicho, la insuficiencia que actualmente tiene la regulación de la
interrupción voluntaria del embarazo. El 25 de mayo pasado mi grupo
presentó una proposición no de ley, que es ésta que estamos ahora
debatiendo, en la que pedíamos al Gobierno que procediera al indulto
total de esas dos personas, médicos asturianos condenados por un
delito de aborto. Con posterioridad, después de presentada esta
iniciativa, debatimos en esta Cámara la famosa proposición de ley del
Grupo Socialista, pidiendo su toma en consideración para modificar la
regulación de la interrupción voluntaria del embarazo, con la
inclusión de ese cuarto supuesto, y, como saben SS.SS., perdimos por
un solo voto de diferencia.
No voy a repetir aquellos debates, pero sí quiero recordarles,
señorías, que, entre las muchas razones que entonces adujimos, como
ya lo habíamos hecho en anteriores ocasiones, para pedirles el voto
afirmativo a nuestra iniciativa, estaba la de que había en España
hombres y mujeres que estaban sufriendo las consecuencias de una
deficiente regulación de la interrupción voluntaria del embarazo.
Ustedes, señores de la derecha, o del centro -como ya no hay derecha
en España, nos referiremos a los señores del centro y que la derecha
se las apañe como pueda para ver quién encuentra que la represente-,
nos repetían una y otra vez que no había nadie con riesgo de ir a la
cárcel por abortar o haber practicado abortos. Y hoy les demostramos
lo erróneo de su aserto, porque les aseguro que desgraciadamente los
hay; no sé exactamente cuántos, es verdad. Hoy les traigo a su
consideración no sólo el caso asturiano sino otro que se ha producido
con posterioridad en Granada, por una sentencia de la Audiencia
Provincial que condena a otros tres facultativos, en este caso una
psicóloga y dos médicos, por un caso parecido o similar. No hemos
traído hoy el caso de Granada a la consideración de SS.SS. porque
está pendiente de recurso ante el Tribunal Supremo y, por tanto, no
es éste el momento procesal de traerlo. Esperemos que el Tribunal
Supremo revoque la sentencia de la Audiencia Provincial y no tengamos
que volver a solicitar en esta Cámara el indulto para los tres
profesionales granadinos que, igual que los asturianos, se encuentran
condenados por aborto.
Señorías, y con esto termino, la última moda de un determinado sector
de la judicatura en nuestro país y en otros, no sólo en el nuestro,
es absolver a las mujeres
que se someten al aborto pero condenar a los facultativos que
intervienen en su realización, lo cual no deja de ser otra forma
igualmente injusta, aunque algunos piensan que más eficaz, de estar
en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, porque así se
produce menos protesta social, pero se disuade a los profesionales de
la realización de abortos en condiciones médicas seguras y fiables
para las mujeres. En algunos países, señorías, están matando a los
médicos que producen los abortos o son objeto de persecuciones
verdaderamente terroríficas, hasta en Internet.
Mi grupo quiere hoy aquí, a través de esta portavoz que les habla,
defender también a estos profesionales, hombres y mujeres, que, en el
caso de España, utilizan una legislación insegura, como la que
tenemos, y que el legislador, que somos nosotros, no ha querido
modificar. Por todo esto, señorías, mi grupo presenta hoy esta
iniciativa pidiendo el indulto para los dos médicos asturianos.
Quiero decirles que no es la primera vez que esta Cámara se pronuncia
solicitando al Gobierno que conceda un indulto de condena por
práctica de un aborto. El 20 de mayo de 1997, el Congreso, esta misma
Cámara, dio su apoyo mayoritario -175 votos a favor, seis en contra y
146 abstenciones- al contenido de una moción del Grupo Socialista por
la que se solicitaba el indulto a dos médicos condenados por un
delito de aborto por la Audiencia Provincial de Barcelona. Esta
Cámara votó a favor del indulto y los médicos fueron indultados por
la ministra de Justicia, la señora Mariscal de Gante; les impuso una
condena de tipo pecuniario -cosa absolutamente inusual en estos
casos-, pero fueron indultados. Espero que hoy se consiga lo mismo
que conseguimos entonces: que no vayan a la cárcel los médicos
condenados por haber practicado un aborto, que los médicos asturianos
no sean de peor condición para esta Cámara que los médicos catalanes.
El principio de igualdad nos obliga a actuar en este momento de la
misma manera que lo hicimos con los médicos de Barcelona. Sería
imperdonable que nos salieran con alguna excusa formal o con alguna
enmienda -que conozco, señorías, porque la han presentado en el
registro y la he leído-, como la presentada por el Grupo
Parlamentario Popular. Aunque después me preguntará la Presidencia
cuál es la posición de mi grupo, adelanto que no la vamos a tener en
consideración, como tampoco la tuvimos en la ocasión anterior, porque
vacía de todo contenido lo que queremos decir. Nosotros solamente
instamos al Gobierno a que conceda el indulto y el Grupo Popular nos
pide que el Congreso de los Diputados entienda conveniente que el
Ministerio de Justicia proceda. Señorías, somos los representantes de
la soberanía popular y al menos podemos instar al Gobierno. Sólo
hacemos esto. Decirle que entendemos conveniente que el Ministerio de
Justicia proceda creemos que es echar demasiada agua al vino y nos
parecería un retroceso con respecto a posiciones anteriores que hemos
mantenido en esta Cámara.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Vaya finalizando,
señora Rubiales.
La señora RUBIALES TORREJÓN: Termino, señor presidente.
Señorías, creemos que así también se defiende a las mujeres y a los
profesionales que se necesitan para que el derecho al aborto pueda
ejercitarse con garantías de eficacia y de seguridad para las
mujeres. Por eso, termino pidiendo a toda esta Cámara, o a todos los
que están en este momento presentes en esta Cámara, que apoye con su
voto afirmativo esta proposición no de ley, por ser de absoluta
justicia. ¡Y ojalá que no tengamos que repetir más este tipo de
iniciativas!
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señora
Rubiales.
A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda del Grupo
Parlamentario Popular.
Para su defensa, tiene la palabra la señora Fernández González.
La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Señor presidente, señorías, subo a esta
tribuna para defender en nombre de mi grupo parlamentario, el Grupo
Parlamentario Popular, la enmienda que hemos presentado por Registro
esta misma mañana respecto a la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Socialista. La portavoz del Grupo Socialista expresaba
y sintetizaba la opinión de su grupo haciendo un paralelismo
prácticamente coincidente con iniciativas que han presentado en esta
Cámara en la actual legislatura. Su señoría conoce perfectamente,
porque hemos debatido este tema en varias ocasiones, cuál es la
postura que viene defendiendo el Grupo Parlamentario Popular. Yo
entiendo -créame que se lo digo con todo el respeto parlamentario,
pero también con la absoluta precisión y rigor que debe haber siempre
en este tipo de debates- que uno es un planteamiento político muy
respetable y otro es un planteamiento con pretensiones de que tenga
ribetes o categoría jurídica. A mí me parece que el planteamiento que
se hace desde el Grupo Socialista adolece de forma, de fondo y de
contenido que lo avale, y trataré de explicar en qué basamos nuestro
razonamiento.
Sabe perfectamente su señoría que hay una legislación vigente en
nuestro país, el artículo 417 bis del Código Penal de 1985, ley
aplicable y vigente ahora mismo en España. Hay antecedentes
parlamentarios, que sin duda son sobradamente conocidos por lo
recientes y por lo reiterados, que trataron de modificar esa ley. El
Parlamento, en decisión democrática y mayoritaria, aborda que la
legislación vigente no debe ser objeto de modificación. En segundo
término, hay una legislación bastante antigua, creo recordar que del
año 1870, donde se regulan las peculiaridades y la singularidad del
derecho de gracia o del derecho a indulto. Hay modificaciones
posteriores a través de órdenes
ministeriales de 1993, me parece, donde se establecen una serie de
garantías adicionales a la tramitación de los indultos. Incluso en el
año 1993 se establecía la necesidad de dilatar más los periodos de
tiempo y los procesos para poder valorar los dictámenes preceptivos,
tanto del tribunal juzgador como el que se remite por el ministerio
fiscal.
Dentro de estos planteamientos: Ley de 1985 -gobernaba el Partido
Socialista-, Ley de 1995, Código Penal -seguía gobernando el Partido
Socialista- y orden ministerial de 1993 -gobernaba el Partido
Socialista-, me cuesta trabajo creer que se hagan planteamientos
globales y generales con una legislación que fue gestada con mayorías
absolutas del Partido Socialista. Y consecuencia de esa legislación
que, según exhibe ahora la portavoz del Grupo Socialista, parece
insuficiente, trasnochada e inconveniente en nuestra sociedad
-insisto, en la secuencia temporal que se produce-, hay que obligar
al Gobierno en términos políticos a que, conforme a esa legislación,
conceda los indultos de forma sistemática, global y en conjunto.
Sinceramente, nosotros tenemos confianza en el Gobierno, creemos que
es un derecho de gracia, una prerrogativa que recomienda el análisis
singular de cada uno de los casos que se instan a instancias de
colectivos de los propios médicos, de familiares o de cualquier
ciudadano español que crea que le asiste ese derecho y que lo quiere
ejercitar, y hay un procedimiento perfectamente reglado donde -lo
digo con satisfacción- desde el Ministerio de Justicia se han
solucionado y solventado todas las peticiones, con una escrupulosidad
digna de elogio. En épocas anteriores ha habido también innumerables
indultos que se han solicitado por diversos colectivos y desde esta
Cámara no hay ningún precedente parlamentario para decir al Gobierno
cómo tenía que comportarse en la materia que estamos analizando.
Por tanto, como SS.SS. comprenderán, desde el Grupo Parlamentario
Popular tenemos no sólo confianza sino satisfacción por la labor que
se está llevando a cabo desde el Ministerio de Justicia, creemos que
los trámites son perfectamente transparentes, que añaden garantías al
sistema, y que propiciar una serie de soluciones globales o de todos
y cada uno de los casos que se presenten en esta materia podría
querer decir que se quiere desde el Parlamento eludir el cumplimiento
de la legislación vigente en esta materia en España.
Nos parece que hay que diferenciar perfectamente los escenarios.
Quienes han querido modificar la legislación no han tenido los votos
suficientes y quienes hemos defendido que la legislación se adecuaba
a la demanda social mayoritaria hemos tenido el respaldo mayoritario
de esta Cámara. Por tanto, dentro de la normalidad y de los procesos
y procedimientos que en materia de indulto han de llevarse a cabo con
transparencia, con los informes preceptivos y los plazos que se
establecen en la legislación aplicable, creemos que añadimos un gesto
de sensibilidad política, si me permite la expresión, a través de la
enmienda que presentamos
y que defiendo en nombre de mi grupo desde esta tribuna,
pidiendo que la tramitación sea en turno preferente. Su señoría sabe
muy bien que las tramitaciones pueden ser en turno ordinario o en
turno preferente y que lo son en turno preferente, según la
modificación de 1988, cuando acontecen circunstancias que aconsejen
esa tramitación de forma especialmente rápida para llegar a una
pronta solución, dentro del procedimiento y los requisitos
establecidos.
Por todas estas razones y exhibiendo los mismos argumentos que en su
día desde el Grupo Parlamentario Popular se dijeron desde esta misma
tribuna, no vamos a apoyar la proposición no de ley que formula el
Grupo Socialista y lamentamos que la enmienda de modificación o
sustitución de nuestro grupo parlamentario no tenga la aceptación del
grupo proponente. Seguiremos trabajando con ánimo de que esto no sea
una divergencia permanente, que cada uno sepa sacar las conclusiones
de los debates que aquí se producen, de los compromisos que el
portavoz de su grupo de forma solemne ha manifestado y dejemos a los
tribunales trabajar, aplicar la ley, y al Ministerio de Justicia y al
Consejo de Ministros que hagan uso reglado y transparente de un
derecho singular, cual es el derecho de gracia o el derecho de
indulto.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señora
Fernández González. ¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor presidente.
