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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 203, de 15/12/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 1998 VI Legislatura Núm. 203
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 197
celebrada el martes, 15 de diciembre de 1998
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, relativa a la
calidad e igualdad en la educación y su financiación. «BOCG. Congreso
de los Diputados», serie B, número 186-1, de 31 de marzo de 1998
(número de expediente 122/000165) . . . (Página 10962)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se
establecen nuevos tipos de infracciones en materia de seguridad
ciudadana (Orgánica). «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B,
número 224-1, de 11 de septiembre de 1998 (número de expediente 122/
000197) . . . (Página 10972)
Proposiciones no de Ley:
- Del Grupo Socialista del Congreso, relativa a retransmisiones
deportivas de la liga profesional de fútbol en abierto. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie D, número 301, de 29 de junio de
1998 (número de expediente 162/000254) . . . (Página 10980)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre el futuro de la red de
alta velocidad ferroviaria en España (número de expediente 173/
000114) . . . (Página 10988)
- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política del Gobierno en la
lucha contra el fraude fiscal, con especial referencia a la actuación
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en relación con
las causas por delito fiscal (número de expediente 173/000115) . . .
(Página 10997)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre política
del Gobierno en materia de gestión del Sistema Nacional de Salud,
calidad de las prestaciones sanitarias y acceso a dicho Sistema
(número de expediente 173/000116) . . . (Página 11006)
S U M A R I O
Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.
En primer lugar, el señor presidente concede un turno por alusiones a
la señora Narbona Ruiz, del Grupo Socialista del Congreso, producidas
en el Pleno del día 9 de diciembre en la intervención de la señora De
Lara Carbó, a las que no pudo responder en aquel momento por motivos
de salud.
Toma en consideración de proposiciones de ley . . . (Página 10962)
Del Grupo Socialista del Congreso, relativa a la calidad e igualdad
en la educación y su financiación . . . (Página 10962)
Presenta la proposición de ley ante el Pleno, para su toma en
consideración, la señora Díez de Baldeón García, del Grupo Socialista
del Congreso. Expone los principales objetivos: mejorar la calidad de
la enseñanza en todas sus etapas; garantizar la igualdad de
oportunidades en el acceso a la educación; dotar de más recursos a
los centros públicos, y garantizar la adecuada financiación de la
Logse en los próximos cuatro años, completándose así la
transformación del sistema educativo iniciado en 1990, con la
aprobación de la Ley orgánica de ordenación general del sistema
educativo, y que continuó en 1995 con la promulgación de la Ley
orgánica de participación, evaluación y gobierno de los centros
docentes. A continuación explica las razones por las que su grupo
presenta esta proposición de ley precisamente ahora. En primer lugar,
porque consideran imprescindible en este momento un impulso para
completar la aplicación de la reforma educativa en los cuatro años
que quedan hasta su implantación definitiva; en segundo lugar, porque
el crecimiento económico permite una financiación adicional de
615.000 millones de pesetas; en tercer lugar, porque en los próximos
meses deberán cerrarse las transferencias educativas con las
comunidades autónomas que las tienen pendientes y, finalmente, porque
con ella quieren dar respuesta a todas las organizaciones sociales
que suscribieron en septiembre del pasado año la declaración conjunta
en favor de la educación.
A continuación explica brevemente los objetivos y propuestas de su
proposición de ley y solicita el voto favorable de la Cámara para su
toma en consideración.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Alcaraz
Ramos y Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto;
Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria;
González de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-
PNV); las señoras Gil i Miró, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió); y Aramburu del Río, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, y el señor Guerra Zunzunegui, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
Grupo Socialista del Congreso, relativa a la calidad e igualdad en la
educación y su financiación, se rechaza por 141 votos a favor, 163 en
contra y cuatro abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se
establecen nuevos tipos de infracciones en materia de seguridad
ciudadana (Orgánica) . . . (Página 10972)
Presenta la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular, para
su toma en consideración, el señor Seco Gordillo. Manifiesta que en
su proposición de
ley se aborda un problema de tremenda actualidad,
por los acontecimientos acaecidos últimamente en
Sevilla, Madrid o Extremadura, pero aclara que no
se trata, de ninguna manera, de una iniciativa oportunista,
puesto que tuvo entrada en el Registro de la
Cámara en el pasado mes de julio. Expone que el
tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la
Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección
de la seguridad ciudadana, ha puesto de manifiesto
determinadas insuficiencias en el régimen sancionador
que la ley configura, particularmente en la
definición de tipos infractores; insuficiencia que en
definitiva consiste en la inadecuación entre las conductas
que la ley considera sancionables y aquellas
conductas que la sociedad, de verdad, considera que
deben ser reprochables y, por lo tanto, merecedoras
de una sanción. Estos problemas de tipificación legal
son los que se pretenden resolver con la proposición
de ley presentada, además de plantear otra cuestión
no muy distinta de las de rango normativo, como es
la introducción en la Ley de protección de la seguridad
ciudadana de una nueva infracción de carácter
leve, que es la exigencia del respeto y consideración
a los agentes de la autoridad. Confiesa que con esta
proposición de ley no se va a terminar con la violencia
en el deporte o en la sociedad en general, para lo
que será necesario un debate mucho más profundo,
en el que su grupo parlamentario está dispuesto a
participar, pero opina que no se debe privar a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de un instrumento
legal que les permita un mínimo control sobre el uso y tenencia
de armas blancas.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras
Almeida Castro y Lasagabaster Olazábal, del
Grupo Parlamentario Mixto; y los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria; López de Lerma i López, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió); Castellano Cardalliaguet,
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Barrero
López, del Grupo Socialista del Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición
de ley del Grupo Popular en el Congreso, por la que se
establecen nuevos tipos de infracciones en materia de
seguridad ciudadana, se aprueba por unanimidad.
Proposiciones no de ley . . . . . . . . . . . . . (Página 10980)
Del Grupo Socialista del Congreso, relativa a retransmisiones
deportivas de la liga profesional de fútbol en abierto
. . . (Página 10980)
Presenta la proposición no de ley del Grupo Socialista la
señora Leiva Díez, quien es consciente de que este
debate no es nuevo en el Parlamento puesto que el
último se produjo el 13 de diciembre de 1995, donde
se estudiaron tres proposiciones no de ley: una de
Convergència i Unió, otra de Izquierda Unida y una
tercera del Grupo Popular, aprobándose un texto
transaccional que incluía una enmienda del Grupo
Socialista. Añade que su grupo presenta la actual proposición
no de ley debido al incumplimiento del artículo 5.º, apartado 4
de la Ley 21/1997, de 3 de julio, que regula las emisiones
y retransmisiones de competiciones y acontecimientos deportivos,
que dice que, reglamentariamente y en atención a los intereses
deportivos y mercantiles afectados, podrán establecerse
límites de día y horario para estas retransmisiones.
Añade que ante el prolongado incumplimiento del
Gobierno, los sectores empresariales y laborales afectados
firmaron un acuerdo por el que solicitaban a
todos los grupos parlamentarios promover y presentar
una iniciativa regulando los partidos de la liga profesional
de fútbol y previendo que las retransmisiones
televisivas de esos partidos se realizaran en la tarde-noche
de los domingos o, subsidiariamente, de los
lunes. Expone los daños y perjuicios económicos y
laborales que está produciendo la retransmisión de
los partidos los sábados por la tarde y resalta el hecho
de que en año y medio el Gobierno y el Grupo Popular
no han hecho nada por resolver el problema y ahora quieren
aparecer ante los medios de comunicación como los únicos
interesados. Explica a continuación el contenido concreto de
la proposición no de ley y manifiesta su disconformidad con la
enmienda de modificación del Grupo Popular, mostrando
la disposición de su grupo a escuchar los argumentos del resto
de los grupos de la Cámara en aras del consenso parlamentario y
de la defensa de los intereses deportivos y mercantiles y de
los consumidores y usuarios.
En defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de
ley intervienen el señor Gómez Darmendrail, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso; la señora Sabanés Nadal,
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; y el señor
Burballa i Campabadal, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores
Chiquillo Barber, del Grupo Parlamentario Mixto, y González
de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
La señora Leiva Díez da lectura a una enmienda transaccional
firmada por los grupos Catalán, Izquierda Unida y Socialista,
y el señor Gómez Darmendrail explica la posición de su grupo
en relación con dicha enmienda.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Socialista del
Congreso, relativa a retransmisiones deportivas de la liga
profesional de fútbol en abierto, en los términos resultantes de la
aceptación de la enmienda transaccional del grupo proponente, se
aprueba por 309 votos a favor y una abstención.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes . . . (Página 10988)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre el futuro de la red de alta
velocidad ferroviaria en España . . . (Página 10988)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor
Caldera Sánchez-Capitán, en nombre del Grupo Socialista del Congreso.
Manifiesta su fir me creencia en el principio de planificación y
repudia las actitudes puramente propagandísticas del Gobierno. Se
refiere al incumplimiento sistemático del Plan director de
infraestructuras, olvidando el Gobierno que, aunque no es su plan,
como dijo el señor ministro de Fomento en la interpelación del
miércoles pasado, es un plan aprobado por la Cámara por amplísima
mayoría. A continuación pide coherencia al Gobierno y al Grupo
Popular a la hora de hacer promesas en relación con el tren de alta
velocidad, y pasa a exponer el contenido concreto de su moción,
presentando una enmienda transaccional que pretende recoger la
síntesis de las alternativas que otros grupos parlamentarios han
presentado en sus enmiendas.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción intervienen los
señores Chiquillo Barber y Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario
Mixto; Santiso del Valle, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida; Zabalía Lezamiz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-
PNV), y Carreño RodríguezMaribona, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Sedó i Marsal,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
presentada por el Grupo Socialista del Congreso, sobre el futuro de
la red de alta velocidad ferroviaria en España, en los términos
resultantes de la enmienda transaccional presentada por el propio
grupo proponente, se rechaza por 149 votos a favor y 156 en contra.
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política del Gobierno en la
lucha contra el fraude fiscal, con especial referencia a la actuación
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en relación con
las causas por delito fiscal . . . (Página 10997)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor
Saura Laporta, del Grupo ParlamentarioMixto. Reitera lo dicho la
semana pasada en la interpelación en
cuanto a las causas por las que existe crisis en la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, pasando a explicar los siete puntos de
la moción. En el primero se constata que existe una crisis y hay que
tomar medidas, y los otros seis se refieren a las cesiones de crédito
del Banco de Santander, a la modificación del delito fiscal o a la
información y a la transparencia en el funcionamiento de la Agencia.
Está seguro de que, de aprobarse esta moción, se daría un paso
importante para impulsar y fomentar desde el Parlamento una mayor
eficacia en la lucha contra el fraude fiscal.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción intervienen la
señora Mendizabal Gorostiaga, del Grupo Socialista del Congreso; y
los señores Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, y Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Gómez
Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Zabalía
Lezamiz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas interviene el señor
Saura Laporta.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política del Gobierno en la
lucha contra el fraude fiscal, con especial referencia a la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en relación con las causas por
delito fiscal, en los términos resultantes de la aceptación de
enmiendas por el grupo proponente, se rechaza por 140 votos a favor y
161 en contra.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre política
del Gobierno en materia de gestión del Sistema Nacional de Salud,
calidad de las prestaciones sanitarias y acceso a dicho sistema
. . . (Página 11006)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida el señor Vaquero del Pozo.
Explica el primer punto de su moción en la que se plantea al Gobierno
que se abstenga de aplicar la enmienda que ha presentado en el Senado
el Grupo Parlamentario Popular, con nocturnidad y alevosía, a la Ley
de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para 1999,
introduciendo las fundaciones sanitarias y fragmentando así el
sistema sanitario de las comunidades autónomas sin transferencias y
que introduce el régimen jurídico del Derecho privado, civil y
mercantil en la gestión de los centros sanitarios públicos. Asimismo
se refiere al recurso de inconstitucionalidad que va a presentar su
grupo y, según los medios de comunicación, el Grupo Socialista. Junto
a este punto de importancia excepcional para su grupo, añade que la
moción contiene otros tres puntos de indudable interés para la
calidad de la sanidad y de las prestaciones sanitarias, que se
refieren a la vigilancia, evaluación e intervención planificada del
sistema sanitario sobre las desigualdades en materia de salud.
A continuación analiza la enmienda presentada por el Grupo Socialista,
ofreciendo una transaccional.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Socialista y para
aceptar la transaccional ofrecida por el señor Vaquero del Pozo,
interviene el señor Corominas i Busqueta.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Vázquez
Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario Mixto; Gómez
Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora
Riera Madurell, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y el señor Villalón Rico, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre política
del Gobierno en materia de gestión del Sistema Nacional de Salud,
calidad de las prestaciones sanitarias y acceso a dicho sistema, en
los términos resultantes de la aceptación de la transaccional, se
rechaza por 128 votos a favor, 153 en contra y una abstención.
Se suspende la sesión a las diez y veinticinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías, se abre la sesión.
La señora Narbona, del Grupo Socialista, ha solicitado de la
Presidencia un turno de alusiones, de acuerdo con el artículo 71 del
Reglamento, por entender que las hubo en la intervención que en el
último Pleno de la pasada semana realizó la señora De Lara Carbó. Así
lo estima la Presidencia y, por tanto, de acuerdo con el mencionado
artículo 71, tiene la palabra la señora Narbona.
La señora NARBONA RUIZ: Gracias, presidente.
Efectivamente, he pedido poder intervenir por alusiones, puesto que
la tarde del 9 de diciembre, doña Teresa de Lara, encontrándome yo
ausente, hizo una grave descalificación directa contra mi persona
diciendo que había faltado a la verdad en esta Cámara e incluso
insinuó que mi ausencia aquella tarde en la Cámara era una prueba
manifiesta de la veracidad de sus palabras. Por contra, tengo que
decir que mi ausencia en la Cámara se debe a un problema de salud,
fácilmente verificable, que durante los últimos dos meses me ha
impedido tener una actividad normal en el Pleno de la Cámara.
Creo que no es en absoluto tolerable que se produzca una intervención
de estas características en ausencia del diputado aludido y me
gustaría que mi intervención hoy sirviera sobre todo para evitar
manifestaciones de este tipo por parte de la señora De Lara en el
futuro, puesto que no es la primera vez que la portavoz del Grupo
Popular recurre a estratagemas diversas para descalificar, sin que
exista capacidad de la suficiente réplica, a esta portavoz. De hecho,
en otras ocasiones ha recurrido a la posibilidad de utilizar un turno
de fijación de posición de su grupo, con un contenido claramente
equivalente a un turno en contra, respecto del cual evidentemente
esta portavoz no ha tenido la ocasión de tener una réplica como
corresponde.
Mi intervención hoy aquí no es, ni mucho menos, por una defensa
personal -por supuesto pasaré a continuación a comentar lo que dijo
la señora De Lara-, sino para reiterar la indignación de nuestro
grupo hacia un comportamiento semejante. Naturalmente, el Grupo
Popular utiliza, y está en su derecho de hacerlo, las armas que cree
oportunas en la oposición a la oposición que viene manifestando, de
tal modo que la manera de defender a sus ministros es siempre atacar
a los que fuimos responsables en el anterior Gobierno, pero no
debería hacerlo en ausencia de las personas aludidas.
Por lo que se refiere al comentario de la señora De Lara el pasado
día 9 de diciembre, he podido ver por el «Diario de Sesiones» que la
señora diputada se sentía muy molesta de que yo hubiera recordado,
ante su insistencia en el hecho de que yo no estaba contando la
verdad en relación con el programa nacional del clima, que ella no
había sido miembro ni de la Comisión Nacional del Clima ni del
Consejo de Ministros. Lamentablemente tengo que repetir estas mismas
expresiones, porque esto no es un insulto a la señora De Lara; es la
constatación de un hecho bastante evidente. Y al no ser miembro de
esos dos órganos, por
supuesto, la señora De Lara no tenía por qué conocer de las
deliberaciones de la Comisión Nacional del Clima ni del propio
Consejo de Ministros, que en su momento conocieron y debatieron el
programa nacional del clima, sin que eso llevara a un acto formal,
publicado con posterioridad, como cuando se toma un acuerdo en
Consejo de Ministros que se transforma en un decreto, en una orden o
en un proyecto de ley. Evidentemente el programa nacional del clima
no tuvo esa característica. Fue publicado con posterioridad, después
de haber sido debatido y conocido en el Consejo de Ministros.
Por supuesto, insisto en que mi intervención hoy lo que quiere es
propiciar que no vuelvan a darse circunstancias como éstas, que creo
que reducen el clima de respeto que en esta Cámara debe siempre
mantenerse.
Muchas gracias, presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Narbona. (El señor Núñez
Pérez pide la palabra.)
Señor Núñez, ¿a que efecto?
El señor NÚÑEZ PÉREZ: Señor presidente, no es para contestar al turno
de alusiones, porque sé que efectivamente no me corresponde con
arreglo al Reglamento, pero sí para puntualizar que la ausencia de la
diputada de nuestro grupo que ha sido aludida, la señora De Lara,
hace que ella no tenga el turno que le debía corresponder en este
momento. (Un señor diputado: Pero lo tendrá.) En todo caso, señor
presidente, queremos reservar ese turno para nuestra diputada y
aprovechamos para manifestar nuestra satisfacción por el
restablecimiento de la señora diputada socialista que acaba de
intervenir. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Núñez. En cualquier caso,
la señora De Lara no tiene derecho a contrarréplica. El artículo 71
es muy claro y por eso, aun en ausencia de la señora diputada, he
dado la palabra a la señora Narbona, que creo que además se ha
producido en los términos estrictos del artículo 71.1.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, RELATIVA A LA CALIDAD E IGUALDAD
EN LA EDUCACIÓN Y SU FINANCIACIÓN (Número de expediente 122/000165).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al orden del día, comenzando con el
punto I: Toma en consideración de proposiciones de ley. En primer
lugar, la del Grupo Socialista, relativa a la calidad e igualdad en
la educación y su financiación.
Para su presentación ante el Pleno tiene la palabra la señora Díez de
Baldeón.
La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista presenta hoy para su
debate esta proposición de ley cuyos principales objetivos son
mejorar la calidad de la enseñanza en todas sus etapas, garantizar la
igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, dotar de más
recursos a los centros públicos y garantizar la adecuada financiación
de la Logse en los próximos cuatro años. Esta proposición de ley
completa así la transformación del sistema educativo que se inició en
1990 con la aprobación por las Cortes de la Ley orgánica de
ordenación general del sistema educativo (Logse) y que continuó en
1995 con la promulgación de la Ley orgánica de participación,
evaluación y gobierno de los centros docentes. La aplicación de la
presente proposición de ley conlleva un esfuerzo económico
suplementario, imprescindible para completar con garantías de calidad
e igualdad en estos próximos cuatro años la reforma educativa
emprendida en 1990. Por eso el texto incluye una memoria económica en
la que se detallan los incrementos de los gastos consolidables y no
consolidables, así como su distribución para el período 1999-2000 en
las diferentes partidas presupuestarias. El incremento del coste
deberá reflejarse en las leyes del presupuesto hasta el 2002. Por
tanto, sería una ley para cuatro años.
Las necesidades educativas del momento actual, en el que se ha
completado la implantación generalizada de la educación infantil, la
educación primaria y los tres primeros cursos de la educación
secundaria obligatoria, anticipándose parte del segundo ciclo de la
ESO, el bachillerato y los ciclos de grado medio y superior de la
formación profesional en porcentajes superiores al 50 por ciento en
el conjunto del Estado, nos han permitido establecer un cálculo
pormenorizado por capítulos de gasto para el territorio administrado
por el Ministerio de Educación y Cultura. A partir de la cantidad
resultante, 256.646 millones de pesetas para el territorio MEC, hemos
calculado la cifra total del conjunto de España multiplicando por
2,4, correspondiente al número de habitantes. La financiación
adicional resulta, por tanto, de 615.950 millones de pesetas,
cantidad que permitirá establecer los correspondientes repartos
equitativos en las diferentes comunidades autónomas.
La memoria económica de esta proposición de ley contempla una
financiación adicional para todas las comunidades autónomas,
diferenciando claramente entre las que aún no han recibido las
transferencias educativas, a las cuales se dirige el texto articulado
de esta proposición de ley, de las que ya son competentes en la
materia, a las cuales se les reconoce esta financiación
complementaria pero sin indicación de gasto, puesto que, en base a
sus atribuciones, son libres de asignar esta financiación como
estimen pertinente.
La cuestión, es, señorías, por qué presentamos precisamente ahora
esta proposición de ley. En primer lugar, lo hacemos porque
consideramos imprescindible dar en este momento un nuevo impulso para
completar la aplicación de la reforma educativa en los cuatro años
que quedan hasta su implantación definitiva. Cuando fue aprobada la
Logse quedaban doce años para cerrar definitivamente su desarrollo
hasta el 2002. Sin embargo, es ahora cuando la extensión de la
enseñanza obligatoria y gratuita dos años más, de los 14 a los 16,
exige un importante esfuerzo presupuestario para ampliar la red de
institutos de secundaria, mejorar la dotación de las plantillas de
profesores y ampliar la oferta de su formación, crear departamentos
de orientación y mejorar, en definitiva, los equipamientos de los
centros. La generalización de la enseñanza sin el imprescindible
esfuerzo inversor y de iniciativas de mejora puede acarrear un
indeseable descenso de los resultados educativos. Por eso, señorías,
generalización y calidad deben ser las dos caras de la misma moneda.
Además, es también ahora cuando resulta inaplazable dar un nuevo
impulso a la implantación de la nueva formación profesional. Su
puesta en práctica necesita no sólo un diseño acertado de los nuevos
perfiles profesionales, sino también una amplia oferta de formación
del profesorado, adaptaciones de los centros para impartir las nuevas
titulaciones, equipamientos actualizados y acuerdos con las empresas
para realizar la formación en centros de trabajo.
La segunda razón de la presentación de esta iniciativa es que en
estos momentos de crecimiento económico es posible pactar esta
proposición de ley que implica una financiación adicional para los
próximos cuatro años de 615.000 millones de pesetas para mejorar la
calidad de la educación no universitaria en el conjunto de España.
Tanto las comunidades autónomas con transferencias como las que
todavía no las han recibido podrán contar con un importante
incremento presupuestario destinado a reforzar su sistema educativo.
Quisiera adelantarme a una posible objeción que ya me ha sido
planteada fuera de esta Cámara por algunos responsables del
Ministerio de Educación, según la cual esta ley de financiación no
sería posible, ya que las comunidades autónomas con competencias en
materia educativa no pueden recibir transferencias del Estado con un
destino finalista, en este caso la educación. Sin embargo, señorías,
basta repasar los presupuestos generales de éste y de otros años para
comprobar que sí es posible. Múltiples transferencias de la sección
32, entes territoriales, efectuadas por el Estado a las comunidades
autónomas se destinan en función de un concepto, lo cual no quiere
decir que se interrumpa en modo alguno la autonomía de cada
comunidad. Dos ejemplos significativos serían las transferencias
realizadas, también en los presupuestos de este año, a Cataluña para
transporte metropolitano y para la policía autónoma; otro caso
todavía más llamativo es que el Estado ha efectuado en los
presupuestos de este año, por tercer año consecutivo, transferencias
de capital a una comunidad autónoma como es Canarias, con
competencias en educación, para infraestructuras educativas. Su
destino, por tanto, no sólo es finalista, sino que además la partida
correspondiente se detrae del presupuesto de inversiones de la
sección 18, Educación, o, lo que
es lo mismo, del dinero de inversiones educativas de las comunidades
autónomas integradas en territorio MEC. Por decirlo más claramente,
el Estado puede definir el concepto de gasto sin que eso implique
limitar la autonomía de las comunidades autónomas. En el caso de que
prospere esta proposición de ley, el Estado otorgará transferencias
de capital a las comunidades autónomas destinadas a educación durante
los próximos cuatro años y serán las comunidades autónomas
competentes en materia educativa las que, haciendo uso de sus
competencias, decidirán de qué forma quieren gastarlo.
La tercera razón es que en los próximos meses deberán cerrarse las
transferencias educativas con las comunidades autónomas que las
tienen pendientes. Esta proposición de ley de financiación servirá
para efectuar las transferencias sobre la base de un compromiso
parlamentario que asegure a las comunidades autónomas los recursos
necesarios para culminar la reforma educativa dentro de un marco
educativo básico común con criterios de calidad homogéneos que
superen las desigualdades territoriales existentes.
La última razón, y yo creo que definitiva, señorías, para la
presentación de esta proposición de ley es que con ella queremos dar
respuesta a todas las organizaciones sociales que suscribieron en
septiembre del pasado año la declaración conjunta en favor de la
educación, en la que manifestaban su deseo de que la misma se
tradujera en una ley de financiación que contara con el máximo
consenso, y así nos lo hicieron saber a todos los grupos
parlamentarios. Por tanto, señorías, hoy debatimos una proposición de
ley que es presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, pero que
podemos considerar nacida del consenso social y sindical de
prácticamente toda la comunidad educativa. Todo el abanico ideológico
queda recogido en los firmantes de la declaración conjunta a favor de
la educación, cuyas principales propuestas hemos traducido en esta
proposición de ley; una proposición que hemos retenido varios meses a
la espera de que se hicieran sugerencias a la misma, después de darla
a conocer a la opinión pública, y cuyo resultado final es el que
figura en el texto articulado, que podemos sintetizar en los
siguientes objetivos y propuestas.
El objetivo prioritario y preferente es mejorar la calidad en todas
las etapas del sistema educativo, calidad que exige el compromiso de
los poderes públicos con el cambio educativo y la atención
prioritaria a la enseñanza pública, que debe seguir siendo la
principal garante de la universalización del derecho a la educación,
con una oferta educativa de calidad contrastada.
En segundo lugar, la proposición de ley quiere garantizar la adecuada
financiación de la Logse durante los próximos cuatro años a través de
un plan extraordinario de financiación. El incremento presupuestario
para hacer frente a las transformaciones que suponen una reforma
global de la educación es indispensable y ha sido solicitado por la
práctica totalidad de las fuerzas sociales, que reclaman un acuerdo
parlamentario
sobre la financiación de la reforma. De esta forma, será posible
ampliar la oferta de la formación del profesorado, apoyar el trabajo
de los equipos directivos, reforzar las plantillas de los centros,
mejorar sus instalaciones, dotarlos de las aulas necesarias para las
nuevas áreas curriculares y de departamentos de orientación, es
decir, conseguir en definitiva unas condiciones más adecuadas para
mejorar la educación de todos los alumnos y alumnas.
En tercer lugar, esta proposición de ley trata de conseguir una mayor
igualdad de oportunidades en la educación.
El señor PRESIDENTE: Señora Díez de Baldeón, vaya concluyendo.
La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: Termino ya, señor presidente.
Decía que el tercer objetivo es conseguir una mayor igualdad de
oportunidades en la educación. Si bien la enseñanza obligatoria ha
conseguido reducir las desigualdades sociales, todavía estamos lejos
de alcanzar que todas las personas tengan las mismas oportunidades.
Desgraciadamente, en España todavía existen importantes desigualdades
educativas que aparecen vinculadas a la zona de residencia, así como
al origen socioeconómico y formativo de las familias y que inciden de
manera notable sobre los resultados educativos y sobre la demanda de
educación superior. Hoy, señorías, más que nunca, en la llamada
sociedad del conocimiento, la educación constituye una estrategia
decisiva para conseguir la cohesión social, evitar la exclusión
y garantizar un desarrollo sostenible. Por eso no podemos permitir
porcentajes de fracaso escolar situados en torno al 35 por ciento,
como ocurre en algunos lugares de España. Para evitar este fracaso
escolar, verdadero mal social, es necesario adoptar medidas que
corrijan los factores que condicionan el éxito y el fracaso en los
niveles educativos de la enseñanza infantil, primaria y secundaria
hasta conseguir una verdadera y real igualdad de oportunidades en
educación. En este sentido, esta proposición de ley contiene
propuestas como que los centros que escolaricen alumnos con
necesidades educativas especiales o que estén situados en zonas más
desfavorecidas tengan un máximo de 20 alumnos por clase en educación
primaria y de 25 en secundaria obligatoria. También se propone la
ampliación de la oferta pública y subvencionada de la educación
infantil de tres a seis años, completar los equipos y departamentos
de orientación psicopedagógica, la dotación de profesores de refuerzo
en matemáticas y lengua, ampliar los programas de garantía social,
las becas y ayudas al estudio y la bonificación fiscal de las
empresas que colaboren con los centros de formación profesional. Hay
también una política para la formación de las personas adultas y se
propone crear un canal temático de televisión educativa de acceso
libre para toda España e Iberoamérica.
En cuarto lugar, pretende la ley reforzar el desarrollo profesional
de los docentes, una pieza que se ha considerado imprescindible para
el éxito de la calidad educativa y de la reforma. Y se propone a
través de un nuevo marco de incentivos para los profesores basado en
la valoración objetiva de la práctica docente, el trabajo en equipo y
la participación en proyectos de innovación. Se propone también
alentar la labor de los equipos directivos, la participación de los
padres, la evaluación de los centros, el trabajo de los inspectores
de educación y la orientación educativa.
Pido para esta proposición de ley su voto afirmativo. He leído en la
prensa hoy que algunos grupos parlamentarios piensan votar en contra
alegando que resulta necesario esperar a la publicación del Libro
Blanco de financiación de la reforma, un estudio que lleva más de un
año y medio sin realizarse, incumpliéndose de forma incomprensible
varias veces los plazos establecidos en diversas resoluciones y
proposiciones no de ley aprobadas en esta Cámara.
Señorías, no hay incoherencia en que el Grupo Socialista solicitara
la semana pasada -y, por cierto, ganase por mayoría absoluta- que se
presentara de inmediato este estudio de financiación educativa con
que hoy presentamos esta proposición de ley. Sus señorías saben bien
que lo que hoy votamos es su toma en consideración, por tanto habrá
tiempo más que suficiente para hacer todas las correcciones
necesarias hasta su aprobación definitiva. Hay tiempo más que
suficiente para ajustar todas las modificaciones que quieran hacerse
de acuerdo al famoso Libro Blanco de financiación, que por cierto ya
deberíamos tener hoy aquí...
El señor PRESIDENTE: Pero se va acabando el suyo, señora Díez de
Baldeón, así que vaya concluyendo.
La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: Ya termino.
Lo mismo podemos decir de aquellas propuestas consideradas por algún
grupo más propias de reglamento que de ley.
Señorías, todo esto suena a excusas. No podemos volver ahora la vista
atrás y decir, una vez más, que los socialistas reclamamos ahora una
ley de financiación de la Logse que no hicimos en su día. La
situación es radicalmente distinta. Debemos garantizar ahora la
calidad educativa en el conjunto de España y no podemos hacer
depender esa calidad de la capacidad de recaudación fiscal de cada
territorio; no podemos, no debemos defraudar a toda la comunidad
educativa firmante de la declaración conjunta en favor de la
educación que nos reclama esta ley de calidad y de financiación y,
por cierto, nos la reclama ya. No podemos perder más tiempo, los
presupuestos educativos han demostrado ser insuficientes y la prueba
del nueve es que se sigue incumpliendo por varias veces el calendario
de las transferencias.
Una última razón, creo que muy importante, es que ahora, además,
podemos permitirnos esta ley. ¿Por qué?
Mejorar la educación supone que se gaste aproximadamente la mitad del
billón trescientos mil millones de pesetas que el Gobierno piensa
regalar ahora a las compañías eléctricas. Quizá considere más
prioritario que hagamos la luz a que hagamos educación, pero yo creo
que deberían también considerar esta situación. Si es posible
económicamente no pongan excusas y voten esta ley que supone un
importante balón de oxígeno para la calidad del sistema educativo y
que implica, por ejemplo, una financiación adicional para Cataluña de
cerca de 100.000 millones de pesetas, o para Andalucía de 150.000
millones.
El señor PRESIDENTE: Señora Díez de Baldeón, ha de concluir.
La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: Termino. Señorías, voten a favor de
la toma en consideración y contarán entonces con toda la disposición
y colaboración del Grupo Socialista para realizar cuantas
rectificaciones estimen pertinentes a esta proposición de ley, ya que
su camino definitivo hasta su tramitación completa es largo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Díez de Baldeón.
¿Algún grupo desea consumir un turno en contra? (Pausa.) ¿Seguro?
(Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En el Grupo Mixto desean compartir turno el señor Alcaraz: en primer
lugar y luego el señor Rodríguez.
Tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo en nombre de Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya para
fijar nuestra posición favorable a la iniciativa del Grupo
Socialista, queriendo, además, comenzar con una felicitación porque
esta iniciativa nos parece oportuna, necesaria y urgente, por muchas
razones, algunas ya expuestas, otras de calendario político: dejar
pasar hoy la oportunidad de tomar en consideración esta proposición
podría ser algo profundamente negativo para el sistema educativo.
Como ya se ha dicho, la Logse significó un paso adelante muy
importante. Su aprobación y puesta en funcionamiento está siendo un
hito en la modernización y adecuación a la realidad del ejercicio del
derecho fundamental a la educación, derecho fundamental en sí mismo
considerado y también en cuanto a lo que supone de elemento
ineludible para garantizar la igualdad de oportunidades, la
solidaridad y cohesión social en nuestro país. La puesta en uso de la
Logse, su desarrollo, demuestra que si no se adoptan algunas medidas
complementarias, sobre todo si no se solucionan los problemas
derivados de la escasez de financiación, esos altos fines que
pretendía y que pretende no se van a poder alcanzar completamente. En
eso han coincidido
asociaciones de estudiantes, de padres, sindicatos y alguna
fundación que con gran inteligencia y empeño han defendido una
declaración conjunta sobre la educación, que fue presentada a los
diversos grupos parlamentarios. Creo que todas esas personas que
hicieron un gran esfuerzo de consenso y de acuerdo merecen hoy que
las buenas palabras que escucharon de todos los grupos parlamentarios
se conviertan hoy en votos, cuando llega el momento de la verdad.
En definitiva, se trata ahora de fijar criterios, objetivos, medios
técnicos y humanos que garanticen la calidad de la enseñanza.
Difícilmente la comunidad educativa entendería una negativa. Se
podrán ofrecer los argumentos que se quiera, pero si hoy no se toma
en consideración esta proposición se estará haciendo un flaco favor a
esos altos principios que suelen pregonarse. Insisto, como hacía la
portavoz del Grupo Socialista, en recordar a SS.SS. que este es el
trámite de la toma en consideración y que queda abierta la
posibilidad de introducir enmiendas y debates.
El argumento de que es una innovación cara parece que no es de
recibo. Por un lado, el carácter plurianual parece hacerlo posible en
este momento, en esta coyuntura económica. Y no estaría mal, por
cierto, que la bonanza económica llegara también a la educación como
un factor de redistribución de la riqueza. Pero, sobre todo, porque
será mucho más caro para la sociedad española que no haya medios para
garantizar el desarrollo integral de la educación. Podemos sentar un
precedente cuyo coste definitivo se notará a medio y largo plazo.
Reitero el apoyo en nombre de Nueva Izquierda-Iniciativa per
Catalunya, deseando que la delicada flor de la educación no se agoste
con una negativa a la toma en consideración.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente. (El señor
vicepresidente, FernándezMiranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
El Bloque Nacionalista Galego considera que es positivo dar el apoyo
a que esta proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista sea
aceptada a trámite porque, una vez que se está consumando la
generalización de la enseñanza obligatoria hasta los 16 años, es
importante, efectivamente, cavilar para mejorar su calidad, pensar en
los vacíos que ha dejado la aplicación de la Logse o incluso en cómo
fue la evolución del proceso de su aplicación. Hace unos días tuvimos
un debate sobre la necesidad de la gratuidad de los libros de texto.
