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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 194, de 16/11/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 1998 VI Legislatura Núm. 194
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 188
celebrada el lunes, 16 de noviembre de 1998
ORDEN DEL DÍA:
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1999.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 140-1, de 1 de
octubre de 1998 (número de expediente 121/000141) ... (Página 10301)
- Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 142-1, de 9
de octubre de 1998 (número de expediente 121/000142) ... (Página 10301)
S U M A R I O
Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas
legislativas . . . (Página 10301)
Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1999 . . .
(Página 10301)
Títulos I y II . . . (Página 10301)
El señor Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario
Mixto, comienza su interven ción dando por defendidas las enmiendas
presenta das por el señor Saura Laporta, también del Grupo
Parlamentario Mixto. A continuación defiende las cuatro enmiendas
del Bloque Nacionalista Galego a los títulos I y II.
El señor González de Txábarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV), defiende las tres enmiendas que se mantienen vivas a los
títulos I y II y que hacen referencia a los módulos económicos de
distribución de fondos públicos para el sostenimiento de los centros
concertados.
El señor Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario Fede ral de Izquierda
Unida defiende la enmienda 460 encaminada a conseguir una mayor
progresividad en los impuestos directos y mayores incrementos en las
plusvalías y en las rentas de capital que en las rentas de trabajo.
Asimismo proponen obtener más ingresos subiendo el impuesto directo
sobre socieda y reduciendo determinadas bonificaciones, un mayor
esfuerzo de la Agencia Tributaria en la lucha contra el fraude y
nuevas figuras impositivas como un impuesto sobre el lujo, sobre las
grandes rentas o sobre las viviendas vacías o la tasa ecológica Con
la enmienda 462 pretenden incorporar una filosofía diferente en
cuanto al gasto fiscal y con la enmienda 461 solicitan una mayor
transparencia en la gestión de los recursos públicos. Termina su
intervención anunciando su voto favo rable a las enmiendas de los
demás grupos al título II, salvo tres enmiendas del Grupo Vasco
encami nadas a apoyar la enseñanza concertada en lugar de la pública.
El señor Pérez Segura, del Grupo Socialista en el Congreso, opta
por debatir sobre las políticas del Gobierno en relación con los
distintos ámbitos sectoriales, exponiendo sus alternativas, en lugar
de enzarzarse en un debate repetitivo sobre todas y cada una de las
enmiendas parciales presentadas. Hace una crítica de la política
presupuestaria y económica del Gobier no, y pasa finalmente a exponer
los tres objetivos fundamentales de sus enmiendas: un plan integral
europeo para combatir el paro estructural, un plan de calidad de la
enseñanza para ultimar la reforma y apostar decididamente por una
mejor formación de las generaciones venideras y una fuerte apuesta
por las inversiones reales.
El señor Gimeno Marín, también del Grupo Socialista del Congreso,
defiende las enmiendas de su grupo, encaminadas a limitar al máximo
las modificacio nes presupuestarias, desde un carácter fundamen
talmente político. Propone que se debata en la Cámara una nueva Ley
General Presupuestaria y no se acuda en cada ejercicio económico a
suspensiones parciales de la que está en vigor. En relación con el
Insalud pregunta por qué se quiere establecer un régimen de personal
distinto para las fundaciones que gestionan centros hospitalarios.
El señor Cámara Rodríguez-Valenzuela, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, contesta en primer lugar a las críticas efectuadas
por los porta voces del Grupo Socialista del Congreso a la política
presupuestaria y económica del Gobierno y afirma que el modelo de
crecimiento impulsado por el Parti do Popular es un modelo de cr
ecimiento sostenible, fundamentado en el control de las cuentas
públicas, en la credibilidad de la acción económica del gobierno y,
por lo tanto, en la credibilidad de las expectativas sobre las que
informa el Gobierno, que contrasta con la época errática y de rumbo
inestable que caracterizó la política económica de la primera mitad
de este decenio. A continuación pasa a contestar a las enmiendas
concretas mantenidas por los grupos a los títulos I y II.
En un segundo tur no, por alusiones, intervienen los señores Pérez
Segura y Gimeno Marín, del Grupo Socialista del Congreso, y Cámara
Rodríguez Valenzuela, del Grupo Parlamentario Popular en el Conreso.
