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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 197, de 19/11/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 1998 VI Legislatura Núm. 197
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 191
celebrada el jueves, 19 de noviembre de 1998
ORDEN DEL DÍA:
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.
- Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social «BOCG Congreso de los Diputados» serie A, número 142-1, de 9
de octubre de 1998 (número de expediente 121/000142) . . .
(Página 10571)
S U M A R I O
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
Título I . . . (Página 10571)
El señor Chiquillo Barber, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende la
enmienda número 5 relativa al
impuesto del IVA en el sector agrario español, proponiendo que la
compensación que actualmente se realiza sobre los precios de venta de
los productos agrícolas, ganaderos o del mar obtenidos por los
titulares de las explotaciones se eleve hasta el 7 por ciento.
El señor Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario
Mixto, critica que la ley de acompañamiento que ahora discuten se
haya transformado en una vía para la introducción de normas
o disposiciones legales que, por su importancia, en algunos casos
merecerían un debate específico. A continuación expone el contenido
de las enmiendas números 12 y 13 que mantienen para su votación.
El señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto, retira la
enmienda número 330 y reseña el contenido de las números 331 a 333,
relativas al impuesto del IVA.
El señor Zabalía Lezamiz, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV), retira la enmienda número 1 que mantenían a este título I.
El señor Homs i Ferret, en representación del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), defiende la enmienda número 358, cuya
finalidad es clarificar el actual marco legal de la Ley de Sociedades
en cuanto a la definición de rama de actividad, término que en la
legislación hoy vigente está expresado con carácter general
prestándose a interpretaciones diversas e inseguridad jurídica. De
ahí que pretendan una definición más precisa para evitar malos
entendidos.
El señor Ríos Martínez defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda. Comienza criticando el contenido de esta ley, a
la que califica de acomodamiento legal a la voluntad del Gobierno, al
aprovecharla para introducir una serie de modificaciones sobre los
diversos impuestos, en el presente caso con excepción del IRPF, al
acabar de aprobarse su nueva normativa. El Grupo de Izquierda Unida
pretende que se reduzca el trato de ventaja que se concede en algunos
impuestos como el de sociedades, al que considera el más ventajoso de
Europa y respecto del que estamos lejos de la homologación. Para
caminar hacia ésta proponen un aumento del 40 por ciento en el tipo
de dicho impuesto, lo que a su juicio no incidirá negativamente en la
capacidad productiva, ya que otros países más desarrollados tienen
tipos aún mayores. A las disposiciones adicionales defiende las
enmiendas 255 y 257 proponiendo nuevas figuras fiscales, tanto en
favor de la Administración central como de los municipios, y con
cargo a sectores que económicamente tienen una mayor capacidad.
Finalmente alude a la enmienda 265 que tiene relación con la Agencia
Tributaria, cuya actuación considera claramente mejorable,
proponiendo un estatuto orgánico donde se desarrollen claramente las
funciones, competencias y actuación de la Agencia.
En nombre del Grupo Socialista la señora Mendizábal Gorostiaga
manifiesta que a través de esta ley de acompañamiento se producen
unas modificaciones de la legislación vigente que considera excesivas
y sobre todo desordenadas al modificar el presente año nada menos que
50 normas de rango legal, creando
una gran inseguridad jurídica. Para evitar esa inseguridad, con unas
modificaciones legales realizadas de forma precipitada, desvirtuando
la función parlamentaria, presentan la enmienda de totalidad.
Concluye haciendo referencia concreta a varias de las enmiendas
presentadas por el Grupo Socialista a este título del proyecto de
ley.
Completa el turno en defensa de las enmiendas del Grupo Socialista la
señora Pozuelo Meño, refiriéndose a las modificaciones que se
pretenden introducir en la Ley de Haciendas Locales. Expone que se
trata de aprobar un nuevo sistema de financiación para las
corporaciones locales con vigencia para el quinquenio 1999-2003,
presentándolo como el resultado de un gran acuerdo con dichas
corporaciones a través de la Federación Española de Municipios y
Provincias. Rechaza la existencia de ese acuerdo o pacto local al no
haberse abierto siquiera negociaciones sobre el conjunto de reformas
reclamadas por las corporaciones locales ni ser capaz el Gobierno de
presentar a la Cámara un sistema de financiación consensuada con las
demás fuerzas políticas, actuando además en los debates en Comisión
sin el menor ánimo de llegar a acuerdos, forzando la incorporación
del conjunto de enmiendas presentadas por el Grupo Popular, algunas
de las cuales considera totalmente improcedentes. Termina afirmando
que el nuevo sistema de financiación que se quiere imponer es
absolutamente insuficiente y no da satisfacción a las más básicas
aspiraciones de los entes locales.
En turno en contra de las enmiendas al título I interviene el señor
Martínez-Pujalte López, en representación del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso. Frente a lo dicho esta mañana por algunos
enmendantes, entiende que las modificaciones propuestas a la Cámara
no suponen una gran novedad ya que en general hacen referencia a la
necesidad de actualizaciones normativas de tasas de muy poca
importancia. El Grupo Socialista periódicamente viene pidiendo que no
se bajen los impuestos, pero el Grupo Popular está decidido a aprobar
definitivamente una reforma histórica, un marco tributario mucho más
justo y eficiente que va a beneficiar fundamentalmente a los
asalariados y ciudadanos de rentas medias y bajas, ayudando en gran
medida a la creación de puestos de trabajo y a incentivar la
inversión y el crecimiento económico.
Respecto a las enmiendas presentadas a este título reconoce la
imposibilidad de referirse a todas ellas, lo que además considera
innecesario después del debate profundo habido en Comisión sobre cada
una de las mismas. Simplemente dejar constancia, frente a las
manifestaciones de la señora Pozuelo, de que las modificaciones que
se proponen de los impuestos
locales son ciertamente importantes -y han contado con el respaldo de
la Federación Española de Municipios y Provincias donde había
representantes del Partido Socialista- y van a mejorar las
posibilidades de financiación de esos entes con una mayor
participación en los ingresos del Estado. Respecto a la Agencia
Tributaria presenta una enmienda transaccional a la formulada por el
Grupo de Izquierda Unida resaltando en todo caso el buen
funcionamiento de la Agencia y haciendo un llamamiento a la
responsabilidad de los grupos políticos.
Título II . . . (Página 10579)
La señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto,
defiende la enmienda 383 al título II que, al igual que otra enmienda
que tiene presentada a otro título, trata de suprimir el artículo 23
sobre infracciones y sanciones en el orden social. No considera
razonable que este tipo de cuestiones se regulen en esta ley, puesto
que requerirían otro tipo de regulación y tramitación parlamentaria
acorde con lo que se pretende legislar. Tampoco está de acuerdo con
el contenido, en el sentido de que en algunos casos ratifica lo que
se denomina el principio de unidad de caja.
El señor Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario
Mixto, anuncia en primer lugar la retirada de su enmienda 409 y pasa
a defender las enmiendas 387, 389, 390, 391,393 y 394, dando por
retiradas el resto.
El señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende la
enmienda 338, que es una propuesta de modificación del artículo 96
del Estatuto de los Trabajadores, y las enmiendas 334, 335 y 337, que
son de supresión, por entender que no es esta ley el lugar de hacer
modificaciones que van a producir inseguridad jurídica a los
trabajadores.
La señora Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV),
da por defendidas las enmiendas iniciales al título II y pasa a
referirse a las enmiendas 26, 27, 28 y 29, relativas a los artículos
23, 24, 25 y 26, por entender que se aprovecha el contenido de estos
artículos para introducir disposiciones que contienen el ejercicio de
la potestad sancionadora en determinadas materias.
La señora Gil i Miró, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), da por defendidas las enmiendas de su grupo.
El señor Vaquero del Pozo defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida
números 165 y 166, que tratan de la obligación de suministrar datos
sobre el destino dado a las subvenciones y bonificaciones obtenidas
en los términos y condiciones que establezca el Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales, así como otros exigidos por la normativa de la
Seguridad Social, y las números 175, 176, 178, 179, 182, 183, 184,
185 y 186, exponiendo esquemáticamente el contenido de las mismas.
En nombre del Grupo Socialista interviene para la defensa de sus
enmiendas el señor Cercas Alonso. Reitera una vez más que se usa y
abusa de esta ley de acompañamiento de medidas fiscales,
administrativas y del orden social para burlar la potestad
legislativa de la Cámara, y hace una protesta formal para que conste
en el Diario de Sesiones. A continuación pasa a defender la enmienda
49, que hacer referencia al artículo 16 de la ley, dando por
defendidas el resto de las presentadas. Termina su intervención
recomendando al Grupo Popular que puesto que está en vigor un acuerdo
político entre los grupos de la Cámara, que es el Pacto de Toledo,
hagan honor a los compromisos que asumieron y no rompan
unilateralmente un acuerdo que les obliga a consensuar, discutir y
dialogar reformas del calibre de las que hoy traen a la Cámara.
En nombre del Grupo Popular el señor Hernando Fraile fija la posición
de su grupo en relación con las enmiendas presentadas y defiende el
título II. Se remite al trámite en Comisión donde tuvo tiempo de
contestar a todas y cada una de las enmiendas de los grupos
parlamentarios, limitándose en esta ocasión a exponer las líneas de
actuación que se han presentado en este título II. En relación con
las críticas vertidas sobre la ley de acompañamiento, afirma que su
utilización no es algo nuevo, puesto que se vienen incorporando
determinadas modificaciones a lo largo de la historia y las reformas
que se han introducido este año en este título II es muy inferior a
las introducidas en otras ocasiones. A continuación pasa a defender
el contenido del título II y el voto particular para reincorporar al
texto el artículo 21, que fue eliminado en el trámite de Comisión.
Título III . . . (Página 10586)
La señora Uría Echevarría, el nombre del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV), defiende la enmienda número 30 al artículo 27, en el que
se contiene un precepto relativo al reclutamiento del personal al
servicio de la Administración pública donde, a su juicio, no se
respetan adecuadamente los principios de publicidad, mérito y
capacidad, por lo que propone su supresión.
El señor Vaquero del Pozo defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida números 187 a 190,
exponiendo esquemáticamente el contenido de cada una de ellas.
El señor Rodríguez Zapatero defiende las dos enmiendas del Grupo
Socialista a este título III, la primera de adición al artículo 28, y
la segunda postulando la incorporación de un nuevo artículo 29 bis.
En turno en contra interviene la señora Fernández González, en nombre
del Grupo Parlamentario Popular fijando la posición concreta de su
grupo en relación con cada una de las enmiendas mantenidas a este
título.
Título IV . . . (Página 10589)
El señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las
dos enmiendas que mantiene a este título. Por la primera pide la
supresión del artículo 34 por proponer una modificación de la Ley
General Presupuestaria que, en su caso, debería tramitarse mediante
un proyecto de ley independiente. La segunda enmienda es también de
supresión, en este caso del artículo 55, relativo a la modificación
de la Gerencia de Infraestructuras de la Defensa, al estar
tramitándose en la Cámara una proposición del Grupo Popular sobre el
mismo asunto.
El señor Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario
Mixto, defiende la enmienda número 399, pidiendo la supresión del
artículo 41 que pretende quitar obstáculos a la posible privatización
de las empresas Bazán y Santa Bárbara; la número 400, por la que
propone la adición de un apartado al artículo 43, inhabilitando para
contratar con la Administración a los contratistas que no paguen a
los subcontratistas y suministradores los precios pactados y,
finalmente la 401, por la que propone la modificación de la actual
estructura de la red de ventas de loterías y juegos del Estado.
La señora Uría Echevarría, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV), defiende la enmienda 32 al artículo 54 en relación con la
adaptación del organismo nacional de loterías y apuestas del Estado
a la Lofage.
El señor Ríos Martínez, en nombre de Izquierda Unida, expone el
contenido de alguna de las 22 enmiendas formuladas a este título,
preguntando si no hubiera sido mejor traer un proyecto de ley de
regulación de todo lo que se quiere introducir a través de esta ley
de acompañamiento de una forma que les impide prácticamente cualquier
discusión. Piensa que este título IV de la ley sobra, puesto que
supone una aberración legal que genera inseguridad jurídica.
El señor Gimeno Marín, en nombre del Grupo Socialista, expone que el
anterior enmendante ha realizado unas manifestaciones claras sobre la
valoración que desde el punto de vista jurídico les merece esta ley
de acompañamiento, y más en concreto su título IV, que comienza por
plantear una serie de problemas de seguridad jurídica que esta Cámara
debería considerar y el Gobierno también. Tiene incluso dudas sobre
la constitucionalidad de una norma que introduce más de 25
modificaciones en la Ley General Presupuestaria, con una vulneración
clara del principio de seguridad jurídica y de dudosa
constitucionalidad como antes decía. Alude con alguna amplitud a las
modificaciones que se pretenden de la ley mencionada, renunciando por
falta de tiempo a tratar sobre cada una de las enmiendas.
Completa el turno en nombre del Grupo Socialista el señor Rodríguez
Zapatero, afirmando que se encuentran ante la elaboración de una ley
donde este año se superan con creces todas las previsiones,
incongruencias y fallos denunciados en múltiples ocasiones sobre el
alcance y contenido de esta norma legal. Precisamente en este título
IV el despropósito adquiere a su juicio caracteres que califica de
descomunales. A través de esta ley se vuelve a poner patas arriba el
modelo de administración institucional con modificaciones que rayan
en la locura.
Para turno en contra de las enmiendas interviene el señor Cámara
Rodríguez-Valenzuela, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sobre la crítica hecha por todos los grupos parlamentarios en
relación con la inconveniencia de traer leyes de acompañamiento,
recuerda a la Cámara que esta ley que hoy viene acompañando al
proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1999 es
precisamente la que menos modificaciones legales recoge y se remite
al informe del Consejo de Estado sobre el particular. Se retrotrae al
año 1992 para recordar así mismo una sentencia del Tribunal
Constitucional sobre las leyes de presupuestos del Partido Socialista
declarando algunas de ellas inconstitucionales, cosa que todavía no
ha sucedido con ninguna de las leyes del Partido Popular. Pasando al
título IV, comprende que el enunciado puede inducir a cierta
confusión, porque trata de normas de gestión patrimonial y
organización, y ahí pueden caber muchas cosas, pero ese fue el
objetivo del Grupo Socialista cuando crearon la ley de
acompañamiento. A continuación pasa exponer y analizar los dos
núcleos fundamentales en los que pivotan las modificaciones del
título IV. Destaca en especial las modificaciones de la Ley General
Presupuestaria sobre las que los grupos Socialista e Izquierda Unida
han hecho unas manifestaciones intentando desbaratar
que éstas se planteen en esta ley de acompañamiento. A este respecto,
manifiesta la satisfacción de su grupo de que, por fin, se haya
recogido por un Gobierno una moción del Tribunal de Cuentas en la ley
de acompañamiento, que lo que hace es modificar la Ley General
Presupuestaria en los términos que solicitaba el Tribunal de Cuentas
en las mociones relacionadas con las sociedades públicas y entidades
de carácter estatal. En relación con las enmiendas presentadas a este
título por el Grupo Socialista, casi todas de carácter gramatical o
semánticas, opina que será en el debate de la Ley General
Presupuestaria cuando se pueda llegar a acuerdos, para la que ofrece
la máxima colaboración de su grupo.
Título V . . . (Página 10597)
El señor Chiquillo Barber, del Grupo Parlamentario Mixto, anuncia la
retirada en este acto de la enmienda número 6 y pasa a defender las
números 7 y 8 que se refieren a la acción administrativa en materia
de agricultura y cuestiones medioambientales.
El señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto, se limita a
defender tres de las enmiendas presentadas a este título: la 341 al
artículo 70, que se refiere al precio de venta de libros de texto; la
342, de supresión del artículo 74; y la 343 que hace referencia a los
artículos 75 y 76 sobre infracciones de productores y compradores de
leche y productos lácteos y sanciones aplicables.
La señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto,
defiende la enmienda 381, que hace referencia a los artículos 75 y 76
sobre infracciones de productores y compradores de leche, y la 384
que pretende posibilitar la funcionarización del personal docente que
accedió a la red pública con una relación laboral indefinida en
virtud de los procesos de confluencias de ikastolas y publificación
de centros privados.
El señor Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario
Mixto, defiende las tres enmiendas del Bloque Nacionalista Galego al
título V. La enmienda 402 hacer referencia al precio de los libros de
texto; las enmiendas 403 y 404 proponen la supresión de los artículos
75 y 76, donde se establecen las infracciones y las sanciones a
aplicar a productores y compradores de leche.
El señor Gómez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria, defiende las dos enmiendas que permanecen vivas de su grupo:
la 410 al artículo 78, destinado a temas agrícolas, y la 411, de
supresión, por entender que puede ser una puerta abierta
a posibles litigios dentro de la autonomía cuando por parte del
Gobierno de Canarias no se acceda a la petición de acudir a la
Intervención General de la Administración del Estado. A continuación
pasa a fijar la postura de su grupo en relación con las enmiendas
presentadas por los otros grupos parlamentarios. Asimismo se refiere
a la preocupante situación funcionarial en que se encuentra la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
El señor González de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV), mantiene seis enmiendas a este título V: dos hacen
referencia a la financiación del segundo ciclo de educación infantil;
otras dos se refieren a la potestad sancionadora administrativa, y
las dos últimas son relativas al artículo 78 sobre declaración de
interés general de determinadas obras hidráulicas y de regadío.
El señor Homs y Ferret, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), defiende brevemente la enmienda 379, que plantea una
modificación de la Ley de televisiones privadas, y la 364, que
pretende modificar la disposición adicional 15 de la Ley de seguros
privados.
El señor Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, en relación con las enmiendas presentadas a la rúbrica de
«acción administrativa» da por reproducidos y aumentados los
argumentos que expuso en el título IV, porque esta acción
administrativa esconde toda una serie de modificaciones que afectan,
entre otras, a la Ley General de Telecomunicaciones, a la Ley de
Televisión Privada, a las obras de regadío de interés general,
etcétera. Defiende las enmiendas 213, 214, 215 y 216, dirigidas todas
ellas a la acción administrativa.
El señor Caldera Sánchez-Capitán, del Grupo Socialista, defiende las
enmiendas de supresión de los artículos 72, 73 y 74. La número 98,
que se refiere al artículo 72, acción administrativa en materia de
comunicaciones, pretende su supresión por una razón básica, porque se
quiere combatir el vicioso procedimiento que significa el cambio
legal de normas aprobadas recientemente por la Cámara. Da especial
importancia a su enmienda 101, que pretende la supresión del artículo
74, porque se produce un cambio en el marco regulador del modelo
concesional de televisiones privadas, con el que no están de acuerdo.
Completa el turno de defensa de las enmiendas del Grupo Socialista el
señor Amarillo Doblado. Defiende en primer lugar las enmiendas 102 y
103, referentes a la supresión de los artículos 75 y 76. Considera
que el Gobierno haría bien en escuchar la petición de supresión de
estos artículos que tienen el rechazo unánime de todo el sector
lácteo español, de
las organizaciones profesionales agrarias y de todos los grupos
políticos que han intervenido con anterioridad. Deja claro que su
grupo es partidario de que exista un control, sin embargo, considera
que no es éste el modo adecuado de hacerlo. De igual manera han
presentado una enmienda a la totalidad del artículo 77, que responde
a la concepción económica del Grupo Popular sobre los sectores en su
conjunto y del agrario en particular, pero de la que ellos
naturalmente discrepan. Asimismo, mediante las enmiendas 105 y 106 al
artículo 79, que habla de los mecanismos de gestión, administración y
seguimiento de los créditos concesionales del Fondo de Ayuda al
Desarrollo, su grupo quiere fijar cuál es el objetivo de estos
fondos, máxime después de que la Ley de cooperación internacional
para el desarrollo ya ha sido aprobada. Asimismo se refiere a la
enmienda 234, en la que prevén un fondo específico.
En turno en contra de las enmiendas y para fijar la posición de su
grupo en relación con el título V interviene el señor Albendea Pabón.
Antes de entrar en el debate del título V, quiere reiterar las
contestaciones que sus compañeros han dado en relación con la crítica
dura y global que se ha hecho por algunos enmendantes a la ley de
acompañamiento, como si fuera un saco sin fondo donde el Gobierno
hubiera metido todo. Entrando ya en el título V, comienza por
oponerse a las enmiendas al capítulo II, acción administrativa en
materia educativa, pidiendo perdón por no poder referirse a todas por
falta de tiempo. A continuación se refiere a las once enmiendas
presentadas al capítulo III en materia de comunicaciones. En cuanto
al capítulo IV, agricultura, se opone a las enmiendas de supresión
formuladas, por entender que con su regulación se está evitando la
apertura por la Comisión de un expediente de infracción contra el
Estado español ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Rechaza las enmiendas encaminadas a declarar de interés general
determinadas obras de regadío e hidráulicas, excepto la 410 de
Coalición Canaria, que suscribió hace más de un año un convenio con
el Ministerio de Medio Ambiente que carecería de virtualidad si no se
aceptara esta enmienda. Se refiere brevemente a las enmiendas
formuladas a los capítulos V y VI, deteniéndose algo más en la
enmienda del Grupo Socialista que pretende aprovechar la ley de
acompañamiento para impedir a toda costa que las compañías eléctricas
puedan utilizar los ingresos reconocidos por los costes de transición
a la competencia.
Disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales . . .
(Página 10607)
La señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto,
defiende la enmienda 382, proponiendo una disposición adicional
nueva, por la que se fija un nuevo plazo para adaptar los compromisos
de las empresas con su personal en relación con las pensiones, de
conformidad con la Ley 8/1987.
El señor Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario
Mixto, alude al contenido de su enmienda número 407, postulando una
nueva disposición adicional sobre las empresas mixtas reguladas al
amparo del Real Decreto-ley 22/1991, estableciendo una bonificación
del 60 por ciento en las cuotas empresariales de la Seguridad Social.
Por la enmienda 408 proponen también una nueva disposición adicional
para regular con garantías la enseñanza en el sector de las
autoescuelas. Respecto a las demás enmiendas presentadas pide que se
den por defendidas en sus propios términos.
El señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto, menciona
únicamente la enmienda 352 sobre financiación de los municipios,
proponiendo una participación fija en los tributos del Estado, y la
346 relativa a la Agencia Tributaria y los problemas existentes en la
misma. Dado que se ha presentado una enmienda transaccional sobre
esta materia, aunque de contenido muy complejo, valora positivamente
la nueva actitud del Gobierno, pero piensa que se necesita más tiempo
para reflexionar y negociar con calma.
El señor Gómez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria, se limita a dar por defendida su enmienda número 380, ya que
la 411 fue defendida en una intervención anterior.
El señor Zabalía Lezamiz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV),
defiende la enmienda número 43, proponiendo una disposición adicional
nueva sobre un tema planteado en diversas ocasiones en la Cámara y
que hace referencia a la concurrencia de pensiones en el sector
público, pidiendo que se cumpla de una vez por todas lo establecido
legalmente. Respecto a la enmienda transaccional respecto de la
Agencia Tributaria que acaban de conocer, su grupo ha expresado
reiteradamente su preocupación sobre este organismo pidiendo que se
busquen soluciones al problema existente, que considera grave hasta
el punto de que difícilmente puede resolverse a través de una
enmienda transaccional, aunque sí puede ser ésta el comienzo de la
solución.
La señora Uría Echevarría, también del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV), defiende la enmienda 39 sobre la consignación de rentas
para recurrir en los procesos arrendaticios por falta de pago.
Interviene de nuevo el señor Zabalía Lezamiz para anunciar la
retirada de todas las enmiendas de su grupo parlamentario a esta ley
de acompañamiento, excepto la número 38 al título V y la 39 a una
disposición adicional.
La señora Gil i Miró, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), mantiene la enmienda número 370 en sus propios términos.
El señor Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, defiende las enmiendas por las que proponen la incorporación
de nuevas disposiciones adicionales sobre protección de la salud o
cooperación local, postulando el desarrollo de políticas de distinto
carácter frente a las que viene ejecutando el Gobierno.
El señor Vaquero del Pozo completa el turno de Izquierda Unida
retirando las enmiendas 260 a 262 y manteniendo las nueve restantes
presentadas a estas disposiciones, aludiendo brevemente al contenido
de algunas de ellas.
El señor Martínez Sanjuán defiende las enmiendas del Grupo
Socialista. Considera que se hallan ante unas disposiciones en las
que se pretende dar cabida a todo lo que no ha podido incorporarse en
el texto del articulado de la ley, siguiendo una filosofía que no es
compartida por el Grupo Socialista. Su grupo ha presentado 56
enmiendas a este conjunto de disposiciones, enmiendas que agrupa en
varios bloques, mencionando esquemáticamente las líneas principales
de las que considera más importantes.
En turno en contra interviene en nombre del Grupo Parlamentario
Popular el señor Cámara RodríguezValenzuela. Frente a las palabras
del señor Martínez Sanjuan justifica estas disposiciones en la
necesidad de realizar algunas modificaciones para servir algunos
intereses que se corresponden exactamente con los intereses de la
propia Administración pública del Estado. Por último fija la posición
de su grupo respecto de las enmiendas presentadas a estas
disposiciones con especial mención respecto de las números 110, 111
y 225.
Asimismo interviene el señor Martínez-Pujalte López, en nombre del
Grupo Parlamentario Popular, para referirse a la enmienda 265 de
Izquierda Unida sobre la que han presentado una enmienda
transaccional que entienden que recoge el sentir de todos los
colectivos que componen la Agencia Tributaria y muestra un compromiso
político de este Parlamento en la potenciación de la lucha contra el
fraude y las actividades que realiza la Agencia. Se procede por
último a las votaciones de las enmiendas debatidas a lo largo de la
mañana en relación
con el proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y de
orden social, así como del texto del dictamen de la Comisión, que es
aprobado.
Se levanta la sesión a las dos y veinte minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DEL ORDEN
SOCIAL. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 121/000142)
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías, vamos a reanudar la
sesión.
El único punto del orden del día se centra en el proyecto de ley de
medidas fiscales, administrativas y del orden social, que acompaña al
de Presupuestos Generales del Estado.
Al título I de este proyecto de ley mantienen enmiendas Título I el
Grupo Parlamentario Mixto, señor Chiquillo, señora Rahola, señor
Rodríguez y señor Saura; el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); el Grupo de
Izquierda Unida y el Grupo Socialista.
Tiene la palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo para defender la enmienda número 5 a la ley de medidas
fiscales relativas a los impuestos indirectos y en concreto al IVA en
el sector agrario español.
En el momento actual, y desde la implantación del IVA en España,
existen tres regímenes del IVA para el sector agrario, a los cuales
pueden acogerse los agricultores en función de determinadas
características y condiciones: un régimen general, un régimen
simplificado y el régimen especial de agricultura, ganadería y pesca,
que es al que se acogen la gran mayoría, más del 98 por ciento de los
agricultores, ganaderos y pescadores del Estado español.
El régimen especial se caracteriza por dos principios básicos que se
limitan a las obligaciones tributarias: los agricultores acogidos a
este régimen especial están, en primer lugar, dispensados de proceder
a la liquidación y pago del IVA, de expedir y entregar facturas y
llevar registros fiscales, y, en segundo lugar, tienen el derecho a
percibir compensaciones. Sobre este segundo punto, compensaciones del
IVA que reciben los agricultores, va la iniciativa que presenta Unión
Valenciana.
Los agricultores acogidos tienen derecho a percibir una compensación
a tanto alzada por las cuotas del IVA que les hayan sido repercutidas
en sus adquisiciones de bienes o en los servicios que les hayan sido
prestados
y que constituyen la base sobre la que se articula este régimen. La
compensación consiste en un porcentaje aplicado sobre los precios de
venta de los productos agrícolas, ganaderos o del mar obtenidos por
los titulares de las respectivas explotaciones.
El Ministerio de Hacienda, junto con el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, son los encargados de proponer al Gobierno los
porcentajes para el cálculo de las compensaciones a los agricultores
sometidos a este régimen especial de agricultura, ganadería y pesca.
Su determinación se hace en base a criterios y estudios
macroeconómicos y en la actualidad el porcentaje que se aplica sobre
el precio es el 4,5 por ciento, aunque a partir del 1 de enero de
1999 se empezará a aplicar el 5 por ciento.
Pensamos que hay indicadores y argumentos más que justificados para
exigir que este mecanismo de compensación establecido en el régimen
especial de la agricultura, ganadería y pesca en la actualidad sea
aumentado. Nosotros proponemos que se incremente el IVA compensatorio
para que vaya directamente ligado a la venta del producto y los
agricultores tengan una mayor compensación. Por ello, mientras por
parte del Ministerio de Economía y del de Agricultura se hagan
estudios para variar o no este tanto alzado, debido a que en la
actualidad es excesivamente bajo y discriminatorio para los
agricultores, presentamos esta enmienda para que se aumente el IVA
compensatorio a los agricultores del régimen especial hasta un 7 por
ciento, mientras se hagan -repito- los estudios que aconsejen una
revisión al alza del mismo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Chiquillo.
Señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Gillerme): Gracias, señor presidente.
Voy a defender las enmiendas del Bloque Nacionalista Galego a este
título. Quiero empezar diciendo que la ley de acompañamiento se ha
transformado en una vía para la introducción de normas o
disposiciones legales que por su importancia en algunos casos
merecería un debate más específico. Esto es común decirlo, pero como
esta práctica parece que va a seguir durante los años venideros, me
limitaré a defender mis enmiendas.
La primera hace referencia al artículo 12, que fija el canon
concesional de las expendidurías de tabaco y timbres del Estado y
establece una cuota fija y otra variable. La cuota fija se determina
en función de parámetros de población que nuestra enmienda pretende
modificar, sustituyendo: hasta 10.000 habitantes por hasta 20.000
habitantes y sustituyendo también: más de 10.000 por más de 20.000,
por parecernos más adecuado a la realidad de este tipo de
establecimientos.
La segunda hace referenica a tasas. Cada nuevo proyecto de ley
introduce nuevas tasas o incrementa las existentes y es una práctica
que no compartimos de
esta manera tan generalizada como se está haciendo, porque lo que se
está produciendo es repercutir el coste de los servicios públicos a
los ciudadanos, independientemente de su nivel adquisitivo, servicios
públicos por cierto en la mayoría de los casos de uso obligatorio.
Proponemos que se supriman las tasas que se introducen en este
artículo 13 porque hacen referencia a cuestiones como la solicitud de
duplicado de los carnés de conducir por cambio de domicilio o por
robo y hasta por solicitud de baja definitiva del vehículo. Este
sistema nos parece excesivo. Menos mal que bajan los impuestos, señor
presidente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vázquez.
Señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
Voy a defender las enmiendas 329 a 333, advirtiendo que retiramos la
330 porque se trataba de la exención de IVA al Comité Paraolímpico
Español que ya fue incorporada en trámite de Comisión. Por tanto,
sólo quedarían vivas la 329, la 331, 332 y 333.
La 331 hace referencia a una enmienda de adición al artículo 5 que
habla del IVA, en la cual proponemos que los suministros domésticos,
de electricidad, gas y agua tengan el tipo reducido del 4 por ciento.
La 332 también es una enmienda de adición al artículo 5 y hace
referencia al IVA. Proponemos que las prestaciones de conservación y
mejora de las escuelas que llevan a cabo los municipios tengan
exención de IVA y que asimismo se extienda a los equipamientos de uso
público el tratamiento previsto para parques, jardines y superficies
municipales.
Por lo que se refiere a la 333, es una enmienda que intenta evitar la
merma de recaudación derivada de la prescripción de las liquidaciones
por el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos.
Estas son las tres enmiendas que defendemos.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Saura.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor
Zabalía.
El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Señor presidente, para anunciar la retirada
de la enmienda número 1 al título I, que es la única que tiene mi
grupo parlamentario.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zabalía.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Homs para defender la enmienda 358.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor presidente.
Hay una enmienda, la 358, de mi grupo en ese título sobre las
disposiciones fiscales. Tiene por finalidad clarificar el actual
marco legal que contiene la Ley de Sociedades en cuanto a la
definición de rama de actividad.
Este es un término que en la legislación hoy vigente está expresado
con generalidad y se presta a interpretaciones y genera inseguridad
jurídica. Esta enmienda persigue introducir en la ley más seguridad,
una definición más precisa de este término, de la rama de actividad,
para evitar malos entendidos.
Señor presidente, con esta enmienda se intenta evitar
interpretaciones no deseadas por el legislador. No voy a extenderme
en ese punto, pero quiero dejar constancia de que esta enmienda no
tiene por objeto cambiar el marco legal hoy vigente ni introducir
ninguna concesión adicional nueva ni otorgar ninguna ventaja fiscal
ni proponer ningún régimen fiscal más favorable ni desfavorable,
simplemente que lo que hay en la ley se defina de manera clara y se
eviten inseguridades jurídicas.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Homs.
