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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 201, de 09/12/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 1998 VI Legislatura Núm. 201
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 195
celebrada el miércoles, 9 de diciembre de 1998
ORDEN DEL DÍA:
Preguntas . . . (Página 10801)
Interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre el futuro de la red de
alta velocidad ferroviaria en España (número de expediente 172/
000125) . . . (Página 10823)
- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política del Gobierno en la
lucha contra el fraude fiscal, con especial referencia a la actuación
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en relación con
las causas por delito fiscal (número de expediente 172/000126) . . .
(Página 10835)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre política
del Gobierno en materia de gestión del Sistema Nacional de Salud,
calidad de las prestaciones sanitarias y acceso a dicho Sistema
(número de expediente 172/000128) . . . (Página 10844)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre política del Gobierno y
perspectivas de futuro para el sector naval público (AESA y BAZAN),
en el marco actual de la Unión Europea (número de expediente 173/
000111) . . . (Página 10852)
- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre política general del
Gobierno en materia de política agraria (número de expediente 173/
000112) . . . (Página 10858)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la
posición del Gobierno con respecto a la recientemente finalizada
cumbre de Buenos Aires sobre cambio climático (número de expediente
173/000113) . . . (Página 10866)
S U M A R I O
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
Preguntas . . . (Página 10801)
Del Diputado D. MARIANO CÉSAR SANTISO DEL VALLE, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, que formula al Excmo. Sr.
Presidente del Gobierno: ¿Piensa variar los criterios que hacen
posible conceder subvenciones a empresas de un condenado a ocho años
de inhabilitación por el Tribunal Supremo por un delito continuado de
prevaricación precisamente por desviación de subvenciones en su etapa
como Vicepresidente de la Junta de Castilla y León? (Número
expediente 180/0001502) . . . (Página 10801)
Del Diputado D. DEMETRIO MADRID LÓPEZ, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Qué
opina el Sr.
Presidente del Gobierno de la concesión de una subvención del MINER a
la Empresa Uría Motor S.A., propiedad de su ex Vicepresidente cuando
Vd. presidía la Junta de Castilla y León? (Número expediente 180/
001505) . . . (Página 10802)
Del Diputado D. GUILLERMO MARTÍNEZ CASAÑ, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es la postura
del Gobierno en las negociaciones que se están desarrollando en el
seno de la Unión Europea sobre el futuro de la Agenda 2000,
especialmente en relación
con los Fondos de Cohesión? (Número expediente 180/001515) . . .
(Página 10803)
Del Diputado D. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Considera el Gobierno que en
el cómputo de la indemnización compensatoria a los ex-Secretarios de
Estado debe incluirse el complemento de productividad? (Número
expediente 180/001511) . . . (Página 10804)
De la Diputada D.a CLEMENTINA DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA, del Grupo
Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué respuesta
piensa dar el Gobierno a las reivindicaciones de los estudiantes de
Enseñanza de Secundaria y de Universidad? (Número expediente 180/
001509) . . . (Página 10805)
De la Diputada D. a MARÍA DEL CARMEN MATADOR DE MATOS, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
medidas ha llevado a cabo el Ministerio de Educación y Cultura para
que en los centros de enseñanza se celebre el XX aniversario de la
Constitución? (Número expediente 180/001516) . . . (Página 10806)
Del Diputado D. FERNANDO COQUILLAT DURÁN, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué mejoras en la
calidad de las enseñanzas artísticas va a suponer la aprobación de
los Reales Decretospor los que se van a crear los títulos
superiores de Danza, Diseño y Cerámica, y se desarrolla el currículo
superior de Música para el territorio MEC? (Número expediente 180/
001517) . . . (Página 10807)
De la Diputada D.a BEATRIZ RODRÍGUEZSALMONES CABEZA, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
medidas está adoptando el Ministerio de Educación y Cultura para
apoyar las investigaciones en el yacimiento de Atapuerca? (Número
expediente 180/001518) . . . (Página 10808)
Del Diputado D. ALEJANDRO CERCAS ALONSO, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Por qué se opone a la propuesta
socialista de que, en 1999, los pensionistas que perciben las
cuantías mínimas, tengan una subida extraordinaria y adicional de
2000 pesetas mensuales, con cargo a los costes fiscales de la reforma
del Impuesto de la Renta, y con el objeto de que se beneficien en
algo, con tal motivo, las personas más desfavorecidas de nuestra
sociedad? (Número expediente 180/001508) . . . (Página 10809)
De la Diputada D.a MARÍA JOSÉ CAMILLERI HERNÁNDEZ, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
medidas tiene previsto adoptar el Gobierno como consecuencia de los
acuerdos de la reunión del Consejo General de la Emigración celebrado
en Madrid recientemente? (Número expediente 180/001522) . . .
(Página 10810)
De la Diputada D.a MARÍA DOLORES CALDERÓN PÉREZ, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
balance hace el Gobierno de los primeros meses de aplicación del plan
contra la violencia doméstica? (Número expediente 180/001520) . . .
(Página 10811)
Del Diputado D. JOSÉ IGNACIO MARÍN IZQUIERDO, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Puede confirmar el
Gobierno que durante el año 1999 entrará en funcionamiento, con toda
la dotación personal y material necesaria, el Juzgado de vigilancia
penitenciaria con sede en la ciudad de Burgos? (Número expediente
180/001524) . . . (Página 10812)
Del Diputado D. JULIÁN FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, que formula al Excmo. Sr. Ministro de
Sanidad y Consumo: ¿Sr. Ministro, considera usted justo que pueda ser
desalojado un pasajero de un medio de transporte, para que su plaza
sea ocupada por usted o personas de su séquito? (Número expediente
180/001503) . . . (Página 10813)
Del Diputado D. RICARDO FERNANDO PERALTA ORTEGA, del Grupo
Parlamentario Mixto, que formula al Gobierno: ¿Qué justificación da
el Gobierno a la subvención económica concedida a quien fue
colaborador de D. José María Aznar en el Gobierno autonómico de
Castilla y León y condenado por prevaricación a raíz de actuaciones
llevadas a cabo con motivo de esa colaboración? (Número expediente
180/001504) . . . (Página 10814)
Del Diputado D. LUIS ALBERTO AGUIRIANO FORNIES, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo piensa solucionar el
Gobierno la grave situación financiera de RTVE? (Número expediente
180/001506) . . . (Página 10815)
Del Diputado D. JUAN PEDRO HERNÁNDEZ MOLTÓ, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué valoración tiene el Gobierno
sobre las actuaciones de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional?
(Número expediente 180/001507) . . . (Página 10816)
Del Diputado D. JULIO ÁLVAREZ GÓMEZ, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Considera acorde con el espíritu
constitucional que desde las instituciones públicas se convoquen
actos en memoria del anterior Jefe del Estado? (Número expediente
180/001512) . . . (Página 10817)
Del Diputado D. TEÓFILO DE LUIS RODRÍGUEZ, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas está
desarrollando el Gobierno a efectos de garantizar la conveniente
población del lince ibérico en nuestro país? (Número expediente 180/
001521) . . . (Página 10818)
Del Diputado D. ALFREDO PÉREZ RUBALCABA, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Se ha decidido por fin el
Gobierno a tomar alguna iniciativa para dar cumplimiento a la Moción
aprobada el 28 de septiembre por el Pleno del Congreso de los
Diputados para la ampliación de la Tarifa Plana a los usuarios de
Internet? (Número expediente 180/001513) . . . (Página 10819)
Del Diputado D. FRANCISCO ARNAU NAVARRO, del Grupo Socialista del
Congreso,que formula al Gobierno: ¿Apoya el Ministerio de Fomento la
construcción de un aeropuerto en la provincia de Castellón? (Número
expediente 180/001514) . . . (Página 10820)
Del Diputado D. LUIS MARQUÍNEZ MARQUÍNEZ, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es la
valoración del Gobierno sobre el Plan de Vivienda 1998-2000? (Número
expediente 180/001519) . . . (Página 10821)
Del Diputado D. JOSÉ ENRIQUE MORATALLA MOLINA, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué instrucciones ha
impartido el INSALUD para la confección de la listade espera
quirúrgica? (Número expediente 180/001510) . . . (Página 10822)
Interpelaciones urgentes 10823
Página.
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre el futuro de la red de alta
velocidad ferroviaria en España . . . (Página 10823)
El señor Caldera Sánchez-Capitán presenta la interpelación, en nombre
del Grupo Socialista del Congreso. Tiene la seguridad de que el señor
ministro compartirá con él que la accesibilidad del territorio
constituye una condición básica para alcanzar un desarrollo económico
equilibrado que fomente la cohesión y mejore la calidad y el nivel de
vida de la población. En base a ello, el Grupo Socialista considera
que no existe posibilidad alguna de alcanzar esos objetivos si en
materia de infraestructuras no se dotan de una estrategia debidamente
planificada, algo de lo que carece el Gobierno. Aparentemente se
identifican con el Plan director de infraestructuras, aprobado por
esta Cámara, pero después lo incumplen, sin proceder a la redacción
de un plan alternativo, lo que les permite improvisar de manera
continua y prometer todo a todos, aunque se sepa que no se van a
cumplir esas promesas. Alude a continuación a los proyectos del
Gobierno en relación con el ferrocarril, y más concretamente con el
programa de alta velocidad, por un importe total de más de tres
billones de pesetas, preguntando al señor ministro cómo se van a
financiar tan fantásticos compromisos, en qué plazos y qué
prioridades existen. Piensa que se trata de sembrar un conjunto de
expectativas que no van a poderse cumplir, salvo quizás en el caso de
la línea Madrid-Barcelona- frontera francesa, con un coste de 12
billones de pesetas, línea a la que han mostrado su prioridad, aunque
sin precisar la fecha de su terminación, o mejor, hablando de una
fecha distinta en cada momento y lugar. Concluye afirmando que se
hallan frente a demasiadas contradicciones, por la falta de rigor de
un Gobierno en permanente improvisación, por lo que estiman necesario
realizar un debate en profundidad en la Cámara para que los grupos
parlamentarios puedan expresar su opinión sobre el particular.
En nombre del Gobierno contesta el señor ministro de Fomento (Arias-
Salgado y Montalvo) Señala que el interpelante hacía una constante
apelación al rigor, cuando éste brillaba por su ausencia en la
intervención del señor Caldera. Menciona el Plan director de
infraestructuras y los incumplimientos del mismo por parte del
Gobierno socialista, destacando a continuación que en este momento el
tren de alta velocidad Madrid-Barcelona- frontera francesa está
totalmente en marcha en distintas fases, invirtiéndose anualmente una
media
de 173.000 millones de pesetas. Asimismo anuncia para los próximos
meses la publicación de un documento en el que se fijará la prioridad
de las inversiones en el ámbito ferroviario, teniendo en cuenta la
demanda-rentabilidad de cada corredor. Termina mencionando algunas
inversiones actualmente en ejecución, afirmando que por parte del
Gobierno se están impulsando razonablemente los proyectos de alta
velocidad que son de mayor urgencia para la estructura ferroviaria
del país.
Replica el señor Caldera Sánchez-Capitán, duplicando el señor
ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Chiquillo
Barber, y Rodríguez Sánchez del Grupo Parlamentario Mixto; Sedó i
Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió);
Santiso del Valle, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, y Carreño Rodríguez-Maribona, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política del Gobierno en la
lucha contra el fraude fiscal, con especial referencia a la actuación
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en relación con
las causas por delito fiscal . . . (Página 10835)
Presenta la interpelación el señor Saura Laporta, en nombre del Grupo
Parlamentario Mixto, manifestando que se encuentran ante la
prolongación de un debate intenso mantenido esta mañana en la
Comisión de Economía, en el que se ha puesto de manifiesto el grado
de acuerdo de muchos grupos parlamentarios en que la lucha fiscal que
realiza el Gobierno no es la adecuada y que su actitud pidiendo el
archivo de las cesiones de crédito del Banco de Santander es una
actitud absolutamente inconcebible. Reconoce que una parte importante
de la Agencia funciona bien, pero no así en el área de inspección,
y basta acudir al resumen de prensa de los últimos cuatro meses para
comprobar la existencia de la crisis. También la ponen de manifiesto
las dimisiones o ceses de varios directores generales en tan solo dos
años y medio. En relación con el Banco de Santander, destaca el hecho
de que el abogado del Estado y el fiscal hayan pedido el archivo de
las cesiones de crédito cuando se trata de la captación de 400.000
millones de dinero opaco y se han dado identidades falsas sobre otros
cien mil millones. Ello le lleva a afirmar que el Gobierno no ha
defendido los intereses públicos de la Hacienda y sí los intereses
del Banco de Santander.
En nombre del Gobierno contesta el señor Vicepresidente segundo y
ministro de Economía y Hacienda (De Rato y Figaredo.) En relación con
la crisis de la Agencia Tributaria, que justifica el interpelante en
base a seis editoriales de prensa y el hecho de que un director
general después de un mandato decida que no quiere continuar en el
puesto, contesta que ya querrían crisis como esta todos los
gobiernos. Agrega que una verdadera crisis consistiría en que los
ciudadanos tuvieran una opinión negativa de la Agencia, que ésta no
fuese capaz de resolver los problemas de recaudación y que las cifras
de lucha contra el fraude no fuesen superiores a las de años
anteriores, pero nada de esto sucede y, antes al contrario, las
encuestas demuestran que el grado de satisfacción de los ciudadanos
sobre el funcionamiento de la Agencia es bastante mejor que en
relación con otros servicios públicos. Tampoco cabe hablar de caos
por el hecho de que en un colectivo de 27.000 funcionarios un número
reducido, de unos 300, se encuentren en conflicto corporativo, que el
Gobierno reconoce y es consciente de que debe resolver los problemas
existentes. Reitera por otra parte el compromiso adquirido esta misma
mañana de aprobar un estatuto interno de la Agencia durante esta
legislatura. Respecto a las cesiones de crédito, reitera también lo
manifestado esta mañana de que la posición del Estado en cuanto a
valoración procesal la fijan los servicios jurídicos del Estado en
función de todas las pruebas que tienen que contemplar. El
interpelante quiere un debate político sobre un juicio de un
determinado contribuyente y ahí no le puede seguir. Termina señalando
que se está acusando de cometer delitos a un montón de personas de la
Administración pública española, lo cual no es cierto, y sólo puede
hacerlo el señor Saura por su condición de diputado.
Replica el señor Saura Laporta, duplicando el señor Vicepresidente
segundo y ministro de Economía y Hacienda (De Rato y Figaredo.)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Homs i
Ferret, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió); Ríos
Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; señora
Mendizábal Gorostiaga, del Grupo Socialista del Congreso, y señor
Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre política
del Gobierno en materia de gestión del Sistema Nacional de Salud,
calidad de las prestaciones sanitarias y acceso a dicho
Sistema ... (Página 10844)
La señora Maestro Martín presenta la interpelación del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Comienza señalando que
cuando esta interpelación fue elaborada aún no se había producido la
desagradable noticia con la que el Grupo Popular les sorprendió en el
último momento del plazo de presentación de enmiendas en el Senado a
la ley de medidas fiscales, administrativa y del orden social,
metiendo por la puerta trasera y de una manera vergonzante medidas de
desmantelamiento, fragmentación y degradación de la sanidad pública,
que es lo que supone la medida de creación de las fundaciones
sanitarias, incurriendo de paso en un elemento de inseguridad
jurídica de la mayor importancia. Han utilizado una ley escoba para
atentar gravemente contra la calidad de la atención sanitaria.
Concluye señalando que la interpelación que ahora defiende tiene que
ver precisamente con la irresponsabilidad de este Gobierno a la hora
de introducir mecanismos de inseguridad, de deterioro de la calidad
de la atención sanitaria y especialmente con una medida con la que
pretender devolver la sanidad pública al siglo XIX.
En nombre del Gobierno contesta el señor ministro de Sanidad y
Consumo (Romay Beccaría) señalando que si fuera verdad que con la
medida propuesta se trataba de desmantelar y degradar el Sistema
Nacional de Salud entendería que se trata de una desagradable
noticia, pero ocurre exactamente lo contrario, que se hallan ante una
medida tendente a hacer más eficiente el Sistema Nacional de Salud,
de donde derive una mejor atención a los ciudadanos en todos los
órdenes y consideraciones. Consiguientemente es, a su juicio, una
medida positiva encaminada exactamente a lo contrario de lo que decía
la interpelante.
Recuerda seguidamente las recomendaciones recogidas en el acuerdo
parlamentario para la modernización del Sistema Nacional de Salud y
en el marco establecido por la ley 15/l997 sobre nuevas formas de
gestión, aprobada por la mayoría de los partidos políticos
representados en esta Cámara, ley que autoriza la constitución de
entidades de titularidad pública dotadas de personalidad jurídica
para la gestión de los centros y servicios sanitarios, no excluyendo
ninguna forma jurídica concreta, siempre que la misma tenga
naturaleza y titularidad pública. Se trata en definitiva de
posibilitar mejoras en la gestión y, por tanto, de conseguir una
mayor eficiencia en el sistema sanitario público a través de un mayor
grado de autonomía de los centros sanitarios, preservando en todo
caso el carácter de servicio público de la sanidad y manteniendo los
principios básicos de universalidad, equidad y solidaridad.
Replica la señora Maestro Martín, duplicando el señor ministro de
Sanidad y Consumo (/Romay Beccaría)
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los señores
Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario Mixto, y
Corominas i Busqueta, del Grupo Socialista del Congreso.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes . . . (Página 10852)
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre política del Gobierno y
perspectivas de futuro para el sector naval público (AESA y BAZAN),
en el marco actual de la Unión Europea . . . (Página 10852)
El señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende
la moción formulada, manifestando que en relación con la problemática
de las factorías de Bazán intentan convencer al Gobierno de que debe
optar por la diversificación integral de las distintas áreas,
mantener la capacidad productiva, tecnológica y humana, es decir, las
plantillas que hoy tienen, y asimismo que se estudie la posibilidad
de establecer conglomerados industriales con otros astilleros
públicos en casos en que sean coincidentes, por ejemplo en la ría de
Ferrol o en la bahía de Cádiz. Piensa que aunque la empresa Bazán se
mantenga de forma prioritaria en la industria militar, debería
posibilitarse el libre acceso a todo tipo de construcción naval.
Los señores Cuevas Delgado, del Grupo Socialista del Congreso, y
Fernández de Mesa Díaz del Río, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, defienden las enmiendas presentadas.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Sedó i Marsal,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió) y Navas Amores,
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre política general del
Gobierno en materia de política agraria . . . (Página 10858)
El señor Amarillo Doblado defiende la moción del Grupo Socialista del
Congreso manifestando que la misma se ha estructurado en cuatro
puntos y obedece a que la situación actual de los mercados de las
producciones agrarias no admite dilaciones en la toma de medidas, ya
que empieza a ser gravemente preocupante, dando lugar a algunos
graves problemas. Añade que para hacer rentables a las empresas
agrarias deben actuar en diversos frentes y además pueden hacerlo,
dada la situación favorable del cuadro
macroeconómico, que permite adoptar las medidas que proponen en la
moción, cuyo contenido expone finalmente.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción intervienen los
señores Centella Gómez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria, y Companys Sanfeliú, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergencia i Unió)
En turno de fijación de posiciones hacen uso de la palabra los
señores Chiquillo Barber, del Grupo Parlamentario Mixto, y Jarabo
Madero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la posición
del Gobierno con respecto a la recientemente finalizada cumbre de
Buenos Aires sobre cambio climático . . . (Página 10866)
La señora Urán González defiende la moción presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Recuerda que hace dos
semanas, con ocasión del debate de la interpelación correspondiente,
la conclusión que sacaban es que no se estaban adoptando las medidas
necesarias para combatir un problema que a todas luces cada día se
está en peores condiciones para poderlo abordar si no se actúa de
manera drástica. Se trata de un problema que afecta de manera
individual a la salud y la vida de las personas y de manera colectiva
a todos los pueblos del mundo, poniendo en riesgo la vida misma del
planeta, colocándola al borde de un punto sin retorno. Termina la
señora Urán exponiendo el contenido de los cinco puntos que integran
la moción.
Las señoras Marón Beltrán, del Grupo Socialista del Congreso, y De
Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, así como
el señor Recoder i Miralles, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergencia i Unió) defienden las enmiendas presentadas a la
moción.
Para fijación de posiciones interviene el señor Vázquez Vázquez (don
Guillerme), del Grupo Parlamentario Mixto.
Se procede a la votación de la moción del Grupo Parlamentario Mixto,
sobre política del Gobierno y perspectivas de futuro para el sector
naval, en los términos del texto transaccional consensuado por los
Grupos Mixto, Socialista y Popular, siendo aprobada por 276 votos a
favor.
Asimismo se procede a la votación de la moción del Grupo Socialista
del Congreso sobre política general del Gobierno en materia de
política agraria, siendo rechazada por 125 votos a favor, 145 en
contra y cinco abstenciones.
Finalmente se somete a votación la moción del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida en relación con la cumbre de Buenos Aires
sobre cambio climático, aprobándose el primer punto de la moción con
276 votos a favor y rechazándose los restantes puntos de la misma.
Se suspende la sesión a las once y quince minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
PREGUNTAS:
- DEL DIPUTADO DON MARIANO CÉSAR SANTISO DEL VALLE, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, QUE FORMULA AL SEÑOR
PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿PIENSA VARIAR LOS CRITERIOS QUE HACEN
POSIBLE CONCEDER SUBVENCIONES A EMPRESAS DE UN CONDENADO A OCHO AÑOS
DE INHABILITACIÓN POR EL TRIBUNAL SUPREMO POR UN DELITO CONTINUADO DE
PREVARICACIÓN PRECISAMENTE POR DESVIACIÓN DE SUBVENCIONES EN SU ETAPA
COMO VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN? (Número de
expediente 180/0001502)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Punto primero del orden del día, preguntas orales al Gobierno,
comenzando por aquellas que responderá el presidente del Gobierno.
Pregunta número 2, que formula el diputado don Mariano César Santiso
del Valle, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Señor presidente del Gobierno, ¿considera
usted válidos los criterios utilizados para conceder una subvención
de 48 millones de pesetas, procedentes de los fondos mineros, a una
empresa, al señor Pérez Villar?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Santiso.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor diputado,
considero válidos los criterios que determinan el establecimiento de
las subvenciones
ajustadas al principio de legalidad, a las reglas del Estado de
derecho, que es lo que ha ocurrido en este caso.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
Señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Señor Aznar, el señor Pérez Villar fue
-no sé si lo sigue siendo- una persona de su directa confianza,
puesto que usted le designó vicepresidente de su Gobierno y consejero
de Economía y Hacienda en la Junta de Castilla y León. El señor Pérez
Villar fue condenado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo,
sentencia 1/1995, a ocho años de inhabilitación por un delito
continuado de prevaricación, es decir, porque en el año 1988 concedió
subvenciones destinadas a la minería de Castilla y León -cito la
sentencia-, resoluciones dictadas a sabiendas y con claro
conocimiento de la injusticia de la resolución y con la voluntad de
dictarla. Traducido exactamente en que también se utilizaron entonces
fondos mineros, que es el origen que tiene la subvención que ahora se
le concede, entonces se utilizaron los fondos mineros para destinar
136 millones a la empresa Recursos Naturales, Sociedad Anónima, con
sede en Madrid -y hablamos de fondos en aquel momento de Castilla y
León, que ni siquiera se dedicaba a la minería-, y otros 13 millones
a Minas de Ventana, para pagar 40 despidos.
Señor Aznar, ahora el Ministerio de Industria vuelve a conceder al
señor Pérez Villar una ayuda contra toda lógica y sobre todo contra
toda ética. ACOM, la organización que agrupa a los municipios
mineros, incluidos los del Partido Popular, se ha reunido
recientemente con todos los grupos políticos para quejarse,
lamentando que se estén utilizando los fondos mineros con una cierta
discrecionalidad. Se citaba este caso y también el del polígono
industrial de Olloniego. Se niegan ayudas a las comarcas que todavía
hoy tienen minas en explotación, no se admiten ayudas para proyectos
turísticos, ni agrícolas, ni de servicios, y sin embargo se concede
una ayuda, no para crear una nueva empresa, sino para poner en marcha
de nuevo una quiebra, en la cual se perdieron 90 puestos de trabajo.
Ahora se recuperan exactamente la mitad.
Creemos que incumple los criterios fijados en el propio Ministerio de
Industria. Por consiguiente, si ustedes sostienen que cumple las
normas, ¿no le parece que sería el momento para aplicar el sentido
común y determinar que nadie condenado por prevaricación pueda
beneficiarse de ayudas públicas? Señor Aznar, esta subvención es
ilegal y éticamente inmoral.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Santiso.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor presidente,
señoría, todas las informaciones que ha dado el ministro de Industria
ante esta Cámara o ante el Senado, todas las informaciones que han
sido puestas a disposición ante los medios de
comunicación, que ha sido el expediente completo sobre esta cuestión,
han acreditado que la concesión de esta subvención se ha realizado
ateniéndose exactamente a los principios establecidos y respetando
los criterios que puede haber para tener derecho a recibir estas
subvenciones. Los servicios del Ministerio de Industria han actuado
correctamente y, cuando han tenido dudas sobre la compatibilidad o no
por la situación del peticionario, los servicios jurídicos han
resuelto en favor de esa compatibilidad.
A partir de ese momento, señoría, es muy claro que estar condenado
por inhabilitación no supone no tener derecho a percibir una
subvención. Otra cosa distinta es que S.S. pueda entender que
legalmente la pena de inhabilitación debe llevar aparejada la
imposibilidad de percibir una subvención. Si S.S. tiene que hacer
alguna propuesta al respecto, háganosla, porque la estudiaremos con
mucho gusto, e incluso hasta la podemos apoyar, pero mientras tanto
S.S. tendrá que reconocer que la ley es igual para todos y seguirá
siendo igual para todos (Rumores.) al menos mientras este Gobierno
esté aquí.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del Gobierno. ¡Señora
Valcarce!
- DEL DIPUTADO DON DEMETRIO MADRID LÓPEZ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUÉ OPINA EL
SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE LA CONCESIÓN DE UNA SUBVENCIÓN DEL
MINER A LA EMPRESA URÍA MOTOR, S.A., PROPIEDAD DE SU EX
VICEPRESIDENTE CUANDO USTED PRESIDÍA LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN?
(Número de expediente 180/001505.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 5, que formula al Gobierno el
diputado don Demetrio Madrid López, del Grupo Socialista.
Señor Madrid.
El señor MADRID LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente. ¿Qué opina
el señor presidente del Gobierno de la concesión de una subvención
del Miner a la empresa Uría Motor, propiedad de su ex vicepresidente
cuando usted era presidente de la Junta de Castilla y León?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Madrid.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor presidente,
señoría, para su información le diré que hace 11 años, cuando yo era
presidente de la Junta de Castilla y León, tuve dos vicepresidentes;
uno era don Juan José Lucas, actual presidente de la Junta de
Castilla y León, y el otro don Juan Carlos Aparicio, secretario de
Estado para la Seguridad Social. En
ningún caso, al parecer, la persona a la que usted se refiere y a la
que me he referido yo en la contestación a la pregunta anterior, que
entiendo que recibió una subvención porque se ajustaba a los
criterios establecidos en los procedimientos legales.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente. (Rumores.) ¡Señorías!
Señor Madrid.
El señor MADRID LÓPEZ: Usted, señor Aznar, interviene personalmente
en la concesión de la subvención. Para conocimiento público de
semejante comportamiento es preciso hacer el siguiente recordatorio:
tanto la Ley electoral como el Estatuto de Castilla y León exigen de
los candidatos que estén avecindados en la comunidad. Usted, señor
Aznar, no reunía este requisito y, para subsanarlo, se empadronó en
la sede de Alianza Popular de Ávila. (Rumores.) Con una mano delante
y otra detrás recibe los primeros auxilios del que después sería su
asesor y su consejero de Economía. Todo esto no es sino el inicio de
un sistema de compromisos y socorros mutuos que se materializó
simultáneamente, entre otros, con los llamados casos Naseiro de la
construcción, de la minería y el mal nombrado caso Zamora. (Rumores.-
Aplausos.- La señora López i Chamosa pronuncia palabras que no se
perciben.) Como declararon los testigos, cuando el señor Aznar recibe
los talones en el Hotel Meliá de Valladolid les reconforta y agradece
con la promesa evangélica de que recibirán el ciento por uno. No es
de extrañar que usted se considere el milagro, naturalmente con
pólvora del rey. Tiene usted razones que la razón no entiende para
ordenar la subvención de su consejero. Teniendo en cuenta su
doctrina, hay que dar por hecho que conoce las andanzas de sus
vicepresidentes. La minería, las subvenciones y Pérez Villar son
nombres directamente relacionados con el principio de la irresistible
ascensión del señor Aznar. La historia se repite, aunque quienes
fueron sus benefactores ahora son mero lastre. Cuando se escupe hacia
arriba, señor Aznar, terminas mojándote.
Señor presidente, estamos hablando de cuestiones de fondo, razones
morales, éticas y hasta estéticas. Y esto no ha hecho nada más que
empezar. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Madrid.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor presidente,
este es un caso bastante curioso en el cual al Gobierno se le acusa
no por incumplir la ley, sino por cumplirla. (Rumores.) Y, además,
quien pregunta se refiere a todo lo habido y por haber en el mundo
desde hace no sé cuántos años, excepto a aquello sobre lo que
pregunta, salvo que se prefiera o se haga una invitación desde los
bancos de la oposición al Gobierno a ser arbitrario o ilegal, cosa
que viniendo de quienes viene a lo mejor tampoco nos
extrañaba mucho o tampoco nos extrañaba tanto. (Aplausos.-Protestas.)
Pero quiero decir que en eso no caerá el Gobierno. Vuelvo a repetir
que el Gobierno ha respetado los procedimientos legales, que se ha
dado toda la información parlamentaria y que se han puesto a
disposición pública todos los expedientes. Esto les podrá sonar a
algunos de ustedes un poco extraño, porque es exactamente lo
contrario de lo que hacían ustedes cuando tenían que dar una
información a la sociedad española. (Rumores.)
Otra cosa distinta, señorías, es que aquí no importa la legalidad o
no, lo que importa es que se intente manchar la reputación bien del
Gobierno, bien del presidente del Gobierno, presentando ante la
opinión que somos capaces de torcer voluntades administrativas para
favorecer injustamente. (Varios señores diputados: ¡Sí!)
Probablemente dicen que sí porque lo sepan por experiencia, pero en
este caso no es verdad. (Aplausos.) Probablemente dicen que sí porque
lo sepan por experiencia. Y para mí, como comprenderán, señorías,
señoría, señor Madrid, sería extraordinariamente fácil en este
momento sacar una gran lista, un gran temario, si quiere S.S. un gran
libro. (Rumores.- Una señora diputada: Sácala.) Les tengo que decir
que es así porque son ustedes un manantial inagotable. Y me parece
desde la oposición bastante temerario, y lo tengo que decir, lo que
han hecho.
Yo le sugiero, señor Madrid, que hagan ustedes oposición, pero que no
nos inviten a acordarnos de su pasado inmediato (Rumores.), que sin
duda es muy poco reconfortante y nadie puede sentirse muy orgulloso
de él. (Un señor diputado: Nos vamos a acordar del tuyo.)
Gracias, señor presidente. (Aplausos.-Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del Gobierno.
- DEL DIPUTADO DON GUILLERMO MARTÍNEZ CASAÑ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁL ES LA POSTURA
DEL GOBIERNO EN LAS NEGOCIACIONES QUE SE ESTÁN DESARROLLLANDO EN EL
SENO DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE EL FUTURO DE LA AGENDA 2000,
ESPECIALMENTE EN RELACIÓN CON LOS FONDOS DE COHESIÓN? (Número de
expediente 180/001515)
El señor PRESIDENTE: Señorías, pregunta... (Rumores.) ¡Señorías!
¡Señora Balletbó! (El señor Cisneros Laborda: Se parece a Sarasola.)
Pregunta número 15, que formula al Gobierno el diputado don Guillermo
Martínez Casañ, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Martínez Casañ. (La señora López i Chamosa pronuncia palabras
que no se perciben.) ¡Señora Chamosa, por favor!
Adelante.
El señor MARTÍNEZ CASAÑ: Gracias, señor presidente.
Señor presidente del Gobierno, España siempre ha defendido con
lealtad el proceso de construcción europea desde el más absoluto
respeto a los tratados y al derecho comunitario y por ello, en este
momento, no escatimamos esfuerzos ni ideas que hagan posible acometer
la próxima ampliación desde el mantenimiento de los principios
básicos de la cohesión y la solidaridad y una necesaria
estabilización del gasto. Nuestra posición en el grupo de salida del
euro de la Unión Monetaria a partir del 1 de enero próximo es buena
prueba de esto y de nuestro deseo de ser el motor de Europa. Pero en
nuestro país se dan condiciones objetivas distintas de las de otros
países del centro y del norte de Europa. Continuamos siendo, aunque
cada vez menos, un país más pobre que los otros y seguimos teniendo
una renta media inferior a la media europea, si bien esperamos dejar
pronto de ser más pobres que otros y de tener esa renta inferior a la
de los demás.
El Gobierno debe pues hacer compatible la defensa del legítimo
interés nacional con la lealtad del proyecto europeo. ¿Cuál es la
postura del Gobierno en las negociaciones que se están llevando a
cabo en el seno de la Unión Europea sobre el futuro de la Agenda 2000
y especialmente en relación con los fondos de cohesión?
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Casañ.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor presidente,
señor diputado, el Gobierno entiende que las políticas de cohesión
forman parte de uno de los objetivos fundamentales del Tratado de la
Unión como las políticas de disciplina presupuestaria contenidas en
el Pacto de Estabilidad o las políticas mantenidas de competencia y
de liberalización. La política de solidaridad forma parte de los
objetivos fundamentales de la Unión Europea. Y la política de
solidaridad y de cohesión informa todas las políticas. Es, por
decirlo de alguna manera, una política horizontal.
Si es difícil o inimaginable entender o comprender la Unión Europea a
quince en los momentos actuales sin tener en cuenta ese factor de la
solidaridad, es absolutamente imposible pretender hacer la ampliación
europea si se quiebra o se rompe el factor de la solidaridad o el
factor de la cohesión. Por tanto, los llamados países de la cohesión,
señoría, debe quedar muy claro que no están en una situación de deber
nada a nadie. Están, estamos cumpliendo los objetivos de un tratado
y, del mismo modo que hemos cumplido los objetivos quenos han
permitido llegar a la convergencia nominal, a formar parte del núcleo
de países que ha hecho el euro, la moneda única, en este momento
deseamos plantear nuestros objetivos políticos para eliminar las
diferencias de renta real y producir la convergencia real. Para ello,
junto con esas políticas que he citado,
las políticas de cohesión y de solidaridad son absolutamente
fundamentales.
Acabo de decir hace unos días, señoría, que a mí me parece que el
único documento políticamente aceptado por todos, puesto encima de la
mesa y con validez jurídica, es el documento de la Comisión, la
llamada Agenda 2000, donde establece un tratamiento, no tanto de los
fondos de cohesión, sino de todos los fondos y la política de
solidaridad en su conjunto, fondos estructurales y de cohesión que
nos parecen una base razonable sobre la cual se tiene que trabajar.
Todo lo que no sea, en principio, discutir sobre esos elementos de la
Comisión a España le parece, sin duda, rechazable. Por tanto, hemos
rechazado aquellas propuestas o documentos que suponían una rebaja
drástica e injustificada de los fondos estructurales o los fondos de
cohesión. España tomará como base razonable el documento de la
Comisión y sobre ese documento hay objetivos que atienden, en mi
opinión, de una manera suficiente y positiva las demandas y el
interés de España. Interés, señoría, que responde política y
jurídicamente a los objetivos del Tratado y que seguirá defendiendo
España.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del Gobierno.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE EN
EL CÓMPUTO DE LA INDEMNIZACIÓN COMPENSATORIA A LOS EX SECRETARIOS DE
ESTADO DEBE INCLUIRSE EL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD? (Número de
expediente 180/001511)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 11, que formula al Gobierno el
diputado don José Luis Rodríguez Zapatero, del Grupo Socialista.
Señor Rodríguez Zapatero.
El señor RODRÍGUEZ ZAPATERO: ¿Considera el Gobierno que en el cómputo
de la indemnización compensatoria a los ex secretarios de Estado debe
incluirse el complemento de productividad?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez Zapatero.
Señor vicepresidente primero del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA
PRESIDENCIA (Álvarez- Cascos Fernández): Señor presidente, señorías,
el Gobierno considera que debe cumplirse la ley en éste como en los
demás casos. Ley que fue aprobada por un Parlamento con mayoría
socialista, en la que se dice, desde el año 1992, que los secretarios
de Estado tienen derecho a percibir una pensión indemnizatoria
mensual
igual a la doceava parte del 80 por ciento del total de retribuciones
asignadas al cargo respectivo en el presupuesto en vigor.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.
Señor Rodríguez Zapatero.
El señor RODRÍGUEZ ZAPATERO: Señor vicepresidente, imagino que, a
tenor de la respuesta que usted ha dado aquí y que inequívocamente
apunta a que el Gobierno considera que deben cobrar ese plus de
productividad en la pensión indemnizatoria, el señor Rajoy se irá
para su casa en los próximos días o en las próximas horas. Ya lo
siento. Porque el señor Rajoy dijo la semana pasada que no deberían,
con un argumento bastante elocuente y evidente. Y es que el plus de
productividad es una parte de la retribución absolutamente aleatoria.
No se meta a leguleyo, porque usted tiene que venir aquí a dar una
respuesta política, que es lo que se le pregunta desde el grupo.
¿Considera el Gobierno que debe o no cobrarlo? Han tenido la
oportunidad, tienen todavía la oportunidad esta tarde de impedirlo,
porque en el Senado hay una enmienda a tal fin.
Lo cierto es que si ustedes, como parece, van a pagar ese 30 por
ciento, que es lo que supone de su sueldo el plus de productividad,
estarán convirtiendo la situación en una auténtica desfachatez, una
burla a lo que dijeron de los blindajes, de la situación de los ex
altos cargos. Porque fíjese que van a cobrar tres millones más que
los secretarios de Estado del anterior Gobierno cuando salgan de su
puesto. Fíjese usted que, desde ese mismo banco, a su lado, el señor
Rato dijo que no había subida en la nueva configuración del régimen
retributivo de la productividad. Y ahora resulta que no sólo les
suben el sueldo un 30 por ciento, sino que también quieren subirles
la indemnización hasta cobrar 870.000 pesetas brutas al mes. Eso sí,
ex secretarios de Estado que, por cierto, se van a empresas cuya
situación de compatibilidad discutiremos. Desde luego, es de una
falta de ética notoria y evidente.
Su posición en este tema es absolutamente insostenible ética y
legalmente. Ya me puede invocar cualquier argumento jurídico. Le
recuerdo simplemente que ese complemento de productividad no se
asigna al cargo, que los secretarios de Estado no tienen asignado por
ley complemento de productividad, que es algo potestativo del
Gobierno, que es un complemento aleatorio... (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez Zapatero.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA
PRESIDENCIA (Álvarez-Cascos Fernández): Sí, señor presidente.
Señor Rodríguez Zapatero, para demostrar que la información del día 2
de diciembre de El País, que decía: La indemnización a Rodríguez y
otros cuatro ex secretarios bloqueada por la Intervención, y su
intervención de hoy son los mejores candidatos a la mentira mejor
contada (Protestas.), para demostrarlo, me basta un solo dato, el
señor Rodríguez cobró su pensión por primera vez el día 25 de
noviembre y en ella no se incluye el complemento de productividad. A
partir de aquí, todo su discurso se desvanece, señor Rodríquez
Zapatero. Repito, cuando se hizo la información de El País y usted
formuló la pregunta ya estaba pagada la pensión sin productividad.
Todo lo que ha hecho usted es un discurso falso, desde el momento en
que la pregunta ya no obedece a la realidad.
La realidad es que el día 16 de julio, señor presidente, el
subdirector general de Gestión Económica inicia un expediente para
pagar las pensiones. Este señor está en el cargo desde noviembre de
1977. El día 7 de octubre, el abogado del Estado, en el cargo desde
marzo de 1996, es partidario de que se incluya la productividad; el 8
de octubre, la Intervención delegada considera que no se debe pagar
la productividad; y el 17 de noviembre el señor subsecretario de
Presidencia firma la orden autorizando el pago sin productividad. Y
no se ha pagado la productividad.
Por tanto, su historia es falsa de la cruz a la raya. Yo no le invito
a que se vaya, como ha hecho usted con el señor Rajoy. Siga usted
contando mentiras en esta Cámara, que ayuda mucho al Gobierno a
defender su gestión. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.
- DE LA DIPUTADA DOÑA CLEMENTINA DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ RESPUESTA
PIENSA DAR EL GOBIERNO A LAS REIVINDICACIONES DE LOS ESTUDIANTES DE
ENSEÑANZA SECUNDARIA Y DE UNIVERSIDAD? (Número de expediente 180/
001509)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 9, que formula al Gobierno doña
Clementina Díez de Baldeón García, diputada del Grupo Socialista.
Señora Díez de Baldeón.
La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, ¿qué respuesta piensa dar el Gobierno a las
reivindicaciones de los estudiantes de enseñanza secundaria y de
universidad?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Díez de Baldeón.
Señora ministra de Educación y Cultura.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor presidente.
La respuesta que el Gobierno da a los problemas que se le plantean,
señoría: diálogo y soluciones. Eso es lo que hemos hecho, dialogar
con los estudiantes, señoría, y dar soluciones a sus problemas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra. (Rumores.)
Señorías. ¡Señor Ortiz! ¡Señor Lapuerta! Por favor, guarden silencio.
Señora De Lara y compañía, silencio, por favor.
Adelante, señora Díez de Baldeón.
La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, si ustedes hubieran ofertado únicamente diálogo y
soluciones no se comprende que los estudiantes salieran de aquella
reunión diciendo que había sido un paripé. La realidad, señora
ministra, es que el día 26 secundaron la huelga más de dos millones
de estudiantes, que pedían cosas tan frívolas como una escuela
pública de calidad y más financiación para la escuela pública, más
profesores, más centros, mejores bibliotecas, más becas. Esa es la
frivolidad de lo que pedían los estudiantes. Pero a usted, señora
ministra, esto le parece algo sin sentido. Califica a los estudiantes
de irresponsables y les acusa de ser marionetas en manos de los
partidos políticos y de los sindicatos con la frase tan poco
afortunada de que es más divertida la huelga que la clase de
matemáticas.
No sabe usted el favor que nos hace al PSOE, señora ministra, cuando
dice que somos capaces de movilizar al 70 por ciento de los
estudiantes de media en este país. No sabe usted qué favor nos hace.
Pero, si usted prestara oídos a sus reivindicaciones, descubriría que
son también las que le formulan los padres y las madres de alumnos,
los profesores, los rectores, los sindicatos. Todo el mundo, señora
ministra. Todo el mundo está pidiendo más financiación que la que
ustedes están dando, porque es ahora cuando la Logse necesita más
dinero que nunca y cuando hay que hacer mayor esfuerzo, dedicar más
financiación, más profesores, y atender más a una escuela pública que
ustedes están relegando peligrosamente.
Todavía están a tiempo, señora ministra, y este puede ser el sentido
de mi pregunta. Yo le rogaría que, en vez de utilizar la ley de
acompañamiento para deslizar cuestiones tales como transformar los
hospitales públicos en fundaciones, atendieran ustedes las
reivindicaciones de toda la comunidad educativa y dieran prioridad a
la educación. Sólo así evitará, señora ministra, que volvamos a leer
en una pancarta algo que yo supongo que usted habrá leído y que es
que en la enseñanza no cabe esperanza.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Díez de Baldeón.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Señoría, en primer lugar, creo que no debe confundir a los
estudiantes que decidieron quedarse en sus casas con los que
acudieron a las movilizaciones. Como sabe S.S., incluso en las cifras
más elevadas de las que se han dado eran pocas decenas de miles
frente a los millones de estudiantes convocados.
Yo quiero decir a S.S. una vez más que la financiación de la
enseñanza no ha hecho más que crecer desde que este Gobierno llegó,
en mayo de 1996. Otra cosa es que usted no quiera enterarse. Este año
la sociedad española pone a disposición de la enseñanza por vez
primera cinco billones de pesetas, lo que representa ya el 6,2 por
ciento del producto interior bruto. Quiero recordar a S.S. que la
reivindicación de llegar al 6 por ciento del PIB en enseñanza parecía
hasta ahora inalcanzable, pero a los estudiantes universitarios,
señoría, ustedes les dejaron un sistema que les obligaba a cursar de
media 18 asignaturas por curso, y nosotros hemos suprimido eso,
garantizando que tendrán un máximo de seis asignaturas por curso. Las
becas, señoría, en cuya partida ustedes dejaron un importante
agujero, han crecido desde que nosotros estamos en el Gobierno nada
menos que en un 24 por ciento. Además, hemos resuelto el problema de
la financiación del tercer hijo, que SS.SS. dejaron en aquel momento
sin resolver. Hemos creado las ayudas para los libros de texto y no
hemos hecho otra cosa que hacer que la financiación pública de la
educación crezca, señoría, y ello pese a la disminución enorme que se
ha producido en el número de estudiantes, que sin duda S.S. conoce
perfectamente.
En cuanto al diálogo con ellos, quiero decir a S.S. que hemos tenido
reuniones antes y después de las movilizaciones y que estamos
convencidos de que el diálogo será enriquecedor con los sindicatos
que convocaron las movilizaciones y con aquellos otros que decidieron
no apoyarlas, porque, a diferencia de S.S., prefirieron las
soluciones a los problemas antes que las movilizaciones demagógicas
que muchas veces ha apoyado su señoría.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA DEL CARMEN MATADOR DE MATOS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ
MEDIDAS HA LLEVADO A CABO EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA PARA
QUE EN LOS CENTROS DE ENSEÑANZA SE CELEBRE EL XX ANIVERSARIO DE LA
CONSTITUCIÓN? (Número de expediente 180/001516)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 16, que formula
doña María del Carmen Matador
de Matos, diputada del Grupo Parlamentario Popular.
Señora Matador de Matos.
La señora MATADOR DE MATOS: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, estos días celebramos los veinte años de nuestra
Constitución y desde todos los ámbitos se han acometido distintas
actuaciones que han tenido una respuesta muy satisfactoria de la
sociedad en su conjunto. Ejemplo claro de ello han sido los actos
conmemorativos que se han celebrado en esta casa. Pero lo que
queremos que explique la señora ministra es si el Ministerio de
Educación y Cultura ha sido sensible a este evento, que consideramos
un hecho de especial importancia para el mundo educativo.
Por todo ello, le pregunto qué medidas está llevando a cabo el
Ministerio de Educación y Cultura para que en los centros de
enseñanza se celebre el XX aniversario de la Constitución.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Matador.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, el 20º aniversario de la aprobación en referéndum de la
Constitución española tiene sin duda un especial significado para el
mundo educativo. La entrada en vigor del texto constitucional supuso
un hito histórico que ha permitido en 20 años situar a España en el
grupo de cabeza de las naciones libres desarrolladas y socialmente
equilibradas. Ello, señoría, concierne sin duda muy especialmente a
la educación, que tiene entre sus principales objetivos educar cívica
y moralmente a los futuros ciudadanos para que ejerzan en plenitud
sus derechos con espíritu de tolerancia, de solidaridad y de
pluralismo. Por eso, el Ministerio haimpulsado con motivo del 20º
aniversario varias iniciativas: en primer lugar, emitimos el 6 de
noviembre una resolución indicando a todos los centros que deberían
celebrar durante la primera semana de diciembre, con solemnidad
académica y proyección educativa, el 20º aniversario. Además
publicamos una orden ministerial el día 20 de noviembre convocando un
concurso escolar de redacción. Este concurso se dirige a los alumnos
entre 10 y 18 años en todo el territorio nacional, está dotado con 30
premios y 90 menciones honoríficas y los trabajos pueden ser
redactados en castellano o en cualquiera de las lenguas cooficiales
del Estado. Lo que pretendemos con ello, señoría, es incentivar a los
alumnos a documentarse sobre la Constitución y su contexto histórico
y brindar a los profesores una ocasión de suscitar entre los alumnos
cuestiones de historia, de teoría y de ética relativas al contenido
del texto constitucional para apoyar el trabajo de los concursantes.
Finalmente, con el fin de que todos los alumnos puedan tener acceso a
la información sobre las actuaciones educativas que impulsa el
Ministerio, pueden consultar en Internet, en las páginas web del
programa nuevas tecnologías del Ministerio, toda la documentación que
se ha preparado al efecto. Por tanto, señoría, lo que pretende el
Ministerio es celebrar este aniversario potenciando la educación de
los alumnos en los valores democráticos de tolerancia, solidaridad y
pluralismo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON FERNANDO COQUILLAT DURÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ MEJORAS EN LA
CALIDAD DE LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS VA A SUPONER LA APROBACIÓN DE
LOS REALES DECRETOS POR LOS QUE SE VAN A CREAR LOS TÍTULOS SUPERIORES
DE DANZA, DISEÑO Y CERÁMICA, Y SE DESARROLLA EL CURRÍCULO SUPERIOR DE
MÚSICA PARA EL TERRITORIO MEC? (Número de expediente 180/001517)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 17, que formula al Gobierno el
restablecido don Fernando Coquillat Durán, diputado del Grupo
Popular.