Esta proposición de ley hace algunas propuestas que en la Logse
quedaban algo escuálidas o desvaídas, en concreto, las que se
refieren a la formación profesional y a un cierto reforzamiento de la
enseñanza pública que se ha visto algo desmerecida en el proceso de
aplicaciónde la Logse. En este sentido, la oferta general
del segundo ciclo infantil para todas las familias cuyos hijos
quieran acceder a él es todo un acierto, igual que lo es que bascule
sobre los deberes de la enseñanza pública, aunque se contemple
también la iniciativa privada en este aspecto. Es una demanda de
muchos años que los profesores de lengua extranjera, de música y de
educación física sean especialistas, igual que se demanda desde hace
tiempo que el número de alumnos por aula se reduzca a una cantidad
que permita o tolere el apoyo a la diversidad del alumnado, a sus
deficiencias psicológicas o psicopedagógicas. La proposición de ley
incide en el problema de la equidad. La evolución de la aplicación de
la Logse ha provocado que muchos centros concertados, que están
viviendo con fondos públicos, no tengan una posición equilibrada en
cuanto a la aceptación de alumnos de diversa procedencia social, o
sectores culturales y étnicos. Sería muy importante que se
reequilibrasen efectivamente y que todos los centros que estén
utilizando fondos públicos tuviesen que aceptar unos mínimos en este
aspecto.
Hay tres sectores de la educación -la educación especial, la de
adultos y la de garantía social- que merecían una atención
pormenorizada aunque el Bloque Nacionalista Galego pueda no compartir
algunos aspectos, como la radiotelevisión general de todo el Estado
para la educación de adultos, que debería ser un competencia
claramente autonómica, y algunas otras cuestiones que se pueden
debatir en el proceso posterior a su toma en consideración.Todo lo
que sea referencias a las competencias autonómicas, la propia ley,
tal como está, posibilita en su desarrollo -quede claro- que las
comunidades autónomas con competencias plenas tengan la última
palabra en la ejecución de estos principios generales que -volvemos a
repetir- tienen su interés para cubrir vacíos de definición
o deficiencias en el proceso de aplicación de la ley que generalizó la
educación hasta los 16 años.
Por todo esto, vamos a apoyar la toma en consideración.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la
palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
En esta proposición de ley relativa a la calidad e igualdad en la
educación y su financiación hay una serie de principios voluntaristas
en su gran mayoría, de un voluntarismo digno -también en política
esto puede ser motor de impulso de una iniciativa-, que tienen un
fondo que nosotros podríamos compartir. Decimos esto porque muchos de
los principios de fondo que están en el texto articulado de esta
iniciativa están ya desarrollados y puestos en marcha en la Comunidad
Autónoma de Canarias por las competencias que tiene la Consejería
de Educación del Gobierno autónomo de Canarias. Podríamos debatir
y profundizar en ir creando una especie de testimonio que se refleje
en las leyes competenciales de las comunidades autónomas de que yo
estoy hablando, para que se recojan principios que no estuvieran en
sus disposiciones.
Cuando entramos en la forma es cuando tenemos nuestra gran
discrepancia. Señorías, tenemos que ser consecuentes con las leyes
que aprobamos aquí, sobre todo con las de carácter orgánico que
señalan competencias de las comunidades autónomas con base
constitucional; y tenemos que respetar esas leyes orgánicas que
tenemos, que son las que cuidan de las formas, independientemente del
fondo en el que, vuelvo a decir, podríamos coincidir. No coincidimos
en la forma en que esto viene aquí. Los artículos 1 al 13 de esta
iniciativa conculcan, por su forma, las competencias que tiene la
Comunidad Autónoma de Canarias. Este texto viene aquí vía una
iniciativa parlamentaria que no prohíbe el Reglamento, pero nos hemos
dado las conferencias sectoriales para que todos estos asuntos se
discutan primero en ese marco, donde las comunidades autónomas que
tienen competencias transferidas en esta materia tienen sentados a
sus consejeros respectivos que opinan y coordinan con el Ministerio
de Educación y Cultura las políticas a ir aplicando en el caso de la
Ley orgánica 1/1990, la Logse.
Si entramos en el texto -y no quiero alargarme-, no son sólo los
artículos 1 a 13, es que en la disposición adicional figura un plan
extraordinario de financiación. Desde el punto de vista de la
Constitución española, que señala unos requisitos para que toda ley
económico-fiscal que afecte al archipiélago canario tenga un
conocimiento y un pronunciamiento previo en el Parlamento autónomo de
Canarias y después en nuestro estatuto de autonomía, no podemos
aceptar estos textos. La disposición adicional primera, en el plan
extraordinario de financiación, dice que la distribución de los
recursos financieros extraordinarios se efectuará atendiendo
prioritariamente al déficit de puestos escolares en la educación
secundaria obligatoria, y el apartado 4 añade que en aquellas
comunidades con competencia transferida o se hacen convenios de
colaboración o que se tome la decisión según el convenio de la
conferencia sectorial. ¡Haber empezado por la conferencia sectorial!.
En nuestra comunidad autónoma no podemos aceptar que se diga que los
gastos de carácter plurianual que se fijen en las correspondientes
leyes de presupuestos se consolidarán en el sistema de financiación
autonómica para aquellas comunidades que tienen transferencia. Aparte
de lo que pueden decir aquí representantes de comunidades autónomas
con esta transferencia plena, Canarias no lo puede aprobar ni aceptar
porque conculcaría la Constitución española en lo que se refiere a
los aspectos económicos de Canarias, las prerrogativas que tiene el
Parlamento autónomo y su propio estatuto de autonomía. Hagamos las
cosas bien desde el principio en la iniciativa que puedantener en el
marco de la conferencia sectorial, porque
con esta medida no vamos a avanzar sino a crear un totum revolutum,
una confusión. Para el Gobierno autónomo de Canarias, esta vía formal
con la que llega a nuestro Parlamento merece el rechazo.
Señor presidente, mi grupo va a votar en contra de la toma en
consideración de esta proposición de ley, porque ni por vía de
enmiendas podríamos resolver este conflicto.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
En nombre del Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor González
de Txabarri Miranda.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor presidente.
Siempre es sugerente comenzar la semana parlamentaria en Pleno con
una ley relativa a la calidad e igualdad en la educación y en su
financiación; una ley que pretende, por lo que dice su exposición de
motivos, otorgar un nuevo impulso a la aplicación de la reforma
educativa, plantear innovaciones fruto de la experiencia adquirida y
asegurar la financiación de la fase final del proceso de cambio
iniciado con la aprobación de la Logse. En estos tres párrafos están
más o menos sintetizadas las pretensiones de esta proposición de ley
que el Grupo Socialista presenta hoy en la Cámara.
La duda que se le plantea al Grupo Parlamentario Vasco en relación a
los contenidos se halla en las diferencias que existen entre la
proposición de ley y la última ley educativa de los gobiernos
socialistas, lo que se llama Lopeg, en lo que fue el devenir de las
leyes educativas socialistas: desde aquella Lode que el Grupo
Parlamentario Vasco rechazó de plano, a la Logse, que negoció y votó
a favor, y una Lopeg, en relación precisamente a criterios de
calidad, que este grupo parlamentario entendió muy cerca de los
contenidos programáticos educativos que sostiene en estas materias.
Durante unos días hemos realizado un trabajo comparando contenidos y
parámetros de calidad que presenta la actual Lopeg -que está en
vigor, como saben SS.SS.- y los que se presentan en esta proposición
de ley del Grupo Socialista y quisiera significar que en la
iniciativa que estamos analizando en este momento son ciertamente
mínimas las previsiones en cuanto a la calidad de los contenidos
educativos y a los programas a impartir en estos segmentos de la
educación.
El Grupo Parlamentario Vasco entiende la lógica preocupación que
desde grupos parlamentarios de la oposición se extiende en los temas
educativos. Es significativo que el Gobierno popular, cuando lleva
dos años y medio de legislatura, no haya legislado absolutamente nada
en estas materias. Es incomprensible, pero es un dato objetivo y
cierto. A lo largo de los últimos años hemos subrayado que había una
línea educativa desde aquella Lode a la Logse y a la Lopeg, y que
sería razonable avanzar en criterios de calidad, en programas de
innovación y ser capaces de generar consenso, sobre
todo los grupos parlamentarios que estuvimos, salvo el Grupo Popular,
en las anteriores legislaturas. Ahora nos encontramos en la situación
de que es el Gobierno Popular el que no actualiza estas leyes.
Pensamos que sí existen motivos suficientes para que la actualización
se vaya produciendo.
La portavoz del Grupo Socialista ha indicado en su intervención que
han existido, dentro de los agentes sociales, de las comunidades
educativas en su conjunto, una serie de propuestas. Es verdad que
hace un año exactamente por estas fechas todos los grupos
parlamentarios fuimos receptores de una serie de documentos que el
conjunto de administraciones, sus centros públicos, sus titulares,
los padres, los representantes de los alumnos y los titulares de los
centros de inicitiva social recogieron en un documento a través de la
Fundación Encuentro, y que el consenso se logró en esas bases
sociales educativas. Al comparar los contenidos que se recogen en esa
proposición de ley con los de los documentos de la Fundación
Encuentro, nos encontramos con que existe un sesgo significativo en
las propuestas que el Grupo Parlamentario Socialista realiza en esta
proposición de ley.
Los criterios de financiación de la política educativa deben conocer
nuevos parámetros, las leyes de presupuestos deben conocer un avance
sustantivo en esta línea, lo cual debe ser un objetivo preferente de
la mejora de la calidad, pero la proposición de ley que se nos
presenta no conoce innovaciones en su relación con la Lopeg, que está
vigente. Como decía, encontramos una dificultad para poner en marcha
los objetivos de las leyes que ya están aprobadas, tanto en la Lopeg
como en la Logse. En esta proposición de ley hay un salto cualitativo
que seguramente no estamos en condiciones de encarar en este momento
ni presupuestariamente ni en los parámetros laborales, sindicales o
de módulos educativos. Señor presidente, no vamos a apoyar la toma en
consideración de esta proposición de ley porque no estamos en
condiciones de dar ese salto cualitativo y porrque somos incapaces de
llenar financiera y educativamente los contenidos de las leyes que ya
están vigentes.
Quisiera terminar, señor presidente, indicando al Grupo Parlamentario
Popular y al Gobierno Popular que la educación también necesita
actualización, que la educación necesita también la novación de sus
leyes.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
la señora Gil i Miró.
La señora GIL I MIRÓ: Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, la lectura de la proposición de
ley, adjetivada como de la calidad e igualdad de la educación y de la
financiación, me ha sumido en una cierta perplejidad. Les diré por
qué. Porque me ha trasladado, quizás a través del canal de la
nostalgia, a los años 80 y principios de los 90, cuando el Ministerio
de Educación y Ciencia era un foro plural de encuentro para hablar de
educación. Pero también cuando se descubría el concepto de la
calidad, concepto que la proposición recoge en parte, que hoy está ya
absolutamente superado, porque en aquel entonces se identificaba la
calidad con la superación de una situación coyuntural acumulativa de
déficit en materia educativa.
Ese proyecto no debería ser una proposición de ley, podría ser
aquella circular de una dirección general dirigida a los centros
educativos del ámbito MEC que nunca se recibió; podría ser un
programa electoral inédito del Partido Socialista de los años 90;
podría ser una propuesta de acuerdo no firmada con los sindicatos
docentes y podría ser algo distinto que no alcanzo a comprender, pero
nunca sería una proposición de ley porque, pese a las aclaraciones
que hemos oído, el origen de la propuesta hubiera querido un alcance
estatal, de otra manera no se explica su continua llamada a las
administraciones públicas con competencias. No existe excepción
alguna en el redactado de la ley, y esto es o ignorancia o
desubicación en el tiempo y lugar.
Yo he leído con atención la propuesta y en ella hay puntos llamativos
de interés. Uno de ellos es la consideración, por vía de conciertos,
de enseñanza obligatoria de la segunda etapa de la educación
infantil. Ciertamente esto en los años 85 era utópico, pero hoy ya es
la evidencia de una necesidad que deberá asumirse, porque así lo
quiere el sistema socioeducativo. Este, ciertamente, es un punto de
modernidad. Y hay otros. Pero durante la lectura surge también una
involuntaria pregunta: ¿Qué ha ocurrido desde el año 1990 hasta 1999
en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación? ¿Cuál ha sido la
prioridad de los gobiernos de antes? ¿Cuál es la prioridad del
Ministerio de hoy? Porque parte de lo que se propone para mañana
nosotros creíamos que era ya existente no hoy, sino ayer. Por
ejemplo, incrementar la oferta pública de puestos escolares del
segundo ciclo de la educación infantil. ¡Pero si ya creíamos que era
completa! Y lo suponíamos, porque en otras comunidades, no sólo en
Cataluña, hace años que lo es.Especialistas en música, educación
física y lengua extranjera. ¡Si esto era ya de obligado cumplimiento
desde el año 1990! Un profesor de apoyo en centros de educación
primaria. ¿Pues qué plantillas hay? Porque aunque no existan hoy o no
existieran ayer recursos económicos para el incremento de recursos
humanos, es evidente que la optimización de éstos, unida a la
regresión demográfica, permite desde hace ya algunos años la
existencia de profesores de apoyo en las escuelas. ¿Qué prioridades
de gobierno hay o hubo? Me resulta difícil creer que no las hubo en
materia de educación. Y, si así fuera, me parecería absolutamente
escandaloso que el Gobierno de hoy hable de calidad, cuando todavía
ha de hacer frente a precariedades básicas. Esto no se correspondería
hoy con el latiguillo o eslogan de que España va bien, porque en este
caso una gran parte de la España educativa no iría
bien. Y su Gobierno, señoras y señores diputados del Partido Popular,
debe saber que si la educación no es prioritaria, España ni va ni irá
jamás bien.
En cuanto a la propuesta de financiación, que nos parece interesante
y digna de análisis y discusión, llega hoy sin duda demasiado pronto.
Recordemos que el pasado jueves, a propuesta y por enmienda del Grupo
Socialista, aprobamos unánimemente en esta Cámara que el Gobierno
remitiera de manera inmediata -hace dos días hábiles- las
conclusiones del estudio económico que sobre la aplicación de la
Logse ha elaborado por acuerdo de la conferencia de consejeros de
Educación. Hoy, vuelvo a decir, se cumplen dos días hábiles de este
mandato. Parece congruente e ineludible, con las dos propuestas
socialistas aprobadas, posponer la discusión de la memoria económica
elaborada por el Partido Socialista como anexo a esta proposición y
cotejarla en un próximo momento con el estudio que nos remita el
Ministerio.No apoyaremos la propuesta porque la nostalgia es un mal
que debe superarse, porque indica desubicación y los cantos del cisne
son bellos, pero siempre son lúgubres.
Su Gobierno y su grupo parlamentario impulsaron, señoras y señores
diputados del Partido Socialista, grandes e importantes cambios en la
educación de este país. Yo espero escuchar, leer y discutir en este
hemiciclo y en otros foros educativos un discurso nuevo, una
propuesta moderna que les distinga; una defensa del concepto de
calidad propio del año 2000, que está ya irremisiblemente alejado del
que se asumió a finales de los año 80 y que hoy repiten en la
proposición de ley. Hoy el concepto de calidad ya no es material; es,
en esencia, un concepto educativo social, un concepto que identifica
la calidad con la no exclusión. Un sistema educativo de calidad sólo
puede ser aquel que tiene como objetivo un proyecto de sociedad en la
cual ni en ella ni en la escuela hay lugar para la indiferencia ante
la exclusión, ni para la irritante resignación ante el fracaso.
Empieza un nuevo año legislativo. Ojalá 1999 sea el año de la
educación. Hoy no apoyamos la propuesta, pero la respetamos, y
creemos, señoras y señores diputados del Grupo Popular, que deberían
reflexionar sobre ella, que deberían leerla con atención y adoptarla
en gran manera en su ámbito de gestión, porque en ella hay moderación
y experiencia.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la
señora Aramburu.
La señora ARAMBURU DEL RÍO: Gracias, señor presidente.
Señorías, hoy estamos ante una de las tomas en consideración de mayor
enjundia de toda la legislatura, toma en consideración de una
proposición de ley que debería ser innecesaria por el cumplimiento
del Gobierno;
pero las sucesivas carencias obligan a que todos estemos
reiterándonos permanentemente en los déficit de los elementos
troncales de la educación. La aprobación de la Logse en el umbral de
los noventa, con ser una ley manifiestamente mejorable e
indiscutiblemente perfeccionable, terminó siendo la ley de todos,
pero tenía y sigue teniendo un requisito, el mismo cada día del
calendario que pasaba, que era y es la financiación suficiente para
poder ser aplicada y que hoy se tasa en cifras que atraviesan la
barrera de los 600.000 millones para el cuatrienio próximo. Además,
este estandarte, que ha pasado su ecuador en malas condiciones y
tiene previsto adentrarse en el siglo venidero, necesita algunas
consideraciones, y las consideraciones son las siguientes: que
mientras las teorías clásicas de la economía de la educación
cambiaban las características personales del individuo, influyendo en
su posición dentro del mercado laboral, aumentando la capacidad
productiva de la economía, al contrario, la economía política de la
educación considera que ésta está configurada por las relaciones de
poder entre los diferentes grupos económicos, políticos y sociales y,
desde este punto de vista, los estudios del sistema educativo no
pueden separarse de los análisis implícitos o explícitos del sistema
político de la sociedad, puesto que el poder se expresa a través del
Estado y a través del Gobierno. En este contexto, la política
educativa actual, vehículo de expresión de los intereses de las
clases sociales dominantes, busca fundamentalmente conseguir dos
objetivos: servir al sistema económico liberal y contribuir al
mantenimiento y desarrollo de la ideología dominante.
Señorías, la doctrina en la que nos ha instalado el partido del
Gobierno, nacida de las políticas económicas neoclásicas o liberales,
contempla la educación como una inversión, inversión de redundará en
una mayor productividad y en beneficios. El libre juego del mercado
es el que determina en qué se debe invertir, es decir, el tipo de
formación que las empresas demandan y a la que el sistema educativo
debe orientar su producción, según los cánones del liberalismo en
cuestión. Las profundas mutaciones operadas a nivel internacional
demandan planetariamente, pero también en el Estado español, una
enseñanza de calidad, científica, laica, gratuita, democrática,
comprensiva, tolerante, pluralista y participativa, frente a las
contrarreformas apuntadas y aplicadas por el Partido Popular, cuyo
objetivo es contrarrestar lo que se concibe como un excesivo
igualitarismo de las reformas comprensivas, sin olvidarse nunca de
incrementar las subvenciones a la enseñanza privada, junto con los
correspondientes procesos selectivos. Y todo esto, señorías, en un
marco mucho más desfavorable para la sociedad española que el que se
da en las sociedades del resto de Europa en cuanto a nivel de
prestación de servicios sociales y distribución interna del
presupuesto específicamente educativo.
Aterrizando en los elementos tangibles de la iniciativa, quiero
plantear lo siguiente. En primer lugar, que
estamos preocupados por dos cuestiones: la primera, que se consagra
la red privada concertada, equiparándola en derechos a la red pública
y, como ustedes saben, este principio no es compartido si no hay
equiparación y la segunda, que se da cita como complemento positivo
de la Logse, la Lopeg, ley Pertierra, sin considerar los contenidos
negativos que tenía en su momento, que aún colean en dicha ley, como
es de alguna manera una vuelta al cuerpo de inspectores, un
reforzamiento de la jerarquía de los equipos directivos y una
posibilidad de privatización de los centros públicos. Además,
señorías, en la ley encontramos carencias, que yo enumero hasta doce.
Primero, una ausencia sustancial de referencias importantes a la
financiación del sistema público universitario. En segundo lugar, no
aparecen las medidas necesarias para el impulso que necesita la
democratización de la educación en todos y cada uno de los niveles.
En tercer lugar, la carencia que detectamos es un aparcamiento del
tema central, de las necesidades educativas especiales en las zonas
rurales. En cuarto lugar, se asume implícitamente el decreto de
admisión de alumnos, manteniendo con él el derecho de los centros a
elegir a sus alumnos. En quinto lugar está el tema de la educación
infantil, en el que se obvia de alguna manera o al menos no se
explicita suficientemente la obligatoriedad de las administraciones
educativas de garantizar con todos los mecanismos la oferta pública
necesaria en el tramo que hemos venido denominando de los cero a los
seis años, dejándolo en manos privadas casi siempre. En sexto lugar,
se trata de plantear que en la educación primaria hay una
consideración insuficiente, la de un solo profesor de apoyo, al menos
en términos relativizados, para los centros completos. En séptimo
lugar, en la educación secundaria no se establecen los criterios
suficientes para la rebaja de la ratio en las zonas de atención
educativa preferente. En octavo lugar, en el tema del bachillerato no
se garantiza el acceso de la mayor parte del alumnado a los
correspondientes cursos artísticos y tecnológicos. El punto noveno
sería el referente a la educación de los adultos, donde tampoco hay
una mención explícita, o al menos no se insiste lo suficiente, para
cubrir la necesaria demanda de la educación en términos presenciales.
El punto décimo hace referencia a la inspección educativa, donde se
mantiene el modelo Lopeg. Ya saben lo que pensamos al respecto,
puesto que ustedes de alguna manera también lo han compartido, y es
que se trata de un modelo tremendamente jerarquizado y burocratizado.
En el punto undécimo entendemos que se está obviando la utilización
de las instalaciones en horarios no lectivos, no se establecen
garantías y se supone por ello la creación de puestos de trabajo. Y
el punto duodécimo, un punto importante, es que el ámbito temporal de
la ley es inadecuado, puesto que se circunscribe temporalmente una
ley sólo para cuatro años.
Por lo tanto, señorías, estas serían nuestras aportaciones a una
iniciativa que, aunque es insuficiente, está ubicada en un país que
legitima profundas desigualdades
sociales y educativas, que requiere para su continuidad la aceptación
pasiva de ambas. Nosotros planteamos alterarlas por una reforma en
profundidad. Es por ello, señorías, que para nosotros, al igual que
para la comunidad educativa, la incorporación de mecanismos
correctores que atraviesen y suban el peldaño del 6 por ciento del
PIB en el reparto de la financiación para la enseñanza pública es el
eje vertebrador, junto con las cláusulas compensatorias de
discriminación positiva acumuladoras, como deudas con la mayoría de
las comunidades autónomas.
Termino, señorías, convencida de que esta Cámara no frenará esta toma
en consideración, que es un compromiso con la sociedad y que trata de
buscar los mejores instrumentos al amparo de una reflexión-
recordatorio. Antes, señorías, se vinculaba intensa e insistentemente
la educación al objetivo del desarrollo y ahora se vincula a la
competitividad internacional. Este deslizamiento refleja la
devoradora filosofía del poder, pues mientras el desarrollo es el
objetivo de los países pobres, la competitividad es el de los países
ricos. De ahí la firme apuesta por una ley para la calidad y la
igualdad, incluida la igualdad de oportunidades, para que sea el
engranaje de la consecución de un país más crítico, más igualitario,
más democrático y más participativo. Este es nuestro reto para el
siglo XXI.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Aramburu.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Guerra.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Señor presidente, señorías, hoy estamos
debatiendo una proposición de ley del Grupo Socialista cuyo fondo se
ha debatido muchas veces tanto en Comisión como en Pleno, pero yo
creo, y mi grupo entiende, que la educación es algo tan importante
que, cuantas veces venga a esta Cámara y cuantas veces se debata,
estaremos en un cambio de impresiones con los demás grupos y siempre
estudiaremos con detenimiento, con moderación, como se ha dicho
anteriormente por alguno de los portavoces, cualquier propuesta que
se traiga sobre educación. Por eso, cuando estudiamos esta
proposición de ley -que se presentó en marzo de este año-, en la
exposición de motivos, aun estando de acuerdo con muchas cosas que en
la misma se reflejan respecto de unas líneas generales de educación,
para justificar las disposiciones adicionales figura un estudio
económico que no sabemos con qué parámetros se ha fijado, lo lógico
sería que cualquiera se preguntara: Señores del grupo parlamentario
que hace esta propuesta, ¿no han tenido ustedes seis años, desde que
se aprobó la Logse en 1990 hasta 1996, y cuando se trató la Logse por
los diferentes grupos, incluido el Grupo Parlamentario Popular, no se
dijo que existiese un estudio económico y una posible ley de
financiación? A eso sale el grupo proponente diciendo que la primera
fase de aplicación de la
reforma se realizó en un contexto de grave crisis económica que
dificultó la aportación de los recursos necesarios y sin embargo
-dice-, en este momento se está produciendo un fuerte desarrollo
económico, etcétera.
En primer lugar, en aquellos años hubo una parte de crisis económica
y otra parte no, por lo menos según los datos que nos daba el
entonces presidente del Gobierno, que en los años 1991 y 1992 nos
decía desde esta misma tribuna -él y los responsables económicos del
Gobierno- que la situación estaba muy bien. A partir de 1993, cuando
se rebajan los presupuestos de educación, empieza a aumentar el paro
significativamente y hay crisis. ¿Que hay que presumir de que en los
años inmediatos el desarrollo económico va a ir bien? Habría que
ponerse de acuerdo, porque he oído a unos líderes aquí decir que
tenían grandes dudas de que se fueran a cumplir las cifras que para
el segundo semestre del año 1999 y el año 2000 daba el vicepresidente
económico del Gobierno. Con este preámbulo nos llenamos de dudas, y
decimos: es una disculpa para estudiar la necesidad de un presupuesto
adicional. Si además hubo manifestaciones en la Comisión de Educación
de algún ministro socialista -cuando gobernaban- diciendo que la
mejor ley de financiación era un buen presupuesto, entonces el
Partido Popular llega con los deberes hechos de 1998 y 1999 porque ha
hecho un buen presupuesto, el mejor presupuesto de los últimos diez
años. Pero pasemos al estudio de la proposición de ley.
Esta proposición que se trae hoy a la Cámara podríamos definirla como
programática. Se ha indicado anteriormente como el programa que lleva
el Partido Socialista a las próximas elecciones. Es posible. Por otra
parte, para muchas de las peticiones que se hacen en la misma no es
necesario un proyecto de ley -si tengo tiempo podré indicar las que
son de carácter reglamentario- y algunas de ellas, como la educación
infantil o el estudio de la lengua extranjera, ya se están llevando
a cabo en unas proporciones muy importantes y, por lo tanto, sin
necesidad de modificación: en el año 2002 estarán en plena vigencia.
Al final hablaremos de la cantidad que se pide «además de», porque si
hacemos un estudio de un compromiso que ha dicho muchas veces el
Gobierno, que hasta el año 2000 -y esperemos que a partir del año
2000- se comprometía a que los presupuestos de educación fuesen al
menos el IPC más el PIB, eso significa un 6 por ciento, pero a lo
mejor el año que viene, indicando las perspectivas que nos ha dado
algún ilustre representante del Partido Socialista, sería el 5,8 en
vez del 6 por ciento, etcétera.
En el articulado que nos proponen -señor presidente, me gustaría que
me perdone si me alargo-, en el artículo 1.1, que se refiere a la
educación infantil, se dice: Las administraciones educativas
establecerán convenios con las corporaciones locales y otras
administraciones públicas, etcétera, con objeto de provocar un
impulso en la escolarización de cero a tres años. Señores, primero
vamos a completar, que estamos muy
cerca, la escolarización de los niños de tres a seis años, que es un
paso importante, que no es obligatorio, y puedo dar a SS.SS. el dato
de que los niños de cuatro y cinco años ya están escolarizados al
cien por cien, cosa que no ha hecho el Partido Popular, ya que venía
de antes, pero se ha dado el impulso en estos dos últimos años. Y en
lo que respecta a los niños de tres años, el 80 por ciento.
También habla, y es algo que no entendemos, de los conciertos
educativos en el segundo ciclo. Tal como está redactado parece que
hasta el 2002 no se podría firmar ningún convenio con ningún centro,
y eso no es lo que se pretende. Este año, en el presupuesto que se
está aprobando en el Senado y que viene a esta Cámara, hay una
partida de 1.000 millones de pesetas para estos conciertos
educativos, porque tenemos el compromiso, y lo hemos repetido
seriamente desde el Partido Popular, el Grupo Popular y el Gobierno
del Partido Popular, de que de tres a seis años no quede ningún niño
sin escolarizar y sin que además esta escolarización sea gratuita en
centros públicos o en centros concertados.
En lo que respecta al artículo 2.1, que se refiere a la educación
primaria, las enseñanzas de música, educación, física y lenguas
extranjeras, están en el artículo 16 de la Logse. No repitamos algo
que ya está y que tiene que cumplir cualquier gobierno en tanto en
cuanto no se modifique la Logse. Es más, en lo que respecta a la
lengua extranjera, la orden ministerial de 29 de abril de 1996 la
ratificaba. Les quiero dar algunas cifras en lo que respecta a la
lengua extranjera. En estos momentos, el 30 por ciento de los alumnos
de primaria en territorio MEC están estudiando lengua extranjera, y
en los cuatro años que quedan será completado al cien por cien.
Hace referencia a los alumnos con necesidades educativas especiales;
todos nuestros respetos, pero no se puede poner taxativamente en la
ley que el aula tendrá nada más que 20 niños. ¿Por qué? Porque las
necesidades educativas son muy heterogéneas y en muchas de ellas
pueden estar escolarizados entre 20 ó 25 niños.
Yo comprendo que a algunos portavoces que han intervenido
anteriormente no les convenga escuchar todas estas cosas estudiadas
seriamente, porque se dan cuenta perfectamente de que la redacción no
ha sido todo lo afortunada que debería ser. Pero quiero decir que si
mantenemos el PIB más el IPC en los próximos años, la inversión en el
año 2000 será de 600.000 millones de pesetas. Ustedes indican que a
estos 600.000 millones de pesetas habría que añadir los 591.000
millones. Ustedes quieren que se haga el milagro de que suba el 40
por ciento; nosotros creemos que debemos seguir en la política de
hacer unos presupuestos altos de educación que sean los más
significativos de los últimos diez años y con ello conseguiremos que
todos los niños españoles estén escolarizados con las mejores
condiciones posibles. Sabemos perfectamente el esfuerzo que se está
haciendo en los centros escolares, que por cierto no se hizo antes
porque nos encontramos con 90.000 millones menos invertidos durante
los años de
atrás. Y ya que nos estamos aproximando a las Navidades, escribir una
carta a los Reyes Magos pidiendo un psicólogo para cada 500 alumnos
significaría 14.000 psicólogos al servicio del sistema educativo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Guerra,
le ruego vaya concluyendo.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Vamos primero a cumplir con lo que dice
la Logse y posteriormente entraremos en mayores peticiones.
Quiero terminar diciendo que en lo que respecta a Canarias, que
muchas veces es citada por parte de los portavoces del Partido
Socialista, les quiero recordar que Canarias recauda un impuesto del
ITE en donde puede indicar dónde se debe invertir el 50 por ciento de
esa cantidad. Esto es lo que ha hecho en estos dos años respecto de
los 8.500 millones de pesetas. Hace unos días un ilustre diputado
miembro de esta Cámara decía que no es necesaria una ley de
financiación de la Logse, y que la única ley de financiación que se
había aprobado por las Cámaras, la de defensa, había sido un fracaso.
Termino, señor presidente, diciendo que muchas de las cosas que se
piden en esta ley están ya concluidas. Estamos dispuestos -lo hemos
reiterado una y otra vez- a hacer un gran pacto escolar entre todas
las fuerzas políticas que tuviese unas líneas que fuesen: aumento del
presupuesto de educación a nivel estatal y comunidades autónomas, si
ellas lo desean, equiparado al PIB más IPC hasta el año 2002;
finalización del mapa escolar suficiente para completar la red de
centros en el año 2002; plena escolarización y gratuidad infantil de
tres a seis años en el año 2002. Por último, estatuto de la Función
pública docente, plan de carrera profesional y plan de formación
profesional.
Si el grupo que ha presentado esta proposición de ley se encuentra
reflejado en estos puntos o alguno más, ahí estaremos nosotros, junto
con los demás grupos, porque entendemos que hay que llegar al gran
pacto escolar, pero pidiendo lo que se puede realizar.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Guerra,
le ruego concluya.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Decía que pidiendo lo que se pueda
realizar y no algo que se sabe que no hay posibilidades de hacer.
Señor presidente, sólo un minuto más. En cuanto a lo que se ha hecho
alusión sobre las compañías eléctricas, puedo contestar diciendo que
podríamos dar un avance sustancial en materia de financiación de la
educación si se devolvieran las comisiones espurias que se cobraron
en el AVE. (Rumores.) Con eso sí podríamos dar un avance importante
respecto al presupuesto de educación.
Muchas gracias, señor presidente. (Protestas.-Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Guerra.
Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a la votación sobre
la toma en consideración de la proposición de ley que ha presentado
el Grupo Socialista relativa a la calidad e igualdad en la educación
y su financiación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
308; a favor, 141; en contra, 163; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la proposición
de ley.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, POR LA QUE SE
ESTABLECEN NUEVOS TIPOS DE INFRACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD
CIUDADANA (ORGÁNICA) (Número de expediente 122/000197).
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Popular, por la que
se establecen nuevos tipos de infracciones en materia de seguridad
ciudadana.
Para su presentación, tiene la palabra el señor Seco Gordillo. (El
señor Vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la Presidencia.-
Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Guarden silencio y ocupen
sus escaños los que lo vayan a hacer, si no, salgan rápidamente del
hemiciclo.(Rumores.)
Señorías, por favor, circulen con un poco más de celeridad.
(Rumores.)
Señor Caldera y señor Sedó.(Continúan los rumores.)
Por favor, señorías. Señor Romero y señor Sanus, por favor, ¿quieren
salir si van a continuar dialogando? (Pausa.)
Cuando quiera, señor Seco.
El señor SECO GORDILLO: Gracias, señor presidente.
Señorías, somos conscientes de que con la iniciativa presentada por
el Grupo Parlamentario Popular para la inclusión de nuevas
infracciones en la Ley orgánica de protección de la seguridad
ciudadana estamos abordando un problema de tremenda actualidad, como
es el relativo al uso y tenencia de armas blancas, porque
acontecimientos recientes lo han vuelto a traer a las primeras
páginas de los medios de comunicación. Sucesos como el ocurrido hace
pocas semanas en la movida de Sevilla, como el ocurrido la semana
pasada en las inmediaciones de un estadio de fútbol madrileño o como
el ocurrido hace tan sólo unos días en una discoteca
extremeña ponen de manifiesto la conveniencia de abordar un problema
que genera una extraordinaria preocupación en la sociedad en general.
Se trata, por tanto, de una iniciativa oportuna porque no podemos dar
la espalda al problema, sino que tenemos que afrontarlo, cogiendo,
como se dice, el toro por los cuernos. En ningún caso se trata de una
iniciativa oportunista porque tuvo entrada en el Registro de la
Cámara el pasado mes de julio e, incluso, los trabajos preparatorios
de estudio y preparación de esta iniciativa se produjeron varios
meses antes. No es, por tanto, un interés coyuntural el que nos
mueve, como tampoco es un problema nuevo ni coyuntural el que
abordamos con esta iniciativa. Y así lo demuestra que la tipificación
como infracción del uso y tenencia de armas blancas fue introducida
ya en la Ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana o, para
ser más precisos, en el ámbito del derecho administrativo sancionador
en materia de seguridad ciudadana. Pero es precisamente la forma
incorrecta en que se recogió esta materia en dicha ley la que obliga
a afrontar la necesidad de su reforma.