Por el Grupo de Izquierda Unida, el señor Ríos Martínez.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías, voy a intentar
defender las enmiendas que mi grupo tiene a este título I, más las
disposiciones adicionales que tienen referencia con el tratamiento
fiscal que la ley da.
Esta ley, si alguna justificación tiene, según la sentencia del
Tribunal Constitucional, es precisamente la de acompañar a los
presupuestos en el tratamiento de la fiscalidad, de la política de
ingresos y de la distribución de gastos, porque todo lo referente a
otros títulos es una exageración. Por utilizar un término que no sea
el mismo que tradicionalmente yo le doy, que significa adecuar,
acompasar la norma, creo que es una ley de acomodamiento legal a la
voluntad del Gobierno en el momento actual. ¿Qué es lo que pretende?
En los demás títulos no hay motivo de mi intervención ahora, pero sí
lo hay en la propuesta que yo les hago a nivel tributario.
A nivel tributario, el proyecto de ley no recoge ninguna actuación
sobre el impuesto del IRPF, porque acabamos de aprobarlo, pero
introduce una serie de modificaciones sobre otros impuestos, sobre el
impuesto de patrimonio, sobre el impuesto de sucesiones y donaciones,
sobre los impuestos indirectos y sobre toda una vertiente fiscal, que
nosotros consideramos, siendo normal que se haga, que podría
encaminarse a otra orientación distinta. Ese es el objetivo de las
enmiendas.
Nosotros queremos reducir el tratamiento ventajoso del gasto fiscal
en determinados impuestos, fundamentalmente en el impuesto de
sociedades. Se dice que queremos parecernos a Europa, que queremos
caminar hacia Europa, pero fiscalmente no caminamos ni hacia Europa
ni hacia la media europea. El impuesto de sociedades que tenemos hoy
aquí es superventajoso con respecto a Europa.
Por ejemplo, Alemania. Alemania, que tiene un abanico fiscal para el
tratamiento de las sociedades con
unos ingresos inferiores a 50 millones y las que tienen más, tiene un
tipo en el impuesto de sociedades del 46 por ciento para las que
menos ingresos tienen y el 58 por ciento para las que tienen más,
modificación que se ha producido en enero de 1995.
Por ejemplo, en Bélgica está en un 40 por ciento en el impuesto de
sociedades; en Italia, en un 52 por ciento. Nuestros parientes
lejanos con los que tenemos muy buena relación, como puede ser
Estados Unidos, un 40 por ciento. Las boyantes economías de Japón o
de Canadá en un 44 ó 51 por ciento. Yo no sé por qué aquí tenemos un
tipo general inferior, al que después se detraen una serie de
deducciones.
Nosotros lo que proponemos con la enmienda 161 es acercar el tipo
general de sociedades hacia lo que es esta situación de los países
desarrollados más a lo que es el tipo de tributación de los
ciudadanos, en general, en el IRPF.
Ustedes han acercado los tipos de IRPF y de sociedades. Sin embargo,
bajan el del IRPF y no se mueve el de sociedades. Nosotros proponemos
elevar el tipo del impuesto de sociedades al 40 por ciento, con lo
que se generan mayores ingresos con esta propuesta, estamos
facilitando al Estado que ingrese de donde hay dinero, de un volumen
que son los beneficios o las plusvalías o los ingresos que se
obtienen por una actividad económica.
Por otro lado, presentamos una serie de enmiendas, la 157, 158, 159 y
160, que pretenden reducir lo que son los gastos fiscales de este
impuesto, primero porque no se ha presentado anualmente un balance,
un estudio que diga cuál es el coste fiscal y la eficacia fiscal de
esa propuesta; segundo, porque no está cuantificado ni siquiera, por
ejemplo, en el caso de las deducciones por actividades a la
exportación, el gasto fiscal para este año en esa vertiente, no está
cuantificado en lo que es deducciones por inversión en bienes de
interés cultural, o en otro trabajo cultural, por ejemplo, los gastos
de formación profesional o en toda una serie de normas comunes, que
significan deducciones en el artículo 37 sobre otras deducciones
anteriores.
Por tanto, lo que pretendemos con nuestras enmiendas es demostrar que
se puede acompasar una propuesta fiscal con un objetivo más
progresivo, que no significa agotar la actividad industrial o poco
menos que provocar una crisis económica en nuestro país, que sea la
quiebra de la actividad productiva, porque países más desarrollados
que nosotros tienen tipos mayores. He utilizado ejemplos europeos y
de países desarrollados, pero por poner un país vecino, Portugal, que
lo tenemos aquí al lado, tiene el 39,6 por ciento. Este es uno de los
objetivos que nosotros mantenemos, puesto que las otras dos enmiendas
fueron admitidas en Comisión y no voy a hacer referencia a ellas.
Voy a defender las enmiendas 255 y 257 que se refieren a las
disposiciones adicionales. En ellas proponemos introducir nuevas
figuras fiscales; figuras fiscales que, en unos casos, serían
ingresos para la Administración general del Estado y, en otros, para
los municipios,
que están dirigidas a sectores que económicamente tienen una
rentabilidad, una capacidad mayor. Por ejemplo, la enmienda 257
propone un impuesto sobre las grandes fortunas y el lujo. En este
país hay unas situaciones fiscales personales que rayan con la
injusticia a la hora de vivir y disfrutar, comparado con los que
carecen de ello. Proponemos la creación de un impuesto sobre las
grandes fortunas y el lujo. Solicitamos en la enmienda 255 un marco
jurídico para que las viviendas no estén desocupadas cuando hay gente
que no tienen vivienda. En la enmienda 267 proponemos que la
bonificación del IRPF, que damos a las empresas que cobran peaje en
las autopistas, que ya tienen bonificaciones por otro lado, no se
produzca para que no se acumulen beneficios fiscales en unas empresas
que no hacen más actuación que gestionar, actuación económica que es
muy legítima. Además, hay que tener en cuenta que en los presupuestos
hay una partida de 10.000 millones de pesetas, en lo que es el canje
de moneda, para distribuirla entre las empresas que están actuando y
tienen esos beneficios. Formulamos una serie de enmiendas que van
dirigidas a llegar, desde estos presupuestos, a un sorteo
extraordinario para la cooperación y el desarrollo.
Me voy a detener en el tiempo que me queda en la enmienda 265 que
está dirigida a la actuación de la Agencia Tributaria. Al hablar de
la agricultura hemos hecho referencia a las fincas manifiestamente
mejorables. Pues bien, sería muy prudente si dijese que la actuación
de la Agencia es manifiestamente mejorable, porque lo es, pero es que
no es solamente eso. La Agencia ahora mismo está bloqueada y no tiene
eficacia a la hora de rendir unos resultados que signifiquen hacer
más efectivo el trabajo de inspección hacia los ciudadanos, que se
sitúan en una franja de no compromiso legal, con una situación de
funcionamiento eficaz en el sentido de que todas las personas que
trabajan dentro de ella -la Agencia tiene ahora mismo unos 28.000
empleados- están haciendo un trabajo permanente. Nosotros presentamos
dos enmiendas. La primera, la 265, pretende la creación de una nueva
disposición adicional para que exista un estatuto orgánico, donde se
desarrollen las funciones, las competencias y la actuación de la
Agencia a través de una ley en este Congreso. Por tanto, que este
Congreso, una vez que el Gobierno discuta, negocie, facilite y
acerque lo que tenga que acercar, dentro de las distintas
organizaciones que hay en la Agencia, haga una propuesta de ley con
un estatuto orgánico que dé estabilidad a todo este maremágnum que
hay. Pues resulta que hay un cuerpo inferior que está actuando e
instruyendo unos expedientes que, al final, no los ultima con el acta
levantada. Este conflicto existe entre subinspectores y la propia
Agencia. El resultado es que, año tras año, está bajando la deuda
instruida, en función de que no están dirigidos todos los efectivos
hacia el exterior, sobre todo porque no somos capaces de dinamizar el
esfuerzo que debe hacerse dentro de la Agencia para reducir
drásticamente el
fraude, para hacer efectiva la depuración y que lo que se instruya y
liquida tenga una relación directa y, sobre todo, para que seamos
capaces de rentabilizar lo que aquí se ha venido anunciando, que es
la nueva dinámica en la Agencia, que va a significar que personas que
están dedicadas a la recaudación y a la información se destinen a la
inspección. Lo que tenemos aquí ahora mismo es un conflicto montado
entre tres o cuatro sectores que tienen paralizada la Agencia, que
está reduciendo su eficacia y aquí sólo puede aplaudir uno. Con esta
realidad sólo puede aplaudir uno, y es el que puede dedicarse a
defraudar. Ese es el que puede aplaudir esa situación. Nosotros no
queremos aplaudir esa situación, por eso a lo que instamos es a que
si se nos ofrece una transacción a esa enmienda se tenga en cuenta lo
que estamos diciendo y se hagan patentes estos tres elementos: uno,
hay que hacer un seguimiento a los objetivos por programas que tiene
la Agencia...
El señor PRESIDENTE: Concluya, señor Ríos, por favor.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Concluyo, señor presidente.
Hay que hacer para el próximo ejercicio y para este un balance
concreto de los objetivos que se han marcado con cada programa de
actuación de la propia Agencia; hay que ir a una adecuación para
hacer efectivo todo el trabajo de todos los cuerpos que funcionan
dentro; y, sobre todo, hay que hacer eficaz el funcionamiento a la
hora de instruir deuda, a la hora de trabajar y a la hora de levantar
el acta para que tengan relación las actas que levantamos con lo que
al final se liquida y se paga, porque por desgracia no hay esa
relación. La cuenta de resultados de un organismo como éste tiene que
tener relación con lo que se dedica a él. Si tenemos 28.000 empleados
con el correspondiente presupuesto es para que sean eficaces; si no
lo son está bloqueándose esa realidad y necesitamos que el Gobierno
tome medidas. Eso es lo que hacemos desde esa disposición adicional.
En todo caso, esperamos que en el curso del debate esta discusión
tenga un resultado positivo, con el objetivo que todos perseguimos,
que es dotar de recursos a la Agencia para que sean efectivos todos y
cada uno de sus empleados públicos (inspectores, subinspectores o
empleados técnicos de la propia Agencia), con el objetivo fundamental
de que el defraudador no dé palmas, sino que sea el ciudadano y el
contribuyente que sí participan.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ríos.
El turno del Grupo Socialista lo compartirán la señora Mendizabal y
la señora Pozuelo.
La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: Gracias, señor presidente.
Señorías, al inicio del debate en Pleno de este proyecto de ley de
medidas fiscales, administrativas y de
orden social resulta obligado, así lo vemos desde nuestro grupo,
hacer referencia al papel que este proyecto ocupa como ley de
acompañamiento a la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Este proyecto supone una modificación de la legislación vigente que
desde nuestro punto de vista se puede calificar de excesiva, pero
sobre todo de desordenada, porque supone en este caso concreto la
modificación de más de 50 normas de rango legal. A esto hay que
añadir que, como hemos dicho antes, se pierde la característica de lo
que es una ley de acompañamiento, porque se utiliza en muchos casos
para efectuar correcciones que se necesitan, o bien para resolver
problemas de aclaración, o de interpretación, y en algunos casos para
modificar leyes que todavía no están aprobadas, como es el caso de
las enmiendas presentadas por los grupos que apoyan al Gobierno a la
nueva ley del IRPF cuando todavía estaba en el trámite de Senado.
Esto desde nuestro punto de vista -y yo creo que todos ustedes
estarán de acuerdo- es excesivamente exagerado y, además, poco
presentable, pero como señala el Consejo Económico y Social no sólo
esta fórmula utilizada en la ley de acompañamiento tiene una
complicación innecesaria, sino que da una gran inseguridad jurídica a
todos aquellos, sobre todo a los principales, receptores de estas
normas jurídicas, que son los propios ciudadanos.
Las reformas que deberían de hacerse en esta ley de acompañamiento
son aquellas que deben resultar imprescindibles o necesarias para la
correcta articulación de lo que debe ser la política presupuestaria.
Vaya por delante, por tanto, nuestra enmienda a la totalidad a este
proyecto, no sólo, como he estado señalando hasta ahora, por el
principio de seguridad jurídica, sino también porque pretendemos
evitar que todas estas modificaciones que se hacen de manera
precipitada, que son las que desvirtúan la función parlamentaria, en
algunos momentos son producto de poca reflexión y no se realiza la
valoración de las consecuencias que tales modificaciones pueden
suponer.
Hecha esta reflexión general, voy a centrarme en la defensa de las
enmiendas que mi grupo mantiene todavía al título I de este proyecto
que se refiere a todas aquellas modificaciones que se introducen en
el ámbito de las normas tributarias. Como se explica en la exposición
de motivos de la ley, el núcleo fundamental de todas estas normas
tributarias es el nuevo impuesto sobre la renta de las personas
físicas aprobado para el próximo ejercicio. Todas las modificaciones
que se presentan en estas normas tributarias tienen como objetivo la
consolidación de un modelo tributario del Partido Popular; modelo que
ha sido ampliamente contestado en múltiples ocasiones por mi grupo
parlamentario; modelo que disminuye la tributación de las plusvalías,
estableciendo un tipo único y que supone, además, el desmantelamiento
del impuesto del patrimonio y de sucesiones y donaciones; en
definitiva, modelo que lo que hace es privilegiar de manera selectiva
a los grupos
más poderosos, introduciendo una gran regresividad impositiva.
En el texto original, en principio, las únicas modificaciones que se
registran son las relativas a los impuesto del patrimonio, donaciones
y donaciones y sobre el valor añadido, a los que mi grupo ha
introducido enmiendas en el texto del proyecto. Sin embargo, el grupo
parlamentario mayoritario, como ya he señalado antes, ha presentado
algunas enmiendas -me refiero concretamente a la número 282- que
suponen una modificación bastante importante del impuesto de
sociedades. Una vez más, denunciamos la utilización de esta especial
técnica de manipulación del procedimiento que hace que no se puedan
presentar enmiendas al texto original porque las fundamentales se
presentan a través de enmiendas del grupo que sustenta al Gobierno,
como ocurrió claramente en la Ley de Hidrocarburos. Si la intención
del Gobierno se centra en consolidar el modelo, lógicamente las
enmiendas del Grupo Socialista también van encaminadas a la
consolidación de lo que considera su modelo alternativo y, por tanto,
todas las relativas a este título están ligadas a las que hemos
presentado en la ley de presupuestos, fundamentalmente la que propone
la no puesta en marcha durante el próximo ejercicio del nuevo
impuesto sobre la renta de las personas físicas.
La enmienda número 45, que propone la adición de un nuevo artículo 2
bis que modifique la ley anterior del impuesto sobre el patrimonio,
la ley 19/1991, tiene como objeto regular, de una manera más
razonable, todas las exenciones de este impuesto para evitar la
desfiscalización de grandes patrimonios. La enmienda 46, al artículo
3, también va en el mismo sentido, limitando los beneficios en el
impuesto de sucesiones y donaciones a la transmisión de la vivienda
habitual. Asimismo, las enmiendas 123 y 124 y las disposiciones
adicionales tienen igual objetivo: pretenden regular, por una
parte...
El señor PRESIDENTE: Señora Mendizábal, vaya concluyendo, por favor,
para compartir turno.
La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: Finalmente, la enmienda 124 pretende
la incorporación de una serie de cautelas para evitar modificaciones
elusivas que conduzcan a la desfiscalización de los grandes
patrimonios, como ya he dicho anteriormente.
Daré por defendido el resto de las enmiendas. Lo que sí me interesa
es hacer una especial mención a la enmienda que he citado antes, la
número 282, presentada por el Grupo Popular, que propone la supresión
del artículo 127 del impuesto de sociedades, porque supone la
eliminación de la exención por reinversión que se proponía como
beneficio a las más pequeñas de las pequeñas y medianas empresas.
Esto se sustituye por una fórmula que permite la amortización
acelerada a través de la duplicación de los coeficientes de
amortización pero para todas, de tal forma que las pequeñasempresas,
que eran las beneficiadas anteriormente en
la reinversión, quedan en este caso relegadas. Justificar esto sobre
la base de un beneficio a la reinversión, diciendo que se va a
beneficiar a las pymes, resulta francamente chocante porque con esta
fórmula no se beneficia la nueva inversión, sino que lo único que se
hace es mejorar la cuenta de resultados de las grandes empresas;
cuanto más grandes, mejor. En ningún caso podemos vender esto como un
apoyo a la pequeña empresa y a la economía productiva.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Mendizábal.
Tiene la palabra la señora Pozuelo.
La señora POZUELO MEÑO: Gracias, señor presidente.
Intervengo, en nombre del Grupo Socialista en este título I de
medidas fiscales para el año 1999 en referencia a las modificaciones
que se van a introducir en la Ley de Haciendas Locales, que van más
allá del propio título I para referirse también al título V y a las
disposiciones adicionales del proyecto de ley.
Señorías, el Gobierno pretende aprobar con este proyecto de ley un
nuevo sistema de financiación para las corporaciones locales que
tendrá vigencia en el próximo quinquenio 1999/2003. En un inigualable
alarde de confusión, presentan su contenido como el resultado de un
gran acuerdo alcanzado con las corporaciones locales a través de la
Federación Española de Municipios y Provincias. Lo presentan con un
gran pacto local. Pues bien, señorías, yo quiero poner de manifiesto
en esta Cámara que no existe tal acuerdo en cuanto al nuevo sistema
de financiación municipal ni a las modificaciones normativas que se
recogen en este proyecto de ley, y que no se puede hablar de pacto
local cuando ni siquiera se han abierto negociaciones sobre el
conjunto de las reformas reclamadas por las corporaciones locales,
que se refieren a la necesidad de definir y establecer un nuevo
ámbito de desarrollo competencial configurado dentro del actual
desarrollo del Estado de las autonomías: una profunda modificación en
la configuración y distribución de funciones en los propios órganos
de gobierno de ayuntamientos y diputaciones, así como el análisis de
una reforma de la Ley Electoral que conceda a las corporaciones
locales suficiente estabilidad política en el ejercicio del gobierno.
En definitiva, alcanzar el pacto local significa analizar y llegar a
acuerdos sobre las reformas necesarias de la Ley de Bases de Régimen
Local, la Ley Electoral y la Ley de Haciendas Locales. Pero esto no
es lo que se está planteando por parte del Gobierno. Les ruego que no
hablen más de pacto local hasta que no tengan de verdad la voluntad
política de abordarlo y de llevarlo a término.
En cuanto al nuevo sistema de financiación que se propone para el
próximo quinquenio, quiero manifestar, en primer lugar, que el Grupo
Socialista lamenta profundamente que no hayan sido capaces de
presentar a esta Cámara un sistema de financiación consensuado
con todas o con la mayoría de las fuerzas políticas y que no
hayan hecho el mínimo esfuerzo para llegar a acuerdos en el debate en
Comisión de esta ley al forzar la incorporación del conjunto de
enmiendas del Grupo Parlamentario Popular presentadas al informe de
la ponencia, enmiendas que representan la modificación en su conjunto
de 28 artículos de la Ley de Haciendas Locales, lo que nos parece
absolutamente improcedente. Lo que sí han conseguido -y se lo
reconozco- es hurtar el debate, silenciar suficientemente las
modificaciones legislativas que se están acometiendo a los
principales afectados, los entes locales, que además tienen que
ejecutarlas en el ámbito de sus competencias y sin compartir en
muchos casos las reformas legales acordadas aquí. Por eso, señorías,
consideramos una barbaridad lo que están haciendo. No se puede hacer
una reforma de la Ley de Haciendas Locales de esta envergadura
utilizando como parapeto esta Ley de medidas fiscales y tampoco se
puede hacer imponiendo literalmente sus criterios, sin el suficiente
acuerdo de los grupos políticos que gobiernan los entes locales.
Lamentablemente, parece que de poco les ha servido el desastre
causado con la imposición del nuevo sistema de financiación
autonómica cuando de nuevo repiten la prueba.
Señorías, el Gobierno está demostrando una total falta de
sensibilidad hacia los problemas municipales. Las decisiones que han
tomado desde el año 1996 así lo demuestran. Cuando realizaron la
liquidación a las corporaciones locales de su participación en los
ingresos tributarios del Estado del año 1996 crearon una situación
sin precedentes, cuatro mil ayuntamientos tuvieron que devolver
dinero al Estado por un importe de más de 5.000 millones de pesetas.
Algún genio del Ministerio de Hacienda encontró una fórmula rápida y
fácil de obtener ingresos adicionales. Para ello modificaron los
criterios hasta entonces vigentes de evolución del PIB a precios de
mercado por el de coste de factores. Nunca había ocurrido nada
parecido, las corporaciones locales y el propio Estado siempre habían
considerado las entregas a cuenta como cantidades ciertas.
Tampoco se aplica el nuevo censo de población aprobado en octubre de
1996, incumpliendo los acuerdos unánimes de esta Cámara. Por si
ustedes no lo saben, les informo de que los ayuntamientos están
percibiendo durante todo este año 1998 entregas a cuenta con arreglo
a la población de 1991. Aunque la Ley de medidas del año pasado
establecía que la población que se aplicaría en 1998 era la del nuevo
censo de 1996, alguien de nuevo buscó la trampa y reguló que sólo
tendría efecto al hacer la liquidación del año 1998, allá para junio
del año 2000 y no en las entregas a cuenta que se realizaran a lo
largo del ejercicio.
Finalmente, se impone este nuevo sistema de financiación
absolutamente insuficiente que no da satisfacción a las más básicas
aspiraciones de los entes locales. En primer lugar, porque el
incremento que se produce por las dos vías principales de
transferencias del Estadoes ridículo. En la participación en la PIE
el incremento
no llega al 6 por ciento del crecimiento del PIB para el año 1999, el
año base para el resto del quinquenio. Han reducido además un 36 por
ciento la partida correspondiente a la liquidación de 1997. En las
transferencias para inversiones en cooperación local han incrementado
exclusivamente 1.600 millones de pesetas, cantidad que no alcanza ni
el 1 por ciento de incremento en relación a 1998.
En segundo lugar, este nuevo sistema no ayuda a la estabilidad y a la
suficiencia financiera necesaria para el buen desarrollo de las
haciendas locales. Se siguen estableciendo las entregas a cuenta en
el orden del 95 por ciento de participación que les corresponde
cuando a las comunidades autónomas se les aplica el 98 por ciento. Se
fijan unas pautas de evolución de crecimiento sólo para dos años
cuando el sistema tiene vigencia para cinco. (El señor
vicepresidente, FernándezMiranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
En tercer lugar, el nuevo sistema no garantiza la autonomía y la
suficiencia financiera de las corporaciones locales para la
prestación de sus servicios competenciales. Las modificaciones que se
recogen en las normas tributarias y sus formas de gestión, que
afectan a los tributos locales, al IBI, al IAE, al IVA, impuesto
sobre vehículos, sobre construcciones, etcétera, no van a permitirlo.
El IBI es sin duda el más importante tributo local y es
imprescindible establecer sobre él competencias para la
Administración local en cuanto a la formación y a la actualización
del padrón por el que se rige. La redacción que contiene el proyecto
es excesivamente compleja y no aborda los problemas reales y de fondo
que tienen los ayuntamientos, que necesitan una ágil actualización de
las bases imponibles del IBI y una tramitación sencilla de las
modificaciones del padrón.
En cuanto al IAE, no se contempla la reforma reclamada que
simplifique las tarifas y el desarrollo de la gestión y mejore la
coordinación con la Administración estatal, particularmente en
relación a las cuotas provinciales y estatales, cuyo desconocimiento
origina importantes problemas a los ayuntamientos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Pozuelo,
le ruego vaya concluyendo.
La señora POZUELO MEÑO: Voy concluyendo, señor presidente.
Por otra parte, en ninguno de los casos previstos en este proyecto
para obtener bonificaciones de hasta el 50 por ciento en los primeros
cinco años existe una auténtica creación de nueva actividad
económica, sólo tiene lugar una mera sucesión de titularidad que ya
se venía ejerciendo. En cuanto al IVA, tampoco se contempla
modificación en el tratamiento que se da a las empresas mercantiles
financiadas por los entes públicos. Las subvenciones que reciben las
empresas municipales constituyen un elemento esencial de su
financiación para la prestación de los servicios públicos.
En cuarto lugar, se sigue dando un tratamiento discriminatorio a los
entes locales en relación a las otras administraciones públicas. El
régimen actual de compensación de deudas para las corporaciones
locales es extremadamente duro. Estas retenciones en los ingresos de
las corporaciones locales por parte del Estado se han convertido de
hecho en una ejecución forzosa de sus deudas. Además, en justa
correspondencia, las corporaciones locales deberían tener la
capacidad de ordenar también retenciones sobre las otras
administraciones públicas: Estado, Seguridad Social y comunidades
autónomas cuando tengan deudas firmes contraídas con ellas.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Pozuelo,
le ruego que concluya.
La señora POZUELO MEÑO: Concluyo, señor presidente, diciendo que el
Grupo Socialista ha presentado también algunas enmiendas para acabar
con los privilegios que las antiguas compañías públicas, hoy
privatizadas, Telefónica, las eléctricas, compañías de gas, etcétera,
tienen en la actualidad en relación con las corporaciones locales,
solicitando que paguen tributos y tengan las mismas obligaciones
fiscales que el resto de las empresas.
Por todo ello, pedimos el voto favorable para las enmiendas
presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista y anunciamos
nuestro voto en contra a las modificaciones que este proyecto de ley
contempla en relación con las haciendas locales.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Pozuelo.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
Subo a la tribuna para defender la posición de mi grupo en cuanto a
los artículos referentes a las normas tributarias que figuran en la
ley de acompañamiento que, contrariamente a lo que se ha dicho aquí
esta mañana, tampoco suponen una gran novedad. Hay trece artículos
que hacen referencia a normas tributarias y casi todos vienen
derivados de la necesidad de actualizaciones; de ellos, más de la
mitad hacen referencia a actualizaciones normativas de tasas de muy
poca importancia.
Sí es verdad que va a coincidir la entrada en vigor de la reforma
fiscal con la puesta en marcha de la Ley de presupuestos de 1999.
Como decía la portavoz socialista, la reforma fiscal más importante
que se ha hecho en España en los últimos 20 años y que va a suponer
una bajada muy importante de impuestos a 30 millones de españoles,
bajada que va a incidir fundamentalmente en asalariados, familias,
discapacitados y ciudadanos de rentas medias y bajas, va a entrar en
vigor, efectivamente, el 1 de enero de 1999 y vamos a tener un marco
tributario mucho más justo, mucho más eficiente, un marco tributario
que va a ayudar en mayor medida a la creación de puestos de trabajo,
que va a ayudar en mayor medida a incentivar la inversión y el
crecimiento económico. Eso es verdad.
Mi grupo no va a apoyar las enmiendas de otros grupos que hacen
referencia a que no entre en vigor el impuesto. Es un debate que
tenemos periódicamente. El Grupo Socialista nos pide que no bajemos
los impuestos y en el Grupo Popular quiere bajar los impuestos a 30
millones de españoles y fundamentalmente a los más necesitados. El
jueves que viene en el Pleno tendremos la ocasión histórica de
aprobar definitivamente la reforma fiscal.
En este turno de intervención no podré referirme a todas las
enmiendas que se han presentado. La verdad es que en Comisión ya
tuvimos un debate profundo y hablamos de cada una de ellas. Ahora
haré referencia a algunas. En primer lugar, por empezar por donde ha
acabado el Grupo Socialista, quiero referirme a las introducidas en
Comisión, que son el fruto -y ahora me referiré especialmente a eso-
de un acuerdo entre la Federación Española de Municipios y Provincias
y el Gobierno en lo referente a la financiación de las corporaciones
locales para el quinquenio 1999-2003. Son reformas muy importantes
que hacen referencia a la participación de los ayuntamientos y del
resto de corporaciones locales en los ingresos del Estado y a los
impuestos locales. No es que pretendamos aprobar las citadas reformas
de una manera soslayada, vamos a hacerlo porque han contado con el
respaldo de la Federación Española de Municipios y Provincias, donde
había representantes del Partido Socialista. Aquí tengo las actas. En
la subcomisión de régimen económico, financiero y fiscal había
representantes del Partido Socialista, del Partido Popular, de
Izquierda Unida y de Coalición Canaria. Con el acta de esa reunión,
de fecha 5 de octubre de 1998, la Federación Española de Municipios y
Provincias hizo llegar una propuesta al Gobierno, propuesta firmada
por el representante del Partido Socialista.
La verdad es que a veces no sé si el Grupo Socialista tiene unos
representantes en un sitio y otros representantes en otro que opinan
lo contrario. Pediría coherencia y coordinación. A lo mejor la
estructura del partido no permite esa coordinación. Como digo,
pediría coherencia y coordinación, porque hay un representante del
Grupo Socialista, llamado Joan Ranllel, que va como Grupo Socialista
y que firma la propuesta. (La señora Pozuelo Meño: ¿Es una
propuesta?) Es una propuesta.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Pozuelo,
le ruego que deje intervenir al señor Martínez-Pujalte, a quien ruego
que no entre en diálogo personal con ninguna de SS.SS. Vaya
concluyendo, ya que su tiempo se agota.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Es que me preguntan.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Aunque le
pregunten. Le ruego que continúe. Le quedan dos minutos de
intervención.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Hay una segunda reunión, a la que no
va ese portavoz del Grupo Socialista sino otro, en este caso se llama
Pedro Bujidos, portavoz del Grupo Socialista... -aquí está el acta-,
y por unanimidad se aprueban los acuerdos. (El señor Cercas Alonso:
¿Qué acuerdos?) Los acuerdos que se han convertido en enmienda, los
acuerdos que, como se dice en el acta de la reunión, se han
convertido en enmienda. La Federación Española de Municipios y
Provincias alcanza esos acuerdos con el Gobierno y los traslada desde
sus representantes a los partidos políticos. Nuestro representante
-perdón, el nuestro era Pedro Bujidos y el suyo Antonio Alonso- nos
traslada el acuerdo y lo convertimos en enmienda. El suyo no se lo
trasladó, pero hay un acuerdo, aprobado por unanimidad, diciendo que
los ayuntamientos para el quinquenio 1999-2003 van a tener mejor
financiación, mayor participación en los ingresos del Estado, van a
mejorar sus posibilidades financieras y van a mejorar sus
posibilidades políticas porque se les da más autonomía.
Señorías, quizás aquí estemos en un debate parecido al de la
financiación de las comunidades autónomas y algunos grupos, por
irresponsabilidad, están haciendo que los ciudadanos pierdan dinero,
ya que el acuerdo supone que las corporaciones locales tengan más
posibilidades financieras y puedan hacer más política, porque puedan
regular los impuestos, porque tengan autonomía en muchos impuestos
municipales. En esta Cámara se hizo que algunos presidentes de
comunidades autónomas no aceptaran el modelo de financiación y ello
ha supuesto, como es patente en los presupuestos de este año, una
pérdida de dinero para esas comunidades autónomas -Andalucía,
Castilla-La Mancha y Extremadura- de casi 60.000 millones sólo para
el año 1999. Quizás se quiera hacer lo mismo con las corporaciones
locales.
Señorías, mi grupo va a apoyar el acuerdo porque ha sido tradición en
esta Cámara apoyar los acuerdos alcanzados por la Federación Española
de Municipios y Provincias, donde hay representantes de todos los
grupos políticos. Mi grupo no va a entorpecer que las corporaciones
locales tengan mayor financiación y autonomía para que puedan prestar
mayores servicios a los ciudadanos. Mi grupo no va a entrar en un
debate -y quiero que quede reflejado en el «Diario de Sesiones»- que
suponga, por irresponsabilidad o por buscar una mejora en la posición
partidista, un empeoramiento de los servicios que pueden recibir los
ciudadanos de las corporaciones locales.
Hay otro conjunto de enmiendas a las que me gustaría referirme que
son las que hacen referencia a la Agencia Tributaria. Señor
presidente, yo quiero hacer
aquí una mención específica a que mi grupo va a presentar una
enmienda transaccional a una enmienda del Grupo de Izquierda Unida,
donde se habla de la Agencia Tributaria. Mi grupo entiende que la
Agencia Tributaria está funcionando francamente bien; que ha
gestionado este año más de 30 millones de declaraciones, que ha
gestionado más de 15 millones de declaraciones de IRPF; que ha
gestionado más de 16 billones de pesetas de ingresos; que ha puesto
en marcha un mecanismo de cooperación y colaboración con las
administraciones autonómicas que se está implementando francamente
bien y está ayudando a su funcionamiento.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Martínez-
Pujalte, le ruego vaya concluyendo.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Voy concluyendo, señor presidente,
pero me gustaría hacer algunas referencias.