El señor COQUILLAT DURÁN: Señor presidente, el presupuesto de
educación y cultura para el año 1999 ha tenido en las enseñanzas
artísticas un crecimiento del 6,1 por ciento sobre el año anterior.
Se incorpora el bachillerato de artes en las provincias de Cáceres,
Cuenca, Guadalajara y Albacete, con lo que en todas las provincias
del territorio gestionado por el MEC existe esta oferta. Todo esto,
en este breve balance, unido a las mejoras en las enseñanzas
artísticas iniciadas para el curso 1997-1998 y continuadas en este
curso 1998- 1999, tales como la implantación de los cursos de segundo
ciclo de grado medio de música, Logse, en los conservatorios
profesionales estatales; la ampliación a 20 conservatorios
elementales estatales de la autorización para impartir el tercer
curso de grado medio de música y el cuarto en 1998-1999, garantizando
así la continuidad de los alumnos de estas enseñanzas cerca de su
lugar de residencia; la implantación del grado medio de danza, Logse,
y la ampliación a 13 escuelas de arte de la oferta educativa de
ciclos formativos de grado superior. Y así muchas más cosas.
En el acto académico que se realizó en el nuevo conservatorio de
Salamanca, en el que se han creado 500 plazas con las dotaciones
necesarias para el aprendizaje de la música, se anunció por S.S. que
a lo largo de este curso escolar se elaborarán los reales decretos
por los que se van a crear los títulos superiores de danza, diseño,
cerámica y se desarrollará el currículo superior
de música para el territorio MEC. Ante una sensibilidad creciente por
parte de la población estudiantil y sus padres por las enseñanzas
artísticas, también por artistas y profesionales por la mejora y
ampliación de las mismas y un desarrollo cada vez más integral en
esta línea educativa, se hace la pregunta: ¿qué mejoras en la calidad
de las enseñanzas artísticas va a suponer la aprobación de los reales
decretos anteriormente mencionados, así como el desarrollo del
currículo superior de música para el territorio MEC?
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Coquillat.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, por primera vez la ley establece que las enseñanzas
artísticas puedan tener un nivel superior y que sus estudios permitan
la obtención de títulos equivalentes a los títulos universitarios.
Quiero decir a S.S. que, una vez que se ha completado el desarrollo
normativo de la Logse en los niveles de edad inferiores, es preciso
dar continuidad al proceso en el tramo superior en música, danza,
artes plásticas y diseño. Tengo que decir a S.S. que ya se ha
publicado en el Boletín Oficial del Estado el título superior de
cerámica y que su primera plasmación real se pondrá en marcha en la
Escuela Superior de Cerámica de Manises, en Valencia. Actualmente
está en tramitación el título superior de diseño, que va a dar una
respuesta largamente demandada por artistas y profesionales en la
formación superior de las cuatro especialidades clásicas del diseño:
productos, gráfico, interiores y moda. En la misma situación se
encuentra el título superior de danza cuya equivalencia a la
licenciatura universitaria va a permitir a los bailarines formados en
el grado medio, que tienen una vida artística necesariamente corta,
continuar su vida profesional a través de la docencia y la creación
coreográfica.
Asímismo está próxima la aprobación del currículum superior de
música, que va a suponer el desarrollo de aspectos básicos ya
publicados para todo el territorio nacional, y en el territorio de
gestión del Ministerio de Educación y Cultura está prevista su
implantación para el próximo curso. La carrera de música en el
apartado superior, que tenía dos años de duración en el plan antiguo,
pasa a tener cuatro o cinco, dependiendo de las especialidades. Por
tanto, señorías, estamos ante un avance histórico en lo que se
refiere a las enseñanzas artísticas y con ello damos cumplimiento a
las legítimas aspiraciones de todos los artistas y profesionales que
venían reclamando desde hace muchos años.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
- DE LA DIPUTADA DOÑA BEATRIZ RODRÍGUEZSALMONES CABEZA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ
MEDIDAS ESTÁ ADOPTANDO EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA PARA
APOYAR LAS INVESTIGACIONES EN EL YACIMIENTO DE ATAPUERCA? (Número de
expediente 180/001518)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 18, que formula al
Gobierno la diputada doña Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza, del
Grupo Parlamentario Popular.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Muchas gracias, presidente.
Señora ministra, con la pregunta que le formulamos queremos
interesarnos por los trabajos que se están llevando a cabo en
Atapuerca. En esa sierra se han encontrado los restos humanos más
antiguos de Europa y creo, incluso, que la muestra de fósiles humanos
más antigua del mundo. La importancia del yacimiento es tal que ha
dado definición a nueva especie humana al homo antecessor. Querríamos
añadiera información sobre si se está preparando o haciendo algún
esfuerzo divulgativo sobre los trabajos de este yacimiento y sobre el
apoyo que están recibiendo los científicos y trabajadores que están
haciendo esa labor paleontológica.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez-Salmones.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Gracias, señor presidente.
Señorías, la verdad es que las investigaciones en el yacimiento de
Atapuerca constituyen uno de los proyectos de investigación más
valorados por el Ministerio de Educación y Cultura. En la actualidad,
los trabajos en la sierra de Atapuerca se desarrollan desde el Museo
Nacional de Ciencias Naturales del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, el Departamento de Historia y Geografía
de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona y también el
Departamento de Paleontología de la Complutense de Madrid, pero
intervienen en el mismo científicos de toda la geografía nacional.
Los resultados que se han obtenido a lo largo de los últimos 20 años
permiten afirmar, sin duda, que estamos ante uno de los lugares más
importantes del mundo para recuperar datos que permitan descifrar las
claves de la evolución humana. De todas maneras, las investigaciones
en Atapuerca, aunque lleven 20 años, no han hecho más que empezar.
Los yacimientos pleistocenos han estado apoyados de manera continuada
por el Ministerio desde 1978, pero se han financiado principalmente a
través de los proyectos de investigación de la Comisión Asesora de
Investigación Científica
y Técnica y de la Dirección General de Investigación Científica y
Desarrollo.
Sin embargo, pregunta S.S. si tenemos previsto llevar a cabo alguna
labor en cuanto a la difusión. Así es, tenemos decidido celebrar una
gran exposición divulgativa sobre los hallazgos de Atapuerca a
comienzos de este año, de 1999, con el fin de interesar no solamente
a los científicos y a quienes están comprometidos en este tipo de
estudios, sino a toda la sociedad, y en especial a los estudiantes de
secundaria y de universidad.
La decidida voluntad de apoyar las investigaciones relacionadas con
los orígenes del hombre es una de las prioridades que tiene el
Ministerio y vamos a apoyar también, como no puede ser de otro modo,
la propuesta que nos hace la Junta de Castilla y León para que
Atapuerca sea inscrita como patrimonio mundial de la Unesco en la
próxima sesión que se celebre.
Muchas gracias, señoría.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON ALEJANDRO CERCAS ALONSO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿POR QUÉ SE OPONE A LA PROPUESTA
SOCIALISTA DE QUE, EN 1999, LOS PENSIONISTAS QUE PERCIBEN LAS
CUANTÍAS MÍNIMAS, TENGAN UNA SUBIDA EXTRAORDINARIA Y ADICIONAL DE
2000 PESETAS MENSUALES, CON CARGO A LOS COSTES FISCALES DE LA REFORMA
DEL IMPUESTO DE LA RENTA, Y CON EL OBJETO DE QUE SE BENEFICIEN EN
ALGO, CON TAL MOTIVO, LAS PERSONAS MÁS DESFAVORECIDAS DE NUESTRA
SOCIEDAD? (Número de expediente 180/001508)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 8, de don Alejandro Cercas
Alonso, diputado del Grupo Socialista, que formula al Gobierno, y que
será respondida, al igual que la siguiente, por el ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales.
Señor Cercas.
El señor CERCAS ALONSO: Señor ministro de Trabajo, sin duda
coincidirá conmigo en que los pensionistas que están en los niveles
mínimos o los que perciben prestaciones no contributivas asumen la
doble cualidad de tener unas pensiones muy bajas y de carecer de todo
tipo de rentas. Por tanto, una coyuntura como la que abre la reforma
del impuesto sobre la renta de las personas físicas que, según la
propaganda del Gobierno, va a significar unas transferencias a las
familias del orden de 700.000 millones de pesetas, parece a todas
luces inconveniente, ya que tres millones de españoles, que son los
que están en estos niveles mínimos de pensión, no se benefician para
nada de la reforma fiscal. Estará usted de acuerdo conmigo, señor
ministro, en que si se pudiera buscar una solución que no agraviara
las cuentas de la Seguridad Social y consiguiéramos superar los
niveles de prestaciones que perciben estos ciudadanos, sería
altamente deseable.
El señor ministro conoce la iniciativa del presidente de la Junta de
Andalucía y conoce las enmiendas que ha presentado el Grupo
Parlamentario Socialista en el Senado, de forma que los pensionistas
que están en esos niveles mínimos tengan una subida de 3.000 pesetas
al mes, y no de 1.000 pesetas al mes, que es lo que pretende el
Gobierno. Curiosamente, pese a que ello se financiaría desde los
Presupuestos Generales del Estado y, por tanto, las cuentas de la
Seguridad Social no se verían afectadas, el señor ministro de Trabajo
ha sido uno de los miembros del Gabinete más beligerantes contra una
iniciativa en positivo de la oposición. Me gustaría saber, señor
ministro, por qué se opone usted a esta medida del Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cercas.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Gracias, señor presidente.
Voy a contestar a S.S., aunque me ha extrañado que en su intervención
haya hablado de subir 3.000 pesetas, cuando en la pregunta escrita
habla de subir 2.000 pesetas. Esa es una duda que me plantea la
pregunta. En cualquier caso, nunca las pensiones han subido tanto
como en los últimos tres años, que han crecido más de 250.000
millones de pesetas por encima del IPC.
Los pensionistas pueden estar muy tranquilos y vivir con mucha
libertad porque nunca desde este Gobierno se les va a pedir un voto a
cambio de una pensión, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Cercas.
El señor CERCAS ALONSO: Señor ministro, todavía no hemos llegado a la
campaña electoral. Ya veremos qué ocurre en la campaña electoral.
Por lo pronto, S.S. gasta cientos de millones de pesetas en enviar
cartas personalizadas en las que se atribuye subidas y beneficios que
vienen del Pacto de Toledo y no de la acción de su Gobierno.
Por cierto, mi pregunta, señor ministro, está perfectamente
formulada, puesto que el Grupo Socialista pretende 3.000 pesetas de
subida al mes para estos tres millones de pensionistas, 2.000
adicionales a las que dice el Gobierno, como dice el texto de mi
pregunta.
Por tanto, señor ministro, usted debería hoy contestarnos por qué se
opone. No le cuesta ningún dinero a la Seguridad Social. Se trata
simplemente de hacer realidad la propaganda del Gobierno; propaganda
falsa, puesto que la reforma fiscal va a favorecer a los que tienen
rentas medias y elevadas en nuestro país y en nada a los tres
millones de pensionistas españoles que están en los niveles mínimos.
Por tanto, dedicando una
parte mínima, que es lo que pretende el Grupo Socialista, de esa
reforma fiscal, podríamos conseguir que esas pensiones que ustedes
tanto han subido, subieran 3.000 pesetas al mes. ¡Qué menos, señor
ministro de Trabajo!
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cercas.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Gracias, señor presidente.
Señor presidente, no puedo contestar a la pregunta por la falta de
rigor. Se habla de 2.000 en la pregunta y aquí se dice que son 3.000.
Lo que podría preguntar el Gobierno es: ¿Por qué no 5.000? ¿Por qué
no 6.000? ¿Por qué no 8.000? ¿Por qué no 10.000?
Además, se me pregunta mi opinión respecto a que una comunidad
autónoma intervenga en lo que es la política de pensiones.
Sencillamente, opino que eso significa la ruptura de la caja única
del sistema de Seguridad Social, se haga desde cualquier comunidad
autónoma y tenga la ideología que tenga el presidente de la comunidad
autónoma.
En cualquier caso, señor presidente, vuelvo a repetir que los
pensionistas han ganado 0,3 décimas, en 1996, por encima del
incremento de los precios; que han ganado 0,6 en 1997; que han ganado
0,4, como mínimo, todavía no sabemos la evolución definitiva de
precios, en 1998; y que esto significa 250.000 millones de pesetas
por encima de su capacidad adquisitiva.
Señor presidente, si el diputado señor Cercas, al que tengo afecto
desde hace mucho tiempo, me permite una sugerencia, le diría que me
parece que no es bueno estar en plena campaña electoral con los
pensionistas, sobre todo, señor presidente, porque, frente a las
palabras, están las realidades y, frente a aquellas palabras que
indicaban que un cambio de Gobierno supondría la desaparición de las
pensiones, hay una realidad: mayor crecimiento que nunca en materia
de pensiones.
Segunda sugerencia. Nunca he entendido ni podré entender cómo alguien
se puede oponer a que se rebajen los impuestos. Se está diciendo que
la rebaja de impuestos favorece a unos pocos. La rebaja de impuestos
y la reforma fiscal favorece sobre todo a aquellos que tienen menos
ingresos, a los pensionistas, a los desempleados, y esa realidad se
va a ver a partir del primero de enero.
Por favor, dejen ustedes a los pensionistas fuera de la campaña
electoral permanente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA JOSÉ CAMILLERI HERNÁNDEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ
MEDIDAS TIENE PREVISTO ADOPTAR EL GOBIERNO COMO CONSECUENCIA
DE LOS ACUERDOS DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO GENERAL DE LA EMIGRACIÓN
CELEBRADO EN MADRID RECIENTEMENTE? (Número de expediente 180/001522)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 22, que formula doña María José
Camilleri Hernández, diputada del Grupo Popular.
Señora Camilleri.
La señora CAMILLERI HERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Señor Ministro, recientemente, concretamente en los pasados días 16,
17 y 18 de noviembre, se ha celebrado en Madrid el X Pleno del
Consejo General de la Emigración en su segunda reunión anual. Este
organismo representa a casi dos millones de españoles, cifra que
apenas ha descendido y que tiende a mantenerse. Estos emigrantes
españoles, distribuidos por todo el mundo, forman una realidad a la
que llamamos la España exterior, que es tan española, lógicamente,
como la del territorio nacional.
El Consejo General de la Emigración es el seno donde nuestros
compatriotas pueden exponer sus problemas, deseos y necesidades ante
las autoridades que también están integradas en este organismo y
debatirlos conjuntamente, tanto en las comisiones como en el pleno.
Los representantes de los emigrantes vienen a cada reunión con la
ilusión de poder llevarles y transmitirles respuestas positivas
concretas que les ayuden a solucionar sus inquietudes. Además, el
artículo 42 de nuestra Constitución, de la que recientemente hemos
celebrado su 20 aniversario, dice: El Estado velará especialmente por
la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los
trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia
su retorno.
Por todo ello, señor ministro, quiero preguntarle: ¿qué medidas tiene
previsto adoptar el Gobierno como consecuencia de los acuerdos de la
reunión del Consejo General de la Emigración?
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Camilleri.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero agradecer la sensibilidad de S.S. hacia los
emigrantes españoles, porque, si bien es cierto que hoy España es un
país, sobre todo, de inmigración, afortunadamente ha cambiado la
tendencia y hoy emigran las empresas españolas y no los trabajadores
españoles, no podemos olvidar que todavía hay más de dos millones de
españoles que están viviendo fuera de nuestras fronteras y que son
sujetos de pleno derecho al amparo de nuestra Constitución. Como sabe
S.S., se ha modificado la composición del Consejo General de la
Emigración y en este momento tienen más peso
que las administraciones, las organizaciones no gubernamentales,
sindicales y los propios emigrantes, que son el órgano consultivo de
la política de Estado que pretendemos llevar a cabo en materia de
emigración, y en ese contexto hemos atendido a las reivindicaciones
que se nos han planteado. La primera de ellas es que el crecimiento
de las pensiones asistenciales de los emigrantes esté muy por encima
del previsto para los residentes en España. En este sentido, puedo
decir con satisfacción que en los años 1996, 1997 y 1998 esas
pensiones han tenido un crecimiento del 8 por ciento y la previsión
de crecimiento para 1999, si las Cortes Generales aprueban los
presupuestos, está situada en el 10 por ciento.
En segundo lugar, tenemos que decir que hay también una gran
reivindicación en torno a los planes integrales de salud en
determinados países donde están los emigrantes españoles,
reivindicación muy vinculada a Hispanoamérica, no tanto en lo que son
ámbitos europeos. Por eso, me satisface decirle que, con respecto al
Plan integral de salud, en 1998 se ha puesto en marcha ya en Perú,
Uruguay, Chile y Méjico y que está previsto para finales de este
mismo año en Brasil, Costa Rica y Honduras, y hemos empezado las
gestiones en Argentina y en Venezuela. También los emigrantes
españoles nos solicitan una política con respecto a los centros de
día de atención a las personas mayores, y me satisface decirle que ya
en este momento están en funcionamiento en Buenos Aires, en Rosario y
en Montevideo, estando pendientes la apertura de esos centros de día
en Méjico D.F. y en Sao Paulo. Finalmente, habrá un bloque de medidas
de apoyo a las familias monoparentales, teniendo muy en cuenta los
deseos de retorno de muchas de ellas, y todo ello, señoría, como he
dicho, en el marco de una política de Estado que el Gobierno quiere
compartir con las comunidades autónomas, con las fuerzas políticas,
con las organizaciones no gubernamentales y, sobre todo, con los
emigrantes españoles.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA DOLORES CALDERÓN PÉREZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ
BALANCE HACE EL GOBIERNO DE LOS PRIMEROS MESES DE APLICACIÓN DEL PLAN
CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA? (Número de expediente 180/001520)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las preguntas que responderá, en
nombre del Gobierno, la ministra de Justicia, que comienzan con la
número 20, que formula doña María Dolores Calderón Pérez, diputada
del Grupo Popular.
Señora Calderón.
La señora CALDERÓN PÉREZ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, las continuas agresiones, tanto físicas como
psíquicas, que sufren muchas mujeres en España dentro del ámbito
doméstico, muchas de las cuales, por desgracia, terminan con víctimas
mortales, han despertado en los últimos tiempos una especial
sensibilidad en nuestra sociedad, de la cual no ha sido ajena la gran
participación que en este debate han tenido las asociaciones, los
organismos de igualdad, los partidos políticos y muy especialmente el
propio Gobierno al asumir este problema como prioritario, poniendo en
marcha un plan de acción para erradicar la violencia doméstica.
Señora ministra, como usted bien sabe, este problema no es nuevo en
este país. Ya en 1986, la Comisión de Derechos Humanos del Senado
creó la ponencia de investigación de malos tratos a mujeres, que
concluyó con un exhaustivo informe sobre el tema en 1989, informe que
por cierto durmió el sueño de los justos, puesto que no se tuvo en
cuenta para nada por el Gobierno de entonces, ya que no se adoptaron
medidas que atajaran la ya creciente violencia doméstica en aquellos
años.
Hemos perdido, pues, siete años, en los que no se tuvo en cuenta la
opinión de los colectivos ni de los expertos para intentar dar
solución a este grave problema; tuvimos que esperar la llegada al
Gobierno del Partido Popular para que, por primera vez, se asumiera
la gravedad de este tipo de violencia y se buscasen soluciones. Dos
años de intenso trabajo, que empezó con la visualización del problema
a través del tercer Plan de igualdad de oportunidades, con un área
específica de violencia, hasta llegar a la aprobación de un plan de
acción sobre violencia contra las mujeres en abril de este año.
Sabemos que aún ha transcurrido poco tiempo, ya que todavía se están
concretando algunas de las medidas del plan, como son las reformas
legislativas, pero al finalizar el año, señora ministra, nos gustaría
saber qué balance hace el Gobierno de los primeros meses de
aplicación del Plan contra la violencia doméstica.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Calderón.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor presidente.
Señoría, efectivamente, como S.S. ha recordado, el 30 de abril de
este año el Consejo de Ministros aprobó el Plan de acción contra la
violencia doméstica con una vigencia hasta el año 2000, y en el que
participan los Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales, Interior,
Sanidad, Educación y Cultura y Justicia.
El plan recoge en su totalidad 57 medidas para el período 1998-2000,
de las cuales al día de hoy se han puesto en marcha 43, lo que
significa el 77,4 por ciento
del total de las medidas previstas. Me gustaría destacar ante SS.SS.
el número de medidas realizadas, así como la calidad de las mismas.
Dentro del área de sensibilización y prevención, del total de las
actuaciones previstas están iniciadas o acabadas cinco de ellas,
destacando la campaña contra la violencia realizada en medios de
comunicación, la comunicación conjunta sobre violencia suscrita en
Madrid por los Estados miembros de la Unión Europea, así como el
convenio suscrito entre el Instituto de la Mujer y el Ministerio de
Educación y Cultura para la elaboración de materiales didácticos.
En el área de educación y formación, quiero destacar que se han
impartido 108 cursos a 5.000 profesionales de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, así como de los órganos judiciales.
En el área de recursos sociales: incremento del número de unidades de
atención a las víctimas; potenciación del servicio telefónico de
emergencia las 24 horas; puesta en funcionamiento de las oficinas a
las víctimas en órganos judiciales; edición de la guía de recursos y
centros de mujeres.
La evaluación que hace el Gobierno, señorías, es que efectivamente se
han puesto en marcha estas medidas, pero que aún es pronto y hay que
seguir trabajando para que sean efectivas para luchar contra la lacra
social que sigue suponiendo, aún al día de hoy, la violencia
doméstica, en especial contra las mujeres.
Muchas gracias, señoría.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ IGNACIO MARÍN IZQUIERDO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PUEDE
CONFIRMAR EL GOBIERNO QUE DURANTE EL AÑO 1999 ENTRARÁ EN
FUNCIONAMIENTO, CON TODA LA DOTACIÓN PERSONAL Y MATERIAL NECESARIA,
EL JUZGADO DE VIGILANCIA PENITENCIARIA CON SEDE EN LA CIUDAD DE
BURGOS? (Número de expediente 180/001524)
El señor PRESIDENTE: La número 24 corresponde a don José Ignacio
Marín Izquierdo, del Grupo Popular, que también será contestada por
la ministra de Justicia.
Señor Marín.
El señor MARÍN IZQUIERDO: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, como usted bien conoce, la Ley de Demarcación y
Planta de 1988 establecía la creación de dos juzgados de vigilancia
penitenciaria en Castilla y León, uno con sede en Valladolid,
actualmente en funcionamiento, y otro en la ciudad de Burgos, sede el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que, a pesar de los
años transcurridos, no ha sido puesto en funcionamiento por Gobierno
alguno desde 1988.
Hace ahora un año aproximadamente anunció la señora ministra en el
Senado no sólo la voluntad de poner en funcionamiento el juzgado de
vigilancia penitenciaria de Burgos, sino de aumentar con un juzgado
de vigilancia más la dotación que en este sentido tenía Castilla y
León establecida en la ley antes citada, siendo ya una realidad este
nuevo juzgado, atendiendo todo ello a la puesta en marcha de la nueva
Ley orgánica reguladora del procedimiento ante los juzgados de
vigilancia penitenciaria y a la entrada en funcionamiento de los
nuevos centros penitenciarios de Salamanca, Palencia y León.
Nos consta que éste es uno de los temas que preocupa a su
departamento, toda vez que los juzgados de vigilancia penitenciaria
son los encargados de dotar de protección a las personas reclusas
cuyos derechos no pueden ser conculcados. Incluso recientemente, los
medios de comunicación social se han hecho eco de la reclamación que
el Consejo General del Poder Judicial ha formulado al Ministerio de
Justicia sobre la puesta en funcionamiento del Juzgado de Vigilancia
Penitenciaria número 2 de Castilla y León, con sede en Burgos, con
motivo de la emisión del informe al proyecto de real decreto de
dotación y constitución de plazas de magistrados y juzgados,
correspondiente a la programación de 1999.
Por todo ello, me gustaría conocer, señora ministra, si puede
confirmar su departamento que durante el año 1999 será puesto en
funcionamiento, con toda su dotación material y personal, el juzgado
de vigilancia penitenciaria con sede en la ciudad de Burgos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Marín.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor presidente.
Señoría, efectivamente, desde el 21 de mayo del año 1993 está
pendiente la puesta en funcionamiento efectiva del juzgado de
vigilancia penitenciaria de Burgos. Puedo asegurar a S.S. ante esta
Cámara que a lo largo de la programación correspondiente al año
próximo entrará en funcionamiento este juzgado reclamado en las
instancias judiciales, así como desde el Consejo General del Poder
Judicial, como S.S. ha puesto de manifiesto.
Según las previsiones del Ministerio, el juzgado se ubicará en los
locales de la Plaza Rey San Fernando, 5, junto al juzgado unipersonal
de lo contencioso-administrativo, contando con una plantilla de dos
oficiales, cuatro auxiliares y dos agentes. Extenderá su jurisdicción
a las provincias de Burgos, Soria y Palencia, comprendiendo los
centros penitenciarios de estas provincias, siendo el mayor de ellos
el de Dueñas, en Palencia, con más de 1.000 reclusos.
Entendemos que el retraso en la puesta en funcionamiento de este
juzgado ha sido debido tanto a informes anteriores del Consejo
General del Poder Judicial como
a su creación y no puesta en funcionamiento en el año 1993, práctica
con la que el Ministerio de Justicia ha querido desterrar de la
política del departamento y por fin este juzgado entrará en
funcionamiento en las fechas que he dicho a S.S.
Muchas gracias, señoría; gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra de Justicia.
- DEL DIPUTADO DON JULIÁN FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE SANIDAD
Y CONSUMO: ¿SEÑOR MINISTRO, CONSIDERA USTED JUSTO QUE PUEDA SER
DESALOJADO UN PASAJERO DE UN MEDIO DE TRANSPORTE, PARA QUE SU PLAZA
SEA OCUPADA POR USTED O PERSONAS DE SU SÉQUITO? (Número de expediente
180/001503)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las preguntas que responderá, en
nombre del Gobierno, su portavoz y ministro de Industria y Energía,
comenzando por la número 3, que formula don Julián Fernández Sánchez,
diputado del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Señor Piqué, viajar en avión se ha
convertido en una aventura incómoda y desagradable por el mal
funcionamiento que ustedes han impuesto en el tráfico aéreo y en las
instalaciones aeroportuarias, y también por el mal uso que los cargos
públicos del Partido Popular hacen de este medio.
Señor ministro, ¿considera usted justo que pueda ser desalojado un
pasajero de un medio de transporte para que su plaza sea ocupada por
un ministro o persona de su séquito?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA (Piqué i Camps): Muchas
gracias, señor presidente.
Coincido con usted en que no sería justo, pero no ha sucedido.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Señor ministro, lo primero que me
sorprende es que el causante de este hecho, que es el señor Romay
Beccaría, no esté compareciendo hoy aquí para responder sobre sus
actos y se escude en otro ministro para no dar él la cara. No
obstante, tengo que decirle que para que el señor Romay Beccaría
pudiera irse el día 6 de noviembre a pasar el
fin de semana a su casa, en el vuelo de A Coruña de las 16,15, Iberia
echó a una pasajera y cambió a otros dos pasajeros de su plaza,
situándolos en los transportines de las azafatas; dos irregularidades
cometidas en el mismo vuelo por la dirección de Iberia para acomodar
al ministro del Partido Popular y a sus acompañantes.
El señor Romay Beccaría ante los medios de comunicación ha mentido a
los ciudadanos y mentirá hoy usted en este Parlamento si trata de
justificarse diciendo que no tiene nada que ver con este asunto y que
las cosas han sucedido de otra manera. Se sabe que sin la llamada de
protocolo para acomodar al ministro y su séquito jamás se hubiesen
desplazado estos tres pasajeros del vuelo 5.126 de Iberia. Nos
tememos que esta sea una práctica habitual del gabinete Aznar en un
claro abuso de poder, allanando los derechos de los ciudadanos que
están totalmente indefensos ante los continuos abusos a que son
sometidos en los aeropuertos españoles.
El señor Romay Beccaría ha afirmado en los medios de comunicación que
a las 15,15 se encontraba en Barajas ese día para coger el vuelo a A
Coruña, cuya hora de embarque estaba prevista a las 15,40. ¿Cómo es
posible que estuviera en Barajas si a las 15,15 todavía continuaba el
Consejo de Ministros? Da la impresión de que, o el ministro miente o
hizo novillos en este Consejo de Ministros.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández.
Señor ministro portavoz.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO
(Piqué i Camps): Muchas gracias, señor presidente.
Del planteamiento de su pregunta tengo una cierta sensación de
inutilidad de mi respuesta, porque, antes de escucharme, usted ya
presupone que voy a mentir. Ésa no es una buena manera de aproximarse
a lo que significa la sesión de control al Gobierno, que sirve para
que el Gobierno se explique y dé las razones. Por favor, diga usted,
después de mi respuesta, si estoy mintiendo o no, pero no lo diga
antes, porque usted mismo se desacredita. (Rumores y protestas.) De
la misma manera que se desacredita cuando dice que el Consejo de
Ministros duró hasta las tres y cuarto. Le aseguro que no, porque yo
estaba. Por lo tanto, lo que sí puedo decirle, y que conste en el
'Diario de Sesiones', es que usted acaba de mentir en la formulación
de su pregunta. Pero voy a explicarme. (El señor vicepresidente,
Marcet i Morera, ocupa la Presidencia.)
Lo que sucedió, y se lo acepto, porque usted se equivoca... No se
ría, no se ría y escuche, por favor. (Rumores y protestas) No se ría.
Escuche, porque, si no, la sesión de control... (Protestas. El señor
Castellano Cardalliaguet: ¡El respeto a los diputados!) Señor
presidente...
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señorías, silencio, por
favor. (Rumores.) Señorías, guarden silencio.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO
(Piqué i Camps): Si no, la sesión de control no sirve para nada.
(Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Un momento, señor
ministro. Entiendo que el señor ministro utilizaba el: escúcheme en
sentido retórico, no intentando suplantar al presidente, que es quien
debe poner orden. ( (Rumores.- El señor Castellano Cardalliaguet:
¿Dónde está el respeto a los diputados?) Señor Castellano, guarde
silencio. Continúe, señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO
(Piqué i Camps): La democracia consiste en escuchar y respetar la
opinión de todo el mundo (Rumores.) y consiste en aceptar que se
pueden producir errores. Yo le iba a decir, con toda tranquilidad,
que en este caso se ha producido un error de coordinación. Usted
comete errores, estoy seguro; yo cometo errores todos los días, estoy
convencido, pero lo que procuro siempre es intentar hacer las cosas
bien y, cuando me equivoco, rectificar. En este caso, le pido a usted
que rectifique porque no se puede equiparar un error de coordinación
con una actitud arbitraria o discriminatoria, porque lo que sucedió
fue exactamente lo que voy a decir.
Había seis personas en la sala de autoridades, cuatro
correspondientes al séquito del ministro y dos más que estaban desde
mucho tiempo antes en la sala de autoridades, y estaban reservadas
las plazas de acuerdo con el procedimiento habitual. Había una serie
de personas en lista de espera, entre ellas aquellas a las que usted
hace referencia; se produjo ese error de comunicación. Desde la
puerta de embarque se hizo la llamada por su apellido a las seis
personas que estaban en la sala de autoridades. Y el apellido de una
de ellas coincidía con el de otra que estaba en lista de espera. Se
presenta, la hacen pasar y cuando llegan las seis personas desde la
sala de autoridades, hay un sitio que está ocupado; muy bien. Se
repara el error, que es lamentable. Esa persona voló en un avión que
salía al cabo de 30 minutos. Fue un error, lo lamento muchísimo; pido
disculpas a todos los afectados, pero no hagamos más historias de
algo que es absolutamente normal en la vida cotidiana.
Muchísimas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
ministro.
- DEL DIPUTADO DON RICARDO FERNANDO PERALTA ORTEGA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿QUÉ JUSTIFICACIÓN DA EL GOBIERNO A LA SUBVENCIÓN ECONÓMICA CONCEDIDA
A QUIEN FUE COLABORADOR DE DON JOSÉ MARÍA AZAR EN EL GOBIERNO
AUTONÓMICO DE CASTILLA Y LEÓN Y CONDENADO POR PREVARICACIÓN A RAÍZ DE
ACTUACIONES LLEVADAS A CABO CON MOTIVO DE ESA COLABORACIÓN? (Número
de expediente 180/001504).
El señor VICEPRESIDENTE (Marte i Morara): Pregunta de don Ricardo
Peralta Ortega, del Grupo Parlamentario Mixto.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¿qué justificación da el Gobierno a la subvención
económica concedida a quien fue colaborador de don José María Aznar
en el Gobierno autonómico de Castilla y León y condenado por
prevaricación a raíz de actuaciones llevadas a cabo con motivo de esa
colaboración?
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Peralta.
Tiene la palabra el señor ministro de Industria.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO
(Piqué i Camps): Estoy dispuesto a escuchar la misma pregunta cuantas
veces sea necesarioi y contestaré de la misma forma. Se le ha
concedido una subvención porque cumplía con los requisitos legales.
Muchísimas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias señor
ministro.
Tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, me gustaría que usted también escuchara a la
oposición. El señor Pérez Villar hace la solicitud de subvención.
Durante meses esa solicitud permanece archivada porque, tal como
afirma la directora general, corresponde a un proyecto que no se
puede subvencionar. Criterio que, por cierto, se ha aplicado a todos
los demás proyectos similares, con la excepción del del señor Pérez
Villar. ¿Cómo se explica esto?
Dice usted reiteradamente, señor ministro, que la justificación es el
cumplimiento de la ley. Eso no es verdad, señor ministro, ni en el
fondo ni en la forma; en la forma porque la resolución de 25 de mayo
de 1998, que concede la subvención, hace referencia a una orden de 16
de febrero de 1996 ya derogada. Pero lo más grave es que en el fondo
tampoco es verdad. No se ha respetado la norma por parte del
Ministerio de Industria y Energía porque, si no, ¿cómo se explica que
a todos los demás proyectos no se les haya concedido la subvención?
¿Cómo se explica eso? ¿Qué justificación
hay? La única justificación, señor Piqué, nos la ha dado en una
entrevista, este pasado fin de semana, el señor Aznar cuando ha
dicho: nunca dejaré en la cuneta a nadie que haya trabajado conmigo.
Nos parece un criterio razonable, pero lo que no nos lo parece tanto
es que para no dejarle en la cuneta se le construya una pista o,
mejor, una autopista, a tenor de lo rápido que va el señor Pérez
Villar, y además que el peaje lo paguemos todos los ciudadanos de
este país. Eso no sólo no es razonable sino que es inaceptable en un
Estado de derecho.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Peralta.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO
(Piqué i Camps): Gracias, señor presidente.
En febrero de 1996 se publicó una orden de concesión de subvenciones
a proyectos relacionados con la reactivación de las comarcas mineras.
Era una orden que contenía unos criterios yo diría que muy amplios
-es verdad que la problemática del empleo en las comarcas mineras es
muy seria- y que permitió en su momento que se dieran concesiones a
proyectos que no tenían ningún tipo de contenido industrial. Cuando
entra el nuevo Gobierno empieza a corregir esos criterios y los hace
mucho más restrictivos, y entre ellos se elimina lo que se hacía
anteriormente, que era dar subvenciones a piscinas cubiertas o, por
ejemplo, a bares y restaurantes y también a concesionarios de
automóviles. Eso es lo que dejamos de hacer, y, por eso, la directora
general de Minas dice lo que dice. Lo que se hace es, como sucede en
el procedimiento habitual, y con una nueva orden que es verdad que
derogó ésa, porque era excesivamente laxa, fijar exactamente los
criterios estrictamente industriales y pedirle a una consultora que
diga qué parte de la inversión es subvencionable o no. Y esa
consultora -por cierto, nombrada desde hace muchos años- (La señora
López i Chamosa: También es culpa nuestra.) dijo que la inversión
subvencionable ascendía a casi 300 millones de pesetas y que, por
tanto, la subvención que le correspondía al proyecto detrás del cual
está el señor Pérez Villar era de casi 100 millones de pesetas. Pues
bien, aplicamos criterios todavía más restrictivos y no se
subvencionó a un concesionario de automóviles, sino a un taller
dotado de un proyecto industrial, que emplea a más de 30 personas y
que tiene una inversión subvencionable mucho menor, que asciende a
cuarenta y pico millones de pesetas. Todo cumple con todos los
requisitos y además se es mucho más restrictivo que anteriormente.
Y yo le quiero preguntar, porque además se pidió un informe a la
asesoría jurídica: cuando se cumplen todos los requisitos para dar
una subvención, ¿no se debe dar en función de la personalidad que la
pide, cuando no hay ningún obstáculo legal para que la pueda recibir?
¿Es eso lo que ustedes quieren? Porque exactamente
hacer eso sería precisamente prevaricar, y desde luego este Gobierno
no lo va a hacer nunca.
Muchísimas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
ministro.
- DEL DIPUTADO DON LUIS ALBERTO AGUIRIANO FORNIÉS, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CÓMO PIENSA
SOLUCIONAR EL GOBIERNO LA GRAVE SITUACIÓN FINANCIERA DE RTVE? (Número
de expediente 180/001506)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pregunta número 6, que
formula don Luis Alberto Aguiriano Forniés, del Grupo Socialista.
El señor AGUIRIANO FORNIÉS: Gracias, señor presidente.
Cuando la época de Jordi García-Candau, cuando la deuda de Televisión
Española apenas llegaba a los 200.000 millones, el actual ministro de
Trabajo anunció en los medios de comunicación que Televisión Española
estaba en quiebra. Yo comprendo que el ministro de Trabajo, como
venía de letras y en esto de los números siempre se equivoca, hablase
de 500.000 millones cuando todavía no llegaba a 200.000. Ustedes
tienen el dudoso mérito de haber conseguido multiplicar por tres
aquel agujero en apenas dos años. ¿Tienen alguna solución para la
crisis financiera de Radiotelevisión Española que no sea la
privatización?
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Aguiriano.
Señor ministro portavoz.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO
(Piqué i Camps): Gracias, señor presidente.
El Gobierno ha reiterado en muchas ocasiones, y yo lo acabo de decir
muy recientemente, que la solución del problema financiero de
Radiotelevisión Española tiene que ser, si es posible, consensuada y,
por tanto, negociada previamente con todas las partes interesadas y,
en particular, con el conjunto de las fuerzas políticas; hago este
llamamiento, por tanto, al principal partido de la oposición. Lo he
hecho yo, lo ha hecho el nuevo director general de Radiotelevisión
Española, lo ha hecho el propio presidente del Gobierno. Es en ese
contexto en el que se debe solucionar el tema de la financiación,
pero no centremos su solución en la deuda. Ella es la consecuencia de
un modelo de explotación, de un modelo de funcionamiento que se debe
corregir, pero no es la causa.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor ministro.
Señor Aguiriano.
El señor AGUIRIANO FORNIÉS: Gracias, señor ministro. ¿Sabe cuál es el
problema? Que ustedes no tienen credibilidad. Usted hasta ahora no me
ha hablado de privatización y cuando hablan de privatización siempre
lo niegan. Yo estoy seguro de que ya saben a quien van a regalar
Radiotelevisión Española como hicieron con Antena 3, exactamente
igual. Usted, el presidente del Gobierno y todo el Gobierno tienen un
mérito, por decirlo de alguna manera, y es que dicen una cosa y hacen
exactamente todo lo contrario. Se le llena la boca de hablar de una
televisión objetiva, imparcial y al servicio de todos los ciudadanos,
y luego resulta que Televisión Española es el reino de la
manipulación. Si usted ve los telediarios, son lo más parecido al No-
Do, exactamente lo más parecido al No-Do. Usted comprenderá que
aguantar más de tres No-Do al día es demasiado para los ciudadanos
españoles. Comprendo que al presidente del Gobierno le encante
porque, seguramente, le trae viejos recuerdos familiares, pero al
resto de los españoles no.
Usted habla de consenso y de acuerdo con las fuerzas políticas, pero
da la casualidad de que el problema de la manipulación no es un
problema de director general; no es un problema de Mónica Ridruejo ni
era un problema de López-Amor ni seguramente será un problema de Pío
Cabanillas; el problema es del presidente del Gobierno y de usted que
son los que les dan las órdenes. Resulta que el presidente del
Gobierno le ha dicho al señor Cabanillas: todo el consenso que haga
falta, todo el acuerdo que haga falta, menos los telediarios que son
intocables. Seguiremos recibiendo el No-Do. Si ustedes creen que
vamos a hacer consenso con el No-Do, están absolutamente equivocados.
Hacen falta hechos y no palabras. Ustedes ofrecen palabras
magníficas; hechos, ninguno. Control y manipulación de los
informativos y, encima, quieren No-Do. Mientras no haya hechos, no
creeremos absolutamente nada. Sus palabras las lleva el viento, no
tienen el más mínimo valor. Siguen manipulando Televisión Española
como en los mejores tiempos del régimen anterior.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Aguiriano.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA (Piqué i Camps): Muchas
gracias, señor presidente.
Yo pensaba que iba a contestar algo sobre la financiación de
Radiotelevisión Española. Veo que usted quiere hablar de otra cosa y
estoy también dispuesto a hablar de eso, de la manipulación.
(Rumores.- El señor Aguiriano Forniés: Menos palabras y más hechos.)
Sí, sí, de la manipulación que ha habido; estoy dispuesto a hablar
también de eso.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Aguiriano.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA (Piqué i Camps): Insisto, yo
creía que venía aquí a hablar de la financiación, de los problemas de
explotación de Radiotelevisión Española, de un nuevo modelo que
tenemos que construir entre todos, que seguramente deberíamos haber
construido hace muchísimos años, incluso en años en los que el Grupo
Socialista tenía mayoría absoluta. El origen del problema actual de
Televisión Española -se lo recuerdo- es que, a partir de 1989,
existen televisiones privadas y no se tocó para nada la estructura de
Radiotelevisión Española cuando había sido un monopolio hasta aquel
momento No nos vamos a repartir responsabilidades. De verdad, yo no
quiero seguir por ese camino. Hablemos e intentemos encontrar
soluciones entre todos.
Muchísimas gracias. (Rumores.- Varios señores diputados: ¡Hechos!)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
ministro.
- DEL DIPUTADO D. JUAN PEDRO HERNÁNDEZ MOLTÓ, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ VALORACIÓN TIENE EL
GOBIERNO SOBRE LAS ACTUACIONES DE LA COMISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO
NACIONAL? (Número de expediente 180/001507)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pregunta número 7, que
formula don Juan Pedro Hernández Moltó, del Grupo Socialista.
El señor HERNÁNDEZ MOLTÓ: Señor presidente, esta pregunta es para el
señor Piqué en su condición de ministro de Industria, no de lo otro.
¿Qué valoración tiene el Gobierno sobre las actuaciones de la
Comisión del Sistema Eléctrico Nacional?
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Hernández
Moltó.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA (Piqué i Camps): En general
y con las normales discrepancias, correcta.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
ministro.
Señor Hernández Moltó.
El señor HERNÁNDEZ MOLTÓ: Es una curiosa interpretación o manera de
ver las cosas de lo que le voy a contar ahora, señor Piqué. Espero
que sea más sincero contestando a partir de ahora, y no como lo ha
hecho.
El día 11 de noviembre en el Senado el señor Piqué hablaba de la
siguiente manera de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico. En
relación con un tipo de
comportamiento venía a manifestar la buena independencia que
demuestra la mencionada Comisión. Esta buena independencia coincidía
con los criterios que el señor Piqué mantenía en ese momento relativa
a la liberalización. A partir de ese momento, la Comisión, creyendo
que de verdad el Gobierno consiente que alguien pueda ser
independiente y autónomo, ejerció esa condición haciendo un informe
-que, por otro lado, en cualquier otro país del mundo, hubiera
llevado a la dimisión del ministro de Industria de turno- en el que
manifestaba las casi ilegalidades que el ministro había llevado al
Consejo de Ministros y éste pretende introducir en el Senado con las
llamadas titulizaciones, es decir, las subvenciones de un billón de
pesetas que el Gobierno concede a las compañías eléctricas. Esa
manera del señor ministro de interpretar la independencia,
calificándola de política, con ese sentido rancio y casi insultante
con el que el señor tecnócrata ministro suele denominar las acciones
políticas, le llevó a arremeter contra la Comisión en titulares
dignos de mejor causa y que merecen un portavoz con un temple
distinto del que demostró entonces y ha mostrado hoy. Calificó a la
Comisión de demagógica, poca rigurosa y política, como si el concepto
de político para un ministro fuera insultante.
Señor ministro, permítame que, después de todas estas cuestiones, no
coincida con su manera de entender la independencia y le haga una
seria crítica a esas reacciones de soberbia del ministro -a las que,
por otra parte, nos tiene acostumbrados- que entiende la
independencia y la autonomía de los órganos en el sentido absoluto
del embudo: con quién no coincide con él tiene ese comportamiento
autoritario.(Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Su tiempo ha concluido,
señor Hernández Moltó.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA (Piqué i Camps): Muchísimas
gracias, señor presidente.
Me voy a reiterar en lo que he dicho, la Comisión del Sistema
Eléctrico tiene encomendadas muchas funciones, muchas y desde luego
algunas de ellas las realiza con especial diligencia, por ejemplo me
refiero al nuevo sistema de liquidación -es muy complejo para las
sociedades de transporte y distribución de la energía eléctrica-, las
funciones de propuestas, las funciones de informes.
Hay que decir que en el mal llamado caso de la titulización, porque
de lo que deberíamos hablar todos es de lo que se está haciendo para
acelerar la liberalización del sector eléctrico, el informe de la
Comisión del Sistema Eléctrico no era preceptivo; a pesar de eso lo
hemos pedido, como es natural. Después de su lectura tengo que
reiterarlo aquí, a lo mejor porque la propia Comisión titula su
informe explícitamente (sic), literalmente, de informe precipitado
sobre la liberalización. Es un informe precipitado habida cuenta de
que disponía de la información desde el mes de septiembre; en
cualquier caso ella misma autocalifica el informe de precipitado y
utiliza determinadas terminologías que yo también puedo pensar que
ponen en cuestión no ya la independencia, que la doy por garantizada,
sino la neutralidad de la Comisión y de algunos de sus miembros
frente al sector que tiene que regular; cuando se utilizan
expresiones del tipo de trucos contables, trampas, todos podemos
poner en duda también la necesaria transparencia y neutralidad de esa
Comisión. A partir de ahí, cuando se utilizan erróneamente conceptos
tales como confundir la afectación de un porcentaje de la tarifa por
un impuesto, por un recargo, tengo también el derecho de poder decir
que eso no me parece suficientemente riguroso. De la misma manera que
yo estoy absolutamente dispuesto a defender la independencia de la
Comisión, le ruego que también usted acepte la libertad de expresión
del ministro cuando opina sobre un tema que es de su competencia.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
ministro.
- DEL DIPUTADO DON JULIO ÁLVAREZ GÓMEZ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CONSIDERA ACORDE CON EL ESPÍRITU
CONSTITUCIONAL QUE DESDE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS SE CONVOQUEN
ACTOS EN MEMORIA DEL ANTERIOR JEFE DEL ESTADO? (Número de expediente
180/001512.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pregunta número 12 que
formula don Julio Álvarez Gómez del Grupo Socialista.
Señor Álvarez.
El señor ÁLVAREZ GÓMEZ: Gracias, señor presidente.
¿Considera acorde con el espíritu constitucional que desde las
instituciones públicas se convoquen actos en memoria del anterior
jefe del Estado?
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Álvarez.
Señor ministro para las Administraciones Públicas.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Rajoy Brey): Sigue el
misterio, no sé a qué responde esta pregunta, pero lo único que se me
ocurre decirle es que yo no lo haría, pero no se me ocurre otra cosa.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor ministro.
Señor Álvarez.
El señor ÁLVAREZ GÓMEZ: Señor ministro, déjeme que se lo diga de otra
forma expresando con una valoración
más profunda las razones que avalan esta pregunta.
El Gobierno, señor ministro, con su acción política crea un clima en
el que es fácil entender que se sigan realizando actos de corte
totalitario, promovidos desde instituciones gobernadas por el Partido
Popular; se lo voy a argumentar. En una esquela publicada en diversos
medios de comunicación el pasado 20 de noviembre, el alcalde de
Beade, de la provincia de Ourense, expresando su condición
institucional, invitó a la asistencia a un funeral por Francisco
Franco y por todos los caídos. La violencia, señor ministro, o actos
que recuerdan o simbolizan sus manifestaciones es preciso aislarla,
condenarla y disolverla aplicando prácticas y principios
constitucionales. En demasiadas ocasiones se nos presentan brotes,
como el ocurrido ayer en las inmediaciones de un campo de fútbol
madrileño, que están presentes en la vida cotidiana y a ello es
preciso oponerse radicalmente.Contra lo que pudiera parecer
inicialmente ambos actos de naturaleza diferente tienen algunos
elementos comunes que explican, por ejemplo, que se mantenga esa
nostalgia de la dictadura 23 años más tarde de la muerte del general.