El tiempo transcurrido desde que entró en vigor la Ley orgánica de
protección de la seguridad ciudadana, de 21 de febrero de 1992, ha
puesto de manifiesto determinadas insuficiencias en el régimen
sancionador que dicha ley establece y particularmente en lo que se
refiere a la definición de los tipos infractores; insuficiencia que,
en definitiva, consiste en la inadecuación entre las conductas que la
ley considera sancionables y aquellas conductas que la sociedad, de
verdad, considera que deben ser reprochables y, por tanto,
merecedoras de una sanción. Esta inadecuación fuerza, en ocasiones,
a que determinadas normas que han sido previstas para un supuesto de
infracción concreto estén llamadas a ser aplicadas a otras conductas
que, aunque tengan relación con las primeras, no encuentran encaje
exacto en los tipos infractores que actualmente establece la ley, y
ello mueve a interpretaciones o pretensiones de aplicación o
extensión analógicas de la ley que el ordenamiento sancionador
excluye, concretamente la Ley 30/1992.
Esta insuficiencia normativa, propia de la Ley orgánica de protección
de la seguridad ciudadana, hace más patente y necesaria la reforma,
tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 18 de noviembre de
1993, pues dicha sentencia declaró inconstitucional la remisión que
el artículo 26 en su letra j) hace a las reglamentaciones específicas
y normas de policía dictadas en su desarrollo para tipificar como
infracciones leves los incumplimientos de obligaciones o la
vulneración de prohibiciones establecidas en dichas reglamentaciones
específicas. Y lo hace así porque la sentencia del Tribunal
Constitucional considera que las obligaciones o prohibiciones cuyo
incumplimiento o vulneración constituyen infracciones sancionables a
su amparo deben estar establecidas en la propia Ley de seguridad
ciudadana o, en su caso, en una ley especial, pues, de lo contrario,
se habilitaría al Reglamento para configurar
ex novo infracciones sancionables con desconocimiento del principio
de reserva de ley establecido en el artículo 25, apartado 1 de
nuestra Constitución.
La incidencia de esta declaración de inconstitucionalidad en materia
de tipificación de infracciones, en materia de derecho administrativo
sancionador, tiene una especial incidencia en el ámbito del
reglamento de armas, aprobado por Real Decreto de 29 de enero de
1993, ya que casi todas las infracciones recogidas en este
reglamento, y concretamente las contempladas en los artículos 155 a
157 del mismo, quedan sin cobertura legal por no existir en la
actualidad preceptos en la Ley orgánica de protección de la seguridad
ciudadana que tipifiquen tales conductas como infracciones y, por
tanto, sean merecedoras de sanción.
Por otra parte, y también en este ámbito de las infracciones a la
reglamentación específica en materia de armas, se ha considerado
oportuno, desde el Grupo Parlamentario Popular, perfeccionar la
tipificación de una conducta cuya incidencia en la seguridad
ciudadana es realmente extraordinaria y notoria, cual es la llevanza,
la tenencia, exhibición o uso de armas no prohibidas y, en
particular, de armas blancas cuya peligrosidad, potencial al menos,
han puesto de relieve acontecimientos tan recientes como tristes.
Así, el artículo 146 del reglamento de armas dispone en su número 1º
que queda prohibido portar, exhibir o usar fuera del domicilio, del
lugar de trabajo o, en su caso, de los establecimientos deportivos
correspondientes cualquier clase de armas de fuego cortas y de armas
blancas y especialmente aquellas que tienen hoja puntiaguda; y en el
número 2º califica en general de ilícito el hecho de llevar o portar
armas blancas en lugares públicos y en establecimientos de reunión,
concentración, recreo o de esparcimiento. Este precepto, en la medida
en que establece una prohibición cuya vulneración debería constituir
infracción al derecho administrativo sancionador en materia de
seguridad ciudadana y cuya tipificación venía regulada precisamente
en este artículo 26.j) de la Ley orgánica de protección de la
seguridad ciudadana, declarada inconstitucional por el Tribunal
Constitucional, se ve afectado por ésta y, por tanto, queda en la
actualidad inaplicable.
Se ha pretendido sancionar estas conductas al amparo del artículo 23,
letra a), de la propia Ley de seguridad ciudadana, considerándolas
como infracción grave en la medida en que supone tenencia o
utilización de armas reglamentarias -como es el caso de las armas
blancas- careciendo de la documentación o de la autorización
correspondiente o excediéndose de los límites permitidos. Pero esta
última expresión, excediéndose de los límites permitidos, plantea una
doble dificultad a la hora de su aplicación a los supuestos previstos
en el artículo 146 del reglamento de armas: por una parte, el exceso
de límites parece referirse -dada la redacción del artículo 23.a) de
la Ley de protección ciudadana- a los límites de la autorización, y
ocurre que las armas blancas no precisan autorización para su uso ni
para su tenencia; y, por otra parte, no
cabe equiparar la llevanza de armas blancas no prohibidas fuera del
domicilio en general -supuesto al que se refiere el número 1º del
artículo 146 del reglamento- con su tenencia o su exhibición en los
lugares a que se refiere el número 2º del artículo 146 del mismo
reglamento para calificarlo, en consecuencia, como infracción grave y
aplicarle la sanción correspondiente, porque no son conductas que
sean equiparables en cuanto a su gravedad. Así lo demuestra, por otra
parte, el artículo 156 del propio reglamento de armas cuando sólo
considera infracción grave la exhibición o tenencia en lugares
públicos o en establecimientos de reunión, de concentración, de
recreo o de esparcimiento.
En conclusión, hoy con la normativa en vigor resulta absolutamente
imposible sancionar en ningún caso la tenencia o exhibición de armas
blancas en lugares públicos y en establecimientos de recreo, de
esparcimiento y, en general, en los lugares públicos. Por ello, con
esta proposición de ley pretendemos, mediante la modificación del
artículo 23, apartado a), de la Ley orgánica de protección de la
seguridad ciudadana, incluir en dicho tipo infractor la conducta
prevista en el artículo 146, apartado 2º del reglamento de armas, es
decir, la llevanza o uso de armas no prohibidas en establecimientos
públicos y en lugares de concentración, reunión, etcétera, planteando
al mismo tiempo la adición del supuesto contemplado en el número 1º
del artículo 146 a las infracciones de carácter leve que se prevén en
el artículo 26 de la misma Ley orgánica de protección de la seguridad
ciudadana.
Junto a estos problemas de tipificación legal que con la proposición
de ley presentada se pretenden resolver, en la misma proposición
planteamos otra cuestión que en realidad no es muy distinta de las de
rango normativo, como es la de introducir en la Ley de protección de
la seguridad ciudadana una nueva infracción de carácter leve mediante
la modificación del apartado h) en su artículo 26, ya que el supuesto
o infracción que se pretende en esta proposición de ley tampoco
encuentra en la legalidad vigente la correspondiente norma de
cobertura. Efectivamente, la letra h) del artículo 26 de la Ley
orgánica de protección de la seguridad ciudadana conceptúa como
infracción de carácter leve el desobedecer los mandatos de la
autoridad o de sus agentes dictados en aplicación directa de lo
dispuesto en la presente ley cuando no constituya infracción penal.
Con esta proposición pretendemos añadir a esta materia la expresión:
así como conducirse con los mismos -es decir, con los agentes de la
autoridad-, cuando actúen en el ejercicio de sus funciones, sin el
respeto y consideración que a ellos se debe.No se nos escapa que
conceptos como los de respeto, consideración debida, etcétera, pueden
tener contornos de cierta imprecisión, que no son conceptos
absolutamente unívocos, y tal vez puedan verse afectados por
situaciones concretas, incluso por aspectos individuales, por el
nivel cultural de las personas o por los modos sociales.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Seco, le ruego que
concluya, por favor.
El señor SECO GORDILLO: Voy concluyendo, señor presidente. Le decía
que, con todo, el perfil general de esta infracción que se pretende
-que, por añadidura, se trata de una infracción de carácter leve-
resulta suficientemente clara en el sentir colectivo y, sin duda, la
exigencia de respeto y consideración a los agentes de la autoridad es
plenamente compartida por toda la sociedad, al tiempo que reforzaría
la autoridad de dichos agentes.
Decía Disraeli que las circunstancias caen fuera del dominio del
hombre, pero la manera de conducirse en ellas es cosa que siempre
está en su mano. Acudo a la cita de este político británico del siglo
XIX haciendo un llamamiento a todos los grupos de la Cámara para que
nos conduzcamos en esta iniciativa con la necesaria lealtad; lealtad
en cuanto a la oportunidad de la iniciativa porque, como antes dije,
fue presentada en el mes de junio, mucho antes de los acontecimientos
dramáticos que la han convertido en titular de prensa y, por tanto,
con ausencia de otras consideraciones que no fueran el
perfeccionamiento de nuestro ordenamiento jurídico sancionador en
materia de seguridad ciudadana, y lealtad en cuanto al fondo para
abordarla desde un punto de vista eminentemente técnico-jurídico, de
mejora del régimen de tipificación de las infracciones en materia de
tenencia y uso de armas blancas, huyendo en lo posible de
consideraciones políticas legítimas, sin duda, pero inoportunas, a mi
juicio, en este momento, que podrían acabar desvirtuando el debate y
con él el fin perseguido.
Concluyo, señor presidente, señalando que somos conscientes de que
sólo con esta medida que proponemos no se puede acabar con la
violencia en el deporte, con la violencia en la sociedad en general,
con la violencia en la movida. Para ello sería necesario un estudio
mucho más profundo de las causas de esa violencia y de las soluciones
que entre todos podamos aportar para corregirla. En ese debate más
profundo sobre estas causas y soluciones encontrarán siempre al Grupo
Parlamentario Popular dispuesto a llegar a los acuerdos de que seamos
capaces. Pero, señorías, no privemos a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado al menos de este instrumento que les permita un
mínimo control sobre el uso y tenencia de armas blancas, para cumplir
con el refranero cuando dice que quien quita la ocasión, la tenencia
de armas blancas, quita el peligro de que sean utilizadas para algo
nada bueno.
Nada más, señor presidente, termino pidiendo el voto favorable a
todos los grupos de la Cámara. Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Seco. ¿Algún grupo desea consumir un turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que van a fijar su posición en el debate? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, tiene la palabra
la señora Almeida.
La señora ALMEIDA CASTRO: Gracias, señor presidente.
Aunque no nos gusta la proposición de ley, entendemos el contenido de
la misma, por cuanto que es verdad que el Tribunal Constitucional ha
producido anulaciones por la forma incorrecta de reglamentar algunas
de las circunstancias. Por eso vamos a tomarla en consideración,
aunque estamos preocupados, y no sólo por esta ley, sino por las
operaciones que se están llevando a cabo para buscar armas blancas,
sobre todo entre la juventud, en operaciones de fines de semana. El
hecho de que por parte del Partido Popular se quiera introducir algo
como «conducirse sin respeto o consideración debida» nos parecen
palabras del pasado. Lo que estamos viendo es que muchas veces no hay
ningún respeto ni consideración debida precisamente en el momento de
ejecutar estos registros, que a veces atacan la dignidad personal de
muchos de los jóvenes que, aunque estén por la noche con litronas, no
llevan armas blancas y son sometidos a bastantes maltratos. Por eso
tenemos cierta desconfianza ante este tipo de términos que nos parece
que encierran una enorme inseguridad para los ciudadanos, no sólo
para los funcionarios de la autoridad, que en general ejercen más de
autoritarios que con el respeto que se merecen. Por tanto, con
reservas a lo que pueda salir de la redacción final de esta
proposición de ley, mi grupo la va a tomar en consideración
y presentará las enmiendas en el momento de su discusión.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Almeida.
En segundo lugar, tiene la palabra la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Muchas gracias, señor presidente.
En este momento estamos en el trámite de toma en consideración de la
proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en
relación a nuevos tipos de infracciones en materia de seguridad
ciudadana. Se nos presenta dentro de la exposición de motivos, razón
que desde el punto de vista jurídico creemos importante en cuanto que
representa dar mayor seguridad a las infracciones en la medida en que
son reguladas vía legislativa y no vía reglamentaria. Solamente por
dicha razón creemos que merece la toma en consideración. De todas
maneras, se han dado argumentos muy distintos, de distinta naturaleza
y, desde nuestro punto de vista, no sólo con proposiciones de este
tenor se pueden solventar los problemas. Creemos que en determinados
acontecimientos dramáticos y trágicos, como los que han sucedido en
los últimos días
-en este caso, como es lógico, hago referencia al asesinato de Aitor
Zabaleta, ciudadano guipuzcoano-, hay muchas más cosas que tomar en
consideración. En este sentido, ya que aludía a ello el ponente del
Grupo Popular, también les pediría que consideraran poder analizar
esta serie de cuestiones en Comisión, que creemos que es urgente que
se haga. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
En lo relativo a la definición de las conductas de los artículos 23 y
26, creemos que el trámite de esta proposición podrá dar lugar a unas
enmiendas, valga la redundancia, que puedan aportar mayor definición
y concreción respecto de estas cuestiones, que creemos que merecen
ser tenidas en cuenta, pero que también merecen mayor definición.
En lo que respecta al tema relativo al respeto señalado en el
artículo 26, que aparece como novedad, creemos que ya eran
suficientes las definiciones que aparecían en otras normas del
ordenamiento jurídico; sin embargo, también las estudiaremos. En
cualquier caso, apoyaremos la toma en consideración con las
consideraciones que hemos realizado. Desde luego, quiero señalar -y
en este trámite creo que es importante hacerlo- que acontecimientos
trágicos como los que han sucedido merecen un análisis mucho más
detallado y la mera aprobación de estas normas no será suficiente
para evitarlos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Señor Mardones, por el Grupo de Coalición Canaria.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Coincido plenamente con el juicio de valor que ha hecho el portavoz
del Grupo Parlamentario Popular al presentar la justificación de esta
iniciativa en forma de proposición de ley. A la vista de las
circunstancias actuales de violencia callejera, fundamentalmente, y
del uso indebido sobre todo de armas blancas es necesaria una
reglamentación que proporcione seguridad jurídica a las actuaciones
de los agentes de la autoridad, una figura coercitiva de una serie de
actuaciones que no estaban contempladas en la vigente Ley de
seguridad ciudadana. En este sentido, la sentencia de 18 de noviembre
de 1993 que dictó el Tribunal Constitucional viene a aclarar esta
cuestión, porque tiene que primar la Ley orgánica de seguridad
ciudadana frente al reglamento vigente de armas y explosivos. Los
tipos infractores que no estaban recogidos en la Ley orgánica son los
que han motivado el principio de insuficiencia que viene a justificar
la necesidad de esta iniciativa en forma de proposición de ley. Por
tanto, es necesario fijar unos tipos infractores para evitar lo que
se venía haciendo. Afortunadamente, como he dicho, el Tribunal
Constitucional en 1993 señala un principio de inconstitucionalidad,
cuando se podían introducir, por vía de reglamento de armas y
explosivos, unas figuras delictivas y unos tipos penales ex novo que
estaban en
el ánimo del legislador. Por tanto, vamos a apoyar con nuestro voto
la toma en consideración de esta iniciativa, que viene sencillamente
a armonizar la vigente Ley de protección y seguridad ciudadana con el
reglamento de armas y explosivos, donde sí están señalizadas o
tipificadas estas figuras ahora sancionables y, por tanto,
perseguibles por la autoridad gubernativa o los agentes de la
autoridad.
Solamente quiero señalarle al grupo proponente, para las enmiendas
posteriores, que mi grupo hace dos observaciones al respecto. Una, en
cuanto a la modificación que se propone del artículo 26 en su
apartado l), referente a la omisión de las revistas. Queremos
recomendar al Ministerio de Interior que, como tan acertadamente
viene haciendo la Dirección General de Tráfico, preadvirtiendo con
tres meses de antelación al poseedor de un permiso de conducir de la
próxima caducidad del mismo para evitarle molestias de exámenes
innecesarios, se preadvierta también por la Intervención de Armas de
la Guardia Civil a aquellos ciudadanos que por motivo de sus
actividades profesionales, servicios públicos, etcétera, tienen
licencia o permiso de armas de la caducidad de su documento, dada la
diversidad de períodos de vigencia que tienen.
Finalmente, señor presidente, queremos decir al Grupo Popular que hay
que leerse las leyes orgánicas hasta el final. Se pide la toma en
consideración como proposición de ley orgánica de dos artículos que
no son orgánicos. La Ley Orgánica 1/1992 dice en su disposición final
tercera claramente: no tienen carácter de orgánicos los artículos...,
el 23 y el 26. Los artículos 23 y 26 no tienen carácter de orgánicos
según la disposición final tercera de la ley. Para evitar problemas
de localización de leyes, esta proposición de ley debería ser ley
ordinaria de modificación de los artículos 23 y 26 de la Ley orgánica
1/1992, sobre protección de la seguridad ciudadana, con lo que
quedaría correcta jurídicamente la identificación del proyecto.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
Tiene ahora la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV-
EAJ), la señora Uría.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al que represento, considera
oportuna la remisión a la Cámara de la proposición de ley que nos
presenta el Grupo Parlamentario Popular, puesto que se trata de
modificar la Ley Orgánica 1/1992, que pretendió un cometido tan
difícil de trabar como cohonestar las exigencias de tipificación de
las infracciones contra la seguridad ciudadana con las exigencias del
respeto exquisito de los derechos y libertades de los ciudadanos,
haciéndolo además con respeto a los títulos competenciales, en
ejercicio de las competencias que al Estado le corresponden
en la materia, y pretendiendo que se cumpla de manera exquisita el
artículo 25 de la Constitución.
Efectivamente, el cometido era delicado. La ley fue objeto de
críticas acerbas y el tiempo transcurrido evidencia que tiene algunas
insuficiencias. Además de estas insuficiencias que el tiempo ha
evidenciado, se han referido los portavoces que me han precedido en
el uso de la palabra a la sentencia del Tribunal Constitucional de 18
de noviembre de 1993, que declaró inconstitucional no sólo el
apartado que fue más notorio, el de la llamada patada en la puerta,
sino también el contenido del artículo 26.j). A subsanar estas
insuficiencias y a hacer efectiva la sentencia del Tribunal
Constitucional viene, tal y como se expone de manera exhaustiva y
acertada en la exposición de motivos, la proposición que hoy se nos
presenta. Precisamente el apartado 26.j) se declara inconstitucional
por pretender tipificar conductas en relación con normas de rango
reglamentario, lo que va en contra del principio de reserva de ley y
de exactitud en la tipificación que el artículo 25, al que me he
referido, exige.
El concreto contenido de la norma nos parece también acertado, si
bien le haríamos algunas puntualizaciones. El apartado 26.h), cuando
tipifica como infracción leve dirigirse a los agentes de la autoridad
sin el respeto y la consideración a ellos debidos, siempre que tales
conductas no constituyan infracción penal, nos parece que plantea
problemas de inseguridad jurídica. No se nos alcanza qué conductas
que no sean delito van a estar aquí incluidas, puesto que se está
hablando de conductas que no impiden el ejercicio de la labor por
parte de los agentes; es decir, estamos hablando de expresiones
orales o gestos. Nos parece que éstos estarían en parte amparados por
la libertad de expresión y, en otra parte, dejaríamos que fuese el
juez de lo Penal quien dijera a qué se reducen las infracciones
administrativas. El principio de tipicidad nos debe llevar a ser más
precisos y, lo que no sea delito en esta materia, probablemente
deberá estar exento de reproche incluso administrativo.
Nos parece que también puede existir algún problema entre el
contenido del apartado o) del artículo 26 y lo previsto en el
apartado a) del artículo 23, puesto que hay casi una absoluta
identidad entre lo que se prevé como conducta grave y como conducta
leve. No pueden ser las dos cosas a la vez y al legislador le es
exigible decir ya en la propia norma con rango legal qué criterio se
va a establecer, es decir, la referencia a peligro concreto o a
escándalo concreto que cause la conducta para poder decir en qué se
va a basar o cuál va a ser el parámetro de lo grave y de lo leve.
Nada grave -repitiendo la misma expresión-, en definitiva, señor
presidente, nada que no pueda ser subsanable con enmiendas parciales,
que es lo que se propone hacer el Grupo Vasco en la tramitación de
esta ley, que, por supuesto, toma en consideración.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Uría, representante del
Grupo Vasco (PNV-EAJ).
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el
vicepresidente López de Lerma.
El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Señor presidente, señorías, nuestro
grupo parlamentario va a votar favorablemente la toma en
consideración de esta propuesta legislativa que nos presenta hoy el
Grupo Parlamentario Popular, relativa, como saben todas SS.SS., a
nuevos tipos de infracciones en materia de seguridad ciudadana.
El texto que se somete a consideración de esta Cámara establece la
tipificación ex novo de ciertas conductas que, relacionadas
básicamente con el régimen de tenencia y utilización de armas,
afectan ciertamente a la seguridad ciudadana, como se ha puesto de
manifiesto por parte del señor Seco, portavoz del Grupo Parlamentario
Popular.
Como ya se ha expuesto, tres son las motivaciones fundamentales que
avalan y justifican la toma en consideración de esta propuesta
legislativa que debatimos. Una, la dificultad objetiva de encajar
ciertas conductas en el régimen sancionador de la vigente Ley sobre
protección ciudadana de 1992. Han pasado prácticamente ocho años,
llega el momento en que lo que fue bueno en su momento resulta ya
antiguo. Segundo, las insuficiencias detectadas en la definición del
tipo delictivo por parte de la mencionada ley, que han dado lugar
desde apreciaciones contradictorias por parte de la Administración
hasta inhibiciones que sólo interrogantes -por decirlo de manera
suave- han creado en la sociedad. Tercero, la propia sentencia del
Tribunal Constitucional, de 18 de noviembre de 1993, relativa a la
inconstitucionalidad de la remisión a reglamentaciones específicas y
normas de policía dictadas en su ejecución que hacían del antiguo
apartado j) del artículo 26, lo cual ha creado un vacío que desde
luego cabe cubrir de inmediato.
Como acertadamente se señala por el Grupo Parlamentario Popular en la
exposición de motivos que acompaña a esta proposición de ley que
tratamos, el texto objeto de debate también se justifica por la
necesidad de reforzar el ejercicio de las funciones de los miembros
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en relación a la persecución de
ciertas actitudes que se propone tipificar como infracciones, aunque
en algunos casos leves, a la seguridad ciudadana, y mucho más se
explica esa propuesta legislativa en lo que se refiere al
perfeccionamiento por concreción de la tipificación de una conducta
con fuerte incidencia en la seguridad ciudadana, como es llevar,
exhibir y utilizar armas blancas.
Aunque el Grupo Parlamentario Popular registrase la presente
proposición de ley en el mes de julio último, más oportuna en el
tiempo, lamentablemente, no podría ser la reflexión que se nos
propone, que la acompaña y que ha aportado su portavoz en la
presentación de la misma, hecha, naturalmente, desde la necesidad de
cubrir vacíos legislativos, por un lado, perfeccionar
la norma existente, por otro, e integrar como tipos delictivos nuevas
conductas contrarias a la seguridad ciudadana. Lamentablemente,
señorías, la voluntad, la vocación, yo diría que nuestra
responsabilidad de legislar en positivo -es decir, en favor de la
seguridad ciudadana- no va a tener tanto eco como un minuto de
silencio ofrecido por televisión antes de convocar al dios del
espectáculo, es decir al fútbol. La efeméride, por lo importante,
está en ese minuto que refleja horror y rechazo, señorías. El
anonimato, me parece, aunque nos hable de eficacia, residirá en un
acto parlamentario como el presente que deseamos -al menos nuestro
grupo, con las mejoras que podamos entre todos introducir- tenga su
transcripción en su momento en el Boletín Oficial del Estado.
Nos parece en definitiva, señor presidente, que esta proposición de
ley del Grupo Parlamentario Popular no sólo es atinada en el tiempo
-que lo es, desgraciadamente- sino sobre todo sugeridora de un buen
trabajo legislativo por parte de esta Cámara, tendente a mejorar lo
existente en materia de protección de la seguridad ciudadana, a
adecuar la norma legal a la realidad que lamentablemente se vive y se
ha vivido intensamente en la calle y, por tanto, a garantizar a la
ciudadanía que la ley protege sus libertades y sus derechos.
Nada más, señor presidente, y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López de Lerma.
Tiene la palabra el señor Castellano en nombre del Grupo Federal de
Izquierda Unida.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo parlamentario va a votar favorablemente la admisión a
trámite de esta proposición de ley; pero lo va a hacer por una razón
exclusiva y personal de este grupo, y es que jamás queremos que se
coarte ninguna clase de debate. Hemos manifestado esta actitud frente
a toda clase de iniciativas, vengan de donde vengan. Conducta a la
que por ejemplo invitamos al Grupo Popular, que generalmente ante las
proposiciones de otros grupos inmediatamente hace uso, con sus
coaligados, del correspondiente rodillo. No queremos invocar la
reciprocidad porque entonces le diríamos categóricamente que no
estamos de acuerdo con esta proposición de ley -para decirles eso
vamos a esperar al momento de enmendar-, en primer lugar, por su
insuficiencia, porque aquí se discutió en su día la Ley de seguridad
ciudadana -el presidente es testigo de lo que ocurrió en aquella
época- y bastaría que por parte de su grupo y del nuestro hubiera una
posición contraria a la misma para que fuera una buena ocasión para
plantearse toda la Ley de seguridad ciudadana, que exige mayores
reformas, y no sólo una parte que puede parecer que ahora es muy
oportuna por determinados acontecimientos por todos lamentados. En
segundo lugar, porque aparte de ser insuficiente nos
parece muy poco satisfactoria la forma en que plantea una posible
solución ante la violencia. Es más, creo que nace de un principio que
todos tenemos que tener superado, que es el de la presunción de
delincuencia por el simple hecho de la tenencia de determinados
instrumentos. Esto venía ya en el viejo Código Penal, en el que se
sancionaba la posesión de escaleras y palanquetas pura y
sencillamente por el hecho de poseerlas. El hecho de poseer armas
blancas no puede ser objeto de sanción, ni siquiera el de exhibirlas.
Lo que tiene que ser objeto de sanción es el atentado contra la
libertad y contra la vida de los ciudadanos, y en ello no solamente
están las armas blancas. Si de verdad hay alguna voluntad política de
ir refrenando esa situación, habría que poner un poquitín de orden
público en un tema tan importante como es el alcohol. Tiene mucha
gracia que estemos preocupándonos de esta clase de armas blancas y
que luego lo que se refiere a determinado tratamiento de la juventud
con sus correspondientes establecimientos dedicados al lucro, de los
cuales a lo mejor los ayuntamientos sacan sabroso rendimiento, no sea
objeto de ninguna consideración.
Repito que en todo caso nos parece insatisfactoria e insuficiente,
pero aún así vamos a votar a favor de su admisión a trámite para
enmendarla en lo que sea necesario y queriendo huir de la típica
reacción de carácter represivo, exclusivamente represivo, ante el
fenómeno de la violencia, sin plantearse ninguna clase de problemas.
Y no me diga que no con la cabeza porque toda su argumentación desde
la tribuna ha estado fundamentada en cuatro o cinco hechos de ese
tipo que han ocurrido hace muy poco. Habría que hacer una composición
mucho más globalizada y mucho más extensa de cuáles son los fenómenos
de la delincuencia y de la violencia juvenil, que no se reducen al
hecho de que alguien pueda llevar en el bolsillo una navaja de
Albacete.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Castellano.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Barrero.
El señor BARRERO LÓPEZ: Señor presidente, señorías, en nombre del
Grupo Parlamentario Socialista voy a intentar, con toda brevedad pero
con la máxima claridad posible, poner de manifiesto ante el
Parlamento y ante el grupo que toma la iniciativa -el Grupo
Parlamentario Popular- cuál es la posición del Grupo Parlamentario
Socialista.
Nuestra posición va a ser la de dar un voto favorable a la toma en
consideración de la iniciativa que abra un trámite de debate sobre
las circunstancias que sin duda han hecho oportuna esta iniciativa,
pero intentando que a través del trámite parlamentario se debata en
profundidad -que no se renuncie al debate en profundidad- un tema que
preocupa profundamente a la sociedad, de la que nosotros debemos
hacernos eco si
realmente representamos seriamente la voluntad del pueblo. Por tanto,
quiero que sepan ustedes que nuestra toma en consideración viene dada
no por lo correcto de la iniciativa, aunque aplaudamos la oportunidad
de la misma, sino porque con ella se abre un debate que creo que a la
sociedad le importa y al que nosotros no podemos estar ajenos. Señor
presidente, siento que no hayamos aprovechado hoy para hacer el
debate que solicita la sociedad, que está realmente preocupada ante
una serie de acontecimientos que no son ni originales ni exclusivos
de la ciudad de Madrid, desgraciadamente, pero que empiezan a
resultar habituales y que preocupan profundamente a los ciudadanos.
Estamos hablando de temas que inciden sobre la seguridad de todos y,
por tanto, sobre la libertad de todos. Se echa de menos que hoy no se
aproveche este debate para hacer una mínima excursión en este
problema, que es muy grave y que esta proposición no de ley no
soluciona, y lo que intenta solucionar no lo soluciona bien, señor
portavoz del Grupo Parlamentario Popular, porque el tema de las
bandas fascistas, de las bandas que con su violencia intentan coartar
la libertad de los ciudadanos aprovechándose de un espectáculo
público o de cualquier otra situación, no se solventa mediante una
sanción administrativa a que porten o exhiban armas. Ese no es el
problema grave, ni su solución el que se mantenga una mayor
consideración o respeto hacia la autoridad cuando se dirige a alguno
de los miembros de esos colectivos. Por tanto, el problema no es de
represión en este caso administrativa, ni siquiera penal, sino que el
problema es bastante más grave, y me dedico en mi intervención sobre
todo a este tema puesto que usted en la suya ha hablado
exclusivamente de esto. Sobre esta cuestión daba algún tipo de
solución el dictamen que de manera unánime estudió la Comisión
dedicada a los temas de la violencia en el Senado al final de los
años ochenta o principios de los noventa, entre los cuales los temas
de sanción administrativa o penal no eran precisamente los más
importantes.
Dicho esto, es cierto que existen determinadas actuaciones que tienen
que tener algún aval legal, que en este momento no tienen, como
consecuencia del recurso constitucional del año 1993, que a
iniciativa del Grupo Popular el tribunal correspondiente excluyó de
la materia en la vigencia de la Ley de seguridad ciudadana algunos
artículos que daban aval a determinadas actuaciones descritas en el
Reglamento de armas, que no existían y existen -al parecer esa es su
intención- en esta ley, pero permítanme decir que de forma
técnicamente incorrecta. Se lo digo sin ningún tipo de acritud,
advirtiendo que esto es lo único que parece de interés en esta
proposición de ley. En el trámite parlamentario tendremos ocasión de
trabajar y profundizar sobre ello, pero no es esa la vía.
Por otra parte, señor portavoz, el problema no es que aparezca en el
artículo 26 de la Ley de seguridad ciudadana, la en su día llamada
ley Corcuera o ley de la patada en la puerta, tan querida por
ustedes, una extraña descripción de una conducta que sin ser
desobediencia administrativa ni penal es sancionable por el hecho de
que la autoridad no se considere respetada en su condición de
autoridad.
El respeto debido a todos, señor portavoz, es el respeto que se debe
al otro, no por el hecho de ser autoridad sino por el hecho de ser
respetable. Cuando se es autoridad hay una sanción administrativa por
desobediencia, que es la que aparece en el artículo 26, y si esa
desobediencia tiene una tipificación penal la sanción es penal, pero
la falta de respeto o consideración a la autoridad no puede ser
sancionable porque se trata exclusivamente de un problema de
urbanidad, de delicadeza con el otro, y obviamente esa consideración
la tiene la autoridad o el otro, en general todo el mundo. Por tanto,
señor portavoz, es evidente que eso no puede ser motivo de norma por
este Parlamento, un Parlamento democrático. No quiero decirle yo lo
que hubiera significado que hace unos cuantos años, en 1992, el
portavoz socialista hubiera subido a esta tribuna a defender que el
artículo 26 de la Ley de seguridad describía esta conducta; hubieran
ustedes armado un lío de muchísimo cuidado porque, señoría, le
aseguro que estas conductas en ningún Parlamento normal, democrático,
pueden tener sanción administrativa ni penal. Estoy seguro de que el
resto de los grupos estarán en la misma línea democrática del Grupo
Parlamentario Socialista y darán buena cuenta de ello a la hora del
trámite en ponencia o en comisión y, señorías -no hay que
descartarlo-, el Grupo Parlamentario Popular entrará en razón y
quitará estas descripciones tan curiosas de la ley.
La ley tiene otras descripciones curiosas, algunas realmente
desatinadas, como es el hecho de que se sanciona de manera leve a
aquella persona cuya pistola no tiene guía, sea o no miembro de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Es decir, un miembro de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad, por ejemplo un guardia civil o un policía
nacional, que no tuviera en ese momento la guía o la licencia porque
ha cambiado de chaqueta, pero exhibiera su arma para realizar una
acción de prevención o de represión de la seguridad ciudadana, podía
ser objeto de una sanción que, si no recuerdo mal, llega hasta la
cuantía de 50.000, que es la sanción leve; pero a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, a quienes ustedes no han elevado las nóminas en
estos presupuestos, les significaría sin duda un daño importante. En
fin, hay descripciones de conductas a mi entender poco afortunadas,
señor portavoz, a las que el trámite parlamentario les dará forma
atinada, democrática y técnicamente correcta. Pero déjeme decirle
algo importante porque estamos hablando de temas importantes, aunque
quizás el discurso algo irónico permite que vea usted sin acritud mi
posición.
Es una pena que esta iniciativa, que es oportuna, tenga la
consideración de oportunista porque no debaten ustedes el problema
real. Yo no le voy a echar en cara, señor portavoz, que usted agilice
el trámite de una iniciativa que dormía el sueño de los justos en el
Congreso de los Diputados y quiera hacerla llegar a
esta tribuna y hacer un debate. Eso es oportunidad política. Lo que
me parece un poco preocupante es que la oportunidad política se
limite a este debate de un tema importante y a esta iniciativa con
estas características. Es técnicamente mala y políticamente muy poco
oportuna porque se diría, aunque no sea cierto, que ustedes con esta
iniciativa limitan su acción política a impedir que haya un debate
formal. Es decir, se toma la iniciativa a la que ustedes tienen
derecho, se convierten en unas personas políticamente ágiles, pero
rehuyen el debate de fondo que es, si me lo permite, señor diputado
-lo tendremos en los trámites correspondientes-, empezar a hacer una
reflexión este Parlamento, todos nosotros, demócratas todos, de por
qué no se controlan las bandas parafascistas en este país, por qué
tienen la calle a su medida y para su uso bandas de skins o neonazis
que tienen en ocasiones -nos tememos- las simpatías de determinados
actores políticos o policiales, y que en su actitud y en su actividad
vienen siendo promovidas, estimuladas o incentivadas por directivos
de clubes de fútbol importantes que tienen una gran consideración
social, por otra parte. Esa es nuestra preocupación, la pregunta de
todos -estoy seguro de que de ustedes también- y hoy esta Cámara
tenía que haber sido testigo del debate que se está produciendo en la
sociedad y que se va a encontrar sin saber muy bien qué decimos en
esta Cámara cuando hace una o dos semanas un ciudadano ha fallecido y
una familia y una serie de amigos están realmente sumidos en el
dolor. Y no sólo ellos sino seguramente las más de 60 víctimas de
apuñalamientos denunciados que ha habido durante los cinco primeros
meses del año 1998 en Madrid. A sabiendas de que sólo se denuncia en
las comisarías el 10 por ciento de las acciones provocadas por estos
neonazis, estos skins o estos fascistas, hay que entender que en
medio año de 1998 y sólo en la ciudad de Madrid más de 600 familias
han tenido a un ciudadano maltratado o apuñalado por estas bandas
fascistas que convierten el espectáculo público del deporte no en
algo sano sino en algo violento y antidemocrático, con exhibición,
señor portavoz, de todo tipo de parafernalia fascista que no es
frenada por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado ni por los
actores políticos que tienen la obligación de hacerlo, o no son
frenadas suficientemente. Nadie entiende -y este es el debate- por
qué se comete un crimen -no soy yo muy proclive a la demagogia,
señores parlamentarios, bien lo sabe su portavoz- en un espectáculo
cerca de la policía y nada se sabe de él o no se ve nada por algunos
miembros de la policía. Ha habido dos muertos y más de 12
apuñalamientos en los últimos años, aparte de heridos, y no ha habido
un debate en este Parlamento, pero no es este el debate que tiene que
efectuarse en esta casa.
