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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 200, de 26/11/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 1998 VI Legislatura Núm. 200
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 194
celebrada el jueves, 26 de noviembre de 1998
ORDEN DEL DÍA:
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley de modificación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. «BOCG. Congreso
de los Diputados», serie A, número 129-1, de 31 de agosto de 1998
(número de expediente 121/000129) ... (Página 10751)
- Proyecto de Ley de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local y otras medidas para el
desarrollo del gobierno local, en materia de tráfico, circulación de
vehículos de motor y seguridad vial y en materia de aguas. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie A, número 130-1, de 31 de agosto de
1998 (número de expediente 121/000130) ... (Página 10751)
- Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 9/1983,
de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión. «BOCG. Congreso de
los Diputados», serie A, número 131-1, de 31 de agosto de 1998
(número de expediente 121/000131) ... (Página 10751)
- Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/1979,
de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie A, número 133-1, de 31 de agosto de 1998 (número de
expediente 121/000133) ... (Página 10751)
- Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. «BOCG. Congreso
de los Diputados», serie A, número 136-1, de 31 de agosto de 1998
(número de expediente 121/000136) ... (Página 10751)
Avocación por el Pleno de Proyectos de Ley:
- Proyecto de Ley de modificación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. «BOCG. Congreso
de los Diputados», serie A, número 129-1, de 31 de agosto de 1998
(número de expediente 121/000129) ... (Página 10769)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios
Internacionales:
- Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento,
producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su
destrucción, hecho en Oslo el 18 de septiembre de 1997. «BOCG.
Sección Cortes Generales», serie A, número 207, de 19 de mayo de 1998
(número de expediente 110/000203) ... (Página 10769)
Enmiendas del Senado:
- Proyecto de Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
y otras Normas Tributarias. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie A, número 114-1, de 4 de mayo de
1998 (número de expediente 121/000113) ... (Página 10769)
- Proyecto de Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y
Normas Tributarias. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A,
número 116-1, de 25 de mayo de 1998 (número de expediente 121/000115)
... (Página 10769)
- Proyecto de Ley sobre derechos de aprovechamiento por turno de
bienes inmuebles de uso turístico y normas tributarias. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie A, número 8-15, de 11 de noviembre
de 1998 (número de expediente 121/000076) ... (Página 10782)
- Proyecto de Ley de restitución o compensación a los partidos
políticos de bienes y derechos incautados en aplicación de la
normativa sobre responsabilidades políticas del período 1936-1939.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 100-12, de 10 de
noviembre de 1998 (número de expediente 121/000098) ... (Página 10786)
S U M A R I O
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas . . . (Página 10751)
Proyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana . . .
(Página 10751)
Proyecto de ley de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local y otras medidas para el
desarrollo del gobierno local, en materia de tráfico, circulación de
vehículos de motor y seguridad vial y en materia de aguas . . .
(Página 10751)
Proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 9/1983,
de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión . . . (Página 10751)
Proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/1979,
de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional . . . (Página 10751)
Proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación. (Página 10751)
El señor ministro de Administraciones Públicas (Rajoy Brey) presenta
de forma conjunta los cinco proyectos de ley porque, aunque versan
sobre asuntos diferentes, todos ellos tienen el mismo objetivo, que
es el desarrollo del gobierno local. Manifiesta que constituyen el
paquete normativo de mayor trascendencia para las entidades locales
desde la aprobación de la Ley reguladora de las Bases del Régimen
Local, ley que vino a establecer el marco básico de referencia para
la administración local tras la aprobación de la Constitución. La
experiencia acumulada durante trece años de vigencia de esa ley
aconseja llevar a cabo determinadas adaptaciones en este marco
general, inducidas por la aprobación y ratificación por España de
la Carta europea de autonomía local y por la progresiva toma de
conciencia de los representantes de los gobiernos locales de nuestro
país sobre el papel institucional que como administración más
cercana al ciudadano le correspondía a las entidades locales,
planteándose asimismo la oportunidad de revisar el funcionamiento
institucional del sistema, contribuyendo con un decidido impulso
al desarrollo del gobierno local. Añade que el principio sustentador
a la hora de diseñar las medidas ha sido conseguir el mayor grado
de consenso con la Federación Española de Municipios y Provincias
y con los grupos políticos con representación parlamentaria, lo que
ha llevado, en gran parte, a las iniciativas legislativas que hoy
presenta ante la Cámara y que afectan a materias cuya competencia
está atribuida por el bloque de constitucionalidad a la
Administración del Estado. Reitera que el objetivo de las
modificaciones que se proponen es dar un impulso al ámbito de acción
de los gobiernos locales, contribuyendo al fortalecimiento de la
organización territorial del Estado y dotando de nuevos mecanismos
a las corporaciones locales para que potencien su capacidad de
ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos
bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes.
A continuación pasa a explicar las líneas de actuación llevadas a
cabo, destacando de entre todas ellas las que tienen mayor
trascendencia política y administrativa para los entes locales,
finalizando su intervención con la esperanza de que los proyectos
de ley que se traen a debate parlamentario puedan ser mejorados
en el trámite de enmiendas y cuenten con el apoyo de los distintos
grupos, porque tiene el convencimiento de que todos comparten el deseo
de dotar a las entidades locales españolas de los elementos
necesarios para poder desempeñar las nuevas funciones que están
llamadas a desempeñar en el futuro como administración más cercana
a los ciudadanos. En defensa de sus enmiendas a la totalidad
presentadas al conjunto de proyectos de ley, interviene el señor
Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto, quien manifiesta
que la razón de las enmiendas del Bloque Nacionalista Galego es
que, como fuerza política, mantienen una profunda discrepancia
con la manera de abordar el desarrollo del régimen local y porque,
además, no va a repercutir en aspectos fundamentales para ellos
como son la democratización de las instituciones, la participación
ciudadana y el mejor funcionamiento de los entes locales. Explica
que su posición no es una negativa ideológica abstracta sino que
está asentada también en la convicción de que deben colaborar en
mejorar los proyectos de ley, por lo que presentarán enmiendas
parciales, y pasa a defender cada una de sus enmiendas a la
totalidad.
El señor Fernández Sánchez interviene en defensa de la enmienda de
totalidad del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida al
proyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21
de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana por cuanto
que pese a la pretendida limitación invocada con referencia a la
Ley 30/1992, la existencia de la letra j) del artículo 26 de
este proyecto de ley dota de una injustificable discrecionalidad
a los alcaldes para tipificar conductas sancionables con
normas de rango inferior. Por otra parte, manifiesta que su grupo
no considera que los proyectos de ley que son objeto de debate en
el Pleno de hoy sean la respuesta acorde con el alcance y dimensión
que desde el municipalismo español se ha venido dando
al denominado pacto local, aunque reconoce ciertos aspectos positivos
en el paquete de medidas que se presentan, por lo que su grupo
emitirá su voto en función de la sintonía que tenga con cada uno de
los proyectos.
En turno en contra de las enmiendas interviene el señor López-Medel
Bascones, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. En primer
lugar, considera que la principal razón que ha llevado al Bloque
Nacionalista Galego a presentar sus enmiendas de totalidad ha sido
la de no comprender bien el sentido de las reformas legales que se
pretenden, pasando a explicárselas en detalle. A continuación
contesta al portavoz del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida que ha presentado la enmienda a la totalidad del
proyecto de ley de modificación de la Ley de seguridad ciudadana.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; las señoras
Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Gil i
Miró, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); y
los señores Marcet i Morera y Rodríguez Bolaños, del Grupo
Socialista del Congreso.
Sometida a votación las enmiendas a la totalidad de devolución
presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto y por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida al proyecto de ley de
Modificación de la Ley de protección de la seguridad ciudadana,
se rechazan por 16 votos a favor, 292 en contra y tres abstenciones.
Sometida a votación la enmienda de totalidad de devolución
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto al proyecto de ley de
modificación de la Ley reguladora
de las Bases de Régimen Local y otras medidas para el desarrollo del
gobierno local, en materia de tráfico, circulación de vehículos a
motor y seguridad vial y en materia de aguas, se rechaza por 16 votos
a favor, 295 en contra y una abstención.
Sometida a votación la enmienda de totalidad de devolución del Grupo
Mixto al proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica
reguladora del derecho de reunión, se rechaza por dos votos a favor,
y 309 en contra.
Sometida a votación la enmienda de totalidad de devolución del Grupo
Mixto al proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica
del Tribunal Constitucional, se rechaza por dos votos a favor y 310
en contra.
Sometida a votación la enmienda de totalidad de devolución del Grupo
Mixto al proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica
reguladora del derecho a la educación, se rechaza por tres votos a
favor y 309 en contra.
Avocación por el Pleno de proyectos de ley . . . (Página 10769)
Proyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana . . .
(Página 10769)
El señor presidente propone a la Cámara la avocación por el Pleno de
la deliberación y votación final del proyecto de ley de modificación
de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la
seguridad ciudadana, lo que se aprueba por asentimiento.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios
internacionales . . . (Página 10769)
Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento,
producción y transferencia de minas antipersonas y sobre su
destrucción . . . (Página 10769)
Sometido directamente a votación el dictamen de la Comisión de
Asuntos Exteriores, se aprueba por unanimidad.
Enmiendas del Senado . . . (Página 10769)
Proyecto de ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas y
otras normas tributarias . . . (Página 10769)
Proyecto de ley del impuesto sobre la renta de no residentes y normas
tributarias . . . (Página 10769)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vázquez
Vázquez (don Guillerme), Saura Laporta y Gómez Rodríguez, del Grupo
Parlamentario Mixto; Zabalía Lezamiz, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV); Homs i Ferret, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió); Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida; Eguiagaray Ucelay, del Grupo Socialista del
Congreso, y Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
Proyecto de ley sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes
inmuebles de uso turístico y normas tributarias . . . (Página 10782)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Gómez
Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Centella
Gómez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Guardans i
Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Gómez
Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria (que
interviene de nuevo); Saenz Cosculluela, del Grupo Socialista del
Congreso, y la señora Barrios Curbelo, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Proyecto de ley de restitución o compensación a los partidos
políticos de bienes y derechos incautados en aplicación de la
normativa sobre responsabilidades políticas del período 1936-1939 . .
. (Página 10786)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; González de
Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Silva
Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió);
Santiso del Valle, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida; Fernández Marugán, del Grupo Socialista
del Congreso, y Del Burgo Tajadura, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
Por contradicciones intervienen de nuevo el señor Fernández Marugán y
Del Burgo Tajadura.
Se procede a las votaciones de las enmiendas del Senado al proyecto
de ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas y otras
normas tributarias, que son aprobadas.
Se procede a las votaciones de las enmiendas del Senado al proyecto
de ley del impuesto sobre la renta de no residentes y normas
tributarias, que son aprobadas.
Se procede a las votaciones de las enmiendas del Senado al proyecto
de ley sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes
inmuebles de uso turístico y normas tributarias, que son aprobadas.
Se procede a las votaciones de las enmiendas del Senado al proyecto
de ley de restitución o compensación a los partidos políticos de
bienes y derechos incautados en aplicación de la normativa sobre
responsabilidades políticas del período 1936-1939, que son aprobadas.
Se levanta la sesión a las dos y diez minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 1/1992, DE 21 DE
FEBRERO, SOBRE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA. (Número de
expediente 121/000129.)
- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL,
REGULADORA DE LAS BASES DEL RÉGIMEN LOCAL Y OTRAS MEDIDAS PARA EL
DESARROLLO DEL GOBIERNO LOCAL, EN MATERIA DE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE
VEHÍCULOS DE MOTOR Y SEGURIDAD VIAL Y EN MATERIA DE AGUAS. (Número de
expediente 121/000130.)
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 9/1983,
DE 15 DE JULIO, REGULADORA DEL DERECHO DE REUNIÓN. (Número de
expediente 121/000131.)
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 2/1979,
DE 3 DE OCTUBRE, DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. (Número de expediente
121/000133.)
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 8/1985,
DE 3 DE JULIO, REGULADORA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN. (Número de
expediente 121/000136.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, se
reanuda la sesión.
Apartado VI del orden del día: Debates de totalidad de iniciativas
legislativas. Como saben SS.SS., se ha tomado el acuerdo en la Junta
de Portavoces de proceder, tras la presentación del Gobierno de los
distintos proyecto de ley, al debate simultáneo de todas las
iniciativas, que son: proyecto de ley de modificación de la Ley
Orgánica 1, de 21 de febrero de 1992, sobre protección de la
seguridad ciudadana; proyecto de ley de modificación de la Ley 7, de
2 de abril de 1985, reguladora de las Bases de Régimen Local y otras
medidas para el desarrollo del gobierno local en materia de tráfico,
circulación de vehículos de motor y seguridad vial y en materia de
aguas. (Pausa.)
Señorías, les ruego que desconecten sus teléfonos móviles al entrar
en el hemiciclo. Creo que no es la primera vez que tenemos que
comentarlo.
Proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 9, de 15
de julio de 1983, reguladora del derecho de reunión; proyecto de ley
orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2, de 3 de octubre de
1979, del Tribunal Constitucional y proyecto de ley orgánica de
modificación de la Ley 8, de 3 de julio de 1985, reguladora del
derecho a la educación.
Para la presentación de todos estos proyectos, y en nombre del
Gobierno, tiene la palabra el señor ministro de Administraciones
Públicas.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Rajoy Brey): Señor
presidente, señoras y señores diputados, con su permiso, voy a
presentar de forma conjunta diversos proyectos de ley que versan
sobre asuntos muy diferentes pero que tienen todos ellos el mismo
objetivo: el desarrollo del Gobierno local. Este conjunto de
proyectos constituye el paquete normativo de mayor trascendencia para
las entidades locales desde la aprobación, hace ya 13 años, de la Ley
reguladora de las Bases del Régimen Local. Esta ley, que vino a
establecer el marco básico de referencia para la Administración local
tras la aprobación de la Constitución reconociendo a las entidades
locales un nivel de autonomía sin parangón en nuestra historia y
superior al reconocido en la mayoría de los países de nuestro
entorno, constituye el cimiento estable a través del cual se ha
venido consolidando el papel institucional de estas entidades, hasta
alcanzar el alto nivel de aceptación con que hoy día cuentan entre
nuestros ciudadanos.
La estabilidad de este marco jurídico, de la que no ha sido ajena la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional al reconocer en diciembre
de 1989 la constitucionalidad de prácticamente todos sus preceptos,
no ha impedido, antes al contrario, que la normativa básica estatal
fuera desarrollada por el legislador autonómico de tal forma que éste
pudiera establecer las diversidades que considerara convenientes al
concretar el modelo de la Administración local de su territorio. Se
conjugaba así la necesaria garantía de la autonomía local a través de
un conjunto de normas básicas comunes para todo el territorio con el
ejercicio por parte de las comunidades autónomas de sus competencias
en este ámbito, de tal forma que el régimen local español se ha
desarrollado de forma coherente y pacífica entre las distintas
instancias territoriales, de lo que es un claro ejemplo el nivel de
consenso y los escasos conflictos que en este campo se han planteado.
Sin embargo, la experiencia acumulada durante estos 13 años de
vigencia de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local aconseja
llevar a cabo determinadas adaptaciones en este marco general,
inducidas por dos hechos de indudable transcendencia para el mundo
local materializados durante estos años. Me refiero, por un lado, a
la aprobación y ratificación por España, el 20 de enero de 1988, de
la Carta europea de autonomía local, hecha en Estrasburgo el 15 de
octubre de 1985, fruto de un sentimiento generalizado de que la
defensa y el fortalecimiento de la autonomía local en los diferentes
países de Europa representan una contribución esencial en la
construcción de una Europa basada en los principios de democracia y
descentralización del poder. Precisamente la proyección de este
sentimiento implica la existencia de entidades locales dotadas de
órganos de decisión democráticamente constituidos que se benefician
de una amplia autonomía en cuanto a las competencias, a las
modalidades de su ejercicio y a los medios necesarios para el
cumplimiento de su misión. Ello obliga a un replanteamiento del papel
de las entidades locales en el contexto europeo basado en el
principio de que el ejercicio de las competencias públicas debe
incumbir preferentemente a las autoridades más cercanas a los
ciudadanos. Por otro lado, durante estos 13 años ha venido
desarrollándose en España el proceso descentralizador, concretándose
y consolidándose nuestro sistema autonómico con su específica
distribución del poder, a partir de la cual podía preverse una
adecuación de las competencias atribuidas a las entidades locales. Al
mismo tiempo, se producía una progresiva toma de conciencia de los
representantes de los gobiernos locales de nuestro país sobre el
papel institucional que como Administración más cercana al ciudadano
le correspondía a estas entidades, encauzándolo a través de una serie
de demandas plasmadas por primera vez en la asamblea extraordinaria
de la Federación Española de Municipios y Provincias celebrada a
finales de 1993 en la ciudad de A Coruña y posteriormente concretadas
en el documento Bases para el pacto local,
aprobado por su comisión ejecutiva en septiembre de 1996.
Pues bien, señoras y señores diputados, especialmente desde la
aprobación del citado documento, se asumió por el departamento que
dirijo el reto de llevar a la práctica los trabajos que fueran
precisos a fin de articular con absoluto respeto al marco de
distribución competencial entre el Estado y las comunidades
autónomas, contenido en el bloque de la constitucionalidad, aquellas
iniciativas necesarias para dar respuesta a las razonables peticiones
de las entidades locales. Junto a la necesidad de dar respuesta a los
hechos mencionados, atendiendo la demanda de mayores competencias
reclamadas y reforzando la autonomía local, se planteaba la
oportunidad de revisar el funcionamiento institucional del sistema,
contribuyendo con un decidido impulso al desarrollo del Gobierno
local. El principio sustentador de toda esta labor no ha sido otro
que el compromiso ineludible de conseguir el mayor grado de consenso
a la hora de diseñar estas medidas, dada su trascendencia en el
desarrollo del modelo territorial definido en nuestra Constitución,
consenso que se ha materializado no sólo a través de las intensas y
fructíferas negociaciones con la Federación Española de Municipios
y Provincias, como interlocutora necesaria al ser la asociación de
ámbito estatal con mayor implantación, sino a través de las
conversaciones que se han mantenido en el Ministerio con los grupos
políticos con representación parlamentaria, como ustedes conocen.
Fruto de todo ello son, en gran parte, las iniciativas legislativas
que van a debatirse y que contienen una amplia relación de medidas
que afectan a materias cuya competencia está atribuida por el bloque
de constitucionalidad a la Administración del Estado. El objetivo
último es dar precisamente un impulso al ámbito de acción de los
gobiernos locales, contribuyendo al fortalecimiento de la
organización territorial del Estado y dotando de nuevos mecanismos a
las corporaciones locales para que potencien su capacidad de ordenar
y gestionar una parte importante de los asuntos públicos bajo su
propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes.
Por otra parte, no quiero dejar de informar a SS.SS. que estas
iniciativas se han complementado con tres tipos de actuaciones no
menos relevantes. La primera de ellas fue la oferta realizada en su
momento a las fuerzas políticas para lograr un acuerdo sobre un
código de conducta política en relación con el transfuguismo en las
corporaciones locales, que culminó con la firma, el 7 de julio de
1998, del documento en cuestión por todos los partidos políticos con
representación parlamentaria. La segunda se materializó con la
aprobación por el Gobierno, el 17 de julio de 1998, de un conjunto de
medidas de carácter administrativo para dar respuesta a demandas de
los entes locales integrados en el ámbito competencial del Estado que
no necesitaban de una regulación con rango de ley. Y la tercera y más
reciente han sido los acuerdos suscritos con la Federación Española
de Municipios y Provincias sobre
medidas a adoptar en relación con la financiación de las
corporaciones locales durante el quinquenio 1999- 2003, así como
sobre las modificaciones a introducir en el resto de la normativa
contenida en la Ley reguladora de las Haciendas Locales, acuerdos
que, sin duda, completan desde el punto de vista financiero todo el
proceso de negociación del que estamos hablando. Queda con ello
cumplido el reto que nos propusimos, articulando, desde las
posibilidades que permite el ámbito de las competencias del Estado,
el desarrollo del Gobierno local. Si a todo lo anterior añadimos el
futuro traslado por parte de las fuerzas políticas a las
instituciones autonómicas en las que ostentan representación
parlamentaria o ejerzan responsabilidad de gobierno de las demandas
que forman parte del ámbito competencial de las comunidades
autónomas, podrá convenirse en que se está dando una razonable
respuesta a la demanda de las entidades locales, dentro de un clima
de general consenso.
Como ya he señalado, las peticiones de los entes locales se contienen
en el documento aprobado por la comisión ejecutiva de la FEMP
denominado Bases para el desarrollo del Gobierno local. Este
documento fue objeto de un minucioso y complejo estudio técnico por
los servicios del Ministerio de Administraciones Públicas, a fin de
identificar, del conjunto variado de peticiones en él contenidas,
cuál era la Administración responsable en cada materia por ser la
titular de la competencia de acuerdo con el bloque de la
constitucionalidad. Esta tarea resultaba indispensable para que las
actuaciones emanadas de la Administración general del Estado fueran
respetuosas con la Constitución y los estatutos de autonomía y no
obtuvieran el rechazo de las comunidades autónomas, pues su concurso
en este desarrollo resulta imprescindible. Los resultados de esta
labor fueron recogidos en la propuesta del Gobierno, de 29 de julio
de 1997, que fue remitida a responsables de distintas fuerzas
políticas con representación parlamentaria.
Si se ponen en relación las peticiones de la FEMP, cuya validez
jurídica no ha sido cuestionada por ninguna de las instancias a las
que se han remitido, con las medidas de la Administración del Estado,
nos encontramos con los siguientes datos. En primer lugar, unas
medidas de las que solicita la FEMP corresponden al ámbito
competencial de las comunidades autónomas y otras corresponden al
ámbito competencial del Estado. De las medidas que corresponden al
ámbito competencial del Estado ya se han llevado a la práctica cinco
de ellas a través de las modificaciones legislativas oportunas que
SS.SS. ya conocen. Tres afectan al tráfico y circulación de vehículos
a motor; una, a la participación de los entes locales en los órganos
de gobierno de las autoridades portuarias y, otra, a la posibilidad
de delegación de la potestad sancionadora. Estas medidas suponen un
16 por ciento de las materias incluidas en las peticiones de la FEMP
que son competencia del Estado. Otras se incluyen en las iniciativas
legislativas que se presentan y en el acuerdo del Gobierno antes
señalado. Como ya he dicho, en estas medidas se haconseguido un alto
nivel de consenso entre las fuerzas políticas que me gustaría que se
pudiera incrementar a lo largo de la negociación parlamentaria y, por
supuesto, con las propias entidades locales. Podrán ser consideradas
por algunos como insuficientes, pero su contenido y necesidad creo
que nadie los pone en cuestión. Quisiera destacar, del conjunto de
todas ellas, las que tienen mayor trascendencia política y
administrativa para los entes locales.
En primer lugar, se encuentran una serie de previsiones normativas
encaminadas fundamentalmente al fortalecimiento del Gobierno local y
que se contienen en la modificación que se propone de la actual Ley
reguladora de las Bases del Régimen Local. Este fortalecimiento del
Gobierno local se lleva a cabo a través de varias líneas de
actuación. La primera consiste en la introducción de una mayor
racionalización en el funcionamiento de las corporaciones locales a
través de la atribución al alcalde o presidente de funciones de
carácter meramente ejecutivo y que en la actualidad están atribuidas
al pleno, lo que fuerza a este último a dedicar gran parte de su
actuación a tareas de mera gestión para las que no está concebido,
como órgano deliberante y colegiado que es, restando además eficacia
y agilidad al cumplimiento de las mismas, como sucede, por ejemplo,
con la gestión del personal, la gestión presupuestaria o la
contratación, especialmente en los municipios de mayor población. Por
el contrario, resulta más lógico que el pleno establezca el marco
general al que deben adecuarse estas funciones de ejecución mediante
la aprobación de los instrumentos oportunos, como el presupuesto o la
plantilla de personal de la corporación; no tiene mucho sentido que
el pleno se dedique a debatir y decidir sobre las gratificaciones
concretas de cada funcionario o su complemento de productividad si ya
figuran en el presupuesto de la corporación que éste aprueba los
límites dentro de los cuales deben enmarcarse las partidas que pueden
destinarse a estos conceptos retributivos. Esta modificación
resultará de gran relevancia si pretendemos dotar a nuestras
entidades de unos mecanismos ágiles de funcionamiento que les
permitan llevar a cabo las nuevas competencias, que, como
administraciones más cercanas a los ciudadanos, están llamadas a
desempeñar, pues no olvidemos que de la eficacia en resolver las
demandas de sus vecinos dependerá la valoración que de ellas se
tenga.
La segunda línea de actuación es la lógica contrapartida de este
traspaso de competencias ejecutivas al alcalde, pues se fortalecen
las funciones de control político del pleno, faceta ésta a la que
realmente debe encaminar su función a través de una mayor frecuencia
de los plenos ordinarios y la exigencia de que la parte del orden del
día de los plenos destinados al control político del Ejecutivo tenga
sustantividad propia y diferenciada de la parte resolutiva y no se
diluya en el apartado de ruegos y preguntas, al final de la sesión,
la mayoría de las veces sin tiempo material
para el debate correspondiente. Asimismo, se adoptan una serie de
medidas en la línea a la que acabo de hacer referencia, como la
convocatoria automática de los plenos extraordinarios cuando el
alcalde se niegue a efectuarlo, la previsión de que las comisiones
informativas de control sean obligatorias en los municipios que
tengan más de determinado número de habitantes y, en general, otra
serie de medidas que contribuyen a la potenciación del papel político
de control por parte del pleno. Como tercera línea de actuación, debe
destacarse la inclusión expresa en la Ley de bases de que los
miembros de las corporaciones actúen a través de los grupos políticos
y, por último, otras medidas como el establecimiento de una mayor
agilidad en el procedimiento de aprobación de ordenanzas o el
reconocimiento expreso de la posibilidad de que las administraciones
públicas puedan suscribir convenios con las asociaciones de entidades
locales, que sin duda servirán para mejorar la eficacia municipal en
la prestación de servicios a sus vecinos.
El segundo conjunto de medidas legislativas va encaminado al
fortalecimiento de la democracia local y se contiene en las
modificaciones propuestas en la Ley Orgánica de Régimen Electoral
General. Estas modificaciones pretenden erradicar del mundo local
conductas que, aunque aisladas, tienen una negativa trascendencia
social, fundamentalmente a través de los medios de comunicación,
poniendo en tela de juicio, a causa de unos pocos, el trabajo
cotidiano y de fortalecimiento de la democracia local de la gran
mayoría de los representantes políticos de las más de 16.000
entidades locales de todo tipo existentes en España. Para la
consecución de este objetivo cabe destacar la introducción del
automatismo en la convocatoria de los plenos en los que debe
discutirse la moción de censura, a fin de contrarrestar la actitud de
algunos alcaldes que no proceden a convocar el pleno en que ésta debe
debatirse, acudiendo a diversas argucias legales, en el mejor de los
casos, o al boicoteo activo de dicha convocatoria. También debe
destacarse la introducción de la cuestión de confianza por primera
vez en el mundo local, ligada a la aprobación de determinados
acuerdos de trascendencia para la corporación, como son la aprobación
de los presupuestos, el reglamento orgánico, el planeamiento
urbanístico, las ordenanzas fiscales, precisamente para evitar
situaciones de bloqueo político que desembocan con demasiada
asiduidad en situaciones anómalas, contrarias a lo que debe ser el
normal desenvolvimiento de la actuación corporativa. Es el caso, por
ejemplo, de ayuntamientos que se ven obligados a prorrogar
sistemáticamente los presupuestos de años anteriores -con la
disfuncionalidad que tal situación lleva aparejada- por no obtenerse
el voto necesario para su aprobación y sin que, por otra parte, se
presente por la oposición una moción de censura que permita superar
tal situación de bloqueo. Estas posiciones contemplan desde una
óptica jurídica el acuerdo sobre un código de conducta política en
relación con el transfuguismo, al que ya antes he hecho referencia.
El tercer conjunto de medidas se dirige fundamentalmente a la defensa
de la autonomía local, y su principal exponente se contiene en la
modificación que se propone de la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional. Se articula por primera vez en nuestro ordenamiento
jurídico un acceso directo de los entes locales al Tribunal
Constitucional en defensa de la autonomía que la Constitución le
reconoce expresamente a través de la modificación de la Ley Orgánica
reguladora de dicho Tribunal, introduciendo en la misma un
procedimiento específico denominado conflicto en defensa de la
autonomía local contra las normas básicas del Estado con rango de ley
o las disposiciones con rango de ley de las comunidades autónomas que
lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada. Este
acceso directo al Tribunal Constitucional, que creo que es una
novedad ciertamente importante, va a permitir a las entidades locales
dejar de depender de terceras instancias para defender su autonomía,
lo que no dejaba de constituir un trato discriminatorio para
municipios y provincias, cuando lo cierto es que el artículo 137 de
la Constitución no diferencia entre administraciones a la hora de
reconocer este derecho.
Junto a esta trascendental medida se introducen también en la Ley
reguladora de las Bases del Régimen Local distintas modificaciones en
el sistema de recursos en el ámbito local, a fin de dotar de una
mayor seguridad jurídica a las corporaciones locales en su relación
con las restantes administraciones públicas. Merece destacarse
especialmente en este capítulo la reintroducción del recurso de
reposición en la Ley de régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común, recogido también
en la Ley de Bases de Régimen Local, cuya supresión había ocasionado
en el mundo local una gran disfuncionalidad. En efecto, puesto que la
mayoría de los acuerdos de las corporaciones locales agotan la vía
administrativa, al ciudadano no le queda más opción que acudir a la
jurisdicción contenciosa, con los inconvenientes de coste y tiempo
que esto implica. La reintroducción de este recurso permitirá a los
vecinos recurrir ante el ayuntamiento los acuerdos que les afecten y
a éste último reconsiderar sus actos por una vía más rápida y
económica que la existente en la actualidad.
