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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 198, de 24/11/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 1998 VI Legislatura Núm. 198
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 192
celebrada el martes, 24 de noviembre de 1998
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sres. Alcaraz y Peralta), por la que
se declaran cooficiales las denominaciones Alacant, Castelló y
València para las provincias que integran la Comunidad Valenciana.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 147-1, de 9 de
febrero de 1998 (número de expediente 122/000128) . . . (Página 10629)
- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre el uso de lenguas
oficiales en el procedimiento para el ejercicio de la iniciativa
legislativa popular. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B,
número 231-1, de 26 de octubre de 1998 (número de expediente 122/
000204) . . . (Página 10634)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de
reconocimiento de la cooficialidad de las lenguas oficiales de
Comunidades Autónomas en el procedimiento para el ejercicio de la
iniciativa legislativa popular (orgánica). «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie B, número 246-1, de 23 de noviembre de 1998 (número
de expediente 122/000217) . . . (Página 10634)
Proposiciones no de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la
erradicación de cualquier forma de discriminación laboral de la mujer
por razón de embarazo o maternidad. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, número 340, de 4 de noviembre de 1998 (número de
expediente 162/000289) . . . (Página 10640)
- Del Grupo Socialista del Congreso, de suministro extraordinario de
ayuda de emergencia a los países afectados por catástrofes
meteorológicas en Centroamérica y en el Caribe. «BOCG. Congreso de
los Diputados», serie D, número 343, de 17 de noviembre de 1998
(número de expediente 162/000294) . . . (Página 10648)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sres. Peralta y Saura), sobre ayudas
a los países arrasados por el huracán Mitch. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, número 346, de 23 de noviembre de 1998 (número
de expediente 162/000299) . . . (Página 10648)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas y
actuaciones urgentes en solidaridad con los países del Caribe y
Centroamérica afectados por el huracán Mitch. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie D, número 346, de 23 de noviembre
de 1998 (número de expediente 162/000300) . . . (Página 10648)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre ayuda a los
países centroamericanos afectados por el devastador huracán Mitch.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, número 346, de 23 de
noviembre de 1998 (número de expediente 162/000301) . . . (Página 10648)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política general e
iniciativas del Gobierno para garantizar que las diversas Comunidades
Autónomas de España incluidas en el Objetivo 1 en la actualidad
mantengan para el período 2000-2006 su condición de Región Objetivo 1
de la Unión Europea. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D,
número 346, de 23 de noviembre de 1998 (número de expediente 173/
000108) . . . (Página 10656)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para que el
Gobierno exponga sus criterios y medidas previstas, tanto de orden
político como plasmadas en iniciativas parlamentarias, para lograr el
mejor cumplimiento de los fines de la fe pública. «BOCG. Congreso de
los Diputados», serie D, número 346, de 23 de noviembre de 1998
(número de expediente 173/000109) . . . (Página 10665)
- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre política de liberalización
del sector energético. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D,
número 346, de 23 de noviembre de 1998 (número de expediente
173/000110) . . . (Página 10674)
S U M A R I O
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley . . . (Página 10629)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señores Alcaraz y Peralta) por la que
se declaran cooficiales las denominaciones Alacant, Castelló y
València para las provincias que integran la Comunidad Valenciana . .
. (Página 10629)
Presenta la proposición de ley de Nueva Izquierda-Iniciativa per
Catalunya, el señor Alcaraz Ramos, del Grupo Parlamentario Mixto.
Pretenden con su proposición la cooficialidad del nombre de las
provincias que integran el País Valenciano, en base al Real Decreto
legislativo 781/1986, de 18 de abril, que obliga en su artículo 25.2
a que sea una ley de Cortes Generales la que modifique la
denominación de las provincias del Estado español. A su juicio no
tiene mucho sentido que sea una ley del Estado la que decida el
nombre de las provincias, puesto que debería ser parte esencial de la
autonomía de las comunidades autónomas, pero como no tienen más
remedio que acatarlo, traen hoy a la Cámara la presente proposición
de ley, como han hecho otros grupos parlamentarios a lo largo de la
legislatura, proposición que pasa a explicar.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Rahola i
Martínez, del Grupo Parlamentario
Mixto; Gil i Miró, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió); Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida; el señor Beviá Pastor, del Grupo Socialista del Congreso, y la
señora Díez de la Lastra Barbadillo, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Mixto, por la que se declaran cooficiales las
denominaciones de Alacant, Castelló y València para las provincias
que integran la Comunidad Valenciana, se aprueba por 274 votos a
favor y una abstención.
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre el uso de lenguas oficiales
en el procedimiento para el ejercicio de la iniciativa legislativa
popular . . . (Página 10634)
Presenta la proposición de ley para su toma en consideración el señor
Jover Presa, en nombre del Grupo Socialista del Congreso. Basa su
argumentación en la ausencia de regulación del uso de las lenguas
oficiales en la administración electoral, contrariamente a lo que
sucede en la Administración pública o administraciones dependientes
de las comunidades autónomas y de las entidades locales, donde, según
el artículo 36 de la Ley de régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común, se garantiza el
derecho de todos los ciudadanos a utilizar en sus relaciones con esas
administraciones la lengua oficial que deseen, ya sea el castellano
-lengua oficial del Estado-o la lengua oficial propia de cada
comunidad autónoma. Añade que últimamente se han planteado problemas
sobre este particular, siendo el más reciente del mes de junio
pasado, cuando la Junta Electoral Central, basándose en el artículo
8.1 de la Ley Orgánica 3/1984, contestó a los promotores de una
iniciativa legislativa popular que los pliegos que se utilizaran para
recoger las firmas debían tener la redacción del texto íntegro de la
proposición en castellano, sin perjuicio de que fuera admisible que
además se incluyera en la lengua oficial de la comunidad autónoma.
Ante el silencio de la Ley orgánica era lógico que la Junta Electoral
Central hiciese esa interpretación, pero su grupo considera que esta
interpretación no puede mantenerse si se quiere que el uso de las
lenguas oficiales sea real y efectivo. Considera que se trata de una
regulación adecuada porque no impone nada y, por el contrario,
garantiza que los ciudadanos, en sus relaciones con la administración
electoral, y sobre todo a la hora de ejercer el derecho a la
iniciativa legislativa popular, puedan utilizar la lengua oficial de
todo el Estado o, si así lo desean, la lengua cooficial de los
respectivos territorios. Para finalizar, anuncia que su grupo va a
votar a favor de la toma en consideración de la proposición de ley
que a continuación presentará Izquierda Unida, que es prácticamente
similar a la suya, aunque, aclara, no es una iniciativa conjunta.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de reconocimiento
de la cooficialidad de las lenguas oficiales de comunidades autónomas
en el procedimiento para el ejercicio de la iniciativa legislativa
popular (Orgánica) . . . (Página 10634)
Presenta la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida para su toma en consideración el señor Frutos Gras,
que anuncia en primer lugar el voto favorable de su grupo a la toma
en consideración de la proposición de ley del Grupo Socialista. No
hace una explicación concreta del texto de la proposición, porque hay
cosas que no necesitan grandes explicaciones, y mucho menos retórica,
pero sí algunas precisiones políticas que llevan a un debate político
de fondo, que exige hacer las cosas con sentido común, con respeto a
la pluralidad y caminando hacia la unidad -a su entender federal-
desde la diversidad, siendo la lengua un instrumento importante para
avanzar hacia la federalidad, elemento central que mueve cada una de
las acciones de su grupo.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Alcaraz
Ramos, del Grupo Parlamentario Mixto;
Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; las
señoras Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Gil
i Miró, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y el
señor Trías Sagnier, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación, en primer lugar, la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Socialista del Congreso, sobre el uso de
lenguas oficiales en el procedimiento para el ejercicio de la
iniciativa legislativa popular, se aprueba por 301 votos a favor
y una abstención.
Sometida a votación, en segundo lugar, la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, sobre el reconocimiento de la cooficialidad de las lenguas
oficiales de comunidades autónomas en el procedimiento para el
ejercicio de la iniciativa legislativa popular, se aprueba por 302
votos a favor y una abstención.
Proposiciones no de ley . . . (Página 10640)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la
erradicación de cualquier forma de discriminación laboral de la mujer
por razón de embarazo o maternidad . . . (Página 10640)
La señora Pardo Raga presenta la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que tiene como objetivo la
erradicación de cualquier forma de discriminación laboral de la mujer
por razón de embarazo o maternidad. Traen esta proposición no de ley
al Pleno de la Cámara porque, a pesar de que el ordenamiento jurídico
laboral ya contempla la igualdad de sexos en el mercado laboral, sin
embargo existen comportamientos que evidencian conductas
discriminatorias con las que se encuentran las mujeres ante una
posible maternidad. Explica el contenido de la proposición no de ley
instando al Gobierno a adoptar medidas concretas para que la igualdad
en el mercado de trabajo sea una igualdad de hecho, que dependa
exclusivamente de la voluntad de las mujeres que elijan permanecer
activas cualquiera que sea su circunstancia, como el embarazo,
maternidad, adopción, acogimiento, reducción de jornada para atender
a los hijos menores de seis años y durante el período de excedencia
voluntaria por razones de guarda legal de menores de tres años, así
como la mejora de las oportunidades en materia de formación. De todas
formas, añade, esta proposición no de ley no puede ser considerada
como punto final de las reivindicaciones de su grupo, sino como un
punto y seguido que permitirá seguir trabajando en el tema hasta
alcanzar la plena igualdad, respondiendo por otra parte a la
necesidad de trasponer al ordenamiento jurídico español las
normativas comunitarias.
En defensa de las enmiendas presentadas a esta proposición no de ley
intervienen la señora López i Chamosa, del Grupo Socialista del
Congreso; los señores Peralta Ortega, del Grupo Parlamentario Mixto,
y Caballero Basañez, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y la
señora Solsona i Piñol, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió).
Para aceptar o rechazar las distintas enmiendas planteadas a la
iniciativa del Grupo Popular, interviene la señora Pardo Raga.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y la señora
Aramburu del Río, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, relativa a la erradicación de cualquier forma
de discriminación laboral de la mujer por razón de embarazo o
maternidad, en los términos resultantes de la aceptación de las
enmiendas, se aprueba por 300 votos a favor y una abstención.
Del Grupo Socialista del Congreso, de suministro extraordinario de
ayuda de emergencia a los países afectados por catástrofes
meteorológicas en Centroamérica y en el Caribe . . . (Página 10648)
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre ayudas a los países arrasados
por el huracán Mitch . . . (Página 10648)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas y
actuaciones urgentes en solidaridad con los países del Caribe y
Centroamérica afectados por el huracán Mitch . . . (Página 10648)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre ayuda a los
países centroamericanos afectados por el devastador huracán Mitch . .
. (Página 10648)
Defiende la proposición no de ley del Grupo Socialista la señora
Cunillera i Mestres, que manifiesta que el objetivo que lleva a su
grupo a presentarla es consensuar y plantear alternativas que, en la
línea de los instrumentos que prevé la Ley de Cooperación
Internacional, signifique avanzar en las distintas acciones que la
solidaridad y la cooperación con los países de Centroamérica
afectados por el huracán Mitch requieren. Se queja de que la
discusión no haya sido posible hasta transcurridos más de 20 días de
la catástrofe, sin embargo, esta demora permitirá en este debate
parlamentario hacer una primera evaluación del movimiento de
solidaridad que ha tenido lugar en España, posiblemente el más
importante de toda su historia. Recuerda el debate que se planteó en
la Ley de Cooperación Internacional sobre cuál habría de ser el papel
de los dos ministerios implicados más directamente en la cooperación
y ayuda al desarrollo. Su grupo siempre se mostró decididamente
partidario de que la dirección política recayera en el Ministerio de
Asuntos Exteriores, aunque critica a continuación algunas de las
actuaciones llevadas a cabo con ocasión del huracán. Distingue entre
dos tipos de ayudas a los países y pueblos afectados: a sus
poblaciones, que es a quienes hay
que destinar prioritariamente el primer esfuerzo de ayuda humanitaria
de emergencia para cubrir las necesidades básicas, y también a sus
gobiernos, para que puedan abordar la rehabilitación de sus
infraestructuras, de las viviendas, de los servicios sociales
básicos, etcétera. Se refiere a continuación a algunas carencias en
la actuación del Gobierno y a la condonación de la deuda, y pasa a
explicar el contenido de los siete puntos de que consta el texto
conjunto que presentan con el Grupo Mixto y el de Izquierda Unida.
En segundo lugar interviene el señor Peralta Ortega para presentar la
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señores Peralta
Ortega y Saura Laporta). Anuncia que con las proposiciones no de ley
presentadas en el día de hoy por los diferentes grupos y con la
proposición final acordada por casi prácticamente toda la Cámara se
pretende dar respuesta a unos hechos de extraordinaria gravedad. Pone
de relieve la reacción admirable del pueblo español ante un hecho de
tal gravedad como el huracán Mitch, lo que ha motivado la
presentación de su proposición no de ley ante la Cámara. Considera
que el lograr una respuesta unánime del Congreso de los Diputados
ante esta catástrofe no haría nada más que ponerse a la altura de la
unanimidad de la respuesta del pueblo español. A continuación expone
las ideas más importantes de la resolución que finalmente se va a
presentar conjuntamente en la Cámara.
La señora Sabanés i Nadal, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, interviene en nombre de su grupo para defender la
proposición no de ley sobre medidas y actuaciones urgentes en
solidaridad con los países del Caribe y Centroamérica afectados por
el huracán Mitch. Reconoce que a estas alturas es difícil decir algo
nuevo. Explica que de los 14.000 millones de pesetas a que ascienden
las ayudas recaudadas por las organizaciones no gubernamentales, una
parte importantísima ha sido recaudada por la población española,
apelando a la responsabilidad del Gobierno y de las empresas
españolas que vayan a participar en las tareas de reconstrucción.
Hace referencia a la condonación de la deuda y considera que el
Gobierno no está respondiendo a la voluntad de la sociedad aplicando
actuaciones tradicionales cuando en este momento se precisaría estar,
al menos, a la altura de la ciudadanía. Su grupo opina que la deuda
no debe ser renegociada, sino cancelada, negociando -eso sí-
mecanismos que garanticen la condición de la reinversión de la deuda.
Finalmente anuncia que su grupo va a mantener su proposición no de
ley y se va a abstener en la votación del texto conjunto que se va a
presentar, aunque valora positivamente el trabajo que se ha llevado
a cabo.
El señor Izquierdo Juárez, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, presenta la proposición no de ley de su grupo sobre ayuda a
los países centroamericanos afectados por el devastador huracán
Mitch. Resalta en primer lugar el esfuerzo de consenso realizado por
el conjunto de los grupos parlamentarios, el mismo esfuerzo de
consenso que se hizo cuando se tramitó la Ley de Cooperación
Internacional, porque entendían entonces y entienden ahora que la
solidaridad internacional, la política exterior y las políticas de
cooperación no son patrimonio de nadie. Afirma que la respuesta del
Gobierno de España a los desastres originados por los huracanes en
Centroamérica y en el Caribe no tiene precedentes en la historia de
España. Recuerda el informe de Cooperación y Ayuda al Desarrollo de
14 de febrero del presente año que reconocía ante la comunidad
internacional que precisamente España, durante muchos años, había
contribuido de manera extraordinariamente importante a la paz, a la
estabilidad, a la democracia y al desarrollo de Centroamérica, como
característica fundamental de la cooperación española. Recuerda
asimismo los esfuerzos de tantos españoles y españolas, los esfuerzos
de gobiernos anteriores de España, a los que apoyaron en estas
cuestiones porque entendían que era políticas de Estado, y los
esfuerzos de gobiernos de Centroamérica, borrado todo ello del mapa
por un huracán. En cuanto a las críticas de las organizaciones no
gubernamentales serias, de los colectivos sociales y de los expertos
afirma que éstas no han ido hacia la actuación del Gobierno, sino
hacia la aplicación de los fondos FAD. Asimismo aclara, en cuanto a
la condonación de la deuda, que en la reunión del Ecofin de esta
mañana los ministros de Economía de la Unión Europea han apoyado y
aprobado la que se llama propuesta Rato para la condonación de la
deuda. Añade que hay que ser serios cuando se habla de condonación de
deuda y considera que es absolutamente irresponsable hablar de
condonar unilateralmente la totalidad de la deuda, porque la deuda la
adquieren los gobiernos pero la sufren los pueblos y se le condona a
los gobiernos pero rara vez a los pueblos. Por último agradece la
generosidad y la flexibilidad del conjunto de los grupos
parlamentarios para consensuar el texto redactado por el Grupo
Popular y en el que han colaborado todos los grupos.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Caballero
Basañez, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Campuzano i
Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y
Gómez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Sometida a votación en primer lugar la iniciativa del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre medidas y actuaciones
urgentes en solidaridad
con los países del Caribe y Centroamérica afectados por el huracán
Mitch, se rechaza por 141 votos a favor, 158 en contra y cinco
abstenciones.
Sometida a votación, en segundo lugar, la iniciativa que finalmente
han suscrito los grupos Popular, Socialista, Catalán (Convergència i
Unió), Vasco (EAJ-PNV), de Coalición Canaria y Mixto, se aprueba por
291 votos a favor y 12 abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes . . . (Página 10656)
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política general e
iniciativas del Gobierno para garantizar que las diversas comunidades
autónomas de España incluidas en el Objetivo 1 en la actualidad
mantengan para el período 2000-2006 su condición de Región Objetivo 1
de la Unión Europea . . . (Página 10656)
El señor Chiquillo Barber, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende la
moción en nombre de Unió Valenciana. Expone como primer punto que el
ideal sería que todas las comunidades del Estado español tuvieran un
producto interior bruto por encima del cien por cien de la media de
la Unión Europea para no tener que depender de una manera tan
importante de los fondos de cohesión, en concreto de los
estructurales. Por otro lado pone de manifiesto el espíritu
constructivo de la propuesta que hoy presenta Unión Valenciana, que
también tiene el apoyo de Eusko Alkartasuna, y la voluntad de
alcanzar un amplio acuerdo que refuerce la postura del Gobierno
español ante la discusión y debate del futuro de los fondos de
cohesión y, en concreto, de los fondos estructurales.
A continuación hace una breve reflexión sobre el acuerdo del
Parlamento Europeo y el informe jurídico de la Unión Europea, que
respaldan que España debe mantenerse como beneficiaria de los fondos
de cohesión, y pasa a exponer el contenido de su moción, refiriéndose
en concreto a la Comunidad Valenciana, y a fijar la posición de su
grupo en relación con las enmiendas presentadas.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores
Martinón Cejas, del Grupo Socialista del Congreso, y Peralta Ortega,
del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Zabalía
Lezamiz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Companys Sanfeliu,
del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Centella Gómez, del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Martínez Casañ, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos de rechazar o aceptar las enmiendas presentadas a la
iniciativa, interviene el señor Chiquillo Barber, del Grupo
Parlamentario Mixto.
El señor Secretario (González de Txabarri Miranda) da lectura al
texto que propone el señor Chiquillo Barber, que constituye una
enmienda transaccional.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Mixto en los
términos resultantes de la enmienda transaccional admitida por los
grupos parlamentarios enmendantes, se rechaza por 144 votos a favor
y 147 en contra.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para que el
Gobierno exponga sus criterios y medidas previstas, tanto de orden
político como plasmadas en iniciativas parlamentarias, para lograr el
mejor cumplimiento de los fines de la fe pública . . . (Página 10665)
Presenta la moción en nombre del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida el señor Castellano Cardalliaguet, porque su grupo
considera necesario volver a insistir, para evitar interpretaciones
erróneas y malentendidos, en que lo que guía fundamentalmente la
interpelación y moción consecuente no es otra cosa que el tratar de
adecuar la legislación vigente en materia de fe pública extrajudicial
a los principios constitucionales. No le parece serio que el Estado
de derecho, que tiene que garantizar la seguridad jurídica, llegado
el momento de poner en marcha los mecanismos necesarios, le diga al
ciudadano que esa garantía se va a realizar por unos intermediarios
privilegiados y que, además, va a tener que pagar por ello. Eso se
contradice con lo que son las obligaciones inherentes al Estado y
sobre todo al Estado que se proclama como social y democrático de
derecho. Quiere dejar bien claro que con su moción no pretenden, bajo
ningún concepto, la desaparición de las notables y meritorias
profesiones de notarios y registradores, lo que piden pura y
sencillamente es que se dé al César lo que es del César y a Dios lo
que es de Dios. Resume que su moción trata de insistir en el
principio constitucional de la seguridad jurídica, reflejado en la
garantía de la fe pública, y no pide ni más ni menos que en aquellas
actuaciones administrativas en que se necesite acceder a los
registros no sea precisa la instrumentación pública por notarios,
porque gozan de la presunción de legalidad y porque se realizan con
la correspondiente
publicidad, y que el acceso a los registros no suponga costo alguno.
Es también preocupación de su moción hacer compatibles proclamaciones
constitucionales de defensa de usuarios y consumidores, en concreto
el derecho a la vivienda, con una situación que consideran
absolutamente injusta e ilógica. Asimismo piden en su moción que
exista una mínima coherencia entre los diferentes registros públicos
en relación con el catastro, y termina fijando la posición de su
grupo en relación con las enmiendas presentadas a la moción.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores
Rodríguez Sánchez y Peralta Ortega, del Grupo Parlamentario Mixto; la
señora Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV), y el
señor Cuesta Martínez, del Grupo Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Silva
Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y
Pillado Montero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas,
interviene el señor Castellano Cardalliaguet.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente,
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, en los términos
resultantes de la aceptación de enmiendas, se rechaza por 135 votos a
favor y 154 en contra.
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre política de liberalización
del sector energético . . . (Página 10674)
El señor Fernández Fernández presenta la moción en nombre del Grupo
Socialista del Congreso, preocupados por los procesos de
concentración y alianzas que se están produciendo en el sector
energético, proceso de concentración simultáneo, por otra parte, a
otro de apertura a la competencia de sectores en todo aquello que no
constituya monopolio natural. Considera que el problema es relevante
por cuanto se está hablando de empresas vinculadas a los servicios de
interés general o de carácter esencial y las empresas ya no serán ni
petroleras, ni eléctricas, ni gasistas, sino multienergéticas y
multiservicio. Ello le lleva a preguntarse por lo peligros que
encierra la concentración del poder real y qué es lo que debe hacer
el Estado para evitarlos. Desde la óptica de los socialistas se deben
regular los sectores para la competencia auténtica, como hacen los
países que se han utilizado como modelos para los procesos de
liberalización de los sectores, y no simplemente de una manera formal
como se ha hecho en España. La obligación del Estado es conjurar
el peligro de la autorregulación de los oligopolios, que siempre va
en perjuicio de los consumidores, de tal manera que se subordinen los
intereses de los accionistas a los intereses de los ciudadanos.
Finalmente fija la posición de su grupo en relación con las enmiendas
presentadas.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor
Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Urán
González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; y los
señores Medina Toledo, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, y Homs i Ferret, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene el señor Fernández Fernández.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Socialista del Congreso sobre política de liberalización
del sector energético, en los términos resultantes de la aceptación
de enmiendas, se rechaza por 118 votos a favor, 143 en contra y una
abstención.
Se suspende la sesión a las diez y treinta minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORES ALCARAZ Y PERALTA), POR LA
QUE SE DECLARAN COOFICIALES LAS DENOMINACIONES ALACANT, CASTELLÓ Y
VALÈNCIA PARA LAS PROVINCIAS QUE INTEGRAN LA COMUNIDAD VALENCIANA
(Número de expediente 122/000128).
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Buenas tardes, señorías,
comienza la sesión.
Punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de
ley. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Mixto (señores
Alcaraz y Peralta), por la que se declaran cooficiales las
denominaciones Alacant, Castelló y València para las provincias que
integran la Comunidad Valenciana.
Para la defensa de la proposición, en nombre delGrupo Mixto, tiene la
palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: Muchas gracias, señor presidente, también por
la perfecta dicción en que ha nombrado las provincias.
Aunque no sea un debate que levante pasiones, por lo que se ve, para
el grupo proponente, Nueva Izquierda- Iniciativa per Catalunya, es
una propuesta importante, es una propuesta interesante, que pretende,
como trataré de explicar, la bilingüización, la cooficialización del
nombre de las provincias que integran el País Valenciano.Esta
propuesta se trae a esta Cámara por imperativo legal, porque el Real
Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, obliga en su artículo
25.2 que sea una ley de Cortes Generales la que modifique la
denominación de las provincias del Estado español. A nuestro modo de
ver esta norma es un anacronismo. No parece que tenga mucho sentido
que sea una ley del Estado la que decida el nombre de las provincias
cuando debería de ser parte del ámbito esencial de autonomía de las
comunidades autónomas, pero este es uno de los anacronismos todavía
existentes en materia de reconocimiento del plurilingüismo parejo a
la plurinacionalidad del Estado español y, como no tenemos más
remedio que acatarlo, traemos hoy esta proposición, como han hecho
otros grupos parlamentarios a lo largo de la legislatura, grupos
parlamentarios que han pretendido también una modificación de la
denominación de las provincias en comunidades autónomas con lengua
propia.
La propuesta que se trae es sencilla. Sus señorías podrán ver que no
tiene ningún misterio, que no tiene ningún truco, que está muy claro
lo que se pretende: permitir que en las tres provincias sea cooficial
la denominación histórica valenciana. Se dirá o se pensará que es una
propuesta de contenido simbólico, y sin duda así es, pero en el
tortuoso proceso de normalización lingüística en el País Valenciano
cada ampliación del territorio de lo normal exige esfuerzos,
esfuerzos que a veces también, aunque todavía parezca mentira, hay
que hacer en el terreno de lo simbólico.
No es hoy el día para recordar aberraciones lingüísticas,
aberraciones muy numerosas que han querido negar la posibilidad de
que sean los ámbitos científicos universitarios los que decidan cuál
es la lengua de los valencianos, los que tengan la capacidad
normativa. No es hoy día tampoco para recordar, al menos con el
mínimo énfasis, los intentos que algunos han desarrollado en los
últimos años desde la transición por enfrentar entre sí al pueblo
valenciano por su lengua propia. Aunque diga que no es día de
crispación no puedo omitir las sorprendentes declaraciones que ayer
hacía el presidente de la Generalitat valenciana reivindicando de
manera sorprendente, como digo, esos enfrentamientos en lo que fue
llamada la batalla de Valencia en la transición.
En cualquier caso, entendemos que hoy debe ser un día de consenso.
Quizá lo que esta Cámara haga hoy sirva de nuevo simbólica pero
también eficazmente para alcanzar en les Corts valencianes un
consenso sobre la composición de la Academia Valenciana de la
Lengua que desbloquee el momento de impasse en que se encuentra y que
permita que la Comunidad Valenciana disponga de un instrumento
absolutamente necesario para la normalización. El carácter
eminentementesimbólico no debe ocultar tampoco la eficacia práctica
de la ley. Esta ley, una vez aprobada, generará obligaciones a todas
las administraciones públicas, también a la del Estado, para
conseguir el principio legal reconocido reiteradamente por el
Tribunal Constitucional del derecho de opción lingüística del
administrado, criterio básico para que una lengua cooficial sea
plenamente normal en el ámbito de la Administración, para que no nos
encontremos con paradojas como las que hoy todavía se producen, y es
que cuando un ciudadano de Alicante, Alacant, quiere que en su DNI
conste la denominación, la toponimia que le afecta en valenciano,
puede poner nombre de la ciudad, Alacant, nombre de la provincia,
Alicante, porque no es legal la denominación de la provincia.
Hay que insistir que en el País Valenciano se está muy lejos de
alcanzar la plena normalización lingüística y que el pretendido
bilingüismo es una piadosa capa que cubre el hecho real de la
diglosia, la simetría enorme en favor del castellano, explicable por
razones históricas y políticas pero no justificable para el futuro.
Nuestra propuesta pretende la cooficialidad que recoge una realidad
sociolingüística. En el País Valenciano existen comarcas
históricamente castellanoparlantes desde la constitución del antiguo
Reino de Valencia, en función de la repoblación que se hizo,
proviniendo de la Corona de Aragón o de Cataluña, comarcas
históricamente castellanoparlantes al ser añadidas en el siglo XIX al
País Valenciano y comarcas castellanoparlantes por sustitución
lingüística más o menos forzada.
Todos estos hechos que merecen respeto no pueden hacer olvidar la
existencia de una mayoría de comarcas históricamente
valencianoparlantes, no pueden hacer olvidar el reconocimiento por
parte del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma Valenciana
del valenciano como lengua propia y que el valenciano es la principal
seña de identidad colectiva del pueblo valenciano. Por cierto, para
Nova Esquerra-Iniciativa per Catalunya, esta seña de identidad
compartida con otras comunidades autónomas, con independencia de la
denominación de la lengua.
Por todas estas razones, el artículo 7.o, en su apartado 4, del
estatuto de autonomía indica: «Se otorgará especial protección y
respeto a la recuperación del valenciano.» Establece así lo que
jurídicamente podemos denominar una norma de tarea, una obligación
para la Administración autonómica, pero por extensión para todas las
administraciones públicas. Acogiéndonos a esta cláusula, hemos
incluido en la proposición de ley una disposición adicional que
pretende asegurar un uso preferente de la denominación en valenciano
en cuestiones tales como la señalización en carreteras, aeropuertos,
puertos, ferrocarriles o en la redacción de documentos oficiales, de
impresos, etcétera, y también
se pretende que sea necesariamente en valenciano en aquel tipo de
documentación o de señalización que vaya dirigido a las zonas de
predominio lingüístico valenciano, que al menos tenga que estar en
valenciano. Entendemos que la precisión de esta zona de dominio
lingüístico no ofrece duda alguna. Quedaron sentadas y así sigue
constando en la Llei de ús i ensenyament del valencià y, por tanto,
las administraciones públicas, incluyendo en este caso la
Administración del Estado, no deben tener ningún problema de
interpretación en esta materia.
Por todas estas razones, que entendemos que son de justicia, de
respeto a la historia, de respeto a la cultura, de respeto a la
identidad y de respeto a la autonomía del pueblo valenciano, espero,
en nombre de Nova Esquerra y de Iniciativa per Catalunya, obtener el
apoyo de esta Cámara a esta proposición que entendemos que, por las
razones indicadas, es útil, es equilibrada y que se ha elaborado
buscando el consenso.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Alcaraz. ¿Algún grupo desea consumir un turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar posición en el debate? (Pausa.)
En nombre de otra parte del Grupo Mixto, tiene la palabra la señora
Rahola.
La señora RAHOLA I MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.Muy
brevemente, para fijar la posición que ciertamente es difícil, puesto
que entendemos perfectamente la muy buena intención y, por tanto, los
objetivos que están detrás de esta proposición de Nueva Izquierda-
Iniciativa per Catalunya, pero no podemos compartir lo que significa.
Desde nuestro punto de vista, no se puede plantear en términos de
cooficialidad la toponimia. Entendemos que esto abriría una grieta en
otras zonas, por ejemplo, en el principado de Cataluña, donde este
tema está absolutamente estabilizado y donde hay una pugna permanente
con el Partido Popular que quisiera cooficializar la toponimia.
Entendemos que los nombres de los sitios, los nombres de las cosas,
los nombres de los lugares que tienen 1.000 años de historia, que
tienen 1.500 años, que tienen 800 años de historia, que son por tanto
muy antiguos, tienen que estar por encima de debates coyunturales de
tipo político. Entendemos, por tanto, que Alacant, Castelló y
València tienen este nombre en su toponimia; estos son los nombres
propios del país, son los nombres lógicos, son los nombres históricos
y no tienen que estar sometidos a ningún tipo de cooficialidad. En
este sentido, compartiendo el buen criterio y la buena intención,
pero no cómo quedaría la situación, nos abstendremos.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Rahola.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene
la palabra la señor Gil.
La señora GIL I MIRÓ: Gracias, señor presidente.
A falta de una ostensible, franca y entusiasta asunción gubernamental
y colectiva del carácter plurilingüe del Estado español, con
proposiciones parlamentarias como la que ahora se debate, nosotras y
nosotros, diputadas y diputados, por lo menos nos educamos en este
hemiciclo cultivando el desarrollo de un futuro posible distinto.
Tomar en consideración la propuesta es avanzar, aunque con
restricciones, en gestos pedagógicos, es avanzar sin ningún riesgo de
conflicto hacia una nueva madurez que puede hacernos comprender
mejor, aunque sea con lamentable lentitud, las diferencias
existentes.
Se nos propone restituir a tres ciudades valencianas sus voces
originarias, su propio acento, que es el mío y que es el nuestro, un
acento y voz que hacen evidente una verdad que de manera vergonzante,
tras intereses políticos partidistas, querríase ocultar, que es la
verdad patente de que Cataluña, Illes Balears y València se expresan
en la misma lengua. ¿Cómo podría mantenerse oculto si la lengua es la
forma dominante y más operativa de la identificación, pues constituye
la estructura profunda de la colectividad? Alacant, València,
Castelló, con esta bella y conocida cadencia, describen
significativamente la historia común que nace en el siglo XIII, una
historia peninsular y universal. Alacant, València y Castellò,
memorializan en feliz coincidencia hoy las primeras Cortes Generales
de los reinos de Aragó, Cataluña y València, que se convocaron en
estas fechas en 1289, hace exactamente 709 años, siendo rey Alfons
II, como dicen los textos originales «per la gràcia de Déu, rei
d`Aragó, i de Majorques, i de València, i comte de Barcelona».
Decimos sí a esta proposición, porque estamos diciendo sí a la
historia, a la razón, a la inteligencia y al entendimiento de que un
aparente plural es en cuestión de lengua, por lo menos, felizmente
singular. Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Gil.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, hace ya bastante tiempo que fue aprobado el Estatuto de
Autonomía de la Comunidad Valenciana, el Estatuto de Autonomía del
País Valencià. En él se reconocía como cooficial el uso tanto de la
lengua castellana como de la lengua valenciana, y para su
normalización se creó la Ley de uso y enseñanza del valenciano, la
Llei de ús i ensenyament del valencià. Por lo tanto, señorías, la
proposición de ley que nos presenta el Grupo Mixto, Nueva Izquierda-
Iniciativa per Catalunya, viene a corregir una injusticia que se
mantiene en
nuestra comunidad, que se mantiene en el País Valenciano a la hora de
aportar un granito de arena más en la normalización lingüística de
nuestro país. Señorías, es hora ya de que recuperen nuestras
capitales sus denominaciones valencianas, Alacant, València y
Castelló. Por tanto, señorías, el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida va a apoyar favorablemente esta iniciativa, porque es
corregir una injusticia que se cometió hace mucho tiempo, que perdura
en nuestras leyes y que consideramos totalmente necesaria que vaya
avanzando, con independencia de los problemas que puedan suscitarse
en nuestra comunidad autónoma con la nominación de nuestra lengua o
con quiénes son aquellas personas que deben decidir sobre ella.
Señorías, creemos que esta proposición de ley se plantea con la
intención -y así ha sido expresado por el portavoz del Grupo Mixto-
de consensuarla, de devolvernos algo que teníamos que tener
normalizado ya desde hace bastante tiempo, de nuestra lengua como uso
vehicular de nuestra cultura para transmitir las ideas y el
pensamiento de la ciudadanía del País Valencià, de los ciudadanos y
ciudadanas de la Comunidad Autónoma de Valencia. Señorías, esta no es
la solución definitiva a un problema, sino una aportación a la
normalización lingüística, una aportación al consenso y a la
intención de caminar en positivo y hacia adelante en corregir los
problemas de normalización lingüística que existen en nuestra
comunidad autónoma. Por ello creemos que sería necesario que
concitáramos la unanimidad de esta Cámara, de todos los grupos
parlamentarios para que no hubiera equívocos ni tan siquiera razones
a la hora de poder ni tan siquiera rechazarla o a la hora de poder
utilizarlo políticamente o partidariamente en una de estas
situaciones. No hay otra definición nada más que las que están
fijadas en esta proposición de ley, que ya habían estado en vigor,
que ya se utilizan por la ciudadanía y que en realidad lo único que
vendríamos a hacer es a plasmarla por escrito y, además, a respetar y
ayudar a que la Lley de ús i el ensenyament del valencià, a través de
esta iniciativa, también pueda seguir funcionando, ampliando además
la normalización lingüística en nuestra comunidad autónoma. Esperamos
que sea al menos apoyada por todos los grupos de esta Cámara -a
excepción de los que ya se han pronunciado por la abstención- por el
interés que debe suscitar para el consenso y lo que significaría para
el País Valencià.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Urán.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don José
Beviá.