Existe, señor diputado -y termino, señor presidente-, permisividad y
complicidad; complicidad penal - insisto- de directivos con peñas
violentas y grupos parafascistas que llevan esa violencia a la calle
habiendo sido suficientemente excitados para que se provoque.
No entendemos, señor portavoz, sin acritud, por qué el
Ministerio del Interior mira para otra parte. Parece que está más
preocupado por su imagen que por ver los problemas de seguridad y,
por tanto, de libertad que existen en algunas calles de grandes
núcleos urbanos, de todos los núcleos urbanos pero sobre todo de
importantes núcleos urbanos.
Señor portavoz, ese es el debate que queremos realizar como
consecuencia de su iniciativa, que yo le agradezco, aunque tengo que
destacar -insisto en ello- que si no se produce ahora queremos
hacerlo nosotros en los distintos trámites de ponencia, comisión y
pleno. Por lo tanto, señor presidente, no estamos dando - creo que lo
he explicado con corrección y con profundidad en lo posible- nuestro
voto favorable a su propuesta, sino el voto favorable al trámite y al
debate en el que estoy seguro de que usted también entrará, señor
portavoz, con algunas medidas, si me permite decirlo, técnicamente
más correctas, democráticamente más correctas también que algunas de
las que aparecen en la proposición de ley que usted ha apoyado al
inicio de este debate.
Muchas gracias, señor presidente. (El señor Seco Gordillo pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barrero. ¿Qué desea, señor
Seco? Explíquese.
El señor SECO GORDILLO: Señor presidente, quiero agradecer a todos
los grupos de la Cámara la toma en consideración y reiterar mi
ofrecimiento de diálogo en los siguientes trámites parlamentarios y
que el objeto de esta iniciativa es cubrir una insuficiencia
normativa que se ha producido como consecuencia de una sentencia del
Tribunal Supremo, no otra. Evidentemente, cuando hay un problema el
Partido Popular lo afronta con una iniciativa, y la iniciativa de
presentar proposiciones de todo tipo no corresponde únicamente al
Grupo Parlamentario Popular sino a todos los grupos de la Cámara.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Seco.
Vamos a proceder a la votación. (Pausa.)
Votación de la proposición de ley, del Grupo Popular, por la que se
establecen nuevos tipos de infracciones en materia de seguridad
ciudadana. (Rumores.) ¡Silencio, señorías!
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
309; a favor, 309.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad del Pleno la toma
en consideración de la proposiciónde ley. (Aplausos.)
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, RELATIVA A RETRANSMISIONES
DEPORTIVAS DE LA LIGA PROFESIONAL DE FÚTBOL EN ABIERTO (Número de
expediente 162/000254).
El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: Proposiciones no de
ley. Se debatirá la del Grupo Socialista relativa a retransmisiones
deportivas de la liga profesional de fútbol en abierto. Para la
presentación de la iniciativa tiene la palabra la señora Leiva.
(Rumores.)
Señorías, guarden silencio. ¡Qué trajín! Señorías, por favor. Señor
Muñoz-Alonso, señor Saura.
Adelante, señora Leiva.
La señora LEIVA DÍEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, vamos a debatir hoy una proposición no
de ley relativa a las retransmisiones deportivas de la liga
profesional de fútbol en abierto. Este debate, señorías, no es nuevo
en este Parlamento; el último se produjo el 13 de diciembre de 1995 y
se debatieron tres proposiciones no de ley, una de Convergència
i Unió, otra de Izquierda Unida y una tercera del Grupo Popular
presentada por el hoy vicepresidente segundo y ministro de Economía,
don Rodrigo Rato, donde quedó de manifiesto la preocupación del
Parlamento por este mismo tema, ya que se aprobó un texto
transaccional, incluida la enmienda del Grupo Socialista. La
legislatura concluyó el 9 de enero de 1996 y retomamos una nueva.
Desde entonces ha llovido mucho, pero hoy no me voy a centrar en los
antecedentes que son muy curiosos: al Grupo Socialista le gusta más
contemplar el presente y el futuro, y sobre todo solucionar los
problemas que se presentan; por tanto no me voy a centrar en los
antecedentes. ¿Por qué presenta el Grupo Socialista esta proposición
no de ley? Por el incumplimiento de la Ley 21/1997, de 3 de julio,
que regula las emisiones y retransmisiones de competiciones y
acontecimientos deportivos. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Leiva.
Señor Belloch. Señor Ortiz. (Pausa.)
Gracias, señorías.Adelante.
La señora LEIVA DÍEZ: Gracias, presidente.
Dicha ley dice en su artículo 5, apartado 4, lo siguiente:
Reglamentariamente y en atención a los intereses deportivos y
mercantiles afectados podrán establecerse límites de día y horario
para estas retransmisiones.
Es evidente que ha habido un claro y prolongado incumplimiento por
parte del Gobierno, de al menos año y medio en cumplir con el mandato
de dicha ley en aras a poner fin al grave daño que las
retransmisiones de los partidos de fútbol por televisión en sábado y
en abierto producen en el sector del ocio en general y en
el de la restauración en particular; incumplimiento prolongado de la
ley y también de las promesas del portavoz del PP en la comparecencia
del presidente de la Federación española de restauración en el
Congreso de los Diputados, a solicitud del Grupo Socialista el 20 de
mayo de 1997, cuando decía textualmente: Esta ley garantiza que debe
haber como de interés general un partido y sólo uno en cada jornada
de fin de semana. Decía: Estamos en el momento de pensar si este
partido puede ser el domingo o puede mantenerse los sábados.
Señorías, es evidente que para encontrarnos ante tan grave problema
como todos reconocemos, el Grupo Parlamentario Popular ha pasado
mucho tiempo pensando y sólo pensando. Estos reiterados
incumplimientos del Gobierno del PP llevaron a que el 23 de julio de
1998 organizaciones empresariales como la Federación española de
restauración, Confederación española de organizaciones empresariales
(CEOE), Confederación española de empresarios del comercio minorista
y autónomos, Asociación nacional de locales de teatro, Asociación
nacional de cines de España, Federación estatal de trabajadores
y empleados de servicio de la Unión General de Trabajadores y la
Federación estatal de comercio, hostelería y turismo de Comisiones
Obreras, además de la Confederación estatal de consumidores y
usuarios más la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, firmaran un
acuerdo por el que solicitaban a todos los grupos parlamentarios
promover y presentar una iniciativa regulando los partidos de la Liga
profesional de fútbol y previendo que las retransmisiones televisivas
de los partidos de la Liga profesional de fútbol se realizaran en la
tarde-noche de los domingos o, subsidiariamente de los lunes.
Alguno de estos firmantes a quienes suscita gran interés el debate y
lo están siguiendo hoy aquí desde las tribunas, reiteraban que los
sectores empresariales y laborales anteriormente citados están
sufriendo unos gravísimos perjuicios económicos y de empleo por el
horario de retransmisión televisiva de los partidos de fútbol los
sábados a las ocho y media, al ser un horario que coincide con los
periodos de mayor demanda semanal de los servicios empresariales
firmantes. Pues bien, no sólo no han cumplido sus promesas, sino que
fruto de esta permanente dejación del Gobierno el horario de
retransmisión actual del sábado ha pasado de las ocho y media a las
nueve, con lo que se ha agravado mucho más el problema de todos ellos
y especialmente los restaurantes, subsector que cifraba el daño
económico y laboral en el año 1998, según estudios específicos de la
FER, en una caída de 150.000 millones en su facturación habitual y en
una reducción de sus plantillas laborales de 13.000 puestos fijos de
trabajo.
En el acuerdo firmado por todas las organizaciones también están los
consumidores, y en dicho acuerdo se manifestaban en contra del
sábado, ya que tampoco se ajustaba a lo que tradicionalmente han sido
en España los usos y costumbres en el calendario de las actividades
de ocio y no tiene precedente en ningún otro país europeo.
En España estos graves perjuicios ocasionados a una parte de su
economía vienen originados -fíjense en la paradoja- por televisiones
públicas financiadas con cargo a los impuestos que en gran medida
abonan los propios empresarios y trabajadores de los sectores
perjudicados.
En estas circunstancias, el Grupo Parlamentario Socialista entendió
que debía presentar la proposición no de ley que hoy discutimos.
Conocedor de la problemática del sector del ocio en general,
conocedor de la problemática del comercio y de la restauración en
particular, y preocupado por la pasividad del Gobierno, la presentó
el 12 de junio de 1998 a la Mesa del Congreso, instando primero al
Gobierno a cumplir sus compromisos frente a la ley y sus promesas,
marcando el plazo de un mes para negociar con todas las partes
implicadas el día y la hora de las retransmisiones deportivas de los
partidos de fútbol en abierto. Este problema, señorías, es
suficientemente antiguo y conocido como para considerar que un mayor
plazo nos llevaría a retrasar inútilmente la solución de este grave
problema, no sólo para este periodo sino también para el siguiente,
ya que los calendarios de la liga se suelen fijar en abril o mayo de
cada año.
En segundo lugar instaba a que en caso de no alcanzar un acuerdo
entre las partes, y con la finalidad de regular los partidos de Liga
profesional de fútbol para la temporada 1998-99 -puesto que se
presentó en el verano pasado-, el Gobierno desarrollara
reglamentariamente lo previsto en el artículo 5, apartado 4 de la ley
y fijábamos la hora de las retransmisiones deportivas de partidos de
fútbol en abierto. Creemos que no es bueno que se fije el día y la
hora de las retransmisiones. Este cambio de texto de nuestra
proposición no de ley lo íbamos a hacer a través de negociaciones con
otros grupos parlamentarios ¿Por qué? Para recoger el acuerdo citado
que se firmó el 23 de julio (recuerdo un mes más tarde de que
presentara el Grupo Socialista la proposición no de ley ante este
Parlamento), donde todos los sectores afectados, salvo la Liga
profesional de fútbol y las televisiones públicas, se ponían de
acuerdo en el día y la hora más adecuados.
El Grupo Socialista quiere resaltar que lo más llamativo del Gobierno
y del PP es que en año y medio no ha hecho nada por resolver este
asunto y sean las prisas de última hora por aparecer ante los medios
de comunicación como los únicos interesados en resolver este
problema. Es evidente que la iniciativa del Grupo Parlamentario
Socialista, señorías, les ha sacado de un largo letargo, no sabemos
si para solucionar este problema que tienen pendiente desde hace año
y medio, o para intentar apuntarse un tanto ahora y seguir sin hacer
nada después.
No estamos de acuerdo con la enmienda de modificación que nos ha
presentado el Grupo Popular. Respecto al primer punto, el tema es ya
muy conocido y no es necesario esperar al próximo periodo de sesiones
salvo, se me ocurre, que ustedes no quieran hacer nada en esta
legislatura y prefieran esperar a la siguiente;
pero yo les advierto que si esperan a la siguiente, lo regularemos
nosotros (Risas.).
Respecto al segundo punto, lo único que nos diferencia es la
temporada, ustedes hablan de la próxima temporada, y nosotros decimos
que se refiere a la actual.
El señor PRESIDENTE: Señora Leiva, vaya concluyendo, por favor.
La señora LEIVA DÍEZ: Voy acabando, señor presidente.
El sector no tiene por qué seguir así ni un día más, dado que los
efectos negativos de la presente temporada no tienen por qué perdurar
hasta la próxima liga.
Respecto al día de retransmisión, una cosa clara como todos saben, es
que ahora se retransmiten los sábados. Ustedes dicen en la enmienda
apropiándose de forma electoralista de la negociación de todos los
sectores, que sea los domingos. Háganlo, ¿qué les impide hacerlo?
¿Qué les impide haberlo hecho durante este año y medio? Díganlo. El
colmo de la desfachatez y la oportunidad política lo tiene el
portavoz del Gobierno. Este sábado cuando leía varios medios de
comunicación me quedé sorprendida y me preguntaba: ¿Quién es el señor
Piqué para comunicar al finalizar el Consejo de Ministros, lo que va
a hacer el Parlamento el martes siguiente? Sólo se explica porque
está cerca la Navidad y últimamente el señor Piqué va de Rey Mago, y
de regalito en regalito quería anunciar él la buena nueva.
El señor Piqué nos decía que el PP quiere trasladar al domingo por la
noche el fútbol en abierto ¿Por qué espera el señor Piqué a este
debate si es el portavoz del Gobierno? Si el señor Piqué está
reconociendo que la retransmisión el sábado daña al comercio y a la
hostelería, ¿por qué se emite el sábado desde que se aprobó la ley?
Quiere decir que el PP -eso dice el señor Piqué- está dañando al
comercio y a la hostelería y lo reconoce, además, como portavoz del
Gobierno.
En mi exposición ya he explicado -así lo hice a todos los grupos
parlamentarios la semana pasada antes de producirse este debate- que
el Grupo Socialista reconsideraría el día y la hora, conocido el
acuerdo de parte del sector. Repito que fue posterior a la
presentación de esta iniciativa y para ello teníamos dos caminos: una
autoenmienda como se ha hecho en alguna ocasión en esta Cámara
cambiando al domingo o negociación con otros grupos y elaborar una
enmienda transaccional. Éste es el camino que hemos elegido y por
ello estamos dispuestos a escuchar los argumentos del resto de grupos
de esta Cámara en aras al consenso parlamentario y a la defensa de
los intereses deportivos, mercantiles y de los consumidores y
usuarios.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Leiva.
Han presentado enmiendas a la proposición no de ley los grupos
Popular, Federal de Izquierda Unida y Grupo Catalán (Convergència i
Unió).
Por el Grupo Popular, tiene la palabra don Javier Gómez Darmendrail.
El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar quisiera recordar, aunque ya ha recordado
algo por encima la señora portavoz del PSOE, que la problemática
suscitada por la retransmisión de partidos de fútbol ha sido ya
debatida con anterioridad en esta Cámara. Todos los grupos hemos
coincidido en el diagnóstico. En primer lugar el problema se
circunscribe a los sábados. En segundo lugar es un asunto complejo
porque existe un conflicto de intereses. En tercer lugar, se pretende
no perjudicar a la audiencia, no perjudicar a los aficionados ni
tampoco a los sectores implicados.
Parece que todos estamos de acuerdo en el diagnóstico, ahora falta
que coincidamos en la solución, pero para ayudar a comprender el
problema permítanme dedicar un minuto a explicar los antecedentes que
lo originan. La señora Leiva no ha querido hablar de los
antecedentes, pero yo sí y para ello me remontaré a la temporada de
1994 cuando se retransmitieron 788 partidos, una media de 2,15
partidos diarios, lo que equivale a 1182 horas o cuarenta y nueve
días y medio de retransmisión, por lo que los telespectadores
pudieron disfrutar de sus equipos preferidos, las cadenas de
televisión aumentaron sus audiencias y sus beneficios, y por
consiguiente todos contentos incluidos los propios clubes.
Mientras esto sucede se empieza a detectar ya cierto grado de
conflictividad en algunos sectores en lo que se refiere a la
retransmisión de los partidos los sábados por la tarde, señorías,
exclusivamente los sábados por la tarde. La hostelería, la cultura y
los espectáculos manifiestan los graves perjuicios que se originan
por las coincidencias de la programación deportiva en las horas y
días de mayor actividad. Manifiestan que sus actividades caen en
picado, que tienen pérdida de clientes y por consiguiente pérdidas
económicas. Pero lo más importante desde nuestra óptica es que
también podía provocarse una caída en el empleo.
Las tesis que mantenía el sector es que necesitaban las plantillas
los fines de semana y que el resto de la semana dedicaban las
jornadas a descanso del personal. Por consiguiente, si no necesitaban
la plantilla completa los fines de semana, algunas empresas podrían
prescindir de parte de sus empleados. Más adelante daré algunos datos
que podrán ilustrar en este sentido.
Fruto de esta inquietud, algunos sectores, como la hostelería, cines,
teatros, etcétera, hablaron con los diversos grupos parlamentarios, y
el Grupo Popular (estoy hablando del 4 de octubre de 1994) planteó
una pregunta al ministro de Trabajo en los siguientes términos: ¿Qué
medidas tiene previsto adoptar el ministro de Trabajo para hacer
compatible la retransmisión televisada
de partidos de fútbol con el mantenimiento del empleo de los
sectores de hostelería y espectáculos? No contestó el ministro de
Trabajo, contestó el ministro de Comercio, y dijo que no se podían
adelantar las horas porque el problema se trasladaba al comercio y se
originaría un conflicto de intereses. Son palabras de un ministro de
Comercio del Gobierno socialista.
A la vista de esta respuesta se reúnen el comercio y la hostelería, y
para no dañarse unos a otros defendiendo sus exclusivos intereses, se
crea una comisión integrada por federaciones de hostelería,
restauraciones, bares, cines, teatros, la Confederación española de
comercio y la Asociación de medianas y grandes empresas de
distribución. Llegan a un acuerdo en el sentido de que las
retransmisiones de partidos de fútbol no se realizasen en la tarde
del sábado sino en domingo, y sólo subsidiariamente si era preciso
mantener alguna retransmisión, que las llamadas en abierto se
realizasen en domingo, de manera que no afectasen de forma tan
sustancial a las actividades que concurren en la tarde del sábado.
Hay que recordar, señorías, que quienes esto afirman representan el
28 por ciento del producto interior bruto, facturan 25 billones de
pesetas y dan empleo a casi 3 millones de personas. Bien, con estos
antecedentes, la respuesta del ministro y el acuerdo de los sectores,
nos encontramos con una proposición no de ley surrealista, que ni la
señora Leiva se ha atrevido a explicar. (El señor Hernández Moltó
pronuncia palabras que no se perciben.) Ahora se lo diré, señor
Hernández Moltó, del Grupo Socialista, que en síntesis en el punto 1
da el plazo de un mes para que el Gobierno negocie con las partes el
día y hora de las retransmisiones. En primer lugar, nos parece que
dar el plazo de un mes es desconocer la dimensión del problema y la
complejidad del asunto, pues se necesitarían por lo menos dos o tres
meses, no más allá. Cuando hablamos del período de sesiones no quiere
decir que haya que ocuparle entero, con dos o tres meses es
suficiente. En segundo lugar, hay que recordar que ya ha habido
propuestas de diversos grupos para propiciar el diálogo de las partes
sin ningún tipo de acuerdo, luego alguna dificultad habrá.
En el punto 2.º, este punto que la señora Leiva se ha saltado con una
maniobra muy curiosa, decía el Grupo Socialista que en caso de no
llegar a un acuerdo, el Gobierno desarrolle reglamentariamente lo
previsto en el artículo 5, apartado 4, de la Ley 21/1997, y fije la
hora de las retransmisiones deportivas. Ahí, la señora Leiva no ha
seguido, pero dice: de partidos de fútbol en abierto los sábados
antes de las 19,30 horas. Eso pone su proposición no de ley. Sí, lo
pone, y usted no se ha atrevido a decirlo. ¿Qué razonamiento ha
podido seguir el Grupo Socialista para llegar a tal despropósito?
Fíjese, señora Leiva, que el comercio conoce esta ley como la ley de
Murphy, le llaman la ley de Murphy, y dicen que si algo puede salir
mal saldrá mal, y efectivamente esta proposición no de ley no les ha
podidosalir peor.
Si nos preguntamos qué día de la semana tiene el comercio mayor
actividad, la respuesta es que el 40 por ciento del total de las
ventas semanales se realiza el sábado; si nos preguntamos qué franja
horaria tiene mayores ventas, la respuesta es de 18 a 20,30; cuál es
la hora punta o el momento de mayor inflexión en las ventas, las
19,30. Pues ustedes han dicho el sábado a las 19,30. A juicio de mi
grupo, hablar de sábados a las 19,30 es el mayor agravio que se pueda
hacer al comercio. No se lo digo yo -yo también se lo digo-, pero se
lo va a decir la Confederación española de comercio.
La Confederación española de comercio, aparte de decir que rechaza
frontalmente su proposición no de ley, dice que la propuesta
socialista demuestra un absoluto desprecio y un total desconocimiento
de la realidad del comercio y de la actividad comercial, y en
cualquier caso supone un innecesario agravio comparativo del sector
del comercio respecto a otros sectores económicos. Después echa
algunas flores a nuestra propuesta, y además dice que esta
alternativa sería también la que mejor se adaptaría a los hábitos y
preferencias de los propios espectadores. Esto lo dice la
Confederación española de comercio.
Pues bien, señorías, imaginamos que estas razones y declaraciones son
entre otras las que han hecho que el Grupo Socialista se movilice con
esa urgencia para incorporarse a otras tesis más razonables,
planteando alguna propuesta que creo nos van a hacer; propuesta que
no compartimos, no hemos firmado ni vamos a firmar, y ya explicaremos
nuestra posición al respecto. ¿Cuál es nuestra enmienda, señor
presidente? Nuestra enmienda que voy a defender en dos minutos, dice
en el punto 1 que el Gobierno tiene de plazo el próximo período de
sesiones; pero esto no quiere decir que haya que abarcarlo entero
porque estamos convencidos de que en dos o tres meses se puede
solucionar. Además no queremos que el Gobierno negocie con las
partes, porque el Gobierno no es una parte de la negociación, sino
que el Gobierno propicie la negociación con las partes para llegar a
un acuerdo en el día y la hora; pero, señorías, se necesita más de un
mes para llegar a un acuerdo, porque hay argumentos de mucho calado
en relación con este asunto. Por ejemplo los restaurantes, la cultura
y espectáculos mantienen que el fútbol perjudica sus intereses. Los
canales de televisión, sin embargo, dicen que no es el fútbol en
particular, sino la televisión en general, que ellos tienen unas
audiencias importantes y las mantendrían. El comercio y la hostelería
piden que transmita la Forta en domingo y en sábado codificado, y a
eso la Forta dice que se les hace un gran daño económico y hay que
revisar los contratos vigentes. La federación, por su parte, dice que
ello implicaría modificación de estatutos, y el comercio dice que hay
discriminación, que unos son privilegiados y otros discriminados,
invocan el artículo 14 y dicen que si se ha regulado el comercio por
qué no se regulan también los partidos de fútbol; además ponen sobre
la mesa 15.000 empleos a tiempo parcial para el sábado. Si quieren
oír intervenciones duras al
respecto escuchen a los representantes del cine y del teatro.
Quisiera subrayar este primer punto porque nosotros creemos
fundamental que se llegue a un acuerdo.
Si no se consigue llegar a un acuerdo planteamos que las
retransmisiones se trasladen al domingo, después del final de los
encuentros de la competencia, y lo decimos así de claro. Creo que a
veces hay que tener decisión. La peor decisión es la indecisión y
parece que algunos de ustedes se han instalado permanentemente en el
escenario de la indecisión. ¿Por qué decimos esto? Ustedes saben que
el Gobierno está manteniendo una lucha sin cuartel contra el
desempleo, el desempleo es un motivo de especial preocupación para
este Gobierno, y evidentemente los objetivos del Gobierno no son sólo
la creación de empleos nuevos sino también evitar la destrucción del
ya existente. Por eso desde el Partido Popular queremos compaginar el
derecho de los aficionados, a los que no se les debe suprimir ni una
sola de las retransmisiones, con los intereses del conjunto del país
en lo referente a la conservación del empleo.
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, don Javier.
El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: Concluyo inmediatamente, señor
presidente.
Es decir queremos conseguir un equilibrio para que el espectador
pueda seguir disfrutando de sus emisiones preferidas y para que,
respetando las iniciativas de los diversos canales de televisión,
esta iniciativa no se transforme en competencia negativa para estos
sectores tan importantes en la economía y el empleo. En todas las
intervenciones que hemos tenido desde el año 1994 estamos pidiendo
flexibilidad en los horarios del sábado por la tarde para todos los
sectores; pedimos solidaridad para que los trabajadores puedan seguir
manteniendo sus puestos de trabajo y también diálogo para que se
pueda llegar a una solución que no dañe al empleo ni perjudique al
espectador.
Por eso hemos presentado esta enmienda que mantenemos y que
esperábamos fuese aceptada -aunque parece que no va a ser así-,
valorada en sus justos términos y votada favorablemente por todos los
miembros de esta Cámara. Esperamos que se presente otra propuesta, ya
que no se ha atrevido a contar la de su propia ley, señora Leiva.
Cuente usted que la propuesta que tenía en la proposición de ley era
la del sábado a las 7,30 de la tarde.
Nada más y muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gómez Darmendrail.
Por el Grupo Federal de Izquierda Unida y en defensa de su enmienda,
la señora Sabanés.
La señora SABANÉS NADAL: Gracias, señor presidente.
Señorías, voy a intervenir en nombre del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida para fijar nuestra posición con relación a la
proposición no de ley del Grupo Socialista y para defender nuestras
enmiendas al respecto.
Se ha hablado aquí de antecedentes, pero también deberíamos hablar ya
a cierta distancia pero sin olvidarnos de lo que fue y de lo que
significó el debate de la Ley de emisiones y retransmisiones
deportivas y convenir al menos que una parte importante de las
previsiones que se hicieron en esta Cámara y en este debate sobre la
posible quiebra de los clubes de fútbol, sobre expropiaciones y sobre
indemnizaciones no se han cumplido, y sin embargo problemas que
existían anteriores a la ley, muy anteriores como los que hoy plantea
el Grupo Socialista, no pudieron ser materialmente abordados en el
transcurso de ese debate que generó una importante tensión y que
impidió abordar algunos de estos problemas, que evidentemente son
mucho más antiguos que la propia Ley de emisiones y retransmisiones
deportivas.
Nos encontramos de nuevo con un problema antiguo, con un problema de
conflicto de intereses, como aquí ya se ha planteado, de intereses
comerciales, de intereses del sector de la hostelería, ocio y
cultura, y de intereses deportivos. Este conflicto de intereses, que
tiene antecedentes en esta Cámara y es anterior a la propia ley de
julio donde ya se había instado al Gobierno a buscar una fórmula de
acuerdos para hacer mínimamente compatibles los diversos intereses
confrontados, ciertamente no tiene fácil solución. Las
retransmisiones deportivas tienen de por sí un complejo sistema de
acuerdos, de elección y selección de encuentros, de sistemas de
retransmisión y diversos equilibrios sobre los que no es fácil
intervenir sobre todo si tenemos en cuenta la perspectiva de las
competencias y de las posibilidades de actuación de regulación sobre
horarios o sobre la Liga de fútbol profesional.
Por otra parte tenemos el conflicto con otros sectores (el sector de
la hostelería, cines, teatros y comercio) que conforman un sector
económico y estratégico muy importante para nuestro país, que genera
más de 3 millones de empleos, que es un sector consolidado y además
lleva pacientemente planteando su problema desde las fechas que aquí
se han citado y en cada momento que han tenido lugar los importantes
debates que afectaban a las retransmisiones deportivas y
fundamentalmente de fútbol.
Tampoco podemos olvidar el propio sector deportivo en sí mismo, que
es también de importancia económica creciente, que significa según el
último informe de la Unión Europea el 3 por ciento de la economía
mundial, que está teniendo un rápido crecimiento, que entre
patrocinio, entradas, derechos de retransmisión, etcétera, en Europa
se mueven globalmente más de 5 billones, y que está significando un
nivel importante como sector económico en el conjunto europeo y en
nuestro país.
Con todos estos elementos, señorías, ¿se puede hacer un esfuerzo para
conjugar las rentabilidades y las estrategias adecuando el conjunto
de intereses en juego? De momento existen hoy en esta Cámara
importantes cambios de posición respecto al último debate. El propio
grupo proponente tiene un cambio importante de posición con lo que
significó su voto en contra de la regulación introducida en el
Senado, y otros grupos que tomarán la palabra también tienen cambios
de posición con lo que fue su posición en el momento del debate de la
Ley de emisiones y retransmisiones deportivas. Por tanto deberíamos
concluir que como se ha rebajado de forma importante el nivel de
tensión del debate que afectaba al fútbol, posiblemente podríamos
llegar a generar un mayor nivel de consenso, o por lo menos un nivel
de acercamiento de lo más importante que tradicionalmente ha rodeado
al debate que afectaba al fútbol y más concretamente al fútbol
televisado. (El señor vicepresidente, Fernández Miranda y Lozana,
ocupa la Presidencia.)
Piensa mi grupo que la redacción de la proposición no de ley del
Grupo Socialista y también la enmienda del Grupo Popular se olvidan
de las competencias a la hora de regular horarios y días de
retransmisión, no así otras enmiendas que se han planteado. También
se olvidan del complejo y cambiante sistema que actualmente rige los
horarios y de las nuevas previsiones en competiciones europeas, que
posiblemente entrarán en vigor en la temporada siguiente. Por tanto,
hay un olvido esencial de lo que significan las competencias y las
posibilidades de programación y fundamentalmente de los implicados.
Podemos instar a un acuerdo, pero no podemos obviar quién tiene las
competencias a la hora de planificar bandas horarias.
Lo que sí dice con claridad la Ley de emisiones y retransmisiones
deportivas es que el Gobierno podrá establecer límites para las
emisiones de retransmisiones deportivas en abierto, y es en esa línea
donde se debería de actuar a la hora de fijar en qué bandas horarias,
qué días o qué horas no podrán emitirse partidos en abierto, pero no
se puede regular desde aquí si es el sábado a las siete y media o el
domingo a las siete y media, entre otras cosas porque hacerlo
significaría un conflicto de intereses y un conflicto jurídico con la
Liga de fútbol profesional que retrasaría cualquier posibilidad de
acuerdo y la resolución final del conflicto.
La enmienda de modificación que plantea Izquierda Unida pretende, en
primer lugar, dar exclusivamente un mes para confeccionar un informe,
oyendo a las partes, porque conocemos el conflicto que afecta a una
parte, pero también hemos oído o leído lo que ha dicho la Liga de
fútbol profesional, que es la que tiene competencias: prácticamente,
que digan misa, que las competencias son nuestras y ya veremos lo que
hacemos. En consecuencia, lo más sensato sería darle al Gobierno el
plazo de un mes para que efectúe un informe, con consulta a las
partes implicadas, entre ellas la Liga de fútbol profesional, las
cadenas de televisión y, por supuesto, ver los intereses en conflicto
de los que
hoy estamos hablando, que son comerciales y del sector de la
hostelería, y hacer constar en ese informe los límites horarios que
se plantean y cómo afectarán al resto de las emisiones que se estén
realizando por otros sistemas en ese momento. De esta forma
estableceríamos las posibilidades y las limitaciones horarias y
quedaría el resto para poder negociar la posibilidad de emisión de
partidos en abierto. El segundo punto de nuestra enmienda propone que
con base a dicho informe se negocie a la mayor brevedad posible la
puesta en marcha de las modificaciones que se deduzcan de las
limitaciones horarias que se recojan en el informe. Evidentemente
dichas limitaciones irían en cierta banda horaria de los sábados o de
los domingos, en función de las planificaciones de las próximas
temporadas.
En todo caso, nuestra enmienda introduce que en el supuesto de no
llegar a un acuerdo, se desarrollará reglamentariamente la ley, y
vuelvo a reiterar que la ley habla de límites, no de establecer
horarios. Habla de una cuestión esencialmente diferente. Nosotros
incorporamos el carácter progresivo en ésta y sucesivas temporadas,
porque si introdujéramos el carácter progresivo en esta temporada,
significaría que, como prueba de buena voluntad de las partes, sí se
podría lograr un proceso de modificaciones horarias pactadas, que
podrían entrar en esta liga cuando menos para evaluar la realidad de
la situación y lo que afecta al conjunto de actividades deportivas.
Por tanto, habría una muestra de buena voluntad de las partes si
adoptamos el criterio de progresividad en su aplicación. En
consecuencia, podríamos aplicar alguna modificación en esta temporada
de liga y continuar con la modificación de horarios en la siguiente
temporada, es decir, en la de 1999. Entendemos que ese sería el
camino más rápido, porque por más que hoy digamos aquí que vamos
a planificar los partidos el domingo a las siete, no conviene obviar
las competencias en este tema, lo que nos podría llevar a un camino
muchísimo más largo de conflictividad jurídica y de no resolución del
conflicto. Por lo menos desde mi grupo se entiende que, tal como se
ha planteado la enmienda, se abre la posibilidad de limitación en
bandas horarias, que es bastante más asequible, y de progresividad en
la aplicación, pudiendo entrar incluso en esta temporada.
Quedamos a la espera de las conversaciones y del redactado final de
la proposición, aunque desde luego desearíamos que se aceptaran los
criterios que acabamos de expresar. En todo caso cualquier tema que
signifique un avance hacia la resolución de este conflicto nos parece
positivo, por lo que vamos a votar favorablemente la proposición.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Sabanés.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para
la presentación de su enmienda, tiene la palabra el señor Burballa.
El señor BURBALLA I CAMPABADAL: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, nuestro grupo siempre se ha manifestado en apoyo de los
sectores que impulsan con su actividad nuestra economía productiva.
Para dejar constatación de ello quisiera recordar hoy aquí que a
pesar de las resistencias del Grupo Socialista y también del Grupo
Popular, en la oposición en su momento, conseguimos aprobar la Ley
del comercio. La hostelería y el comercio representan ni más ni menos
que el 28 por ciento del producto interior bruto y estos sectores,
señorías, dan empleo, como es bien conocido, a prácticamente tres
millones de personas, sin mencionar los puestos de trabajo que
generan otros sectores, como el cine, el teatro u otras actividades
de servicios.
Concretamente, respecto a la problemática a que se refiere la
proposición no de ley del Grupo Socialista, nuestro grupo presentó en
el inicio de la presente legislatura una proposición no de ley ante
la Comisión de Control Parlamentario de Radiotelevisión Española,
dirigida a paliar el perjuicio que las retransmisiones deportivas de
partidos de fútbol en abierto los sábados originaban a diferentes
sectores de servicios, especialmente al comercio, a la hostelería, a
la restauración y a los espectáculos. En aquella proposición no de
ley, que fue aprobada por unanimidad, instábamos al Gobierno
a negociar a la mayor brevedad posible con las partes y a llegar a un
acuerdo. Desde entonces, señorías, hemos promovido el diálogo entre
las partes afectadas. Constatamos con pesar que hasta el día de hoy
no ha sido posible encontrar una solución en un tema que, por otra
parte, no esconde su complejidad. Sin embargo, la iniciativa del
Grupo Socialista que estamos debatiendo nos da oportunidad para
intentar de nuevo llegar a un acuerdo y resolver el problema.