Voy a fijar la posición de Nueva Izquierda Iniciativa per Catalunya-
Els Verds con relación a la proposición no de ley socialista.
Manifestamos que votaremos favorablemente esta proposición no de ley,
pero, señorías, quisiéramos manifestar también nuestra indignación
ante este pimpampum que creemos que lo único que hace es perjudicar
los derechos de muchas mujeres, que pueden ver gravemente dañado su
derecho al aborto libre ante esta situación no resuelta.
Señorías, estamos de acuerdo en que esta situación no quedó resuelta
durante la época de Gobierno socialista. Varios grupos de esta Cámara
instamos en su momento al Gobierno socialista a dejar esta ley en
condiciones y que recogiese la totalidad de los derechos de la mujer
en el supuesto de interrupción del embarazo, pero eso no puede dar
lugar ahora a que nos encontremos en una situación en la que el
procedimiento de indulto tenga que ser pedido como se hace en este
momento en esta Cámara.
Quisiera decir a la portavoz del Grupo Popular que me parece mentira
que, como mujer, como asturiana, no sea sensible ante este caso. Y
más teniendo en cuenta que en la misma sala de la Audiencia de Oviedo
ha habido otros supuestos en que las sentencias han sidoabsolutorias.
Me parece bastante extraño que su argumentación
haya ido en este sentido. He de recordar también a la portavoz
popular que en esta Cámara reside la soberanía popular y, por tanto,
es muy lógico y normal que aquí sea donde se inste al Gobierno a
actuar de una determinada manera. Sin embargo, señorías, estoy
hablando desde la indignación que supone una serie de sentencias que
demuestran una falta de respeto absoluto hacia las mujeres.
Recordemos una sentencia de hace poco tiempo en la que se consideraba
que no había habido ensañamiento cuando se habían producido 111
puñaladas. Recordemos sentencias en las que se ha condenado a mujeres
porque no han querido actuar en los juicios si no se les daba una
serie de garantías, que son las que tienen, por ejemplo, las víctimas
del terrorismo. No las mujeres, sino todos los que somos sensibles y
que tenemos respeto hacia la persona estamos francamente indignados
por esta situación.
Además, se está agravando la situación de inseguridad jurídica. Y
hemos de añadir que tenemos una ley que no resuelve el problema. Si
tenemos unos facultativos que a partir de ahora pueden tener mucho
miedo a hacer una serie de informes periciales que les pueden
comprometer penalmente, criminalmente, ante la ley; si además tenemos
unos tribunales que hacen sentencias de este calibre, señorías, la
inseguridad es total. Porque en este caso, como ha dicho la portavoz
del Grupo Socialista, se han cumplido todos los requisitos exigidos
por la ley, ha habido un informe del Colegio de Psicólogos de
Asturias que ratifica la validez del informe pericial y la sala del
Supremo, sin haberse entrevistado ni siquiera con la mujer, ha
decidido que no hay peligro para la vida de la madre ni para su salud
psíquica. Es realmente sorprendente y gravísimo, porque creo que nos
podríamos preguntar, señorías, a partir de ahora, qué psiquiatra se
va a atrever a hacer informes en este sentido, informes que contempla
uno de los supuestos legales de interrupción legal del embarazo.
Este procedimiento de indulto, señorías, tiene que ir por el turno
preferente, porque si no, teniendo en cuenta el tiempo en que se
puede sustanciar por el procedimiento normal, nos encontraríamos con
la situación de que estas personas ya habrían padecido la pena de
inhabilitación de dos años y que esa pena se les habría aplicado con
todo el rigor.
Quiero acabar señalando que continuaremos insistiendo en la reforma
de la ley. Esta ley no se puede quedar de esta manera. No podemos
estar a finales del siglo XX con una condena genérica contra las
mujeres, con una falta de libertad hacia las mujeres y no entendiendo
que las únicas que somos capaces de garantizar la supervivencia del
embrión, de garantizar su seguridad, de garantizar que van a ser
personas realmente acogidas y queridas, somos las madres. Por tanto,
ni los tribunales ni las leyes deben interpretar esto. Continuaremos,
señorías, exigiendo la modificación de la ley, pero mientras tanto
instamos, también Nueva Izquierda Iniciativa per Cataluña-Els Verds
insta al Gobierno, a que se conceda el indulto a los dos
facultativos, Antonio
Martín y Norma-Enma Giménez Pino, y que este procedimiento sea
sustanciado por el turno preferente.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señora
Rivadulla.
Tiene la palabra la señora Aramburu.
La señora ARAMBURU DEL RÍO: Señor presidente, señorías, para prologar
el nuevo período de sesiones, permítanme que les transmita cómo se
siente una mujer de elementales convicciones cuando tiene que subir a
una tribuna a pedir perdón para unos compañeros juzgados por delitos
no reconocidos en la vieja Europa y que además opinamos que están
haciendo un ejemplar servicio a la comunidad. Me siento profundamente
humillada por tenerme que doblegar ante la injusticia y ante una
moral trucada. ¿Saben ustedes lo que significa una sentencia que
consiste en decretar la privación del derecho al ejercicio de una
profesión que, entre otros menesteres, trata de garantizar el
principio constitucional de ser madre por elección, no por
imposición? Simplemente, señorías, permítanme que se lo diga con la
claridad que acostumbro, una aberración, una aberración que cuelga de
una desestimable legislación que acatamos pero sobre la cual emitimos
la más feroz de las críticas, por ser una ley penalizadora de los
derechos en cuestión.
Efectivamente, aquellos vientos trajeron estos lodos. Recuerden,
señorías, nuestra humilde aportación para que se aprobara una ley de
interrupción del embarazo que no sólo fuera garantista y salvaguarda
de que la biología no era un factor determinante de los derechos de
la mujer, sino también que actuara con carácter retroactivo sobre los
juicios y sentencias pendientes afectados por una interpretación
restrictiva, que provoca que, aunque uno se acoja a alguno de los
supuestos legales vigentes desde hace casi catorce años, se sigue
llevando a las mujeres y profesionales ante los tribunales. Así lo
demuestra el hecho de que se hayan producido 1.012 expedientes
judiciales y que más de 41 hayan terminado en sumario. Estamos,
señorías, hablando de la cifra de 50.000 españolas intervenidas y un
16 por ciento menores de 21 años. En este contexto, justo en este
contexto, señorías. Más del millar de diligencias judiciales, desde
que se despenalizó parcialmente el aborto en 1985, según consta en la
Fiscalía General del Estado, correspondiendo las denuncias, señorías,
a maridos y novios despechados, lo que demuestra que cualquiera puede
acusar a las mujeres o a los profesionales impune y arbitrariamente.
Esta quiebra, señorías, de la intimidad y esta pérdida de seguridad
jurídica pone en solfa los cimientos de un Estado de derecho que
tiene desprotegido a sus ciudadanos y a sus ciudadanas.
Señorías, en pleno auge del centro virtual o celeste -¡qué más da!-,
no podemos retrotraernos a la España de mediados de siglo, donde las
recomendaciones internacionales eran consideradas soflamas de los
adversarios rojos. A finales del siglo se insiste por parte
de los organismos competentes en que cualquier legislación punitiva,
como el derecho a una maternidad libre, debe ser revisada, muy
especialmente sus consecuencias sobre terceros que ayudan al
cumplimiento del desarrollo de la Carta de los Derechos Humanos.
Sean ustedes, señorías, universales y universalistas, democraticen
las legislaciones vigentes y sobre todo sean ustedes humanitarios, si
no pueden ser otra cosa, pero no inhabiliten a profesionales, no
manden al paro a más ciudadanos por razones de conciencia; no
encarcelen, sean razonablemente coherentes y no sacrifiquen a más
sociedad en aras de principios falsificados de buenos y malos. La
historia de este país no puede seguir escribiéndose maniqueamente.
Reconstruyan el libre pensamiento, que es el más libre de los
pensamientos, y concedan el indulto total a doña NormaEnma Giménez
Pino y a don Antonio Martín Santos, en relación con la condena
impuesta por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo.
No es clemencia lo que pedimos, no es gracia lo que solicitamos. Es
un principio de equidad lo que reivindicamos con otros ciudadanos
recientemente indultados. No pedimos perdón porque no hay
reconocimiento del delito. Simplemente solicitamos que reconstruyan
el daño irreparable causado a doña Norma y a don Antonio y que pongan
el reloj a cero desde el ejercicio constitucional de amparar y no
golpear.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señora
Aramburu.
A los efectos de manifestar la aceptación o el rechazo de la enmienda
del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Rubiales.
La señora RUBIALES TORREJÓN: Gracias, señor presidente.
Sólo quiero decir que mi grupo parlamentario no acepta la enmienda
del Grupo Popular. Pero, si el presidente me deja, voy a leer el
texto del Grupo Socialista y la enmienda del Grupo Popular, porque
hay confusión en los grupos parlamentarios de la Cámara y el debate,
me parece, que no ha venido a clarificarlo, puesto que, además, ni
siquiera venía en el orden del día expresamente que el indulto lo
pedíamos por un delito de aborto. Y hay una especie de creencia de
que alguien trata de ocultar de qué estamos hablando.
Leo la enmienda, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señora Rubiales,
los textos, tanto la propuesta de su grupo parlamentario como la
enmienda del Grupo Parlamentario Popular, obran a disposición de los
distintos grupos. Por tanto, no es necesaria su lectura. Es
fácilmente comprensible que es distinto texto y así puede usted
negarse a su aceptación.
Muchas gracias y vamos a someter a votación la propuesta.
La señora RUBIALES TORREJÓN: Señor presidente, ¿me deja que lea las
enmiendas, por favor?
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señora Rubiales,
las enmiendas están a disposición de todos los grupos y, permítame la
sinceridad, quizá se ofendería a más de un grupo con su lectura.
La señora RUBIALES TORREJÓN: No voy a discutir con usted y menos
siendo su último acto como vicepresidente en esta Cámara.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias,
señora Rubiales. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, ocupen sus escaños, vamos a
proceder a la votación. Quiero señalarles que aún quedan cuatro
puntos del orden del día, si bien los tramitaremos acumuladamente.
Votación de la proposición no de ley del Grupo Socialista, por la que
se insta al Gobierno a conceder el indulto total a doña Norma-Enma
Giménez Pino y a don Antonio Martín Santos, en relación con la
condena impuesto por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de
Oviedo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
308; a favor, 155; en contra, nueve; abstenciones, 144.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.
(Aplausos.)
SOLICITUDES DE CREACIÓN DE COMISIONES DE INVESTIGACIÓN:
- SOLICITUD, FORMULADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA Y EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, DE CREACIÓN DE UNA
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA ANALIZAR LAS GESTIONES DEL GOBIERNO,
Y EN CONCRETO DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA, EN RELACIÓN A LA
REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA QUE LA EMPRESA ERCROS TENÍA CON EL
INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO), ASÍ COMO INDAGAR SOBRE LAS
PRESUNTAS IRREGULARIDADES COMETIDAS EN LA CONCESIÓN DE AYUDAS
Y SUBVENCIONES DE FONDOS DEPENDIENTES Y GESTIONADOS POR ESTE MISMO
MINISTERIO, DETERMINANDO LAS RESPONSABILIDADES POLÍTICAS DE MIEMBROS
Y ALTOS CARGOS DEL GOBIERNO A QUE HUBIERA LUGAR POR ESTOS HECHOS
(Número de expediente 156/000010).