El señor BEVIÁ PASTOR: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Socialista para anunciar
nuestro voto afirmativo a la proposición de ley defendida por el
señor Alcaraz, por la que se declaran cooficiales las denominaciones
de Alacant,
Castelló y València, para las provincias que integran la Comunidad
Valenciana.
Entendemos que es una iniciativa oportuna y la proposición de ley es
precisamente el instrumento normativo exigido por el texto refundido
de las disposiciones vigentes en materia de régimen local, que para
el cambio de denominaciones de las provincias exige una ley aprobada
por las Cortes Generales. Existen además múltiples precedentes desde
el año 1980, con la denominación de provincia de La Rioja, que
sustituyó a la anterior denominación de Logroño, hasta las más
recientes de las denominaciones de las provincias de A Coruña y
Ourense, pasando por Araba, Bizcaia y Gipuzkoa e Illes Balears. Por
ello, yo no quiero insistir ni en los argumentos jurídicos ni tampoco
exclusivamente en los argumentos lingüísticos que se han planteado.
Se trata sencillamente, señorías, del reconocimiento legal de aquello
que es real, de ajustar lo oficial con la realidad, de reconocer, de
una manera oficial, al lado de los nombres castellanos de las
provincias de Alicante, Castellón y Valencia, la tradición histórica,
cultural y literaria y la realidad habitual y viva en la mayoría de
las comarcas de la Comunidad Valenciana de estas denominaciones de
Alacant, Castelló y València.
Es una propuesta que yo diría que es casi obvia, de sentido común.
Incluso podría alguien pensar: ¿pero para ello es necesario tanto
formalismo? ¿Se hace preciso para esto una ley? Sin embargo, yo creo
que en este caso es razonable la exigencia de este requisito porque
en democracia, como hemos repetido tantas veces, las formas son
importantes y el ordenamiento evita la arbitrariedad. Ya a comienzos
del XVIII decía Montesquieu que las leyes políticas y su ordenamiento
producen la libertad. Y lo que se encierra en último término en esta
iniciativa es el reconocimiento oficial de la libertad con que los
valencianos han denominado también a sus provincias durante casi dos
siglos, desde el mismo momento de la creación de las provincias.
Esta proposición de ley, señorías, encierra un doble objetivo. Uno
manifiesto: la declaración de la cooficialidad de los dos términos
con que se denominan nuestras provincias; otro, que es como un
objetivo insinuado: hacer vivo el espíritu de la ley. De la misma
manera que la Llei de ús i ensenyament del valencià, de la
Generalitat Valencià -la Ley de uso y enseñanza del valenciano-, pese
a no pocos obstáculos, ha significado un avance importante en el
proceso de normalización lingüística -millares de familias han
elegido un modelo de escuela en valenciano; millares de personas se
han alfabetizado en su lengua; miles y miles de personas se han
inclinado por medios de comunicación también en su lengua y se han
multiplicado el número y modalidades de cursos para funcionarios no
docentes de la Administración-; y ha sido esa ley, y sigue siendo
potencialmente, un elemento vivo para la recuperación y desarrollo de
un signo de identidad, el más importante de una comunidad como es su
lengua; de esa misma manera hay que subrayar no el carácter estático
y conservador, sino la concepción dinámica e integradora
que el artículo 3 de la Constitución de 1978 encierra cuando dice:
«La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un
patrimonio cultural, que será objeto de especial respeto y
protección.» Hacer viva, señorías, la Constitución en este punto, es
considerar ese patrimonio cultural de la pluralidad de lenguas de
España no como una arqueología, no como elementos -por muy valiosos
que sean- para conservar, sino desde la perspectiva de una cultura
viva, de una cultura como fermento, de una cultura - como la llamaba
Ortega y Gasset- como un ejercicio natatorio. Decía Ortega que, de la
misma manera que el náufrago arrojado en medio del mar o realiza el
ejercicio de nadar o se ahoga, de la misma manera la persona,
arrojada a la existencia, o se aferra a la cultura y desarrolla y
hace un ejercicio cultural, o realmente se ahoga. Decía Espriu: Heu
viscut per a salvar-nos els mots i per recordar-nos el nom de cada
cosa (habéis vivido para salvarnos las palabras y recordarnos el
nombre de cada cosa). Y dirá Juan José Millás en El orden alfabético:
Si desaparece una palabra, acaba por desaparecer el objeto y la
realidad que significa. El joven adolescente, que es protagonista de
su novela, se angustiaba ante la posibilidad de que se perdiera una
palabra -escalera, por ejemplo- y repasaba mentalmente los lugares a
los que no podría ya subir y de los que ya nunca podría bajar, y
palidecía de miedo. En último término, señorías, la pérdida de una
palabra, simplemente de una palabra, viene a ser como un desastre
ecológico comparable al de la desaparición de variedades zoológicas;
son términos del propio Juan José Millás. Salvemos, pues, con esta
ley simplemente tres nombres y salvaremos las cosas que encierran,
las cosas que denotan, y el contexto, la identidad que connotan y que
sugieren.
El objetivo insinuado de esta iniciativa es, como he dicho, hacer
vivo el espíritu de la ley y es también una llamada a la
Administración del Estado. Veinte años después de la aprobación de la
Constitución española, veinte años después de afirmar la voluntad de
romper con el conflicto y asumir la decisión de establecer un
verdadero diálogo entre las lenguas de España, quince años después de
la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía de la Comunidad
Valenciana donde se habla de cooficialidad, de no discriminación en
función de la lengua, de especial protección y respeto a la
recuperación del valenciano, todavía en las roturaciones oficiales de
la Administración periférica sigue hoy prácticamente ausente la
denominación en valenciano, en los edificios públicos, en las vías
públicas de competencia estatal, en los puertos, etcétera, y cuando
se van colocando se dice que se hace dependiendo de posibilidades
presupuestarias o que hay que esperar a que se haga pedazos el rótulo
o el cartel anterior para que sea sustituido por otro en donde ya
figure la denominación en los dos idiomas.
Pero no es este -y lo entiendo, señorías- el momento de protestas, de
quejas y de reivindicaciones; volvamos -para terminar ya, señor
presidente- a la
proposición de ley. La proposición de ley presenta un texto y un
contexto, un texto mínimo cargado de razón, realista, al que
anunciamos nuestro voto favorable y para el que, como han hecho todos
los que han intervenido anteriormente, pedimos el apoyo y el consenso
de todas SS.SS. Y un contexto que invita a la reflexión: la necesidad
de trabajar por la convivencia de las diferentes lenguas, porque una
cosa, señorías, es convivir y otra cosa es conllevarse; convivir
significa conocimiento mutuo, estima mutua; conllevarse, en último
término, viene a significar exclusivamente soportarse, sufrirse más o
menos, y a la Administración del Estado le compete tirar adelante,
crear lugares de encuentro, mostrar abiertamente una actitud sin
reticencias, sin prejuicios, sin resistencias, establecer relaciones
no desde el recelo y el regateo sino desde la confianza y la
cooperación también en el ámbito de la lengua. Hoy señorías, como en
otras ocasiones, lo hacemos simplemente con un gesto casi simbólico:
incorporamos a la toponimia oficial tres términos de la realidad,
rescatamos de las aguas de lo alegal tan solo tres palabras, pero de
esta manera, señorías, consolidamos la riqueza plural de tres
realidades y añadimos, en último término, tres breves, muy breves,
pero tres pasos en el horizonte de la libertad.
Nada más y muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Beviá.
Finalmente, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra doña María Isabel Díez de la Lastra.
La señora DÍEZ DE LA LASTRA BARBADILLO: Muchas gracias, señor
presidente.
Señorías, la proposición de ley que ahora debatimos tiene como objeto
sancionar, convertir en derecho algo que es una situación de hecho en
la comunidad autónoma. Dentro de la línea que por el Partido Popular
de la Comunidad Valenciana se viene manteniendo de acercar la
realidad oficial a la normalidad de la vida ciudadana, el Grupo
Parlamentario Popular va a apoyar la admisión a trámite de la
proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, por
la que se declaran cooficiales las denominaciones en valenciano de
las tres provincias que integran la Comunidad Valenciana: Alacant,
Castelló y València. Nuestro apoyo tiene su base en los siguientes
fundamentos. Desde el punto de vista legal, en el Real Decreto
legislativo 781/1986, por el que se aprueba el texto refundido de las
disposiciones legales vigentes de régimen local, que en su artículo
25.2 reserva a las Cortes Generales la potestad de modificar sólo por
ley la denominación de las provincias. Por medio de esta norma se
permite establecer una denominación bilingüe en las lenguas
cooficiales de las distintas comunidades autónomas, que en el caso
que nos ocupa, la Comunidad Valenciana, son el castellano y el
valenciano. Al igual que en otros casos precedentes
ya tramitados en estas Cortes Generales, que afectan a las
comunidades de Cataluña, País Vasco, Galicia, Asturias, Cantabria,
Rioja y Baleares, es lógico que se pretenda introducir esta
cooficialidad, máxime cuando la Generalidad valenciana, en uso de sus
competencias y mediante su estatuto y decretos de su Consell, ya ha
establecido la cooficialidad y la doble denominación para las
capitales de la provincia que forman la comunidad, escogiendo para
ello los nombres que tradicionalmente venían aplicándoles sus
ciudadanos. Es lógico, pues, que se pretenda la introducción de la
doble denominación para que el nombre de las tres provincias
concuerde con el de sus respectivas capitales, tal como disponía el
artículo 1 del Decreto 30 de noviembre de 1833, por el que se
crearon.
Por otra parte, si consideramos la propuesta de denominación oficial
de las tres provincias desde el ámbito de la cultura de las gentes
que las habitan y del valor que ellas dan a sus usos y costumbres,
comprobamos que se plantea dentro de una normalidad bilingüe. Por
tanto, y citando a un antiguo miembro de este Congreso, en nuestra
convicción de que el bilingüismo debe ser armónico, entendemos que el
apoyo a la admisión a trámite de la proposición de ley es algo
consecuente. Ahora bien, debemos recordar que la admisión a trámite
no es el final de una proposición de ley, por lo que, al igual que el
resto de los grupos de la Cámara, tendremos ocasión de manifestar
durante su tramitación nuestros puntos de vista sobre determinados
aspectos contenidos en la exposición de motivos y en la disposición
adicional de la proposición de ley, que van más lejos en su alcance
de lo que lo hacen las normas en que afirman apoyarse, como son el
propio Estatuto de Autonomía y la Ley de uso y enseñanza del
valenciano.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Díez de la Lastra.
Vamos a proceder a la votación de esta proposición de ley. (El señor
vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Votación
correspondiente a la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Mixto, por la que se declaran cooficiales las
denominaciones de Alacant, Castelló y València para las provincias
que integran la Comunidad Valenciana.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
275; a favor, 274; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda tomada en
consideración la proposición de ley.
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE EL USO DE LENGUAS
OFICIALES EN EL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE LA INICIATIVA
LEGISLATIVA POPULAR (Número de expediente 122/000204).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, DE
RECONOCIMIENTO DE LA COOFICIALIDAD DE LAS LENGUAS OFICIALES DE
COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN EL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE LA
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR (ORGÁNICA) (Número de expediente 122/
000217).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Proposición de
ley del Grupo Socialista del Congreso sobre el uso de lenguas
oficiales en el procedimiento para el ejercicio de la iniciativa
legislativa popular. Para su presentación, en nombre de su grupo
parlamentario, tiene la palabra el señor Jover. (El señor
vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señorías, discurran por
los pasillos con rapidez, por favor. (Rumores.) Señorías, por favor,
guarden silencio. (Rumores.) Señor del Burgo, señor Ollero, señora
Uría. Gracias por la colaboración.
Señor Jover, cuando quiera.
El señor JOVER PRESA: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, la Ley de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común,
en su artículo 36, regula el uso de las lenguas oficiales en los
procedimientos tramitados ante la Administración general del Estado o
ante las administraciones dependientes de las comunidades autónomas y
de las entidades locales, y lo hace -creo yo- de forma satisfactoria
pues garantiza el derecho de todos los ciudadanos a utilizar en sus
relaciones con esas administraciones la lengua oficial que ellos
deseen y que elijan, ya sea el castellano -lengua oficial de todo el
Estado-, ya sea la lengua oficial propia de la comunidad autónoma
correspondiente, y todo ello a su elección. Sin embargo, las
previsiones de esta ley no son de aplicación a la Administración
electoral que, por su propia naturaleza, es una administración
independiente, como es sabido, parcialmente judicializada, y no
solamente no son de aplicación, sino que además las leyes orgánicas
que regulan el funcionamiento de esta Administración electoral y que
regulan también, lógicamente, las relaciones de los ciudadanos con la
misma no contienen ninguna previsión sobre el uso de lenguas
oficiales. Básicamente son, que yo recuerde, tres leyes orgánicas: la
que regula la iniciativa legislativa popular, la que regula el
régimen electoral general y, finalmente, la que regula las distintas
modalidades de referéndum. Ninguna de las tres, que yo sepa, contiene
la más mínima previsión sobre el uso
de lenguas oficiales, y es sabido que a menudo los ciudadanos -no
solamente personas físicas, también personas jurídicas como son los
partidos políticos, como son las asociaciones de otro tipo- deben
relacionarse con esta Administración electoral. Hay una laguna, una
carencia que creo yo conviene resolver.
Se me podrá decir o alguien podrá pensar que, en realidad, esta
ausencia de regulación del uso de las lenguas oficiales en la
Administración electoral no plantea problemas. Hasta ahora no parecía
haberlos planteado, pero desgraciadamente no es así. Recientemente
esos problemas han aparecido, y yo no voy a negar que esta iniciativa
en gran medida intenta resolver esos problemas que se han planteado
recientemente y no antes. Concretamente, el mes de junio pasado, si
no me equivoco, los promotores de una proposición de ley de
iniciativa legislativa popular se encontraron con que la Junta
Electoral Central les comunicaba lo siguiente: que una vez que sea
admitida a trámite la iniciativa correspondiente, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley Orgánica 3/1984, que es la
que regula la iniciativa legislativa popular, los pliegos que se
utilicen para recoger las firmas habrán de tener, en todo caso, la
redacción en castellano del texto íntegro de la proposición -y
después añade-, sin perjuicio de que sea admisible -de que sea
admisible- que además se incluya el texto de la misma en la lengua
oficial de alguna comunidad autónoma.
No criticamos aquí, señor presidente, la decisión de la Junta
Electoral Central. Precisamente porque no la criticamos es por lo que
proponemos la reforma de la ley correspondiente. Porque ante el
silencio de la ley orgánica era lógico que la Junta Electoral Central
hiciese esta interpretación, pero, a nuestro juicio, esta
interpretación no se puede mantener y es por lo que entendemos que si
queremos que el uso de las lenguas oficiales sea real y efectivo,
también lo ha de ser ante la Junta Electoral Central. Ese es el
problema que nosotros pretendemos resolver y para ello mi grupo
parlamentario les pide el voto favorable a la toma en consideración
de esta proposición de ley, que reforma tres artículos de la Ley
orgánica reguladora de la iniciativa legislativa popular. Se trata de
una reforma, breve, sencilla y yo creo que clara, en la vía de lo que
ya ha sido regulado para otras administraciones públicas en la Ley
30/1992, como decía anteriormente. Creo que se trata de una
regulación adecuada por dos razones. Primero, porque no impone nada;
no impone a ningún ciudadano el uso de una lengua determinada y, por
el contrario, garantiza -y es algo muy importante- que los
ciudadanos, en sus relaciones con la Administración electoral, y
sobre todo a la hora de ejercer el derecho a la iniciativa
legislativa popular, puedan utilizar la lengua oficial de todo el
Estado o, si así lo quieren, en sus respectivos territorios, la
lengua cooficial de los mismos.
Por tanto, resumiendo, se puede decir que la proposición que
planteamos contiene dos grandes ideas. La primera, que los pliegos
para la recogida de firmas - ya saben ustedes que hacen falta
500.000- deben contener
necesariamente el texto íntegro de la proposición y nosotros
decimos que podrá ser en castellano, lengua oficial del Estado, en la
lengua oficial propia de la comunidad autónoma correspondiente o en
ambas simultáneamente. Y la segunda, que, para evitar posibles
problemas, la Junta Electoral Central, que es aquella que según la
ley ha de garantizar la regularidad de todo el proceso de recogida de
firmas, en el momento de validar inicialmente los pliegos para la
recogida de firmas y de sellarlos comprobará que el segundo texto -en
el caso de que haya dos textos o un texto diferente del castellano-
se ajusta, es idéntico y está bien traducido respecto al texto
inicial de la proposición a que se refiere el artículo 3.o de la ley.
Quiero hacer una pequeña advertencia. Por un error mecanográfico
imputable al diputado que les habla falta una palabra en la redacción
del artículo 8.1. Dice: Estos pliegos reproducirán el texto íntegro
de la proposición en castellano, en cualquiera de las lenguas
españolas oficiales o en ambas conjuntamente. Y debería decir: ... en
castellano, en cualquiera de las otras lenguas oficiales españolas o
en ambas conjuntamente.
Finalmente, una garantía. Todos entendemos que sería absurdo que se
utilizasen textos escritos redactados únicamente en la lengua oficial
de una comunidad autónoma para recoger firmas fuera del territorio de
esa comunidad. Evidentemente, eso no podría ser. Nosotros entendemos
que el artículo 3 de la Constitución ha establecido un criterio de
territorialidad a la hora de reconocer la cooficialidad de las
lenguas; por lo tanto, dejamos muy claro que en el caso de pliegos
redactados en la lengua oficial propia de una comunidad, esos pliegos
sólo serán utilizados para recoger firmas en el territorio de esa
comunidad y no en otros, porque no tendría ningún sentido, por
ejemplo, que el texto de una proposición de ley para la que se piden
firmas a los ciudadanos y que estuviese escrito en gallego o en
euskera se utilizase para pedir firmas en Almería. A la hora de
recoger estas firmas se hará constar que, en ese caso, han sido
recogidas exclusivamente en el territorio de la comunidad autónoma
dotada de la lengua oficial correspondiente.
Quiero aclarar una última cuestión. Mi grupo parlamentario va a votar
a favor de la proposición de ley que ha sido presentada -y supongo
que será defendida a continuación- por Izquierda Unida. Algún
diputado me ha preguntado si era una iniciativa conjunta, porque son
prácticamente idénticas. Quiero aclarar que no; no se trata de una
iniciativa conjunta. Mi grupo presentó esta proposición el 15 de
octubre y, posteriormente, el 11 de noviembre, se presentó la de
Izquierda Unida, con un texto no idéntico pero sí muy similar, y
precisamente por eso, porque es tan similar que prácticamente repite
muchas de las frases, mi grupo, obviamente, va a votar a favor de la
misma.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Jover.
Como el señor Jover indicaba, a efectos del debate, la iniciativa del
Grupo Socialista, que acaba de ser defendida, y la iniciativa
presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de
reconocimiento de la cooficialidad de las lenguas oficiales de
comunidades autónomas en el procedimiento para el ejercicio de la
iniciativa legislativa popular, de tenor similar a la iniciativa del
Grupo Socialista, van a tramitarse conjuntamente.
Para la defensa de esta iniciativa del Grupo de Izquierda Unida,
tiene la palabra el señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Gracias, señor presidente.
El Grupo Federal de Izquierda Unida votará también la proposición de
ley del Grupo Parlamentario Socialista porque, en efecto, es
prácticamente idéntica. Yo creo que se podrían votar las dos, y luego
que los redactores finales de la ley trabajen en la asimilación de
los elementos que faltan en una.
No voy a hacer una intervención parlamentaria concreta sobre el texto
de la ley, que está clarísimo y que se basa en el desarrollo de la
Constitución, que establece que es necesario avanzar hacia el
pluralismo lingüístico. En el sentido de avanzar hacia el pluralismo
lingüístico, el uso de las lenguas propias no recorta ni introduce
elementos de confusión, sino que permite una mejor garantía de
derechos, según ha reconocido reiteradamente el Tribunal
Constitucional, las administraciones públicas, incluida la
Administración general del Estado, y los organismos constitucionales
radicados en el territorio de las comunidades autónomas que gozan del
régimen de doble oficialidad.
Por tanto, hay cosas que no necesitan grandes explicaciones ni mucho
menos retórica, pero sí precisión política, porque yo creo que esto
nos reconduce hacia un debate político de fondo. Un debate político
de fondo que exige de nosotros hacer las cosas con sentido común, con
respeto a la pluralidad -la lengua es un elemento de esta pluralidad
que hay en España- y hacer la unidad, a nuestro entender federal,
desde la diversidad. Para el Grupo Federal de Izquierda Unida, para
los que somos federalistas, avanzar hacia la federalidad es un deber
imprescindible. No es el elemento central que nos mueve en cada una
de nuestras acciones, pero sí es un elemento que está presente en
cada una de las acciones y de las decisiones políticas que tomamos.
La lengua es un instrumento importante para avanzar hacia esa
federalidad. Seguramente habrá otros grupos que pensarán que las
cosas deben desarrollarse de otra forma, a partir de una potenciación
y desarrollo del Estado de las autonomías. A nuestro entender, esto
es avanzar decididamente hacia un modelo federal, en el que la
lengua, la cultura, etcétera, juegan un papel importante. Las
lenguas, en general, son signos de identidad humanamente enraizados y
culturalmente enriquecedores en la medida en que se mezclen, se
mesticen, sin perder cada una de ellas sus raíces propias y su forma
oral y escrita de analizar y describir la realidad o de comunicarse,
simplemente, y ponerse de acuerdo a través de esta comunicación.
No me gustan las citas históricas, pero si recurrimos a cualquier
elemento de la lengua históricamente constatado en la literatura, en
la poesía, etcétera, podemos encontrar que con distintas lenguas se
ha analizado de una forma plural pero al mismo tiempo una misma
realidad, llegando a unos mismos objetivos en la medida en que se han
observado con mirada clara, limpia, intentando avanzar hacia la
mejora de las condiciones de vida, de trabajo, de la promoción de la
cultura en los pueblos, etcétera. Vivimos en una España plurinacional
y plurirregional, con avances históricos colectivos hacia la
modernidad, pero también con desencuentros terribles en algunos
casos, en los que la cultura y la lengua han jugado un determinado
papel, o incluso con desencuentros inquietantes en otros casos, más
suaves, en el momento en que se sitúan ante el conjunto de la
sociedad debates muchas veces artificiales que esconden el verdadero
sentido del pensamiento de cada uno.
Yo creo que debemos normalizar el uso de todas las lenguas en cada
lugar con carácter bilingüe y en general, para que las gentes
unilingües de nuestro Estado sepan conocer, respetar y apoyar las
lenguas que no son propias. Desde este respeto entre todos puede
nacer una verdadera pluralidad, y de la pluralidad humana y cultural
sale la fuerza democrática que permite emprender de forma colectiva
todo tipo de avances hacia el progreso.
El enriquecimiento del patrimonio colectivo o al menos común -porque
hay personas que ven el patrimonio común pero no tan colectivo, ven
muchas diferencias y a veces ponen el énfasis en éstas y no en lo que
es colectivo, lo que se llama patrimonio común- vendrá determinado
por una pluralidad lingüística científicamente potenciada. Es decir,
impulsar las posibilidades de cada lengua de enriquecerse, de
mejorar, de modernizarse, de adecuarse a los tiempos modernos, en
definitiva, y esto exige buen entendimiento político, recursos
económicos, etcétera. La iniciativa legislativa popular, por tanto,
es un elemento que partiendo de una demanda o reivindicación general
puede y debe expresarse en cada lugar con la lengua propia. En cada
comunidad autónoma lo suyo, pero luego entre todos haremos que el
resultado general sea una Babel racionalizada y entendible por todos,
no una Babel caótica.
A nuestro entender, esta proposición de ley contribuye a que en
España continuemos avanzando en el desarrollo de nuestra democracia,
llenándola de contenido y haciendo que las cosas elementales que son
de sentido común tengan su lugar en las leyes. De ahí esta
proposición de ley, que espero que el conjunto de los grupos
parlamentarios voten a favor.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Frutos. ¿Algún turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su
posición en este debate? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Mixto
tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: Muchas gracias, señor presidente.
El 16 de diciembre del pasado año, va a hacer ahora exactamente un
año, esta Cámara aprobaba una moción en el Pleno sobre plurilingüismo
presentada por los diputados y diputadas de Nueva Izquierda-
Iniciativa per Catalunya. Nuestro grupo solicitó inmediatamente, el
19 de diciembre, la creación de una subcomisión que por razones
reglamentarias todavía no se ha constituido. En esa moción se pedía
precisamente la creación de una subcomisión que adaptara toda la
normativa de derecho público y privado al artículo 3 de la
Constitución, teniendo también en cuenta en muchos casos una
jurisprudencia relativamente expansiva por parte del Tribunal
Constitucional que nos permite tener un marco de plurilingüismo más
avanzado del que realmente nos encontramos en este momento. Uno de
los cambios que nosotros pensábamos que la subcomisión debería
analizar era precisamente la legislación sobre iniciativa legislativa
popular; otros serían la Ley Orgánica del Régimen Electoral General,
la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional, la Ley del Defensor del Pueblo, la legislación sobre
derecho de petición, sólo por hablar de normas de derecho político.
Pese a que no se ha constituido y que sería deseable que se
constituyera para ver estos cambios en su conjunto, en un bloque y
con el máximo consenso, no cabe duda de que la iniciativa que ahora
se presenta es de gran interés y vamos a apoyarla.
Hemos entendido que basta con decir que se va a apoyar, que no es
necesario copiarla para manifestar el énfasis en la aprobación. Por
tanto, apoyaremos la propuesta del Grupo Socialista, también la
propuesta espejo del Grupo de Izquierda Unida. Las apoyaremos aunque
yo mantendría con el portavoz del Grupo Socialista alguna
discrepancia jurídica sobre el concepto de territorialidad, que creo
que no se puede defender estrictamente, sobre todo después de la
reforma del Reglamento del Senado que de alguna forma rompía ese
principio. Pero, en fin, tiempo habrá de entrar en estas sutilezas
jurídicas. Entendemos que lo que se pretende se refiere a un hecho
muy sencillo. Hay que llevar a sus últimas consecuencias el derecho
de opción lingüística derivado del sistema de doble oficialidad. Por
decirlo claramente, algo que a veces cuesta mucho entender a la
Administración del Estado, incluso a algunas administraciones
autonómicas, es que en las comunidades autónomas con una lengua
cooficial el castellano no es más oficial que la lengua propia.
Entiendo que este es el sentido real del artículo 3 de la
Constitución en sus puntos 1 y 2, no del 3, que habitualmente se
suele citar cuando se habla de estas cosas y que yo
creo que se refiere a otro tipo de variedades lingüísticas distintas
de aquellas que han sido declaradas cooficiales. En cualquier caso,
ese sistema de doble cooficialidad, ese derecho de opción es muy
claro. Genera unos derechos de los ciudadanos, unas obligaciones de
todas las administraciones públicas, de todas, no sólo de las
autonómicas o municipales de la comunidad autónoma que declare en su
estatuto tener una lengua propia. Si esto es así para cualquier tipo
de relación oficial entre el ciudadano y las administraciones, y eso
es lo que da el sentido -como ha declarado el Tribunal
Constitucional- de una lengua oficial, tanto más es en el caso del
ejercicio de un derecho democrático como es la iniciativa legislativa
popular.
Por consiguiente, la proposición es oportuna y hay que felicitar al
Grupo Socialista por su iniciativa. Sabemos que hay otras presentadas
que lógicamente apoyaremos y deseamos que se constituya lo más pronto
posible la subcomisión a la que hacía alusión al principio de mi
intervención para que podamos evitar un goteo de iniciativas y
abordar en su conjunto el problema.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Alcaraz.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Ante las dos iniciativas que nos traen los grupos parlamentarios
Socialista y Federal de Izquierda Unida, mi grupo adelanta que va a
votar favorablemente a las dos. Sus portavoces las han explicado con
gran naturalidad y con un sentido común que está en la base tanto del
artículo 3 de la Constitución española como en las sentencias del
Tribunal Constitucional cuando se ha referido al derecho de los
ciudadanos de aquellas comunidades autónomas con lenguas cooficiales
con el castellano para dirigirse a la Administración y expresarse en
su otra lengua vernácula que goza del principio de protección
constitucional como lengua cooficial. Hay en las palabras del señor
Frutos un sentido de la naturalidad, un sentido común de la
legislación que tiene que ser armónica, homologable y comprensible
para todos los ciudadanos en el uso de este derecho. Cuando ha habido
referencia a los antecedentes españoles de actos como los referendos
se ha permitido que desde la publicidad institucional y de las
fuerzas políticas que participan en cualquier proceso electoral se
dirijan a sus conciudadanos tanto en castellano como en la lengua
vernácula de esa comunidad autónoma. Si un principio de la transición
fue hacer natural a nivel de Gobierno lo que era natural en la calle,
si en la calle es natural la lengua vernácula, por este sentido común
de receptividad del legislador a la demanda política, qué más sentido
común y naturalidad que la demanda de una iniciativa popular, que
está en la ley orgánica,
se recoja en la lengua vernácula para que el pueblo que presenta la
iniciativa se exprese en su lengua materna.
Estas razones parecen obvias, pero la legislación - como bien se ha
recordado aquí- presenta un vacío por la omisión del reconocimiento
de los pliegos de recogida de firmas. Lo que se trata de decir en la
iniciativa legislativa popular es que cuando se dirija a la Junta
Electoral Central lo haga en términos de razón y, en concordancia con
esta razón, mi grupo, señor presidente, votará a favor de ambas
iniciativas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora
Uría.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, analizamos dos iniciativas de reconocimiento de la
cooficialidad lingüística en el procedimiento de iniciativa
legislativa popular, es decir en la documentación que tiene que
surtir efectos ante la llamada Administración electoral, que en
realidad no es propiamente una administración sino Poder Judicial
actuando con vinculación al Poder Legislativo pero con soporte
administrativo. Se trata de procedimientos que pueden surgir en
cualquier lugar con lengua distinta del castellano y debe articularse
la validez de lo actuado en estas lenguas ante instancias estatales,
puesto que no olvidemos que estamos hablando de iniciativa
legislativa ante las Cortes Generales. Señala bien la iniciativa
socialista que esta laguna -que creemos que se debe cubrir- ha sido
subsanada por las decisiones de las juntas electorales y un buen
ejemplo de ello es el referéndum de la OTAN, en el año 1986, en el
que la decisión de la Junta Electoral Central fue permitir que las
papeletas y toda la infraestructura administrativa pudiese tramitarse
en todas las lenguas oficiales, con mayor sensibilidad entonces que
la demostrada en el ejemplo que ha citado el portavoz del Grupo
Socialista en su intervención.
Debo señalar que las iniciativas recogen el loable propósito del
pluralismo lingüístico y la diversidad territorial respecto de una
ley, la Ley Orgánica 3/1984, que es poco más que un adorno pese a la
expresa previsión constitucional en el artículo 87.3 que teóricamente
sólo excluye la posibilidad de su utilización en los casos en que se
vayan a regular materias propias de ley orgánica, tributarias, de
carácter internacional y prerrogativas de gracia. Sin embargo, la
práctica de las Cámaras y la propia jurisprudencia del Tribunal
Constitucional son más impeditivas que favorecedoras, y a los hechos
me remito. Esta mañana se ha visto en la Comisión de Interior y
Justicia la única iniciativa legislativa popular que ha podido
prosperar en los 20 años desde que se aprobara la Constitución, la
referida a la Ley de propiedad horizontal, que bien es verdad que era
una iniciativa legislativa popular con algún condicionante
añadido, puesto que venía apadrinada por un colectivo concreto que
son los administradores de fincas. Cualquier iniciativa que se
plantea ante la Cámara por esta vía sufre un auténtico calvario de
trámites y de trabas, incluso se impide la tramitación de ellas si
existe presentada en la Cámara a la vez una proposición no de ley
sobre la materia. Aunque la materia sea la misma, creemos que la
finalidad es en un caso normativa y en el otro no normativa y que
debiera propiciarse su admisión a trámite. Además, este criterio
restrictivo ha sido seguido con mimetismo entusiasta por los
parlamentos regionales.
Creemos, por tanto, que si la opción constitucional fue propiciar la
iniciativa legislativa popular (por supuesto, quedando claro que el
principio es parlamentario, dando prioridad a los partidos) y que si
además tenemos una opinión pública lo suficientemente madura, quizá,
de aprobarse estas iniciativas -como va a apoyar el grupo al que
represento-, deberíamos hacer algún otro retoque a la Ley 3/1984 para
que sea un cauce realmente aprovechable.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Uría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra la señora Gil.
La señora GIL I MIRÓ: Gracias, señor presidente.
De nuevo se propone a la Cámara hoy rehabilitar el carácter
plurilingüe del Estado español, y se hace con una loable intención
que acogemos de manera favorable pero que nos recuerda también, una
vez más, la situación institucionalizada de jerarquización de las
lenguas. La lengua castellana es tratada siempre en asuntos
generales, en aquellos asuntos llamados de Estado y también en el
proyecto a consideración como una lengua mayor a la que debe
traducirse el resto de lenguas que se hablan en el territorio
español. Se presenta así -aun sin quererlo- como menores lenguas tan
prestigiosas, cultas, hermosas y universales como la gallega, el
euskera y la lengua catalana.
En este hemiciclo y en la Cámara hay estudiosos constitucionalistas y
ahora prestigiosos juristas a los que animo a interpretar y a leer,
de manera abierta y literal, el concepto oficial del artículo 3 de la
Constitución. Un concepto oficial que literalmente dice que el
castellano es la lengua oficial del Estado y que las demás lenguas
españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades
autónomas. Por otro lado, yo me pregunto, en relación con ello, si la
Junta Electoral Central es también de las comunidades autónomas o
sólo lo es del Estado, o bien si el Estado no incluye a las
comunidades autónomas. ¿Creen ustedes que es políticamente correcto
preguntarse si la Junta general o todo el aparato institucional que
se conoce como Estado debería tener como suyas también las lenguas
oficiales distintas del castellano? Sean ustedes estudiosos
e interpreten casi de manera panóptica, hacia un futuro
moderno, el concepto oficial. Este puede ser un tema para otra
ocasión.
Ahora nos atenemos a las propuestas a debate y sobre ellas me
permito, señores diputados, decirles cuán llamativo también me ha
parecido este impulso irrefrenablemente simultáneo de dos grupos
políticos de distinta naturaleza que han mostrado una empatía
redactora sorprendente. Me agradaría que este fenómeno, no sé si
hectoplásmico o parlamentario, se repitiera más a menudo por los
mismos y otros grupos en lo que respecta a la asunción institucional
y universal de la realidad plurilingüe del Estado español. Sin duda,
la finalidad y presentación de las proposiciones nos permiten mostrar
una satisfacción adecuada a su objetivo e intención, y también un
cierto optimismo de que quizás hemos superado ya el estadio de lo
improbable para pasar al estadio de lo posible en cuanto a aceptar
abiertamente y a respetar en iguales condiciones la existencia de
otras lenguas distintas del castellano oficiales en el Estado
español, aunque todavía no del Estado.
Nos parecen las proposiciones acertadas, moderadas e indicadoras de
que aunque con restricciones -que estoy segura de que el tesón de
Convergència i Unió y la razón nacional de mi país corregirán-
estamos avanzando juntos hacia el nuevo milenio tan cercano y
prometedor en cuanto a la renovación y modernización del concepto de
Estado-nación monolingüe y su conversión en un Estado realmente
plurinacional y plurilingüe.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Gil.
Finalmente, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el
señor Trías Sagnier.
El señor TRÍAS SAGNIER: Señor presidente, señorías, creo que podemos
asumir en líneas generales todos los argumentos de quienes me han
precedido en el uso de la palabra. Muy especialmente estoy de acuerdo
con el señor Frutos cuando dice que esta es una buena ocasión para
huir de la retórica e intentar enmarcar un asunto eminentemente
político. También estoy muy de acuerdo con la señora Gil cuando dice
que tenemos que empezar a acostumbrarnos a leer la literalidad de la
Constitución; todos, señora Gil, todos los diputados que pertenecemos
a esta Cámara, debemos leer la letra de la Constitución. (El señor
vicepresidente, Fernández- Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
Esta es la posición muy clara en temas que afectan al título
preliminar de la Constitución de 1978, posición muy clara que tiene
el Grupo Parlamentario Popular. Es decir, una posición que viene
enmarcada por lo que es el título fundante de la nación española, de
esta nación libre y democrática que surgió en el año 1978.