Señorías, rechazamos la propuesta del Grupo Socialista en el sentido
de pasar el horario a las 19,30 horas. Ya sé que su portavoz ha hecho
de alguna manera mención a que ese no era el texto definitivo que
querían aprobar, pero evidentemente nuestro grupo no estaría nunca a
favor de desvestir a un santo para vestir a otro. Nuestro grupo ha
presentado una enmienda con ánimo de que pueda ser aceptada por el
grupo proponente y a la que puedan sumarse el resto de los grupos
parlamentarios, con el objetivo de obtener una votación lo más
unánime posible y que refuerce en todo caso el deseo de todos los
grupos, que por otra parte aquí se ha expresado, de llegar a un punto
de acuerdo para resolver esta cuestión.
Nuestra enmienda contiene dos elementos. En cuanto al plazo,
entendemos que para que el Gobierno negocie con las partes y llegue a
un acuerdo hay que recuperar un concepto que es el de la brevedad,
que es el que nosotros propusimos en la proposición no de ley en la
Comisión de Control Parlamentario de Radiotelevisión Española y que
fue aceptada por el resto de grupos parlamentarios. Por tanto, más
que fijar un mes u otro plazo determinado, estamos por el concepto de
la máxima brevedad. Eso sí, en todo caso, nuestra
enmienda fija un tope para el acuerdo, que se situaría en el mes de
junio de 1999.
Respecto del segundo punto de la proposición no de ley del Grupo
Socialista, aquel en que se prevé el caso de que sea imposible llegar
a un acuerdo en el plazo que acabo de citar, proponemos que el
Gobierno desarrolle reglamentariamente y de forma inmediata el
artículo 5.4 de la Ley de emisiones y retransmisiones deportivas
teniendo en cuenta dos criterios, primero, la consideración hacia los
intereses de los telespectadores aficionados al fútbol derivada de la
nueva regulación que recientemente ha aprobado la UEFA para las
competiciones europeas; segundo y más importante, en el caso de que
el acuerdo fuera imposible, como ha sucedido hasta el momento,
nuestro grupo se muestra partidario de que el desarrollo
reglamentario fijando el día y la hora para las retransmisiones de la
Liga de fútbol profesional en abierto se realice teniendo en cuenta
el mayor grado de consenso que sea posible alcanzar entre las partes,
priorizando de forma indiscutible los intereses de las partes que
hasta el momento han sido más perjudicadas, como son a nuestro
entender y sin ninguna duda el comercio, la hostelería, la
restauración, los espectáculos y otras actividades de servicios. No
cabe ninguna indecisión, señorías. En todo caso, el Gobierno tiene en
su mano, con la Ley de emisiones y retransmisiones deportivas, poner
límites y actuar ya desde este momento, como lo tenía desde momentos
anteriores.
Con nuestra enmienda, señorías, deseamos que el camino quede expedito
para poner punto final a una situación, gravemente lesiva para
sectores estratégicos de nuestra economía y que, a nuestro entender,
ya ha durado demasiado tiempo.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Burballa. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor
Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.
Intervengo en nombre de Unió Valenciana para fijar la posición
respecto a la proposición no de ley referida a las retransmisiones
deportivas de la Liga de fútbol profesional en abierto, un tema de
gran importancia -en la que ya han abundado diversos portavoces-,
cuya trascendencia económica, social y laboral no se nos puede
escapar, lo que hace que tengamos que buscar por encima de todo el
acuerdo amplio desde el diálogo y el consenso entre las partes
implicadas, todo ello teniendo en cuenta los sectores que hasta el
día de hoy -y parece que no hay posibilidad de remediarlo en la liga
en que nos encontramos, 1998-99- han sido los más perjudicados: los
comerciantes, los pequeños empresarios, la hostelería, la
restauración, espectáculos
y otras actividades de servicios, así como los intereses de los
usuarios y consumidores.
Estamos hablando de unos sectores que se han visto gravemente
perjudicados y que han tenido en contra de sus intereses una
legislación o unas decisiones. Se han cifrado en más de 200.000
millones las pérdidas, directa o indirectamente. Coincido con los
portavoces del Grupo Popular y del Grupo Catalán (Convergència i
Unió) en que son sectores dinámicos, de creación de empleo y de
generación de riqueza, de gran importancia en los años que corren.
Por ello el punto de partida de todas las enmiendas y que nos une a
todos, excepto el Grupo Socialista, por lo menos en el momento de la
redacción de la proposición, es buscar el acuerdo amplio, el diálogo
y el consenso, porque todos tenemos claro que esas retransmisiones
deportivas deben ser cualquier día, a cualquier hora, menos el sábado
entre las cuatro de la tarde y las once de la noche, que es cuando se
genera más del 50 por ciento de la actividad comercial en torno a la
hostelería, restauración, pequeño comercio y espectáculos. Si
queremos ayudar a un sector generador de riqueza y de empleo, una
cosa está clara: las retransmisiones en abierto nunca pueden ser el
sábado por la tarde entre las 16 y las 23 horas, ya que los estudios
de mercado, las encuestas y las estadísticas sobre el comportamiento
y los hábitos de consumo, de compras y de ocio, sitúan en esas horas
de los sábados la gran afluencia de ciudadanos a tiendas, comercios,
galerías comerciales y espectáculos.
Por tanto, suscribiendo el espíritu de las intervenciones del Grupo
Catalán (Convergència i Unió) y del Grupo Popular creo que hay una
buena enmienda sobre la mesa por parte del Grupo Socialista, que ha
hecho una autoenmienda. Hay que excluir la posibilidad del fútbol en
abierto los sábados antes de las 17,30 horas, porque sería abundar en
el perjuicio que hasta el día de hoy se ha ocasionado entre las 20 y
las 23 horas. Tengamos, pues, amplitud de miras, pensemos en la
generación de riqueza y de empleo que suponen esos sectores que hemos
comentado en nuestras diversas intervenciones los grupos
parlamentarios y desde el consenso busquemos -y apostaría en esa
línea- que la retransmisión en abierto sea el domingo a partir de las
20 horas, porque entonces no hay hábitos de consumo en los grandes
centros comerciales -excepto ocho domingos, siempre cerrados-, y los
domingos por la tarde normalmente las familias desde sus domicilios
preparan la semana y no están ni en el cine ni en el teatro, excepto
una pequeña minoría que creo que no ocasionaría un grave daño a
ninguno de los sectores.
Desde el sentido común y pensando en el interés general de los
sectores que se verán influenciados por la decisión que podamos
tomar, espero que haya voluntad de adoptar un acuerdo y que bajo
ningún concepto, atendiendo los intereses de los sectores del
comercio, de la hostelería y de los espectáculos, se permitan
a partir de la próxima temporada las retransmisiones en abierto el
sábado entre las 16 y las 23 horas, por el perjuicio irreparable que
sobre estos sectores
han causado, están causando y por desgracia, durante el primer
semestre de 1999, van a seguir causando ante no diría la pasividad,
pero sí con la complicidad de muchos de los que estamos hoy aquí; no
me referiré a nadie en concreto porque creo que es culpa de todos el
perjuicio que se ha causado a estos sectores tan importantes para la
economía de nuestro Estado.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Chiquillo.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV) el señor González de
Txabarri tiene la palabra.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor presidente.
Desde el Grupo Parlamentario Vasco quisiera comenzar mi intervención
manifestando nuestra satisfacción, al igual que lo ha hecho la
portavoz del Grupo de Izquierda Unida, señora Sabanés, en relación a
las previsiones recogidas en el artículo 5.4 de la Ley 21/1997. Como
recordarán SS.SS., tanto el grupo parlamentario proponente como otros
grupos parlamentarios estuvieron en el Senado muy en contra de esta
previsión legislativa que tanto desde el Grupo Federal de Izquierda
Unida como desde el Grupo Parlamentario Vasco era presentada como un
tema prioritario a fin de establecer las regulaciones de interés
general en las retransmisiones televisivas del fútbol. El tiempo nos
ha dado la razón porque los agentes implicados siguen sin ponerse de
acuerdo, porque la previsión legislativa está realizada a iniciativa
de ambos grupos parlamentarios y porque hoy en esta Cámara la
proposición del Grupo Socialista hace ver la actualidad y la validez
de este artículo 5.4, que, señora Leiva, fue duramente combatido por
el Grupo Socialista, al igual que por el Grupo de Coalición Canaria y
por el Grupo Catalán (Convergència i Unió). Nosotros entendíamos
entonces que era necesario que este artículo estuviese recogido en la
ley y que hubiese posibilidades de acuerdo entre los agentes. A esa
buena disposición nos remitimos en su momento y a la vista está que
los intereses de los distintos sectores, de los comerciantes, de la
gente del mundo del espectáculo, del mundo del fútbol, el interés de
las televisiones y de los distintos operadores siguen sin ponerse de
acuerdo. Se ha llegado a decir que es un puzzle de difícil
composición.
Desde el Grupo Parlamentario Vasco entendemos que esos llamamientos
que se hacen a la sociedad civil debieran encontrar en un tema como
éste un punto donde los intereses se conciliaran y donde los
distintos agentes encontrasen el equilibrio debido. Aquí no puede
haber un punto de encuentro en el cual una parte termina de dar la
razón al completo al contrario y el contrario no acepta que se le ha
entregado el todo y que se le ha dado la razón. Hay que hallar, señor
presidente, un punto de equilibrio razonable, porque todo lo que se
dice es cierto, todo se puede sostener y razonar con rigor, pero el
problema es que hay que ponerse
de acuerdo. El traer a esta Cámara una proposición para que el
fútbol se dé o el sábado a las siete y media o el domingo a las nueve
de la noche difícilmente resuelve la problemática porque inclina la
balanza a un lado o al otro de la discusión y no adopta una solución
definitiva, de fondo, en el sentido de indicar que esos agentes
sociales, en su propia responsabilidad, son los que tienen que
ponerse de acuerdo.
La ley, como he indicado, realiza una previsión reglamentaria, indica
en este artículo 5.4 que el Gobierno puede establecer límites, pero
eso no quiere decir que el Gobierno deba fijar el horario exacto
dentro del cual deba desarrollarse la retransmisión en abierto,
porque, señorías, fútbol en este país hay el sábado y el domingo, y
en la próxima liga nos encontramos con las previsiones de que en la
Copa de la UEFA va a haber dos equipos jugando los martes y con que
la Champions League va a tener cuatro equipos jugando los jueves, es
decir, que prácticamente toda la semana va a haber retransmisiones
deportivas de alto interés para los aficionados.
Creo que al Gobierno, tal y como recoge la ley, lo que le compete es
establecer esos límites horarios dentro de los cuales los operadores
televisivos deben realizar sus previsiones teniendo en cuenta el
conjunto del interés general. Creo, señor presidente, que ahí está el
fondo de la cuestión, que todos los agentes implicados sean capaces
de ponerse de acuerdo, porque es su obligación hacerlo, y que el
Gobierno establezca los límites sin más. Los distintos operadores
deberán ser los que elijan, por el interés del acontecimiento
deportivo, el evento que retransmiten en abierto. Señor presidente,
indudablemente, detrás de esto hay otra problemática. Todos estamos
hablando de las retransmisiones en abierto y no se nos oculta que
existe otro tipo de retransmisiones codificadas o en pago por visión,
cuyos responsables están siguiendo con los dientes largos esta
discusión y están intentando, sin más interés que el comercial, que
establezcamos aquí cuál es el día de la retransmisión en abierto. No
es esta, señor presidente, la responsabilidad del Congreso de los
Diputados. Creo que se puede hacer a través de la enmienda que ha
presentado el Grupo de Izquierda Unida o de la que ha presentado el
Grupo Catalán (Convergència i Unió), dejando al margen la fijación
del día en el que hay que retransmitir los partidos de fútbol,
indicando que los agentes se pongan de acuerdo y que en caso de que
ese acuerdo no se alcance, el Gobierno se limite a cumplir con la ley
que en esta Cámara se aceptó.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
González de Txabarri.
Señora Leiva, S.S. tiene la palabra para expresar la aceptación o no
de las enmiendas planteadas a su iniciativa.
La señora LEIVA DÍEZ: Gracias, señor presidente.
Mi grupo va a presentar una enmienda negociada sobre la base de las
que han presentado los grupos, es decir, la presentamos los tres
grupos: Catalán (Convergència i Unió), Izquierda Unida y el grupo
proponente. Se ha invitado al Grupo Parlamentario Popular, no la
firma; por tanto, no admitimos la enmienda de dicho grupo y se
presenta una transaccional del resto de los grupos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Le ruego que dé
lectura a la transaccional, señora Leiva, y a continuación que la
entregue en la Mesa.
La señora LEIVA DÍEZ: Se la entrego ahora mismo, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Déle lectura,
por favor, para que la Cámara la conozca.
La señora LEIVA DÍEZ: Que a la mayor brevedad y en todo caso antes
del mes de abril de 1999 negocie con todas las partes implicadas el
día y la hora de las retransmisiones deportivas de partidos de fútbol
en abierto. El segundo punto, por el cual el Congreso de los
Diputados insta al Gobierno, es que en el caso de no alcanzarse un
acuerdo entre las partes en el plazo citado, desarrolle
reglamentariamente y de inmediato lo previsto en el artículo 5.4 de
la Ley 21/1997, de 3 de julio, fijando las retransmisiones deportivas
de partidos de fútbol en abierto en el día y hora que alcancen mayor
grado de consenso entre las partes implicadas, especialmente teniendo
en cuenta el interés deportivo de las retransmisiones y los
perjuicios que pueden ocasionarse a los sectores del comercio,
hostelería, restauración, espectáculos y otras actividades de
servicios.
La enmienda está firmada por el portavoz del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), el portavoz de Izquierda Unida y el portavoz
del Grupo Socialista.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Leiva. ¿Tanto el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida como el Catalán (Convergència i Unió) aceptan la transaccional
y retiran sus enmiendas? (Asentimiento.- El señor Gómez Darmendrail
pide la palabra).
Señor Gómez Darmendrail, ¿a qué efectos me solicita la palabra?
El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: La señora Leiva ha dicho que no hemos
querido firmar y me gustaría simplemente, en diez segundos, decir por
qué no firmamos.(La señora Leiva Díez: Entonces reabrimos el debate.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Con la mayor
brevedad posible, señor Gómez Darmendrail.
El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: Brevísimamente, señor presidente.
No queremos obstaculizar con nuestros votos ninguna propuesta que
sirva para desbloquear esta situación de la que estamos hablando. De
todas formas, en la propuesta presentada se plantea un horizonte de
acuerdo, pero, a nuestro juicio, no está tan clara la voluntad de
alcanzar ese acuerdo y se mantiene en la indefinición. Por estas
razones no hemos firmado dicha propuesta, presentada por el Grupo
Catalán (Convergència i Unió), Izquierda Unida y el Grupo Socialista.
No obstante, como he dicho al principio, no vamos a obstaculizar la
aceptación de la propuesta y votaremos a favor, pero que conste que
nuestra propuesta sigue siendo la que hemos presentado como enmienda.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Gómez Darmendrail.
Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la proposición no de ley del Grupo
Socialista, relativa a retransmisiones deportivas de la liga
profesional de fútbol en abierto, en los términos resultantes de la
aceptación de las enmiendas transaccionales del grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
310; a favor, 309; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE EL FUTURO DE LA RED DE
ALTA VELOCIDAD FERROVIARIA EN ESPAÑA (Número de expediente 173/
000114).
El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden del día: Mociones
consecuencia de interpelaciones urgentes debatidas en el Pleno
anterior. En primer lugar, moción del Grupo Socialista sobre el
futuro de la red de alta velocidad ferroviaria en España.
Para la presentación de la moción, tiene la palabra, en nombre del
Grupo Socialista, don Jesús Caldera Sánchez- Capitán. (Rumores.)
¡Silencio, señorías!
Adelante, señor Caldera.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Gracias, señor presidente.
Defiendo la moción de mi grupo parlamentario sobre la red de alta
velocidad ferroviaria en España adelantando que mi grupo, como
hicimos en la interpelación, manifiesta su creencia en el principio
de la planificación y también en el de la coherencia, no en la
técnica de prometer y no comprometer después. También estamos por el
repudio hacia las actitudes puramente propagandísticas. Nos
enfrentamos así a múltiples promesas a lo largo de todo el territorio
que el Gobierno hace sin intención de cumplirlas después. Por eso se
debe tener un instrumento de planificación. En la anterior
legislatura disponíamos del Plan director de infraestructuras, que
hoy, lamentablemente, ya no sirve en la práctica diaria del Gobierno.
Aparentemente lo acepta, pero luego lo vacía de contenido al no
desarrollarlo o redactar un plan alternativo. Así se prefiere la
improvisación total, en román paladino, una especie de cuento de la
lechera: a tí te doy, a tí no te doy, pero nunca se acaban de
desarrollar esos proyectos.
Tengo aquí la prueba palpable de ello. El señor Arias-Salgado, en la
interpelación de la semana pasada, reconoció que el Plan director de
infraestructuras -leo- no es el del Gobierno; que no podíamos
criticar el incumplimiento de un plan que no es el del Gobierno; pero
olvidó recordar, señorías, que ese plan es el de la Cámara, y lo es
por amplísima mayoría; es el de la Cámara enriquecido con las
resoluciones que presentaron los diversos grupos parlamentarios. En
la intervención del ministro también se nos dijo que el Gobierno
haría una especie de documento sobre prioridades de inversiones, pero
que el Gobierno no tenía la obligación -también lo tengo aquí
recogido- de traerlo a la Cámara, puesto que el debate ya se hizo con
el PDI. Palabras textuales del ministro de Fomento. Si el debate se
hizo con el PDI, pero el PDI no es el de este Gobierno, al no serlo
no lo asume y quiere hacer un documento de prioridades que no desea
traer a esta Cámara, ustedes me dirán, señorías, qué papel jugamos
aquí. Yo les pido que rectifiquen porque esto constituye un grave
error.
Sí dijo algo interesante el señor ministro en su comparecencia del
miércoles pasado: que el plan de prioridades determinará la inversión
prioritaria de acuerdo con estudios, demanda, rentabilidad, tiempos
de viaje, captación de tráfico, etcétera. Yo estoy de acuerdo, pero
eso no es lo que pregonan, señorías del Grupo Parlamentario Popular,
y prometen a todo el mundo. Si, como dijo el señor ministro aquí el
miércoles pasado, un programa de inversiones ferroviarias, en
relación con la alta velocidad, es a 20 ó 25 años -lo dijo el señor
ministro-, tendremos que preguntarnos, señorías, ¿a quién le tocará
en el año 20 ó 25? ¿Al señor Zaplana, que dice que en el 2003 tendrá
el AVE MadridValencia? ¿Al señor Fraga, que dice que ha torcido la
mano del Grupo Parlamentario Popular -ahora lo veremos- y ha
garantizado la llegada de la alta velocidad a Galicia, cosa que no
vemos por ningún lado, ni en la postura del Grupo Popular ni en sus
enmiendas? ¿La «Y» vasca? Habrán de decírselo a quienes han sido
sus socios de Gobierno, el PNV. ¿O el Córdoba-Malaga, el Valladolid o
cuál otro? (Un señor diputado: ¡Pajares!) Pajares, como dice algún
compañero de grupo parlamentario.
Este debate debería permitirles recuperar la coherencia. Les voy a
decir lo que ha pasado en la semana anterior, cuando se han tenido
que enfrentar a sus responsabilidades. Resulta que en la Comisión de
Infraestructuras presentaron una proposición no de ley, puramente
propagandística, en la que pretendían que figurase el AVE Madrid-
Valencia y el Córdoba-Málaga como prioritario en el marco comunitario
de apoyo, lo que no es decir nada. El marco comunitario de apoyo
dispone de unos recursos limitados y si ustedes van incorporando
actuaciones futuras, habrá que dividir esos recursos entre las
actuaciones que incorporen.
Pero, lo que es más grave, cuando mi grupo les dijo que lo importante
era la corresponsabilidad nacional en la cofinanciación de esas
iniciativas, el Grupo Parlamentario Popular votó en contra. Eso sí,
como quedaron fuera -porque hubo algunas enmiendas de otros grupos-
algunas iniciativas que dicen ustedes que van a tomar -aunque allí no
lo demostraron-, al día siguiente presentaron una proposición no de
ley recogiendo exactamente el acuerdo que había adoptado
mayoritariamente la Comisión de Infraestructuras con el voto
contrario del Grupo Parlamentario Popular. Luego, estas proposiciones
no de ley no tienen ningún sentido porque ya están aprobadas por la
Cámara. Tengo aquí algunos reflejos evidentes de ese comportamiento:
«El Congreso deja a Galicia fuera de los proyectos de alta velocidad
ferroviaria» se dijo después de aquel debate. Y al día siguiente: «El
enfado de Fraga logra que la alta velocidad llegue a Galicia»; «El PP
da marcha atrás y pide para Galicia el tren de alta velocidad; o «La
presión de la Xunta obliga al PP a incluir a Galicia en la alta
velocidad». Pero hete aquí que ahora es cuando vamos a poder
comprobar el talante y el compromiso del Grupo Parlamentario Popular,
porque la moción que yo les presento a debate en esta Cámara incluye,
entre otras actuaciones -lo veremos seguidamente-, los accesos, la
conexión de Galicia a la alta velocidad y, sin embargo, la enmienda
del Grupo Parlamentario Popular, por poner un solo ejemplo de falta
de coherencia, simplemente habla de continuar impulsando la variante
de Pajares y los accesos a Galicia. Se supone que los accesos con la
actual red, sin modificación o perfeccionamiento alguno de alta
velocidad o de velocidad alta.
Señorías, un poco de coherencia, porque eso decía su portavoz en la
Comisión de Infraestructuras, que no podían votar a favor de estas
iniciativas para no comprometer al Gobierno en compromisos
irrealizables de origen. Y hete aquí que al día siguiente el Grupo
Parlamentario Popular presenta la misma proposición no de ley -lo
repito porque es el máximo ejemplo de filibusterismo que he
contemplado en mis ya largos años en esta Cámara- que votó en contra
y que había sido aprobada por la mayoría de la Cámara en la Comisión
de Infraestructuras. Señorías, esto tiene que saberse porque es de
una incoherencia total. Si ustedes aquel día no estaban de acuerdo
con la adaptación a 220 kilómetros del corredor mediterráneo ni con
los accesos, con compromisos reales, a Galicia, entre otras
iniciativas, no deberían haber tenido el comportamiento ulterior de
modificar sus criterios simplemente debido a la presión ciudadana o a
la presión de su patrón, el presidente de honor de su partido, don
Manuel Fraga.
En consecuencia, mi grupo presenta la siguiente moción. Primero, que
esta Cámara, de acuerdo con lo que establecía del Plan director de
infraestructuras, tiene el legítimo derecho a discutir un plan
sectorial que contemple el desarrollo de la alta velocidad
ferroviaria en España y tiene que hacerlo en el horizonte del año
2007, que era el que señalaba inicialmente el plan. Si el Grupo
Popular u otros grupos de la Cámara consideran que es un plazo
demasiado ambicioso para la contemplación de todas las iniciativas
que formula migrupo parlamentario, estamos dispuestos a discutirlo,
pero ese plan debe contemplar la siguientes iniciativas: «Y» vasca;
variante de Pajares; Córdoba-Málaga; accesos a Galicia; Madrid-
Valencia-Alicante; Alicante-Murcia y corredor navarro. Y debería
contener las siguientes definiciones: diseño de la red,
características técnicas de la misma, prioridades y calendario de
realizaciones y estrategia de financiación del plan.
Señorías, la financiación del plan se está alterando, de tal suerte
que si en el corredor más atractivo para la captación de recursos
extrapresupuestarios, como es el AVE Madrid-Barcelona-frontera
francesa, no han conseguido atraer iniciativa privada ni han
solicitado a las comunidades autónomas la cofinanciación
extrapresupuestaria de esa iniciativa, ¿en razón de qué -como dice la
enmienda del Grupo Parlamentario Popular- le van a exigir un
comportamiento distinto a la Comunidad Autónoma Valenciana, a
Andalucía, a Galicia o a Castilla y León? ¿En razón de qué coherencia
y de qué principio? Porque ustedes, con su comportamiento, han
modificado ya las previsiones que contenía el Plan director de
infraestructuras.
Segundo, que se garanticen los compromisos internacionales suscritos
con Francia. Que el tramo Barcelona- Perpignan sea plenamente
operativo en el año 2004, asegurando en dicha fecha el enlace entre
Francia y España. Que se garantice de igual modo la llegada del tren
de alta velocidad a Lleida en el 2002, a Barcelona en el 2004 y que
se obtenga del Gobierno francés -y esto es muy importante- el
compromiso de construir el enlace Perpignan-Narbonne-Montpelier-
Nimes, para la plena integración de la red española en la red europea
de alta velocidad. Por último, pedimos que se defina con carácter
inmediato el ancho de vía de la variante norte, para asegurar su
mejor integración en la red, la cohesión territorial, comprometiendo
el inicio de las obras antes de finalizar 1999 y la puesta en
funcionamiento del tramo Madrid-Valladolid en el año 2003, con vistas
a la ulterior conexión de Galicia y el norte peninsular a la red de
alta velocidad.
Ya acabo, señor presidente. Voy a presentar en este momento una
enmienda transaccional -se la pasaré- que pretende recoger -puesto
que creo que este debate es importante- la síntesis de las
alternativas que las enmiendas de los grupos parlamentarios han
presentado a la moción que defiendo. Las posiciones de Unión
Valenciana, el Bloque Nacionalista Galego, Izquierda Unida, el
Partido Nacionalista Vasco y el Grupo Popular deberían verse
reflejadas en la enmienda transaccional que les he entregado a todos
los grupos parlamentarios, enmienda que contiene como novedades la
concreción temporal del compromiso del Gobierno con la conexión con
Europa por ferrocarril a través de la frontera de Irún, mandato ya
elaborado por esta Cámara a petición del Grupo Parlamentario Vasco;
que contiene ciertamente la conexión con Galicia, CórdobaMálaga,
Madrid-Valencia-Alicante, Alicante-Murcia y que pide que el proceso
de inversión tanto de la «Y» vasca como de las conexiones Madrid-
Valencia y Córdoba- Málaga comience en el año 2000. Recuerda que,
efectivamente, la estrategia de financiación del plan debe someterse
al PDI, pero teniendo en cuenta el precedente que ya se ha
establecido en la financiación del AVE Madrid-Barcelona-frontera
francesa. Y finalmente pide la garantía de los acuerdos
internacionales con Francia, la definición del ancho de vía de la
variante norte y el establecimiento en proyectos coordinados -algo
que demandaba el PDI- con el Gobierno portugués de las conexiones de
alta velocidad entre ambos países, de modo que vertebren
coherentemente la red peninsular y europea, a petición del Bloque
Nacionalista Galego, dando diversas alternativas de estudio como
Madrid-Lisboa por Extremadura, la conexión con Portugal a través de
Fuentes de Oñoro, Salamanca, o del eje atlántico Ferrol-A Coruña-
Santiago-Pontevedra-VigoViana do Castelo y Porto.
Por último, a petición de Izquierda Unida, solicitamos que el
Gobierno adicionalmente presente un plan general ferroviario que
contemple las actuaciones previstas sobre la red básica, programas de
actuación en líneas de cercanías y definición, en desarrollo del PDI,
de los programas de modernización a 150-160 kilómetrospor hora que
unan las diversas capitales españolas.
Acabo definitivamente, señor presidente. Le entrego la enmienda
transaccional diciendo que también aceptamos una enmienda de
Izquierda Unida para que en el antetítulo de la iniciativa se hable
de velocidad alta-alta velocidad, porque no queremos caer en el
debate del nominalismo, las velocidades importantes son las de
crucero y, por tanto, las que pueden favorecer entre diversas
distancias el mejor uso racional de los recursos. Mi grupo
parlamentario acepta esa iniciativa de Izquierda Unida y no quiere
entrar en un debate nominal hablando sólo de la alta velocidad. Puede
ser alta velocidad o velocidad alta, pero aquí se contempla una
propuesta razonable, coherente y se pide que se traiga a la Cámara
para el debate y asunción por parte de todos los grupos
parlamentarios.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Caldera.
En efecto, como ha anticipado el portavoz del Grupo Socialista, a la
moción se han presentado enmiendas: dos por parte del Grupo Mixto,
una por el Grupo Federal de Izquierda Unida, otra por el Grupo Vasco
(EAJPNV) y otra por el Grupo Popular.
Para la defensa, y en su caso aceptación, de la transaccional que ha
propuesto el portavoz del Grupo Socialista, en primer lugar, van a
intervenir los señores Chiquillo y Rodríguez, compartiendo turno, por
el Grupo Mixto.
Adelante, señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.
Voy a intervenir con mucha brevedad. Me parece importante el esfuerzo
que ha hecho el portavoz del Grupo Socialista con esta enmienda
transaccional que se nos ofrece, que viene a recoger el espíritu de
las enmiendas. En este caso hemos presentado dos enmiendas que
consistían en añadir dos puntos: el primero relativo a la
financiación del proyecto de alta velocidad Madrid-Comunidad
Valenciana. Con los precedentes que había en el Estado español del
AVE Madrid-Sevilla y del Madrid-Barcelona, solicitábamos que este
proyecto de alta velocidad Madrid-Valencia fuera financiado con
fondos de los Presupuestos Generales del Estado y con fondos
procedentes de la Unión Europea, todo ello sin perjuicio de facilitar
la participación de la iniciativa privada en la financiación, tal
como prevé el PDI, para que el AVE Madrid-Comunidad Valenciana esté
operativo en el año 2003, fecha no caprichosa. En la firma de
protocolo entre el presidente de la Comunidad Autónoma Valenciana y
el presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, señores Zaplana y
Ruiz Gallardón, el pasado 19 de noviembre de 1998 en Valencia,
anunciaron que en el 2003 estaría en funcionamiento, que en el 2000
se iniciarían las inversiones y que el 25 por ciento de su
financiación correría a cargo de las comunidades autónomas. Nosotros
pensamos que con los precedentes que existen no debería ser así. En
esa enmienda se recoge que, dado que ha habido otros casos en el
Estado español, la financiación se haga con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado y a fondos de la Unión Europea. El segundo punto
es el relativo a la introducción del ancho de vía europeo
o internacional de alta velocidad en la línea Valencia- Barcelona del
corredor mediterráneo.
Creo que el esfuerzo es importante, que la enmienda está estructurada
desde la coherencia y que recoge los planteamientos de Unió
Valenciana que avalan la viabilidad económica y rentabilidad del AVE
Madrid-Comunidad Valenciana. Consideramos que es prioritario y de
interés general y apostamos por que se definan esas redes. Teniendo
en cuenta que la viabilidad y la rentabilidad no son puestas en duda
por ningún estudio, el AVE Madrid-Valencia tiene que ser una realidad
en el 2003.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Chiquillo.
Señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Al Bloque Nacionalista Galego le gustaría
que la Cámara comprendiese que el mapa que se está dibujando en el
Estado español en relación con la mejora del ferrocarril, sea a
velocidad alta o a alta velocidad, está centrado en una especie de
triángulo escorado hacia el este en cuya base está Madrid pero cuyos
nombres consiguientes dibujan perfectamente el triángulo: Vitoria-
frontera francesaValladolid-Sevilla-Córdoba-Málaga-Alicante-
MurciaValencia- Barcelona-frontera francesa.
El perfil abandona claramente la preocupación por las conexiones con
Portugal, y dentro del Estado lo que llaman, en la tradición de
muchos años, el noroeste, que se verá en su expresión central, es
decir, Galicia, claramente preterido. No tengo más que darles el dato
de que hoy un viaje nocturno son 12 horas y un viaje diurno ocho
horas y media, todo un récord de todo el Estado español. Y es uno de
los últimos lugares donde van a llegar las autovías radiales en el
2001; curiosamente, el único lugar que cuenta con la frontera
demográfica y económica potencialmente más competitiva de todas las
del Estado español con cualquier otro Estado de la Unión Europea, y
que necesita de una atención urgente en materia ferroviaria. Me estoy
refiriendo al eje atlántico: A Coruña-Ferrol-Porto-Lisboa, una región
natural que ya está dando sus frutos desde el punto de vista
económico y que esperamos que los dé en el terreno de las
infraestructuras y en el terreno cultural.
Las enmiendas que presentamos a la moción del Grupo Socialista iban
destinadas -¡cómo no!- a dejar claro que los gallegos consideramos
prioritaria la inversión en ferrocarril en Galicia y la conexión con
redes de velocidad alta o de alta velocidad, no vamos a entrar en ese
nominalismo; incluso en una red que fuera general para todo el Estado
de 150 kilómetros por hora y con horizonte en el año 2005. Y
exactamente igual para las conexiones con Portugal, pues también nos
preocupamos del resto de la frontera y sabemos que hay temas
pendientes para conexionar las redes de alta velocidad portuguesas
con la frontera de Extremadura o de León, porque, señorías, Portugal
existe como existe Galicia. (El señor vicepresidente, Marcet i
Morera, ocupa la Presidencia.)
En la medida en que la enmienda transaccional ofrece un mapa más
equilibrado y teniendo en cuenta también, curiosamente, el resultado
de la globalización que presenta la Unión Europea y lo necesario que
sería en el terreno de las infraestructuras y los espacios económicos
estar atento a esta problemática, vamos a votar favorablemente la
moción transaccional que partía de unas vías de hecho en las que
Galicia no estaba muy presente, pero que es aceptable ahora porque se
empieza a contar con la necesidad de todos, incluida la nuestra, y
con nuestra natural existencia.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Rodríguez.
Para la presentación de la enmienda del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Muchas gracias, señor presidente.
Nuestro grupo viene reclamando desde hace muchos años un debate serio
sobre política ferroviaria. Aunque con algunas reservas, vamos a
apoyar la moción del Grupo Socialista, entre otras cosas porque nos
cansamos de hacer historia. Como nuestra posición crítica sobre la
política ferroviaria de los últimos 13 años es conocida, quiero
reivindicarla en el sentido de que nos gustaría que algún día
dejáramos la demagogia, que dejáramos de prometer en toda España y en
todas las provincias la alta velocidad, las grandes inversiones, y
que los planes directores o los planes de infraestructuras no se
conviertan en una suma de líneas trazadas en función de criterios
electorales y de las peticiones de nuestros propios pueblos.
Reivindicamos como Izquierda Unida que algún día seamos capaces de
alcanzar un compromiso entre el Gobierno central, las comunidades
autónomas y los partidos políticos, realizar un plan que pueda
permanecer estable en el tiempo, que pueda durar 10 ó 15 años, que es
lo que se tardaría en abordar en serio un programa de desarrollo de
infraestructuras ferroviarias, de tal manera que no esté sujeto
después a los avatares de las distintas elecciones generales y se
vaya espaciando en el tiempo -hablamos de 15 ó 20 años- la
realización de esas infraestructuras que nunca llegan y que lo único
que producen es frustración después en las comunidades afectadas.