- SOLICITUD, FORMULADA POR 82 DIPUTADOS DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA ANALIZAR
Y EVALUAR LA GESTIÓN REALIZADA POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA
Y ENERGÍA EN RELACIÓN CON LOS PROGRAMAS DE AYUDAS PÚBLICAS ASOCIADOS AL
PLAN DE REESTRUCTURACIÓN DE LA MINERÍA DEL CARBÓN Y DESARROLLO
ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS Y LOS PLANES Y PROGRAMAS DE
REINDUSTRIALIZACIÓN, DESDE LA FECHA DE LA TOMA DE POSESIÓN COMO
MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA DE DON JOSEP PIQUÉ I CAMPS; LOS
EXPEDIENTES DE PRIVATIZACIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS ANTERIORMENTE
INTEGRADAS EN LA SEPI CUYA INICIATIVA O PROPUESTA DE DECISIÓN HAYA
CORRESPONDIDO A AQUÉL; LAS INICIATIVAS O PROPUESTAS FORMULADAS POR EL
MISMO EN RELACIÓN CON ERCROS, FERTIBERIA Y LAS EMPRESAS ASOCIADAS O
PARTICIPADAS EN ÉSTAS; Y CON LA LIBERALIZACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO,
Y, EN ESPECIAL, LA RELACIONADA CON LA OPA DE ENDESA SOBRE FECSA Y
SEVILLANA, ASÍ COMO LOS ESTUDIOS Y PROPUESTAS DE DICHO MINISTERIO QUE
HAN DADO LUGAR AL RECONOCIMIENTO DE AYUDAS RELACIONADAS CON LOS
COSTES DE TRANSICIÓN A LA COMPETENCIA A EMPRESAS DEL SECTOR
ELÉCTRICO, POR UN IMPORTE DE 1,3 BILLONES DE PESETAS (Número de
expediente 156/000011).
El señor PRESIDENTE: Punto IV del orden del día: Solicitudes de
creación de comisiones de investigación.
Se van a debatir acumuladamente, si bien su presentación será en
forma sucesiva, las solicitudes del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida y el Grupo Mixto, de una parte, y de 82 diputados del
Grupo Socialista, de otra, que pretenden la creación de una comisión
de investigación. La primera dice: para analizar las gestiones del
Gobierno, y en concreto del Ministerio de Industria y Energía, en
relación a la reestructuración de la deuda que la empresa Ercros
tenía con el Instituto de Crédito Oficial, así como indagar sobre las
presuntas irregularidades cometidas en la concesión de ayudas y
subvenciones de fondos dependientes y gestionados por este
Ministerio, determinando las responsabilidades políticas de miembros
y altos cargos del Gobierno a las que hubiere lugar por estos hechos.
Este es el título de la solicitud de los dos grupos parlamentarios
referidos y la materia es coincidente con la de los 82 diputados del
Grupo Socialista que se presentará a continuación.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Santiso. (Rumores) ¡Silencio, señorías! Señor
Robles, señor Echániz, señora Balletbó, por favor. (Pausa.)
Adelante, señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida ha
presentado esta petición de creación de la comisión de investigación
sobre diversos asuntos relacionados con la gestión en el Ministerio
de Industria, en razón de que tras el debate habido en la Comisión de
Industria, con la comparecencia del ministro de Industria, señor
Piqué, el 19 de enero de 1999, nuestro grupo entendía que quedaban
pendientes diversos aspectos relacionados con la concesión de
subvenciones gestionadas por el propio Ministerio de Industria, así
como otros asuntos. Por hablar del más importante cuantitativamente,
la propuesta del Ministerio de Industria de un pacto para levantar el
crédito que tenía la empresa Ercros con el Instituto de Crédito
Oficial. Entendíamos que era muy sorprendente que una de las primeras
actuaciones de su departamento, prácticamente a los dos meses de su
nombramiento como ministro de Industria en marzo de 1996, fuera
elevar a la Comisión Delegada del Gobierno el estudio de la
condonación del crédito de 8.500 millones de pesetas que tenía
precisamente la empresa que el señor ministro presidía antes de ser
nombrado, con la particularidad de que al frente del gabinete
ministerial, acompañando al señor ministro, se encontraban entonces
personas relacionadas directamente con Ercros. Por ejemplo, don
Francisco Prada, que fue nombrado número dos del Ministerio y que
cuando el señor Piqué llega al Ministerio era el interventor de la
suspensión de pagos de Ercros. Don Pedro Ferreras era abogado de
Ercros en ese proceso y parece ser que incluso, también, de la
sociedad patrimonial del ministro, señor Piqué, la empresa Loreto
Consulting, que es la tenedora de las acciones de Ercros del señor
Piqué. Nos llamaba la atención que fuera tema prioritario y urgente
del departamento de Industria el intentar levantar este crédito que,
efectivamente, tenía algunos problemas con la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, que planteaba que el apunte contable que tenía
Ercros en sus cuentas figuraba ya incluso como amortizado cuando
todavía estaba pendiente.
Por tanto, nos urgían muchas preguntas, algunas se las pudimos hacer
al propio ministro en su comparecencia, y quedó claro, puesto que
antes no lo había dicho, que efectivamente era accionista con el 0,40
de Ercros. Manifestó que había dado orden de vender esas acciones, si
bien no tenemos tampoco el dato concreto de en qué fecha se ultimó la
venta de esas acciones para ver si había coincidido o no con el
período en que se elevó por primera vez a la Comisión Delegada del
Gobierno la petición de cancelación de ese crédito. En esa ocasión,
en el año 1996, la Comisión Delegada del Gobierno no autorizó ese
pacto. Se autorizó en el año 1998, en una operación que, a nuestro
entender, es un regalo para la empresa Ercros, puesto que un crédito
de 8.500 millones se salda prácticamente con un acuerdo de 1.100
millones. Además, también hay un tema sobre unos terrenos valorados
en unos 5.000 millones
de pesetas, que a su vez ya estaban hipotecados por el Ministerio de
Hacienda y por la Seguridad Social. El ministro llegó a argumentar
que era un buen pacto, puesto que era un crédito incobrable,
contradiciendo, curiosamente, al propio presidente de Ercros, que en
este momento reconoce que Ercros está teniendo resultados positivos
y, por tanto, una de las condiciones del crédito ICO, que era ir
amortizando cada año que hubiera beneficios un porcentaje de ese
mismo crédito, en teoría Ercros estaba en condiciones de ir
paulatinamente cumpliéndola.
A mí me sorprende que este diputado ingenuo encuentre estas
reacciones del Partido Popular desmesuradas, cuando en otras etapas
planteaba que incluso con un tercio de los diputados de la Cámara iba
a apoyar la creación de comisiones de investigación, y es curioso
cómo sobre este mismo tema el Partido Popular tenía en la oposición
una postura completamente distinta. En el año 1991, el señor Camisón
hacía preguntas precisamente en la Cámara sobre la curiosa
trayectoria -cosa que en este proceso veremos que ha sido habitual-
del señor Sánchez Junco, que pasa de director general de Industria,
tras conceder un crédito o varios créditos o subvenciones por valor
de 11.000 millones de pesetas, a estar, en poco tiempo, al frente de
la compañía Unión de Explosivos. En aquel momento el Partido Popular
se sintió alarmado y preocupado por esta situación y pidió
explicaciones sobre estos temas. Sin embargo, hoy parece que no se
quieren dar explicaciones fehacientes sobre qué ha sucedido con todas
estas cosas.
Al mismo tiempo están apareciendo informaciones complementarias que
al menos son preocupantes. Me parece preocupante que una persona
relevante de un Gobierno, como es un ministro, cobre sus percepciones
a través de una empresa particular, porque todo apunta a que es una
forma precisamente de buscar un cierto alivio fiscal. Esto es lícito,
dentro de los márgenes de la legalidad, pero no deja de ser llamativo
que siendo presidente de una empresa, uno tenga contratos con su
propia empresa que preside a través de su empresa Loreto Consulting,
teniendo percepciones importantes en esos años. Incluso hay
testimonios más graves, hay testimonios que afirman -en contra de lo
dicho por el señor ministro, que manifiesta que en la etapa de
suspensión de pagos llegaron incluso a no cobrar directivos de Ercros
con motivo de dicha suspensión- que el señor ministro tuvo algún
pago, pero no directamente a través de Ercros, sino de Unión de
Explosivos, que era, como se sabe, una de las empresas de la
división, precisamente porque la propia suspensión de pagos impedía
hacerlo directamente.
Por todos estos motivos, creo que no sucede nada por crear una
Comisión que permita la comparecencia de personas que vivieron
aquellos acontecimientos espectaculares, que puedan dar explicación a
una de las grandes incógnitas de este país, que ha sido todo el
proceso de De la Rosa y KIO, con distintos avatares, y que quizá está
pendiente de una verdadera clarificación,
a pesar de que en los tribunales hay algunos sumarios, algunos
procesos abiertos que esperemos que aporten más luz. Yo no entiendo
por qué ahora hay dificultades para afrontar con claridad estos
procesos. Es llamativo cómo en aquel entonces se obliga a vender la
división de Explosivos, entendiendo que un grupo extranjero como KIO
no podía tener participación en algo tan sensible como era la
fabricación de explosivos con componentes militares y, sin embargo,
acaba vendiéndose al final a una empresa extranjera, a Palace
Investment, con un capital social verdaderamente ridículo, con
domicilio fiscal en un paraíso fiscal, que hoy está en suspensión de
pagos y sigue siendo accionista en este momento Unión de Explosivos,
a pesar de que en aquel momento hubo varias ofertas significativas
para hacerse cargo de Unión de Explosivos y se terminó concediendo la
empresa a una oferta que -insisto- pujaba 700 pesetas por la empresa
y el compromiso de una ampliación de capital. En contra precisamente
del criterio fundamental de que el capital extranjero no dominase un
sector sensible, Unión de Explosivos termina en manos de una empresa
extranjera, prácticamente desconocida, y probablemente -todo apunta a
ello- una empresa intermediaria de otros intereses hoy por hoy
todavía desconocidos.
Hay muchas lagunas en estos asuntos. Por no abundar, espero que en
otras iniciativas parlamentarias podremos ir desbrozando paso a paso
todas estas irregularidades. Sin embargo, en esta etapa de gestión
del Ministerio, hay que detenerse en cuatro o cinco cuestiones. Son
llamativas las subvenciones al municipio de La Carolina. El propio
alcalde, en un escrito firmado de su puño y letra, manifiesta que es
el municipio más beneficiado de toda España por las subvenciones del
Ministerio, al mismo tiempo que concede gratificaciones a discreción
a varios funcionarios parece ser que por su gran aportación en este
proceso de gestión de los fondos. Las cartas vienen firmadas de puño
y letra del propio alcalde, conocido históricamente en el pueblo por
sus antecedentes predemocráticos. Es llamativo que, en la misma
época, a otros ayuntamientos, a otras empresas que solicitaban
subvenciones, las mismas les eran denegadas sistemáticamente. Ahí
está el caso del Ayuntamiento de Gijón, que en la misma etapa planteó
una serie de proyectos y peticiones que le fueron rechazados sin
justificar debidamente, en nuestra opinión, el motivo de ese rechazo.
Podemos pasar rápidamente, puesto que lo hemos debatido muchas veces,
por cómo es posible que se den subvenciones a una persona que ha sido
antes cargo público -del orden de 50 millones de pesetas- para un
proyecto que -no nos engañemos- no es industrial, sino el rescate de
la quiebra de un concesionario de automóviles, en Oviedo, que además
hoy está todavía en precario porque hay una nueva sentencia que
obliga a retrotraer las actuaciones al año 1993. A este antiguo
consejero de Castilla y León, que fue condenado por prevaricación,
por desviar 140 millones depesetas de fondos de la minería, como
entidad particular
le fueron concedidas una serie de subvenciones, al tiempo que era
arropado en la inauguración de ese gran establecimiento -me parece
muy bien- por los dirigentes del Partido Popular en Asturias.
Será legal, como se nos ha dicho, pero desde el punto de vista ético
es impresentable. Además, si es legal, cambien ustedes las normas de
concesión, porque el objetivo de una condena de inhabilitación para
cargo público es precisamente que no pueda tocar fondos públicos. Si,
al final, se puede hacer por otra vía, es que esa norma hay que
revisarla. Nuestro grupo presentará esta misma semana una iniciativa
para imposibilitar este tipo de concesiones.