Por último, debe destacarse en este apartado el reconocimiento de la
representación local en organismos de asesoramiento y planificación
del Estado, como son el Consejo Escolar del Estado o el Consejo
Nacional del Agua, contenidos respectivamente en la modificación
propuesta de la Ley Orgánica reguladora del derecho a la educación y
de la Ley de Aguas o en su participación en procesos que afecten
directamente a su ámbito de interés, permitiendo al menos que puedan
manifestar su opinión en los mismos, como aparece en el ejercicio del
derecho de manifestación, los usos de dominio público o en la
elaboración de planes y programas de obras públicas de interés
general. Superamos así situaciones discriminatorias para los entes
locales en relación con otras administraciones públicas o colectivos
sociales. Piénsese, por ejemplo, en la modificación que se propone de
la Ley Orgánica reguladora del derecho de reunión, que obedece a algo
tan razonable como es que los ayuntamientos afectados por el
ejercicio de los derechos de reunión en lugares de tránsito público o
de manifestación sean oídos a fin de que puedan manifestar su opinión
sobre las diversas circunstancias del recorrido propuesto, dejando
así de ser los convidados de piedra en un procedimiento cuyo
resultado les afecta directamente. El informe municipal se
circunscribe en estos casos a las circunstancias relacionadas con el
recorrido propuesto, sin que suponga la más mínima alteración en el
ejercicio de estos derechos por los ciudadanos. Antes al contrario,
el informe municipal se dirige precisamente a facilitar este
ejercicio, al ser quien mejor conoce, por ejemplo, el estado de
seguridad de las vías o lugares públicos afectados. Y es que, señoras
y señores diputados, debemos recordar que la Carta europea de
autonomía local, al especificar el alcance de dicha autonomía, señala
que las entidades locales deben ser consultadas a su debido tiempo y
en la forma apropiada a lo largo de los procesos de planificación
y decisión para todas las cuestiones que les afecten directamente,
participación que constituye el núcleo de la garantía institucional
de la autonomía local, tal como ha sido definida por el Tribunal
Constitucional.
Por último, no quisiera terminar sin hacer una breve mención a
diversas medidas de carácter más técnico que político, pero que
también son de gran trascendencia en el mundo local y que se
concretan fundamentalmente en modificaciones legales puntuales, como
son la definición de vehículo abandonado para poder proceder a su
retirada por los ayuntamientos, contenida en la modificación que se
propone de la Ley sobre tráfico y circulación de vehículos a motor y
seguridad vial, o la posibilidad de que las ordenanzas municipales
puedan especificar los tipos sancionadores previamente establecidos
por la ley, y que figuran como competencia del alcalde en materia de
seguridad ciudadana, a través de la reforma propuesta de la Ley
Orgánica sobre protección de la seguridad ciudadana. Aunque se trata
de temas muy concretos y limitados, no por ello dejan de formar parte
de reivindicaciones tradicionales de las entidades locales, por la
trascendencia que para ellas tienen este tipo de medidas, que vienen
a cerrar el modelo de desarrollo del Gobierno local que se propone en
las materias competencia del Estado.
Señoras y señores diputados, creo que merece la pena el esfuerzo que
todos hemos llevado a cabo y que en el futuro seguirá realizándose
entre las fuerzas políticas para dar contestación a las demandas de
las entidades locales, especialmente en lo que se refiere al ámbito
autonómico. Esperemos que los proyectos que se presentan a debate
parlamentario puedan ser mejorados en el trámite de enmiendas y
cuenten con el apoyo de los distintos grupos, pues no me cabe duda de
que todos compartimos el deseo de dotar a las entidades locales
españolas de los elementos necesarios
para poder desempeñar las nuevas funciones que están llamadas a
practicar en el futuro como administración más cercana a los
ciudadanos, afianzando de esta manera la tradicional labor de
vertebración territorial, social y democrática que con resultados tan
positivos han venido desempeñando en España en beneficio de todos los
ciudadanos.
Muchas gracias por su atención. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
A todos estos proyectos han sido presentadas enmiendas de totalidad
por el Grupo Parlamentario Mixto (el señor Rodríguez Sánchez), así
como por el Grupo de Izquierda Unida al número 42 del orden del día.
Por tanto, en primer lugar, para la presentación de todas las
enmiendas a la totalidad, de forma conjunta, tiene la palabra el
señor Rodríguez Sánchez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Señoras diputadas, señores diputados,
excepción hecha de la Ley del Régimen Electoral, presentamos enmienda
de devolución al Gobierno del resto de las iniciativas legislativas
que van destinadas, según palabras del señor ministro, al desarrollo
del régimen local. ¿Cuál es la razón de ello? Empezaremos por decir,
en nombre del Bloque Nacionalista Galego, que como fuerza política
tenemos una profunda discrepancia con la manera de enfrentar el
desarrollo del régimen local porque pensamos que no va a repercutir
en aspectos que para nosotros son fundamentales, cuales son la
democratización de las instituciones, la participación ciudadana y,
en último término, el mejor funcionamiento de los entes locales. Por
supuesto, nuestra posición no es de una negatividad ideologista,
abstracta, sino que está asentada también en la convicción de que
debemos colaborar en mejorar estos proyectos de ley con la
presentación de enmiendas parciales, como hemos hecho. Empezaremos
por la primera, que para nosotros tiene más calado político, que es
la modificación de la Ley 2/1979, del Tribunal Constitucional.
En la exposición de motivos, la modificación del Gobierno se presenta
en función de avalar el respeto por la autonomía local frente a
leyes, normas básicas del Estado y todo tipo de disposiciones legales
de las comunidades autónomas. Además, se sitúa al Tribunal
Constitucional como garantía de tal autonomía. Lógicamente, estas
modificaciones afectan directa o indirectamente a lo previsto en el
artículo 161.1 de la Constitución española y, cómo no, a la ley
orgánica que ahora es modificada, que pasaría a tener un apartado
dentro del capítulo IV del título IV, de conflictos en defensa de la
autonomía local. Es curioso que la modificación del Gobierno pondera
a las entidades que pueden ser sujeto de recurso ante el Tribunal
Constitucional, limitando así el ámbito de los sujetos legitimados en
cuanto a su representatividad. ¿Cuáles son los reparos que el Bloque
Nacionalista Galego tiene respecto de estas modificaciones? En primer
lugar, uno que podría calificarse
de exclusivamente táctico pero importante, y es que el Tribunal
Constitucional va a tener que dedicar tiempo a la resolución de
recursos que van a incidir en el aumento del tiempo en la resolución
de los recursos que se presenten, lo cual ya es una característica
gravísima del funcionamiento del Tribunal Constitucional. Pero lo más
grave es que con esta posibilidad se van a dificultar gravemente las
actividades de las comunidades autónomas, o de algunas comunidades
autónomas, creando inseguridad jurídica y dejando exclusivamente en
manos de los grandes municipios esta posibilidad, como se puede
comprobar en el artículo 75.ter de la modificación que se presenta.
Es llamativo que la autonomía local se pueda presentar solamente ante
leyes básicas del Estado, no ante todas las leyes del Estado, y sin
embargo sí frente a todas las leyes de la comunidad autónoma. El
informe del Consejo de Estado dejó claro que posiblemente habría
cierta inconstitucionalidad en la ley, porque no se trata en este
caso de dirimir un conflicto de competencias, sino de un subterfugio
que conduce a ser, no apareciendo como tal, un recurso de
anticonstitucionalidad. Así se puede ver que en el artículo 75
quinque, en el parágrafo sexto, se evidencia que el propio Tribunal
Constitucional va a tener que dirimir posteriormente la posibilidad
de muchas leyes en cuanto a su constitucionalidad o
inconstitucionalidad. De querer hacerse esto, debería haberse optado
claramente por la reforma de la Constitución en los artículos 161 y
162 y aceptar plenamente a las entidades locales como sujetos tasados
que pueden participar abiertamente en los recursos de
inconstitucionalidad. Por lo demás, nosotros preferiríamos la
situación política que deja a los entes locales vigilar, en los actos
de ejecución y en el desarrollo de la norma, las leyes que se puedan
cuestionar.
Por tanto, no estamos ante una clarificación competencial sino ante
un recurso de anticonstitucionalidad encubierta. Nosotros, como
fuerza nacionalista, pensamos que esta va a ser un arma que va a
ayudar a desvertebrar territorialmente algunas comunidades autónomas
a través de litigios municipales que consolidan, de una manera que
nosotros no consideramos de recibo ni acertada, la circunscripción
provincial y, en definitiva, que se va a posibilitar que algunos
municipios grandes intenten puentear a las comunidades autónomas y
establecer una relación directa más clara entre el Estado y esa
especie de pequeño Estado-ciudad, algo a lo cual algunos gallegos
estamos ya acostumbrados, pues hemos oído este tipo de discursos de
boca de algún alcalde insigne de una gran ciudad.
La segunda oposición es, por importancia política, a la modificación
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local y otras medidas para el desarrollo del gobierno local, en
materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial
y en materia de aguas, si bien en estos últimos casos nuestra
oposición es de matiz. La primera, la Ley de Bases, que se presenta
para establecer la delimitación básica de la autonomía local con
atribución de competencias
a los municipios, conforme a un principio de subsidiariedad,
y según dijo ya el señor ministro siguiendo criterios de la
Federación Española de Municipios y Provincias, en el fondo hace
concesiones que no aumentan competencias significativas, sino que dan
al alcalde competencias que antes tenía el pleno -cosa que no se
oculta, por lo demás-, y lo mismo se hace con la atribución de
competencias al presidente de las corporaciones provinciales frente a
sus respectivos plenos, lo cual vuelve a introducir no solamente la
existencia evidente, desde el punto de vista legal, de las
corporaciones provinciales, sino una mayor legitimidad
y reforzamiento de las mismas. En la exposición de motivos de la ley,
cuando se habla de modificar los artículos 20 a 23, 32 a 35 y el
46.2.a), se dice abiertamente que son competencias ejecutivas para el
alcalde, que antes tenía el pleno, o para el presidente de la
diputación, que antes tenía el pleno también. Por tanto, se sigue un
proceso que tiene sus antecedentes y que ahora se consuma, se
consolida y se formaliza. Primero fueron algunos reglamentos de
funcionamiento orgánico los que cercenaron las competencias del pleno
para las alcaldías; después algunas comunidades autónomas hicieron
leyes de Administración local, por ejemplo en el caso de Galicia, que
ya preveía y anunciaba esta Ley de Bases del Estado, y ahora el
Estado se dedica a formalizarla en una ley marco, en una ley de base.
Y todo ello argumentado en aras del mejor funcionamiento o del eficaz
funcionamiento de las corporaciones locales. Por tanto, señorías, se
opta por el presidencialismo. Nosotros vemos un estadio intermedio o
una cobertura para un futuro salto político, que es la elección de
alcalde por vía directa, cuestión en la que el Bloque Nacionalista
Galego discrepa profundamente pues no va a ser un esfuerzo para la
democratización y para la participación social, sino que va a
repercutir negativamente en la despolitización de la sociedad.
Además, el alcalde queda blindado, aunque no cuente con mayoría en la
corporación, con estas competencias que se le van a atribuir, y en el
binomio democratización-gobernabilidad se opta descaradamente por la
segunda cuestión.
Los ejemplos podrían ser muchos, pero yo sólo voy a enumerar unos
cuantos. El artículo 21.1.f), que concede al alcalde competencias
desmesuradas en operaciones de créditos y fiscalización del pleno; el
21.1 g), que habla de la contratación y selección del personal, que
sin duda va a conducir a mayor amiguismo y fidelidad política, igual
que en la distribución complementaria, las célebres bufandas; el
21.1.4, que habla de la disciplina del personal y de las sanciones y
la rescisión de contratos laborales; el 21.1.k), que habla de la
iniciativa de acciones judiciales y administrativas; el 21.1.ñ), o) y
p), en la contratación y aprobación de proyectos y adquisición de
bienes; el 21.1.q), que habla de otorgamiento de licencias. Este
abanico competencial que se pasa desmesuradamente a la presidencia de
las corporaciones se hace exactamente igual con el presidentede las
diputaciones en los artículos 33, 34 y
35.2.d). Por tanto, para nosotros son mejores los artículos de la
actual Ley de Bases, que podrían ser modificados parcialmente para
mejorarlos pero no por este camino. En lo demás estamos prácticamente
de acuerdo, aunque es significativo y llama la atención que no se
haya regulado para mejor el artículo 77, sobre derechos de los
concejales y concejalas y diputados y diputadas a la obtención de
información, que se está convirtiendo en un auténtico calvario en
muchas corporaciones locales y provinciales. Por tanto, señorías,
pensamos que no hay aumento objetivo de competencias de las entidades
locales sino, en todo caso, del poder ejecutivo de los alcaldes y de
los presidentes de las corporaciones.
Lo que se hace en relación con la ley del tráfico y la de aguas es
aceptable en términos generales, pero a nosotros como fuerza
nacionalista nos preocupan dos cuestiones. La primera es la
insistencia continua en la presencia de asociaciones de ámbito
estatal en cuanto a las corporaciones o asociaciones profesionales y
que nunca se hable de asociaciones de ámbito de la comunidad
autónoma; también el reforzamiento de la presencia de las provincias
en el Consejo Nacional del Agua. Si están representadas las
comunidades autónomas es duplicar una representación que va a ser una
auténtica faramalla, una auténtica selva de representaciones que van
a acabar actuando incluso contradictoriamente, con lo cual aumentará
muchísimo la burocracia pero no la clarificación de los intereses
colectivos, que deben mirarse siempre desde el punto de vista del
conjunto, y el conjunto es la comunidad autónoma y no la provincia o
la corporación provincial.
Voy terminando, señor presidente. El resto de las modificaciones a
las leyes orgánicas de derecho de reunión, de protección de la
seguridad ciudadana y de educación, nos parecen menos graves aunque
habría que matizar algunas cosas importantes. Es mínima la
participación que se da en estas materias a las corporaciones
locales, pero es cierto que se aumenta un catálogo de infracciones en
la seguridad ciudadana que va a llevar a una cierta discrecionalidad
del poder gubernativo en caso de la autorización de reuniones y
manifestaciones, o bien se van a utilizar normas inferiores para
tipificar conductas, lo cual sin duda va a repercutir también en la
discrecionalidad de la acción de gobierno de la autoridad local.
Respecto a la ley de educación, señorías, si se va a dar
participación a las corporaciones locales en la creación,
construcción y mantenimiento de todo tipo de centros públicos, que se
sepa que se está aumentando la responsabilidad de las corporaciones
locales en la creación, construcción y mantenimiento de todo tipo de
centros, no sólo en los centros de primaria. Esto plantea un problema
-si se quiere ser eficaz- de recursos, de dinero y también de
participación en la planificación educativa, que debería aclararse.
En todo caso, esto puede dar pie a un debate. Vuelvo a repetir que
estas tres últimas tienen una importancia menor y no pensamos que
constituyan el eje central de nuestro debate, que es la Ley del Tribunal
Constitucional y la Ley de Bases de las corporaciones locales.
Señorías, es posible que todo esto se pueda mejorar en los trámites
posteriores, pero para nosotros la cuestión central, que es esa
competencia gravísima que se atribuye a los alcaldes, es optar por la
gobernabilidad, la supuesta eficacia, que no va a ser así a la hora
de la práctica, y en definitiva cercenar las bases fundamentales que
es la participación ciudadana y el control democrático.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rodríguez Sánchez.
Para la presentación de la enmienda del Grupo de Izquierda Unida al
punto 42 y para la fijación de posición con respecto a las
presentadas por el señor Rodríguez Sánchez, tiene la palabra el señor
Fernández.
El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida ha presentado una
enmienda de totalidad de devolución al proyecto de ley de
modificación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre
protección de la seguridad ciudadana, por cuanto que pese a la
pretendida limitación invocada con referencia a la Ley 30/1992, la
existencia de la letra j) del artículo 26 de esta ley dota de una
injustificable discrecionalidad a los alcaldes para tipificar
conductas sancionables con normas de rango inferior. Esta
modificación puede establecer una clara inseguridad jurídica por el
hecho de que las tipificaciones varíen de un ayuntamiento a otro,
dependiendo de que exista una ordenanza u otra. Por otro lado, el
marco legal actual es suficiente para el logro de los objetivos que
pretende el proyecto, como se pone de manifiesto a título de ejemplo
en las ordenanzas aprobadas recientemente por el Ayuntamiento de
Madrid, donde se manifiestan claramente los riesgos de proporcionar a
una norma inferior el poder omnímodo de tipificación de conductas,
con el consiguiente perjuicio para los derechos y libertades
públicas.
Señorías, hoy debatimos cinco proyectos de leyes sobre medidas
legislativas propuestas por el Gobierno para el desarrollo de los
gobiernos locales, pero como el tiempo no va a ser excesivo voy a
referirme sólo a alguno de ellos. Para el Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida se trata únicamente de una serie de iniciativas
legislativas que abordan parte de las demandas de los ayuntamientos.
Efectivamente, las medidas contenidas en este paquete de proyectos de
leyes contemplan parte de las peticiones hechas por la Federación
Española de Municipios y Provincias, como así consta en los debates
que se han producido en el seno de la FEMP. Nuestro grupo
parlamentario no considera que los proyectos de ley que son objeto de
debate en este Pleno sean la respuesta acorde con el alcance y
dimensión que desde el municipalismo español se havenido dando al
denominado pacto local. Esta expresión
ha venido consolidándose a partir de 1993 como consecuencia de la
asamblea extraordinaria de la Federación Española de Municipios, en
la que se crea una gran expectativa en torno al pacto local, pero el
conjunto de propuestas que nos plantean ahora no llegan a cubrir esta
expectativa. Reducir, tal y como plantea el Gobierno, estas
expectativas a un catálogo de medidas parciales supone, a nuestro
juicio, una propuesta claramente insuficiente. Es preciso configurar
un compromiso global de las fuerzas políticas en favor de las
entidades locales a fin de situar su marco institucional en el nivel
que le corresponde. No podemos olvidar que ya han transcurrido 20
años de funcionamiento de los ayuntamientos democráticos y que estos
son pilares fundamentales y esenciales del Estado. Por eso desde
Izquierda Unida constatamos que los ayuntamientos, 20 años después de
la transición, continúan siendo los excluidos en el terreno
competencial y financiero, mientras se sigue reforzando el papel de
otras instituciones. Obsérvese, por ejemplo, que las administraciones
locales todavía al día de hoy solamente participan en los tributos
del Estado en un 13 por ciento, es decir, suponen un 13 por ciento
del gasto entre Estado y comunidades autónomas. No obstante,
consideramos que este paquete de medidas también tiene aspectos
positivos. Creemos que significan un pequeño avance con respecto a la
situación actual de los ayuntamientos y por este motivo el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida emitirá su voto en función
de la sintonía que tenga con cada uno de los proyectos.
No vamos a apoyar, por ejemplo, la modificación de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, aunque hay
aspectos que sí compartimos. Así, creemos interesante la posibilidad
de generalizar las comisiones informativas en todos los
ayuntamientos, práctica que ya viene siendo habitual en determinados
ayuntamientos, sobre todo en aquellos donde gobierna la izquierda.
Por otra parte, saludamos que la periodicidad de los plenos
municipales se regule. Anteriormente se celebraban cada tres meses y
en este momento pasan a ser dos. Es decir, que los ayuntamientos
tengan un pleno ordinario cada dos meses fijados por ley nos parece
que es una medida acertada, ya que posibilita que los asuntos de los
ciudadanos puedan ser solventados con mayor agilidad y rapidez.
También es interesante reintroducir el recurso de reposición, que por
cierto no se debería haber perdido nunca. Nosotros creemos que es muy
interesante que se pueda contar otra vez con esta norma, que los
ciudadanos puedan recurrir en su propio ayuntamiento y no tener que
ir a los juzgados, ya que pensamos que puede contribuir a agilizar la
enorme cantidad de recursos que tienen los juzgados pendientes de
resolver. Otro asunto que vemos asimismo con enorme interés es la
posibilidad de dotar económicamente a los grupos municipales. Hay que
recordar que en esta Cámara hay presentados dos proyectos de ley, uno
por el Grupo Socialista y otro por Izquierda Unida, para dotar
financieramente a los grupos municipales sin que se tenga
que recurrir a mecanismos poco ortodoxos. También nos parece positivo
que las licencias de otras administraciones no eliminen la necesidad
de obtener la correspondiente del ayuntamiento. Es un avance quizás
no todo lo significativo que nosotros quisiéramos -tiene alguna
limitación-, puesto que tal como está redactado este apartado no
respeta totalmente la voluntad del poder municipal. Nuestra posición
contraria a este proyecto ley la fijamos en dos cuestiones que nos
parecen esenciales. Una es la nueva distribución de competencias con
que se dota al alcalde, competencias que se quitan a los plenos
municipales para atribuírselas al alcalde. Nos parece que reforzar
hasta estos límites la figura de los alcaldes vacía bastante de
contenido el pleno municipal y también merma la figura de los
concejales. Quiero recordarles que en el futuro, si es que esta ley
se aprueba tal como está redactada, los alcaldes podrán aprobar
definitivamente todos los instrumentos de gestión urbanística, podrán
otorgar licencias, cosa que hasta ahora venían haciendo los plenos,
y podrán aprobar la oferta de empleo público. Esto último en los
ayuntamientos pequeños quizás no tenga demasiada importancia, pero en
ayuntamientos donde hay cientos de funcionarios y puede haber
muchísimas plazas de empleo público nos parece que puede llevar
a situaciones poco agradables. Los alcaldes pueden disponer de hasta un
10 por ciento de los recursos municipales; estamos hablando de
cantidades que pueden llegar hasta los 1.000 millones de pesetas de
libre disposición, sin contar con la aprobación de los plenos
municipales. Nos parece que estas nuevas atribuciones que se quieren
entregar a los alcaldes pueden contribuir a eliminar controles que
propicien situaciones que nos atrevemos a calificar de anómalas. No
compartimos tampoco la introducción de la cuestión de confianza en
los ayuntamientos. Entendemos que es una medida que puede complicar
la vida municipal. De hecho, la introducción de la cuestión de
confianza puede desestabilizar la vida política municipal. Recordemos
que los alcaldes pueden recurrir a esta vía incluso hasta dos veces
por legislatura. También creemos que es altamente negativa la reforma
del plazo del procedimiento de impugnación y suspensión de los actos
de las entidades locales por parte del Estado y de las comunidades
autónomas. Se están reduciendo los plazos para que las entidades
locales puedan remitir información cuando es requerida tanto por
comunidades como por delegados del Gobierno. Creemos que esta
situación hace que los ayuntamientos sigan estando tutelados tanto
por comunidades como por delegados del Gobierno, es decir, que no
puedan tomar sus acuerdos sin que puedan ser suspendidos o
recurridos. Por tanto, es una medida poco o nada positiva. Hubiésemos
estado de acuerdo con la modificación de la ley sobre tráfico y
circulación de vehículos a motor, en el caso de que hubiese venido
separada del conjunto, así como también con la reforma de la ley de
aguas. En cuanto a la reforma de la ley orgánica reguladora del
derecho a la educación, nos parece perfecto que las entidades locales
participen en el Consejo Escolar del Estado; es muy interesante que
los ayuntamientos puedan estar en un órgano de esta trascendencia y
que puedan participar del mismo. También estamos de acuerdo con la
reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, que
posibilita que los municipios y provincias puedan plantear conflicto
al Tribunal Constitucional, mediante un nuevo procedimiento, en
defensa de la autonomía local. Nos parece enormemente positivo que
los ayuntamientos puedan recurrir al Tribunal Constitucional, es
decir, equiparar a los ayuntamientos a cualquier otro organismo del
Estado. Hay que recordar que cualquier ciudadano puede recurrir al
Tribunal Constitucional y que hasta este momento este derecho estaba
vetado a los ayuntamientos.
En consecuencia, señorías, vemos aspectos positivos en este paquete
de medidas legislativas que trae el Gobierno a esta Cámara, pero como
he manifestado hay cuestiones que no compartimos. Por eso votaremos
de forma distinta según compartamos o no estos proyectos de ley.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Fernández. ¿Algún grupo parlamentario desea utilizar un turno
en contra de las enmiendas? (Pausa.) En nombre del Grupo
Parlamentario Popular tiene la palabra el señor López-Medel.
El señor LÓPEZ-MEDEL BASCONES: Señor presidente, señorías, se puede
presentar una o varias enmiendas de totalidad a diversos proyectos
por múltiples razones. No obstante, la razón fundamental por la cual
el Bloque Gallego ha presentado estas enmiendas a la totalidad es
porque no han comprendido bien el sentido de estas reformas legales.
Yo desde luego no tengo ningún inconveniente en explicárselas y en
aclararles los conceptos legales, por supuesto, porque los suyos
tendrán ustedes que aclarárselos a sí mismos.
Muy recientemente, hace poco más de un mes, el 13 de octubre, se
celebró en el Parlamento de Galicia el debate sobre el estado de la
Autonomía. Precisamente el presidente Fraga dedicó una parte extensa
de su intervención a sentar las bases del pacto local autonómico. Sin
embargo, me costó mucho encontrar en el «Diario de Sesiones» apenas
tres líneas de las referencias que su portavoz hizo sobre esta
materia. Por ello, da la sensación de que han querido traer aquí el
debate que no se planteó en el Parlamento de Galicia. Quiero recordar
también que dicho Parlamento aprobó en julio del año pasado la Ley de
Administración Local en desarrollo de su estatuto de autonomía, con
la finalidad de potenciar estas entidades. Sin embargo, ustedes se
oponían a ese debate afirmando que con ello no se fortalecían las
entidades locales y que era una oportunidad perdida. Ahora que a
nivel estatal se potencian las entidades locales y se les da mayor
responsabilidad y capacidad de decisión en determinados asuntos,
ustedes
se oponen alegando que ello va contra las comunidades autónomas.
En algunos casos defienden a las entidades locales -y de ahí sus
contradicciones, como les iré explicando- y en otros a las
comunidades autónomas, cuando de verdad absolutamente nadie en estos
proyectos de ley realiza ningún ataque a las mismas.
Antes de hacer nuevas lecturas de la Constitución -que me parece muy
bien-, hay que hacer simplemente una lectura de la misma. Es
indudable que la Constitución configura la organización territorial
del Estado en comunidades autónomas, pero también en municipios y
provincias, añadiendo que todas estas entidades gozan de autonomía
para la gestión de sus respectivos intereses. Asimismo, en la
Constitución se proclama el principio de descentralización, el cual
es predicable y exigible respecto a las comunidades autónomas, pero
también es exigible respecto a las entidades locales. Las entidades
locales en toda España son las organizaciones democráticas más
cercanas a los ciudadanos, y todas las medidas recogidas en esta ley,
algunas de las cuales sin duda serán mejorables mediante la
aceptación de enmiendas en los siguientes trámites, van en la idea de
fortalecer estas entidades, con el deseo de conseguir una mejor
eficacia en la gestión. Con esa finalidad de buscar una mejor
eficacia en la gestión de los asuntos que afectan a los vecinos, cada
uno de los órganos municipales debe dedicarse primordialmente a lo
suyo. El Gobierno municipal debe dedicarse a gobernar y el pleno,
como órgano político, debe dedicarse sobre todo a impulsar y a
controlar la acción de los órganos de gobierno. Precisamente en la
modificación de la Ley de bases -en la que se contiene también la
modificación de la Ley de Aguas, se atribuye mayor participación a
las entidades locales y se modifica la Ley de tráfico y seguridad
vial- se atiende a las demandas de los ciudadanos de conseguir una
gestión más eficaz y más transparente, todo ello en un sistema de
pesos y de contrapesos, en definitiva, en un sistema de equilibrios.
En ese sentido, es cierto que en determinados casos se robustecen las
funciones ejecutivas de los órganos unipersonales. Señorías, quisiera
que reflexionasen acerca de si cuestiones como la distribución del
complemento de productividad a los funcionarios, la propuesta de la
declaración de lesividad en aquellos asuntos que les corresponden o
el ejercicio de acciones judiciales en aquellas materias propias de
su competencia, son asuntos que deban ser tramitados, aprobados y
debatidos en el pleno. Al mismo tiempo, en esta línea de conseguir un
mayor equilibrio, se fortalecen las funciones de control de los
órganos colegiados, incluyéndose una serie de medidas que el señor
ministro ha expuesto y yo quisiera aquí recordar.
Se incrementa la periodicidad del número de las sesiones ordinarias y
se establece la previsión de que la parte destinada a control ha de
tener sustantividad propia para evitar que quede diluido entre otros
asuntos ordinarios. Se produce también la convocatoriaautomática por
ley -si no lo hiciera el alcalde- de los
plenos extraordinarios a instancia de una cuarta parte de los
concejales para evitar dilaciones también innecesarias; el
establecimiento de la obligatoriedad en determinados casos de
comisiones informativas, órganos plurales integrados por
representantes de todos los grupos municipales, robusteciéndose sus
funciones al encomendarse no sólo las de preparación de los asuntos
que tengan que ir al pleno, sino también el seguimiento de la acción
ejecutiva de los órganos de gobierno. A ello debe sumarse la mejora
de mecanismos de control político del alcalde mediante el
perfeccionamiento de la moción de censura, para evitar trampas que en
ocasiones se han utilizado, o el establecimiento por vez primera en
el derecho español de la cuestión de confianza en el ámbito local,
medidas éstas que se contienen en otra ley que también se modifica,
la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, la única que no ha
sido objeto de enmiendas a la totalidad en este conjunto de leyes.
Además del fortalecimiento del pleno como órgano de control político,
no debe olvidarse que como órgano plural sigue conservando en su seno
las principales cuestiones que afectan a la comunidad vecinal. Le
sigue correspondiendo al pleno la aprobación de los presupuestos, del
planeamiento general, de las plantillas, de las ordenanzas, etcétera.
Por ello les decía que tal vez no hubiesen entendido bien el sentido
de estas reformas legales, porque no es correcto afirmar que este
proyecto de ley se limita simplemente a reforzar la posición de los
órganos unipersonales.