En efecto, la Constitución instaura un nuevo modelo de Estado
descentralizado, pluricultural y plurilingüe, donde se reconoce el
derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones dentro de un
Estado solidario, un Estado que según el artículo 2º de la Constitución
española está compuesto por plurinacionalidades, regiones
diversas y es pluricultural y plurilingüe; es decir, se trata de un
Estado diverso y libre. Todo ello desde la inequívoca afirmación de
que España, la España de la libertad, la España de la democracia, la
España que une la tradición monárquica a una mentalidad republicana,
es una nación única, patria común indivisible de todos los españoles,
como dice la Constitución, cuya soberanía, que también es única,
reside en el pueblo español, en todo el pueblo español, del que
emanan los distintos poderes del Estado. Esto no lo digo yo, lo dice
la Constitución española.
La lengua, la existencia de nuestra riqueza plurilingüe
y pluricultural no debe ser un elemento de división entre nosotros sino
un hecho natural, tan natural como tener un padre, una madre o
diversos hermanos. Las distintas lenguas que se hablan en España, que
son evidentemente un elemento de cohesión social para diversas
nacionalidades que están enmarcadas dentro del Estado español, es
bueno -creo yo- que se potencien desde el Estado. Por consiguiente, y
con independencia de alguna imperfección técnica cuya mejora
introduciremos en Comisión, nuestro grupo, en coherencia primero con
la moción número 21 aprobada por el Senado en el debate del estado de
las Autonomías de 1997 a propuesta del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), segundo, con las resolución número 28 aprobada
en el debate sobre el estado de la Nación de 1997 a propuesta del
Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), y
tercero, con la resolución número 39 aprobada en el debate sobre el
estado de la Nación de este mismo año de 1998 a propuesta del Grupo
Vasco (PNV), en concordancia con lo que dice la Ley de
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, pero
sobre todo por coherencia con la Constitución española de 1978 que
fue aprobada por la inmensa mayoría del pueblo español y de la que
ahora felizmente conmemoramos su XX aniversario, nuestro grupo va a
votar favorablemente ambas iniciativas.
Señor presidente, muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Trías.
Vamos a proceder a las votaciones. (El señor presidenteocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votaciones correspondientes a la toma en
consideración de las proposiciones de ley que se han debatido
conjuntamente y votaremos de forma separada comenzando por la del
Grupo Socialista sobre el uso de lenguas oficiales en el
procedimiento para el ejercicio de la iniciativa legislativa popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
302; a favor, 301; abstenciones,una.
El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada la toma en
consideración de la proposición de ley del Grupo Socialista.
Pasamos a la votación de la proposición correspondiente al Grupo de
Izquierda Unida de reconocimiento de la cooficialidad de las lenguas
oficiales de comunidades autónomas en el procedimiento para el
ejercicio de la iniciativa legislativa popular, que también se
pretende con carácter orgánico.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
303; a favor, 302; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, aprobada la toma en
consideración de la referida proposición de ley.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA
ERRADICACIÓN DE CUALQUIER FORMA DE DISCRIMINACIÓN LABORAL DE LA MUJER
POR RAZÓN DE EMBARAZO O MATERNIDAD (Número de expediente 162/000289).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto II del orden del día: Debate
sobre proposiciones no de ley. En primer lugar, la del Grupo Popular,
relativa a la erradicación de cualquier forma de discriminación
laboral de la mujer por razón de embarazo o maternidad, para cuya
presentación ante el Pleno tiene la palabra la señora Pardo. (El
señor vicepresidente, FernándezMiranda y Lozana, ocupa la
Presidencia.)
La señora PARDO RAGA: Gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señoras y señores diputados. Subo con satisfacción
esta tarde a la tribuna porque vengo a presentar a esta Cámara una
proposición no de ley que en definitiva lo que pretende es alcanzar
un objetivo, y es la erradicación de cualquier forma de
discriminación laboral de la mujer... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento,
señora Pardo.
Señorías, les ruego guarden silencio.
Continúe, señoría.
La señora PARDO RAGA: Gracias, presidente.
Como decía, el objetivo es la erradicación de cualquier forma de
discriminación laboral de la mujer por razón de embarazo o
maternidad, o lo que significa la igualdad de hombre y mujer en el
mercado de trabajo. Efectivamente, uno de los principales problemas
que arrastra nuestro mercado laboral es la excesiva desigualdad
existente entre ambos sexos en cuanto a su participación en
el mismo y, por tanto, en el ámbito de la economía productiva.
La proposición no de ley que defiendo esta tarde en nombre de mi
grupo parlamentario tiene como finalidad impulsar medidas concretas
para que la igualdad en el mercado de trabajo sea una igualdad de
hecho que dependa exclusivamente de la voluntad de las mujeres que
elijan permanecer activas, cualquiera que sea su circunstancia, como
el embarazo, maternidad, adopción, acogimiento, reducción de jornada
para atender a los hijos menores de seis años o durante el período de
excedencia voluntaria por razones de guarda legal de menores de tres
años. Nos podríamos preguntar por qué traemos aquí este tema, si
parece que el ordenamiento jurídico legal ya lo contempla. Pues
porque sabemos que determinados comportamientos que evidencian
conductas discriminatorias nos obligan a la adopción de medidas que
neutralicen estos inconvenientes con los que se encuentran las
mujeres ante una posible maternidad para el acceso y la estabilidad
de las mismas en el mercado de trabajo.
Señorías, esta tarde no estamos debatiendo una proposición no de ley
más, sino que estamos transmitiendo a la sociedad una llamada para
que la igualdad en el trabajo entre hombres y mujeres sea real. Los
dos puntos de la proposición no de ley que nos ocupa son la clave de
que esta igualdad hasta ahora no haya sido así. El origen del
problema se sitúa en gran medida en la frustración que supone para
las mujeres no poder acceder al mercado de trabajo en igualdad de
condiciones. Si analizamos el permiso de paternidad, es decir, aquel
al que se pueden acoger los hombres durante cuatro semanas, vemos que
en España la estadística es de un 2 por ciento. Este 2 por ciento de
hombres que solicitan las cuatro semanas que les permite la ley hace
que no haya un reparto equitativo en las cargas familiares entre
hombre y mujer y, por tanto, que dificulte de manera muy clara la
incorporación de la mujer al mundo del trabajo.
Las medidas que se recogen en el petitum se dirigen a las personas
trabajadoras con hijos menores, sean hombres o mujeres, respondiendo
así a la política decidida del Gobierno y del Grupo Parlamentario
Popular en materia de conciliación de la vida laboral y familiar,
porque hay que reconocer que hasta ahora se habían mantenido unos
roles estáticos femeninos que, cuando se han vuelto dinámicos, han
roto los viejos clichés, como ser mujer, trabajar y tener familia.
Hay que hacer un esfuerzo desde esta Cámara para instar al Gobierno
a que con mayor facilidad mujeres y hombres puedan conciliar vida
laboral y familiar. Señorías, esto supone convencer a los hombres de
que es cosa de dos, de que la casa es cosa de dos; sin embargo, el
trabajo es cosa de todos. También quiero significar que en el III
Plan de igualdad de oportunidades existe una de las actuaciones que
impulsa la modificación de la legislaciónlaboral para que se recoja
de forma expresa la prohibición
de despido de personas trabajadoras por causa de embarazo o permiso
parental.
No sería justo dejar de citar la comparecencia que tuvo el presidente
del Gobierno el 17 de junio de este año, en la que informaba sobre el
Consejo europeo de Cardiff y en la que decía textualmente: Entre los
ejes de las nuevas orientaciones, además de insistir en la formación,
en la igualdad de oportunidades, el fomento de nuevas formas de
organización del trabajo y la lucha contra la discriminación laboral,
hay un aspecto que me gustaría destacar -decía el señor Aznar-, es el
fomento de prácticas laborales que tengan en cuenta a la familia. Así
pues, otro de los objetivos de la iniciativa que defiendo es la
mejora de las oportunidades en materia de formación para facilitar
sin discriminaciones las condiciones de trabajo de las mujeres, su
mayor profesionalización y su promoción personal, todo ello en total
sintonía con las directrices europeas y para luchar de forma decidida
por disminuir esa tasa de paro femenino, que se sitúa todavía en
nuestro país en torno a un 27 por ciento y que en cualquier caso
duplica la tasa de paro masculino.
A pesar de que la tasa de paro femenino duplica a la del masculino,
también quisiera resaltar que esta situación no es imputable en
ningún caso a las mujeres españolas. Hemos de ser conscientes de que
cuando se trata del paro femenino estamos hablando de un problema
real para todos, es decir, de un problema para la sociedad. De ahí la
importancia de remover aquellos obstáculos que dificultan el acceso
efectivo de las mujeres a puestos de trabajo, arbitrando medidas que
favoreciendo la igualdad de oportunidades promuevan un importante
incremento de los niveles de empleo de un colectivo que constituye
algo más de la mitad de la población en edad laboral. Ante esta
situación es evidente que no caben triunfalismos, pero sí intentar
paliar las dificultades, como es nuestro propósito con el debate que
se va a producir hoy en esta Cámara. Destacaré igualmente que en el
III Plan de igualdad se contiene otro objetivo y es el dedicado a
facilitar la incorporación de la mujer al mundo laboral, en el que se
incluye una actuación dirigida a impulsar la formación ocupacional y
continua de las mujeres que se encuentran ejerciendo el derecho a
disfrutarla cuando están de baja por maternidad.
Esta proposición no de ley no puede ser considerada como punto final
de nuestras reivindicaciones, sino un punto y seguido que nos permita
continuar trabajando en este tema de la discriminación laboral por
razón de maternidad o embarazo hasta que alcancemos su plena
igualdad. Para llevar a cabo estos compromisos y respondiendo a la
necesidad de trasponer a nuestro ordenamiento jurídico todo el
contenido de la normativa comunitaria, el Gobierno, además, ha
elaborado un borrador de anteproyecto de ley de medidas para
conciliar responsabilidades familiares y profesionales, que
actualmente está en fase de consulta, como ya anunció el propio
ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
Llegados este punto quisiera destacar que quien está a la cabeza de
la comprensión de este problema e intenta paliarlo con medidas
positivas es el Gobierno del señor Aznar y el Grupo Parlamentario
Popular. También estoy convencida de que esta Cámara puede aportar
mucho respecto a los problemas que se dan en la sociedad para poder
compatibilizar vida familiar y laboral. Parece, pues, que es el
momento de unir las fuerzas políticas para relanzar una ilusión y
hacer frente a unos desafíos que hasta ahora no se habían acometido.
Concluyo, señorías, siendo consciente de que las mujeres que hemos
decidido compatibilizar vida laboral y familiar no hemos tenido hasta
ahora ningún rayo de esperanza. Confiamos en que con la aprobación
por el Pleno de esta proposición no de ley se abra un nuevo horizonte
para aquellas mujeres y hombres que quieran libremente compatibilizar
las dos tareas, porque las mejores políticas de presente son las que
apuestan fuertemente por el futuro.
Señor presidente, si me permite, quisiera decir que se han presentado
unas enmiendas a esta proposición no de ley, firmadas unas por
Convergència i Unió...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Pardo,
si le parece, el comentario de las enmiendas lo dejamos para después
de la intervención de los distintos grupos parlamentarios. Su señoría
tendrá ocasión de intervenir específicamente para ello.
La señora PARDO RAGA: Muy bien, señor presidente.
Entonces simplemente me queda instar a los grupos parlamentarios a
que voten afirmativamente esta proposición no de ley que en nombre de
mi grupo hoy he tenido el honor de presentar y subir a defender.
Muchísimas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Pardo.
A esta proposición no de ley ha sido presentada una serie de
enmiendas por parte del Grupo Socialista y del Grupo Mixto y otras
firmadas de forma conjunta por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)
y el Catalán (Convergència i Unió).
En primer lugar, para la presentación de la enmienda del Grupo
Socialista, tiene la palabra la señora López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señorías. Subo a esta tribuna a defender en nombre de
mi grupo parlamentario una enmienda a esta proposición no de ley
presentada por el Grupo Popular. Antes de entrar en lo que es
netamente la enmienda me van a permitir que haga una pequeña
introducción.
Yo no sé si cuando lleve aquí ocho, diez o quince años me habré
acostumbrado a cosas como éstas que vamos a hacer hoy aquí, porque
esto que vamos a
hacer hoy aquí, señorías, es como si tenemos un enfermo con una
úlcera de estómago y le lavamos las manos. Eso es lo que vamos a
hacer, nada. Estamos haciendo el paripé de que vamos a apostar por
que no haya discriminación, pero lo que pretendemos en todas las
enmiendas, la de mi grupo, la del PP, la de Convèrgencia, la del
Grupo Mixto, en todas, señorías, está recogido ya en la ley. Hay una
pequeña diferencia sólo en la del Grupo Socialista que yo les voy a
mencionar.
La excedencia está regulada en el Estatuto de los Trabajadores, cuya
autoría no voy a señalar, pero sí que fue fruto del consenso de todos
y que lo fuimos mejorando a lo largo de los últimos años de Gobierno
socialista y seguiremos haciéndolo, porque la vida avanza, señores
del PP. Ustedes no inventan nada. ¿Que con ustedes va a mejorar
España? Ya lo veremos, pero la vida avanza, a pesar nuestro, y, por
tanto, mejoraremos las leyes todos juntos. La excedencia queda
regulada en el artículo 46.3 del Estatuto de los Trabajadores y lo
que es la lactancia en el artículo 37.4 del mismo Estatuto de los
Trabajadores. Señorías, hay principios, como la nulidad radical del
despido disciplinario por parte del empresario, que fue incorporado
como prueba a la Ley de Procedimiento Laboral en su artículo 96 y que
son instrumentos que van contra la discriminación. No se puede
despedir por ley a una mujer que esté embarazada, lo prohíbe el
estatuto y lo prohíben nuestras leyes.
Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Yo se lo voy a decir. Estamos
en un momento en el que queda muy bien decir que vamos a combatir
desigualdades que se producen. Lo que habría que hacer aquí para
modificar esto guarda relación con lo que nos pasó en esta Cámara el
año pasado. ¿Se acuerdan ustedes? Una mujer que estaba embarazada fue
despedida, no despedida, no le fue renovado un contrato. ¿Se
acuerdan? Ustedes dijeron que no era despido y grupos de defensa de
la igualdad dijimos que sí lo era. Pues eso es lo que está pasando en
las fábricas. Cuando una mujer queda embarazada lo que hace el
empresario es no renovarle el contrato, porque les recuerdo que los
contratos temporales, que siguen teniendo un porcentaje muy alto, los
sufrimos fundamentalmente las mujeres. Y les voy a dar unos datos
para que vean dónde está el problema y para que nos comprometamos
todos juntos a buscar de verdad soluciones para solventar estos
problemas La tasa de actividad en nuestro país, según la última EPA,
es del 50,25 por ciento. La tasa de actividad de los hombres es del
63,58 por ciento y la de las mujeres del 37,94. El porcentaje del
paro total es del 18,5. El de los hombres es del 13,34; el de las
mujeres, el 26,63. Si hablamos de quién está mejor preparado, el
porcentaje de titulación media o superior en los hombres es de un 26
por ciento y en la mujeres es de un 36,2. O sea, estamos mejor
preparadas, tenemos más paro, pero no nos contratan. Les voy a decir
aún más. Si lo analizamos en función del estado civil, los solteros,
hombres o mujeres, tienen una tasa de actividad del 56,9 por ciento;
los hombres representan el 61,07 y las mujeres
el 52,09. Si vamos a los casados, la tasa de actividad es del 51,14;
la de los hombres casados es del 66,46 y la de las mujeres, el 35,81.
Si vamos a los divorciados, que tiene una tasa de actividad total del
72 por ciento, los hombres son el 72,49 y las mujeres el 71,77. ¿Qué
nos dicen estos datos? Que las mujeres, nos guste o no, tenemos un
problema a la hora de insertarnos en el mercado laboral: las
responsabilidades familiares, entendiendo por tales la atención de
los niños, de la casa y de personas mayores. O afrontamos eso de
verdad -cogiendo el toro por los cuernos, como se dice en la calle- y
decimos que a una mujer embarazada no se la puede despedir y se le
tiene que renovar el contrato por lo menos una vez más, o no nos
sirve de nada.
Este es un documento que las centrales sindicales han hecho llegar al
Gobierno y propone lo que yo les estoy diciendo, pero además dice que
entre el 17 de mayo y el 17 de noviembre del año pasado, con la
reforma laboral ya hecha y las bonificaciones, se han hecho 481.000
contratos indefinidos; de ellos, el 68 por ciento fueron para hombres
y el 32 por ciento para mujeres, teniendo en cuenta que las mujeres
están bonificadas expresamente en esa ley de la reforma que aprobamos
el año pasado. Con bonificación o sin ella, señorías, la realidad es
que las empresas contratan menos a las mujeres. Hoy han venido aquí
unos representantes del comité de Ericsson y me decían, hablando de
este tema, que tienen una compañera, enfermera, que trabaja en una
clínica de Madrid y se ha quedado embarazada. Su encargada, que por
cierto es mujer, le ha dicho: pues lo siento mucho, o abortas o se te
acaba el contrato. Esa es la realidad. Entonces combatamos eso.
Perdonen, señorías, pero no comprendo la hipocresía del acto que
vamos a hacer hoy aquí, que es decir: eliminamos las barreras para
que haya igualdad, pero resulta que todo lo que ponemos aquí está en
la ley. Yo tengo este librito, Maternidad y responsabilidades
familiares, que recoge y analiza, artículo por artículo, los derechos
y deberes a ese respecto. No hay una sola cosa... Perdón, una cosa sí
hay, que no está aquí y que además es positiva. ¿Saben cuál es? El
derecho de la mujer a participar de la formación continua cuando está
en excedencia. Todo lo demás está.
Yo les pediría que introdujeran por lo menos una cosa de nuestra
enmienda -es algo que piden los sindicatos y que se ve en la
realidad-, que a una mujer embarazada haya que renovarle el contrato
en los términos que lo tiene establecido por lo menos una vez más. Si
no, señorías, no habremos conseguido nada. Hay que avanzar en
políticas de familia, sí, pero no sólo en estos términos, sino en
concienciar, porque es un problema cultural y de educación.
A lo mejor dentro de veinte años yo ya no estaré aquí ni habrá
necesidad de que protejamos a la mujer en los términos que lo estamos
haciendo, pero hoy es una realidad. O la protegemos o estamos jugando
con los sentimientos de miles de mujeres que están teniendo
problemas en las empresas, a las que cuando se quedan embarazadas o
tienen que cuidar a un familiar o a un hijo no se les renueva el
contrato y se contrata a una persona joven en su lugar.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora López,
le ruego concluya.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Termino.
Les invito a todos a considerar lo que les he dicho y, sobre todo,
pido al PP que tenga en cuenta la propuesta de nuestra enmienda sobre
la renovación del contrato a la mujer que está embarazada al menos
una vez más.
Gracias. (Aplausos.- Un señor diputado: ¡Muy bien, Isabel!)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor
Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Señorías, a tenor del título, la proposición no de ley que nos
plantea el Grupo Parlamentario Popular persigue la erradicación de
cualquier forma de discriminación laboral de la mujer por razón de
embarazo o maternidad. Es un objetivo ciertamente ambicioso, por
general, pero no es menos cierto que está plenamente justificado. Son
innumerables los datos y las razones -algunas de ellas han sido
citadas en su intervención por la portavoz del Grupo Socialista- que
ponen de manifiesto que en el mercado laboral de nuestro país y en
general en el de todo el mundo se asiste a una todavía importante
discriminación en perjuicio de la mujer. Por tanto, sin lugar a dudas
esta es una proposición no de ley plenamente justificada. Desde ese
punto de vista creo que sería positivo y adecuado, en primer lugar,
que valoráramos la oportunidad de este tipo de iniciativas. Todo lo
que sea avanzar en este sentido es bueno y positivo porque es
necesario.
En segundo lugar, sería conveniente abordar este tema con un espíritu
que responda a esa urgencia real, el de un trabajo en común por parte
de todos los grupos, siendo conscientes de que todos podemos aportar
algo en este sentido. Una actuación y una visión partidista de este
tema llevaría a afirmar que para el Grupo Parlamentario Popular, con
con los términos de su proposición no de ley, ya está completamente
resuelto el problema de nuestro país. Por el contrario, otra visión,
crítica y negativa, llevaría a decir que esto no sirve para nada. En
nuestra opinión ninguna de esas dos posiciones nos permite avanzar
positiva y adecuadamente en este tema.
Tenemos que ser conscientes de que este es un problema de gran
entidad y de que cualquier avance es positivo y sirve para dar pasos
en la dirección que todos los grupos sin lugar a dudas deseamos y con
la mayor celeridad posible. Es verdad que algunos de los
temas propuestos por el Grupo Parlamentario Popular en su proposición
no de ley cabe entender que hoy están incorporados en la legislación
vigente. Aunque no estén expresa y literalmente recogidos en esa
legislación, el Tribunal Constitucional y los tribunales laborales
han tenido ocasión de decir que cualquier actuación sancionadora o
disciplinaria motivada por hechos que discriminen a la mujer, como
pueden ser el embarazo o la maternidad, atentan radicalmente al
principio de igualdad y, por tanto, son nulos de pleno derecho. Esta
es una interpretación hoy vigente en nuestro país que han hecho los
tribunales partiendo de disposiciones constitucionales o legales y
que también la han hecho en relación con aquellas medidas
aparentemente no disciplinarias, como pueda ser la extinción de
contratos temporales, si se acredita que en el fondo tienen esa
motivación. Eso también lo han dicho ya los tribunales, pero no
estaría de más que se recogiera explícitamente en la legislación,
porque esta cumple también un efecto pedagógico hacia la sociedad.
Por tanto, este tipo de medidas en los términos en que se han
planteado en su intervención por el Grupo Parlamentario Popular y por
el Grupo Parlamentario Socialista suponen avances más o menos
importantes, pero avances, en un tema que a todos nos preocupa y en
el que todos desearíamos que efectivamente la labor de esta Cámara
contribuyera a ir solucionando los problemas que se plantean en la
realidad.
Por parte de Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya queremos hacer
también una aportación llamando la atención de SS.SS. sobre la
evidencia que todos conocen perfectamente de que la legislación
laboral no es única, y en muchos casos no es la más importante la que
se contiene en las disposiciones de la Administración, bien sea
estatal, bien sea autonómica. En el ámbito laboral hay un marco
normativo muy importante que procede de los acuerdos de los agentes
sociales, de la negociación colectiva, donde se recogen muchas
medidas que encierran en ocasiones desgraciadamente una visión
discriminatoria para la mujer. Nos parece importante, señorías, y de
ahí la enmienda de adición que plantea Nueva Izquierda-Iniciativa per
Catalunya, que por parte del Ministerio y de la Administración se
lleven a cabo actuaciones con las organizaciones sociales más
representativas para que también en la negociación colectiva se
arbitren medidas que tiendan a lograr la erradicación de cualquier
forma de discriminación por razón de maternidad, embarazo o cuidado
de menores. Quiero decir a SS.SS. que este es un momento
especialmente oportuno para llevar a cabo ese tipo de actuaciones por
parte de la Administración. En efecto, en el acuerdo interconfederal
para la estabilidad en el empleo, el origen del acuerdo social que
conocemos como reforma laboral última, ya se contenía una
manifestación explícita de voluntad por parte de las organizaciones
empresariales y de las organizaciones sociales para combatir
cualquier forma de discriminación hacia la mujer en el ámbito de la
negociación colectiva. Sería muy interesante que esa manifestación de
voluntad
expresada por las organizaciones sociales fuera aprovechada en estos
momentos desde la Administración y sería oportuno que esta Cámara
instara a la Administración a hacerlo, tal como plantea Nueva
Izquierda-Iniciativa per Catalunya, para conseguir que efectivamente,
en esa parcela tan importante de la legislación laboral como es toda
la negociación colectiva, también se aborden medidas que contribuyan
a conseguir ese objetivo que todos los grupos de la Cámara deseamos,
erradicar la discriminación por razón de maternidad, embarazo o
cuidado de menores.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Peralta. ¿Van a intervenir ambos grupos parlamentarios, el
Catalán y el Vasco? (Asentimiento.)
En primer lugar, recordándoles que tienen que compartir su tiempo,
tiene la palabra en nombre del Grupo Vasco el señor Caballero.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Gracias, señor presidente.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) para
defender la enmienda que conjuntamente con el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) hemos presentado a la proposición no de
ley relativa a la erradicación de cualquier forma de discriminación
laboral de la mujer por razón de embarazo o maternidad, presentada
por el Grupo Parlamentario Popular.
Resulta claro constatar, como también se ha dicho anteriormente, que
en la realidad práctica diaria aparecen con bastante frecuencia y
continuidad hechos que evidencian conductas discriminatorias para la
mujer, a pesar de la legislación vigente en la materia que estamos
abordando; conductas discriminatorias que también afectan de forma
negativa a la situación de desempleo, con cuotas de por sí muy
desfavorables a la mujer. Por ello, la proposición no de ley
presentada planteando la conveniencia de modificar la legislación
laboral de forma que se incluyan específicamente normas que protejan
activamente a las mujeres en períodos de maternidad, recogiendo
expresamente la prohibición de despido por causa de embarazo o
durante el permiso maternal, en principio nos parece conveniente
y necesaria. Sin embargo, esta proposición no de ley presentada por el
Grupo Popular resulta de alguna manera excesivamente genérica y
voluntarista. Por ello, conjuntamente con el Grupo Parlamentario
Catalán, hemos presentado una enmienda que recogiendo sustancialmente
los dos puntos de la proposición no de ley de referencia añade un
primer punto que trata de concretar más el carácter general que tiene
la misma.
En este primer punto de la enmienda se insta al Gobierno a priorizar
la adopción de todas aquellas medidas contenidas en el Plan de acción
para el empleo y que van destinadas a combatir la discriminación
entre hombres y mujeres y a facilitar la reincorporación
de la mujer al mercado laboral. También incorporamos el hecho
de que se incluya en los casos en que fuere necesario la aplicación
de determinadas bonificaciones a las cotizaciones sociales, con el
fin de interesar al mundo empresarial en estas medidas destinadas
a combatir la discriminación en la entrada en el mundo laboral, a la
que tantas veces se encuentran sometidas las mujeres. Asimismo
corregimos el comienzo del primer párrafo de la proposición no de
ley, excesivamente genérico, como he dicho, donde se señala
«modificar la legislación laboral», por «presentar un proyecto de
ley», que es una fórmula más concreta, con el fin de que se
introduzcan normas en las que expresamente se recoja la prohibición
de despido por causa de embarazo o durante el permiso maternal.
El resto de la proposición nos parece correcto, por lo que
literalmente lo recogemos en la enmienda que conjuntamente, como
digo, hemos presentado con el Grupo Catalán.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Caballero.
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
la señora Solsona.
La señora SOLSONA I PIÑOL: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, la integración de las mujeres en el mercado laboral es una
realidad innegable, pero esta realidad pone de manifiesto que su
incorporación plena a los derechos sociales y económicos es
considerablemente insuficiente. No podemos negar que la situación ha
mejorado, pero todavía queda un largo camino que recorrer. En
general, las mujeres ocupan categorías profesionales más bajas,
tienen peores formas de contratación, ganan menos, tienen menos
continuidad en sus puestos de trabajo, etcétera. Por otro lado, en el
ámbito doméstico, el peso fundamental del trabajo familiar sigue
siendo asumido por las mujeres.
Uno de los mayores problemas que se le plantea a la mujer trabajadora
es precisamente cómo compaginar sus tareas tradicionalmente
domésticas con el desempeño de un trabajo remunerado. Con la
presencia creciente de las mujeres en el mercado laboral, la
conciliación del trabajo y la vida familiar sigue siendo motivo de
segregación femenina y, a pesar de que debería concernir tanto a
hombres como a mujeres, hemos de constatar la doble presencia laboral
femenina. Según la EPA, dos de cada mujer ocupada, casi un 63 por
ciento, comparte el trabajo remunerado con los trabajos del hogar, y
sólo el 33,5 por ciento de los hombres lo hacen. Se tiende a
considerar que el cuidado de los hijos es principalmente
responsabilidad de la madre. En consecuencia, las dificultades de
compaginación son un serio obstáculo para la igualdad de las mujeres
en el empleo. La maternidad y el cuidado de los hijos de corta edad
es una tarea que recae fundamentalmenteen las mujeres. Por tanto,
cualquier medida que facilite
la conciliación del trabajo remunerado y las tareas de cuidados es
una necesidad cada vez más consensuada y una responsabilidad no sólo
de mujeres y hombres, sino también de los Estados. La maternidad,
señorías, no es cosa de mujeres, lo hemos venido repitiendo desde
esta tribuna. La maternidad es un bien social, y como tal debe
considerarse y protegerse.
Las políticas de igualdad de oportunidades comportan el
reconocimiento y el apoyo social y político de las responsabilidades
familiares de las trabajadoras y trabajadores y las leyes deben ser
instrumento que permitan dar cobertura y garantía a las necesidades
sociales existentes. Es por ello que nos parece oportuna la
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, a fin de que
se prohíba expresamente el despido por causa de embarazo o permiso
maternal y el derecho de reducción de jornada para atender a los
hijos menores. Pero no nos paremos aquí, señorías, hay que impulsar
todas las medidas legales positivas que sean necesarias en favor de
la maternidad, así como las bonificaciones laborales a las empresas
que faciliten la compaginación de la vida laboral y familiar. En este
sentido, hemos presentado una enmienda. ¿Cuáles pueden ser estas
medidas positivas? Paso a enumerar algunas de ellas. Es necesario una
oferta de servicios de calidad, de guarderías y de asistencias a
otras personas a cargo. Apoyar la creación de guarderías públicas y
privadas. Los servicios a la infancia financiados con fondos públicos
tienden a ir asociados a una mayor participación de la mujer en el
mercado de trabajo.
Por otro lado, en la actualidad la responsabilidad del cuidado de las
personas dependientes sigue siendo cada vez más un obstáculo para que
la mujer participe enteramente y progrese en el mercado laboral. El
enfoque que se hace del cuidado de las personas mayores dependientes
es discriminatorio. Se sigue presuponiendo que los cuidados son
responsabilidad de las mujeres. Las madres cuidan de sus hijos y las
hijas cuidan de sus padres, planteamiento que sigue dando por hecho
que la responsabilidad es de las mujeres. Constatemos, además, que la
gran mayoría de cuidadoras informales son también mujeres.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Solsona,
le ruego que vaya concluyendo.
La señora SOLSONA I PIÑOL: Sí, señor presidente.
Incrementar el sistema de servicios sociales, en especial el
destinado a personas mayores enfermas e incapacitadas y en general
los servicios de ayuda a domicilio, serían medidas positivas en favor
no sólo de las mujeres, sino de toda la sociedad.
El cuidado de niños y niñas en edad escolar es también una necesidad
cada vez más acuciante. Compaginar horas escolares con el trabajo a
fin de facilitar la vida familiar o potenciar servicios para las
horas posteriores al horario escolar, mientras no se alcance esta
meta, son medidas positivas a contemplar. Este tipo de asistencia
debería cubrir las horas que quedan libres al
final de la jornada escolar. Asimismo, pueden ser necesarias en otros
períodos como horas previas a la apertura del colegio, vacaciones
escolares, etcétera. Hoy en día hay que buscar sistemas informales,
ya que no hay políticas públicas al respecto. Estos vacíos comportan
algunas veces el absentismo de las madres trabajadoras o la falta de
puntualidad y, como consecuencia, una dificultad añadida a la
conciliación del empleo con las responsabilidades familiares.
Otro tema a considerar es la flexibilidad de los horarios laborales.
Los tiempos de trabajo provisionalmente reducidos o cualquier
organización flexible del tiempo de trabajo aseguraría una mejor
continuidad del empleo femenino que las licencias prolongadas. El
trabajo a tiempo parcial, el empleo temporal o cualquier contrato
atípico suelen ser aceptados en su mayoría por mujeres.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Solsona,
le ruego concluya.
La señora SOLSONA I PIÑOL: Enseguida, señor presidente.
La principal causa es poder conciliar las exigencias de hogar y
trabajo. La flexibilidad del empleo puede considerarse un riesgo para
las mujeres en la medida en que genera situaciones de inseguridad,
bajos ingresos y altibajos en la protección social. Hay que evitar
que estos tipos de contratos sean la causa de segregación profesional
entre hombres y mujeres. El trabajo a tiempo parcial no debe
discriminarse en el tratamiento fiscal y debe estar sujeto a la misma
legislación en materia de Seguridad Social que el trabajo a tiempo
completo.
Estas serían, señorías, algunas de las medidas positivas que
facilitarían la compaginación de la vida laboral y familiar, y
esperamos que el Gobierno, al hilo de las recientes medidas como el
Real Decreto-ley 11/1998, de 4 de septiembre, promulgado a instancias
del Grupo de Convergència i Unió, siga impulsándolas. Todo ello en el
marco de las conclusiones del Consejo Europeo sobre el empleo de
Luxemburgo para el desarrollo de políticas activas orientadas a
facilitar el acceso y la estabilidad de la mujer en el mercado
laboral.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Solsona.
Señora Pardo, S.S. tiene la palabra para expresar la aceptación o
rechazo de las distintas enmiendas presentadas a su iniciativa.
La señora PARDO RAGA: Quiero manifestar que aceptaríamos las
enmiendas firmadas conjuntamente por los grupos Vasco (EAJ-PNV) y
Catalán (Convergència i Unió). Sintiéndolo mucho porque personalmente
nos llevamos bien dentro de la Comisión, no nos parecen adecuadas las
enmiendas que proponen el Partido Socialista e incluso el Grupo
Mixto, Nueva Izquierda, porque no reflejan el espíritu correcto de
esta proposición no de ley. El Gobierno ya ha manifestado el diálogo
que ha mantenido con los interlocutores sociales, pero si lo que
pedimos en esta proposición no de ley es cambiar la legislación
vigente, tampoco dudamos de que los interlocutores sociales acatarán
estas leyes cuando se cambien.
Por otra parte, quiero decirle al Partido Socialista que las
enmiendas que ha presentado tienen poco que ver con la proposición no
de ley presentada por el Grupo Popular y de ahí su no aceptación.
Quiero añadir que quizá hubieran querido votar que no a esta
proposición no de ley, pero que la razón les debe decir que sí. Por
todo ello, vuelvo a pedir otra vez el apoyo unánime de la Cámara a la
proposición no de ley del Grupo Popular.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Pardo.
Vamos a proceder a la votación. (Pausa.) Perdón, falta fijar la
posición de los grupos que no habían presentado enmiendas.
En primer lugar, en nombre de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente, y con
gran brevedad porque se ha pronunciado la portavoz del Grupo Popular
sobre las enmiendas.
Mi grupo quiere dejar constancia aquí de que nos congratulamos de
esta iniciativa, pero en la línea de perfeccionamiento nos parecen
plenamente satisfactorias las ideas que introduce la enmienda
conjunta presentada por los grupos parlamentarios Catalán
(Convergència i Unió) y Vasco (EAJ-PNV). Lo decimos porque viene a
recoger el fondo de la cuestión -creo que está en las otras
enmiendas-, el principio de protección de la mujer trabajadora que no
puede sufrir ningún menoscabo en sus derechos laborales que, como
bien ha señalado la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista,
están recogidos en el Estatuto de los Trabajadores y en la
legislación concordante: no se puede despedir.
Por otra parte, quisiéramos hacer una observación. Apoyando como
apoyamos la enmienda conjunta de los grupos Catalán y Vasco, queremos
que se recoja la observación que ha hecho la portavoz del Grupo
Socialista y es que el problema no reside sólo en la prohibición del
despido, sino que es necesario que haya una ley que expresamente
contemple en su articulado esa prohibición. Pero es que existe la no
renovación del contrato, que no es despido. Está en la enmienda del
Grupo Socialista; por lo menos que quede constancia aquí de que las
dos situaciones en que se puede encontrar la mujer trabajadora
embarazada son: que se la despida o que no se le renueve el contrato
que pueda tener, bien de tiempo parcial, bien -lo más habitual-
temporal. Por todo lo demás, y aceptándose por el grupo proponente la
enmienda conjunta de Convergència i Unió y del Grupo Vasco, vamos a
votar favorablemente
en la forma aceptada por el grupo que ha tomado la iniciativa.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene
la palabra la señora Aramburu.