La situación real de nuestro ferrocarril es la siguiente -página 55
del informe de 1997 de Renfe-: Velocidad comercial de la red: en
cercanías, 52 kilómetros/hora; en regionales, 67 kilómetros/hora; el
AVE, 190 kilómetros/ hora; largo recorrido, 85 kilómetros/hora;
cargas y transporte combinado, 52 kilómetros/hora. Esta es la
situación actual del ferrocarril en nuestro país. Es por ello por lo
que nuestra enmienda intenta precisamente huir de esos nombres
rimbombantes y adecuar la red básica ferroviaria para poder conectar
nuestras capitales de provincia en una velocidad media de al menos
150 kilómetros/hora. Si hablamos de tiempos de viaje, que es en
realidad lo que lo hace competitivo en regionales y en largo
recorrido, el ferrocarril, incluida la alta velocidad, es competitivo
con el avión hasta los 400 kilómetros de distancia, es decir, en
aquellos viajes que están en torno a las cuatro horas.
Si perdemos el tiempo en coger un mapa de carreteras y ver las
distancias sobre el mapa, o incluso sobre la red ferroviaria, vemos
que, partiendo desde Madrid, todos los ejes radiales tienen entre 400
y 300 kilómetros y que si conseguimos velocidades comerciales de 120
kilómetros por hora, automáticamente se reduce el tiempo de viaje en
comparación con el vehículo privado. Eso ya hace competitivo el
ferrocarril, lo haría
disuasorio, trasladaría una parte importante de ese transporte al
ferrocarril y nos evitaría inversiones que yo sería el primero en
aplaudir si dispusiéramos de 4 billones de pesetas en los cuales
podemos calcular lo que costaría poner la alta velocidad en todos
aquellos sitios prometidos y si incluimos el cambio de ancho europeo
a toda la red, que sería lo razonable si queremos tener una red
permeable, o todas las infraestructuras que hasta ahora se han
citado.
No obstante, creemos muy importante emplazar al Partido Popular como
partido que sustenta al Gobierno para que presente de verdad a medio
plazo la visión de cuál es su política ferroviaria, que diga qué
características técnicas tienen las distintas variantes y
alternativas y en ese momento dejaremos clara nuestra posición, que
es partidaria, insisto, de una red de calidad, de doble uso
mercancías/viajeros y que permita ponernos a la altura de la media
europea, teniendo muy en cuenta que hay que invertir en trasladar una
parte importante del tráfico de mercancías de la carretera al
ferrocarril, hecho que produciría un efecto muy beneficioso también
en las propias carreteras, puesto que evitaría el desgaste brutal que
está suponiendo actualmente superar los 150.000 millones al año en
mantenimiento de carreteras, algunas de ellas recién terminadas,
consiguiendo unos niveles medios europeos del orden del 20 por ciento
del transporte de mercancías, para lo cual no hace falta alta
velocidad sino gestionar bien el ferrocarril puesto que los tiempos
de viaje de las mercancías no se pierden durante el trayecto sino en
la gestión.
Hay estudios efectuados en Renfe que demuestran que del tiempo
transcurrido entre que se pone un vagón a disposición de un cliente
hasta que llega a destino sólo un 20 por ciento es tiempo de viaje,
el resto es tiempo de puesta a disposición del vagón, de carga, de
descarga, de intercambio intermodal, etcétera. Unapolítica de stock
cero o de muy cortos tiempos entre el comprador y el vendedor haría
perfectamente competitivo el ferrocarril, con una buena gestión que
todavía hoy no ha sido posible, entre otras cosas -y eso es lo que
también introducimos en la enmienda- porque todavía no tenemos
material suficiente para transporte de contenedores, no tenemos
material para transportes especiales, no tenemos material suficiente
para trenes de coches, igualmente estamos en fase de aprobación de
los presupuestos, y Renfe estos días tiene que pedir un crédito de
20.000 millones de pesetas aumentando su carga financiera para poder
renovar parcialmente su material. Y así podríamos seguir hablando de
muchas cosas del tren, pero espero que algún día podamos hablar en
serio de esto.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Santiso.
Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV),
tiene la palabra el señor Zabalía.
El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Gracias, señor presidente.
La alta velocidad ferroviaria viene siendo motivo de debate en esta
Cámara de forma periódica e infructuosa. Cuando no es a través de
interpelaciones y mociones como las de hoy, es a través de preguntas
al Gobierno, en los debates sobre estado de la Nación o incluso
dentro de los Presupuestos Generales del Estado. Digo que es
infructuosa porque se aprueben o no las iniciativas propuestas, al
final no hay una verdadera alternativa de lo que ha sido el Plan
director de infraestructuras. No es que queramos defender el Plan
director de infraestructuras, que entendemos está lleno de carencias,
imprecisiones y también falto de un verdadero desarrollo en cada
proyecto que incluye, pero al menos se partía de un esquema, era una
apuesta, un punto de partida para debate. Hoy no tenemos una
alternativa a este plan, con lo cual, salvo el proyecto ya
comprometido y desarrollado sobre el corredor mediterráneo, que está
concretado en el tren de alta velocidad Madrid-Barcelona-Zaragoza-
frontera francesa, no conozco una planificación completa del mapa de
alta velocidad ferroviaria del Estado.
Desde mi grupo parlamentario no queremos entrar en debates estériles
sobre el Plan director de infraestructuras, su falta de desarrollo,
de concreción, sus deficiencias en el plan financiero o sobre las
cuestiones que se les ocurra a sus señorías. Nos da igual porque la
experiencia nos demuestra que no sirve para nada. Es absolutamente
necesario que sin más demora, pasado ya el ecuador de la legislatura,
el Gobierno del Partido Popular traiga a esta Cámara una verdadera
alternativa de lo que para él es -para el Gobierno y para el Partido
Popular- o debe ser un plan de infraestructuras o llámelo como
quieran, pero que sea el mapa de desarrollo de la alta velocidad por
ferrocarril.
El señor ministro, en su intervención de la pasada semana con motivo
de la interpelación sobre este mismo debate, decía que el Gobierno
está trabajando en inversiones en infraestructuras ferroviarias que
ya están en marcha, que había unos estudios de demanda y rentabilidad
y de la metodología como consecuencia de estos estudios, que estaban
teniendo en cuenta también el tiempo de viaje entre puntos de origen
y destino y que estaban preparando un balance económico global. En
definitiva, lo que entendemos es que frente al Plan director de
infraestructuras que tenía el Gobierno anterior, el Gobierno del
Partido Popular ha contrapuesto una serie de proyectos de inversión
aislados que obedecen más a situaciones de presiones políticas que
a un verdadero plan a corto, medio y largo plazo. Estoy de acuerdo en
que no basta con escribir libros bonitos, como decía el señor
ministro, y bien ilustrados, pero imposibles de cumplir. Eso no lo
pretende nadie. Ahora bien, tampoco estamos de acuerdo con que no
exista un plan que recoja la propuesta del Gobierno o del partido que
lo sustenta sobre lo que es un proyecto de desarrollo de
infraestructuras de comunicaciones, en este caso ferroviarias, no
para un ejercicio presupuestario,
ni siquiera con el horizonte de una legislatura. Todo gobierno
que está gobernando o es alternativa de gobierno tiene que tener
clara cuál es la apuesta de futuro y la vertebración territorial de
las infraestructuras viarias en ferrocarriles, aeropuertos, en
puertos, en autovías y autopistas, en todo lo que integra la
vertebración territorial de las vías de comunicación. De la misma
forma que no es válido un plan director sin una planificación de su
desarrollo en todos los aspectos, tampoco es válido un sistema de
inversiones de infraestructuras que no esté encajado en un plan, que
defina sus objetivos y establezca el mapa de conexiones de todo el
Estado.A mi grupo parlamentario le da lo mismo el nombre que quieran
ponerle, pero traigan al Parlamento el mapa de alta velocidad
ferroviaria con sus propuestas sobre red nacional de ferrocarriles,
fechas de ejecución, financiación, etcétera. Los proyectos de
infraestructuras tienen que basarse en criterios de interés general,
de interés económico y social, no en intereses partidistas, en
intereses de oportunidad política, que puedan ser desarrollados en
momentos determinados de acuerdo con la coyuntura del momento. Ya
tenemos experiencias desastrosas en este campo, y no precisamente en
la actual etapa de gobierno.
Concretando, por lo que al Grupo Parlamentario Vasco respecta, hemos
defendido en reiteradas ocasiones la vertebración de las conexiones
por ferrocarril y autopistas del eje atlántico, lo hemos defendido e
incluso se ha aprobado en esta Cámara, en los debates del estado de
la Nación. Como digo, para nosotros es fundamental establecer las
prioridades del eje atlántico una vez que se ha optado por priorizar
el eje mediterráneo, y el eje atlántico, como saben SS.SS., tiene la
conexión entre Euskadi, Cantabria, Asturias y Galicia hasta Portugal,
por un lado, y la frontera de Irún por otro, por supuesto englobando
la Y vasca. No es un proyecto excluyente, no queremos excluir a
nadie, queremos integrarlo dentro de los demás proyectos, pero el
Gobierno tiene que optar por priorizar después del corredor
mediterráneo el resto de las infraestructuras con un planteamiento y
una idea global, de desarrollo, de infraestructuras ferroviarias, de
todo el Estado.
En conclusión, nuestro grupo parlamentario siempre estará dispuesto a
apoyar todas aquellas iniciativas que incluyan, como en este caso, la
propuesta de desarrollo del eje atlántico, en este caso por
ferrocarril. Por eso estamos de acuerdo, podemos disentir en algunas
de las cuestiones que presenta la enmienda transaccional, pero
indudablemente no queremos entrar a debatir si estamos de acuerdo o
no con las prioridades de otros grupos. Lo que sí queremos es que se
reconozca la prioridad de nuestro grupo parlamentario y en esta
enmienda transaccional se reconoce.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Zabalía, le ruego
que concluya, por favor.
El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Termino, señor presidente.
Además, para nosotros hubiese sido quizás suficiente si en la
enmienda de modificación del Partido Popular de alguna forma se
pudiera recoger esta pretensión nuestra que tienen ahí, porque tenían
ellos la enmienda transaccional.Lo único que hacen es una referencia
a la Y vasca en el punto 3, donde dicen: Acelerar al máximo posible,
en el marco de lo previsto en los Presupuestos Generales del Estado
de 1999, entre otros proyectos la Y vasca. Esto es no decir
absolutamente nada. Para este viaje sí que no necesitamos alforjas.
Esto es algo que nadie va a discutir porque ya está además recogido
en los presupuestos. No es esto lo que nosotros pedimos. Por eso digo
que, en todo caso, si nosotros hubiésemos visto una buena voluntad
del Partido Popular, incluso poniendo en esta enmienda las
pretensiones de mi grupo parlamentario, podríamos estar hablando de
otras cosas. Pero es que aquí no dice nada.Si ven ustedes la enmienda
de modificación del Partido Popular no es más que buenas intenciones:
presentar a la Comisión de Infraestructuras estudios; hacer todas las
actuaciones necesarias sobre un proyecto que ya está en marcha, por
supuesto; acelerar al máximo posible los estudios de proyectos;
completar a la mayor brevedad posible estudios ...; es exclusivamente
estar estudiando permanentemente este problema. Y no es así, no es
así.
Por lo tanto, sintiéndolo mucho, señores del Gobierno, les vuelvo a
reiterar que presenten ustedes un plan a debatir en esta Cámara que
contemple todos los proyectos que al final tiene que tener en este
caso la red de alta velocidad del Estado. Preséntenlo, y vamos a
discutir prioridades, y discutiremos financiación, y lo que ustedes
quieran, pero preséntenlo, porque si no mañana nos vamos a encontrar
otra vez con otra proposición no de ley o un debate del estado de la
Nación o cualquier otra iniciativa parlamentaria discutiendo de lo
mismo. Para mí, creo que esto es perder el tiempo.Por eso, señor
presidente, señorías, mi grupo parlamentario, como he dicho al
principio, apoyará todas aquellas propuestas que se presenten en esta
Cámara que recojan, como se recoge en este caso, el desarrollo del
eje atlántico, en lo que respecta a los ferrocarriles.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Zabalía.
Finalmente, para presentar la enmienda del Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el señor Carreño.
El señor CARREÑO RODRÍGUEZ-MARIBONA: Gracias, señor presidente.
Rectificar es de sabios y hasta de políticos. Hace una semana se
hablaba de que el Plan director de infraestructuras suponía inversión
en ferrocarriles -y no era este portavoz, porque tenía otras cifras,
sino algún otro portavoz-, de que el Plan ferroviario incluido en el
Plan director de infraestructuras suponía del orden de tres billones
de pesetas y que la financiación prevista
en aquel Plan director de infraestructuras era de más de un 40 por
ciento privada y de más de un 50 por ciento pública. Hoy
comprobaremos, y demostraré, que esas cifras serían corregidas y
aumentadas.
No es esta la primera vez que se debate en esta legislatura en el
Congreso el futuro de la alta velocidad. En junio de 1997, el
ministro de Fomento, en una comparecencia para hablar de las
políticas de su competencia, informó, entre otras, especialmente de
la política de redes transeuropeas. El 28 de abril de este año se
debatieron dos mociones, una del Grupo Socialista sobre política de
comunicaciones ferroviarias y por carretera y otra del Grupo Mixto
sobre política general, objetivos, estrategias de futuro y propuestas
sobre las líneas ferroviarias de alta velocidad en el Estado español,
mociones que, con las enmiendas presentadas, fueron rechazadas. La
pasada semana se han aprobado, asimismo, en Comisión dos
proposiciones no de ley relacionadas con la alta velocidad y hoy
estamos demostrando, con la moción presentada por el Grupo
Socialista, con la enmienda presentada por el Grupo Popular y con la
enmienda transaccional que recoge las enmiendas de prácticamente
todos los grupos políticos de esta Cámara, que ya está desfasada la
moción presentada el jueves de la semana pasada por el Grupo
Socialista.
Todo ello indica la alta velocidad y la intensidad de las iniciativas
que, para esta solución ferroviaria, se plantean. Esto es para
decidir la realización de uno o varios proyectos que debieran estar
incluidos en el Plan director de infraestructuras y no dejaré de
citar repetidas veces el Plan director de infraestructuras. Lo
primero que quieren todos los ciudadanos españoles, todas las
comunidades autónomas, Galicia, Almería, Extremadura, etcétera, es un
nivel mínimo del servicio por ferrocarril, nivel mínimo que
consideran igual a algún nivel medio, adecuado al año 2000 e inicio
del siglo XXI. En esto Galicia, y el norte-noroeste, en general,
tienen un importante desfase. Pero ya se pide más en casi todas las
comunidades autónomas: se pide un tren de alta velocidad o se
rectifica la moción ahora en momentos de velocidad alta. Para ello es
necesario sumar esfuerzos políticos de gestión y económicos, del
Ministerio de Fomento, del GIF que, además de crearse para el Madrid-
Barcelona-frontera francesa, se ha creado y se han ampliado sus
competencias para conseguir recursos económicos fuera de los
presupuestos del Estado, de Renfe, con su próximo contrato programa,
de otras administraciones, de la financiación privada, como reconocen
el PDI y el propio Congreso en las resoluciones sobre aquél.
Quiero reiterar algo, una vez más, sobre el PDI. Primero su duración,
1993 a 2007, y aún más para la alta velocidad ferroviaria. En todos
los puntos y en todas las resoluciones se habla de que los 15 años
del PDI no son válidos, es un plazo absolutamente insuficiente para
la alta velocidad, en un proyecto desfasado o muy reducido en
relación a la enmienda transaccional que se ha presentado al
presidente de la Cámara hace un
momento. El incumplimiento del PDI, ya desde el inicio y con
retroactividad -porque el PDI se debatió en diciembre de 1995 en esta
Cámara y tiene su plazo de ejecución y duración de 1993, como antes
he dicho, hasta el 2007-, y el retraso debido en especial no sólo
a la financiación sino a la carencia de proyectos, han hecho que el PDI
se haya quedado obsoleto, a pesar de pretender ser un catálogo
exhaustivo. De ahí sucarácter orientativo y la necesaria
actualización, incluso de esta moción y de las proposiciones no de
ley aprobadas en Comisión el pasado día 9. Córdoba-Málaga, como alta
velocidad no estaba en el Plan director de infraestructuras; la
variante de Pajares, aprobada por ley por este Congreso e incluida en
aquella ley aprobada por este Congreso, no estaba en el Plan director
de infraestructuras; ayer no estaban las comunicaciones ferroviarias
de alta velocidad entre España y Portugal, que estoy seguro de que se
incluirán en los estudios de los grandes corredores que plantea
nuestro grupo en su enmienda.
Pasando ya a analizar la moción, ¿por qué decimos que no a la moción
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista?
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Hágalo ya con brevedad,
señor Carreño.
El señor CARREÑO RODRÍGUEZ-MARIBONA: Porque en su punto 1 el plazo de
tres meses es absolutamente irrealizable. (El señor Blanco López
pronuncia palabras que no se perciben.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Blanco, por favor.
El señor CARREÑO RODRÍGUEZ-MARIBONA: De ahí nuestro punto 1 de la
enmienda.En los puntos 2 a) y 2 b) se entra en territorio francés,
invasión que no hace nuestra enmienda que asegura la terminación
parcial en Lleida el año 2002 y en la frontera el 2004. No obstante,
quiero resaltar que el PP y el Gobierno han creído y se han volcado
desde el inicio de su mandato en el AVE Madrid-Barcelona-Francia. Lo
demuestran los hechos: puesta en marcha de proyectos y obras;
creación del GIF; garantía de financiación. Por ello votaríamos, en
todo caso, los puntos 2 a) y 2 b) de la moción socialista.
En el punto 2 c) se pide algo ya cumplido. Exactamente el 9 de
diciembre se constituyó en París la comisión que se solicita, por
cierto presidida por el secretario general técnico del Ministerio de
Fomento, Pablo Mayor, noticia aparecida en la prensa el día 10, o
sea, horas antes de la presentación de la moción por el Grupo
Socialista. Si en el punto 3 se solicita comprometer un inicio de
obras antes de finalizar 1999, obras que durarán varios años, es
absolutamente prematuro definir con carácter inmediato -como así dice
la moción- el ancho de vía. Demos tiempo al tiempo; primero la
definición del trazado, que ya se ha explicado
y aclarado suficientemente en la interpelación, que tiene un plazo
hasta finales de 1999, pues con todo lo conocida que es la Sierra del
Guadarrama no lo es aún, sin estudios muy detallados; debemos
conocerla subterráneamente para que ni los constructores ni el
Ministerio de Fomento patinen, éste en la decisión, y el Ministerio
y adjudicatarios en la ejecución.
Nuestra enmienda es realista. En el inicio de Segovia- Valladolid un
ya año 2000, lo cual es posible; y en la decisión Madrid-Valladolid,
lo cual es factible.Completa nuestra enmienda a la moción socialista
con el cumplimiento en los puntos 3 y 5 de algo importante: las
inversiones previstas en el proyecto de presupuestos del Estado de
1999 para la alta velocidad responden a los proyectos incluidos en el
PDI -son todos proyectos en el PDI-, más Córdoba-Málaga, iniciativa
de nuestro Gobierno.En el punto 5 el impulso a la necesaria mejora de
comunicaciones ferroviarias del norte y noroeste español, Galicia,
Castilla, León y Asturias, vitales para la vertebración, cohesión y
desarrollo de las mismas, que son realidades en marcha. Por cierto,
13 años estuvo parada la variante de Pajares; estuvo iniciada en un
Gobierno de UCD, estuvo 13 años parada, y está en marcha con un
estudio informativo en trámite de conclusión inmediata.Por todo ello,
pedimos al Grupo Socialista que admita nuestra enmienda.
Quiero señalar muy brevemente, señor presidente, que me ha
sorprendido la intervención del representante del PNV, ya que en
nuestra enmienda decimos precisamente lo que solicitaba el señor
Zabalía: presentar en la Comisión de Infraestructuras los estudios de
los grandes corredores ferroviarios a efectos de poder priorizar
racionalmente las actuaciones en el Plan de alta velocidad. Y en el
punto 3, al referirnos al corredor de la Y vasca no nos quedamos ahí,
añadimos algo muy importante que lo ha omitido o no se lo han dado en
la enmienda: para asegurar que el proceso de inversión pueda
comenzarse en el 2001 en el esquema de financiación al que se refiere
el punto 6.
Muchas gracias.
No comento la enmienda transaccional, pero si quiere el presidente la
comento ya ahora. Si la presenta el señor Caldera la tendré que
comentar luego.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Ha sido aludida por el
señor Caldera, porque ha sido entregada a la Presidencia.
El señor CARREÑO RODRÍGUEZ-MARIBONA: Entonces tengo que comentarla
muy brevemente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Tiene exactamente un
minuto, señor Carreño.
El señor CARREÑO RODRÍGUEZ-MARIBONA: Punto 1. Plazo de tres meses
irrealizable y actuaciones en el horizonte del año 2007 contradicen
claramente loque decía el Gobierno socialista en cuanto a duración y
validez del plan. (El señor Blanco López: Cambien el año.- Risas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Blanco, por favor.
El señor CARREÑO RODRÍGUEZ-MARIBONA: El PDI tardó tres años en
redactarse y más de año y medio en debatirse. El segundo plan de
carreteras nunca se presentó y el plan director de ferrocarriles fue
nulo desde su origen. Punto 3. De acuerdo con lo establecido en el
PDI, la estrategia de financiación y el precedente de la línea
Madrid-frontera francesa es una perfecta contradicción, como he
expuesto en mi exposición. Con los puntos 2 y 3 estamos absolutamente
de acuerdo. Los referentes, ya lo he expuesto, Barcelona- Perpignan.
Y en cuanto a la alta velocidad, los plazos correspondientes.
En cuanto a definir el ancho de vía, ya he dicho que no. Y con vistas
a la ulterior conexión de Galicia y el norte peninsular a la red de
alta velocidad en el año 2003, ¿por qué quiere limitar en la enmienda
transaccional, señor Caldera, o decir que hasta el año 2003 no
empiece a avanzar Galicia, Castilla y León y Asturias en la
definición y posible solución de financiación al tren de alta
velocidad? (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se
perciben.)
En cuanto al punto 5, en una interpelación de hace seis días,
pretende hacer un plan director bis de urgencia. Muchas gracias.
(Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Carreño.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), tiene la palabra le señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Muchas gracias, señor presidente.
Tres puntos muy concretos. Nuestro grupo hubiese votado separadamente
los puntos 2 a) y 2 b) de la moción. No es posible, pero he de decir
que estos puntos, dentro de la moción presentada, tienen un concepto
real. Son obra que está realizándose. Que en el año 2002 llegará la
alta velocidad a Zaragoza y Lleida y en el 2004 a Barcelona-frontera
francesa, lo recogía también la enmienda del Partido Popular. Por
tanto, dejando constancia del convencimiento del grupo proponente,
del grupo del Gobierno y del nuestro de que esto será así, y quedando
recogido en el «Diario de Sesiones», no nos importa que no pueda
conseguir una votación positiva. El resto de la moción se corrige en
la transaccional, hablando no de alta velocidad, sino de alta
velocidad y de velocidad alta. Refiriéndose a cosas que no son de
alta velocidad. ¿Como puede ser de alta velocidad la variante de
Pajares?
En la moción y en la enmienda transaccional se nos habla también de
alta velocidad en Alicante-Murcia. ¡Pero si en la interpelación que
se discutió se rechazó
la enmienda del Grupo Socialista a la moción del Grupo Parlamentario
Mixto porque la enmienda del Grupo Socialista eliminaba la
posibilidad de la alta velocidad desde Valencia-Alicante-Murcia! Y
hoy se contempla. Este es un debate estéril.Del debate de hoy saco
dos reflexiones muy concretas cuya paternidad es del representante
del PNV, que habla de que el Gobierno traiga, de un vez, un plan. El
señor Santiso, con el que tengo mucha afinidad en aspectos del
ferrocarril por ser un gran conocedor y un gran profesional de los
temas, ha hablado de un debate serio sobre política ferroviaria. Voy
a buscar en el Reglamento para ver de qué manera y a través de qué
posibilidad parlamentaria podemos conseguir que exista un debate
única y exclusivamente de política ferroviaria. Hoy aquí se trae una
transacción que habla de todo, y si yo hubiese propuesto, por
ejemplo, la línea Lleida-Manresa, sobre la que hemos tenido debates,
pues también hubiese entrado. La cuestión era que todo entrase a ver
si salía un voto favorable, sobre todo para dejar claro que el único
documento que sirve en temas ferroviarios es el PDI, y el PDI,
señores, es un documento que no está aprobado por esta Cámara. Esta
Cámara lo que aprobó fue una serie de resoluciones sobre el PDI -que
es un documento aprobado por el Gobierno anterior- con muchas
discusiones. Le diré más, nuestras proposiciones de resolución fueron
retiradas en el último momento porque no había ningún posible
consenso, y hay resoluciones aprobadas que son contradictorias unas
con otras. Por tanto, con respecto a los ferrocarriles lo que tiene
que venir aquí es un plan, y estoy completamente de acuerdo en que
pidamos que lo traiga el Gobierno, pero un plan total, no como hoy,
que se intenta meter aquí un plan con calzador, en el que cada uno
intenta colocar sus cosas, como alta velocidad en zonas donde ni
siquiera puede ir. La variante de Pajares es el ejemplo más claro de
que no puede ir una alta velocidad por dicha variante, ¡pobres
viajeros, pobres mercancías! Y hay otras muchas cosas que entran en
contradicción con lo que hemos discutido estos días.
Por tanto, como he dicho, invitaré al señor Santiso a ver si, con su
ayuda, podemos encontrar la forma de que, por la vía reglamentaria,
haya un debate serio y conciso sobre todo lo que es la política
ferroviaria.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Sedó.
Vamos a proceder a la votación en los términos de la transacción
planteada por el Grupo Socialista y en algunos de los aspectos
aceptada por alguno de los grupos enmendantes. (El señor presidente
ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a la votación. Antes,
me gustaría recordar a SS.SS. que se ha computado el tiempo máximo
que se tarda desde los despachos que están en la segunda ampliación,
incluso desde el piso más alto, teniendo en cuenta la
lentitud de los ascensores universalmente conocida y reconocida, y se
puede llegar, una vez se ha comenzado a llamar a votaciones, en tres
minutos y medio. (Rumores.)
Un momento, sosiéguense SS.SS. Aun así, la Presidencia, y en ella
incluyo a quienes la ejerzan en el momento de llamar a votación,
suele poner el reloj digital para que al menos se den cinco minutos.
No obstante, venimos observando que SS.SS. tardan mucho más en
incorporarse a los escaños, y no digamos al salir y abandonar sus
escaños una vez finalizada la votación. Les rogaríamos
encarecidamente, en beneficio de todos, que procuraran atenerse a
esos tiempos que se dan en lo sucesivo, los que marquen el inicio de
las votaciones.
Moción del Grupo Socialista sobre el futuro de la red de alta
velocidad ferroviaria en España, de acuerdo con el texto
transaccional aceptado por el grupo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
305; a favor, 149; en contra, 156.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN LA
LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL, CON ESPECIAL REFERENCIA A LA ACTUACIÓN
DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN RELACIÓN CON
LAS CAUSAS POR DELITO FISCAL (Número de expediente 173/000115).
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Mixto sobre la política del
Gobierno en la lucha contra el fraude fiscal, con especial referencia
a la actuación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en
relación con las causas por delito fiscal.
Para su presentación, tiene la palabra don Joan Saura Laporta. (El
señor vicepresidente, López de Lerma i López, ocupa la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señor Saura, cuando
desee.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
La moción que presento, en nombre del Iniciativa per Catalunya-Nueva
Izquierda, es consecuencia de la interpelación que la semana pasada
sustanciamos en relación a la política del Gobierno en la lucha
contra el fraude fiscal.
La semana pasada decíamos que no era necesario, a nuestro entender,
explicar ni extendernos en que hay crisis en la Agencia Tributaria,
que solamente había que coger la prensa o fijarnos en los medios de
comunicación en los últimos seis meses para darnos cuenta de que
existe una crisis, y explicábamos tanto en la Comisión
como en la interpelación cuáles eran a nuestro entender las seis
causas por las que la Agencia está en una situación delicada: porque
hay opacidad en la información; porque hay un caos interno; porque
hay una disminución de la deuda liquidada; porque las cifras de lucha
contra el fraude son contradictorias, las que da el propio Gobierno;
porque la recaudación ejecutiva está bajando; y en último lugar, como
sexta razón, porque nos parecía absolutamente incomprensible
y sorprendente el hecho de que el propio Gobierno hubiera pedido el
archivo del caso de las cesiones de crédito del Banco de Santander.
Estas seis razones, a nuestro entender, determinan una crisis de la
Agencia recogida abundantemente en los medios de comunicación
y explicitada en el hecho de que en los dos años y medio que el
Gobierno del Partido Popular lleva gobernando ha habido ya dos
dimisiones de los directores de la Agencia Tributaria y el propio ex
director de la misma recientemente decía que lo más importante para
la Agencia era la recuperación de la credibilidad que en estos
momentos no tenía.
A partir de aquí hicimos la interpelación y planteamos una moción de
siete puntos, que creo que de forma inusual puede ser una de las
mociones más largas que se han presentado en este Congreso y luego
explicaré por qué; siete puntos cortos, escuetos, de los que seis son
puntos en positivo. A menudo el Gobierno nos dice que no presentamos
propuestas en positivo que contribuyan a mejorar la eficacia de la
lucha contra el fraude fiscal y yo les aseguro a las señoras y
señores diputados que no han leído esta moción que de los siete
puntos hay seis que son propuestas concretas de mejora de la lucha
contra el fraude fiscal, y voy rápidamente a describir en qué
consisten estos siete puntos.
El primero simplemente constata la situación delicada que vive la
Agencia Tributaria, producto de los conflictos internos y de la
disminución en la recaudación que el propio Gobierno da. Por tanto,
insta a que el Gobierno tome todas aquellas medidas para afrontar
esta situación.
El segundo punto es para nosotros importantísimo porque,
sorprendentemente, el Gobierno del Partido Popular, en la
investigación judicial que se está llevando a propósito de las
cesiones de crédito del Banco de Santander, ha pedido el archivo del
caso. Yo le recordaba al señor Rato la semana pasada sus palabras
hace dos años en la Comisión de los 200.000, en la que el ministro de
Economía decía que el Gobierno ha de utilizar todos los medios
necesarios a su alcance para defender la Hacienda pública y donde
además decía, reprochando que el anterior Gobierno hubiera desistido
en un caso parecido, que él no estaba de acuerdo en la actuación del
anterior Gobierno y que el suyo nunca iba a hacer esto.Pues bien, en
cuanto a la investigación judicial que desde hace bastantes años se
está llevando en el caso de las cesiones de crédito del Banco de
Santander, en un momento en que estabaavanzando de forma acelerada y
que ha significado ya
que este mismo año se haya producido la dimisión de un consejero de
Obras Públicas del País Valenciá o que se haya llamado a declarar a
la comisión ejecutiva del Banco de Santander, sorprendentemente es el
Gobierno quien pide el archivo del caso. Yo le decía al señor Rato el
otro día que no le pedimos posición procesal, que lo único que le
pedimos es que el Gobierno no obstruya la investigación de la
justicia y que deje que ésta siga investigando. Desde ese punto de
vista, el punto 2 de nuestra moción lo que plantea es que el Gobierno
utilice todos los medios de que dispone para defender los intereses
de la Hacienda pública y, por otro lado, que no impida la continuidad
de la investigación judicial presentando, como ha hecho hasta ahora,
la petición del archivo de este caso y que, por tanto, rectifique.
En el tercer punto instamos a que el Gobierno, en un plazo rápido,
remita a las Cortes Generales un proyecto de modificación del delito
fiscal. Fuimos críticos cuando se legisló el delito fiscal y en ese
sentido proponemos que esta modificación que el Gobierno debe remitir
a las Cámaras contemple fundamentalmente tres o cuatro aspectos: la
reducción del umbral cuantitativo mínimo de fraude para la existencia
de delito fiscal; el hecho de que en estos momentos se pueda
segmentar, romper la cantidad presuntamente defraudada o por años y,
por tanto, que se pueda acumular todo; que se modifique una de las
razones que imposibilita de alguna manera la lucha contra el fraude
fiscal, que es el tema de la excusa absolutoria, y que también se
tipifique como delito la conducta de quienes organizan o constituyen
instrumentos para terceros para efectuar fraude fiscal. Este es el
tercer punto: que el Gobierno remita una propuesta de modificación de
la legislación del delito fiscal.
El cuarto punto consiste en decirle al Gobierno que cumpla aquello
que ya aprobó esta Cámara por unanimidad el 27 de junio de 1997. El
27 de junio de 1997 esta Cámara aprobó por unanimidad unos puntos de
futuro en el famoso tema de la Comisión de los 200.000 millones,
entre los que destacaba que el Gobierno debía presentar una
modificación de la Ley General Tributaria y del reglamento de
inspección. Un año y medio después el Gobierno no ha planteado esto;
lo recordamos y urgimos su presentación.
El quinto punto es reiterativo de lo que también fueron los acuerdos
de la Comisión de los 200.000 millones. Quiero decir a SS.SS. que
prácticamente todos los aspectos importantes en relación a las
propuestas de futuro de la Comisión de los 200.000 millones han sido
incumplidos por el Gobierno, como el propio ministro, señor Rato,
recordó en el pasado Pleno. Desde ese punto de vista, una conclusión
unánime -creo que las dos mayores conclusiones unánimes del trabajo
de la Comisión de los 200.000 millones y del debate posterior que se
produjo en esta Cámara- era la necesidad de aumentar la transparencia
y de mejorar el control parlamentario sobre la lucha contra el fraude
fiscal que efectuaba la Agencia Tributaria. El 27 de junio de 1997
también aprobamos que el presidente de la Agencia Tributaria
anualmente presentara los objetivos de la Agencia de lucha contra el
fraude y que al mismo tiempo hiciera una evaluación de lo que había
pasado en el año anterior. Después de un año y medio esto todavía no
se ha hecho; es decir, en ningún momento los responsables de la
Agencia Tributaria han presentado a esta Cámara los objetivos de la
lucha contra el fraude.
Otro punto de nuestra moción insta a que el Gobierno, en el acuerdo
que tomamos en la ley de acompañamiento, presente en los próximos
seis meses el estatuto orgánico de la Agencia Tributaria incluyendo
una revisión de los actuales criterios de incentivación de la
inspección. Pensamos que los actuales criterios de incentivación de
la inspección son uno de los elementos que plantean problemas
importantes a la hora de luchar contra el fraude fiscal.
La última propuesta que hacemos es instar a que el Gobierno presente
en los primeros tres meses de cada año la memoria de la Agencia
Tributaria. El señor Rato y el señor Costa dicen repetidamente que se
ha aumentado la transparencia y que pidamos todos aquellos datos que
queremos. Yo quiero destacar aquí que desde mayo de 1996 se ha
descendido en el nivel de información y de transparencia que la
Agencia Tributaria facilitaba en la anterior legislatura. Hasta hoy,
en estos dos años y medio, el Gobierno del Partido Popular no ha
presentado la memoria de la Agencia Tributaria. Hace una semana, el
señor Rato nos anunció que el mismo día que él venía aquí se había
metido en Internet la memoria de la Agencia Tributaria, cosa que me
parece muy bien, a pesar del retraso. Sin embargo, nosotros lo que
pedimos es que esta memoria se presente en el primer trimestre de
cada año en relación al ejercicio anterior y que se edite; es
incomprensible, insisto, que siendo necesario aumentar la información
y la transparencia en relación al funcionamiento de la Agencia
Tributaria después de dos años y medio no se haya publicado la
memoria.