La Agencia Tributaria está compuesta por 28.000 funcionarios, que
están cumpliendo muy bien sus funciones. Yo quiero hacer aquí una
llamada a la responsabilidad de los grupos políticos y quiero que
quede constancia de que la Agencia Tributaria está haciendo un
trabajo eficaz, que está ayudando a los ciudadanos y que éstos lo
están percibiendo como tal. (El señor Moreno Monrove pronuncia unas
palabras que no se perciben.)
Además, quiero dejar constar también, si hablamos de datos de
inspección, de que en el bienio 1997-1998 se han conseguido los
mejores datos de inspección de cualquier otro bienio socialista,
tanto en deuda liquidada como en deuda instruida. (La señora
Mendizábal Gorostiaga: ¡Falso!.- No se puede mentir.- El señor
Hernando Fraile pronuncia unas palabras que no se perciben.) Aquí,
cuando se quiere actuar ...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Martínez-
Pujalte, S.S. debe concluir.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Voy concluyendo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): No, debe
concluir, señor Martínez-Pujalte. (Risas.)
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Concluyo.
En materia de lucha contra el fraude mi grupo va a estar siempre
dispuesto a adoptar medidas que las mejoren y, desde luego, así lo
estamos haciendo. Nos preocupa que todos los ciudadanos paguen menos
impuestos, pero que todos paguen lo que deben pagar. Las enmiendas de
algunos grupos, concretamente las del Grupo Socialista, no
contribuyen a eso.
Nosotros entendemos que el sistema tributario ha mejorado en los dos
últimos años, que está ayudando a la modernización de España y que
está colaborando
eficazmente en las medidas de política económica, sobre todo, en el
crecimiento y en el empleo.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Martínez-Pujalte.
Pasamos al título II. (El señor Ríos Martínez pide la palabra.)
Señor Ríos, ¿a qué efectos solicita la palabra?
El señor RÍOS MARTÍNEZ: A los efectos del artículo 73.1 del
Reglamento, por una precisión a la afirmación que ha hecho el señor
Martínez-Pujalte.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Tiene la
palabra, señor Ríos.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Voy a ser muy breve.
No justifica que el pacto se haya producido en un sitio determinado
para que unilateralmente un grupo parlamentario presente enmiendas
que modifican textualmente amplios párrafos de esta ley. Hay un
acuerdo, pero ese acuerdo se plasma con propuestas firmadas por todos
los grupos y no con enmiendas del Grupo Popular a un proyecto de ley
que ha introducido, vía Comisión, modificaciones sustantivas en la
financiación local.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ríos. Asimismo querría preguntarle si acepta su grupo
parlamentario la transaccional que ha anunciado el señor Martínez-
Pujalte.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, como la votación se hará
después, en la medida que tengamos el texto de la enmienda y que la
podamos precisar en algunos términos, es posible que la podamos
aceptar.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Ríos.
Señor Martínez-Pujalte, le ruego haga llegar el texto de la
transaccional a la Mesa.
Entramos en las enmiendas presentadas al título II. Título II En
primer lugar, en aquellas presentadas por el Grupo Parlamentario
Mixto. Tiene la palabra la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Muchas gracias, señor presidente.
En el título II hemos presentado la enmienda número 383, que tiene el
mismo significado que otra enmienda a otro título, y no es otro que
el de tratar de suprimir el artículo 23, infracciones y sanciones en
el orden social. Además de señalar los diversos defectos de que
adolecen las llamadas leyes de acompañamiento, que se dedican, entre
otras cosas, a temas que no debieran ser objeto de dichas leyes,
quiero decir que en este ejercicio se nos ha presentado la regulación
de determinadas infracciones y sanciones, en este caso, de
orden social. No creemos que deba ser regulado dentro de esta ley
este tipo cuestiones, pues no parece razonable, ya que requeriría
otro tipo de regulación y tramitación parlamentaria acorde con lo que
se pretende legislar. Creemos que habría que suprimir este artículo.
Con respecto al contenido, tampoco estamos de acuerdo, en el sentido
de que en algunos casos ratifica lo que se denomina principio de
unidad de caja, que aparece mencionado también, en relación con este
tema, en la exposición de motivos. Por todo ello, pedimos su
supresión.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Lasagabaster.
En segundo lugar, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Gracias, señor presidente.
Voy a defender algunas de las enmiendas del Bloque Nacionalista
Galego a este título II, a dar por defendidas el resto y a retirar la
enmienda número 409, que se debe a un simple error de transcripción;
es decir, es una enmienda con el mismo texto que la número 398.
Con la enmienda número 387 pretendemos suprimir el apartado 1.b) del
artículo 16, porque la modificación del artículo 33 de la Ley General
de la Seguridad Social que se propone introduce, desde nuestro punto
de vista, medidas cautelares excesivas. Por razones de seguridad
jurídica y para evitar posibles abusos, las medidas cautelares deben
quedar reservadas a los casos en que se haya iniciado la vía de
apremio y no se debería, como se propone, ampliar la posibilidad de
usar las medidas cautelares cuando ni siquiera se ha notificado la
deuda al interesado.
Con la enmienda número 389 proponemos sustituir el texto del artículo
17 para limitar a las empresas de más de 15 trabajadores la
obligación de presentar sus documentos bajo soporte informático
cuando estas empresas obtengan beneficios en las bases y tipos de
cotización. Lo hacemos porque, aunque admitimos que la obligación de
presentar documentos en soporte informático hace más rápida y eficaz
la labor inspectora de la Seguridad Social, sin embargo, para
empresas muy pequeñas o autónomos esta norma les va a suponer un
coste adicional al tener que recurrir al asesoramiento exterior. Por
tanto, proponemos que para las microempresas sea posible la doble
presentación.
Con la enmienda número 390 proponemos añadir un párrafo al artículo
20, de manera que se reconozca el derecho a percibir una pensión de
viudedad a aquellas personas que convivan de forma continuada, aunque
no tengan un vínculo matrimonial. Estamos hablando, naturalmente, de
las parejas de hecho, dejando que el Gobierno establezca las
disposiciones reglamentarias que considere convenientes para los
derechos de estas personas a percibir esta pensión.
Con la enmienda número 391 pretendemos dejar abierta la puerta para
que cualquier profesional, en cualquier
momento, pueda optar, bien por adscribirse a su mutualidad o
bien a la Seguridad Social, y no cerrar esa posibilidad a partir del
primer trimestre de 1999, como se propone en el apartado primero del
artículo 21.
Con la enmienda número 393 pretendemos una nueva redacción del último
párrafo del apartado 5 del artículo 22 para evitar un efecto
retroactivo excesivo en la adaptación al régimen especial de
autónomos, como se pretende en el proyecto, considerando más
apropiado que los efectos de esa adaptación se computen desde el
propio mes en que se efectúe.
Con la enmienda número 394 pretendemos, incluyendo un nuevo párrafo,
que se considere que la no comparecencia, salvo causa justificada, a
los reconocimientos médicos ordenados por entidades gestoras sea
tipificada como infracción leve, en consonancia con lo establecido en
supuestos semejantes en materia fiscal y social.
Con esto concluyo. Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Vázquez.
Señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Señor presidente, voy a defender las cuatro
enmiendas que tenemos a este título.
La número 338 es una propuesta de modificación del artículo 96 del
Estatuto de los Trabajadores, que tiene como objeto reforzar la lucha
contra las horas extras que se realizan fuera de los límites legales.
Las enmiendas números 334, 335 y 337 pretenden suprimir propuestas
que el Gobierno plantea en la ley de acompañamiento, tanto en la Ley
de medidas cautelares y procedimiento de apremio y título ejecutivo
de la Seguridad Social como en la Ley sobre infracciones y sanciones
en el orden social. Todas estas disposiciones cuya supresión
planteamos, en caso de aprobarse, van a significar, a nuestro
entender, un incremento importante de la inseguridad jurídica del
trabajador, van a implicar sanciones desproporcionadas y, a menudo,
abuso por parte de la Administración. Por tanto, pensamos que ésta no
es la ley adecuada para efectuar estas modificaciones que, insisto,
van a producir inseguridad jurídica de los trabajadores.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Saura.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora
Uría.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente.
Doy por defendidas las enmiendas iniciales al título II. Simplemente
me voy a referir a las enmiendas 26, 27, 28 y 29, relativas a los
artículos 23, 24, 25 y 26. El contenido de estos artículos obedece a
una tentación muy fuerte para cualquier gobierno, que es la de
introduciren la ley denominada de acompañamiento, que
hace referencia a las medidas fiscales, administrativas y de orden
social, disposiciones que contienen el ejercicio de la potestad
sancionadora en determinadas materias.
Podría presentarse hasta como ejercicio de examen para mis alumnos en
la universidad. Cabría preguntar si es posible ejercitar la potestad
sancionadora mediante la ley de acompañamiento y, además, preguntando
si es posible respecto de cualquier materia. Un alumno aventajado
debiera contestar que el artículo 25 de la Constitución somete el
ejercicio de la potestad sancionadora en materia penal a los mismos
requisitos de reserva de ley y de tipicidad que en materia
administrativa. Por lo tanto, en esta ley nos encontraríamos con que
se cubre la reserva de ley y la tipicidad con una norma que tiene un
cierto déficit democrático, si se me permite decirlo, por cuanto que
tiene un sistema de tramitación que hace imposible para los grupos de
oposición la formulación de enmiendas. Además, se viene exigiendo por
el Tribunal Constitucional una y otra vez que las materias que
contengan las leyes de acompañamiento tengan alguna relación con los
ingresos y con los gastos. En este caso concreto, el catálogo de
infracciones y sanciones del orden social que se incluye en estos
artículos carece de toda referencia a esta materia. Ni siquiera se ha
molestado el Gobierno en decir algo sobre ello en la exposición de
motivos. Creemos que del doble juego de la reserva de ley y del
principio de tipicidad, unido al contenido propio de las leyes de
acompañamiento, cabe deducir que estos preceptos son
inconstitucionales.
Hay, además, un problema añadido. Se trata de cuestiones respecto de
las cuales la competencia en materia normativa corresponde al Estado
y, sin embargo, su ejecución corresponde a las comunidades autónomas.
Entonces, nos encontramos en la tesitura de que, ejercitada con todo
criterio la potestad sancionadora por una comunidad autónoma, se
puede encontrar con que, abierto el expediente sancionador, dirigidas
las acciones frente a empresa o particular concreto, finalmente
devenga en que ese particular recurra ante la jurisdicción
contenciosa y obtenga una sentencia favorable, no por defectos en el
expediente sancionador, repito, que es lo que incumbe a la comunidad
autónoma, sino por defectos en la propia norma a aplicar, norma que
emana del Estado. Creemos que eso convierte en inútil el ejercicio de
la potestad sancionadora en estas áreas, hace que sea imposible
disciplinar un sector concreto y ejemplarizar o castigar conductas
antisociales, que es, en definitiva, lo que deben pretender las
normas sancionadoras. Creemos, por tanto, que este tipo de
disposiciones debe venir en una ley ordinaria y ser tramitada en la
Cámara con todas las garantías.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Uría.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra la señora Gil i Miró.
La señora GIL I MIRÓ: Sólo para decir que damos por defendidas las
enmiendas.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Gil.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene
la palabra el señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor presidente.
De las 23 enmiendas que ha presentado Izquierda Unida a este título,
de lo social, de la ley de acompañamiento, las números 165 y 166,
entre las obligaciones que tienen las empresas beneficiarias de
bonificaciones en la cotización, hacen mención a la de suministrar
datos sobre el destino dado a las subvenciones y bonificaciones
obtenidas en los términos y condiciones que establezca el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, así como cualesquiera otros -dice la
enmienda 166- exigidos en la normativa de la Seguridad Social.
Junto a estas dos enmiendas, referidas a las subvenciones y
bonificaciones de las empresas, la 179 pretende suprimir el punto 12
del artículo 23, que intenta sustituir el texto de la regulación
actual por una redacción menos adecuada. La legislación actual y el
artículo referido de la ley de acompañamiento hacen referencia a la
consideración de infracción muy grave a la obtención y disfrute
indebido de exenciones, bonificaciones y reducciones de cuotas en la
Seguridad Social. Nosotros creemos que no debería modificarse. Tal y
como está la regulación actual, es más eficaz para perseguir dicha
infracción muy grave.
Por otro lado, destinamos un número importante de enmiendas a la
corrección del régimen actual de la prestación y del subsidio de
desempleo. Pretendemos que ese superávit que existe, año tras año,
desde 1995 en los ingresos por este concepto de las cotizaciones
sociales, que es la cotización por desempleo, se invierta en ampliar
la cobertura del desempleo y no en otras cuestiones de dudosa
legalidad. Por tanto, planteamos una reforma de la cobertura del
desempleo en distintas enmiendas, extendiendo la duración de la
prestación por desempleo y ampliando la cuantía de dicha prestación,
en el sentido de aplicar el 75 y el 70 por ciento, en lugar del 70 y
el 60 por ciento, en función de los períodos de la percepción del
desempleo. Planteamos, por otro lado, que la aportación del
trabajador de la cuota por desempleo se realice a cargo de la
Seguridad Social y no se descuente de la prestación del trabajador,
que ya de por sí viene a menguar el poder adquisitivo de su salario o
de la renta sustitutiva del salario, en este caso la prestación o el
subsidio. También planteamos que no se exija para ser beneficiario
del desempleo el no haber rechazado acciones formativas ni que las
rentas sean inferiores al 75 por ciento, etcétera, pues todo ello
viene a dificultar la cobertura y la percepción por parte de los
trabajadores de estas prestaciones. Pretendemos que se modifique el
concepto de
responsabilidades familiares, precisamente a los mismos efectos.
Junto a estas enmiendas que plantean un cambio en el régimen de la
prestación por desempleo, las números 175 y 176 pretenden lo mismo,
es decir, la ampliación de la duración y de la cuantía respecto del
subsidio por desempleo. Hay otra enmienda que pretende suprimir el
artículo 20, apartado 5, porque es más restrictivo que la actual
legislación respecto del reaseguro obligatorio de determinadas
contingencias protegidas por el sistema de la Seguridad Social.
En la enmienda 178 pretendemos cambiar el sistema de la pensión de
jubilación, adelantando el derecho a la jubilación a los 60 años y lo
mismo respecto a la pensión de jubilación no contributiva, no
solamente en el ámbito de la empresa privada sino también en la
Función pública. Dicho derecho a la jubilación se podría también
contemplar respecto a la jubilación anticipada a los 57 años, siempre
que exista por medio un contrato de sustitución con determinados
requisitos que enumeramos en nuestra enmienda.
La enmienda 179 ya la hemos comentado. La 182 pretende sustituir la
redacción del apartado 14, del artículo 25, para precisar mejor lo
que entendemos que es el acoso sexual, y que no se vincule con las
facultades de dirección empresarial, pues el acoso sexual en el
trabajo no tiene por qué ir ligado a las facultades de dirección,
sino que puede ser contemplado en distintos ámbitos del trabajo.
En las enmiendas 183 y 184 pretendemos introducir nuestra filosofía
sobre las horas extraordinarias. Se trata de suprimir las horas
extraordinarias, excepto las de fuerza mayor, y no regularlas de
forma contemporizadora con la actual situación, que viene a crear
dificultades de empleo o para el reparto del trabajo.
En la enmienda 185 intentamos que se extiendan los beneficios de la
Seguridad Social a los socios trabajadores de las cooperativas de
trabajo asociado.
En la enmienda 186 pretendemos crear un nuevo capítulo, dentro del
título II, con el siguiente rótulo: De la reorganización del tiempo
de trabajo y de la renta mínima. Ahí se plantearía, por un lado, la
reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales, sin mengua
salarial y sin cómputo anual, a partir del 1 de enero del año 2000,
y, por otro, una renta mínima del 75 por ciento del salario mínimo
interprofesional para aquellos ciudadanos y ciudadanas excluidos del
mercado de trabajo que no tengan acceso a la prestación de subsidio
por desempleo y no dispongan de otro tipo de rentas o patrimonio, así
como las ayudas y subvenciones para este colectivo para los gastos de
transporte público, educación, medicamentos, vivienda y gastos
adicionales de luz, agua y comunidad, todo ello con cargo a la
Hacienda pública y a la Seguridad Social. Se trata de lo que
presentamos en su día como un código de derechos de los desempleados.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vaquero.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
señor Cercas.
El señor CERCAS ALONSO: Señor presidente, señoras y señores
diputados, al iniciar el debate de este título II de la ley, llamado
de lo social, bien pudiéramos parafrasear a Fray Luis de León y decir
aquello de decíamos ayer. Decíamos ayer en la Comisión de Economía,
decíamos el año pasado en la Comisión de Economía y en el Pleno, y
espero que no podamos seguir diciéndolo en el futuro, que se usa y
abusa de esta ley de acompañamiento, ley de medidas fiscales,
administrativas y del orden social, para burlar la potestad
legislativa de la Cámara, para vaciar de contenido facultades
importantes que tenemos como legisladores.
Alguien se ha referido con anterioridad a todos los problemas de
índole formal y de procedimiento con los que se enfrenta la discusión
de esta ley en el Parlamento y, no cabe la menor duda, señoras y
señores diputados, sobre todo del Grupo Popular, de que deberíamos
todos, y ustedes los primeros, sacar las lecciones correspondientes
al ver el tipo de debate que producimos.
Es absolutamente imposible no caer en este deterioro que se está
produciendo en la actividad legislativa cuando se abusa de tal manera
de esta ley y procedemos aquí, sin las necesarias memorias económicas
y de carácter técnico, sin los estudios preliminares, a
modificaciones del calibre de las que se producen en esta ley de
acompañamiento en medidas que son tan amplias y profundas.
Señorías, decíamos ayer, y tendremos que seguir diciendo mañana, que
el Grupo Parlamentario Socialista no está de acuerdo con esa manera
de discutir elementos tan fundamentales como los que, en concreto en
este título II, de lo social, vamos a ventilar aquí en pocos minutos.
Nos parece, además, que este tipo de ley ómnibus produce inseguridad
jurídica en el caso de los derechos sociales de los trabajadores, en
el caso de las obligaciones que, como tendré ocasión de señalar a
continuación, van a concretarse en consecuencias muy dañinas para
centenares de miles de empresas de nuestro país y que deberían ser
objeto de un debate mucho más reposado, de una ubicación formal en
una ley que no sea, al final, desconocida para la inmensa mayoría de
los españoles. Ni siquiera aquellos que se dedican profesionalmente
al estudio de la producción normativa son capaces de orientarse en
esta selva normativa, en la dispersión normativa que se produce cada
año, con cada presupuesto, en la ley de acompañamiento.
Señorías, quiero señalarlo, aunque sea solamente para que conste en
el «Diario de Sesiones» una vez más la protesta del Grupo
Parlamentario Socialista, porque sin duda están elaborando una ley
formalmente impecable, pero -como alguien ha dicho anteriormente-
tenemos dudas muy serias sobre la constitucionalidad de muchos de
estos preceptos y tenemos dudas mucho más serias sobre la oportunidad
de seguir llevando a cabo, a través de esta ley de acompañamiento,
reformas
tan sustantivas e importantes como las que se incluyen en este
título.
Por si fuera poco, señoras y señores del Grupo Popular, ustedes saben
que a todos los grupos de la Cámara nos une un procedimiento de
consenso, concordado en la anterior legislatura, para las reformas
del sistema de protección social. Y, una vez más, como hemos tenido
ocasión de ver con motivo de la ley de presupuestos, las medidas que
se contienen en esta ley de acompañamiento, y que hacen referencia a
la acción protectora de la Seguridad Social -hay una reforma
importante de la muerte y superviviencia en este título-, más allá de
que estemos conformes o disconformes con la misma, señores del Grupo
Parlamentario Popular, no hemos tenido ocasión de discutirlas en el
marco del Pacto de Toledo. Me da la impresión de que ni siquiera a
sus socios parlamentarios han tenido la deferencia de comunicar la
reforma de este capítulo trascendente de la muerte y supervivencia de
la acción protectora de la Seguridad Social; desde luego, no al Grupo
Parlamentario Socialista. Por tanto, hay un argumento añadido a favor
de los que pensamos que para ustedes el Pacto de Toledo es
simplemente un argumento propagandístico y un argumento para
referenciar una voluntad de diálogo, de consenso, que no se plasma en
la realidad en ninguno de los procedimientos, sean del carácter que
sean, sea cual sea el rango de la norma. Una vez más, señores del
Partido Popular, hay reformas importantes contenidas en el Pacto de
Toledo que no han sido consultadas con los grupos de la Cámara.
Por si fuera poco, ninguna de las enmiendas que hemos presentado en
Comisión ha sido objeto de la más mínima consideración, ni siquiera
en la forma de recibirlas. No han tenido la más mínima intención de
estudiar, de reflexionar sobre las soluciones que dan los grupos de
la oposición en temas, como les digo, que están ligados a
procedimientos consensuados a la hora de efectuar cambios.
Pues bien, señoras y señores diputados, como no tendré tiempo de
pasar revista a todas y cada una de las enmiendas, señalaré aquellas
que me gustaría que mereciesen alguna reflexión por su parte en este
trámite o en el del Senado. Quiero, en primer lugar, señoras y
señores diputados, glosar nuestra enmienda número 49.
La enmienda número 49 hace referencia a un precepto, al artículo 16
de la ley, que creemos sinceramente que debería ser objeto de una
nueva consideración por parte del Grupo Parlamentario Popular; y digo
de una nueva consideración, porque han tenido que enmendar el
precepto tal y como venía en el texto del Gobierno. Lo han tenido que
enmendar porque encontraron tachas importantes de
inconstitucionalidad, pero la reforma que se ha producido con la
enmienda del Partido Popular no elimina todos los inconvenientes de
esta norma. Esta norma, señoras y señores, va a dotar a la
administración de la Seguridad Social de unas prerrogativas
exorbitantes, desconocidas en nuestro ordenamiento, y que tienen la
curiosa peculiaridad de que
reproducen exactamente la adición del artículo 128, de la Ley General
Tributaria, con la redacción que se dio a través del artículo 26 de
la Ley 66/1997. Curiosamente, cuando se traspone esa normativa
tributaria a la adminsitración de la Seguridad Social, se elimina
deliberamente, porque no puede ser de otra manera, puesto que es la
transcripción literal del mismo precepto, la tutela judicial para las
medidas cautelares que están previstas para la Hacienda pública. ¿Por
qué, señoras y señores del Partido Popular? ¿Por qué en la
Administración tributaria es necesario el concurso del juez para que
se puedan producir hechos relevantes para trabar bienes, para
embargos preventivos, para señalar obligaciones en los registros de
la propiedad y no se producen esas mismas garantías y esas mismas
cautelas respecto de las obligaciones, que son obligaciones también
cuasi tributarias, que establece la relación jurídica de Seguridad
Social? ¿Por qué estas facultades exorbitantes por parte de la
administración de la Seguridad Social? Señoras y señores diputados,
ninguna razón se nos dio en Comisión -espero que se nos dé en el
Pleno- de por qué esta asimetría entre la norma tributaria y la norma
de Seguridad Social.
El artículo 17 del proyecto de ley no podemos ni siquiera enmendarlo;
queremos que se suprima lisa y llanamente. Deberían hacerse eco de
nuestros argumentos y, si no, escuchar lo que han dicho otros grupos
parlamentarios en la Comisión de Economía. Señoras y señores
diputados, es absolutamente inconcebible que el día 1 de enero de
1999 esté vigente en el ordenamiento jurídico español un precepto que
elimina de un plumazo todos los beneficios que tienen todas las
empresas de España en orden a las bonificaciones, en orden a las
subvenciones, y que se condicione la continuidad de esos beneficios a
que se entregue en soporte informático toda la información
recaudatoria de la Seguridad Social.
Es inconcebible que con un tejido productivo como el que hay en
España, donde el 85 por ciento del empleo está en pequeñas y medianas
empresas -algunas veces pequeñísimas empresas que no tienen la más
mínima capacidad técnica, lo que les obligaría en todo caso a ponerse
en manos de profesionales que les cobrarían por el servicio de pasar
a soporte informático su documentación de cotización-, se acote el
marco de las subvenciones, de las bonificaciones a las empresas mejor
dotadas o más ampliamente dimensionadas del país y se elimine de un
plumazo, por una norma procedimental, la capacidad y la igualdad de
todas las empresas de acceder a los beneficios que da el fomento del
empleo, o cualquier otro tipo de procedimiento de apoyo a la creación
de riqueza y de empleo en nuestro país.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Cercas,
vaya concluyendo.
El señor CERCAS ALONSO: Voy terminando, señor presidente.
Además, señores y señoras diputados, se hace en esta ley, en medio de
centenares de preceptos, por lo que va a quedar absolutamente
oscurecida en un debate que no tiene la más mínima publicidad.
¿Cuántos de esos empresarios, señores del Partido Popular, en este
momento saben que arriesgan la continuidad de sus beneficios a un mes
de la entrada en vigor de este proyecto de ley? ¿No podrían haber
puesto un calendario mínimo, prudente para la entrada en vigor del
precepto que tomase en consideración las dificultades objetivas,
serias y profundas que hay y con las que se van a encontrar
centenares de miles de empresas? ¿Es tan irracional lo que decimos
los diputados de la oposición pidiéndoles flexibilidad y reflexión
sobre un precepto que está hecho desde la soberbia administrativa de
los gestores públicos que dicen: me vendría bien que me trajeran los
soportes informáticos y allá se las arreglen centenares de miles de
empresas en nuestro país? ¿Cómo es posible, señores del Partido
Popular, ustedes que se las dan de liberales y de flexibles, que
puedan traer una norma que si la hubiera traído el Grupo
Parlamentario Socialista hubiera producido todo tipo de
descalificaciones, como las de estatalistas, burócratas, etcétera?
¿Por qué no reflexionan ustedes sobre estas cuestiones? Me parece que
el artículo 17 no debe formar parte del ordenamiento jurídico
español, y mucho menos con ese texto. No cabe argüir, como seguro que
argüirá el diputado que me conteste, que ya está previsto que el
Ministerio de Trabajo queda facultado para establecer las medidas
cautelares que estime conveniente, porque la solución está preñada de
los mismos problemas que el propio precepto, es volver a poner en
manos de la Administración la solución de un problema y es volver a
configurar que la solución de este problema va a estar en manos de
los administradores que están gestionando estos recursos. No puede
ser que el Parlamento español dé esas facultades exorbitantes a la
administración de la Seguridad Social.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Cercas,
le ruego que concluya.
El señor CERCAS ALONSO: Tengo que concluir, señorías, por mandato del
presidente.
Se dan por defendidas en sus propios términos el resto de las
enmiendas, y sólo me queda, para concluir, señoras y señores del
Grupo Parlamentario Popular, dar la recomendación que con ocasión del
trámite del debate de la Ley de presupuestos les hemos intentado
hacer llegar. Está en vigor un acuerdo político entre los grupos de
la Cámara que es el Pacto de Toledo. Señores del Partido Popular,
hagan honor a los compromisos que asumieron y no rompan
unilateralmente un acuerdo que les obliga a consensuar, a discutir, a
dialogar reformas de este calibre, que ustedes una vez más traen a la
Cámara sin haber tenido la más mínima consideración de la palabra
empeñada en aquellos pactos.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Cercas.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: Señor presidente, señorías, subo a la
tribuna a defender el título II y a argumentar nuestra posición
respecto a algunas de las enmiendas que se han presentado.
Tuve ocasión en el trámite de Comisión, en aquel momento sin límite
temporal, de explicar y hacer referencia a todas y cada una de las
enmiendas de SS.SS. y, por tanto, me van a permitir que en este
trámite me dedique más a defender, exponer o argumentar las líneas de
actuación que se han presentado en este título II que a extenderme
sobre todas y cada una de las enmiendas que se han planteado.
Quiero señalar que en algunos casos existen modelos diferentes de
entender algunas prestaciones y las planteadas por el señor Vaquero
responden a modelos ideológicamente diferentes. Su señoría apuesta
por las políticas pasivas; nosotros junto con el resto de los países
europeos queremos fomentar e ir sustituyendo las políticas pasivas
por políticas activas, que incentivan la ocupación y el empleo. Sus
enmiendas que eran a veces una especie de barra libre, no tenían
mucho sentido que fueran aprobadas, como ya le manifesté en el
trámite de Comisión. Estará de acuerdo conmigo en que esta política
ha traído importantes resultados en materia de empleo. El que
tengamos 1.200.000 ocupados más, batiendo récords de ocupación en los
dos últimos años y medio -y el último dato de la EPA es clarísimo-,
señor Vaquero, avala que nuestra política económica y el favorecer
políticas activas está dando resultado positivo.
Por lo que se refiere al título II, se ha aducido por el señor Cercas
algo que manifestó también en Comisión; señala que se utiliza de
forma abusiva el título II para incorporar algunas normas o reformas
que a usted le parece tendrían que vincularse a otros trámites.
La existencia de la Ley de acompañamiento está en nuestra historia y
tradición jurídicas; se vienen incorporando determinadas
modificaciones a lo largo de la historia, y no es algo nuevo. Porque
es una persona que normalmente interviene en este trámite del título
II presupuesto tras presupuesto, he de manifestar que el número de
reformas que se han introducido en este título II en este año es muy
inferior a las habidas en otras ocasiones, no sólo en presupuestos
muy colindantes o próximos, sino, si hiciéramos una comparación, con
otras leyes de acompañamiento del pasado.
Hemos presentado un título II encaminado a conseguir tres aspectos
fundamentales. Dentro del capítulo I intentamos modificar el artículo
33 de la Ley de Seguridad Social, estableciendo un nuevo sistema de
medidas cautelares y antifraudes a nuestro juicio proporcionales.
Queremos obtener un objetivo: impedir que algunas empresas o
instituciones consideren que el pago de las cotizaciones y el
cumplimiento de sus obligaciones
con la Seguridad Social es secundario para que, cuando hay problemas
económicos, se deje de pagar, como se hace siempre, las cotizaciones,
las prestaciones a la Seguridad Social como primer recurso, en vez de
adoptar medidas mucho más imaginativas y razonables. Se trata de
mejorar las garantías de la Seguridad Social para hacer efectivo el
cobro de deudas a nuestro sistema de pensiones, sin mermar por ello
las garantías de los demás, resultando innecesario, como algunos
pretenden y el propio Consejo General del Poder Judicial ha
reconocido, establecer e introducir el control previo jurisdiccional.
No se elimina el control jurisdiccional, pero sí el control previo
jurisdiccional. Sorprende que usted, señor Cercas, esté en contra de
esta norma porque es una persona -y me consta- defensora de los
derechos de la Seguridad Social. Si estableciéramos ese control
previo se romperían los principios de autotutela administrativa y de
legalidad de los actos administrativos como base de su ejecutoriedad.
Se trata, señoría, de luchar contra aquellos que no pagan y sumergen
la economía. No va a tener consecuencias dañinas en general; podrá
tener consecuencias dañinas contra éstos; podrá tener consecuencias
dañinas contra aquellos que retienen a sus trabajadores las
cotizaciones y en vez de ingresarlas en la Seguridad Social las
destinan a otros menesteres; podrá perjudicar a ciertos presidentes
de algunas comunidades autónomas que han tenido como tradición en
otros años y en otros ejercicios no ingresar en la Seguridad Social
lo que les correspondía. Ahí están algunas deudas que luego se vienen
acumulando que a veces han llegado a la cifra de 50.000 millones de
deuda a la Seguridad Social, como es el caso de la Junta de
Andalucía, que afortunadamente va poco a poco poniéndose al día,
aunque todavía desgraciadamente está muy lejos de lograrlo. Incorpora
también una serie de obligaciones para los perceptores de las
subvenciones y bonificaciones de declaraciones en soporte
informático; es lo que hemos denominado como el Plan Red. Pretendemos
que también desde la Administración se coadyuve a mejorar y
automatizar las empresas, pero hemos introducido una reserva, de
acuerdo con el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) una
enmienda: una modificación precisamente para garantizar los derechos
y, sobre todo, el futuro de las pequeñas empresas, como usted, señor
Cercas, señalaba. Yo estoy de acuerdo con S.S. en que no pueden
aplicarse normas de esta forma a toda una red empresarial, que en
muchas ocasiones no tiene capacidad suficiente para hacer este tipo
de soportes. Por eso, hemos aceptado una enmienda transaccional al
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), precisamente para
garantizar también que no se va a aplicar esta reforma de forma
arbitraria y perjudicar algo tan esencial para nosotros, y entiendo
que también para SS.SS., como es el empleo en las pequeñas empresas.