Señor ministro, si el Gobierno del Estado y todas las instituciones
hacen una defensa firme de la Constitución y de los principios
constitucionales, hechos de esta naturaleza tenderían a desaparecer,
pero en muchas partes del territorio nacional queda mucho camino por
recorrer. En Galicia es la expresión más patente de un importante
déficit democrático que alcanza incluso al reglamento de la propia
institución parlamentaria y tiene su continuidad en actos emanados
del Gobierno del Estado.
Señor ministro, ¿que autoridad política puede tener el Gobierno en
relación con el citado funeral, si es el presidente del Partido
Popular en Ourense y senador, señor Baltar, quien exige públicamente
al subdelegado del Gobierno, a través de los medios de comunicación,
un informe sobre una manifestación celebrada en Ourense? ¿Qué lección
democrática puede dar el Gobierno a dicho alcalde si el mismo
senador, también presidente de la diputación provincial...
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Álvarez, ha
terminado su tiempo.
El señor ALVAREZ GÓMEZ: Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor ministro. (Pausa.)
Dele al botoncito, señor ministro. (Risas.)
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Rajoy Brey): Le estoy
dando, señor presidente, pero tampoco tengo grandes cosas que decir,
porque, el diputado habla de lo del Atlético de Madrid, ahora me he
enterado de las esquelas que publican los
alcaldes... Yo no soy responsable. Sólo puedo decir una cosa y se la
voy a decir en serio: yo intento ser demócrata y ajustar mi actuación
a los mandatos constitucionales. Pero discursos de la entidad del que
usted ha pronunciado aquí quizá o es razonable hacerlos en un mitin,
en una campaña electoral o en otro sitio, pero me parece
absolutamente fuera de lugar que haga usted este discurso acusando al
Gobierno de no se sabe qué y utilizando una serie de argumentos que
no se sabe bien a qué vienen.
Mire usted, sintiéndolo mucho, no puedo responderle, no tengo nada
que decirle. Pero, en fin, por lo menos intento ser tan demócrata
como usted. No se me ocurre decirle otra cosa, lo siento mucho.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
ministro.
- DEL DIPUTADO DON TEÓFILO DE LUIS RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ MEDIDAS ESTÁ
DESARROLLANDO EL GOBIERNO A EFECTOS DE GARANTIZAR LA CONVENIENTE
POBLACIÓN DEL LINCE IBÉRICO EN NUESTRO PAÍS? (Número de expediente
180/001521)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pregunta número 21, que
formula don Teófilo de Luis Rodríguez, del Grupo Parlamentario
Popular.
Tiene la palabra.
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, en las últimas fechas hemos tenido conocimiento a
través de los medios de comunicación de la muerte de algún ejemplar
de lince ibérico en el entorno de Doñana, según parece por contagio
de tuberculosis. Naturalmente, esta situación aumenta la preocupación
que tenemos mi grupo y yo en relación con la especie del lince
ibérico por cuanto que en los últimos años ha disminuido muy
notablemente en España. Parece ser que hay determinados factores que
influyen negativamente en el desarrollo de la especie, como son
modificaciones en torno a su hábitat -la agricultura le perjudica-;
también incide negativamente en el desarrollo de este animal su dieta
alimenticia y, por otra parte, parece que un factor determinante es
el aislamiento de las poblaciones que da lugar a especímenes más
débiles de lo conveniente y que resisten mal determinadas
contingencias.
Señora ministra, somos conscientes del esfuerzo que usted desarrolla
para preservar el medio natural y transmitirlo en las mejores
condiciones posibles a las generaciones futuras. Creo que como
muestra podríamos señalar la importante labor legislativa que usted
ha impulsado en esta Cámara, naturalmente el incremento
de créditos que en 1999 tendrá el Ministerio de Medio Ambiente para
obras de infraestructura hidráulica y para calidad de aguas y, por
supuesto, también el llamamiento que usted hace de forma continuada a
la sociedad civil para que colabore para conseguir los objetivos que
el departamento tiene establecidos, ya que si la sociedad no colabora
difícilmente se podrán lograr. Sin embargo, estoy seguro de que usted
está de acuerdo conmigo en que la noticia a la que he hecho
referencia al inicio de mi intervención eleva la preocupación de
cualquier ciudadano interesado por estos asuntos. Por ello, espero
con muchísimo interés la respuesta que va a dar a la pregunta que
figura en el orden del día del Pleno y que pretende conocer las
medidas que el Gobierno ha adoptado para garantizar la conveniente
población de lince ibérico en nuestro país.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor de
Luis.
Tiene la palabra la señora ministra de Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Señor
presidente, señoría, en efecto comparto que el lince ibérico es una
de las especies carnívoras más amenazadas del mundo y que por eso ha
pasado ya, desde el año 1990, a formar parte del catálogo nacional de
especies amenazadas, concretamente con la categoría: en peligro de
extinción. Tiene razón S.S. en que no son muchos, lamentablemente,
los ejemplares que quedan de esta especie, no llegan a 600 en este
momento en España, y con algunos problemas graves, como son, por
ejemplo, algunos que mencionaba su señoría: la fragmentación de sus
áreas de distribución, lo que hace que sea difícil el acercamiento;
el progresivo aislamiento hace, como apuntaba S.S., que el
intercambio de ejemplares sea cada vez más difícil, lo que conlleva
una pérdida en la variabilidad genética.Por otra parte, existen menos
presas básicas, como el conejo, del que se alimentan los linces, e
incluso se han dado varios casos de mortalidad directa debido a
atropellos, en alguna ocasión a disparos, a la existencia de cepos y
de lazos, lo que es un panorama poco halagüeño para la conservación
de esta especie. Por esa razón, y apoyando los planes de recuperación
que tienen que poner en marcha las diferentes comunidades autónomas,
el Ministerio de Medio Ambiente ha promovido una serie de actuaciones
concretas, como es, por ejemplo, la elaboración del proyecto Life,
que obtuvo financiación de la Unión Europea y en el que participan no
solamente el Ministerio de Medio Ambiente y las comunidades
autónomas, sino también el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. Por otra parte, el Comité de Flora y Fauna Silvestres
y la Comisión Nacional de la Protección de la Naturaleza crearon un
grupo de trabajo específico que atiende las actividades a realizar
para la conservación del lince; se desarrolló un taller de análisis
de la viabilidad de la población y del hábitat para el lince ibérico
en el parque nacional
de Cabañeros, con participación de dos grupos internacionales muy
importantes de investigación en áreas de recuperación y conservación
del lince; hemos elaborado un vídeo titulado El lince ibérico en
1997, donde no solamente se habla de algunos secretos de la vida y
del comportamiento de esta especie única, sino también se reflexiona
sobre problemas y se apuntan posibles soluciones. Tenemos en el
parque nacional de Doñana unas instalaciones calificadas como
modélicas, donde se intenta poner en marcha la cría en cautividad del
lince ibérico. Y, como conclusiones del seminario al que he aludido,
en el parque nacional de Cabañeros se ha elaborado un borrador de
criterios orientadores para que todos los programas de recuperación
tengan esta coordinación de los criterios generales.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora ministra.
- DE DON ALFREDO PÉREZ RUBALCABA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO,
QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿SE HA DECIDIDO POR FIN EL GOBIERNO A TOMAR
ALGUNA INICIATIVA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA MOCIÓN APROBADA EL 28 DE
SEPTIEMBRE POR EL PLENO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA LA
AMPLIACIÓN DE LA TARIFA PLANA A LOS USUARIOS DE INTERNET? (Número de
expediente 180/001513.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pregunta número 13, que
formula don Alfredo Pérez Rubalcaba, del Grupo Socialista.
Señor Pérez Rubalcaba.
El señor PÉREZ RUBALCABA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¿se ha decido por el fin Gobierno a tomar alguna
iniciativa para dar cumplimiento a la moción aprobada por el Pleno
del Congreso para la ampliación de la tarifa plana a los usuarios de
Internet?
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Pérez
Rubalcaba.
Señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Su señoría
sabe muy bien que se está negociando con Telefónica y con las
asociaciones de usuarios de Internet para encontrar el mejor camino
para el cumplimiento de ese objetivo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
ministro.
Señor Alfredo Pérez Rubalcaba.
El señor PÉREZ RUBALCABA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, desde la última vez que le pregunté por este tema
aquí el Parlamento ha vuelto a aprobar una moción de Convergència i
Unió, con el apoyo de su grupo parlamentario. Por tanto, ya son dos
las resoluciones que está usted incumpliendo. Usted me contestó aquí
hace tres semanas en relación con este tema y me dijo una parte de la
verdad, que usted sabe, señor ministro, que suele ser la peor de las
mentiras. Me habló de tarifa plana para pymes, y me ocultó que son
16.000 pesetas al mes, fuera del alcance de muchas pequeñas y
medianas empresas en España; me habló de tarifa plana en las
escuelas, sin aclararnosque era hasta dentro de unos pocos meses, y
no se sabe qué va a pasar después; me dijo, en fin, que era imposible
poner la tarifa plana para los usuarios residenciales y me argumentó
con un informe que recoge punto por punto los motivos de Telefónica,
que contradicen informes de entidades tan serias como la FCC
americana, que sistemáticamente les dice a las operadoras americanas
que sí se puede aplicar la tarifa plana. Ha bastado un anuncio de
huelga para que usted reconozca que no todo era tan bonito como nos
lo dijo aquí hace 15 días, que había muchas cosas por hacer y usted
se sienta a negociar con los usuarios de Internet. Bienvenida la
negociación, ojalá tengan más éxito que este Parlamento al exigirle
las resoluciones que aquí hemos aprobado por unanimidad. Pero
nosotros, señor ministro, no nos damos por satisfechos. Dado que
usted arrastra sistemáticamente los pies, voy a dar un paso más
respecto a hace tres semanas y le voy a poner un plazo, que me parece
que es razonable: si el 31 de enero usted no ha resuelto el problema,
señor ministro, aquí traeremos una moción para pedir su reprobación.
Muchas gracias, señor ministro.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Pérez Rubalcaba.
Señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señoría,
usted es el autor de la moción aprobada por este Parlamento, y en esa
moción S.S. no puso ningún plazo. Por una vez en la vida actuó S.S.
con sentido común, porque se trata, como sabe S.S., de hacer una
negociación con Telefónica y con los usuarios de Internet. Sabiendo
que una negociación, señoría -usted y yo durante muchísimos años
hemos negociado mucho-, lleva mucho tiempo -ahí está, sin ir más
lejos, la del Tribunal Constitucional-, usted no puede venir aquí a
las seis semanas de aprobarse la moción para exigir su cumplimiento y
dos semanas más tarde, a las ocho semanas, para volver a exigirlo,
porque eso, señoría, es simplemente rayar en el ridículo. Usted
comprenderá que no vivimos en un país como para andar
autoritariamente imponiendo tarifas a nadie. Este es un problema
técnicamente complejo, lo sabe S.S. y no es conveniente que continúe
usted haciendo
demagogia porque no podemos imponer unas tarifas planas de Internet
en favor de los usuarios residenciales poniendo en riesgo el colapso
de la red de telefonía local de Telefónica. Usted sabe que eso es
cierto y la prueba es que ningún país de la Unión Europea tiene la
tarifa plana.
Señoría, yo no he dicho aquí medias verdades. Lo que pasa es que en
el tiempo limitado en la contestación da tiempo a decir lo que da
tiempo. Hay tarifa plana. El que sea alta, señoría, no desvirtúa el
concepto. Hay tarifa plana a través de la red digital de servicios
integrales. Porque usted no quiere sólo tarifa plana, quiere que
además sea muy baja. Depende, porque estamos hablando de una empresa
privada. De momento hay tarifa plana en la red digital de servicios
integrales para las pymes -16.000 pesetas mensuales- y eso, señorías,
es una tarifa plana. Hay gratuidad a través de la red Iris que
gestiona el Consejo Superior de Investigaciones Cientifícas para las
universidades y para los centros sanitarios de asistencia primaria, y
hay un convenio que gestiona el Ministerio de Educación para dar
acceso gratuito a Internet a los centros educativos no solamente
hasta el año que viene, sino después también, señoría. Por tanto, en
los tres ámbitos a que se refiere la moción se ha introducido
mecanismo de gratuidad de tarifa plana de manera, si quiere usted,
todavía incompleta e imperfecta porque estamos en un proceso.
Queda el tema de los usuarios residenciales. Yo le pido a S.S. que no
haga demagogia.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor ministro, su tiempo
ha concluido.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Gracias,
señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias.
- DEL DIPUTADO DON FRANCISCO ARNAU NAVARRO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿APOYA EL MINISTERIO DE FOMENTO LA
CONSTRUCCIÓN DE UN AEROPUERTO EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN? (Número
de expediente 180/001514)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pregunta número 14, que
formula don Francisco Arnau Navarro, del Grupo Socialista.
Señor Arnau.
El señor ARNAU NAVARRO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro de Fomento, nos consta que usted conoce, como es
lógico, el proyecto del aeropuerto de Castellón, sometido actualmente
a información pública. El aeropuerto, ideado por el presidente de la
Diputación Provincial, tiene incluso ya un nombre, Castellón-
Costa del Azahar. Le anticipo que la idea nos parece magnífica y la
apoyaremos siempre que la financie usted, que la financie el
Ministerio de Fomento o Aena o que usted promueva la financiación a
través de la Unión Europea como vendría exigido por un aeropuerto de
interés general. Sin embargo, señor ministro, usted permanece
callado. Señor ministro, sáquenos de dudas. ¿Apoya usted la
construcción de un aeropuerto de interés general en Castellón? ¿Está
usted dispuesto a financiarlo?
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Arnau.
Señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoría, el Ministerio apoya la construcción de un aeropuerto en la
provincia de Castellón en el marco de un cierto planteamiento
estratégico, financiero y temporal.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
ministro.
Señor Arnau.
El señor ARNAU NAVARRO: La gallina, señor ministro de Fomento: Este
aeropuerto va a costar 12.993 millones de pesetas, va a ocupar cinco
millones y medio de metros cuadrados, dispondrá de una terminal de
pasajeros de 12.375 metros cuadrados, va a tener una torre de control
de seis plantas y un radio de acción de sus aviones de 4.000
kilómetros, y el señor responsable de la navegación aérea en este
país nos dice que no sabe y no contesta, tal y como hizo hace unos
días en el periódico de Las provincias de Valencia cuando fue a
inaugurar 44 kilómetros de la autovía Valencia-Madrid, que ustedes
hicieron pasar por 350 kilómetros. Una de dos, señor ministro: o lo
que usted está planeando es un aeroclub costosísimo, financiado,
además, por descontado, con fondos públicos, o todo esto es una idea
personalísima del señor presidente de la Diputación de Castellón,
egregio anfitrión del señor Aznar durante sus vacaciones veraniegas y
además tambiénun egregio señor feudal de la provincia.
Señor ministro de Fomento, no se ría usted porque esto es una
manifestación más del caos que reina en la navegación aérea de este
país desde que usted la dirige.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Arnau.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señoría, yo
no sé cuál es su profesión, pero
el parlamentarismo debería haberle acostumbrado a que las cosas
tienen un tiempo y un tiempo razonable. (Varios señores diputados:
¡Ah!) Porque usted puede exigir una respuesta, o sí o no, y yo no le
voy a contestar con una afirmación rotunda, porque las cosas tienen
un tiempo y tienen un determinado planteamiento estratégico
y financiero. Yo le digo lo siguiente, señoría, y esto obedece a un
planteamiento riguroso del Ministerio de Fomento y de Aeropuertos
Nacionales:España está necesitada de muchas pistas de aterrizaje.
Dado su extensión y su tamaño, la aviación privada en España está
apenas desarrollada. La proporción de pistas de aterrizaje que existe
en España en relación con otros países de la Unión Europea es
ridícula. Por tanto, todo lo que sea poner en marcha infraestructuras
e inversiones aeroportuarias -que, desde el momento en que existen,
facilitan el tráfico aéreo, cualquiera que sea el tipo de aviación al
que sirvan-, poner en marcha una iniciativa que suponga la
construcción de unas primeras instalaciones no solamente en
Castellón, sino en otras muchas provincias españolas, es un proyecto
positivo y el Ministerio de Fomento lo entiende como proyecto
positivo, porque hay que plagar este país de pistas de aterrizaje,
con todos sus complementos para que sean útiles y, más adelante,
según el tráfico, de acuerdo con las necesidades, de acuerdo con del
crecimiento del transporte aéreo, de acuerdo con las exigencias
turísticas, se tomará una decisión sobre si esas instalaciones deben
o no convertirse en un aeropuerto de interés general. Pero ustedes
quieren si o no y todo desde el principio. No se hace oposición de
esa manera; por el camino que van, lo único que aquí se pone de
relieve es que ustedes se oponen a un proyecto de construcción de un
aeropuerto, sea del tipo que sea, en Castellón, y los castellonenses
se van a acordar de ustedes en el momento de votar.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
ministro.
- DEL DIPUTADO DON LUIS MARQUÍNEZ MARQUÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁL ES LA
VALORACIÓN DEL GOBIERNO SOBRE EL PLAN DE VIVIENDA 1998- 2000? (Número
de expediente 180/001519)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pregunta número 19, de don
Luis Marquínez Marquínez, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Marquínez.
El señor MARQUÍNEZ MARQUÍNEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, la pregunta es en relación con la vivienda, que, como
sabemos todos, es un tema importantísimo, incluso con rango
constitucional. Las preocupaciones del Gobierno en cuanto a la
vivienda son evidentes.
La primera actuación es la creación de riqueza y con ello la bajada
de los intereses, etcétera, lo cual empieza a resolver el problema de
la vivienda. Todas esas actuaciones del Gobierno van destinadas a
solucionar el problema de la vivienda. Además de esto, el Gobierno
hace un Plan de vivienda con unos datos que no admiten confusión
ninguna; estos son datos objetivos, tomados de lo que está publicado.
Para este Plan 1998-2001 se prevé una inversión de 2,7 billones de
pesetas. Para el año 1998 están previstas unas 134.000 actuaciones en
vivienda, para las cuales ya se han aprobado 236.000 millones y
faltan por aprobar 500.000 millones. Para el resto de este Plan de
vivienda, que comprende las actuaciones que he dicho anteriormente,
se prevé un nivel de 120.000 actuaciones por año. Todo esto, repito,
son datos, pero ahora aparece la confusión, y digo esto porque un
partido político comienza a criticar ese Plan de vivienda diciendo
que no hay convenios, que no hay financiación etcétera. Sin embargo,
nos sorprendemos al comprobar datos y ver que, al decir que no hay
convenios, curiosamente es que no hay convenios con las comunidades
donde gobierna ese partido político, que curiosamente también
-seguimos avanzando en la comprobación de datos- en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, donde gobierna ese partido político, las
actuaciones en vivienda sólo crecen un 35 por ciento cuando en el
resto de España han crecido un 130 por ciento. Es curioso que se cree
confusión en ese sentido. Y si seguimos avanzando y comprobando
datos, vemos que en Andalucía, en el año 1996, hubo un déficit en la
previsión del Gobierno en el tema de vivienda de 9.000 millones de
pesetas -el 32 por ciento de lo previsto- ; en el año 1997 hubo un
déficit de diez mil y pico millones -el 42 por ciento de lo
previsto-, y así sucesivamente. Entonces, llegamos a la conclusión de
que si ese grupo político quiere crear confusión, será para ocultar
las malas realizaciones que lleva a cabo en su comunidad autónoma.
Por tanto, señor ministro, en este sentido le pedimos una aclaración,
le pedimos que valore el Plan de vivienda 1998-2000 que el Gobierno
ha aprobado.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Marquínez.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Gracias,
señor presidente.
Efectivamente, la oposición pretende ocultar la realidad de un Plan
nacional de vivienda que es extremadamente positivo, Plan nacional de
vivienda que responde a la firme voluntad de este Gobierno de
facilitar el acceso a la vivienda de las rentas más modestas del
país. Yo querría darle los datos que ya están en marcha y que, por
consiguiente, forman parte de nuestra realidad. El plan prevé una
financiación total de 505.000 actuaciones protegidas, que, sumadas a
las 51.582 que ya se han realizado con cargo al plan, implican la
concesión de créditos por valor de 556.000 millones de pesetas. Esta
cifra de posibles realizaciones en el cuatrienio 1998-2001 representa
un 8 por ciento más de los objetivos considerados a principios de
1996 para el anterior plan 1996-1999.
Paso a exponerle muy brevemente cuatro rasgos principales del Plan de
vivienda. A partir de ahora, la subsidiación de los intereses de los
préstamos hipotecarios pasa a ser un porcentaje de la cuota que pagan
los prestatarios, con lo que se mantiene en el tiempo la cuota de
ayuda estatal a este crédito. En determinados casos, este subsidio se
refuerza en los primeros años de amortización del préstamo con el fin
de atenuar el esfuerzo inicial de compra, algo que favorece
extraordinariamente a los jóvenes. En segundo lugar, la modalidad de
primer acceso a la vivienda está también diseñada especialmente para
los jóvenes y concentra las mayores ayudas del Plan. En tercer lugar,
las familias con rentas inferiores a 2,5 millones de pesetas anuales
pueden optar, en la modalidad de primer acceso, a una subvención a
fondo perdido del 5 por ciento del precio total de la vivienda,
siempre que se trate, como es lógico, de viviendas de protección
oficial calificadas de régimen especial. Por último, señoría, el Plan
fomenta las operaciones de rehabilitación, que son extremadamente
importantes en los cascos antiguos de las grandes ciudades, con
especial acento en aquellas que tratan de recuperar los centros
históricos de nuestras ciudades, y también potencia el Plan de forma
notable la promoción de viviendas destinadas a arrendamiento.
Estas son las novedades del Plan nacional de vivienda que está
actualmente en marcha y que, junto con una política económica que ha
determinado una radical bajada de los tipos de interés y vivir un
momento en que se dan las máximas facilidades de nuestra historia
para comprar una vivienda, caracterizan la política de vivienda de
este Gobierno.
Muchas gracias, señor presidente.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ ENRIQUE MORATALLA MOLINA, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO: ¿QUÉ INSTRUCCIONES HA IMPARTIDO EL INSALUD
PARA LA CONFECCIÓN DE LA LISTA DE ESPERA QUIRÚRGICA? (Número de
expediente 180/001510)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pregunta número 10, que
formula don José Enrique Moratalla Molina, del Grupo Socialista.
El señor MORATALLA MOLINA: Señor Romay, en su largo viaje político al
centro, sólo ha conseguido llegar de Galicia a Madrid -algo es algo-
y ser centro de miradas y de críticas por sus continuos
incumplimientos. No ha centrado el gasto farmacéutico en las cifras
que prometió -ahora tiene una desviación del 13 por ciento-, no se
centra ni en el espíritu ni en la letra de la ponencia, fundando
fundaciones sin fundamentoclaro de gestión pública, y cree haber
centrado la idea
de mejora de la lista de espera.
Por eso, le pregunto: ¿Qué instrucciones ha impartido el Insalud para
la confección de las listas de espera?
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Moratalla.
Señor ministro de Sanidad y Consumo.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Señor
Moratalla, yo creo que a usted lo de la lista de espera le importa
relativamente. (Rumores.)
Tengo que decirle que el gasto farmacéutico, afortunadamente, el año
pasado creció un 5 y pico por ciento y este año va a crecer por
debajo del 11, frente a crecimientos del 14 por ciento acumulativo,
que eran los que tenían ustedes cuando gobernaban.
Le puedo decir que el tema de las fundaciones fue debatido
extensamente en este Congreso de los Diputados y mereció el apoyo de
su grupo parlamentario.
En relación con la lista de espera, le quiero decir que el Insalud ha
dado unas instrucciones para su elaboración, según las cuales todos
los pacientes pendientes de una intervención quirúrgica no urgente
deben estar incluidos en esa lista de espera.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
ministro.
Señor Moratalla.
El señor MORATALLA MOLINA: Gracias, presidente.
Sigue sin centrarse, ministro. Le hablo de lista de espera en
anorexia, en Alicante; le hablo de desviación de enfermos de Zamora
para ser operados en el gabinete médico Paracelso, de Valladolid,
denunciado ante la Inspección de Zamora por no cumplir requisitos
mínimos; le hablo de 900 quejas al teléfono 900210647, de las que el
70 por ciento es sobre listas de espera; le hablo de 65.000
extremeños en listas de espera para el diagnóstico de especialistas,
que es paso previo a evaluar una posible intervención quirúrgica; le
hablo de la visita que he recibido esta mañana, una representación de
enfermos reumatológicos de Asturias que precisan prótesis y que han
presentado en el registro de esta Cámara 1.104 firmas denunciando su
estado de abandono y desesperación.
Se lo dijimos y se lo reitero, las listas de espera son grave
problema. Ustedes no lo están gestionando, pretenden disfrazarlo con
ingeniería estadística. En un comunicado del 28 de septiembre del
hospital de San Pedro de Alcántara, de Cáceres, como en otros lados,
para lograr el objetivo institucional de que a 31 de diciembre de
1998 no figuren enfermos con más de seis meses en listas de espera,
se dan instrucciones de no incluir en las mismas más enfermos que los
que el servicio pueda atender en los próximos seis meses y de excluir
a los que no tengan diagnóstico claro. Así sí,
señor ministro, confeccionando el traje a medida y teniendo el
resultado prefijado, se obtienen buenos resultados y se pueden llamar
históricos, pero lo histórico, señor ministro, es que el deterioro de
la atención al paciente es creciente y también el deterioro
permanente de su credibilidad.
Gracias, presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Moratalla.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Señor
Moratalla, la lista de espera la integraban 190.000 personas cuando
nosotros llegamos a la responsabilidad de Gobierno. Al 31 de octubre,
esa cifra se había reducido a 137.000. Cuando nosotros llegamos al
Gobierno, más de 54.000 personas tenían una demora superior a seis
meses; de ésas, más de 20.000 tenían una demora superior a un año, y
había personas con demoras de dos y tres años para ser intervenidas
en algunos casos de cuestiones tan importantes como podía ser una
prótesis de cadera. La cifra de 54.000 personas de junio de 1996 se
ha reducido a menos de 11.000 a 31 de octubre de 1998. Ustedes tenían
una demora media de 210 días para intervenciones quirúrgicas; esa
demora media está ya a finales de noviembre de este año en 74,7 días,
y vamos a terminar con una demora inferior a los 75 días.
Señor Moratalla, si ahora hay las quejas que usted dice en relación
con las listas de espera, ¿qué pasaría si la situación fuera como la
que le acabo de describir, cuando tenían ustedes más de 20.000
personas con esperas superiores a un año? Nosotros vamos a terminar
este año consiguiendo que nadie espere más de seis meses, y todavía
intentamos rebajar más esas cifras. La lista de espera para consultas
externas y pruebas diagnósticas se está reduciendo también; este año
se va a reducir un 30 por ciento la espera media para consultas
externas. Sé que tenemos que mejorar eso, pero ustedes lo tenían
desde luego mucho peor y las quejas tenían que ser muchas más
entonces.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor ministro.
INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE EL FUTURO DE LA RED DE
ALTA VELOCIDAD FERROVIARIA EN ESPAÑA. (Número de expediente 172/
000125)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Terminado el punto I del
orden del día, pasamos al punto II: Interpelaciones urgentes. En
primer lugar, la del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el futuro
de la red de alta velocidad ferroviaria en España.
Para la presentación de la interpelación, en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Jesús Caldera.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro de Fomento, creo que usted compartirá
conmigo -no lo dudo- que la accesibilidad del territorio constituye
una condición básica para alcanzar un desarrollo económico
equilibrado que fomente la cohesión y mejore la calidad y el nivel de
vida de la población. De acuerdo con ello, mi grupo parlamentario
considera, señoría, que no existe posibilidad alguna de alcanzar esos
objetivos si en materia de infraestructuras no nos dotamos de una
estrategia que venga presidida por el criterio de la planificación, y
ustedes carecen de ella, señor ministro. Aparentemente, se
identifican con el Plan director de infraestructuras que aprobó esta
Cámara, como declaró en su primera comparecencia en el Congreso, pero
después lo incumplen. Entretanto, además, no redactan ningún plan
alternativo. Es como si a ustedes les resultara más cómodo no sujetar
su acción política a la disciplina de un plan y así poder improvisar
de forma continua, es decir, prometer todo a todos, aunque se sepa
que no se van a poder cumplir esas promesas. Un ejemplo sirve mejor
que mil palabras: el PDI era un plan ambicioso, y ustedes lo están
incumpliendo, entre otras cosas, señoría, por la falta de adscripción
de recursos públicos necesarios para ello.
Pues bien, en relación con el ferrocarril, el plan preveía un gasto
en los próximos 15 años de 2,9 billones de pesetas de 1992. El
programa de alta velocidad, dentro de él, ascendía a 1,5 billones, de
los cuales sólo 600.000 procedían de recursos presupuestarios y
900.000 de recursos extrapresupuestarios. Sin embargo, los actuales
compromisos entre las líneas en ejecución y esos estudios y proyectos
a los que ustedes son tan aficionados comprometen recursos futuros
por valor de 3,1 billones de pesetas, de acuerdo, señor ministro, con
las siguientes actuaciones: Madrid-Barcelona-frontera francesa, 1
billón 200.000 millones; la variante norte de Guadarrama, 250.000
millones; la Y vasca, 400.000 millones; variante de Pajares, 200.000;
Córdoba-Málaga, 250.000; Madrid-Valencia-Alicante, 450.000;
AlicanteMurcia, 100.000 y el corredor navarro, 250.000. Es decir, más
de 3 billones de pesetas sin aportación extrapresupuestaria alguna,
que sepamos, que conozca esta Cámara. ¿Cómo se van a financiar, señor
ministro, estos fantásticos compromisos? ¿En qué plazos? ¿Qué
prioridades existen? Se siembra un conjunto de expectativas que a
nuestro juicio son imposibles de cumplir. Decir que sí a cualquier
iniciativa es como decir no a todas, decir que todo es prioritario es
decir que nada es prioritario, y nos encontramos, en consecuencia,
con un rasgo común, el desconcierto, en aspectos tan relevantes,
señor Arias, como el diseño de la red, las características técnicas,
la prioridad, el calendario de realizaciones,
la financiación. De todo ello tenemos que hablar en este
Parlamento, ustedes lo han impedido hasta ahora, nos lo niegan, van
-permítanme la expresión coloquial- como charlatanes de feria
prometiendo crecepelos milagrosos a todo el mundo, pero sin rigor ni
respaldo presupuestario alguno, y se lo demostraré en esta
intervención. Han mostrado una sola prioridad, la línea Madrid-
Barcelona-frontera francesa, con un coste de 1,2 billones de pesetas,
necesaria sin duda. Aquí no han regateado esfuerzo alguno, pero
sabemos por el señor Vilalta, su secretario de Estado, que en esta
línea no habrá inversión privada, es decir que toda se financiará
íntegramente con cargo a presupuestos del Estado, presupuestos
públicos que vienen de la Unión Europea o captación de recursos en el
mercado de capitales con respaldo del GIF, que es un ente público.
Si esto es así, es decir que en el corredor más atractivo de la red
para buscar compromisos de financiación privada, no se ha hecho, en
los demás tampoco habrá de hacerlo, deducimos nosotros. ¿Qué razones
habría para pedir, señor ministro, a las comunidades autónomas o a la
iniciativa privada que aporten recursos si no se hace en el Madrid-
Barcelona-frontera francesa? Ninguna, luego hemos de deducir que los
estudios y proyectos que ustedes plantean por valor de 3 billones de
pesetas van a ser sostenidos íntegramente con recursos de carácter
presupuestario. Dicho de forma más simple, para cumplir sus
compromisos, que aparecen en los anexos de inversiones de los
presupuestos, se precisan 500.000 millones de pesetas adicionales en
los presupuestos durante los 15 próximos años ¿Es así? Contéstenos, y
si es así, ¿de dónde saldrán? Porque, entre tanto, a cada uno ustedes
le largan una receta, señor ministro. El AVE a Barcelona, a través
del GIF, con fondos públicos; a Valencia, parece que están buscando
los compromisos de las comunidades autónomas y de empresarios
privados; la variante de Guadarrama no sabemos cómo se va a
financiar, callada por respuesta, porque se la han encomendado al
GIF, pero según el señor Vilalta, el GIF tiene que financiar
prioritariamente el Madrid-Barcelona-frontera francesa acudiendo
incluso al mercado de capitales. En cuanto al resto de proyectos,
figúrese, ciencia-ficción pura y dura. Pero en el territorio no se
recatan en prometerlo todo, y así por ejemplo lo hace el señor
Zaplana en la Comunidad Autónoma Valenciana, prometiendo un tren de
alta velocidad, del que después ignoramos qué respaldo presupuestario
tiene.
Hasta ahora, por tanto, todo son promesas que no se cumplen, pero al
mismo tiempo ustedes están tomando algunas decisiones erróneas, señor
ministro. Me explico: en la línea Madrid-frontera francesa decidieron
su ejecución directamente en ancho europeo en una sola fase,
rompiendo el esquema de construcción en dos fases que promovió el
Gobierno anterior, lo que obliga a retrasar la puesta en servicio de
los dos tramos que ya se habían iniciado Zaragoza-Lleida y Ricla-
Calatayud, prevista entonces para el año 2000, ahora lo serádos años
después. No está suficientemente desarrollada
la tramitación de los proyectos en el resto de la línea, lo que
provoca un riesgo de incumplimiento del calendario, pues no se
dispone siquiera de las soluciones definitivas de acceso a las
grandes ciudades Madrid, Zaragoza y Barcelona. ¿Para cuándo, señor
ministro, y sobre todo cuándo llegaremos a la frontera francesa? ¿En
el año 2004, en el 2006, en el 2007? A ver qué humor tiene usted hoy,
a ver qué fecha nos da, porque en cada sitio cuenta una. Diga aquí,
que es donde tiene que hacerlo, en qué fecha alcanzará el tren de
alta velocidad la frontera francesa.
En 1997 crearon el GIF, Gestor de Infraestructuras Ferroviarias, como
instrumento de financiación en el mercado de capitales con el aval
del Estado y así, como le dije antes y ratifica el señor Vilalta, han
perdido la oportunidad de incorporar capital privado como preveía el
PDI en el único proyecto que por sus características técnicas,
económicas y financieras estaba maduro para ello. Por tanto, el GIF
es un mecanismo de endeudamiento que escapa, lo saben muy bien y por
eso lo utilizan, al control del déficit público y no significa un
instrumento de financiación extrapresupuestaria, señor ministro, sino
presupuestaria diferida. Es decir, tendremos que pagar esos
compromisos y lo haremos en su momento con cargo, si no hay recursos,
al déficit del Estado.
El GIF ha absorbido los recursos públicos generados con presupuestos
de ingresos muy superiores además a los de gastos, obteniendo, por
ejemplo, más de 5.000 millones de rendimientos financieros sólo entre
los años 1998 y 1999. Esta escandalosa situación, señor ministro, se
produce a costa del resto del ferrocarril y en unos años en los que
según ustedes la política de contención del déficit público es
prioritaria. Lo más grave es que a pesar de todo el calendario actual
está en el aire, ni siquiera pueden garantizar eso.
Usted se ha contradicho sobre las fechas y los accesos a Barcelona,
Sants, Sagrera, El Vallés. ¿Cuál será, señor ministro? ¿Nos lo puede
aclarar? Porque en esta Cámara es donde hay que establecer esa
discusión.
Respecto a la variante norte, usted sabe que la supervivencia del
ferrocarril en el cuadrante noroeste de la red, es decir, desde
Castilla y León, el norte de la Península y Galicia depende, señor
ministro, de su construcción, de ahí que me permita calificar la
situación como dramática.
El 25 de octubre el BOE publicó el concurso de proyecto y obra del
tramo Soto del Real-Segovia de la variante norte. Tras sus
desencuentros con la Comunidad de Madrid, suyos, de su Gobierno,
hemos perdido dos años, señor ministro, y el 25 de mayo de este año
usted anunció que suspendía la tramitación del estudio informativo
anterior, fíjese, realizado por los servicios de su Ministerio y
encargó a Renfe la redacción de un nuevo estudio informativo con
cuatro soluciones, pero al mismo tiempo, de forma oficiosa, le
encargó a Renfe su construcción. Sin embargo, el 18 de septiembre,
hace un par de meses, nos enteramos de que ustedes pasan el encargo
al GIF, pero Renfe, fíjese que galimatías,
sigue haciendo el estudio informativo, que tiene que tramitar
el Ministerio. En fin, algo difícilmente entendible. Es decir que en
cuatro meses el problema se ha trasladado del Ministerio a Renfe y de
Renfe al GIF, lo que demuestra su falta de ideas y la improvisación
con que trabaja.
Las cuatro soluciones, señor ministro, tienen que ser sometidas a
información pública, a los efectos de obtener la declaración de
impacto ambiental. Por ello, la situación es confusa, cuatro
soluciones para la variante entre Madrid y Valladolid y un concurso
de proyecto y obras de un tramo de ellas sólo, el túnel. No es
comprensible, señorías, que cuando las soluciones no están ni
siquiera bien definidas técnica, ambiental y territorialmente pueda
sacarse a concurso un tramo aislado de una de ellas. Es decir, se
realiza un concurso para la construcción de un tramo aislado sobre
cuya definición hay todavía grandes incertidumbres y en especial con
respecto a la falta de decisión formal sobre la solución seleccionada
entre las cuatro alternativas planteadas. Por cierto, un
procedimiento, el de concurso de proyecto y obra, que sitúa a la
Administración en condiciones de inferioridad frente a las empresas
contratistas, al enfrentarse a proyectos realizados por los propios
contratistas que disponen así y usted lo sabe, de cara a sus
intereses, de una información privilegiada ante las vicisitudes que
inevitablemente se presentan en toda construcción. En general, es
preferible que el proyecto sea redactado con total independencia de
la ejecución de obra hasta el punto en que habitualmente, lo sabe
usted, se hace incompatible la relación entre proyectista y
constructor.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Caldera, le ruego
vaya concluyendo.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Acabo, señor presidente.
El concurso prevé, señor ministro, el fraccionamiento del contrato en
cinco lotes, aunque será posible licitar por el conjunto. El reparto
realizado por lotes iguales en su magnitud económica es difícil de
entender, ya que el tramo comprende la realización de dos túneles de
vía única y sus accesos desde Soto del Real y La Granja. Los lotes
tienen presupuestos idénticos y se refieren al parecer, a las cuatro
mitades de los túneles y el quinto restante a los accesos. Díganos,
¿puede ocurrir que un proyectista redacte el proyecto de medio túnel
y otro el medio túnel restante? Teóricamente, sí. ¿Podrán quizá
desarrollar técnicas constructivas diferentes? Teóricamente, sí. Esa
es su racionalidad. El calendario es sospechoso también, conceden
diez meses para que los concursantes presenten sus propuestas.
Demasiado tiempo, señor ministro.Lo que pasa aquí es que después del
frenazo al que antes hice referencia se presenta una solución que es
una huida hacia adelante, una chapuza para poder decir: yo saqué a
concurso las obras, después otro vendrá que la obrahará. Sacar el
concurso de proyecto y obra para el túnel
sin estar decidida la solución global Madrid-Valladolid es una
temeridad. Quizá la única explicación sea la falta de voluntad o de
medios para construirla.
Por último, las contradicciones del proceso actual. Ustedes no tienen
una definición clara, señorías, señor ministro, de los anchos de vía
en la red futura. En la anterior legislatura el PDI -usted lo sabe
bien- lo solucionaba, y si ustedes quieren cambiarlo, explíquenlo,
dennos oportunidad para debatir, traigan aquí un plan de alta
velocidad ferroviaria y discutámoslo. Le pongo algún ejemplo breve.
El acceso a BarcelonaSants de la línea de ancho europeo, propuesto
por el GIF, limita la capacidad de acceso de seis a cuatro vías, y el
uso de las propias vías de la estación de catorce a cuatro. En el
corredor mediterráneo se ha paralizado el proyecto de la variante de
Salou y Cambrils, al parecer con la idea de conectarlo a la línea
Madrid-Barcelona de ancho internacional. De ningún modo -creemos
nosostros- se puede retrasar esta actuación que elimina el principal
cuello de botella del corredor.
Parece ser que se plantea también la posibilidad de construir la
variante norte en ancho internacional, como dijo o dejó entrever el
presidente del GIF en la comparecencia presupuestaria, lo que
obligaría, de ser así, señor ministro, a la construcción de un nuevo
túnel en Madrid para conectarla con la línea de Sevilla. He de
decirle, señor ministro, que decididamente eso de perforar Madrid y
convertirnos a todos en topos se le da a usted de maravilla, aunque
constituya el hazmerreír de todo técnico al que se le consulte sobre
esos planes.
La propia Generalitat valenciana manifiesta su posición a favor de
que la nueva línea de alta velocidad se construya en ancho nacional,
aprovechando los tramos ya construidos a 200-220 kilómetros en una
primera fase para, posteriormente, completarla en ancho europeo. Este
planteamiento por cierto estaba en el PDI.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Caldera, termine,
por favor.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Acabo, señor presidente.
Demasiadas contradicciones para un modelo definido con falta de
rigor, en un estado permanente de improvisación, al que se une el
desorden organizativo, como vimos con la variante de Guadarrama, dado
que en el momento actual hay tres centros de inversión en
ferrocarril, y desde la perspectiva comunitaria, señoría, quizá deba
realizarse una reestructuración que unifique y simplifique las
funciones en un solo ente responsabilizado de financiación,
construcción, mantenimiento y explotación de la red, evitando su
fragmentación y garantizando así -creo que es lo más importante- su
interconectividad y el aprovechamiento máximo del conjunto.
Díganos qué pasa con la Y vasca, plazos, con Pajares, con el Córdoba-
Málaga, con el corredor navarro. Díganoslo, porque tal y como ustedes
están actuando,
créame, lo que ocurre, señor ministro, es que, sin decirlo
explícitamente, su actuación en la alta velocidad es financieramente
inviable, pero entretanto todo se promete y nada se hará.
Por ello, el debate con rigor acerca de la alta velocidad creo que
hay que hacerlo aquí, para que todos los grupos parlamentarios puedan
dar su opinión. Eso le pediremos en la moción, señorías, un plan
sectorial para que podamos definir cuáles son las alternativas
precisas, y si ustedes no atienden esta petición confirmarán
definitivamente (creo que ya hay pocos elementos necesarios para esa
confirmación) que su trabajo es puramente electoral, sin intención
alguna de construir las líneas de alta velocidad que a todos
prometen.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Caldera.
Para contestar a la interpelación en nombre del Gobierno, tiene la
palabra el señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señor presidente.
Señorías, el portavoz del Grupo Socialista trae a esta Cámara un
debate extraordinariamente interesante. Sin duda el momento electoral
o preelectoral en que lo plantea podría llamar la atención, porque él
hace una constante apelación al rigor, y naturalmente el rigor, como
voy a demostrar, brilla por su ausencia en la intervención que ha
hecho el portavoz socialista.
El señor Caldera ha empezado por destacar la importancia del Plan
director de infraestructuras, que yo califico como un instrumento
útil de trabajo, y de la necesidad después de ir concretando el Plan
director de infraestructuras en planes sectoriales.
Yo me voy a permitir aquí resumir muy brevemente lo que establecía el
Plan director de infraestructuras en materia de alta velocidad,
exactamente una página y media, donde se hacían las siguientes
afirmaciones: la primera afirmación es destacar la importancia, a
partir del eje Madrid-Sevilla, de su continuación hasta la frontera
francesa, vía Zaragoza y Barcelona. El acuerdo del Consejo de
Ministros lleva fecha de 1988. Cuando este Gobierno llega en 1996 hay
una pequeña obra entre Ricla y Calatayud, pero fíjense ustedes lo que
es empezar un ferrocarril justamente por el centro, no empieza ni por
Madrid hacia Barcelona, ni por Barcelona hacia Madrid. No. Empiezan
por Ricla-Calatayud y, además, con ancho español. Todo un
planteamiento absolutamente riguroso en este punto del Plan director
de infraestructuras. Pero voy más lejos. El Plan director de
infraestructuras, en un alarde de concreción, señorías, manifiesta la
importancia de tres vertientes fundamentales: completar las
relaciones internacionales, definiendo un nuevo enlace con la red
europea por el País Vasco, la Y vasca; extender la red de alta
velocidad a la Comunidad Valenciana, mediante una nueva línea que
pase por Albacete, y definir una conexión con Portugal.
Esto es todo lo que en materia de alta velocidad, stricto sensu, hace
el Plan director de infraestructuras. Pero añade, en un alarde de
ingenio, de capacidad y de rigor para hacer frente a cuantiosas
inversiones, que este planteamiento exigirá para su desarrollo, junto
a los recursos de los Presupuestos Generales del Estado, el recurrir
a financiaciones extrapresupuestarias. Por tanto, para su ejecución
se movilizarán recursos procedentes de las comunidades autónomas y de
los ayuntamientos, fondos comunitarios y capitales privados. Es
decir, que cuando por primera vez se plantea la posibilidad de que
una comunidad autónoma participe en la financiación de uno de los
ejes vertebrales previsto en el Plan director de infraestructuras, el
Partido Socialista alza la voz diciendo que no hay derecho a que la
Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid participen en la
financiación; pero ocurre que esa participación en la financiación
está en el Plan director de infraestructuras socialista.
O sea que, hablando de incumplimiento de los planes, señoría,
pónganse de acuerdo entre ustedes mismos para ver quién incumple qué,
porque, de momento, este es un punto en el que ustedes incumplen el
Plan director de infraestructuras en sus planteamientos políticos de
cara a la opinión pública.
Continuando con el alarde de rigor sobre la alta velocidad, el Plan
director de infraestructuras dice: En conclusión, la red de alta
velocidad deberá ser financiada por las distintas administraciones
públicas, con la participación de capitales privados. Esta
circunstancia y la propia magnitud de las obras físicas propuestas
aconsejan prever para su desarrollo un horizonte más amplio que el
considerado para el conjunto del PDI. Es decir, que el propio Plan
director de infraestructuras ya se cura en salud y dice: a pesar de
que el Plan director de infraestructuras llega hasta el año 2007,
para la alta velocidad tenemos que ir mucho más lejos del 2007,
porque las inversiones son muy cuantiosas. Pero bien, esto es lo que
dice el Plan director de infraestructuras, señoría, no dice nada más.
Todo lo demás se refiere a tramos de 200-220 kilómetros por hora, que
son velocidad alta, para entendernos a los efectos de opinión
pública. Y desde luego en el planteamiento no está para nada el
Córdoba-Málaga, que ahora ustedes tienen la osadía, por no decir la
desfachatez, de presentar a través de mociones, cuando el Plan
director de infraestructuras excluye explícitamente el Córdoba-Málaga
de la red de alta velocidad. Ahora ustedes pueden pedir lo que
quieran, y están en su legítimo derecho, pero reconozcan que están
incumpliendo ustedes su propio Plan director de infraestructuras. Y
ya señorías van dos incumplimientos de ustedes, de su propio Plan
director de infraestructuras. Por tanto, señorías, ténganlo ustedes
en cuenta cuando acusen al Gobierno de incumplir un plan director de
infraestructuras que, además no es el suyo.
Pero, señoría, hablando de planes, vamos a continuar. Resulta que
poco tiempo después de publicar el Plan director de infraestructuras
ustedes hacen el plan
sectorial: lo llaman Plan de infraestructuras ferroviarias 1995-2000.
Y vamos a la página en la que se narran los planteamientos de alta
velocidad. ¿Sabe usted cuál es el desarrollo que este documento hace
del Plan director de infraestructuras? Pone exactamente lo mismo. No
dice nada más que lo que dice el Plan director de infraestructuras.
Repite. Señoría, para hacer planes sectoriales que repitan lo que ya
dice el Plan director de infraestructuras nos basta el Plan director
de infraestructuras sin necesidad, esto sí, de engañar a la opinión
pública con documentos muy bonitos que no dicen nada.
Pero voy más lejos, señorías. Hablando de la financiación, el Plan de
infraestructuras ferroviarias tiene un pequeño capítulo, que ustedes
plantean como desarrollo del Plan director de infraestructuras, que
es una joya y que me voy a permitir leer. El capítulo se llama:
Desfase de la inversión actual y prevista en relación al Plan
director de infraestructuras; y dice lo siguiente (Un señor diputado:
Son propuestas.): Como acaba de indicarse, se está produciendo desde
1993, año de elaboración del PDI, una inversión en ferrocarriles
menor que la que contemplaba este plan. Asimismo, las inversiones que
en los supuestos descritos anteriormente se destinan a la
infraestructura de este medio de transporte en los años siguientes a
1995 son muy inferiores a las cifras medias anuales que indica el
Plan director de infraestructuras. Y continúa dando las cifras año a
año. No voy a cansar a la Cámara poniendo de relieve el desfase entre
lo que ustedes consideraban necesario y lo que realmente
presupuestaban.
Esta es la práctica del Gobierno socialista en materia de alta
velocidad, señoría. Yo le voy a explicar ahora cuál es la práctica de
este Gobierno en materia de alta velocidad.
Por lo pronto, señoría, en este momento el tren de alta velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa está totalmente en marcha
desde Madrid hasta la frontera francesa, en distintas fases del
procedimiento. A finales de este año habrá 300 kilómetros en
ejecución de obra, y se está invirtiendo anualmente una media de
173.000 millones de pesetas.