Quiero también decir -y esto posiblemente motiva que esta moción sea
de las más extensas y largas de la historia del Congreso- que
repetidamente nos encontramos con un doble discurso del Gobierno, por
un lado, se nos dice que se facilita información, cosa que es falsa o
parcialmente falsa, se facilita información pero no se editan las
memorias, no se contesta o se contesta de forma muy tardía a las
preguntas que se formulan -yo tengo planteadas algunas preguntas
obvias desde hace seis o siete meses y no se me contesta, pido amparo
y se siguen sin contestar-, y la información que se nos da es
absolutamente insuficiente. El otro día el señor Rato decía: Señor
Saura, diga usted lo que quiere; diga usted cuál es la información
que necesita. Yo le dije el otro día, y lo digo aquí, que la
información que quiero la solicité al Gobierno en los meses de mayo y
junio y que en diciembre aún no se me ha facilitado, pero hoy la
incluyo en la moción. Hay 20 ó 30 páginas de información concreta
que, a nuestro entender, es imprescindible para realizar el control
parlamentario. Por tanto, lo que solicitamos es que en esta
memoria que se ha de editar -que hasta ahora el Gobierno del Partido
Popular no lo ha hecho- exista una información que detallamos y
concretamos para que se pueda realizar con eficacia la función
fundamental de la Agencia Tributaria.
La semana pasada, una persona que está ligada a esta Cámara, no como
diputado, hacía un artículo en un medio de comunicación que decía que
uno de los problemas de la Agencia Tributaria era que se iba aislando
de la sociedad, del Parlamento, y que a menudo era difícil que
lucharan contra el fraude fiscal. Coincido con este diagnóstico así
como con la necesidad de parlamentarizar el control de la Agencia
Tributaria, y eso significa dos cosas: que el Gobierno proporcione
información y que ésta de verdad facilite el control de las diputadas
y diputados sobre el funcionamiento de la Agencia. Este es el sentido
de nuestra moción. Hay siete puntos, el primero es para constatar que
existe una crisis y que se tomen medidas, y los otros seis van en
relación a las cesiones de crédito del Banco de Santander, a la
modificación del delito fiscal o a la información y a la
transparencia que la Agencia determina. Si se aprobara, estoy seguro
que se iba a dar un paso importante para impulsar y fomentar desde el
Parlamento una mayor eficacia en la lucha contra el fraude fiscal.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor
Saura.
A esta moción del Grupo Parlamentario Mixto han presentado enmiendas
los grupos Socialista, Federal de Izquierda Unida y Popular. Para la
defensa de la primera de las enmiendas, la correspondiente al Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Mendizabal.
La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Gracias, señor presidente.
La moción que se ha presentado hoy por parte del señor Saura es
reflejo de una lógica preocupación que llevamos sintiendo
determinados grupos parlamentarios ante la situación de conflicto y
de crisis que está viviendo la Agencia Tributaria, pero también
responde a la preocupación que tenemos ante el pertinaz empeño por
parte del Gobierno en tratar de ocultar esta crisis y, por tanto, en
la desidia que esta actitud genera a la hora de abordar la solución
de los problemas.
Los problemas que la Agencia Tributaria está viviendo son bastante
evidentes no sólo para el funcionamiento interno de la Agencia, para
la gente que está en la Agencia, sino también para esta Cámara, para
los medios de comunicación, para la opinión pública. Ante esto, la
actitud del secretario de Estado, señor Costa, intentando ignorar la
situación pero a la vez tratando de transmitir determinada
información que dé un cierto nivel de satisfacción -que le dé un
cierto nivel de satisfacción a sí mismo- respecto a los logros de su
gestión al frente de la Agencia durante estos dos últimos años es
presentar una serie de cifras que resultan
diferentes para determinadas variables. Cuando se hace un análisis
detallado, como se ha hecho en Comisión, lo hace comparando
magnitudes que no son homogéneas, lo hace, en definitiva, mezclando
churras con merinas para inflar determinados datos, confundiendo
cifras que a la única conclusión que nos llevan es a que tiene una
clara voluntad de engañar.
Esta actitud, lejos de ser corregida, fue apoyada la semana pasada en
la Comisión de Economía y Hacienda de esta Cámara, incluso en la
interpelación que se debatió, e incluso aumentada por el ministro de
Economía y vicepresidente segundo del Gobierno, que para tratar de
aclarar el tema, para dar mayor transparencia al asunto de la Agencia
Tributaria se permite utilizar una serie de tácticas que ya han sido
citadas, como la de introducir en Internet la memoria de 1997 -que,
por cierto, sólo está el título- o presentar en Internet un informe
que habla de los resultados del control de la Agencia Tributaria a 1
de diciembre. Lo que pretende este informe es cubrir las espaldas del
señor vicepresidente del Gobierno cuando viene a esta Cámara, pero
resulta que estamos en las mismas, porque si comparamos las cifras
del informe que está en Internet, vemos que no se corresponden con
las cifras dadas por el secretario de Estado en sus comparecencias,
aunque se avanza algo y por primera vez en ese informe se reconoce la
caída de la deuda instruida en el año 1998 y se reconoce la caída de
la deuda liquidada en el año 1998. Pero, ¡sorpresa!, se reconoce en
términos absolutos. Cuando hablamos en términos comparativos, resulta
que en lugar de caer la deuda tributaria, se incrementa y en lugar de
caer la deuda liquidada, aumenta. Es decir, se olvidan todos los
signos negativos. Una vez más pregunto si eso es producto de la
incompetencia o simplemente de la mala voluntad. Me gustaría que esto
se aclarara.
Por eso creo que las cifras que se han presentado de la Agencia
Tributaria sólo tienen el objetivo, como he señalado antes, de
engañar, lo que ha llevado a la Agencia Tributaria a los niveles
mínimos de credibilidad, porque, como ya se ha dicho reiteradas
veces, no se publica la memoria, no se da publicidad a las
estadísticas, no se editan los resultados sobre las actuaciones de la
inspección y no se presentan los planes de inspección más que a
mediados del mes de junio. Esta política de opacidad ha venido
acompañada otras veces de una política ampliamente denunciada por mi
grupo parlamentario, de una política de personal totalmente sectaria,
que ha llevado a que la Agencia haya tenido tres directores durante
dos años y medio, que no haya habido ni un departamento con un único
director porque, como mínimo, han tenido dos todos los departamentos
de la Agencia Tributaria y a una política de recursos humanos, en
términos generales, bastante sectaria.
En definitiva, toda esta política tiene unas consecuencias bastante
graves sobre los resultados y, por tanto, nos lleva a apoyar esta
moción que ha presentado el Grupo Mixto para tratar de sacar a la
Agencia de
esta situación crítica, para tratar de buscar la transparencia en los
datos, para tratar de luchar contra el fraude fiscal, que parece que
no es uno de los objetivos que interese al Gobierno, sobre todo
teniendo en cuenta la actitud que ha mantenido respecto al
posicionamiento del abogado del Estado en el tema de la cesión de
créditos del Banco de Santander.
Las enmiendas que presenta mi grupo son puramente técnicas. Lo que se
trata es de aclarar en el punto 2, respecto al tema de las cesiones
de crédito del Banco de Santander, cuál debe de ser la actuación del
Gobierno al dar las instrucciones al ministerio fiscal en tema de
política criminal para luchar contra los delitos cometidos contra la
Hacienda pública. Asimismo, hemos solicitado la retirada del punto 3
de la moción porque creemos que resulta confuso en estos momentos
tratar de regular todo el tema del delito fiscal, por la complicación
que esto implica. En definitiva, nuestra postura va a ser aprobar la
moción para clarificar el tema de la Agencia Tributaria y poner en
marcha una lucha contra el fraude fiscal que resulte medianamente
seria.
Nada más, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señora
Mendizabal.
Para defender la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías, la verdad es que
la gran ventaja que tiene la moción que hoy estamos discutiendo ha
sido su debate previo, su evolución en el trámite parlamentario,
tanto en las comparecencias de los señores Costa y Rato como en la
interpelación. La gran virtualidad que tiene la propuesta de moción
es que intenta dar respuesta al gran problema de la Agencia
Tributaria, a la necesidad de recomponer una idea de conjunto, de
globalidad, para recuperarla y hacerla efectiva en una doble función:
una, en la política impositiva, hacerla efectiva para recaudar
rápido, ágil y de manera efectiva los impuestos que los ciudadanos
españoles deben de pagar; y dos, en la actuación inspectora, para
detectar cuáles son los ciudadanos que no actúan bien ante la
Administración.
No sería justo, por tanto, decir que la Agencia Tributaria, en su
conjunto y en todos sus frentes, no funciona. Lo que sí viene a
recoger la moción es el reflejo de la realidad que hoy se sufre
dentro de la Agencia Tributaria, una obligación legal y un
funcionamiento efectivo para cumplir esa regulación.
En los distintos puntos de la moción hemos presentado solamente dos
enmiendas, compartimos mayoritariamente su filosofía porque hace
frente a los tres grandes problemas que tiene la Agencia: primero, la
necesidad de control parlamentario y conocimiento transparente de la
realidad de la acción de la propia Agencia, sus resultados y su
eficacia para los ciudadanos, no para la Administración, ni siquiera
para los
cuerpos que trabajan en la Agencia, sino para los ciudadanos;
segundo, la necesidad de hacer efectiva la realidad multipolar de
todo el personal que trabaja en la Agencia, los 400 inspectores, los
2.000 subinspectores, los 6.000 técnicos y los 28.000 funcionarios
que trabajan en ella, haciéndoles partícipes de un funcionamiento
eficaz en el que todos son parte; no donde 400 son jefes y el resto
ayudantes de esos 400 jefes; no. Todos son parte de una acción
administrativa eficaz y todos cumplen un papel dentro de ella.
Tercero, la necesidad de tener un estatuto orgánico con rango de ley,
porque así no habrá un funcionamiento arbitrario o arbitrista del que
gobierna en cada momento, a través de una norma, de un reglamento o
de un desarrollo normativo. A la velocidad con que se cambian los
directores de la Agencia -en dos años y medio de Gobierno popular
llevamos dos y ya ha entrado el tercero- tendríamos tantas normas y
funcionamientos como directores pusiéramos al frente. Eso no es
posible. Tiene que haber un mínimo de voluntad de estabilidad, tiene
que haber un mínimo de seguridad jurídica, y para eso hace falta una
norma, una ley. ¿El plazo de tiempo? El que necesite el Gobierno.
Nosotros preferimos que se traiga a discusión cuanto antes, sobre
todo porque la Agencia no se puede dejar aplazada hasta la próxima
legislatura y si los tiempos funcionan con toda realidad, si los
tiempos de discusión que tenemos aquí evolucionan normalmente, si
damos seis meses o nueve meses al Gobierno para que presente la
propuesta, vendrá en junio y es previsible que para octubre tengamos
elecciones, con lo que no estará aprobado para esta legislatura. Por
eso proponemos acelerar el trámite de presentación, porque el
Gobierno lo tiene hecho; si el problema es que el Gobierno tiene un
borrador, pero no sabe si lo quiere hacer por decreto, por ley, por
norma, y si va a encontrar el consenso de todas las partes que
trabajan en la Agencia y de todas las formaciones políticas, para que
la Agencia no esté al socaire de los gobiernos de turno.
Hay una cosa que a mí me gustaría retener en esta discusión en
relación con la Agencia y que decía un profesor, catedrático de
derecho financiero, don Luis María Cazorla, a los dos días de la
interpelación habida aquí. Decía dos grandes cosas, y fíjense porque
esto es importante. Una era que la Agencia se creó al pie de la ley
de presupuestos del año 1991. Este catedrático dice que la Agencia en
su nacimiento adolece de una visión completa e integrada, que se
parte de una especie de desarrollo que carece de cimiento y que todo
el desarrollo normativo no han sido más que remiendos a lo que ya
había en lugar de una regulación general. Corrijamos eso. La
propuesta de moción es un camino para que el Gobierno pueda hacer
frente a esos planteamientos. La segunda conclusión de este profesor
era que el estatuto orgánico debe fortalecer una integración efectiva
de los distintos departamentos para que no se vaya desde la actuación
de hacer la guerra cada uno por su cuenta sino desde un principio de
unidad de dirección, y para eso hace falta una voluntad política.
Por eso yo no comparto la teoría de que hay que poner técnicos que
dirijan bien la Agencia. No; hace falta una decisión política para
hacer un instrumento, un brazo de gestión del que hace política,
política de ingresos y política de gastos. No se trata de que haya
unos profesionales que puedan decidir cómo gestionar los ingresos o
cómo gestionar la lucha eficaz contra el fraude. Este profesor, este
catedrático de derecho financiero, en su filosofía que yo comparto,
puesto que además viene a reforzar lo que es hoy la discusión en
relación con la Agencia, culmina su artículo diciendo que el estatuto
que se anuncia debe poner fin a esto y resolver de una forma
consensuada el funcionamiento normal de la Agencia, superando el
problema que la atenaza. Es decir, hoy hay unos problemas de
funcionamiento y el punto 1 de la moción viene a recoger esa
sensación, esa realidad que constatamos, para superarla. El punto 2
es la parte más extendida de mi intervención. No la hemos enmendado
porque compartimos la filosofía de los puntos 2 y 3 de la moción
porque regulan cómo actuar en casos concretos. ¿Y por qué me quiero
detener en los puntos 2 y 3? Los ejemplos llegan más a los ciudadanos
que grandes cantidades de desarrollo normativo; los ejemplos son muy
educativos, muy ilustrativos.
Pues bien, no es posible entender lo ocurrido en relación con un
expediente que está en manos de la Administración de justicia desde
el año 1992, que además tiene una evolución de actuaciones en la
propia Agencia en relación con un banco, las cesiones de crédito del
Banco de Santander entre al año 1986 y 1989; no es posible entender
que en pleno mes de julio de 1998, el Gobierno, en sus dos
representaciones, el abogado del Estado y el fiscal, saltándose el
trabajo anterior, hayan decidido pedir que se archive ese proceso.
Desde la Fiscalía y por el abogado del Estado se pide a la juez que
está actuando que vaya archivándose esa decisión. ¿A quién beneficia
eso? ¿Al interés general, al erario público? Yo quisiera poner
contenido a esto que estamos diciendo de las cesiones de crédito del
Banco de Santander porque si no no se entendería. ¿Qué es esto?
Depósitos opacos que el banco utilizó como instrumento para fomentar
a determinados clientes una gestión de determinados dineros,
operaciones de cesiones de crédito que no pagarían, no tendrían
retención de Hacienda, promoción que hacían desde las distintas
oficinas. ¿Cuál es el volumen de personal afectado por estos
depósitos opacos? Cuatrocientos treinta y nueve mil millones, el
mismo volumen de dinero que toda la acción de la inspección en el año
1997, en torno a 500.000 millones. Y en cuanto a las cesiones de
crédito, ¿cuántas son las actuaciones que hay en circulación?
Cuarenta y cinco mil. ¿Con qué volumen? Ciento veinticinco mil
millones de pesetas. ¿Pero cuál es la relación? ¿Existía o no
actuación de colaboración del propio banco con la Hacienda pública?
Pues bien, el banco dio a Hacienda un listado de los titulares de
cesiones de crédito que era falso, no aparecían los titulares. Cuando
lo comprobaron le reclamaron otros datos y volvió
a facilitar datos que eran falsos, resultando que la robótica detecta
que de esas 45.000 operaciones realizadas entre 1986 y 1989 hay 8.282
que no se corresponden con la información que ha sido aportada por el
banco a la propia Agencia. ¿Y esto, que es una no colaboración, una
no actuación y un fomento de un producto que significa provocar
fraude, queremos promoverlo como ejemplo? Por eso estamos de acuerdo
con el punto 2 de la moción, porque insta al Gobierno a que utilice
todos los medios para que la asesoría jurídica del Estado, la
representación procesal del Estado y de la propia Agencia actúen de
acuerdo con la legislación que tenemos vigente. Y el artículo 7 de
esta Ley 52/1997, de asistencia jurídica del Estado e instituciones
públicas, obliga y mandata al Gobierno a funcionar con una serie de
resortes.
Pues bien, en el caso de la cesión de créditos, no solamente no lo
hemos sido sino que no lo hemos parecido; al revés, no lo hemos
parecido ni lo hemos sido, y no es posible que ese ejemplo sea el que
utilicemos para dar lecciones al ciudadano que tiene una relación
complicada con la Administración. El ejemplo que se saca de esta
actuación es que el Estado, ante el gran defraudador, protege al que
lo hace con los poderosos a la sombra de un gran banco y persigue al
que lo hace a la sombra de cualquier ciudadano, y está perseguido
porque somos muy eficaces en la lucha contra el fraude en un sinfín
de frentes. Lo somos para detectar el uso y el abuso del desempleo y
lo somos para la incapacidad temporal. Hemos llevado a cabo un sinfín
de luchas contra el fraude pero puede ser manifiestamente mejorable.
Por eso es importante que como ejemplo se depure esa responsabilidad
y se deje actuar a la justicia. ¿Es que acaso hay miedo a que se
produzca la acción de la justicia? ¿Por qué entorpecemos nosotros
-cuando digo nosotros me refiero al Gobierno- esa acción de la
justicia? ¿Se tiene miedo a que la justicia aclare y precise cuáles
son los responsables? Yo no entiendo por qué ese devenir sea
ajustado. Eso se recoge en los puntos 2 y 3 de la moción.
Nosotros añadimos -y termino con esto, señor presidente, señorías- un
punto nuevo. Hay dentro de la Agencia una serie de primas a favor de
sistemas de retribución de los altos cargos de la Administración
tributaria que significan productividades y complementos que no
tienen relación con lo que funciona en toda la Administración, de tal
manera que ciudadanos que tienen unos ingresos de cinco millones al
final del año tienen 12 millones de pesetas, más de lo que gana el
presidente del Gobierno, por cierto, que es una relación importante.
¿Y a qué obedece ese criterio? Nosotros lo que proponemos es que esas
gratificaciones o productividades funcionen con criterios similares a
los que se funciona en la Administración pública, porque eso
solamente sucede en unos cargos, en los 400 que son inspectores, pero
no sucede igual en los cargos de menor categoría, aunque se sigue una
gradación: en los subinspectores funciona un complemente específico
de dos millones y pico mil pesetas y en los técnicos ya es
1.800.000, hasta que llegamos al último escalón, que son 25.000
pesetas, como siempre. Es decir, se trata de un sistema en el que el
que acumula la cabeza, que es el trabajo de todos, se apunta el
beneficio. Ese sistema es el que hace reventar la eficacia de la
Agencia. Por eso nosotros proponemos que se actúe con los mismos
criterios que en la Administración pública y si son malos que se
cambien, pero no vale para una actuación un sistema y otro para otra.
¿Por qué funciona en la inspección y no va a funcionar, por ejemplo,
en la gestión del control del gasto, en lo que es la intervención?
¿Por qué funciona en la inspección y no en la recaudación? No lo
entendemos justo y por eso hemos propuesto una enmienda para añadir
un punto 7 que solucionaría el discurso general de esta moción. No sé
si al final va a haber consenso o no con esta moción, pero yo, puesto
que el Grupo Popular no solamente ha presentado 7 puntos sino 14,
animaría a que este Congreso pueda estimular la acción del Gobierno
de manera unánime en lugar de ir a una confrontación. En suma, estoy
invitando al portavoz del Grupo Popular a que se ponga al frente de
la manifestación para pedir una actuación al Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias,
señor Ríos.
Para defender la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Popular tiene la palabra el señor Martínez- Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Mi grupo ha presentado una enmienda a la moción del señor Saura que,
si bien aparentemente no introduce grandes novedades, insta a que se
aceleren y pongan en marcha con mayor profundidad muchas iniciativas
ya aprobadas por esta Cámara y señala nuevos caminos en el
funcionamiento de la Agencia y en la lucha contra el fraude. Por
cierto, debido a lo manifestado por algún interviniente en la
anterior presentación de enmiendas, quiero señalar que mi grupo
siempre va a estar apoyando cualquier iniciativa en la lucha contra
el fraude y siempre ha estado y siempre estará respetando todas las
decisiones que tomen los órganos jurisdiccionales en materia de
delito fiscal, como hemos hecho siempre. Pedimos también que se abra
la puerta, que se incorporen sugerencias de los distintos grupos
tanto a la materia de lucha contra el fraude como a la información
que esta Cámara debe recibir para que los parlamentarios puedan hacer
una eficaz acción de control de la Agencia Tributaria y puedan
aportar ideas que mejoren su acción y su lucha contra el fraude.
La presencia de España en el euro, la presencia de España en un
mercado globalizado, la introducción en España de un sistema
tributario moderno y las necesidades de lucha contra el fraude que se
derivan de un mercado globalizado hacen necesaria una adaptación de
la Agencia. Por cierto, es justo señalar que la Agencia, como decía
el señor Ríos, al no haber entonces ley
de acompañamiento, se aprobó en una ley de presupuestos; la Agencia
la aprobó el señor Borrell en una ley de presupuestos (Risas.) y
quizá algunos defectos de los que adolece ahora son porque tenía unas
bases muy poco sólidas, porque en vez de hacer una ley que se
tramitara por el procedimiento normal la metió de rondón en una ley
de presupuestos. (Rumores.) Justo es decirlo. Por eso nosotros
queremos poner los medios para que la Agencia se modernice, para que
la Agencia pueda afrontar los nuevos retos que tiene. En España hemos
hecho un esfuerzo fiscal sin precedentes y hemos creado un marco de
relaciones entre Administración y contribuyente nuevo y novedoso en
Europa; hemos hecho un nuevo marco fiscal para las pymes que baja los
impuestos a los pequeños empresarios pero ayuda a luchar contra el
fraude; hemos creado un marco tributario para el ahorro que es
homogéneo con el del resto de Europa e impide que el ahorro español
se vaya buscando costas más cálidas fiscalmente y hace que el ahorro
siga en España invirtiendo y generando empleo; hemos hecho también
una reforma del IRPF profundísima que afecta a 15 millones de
declaraciones, 30 millones de contribuyentes, y que baja los
impuestos a todo el mundo. (Rumores.)
Cuando un país hace un esfuerzo de modernización de su sistema
tributario de esa magnitud, necesita también una Administración que
se modernice y que seacapaz de gestionarlo. A lo largo de las
intervenciones anteriores se ha mencionado un artículo de un conocido
catedrático, antiguo Letrado Mayor de esta Cámara, que habla sobre la
Agencia y su futuro y señala que tiene que ser un punto y aparte, que
hay que seguir avanzando, que se ha hecho mucho pero que hay que
seguir avanzando. En esa línea nos podemos encontrar con los otros
grupos; señor Saura, en esa línea podemos buscar puntos de encuentro
con el resto de los grupos, en hacer avanzar a la Agencia, que está
haciendo una labor eficacísima. Quiero remitirme a una encuesta del
CIS, la última, de mayo de 1998, cuando el 84 por ciento de los
ciudadanos y ciudadanas encuestados dicen que la Agencia presta un
servicio eficaz. Antes también eran muchos los que lo decían, pero
desde 1995 a 1998 se ha aumentado el porcentaje en ocho puntos y hay
un 61 por ciento que dice que desde hace cinco años se ha mejorado el
trato con el contribuyente. Eso es así porque la Agencia está
gestionando más de 50 millones de declaraciones anuales y lo hace con
eficacia, está gestionando 15 millones de declaraciones sólo de IRPF
y devolviendo -el 80 por ciento son de devolución- antes de que acabe
la campaña, lo que nunca había pasado. Cuando un contribuyente
presenta la declaración en mayo, en julio ha recibido ya la
devolución de lo que ha ingresado. Se ha hecho una labor eficacísima
en las devoluciones del IVA, que son tan importantes para los
sectores exportadores; se ha hecho una gestión eficacísima en las
devoluciones de las pymes del Impuesto sobre Sociedades que evita
problemas y distorsiones financieras a las empresas; se ha hecho una
gestión eficacísima de la
Agencia en muchos campos, y no sólo porque desde esta Cámara estamos
dando buenas instrucciones, también porque hay 28.000 funcionarios
competentes a los que es justo reconocer el trabajo y a los que se
les pone en duda cuando sin ningún fundamento se habla de crisis no
existiendo tal crisis. (Rumores.) Cuando se habla de crisis sin decir
nada que la señale se está poniendo en duda el trabajo eficaz de
28.000 funcionarios que están contribuyendo a que en España la
recaudación vaya...
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Por favor,
señorías, respeten al orador.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señorías, aquí se ha hablado mucho
de lucha contra el fraude y yo también quiero referirme a ese
aspecto. La lucha contra el fraude no sólo es descubrimiento de deuda
liquidada e instruida, también conforman la lucha contra el fraude
las condiciones legales que corresponden a este Parlamento y las
condiciones económicas para que los contribuyentes tengan una mayor
predisposición al cumplimiento de las obligaciones fiscales, crear
una cultura de buen uso del dinero público, una cultura económica de
buen funcionamiento del sistema económico que aumente las
expectativas de los ciudadanos y una normativa legal que impida que
surjan productos como los que se han señalado aquí esta tarde. Hay
que decir, señorías, que el producto al que han hecho referencia el
señor Ríos y el señor Saura nace por una normativa ineficaz e
ineficiente que hizo que se pusiera en el mercado un producto sin
retención que era una brecha para la elusión fiscal. Las cesiones de
crédito, señor Ríos, son un producto que nace de una normativa
aprobada por el PSOE que lo hizo posible, y lo que tenemos que hacer
desde este Parlamento es crear una normativa que no haga posible la
existencia de productos que incentiven la elusión fiscal. Eso es
también compromiso nuestro. Señor Ríos, es cierto lo que usted decía
de que nosotros -refiriéndose al Parlamento- tenemos una
responsabilidad en el fraude: hacer una normativa eficaz que evite
posiciones de elusión. Hoy podemos garantizar, por lo que usted
decía, que la lucha contra el fraude va bien, si nos referimos a ella
como las condiciones de los ciudadanos para hacer frente de manera
voluntaria a sus obligaciones tributarias, va bien, porque la
elasticidad de la recaudación en relación al crecimiento económico es
mucho mayor de uno, y eso quiere decir, señorías, que los ciudadanos
de manera voluntaria están cumpliendo mejor sus obligaciones
tributarias. ¿Por qué? Porque hay mejores expectativas económicas,
porque hay un mayor sentimiento de cumplimiento fiscal y también
porque hay más normativa que impide la elusión fiscal. Señorías, los
datos contra el fraude van bien, se miren como se miren. El plan
bianual del fraude se está cumpliendo de una manera correcta y tanto
en deuda liquidada como en deuda instruida nosotros estamos teniendo
unos datos positivos, unos datos buenos. (Rumores.)
Es verdad que no se puede liquidar más deuda de la que se instruye.
Antes se refería la señora Mendizabal a la deuda instruida y
liquidada. No se puede, porque para liquidar deuda antes se tiene que
instruir.
Nosotros hemos presentado una enmienda en la que, como decía el señor
Ríos, lo que hacemos es ser los primeros en ponernos en posición de
manifestar que queremos transparencia en la información y un mayor
esfuerzo de lucha contra el fraude. Hemos presentado una enmienda que
dice que el presidente de la Agencia venga a comparecer aquí la
primera semana de febrero -no puede ser en enero- para dar cuenta de
los objetivos de la Agencia para el año que viene y responder a lo
que se ha hecho durante el ejercicio pasado. Queremos que se publique
la memoria de la Agencia en los seis meses siguientes; queremos que
mensualmente se publiquen unos datos que permitan el control de la
lucha contra el fraude y todos los señoras y señores diputados los
tengan a su disposición; y ponemos sobre la mesa medidas modernas de
lucha contra el fraude. Ahora mismo, dentro del euro y de un mercado
globalizado, hay que atacar el fraude organizado, porque ahora ya no
es individual, y por eso presentamos varios puntos, entre ellos la
creación de una oficina nacional que luche contra ese tipo de fraude,
donde se inicien actividades que vayan en contra del fraude
organizado. Señorías, hemos presentado una enmienda que esperemos
tengan a bien aceptar y que el grupo proponente apoyará. Queremos
dejar constancia en esta Cámara que en materia de transparencia de
información y en materia de lucha contra el fraude vamos a estar los
primeros y aceptando todas las propuestas que se nos hagan desde los
distintos grupos políticos. Nosotros queremos que bajen los impuestos
a todos los ciudadanos españoles pero que la carga tributaria se
distribuya con justicia y que pague quien debe pagar.
Gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor
Martínez-Pujalte. ¿Grupos que desean fijar su posición respecto de
estas enmiendas y de la moción? (Pausa.) Por el Grupo de Coalición
Canaria tiene la palabra el señor Gómez.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Señor presidente, no cabe la menor duda de
que la moción que se ha presentado, importante y oportuna, obedece a
determinados problemas de funcionamiento que existen en la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por lo que creo que estamos
todos de acuerdo en instar al Gobierno para que se adopten medidas
urgentes con el fin de que se termine y se supere esta situación. No
olvidemos que en esta Cámara se ha aprobado una iniciativa en ese
sentido en cuanto al personal subinspector.Asimismo estamos de
acuerdo en que se cumplan por el Gobierno las resoluciones aprobadas
por el Pleno de esta Cámara el 26 de junio de 1997 en relación con el
informe de la Comisión de Investigación sobre tramitación de
expedientes en la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. Siguiendo los principios de eficiencia, eficacia y
economía de gestión, pedimos que se desarrollen en el estatuto
orgánico las funciones y régimen jurídico y organización de la
Agencia con las debidas garantías, con participación de las distintas
administraciones públicas interesadas en su gestión, respetando la
referida y aprobada iniciativa de esta Cámara. Estamos de acuerdo en
que los ciudadanos tienen derecho a conocer con prontitud, no con
tardanza de seis meses o un año, todos los datos de la Agencia
Tributaria. Estamos de acuerdo también en muchos puntos de las
enmiendas que presenta el Grupo Popular, fundamentalmente los 3, 4 y
5, de los que no voy a dar lectura por estar en conocimiento de sus
señorías.
Por lo que se refiere al estatuto del contribuyente, muchas veces
olvidado incluso por el Senado en su artículo 4, consideramos que es
un avance que se publique y remita y a las Cortes Generales la
memoria del Consejo de Defensa del Contribuyente y que se presente
dentro del primer mes de cada año un informe sobre el desarrollo que
ha experimentado la asistencia e información al contribuyente.
Consideramos que se debe completar la adecuación del reglamento
general de la inspección de los tributos a las modificaciones
introducidas por la Ley de derechos y garantías de los
contribuyentes. Estamos de acuerdo con el portavoz proponente de la
moción y con la enmienda del PP respecto a que hay que incentivar las
acciones contra el fraude, hay que luchar contra el fraude fiscal
organizado, por muy poderoso que sea el deudor fiscal, sin
inmiscuirnos en el camino de la justicia, poniendo en funcionamiento
la oficina nacional de investigación del fraude y planificando
aquélla de una forma eficaz y coordinada. Por último, vamos a votar
favorablemente las enmiendas del Grupo Popular por considerar que
recogen la solución de este grave problema y porque creo que está en
el ánimo de todos los grupos políticos buscar una solución para que
la Agencia Tributaria vaya por el camino de la justicia fiscal.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma iLópez): Gracias, señor
Gómez.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) tiene la palabra el señor
Zabalía.
El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Gracias, señor presidente.
La lucha contra el fraude fiscal se está convirtiendo en estos
últimos tiempos en un instrumento de confrontación política, por una
parte, y de ciertas reivindicaciones profesionales de colectivos de
la propia Administración, por otra, lo cual no hace más que
contribuir a la mala imagen que ya de por sí suele tener la
Administración tributaria ante el ciudadano, que siempre ve a la
Administración de Hacienda como un enemigo. Por tanto, flaco favor
vamos a hacer desde el Parlamento si permanentemente estamos
debatiendo estos temas con algunas manifestaciones que, lejos de
trasladar al ciudadano
una imagen de una administración moderna, eficaz, equitativa y
justa, podemos trasladar todo lo contrario. Desde nuestro grupo
parlamentario nos acercamos a esta situación como lo venimos haciendo
habitualmente en aquellos temas que se plantean en el Parlamento
y que sin afectar directamente al ciudadano vasco, como es el de la
fiscalidad por la competencia de las instituciones vascas, tienen una
importancia y un contenido profundo, y creo que es este uno de esos
casos. Por tanto, queremos intervenir y dar nuestra opinión desde una
posición constructiva, desde una posición de apoyo y de colaboración
para conseguir la mejor solución al problema, si es que el problema
existe, porque por una parte se dice que existen problemas y por otra
que no existen. Yo no sé si existen o no, pero sí existen lo que
queremos es que la Cámara y el grupo que apoya al Gobierno sepa que
nuestra posición en todo momento es de apoyo y de contribución a que
se puedan solucionar esos problemas.
De todas formas, pensamos que sería conveniente que el Gobierno
tomase en cuenta las recomendaciones y las propuestas de futuro que
desde el Congreso se recogieron con motivo del informe de la Comisión
de Investigación de los 200.000 millones. En aquella época debatimos
suficientemente la situación de la Agencia, de la Administración
tributaria. Pasamos muchas horas analizando esa situación, los
problemas que tenía, y al final sacamos unas conclusiones. Lo que
creo que debe hacer el Gobierno -y no voy a leer a SS.SS. a estas
horas las conclusiones porque entre otras cosas las tienen en el
Boletín de las Cortes del 18 de julio de 1997-, es tomar en cuenta
estas consideraciones y poner en práctica todas las recomendaciones
que se hacían. Sé que algunos grupos parlamentarios no apoyaron aquel
informe, pero yo creo que eran más bien divergencias sobre algunas
conclusiones que sobre las recomendaciones que se hacía por parte de
la Comisión. Desde luego, nuestro grupo parlamentario intervino
activamente en aquellos trabajos y participó en la redacción de las
propuestas de futuro, y a ellas nos remitimos. De todas formas, a la
vista del tiempo transcurrido parece ser -y siempre lo pongo en
relativo- que subyacen problemas que en estos momentos estamos
conociendo a través de los medios de comunicación y otras
manifestaciones realizadas por miembros o funcionarios de la Agencia,
de la Administración tributaria.
Nosotros lo dijimos en su momento y está recogido en el punto
decimosegundo de aquel informe de la Comisión de investigación. ¿No
será que el modelo de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
no es el adecuado? Nosotros en aquel momento pusimos en cuestión que
este modelo era el que necesitaba la Administración tributaria y
decíamos: hagan ustedes unas auditorías de organización y eficacia
sobre el modelo organizativo; constaten si se justifica la excepción
del sistema general de organización administrativa consagrado en la
Ley de ordenación y funcionamientode la Administración general del
Estado, porque no
olviden SS.SS. que precisamente la Agencia Estatal está creada, como
ha dicho hace un momento el portavoz del Grupo Parlamentario Popular,
por la puerta de atrás en una ley de presupuestos; plantéenselo;
reconsideren si el modelo es válido. A ver si no es válido el modelo;
por lo menos pónganlo en cuestión.
Nosotros a la vista de aquel análisis lo pusimos en cuestión, y hoy a
la vista también de las conclusiones lo seguimos poniendo en
cuestión. ¿Es adecuado el modelo actual? Si es el mejor modelo que
puede tener la Administración tributaria, ¿por qué se están
produciendo estos problemas de gestión, de inspección,
administrativos, de organización, de personal? ¿Por qué los problemas
superan a los diferentes gobiernos que ha tenido la Administración
tributaria, incluso con distinto color político, porque lo superan?