Respecto a la acción protectora del sistema de la Seguridad Social,
capítulo II, que es otra serie de artículos que se han incluido en
este título II, hemos
introducido algunas reformas. La primera es la que va destinada a
incentivar el autoempleo de los discapacitados. Segunda, hemos
mejorado las prestaciones por viudedad y favor familiar. Es cierto,
señor Cercas, que no nos hemos reunido previamente con ustedes para
decirles cuál iba a ser, pero convendrá usted conmigo en que no
tendría que sorprenderle a usted, porque si cogiésemos sus enmiendas
a la Ley de acompañamiento del año pasado, observaríamos que es
precisamente lo que ustedes plantearon. Se acordará que nosotros
introdujimos por primera vez en el presupuesto y en la Ley de
acompañamiento del año anterior que aquellas personas que no estando
de alta o asimiladas al alta pero que hubieran cotizado durante 22
años solventaran a la hora del fallecimiento una situación de
inseguridad para la viuda o el viudo, como era el que pudieran
obtener esa percepción. Establecíamos la cautela de los 22 años,
mientras que ustedes y otros grupos presentaron una enmienda en la
que pedían 15 años, que es lo que hemos hecho esta vez. Por lo tanto,
me extraña su sorpresa; no entiendo que usted se muestre disgustado
por una reforma que no recoge más que aspectos que siempre hemos
estado abiertos a dialogar. Es cierto que es una reforma importante
porque extiende los derechos, y yo estoy seguro que ustedes están
también de acuerdo con ella.
En otro de los apartados en el capítulo II aclara el encuadramiento
de los administradores y socios de las sociedades mercantiles y
laborales en el régimen de la Seguridad Social, cuya modificación en
la anterior Ley de acompañamiento había provocado controversias en su
aplicación.
Por último, a través de un enmienda adicional, recogiendo también lo
que era el espíritu de algunas otras enmiendas que se presentaban en
este título II, hemos extendido el coste cero en la baja por
maternidad a los socios cooperativistas.
Finalmente, introduce toda una serie de infracciones y sanciones en
el orden social, modificando aspectos de la Ley de infracciones del
orden social, la LISOS, que se habían quedado obsoletos e
inoperantes, como había reconocido una sentencia del Tribunal
Constitucional.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Hernando,
le ruego que vaya concluyendo.
El señor HERNANDO FRAILE: Acabo rápidamente.
La sentencia del Tribunal Constitucional fue la 195/1996. Con ella se
modifica en este capítulo III la Ley 31/1995, sobre prevención de
riesgos laborales, en función de los acuerdos con los agentes
sociales y del nuevo Plan aprobado por comunidades autónomas y
también por el Gobierno sobre prevención de riesgos laborales. Se
incorpora al Estatuto de los Trabajadores aspectos como el acoso
sexual y el abuso de las horas extraordinarias por parte de los
empresarios y se establece una serie de requisitos para las empresas
de trabajo
temporal para mejorar su control y las garantías de los trabajadores.
Es posible que se pueda manifestar y que sea discutible si la
potestad sancionadora cabe aplicarla o modificarla a través de la Ley
de acompañamiento, pero hay precedentes sobre esto, y no hay más que
recurrir a las leyes 4/1990, 31/1991, 22/1993 y 13/1996, que han
hecho eso mismo: extender la potestad sancionadora y modificar otras
leyes. Quizá, la técnica jurídica más apropiada fuera otra, pero
hemos entendido que, en virtud de la urgencia para aplicar estas
reformas, en un caso, impelidos por el propio Tribunal Constitucional
y, en otros, por los propios acuerdos de los agentes sociales y en la
necesidad de establecer medidas eficaces en la prevención de riesgos
laborales, era necesario traerlo a esta Ley de acompañamiento.
El Grupo Popular, por otra parte, mantiene un voto particular para
reincorporar al texto el artículo 21, eliminado en trámite de
Comisión. Nosotros, a través de dicho artículo, queríamos superar una
redacción anterior que considerábamos insuficiente y confusa de la
Ley del seguro privado y restablecer el principio de seguridad
jurídica.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Hernando,
le ruego concluya.
El señor HERNANDO FRAILE: Termino en diez segundos, señor presidente.
Se trata de encajar a los profesionales en el sistema de protección
universal de la Seguridad Social, dentro del concepto de trabajador
por cuenta propia, estableciendo el carácter complementario de las
entidades de previsión social, asunto para el que confiamos obtener
los votos necesarios para reincorporar este artículo 21, que creemos
que mejora la situación de los profesionales respecto de la Seguridad
Social y restablece ese principio, que creo que es de entendimiento
general, de que la Seguridad Social debe tener una cobertura
universal.
Nada más. Muchas gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Hernando.
Título III Pasamos a las enmiendas al título III, en primer lugar,
las presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), para cuya
presentación y defensa, tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Me voy a referir a la enmienda 30 relativa al articulo 27. En ella se
introduce un precepto, en relación con el personal al servicio de las
Administraciones públicas, que va frontalmente en contra de lo
manifestado en todo momento desde este Ministerio, acerca de la
limpieza en lo que se refiere al reclutamiento del personal al
servicio de la Administración. En todo el procedimiento de
elaboración de lo que ha sido hasta ahora
anteproyecto del estatuto básico de la función pública, se ha hecho
gala de respeto escrupuloso en los principios de publicidad, mérito y
capacidad en el reclutamiento de personal. Sin embargo, lo pretendido
en este artículo es absolutamente contrario a la salvaguarda de estos
principios. Se alude a la posibilidad de los procedimientos
restringidos y a la valoración de méritos de interinos y en
contratados, pero se hace con unas pretensiones de generalidad que
está frontalmente en contra, repito, de lo establecido hasta ahora
por la jurisprudencia constitucional. Cuando se debatió esta enmienda
en Comisión, me contestó la señora portavoz del Grupo Popular
refiriéndose a la propia Ley vasca de la Función Pública. Ya entonces
manifesté, y lo digo ahora, que este procedimiento ha sido habitual,
incluso bendecido por el propio Tribunal Constitucional, cuando se ha
tratado de consolidar nuevas administraciones en las comunidades
autónomas que debieron reclutar con urgencia un grupo de personal en
precario, es decir, cuando se trataba de consolidar un funcionariado
respecto de administraciones emergentes. En estos casos, situaciones
de excepcionalidad, está permitido constitucionalmente; en los demás
supuestos hay jurisprudencia, tanto en el Tribunal Supremo, como en
el Tribunal Constitucional, en que esta práctica debe ser proscrita.
Este tipo de contrataciones no son lícitas, salvo excepciones que
deben estar rigurosamente justificadas. Creemos que esto no se hace
en este caso. Es además curioso que en una materia en la que desde el
Gobierno se es tan proclive a señalar el carácter básico de todos los
preceptos, en este caso concreto, en el que se pretende bendecir
claramente a los eventuales que hayan entrado por un medio distinto a
los sistemas normales de selección, no se predica el carácter básico
de la disposición; es decir, el Gobierno del Estado se lo atribuye
única y exclusivamente para el personal a su servicio, sin que vaya a
ser posible utilizarlo por otras administraciones. Creemos que no
debe existir para nadie y, por eso, pedimos la supresión de este
precepto, que rompe el esquema constitucionalmente querido en el
reclutamiento de personal al servicio de las Administraciones
públicas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Uría.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene
la palabra el señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor presidente.
Izquierda Unida ha presentado a este título cuatro enmiendas que paso
a defender. En la 187 proponemos la supresión del punto 2 del
artículo 36, pues, la frase que incluye: a excepción de lo dispuesto
en el apartado 5, excluye precisamente al colectivo aludido en dicho
apartado de la relación del artículo 41 del texto refundido de la Ley
de clases pasivas, respecto a la pensión
de orfandad. Nosotros creemos que no es justificada esta exclusión y,
por tanto, pedimos su supresión.
En la enmienda 188, referida al tema de la pensión de orfandad,
solicitamos la supresión del punto 3 del artículo 36 para ampliar la
cobertura de dicha pensión a todos los que cumplan los requisitos
exigidos, una vez que entre en vigor la ley.
En la enmienda 189 pedimos la supresión del artículo 37, pues el
nuevo texto de la disposición adicional tercera del Real Decreto-ley
16/1978, de 7 de junio, en su punto 1, perjudicaría a los más
necesitados de la prestación a que hace alusión, especialmente los
incapacitados que son excluidos de la anterior redacción, empeorando
además el sistema de financiación y la cobertura.
Finalmente, en la enmienda 190 se propone sustituir el carácter
potestativo del término: podrán por el imperativo: deberán, con que
el artículo 38 plantea el concierto de seguros de accidentes y
enfermedades que cubran las contingencias del personal de la
Administración general del Estado y organismos vinculados a la misma,
siempre que dichas contingencias no estén cubiertas, como es lógico,
por la Seguridad Social.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vaquero.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Rodríguez Zapatero.
El señor RODRÍGUEZ ZAPATERO: Brevemente, señoría, defenderé las dos
enmiendas que el Grupo Socialista tiene presentadas a este título.
La primera es de adición al artículo 28, por la cual se intenta dar
cumplimiento a una cuestión que se arrastra desde hace mucho tiempo
en el ámbito de la Administración general del Estado y por el
personal que presta sus servicios; está referida al acuerdo de 1994,
con vigencia hasta 1997, sobre la posibilidad de que las
Administraciones públicas puedan convocar procesos selectivos en
turno específico de acceso para los cuerpos o escalas con funciones
auxiliares de carácter administrativo no sólo para el personal
funcionario correspondiente al grupo E, sino también para el personal
laboral fijo que desempeña categorías con funciones similares a las
del grupo E de los funcionarios. El sistema sería el del concurso-
oposición con el requisito de antigüedad de dos años en esos cuerpos
o escalas referidas. Insisto en que es un problema que se arrastra
desde atrás; afecta a un colectivo ciertamente reducido de personal
laboral que está desempeñando estas tareas y que hasta ahora ven
cerrado su posible proceso de funcionarización, frente al muy
intensificado en la etapa de Gobierno del Partido Popular; no sabemos
por qué no se abre también a ese colectivo.
La segunda enmienda pretende incluir un artículo nuevo, el 29 bis, en
virtud del cual se establecería un sistema nuevo de régimen de
Seguridad Social para aquellos funcionarios de los cuerpos docentes
que estén inscritos en los regímenes de Seguridad Social o
de previsión distintos a los de clases pasivas, que puedan acogerse a
la jubilación anticipada que establece el apartado 5 de la
disposición transitoria novena de la Logse, siempre que lógicamente
reúnan los requisitos establecidos en el apartado 1 de dicha
disposición, que parece que es una necesidad lógica que no afecta a
un número excesivo de personas, y que creo que tiene una gran
virtualidad para las mismas.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rodríguez Zapatero.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora
Fernández.
La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Con toda brevedad trataré de dar respuesta a las enmiendas vivas que
ya han sido defendidas por los diversos grupos parlamentarios en el
seno de la Comisión de Economía. Comenzaré por hacer referencia y
reiterar los argumentos exhibidos entonces respecto a las enmiendas
que plantea el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) y que ha defendido su
portavoz, la señora Uría, en este trámite del proyecto de ley de
medidas fiscales y específicamente administrativas en esta sesión
plenaria.
El Grupo Parlamentario Vasco (PNV) propone dos enmiendas; una de
ellas pretende la supresión del artículo 27. Justifica dicha
supresión invocando preceptos constitucionales. En el trámite
correspondiente de Comisión exhibí los argumentos que, a nuestro
juicio, justifican sobradamente la nueva redacción del artículo 27 y
que en nada colisionan con la doctrina del Tribunal Constitucional en
la materia; más bien al contrario, a nuestro juicio, existe una
perfecta conciliación entre la doctrina del Tribunal Constitucional y
el precepto que se incluye en la Ley de medidas.
Yo decía a S.S. que me llamaba poderosamente la atención cómo en una
situación extraordinaria y excepcional -estamos hablando de
transferencia de servicios, de los momentos iniciales de las
autonomías en nuestro país y, por tanto, la nueva configuración
territorial- el Tribunal Constitucional admitió este supuesto con
carácter excepcional por razones evidentes, ya que ni había
funcionarios ni, por tanto, se podrían prestar los servicios si no se
accedía a través de sistemas restringidos. Pero, señorías, con la
redacción del artículo 27 no estamos hablando de procesos de
selección de personal con carácter restringido, sino de procesos de
selección de personal en turno libre. Entendemos que para las
personas que han desempeñado idénticos puestos de trabajo con
carácter interino, una vez que superen la fase de oposición y, por
tanto, el turno libre correspondiente, podrá establecerse, a
posteriori, la fase de concurso, conforme a los criterios previamente
diseñados y la puntuación correspondiente, porque estamos hablando de
una sistema de selección, de oposición libre y concurso a posteriori.
Con
este enfoque que se da en el artículo 27 creemos colmar una laguna y
una vieja aspiración de los sindicatos de la Función pública española
y del personal funcionario en nuestro país, que aspiraba a esta nueva
regulación que aparece concebida por primera vez en la Ley de medidas
administrativas. Su señoría puede estar tranquila porque perseguimos
igualmente los criterios de transparencia y de acceso en igualdad de
condiciones y méritos a la Función pública en los mismos términos que
a S.S. le preocupan. Por tanto, la redacción del artículo 27
-insisto- en nada colisiona con la doctrina del Tribunal
Constitucional, toda vez que hablamos de pruebas libres y no de
procesos restringidos, que S.S. conoce porque se han propiciado a
través de la Comunidad Autónoma del País Vasco y específicamente de
la Ley 6/1989, de 6 de junio, donde se autorizaba, a través de una
disposición transitoria tercera, que se accediese a la condición de
funcionario de la Comunidad Autónoma vasca a través de un
procedimiento restringido. Aquí no estamos hablando de ese sistema,
sino de pruebas libres de acceso a la función pública con una
puntuación.
En segundo término el Grupo Parlamentario Vasco defiende la enmienda
número 31, a la que S.S. creo que recordar que no ha hecho
referencia, respecto a la que ya justificamos nuestro voto en el
trámite de Comisión. Su señoría propone que el personal adscrito al
Instituto Social de la Marina, a través del programa de sanidad
marítima, aparezca integrado como personal estatutario de la sanidad
pública. Con esas características yo le decía entonces y le reitero
ahora que los problemas de movilidad justificarían -y por eso se
origina la redacción de este precepto- que en ocasiones la prestación
del servicio adoleciese de dificultades insalvables por carecer
justamente del personal sanitario que lo tiene que prestar. Ésa es la
filosofía y, por tanto, la redacción que damos al artículo 30,
teniendo en cuenta que persigue justamente la adscripción que permita
que esos funcionarios puedan prestar adecuadamente el servicio.
El Grupo Parlamentario Socialista presenta dos enmiendas, las número
64 y 65. La primera -lo decíamos ya en el trámite de Comisión-, a
nuestro juicio, no tiene una redacción adecuada ni desde el punto de
vista gramatical ni de sistemática jurídica. Tenemos que adivinar lo
que pretende esta enmienda. Se trataría de un acceso o de una
promoción restringida dentro de los cuerpos o escalas de determinados
funcionarios - dicen- con funciones auxiliares de carácter
administrativo. A mi juicio, ello supone una imprecisión semántica y
con muy poca fortuna en el impulso político que se pretende dar a
esta enmienda. El Grupo Parlamentario Popular considera que es
necesario profundizar y realizar el estudio de manera que se puedan
adoptar las decisiones adecuadas dentro de la doctrina del Tribunal
Constitucional, por tanto, no conculcando ningún derecho ni
marginando ninguna expectativa dentro de los procesos lógicos de
promoción interna en la Función pública. No nos parece que el
procedimiento adecuado sea una enmienda mal planteada y mal formulada,
que persigue un aspecto muy concreto, muy singular, toda vez
que el Grupo Parlamentario Popular entiende que debe hacerse con
carácter global, profundizando en lo que es la promoción interna
dentro de la Función pública, acompasado siempre a la doctrina del
Tribunal Constitucional.
La segunda enmienda planteada por el Grupo Parlamentario Socialista,
la número 65, pretende establecer, en términos sintéticos, un sistema
igualitario donde existen dos regímenes de cobertura y de previsión.
De los funcionarios docentes adscritos al sistema educativo y que,
por tanto, prestan sus servicios dentro del marco de la Logse, como
S.S. sabe perfectamente, un número de ellos pertenece al régimen de
clases pasivas y otro gran colectivo al régimen general de la
Seguridad Social. Su señoría conoce perfectamente que ambos
regímenes, el de clases pasivas y el sistema general de la Seguridad
Social, presentan requisitos para la percepción del derecho de
jubilación, en lo que a base de cálculo y cotización se refiere, que
son diferentes. No son discriminatorios, simplemente son diferentes;
en unos casos se exigen unos requisitos y en otros unos distintos.
Unificar dos sistemas diferenciados con una justificación no
solamente actual sino en los tiempos anteriores del régimen de clases
pasivas y del sistema general de la Seguridad Social, a través de la
formulación de una enmienda al título III que pretende adicionar un
artículo 29 bis, no creemos que sea la mejor fórmula posible para
tratar de homologar dos regímenes y dos coberturas sociales que son
distintas, que tienen sus requisitos, sus propias reglas y sus
propias adscripciones de funcionarios. No son tan pocos casos como S.
S. refería en su intervención.
Las enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida plantean una nueva redacción del artículo 41, así como la
adición de un nuevo artículo 7, que tiene como objetivo inmediato la
exención del pago de tasas para la participación en las pruebas de
acceso al empleo público por los desempleados. Sus señorías saben
perfectamente que existe una regulación, por lo que a derechos de
exámenes se refiere, establecida el 30 de diciembre de 1997, en la
que, concretamente en su apartado 5º, se declaró exentas del pago de
las mencionadas tasas a las personas que tuviesen una discapacidad
igual o superior al 33 por ciento. Hacer ahora otro planteamiento,
legítimo pero que no podemos compartir, que sea la exención del pago
de las tasas por participar en pruebas de acceso al empleo público a
los desempleados, nos parece que con carácter general podría
propiciar consecuencias seguramente no queridas ni pensadas a la hora
de la formulación de la enmienda, como serían presentaciones masivas
de solicitudes para participar en determinadas pruebas de selección
de personal y posterior acceso a la función pública.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora
Fernández, le ruego que vaya concluyendo.
La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: No nos parece, desde luego, que la
nueva regulación que se ofrece sea el paradigma en el cual se pueda
basar el acceso libre y que se consagren los principios de mérito y
capacidad para el acceso a la Función pública en nuestro país.
Las enmiendas de Izquierda Unida al artículo 41 piden sobre todo la
supresión de no pocos párrafos de dicho precepto y yo quisiera
sintetizar mi intervención repitiendo algunas referencias que ya
hicimos en Comisión. ¿Qué se persigue a través de la nueva redacción
del artículo 41? Básicamente se persigue la confluencia de los
requisitos a la hora de obtener el derecho de pensión de orfandad en
el sistema de la Seguridad Social y en el sistema de clases pasivas.
Así se establecen una serie de características generales que nosotros
entendemos que son beneficiosas. Se consagran unas horquillas de edad
y tendrán derecho a pensión de orfandad los hijos del causante que
fuesen menores de veintiún años o que estuviesen incapacitados para
todo tipo de trabajo. También -y es una novedad que se incorpora
desde el año pasado- aquellos que tengan rentas que, en su cómputo
anual, resulten inferiores al 75 por ciento del salario mínimo
interprofesional. Finalmente se establece con carácter general, en el
apartado 5 de ese artículo 41, una característica consistente en que
el derecho al que se refiere el propio artículo asistirá a dichos
hijos con independencia de la existencia o no de cónyuge supérstite
del fallecido o así declarado. Esta es la regla general. Tal vez, en
lo que es la estructura gramatical del artículo, se podría haber
desplazado esta afirmación genérica al párrafo primero in fine, pero
a nuestro juicio, dentro de los parámetros generales de confluencia
de sistemas y de evitar discriminaciones en el tratamiento de la
obtención posterior del derecho a la pensión de orfandad, entendemos
que la finalidad sobrepasa a lo que pueda ser la redacción gramatical
de la norma.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora
Fernández, le ruego concluya.
La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Concluyo en este mismo instante,
señoría.
Y justifica la nueva redacción del artículo 41.
Hay una enmienda del Grupo Mixto que pretende también un acceso
restringido y excepcional, careciendo de la titulación adecuada, y
estoy refiriéndome al personal docente y a la confluencia de las
ikastolas con los centros privados que se han convertido en públicos.
Admitiendo la posible excepcionalidad, los criterios que se aducen en
la motivación de la enmienda, prescindiendo de la titulación
adecuada, aunque sea con carácter excepcional, nos parece que, en ese
aspecto concreto, se conculcan los derechos constitucionales de
igualdad, mérito y capacidad, que deben presidir siempre el acceso a
la Función pública.
Estas son en síntesis las enmiendas que se han presentado y de mis
palabras creo que se deduce que el
Grupo Parlamentario Popular no apoyará las enmiendas defendidas por
los grupos parlamentarios y que han quedado vivas en este trámite en
el Congreso de los Diputados.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Fernández.
Pasamos a las enmiendas al título IV. Título IV En primer lugar, las
presentadas, dentro del Grupo Parlamentario Mixto, por la señora
Rahola. (Pausa.) Al no estar presente para defenderlas, decaen.
En segundo lugar, para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra
el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
Intervengo para defender de forma breve las dos únicas enmiendas que
tenemos a este título IV, que son de supresión.
La enmienda 339 pide la supresión del artículo 34, en el que el
Gobierno nos propone una modificación de la Ley General
Presupuestaria de tal magnitud y envergadura que en ningún caso se
puede aceptar, a nuestro entender, que pase simplemente como un
artículo de la ley de acompañamiento. Pensamos que esta modificación
debería ser tramitada mediante un proyecto de ley independiente.
La segunda enmienda es la número 340, en la que pedimos la supresión
del artículo 55, que nos propone la modificación de la Ley de
creación de la gerencia de infraestructuras de la defensa. ¿Por qué
proponemos la supresión de este artículo? Porque se está tramitando
en esta Cámara precisamente una proposición de ley presentada por el
Grupo Popular para modificar esta ley. En estos momentos esta
modificación está pendiente del informe de la Ponencia y no nos
parece oportuno que, cuando se está tramitando en el Congreso una
iniciativa parlamentaria en ese sentido, aparezca en un artículo de
la ley de acompañamiento esa modificación.
Son, señor presidente, repito, dos enmiendas de supresión, la 339 y
la 340, de los diputados y diputadas de Nueva Izquierda-Iniciativa
per Catalunya.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Saura.
Tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (Don Guillerme): Gracias, señor presidente.
Intervengo para defender las tres enmiendas del Bloque Nacionalista
Galego al título IV.
La enmienda 399 pide la supresión del artículo 41, por estar en
desacuerdo con su contenido. Creemos que, con la medida propuesta, el
Gobierno pretende quitar obstáculos para la posible privatización de
Bazán y Santa Bárbara. Además, el Gobierno propone la venta a precio
tasado, no una cesión gratuita, precisamente a empresas que ya venían
disfrutando de estos terrenos e
instalaciones y que no se encuentran en situaciones financieras muy
favorables para afrontar esa compra. Nosotros proponemos la supresión
no sólo porque no estamos de acuerdo con la privatización de estas
empresas, sino porque también esta medida agravaría su situación
financiera. Esta medida sirve para aportar de manera encubierta
fondos a Defensa, a costa de otros sectores públicos, método que
nosotros no compartimos.
En la enmienda número 400 pedimos la adición de un apartado al
artículo 43 en el sentido de que los contratistas que no abonen a los
subcontratistas y suministradores el pago del precio pactado en los
plazos y condiciones fijadas en el apartado de este artículo quedaran
inhabilitados para contratar con la Administración. Lo hacemos porque
es conocido de todo el mundo que uno de los problemas que padecen los
subcontratistas y suministradores es la dificultad que tienen muchas
veces a la hora de cobrar lo pactado con las empresas contratistas
principales, con los problemas de liquidez que esto ocasiona y las
consiguientes repercusiones sobre el empleo e incluso sobre la propia
viabilidad de estas empresas. Nosotros creemos que la Administración
no debe cooperar a mantener estas prácticas, sino que más bien debe
cortarlas. Y un medio de hacerlo es una propuesta como la que
realizamos en esta enmienda.
Por último, la enmienda 401, que pide la modificación de la actual
estructura de la red de ventas de loterías y juegos del Estado. En la
actualidad, esta red comercial de juegos y apuestas del Estado está
constituida por una red básica que comprende a los establecimientos
autorizados para la venta de todos los productos de la Organización
Nacional de Loterías y también por una red complementaria, que
comprende a los establecimientos autorizados para la venta de uno o
varios de estos productos. Lo que proponemos es que esta red de
ventas se unifique, porque creemos que, además de acabar con una
situación de discriminación que en estos momentos no nos parece
justificada, esta medida contribuiría a aumentar las ventas de
lotería nacional y, por tanto, a aumentar los ingresos del Estado.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la
señora Uría.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente.
El Grupo Vasco sólo tiene una enmienda a este título, la número 32,
al artículo 54, relativa a la adaptación del Organismo Nacional de
Loterías y Apuestas del Estado a la llamada Lofage. La enmienda se
circunscribe al punto 5 de la redacción que se pretende dar al
artículo 54 y hace referencia a una cuestión a la que ya antes he
aludido, al ejercicio de la potestad sancionadora con norma de rango
inadecuado. Además, hay
otra razón añadida. Creemos que estamos frente a un subproceso de
liberalización también del mercado del juego en el contexto de las
directrices de la Unión Europea y que esta normativa debiera hacerse
cuando menos con norma de rango legal. Pretendemos que, en vez de
decir real decreto, se diga cuando menos real decreto-ley.
El proyecto de ley dice asimismo que será el reglamento el que regule
el régimen de infracciones en que puedan incurrir los sujetos que
intervengan en el mercado de juegos y apuestas del Estado. Esto va
frontalmente contra el artículo 25, por los mismos criterios que
antes he manifestado, y creemos que debe suprimirse esta referencia a
regulación por norma de rango reglamentario.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene
la palabra el señor Ríos.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías, es precisamente
en este título donde la nobleza de esta forma de legislar del
Gobierno pierde más fortaleza o más capacidad de necesidad. Fíjense
SS.SS. en cómo se llama este título: Normas de gestión y
organización. Y bajo este título nada más y nada menos que se aborda
una modificación sustantiva de la Ley General Presupuestaria -que,
por cierto, no hemos discutido aquí como trámite separado y me
imagino que debía ser así-, una modificación de 22 organismos
públicos, 22, un pretendido desarrollo de la Lofage -que yo no sé por
qué no se hace por separado-, más una creación de nuevos organismos.
Todo eso unido a una voluntad de fortalecer la capacidad de
privatización de algunos servicios públicos que ya tiene el Gobierno.
Por ejemplo, en lo relacionado con defensa, sería bueno que el
Gobierno lo retirara y trajera una propuesta -que yo no me niego a
discutir- sobre la política industrial de defensa, su voluntad de
articular el desarrollo de la liberalización de los sectores y la
capacidad, potenciación y modernización de esos sectores. Tendría que
discutirse aparte de manera nítida y específica. En un año no lo
hemos podido hacer y lo tenemos que hacer ahora, de manera soterrada,
unido a la discusión de 52 leyes paralelas, y sin capacidad de
profundizar en nada. Tengo diez minutos de tiempo y no voy a poder
profundizar en todo. ¿Por qué mantenemos 22 enmiendas, todas ellas
para retirar y discutir aparte? Fundamentalmente, porque nos
rebelamos a hacer en un artículo modificaciones tan amplias de leyes
como la regulación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
del patrimonio e instalaciones de la defensa, de la coordinación de
la investigación científico-técnica, de la creación de organismos de
carácter comercial, industrial y financiero, la adaptación de
determinadas mutualidades de los funcionarios, el desarrollo del ente
gestor de infraestructuras,
el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional vía ley... Tal
retahíla de modificaciones que permítame S.S. que diga que es
inconstitucional, siguiendo las decisiones que ha tomado el Tribunal
Constitucional. Esto no es la distribución del capítulo de ingresos y
de gastos de los presupuestos. Es la voluntad de ocultar los debates
específicos.
Me voy a referir a algunas enmiendas, no a todas. La primera, la
enmienda 192. El proyecto de ley determina que el Ministerio de
Defensa pueda enajenar, con la extensión objetiva y los precios que
el Gobierno diga, las factorías, fábricas e instalaciones que a 1 de
enero de 1999 tenga la Empresa Nacional Bazán, construcciones
navales, la Empresa Nacional Santa Bárbara y la Empresa SBB,
Blindados. ¿Qué quiere decir esto? Si a eso unimos que el señor Piqué
ha dicho que en el año 2000 estará privatizada toda Santa Bárbara,
están ustedes llenando de contenido patrimonial una posible
privatización. Nada más falta que le pongan premio de la
privatización y hagan como hicieron ustedes con Enfersa. Pusieron
70.000 millones para su modernización - ustedes no, el Gobierno-, la
vendieron a Ercros y, una vez vendida, ha desaparecido. Esa no es la
forma de mantener y garantizar un sector como es el de la industria
militar. Desde mi punto de vista, en la medida en que se desarrolle
un modelo de defensa diferente, tendremos que abordarlo. Si nuestro
ejército necesita estructura militar y necesita modernizarla, ¿por
qué no hacerlo con nuestra propia industria? ¿Por qué enajenar este
patrimonio y darlo? Si fuera esto sólo, diríamos: Qué más da que esté
en un sitio o en otro. Pero es muy distinto que esté en manos de la
SEPI a que esté en Defensa. Si está en manos de la SEPI, ya sabemos
lo que hace la SEPI, vender. La SEPI es la empresa vendedora, aunque
luego nivela algunas cosas.
Y esto va acompañado de una disposición transitoria que es una joya,
y tránsito sí que tiene. Dice: 18 meses para llevar a cabo que se
liquide el contrato del Ministerio de Defensa con las empresas que
hemos dicho antes. Si el Ministerio de Defensa tiene firmado con
estas empresas unos convenios que significan construir fragatas,
construir cazaminas, ¿qué quiere decir que se suspenda? Dice:
continuarán en vigor en sus correspondientes anexos y normas
adicionales, quedando extinguidas y sin valor jurídico alguno cuando
pasen 18 meses. ¿Me quieren decir qué es esto? ¿Que van a ejecutar
todo esto en 18 meses o que liquidamos los contratos y los acuerdos?
Me parece una barbaridad. Podrían ustedes decir que la relación
jurídica entre Defensa y las industrias no tiene posibilidad de
continuidad en el marco europeo de licitación de la acción
constructiva, pero que estos contratos se renovarán, se modernizarán,
se adecuarán, en función de los compromisos contraídos. Eso sería
lógico, para dar viabilidad y tranquilidad a una serie de personas
que trabajan en Bazán o en Santa Bárbara. Esto es un asalto que
impide que se pueda negociar con tranquilidad un plan de empresas en
Bazán. Lo impide. ¿Por qué? Porque significa que ustedes dicen: La
empresa tiene el patrimonio, le
hemos quitado las clases pasivas, 100.000 millones de pesetas, vía
SEPI, y ahora les dejamos a ustedes un plan resuelto. Si el problema
siempre es negociar prejubilaciones y reducción de empleo, eso ni es
moderno, ni es de centro, ni es la otra parte. No lo es porque es
imposible que podamos entender que la única viabilidad es despedir
gente, cerrar actividad y privatizar o subcontratar. Porque lo que
está pasando en estos centros es que se está subcontratando la
empresa; tienen una carga de trabajo tan grande que tienen que
subcontratar con empresas que luego tienen que revisar. ¿Por qué no
hacerlo con el personal que está dentro, que está preparado y
capacitado?
La parte derogatoria culmina toda esta operación. La parte
dispositiva toma una medida, la parte transitoria toma otra para 18
meses y luego viene la parte derogatoria, a la que mantenemos
nuestras enmiendas 275 y 276. Dice: Quedan derogadas todas las
disposiciones legales que existen en relación con Defensa. Y esto es
constructivo, tanto en Bazán como en Santa Bárbara. Las disposiciones
derogatorias segunda y tercera. Y decían en Comisión que era
predemocrático lo que se derogaba. Vean lo que derogan. Ese afán
avaricioso con el que ustedes hacen leyes de acompañamiento,
acomodamiento, o como ustedes las quieran llamar, porque les molesta
que les diga que es de amañamiento. Dicen: Derogamos la disposición
adicional de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y de orden social. La de 1996, la que ustedes
aprobaron, la del año 1997, la del año 1993. ¿Eso es predemocrático?