La señora ARAMBURU DEL RÍO: Señor presidente, señorías, la
proposición no de ley que debate hoy esta Cámara, relativa a la
erradicación de cualquier forma de discriminación laboral de la mujer
por razón de embarazo o maternidad, me obliga a posicionarme en los
siguientes términos. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, les
ruego que guarden silencio.
La señora ARAMBURU DEL RÍO: Empezaré, estimados diputados...
(Continúan los rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento,
señora Aramburu.
Señorías, les ruego guarden silencio. Antes de proceder a la
votación, y aunque hayan sonado los timbres de aviso, tiene que
intervenir la señora Aramburu. Si quieren ustedes ocupar sus escaños,
pueden hacerlo, pero insisto en que guarden silencio. (Pausa.)
Puede continuar, señora Aramburu.
La señora ARAMBURU DEL RÍO: Empezaré diciéndoles que faltaría más.
Faltaría más nuestro reconocimiento hacia la iniciativa, pero,
constatada la bondad, permítanme que reflexione brevísimamente sobre
lo paradójico del virtual viaje al centro mujer.
La proposición reconoce implícitamente que el gabinete Aznar gobierna
con leyes masculinas y, por tanto, no para iguales y no
constitucionales. En segundo lugar, la proposición reconoce
implícitamente también, en el marco de su ideología neoliberal,
blanda o dura, me es indiferente la naturaleza del plus, la
asignación a las mujeres de un papel subalterno encaminado a la
procreación, y ese supuesto valor social en este país está
penalizado. Y, en tercer lugar, también se reconoce implícitamente en
la proposición que el comportamiento empresarial les hace aparecer
como cómplices de primera magnitud, con la casi nula natalidad de
nuestro país, ya que las mujeres tienen que optar entre ser madres o
trabajadoras, pues los embarazos suelen estar criminalizados por
despidos u otras modalidades discriminatorias.
Prologada brevísimamente la intervención con estas consideraciones,
tengo que decirles que todo o casi todo depende de ustedes. Parece
evidente que los empresarios tienen color y la posición cultural y
laboral de los mismos tiene puntales y andamiajes en la filosofía que
sostiene el Partido Popular. Como ustedescomprenderán, lo que hacen
es venir a pedirnos ayuda
a los vecinos para que ustedes mismos dejen de ser peores y enmienden
sus propias planas. Yo no tengo ningún inconveniente, pero que conste
que es absolutamente inadmisible que en la Europa del siglo XXI haya
países y gobiernos que tienen flecos feudalistas en sus legislaciones
laborales correspondientes. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, les
ruego que guarden silencio. La señora Aramburu no puede intervenir.
(Continúan los rumores.) ¡Señorías!
La señora ARAMBURU DEL RÍO: Con la venia, señoría... (Nuevos
rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento,
señora Aramburu. (Pausa.)
Puede continuar, señoría.
La señora ARAMBURU DEL RÍO: Como iba diciendo, señorías, quiero que
quede constancia de que es absolutamente inadmisible que en la Europa
y en la España del siglo XXI haya países y gobiernos que tienen
flecos feudales en sus legislaciones laborales. Y en esta España del
casi todo va bien, el 55 por ciento de las personas desempleadas
tienen nombre de mujer. La tasa de paro femenina es 13 puntos
porcentuales superior a la masculina; sin embargo, la cobertura por
desempleo de las mujeres es casi la mitad que la de los varones. Hay
muchos más elementos discriminatorios; por ejemplo, en el escenario
de la reciente y flamante firma del acuerdo del contrato a tiempo
parcial con respecto a los países de la Unión Europea, en concreto en
el tratamiento salarial, si en el caso de los hombres los salarios
representan el 70 por ciento de lo que correspondería a la menor
jornada en relación con la jornada completa, el salario de las
mujeres sólo alcanza el 44 por ciento del de los hombres, según datos
de la CEE. Si a lo dicho sumamos la precariedad y la escasa duración
de los contratos con que las mujeres entran y permanecen en el
mercado, será un milagro, señorías, un milagro laico, que la mayoría
logre acumular el período de carencia de 15 años para tener derecho a
la pensión de jubilación.
Una de las situaciones más complejas se encuadra en las dificultades
de la iniciativa que estamos debatiendo, y es la prestación por
maternidad a la que ahora tienen derecho incluso las contratadas por
12 horas a la semana o 48 al mes, requiriéndose haber cotizado 180
días como mínimo, lo que representa seis meses para una mujer que
trabaja jornada completa, pero 30 meses para la de media jornada,
lógicamente sin interrupción, sin que quepa aquí la aplicación del
coeficiente corrector. Lo mismo ocurre con la protección por
desempleo, que requiere 12 meses de carencia o un período mínimo de
cotización y otras contingencias protegidas.
Comprenderán ustedes que estamos obligados a llamar la atención sobre
la instrumentalización política de estas fórmulas, que pretenden
consolidar el papel subsidiario de las mujeres en el mundo laboral y
un estatus social dependiente. Saben ustedes que este país tiene una
sobreabundancia legislativa, pero una manifiesta lentitud e
incumplimiento de las mismas. La transposición de la Directiva 1996/
34, de 3 de junio, sobre permisos parentales, que abarca siete
supuestos, todavía tiene flecos de virginidad, al igual que la
transposición de la Directiva 1996/80 de la CEE, de 15 de diciembre
de 1997, relativa a la carga de la prueba en los casos de
discriminación por razón de sexo.
En definitiva, señorías, anunciamos nuestro apoyo en el marco de una
reforma y de una negociación amplia con todos los agentes sociales
sobre la base de la transposición de la Directiva 1992/85 sobre
maternidad. Para ir concluyendo, señorías, he de decirles que no es
equitativo resolver los conflictos de la mujer a golpe de migajas ni
administrando la miseria. Sería bueno para el país y para las mujeres
que se decidieran, señores del PP, a plantear medidas reales de
discriminación positiva, como las formas de contratación y la de
salarios, que son, entre otras, las auténticas políticas activas de
igualdad.
Termino, señorías, con la sensación de que esta Cámara contribuye a
resolver lo obvio, lo elemental, que tenía que estar más que
regulado, y, por el contrario, el tiempo y la oportunidad de
rehabilitar a las mujeres va mucho más deprisa que el Poder
Legislativo, por lo que una vez más esta portavoz apela a la
responsabilidad del Gobierno para que cumpla la Constitución y pueda
conmemorar el aniversario con el convencimiento de que la aplica
garantizando la igualdad también en función de los géneros.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Aramburu.
Ahora sí vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa
la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular relativa a la erradicación de cualquier forma
de discriminación laboral de la mujer por razón de embarazo o
maternidad en los términos resultantes de la aceptación de las
enmiendas, como ha quedado clarificado en el debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
301; a favor, 300; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, DE SUMINISTRO EXTRAORDINARIO DE
AYUDA DE EMERGENCIA A LOS PAÍSES AFECTADOS POR CATÁSTROFES
METEOROLÓGICAS EN CENTROAMÉRICA Y EN EL CARIBE (Número de expediente
162/000294).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORES PERALTA Y SAURA), SOBRE
AYUDAS A LOS PAÍSES ARRASADOS POR EL HURACÁN MITCH (Número de
expediente 162/000299).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE MEDIDAS Y
ACTUACIONES URGENTES EN SOLIDARIDAD CON LOS PAÍSES DEL CARIBE Y
CENTROAMÉRICA AFECTADOS POR EL HURACÁN MITCH (Número de expediente
162/000300).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE AYUDA A LOS
PAÍSES CENTROAMERICANOS AFECTADOS POR EL DEVASTADOR HURACÁN MITCH
(Número de expediente 162/000301).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a aquellas iniciativas que en forma de
proposición no de ley coinciden, desde los Grupos Socialista, Mixto,
Izquierda Unida y Popular, en señalar medidas y actuaciones de
solidaridad con los países de Centroamérica afectados por el huracán
Mitch. (El señor vicepresidente, López de Lerma i López, ocupa la
Presidencia).
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Cunillera.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Señor presidente, señorías, nuestro
grupo presentó una proposición no de ley el pasado día 4 de este mes
con el objeto de consensuar y proponer alternativas que, en la línea
de los instrumentos que prevé la Ley de cooperación internacional,
significara que el Gobierno avanzaba en las distintas acciones que la
solidaridad y la cooperación con los países de Centroamérica
afectados por el huracán Mitch requiere, es decir, un proceso
integrador a través de un conjunto de medidas en el que la ayuda de
emergencia para satisfacer las necesidades inmediatas, las labores de
rehabilitación y de reconstrucción del tejido social y de las
infraestructuras diera paso a formas de cooperación que al incluir
objetivos de desarrollo a medio y largo plazo contribuyeran a la
mejora del nivel de vida de la población beneficiaria de esta ayuda.
La discusión no ha sido posible hasta transcurridos más de 20 días
del paso del huracán por aquellos países con las terribles
consecuencias de todo tipo que ha originado, pero si hemos perdido en
inmediatez habremos ganado en la posibilidad de realizar, a través de
este primer debate parlamentario, una primera evaluación del
movimiento de solidaridad que ha tenido lugar en España, posiblemente
el más importante de toda su historia.
La sociedad española ha ido y sigue yendo en estos momentos por
delante del Gobierno. Se han producido movimientos de tal envergadura
en forma de entrega de alimentos, medicinas y apertura de cuentas
corrientes que incluso la Agencia Española de Cooperación
Internacional, ante la falta de recursos dotados presupuestariamente
para esta línea de ayuda y como si se tratara de una ONG más, ha
procedido a la apertura de una cuenta corriente para recoger ayuda
para los damnificados, en una confusión del ámbito que corresponde
desempeñar a los poderes públicos a la que ya nos viene acostumbrando
en demasía el Gobierno. Tenemos muy reciente la discusión de la Ley
de cooperación internacional como para que haya que refrescar la
memoria de todos cuantos la seguimos con atención dentro y fuera de
esta Cámara de lo acontecido respecto a cual habría de ser el papel
de los dos Ministerios implicados más directamente en la cooperación
y ayuda al desarrollo.
Nuestro grupo fue decididamente partidario, desde el principio, de
que la dirección política recayera en el Ministerio de Asuntos
Exteriores. Así lo manifestamos en aquel entonces y nos reiteramos
ahora en ese convencimiento, pese a algunos hechos ocurridos a raíz
del huracán. Me referiré en concreto a la declaración del ministro
señor Matutes, manifestando su satisfacción si conseguía llegar a su
destino al menos un 80 por ciento de la ayuda recogida para estos
países. Flaco favor se hace con esta postura de reconocimiento de la
impotencia del Gobierno en garantizar el destino efectivo de la ayuda
recogida por tantas entidades españolas y donada por tantos miles y
miles de ciudadanas y ciudadanos españoles, para que la conciencia de
solidaridad y cooperación que representa el movimiento actual se
consolide y acredite. Pero es que si esto sucede en lo tocante a la
ayuda humanitaria de emergencia, frente a los casi 15.000 millones de
pesetas que supone la aportación privada canalizada a través de las
ONG, el Gobierno sólo ha dotado con 1.600 millones de pesetas.
Recordemos que los 1.000 millones aproximados que se han
contabilizado en esta operación como ayuda alimentaria de emergencia
eran créditos comprometidos de ejercicios anteriores.
Qué decir respecto de la condonación de la deuda de estos países con
España.Después de una reunión en Barcelona con los cónsules de los
países afectados por el huracán, el secretario de Estado de
Cooperación se muestra receptivo al estudio de esa medida, mientras
que el mismo día es replicado por el otro secretario de Estado del
Ministerio de Asuntos Exteriores en el sentido de que una decisión de
este tipo sólo la puede adoptar el Ministerio de Economía y Hacienda.
Vuelve así a explicitarse la raíz de los problemas que se plantearon
en el debate de la Ley de Cooperación Internacional, al que ya me he
referido anteriormente, donde
la posición del Gobierno español viene determinada por la exclusiva
dirección política que ejerce el Ministerio de Economía, en lugar del
de Asuntos Exteriores, tal y como establece la propia ley.
Es evidente que existen dos tipos de ayudas a los países y pueblos
que los habitan. A sus poblaciones es a quienes hay que destinar
prioritariamente el primer esfuerzo de ayuda humanitaria de
emergencia para cubrir las primeras necesidades básicas. Sin embargo,
esto solo, como ya hemos dicho antes, no basta y se debe abordar con
resolución, claridad de ideas y actuaciones concretas, la
rehabilitación de estos países: las viviendas, las infraestructuras,
los servicios sociales básicos, la reconstrucción del tejido social,
el desarrollo económico y social sostenible que signifique a medio y
largo plazo la mejora del nivel de vida de la población beneficiaria
de esta ayuda. Para ello, la ayuda oficial debe responder a los
mecanismos cuya puesta en marcha, una vez más, la Ley de cooperación
atribuye al Gobierno, para aplicarlos con la diligencia y el rigor
necesarios.
El despliegue mediático habitual del Gobierno no ha podido esconder
las carencias de su actuación, aunque haya podido amortiguar la
repercusión pública de muchas críticas que se han suscitado en el
ámbito de las ONG que han participado activamente en la recogida de
ayuda humanitaria y que demandan al Gobierno que haga lo
correspondiente, tanto en este ámbito, para facilitar y potenciar la
labor de los distintos agentes sociales de la cooperación, como en el
que es de su competencia exclusiva, que es la condonación de la
deuda. Hemos asistido a una catarata de alabanzas al pueblo español,
que hacen sospechar que sean un intento de esconder las carencias
que, como Gobierno, se están demostrando en el ámbito español y en el
ámbito internacional.
La deuda a condonar es de dos tipos: la bilateral, que tienen los
países afectados con el nuestro y que asciende -en concreto, en los
países de Centroamérica- a unos 67.000 millones de pesetas, y la
multilateral, que corresponde a la contraída por dichos países con
los países acreedores y en el seno de los organismos financieros
internacionales. La deuda total en este caso asciende a 2,4 billones
de pesetas. Pues bien, en ambos extremos tampoco hemos sido los
primeros en la búsqueda de las soluciones. Por lo que hace a la deuda
bilateral, países como Francia anunciaron desde el primer momento la
condonación de su deuda, sin restricciones ni condiciones. Se me
podrá aducir que la deuda con esos países es menor que la que tienen
con España, pero ese es un argumento que no se corresponde ni con el
papel que a España le toca jugar en Latinoamérica ni con los
mecanismos de los que se han dotado las cumbres iberoamericanas. Pero
es que hay más. España es, en el conjunto mundial, una potencia de
tipo medio, con los recursos económicos que se corresponden a su
tamaño y que está viviendo un momento económico inmejorable, tal y
como se encarga de repetirnos insistentemente el Gobierno. Es ello
tan cierto
que el pasado día 28 de octubre se convalidó por esta Cámara el Real
Decreto-ley 14/1998, de adhesión de España a diversos acuerdos del
Fondo Monetario Internacional, por el que se facultaba al Consejo de
Ministros para asumir compromisos adicionales ante el Fondo por un
importe de 3.000 millones de dólares -420.000 millones de pesetas-,
destinados a ayudar a los países iberoamericanos con problemas
derivados de la crisis asiática, en lo que el señor Rato denominó
solidaridad de balanza de pagos.
Si me van a recordar que nuestro grupo votó en contra, me pongo la
venda antes de la herida y voy a reiterar nuestro apoyo al destino de
dichas aportaciones pero nuestra discrepancia también en la
marginación del Parlamento en la adopción de ese acuerdo. Si a ello
añadimos que España dispone en estos momentos de unas reservas
aproximadas de 80.000 millones de dólares, según datos del Banco de
España, hace todavía más cicatera la posición del Gobierno español
con la deuda de los países centroamericanos, ya que realmente el
llamado plan de alivio de la deuda, acordado en el pasado Consejo de
Ministros del día 13 de noviembre, por un importe de 8.553 millones
de pesetas, por inversiones públicas en los países afectados por la
catástrofe, es escasamente una tercera parte de la deuda bilateral
que España puede condonar unilateralmente, unos 30.000 millones de
pesetas. Por otra parte, las ayudas para Centroamérica captadas por
las ONG significan un volumen de recursos aportados por el conjunto
de la sociedad que alcanza aproximadamente la mitad del total de
dicha deuda de 30.000 millones de pesetas que España podría condonar
unilateralmente.
Por ello, a partir de esta primera evaluación de la ayuda, proponemos
seguir avanzando en la línea de las aportaciones que tanto desde
nuestro grupo parlamentario como del resto de los grupos y del
conjunto de las ONG nos han hecho llegar, para consolidar esta
expresión de solidaridad y cooperación de nuestro país con los países
y los pueblos afectados, proponiendo mecanismos que garanticen no
sólo la cantidad sino la calidad de la ayuda prestada en el futuro.
(El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Con dicho objetivo, nosotros proponíamos un texto conjunto con las
proposiciones del Grupo Mixto y de Izquierda Unida que consistía en
los siguientes puntos. Primero, incrementar presupuestariamente los
fondos de la Agencia Española de Cooperación Internacional en 1999,
para apoyar proyectos concretos de cooperación técnica y de
reconstrucción y rehabilitación a gestionar por las ONG españolas y
las organizaciones locales en los países afectados, que son
fundamentales para el futuro de los objetivos de desarrollo a medio y
largo plazo y que no pueden ir en detrimento de los recursos que
deben destinarse a otros países y sectores de la cooperación. Igual
que se ha señalado que este movimiento de solidaridad puede cambiar
cualitativamente las condiciones de la situación social y económica
en dichos países mediante una distribución más equitativa de la
riqueza, también es una oportunidad en nuestro
país para incrementar el volumen de la ayuda oficial al desarrollo y
acercarnos progresivamente al objetivo del 0,7 del PIB, alcanzando el
0,35 por ciento en el comienzo del primer milenio. Segundo,
incrementar los FAD en forma de donaciones, que no solamente sean
créditos blandos y ayuda reembolsable, que no supongan una carga
añadida en forma de deuda, sino que -y esto es importante- se cambie
asimismo el componente de ayuda ligada, característica tradicional de
los Fondos de Ayuda al Desarrollo en nuestro país, flexibilizando el
instrumento para que también participen las empresas locales y las
organizaciones sociales de los propios países y así contribuir a su
propio desarrollo. Es importante también que, respecto a los fondos
FED, para identificar y evaluar daños y proyectos, participen las
organizaciones sociales con implantación en las zonas afectadas. Eso
también es garantizar la calidad de la ayuda. Tercero, condonar la
totalidad de la deuda bilateral contraída con España por los cuatro
países más afectados, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador.
Su condicionalidad, asumida por los gobiernos, de países
beneficiarios para invertir el importe de dicha deuda en proyectos de
desarrollo social básico, en beneficio de la población y su control
por comisiones mixtas en las que participen tanto las
administraciones de aquellos países como nuestro Gobierno y las
organizaciones sociales locales, significará una evaluación constante
de la ayuda y ganará en calidad y eficacia.
Cuarto, impulsar ante la comunidad internacional y las instituciones
financieras multilaterales la adopción de iniciativas similares con
los países afectados y promover en el seno del Club de París la
adopción de un plan global de condonación y ayuda para la
reconstrucción de los países afectados. Quinto, el Gobierno debe
impulsar la actuación tanto de las diversas administraciones públicas
como de las ONG que realicen proyectos en la zona, garantizando su
participación en los organismos y comisiones encargados de la gestión
de la ayuda, para garantizar y asegurar que la ayuda llega a las
poblaciones que más lo necesitan, para lo que es precisa esa
coordinación con ONG locales y transparencia en la gestión de
recursos. Hay que considerar asimismo como muestra de solidaridad
interna el establecimiento de un cupo extraordinario de admisión en
España de trabajadores procedentes de aquellos países, que agilice
asimismo la legalización de los que ya trabajan en nuestro país
mediante la exención del visado y su reagrupamiento familiar. El
Parlamento también debe participar en este proceso. Nuestra Comisión
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, creada con carácter
permanente con motivo de la Ley de cooperación, puede designar de
entre sus miembros un grupo de trabajo o subcomisión parlamentaria,
encargada de estar en contacto permanente con el Gobierno, ONG,
trabajar también sobre el terreno, recibir y estudiar la información
relativa a las actuaciones de coordinación interministerial dirigidas
por el vicepresidente primero del Gobierno, que, en desarrollo del
plan de actuación urgente de apoyo a Centroamérica y Caribe,
aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 13 de noviembre, se
adopten.
El señor PRESIDENTE: Señora Cunillera, ha de ir concluyendo.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Un momento, por favor. Ésta era
nuestra posición, que ha venido recogida en una enmienda que hemos
presentado de manera conjunta prácticamente todos los grupos de la
Cámara. Quería decir también que, además de apoyar esa enmienda que
hemos firmado y que contiene básicamente la posición que nosotros
pedíamos, hay unos puntos que no han sido recogidos y de los que
quería dejar constancia. Por eso, señor presidente, voy a abusar un
poco del tiempo.
El señor PRESIDENTE: Adelante. Abuse. Adelante.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Hemos firmado esa enmienda todos los
grupos con el objetivo que hemos dicho al principio de búsqueda del
consenso. Y, en el esfuerzo de la búsqueda de la redacción común, ha
quedado fuera el punto primero, en el que pedíamos el incremento de
dotación de esa línea para la Agencia Española de Cooperación
Internacional. Dado que la ley de presupuestos tiene todavía
pendiente su paso por el Senado, nuestro grupo presentará allí una
enmienda para que se pueda implementar esa dotación en la Agencia
Española de Cooperación Internacional y dotarla de esa línea que es
tan necesaria.
Hemos aceptado en el punto tercero de la enmienda, relativo a la
condonación de la deuda bilateral, su redacción: Avanzar en las
medidas de condonación, etcétera, porque lo entendemos como
reconocimiento de la necesidad de esta condonación. No cejaremos en
el empeño de seguir con esta exigencia y así se lo seguiremos
demandando al Gobierno, sin que ello suponga una demora excesiva en
la adopción de esa medida. Hemos renunciado también a la creación de
una subcomisión, porque haremos todo lo posible para que se cumpla
por el Gobierno el compromiso asumido de informar periódicamente a la
Comisión en este Congreso.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Cunillera, por la
moderación en el abuso.
Pasamos a la proposición del Grupo Mixto, que suscribieron los
señores Peralta y Saura y que será defendida por el primero de ellos.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente,
Señorías, con las proposiciones no de ley de los distintos grupos que
hoy debatimos conjuntamente y con esa proposición final acordada por
prácticamente toda la Cámara pretendemos dar respuesta a unos hechos
de
una extraordinaria gravedad. Se suele decir en estos casos que sobran
las palabras, cuando hemos tenido ocasión de presenciar imágenes tan
tremendas y tan reales como las que nos han proporcionado los medios
de comunicación en las últimas semanas. Sólo me permitiría añadir un
pequeño comentario a esas imágenes. Recuerden, señorías, que durante
varios días no tuvimos imágenes de esa realidad que se estaba
produciendo en los países de Centroamérica. Esa realidad extraña, en
un mundo como el actual, dominado por los medios de comunicación que
nos permiten acceder en cuestión de prácticamente segundos a lo que
ocurre en cualquier lugar del mundo, pone de manifiesto, de una
parte, la extraordinaria gravedad, el extraordinario carácter
devastador de los hechos que asolaron esos países centroamericanos y,
a su vez también, el importante nivel de atraso de esas comunidades.
Ante esos hechos tan graves, se ha producido una reacción
espectacular, una reacción admirable, hay que decirlo, del conjunto
del pueblo español; una reacción que ha desbordado todas las
previsiones y que ha desbordado, tal y como se reconoce por las
organizaciones no gubernamentales, todos los precedentes, a pesar de
que ciertamente en este mundo y en esta historia hemos tenido ocasión
de comprobar y de ver hechos ciertamente muy graves. Esa realidad tan
grave, esa respuesta tan admirable del pueblo español llevó a nuestro
grupo a presentar una proposición no de ley ante esta Cámara. Esa
actuación inicial -creo que es bueno recordarlo por parte de Nueva
Izquierda-Iniciativa per Catalunya- ha sido seguida prácticamente con
carácter inmediato por otros grupos de esta Cámara, y hoy nos
encontramos, y tengo que decirlo, ante la necesidad y la conveniencia
de que haya una respuesta unánime del Congreso de los Diputados.
Con eso, señorías, no haríamos más que ponernos a la altura de ese
ejemplo unánime que nos ha proporcionado el pueblo español. No sería
lógico que esa respuesta admirable de todo el pueblo no se viera
correspondida con un llamamiento igualmente unánime de esta Cámara en
un intento de seguir estimulando y de situarnos desde las
administraciones públicas a la altura, difícil, de una actuación tan
solidaria de las ciudadanas y los ciudadanos de nuestro país.
Creo que en los términos de la resolución que finalmente va a ser
presentada a esta Cámara por acuerdo de prácticamente todos los
grupos se recogen las ideas más importantes: la idea de que es
necesaria una ayuda de carácter integral que sea capaz de atender la
gravedad y la amplitud de los daños sufridos por millones de mujeres
y de hombres que desgraciadamente están en mucho peor situación que
nosotros; la necesidad también de que se actúe con urgencia, y hay
que reconocer que el Gobierno ya ha aprobado medidas en este sentido,
medidas que, sin lugar a dudas, serán completadas y mejoradas con la
puesta a punto del conjunto de recomendaciones que se contienen en la
proposición no de ley que finalmente será aprobada; y es necesario
también que nos comprometamos todos, y esa
resolución contiene elementos en este sentido, a llevar a cabo un
seguimiento de ese proceso, de cómo esos pueblos centroamericanos
superan una situación tan grave, cómo se llevan a cabo adecuadamente
y cómo se administran las ayudas que, de forma solidaria, el pueblo
español, directamente y a través de sus administraciones, pone a su
disposición, y que aceptemos también la posibilidad de que las
medidas que hoy acordamos tengan que ser ampliadas en la medida en
que, estando allí presentes en la realidad, podamos evaluar
adecuadamente las necesidades planteadas.
Nada más y gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Peralta.
Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Sabanés.
La señora SABANÉS NADAL: Gracias, señor presidente.
Señorías, voy a intervenir en nombre del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida para defender la proposición no de ley sobre
medidas y actuaciones urgentes en solidaridad con los países del
Caribe y Centroamérica afectados por el huracán Mitch. Ciertamente,
a estas alturas es bastante difícil decir algo nuevo o algo que no se
haya planteado y se haya explicitado ya en lo que ha significado
tanto el desastre natural como lo que ahora se está viviendo como una
verdadera tragedia social. La situación ha afectado a los países de
forma desigual, pero las numerosas poblaciones vulnerables de todos
ellos se han visto igualmente afectadas. Honduras, Nicaragua,
Guatemala y El Salvador viven situaciones que no nos pueden permitir
pensar que sus instituciones locales puedan afrontar por sí mismas
las inmensas necesidades de la población.
A estas fechas, se ha planteado ya en alguna intervención, las ayudas
recaudadas por las organizaciones no gubernamentales para la
solidaridad con Centroamérica sobrepasan los 14.000 millones de
pesetas. No sería, por tanto, exagerado plantear hoy aquí que una
parte importantísima de la población española ha participado en esta
recaudación. Es evidente que esta enorme participación implica
seriamente a los agentes de cooperación, pero también implica al
Gobierno y, en otro orden de cosas, a las empresas españolas que
pudieran participar en las tareas de reconstrucción con actuaciones
dentro de un marco de la más absoluta responsabilidad.
En lo que respecta a la ayuda española y en lo que podemos conocer
con claridad hasta la fecha entendemos que no está a la altura de las
necesidades y de lo que significa comparativamente el esfuerzo
realizado por el conjunto de la sociedad civil. Los problemas
principales a corto plazo se plantean con cargo al Ministerio de
Economía y Hacienda y fundamentalmente sobre el tema de la deuda, que
es de una enorme magnitud en la región, sobre todo en los países más
pobres. Honduras debe todavía 4.100 millones de dólares; en los
últimos años ha destinado una media de 500
millones de dólares anuales al servicio de la deuda, el 83 por ciento
de los ingresos públicos y 90 dólares per cápita; pese a todos estos
esfuerzos, la deuda en Honduras sigue creciendo. Nicaragua debe 6.100
millones de dólares, el 50 por ciento de los ingresos públicos y 50
dólares per cápita. Hasta la fecha, el Gobierno español ha condonado
aproximadamente el 7 por ciento de la deuda conjunta de los países
afectados. Podría condonar con carácter inmediato toda la deuda
correspondiente a los créditos FAD, de los que sólo ha condonado el
20 por ciento. Nicaragua pagó a España, en devolución de créditos
FAD, en 1997, 556 millones y sólo recibió ayuda bilateral por 354
millones.
En cuanto a la deuda de carácter comercial, el Gobierno español sólo
ha condonado 1.430 millones, que significa el 20 por ciento de lo que
permiten las de por sí ya restrictivas condiciones del Club de París.
En resumen, se habla de 27.000 millones de aportación a fondo
perdido, pero en realidad una parte importante de esta aportación son
créditos. Se introduce el concepto de atípicos, de créditos blandos,
pero, en definitiva, por el carácter y la gestión ligados a estos
créditos y la obligación de utilizarlos en bienes y servicios en
España, considera nuestro grupo especialmente delicada esta
situación. Por otro lado está la moratoria de la deuda a la que
aludíamos, unos 8.000 millones. En definitiva, el Gobierno no está
respondiendo a la voluntad de la sociedad y está aplicando
actuaciones tradicionales cuando en este momento se precisaría estar,
cuando menos, a la altura de la ciudadanía.
Por todo esto, nuestro grupo considera que la deuda no debe ser
renegociada, debe ser cancelada, debe ser condonada total y
definitivamente, negociando, evidentemente, mecanismos que garanticen
la condicionalidad de la reinversión de la deuda. Y éste es,
señorías, el objetivo esencial de nuestra proposición no de ley. El
segundo punto coincidía con otras proposiciones, porque en el texto
definitivo ha desaparecido, aunque no en la cantidad, en las que se
demandaba un fondo de ayuda extraordinario con carácter ampliable. En
nuestro caso era de 15.000 millones, en el del Partido Socialista de
7.000 millones y en un texto que intentábamos consensuar
inicialmente, 5.000 millones. Este es un punto que desaparece del
texto final que se va a aprobar en esta Cámara. En las circunstancias
actuales resulta inaceptable para nuestro grupo que la parte más
importante de la ayuda española se desarrolle a través de mecanismos
de crédito, aunque fuere en condiciones blandas, sabiendo de antemano
que va a generar nueva deuda para estos países. El resto de los
puntos es coincidente también con otras proposiciones no de ley:
impulsar los mismos mecanismos de condonación a nivel internacional y
un apoyo a las organizaciones no gubernamentales.
En resumen, señorías, nuestro grupo va a mantener su proposición no
de ley, porque tiene dos elementos de una enorme importancia para
nosotros. Uno, es el compromiso de un fondo adicional extraordinario
de aplicación por el Gobierno; podíamos haber negociado
la cantidad pero no la desaparición del fondo. Y, dos, es esencial
para nosotros que se especifique con claridad el tema de la
condonación de la deuda. Como esos dos puntos esenciales no aparecen
reflejados en el texto, nuestro grupo, que valora positivamente el
esfuerzo del conjunto de los grupos, se va a abstener en el texto que
al final se ha consensuado de la proposición no de ley, va a mantener
a votación nuestra proposición no de ley, valorando positivamente el
trabajo que se ha intentado realizar.
Para terminar, debo decir que el texto que finalmente se va a aprobar
en esta Cámara no tiene recogido el fondo de ayuda de carácter
urgente con una cuantificación necesaria y no tiene una posición
clara y comprometida con el tema de la condonación bilateral de la
deuda. Nosotros habíamos valorado positivamente una propuesta inicial
que sí recogía estos elementos, pero en el texto definitivo no se
recogen. Por tanto, señor Peralta, permítame decirle que este texto
final no recoge las reivindicaciones del conjunto de la ciudadanía ni
recoge las reivindicaciones de las organizaciones no gubernamentales.
Siendo generosos, podemos considerar que es un avance, pero para
nuestro grupo la posición de la Cámara sigue siendo insuficiente.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sabanés.
Pasamos al Grupo Parlamentario Popular, por el que el señor Izquierdo
Juárez tiene la palabra. (El señor vicepresidente, Marcet i Morera,
ocupa la Presidencia.)
El señor IZQUIERDO JUÁREZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, como algunos portavoces han manifestado, el conjunto de los
grupos parlamentarios hemos estado en los días pasados intentando
hacer un esfuerzo de consenso, el mismo esfuerzo de consenso que
hicimos cuando se tramitó en esta Cámara la Ley de cooperación. Desde
el Grupo Parlamentario Popular entendíamos entonces y seguimos
entendiendo ahora que la solidaridad internacional, la política
exterior y las políticas de cooperación no son patrimonio de nadie. Y
esta Cámara tenía que dar ejemplo una vez más de que en esta cuestión
de tanta importancia y trascendencia como son los sucesos originados
por los huracanes George y Mitch estábamos de acuerdo con el conjunto
de los ciudadanos como los ciudadanos lo están.
La respuesta del Gobierno de España a los desastres originados por
los huracanes en Centroamérica y en el Caribe no tiene precedentes en
la historia de España. No los tiene. La respuesta del Gobierno de
España ha sido, no sólo ágil, sino eficaz e inmediata. Y lo que es
más importante, es una respuesta de largo alcance. Hoy España, sin
lugar a dudas, lidera al conjunto de la comunidad internacional y el
Gobierno de España está a la altura de las circunstancias de una
manera muy importante.
Algunos portavoces han hecho mención de cifras que el Gobierno y las
distintas administraciones públicas han orientado en los primeros
momentos de la catástrofe y de la ayuda humanitaria, pero, señorías,
son noticias viejas. Cada día que pasa el Gobierno toma medidas por
propia iniciativa, naturalmente espoleado por la conciencia social,
que han dejado atrás las noticias a las que S.S. se ha referido. La
ayuda española -porque, aunque la administre y la transmita el
Gobierno, es de todos los españoles- supera ya los 35.000 millones de
pesetas. 35.000 millones de pesetas, señorías. Algún portavoz decía
que el conjunto de las organizaciones no gubernamentales habían
recaudado 15.000 millones de pesetas aproximadamente. Espero, como
creo que esperan todas SS.SS., que por parte del Gobierno y de las
administraciones públicas se siga potenciando, como decimos en la
proposición no de ley que vamos a aprobar hoy, que esa solidaridad de
los españoles esté eficazmente canalizada, sea efectiva y continúe en
el tiempo.
Cuando conocí los desastres del Mitch, al tiempo que SS.SS. y que el
conjunto de los españoles, me embargó la tristeza, la pena y un
cierto desánimo. Recordaba aquel informe del CAD de 14 de febrero del
presente año, que reconocía ante la comunidad internacional que
España, precisamente España, durante muchos años, había contribuido
de manera extraordinariamente importante a la paz, a la estabilidad,
a la democracia y al desarrollo de Centroamérica, como característica
fundamental de la cooperación española, pero no de ahora, de siempre.
¡Cuántos esfuerzos de tantas españolas y españoles, cuántos esfuerzos
de gobiernos anteriores en Centroamérica borrados del mapa por un
huracán! Nosotros siempre hemos entendido que no se puede hacer
política partidista con estas cuestiones y hemos apoyado al Gobierno
en la oposición, porque entendíamos que son políticas de Estado.
Venir a esta Cámara a establecer una subasta del yo más, es un
argumento muy pequeño, es un pequeño argumento cuando encima los
datos cantan por sí solos y dicen todo lo contrario: más de 35.000
millones de pesetas. Pero la ayuda española continuará. Las críticas
de las organizaciones no gubernamentales serias -que lo son en mi
opinión todas-, las críticas de los colectivos sociales, de los
expertos no han ido hacia la actuación del Gobierno. Incluso,
señorías, algunos titulares de prensa que hoy algunos portavoces han
reiterado aquí pueden haber ido en ese sentido; ayuda cicatera, no.