Ustedes se refugian en que en el año 1996 la norma efectivamente
permitía una cierta discrecionalidad en la concesión de ayudas.
El señor PRESIDENTE: Señor Santiso, ha de concluir.
El señor SANTISO DEL VALLE: Voy terminando.
Sin embargo, parece evidente que no es defendible que en los
municipios democráticos, que, más o menos, se reparten con unos
resultados electorales determinados entre las distintas fuerzas
políticas en función de su porcentaje de apoyo, resulte que el 90 por
ciento de las ayudas vayan a caer en los del mismo color. Por mucho
que se quiera vestir y adornar, los números están en la mesa; no hay
más que evaluar sistemáticamente qué ha pasado con las ayudas del
Ministerio de Industria.
Hay otra serie de elementos importantes, y con ello termino, señor
presidente, señorías. ¿Qué ha pasado con el proceso de privatización
de Babcock Wilcox? ¿Qué ha pasado para que se quiera ocultar que, en
este momento, Babcock Wilcox tiene unas contingencias de 80.000
millones de pesetas? No comprendo que el Partido Nacionalista Vasco
esté debajo de la mesa en estos asuntos. Se sacó a oferta pública,
llegó una empresa -Warner-, se descalificó el resto de las ofertas y
hoy se han tenido que retirar y reabrir el proceso porque, sin pedir
explicaciones del porqué, tiene unos 80.000 millones pendientes de
difícil recuperación.
Así podríamos seguir con otra serie de actuaciones y por ello creemos
que hay motivos suficientes para apoyar esta comisión de
investigación que, con tranquilidad, nos permita ir delimitando cada
uno de los casos planteados.
Termino refiriéndome a la ágil concesión de 3.000 millones al
Ayuntamiento de Oviedo para el polígono industrial de Idoniego,
concesión que supone que los terrenos en ese polígono industrial
estén a 5.000 pesetas metro cuadrado, mientras que el resto de
polígonos de las comarcas mineras, como el de Langreo o el de Mieres,
estén a 11.000 pesetas metro cuadrado y que haya en este momento una
especie de dumping para intentar robarse unos a otros los pocos
empresarios que probablemente tengan interés en este tipo de
actuaciones.
Señorías, creo que hay elementos suficientes para hacer una reflexión
sobre qué está pasando en el Ministerio de Industria, y probablemente
para ir más lejos pidiendo responsabilidades. Por ello seguiremos
agotando todas las vías parlamentarias y no descartamos emprender
también, en algún momento no muy lejano, acciones de otro tipo que
intenten delimitar este tipo de responsabilidades y que superen este
discurso maravilloso que parece un cuento de hadas que el señor
ministro nos cuenta cada vez, pero que de verdad cada día convence
menos y ahí están encima de la mesa los datos.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Santiso.
Compartirán el turno del Grupo Mixto el señor Rodríguez y el señor
Peralta.
Señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, no sé si recordarán que hace
dos meses el señor Piqué, el ministro de Industria, a una
caracterización realizada por este diputado sobre su papel como gran
diplomático o extroardinario diplomático al servicio de los
oligopolios, respondió diciendo que se debía de tratar de una ironía
por mi parte. Pero nada más lejos de mi intención que ironizar.
El Bloque Nacionalista Galego consideró desde hace tiempo que la
actuación del señor ministro Piqué, dentro de una actuación conjunta
del Gobierno, era la típica de alguien que actuaba al servicio de los
oligopolios y de los grandes conglomerados financiero-industriales,
cosa que puede parecer muy lógica y muy legal pero que, en todo caso,
puede ser discutible. Es más que discutible que al actuar al
servicios de los oligopolios y de los grandes conglomerados
financiero-industriales, o bien de los intereses partidarios cuando
se trata simplemente del grado de autonomía que tiene un partido
político para realizar gestiones que favorezcan a sus amigos, se note
en la actuación del señor Piqué en diversas actividades industriales
esta cobertura que efectivamente da a los intereses oligopólicos. Se
citó el caso de Ercros y su relación en concreto con el Instituto de
Crédito Oficial, con la condonación del crédito de 8.300 millones de
pesetas; podríamos hablar de todo el proceso de ayudas a la
reindustrialización de comarcas mineras, que no solamente fue
discriminatorio desde el punto de vista territorial, sino confuso
desde el punto de vista de la participación de empresas hoy privadas
que usaron dineros públicos incluso para actuaciones de
reindustrialización, como el caso de Endesa en concreto en comarcas
como la de Andorra (Teruel), o las actividades relativas a
incrementar las grandes ganancias de las eléctricas prácticamente con
un billón 370.000 millones de pesetas, que significa nada menos que
una ayuda considerable a un grupo
industrial y financiero que ya gozaba de unas cuentas muy saneadas.
Pero es que además el Bloque Nacionalista Galego piensa que el
proceso de privatizaciones, la oferta pública que se hace para
privatizar las empresas que tenían grandes ganancias en el Estado
español, es a todas luces oscurantista y se hace beneficiando
determinado tipo de grupos industriales y para favorecer la
concentración financiero-industrial. Resumiendo, diríamos que son
vicios privados que pagamos todos los ciudadanos del Estado español.
Por eso el Bloque Nacionalista Galego va a apoyar que se establezca
una comisión de investigación, aunque el Grupo Mixto no pueda
participar en ella, cosa abiertamente discriminatoria, y no porque
dude de la honorabilidad de una persona, ni siquiera a lo mejor de la
legalidad de lo que se hace, pero sí consideramos que son métodos
oscurantistas, tremendamente irregulares e ilegítimos en la medida
que dañan intereses de carácter colectivo. En nombre de esta
cuestión, precisamente por echar luz sobre una actuación política que
pensamos que excede el papel personal del señor ministro, para que la
opinión pública se pueda enterar de cómo se juega con los intereses
colectivos en este tipo de situación política tan sumamente llamativa
en nombre de la competitividad y la libertad, es por lo que vamos a
apoyar precisamente esta comisión de investigación.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
Quiero aclarar a la Cámara que, sin perjuicio del contenido de las
iniciativas que se están tramitando, el Reglamento nada dispone,
señor Rodríguez, sobre la composición de las comisiones de
investigación. Han sido muchas las comisiones de investigación en
esta Cámara en las que se han integrado miembros muy distinguidos del
Grupo Mixto, diputadas y diputados del Grupo Mixto. Por tanto, con
independencia de la cuestión debatida hoy y del resultado de las
votaciones, quiero dejar claro y patente que el Reglamento no
obstaculiza la presencia de su grupo ni la obstaculizaría tampoco en
este caso.
Visto que por razones que el señor Peralta ha expuesto ante la
Presidencia aún no ha podido retornar de su justificada ausencia,
podemos pasar a la defensa de la solicitud que en nombre de 82
diputados del Grupo Socialista defenderá el señor Fernández, don
Javier, para la creación -decía con anterioridad- de la comisión de
investigación solicitada también por el Grupo Mixto, con objeto de
analizar y evaluar la gestión realizada por el Ministerio de
Industria y Energía en relación con los programas de ayudas públicas
asociados al Plan de reestructuración de la minería del carbón
y desarrollo alternativo de las comarcas mineras y los planes y
programas de reindustrialización, desde la fecha de la toma de
posesión como ministro de Industria y Energía de don Josep Piqué i
Camps; los expedientes de privatización de empresas públicas
anteriormente
integradas en la SEPI cuya iniciativa o propuesta de decisión
haya correspondido a aquél; las iniciativas o propuestas formuladas
por el mismo en relación con Ercros, Fertiberia y las empresas
asociadas o participadas por éstas y con la liberalización del sector
eléctrico y, en especial, la relacionada con la OPA de Endesa sobre
Fecsa y Sevillana, así como los estudios y propuestas de dicho
Ministerio que han dado lugar al reconocimiento de ayudas
relacionadas con los costes de transición a la competencia a empresas
del sector eléctrico, por un importe de 1.3 billones de pesetas.
Tiene la palabra el señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, si el Grupo Socialista, en cuyo nombre me dirijo a ustedes,
ha planteado esta propuesta de creación de una comisión de
investigación es porque hay irregularidades, es porque hay
transgresiones y es porque hay indicios racionales de que esto no es
sólo un proceso atropellado y negligente de carácter administrativo
sino bastante más, tanto que está enturbiando y poniendo sombras en
toda la política de subvenciones del Ministerio de Industria. Esas
sombras, señorías, hay que despejarlas en aras a esa transparencia de
la vida pública y la acción política que ustedes tanto han utilizado
en su retórica en el último congreso triunfal que han celebrado.
Sin embargo, una vez más esa retórica y la práctica política parece
que van por caminos distintos y nos anuncian su oposición, además su
oposición contundente, a esa propuesta. Admito que se vayan a oponer,
es evidente, pero no que vayan a ser contundentes, porque ustedes,
señorías, no pueden serlo. No es contundencia recurrir al pasado,
utilizar esos adjetivos que ustedes usan de una manera muy solvente,
sino utilizar argumentos, y tendrían que ser argumentos bien
distintos a los que esgrimió el ministro en su comparecencia en la
Comisión que no hicieron sino incorporar más sombras y más opacidad
en los pocos rincones de luz que quedan en este turbio asunto.
Señorías, no pretendo ser contundente, quiero que los hechos hablen
por sí solos, porque lo son. Los hechos deben explicárselos a los
parlamentarios de este país. Hay una serie de cuestiones que no se
pueden dejar como se ha pretendido. Por ejemplo, en las relaciones
siempre complicadas, en el equilibrio que hay que tener entre el
Ministerio de Industria y la empresa que fue presidida por el actual
ministro, no se nos puede despachar en un tema como la
reestructuración de la deuda del ICO diciendo simplemente que la
Hacienda pública ha hecho un gran negocio porque ha ganado 1.100
millones a cambio de perdonar 7.400 millones. Hay que decir, señoría,
qué pasa con una empresa de ese grupo que se llama Erkimia, a la que
se le aprobó en 1997 un contrato de suministro de electricidad
irregular, cuando ya había sido sancionada por otro contrato también
fraudulento en 1994. Señorías,hay que explicar por qué al único
ayuntamiento que se
le adelantan las obras comprometidas en el Plan de la minería del año
1998 al año 2003, con un sistema de financiación muy peculiar, es
precisamente al Ayuntamiento afín, amigo, de Oviedo.
Tienen que explicarnos por qué se concentra el 25 por ciento de todos
los fondos de un determinado instrumento de reindustrialización,
destinado a zonas donde hubiera sector público estatal, precisamente
en la localidad de La Carolina, donde además no hay sector público,
sino que el sector público estatal es nuevo. El señor ministro se
columpió cuando habló de la empresa Santana y para más escarnio
resulta que las dos resoluciones que firmó eran irregulares, ya que
esos proyectos no habían sido sometidos a la necesaria concurrencia.
Tienen que explicarnos por qué se le dan a una empresa, en este caso
a Endesa, 1.700 millones que estaban destinados, y hay un acta de una
comisión interministerial, a ser aplicados a unas comarcas que están
castigadas por la reconversión minera, como es el caso de Andorra y
de Teruel.
Tienen que explicarnos por qué en la Dirección General de Minas se
acumulan los expedientes, se acumulan las resoluciones denegatorias
con sus expedientes y sin sus informes, porque nunca han sido
informados ni evaluados. Y hablo de decenas y decenas de
resoluciones, decenas y decenas de resoluciones negativas por falta
de recursos y que luego sí aparecen los recursos en el mismo
ejercicio, por ejemplo, para el señor Pérez Villar. No me digan que
no es una indecencia política, quito incluso el adjetivo político,
que se le dé una subvención a quien defraudó en el uso de las
subvenciones desde un cargo público. (Aplausos.) Pero más indecente
todavía, señorías, es excusarse en la aplicación estricta de la
legalidad, que no excluía las ayudas a un prevaricador, y luego
vulnerar y forzar esa legalidad porque resulta que al final también
es irregular la ayuda que se ha dado al proyecto del señor Pérez
Villar porque no ha estado sometida a la competencia. ¿Qué decir de
Torcidos Ibéricos? Pues que no tiene una irregularidad, sino dos y el
señor ministro no ha sido capaz o no ha querido darnos una
explicación, sino que ha dado por cerrado el asunto, aunque luego
haya dicho que volvería cuantas veces quisiéramos nosotros a
explicárnoslo. Pero si no ha explicado absolutamente nada y lo que ha
explicado ha quedado como yo les voy a decir, señorías, porque está
en el «Diario de Sesiones». Había un informe, como todos ustedes
saben, porque ha salido en los medios de comunicación, de la Oficina
de Compensación de la energia eléctrica en relación con un fraude en
las ayudas a una empresa minera concreta, ya que nunca estamos
hablando de bagatelas, sino siempre al menos de cientos de millones.