No sólo no es predemocrático, sino que es otra realidad distinta.
La enmienda 193. La adaptación que ustedes hacen de la Lofage. Entro
en la parte de la Lofage. Fíjense lo que hacen. Dicen: Adaptación de
organismos autónomos. Antes de tener la Lofage, ustedes tenían
organismos autónomos administrativos y organismos autónomos
comerciales. En la transformación dijeron que los organismos
autónomos administrativos pasaban a ser organismos autónomos y los
organismos autónomos comerciales pasaban a ser entidades públicas
empresariales. Ahora dicen: No. Los organismos autónomos de carácter
comercial, industrial y financiero, de la anterior regulación, que se
recogen en la Lofage, los hacemos organismos autónomos
administrativos. Y ponen una lista, del Ministerio de Agricultura,
del Ministerio de Defensa, Servicio Militar de Construcciones... Me
voy a parar en este último, porque es graciosísimo. Han presentado un
plan de supresión de este servicio, mientras subcontratan o hacen
convenios con otra empresa que se llama Tracsa, para hacer esas
tareas. Y hacen un plan de supresión, ya han empezado este año, en
Burgos y en Valladolid, y van a seguir. No digan esto, digan que
quieren suprimirlo y anularlo. Sean valientes, den la cara, no
escondan las cosas. Discutan lo que quieren hacer y den la cara en
cada caso, para que así podamos discutirlos uno a uno. Igual que
tenemos este Servicio Militar de Construcciones, tenemos otro en
Educación,
otro en Economía... Ustedes modifican todos estos organismos con esta
disposición del artículo 44.
Vamos a la modificación que ustedes presentan al organismo de
investigación. Nosotros tenemos presentadas dos enmiendas, las
números 194 y 191, a lo que es la puesta en marcha del ente gestor de
infraestructuras, que no paran ustedes de ponerlo en marcha. Lo
crearon vía Ley de acompañamiento en el año 1997 y siguen
desarrollándolo vía ley de acompañamiento. ¿No hubiera sido mejor que
hubieran traído una propuesta de ley de regulación de todo lo que es
introducir, vía activos financieros, vía inversión o vía actuación
del capítulo 8, toda la red de inversión? Hubiera quedado claro, lo
hubiéramos conocido todos y no entenderíamos que están camuflando
inversión, que la hacen indirectamente, en lugar de directamente,
para compensar la relación de déficit que tienen. Al final, puede
funcionar. Pedimos también su supresión. Y, cuando digo supresión, no
digo que no se haga; digo que se discuta específicamente. No queremos
decir que no queramos discutir, pero cada cosa a su paso, para hacer
realidad aquello de: olivica comía, huesecico al suelo. No nos
queramos comer todo el cesto de aceitunas a la vez, porque nos vamos
a atragantar. Eso es lo que ustedes hacen, nos atragantamos en la
propia discusión.
Crean ustedes la Gerencia de Infraestructura de Defensa, lo adaptan,
y no sólo le dan capacidad para enajenar y vender, sino también para
participar en el desarrollo de esa enajenación. Hasta ahora, se
ponían a disposición de los ayuntamientos y de las comunidades
autónomas y percibían unos ingresos. Ahora dicen: No, también
queremos participar del beneficio de la gestión urbanística
inmobiliaria. Fíjese lo que es esto, esto es sacar del control de
todos nosotros, incluidos ustedes, los ingresos y gastos por valor de
10.000, 12.000 ó 15.000 millones de pesetas. No pasan por la cuenta
general, no los controlan los interventores. ¿Sabe lo que quiere
decir eso? Que la Intervención General no controla ese dinero, que lo
decide un Ministerio y una gerencia. Cobran y gastan lo que quieren.
No pasa como con cualquier peseta que se produzca en otro lado, que
pasa por una contabilidad única, la caja única; aquí no.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Ríos, le
ruego vaya concluyendo.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Concluyo, señor presidente.
Esto significa que, tanto en Defensa como en Interior, van a
funcionar vendiendo su patrimonio, enajenándolo, participando y luego
administrándolo para adquirir gastos y equipamiento. No sé qué
volumen será este año, otros años ha sido 7.000, 8.000 ó 9.000
millones, que salen de un control global y entran en un control
particular, específico, como si Defensa tuviese una caja particular.
No me parece bien y no estoy de acuerdo. En todo caso, si es así,
tráiganlo ustedes y discutamos la ley de la gerencia de
infraestructuras específica
y nítidamente, no acompañando una discusión de presupuestos.
Señor presidente, este capítulo sobra. Yo reconozco que hay títulos
de esta ley que es normal que se presenten, pero este título IV es
una aberración legal, que genera inseguridad jurídica. Se lo ha dicho
a ustedes el Consejo de Estado, se lo ha dicho el Consejo Económico y
Social, se lo pueden decir más alto, pero más claro no; yo, al revés,
lo digo más alto y menos claro. Lo cierto y verdad es que no es
posible continuar con este vicio de desarrollo legal, vicio que nos
va a llevar a una complicación total. Espero que algún día el
amanecer sea distinto, sea de la mayor seguridad jurídica a la hora
de actuar. La discusión legal debe ser -y fíjense que yo no soy
especialista, ni abogado, ni persona que domine el cuerpo jurídico-
por cada acto, con su naturaleza específica. Porque eso es lo que da
tranquilidad, madurez, estabilidad legal. ¿Todo esto qué es? Es vivir
coyunturalmente el desarrollo legal. Cada año lo adecuan, lo
modifican, lo atemperan a cómo estamos. Eso es inseguridad para el
que tiene que aplicar la ley, para los que sufren el desarrollo legal
y para el seguimiento que podamos tener. Con eso queremos acabar. Por
eso, en lugar de entrar en un trámite que hubiera sido más ajustado
por nuestra parte, hacer enmiendas específicas a lo que propone el
Gobierno, lo que pedimos es que se quite y uno a uno se traiga para
discutirlo específicamente. Si tienen ustedes que perder seis meses
en ello, no pasa nada, no se hunde nada. Que la gerencia siga
funcionando como estaba, que todo siga funcionando como funcionaba,
ya que no crea ni problema presupuestario, ni de gestión, ni de
capacidad de ingresos.
Nada más, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ríos.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Gimeno.
El señor GIMENO MARÍN: Gracias, señor presidente.
Comunicaba al presidente que nuestro grupo necesita que haya una
intervención específica del señor Rodríguez Zapatero y, con gran
amabilidad, la Presidencia nos concede esa posibilidad.
Estamos en el título IV. El portavoz que me ha precedido ha hecho
manifestaciones claras de la valoración que le merece, desde el punto
de vista jurídico, o constitucional, diría yo, esta ley de
acompañamiento, en concreto este título. Esta ley de acompañamiento -
hay que empezar a hablar con otra terminología. Quizá no sólo es ley
de acompañamiento, empieza a ser una ley ómnibus, utilizando la
terminología bursátil- empieza a plantear un problema serio de
seguridad jurídica que esta Cámara debería considerar y el Gobierno
también. Porque si en alguna parte de esta ley se puede hablar
claramente de inconstitucionalidad, es en este título. La
modificación de la Ley General Presupuestaria es un atentado al
ordenamiento constitucional.Y voy a repasar algunas de las
afirmaciones, que
ya están asentadas en la doctrina constitucional y en la doctrina de
quienes se dedican a estudiar todos los temas de derecho.( El señor
vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
Las leyes de acompañamiento presupuestario desempeñan una función
específica, es verdad, pero no está reconocida constitucionalmente de
una forma especial. Ello no equivale a decir que las Cortes Generales
no estén limitadas en el desarrollo de la función legislativa por
ningún límite jurídico. Estas leyes de acompañamiento o leyes ómnibus
tendrán que contar siempre con límites generales que escoltan toda la
tarea legislativa y con aquellos límites que juegan de manera
especial a la luz de las características y cometidos propios de la
variante legislativa de que se trate. Una ley de acompañamiento no
puede hacer cualquier cosa. Es un problema que SS.SS. han defendido
desde el Grupo Popular, incluso lo han defendido algunos ilustres
diputados negro sobre blanco. Se ha escrito suficientemente sobre
ello y letrados cualificados de esta Cámara también han elaborado
doctrina, recogiendo claramente las posiciones del Tribunal
Constitucional.
Desde un punto de vista general, hacer más de 25 modificaciones a la
Ley General Presupuestaria presenta un problema de fraude a la ley
constitucional, en la parte que no puede estar incluida en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado, conforme con la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional. La Ley General Presupuestaria no es un
acompañamiento necesario de los Presupuestos Generales del Estado.
Desde un punto de vista jurídico mucho más concreto, la inclusión de
normas que no supongan un complemento necesario de lo contenido en
los Presupuestos Generales del Estado constituye una vulneración
clara del principio de seguridad jurídica y tiñe la norma en cuestión
de decidida inconstitucionalidad. Añado más. No puede desconocerse
que las circunstancias que arropan la aprobación parlamentaria de
leyes como las que discutimos hoy traen consigo un cumplimiento
deficiente de esta Cámara de las tareas de deliberación, de
publicidad e integración de intereses tan sustanciales para el
adecuado desarrollo de la función legislativa de los parlamentos
contemporáneos. Estas son afirmaciones claras que ustedes pueden
leer. Yo les recomiendo que vean, por ejemplo, Las llamadas leyes de
acompañamiento. Sus problemas de constitucionalidad, del señor
Cazorla Prieto. Les podría ilustrar perfectamente al respecto. Pues
bien, la Ley General Presupuestaria que hoy se modifica es el ejemplo
que se recoge claramente en los supuestos en que habría que plantear
ese problema, con lo cual se nos suscita una duda, si debería o no
plantearse el problema de inconstitucionalidad a esta modificación.
Voy a referirme a la Ley General Presupuestaria que se modifica,
complementando previamente algunas de las afirmaciones que ha hecho
el portavoz anterior, que compartimos. Introduciría algunos matices
en todo lo que se refiere a la industria de defensa y al artículo 41
y disposiciones adicionales de esta ley de acompañamiento.
Yo diría que no tiene ningún sentido que el Gobierno haya
hecho esta propuesta y voy a decir por qué. Primero, porque se está
negociando con los agentes sociales. Complemento la intervención que
ha hecho el portavoz de Izquierda Unida y pregunto, si se está
negociando con los agentes sociales, qué sentido tiene que no sepan
que se iba a presentar en esta Cámara un proyecto de ley, además a
toda velocidad. Deja mucho que decir de la voluntad negociadora del
Gobierno en esta materia. No es que haya un problema de falta de
información; es que se oculta, se esconde y se trae por debajo, para
ver qué se consigue en la Cámara. Y, como tienen la mayoría, ya se
sabe lo que querían conseguir.
En segundo lugar, cuando el Gobierno propone estas medidas, ni
siquiera hace alusión de a qué horizonte va, de a dónde va, pero
nadie es tonto y se supone que el Gobierno tampoco. Ya nos imaginamos
a qué horizonte va, pero los trabajadores tienen que pensarlo mucho
más. Por otro lado, el Partido Popular, por ejemplo, el Parlamento
gallego, se ha manifestado totalmente en contra de lo que hoy
pretende aprobar el Gobierno en esta Cámara. Y no les extrañe a SS.
SS. -a mí me extrañan algunas de las afirmaciones que se hicieron en
Comisión- que esto genere alarma social, porque este problema afecta,
no sólo a 15.000 trabajadores directos de zonas de declive industrial
muy concretas, como la de San Fernando, Cartagena y la ciudad de
Ferrol, sino a muchos más puestos indirectos de trabajo, que, con las
propuestas que hoy presenta el Gobierno, ven que se les deja al
margen de una negociación que es fundamental.
Vuelvo a la Ley General Presupuestaria, que es el tema que me
preocupa principalmente. De las 25 modificaciones, voy a referirme
específicamente a las que entiendo que son el meollo fundamental de
lo que se plantea. Es un problema puramente técnico y yo le pediría
al Grupo Popular que hiciera el esfuerzo de recoger por lo menos los
planteamientos técnicos que hacemos. Por ejemplo, el concepto de
fundaciones que se desarrolla en esta ley en nuestra opinión no es
correcto, y nada más y nada menos que hemos tenido que presentar seis
enmiendas, pero nos tememos que el talante del Grupo Popular no sea
ni siquiera aprobar enmiendas que tienen un sentido fundamentalmente
jurídico. Considérenlo. Les pediría a SS.SS., a las del Grupo Popular
fundamentalmente, que escucharan, porque creo que deberían intentar
ayudarnos a resolver este problema; nosotros les ayudamos a ustedes.
Queremos que se sustituya la expresión de fundaciones de naturaleza
estatal. Jurídicamente, no existe la naturaleza estatal en el tema de
fundaciones. Hagan ustedes el esfuerzo, pregunten a los técnicos, que
si nos equivocamos nosotros, no pasa nada, lo reconoceremos, pero
planteen a sus técnicos y al Gobierno que las fundaciones no pueden
ser de naturaleza estatal. Tienen que sustituirlo ustedes por el
concepto que la Ley de Fundaciones establece, que son las fundaciones
constituidaspor la Administración general del Estado o por
entidades de ella dependientes. Yo creo que me van a entender. En
nuestro derecho la naturaleza jurídica de las fundaciones es privada,
sea cual sea el titular. Lo dice claramente la Ley de Fundaciones. Es
un problema de clarificación, revísenlo y si no se puede hacer ahora
o no se puede resolver, estúdienlo para modificarlo después.
Voy a entrar en la cuenta general del Estado, que es otro de los
problemas de fondo que nos preocupa de una forma muy especial en las
modificaciones que ustedes introducen. Se ha dicho en Comisión que
esta reforma que se plantea de la cuenta general del Estado tiene que
ver con una moción que se aprobó en esta Cámara en la Comisión Mixta
del Tribunal de Cuentas. No, señores, no tiene absolutamente nada que
ver más que en lo que se refiere a los plazos para presentar la
cuenta, pero el tema fundamental que se aprobó en esa moción y que
afectaba al concepto de empresa pública que tenía el Tribunal de
Cuentas no es reconocido por el Gobierno. En segundo lugar, no tiene
nada que ver con lo que decía la moción de que se unificara lo que
son Presupuestos Generales del Estado con cuenta del Estado. Pues no,
señores, no se unifica, en absoluto. No tiene nada que ver el
artículo 132...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Gimeno, vaya
concluyendo.
El señor GIMENO MARÍN: Sí, señor presidente.
No tiene nada que ver el artículo 132 con el artículo 50, en
absoluto, y se lo voy a intentar clarificar. En este proyecto, al
definir la cuenta general del Estado, se sitúan ustedes al margen de
la Lofage, sobre la que tanto han hablado y tanto se va hablar en
este título. Nosotros creemos que el Gobierno, cuando habla de la
cuenta general del Estado y quiere introducir la cuenta de la
Seguridad Social dentro de la cuenta general de las administraciones
públicas estatales, está cometiendo un error o su voluntad política
es otra. Esa posición es falsa por lo siguiente. Primero, las
entidades gestoras de la Seguridad Social no son administraciones
estatales sino que son administraciones públicas dependientes de las
administraciones estatales, que es un concepto muy distinto. Segundo,
las mutuas de accidentes de trabajo de la Seguridad Social, cuyas
cuentas se incluyen actualmente en la cuenta general de la Seguridad
Social, no son ni siquiera administraciones públicas. ¿Me quieren
decir dónde están en esa definición de declaración de la cuenta
general del Estado? Precisamente por ello, la Lofage se refiere, en
su disposición adicional sexta, a las entidades gestoras y servicios
comunes de la Seguridad Social, porque no las considera incluidas en
los conceptos anteriores que define la Lofage, y por eso no se
encuentran incluidas en los conceptos de Administración general del
Estado, ni siquiera en los organismos públicos vinculados o
dependientes. Esa es la definición que hace la Lofage del concepto de
Seguridad Social, y ustedes aquí actúan como si no existiera ese
concepto definido ya jurídicamente.
Es más, el texto del artículo 132, en vigor todavía, se
refiere específicamente a las cuentas de la Seguridad Social, de
acuerdo con la definición que de las mismas hace el texto refundido
de la Ley de Seguridad Social. Pues esa es la realidad, y ustedes al
modificar esto, están modificando la posibilidad que en la
declaración de la cuenta del Estado no se incluyan algunos aspectos
fundamentales de la Seguridad Social. ¿Qué es lo que nosotros creemos
que puede ocurrir con esto? Pues que sigamos sin conocer el déficit
de la Seguridad Social, que quedaría agregado, compensado o
consolidado con datos contables del Estado. Esta no es una afirmación
ligera; en la redacción que en el proyecto dan al artículo 133, que
ustedes modifican también, vienen a plantear que las normas de
elaboración y los criterios de agregación los va a determinar el
Ministerio de Economía. No puede tener esta ley una puerta tan
abierta para establecer criterios que creemos que plantean problemas
muy serios en cuanto a la posibilidad de control de las cuentas del
Estado.
Para terminar ya, señor presidente, antes de la intervención de mi
compañero, quiero hablar del control de legalidad de organismos
autónomos. Cuántas veces habremos discutido en esta Cámara con
algunos portavoces que ahora están aquí sobre el control de legalidad
de los organismos autónomos. Ahora vienen ustedes a decir que puede
desaparecer ese control de legalidad. Vienen a autorizar al ministro
de Economía a que decida que no hay control de legalidad de los
organismos autónomos. Este es otro ejemplo de las propuestas que
plantean hoy a esta Cámara. Por eso hemos presentado las enmiendas
que ustedes conocen. No he podido defender todas pero sí las
fundamentales. Considérenlas, por lo menos las que tienen un carácter
principalmente técnico, para ver si sirve de algo un debate en esta
Cámara, porque ustedes no aceptan nada; su talante no es muy positivo
al respecto.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Gimeno.
El señor Rodríguez Zapatero tiene la palabra.
El señor RODRÍGUEZ ZAPATERO: Gracias, señor presidente.
Aunque suene a reiteración, parece absolutamente necesario, para que
conste en el «Diario de Sesiones», para la credibilidad de la propia
Cámara, de su función constitucional y de su tarea legislativa,
elevar la voz una vez más para decir que estamos ante un
procedimiento de elaboración de una ley, llamada de medidas fiscales,
administrativas y del orden social, que este año supera con creces
todas las previsiones, todas las incongruencias y todo lo que ha sido
denunciado en múltiples ocasiones sobre su alcance y contenido.
Concretamente, en lo que se refiere al título IV y a los artículos a
los que el Grupo Parlamentario Socialista mantiene enmiendas, el
despropósito adquiere caracteressencillamente descomunales. Primero,
nos encontramos
con que el Gobierno y el Ministerio de Administraciones Públicas
intentan aprobar en la ley de acompañamiento una asignatura en
septiembre -nunca mejor dicho porque es cuando se remite o se aprueba
el proyecto de ley por el Gobierno-, que no ha cumplido durante el
año y medio que llevaba vigente - ahora ya algún mes más- la Lofage,
que mandataba al Gobierno a elaborar los correspondientes proyectos
de ley para adaptar el cambio de la estructura de la Administración
institucional a las nuevas previsiones de aquella ley. Nos
encontramos con la ley de acompañamiento, que vuelve a poner patas
arriba todo el modelo de Administración institucional, rayando en la
absoluta locura que supone modificar ya la Lofage, que en este
aspecto todavía no había sido desarrollada ni adaptada a los
organismos autónomos antiguos, a los organismos autónomos comerciales
y a las entidades públicas. Se incurre, creo yo, en una falta
absoluta de visión y de diligencia del señor Rajoy, que en esto
merece un suspenso, y se trata de dar en unos cuantos artículos nada
más y nada menos que otro repaso a la situación de los organismos
llamados ahora públicos; nada más y nada menos. Es un número de
organismos de la Administración que prestan importantes servicios,
que manejan un gran volumen de recursos presupuestarios, y
seguramente todos los que están trabajando en ellos no salen de su
asombro al ver cómo se está abordando esta cuestión; organismos y
entidades públicas que siguen creciendo, por cierto, a pesar de lo
que en su día prometió el Partido Popular en su programa.
Por tanto, la mayoría de las enmiendas que el Grupo Socialista ha
presentado a los artículos 90, 91, 92, 93, 94 y 95 están destinadas a
frenar en la medida de lo posible los despropósitos más evidentes. La
opción que ha elegido el Gobierno de meter esto en la ley de
acompañamiento es una sinrazón, pero en esas enmiendas hemos
intentado corregir la situación, como decía, en la medida de lo
posible, tanto en las referidas a lo que es la necesidad de que
hubiera un nuevo tratamiento de los organismos públicos de
investigación o en lo relativo al consejo de administración del
Patrimonio Nacional, que se le ubica en un sitio absolutamente
inapropiado y que debería merecer alguna reflexión por parte del
Partido Popular, como en lo que afecta a esa regulación que se abre
sobre la posibilidad de deslegalizar, hablando claro, la nueva
instrucción general de Loterías y Juegos del Estado, lo que desde
nuestro punto de vista es inadmisible, en definitiva intentando
corregir lo que pueden ser los mayores despropósitos.
Mas, señorías, las esperanzas del Grupo Socialista son escasas en
relación con que una reflexión política serena y meditada por parte
del Grupo Parlamentario Popular pueda llevarles en estos momentos a
decir que se está haciendo un destrozo notable al conjunto de la
Administración del Estado y muy especialmente en lo que afecta a la
Administración institucional. Se hizo una ley, la llamada Lofage, que
tenía un horizonte, que tenía unos ritmos y que exigía, a partir de
ahí, una reforma sosegada y serena de los organismos autónomos
y de las entidades públicas empresariales, y lo que aparece en
esta ley es una monumental chapuza que desde luego nada tiene que ver
con lo que es el presupuesto y sí mucho con una ineficacia absoluta
en la acción legislativa del Gobierno en lo que afecta a la
organización de la Administración pública, que cada día es mucho más
preocupante.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Rodríguez
Zapatero.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Cámara.
El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Muchas gracias, señor
presidente.
Ciertamente, uno queda sorprendido de hasta dónde puede llegar la
osadía de algún grupo parlamentario. Vamos a hacer un recordatorio
muy simple, porque no quiero extenderme demasiado.
Parece que se han puesto de acuerdo todos los grupos parlamentarios
en hacer una alocución sobre lo inconveniente que es traer leyes que
acompañen a la aprobación de la ley de presupuestos. Lo que sí
reconocerá alguna de SS.SS., porque alguna sí que tiene una larga
trayectoria en esta Cámara, es que al menos este proyecto de ley de
acompañamiento es el que recoge menos modificaciones legales de las
estrictamente... (Un señor diputado pronuncia palabras que no se
perciben.) Es una realidad que creo que en justicia debía haber sido
puesta sobre la mesa. Además, lo que dijo el Consejo de Estado es
precisamente esto; dijo muchas cosas, pero, entre otras, que el
Gobierno del Partido Popular había hecho un esfuerzo evidente, que se
había manifestado en la ley de acompañamiento, de reducir el número
de modificaciones legales que habitualmente se planteaban.
Quiero hacer un recordatorio de cómo es la historia, porque algunos,
haciendo un ejercicio de incoherencia política muy evidente, no han
sido capaces de retrotraerse a no hace mucho tiempo, puesto que
tampoco esto forma parte de la historia jurídica de España, señorías;
esto forma parte de la historia más reciente de esta Cámara. En el
año 1992 recae una sentencia del Tribunal Constitucional sobre las
leyes de presupuestos del Partido Socialista, ante una cuestión de
inconstitucionalidad que había sido presentada y firmada como
ponentes por algunos de los que hoy se sientan en los bancos del
Partido Popular. El Tribunal Constitucional daba la razón, entre
otros, al Partido Popular y se declaraban inconstitucionales leyes
del Partido Socialista, porque si alguna ley pudo ser calificada de
ómnibus, fueron aquellas leyes declaradas inconstitucionales. Hasta
el momento no se ha declarado inconstitucional ninguna de las leyes
presentadas por el Partido Popular, porque -e insisto- el Consejo de
Estado reconoce el esfuerzo que hace el Gobierno en reducir el ámbito
modificador de la ley de acompañamiento, y es una realidad que nohan
sido capaces de reconocer, pero es así.
En el año 1994 -no hace tanto, no forma parte de los anales de la
historia, como alguno ha querido hacer ver-, es cuando se presenta la
primera ley de acompañamiento a los presupuestos, con ocasión de algo
tan simple como que tal y como presentaba el Partido Socialista las
leyes de presupuestos, fueron declaradas inconstitucionales.Entonces
quien ha acreditado el propósito de la enmienda, señores del Grupo
Socialista, es el Partido Popular en el Gobierno, que presenta
modificaciones puntuales a leyes vigentes en materia social,
tributaria y administrativa y que si bien se ha reconocido su
esfuerzo, sigue introduciendo mejoras necesarias. ¿Y qué ocurre en
este título IV de la ley? Entiendo que el enunciado puede inducir a
cierta confusión, porque trata de normas de gestión patrimonial, de
organización, de procedimiento y de la acción administrativa.
Ciertamente aquí caben muchas cosas, pero a esto dedicaron ustedes,
con su paternidad, el objeto de la ley de acompañamiento. Reconocerán
que una vez que se acompaña a los presupuestos de una ley, la
sinergia produce unos efectos tales que es difícil reducirlos en el
lapso tan corto de tiempo que va desde el año 1994 a acá de la forma
que quizá les gustaría y con la que está comprometido el Grupo
Parlamentario Popular. ¿Cuáles son los dos núcleos fundamentales en
los que pivotan las modificaciones de este título IV? El primero,
como ha sido señalado por sus señorías, es la modificación dimanante
de la nueva regulación de la organización de la Administración
general del Estado, la llamada Lofage, sobre la que quisiera hacer
una precisión muy simple, que es que reconocerán las señorías del
Grupo Socialista que lo que se ha hecho se ha hecho en plazo. He
notado una diferencia muy acusada entre lo que el señor portavoz del
Grupo Socialista dijo en el trámite de Comisión y lo que ha dicho en
esta tribuna; se han dicho cosas muy distintas. En la Comisión llegó
a afirmar que las modificaciones introducidas con ocasión de la ley
de acompañamiento le parecían razonables y buenas, sólo que ese cauce
no le parecía el más adecuado -y quizá podamos reconocer alguna
necesidad de ajuste-; su señoría, señor Zapatero, llegó a decir que
las modificaciones que se introducían en la Lofage para la adaptación
y la ubicación de los organismos autónomos y entidades estatales
mercantiles le parecían bien. Ahora dice que le parecen mal. ¿Qué le
vamos a hacer? En una semana ha cambiado de criterio, pero eso luce
en su trayectoria política y no en la del Grupo Parlamentario
Popular, que defiende exactamente lo mismo la semana anterior y ésta.
¿Qué es lo que hace este título? Dar fin a una situación que se había
vuelto compleja porque en las normas jurídicas, como por ejemplo en
la propia Ley General Presupuestaria -en su artículo 6-, se recogían
determinados entes denominados de estatuto jurídico especial que no
tenían una definición orgánica clara y no se sabía bien si debían
colocarse como organismos autónomos, que tienen una regulación
jurídica bastante delimitada y comprensible, a la que se puede
ajustar bastante bien el régimen jurídico de cualquier
organismo autónomo. Sin embargo, había otras entidades estatales de
estatuto jurídico especial que quedaban delimitadas una vez aprobada
la Ley de Organización de la Administración General del Estado. Esto
es lo que hace la ley de acompañamiento, y lo hace en plazo. ¿Cómo
contrasta esto con las situaciones de otras leyes aprobadas en épocas
anteriores que necesitaban de acomodaciones normativas? Me quiero
referir a la recientemente modificada Ley de procedimiento
administrativo, la muy debatida Ley 30/1992, que necesitaba la
acomodación de un importante número de procedimientos
administrativos, y hubo que llegar a su modificación en esta misma
legislatura hace muy poco tiempo sin que se hubiera llegado a
acometer, fuera de plazo obviamente, la modificación de aquellos
procedimientos administrativos. Por tanto, en las series históricas
de incumplimientos sobre plazos lucen en algún lado algunos muy
notables sobre adaptaciones legales y, sin embargo, lo que se achaca
al Partido Popular es que ha cumplido el plazo, sólo que a través de
un instrumento jurídico que no les parece el más conveniente. Pues
bien, lo que sí se hace es acometerlo en plazo y de conformidad con
lo que establecía la Lofage.
Con relación a las modificaciones de la Ley General Presupuestaria,
quiero decir algo de forma muy contundente al Grupo Socialista y al
Grupo de Izquierda Unida, que han hecho una alusión intentando
desbaratar la necesidad de que se planteen en esta ley de
acompañamiento, y es que todos los grupos parlamentarios votamos
unánimemente a favor de una moción planteada por el Tribunal de
Cuentas en la Comisión Mixta de Relaciones con dicho Tribunal, que
consistía en recoger el criterio del Tribunal encargándole al
Gobierno que hiciera lo que hace. Esto contrasta también con otras
mociones presentadas por el Tribunal de Cuentas que nunca fueron bien
recibidas por gobiernos anteriores. Lo que hace esta ley de
acompañamiento es recoger la iniciativa del Tribunal de Cuentas, que
es algo que merece la pena tener en cuenta. Mi grupo quiere
manifestar su satisfacción, porque por fin una moción del Tribunal de
Cuentas se ha recogido por el Gobierno en una ley de acompañamiento.
Lo que se hace es modificar la Ley General Presupuestaria en los
términos que solicitaba el Tribunal de Cuentas en la moción
relacionada con las sociedades públicas y entidades de carácter
estatal y en la que se ponía en duda la necesidad de seguir
manteniendo ámbitos subjetivos distintos de la cuenta general del
Estado y de los Presupuestos Generales del Estado. Esto es lo que
hace la ley de acompañamiento en la modificación de la Ley General
Presupuestaria. Por lo tanto, lo que a uno se le ocurre pensar en
este punto es qué hubieran hecho los grupos de la oposición que ahora
critican que se hayan introducido estas modificaciones de la Ley
General Presupuestaria con ocasión de la ley de acompañamiento. Si
esto no se hubiera hecho así, quizá habría que haber puesto a la cola
las mociones del Tribunal de Cuentas y no hubieran visto la luz en
este momento; por el contrario, es una magnífica noticia que tengan
cabida en
las modificaciones que el Gobierno recoge de inmediato a través de la
ley de acompañamiento y pone encima de la mesa. Por ello no comprendo
por qué una iniciativa tan provechosa del Tribunal de Cuentas merece
un juicio tan crítico y severo de la oposición. Además, lo que se
hace es transcribir, no digo literalmente pero sí con todo
merecimiento, los pronunciamientos que se hacían no sólo por el
Tribunal de Cuentas; quiero recordar que cuando el Grupo Socialista
presentó la propuesta de resolución correspondiente recogió
íntegramente la moción del Tribunal de Cuentas recomendando al
Gobierno, y este era el sentido de su moción, que introdujera en la
legislación vigente de España todo el contenido de las mociones.
Esto, señor Gimeno, es lo que se hace en la ley de acompañamiento.
El Grupo Socialista presenta una serie de enmiendas que si me permite
voy a tildar de gramaticales o semánticas, con las que podemos
mantener ciertos acuerdos y desacuerdos en lo que de gramaticales
tienen. El vicepresidente segundo del Gobierno anunció durante la
sesión del debate de totalidad que durante el curso legislativo
presente se iba a acometer la reforma de la Ley General
Presupuestaria. Esto se va a hacer y entonces tendremos oportunidad,
mediante una mayor capacidad de entendimiento y de colaboración con
el Grupo Socialista, de acercar posturas semánticas. Si algo
dificulta una ley de acompañamiento es poder dar un tratamiento
sosegado a todas las propuestas que aparecen en la ley. Este es un
handicap de la ley de acompañamiento que posiblemente no va a tener
la nueva Ley General Presupuestaria y quiero ofrecer la máxima
colaboración desde esta tribuna a los grupos de la oposición para que
dicha ley sea lo más próxima posible a todos los grupos y contenga no
sólo las iniciativas del Tribunal de Cuentas recogidas en su día y
hoy en la ley de acompañamiento, sino todo lo que se crea que debe
tener cabida en esta nueva Ley General Presupuestaria.
Aparte de estas enmiendas de carácter gramatical, sí que hay una
última declaración que yo quería hacer en relación al artículo 41,
sobre el que se han hecho unas afirmaciones absolutamente injustas.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Cámara, vaya
concluyendo.