Se critica la aplicación de los fondos FAD, y yo les recuerdo a SS.
SS. que precisamente porque tenemos una Ley de cooperación, este
Gobierno ha aplicado los fondos FAD, que es un instrumento financiero
-y lo dijimos todos en esta Cámara- adecuado y perfectamente puede
ser válido en las políticas de cooperación si se condicionan los
objetivos y prioridades de la cooperación española al desarrollo; y
en este caso es evidente que los fondos FAD se condicionan al
desarrollo humano y al desarrollo social. Pero, señorías -y lo digo
por los datos y las cifras-, los fondos FAD que el
Gobierno ha dado para la reconstrucción de Centroamérica se aplican
con un 80 por ciento de donación. O sea, de los 17.000 millones de
pesetas, 14.000 millones son no reembolsables. Es una donación. Sumen
esta cantidad a las cifras que SS.SS. han anunciado.
Por lo que se refiere a la deuda y a la posición del Gobierno de
España, que yo recuerde los titulares de prensa son muchas veces
engañosos, señora Cunillera. Yo leí, como usted, que Francia había
hecho una propuesta sobre la deuda de Francia después de haber leído
días atrás la propuesta del ministro Rato en el Ecofin de impulsar la
condonación de la ayuda. Pero es que precisamente esta mañana ha
habido otra reunión del Ecofin, y los ministros de Economía de la
Unión Europea, señora Cunillera, han apoyado y aprobado la que se
llama propuesta Rato para la condonación de la deuda. Cuando hablamos
de deuda, seamos serios, señorías; yo no quisiera quedarme solo y
explicarles a SS.SS. qué significa la deuda como instrumento de
cooperación al desarrollo. Lo decimos en nuestra ley. Es
absolutamente irresponsable condonar unilateralmente la totalidad de
la deuda, porque la deuda, señorías, la adquieren los gobiernos pero
la sufren los pueblos, y se les condona a los gobiernos y rara vez a
los pueblos. Cuántas operaciones de condonación de deuda se han hecho
en España en gobiernos anteriores en el pasado, condonaciones
unilaterales de deuda que quedaban muy bien ante la opinión pública,
pero que no revertían en desarrollo, y la prueba está en que los
países donde se hacían las operaciones de condonación de deuda hoy,
señorías, son más pobres y han pasado por conflictos terribles. Les
recuerdo a SS.SS. lo sucedido no hace mucho en los Grandes Lagos,
tanto en 1994 como en 1996. A los dictadores de aquellos países se
les condonaba la deuda. La Ley de cooperación dice, y este Gobierno
quiere, que las operaciones de condonación de deuda, las que
apoyamos, y para las que hemos pedido la cooperación de la Unión
Europea y sobre las que llevamos una propuesta concreta al Club de
París en el próximo mes de diciembre, se conviertan en desarrollo,
sirvan para el desarrollo de esos pueblos. Por tanto, habrá que hacer
operaciones de condonación, de reestructuración, de renegociación,
contando con aquellos países y sus gobiernos. Señorías, esto es lo
que nos dice nuestra ley y es lo que dice la comunidad internacional
y los expertos en esta materia, y es -permítanme que se lo diga- lo
único sensato para aportar fondos de la comunidad internacional a
Centroamérica.
El Gobierno de España quiere en este marco que las operaciones de
condonación de deuda constituyan un plan global de ayuda a la
reconstrucción, negociado en la comunidad internacional. Por eso, los
grupos parlamentarios proponemos en esta proposición no de ley, que
apoyamos todos o casi todos, que se avance en la condonación de la
deuda bilateral en el marco de la comunidad internacional, para que
España, que ha sido en el pasado el primer país que ayudó a
Centroamérica, continúe haciéndolo.
Por tanto, señorías -y voy a terminar, señor presidente-, agradezco
la disponibilidad, la generosidad y la flexibilidad del conjunto de
los grupos parlamentarios que han aceptado el texto que se ha
redactado desde el Grupo Parlamentario Popular y en el que hemos
colaborado, efectivamente, todos los grupos parlamentarios. Es un
buen texto, indica un amplio acuerdo y un grado de consenso
importante. Permítanme decirles, además, señorías, que está
exactamente en la línea de lo que el Gobierno ya empezó a hacer el
pasado 6 de noviembre. Una posición de futuro, una posición
coordinada con la comunidad internacional, una posición responsable y
una posición, sin lugar a dudas, de liderazgo de la comunidad
internacional. (Una señora diputada: ¡Aznar!) Tenemos un instrumento
para tener una política exterior, una política de cooperación,
activa, distinta. Si las relaciones internacionales a partir de 1976,
con nuestra transición democrática -y voy a terminar-, se
caracterizaron por el posibilismo y el continuismo, por aquello que
alguien había dicho de que en política exterior lo que no es posible
no es acertado, a partir de 1990, con la caída del muro, señorías
-ustedes lo saben muy bien-, nada es distinto. La brecha entre el
Norte y el Sur cada vez es más importante y las relaciones
internacionales van a estar determinadas por esa dualidad: la riqueza
y la pobreza.
Aprovechemos esta proposición no de ley, aprovechemos la Ley de
cooperación y aprovechemos la oportunidad que la sociedad española
nos brinda. La posición de España en el concierto internacional en
los próximos años y en el próximo siglo tiene que ser distinta, tiene
que caminar por estas reformas y tiene que avanzar en estas políticas
que no son otras que las de cooperación y solidaridad.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Izquierdo.
Existen enmiendas por parte del Grupo Vasco y del Grupo Catalán
(Convergència i Unió). Por tanto, en primer lugar, en nombre del
Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Caballero.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Gracias, señor presidente.
Intervengo con brevedad para decir simplemente que, en aras del
consenso alcanzado con la enmienda transaccional, vamos a retirar
nuestra enmienda.
También me gustaría decir que vemos con gran simpatía el contenido de
la proposición de ley de Izquierda Unida.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Caballero.
Para la defensa de la enmienda presentada por parte del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señor presidente.
Quiero anunciar también la retirada de nuestra enmienda en beneficio
del texto pactado esta tarde, pero creo, señorías, que más allá de
las reflexiones que todos hemos hecho de felicitación y satisfacción
por la amplia movilización ciudadana que hemos vivido estas semanas
-de particulares, de empresas, de las ONG y de medios de
comunicación-, y más allá también, y con todos los matices que se
quiera, de la rápida movilización del conjunto de administraciones
públicas para poner encima de la mesa los recursos con que hacer
frente a esta dramática situación, es bueno que hagamos en este
debate una reflexión más amplia, una reflexión sobre la
vulnerabilidad estructural de esas sociedades que se han visto
afectadas por esta catástrofe. Debemos entender que son precisamente
esas sociedades vulnerables las que ante maremotos, huracanes,
inundaciones, no tienen aquellos elementos que las permitan
sobrevivir; sociedades que han sufrido crisis financieras y políticas
gravísimas y que, seguramente, vivían en los últimos años -quizá en
los últimos meses, incluso- procesos de recuperación.
En esta Cámara hemos tenido iniciativas políticas sobre Guatemala,
sobre Honduras, sobre Nicaragua, el mundo no gubernamental se ha
comprometido, y hoy, cuando esas sociedades empezaban a recuperarse,
esta catástrofe las vuelve a hundir y nos vuelve a situar en el
inicio de esos procesos de recuperación. Y creo que más allá de ser
capaces de dar respuesta a esa demanda de ayuda básica y complementar
y completar la tarea de reconstrucción de estas sociedades, hay que
empezar también a construir un punto y aparte sobre nuestra relación
con los países en vías de desarrollo. No tenemos que volver a esperar
a que suceda en Bangladesh u otra vez en Centroamérica o quizás la
próxima vez en África una nueva catástrofe que vuelva a producir un
impacto mediático que nos obligue a todos a movilizarnos, porque
seguramente el impacto mediático en Centroamérica o en África o en
Bangladesh dentro de unos días o de unas semanas desaparece y las
causas que hacen que esas sociedades sean estructuralmente
vulnerables continúan. Creo que este es el debate principal y
esencial que hoy en esta sesión y en las próximas sesiones, tanto en
la Comisión de Cooperación como en el propio Pleno, los grupos
parlamentarios de esta Cámara debemos plantearnos y ser capaces de
impulsar un desarrollo de la humanidad igualitario y sostenible. Si
no somos capaces de verdad de avanzar en esta línea creo que
tendremos debates retóricos que nos dejarán satisfechos pero que no
servirán absolutamente para nada.
En este sentido el gran debate, evidentemente, es el de la
condonación de la deuda y el Gobierno español -y discrepamos en este
sentido radicalmente de nuestra buena amiga la señora Sabanés- con
esta proposición no de ley manifiesta dos cuestiones clarísimas: su
voluntad de avanzar en la condonación de la deuda -y creo que el
texto es inequívoco en este sentido- y
su voluntad de liderar en el ámbito mundial esa condonación de la
deuda. Creo que hemos hecho un texto que no es un simple brindis al
sol pero que compromete al Gobierno, que compromete a los grupos
parlamentarios a participar de este gran debate, del debate de la
condonación de la deuda, que es un debate que se abre ahora en todo
el mundo, es en todo el mundo donde hoy organizaciones no
gubernamentales abren este debate y hoy también necesitamos que este
debate madure en el seno del Estado español y que madure en el seno
de la comunidad internacional para avanzar.
Señorías, no tengo la sensación de que en los últimos meses esta
cuestión haya sido la prioritaria de los debates de esta Cámara en
relación a estas cuestiones. ¿Que lo es a partir de ahora a raíz del
efecto del huracán Mitch? Bienvenido sea, pero no pretendamos
resolver hoy aquello que durante meses no hemos sido capaces de
resolver. La voluntad del Grupo Parlamentario Catalán es abrir el
debate con todas sus consecuencias. Hemos ya planteado una
comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, que también ha
planteado el Grupo Socialista, en relación a esta cuestión; avancemos
en esa línea, porque es evidente que entendemos todos que estos
países que habían tenido un crecimiento del PIB interesante entre
1990 y 1997, un crecimiento de un 4,2 por ciento, se encontraban con
una deuda de 2.000 millones de dólares, que en el caso de Honduras
representa el 92 por ciento de su PIB, en el caso de Guatemala el 23
por ciento, en el caso de El Salvador el 35 por ciento y en el caso
de Nicaragua escandalosamente el 322 por ciento. Ese es el tema en el
que debemos ser capaces de avanzar, de resolver, no esperando a una
nueva catástrofe, y a nuestro entender el texto que hemos pactado los
grupos políticos, con excepción de Izquierda Unida, permite avanzar
claramente en esta línea.
Este es el principal motivo que a nosotros nos permite votar con
muchísima satisfacción el texto consensuado entre todos los grupos y
además entender que es un texto que incorpora novedades importantes,
que por primera vez también se introducen en un debate en esta
Cámara, como es la vinculación de las políticas de inmigración con
las políticas de cooperación al desarrollo, tema también novedoso en
el conjunto de Europa; seguramente es en el Estado francés donde se
está empezando a avanzar en esta línea. Por tanto el introducir por
primera vez este debate hace que los grupos políticos nos sintamos
satisfechos.
Hemos llegado a un texto de consenso que consolida la línea empezada
por el Gobierno y por el mundo no gubernamental, que enmarca nuevas
necesidades y que recoge una posición inequívoca de la Cámara:
estamos porque el Gobierno español lidere a nivel mundial la
condonación de la deuda. Ese va a ser el sentido de apoyo del Grupo
Parlamentario de Convergència y Unió y de seguimiento de esta
actuación.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Campuzano.
Creo que el grupo del señor Gómez es el único que queda por fijar su
posición en el debate.
Tiene la palabra el señor Gómez.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo con toda brevedad para decir que en el momento en que
llegaron a nuestro conocimiento las cuatro iniciativas legislativas
que se han presentado en esta Cámara nos parecieron de alto contenido
humanitario y solidario, pero nos hemos inclinado por el texto de la
enmienda transaccional que hemos firmado esta tarde por considerar
que se agrupaban criterios abundantes y que se conseguía un texto
bastante aceptable, aunque reconozco que para muchos grupos políticos
la firma del mismo ha sido un pequeño sacrificio, pero es un avance
importantísimo en la hora trágica por la que pasan estos países
hermanos. Canarias siempre ha sido puente entre el Viejo y el Nuevo
Continente, tierra de mestizaje cultural y geográfico, sensible a
todo lo que sucede en los países hermanos de América, Centroamérica
y Sudamérica, como lo demuestra que los donativos de particulares en el
Archipiélago ocupan un lugar preeminente en el ranking nacional, al
mismo tiempo que reconocemos que ha sido una manifestación de
solidaridad de todo el pueblo español.
Nosotros estimamos que España ha dado un paso decisivo, generoso, muy
generoso e importante, en esta ayuda humanitaria, complementándola
con políticas de renovaciones, de condonaciones, ayudas técnicas y
otras medidas solidarias. Esperamos y deseamos que se contagien de
esta filosofía los organismos internacionales competentes,
especialmente los países que integran la Unión Europea. Pero no sólo
hay que ayudar con medicinas, con alimentos, con materiales de
construcción, sino que hay que continuar después con la
reconstrucción de estos países devastados por estos dos huracanes,
Georgia y Mitch. También hay que tener en cuenta que hay que hacer
ese seguimiento para controlar el buen fin de estas ayudas, porque
siempre están esperando los buitres de turno, ya sean de aquel país o
de países limítrofes, para beneficiarse de la generosa ayuda de los
otros países del mundo. Todo ello, señorías, sin olvidar el papel
importantísimo de las ONG y también la necesidad de políticas
sociales no sólo en nuestro país sino en la Unión Europea para
aquellos trabajadores que puedan venir de estos territorios afectados
y también para los que están aquí esperando su legalización.
Repito que vamos a votar favorablemente la enmienda transaccional
firmada por la mayoría de los grupos de esta Cámara.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Gómez.
Vamos a proceder a las votaciones correspondientes a este punto del
orden del día. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, finalizado el debate, resultan dos
iniciativas que vamos a someter a votación. Por un lado, aquella que
han suscrito conjuntamente los grupos parlamentarios proponentes,
excepto el de Izquierda Unida, y por otro, la de Izquierda Unida, que
se mantiene en sus propios términos y que sometemos en primer lugar a
votación.
Se somete a votación, por tanto, la iniciativa del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre medidas y actuaciones
urgentes en solidaridad con los países del Caribe y Centroamérica
afectados por el huracán Mitch.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
304; a favor, 141; en contra, 158; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la iniciativa.
Sometemos a votación aquélla que finalmente han suscrito los grupos
Popular, Socialista, de Convergència i Unió, PNV, de Coalición
Canaria y Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
303; a favor, 291; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LA POLÍTICA GENERAL E
INICIATIVAS DEL GOBIERNO PARA GARANTIZAR QUE LAS DIVERSAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS DE ESPAÑA INCLUIDAS EN EL OBJETIVO 1 EN LA ACTUALIDAD
MANTENGAN PARA EL PERÍODO 2000-2006 SU CONDICIÓN DE REGIÓN OBJETIVO 1
DE LA UNIÓN EUROPEA (Número de expediente 173/000108).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto III del orden del día: Mociones
consecuencia de las interpelaciones urgentes debatidas en el último
pleno de la Cámara. En primer lugar la del Grupo Mixto sobre la
política general e iniciativas del Gobierno para garantizar que las
diversas comunidades autónomas de España incluidas en el Objetivo 1
en la actualidad mantengan para el período comprendido entre el año
2000 y 2006 su condición de Región Objetivo 1 de la Unión Europea,
para cuya defensa tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Creo que se ha producido un pequeño error porque la interpelación no
es del Grupo Mixto, sino del Grupo Federal de Izquierda Unida, aunque
hay una enmienda del Grupo Mixto.
El señor PRESIDENTE: La moción es del Grupo Mixto y, aparte del señor
Peralta, me pide la palabra el señor Chiquillo que también representa
a dicho grupo, y además la señora Lasagabaster, para poner quizás
cierto orden o contribuir a la confusión.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Trataré de poner cierto orden, si es
posible y lo puedo hacer.
La moción consecuencia de interpelación está firmada por don José
María Chiquillo, integrante del Grupo Mixto y, por tanto, es quien va
a defender la moción.
El señor PRESIDENTE: Eso es poner las cosas en su sitio, señora
Lasagabaster.
Señor Chiquillo, tiene la palabra.
El señor CHIQUILLO BARBER: Señor presidente, señorías, intervengo en
nombre de Unió Valenciana para defender la moción subsiguiente a la
interpelación sustanciada en la sesión plenaria del 11 de noviembre
referente a los fondos estructurales de la Unión Europea y, en
concreto, al Objetivo 1, su futuro y el mantenimiendo de las diversas
comunidades del Estado que en la actualidad tienen dicha calificación
para que la mantengan en el período 2000-2006, dentro de ese nuevo
marco financiero que está a punto de resolverse en los próximos
meses.
Vaya por delante que el ideal creo que de todos los grupos
parlamentarios sería que todas las comunidades del Estado español
tuviéramos un producto interior bruto por encima del cien por cien de
la media de la Unión Europea. Ese sería el objetivo, sería el deseo
para no tener que depender de una manera tan importante de esos
fondos de cohesión y, en concreto, de los fondos estructurales.
Quiero dejar también patente en primer lugar y poner de manifiesto el
espíritu constructivo de la propuesta que hoy presenta Unió
Valenciana, que también tiene el apoyo de Eusko Alkartasuna, y la
voluntad de alcanzar un amplio acuerdo que refuerce la postura del
Gobierno español ante la discusión y debate del futuro de los fondos
de cohesión y, en concreto, de los fondos estructurales, que es el
motivo de la iniciativa presentada y que ahora defiende Unió
Valenciana.
Quisiera, primero, hacer una pequeña reflexión sobre el acuerdo del
Parlamento Europeo y el informe jurídico de la Unión Europea, últimos
adoptados, que respaldan que España debe mantenerse como beneficiario
de los fondos de cohesión. Es oportuno que públicamente dejemos
constancia de la labor para conseguir
ese fin básico para el desarrollo económico y social, armónico y
equilibrado de nuestro Estado.
Dicho esto, vamos al debate que hoy nos ocupa que son los fondos
estructurales, el Objetivo 1 y lo que hay en juego para diversas
comunidades del Estado español, en concreto, de uno de esos objetivos
prioritarios de los fondos estructurales, el Objetivo 1, su presente
y su futuro, ante las negociaciones y propuestas para el nuevo
período 2000-2006. Están en juego, como dijimos en el debate de hace
unas semanas, las inversiones para la creación de empleo, las
actividades PYME, I+D, sanidad y educación, infraestructuras,
formación profesional, ayuda a la creación de empleo, combatir el
paro de menores de 25 años, así como los de larga duración, las
actuaciones preferentes en materia forestal, agrícola, zonas de
montaña, apoyo a la agricultura, su competitividad y su
modernización.
Los fondos estructurales, que se ejecutan y se impulsan tanto a
través de las acciones de los marcos comunitarios de apoyo como de
las iniciativas comunitarias, son básicos para el futuro de las
comunidades autónomas del Estado español, del fomento del desarrollo
y del ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas y de la
corrección de los atrasos estructurales que muchas de esas
comunidades tienen planteados hoy. Con nuestra propuesta, que con
ánimo constructivo hemos intentando que tuviera el máximo de consenso
-se trata de una cuestión básica para el futuro del conjunto del
Estado-, reivindicamos unas iniciativas y unas propuestas firmes por
parte del Gobierno para que la Comunidad Valenciana, como es el caso,
o Cantabria o el conjunto del Estado mantengan para el período 2000-
2006 un estatus, como mínimo, como el actual, sobre todo en lo
referente a los fondos estructurales y en concreto al Objetivo 1.
En el caso concreto de la Comunidad Valenciana, con unas necesidades
pendientes íntimamente relacionadas con los fondos estructurales,
ésta tiene en esos fondos y en su consideración de Objetivo 1 para el
período 2000-2006 una meta, unos retos fundamentales y de su
permanencia o no como Objetivo 1 depende el que podamos o no corregir
los desajustes y el déficit que aún tenemos hoy en infraestructuras
productivas, en ferrocarril, en carreteras, en puertos, en
aeropuertos. El retraso histórico de estas infraestructuras, que son
clave para el desarrollo socioeconómico de una parte muy importante
de nuestro Estado, más el déficit hídrico, los graves incendios
forestales sufridos en el período 1985-1995, el grave proceso de
desertificación, las carencias en I+D, hacen que la Comunidad
Valenciana necesite de esos fondos, que, como Objetivo 1, nos
permitirían cimentar un desarrollo duradero, sostenible y solidario.
El avance de las estadísticas comunitarias señala y confirma, a fecha
17 de noviembre de 1998, los datos y argumentos que en la defensa
ante el Pleno del pasado 11 de noviembre efectuamos desde Unió
Valenciana en torno a los indicadores y criterios que sitúan a la
Comunidad Valenciana por debajo del 75 por ciento del PIB medio de la
Unión Europea; no
así en el caso de Cantabria, que saldría de esos indicadores
y perdería su condición de Objetivo 1. En el caso de la Comunidad
Valenciana estos datos nos hacen acreedores de continuar en la
consideración de región Objetivo 1 y mantener el estatus actual hasta
el 2006. Pero, además de esa pérdida de riqueza en el período 1994-
1996, que ha dado como resultado esos datos, esos indicadores y esas
avances estadísticos de Eurostat, debido al crecimiento de la
población, sobre todo en los últimos cuatro años, la Comisión
Europea, en informes recientes, señala que la Comunidad Valenciana
sufre diversos problemas estructurales y cita diferencias entre zonas
costeras y de interior de la Comunidad Valenciana y unos
desequilibrios y desajustes que es necesario acometer vía fondos
estructurales desde la consideración de Objetivo 1. Este informe de
la Comisión Europea indica también que existe un déficit de
infraestructuras y faltan vías de comunicación adecuadas, así como
incide en la falta de recursos hídricos, señala el déficit de agua,
la sequía y los graves problemas de desertificación en las comarcas
del sur de la Comunidad Valenciana, igual que en el caso de Murcia
y Almería. Incide asimismo en el retraso tecnológico y, sobre todo, de
inversiones en políticas para fomento de I+D, problemas agrícolas de
diversas comarcas del interior y un lamentable etcétera que
desgraciadamente...
El señor PRESIDENTE: No tiene tiempo S.S. de exponer, efectivamente,
porque ha de ir concluyendo, señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Voy concluyendo.
Nuestra propuesta pretende reforzar la posición negociadora del
Estado español en base a los datos emitidos por Eurostat, para que
durante el primer semestre de 1999 se tengan en cuenta fielmente por
la Comisión a la hora de decidir el nuevo marco de los fondos y la
valoración de qué comunidades permanecen y cuáles salen del Objetivo
1.
Al igual que nos creemos acreedores de esos fondos de cohesión,
vitales para que el Estado español alcance pronto la meta de la
convergencia real con la Unión Europea, los datos actuales avalan que
la continuidad de la Comunidad Valenciana como región Objetivo 1
depende de la decisión final de la Comisión, que puede o no tener en
cuenta fielmente los datos que Eurostat hizo públicos la semana
pasada.
He intentado el consenso y conseguir un acuerdo amplio. Se han
presentado varias enmiendas que, si el señor presidente lo considera
oportuno, valoro en este mismo trámite para luego no tener que entrar
en ellas en profundidad.
El señor PRESIDENTE: Me parece muy acertado, para luego no tener que
entrar ni en profundidad ni de ninguna manera. Así que mejor ahora.
El señor CHIQUILLO BARBER: Los datos ponen de manifiesto la pérdida
de dinamismo de la Comunidad
Valenciana en el período 1994-1996, y por ello avalamos en nuestra
propuesta que continúe la Comunidad Valenciana como región Objetivo
1.
Quiero valorar muy positivamente el esfuerzo que han hecho todos los
grupos parlamentarios, algunos a través de una enmienda que se ha
tramitado como tal y otros con un texto transaccional sobre el que
creo que no se ha podido llegar a un acuerdo porque no ha habido un
grado de compromiso firme en la propuesta que me ha planteado el
Grupo Parlamentario Popular. Nosotros pensamos que con la enmienda
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista así como con la del
Grupo Parlamentario Mixto, en nombre del señor Peralta, se mejora
sustancialmente la propuesta presentada por Unión Valenciana. Aún
estamos a tiempo de recapacitar, porque conseguir un acuerdo unánime
sería muy importante no sólo para las comunidades del Estado español,
sino también para el conjunto del Estado español, por la importancia
que los fondos de cohesión y los fondos estructurales van a tener en
el nuevo marco financiero que se está diseñando para los años 2000-
2006 y al que no podemos renunciar.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Chiquillo.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda a la
moción del Grupo Parlamentario Mixto, para cuya defensa tiene la
palabra don Antonio Martinón.
El señor MARTINÓN CEJAS: Señor presidente, señorías, la moción de
Unión Valenciana necesita una cierta actualización, ya que cuando el
texto fue presentado aún no se habían publicado las estadísticas de
la Unión Europea en las que se refleja el PIB por habitante de cada
una de las regiones o zonas de la Unión.Con objeto de actualizar el
texto que inicialmente había presentado Unión Valenciana, mi grupo
parlamentario ha presentado una enmienda que sucintamente dice, en
primer lugar, que esta Cámara marca como objetivo al Gobierno que se
esfuerce para conseguir que todas aquellas regiones que hoy están
enmarcadas en el Objetivo 1 continúen estándolo. Pero, conscientes de
que este es un objetivo que no siempre está en manos del Gobierno
conseguir, añadimos: Pero si al final, como resultado de esa
negociación y como resultado final de los textos que sean aprobados,
alguna de las comunidades españolas deja de ser Objetivo 1, que los
ciudadanos de esa comunidad autónoma tengan la seguridad de que el
resto de España será solidario con ellos y que los problemas de esa
comunidad autónoma, como de cualquier otra, no se van a resolver
exclusivamente vía los presupuestos generales de la Unión Europea.
Por otro lado, y acogiéndonos a una resolución aprobada por la
Comisión de Política Regional del Parlamento Europeo en la que se
establece la posibilidad de flexibilidad política a la hora de
definir cuáles son las regiones Objetivo 1, proponemos que se tenga
en cuenta como criterio evaluador de una determinada
zona la escasa densidad de población y también aquellas zonas o
territorios que necesiten ayuda para su desarrollo económico y
social.
Son, sin duda, metas ambiciosas las que proponemos al Gobierno. Como
ambicioso ha sido este Gobierno al pretender que en el seno de la
Unión Europea y en la discusión de las perspectivas financieras para
el periodo 2000-2006 se fijara como meta la imposición de un nuevo
recurso que fuera progresivo, de modo que aquellos Estados que fueran
más ricos no sólo pagaran en función de su renta sino que pagaran
proporcionalmente de forma creciente en función de la renta.
Ambicioso ha sido el Gobierno en ese objetivo e, imitándole nosotros,
ambiciosos somos también a la hora de fijar objetivos para el
Gobierno.
Señorías, en el seno de la Unión Europea la discusión no se restringe
sólo al Objetivo 1. Se discute acerca de las perspectivas
financieras, como antes decía, para el periodo 2000-2006; se discute
todo lo relacionado con la Agenda 2000; se discute sobre el Fondo de
Cohesión y, por lo tanto, si España debe o no debe participar del
mismo; se discute acerca del Fondo Social Europeo, acerca de la ayuda
a los agricultores a través de la política agrícola común. Y todo
eso, con la perspectiva de una importantísima ampliación hacia los
países del Este. Yo creo que es obligación de todos colaborar para
que en esta discusión en la que estamos en la Unión Europea avancemos
hacia la Europa que me parece que defendemos todos, que es una Europa
más cohesionada, más solidaria y, al mismo tiempo, una Europa donde
los intereses de España sean defendidos y bien representados. Al
final, esos intereses españoles son también intereses europeos.
Desde la oposición, desde el Grupo Socialista, ¿qué hemos hecho? En
el Parlamento Europeo, en el seno del Grupo Socialista Europeo, se ha
votado a petición de los socialistas españoles y se ha fijado
posición a favor de que España pueda participar también en el Fondo
de Cohesión. Estamos hablando de un Fondo de Cohesión que, en los
siete años que van del 2000 al 2006, supone una cantidad cercana a
los dos billones de pesetas. En la Comisión de Política Regional una
iniciativa de los socialistas españoles ha conseguido que haya
flexibilidad política a la hora de definir las zonas Objetivo 1, y el
Gobierno, durante todo este periodo, ha tenido el apoyo explícito del
Grupo Socialista en esta Cámara. ¿Qué se ha hecho desde el Gobierno?
Mejor, ¿cuál es la política del Gobierno? El Gobierno, este Gobierno
nuestro, el Gobierno de España, defiende la cohesión y la
solidaridad, pero ¿va a las instituciones europeas a defenderlas y
aquí en España las niega? ¿Se puede ir a las instituciones europeas a
pedir más solidaridad y más cohesión y sacar adelante una reforma del
IRPF que supone un claro retroceso en la cohesión y la solidaridad
dentro de España? ¿Se puede pensar que los demás europeos,
especialmente aquellos que más contribuyen a la financiación europea,
están dispuestos a soportar que un Gobierno que disminuye la cohesión
nacional vaya a las instituciones europeas a exigir más cohesión
europea?
Echamos de menos una mayor capacidad política, tanto por parte del
Grupo Parlamentario Popular como por parte del Gobierno, a la hora de
lograr que el Grupo Parlamentario del Parlamento Europeo adoptara una
posición a favor de la nuestra en el tema del Fondo de Cohesión.
Echamos de menos una mayor claridad por parte del Gobierno. El señor
Rato, vicepresidente del Gobierno, ministro de Economía y Hacienda,
defiende un nuevo recurso. Pero el señor Matutes sale detrás y
confiesa a los periodistas que es una posición táctica frente a lo
que está defendiendo Alemania. El señor Aznar, el otro día, en la
cumbre franco-española, o hispano-francesa, acepta el apoyo a la
estabilidad presupuestaria. Y el señor Rato, ayer -un día después-,
tiene que precisar que el apoyo a la estabilidad presupuestaria se
refiere a adoptar una estabilidad presupuestaria en función del
presupuesto de 1999 y no, desde luego, de la media del último periodo
1993-1999. Echamos de menos que el Gobierno no tenga mayor capacidad
política para hacer propuestas que sean viables, que avancen en la
idea de Europa, que defiendan los intereses nacionales, porque los
intereses nacionales españoles son también intereses europeos.
Señorías, yo creo que todos nosotros tenemos el gran reto -y yo
pienso que ahí, aunque el Gobierno no lo pida, deberíamos todos
intentar ayudar- de romper la mecánica en la que se está entrando en
Europa. Da la impresión de que todos los países europeos hacen un
balance de si la Unión Europea ha sido positiva o negativa para ese
país. Da la impresión de que cada uno dice he ganado o he perdido
participando en la Unión Europea y, a la hora de hacer el balance, lo
único que hacen es ir a los presupuestos de la Unión Europea y decir
cuánto pago y cuánto cobro, cuánto doy y cuánto recibo. Da la
impresión de que ahí acaba el balance, parece que el resto, la
posibilidad de tener un mercado único, la posibilidad de la
circulación libre de capitales, de personas, tiene menos valor,
parece que casi ningún valor. Diría más, da la impresión o podría
llegar a sospecharse que hay países que, una vez que se ha conseguido
la Unión, una vez que han contribuido -de forma importante- a que
todos nos sintamos cómodos en la Unión y hayamos dado todos los pasos
para que esa Unión sea una realidad política, económica, social, de
pronto dicen hasta aquí hemos llegado y doy un paso atrás. O logramos
que los demás países, especialmente los que más contribuyen, hagan
una lectura distinta de lo que debe ser el balance de la Unión, o
estamos perdidos, y al decir estamos perdidos no es que España esté
perdida, sino que Europa está perdida.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy
bien!)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martinón.
Para defender la enmienda del propio Grupo Mixto, ahora sí, señor
Peralta, tiene la palabra.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Aprovecho para pedir excusas a la Presidencia y al compañero señor
Chiquillo por mi intervención anterior, que en absoluto pretendía
cortar la palabra al señor Chiquillo, sino, por el contrario,
complementar las razones de su moción con una pequeña enmienda.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Peralta, adelante.
El señor PERALTA ORTEGA: Cuyo carácter ha sido admitido por el propio
señor Chiquillo, que manifiesta su voluntad de aceptar esa enmienda.
Por tanto, me limito simplemente a decir que sería bueno que en este
tema, en el que creo que hay voluntad de apoyar la posición del
Gobierno, a su vez el Gobierno comparta la información y el
desarrollo del proceso con todos los grupos de esta Cámara, para que
esa actitud constructiva pueda seguir manifestándose.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. ¿Grupo que desean fijar su
posición? (Pausa.)
Señor Zabalía, por el Grupo nacionalista PNV-EAJ.
El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Gracias, señor presidente.
Desde el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) valoramos la moción
consecuencia de interpelación urgente que ha presentado el Grupo
Parlamentario Mixto, en nombre de Unión Valenciana, sobre el futuro
de los fondos estructurales de la Unión Europea. Creemos que estamos
ante una etapa crucial para el futuro reparto de estas ayudas, en un
momento en que dentro de la Unión Europea suenan cada vez con más
fuerza las voces de quienes quieren replantearse los requisitos
necesarios para tener acceso a estos fondos. Mejor dicho, más que
replantearse lo que están haciendo es una interpretación interesada
para rebajar las ayudas a los países que van a acceder a la unión
monetaria. Sin embargo, la política regional europea diseñada para el
período 1994-1999 tiene como finalidad ayudar a superar las grandes
diferencias de desarrollo económico entre las distintas regiones
europeas. Como saben SS.SS., entre los elementos más destacados de
esta política europea están los conocidos fondos estructurales, que
son los que se aplican de manera territorializada en las zonas
calificadas como Objetivo 1 y Objetivo 2. Entre las primeras se
encuentran actualmente las regiones europeas con un producto interior
bruto por habitante inferior al 75 por ciento de la media
comunitaria, para las que se prevé un beneficio en el escenario de
ayudas directas e indirectas, mientras que entre las del Objetivo 2
figuran actualmente regiones industriales en declive, en este caso
con ayudas directas muy inferiores a las condiciones para otorgar
ayudas a la inversión; mucho más restrictivas que las del Objetivo 1.
En la negociación de la conocida Agenda 2000 existe un
apartado en el que se somete a revisión esta política regional y, por
tanto, el funcionamiento de los fondos estructurales. El nuevo
reglamento entrará en vigor el 1 de enero del año 2000, para un
período de siete años. Estamos, por lo tanto, en la fase crucial de
la negociación de esta reforma en los Estados, donde se están
ultimando los contactos para que se desarrolle en el período entre el
otoño y la primavera del año 1999.
Lo que mi grupo parlamentario propone no son cambios en los criterios
de selección para las regiones Objetivo 1. Coincidimos con los
criterios expresados por el ministro de Fomento en su intervención,
hace dos semanas, con motivo de la interpelación, cuando decía que
hay que mantener una cierta prudencia en abrir debates sobre
criterios alternativos de selección, que no conviene, por tanto,
alterar el criterio del 75 por ciento sobre el producto interior
bruto por habitante y que hay que estar vigilantes sobre los
criterios contables. Nos parece que es adecuada la interpretación de
mantener estos criterios, de defender a las comunidades autónomas que
en estos momentos están dentro del Objetivo 1 y mantener sus
beneficios en el próximo período. Por lo tanto, entendemos que esta
moción no tendría que tener excesiva dificultad en ser aceptada por
cuanto que, indudablemente, lo que se está intentando es que se
garantice el mantenimiento de las comunidades autónomas incluidas en
el Objetivo 1. Pero desde mi grupo parlamentario creemos que también
es importante el punto 2 porque en él se pide que, en la negociación
sobre las excepciones, se defienda la existencia de estas excepciones
siempre que concurran los elementos de contigüidad, de renta por
habitante inferior al 75 por ciento de la media comunitaria, de tasa
de paro en la zona especialmente elevada con respecto a esta media y
una renta por habitante en su conjunto inferior a la media europea.
¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de unas zonas del Estado
que, por la situación en que se encuentran, sería muy importante para
su desarrollo que fueran incluidas en los criterios del Objetivo 1.