Título III . . . (Página 10310)
Defienden las enmiendas presentadas a este título los señores
Chiquillo Barber, Vázquez Vázquez (don Guillerme) y Peralta Ortega,
todos ellos del Grupo Parlamentario Mixto, dándose por decaídas las
pre sentadas por la señora Rahola i Martínez, también del Grupo
Parlamentario Mixto.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), la señora Uría
Echevarría defiende la enmienda número 4 referida al incremento de
los gastos de per sonal del sector público.
El señor Vaquero del Pozo, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, presenta a este título III, de los gastos de
personal, un conjunto de veinte enmiendas que no han sido asumidas
por la Comisión, manteniendo vivos asimismo los votos particulares
presentados por su grupo a las enmiendas 1396 y 1398.
El señor Rodríguez Zapatero, del Grupo Socialista del Congreso,
defiende sus enmiendas 415, 416 y 417, al título III, y las enmiendas
440 y 441 que formulan una disposición adicional novena.
En turno de fijación de posiciones interviene la señora F rnández
González, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Explica que
el título III agrupa los artículos veinte a treinta y seis y está
dividido en tres capítulos donde se regula el sistema retributivo
de los funcionarios públicos y del personal laboral, se establecen
los criterios de selección en cuanto a oferta pública de empleo y los
criterios de selección de los altos cargos y del propio Gobierno de
la nación. Se refiere a las enmiendas presentadas y al denominador
común de todas ellas.
Títulos IV y VIII . . . (Página 10317)
Las enmiendas de la señora Rahola i Martínez, del Grupo Parlamentario
Mixto, se dan por decaídas.
El señor Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario Mi
xto, da por defendidas sus enmiendas por entender que ya expuso sus
argumen tos en los anteriores títulos.
El señor Peralta Ortega, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende la
enmienda 1600, suscrita por el señor Saura Laporta, en nombre de
Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya, que hace referencia a
las cotizaciones en el Régimen especial de trabajadores del mar.
El señor Zabalía Lezamiz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), da
por defendidas las enmiendas de su grupo a los dos títulos en los
justos términos en que están expresadas.
El señor Vaquero del Pozo, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, defiende las enmiendas 483, 484 y 485 al título IV,
de las pensiones públicas, y las enmiendas relativas al título VIII,
de cotizaciones a la Seguridad Social.
El señor Cercas Alonso, del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso fija la posición de su grupo en relación con estos títulos
IV y VIII, aunque aclara que al conjunto de obligaciones y derechos
de la Seguridad Social se referirán cuando se debata la sección 60.
Asimismo defiende la enmienda presen tada al artículo doce, por
tratarse de los ingresos de la Seguridad Social, y las presentadas a
las disposi ciones adicionales de la ley.
Fija la posición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
respecto a las enmiendas presentadas por los distintos grupos
políticos a los títulos IV y VIII, el señor Camps Devesa,
coincidiendo con el señor Cercás en la conveniencia de dejar para el
debate de la sección 60 las diferencias de opinión de sus grupos,
pero recuerda que en la legislatura anterior fueron capaces de
ponerse de acuerdo no sólo en el diagnóstico del problema sino en la
forma en que se debía encarar y solucionar. Considera que se debe
entrar en la discusión de los problemas puntuales planteados en las
enmiendas y, de ser posible, llegar a puntos de entendimiento
respetando el diálogo social que en estos momentos se está produciendo.
Título V y sección 6 . . . (Página 10323)
El señor Alcaraz Ramos, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las
enmiendas de Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya referentes a la
deuda acumulada en Radiotelevisión Española y a la sustitución
progresiva de los fondos FAD por los fondos de Ayuda Oficial al
Desarrollo.
El señor Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, defiende las enmiendas 486 y 487 que van dirigidas a una
modificación del criterio con el que se deben aplicar los Fondos de
y Ayuda al Desarrollo. Asimismo hace dos precisiones a los capítulos
I y II de este título V, de operaciones financieras. La primera se
refiere a la deuda pública y la segunda a la utilización en el artículo
cincuenta, capítulo II, de los avales públicos y otras garantías.