El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Concluyo ahora mismo, señor
presidente. ¿Qué dice el artículo 41? El Partido Popular cuando ha
iniciado los procesos de privatización a través del Gobierno lo ha
dicho con claridad, no ha tenido que escudarse en nada. No tenga
nadie ninguna duda de que en el momento que se tenga que producir un
proceso de privatización se va a decir con la misma claridad que lo
dijo el ministro Piqué con motivo de otros procesos de privatización
que se han iniciado. Por lo tanto, no sigan en su particular
ejercicio de confusión que no lleva nada más que a tener confundidas
a las
10.000 familias que dependen hoy de empresas como Santa Bárbara y
Blindados, S.A., que cuando el Partido Popular llegó al Gobierno
estaban en quiebra técnica, cosa que tampoco han sido capaces de
reconocer en la oposición, y al día de hoy, al menos, se sigue
planteando su viabilidad, porque la industria nacional de la defensa,
señores del Grupo Socialista, hoy es una industria que puede seguir
adelante. Sin embargo, cuando el Partido Popular recogió la que
ustedes habían dejado, los trabajadores de la industria nacional de
la defensa, de la empresa Santa Bárbara, para la que ustedes ahora
solicitan no sé qué procedimiento de reindustrialización porque no
tienen absolutamente ningún plan parecido al que ha presentado el
Ministerio de Industria, simplemente no sabían qué iba a ser de sus
vidas. Hoy saben que lo que hace el Gobierno es un ejercicio de
repatrimonialización de empresas que no tenían estructurado su
patrimonio, y además se han olvidado por completo de algo a lo que
hice alusión en la Comisión, que es que el punto cuarto del artículo
41 sigue diciendo lo mismo exactamente que la semana pasada.
Lo que dice el punto cuarto del artículo 41 es que todas las
factorías, fábricas e instalaciones, y por tanto el personal adscrito
a estas sociedades -leo textualmente-, seguirán afectas a los fines
de interés para la defensa nacional para las que fueron cedidas. Por
lo tanto, cejen, señorías, de su particular ejercicio de confusión,
que es inaceptable, porque lo que dice el artículo 41 es algo muy
distinto a lo que han defendido SS.SS. desde esta tribuna.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, Título V señor
Cámara.
Finalizado el debate del título IV de la ley de acompañamiento, vamos
a pasar al título V.
En primer lugar, dentro del Grupo Parlamentario Mixto, hay
presentadas tres enmiendas por parte del señor Chiquillo Barber.
Señor Chiquillo, tiene la palabra.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.
Intervengo para defender las enmiendas que Unió Valenciana ha
presentado a este título V indicando, en primer lugar, para
conocimiento de la Mesa que la número 6 la retiramos en este mismo
momento y paso a defender las enmiendas 7 y 8, que se refieren a la
acción administrativa en materia de agricultura y cuestiones
medioambientales.
Con la enmienda número 7 pretendemos que se declaren de interés
general determinadas obras de regadío, como son la modernización de
regadíos de La Plana de Castellón, la modernización de riegos del
Camp de Turia y de la acequia de Moncada, así como la modernización
de la acequia real del Júcar. La justificación de estas obras
importantísimas de infraestructura hidráulica, directamente
vinculadas a las explotaciones
agrarias en la Comunidad Valenciana, la encontramos en el convenio
hidráulico firmado en enero de 1997 entre el Ministerio de Medio
Ambiente y la Generalitat Valenciana, un convenio diseñado para la
modernización de los regadíos históricos de la comunidad tanto en
Castellón y Alicante como en Valencia. Estas obras en concreto se
recogen en ese convenio, que obliga al Gobierno central a unas
inversiones específicas de 46.000 millones para ejecución de obras,
de un total de 68.000 millones que se incluyen en dicho convenio.
Pensamos que es necesario el impulso mediante la declaración de
interés general, por lo que supone de financiación cien por cien a
cargo de las administraciones públicas, para liberar a los
agricultores de la carga fiscal de la participación en la
financiación de esas obras, dado el grave problema de
descapitalización que sufren estos por la pérdida de poder
adquisitivo y de renta agraria año tras año. Consideramos que es
prioritaria esa declaración de interés general, por lo que supone de
prioridad en la ejecución de estas obras fundamentales.
El objetivo de la enmienda número 8 está íntimamente ligado a la
acción administrativa de medio ambiente, para que se declaren de
interés general una obras de infraestructura hidráulica fundamentales
para la corrección del déficit hídrico en la Comunidad Valenciana,
como son la del canal Cherta-Calig, para el trasvase del Ebro a la
Comunidad Valenciana. También pedimos que se declare de interés
general el plan integral de saneamiento y depuración del río Segura,
porque es un compromiso del Ministerio de Medio Ambiente, compromiso
incumplido, para que se lleven a cabo actuaciones prioritarias y
urgentes para el saneamiento y depuración del río Segura en la
Comunidad Valenciana. La segunda petición se refiere al plan de
prevención de inundaciones y avenidas del río Júcar. Esta es una
necesidad de la comarca y pensamos que, con la declaración de interés
general, se podían acometer prioritariamente unas actuaciones que son
importantes para el desarrollo socioeconómico de una comarca que vive
muy íntimamente ligada al río Júcar.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Chiquillo.
El señor Saura tiene la palabra para la defensa de sus enmiendas a
este mismo título.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias señor presidente.
Simplemente haré referencia a tres de las enmiendas que hemos
presentado a este título. La primera, la 341 al artículo 70, se
refiere al precio de venta de libros de texto. Nuestra enmienda es de
modificación y pretende volver a la situación anterior a la
aprobación del descuento del 12 por ciento que se estableció en la
Ley de acompañamiento del año pasado.
La 342 es una enmienda de supresión del artículo 74, que pretende
modificar la reciente Ley aprobada de televisión privada. Creemos que
la aprobación del
artículo que hoy nos propone el Gobierno significa un cambio profundo
en los principios que aprobaron la Ley de televisión privada.
La última enmienda que quería defender es la 343, que hace referencia
a los artículos 75 y 76 sobre infracciones de compradores de leche y
productos lácteos y sanciones aplicables. Nos parece inaceptable que
el Gobierno presente este artículo sin dar audiencia previamente a
los sectores afectados y, además, la tipificación de las infracciones
y de las sanciones nos parece absolutamente desproporcionada.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Saura.
También ha presentado enmiendas a este título la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Muchas gracias, señor presidente.
Tenemos presentadas al título V dos enmiendas. La 381 hace referencia
a lo que mencionaba mi compañero el señor Saura en los artículos 75 y
76 sobre infracciones a los productores de leche. La primera razón es
la que ya expusimos en el título II en el tema de régimen de
infracciones y su no incorporación a una ley de esta naturaleza, como
es la ley de acompañamiento. En segundo lugar, lo mínimo que se puede
exigir, o al menos pretender del Gobierno, es que hubiera sido
consultado el sector y, en tercer lugar, porque no estamos conformes
con el régimen de sanciones e infracciones que se han establecido.
La segunda enmienda que se plantea en este título V, la 384, pretende
solventar un problema. De lo que trata, en definitiva, es de
posibilitar la funcionarización del personal docente que accedió a la
red pública con una relación laboral indefinida en virtud de los
procesos de confluencia de ikastolas y publificación de centros
privados. Se solicitaba celebrar pruebas restringidas con carácter
excepcional y por una sola vez extensibles a esas personas objeto de
esta enmienda.
Adelantaba la señora Fernández, ponente del Grupo Popular en el
título III, si no recuerdo mal, que no le parecía justificado esta
cuestión en la medida en que consideraba que era inconstitucional por
razones de principio de igualdad, capacidad y mérito. Lo que no he
tenido muy claro es si hacia referencia solamente a la justificiación
y no al hecho en sí de resolver y solventar un problema como este. En
ese caso, podemos llegar en un acuerdo si quieren solventar el
problema.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Lasagabaster.
Tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Gracias, señor presidente.
Voy a defender las tres enmiendas del Bloque Nacionalista Galego a
este título V. La enmienda 402 hace referencia al problema del precio
de los libros de texto. El Gobierno plantea la posibilidad de que se
realicen descuentos en el precio por parte de los vendedores,
derivando así el malestar que genera en las familias el elevado
precio de estos libros, enfrentando con esta medida a unos sectores
de vendedores con otros y favoreciendo en este enfrentamiento a las
grandes superficies comerciales que son quienes más posibilidades
tienen de efectivizar estos descuentos. Nosotros creemos que la única
solución justa y satisfactoria a un problema que cada inicio de curso
pone a muchas familias en graves dificultades es establecer la
gratuidad de los libros de texto en todos los niveles de enseñanza
obligatoria. Además, como decía, es derivar un problema, aplazar su
solución y hacer poco creíble esa afirmación de que la enseñanza
pública es gratuita.
Con las enmiendas 403 y 404 proponemos la supresión de los artículos
75 y 76. En estos artículos el Gobierno establece las infracciones y
sanciones a aplicar a productores y compradores de leche.
Infracciones y sanciones que podrían tener sentido, porque se va a
hacer referencia al necesario cumplimiento de la legalidad, en una
situación normal, es decir, si estuviésemos en una situación en que
la cuota láctea asignada por la Unión Europea al Estado español fuese
suficiente para dar salida a las posibilidades que tiene el sector de
producir, si esa cuota, cuando menos, alcanzase a cubrir la demanda
interna y si esa cuota fuese justa y equilibrada con respecto a la
que disponen otros Estados miembros de la Unión Europea. Pero como
esta no sólo no es la situación en la que se encuentran nuestros
ganaderos, sino que a nosotros nos parece que además estas propuestas
de infracción y sanción que se establecen son absolutamente
desmesuradas, tenemos que decir que lo que se propone en estos
artículos es inadmisible porque no representa más que un nuevo
intento del Gobierno para impedir el desarrollo del sector lácteo,
para satisfacer las demandas de Bruselas y, en definitiva, expresan
con claridad cuál es la política del Gobierno respecto a un sector
básico en muchos lugares, pero que es muy importante en la economía
de Galicia. Es probable, señoras y señores diputados, que con medidas
como esta el Gobierno acabe consiguiendo su objetivo: que una vez más
un sector con posibilidades no pueda desarrollarse por decisiones
políticas. Desde luego no cuenten con la complicidad y menos aún con
el apoyo del Bloque Nacionalista Galego. Nosotros pedimos simplemente
la supresión de estos artículos, porque, señoras y señores diputados,
las leyes deben cumplirse, pero cuando son injustas deben cambiarse.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Vázquez.
Por parte del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, para la
defensa de sus enmiendas tiene la palabra el señor Gómez Rodríguez.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo para defender dos enmiendas que permanecen vivas de
nuestro grupo, la 410 y 411, y para exponer nuestra posición sobre
dos enmiendas de otros respetables grupos.
Permítanme que exponga nuestro criterio sobre un tema candente, ya
que en el pueblo es conocida esta ley como de retales. Consideramos
que en la ley de acompañamiento se deberían incluir aquellas normas
que fueran estrictamente necesarias para la ejecución de los
presupuestos. La ley se debería llamar no de acompañamiento, sino ley
de ejecución.
Tenemos que hacer constar que este no es un tema de esta legislatura,
sino que viene de hace muchos años y, al mismo tiempo, sería injusto
atribuirlo exclusivamente a este Gobierno. Consideramos que esta vez
por lo menos el volumen de la ley de acompañamiento es más reducido.
Creemos que en el íter parlamentario los diversos temas del tejido
legislativo -por eso lo de ley de retales- se deben distribuir entre
las correspondientes y diversas comisiones del Congreso. No en una
sola, como viene aconteciendo hasta ahora en la sufrida de Economía y
Hacienda (así se evitarían maratonianas sesiones, con profusión de
lógicos incidentes en las largas horas de la votación), y que el
Gobierno posteriormente publique los textos debidamente consolidados
y armonizados. De esta forma, en aras al respeto del principio
constitucional de seguridad jurídica, lo agradecerían los estudiosos,
especialistas y tratadistas de derecho, los propios tribunales y
sobre todo los ciudadanos de a pie, agobiados por esta época de
hiperinflación legislativa. Por tanto, estimamos que sería
conveniente la promulgación de una norma con rango legal apropiado
que regulase todos esos extremos.
Concretándonos a la ley de acompañamiento, nos fueron aprobadas tres
de las cinco enmiendas presentadas y nos quedan vivas la 410 y 411.
La 410 se refiere al artículo 78 del título V, dedicado a temas
agrícolas. En el mismo se declaran de interés general determinadas
obras públicas del Levante y del río Ebro, que nosotros apoyamos
decididamente, pero solicitamos que esa declaración de interés
general se extienda a las obras del convenio de colaboración entre el
Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno de Canarias que, en
materia de infraestructuras hidráulicas, fue firmado el 30 de
diciembre próximo pasado. Porque esa declaración de interés general
es conditio sine qua non para la eficacia del contrato celebrado
porque así consta en la cláusula primera. Recordemos la vigencia de
los artículos 1.114 y 1.119 del Código Civil y, si el agua es un bien
escaso en todo el mundo, en Canarias es un bien escasísimo, pese a la
existencia de una tupida red de estanques, presas, embalses,
depuradoras y potalizadoras. Créame, señoría, que este año la
situación es verdaderamente alarmante por la falta de lluvia, pero
sería mucho más lamentable que cuando llueva -si llueve- el agua se
vaya al mar. Les enseño el titular de
un artículo que se publicó en primera página de un periódico de
Canarias: La situación es catastrófica en la isla por sequía. Se va a
solicitar una declaración en tal sentido. Por ello, pedimos que se
nos apoye para que el convenio -nunca mejor dicho por tratarse de
agua- no sea papel mojado.
Respecto a la enmienda 411, no vemos la necesidad de mantener el
texto del proyecto, por cuanto puede ser una puerta abierta a
posibles litigios dentro de la autonomía cuando por parte del
Gobierno de Canarias no se acceda a la petición de acudir a la
Intervención General de la Administración del Estado. Las comunidades
autónomas tienen magníficos servicios para realizar estudios de
consultoría en materia financiera, económica y contable y magníficas
auditorias. No hay que poner en tela de juicio la eficacia de la
administración autonómica. Por tanto, mantenemos nuestra enmienda de
supresión. Hay que respetar a las autonomías, están en la
Constitución española. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y
Lozana, ocupa la Presidencia.)
Votaremos en contra de la enmienda 150 del Grupo Socialista, que
solicita la supresión de la disposición transitoria cuarta, referente
al tipo del impuesto general indirecto aplicable a las labores de
tabaco para 1999 en el archipiélago canario. Lo motiva en lo que
llama brutal incremento de la fiscalidad, ante la necesidad de
equilibrar los descontrolados incrementos de la sanidad canaria y por
producir un efecto muy negativo en el sector tabaquero y turístico.
Como ven, estamos entre dos eslogan: uno, el de fumar es un placer
genial y, otro amenazante: la autoridad sanitaria advierte que fumar
perjudica seriamente la salud. Se reconoce la corriente mundial en
pro de la eliminación paulatina del consumo del tabaco. Hace unos
días la prensa señalaba que, además de los convenios financieros
entre las entidades tabaqueras norteamericanas y sus gobiernos con
destino a campañas de convicción restrictivas, el propio señor
Clinton, fumador de puros especiales, ha anunciado que reanudará sus
esfuerzos para establecer una fiscalidad específica sobre el tabaco.
Esa corriente se ve también en muchos países de nuestro entorno. Por
ello el Gobierno de Canarias, preocupado por el incremento -fíjense
bien-, no de reducción del consumo del tabaco, que, además es
causante de muchas cardiopatías y cánceres y que está costando a la
sanidad del Archipiélago unos 16.000 millones de pesetas, propone la
renovación legislativa de esta exacción. Por cierto, que ya es hora
de que se regule de forma autonómica y que no se vuelva a traer en la
ley de acompañamiento. Este año la recaudación estará en torno a unos
5.000 millones de pesetas -es el primer año de vigencia- y se
destinará a hacer frente al referido coste. También quiero poner de
manifiesto a SS.SS. que una encuesta hecha en el Archipiélago refleja
que el 80 por ciento de los encuestados, muchos de ellos fumadores
como yo -yo soy fumador de puro canario-, están de acuerdo en el
establecimiento de esta exacción finalista.
Por último, Coalición Canaria desea expresar su preocupación por la
situación funcionarial en que se encuentra la agencia estatal de la
Administración tributaria. Me refiero a la enmienda de adición 346,
presentada por el diputado y gran trabajador legislativo señor Saura
Laporta. Estoy de acuerdo en que dicha agencia va mejorando, como ha
dicho el señor Martínez-Pujalte, pero el tema de los funcionarios
preocupa a la Administración, a todos los grupos parlamentarios y a
los 28.000 funcionarios pertenecientes a asociaciones y sindicatos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Gómez,
vaya concluyendo.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Voy concluyendo, señor presidente.
Hay que armonizar todo el reino de taifas que existe en la actualidad
y quizás el camino sea la instalación de un solo cuerpo. Se debería
regular el procedimiento fiscalizador con especificación de
responsabilidades y cometidos dentro de una necesaria labor de
conjunto y mayor justicia a la hora de retribuir los servicios
realizados. Esperamos que no salgamos de esta sesión, aunque sea a
través de enmiendas, sin afrontar este tema candente y preocupante.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Rodríguez.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor
González de Txabarri.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Vasco mantiene vivas seis enmiendas a este
título V de la ley de medidas fiscales, administrativas y del orden
social. Sendas enmiendas hacen referencia al tema educativo, en
concreto a la financiación del segundo ciclo de educación infantil;
otras dos en relación con la potestad sancionadora administrativa y
las dos últimas relativas al artículo 78 sobre declaración de interés
general de determinadas obras hidráulicas y de regadío.
No voy a insistir en las dos primeras por referirse al tema
educativo, que fue extensamente tratado y debatido en el momento de
la discusión de la sección 18 en materia educativa. Yo creo que las
posturas de los distintos grupos parlamentarios quedaron patentes en
el propio debate. Como resumen indicaré que el Grupo Parlamentario
Vasco no comparte que el sostenimiento de los centros concertados en
el segundo ciclo de educación infantil sea realizado a través de
becas. Creemos que es una gravísima equivocación en el sistema
educativo del Estado y pensamos que, tal como se hace en las
comunidades autónomas con las competencias educativas transferidas,
hay que realizarlo en régimen de conciertos porque así lo indica
tanto la Lode como la Logse y porque el sistema es mucho más justo y
más equitativo. Abrir un resquicio a un sistema de becas
que vaya asemejándose al cheque escolar sólo en un segmento de la
financiación de la educación infantil, creemos que es un gravísimo
error político que, a la vista de las razones aducidas en el debate,
además no está suficientemente sustentado.
La enmienda número 33 a estos efectos recoge exactamente el texto que
ante esta Cámara presentó el Grupo Parlamentario Popular, el 4 de
abril de 1995, como proposición de ley en relación con la gratuidad
de la enseñanza en el segundo ciclo de la educación infantil. Lo
único que pedimos al Grupo Popular es que sea coherente en una
posición que, además, es reiteradamente sustentada por los
representantes y portavoces del Grupo Popular cuando asistimos a
debates relacionados con este tema. No llegamos a entender por qué la
financiación de este segmento específico, y sólo de éste, se realiza
a través de becas y no de convenios con los titulares que sostienen
estos centros, a los que, de paso, se les genera una situación de
indefensión porque, en ningún caso, saben con qué financiación van a
contar en ese segmento y están pendientes de las posibles becas que
en su caso los padres de dichos niños pudieran conseguir a lo largo
del curso escolar. No parece que haya actividad concertada alguna en
ningún sector que se pueda realizar en estas condiciones.
Las dos enmiendas siguientes hacen referencia, como he dicho
anteriormente, a la potestad sancionadora administrativa, tema que ha
sido debatido en el título anterior por mi compañera la diputada
Uría. He visto que los diversos portavoces asistían al debate con
mucha atención y no voy a reiterar los argumentos que, con maestría,
ha expresado mi compañera.
Para terminar, señor presidente, las dos enmiendas que hacen
referencia al artículo 78 solicitan el apoyo de la Cámara, la primera
de ellas para que sean declaradas de interés general ciertas obras de
regadío, y la segunda para una estación de residuos ubicada en el
Alto Deba, en Guipúzcoa.
En relación con las obras de regadío, hemos podido constatar que este
proyecto de ley, en su artículo 78, incluye ciertas obras situadas en
los términos de Labastida y Laguardia, en Álava, como obras de
interés general. Este es un viejo debate en lo que se llamaban los
regadíos en Álava, que durante años el Grupo Parlamentario Vasco ha
venido solicitando su inclusión como obras de interés general en la
zona de La Rioja alavesa, que debe conocer estos regadíos, y hemos
venido oyendo distintos argumentos por parte del Grupo Popular para
rechazar estas enmiendas. Este año hemos asistido a la contemplación
en este artículo 78 de ciertas obras de regadío ubicadas sólo en
Labastida y Laguardia, dejando a un lado la mejora y modernización de
los regadíos de otros ayuntamientos colindantes, tanto a izquierda y
derecha, como en este núcleo central de La Rioja alavesa: los
ayuntamientos de Valdegobía, Añana, Kuartango, Ribera Alta y Ribera
Baja; y en el otro lado, los regadíos referidos a Berantevilla y
Zambrana.
Entendemos que con la inclusión de los regadíos referentes a
Laguardia y Labastida se encuentra una fórmula para que los mismos
puedan ser considerados de interés general. Lo que no entendemos,
señor presidente, es por qué en una comarca tan pequeña y delimitada
como La Rioja alavesa el núcleo central conozca ese reconocimiento de
obras de interés general y queden al margen a izquierda y derecha
ciudadanos que encuentran sus posibilidades de modernización y mejora
de regadíos excluidos y discriminados. Es además, en nuestra opinión,
una decisión política desacertada. Este tipo de políticas hay que
convenirlas con las comunidades autónomas y en este caso con la
Diputación Foral de Álava. Difícilmente se va a poder hacer un
proyecto con el cual la Diputación Foral de Álava no está en
sintonía.
No quiero ser especialmente crítico en este momento porque entiendo
que son posturas que hay que ir acercando y a través de las cuales,
para que estos intereses de los ciudadanos puedan encontrar fórmulas
de conciliación, hay que generar un ambiente en orden a que estos
planteamientos vayan siendo aceptados por parte del Gobierno y por
parte del Grupo Popular. Insisto en que una de las reivindicaciones
sentidas y planteadas en esta Cámara durante años por el Grupo
Parlamentario Popular ha conocido su aceptación en el proyecto de ley
presentado por el Gobierno, pero entendemos que es un planteamiento
muy discriminatorio. Creemos que dejar al margen estas dos zonas
políticamente sólo tiene un nombre, y ese nombre nos hace volver a
épocas que considerábamos superadas en el momento.
Para terminar, la enmienda número 38 hace referencia a la
consideración y declaración de interés general de la estación de
saneamiento y depuración de aguas residuales del Alto Deba, en
Guipúzcoa, sobre el cumplimiento de un convenio suscrito por el
Ministerio de Fomento en el año 1994 con el Gobierno vasco en el
momento en que se transfirieron las competencias en políticas
hidráulicas. De cara al año 2000, y para el cumplimiento de dicho
convenio, es necesario que esta obra, que afecta a núcleos de
población en Eskoriatza, Aretxabaleta, Arrasate-Mondragón y Oñati sea
considerada ahora de interés general y esperamos que los convenios
que han sido suscritos entre el Ministerio y el Gobierno vasco
encuentren en esta Cámara la mejor acogida.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor presidente.
Brevemente, puesto que hay muy pocas enmiendas también en este
título, voy a hacer referencia a la justificación de la 379 que
plantea una modificación de la Ley de televisiones privadas.
Señorías, nuestro grupo
plantea tres modificaciones de la ley que regula el tercer canal con
la pretensión de prever en dicha ley la titularidad autonómica de la
misma para poder iniciar procesos de privatización de alguno de los
canales. No tenemos en estos momentos ninguna justificación razonable
para poder entender por qué no se puede aceptar, dentro del marco
constitucional, la existencia de televisiones privadas de ámbito
autonómico. Creemos que la defensa de la promoción de la cultura y de
las lenguas distintas al castellano justifican, por ejemplo, que se
adopte esa decisión. Ahí van estas tres modificaciones que planteamos
de la norma, que tienen la finalidad de adaptar la articulación de
este servicio público esencial al mandato constitucional, de
protección de todas las lenguas existentes en el Estado español, y de
esta forma poder permitir procesos de privatización de canales
autonómicos.
La enmienda siguiente es la 364, que pretende modificar la
disposición adicional 15 de la Ley de seguros privados. No
comprendemos tampoco por qué el Gobierno plantea ahora esta
modificación de la regulación de las mutualidades de previsión
social. La exigencia de que estas entidades tengan que ser de
adscripción obligatoria, señorías, no la entendemos.
En España, si me lo permiten, nada es obligatorio, para decirlo en
términos muy amplios. Esta Cámara se puede disolver, cualquier
sociedad anónima se puede disolver, hasta -si me permiten la
expresión- se disuelve un matrimonio. Ahora resultará que la
adscripción a una entidad de previsión social, cuando se hace
libremente en sustitución del régimen especial de trabajadores
autónomos, es para toda la vida y hasta que uno se muera. Señorías,
mi grupo no entiende por qué tiene que ser de adscripción obligatoria
hasta que uno desaparezca de este mundo. No tiene razón de ser y por
eso planteamos la enmienda, para sustraer ya de la norma esos
caracteres obligatorios que en nada se justifican, que por cierto
hace unos años se suprimieron, con lo cual volveríamos otra vez a las
redacciones obligatorias que hacen imposible el ejercicio de la
libertad en este país.
Esa es la justificación de las dos enmiendas que planteamos.
Nada más, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Homs.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene
la palabra el señor Ríos.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías, comenzaré la
defensa de las enmiendas de mi grupo a este título V, que hace
referencia a una sugerente denominación -se llama de la acción
administrativa- en la que meten una serie de conceptos, la educativa,
la de comunicaciones, etcétera. Lo que antes he argumentado para el
título IV ahora lo deberíamos ampliar. Por ello me ahorro toda esa
argumentación y la vuelvo a dejar encima de la mesa, porque esta
acción administrativa
esconde ni más ni menos que una modificación de la Ley
general de telecomunicaciones, una modificación de la Ley de
televisión privada, una modificación del funcionamiento en materia de
agricultura, en el artículo 77, incluso meten en un artículo de esta
ley de acompañamiento lo que hicimos en el mes de septiembre sobre
declaración de interés general, obras de regadío de interés general.
Pero voy a referirme a las enmiendas que nosotros queremos defender.
Hay cuatro enmiendas dirigidas a la acción administrativa en materia
de comunicaciones, que serían las números 213, 214, 215 y 216. La
primera que quiero defender se refiere a la supresión de la
modificación de la Ley de televisión privada del año 1988 que creemos
que debe hacerse específicamente y con un debate sobre cómo queremos
organizar esa televisión privada.
Desde nuestro punto de vista, la enmienda más importante de este
capítulo III sería la 215, que pretende modificar esa ley, primero,
para que toda persona física que quiera adquirir, directa o
indirectamente, una participación significativa en el capital de
estas sociedades concesionarias tenga que informar previamente a la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, indicando el
porcentaje de dicha participación, los términos de la misma y las
condiciones de adquisición en un plazo determinado. Nosotros incluso
en otra enmienda decimos que cuando haya controversia y no se llegue
a un acuerdo resuelva la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones
dando un plazo, un mes. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos? Decir
que de manera significativa la concesionaria del servicio público
tenga una obligación de informar de su acción, de su venta, su
compraventa. Nosotros entendemos que una presencia importante y
significativa sería el 2 por ciento del capital. Fíjense que en el
trámite de esta ley empezamos con un 25 por ciento como limitación a
lo que pudiéramos llamar presencia o excesivo control de la
televisión privada, en Comisión se ha ampliado a un 40 por ciento y
todavía aquí hay previsiones para ampliarlo al 49 por ciento. No
estamos de acuerdo con esta regulación de la televisión y creemos que
hay un riesgo de monopolio o de oligopolio en el control de la
información, cosa consustancial que queremos impedir en el futuro,
porque los medios de comunicación tienen un peso muy importante en lo
que puede ser la configuración de la opinión y también en la
proyección de la propia información.
En el capítulo IV tenemos presentadas otras dos enmiendas a los
artículos 77 y 78 sobre materias de agricultura. Lo que propone el
Gobierno en materia de agricultura, lo mismo que las sociedades
mercantiles se han utilizado para carreteras, ferrocarriles y obras
hidráulicas, es introducirlas en obras de infraestructura,
modernización y consolidación del regadío, hecho con el que no
estamos de acuerdo. Pero fíjense ustedes en cómo empieza el artículo
77.1: En el marco de lo previsto en el plan nacional de regadíos
vigente... ¿Quéplan de regadíos vigente hay? No está presentado, no
se
ha tramitado, no tenemos ninguno. Dicen que para cuando lo pueda
haber. Esta es la innovación revolucionaria que hace este cuerpo
legal. Tomamos una medida en el artículo 77 para cuando el Gobierno
presente un plan nacional de regadíos. ¿Desde cuándo se hacen así las
leyes? ¿Desde cuándo regulamos para cuando pueda estar en vigencia un
plan y no en función de lo que ya está regulado? Esta es la forma en
que se están haciendo estas propuestas, que son muy improvisadas,
poco reguladas y poco concretas. Nuestro grupo no lo estima positivo
y presenta una enmienda.
El colmo está en el artículo 78, que nos propone declarar de interés
general una serie de regadíos: de Levante, de Albatera, de
Crevillente, de Elche; de la Bastida-Briñas... ¿Esto va a ser un
goteo permanente? ¿Vamos a hacer por decreto todo un sinfín de
declaración de obras? Yo estoy de acuerdo en que se declaren de
interés general, pero ¿eso tiene que venir en la ley de
acompañamiento de los presupuestos? ¿No podemos sentarnos y decir
cuáles son las obras de regadío que queremos declarar de interés
general, pero todas juntas? Estamos en un chorreo permanente. En
septiembre, unas; en octubre, otras; en noviembre, otras. Pues mañana
presentamos nosotros otras. Así, he visto que el Grupo Socialista ha
presentado una batería de proposiciones no de ley y nosotros
presentaremos otras. Esto se llama sistema legislativo por goteo. Ya
que estamos en el agua, sistema por goteo. A mí me gustaría el de
aspersión que, por lo menos, reparte el agua y podemos calarnos con
mayor rigor.
Termino, señor presidente, con los capítulo V y VI. Nosotros no
estamos de acuerdo con la acción administrativa en el exterior, la
ayuda al desarrollo, que propone el Gobierno. ¿Cuál es la enmienda de
Izquierda Unida? Muy sencilla, en primer lugar, que en la
distribución de esos fondos se aplique la Ley de cooperación que está
aprobada y, en segundo lugar, que se debata en el Congreso en el
primer trimestre del año 1999 una ley que adecue la legislación
existentes para fondos FAD a la Ley de cooperación. La enmienda 219
pretende esa regulación.
Finalmente -y con esto sí que concluyo-, solicitamos la supresión de
la acción administrativa en materia de energía, que propone, nada más
y nada menos, vía artículo 80, la modificación de la Ley 54/1997, del
Sector Eléctrico, y la generación de una participación privada en ese
operador de mercado. Nosotros no compartimos que esto se tenga que
regular aquí. En esta discusión presupuestaria debería debatirse
específicamente y con toda tranquilidad, en una regulación apropiada,
el sector eléctrico. Tampoco compartimos la creación de este operador
del mercado porque no sabemos qué es lo que quiere decir ni cuál es
su misión, aunque aquí se regula hasta la voluntad de venta de la
sociedad, la ampliación de capital, etcétera, ni estamos de acuerdo
en que ese operador de mercado tenga que hacerse con la presencia de
la empresa privada. No entendemos por qué debe regularse en esta ley.
Estoy convencido de que la razón nos acompaña,
aunque a lo mejor los votos nos faltan. Pero todo es cuestión
de paciencia, porque con paciencia todo madura y la breva cae.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ríos.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
señor Caldera.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Gracias, señor presidente,
compartiré el tuno, como le indico, con el señor Amarillo.
Voy a defender las enmiendas de supresión de los artículos 72, 73 y
74. La relativa a la supresión del artículo 72, acción administrativa
en materia de comunicaciones, por una razón básica, y es que queremos
combatir ese vicioso procedimiento que significa el cambio legal de
normas aprobadas recientemente por la Cámara. En este caso, en la
acción administrativa en materia de comunicaciones hay algunos
cambios importantes que tienen poco que ver con la posición que
defendió mi grupo a la hora de discutir el texto legal, la Ley
General de Telecomunicaciones. No estamos de acuerdo con el modelo de
separación de cuentas, atribuciones y competencias de la Comisión del
Mercado de Telecomunicaciones -y vuelvo a formular la misma pregunta
que hice en Comisión: para cuándo tendrá reconocida la capacidad de
fijar precios y tarifas la Comisión del Mercado de
Telecomunicaciones-, ni con la regulación que se hace de las
licencias individuales. Como no estamos de acuerdo con el fondo de
estas materias -es un cambio legislativo muy próximo-, proponemos su
supresión. Hacemos lo mismo con el artículo 73, que tiene que ver con
el servicio postal universal y con la liberalización de los servicios
postales. También discutimos aquí el procedimiento de cambios
normativos tan recientemente aprobados. Desde luego, lo que más nos
llama la atención es el cambio que se pretende hacer del término
entidad pública empresarial Correos y Telégrafos por operador que
presta el servicio postal universal. Nadie nos ha explicado hasta
ahora qué hay detrás de este cambio.