Pero le voy a dar más datos sobre lo que hace este Gobierno en
materia de inversiones en infraestructuras ferroviarias, para que se
dé cuenta de que las principales inversiones están en marcha. Yo no
comparto, señoría, aunque respeto su opinión -yo la tuve en un primer
momento-, la necesidad de hacer planes sectoriales, porque en estos
momentos lo que requieren las inversiones ferroviarias en España son
dos cosas. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) En primer
término, unos estudios de demanda y rentabilidad para determinar la
prioridad de las inversiones. En los próximos meses este Gobierno
sacará un documento con la prioridad de las inversiones en el ámbito
ferroviario, pero no se trata de un plan sectorial, sino justamente
de señalar cuáles son los corredores ferroviarios que deben captar la
inversión pública en un primer momento, y eso se va a hacer en
función de los estudios de demanda y rentabilidad.
Pues bien, sobre la base de esos estudios de demanda y rentabilidad
se fija una metodología en el estudio que en estos momentos está en
marcha: se trata dedeterminar, desde el concepto estudio de demanda-
rentabilidad, el tiempo de viaje que es más aconsejable entre los
puntos de origen y destino que se elijan, para saber cuál debe ser la
inversión prioritaria; se trata, por tanto, para cada uno de los
tiempos de viaje objeto de reflexión, de cuantificar su incidencia en
la captación del tráfico por ferrocarril. Es decir, hay que saber,
señoría, qué porcentaje del tráfico va a captar el modo de transporte
ferroviario, para que no vuelva a ocurrir lo que les ocurrió a
ustedes con el aeropuerto de Sevilla, que por falta de estudios y por
improvisación hicieron ustedes inversiones multimillonarias en él y
hoy trabaja al treinta por ciento de su capacidad, porque el AVE
Madrid-Sevilla ha captado mucho más tráfico que el que ustedes
previeron (no es que previeron, no previeron nada porque no
estudiaron nada, o al menos en el Ministerio no queda ni un solo
estudio de la captación de tráfico por parte del AVE Madrid-Sevilla),
y, claro, cometieron ustedes un error gravísimo y despilfarraron el
dinero público. Tener hoy en Sevilla un macroaeropuerto al treinta
por ciento de su capacidad, señoría, es un auténtico despilfarro. Por
tanto, hay que tener estudios de demanda y rentabilidad en función
del tráfico que el modo ferrocarril puede captar en cada modo
ferroviario en competencia con la carretera y con el avión.
De otro lado, señoría, hay que contemplar la forma física de lograr
el citado tiempo de viaje, de manera que se pueda realizar un balance
económico global que incluya...
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, ha de ir concluyendo, por favor.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Sí, señor
presidente, pero es que esto es muy amplio.
El señor PRESIDENTE: Reserve algo para la contrarréplica.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): De manera
que se pueda realizar un balance económico global que incluya el
nivel de inversión necesaria en infraestructura e instalaciones, así
como la posible adquisición de material junto a los ingresos y los
costes asociados a la explotación comercial de la nueva oferta.
Señoría, como no me queda tiempo, le voy a resumir las inversiones
que el Gobierno está realizando en los corredores ferroviarios,
particularmente en la alta velocidad. En todo caso, le diré que la
previsión de su plan de infraestructuras ferroviarias entre 1997 y
1999 implicaba invertir 311.000 millones de pesetas. Este Gobierno
invertirá en ese mismo período 485.000 millones de pesetas, en
pesetas constantes 415.000 millones; es
decir, un 33 por ciento más de lo que ustedes habían previsto. No voy
a repetir las cantidades que hoy se están invirtiendo en el tren de
alta velocidad MadridZaragoza- Barcelona-frontera francesa, pero en
total, señoría, en 1999 el Estado invertirá en ferrocarriles 356.000
millones de pesetas que se distribuyen de la siguiente manera: 48.000
millones con cargo al capítulo 6, 137.000 millones en el tren Madrid-
Zaragoza-Barcelona y 175.000 millones que invertirán Renfe y FEVE en
el ámbito de sus respectivas competencias, fundamentalmente
conservación y remoción de las infraestructuras existentes.
En la variante norte y noroeste Madrid-Segovia-Valladolid, señoría,
usted no ha entendido el pliego de condiciones del concurso o quien
le ha hecho el papel que usted ha leído aquí no se ha leído dicho
pliego de condiciones. No se convoca un concurso de proyecto y obra.
Señoría, se convoca un concurso de proyecto y, en su caso -por tanto,
no está vinculada a la decisión la obra-, con un único objetivo,
saber el coste que tiene el llamado túnel de Guadarrama, que son 60
kilómetros de túnel, 30 de ida y 30 de vuelta, porque el efecto
succión, como sabe S.S., no permite hacer un único túnel con la doble
vía, hay que hacer dos; en total, 60 kilómetros de túnel.
Yo, señoría, como miembro del Gobierno, no embarco al Gobierno al que
pertenezco en una decisión sin saber, razonablemente, el coste de ese
túnel, porque hay otras alternativas para hacer el tren Madrid-
Segovia- Valladolid. Como la diferencia de tiempo es muy escasa con
el túnel y sin él -estamos hablando de unos 14 ó 15 minutos de
diferencia-, yo, antes de embarcar al Gobierno en una decisión de
este calibre, que alcanzará como mínimo 150.000 millones de pesetas,
necesito tener la garantía de un conocimiento lo más aproximado
posible al coste real del túnel, y si el coste es asumible
financieramente, el túnel se hará, y, si no, tendremos que hacer el
tren Madrid-SegoviaValladolid por otro corredor distinto, que hay
otras posibilidades. Por eso, señoría, porque no se quiere perder el
tiempo, están todas ellas en estudio y pronto empezarán las obras en
la parte que no es polémica, entre Segovia y Valladolid.
En el corredor del Mediterráneo, señoría, hay una previsión de
inversión de 8.515 millones de pesetas; por tanto, continúa
realizándose el corredor a buen ritmo. El Córdoba-Málaga y el Madrid-
Valencia, señoría, tienen en los presupuestos del Estado...
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Ya concluyo
definitivamente. El CórdobaMálaga y el Madrid-Valencia tienen en los
presupuestos del Estado aquello que corresponde y puede asumirse,
señoría: el coste de la realización del proyecto. Usted sabe que los
proyectos de un tren de alta velocidad son costosísimos. Nosotros
tendremos el estudio informativo para el corredor Madrid-Valencia en
el mes de
marzo. Sobre la base de ese estudio informativo acordaremos con las
tres comunidades autónomas involucradas, Madrid, Castilla-La Mancha y
Valencia, el trazado más conveniente, trazado que la lógica lleva a
que pase por Albacete.
En lo que afecta, señoría, al Córdoba-Málaga, que nosotros sí hemos
incluido en el tren de alta velocidad, hay 3.000 millones de pesetas
en los Presupuestos Generales del Estado para financiar el proyecto,
porque lo primero que hay que hacer es tener un proyecto, ya que sin
éste usted ya puede programar las inversiones que quiera, pero no
puede invertir una sola peseta. Por tanto, en primer lugar, este
Gobierno está impulsando razonablemente los proyectos de alta
velocidad que son de mayor urgencia para la estructura ferroviaria
del país. En segundo lugar, este Gobierno pone los medios que
gradualmente se pueden ir gastando. Y le digo: este Gobierno dejará,
antes de que concluya la legislatura, un programa prioritario de
inversiones en función de los estudios de demanda yrentabilidad, y
teniendo en cuenta el factor tiempo que debe cubrir el modo de
ferrocarril entre los puntos de origen y destino así como el
porcentaje o la cuota de mercado que el modo de transporte
ferroviario puede adquirir.
Así es como se hacen inversiones racionales en ferrocarril, no
escribiendo libros muy bonitos, como el Plan director de
infraestructuras o el Plan de infraestructuras ferroviarias, que
ellos mismos reconocen la imposibilidad de su cumplimiento. Para ese
viaje, señoría, no hacían falta tales alforjas.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Caldera.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, si quien se examina aquí es usted. ¿Cuántas
generaciones tienen que pasar para que siga usted echando la vista
atrás y recriminando no sé qué falta de actuaciones al anterior
Gobierno socialista? Yo le pregunto a usted y a los documentos que
presenta en esta Cámara, prometiendo a lo largo y a lo ancho de todo
el país, con 8.000 millones de pesetas en estudios y proyectos,
compromisos que, de llevarse a cabo, supondrían 3 billones 100.000
millones de pesetas. Yalo sé: usted es un mago. Pues demuestre de
dónde va a salir ese dinero, cómo, qué prioridades, qué
características de la red y en qué momento. Y, señor ministro, si en
lugar de llamarse plan sectorial se llama documento de prioridades,
me da igual. Lo que usted no puede hacer es hurtar a esta Cámara el
debate sobre unas infraestructuras tan esenciales para nuestro
desarrollo. Por tanto, espero de su calidad democrática y de su
respeto a esta Cámara que cuando esté elaborado ese documento se nos
remita aquí para que podamos discutirlo.
Entretanto hemos averiguado algunas cosas, y es muy útil este debate,
señor ministro. Hemos averiguado que quizá no se hace el túnel de
Guadarrama. Eso es muy importante y usted lo ha dicho esta tarde. Lo
vamos a discutir, y en la moción ulterior también. Dice que
dependiendo del resultado de los estudios no está clara que sea esa
la alternativa a elegir. Se lo he dicho yo antes: hay cuatro en
perspectiva, y le he dicho que es un mal procedimiento sacar el
concurso de proyecto, y en su caso obra, me da igual, sin haber
definido previamente el trazado en su integridad. Y nos hemos
enterado de otras cosas: que, efectivamente, como le decíamos en los
debates, usted pone mucho dinero, pero no se va a seguir de esa
actitud, que luego pregonan en los diversos territorios, la ejecución
de las obras. Eso es muy interesante. Usted ha dicho que ese
documento de prioridades valorará si después se desarrollan o no las
iniciativas de alta velocidad. Eso es muy importante. Es decir, que
todas las que le he citado (la Y vasca, variante de Pajares, Córdoba-
Málaga, MadridValencia- Alicante, Alicante-Murcia, corredor navarro)
se harán o no se harán, pero ustedes han ido prometiendo a lo largo y
a lo ancho del país que se harán.
Señor ministro, yo le pregunto por sus compromisos. El señor Viralta
afirma que no habrá inversión privada en el AVE Madrid-Barcelona-
frontera francesa, y hace unas cuentas en unas declaraciones que a mí
no me salen. Dice: Todavía faltan 250.000 millones para esta
necesaria inversión. Y dice después: Quedará un pequeño remanente
incluso para el mantenimiento anual de la vía y para otras
infraestructuras ferroviarias del país. ¿Con ese pequeño remanente
van a hacer ustedes el túnel de Guadarrama, que vale 250.000
millones? Imposible. Lo que le pido es que me diga de dónde va a
sacar los recursos. ¿Sabe lo que dijo el señor Zaplana en el debate
parlamentario del estado de la Generalitat valenciana? Que al inicio
de la próxima legislatura, es decir, en el año 1999, se comenzarán
las obras del tren de alta velocidad Comunidad Valenciana- Madrid. Es
imposible, señor ministro, porque su Gobierno contesta a preguntas
que formulan los parlamentarios socialistas de forma que se deduce
que en no menos de tres años no se podrán iniciar esas obras. Yo lo
que le pido son responsabilidades por sus promesas, que quedan
escritas en el aire y que no tienen respaldo presupuestario. Es más,
en el ejercicio de 1997 figuraban 10.000 millones de pesetas para el
corredor del Mediterráneo, adaptación a la alta velocidad, 200- 220
kilómetros por hora. Pregunta formulada por este diputado y
contestada, qué casualidad, hace cuatro días: Durante 1997 -tenían
10.000 millones- no se inició la construcción de ninguna nueva
actuación de velocidad alta. Ponen dinero y no se lo gastan. Y usted
me lo reconoce en sus contestaciones.
O para ir más allá, lo que ha ocurrido esta mañana, señor ministro,
en la Comisión de Infraestructuras. ¿Sabe lo que ha hecho su grupo?
Han votado en contra de una proposición no de ley de la señora
Rahola, que aceptó una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista
que pedía el compromiso por parte del Gobierno de finalizar en el año
2001 las obras del corredor mediterráneo en su adaptación a 200-220
kilómetros por hora y su extensión a Murcia y Almería. Su grupo ha
votado en contra. Hemos ganado el resto de los grupos de la Cámara.
Ahí se demuestra su nula voluntad de ejecutar las obras que dicen que
tienen previstas.
Señor ministro, yo lo que le pido es un poco de rigor. Lo que le pido
es un poco de claridad. Lo que deseo es desentrañar el verdadero
alcance de tanta promesa que luego se incumple. Y le recuerdo que
usted gobierna y es el responsable de esas actuaciones. Por cierto,
cuando usted llegó al Gobierno no solamente estaba en ejecución el
tramo Ricla-Calatayud, también lo estaba el de Zaragoza-Lleida, y si
el PDI no es lo suficientemente ambicioso que usted desea, tráiganos
una iniciativa para modificarlo y discutirlo.
En todo caso, basta ya de anuncios, basta ya de propaganda, vamos al
mundo de las realidades y del respaldo presupuestario a las mismas.
Se lo vamos a pedir en la moción, le vamos a dar la oportunidad de
aclarar en esta Cámara, con el debate de ese documento, las
prioridades reales, no propagandísticas, que tiene su Gobierno, qué
líneas vamos a desarrollar, con qué características técnicas,
dependiendo de qué tráficos y dependiendo, efectivamente, de su
rentabilidad, sin olvidar los criterios que más le importan a mi
grupo, el de la vertebración territorial y el de la cohesión. Pero,
señor ministro, ustedes todo lo prometen, muy poco hacen y dejan sin
gastar, como le he demostrado con las respuestas que me dan, incluso
los magros presupuestos que establecen anualmente para el
ferrocarril. De ese modo su política no es creíble. Acepten la moción
que prestaremos la próxima semana y ganarán al menos un poquito de
credibilidad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Caldera.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoría, una gestión se puede valorar utilizando dos criterios
principales. El primero, el cumplimiento de los objetivos que uno se
marca. Yo le puedo asegurar que los objetivos que están en el
programa del Gobierno, en el discurso de investidura del presidente
del Gobierno y en el programa electoral del Partido Popular, partido
que soporta al Gobierno, se están cumpliendo. Valórelo usted desde la
perspectiva del cumplimiento de objetivos. Y, segundo, hay otro
criterio de valoración, que es comparar etapas. Ustedes me acusan de
que me refiero constantemente a la etapa socialista. ¡Pero si son
ustedes los que la traen a colación! Ustedes hacen oposición contra
el Partido Popular alegando que no hacemos aquello que ustedes no
hicieron en catorce años; hacen oposición sobre lo que ustedes no
hicieron y, por tanto, se acusan a ustedes mismos. Me fuerzan ustedes
a valorar la gestión durante la etapa
socialista por la dialéctica que ustedes utilizan. Por tanto, cada
vez que ustedes utilicen esa dialéctica yo voy a comparar la gestión
de este Gobierno con la gestión que ustedes hicieron, porque es una
forma legítima en esta Cámara de valorar la actuación gubernamental.
En segundo lugar, señoría, ¿respeto a esta Cámara? El que más. A eso
no me gana usted. Y eso no significa que yo tenga que traer aquí un
plan sectorial ni una programación de prioridad de inversiones. Usted
es la oposición, ejerza las iniciativas pertinentes para controlar al
Gobierno. No me pida a mí que traiga aquí documentos que yo entiendo
que son documentos administrativos para el buen orden de la gestión
interna del Gobierno, sin necesidad de someterlo a un debate público,
debate público ya realizado en el Plan director de infraestructuras,
en el Plan de infraestructuras ferroviarias y en mi comparecencia
para explicar el programa del Gobierno en la Comisión de
Infraestructuras. Por tanto, ¿debate en esta Cámara, señoría? Hasta
la saciedad. Hoy mismo tenemos un debate extraordinariamente
interesante. Ustedes frecuentemente acuden al procedimiento de negar
el debate cuando estamos debatiendo, lo cual es una contradicción en
los términos. Hoy estamos debatiendo en materia de prioridades de
inversión en infraestructuras ferroviarias. Bueno, pues esto es el
debate. Ustedes presentarán la moción y continuaremos el debate. En
cuanto al respeto a la Cámara, yo todo. Vengo aquí, discuto, contesto
a la interpelación y si es necesario intervendré durante el debate de
la moción.
Señoría, en lo que afecta a los trazados y a los tiempos de
construcción, nosotros hemos cambiado de metodología. Le he dicho que
ustedes se equivocaron en la programación de los corredores
ferroviarios y en la valoración del modo de transporte ferroviario en
su capacidad de captar tráfico; que ello exige un cambio de
planteamiento, que es el que se está estudiando, para determinar la
prioridad a corto plazo de las inversiones, estudios de demanda,
rentabilidad, factor tiempo, qué tiempo es el competitivo entre los
puntos de origen y destino para que el ferrocarril deba ser
construido con carácter inmediato.
Se ha referido también S.S. a la financiación. Señoría, la
financiación de un programa de inversiones ferroviarias es a veinte o
veinticinco años. Ya verá usted cómo van saliendo las cifras. Ustedes
hacían documentos preciosos -ya se lo he explicado y se lo he
demostrado- estableciendo una programación de inversiones y, después,
en el texto escrito, señalaban que esa programación de inversiones no
se cumplía o no se podía cumplir. Nosotros vamos con proyectos
concretos y prioritarios y vamos introduciendo la financiación
necesaria a cada paso, que es lo que procede.
El ferrocarril, en estos momentos, tiene en España dos vías de
financiación: el capítulo 6 del Ministerio de Fomento y el capítulo
8, que son inversiones hechas con fondos procedentes de
privatizaciones y
con fondos comunitarios de cohesión. Esa es una fuente que nos está
permitiendo financiar el MadridBarcelona- frontera francesa, y lo
vamos a financiar. En estos momentos el GIF no tiene ya ningún
problema de financiación para completar la ejecución de la obra. Es
más, de acuerdo con el valor patrimonial neto que dentro de dos o
tres años va a tener el GIF, va a poder financiar también el Madrid-
Valladolid, sin perjuicio de que éste va a tener una fuente de
financiación en otros procesos de privatización que están en marcha y
que suponen importantes ingresos del Estado que, en parte, se van a
continuar utilizando para financiar los dos grandes encargos que
tiene el ente Gestor de Infraestructuras Ferroviarias: el Madrid-
Barcelona y el Madrid-Valladolid. Esos tienen la financiación
asegurada.
Para los demás proyectos, señoría, ya le he dicho que hay
financiación, la financiación necesaria. El Córdoba- Málaga tiene
3.000 millones de pesetas para financiar el proyecto y el Madrid-
Valencia tiene otros 2.500 millones de pesetas porque el estudio
informativo ya está financiado y nos lo entregarán el próximo mes.
El señor PRESIDENTE: Puede concluir, señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Concluyo,
señor presidente. ¿Que este Gobierno no se gasta el dinero
presupuestado? Señoría, eso contradice todos los informes de la
Intervención General del Estado. Coja usted el informe de la
Intervención General del Estado y verá que el índice de ejecución
presupuestaria del Ministerio de Fomento es espectacular, ya que el
pasado ejercicio llegó al 96 por ciento.
Puede presentar la moción, está en su perfecto derecho y la
discutiremos aquí. Ahora bien, espero que, en aras del rigor que S.S.
predica, en esa moción ponga las fuentes de financiación. Pedir que
se hagan con carácter inmediato todos los corredores ferroviarios del
mundo y, después, no ocuparse de su financiación forma parte de un
planteamiento estrictamente electoral y nada riguroso. Me temo,
señoría, que su moción tiene una finalidad estrictamente electoral y
nada rigurosa.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. ¿Algún grupo
parlamentario desea fijar su posición? (Pausa.)
La Presidencia quiere invocar las facultades reglamentarias que le
concede el artículo 73 para decirles a SS.SS. que aplicará una
reducción de tiempo drástica a efectos de avanzar en el orden del día
y poder agotarlo.
Por ello les ruego que ustedes mismos colaboren con la Presidencia
para no alargar en exceso sus intervenciones, que comienzan con la
del señor Chiquillo, por e Grupo Mixto.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.Intervendré muy
brevemente.
El tema que nos ocupa hoy ya fue motivo de una interpelación por el
diputado que les habla, en nombre y representación de Unió
Valenciana, en el anterior período de sesiones, de febrero a junio de
1998. Manifesté en la misma que en el año 1988 ya se declararon
prioritarios y de interés general, algunos avalados con informes y
otros no, diversos proyectos de alta velocidad en el Estado español.
Hoy nos ocupa y nos preocupa a muchos, en el caso de la Comunidad
Valenciana, el futuro en concreto de la alta velocidad Madrid-
Valencia. Esas acusaciones mutuas que ha habido por parte del
ministro hacia el portavoz del Grupo Socialista y del Grupo
Socialista hacia el ministro de Fomento sobre planificación y falta
de la misma, vienen como anillo al dedo para hablardel mismo tema.
Consideramos que sería urgente, para evitar ese doble lenguaje del
que se ha acusado al Ministerio - que yo asumo que se está
produciendo- de hacer en cada comunidad unas promesas, que el Consejo
de Ministros adoptara un acuerdo, igual que en el año 1988, de que se
declararan prioritarias y de interés general algunas de las obras de
alta velocidad y saliéramos de dudas sobre las promesas que se hacen
en cada comunidad.
Por tanto, recurriendo a los criterios de demanda, viabilidad
económica, rentabilidad, racionalidad y rigor no nos cabe ninguna
duda desde Unió Valenciana, y así lo planteamos, que debería
declararse prioritario y de interés general el trayecto de alta
velocidad MadridValencia, con ese proyecto de ancho europeo de alta
velocidad cuyo estudio parece que se va a presentar en marzo del año
1999.
Lo que no tiene sentido, no tiene racionalidad y no tiene rigor por
parte del Ministerio es que ahora se plantee hacer el ancho europeo
desde Vandellós a Barcelona en el trayecto de alta velocidad y sin
embargo la línea Alicante-Valencia-Vandellós, ese Euromed del
corredor mediterráneo, se mantenga con el ancho nacional. Eso pienso
que técnicamente pone muy en duda la viabilidad económica, la
rentabilidad, la racionalidad y el rigor del planteamiento.
Respecto a un tema tan importante como es el de la financiación,
desde Unió Valenciana creemos que es inadmisible la cofinanciación
que se ha planteado para el AVE Madrid-Valencia. Si el AVE Madrid-
Sevilla y el AVE Madrid-Barcelona van a ser financiados cien por cien
por fondos presupuestarios del Gobierno central y de la Unión
Europea, pensamos que es inadmisible que la Comunidad Valenciana
tenga, además de pagar los impuestos directos y los impuestos
indirectos, también que pagar nuestra parte proporcional de las
infraestructuras. Propongo una alternativa a ver si le suena al señor
ministro de Fomento, dado el coste elevado del proyecto. Le lanzo un
mensaje desde Unió Valenciana (ya lo hicieron anteriores gobiernos en
la época del plan sur de la ciudad de Valencia que el Gobierno cen
tral
no quiso asumir un gasto de una infraestructura de competencia
estatal) y es que emitan un sello para que todos los ciudadanos del
Estado español podamos, con el pago de ese sello, financiar las obras
de interés general. Es decir que el tren de alta velocidad Madrid-
Valencia y otros proyectos que se plantean salga del bolsillo de
todos los españoles porque son obras de interés general y así no
habrá dudas del futuro de esa financiación. Serán viables
económicamente y habrá racionalidad y rigor. Esos motivos apuntan que
el AVE MadridValencia debería ser de ancho europeo, conectado con la
línea de ancho europeo Valencia-Barcelona, no sólo Barcelona-
Vandellós. De esta forma se podría hacer efectiva esa conexión de
alta velocidad con el ancho europeo de Madrid con Valencia y Valencia
con Barcelona y la frontera francesa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Chiquillo.
Tiene la palabra el señor Sedó por el Grupo de Convergència i Unió.
El señor SEDÓ I MARSAL: Gracias, señor presidente.
La interpelación de hoy, que prácticamente tenía que hablar de alta
velocidad, en su mayor parte se ha referido a Guadarrama, pero para
mi intervención es igual.
Tengo un problema y es que en muchos anuncios profesionales se valora
la experiencia. Llevo muchos años tocando estos temas en estas
comisiones y quizás ya me tocará el recambio pronto. Como se ha
dicho, el propio Plan director de infraestructuras habla de quince
años de vigencia y para este tipo de obras se necesitan muchos más.
No puede irse diciendo que sólo hablamos de dos años para acá, sino
que hay que contar con todo.
En abril-mayo de 1988, yo interpelé al entonces ministro de
Transportes, el cual decía que para temas de alta velocidad de ancho
europeo ni aunque España tuviese el dinero entraríamos en ello. Esto
lo decía el ministro en aquellos momentos, que era el señor Abel
Caballero. Días después el que era presidente de Renfe, el señor
García Valverde, de triste recuerdo en este aspecto, también decía
algo parecido. Pero al cabo de dos meses hubo cambio de gabinete y el
9 de diciembre viene el decreto para el AVE de Madrid-Sevilla y la
prioridad hasta Zaragoza-Barcelona-frontera francesa y por el norte
con la Y griega vasca. Aquello sí que fue a costa del resto del
ferrocarril. Hoy se ha dicho que los modelos que hay son a costa del
resto del ferrocarril. Había un plan director de ferrocarriles que
con el AVE desapareció del mapa y nunca más se ha visto.
Señorías, no sé qué dirá la moción, lo supongo. Pero quisiera decir
que de aquella intervención del ministro el año 1988 se salvó a
última hora un plan de viabilidad que había del tren de alta
velocidad con ancho europeo desde Barcelona a la frontera, redactado
por
el señor Albert Vilalta, el actual secretario de Estado, que es
autoridad reconocida en estos temas. Desde entonces ya existía la
posibilidad de ir de Barcelona a la frontera. Francamente, hoy en día
tenemos ya en construcción el Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera. Se
ha dicho que había ya obra también en Ricla. Igualmente hay que hacer
constar que en la legislatura anterior había empezado esta obra en
Ricla y parte de Zaragoza pero con ancho español. No se cree nadie
que se quiera hacer un tren de alta velocidad con ancho europeo y se
empiece a hacer todas las obras con ancho español. Es verdaderamente
absurdo. Este era un modelo falto de rigor.
Además, quisiera decir que esta mañana ha prosperado una moción
respecto al corredor del Mediterráneo. Tengan en cuenta también que
esta moción ha prosperado esta mañana porque el Grupo Catalán
(Convergència i Unió) ha votado favorablemente. Creo que aquí se ha
equivocado el Grupo Popular. Pensamos que para el año 2001 la mayoría
de las obras del corredor con velocidades de 200-220 se pueden
terminar y porque la segunda parte, que es estudiar una posibilidad
de conexión del corredor con la línea de alta velocidad en la zona de
Tarragona, es posible; no sólo es un estudio de proximidad, sino que
ya está hecho, ya se piensa así. Muchos de nosotros -yo soy diputado
por la zona- sabemos prácticamente por dónde va a pasar esta
solución, con la posibilidad de intercambiadores para que puedan
hacer los recorridos de alta velocidad desde el sur mediterráneo con
trenes Talgo, cambiar en la zona de Tarragona el ancho de vía
automáticamente, meterse ya en el ancho europeo y pasar directamente
a Barcelona. Aquí hablamos de cuestiones propagandísticas, pero
incluso la moción que esta mañana se ha debatido nosotros la hemos
aceptado porque no era otra cosa que hacer una especie de propaganda
de la estación de Sagrera, que el actual alcalde de Barcelona está
promocionando. Todos creemos que se hará, pero que tiene una serie de
inconvenientes. Estamos hablando de unos temas que necesitan un
debate largo y sosegado. Me parece que aquí entraremos en un esquema
de discusión parecido al del Plan hidrológico, en el que siempre
pedimos sosiego y consenso y no logramos ni sosiego ni consenso.
En cuanto al tren de alta velocidad, vaya por delante que se debe
terminar lo que se está haciendo, que no nos encontremos en los
Presupuestos Generales del Estado grandes enmiendas que quitan
100.000 millones de pesetas al centro Gestor de Infraestructuras
Ferroviarias para darlo al resto del ferrocarril. Trabajemos todos y
si es necesario hagamos un debate específico sobre este tema pero,
como digo, sosegadamente. No creo que podamos llegar a apoyar la
moción, porque tal como ha ido esta interpelación vemos que tiene
otro cariz. Esta mañana hemos apoyado lo que nos parecía lógico. Por
tanto, si la moción fuese por esta vía estaríamos dispuestos apoyarla
presentando las enmiendas
correspondientes. En caso contrario ya veremos cuando la discutamos
el próximo martes.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
El señor Rodríguez me decía que también quería matizar la
intervención del Grupo Mixto, que antes absorbió en su integridad el
señor Chiquillo.
Tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Quiero decir de forma drástica, en nombre del Bloque Nacionalista
Galego, que es llamativo en todos los debates que hay en el Estado
español sobre el ferrocarril la sobreabundancia de trenes de
velocidad alta y, sin embargo, la cicatería y la incomprensión que
hay con trenes que desarrollan su recorrido en lugares abiertamente
competitivos, como sabe usted, por ejemplo, A Coruña-Vigo, y que no
pueden contar siquiera con 30.000 millones de pesetas en cinco años.
Creo que esta visión del Estado español, aparte de desequilibrada,
resulta incomprensible para la opinión pública de Galicia. Espero que
si ustedes no rectifican esta opinión pública cada vez les irá
pasando más facturas, y también que tengan una visión del Estado
español, ahora que son tan favorables a la transnacionalización, más
equilibrada. Creo que hay una parte occidental como hay una parte
norte; esa parte occidental que yo sepa, vamos a suponer que empieza
en Ferrol -que ustedes eliminan siempre, por lo demás- y que puede
acabar en Lisboa o más abajo, tiene el potencial económico y de
habitantes de Levante.
Yo creo que no es de recibo que ustedes estén regalando, por lo menos
hipotéticamente, miles de millones de pesetas cuando, vuelvo a
repetir, tienen un ferrocarril altamente competitivo a 48 kilómetros,
60 kilómetros por hora de media, con 4 millones oficiales de
ocupantes en un país que tiene dos millones, no llega a tres. Esto
merece un debate sobre si es necesario seguir por la alta velocidad o
si se habrá de equilibrar primero todo en velocidades de 120 ó 150
kilómetros por hora y hacer las infraestructuras básicas, colocadas,
en todo caso, presumiblemente para una alta velocidad en el futuro.
Pienso que por este camino se va mal y no solamente para los usuarios
viajeros, sino también para las mercancías, que es una cosa muy
importante.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, por su esfuerzo de síntesis, señor
Rodríguez.
Señor Santiso, por el Grupo Federal de Izquierda Unida.
El señor SANTISO DEL VALLE: Gracias, señor presidente.
Dado el escaso tiempo en el que hay que abordar un tema tan complejo,
yo quiero decir que creo que estamos todos bastante flojitos en temas
de ferrocarriles.
Para hacer una pequña aportación, diré que hay un asunto muy
importante en lo inmediato, que es la alta velocidad que se está
construyendo entre Madrid y Barcelona. Yo le pediría a este Gobierno
no que haga un nuevo plan o un gran plan, sino que haga pocas cosas
y que no haga tonterías.
En el año 1988, cuando se decidió construir el ferrocarril Madrid-
Sevilla con ancho europeo, en mi opinión y en la de otros, se cometió
un error, porque la alta velocidad es competitiva hasta los 400
kilómetros, aproximadamente, con el avión. A partir de esa distancia,
normalmente, se utiliza el avión. Por lo tanto, yo pienso que ha
habido una cierta obsesión, que sobre todo vino de Cataluña, pero
también ha habido un cambio radical de posición en 24 horas, ya que
se cambió de criterio prácticamente a la puerta de la firma del
contrato de alta velocidad y de las locomotoras de gran potencia, que
iban a ser de ancho español. Lo conozco bien porque yo fui uno de los
denunciantes entonces y la cosa va a terminar como va a terminar.
Quiero decir que ancho europeo no es sinónimo de alta velocidad. No
tiene nada que ver. Es simplemente un problema de compra de material
a un proveedor determinado. En Francia tienen el ancho europeo. Pero
vamos a introducir un problema nuevo en España, y es crear efectos
frontera en cada punto en que se conecta el ancho europeo con el
resto de la red. Eso es, en mi opinión, sinceramente un error. En el
año 1988 se hizo un estudio y por eso se tomó la decisión que
pretendía cambiar el ancho de toda la red ferroviaria española, y en
esa lógica es en la que se hizo en ancho europeo el ferrocarril
Madrid-Córdoba-Sevilla, porque se pretendía -hay que recordar las
hemerotecas, etcétera de aquella época- cambiar toda la red. Aquello
era un desastre financiero, pero tiene su lógica que una red dentro
de un país tenga el mismo ancho. En Francia a partir de Lyon va por
su red tradicional de 150-200 kilómetros hora, evitando los efectos
ruptura, que están solucionados con el material tipo Talgo, y
probablemente ahora, con el nuevo invento que se está estudiando de
cambiar los ejes de las máquinas. Pero es duplicar los problemas en
cada punto de ruptura. Sinceramente, pienso que es un error y pediría
que se haga, por lo menos, con traviesas polivalentes, por si algún
día hay que rectificar, no incidir en el mismo error de ese ancho.
Creemos que se ha despilfarrado bastante con la alta velocidad. En
todo caso, la solución, puesto que el gran problema del ancho se ha
suscitado en Cataluña, puede ser introducir el ancho europeo hasta
Barcelona, para conectarla con la red, igual que hoy está conectada
hasta dentro de España. Como ustedes saben muy bien, la red europea
llega hasta Irún y Portbou y la nuestra llega hasta Hendaye y, por
otro lado, a Francia. Probablemente con eso era suficiente y no hacía
falta crear nuevos problemas, como la conexión con toda la banda
mediterránea. Dejo esta reflexión aquí para que no sigamos cometiendo
errores. Creo que hay que prometer
menos cosas y hacer más y sobre todo invertir más en la red
ferroviaria tradidional.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Santiso.
El señor Carreño, por el Grupo Popular, tiene la palabra. Le ruego
sea breve.
El señor CARREÑO RODRÍGUEZ-MARIBONA: Muchas gracias, señor
presidente.
Aunque parece no existir nada positivo en la gestión del Ministerio
de Fomento en relación con el ferrocarril de alta velocidad, algo, no
obstante, debe haber bueno cuando el ex presidente gestor del mismo,
repetidamente citado en algunas intervenciones anteriores, ha
ampliado sus competencias a las del secretario de Estado de
Infraestructuras. Estudios y proyectos hacen falta para decidir
soluciones y prioridades. Los 10.000 millones de pesetas que había
para el tramo Castellón-Oropesa en el corredor del Mediterráneo no se
pudieron emplear y, por eso, va muy retrasado con relación a ese plan
del Gobierno socialista.
Estudios y proyectos hacen falta para poder aprobar la propuesta de
esta mañana, que también se ha citado repetidamente, porque es
irrealizable terminar ese corredor del Mediterráneo en el año 2001 y
además con la parada en la estación de Sagrera. Por eso, dentro del
realismo y el propósito de no meter al Gobierno en compromisos
irrealizables de origen, es por lo que no la hemos de aprobado.
La política ferroviaria del Gobierno -y, dentro de ella, la del
ferrocarril de alta velocidad- es parte integrante e importante de la
política inversora y, por ello, de la presupuestaria del Gobierno.
Todos los indicadores demuestran que la política inversora y la
política presupuestaria van por el camino correcto, pero es evidente
que las inquietudes sociales y políticas, las peticiones de mejora o
de nuevas infraestructuras van más deprisa que las posibilidades de
satisfacerlas. Se ha repetido mucho que el Plan director de
infraestructuras, debatido en 1995 -por cierto, con dos años de
retraso en el arranque porque su período de validez era de 1993 al
año 2007-, recogía casi exhaustivamente la solución al déficit de
infraestructuras de toda España y necesitaba 15 años para su
desarrollo, aun a sabiendas de que desde el principio no había plena
conciencia de la posibilidad de cumplirlo. El propio Congreso, en una
de las resoluciones, al estudiar el plan dice que su financiación
determina la viabilidad práctica del mismo. El plan necesitaba para
sus inversiones ferroviarias en alta velocidad no las cifras que se
han citado por algún portavoz, sino un total de 1,718 billones de
pesetas y, de ellos, en financiación extrapresupuestaria 1,120
billones de pesetas, que suponen nada menos que el 60 por ciento; era
absolutamente irrealizable desde el principio ese Plan director de
infraestructuras en lo referente a alta velocidad. Sin embargo, dicho
plan director ha tenido continuidad en cuanto a planificación, desde
el punto de vista de la Unión Europea, con la aprobación
y consenso de 14 grandes proyectos transeuropeos de transporte entre
los que, como SS.SS. saben, se incluye Madrid-Barcelona-Perpiñán y
Madrid-Vitoria-Dax, y en cuanto a este Congreso, con las resoluciones
aprobadas en el debate sobre el Estado de la Nación en 1997 y 1998.
Voy a hacer un brevísimo inciso.
El señor PRESIDENTE: Señor Carreño, vaya concluyendo.
El señor CARREÑO RODRÍGUEZ-MARIBONA: En la resolución 35 de este
Congreso de los Diputados en el debate sobre el Estado de la Nación
de este año se dice que el Congreso de los Diputados insta al
Gobierno en materia de infraestructuras ferroviarias a adoptar
medidas encaminadas a dar prioridad al mantenimiento de la red para
evitar la descapitalización de la misma, así como articular un red de
velocidad alta que corrija especialmente los déficit de comunicación
ferroviaria de distintas regiones de nuestro país, homogénea y
continua.
En la interpelación en abril sobre este tema, ampliado a carreteras y
al resto de ferrocarriles, no sólo a la alta velocidad, explicó el
ministro de Fomento los grandes plazos que requieren las grandes
obras de infraestructura y también se explicó entonces la situación
de los proyectos de líneas de alta velocidad. Hoy, afortunadamente,
están bastante más avanzados, primero, porque la creación del GIF ha
permitido avanzar en la solución a la financiación y ejecución del
tren de alta velocidad Madrid-Barcelona-Francia; segundo, porque el
mismo GIF hará posible la financiación y ejecución en menor plazo del
ferrocarril Madrid-Valladolid; tercero, porque el AVE Madrid-
Valencia, realizados todos los estudios previos necesarios, tiene
resuelta su pronta realización. A pesar del carácter exhaustivo del
Plan director de infraestructuras, no se incluía en él, y lo ha
recordado el señor Arias-Salgado, el AVE CórdobaMálaga, sólo se
incluía la modernización de su línea.
Hace pocos meses el Grupo Socialista -todavía lo decía su portavoz el
22 de abril de este año- planteaba su estudio de viabilidad de ese
Córdoba-Málaga. Hoy, esta mañana, al debatir una de las proposiciones
no de ley, lo que pedía era instar al ministro de Fomento a que
firmara un convenio con el presidente de la Junta de Andalucía.
El señor PRESIDENTE: Señor Carreño, ha de concluir.
El señor CARREÑO RODRÍGUEZ-MARIBONA: Termino, señor presidente.
Está claro que la necesaria presentación del nuevo contrato-programa
Estado-Renfe, válido a partir de 1999, definirá actuaciones de todo
tipo en la red ferroviaria, que complementarán las encomendadas al
GIF. Con todo ello y los estudios y proyectos previstos por el
Ministerio de Fomento será posible continuar la política ferroviaria,
estableciendo, ahora sí, prioridades.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Carreño.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN LA
LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL, CON ESPECIAL REFERENCIA A LA ACTUACIÓN
DE LA AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN RELACIÓN CON
LAS CAUSAS POR DELITO FISCAL. (Número de expediente 172/000126)
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate de la interpelación
socialista, pasamos a la que suscribe, dentro del Grupo Mixto, el
señor Saura Laporta, sobre la política del Gobierno en la lucha
contra el fraude fiscal, con especial referencia a la actuación de la
Agencia Tributaria en relación con las causas por delito fiscal.
Quiero volver a advertir, tanto al interviniente como al Gobierno y a
los que quieran fijar su posición, que la Presidencia seguirá
haciendo uso del artículo 73 para reducir al máximo el tiempo de las
intervenciones.
Adelante, señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Muchas gracias, señor presidente.
He de decir que siento una gran satisfacción de hacer esta
interpelación habiendo conocido hace pocos momentos que el Gobierno
inglés ha concedido la extradición de Pinochet que se pide desde
España. Espero que en España alguien recapacite, y digo alguien
porque la mayoría de la gente hace tiempo que tiene una posición
clara.
Esta interpelación que sustancio en estos momentos es la prolongación
de un debate intenso que hemos tenido esta mañana, desde las diez
hasta las cuatro menos veinte, en la Comisión de Economía, y que se
hubiera prolongado más, lo que ocurre es que no ha habido tiempo. En
todo caso, el intenso debate de esta mañana ha puesto de manifiesto
el gran acuerdo de muchos grupos parlamentarios en que la lucha
contra el fraude fiscal que realiza el Gobierno no es adecuada y en
que la actitud del Gobierno pidiendo el archivo de las cesiones de
crédito del Banco de Santander es inconcebible. Esta mañana el señor
Rato ha intentado decir que aquí no pasa nada, que no hay crisis, que
todo va muy bien. Yo le decía que hay una parte importante de la
Agencia Tributaria que funciona bien, pero que intentar decir que en
el área de inspección, que en el área de recaudación ligada a la
inspección esto funciona bien, es un ejercicio de prestidigitación y
le ponía dos ejemplos. Si alguien piensa que no hay crisis, que coja
un resumen de prensa de los últimos cuatro meses, donde todos los
periódicos, absolutamente todos, ponen de manifiesto la crisis y no
será porque el Gobierno no ha intentado comunicar que no hay crisis,
e incluso he contado seis editoriales de periódicos distintos que
cuestionan a fondo la lucha contra el fraude fiscal que realiza el
Gobierno. Y el segundo ejemplo
que ponía, y hacía una broma, era la propia dimisión del director
general de la Agencia Tributaria; en dos años y medio ha habido dos
dimisiones y tres directores generales y yo le decía al señor Rato
que, como cuando todo va tan bien los directores generales son
cesados o dimiten, le aconsejara al nuevo director general de la
Agencia que no lo haga tan bien, que lo haga un poco peor, porque
seguramente así no habrá de dimitir ni de cesar.
Estos son dos ejemplos clarísimos y no voy perder en esto más tiempo,
porque no lo tengo pero también porque ya expliqué a fondo el 6 de
octubre que había seis razones en aquellos momentos que a nuestro
entender motivaban la crisis de la Agencia: mayor opacidad que nunca,
un caos interno importante, con manifestaciones prácticamente de
todos los sectores de la Agencia; unos datos continuamente
contradictorios y difíciles de seguir del señor Rato, del secretario
de Estado de Hacienda, etcétera, y una disminución de la deuda
liquidada, que este año se va a situar en más de 200.000 millones de
pesetas.
Esta mañana decía que el problema de fondo es por qué hay esta crisis
y nuestro diagnóstico es claro: hay crisis porque de alguna manera el
Gobierno no quiere afrontar la lucha contra el fraude de forma
prioritaria, lo que ha motivado el incumplimiento, tanto de los
compromisos del señor Rato hace un año y medio como del mandato del
Pleno del Congreso de 27 de junio, y aquí nos hemos puesto de
acuerdo. Esta mañana el señor Rato reconocía que sí, que hay aspectos
importantes en los que él se comprometió en junio de 1997 a que se
plantearan antes de diciembre de 1997 y no se ha hecho y que se ha
burlado la parte importante que el Pleno del Congreso decidió el 27
de junio.
Quiero hacer referencia también al Banco de Santander, al hecho de
que el abogado del Estado, el Gobierno y el fiscal -pero en este caso
lo que nos interesa es el Gobierno- hayan pedido el archivo del caso
de las cesiones de crédito del Banco de Santander. Estamos ante un
caso de captación de 400.000 millones de dinero opaco, y el Banco de
Santander ha dado a Hacienda identidades falsas de 100.000 millones.
Esta investigación que viene de lejos, se acelera este año porque hay
un informe de robótica de la Universidad de Valencia que pone de
manifiesto la utilización de testaferros por uno de los presuntos
implicados, el consejero del Partido Popular de Valencia señor
Cartagena. Eso significa inmediatamente la dimisión de Cartagena,
pero en este informe hay además una adenda de 200 ó 300 nombres de
personas en situación parecida. Se acelera porque el propio fiscal
del caso, en abril, pide que venga a declarar la comisión ejecutiva
del Banco de Santander, y se acelera porque a finales de julio los
peritos judiciales han de presentar un informe pericial en el que se
comprueban las responsabilidades de la dirección del Banco de
Santander. Por tanto, durante el periodo de febrero a mayo esto se
agiliza, y sorprendentemente el 12 y el 14 de julio el fiscal del
caso es sustituido por el señor Fungairiño que pide el
archivo del caso, y el abogado del Estado pide el archivo del caso.
Esta mañana el señor Rato nos intentaba convencer de que el Gobierno
no tienen nada que ver con esto, que éste es un problema jurídico.
Resulta sorprendente que en el momento que el procedimiento judicial
está avanzando y demostrando la implicación de la dirección del Banco
de Santander, el Gobierno pidiendo el archivo del caso, paralice o
intente paralizar la investigación judicial. Éste no es un problema
jurídico, es un problema político. El señor Rato decía: Es que
nosotros no queremos tomar posición procesal. Yo le contestaba: No
hagan nada, quédense quietos, dejen que la investigación judicial
avance.
Sin embargo, el Gobierno incomprensiblemente, insisto, cuando la
investigación está avanzando hace un escrito pueril del abogado del
Estado, que no tengo tiempo de leer -puedo leerlo después-, pidiendo
el archivo del caso. Por tanto, hay que dar una explicación pública,
primero porque contrasta con las manifestaciones del señor Rato el 4
de junio de 1997 y que están aquí, cuando decía que en el caso de
primas únicas ellos no compartían que el Gobierno desistiera ante
estos casos, que había que utilizar todos los medios. En segundo
lugar porque va en contra de la ley. La ley dice que para que el
abogado del Estado desista necesita un informe previo en este caso de
la Agencia Tributaria. El señor Rato no contesta a esto, simplemente
dice que la Agencia no ha hecho el informe. La pregunta es: ¿Y
ustedes han pedido responsabilidad al Ministerio de Justicia? ¿Cómo
puede decidir el abogado del Estado que el Gobierno pida el archivo
de un caso como éste? ¿Para qué está el ministro de Economía, señor
Rato? Si sobre el mayor fraude fiscal el ministro de Economía dice
que esto no es competencia suya ¿de quién es competencia?
Señor Rato, ustedes no han defendido los intereses públicos de la
Hacienda; ustedes han defendido los intereses del Banco de Santander.
Pueden defenderlo privadamente, pero tenían y tienen la obligación de
defender los intereses de la Hacienda pública. Desde este punto de
vista vuelvo a solicitar que dé una explicación política de por qué
el Gobierno del Partido Popular, en el momento que la investigación
va dejando claras responsabilidades, pide el archivo del caso. Quiero
pedirle también que rectifique; no sólo que dé una explicación, que
rectifique. Estoy de acuerdo con usted en que el Gobierno no ha de
tomar posición procesal; no tomen ninguna, dejen simplemente que el
procedimiento judicial avance, pero no intenten utilizar los
instrumentos del Estado precisamente para oponerse a que la
investigación siga adelante.
Acabo, señor presidente, y creo que he sido absolutamente escrupuloso
con el tiempo.
El señor PRESIDENTE: En efecto.
El señor SAURA LAPORTA: Acabo diciendo, señor Rato, que en estos
momentos la lucha contra el fraude
fiscal no está bien enfocada por el Gobierno, creo que usted ha
aumentado esta mañana la preocupación de las diputadas y los
diputados que estamos preocupados por este tema y pido que usted dé
una explicación de las cesiones de crédito y rectifique su posición.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Saura.
En nombre del Gobierno, para contestar a la interpelación, tiene la
palabra el vicepresidente para Asuntos Económicos, señor De Rato
Figaredo.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Gracias, señor presidente.
Gracias, señor Saura, por el tono de su intervención, que coincide
con el de esta mañana, aunque como usted mismo ha reconocido estamos
insistiendo en un tema que en algunos aspectos me parece positivo que
insistamos; en otros que trataré de poner de relieve en el tiempo que
me da la Presidencia, creo que estamos desviando la atención hacia
cuestiones cuya valoración política no me parece muy conveniente.