Fija la posición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso el
señor Albendea Pavón, en relación con las enmiendas presentadas y
manifiesta que el Grupo Parlamentario Popular tiene muchos motivos
para estar orgulloso de la gestión del Gobierno y una de ellas es la
gestión del déficit público y su financiación.
Título VI . . . (Página 10327)
El señor Chiquillo Barber, del Grupo Parlamentario Mixto, anuncia en
primer lugar la retirada de su enmienda 97 debido a un error en la
redacción de la misma, lo que la hace inviable, pero mantiene el
fondo de la misma, que era que no se aplicara a los valores
catastrales del impuesto de bienes inmuebles de naturaleza rústica un
aumento en el coeficiente de actualización y se mantuvieran los
vigentes en el año 1998, y defiende la número 104, en la que solicitan
la exención del impuesto especial de hidrocarburos
con el fin de disminuir la fiscalidad que están sufriendo los
agricultores.
El señor Alcaraz Ramos, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las
enmiendas 1592 a 1595 en los t rminos y con la justificación que
consta en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales».
Las enmiendas números 150 y 151, de la señora Rahola i Martínez, se
dan por decaídas.
El señor Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, defiende la enmienda 488, al artículo sesenta y cinco, y la
518, en la que se pro pone una disposición adicional nueva. El
objetivo de las dos enmiendas es lograr unas normas tributarias que,
por un lado, actualicen la vida local y, por otro, corrijan la
regresividad fiscal que se traduce en una regresividad en el gasto.
La señora Mendizábal Gorostiaga, del Grupo Socialista del Congreso,
defiende las enmiendas 423, 424 y 425. Se refiere fundamentalmente a
la 423, al artículo cincuenta y siete, sobre la que gravita la
propuesta fundamental de su grupo en materia tributaria y es que no
entre en vigor el nuevo Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.
Fija la posición del Grupo Parlamentario Popular en el C reso el
señorMartínez-Pujalte López en relación con las enmiendas presentadas
al título VI. Resalta el hecho de que, aparte de entrar en vigor
el año que viene una bajada de los impuestos directos muy importante,
se van a bajar también los impuestos indirectos y las tasas,
actualizándose solamente el impuesto sobre hidrocarburos.
Título VII . . . (Página 10330)
El señor Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario
Mixto, defiende las enmiendas encaminadas a incrementar las partidas
destinadas al Fondo de Compensación Interterritorial.
El señor Alcaraz Ramos, del Grupo Parlamentario Mixto, da por
defendidas las enmiendas de Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya
en los términos y con la justificación que aparece en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales».
Se dan por decaídas las enmiendas de la señora Rahola i Martínez, del
Grupo Parlamentario Mixto.
El señor Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, defiende sus enmien das dirigidas a la vida municipal y a la
vida autonómica y otras a las disposiciones adicionales y transitorias.
Por el Grupo Socialista del Congreso defiende en primer lugar las
enmiendas al capítulo I sobre corporaciones locales la señora
Pozuelo Meño. Considera que a pesar de que en el texto del proyecto
de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1999 se debería
contemplar en su conjunto un nuevo sistema de financiación para la
1999-2003, en éste no se con templa un acuerdo de conjunto que
resuelva los problemas planteados por las corporaciones y entes
locales.
En segundo lugar, la señora Rubiales Torrejón, tam bién del Grupo
Socialista del Congreso, se refiere en particular a los 400.000
andaluces a los que, según su opinión, el Gobierno no reconoce la
financiación autonómica, y a la desidia que preside el debate de
estos presupuestos. Muestra su confianza en que con la futura reforma
del Reglamento de la Cámara se consiga que el debate de los
presupuestos tenga un interés político y sirva realmente para algo, y
se centra en la defensa de sus enmiendas 424 a 433 a la financiación
autonómica.
Fija la posición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso en
relación con las enmiendas presentadas a este título la señora
Fernández González. En cuanto a las enmiendas del Grupo Socialista en
torno a la financiación de las corporaciones locales asegura que desde
el Partido Popular se han presentado enmiendas, tanto a la ley de
presupuestos como a la de acompañamiento, con la finalidad de plasmar
en dichas leyes el acuerdo de financiación logrado en el marco de
la Federación Española de Municipios y Provincias. Recuerda, por otra
parte, a la señora Rubiales, por tavoz socialista en la presentación
de las enmiendas relativas a la Administración autonómica, que el
debate sobre financiación autonómica ya ha tenido lugar y los social
istas interpusieron un recurso de inconstitucionalidad. Se muestra
propicia al acuer do y al consenso, pero no cree que éste se consiga
aceptando dos o tres enmiendas planteadas por el Grupo Socialista, al
margen, o al menos paralelamente, a la Comisión de Política Fiscal y
Financiera. Asimismo se refiere a las enmiendas planteadas por el
portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida al fondo
de nivelación y al Fondo de Compensación Interterritorial.