Me refiero en concreto a una zona que mi grupo parlamentario conoce
muy bien y supongo que también SS.SS. -por lo menos los diputados de
los grupos parlamentarios que son de mi tierra-, que es la margen
izquierda del Nervión, en Vizcaya. Si bien es cierto que a esta zona
industrial en declive se le ha permitido estar incluida entre las
calificadas como Objetivo 2 y recibir las ayudas correspondientes,
éstas no han sido suficientes para paliar los efectos de la
desindustrialización. Persiste una situación de degradación muy
importante en esta zona, con tasas de paro superiores al 25 por
ciento de la población activa. Estamos hablando de una zona que
concentra el 20 por ciento de la población de la región. Existen
argumentos suficientes para calificar la margen izquierda del Nervión
como Objetivo 1. Primero, porque cumple el criterio realmente
definitivo de disponer de un producto interior bruto por habitante
inferior al 75 por ciento de la media comunitaria y, en segundo
lugar, porque el criterio del ámbito territorial
ha admitido excepciones en el período 1994-1999. Este tema es
importante, puesto que hay que tener en cuenta que ocho distritos
europeos han sido calificados como Objetivo 2 aunque no reunían los
requisitos correspondientes. Estas excepciones se han dado en zonas
de Francia, Reino Unido, Holanda y Austria. En concreto, en Francia
se ha dado un caso equivalente al de la margen izquierda del Nervión,
puesto que la zona, calificada como Objetivo 1, era parte de una
región que en su conjunto era Objetivo 2. Por lo tanto, existen
precedentes en estos casos.
En tercer lugar, frente al argumento de que esto pueda suponer una
excepción a la regla general y pueda ser utilizada por otros Estados
para incluir comarcas en declive, con lo cual al final se daría una
situación de ampliación incontrolada de las zonas Objetivo 1, frente
a ese argumento tenemos que decir que el Estado español ha sido el
primero en plantear excepciones a la regla general de ampliación del
Objetivo 1, me refiero al nivel Nuts 2 y renta per cápita inferior al
75 por ciento. La excepción defendida por España es que las regiones
ultraperiféricas, aunque tengan una renta por habitante superior al
75 por ciento, estén cubiertas por este objetivo.
En cuarto lugar, la margen izquierda del Nervión no es una simple
zona urbana, es una comarca, y de lo que se trata es de que la
política regional se conciba para el desarrollo de las regiones
europeas y no para el desarrollo de comarcas o zonas urbanas. La
propia Comisión lo ha incumplido en el período del 2000 al 2006 por
presiones precisamente de las grandes ciudades europeas al admitir
que una parte del Objetivo 2 se destine a espacios urbanos
degradados.
En base a estos argumentos, el Estado español puede defender en el
Consejo de Ministros una ampliación limitadísima y muy estricta de
las excepciones a la regla de la dimensión Nuts 2, con la certeza de
que puede proporcionar una solución adecuada al problema de algunas
zonas del Estado que, como la margen izquierda del Nervión, se
encuentran en una situación tan degradada.Es cierto que el pasado
jueves el Parlamento Europeo se pronunció en contra de que estas
zonas concretas sean incluidas como Objetivo 1 por sólo 44 votos de
diferencia, entre los que se encontraban, por cierto, los
eurodiputados del Partido Popular. Sin embargo este pronunciamiento
no es definitivo, puesto que la última palabra la tiene el Consejo de
Europa.
El señor PRESIDENTE: Termine, señor Zabalía, por favor. (El señor
vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Termino.
Una vez que el Parlamento Europeo dio su visto bueno a la continuidad
del Fondo de Cohesión para los países pobres de la Unión Europea,
independientemente de que entren en la unión monetaria, no vemos
inconveniente -más bien creemos obligado- en que el Gobierno defienda
con todas sus fuerzas los intereses de las comunidades autónomas y
las comarcas del
Estado de acuerdo con los criterios expuestos en esta moción. Si no
lo hacemos nosotros, señorías, tengan en cuenta que lo hacen y lo
harán otros países. Así ha ocurrido en el pasado. Por eso, existen
ocho excepciones de las cuales nosotros no tenemos ninguna, por lo
que, desde nuestro punto de vista, es un compromiso que debe asumir
el Partido Popular.
Les quiero recordar que no valen las campañas electorales donde tanto
se ofrece y tanto se promete. Hay que demostrarlo con hechos, y ahora
tienen una oportunidad porque lo único que aprobarán es simplemente
decirle al Gobierno que defienda los intereses en Europa, no van a
decir nada más. Si tampoco están por la labor de desarrollar eso,
indudablemente nosotros lo tendremos que denunciar de alguna forma
para desenmascarar a muchos que están intentando hacer ver que
defienden intereses que luego, a la hora de la verdad, no se traducen
de una forma efectiva.
Nuestro grupo parlamentario está de acuerdo con la moción y la va a
aprobar. Parece ser que el grupo que ha presentado la moción va a
aceptar una enmienda del Grupo Socialista. Para nosotros esta
enmienda es incompleta, porque se debe dejar claro que lo que
queremos es que, además de defender las comarcas que están incluidas
en el Objetivo 1, también se pueda defender que pueda haber
excepciones de zonas territoriales, lo mismo que existen otras ocho
regiones.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Zabalía,
S.S. debe concluir.
El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Termino, señor presidente.
Si esa es la interpretación que se da a este punto segundo, es en el
fondo lo que nosotros pretendemos y en tal caso nosotros estaríamos
de acuerdo con la misma.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Zabalía.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIU: Señor presidente, señoras y señores
diputados, la moción que estamos debatiendo es el resultado de la
preocupación porque de cara al período 2000-2006 alguna región
española pueda perder la condición de pobre. De hecho, la aplicación
de los fondos estructurales están pensados para nivelar las rentas en
el seno de la Unión Europea. Por tanto, el éxito de la política
europea y el esfuerzo de las regiones que son aportadoras netas está
en lograr que las rentas sean cada vez más convergentes. Como
consecuencia, el crecimiento de las rentas más bajas es un éxito de
esta política. No obstante, también es cierto que una región no pasa
de ser pobre a ser rica por el solo hecho de que su renta per cápita
pase de representar el 74,9 al 75,1 por ciento. Por ese motivo se ha
previsto
que cuando una comunidad se sitúe por encima del 75 por ciento se
habilite un período transitorio que le permita continuar recibiendo
ayudas y que tiene como objetivo asegurar la consolidación del
crecimiento.
Es cierto que el Estado español ha sido el que más ayudas ha obtenido
por este concepto y que la incorporación en el próximo futuro de
nuevos socios con rentas más bajas rebajará la media y, por tanto,
aquellas regiones que estén en el límite superior pueden verse
expulsadas y convertidas de la noche a la mañana en regiones ricas no
porque hayan mejorado sustancialmente sus rentas, sino por el solo
hecho de computar las rentas de los nuevos socios, que con toda
seguridad harán que baje la media del conjunto. No obstante, desde el
momento de la interpelación hasta el día de hoy parece que hay más
datos, por cierto más positivos, si se entiende ese adjetivo como
continuar recibiendo ayudas comunitarias. De la información en los
medios de comunicación parece ser que solamente la comunidad autónoma
de Cantabria podría perder la condición de región pobre. Lo cierto es
que, en este momento, tanto la Comunidad Autónoma valenciana como la
de Castilla y León están rozando, por la parte de abajo, el límite
del 75 por ciento y parece ser que estarían incluidas en los fondos
estructurales para el período 2000-2006. Seguramente tardaremos unos
días en saber en qué situación quedan. De todas formas, los
resultados también están en función de cómo se usen los datos en el
momento del cálculo. No se obtendrán los mismos resultados si para
calcular la media se utilizan las estadísticas de los trienios 1994-
1996, 1995-1997 ó de los últimos cinco años. Por tanto, una vez
aceptado que es bueno que cada vez haya menos zonas del Estado
español cuya renta esté situada por debajo del 75 por ciento de la
renta comunitaria, el Gobierno tendría que estar atento para que las
fórmulas que se apliquen para la obtención de esta media no nos
perjudiquen de forma excesiva. No obstante, de nada va a servir que
la Unión Europea clasifique como zonas a proteger las que estén por
debajo del 75 por ciento si no hay fondos para repartir. Desde 1992 a
1999 éstos han pasado de 1.500 millones a 2.600 millones de ecus en
este momento. Las previsiones para el período 2000-2006 se acercarían
a una media de 3.000 millones de ecus y el Estado español recibiría
entre el 52 y el 58 por ciento.
Por consiguiente, la gran batalla es lograr, primero, que las
regiones que tengan derecho a estar estén, pero sobre todo que exista
financiación suficiente que permita el proceso de convergencia
económica, que es la finalidad de los fondos comunitario. Habrá que
intentar que los socialistas alemanes, el señor Oskar Lafontaine, los
holandeses, los suecos y los austríacos, que están en la tesis de que
hay que congelar el gasto anual y de que se pongan unos topes en los
ingresos, no se salgan con la suya, ya que afectaría muy
negativamente a los intereses de muchas regiones del Estado español.
Por ello, a nuestro grupo parlamentario le gustaría que esta moción
se aprobase por unanimidad y se instase al Gobierno para que
estuviese atento y defendiese los
intereses del Estado español por lo que hace referencia a los fondos
estructurales.
Muchas gracias, señor presidente; muchas gracias, señoras y señores
diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene
la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente, brevemente quiero anunciar
el voto favorable de nuestro grupo, pero también realizar algunas
reflexiones sobre el significado del debate que celebramos hoy como
culminación del realizado hace dos semanas.
En primer lugar, quisiera destacar que creemos necesario que aunque
la propuesta que hoy se nos plantea no entra a cuestionar los
criterios de selección de las regiones que puedan estar integradas en
el Objetivo 1, es evidente que detrás de este problema se encuentra
no sólo la necesidad de realizar una justa valoración de los
parámetros para ser consideradas región Objetivo 1, sino que el
debate en estos momentos es mucho más amplio y se están evidenciando
una serie de contradicciones que una vez más determinan un modelo de
construcción europea que tiene muy poco de solidaria y que está
poniendo en evidencia sobre todo la utilización que del desarrollo de
este modelo de construcción europea se ha hecho en nuestro país. Lo
decimos desde una fuerza que ha tenido que explicar continuamente que
estar en contra de una forma determinada de construir Europa no es
ser una fuerza antieuropea. Al contrario, frente a una Europa
desigual, a una Europa con tremendos déficit de solidaridad,
defendemos una Europa basada en la solidaridad y plenamente
democrática. Pero ya nos encontrábamos en solitario cuando
denunciábamos que la Europa que se estaba construyendo no solamente
no convenía a nuestro país sino que nos colocaba en una situación
permanente de conflicto. Cuando se nos sigue planteando un futuro de
abundancia, nos encontramos con que el objetivo de nuestro Gobierno
en la actual negociación es prácticamente quedarnos como estamos, y
aun para estos objetivos tan modestos parece ser que estamos bastante
solitarios.
Señorías, se ha hecho una interpretación demasiado irreal de lo que
significan los fondos europeos, tan irreal que ahora parecen sonar un
tanto fuera de tono las palabras que el ministro de Fomento decía
desde esta tribuna hace dos semanas. Venía a decir que había que
alegrarse de que algunas comunidades dejasen de ser Objetivo 1 porque
significaba que ya no necesitaban estos fondos pues se habían
desarrollado lo suficiente. Aun sonando un poco a sorna estas
afirmaciones por irreales, la verdad es que el ministro de Fomento
interpretaba en nombre del Gobierno el espíritu de los fondos
europeos. Creemos que interpretaba correctamente un espíritu puesto
al servicio de una construcción europea insolidaria y que abunda en
las desigualdades y en
los desequilibrios territoriales, porque hoy hablamos de fondos
estructurales pero pronto tendremos que hablar también de lo
desequilibrado de la reforma de la política agraria, donde se va a
intentar aumentar las diferencias en favor de los países del norte a
costa de los productos mediterráneos. Es evidente que el objetivo de
los fondos, según se dice, debe ser potenciar las regiones que tienen
menor índice de desarrollo, potenciando de esta manera un desarrollo
estable que propicie la creación de empleo. Pero la realidad es que
estar dentro o fuera de estos fondos tiene mucha mayor importancia,
ya que la exclusión de las comunidades señaladas no significaría,
como se decía por el Gobierno, un motivo de alegría sino que causaría
un serio perjuicio a las mismas, ya que estamos hablando de que
durante un período largo de tiempo se verían privadas de unos fondos
que no son un lujo, que no son un dinero añadido, sino que son
necesarios para un modelo de desarrollo y para mantener un nivel de
empleo.
Por tanto, creemos necesario que el Gobierno aplique todos sus
esfuerzos en la defensa de unos criterios que están ya recogidos
tanto en renta como en población, pero que también se aplique en que
ninguna región española deje de ser Objetivo 1, y que no lo deje de
ser por la aplicación sesgada de determinados criterios. Es necesario
garantizar también que ninguna región quede desfasada por estas
escasas décimas de unos fondos por espacio de siete años que, como
decía, le van a causar unas tremendas dificultades cuando no le van a
retrasar en su crecimiento tanto en empleo como en renta per cápita.
El debate de la actual Unión Europea nos preocupa no solamente en
este aspecto sino porque en estos momentos están sonando todas las
señales de alarma, de manera que es necesario que el Gobierno asuma
que estamos ante una cuestión de interés general y que es necesario
volcarse en la defensa de una construcción europea diferente, no
basada solamente en el interés especulativo sino en la solidaridad.
Eso es lo que interesa a nuestro país y para ello hay que buscar el
más amplio consenso; un amplio consenso para defender nuestros
intereses, no otros. Para alcanzar este consenso sobran algunas
declaraciones demasiado prepotentes del presidente del Gobierno.
Creemos, y lo hemos dicho en otras ocasiones, que sigue faltando
transparencia, que el Gobierno no se cree ni siquiera lo que viene a
defender a esta Cámara, que hace falta información, que es necesaria
más transparencia para que este tema se pueda discutir con la
trascendencia y sobre todo con la participación social que requiere,
porque no podemos seguir hablando de la Unión Europea de espaldas a
los ciudadanos, no podemos seguir teniendo un debate en esta Cámara
en el que no participe la población. En este sentido, nuestro grupo
tendrá una postura clara en defensa de una Europa solidaria y
equilibrada, de una Europa que no prime los intereses del norte en
detrimento de los del sur. Tengan en cuenta que el debate sobre la
financiación de la Unión Europea, la llamada Agenda 2000, no es
solamente un debate de intereses económico, es
sobre todo el debate del modelo de construcción europea y en ello
Izquierda Unida siempre ha estado en el mismo sitio, en la defensa de
una Europa solidaria y justa; otros sufrirán las contradicciones de
haber defendido otro modelo de construcción europea.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Centella.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor
Martínez Casañ.
El señor MARTÍNEZ CASAÑ: Gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar, quiero agradecer el tono constructivo que
han tenido todos los oradores que me han precedido en el uso de la
palabra y su talante en pro de una solución de consenso. Tenemos el
problema de un desajuste temporal porque en el momento en que se
presentó la interpelación, de la cual es consecuencia esta moción, se
preguntaba al Gobierno algo que él mismo no podía contestar porque no
habían salido todavía los datos oficiales del Eurostat. En este
momento, señorías, la resolución del señor Chiquillo pide al Gobierno
en algunos puntos algo que ya está fuera de lugar en el tiempo y, en
otros, algo que nos llevaría a incumplir los tratados.
Paso a analizar los distintos puntos de la moción. Respecto al primer
punto, quiero señalar que los intereses del Gobierno han sido siempre
defender en las instancias comunitarias que ninguna de las regiones
españolas beneficiarias del Objetivo 1 quedase excluida del mismo y
que siguiera siendo elegible también en el período 2000-2006. En este
sentido la propuesta de la Comisión, que cuenta con un acuerdo amplio
de todos los Estados miembros, propone el mantenimiento estricto del
umbral del 75 por ciento para la delimitación de dichas regiones, al
igual que ha ocurrido en el período actual de programación 1994-1999.
Como única excepción se contemplan las regiones ultraperiféricas, así
como las zonas actualmente elegibles dentro del Objetivo 6, lo cual
da cumplida cuenta del interés de España en preservar en el Objetivo
1 a las islas Canarias. Respecto a si se mantiene o no el mismo
número de comunidades autónomas o si sale o no alguna de estas
regiones Objetivo 1 depende, como todas SS.SS. saben, de la evolución
económica de dicha región en relación con el resto de las regiones de
la Unión Europea.
El párrafo segundo del punto 1 hace referencia a que se utilicen los
datos de población resultantes de la reelaboración del padrón de
1996. Como saben, señorías, según la información que tenemos
disponible, el Instituto Nacional de Estadística mandó a su debido
tiempo a la oficina Eurostat dichos datos de población resultantes de
la reelaboración del padrón de 1996 y Eurostat los ha utilizado en el
cálculo del PIB per cápita de las regiones.
Respecto al apartado tercero del punto 1, en el que el señor
Chiquillo se refiere al criterio de exhaustividad en las revisiones
del PIB, tengo que decir que es una
decisión cuya aplicación corresponde a los institutos nacionales de
estadística de los Estados miembros, que son los encargados de llevar
a la práctica la nueva metodología de contabilidad nacional. Los
distintos institutos han presentado antes de finales de octubre sus
revisiones del PIB a Eurostat, y éste ha tenido en cuenta estos datos
en el cálculo de la riqueza relativa de las regiones.
El punto 2 que se refiere a la posibilidad de que se establezcan
excepciones al criterio de legitimidad propuesto por la Comisión en
el nuevo texto del reglamento y en él se recoge la preocupación del
señor Zabalía. La posición, no sólo de este Gobierno sino de los
anteriores, ha sido la de defender la aplicación estricta del
criterio del 75 por ciento y no entrar en una discusión de posibles
excepciones con posibles criterios, en este momento indefinidos, que
podrían complicar enormemente la negociación y producir un resultado
desfavorable para los intereses españoles en su conjunto, que es en
resumidas cuentas lo que estamos tratando de defender aquí. Cambiar a
mitad de la negociación los criterios que han sido favorables, en la
medida que han permitido a una serie de comunidades autónomas
beneficiarse de unos fondos necesarios para su acercamiento al nivel
medio de renta comunitario, sería una decisión peligrosa y en ningún
caso recomendable. Incluso si se pudiese conseguir alguna ganancia
teórica, existe el riesgo de que otros países que también cuentan con
regiones que se encuentran en el umbral del 75 por ciento se
beneficiasen más que nosotros de la posibilidad de este tipo de
excepciones. Tengo que recordar que España es el país que más
regiones Objetivo 1 tiene en este momento y que menos regiones ha
perdido según el cómputo actual. Pues bien, si hay otros países que
se benefician de esta excepción más que el nuestro, éste serviría de
argumento para incluir regiones que de otra forma no participarían en
la asignación de los fondos actuales. En último caso, podría dar
lugar a asignaciones a regiones de otros países a costa de unos
recursos que podrían haberse destinado a las regiones españolas
elegibles en este momento.
Por tanto, señorías, comprendiendo el buen talante del señor
Chiquillo y su buen discurso tendente a la negociación y al
compromiso, tengo que repetir que esta moción que ha presentado en
nombre del Grupo Mixto me parece fuera de tiempo y mi grupo no puede
apoyarla. El Gobierno del Partido Popular es serio y cumple con los
tratados de la Unión Europa y con las obligaciones que tenemos como
socios dignos y respetados en la Unión. Lo que no podemos hacer en
este momento es cambiar las reglas y utilizar métodos que de ninguna
manera contribuirían a mantener la imagen de que goza nuestro país,
después de todos los años de pertenencia a la Unión Europea, por la
de un país que está dispuesto a cambiar las reglas cuando le resulta
conveniente y necesario y no está dispuesto a cambiarlas en este
momento en que otros las quieren cambiar porque no les resulta
conveniente. Por ello, señorías, apelaría al buen sentido de la
Cámara y pediría
que los grupos que piensan votar a favor de esta moción
reconsiderasen el flaco favor que le hacen a la imagen de nuestro
país en el seno de la Unión Europea. Los distintos gobiernos de
España, los gobiernos socialistas y el Gobierno popular, han
mantenido siempre las reglas del juego, y es lo que quiere continuar
haciendo el actual Gobierno: mantener las reglas de juego, cumplir
con los compromisos y , poco a poco, con los recursos que desde el
punto de vista legal y reglamentario nos correspondan, contribuir al
acercamiento de las regiones y comunidades españolas a nivel de renta
media de la Unión. Por eso mi grupo parlamentario apoya al Gobierno
en la importante negociación que está llevando a cabo en el seno de
las instituciones comunitarias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): : Señor
Martínez Casañ, le ruego vaya concluyendo.
El señor MARTÍNEZ CASAÑ: Voy concluyendo, señor presidente.
Y en cumplimiento de los tratados de la Unión Europea, de los
tratados de las comunidades y de los compromisos de Edimburgo -y miro
a la izquierda de esta Cámara-, se mantengan y consoliden las
políticas de solidaridad y cohesión del proceso, que son puntos
básicos del proceso de construcción europea, y en particular, señor
Chiquillo, los instrumentos destinados a acercar a las regiones que
en este momento gozan de un nivel de renta inferior al 75 por ciento
de la Comunidad al nivel de progreso y riqueza medio de la Unión
Europea.
Esta es la postura del Gobierno, esta es la postura del Grupo Popular
y esto es, en definitiva, señor presidente, señorías, lo que nosotros
defendemos en el seno de las instituciones comunitarias y la forma de
negociar que el grupo del Partido Popular, junto con otros grupos de
la Cámara, respalda a nivel comunitario.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Martínez Casañ.
Señor Chiquillo, S.S. debe expresar la aceptación o no de las
enmiendas planteadas a su iniciativa.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.
Se hará llegar a la Presidencia el escrito tal como queda, porque
algunos puntos de las enmiendas planteadas se incorporan al texto
original de la moción presentada, y más que leerlo creo más
procedente hacer llegar un escrito en el que queda resumida la moción
con las incorporaciones, que acepto, de las enmiendas presentadas por
los diversos grupos parlamentarios.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Perdón, señor
Chiquillo. ¿Conocen ese texto los grupos de los cuales acepta S.S.
enmiendas?
El señor CHIQUILLO BARBER: Sí, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Le ruego lo
haga llegar a la Mesa.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, el
texto que propone el señor Chiquillo constituye una transaccional,
con lo cual es necesario que la conozca la Cámara. Por tanto, el
señor González de Txabarri, como secretario de la Mesa, va a proceder
a su lectura.
El señor SECRETARIO (González de Txabarri Miranda): El texto de la
moción transaccional reza de la siguiente manera.
Punto 1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado
para que en la negociación sobre la política estructural de la Unión
Europea y el nuevo marco financiero, en la perspectiva de una
política comunitaria de cohesión económica y social, adopte, emprenda
y desarrolle todas las iniciativas y propuestas que sean necesarias
para procurar que todas las comunidades autónomas actualmente
incluidas en el Objetivo 1 mantengan esta calificación durante el
período 2000-2006.
Punto 2, nuevo. Si como consecuencia de la aplicación de las normas
comunitarias sobre los fondos estructurales que finalmente sean
aprobadas, alguno de los territorios españoles quedara en peor
situación que la actual, desde los Presupuestos Generales del Estado
se garantice la atención a sus necesidades.
Punto 3. Insta al Gobierno para que, en la negociación sobre las
excepciones a los criterios territoriales que definen la calificación
de zona Objetivo 1, defienda la existencia de éstas siempre que
concurran los elementos de contigüidad, de renta por habitante
inferior al 75 por ciento de la media comunitaria, de tasa de paro
especialmente elevada respecto a la media comunitaria y de
importancia relativa de la zona en una región con una renta por
habitante, en su conjunto, inferior a la media europea, como
elementos clave para su identificación, así como la escasa densidad
de población, a fin de que estas excepciones tengan un carácter
realmente limitado dentro de la Unión Europea.
Punto 4. Insta al Gobierno a que por los mecanismos que se estimen
más pertinentes informe adecuadamente a las comunidades autónomas
afectadas, así como a las Cortes Generales, del desarrollo de dicha
negociación.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor González de Txabarri. ¿Aceptan los grupos parlamentarios con
los que se ha transaccionado la enmienda el texto leído por el señor
González de Txabarri? (Asentimiento.) Queda entendido que se retiran
las enmiendas de estos grupos parlamentarios. Por tanto, vamos a
proceder a la votación
en los términos resultantes de esta enmienda transaccional.
Votación de la moción consecuencia de interpelación urgente, del
Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política general e iniciativas
del Gobierno para garantizar que las diversas comunidades autónomas
de España incluidas en el Objetivo 1 en la actualidad mantengan para
el período 2000-2006 su condición de región Objetivo 1 de la Unión
Europea, en los términos resultantes de la enmienda transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
291; a favor, 144; en contra, 147.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda rechazada
la moción.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, PARA QUE EL
GOBIERNO EXPONGA SUS CRITERIOS Y MEDIDAS PREVISTAS, TANTO DE ORDEN
POLÍTICO COMO PLASMADAS EN INICIATIVAS PARLAMENTARIAS, PARA LOGRAR EL
MEJOR CUMPLIMIENTO DE LOS FINES DE LA FE PÚBLICA (Número de
expediente 173/000109).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Moción
consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, para que el Gobierno exponga sus
criterios y medidas previstas, tanto de orden político como plasmadas
en iniciativas parlamentarias, para lograr el mejor cumplimiento de
los fines de la fe pública. Para su presentación y en nombre de su
grupo parlamentario tiene la palabra el señor Castellano. (El señor
vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Ruego a SS.SS. un poco de
diligencia, si es que tienen que abandonar el hemiciclo, y a los que
se queden en él, por favor, que ocupen sus escaños para poder
continuar la sesión de esta tarde. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, corresponde en este momento debatir la moción
consecuencia de la interpelación que se sustanció hace dos semanas en
relación a la fe pública. Creemos desde Izquierda Unida que es
necesario volver a insistir, para evitar interpretaciones erróneas y
malentendidos, en que lo que guía fundamentalmente esta interpelación
y la moción consecuente no es otra cosa que tratar de adecuar la
legislación vigente en materia de fe pública extrajudicial a los
principios constitucionales. El principio constitucional de la
seguridad
jurídica impone al Estado la tutela del mismo, y evidentemente uno de
los instrumentos es la fe pública. Precisamente por tratarse de un
servicio u obligación que corresponde al Estado, mostrábamos entonces
y volvemos a mostrar hoy nuestra sorpresa o contradicción ante el
hecho de que el Estado de derecho pueda delegar ni más ni menos que
para la realización de ese principio constitucional en unos
funcionarios, por meritorios que sean en cuanto a su formación y por
respetable que sea su función, que efectivamente no pasan de ser en
algunos momentos unos profesionales liberales. Evidentemente son
funcionarios públicos cuando les conviene y profesionales liberales
cuando se trata de las relaciones con su correspondiente personal,
pero eso es o debe ser, lógicamente, motivo de otra reflexión.
No parece muy serio que el Estado de derecho, que tiene que
garantizar la seguridad jurídica, llegado el momento de poner en
marcha los mecanismos necesarios, le diga al ciudadano que esa
garantía se va a realizar por unos intermediarios privilegiados y que
además va a tener que pagar por ello. Eso se contradice, lógicamente,
con lo que son las obligaciones inherentes al Estado, sobre todo al
Estado que se proclama como social y democrático de derecho. En todo
caso, nos gustaría ya dejar bien claro que en nuestra interpelación
y en nuestra moción no pretendíamos bajo ningún concepto que alguien
pudiera entender que pedimos ni más ni menos que la desaparición de
esta notable y meritoria profesión. Lo que pedimos pura y
sencillamente es que se dé al César lo que es del César y a Dios lo
que es de Dios y que el Estado como tal no tenga por qué tener que
pasar por un instrumento público previsto para los negocios de
particulares, cuando precisamente ese Estado actúa bajo la presunción
de legalidad y con el requisito de la más plena publicidad, y
lógicamente ello lleva inherente la eficacia frente a terceros que
generalmente se deduce del instrumento público notarial. No parece
nada lógico que el acto administrativo para acceder a los registros
tenga que ser tratado como en el caso de un particular y en virtud de
ello, siendo el propio Estado y siendo el Registro Mercantil o el
Registro de la Propiedad -cualquiera de ellos- una oficina pública,
tenga que satisfacer honorarios por ello.
En consecuencia, creemos que son la razón y la lógica las que imponen
una revisión de la legislación que afecta hoy a la función pública.
Los propios notarios reconocen que es necesaria esa revisión, porque
su estatuto procede del siglo pasado y evidentemente muchos de sus
presupuestos han quedado anclados en el Estado corporativo y no se
corresponden con un Estado constitucional como es el Estado nacido a
partir del año 1978. En un Estado moderno no es concebible que un
acto administrativo del Estado necesite el refrendo de ninguna clase
de intermediarios. Evidentemente que la función notarial y registral
tiene sus antecedentes, pero son antecedentes del viejo Estado de
privilegios concedidos en virtud de beneficio regio que
deben ir desapareciendo ante un concepto moderno del Estado. Yo no sé
cómo se puede defender la modernización del Estado y al mismo tiempo
la permanencia de alguna clase de comportamiento de este tipo.
Repetimos que no hay en nosotros la menor animosidad hacia ninguna
clase de profesión, aunque sólo sea por rendir tributo a notarios
ejemplares, no solamente en la función notarial sino en funciones muy
próximas a lo que son las preocupaciones sociales. Olvidar, al hablar
de la ilustre profesión de notario, a Juan Díaz del Moral o al propio
Blas Infante sería sencillamente un error imperdonable. Ahora bien,
yo estoy absolutamente convencido de que quienes ostentaron la fe
judicial, los citados, llegado el momento actual, además con la
incorporación a la Unión Europea, hubieran sido los principales
promotores de una visión mucho más progresista, más eficaz y más
pegada a los intereses generales que a los intereses particulares.
Sé positivamente que esta moción, incluso aceptadas algunas
enmiendas, no va a prosperar. Hoy va a ser un día importante para
esta Cámara, importante en el sentido negativo. La Cámara, que
presume de hacer prevalecer los intereses generales sobre los
particulares, va a optar por anteponer los intereses particulares de
una determinada corporación a los intereses generales ni más ni menos
que del Estado, pero, en fin, es una prueba que hay que pasar y que a
nosotros nos parece suficientemente elocuente para que los que
estamos aquí sepamos cada uno lo que representamos y para que en todo
caso los señores notarios tengan una confianza absoluta en el
porvenir, porque no van a tener por qué ser nostálgicos de los
procuradores en Cortes que de entre ellos se elegían; tienen
diputados de sobra para poderse mantener en la misma actitud de
defensa de sus intereses particulares.
Esta moción, como todos ustedes saben, repito, trata de insistir en
el principio constitucional de la seguridad jurídica, reflejado en la
garantía de la fe pública, y no pide ni más ni menos que en aquellas
actuaciones administrativas que necesitan acceder a los registros no
sea precisa la instrumentación pública por notarios, porque aquellas
gozan de la presunción de legalidad y porque se realizan con la
correspondiente publicidad, y que el acceso a los registros
evidentemente no suponga costo alguno. Yo sé que algunos de ustedes
me van a decir que cuando los notarios intervienen elevando a
escritura pública determinadas actuaciones administrativas, como
puede ser la concesión de una obra o cualquier otro acto, no es el
Estado precisamente el que lo paga; lo suele pagar aquel que se
beneficia de dicha concesión o que es parte en dicho negocio
jurídico, pero también es evidente que esos importantes honorarios,
bien sean de notario o de registrador, se repercuten a través del
precio, y un Gobierno que está tan preocupado por la inflación, por
la liberalización de precios y por la modernización bien puede ser
sensible a la necesidad de ir eliminando cosas que efectivamente
pueden corresponder a otra época pero no con el momento actual.
Es también preocupación de nuestra moción hacer compatibles
proclamaciones constitucionales de defensa de usuarios y
consumidores, en concreto del derecho a la vivienda, con una
situación que consideramos absolutamente injusta e ilógica. No todo
el mundo, desde luego, adquiere viviendas habituales de precios
exagerados. La gente puede adquirir viviendas de un importe bastante,
podríamos decir, modesto, y salvo en el supuesto de las que sean de
protección oficial, resulta que al ya de por sí importante esfuerzo
para la adquisición de esa vivienda se va a añadir no sólo el pago de
los correspondientes impuestos sino el gravamen del pago del notario
y del registro. No creo que sea excesivo pedir que cuando se trata de
la vivienda habitual pueda caber ni más ni menos la situación que se
contempla en otra clase de actividad y de la Administración para
tutelar los intereses de los más débiles. Este es un punto muy
importante para nosotros. La Cámara ha sido sensible en otras
ocasiones cuando ha exigido de particulares, como es la banca, la
reducción en un momento determinado de los intereses hipotecarios
o la posibilidad de cesión o subrogación de una hipoteca en otra
entidad bancaria para aminorar los costos. Me parecería bastante poco
lógico que hoy fuera insensible ante lo que es una importante ventaja
para una gran parte de la población, ya que, como todos ustedes
saben, más del 80 por ciento no vive de alquiler, sino que se ve
obligada a adquirir su propio domicilio, domicilio que entendemos
nosotros -a lo mejor estamos equivocados- está tutelado por la propia
Constitución cuando proclama el derecho a una vivienda digna, y ese
derecho a una vivienda digna en muchísimos casos viene acompañado no
tanto del derecho -a la vivienda digna- sino de la obligación de que
alguien se lucre del ejercicio de un derecho tan elemental.
También queremos que haya una mínima coherencia entre los diferentes
registros públicos. No puede seguir dándose la situación, que no es
caprichosa ni casual, de que no se corresponda el catastro con los
registros de la propiedad, que no se corresponda sobre todo en
materia rústica, porque las cabidas que se declaran en uno u otro
están suficientemente alejadas...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Castellano, vaya
concluyendo.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Acabo enseguida, señor presidente.
Porque las cabidas están suficientemente alejadas para evitar en un
momento determinado la transparencia tributaria que pueda hacer
efectiva y eficaz la correspondiente gravación o exacción de
tributos.
Y acabo, como le he dicho señor presidente, ocupando los últimos
momentos -que nos ahorraremos luego- en pronunciarme sobre las
enmiendas que se han presentado, y de esta manera no habrá lugar
posteriormente más que a manifestar, como dice el Reglamento, la
aceptación o rechazo de las mismas.
A esta moción nos ha presentado una enmienda el señor Peralta Ortega.
No tenemos nada en contra de la misma, pero no tiene nada que ver con
lo que es objeto de esta interpelación. Nos parece absolutamente
respetable y hasta coherente que nuestra legislación en materia de fe
pública se desarrolle en el marco de la Unión Europea, pero no era
ese el motivo de nuestra interpelación.
También nos ha presentado una enmienda el diputado don Francisco
Rodríguez Sánchez, del Grupo Mixto, preocupado, como lo estamos los
demás, porque en el tema de registros y de notariado se acepte la
realidad plurilingüe del Estado. Nos ha querido incluso -perdóneme,
señor presidente, que me entretenga un poquito- obsequiar con un
documento de un Registro Mercantil, que cuando se le presenta una
determinada documentación -pese a reconocer en el propio oficio que
el gallego y el castellano son oficiales en Galicia- , exige del
ciudadano que aporte la traducción al castellano -sinceramente, ser
registrador de la propiedad en Galicia y no ser capaz de entender el
gallego...-, así como que se le conteste a quien pide una determinada
certificación que la emisión de los datos registrales no se puede dar
más que en castellano. No parece que sea una adecuación a nuestra
actual situación constitucional, por lo que la enmienda que nos ha
propuesto don Francisco Rodríguez Sánchez tiene que ser acogida por
nuestra parte con toda complacencia.
Otra enmienda ha sido propuesta por el Grupo Parlamentario EAJ-PNV
-y espero no haberme equivocado en el orden de las siglas-, que es
consciente de que el asunto es lo suficientemente complicado como
para pedir que se constituya una subcomisión dentro de la Comisión de
Justicia, a fin de analizar cuál es la situación de la fe pública
extrajudicial y ver cómo podríamos ir avanzando en ello. Creemos
sinceramente que eso es así y que lógicamente podría ser esta la
solución para todos nosotros, pero ocurre que aquí hay una
inocultable resistencia a la creación de subcomisiones; siempre salen
a relucir algunas subcomisiones que ni acabaron en plazo ni en forma
sus trabajos. Por ello vamos a rogar de la proponente, doña Margarita
Uría, que haga un esfuerzo de comprensión para ver si alrededor de la
enmienda que ha sido introducida por el Grupo Socialista nos podemos
todos encontrar conformes.