Sin duda alguna, la enmienda más importante de mi grupo parlamentario
es la que tiene que ver con la supresión del artículo 74. Se produce,
señorías, un cambio en el marco regulador del modelo concesional de
televisiones privadas con el que no estamos de acuerdo por varias
razones. En primer lugar, lo que se hace es eliminar el apartado del
artículo que obligaba a que las acciones de las empresas de
televisión privada fueran nominativas lo que, lógicamente, impedía su
negociación en Bolsa. En segundo lugar, se modifica el trámite de
autorización administrativa para las transacciones de acciones u
otros títulos, que se ve sustituido por una simple obligación de
informar sobre las adquisiciones de participaciones accionariales al
Ministerio de Fomento. Es decir, se pasa de un modelo de autorización
administrativa a otro de un simple informe. Además, el Ministeriode
Fomento se reserva la posibilidad de denegar la
operación cuando pueda afectar a la concentración de medios. Por
último, queda libre de la obligación de informar toda operación que
no alcance el 5 por ciento del capital o de los derechos de voto de
la empresa concesionaria de televisión, lo que facilita la
negociación de las acciones en Bolsa por parte de los fondos de
inversión, de pensiones y de pequeños ahorradores. ¿Qué hay detrás de
estas modificaciones? Está muy claro, señorías. No parece justificado
que se utilice una ley como ésta para introducir estas
modificaciones. No es razonable pensar que las acciones de las
empresas de televisión puedan salir a Bolsa antes de que se hayan
renovado las concesiones de que disfrutan -en este caso, Telecinco,
Antena 3 y Canal Plus- porque falta mucho tiempo para ello, el año
2000.
En todo lo relacionado con la televisión el Gobierno ha evitado el
debate parlamentario. Lo ha evitado con la televisión digital
terrenal y está ocurriendo con este trámite, donde en una ley de
acompañamiento se incorpora un texto muy importante que impide un
debate específico de la materia. Hay otra razón para nuestra
oposición. Parecería más lógico que, si el Gobierno sólo trata de
evitar que las adquisiciones de acciones de televisión privada puedan
entrañar perturbación al principio de no concentración de medios,
hubiera otro organismo -nosotros proponemos que sea la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones- quien se responsabilizara de
evitar la concentración de medios. ¿Qué es lo que hay detrás de todo
esto? A nuestro juicio, señorías, el interés del Gobierno en
reservarse esta competencia que, teniendo en cuenta sus antecedentes,
sólo puede entenderse en razón de la voluntad del Ejecutivo de
mantener su presión y su influencia sobre los medios de comunicación
como, por cierto, ha hecho hasta ahora. Por otra parte, hay un dato
más grave aún. El Grupo Parlamentario Popular a lo largo de la
tramitación de este texto ha introducido una modificación más
sustancial si cabe. ¿Cuál ha sido? Elevar la posibilidad de que una
persona física o jurídica pueda tomar por sí misma un 49 por ciento
de las acciones de una concesionaria de televisión privada. Se rompe
el límite del 25 por ciento, claramente orientado a impedir la
concentración de medios y se favorece de forma extraordinaria al
establecerse la posibilidad de que un solo accionista pueda disponer
del 49 por ciento de estas acciones.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Caldera,
le ruego concluya.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Acabo, señor presidente.
Esto significa un trato de favor hacia la Compañía Telefónica
Nacional de España que, en su toma de Antena 3 Televisión, se vio
acompañada, porque no podía hacerlo por sí misma, de una serie de
entidades financieras. A ellas el presidente de esta compañía, en
nombre del Gobierno y de esta Cámara, lo que es plenamente
rechazable, les garantizó que habría una
modificación legal que les permitiría vender sus participaciones. No
contentos con ello han aumentado a través de su grupo parlamentario
el límite de la participación, de tal suerte que la Compañía
Telefónica podrá legalmente, cuando se apruebe esta ley, obtener el
control único y definitivo de Antena 3 Televisión para ponerlo al
servicio del Gobierno.
Acabo definitivamente. Lo dije en Comisión: lo que nos parece más
sangrante -y apelo a su responsabilidad y legitimidad para impedirlo-
es que el presidente de la Compañía Telefónica se permita el 11 de
noviembre afirmar que Telefónica materializará este mes de noviembre
la compra del 9 por ciento de Antena 3 Televisión en poder de
Banesto. Esto hoy no es posible, sólo lo sería si esta Cámara y el
Senado aprueban las modificaciones a las que estoy haciendo
referencia. Entre tanto, ya en el mercado se están produciendo
movimientos que dan lugar, sin duda, a la utilización de información
privilegiada...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Caldera,
hemos hablado de tiempo compartido.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: ... y que esta Cámara, señorías,
debería, por dignidad, rechazar.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Caldera.
Tiene la palabra el señor Amarillo.
El señor AMARILLO DOBLADO: Gracias, señor presidente.
Intervengo en nombre de mi grupo para defender las enmiendas del
capítulo IV, en primer lugar, las números 102 y 103, referentes a la
supresión de los artículos 75 y 76. Son dos artículos conexos cuya
presencia en la ley tiene una difícil explicación. Unánimemente
tienen el rechazo de todo el sector lácteo español, las
organizaciones profesionales agrarias, todos los grupos políticos que
han intervenido antes se han pronunciado de la misma manera, y creo
que el Gobierno haría bien en escucharnos y en suprimirlos. En los
citados artículos se contienen medidas de carácter coercitivo
destinadas a establecer un control que es necesario, aunque estimamos
que ésta no es la vía adecuada.
Debe quedar claro que mi grupo es partidario de que haya un
conocimiento profundo de cuál es la leche que se produce, cómo se
almacena, cuál va destinada a consumo y cuál a la elaboración de
productos lácteos y, en definitiva, haya el control adecuado para que
las decisiones que se puedan tomar sean las correctas. Ello no es
óbice para que consideremos que el instrumento menos adecuado es
precisamente el que se ha elegido en el cual, de alguna manera, se
intenta convertir a los propios ganaderos en inspectores de sí
mismos. Es un sistema fuertemente coercitivo cuya presencia en la ley
no podemos con franqueza entender.
Hemos presentado una enmienda a la totalidad del artículo 77, por
razones distintas. Aquí sí que entendemos que el Grupo Popular haya
introducido este artículo, porque entra en su concepción económica
sobre los sectores en su conjunto y sobre el agrario en particular.
Entendemos perfectamente su inclusión, pero discrepamos por dos
motivos: por un lado, por razones de carácter formal porque,
coincidiendo con lo que ha dicho algún otro portavoz, no existe el
plan de regadíos. No existe oficialmente si nos atenemos a las
declaraciones que el último jueves hizo en la Comisión de Agricultura
la ministra de Agricultura y Pesca, que nos dijo: Miren ustedes, lo
que les traigo es un borrador abierto que tengo que consensuar; el
plan nacional de regadíos, por tanto, no existe como tal y ya se irá
elaborando. Así que malamente puede haber una normativa que afecte a
un plan que oficialmente no existe.
Nos oponemos por razones formales y, con mayor énfasis, por razones
de fondo, porque con este artículo se da pie a la creación de
sociedades que van a privatizar la utilización del agua. Siempre que
tocamos esta cuestión ustedes ponen énfasis en decirnos que la ley
explicita que el agua es un bien público y de propiedad pública. Pero
una cosa es la propiedad del agua y otra cosa muy distinta su
utilización y uso, aunque no sé para qué se quiere el agua si no se
puede utilizar. Por lo tanto, lo que vale del agua es su utilización
y su uso, y está claro que es lo que quieren privatizar. Este es el
artículo que necesitan para que de iure, desde un punto de vista
legal, no tengan ningún problema para hacerlo.
Aunque su filosofía sea la de privatizar todo, entre otras cosas, la
utilización del uso del agua...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Amarillo,
le ruego concluya.
El señor AMARILLO DOBLADO: Entendemos que se va a causar un perjuicio
muy grande.
Concluyo, señor presidente, diciendo que mediante las enmiendas 105 y
106 nos oponemos al artículo 79, que habla de los mecanismos de
gestión, administración y seguimiento de los créditos concesionales
del Fondo de Ayuda y Desarrollo. La número 105 fija cuál es el
objetivo de estos fondos. Lo queremos hacer máxime después de que la
Ley de cooperación internacional para el desarrollo ha sido ya
aprobada, ley a la que tendremos que remitirnos en todo momento. No
alcanzamos a entender por qué si en esta ley todos los créditos y lo
que lleva consigo han de ser aprobados por el Consejo de Ministros,
de manera específica tengan que pasar la gestión de los créditos que
se dan, cuestión por otro lado irrelevante.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Amarillo,
le ruego que concluya.
El señor AMARILLO DOBLADO: Con la enmienda 106 -con ello termino,
señor presidente- queremos fijar
aquellos fondos que vayan dirigidos a un desarrollo social básico y
distinguirlos de los restantes. Es bueno que estos fondos
específicamente destinados a mejorar las condiciones de vida de los
sectores más necesitados se precisen en la ley. No entendemos cómo
han podido rechazar algunas enmiendas que nos hubieran favorecido
mucho y habrían aclarado la cuestión.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Amarillo.
El señor AMARILLO DOBLADO: Me refiero, por ejemplo, a la enmienda 234
del proyecto de ley de presupuestos generales del Estado en la que
preveíamos un fondo específico a este asunto. Ustedes se negaron a
ello y no lo podemos entender porque no se han negado a crear un
fondo para la concesión de microcréditos destinados al desarrollo
social básico del exterior.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Amarillo.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular , tiene la palabra el señor
Albendea.
El señor ALBENDEA PABÓN: Gracias, señor presidente.
Antes de entrar en el comentario al título V, quiero abundar en la
contestación que mis compañeros, Rafael Hernando y Rafael Cámara, han
hecho en relación con la crítica tan dura y tan global a la ley de
acompañamiento como si fuera un saco sin fondo donde el Gobierno ha
metido todo. No voy a darles la opinión del Gobierno, ni la de mi
grupo parlamentario, ni siquiera la de este modesto diputado, sino la
que emite respecto a la ley de este año un organismo independiente
como es el Consejo Económico y Social, que expresamente dice en sus
conclusiones que quiere resaltar que el anteproyecto de ley de
medidas fiscales, administrativas y del orden social del presente año
ha mejorado respecto a años anteriores, ya que las reformas legales
no son del alcance de pasados años y se ha reducido el número de
leyes modificadas. Así que, señorías, no hagan piedra de escándalo de
una cosa en la que desde luego vamos por el buen camino y vamos
mejorando sensiblemente en la acción legislativa.
Entrando en el título V, el capítulo II se refiere a la acción
administrativa en materia educativa, a la que se han presentado nueve
enmiendas. Me van a perdonar si no puedo hacer alusión a todas las
enmiendas de este título V, porque son casi 50 y el presidente me
echaría de la tribuna con razón. En relación con los temas de
educación, las enmiendas presentadas hacen referencia a la gratuidad
en los libros de texto, y en ese propósito coinciden el Gobierno y
las enmiendas de mi grupo parlamentario. Sin embargo, en lo que sí
diferimos es en los procedimientos. Nos parece que la política del
Gobierno de avanzar en la gratuidad por diversos caminos que
discriminan positivamente a las
familias con menores niveles de renta y, por tanto, son más
merecedores de esa gratuidad, es un buen camino. Por eso, junto al
descuento de los libros de texto que tiene un alcance más general,
hay que tener presentes también las ayudas públicas existentes y,
sobre todo, la previsión del incremento del mínimo familiar, que está
establecido en el proyecto de ley del IRPF que está en tramitación en
esta Cámara, por una cuantía de 25.000 pesetas por descendiente entre
3 y 16 años.
El artículo 71 tiene como fin primordial resolver el tema de
indefinición laboral de los profesores de religión. La enmienda
número 97 del Grupo Socialista propone suprimirlo. Reconocieron en el
debate en Comisión que el fondo del problema para ellos no es la
situación laboral de los profesores de religión, sino la enseñanza de
la religión en los centros públicos. Dicen que es un problema
antiguo. Naturalmente, tan antiguo como que viene recogido en la
Constitución -y vamos a cumplir 20 años- en el artículo 27.3, que
establece el deber de los poderes públicos de garantizar el derecho
que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación
religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
Por otra parte, señorías del Grupo Socialista, es importante que no
incurran ustedes en graves contradicciones y hagan un esfuerzo
elemental de coordinación. El mismo día que ustedes defendían en
Comisión la supresión de este artículo 71, que va a resolver los
problemas de adscripción laboral de los profesores de religión, el
consejero del Gobierno de la Junta de Andalucía, en el marco de esa
desatada locura de buscar puntos de conflicto con el Gobierno de
España, amenazaba a la ministra de Educación con llevarla a los
tribunales si no resolvía el problema laboral de los profesores de
religión. Eso se llama coherencia política y coordinación.
Al capítulo II de esta ley se han presentado cuatro enmiendas,
proponiendo un nuevo artículo 71 bis. Las números 33 y 34 del Grupo
Parlamentario Vasco hacen referencia al segundo ciclo de educación
infantil. Nosotros creemos que no es necesario modificar la LODE y
que en el marco de la Ley orgánica de participación, evaluación y
gobierno de los centros docentes, por vía reglamentaria, por vía de
los convenios previstos en el artículo 11.2 de la Logse, puede
realizarse eso y por ahí viene la financiación del segundo ciclo.
La enmienda 384, de la señora Lasagabaster, pretende que mediante
pruebas de acceso restringidas, convocadas por la administración
educativa y reguladas por el Parlamento vasco, adquiera la condición
de funcionario de carrera el personal docente laboral fijo, petición
que no se puede aceptar porque va en contra de la Logse, de la Ley de
la Función pública, pero, sobre todo, porque propone un sistema de
acceso a la Función pública que pudiera ser inconstitucional puesto
que no tiene en cuenta el mérito y capacidad; podríamos decir que
propone un sistema que no está considerado en nuestra Constitución.
Por otro lado, le atribuye a la Administración vasca la configuración
de esas pruebas de acceso,
lo cual contraviene la reserva de competencia a favor del Gobierno
establecida en la Logse.
En comunicaciones, capítulo III, se han presentado once enmiendas.
Las números 98 y 99, del Grupo Socialista, pretenden suprimir los
artículos 72 y 73 del proyecto de ley, que modifican,
respectivamente, la Ley General de Telecomunicaciones y la Ley del
Servicio Postal Universal. El hecho de que lleve poco tiempo en
vigor, que es el argumento que se maneja, no es obstáculo para que
haya que corregirla si se han advertido ya disfunciones en sus pocos
meses de vigencia.
La enmienda 213 del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
propone fijar el plazo de un mes a la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones para que resuelva la falta de acuerdo entre los
operadores. En la número 214 propone que el informe de la Comisión
del Mercado de las Telecomunicaciones sea vinculante para la Comisión
delegada del Gobierno para asuntos económicos, lo cual significa
trasladar la decisión a la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones y no a la Comisión delegada del Gobierno.
Al artículo 74, que modifica la Ley de televisiones privadas, se han
presentado seis enmiendas. Varias parecen ver fantasmas detrás de las
modificaciones que el proyecto de ley hace de la televisión privada.
Curiosamente, el portavoz socialista, el señor Caldera, se alerta
sobre un propósito de concentración de medios por el hecho de que las
acciones dejen de ser nominativas, y deduce de este hecho que se
impedirá en la práctica que puedan negociarse en Bolsa. Señoría,
existen un montón de sociedades que cotizan en Bolsa siendo sus
acciones nominativas. Por ejemplo, todas las empresas bancarias
tienen su capital representado en acciones nominativas por ley, y son
los valores de mayor contratación del mercado. ¿Por qué la
contratación en Bolsa implica concentración? Más bien será lo
contrario. Cuando una empresa de cualquier sector necesita mejorar su
financiación y la liquidez de sus acciones acude al mercado de
capitales por excelencia, que es la Bolsa. Ese es el marco natural de
diversificación del accionariado.
Su preocupación radica en la tentación del Gobierno de concentrar su
influencia en los medios de comunicación. Comprendo su preocupación,
señoría, si usted considera que nosotros vamos a hacer los mismo que
hicieron ustedes. En nuestro caso, lo único constatable hasta ahora
es su temor, en el suyo es la experiencia de catorce años de
Gobierno; esa es la pequeña diferencia. Sostener que porque las
acciones de las compañías de televisión pueden cotizar en Bolsa ello
va a significar un mayor control del Gobierno sobre esas compañías,
es tan histriónico que no merece la pena detenerse un minuto en ello.
Si hay algo que da transparencia a la composición del accionariado es
precisamente su cotización en Bolsa. De que así sea se encarga
precisamente la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Albendea,
le ruego vaya concluyendo.
El señor ALBENDEA PABÓN: Voy terminando, señor presidente. En cuanto
al capítulo IV, agricultura, no podemos aceptar las enmiendas que se
han formulado por entender que estamos evitando así la apertura por
la Comisión de un expediente de infracción contra el Estado español
ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Otro asunto es la declaración de interés general de determinadas
obras de regadío e hidráulicas. Es natural que cada grupo formule
enmiendas para conseguir la declaración de interés general de
aquellas obras, pero el orden de prioridades está establecido por la
planificación de las inversiones en obras de regadío o por los planes
hidrológicos de cuenca, recientemente aprobados. No podemos aceptar
las enmiendas excepto la número 410 de Coalición Canaria, que hace
más de un año suscribió un convenio con el Ministerio de Medio
Ambiente que carecería de virtualidad si no aceptáramos esta
enmienda. Por tanto, vamos a apoyarla.
En cuanto al capítulo V, acción administrativa en el exterior, hay
tres enmiendas en las que se manifiesta una gran preocupación porque
no se pueda cohonestar la Ley de cooperación internacional para el
desarrollo con el Fondo de Ayuda al Desarrollo. Queden tranquilos los
señores enmendantes porque, aceptar su enmienda, sería imponer al
Consejo de Ministros un criterio de actuación determinado. Los
principios, objetivos y prioridades establecidos en la Ley de
cooperación internacional para el desarrollo no pueden dejarse al
margen. Como ustedes saben, establece en su artículo 28.2 como
característica diferencial del Fondo de Ayuda al Desarrollo en
general cuantos créditos concesionales, en los términos
internacionales vigentes en materia de crédito a la exportación,
cuenten con apoyo oficial.
Al capítulo VI y último, la acción administrativa en materia de
energía, se han presentado tres enmiendas. Me referiré, por ser la
más relevante, a la del Grupo Parlamentario Socialista, que pretende
aprovechar la ley de acompañamiento para impedir a toda costa que las
compañías eléctricas puedan titulizar los ingresos reconocidos por
los costes de transición a la competencia.
En la disposición transitoria sexta de la Ley del sector eléctrico no
se menciona la posibilidad...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Albendea,
le ruego concluya.
El señor ALBENDEA PABÓN: Inmediatamente, señor presidente.
No se menciona la posibilidad de titulizar esos ingresos, pero
tampoco se prohíbe, que es lo que quiere introducir esta enmienda.
Nosotros creemos, por el contrario, que esa titulización tendría
efectos positivos sobre el sector eléctrico, ya que contribuiría a
restar incertidumbre a su actividad y sobre todo a algo que debe
importarnos a todos: a preservar su equilibrio económico y
financiero. Por ello, vamos a rechazar la enmienda del Grupo
Socialista.
Respecto a la 345, del señor Saura, que propone suprimir la reducción
de hasta el 95 por ciento establecido para las autopistas en la
contribución territorial urbana, no podemos aceptarla, pues sin duda
supondría modificar unilateralmente las condiciones establecidas en
su día, lo que originaría el derecho de los concesionarios a exigir
indemnización de daños y perjuicios, con lo que no se conseguiría la
pretensión buscada por la enmienda.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Albendea.
Pasamos, por último, al debate de las enmiendas Disposiciones
presentadas a las disposiciones adicionales, transitorias,
adicionales, transitorias, derogatorias y finales. En primer lugar, y
dentro del derogatorias Grupo Parlamentario Mixto, para la
presentación y y finales
defensa de su enmienda, tiene la palabra la señora Lasagabaster. (El
señor presidente ocupa la Presidencia.)
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, la enmienda 382 pretende añadir una disposición
adicional en relación con un nuevo plazo para adaptar los compromisos
por pensiones de las empresas con su personal, de conformidad con la
Ley 8/1987. La ampliación del plazo se justifica en la medida en que
todavía no se ha publicado el correspondiente desarrollo
reglamentario. En cualquier caso, me remito a la justificación que
aparece en la propia enmienda.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lasagabaster.
También dentro del Grupo Mixto tiene enmiendas el señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Gracias, señor presidente.
Voy a defender algunas de las enmiendas que presentamos y a dar por
defendidas las demás en sus propios términos.
Quisiera hacer referencia a la enmienda 407, por la que proponemos
añadir una nueva disposición adicional, cuyo texto dice que las
empresas pesqueras mixtas, reguladas al amparo del Real Decreto 222/
1991, gozarán de una bonificación del 60 por ciento sobre la cuota
empresarial de la Seguridad Social en las cotizaciones relativas a
los trabajadores españoles que presten sus servicios en este tipo de
sociedades mixtas. Como segundo punto decimos que la bonificación a
que se refiere el apartado anterior será financiada mediante la
correspondiente aportación del Estado al presupuesto de la Seguridad
Social.
Con esta enmienda lo que queremos es incorporar a esta ley de
acompañamiento la subvención parcial de las cuotas empresariales a la
Seguridad Social correspondientes a estas sociedades mixtas del
sector pesquero,
recogiendo una reivindicación del sector, desde nuestro punto de
vista totalmente justificada, sobre la que existe acuerdo entre los
agentes sociales, como lo demuestran las recomendaciones del informe
1/1998, del Consejo Económico y Social, y las observaciones
realizadas por este mismo Consejo en su informe sobre este proyecto
de ley. Y, además, porque a nosotros nos parece que es una forma
concreta de prestar ayuda a unas empresas que no están pasando por
sus mejores momentos y que, sin embargo, generan mucho empleo y
riqueza.
Con la enmienda 408 proponemos una nueva disposición adicional,
también con el fin de regular, con garantías, la enseñanza en el
sector de las autoescuelas. Y ello basándonos, efectivamente, en lo
que expresamente dice la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,
reguladora del derecho a la educación. En su artículo 14 establece
que todos los centros docentes deberán reunir unos requisitos mínimos
para impartir las enseñanzas con garantías de calidad. El Gobierno
establecerá reglamentariamente dichos requisitos mínimos. Los
requisitos mínimos se referirán a titulación académica de
profesorado, relación numérica alumno-profesor, instalaciones
docentes y deportivas y número de puestos escolares.
Por lo tanto, lo que proponemos es que se regule este sector de la
enseñanza, conforme a estas exigencias que establece la Ley
reguladora del derecho a la educación.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vázquez.
Señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
Simplemente voy a hacer referencia a dos de nuestras enmiendas a las
disposiciones adicionales. Una es la 352, que es importante, ya que
habla de la financiación de los municipios. Nuestra propuesta es
establecer un determinado tanto por ciento de participación fija de
los municipios en los tributos del Estado, que fijamos del año 1999
al 2003 entre el 4 y el 4,5 por ciento.
La segunda enmienda a la que quería hacer referencia es la 346,
relativa a la Agencia Tributaria. No tengo tiempo y, además, creo que
no es el momento de discutir si la Agencia Tributaria funciona bien o
no. En todo caso, me remito a las propias declaraciones del director
general de la Agencia, que ha dicho que a la Agencia le falta
credibilidad. Por ello, creo importante y positivo que, aunque muy
tarde, hoy se haya establecido un intento de negociación con una
parte de los profesionales de la Agencia para intentar superar
algunos de los problemas que existen.
En relación a este tema, sólo ha habido dos enmiendas, la de
Izquierda Unida y la nuestra. Creíamos que se podía aprobar la
enmienda de Izquierda Unida, con una transaccional en la que se
precisaran algunas cuestiones más y en la que se acortara el tiempo,
pero nos encontramos con que hace breves minutos se nos ha
hecho llegar una enmienda transaccional de tres páginas, de gran
complejidad, que valoramos positivamente por lo que tiene de
aceptación por parte del Gobierno de que aquí hay un conflicto y de
que es necesario hablar para superar este conflicto. Pensamos que se
necesita tiempo para reflexionar sobre esta enmienda, sobre todo
porque en algunas cuestiones aparece confusa, incluso contradictoria,
seguramente producto de que la negociación se ha ultimado y
precipitado en los últimos minutos e incluso por el hecho de que se
recojan algunas propuestas que fueron aprobadas en este Pleno hace un
año. Por ejemplo, en las conclusiones del Pleno sobre los 200.000
millones se aprobó cuándo y cómo se debían presentar los objetivos de
la Agencia y ahora nos encontramos con una transaccional que en el
primer punto vuelve a repetir de forma distinta esos acuerdos.
Hay otras cuestiones que nos preocupan, especialmente algunos de los
términos de los acuerdos. El hecho de que se den seis meses para la
presentación del proyecto del estatuto orgánico de la Agencia
Tributaria es excesivo; creemos que hubiera sido importante reducirlo
para que en el próximo período de sesiones hubiera podido aprobarse.
Insisto en que es positivo el hecho de que se acepte que hay
conflicto y de que se empiece la negociación. En este caso, no vamos
a votar en contra de esta redacción, en la que nos hubiera gustado
participar, sino que vamos a abstenernos y a retirar nuestra
enmienda, como gesto de buena voluntad para que esta abstención sirva
para iniciar un nuevo periodo en el que la negociación y el consenso
puedan superar los graves problemas que hoy tiene la Agencia
Tributaria.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Saura.
Señor Gómez Rodríguez, por Coalición Canaria.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo con toda brevedad para decir que doy por defendida la
enmienda número 380. En cuanto a la 411, la defendí en mi anterior
intervención.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por su brevedad, señor Gómez
Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Zabalía.
El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Gracias, señor presidente.
A las disposiciones adicionales mi grupo parlamentario ha presentado
un conjunto de enmiendas. Me voy a referir a la número 43, que
propone añadir una disposición adicional nueva y, si lo permite el
señor presidente, mi compañera Margarita Uría defenderá luego otra
enmienda, dando por defendidas el resto.
Quería hacer referencia a esta enmienda porque es un tema que ya se
han planteado en diversas ocasiones en esta Cámara, precisamente a
través de la ley de
acompañamiento a los presupuestos. Hace referencia a la concurrencia
de pensiones en el sector público, que es un tema, como digo, ya
tratado. Esta normativa figuraba en la proposición de ley que se
aprobó en esta Cámara en relación con la subcomisión sobre los fondos
de pensiones. Por tanto, es una cuestión que incluso la propia Cámara
del Congreso de los Diputados ha dictado en su informe, recomendando
al Gobierno que tome en consideración las propuestas de resolución de
esa proposición no de ley. Nuestra enmienda viene a ratificar ese
compromiso, que no es nuevo sino que ya se adquirió en otra ley de
acompañamiento, en la del año 1994 concretamente, cuando se
establecía la obligación de regular -en los términos que disponía la
disposición adicional cuadragésima octava de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado del año 1986- las aportaciones de los organismos
públicos a las mutualidades de previsión social o la suscripción de
contratos de seguros, a efectos de su adecuado tratamiento en el
régimen financiero y fiscal y de concurrencia de pensiones.
Este mandato legal, que ha sido ratificado posteriormente en una
proposición no de ley, no se ha cumplido, sigue todavía con la
concurrencia de pensiones dentro del sector público y hay diversas
iniciativas de esta Cámara para que se cumpla. No sólo es nuestra
opinión, sino que la opinión del Consejo Económico y Social así lo
establece en los dictámenes que realiza sobre la ley de
acompañamiento. Por tanto, no entendemos cómo este asunto queda
marginado permanentemente, haciendo caso omiso a las recomendaciones
de esta Cámara, que ha instado al Gobierno a que lo cumpla. De
momento, sigue existiendo esa concurrencia de pensiones y no sabemos
por qué. En una empresa privada se pueden realizar y materializar las
aportaciones a los planes de pensiones sin esas limitaciones, pero no
ocurre lo mismo en el sector público. Por eso, queremos dejar
constancia de que ésta no es sólo una demanda permanente de mi grupo
parlamentario, sino de todos los grupos y no entendemos por qué se
sigue obviando este tema.
Quiero hacer referencia también a una transaccional que nos acaba de
pasar el Grupo Popular sobre una enmienda de Izquierda Unida, y que
trata de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Zabalía, porque si sigue
haciendo referencia a tantas cosas, la señora Uría se va a quedar sin
tiempo.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Sólo me estoy refiriendo a dos enmiendas,
señor presidente.
Respecto a esta enmienda transaccional, mi grupo parlamentario ya se
ha manifestado en diversas ocasiones en esta Cámara, tanto en
Comisión como en el debate de totalidad de los Presupuestos Generales
del Estado. Nos preocupa la situación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Mi grupo parlamentario se ofreció a
colaborar con el Gobierno y los demás grupos
parlamentarios para buscar una solución a este problema. Es un
problema grave, que difícilmente se puede solucionar a través de una
enmienda transaccional, porque si no se podía haber hecho hace mucho,
y es un tema que se viene arrastrando desde hace tiempo. Esta no es
la solución, pero es el comienzo para dar una salida a este problema.
La enmienda que ha sido transaccionada, se debería haber elaborado
con la colaboración o la aportación de todos los grupos
parlamentarios y debería aprobarse por unanimidad, ya que no es un
tema que tiene referencia en la ley de acompañamiento, sino que es
distinto, se aprovecha en este trámite parlamentario, pero este
tratamiento no va a solucionar el problema.
No queremos ir en contra de cualquier solución, pero tampoco queremos
aprobar cualquier cosa sin haberla estudiado detenidamente, ya que
todos teníamos que haber colaborado en la redacción de esta enmienda
transaccional. Por tanto, mi grupo parlamentario se va a abstener en
la votación de esta enmienda.
Si me permite el señor presidente, mi compañera Margarita Uría va a
defender otra de las enmiendas que quedan vivas y doy por defendidas
el resto.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zabalía.
Señora Uría, con brevedad.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente.
La enmienda que me corresponde defender es la número 39, que hace
referencia a la consignación de rentas para recurrir en los procesos
arrendaticios por falta de pago. La aprobación de la Ley 29/1994, de
24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos supuso un cambio
sustancial en materia de recursos, pero contiene una incorrecta
regulación del presupuesto de la consignación cuya justicia material
nadie discute, pero que plantea en los juzgados, en las audiencias e
incluso en el Tribunal Supremo problemas de importancia.
La consignación evita la utilización abusiva de los recursos, con una
finalidad exclusivamente dilatoria, garantizando al tiempo el derecho
a la tutela judicial efectiva contenido en el artículo 24, como ha
establecido el Tribunal Constitucional. Se garantiza que no exista un
mero interés en retrasar la ejecución del desahucio, disfrutando
mientras tanto de la posesión del inmueble arrendado sin pagar renta
durante la tramitación. Lo que ocurre es que en la tramitación dada
por la Ley 29/1994 a los recursos, que es notablemente mejor que la
regulación anterior, se posibilita la acumulación de acciones. El
artículo 40, y éste fue uno de sus cambios más importantes, produce
la acumulación de acciones, permitiendo que sea posible ejercitar las
acciones por falta de pago a la vez que se ejercitan las acciones de
desahucio, a diferencia de la regulación anterior en que uno se veía
obligado a recurrir a un procedimiento previo y luego a reclamar las
cantidades.
El problema reside en que, sin embargo, la obligaciónde consignar
sólo aparece exigible, según su disposición
adicional quinta, respecto de aquellos procedimientos que se regulen
por la Ley de Enjuiciamiento Civil, no así en los procedimientos que
se regulan conforme al procedimiento de cognición que, en relación
con las cuantías, es el más utilizado. Haría falta una cláusula
parecida a la que contenía la vieja LAU para decir que la posibilidad
de consignación existe en todos los procesos que puedan llevar
aparejado el lanzamiento.