En cualquier caso usted ha dividido su intervención en dos
cuestiones: por un lado la crisis de la Agencia, y por otro lado la
cuestión de las cesiones de crédito, especialmente referida a una
determinada institución financiera, el Banco de Santander. Que S.S.
argumente que la base de la crisis de una institución como la Agencia
Tributaria, que por ejemplo tramita en el impuesto sobre la renta de
las personas físicas 15 millones de declaraciones, consiste en seis
editoriales de prensa y el hecho de que un director general, después
de un mandato decida que no quiere continuar en su puesto, me lleva a
decirle que crisis como esas las querrían todos los gobiernos. Una
crisis sería que en este momento los ciudadanos tuvieran opinión
negativa de la Agencia Tributaria peor de la que tenían, o que
estuviera disminuyendo su valoración; sería una crisis que
estuviéramos siendo incapaces de resolver los problemas de
recaudación; sería una crisis que nuestras cifras de lucha contra el
fraude no fueran superiores a las de años anteriores o que después de
haber aprobado esta Cámara el Estatuto del Contribuyente no
hubiéramos podido ponerlo en marcha. Que S.S. me diga que los grandes
datos de la crisis por los que esta Cámara se tiene que regir son
seis editoriales de prensa, que por otra parte habrá que leer y poner
en relación con lo que dicen en su totalidad, y el hecho de que una
persona que está trabajando durante un año largo decida que quiere
abandonar su puesto, sinceramente señor Saura creo que crisis de esas
no son de mayor calado.
Después aduce seis razones; yo le escuchado cuatro pero en cualquier
caso paso a contestarlas. Respecto a la opacidad, señor Saura, le
digo que esta mañana hemos discutido mucho tiempo sobre esta
cuestión. Yo he insistido en que ustedes tienen toda la información
que en este momento nos parece relevante, desde luego la misma o más
que se tenía anteriormente, y que en estos días hemos dado un paso
más al que si S.S.
quiere puede perfectamente decir que nos lleva su insistencia, porque
no tengo ningún inconveniente en que sea así si así lo quiere S.S., y
es que a partir de ahora serán públicos mensualmente los datos de
recaudación y de inspección a través de Internet, y por tanto los
remitiremos también al Parlamento. Tienen ustedes una comparecencia
cuatrimestral del secretario de Estado y están publicadas las
memorias de la Administración tributaria. Su señoría no lo ha dicho,
pero como es un argumento que estamos manejando puede aducir que no
hemos publicado la memoria de la Agencia, aunque lo hemos hecho a
través de Internet. Pues bien, la publicaremos también, está hecha
puesto que se encuentra en Internet, y si S.S. quiere recibirla
nosotros se la vamos a remitir.
Estoy dispuesto a que el Parlamento, la Comisión de Economía o el
Pleno me digan qué más información quieren. No me diga usted que
somos opacos; dígame qué más información quiere. Dígame usted que
quiere una determinada información que no le proporcionamos,
y nosotros le daremos una explicación técnica, si no podemos dársela, y
si se la podemos dar no le quepa ninguna duda, señor Saura, de que se
la vamos a facilitar.
El segundo argumento es que hay un caos técnico en la Agencia, un
caos interno. ¿Cuál es el caos interno, señor Saura? ¿Cómo es posible
que podamos tramitar el 50 por ciento más de devoluciones, que
podamos incrementar en 7 millones de personas la ayuda al
contribuyente en el programa Padre, que hayamos puesto en marcha
dispositivos de ayuda al contribuyente y de información de los datos
que tiene la Administración tributaria de cada contribuyente y que
hayamos puesto en marcha el Estatuto del Contribuyente, y me diga
usted que hay un caos interno?
Mire usted, señor Saura, la Agencia está funcionando, pero es que
además si repasa usted las cifras de satisfacción de los ciudadanos
españoles sobre el funcionamiento de la Agencia podrá comprobar que
no sólo se mantienen a niveles bastante mejores que otros muchos
servicios públicos (y no seré yo ahora el que haga crítica de otros
servicios públicos, que seguramente S.S. y otros parlamentarios lo
podrán hacer con mayor dedicación que yo); las cifras de respaldo
público que tiene en este momento la Agencia Tributaria no sólo son
superiores a las de otros servicios, vuelvo a repetir, sino que están
incrementándose; es decir son superiores a las que nosotros
recibimos, y esperamos seguirlas superando.
En ese sentido, el hecho de que el 84 por ciento de los encuestados
estén satisfechos o muy satisfechos, que el 71,9 por ciento cree que
el servicio de atención e información al contribuyente es bueno
frente al 5,6 que lo considera malo, y que el 61,5 por ciento cree
que el trato al contribuyente ha mejorado respecto al de hace cinco
años, son datos perfectamente comparables con cualquier servicio
público de los que da la Administración española, me atrevería a
decir que de
cualquier administración pública de Europa, y además se están
incrementando.
Por tanto, el caos interno señoría, es imposible. Usted me puede
decir: hay unos colectivos determinados que se quejan de la política
de personal que les afecta a ellos. Tiene razón, los hay, de 27.000
funcionarios hay un número reducido, 300, que se encuentran en un
conflicto corporativo con la Agencia. Señoría, yo no voy a
deslegitimar los intereses corporativos, pero hay que ponerlos en su
justa medida. Aun más, el Gobierno es consciente de que tiene que
resolver esos problemas, y de ahí que se haya llegado a un acuerdo
con todas las fuerzas sindicales de la Agencia y se haya aprobado
aquí una enmienda para resolver problemas que consideramos necesario
resolver. Luego nosotros mismos aceptamos que tenemos que ir en un
proceso de mejora.
Por otro lado me dice que los datos son contradictorios. Señor Saura,
los datos son contradictorios especialmente cuando se quiere que sean
contradictorios. Esta mañana, al final de nuestras seis horas de
debate, S.S. ha comentado cómo era posible que el dato que yo di aquí
defendiendo el proyecto de ley del IRPF fuera distinto del que dio el
señor Costa en la Comisión un mes más tarde. Pues me he enterado, es
muy fácil, porque uno era de enero a abril y el otro de enero a mayo.
Si S.S. quiere encontrar datos contradictorios y no quiere fijarse en
nada más, seguro que los va a encontrar. Yo eso no lo sabía, ya puede
usted suponer que no me había dedicado a saberlo, pero lo he
preguntado para ver si tenía que reconocerle a S.S. que había un
error, y el error que hay es que tratamos de darle los últimos datos,
lo cual creo que nos debería agradecer. Me dice usted que esto no es
así, pero sobre los datos contradictorios fijémonos un sistema para
medir los datos, que sean los datos oficiales que entran en esta
Cámara, señor Saura, y a partir de ahí S.S. podrá criticarnos en
función de lo que hagamos o de lo que dejemos de hacer.
En cuanto a la deuda liquidada, vuelvo a repetir lo que les he
explicado esta mañana en la Comisión, pues veo que S.S. no tiene
ningún interés en aceptarlo. La deuda liquidada es tradicionalmente,
por sistema y por racionalidad, una consecuencia de la deuda
instruida. Siempre ha sucedido que la deuda instruida es superior
a la deuda liquidada, salvo en dos años de la serie histórica, 1986 y
1987, en los que hemos liquidado más deuda de la que hemos instruido
porque hemos liquidado deuda que estaba instruida de ejercicios
anteriores. Por eso la base de comparación de 1998 es una base que
usted debe corregir. Ya sé que S.S. se niega a hacerlo, y si me
perdona que se lo diga está muy claro por qué, porque se le rompe una
parte de su argumentación, pero reconocerá que es tan obvio que no
quiere reconocerlo, que tampoco hay que darle demasiada importancia a
esta cuestión.
Por último quisiera decirle, señor Saura, que el Gobierno es el
primer interesado en que la Agencia Tributaria funcione cada vez
mejor y por tanto si podemos llegar a acuerdos independientemente de
las críticas...
El señor PRESIDENTE: Señor vicepresidente, concluya.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (De Rato y Figaredo): Voy terminando.
Si podemos llegar a acuerdos independientemente de las críticas,
estoy plenamente dispuesto a hacerlo. Por tanto, si usted nos puede
decir qué datos numéricos necesita, distintos de los que recibe,
puede estar seguro de que trabajaremos para conseguírselos, si tiene
sentido lo que usted propone.
Reconozco el mandato de la Comisión del 27 de junio; en estos
momentos se va a cumplir con carácter inmediato el debate anual de
los objetivos de la Agencia. Creo que es un paso sustancial que esta
Cámara debata todos los años los objetivos de la Agencia, cosa que no
se ha hecho nunca.
Segunda cuestión, en cuanto a un estatuto interno de la Agencia, me
he comprometido esta mañana también, como ya está comprometido el
Gobierno, a que será aprobado en esta legislatura.
Paso muy brevemente al tema de las cesiones de crédito. Señor Saura
le he dicho esta mañana y se lo vuelvo a repetir, que la Agencia no
ha emitido una posición procesal de la Administración salvo en el año
1996, lo cual no quiere decir -y si S.S. se va a meter en debates
jurídicos debe medir muy bien las palabras- que la Agencia no emita
informes a cada requerimiento del servicio jurídico del Estado. Si S.
S. pregunta al servicio jurídico del Estado si le ha pedido un
informe a la Agencia le contestarán que sí. Por tanto, si lo pregunta
ya le advierto que le van a contestar que sí, pero le dirán también
que la posición procesal del Estado la fija el servicio jurídico del
Estado, salvo en algunos casos, como por ejemplo en 1996 o como por
ejemplo en las primas únicas en que la Agencia lo fijó; desde luego
no lo ha fijado en el tema de las cesiones de crédito nada más que en
la resolución del año 1996.
Quiero decirle que la posición del Estado en cuanto a valoración
procesal la fijan los servicios jurídicos del Estado, y la fijan en
función de todas las pruebas que tienen que contemplar. Ahí S.S. da
un paso que no puedo seguir, S.S. da el paso político y lo reconoce
además. Quiere un debate político sobre el juicio de un determinado
contribuyente, me da igual que sea persona física que persona
jurídica, en un determinado tribunal con unas determinadas pruebas y
en función de unas determinadas argumentaciones. Señoría, eso es
imposible realizarlo con un mínimo rigor jurídico o político, porque
para poder explicar su teoría conspiratoria tiene que llegar al
argumento que ha vuelto a dar aquí de que se ha cometido un delito en
cadena por parte de todas las instancias más altas -lo ha dicho con
todas las letras- de la Administración pública española incluyendo a
los fiscales, para poder argumentar lo que a S.S. le conviene, y es
que el Gobierno tiene una posición prefijada en un determinado
pleito. Se equivoca, señoría, y le vuelvo a repetir lo que le he
dicho esta mañana: lo puede decir porque es usted diputado, pero no
se puede afirmar eso rotundamente porque está acusando de cometer
delitos a un montón de personas, lo cual no es cierto.
En el mismo tema de las cesiones de crédito habrá podido comprobar S.
S. como en otros casos, que se ha sostenido posiciones por parte de
la Abogacía del Estado, de mantenimiento de las actuaciones en
función de sus consideraciones jurídicas y vuelvo a repetirle lo que
le dije esta mañana, señor Saura.
El señor PRESIDENTE: Muy brevemente, señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (De
Rato y Figaredo): Termino, señor presidente.
Decía, señor Saura, que lo importante en un tema en el que se
discuten los derechos de la Administración y los derechos de los
administrados es que sea un debate jurídico. Me parece imposible que
S.S. pretenda convertir esto en un debate político, salvo que esté
acusando de prevaricación a un montón de funcionarios públicos y de
responsables políticos, cosa que indudablemente -vuelvo a repetir-
puede hacer porque es diputado. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
Señor Saura, para réplica.
El señor SAURA LAPORTA: Señor presidente, pediría su amparo en la
utilización del tiempo en un tema como éste, no digo ya para el
pasado sino para el futuro.
El señor PRESIDENTE: Lo tendrá para lo que viene.
Adelante.
El señor SAURA LAPORTA: Señor Rato, lo que acuso es que el debate es
político -evidentemente que es político-, y fíjese si es político que
hay un procedimiento judicial que está avanzando en la investigación
del mayor fraude español y el Gobierno lo que hace es intentar
cerrarlo: eso lo hace el Gobierno.
Si me dijera que lo que le estamos pidiendo y lo que estoy pidiendo
es que emita opinión sobre la sentencia final, me podría decir eso,
pero yo no se lo estoy diciendo. Le digo que es casualidad que se
llama a declarar a la comisión ejecutiva del Banco de Santander, hay
un informe de robótica que las personas que lo hacen dicen que es un
informe hecho para el caso Cartagena y se transforma en el caso Botín
y los peritos judiciales demuestran los 100.000 millones de pesetas
de prima única con identidad falsa que el Banco de Santander remite a
Hacienda, quince días antes de que esto ocurra, qué casualidad, puede
ser casualidad aunque creo que no y lo sostengo desde aquí.
Por un lado el señor Fungairiño aparta al fiscal que ha llevado este
tema, fiscal que en abril había dicho
que se debía continuar y llamó a declarar a la comisión ejecutiva;
aprovechando que se va de vacaciones, el fiscal Fungairiño dice que
se archive y el abogado del Estado el mismo día casualmente, y esto
lleva ocho o nueve años abierto, hace lo mismo ¿Quién les ha pedido
que archiven esto? El abogado del Estado no debía tomar posición sino
dejar que la jueza investigue, ver el informe pericial. ¿Qué ha
ocurrido ahora? Que una vez presentado el informe pericial otra vez
recurre el señor Fungairiño para que no sea admitido dicho informe
pericial. ,No es un problema de conspiración, señor Rato y le voy a
decir cuál es el problema. Posiblemente el señor Cardenal y el señor
Fungairiño no reciben constantemente instrucciones suyas, no hace
falta. Cuando ustedes les pusieron sabían que lo iban a hacer.
Precisamente si el señor Cardenal y el señor Fungairiño están ahí es
por eso, porque no hace falta darles instrucciones, ellos solos hacen
esto.
Pero usted no puede dar ninguna explicación. Hoy ha dicho una cosita
más, supongo que es porque sabe que lo puedo conocer. Hasta ahora
nunca habían aceptado que se había pedido el informe a la Agencia
Tributaria; nunca. Hoy lo ha dicho.
La ley dice que para que el Gobierno pueda desistir de esto, para que
sea válido el acuerdo necesita un informe preceptivo, ¿por qué no lo
hicieron? ¿Cómo permite no emitir un informe, usted como ministro de
Economía, en el mayor caso de fraude? ¿Para qué lo va emitir? ¿Para
el IVA del taxi? Usted está obligado, según el artículo 7, a emitir
un informe, y yo creo que no es mucho pedirle que no emitiera opinión
pero que no intentara cerrar el caso, porque objetivamente lo que el
Gobierno ha hecho es intentar paralizar la investigación judicial
pidiendo el archivo del caso. Usted a esto no le puede dar
explicación.
Además, voy a leer a las señores y señores diputados qué dijo usted
el 4 de junio de 1997. Comisión de Investigación de los 200.000
millones. Salió el tema de las primas únicas, y palabras literales
del señor Rato: Por tanto la obligación del Gobierno, tal y como
nosotros la entendemos, es la de utilizar todos los instrumentos
a nuestro alcance para defender los derechos económicos de la Hacienda
pública. Repito, todos los instrumentos a su alcance. ¿Ha utilizado
todos los instrumentos esta vez, señor Rato? Continúa diciendo: me
parece que seguramente coincidiremos todos en que es una obligación
básica de los responsables de la Hacienda pública. Hace un año
podíamos coincidir; ahora, no.
Pero usted va más allá en esta misma comparecencia, y a una pregunta
que le hice yo sobre qué opinaba del desestimiento de las primas
únicas, dice lo siguiente: El desistimiento que realizó la
Administración anterior respecto a un determinado expediente de
primas únicas, tengo que decir que se hizo bajo la responsabilidad de
la Administración anterior, y yo no lo comparto. Si la pregunta es
qué valoración hago, desde el punto de vista jurídico los anteriores
responsables tendrán que ser los que respondan.Ahora, dice: Y desde
el punto de vista político nosotros no hemos tomado esa
decisión ni la vamos a tomar. Es más, en otras cuestiones que afectan
al objeto de esta Comisión estamos llevando a cabo una actuación
distinta. Respóndase usted, no me responda a mí respóndase a usted.
Usted ha hecho todo lo contrario que dijo. No hay ninguna explicación
política de por qué lo ha hecho, y las casualidades no operan en
esto, señor Rato. Por tanto, ustedes no han defendido los intereses
de la Hacienda pública.
En el tema de los números -veo que el tiempo se me acaba-, he de
decirle varias cosas: que los números son contradictorios, seguro.
Usted me pedía una rectificación porque había dicho que no coincidían
sus números con los del señor Costa, y ha dicho que los míos eran
cuatrimestrales y los del señor Costa a cinco meses. Esto lo he dicho
esta mañana. Usted dio de enero a abril 211.000 millones. Yo le
presenté aquí un informe interno de los responsables de la Agencia
que no daba estos números, y el señor Costa, al cabo de diez días,
¿sabe qué cifra dijo del 1º de enero al 31 de mayo? ¿Se la digo? La
cifra de 221.000. Es imposible que con un ritmo de 40.000 ó 50.000
millones al año haya una sola diferencia de 10.000 millones, de abril
a mayo. Que le acaben de informar; sus números son absolutamente
contradictorios. La recaudación está cayendo más de 200.000 millones
de pesetas, y además ustedes, para intentar hacer ver que lo están
haciendo bien, están deslizando la gestión hacia inspecciones basura.
Como esta mañana decía un diputado, ustedes luchan contra el fraude;
ustedes tienen una lucha con la pantalla del ordenador para intentar
dejar claro que no han fracasado en la lucha contra el fraude, y
tarde o temprano quedará absolutamente claro que ustedes no están
luchando contra el fraude fiscal.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saura.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (De Rato y Figaredo): Gracias, señor presidente.
Señor Saura, usted lo ha dicho nada más subir a la tribuna: lo
sostengo aquí. Efectivamente usted hace un juicio político, y plantea
no sólo en este tema que el Gobierno elige a unos fiscales en función
de toda una trama para que decidan o actúen sin cumplir con su
obligación. Eso sólo lo puede sostener aquí, porque si pudiera usted
sostenerlo en otro sitio no me cabe duda de que usted intentaría
sostenerlo, lo que pasa es que no puede. Aquí, como es natural, lo
sostiene usted bajo el peso de su representación política, pero nada
más. Es la importancia que pueda tener. Fuera de aquí usted no lo
puede sostener, la prueba es que no lo sostiene. Por tanto, si S.S.
cree que ha encontrado un tema con el que puede tener relevancia
hablando de este tipo de cuestiones, sobre cuestiones judiciales en
las cuales la fijación de la posición de los intereses del Estado se
determina exactamente como se debe determinar con
los informes técnicos que debe tener y en función de todas las
consideraciones que los fiscales y los abogados del Estado deben
realizar, y a partir de ahí S.S. quiere hacer un discurso político,
porque cree que eso es lo que le conviene en este momento, S.S. es
muy dueño de hacerlo, pero tendrá que reconocer que los demás somos
también muy dueños de decir exactamente lo que S.S. está haciendo.
En cuanto al debate que S.S. nos quiere traer sobre los datos, si S.
S. quiere que tengamos un debate mensual sobre los datos de la
Agencia se va a encontrar con que los derechos reconocidos pueden
tener evoluciones que S.S. a lo mejor no considera lógicas, pero que
se producen todos los meses como consecuencia de ajustes técnicos. Si
S.S. quiere decir que en 1998 la recaudación del Estado no está
siendo muy efectiva en un aspecto básico como son los impuestos
directos, S.S. pura y simplemente está luchando contra la realidad, y
ahí sí le va a ser muy difícil mantener esa posición porque la
recaudación que se está produciendo en estos momentos, como le he
dicho esta mañana, es obvio que no sólo va francamente bien sino que
en temas en los que grupos parlamentarios tenían dudas, como ha sido
la modificación de la imposición sobre pequeñas y medianas empresas,
se ha producido una clara mejora por encima de cualquier índice
económico que pudiera explicarla como consecuencia de la lucha contra
el fraude. Hemos dado a S.S. una cifra del 34 por ciento de
incremento en la lucha contra el fraude que a S.S. no le interesa
porque S.S. ya viene con el discurso de casa, como se dice
vulgarmente. Los datos le sirven si le sirven y si no le sirven pura
y simplemente los descalifica y no se los cree; si S.S. viene con el
discurso hecho va a ser muy difícil que nosotros podamos convencerle
de nada porque S.S. no está interesado en ello.
En cualquier caso, señor Saura, vuelvo a reiterarle que estamos
plenamente dispuestos a avanzar en la transparencia que a S.S. le
parezca conveniente, si es capaz de concretarla. Estamos plenamente
dispuestos a cumplir los compromisos que establecimos en el año 1997,
y a partir de ahí las críticas que S.S. nos quiera hacer sobre la
gestión de la Agencia Tributaria trataremos de aplicarlas en el
sentido de mejorar su gestión todavía más de lo que hemos hecho hasta
ahora.
Sobre el tema de las cesiones de crédito, quiero decirle una vez más
que las únicas opiniones sobre la posición procesal del Estado que ha
dado la Agencia son de marzo de 1996; es más, las que ha dado el
Ministerio de Justicia son de abril de 1996, y se refieren tanto a
las retenciones como al fraude del Impuesto del Patrimonio. A S.S.
podrá gustarle o no, pero ésas son las posiciones que ha mantenido la
Administración española, y si S.S. quiere llevar su teoría de la
conspiración, la va a tener que saltar en dos legislaturas, lo cual
sin duda va a llevar a S.S. a un discurso todavía más catastrofista
sobre la transparencia jurídica de nuestro país, que no puede estar
más lejos de la realidad, pero que a S.S. parece ser que le
entretiene.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepresidente.
¿Grupos Parlamentarios que desean fijar su posición? (Pausa.)
El señor Homs, por el Grupo de Convergència i Unió.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor presidente.
Muy brevemente, puesto que mi grupo no tiene por costumbre intervenir
en estas interpelaciones sino pronunciarse cuando llega la moción;
pero lo hago señor presidente porque el señor Saura al comienzo de su
intervención que he escuchado con atención, y refiriéndose a la
sesión que hemos tenido esta mañana en la Comisión y ha sacado una
conclusión, cosa que es muy habitual en el señor Saura,
generalizándola y extendiéndola a todos los grupos. Ha dicho que esta
mañana la mayoría de los grupos parlamentarios hemos sacado la
conclusión de que la Agencia Tributaria estaba en crisis. Yo quiero
decir al señor Saura que matice, que no hable por los demás grupos,
que hable por el suyo y no generalice porque creo que ésta es una
conclusión que mi grupo no puede compartir, puesto que ésta no es la
conclusión que ha sacado esta mañana mi grupo, ni tampoco creo que la
hayan sacado otros grupos, bien porque no han emitido opinión, como
podían ser el caso de algunos grupos, o bien porque se han expresado
en términos contrarios.
Yo rogaría al señor Saura que, en ese tema político que usted ha
iniciado, se circunscriba a su posición, a la posición de su grupo, y
que rehuya cualquier generalización, porque hay que ser muy cautos,
muy medidos, muy ajustados y muy matizados en las expresiones y en
los compromisos políticos.
Vamos a estar atentos a la moción que ha anunciado y, cuando
conozcamos su literalidad, nos expresaremos en nombre de mi grupo.
Nada más, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Homs.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, don Pedro
Antonio Ríos.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Es verdad que en una interpelación se trata de sacar del Gobierno el
máximo de información sobre las opiniones o los argumentos que expone
un grupo. Por tanto, mi grupo va a pronunciarse sobre lo que hasta
ahora hemos discutido y por qué tenemos preocupación por la situación
de la propia Agencia. Y para evitar una deuda al propio
vicepresidente, al ministro de Economía y Hacienda, a nosotros nos
gustaría venir a felicitar al Gobierno del funcionamiento de la
propia Agencia, no sólo porque ha gestionado 14 millones de
declaraciones de la renta y porque han funcionado muy bien
las retenciones y la liquidación, sino porque los objetivos que se ha
marcado la Agencia se han cumplido.
Por ejemplo, cuando tienen como objetivo cubrir que estén comprobados
por la Inspección de Hacienda 64.935 ciudadanos contribuyentes, que
se cumpla, y no que solamente lleguen a 31.000, al 49 por ciento, al
final del mes de octubre; que, cuando ustedes se proponen detectar
con actas de contribuyentes, no en módulos, aproximadamente 449.000
millones, ustedes lleguen y no que a final de octubre hayan cubierto
solamente 208.000 millones de pesetas. Algo no funciona bien, algo
hace que los objetivos que se marca la Agencia y su funcionamiento
pongan de manifiesto un mal engranaje. ¿Por qué? Porque el principio
de la equidad constitucional, tanto en la aportación para la política
de gastos como en la aportación de los ingresos, la progresividad, se
fundamenta en que esa eficacia esté encima de la mesa.
Yo le decía que a nosotros nos preocupaba que algunas cifras del
funcionamiento de la Agencia estén maquilladas en cuanto al número de
contribuyentes por actuaciones que son puntuales: gestiones de última
hora para comprobar el número de hijos de cada una de las personas,
gestiones del IVA, gestiones de módulos, y así crece el número de
contribuyentes en los últimos meses, porque nos hemos quedado
desfasados. Conseguir que los grandes defraudadores sean reducidos,
que las personas se vean perseguidas para que cumplan con su
obligación y que la Agencia sea efectiva en detectarlos a nivel de
inspección, en depurar después si hay delito o en hacer efectiva la
recaudación. Fíjese el salto que hay, instruir una deuda, liquidar la
deuda e ir en lo que es la actuación de conformidad y de
inconformidad para que al final la vía ejecutiva pueda ser en la
medida de lo posible un vehículo, no para escaquearse o bordear la
obligación de tributar, sino para de verdad cumplir.
Esta mañana yo hablaba de que de pillos y listos podemos pasar a
cumplidores con una obligación, que es un principio constitucional
que todos debemos exigir. Pero también le decía yo esta mañana, y
creo que está encima de la mesa por la voluntad de poner en marcha un
trabajo que nos compromete a todos, que no es un problema de que sean
efectivos 300 funcionarios. No, tienen que serlo los 27.000
funcionarios. No solamente los 400 inspectores, sino los 2.000
subinspectores y los 6.000 técnicos de la Agencia y el resto de
empleados. ¿Para qué? Porque hemos puesto en manos del Gobierno un
instrumento que es eficaz. Y eso es lo que tendríamos que buscar. Por
eso sería positivo lo que esta mañana anunciaba y que usted ha
confirmado hoy aquí: que tengamos aprobado en esta legislatura el
estatuto orgánico de la propia Agencia; que tengamos todos los
requisitos para que, cuando hablamos de delito fiscal, estemos
hablando todos de lo mismo; para que los datos que cotejamos y
comprobamos todos nos sirvan para seguir a la Administración. Usted
decía esta mañana que se va a conseguir tener un seguimiento de la
actuación de la inspección día a
día. A mí me gustaría que tuviera un grado con el que se pudiera
conocer cuál es la eficacia de su actuación, porque los números
redondos pueden ser muy redondos, quedan preciosos, pero no son
efectivos a la hora de conocer la medida que usted ha ido siguiendo.
En cuanto a las cesiones de crédito del Banco de Santander, lo
importante es que la lectura de los ciudadanos sea que, a pesar de
ser poderosos, cuando alardean de bordear, de ser opacos, de
facilitar al ciudadano que no cumpla con su obligación, paguen esa
actuación. Usted decía esta mañana que los únicos informes que se han
producido en las dos vertientes son de marzo y de abril de 1996 y
después me lo puede precisar, si no es así. Y yo le decía que cómo
era posible que, cuando la juez Teresa Palacios toma la actuación,
que el fiscal que llevaba el caso, con esos informes que ya tenía
desde el año 1996, en abril de 1998 dijera textualmente que había
indicios para la comisión de delito por la actuación de los
directivos de la propia entidad, ya que habían hecho propaganda en
cuanto a un carácter opaco de un nuevo producto financiero que se
debía dirigir sólo a determinado tipo de clientes, lo cual había
significado, fíjese en la cifra -porque cuando hablamos de esto
parece que no tiene chicha, vamos a hablar de ella-, una cifra de
439.000 millones de pesetas. Hablamos de 45.000 operaciones de cesión
de crédito y hablamos de que los casos de identidades falsas que el
Banco remitió a la Hacienda pública, que fueron 8.282, significan
125.000 millones de pesetas. Yo digo: Si eso estaba cuando en abril
de 1998 actuó el fiscal, ¿es que no está lo mismo ahora en el mes de
julio para que se retire y se pida que se aparque la causa? ¿No era
lo mismo? ¿No estaban los mismos informes? ¿Por qué es bueno que
quien hace propaganda y publicidad de esta actuación para delinquir,
para evitar pagar, para evitar que se le haga el 20 por ciento de
retención como a cualquier cristiano o a cualquier hijo de vecino, no
participe o no vaya a tener la actuación del abogado del Estado en
defensa del interés general? Yo le hacía esas preguntas.
El señor PRESIDENTE: No las repita, señor Ríos, para ir concluyendo,
se lo ruego.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Termino, señor presidente. ¿En qué beneficia
al Estado y a los ciudadanos en general que no se actúe sobre el
Banco de Santander, como ha pedido el abogado del Estado? Y la
Dirección General de Servicios Jurídicos creo que la nombran ustedes,
o por lo menos el que esté de turno; no creo que sea un cargo por
concurso de méritos; el director general es alguien que está puesto
ahí. ¿A quién se protege con esta decisión? Porque en ese sentido se
podría acabar con todos esos dimes y diretes si se dejase actuar a la
justicia. Y estoy diciendo aquí lo que estaría dispuesto a decir en
cualquier sitio, no me escondo en el cargo de diputado, por mucho que
algunos tengan mala conciencia de cuando lo han hecho. Yo no me
escondo en el cargo de diputado. Estoy diciendo por
qué no dejar actuar a la justicia. No es un buen ejemplo, señor
presidente, señorías, y eso es lo que estamos demandando al Gobierno,
que deje actuar a la justicia y que no pida que se termine el proceso
donde está.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ríos.
Señora Mendizabal, por el Grupo Socialista.
La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Gracias, señor presidente.
Señor Rato, esta mañana decía alguno de los portavoces que la lucha
contra el fraude no es uno de los objetivos de su Gobierno. Yo creo
que eso está bastante claro. Pero es que hay algo peor, no sólo no es
uno de los objetivos de su Gobierno, sino que, además, después de las
múltiples comparecencias de su secretario de Estado en esta Cámara,
de algunos datos que ha entregado, de algunos datos que ha publicado
la prensa, dichos por su secretario de Estado, incluso de su
comparecencia de hoy, lo que está claro es que desde su Gobierno hay
una clara voluntad de engañar respecto a la evolución de la lucha
contra el fraude fiscal. Porque todos los datos que nos ha dado,
señor Rato, no son datos que nos inventamos o que, como dice el señor
Costa, se mete un día uno en la pantalla del ordenador de la Agencia
Tributaria y los consigue, sino que los datos entregados por su
propio secretario de Estado son datos totalmente distintos de los que
entrega en una comparecencia o en otra. Por tanto, la única
conclusión que podemos sacar de esto, señor Rato, es que existe una
clara voluntad de engañar a esta Cámara y una clara voluntad de
engañar a la opinión pública.
Yo ya no quiero que haga usted declaraciones, no quiero simplemente
hacer debates, sino que quiero que entregue usted aquí datos y
papeles. Se ha hablado del plan bianual de lucha contra el fraude,
que anunció en su primera comparecencia el señor Costa, que luego lo
anunció en la prensa, pero que nadie ha visto ni nadie ha presentado
en esta Cámara y del que los inspectores fiscales se enteraron por
los medios de comunicación. Han pasado los dos años, señor Rato,
entregue a esta Cámara una evolución y una evaluación de ese plan
bianual de inspección. Lo esperamos. Un informe por escrito. Segundo.
El plan de inspección del año 1998 se envió el día 3 de junio. No es
una fecha para aprobar un plan de inspección para que lo conozca el
inspector jefe de la Agencia Tributaria. Aprovecho para solicitarle
que en enero entregue a esta Cámara el cumplimiento de ese plan de
inspección durante 1998.
Efectivamente, señor Rato, la lucha contra el fraude se mide por dos
variables fundamentales: el número de contribuyentes y la deuda
tributaria generada. Pero esto no son más que variables
cuantitativas. Si únicamente se midiera por el número de
contribuyentes y por la cantidad de deuda, podríamos llegar a
conclusiones que pudieran resultar bastante falsas. Podríamos
investigar a muchos pequeños contribuyentes y no investigar a los
grandes; lo que se ha llamado siempre las inspecciones basura. Eso es
precisamente lo que está
haciendo su Gobierno en estos momentos: aumentar en gran número las
inspecciones basura. De tal forma, señor Rato, que, en el último mes,
en noviembre, se han metido 9.000 contribuyentes más. Es la lucha por
el ordenador, de la que hablábamos esta mañana y también antes. El
año pasado se investigaron 83.000 contribuyentes; este año, el 30 de
noviembre, 49.000.En el mes de noviembre, 9.000. Eso quiere decir que
en todo el año tendría que haber 99.0000 contribuyentes
inspeccionados. De repente han entrado ustedes en la vorágine de la
lucha de datos, de la lucha contra el fraude fiscal a través de la
pantalla del ordenador.
La deuda, también la inflan. Se han utilizado un montón de técnicas.
Se rehabilitan fallidos, se liquidan intereses de demora y luego se
les vuelve a hacer fallidos. En cuanto al delito fiscal, no hablemos.
Se remiten a los juzgados única y exclusivamente aquellos expedientes
de fraude más comunes. En cambio, los grandes expedientes, los que
reflejan los fraudes más sofisticados y más significativos, lo que se
puede llamar ingeniería financiera, no se remiten, ninguno, como
delito; únicamente se considera que no hay intencionalidad de
defraudar y no se tramitan como delito fiscal. Podríamos estar
hablando de estas cosas durante mucho tiempo, la comparecencia de
esta mañana así lo ha demostrado.
El señor PRESIDENTE: No lo tendríamos, señora Mendizabal. Vaya
concluyendo.
La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Por eso, como me queda sólo un poco
de tiempo, quiero pedir una vez más al señor Rato -ya que su
secretario de Estado, señor Costa, ha perdido la credibilidad en esta
Cámara respecto a su lucha contra el fraude fiscal, y para que usted,
que está siguiendo los mismos pasos no caiga definitivamente en la
misma falta total de credibilidad- que envíe inmediatamente a esta
Cámara lo que se le ha solicitado. Yo no quiero un debate sobre
cifras, no quiero que usted valore las cifras, no quiero que me diga
el porcentaje del delito fiscal, quiero sacarlo yo. Envíe a esta
Cámara las cifras que el Grupo Socialista le ha solicitado desde hace
dos meses de manera reiterada. Y no vuelva a utilizar la técnica que
están utilizando usted y su Gobierno, porque es lo mismo que está
pasando en el tema sanitario. Llega el señor Romay y explica que las
listas de espera han bajado. Yo no quiero que me diga cuánto han
bajado las listas de espera, ni cuánto baja la deuda liquidada, ni el
incremento de la lucha contra el fraude fiscal. Denos las cifras, el
seguimiento, que las conclusiones y la evaluación las haremos
nosotros, señor Rato. Por tanto, le reitero en Pleno, y pido el
amparo del presidente, que, desde la Agencia Tributaria, desde su
Secretaría de Estado, desde su Ministerio o desde su Presidencia,
envíen a esta Cámara, mes a mes, todos los datos que reiteradamente
le hemos solicitado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Mendizabal.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Esta tarde estoy asistiendo a una interpelación en la que se han
repetido muchísimos de los argumentos que esta mañana se han vertido
en la Comisión de Economía y Hacienda. Realmente, yo me esperaba otra
interpelación, a tenor de lo que leí, porque hemos pasado de un
debate de política tributaria, de un debate que podría interesar a
los ciudadanos, de un debate sobre cómo tener un sistema tributario
moderno, un sistema tributario que incentivara el empleo, que
incentivara la inversión, un sistema tributario que nos permitiera
competir en el euro, hemos pasado, digo, de ese debate sobre política
tributaria -que posiblemente la mayoría de los grupos de la Cámara a
los que se refería el señor Saura, que son minoría parlamentaria, han
perdido, y deben aceptarlo democráticamente, porque son debates en
los que hemos discutido hasta la saciedad en esta Cámara- a un debate
sobre el funcionamiento de la Agencia, limitándonos a ver las cifras.
Voy a poner sólo un ejemplo, porque no quiero entrar en la guerra de
cifras. Aquí se ha dicho que, en el debate de totalidad del IRPF, el
señor vicepresidente del Gobierno dio una cifra y el señor secretario
de Estado dio otra. El señor vicepresidente del Gobierno dio la cifra
-y esta mañana la he anotado, porque había salido en la Comisión- de
211.857 millones de pesetas, y se refería a la deuda liquidada hasta
dicha fecha, enero-abril, y además incorporaba los resultados
obtenidos en materia de delito fiscal. El secretario de Estado
remitió unos datos al Parlamento del período eneromayo, un mes más, y
daba una cifra de 237.828 millones de pesetas, cifra que se dio con
el oportuno desglose y que sumaba deuda liquidada y resultados
obtenidos en materia de delito fiscal. Como decía, señor presidente,
hemos pasado a un debate sobre el funcionamiento de la Agencia y
además hemos acabado hablando de un tema que no hace referencia a
eso.
Hay una cosa cierta -y mi grupo trabajará para que en la moción del
próximo martes podamos llegar a un acuerdo-, que el Gobierno del
Partido Popular, en estos dos años, está implementando un sistema
tributario moderno, eficaz, un sistema tributario que está ayudando
a la creación de empleo, y eso requiere una Agencia Tributaria que
también se adecue a ese funcionamiento. Estamos trabajando en su
consecución. Trabajamos en las conclusiones de la subcomisión de los
200.000 millones, para poner medidas positivas que avanzaran en el
buen funcionamiento de la Agencia. Trabajamos posteriormente trayendo
a esta Cámara un plan de modernización de la Agencia Tributaria.
Trabajamos también, hace un par de semanas, cuando presentamos una
enmienda que recogía que se hablara en esta Cámara del plan de
objetivos de la Agencia. (El señor vicepresidente, Beviá Pastor,
ocupa la Presidencia.)
Y también, por lo que ha dicho la portavoz socialista, de
los resultados en materia de lucha contra el fraude.
Necesitamos una Agencia Tributaria que responda a la nuevas
exigencias del moderno sistema tributario que estamos creando y
necesitamos que se adapte la Agencia Tributaria al Estatuto del
Contribuyente, a la Ley de derechos y garantías del contribuyente,
que contó con un respaldo mayoritario de esta Cámara y de la sociedad
y que además está ayudando eficazmente a implementar garantías de los
contribuyentes y a luchar eficazmente contra el fraude. Hemos hecho
una nueva ley de IRPF que exige más trabajo por parte de los
funcionarios de la Agencia. Hemos aprobado medidas fiscales muy
importantes. Estamos contribuyendo también, en el seno de la Unión
Europea, al proceso de armonización, y eso exige una Agencia nueva,
una Agencia moderna, una Agencia que sea más eficaz. Y de verdad que
lo está siendo. El vicepresidente ha dado aquí unos datos, esta
mañana ha dado otros, y son incuestionables. Hasta el señor Saura ha
reconocido que van por el buen camino; datos de gestión, señor Saura,
y usted ha dicho que iban bien. ¿O no? Ha dicho que iban muy bien y
que iba muy bien cómo está funcionando la ayuda al contribuyente. Y
lo ha dicho toda la Cámara. Estamos en un proceso de ayuda al
contribuyente como nunca se ha tenido y estamos devolviendo -que eso
es mejorar la atención a los contribuyentes- como nunca se ha
devuelto a los contribuyentes. Y no sólo en el IRPF...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Martínez-Pujalte, vaya
acabando, por favor.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Voy concluyendo. También en el IVA.
Y se está recaudando como nunca. Cuando se recauda más de lo que
crece la economía, se está consiguiendo una lucha eficaz contra el
fraude, se está luchando eficazmente contra el fraude a través del
cumplimiento obligatorio.
Me dice el presidente que vaya concluyendo. En materia de lucha
contra el fraude, tenemos los mejores datos, los mejores, que se
puedan traer a esta Cámara. (Rumores.) Claro que cuando no se quiere
creer los datos, cuando se piden otros datos y no vale ninguno de los
que oficialmente se han dado... Yo le diría que haga el esfuerzo de
entrar en Internet y verlos, o ver los datos que ha dado el
vicepresidente en la Comisión esta mañana, o ver los que dio el
secretario de Estado en la comparecencia. (Rumores.) Sí, sí, los dio
por escrito. Y ponen de manifiesto que son los mejores datos que se
han dado, como no se han conseguido nunca.
De todas manera, mi grupo quiere reiterar que, en materia de lucha
contra el fraude, llevamos dos años diciendo que aceptamos todas las
sugerencias de todos los grupos para mejorar. Hemos aceptado
sugerencias de todos los grupos que las han querido hacer. Izquierda
Unida hizo sugerencias que hemos aprobado en esta
Cámara y mi grupo ha traído sugerencias que están mejorando la lucha
contra el fraude. Si de verdad hablamos de lucha contra el fraude, mi
grupo estará siempre presente implementando medidas, porque queremos
que todos los contribuyentes paguen menos, pero que todos paguen lo
que deban pagar. Ahí nos van a encontrar siempre.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Martínez-
Pujalte.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE POLÍTICA
DEL GOBIERNO EN MATERIA DE GESTIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD,
CALIDAD DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS Y ACCESO A DICHO SISTEMA.
(Número de expediente 172/000128)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pasamos a la interpelación
urgente que figura en el orden del día con el número 27, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre política del Gobierno
en materia de gestión del Sistema Nacional de Salud, calidad de las
prestaciones sanitarias y acceso a dicho sistema.
Para su explanación, tiene la palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTÍN: Señor presidente, señor ministro, señorías,
debo decir que cuando esta interpelación fue concebida no se había
producido todavía la desagradable noticia con la que, no el Gobierno,
sino el Grupo Parlamentario Popular tuvo a bien sorprendernos en el
último momento del último momento del plazo de presentación de
enmiendas en el Senado a la ley de medidas fiscales, administrativas
y del orden social. Buena ley. La interpelación habría que hacerla al
Grupo Parlamentario Popular en este caso, que es el disfraz que ha
elegido el Gobierno para meter por la puerta trasera, de una manera
vergonzante, lo que supone el máximo nivel, la cumbre que se ha
alcanzado en la introducción de medidas de desmantelamiento, de
fragmentación y de degradación de la sanidad pública.
Evidentemente, señor ministro, no se han atrevido ustedes. Son
conscientes del rechazo popular que esa medida conlleva. El que sabe
que lo que está haciendo no cuenta con el apoyo popular, se esconde
para hacerlo. Eso es lo que ha hecho el Gobierno con la medida de la
creación de las fundaciones sanitarias. Además, han incurrido ustedes
en un elemento de inseguridad jurídica de la mayor importancia. El
procedimiento de elaboración de normas por parte del Gobierno está
reglado y prevé una serie de cautelas, de trámites técnicos desde el
punto de vista jurídico, encargados de analizar y evaluar si los
proyectos de ley del Gobierno están o no de acuerdo con la legalidad
vigente. Eso permitió, señor ministro, que al Gobierno
anterior se le pararan en el Consejo de Estado intentonas en el mismo
sentido pero de muchísimo menor calado, como el intento del señor
García Valverde de transformar el Insalud en un ente público de
derecho privado. Ustedes han impedido, porque es un grupo
parlamentario el que hace la enmienda, que actúen los mecanismos de
seguridad jurídica que el procedimiento legislativo, precisamente por
ser el Gobierno el que con mayor garantía de éxito tiene en sus manos
la iniciativa legislativa, prevé. Y han utilizado ustedes una ley
escoba, una ley en la que se tratan las loterías nacionales, el euro,
la construcción naval y la reforma del sistema sanitario de arriba
abajo. Lo han hecho ustedes, señor ministro, atentando gravemente
contra la calidad en la atención sanitaria. Ustedes, como si de un
nuevo detergente se tratara, están utilizando el procedimiento de
marketing de la calidad total.
Señor ministro, le voy a decir aquí esta tarde lo que anuncié al
señor Núñez Feijóo en la Comisión, los datos que avalan, en nuestro
país y fuera de nuestro país, que los procedimientos de gestión
privada, de pago por proceso, de contrato-programa, de pago por acto
médico encierran tales elementos de perversión que suponen aumento
del gasto sanitario, aumento innecesario del riesgo y efectos
indeseables sobre la salud de la población. Señor ministro, hay datos
a montones, evidentemente no en nuestro país, que se caracteriza por
estar a la cola de los países del Tercer Mundo en cuanto a datos de
situación epidemiológica. Ha habido estudios, fundamentalmente en
Cataluña -y lo siento por el Grupo de Convergència i Unió, pero es
así-, y es significativamente la comunidad autónoma con más
porcentaje de sanidad privada y con mayores pasos en el criterio de
la gestión privada.
Se ha analizado recientemente la variabilidad de siete intervenciones
quirúrgicas en 26 hospitales de la red de utilización pública en
Cataluña. Se ha identificado que el efecto de intervenciones
quirúrgicas de indicación dudosa y con un nivel de injustificación
que después le argumentaré ha supuesto un exceso de gasto de 1.000
millones de pesetas al año. En nuestro país, el análisis de la
calidad de la atención sanitaria no existe. En este estudio se ha
hecho auditoría clínica con anatomía patológica. ¿Y sabe usted lo que
se ha encontrado? Que en la mayor parte de extirpaciones de amígdalas
no había amigdalitis previa, que el análisis anatomopatológico de los
apéndices extraídos revelaba en el 30 por ciento de los casos que no
había apendicitis previa. Dice la investigadora que realiza el
estudio, y leo textualmente -y conste que no tiene relación política
alguna con mi grupo parlamentario-: La forma de pago tiene mucho que
ver; el pago por proceso incrementa las intervenciones quirúrgicas
con estancia más corta. Hay hospitales que ingresan el jueves para la
preparación preoperatoria, dan de alta el viernes y vuelven a hacer
un ingreso el lunes, como si fuera otro proceso.
Nadie analiza la presión económica, el chantaje económico que supone
la vinculación de retribuciones al ahorro, lo que eso está suponiendo
de altas precoces
que después reingresan, con un despilfarro inconcebible del gasto
sanitario, con una inseguridad, desde el punto de vista de la calidad
en la atención sanitaria y de la salud, injustificada, y que luego,
desde el punto de vista contable, funcionan perfectamente porque se
contabilizan como un nuevo proceso.Hubo un caso, señor ministro -no
sé si lo recordará porque sucedió en la etapa de Gobierno
socialista-, un caso desgraciado en La Paz, que llevó a la muerte a
una mujer de treinta y cuatro años que acababa de dar a luz hacía
cuatro meses una niña y a la que se le había diagnosticado una
colecistitis y se le había indicado la extirpación de la vesícula.
Esa mujer murió en un quirófano, ensayando el equipo una intervención
por cirugía laparoscópica, por perforación de la aorta abdominal por
falta de habilidad en el uso del material sanitario. La autopsia
reveló que la vesícula biliar estaba absolutamente sana y que, por
tanto, la intervención quirúrgica era injustificada.
Otro de los elementos que aparece con una elevación que no tiene
ninguna relación con las necesidades o con los problemas de salud es
el de las extirpaciones de útero. La extirpaciones de útero se
producen ocho veces más en unos hospitales que en otros y la
frecuencia tiene que ver con problemas de diagnóstico o con intereses
económicos de los médicos. Un estudio revela que la población general
de mujeres tiene hasta seis veces más riesgo de que les sea extirpado
el útero que aquellas mujeres que son esposas de ginecólogos.
Señor ministro, estamos introduciendo criterios de gestión sanitaria
que aparentemente reducen la estancia media, que aparentemente son
más eficientes, pero que en el fondo están siendo la mayor causa de
despilfarro en el gasto sanitario, la mayor causa de sometimiento
innecesario a riesgos sanitarios y de impacto negativo sobre la salud
de la población.
Señor ministro, se calculaba que habría sido necesario hasta un 20
por ciento del gasto sanitario público en Gran Bretaña para poner en
marcha mecanismos de control de calidad que aseguraran que el
procedimiento mercantil en la gestión de la sanidad pública...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Maestro, vaya
concluyendo, por favor.
La señora MAESTRO MARTÍN: ... no se realiza con graves alteraciones
en la seguridad y en la calidad de la atención sanitaria. Señor
ministro, lo único que pueden exhibir usted y sus altos cargos del
Ministerio como indicadores de calidad es el incremento de la
frecuencia de determinadas intervenciones quirúrgicas y la
disminución de la estancia media en los hospitales. Nadie habla,
señor ministro, de datos sobre la salud de la población. Con el
Gobierno socialista se publicaron - aunque tarde- en dos ocasiones
indicadores de salud de la población. Ningún indicador de la salud de
la población se refería a las diferencias por clase social, cuando en
nuestro país se da una diferencia de hasta diez años en esperanza de
vida entre las clases sociales
con mayores recursos y las que menos recursos tienen; cuando en
nuestro país el sistema sanitario funciona mal porque hay una
elevadísima tasa de enfermedad y de mortalidad evitable; cuando
nuestro país, por ejemplo, tiene el nivel de caries más alto de toda
la Unión Europea; cuando el sistema sanitario es absolutamente ajeno
al mayor drama que ocurre en nuestra sociedad, como es la altísima
siniestralidad y mortalidad por accidentes laborales.