Lógicamente a mí no me cabe el honor de explicar la enmienda del
Grupo Socialista, pero sí me cabe la obligación de decir que nosotros
la aceptamos, porque en la medida que respeta el prólogo, prefacio o
introducción de nuestra moción, que insiste enormemente en el
desarrollo del principio constitucional de la seguridad jurídica y en
la protección de derechos y obligaciones de los ciudadanos, nada
tenemos que objetar a que coincida con nosotros en solicitar del
Gobierno un proyecto de ley reguladora del sistema de fe pública
extrajudicial, ni a que ese proyecto de ley se enmarque en la
unificación de la fe pública extrajudicial dentr o del llamado
sistema del notariado latino, ni a que, además, contemple otras
muchas fórmulas de intermediación,
cuales son los corredores de comercio. Al mismo tiempo nos parece
perfectamente lógico, y también en esa línea iba nuestra moción, que
se procure la mejor eficacia del sistema registral y del sistema
notarial y que todo ello sea armonizado dentro de la Unión Europea.
Nos parece que además, en su punto quinto -y esto con referencia a la
enmienda del BNG-, cuando habla de la necesaria adaptación a la
estructura territorial del Estado que resulta de la Constitución, esa
adaptación, por supuesto, tiene que contener las suficientes
especificaciones en materia de las lenguas que son legales y que son
de utilización perfectamente legítima en todas y en cada una de las
comunidades. En cuanto a que se establezcan unos criterios básicos
del sistema retributivo de notarios, corredores y registradores, no
nos queda más que manifestar también nuestra conformidad con ello.
Por lo tanto, entienda, señor presidente, que estaríamos
completamente de acuerdo en que nuestra moción sea sustituida por la
propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista, permaneciendo viva
la introducción de la misma, y esperamos que con relación a las
enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y del diputado don
Francisco Rodríguez Sánchez se puedan encontrar, si no totalmente,
parcialmente satisfechos con los puntos que constituyen la enmienda
que, según manifestamos y repetimos, vamos a aceptar para que sea
sometida a votación, evidentemente con retirada de la nuestra.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Castellano.
A la moción defendida por el señor Castellano se han presentado en
primer lugar y por parte del Grupo Parlamentario Mixto sendas
enmiendas, una del señor Rodríguez Sánchez y otra del señor Peralta.
Para la defensa de su enmienda el señor Rodríguez Sánchez tiene la
palabra.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Siguiendo el interés de la moción del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, cuando plantea la protección de los derechos y
obligaciones de los ciudadanos, de usuarios y consumidores en
relación con los registros y el notariado, presentamos efectivamente
una enmienda de adición para garantizar sin ningún tipo de dudas el
derecho a presentar documentos en las lenguas propias de cada
territorio donde son oficiales y además preocupándonos de que haya
medios personales y materiales para que no se plantee ni inseguridad
jurídica por el uso de estas lenguas ni dilación o retrasos
indebidos, porque cabe remarcar en este momento que, ante tanta
declaración pomposa de oficialidad, la precisa realidad nos está
dando comportamientos muy preocupantes.
Efectivamente, es cierto que el gallego, por hablar de la lengua de
mi país, es oficial conforme a su estatuto,
como manda la Constitución española en este aspecto, y además es
desde luego claramente oficial según el artículo 7 de la Ley de
normalización lingüística, aprobada por unanimidad en el Parlamento
de Galicia, en relación a todo tipo de actos jurídicos que se
planteen en el territorio de Galicia. Sin embargo, una vez más, nos
encontramos ahora con el Registro Mercantil de A Coruña, que
argumenta, nada menos que a partir de la Constitución española y del
estatuto de autonomía y de reglas o normativas de carácter menor, que
los documentos contables que son objeto de traslación literal al
asiento, como la memoria o el informe de gestión, no pueden
entregarse exclusivamente en gallego, y todo ello haciendo
interpretaciones muy interesantes del reglamento del Registro
Mercantil, de abril de 1996, o incluso de sentencias del Tribunal
Constitucional que dicen prácticamente lo contrario. Por todo esto,
aun reconociendo que el registro es una competencia estatal, como
dice la Constitución española en el artículo 149, a nadie se le
oculta que la igualdad de efectos jurídicos para todas las lenguas
cooficiales con el castellano en sus territorios respectivos no puede
quedar cercenada o hacerse inviable precisamente por cuestiones de
carácter burocrático que nada tienen que ver con los derechos
fundamentales que se establecen en el título preliminar de la
Constitución española.
Por lo tanto, y aquí no hacemos más que seguir la doctrina del
Tribunal Constitucional, ni el reglamento del Registro Mercantil ni
ninguna otra disposición normativa obligan a quien presenta en el
registro un documento en catalán, gallego o vasco a hacerlo
previamente en castellano, porque sería tanto como anular la
cooficialidad de estas lenguas. Si el Estado es competente para
regular lo dispuesto, por ejemplo, en relación con los registros
mercantiles, está claro que esta regulación no puede hacerse a base
de mermar derechos de los ciudadanos en el uso de su lengua, porque
todo lo demás es discrecionalidad y actuar atentando contra derechos
básicos de las personas. Por eso pensamos que la ley que se realice
en relación con estas oficinas de notarios y de registros mercantiles
debía recoger explícitamente el claro derecho al uso de los idiomas,
porque si no nos encontramos incluso con actuaciones personales de
registradores que conforme a su capricho -eso sí, violando
disposiciones de la ley, poniendo en su membretes respectivos La
Coruña en vez de A Coruña- toman el pelo a los ciudadanos que
libremente quieren ejercer este derecho y que además gastan mucho
dinero para poder hacerlo, precisamente por el boicot a que se ven
continuamente sometidos en sus actuaciones legítimas y legales.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Rodríguez.
Tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
En nombre de Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya hemos
presentado una enmienda a la moción suscrita por el Grupo Federal de
Izquierda Unida, que ha merecido la consideración de coherente por
parte del señor Castellano, aunque ha anunciado el rechazo a la
misma. En esta situación me parece oportuno, puesto que en esa
enmienda se hace referencia a una resolución del Parlamento Europeo,
recordar a SS.SS. algunas de las afirmaciones que se contienen en esa
resolución de fecha 18 de enero de 1994.
Se dice que el Parlamento Europeo constata que la realización del
mercado interior ha producido la mayor movilidad de los sujetos
jurídicos y un aumento en los intercambios de títulos, actos y
contratos, lo que acarrea una actividad notarial considerablemente
mayor en toda la Unión. Por ello, el Parlamento Europeo toma nota de
la importancia que adquiere el notariado a nivel comunitario y
considera especialmente oportuna cualquier reflexión y cualquier
estudio serio sobre la organización de la profesión de notario. El
Parlamento Europeo quiere recordar que la profesión de notario se
caracteriza en lo fundamental por una serie de elementos
prácticamente comunes, que pueden resumirse de la siguiente forma:
delegación parcial de la soberanía del Estado para asegurar el
servicio público de la autenticidad de los contratos y de las
pruebas; actividad independiente que se ejerce en el marco de un
cargo público bajo la forma de una profesión liberal, con la
excepción de Portugal y de uno de los Estados federados alemanes,
existiendo un sistema particular en el Reino Unido, pero sometido al
control del Estado o del órgano estatutario designado para esto por
la autoridad pública en lo que se refiere a la observancia de las
normas referentes al documento notarial, a la reglamentación de las
tarifas en interés de los clientes, al acceso a la profesión o a la
organización de la misma; función preventiva a la del juez, en cuanto
que elimina o reduce los casos de litigio; funciones de asesor
imparcial, etcétera.
Creemos que todos estos principios que son defendidos por el
Parlamento Europeo se encuentran en muchos casos alejados de ese tipo
de afirmaciones con las que el señor Castellano comenzaba su
intervención, que es verdad que finalmente no se recogían en los
términos concretos de su moción, pero que desde luego rezumaban un
cierto sabor antiguo ajeno a la realidad de la función notarial hoy
en el ámbito de la Unión Europea. Ese alejamiento se encontraba
también en los términos concretos de su moción. Se decía que se
garantizara la no intervención de notarios en las actuaciones de las
administraciones. Eso ya es realidad. Hoy en las actuaciones
exclusivamente entre administraciones no intervienen los notarios.
Los notarios sólo intervienen cuando las administraciones actúan en
relación con terceros; ahí sí, pero no cuando la actuación es
exclusivamente entre administraciones. Las actuaciones exclusivamente
entre administraciones no necesitan de ningún aval para ser inscritas
en el Registro de la Propiedad; se
inscriben directamente en los registros de acuerdo con la legislación
hoy vigente. Esa es la realidad.
Se decía que se establecieran tarifas especiales para la vivienda, y
desde la Ley 41/1980, de medidas urgentes de apoyo a la vivienda, hay
una reducción del 50 por ciento de los aranceles. Esto fue
posteriormente llevado a cabo por resoluciones de mayo de 1982, de
mayo de 1986 y finalmente, en la última, que fijó en la cantidad de
9.991 pesetas los derechos arancelarios de los notarios en
transmisión de viviendas acogidas al Real Decreto-ley 31/1978. Hoy
día, la disposición adicional séptima del Real Decreto de 12 de junio
de 1998 -tan reciente como eso-, sobre medidas de financiación de
actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo para el plan
1998-2001, vuelve a mantener la reducción establecida en la Ley 41/
1980, y los derechos arancelarios de los notarios siguen en la
cuantía de 9.991 pesetas. Finalmente, la exención de pago para las
intervenciones legalmente impuestas de fedatarios públicos que sean
presupuesto, condición, consecuencia o requisito para el ejercicio de
sus derechos está ya regulada en el artículo 130 del reglamento
notarial.
Esta es hoy la realidad de los términos de la moción que ahora se
plantea. Por eso, señorías, cuando el señor Castellano ha aceptado
los términos de una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, que distan mucho de los inicialmente suscritos por el
Grupo Federal de Izquierda Unida en la moción, nosotros tenemos que
decir que esa redacción concreta, en la medida en que pide la
adaptación a los principios constitucionales con una nueva regulación
que supere una normativa confusa, profusa, heterogénea y muy antigua,
es aceptable para nosotros, por lo que manifestamos nuestra voluntad
de votar a favor de la transaccional que va a plantear finalmente el
grupo proponente.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Peralta.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, debo manifestar en nombre de mi grupo que una vez más el
señor Castellano ha apuntado bien con su interpelación. Creemos que
la regulación y el funcionamiento de la fe pública en nuestro sistema
están necesitados de reforma.
Antes de entrar en materia y para evitar suspicacias, comenzaré
manifestando el reconocimiento a la capacidad profesional y a la
solvencia doctrinal de quienes tienen hoy atribuida esta especial
función pública. El derecho y la ciencia jurídica se han enriquecido
durante años con el saber de estos profesionales, y queremos que así
siga siendo. Singular relevancia ha tenido su quehacer en la
conservación del derecho civil foral, y
por ello, en nombre del grupo al que pertenezco, quiero rendirles
aquí tributo, pero la interpelación no se planteaba por esto, sino
que cuestionaba el sistema de la fe pública en sí, y examinados los
términos del debate, nos convenció el planteamiento del interpelante
en clave de principio de seguridad jurídica. Su intervención fue,
como siempre, docta y salpicada de notas de humor, como cuando aludió
a las fincas que lindaban a todos los aires con los herederos de don
Benito Gutiérrez. Quizá conozca S.S. que es práctica común en los
pueblos de la costa vasca hacer notar que todas las fincas lindan al
norte con Inglaterra; ello es cierto, pero no es muy exacto y desde
luego con bastante mar mediante.
No podemos estar conformes con la respuesta complaciente de la señora
ministra ni, mucho menos, con quien intervino en nombre del grupo
mayoritario en la Cámara cuando manifestaba, ya que se había aludido
a la existencia de un coto de funcionarios privilegiados: Este
llamado coto ha sobrevivido durante décadas y décadas, con gobiernos
de todos los signos y de todos los tipos y no se ha visto aquí
ninguna oposición radical a ese funcionamiento...-estoy leyendo
literalmente lo que se dijo-. Pienso que ahora tampoco debe haberlo
-continuaba-, aunque sí pedir las lógicas mejoras que debe haber y va
habiendo.
Más que mejoras necesita el sistema de fe pública, pero nos parece
que exigir al Gobierno una presentación inmediata de un proyecto de
ley pudiera ser precipitado. Hay demasiadas cuestiones que analizar
en el mundo de los notarios, registradores y corredores; un mundo que
tiende a ser oscuro y en cuyas disposiciones reguladoras se emplea
con frecuencia un criptolenguaje sólo para iniciados; ni teniendo
algún conocimiento jurídico es posible desbrozar un arancel. Por
ello, proponíamos al Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
una enmienda en el sentido de que se constituya en el seno de la
Comisión de Justicia e Interior una subcomisión para analizar este
complejo problema de la fe pública, estudiando además la intervención
de los funcionarios públicos en los negocios jurídicos, su especial
carácter funcionarial y su sistema retributivo, sacando de todo ello
las pautas que pudieran servir para una modificación normativa en el
sentido que proponemos.
En el seno de esa subcomisión hubiera sido posible incluir la
pretensión contenida en la enmienda del diputado don Francisco
Rodríguez, en nombre del BNG, en el sentido de que se tenga en cuenta
la pluralidad lingüística en las certificaciones que deben acceder
a los registros. Igualmente, sería contemplable dentro de esa
subcomisión la totalidad del planteamiento extenso y pormenorizado
que contiene la enmienda presentada por el Grupo Socialista y cuyo
punto quinto es coincidente con la del señor Peralta. Ello no
obstante, hemos oído las suspicacias -que creemos que son
generalizadas- del interviniente, en nombre del grupo proponente de
la moción, en contra de las subcomisiones porque suelen oler a
escapismo, aunque, desde
nuestra óptica, no lo son en absoluto. Perteneciendo como pertenezco
a un grupo pequeño, supondría un considerable aumento de trabajo,
pero nos creemos en condiciones de poder abordarlo porque el empeño
es importante puesto que estamos hablando de un instituto de
salvaguarda de un principio constitucional.
Escuchado del señor Castellano en qué términos afecta a las enmiendas
presentadas, apoyamos la moción en los términos que resulta porque
creemos que, entre el inmovilismo y la renovación, es más sensato
apostar por esta última, y esa será la postura de mi grupo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señora Uría.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista, tiene la palabra
el señor Cuesta.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías, la
interpelación que presentó y defendió el señor Castellano, y la
moción correspondiente, son dignas de agradecimiento porque han
permitido que esta Cámara pueda abrir una reflexión sobre un tema que
tiene una especial importancia. Como dijimos la semana pasada,
estamos hablando de un derecho constitucional, de un valor
constitucional, cual es el derecho y el valor de la seguridad
jurídica y, por lo tanto, estamos hablando de un pilar fundamental
del Estado de derecho. Es lógico concluir que la fe pública es el
instrumento o la garantía de seguridad jurídica y, sobre eso, siempre
es muy necesario y conveniente reflexionar, sobre todo cuando se
aprecian importantes lagunas en la adaptación al modelo
constitucional.
En efecto, ya no resulta posible continuar abordando el tema de la
seguridad jurídica preventiva con una política de retoques parciales
y a través de normas jurídicas del más variado rango y de la más
equívoca -en el sentido de diversa- intención: recomendaciones e
instrucciones procedentes de los órganos de gobierno internos de las
corporaciones, instrucciones, recomendaciones y resoluciones del
ilustrísimo señor director general de los Registros y del Notariado,
órdenes ministeriales -algunas de ellas no comunicadas, es decir, no
publicadas en el Boletín Oficial del Estado- realesdecretos, leyes de
la más variada índole y condición... En suma, ha llegado el momento
de traer a la Cámara una ley general reguladora de nuestro sistema de
seguridad jurídico preventiva, que en su debate parlamentario podría
ser ilustrada de las correspondientes comparecencias que
enriquecieran los trabajos parlamentarios. En ese sentido, acogemos
la idea contenida en la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco.
Por otro lado, la necesidad de esta ley es una exigencia de los
propios valores constitucionales, la adaptación de los valores
constitucionales de las anticuadas, confusas y heterogéneas normas
por las que actualmente se rigen los cuerpos de notarios, corredores
de comercio y registradores de la propiedad y mercantiles,
así como las funciones que respectivamente prestan.Es precisa esta
nueva normativa de seguridad jurídica preventiva porque si ustedes
penetran en esta oscura y variada selva jurídica se encontrarán con
que ya el principio de jerarquía normativa no opera. Para muestra les
voy a poner simplemente un botón. En algunos manuales jurídicos de
derecho notarial se llega a afirmar literalmente lo siguiente: la Ley
Orgánica del Notariado, de 28 de mayo de 1862, está vigente en su
espíritu pero ha sido derogada por sus reglamentos. ¡Fíjense dónde
está el principio de jerarquía normativa!. El propio Consejo de
Estado ha sostenido en más de una ocasión, al informar proyectos de
modificación del reglamento notarial, que resulta del todo imposible,
con la legalidad en la mano, continuar por este camino.
Es necesario garantizar la eficiencia de nuestro sistema de seguridad
jurídica a través del cual circulan transacciones que totalizan sumas
verdaderamente astronómicas. Es necesaria esta normativa nueva por la
plena armonización de nuestro propio sistema de seguridad jurídica
con el de los demás países integrantes de la Unión Europea porque,
además, es preciso lograr la adaptación del sistema a la nueva
estructura territorial del Estado resultante de la Constitución
vigente, sobre todo a los 20 años de una Constitución cuya vigencia
vamos a celebrar en breves fechas. Hasta por puro y duro sentido
común: estamos ante la necesidad de elaborar una iniciativa que
recoja el mayor consenso para que pueda ser perdurable.
Este tema no es nuevo en la Cámara, señor presidente y señorías,
porque ya el 31 de mayo de 1994 la Comisión de Justicia e Interior
del Congreso aprobó una proposición no de ley por la que se instaba a
la unificación de la fe pública extrajudicial, integrando en un solo
cuerpo a los existentes garantizando el asesoramiento jurídico
imparcial y el control de legalidad. Sobre esto se iniciaron
anteproyectos, estudios y trabajos. El Pleno de 21 de mayo de 1995
permitió también que se debatiera sobre esta cuestión y que se
aprobase una moción en el sentido siguiente: El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno a la revisión de las tarifas arancelarias
de la fe pública para lograr una reducción efectiva de los costes de
los honorarios del fedatario, especialmente en las operaciones en que
concurran razones de interés social o de menor capacidad económica de
los contratantes. Sobre esta cuestión son muy importantes -y aquí han
sido puestos de manifiesto- los pronunciamientos de la Unión Europea,
del propio Parlamento Europeo, con su resolución de 16 de enero de
1994 sobre la fe pública en la Unión Europea cuando se pide la
aproximación de regulaciones sobre la organización de la función
notarial, su ejercicio, acceso y medidas para completar el convenio
de Bruselas de 27 de septiembre de 1968.
Es más -lo decíamos ya en el debate de la anterior semana-, en el año
1966 el Gobierno popular saca adelante la Ley de colegios
profesionales, en la que se ordena que, en el plazo de un año, se
adapten a las leyes sobre defensa de la competencia los estatutos
generales de la totalidad de las corporaciones profesionales. Creo
recordar que el reglamento notarial, el estatuto general de la
corporación notarial, no ha sido adaptado en absoluto, tampoco lo ha
sido el reglamento hipotecario en cuanto estatuto general de la
profesional registral a pesar de las modificaciones introducidas en
el mismo durante el pasado 1997.
Señor presidente, señorías, mi grupo quiere hacer especial hincapié
sobre cómo se ejerce la función de la fe pública, con qué garantías y
con qué coste para los consumidores. Entendemos que, efectivamente,
urgen actuaciones que acaben con la dispersión normativa y garanticen
modernidad, adaptación a la Constitución y armonización con la Unión
Europea. En este sentido va nuestra enmienda, que recoge la filosofía
que ya hemos expuesto.
No me queda más que agradecer al Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, al señor Castellano, la aceptación de esta enmienda,
que pretende aunar criterios y contenidos de otras propuestas y poner
en marcha un camino que debe elaborarse desde el consenso y desde la
reflexión serena de esta Cámara, en el marco de un debate sobre un
texto legal, con los trámites que sean precisos, con las
ilustraciones que sean precisas, con las relaciones con la sociedad
que sean necesarias, para abrir también, en esta vía, la senda de la
modernidad y de la adaptación constitucional.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Cuesta.
¿Grupos parlamentarios que no hayan intervenido en el debate y que
quieran fijar su posición? (Pausa.)
Por parte del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Semana tras semana, el Grupo Parlamentario Catalán se ve en la
tesitura de tener que anunciar un voto negativo a mociones que
derivan de interpelaciones urgentes de Izquierda Unida -lo decimos
muy a nuestro pesar-, y lo hacemos en un doble sentido. En primer
lugar, porque entendemos que efectuando un uso legítimo de un
instrumento parlamentario, la interpelación urgente no parece que sea
el mejor sistema para generar no ya un debate que se está produciendo
en estos momentos, sino un proceso en el cual pueda acordarse, con el
debido consenso, instar al Gobierno a determinadas modificaciones. Ya
digo que es un uso parlamentario absolutamente legítimo, pero da la
impresión de que, siendo necesario lo que se solicita en la moción
y en las enmiendas que han sido aceptadas, al menos parcialmente, está
por ver -por así decirlo- que tenga aquella urgencia que determina la
presentación de una interpelación urgente y el consiguiente debate de
la moción.
Hay otros instrumentos parlamentarios más apropiados para generar el
consenso, y hoy tenemos otra prueba
de ello (desde luego, gracias a la generosidad del proponente):
una enmienda presentada por el Grupo Socialista -que mi grupo ha
conocido, desde luego, no antes de las 12 del mediodía- es la que
determina el mandato que se formula al Gobierno. Entendemos que no
existe tiempo hábil para suscitar este consenso; y no es que no sea
necesario lo que aquí se pretende. En la época de estudiante de
derecho, lo cierto es que nos causaba una cierta sorpresa que una ley
-que todavía está vigente- estableciese que una de las causas de
rescisión del contrato de fletamento era tener que volver a puerto
por causa de los piratas. Me refiero al Código de Comercio de 1885,
que, por lo demás, es más de 20 años más joven que la Ley del
notariado que aquí estamos tratando.
Desde luego, hace falta proceder a esas modificaciones legislativas,
pero -como decía antes- entendemos que el debate debe efectuarse en
otro ámbito. En ese sentido, desde el punto de vista de la finalidad
(aunque sin ser capaces de asumir el sacrificio al que sí estaba
dispuesta la señora Uría), entendemos que esa subcomisión -que por
razones de funcionalidad de la Comisión de Justicia se nos hace muy
difícil aprobar- sí podría generar el debate, el consenso y el
espacio de tiempo necesario para ponernos más de acuerdo en este
tema.
Por lo demás, también hay que reconocer, junto a la necesidad de la
modificación de la Ley del notariado, algunas de las afirmaciones que
aquí se han hecho. Una mayor conexión entre el registro y el catastro
se efectúa a través de la Ley de acompañamiento, Ley 13/1996, que ha
tenido también una traducción relativamente reciente en el Reglamento
hipotecario; la reducción de aranceles para determinadas operaciones
o, incluso, la innecesariedad de esa escritura pública ya ha sido
manifestada aquí por el señor Peralta.
No queremos rehuir el tema; hace falta entrar en él con valentía y a
fondo. Si bien el señor Cuesta nos ha manifestado circunstancias que
respecto del notariado se han ido produciendo en legislaturas
anteriores, todavía se acuerda este portavoz de las discusiones sobre
la mutualidad notarial que tuvieron lugar durante dos debates
presupuestarios consecutivos o los planteamientos que a todos los
grupos nos han hecho los empleados de notarías, que también han
venido con reivindicaciones cuya justicia, en muchos casos, no cabe
desconocer.
Valoramos, como podemos y debemos hacer siempre, muy positivamente
que se sitúe la pelota en el campo de juego, pero nos gustaría no
tener que jugar sólo la prórroga sino el partido entero. Estamos
dispuestos a tratar este tema. Nos consta que también el grupo que
apoya al Gobierno y el propio Gobierno entienden que hay que regular
esta materia. Por otra parte, podemos o no esperar a esa propuesta de
directiva que la resolución del Parlamento Europeo, de 18 de enero de
1994, de alguna manera imponía a la Comisión de cara a estudiar la
unificación de los sistemas,porque tan europeo es el sistema notarial
anglosajón,
el Common Law, como el sistema notarial latino. Desde luego, conviene
estudiar qué circunstancias o qué elementos deben ser objeto de
uniformidad y, sobre todo, el acceso a estas profesiones para
garantizar precisamente la libertad de ejercicio de la profesión
correspondiente.
Manifestamos, como nos toca hacer muy reiteradamente, la oportunidad
del portavoz de Izquierda Unida, don Pablo Castellano, de situar un
tema en el centro de la vida parlamentaria, pero pedimos tiempo
-utilizando el símil deportivo- y votaremos en contra de la moción.
No tenemos tampoco tan claro que sea el no lo que vaya a triunfar,
pero, en cualquier caso, estamos dispuestos a tratarlo con más calma.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Silva.
Por parte del Grupo Popular, para fijar su posición, tiene la palabra
el señor Pillado Montero.
El señor PILLADO MONTERO: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Popular entiende que la moción del Grupo
Federal de Izquierda Unida y las consiguientes enmiendas no deben
prosperar.
En mi opinión, la moción es injusta, en los términos que diré, es
equívoca e, incluso, es superflua. Es injusta porque no puede
hablarse de fe pública extrajudicial en nuestro país, España, sin
partir de una afirmación difícilmente discutible. Nuestro sistema de
fe pública es un buen sistema, su funcionamiento es correcto, incluso
es modélico, hecho en el que coinciden y reconocen propios y
extraños. Los cuerpos que le sirven -notarios, registradores,
corredores de comercio- tienen un gran prestigio; la confianza que
generan es prácticamente absoluta; la fe pública que de ellos dimana
es prácticamente total. Raros son, rarísimos, los casos en que esta
fe pública ha sido defraudada.
Pero no se trata solamente de la fe pública, se trata de otro aspecto
muy importante, como es el asesoramiento jurídico, del gran servicio
que prestan a la causa de la legalidad, al funcionamiento de la
legalidad, al cumplimiento de la legalidad, a la Administración de
justicia. Son funcionarios altamente profesionales, altamente
cualificados, cuya intervención es fundamental para la recta
Administración de justicia. Dudo de que cualquier otro sistema, de
que cualquier otro tipo de funcionarios pudiesen llevar a cabo este
asesoramiento tan cualificado.
Siendo esto así, siendo el sistema francamente bueno, incluso
modélico como he dicho, hay que ser muy cautelosos a la hora de
proponer enmiendas y reformas. Naturalmente, todo es mejorable, todo
es perfectible, pero en el tema que nos ocupa no se necesitan
experimentos precipitados o imprudentes que pudieran deteriorar algo
que funciona perfectamente bien. La fe pública en España, a mi modo
de ver, no es hoy por hoy una prioridad legislativa.
Dije también que la moción es equívoca. Lo es porque se hace una
identificación entre seguridad jurídica y fe pública. Obviamente, la
seguridad jurídica es un principio constitucional, es un principio
imprescindible en todo Estado de derecho, pero simplemente la fe
pública es una pieza del sistema de seguridad jurídica. Con esta
identificación que se pretende se está tratando de atribuir los
fallos, las deficiencias, las imperfecciones del sistema de seguridad
jurídica a una sola de esas piezas, que es la Función pública, la
pieza que funciona francamente bien, incluso magníficamente bien.
Ojalá pudiésemos decir lo mismo de otra de las piezas del sistema de
seguridad jurídica y de la Administración de justicia, por poner sólo
un ejemplo.
Dije que la moción era superflua e incluso extemporánea pues ya se
han dado los pasos oportunos en la dirección que nos señalan los tres
puntos de la moción, naturalmente sin llegar a donde pretende sino a
donde puede y debe llegar. Así surgió aquí en la intervención de uno
de los anteriores enmendantes el tema de los actos y negocios
jurídicos de las administraciones públicas. Los actos y negocios
jurídicos de las administraciones públicas sujetos a derecho
administrativo no necesitan pasar por la fe pública extrajudicial,
por la fe pública notarial y sus instrumentos porque tienen acceso
directo al registro. Otra cosa es cuando la Administración del Estado
actúa como sujeto de derecho privado, para lo cual tiene que
someterse, lógicamente, a las normas del derecho privado. Ya se dijo
aquí que en ese caso los adquirentes suelen ser personas particulares
que tienen que hacerse cargo de los honorarios que genera la fe
pública.
Respecto a la vivienda de la que se habla en la moción, es decir, la
que constituye domicilio habitual, no es admisible la propuesta de
gratuidad para los negocios jurídicos que afecten a toda vivienda sin
hacer un discernimiento del precio de la misma ni de la capacidad
adquisitiva del adquirente. Si lo que pretende la moción es que sean
beneficiados los menos pudientes, es injusto el olvido que hace la
moción del Real decreto de 12 de junio del presente año, relativo a
las medidas de financiación del Plan de vivienda para el período
1998-2001, que establece unos honorarios de notarios y registradores
muy reducidos para las transmisiones de determinadas viviendas. La
gratuidad total es una quimera cuyos efectos serían más perjudiciales
que beneficiosos.
Por lo que se refiere a otro aspecto de la moción que consta en uno
de sus puntos pero que aquí no ha salido a relucir, que son esas
exenciones de pago a las intervenciones de quienes reúnan
circunstancias que supondrían su acceso a la justicia gratuita, yo me
pregunto: ¿quién determinaría que esas personas reúnen esas
circunstancias que les convertirían en posibles beneficiarios de la
justicia gratuita? ¿Habría que montar una comisión al estilo de la de
justicia gratuita? Entiendo que estos beneficios sólo podrían ser
para los que ya tienen a su favor el derecho de justicia gratuita y
entonces la Ley de asistencia jurídica gratuita establece
en su artículo 6.o la gratuidad para ciertas actuaciones notariales y
la reducción hasta el 80 por ciento de los honorarios de los notarios
y los registradores para los negocios jurídicos que dimanen del
proceso. Parece que aquí la moción quiere establecer un especie de
metrobús jurídico para que estas personas, que supuestamente tendrían
derecho a la asistencia jurídica gratuita, pudieran circular sin el
pago de exacción alguna por el mundo de la fe pública. Es muy poco
probable que estas personas que supuestamente tuviesen acceso a la
justicia gratuita tuviesen necesidad de llegar a adquisiciones en el
mercado inmobiliario que les hiciesen necesaria la exención de los
honorarios.
La moción, en esa identificación entre seguridad jurídica y fe
pública, propone también una etérea -diría yo- coordinación de
asientos de los diferentes archivos, protocolos y registros para
facilitar la transparencia patrimonial. Ciertamente la concordancia
entre registro inmobiliario y catastro fue, desde siempre, una
aspiración y una necesidad de nuestro sistema. El problema radicaba
precisamente en el catastro, que era bastante imperfecto. Hoy en día
que el catastro es técnicamente mucho más fiable, se han dado ya
pasos más que suficientes para lograr la concordancia entre la
realidad extrajurídica y la realidad jurídica. A este respecto
tampoco es lógico olvidar, como hace la moción, el definitivo paso
que se ha dado con la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, en sus
artículos 50 y siguientes, al hacer obligatoria la referencia
catastral y los datos catastrales en cuantos actos y negocios
jurídicos afecten a bienes inmuebles, tanto en actuaciones notariales
como registrales y administrativas. Es un gran avance, un paso
decisivo que ya está produciendo sus frutos, que a corto plazo
conseguirá la máxima garantía en la identificación de inmuebles -que
es de lo que se trata-, la máxima garantía en el tráfico jurídico y
en la concordancia entre los instrumentos jurídicos y la realidad.
La moción es, repito, injusta, equívoca, superflua; diría más, me
parece utópica. En ella late, quiérase o no, la pretensión de una
cierta fe pública gratuita, servida por unos funcionarios retribuidos
directamente por las arcas públicas, instalados en las llamadas
oficinas de la fe pública a donde acudirían, sin coste alguno, los
que hubiesen menester de ello; en otras palabras, una burocracia más.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Pillado, vaya
concluyendo, por favor.
El señor PILLADO MONTERO: Sí, voy concluyendo.
Ciertamente cuesta trabajo imaginarse la confianza que unos
funcionarios así generarían en los administrados. Cuesta trabajo
imaginarse el nivel de competencia para el asesoramiento que serían
capaces de prestar estos funcionarios frente al sistema que ahora
tenemos. Nosotros no cerramos este tema, no somos insensibles a las
mejoras que se han realizado ya y que se seguirán realizando pero
salvando lo sustancial del sistema, aquello que lo ha hecho tan
prestigioso entre nosotros
en el derecho comparado. Sólo me falta recordar que en anteriores
períodos sedicentes progresistas no se abordaron estas reformas que
ahora se piden aquí. Por algo será, será sin duda porque se estimaba
que lo sustancial del sistema debe conservarse aunque mejorándolo
constantemente. En eso estamos y a los hechos me remito.
Por todo ello, porque entendemos que el sistema funciona
correctamente, porque no requiere una prioridad legislativa, porque
se puede ir abordando con mejoras parciales, y porque no es bueno
abrir una reforma que pueda dar al traste algo que funciona
perfectamente, señor presidente, mi grupo parlamentario se opone a la
moción y a sus enmiendas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Pillado.
El señor Castellano tiene la palabra para indicar definitivamente
cuáles son las enmiendas que acepta o rechaza.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Reiteramos, señor presidente, la
aceptación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista,
precedida, lógicamente, de la introducción que el mismo respeta.
En cuanto a las enmiendas del Grupo EAJ-PNV, agradecemos su actitud y
su manifestación de coincidencia con el texto definitivo, así como lo
manifestado tanto por el señor Peralta como por el señor Rodríguez.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Castellano.
Vamos a pasar a la votación. (El señor vicepresidente, Fernández-
Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Votación
correspondiente a la moción, consecuencia de interpelación urgente,
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para que el
Gobierno exponga sus criterios y medidas previstas, tanto de orden
político como plasmadas en iniciativas parlamentarias, para lograr el
mejor cumplimiento de los fines de la fe pública, en los términos
resultantes de la aceptación de enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
289; a favor, 135; en contra, 154.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda rechazada
la moción.
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE POLÍTICA DE LIBERALIZACIÓN
DEL SECTOR ENERGÉTICO (Número de expediente 173/000110).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Moción,
consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Socialista, sobre
política de liberalización del sector energético.
Para su presentación, en nombre de su grupo parlamentario, tiene la
palabra el señor Fernández.
El señor FERNANDEZ FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, todos, en mayor o menor medida, con mayor o menor
precisión, conocemos que se están produciendo procesos de
concentración y de alianzas en los sectores energéticos españoles. Es
verdad que las empresas energéticas están más relacionadas entre sí,
bien directamente o a través de las entidades financieras que las
orientan o que incluso las controlan. Este proceso de concentración
se está dando de manera simultánea con otro de apertura a la
competencia de estos sectores en todo aquello que no constituya
monopolio natural. Reconocerán que se da una cierta paradoja, porque
por un lado se produce una mayor concentración en un sector de por sí
concentrado y, por otro, se abren a la competencia esos sectores. El
problema es relevante, es una cuestión de importante dimensión, por
cuanto estamos hablando...(Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento,
señor Fernández, discúlpeme.
Señorías, les ruego guarden silencio. Es imposible que el señor
Fernández pueda hacerse escuchar si SS.SS. mantienen conversaciones
en todos los escaños. Les ruego que abandonen el hemiciclo si no
pueden guardar silencio por el trabajo que tengan que desarrollar.
(Pausa.)
Continúe, señoría.