También se enmienda a la totalidad el proyecto de ley orgánica de
reforma de la Ley del Tribunal Constitucional. En primer término,
ustedes afirman que tienen dudas sobre su constitucionalidad. Tengo
que decirles que pueden estar absolutamente tranquilos y que nada
tienen que temer. Si se leen sin prisa -repito, sin prisa- tanto el
proyecto de ley como el dictamen del Consejo de Estado, podrá
comprobarse cómo las observaciones que este realizó están
incorporadas al proyecto que remitió a esta Cámara el Ejecutivo.
Precisamente porque los demás procedimientos existentes no se
consideraban constitucionalmente adecuados para conseguir la
finalidad perseguida se ha diseñado, con plena conformidad del alto
órgano consultivo, un nuevo procedimiento denominado conflicto en
defensa de la autonomía local.
No obstante, más incomprensible es la afirmación que se hace en el
sentido de que con esta nueva ley se trata de restar poder a las
comunidades autónomas, así como de una supuesta pretensión de
puentearlas. Señorías, aquí no se trata de restar poder a nadie, sino
de que cada organización territorial ejerza el pleno respeto a las
competencias que tienen los demás, y así como todos queremos y
exigimos que el Estado sea plenamente respetuoso con los títulos
competenciales que los estatutos confieren a las comunidades
autónomas, creo que todos debemos ser igualmente exigentes para que
tanto el Estado como las comunidades autónomas sean respetuosos con
el principio de autonomía local
que la Constitución reconoce. El mecanismo que se instrumenta es
precisamente para fortalecer la garantía institucional que tienen los
ayuntamientos frente a cualquier injerencia, venga de donde venga, no
sólo respecto de las comunidades autónomas sino también de aquellas
que pudiera producir la Administración del Estado. Con ello se trata
de arbitrar un procedimiento por el cual las entidades locales
dependan de sí mismas, no de otras instancias, en la defensa de ese
principio constitucional. Por otro lado, malamente puede hablarse de
centralización cuando de lo que se trata es de todo lo contrario, de
profundizar en el principio de descentralización territorial,
impulsando a las entidades locales en la defensa de sus propios
intereses.
Respecto a la intención de puentear a las comunidades autónomas,
estableciendo relaciones directas entre el Estado y las entidades
locales, no entiendo de qué parte del proyecto sacan ustedes esta
conclusión, pero sólo quiero decirles, con palabras del Tribunal
Constitucional, que las entidades locales son entidades bifrontes,
que tienen relaciones-puente tanto con el Estado como con las
comunidades autónomas, sin que ninguna de ellas pueda impedir esto en
el ámbito propio de las competencias que les corresponden.
Igualmente se modifica, y ha sido objeto de enmienda a la totalidad,
la Ley Orgánica reguladora del derecho a la educación. Dado que las
referencias a este texto han sido breves, simplemente quiero decirles
lo siguiente. Nada tiene que ver, como se hace en el proyecto de ley,
asegurar la participación de los municipios en el Consejo Escolar del
Estado con una mayor heterogeneidad en la enseñanza pública, y
tampoco se acaba de entender qué relación puede haber entre las
objeciones que se plantean a este texto y el posibilitar que las
administraciones locales y las administraciones educativas
competentes puedan concertar y establecer entre ellas,
voluntariamente, lo que estimen oportuno en orden a todo lo que pueda
ser la construcción, la conservación o el mantenimiento de los
centros. Cuestión distinta es si se pretende negar a los
ayuntamientos que participen en el ejercicio de un derecho
fundamental. Consideramos que esta es una de las materias principales
en lo que se refiere al desarrollo y la configuración de la sociedad.
Por todo ello las entidades locales pueden, como digo, mediante esos
acuerdos y de una forma absolutamente respetuosa, sin negar ni un
ápice de competencia que pueda tener el Estado ni de las que tienen
las comunidades autónomas, llegar a acuerdos, porque nada de lo que
afecte al ejercicio de un derecho fundamental como es la educación
puede ser ajeno a ese tipo de intervención por parte de las entidades
locales. Esta es la razón por la cual se modifica la Ley Orgánica
reguladora del derecho de reunión. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
Anteriormente, se ha hecho referencia a la Carta europea de autonomía
local, elaborada en Estrasburgo y ratificada por España en el año
1988. En ese texto se ordena que las entidades locales sean
consultadas, en lo posible y en la forma apropiada, en los procesos
de
decisión de aquellas cuestiones que verdaderamente les afecten. Los
ayuntamientos no pueden ser ajenos a todo lo que sucede en las vías
públicas. Ello no puede suponer en modo alguno, y no quiero que lo
entiendan así, señorías, una limitación del ejercicio del derecho de
manifestación. Precisamente es lo contrario. Mediante un informe
sobre circunstancias objetivas -subrayo y repito, objetivas-, el
ayuntamiento podrá informar sobre las que pudieran concurrir.
Mediante ese informe, que no tiene ningún sentido vinculante ni nada
semejante, se trata de garantizar mejor el ejercicio del derecho
fundamental de manifestación.
Finalmente, respecto a la modificación de la Ley de seguridad
ciudadana, a la enmienda del Bloque Nacionalista Galego se suma la
presentada por Izquierda Unida. Sobre ello quiero hacerles unas
consideraciones. En primer lugar, quiero aclararles que el proyecto
de ley no autoriza al alcalde en modo alguno, como ustedes afirman,
a tipificar conductas sancionables, sino que son las ordenanzas, desde
luego aprobadas por el pleno, las que pueden especificar los tipos
que vienen establecidos por la ley. En su enmienda, invocan la Ley
del régimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común. Es cierto que ésta, en su
artículo 129, reserva a la ley la tipificación de las conductas
administrativas sancionables, pero tendrán que convenir que la misma
Ley de régimen jurídico permite que por vía reglamentaria puedan
introducirse especificaciones o graduaciones a las conductas
sancionables, siempre y cuando se cumplan dos cosas, que no
constituyan nuevas infracciones y, en segundo lugar, que no se altere
la naturaleza y los límites que la ley contempla. En este sentido, el
Tribunal Constitucional ha sido claro cuando, interpretando el
artículo 25 de la Constitución, afirma que la reserva de ley no
excluye la posibilidad de que se contengan remisiones concretas a
normas reglamentarias.
Además de la cobertura que da el intérprete garante de la
Constitución, quisiera decirles que si las conductas sancionables en
el ámbito local sólo pudieran ser determinadas por una norma con
rango legal y teniendo en cuenta que las ordenanzas no tienen ese
rango sino únicamente un valor reglamentario, como bien saben sus
señorías, ello conduciría al resultado de que en ningún caso los
ayuntamientos -y esa es la inseguridad jurídica que existe
actualmente- podrían sancionar en virtud de una ordenanza.
El señor PRESIDENTE: Señor López-Medel, vaya concluyendo, por favor.
El señor LÓPEZ-MEDEL BASCONES: Sí, señor presidente.
¿Qué sucedería si fuera necesaria o imprescindible una ley? En primer
lugar, las leyes, dictadas desde otra instancia, desde las Cortes
Generales o desde un Parlamento autonómico, como leyes que son,
pueden establecer unos tipos genéricos, pero no pueden realizar una
concreción de esos tipos. De lo que se trata aquí es de que, en
virtud de esa habilitación legal, los ayuntamientos
puedan -repito, sin innovar- concretar y especificar, que
es el término que se utiliza en la reforma. Lo que se está haciendo
en este proyecto de ley es desarrollar mejor la capacidad de decisión
de los ayuntamientos. Hay que tener en cuenta, además, que el tipo de
infracciones y el tipo de vida municipal son diferentes en los
distintos ayuntamientos; las conductas merecedoras de sanción no son
las mismas en un municipio grande que en uno pequeño, en uno urbano
que en uno rural, en un municipio de montaña que en uno costero. Cada
ayuntamiento -y es esta la solución no sólo de mayor seguridad
jurídica sino más respetuosa con la autonomía local-, dentro de los
tipos genéricos que establece la ley, puede concretar, a través del
órgano democrático, del órgano representativo y previa información
pública -como es indudablemente necesario-, qué tipo de conductas no
son merecedoras de sanción. Les decía que una ley aprobada por un
Parlamento difícilmente puede establecer la casuística tan variada
que puede concurrir en las necesidades que pueda tener la diversa
tipología de ayuntamientos que existe. Mediante este proyecto de ley
queremos hacer posible que pueda concretarse ese tipo de conductas
sancionables teniendo en cuenta la diversidad de municipios. Creo que
es una opción que responde mejor a la confianza que desde el Grupo
Parlamentario Popular se tiene en las entidades locales.
Aun cuando ustedes hayan presentado esta enmienda a la totalidad y
lógicamente la vayan a votar favorablemente, yo les invito a que en
trámites ulteriores reconsideren su postura porque, entre otras
cosas, quisiera recordarles que en el documento denominado Bases para
el pacto local, que aprobó la comisión ejecutiva de la FEMP el 24 de
septiembre de 1996 -documento que aprobó por unanimidad-, se
solicitaba al Gobierno de la nación que se atribuyesen competencias
a los ayuntamientos en materia de seguridad ciudadana para dictar
reglamentos en el ejercicio de dichas competencias, incluyendo la
potestad sancionadora con la correspondiente cobertura legal, dado
que las ordenanzas y bandos son contestados por la falta de respaldo
de ley.
El señor PRESIDENTE: Señor López-Medel, concluya.
El señor LÓPEZ-MEDEL BASCONES: Concluyo ya, señor presidente.
Este documento y esta solicitud concreta, como digo, fueron aprobados
unánimemente por todos los grupos, también por el representante de
Izquierda Unida. Por coherencia con ustedes mismos y porque además su
partido es profundamente municipalista, estoy seguro de que, no ahora
pero sí en trámites ulteriores, reconsiderarán su decisión en orden a
no oponerse a este texto, que va en la línea, como señalaba antes, de
facilitar una mayor autonomía y una mayor capacidad de decisión de
los ayuntamientos en los asuntos de su competencia y una mayor
eficacia para los ciudadanos.
Nada más, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor LópezMedel.
Si no hay otras intervenciones, pasaríamos al turno de fijación de
posición, que comenzaría por la del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria, que va a realizar el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Mi grupo suscribió, como otros de la Cámara, la pasada primavera el
pacto local. Como bien ha dicho el ministro de Administraciones
Públicas, señor Rajoy, en aquel marco las negociaciones se
desenvolvieron no solamente con las entidades agrupadas en la
Federación Española de Municipios y Provincias sino también con las
fuerzas políticas parlamentarias, entre ellas Coalición Canaria.
Nosotros prestamos nuestro apoyo a aquellas directrices,
fundamentalmente enmarcadas en lo que el ministro Rajoy ha señalado
con tres planteamientos, el primero de los cuales sería una norma de
conducta ética o de comportamiento de los partidos políticos en el
seno de las corporaciones locales, dirigida fundamentalmente a cortar
toda incentivación que pueda tener el fenómeno patológico político
del transfuguismo; esa consolidación de los grupos parlamentarios
políticos se ve reflejada aquí. En segundo lugar, está el bloque de
las medidas administrativas -que ya adoptó el Gobierno y que
Coalición Canaria ha apoyado- que no requerían rango de ley para ser
imperativas en la actuación de las distintas administraciones
públicas. Por último, queda todo el amplio campo de la Ley reguladora
de las haciendas locales, que venía ya desde el pacto local de la
Federación Española de Municipios y Provincias.
Nosotros, por vernos perfectamente reflejados en ese pacto local y en
las disposiciones de los cinco proyectos de ley que estamos
debatiendo aquí, vamos a votar en contra de las enmiendas de
totalidad que se han presentado y , por tanto, a favor de los
proyectos de ley que ha mandado el Gobierno en relación con los cinco
órdenes jurisdiccionales que estamos tratando.
Respecto a la modificación de la Ley Orgánica 1/1992, sobre
protección de la seguridad ciudadana, entendemos que el Ayuntamiento,
mediante la ordenanza municipal, debe tener la capacidad de fijar los
tipos de conductas sancionables en la convivencia ciudadana que hoy
día exigimos los ciudadanos a nuestros propios ayuntamientos. Para
eso era necesario que las ordenanzas municipales correspondientes
pudieran atender esta demanda, para establecer lo que se llamó
siempre la policía municipal o la policía de gobierno local, de forma
que los tipos recojan qué conductas se van a sancionar.
Por lo que se refiere al proyecto de ley de modificación de la Ley 7/
1985, reguladora de las bases de régimen local y otras medidas para
el desarrollo del Gobierno local, era necesario, después de doce años
de esta ley fundamental para nuestro ordenamiento local, que se
redefinieran las competencias de los alcaldes, del
pleno municipal e igualmente en el área de las diputaciones
provinciales. Creemos que se da un avance muy importante que
contribuye, por un lado, a la seguridad jurídica de la toma de
decisiones, tanto del alcalde presidente de la Corporación, como del
pleno de la misma -me estoy refiriendo solamente a las figuras
fundamentales que contempla la modificación que se hace de la Ley de
bases-, y que viene también a reforzar de alguna manera los
principios de autoridad jerárquica. En este sentido, por lo que he
escuchado aquí en la defensa de algunas enmiendas, quiero decir que
están sometidos al principio democrático constitucional. Yo no tengo
ninguna reserva democrática ni constitucional a que se refuercen las
competencias ejecutivas de los alcaldes y del pleno del Ayuntamiento
correspondiente, porque estamos viendo una serie de fenómenos que no
contribuyen, desde luego, a que la democracia quede de alguna manera
defendida, por la falta de un principio de autoridad, en
instituciones que tienen su origen electoral democrático; son
perfectamente democráticas porque están legitimadas en su origen.
El tercer proyecto -que apoyamos por supuesto- es el de la
modificación de la Ley reguladora del derecho de reunión, tal como
venía recogido en la Ley Orgánica 9/1983. Entendemos que la autoridad
gubernativa, si tiene que prohibir una manifestación, debe
comunicárselo al Ayuntamiento respectivo donde se vaya a ejercer la
escenificación callejera de tal derecho para que la Administración
local tenga el tiempo pertinente de ejercer el derecho de hacer
llegar a la autoridad gubernativa aquellas objeciones o
recomendaciones que permitan, vuelvo a decir, la buena armonía, el
buen gobierno y la convivencia de sus ciudadanos.
El cuarto proyecto, el de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, del
Tribunal Constitucional, entendemos que era necesario, porque en lo
que se venía haciendo en los conflictos de competencia se estaba
observando una verdadera falta de protección del principio de
autonomía y de autoridad municipal.
El señor PRESIDENTE: Señor Mardones, vaya concluyendo.
El señor MARDONES SEVILLA: Termino, señor presidente.
Si ya la Carta europea, firmada en Estrasburgo en 1985 y ratificada
por el Gobierno español en 1988, reconocía este derecho, nosotros
entendemos que dar entrada a ese derecho en los conflictos en defensa
de la autonomía local es un auténtico imperativo democrático
y constitucional. No se podía tener a los ayuntamientos sin poder
ejercer este derecho frente a leyes del Gobierno central o del
Gobierno autonómico que considerasen lesivas. Mi grupo se congratula
de que se reconozca este principio imperativo de poner la soberanía
local en su sitio constitucional.
Por último, con respecto al derecho a la educación, suscribo las
palabras que ha dicho el señor LópezMedel, en lo relativo a la
competencia del Ayuntamiento
a la hora de estar presente en las actuaciones en educación en el
ámbito municipal.
Por estas razones, señor presidente, votaremos en contra de las
enmiendas de totalidad presentadas, apoyando los proyectos que ha
remitido el Gobierno.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a su señoría.
Tiene ahora la palabra, en nombre del Grupo Nacionalista Vasco, la
señora Uría.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, debatimos hoy lo que nos ha sido presentado por el señor
ministro como medidas para la mejora del Gobierno local. No estamos,
por tanto, ante lo que se dio en llamar pacto local que en el año
1993 se ofreció desde el Gobierno socialista tras los pactos
autonómicos del año 1992, una vez hecho el intento de nivelar los
techos de todas las comunidades autónomas que accedían por la vía del
artículo 143. Aquel pacto ofrecido en el año 1993 tuvo siempre en
contra al partido al que represento porque pretendía una
redistribución competencial no respetando lo ya asumido por los
estatutos de autonomía de las distintas comunidades y sobre todo
porque también, y desde el ámbito vasco, pretendía una redistribución
competencial que tropezaba con nuestra propia distribución interna a
través de la Ley de Territorios Históricos, que consagra lo que el
estatuto considera núcleo de la foralidad, hoy denominado núcleo de
expansión. Para que se me entienda, pongo como ejemplo las
competencias en materia de bienestar social, que en nuestro caso no
son competencias propias de la comunidad autónoma, sino que son,
porque así lo ha querido la Ley de Territorios Históricos,
competencias propias de los territorios históricos. También
comprendía aquel pacto local la materia de financiación, respecto de
la cual las peculiaridades vascas son conocidas por la Cámara, y, por
tanto, no tuvieron en ningún momento la aceptación del grupo al que
represento.
A estas medidas que se nos ofrecen -medidas que no son, repito, un
pacto local global-, se han presentado enmiendas por el Bloque
Nacionalista Galego, basadas, unas, en una cierta idea del Gobierno
local, que podemos compartir, contraria al escaso margen que las
bases estatales dejan a los gobiernos locales para las posibilidades
de regulación. Otras se basan en el reforzamiento del poder
autonómico, idea que, por supuesto, también comparte el grupo al que
pertenezco. Sin embargo, no podemos compartir su criterio de
devolución, ni tampoco el de Izquierda Unida, que sólo enmienda una
de las leyes que se presentan. Aludiré al contenido de cada una de
las leyes y a las enmiendas que les han sido presentadas en relación
con la numeración del propio orden del día.
Cuando se enmienda a la totalidad, tanto por el Bloque Nacionalista
Galego como por el Grupo Federal de Izquierda Unida, la Ley de
seguridad ciudadana, se dice
que la modificación puede ser inconstitucional. Desde la óptica de mi
grupo, pensamos que la modificación que se pretende es sólo puntual.
Se refiere a la posibilidad de concreción de las conductas
sancionables en las ordenanzas municipales en infracciones atribuidas
a la competencia del alcalde. No es técnicamente muy correcto si
atendemos a la dicción del artículo 25 de la Constitución en cuanto a
las exigencias de tipicidad y de reserva de ley. El dictamen del
Consejo de Estado ha sido, sin embargo, atendido desde el Gobierno
cuando pedía que se sustituyera la expresión «correcta
identificación», que sí hubiese sido tipificar, por lo que ahora dice
el anteproyecto: concretar, que se puede entender como modulación de
los tipos, que es lo que la jurisprudencia constitucional permite.
Desde las instancias locales, hay otra necesidad que creemos que debe
ser atendida. Se pide una y otra vez una mayor posibilidad en esta
materia, aludiendo a la excesiva rigidez y a la lejanía que la Ley de
seguridad ciudadana tiene respecto de las necesidades de adecuar a la
realidad cotidiana los tipos previstos en esta ley. Lograr el
equilibrio entre ambas cosas, la reserva de ley, la tipicidad, la
agilidad y la adecuación para que sirva a la finalidad de toda
potestad sancionadora es lo que el proyecto pretende. No creemos que
acentúe el tenor represivo, puesto que no se van a poder establecer
nuevas tipificaciones. Quizá lo que sí se consiga es una mayor
eficacia. Tampoco creemos que esté en juego la idea de un Gobierno
local más representativo o participativo, como se dice por lo menos
en su versión escrita en la enmienda del Bloque Nacionalista Galego,
ni siquiera la trasparencia, puesto que las garantías en el
procedimiento sancionador van a tener que seguir siendo las mismas
constitucionalmente exigibles.
En cuanto a la enmienda del Grupo Federal de Izquierda Unida,
pensamos que al menos en su expresión escrita está mal planteada. No
se altera la Ley 30 de 1992, o si esta se alterase, sería
perfectamente posible, puesto que es una ley ordinaria que sería
modificada por otra ley posterior. En todo caso, lo que está en tela
de juicio es la salvaguarda del propio tenor del artículo 25.1 de la
Constitución, lo que no creemos que realmente ocurra, como he
intentado explicar.
Tampoco podemos compartir la idea de igualdad en el ejercicio de la
potestad sancionadora porque creemos que tal derecho no existe. La
jurisprudencia constitucional dice que la potestad para sancionar
sigue a la materia. Es por tanto perfectamente posible que en
territorios distintos y en la misma materia existan potestades
sancionadoras ejercidas de distinta manera. El principio de igualdad
se predica respecto de los sometidos a un mismo ordenamiento, no de
los sometidos a ordenamientos distintos. Por lo tanto, la potestad
sancionadora o las sanciones en el ámbito del Ayuntamiento de Madrid
no tienen que ser -porque las necesidades no lo son- las mismas que
puedan ejercitarse en un municipio de otra índole como puede ser el
municipio vizcaíno de Baquio.
A continuación me referiré a las modificaciones que se introducen en
la Ley reguladora de bases de régimen local, tráfico y circulación de
vehículos y en materia de aguas. No voy a enunciar las medidas
concretas en este momento puesto que están magníficamente plasmadas
en el apartado segundo de la exposición de motivos y se han referido
a ellas quienes me han precedido en el uso de la palabra, pero se
alude en la enmienda del Bloque Nacionalista Gallego a que no tienen
trascendencia real en términos de aumento de ámbito competencial de
los entes locales. Esto puede ser cierto, pero creemos que sí se
solucionan algunos problemas detectados en el funcionamiento local.
Son cuestiones efectivamente puntuales pero necesarias de retoque y,
en todo caso, enmendables por la vía de las enmiendas parciales, que
es la opción que ha elegido el grupo al que represento.
Hemos presentado enmiendas, unas de índole competencial, en demanda
de mayor reconocimiento de espacio...
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señora Uría.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Señor presidente, le ruego que tenga en
consideración que hablamos de seis proyectos de ley, cinco de ellos
sometidos a debate de totalidad, y me gustaría tener ocasión de
referirme a todos, si quiera mínimamente.
El señor PRESIDENTE: Apelo a su reconocida capacidad de síntesis.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Señor presidente, voy por el segundo.
El señor PRESIDENTE: Por eso, señoría.
Adelante, señora Uría, estimulando su capacidad de síntesis
reconocida.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente.
Decía que las demandas presentadas por el grupo al que represento son
de diversa índole: unas son en solicitud de mayor autonomía o de
mayor espacio para la posible ley municipal vasca, para la propias
normas de organización de la autonomía municipal; otras son meramente
técnicas; y otras claramente políticas.
Quería referirme, a pesar de la premura de tiempo, a la enmienda que
mi grupo presenta al artículo 67, pretendiendo que la suspensión de
acuerdos, excepcional y con todos los requisitos legales
jurisprudencialmente exigidos, pueda también predicarse en casos que
atenten gravemente contra el interés del presidente de una comunidad
autónoma. SS.SS. considerarán que esta es una interpretación en clave
nacionalista, pero con algún ejemplo puede reconocerse que no es ésta
su única virtualidad, además de que sería el reconocimiento de que
existe un interés tutelable desde las comunidades
autónomas. Piénsese en actuaciones de determinado alcalde que
debieran haberse podido paralizar a través del ejercicio de una
competencia de este estilo por el presidente de la comunidad autónoma
andaluza.
A mi grupo le gustaría conseguir el acceso a las prestaciones por
desempleo de quienes desempeñan cargos locales. No aludiré a las
modificaciones en materia de tráfico, ni tampoco en aguas. Pasaré, a
continuación, a la referencia a la Ley reguladora del derecho de
reunión. Se alude en las enmiendas a la totalidad al tenor represivo
de derechos fundamentales. Si así fuese no dude el Bloque
Nacionalista Gallego de que el grupo al que represento apoyaría estas
enmiendas. Sin embargo, lo que contiene la modificación son dos
puntualizaciones que nos parecen, una, obvia y, la otra,
extraordinariamente necesaria. La primera hace referencia a la
notificación a la Administración local por la que ha de discurrir la
manifestación que ha sido objeto de no prohibición por parte de la
Administración competente. Esto es una obviedad y a nadie se le
escapa que ninguna Administración autorizará una manifestación que
tenga que discurrir por el centro de Bilbao o de Madrid sin
notificárselo al Ayuntamiento correspondiente. Más importancia nos
parece que tiene la ampliación del plazo -ahora de 48 horas- a 72
horas que se establece para dictar la resolución motivada. Sobre esta
cuestión el Gobierno vasco tiene planteado en este momento ante el
Tribunal Supremo un recurso de casación en interés de la ley porque
el plazo resultaba extraordinariamente breve y en numerosas ocasiones
no daba tiempo a dictar la resolución fundada. Lo que pide el recurso
vasco es que el incumplimiento del plazo fijado en el artículo 10 de
la ley orgánica únicamente produzca la invalidez del acto
administrativo cuando conlleve vulneración del derecho fundamental de
manifestación y de reunión, y que sólo se dé esa vulneración si la
extemporaneidad impide el control judicial temporáneo de la
limitación o prohibición administrativa. A solucionar este problema
detectado -que, repito, está planteado en términos de casación en
interés de la ley- viene la previsión que reestablece la ley, que no
puede ser sino saludada de forma positiva por el grupo al que
represento, que, además, gobierna en el único Gobierno que ejecuta
directamente la Ley reguladora del derecho de manifestación y reunión
por ser la única que cuenta con competencias íntegramente asumidas en
materia de orden público y en seguridad ciudadana.
La modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional es,
sin duda, la de mayor empaque de todo el paquete que se nos presenta
hoy ante la Cámara, al introducirse el conflicto en defensa de la
autonomía local. Mi grupo pretende -ya está en parte en el proyecto
de la ley, pero lo incorpora también en sus enmiendas- que la defensa
no sea sólo de la autonomía local, sino también de la autonomía
foral. La medida, reiteradamente solicitada por las organizaciones
municipales, puede ser todo lo discutible que se quieray, desde
luego, es dificultosa en cuanto a la plasmación
jurídica, pero no podemos compartir que limite el poder de las
comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias, sobre
todo, si, como pretenden distintos grupos, se posibilita el que se no
sean sólo las leyes básicas del Estado las objeto de recurso, sino
cualquier legislación estatal. Tampoco queremos que se puentee a las
comunidades autónomas propiciando las relaciones Estado-municipios
directamente, sobre todo, si estamos hablando de unas relaciones que
se van a producir a través de un pleito, es decir, relaciones
procesales. Por tanto, tampoco vemos razones para pedir su devolución
al Gobierno.
Me queda referirme únicamente a la Ley reguladora del derecho a la
educación, que es quizás el texto que menos gusta al grupo que
represento. Se modifican dos aspectos: la participación de los entes
locales en el Consejo Escolar del Estado que, como es habitual, se
articula a través de la FEMP, prescindiendo de las asociaciones más
representativas de ámbito local, vieja pelea en lo sindical y en lo
empresarial de la que no desistimos y hemos presentado enmiendas para
que así sea tenido en cuenta. Más complicado nos parece el segundo
aspecto, la llamada cooperación en la creación, construcción y
mantenimiento de centros escolares. Ahora desde el punto de vista
normativo, creemos que el asunto está claro. Existe la garantía
institucional, en el artículo 26.2 n) de la Ley reguladora de bases
de régimen local, de lo que los entes locales deben realizar en esta
materia. Posteriormente se concreta en la Lode y en la Logse. Es un
mandato claro que puede no gustar a los ayuntamientos, pero con el
texto que ahora se propugna esto se condiciona a la existencia de un
convenio previo. La pregunta que se nos plantea es si se tiene que
hacer por los ayuntamientos lo que resulta de la regulación o se
puede convenir la no aplicación de la ley. Encontramos que es
jurídica y técnicamente complicado y, por ello, hemos presentado la
enmienda de supresión de este precepto.
Termino, señor presidente, agradeciéndole su consideración
y manifestando a la Cámara que, efectivamente, este no es el pacto
local grande, pero sí son una serie de medidas locales demandadas por
las corporaciones locales, creemos que son buenas en general y
necesarias y su tramitación contará con el apoyo del grupo al que
represento.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra doña Carme Laura Gil i Miró.
La señora GIL I MIRÓ: Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, los proyectos de ley a debate
muestran -y quizás ustedes lo han observado- un cierto aire conocido,
son algo déjà vu, porque son parecidos al presente y creo que son
bastantes distintos a lo que va a ser el futuro. Los proyectos de hoy
no son una propuesta abiertamente reformista o innovadora, son
simplemente una respuesta
creíble y moderada a algunas de las necesidades que el Gobierno local
denuncia. En este aspecto no responden, quizás, a las aspiraciones
profundas de mayor autonomía, de más grandes recursos, en suma, de
mayor poder de las corporaciones locales, aspiraciones que para su
posible consecución deberían integrarse en un proyecto más amplio de
redistribución del poder de la soberanía entre el que ostenta, a
nuestro entender en demasía, el Gobierno del Estado compuesto
español, el que ostentan, a nuestro parecer con restricciones, los
gobiernos autonómicos y el que gestiona, de manera constreñida, la
Administración local.
La razón que informa el carácter de los proyectos que se proponen y
que en realidad los convierten en modificaciones administrativas
importantes es la de favorecer una mejor autogestión y defensa del
ejercicio del Gobierno municipal. Las respuestas normativas podrían
considerarse por ello insuficientes respecto a la dimensión de las
demandas, pero deben entenderse como instrumentos quizás no políticos
en su acepción profunda, pero sí reflexivamente útiles. Dos de ellos
son de relevante importancia: el que modifica la Ley Orgánica 2/1979
del Tribunal Constitucional, de considerable calado jurídico, un
proyecto estrella, y el de modificación de la propuesta de las
condiciones e instrumentalización de la moción de censura y de
confianza de alcaldesas y alcaldes y la distribución de competencias
entre aquéllas o aquéllos y el correspondiente pleno. Pese a ello,
del análisis de los proyectos se deriva la existencia de algunas
carencias ya estereotipadas en el quehacer legislativo gubernamental
de ayer y de hoy, puntos que están incrustados en la concepción
práctica de la estructura territorial política del Estado
constitucional y que, veinte años después de la Constitución, todavía
no han sido resueltos.