Pues bien, ese informe estuvo en las mesas ministeriales en 1996 y la
Administración no actuó y en 1997 hubo otro informe análogo por igual
cuantía y la pasividad fue la misma. ¿Y qué es lo que dijo el señor
ministro? Pues se lo voy a decir, porque quedó reflejado en el
«Diario de Sesiones»: Entonces
tenemos dos opciones -decía el señor ministro-, una, seguir con lo
mismo -se refiere a la legislación- e intentar perseguir las
irregularidades o hacer lo que hicimos, es decir, no perseguirlas.
Esto es, señorías, lo que hace el señor ministro es cambiar la
normativa, que puede hacerlo y lo hace en 1998, está en su derecho,
pero estaba en su obligación el cumplir y hacer cumplir esa misma
normativa mientras estuvo en vigor en 1996 y 1997 y no lo hizo. Y a
mí me gustaría saber lo que dirá el señor Aznar, tan serio él y tan
solemne cuando nos hablaba aquí de que todas estas ayudas estaban
sometidas al principio de legalidad, cuando vea en el «Diario de
Sesiones» cómo entiende el principio de legalidad el señor Piqué, que
solamente lo aplica cuando le gusta esa legalidad.
Estos son los hechos y ustedes no pueden desvirtuarlos en favor de
ninguna hipótesis, como que hay una caza del hombre. ¿Pero qué caza
del hombre? No nos atribuyan a nosotros aficiones cinegéticas que
nunca hemos tenido. En esos bancos no se sienta ninguna jauría ni son
esos diputados ni los que les precedieron los que han salido nunca a
la calle con una bolsa de basura buscando una vida que utilizar como
si fuera un vertedero. (Aplausos.) No es ahí donde ustedes van a
poder encontrar a esos aficionados, que los hay en la parte más
predatoria y más vil de la política. No, no hay ninguna caza del
hombre, lo que hay son irregularidades y díganme ustedes si detrás de
una irregularidad de una manera inexorable y fatal no tiene que haber
alguien. No conviertan esto en un discurso circular donde se dice que
no es legítimo que los socialistas, para hostigar al señor ministro,
buscan irregularidades, porque lo que no es legítimo y no puede serlo
nunca en absoluto es que la oposición, conociendo la existencia de
irregularidades, abdique de su responsabilidad de denunciarlas, que
es la única manera y el único arma que tenemos para abrirle camino a
la verdad, señorías, a no ser que a ustedes la verdad les produzca
desasosiego, les incomode. ¿Quieren la verdad? En ese caso tenemos
que ir a buscarla y, si no la buscamos, nunca la vamos a encontrar.
Hay que buscarla en el marco de una comisión de investigación,
señorías, un escrutinio político, minucioso, preciso, riguroso,
serio, con aportación de documentos. De ahí saldrá la verdad, no la
verdad redonda, la suya o la mía, sino la verdad matizada, con rodeos
y con matices, pero no quieren.
En definitiva, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la
neutralidad política de la Administración. La Administración está
subordinada al poder político, el precepto constitucional establece
que debe de actuar de manera neutral desde el punto de vista
político. ¿Quién puede decir aquí, señorías, que ha sido neutral la
actuación de la Administración en relación con Ercros? ¿Podemos decir
sin sonrojarnos que ha sido neutral la acción administrativa en
relación con el conjunto de los ayuntamientos que podían haber
recibido ayudas respecto al ayuntamiento de don Ramón o el de don
Gabino? ¿Ha sido neutral y ha sido equitativa la
acción administrativa en el trato que se ha dado a la comarca minera
de Andorra, en Teruel, o al de una empresa cuyo presidente fue
designado por este Gobierno y salió de esos bancos? No ha habido esa
neutralidad, señorías. Por tanto, hay que investigarla en el marco de
esas comisiones que ustedes, cuando estaban en la oposición, pedían
para todo lo que se moviera y aunque fuera sólo un tercio de los
diputados el que quisiera que se formara. Eso es lo que hay que
hacer.
No retomo el pasado, no quiero ir ahora a su pasado (Rumores.). No
quiero porque puedo hablar de su presente. Vayamos a su último
congreso triunfal: ponencia cuarta, página 10. En ella se habla de
que es necesario separar la justicia y la política. En la página 30:
hay que potenciar la acción del Parlamento y el control del Gobierno.
Cúmplanlo. El control del Gobierno ya se sabe cómo se hace; en este
caso, con una comisión de investigación. Les explico la separación
entre lo político y lo judicial. Si ustedes cierran ahora la puerta
política, ¿qué salida tenemos? Si cerramos todas las puertas, con lo
que nos vamos a encontrar es que la verdad se va a quedar fuera y
nosotros, los socialistas, no vamos a dejar la verdad fuera.
Tendremos que abrir la puerta de la justicia y entonces ustedes dirán
que estamos judicializando la política. Eso es lo que van a decir. ¿Y
por qué vamos a hacer eso, señorías? Al final, todo esto es
absolutamente inútil porque lo que pueden conseguir ahora es evitar
que se abra la puerta de la comisión Piqué, pero lo que no van a
poder conseguir es cerrar el caso Piqué. Eso no lo van a poder
conseguir ustedes por mucho que lo intenten, porque son demasiadas
cosas las que están encima de la mesa.
El señor ministro dice -y se recoge en el «Diario de Sesiones»- que
cuando no le gusta el ordenamiento jurídico no lo aplica. ¿Recuerdan
una comisión de investigación que se planteó en esta legislatura
desde el rencor y con carácter retroactivo que hacía referencia
a unas presuntas actas tributarias que se estaban dejando prescribir
por la inacción administrativa? El señor ministro no ha actuado. No
se trata en este caso de ninguna presunción, sino que tenía un
informe en el que le decían que efectivamente había un fraude:
informe oficial de la Oficina de la Compensación de la Energía
Eléctrica. Sin embargo, no actuó. ¿No es eso un motivo para crear una
comisión de investigación? Si me lo ponen de otra manera, el señor
Rato, que tantas veces ha manifestado que no le gustaba la regulación
anterior del impuesto sobre la renta de las personas físicas y que
promovió un cambio y lo consiguió, durante tres años, según esa
teoría, no tenía que haber perseguido el fraude ni la evasión fiscal.
(Un señor diputado: No lo hizo.) Es posible que no lo haya hecho,
pero no le voy a largar yo esa imputación al señor ministro.
Por tanto, señorías, insisto, es inútil porque, en definitiva, lo
único que van a conseguir es tener abierto el caso Piqué durante más
tiempo.
Nada más y muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández.
Como les anticipaba, por ausencia que había justificado debidamente
ante la Presidencia, el señor Peralta no pudo utilizar su turno
dentro del Grupo Mixto, que avala también la creación de la comisión
a debate. Puede utilizarlo ahora, señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Muchas gracias, señor presidente, por este
turno extemporáneo que me concede para explicar, en nombre de Nueva
Izquierda, las razones por las que hemos apoyado la petición de
creación de esa comisión de investigación.
Conocen ustedes perfectamente que a mediados del año 1997 se alcanza
un acuerdo entre el Gobierno y los dos sindicatos más
representativos, Comisiones Obreras y UGT, para un plan de
reconversión de la industria minera. Plan que preveía un volumen
importante de fondos públicos por importe de varios cientos de miles
de millones de pesetas. Señorías, ese plan preveía la creación de un
instituto con participación de los agentes sociales, de los
ayuntamientos, de las distintas administraciones con el objetivo, de
común acuerdo entre todas ellas, de establecer los criterios de
reparto y de adjudicación de esos fondos públicos tan importantes.
Hasta mucho tiempo después de la firma del acuerdo, exactamente hasta
finales del año 1998, no se constituye el citado instituto. Y durante
ese tiempo se ha procedido por parte de la Administración a adjudicar
un volumen muy importante correspondiente a varias anualidades de los
fondos públicos comprometidos al citado plan.
Lógicamente no se conocen con precisión los criterios por los que se
ha procedido a la adjudicación de esos volúmenes importantes de
fondos públicos. Hemos tenido ocasión a través de los medios de
comunicación de conocer referencias de supuestos concretos en los que
resultan más que discutibles los criterios empleados, en ocasiones
por contradicciones entre ellos. Se han concedido ayudas en
determinados casos que en otros se negaban, en otros supuestos se han
concedido ayudas a personas íntimamente ligadas al partido en el
Gobierno e incluso en algunos casos a personas que como consecuencia
de sus actividades anteriores en determinados ámbitos de Gobierno
habían sido condenados por sentencias firmes de los tribunales.
Han sido tantos esos supuestos que en la última comparecencia el
señor Piqué tuvo que reconocer que se habían podido producir algunas
irregularidades. Señorías, en esta situación la única conclusión
razonable y lógica y la única conclusión eficaz desde el punto de
vista parlamentario es la creación de una comisión de investigación
que permita establecer con claridad cómo se han gestionado esos
fondos públicos y que permita despejar las dudas o depurar, en su
caso, las
responsabilidades de esas irregularidades que el propio ministro
reconoce que se han podido producir.
Cualquier otra solución es ineficaz desde el punto de vista
parlamentario, es contraproducente desde el punto de vista político y
sólo va a servir, y es evidente a tenor del debate que se lleva en
esta Cámara, para que sigamos hablando durante las próximas semanas y
durante los próximos meses de cuál ha sido la gestión del Ministerio
de Industria. Parece más lógico que esta Cámara aborde este problema
hoy y le dé una solución por el cauce instrumental previsto
reglamentariamente, que es la comisión de investigación.
Estas son las razones por las que Nueva Izquierda va a apoyar esta
petición.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Peralta.
Consumidos los turnos a favor de las solicitudes de creación de la
comisión, ¿algún grupo parlamentario desea consumir un turno en
contra? (Pausa.-Rumores.)
Perdonen, señorías, no hagan alusiones a ausentes. ¿Grupos que desean
fijar su posición? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor González de Txabarri por el Grupo
Parlamentario Vasco.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor presidente.
En la comparecencia que se celebró en la Comisión de Industria, en
sesión extraordinaria, solicitábamos del ministro de Industria cierta
dosis de autocrítica en el análisis de las políticas de subvención en
el desarrollo del plan de ayudas a la reactivación de las comarcas
mineras y la cancelación, por rescate, de las ayudas concedidas a
Ercros. Subrayaba este diputado en aquella comparecencia que la
perfección no existe, y menos en políticas subvencionales, donde el
límite entre la discrecionalidad y la arbitrariedad es tan escaso,
pero la autocrítica no se produjo.
El ministro optó por poner a disposición de los grupos parlamentarios
detallada información referente a los dos temas en cuestión, dando
por válidas todas y cada una de las actuaciones desarrolladas en la
gestión del Ministerio de Industria y Energía.