Señor ministro, las medidas de calidad a las que ustedes se refieren
son medidas de marketing, en las que la población es simplemente un
conejillo de indias. No me entretengo en comentarle cómo en las
clínicas privadas o en los hospitales, en las fundaciones
probablemente, que se especializan en partos, el 97 por ciento de la
población que no necesita atención sanitaria puede salir de un
supuesto hospital con plena satisfacción por el grado de confort
obtenido en su estancia, mientras que ese 3 por ciento, el que
realmente necesitó atención sanitaria, el que realmente necesitó
cuidados especializados, es una cifra insignificante a la hora de
valorar la satisfacción de la población.
Señor ministro, la interpelación que presento esta tarde en nombre de
Izquierda Unida tiene que ver con la irresponsabilidad que está
siendo inédita en su Gobierno a la hora de introducir mecanismos de
inseguridad, de deterioro de la calidad de la atención y de criterios
de calidad sanitaria que solamente se refieren a indicadores
económicos.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Maestro, termine, por
favor.
La señora MAESTRO MARTÍN: Termino en este momento, señor presidente.
La calidad del sistema sanitario fundamental y prioritariamente debe
medirse valorando la capacidad de intervención positiva sobre el
estado de salud de la población, la posibilidad de realizar
intervenciones que supongan ganancias en salud y lo más alejado
posible de criterios de gestión de retribuciones, en los que se
vincule el ahorro a las retribuciones de los profesionales de la
sanidad.
Señor ministro -y con esto termino, señor presidente-, tengo que
decir que si algo bueno tiene la famosa enmienda del Senado planteada
por el Grupo Parlamentario Popular es que demuestra que no han medido
ustedes sus fuerzas. Han creído contar con apoyos con los que no
contaban, ya que no hay consenso ni en esta Cámara ni en la calle ni
en los sindicatos ni en las organizaciones. Con esa medida ustedes
pretenden devolver la sanidad pública al siglo XIX y,
afortunadamente, esa medida ha servido para que el intento permanente
de enmascarar, de mentir, de ocultar haya puesto de manifiesto qué
objetivos tiene planteados el Partido Popular en relación con la
sanidad pública y cuáles son los intereses de los grupos económicos
que defiende el Partido Popular frente a la población.
Nada más.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Maestro.
Para contestar a la interpelación, por parte del Gobierno, tiene la
palabra el señor ministro de Sanidad.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, señora interpelante, usted monta la
argumentación -incluso hemos oído algunas truculencias que no nos ha
querido ahorrar S.S. sobre presuntas prácticas médicas abusivas- y
llega a las conclusiones a las que quiere llegar. Si fuera verdad que
esta medida tratara de desmantelar y degradar el Sistema Nacional de
Salud, entendería que fuera una desagradable noticia. Como para mí es
exactamente lo contrario, es una medida que tiende a hacer más
eficiente el Sistema Nacional de Salud y de eso se tiene que derivar
una mejor atención a los ciudadanos en todos los órdenes, la
considero una medida positiva. Si usted y algunos más se dedican a
decirles a los ciudadanos que de esta manera introducimos mecanismos
de privatización y de degradación de la asistencia y que sólo se hace
por razones económicas, se puede explicar uno que para quien escuche
ese tipo de argumento la medida sea negativa. Pero no es así, las
cosas no son como usted las dice, señora diputada, son exactamente lo
contrario, y voy a detenerme unos momentos en explicar el alcance de
lo que estamos haciendo.
Lo primero que quiero decir es que las medidas que ha tomado el
Gobierno -y ésta que toma ahora el Grupo Parlamentario del Senado,
relativa a la innovación organizativa en el Sistema Nacional de
Salud, como es la propuesta de posibilitar, en su caso y bajo
condiciones específicas, la transformación de centros asistenciales
de salud en fundaciones públicas sanitarias, antes eran consorcios,
entidades públicas empresariales, etcétera- se enmarcan entre las
recomendaciones recogidas en el acuerdo parlamentario para la
modernización del Sistema Nacional de Salud y en el marco establecido
por la Ley 15/1997, sobre nuevas formas de gestión, vinculada también
a dicho acuerdo y aprobada por la mayoría de los partidos políticos
representados en esta Cámara, no ciertamente por su grupo
parlamentario.
Quiero recordar a SS.SS. que en el acuerdo sobre consolidación y
modernización del Sistema Nacional de Salud se concluye expresando la
necesidad de que en el Sistema Nacional de Salud se separen las
funciones de planificación, financiación, compra y provisión de
servicios, configurando los centros asistenciales como organizaciones
con un grado de autonomía superior a la actual, con facultades de
decisión efectivas y mayores responsabilidades en cuanto a la
gestión.
El acuerdo recomendaba extender las nuevas formas de gestión a toda
la red asistencial pública, dotando a los centros sanitarios de
órganos de gobierno propios, vinculando sus ingresos y su actividad
mediante contratos de servicios, habilitándoles para gestionar sus
recursos económicos y dotándoles de capacidad de autoorganización.
La Ley 15/1997 autoriza la constitución de entidades de titularidad
pública dotadas de personalidad jurídica para la gestión de los
centros y servicios sanitarios, no excluyendo ninguna forma jurídica
concreta, siempre que la misma tenga naturaleza o titularidad
pública.
La creación de las fundaciones públicas sanitarias se inscribe en ese
contexto y está orientada a posibilitar mejoras de gestión y, por
ello, de eficiencia en el sistema sanitario público a través de un
mayor grado de autonomía de los centros sanitarios, preservando en
todo caso el carácter de servicio público de la sanidad y manteniendo
los principios básicos de universalidad, equidad y solidaridad que
sustentan el Sistema Nacional de Salud, así como las garantías
imprescindibles que vienen recogidas en toda la normativa vigente -la
Ley de Contratos del Estado, la Lofage, la Ley General
Presupuestaria- que se aplican a esta nueva fórmula jurídica.
Las fundaciones públicas sanitarias suponen la posibilidad de dotar a
los centros sanitarios de personalidad jurídica propia, delegando en
ellos algunas atribuciones en el área de gestión económico-
financiera. Para ello, estarán dotadas de presupuesto y tesorería
propios, lo que corregirá muchas de las deficiencias que se han
observado en el modelo tradicional de funcionamiento, como son los
retrasos en los pagos a los proveedores y las altas cargas
financieras que estas demoras ocasionan. La posibilidad de gestionar
su propio presupuesto permitirá, de una parte, su adecuación a las
necesidades relativas de gastos de los centros con mayor capacidad de
respuesta, superando las rigideces actuales, y, de otra, que los
resultados de una gestión más ajustada reviertan en el propio centro
en mejoras de atención sanitaria que se presta a los usuarios y, en
su caso, en incentivos a los profesionales sanitarios con los que se
reconozcan su esfuerzo y dedicación profesional.
Las fundaciones públicas sanitarias estarán sometidas a todos los
controles de los organismos públicos. Esta nueva forma jurídica, que
coincide con los criterios generales previstos en la Lofage y los
desarrolla de una forma ágil y operativa, se enmarca en el gran reto
del sistema sanitario público de modernizar la gestión de los
valiosos recursos actualmente existentes en el ámbito del Insalud,
sin modificar para ello las características básicas del sistema, como
son, y antes he dicho, el aseguramiento único, universal y público,
la financiación pública o el acceso a las prestaciones en base a
criterios de necesidad.
La creación de las fundaciones públicas es una medida dirigida a
dotar esos centros de mayor autonomía, lo que permitirá fomentar la
eficiencia de los recursos disponibles y se derivará de ello,
inevitablemente, a tenor de la experiencia de otros países, mejoras
en la calidad de la asistencia y una mayor facilidad de acceso, en
contra de lo que son sus catastróficas previsiones.
El objetivo es ir desarrollando el mandato parlamentario.
En lo que respecta a la calidad de la asistencia, se está trabajando
en el establecimiento de un sistema general de autorización y
organización de centros y servicios sanitarios, consensuado en el
seno del Consejo Interterritorial, dirigido a verificar el
cumplimiento por parte de cada institución de un conjunto de
requisitos previamente establecidos.
Antes de finalizar, quisiera hacer una breve referencia a las
desigualdades sociales en materia de salud. Los numerosos trabajos
científicos disponibles demuestran que las desigualdades surgen
básicamente como consecuencia de la falta de adaptación de la
asistencia sanitaria a las demandas y necesidades de los ciudadanos
y que muchas veces están relacionadas con la rigidez y burocracia de
los sistemas sanitarios centralistas. Por tanto, no existe ninguna
evidencia en ningún trabajo científico de rigor reconocido de que
para los sistemas sanitarios públicos como el nuestro la introducción
de nuevas fórmulas organizativas o de gestión conduzcan a una
disminución en la calidad de la asistencia y de equidades sanitarias
o a un incremento de las desigualdades sociales en salud. Así aparece
en la monografía publicada por el Ministerio sobre desigualdades
sociales en salud, que constituye el informe de la Comisión
científica de estudios de las desigualdades sociales en España y que
está patrocinado por el Departamento y la Escuela de Higiene y Salud
Pública de la Universidad John Hopkins de Norteamérica. En el mismo
sentido, el informe Black o los informes Whitehall son concluyentes
al señalar que las reformas excesivamente integradoras y
estatalizantes de los sistemas sanitarios públicos no se han
acompañado de una disminución de desigualdades sociales ni de sus
efectos sobre la salud; por el contrario, las reformas dirigidas a
introducir una mayor flexibilidad en la gestión de los centros y
a separar las funciones de planificación, financiación y provisión de
servicios están logrando mejorar la equidad, la eficiencia en el uso
de los recursos sanitarios y la satisfacción de los ciudadanos,
gracias a la reorientación de las actividades y servicios de la
sanidad hacia las demandas y necesidades de los usuarios, como se
señala en el informe Blair o en el informe de la Oficina Regional de
la OMS sobre reformas de la asistencia sanitaria en Europa. A esto
conduce la política sanitaria del Gobierno, como también conducen a
eso los incrementos en la financiación del sistema público, que
explican mejor que ninguna otra razón la apuesta de este Gobierno por
mejorar nuestro Sistema Nacional de Salud y dar un mejor servicio a
los ciudadanos.
A la vista de todos estos datos, no se sostiene ninguna afirmación
sobre las intenciones privatizadoras del Gobierno, que no tendría
ningún punto de apoyo en lo que estamos haciendo, que son fundaciones
públicas sanitarias, de naturaleza y de titularidad pública,
sometidas a la Ley de Contratos del Estado, a la Ley General
Presupuestaria, a todos los controles de los organismos públicos;
instituciones absolutamente públicas, que no
pueden servir de base para una acusación de privatización como la que
se acaba de hacer.
Tampoco se sostiene ninguna afirmación que apunte al desmantelamiento
del Sistema Nacional de Salud, sino a su mejora y a su eficiencia,
cosa que hemos conseguido ya mejorando la gestión. Pero quiero
comentar algunas de sus afirmaciones. Mire, señora Maestro, ésta es
una fórmula organizativa más de las contempladas en términos
generales por la Ley 15/1997 -debatida aquí durante muchos meses- y
que está en línea con el acuerdo parlamentario debatido en esta
Cámara sobre la reforma sanitaria. En la Ley 15/1997 hubo consenso
respecto a que se debía descentralizar el Sistema Nacional de Salud,
a que se debían introducir nuevas formas de gestión y para eso valía
cualquier figura existente en el ordenamiento jurídico sin más
requisito que tener naturaleza y titularidad pública, que es
justamente lo que tienen estas fundaciones que acabamos de proponer y
que se tramitan como una enmienda en el Senado con toda legitimidad.
Es un tema consensuado, debatido durante muchos meses; simplemente se
trata de sacar una consecuencia más de esa filosofía, de esa
política, de esa concepción de lo que tiene que ser una buena
organización flexible de la sanidad, acordada por consenso de la
inmensa mayoría de los grupos parlamentarios y votada en esta Cámara.
Por tanto, la enmienda en el Senado no tiene nada de enmienda que va
por detrás, de sorpresiva, de todas esas afirmaciones que han estado
ustedes haciendo gratuitamente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor ministro, vaya
concluyendo, por favor.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Voy
concluyendo, señor presidente.
Es perfectamente consecuente con lo que hemos hecho aquí las fuerzas
políticas mayoritarias y con lo que se acordó cuando se adoptó el
acuerdo correspondiente sobre la reforma organizativa del Sistema
Nacional de Salud. De modo que, señora diputada, si se aprueba como
esperamos, esto nos va a permitir gestionar mejor y seguir
manteniendo nuestros programas de calidad.
Para terminar, sólo quiero hacerle una pregunta: ¿a qué países se
refiere usted cuando invoca esos fallos de estas medidas en relación
con la organización de los sistemas de salud? Con esta medida lo
único que estamos haciendo ese acomodar el modelo organizativo de la
sanidad española a lo que son los modelos organizativos de los países
más adelantados de Europa. En todos los países de Europa con los que
nos comparamos se funciona con hospitales autónomos y con un tipo de
organización como la que queremos introducir aquí. España se ha
quedado como el único país de los avanzados de Europa... (La señora
Cortajarena Iturrioz: Mentira.)
No; verdad. Esto es rigurosamente así. España es el único país que
mantenía una estructura centralista, burocrática de los servicios
sanitarios y tuvieron que
ser primero las comunidades autónomas las que, en uso de sus
potestades legislativas, fueron introduciendo en nuestro país figuras
de esta naturaleza y fórmulas de descentralización, de acuerdo con
toda la doctrina, con la práctica internacional. Después, aquí, en el
Congreso, acordamos, en la Ley 15/1997, flexibilizar el modelo
organizativo del Sistema Nacional de Salud introduciendo estas
figuras que aseguraban el mantenimiento de su carácter público, pero
una gestión más ágil, de mejor rendimiento y servicio para los
ciudadanos, que es, en definitiva, lo que nosotros buscamos.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor ministro.
Para un turno de réplica y por cinco minutos, tiene la palabra la
señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTÍN: Señor ministro, ya quisiera yo que fueran
unas previsiones personales basadas en la suposición.
Como me imaginaba que la descalificación o simplemente la negación
iba a ser uno de sus trucos argumentales, me he permitido traer la
cita del más importante y el más reciente estudio realizado, al que
me he referido, el de los 26 hospitales, que suponen un despilfarro
de dinero y de salud -el de dinero se puede medir, el de salud es más
difícil- de 1.000 millones de pesetas al año en 26 hospitales en
Cataluña. Tengo que decirle que ese estudio está hecho con el máximo
rigor, que tiene como fuente de información el conjunto básico de
datos de cada hospital y que está publicado en una de las más
prestigiosas revistas sanitarias, la Gaceta Sanitaria de septiembre-
octubre.
Señor ministro, hay muy poca gente, muy pocas personas a las que
usted pueda merecer credibilidad, más allá de quienes están
convencidos porque pertenecen a su órbita política. Señor ministro,
independientemente de que mi grupo parlamentario no votara la Ley 15/
1997 porque éramos conscientes de lo que podía pasar, porque éramos
conscientes de lo que después dijo el Tribunal Superior de Justicia
del País Valenciano, de que el modelo Alcira, el modelo Dragados y
Construcciones y Adeslas gestionando un hospital público cabía en la
Ley 15/1997, no intente confundir. Es evidente que si han metido la
enmienda en el Senado a la Ley de medidas fiscales, administrativas y
del orden social es precisamente porque no tenían marco jurídico para
poder introducir la gestión privada. Por tanto, la Ley 15/1997 no
daba cobertura legal a sus intenciones de dinamitar, de pulverizar la
sanidad pública convirtiendo los centros sanitarios en fundaciones
y a los médicos en pequeños empresarios.
Por tanto, el consenso que, desgraciadamente, usted consiguió
alcanzar con la Ley 15/1997 para la sanidad pública, no es ni
muchísimo menos el consenso de la enmienda en el Senado, y lo va a
ver. A ver si asume el riesgo, en el viaje hacia el centro que
pretende el Partido
Popular, de plantear, en las condiciones que lo está planteando,
dar la vuelta al sistema sanitario público.
Señor ministro, las evaluaciones del camino seguido por las reformas
de Margaret Thatcher en el National Health Service están en todos los
sitios. Si usted o sus técnicos solamente estudian lo que les propone
la fundación Andersen, no creo que le haya llegado ninguna de las
publicaciones a las que me refiero. Las publicaciones de expertos en
salud pública, en todos los lugares del mundo, afirman que la
introducción de los criterios de mercado en la sanidad supone una
quiebra esencial de la equidad porque plantean, a medio plazo, el
acceso al servicio en función de la capacidad adquisitiva, porque
aparecen los denominados eufemísticamente en marketing efectos
adversos, que consisten en el rechazo de aquellos pacientes cuyo
cuadro clínico se ha complicado y requieran una mayor absorción de
recursos, la libre elección de médico y hospital y la competencia del
mercado interno, así como la polarización y sobrecarga de unos
hospitales en detrimento de otros. Es decir, el máximo desorden y la
máxima irracionalidad en la sanidad pública, consiguiendo lo que la
población sabe cada vez mejor: que no hay manera de introducir
criterios de rentabilidad mercantil económica en la sanidad pública
si no es a costa de la calidad y de la equidad, que no hay trucos de
ningún tipo y que además ese tipo de procedimientos lo que acaban
haciendo al final es aumentar el gasto sanitario público, aunque los
criterios contables, presupuestarios, puedan parecer eficaces porque
se ha disminuido la estancia media en algún hospital.
En el estudio que he mencionado se planteaba con datos, con
hospitales concretos en nuestro país cómo los gerentes incrementan el
tipo de intervenciones quirúrgicas, incluso aunque no reciban las
retribuciones por ello en el contrato programa, porque al año
siguiente el incremento de actividad les permite obtener más
recursos. Es decir, la utilización, la instrumentalización, en el más
estricto sentido de la palabra, de la salud de la población en
función de la obtención de buenos resultados contables y,
evidentemente, a medio plazo, de recursos económicos.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Maestro, termine, por
favor.
La señora MAESTRO MARTÍN: Termino, señor presidente.
Señor ministro, ustedes van a conseguir la mayoría parlamentaria
suficiente para sacar la ley adelante. No me cabe la menor duda.
Espero que el coste político y social sea el más alto posible. Espero
del compromiso de los grupos parlamentarios de la oposición, muy
significativamente del Grupo Parlamentario Socialista, que tengan la
responsabilidad necesaria para intentar que, teniendo la posibilidad
de plantear un recurso de inconstitucionalidad, ahora que tanto nos
estamos vanagloriando del vigésimo aniversario de nuestraCarta Magna,
se respete al menos la seguridad del servicio
sanitario público que la Constitución española plantea y que en el
proceso reglamentario de la técnica legislativa se impida desde la
oposición, pero con la Constitución, la legalidad y la legitimidad en
la mano, lo que un grupo parlamentario con apoyo mayoritario, pero
con todos los planteamientos de perversión en la técnica legislativa
y en la utilización de las posibilidades políticas, plantea en
relación con la sanidad pública. Todos sabemos, señor ministro, que
la sanidad pública, como se ha demostrado en Gran Bretaña, se puede
deshacer en cinco o seis años, pero que la posibilidad de
reconstruirla es mucho más dura.
Espero que ustedes no lo consigan y que la sensatez política en el
caso de su grupo parlamentario, el recurso de inconstitucionalidad y,
desde luego, la población les impidan llevar a cabo lo que sin duda
supone el proceso de dinamitación de la sanidad pública más serio que
se ha llevado a cabo nunca en nuestro país.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Maestro.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Gracias,
señor presidente.
Señoras y señores diputados, señora Maestro, yo bien lamento que S.S.
persista en sus falacias argumentales. Acaba de decir usted en la
tribuna que presentamos una enmienda en el Senado porque la Ley 15/
1997 no da marco jurídico para la gestión privada. ¿Me quiere usted
explicar qué añade esta enmienda para dar marco jurídico a la gestión
privada? No estamos hablando de fundaciones públicas de naturaleza y
de titularidad pública sujetas a la Ley de contratos del Estado y a
la Ley General Presupuestaria. ¿Qué hay aquí de marco jurídico para
la gestión privada? El marco jurídico para la gestión privada está en
la Ley 15. En la enmienda del Senado no hay marco jurídico para la
gestión privada, lo que hay es un paso para hacer posible otra
fórmula organizativa de los centros asistenciales que les dé
personalidad jurídica, más autonomía más posibilidad de participación
y responsabilidad de los profesionales y mejor asistencia a los
ciudadanos, que es lo que buscamos. Es falaz el argumento de que
presentamos esta enmienda porque la Ley 15 no da marco jurídico para
la gestión privada; marco jurídico para la gestión privada lo hay en
la Ley 15.
No sé qué documentos lee S.S., pero en los textos originales de la
reforma sanitaria del señor Blair hay una cosa clarísima, que es que
nunca se deberá volver a las fórmulas centralistas de los años 70, y
uno de los pilares de la reforma sanitaria del Reino Unido, que
consistió en dotar de personalidad jurídica a los hospitales
públicos, se mantiene; siguen existiendo las fundaciones en la
sanidad del Reino Unido. Naturalmente, el señor Blair, con buen
criterio, trata de corregir errores y fallos que hubo en la primera
puesta en funcionamiento del sistema del mercado interior, pero la
idea
básica de que los hospitales deben tener autonomía, que eso facilita
la participación, la responsabilidad y la eficiencia y que los
ciudadanos pueden elegir los servicios sanitarios dentro del sector
público, esas dos ideas básicas de la reforma sanitaria del Reino
Unido se mantienen en las propuestas de reforma del señor Blair, y
ésa es la base de la cuestión, y su decisión firmísima de no volver
en ningún caso a las fórmulas centralistas y democráticas de los años
70, que parece que son las que les gustan a SS.SS. ¿Quién habla aquí
de rentabilidades mercantiles? ¿Es que las fundaciones son entidades
mercantiles? ¿Es que tienen el menor ánimo de lucro? De lo que se
trata es de manejar mejor los recursos públicos para dar una mejor
asistencia sanitaria, más ágil, más fluida, más eficaz y de más
calidad a los ciudadanos. No hay el menor ánimo de lucro en nada de
lo que estamos diciendo, lo único que hay es el deseo de agilizar el
modelo, de salir de fórmulas centralistas y burocráticas
desacreditadas en todo el mundo, abandonadas en todos los países de
Europa con los que nos comparamos, para introducir fórmulas
organizativas más flexibles, de más responsabilidad, más eficientes,
salvando todo lo esencial del sistema público en cuanto a su equidad,
al aseguramiento único, a la financiación pública; al contrario,
pretendemos ir avanzando en la equidad, porque lo que más atenta
contra la equidad del sistema es su ineficiencia. Usted sabe,
señoría, que a quienes más perjudica un sistema que es incapaz de
atender rápidamente las necesidades de los ciudadanos y que tiene
listas con esperas de más de un año es a los más débiles; éstos son
los que no tienen medios para subsanar esos fallos del sistema y
tienen que esperar. Por eso, lo más solidario y lo más equitativo es
hacer más eficiente el sistema y dar un mejor servicio a todos los
ciudadanos para que ninguno tenga necesidad de buscar una solución
fuera del sector público, porque él le da la satisfacción que merece.
Es rigurosamente inexacto venir a decir aquí que hay publicaciones de
rigor científico que aseguran que la introducción de estas nuevas
fórmulas organizativas o de gestión conducen a una disminución en la
calidad de la asistencia, a falta de equidad sanitaria, a un
incremento de las desigualdades. Le recuerdo que en la monografía
sobre desigualdades sociales, publicada por el Ministerio, el informe
Black o los informes Whitehall son concluyentes al señalar que son
las reformas excesivamente integradoras y estatalizantes de los
sistemas sanitarios públicos las que se han acompañado de un aumento
de desigualdades y de perjuicios en la salud de los ciudadanos a los
que atienden.
Por el contrario, hay unanimidad en la doctrina y en la práctica
sobre las reformas dirigidas a introducir mayor flexibilidad en la
gestión de los centros sanitarios y a separar las funciones de
planificación, financiación y provisión de los servicios. No es
Cataluña la que ha introducido estas fórmulas de gestión; hospitales
gestionados por una empresa pública los tenemos en el País Vasco
donde hay fórmulas imaginativas de este
tipo; las hay en Galicia. Todo el mundo se adelantó en estas reformas
organizativas y todo eso lleva a una mayor eficiencia en el uso de
los recursos sanitarios, a mayor satisfacción de los ciudadanos, a
reorientar las actividades en los servicios de la sanidad hacia los
demandantes y necesidades de los usuarios como señala en el informe
Blair, al que usted también se refirió, o el que ya le cité de la
Oficina Regional de la OMS sobre las reformas de la asistencia
sanitaria en Europa que es concluyente en esta medida.
Con esta convicción, señoría, y en el convencimiento absoluto de que
con esta iniciativa el Grupo Popular del Senado lo único que hace es
desarrollar una idea política que está contenida conceptualmente en
la Ley 15/1997 e introducir una fórmula jurídica operativa más, pero
en esa línea y reforzando los aspectos públicos de la medida, estamos
prestando un servicio a nuestro Sistema Nacional de Salud para
hacerlo más eficiente y poder atender mejor a los ciudadanos, que es
lo que buscamos.
Nada más, señor presidente, muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor ministro.
(Rumores.)
Silencio, por favor, señorías, comprendo que resulta un poco tediosa
la tarde, pero no necesitamos animación especial.Gracias, señorías,
por su contribución. ¿Grupos parlamentarios que desean fijar su
posición en el debate? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, estamos en un debate interesante y por
lo que se ve con visos de acalorarse. La interpelación que presenta
el Grupo Federal de Izquierda Unida hace referencia a la introducción
de criterios empresariales en la sanidad y el debate derivó hacia la
famosa enmienda del Grupo Popular a la Ley de acompañamiento en el
Senado que trata de lo mismo, de introducir las fundaciones en los
hospitales públicos de la red del Insalud, por tanto, la introducción
de ese tipo de criterios.
A veces, si no estuviese en juego algo tan importante como qué tipo
de asistencia sanitaria van a recibir los ciudadanos en el futuro,
casi resultaría inútil discutir sobre este tema ante la actitud
cerrada y empeñada del señor ministro, del Gobierno y del partido que
lo sustenta en modificar profundamente el modelo actual del Sistema
Nacional de Salud. En todo caso, discutimos sobre el fondo de la
cuestión que es la introducción del modelo de fundaciones en los
hospitales de la red pública del Insalud, un modelo que hasta el
momento se reservaba a los hospitales de nueva creación y discutimos
también sobre la introducción de la modificación en la forma de
gestión hospitalaria a través de esa enmienda del Senado que citamos;
quizá esto se deba a que el señor ministro de Sanidad está
demasiado acostumbrado a sustituir el debate político por la
imposición y la propaganda. Porque un cambio en el modelo de gestión
como el que propugna el Grupo Popular con las repercusiones que ha de
estar pensado desde hace bastante tiempo; creo que no se les habrá
ocurrido a última hora. Por tanto, no parece tener sentido que se
trate de aprobar una cuestión como ésta a hurtadillas, colándola de
rondón, evitando lo más posible la discusión o esperando que las
luces de Navidad deslumbren a los ciudadanos e impidan ver lo que
ocurre realmente.
El Grupo Popular y el señor ministro dicen que la famosa enmienda del
Senado es simplemente técnica. La legitimidad en el cambio de la
forma de gestión de los hospitales públicos viene dada por la
aprobación de la famosa Ley 15/1997, de habilitación de nuevas formas
de gestión del Insalud -por cierto, el Bloque Nacionalista Galego
votó negativamente dicho proyecto de ley-, pero, aún siendo así, si
esa ley faculta los cambios propuestos -y no dudo que lo haga-, no
tiene sentido que no se discutieran en aquel momento, que no se
hiciera público entonces el alcance que se pretendía dar con esta
modificación legal. Señor ministro, diga lo que diga, no es de recibo
que se trate de colar una reforma de esta importancia con este tipo
de métodos. Es una reforma importante porque no se va a limitar
obviamente al territorio del Insalud, sino porque seguro que se
transferirá rápidamente a territorios con gestión propia de la
sanidad, aunque no se extenderá a todos porque en muchos casos ya
está introducido.
Me parece que los argumentos, que vehementemente defiende le señor
ministro, como siempre, para seguir ampliando la fórmula de las
fundaciones, se basa en negar que se trata de introducir mecanismos
privatizadores de la sanidad; se trata de conseguir una mayor
eficacia en la gestión, ahorrar costos, prestar un mejor servicio a
los ciudadanos, eso sí, realizado siempre bajo control público.
Nuestro grupo y yo seguimos pensando que en realidad estamos ante un
intento del Grupo Popular de ir dinamitando poco a poco el sistema
sanitario público, introduciendo fórmulas de gestión privadas,
caminando hacia la separación de la financiación y la provisión, y
hacerlo sin explicitarlo a los ciudadanos. Al tiempo que el Gobierno
habla de la ineficiencia del sistema público renuncia a mejorar esa
gestión. Eso lo tenemos discutido en varias ocasiones; hay una
renuncia absoluta a hacerlo más eficiente. Se insiste en la manida
ineficiencia de lo público frente a la eficiencia de lo privado, lo
que a mí me parece que no deja de ser peligroso, sobre todo hablando
de salud.
El sistema de fundaciones sólo persigue desde nuestro punto de vista
abaratar costos e introducir esos mecanismos privatizadores. Yo creo
que va a abaratar costos en buen medida a través de los costos
laborales (peores salarios, más horas de trabajo, escasez de
personal), eso sí, también acompañado de muy buenos salarios para los
directivos. En los hospitales en los que se aplique me parece que
esta fórmula va a crear agravios y problemas innecesarios entre
estatutarios y otro
tipo de personal, fomentará sin duda la burocracia y desde luego no
va a dar una mejor calidad asistencial. La fórmula de fundaciones
está en vigor hace tiempo, en algunos lugares desde hace varios años,
y no se ha demostrado hasta el momento para nada que consiga una
mejor prestación de servicios.
Yo creo que hablar del derecho a la salud -cada uno mantendrá
legítimamente su postura- es algo que debería merecer un debate
amplio, sobre todo en el cambio del modelo sanitario. Sería necesario
un cambio serio, profundo y con participación de la ciudadanía y no
en estas condiciones. Aunque el señor ministro hable de desajustes en
su intervención, algunos Estados, como Gran Bretaña, se están
planteando limitar los perniciosos efectos de la contrarreforma de la
señora Thatcher. Bueno, él lo llama desajustes, pero parece que se
plantea algo más que eso en la aplicación de ese modelo. Otra cosa es
si hay o no voluntad, si es posible o no retrotraerse en el sistema.
Ésa ya es otra cuestión de planteamientos políticos de los distintos
grupos, como es el del Gobierno británico, que no viene a cuento. En
todo caso, lo que sí parece demostrado es que la introducción de ese
modelo creó profundos desajustes, y vamos a dejarlo así.
Señor ministro, nosotros no estamos de acuerdo con el modelo que
usted pretende para el sistema sanitario. Yo creo que, en esencia,
por resumirlo, sería gestión privada-control público, un modelo que
desde nuestro punto de vista ni es creíble ni mejorará la asistencia
sanitaria, y como siempre, si no, al tiempo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Vázquez.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Corominas.
El señor COROMINAS I BUSQUETA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Romay, ustedes continuamente lo que están haciendo es levantar
extraordinarias cortinas de humo para no adentrarse en el auténtico
debate de lo que ustedes propugnan como garantía del derecho a la
salud que reconoce nuestra Carta Magna. En su momento, este país se
dotó de un mecanismo para garantizar el derecho a la salud, que era
el Sistema Nacional de Salud, una opción clara, por una apuesta
pública, única y universal, con la que ustedes nunca han estado de
acuerdo, y ahora están levantando estas cortinas de humo
constantemente hablando de la gestión. Ésta es necesario que sea
correcta pero no deja de ser una herramienta. El objetivo fundamental
es el mantenimiento del derecho a la salud de los ciudadanos de este
país.
No es cierto que a ustedes sólo les preocupe la mejora de la gestión.
Ustedes en sus dos años de gobierno han ido introduciendo una serie
de modificaciones subliminales, algunas de ellas en el sistema, que
lo va debilitando. Desde su ministerio han hecho cambios
legislativos que tienen importancia básica para el mantenimiento del
Sistema Nacional de Salud: han modificado la Ley General de Sanidad,
la Ley de la Seguridad Social, la Ley del Medicamento, han modificado
o pretenden modificar la Lofage, han modificado la Ley de ordenación
farmacéutica, han creado mediante ley una Agencia Española del
Medicamento, y todo ello sin ningún proyecto de ley que se haya
discutido en este Parlamento. Todo se ha introducido a través de las
leyes de acompañamiento de los presupuestos. Nunca se han atrevido a
presentar un proyecto de ley en el marco sanitario para discutirlo en
esta Cámara.
La forma de gestión a la que usted se refería y sobre la que nos
vamos a centrar como motivo del debate de hoy es un real decreto-ley
que, ante la oposición de sus propios socios de Gobierno, tuvieron
que admitir que se tramitara como proyecto de ley en la Cámara,
aunque su objetivo era llevarlo a la práctica como real decreto-ley.
No es cierto lo que usted nos ha afirmado y continúa indicando de que
la modificación que piensan introducir en la Ley de medidas fiscales,
sociales y del orden social es un desarrollo de la Ley 15/1997. Su
desarrollo es el reglamento que corresponde a esta ley y que, por
acuerdo unánime de todos los grupos de esta Cámara, se pidió al
Ministerio que estuviera elaborado antes del 1 de septiembre del año
1997. Estamos en diciembre del año 1998 y el reglamento aún no ha
visto la luz. Y mientras plantean esta reforma, que ahora revisan en
el Senado, usted está hablando continuamente de que es un desarrollo
de la Ley 15/1997. No, una ley no se desarrolla con otra ley sino con
un reglamento.
Ustedes han ido poniendo trabas en la evolución y en el sistema
público. Esto lo hemos visto con el tema de Alcira, con las
fundaciones privadas que han creado. Ustedes reconocen en la memoria
que acompaña a la modificación que ahora pretenden introducir que
Manacor y Alcorcón son fundaciones privadas y que, por tanto, no
entran en los hospitales que estaban dentro del sistema en esta
legislación y, por eso, tienen que modificar la Lofage para que se
cree la figura de fundación pública sanitaria.
En la reforma del IRPF han introducido otro elemento importante que
es la desgravación o la no cotización como salario en especie de las
pólizas de seguros sanitarios que las empresas puedan hacer a sus
empleados. Han ido dualizando el sistema cada vez más, incrementando
los conciertos privados con las entidades, etcétera.
Si tanto les preocupa la gestión que parece que es su leitmotiv,
señor ministro, ya me contará cómo se puede gestionar un sistema en
el que van a convivir el 1 de enero el sistema tradicional, las
fundaciones públicas, las fundaciones privadas, los consorcios y
otros mecanismos que se les puedan ir ocurriendo. Si esto es una
clarificación de la gestión, como dicen en castellano tradicional,
que venga Dios y lo vea.Lo que sucede, señor ministro, es que
definitivamente y con motivo de esta discusión, ustedes se han
quitado la careta. Usted
decía hace muy pocos días, que el carácter de servicio público del
sistema no está determinado por la forma jurídica de sus centros ni
por su gestión, sino por el origen público de los recursos que se
financian y que hay que superar las rigideces del monopolio, que
hasta ahora tenían los hospitales públicos con su clientela cautiva,
y deben competir con los privados para que la gente pueda ir de un
sitio a otro.
Las fundaciones que ustedes pretenden no les sirven para nada; no les
sirven para gestionar. Ustedes han dicho también en un documento
triunfalista que acaban de publicar sobre la gestión del Ministerio
-parece más un ministerio de promoción propagandística, que un
ministerio del Gobierno del Grupo Popular-que uno de los grandes
problemas es el viejo asunto relativo a los recursos humanos que,
como se sabe, son absolutamente esenciales en este tipo de servicios.
¿Cómo se resuelven estos viejos problemas en relación con los
recursos humanos, cuando no se modifica un ápice respecto a las
fundaciones públicas con la enmienda que ustedes han presentado en el
Senado? ¿Va a cambiar esta relación?
En el futuro ustedes pretenden, y espero que llegue pronto, hacer una
ley de consolidación y reforma del Sistema Nacional de Salud, como
política general del departamento. Yo le pediría que fuera una ley de
consolidación y mejora del Sistema Nacional de Salud y no de reforma.
Si es un sistema de consolidación y mejora nos encontrará a su lado
para discutirlo. Me gustaría señalar la frase que acerca de la
anticipación de esta consolidación y reforma dice: como posible
anticipación de normativas que facilite la transformación de los
hospitales existentes en fundaciones públicas sanitarias. Esto ya lo
han hecho y no parece que sea una mejora del sistema. Debo decirle
que nos debe dar pruebas de que ustedes defienden, no como han hecho
públicamente, el sistema público porque la credibilidad del
Ministerio está por los suelos. Usted se ha referido en una pregunta
anterior y ahora en la interpelación a las famosas listas de
espera...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Corominas, vaya
terminando.
El señor COROMINAS I BUSQUETA: Termino en seguida, sólo leo un
documento.
Usted ha mencionado las listas de espera señalando los grandes
logros, lo mal que se hacía y cómo se ha conseguido reducir ahora. Yo
le invito a que usted desmienta públicamente que lo que voy a leer no
es cierto. A lo largo del año en curso hemos comprobado un notable
incremento de inclusión de pacientes en lista de espera quirúrgica,
aunque el mismo fue debido parcialmente a la centralización de listas
de espera quirúrgicas de cupo, otra parte importante deriva de la
propia actividad de las consultas externas; es decir, como la gente
trabaja y va a consultas externas, se aumenta la lista de espera y se
ha incrementado mucho en este año 1998.Este documento que le leo es
del Insalud de
28 de septiembre de 1998. Continúa: Para lograr el objetivo
institucional de no tener pacientes con más de seis meses en lista de
espera quirúrgica -que es el gran logro que ustedes quieren señalar-
a 31 de diciembre de 1998, solicitamos que se adecuen las entradas en
la lista de espera a los protocolos consensuados y a la capacidad de
salidas programas en los próximos cinco meses.No se trata de que haya
muchos o pocos enfermos que precisen o no entrar en la lista, sino
que, en función de los que puedan ser operados, éstos entrarán igual,
con lo cual se reduce la lista de espera. Si éste es el mecanismo por
el cual se mejora la asistencia en la gestión sanitaria, no lo
compartimos. Termina la carta diciendo: Igualmente le pedimos un
esfuerzo para que los pacientes que deben ser revisados en consulta
no sean incluidos en la lista de espera quirúrgica hasta que su
indicación no sea clara, así como que cualquier renuncia, mejoría que
no indique la intervención, no presentación a quirófano el día
citado, etcétera, sea notificado en el tiempo más breve posible al
servicio de admisión para eliminarlo de la lista de espera y obtener
estos resultados brillantes a los que ustedes van dando publicidad
continuamente.
Si así es como se mejora la gestión...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Corominas, termine, por
favor.
El señor COROMINAS I BUSQUETA: Termino con esto, señor presidente.
Si con estas recomendaciones de ajustar la entrada a la salida y
eliminar todo lo posible es como se mejora la gestión, mal vamos en
la reforma y en la modernización del sistema sanitario.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Corominas.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE POLÍTICA DEL GOBIERNO Y
PERSPECTIVAS DE FUTURO PARA EL SECTOR NAVAL PÚBLICO (AESA Y BAZÁN),
EN EL MARCO ACTUAL DE LA UNIÓN EUROPEA. (Número de expediente 173/
000111)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Finalizado el debate de las
interpelaciones urgentes, vamos a entrar en el punto III del orden
del día: mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.
Anuncio ya a SS.SS. que para una mayor agilidad en el debate todas
las votaciones se acumularán al final del debate de las tres
mociones.
En primer lugar, tenemos la moción del Grupo Parlamentario Mixto,
sobre política del Gobierno y perspectivas de futuro para el sector
naval público (AESA y Bazán), en el marco actual de la Unión Europea.
Para su defensa tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
El Bloque Nacionalista Galego presenta la moción consecuencia de la
interpelación que ofrecimos hace dos semanas relativa al sector naval
público tanto civil como militar. Aunque, como recordaba el señor
ministro, son sectores y mercados totalmente diferentes, con
problemáticas y situaciones diferenciadas, sin embargo, tanto Bazán
como los astilleros AESA remiten a una industria estratégica del
Estado español ya histórica, a una industria que representa
cualificación tecnológica y posibilidades de investigación en el
futuro y, por tanto, muy codiciada por todos los Estados
industrializados; son industrias intensivas aún hoy en empleo y en
posibilidades de creación, y además en el caso concreto del Estado
español son punteras en el equilibrio social y territorial de un
Estado que bien lo necesita.
Por otra parte, son empresas que además de estar trasnacionalizadas,
antes del actual proceso de globalización, ya que competían en el
mercado internacional, están hoy gravísimamente condicionadas en
primera escala por el proceso de globalización que se hizo en la
Comunidad Económica Europea, actual Unión Europea. Por tanto, sería
bueno que las fuerzas políticas nos habituásemos a estar atentos para
no caer en los mismos tropiezos o vicios que se cometieron en
relación con el sector civil a la hora de planificar el futuro del
sector naval militar. En todo caso, nosotros presentamos una moción
que, unida a la problemática de las factorías de Bazán, intenta
convencer al Gobierno de que debe optar por la diversificación
integral de las distintas áreas con que cuentan hoy las factorías,
que debe mantener la capacidad productiva, la capacidad tecnológica
y humana, es decir, las plantillas que hoy tienen, e incluso que se
estudiase la posibilidad de establecer conglomerados industriales
como otros astilleros públicos cuando sean coincidentes, por ejemplo,
en la ría de Ferrol o en la ría de Cádiz. A estas alturas, aunque la
empresa Bazán se mantuviese de forma prioritaria en la industria
militar, consideramos que debía de posibilitarse el libre acceso a
todo tipo de construcción naval, ya que no casa con la orientación de
los tiempos tener enfeudada una factoría como ésta, precisamente a un
determinado tipo de industria militar. Una cosa es que ésa sea la
finalidad específica y los contratos del Gobierno, por tanto el
Ministerio de Defensa, beneficien específicamente a la empresa Bazán
de construcciones navales militares y otra es que quede enfeudada
prácticamente este tipo de industria.
Los otros puntos de la moción, señor presidente, tienen una
intencionalidad política clara. Quería referirme, en concreto, al
punto crucial, el número 2, que pretende que, ya que hay una nueva
circunstancia internacional, al margen de nuestras discrepancias
político- ideológicas respecto a cómo se realiza la globalización,
todos seamos coincidentes, puesto que hay algunos datos que son
incontestables. En primer lugar, la
competencia desleal, que ya mantenían antes Japón y Corea, ahora se
puede agudizar por la devaluación de la moneda y los préstamos de
organismos financieros internacionales -todos los Estados
desarrollados contribuyen a mantenerlos-, pudiendo beneficiar
indirectamente que esta competencia incluso pueda aumentar. Sin
embargo, no es menos grave, y el Bloque Nacionalista se encarga de
recordarlo continuamente, el proteccionismo a ultranza de Estados
Unidos o incluso que las reglas de juego a nivel internacional no se
estén respetando por parte de la OCDE, por lo menos de todos los
países que la integran; parece que en la Unión Europea no hay una
predisposición a respetarlas. Teniendo en cuenta que dentro de la
Unión Europea hay ya grandes Estados que van a tener problemas con
sus astilleros, más de los que tuvieron hasta hoy, como puede ser el
caso de Alemania o de Dinamarca, sería interesante que el Gobierno
español mantuviese una nueva conducta política, por lo menos más
estudiosa de las posibilidades que el nuevo concierto internacional
abre, y estuviese dispuesto a defender la capacidad productiva de sus
astilleros y, en concreto, un caso alarmante como es el de Astano,
para que potencialmente pudiese por lo menos acceder con libertad a
la construcción naval, pues no hace otra cosa que barcos, por más que
las discusiones tecnológicas puedan llevar incluso a que no se le
deje construir ni siquiera lo que fabrica.
En último término, señor presidente, y ya acabo, hay un tercer punto
que va destinado a que el impulso de este sector industrial
estratégico se haga con dos medidas a corto plazo que pensamos que no
tendrían dificultad. La primera sería capitalizar AESA y Astano en
una cuantía de recursos propios que igualen al inmovilizado neto, es
decir, al valor que tienen los terrenos donde están ubicados, las
construcciones y las máquinas, que es lo mínimo que puede tener una
empresa, de tal forma que hasta el año 2000-2001 pudiesen hacer
frente a dificultades mientras no se clarifica el nuevo panorama de
ayudas que, sin duda, va a haber que articular, teniendo en cuenta la
nueva situación internacional a poco que la Unión Europea sea
respetuosa con sus intereses e imaginamos con los del Estado español.
El último punto es algo que venimos repitiendo desde hace tiempo, en
el que ya insiste el Gobierno, que es escandaloso que el Estado
español no cuente hoy con una flota mercante propia para que el
balance por fletes no sea tan negativo -le recuerdo que son 250.000
millones de pesetas anuales; todos los préstamos de ayudas a los
astilleros españoles que se hicieron - y, por tanto, pudiese aumentar
la demanda doméstica de construcción de estos buques en los
astilleros del Estado español, como acontece en general con la
mayoría de los Estados de la Unión Europea.Esperamos que en el
transcurso de este debate podamos llegar a un acuerdo, que en este
momento está en germen, y cerrarlo antes de que acabe.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Rodríguez.
A esta moción se han presentado dos enmiendas. Una, por parte del
Grupo Socialista y, otra, por parte del Grupo Parlamentario Popular.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista, tiene la palabra
el señor Cuevas.
El señor CUEVAS DELGADO: Gracias, señor presidente.
Señorías, la moción consecuencia de la interpelación de la semana
pasada nos trae el problema de cómo impulsar y adecuar medidas que
posibiliten que nuestros astilleros, tanto los dedicados a la
industria militar, como Bazán, o los dedicados a la industria civil,
puedan tener viabilidad en el futuro. Ante una moción que tiene de
entrada varias dificultades, lo primero que habría que decir es que
estamos debatiendo la necesidad de implementar políticas de
modificación a las primas de la construcción naval y políticas de
carácter fiscal para impulsar la competitividad de los astilleros.
Una dificultad es que en el Consejo de Ministros de la semana pasada
se ha promulgado un decreto que modifica el de 1994, al que hace
referencia la moción, sobre modificación de las ayudas a la
construcción naval. Otra es que también hay una enmienda presentada
en el Senado que tiene que ver con las medidas fiscales,
administrativas y de orden social. Luego, tenemos una dificultad
añadida por cuanto estamos viendo criterios con texto de carácter
general y, sin embargo, estamos tramitando medidas muy concretas que,
desgraciadamente, no podemos debatir porque no las conocemos en su
totalidad.
Mi grupo quiere dejar claros algunos conceptos previos para
justificar las enmiendas presentadas. Primero, que el eje fundamental
tiene que ser el que se venía aplicando durante todos estos años, es
decir, garantizar la capacidad productiva de nuestros astilleros,
pero también en relación con lo que está ocurriendo en la
construcción naval en Europa y en el mundo. Por tanto, si hace unos
años teníamos un problema fundamentalmente de competitividad, por la
cuestión de precios con Corea y con el Sudeste asiático, hoy
posiblemente se haya agravado debido a la última devaluación de la
moneda coreana y el yen japonés, pero también porque no hay una
garantía de que las ayudas del Fondo Monetario Internacional, sobre
todo a Corea, se destinen a medidas de carácter innovador en cuanto a
su industria de construcción naval. Por eso, creemos que un primer
paso tendría que ser hacer una política dentro del seno de la Unión
Europea, porque no son sólo los astilleros españoles, sino los
astilleros de toda la comunidad europea los que tendrán un grave
riesgo en el futuro si no somos capaces de implementar medidas que
acaben con la competencia desleal. También se tiene que modificar y
ampliar el sistema de primas y ayudas a la construcción naval, si es
que en el resto de los países que construyen barcos en el mundo no se
está en las mismas condiciones. Además, es importante
insistir en que hace falta que la capacidad de gestión en nuestros
astilleros tenga un mayor nivel de rentabilidad. La capacidad de
gestión de los astilleros se mide por muchas razones, no me voy a
extender aquí. Es cierto que la cartera de pedidos en los últimos
años se ha incrementado, pero el rendimiento en cuanto a esa
productividad de los astilleros no ha sido superior a otras épocas.
Por tanto, hay que seguir insistiendo en esas medidas que dentro de
cada factoría mejoren la gestión en cada una de estas empresas.