El respeto y asunción en toda su extensión y profundidad de la
potestad organizativa territorial autonómica, en el caso de Cataluña,
por razones históricas y geográficas, tiene un mapa local propio y
distinto que mi Parlamento ha concretado legislativamente,
restituyendo la agrupación municipal en comarcas que han sustituido
en sus funciones queridamente estructurantes a las provincias,
división extraña al mapa de mi país y que allí hace evidente que en
150 años de historia no ha logrado adquirir en el territorio entero
del Estado español una justificación funcional y competencial clara,
más allá de ser una parte de la Administración territorial del Estado
y de ser la circunscripción electoral. La inclusión -a mi parecer,
extemporánea- de las diputaciones como actuantes en defensa de su
autonomía, pese a que ésta no tiene garantía expresa ni redundante
constitucional, maximaliza todavía más la omisión de otras
agrupaciones de municipios propias existentes, como es -y quizá
ustedes lo habrán adivinado- la de las comarcas catalanas que, en el
mismo grado que las diputaciones, gozan de autonomía de acuerdo con
el principio general que para los entes locales establece la
Constitución.
Otra carencia ya incrustada también en la legislación gubernamental
del Estado es la ignorancia repetida de la existencia de asociaciones
de municipios de ámbito estrictamente autonómico, asociaciones que
son consecuencia de la propia organización político-territorial del
Estado, es decir, de la existencia de comunidades autónomas;
asociaciones a las que, aun siendo mayoritarias en cuanto al número
de municipios asociados en la comunidad, les está vedada su
interlocución directa y su participación en aquellos asuntos de
ámbito estatal que afectan al municipio. Sobre ello y sobre otros
aspectos del articulado hemos presentado enmiendas que, en su
mayoría, esperamos consensuar con los distintos grupos y con ello
mejorar el contenido de los distintos proyectos, proyectos que, por
supuesto y sin dejación de lo dicho, tienen nuestro general acuerdo.
Sinceramente, creemos que las modificaciones propuestas por el
Gobierno del Estado pueden reforzar la opción constitucional de que
los ayuntamientos autoadministren los intereses municipales con la
garantía de su autonomía. Los proyectos para conseguirlo aportan un
plus importante de reconocimiento y de flexibilidad e incluso de
algunos de sus aspectos se derivan importantes avances en su posición
institucional y en su misma gobernabilidad. Estas son suficientes
razones positivas para no dar nuestro apoyo a las enmiendas a la
totalidad defendidas por el Bloque Nacionalista Galego y, en su caso,
por el Grupo Federal de Izquierda Unida.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Corresponde ahora al Grupo Socialista la
fijación de sus posiciones, que serán expuestas, primero, por el
señor Marcet y, después, por el señor Rodríguez Bolaños.
Tiene la palabra el señor Marcet.
El señor MARCET I MORERA: Gracias, señor presidente.
Efectivamente, voy a consumir un breve turno dentro del tiempo
marcado para nuestro grupo, tiempo que compartiré con mi compañero
don Tomás Rodríguez Bolaños.
Quiero referirme al proyecto de ley de modificación de la Ley
Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional, y fijar la posición de
nuestro grupo a este proyecto y a la enmienda que se ha presentado.
En el proyecto de ley de modificación de la Ley del Tribunal
Constitucional la mera observación de la posición de los entes
locales, de sus posibilidades de defensa de la autonomía, nos lleva a
una conclusión básica: que dicha defensa es insuficiente, más por lo
que atañe a la protección de la autonomía concreta y específica de
cada uno de los entes locales que a la autonomía local genéricamente
considerada. Esta insuficiencia es especialmente grave por lo que se
refiere a la inexistencia de medios de protección frente a las normas
con fuerza de ley. En esto hay una coincidencia general. Hay una
coincidencia de los entes locales, de los ayuntamientos
en general, de la doctrina constitucional y administrativa y de los
partidos políticos; una reinvindicación técnica y política de dar una
mayor dimensión constitucional a la autonomía local.
El proyecto va en esta dirección. El proyecto es, sin duda,
mejorable, y el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado un
número importante de enmiendas que pretenden mejorar y ampliar la
posición de los entes locales en defensa de su autonomía,
especialmente por lo que hace referencia a la denominación de básicas
como las únicas leyes del Estado que puedan ser recurridas -nosotros
creemos, coincidiendo con otros grupos, que deben ser todas las leyes
del Estado-, pero también en coincidencia con los ejemplos que
podemos observar en los ordenamientos europeos más o menos cercanos
al español. Todos aquellos que tienen instrumentos de defensa de la
autonomía local ante la jurisdicción constitucional van en esta
dirección. Así, Austria, la República Federal Alemana, Suiza, Italia,
si se hubiera podido llevar adelante lo previsto en el proyecto que
la bicameral estaba realizando; es decir, todos aquellos países que
tienen una estructura federal tienen también este tipo de recursos
para los entes locales ante la jurisdicción constitucional. Y la
formación del Partido Socialista, que es eminentemente municipalista,
no puede dejar de lado esta opción en defensa de las prerrogativas
para nuestros municipios en aras de la garantía de la autonomía local
proclamada por el artículo 140 de nuestra Constitución.
No entendemos, señor presidente, desde qué prisma, si autonomista o
no sé cuál otro, se puede defender que con esta iniciativa se
pretende restar poder a las comunidades autónomas. Me parece que es
un prisma de jacobinismo nacionalista que no coincide con el nuestro,
y por tanto vamos a votar en contra de la enmienda de totalidad y a
trabajar para mejorar en los trámites siguientes el proyecto de ley
de modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
Nada más, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Marcet.
Tiene la palabra el señor Rodríguez Bolaños. (Rumores.) ¡Señora
Rahola y compañía, por favor!
Cuando quiera puede hacer uso de la palabra, señor Rodríguez Bolaños.
El señor RODRÍGUEZ BOLAÑOS: Señor presidente, señorías, en aras de la
brevedad, no voy a reiterar muchos de los argumentos aquí expresados
en relación con el contenido de los proyectos de ley cuyo debate se
inicia ahora en esta Cámara, pero sí voy a decir que la posición del
Grupo Parlamentario Socialista en relación con las enmiendas a la
totalidad presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto y por el Grupo
de Izquierda Unida a los diferentes textos es la de votar en contra.
No compartimos los argumentos aquí fundamentados, que son básicamente
dos o tres. Uno de ellos es el que considera que se aumentan las
facultades
de los órganos unipersonales en detrimento de los órganos colegiados;
hay alguna otra observación en relación con el aumento de las
obligaciones en relación con la educación por parte de las
corporaciones locales, y el Grupo Parlamentario Mixto permite al
Estado establecer relaciones con los entes locales.
Discrepamos, insisto, además de que en el período de tramitación
hemos presentado una serie de enmiendas que evitarán esos posibles
perjuicios que pueden causar los proyectos de ley. Entendemos que
estas modificaciones que van a introducirse en diferentes leyes son
parte de sentidas reivindicaciones de corporaciones locales
españolas, sea cual sea su color político y sea cual sea el lugar
donde se encuentran ubicadas. Plantean una nueva distribución
competencial entre el pleno y el presidente de la corporación,
solventando problemas que hoy existen al atribuir al pleno funciones
que tienen un carácter eminentemente ejecutivo. Pero, en
contraposición, refuerza las funciones del control del pleno
garantizando la frecuencia de sus sesiones, tanto ordinarias como
extraordinarias, y garantizando también la celebración de las mismas,
cosa que hoy todos sabemos que a veces no es un hecho cierto.
Introduce asimismo algo que para nosotros es muy importante, la
moción de confianza, donde tenemos algún desencuentro con el
Gobierno, pero queremos acercar posiciones para que dicha moción de
confianza vaya acompañada de una moción de censura y que aquellos que
obstaculizan la acción de gobierno asuman el compromiso de gobernar y
no permitan una inestabilidad permanente en las corporaciones
locales. Se establece esa vía de recurso al Tribunal Constitucional
a la que se ha hecho referencia. Todas ellas forman parte de esas
viejas reivindicaciones de las corporaciones locales españolas y de
las propuestas del Partido Socialista Obrero Español para reforzar el
papel de los ayuntamientos dentro del Estado. Estamos dispuestos a
seguir colaborando en esa dirección, y a partir de este momento
trabajaremos para que los textos que definitivamente se aprueben sean
asumidos por el conjunto de los poderes locales.
Dicho lo anterior, quiero hacer alguna consideración en relación con
los mencionados proyectos de ley. El Gobierno quiere hacer ver que
esta serie de modificaciones constituyen el pacto local que el señor
Aznar se comprometió a llevar a cabo en el debate de investidura. Eso
no es más que una muestra del planteamiento reiterado de propaganda y
de publicidad del Gobierno. El Gobierno busca -también con esto-
hacerse la foto, si es posible con la Federación Española de
Municipios y Provincias, para trasladar a la opinión pública que el
Gobierno del señor Aznar ha cumplido también con los ayuntamientos.
Desde las filas del Partido Socialista queremos decir que rechazamos
rotundamente que lo que hoy estamos viendo pueda ser considerado ni
de cerca el pacto local al que aspiramos. Unas medidas que no van
acompañadas ni de mayores recursos financieros ni de un aumento
de competencias para las corporaciones locales está muy lejos de
lo que los socialistas entendemos como un pacto con los ayuntamientos
y de lo que las corporaciones locales establecieron como necesidad
desde su asamblea celebrada en La Coruña en el año 1993. Un pacto de
esas características, desde nuestro punto de vista, es un acuerdo
entre las tres Administraciones del Estado, central, autonómica y
local, para estudiar la distribución competencial existente hoy en
nuestro país y llegar al acuerdo de residenciar en el ámbito más
próximo al ciudadano, que son los municipios, aquellas competencias
que sean capaces de asumir basándose en los principios que deben
inspirar a un Estado moderno: el principio de descentralización, el
principio de subsidiariedad, el principio de eficacia en la gestión,
tal y como está contemplado en la Carta europea de autonomía local de
1985, que fue ratificada por el Gobierno de España en 1988.
Para nosotros, se trata de situar al sector local de nuestro país con
un mayor poder competencial que le vaya acercando a gestionar el 25
por ciento del gasto público, hoy muy lejos de alcanzar. Las medidas
que hoy nos plantean, siendo positivas, nada tienen que ver con los
objetivos que entraña el llamado pacto local. Ustedes, señor
ministro, creo que no tienen seria voluntad de impulsarlo, porque
para este Gobierno no es importante el fondo, le vale la publicidad,
la propaganda, la foto en definitiva.
Hablaba usted en su intervención de otra foto que no hace demasiado
tiempo se hizo con los responsables de los partidos políticos: el
código de conducta política. No sé si sabe el señor ministro que yo
le puedo citar ya dos ayuntamientos donde el Partido Popular ha
quebrado ese código de conducta política, apoyando los concejales del
Partido Popular a un tránsfuga de otra fuerza política. Eso es el
cumplimiento de un acuerdo que vendieron ustedes a bombo y platillo.
Le recuerdo también, señor ministro, que la enmienda que su grupo
aprobó aquí, a iniciativa de Izquierda Unida, en el año 1996, el 25
de junio, decía lo siguiente: El Congreso de los Diputados, ante la
necesidad de concretar un pacto local, solicitaba: lograr un nuevo
marco competencial en base al principio de subsidiariedad, a las
competencias susceptibles de transferencia o delegación para su
gestión desde las comunidades autónomas y la Administración del
Estado (de esto, hoy, nada); que se proyecte un nuevo modelo de
financiación de las haciendas locales (de esto, hoy, nada); que se
continúe propugnando foros de encuentro entre la FEMP, el Gobierno
central y las comunidades autónomas y las fuerzas políticas. Este
pacto se realizará buscando el consenso mayoritario y lo más amplio
posible con las comunidades autónomas (de esto, hoy, nada). El
ministro de las Administraciones Públicas remitirá en cada año
legislativo a las Cortes Generales un informe sobre la evolución del
citado pacto, etcétera. Tampoco nada. Una serie de medidas que bien
es verdad que son buenas para los ayuntamientos, pero que nada tienen
que ver con los objetivosde dicho pacto local.
Lo que quieren ustedes es trasladar que también han llegado a un
acuerdo con los ayuntamientos, como manifiestan que llegan a un pacto
con todos, como llegaron a un acuerdo con las comunidades autónomas,
y al día de hoy no puede haber un mayor caos en nuestro país en
relación con la estructura del Estado.
El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez Bolaños, ha de ir concluyendo.
El señor RODRÍGUEZ BOLAÑOS: Termino, señor presidente.
Pregúntele a su socio, al presidente del Gobierno de la Comunidad
Autónoma de Cataluña, qué le parece el pacto con las comunidades
autónomas, cuando hoy le habla del fracaso del pacto. O como dice que
llegaron a acuerdos con el sector educativo y han tenido 40.000
estudiantes recientemente en las calles; o como dice que llegaron a
un acuerdo con el sector agrario y tienen manifestaciones diarias en
protesta por la política del Gobierno en ese sector; o como dice que
llegaron a un acuerdo con los sindicatos y el día 3 habrá
movilizaciones en toda España en protesta por la política del
Gobierno en materia laboral. Esto es, por tanto, lo que pretenden: no
entrar en el fondo e intentar hacer de una serie de medidas un
objetivo fundamental, en definitiva, decir que lo hacen todo.
Finalizo, señor presidente. Bien a este paso, porque son medidas
positivas que seguirán contando con nuestra colaboración, se lo
aseguro. De pacto local esto no tiene nada. Por nuestra parte,
seguiremos trabajando para conseguir una mejor posición para los
ayuntamientos y exigiendo al Gobierno que impulse la discusión
necesaria para la consecución de dicho pacto.
Para que vea, señor ministro, que nosotros sí que tenemos interés en
todo lo que se refiere a las corporaciones locales, el Grupo
Socialista ya ha presentado en el registro de la Cámara una
proposición de ley para la elección directa de alcaldes, que creemos
es una demanda sentida por la ciudadanía en relación con la forma de
establecer un vínculo más próximo aún con su administración más
cercana. Es una propuesta abierta, profunda, radical y valiente, que
estamos dispuestos a discutir con todas las fuerzas políticas de la
Cámara para encontrar el mismo sentido de colaboración que el Grupo
Socialista ha prestado y está prestando para la aprobación de estos
proyectos de ley que hoy se discuten.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez Bolaños.
Concluidas las intervenciones, vamos a proceder a las votaciones.
(Pausa.)
Señorías, vamos a proceder a la votación de las enmiendas de
totalidad que se han presentado a las iniciativas legislativas
proyectos de ley que constituyen el pacto o paquete local.
En primer lugar, se votan las dos enmiendas de totalidad de
devolución que han presentado el Grupo Mixto e Izquierda Unida al
proyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
311; a favor, 16; en contra, 292; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmienda de totalidad de devolución que el Grupo Mixto ha presentado
al proyecto de ley de modificación de la Ley reguladora de las bases
del régimen local y otras medidas para el desarrollo del Gobierno
local en materia de tráfico, circulación de vehículos de motor y
seguridad vial y en materia de aguas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
312; a favor, 16; en contra, 295; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Y pasamos a la que también ha formulado el Grupo Mixto al proyecto de
ley orgánica de modificación de la Ley orgánica reguladora del
derecho de reunión.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
311; a favor, dos; en contra, 309.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda de devolución.
También el Grupo Mixto ha presentado enmienda de totalidad de
devolución al proyecto de ley orgánica que modifica la Ley orgánica
del Tribunal Constitucional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
312; a favor, dos; en contra, 310.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Y, en fin, el propio Grupo Mixto ha presentado enmienda de totalidad
de devolución al proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley
orgánica reguladora del derecho a la educación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
312; a favor, tres; en contra, 309.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
AVOCACIÓN POR EL PLENO:
- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 1/1992, DE 21 DE
FEBRERO, SOBRE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA. (Número de
expediente 121/000129.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, se ha solicitado por un grupo
parlamentario, y se acordó someterlo al Pleno en la Junta de
Portavoces, la avocación por el propio Pleno del debate y votación de
la modificación de la Ley orgánica sobre protección de la seguridad
ciudadana. ¿Lo acuerda así el Pleno? (Asentimiento.)
Gracias, señorías. Queda aprobado por asentimiento.
DICTÁMENES DE COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS
INTERNACIONALES:
- CONVENCIÓN SOBRE LA PROHIBICIÓN DEL EMPLEO, ALMACENAMIENTO,
PRODUCCIÓN Y TRANSFERENCIA DE MINAS ANTIPERSONAS Y SOBRE SU
DESTRUCCIÓN, HECHO EN OSLO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 1997. (Número de
expediente 110/000203.)
El señor PRESIDENTE: El punto VII del orden del día es el dictamen de
la Comisión de Asuntos Exteriores sobre la Convención de prohibición
del empleo, almacenamiento, producción y transporte de minas
antipersonas y sobre su destrucción, hecho en Oslo el 18 de
septiembre de 1997. ¿Algún grupo parlamentario desea intervenir?
(Pausa.)
Si no hay intervenciones, pasamos directamente a la votación del
dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
313; a favor, 313.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad del Pleno el
dictamen de la Comisión.
ENMIENDAS DEL SENADO:
- PROYECTO DE LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS
Y OTRAS NORMAS TRIBUTARIAS. (Número de expediente 121/000113.)
- PROYECTO DE LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES Y
NORMAS TRIBUTARIAS. (Número de expediente 121/000115.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto VIII del orden del día:
Enmiendas del Senado a diversos proyectos de ley. Se debatirán
conjuntamente las enmiendas del Senado al proyecto de ley del
impuesto sobre
la renta de las personas físicas y otras normas tributarias y al
proyecto de ley del impuesto sobre la renta de no residentes y normas
tributarias. ¿Grupos que desean intervenir al respecto? (Pausa.-
Rumores.)
En primer lugar, tiene la palabra, si es que se la dejan ejercitar
SS.SS., el señor Vázquez, compartiendo su turno dentro del Grupo
Mixto.
Adelante. (Continúan los rumores.)
Señorías, guarden silencio. Despejen. Señora Torme, por favor.
¡Silencio! Señor Padilla. Señor Arqueros. Un momento, señor Vázquez,
a ver si se aquietan el señor Izquierdo y algún otro diputado
parlante. Señor Hernández Moltó. Señora Mendizabal.
Adelante, señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Gracias, señor presidente.
Voy a intervenir brevemente para fijar la posición del Bloque
Nacionalista Galego sobre las enmiendas del Senado al proyecto de ley
del IRPF y otras normas tributarias.
Efectivamente, estamos ya en el trámite final de la discusión sobre
la reforma fiscal que el Gobierno propone, una reforma que fue objeto
de debate en esta Cámara y sobre la que el Bloque Nacionalista Galego
expresó su opinión contraria, opinión que no varía después del paso
del proyecto de ley por el Senado. Las enmiendas que hoy discutimos
no cambian la filosofía del proyecto ni su contenido en lo
sustancial. En todo caso, algunas de ellas mejoran ciertas
cuestiones, corrigen también situaciones creadas anteriormente por
disposiciones del propio Gobierno o introducen alguna cuestión no
contemplada; por ejemplo, la exención del IRPF de las subvenciones a
explotaciones forestales en determinados supuestos, aunque quede
mucho por concretar y desarrollar en este terreno.
La reforma que propone el Gobierno, por cierto, además, con un
importante soporte publicitario, trata de convencernos de que su
objetivo es que todos los ciudadanos paguen menos impuestos
recibiendo a cambio las mismas prestaciones y servicios. De esta
reforma, además, según el Gobierno, saldrían especialmente
beneficiadas las rentas más bajas. Desde nuestro punto de vista,
desde luego, sería algo estupendo que esto fuese así; sin embargo, a
nosotros nos parece que estas afirmaciones no constituyen más que el
envoltorio de una propuesta de reforma del IRPF que abre las puertas
a un modelo fiscal más injusto que el actual y que este no es un
modelo especialmente justo o equitativo.
De la reforma van a salir beneficiadas las rentas más altas, sean de
capital o salariales, se rompe la equidad horizontal, se perjudican
las rentas del trabajo frente a las rentas del capital y se reduce
además la progresividad del impuesto. Supone también una disminución
importante en la recaudación vía impuestos, que se recuperan a través
de otras figuras recaudatorias o bien inevitablemente conducirán a
una disminución en las prestaciones sociales o los gastos en otras
cuestiones
básicas. La reforma, como decía, a pesar de su atractivo inicial, se
enmarca en la configuración de un modelo fiscal cada vez más injusto
y regresivo, que tendrá consecuencias para los ciudadanos, aunque a
primera vista no se perciban. Los ciudadanos probablemente verán
disminuir las prestaciones que reciben del Estado y al mismo tiempo
verán aumentar su contribución a las arcas públicas por otras vías.
(El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la
Presidencia.)
Es difícil desde nuestro punto de vista acreditar la cuadratura del
círculo o esa famosa afirmación de que hay duros a cuatro pesetas. Lo
dice la experiencia. El Gobierno nos viene anunciando sucesivos
beneficios derivados de otras reformas, sea la liberalización de los
precios de los carburantes o la reforma del mercado de trabajo. Sin
embargo, esos prometidos beneficios para muchos ciudadanos no llegan.
Antes al contrario, cada vez existen más excluidos sociales. Se está
configurando un modelo social poco deseable y en ese sentido
recientemente insistía el Valedor do Pobo de Galicia, que afirmaba
que aproximadamente 150.000 personas viven en situación de extrema
pobreza. Son, como decía, excluidos sociales. Configurar una
fiscalidad regresiva, que pierda el carácter de redistribución de la
riqueza no va a ayudar a mejorar esta situación, sino a agravarla.
Concluyo diciendo, señor presidente, como afirmaba al comienzo de la
intervención, que las enmiendas del Senado no varían sustancialmente
el proyecto de ley. En todo caso, mejoran algunas cuestiones que
nosotros vamos a votar favorablemente.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo Mixto también, tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
En nombre de los diputados y diputadas de Nueva Izquierda-Iniciativa
per Catalunya, paso a fijar posición sobre las enmiendas introducidas
en el Senado, que acentúan y mantienen el carácter regresivo fiscal
del proyecto de ley que salió de este Congreso. Por lo tanto, voy a
reiterar que fundamentalmente esta es una reforma fiscal injusta y
temeraria. Es injusta desde el punto de vista social y, desde el
punto de vista presupuestario, es temeraria. Por tanto, esta reforma
fiscal va a significar en su aplicación en el Estado español una
redistribución de la riqueza que va a favorecer a los que más tienen.
Dicho de otra manera, después de la aplicación de esta reforma
fiscal, las diferencias entre los que tienen más y los que tienen
menos se van a ensanchar.
Permítanme que ilustre con tres ejemplos qué ha pasado en este país
desde que se inició el debate sobre el IRPF en esta Cámara,
exactamente el 11 de junio, hasta el 26 de noviembre. En estos cinco
meses, creo
que hay tres ejemplos que ilustran magníficamente la concepción de
fondo de la política fiscal, de la política económica y de la
política social. Esos tres ejemplos se refieren a cuál es el coste de
la reforma, qué ha pasado con la cobertura de desempleo y qué ocurre
con la lucha contra el fraude fiscal.
Primer ejemplo. Inicialmente, según el Gobierno, según el ministro de
Economía y Hacienda, esta era una reforma que prácticamente no iba a
tener coste. Yo les invito a leer el «Diario de Sesiones» del 11 de
junio de 1998, donde el señor Rato cifra como máximo el coste de la
reforma en 350.000 millones y dice que una parte de ésta se va a
sufragar con el incremento de la actividad económica. Posteriormente,
no sólo los partidos de la oposición, sino el Banco Bilbao-Vizcaya,
Argentaria y la Cámara de Comercio cifraban, en estudios rigurosos,
en más de 700.000 millones el coste de la reforma. Hace tres o cuatro
días, el secretario de Hacienda daba la cifra de 550.000 millones de
pesetas y anunciaba una disminución de las retenciones en 1999 de
prácticamente 800.000 millones de pesetas. La pregunta es: ¿Cómo el
ministro de Economía, el vicepresidente segundo del Gobierno, pudo
venir aquí en junio a decir que el coste de la reforma eran 350.000
millones? ¿Qué ha pasado de junio a noviembre para que este coste,
por el propio Gobierno, se haya elevado a 550.000 y que en las cifras
de retenciones se sitúen en 700.000?
El coste de la reforma, la disminución de ingresos es uno de los
problemas más importantes de esta reforma fiscal. Hoy el Gobierno no
sólo puede esconder estos datos, sino que tiene necesidad de aprobar
de forma sorprendente un 20 por ciento de pago a cuenta de los fondos
de inversión, para hacer frente a los posibles problemas que van a
tener las arcas del Estado el año que viene. Por tanto, señoras y
señores diputados, cuando el Gobierno decía que esta reforma
prácticamente no tenía coste, cuando el señor Rato dijo en esta
tribuna que el coste iba a ser de 350.000 millones de pesetas, o
había mala información o se estaba intentando engañar. E insisto en
que no sólo figura en los informes rigurosos de entidades
financieras, sino que el propio secretario de Estado de Hacienda lo
ha cifrado en 550.000 millones de pesetas.
El segundo ejemplo es la cobertura de desempleo. En junio empieza
también la negociación de los sindicatos con el Gobierno y los
sindicatos plantean como un tema fundamental la necesidad de extender
la cobertura de desempleo. No voy a repetir las cifras que he
repetido otras veces, pero el 50 por ciento de las persona paradas no
tiene cobertura de desempleo y hoy existen en este país 300.000
personas mayores de 45 años con cargas familiares que no cobran una
sola peseta. Y los parados que cobran simplemente lo hacen por
solidaridad de los trabajadores. Señorías, señoras y señores del PP y
de Convergència i Unió, ¿es de centro una política que al mismo
tiempo que disminuye los ingresos en más de medio billón de pesetas
no aporta una sola peseta a incrementar el 50 por ciento de no
cobertura del desempleo o a hacer frente al principal
problema de protección social de este país? Esto no es política de
centro. Esto es política conservadora, política regresiva, política
de derechas.
El último ejemplo que quiero poner es el de fraude fiscal, porque de
junio a noviembre lo que ha quedado claro es la incapacidad -y yo voy
más allá-, la falta de voluntad política del Gobierno para luchar
contra el fraude fiscal. Dentro de pocos días tendremos una
comparecencia que hemos solicitado del señor Rato, para hablar del
baile de números de la Agencia Tributaria.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Saura, le
ruego que concluya.
El señor SAURA LAPORTA: Acabo, señor presidente.
Ya es un hecho el cese, el segundo cese del director de la Agencia
Tributaria, como muestra de la crisis de la Agencia y es
absolutamente sorprendente y bochornoso que el Gobierno haya
desistido en un caso como el de las cesiones del crédito del Banco
Santander.
Señoras y señores diputados, no estábamos pidiendo que esta mayoría
hiciera una política de izquierdas. Simplemente hubiéramos podido
consensuar una reforma fiscal que no hubiera significado una
disminución de 700.000 millones de pesetas, hubiéramos podido
consensuar un incremento de la cobertura de desempleo y hubiéramos
podido consensuar unos planes de lucha contra el fraude fiscal, algo
que no nos hubiera hecho pasar bochorno. He de decir que la agresión,
tanto desde el punto de vista fiscal como social, ha sido tan
importante que ha motivado que prácticamente toda la izquierda
hayamos firmado un manifiesto de rechazo de esta política fiscal y
esta va a ser una de las líneas divisorias en este país entre las
opciones progresistas y las conservadoras.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Señor presidente, un segundo y acabo.
Quiero decir desde esta tribuna que la movilización que los
sindicatos anuncian para el 3 de diciembre va a ser, ha de ser una
respuesta importante a esta política fiscal y social y que va a tener
todo nuestro apoyo.
Gracias, señoras y señores diputados.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Saura.
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Gómez Rodríguez.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo para expresar, en primer lugar, nuestra satisfacción por
las enmiendas aceptadas a lo largo de estos casi seis meses de iter
legislativo. De las 27 enmiendas nos han sido aprobadas 24. A
vuelapluma
diremos que nos agrada que se hayan aprobado aquellas que se refieren
a la atención a la discapacidad de grado elevado o a estados
carenciales que implican necesariamente ayuda de terceras personas.
También a las de tipo social, como la exención de cuotas de los
colegios profesionales, la deducción de las cantidades abonadas en
virtud de contratos de seguros concertados con mutualidades de
previsión social cuando actúen como alternativas al régimen especial
de la Seguridad Social con el límite conocido de 500.000 pesetas.
Asimismo, hay otras que encierran diversas ayudas a la familia, ya
sea elevando las cantidades por hijo, ya sea estableciendo
deducciones en la vivienda habitual o en los casos de adquisición o
rehabilitación de la vivienda que se vaya a constituir en residencia
habitual. También, en los casos de tributación conjunta, la elevación
al límite máximo de 1.500.000 pesetas para las discapacidades de
mayor grado o enfermedades. Hay otras de tipo económico-turístico,
como es nuestra enmienda para regular por este impuesto los derechos
reales por tiempo compartido del time-sharing, aunque la exención se
redujo a dos semanas. Se eliminó del texto que trataremos en el
siguiente punto del orden del día, por regularse en el actual.
Refiriéndonos a las enmiendas que vamos a llamar de tipo técnico
formal, nos satisface que se haya incluido el título de la
denominación de otras normas tributarias, para respetar así el
artículo 4º del estatuto del contribuyente.
Vayamos ahora a las enmiendas del Senado. En principio aceptamos
todas. Contienen mejoras técnicas y de estilo. Cada vez que oigo esta
palabra me recuerda la pretensión anhelada por muchos diputados de
que se restaure una comisión tan necesaria en la redacción de textos
legales. Me ha extrañado mucho que la Cámara Alta haya suprimido del
artículo 1º un acuerdo de este Congreso, que consistió en añadir las
siglas IRPF. Nosotros solicitamos, y así se aprobó, repito, por esta
Cámara, que se incluyesen estas siglas, porque a lo largo del texto
legal ahorraríamos muchas frases y muchas repeticiones. Pero,
sorprendentemente, hasta el artículo 59 el Senado suprime las siglas
y, en cambio, a partir de ese artículo utiliza todo el largo título
de la ley y además le añade IRPF. No lo entiendo. Pero repito que,
como es una cuestión formal, tampoco vamos a hacer de ello un
problema de falta de consideración.