Disposiciones adicionales, transitorias, finales nuevas y anexos . .
. (Página 10337)
Defienden las enmiendas presentadas por el Grupo Par lamentario Mixto
los señores Chiquillo Barber, de
Unió Valenciana, y Peralta Ortega, de Nueva Izquierda-Iniciativa per
Catalunya, puesto que las p resentadas por la señora Lasagabaster
Olazábal, de Eusko Alkartasuna, y el señor Vázquez Vázquez (don
Guillerme) han sido retiradas.
La señora Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV),
da por defendidas las enmiendas presentadas a la disposición
adicional decimoctava en base a su propia justificación y pasa a
referirse a la enmienda a la disposición adicional decimosexta sobre
el acuerdo vasco de formación continua.
En defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida a las disposiciones adicionales interviene en primer
lugar el señor Ríos Martínez, que las agrupa en tres bloques: unas
que mejoran o modifican las disposiciones adicionales que el Gobierno
ha propuesto; otras, de adición, que pretenden hacer más transparente
la gestión del presupuesto, y otras que intentan ampliar las
políticas que el presupuesto del Gobierno recoge dirigidas a sectores
concretos.
En segundo lugar y para defender las enmiendas 502, 506, 507, 508,
509, 515 y 516 interviene el señor Vaquero del Pozo, también del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Defiende las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista del
Congreso a las disposiciones adicionales el señor Pérez Segura,
quien asegura que su grupo da una especial importancia a éstas porque
en ellas están contenidos numerosos elementos trascendentales para
los presupuestos del Estado, y se refiere asimismo a las enmiendas
presentadas por otros grupos parlamentarios. Finalmente muestra su
disconformidad con la voluntad del Grupo Popular de ir a uña de
caballo en la discusión de los presupuestos, sin entrar en debates
globales de carácter político que permitan presentar alternativas
desde la oposición a la política del Gobierno.
El señor Echániz Salgado fija la posición del Grupo Parlamentario
Popular en relación con las enmiendas al conjunto de disposiciones y
da por defendidos los dos votos particulares que su grupo tiene
presentados a dos enmiendas del Grupo Socialista. Por otra parte,
manifiesta que los Presupuestos Generales del Estado para 1999 están
fortaleciendo la presencia española en el euro, hacen una apuesta
sólida por el crecimiento y el empleo, apoyan la competitividad
empresarial, bajan los impuestos, modernizan las infraestructuras,
cumplen el Pacto de Toledo y, por sus condiciones de vertebradores,
rigurosos y solidarios, se convierten en un instrumento
esencial de la política económica del Partido Popular.
Se suspende la sesión a las nueve de la noche
Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1999 (Núm
ero de expediente 121/000141).
El señor PRESIDENTE: Muy buenas tardes, señorías.
Ocupen sus escaños, vamos a comenzar la sesión, cuyo único punto del
orden del día, y con ello queda abierta, versa sobre el dictamen de
la Comisión de Presupuestos a los proyectos de ley de presupuestos
generales del Estado para 1999 y de medidas fiscales, administrativas
y del orden social. Ese punto único del orden del día va a
tramitarse, de acuerdo con la Junta de Portavoces, en la sesión que
transcurrirá esta tarde y esta noche, mañana por la mañana, por la
tarde y por la noche, y de la misma manera el miércoles, mañana, tar
de y noche para, en principio, finalizar el jueves. Saben SS.SS. que
las votaciones se acumularán a las ocho horas de cada tarde y a la
una para, de esa manera, poner fin a las sesiones de mañana. De todos
modos, también por acuerdo unánime de la Junta de Portavoces, en el
día de hoy no se van a producir votaciones, de forma que ahora
comenzará el debate del proyecto de ley de presupuestos generales del
Estado, hasta la noche, para comenzar mañana por la mañana con las
secciones, siendo la primera de las previstas la número 23, Medio
Ambiente, y continuando luego con la número 21, Agricultura, Pesca y
Alimentación.