Yendo concretamente a las enmiendas que hemos presentado,
fundamentalmente tienen que ver con dos conceptos. En primer lugar,
se plantea en la moción que en el área de las empresas militares
pueda haber una simbiosis entre la empresa Bazán y Astano. Creemos
que será perjudicial para los astilleros que se dedican a la
industria militar entrar dentro de la construcción civil, porque
entonces tendríamos los astilleros con el mismo problema dentro de
las limitaciones que marca la Unión Europea. En consecuencia, lo que
hay que hacer es que los astilleros civiles aprovechen la capacidad
técnica de Bazán, mediante acuerdo con las empresas de construcción
civil. Por eso, planteábamos las enmiendas números 1 y 2, teniendo en
cuenta además que en la enmienda número 2 hacíamos una apuesta clara
por que en Europa las empresas de construcción naval militar lleguen
a acuerdos similares y haya una concentración de esfuerzos y de
objetivos que permita hablar de una industria militar naval en el
seno de la Unión Europea. La enmienda número 3 tiene que ver con el
tan traído problema de si Astano puede acceder a la construcción de
barcos o tiene que seguir construyendo plataformas offshore. El
Gobierno lo que tiene que hacer en este momento es defender los
astilleros españoles y europeos de la competencia desleal, y ahí, en
el campo de las plataformas, se está abriendo una importante vía de
actuación que yo creo que habría que aprovechar. Nosotros lo que
planteamos en la enmienda número 3 es que pueda llegarse a acuerdos
también con otros astilleros europeos para ampliar este campo de
actuación. Las enmiendas 4 y 5 se refieren a la capacidad financiera
de los astilleros. Creemos que sí puede haber un problema de
capacidad financiera, pero que lo más importante, lo que necesita el
grupo AESA -y así lo reclaman los sindicatos y también lo hemos
reclamado insistentemente en esta Cámara- es un plan de
competitividad que identifique los errores de gestión, si es que los
hay, y proponga las medidas que conduzcan a la viabilidad. Por
supuesto que el citado plan, como otros anteriores, debería tener las
aportaciones financieras del accionista, necesarias para el
cumplimiento de los objetivos del plan. Por último, planteamos una
enmienda de adición, y ya es un tema también recurrente en esta
Cámara, en el sentido de que el Estado español, la Comunidad Europea
en su conjunto, tiene que ser más vigilante con la seguridad en los
tráficos marítimos. Si esto es así, si se cumple la normativa de
seguridad, nuestro grupo cree que habrá ahí un campo de actividad,
porque hay muchos barcos
que están obsoletos, muchos barcos que incumplen todas las
normativas, en el que podríamos tener una cartera de pedidos más
interesante, siempre que haya un compromiso serio de los Estados de
la Comunidad y también de otros Estados que seguramente se lo
plantean en sus puertos, para implementar medidas que puedan
coadyuvar a que haya una cartera de pedidos más amplia en lo que se
refiere a la marina mercante.
Señorías, este es el contenido de las enmiendas a esta moción. Hay
otra enmienda más que plantea el Grupo Popular. Básicamente, nosotros
estamos de acuerdo con el planteamiento, lo que ocurre es que
mientras estemos hablando de temas generales y no entremos en algunas
de estas cuestiones más concretas, nos parece debatir sobre el vacío.
Es decir, que tengamos un decreto, que tengamos una modificación
legislativa en el Senado, y que aquí sigamos hablando de frases tan
generales como potenciar la financiación o potenciar las medidas
tendentes a no sé qué. Habría que concretar un poco más en esta
moción si queremos realmente hacer algo positivo en relación con el
sector naval de nuestro país.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Cuevas.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Popular, tiene
la palabra el señor Fernández de Mesa.
El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: Gracias, señor presidente.
Señorías, si hay algo en lo que coincidimos todos los grupos
parlamentarios es en que en España existe un importante sector de
construcción naval, tanto civil como militar, y que es imprescindible
habilitar medidas para que no sufra un paso más atrás, sino todo lo
contrario, y que comience a ser lo que ha sido siempre y a lo que
nadie renuncia: uno de los sectores más importantes que existe en
Europa, sobre todo teniendo en cuenta las vicisitudes por las que ha
venido pasando durante estos últimos años de acuerdo con las
directivas comunitarias -la Sexta y la Séptima- y los procesos
internos en materia de reconversión.
El Grupo Parlamentario Popular entiende que en ese contexto
internacional es imprescindible actuar de una manera conjunta y, si
algo se puede deducir de las intervenciones de esta noche, tanto del
Bloque Nacionalista Galego como del Grupo Socialista, es que, en
líneas generales, estamos completamente de acuerdo en que hay que
actuar de una manera directa en cuanto al sector naval español y que
esa forma de actuar la tendremos que definir entre todos los grupos
políticos.
Nosotros queremos diferenciar claramente entre lo que es el sector de
construcción naval militar, vinculado a la defensa, y lo que son los
astilleros públicos o privados españoles, los que están dentro de
AESA o los que realizan sus trabajos de manera privada. En el campo
de la construcción naval militar, el Grupo Parlamentario Popular
entiende que el Gobierno ha actuado
de una forma clara, concreta y concisa, que se ha traducido en tres
actuaciones muy recientes, algunas de ellas todavía sin concluir. La
primera de ellas, realizar una carga de trabajo lo suficientemente
importante como para que, en este momento, la cartera de pedidos dé
estabilidad hasta bien entrado el próximo siglo. Ello supone una
cartera de pedidos cercana a los 356.000 millones de pesetas.
Por otro lado, estemos o no de acuerdo los grupos parlamentarios,
estemos o no de acuerdo los partidos políticos, se está negociando
ahora entre la empresa y los agentes sociales un plan de futuro que
merece el máximo respeto por parte de los grupos políticos a la
espera de su resolución, y no hay ninguna quiebra ni ruptura de la
mesa de negociación.
Un tercer punto que ha actuado de una manera clara durante estos
últimos días, ha sido dotar de activos inmuebles a una empresa
pública, la Empresa Nacional Bazán, que hasta ahora no los tenía.
Puede que fuera una de las pocas empresas públicas o privadas en
España o en Europa que no disponía de sus propios terrenos.
Si a eso añadimos que el plan de futuro implica la externalización de
la deuda, acometer un nuevo plan de revisión y reestructuración,
capitalización de la empresa por importe de 15.000 millones de
pesetas e inversiones en modernización por otros 15.000 millones, nos
situamos en una inversión global para poner a cero, para que empiece
a ser rentable la Empresa Nacional Bazán cercana a los 150.000
millones de pesetas adicionales a los de la carga de trabajo que he
mencionado con anterioridad.
Sin embargo, el Grupo Parlamentario Popular, consciente de lo que en
este momento plantea el Bloque Nacionalista Galego, ofrece una
enmienda transaccional que referida a la Empresa Nacional Bazán diría
en sus dos primeros apartados: Primero, el Congreso de los Diputados
insta al Gobierno a impulsar la diversificación de la Empresa
Nacional Bazán de construcciones navales militares a través del
desarrollo al máximo de las propias capacidades tanto técnicas como
comerciales, de acuerdo con ese plan de futuro que en este momento
están negociando los agentes sociales y la propia empresa. Y,
segundo, al requerimiento que hace el Bloque Nacionalista Galego, de
mantener las capacidades productiva, tecnológica y humana de la
propia empresa, tal y como recoge el plan de futuro que ha sido
elaborado por la compañía y que se está negociando con los
representantes de los trabajadores en estos momentos.
En cuanto a la construcción naval militar, el Grupo Parlamentario
Popular entiende que con estas cuestiones no sólo trata de impulsar y
de puntualizar concreciones para lo que puede ser el futuro del
desarrollo de esta empresa, sino que además contribuye a no enturbiar
un ambiente de negociación entre agentes sociales y la propia empresa
que en nada beneficiaría desde nuestro punto de vista.
El otro apartado es el de la construcción naval civil que en España
durante estos dos últimos años y seguramente que con la corriente que
se ha seguido en Europa ha conseguido levantar una situación que era
realmente difícil, lamentable. Hoy es el día en el que podemos hablar
de la construcción naval civil en España desde un punto de vista no
de relajación pero sí por lo menos de una cierta tranquilidad, y es
la tranquilidad que nos puede dar en este momento el que la cartera
de pedidos a 30 de junio del año 1998 se sitúe en 1.043.000 toneladas
de registro bruto compensadas o, lo que es lo mismo, 118 buques en
cartera. ¿Que no es suficiente? Totalmente de acuerdo. Hay que poner
en marcha medidas de apoyo a la construcción naval no sólo con la
creación de fondos de garantías que cubran los tramos de hipoteca que
no cubre en la actualidad en la banca oficial o hay que apoyar
medidas fiscales como las que hemos presentado en el Senado para que
se tengan en consideración, pendientes todavía de alguna revisión
para que se puedan compatibilizar las ayudas a las que allí nos
referimos, pero también entendemos que es imprescindible que la Unión
Europea sea consciente de la importancia del sector de construcción
naval, un sector que por cada peseta que invierte recoge cuatro y un
sector que por cada puesto de trabajo directo que aporta es capaz de
generar entre cuatro y cinco puestos de trabajo indirectos. Por ello
no entendemos algunas prácticas no ya de competencia desleal de los
países asiáticos y concretamente de Corea, sino de proteccionismo que
se facilitan desde el Fondo Monetario Internacional con la aportación
de 57.000 millones de dólares para superar la crisis que estaban
teniendo en un momento determinado unos astilleros coreanos, sin la
exigencia de ninguna reestructuración ni de capacidades ni de
plantillas, mientras quienes cotizamos al Fondo Monetario
Internacional estemos haciéndonos cruces para ver cómo solucionamos
los problemas que tenemos en este momento no sólo en España, sino en
el seno de la Unión Europea.
Señorías, con este conjunto de cuestiones en las que creo que
coincidimos los grupos parlamentarios lo que es necesario es llegar a
un acuerdo en cuanto a las políticas que debemos de acometer para
tratar de solucionar definitivamente un sector que no debería de
estar en crisis y que debería de ser productivo cien por cien no sólo
para España sino para el conjunto de la Unión Europea. En ese sentido
nosotros ofrecemos en nuestra enmienda transaccional al Grupo
Parlamentario Mixto, y dentro de él al Bloque Nacionalista Galego, y
ante la nueva coyuntura internacional con la devaluación de las
monedas a la que ha hecho referencia el representante del Grupo
Parlamentario Socialista, la defensa en el seno de la Unión Europea
de actuaciones tendentes a evitar la competencia desleal a los
astilleros europeos y concretamente a los del Estado español y
añadimos: manteniendo la capacidad global máxima autorizada para el
conjunto de nuestros astilleros tal y como plantea el Grupo
Parlamentario Socialista.
Además, en un cuarto punto, al impulso de medidas administrativas,
fiscales y financieras que posibiliten la modernización e incremento
de la flota mercante española reduciendo el negativo balance por
fletes así como el aumento de la demanda doméstica para nuestros
astilleros, tal y como acontece con el resto de los Estados de la
Unión Europea. Dado el fracaso del acuerdo OCDE del año 1995 que
ratificamos todos los países de la Unión Europea incluido Noruega
pero que no ratificó en absoluto Estados Unidos consciente de que
debería de continuar aplicando medidas de carácter un tanto
proteccionista, de la misma manera que de forma desleal se viene
practicando en otros países, habría que modificarlo por uno en el que
realmente estemos comprometidos no sólo Japón, Corea, Noruega o los
países de la Unión Europea, sino también los Estados Unidos de
América. Creo que eso es lo que está demandando en este momento el
sector, tanto público como privado, y todos los esfuerzos que se
puedan hacer para que desde esta Cámara se apoye, se impulse y sobre
todo se respalde al Gobierno en la toma de iniciativas en este
sentido harán que empecemos a enderezar una cuestión que se había
torcido y que afortunadamente, y aunque en este momento las
expectativas sean preocupantes, podamos tener como resultado que
nuestros astilleros definitivamente puedan considerarse nuevamente no
sólo como los más competitivos sino como los astilleros de mayor y
mejor tecnología que tenga Europa, que pueda haber en el mundo, tal y
como se ha venido demostrando durante los últimos años.
Nuestra propuesta está hecha y nuestra enmienda inicial está ampliada
con la transaccional referida a la Empresa Nacional Bazán y a
Astilleros Españoles. En ese sentido, el Grupo Parlamentario Popular
está dispuesto a cualquier cambio que se pueda realizar, pero en todo
caso a medidas concretas que desde nuestro punto de vista mejoren la
moción presentada por el Bloque, que ya recoge los puntos que plantea
el Grupo Parlamentario Socialista en alguno de sus aspectos y
entendemos que es la más global y la que más beneficia en este
momento a las iniciativas que queremos recoger.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Fernández de
Mesa.
El señor Rodríguez tiene la palabra para indicar si acepta o no las
enmiendas presentadas.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Teniendo en cuenta nuestra voluntad firme de llegar a un acuerdo,
pediría al señor presidente que nos diese un poco más de plazo para
matizarlo. En todo caso, si usted no tiene inconveniente, votaríamos
las dos mociones juntas, la que está pendiente y ésta, una vez que
hayamos llegado a un acuerdo que depende de unos pequeños matices
para pulirla.
Nada más. Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Rodríguez, la
Presidencia no ve inconveniente en ello, dado que, como ha anunciado
al principio del debate de las mociones, la votación de las tres
mociones se efectuará al final del debate de la última de ellas, de
la tercera. A lo que sí insto a S.S. es a que tan pronto como lleguen
a un texto acordado y dispongan de él lo hagan llegar a la
Presidencia.
Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Señor presidente, intervengo simplemente para
decir que la posición de nuestro grupo es favorable a la intención de
la moción hoy presentada, pero que verdaderamente en las
particularidades del texto ya no estamos tan de acuerdo.
Como la intención de mejora de todos los astilleros nos parece buena,
nuestro voto sería favorable si se aceptase la transaccional que ha
sido presentada por el Grupo Popular, por cuanto dentro de su aspecto
más genérico recoge las posibles particularidades que se presentaban
en el original.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Sedó.
Tiene la palabra el señor Navas.
El señor NAVAS AMORES: Gracias, señor presidente.
Evidentemente de nuevo nos vemos hablando del sector naval, tanto de
construcción civil como militar, y no sólo porque todos los grupos
entendamos que es un sector estratégico, un sector industrial
importante que genera empleo y riqueza en las cuencas en las que está
instalado, sino porque de nuevo tenemos que analizar una terapia para
intentar la solución de los graves problemas de que está aquejado.
Durante estos años hemos estado utilizando una terapia que ha
consistido en la aplicación del Plan estratégico de competitividad
que suponía que mirásemos hacia dentro de nuestros astilleros para
ver qué sistemas de organización, tanto del trabajo como de cartera
de pedidos como de política comercial, etcétera, podríamos habilitar
para mejorar nuestra cuenta de resultados. Todo esto se ha estado
aplicando y no ha dado los resultados previstos. Por tanto, pensamos
que es hora ya de tener que mirar hacia fuera, después de haber hecho
un análisis interno de cuáles deberían ser nuestros cambios para
mejorar nuestra competitividad, nuestra cuenta de resultados; tenemos
que mirar hacia el marco de relaciones económicas en el cual se mueve
España, que es el marco de la Unión Europea. Pensamos que la Unión
Europea es la que debe cambiar su política sobre la construcción
naval, sobre todo basada en que, al margen de la política restrictiva
que definió en su momento la Unión Europea para la construcción naval
de los distintos países miembros, se están moviendo una serie de
estrategias en el orden internacional que están perjudicando
lógicamente ese escaso
margen de negocio que cada país de la Unión Europea nos habíamos
otorgado. Es hora ya de que la Unión Europea asuma la responsabilidad
de una política de construcción naval más agresiva y menos
reduccionista y por eso estamos aplicando una política económica por
la que mantenemos una moneda que presume de su fortaleza, lo cual la
revaloriza en el mercado internacional, y estamos intentando competir
en el mercado con otros grandes productores con monedas devaluadas.
Es un elemento importantísimo para evaluar el nivel de competitividad
de las distintas industrias, a la vez, como ya se ha hecho mención,
que el de las ayudas extraordinarias que reciben estos países, que
nosotros consideramos que ejercen una competencia desleal para con
nuestros productos. Por consiguiente, es hora ya de que el Gobierno
español presente ante la Unión Europea la exigencia de que a corto
plazo se cambie nuestra política sobre construcción naval.
También está claro que este negocio no puede seguir sobreviviendo en
estas condiciones sin un importante apoyo institucional, llámese de
la Unión Europea, llámese de cada país miembro de la Unión Europea,
porque en esos niveles de competitividad les es imposible poder
ofertar productos al precio que el propio cliente está reclamando,
sobre todo en una serie de inversiones previas que deben hacer para
este tipo de negocio, ya que les descapitaliza notablemente. Por
tanto, las ayudas públicas son fundamentales y entendemos que los
ajustes internos llevados a cabo por la industria naval española
deben llegar a su límite final. No podemos seguir pensando que la
nueva terapia debería venir acompañada de un nuevo plan estratégico,
que recorte aún más nuestra capacidad productiva o reduzca aún más
nuestra capacidad generadora de empleo. Debemos recordar que cuando
se inició el plan estratégico de competitividad teníamos 10.200
empleos y ahora estamos en 5.800, casi la mitad. Somos reacios a
entender que de nuevo tenemos que mirar hacia adentro para volver a
dar una vuelta de tuerca sobre la capacidad de empleo de los
astilleros, que sería como decir la capacidad operativa en nuestros
astilleros, porque hoy por hoy estamos en el mínimo razonable para
satisfacer las toneladas de registro bruto que estamos autorizados
a fabricar.
La moción hace hincapié en esos dos aspectos fundamentales respecto
de los astilleros españoles. Es necesaria una nueva estrategia, como
se recoge en el punto 2. En el punto 3 reafirma la necesidad de que
este sector requiere nuevas ayudas para continuar funcionando dentro
de los márgenes razonables. Por lo tanto, vamos a apoyar la parte
referida a los astilleros españoles.
Respecto a Bazán, también coincide con la estrategia que mi grupo
parlamentario ha defendiendo a lo largo del tiempo sobre cuál debería
ser el modelo a aplicar para la construcción militar, y el modelo no
es otro que modificar el plan que actualmente el Gobierno pretende
aplicar en estos astilleros para su reconversión. Nosotros pensamos
que la estrategia del Gobierno va a
suponer unos costos elevadísimos y una baja rentabilidad, va a
precarizar aún más el empleo en Bazán y elimina la posibilidad de la
producción no militar. La estrategia para Bazán debería ser modificar
el plan que actualmente el Gobierno tiene diseñado para este
astillero. Por eso, apoyaremos la moción en su totalidad.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Navas.
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE POLÍTICA GENERAL DEL
GOBIERNO EN MATERIA DE POLÍTICA AGRARIA. (Número de expediente 173/
000112)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pasamos a debatir la
siguiente moción, del Grupo Socialista, sobre política general del
Gobierno en materia de política agraria.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Amarillo. (Rumores.)
Un momento, señor Amarillo. Ya sé que la hora invita a tener un tono
familiar en el Congreso, pero rogaría a SS.SS. que ocupen sus
escaños, por favor. Señor Llorens, señor Lapuerta, ocupen sus escaños
por favor. Muchas gracias. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Amarillo.
El señor AMARILLO DOBLADO: Gracias, señor presidente.
Salgo a hablar en nombre de mi grupo para defender la moción
subsiguiente a la interpelación sobre política agraria de la semana
pasada.
La moción se ha estructurado en cuatro puntos y obedece a que la
situación actual, tal como ocurrió cuando se hizo la interpelación,
de los mercados de las producciones agrarias no admite dilaciones en
la toma de medidas. Es más, los factores básicos que determinan en
parte los precios finales, tales como la financiación procedente de
Bruselas, han empeorado aún en esta semana, empieza a ser enormemente
preocupante y empezamos a tener algunos graves problemas. Si
desgraciadamente el Gobierno no es capaz de defender la política
agraria comunitaria respecto a financiación y vamos a la
cofinanciación, hacer la empresa agraria mucho más rentable per se es
una necesidad que se agudiza. La necesidad de acceder a unas mayores
cotas de rentabilidad es en estos momentos de una urgencia mayor que
la semana pasada y probablemente menor que la de la semana que viene.
Y para hacer la empresa agraria rentable debemos actuar en diversos
frentes y además podemos hacerlo porque la situación del cuadro
macroeconómico influye muy favorablemente para poder tomar las
medidas que proponemos. Nunca hemos tenido una tasa de inflación por
debajo del 2 por ciento ni tampoco nunca el interés básico del Banco
de España ha sido del orden del 3 por ciento. En este marco podemos
perfectamente entrar en la disminución
de aquellos costes directamente ligados a la producción
agraria, como son los costes debidos a los insumos agrarios y como
son los propios costes de financiación. A esto se refiere exactamente
el punto 1.o
de nuestra moción.
Pero para que la empresa agraria sea rentable no basta disminuir los
costes de producción, hay que actuar sobre los precios y sobre los
precios actúan todos los países de la Unión Europea. No hay unidad de
precios. (El señor vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la
Presidencia.) No solamente no hay unidad de precios dentro de los
países de la Unión Europea, sino que ni siquiera los hay dentro del
propio Estado, lo cual, por otro lado, tiene su lógica.
Las medidas destinadas al mantenimiento de precios tienen que ser
medidas de carácter preventivo, no pueden ser medidas de carácter
paliativo. Cuando un precio se ha hundido y se acude a él para paliar
la situación, siempre las medidas resultan mucho más onerosas,
siempre son mucho más difíciles. El Gobierno tiene la posibilidad de
actuar sobre los precios de dentro siempre que conozca los
calendarios de las producciones, los calendarios de las
importaciones, el mecanismo de las exportaciones, porque los
operadores que tenemos en el mundo agrario, en la mayoría de los
casos, a la vez que compran los productos de dentro, también nos
traen el mismo producto de fuera. Este es un caso clarísimo, y
tenemos ejemplos numerosísimos. En el mercado de cereales tenemos
alguna gran empresa que nos compra el 80 por ciento del maíz que
producimos en el interior y que, a la vez, importa prácticamente el
otro 20 por ciento de lo que consumimos.
Se dará cuenta la ministra -celebro que esté presente en esta moción;
la honra estar aquí- de que si una importación se hace en un momento
adecuado, cuando está la recolección, nos podemos encontrar con
afluencia de ofertas en el mercado: la producción interior más la que
nos viene de fuera. Luego, la organización de los calendarios de
importaciones tiene una importancia muy grande a la hora de fijar los
precios de dentro. Ésta no es una cuestión baladí, sino una cuestión
en la cual se tienen instrumentos para actuar y se debe actuar. Pero
no solamente se trata de regular importaciones y exportaciones, sino
de favorecer las exportaciones de nuestros productos, lo cual
posibilitó al Gobierno socialista, en una situación de convergencia,
firmados ya los acuerdos del GATT y, por tanto, con la convergencia
entre los precios nacionales y los precios internacionales, mantener
los precios de muchas producciones, entre ellas la de cereales.
Pero no se puede intentar arbitrar las partidas de exportación de
manera paliativa. El Gobierno tiene que conocer con suficiente
antelación cuándo vamos a tener problemas de precios y tiene que
adelantarse y conseguir para esas fechas las autorizaciones de las
partidas necesarias en los productos correspondientes en cada
momento, con el fin de poder exportar y hacer que la demanda esté más
equilibrada en relación a laoferta y, sobre todo, que la oferta no
sature los mercados
interiores, por lo cual nos viene siempre la debacle de precios.
En tercer lugar, señora ministra, señores del Partido Popular y
señorías en general, en esta cuestión hay que tener muy en cuenta que
la rigidez de los mercados en destino se contrapone con una
elasticidad enorme de los mercados en origen, con lo cual el mercado
no funciona; es decir, las bajadas de precios en origen tienen que
ser trasladadas a los mercados en destino, con el fin de que el
mercado pueda funcionar y la oferta y la demanda se puedan ajustar.
Precisamente de esto trata nuestra moción en su punto 2.o, cuando
hablamos de impulsar el conjunto de medidas que permitan la elevación
de los precios agrarios.
En el punto 3.o de la moción proponemos que se utilice un instrumento
que precisamente pusieron en marcha con una gran eficacia ministros
socialistas anteriores y que incluso se puso en marcha a niveles
territoriales: que utilicemos toda la legislación que tenemos de
contratación de precios agrarios, porque con eso conseguimos muchas
cosas. Además, estamos en una situación macroeconómica ideal, ya que
así ponemos en contacto a productores con el resto de la cadena, bien
sean distribuidores, bien sea la industria agraria transformadora,
teniendo en cuenta que normalmente la industria agraria
transformadora demanda garantías para su circulante y circulante a
intereses muy bajos -en este caso podía ser a intereses cero- y como
contrapartida es capaz de comprar a unos precios determinados, lo
suficientemente atractivos para mantener, por un lado, las rentas de
los agricultores y, por otro lado, los objetivos de competitividad de
la industria. Por tanto, este mecanismo favorece a las partes,
incluso de manera indirecta -no aprovechando el marco legal vigente-
viene a ser una relación contractual la que figura en amplios
sectores; por ejemplo, en el cultivo del tomate, entre el tomate
concentrado y la industria de transformación. Se trata de un
mecanismo de concertación, lo que pasa es que en este caso se hace
por subvención de Bruselas vía mantenimiento de precios y podríamos
decir lo mismo del sector azucarero. Hay mucho ejemplos, porque
también en la industria de la carne se ha utilizado con muchísima
eficacia, y le puedo decir que con cantidades relativamente modestas
de dinero se pueden mover otras muy superiores.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Amarillo, vaya
concluyendo, por favor.
El señor AMARILLO DOBLADO: Sí, señor presidente.
El punto 4.o trata de resolver un problema que no entendemos cómo no
fue apoyado cuando tuvimos el debate presupuestario, la situación del
porcino. La situación del porcino no admite dilación alguna, hay que
tomar medidas urgentes como las que proponemos, pero no se trata sólo
de regular la oferta y la demanda.
Señora ministra, aprovechando que está aquí, le advertimos
solemnemente que no cometa el mismo error que acaba de cometer en el
Senado con relación al olivar; no lo cometa. Si tenemos que disminuir
olivar, lo disminuiremos en toda la Unión Europea a la vez; no
permita que aquí disminuyamos olivar y, sin embargo, se esté poniendo
en Grecia, en Portugal, porque perdemos nuestra posición relativa.
Pues en el sector ganadero del porcino no cometa este error. Si
tenemos que disminuir cabaña de porcino, que seguramente la tendremos
que reducir, no se preste a la maniobra de las integradoras, que son
las que están diciendo que disminuyamos de manera unilateral; haga
caso al sector en su globalidad y defienda la posición relativa que
tenemos en España respecto al porcino. Eso equivale a que cualquier
medida de reducción ganadera se tome globalmente en todos los países
de la Unión y nunca se haga de manera unilateral.
Por otro lado, no solamente es cuestión de oferta y demanda, es
cuestión de concertación con el resto de los sectores, con el
matadero, con el sector de la carne, con el sector de la
distribución. Es también cuestión de mantener una política
medioambiental, y ahora tenemos la ocasión de resolver el problema de
los purines, que es enormemente importante y que se nos viene encima.
Ustedes rechazaron 2.000 millones de pesetas inexplicablemente; con
1.000 millones de pesetas se puede mover en circulante 25.000
millones y en subvenciones otro tanto. Es decir, aunque el plan del
porcino va a costar más de 2.000 millones, debe costar bastante más,
sin embargo para empezar era una cantidad importante.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Concluya ya, señor
Amarillo.
El señor AMARILLO DOBLADO: Termino inmediatamente, señor presidente,
no quiero abusar de su amabilidad.
Quiero decir también que me preocupan muchísimo algunos otros grupos,
y lo voy a decir claramente. Me preocupa mucho que un grupo como
Convergència i Unió, que tiene una provincia como Lérida, con 203
unidades por kilómetro cuadrado, a la cabeza del país, haya votado
con el Gobierno y mucho me temo que vaya a votar en contra de esta
moción, a la que ha presentado una enmienda que por supuesto
rechazamos. Ya lo va a tener muy difícil la ministra Loyola de
Palacio cuando vaya a Segovia y en Fuentepelayo, Sancho Nuño o
Carbonero el Mayor, tenga que explicar a los porcicultores por qué
dijo que no y por qué probablemente vuelve a decir que no ahora, lo
va a tener muy difícil. Y creo que ustedes, señores de Convergència i
Unió, también lo van a tener muy difícil, lo van a tener imposible.
Dicen ustedes -y con esto termino- que buscan el centro. Claro es que
sólo busca el centro aquel que está descentrado; si no se está
descentrado, no se puede buscar el centro, pero es bueno que quien
esté descentrado
trate de centrarse, es una cosa buena. En algunos casos nos cuesta
mucho creerlo y nos parece que va a ser casi imposible. Ojalá se
centren ustedes, pero para ello sería bueno que hicieran ejercicios
de credibilidad. Entiendo que éste es un modesto paso de
credibilidad, pero sería un modesto paso que ustedes nos aprobasen la
moción que hemos presentado.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Amarillo.
A esta moción han presentado enmiendas los grupos de Izquierda Unida,
Coalición Canaria y Catalán de Convergència i Unió.
Para la defensa de las enmiendas de Izquierda Unida, tiene la palabra
el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente, señorías, intervengo para
explicar la postura del Grupo Federal de Izquierda Unida sobre la
moción que se ha derivado del debate celebrado hace dos semanas sobre
política agraria y también para defender la enmienda que nuestro
grupo ha presentado a esta moción.
Hace dos semanas ya dijimos en el debate que era necesario despejar
con la moción la incertidumbre que tiene el sector agrario y que está
plenamente justificada porque los agricultores y los ganaderos saben
claramente que las intenciones de la mayoría de los países de la
Unión Europea no son precisamente alentadoras para nuestro campo. Se
nos dijo que la integración en el euro era la llegada al paraíso, el
principio del fin de nuestros problemas. Sin embargo, se nos han
exigido sacrificios, pero a la hora de la verdad se empieza a
confirmar que la entrada en el euro no es sino el inicio de más
sacrificios y de más problemas.
Es evidente, señorías, que ustedes no lo van a reconocer, pero la
realidad es que se está intentando construir una Europa de espaldas,
cuando no frente a los intereses de los países mediterráneos, de los
países del sur. Y digo esto no desde la retórica ni desde las frases
hechas, sino respondiendo a la realidad y a la evidencia de las
cifras y de los planteamientos que se están abriendo camino en la
Unión Europea. La realidad es que estamos ante un intento de reforma
de la agricultura y de la ganadería europea que se está haciendo en
función de la ampliación hacia los países del este y del centro de
Europa, y todo esto, señorías, provoca preocupación, cuando no
incertidumbre en nuestro sector agrario. Y debe ser nuestra
obligación en este Parlamento instar al Gobierno a que dé confianza,
despeje incertidumbres y, en definitiva, asuma su responsabilidad con
respecto a nuestra agricultura y nuestra ganadería. Por eso la
iniciativa que se presenta, junto con otras que tendremos que
discutir en el futuro, pueden y deben ser instrumentos útiles para
que el Gobierno tenga el respaldo suficiente para plantar cara a los
intereses contrarios a nuestro país.
Pero parece que el Partido Popular y el Gobierno no están buscando el
consenso ni los apoyos necesarios no solamente políticos, sino
también sociales, y ahí
están las movilizaciones que lo evidencian. Ustedes siguen pensando
aquello de que la realidad no debe estropearles un buen titular.
Rechazando, como ustedes están haciendo, iniciativas como la que hoy
se discute aquí, se seguirá teniendo en el sector la impresión,
totalmente fundada desde nuestro punto de vista, de que la
agricultura y la ganadería son las asignaturas olvidadas de este
Gobierno, que no tiene en cuenta sus problemas porque no aporta
soluciones y no está dispuesto a dar el empuje necesario para
resolver situaciones problemáticas.
Pero no podrán esperar mucho más tiempo, porque la realidad es que
los acontecimientos se precipitan y, en la medida en que se está
intentando desarrollar una política agraria, es necesaria la máxima
unidad social, pero también la máxima unidad política. Y ustedes,
repito, siguen sin propiciar esa unidad y siguen, por el contrario,
dando la espalda a los esfuerzos que nuestro grupo y otros hacen para
encontrar cauces de participación y de consenso, de manera que entre
todos podamos afrontar los problemas que tiene este sector tan
importante para la economía nacional.
La realidad es que ustedes pueden estar de acuerdo o no con las
enmiendas aquí presentadas, pero el no presentar enmiendas y el no
intentar buscar acuerdos es la mayor evidencia de su falta de
voluntad de consenso y de que ustedes están dispuestos simplemente a
decir que no sin presentar alternativas ni intentar siquiera
propiciar acuerdos, como les correspondería como grupo mayoritario de
esta Cámara. En Izquierda Unida entendemos -lo hemos venido
defendiendo en todas las intervenciones- que es necesario un cambio
de política agraria que parta de una mayor preocupación por el
conjunto de las explotaciones, y no sólo de las grandes, como está
ocurriendo en la actualidad; una política que frene las
reconversiones incontroladas que se están produciendo y que, en
definitiva, no deje indefensas a cientos de familias que sólo saben y
sólo pueden vivir del campo.
Pero en Izquierda Unida estamos también convencidos sobre todo de que
es necesario situar los problemas agrarios como cuestiones de Estado
o, mejor dicho, de interés general, porque lo que nos estamos jugando
no es un punto más o menos de la economía, sino el futuro de miles de
personas, el futuro de nuestra economía dependiente de la
agricultura. Por eso repetimos una vez más que rechazamos
rotundamente la llamada Agenda 2000 tal y como está diseñada en la
actualidad, porque repetimos nuevamente que entendemos que sigue
situando a unos sectores agrarios por encima de otros, en perjuicio
de los sectores llamados mediterráneos, y también porque sigue
repartiendo el dinero injustamente, beneficiando a ese 20 por ciento
de agricultores y ganaderos que reciben el 75 por ciento de las
ayudas.
Por tanto, vamos a seguir defendiendo la necesidad de cambiar esa
dinámica, vamos a seguir hablando de la necesidad de construir una
agricultura que efectivamente necesita ayuda europea, pero ayuda que
debe ir
siempre modulada en función del empleo que se vaya creando, porque
nosotros pensamos que el empleo es el factor básico a la hora de
concretar la política agraria europea.
Por todo ello, es necesario que los consumidores sepan que en estos
momentos el sector agrario lo está pasando mal, porque hay unos
precios descendiendo de forma estrepitosa, pero ese descenso no está
repercutiendo precisamente en el bolsillo de los consumidores.
Evidentemente, hay que aumentar el consumo, pero hay que aumentarlo
trasladando ese descenso de los precios también al descenso final del
producto, porque los precios no están bajando por casualidad, no
están bajando fruto de catástrofes naturales, sino que están bajando
fruto de eso que todos llaman globalización de la economía, y aquí
quiero hacer una llamada de atención, porque lo que está ocurriendo
en el sector porcino puede ocurrir en el sector del olivar, y hay que
recordar que el comisario Fischler ponía no hace mucho el ejemplo del
porcino como elemento a imitar en el almacenamiento privado del
aceite. Evidentemente, el tiempo no le ha dado la razón sino que, por
el contrario, se la ha quitado. En este momento los aceituneros están
muy preocupados porque el futuro del porcino puede ser en un plazo no
muy largo el futuro del aceite, porque lo que se ha demostrado es que
el mercado no frena la especulación, al contrario, la fomenta, y sólo
la intervención pública puede servir de freno a la especulación.
También proponemos que desde la Unión Europea se tomen medidas para
mejorar el consumo de Rusia. Con esto estamos planteando un problema
que no sólo repercute en nuestro país, sino que estamos planteando el
problema de un sistema que propicia la especulación, que está
castigando a millones de personas a la miseria y al hambre, porque al
final la repercusión de la crisis rusa estamos viendo cómo la acaban
pagando no sólo los habitantes de Rusia (aunque de forma fundamental)
sino también los ganaderos españoles.
Creo, por tanto, que nuestra enmienda enriquece la iniciativa
presentada y esperamos que sea asumida. Queremos resaltar sobre todo
que más allá del texto literal de nuestra enmienda lo que intentamos
es alcanzar acuerdos unitarios. Por eso una vez más reprochamos al
Partido Popular que no haya hecho ningún esfuerzo, que no haya
mostrado ninguna voluntad para alcanzar esos acuerdos. Hemos estado
siempre dispuestos a perfeccionar iniciativas, hemos estado siempre
dispuestos a alcanzar acuerdos, pero lamentamos que el Partido
Popular no haya presentado ni una enmienda, no haya hecho el esfuerzo
para mostrar su alternativa si no está de acuerdo con la propuesta
aquí presentada. Nosotros siempre estaremos dispuestos al acuerdo
y al consenso. Por eso creemos que el portavoz del Partido Popular debe
explicar aquí los motivos que le han llevado a ni siquiera hacer ese
último esfuerzo, porque evidentemente ustedes tendrán que explicar en
esta Cámara por qué rechazan la iniciativa sin ni siquiera intentar
enmendarla, pero sobre todo tendrán que
explicarlo en la calle, en el campo español y a toda la sociedad
española, una sociedad que cada vez es más consciente de que la
agricultura no es sólo un patrimonio de los agricultores, sino que es
patrimonio de todo el Estado, por eso en la responsabilidad que
tendrán que asumir tendrán que dar cuenta de ello. Esperemos que en
el futuro lo que hoy es un desprecio se convierta en una voluntad de
consenso.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Centella.
Para defender las enmiendas de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor presidente, mi grupo ha presentado a esta moción consecuencia
de la interpelación urgente que hizo en el Pleno pasado el Grupo
Parlamentario Socialista cuatro enmiendas, y digo cuatro por poner un
número prudente a las mismas, dado que nos ha llamado poderosamente
la atención, desde un punto de vista negativo, cómo se puede traer
una moción, sobre política general del Gobierno en materia agraria,
tan esquemática, tan reducida y tan pobre conceptualmente con la
amplitud, la complejidad y la dificultad que tiene la política en
materia agraria en cualquier país, máxime en uno como es España.
Esto es una especie de totum revolutum de teorías, de precios, de
rentas en economía agraria general, dividido por un ecuador en que se
termina de hablar de estos aspectos econométricos para entrar en el
tema del porcino. Hubiera sido mejor una sistemática, una moción
consecuencia de interpelación sobre una crisis determinada, si se
quiere sobre el porcino.
Empecemos con nuestras enmiendas, porque la primera propone la
supresión lisa y llana del apartado 1.o, que dice que se cree un
marco legislativo, dentro de la PAC actual, que posibilite una
disminución de los costes de la producción agraria; ¿pero cuáles, los
de los inputs; los que están derivados en fertilizantes o en
productos derivados del petróleo, con el precio que tiene en este
momento el barril? ¿Qué tiene que ver esto con una disminución de
costes de la producción agraria, que hoy día está en el concepto de
la gestión y la gerencia empresarial? Porque ya puede tener cualquier
Gobierno una política de ayudas en este sistema de disminución de
costes, que no se cuales serán los competentes del Gobierno, que si
hay una mala gerencia empresarial aquella empresa, a pesar de todos
los balones de oxígeno que se le den, será permanentemente una ruina.
Hemos presentado otra enmienda al punto 2.o en el que se dice:
Impulsar aquel conjunto de medidas que permitan una elevación de los
precios agrarios. O sea, aquí no nos preocupa para nada el IPC ni un
recalentamiento de este IPC vía precios agrarios. Todos sabemos el
efecto inflacionista que tiene una política de precios
agrarios y la repercusión en el IPC si esto se dice así lisa y
llanamente. Se debe explicar qué se quiere hacer con una elevación de
los precios agrarios, porque si no es pura demagogia y pura
irresponsabilidad en una política de control del IPC, teniendo en
cuenta que estamos obligados ahora por la convergencia de la Unión
Europea.
Hemos presentado otra enmienda dirigida a la supresión del apartado
C) del punto 4.o sobre la retirada de lechones. No tiene sentido que
aparezca en una moción un punto que diga: retirada de lechones.
Cuando los organismos competentes de la Unión Europea están regulando
incluso la disminución al 50 por ciento de las ayudas para que al
menos haya una actuación paliativa dentro del marco de la Unión
Europea con la reducción de las exportaciones, resulta que aquí no se
habla para nada de esto, se habla de un sector del porcino español
como si fuera totalmente homogéneo y como si las razas ibéricas
fueran lo mismo que las razas blancas para consumo en fresco.
Esto exige un rigor al menos del calibre de un partido que ha tenido
una responsabilidad de Gobierno, que no está formado por aprendices
de redacción de medidas alternativas a las del Gobierno sobre
política agraria.
Igualmente hemos presentado una enmienda al apartado final, el E),
del punto 4.o, donde se habla de potenciar el asociacionismo del
sector favoreciendo un movimiento cooperativo, autónomo,
independiente de las grandes integradoras que ahora operan en el
sector. ¿Qué significa esto en la armonía de una economía libre de
mercado, que estamos en contra de las grandes integradoras que operan
en el sector, que vamos a redefinir el cooperativismo agrario?
Tenemos en trámite en la Cámara un proyecto de ley de cooperativas
que ha mandado el Gobierno. Dígase ahí si se quiere mejorar el
funcionamiento, estructura y protección jurídica de las cooperativas
agrarias en este momento, pero si todo eso se lleva a un foro, como
dice el punto 4º en su apartado A), de crear una mesa de negociación
constituida por OPAS, organizaciones cooperativas, sectores de
distribución de industrias cárnicas, esto, tal como es la estructura
del sector del porcino en España, requiere un auditorio, una mesa de
dimensiones inconmensurables para poder sentar a todos los que tengan
algo que decir sobre el sector del porcino en España.
Hemos presentado, señor presidente, estas enmiendas, pero no con un
hábito corrector de lo que nos parece incorregible en esta moción,
nada más y nada menos que sobre política general en materia agraria.
Nuestra posición se queda reducida a esto, a algo que no vemos viable
en el apartado 1.o que he señalado sobre costes de producción
agraria, precios agrarios, para no hablar para nada aquí de una renta
relacionada con un equilibrio en lo que es la conducción de los
precios y del IPC en este país. Dicho esto, de pronto aparece el
sector porcino como si no hubiera nada más en política general
agraria en este país que ordenar aquí la supresión del censo de la
retirada de lechones.
Por estas razones, señor presidente, mantenemos nuestras enmiendas
dentro de la imposibilidad de mejorar este texto de la moción.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Mardones.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIU: Señor presidente, señoras y señores
diputados, he estado escuchando con atención la intervención del
diputado señor Amarillo, y desde luego buena voluntad no le falta. En
el diagnóstico seguramente podríamos estar de acuerdo, aunque tenemos
importantes discrepancias en lo que se refiere al tratamiento del
problema que sí existe.
El sector ganadero y el sector agrario sufren, a nuestro entender,
una disfunción, que se va agravando con el paso del tiempo. Queremos
un sector productivo, que sea capaz de competir en el mercado
mundial, y por lo tanto la apertura que la Agenda 2000 propone no es
más que un adelanto de las conclusiones de la próxima cumbre de la
Organización Mundial del Comercio de Singapur. Pero el problema se
inicia cuando en el proceso de liberalización de la economía agraria
sometemos la agricultura europea a un proceso intervencionista con
unos costos de producción y unas exigencias medioambientales y
sociales que no tienen nuestros más directos competidores, situación
que se ve agravada por la disparidad de las estructuras productivas,
que dificultan enormemente nuestra capacidad de competir.
La moción que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista tiene
dos grandes apartados: el primero, que hace referencia a la
agricultura en general, que propone que ésta sea más competitiva
intentando una disminución de los costes; y en el punto siguiente
habla de impulsar medidas que permitan la elevación de los precios
agrarios, y por tanto el incremento de las rentas, en cuyo tema
entraré más tarde. Y una segunda parte, básicamente el punto 4, en la
que se pide un plan de reconversión del sector porcino.
Por lo que se refiere al punto 1, que se refiere al establecimiento
de un marco legislativo adecuado, que permita la disminución de los
costes de la producción agraria, en teoría estaríamos de acuerdo en
buscar un mecanismo para que todos pudiésemos producir cada vez más
barato, lo que eso nos permitiría ser más competitivos. No obstante,
la propuesta, si me lo permiten, tiene un poco de trampa en el mejor
sentido de la palabra, y ésta es su falta de concreción. Yo creo que
la propuesta tiene que ser mucho más concreta.
La pregunta inmediata es la siguiente: ¿qué se entiende por costes de
producción? ¿Los estrictos costes relacionados con la producción
agraria o también los costes asociados como pueden ser la fiscalidad,
los costes sociales, los costes energéticos?
Por lo que hace referencia a los primeros, los costes de los
productos sanitarios, de los abonos, de los medicamentos, de los
piensos, esos oscilan en función de la evolución del mercado. Si lo
que se pide en la moción es la intervención del mercado, hay que
decirlo de forma clara, ya que aparte de ser enormemente caro podría
estar en contra de la propia normativa comunitaria.
Si nos centramos en lo que el Estado tiene competencia más directa,
podríamos hablar de una disminución de los costes asociados, como
puede ser la fiscalidad, los impuestos sobre carburantes, las cuotas
de la Seguridad Social, etcétera.
En todo caso, si la moción va en esa línea, sería bueno que la
propuesta fuese mucho más concreta, y se dijese qué tipo de impuestos
hay que rebajar en el campo. Si analizamos las propuestas del punto
número 1 y del punto número 2 conjuntamente, si bien es bueno para el
sector intentar producir más barato, ser más competitivos,
evidentemente rebajando los costes, me cuesta entender cómo es
posible atender a las dos propuestas a la vez.
Vamos a poner un ejemplo para que así quizá se entienda de una forma
más clara. Se intenta que la producción de cereales se realice con
los mínimos costes para que sea más competitivo y a la vez se
pretende elevar el precio del cereal al máximo en el mercado. Si
lográsemos esto, solucionaríamos de una forma artificial el problema
del productor de cereales: producir con los mínimos costes y vender
lo más caro posible.
Pero, ¿qué pasará con el sector ganadero? Esta política si se pudiese
realizar conllevaría el encarecimiento de los costes productivos de
ese sector, que está absolutamente en contra de lo que propone el
punto 1 de su propia moción. ¿Qué consideración tiene para el Grupo
Socialista los cereales? ¿Son producción agraria o son coste de
producción? En la ganadería son costes de producción. Si los ponemos
caros, lo que hacemos es ir en contra del primer punto de su propia
moción.
La propuesta número 2 dice textualmente: Impulsar un conjunto de
medidas que permita la elevación de los precios agrarios. Si no es en
base a un intervencionismo por parte del Estado, que no es posible en
esos momentos, la pregunta es ¿mediante la aplicación de qué tipo de
fórmula mágica se logra en un mercado abierto que los productos suban
o bajen el precio? ¿Cómo se puede hacer que los productos suban o
bajen si no es a través de una intervención que no es posible en el
momento en que vivimos?
En cuanto al apartado 4 de la moción, como punto previo al que haría
referencia al sector porcino, se tendría que lograr un acuerdo
unánime del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea
en el sentido de reconocer a los Estados miembros la capacidad de
dotarse de planes de reconversión. Seguramente ese acuerdo no
resolvería los posibles problemas de descompensación económica entre
unos Estados y otros, ya que, como es lógico, los más poderosos
tendrían siempre más posibilidades de financiar con sus propios
recursos al propio sector. Estaríamos a favor de la regulación de un
plan de reconversión del sector porcino. Sin embargo, no estaríamos
de acuerdo con la propuesta que ha hecho el Grupo Socialista. Por
ejemplo, en la letra a), en relación con la mesa de negociación, esas
mesas sólo funcionan cuando la composición es representativa de los
sectores de la producción, transformación y comercialización. En el
texto no se habla de los integradores. Y en algunas zonas del Estado
español el peso de ese sector es importantísimo y no se puede hacer
nada sin contar, como mínimo, con su presencia en las mesas de
negociación.
Por lo que se refiere a la letra b), al almacenamiento, creo que en
este momento se están llevando a cabo algunas acciones, quizá no con
el éxito que cabría esperar.
La letra c), sobre el sector porcino, podía ser una de las
posibilidades. Puede ser interesante siempre que haya un verdadero
compromiso entre los Estados miembros. No obstante, a medio plazo
esos efectos pueden ser muy insignificantes, debido a la
mundialización de este mercado. La retirada de los lechones podía ser
también una buena medida de choque. De hecho ya la presentó la
representación española en la Comisión con escaso éxito. El
planteamiento era similar a la prima «Herodes» para los terneros,
pero también se ha demostrado tener un bajo nivel de incidencia como
medida correctora en las tendencias de mercado.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Companys, le ruego
concluya, por favor.
El señor COMPANYS SANFELIU: Termino rápidamente, señor presidente.
La propuesta que formula el Grupo Parlamentario Socialista en la
letra d) tiene muchos puntos en común con el programa francés stubby
pork, que en el año 1994 fue declarado contrario al derecho
comunitario y que consistía en la concesión de créditos a bajo
interés para financiar el capital circulante para devolverlo al
finalizar la crisis.
Por todos estos motivos no podemos votar favorablemente la moción, no
porque no estemos de acuerdo con el problema que en algunos casos
existe, sino porque entendemos que las soluciones que se proponen no
son las más adecuadas. Le aseguro que cuando digo que no son las más
adecuadas utilizo el adjetivo más suave que en este momento
encuentro.