El señor FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Estamos hablando, señorías, de empresas vinculadas al suministro de
servicios públicos. Ya no se llaman servicios públicos, son servicios
de interés general, de carácter esencial, pero no me refiero al
concepto técnico- jurídico del servicio público, sino a la realidad
medular de ese servicio, que sigue existiendo porque se trata de
suministros con carácter universal y en condiciones de calidad y de
precio asequible a todo el mundo. Lo cierto es que esas empresas ya
no son ni petroleras, ni eléctricas, ni gasistas, sino
multienergéticas y son o van a ser seguramente, por las sinergias que
se producen entre estas materias, empresas multiservicio, de tal
manera que proporcionarán electricidad, gas, fuel, agua, teléfono,
televisión, etcétera. Es la hora de preguntarnos qué poder de mercado
o qué poder real es el que se está concentrando, qué riesgos, qué
peligros se derivan de eso, y, sobre todo, qué es lo que
deben hacer los poderes públicos, qué debe hacer el Estado para
evitar este riesgo.
Desde la óptica de los socialistas, lo que debe hacer el Estado no es
otra cosa que regular para la competencia, pero para la auténtica
competencia, como hacen los países que se han utilizado como modelos
para los procesos de liberalización de los sectores en España. Pero
aquí se ha hecho de una manera formal. Mientras se introducen otras
medidas por la experiencia que tienen o por la lógica, hay cosas que
son de cajón y que no se están haciendo aquí. Y las estructuras
oligopolísticas se autorregulan y autorrregulación más oligopolio no
puede dar otra solución más que perjuicio para los consumidores. Por
tanto, la obligación del Estado es conjurar ese peligro de tal manera
que se subordinen los intereses de los accionistas a los intereses de
los ciudadanos. Y lo que estamos haciendo es otra cosa, lo que
estamos haciendo es olvidarnos de que hay riesgo de poder de mercado,
y así no tenemos el problema de velar por su ejercicio.
Esto se ha visto en todos los sectores que han quedado teóricamente
liberalizados. Por ejemplo, en los hidrocarburos líquidos se eliminan
los precios máximos de las gasolinas, dejando inermes a los
ciudadanos ante una estructura oligopolística, porque de siete mil
puntos de suministro de gasolinas, seis mil están controlados por
tres empresas. Lo que había que hacer era promover la competencia,
una competencia a través de nuevos entrantes que tenían que acceder a
la compañía logística de hidrocarburos. Y acceden, porque hemos
permitido que negocien con la compañía logística. ¿Pero quién es la
compañía logística de hidrocarburos? Pues es el sector, son las tres
petroleras españolas más Shell, y está controlada por Repsol. Y el
sector va a hacer ahí lo que tiene que hacer. Y lo que tiene que
hacer es maximizar el beneficio de sus accionistas. Quien no está
haciendo lo que tiene que hacer es el Gobierno, que tendría que haber
velado por los intereses de los consumidores promoviendo esa
competencia y, por tanto, haciendo un acceso regulado, que es el
único que reviste esas características de neutralidad, de no
discriminación, de transparencia, que son necesarias en un caso como
éste.
Por tanto, señorías, la retórica de la competencia tiene muy poco que
ver con la realidad. Hay una retórica y hay una realidad y las dos
cosas son distintas. Y, si vamos al sector eléctrico, además de toda
esa retórica diaria, vacía, del ministro, que nos habla de los
beneficios de una competencia que no llega y que descalifica a los
socialistas diciendo que simplemente no entendemos lo que es el
concepto de coste de transición de la competencia, es muy sencillo.
Los costes de transición a la competencia, señorías, no son otra cosa
que una pérdida económica asociada a unos activos que corren el
riesgo de perder valor, de volverse ineficientes, en un entorno de
competencia. Es extraordinariamente sencillo. Lo que no es tan
sencillo de entender o lo que es realmente difícil de entender es por
qué esa devaluación, por qué esa pérdida de valor tienen
que cubrirla unos ciudadanos que no sean los accionistas de las
compañías. Por qué esas ayudas a estos sectores, cuando otros
sectores, también vinculados a servicios públicos, como es el caso de
las telecomunicaciones o de las compañías aeronáuticas, se abrieron a
la competencia sin recibir ayuda alguna.
Y quiero subrayar el término ayuda, porque desde el sector, desde el
propio Gobierno y desde el grupo parlamentario que le da apoyo, se
habla de derechos y no de ayuda. Yo ya he comentado, muchas veces por
cierto, que no cabe proyectar el marco legal estable hasta no se sabe
cuándo y derivar de ahí que había una serie de billones que tenían
que recibir las compañías. No era una póliza de seguros el marco
legal estable, ni mucho menos. Pero la verdad es que no he tenido
ningún éxito de convicción en ese terreno.
Les daré otro argumento. Vayamos a 1985, señorías, cuando las
empresas privadas -y reitero lo de privadas- eléctricas estaban en
una crítica situación financiera por las desafortunadas inversiones
en tecnología nuclear y por otra serie de cosas. Había una empresa
pública que no había hecho esas inversiones y que había tenido una
política de dividendos mucho más moderada, mucho más conservadora,
que estaba saneada. Parece imposible, pero es absolutamente cierto.
Pues lo que se puso en marcha fue una ayuda indirecta a través de esa
empresa pública, que tuvo que comprar activos de las empresas
privadas a un valor muy superior al valor real. Eso es una ayuda y
así está tipificado incluso en la normativa de la Unión Europea. Por
tanto, cuando se conforma el marco legal estable y los costes
reconocidos se hacen desde esos valores superiores a los reales, se
ve que todo el marco legal estable está imbuido de una filosofía de
la compensación y de la ayuda, porque realmente lo necesitaban las
empresas en aquel momento. Lo que resulta curioso es que cuando se
pone fin al marco legal estable, entre otras cosas porque no lo
necesitan las empresas, éstas reclaman una indemnización, y eso no es
motivo para el escándalo. No me extraña en absoluto. Lo que me
extraña y en cierta forma me escandaliza es que haya podido ser
atendido, que sean receptivos los poderes públicos a ese tipo de
planteamiento.
Señorías, no hay ningún argumento para poder decir que efectivamente
estamos hablando de un derecho indemnizatorio. Estamos hablando de
una ayuda y esas ayudas están contempladas perfectamente en la
transitoria sexta de la Ley 54/1997, y ahí deben quedar, sometidas a
la incertidumbre que se establece en la ley. También deben estar, y
están de hecho, en el marco del artículo 24 -o así se debe pronunciar
la Unión Europea- de la directiva sobre el mercado interior de la
electricidad. Y en lo que no estén ahí, en los artículos 92 y 93 del
Tratado. Si no es derecho y sí es ayuda, no cabe en ningún caso la
titulización de un billón de pesetas. No cabe ninguna titulización.
Ya sé que el ministro dice que esto no lleva la garantía del Estado.
Sí lleva la garantía del Estado. Lleva la garantía implícita del
Estado. Lo que no lleva es el aval del Estado.
Dice que no se sube la tarifa. Pero se afecta. No se sube, pero se
baja. Ya sabemos que en el lenguaje de consumado sofista del
ministro, parece que esas cosas son distintas, pero son exactamente
igual. No se puede bajar la tarifa porque se afecta, y si no se
podría bajar la tarifa. Además, estamos hablando de una titulización
que no va a favor de la competencia, sino que va en contra de esa
competencia que dicen que quieren promover.
Además, se están produciendo una serie de concentraciones, comentaba
antes, en este mercado, llamémosle mercado, aunque todavía no lo es
en absoluto, mercado energético, y el Gobierno no se pronuncia. Por
eso queremos, y en nuestra moción lo hemos planteado, que los órganos
que velan por la competencia de manera específica en este sector o en
el conjunto de los sectores tengan una implicación -proveniente ese
impulso desde el propio Estado-, para que nos digan cuáles son las
fórmulas regulatorias que deben evitar el ejercicio de poder de
mercado por parte de esas estructuras oligopolísticas.
Queremos que nos expliquen, señorías, qué pasa, por ejemplo, con el
acuerdo entre EDP e Iberdrola, o entre la misma Iberdrola y el Ente
Vasco de la Energía, y Repsol, y Amoco y la absorción de sus filiales
por parte de Endesa, o el acuerdo de Endesa y Gas Natural. Debemos
tener conocimiento de en qué consisten todas esas cosas y en qué
medida pueden afectar, pues con toda seguridad van a hacerlo, a la
marcha hacia la competencia en estos sectores.
Lo cierto es que existe poder de mercado y que la única fórmula para
anularlo es una regulación pública. Y poca esperanza podemos tener en
esa regulación pública si resulta que el propio Estado es un
instrumento de ese poder; si hay una relación simbiótica entre el
oligopolio privado y los poderes públicos; si, en definitiva, tenemos
dos opciones en dos extremos: por un lado, el monopolio público, en
el otro, la competencia de los muchos, y en medio hay una estructura
que es el oligopolio de los pocos. En ese estadio es en el que
estamos en este momento y, si no se regula adecuadamente, es el más
pernicioso de los tres.
Para contrarrestar esos riesgos, hemos presentado esta moción
consecuencia de la interpelación de hace quince días y creemos que
con ella se dan respuestas a algunas de estas incertidumbres.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor
Fernández, le ruego vaya concluyendo.
El señor FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: Termino inmediatamente, señor
presidente.
No puedo aceptar las enmiendas del Grupo Popular, porque simplemente
lo que intentan es devaluar y pasar una capa de pintura, sin entrar
en el fondo de la cuestión, y dejar las cosas como están.
Tampoco podemos asumir las enmiendas del Grupo de Convergència i
Unió, fundamentalmente porque creemos que, si hay que debatir en
profundidad todo lo
relacionado con estos problemas -y hay que hacerlo, porque estamos
hablando de un billón de pesetas y de más cosas, de unas estructuras
de poder y de su control-, debe pasar por esta Cámara. Y no puede
pasar con una enmienda en el Senado, hurtándose al debate de esta
Cámara, ni puede pasar con un decreto-ley. Estaríamos dispuestos a
aceptar esas enmiendas para que un proyecto de ley viniera a esta
Cámara y se debatiera con luz y taquígrafos hasta el final. Eso no ha
sido posible y por eso no podemos aceptarlas.
Aceptamos las enmiendas de Izquierda Unida y también la primera de
las enmiendas del señor Rodríguez, del Grupo Mixto.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Fernández.
Han sido presentadas enmiendas -el señor Fernández ha anticipado ya
la aceptación de algunas de ellas- por parte del Grupo Parlamentario
Mixto, Federal de Izquierda Unida, Popular y Catalán de Convergència
i Unió.
En primer lugar, para la presentación y defensa de las enmiendas del
Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez Sánchez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
El Bloque Nacionalista Galego comparte la intención de la moción
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista sobre política de
liberalización del sector eléctrico. Comparte, en concreto, que
debería acabar tratándose a los consumidores domésticos igual que a
los consumidores cualificados. Que no es lógica la titulización de
las grandes cantidades de dinero que se van a entregar por el
tránsito a la competencia, ya que contribuirían a un negocio a todas
luces desmesurado y fraudulento. Comparte también que sería
interesante comprobar hasta qué extremo la llamada liberalización
está siendo más positiva que controlar el mercado a través del
establecimiento de precios máximos en el caso del gasóleo. Por
supuesto, abogamos por la transparencia informativa sobre el sector,
por la necesidad de utilizar energías renovables y -cómo no- por la
necesidad de que los presidentes de las comisiones nacionales de la
energía y del sistema eléctrico comparezcan en el Congreso de los
Diputados, para que, cuando menos, los órganos reguladores puedan
estar controlados democráticamente, ser realmente neutrales y estar
al servicio de un sistema que pueda ser positivo para la mayoría de
la sociedad.
Por último, expresamos también la preocupación que se contiene en la
moción del Grupo Socialista en relación con la defensa de la
competencia. Es preocupante la alianza y la concentración que conduce
sin duda a oligopolios. Nuestras enmiendas de adición van destinadas
a complementar algunos elementos muy preocupantes y que el propio
señor Piqué reconoció en el debate de la semana pasada, cuando
afirmaba que
efectivamente, por ejemplo, en el caso de Galicia, la red de
distribución era de las peores del Estado, lo que contrastaba
paradójicamente con que fuera Galicia uno de los grandes productores
de energía eléctrica. Es importante, por tanto, que el Estado, el
Gobierno en particular, se preocupe de que todos los ciudadanos de
todos los territorios tengan un servicio aceptable y que la potencia
real coincida con la potencia que contratan. Hablábamos de las
dificultades a que se veían sometidos nuestros productores agrarios,
en concreto, de leche, cuando no podían mantener, debido a la baja
tensión, los tanques de conservación en frío, cuando pagaban
religiosamente, como otros ciudadanos del Estado español. O cómo no
se llevó a cabo lo que se prometía ya en el año 1986-1987, una
información del Gobierno clasificando los territorios del Estado en
cuanto a tensiones de suministración y, por tanto, en cuanto a
calidad del servicio.
A esta finalidad va destinada nuestra enmienda, que haría la número
11, que posibilitaría un conocimiento real de la situación del Estado
español en cuanto a calidad de servicio y grado de adecuación de la
oferta a las necesidades presentes. La segunda va en contra de la
prepotencia o de la injerencia excesiva de los oligopolios en cuanto
a imposibilitar una red de distribución de gas equilibrada en el
Estado. En concreto, tiene la intención la enmienda número 12 de que
el Gobierno anulase los impedimentos administrativos y sobre todo las
presiones políticas para que pudiese posibilitarse las instalaciones
de plantas de regasificación a todos los grupos empresariales que así
estuviesen dispuestos a hacerlo, en territorios que de no contar con
esta posibilidad, no es que se vean dificultados en su desarrollo
industrial, es que se pueden ver incluso gravemente reducidos en su
potencial energético. Por ejemplo, si, en el caso de Galicia, las
centrales térmicas actuales dejan de funcionar, nos veríamos con la
mitad de la producción en megavatios y, por tanto, con más
dificultades incluso para un desenvolvimiento industrial del país. En
todo caso, señorías, sería interesante que todos pensásemos o
repensásemos en lo paradójico que es que la liberalización traiga
mayor control político, mayores dificultades no estrictamente
competitivas para todos aquellos que queremos que efectivamente el
servicio pueda ser territorialmente equilibrado y beneficioso para la
inmensa mayoría.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
Para la presentación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, la moción consecuencia de interpelación que ha presentado
el Grupo Socialista viene a intentar incidir en algo que nosotros
como grupo parlamentario
denunciábamos cuando iniciamos en esta Cámara no solamente el debate
de la ley del sector eléctrico, sino los debates a través del
protocolo que el ministro de Industria había firmado con el sector
eléctrico.
En nuestras intervenciones hacíamos hincapié, primero, en que no
somos, como grupo parlamentario y como organización política,
partidarios de la liberalización y de la competencia de un sector tan
importante para la economía y el desarrollo de nuestro país como es
el sector eléctrico. Que sí que somos partidarios de la intervención
del Estado, de que hubiera seguido existiendo una empresa pública en
el sector eléctrico que hubiera podido incidir de manera directa en
los precios de la energía, Y que, además, tampoco éramos partidarios
porque considerábamos que, tal como se configuraba en lo que era en
principio el protocolo y después en la ley, no iba a existir una
competencia real, con independencia de que nosotros creyéramos o no
en el libre mercado o en la competencia. Decíamos en aquel momento
que se iba a convertir en un duopolio y ahora decimos en un
oligopolio; en un oligopolio porque, señorías, no estamos hablando
solamente de empresas energéticas o que se dedican exclusivamente al
sector eléctrico, sino que en estos momentos la participación de la
banca y de las empresas constructoras que están participando a través
de los bancos está produciendo un círculo cerrado que está llevando a
que diferentes intereses se defiendan con los mismos parámetros,
intereses que en principio tendrían que estar separados pero que
ahora están ya decididamente incluidos dentro del sector eléctrico.
Voy a explicar por qué estamos hablando de este tema. Ya hace muchos
años hubo problemas con los bancos industriales que tuvieron
demasiadas inversiones en sectores industriales y en concreto en el
sector eléctrico y a los que después hubo que ayudar desde el Estado
para que no tuviéramos problemas en un servicio público esencial como
es el energético. Habían hecho inversiones que en aquel momento
fueron rentables a corto plazo, pero ruinosas a medio y largo plazo.
Señorías, ahora estamos también ante una situación de estas
características. Las empresas eléctricas -y en principio se supone
que ya está liberalizado el sector, que ya son libres de hacer lo que
consideren oportuno, y además ha dejado de existir la planificación
por parte de la Administración del Estado en la instalación de nuevas
generaciones de energía eléctrica, simplemente será una planificación
indicativa-, en estos momentos ya participadas por la propia banca,
necesitan liberalizar una parte de sus activos, entre otras cosas
para poderse volver a endeudar con estos mismos bancos, que además
van a gestionar la titulización, y poder construir con esas empresas
que también están atravesadas por los mismos bancos, nuevas centrales
de generación eléctrica, cuando en nuestro país existe ya
sobrecapacidad de generación, con los riesgos que esto conlleva:
riesgos sociales, porque puede afectar a la minería del carbón, y
riesgos de involución en las inversiones para la implantación de
energías renovables.
Involución o paralización, vamos a ser un poco menos duros.
Pero, desde luego, señorías, esta es nuestra gran preocupación.
Además, en todo este debate no se incluyen absolutamente para nada
los riesgos medioambientales que conllevan determinadas generaciones
de energía eléctrica y desde luego las que posiblemente sean más
rentables a las compañías eléctricas, pero menos rentables para el
medio ambiente y mucho menos para la propia población.
Entrando en la moción que ha presentado el Grupo Socialista, con
nuestra posición crítica en cuanto a lo que son los consumidores
cualificados, lo que de verdad debía ser un punto a nuestro favor es
que si alguien tiene que ser consumidor cualificado deberían ser los
consumidores domésticos, que sumados, no individualmente, sino en su
conjunto, son los mayores consumidores de energía eléctrica. Por
tanto, no compartimos el criterio, pero sí estamos dispuestos a
apoyar una situación de estas características en la que se
reivindique, se exija que se vayan reduciendo los plazos, para que se
pueda alcanzar la condición de consumidor cualificado y la capacidad
de elegir de todos los consumidores incluidos los domésticos.
Señorías, estamos dispuestos a apoyar esta iniciativa, agradeciendo
además la aceptación de las enmiendas presentadas por nuestro grupo
parlamentario, pero creemos que es necesario que por parte del
portavoz del Grupo Socialista se nos haga una aclaración, para
mantener o no una de nuestras enmiendas. La redacción que se ha dado
al punto 4 de la moción, al menos a mi grupo parlamentario, conduce a
confusión; de ahí que hayamos presentado una enmienda en la que
planteamos además no incorporar en la tarifa otras compensaciones
distintas a los incentivos del consumo del carbón autónomo; creemos
que tampoco deben desaparecer otras compensaciones -que nosotros
consideramos que puede ser si no una compensación, sí algo que debe
figurar en el recibo-, como la destinada a pagar la moratoria
nuclear. Si el Grupo Parlamentario Socialista, a través de su
portavoz, nos explicara que estas compensaciones se refieren sólo y
exclusivamente a los costes de transición a la competencia, mi grupo
parlamentario estaría dispuesto a retirar esta enmienda.
La enmienda número 2, que lo es al punto número 8 de la moción, la
hemos planteado con la intención de considerar necesario que los
órganos de dirección representativos e independientes que se han
creado, tanto a través de la Ley de Hidrocarburos como de la ya
existente Comisión Nacional del Sistema Eléctrico, en concreto la
Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional
del Sistema Eléctrico o los órganos consultivos correspondientes de
la Comisión Nacional de la Energía, no estén sólo y exclusivamente
constituidos de la forma en que aparece en las referidas leyes, sino
que además exista una representación de los colectivos de defensa del
medio ambiente. El sector energético es uno de los sectores que
necesita, si cabe, más que otros de la presencia de las
organizacionesecologistas para que puedan intentar defender
el medio ambiente a través de la producción de la energía, haciendo
mayor hincapié en estos órganos, en estas comisiones que, en
principio, se supone que tienen características de neutralidad,
independencia y defensa de los intereses generales, para que puedan
incidir en una mejor gestión a la hora de la generación de energía
eléctrica y además sea una gestión respetuosa con el medio ambiente.
Señorías, no tardaremos mucho en discutir en esta Cámara cuáles han
sido las emisiones de CO y de gases de efecto invernadero que 2 se
producen a través de la generación de energía eléctrica. Por lo
tanto, señorías, creemos que es importante y agradecemos al Grupo
Parlamentario Socialista que la haya aceptado.
Señorías, estamos en una etapa en la que desde las posiciones de
defensa a ultranza del libre mercado, de la competitividad como un
objetivo a alcanzar y con la defensa de esta competitividad, hablando
de la mejora de las condiciones de la población, se quiere también
conculcar el derecho que tenemos los representantes de la Cámara a
debatir de manera clara aspectos que pueden incidir de manera
negativa en la mayoría de la población. Se quiere conculcar el
derecho que tiene esta Cámara a debatir en un proyecto de ley la
titulización de los costes de transición a la competencia. Estamos
hablando, como decía en la fijación de posición de mi grupo
parlamentario la semana pasada, de regalar a las compañías eléctricas
un billón de pesetas, que no se regala a nadie, y mucho menos a los
trabajadores y a las trabajadoras a la hora de poder formarse y de
tener un puesto de trabajo digno y seguro. Por consiguiente,
señorías, estamos hablando de empresas que tienen beneficios. Y si
hay alguien capaz de calcular hoy cuáles son los costes de transición
a la competencia, con todas las variables que hay que contemplar, le
tendríamos que dar un premio Nobel.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Urán, le
ruego que concluya.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Señor presidente, acabo.
Le tendríamos que dar un premio Nobel porque haría de adivino, porque
sería capaz de conseguir adivinar qué es lo que van a suponer dentro
de tres años los costes de transición a la competencia, que podrán
ser diferentes a lo que puedan costar hoy en día. Es, sencillamente,
ceder a las presiones de un sector que funciona como lobby y que
tiene el beneplácito más absoluto de este Gobierno, en contra de los
intereses generales.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Urán.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, para la presentación y
defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el señor Medina.
El señor MEDINA TOLEDO: Gracias, señor presidente.
Señorías, en aras de la brevedad que me solicitan de forma entusiasta
tanto los parlamentarios de mi grupo como los parlamentarios de la
oposición, diré para tranquilidad de SS.SS. que desisto de cualquier
argumentación de naturaleza técnica, de naturaleza jurídica y de
naturaleza económica porque, señor Fernández, yo hago mías las
palabras del señor ministro cuando dice: ante la evidencia niega. Y
eso es lo que ustedes hacen tradicionalmente en esta materia que nos
ocupa. Yo tengo un gran respeto por sus argumentos, creo que son
lógicos, pero procuraré brevemente demostrar en términos políticos
que su moción contiene profundas contradicciones.
En los procesos de liberalización de los sectores energéticos, tanto
el eléctrico como el de hidrocarburos, siempre ha sido la voluntad
del Gobierno y la voluntad del grupo parlamentario consensuar al
máximo posible -usted ha sido testigo en los trámites de la leyes-
con los grupos parlamentarios, con los sectores económicos y con los
sectores sociales. Pues bien, es esa voluntad la que ha llevado al
Gobierno a dar los últimos pasos en materia de liberalización de los
sectores y a hacer realmente lo que ha hecho. No hay oscuros, todo es
transparente, todo es claro, pero cada cosa tiene que hacerse a su
tiempo, con su plazo y de la forma adecuada. Por eso -y en esa
voluntad de consenso estamos-, nosotros estamos en disposición -y ese
es el motivo de la enmienda que defendemos y creo que es también la
intención del Grupo de Convergència i Unió- de intentar buscar ese
punto de consenso para que temas tan importantes salgan con la mayor
fuerza posible; eso sí, nosotros creemos que la formulación de su
enmienda -y ustedes nos podrán convencer de lo contrario- es
maximalista. Los maximalismos casi siempre no están en la intención
del consenso, sino en la intención de poner en evidencia una política
de confrontación o de choque. No es esa nuestra voluntad y por eso, a
pesar de que en un turno acelerado, de expresión de su voluntad
respecto de las enmiendas del resto de los grupos, ya prácticamente
la ha dado por descartada, yo le exhorto a que reflexione y a que
intente ver lo que de positivo hay en las proposiciones tanto de
nuestro grupo como de CiU.
Señor Fernández, hay que dejar claro que nosotros todavía no estamos
en un proceso de liberalización y de competencia plena. Nosotros
estamos en un proceso de tránsito y ese proceso de tránsito se tiene
que hacer con cuidado, con esmero y sin producir grandes
desequilibrios, porque realmente lo que nos estamos jugando es
importante: hay que defender el mercado, hay que garantizar que los
nuevos operadores tengan posibilidad de entrar en un marco de
competencia, pero también hay que garantizar equilibrios energéticos,
hay que garantizar derechos adquiridos. Señor Fernández, le insisto.
Yo no sé si el señor Griñán que había sido ministro está muy al tanto
de esto, pero no es una ayuda, no es un regalo, está en una ley. Era
el derecho de unas empresas que ustedes reconocieron a
recuperar una serie de inversiones en centrales. Nosotros en este
momento estamos plasmando en una ley la recuperación de una menor
cantidad, porque lo hicieron tan confuso -como suelen ustedes hacer
las cosas- que era imposible reconocer cuáles eran las verdaderas
inversiones. Se habían inventado una especie de costes reconocidos
que nadie sabía exactamente qué eran. Pues muy bien, como estamos en
términos políticos y no en términos técnicos, le pondré solamente una
muestra de la incoherencia. Esto justificaría el por qué se enfadaron
ustedes de tal forma con don Amadeo Petitbo cuando vino aquí a
instancias de ustedes a explicar cuál era su posición respecto de los
CTC.
El apartado 8 de su moción consecuencia de interpelación insta a
reforzar el papel independiente de los reguladores en función de unos
principios de neutralidad e independencia y dicen ustedes que para
eso lo mejor es que dependa del Parlamento, que venga al Congreso a
darnos cuenta. Y cuando llegamos al apartado 10 de su moción dicen
que instan al Gobierno a que instruya -textualmente- a los órganos
responsables de velar por la competencia sobre lo que tiene que
hacer. Mire usted, los órganos que velan por la competencia saben muy
bien lo que tienen que hacer, ¿o es que su Gobierno anterior los
instruían en lo que tenían que decir? ¿O ustedes aspiran a que les
instruyan en el futuro cuando inevitablemente nos releven -y espero
que bastante tarde- en las labores de gobierno al Partido Popular? Yo
creo que es sólo una pequeña muestra de que hay grandes
contradicciones, grandes incongruencias; yo creo -no lo tome usted
como una ofensa- que el afán liberalizador del PSOE cuando ha salido
del Gobierno es realmente enternecedor, porque ustedes tuvieron todo
el tiempo del mundo para liberalizar los sectores energéticos y no
liberalizaron ninguno; es más crearon el famoso sistema independiente
o sistema que nunca existió y lo que funcionaba era el marco legal y
estable, que tenía un dogal puesto encima de las empresas para hacer
fundamentalmente lo que ustedes querían.
Si realmente el Grupo Parlamentario Socialista tiene voluntad y su
invitación al consenso y al acuerdo no es una figura retórica, lo
tienen fácil: las mociones de CiU y del Grupo Parlamentario Popular
son fácilmente fundibles y simplemente tendríamos que hacer decaer la
posición número 2 de nuestra moción y sustituirla por la número 3 de
CiU, que es más restrictiva, pero tampoco hay problema, porque otra
cosa que caracteriza a este Gobierno, en contra de lo que ocurría con
los gobiernos anteriores, es que el desarrollo reglamentario de las
leyes que este Gobierno ha realizado en este corto espacio de tiempo
se ha hecho a una velocidad casi sideral. Ustedes estuvieron
muchísimos años sin desarrollar la Losen, no sé qué prisa les ha
entrado para hacerlo todo en tres meses. No se preocupen, que yo me
fío muchísimo de la palabra de don José María Aznar y en tres meses
no se producirá ningún cambio sustancial que les haga correr para
resolver estos temas.
Termino enseguida mi intervención, porque la luz todavía está en
verde, pero al Grupo Parlamentario Popular le gusta hacer honor a sus
compromisos y nosotros adoptamos el compromiso de ser breves en la
terminación de esta cuestión. Al final, todo esto acaba en una
cuestión política; todas las cuestiones que se discuten en esta
Cámara acaban en una cuestión política y es una cuestión de
credibilidad y si algo tiene el Gobierno del Partido Popular es
credibilidad y le voy a decir por qué: porque sabe ajustar los
resultados que se producen a posteriori a las previsiones que hace a
priori, y la historia de esta legislatura es la historia del
cumplimiento de una serie de cuestiones y de promesas que, con una
cierta incredulidad, el Partido Socialista nunca admite; ayer fue la
estabilidad y revalorización de las pensiones, la financiación de la
sanidad, la fiscalidad de las pymes, el logro de la convergencia
europea, la reducción del déficit público sin alterar la protección
social, la reducción del paro y suma y sigue lo que ustedes quieran.
Y mañana va a ser la reducción de impuestos a todos los españoles sin
alterar los equilibrios financieros del Estado, eso lo verán, y verán
también, y esto es lo que nos ocupa, la liberalización total y
efectiva de los sectores. Lo verán ustedes y será bueno para la
economía, para los consumidores y, en el fondo, para el sistema, sin
desequilibrar a las empresas y sin arruinar a las empresas eléctricas
por ideas preconcebidas que responden más a criterios ideológicos que
a razones económicas y de sensatez. La senda está clara: mientras que
en las tarifas anteriores los gobiernos anteriores no hicieron más
que subir permanentemente las tarifas, ahora las tarifas no han
cesado de bajar.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Medina,
le ruego concluya.
El señor MEDINA TOLEDO: Termino inmediatamente, señor presidente.
Con este Gobierno las tarifas no han dejado de descender. El número
de clientes cualificados pronto llegará a 8.000 y vamos a poder
beneficiarnos de una liberalización como jamás se había soñado en
este país a corto plazo y todo eso en escasamente dos años y poco
tiempo más. Y también sus previsiones agoreras en materia de
liberalización, las previsiones de la oposición, fundamentalmente las
socialistas, se van a disolver como un azucarillo, como ha ocurrido
con todas sus previsiones anteriores; sus previsiones se van a
sumergir en el olvido y en la tradicional amnesia política y nos
vendrán a contar otra historia nueva, que seguirá exactamente la
misma senda.
Señor Fernández, si tiene usted un minuto terminaré mi intervención
instándole, como hice al principio, a que reconsidere su posición e
intente venir a este consenso que le ofrecemos junto con el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Medina.
Para la presentación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor presidente, intervengo muy
brevemente en atención a la hora del debate de esta noche para fijar
la posición de mi grupo en relación con la enmienda que hemos
planteado. Creo que no procede extenderme ahora en los argumentos de
la misma enmienda, toda vez que se ha anunciado ya por el Grupo
Parlamentario Socialista que no acepta la propuesta de moción que
hemos planteado. Hubiéramos deseado que en torno a la misma se
hubiera configurado un consenso, a ser posible juntando también
algunas propuestas que contiene la enmienda del Grupo Parlamentario
Popular, pero no se ha aceptado por el Grupo Parlamentario
Socialista, y por consiguiente no quiero, señorías, dedicar más
tiempo a la justificación de algo que no va a proceder someter a
votación.
Quiero fijar muy brevemente, señor presidente, la posición de mi
grupo. Mi grupo sin duda se sorprendió cuando tuvo conocimiento del
anuncio del preacuerdo del Gobierno con el sector eléctrico acerca de
las medidas para acelerar la liberalización del sector energético.
Sin duda nos sorprendió, toda vez que el marco general hoy existente
salía de la Ley eléctrica y que se configuró por una amplia mayoría
en esta Cámara y, si no recuerdo mal, tuvo también un sustantivo
apoyo incluso por parte de los grupos parlamentarios de la oposición.
El planteamiento de la aceleración de la liberalización y de la
titulización era un cambio del marco general del sector energético, y
este cambio venía sin duda a alterar el marco que la ley había
establecido. Por lo tanto, nuestro grupo se ha predispuesto desde
entonces hasta la fecha a abrir un diálogo con el Gobierno para
intentar alcanzar el máximo acuerdo posible en torno a una
modificación de la Ley eléctrica. Estamos en este proceso de diálogo
con el Gobierno para poder alcanzar un amplio consenso en torno a
estas posibles medidas que mi grupo en principio no se opone a
estudiar, como no se opone a analizar propuestas que permitan
acelerar la liberalización y competencia mediante aceleración del
calendario de elegibilidad de los clientes y una reducción importante
de las tarifas de acceso a la red, así como de la garantía de
potencia a pagar por parte de los clientes cualificados. Por tanto
estamos abiertos a estudiar estas medidas y a estudiar también el
mecanismo de la titulización, que no rechazamos en sí mismo. Es más,
señorías, en los próximos años va a haber muchas decisiones en esa
misma dirección: titulizar compromisos, titulizar obligaciones va a
ser una de las líneas por donde se van a desarrollar buena parte de
las actuaciones económicas en muchos sectores. Ahora bien, sin
riesgos y con las máximas garantías, y estos son quizás los dos
elementos claves. Aceptamos el mecanismo de la titulización, pero sin
riesgos, riesgos
que no deben extenderse a los operadores del mercado, con los
mínimos riesgos para los operadores del mercado y, sin duda, sin
riesgos para los consumidores finales.
Estamos de acuerdo en analizar, pues, estas propuestas, siempre y
cuando el coste global de la titulización, el coste a retribuir de
los costes de transición a la competencia se ajusten a la realidad.
Por lo tanto, estamos abiertos a que esta medida se centre en
reconocer los costes reales, y si ello no es posible o tiene márgenes
de alteración creemos que hay que establecer las suficientes medidas
de garantía o las cláusulas de reversión o de garantía suficientes
como para que si en el desarrollo de la aplicación de la Ley
eléctrica se pone de manifiesto que los costes de transición son más
bajos de los estimados, tengamos las garantías correspondientes para
poder compensar al consumidor final para que no soporte un coste
excesivo en este proceso.
Por lo tanto, señorías -y termino, señor presidente-, nuestro grupo
está abierto al diálogo sobre estos procesos y a estas medidas que
pueden conllevar una mejora del proceso de competencia y, en
definitiva, una garantía de la bajada de los costes y de los precios
de la energía. Por consiguiente, estamos abiertos a analizar estas
propuestas siempre y cuando se cumplan, señorías, las exigencias de
que no existan riesgos, de cláusulas de garantía suficientes y, si me
lo permiten, un total y absoluto desarrollo de la Ley eléctrica.
Exigimos que a la entrada en vigor de estas posibles medidas entre
también en vigor el decreto de régimen especial que permite apoyar de
forma más decidida lo que puede ser una más eficiente propuesta
energética para fomentar las energías renovables o dar un más
adecuado tratamiento a las plantas de tratamiento de residuos.
O también que salga el mismo día la publicación del decreto de
retribución de la distribución. Creemos que ambas exigencias
permitirían cerrar el desarrollo de la Ley eléctrica, darían más
garantías al proceso y, acompañado con un ajustado marco de
valoración económica y con las cláusulas de reversión y de garantía
suficientes, podríamos dar un paso en beneficio del consumidor final
y avanzar en la necesaria mejora del marco de la competencia en este
sector.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Homs.
Señor Fernández, ruego a S.S. que concrete en detalle en qué términos
plantea S.S. la aceptación de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Mixto y del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida a las que
ha hecho alusión.
El señor FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.
En relación a la enmienda del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, relativa a la moratoria nuclear, no tiene cabida por
cuanto en nuestro punto 4hablamos exclusivamente de costes de
transición a la
competencia. Ahí no se puede hablar de moratoria nuclear porque forma
parte de otro concepto.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): ¿Y con respecto
al Grupo Parlamentario Mixto?
El señor FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: Por lo que hace al Grupo Parlamentario
Mixto, aceptaríamos la primer enmienda completa de las dos enmiendas
que plantea dicho grupo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): ¿Está de
acuerdo la señora Urán?
La señora URÁN GONZÁLEZ: Sí, señor presidente, ya he dicho en mi
intervención que si se producía la aclaración, como así ha sido, la
primera enmienda que mi grupo ha presentado sería retirada.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Urán.
Vamos a proceder a la votación. (Pausa.)
Votación correspondiente a la moción consecuencia de interpelación
urgente del Grupo Parlamentario Socialista sobre política de
liberalización del sector energético.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
262; a favor, 118; en contra, 143;
abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda rechazada
la moción.
El Pleno se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las diez y treinta minutos de la noche.