Como saben SS.SS., esta tarde, a las ocho, comienza el ciclo de
conferencias que ha organizado el Congreso para conmemorar el
vigésimo aniversario de la Constitución española y, por ello, la
Junta de Portavoces, con buen sentido -que agradece la Mesa y la
Presidencia-, ha estimado que era mejor posponer todas las votaciones
derivadas de lo que se debata esta tarde y noche para la votación de
mañana a la una, de forma que toda las señorías que lo deseen puedan
asistir, incluido el señor Madrid, que veo que se interesa por el
asunto.
Comenzamos, por tanto, con el proyecto de ley de presupuestos
generales del Estado. En primer lugar, se debatirán los títulos I y
II conjuntamente. A estos títulos mantienen e enmiendas el Grupo Mixto,
señores Vázquez y Saura; el Grupo Federal de Izquierda Unida; el
Grupo Socialista y, al título II, también el Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV).Empezaremos por las enmiendas a ambos títulos del
Grupo Mixto, para cuya defensa tiene la palabra, en primer lugar, el
señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Gracias, señor presidente.
Empezaré dando por defendidas las enmiendas present adas por el señor
Saura y, a continuación, voy a defender las enmiendas del Bloque
Nacionalista Galego a estos dos títulos a los que usted ha hecho refe
rencia, a los que hemos presentado cuatro enmiendas.
La enmienda 1271 hace referencia a las limitaciones presupuestarias
establecidas por el proyecto de ley, unas limitaciones que suponen no
abordar, por ejemplo, déficit de infraestructuras básicas hoy
existentes y que están limitando la capacidad de competir de algunos
territorios; en concreto, en el artículo once, apartado cuatro, se
dice que el Gobierno realizará periódicamente el seguimiento de lo
establecido en el punto uno de este artículo, a los efectos de
garantizar la consecución del déficit inicialmente previsto en esta
ley. Es decir, que el conjunto de los créditos comprometidos en 1999
con cargo al presupuesto del Estado no podrán superar la cuantía
total de los créditos inicialmente aprobados para atender dichas
operaciones. Nosotros no compartimos esta rígida disciplina presupues
taria, que se deriva de la necesidad del cumplimiento de los
criterios del Plan de convergencia en lo relativo al déficit, y, en
ese sentido, presentamos la citada enmienda.
En la enmienda 1272 proponemos suprimir el apartado cinco del
artículo once. Esto es porque este artículo, en ese apartado, sigue
estableciendo unas limitaciones presupuestarias. En concreto, se
indica que el exceso de derechos reconocidos sobre los inicialmente
previstos se aplicará a la reducción del déficit inicial. Para
nosotros esto no es más que persistir en la obsesión de la reducción
del déficit y creemos que, de haber algún exceso en los ingresos
sobre los inicialmente previstos, podrían destinarse a usos más
prioritarios que la misma reducción del déficit; pongamos por caso,
la mejora del ferrocarril en Galicia.
El sentido de la enmienda 1273 es que las subvenci ones a la
enseñanza privada, a los centros concertados, se restrinjan
exclusivamente a los niveles de enseñanza obligatoria. Nos parece que
la prioridad del Gobierno debe ser proporcionar una enseñanza pública
de calidad, a la que debe dirigirse el grueso del esfuerzo
presupuestario, y más en un momento en el que la enseñanza pública no
pasa por sus mejores momentos.
Por último, con la enmienda 1274 pretendemos garantizar los fondos
para la enseñanza pública. Lo que propone el proyecto de ley es dejar
perfectamente claro que va a haber subvención para la enseñanza
privada y por eso establece un tipo de financiación provisional. Esto
va a provocar, sobre todo con la implantación de los nuevos ciclos de
formación profesional, que los centros
privados oferten aquellos ciclos que resulten más rentables económica
y laboralmente y que por su coste van a escasear en la enseñanza
pública, pero, como decía, se van a impartir en la privada y, encima,
financiados. Por lo tanto, pedimos su supresión porque la
financiación de la enseñanza privada habrá que estudiarla después de
haber cubierto la red pública convenientemente y dent ro de un marco
global de financiación.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vázquez.