Desde el Grupo Parlamentario Vasco se insistió en la necesidad de
analizar críticamente, en primer lugar, la política de ayudas a la
reactivación industrial, llegando a calificar, con los datos de que
dispone este grupo parlamentario, de zona objetivo super-1 la
conocida por La Carolina. Este grupo parlamentario ha realizado
ingentes y constantes esfuerzos para que zonas en procesos de
reindustrialización, como la margen izquierda del Nervión o la bahía
de Pasaia conocieran situaciones similares a las que ahora estamos
analizando, entendiendo que los parámetros sociológicos, objetivos e
industriales instaban a la consideración de dichas comarcas vascas
como zonas objetivo-1. Aunque es justo reconocer que se han producido
avances sustanciales en la consideración dada por el Ministerio de
Industria y Energía a los programas presentados por las instituciones
vascas, justo es también
admitir que los parámetros de actuación distan leguas de los que en
las últimas fechas se están conociendo con más detalle, referidos,
por ejemplo, a La Carolina.
Las sombras que planean una y otra vez sobre KIO y Ercros deben
también ser despejadas, en nuestra opinión, en sede parlamentaria. La
calificación de buen negocio que otorgó el ministro Piqué a la
condonación por parte del Gobierno de 7.400 millones a Ercros, en la
Comisión de Industria y Energía, necesita del suficiente contraste
para que este grupo parlamentario pueda formarse una opinión fundada.
El propio ministro sostuvo, en dicha Comisión de Industria y Energía,
que no tenía inconveniente para que el Parlamento investigara las
ayudas a la empresa Ercros, que él presidió antes de su nombramiento
como ministro de este Gobierno, y ahora es la hora de la verdad.
Esperemos que el ministro y el Ministerio no se escuden en la
negativa del Grupo Parlamentario Popular para echar tierra a un tema
multimillonario donde quizá no se hayan guardado las suficientes
distancias entre su actividad industrial anterior y su posterior
nombramiento como ministro del Gobierno, máxime cuando algunas de las
actuaciones del Gobierno que favorecen a Ercros datan de junio de
1998, siendo el señor Piqué ministro competente en la materia.
Si en este momento estuviera aprobada -que debiera- la reforma del
Reglamento del Congreso, señor presidente, la constitución de esta
comisión de investigación solicitada por tres grupos parlamentarios
sería un hecho. Desde el Grupo Parlamentario Popular se ha venido
vendiendo la reforma de este artículo del Reglamento como una de las
principales novedades de regeneración de la vida parlamentaria y, en
nuestra opinión, no resulta razonable que a la primera de cambio, la
primera vez que formalmente se produce esta situación en sede
parlamentaria, demos portazo a la iniciativa. Si de lo que se trata
es de actualizar las formas de los controles que el Gobierno debe
conocer en el Parlamento, no volvamos a las andadas obstaculizando
desde el grupo mayoritario la constitución de una comisión de
investigación que haga luz sobre los destinos de importantes recursos
presupuestarios.
Manifestamos en la Comisión de Industria y Energía que el Grupo
Parlamentario Vasco no era partidario de la cacería política, y lo
reiteramos hoy aquí. Es cierto que, desde el nombramiento del señor
Piqué como portavoz del Gobierno, asiste, desconcertado, a
programadas actuaciones de caza mayor. A la vista está, señorías, que
en política no es lo mismo ser ministro del ramo que ministro
portavoz. Lo que al Grupo Parlamentario Vasco le resulta
desconcertante, señor presidente, es que el presunto cazado se lance
a desenfrenada cacería precisamente desde sus tribunas de portavoz
del Gobierno y que cargue, además, sus baterías contra un partido y
un grupo parlamentario, como el Grupo Parlamentario Vasco, que ha
trabajado leal y constantemente en la consecución de objetivos
compartidos con el Ministerio de Industria y Energía. Sostener, por
ejemplo, el domingo pasado, en público y en su calidad de portavoz
del Gobierno popular, que el PNV ha asumido los
objetivos políticos de HB y de ETA reviste, señorías, una inusual
gravedad, propia de un ministro que está a la deriva, que ha
abandonado sus quehaceres en el Ministerio de Industria y Energía y
centra todos sus esfuerzos en la agitación y la propaganda. En
nuestra opinión, señor presidente, el ministro Piqué huye y huye de
su pasado en frenética carrera, huyendo hacia delante, y no ha
encontrado mejor forma de hacer méritos en su nuevo partido que
satanizar los nacionalismos democráticos. Debe ser, señor presidente,
la fe del converso.
Entendemos que debiera ser el propio señor Piqué el primer interesado
en disipar cuantas dudas se han planteado sobre su gestión en el
Ministerio de Industria. Si está tan seguro y convencido de sus
actuaciones, como sostuvo en la comparecencia desarrollada en la
Comisión de Industria y Energía, el propio ministro debiera de estar
en condición de convencer a su propio grupo parlamentario sobre la
bondad de esta propuesta.
Lo que en política no puede ser, señor presidente, es estar en misa y
repicando o sentado en un queso queriendo comer de otro queso. Se nos
predica la regeneración a bombo y platillo cuando aquí seguimos en
las mismas, viendo el polvo exclusivamente en ojos ajenos. Se afirma
con rotundidad que el Partido Popular se sitúa a la izquierda de la
Democracia Cristiana alemana, mientras que se sigue con
comportamientos caciquiles como los que exhibe, deshinibidamente por
cierto, sin vergüenza ni reparo alguno, don Ramón, el conseguidor
alcalde de La Carolina.
Esta Cámara tiene que ser capaz de conformar comisiones de
investigación serias y rigurosas que atiendan, con el debido respeto
a las personas y a las instituciones, el objeto de investigación que
el Pleno les encarga, dictaminando con rigor y honestidad, sin
participar en una tenebrosa caza de brujas. En esta actitud y desde
este convencimiento, el Grupo Parlamentario Vasco va a apoyar la
constitución de la comisión de investigación que tres grupos
parlamentarios proponen hoy al Pleno de esta Cámara.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González de Txabarri.
Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra su portavoz don
Josep López de Lerma.
El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Señor presidente, señorías, nos
convocan o nos provocan este debate de creación de una comisión de
investigación sendas propuestas suscritas por los grupos Mixto,
Izquierda Unida y Socialista, que intentan abarcar en su objeto
prácticamente todo lo actuado en el Ministerio de Industria y
Energía, desde el mismo momento en que aparece en el Boletín Oficial
del Estado el nombramiento del señor Piqué i Camps como titular del
mismo. (La señora García Manzanares: Claro.) Claro, es lo que dice el
objeto. (Rumores.)
Siendo la comisión de investigación parlamentaria, como saben SS.SS.,
el instrumento máximo de control
político sobre el quehacer gubernamental, diríase -a tenor de lo que
se ha escrito, a tenor de lo que se ha dicho- que la carencia de esta
Cámara sobre la gestión del citado Ministerio es absoluta y total,
cuando lo cierto es que, tanto aquí como en el propio Senado, se ha
practicado lo que yo considero un saludable seguimiento, que nos
lleva a decir que nada de lo que se ha dicho hoy -lo sustantivo, por
supuesto, lo nuclear- es novedoso, sino insistente reiteración de lo
ya tratado. Y ya se sabe que repetir lo expuesto está lejos de lo
inteligente; eso lo sabe todo el mundo.
En frase de Neruda -que seguro les gustará-, la verdad es que no hay
otra verdad. ¿Qué hay entonces? Sentimos decirlo pues, naturalmente,
tiene carga subjetiva y, por lo tanto, polémica en la misma
afirmación, pero no halla nuestro grupo, no hallamos nosotros en
estas propuestas de investigación parlamentaria más que deseo de
erosión del adversario. Es lo que vemos, es lo que observamos.
(Rumores.) Sí, sí, lo digo. (Continúan los rumores.)
El señor PRESIDENTE: Por favor, señorías.
El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Y digo además que puede ser
legítimo, depende del parecer de cada uno, depende del concepto de
legitimidad. (Rumores.) ¡Claro que sí! Pero nos sentimos en la
obligación de recordar que la práctica política debe contar con dos
imprescindibles apoyos: la autoridad moral y la eficacia. Y no
observamos autoridad en la insinuación, que es lo que se ha producido
y se viene produciendo, ni, menos, eficacia en el mecanismo
parlamentario escogido, por mucha libertad que haya habido en su
elección. (Rumores y protestas.) No se molesten; tranquilos. ¿Qué
observamos entonces? Pues observamos sólo la oportunidad de poner de
manifiesto que, por muy instrumentalizada que uno se imagine la
práctica política, siempre puede serlo todavía más. Pues, lamentable.
¿Puede haber en la gestión del Ministerio de Industria y Energía
insuficiencias, carencias y hasta impericias? (Rumores.) Puede
haberlas. ¿Pueden hallarse errores, desaciertos y fallos? (Rumores.)
Pueden encontrarse. ¿Puede haberse pisoteado la legalidad vigente
burlando los controles internos y actuando de manera opuesta al
principio de legalidad? (Varios señores diputados: Sí, sí.) Pues no
lo parece ni lo han demostrado. (Rumores y protestas.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a guardar respeto al orador.
(Fuertes rumores.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no
se perciben.)
Señor Cuesta.
El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
La insistencia en la insinuación no convierte a ésta en una realidad
tangible, sino que más bien pone de manifiesto la frustración de la
ignorancia propia y
subraya que lo deseable no es siempre, afortunadamente, lo verídico.
(Un señor diputado: ¡Muy bien!) La insinuación, en el fondo, es pura
debilidad argumental y conceptual, es impotencia política, pero
habitualmente lesiona al adversario, al crear incertidumbre respecto
de su conducta, que quizás es lo que se desea. (Rumores.) Mala cosa
para quienes creemos en el verbo construir, aplicado a la acción
política, y rechazamos el término derribar como metodología de
alternancia.
Uno entiende, señor presidente, que el gobierno de toda sociedad sólo
puede alcanzarse por la acción de quien lo desea y no por la
contemplación pasiva de quien lo ejerce, pero debería recordarse
-todos deberíamos recordarlo, todos, nosotros también- que una de las
mayores virtudes de la política es la oportunidad, entendida como
mezcla de reflexión, de previsión y de serenidad. No hallo nada de
ello en estas iniciativas que debatimos. Siento decirlo, porque el
descrédito puede alcanzarnos a todos (Rumores.), a todos, al ser la
política algo noble, que no se merece entuertos de esta naturaleza.
Y pregunto: ¿Ha habido, como se ha afirmado esta tarde, o a lo largo
de tantos días, o en los medios de comunicación, irregularidades? ¿Ha
habido amiguismo? ¿Ha habido arbitrariedades? ¿Ha habido decisiones
insolventes y falta de ética personal o política? (Rumores.) Parece,
por el coro, que para ustedes sí. Pero disponiendo de la información
ofrecida aquí por su portavoz y cotejándola con la legalidad vigente,
nosotros debemos concluir que no. Es cierto que aparecen mezcladas
luces y sombras, es cierto que surgen cuestiones que individualmente
tratadas, analizadas en concreto, instan a la duda razonable y es
cierto que algún nubarrón viene acompañando la gestión del señor
Piqué. Y es cierto que, como tiene dicho Antonio Gala -les gustará su
cita- respecto de los gobernantes, el pavo real debe plegar
oportunamente su cola o, dicho de otra manera, administrar con
prudencia y con humildad la sonrisa del elegido por más inherente que
sea a su personalidad o a su rentabilidad mediática.
Pero las comisiones de investigación parlamentaria ni pueden nacer
como el resultado de heridas no cicatrizadas ni pueden ser impulsadas
por las apariencias ni pueden tener como finalidad primera destrozar
honorabilidades o socavar credibilidades, y he conocido hasta siete
comisiones de investigación, señorías. Yo no acuso a nadie, no me
atrevo ni soy quien para hacerlo, pero tampoco deseo proteger o
defender a nadie, no es mi tarea. Pero me permito recordar a unos que
la censura suele ser la herramienta de aquellos que necesitan
esconder su atribulada realidad interna, y avisar a otros de que el
adversario es quien habitualmente confiesa nuestros pecados porque la
soberbia del poder impide practicar la contrición. (Rumores.) Parece
que incluso les gusta.