En cuanto a las enmiendas que tampoco nos han sido aceptadas por el
Senado, brevemente voy a aludir a dos de ellas. Lamentamos que no se
recojan los beneficios fiscales temporales para directivos e
investigadores de las futuras zonas especiales de Canarias. Me estoy
refiriendo al artículo 55.4, punto 5. Señorías ¿dónde están las
cacareadas políticas de apoyo al I+D y al régimen económico y fiscal
de Canarias cada vez que se va al Archipiélago? No lo entiendo. Otra
pregunta es: ¿Por qué, en estos momentos en que se está hablando de
reducción de tipos no hemos conseguido un criterio favorable en los
casos de tributación conjunta del impuesto del patrimonio del año
1991 y del IRPF? Tampoco lo entiendo y quisiera que alguien me
explicara las causas.
Por último, señorías, declaramos que, pese a esto, con la advertencia
de que seguiremos pertinaces en estas pretensiones, vamos a votar
favorablemente esta ley, porque supone un hito en la historia de la
fiscalidad española. En cada época, en cada coyuntura, senecesita un
tratamiento fiscal diferente. Ello depende de las circunstancias de
la propia coyuntura y de la política del Gobierno. Ahora, en esta
tesitura, no cabe la menor duda de que este proyecto de ley que se
trae hoy para su aprobación definitiva obedece a unos criterios del
Gobierno y a una coyuntura distintos de los que regían en sistemas
anteriores, en épocas anteriores, cuyos ministros hicieron una labor
loable en pro de la modernización de este importante impuesto.
Consideramos que se acerca a los criterios predominantes en la Unión
Europea, que tiene ese carácter progresista y de progresividad, que
son dos cosas distintas. El carácter progresista se refiere al
establecimiento del mínimo familiar y personal exento de tributación,
a la contemplación de las circunstancias familiares y de
discapacidades, a las deducciones por adquisición de la vivienda
habitual y por el respeto a la estructura del gravamen autonómico. En
cuanto a la progresividad, que es una cuestión técnica, recordaremos
que existe una rebaja general de los tipos, incluidos el mínimo y el
máximo, y una reducción y redefinición de los tramos. Es decir, con
este impuesto se consigue avanzar en el logro de los objetivos de
redistribución de rentas y de solidaridad que la Constitución
Española propugna y un incremento del ahorro con una posibilidad de
apoyos a la economía.
Para finalizar, recuerdo a SS. SS. que, en mi intervención en el
Congreso, alabé las actuaciones de anteriores ministros -cada época
tiene su tratamiento-, y ahora tenemos que decir que este impuesto,
IRPF, es un acierto del actual ministerio, pero tenemos que decir
también que IRPF significa impuesto de rendimiento perfeccionable en
el futuro, y es que las circunstancias económicas -repito por tercera
vez- son cambiantes, y hay que atemperarse siempre a ellas. Siempre
hay, porque creo que es política general de todos los grupos y de
todos los gobiernos, que incrementar el ahorro e incrementar el
bienestar de los ciudadanos y también velar por la seguridad
jurídico-fiscal. Ello viene a colación con motivo de la decisión del
Gobierno en materia de retenciones, retenciones para asalariados y
pensionistas así como para titulares de depósitos bancarios. Se va a
conseguir, además de una disminución de personas obligadas a
declarar, una disminución del trabajo burocrático por devoluciones,
porque se va a lograr un acercamiento entre la cantidad total a pagar
por IRPF y las cantidades que se deducen periódicamente por sueldos y
pensiones a los ciudadanos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Gómez, le
ruego vaya concluyendo.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Voy concluyendo señor presidente.
El sector bancario va a agradecer este apoyo en su lucha para lograr
la recuperación de los necesarios depósitos, tanto para su política
crediticia como, indirectamente, para la titulización necesaria ante
el banco emisor. Consideramos que afecta a la inseguridad jurídico-
fiscal que, en menos de dos años y medio, se haga una modificación
del tratamiento fiscal de las instituciones de inversión colectiva,
fondos de inversión, especialmente los Fiamm, al imputárseles una
retención del 20 por ciento. Consideramos que o se debería aplazar la
entrada en vigor de estas retenciones o aplicarlas solamente a los
fondos que se constituyan a partir de la entrada en vigor de la
presente ley.
Nosotros vamos a apoyar el proyecto de ley que se trae hoy a esta
Cámara.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el
señor Zabalía.
El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, a pesar del largo y denso debate que se ha producido en los
últimos meses, sobre esta reforma de la Ley del impuesto sobre la
renta de las personas físicas, fuera y dentro del propio Parlamento,
era previsible que, en el trámite del Senado, se presentara un
abultado número de enmiendas a este proyecto de ley, como así ha
sido, cerca de 300. El texto final no quedará a gusto de todos los
grupos parlamentarios -está a la vista por algunas intervenciones-,
pero creo que no se podrá argumentar que no ha habido oportunidad de
debate y oportunidad de defender las posturas con un cierto nivel
aceptable de acuerdos. En este sentido es justo reconocer los
esfuerzos de todos los portavoces de los grupos parlamentarios, y en
particular del Grupo Popular, por encontrar puntos de acuerdo.
Hay que reconocer avances en el trámite del Senado, por ejemplo, en
el tratamiento de algunas rentas exentas, como las prestaciones a
mutualidades de profesionales; la consideración de los rendimientos
de trabajo -que también han sido modificados-, como las aportaciones
a planes de pensiones, los rendimientos de artistas en espectáculos
públicos y el cálculo de los rendimientos netos; también ha habido
modificaciones en los rendimientos del capital mobiliario en el caso
de rentas diferidas o en los rendimientos de actividades económicas,
y todo un conjunto de mejoras técnicas a lo largo de todo el proyecto
de ley. Podríamos decir que hay dos cuestiones que quizá, por su
importancia, deben ser destacadas: el marco fiscal para
discapacitados y el tratamiento tributario de las mutualidades de
previsión social. En este texto creo que ha quedado demostrado y
consolidado el hecho de que las mutualidades de previsión social
complementaria son uno de los tres instrumentos de la previsión
social.
Por lo que respecta a mi grupo parlamentario, no hemos variado
nuestra postura ante esta reforma de la figura impositiva más
importante del sistema tributario. Partíamos de una posición de
respeto a la reforma del Estado por cuanto su incidencia no alcanza a
los contribuyentes de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de
Navarra. Por lo tanto, nuestra actitud ha sido de colaboración, dando
criterios y opiniones sobre aspectos que entendemos podían aportar a
ciertos tratamientos tributarios mejoras importantes. Nos referimos a
un tratamiento más generoso de las rentas bajas procedentes de los
rendimientos del trabajo a fin de reforzar la progresividad del
impuesto, a la mejora en el tratamiento de la doble imposición para
socios trabajadores de sociedades cooperativas o a la exención por
reinversión de activos afectos a actividades económicas en el
impuesto sobre sociedades. Otro aspecto importante que proponíamos a
través de nuestras enmiendas era el tratamiento de la fiscalidad de
la familia, con la aplicación del mínimo personal y familiar y la
deducción por hijos realizada en cuota y no en base imponible. La
propia tarifa del impuesto -decíamos- debería contemplar una mayor
rebaja en el marginal de la renta mínima y, concretamente,
proponíamos que la tarifa mínima fuese del 17 por ciento en vez del
18 por ciento, beneficiando más de esta forma a las rentas más bajas.
También planteábamos que en el tratamiento de prestaciones por
desempleo, en la modalidad de pago único -que consideramos debe
actualizarse permanentemente-, debería desaparecer el límite del
millón de pesetas de exención, por una serie de razones en las que
ahora no me voy a detener, así como la mejora en el tratamiento de
las rentas en especie dentro del sector cooperativo.
Aunque estas propuestas de mi grupo parlamentario no han tenido el
apoyo de los grupos -por lo menos de los grupos que apoyan al
Gobierno-, hay que reconocer que algunas de nuestras enmiendas, sobre
todo las relacionadas con las mutualidades de previsión social, sí
han sido incorporadas, si bien es cierto que provenían de una
proposición no de ley aprobada por mayoría en esta Cámara y que, por
lo tanto, su incorporación suponía adaptar ese mandato de la Cámara a
la reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Aun
así, tenemos que reconocer que la inclusión y el reconocimiento del
mundo mutualista ha sido de una trascendencia importante.
En definitiva, como he dicho al principio de mi intervención, esta es
la reforma que la mayoría del Parlamento acepta -o espero que así sea
al final- y no nos vamos a oponer a ella, si bien vamos a mantener el
sentido de voto que hemos manifestado en todo el trámite
parlamentario, tanto a través del Congreso como en el Senado. En
justa correspondencia, esperamos que el Grupo Parlamentario del
Partido Popular, que apoya al Gobierno, se comporte de la misma forma
ante la reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas
que próximamente se va a debatir en las juntas generales de la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
Creo que la postura que mi grupo parlamentario ha mantenido en esta
Cámara de respeto a esta reforma tiene que ser, y espero que así sea,
recompensada también con el respeto a la reforma del impuesto en el
País Vasco y Navarra.
Para terminar, desde nuestro grupo parlamentario nos gustaría hacer
una breve reflexión a partir de esta reforma. Como toda reforma de
ley tributaria, y más si es de la trascendencia económica y social
que tiene el impuesto sobre la renta de las personas físicas, nos
hace ser prudentes ante el efecto que la misma puede producir. Es
necesario esperar a su aplicación práctica para comprobar la
repercusión que el modelo va a suponer, tanto en sus aspectos
generales como en los casos sobre situaciones concretas de
contribuyentes, sin olvidarnos de la repercusión presupuestaria que
en la rebaja de los ingresos -incluida la adaptación del sistema de
retenciones que se va a poner en marcha- va a suponer. Sí creemos que
el éxito de la reforma va a tener mucho que ver con la organización
interna de la Administración tributaria, que se tendrá que adaptar
a la nueva situación. Por una parte, la ampliación de la base de
contribuyentes, en la que va a tener efecto la aplicación de este
impuesto y, por otra parte, la reducción del número de los mismos, al
ampliarse el límite de la obligación a tributar. Por todo ello, se
puede pensar que al reducirse las declaraciones a presentar se va
a originar también una situación que supuestamente va a producir una
menor necesidad de funcionarios dedicados a la gestión del impuesto,
y con esto lo que se abre es la posibilidad de dedicar estos recursos
humanos al control y a la prevención de la lucha contra el fraude
fiscal.
En definitiva lo que queremos decir, señorías, es que el sistema
tributario debe descansar en un sistema fiscal moderno, justo,
solidario y redistributivo, y desde luego para esto se necesita una
reforma moderna, como puede ser ésta, con sus defectos, porque no
todas las reformas y no todos los impuestos pueden contemplar todas
las situaciones de los contribuyentes ni las necesidades permanentes
de la Administración, pero indudablemente creo que es un avance en la
normativa del impuesto. Y desde luego esto tiene que venir junto con
el hecho de que exista una Administración tributaria que sea eficaz y
eficiente, porque al final de la gestión del impuesto será cuando se
pueda llegar a la conclusión de que ha sido una reforma adecuada,
importante y que cumple con los objetivos que con ella se estaban
intentando conseguir. Esperemos que así sea y, en cualquier caso,
como digo, habrá que esperar a la aplicación del impuesto para ver
aquellos aspectos que quizás haya que mejorar o que cambiar en el
futuro, porque puedan existir situaciones que no estaban contempladas
y en las que el efecto del impuesto pueda ser pernicioso.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Zabalía.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor presidente.
La posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) es
favorable a todas estas correcciones y modificaciones que ha
introducido el Senado a la Ley de la reforma del IRPF y a la otra ley
que hace referencia al régimen fiscal de los no residentes. Por
tanto, vaya por delante que vamos a votar favorablemente a todas esas
modificaciones, a pesar de que siempre, cuando en esta Cámara se
releen las sugerencias que nos hace la Cámara Alta, hay algunos
aspectos técnicos o colaterales sobre los que podríamos opinar y
aportar nuevas y mejores, si me lo permiten, redacciones a las
sugerencias que nos plantean. Pero dejando al margen estas
consideraciones, que las hay y probablemente en futuros ejercicios
producirán debate e incluso planteen la necesidad de abordar algunas
revisiones puntuales, mi grupo va a votar favorablemente todas estas
correcciones.
Señorías, es una satisfacción para el diputado que les dirige la
palabra cerrar, en este último trámite de la reforma del IRPF,
nuestra posición, que es favorable a la misma. Participamos desde el
inicio en la configuración de esta reforma, la hemos debatido de
común acuerdo con varios grupos de esta Cámara y hemos llegado al
final. Para nosotros es una satisfacción poder llegar a este punto y
dar la plena aprobación a esta reforma. ¿Básicamente por qué? En
primer lugar, porque cumplimos con un compromiso con los ciudadanos
de este país. Cuando nos presentamos a las elecciones, nos
comprometimos a abordar una reforma del IRPF y se ha realizado. En
esencia, mi grupo está sustantivamente de acuerdo con las
modificaciones y piensa que esta reforma es positiva, que recoge
buena parte de las exigencias y de las demandas que la sociedad nos
estaba realizando y nos sentimos satisfechos de poder anunciar en
estos momentos que muy próximamente, tal como deseábamos, el 1 de
enero de 1999, la sociedad tendrá un nuevo marco con esta reforma del
IRPF.
Es un nuevo marco que va en la dirección de todas las reformas que
Europa está planteando en estos momentos. Me gustaría recordarles
algo que ya hemos dicho en algunas otras ocasiones, y es que esta
reforma la podría apoyar perfectamente Tony Blair en Gran Bretaña,
Schröder en Alemania. (Varios señores diputados socialistas: ¡Hala!)
Si no, puesto que va a intervenir el portavoz del Partido Socialista
con posterioridad a mi intervención, que me explique por qué razón, y
que lo justifique. El líder socialdemócrata inglés Tony Blair no
rectifica, cuando accede al poder, la reforma que hizo John Major,
situando el tipo marginal al 40 por ciento, y por qué estando en el
poder la suscribe y la apoya. O por qué Schröder cuando accede al
poder, desde las posiciones del partido político socialdemócrata
alemán, plantea el marginal al 48 por ciento y por qué plantea una
reforma fiscal en casi los mismos términos que mi grupo está
defendiendo. Por qué esta
coincidencia y por qué la socialdemocracia alemana mantiene los
regímenes fiscales a los rendimientos de capital y al tratamiento de
las plusvalías más favorable que el que hoy estamos aprobando en esta
Cámara con esta reforma. Deberían estar muy bien razonadas las
respuestas a estas preguntas para poder entenderlo. (El señor
Martínez Noval pronuncia palabras que no se perciben.) Los ciudadanos
españoles nos piden, señorías, y desde hace tiempo, que se baje la
presión fiscal individual, y eso es lo que hace esta reforma y lo
hacemos en la misma dirección de muchos países de Europa.
En segundo lugar, mi grupo cree que esta reforma tiene elementos
sustantivos muy importantes como, por ejemplo, un mejor y más
adecuado trato a las rentas del trabajo en relación con la anterior;
un mejor y adecuado trato a las rentas medias y bajas en relación con
la anterior; un mejor trato a las rentas familiares, a la unidad
familiar con miembros a cargo, con hijos y ascendentes; un mejor
trato al ahorro a largo plazo, al ahorro con voluntad de permanencia,
de inmovilidad; un mejor trato, señorías -si me lo permiten, no
mejor, pero sí más justo, más equitativo-, del tratamiento fiscal
a la vivienda por lo que este proyecto de ley contempla de límite para
determinados niveles de renta. (Rumores.) Es una reforma que no va a
permitir tanta posibilidad de acciones interpretativas de
discrecionalidades en su cumplimiento, porque se eliminan. Se
suprimen opciones de discrecionalidad, se restringen actuaciones del
contribuyente para poder eludir algunas obligaciones, porque
prácticamente se eliminan muchas de las capacidades interpretativas y
posibilidades de aplicar criterios que luego resulten, en definitiva,
puertecitas -por decirlo de alguna forma- de elusión fiscal, se
restringen, pues el impuesto va a ser más simple y más cerrado en sus
exigencias.
Por todas esas razones mi grupo entiende que la reforma tiene
suficientes elementos positivos como para que a los ciudadanos de
este país les parezca muy bien. Es más, el mensaje de que esta
reforma va a permitir un mejor trato para el debate sobre la clásica
dicotomía entre ricos y pobres, señorías, ha quedado en el saco roto;
la sociedad no ha seguido ese planteamiento, que es absolutamente
demagógico y una simplificación absolutamente sin contenido. Es más,
yo creo que el gran mensaje a transmitirle hoy a la sociedad es que
más de dos millones y medio de contribuyentes no van a hacer la
declaración y hoy la hacían, ciudadanos en rentas bajas y medias, y
más de cinco millones de contribuyentes van a experimentar una
sustantiva reducción de sus obligaciones fiscales, y son precisamente
los cinco millones de ciudadanos que están en los niveles de rentas
medias y bajas. Por esta razón, porque esta reforma sesgadamente
trata mejor a las rentas de trabajo, rentas familiares y rentas
medias y bajas, mi grupo le va a dar un voto favorable. Claro está, a
nuestro entender es difícil contrarrestar políticamente el mensaje de
que esto no es así y de que la reforma beneficia a los ricos
-planteamientos etéreos, simplistas
y demagógicos-, pero hemos tenido largos debates para poder
justificar y discutir esos aspectos. Para nuestro grupo es una
satisfacción manifestar que somos favorables a esta reforma.
El Senado ha incorporado modificaciones muy positivas, por ejemplo, a
las ciudadanos con minusvalías que obtienen rentas. Las rentas de
este colectivo de ciudadanos se mejora por segunda vez en el Senado
-mi grupo ha tenido en esa dirección iniciativas, enmiendas
y expresamos nuestra satisfacción-, como también se mejora el
tratamiento al ahorro que puedan realizar las familias cuyo
destinatario único es una persona con minusvalía. Es uno de los
grandes avances cualitativos que hace esa reforma, que es una novedad
singular, de carácter europeo. En pocos países de Europa hay una
fórmula de ahorro colectivo familiar cuyo destinatario único es una
persona con minusvalía para poder garantizar un adecuado nivel de
renta cuando los familiares directos de los disminuidos desaparecen
de la vida.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Homs, le
ruego vaya concluyendo.
El señor HOMS I FERRET: Voy concluyendo, señor presidente,
manifestando que se han resuelto cosas positivas, como, por ejemplo,
el tratamiento fiscal a las rentas de los profesionales que evita la
injusticia para los pequeños, que permitía la existencia de un límite
del 35 por ciento aplicable a las sociedades profesionales en régimen
de transparencia. También es importante resaltar, como lo ha hecho el
portavoz del Partido Nacionalista Vasco, las mejoras que se
introducen en el régimen fiscal aplicable a las mutualidades de
previsión social. Definitivamente podemos decir que se cumple el
mandato del Congreso de los Diputados aprobado en la subcomisión que
analizó el tratamiento del ahorro a largo plazo; la preocupación que
tenía la ONCE por cómo debería ir el trato fiscal de todos los
productos que presta esa entidad a la sociedad, y se ha eliminado el
riesgo que había entonces; la no integración en base a las ayudas
públicas a la agricultura o a la vivienda o a otras cuestiones. A los
ciudadanos no se les va a exigir que paguen impuestos por las ayudas
públicas, algo que venía siendo reclamado por tanta gente, que nos
decía: Oiga, cuando los poderes públicos dan unas ayudas
justificadas, no exijan entonces que se paguen impuestos por estas
ayudas; para eso den menos ayudas y no nos obliguen a hacer esos
ejercicios de doble circulación de recursos.
Termino, señor presidente. Otro tema podía ser todo lo relativo a
garantizar la neutralidad de la aplicación de la reforma. Esa reforma
va a alterar el marco general de recaudación, pero va a ser neutra en
todo lo que hace referencia a su repercusión en todas las
administraciones públicas, local y autonómicas. Es una reforma
horizontal que está planteada al margen de su implicación en otras
administraciones públicas y, en ese sentido mi grupo se satisface de
haber mantenido con el Gobierno y los grupos mayoritarios una
posición clara en este extremo que deberá mantenerse en el futuro.
En síntesis -y termino, señor presidente- es una buena reforma. Se
cumple el compromiso político de mi grupo con nuestros electores; se
cumple el compromiso político de nuestro grupo con nuestro criterio
de enfocar esta reforma; sin duda esta reforma deberá requerir en un
futuro inmediato más modificaciones...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Homs, le
ruego concluya.
El señor HOMS I FERRET: Concluyo, señor presidente.
Señorías, esta reforma es un gran paso hacia adelante de
modernización de este impuesto y de adaptación al marco europeo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana):
Muchas gracias, señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida tiene la
palabra el señor Ríos. (Un señor diputado pronuncia palabras que no
se perciben.- Rumores.)
Señorías, les ruego silencio. Cada grupo tendrá su momento para
intervenir.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías, hay un dicho
popular que para mi reflejaría lo que es el trámite final de esta
ley, y es el que dice que aunque la mona se vista de seda, mona se
queda.
Ustedes pueden hacer toda la demagogia que quieran. Les diré que la
palabra demagogia significa exageración de los argumentos a favor de
su planteamiento político. Fíjense por qué digo esto. Ustedes
anunciaron aquí cuando trajeron la propuesta -porque siempre van con
grandes anuncios y grandes actuaciones y escondiendo los defectos que
tienen sus propuestas- que esta reforma tendría un costo muy pequeño,
apenas 150.000 millones; cuando se ha tramitado la propuesta la cifra
ha aumentado a 350.000 millones de pesetas. Pues bien, ahora nos
encontramos en un costo real de la propuesta de 776.000 millones de
pesetas. Dicen ustedes que como van a gestionar unos milloncejos más
con el 20 por ciento de las plusvalías -que suponen una rebaja de
100.000 millones- y como va a haber más dinamismo económico por el
consumo, ello supondrá unos 550.000 millones de pesetas.
Ya sabemos que cuando un grupo como el mío en el debate de totalidad
dijo que el costo de la reducción de impuestos que ustedes proponían
era de 750.000 millones de pesetas al menos, no dijo ninguna
barbaridad. Entonces ustedes me dijeron: ¡Qué bárbaro! ¡Qué demagogo!
Miren ustedes la demagogia. Y esto todavía no ha empezado a
funcionar, estamos en la fase de puesta en marcha. Pues bien, ya nos
vamos acercando. Ustedes nos decían entonces lo que ahora ha dicho el
señor Homs: esto beneficia a las rentas más bajas, cinco millones de
contribuyentes no tendrán que hacer la
declaración. Miren ustedes, ahora dicen que un millón de personas no
tendrán la retención. Pero entonces yo les decía que todas aquellas
personas que cobran una pensión inferior a 1.250.000 -que son el 70
por ciento de los pensionistas españoles- ya están exentos de
hacerlo. Y ustedes dicen: pero si eso lo hemos hecho nosotros. Bueno,
pero la reforma no, no va a beneficiar a cinco millones de españoles.
Ustedes decían que la reforma no va a afectar suficientemente
y nosotros queremos demostrar que bajamos los impuestos. Es verdad. Y
nuestra posición ha sido discutir siempre eso. No estamos dispuestos
a bajar los impuestos a los que ustedes se los bajan. Y no estamos
dispuestos a un impuesto de la renta de las personas físicas que es
un castigo divino a los que trabajan. Ustedes hacen un impuesto de la
renta para los que trabajan. La gran innovación de esta propuesta que
resulta como complemento es que vamos a aplicar un 20 por ciento a la
retención de las plusvalías. ¿Pueden traducirles eso a los españoles
y decirles con toda tranquilidad a los señores que tienen sus ahorros
en los fondos de inversión o en la Bolsa, que tienen 500 ó 1.000
millones, que han invertido en esas operaciones, que por cada millón
que ganen les vamos a aplicar una retención del 20 por ciento y a los
ciudadanos que trabajan, que cobran por renta, del 17 al 47 por
ciento? ¿Por qué si ganan el dinero trabajando les cobramos hasta el
48 por ciento y si lo ganan en los negocios solamente el 20 por
ciento? ¿Por qué eso es más progresivo? Yo no estoy de acuerdo en que
les bajen los impuestos a esos negocios; no estoy de acuerdo y quiero
ese dinero para destinarlo a otros gastos. No estamos de acuerdo con
bajar los impuestos a los señores que ganan grandes cantidades de
dinero; por ejemplo, no estoy de acuerdo en que nos gastemos, del
dinero de todos, 120.000 millones de pesetas menos para escuelas,
para inversión, para ferrocarril, que es lo que van a bajar ustedes a
los que ganan más de 12 millones de pesetas al año. ¿Saben ustedes
que, entre esos, hay 349 que declaran ganar más de 100 millones de
pesetas? No estoy de acuerdo en bajarles los impuestos; no, no
coincido con esa filosofía. Y ustedes dicen: pero díganlo. Pues ya se
lo estoy anunciando: no estamos de acuerdo con esa reforma.
Fíjense que ustedes, con toda esta discusión, si de verdad tuvieran
voluntad de progresividad, hubieran dicho: ¿cómo le metemos mano a la
gran complicación ilegal, inconstitucional, que es el fraude? Y hemos
pasado de puntillas. Cuando discutimos de los impuestos decimos que
vamos a recaudar 700.000 millones de pesetas menos, pero respecto al
fraude pasamos de puntillas. Ese es uno de los grandes vacíos que
tiene esta discusión sobre el impuesto: hay que cobrar a los que no
pagan. Esa es la primera filosofía, porque, los que entienden de
esto, dicen que son en torno a 3,5 billones de pesetas los que andan
por ahí perdidos. ¿No podríamos poner aunque sea un pulsador para
detectar esos 3,5 billones? Se podría dedicar medio billón de pesetas
al año de lo que se pierde por las ramas a la lucha contra el fraude
y con eso tendríamos más ingresos.
Tampoco estamos de acuerdo con esa filosofía que ustedes han
defendido aquí como una gran innovación y que han ampliado en el
Senado. Cuando hay personas con limitaciones, cuando planteamos
ayudar a alguien, siempre lo hacen de la misma manera: que no paguen
impuestos. La única filosofía que ustedes tienen para los
minusválidos, para cualquier actuación, es siempre reducir los
impuestos que pagan. ¿No saben que con esa medida están ayudando a
que paguen menos los que más tienen y no los que menos tienen? Las
propuestas no pueden ser indiscriminadas, como en el caso de la gran
innovación del Senado en lo que a los planes de pensiones de personas
con minusvalía se refiere. ¿Qué pensionista hoy, aunque sea
minusválido, puede ahorrar 2.220.000 pesetas al año cuando la pensión
media se queda en 64.000 pesetas? Los minusválidos que tengan esa
capacidad de ahorro van a tener ese beneficio, que también tendrán
todos en la medida en que puedan ahorrar. Quien gana 500.000 ó un
millón de pesetas al mes sale beneficiado porque va a poder ahorrar,
pero ¿y el que gana 64.000, cuánto va a poder ahorrar cuando coma,
pague la casa y compre la ropa? Pues a ese le ayudan menos. Por eso,
no estamos de acuerdo con la introducción de políticas de gasto
fiscal; estamos de acuerdo con las políticas activas de apoyo, de
ayuda a la gente que más lo necesita y no a todos por igual. No
estamos de acuerdo con su filosofía discriminatoria. Han hecho aquí
un canto a la neutralidad, pero ¿cómo narices puede ser neutral una
política fiscal? ¿Es que la sociedad y la riqueza del país es
neutral? Eso no es posible; hay que tratar desigual a los desiguales.
Si tratan a todos con neutralidad es como si todos fuésemos iguales y
eso no es posible porque no somos iguales en capacidad, ni en
condiciones, ni siquiera en oportunidades, aquella vieja demanda de
Pablo Iglesias. Eso de la igualdad de oportunidades no era posible y
no está siendo posible hoy.
Paso a las enmiendas del Senado. En nuestra opinión, en el Senado
siempre hay una discusión, diríamos, de tranquilidad. Hay muchas
aportaciones a las que no nos podemos oponer por la gran innovación
que significan, pero en otras ocasiones lo que hay es una especie de
trantrán permanente del Gobierno, que trae una mala propuesta, la
arregla aquí mal y luego la corrige allí. Pues en esa parte en que
ustedes corrigen lo que aquí ha venido mal la vamos a apoyar. Hay
enmiendas que vamos a votar a favor, por ejemplo, al artículo 7.ñ),
al artículo 18, al artículo 39, al artículo 55, al 81, al 82 y a las
disposiciones adicionales 19, 22 y 23, aunque tengo que decir también
en cuanto a la adición a esas disposiciones adicionales, en relación
con el tratamiento para Ceuta y Melilla o el tratamiento para las
personas afectadas por aluminosis, que hay que ver lo prudentes que
ustedes son a la hora de plantearlo y cómo queda la redacción.
Fíjense qué tratamiento más diferente, y eso que la voy a apoyar
porque creo que es un paso adelante. Dicen que las personas que por
una desgracia como haber tenido aluminosis han recibido una
subvención podrán diferir el impuesto en cuatro
años. Es decir, que una familia que ha recibido un millón de pesetas
por arreglar su casa por ese defecto declarará cada año un cuarto,
pero no se entiende como renta. ¿Pero es que es una renta? No ha sido
una renta, sino que les ha afectado una catástrofe que deberíamos
haber evitado. Fíjense que declaramos rentas exentas algunas
subvenciones, algo con lo que yo estoy de acuerdo y hemos defendido
aquí. Ustedes amplían algunas subvenciones dirigidas al viñedo o a
otras vertientes distintas.