Existían estos problemas antes y existen ahora. Existían con el
Gobierno anterior y existen con éste. Los problemas de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria están superando a los gobiernos.
¿Es entonces un problema de ineficacia de los responsables? Creo que
no. Creo que no es ineficacia de los responsables de la
Administración tributaria. Creo que es el propio modelo que funciona
como una especie de planta carnívora que engulle a todos los
responsables. Señorías, yo les aconsejo que se cuestionen el modelo.
Hágannos caso, al menos tienen la disculpa de que están cumpliendo
con la propuesta decimosegunda que la Comisión de investigación
estudió y proponía.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Vaya terminando,
señor Zabalía, por favor.
El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Termino, señor presidente.
En caso contrario, pensamos que las soluciones que se vayan
encontrando en momentos determinados como ahora, van a ser lo que
vulgarmente se conoce como pan para hoy y hambre para mañana.
Francamente con los temas de dinero público creo que hay que ser muy
prudentes y responsables. Por eso creemos que es necesario acometer
este problema en profundidad, intentando buscar la solución
definitiva y no unas soluciones parciales que puedan calmar en
momentos determinados la situación porque creo que esto al final
volverá a surgir.
Desde mi grupo parlamentario les quiero decir en primer lugar que
tienen nuestro apoyo y colaboración. En segundo lugar y volvemos a
insistir, estudien ustedes si este modelo creado además en la época
anterior y por sus oponentes -y me dirijo al Partido Popular- sea
válido porque igual ustedes tienen otro modelo distinto.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor
Zabalía.
Señor Saura, tiene la palabra a efectos de indicar la aceptación o no
de las distintas enmiendas que como
sabe S.S. unas son de sustitución, otras de supresión y otras de
adición.
Señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA Gracias, señor presidente.
En primer lugar quiero agradecer la presentación de las enmiendas de
tres grupos parlamentarios e insistir en que el espíritu y el
contenido de nuestra moción es un espíritu constructivo. Creo que era
el señor don Pedro Antonio Ríos el que decía...
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señor Saura no
estamos en un debate. Seguro que el espíritu es constructivo; pero lo
más constructivo ahora es cumplimentar el Reglamento y la Presidencia
le ha dado la palabra a los solos efectos de indicar su punto de
vista en referencia a la aceptación o no de las enmiendas
presentadas.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
No sé si simplemente por decir constructivo daba motivo a esta
regañina que usted me ha dado.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): No es regañina,
simplemente era ya la introducción a otro debate que por supuesto la
Presidencia no acepta.
El señor SAURA LAPORTA: Señor presidente, no voy a hacer ningún
debate, simplemente decir que agradezco las enmiendas a esta moción
constructiva nuestra.
Voy a proponer la aceptación de las dos enmiendas del Grupo de
Izquierda Unida; la aceptación de las dos primeras enmiendas de las
tres que ha presentado el Grupo Socialista, por tanto no aceptaríamos
la enmienda de supresión al punto 3; e incorporar también en la
moción que presentamos los puntos 3, 4, 5, 6 y 8 del Partido Popular.
Este sería el texto final de nuestra moción, que creo sería bueno que
pudiera ser votado por consenso. Si no hay consenso en esta moción es
posiblemente porque no hay consenso político, porque nosotros creemos
que no se puede consensuar la aceptación de la petición de archivo
del tema de las cesiones de crédito y la no modificación del delito
fiscal.
Con estas manifestaciones que he hecho, pondría a votación la moción
con las enmiendas incorporadas en el sentido que le he dicho.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias,
señor Saura.
Se va a proceder a la votación en los términos que ha expresado el
señor Saura. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Mixto sobre la
política del Gobierno en la lucha contra el fraude fiscal, con
especial referencia a la
actuación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en
relación con las causas por delito fiscal, en los términos
resultantes de la aceptación de enmiendas por el grupo proponente que
ha enunciado ante el Pleno por el señor Saura.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
301; a favor, 140; en contra, 161.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE POLÍTICA
DEL GOBIERNO EN MATERIA DE GESTIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD,
CALIDAD DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS Y ACCESO A DICHO SISTEMA
(Número de expediente 173/000116) .
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la moción del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida sobre política del Gobierno en materia de
gestión del Sistema Nacional de Salud, calidad de las prestaciones
sanitarias y acceso a dicho sistema.
Para presentación de la moción, tiene la palabra el señor Vaquero del
Pozo. (El señor vicepresidente, Fernández Miranda y Lozana. ocupa la
Presidencia.)
El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor presidente.
Señorías, salgo a esta tribuna en nombre del Grupo Federal de
Izquierda Unida a defender la moción consecuencia de interpelación
que se debatió la semana pasada, respecto a la gestión del Sistema
Nacional de Salud y la calidad de las prestaciones sanitarias.
Yendo al grano, tengo que decir que en el primer punto de dicha
moción planteamos que el Gobierno se abstenga de aplicar la enmienda
del Senado a la ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales
del Estado para 1999... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento,
señor Saura.
Señorías, les ruego guarden silencio. (Pausa.)
Continúe, señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Decía que el primer punto de nuestra
moción plantea que el Gobierno se abstenga de aplicar la enmienda que
el Grupo Parlamentario Popular ha presentado en el Senado con
nocturnidad y alevosía a la ley de acompañamiento de los Presupuestos
Generales del Estado para 1999, introduciendo las fundaciones
sanitarias, fragmentando así el sistema sanitario de las comunidades
autónomas sin transferencias, y que introduce el régimen jurídico del
derecho privado, Civil y Mercantil en la gestión de los centros
sanitarios públicos. Este procedimiento está
completamente carente de legitimidad, pero es que además también
adolece, mucho nos tememos de ilegalidad; es decir, simplemente es
fraudulento. De hecho traemos aquí precedentes jurídicos muy
recientes. Por ejemplo, la sentencia del 15 de octubre de este mismo
año del Tribunal Constitucional, que declara inconstitucional un
artículo de la Ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales
del Estado de 1989, por el que se regulaba una provisión de plazas
para equipos de atención primaria. El Tribunal Constitucional no
entraba en el contenido sino en el procedimiento perverso utilizado.
Por ello el otro día en el debate planteamos la oferta de juntar las
firmas suficientes para presentar el recurso de inconstitucionalidad
aquellos grupos parlamentarios que coincidieran con nosotros en el
análisis de la gravedad de este insólito hecho. Nos satisface
comprobar que el Grupo Socialista anuncia hoy a través de los medios
de comunicación su intención de asumir la oferta de nuestro grupo
para presentar un recurso de inconstitucionalidad en cuanto la ley de
acompañamiento salga aprobada por el Parlamento si contiene semejante
desaguisado jurídico. Esto que analizamos aquí es mucho más grave que
la medida sancionada hace dos meses por el Tribunal Constitucional,
pues la medida que contiene la mencionada enmienda cambia
radicalmente la naturaleza y el funcionamiento de todos los servicios
jurídicos del Insalud. Por ello estamos convencidos de que el recurso
prosperará, y en consecuencia creemos sería inteligente por parte del
Grupo Popular retirar la enmienda si es que hay tiempo, y aceptara
esta ocasión -que sí hay tiempo-, que nuestra moción brinda hoy para
evitar un descrédito político semejante.
La enmienda crea ex novo una figura jurídica, la de las fundaciones
públicas sanitarias, con la finalidad concreta y no referenciada al
marco general de las mismas. Pero es más que dudoso que sin
modificación previa de la Ley general de la Seguridad Social pueda
modificarse el régimen jurídico de un patrimonio cuya titularidad no
corresponde al Estado sino a la Tesorería General de la Seguridad
Social, lo que viene a añadir gravedad sustantiva a esta cuestión,
que no es simplemente de procedimiento. El hecho mismo de que sea una
enmienda propuesta por un grupo parlamentario implica que no ha
pasado por ninguno de los procedimientos cautelares del proceso
legislativo. Por ejemplo, esta importante mutación del sistema
sanitario de nuestro país no va a tener informe alguno del Consejo de
Estado o del Consejo Económico y Social.
Según el artículo 10 de la enmienda, tales fundaciones se asimilan a
las entidades públicas o empresariales; sin embargo, mientras la
Lofage establece que estas entidades públicas empresariales deben
crearse por ley para garantizar la transparencia, el procedimiento
público, la publicidad que otorga la publicación en el Boletín
Oficial del Estado, etcétera, aquí en este caso se dice que cada
fundación -una por hospital- se creará por acuerdo del Consejo de
Ministros y por tanto no van a gozar de las garantías que el
mecanismo de la
ley implica, como es la publicación en el Boletín Oficial del Estado,
por ejemplo.
Entrando en el contenido sustancial de esta medida, la constitución
de fundaciones para la gestión de centros sanitarios debe entenderse
como la definitiva desarticulación y fragmentación de la sanidad
pública, como requisito para someter su funcionamiento a criterios
economicistas de competencia de mercado interno. Esto es sin duda un
paso previo para que una vez garantizada la rentabilidad económica
-entre comillas- de la sanidad pública, pueda pasar directamente
a manos privadas, tal y como sucede ya en el hospital (iba a decir
público, pero no sé exactamente si es adecuado el término) de Alcira,
gestionado por Dragados y Construcciones, Adeslas y otras empresas.
La elección de la fundación como fórmula de gestión se inscribe en un
fenómeno más general que consiste en disfrazar al Estado de
empresario privado para bajo el pretexto de buscar la eficacia
conseguir burlar los controles con que el derecho público protege el
interés general y la transparencia en el manejo de los fondos
públicos.
Las fundaciones sanitarias tendrán capacidad de contratación laboral,
podrán concertar con mutuas privadas y recibir donaciones de
particulares; lo que dicho en román paladino significa que podrán
precarizar a sus anchas las relaciones laborales y se podrán
independizar a sus anchas de los poderes económicos. Éste es el
panorama general ante el que, no les quepa la menor duda, la sociedad
mostrará su rechazo como Izquierda Unida lo manifiesta desde ahora
mismo.
Junto a este punto al que damos una importancia excepcional, nuestra
moción contiene otros tres puntos también de indudable interés para
la calidad de la sanidad y de las prestaciones sanitarias: se
refieren a la vigilancia, evaluación e intervención planificada del
sistema sanitario sobre las desigualdades en materia de salud.
El primer objetivo del programa Salud para todos en el año 2000 de la
OMS y suscrito por España, era reducir el 25 por ciento de las
desigualdades sanitaria. Sin embargo recordamos que la diferencia
entre ricos y pobres en esperanza de vida en España es de diez años
y tiende a aumentar. Por tanto creemos absolutamente pertinentes los
puntos que incluimos en nuestra moción.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Vaquero,
le ruego vaya concluyendo.
El señor VAQUERO DEL POZO: Acabo enseguida, señor presidente.
Con estos criterios hemos analizado la enmienda del Grupo Socialista,
y con ánimo precisamente de reducir el tiempo del debate paso a
hablar de ella ahora mismo. La enmienda de sustitución del Grupo
Socialista da una nueva redacción con la que estamos de acuerdo al
punto número 1 de nuestra moción, aunque no entra en los demás puntos
sobre calidad de las prestaciones
sanitarias. Planteamos al grupo enmendante una transacción
consistente en sustituir nuestro primer punto por el contenido de su
enmienda -los tres puntos que contiene su enmienda- y mantener los
restantes puntos de la moción, aunque cambiando lógicamente la
numeración de la misma.
Termino, señorías. El artículo 43.2 de la Constitución encarga a los
poderes públicos la organización de los servicios sanitarios.
Ustedes, los grupos que apoyan al Gobierno, fundamentalmente el Grupo
Popular, quieren sacudir al Gobierno el bulto por motivos francamente
no legítimos. Eso es inconstitucional, no lo olviden.
Gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vaquero.
A la presente moción ha sido presentada una enmienda por parte del
Grupo Parlamentario Socialista, anticipada su aceptación mediante
transaccional por el señor Vaquero, para cuya presentación y defensa
tiene la palabra el señor Corominas, rogándole asimismo que exprese
si acepta la transaccional planteada por el grupo proponente.
El señor COROMINAS I BUSQUETA: Gracias, señor presidente.
Señorías, estamos ante un tema de enorme importancia como es la
modificación que se pretende introducir en el sistema sanitario
español.
No por repetir setenta y siete veces siete una mentira se convierte
ésta en algún momento en verdad; por tanto no entendemos cómo desde
el Partido Popular y desde el Gobierno que sostiene el Grupo Popular
se van repitiendo machaconamente una serie de inexactitudes
y falsedades, que no por ello van a convertirse en verdad con el paso
del tiempo.
Para que quede claro y una vez más constancia en el «Diario de
Sesiones», debemos afirmar que los socialistas estamos totalmente de
acuerdo en que se mejore la gestión del sistema sanitario, del
Sistema Nacional de Salud. Tanto es así, que votamos en su momento a
favor de la ley que promovía reformas en el sistema de gestión de los
servicios sanitarios. Por tanto no se nos puede achacar continuamente
que nosotros estamos en contra de la modernización y de cambio en los
sistemas de gestión.
En segundo lugar debo también indicar, porque lo hemos dicho por
activa y por pasiva, que con la modificación que ahora pretende
introducir el Partido Popular en el paso por el Senado de la ley de
acompañamiento, las fundaciones públicas sanitarias no son una
privatización del sistema, no es la fundación pública el mecanismo de
privatizarlo, sí lo son otros mecanismos que se están utilizando. Sí
es una privatización del Sistema Nacional de Salud el modelo Alcira
que ustedes propugnan; sí lo son las fundaciones privadas que ustedes
han constituido como son la fundación de Alcorcón y Manacor. Esto lo
dijimos en su momento y ahora alcabo de un año ustedes lo han tenido
que aceptar. En
la memoria que se ha elaborado -que no se ha repartido pero que se ha
elaborado por parte del Gobierno- en relación con la enmienda que va
al Senado señalan claramente lo siguiente: Las fundaciones públicas
sanitarias que se proponen no tienen la naturaleza jurídica de
verdaderas fundaciones -de naturaleza privada las fundaciones- sino
que se trata de entidades cuya naturaleza se aproxima más a
personificaciones jurídicas públicas y en concreto se asemejan
bastante a las entidades públicas empresariales. Por tanto reconocen
paladinamente que las fundaciones Manacor y Alcorcón son fundaciones
de naturaleza privada. Tanto es así -y por esto hemos planteado uno
de los puntos de nuestra enmienda- que ustedes no se han atrevido
a desarrollar en año y medio el reglamento que debe acompañar a la Ley
15/1997.
Hemos pedido por activa y por pasiva, hemos preguntado reiteradamente
en este Parlamento, aquí y en la Comisión de Sanidad por el
reglamento de desarrollo de la Ley 15/1997 y la respuesta ha sido
siempre la callada excepto en un momento que se presentó una
proposición no de ley en este sentido en la Comisión de Sanidad y por
unanimidad de los grupos parlamentarios, incluido el Partido Popular,
se acordó que el 1º de septiembre de 1997 estaría presentado,
elaborado y publicado el reglamento de desarrollo de la ley. Estamos
en diciembre de 1998, el reglamento no está, modifican la ley y por
tanto se supone que van a modificar las fundaciones privadas que
ustedes han hecho.
Lo que sucede es que ahora están cambiado el discurso. El propio
ministro dijo que están pretendiendo una reforma del sistema. En un
balance, digamos, de los dos años triunfales del Ministerio de
Sanidad que ha elaborado el propio Ministerio se dice que esta
reforma es la reforma estructural más importante introducida en el
sistema nacional español; por tanto es cierto que ustedes están
cambiando básicamente la estructura del sistema. Evidentemente esto
es lo que nosotros denunciamos y el propio ministro señala que el eje
fundamental de esta reforma es superar las rigideces del monopolio y
conseguir una competencia eficaz entre los centros. El carácter de
servicio público -añade el ministro- del Sistema Nacional de Salud no
está determinado por la forma jurídica de sus centros ni por su
gestión, sino por el origen público de los recursos que la financian.
Es decir si el dinero sale del Estado lo gestione quien lo gestione y
con la naturaleza jurídica que tenga, para el ministro esto es
sanidad pública; para el Grupo Socialista esto es trasvasar dinero
público al sector privado si son formas de gestión privada, si son
formas jurídicas privadas. Por tanto quien está modificando, quien
está alterando el sistema de una manera clara es el Grupo Popular e
insisto el Gobierno al cual ustedes dan soporte. Tanto es así que no
podían desarrollar el reglamento y han tenido que modificar algunos
elementos porque la ley de gestión que se aprobó, la Ley 15/1997 no
cubría las fundaciones privadas que ustedes han desarrollado y por
ello, porque no han tenido suficientes técnicos en el propio
Ministerio, han tenido que encargar a un prestigioso gabinete de
abogados de Madrid que les preparara la enmienda que se ha presentado
al Senado, enmienda por la cual han pagado una minuta superior a los
cincuenta millones de pesetas. (Un señor diputado: ¡Qué barbaridad!)
Me parece que es una cantidad bastante importante para el tipo de
enmienda que se ha presentado y que demuestra, supongo, la
importancia que tiene. Por ello pedimos en nuestra enmienda, primero,
que el Gobierno paralice la aplicación de este tema; segundo, que
desarrolle reglamentariamente la Ley 15/1997 y, en tercer lugar -y
este nos parece un tema también muy importante-, que no se pueda
desarrollar ningún cambio fundamental en el modelo de gestión que
afecte a las comunidades autónomas con competencias no transferidas
sin que haya una consulta previa y un acuerdo con estas comunidades.
Debo señalar, porque hoy ha salido en toda la prensa, que ayer en el
Consejo interterritorial de Salud se planteó este tema, evidentemente
después del embrollo que se ha originado estos días pasados. Debo
decir -y si no que desde el Ministerio lo rebatan- que en el orden
del día del Consejo interterritorial inicialmente convocado ayer no
figuraba el punto de las fundaciones; sí figuraban otros puntos
importantes que no se atrevieron a tratar, que se quitaron y que por
discreción en este momento no comento. Introdujeron este punto para
comentarlo en el Consejo interterritorial y decir que se había
consultado a las comunidades autónomas, sin tiempo ni preparación -el
Consejo interterritorial no es un organismo decisorio sino un
organismo consultivo- y la prueba de que no preveían tratarlo ni
pensaban comentarlo es que, como digo, en la propia memoria que
acompaña a la enmienda que se ha presentado en el Senado señalan que
al resto de comunidades autónomas no les afecta. Textualmente dice lo
siguiente: La modificación es importante en lo que se refiere al
Instituto Nacional de la Salud, pero no afecta, sin embargo, a las
comunidades autónomas con competencias transferidas en la materia, ya
que la Lofage, como su propia denominación indica, limita su
aplicación al ámbito del Estado.
Aquí queda muy claro que lo que se pretende es una modificación de la
Lofage que ustedes elaboraron y aprobaron hace menos de un año; la
modifican sustancialmente, señalan que no afecta a las comunidades
autónomas que tienen transferida la sanidad y ahora se apoyan en los
votos de estas comunidades autónomas para cambiar el modelo en las
comunidades que no la tienen transferida.
Nosotros no estamos en contra de las fundaciones como modelo de
gestión porque sí; estamos en contra de ellas porque es un cheque en
blanco para el Gobierno que no tiene límites ni garantías ni ninguna
relación y que, por tanto, presenta un nivel realmente grande de
ambigüedad y de posibilidades de hacer lo que se quiera.
No es de recibo que los socios del Gobierno del Partido Popular, que
no se han atrevido a adoptar una
medida de este tipo en sus propias comunidades por el decoro
democrático que representa que se discuta ampliamente en el
Parlamento, insisto, no se han atrevido a hacerlo y no lo han hecho
porque pienso que tienen un criterio democrático sólidamente
arraigado, en este momento lo hagan en el Parlamento español y con
ello condicionen a las autonomías que aún no tienen transferida la
gestión. Consecuentemente, van a condicionar a estas autonomías con
lo que ellos no han querido que les condicione. Evidentemente la
autonomía y la capacidad de decisión y de autogobierno debe
mantenerse. Por tanto, pediría a los grupos nacionalistas que no
votaran a favor de la enmienda del Grupo Popular en el Senado...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor
Corominas, le ruego que vaya concluyendo.
El señor COROMINAS I BUSQUETA: Voy terminando, señor presidente.
Les pediría que no votaran favorablemente esa enmienda y que hoy
apoyaran esta moción para dar idea de lo que tenemos.
Finalmente, quiero señalar que, tal como indicaba el ponente del
Grupo de Izquierda Unida, el Partido Socialista ha decidido presentar
un recurso de inconstitucionalidad a la ley de acompañamiento no sólo
por el fondo, porque las fundaciones en sí no son inconstitucionales,
sino por la forma en que se ha tratado.
Respecto a la enmienda transaccional, quiero decir que la aceptamos y
que por tanto si se sustituye el primer punto del texto que han
presentado por el nuestro, estamos de acuerdo con toda la moción y
votaremos a favor.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Corominas. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor
Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, intervengo brevemente en nombre
del Bloque Nacionalista Galego para manifestar nuestra posición sobre
la moción que hoy debatimos, brevemente porque la opinión sobre su
tema central, que es la implantación de las fundaciones en los
hospitales, ya la expresamos en el debate de la interpelación de la
semana pasada y naturalmente durante la discusión del proyecto de ley
de nuevas formas de gestión del Insalud. Sin embargo, el Bloque
Nacionalista Galego va a votar favorablemente la moción que presenta
Izquierda Unida, cuyo punto primero, desde nuestro vista, tiene una
especial relevancia porque se insta al Gobierno a no proceder a
implantar el modelo de fundación en los hospitales públicos del
conocido como territorio Insalud, a lo que también hace referencia la
enmienda que presenta el Grupo Socialista y de la que parece resultar
la transacción anunciada por ambos grupos.
Nosotros nos oponemos a la implantación del modelo de fundaciones en
los hospitales que propone el Gobierno y lo hacemos por coherencia y
convencimiento, por coherencia con nuestra postura de defender un
modelo de sanidad con gestión y control público y, en consecuencia,
con nuestra oposición también desde el primer momento en que se
empezó a aplicar este modelo concreto en la Comunidad Autónoma de
Galicia. También nos oponemos porque estamos convencidos de que las
fundaciones y la introducción de los métodos de gestión privada no
van a mejorar la calidad asistencial que recibirán los ciudadanos,
sino que simplemente suponen un paso al que seguirán otros en el
camino de la privatización de la sanidad. Estamos seguros de que sólo
un sistema de salud público con gestión pública puede garantizar la
igualdad en el acceso a las prestaciones sanitarias de los ciudadanos
y la universalidad de estas prestaciones, lo que no está reñido, por
cierto, con la existencia de un sector sanitario privado financiado
por aquellos segmentos de la ciudadanía que deseen recurrir a la
asistencia sanitaria que presta este tipo de instituciones.
Está claro que el modelo sanitario público precisa reformas que
mejoren su funcionamiento y su coordinación y que eviten el derroche
de recursos, pero me parece que lo que no se puede ni se debe hacer
es renunciar a mejorar el funcionamiento y la calidad de las
prestaciones sanitarias del modelo público para argumentar su
inviabilidad y así aprovechar para introducir por la puerta falsa la
privatización parcial o total -ya no sabemos- del actual sistema.
A nuestro entender no es cierto, y menos en materia de salud, el
aserto que dice que no importa que el gato sea blanco o sea negro,
que lo que importa es que cace ratones. A nuestro juicio no es
indiferente el modelo que se diseñe para prestar la asistencia
sanitaria que los ciudadanos precisan. Señoras y señores diputados,
yo creo que hubo, hay, y habrá por lo que se ve además, experiencias
sobradas que demuestran que la búsqueda de la rentabilidad y la salud
para todos los ciudadanos no casan. Por esto motivo, vamos a votar
favorablemente esta moción y la transacción resultante.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Gómez.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Coalición Canaria tiene que ser consecuente con las leyes y
documentos que se han aprobado en esta Cámara. Hemos apoyado el
acuerdo parlamentario para la consolidación y racionalización del
sistema de salud
de 1997 para el futuro de la sanidad española. Hemos apoyado también
la Ley 15/1997, de habilitación de nuevas formas de gestión del
Sistema Nacional de Salud y, consecuentemente, nosotros, sin que
estemos muy de acuerdo con la forma en que se ha llevado el tema de
las fundaciones públicas sanitarias, tenemos que decir que estamos
plenamente de acuerdo en que se sigan aplicando criterios privados en
la gestión de los establecimientos públicos y que sea en beneficio de
la sanidad nacional. Decimos también que estamos de acuerdo en que
como consecuencia de esa aplicación de criterios privados se
ejerciten auditorías, económicas y clínicas, y que se establezcan
también todas las normas que señala la Organización Mundial de la
Salud sobre estadísticas y datos para que la población vaya
conociendo las mejoras cualitativas del producto sanitario.
Mantenemos nuestro criterio de la filosofía que ha marcado ese pacto
que se celebró en su día y, por tanto, vamos a votar en contra de la
moción presentada.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
la señora Riera.
La señora RIERA MADURELL: Gracias, señor presidente.
Anuncio en nombre de mi grupo parlamentario que vamos a votar en
contra de la moción que presenta el Grupo de Izquierda Unida y que
también votaremos en contra de la enmienda que propone el Grupo
Socialista.
Pensamos que el objetivo del Gobierno, de conformidad con el dictamen
de la subcomisión de Sanidad aprobado en esta Cámara hace ya un año,
debe ser, no puede ser otro, que el de modernizar y consolidar el
Sistema Nacional de Salud atendiendo a los principios básicos de
universalidad, equidad, solidaridad y aseguramiento público. Hasta la
fecha, opina mi grupo parlamentario que las distintas propuestas que
desde el Gobierno se puedan llevar a cabo en el sentido de incorporar
nuevas formas de organización de la gestión sanitaria deben estar
encaminadas a agilizar y a modernizar el sistema y deben tener la
finalidad de dar cumplimiento al mandato de la subcomisión aprobado
en esta Cámara. Esta es nuestra presunción; la de la oposición es
contraria a este principio. El tiempo dirá quién tiene razón.
El punto segundo de la moción vulnera en su redacción, a nuestro
entender, las competencias exclusivas que en materia de acreditación
y evaluación de calidad tenemos las comunidades autónomas con
competencia en materia sanitaria y además pensamos que la propuesta
no añade ninguna novedad sobre la legislación vigente para la gestión
del Insalud.
El tercer punto habla de plan integrado de salud, que establece y
regula el capítulo 4 de la Ley General de Sanidad. Todas las
administraciones sanitarias han desarrollado actuaciones consecuentes
con este mandato
de la ley, si bien es cierto que hay distintos grados de
cumplimentación y de desarrollo. Como deben saber SS.SS., en Cataluña
se publicó, en octubre de 1997, el tercer plan de salud. Hay otras
comunidades autónomas que aún no disponen de plan de salud, por
ejemplo, Ceuta y Melilla, y otras que lo tienen en fases iniciales.
Por consiguiente, hemos de ser conscientes de que hoy por hoy existen
aún dificultades para elaborar dicho plan integrado de salud, si
entendemos este como el resultado de los distintos planes de salud de
las comunidades autónomas con competencias y del Insalud. Ante esta
situación, el Gobierno ha optado por elaborar un informe sobre la
salud de los españoles que podrá ser presentado al Parlamento en el
próximo año y del que probablemente se podrán establecer estrategias
que contengan un común denominador asumido por todos.
El punto cuarto de la moción insta a publicar anualmente un sistema
de indicadores que permita analizar las variaciones temporales en el
estado de salud. Si mi información es exacta, y creo que sí lo es, la
primera publicación de estos indicadores de salud se produjo en el
año 1990, procediéndose posteriormente a publicar otros indicadores
en los años 1993 y 1996. La próxima se llevará a cabo en 1999. Hay
que decir que incluso la Organización Mundial de la Salud usa
intervalos de tiempo similares al del trienio. Es decir, si bien el
Ministerio de Sanidad y Consumo utiliza los datos que anualmente
producen los diferentes sistemas de información sanitaria para la
evaluación de la situación, ha optado, como hizo el Gobierno
anterior, por publicarlos por trienios, concepto éste que es opinable
y puede ser modificado, si se estimase necesario. En todo caso,
a criterio de mi grupo parlamentario, no es en absoluto objeto de una
moción.
Por todo lo expuesto, reitero nuestro voto negativo.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Riera.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Villalón.
El señor VILLALÓN RICO: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, subo a la tribuna para fijar la posición
del Grupo Popular en relación a la moción que ha presentado el Grupo
de Izquierda Unida, que en principio debería ser consecuencia de la
interpelación de la semana pasada, según establece el Reglamento del
Congreso de los Diputados. Y digo que debería ser una moción
consecuencia de interpelación porque parece -por lo que hemos oído
del portavoz del Grupo de Izquierda Unida- que nada de lo dicho en el
anterior debate parlamentario sobre la interpelación ni ninguno de
los criterios establecidos en la misma han tenido consecuencia en
esta moción. Los criterios que se establecieron en su momento en la
interpelación que se hacía al Gobierno sobre políticasanitaria ahora
no se han plasmado en esos objetivos.
Me tengo que remitir al texto de la moción presentada por el Grupo de
Izquierda Unida, ninguno de cuyos puntos ha defendido el señor
Vaquero.
Señor presidente, si hiciéramos una valoración de lo que es el debate
parlamentario de la interpelación y la moción, tendríamos que decir
que el Grupo de Izquierda Unida nos ha presentado una serie de
sorpresas a lo largo de estas dos jornadas, que han sorprendido,
valga la redundancia, al Grupo Parlamentario Popular. Desde el primer
momento, cuando presenta la interpelación y habla de formas de
gestión en el Sistema Nacional de Salud, el señor Vaquero -hoy no
está la señora Maestro- tiene que saber que no se puede hablar de
sistemas de gestión o de control al Gobierno en el Sistema Nacional
de Salud, porque la gestión está transferida a algunas comunidades
autónomas. Podría haber hablado usted de gestión en el Insalud o de
política sanitaria o de procedimientos legislativos, pero no, por
supuesto, de gestión en el Sistema Nacional de Salud.
La segunda sorpresa nos la dio en su momento la señora Maestro con el
debate que tuvo lugar con motivo de la interpelación. No atendió a
ninguno de los requerimientos que hacían en la interpelación ni de
los que hoy presentan en la moción, que en principio tendrían que
haber sido un aviso previo a lo que íbamos a debatir. Se introdujo en
unas vías que no entendíamos muy bien y que atacaban casi la ética y
la profesionalidad de los médicos de nuestra sanidad.
La tercera sorpresa nos la da el Grupo de Izquierda Unida cuando
presenta la moción que ha formulado hoy. Incluso ha habido una cuarta
sorpresa, porque el señor Vaquero, como decía, no ha defendido
ninguno de los puntos de la moción que hoy estamos debatiendo. Yo
diría que de los grupos que han intervenido, la única parlamentaria
que se ha referido de forma explícita a los cuatro puntos de la
moción ha sido la diputada Zoila Riera, del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), que ha rebatido los apartados que componen la
moción consecuencia de la interpelación debatida el otro día en la
Cámara.
Por lo tanto, habría que decirles a ustedes que, ante sorpresas una
detrás de otra, habría que atender a lo que es el primer punto de la
moción, cuando insta a no adoptar medida alguna que implique
fragmentación del sistema sanitario de las comunidades autónomas sin
transferencias. De este primer punto se desprende que usted quiere
incidir en lo que es la noticia en estos momentos en algunos medios
de comunicación sobre una enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, pero cuyo debate no es este de
hoy. Habría que preguntar al señor Vaquero dónde ve indicios, dónde
ve datos o pruebas de que haya posibilidad de fragmentación del
Sistema Nacional de Salud y qué entiende por tal, así como a qué se
refiere cuando dice que se va a descapitalizar el sistema y que se va
a transmitir a otros proveedores la prestación de la asistencia
sanitaria de los centros sanitarios. ¿Qué entiende usted por
fragmentar el Sistema Nacional de Salud? Lógicamente, habrá que hacer
referencia a la intervención
que ha tenido usted a lo largo de esta tarde sobre una enmienda
presentada por el Grupo Popular, que no es objeto de la iniciativa
que han traído aquí. Si hubieran traído ese debate, lo hubiéramos
discutido. Ustedes, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid,
quieren hacer referencia a una enmienda que seguramente esta tarde se
ha discutido en la Cámara Alta, pero que no es el motivo del debate
que nos ocupa, el de esta moción, en el Congreso de los Diputados.
Lo único que el Gobierno pretende, está pretendiendo a lo largo de
los meses y va a pretender en los próximos años es consolidar el
sistema sanitario público. ¿Por qué? Yo le puedo dar varias razones.
Fundamentalmente, porque se ha incrementado la financiación del
sistema sanitario y porque se han mejorado los sistemas de gestión. Y
cuando hablamos de sistemas de gestión -ya que se recoge en el primer
punto de la moción- hay que decir que existen dos referencias
esenciales. Una es el acuerdo de la subcomisión del Congreso de los
Diputados, al que algún portavoz ya ha tenido oportunidad de aludir.
En el apartado 3 de dicho acuerdo, gestión y organización del
sistema, señor Vaquero, se dice que hay que profundizar en las nuevas
formas de gestión del sistema sanitario.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Villalón,
le ruego vaya concluyendo.
El señor VILLALÓN RICO: Termino, señor presidente.
La otra referencia obligada es la Ley 15/1997, que ustedes no
votaron, y por lo menos vemos que son coherentes entre lo que dicen y
lo que votan, no como otros grupos políticos que en algunas
comunidades en que tienen transferida la gestión llevan a cabo esas
nuevas formas de gestión y ahora, por lo que se ve, las están
criticando sin reparo con tal de ir contra el Gobierno.
Me parece que no es necesario hacer referencia a los puntos 2, 3 y 4
de la moción, porque usted ni los ha defendido, pero, además, lo que
plantean se está realizando desde hace bastantes años.
Para concluir, creo que el debate propio de las fundaciones y de esa
enmienda presentada en el Senado lo tendremos próximamente en la
Comisión de Sanidad de la Cámara, porque el ministro de Sanidad ha
solicitado comparecer para explicarlo. Creo que ese será el momento.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Villalón,
le ruego que concluya.
El señor VILLALÓN RICO: Termino, señor presidente.
Lógicamente, anunciamos que vamos a votar en contra de los puntos de
la moción presentada por Izquierda Unida y de la enmienda
transaccional que ustedes han acordado con el Grupo Socialista, pero
habría que decir que la viabilidad futura del sistema sanitario
público está asegurada, porque la financiación es mejor
a lo largo de los años, porque la gestión es más ágil, es más moderna
y es la que se utiliza no solamente en todo el territorio nacional
sino en el resto de la Unión Europea, porque se incentiva a los
profesionales y porque los ciudadanos están tranquilos y están
seguros de que la sanidad funciona bien. Por todo eso, nosotros vamos
a votar en contra de esa moción y a dar un apoyo al Gobierno en
materia de sanidad.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la moción del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida sobre
política del Gobierno en materia de gestión del Sistema Nacional de
Salud, calidad de las prestaciones sanitarias y acceso a dicho
sistema, en los términos resultantes de la aceptación de la enmienda
transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
282; a favor, 128; en contra, 153; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
El Pleno se reanudará mañana a las cuatro de la tarde. Se suspende la
sesión.
Eran las diez y veinticinco minutos de la noche.