Señoría, ¿se mantiene la enmienda que pervive del señor Saura o se da
por decaída?
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Señor presidente, ya hice
alusión a que la daba por defendida.
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Vázquez, no le había escuchado. Se
lo agradezco porque, en caso contrario, si no se expresa así, la
presunción será de caducidad.
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Señor González de Txabarri.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Muchas gracias, señor
presidente.
El Grupo Parlamentario Vasco mantiene vivas a estos títulos tres
enmiendas que hacen referencia al artículo trece, a los módulos
económicos de distribución de fondos públicos para el sostenimiento
de los centros concertados.
Decía la ministra de Educación en su última comparecencia ante la
Comisión de Educación y Cultura que de lo que se trata es de
presentar alternativas. Esto es lo que plantea el Grupo Parlamentario
Vasco tanto en estas como en otras enmiendas que mantiene vivas para
el debate de presupuestos con la intención de fomentar el incremento
de la potencia social en los distintos agentes sociales y por parte
de estos, en este caso, en el mundo educativo. Si lo que estamos
planteando es que también en dicho mundo educativo los agentes de las
distintas administraciones educativas han de tener potencialidades en
la ejecución de sus programas, estamos hablando, en definitiva, de
que los agentes sociales puedan mantener disponibilidades en la
ejecución de sus propios planteamientos. Nosotros entendemos, y así
lo dijimos en la última reunión de la Comisión de Educación y Cult
ura, que el Gobierno popular en estas materias está haciendo excesivo
seguidismo y no rompe con los lazos de las actuaciones anteriores de
los gobiernos socialistas.
Estas enmiendas son las que el Grupo Parlamentario Vasco mantenía
vivas y sostenía en relación a los proyectos de presupuestos
generales del Estado que solía presentar el Gobierno y el grupo
socialista, y nos llama la atención que a estas alturas de la
legislatura tengamos que estar sosteniendo estos mismos planteamientos
de cara al Gobierno popular, porque solíamos conocer la amable
participación con su voto del Grupo Parlamentario Popular cuando
estaba en la oposición. Nos extraña que a estas alturas de la
legislatura estos temas no queden suficientemente adecuados y no
encuentren sus propios cauces en la negociación de dichos agentes
educativos con el Ministerio de Educación y Cultura, motivo por el
que las mantenemos.
Estas enmiendas hacen referencia a la consideración de mínimos de los
módulos de educación basándose en las disponibilidades
presupuestarias que en cada caso pueda ir conociendo el Ministerio de
Educación y Cultura, entendiendo que el coste del puesto escolar debe
tener una modulación distinta en este artículo trece de los
presupuestos en orden a que los agentes educativos puedan contar con
los recursos que necesiten en función de las matrículas que estos
centros educat ivos conozcan. De la misma manera, entendemos que las
plantillas a las que hacen referencia estos módulos deben contar con
una mayor flexibilidad, porque da la impresión, señor presidente, de
que los cent ros educativos que conocen una determinada matrícula
cuentan con unas disponibilidades presupuestarias, con unos mínimos
que el Ministerio de Educación y Cultura siempre tiene que reconocer,
pero que se adecuan difícilmente a estas matrículas efectivas y
necesarias que se dan en los centros educativos.Por ello, dos de las
enmiendas hacen referencia a esta consideración de mínimos de los
módulos educativos, a la consideración de la flexibilidad de las
plantillas que deben conocer estos centros educativos, y la tercera
hace referencia a la consideración de los bachilleratos Logse y a las
enseñanzas de BUP y COU, que conocen también un módulo singular en re
ferencia a estas unidades. Entendemos que no se cumplen las
previsiones que están recogidas tanto en la LODE como en la Lopeg
para el debido sostenimiento de estos centros educativos y esperamos,
señor presidente, que del análisis de estas tres enmiendas al
artículo trece, en el mundo educativo, en los centros concertados, se
pueda conocer una mayor flexibilidad en sus plantillas y unos módulos
económicos que se adecuen mejor a sus necesidades educativas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González de Txabarri.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Ríos Martínez. (Rumores.) Señorías, respeten la enjundiosa
preparación que a la materia ha dedicado el diputado ponente por
Izquierda Unida.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías, la verdad es que
siempre que comenzamos este debate en Pleno, después de elaborado el
dictamen en Comisión, los títulos I y II del proyecto de ley vienen a
concentrar lo que pudiéramos llamar el resumen de las propuestas que
los grupos hacemos a la hora de plantear
cada una de nuestras alternativas, tanto en lo que se refiere a
cómo ingresaríamos y qué política de ingresos defendería cada uno de
los grupos, para demostrar que cuando queremos gastar más decimos de
dónde obtener los recursos para esas otras obras que vamos a hacer,
como en lo relativo a cuáles son las orientaciones de los gastos que
queremos efectuar.