Hay otras cuestiones que sería bueno que arregláramos, por el
batiburrillo de debate que tenemos sobre la Ley de IRPF, la Ley de
Presupuestos y la ley de acompañamiento o acomodamiento. ¿Por qué
añaden nuevas sanciones tributarias en el artículo 89 de este
proyecto y lo modifican en el Senado, cuando se debe hacer en la Ley
General Tributaria? ¿Por qué no esperan a la Ley General Tributaria y
lo modifican ahí? Y les pregunto ahora cómo vamos a arreglar que en
el papel que viene del Senado se diga que la disposición final cuarta
establece que la Agencia Tributaria tendrá un estatuto orgánico por
decreto, cuando lo que aprobamos aquí hace unos días era que se
hiciera por ley. ¿Cómo lo vamos a arreglar? Ya son dos leyes
contradictorias. ¿Sabe lo que les pasa a ustedes? Que improvisan
normativa legal permanentemente. Es que no hay seguridad jurídica con
ustedes a la hora de regular. Tendrán que buscar un acomodamiento. Ya
me dirán cómo se aplica. Hay una cosa buena, y es que como ésta se ha
aprobado antes y la otra se aprobará después, tendrá vigor lo que
hemos aprobado al final, siempre y cuando sea así como se pueda
mantener.
En todo caso, señorías, hay un gran olvido en las modificaciones y
precisiones que se han hecho -y con esto voy a intentar terminar-.
Por un lado, respecto al tratamiento de la vivienda, ¿lo han mejorado
en el Senado? Lo han especificado un poco mejor, pero se ha producido
un gran vacío en el tratamiento de la vivienda en el trámite del
Senado, concretamente en lo referente a los alquileres. No es posible
que estemos buscando fórmulas de tratamiento fiscal favorable para un
sinfín de gente y que al sector más joven de la sociedad, con menos
capacidad económica, que vive en viviendas de alquiler, le quitemos
la única conquista que tenía. Es verdad que son pocos -me estoy
refiriendo a 604.000 españoles- y es verdad que es poco dinero
-28.000 millones de pesetas-, pero ¿por qué no se ha dado respuesta a
esta demanda que afecta a un sector de la población débil y que
necesitaría de esta ayuda?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Ríos, le
ruego que vaya concluyendo.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente, voy
concluyendo. ¿Por qué no a este sector y sí a otros? Se ha precisado
y se ha matizado. Se ha matizado el millón y medio y también una
derivación hasta 750.000 pesetas en dos años siguientes si hay obras
posteriores en el desarrollo
y rehabilitación, y no sé por qué no es posible aplicar este
tratamiento fiscal.
En suma, en el trámite del Senado no se han corregido los grandes
defectos del proyecto, se han taponado algunos y en algunos casos se
han empeorado. Nosotros vamos a votar en contra de las enmiendas que
vienen del Senado que afectan al artículo 7 en su apartado f), al
artículo 16, al 17, al 35, al 55, al 56 y al 65, porque no solamente
no mejoran el tratamiento que se dio en el Congreso, sino que lo
empeoran haciendo más regresiva la política fiscal. No pagamos todos
en función de lo que ganamos, de la capacidad económica, sino que
pagamos en función de si nos pillan o en función de tener unas
condiciones determinadas.
En lo referente a la renta de no residentes, ha habido algunas
modificaciones. No estamos de acuerdo con las modificaciones que se
han introducido en el Senado en el artículo 30 de la Ley de no
residentes ni en la disposición derogatoria única. Estoy convencido
de que esta ley, como otras leyes, pasa de puntillas sobre la
previsión que nosotros hemos planteado o de la voluntad que hemos
podido tener. Hay cinco enmiendas del Senado que dicen que se estará
a lo que el Gobierno desarrolle reglamentariamente con posterioridad.
Ustedes son unos artistas haciendo leyes: regulan con indefiniciones
y dicen que después desarrollarán normativamente. Yo les diría sobre
esto lo mismo que decía Romanones -que yo no comparto y que ustedes
sí defienden-: Hagan ustedes las leyes, que después haré yo los
reglamentos. Yo quiero que los reglamentos no sean tormentos contra
las leyes.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Ríos...
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Por eso quiero cambiar y evitar que se
produzcan.
Nada más, señor presidente, concluyo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ríos.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Eguiagaray.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Señor presidente, señorías, aunque quizá
les extrañe, hoy vengo de verdad a felicitarles, a darles la
enhorabuena porque lo han conseguido y porque ya tienen su obra casi
a punto. Mi felicitación quiero que se extienda, en primer lugar, al
Gobierno, y también al señor Homs, al que esta mañana encontraba
especialmente celoso por participar en los méritos. No es que hayan
cumplido lo que prometieron en su programa, ni muchísimo menos;
habían hecho tanta demagogia con los tipos marginales al 40 por
ciento que resultaba imposible que cumplieran lo prometido. Pero yo
tengo que reconocer que han dado pasos muy importantes en esa
dirección. Y mi felicitación, además de al Gobierno, se extiende a
lospremiados, a todos aquellos que desinteresadamente,
sin duda, les han apoyado en este importante esfuerzo en favor de la
colectividad a fin de que su voluntad, que la tenían, no desmayara en
ningún momento. Todos ellos han obtenido, además sin pretenderlo, su
debida recompensa. Me refiero, naturalmente, a aquellos que no
reciben rentas del trabajo sino de otras fuentes; o a aquellos que,
recibiéndolas del trabajo, reciben mayoritariamente rentas que no
tienen su origen en el trabajo; a los que reciben básicamente rentas
del capital y de la actividad empresarial, que tributarán cada vez
más al 20 por ciento; a los que no tienen que vivir en alquiler; a
los que no están financiando una vivienda en sus primeros años; a
otros más que no cito por no hacer interminable la lista.
Mi segunda felicitación, señorías, es para el director de la campaña
de publicidad, porque casi han conseguido que queramos vender duros a
cuatro pesetas. Ustedes han elevado la presión fiscal en 1,6 puntos
de PIB desde que gobiernan y casi han hecho creer -casi- que bajan de
modo permanente la presión fiscal. El milagro de los panes y de los
peces, como alguna vez les he recordado, es un número de aficionado
ante profesionales de la prestidigitación como ustedes. Digo que casi
lo han logrado porque les falta un detalle, apenas insignificante:
que la gente les crea. Que se crea la gente, los ciudadanos
españoles, que todos los ciudadanos pueden tener más dinero en el
bolsillo sin que se les cobre por otro lado, por ejemplo, en forma de
impuestos sobre la gasolina, sobre las primas de seguro, en forma de
nuevas tasas, en forma de impuestos directos, indirectos o
semipensionistas sobre la electricidad; sin que se reduzcan las
prestaciones - ¿recuerdan los medicamentos?-; sin que se reduzca el
crecimiento de las pensiones; sin que se reduzca la calidad de la
enseñanza o sin que se dejen de hacer los muchísimos kilómetros de
autovía y de carretera que ustedes prometen y nunca acaban por
construirse. Pero, satisfechos como están, yo les felicito porque
viven convencidos, además, de que así van a triunfar; que su fuerza
taumatúrgica es tan grande y la ignorancia de la gente tan mayúscula
que con este milagro los ciudadanos españoles, en vez de tomar el
dinero y salir corriendo, que es lo que harán, se sumarán en masa a
esa procesión de cirios penitenciales en que se ha convertido su
increíble viaje al centro, como, sin duda alguna, puede testimoniar
el señor Álvarez-Cascos, cofrade mayor de esa procesión.
Mi tercera felicitación, señorías, va dirigida al Gobierno y al grupo
parlamentario que le sustenta, por su coherencia. Miren, señorías,
algo así como 2,2 billones de pesetas de fondos europeos están en
este momento en riesgo para nuestro país en los próximos siete años,
a razón de unos 300.000 millones de pesetas al año. Y el señor Aznar
manotea tan impotente como el señor Rato, haciendo frente común con
los países más pobres de Europa. Pero lo que trata de defender con la
mano izquierda lo dilapida con la derecha, empeñado en hacer
ostentación ante los países ricos de la Unión Europea, principales
contribuyentes -por lo
tanto, principales aportadores de los fondos de los que nosotros nos
beneficiamos-, de que nos sobra el dinero, nos sale absolutamente por
las orejas. Y perdida ya la compostura, sólo les queda la retórica
europea. Mientras tanto, siguen sin pudor alguno la recomendación que
ayer mismo les hacía un dirigente del Círculo de Empresarios, que
exigía con ardor guerrero y desde luego con notable visión
estratégica que España, uno de los países con la más baja presión
fiscal de la Unión Europea, se resistiera nada menos que a la
armonización fiscal en Europa porque ésta, ya se sabe, es un perverso
expediente de los países más ricos para elevar la presión fiscal de
la última reserva de Occidente.
Pero no todo pueden ser felicitaciones, señorías. Déjenme también
que, además de las felicitaciones, les añada algunos reparos, reparos
de menor cuantía, como ustedes verán. En primer lugar, ustedes van a
romper definitivamente el impuesto sobre la renta de las personas
físicas en dos: una tarifa progresiva para los que viven de su
trabajo y un tipo proporcional básicamente al 20 por ciento para todo
el resto de las rentas, y a ustedes no les inquieta; más aún, les
parece moderno. Quiero sacarles de un error: ¿les parece que es
moderno esto? La injusticia, la falta de equidad tributaria
o cualquier otra falta de equidad son tan viejas como la humanidad. No
es nada moderno, es muy antiguo y también es uno de los fenómenos más
penosos de la humanidad, y porque algunos como ustedes las
institucionalizan es por lo que existen personas como nosotros que
tratamos de que estas injusticias y faltas de equidad no sean
perdurables.
El señor Rato, segunda reserva, no fue capaz de contestarme cuando le
pregunté, en el debate de totalidad, por qué, en virtud de su
importante hallazgo del mínimo vital, sus hijos, los suyos o los de
cualquiera en una posición como la suya, podían valer fiscalmente
hasta tres veces más que los de su chófer o de una persona similar.
Ya sé que es muy puntilloso y muy desagradable decir estas cosas
desde una tribuna, parece que uno se quiere meter personalmente con
alguien, pero yo quiero saber -no tanto yo- quién es el que tiene el
valor de explicar a los ciudadanos cuál es el razonable principio
democrático en virtud del cual el valor de los hijos fiscalmente
depende de la renta de los padres y valen más cuanto más dinero
tengan sus padres. (Aplausos.)
Mi tercera consideración y mi tercer reparo es que esto nada tiene
que ver con la lucha contra el desempleo ni contra el ahorro. Ya
sabemos que toda su propaganda se la llevó la crisis financiera, ya
sabemos ahora que sólo pretenden sostener el consumo ante los riesgos
que se ciernen sobre la demanda. Del ahorro es mejor no hablar para
no provocar la risa, porque es un poema y porque la neutralidad
financiera se ha convertido en una broma pesada. Depósitos, fondos,
acciones, seguros, todos los instrumentos de ahorro tendrán
fiscalidades distintas según el plazo, según el instrumento y, cómo
no, según el tomador. ¡Viva la neutralidad! Buen negocio, eso sí,
para los asesores fiscales en la maraña que han creado.
Además, señorías, han cantado ustedes la gallina de una forma
clamorosa. Me refiero, naturalmente, al coste. Nada queda ya de los
350.000 millones, de los 400.000, de los 500.000, de los que ustedes
han hablado dependiendo del foro, la ocasión y el momento. Han
ajustado las retenciones, espero que bien, y su coste no baja de los
775.000 millones, lo contrario de lo que decían. Mucho les debe
parecer al final cuando, para aliviar los efectos de la recaudación,
establecen una retención sobre las plusvalías de fondos. Les
recuerdo, por cierto, señorías, que cuando nosotros propusimos esto
en 1996, en 1997 y todavía en este año 1998 para 1999, nos
contestaron ustedes, con la suficiencia que les caracteriza, que eso
era tanto como expresar la ignorancia sobre el mundo en el que
vivimos y un natural efecto de nuestra perversa voracidad
recaudatoria. Ahora, en su boca, resulta ser el descubrimiento -así
lo dice su proyecto de reglamento- de la neutralidad del impuesto. Me
encanta, señorías, su capacidad como contorsionistas.
En quinto lugar, y hablando de retenciones, según sus publicistas
-voy terminando, señor presidente-, se trata de rebajas espléndidas,
y de verdad que lo son para algunos. De acuerdo con los datos de la
estadística de renta para el año 1996 -que ustedes no han publicado
pero algún topo nos la ha hecho llegar-, en ese año había 150.000
personas que declaraban rentas superiores a nueve millones y medio.
Suponen el 0,7 por ciento de los contribuyentes que declaraban el 7,5
por ciento de toda la renta. Pues bien, con su ley estos ciudadanos
van a tener un beneficio medio por persona de 900.000 pesetas. El
coste fiscal sólo por este grupo significará alrededor de 135.000
millones de pesetas. Y qué decir de los que se sitúan por debajo de
los dos millones de ingresos. Según sus anuncios -cito lo que ha
salido y lo que ustedes han explicado acerca de las retenciones-, una
persona con dos millones de pesetas de ingresos brutos y sin hijos va
a ver reducida su retención en 1.000 pesetas mensuales, contando
catorce pagas, lo cual, sin duda, es todo un avance histórico. Yo
sinceramente no creo que puedan evitar, al saberlo, una cierta
humedad en los ojos. Pues bien, esa misma persona, con los mismos dos
millones de pesetas de ingresos pero con dos hijos, verá reducida su
retención sobre el actual año en la inconmensurable cifra de 190
pesetas mensuales en catorce pagas. Aquí el llanto creo que está
garantizado. (Aplausos.)
Quizás a alguien le pueda parecer poco, porque ya se sabe que siempre
hay gente insaciable, especialmente cuando su nivel de renta no es
muy alto. Lo malo es que, según la estadística de renta, en el año
1996, el 60,24 por ciento de los contribuyentes declaraba bases
liquidables entre cero y dos millones de pesetas, 8.800.000 frente a
14.600.000 declarantes. Como puede apreciarse, para la mayoría de los
contribuyentes la modificación de las retenciones y del impuesto va a
ser el momio que les arreglará la vida. Pero pueden estar tranquilos
los señores diputados, lo de los diputados va a quedar mucho mejor
que lo de aquellos que tienen
rentas hasta dos millones de pesetas, y todavía quedará mejor para
quienes tienen rentas muy superiores a las nuestras.
Mi penúltimo reparo tiene que ver con la obligación de declarar. Ya
sabemos la propaganda: millones de contribuyentes van a estar exentos
de esta obligación, eran tantos que ni recuerdo cuántos dijeron
ustedes. Pues bien, que no se anime el personal en exceso porque,
gracias a la redacción dada en el Senado por el Grupo del Partido
Popular, aquí va a declarar hasta el apuntador. El artículo 79, en su
actual versión, establece que hay un mínimo de tres millones y medio;
un mínimo que ahora deja de serlo y pasa a ser de 1.250.000 si uno
percibe rentas de más de un pagador.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor
Eguiagaray, le ruego vaya concluyendo.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Termino, señor presidente.
Cuanta más precariedad, más control. Pero, además, todos los que
estén invirtiendo en vivienda y quieran descontarse alguna deducción,
todos los que aporten a planes de pensiones, no importa cuáles sean
sus ingresos, tendrán la obligación de declarar. Los muchos millones
de exentos de declaración que ustedes anunciaban van a desaparecer,
se van a quedar en nada, porque sólo por estos dos conceptos hay
5.200.000 contribuyentes, 3.800.000 en viviendas y en cuentas de
vivienda y 1.400.000 de personas que aportan a planes de pensiones.
Menos lobos. En este caso, señorías, nada de lo que han dicho ustedes
se corresponde con la realidad.
Mi último y liviano reparo -y termino, señor presidente- se refiere a
las implicaciones para el sistema público de salud. Han declarado no
imputables como rentas en especie las aportaciones de las empresas a
seguros médicos y además se considerarán gasto deducible para las
empresas en el impuesto de sociedades. Los ejecutivos, en primer
lugar, y tal vez los que les sigan después, verán así desfiscalizada
una parte significativa de sus retribuciones. Además -y a eso es a lo
que me quiero referir-, con dinero público, señorías, rompen ustedes
el principio básico del aseguramiento público único en que se asienta
el Sistema Nacional de Salud. ¿Alguien puede sostener ahora que no
quieren ustedes privatizarlo, después de lo que han hecho en el
impuesto sobre la renta? (Aplausos.)
Quizás comprendan, tras mi sincera felicitación y mis modestos
reparos, sin duda algunas intrascendentes, que le auguro una corta
vida a su reforma del impuesto sobre la renta de las personas
físicas, tan corta como el tiempo necesario para que este país se
dote de una nueva mayoría. Y entonces tendrá que haber, señorías, una
reforma de la reforma, porque las leyes cambian las leyes; una
reforma para asumir y no negar las tendencias europeas, para apostar
y no negar la armonización fiscal en el ámbito de la Unión en todos
los terrenos, para hacer posible la reducción de la tributación
de las rentas del trabajo y también para conseguir que los
privilegios que ustedes han otorgado a sus amigos queden anulados.
(Varios señores diputados: ¡Muy bien!- Fuertes y prolongados
aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Eguiagaray.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, está claro que en esta Cámara hoy has dos posiciones (Un
señor diputado: Hoy y siempre), la posición de unos grupos que
quieren bajar los impuestos y la posición de otros grupos que quieren
seguir subiendo los impuestos como ha sido su tradición. (Protestas.)
Pero hoy es un día importante, el señor Gómez lo calificaba de un
hito. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento,
señor Martínez-Pujalte.
Señorías del Grupo Socialista, el señor Eguiagaray ha sido
interrumpido exclusivamente por sus aplausos durante su intervención.
Les ruego permitan intervenir con la misma tranquilidad al señor
Martínez-Pujalte; se lo ruego, señorías.
Puede continuar.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Decía que hoy vamos a dar la aprobación definitiva a la reforma
fiscal más profunda de los últimos años y, además, es la primera vez
que en democracia se van a bajar los impuestos de una manera
generalizada. Personalmente, siento una profunda satisfacción por que
esta Cámara, con la mayoría actual, haya podido llevar a cabo una
reforma de esta importancia.
Manifestaba antes el señor Homs que todos los ciudadanos y ciudadanas
españoles, todos los agentes sociales, todos los técnicos -incluso
los partidos políticos lo tenían recogido en sus programas
electorales- reclamaban un sistema tributario más eficiente, más
moderno, más homogéneo con los del resto de los países europeos (los
españoles queremos pagar lo mismo que pagan el resto de los
ciudadanos europeos) y además un sistema tributario que distribuyera
con mayor equidad la carga tributaria.
En el área económica, señorías, los modelos de finales de los setenta
no dan solución a los problemas de finales de los noventa y no sirven
para afrontar los retos de los próximos años, no sirven para
aprovechar las oportunidades de la Europa con moneda única.
Necesitábamos un nuevo sistema de impuestos y el Partido Popular
diseñó, cuando estaba en la oposición, un nuevo modelo económico
basado en la estabilidad presupuestaria, en la estabilidad de
precios, en reformas estructurales y en el apoyo de las políticas de
competitividad, que era un modelo que contemplaba bajar los
impuestos y aumentar los gastos sociales; era un modelo que pretendía
conseguir un objetivo: un crecimiento vigoroso que se convirtiera en
intenso generador de empleo y, además, en mejora del bienestar de
todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas españoles. ¡Y qué
cosas nos decían, qué cosas teníamos que oír! Que no era posible
bajar los impuestos y aumentar los gastos sociales, nos decían que la
única política posible era la política de subida constante de
impuestos, nos decían que era inevitable tener tres millones de
parados y que era inevitable ir perdiendo convergencia con Europa.
Nosotros no nos creímos eso y planteamos un nuevo modelo que
empezamos a implantar cuando asumimos la responsabilidad de gobierno,
un nuevo modelo que ha cumplido sus objetivos de una manera
importante.
Uno puede volver la vista atrás muchas veces, hacer recuento y pensar
si entonces alguien creía que era posible ir generando el empleo que
se está generando en España, si era posible tener crecimientos como
los que estamos teniendo, si era posible aumentar los gastos sociales
con la intensidad que se están aumentando y todo ello bajando los
impuestos. (Un señor diputado: ¡Hala!- La señora Cortajarena
Iturrioz: ¡Milagro!) Milagro, no, señoría, sentido común, saber hacer
las cosas, rigurosidad, cumplir lo que prometimos. (Aplausos.) El
modelo económico ha funcionado muy bien, ha eliminado corsés al
crecimiento económico y a la vez ha procurado una distribución más
justa y solidaria de la riqueza, tanto por el lado de los ingresos
como por el lado de los gastos. ¿Cómo se puede decir, señorías, que
no es solidario bajar los impuestos a pensionistas y a asalariados?
¿Cómo se puede decir que no son premiados ocho millones de
asalariados y pensionistas que van a ver rebajados los impuestos de
una manera muy importante? ¿Cómo se puede decir que es injusto bajar
los impuestos a las familias españolas o que no es razonable que las
familias españolas tributen por su capacidad económica real? ¿Cómo se
puede decir eso? ¿Cómo se puede decir que es malo bajar este
impuesto, señorías, cuando de los seis billones que aporta este
tributo a los ingresos del Estado el 85 por ciento lo pagan los
asalariados y los pensionistas? ¿Cómo se puede decir eso? (El señor
Martínez Sanjuán: No se ha dicho eso.) Sí, señor Martínez Sanjuán, se
ha dicho eso.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Martínez-
Pujalte, le ruego no entre en diálogo con el resto de los diputados.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
El esfuerzo realizado hasta ahora en materia de política económica ha
permitido, señorías, cumplir nuestra promesa de bajar los impuestos,
y lo hemos hecho en el momento adecuado, cuando ha sido posible,
cuando las cuentas públicas estaban más equilibradas. Hemos llevado a
cabo una bajada de impuestos para todos y cada uno de los ciudadanos
españoles, pero de un
modo especial es intensa para asalariados y pensionistas, para
familias, para discapacitados y para los contribuyentes de menor
capacidad económica.
El portavoz de Izquierda Unida hablaba del marco tributario de los
discapacitados. Por primera vez este Parlamento ha equilibrado la
tributación de los discapacitados de una manera global. Hemos
considerado que los discapacitados o las familias que tienen en su
seno alguna persona con discapacidad deberían tener un mayor mínimo
exento. Hemos incentivado el que las personas con minusvalías se
incorporen al mundo laboral porque nos parece que es mejor, que así
se pueden sentir más útiles a la sociedad, y por eso hemos aumentado
las reducciones para los discapacitados que trabajan. Hemos querido
construir un sistema de previsión social complementario cuyo único
beneficiario sea el discapacitado, para que las familias puedan
asegurar un futuro mejor si tienen una persona en su seno con
discapacidad.
Señorías, el sistema tributario que se ha diseñado con este impuesto
reparte con mayor justicia la carga tributaria. Hemos diseñado un
impuesto nuevo, un impuesto que ha contado con un gran apoyo social y
político. Quiero aprovechar para agradecer a los grupos que han
apoyado al Gobierno el esfuerzo que hemos hecho entre todos para
diseñar un impuesto moderno, justo y homogéneo como el resto de los
países europeos. Hemos trabajado buscando consensos con todos los
grupos (Rumores), y yo quiero agradecer su esfuerzo a todos estos
grupos que han contribuido a que tengamos hoy un impuesto de estas
características.
Decía el portavoz de Coalición Canaria que algunas de sus enmiendas
no han podido ser aceptadas. Yo quiero reconocer que hay alguna
enmienda, como por ejemplo la que él planteaba de un régimen
transitorio para los investigadores que se instalaran en la ZEC, a la
que se le podía haber una respuesta más intensa, pero yo le aseguro
que lo estudiaremos en el futuro con mayor intensidad.
Señorías, creo que aquí no se han debatido dos modelos. Y les voy a
contar una anécdota de hace dos semanas. (Un señor diputado: ¡Al
grano!) El Grupo Socialista votó en el Senado hace dos semanas un
conjunto de enmiendas del IRPF que decía su portavoz que componían su
reforma, con un marginal máximo del 50 y una tributación de las
plusvalías al tipo efectivo medio, y a la misma hora en el Congreso,
en la Comisión de Economía, votaban unas enmiendas que eran
radicalmente distintas en las que planteaban un marginal máximo del
56 y una exención de las plusvalías por el transcurso del tiempo.
(Rumores.) Señorías, es que después de un año no hemos sabido cuál
era el modelo alternativo. Las ciudadanas y ciudadanos españoles no
entienden qué modelo presentaba la oposición. Lo único con que se han
quedado es con que unos grupos pretendían subir los impuestos y otros
grupos lo que queremos es un impuesto más moderno, que cree empleo y
que baje la carga tributaria sobre todo a los
más necesitados. (Rumores.) Ese ha sido el resumen de la tramitación.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Martínez-
Pujalte, le ruego que vaya concluyendo.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señorías, al final ha triunfado el
modelo más equilibrado, el modelo más homogéneo con el del resto de
los países europeos. El 1 de enero, justo cuando se ponga en marcha
el euro, vamos a estar con un impuesto más moderno que nos hará más
competitivos. Se va a mejorar la fiscalidad de las pymes y se va a
dar mayor neutralidad al ahorro. Preguntaba el portavoz de Izquierda
Unida qué era neutralidad. Neutralidad es que los ciudadanos puedan
decidir en qué ahorran por el rendimiento financiero y no mirando el
marco tributario. Eso es lo que se ha hecho en este impuesto, con dos
excepciones: la previsión social complementaria, el ahorro a largo
plazo, y el ahorro en vivienda propia. Hemos hecho, señorías, un
impuesto que apoya a las pequeñas y medianas empresas y un impuesto
más justo para las familias no aplicando la misma progresividad
cuando sean situaciones distintas, señorías. Preguntaba el señor
Eguiagaray quién lo iba a defender. Yo lo defiendo, señor Eguiagaray.
Es lógico que no se aplique la misma progresividad a una familia con
tres hijos que a otra sin hijos con la misma renta, porque eso es
justicia, porque eso es equidad, porque eso es apoyo a la familia, y
eso es lo que hace este impuesto. (Rumores.)
Voy concluyendo. Cuando presentamos aquí el proyecto se dijo que la
reforma tenía un coste de 350.000 millones de pesetas. Hoy vuelvo a
decir que la reforma tiene un coste de 350.000 millones de pesetas.
(Rumores.- Un señor diputado: ¡Es mentira!) Lo mismo que dijimos
entonces volvemos a decir ahora. El coste de la reforma, señorías,
son 350.000 millones de pesetas (Rumores) y está contemplado en el
Programa de Convergencia.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Martínez-
Pujalte, le ruego concluya.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, voy concluyendo.
Señorías, no hay que confundir a los ciudadanos. Lo que se ha hecho
con el decreto de retenciones es bajar los impuestos a asalariados y
pensionistas y ajustar la imposición a la factura fiscal final. Eso
es lo que se ha hecho con el decreto de retenciones. No se pueden
confundir las retenciones con la factura fiscal final. Lo que se ha
hecho con las retenciones es, por una parte, integrar la bajada de
impuestos y, por otra, ajustar el impuesto. Por eso, señorías, hemos
aprobado algunas enmiendas en el Senado que nos permiten ajustar
retenciones y factura fiscal final.
El 1 de enero, señorías, España estará en la primera división
europea. Además, estaremos con capacidad
competitiva, estaremos con un impuesto que nos va a permitir seguir
creciendo, seguir generando empleo y bajar los impuestos a todos los
ciudadanos españoles, especialmente a asalariados, pensionistas
(Rumores), familias, discapacitados y personas con menor capacidad
económica, y con un impuesto que nos va a permitir seguir aumentando
los gastos sociales, porque esa es la voluntad de mi grupo político.
Gracias. (Aplausos.- Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Martínez Pujalte.
- PROYECTO DE LEY SOBRE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO POR TURNO DE
BIENES INMUEBLES DE USO TURÍSTICO Y NORMAS TRIBUTARIAS. (Número de
expediente 121/000076.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pasamos al
punto 50 del orden del día, enmiendas del Senado al proyecto de ley
sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de
uso turístico y normas tributarias. ¿Grupos que desean fijar su
posición? (Pausa.) En nombre del Grupo de Coalición Canaria tiene la
palabra el señor Gómez.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Intervengo rápidamente para decir que vamos
a votar favorablemente las enmiendas enviadas por la Cámara Alta
porque las consideramos acertadas. Algunas son de fondo y otras de
forma, pero son todas aceptables.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida tiene la palabra el
señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Intervengo brevemente para decir que nuestro
grupo va a votar favorablemente todas las enmiendas del Senado, menos
una de ellas que consideramos que viene a añadir un elemento negativo
al rebajar de cinco a tres años el período mínimo de vigencia.
Creemos que se ha perdido la ocasión de hacer una ley mejor de la que
se ha hecho. Es una ley que avanza, que reconoce los derechos de los
consumidores -tema importante- y por consiguiente la vamos a apoyar,
pero creemos que se han introducido dos o tres elementos que nos
plantean dudas en lo referente a la industria turística, como es
hacer compatible el uso turístico con el uso hotelero y el uso de
tiempo compartido o como lo queramos llamar. Esta preocupación
continúa cuando en el trámite del Senado el portavoz del Partido
Popular llega a plantear que cabe la posibilidad de que un mismo
hotel en temporada alta sea hotel y en temporada baja esté en el
régimen de tiempo compartido. Esto no lo dice la ley; es
más, la ley lo impide, pero parece que el portavoz del Partido
Popular en el Senado desconocía la ley. Nosotros nos tememos que
quería decir que en temporada de crisis, durante tres años, los
hoteles pasarían a ser de tiempo compartido y pasada la crisis
volverían otra vez a ser hoteles.
En consecuencia, creemos que aun con esta laguna es una ley
importante y que viene a aportar al sector turístico un buen
instrumento. Queremos dejar constancia de que esperamos que el
Gobierno trabaje para que en breve se quite esa leyenda negra que ha
tenido este producto turístico de manera que sea algo rentable para
nuestra economía.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Centella.
En nombre del Grupo Catalán, Convergència y Unió, tiene la palabra el
señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Gracias, señor presidente, por concederme
la palabra fuera de lugar.