A corregir este defecto, esta disfunción, viene la enmienda que
presentamos, que creemos que obedece a una razón de justicia, que es
incluso más acorde con el propio tenor o pretensión de la Ley de
1994, que ha recibido el beneplácito de los Ministerios de Justicia y
de Fomento, y que esperamos que también obtenga el voto favorable de
esta Cámara.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría. (El señor Zabalía Lezamiz
pide la palabra.)
Señor Zabalía.
El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Señor presidente, si me permite un minuto,
quiero dejar constancia en el «Diario de Sesiones» que mi grupo
parlamentario va a retirar las enmiendas presentadas a este proyecto
de ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social, salvo
la enmienda número 38, relativa al título V, y la enmienda número 39,
de adición de una disposición adicional, dando por retiradas el
resto.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zabalía. ¿El Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) desea intervenir? (Pausa.)
Tiene la palabra la señora Gil i Miró.
La señora GIL I MIRÓ: Nuestro grupo mantiene para su votación en los
mismos términos la enmienda número 370.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Gil i Miró.
Señor Ríos, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, muy brevemente.
Nuestro grupo realizará dos intervenciones: el señor Vaquero
intervendrá en relación con las disposiciones adicionales de política
social, y yo voy a defender las enmiendas a las disposiciones
adicionales nuevas que hemos presentado al proyecto de ley del
Gobierno y algunas modificaciones a las que presenta el propio
Gobierno.
El Gobierno ha marcado unas prioridades a la hora de desarrollar esta
ley, que amontona todo el desarrollo legal, y las prioridades que
nosotros daríamos si
estuviéramos en el Gobierno serían distintas. Por eso, hemos
introducido disposiciones adicionales que van dirigidas a políticas
que tienen un carácter diferente a las del Gobierno. Por ejemplo,
proponemos un plan gerontológico. Proponemos que haya una
distribución distinta de las competencias en el funcionamiento
hospitalario, que además facilite la cesión de hospitales que ahora
mismo dependen de Defensa, como es el caso del Gómez Ulla, en Madrid,
para que sea fácil la gestión para uso civil, en un convenio entre el
Insalud y el Ministerio de Defensa. Hemos defendido propuestas
relativas a una mayor asistencia desde todos los hospitales, porque
ahora mismo se está desarrollando la ley de interrupción voluntaria
del embarazo, pero resulta que en estos hospitales, en todos y cada
uno de ellos, estos servicios no son atendidos por profesionales que
quieran hacerlo, y funciona una objeción de conciencia que impide que
los distintos hospitales de la red pública puedan cubrir toda esas
atenciones que nosotros creemos que son prioritarias.
La protección de la salud debe abarcar a todos los ciudadanos que
viven en España, sean de unas características u otras, estén en unas
condiciones u otras, ciudadanos españoles y ciudadanos que, siendo
inmigrantes, viven en nuestro territorio, porque los derechos
fundamentales se deben garantizar a todas las personas.
Defendemos el tema de la cooperación local, defendemos actuaciones
políticas de carácter fiscal, dando un tratamiento diferente a lo que
es la actuación en la gestión de autopistas; pedimos la reversión al
Estado de la gestión de las autopistas, o, en todo caso, que la
bonificación fiscal no se produzca en las condiciones en que se está
realizando ahora mismo.
En suma, estamos proponiendo toda una serie de modificaciones para
conseguir, por un lado, mayor protección social, por otro lado, mayor
eficacia y progresividad en la gestión de los recursos públicos a
través de impuestos y, por otro lado, una mayor cobertura de la
política asistencial, que creemos que la red pública no garantiza al
100 por ciento. Ese es el objetivo de nuestras propuestas.
En todo caso, la enmienda que me gustaría resaltar, por el papel que
puede tener a nivel general, es la 239, en la que proponemos que,
junto con la política de cooperación, ya que hay una política de
gestos por parte del Gobierno, exista la posibilidad de un sorteo
extraordinario de lotería dedicado a la cooperación internacional al
desarrollo. Con lo cual, igual que ocurre con otra serie de objetivos
de carácter social, estaríamos comprometiendo a todos los españoles
con una acción de cooperación, pues, por desgracia, no se esta
caminando hacia el 0,7, sino que se está retrocediendo hacia el 0,20,
que era un límite insospechable en épocas anteriores.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
Señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Señor presidente, de las 12 enmiendas
restantes de Izquierda Unida, tres de ellas, la 260, 261 y 262, vamos
a proceder a retirarlas porque repiten miméticamente, por un error o
un fallo técnico, sin duda imputable a nuestro propio grupo, el
contenido de otras tantas. Paso a defender inmediatamente el resto de
las enmiendas.
La enmienda 240 pretende añadir una disposición adicional nueva para
equiparar el salario mínimo interprofesional de los menores y los
mayores de 18 años, a la vez que incrementar a 72.000 pesetas dicho
salario mínimo interprofesional. Como entendemos que esta magnitud ha
perdido, desde 1983, 13 puntos del poder adquisitivo, deseamos que se
modifique esta realidad.
Respecto al contrato a tiempo parcial, intentamos que se retrotraiga
la situación del mismo a la que gozaba antes de la reforma de 1994,
en el sentido de que se compute como día trabajado, al margen del
número de horas diarias realmente trabajadas, a los efectos del
período de carencia para el devengo de las prestaciones de la
Seguridad Social.
Planteamos otra enmienda para que los retornados tengan derecho a las
pensiones asistenciales, pese a no haber residido cinco años antes en
el territorio nacional. Al mismo tiempo, en la enmienda 248 tratamos
de precisar la redacción del artículo 157 del reglamento general de
recaudación del sistema general de la Seguridad Social para evitar la
reclamación incorrecta de apremio por la Seguridad Social a las
corporaciones locales, por cierto muy maltrechas respecto a sus
finanzas. Planteamos también en la enmienda 249 que en los contratos
de formación, los aprendices vuelvan a gozar de las prestaciones por
desempleo. Asimismo nos acordamos de la reiterada reivindicación de
los prejubilados de Alcatel, en cumplimiento de la resolución de una
proposición no de ley de este mismo Congreso de los Diputados, de 27
de diciembre de 1995, y planteamos, sin cuantificar, un fondo para ir
cubriendo dicho compromiso que contrajimos en su día y que nunca
cumplimos.
En la enmienda 254 planteamos que los beneficios del subsidio por
desempleo del que gozan los mayores de 52 años, se extienda a los
mayores de 45 años en las mismas circunstancias y, por tanto, gocen
del subsidio. Respecto a las pensiones de incapacidad permanente, que
pasan a ser llamadas pensiones de jubilación cuando los interesados
cumplen 65 años, pretendemos en la enmienda 259 que dicho cambio de
denominación no se produzca para el régimen especial de la minería de
carbón. Finalmente, planteamos mantener los coeficientes reductores
de los convenios especiales que estaban vigentes en 1997.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vaquero.
El señor Martínez Sanjuán, por el Grupo Socialista.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Después del debate presupuestario, llegamos al conjunto de
disposiciones adicionales, transitorias y finales de la ley de
acompañamiento. Esto me recuerda, señor presidente, a las fiestas de
los pueblos: la traca final. Lo que no ha tenido cabida en uno u otro
sitio, se mete como nueva disposición adicional, modificación
legislativa, etcétera. Éste es el fin de fiesta glorioso. Uno tiene
la sensación de que es el saco donde tienen cabida todas las
reivindicaciones asumidas por el Gobierno; ante determinadas
peticiones que son comprendidas por el Gobierno, siempre hay una
disposición adicional, una transitoria o una final. ¿Qué los abogados
del Estado quieren ampliar el ámbito de sus competencias, porque no
les basta lo que tienen? Pues ahí está una disposición adicional para
que puedan ampliar sus funciones a diferentes colectivos. ¿Que las
fundaciones no han cumplido en tiempo su adaptación a la Ley de
Fundaciones para tener exenciones fiscales? Pues se les da un nuevo
plazo. ¡Faltaría más, señor presidente! ¿Que mutuas intervenidas
desde el punto de vista de previsión sanitaria encuentran problemas?
Pues el Gobierno asume que en el plazo de seis meses estudiará la
cuestión. ¿Que no les gustan determinadas cuestiones de la Ley de
Envases recién aprobada? Pues se modifica la Ley de Envases. ¿Que las
empresas de hidrocarburos quieren mejorar su fiscalidad en el
impuesto sobre sociedades, posiblemente con nombres propios, como
Repsol o alguna otra más? Pues se modifica la Ley de sociedades; no
hay ningún problema, señor presidente.
Esa filosofía no la comparte el Grupo Parlamentario Socialista.
Nosotros hemos presentado 56 enmiendas a todo este conjunto de
disposiciones, tratando de suprimir algunas con las que no estamos de
acuerdo y tratando de dar una visión distinta a determinados
planteamientos no recogidos en esta ley de acompañamiento o ley de
medidas fiscales.
Muy brevemente me referiré a cuatro o cinco bloques o grupos de
enmiendas que hemos presentado, en las que pretendemos que no exista
una desregulación, como en algunas de las que he hecho referencia
anteriormente, enmiendas 109, 111 y 112.
La enmienda 112, señor presidente, trata de ajustar, mediante la
eliminación de la disposición adicional respectiva, que la Lismi (Ley
de Integración Social de los Minusválidos) tenga una auténtica razón
de ser y no que, año tras año, el Gobierno del Partido Popular
desnaturalice la ejecución y el cumplimiento de una ley diciendo
prácticamente a las empresas, tanto públicas como privadas, que si no
pueden cumplir la obligación de la Ley de Integración Social de los
Minusválidos de que un 2 por ciento de las plantillas sea cubierto
con personal minusválido, da lo mismo; son enmiendas que tratan de
que la Administración del Estado y sus diferentes organismos o entes
públicos no sean prepotentes con la sociedad civil que tanto dice
defender el Partido Popular.
Nos parece increíble, señor presidente, que se les pida a diferentes
colectivos, sean empresas u otros
colectivos sociales, que presenten documentación a la Administración
del Estado para justificar determinadas exenciones a la Seguridad
Social que debieran de obrar ya en poder de la propia Administración.
Presentamos enmiendas de carácter sectorial. Se les llena la boca a
determinados portavoces parlamentarios apoyando al sector
cinematográfico español, pero, a través de una disposición adicional,
pretenden que las desgravaciones fiscales en el impuesto sobre
sociedades sean realmente escasas y pacatas. Proponemos elevar la
cuantía de las desgravaciones de la industria cinematográfica
española. Igualmente pretendemos, como se ha dicho anteriormente, que
se avance en la gratuidad de los libros de texto.
No me referiré, señor presidente, porque fue defendido esta mañana, a
un bloque de enmiendas que pretenden presentar, a través de nuevas
disposiciones adicionales, un conjunto de alternativas que mejoren
las posibilidades de empleo de la economía española.
Presentamos, y voy terminando, una serie de medidas de carácter
social, que traten de dar respuesta a diferentes colectivos, como la
enmienda número 141, en la que proponemos que el Estado cree un fondo
de garantía de alimentos de forma subsidiaria para todas esas
familias que, por determinados problemas, se encuentran muchas veces
desamparadas por la actitud poco generosa, por no llamarla de otra
forma, de determinados miembros de la unidad familiar que no asumen
sus responsabilidades.
Presentamos un conjunto de medidas de tipo fiscal, que tienen mayor
carácter social que el proyecto, como es la eliminación del impuesto
sobre electricidad o que algunos colectivos que no cotizan en este
momento a los ayuntamientos lo hagan en lo sucesivo.
Termino, señor presidente, diciendo que desde nuestro punto de vista
este conjunto de disposiciones adicionales, transitorias,
derogatorias y finales es, tristemente, el reconocimiento de una gran
farsa y de una gran comedia presupuestaria, por la que tratan de
introducir una serie importantísima de modificaciones legislativas
por la puerta de atrás. Creemos que es, nuevamente, un ejemplo -digan
lo que digan algunos portavoces del Grupo Popular- de su prepotencia
ante la presentación de enmiendas importantísimas, que el Grupo
Popular no ha podido entrar ni a discutir ni a matizar ni a enmendar.
Creemos que es el reconocimiento de un fracaso en muchos casos,
cuando no -y esto es peor- de una dejación en el cumplimiento de las
funciones de la Administración, en el seguimiento de las fundaciones,
en la adaptación de fondos de pensiones, etcétera. Lo más grave,
señor presidente, y con esto termino, es que todas estas
disposiciones son la sumisión del Gobierno y del Grupo Popular a
diferentes colectivos (los abogados del Estado, las empresas de
seguros, las empresas petrolíferas) que han presionado al Gobierno
para poder ver reflejadas aquí sus peticiones permanentes de
desgravaciones y de beneficios económicas para sus exclusivos
intereses.
Muchas gracias, señor presidente.(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Sanjuán.
Tiene la palabra el señor Cámara.
El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Señor presidente, intervengo en
nombre de mi grupo para oponerme a alguna de las enmiendas
presentadas por los grupos parlamentarios, sin perjuicio de que el
señor Martínez-Pujalte utilice el último turno para hacer referencia
a las enmiendas 265 y a la transaccional presentada por nuestro
grupo.
El señor Martínez Sanjuán se ha referido con cierto énfasis -su
discurso estaba dotado únicamente de énfasis y no de razón- a cuáles
eran los motivos que movían al Gobierno a ofrecer una serie de
modificaciones normativas con ocasión de la presentación de las muy
nobles y leales, y también seguras servidoras de la Ley de
acompañamiento, medidas de carácter transitorio, adicionales y
finales que van en esta ley. Era necesario realizar alguna
modificación y había que servir algunos intereses que se corresponden
exactamente con los de la Administración pública del Estado. Por
ejemplo, no es ningún capricho que aparezca en la disposición
adicional cuarta la posibilidad de que el servicio jurídico del
Estado vaya a realizar juicios y a participar en actividades
jurídicas que le soliciten las administraciones públicas. Esto no
forma parte de ninguna obsesión, sólo de la del Grupo Socialista con
no querer ver algunas soluciones que yo creo que son útiles, sin
ninguna duda, para la Administración pública, sobre todo porque
además incluyen medidas de carácter económico para el propio servicio
jurídico del Estado. Se trata, ni más ni menos, de mostrar que la
personificación de la Administración pública ha dado pasos
paulatinos. Ahora nos encontramos con que lo que antes era
Administración pública pura y dura, ha pasado a ser organismos de
carácter autónomo o servicios cuyo fundamento sigue estando en la
Administración pública, pero con regulaciones de carácter privado; lo
que se pretende es que el servicio jurídico pueda seguir asistiendo
en la medida en que sea requerido por parte de estos organismos, que
tienen una personificación jurídica distinta. Ésta es la única razón
que impulsa al Gobierno a presentar esta disposición adicional
cuarta.
Tampoco le parece correcta al Grupo Socialista la disposición
adicional octava, y por ello presenta la enmienda 111 -y también está
la 225 de Izquierda Unida-, relativa al plazo de adaptación de los
estatutos jurídicos de las fundaciones. Esto no se hace por capricho,
sino simple y sencillamente porque las fundaciones tienen, señorías,
dificultades serias de adaptación de sus estatutos según su tamaño,
sus necesidades y muchas cuestiones que han sido obviadas por el
Grupo Socialista y que mueven a nuestro grupo parlamentario a apoyar,
como no podía ser de otra manera, la disposición adicional en la que
se da cobertura a esta propuesta del Gobierno. Porque de no
producirse esta adaptación, surgirían perjuicios que no beneficiarían
a las fundaciones, y no alcanzamos a comprender qué
interés tiene el Grupo Socialista en que las fundaciones no se puedan
aprovechar de un régimen más flexible para adaptar sus estatutos no
sólo a las necesidades legislativas, sino también a las necesidades
citadas en las enmiendas.
Por último, señor presidente, haré una referencia a la enmienda 110
del Grupo Socialista que tampoco comprendemos. En ella se quiere
sustituir el plazo de veinte años por el de uno al que se refiere la
adicional sexta. Creo que queda claro que estamos hablando de una
situación absolutamente transitoria y, para eso, se utilizan los
trámites jurídicos como el que votaremos a continuación, en el que
estamos hablando de las fianzas puestas a disposición de la Dirección
General de la Vivienda que están empleadas de los programas de ayuda
a la vivienda. Se trata de facilitar que estas políticas se
desarrollen correctamente y, puesto que teníamos que salvar algún
escollo, simplemente, el Gobierno ha intervenido para que fuera
solucionado. Tampoco comprendemos, insisto, la falta de flexibilidad
del Grupo Socialista para no aceptar que el plazo de transformación,
el plazo de adaptación transitorio sea tan solo de un año; es
ciertamente un plazo corto que creemos que no se corresponde con la
necesidad de las ayudas que salen de la Dirección General de la
Vivienda.
Sin más, señor presidente, le rogaría que tuviera en cuenta la
precisión que hice antes sobre la intervención que quiere hacer el
señor Martínez-Pujalte acerca de la enmienda 265 de Izquierda Unida.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte, al grano. Adelante.
(Risas.)
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, gracias.
Muy brevemente. Sólo deseo agradecer al señor Saura la retirada de su
enmienda en lo relativo a la Agencia Estatal de Administración
Tributaria y decir que ya esta mañana hemos presentado por escrito
una enmienda transaccional a la 265 de Izquierda Unida y que recoge
el sentir de todos los colectivos que componen la Agencia, mostrando
además un compromiso político de este Parlamento en la potenciación
de la lucha contra el fraude y de las actividades que realiza la
Agencia. Por eso, señor presidente, me gustaría manifestar nuevamente
-lo he dicho esta mañana en la tribuna también- que mi grupo entiende
que la Agencia Estatal de Administración Tributaria, compuesta por
28.000 funcionarios, está realizando un trabajo francamente positivo,
un gran trabajo para la sociedad, que se está desarrollando con una
normalidad absoluta y además con una eficacia y eficiencia
importantes. Creemos que a los funcionarios de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria -y voy acabando, señor presidente-, que
tiene las competencias de recaudación de todos los ingresos
tributarios y que está gestionando más de 30 millones de
declaraciones anuales,
hay que reconocerles el trabajo realizado. Nosotros con esta
transacción que hemos presentado a Izquierda Unida lo que queremos es
seguir buscando puntos de encuentro con el resto de los grupos para
luchar contra el fraude eficazmente. Además he de manifestar que
políticamente la Agencia Tributaria tiene un enorme compromiso con la
sociedad y que está cumpliendo con eficacia.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor MartínezPujalte.
Tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, seré muy breve. Leída la
transaccional que se nos ofrece, para aceptarla, nosotros sugerimos
unas precisiones al texto que se nos ha entregado como definitivo
esta mañana. La primera es en el punto 1, cuando habla de que se
formulen las directrices y objetivos para el año 1999, y pedimos que
se añada: así como el balance de la fijada para 1998.
La segunda es muy importante, señor presidente, porque en la
disposición séptima a nosotros no nos satisface el texto que se
propone de: la norma legal que contenga el estatuto orgánico, porque
una norma legal puede ser un decreto; nosotros proponemos que sea una
ley, por tanto que sea un trámite de ley. No estamos de acuerdo en
que sea norma legal, porque -ya insisto- puede ser un decreto que no
tenga ni trámite por el Congreso.
Por último, si es posible, en función de las condiciones que tenga,
los puntos 5 y 7 hablan de los plazos. La propuesta que nos hace el
señor Martínez-Pujalte es que en el plazo de seis meses se remita a
esta Cámara una ley con la creación de ese cuerpo técnico y en el
mismo plazo se envíe el estatuto orgánico de la Agencia.
Propondríamos, a ser posible, que ese plazo en lugar de seis meses
fuera de tres. Pero esta propuesta es de rango menor que la anterior.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
Tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, simplemente quiero
decir que mi grupo aceptaría la primera propuesta de que también se
informe en la Cámara de las actuaciones de 1998, en los términos que
ha citado el señor Ríos.
Respecto a la segunda propuesta, me gustaría que el señor Ríos
entendiera que norma legal y además con envío a la Cámara es un
compromiso fehaciente de mi Grupo. Le pediría, señor Ríos -y lo hago
con toda sinceridad-, que lo deje en los términos en que está, porque
es fruto de un consenso mayoritario; se lo pido, señor Ríos. Repito
que este acuerdo es fruto de un consenso mayoritario y hemos tenido
que hilvanar muchas sensibilidades para llegar a este acuerdo. Le
pediría que fuera aceptado, con el compromiso de que llegue a la
Cámara y con el compromiso de que sea norma legal.
Respecto a los tres meses, señor Ríos, quiero decirle que entendemos
que tres meses no es un plazo suficiente para que el Gobierno pueda
hacer una tramitación en condiciones, pasándolo por los órganos
correspondientes. Le pediría, señor Ríos, respecto a su propuesta de
tres meses, que acepte seis. Respecto a la segunda parte de la
primera, si usted entiende conveniente que sea norma legal, lo
dejamos y, si no lo admitiera y dijera que tiene que ser por trámite
de ley, nosotros aceptaremos el cambio.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Cierren ya el acuerdo o el desacuerdo.
Tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Solamente aceptaremos la transacción dando
norma con carácter de ley; si no hay trámite de ley nosotros no
estamos de acuerdo con la transacción. Por eso, insisto mucho en que
se puede poner norma de carácter de ley, porque si es un decreto
puede tener trámite o no.
El señor PRESIDENTE: Parece que el señor Martínez- Pujalte expresa su
acuerdo con que la norma sea de rango legal, de rango de ley formal.
Vamos a proceder a las votaciones. (Pausa.)
Votaciones de las enmiendas al proyecto de ley de medidas fiscales,
administrativas y del orden social. Comenzamos, naturalmente, por el
título I.
Enmienda del señor Chiquillo, del Grupo Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, ocho; en contra, 172; abstenciones, 127.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del señor Rodríguez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
327; a favor, 19; en contra, 179; abstenciones, 129.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Saura.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
328; a favor, 149; en contra, 177; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda transaccional del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
330; a favor, 175; en contra, 145; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida. En primer lugar, el voto
particular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
330; a favor, 151; en contra, 176; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Restantes enmiendas de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
329; a favor, 19; en contra, 180; abstenciones, 130.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
330; a favor, 148; en contra, 179; abstenciones tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votaciones correspondientes al dictamen. En primer lugar, el artículo
6.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
329; a favor, 178; en contra, cuatro; abstenciones, 147.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Resto de artículos del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
329; a favor, 177; en contra, 150; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el resto del dictamen del título
I.
Pasamos al título II. Comenzamos por la enmienda de la señora
Lasagabaster, dentro de las del Grupo Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
329; a favor, 143; en contra, 173; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del señor Rodríguez. En primer lugar, la 391.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
330; a favor, tres; en contra, 194; abstenciones, 133.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 390.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
328; a favor, 20; en contra, 179; abstenciones, 129.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas números 394, 395 y 398, del señor Rodríguez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
326; a favor, 147; en contra, 178; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 396, del señor Rodríguez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
329; a favor, cinco; en contra, 309; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas números 392, 393 y 397, del señor Rodríguez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
330; a favor, cinco; en contra, 180; abstenciones, 145.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas del señor Rodríguez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
329; a favor, 136; en contra, 180; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a las enmiendas del señor Saura, números 335 y 337.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
330; a favor, 18; en contra, 179; abstenciones, 133.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas del señor Saura.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
330; a favor, 151; en contra, 178; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 364 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
330; a favor, 20; en contra, 305; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida,
comenzando por las números 164, 168 y 179.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
330; a favor, 149; en contra, 179; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 169, 170, 178, 183 y voto particular a la enmienda
número 366, de CiU.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
330; a favor, 28; en contra, 299; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas del Grupo de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
326; a favor, 16; en contra, 176; abstenciones, 134.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Socialista, comenzando por la número 62.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
329; a favor, 137; en contra, 190; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Restantes enmiendas del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
328; a favor, 149; en contra, 179.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Voto particular del Grupo Parlamentario Popular al artículo 21 del
dictamen para que se reincorpore el texto según la redacción del
informe de la ponencia.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
330; a favor, 158; en contra, 41; abstenciones, 131.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Pasamos a las votaciones correspondientes al dictamen del título II.
En primer lugar se someten a votación los artículos 19 y 20.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
329; a favor, 313; en contra, 15; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Pasamos a la votación de los artículos 16, 17, 18 y 23.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
330; a favor, 179; en contra, 149; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Restantes artículos del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
330; a favor, 179; en contra, 16; abstenciones, 135.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el resto del dictamen.
Pasamos al título III. Comenzamos por la enmienda número 187 del
Grupo de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
330; a favor, 18; en contra, 177; abstenciones, 135.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Restantes enmiendas enmiendas de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
329; a favor, 145; en contra, 178; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
329; a favor, 148; en contra, 180; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación del dictamen del título III.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
327; a favor, 176; en contra, 18; abstenciones, 133.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Pasamos al título IV, comenzando por las enmiendas del Grupo Mixto y,
dentro de él, las del señor Saura.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
330; a favor, 152; en contra, 178.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Rodríguez Sánchez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
329; a favor, 152; en contra, 176; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida, comenzando por las números
200, 209 y 211.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
330; a favor, 18; en contra, 180; abstenciones, 132.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Se somete a votación los votos particulares del Grupo de Izquierda
Unida a las enmiendas 297 y 298.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
330; a favor, 14; en contra, 310; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.
Restantes enmiendas de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
329; a favor, 152; en contra, 176; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Socialista números 74 y 83.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
330; a favor, 135; en contra, 180; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
330; a favor, 149; en contra, 179; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votaciones correspondientes al dictamen. En primer lugar, los
artículos 39.3, 39.4, 39.5, referido al 99.1 párrafo 2, 39.12, en
referencias a los artículos 123, 132, 134, 135 y 138 de la Ley
General Presupuestaria y artículos 40 y 42.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
330; a favor, 180; en contra, 13; abstenciones, 137.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Resto del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
330; a favor, 179; en contra, 150; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Pasamos al título V, comenzando, como es habitual, por las enmiendas
del Grupo Mixto y, dentro de él, las del señor Chiquillo. En primer
lugar, la número 7.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
330; a favor, 139; en contra, 177; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 8 del señor Chiquillo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
329; a favor, 139; en contra, 178; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del señor Saura Laporta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
330; a favor, 150; en contra, 179; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a las de la señora Lasagabaster. En primer lugar, la 381.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
330; a favor, 24; en contra, 176; abstenciones, 130.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 384, también de la señora Lasagabaster.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
330; a favor, 24; en contra, 306.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas 403 y 404, ahora del señor Rodríguez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
330; a favor, 150; en contra, 179; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda 402, del señor Rodríguez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
328; a favor, 148; en contra, 178; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 410, del Grupo de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
330; a favor, 312; en contra, uno; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
El Grupo Parlamentario Vasco (PNV-EAJ) mantiene sólo la enmienda 38,
que se somete a votación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
330; a favor, 329; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
número 379. La única que subsiste.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
330; a favor, 23; en contra, 299; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida . En
primer lugar, la 220.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
330; a favor, 19; en contra, 178; abstenciones, 133.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas 215 y 218, de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
330; a favor, 17; en contra, 310; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas del Grupo de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
330; a favor, 151; en contra, 179.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Socialista. En primer lugar, la 107.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
330; a favor, 135; en contra, 178; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Pasamos a votar las restantes enmiendas del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
328; a favor, 150; en contra, 177; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votaciones correspondientes al dictamen, comenzando por los artículos
78 y 79.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
330; a favor, 313; en contra, uno; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Artículos 68, 69 y 80 del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
329; a favor, 179; en contra, 15; abstenciones, 135.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los referidos artículos.
Restantes artículos del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
329; a favor, 178; en contra, 149; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los restantes artículos del
dictamen, título V.
Pasamos a las disposiciones adicionales.
En primer lugar, dentro del Grupo Mixto, la enmienda de la señora
Lasagabaster.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
329; a favor, 10; en contra, 175; abstenciones, 144.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 406, del señor Rodríguez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
330; a favor, 137; en contra, 179; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda 407, del señor Rodríguez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
330; a favor, 140; en contra, 179; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada también.
Enmienda 408, del señor Rodríguez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
329; a favor, 19; en contra, 179; abstenciones, 131.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a las enmiendas del señor Saura. En primer lugar, la 350.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
330; a favor, 137; en contra, 190; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Ahora votamos la 349, del señor Saura.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
330; a favor, 135; en contra, 180; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 352, del señor Saura.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
329; a favor, 19; en contra, 178, abstenciones, 132.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Restantes enmiendas del señor Saura.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
328; a favor, 150; en contra, 177; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo de Coalición Canaria, comenzando por la 380.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
330; a favor, cinco; en contra, 319; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 411, del propio Grupo de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
330; a favor, 139; en contra, 188; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda subsistente del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Es la
número 39.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
328; a favor, 182; en contra, dos; abstenciones, 144.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda 39.
Enmienda subsistente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), número 370.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
330; a favor, 324; en contra, dos; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. En
primer lugar, la 227 y la 255.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
330; a favor, 18; en contra, 308; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 230, 233, 240, 243, 249, 251, 253, 256, 257, 263, 264, 269
y 270.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
330; a favor, 18; en contra, 179; abstenciones, 133.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmienda transaccional de Izquierda Unida a la 265.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
330; a favor, 188; en contra, uno; abstenciones, 141.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la transaccional.
Votamos ahora las restantes enmiendas de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
329; a favor, 147; en contra, 177; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a las enmiendas del Grupo Socialista, comenzando por las
números 114, 117, 119 y 121.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
330; a favor, 139; en contra, 191.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 109, 111, 118, 120, 129, 133 y 134.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
330; a favor, 136; en contra, 181; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 138.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
330; a favor, 151; en contra, 179.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Restantes enmiendas del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
330; a favor, 149; en contra, 179; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Voto particular del Grupo Parlamentario Popular a la disposición
adicional decimoséptima del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
329; a favor, 158; en contra, 171.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, rechazado el voto
particular.
Pasamos a las votaciones correspondientes al dictamen.
En primer lugar, las disposiciones adicionales segunda, duodécima,
vigesimotercera y vigesimoséptima.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
329; a favor, 191; en contra, ocho; abstenciones, 130.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Disposiciones adicionales primera, tercera, quinta, séptima, octava,
novena y undécima.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
329; a favor, 312; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Disposiciones adicionales decimotercera, decimocuarta, decimoquinta,
vigesimocuarta, vigesimoquinta, vigesimosexta y vigesimoctava.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
330; a favor, 312; en contra, 17; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Resto de las disposiciones adicionales.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
330; a favor, 181; en contra, 146; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Pasamos a las disposiciones transitorias.
En primer lugar, la enmienda del señor Rodríguez, del Grupo Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
330; a favor, 153; en contra, 175; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida, comenzando por la 271 y 272.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
330; a favor, 152; en contra, 177; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
330; a favor, 18; en contra, 179; abstenciones, 133.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Socialista, comenzando por la 150.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
330; a favor, 148; en contra, 179; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Restantes enmiendas del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
327; a favor, 145; en contra, 178; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a las votaciones correspondientes al dictamen.
En primer lugar, las disposiciones transitorias undécima y duodécima.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
330; a favor, 180; en contra, cinco; abstenciones, 145.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Sometemos a votación las disposiciones transitorias primera, segunda,
décima y decimotercera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
329; a favor, 324; en contra, dos; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Resto de las disposiciones transitorias.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
330; a favor, 180; en contra, 148; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Pasamos a las disposiciones derogatorias.
En primer lugar, la enmienda que subsiste del señor Saura, del Grupo
Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
330; a favor, 18; en contra, 311; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a las del Grupo de Izquierda Unida. En primer lugar, la 275.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
329; a favor, 149; en contra, 178; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 276, de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
329; a favor, 17; en contra, 311; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 277, de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
328; a favor, 17; en contra, 179; abstenciones, 132.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
330; a favor, 149; en contra, 179; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas del Grupos
Socialista.
Pasamos a la votación del dictamen sobre las disposiciones
derogatorias.
En primer lugar, votación de la disposición derogatoria primera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
330; a favor, 313; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Restantes disposiciones derogatorias.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
329; a favor, 178; en contra, 149; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las disposiciones derogatorias.
Disposiciones finales.
Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
329; a favor, 150; en contra, 178; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
330; a favor, 149; en contra, 178; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a la votación del dictamen de la disposición final segunda.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
329; a favor, 178; en contra, 139; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Resto de disposiciones finales.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
327; a favor, 310; en contra, 11; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las restantes disposiciones
finales.
Y, señorías, votación sobre la exposición de motivos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
330; a favor, 179; en contra, 147; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la exposición de motivos.
Concluidas las votaciones, se levanta la sesión. (Aplausos.-
Protestas).
Eran las dos y veinte minutos de la tarde.