En definitiva, señor presidente, nuestro grupo parlamentario no
encuentra motivos razonables para apoyar estas propuestas de creación
de una comisión de investigación parlamentaria al objeto de analizar
y evaluar la gestión del Ministerio de Industria y Energía y, en su
caso, como se dice concretamente en la propuesta
socialista, dirimir responsabilidades políticas. (Rumores.) Pero ello
no es obstáculo para recordar respetuosamente, en concreto al señor
ministro, lamentablemente ausente, que en democracia intentar viajar
de incógnito tiene sus inconvenientes, estar ausente no exime de
obligaciones y sobre todo que el ejercicio del Gobierno debe hacer
posible que parecer y ser puedan identificarse como sinónimos.
Sentimos decirlo, señorías, pero el señor Piqué i Camps no ha
conseguido esto último. No es pecado en el ámbito de lo moral, pero
sí es falta en el terreno de lo político. Este asunto es el déficit
del señor ministro y algo deberá hacer para tratar de enjugarlo.
(Rumores.)
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López de Lerma.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Javier Peón.
Ruego a SS.SS., y de manera particularizada a los miembros del Grupo
Socialista, que muestren hacia los portavoces la misma actitud de
respeto que se ha mostrado por el resto de la Cámara hacia el
portavoz de su grupo, mientras ello sea posible. El presidente se
encargará, en caso contrario, de aplicar con mayor energía el
reglamento.
Adelante, señor Peón.
El señor PEÓN TORRE: Gracias, señor presidente.
Señorías, uno tiene la sensación al subir a la tribuna para
intervenir en nombre de nuestro grupo, de que va a servir de poco lo
que podamos argumentar o contrarrestar respecto a lo que se puede
haber dicho por parte de algunos de los grupos proponentes, porque a
veces se plantean una serie de afirmaciones y se reiteran en el
tiempo. Se trata, por parte del ministro correspondiente, en este
caso el ministro de Industria, de dar explicaciones, supuesta la
buena fe de los grupos interpelantes, sobre las dudas que tienen en
cuanto a determinadas informaciones. Todos los diputados de esta
Cámara emplean horas y horas -en concreto, la última ocasión la
tuvieron los diputados de la Comisión de Industria- en comprobar,
replicar, contraargumentar esas explicaciones del ministro, y pasados
todos estos trámites se viene a este Pleno de la Cámara para, en diez
minutos, volver a plantear los mismos supuestos interrogantes sin
contestación que ya han sido respondidos durante horas en
intervenciones parlamentarias hace menos de dos semanas y se deja la
sensación de que hay sombras y dudas sin aclarar.
Señorías, algún otro portavoz que me ha precedido en el uso de la
palabra ya se ha referido a cómo se puede catalogar ese tipo de
actividad o de ejercicio parlamentario. No voy a insistir en ese tipo
de abundamientos argumentales porque, al margen de coincidir
absolutamente con ellos, señorías, nos gustaría quedarnos con lo que
se ha dicho por parte de algún grupo, y es que hagamos un debate con
cierto rigor.
Señorías, nada nuevo en cuanto a los casos concretos que se han
citado como supuestos sospechosos de irregularidades. Sin embargo, al
margen de los supuestos
casos concretos, que me parece que son tres o cuatro, quizá estamos
desconociendo en este debate el contenido propio de la comisión de
investigación que están solicitando los grupos interpelantes. Me he
tomado la molestia de ir deslindando cada uno de los apartados en los
que se pide la investigación, tanto de la iniciativa del Partido
Socialista como la de Izquierda Unida, y les puedo asegurar que en
ninguno de esos apartados he encontrado petición de análisis de la
gestión de la Administración con ocasión de la quiebra y suspensión
de pagos del grupo KIO o del grupo Ercros; en ningún caso, señorías.
Aquí se han citado hechos y actuaciones que tienen que ver con esos
supuestos, con lo que fue la quiebra del grupo Ercros y con lo que
fue la presencia de un Gobierno extranjero, grupo KIO, en todo un
sector concreto en nuestro país que además tenía carácter
estratégico, como era el de fertilizantes. Señorías, el portavoz
socialista en la propia Comisión de Industria explícitamente dijo que
esa cuestión no era de interés por parte de su grupo. No entendemos
como ahora, en el Pleno, se da a entender lo contrario por parte del
portavoz de Izquierda Unida y se hace alguna insinuación por parte
del portavoz socialista sobre que hay que investigar no se sabe qué
actuaciones del actual ministro cuando era gestor privado de un
grupo, cuando el responsable político de lo que se hizo en ese plan
de reconversión era el anterior Gobierno socialista. Eso es confundir
a la opinión pública, señorías, eso es sorprender a la buena fe de la
opinión pública. No se pide en ninguna interpelación que se
investigue esa gestión.
Por tanto, señorías, haciendo un esfuerzo de rigor, vamos a ir
aclarando lo que se pide que se investigue con esta comisión de
investigación. Y decimos que se pide que se investigue, no que se
pide información, porque ésta se ha dado con carácter exhaustivo no
sólo en la última reunión de la Comisión en la que compareció el
ministro, el pasado día 19, sino en múltiples intervenciones
parlamentarias que datan del año 1996, como en el Plan del carbón, en
el tema de las ayudas a la reconversión y en otro tipo de cuestiones
que también se citan en la interpelación, como son los CTC, etcétera.
Señorías, voy a ir a los casos concretos, aunque comprenderán que
puede quedar la sensación de que en diez minutos no se contesta a lo
que, insisto, se ha contestado durante horas de debate parlamentario
por el propio ministro. Voy a hacer una breve exposición de algunas
sombras de dudas que se ponen aquí como demostrativas de todo el
conjunto de ayudas públicas, más de 300.000 millones, más de 8.000
solicitudes de subvenciones, más de 1.800 subvenciones aprobadas.
Todo ello, señorías, es puesto en cuestión, todo está absolutamente
falto de neutralidad porque hay tres casos que se citan como
supuestamente irregulares. Vamos a analizar los tres casos e,
insisto, a repetir lo que ya se ha dicho hasta la saciedad.
Respecto al caso de Uría Motor, se dice que hay prevaricación o una
concesión ilegal a una persona que
había sido condenada por prevaricación, que estaba inhabilitada para
ejercer cargo público. Afortunadamente, se ha reconocido hoy en el
Pleno que puede ser legal, pero que no es ético. Podemos estar de
acuerdo en que no es ético. Entonces, cambiemos la legislación,
aunque ustedes también han tenido oportunidad de cambiarla, igual que
nosotros, con proposiciones de ley. La legalidad es la que es, hay
que cumplirla, señor Santiso y, de hecho, el Ministerio, consciente
de lo delicado de la situación respecto a esta subvención, pidió un
informe específico a la Abogacía del Estado. El informe de la
Abogacía del Estado dijo que no había ningún motivo para no conceder
esa subvención. Entonces, ¿qué piden al Gobierno? ¿Qué piden al
ministro de Industria? ¿Que incumpla la ley porque no es ético, en
función de unos criterios éticos que nosotros podemos compartir? La
legislación es la que es y, por tanto, hay que cumplirla. Señorías,
nosotros creemos que el Gobierno y el ministro de Industria hicieron
lo correcto.
Pero si vamos al sentido último de esa ayuda, que es la creación de
empleo, la consideración de un proyecto industrial, fíjense lo que se
ha llegado a decir. Se ha llegado a decir que era una ayuda para un
concesionario de automóviles, para una inversión de 500 millones
y una subvención del orden del 20 por ciento. En la Comisión de
Industria el ministro ha dicho hasta la saciedad que no es cierto,
que es un taller de reparación de automóviles. Es cierto que había un
conjunto del proyecto que abarcaba el concesionario y la reparación
de automóviles, el taller industrial, y precisamente por ello, la
parte de actividad que se correspondía con el concesionario de
automóviles quedó exenta de cualquier tipo de subvención, totalmente
al margen de cualquier tipo de subvención. ¿Por qué no lo dicen? ¿Por
qué no dicen eso, que es la verdad? ¿Por qué no son rigurosos en la
exposición de los hechos que se corresponden con la realidad?
Además, señorías, en el caso Uría Motor hay más cosas que no dicen
pero que sí conocen, porque se han dicho ya en otras sedes
parlamentarias. Por ejemplo, que es imposible determinar que exista
trato de favor porque, en concreto, de la parte industrial del
proyecto, que eran 168 millones de pesetas de inversión del
empresario, con una subvención de 47 millones de pesetas, se crearon
31 empleos, es decir, 1,5 millones por trabajador. Señorías, la
cantidad media empleada en crear un puesto de trabajo en todas las
comunidades autónomas de nuestro país es de 2 a 6 millones de
pesetas. Fíjese qué trato de favor.
Pero vamos a un caso más concreto todavía. Entre los proyectos de
subvención aprobados por este Ministerio hay 14 proyectos más de
talleres de reparación de automóviles, y de esos 14 proyectos, el de
Uría Motor suponía la mitad de los puestos de trabajo que se creaban.
¿Ustedes creen que este Gobierno, en su objetivo de crear empleo,
puede permitirse el lujo de rechazar un proyecto de esta naturaleza,
donde la creación de empleo supone la mitad de este tipo de proyectos
de reparación de automóviles,
porque alguien dice que no es ético aunque es legal? Cambien la
legislación si lo consideran oportuno, pero no se acuse de
irregularidad al Ministerio y, sobre todo, no se acuse de trato de
favor cuando estos datos los conocen porque con reiteración han sido
expuestos en la Comisión de Industria por el propio ministro.
Hay otro dato más, señorías, aunque es prácticamente imposible
contestar con este detalle y con este rigor en diez minutos, cuando
todo esto se ha dicho durante horas y horas de debate parlamentario.
Se ha citado otro caso concreto como supuesto alarde de demostración
de que todo el proceso de subvenciones, 300.000 millones, está
sometido a duda y cuestión. Señorías, se dice que Torcidos Ibéricos
es ilegal, se dice que supone una irregularidad o una falta de
neutralidad. Pero, ¿por qué? Dénnos datos concretos que apoyen esa
afirmación.
En la última reunión de la Comisión de Industria se aclaró con toda
claridad, valga la redundancia, que esta orden que aplicó el
Ministerio para subvencionar a algunos municipios la aprobaron
ustedes, el Gobierno socialista; era posible dar subvenciones a
municipios que, sin pertenecer específicamente a comarcas mineras,
empleaban trabajadores que venían de reconversiones del sector
minero. Era posible hacerlo y se ha hecho, señorías. ¿Qué
irregularidad hay ahí?
Pero vamos al fondo de la cuestión. ¿Cuántos puestos de trabajo se
creaban con este proyecto de Torcidos Ibéricos? Se creaban 60 puestos
de trabajo. La subvención -quiero ir a los datos concretos- suponía
que del conjunto de proyectos del Ministerio, en cuanto a creación de
puestos de trabajo, sólo había nueve proyectos más que superaban los
60 empleos. El Gobierno da luz verde al noveno proyecto en cuanto a
creación de empleo, acuerda la concesión de las ayudas con arreglo a
una normativa que ustedes mismos aprobaron y se dice que eso es una
irregularidad. Es que no vemos donde está el rigor, sinceramente no
lo vemos.
Señorías, otro dato concreto: La Carolina. Se ha dicho que también se
ha dado un trato de favor a La Carolina porque había aglutinado el 24
por ciento de las ayudas a la reconversión. Señorías, esto es de
nuevo no decir la verdad que ya conocen. Es un 4 por ciento de las
ayudas. Fíjense si hay justificación para ayudar a la reconversión
a La Carolina que la propia Junta de Andalucía lo contempla como
municipio preferente para actuaciones de reindustrialización, el
llamado eje de actuación de la N-IV. Luego éste es el primer
reconocimiento de que es un municipio que entra dentro de lo que
son...
El señor PRESIDENTE: Señor Peón, vaya concluyendo.
El señor PEÓN TORRE: Voy terminando, señor presidente. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, ¡silencio!