Esta ley vuelve del Senado con unas enmiendas que son
mayoritariamente técnicas y que van a recibir nuestra plena
aprobación. Es un momento para felicitarse porque finalmente pueda
entrar en vigor esta ley ansiosamente reclamada por los consumidores
y por los propios empresarios que operan en este sector. Hay que
recordar que apenas hace una semana un juez de Alicante ha tenido que
aplicar directamente la directiva, utilizando la doctrina del efecto
directo de las directivas cuando imponen las obligaciones a los
Estados y estos las incumplen -es decir, nosotros como Estado, como
Parlamento no la habíamos cumplido- a un contrato anulando y poniendo
en funcionamiento lo que a partir de hoy va a ser aprobado, es decir,
ese derecho de resolución por parte del consumidor. (El señor
vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) Ese es un
ejemplo concreto de que estábamos fuera de plazo y de la gran
necesidad que había de aprobar esta ley. La ley, como ya hemos
comentado a lo largo de los diferentes trámites de aprobación en
Comisión primero y ahora en Pleno, y en su momento con la enmienda a
la totalidad, tiene a partir de hoy un perfecto equilibrio entre la
garantía de los derechos de los consumidores y la creación de un
instrumento jurídico nuevo, un nuevo nomen iuris -si se me permite el
rigor jurídico en la expresión-, un nuevo derecho real y personal que
se crea de nueva planta, que configura todo un régimen jurídico
nuevo, que sin duda dará trabajo a los académicos del derecho civil y
que funcionará como un marco jurídico muy útil en el ámbito
estrictamente económico. Es decir, como Legislativo hemos querido
huir de una protección al consumidor que, so capa de una supuesta
protección, acabara dejando vacío de contenido el derecho de libertad
de empresa, el derecho de crear, la libertad de pacto entre las
partes, la posibilidad de que las empresas puedan optar por fórmulas
que les fueran rentables. A la vez había que huir también de que esa
rentabilidad necesaria
para que un producto pueda estar en el mercado, esa necesidad de las
empresas para que una inversión pueda resultar atractiva, pesase
sobre las espaldas de los consumidores creando productos abusivos,
utilizando publicidad engañosa, abusando en general de la buena fe de
los consumidores en un ámbito como éste. Ese equilibrio entre esos
dos elementos creemos que se ha conseguido perfectamente.
No querría terminar sin hacer mención a un tema que es quizá de los
menores en términos jurídicos en esta ley, pero que no deja de tener
su importancia, y es el nombre de lo que hoy creamos. Es quizá el
defecto mayor que tiene esta ley, pero no hemos sabido encontrar nada
mejor; por lo menos el Gobierno no ha sabido ponernos sobre la mesa
nada mejor y hay que reconocer que los distintos grupos políticos
tampoco. Repito que es algo menor pero importante en términos
sociales. A partir de hoy la multipropiedad ha desaparecido de
España, ya no habrá más multipropiedad. Habrá aprovechamiento por
turno de bienes inmuebles. No cabe duda de que es un nombre que no es
excesivamente popular y que no es fácil que vaya a convertirse en
popular: Compro un aprovechamiento por turno de bienes inmuebles,
vendo un aprovechamiento por turno de bienes inmuebles. Grandes
rótulos: Aquí aprovechamiento por turno... Ya se ve que no es un
término que sea fácil de comercializar. De ahí que reconociendo las
razones que tuvo el Gobierno cuando elaboró el proyecto de ley para
retirar de la circulación jurídica el nombre de multipropiedad,
porque efectivamente inducía a confusión, introdujimos una enmienda
que permite seguir utilizando a efectos comerciales la denominación
tiempo compartido, traducción literal del inglés time sharing, que no
deja de ser poco rigurosa en términos jurídicos pero que puede tener
una mayor utilidad a efectos comerciales. Quería hacer mención a esta
cuestión después de hablar con los sectores afectados, porque una de
las primeras cosas que comentan cuando se habla de esta ley es: ¿No
podíais haber buscado un nombre más atractivo? Hay que reconocer que
el nombre no es atractivo. Se puede abrir un concurso de ideas entre
los implicados para ver si son capaces de llegar a un nombre del
derecho que hoy creamos que pueda hacer más fácil su conocimiento, su
transmisión, su difusión como producto de tremendo interés para los
consumidores y para las empresas, pero hoy por hoy el nombre
rigurosamente técnico que funciona y que como tal vamos a apoyar es
el de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico.
Gracias, señor presidente. (El señor Gómez Rodríguez pide la
palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Guardans.
Señor Gómez, ¿a qué efectos pide la palabra?
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Por un lapsus que he sufrido, señor
presidente.
Anteriormente se me invitó a intervenir, pero creí que nos referíamos
a la ley del IRPF de no residentes y por eso dije que aceptaba todo
lo que decía el Senado. Por el bullicio o por lo que fuera no me
percaté de que estamos hablando de una ley importantísima para
Canarias, la del time sharing.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene cinco minutos para
intervenir.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Quizá menos, señor presidente. Muchas
gracias.
Señorías, señor presidente, como en las películas, cualquier parecido
con la realidad es pura coincidencia. Me refiero a que entre el texto
que envía el Gobierno y el que ha venido del Senado hay profundas
diferencias. Esas profundas diferencias han sido eliminadas, en su
mayor parte, gracias a la labor conjunta de todos los grupos
políticos que han intervenido tanto en la ponencia como en la
Comisión, así como en el Senado. Es importante resaltarlo porque aquí
no caben cantos victimistas ni victoriosos de ningún grupo. Es verdad
que se ha cambiado todo el texto del Gobierno, pero ha sido a base de
diálogo. Yo comprendo y admito que el Grupo Popular ha tenido
muchísimo trabajo acercándose al Ministerio para conseguir que esta
ley, que tenía un carácter muy inmobiliario, muy reglamentario y con
desconocimiento de la realidad autonómica de España, fuera un bastión
fuerte de un grupo de profesionales que la defendían a ultranza.
Nosotros expresamos nuestra satisfacción por el hecho de que se hayan
producido esos cambios, pero la mayor satisfacción señorías, es que
haya sido por consenso.
Ha sido una pena que en el trámite del Senado no se haya aprovechado
tan magnífica coyuntura para aceptar el nombre universal de esta
institución. Universalmente se le llama tiempo compartido, time
sharing, pero el texto legal prefiere el de aprovechamiento de bienes
inmuebles por turno, con una denominación legal muy larga y que
creemos que no va a ser aceptada por el sector; porque en esta Cámara
todas las iniciativas legislativas lo llamaban tiempo compartido;
porque la directiva europea también le llama tiempo compartido;
porque las autonomías en que ya se ha regulado, como en Canarias, se
llama tiempo compartido; porque en los municipios que han reglado sus
ordenanzas para el tiempo compartido se hace utilizando esta
denominación. No comprendemos por qué este cambio de nombre. También
veo la buena voluntad, en una solución salomónica del tema, cuando en
el artículo 1.6 se dice que se puede llamar como se quiera, pero que
en la ley se llamará por turno. Esto me parece algo inadmisible y
seguiremos insistiendo en el cambio legal.
Expresaremos nuestro voto tras la audiencia de los respetables
criterios de los demás grupos políticos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Gómez.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Sáenz Cosculluela.
El señor SÁENZ COSCULLUELA: Señor presidente, en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista me permito ofrecerl unas brevísimas
reflexiones y comentarios a propósito del proyecto de ley sobre
derechos de aprovechamiento por turno.
Este proyecto de ley constituye una buena noticia y una satisfacción,
en primer lugar, para los consumidores, también para los empresarios
del sector y promotores de este tipo de actividades turísticas y para
el propio Parlamento. Me explicaré. En primer lugar, la inmensa
población que usa el territorio español para disfrutar de las
vacaciones, los propios españoles que disfrutan de vacaciones, a
partir de la aprobación de este proyecto de ley, se van a ver
especialmente protegidos en sus derechos como consumidores, por lo
menos en lo que a esta modalidad turística se refiere. La
preocupación expresada por el Parlamento Europeo, por la Comisión
Europea, sobre los abusos que había habido en alguna época en torno a
la contratación de este tipo de servicios turísticos, se materializó
con la aprobación de la Directiva 94/47, del mes de octubre de ese
año, claramente protectora de los derechos de los consumidores. El
proyecto de ley, dentro de lo que es permitido a un texto jurídico,
va a garantizar los derechos de los consumidores estableciendo
mecanismos fuertemente protectores, por tanto evitando en lo posible
los abusos que puedan producirse. Por tanto, España se integra en una
madura legislación y regulación, dentro del ámbito de los países
comunitarios, para proteger al consumidor. Por eso decía que es una
satisfacción.
También he aludido a la indudable satisfacción que va a tener el
sector empresarial que desarrolla este tipo de actividades. Yo creo
que es una buena noticia para ellos porque la leyenda negra, no
justificada en muchos casos pero ciertamente existente, nos guste o
no, va a acabar con este proyecto de ley. A partir de ahora el sector
va a ganar en credibilidad y, en consecuencia, en posibilidades
dentro de un sector tan dinámico y trascendente para la economía
española. La ley protege a los consumidores y a la vez va a
dignificar la actividad económica y el riesgo empresarial, que va
poder ser cada vez más serio, liberado ya de los riesgos que para
todos generaba la minoría de desaprensivos. Probablemente sólo los
malos empresarios, y son pocos, verán este proyecto como un problema
y no como una solución o, al menos, como una mejora del sector.
Decía que también el Parlamento debe sentirse especialmente
satisfecho, y voy a insistir en ello ya para terminar. Cuando el
Parlamento ejerce con libertad real y sin condicionamientos la tarea
de legislar, las leyes mejoran, y este es el caso. A veces los grupos
integrantes del Parlamento no llegan a romper la idea de que
modificar un proyecto del Gobierno es quebrar el
apoyo al Gobierno. No ha sido este el caso y se nota. El proyecto que
vino del Gobierno mereció serios reproches de muchos grupos; unos,
expresados en forma de enmienda a la totalidad, otros suscitando los
severos reproches a que he aludido. Concretamente el Grupo
Socialista, señor presidente, a la vista del proyecto que el Gobierno
remitió, optó por la enmienda a la totalidad y por pedir que se
limitara el proyecto a implantar la directiva comunitaria, no a
regular el sector. Ello venía determinado por la discrepancia
respecto del contenido regulador del proyecto, que preveíamos difícil
de modificar dada la constitución de la Cámara. Por eso preferimos
reducir nuestras enmiendas a exigir la aplicación de la directiva
comunitaria. Otros grupos optaron por otra estrategia, pero
coincidente en el rechazo al proyecto. Pues bien, el proyecto ha
recuperado el principio informador de nuestro derecho, que es el de
libertad de pactos. Se ha respetado la doble opción posible para los
interesados de adquirir derechos con base jurídica en un derecho real
o en un derecho personal. El proyecto ha regulado -con la salvedad
que luego diré- sensatamente lo relativo a cuestiones fiscales y ha
mantenido firmemente la protección de los consumidores. Es posible
que nos queden dudas sobre la cuestión del nombre, el nomem iuris,
pero no es una cuestión trascendente sobre la que debamos en este
momento entretener a la Cámara. Ahora queda que el Gobierno
(asumiendo sus responsabilidades a través de la acción económica, de
la acción de promoción, utilizando las vías diplomáticas, las vías
consulares, las vías de los representantes económicos en las
embajadas) potencie la credibilidad del sector español en esta
materia y ayude a incentivar la acción turística del sector español.
Este es un compromiso que debería reafirmar el Gobierno después de
este debate, tras aprobarse este proyecto de ley. Hay que potenciar
el sector y hay que ayudarle a que recupere una credibilidad que hoy
está garantizada con este proyecto de ley en cuanto al respeto a los
derechos de los consumidores.
Termino ya, señor presidente, haciendo una salvedad crítica que es
obligado efectuar. Durante la tramitación de este proyecto de ley y
ya cerrado el plazo de enmiendas en el Senado, el Parlamento canario
ha emitido el obligado informe sobre las cuestiones fiscales, de
acuerdo con las previsiones del Estatuto de Autonomía de Canarias. El
informe respecto a algunas previsiones fiscales, concretamente a la
aplicación del impuesto general indirecto canario, ha sido
desfavorable, no obtuvo el apoyo necesario. Naturalmente, a estas
alturas del trámite parlamentario no es posible efectuar retoque
alguno relacionado con este dictamen del Parlamento canario, pero
queremos poner de manifiesto que el Grupo Socialista aprovechará
cualquier oportunidad para incidir sobre esta cuestión porque, aunque
inicialmente había una remisión al impuesto general indirecto
canario, partiendo de que la legislación general para todo el
territorio español era el tipo reducido, se ha aplicado el tipo
reducido pero del
impuesto general indirecto canario, lo cual lleva a que en el
territorio de Canarias se aplicará el 2 por ciento en este tipo de
transacciones, a diferencia del resto del territorio español, donde
el impuesto reducido o el tipo mínimo es del 7 por ciento. En
consecuencia, este es un problema que surge, relacionado con el
dictamen del Parlamento de Canarias, que en algún momento habrá que
abordar en esta Cámara. Salvo esta pequeña objeción -que no tiene
tratamiento parlamentario en este momento-, las consideraciones de
fondo que he expuesto son las que sostienen el voto favorable del
Grupo Socialista a todas las enmiendas que se nos remiten por el
Senado.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Sáenz
Cosculluela.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora
Barrios.
La señora BARRIOS CURBELO: Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, en septiembre del año 1997
comenzó la andadura del proyecto de ley sobre derechos de
aprovechamiento por turno de bienes inmuebles y ahora, en noviembre,
después de haber transcurrido poco más de un año, estamos en el
último momento del debate parlamentario, a la vuelta de este texto
del Senado, donde se ha enriquecido con diferentes enmiendas. El
derecho de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles intenta
regular una nueva figura turística que es una combinación entre el
régimen hotelero y la titularidad de un apartamento, porque las
condiciones sociales y económicas de nuestra sociedad se han
modificado y también la costumbre en el disfrute de las vacaciones.
Por eso este nuevo producto turístico, que está obteniendo una gran
demanda, reúne los requisitos positivos de uno y otro régimen, de tal
manera que el derecho de aprovechamiento por turno de bienes
inmuebles va a dar lugar a que se pueda adquirir el uso de una o más
semanas de un apartamento con todos los servicios hoteleros y con un
precio asequible, puesto que es sólo el uso de una o dos semanas lo
que se está adquiriendo, no el inmueble entero.
España es una gran potencia -la segunda del mundo- en la explotación
de este régimen y la Comunidad Autónoma de Canarias, sin lugar a
dudas, es la pionera en ese sentido. Ya ha dicho el señor Gómez que
en Canarias existe un gran sector dedicado a este tipo de
explotación. Pues bien, quiero decirles que no sólo nos interesa o
nos debe interesar este fenómeno jurídico o social nuevo, también nos
interesa la situación económica de este sector. Este sector es muy
importante económicamente, ha creado múltiples empleos y, además, da
servicio a millones de turistas. Por tanto, por la gran demanda
existente, se están produciendo unas grandes inversiones en este
sector y nos parecía adecuada y necesaria su regulación.
No era posible hacerlo con las figuras actuales que existen en
nuestro ordenamiento jurídico. Existe el derecho de propiedad, el
contrato de arrendamiento, el derecho de habitación, pero es cierto
que esta nueva figura tenía una serie de peculiaridades que no podían
ubicarse dentro de aquellas otras. Por eso y sobre la base de las
grandes inversiones que se están produciendo y de que es un
instrumento útil para el crecimiento de la industria turística, la
principal industria en España, nos ha parecido adecuado fijar un
marco jurídico completo, estable y coherente con el contenido de este
derecho.
Por todo ello -y así lo han dicho los anteriores intervinientes-, el
Gobierno presenta el proyecto de ley no sólo instado por la Directiva
94/47, en la cual se recogían unos requisitos mínimos por una serie
de controversias que se presentan por la falta de tratamiento legal
de esta figura, sino también porque nos parecía adecuado ir un poco
más allá. Yo creo que el Gobierno ha sido valiente en su regulación.
Se plantea la problemática del nombre, la lengua, la lejanía que se
produce entre quien adquiere el derecho y donde están ubicados los
bienes inmuebles; en fin, entre la práctica que se estaba produciendo
desde hacía años en este sector y lo que era la regulación del mismo.
No podemos olvidar que es un sistema anglosajón para aplicar en un
ordenamiento jurídico latino y, por tanto, había que darle una
cobertura legal, protegiendo por supuesto al consumidor y al usuario
-como así se ha hecho y también se ha dicho-, pero al mismo tiempo no
encorsetando excesivamente al sector.
El texto resultante creo que tiene un alto grado de calidad
legislativa. Todos los intervinientes en el debate, desde posturas
opuestas -el mismo señor Gómez lo decía e incluso ha mantenido
siempre el contenido de sus intervenciones respecto al nomen iuris-,
hemos llegado a unos acuerdos que han dado lugar a un texto en donde
se une la protección de usuarios y consumidores y se le da una
respuesta al sector empresarial. Solamente queremos recordar que
respecto a la denominación, que ha sido tan citada por otros
representantes de los grupos parlamentarios, seguimos manteniendo la
de derecho de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles, porque
creemos que es la más genérica, la más adecuada, la más descriptiva y
la que no da lugar a confusión alguna en el consumidor final y porque
en la propia regulación recoge todas las características de este
nuevo derecho. Por tanto, aparte de recoger otras opciones, como ha
sido la posibilidad de considerarlo como un derecho real limitado,
puesto que tiene una duración de 50 años, o como un derecho personal,
o hacer una mención especial -no nos podemos olvidar de la empresa de
servicios tan esencial para que funcione este régimen-, hay que
felicitar al Gobierno por este texto. Creo que tenemos una nueva
figura turística con una completa regulación. La participación en el
debate de los componentes de todos los grupos parlamentarios nos hace
reconciliarnos con laactividad parlamentaria. Efectivamente, se han
introducido
117 enmiendas en el Congreso y 19 en el Senado, lo que ya de por sí
da idea de que este texto ha sido fruto de arduas negociaciones y de
un gran acercamiento, que estoy convencida que para todos ha sido
gratificante y enriquecedor.
Desde luego, desde aquí quiero felicitar al señor Gómez, a la señora
Uría, al señor Guardans, al señor Centella y al señor Sáenz
Cosculluela, porque han demostrado y además en sus intervenciones así
se ha visto que son unos dignos parlamentarios, unos excelentes
juristas y unos grandes defensores de sus ideas, pero al final lo que
interesaba era regular y dar solución a unos problemas del sector, y
creo que el fruto ha valido la pena y que va a ser para el bien de
todos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Barrios.
- PROYECTO DE LEY DE RESTITUCIÓN O COMPENSACIÓN A LOS PARTIDOS
POLÍTICOS DE BIENES Y DERECHOS INCAUTADOS EN APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA SOBRE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS DEL PERÍODO 1936-1939.
(Número de expediente 121/000098.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pasamos al debate de las
enmiendas del Senado al proyecto de ley que figura con el número 51
del orden del día, referido a la restitución o compensación a los
partidos políticos de bienes y derechos incautados en aplicación de
la normativa sobre responsabilidades políticas del período 1936-1939.
¿Grupos parlamentarios que desean participar en el debate? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
Mi grupo va a votar favorablemente las dos enmiendas que vienen del
Senado a este proyecto de ley de restitución o compensación a los
partidos políticos de bienes y derechos incautados en aplicación de
la normativa sobre responsabilidades políticas del período de la
guerra civil española, 1936-1939. En primer lugar, la enmienda que
está dirigida al artículo 3 introduce una serie de matizaciones,
incluso de mejor ordenamiento de su texto, respecto al registro que
hubieran tenido los partidos políticos que hubieran reconstituido o
no su personalidad jurídica después de la Ley de 1978, que vino a
instaurar en la transición el reconocimiento democrático a la
libertad de asociación política y, por tanto, la constitución de los
partidos políticos, de aquellos que habían estado ya presentes en la
vida activa en los años encausados, 1936-1939, y que habían aparecido
otra vez al aire de libertad de la democracia instaurada a partir de
1976.
En cuanto a la segunda enmienda, que trae una disposición adicional
nueva que no figuraba en el texto que salió en su momento de este
Congreso de los Diputados camino del Senado, la vamos a apoyar porque
creemos que es el reconocimiento explícito de una cuestión de
seguridad jurídica bien matizada, es decir, de aquellos casos en que
deben ser objeto de una compensación los beneficiarios que se
establecen en el artículo 3 de este proyecto de ley, en dos
variantes: primera, por una privación definitiva que estuviera -y
esto es importante- fehacientemente acreditada, es decir, un
principio de normativa jurídica, para el uso y disfrute de bienes
inmuebles urbanos en concepto de arrendatarios, y, segunda, por la
incautación, también fehacientemente acreditada, en cuestión de
saldos en efectivo de cuentas corrientes y depósitos bancarios y
financieros que estuvieran legalmente autorizados en la legislación
de la entonces República española.
Por estas razones y por entender que las enmiendas perfeccionan
nuestro texto, contribuyen a la seguridad jurídica y especifican con
singularidades explícitas la casuística correspondiente a las
compensaciones habidas y debidas, mi grupo, como he dicho, señor
presidente, votará afirmativamente este proyecto de ley, que es uno
de los últimos pasos en la normalización del reconocimiento de un
derecho político histórico en un Estado democrático de derecho como
el que actualmente ampara, afortunadamente, la Constitución española.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Vasco, (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor González de
Txabarri Miranda.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Es un motivo de satisfacción
para este grupo parlamentario vivir hoy el momento final de la
tramitación de este proyecto de ley de devolución de los bienes
incautados tras la guerra civil, dado que, como conocen SS.SS., en la
negociación previa a la investidura del presidente Aznar fue este uno
de los temas acordados entre el Grupo Popular y el Grupo del Partido
Nacionalista Vasco para apoyar dicha investidura. Por ello, es motivo
de satisfacción ver, cuando ha pasado ya el ecuador de la legislatura
y tras arduos trámites y negociaciones, que estamos en condiciones de
cumplir este punto del acuerdo de investidura entre el Grupo Popular
y el Grupo Vasco. Es motivo de satisfacción comprobar que los
acuerdos se cumplen y que los grupos parlamentarios están en
condiciones de culminar aquello que en el inicio se firma y se
suscribe; que, aunque tarde, de forma segura y transparente, sin
ocultar absolutamente nada, los grupos parlamentarios son capaces de
culminar estos procesos. De ahí la satisfacción que quiero
manifestar, en primer lugar, al indicar que vamos a aceptar las
enmiendas que el Senado nos remite en este trámite.
Quisiera significar también, con motivo del fin de los trabajos de
este proyecto de ley, el grado de acercamiento y de buen ambiente que
ha existido, tanto en la ponencia como en otros trámites en esta
Cámara, en orden a establecer los contenidos de este proyecto de ley.
Muchas veces tanto la prensa como los medios de comunicación dan a
entender que los pactos y acuerdos a los que se llega entre los
grupos parlamentarios, entre el Gobierno y los distintos partidos, se
establecen en aras a criterios o acuerdos que muchas veces se
califican de secretos, de enfermizos o de contradictorios. Yo creo
que es un proyecto de ley que pone en evidencia que se puede llegar a
acuerdos en base a otros criterios y otras metodologías de trabajo y
culminar los trabajos con toda dignidad, dando cierre, como en este
caso, a un conflicto histórico que hacía que las gentes que habían
conocido la incautación de estos bienes entendieran que estábamos
viviendo, veintitantos años después del restablecimiento de la
democracia, en unas condiciones en que todavía se podía decir que
conocíamos un Estado ladrón, un Estado que mantenía entre sus
propiedades una serie de bienes e inmuebles que no le correspondían.
Por ello siempre es bueno cerrar heridas históricas y neutralizar
argumentos históricos, para poner las cosas en su sitio. De ahí la
satisfacción de este grupo parlamentario al conocer hoy la
finalización de los trámites y la aprobación de este proyecto de ley.
El proyecto de ley insta al Gobierno a que establezca un reglamento
en el plazo de dos meses. Quisiera dejar constancia en el 'Diario de
Sesiones' de nuestra petición de que se fuese diligente en los
tiempos establecidos en el propio proyecto de ley para que la
ejecución de sus contenidos no sea una vez más un motivo de trifulcas
y enredos entre los distintos grupos parlamentarios. Será discutible,
señor presidente, si el ámbito objetivo o los ámbitos subjetivos que
se recogen en este proyecto de ley son o no suficientes. Aunque todo
el mundo siempre quisiera más en este orden de cosas y es difícil
restituir en pura justicia, en su pulcritud, lo que son conflictos
históricos tan enconados durante muchos años, entendemos que el
Gobierno popular ha sido generoso en sus planteamientos; siempre se
podrían haber abierto estos ámbitos objetivos y subjetivos, pero
entendemos que estamos realizando un acto de justicia, simbólica si
se quiere, pero también con la profundidad y la carga conceptual
suficiente como para entender que si el reglamento se publica en el
Boletín Oficial del Estado en el plazo establecido de dos meses y
cada partido político puede demostrar la verdad de sus injusticias,
nos encontraremos, señor presidente, en la tesitura de cerrar heridas
históricas, lo que nos hará tener menos motivos para mirar al pasado
y muchos más para mirar al futuro.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor González de
Txabarri.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor
Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero expresar el triple motivo de satisfacción de mi grupo, en
primer lugar por las enmiendas incorporadas por el Senado, que
derivan, en un caso, de una transacción y, en otro caso literal, de
enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); en
segundo lugar, porque la culminación de este proceso legislativo
supone corregir de alguna manera, desde luego muy parcialmente,
agravios históricos de aquello que se produjo en virtud de una guerra
no ya civil sino absolutamente incivil y además, por la fecha de las
disposiciones en que se consolidó -no sólo 1936-1939, sino también
1942 y 1943-, de lo que pudiéramos llamar también una posguerra
absolutamente incivil. El tercer motivo de satisfacción viene dado
porque uno de los partidos integrantes de la coalición de
Convergència i Unió, al que me honro en pertenecer, Unió Democràtica
de Catalunya, aparecía citado nominalmente en el artículo 2 de la Ley
de 9 de febrero de 1939, estableciendo que quedaba, como tantos otros
partidos, fuera de la ley y declarando la responsabilidad política de
las personas físicas o jurídicas que lo integraban, y en la medida en
que desde este punto de vista se convierte Unió Democràtica de
Catalunya en un beneficiario de los efectos de esta ley, debo
manifestar, como decía, esa satisfacción.
Para terminar cabe decir, en primer lugar, que si bien son todos los
que están, no están todos los que son. ¿Qué quiero decir con esto?
Que algunos partidos o fuerzas políticas han desaparecido por el
camino, como no podía ser quizá de otra manera, en esos más de 50
años, desde la Ley de 1936, por mor de las dificultades de la
clandestinidad, de la represión de la dictadura y de los propios
avatares históricos. Los partidos que seremos beneficiarios de esta
ley no queremos mirar - al menos Unió Democràtica de Catalunya no
quiere hacerlo- por encima del hombro a ninguno de los restantes
partidos, empezando por nuestro socio de coalición, Convergència
Democràtica de Catalunya -pero hay más-, que por diversos avatares o
circunstancias no son destinatarios de esta ley, pero cuyo carácter
democrático no puede ignorarse en modo alguno.
En segundo lugar, como ya se ha manifestado por el portavoz del Grupo
Parlamentario Vasco y creo recordar que también por el portavoz de
Coalición Canaria, esta ley no deja de tener limitaciones subjetivas,
porque no se aplica a todas las organizaciones, se aplica a partidos
políticos, no a entidades de otra naturaleza. Tiene limitaciones
objetivas, porque, como también se ha dicho, no afecta a bienes
muebles, y al final la extensión a cuentas corrientes o a derechos de
arrendamiento ha tenido que introducirse mediante enmiendas en el
Senado. Incluso tiene limitaciones cuantitativas, como consta en la
disposición adicional, con ese tope de los 500 millones de pesetas.
Sin embargo, estos límites, subjetivos, objetivos o cuantitativos,
entendemos que no desmerecen en modo alguno el espíritu, la filosofía
y los efectos de la propia ley, que tiene por
finalidad reparar lo que ha sido una auténtica injusticia histórica,
injusticia que por su magnitud deviene irreparable en todos su
términos, como cualquiera estará en condiciones de aceptar.
Por lo tanto, votaremos a favor de las enmiendas del Senado y
manifestamos de nuevo la satisfacción porque en un acto público, en
el Pleno del Congreso de los Diputados, pueda ponerse fin a este
procedimiento legislativo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Silva.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida tiene la
palabra el señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo va a apoyar las enmiendas aprobadas en el Senado,
entendiendo que hay que hacer una valoración de conjunto de este
proyecto de ley de restitución o compensación a los partidos
políticos de los bienes y derechos incautados en aplicación de la
normativa sobre responsabilidades políticas del período 1936-1939, en
el sentido de que es una ley que de alguna manera permite recuperar
por completo la legitimidad a aquellos partidos y a aquellas
instituciones afines que se vieron traumáticamente afectados por
nuestra guerra civil.
Esta ley tiene mucho de simbólica, más que de restitución objetiva,
como ya se ha dicho en intervenciones anteriores, puesto que es casi
imposible evaluar todas las consecuencias que tuvo no solamente en
bienes materiales sino en la pérdida de vidas humanas por causa de la
guerra. Nos hubiera gustado que esta ley llevara el apoyo de todos
los grupos parlamentarios y, por tanto, seguimos pensando que todavía
deja un margen suficiente para la reflexión, entendiendo que hay
algunos temas que quedan bastante abiertos. En aquella época era
difícil delimitar las fronteras entre el partido político en sí y las
organizaciones afines, participadas por el partido o en las que había
todo tipo de actividades, desde cooperativas a agrupaciones de apoyo,
etcétera. Es muy difícil desligarlo de la actividad de los partidos
políticos. Por lo tanto, creemos que quizá con un poco más de tiempo
hubiera sido posible alcanzar este consenso.
Por otro lado, hay una serie de bienes que probablemente son más
fáciles de identificar, como son los patrimoniales, los inmuebles,
los edificios ocupados en aquel momento por los partidos políticos y
de los cuales fueron desalojados en aplicación de las leyes
subsiguientes y, por los efectos de la guerra civil, con
dificultades, porque en muchos casos han desaparecido las
inscripciones registrales o eran compartidos con otras
organizaciones, pero en las disposiciones adicionales que se
introducen creemos correcto incluir el concepto, aunque es más
subjetivo, de restitución, por ejemplo, de la pérdida de derechos por
locales alquilados.