En contrapartida, con una clara voluntad de hacer una aportación al
sector porcino hemos presentado una enmienda de sustitución. La
aprobación de la misma estoy seguro que supondría una importante
inyección de oxígeno al sector y sobre todo un acto de justicia. El
sistema de módulos se aprobó como un mecanismo fiscal de fácil
aplicación para el sector. De hecho consiste en un mecanismo donde al
ganadero se le estiman unos beneficios en función de unos parámetros
y paga sin tener presente la cuenta de resultados. El legislador en
su momento ya puso unas cláusulas de salvaguarda
para los casos extraordinarios. Así se hizo con las patatas hace dos
años, con el problema de la mosca del olivo el año pasado. Como todos
sabemos que este año y seguramente el próximo el sector está pasando
y va a pasar por una situación muy difícil, lo lógico es que no
podemos obligar a los agricultores, al sector porcino, a que pague
unos beneficios que no han tenido u obligarles a pasarse al sistema
de contabilidad. Por este motivo nuestro grupo parlamentario ha
presentado esa enmienda de sustitución con la siguiente redacción: El
Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reducir los índices de
rendimiento neto de 1998 correspondientes a la actividad ganadera de
explotación de ganado porcino de carne y a la de explotación de
ganado porcino de cría que se han visto afectadas por la crisis de
precios comunitaria.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias señoras y señores
diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Companys.
¿Grupos distintos de los enmendantes que quieran participar en el
debate? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.
Muy brevemente intervengo en nombre de Unión Valenciana para aportar
algún tipo de ideas a este debate, desde la premisa básica de que
creo en el ánimo constructivo de todas las iniciativas que se
presentan en esta Cámara, con más o menos acierto, pero siempre con
el espíritu constructivo y de preocupación por los problemas que
afectan a la agricultura, sobre todo, a una rama muy importante de la
agricultura y ganadería, como es el sector porcino. Con esta
intencionalidad valoro esta iniciativa que de buena fe y con ánimo
constructivo ha presentado el Grupo Socialista, aunque hay muchos
puntos de la misma muy desacertados que creo que se mejoran en
algunas de las enmiendas que se han presentado.
Muy brevemente para manifestar la posición de Unión Valenciana, que
creo que es la unánime de esta Cámara, de que todos queremos
garantizar unos niveles de renta agraria que permita a los
agricultores obtener la misma en los máximos parámetros de dignidad y
que vaya aumentando día a día esa rentabilidad de las explotaciones
agrarias y ganaderas para paliar y acabar con el continuo descenso de
esa renta en los últimos años.
Por tanto, todo lo que sea emprender iniciativas para disminuir los
costes de la producción agraria y, al mismo tiempo, todo aquello que
permita que nuestros agricultores reciban unos mayores precios
agrarios, siempre va a ser el objetivo de todos los grupos de esta
Cámara, y estoy convencido que del propio Ministerio y de todos los
interlocutores que participan en la gestión de la materia de
agricultura y ganadería.
Voy a incidir en el tema del sector porcino. Hay una grave crisis que
afecta a los productores del sector porcino de nuestro Estado de una
manera muy importante concentrado en diversas comunidades, entre
ellas la Comunidad Valenciana. Por ello es muy oportuna la enmienda
que ha presentado el Grupo Catalán, porque creo que aliviaría o
paliaría los graves efectos que sobre los productores del sector
porcino está produciendo esta caída de precios y estos graves
problemas a nivel internacional que están sufriendo en sus propias
carnes. Por eso creo que es muy oportuno que haya aportado a este
debate esa iniciativa tan clara y tan concreta que tanto va a
beneficiar a los ganaderos, como es la reforma de la fiscalidad, que
es uno de los puntos más importantes en los que se debería incidir
antes de que acabe el año 1998. Con esa reforma de los módulos de
alguna manera podrán verse beneficiados los ganaderos para que en el
año 1998 no tengan que sufrir una fiscalidad en unos rendimientos que
no van a obtener. Por tanto, creo que es muy oportuna la reflexión y
el planteamiento del Grupo Catalán.
En segundo lugar, creo que se podrían abrir vías para el fomento del
consumo. La Unión Europea podría hacerse cargo de alguno de los
excedentes que existen para mandarlos a países como Rusia, con graves
problemas humanitarios, y sobre todo a Centroamérica, a fin de paliar
esa caída de las ventas, ya que los ganaderos han visto mermados sus
ingresos de una manera muy importante.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Chiquillo.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Madero.
El señor MADERO JARABO: Gracias, señor presidente,.
Permítame, señor portavoz del Grupo Socialista, que le recuerde las
palabras de este portavoz hace quince días cuando presentó la
interpelación. Cuando nos amenazó, más que anunciar, que traería como
consecuencia una moción modestamente le anticipé que si las premisas
de las que partía eran inciertas la conclusión debería ser
inadecuada.
Señor presidente, señorías, este portavoz, en parte por la gripe y en
parte porque tampoco se han explicado aquí mejor las cuestiones,
todavía no se ha enterado de lo que pide el Grupo Socialista en la
moción consecuencia de la interpelación.
Hay un totum revolutum, como ha señalado el portavoz del Coalición
Canaria, en donde parte de una serie de situaciones generales de la
economía, de precios de venta, de costes de producción, y al final
nos acaba hablando sobre el porcino.
Señor Amarillo, entendemos que las cuestiones hay que plantearlas con
más profundidad y no con este galimatías. Dentro de lo que se pueda
hacer -y se está haciendo bastante- S.S. sabe que persisten y continú
an
los apoyos públicos a la mejora de la eficacia de las estructuras
agrarias, por señalarle una cuestión. Su señoría también sabe que en
estos momentos estamos asistiendo a una constante y sensible
disminución del precio del dinero gracias a la política económica de
este Gobierno. Pues bien, el descenso generalizado de los tipos de
interés está produciendo una reducción de los costes financieros. ¿Se
refería a eso S.S. cuando hablaba en la moción de los costes de
producción? Los costes financieros que tienen que soportar
agricultores y ganaderos en sus nuevas inversiones o simplemente en
la cuenta de explotación son muy inferiores cuando el coste del
dinero es el que es y está a los niveles que está.
Tampoco hay que olvidar la importante repercusión que la economía de
las explotaciones agrícolas y ganaderas está teniendo en las mejoras
establecidas en la fiscalidad agraria que van -y lo sabe S.S.- desde
los impuestos sobre transmisiones, al mejor tratamiento en el régimen
de estimación objetiva con la deducción por amortizaciones, la
reducción del rendimiento neto en un 15 por ciento, la inclusión de
actividades agrarias forestales, etcétera. No vamos a repasar aquí
las múltiples medidas que sobre la materia se han tomado y se siguen
tomando y que inciden de una manera favorable en la cuenta de
explotación.
El Grupo Socialista también sabe, y si no se lo recordamos
modestamente, que el Ministerio de Agricultura ha articulado una
serie de incentivos al hablar de la cuestión de la Ley de contratos;
no es sólo la Ley de contratos, señor Amarillo, es que el Ministerio
de Agricultura, repito, ha articulado una serie de incentivos del
régimen contractual, existiendo en la actualidad -y lo sabe S.S.- una
línea de financiación para las industrias transformadoras y
comerciales de productos con contrato- tipo homologado. Existe una
línea muy clara de fomento y desarrollo de las organizaciones
interprofesionales agroalimentarias y en la actualidad ya hay más de
40 productos y sectores con contratos homologados por el Ministerio
de Agricultura. Podríamos seguir dando tantas y tantas normas que
encajarían en eso que piden SS.SS. en los tres primeros puntos.
Nos dice el señor Centella, de Izquierda Unida, que despreciamos las
propuestas de los demás porque no presentamos enmiendas. Señor
Centella, cuando yo no entiendo una cosa no sé cómo se enmienda y es
que ustedes se agarran a un clavo ardiendo y cuando propone algo el
Partido Socialista van detrás sin preguntar qué. Dígame en qué
consisten sus propuestas que tampoco me he enterado; le aseguro que
la gripe me merma facultades pero no hasta ese extremo.
Lo que plantea el PSOE es impresentable, porque entendemos que es el
modelo puro y duro de un intervencionismo que en este momento no sólo
no es conveniente sino que, afortunadamente, es inviable y la
normativa europea así lo dice.
Algún portavoz se ha referido a la buena fe. Señor Amarillo, no es
demasiada buena fe tirar el puntazo de decir que en el Senado se ha
propuesto la prohibición
de plantaciones nuevas de olivar durante el período transitorio en
que dura la OCM del olivar. Eso es lo que pide la Junta de Andalucía,
así como el Grupo Socialista del Congreso en una proposición no de
ley que está presentada en la Cámara. Es decir, puesto que estamos de
acuerdo, somos consecuentes en tomar una medida. No sé por qué a la
hora de tomarla ustedes se salen fuera y encima dicen -de una manera
un tanto desahogada- que la ministra lo va a tener difícil en
Segovia. No sé la señora ministra cómo lo tendrá en Segovia, si fácil
o difícil. Yo entiendo que bastante fácil porque lo que aquí
rechazamos -y anuncio el voto negativo a la moción que el Grupo
Socialista nos presenta- son unas propuestas absolutamente inviables,
irrealizables y sin ninguna concreción. Repito, es el paradigma del
intervencionismo que va contra la normativa de la Unión Europea y
entendemos que lo que se piden son ayudas directas absolutamente
incompatibles con la normativa comunitaria. Por el contrario,
alentamos al Gobierno a que siga propulsando ese marco económico y
social que es el que de verdad está haciendo que progrese el mundo
rural.
Finalmente, señor presidente, porque ya se me ha acabado el tiempo,
quisiera anunciar al señor Amarillo y a la Cámara que esta tarde ese
diálogo que solicitan se ha dado y en profundidad. Los afectados
gravemente con el tema del porcino -no se puede venir aquí a hacer
demagogia y llorar con los malos de otros- se han reunido con las
autoridades del Ministerio de Agricultura y ha habido importantes
acuerdos que nos satisfacen a todos; a mi grupo desde luego le
satisface plenamente que se haya abierto un diálogo amplio, profundo
y fecundo, puesto que se han conseguido importantes reducciones en
los módulos, ha habido un principio de acuerdo sobre unos
aplazamientos de distinto signo en las cotizaciones sociales,
créditos especiales a muy largo plazo a un interés muy bajo en
materia medioambiental, en materia de sanidad animal, es decir, en
ayudas compatibles, no en ayudas directas que son absolutamente
incompatibles con la normativa europea. Además, se ha dejado la
puerta abierta al diálogo para nuevas reuniones. Este Gobierno sí
habla con los profesionales del campo. Este Gobierno sí llega a
acuerdos con los profesionales de la agricultura y la ganadería y por
ese camino nos vamos entendiendo; por el que propone la moción,
entendemos que no y todavía, señor Amarillo, está a tiempo de
retirarla.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.- El señor Amarillo Doblado pide
la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Madero.
Señor Amarillo, sabe que es a los solos efectos de señalar qué
enmiendas acepta S.S.
El señor AMARILLO DOBLADO: Gracias, señor presidente.
Para no haber entendido el portavoz del Grupo Popular nada, ¿cómo la
califica de puro intervencionismo?
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Amarillo, aténgase a
las enmiendas.
El señor AMARILLO DOBLADO: Empezaré, en primer lugar, con la enmienda
del señor Mardones, de Coalición Canaria. Quería hacer una reflexión
desde la suavidad. No todo lo que no se entiende es incierto. A veces
conviene tener una cierta dosis de humildad.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Amarillo, le ruego
que, dado lo avanzado de la hora, abrevie y señale qué acepta y qué
no acepta.
El señor AMARILLO DOBLADO: La enmienda número uno la justificación
que nos da es que se suprima porque nos dice: La disminución de los
costes de producción agraria pasa por una economía de libre mercado
y por una eficiente gestión empresarial. Eso es lo que nos dice
Coalición Canaria. Con ese criterio tenemos que decirle que no, entre
otras cosas porque sobraría todo. Si todo es cuestión de la eficacia
de los empresarios y del libre juego del mercado, entonces sobraría
el Gobierno en su conjunto.
También tenemos que decir que no a la enmienda número dos. En ella se
dice: Impulsa y favorece en su conjunto medidas que permitan mantener
las rentas agrarias. Eso es lo que usted da como alternativa, y dice
que lo nuestro es genérico. Su párrafo es mucho más genérico, pero la
justificación tiene también su intríngulis. Dice: La elevación de los
precios agrarios, tal como se propone en la moción, comportaría
efectos inflacionistas. Lo que ocurre es todo lo contrario, que la
rigidez que tenemos...
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Amarillo, abrevie,
por favor.
El señor AMARILLO DOBLADO: Termino inmediatamente, señor presidente.
La rigidez que tenemos no se transmite al mercado, por lo tanto, es
el mercado el que no funciona.
La enmienda número tres es la de la supresión de lechones. Insistimos
en el tema de los lechones porque sin disminuir la cabaña porcina,
sin disminuir madre y mantener nuestra misma posición relativa es la
única manera de evitar que de aquí a cinco o seis meses tengamos una
alta producción en el mercado. Retirando lechones, se regulan precios
y, sin embargo, no disminuye la cabaña básica de la estructura de
porcino. Hay que tener en cuenta que no hay un totum revolutum, sino
que estamos en una moción consecuencia de una interpelación, y se
establecen unos marcos generales de actuación, que después se
singularizan en el caso particular del porcino, que es el más
acuciante que tenemos.
Tenemos que rechazar también la enmienda de Convergencia i Unió. Aquí
el subconsciente nos lo aclara. Nos lo ha dicho el portavoz. Es que
no se habla de los integradores. Ya sabemos con quien habla
Convergencia i Unió, con los integradores. Sí, señor, los
integradores son los que nos están llevando, entre otros, a una
situación como la que tenemos. Una de las cosas que queremos es
defender a los pequeños porcicultores en contra de los intereses de
los integradores.
Aceptamos la enmienda de Izquierda Unida, que la hemos transformado
en una adición, porque nos parece una magnífica aportación que
enriquece la moción que hemos presentado.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Amarillo.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE LA
POSICIÓN DEL GOBIERNO CON RESPECTO A LA RECIENTEMENTE FINALIZADA
CUMBRE DE BUENOS AIRES SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO. (Número de expediente
173/000113).
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pasamos a la última de las
mociones, consecuencia de interpelación, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, sobre la posición del Gobierno con
respecto a la recientemente finalizada cumbre de Buenos Aires sobre
cambios climáticos. Para su defensa tiene la palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, hace dos semanas el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida planteaba una interpelación sobre los resultados de
la cumbre de Buenos Aires y cuál era la posición del Gobierno español
frente a los no acuerdos, como podríamos decir en este caso,
alcanzados en la misma. La conclusión que sacaba del debate nuestro
grupo parlamentario era que no se estaban adoptando las medidas
necesarias para combatir un problema que a todas luces se ve cada vez
en peores condiciones para poderlo abordar si no se actúa de una
manera drástica y enérgica.
Estamos hablando de un problema que afecta no solamente a la vida y a
la salud de manera individual de las personas, sino también de manera
colectiva a todos los pueblos del mundo en su vertiente quizá más
interesada para algunos sectores, en la vertiente económica. Si no
adoptamos medidas serias de reducción de los gases de efecto
invernadero, estamos poniendo en serio riesgo la vida misma del
propio planeta, amenazada en estos momentos ya -y no quisiéramos ser
alarmistas o catastrofistas como se nos suele tildar en algunas
ocasiones-, pero en realidad estamos poniéndola al borde de un punto
sin retorno. Nuestro Gobierno, desde nuestro punto de vista, acepta
de manera tranquila y sin ningún remordimiento el reparto que
dentro de la burbuja europea se hace y nos permite aumentar las
emisiones de gases de efecto invernadero.
Tal y como se están sucediendo las cosas en nuestro país y en todos
los demás países, pero en concreto en nuestro país, que es en estos
momentos lo que más nos interesa, al no haberse adoptado ya medidas
de contención de la emisión de gases de efecto invernadero, las
noticias que llegan de personas lo suficientemente cualificadas para
poder ser creíbles, es que ya en estos momentos, en 1998 nuestro país
estaría sobrepasando las emisiones que incluso dentro de la burbuja
europea tendría permitido sobrepasar en el año 2010. Es decir,
estamos ya por encima del 15 por ciento. Si nuestros datos no son
falsos -y no lo creemos, porque se van a reconocer, y no tardaremos
mucho, por los propios organismos oficiales- estamos por encima del
17 por ciento en 1998.
El borrador de medidas que nos presentó la ministra el día 25 de
noviembre plantea un aumento de un 13,4 por ciento de emisiones de
gases de efecto invernadero. Señorías, como ya les digo, estamos ya
por encima del 15, es más, rozando el 17, si no lo sobrepasamos. Por
tanto, las medidas no pueden esperar por más tiempo. No es posible
que continuemos en una situación de ambigüedad, no sé si calculada o
no. Desde luego, si no empezamos a tomar medidas serias, si a la
Comisión Nacional del Clima le ha costado nueve meses hacer un
borrador, para cuándo va a estar no solamente el plan, sino las
estrategias que tiene que llevar a cabo este mismo plan, y además un
plan en el que no se plantea la reducción sino el aumento de las
emisiones. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) De ahí,
señorías, que nuestro grupo parlamentario en la moción que ha
presentado lo primero que hace es exigirle al Gobierno que presente
ante esta Cámara - desde luego no queremos que lo haga mañana, pero
sí en el menor tiempo posible- la ratificación del protocolo de
Kioto. Entre otras cosas consideramos que ratificar el protocolo nos
vincula mucho más a la hora de tener que tomar medidas para poder
reducir los gases de efecto invernadero. Mientras no se ratifique el
protocolo podemos estar hablando y podemos seguir manteniendo
posiciones de que estamos a favor de reducir las emisiones, pero al
mismo tiempo no ponerlo en práctica.
El segundo punto de nuestra moción es la elaboración del plan
nacional, y le ponemos un tope de tiempo de seis meses, que creemos
que es suficiente. Las medidas no se van a inventar. Son las que
están en ese borrador, aunque algunas no las compartamos. No hay nada
nuevo que inventar, sino sencillamente ponerse a trabajar. Por tanto,
creemos que es necesario que se haga en seis meses y, desde luego, es
imprescindible que sea con una reducción de las emisiones que
ciframos en un 20 por ciento para el año 2005 con respecto al año
1990. Queremos que este plan cuente además con objetivos
cuantificables de los que se pueda hacer el seguimiento en períodos
anuales. Es de la única forma que vamos a poder controlar si
realmente se
están adoptando las medidas que nos lleven a una reducción efectiva
de los gases de efecto invernadero. Es más, creemos que es importante
plantearse esta reducción y no seguir manteniendo el aumento.
El tercer punto de nuestra moción habla de tres aspectos que
consideramos importantes, y no los únicos. Sabemos que es necesario
también tomar medidas, dentro del plan nacional de reducción de gases
de efecto invernadero, en vivienda, en agricultura y en otros muchos
aspectos sectoriales de la política; pero fundamentalmente y por ser
los más contaminantes, creemos que se deben tomar medidas en el
transporte, en industria y en energía.
Planteamos tres puntos dentro de este apartado tercero, entre otras
cosas porque creemos que es necesario hacer hincapié en los
transportes alternativos y no contaminantes como el ferrocarril,
tanto para el transporte de personas como para el de mercancías. La
política que se lleva desde el Ministerio de Fomento no va encaminada
precisamente (y así lo demuestran los presupuestos que no hace tanto
tiempo hemos discutido en esta Cámara) a fomentar el transporte por
ferrocarril, sino más bien el del automóvil, que como todo el mundo
sabe es uno de los contaminantes mayores con gases de efecto
invernadero.
En materia de industria, creemos necesario que desde el Gobierno se
adopten medidas que lleven a término una reorientación de las
industrias contaminantes. No queremos que se cierren empresas, no
estamos dispuestos a aceptar el cierre de empresas; pero sí queremos
que aquellas empresas que son contaminantes, que emiten gases de
efecto invernadero, puedan encontrar el respaldo del Gobierno a la
hora de reorientar sus procesos productivos, para mejorar su
maquinaria y reducir sus emisiones. No sólo las nuevas industrias que
se instalen en nuestro país deberían tener como condición
imprescindible utilizar tecnologías no contaminantes, sino que para
salvaguardar los puestos de trabajo creemos necesario que desde el
Gobierno se adopten medidas específicas en el sector industrial para
reorientar estas industrias para que al menos si no dejan de
contaminar, contaminen menos.
Hay un tercer apartado, señorías, en materia energética. Aquí me
quiero detener un poco más, entre otras cosas porque desde la
interpelación de hace dos semanas plantearía a la portavoz del Grupo
Popular que leyera el «Diario de Sesiones» de la Comisión de
Industria en materia energética, incluso los debates de este Pleno,
para que no acuse a esta portavoz de ignorancia en el tema eléctrico
por desconocimiento. Puedo estar equivocada, mi grupo puede estar
equivocado, podemos tener planteamientos diferentes, pero esta
portavoz es al mismo tiempo portavoz en los temas eléctricos, y por
tanto conoce de sobra que hay 5.000 millones de pesetas para los
planes de gestión de la demanda; los mismos 5.000 millones de pesetas
que desde hace años figuran en los Presupuestos Generales del Estado.
El señor PRESIDENTE: Señora Urán, ha de ir concluyendo.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Termino lo más rápidamente posible, señor
presidente.
También sabemos que existen, y además los conocemos, planes de
fomento de las energías renovables, que hasta ahora no van cumpliendo
sus plazos. Dudamos mucho de que las leyes que se han aprobado por
esta Cámara, tanto la Ley del sector eléctrico como la Ley de
hidrocarburos, vayan a fomentar las energías renovables, sea la
eólica o la solar, o siquiera a incidir en la investigación para el
desarrollo de tecnologías que perfeccionen las energías renovables,
entre otras cosas porque tanto la Ley del sector eléctrico como la
Ley de hidrocarburos están redactadas de tal forma que van a mejorar
las cuentas de resultados de las compañías eléctricas o del sector
energético y no a fomentar o mejorar otro tipo de consumo o
producción de energía eléctrica.
El cuarto punto de nuestra moción viene a plantear la necesidad de
establecer impuestos ecológicos para penalizar consumos
despilfarradores o el desarrollo de actividades más contaminantes.
Señorías, a pesar de que sabemos que es más fácil pagar un impuesto
que realmente tomar medidas que impidan la emisión de gases de efecto
invernadero, creemos necesario que se establezcan estos impuestos
ecológicos.
Por último, el quinto punto de nuestra moción plantea la necesidad de
modificar la composición del Consejo Nacional del Clima. Señorías,
nosotros no dudamos de la buena voluntad ni tan siquiera de la
capacidad que puedan tener los expertos que forman parte del Consejo
Nacional del Clima, pero está clara la necesidad de la representación
de la sociedad civil, como se le ha venido en llamar y poniéndolo
entre comillas, para que realmente haya una asunción por parte de
toda la sociedad de las medidas que se deben adoptar para evitar el
aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. No es un
problema solo y exclusivamente de la Administración, del Gobierno que
sí tiene que tomar las medidas y hacer las políticas, pero estas
medidas y estas políticas deben tener el consenso de la población que
las va a tener que poner en práctica. El Gobierno podrá dictar leyes,
podrá apoyar determinadas actuaciones, pero quienes las ponen en
práctica, quienes realmente las llevan a cabo son los ciudadanos y
las ciudadanas de nuestra sociedad que deben sentirse representados
no solamente por el Gobierno sino además por aquellas asociaciones o
entidades, ya sean ecologistas o consumidores, que tienen que llevar
la voz de la necesidad de la sociedad, y al mismo tiempo revertir
estas medidas para que sean asumidas y puestas en práctica de una
forma más fácil.
El señor PRESIDENTE: Señora Urán, ha de concluir ya.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Concluyo ya, señor presidente, diciéndoles,
señorías, que es necesario que
nos creamos realmente la necesidad que existe de tomar medidas
drásticas y creemos que nuestra moción puede realmente poner un punto
a favor de estas medidas.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Han presentado enmiendas a la moción el Grupo Socialista, el Grupo
Popular y el Grupo Catalán.
Para la presentación de la enmienda del Grupo Socialista tiene la
palabra Marón. Les ruego la máxima brevedad, señorías, dado lo
avanzado de la hora y el amplio consenso que sobre este punto existe
en la Cámara.
La señora MARÓN BELTRÁN: Gracias, señor presidente.
Señorías, pese a la hora en que estamos llevando a cabo este debate,
tenemos que fijar nuestras posiciones y defender nuestras enmiendas y
lo haremos con la mayor brevedad posible, se lo aseguro.
El cambio climático es la gran amenaza del siglo XXI, son palabras de
la ministra de Medio Ambiente, que por supuesto hago mías, pero de
inmediato añado que dar soluciones adoptando medidas eficaces es el
gran reto de los que tienen en este momento la responsabilidad de
gobernar, y a los que nos toca el papel de oposición impulsar,
promover y exigir el cumplimiento de esas medidas.
El Grupo Socialista coincide plenamente con la interpelación
presentada hace dos semanas por el Grupo Federal de Izquierda Unida y
en la misma línea apoyamos en su globalidad la moción presentada, a
cuyo texto hemos presentado algunas enmiendas con las que pretendemos
enriquecer el conjunto de la moción siguiendo el mismo criterio que
hace un año, y a raíz de la cumbre de Kioto, nos llevó a presentar
una proposición no de ley instando al Gobierno a actuaciones
concretas para cumplir los compromisos derivados del convenio de
Naciones Unidas sobre cambio climático, proposición no de ley que por
cierto dio lugar a una resolución de esta Cámara para que en el plazo
de seis meses el Gobierno desarrollara una estrategia nacional con
medidas concretas para mejorar la eficacia energética en edificios,
vehículos a motor, reforestación forestal y energías renovables. Al
día de la fecha no conocemos concreción alguna, es decir se ha
convertido en papel mojado, si no es así explíquense cuáles fueron
las medidas adoptadas.
Con nuestras enmiendas pretendemos no sólo la ratificación del
Protocolo de Kioto sobre reducción de gases efecto invernadero ante
esta Cámara, sino que el Gobierno en el marco de la Unión Europea
inste la ratificación por parte de los países miembros de la Unión en
su conjunto. España en su doble condición puede tanto ratificar como
adoptar compromisos de reducción establecidos individualmente en el
protocolo para los países desarrollados -no olvidemos que España se
sitúa en el número 17 de los países emisores de CO2-, pero también
puede adoptar los compromisos que
como miembro de la Unión le corresponden dentro de la burbuja
comunitaria.
Con relación a los gases efecto invernadero, es preciso elaborar un
plan que establezca fecha límite y objetivos cuantificables para
comenzar el proceso de reducción de dichas emisiones en relación al
nivel de 1990 y en nuestra enmienda lo hacemos con sentido de
responsabilidad y coherencia con nuestro programa electoral.
A nivel industrial es necesaria la reorientación de los procesos
productivos contaminantes hacia tecnologías limpias de un modo
realista, incentivando mecanismos que hagan viables los proyectos. Si
un gran porcentaje de gases de efecto invernadero provienen de los
sistemas de refrigeración, del transporte, de la combustión de
fósiles, introdúzcanse paulatinamente medidas que se orienten hacia
tecnologías limpias que en muchos países ya se están comercializando
y poniendo fecha de caducidad a los viejos sistemas.
Es cierto que hay temas que con este Gobierno podemos hablarlos como
futuribles con cierta tranquilidad, pero otros como los impuestos
ecológicos no parecen querer vincularlos a la política ambiental y
suelen responderse con un rotundo no sabe no contesta o incluso
tachar de irresponsable la posición. No podemos seguir con la venda,
señorías, hay que explicarlo y es necesario utilizar las
posibilidades que nos da la fiscalidad para hacer una política
ambiental que implique corresponsablemente al empresario y fomentar
una política solidaria con los que sufren pasivamente los efectos de
la contaminación. La creación de un fondo orientado a desincentivar
las actividades más contaminantes penalizando las actividades
insostenibles, debe ser una vía de futuro, como ha de serlo
incentivar las desgravaciones y exenciones fiscales haciendo
determinadas actuaciones de mejora en los procesos productivos. Hay
que introducir una nueva cultura, una doble vertiente de la
fiscalidad, por un lado sancionadora y por otro desgravadora. No se
puede seguir con la misma vara de medir al responsable que al
irresponsable e insolidario social.
Otra de nuestras enmiendas va dirigida al cambio de composición del
Consejo Nacional del Clima. Señorías, este órgano refundado por la
ministra de Medio Ambiente en febrero de este año y que dejaba en el
camino la Comisión Nacional del Clima creada en 1992, es netamente
gubernamental. No está mal la coordinación de órganos de Gobierno que
con carácter horizontal aporten información, pero eso no basta y son
funciones bien diferentes. La Comisión Nacional del Clima tenía otras
finalidades: promover actividades de información, divulgación y
formación relacionadas con el cambio climático y en las que estaban
integrados no sólo los estamentos gubernamentales sino también las
organizaciones ecologistas y sociales. No olvidemos que el principio
10 de la declaración de Río y el 23 de la Agenda de la conferencia
sobre desarrollo y medio ambiente de Naciones Unidas establecen que
la única manera de conseguir el desarrollo sostenible es garantizando
el acceso a la información y participación de los ciudadanos en
la toma de decisiones. Existe pues un gran vacío de participación que
aún esperamos que se sepa corregir por parte del Gobierno antes de
que sea demasiado tarde.
Las palabras de la ministra anunciando como gran amenaza del siglo
XXI las consecuencias del cambio climático son una tremenda realidad,
pero señorías este momento es el de la toma de decisiones, de asumir
responsabilidades y es el momento político que a ustedes como
Gobierno les toca vivir, con unas prioridades que abordar...
El señor PRESIDENTE: Señora Marón, ha de concluir inmediatamente.
La señora MARÓN BELTRÁN: Concluyo, señor presidente.
Evidentemente las prioridades serán diferentes a otras anteriores y
diferentes a otras que habrá en el futuro. Dejen la complacencia de
que cualquier tiempo pasado fue peor, cierren el período reflexivo de
las declaraciones y buenas intenciones y aborden los problemas.
Hay varios temas que tendrán que plantearse. Por ejemplo la
resolución aprobada en noviembre pasado en esta Cámara sobre cambio
climático a que antes me refería. ¿Qué medidas se han presentado, no
sólo en el plazo de seis meses como se fijó sino a lo largo de un año
transcurrido? Realmente no se ha presentado ninguna.
El señor PRESIDENTE: Señora Marón.
La señora MARÓN BELTRÁN: Termino, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Termine de verdad o me veré obligado a retirarle
la palabra. Lo lamentaría enormemente.
La señora MARÓN BELTRÁN: En los Presupuestos Generales del Estado no
hay consignación para abordar estos temas; no se han consignado ni se
han tenido en cuenta nuestras enmiendas. Realmente el programa que se
ha presentado, borrador de programa con iniciativas de futuro
presentado por la ministra días pasados, nos ha dejado sorprendidos
porque una de sus innovaciones ha sido la alternativa presentada para
potenciar la energía nuclear. Creíamos superada una etapa. No serán
productoras de contaminación por CO2, pero ¿quién defiende hoy la
bondad de la radiactividad cuando no se sabe qué hacer ni siquiera
con los residuos nucleares?
Termino, señor presidente, esperando que el Gobierno sepa rectificar
a tiempo tal propuesta, que se sume a la tendencia europea del cierre
progresivo de las centrales nucleares. El ministro alemán, del que
tanto legusta hablar a nuestra ministra, está contento con la
Cumbre de Buenos Aires, y creo que no estará tan contento con la
medida que acaba de enunciar de potenciar las centrales nucleares. En
definitiva, con esta moción que hoy se presenta tienen posibilidad de
demostrar la preocupación por el cambio climático, sumándose a las
resoluciones que podemos aprobar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Marón.
La señora De Lara, por el Grupo Popular.
La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda
de modificación a la moción de Izquierda Unida, con la voluntad de
introducir racionalidad y realismo al debate que mantenemos por
tercera vez en ocho días sobre cambio climático. El punto de partida
del debate de hoy debe ser el Protocolo de Kioto firmado por España.
En esa firma está implícito el compromiso de España como miembro de
la Unión Europea y de acuerdo con un reparto de las emisiones para
cumplir el compromiso comunitario de reducción del 8 por ciento.
Dentro de ese compromiso comunitario se ha considerado que España
puede incrementar sus emisiones en ese período el 15 por ciento en
función de su potencial de crecimiento económico, y de que sus
emisiones per cápita de partida son más bajas que la media europea.
Conseguir ese objetivo va a suponer, señorías, un esfuerzo
importante. En cuanto a la ratificación por un órgano legislativo
competente, existe, señora Urán, el compromiso de que el proceso sea
casi simultáneo en todos los países miembros de la Unión Europea.
Con estas premisas como punto de partida del debate, presentamos los
dos primeros puntos de nuestra enmienda. Quiero aclarar, señorías,
que en el segundo punto descartamos la propuesta de Izquierda Unida
de reducir las emisiones el 20 por ciento para el año 2005, y lo
descartamos porque creemos que es absolutamente inviable. Es inviable
desde todos los puntos de vista, señorías: es inviable desde el punto
de vista energético, económico y social y es inviable, señorías, a
menos que se reduzca drásticamente la actividad industrial y
energética con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo, y a que
el paso a otras fuentes energéticas no emisoras de dióxido de carbono
tiene claras limitaciones, al menos en la actualidad. Quiero creer
señora portavoz de Izquierda Unida, que como usted conoce
perfectamente lo que he dicho no nos está planteando usted una
reducción de la actividad industrial en España, que no nos está
planteando usted la posibilidad de la pérdida de miles de puestos de
trabajo.
En el punto tercero de nuestra enmienda, que corresponde al tercer
punto de la moción, aceptamos potenciar el uso del ferrocarril;
añadimos la importancia del transporte público en las ciudades;
proponemos incentivar los procesos de producción no contaminantes;
solicitamos un aumento sustancial de la producción de
energía eléctrica de origen renovable no solamente eólica y solar, y
proponemos medidas de ahorro y eficiencia energéticas y planes de
gestión de la demanda.
Quiero sin embargo hacer aquí una puntualización en el sentido de que
no estamos de acuerdo, señora portavoz de Izquierda Unida, con este
proceso del que usted nos habla de reorientación de las industrias
contaminantes hacia otras no contaminantes. Además no entendemos cómo
las reorientaría. ¿Cerraría usted las industrias? ¿Abriría otras
nuevas? No entendemos a qué se refiere su reorientación, señora Urán,
usted no nos la explicado. (Rumores.) ¿No le parece que es mejor
incentivarlas hacia procesos de producción no contaminantes?
Tampoco apoyamos, señora portavoz de Izquierda Unida, los impuestos
ecológicos, sino que optamos por medidas de internalización de
beneficios medioambientales para premiar los esfuerzos realizados en
medidas de ahorro y eficiencia energéticas.Finalmente tampoco estamos
de acuerdo en modificar la composición del Consejo Nacional del
Clima, ya que tal como se ha creado por decreto es un organismo que
representa a las instituciones de la Administración y con este fin ha
sido creado.
Creo señorías que tenemos hoy un buen documento que nos presentó la
semana pasada la señora ministra de Medio Ambiente, aunque sólo sea
un primer avance sobre políticas y medidas de lucha frente al cambio
climático. Contiene un listado de posibles medidas elaborado por los
técnicos de los grupos de trabajo, medidas técnicamente viables para
reducir las emisiones en nuestro país. Quiero incidir en este momento
que en el listado de posibles medidas hay que desarrollar esas
medidas y posteriormente tomar la decisión política para elaborar la
estrategia. Por consiguiente es completamente falso que la ministra
de Medio Ambiente proponga alargar la vida de las centrales
nucleares. Entre las muchas medidas que han elaborado los grupos de
trabajo, nos guste o no nos guste, ésta es una de las medidas; cosa
distinta es que la decisión política la incluya en la estrategia
contra el cambio climático, y ustedes lo saben perfectamente.
Finalmente, enlazo en este punto con el debate de la pasada
interpelación en el que la señora Narbona nos hablaba del programa
nacional del clima que ella había elaborado. Tengo en mi escaño el
programa nacional del clima para que SS.SS. puedan consultarlo, lo he
traído para que ustedes vean la poca similitud entre ese programa y
el documento del otro día, y quiero que conste aquí y en el «Diario
de Sesiones» que la señora Narbona faltó el otro día reiteradamente a
la verdad. (El señor Martínez Sanjuán: No.- Rumores y protestas.) Por
esto, posiblemente no ha venido hoy a este Pleno. (Continúan los
rumores.)
El señor PRESIDENTE: Bueno, vamos a dejarlo ahí, señora De Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Faltó a la verdad porque el programa
nacional del clima no se aprobó siquiera.
El señor PRESIDENTE: Señora De Lara, por favor, concluya ya. No
reabra nuevos debates.
La señora DE LARA CARBÓ: Voy terminando, señor presidente. Y faltó a
la verdad porque el Consejo de Ministros no aprobó el programa
nacional del clima, que era solamente un borrador más de la señora
Narbona. Aparte de faltar a la verdad con reiteración (Un señor
diputado: ¡Otra vez!), no es admisible la prepotencia con que
aseguraba -y está en el «Diario de Sesiones»- que esta diputada que
les habla no podía conocer lo que aprobaba la Comisión Nacional del
Clima ni el Consejo de Ministros -fueron sus palabras- porque nada
tenía que ver esta diputada con el Gobierno ni con la Comisión del
Clima.
El señor PRESIDENTE: Señora De Lara, por favor.
La señora DE LARA CARBÓN: Termino, señor presidente.
Señorías, muchas veces hemos hablado del hermetismo de los gobiernos
socialistas, de su prepotencia, pero la declaración de la señora
Narbona supera incluso cualquier inculpación. Las decisiones del
Consejo de Ministros son públicas, por supuesto, y por consiguiente
las puede conocer esta diputada y todos los señores diputados que
están en esta sala, y los documentos de la Comisión Nacional del
Clima fueron conocidos como no podía ser menos por la Comisión
especial creada en el Senado en la que esta diputada era portavoz del
Grupo Parlamentario Popular.
Termino, señor presidente, solicitando a la portavoz de Izquierda
Unida que si realmente desea, cosa que sí creo, que esta Cámara
apruebe una moción con contenidos reales, demos juntos un paso más
para combatir el cambio climático y apruebe la enmienda que hemos
presentado.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora De Lara.
Señor Recoder, si quiere consumir el turno para la defensa de su
enmienda. (Rumores.) El sentido de prudencia del señor Recoder seguro
que no necesita recomendaciones ni siquiera de la Presidencia.
El señor RECODER I MIRALLES: No llevo ningún discurso escrito, y no
me siento por tanto en la obligación de concluirlo.
Esta moción llega sin lugar a dudas en un clima de frustración ante
el resultado de la cumbre de Buenos Aires. Si el resultado de la
cumbre de Kioto no era para echar las campanas al vuelo, el de la
cumbre de Buenos Aires menos porque no ha conseguido avanzar en
ningún caso, y así lo constatábamos la semana pasada
en los debates que mantuvimos tanto en Comisión como en Pleno, en la
concreción de las medidas para cumplir los insuficientes objetivos de
Kioto. Simplemente se ha concretado un plan de trabajo, pero no se ha
llegado a ningún tipo de compromiso sobre los mecanismos de
flexibilidad, sobre el régimen sancionador o sobre la transferencia
de tecnología; por tanto estamos ante un problema que carece de
mecanismos suficientes para su solución. Aunque se cumplieran los
objetivos de reducción fijados en Kioto para los países
industrializados, que con el 20 por ciento de la población son los
responsables del 60 por ciento de las emisiones, el incremento
proyectado de las emisiones en los no industrializados anularía esta
rebaja. Si tenemos en cuenta las cifras que recientemente nos ofrecía
el departamento de Industria de los Estados Unidos, en el año 2010 el
incremento será del 30 por ciento en relación a las emisiones del año
1990.
Estamos sin lugar a dudas ante el principal problema medioambiental
que afecta al planeta. La moción, como el debate de la semana pasada,
nos llega en un clima de cierta frustración, en primer lugar porque
como se ha puesto de manifiesto por anteriores intervinientes llega
en un momento en que esta Cámara está reclamando el cumplimiento de
una proposición no de ley en sentido similar aprobada en el año 1997
y que comprometía al Gobierno a presentar en el plazo de seis meses
un plan con una serie de medidas para poner hilo a la aguja en la
obligación de resolver el problema por parte del Estado español,
obligación que hasta el momento es inexistente.
Nuestro grupo parlamentario ha presentado una enmienda a la moción
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que explicaré de forma
resumida. En primer lugar se nos plantea por el grupo parlamentario
proponente que se ratifique de forma urgente por España el protocolo.
Estamos totalmente de acuerdo con la urgencia que se da a esa
ratificación y no cabe duda de que se producirá, ahora bien, quiero
subrayar que para que el protocolo pueda entrar en vigor se necesita
la ratificación por parte de 55 Estados que a su vez representen el
55 por ciento de las emisiones globales, y dada la posición
irresponsable que han mantenido Estados Unidos y Japón, tanto en
Kioto como en Buenos Aires, dudo que la entrada en vigor de este
protocolo pueda producirse de forma rápida, a pesar -reitero- de que
por parte de los Estados de la Unión Europea se ratifique el mismo.
Además, consideramos que el protocolo constituye un marco global,
como global es el problema, pero ello no excluye de ninguna forma que
se puedan adoptar medidas que vayan más allá por parte de cada país o
por parte de la burbuja comunitaria, y en ese sentido pensamos que es
necesario se haga.
En segundo lugar, se nos plantea un plan de reducción con el cual no
podemos coincidir. Sí coincidiríamos, al menos en parte, con la
necesidad de que el Gobierno plantee ese plan de reducción, pero el
plazo de seis meses lo fijaríamos desde el comienzo de la rati
ficación
del protocolo y no desde la fecha de aprobación de esta moción.
Creemos que ese plazo debe alargarse en el sentido de fijarlo en
relación a la ratificación del protocolo porque todavía no sabemos
cuál va a ser el reparto definitivo de cuotas en la burbuja
comunitaria. Decía que sin embargo no coincidimos en la reducción del
20 por ciento para el año 2005; nos parece absolutamente irreal y por
tanto una invitación al incumplimiento. Sí estamos de acuerdo en que
los objetivos se cuantifiquen de forma anual.
En el punto tercero se nos plantea la revisión de las políticas de
transporte, industria y energía, de acuerdo con el enunciado. Nuestra
enmienda matiza en parte las propuestas de Izquierda Unida,
introduciendo una mención especial al transporte colectivo además de
al ferrocarril, la incentivación industrial en vez de la
reorientación.
El señor PRESIDENTE: Señor Recoder, ha de concluir.
El señor RECODER I MIRALLES: En cuanto al apartado relativo a la
energía eléctrica de origen renovable, entendemos que no se puede
producir la desaparición que se menciona en la moción del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida y que nuestra enmienda intenta
reorientar.
En cuanto al penúltimo punto, que es el relativo a los impuestos,
entendemos que es mucho más positiva y factible la adopción de
medidas fiscales, que tiene un carácter mucho más ágil.
Nada más, muchas gracias. Agradezco a la Cámara su atención.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Recoder.
¿Desea intervenir el Grupo Mixto? (Rumores.)
Señoría, le ruego una muy sintética toma de posición.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente.
Como siempre, voy a tratar de ser sintético, a pesar de la ansiedad
de muchos señores diputados por concluir esta sesión, que yo
comprendo. En todo caso, pienso que aún se me permitirá en este
Congreso poder fijar la posición.
Dicho esto, efectivamente queremos dar a conocer la posición del
Bloque Nacionalista Galego sobre la moción que presenta el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, que se refiere a las
medidas que debería adoptar el Gobierno con el fin de conseguir que
se disminuyan las emisiones a la atmósfera de gases causantes del
efecto invernadero. Está claro que no se trata de ser apocalípticos,
pero sí de tomarse en serio algunas cuestiones medioambientales, como
el efecto invernadero... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías, por favor. (Pausa.)
Adelante.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Gracias, señor presidente.
Gracias a usted y gracias también al resto de sus señorías.
Decía que puede tener una seria repercusión en un futuro no muy
lejano para los seres humanos y para la vida en general. Muchos
científicos creen que estamos a las puertas de un rápido cambio
climático, causado fundamentalmente por la quema de combustibles
fósiles, como el carbón, el petróleo o el gas, y la destrucción de
los bosques. Las emisiones de CO2 y otros gases hacia la atmósfera se
acumulan como un manto alrededor del planeta, atrapando el calor del
sol y causando el calentamiento de la tierra. Las consecuencias de
esta situación serían la elevación del nivel del mar, la sequía y el
hambre. Hay expertos que afirman que los últimos desastres naturales,
con la frecuencia e intensidad con que se están produciendo, no se
pueden desvincular de este efecto invernadero.
Reconozco que es difícil denunciar situaciones como ésta y más aún
demandar soluciones, porque siempre se choca contra el falso dilema
desarrollo/respeto al medio ambiente, con la ignorancia, con la
pasividad o con el espíritu acomodaticio que nos impulsa a muchos
ciudadanos, con la pasividad de los gobiernos y, por supuesto, con la
resistencia de quienes obtienen pingües beneficios de determinadas
actividades industriales. Siendo difícil esto, es necesario que entre
todos contribuyamos a ir buscando soluciones a problemas para los que
es mejor no esperar demasiado tiempo. Porque la pregunta es, señoras
y señores diputados, hasta dónde se puede estirar la cuerda sin que
se rompa.
Nosotros estamos seguros de que son necesarios acuerdos a nivel
mundial y también estamos seguros de que es necesario que cada
Gobierno vaya dando pasos. (Rumores.) En todo caso, por abreviar,
señor presidente, dado que el ambiente que reina en esta Cámara hace
muy difícil proseguir mi intervención...
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Quisiera decir que vamos a
apoyar la moción que presenta el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, porque hace referencia a medidas interesantes para
combatir el efecto invernadero y también para aumentar la calidad de
vida. Como decía, por eso la votaremos favorablemente.
Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, señoras y señores
diputados.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vázquez, por su esfuerzo.
Señora Urán, por favor.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, mi grupo parlamentario habría querido poder aceptar algunas
de las enmiendas que se han presentado. Me referiré primero a la
enmienda que ha presentado el Grupo Catalán de Convergència i Unió.
Señorías, las medidas que plantea en el punto 3 su grupo tienen poca
diferencia con las que mi propio grupo ofrece en la moción,
exceptuando que ustedes no creen necesario que se vayan cerrando
paulatinamente centrales de generación eléctrica que tienen otras
formas de contaminación medioambientales. Aun así, señorías, no
podemos aceptarlas, sencillamente porque ustedes parten del mismo
planteamiento del que parten el Gobierno y el Grupo Parlamentario
Popular, que es aceptar un aumento de las emisiones de los gases de
efecto invernadero, que mi grupo parlamentario no comparte.
(Rumores.) Por lo tanto, señorías, no nos es posible aceptar la
enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió). Tampoco podemos aceptar... Señor presidente, no puedo hablar
más alto.
El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor.
Señor Gil Lázaro. Señor Baon.
Adelante.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, como decía, tampoco podemos aceptar la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular, porque, además de la argumentación que ya he
dado con la enmienda de Convergència i Unió, que parten ustedes de un
presupuesto distinto del que partimos nosotros, aunque las medidas
puedan ser similares, también hablan de la desaparición de algo que a
nosotros nos parece un principio a defender, que es la participación
de la sociedad a la hora de tomar medidas y de plantear políticas, en
concreto, en este caso, para la reducción de los gases de efecto
invernadero. Creemos necesario asimismo implantar los impuestos de
carácter ecológico o las tasas ecológicas. No hace mucho la portavoz
del Grupo Parlamentario Popular decía que quien contamina paga y que
así se deberían hacer las cosas.
Señorías, nos gustaría haber aceptado algunas de las enmiendas del
Grupo Socialista, pero el Reglamento impediría la votación separada
de nuestra moción, como la vamos a pedir. Ese es el motivo por el que
no las aceptamos, pues en realidad vendrían a enriquecer nuestro
texto.
Señor presidente, pedimos que la votación de nuestra moción sea
separada; el punto 1 por un lado, el punto 2 por otro y el resto de
la moción conjuntamente.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Urán.
Pasamos a las votaciones correspondientes a las mociones debatidas.
En primer lugar se somete a votación la moción transaccional como
consecuencia de la que formulara el Grupo Parlamentario Mixto sobre
política del Gobierno y perspectivas de futuro para el sector naval,
en el marco actual de la Unión Europea, y que se ha consensuado por
los grupos Mixto, Socialista y Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
276; a favor, 276.
El señor PRESIDENTE: Votos emitidos, 276, todos ellos favorables a la
moción transaccional, que queda así aprobada por unanimidad.
Moción del Grupo Socialista sobre política general del Gobierno en
materia de política agraria, con la transaccional a la enmienda de
Izquierda Unida que se ha incorporado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
275; a favor, 125; en contra, 145; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votaciones correspondientes a la moción de Izquierda Unida que acaba
de debatirse.
En primer lugar se somete a votación el punto primero.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
276; a favor, 276.
El señor PRESIDENTE: Votos emitidos, 276, todos ellos favorables al
punto primero de la moción, que se aprueba por unanimidad.
Se somete a votación el punto segundo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
276; a favor, 13; en contra, 147; abstenciones, 116.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el punto segundo.
Restantes puntos de la moción de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
276; a favor 129; en contra, 144; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados, en consecuencia, los
restantes puntos de la moción de Izquierda Unida.
El Pleno se reanudará mañana a las nueve horas.
Se suspende la sesión. Buenas noches.
Eran las once y quince minutos de la noche.