El señor PEÓN TORRE: Pero es que, además, señorías, no dicen que el
municipio de La Carolina tenía un nivel de desempleo del 50 por
ciento y que en los últimos
años había descendido su población de 20.000 a 12.000 habitantes. No
dicen, señorías, que esas subvenciones que se han dado en el
Ayuntamiento de La Carolina han supuesto la creación de 1.100 nuevos
empleos. No dicen, señorías, que esos proyectos de
reindustrialización desarrollados en el municipio de La Carolina se
han desarrollado también en municipios de toda España creando puestos
de trabajo. Y no dicen, señorías, que las supuestas discriminaciones
hacia otros ayuntamientos limítrofes se debían, en base a una
argumentación técnica que elaboró el propio Ministerio, a que se
presentaban fundamentalmente actuaciones de carácter plurianual,
cuando en los planes del Ministerio y en la propia Ley General
Presupuestaria se determinaba que esas ayudas debían ser para
cumplimiento en un solo ejercicio. No falten a la verdad, señorías, y
den toda la información que tienen en su poder y mucha otra que no
puedo citar por falta de tiempo, pero que ustedes conocen porque
consta en las intervenciones del ministro.
Señorías, voy terminando. Se citaba también, y desgraciadamente no me
da tiempo a abordarlo todo, que el Ayuntamiento de Gijón...
El señor PRESIDENTE: No, señor Peón, lamentablemente. Le ruego que
concluya.
El señor PEÓN TORRE: Voy terminando, señor presidente.
En el Ayuntamiento de Gijón se dice que hay una intervención ya en la
vía judicial, suponiendo unas irregularidades en las ayudas, y se da
como gran argumento que no se habían terminado los plazos de
presentación de solicitudes. Es lo que se hace en todas las
administraciones públicas porque, si se esperara a agotar el plazo de
presentación de solicitudes, sería imposible materialmente llevarlas
a la práctica -estamos hablando del tercer trimestre del año-. Según
se van presentando, la comisión se va reuniendo, con participación de
los sindicatos, señorías, en todos los planes del carbón, en todas
las ayudas a las comarcas en reindustrialización, y se van aceptando
nuevas solicitudes, y ustedes lo saben.
Termino ya, señor presidente, con una breve referencia al porqué de
nuestra negativa, que no es una negativa gratuita, a la solicitud de
creación de esta comisión de investigación, al margen del fondo de
que realmente no hay hechos objetivos que nos permitan suponer nada
nuevo ni ninguna actuación que nos haga suponer que no ha sido
contestada adecuadamente en vía parlamentaria en la última reunión de
la Comisión y en otras intervenciones que se han producido. Señorías,
se está pidiendo, nada más y nada menos, que se investiguen todas las
ayudas públicas, que se investigue todo el sector de privatizaciones,
que se investiguen cuantiosísimos volúmenes, desde el punto de vista
cuantitativo y de implicación de empresas, 8.000 proyectos, y sólo
por tres casos concretos que hemos dicho que no tienen ninguna
sustancia. Pero, señorías, les aseguro que, si se crea una comisión
de investigación por tres casos concretos y nos dedicamos a matar
moscas a cañonazos, los perjuicios se
van a derivar para todas esas empresas públicas y privadas que han
estado sometidas a procesos de reconversión. Tenemos un ejemplo muy
concreto: el caso Ercros. Se alega la condonación de un crédito, que
no es tal condonación, señorías, y se ha explicado, es reformular un
crédito en unas condiciones que eran absolutamente negativas para la
Administración, de manera que la Hacienda pública cobra la totalidad
de lo que se debía por parte de Ercros, la Seguridad Social cobra la
totalidad de lo que le debía Ercros y el Ministerio de Industria,
mejor dicho, el ICO, cobra 1.800 millones. No es una condonación. Es
una renegociación de un préstamo y, por cierto, Van Miert ya ha dicho
que no encuentra irregularidad alguna en ese tipo de operación. Sin
embargo, señorías, y aquí venía el ejemplo con el que quiero terminar
mi intervención, el señor Van Miert... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, incluido el señor
Peón que ha de concluir inmediatamente.
El señor PEÓN TORRE: Señor presidente, concluyo inmediatamente.
El señor Van Miert ha dicho, aunque a ustedes les haga gracia, que,
aunque la actuación del Gobierno ha sido correcta, lo que quizá hay
que averiguar es si fue correcta la concesión del préstamo que hizo
la Administración anterior. (Rumores.) Eso es lo que ha dicho el
señor Van Miert, y ustedes están orgullosos de que el señor Van
Miert, como una especie de primo de zumosol del Grupo Socialista, se
interese por las ayudas públicas a las empresas públicas españolas
que crean empleo español, que crean riqueza en España, para que de
esa manera las empresas francesas, belgas e italianas se rían a
carcajadas de lo que hace nuestra oposición en este país respecto de
las ayudas a nuestras empresas. (Aplausos.) Eso es lo lamentable,
señorías, y por eso no vamos a caer en esa estrategia irresponsable.
Termino, señorías, señor presidente, con unas palabras que no son
mías, son las palabras que el presidente de la Comisión de Industria,
Energía y Turismo de esta Cámara pronunciaba precisamente el día que
dejaba su cargo, que abandonaba la política para dedicarse a otros
menesteres -y le deseamos todo tipo de suerte-, con esa libertad que
da el sentirse ya liberado de las servidumbres y de las
responsabilidades que impone a veces estar en la política y que no
permiten decir con absoluta franqueza lo que uno piensa. Dijo lo
siguiente: El mundo de la política es muy duro -se refería a una
intervención del portavoz socialista en la que le hacía ver al señor
Piqué la dureza de la política-, pero no todo vale en el mundo de la
política. Cuando se hacen acusaciones hay que saber ser consecuente
con ellas, y acto seguido hay que actuar consecuentemente. Si se
hacen denuncias, que es legítimo hacerlas en el ámbito de la
política, hay que tener muy presente que acto seguido hay que ser
consecuente. Si no se es consecuente, acto seguido se pone de
manifiesto que el todo vale en la
política descubre la ausencia de otros argumentos para formular la
crítica política que es legítimo desarrollar.
Señores diputados socialistas, este es un pequeño homenaje al
presidente de la Comisión de Industria y sobre todo es un norte que
debería guiarnos a todos los miembros de esta Cámara. Espero que
alguna vez sean capaces de cumplirlo.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peón.
Vamos a proceder a la votación.
Señores diputados de la Comisión de Defensa, tienen muchas salas y
escritorios de este palacio y adyacentes para reunirse, distintos al
hemiciclo en momento de votación.
Votación de la solicitud de creación de comisión de investigación,
formulada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y el
Grupo Parlamentario Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
320; a favor, 151; en contra, 169.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, rechazada la solicitud
de creación de comisión de investigación formulada por el Grupo Mixto
y por el Grupo de Izquierda Unida.
Pasamos a votar la solicitud avalada por 82 diputados del Grupo
Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
321; a favor, 152; en contra, 168; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, rechazada la solicitud,
formulada por los 82 diputados del Grupo Socialista, de creación de
comisión de investigación.
ELECCIÓN DE VICEPRESIDENTE TERCERO DE LA CÁMARA:
ELECCIÓN DE UN SEÑOR DIPUTADO, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO TERCERO DE
LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS SOBRE
SECRETOS OFICIALES, DE 2 DE JUNIO DE 1992.
El señor PRESIDENTE: Concluido el punto cuarto del orden del día, les
ruego que permanezcan en sus escaños para proceder al desarrollo de
los puntos quinto y sexto, que vamos a votar de manera simultánea. Se
trata de dos votaciones que se realizarán en dos urnas por un único
llamamiento nominal a SS.SS., para proveer la vacante generada en la
vicepresidencia tercera del Congreso por renuncia de quien ha sido
hasta el
momento su titular, don Josep López de Lerma i López, a quien la Mesa
ha manifestado públicamente su gratitud por los servicios prestados a
la Cámara, y, simultáneamente, la elección del diputado que, en
sustitución del señor Molins, habrá de integrarse en el grupo que
tiene acceso a los secretos oficiales, al haber renunciado también a
esta elección de la Cámara el señor Molins, que deja sus
responsabilidades como portavoz del Grupo de Catalán (Convergencia i
Unió), aclarando también al Pleno que se le ha testimoniado el afecto
y la gratitud de la Junta de portavoces de la Cámara.
Pasamos a los llamamientos correspondientes a las dos votaciones en
la sabiduría, señorías, que habrán de depositar dos papeletas. La
primera, que encontrarán SS.SS. a la derecha de la Presidencia,
corresponde a la urna en la que se ha de depositar el voto para el
vicepresidente tercero de la Cámara, y la de la izquierda de la
Presidencía, segunda para SS.SS. en el momento de depositar el voto,
para el diputado que se propone para formar parte del grupo que ha de
conocer secretos oficiales.
La señora Barrios comienza la lectura de los llamamientos a votación.
Comienza la votación. (Por los señores secretarios se procede al
llamamiento de los señores diputados.)
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: ¿Alguna señora diputada o señor diputado no ha
sido nombrado y quiere ejercer el derecho al voto? (Pausa.)
Concluida la votación, vamos a comenzar el escrutinio. Por los
vicepresidentes señores Marcet i Morera y Beviá, con el auxilio de
los secretarios señora del Campo y señor Ríos, se procederá al
recuento de los votos emitidos para cubrir la vacante del diputado
que va a acceder al grupo de los que tienen acceso a la información
sobre secretos oficiales, ya que la Presidencia estará asistida por
los secretarios señora Barrio y señor González de Txabarri para el
escrutinio de las papeletas para la elección del vicepresidente
tercero. (Pausa.)
Señora Gil i Miró, dos votos; tres votos nulos; 35 votos en blanco, y
11 votos el señor López de Lerma. Señor Núñez esto bien puede
indicar, como S.S. señala, una equivocación de urna, o bienquerencia
de los votantes por la vicepresidencia del señor López de Lerma.
(Risas.)
Verificado el escrutinio dijo
El señor PRESIDENTE: El resultado de la votación para la
Vicepresidencia tercera de la Cámara es, en definitiva, el siguiente:
el señor Companys ha obtenido 257 votos; la señora Gil i Miró dos
votos; tres votos han sido nulos; 35 en blanco, y el señor López de
Lerma ha alcanzado 11 votos. En consecuencia queda proclamado
vicepresidente tercero de la Cámara don Ramón Companys Sanfeliu.
(Aplausos.)
Ruego al señor Companys se sirva acceder a la Mesa y al lugar que en
ella le corresponde en señal de posesión y SS. SS. los restantes
miembros de la Mesa sírvanse atender también para recibir la
manifestación de promesa o juramento de la Constitución Española del
nuevo vicepresidente tercero electo.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN POR EL NUEVO
VICEPRESIDENTE TERCERO DE LA CÁMARA.
El señor PRESIDENTE: Señor Conpanys Sanfeliu: ¿Juráis o prometéis
acatamiento a la Constitución Española?
El señor COMPANYS SANFELIU: Prometo.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda posesionado como
vicepresidente tercero del Congreso de los Diputados el señor
Companys Sanfeliu. Enhorabuena y bienvenido. (Aplausos.)
Escrutinio relativo a la elección del diputado que ha de integrarse
en el grupo que conoce de los secretos oficiales. (Pausa.)
Verificado el escrutinio, dijo
El señor PRESIDENTE: El resultado de la votación es el siguiente: 14
votos nulos, 44 votos en blanco, 13 votos en favor del señor Companys
Sanfeliu (tesis próxima a la defendida por el diputado señor Núñez),
y en fin 231 votos en favor de don Josep López de Lerma, que al haber
alcanzado la mayoría legal exigida, queda proclamado como diputado
electo por la Cámara para ser miembro del grupo que conoce los
secretos oficiales. (Aplausos.)
La sesión se reanudará mañana, a las cuatro de la tarde.
Buenas noches; se suspende la sesión.
Eran las nueve y cincuenta minutos de la noche.