Sin embargo, en cuanto a las cuentas corrientes sí que estamos
relativamente insatisfechos, porque entendemos
que es una referencia muy objetiva. En el Boletín Oficial del
Estado de la época, de los años cuarenta, está publicada la relación,
una por una, de todas las cuentas incautadas, con los titulares de
las mismas. Por tanto, es sencillísimo, por lo menos en una parte
importante de las mismas, conocer objetivamente quiénes eran sus
titulares y cuáles eran las cuantías de estos bienes. Incluso
analizando las actas de incautación hay datos muy claros; hay actas
en las que figuran cantidades en metálico incautadas por los propios
intervinientes en la incautación, algunas muy significativas. Por
tanto, creemos que ese tope que se impone de 500 millones es
demasiado limitativo. Nosotros creemos que, en su momento, a la vista
de la documentación aportada, habrá que reflexionar sobre ese límite,
que probablemente no es a nuestra fuerza política a quien más va a
afectar; según nuestra primera evaluación va a estar muy cerca del
mismo, pero creemos que puede cometerse una injusticia limitando a
partidos que en aquel momento eran más importantes cuantitativamente,
y en ese caso puede haber un problema de objetividad que no es
comparable a los daños causados por la cuestión de los alquileres.
En consecuencia, creo que es necesario insistir en que se cumplan los
plazos, es decir, que el reglamento salga cuanto antes, y, al mismo
tiempo, que en la elaboración de ese reglamento haya una
participación de todas las fuerzas políticas afectadas, precisamente
para poder aclarar y matizar cosas que la propia ley ya contempla en
el artículo 1, cuando habla, por ejemplo, de restitución a los
partidos políticos de bienes inmuebles o derechos de contenido
patrimonial pertenecientes a personas jurídicas a ellos vinculadas.
Pienso que aquí también hay una zona de discusión.
Nosotros tampoco queríamos entrar en una polémica eterna, donde no
fuéramos capaces de acotar en el tiempo la discusión, y por ello
vamos a votar favorablemente estas enmiendas, planteando que de
alguna manera debemos estar presentes o, al menos, tener la
oportunidad de discutir el reglamento y ver cómo se puede favorecer
por la propia Administración -y en el espíritu de la ley queda, pero
luego hay dificultades objetivas- tanto el acceso a los archivos
históricos como a los datos que, por ejemplo, el propio Banco de
España podría facilitar para precisamente poder garantizar la
documentación que avale la objetividad para luego presentar las
subsiguientes reclamaciones. Creemos importante que esto se cumpla y,
después, en una primera evaluación, cuando esté el reglamento, que
entre todos pudiéramos determinar si a lo mejor hay que hacer una
pequeña reforma que pudiera cubrir los objetivos de todos los
partidos, sabiendo que siempre serán limitados y que nunca se podrá
restituir en su integridad todo lo que fue incautado de manera
violenta.
Esta es la reflexión que queríamos hacer aquí y, por tanto, nuestro
grupo va a apoyar este proyecto de ley y espero que en el camino que
queda, que no es poco -lo de hoy es el primer paso-, nos podamos
volver aencontrar todos.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo Socialista,
tiene la palabra el señor Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, las enmiendas que hoy analizamos, en el
caso de que fueran aprobadas, formarían parte de una ley que debería
haber merecido una especial atención e interés por parte de esta
Cámara. A fin de cuentas, cuando esta ley entre en vigor quedarán
derogados algunos de los aspectos ocasionados por la aplicación
violenta y forzada de la Ley de responsabilidades políticas de 1939.
No descubro nada a SS.SS. si les digo que pese a lo significativo de
este proyecto de ley, pasa entre nosotros con más pena que gloria. En
torno a él, desde el primer momento, surgió o nos surgió a nosotros
una duda. ¿Qué se pretendía con él? ¿Se quería llevar a cabo la justa
devolución de un patrimonio incautado a los vencidos por los
vencedores en un momento aciago de la historia de España, en un
momento en el que la guerra ocupó el lugar de la política, o, por el
contrario, nos hallábamos ante un texto sectario y oportunista
destinado a apuntalar una estrecha mayoría parlamentaria? Sería la
justeza de los criterios que se emplearan para realizar la aplicación
y administración de tal reparación la que permitiría inclinar la
valoración y el sentido que a cada grupo parlamentario le merecería
este proyecto de ley.
Desde el primer momento dijimos que haciendo honor a la verdad
histórica, la incautación supuso la pérdida absoluta de unos derechos
junto con la pérdida total de los bienes inherentes a los mismos. Así
lo estableció la Ley de responsabilidades políticas, determinando que
los bienes y los derechos pasarían a formar parte íntegramente de la
propiedad del Estado. Los tribunales de incautación, al efectuar a
los partidos políticos disueltos la requisa de sus bienes, de los que
eran propietarios, no hicieron distinción alguna. Hay un hecho que
queremos señalar y es que la discriminación que esta norma establece
según la naturaleza de los bienes y que se extiende a los afectados
por el expolio no figuró entre los procedimientos empleados por los
vencedores. Tampoco se respetó el espacio político y social que a
través de una compleja, diversificada, sofisticada y perseverante red
polifuncional de relaciones económicas, culturales, de protección y
de bienestar social había ido creándose para dar respuestas a las
necesidades de los trabajadores. Convendría destacar que hasta aquel
entonces los poderes públicos habían ignorado a parte significativa
de la sociedad española, por lo que quienes padecían esta injusta
situación llevaban más de medio siglo creando su propia sociabilidad.
Cuando han pasado más de 60 años de tan dramáticos sucesos, la
devolución a las formaciones políticas
disueltas por la dictadura de aquello que se les arrebató por la
fuerza resulta una tarea tan justa como compleja. Para hacer frente a
este hecho, los partidos políticos habrán de desarrollar un esfuerzo
considerable destinado a localizar y acreditar la titularidad de los
bienes y derechos que reclaman. Pese a esas dificultades, ese ha sido
el planteamiento que hemos defendido. Apoyamos la necesidad de que se
parta del principio documentario, ya que es el procedimiento en
virtud del cual ninguno de los beneficiados por esta norma podrá
reclamar algo de lo que no fuera titular en aquel entonces. Además,
consideramos que resulta imprescindible objetivar el procedimiento
dotándolo de la máxima seguridad jurídica. Los criterios debían ser
claros, transparentes y públicos, con el fin de que se evitaran
conflictos y discriminaciones entre quienes se consideran acreedores
a la restitución. En tal sentido, propusimos la creación de una
comisión consultiva que emitiera dictámenes sobre aquellos bienes en
torno a cuya titularidad pudieran plantearse dudas. Desde nuestro
punto de vista, en una norma que se promulga para reparar nada más y
nada menos que una parte de los hechos ocurridos durante la guerra
civil, la justicia exige la máxima pulcritud. Habría de actuarse
impidiendo que se hicieran distinciones arbitrarias a la hora de
asignar derechos, porque creíamos que actuando en sentido contrario
pudiera ocurrir que, enfrentándonos a periodos recientes de nuestra
historia, volviéramos a abrir viejas heridas.
Cuando este proyecto llega a su último trámite parlamentario hemos de
manifestar que su contenido, incluida la disposición adicional
incorporada por el Senado, da al traste con la pretendida
restitución. Este proyecto, pese a lo que manifieste la exposición de
motivos, no va a poder restaurar situaciones jurídicas ilegalmente
afectadas por decisiones adoptadas al amparo de una normativa
injusta. Es, desde nuestro punto de vista, un proyecto engañoso. Si
lo analizamos desde el prisma de los beneficiarios, se observa que la
devolución no alcanza a todas cuantas entidades, agrupaciones y
partidos fueron declarados fuera de la ley. La discriminación llega a
los propios elementos expoliados. La incautación distingue entre
bienes muebles e inmuebles, pero en la realidad se incautó todo
cuanto se encontraba vinculado a los partidos políticos de los
derrotados y al entramado social conectado con ellos. Esta doble
discriminación que hemos tratado de corregir es la que ha
fundamentado las dudas que teníamos cuando se inició la tramitación
parlamentaria.
La disposición adicional incorporada en el Senado es un claro
exponente del espíritu del proyecto: es paradigmática, es
identificativa ya que sitúa en las exclusivas manos de la
Administración la decisión sobre la existencia o no de unos derechos.
Es más, huérfano el proyecto de elementos de transparencia, de
control y de resolución de conflictos, la excepcionalidad que
establece posibilita que la restitución, en lugar de tener que
demostrarse, termine simplemente por decretarse. En pocas ocasiones,
señorías, podría evidenciarse el
talante arbitrario de una disposición que a nosotros nos produce
escándalo, aunque se sostenga a pies juntillas.
Respecto a la limitación cuantitativa incorporada en el punto 2 de la
misma, hemos de manifestar que a lo largo de los sucesivos debates,
tanto en el Congreso como en el Senado, reiteramos hasta la saciedad
que en modo alguno nos acercábamos a esta restitución con un
planteamiento cuantitativo. En tan prosaica cuestión hemos sido
extremadamente cautelosos, no en vano la guerra civil desencadenó una
serie extraordinaria de crueldades que conmovieron a este pueblo. El
derecho quedó postrado y la libertad conculcada. Muchos españoles
perdieron su hogar y con él la familiaridad de la vida cotidiana.
Perdieron su profesión y con ella la posibilidad de ser útiles en
este mundo. Horrorizados por la escasa reverencia hacia la vida,
vieron cómo sus familias eran encarceladas cuando no asesinadas, con
lo que su existencia experimentó una profunda quiebra.
Conscientes de todos estos hechos, otros gobiernos democráticos, en
momentos más difíciles y complejos, trataron de restaurar en la
medida de lo posible los derechos morales, y gracias a ello los
españoles están hoy liberados del peso del pasado, han borrado las
arrugas que en sus rostros habían esculpido tantas confrontaciones
fratricidas, han superado una existencia enclaustrada, por lo que su
entorno inmediato ya no es local sino digital; han dejado de estar
vinculados a un territorio para estar conectados a una red.
Quienes hace 20 años posibilitaron esa evolución pusieron fin al
dominio del resentimiento, generaron una relación de confianza, no
tuvieron dudas. Por razones de justicia, decidieron ampliar el ámbito
de lealtad de las leyes en lugar de contraerlo y reducirlo. Por ello
encontraron apoyos amplios y generosos entre todos los españoles. Por
el valor que ello tiene para mi grupo, no quisiera dejar de recordar
el comportamiento de los viejos republicanos y de los viejos
socialistas (Un señor diputado: ¡Muy bien!), ya fueran creyentes,
ateos o masones, quienes, olvidando lo mucho que habían padecido, en
un noble ejercicio de generosidad histórica renunciaron a preguntar a
otros sobre su biografía anterior. En este momento se considera que
es de justicia pretender restablecer también los derechos incautados.
Estamos de acuerdo en ello, pero no es menos cierto que semejante
planteamiento tropieza con el contenido de esta ley. Nunca se dirá
mejor aquello de que manca finezza.
Desde nuestro punto de vista, nos encontramos ante una norma
estrecha, de corto recorrido, que no va más allá del propósito de
apuntalar una mayoría parlamentaria. ¿Pueden hacerlo? Sí, pueden
porque tienen mayoría para ello. Ahora bien, tal como lo han hecho,
hemos de decir que no han sido capaces de superar su propio vértigo.
Ante ese riesgo decidieron poner fin a las actitudes prudentes,
tolerantes, constructivas e integradoras que en la sociedad española
han venido desarrollándose en todas cuantas ocasiones se ha tratado
de las cuestiones relativas a la guerra civil. Es la primera vez que
se aborda un problema de esta entidad desde
el sectarismo. Si todo lo anterior no fuera grave, los patrocinadores
del proyecto se han negado a dar cuenta a esta Cámara de los
resultados de su aplicación, actitud premonitoria con la que se
evidencia el escaso respeto que su aplicación tendrá hacia la verdad
histórica. Seguramente nos hallamos en algo muy próximo a una ley
sanción hacia una formación política.
Señorías, hoy la desconfianza está plenamente instalada en la
política española. Leyes como ésta, disposiciones como la que se
somete a votación ni la reparan ni la restituyen, sólo la acentúan y
la acrecientan. Por eso nos oponemos a ella.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Fernández
Marugán.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Del
Burgo.
El señor DEL BURGO TAJADURA: Señor presidente, señorías, quiero
empezar mis palabras, por el impacto que han podido causar las
afirmaciones vertidas por el ilustre portavoz del Grupo Socialista,
señor Fernández Marugán, diciéndole que nuestro grupo comparte
absolutamente todas cuantas afirmaciones ha realizado respecto al
sufrimiento histórico de quienes en un momento de la tragedia
nacional fueron los vencidos, que nosotros reconocemos ese
sufrimiento y que precisamente hace veinte años el conjunto de los
españoles nos dimos una Constitución, que por algo le llamamos la
Constitución de la concordia, entre otras razones para tratar de
evitar que esos sufrimientos pudieran volver a reproducirse.
Oyendo las palabras del señor Fernández Marugán tendríamos que
concluir que ese espíritu de reconciliación, ese espíritu de
reparación de agravios históricos no está presente en esta ley. Ahí
tengo que lamentar que el Partido Socialista se haya quedado
radicalmente solo. Los sufrimientos invocados por el señor Fernández
Marugán los tuvieron también quienes están en otras formaciones
políticas, como el Partido Nacionalista Vasco o las que integran
Izquierda Unida, y, sin embargo, esas formaciones políticas
consideran que esta ley es un gesto de reparación histórica. Partimos
de un hecho que es incuestionable e incontrovertible: que el dinero
jamás puede pagar el sufrimiento. Podremos tratar de compensar, pero
el dinero nunca puede acabar con el sufrimiento. ¿De qué estamos
tratando, señorías? Estamos tratando de la Ley de restitución o
compensación a los partidos políticos de bienes y derechos incautados
en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas del
periodo 1936/1939. De eso estamos tratando, no de los sufrimientos
globales del pueblo español, de un bando o de otro, de la guerra
civil. Estamos hablando de la restitución a unos partidos políticos
que en un momento determinado fueron ilegalmente expoliados de su
patrimonio como consecuencia de una normativa sobre responsabilidades
políticas, entre comillas.
Pues bien, nada de lo que dice el señor Fernández Marugán para
justificar su oposición a este proyecto tiene consistencia. En primer
lugar, porque es una ley -yo me congratulo de ello- fruto de una
iniciativa del Partido Nacionalista Vasco, que converge con el
Partido Popular en el momento de los acuerdos de investidura. Primera
consideración: fue un pacto político público. Todos los españoles y
esta Cámara supieron que el Gobierno popular se había comprometido a
impulsar un proyecto de ley en esta dirección. No creo que eso sea
censurable, no creo que eso sea engañar, no creo que sea una actitud
irresponsable. Eso es simplemente tratar en un acuerdo político de
una cuestión que ustedes, los socialistas, habían tenido trece años
para resolver y que, por las razones que sea, no quisieron o no
pudieron hacerlo.
No se me diga -porque lo he leído, no lo ha dicho aquí el señor
Fernández Marugán- que esa norma del Gobierno socialista hubiera
significado algo así como una ley en la que los socialistas se
erigían como jueces y parte. No se esgrima ese argumento porque no
sirve, entre otras razones, porque ustedes mismos, en 1986, hicieron
una ley de devolución del patrimonio sindical a la UGT y, que yo sepa
-si no estoy equivocado-, en aquella época el tesorero de la UGT
coincidía con el del Partido Socialista -si no es así, rectifico-. En
cualquier caso, es bien sabido que alguna vinculación hay entre la
UGT y el Partido Socialista, que las motivaciones eran exactamente
las mismas, y que era un gobierno socialista el que estaba
propiciando la devolución del patrimonio encauzado a una organización
sindical que, por lo menos en sus orígenes, se decía socialista.
No es verdad que esta ley sea fruto del sectarismo. Es muy fuerte,
señor Fernández Marugán, imputar al Partido Nacionalista Vasco, a
Unión Democrática de Cataluña dentro de Convergència i Unió, a
Izquierda Unida y a Coalición Canaria de sectarismo; es muy fuerte lo
que usted acaba de decir. Parece que aquí todos nos hemos puesto de
acuerdo para apuntillar al Partido Socialista. Yo no quiero hacer
juicios de intención - usted los ha hecho sobre qué es lo que buscaba
el Partido Popular cuando acuerda poner en marcha este proyecto de
ley-, pero no quiero pensar que tal vez sea consecuencia de que en el
pasado el Partido Socialista no tenía un patrimonio inmobiliario muy
importante; tal vez sea esa la causa.
Si de lo que se trata es de los bienes muebles, me llamó la atención
cómo en una incautación de un partido de Izquierda Republicana,
concretamente, en Gàtova, se incluyen entres los bienes muebles -que
están excluidos de esta ley- bienes tales como: 87 sillas, tres
inservibles; ocho mesas útiles, dos inútiles; tres veladeros; tres
perchas: una pizarra; una cafetera; un reloj; nueve marcos; un
radiogramola; 29 copas de café; 30 platos; 10 cucharillas; 14 copas
metadillas; una estufa; dos altavoces inservibles... Estos son, señor
Fernández Marugán, los bienes muebles que quedan excluidos de esta
ley, porque es imposible, entre otras cosas porque ya no son
propiedad del Estado. ¿De qué se trata? De
que aquellos bienes inmuebles y derechos de contenido patrimonial,
que están en la propiedad del Estado como consecuencia de la
incautación, se devuelvan a sus legítimos propietarios. Y si no es
posible devolver los bienes porque están afectos al servicio público,
optar por la indemnización. Esto es lo que persigue la ley y esto es
lo que no puede ser calificado ni como sectarismo ni como visión
estrecha ni como negación a la Cámara de las consecuencias de la
misma ni como ley sanción. Eso está muy bien para un mitin, pero no
para esgrimirlo ante una Cámara que trabaja con rigor, seriedad y
responsabilidad.
Estas dos enmiendas del Senado -en el fondo esta es la discusión que
tenemos que tener aquí en este momento: si aceptamos o rechazamos las
enmiendas- perfeccionan la ley, texto donde hicimos un enorme
esfuerzo de consenso. Es verdad que al final no conseguimos convencer
al Partido Socialista, pero el consenso amplísimo alcanzado por esta
Cámara demuestra que la minoría está equivocada, radicalmente
equivocada. Permítame decirle, señor Fernández Marugán, que ustedes
-la minoría que son ustedes en este momento- se han quedado solos,
ustedes son los equivocados. Tal vez admitan la posibilidad de que
están en el error, que el error no es de la mayoría, aunque
legítimamente tengamos el derecho a equivocarnos porque hemos
conformado la mayoría. En cualquier caso, admítame que ustedes están
en el error.
Solamente he escuchado dos argumentos en su intervención para
descalificar el proyecto de ley. Uno, que no hay una comisión de
expertos para evaluar los expedientes que puedan solicitarse por los
partidos políticos. En la Ley de 1986 ustedes no introdujeron ninguna
comisión de expertos y estábamos tratando de la misma cuestión,
porque es lo mismo devolverle a la UGT un bien inmueble que
devolverle al Partido Nacionalista Vasco un bien inmueble. Es
exactamente lo mismo. Sin embargo, en esa ley ustedes no previeron la
existencia de una comisión de expertos. Por cierto, comisión de
expertos consultiva a la que ustedes pretenden hacer vinculante, lo
cual es una especie de contradicción, pero es igual. Lo importante es
que no nos parece necesaria dicha comisión de expertos. L o s
partidos políticos, desde 1995 en que se viene hablando de este
asunto, ya han sido diligentes, como supongo habrá sido diligente el
Partido Socialista para hacer una investigación de todos esos bienes
a efectos de prueba después.
El otro argumento es la falta de transparencia. Aunque la frase no la
ha dicho en esta tribuna sino en la prensa -por lo menos a él se la
atribuyen-, preguntaba el señor Fernández Marugán cómo es posible
aprobar esa ley que introduce una inseguridad jurídica cuando no le
reconocemos ninguna legitimidad a la Dirección General de Patrimonio
para medir los derechos históricos de los socialistas. Señor
Fernández Marugán, la Dirección General de Patrimonio es un organismo
de la Administración que actúa con respeto a la ley, con respeto a
esta ley; que le dice, además,
que los expedientes deberán ir acompañados de todos los medios de
prueba que el interesado haya considerado necesarios para argumentar
en favor de su derecho, incluso las comisiones de expertos que el
Partido Socialista pueda allegar en el caso de que tenga duda sobre
la titularidad de algún bien. Eso, señor Fernández Marugán es una
actuación administrativa llena de todas las garantías jurídicas del
Estado de derecho que, si no estuvieran de acuerdo en la resolución,
podrían ser residenciadas ante la jurisdicción contencioso-
administrativa. No es cierto tampoco que se oculte a esta Cámara el
resultado de esa función de restitución, entre otras razones porque
el control parlamentario -y existen instrumentos más que suficientes
en el Reglamento- permite que el Gobierno tenga que dar cuenta
exhaustiva de cómo ha cumplido la función reparadora, de cómo y a
quién ha concedido la satisfacción de sus demandas, de cómo y por qué
no ha concedido otras demandas, de cuál es la cuantía que ha
concedido. Todo eso vendrá a esta Cámara si el Grupo Parlamentario
Socialista o cualquier otro grupo de la Cámara, invocando el
Reglamento de la misma, llega a exigirlo. Y, además, está también la
fiscalización, como no puede ser de otra manera, del propio Tribunal
de Cuentas.
A la vista de todas estas argumentaciones, señor presidente,
señorías, es muy difícil comprender cuáles son las verdaderas razones
que avalan al Partido Socialista para oponerse a este proyecto de
ley, que puede no ser un proyecto de ley absoluto porque es que es
muy difícil. El propio señor Fernández Marugán ha utilizado una
expresión de enorme complejidad: han transcurrido más de 60 años.
Evidentemente, eso son dificultades. ¿Qué ha hecho el legislador ante
esas dificultades? Lo que ha hecho el Gobierno, de acuerdo con los
grupos parlamentarios, la inmensa mayoría de ellos, ha sido decir
bienes inmuebles, bienes de contenido patrimonial, arrendamientos
extinguidos como consecuencia de las incautaciones o de la aplicación
de la normativa y cuentas corrientes. (El señor vicepresidente,
FernándezMiranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
Se me podrá decir -puedo admitir la observación del señor Santiso-
que 500 millones de pesetas tal vez no sean suficientes. No creo que,
si algún partido político justificara fehacientemente los saldos que
tenía en ese momento el Gobierno, el Gobierno de turno no tratara de
buscar una solución puesto que eso, evidentemente, entra dentro del
espíritu de justicia que preside esta ley. Yo creo que no habría
dificultad para, en ese caso concreto, replantear la cuestión si
fuera necesario.
Señorías, yo lamento que el Partido Socialista no se haya sumado en
esta ocasión a esta importantísima ley que culmina una serie de
disposiciones reparadoras, como fue la amnistía, el reconocimiento de
los derechos al ejército republicano o la devolución del patrimonio
sindical incautado en virtud de la Ley de 1986.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Del
Burgo, le ruego vaya concluyendo.
El señor DEL BURGO TAJADURA: Termino ya.
El Gobierno y el Grupo Popular se congratulan de que finalmente
estemos a punto de superar las consecuencias ilegítimas en lo que se
refiere a los partidos políticos. Precisamente por su trascendencia
en la formación de la voluntad popular y, por otra parte, como
expresión del pluralismo político, estamos satisfechos de que, al
final, esas consecuencias ilegítimas de aquella gran tragedia puedan
ser reparadas. El que esta reparación histórica se produzca
precisamente a los 20 años de la Constitución de la concordia
demuestra que el espíritu de reconciliación que la inspiró sigue vivo
entre nosotros en beneficio de la convivencia en paz y en libertad de
todos los españoles.
Muchas gracias. (El señor Fernández Marugán pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Del Burgo. ¿Señor Fernández Marugán, a qué efectos solicita la
palabra?
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: No es que me sienta, es que he sido
sistemáticamente aludido por el señor Del Burgo con mis apellidos a
lo largo de toda su intervención para contradecir mis argumentos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Fernández
Marugán, S.S. ha intervenido en el debate como ponente de su grupo y
es lógico que haya sido mencionado, por lo que no puedo considerarlo
como alusiones. Si se ha establecido alguna contradicción, S.S.
dispone de tres minutos para aclararla, rogándole que no se exceda de
ese tiempo.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Del Burgo, yo he dicho y mantengo que este proyecto de ley se
parece bastante a un proyecto de ley sanción. Lo digo porque ustedes
no han querido compatibilizar la verdad histórica con la jurídica y,
al no haber querido hacerlo, nos hemos encontrado en una situación
que va a producir de hecho profundas discriminaciones.
Toda la operación que se ha hecho con este proyecto de ley parte de
un planteamiento que, en mi opinión, es equivocado. El arte del
disimulo en modo alguno puede caer en manos del vicio -y permítame
que se lo diga en lo más leve del castellano- de la hipocresía. Esta
es una ley de fuerte contenido ideológico, esta es una ley a través
de la cual ustedes se quieren constituir en adalides de una norma en
la que no creen y, como consecuencia de ello, tengo que decirle dos
cosas: que la política vale lo que valen las alternativas. Nosotros
tuvimos pudor y en consecuencia no hicimos una norma de la cual
pudiéramos beneficiarnos, entre otras cosas porque éramos conscientes
de que ustedes armarían una gran algarabía. A nuestro pudor, señoría,
ustedes le han contrapuesto una impudicia. Eso es todo lo
que tenemos que decir en cuanto al planteamiento que usted ha hecho
en la mañana de hoy.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Fernández Marugán.
Señor Del Burgo.
El señor DEL BURGO TAJADURA: Voy a ser breve.
Como no ha expuesto argumentos más sólidos, seguimos sin entender
cuál es la posición del Partido Socialista. Usted está en su derecho
de decir que practicamos el arte del disimulo; está en su derecho de
decir que somos hipócritas -se lo admitimos, señor Fernández Marugán;
que no queremos que se compagine la verdad histórica con la verdad
jurídica. Señor Fernández Marugán, todo eso no son más que frases
huecas, frases demagógicas, frases sin contenido, frases sin
argumentación. Aquí estamos hablando de una ley, de una norma, del
derecho, en función de una decisión política, que es superar los
agravios históricos, las injusticias históricas. La inmensa mayoría
de la Cámara ha dicho que esta es una ley acertada. Señores del
Partido Socialista, demuestren que efectivamente en este asunto no
quieren divorciarse del sentir del conjunto de la Cámara, que es, por
tanto, de la inmensa mayoría de los españoles. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Del Burgo.
Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a comenzar las votaciones
correspondientes a las enmiendas del Senado a los proyectos de ley
que se han debatido hasta este momento.
Comenzamos por las enmiendas del Senado al proyecto de ley del
impuesto sobre la renta de las personas físicas y otras normas
tributarias.
Se someten a votación, en primer lugar, las enmiendas al artículo 7.
n), 16.3, 23.3 apartados d) y e), 46.1.3.ob), disposición transitoria
decimotercera, disposición derogatoria y preámbulo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
318; a favor, 167; en contra, uno; abstenciones, 150.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Pasamos a votar las correspondientes a los artículos 26.1, 40.3
apartados 2.o y 3.o, 40.4, 44.1 apartado 1.o,a), artículo 55.1.1.o
letras a), b) y c), artículo 70.2.4.o, artículo 71.1, artículo 79.2
párrafos a) b) y c), artículo 79 puntos 3, 4 y 9, artículo 84 puntos
2, 3 y 4, artículo 85.4, disposiciones adicionales segunda y
decimosegunda, disposiciones transitorias cuarta y decimosegunda y
disposiciones finales segunda y séptima.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
320; a favor, 165; en contra, 131; abstenciones, 24.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas del Senado al artículo 7.ñ), artículo 18, artículo 39,
artículo 55.4 apartado b), artículo 82 y disposiciones adicionales
decimonovena, vigesimosegunda y vigesimotercera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
319; a favor, 319.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas por unanimidad
del Pleno.
Enmiendas al artículo 7 párrafo f), artículo 55.5 y artículo 56.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
320; a favor, 306; en contra, 13; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas al artículo 16.2.a)4.a, artículo 17, artículo 35.1.n),
artículo 65.c) y disposición adicional vigésima.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
320; a favor, 165; en contra, 148; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Restantes enmiendas al artículo 16.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
320; a favor, 300; en contra, 14; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Señorías, ruego que no utilicen inalámbricos dentro del hemiciclo y
que desconecten tales artefactos, para que no interfieran en el
sonido.
Enmiendas al artículo 81.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
318; a favor, 177; abstenciones, 141.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Restantes enmiendas del Senado al proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
320; a favor, 297; en contra, uno; abstenciones, 22.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las restantes enmiendas del
Senado al proyecto de ley del impuesto sobre la renta de las personas
físicas y otras normas tributarias.
Pasamos a las enmiendas que la Alta Cámara ha formulado al proyecto
de ley del impuesto sobre la renta de los no residentes y normas
tributarias, comenzando por las que se han formulado al artículo
30.4, a la disposición derogatoria única número 2 y a la disposición
final tercera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
321; a favor, 305; en contra, 13; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Restantes enmiendas del Senado al proyecto de ley citado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
320; a favor, 318; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Pasamos ahora al proyecto de ley sobre derechos de aprovechamiento
por turnos de bienes inmuebles de uso turístico y normas tributarias.
En primer lugar, votamos las enmiendas del Senado al preámbulo, al
apartado II y al párrafo sexto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
321; a favor, 303; en contra, 13; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Votamos las restantes enmiendas del Senado a este proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
321; a favor, 321.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas por unanimidad.
Pasamos al proyecto de ley de restitución o compensación a los
partidos políticos de bienes y derechos incautados en aplicación de
la normativa sobre responsabilidades políticas del período 1936-1939.
Se realizará una sola votación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
321; a favor, 184, En contra, 133; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas del Senado a este
proyecto de ley, último de los que han podido debatirse con arreglo
al criterio de la Junta de Portavoces. En consecuencia, con él
termina el desarrollo del orden del día.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y diez minutos de la tarde.