Ciertamente, en el título I, que en realidad hace frente a la
aprobación del presupuesto y sus modificaciones, partimos de una f
ilosofía diferente a la que ha hecho el Gobierno como propuesta de
proyecto de ley, diferente y distante de lo que es el dictamen que la
Comisión ha realizado a lo largo de su debate, porque creemos que el
proyecto necesita mayores tintes de progresividad. La propuesta de
Izquierda Unida sobre la política de ingresos, que es la enmienda
460, se hace porque creemos que ni en la previsión originaria de los
ingresos ni en la distribución interna de cada uno de los impuestos
para conseguir esos ingresos que el Estado necesita para gastar hay
una política progresiva. ¿Por qué creemos que no hay progresividad y
cómo la queremos corregir? Fundamentalmente porque el Estado ingresa
más por impuestos indirectos que por impuestos directos. Podrían
decir que en una ordenación económica moderna no tendría que ser muy
complicada esa orientación, puesto que todo el mundo consume y
participa en los impuestos en función de su capacidad económica. Pero
no es verdad. Nosotros hacemos una propuesta de mayor ingreso a
través del impuesto sobre la renta de las personas físicas por dos
razones: una, de las rentas del trabajo más altas, porque el impuesto
se ha quedado en la previsión del IRPF que se quiere aplicar en el
año 1999 como un impuesto de condena o castigo al trabajo, reduciendo
la capacidad económica producida por otras rentas, como las de
capital o plusvalías, y sobre todo haciendo recaer una reducción de
los ingresos vía un 11 por ciento más o menos de media. Y las medias
aquí no existen, las estadíst icas no sirven como media, puesto que
estamos haciendo una distribución de esa reducción de ingresos, que
el Gobierno cifra en 550.000 millones y nosot ros en 750.000,
dirigida a los sectores más poderosos económicamente a nivel de
rentas del trabajo -los españoles que ganan más de 12 millones de
pesetas al año, que son 134.000, con un volumen de 100.000 millones-,
en el mismo volumen que a los españoles que ganan menos de tres
millones de pesetas, que vienen a ser algo así como las dos terceras
partes de los contribuyentes. Por tanto, aunque destinemos el mismo
volumen de pesetas, distribuido en millones de ciudadanos, se queda
en torno a 8.000 ó 10.000 pesetas al mes, mientras que en el otro
lado estamos colocando casi un millón de pesetas de media en la
reducción. Es decir, reducimos los impuestos a los sectores más
poderosos en lugar de a todos los ciudadanos por igual.
El segundo objetivo de nuestra enmienda se centra en conseguir
mayores incrementos en las plusvalías y en las rentas de capital que
en las rentas de trabajo. ¿Ycómo lo proponemos? Demostrando que por
cada
millón que los españoles ganan, pagan igual se gane como se gane, no
vaya a ser que pague entre un 18 y un 48 por ciento si se gana
trabajando, pero si se gana en acciones, si se gana en plusvalías a
la hora de vender nuestras acciones en bolsa o si se gana a través
del capital mobiliario, solamente pagamos el 20 ó 25 por ciento. ¿Por
qué si un millón de pesetas se gana trabaj ando puede pagar entre el
18 y 48 por ciento y si se gana en acciones resulta que paga siempre
lo mismo? ¿Por qué es lo mismo ganar cien millones que ganar uno? ¿
Por qué es lo mismo ganar mil millones que ganar cinco? No es lógico.
En consecuencia, proponemos una escala progresiva y una acumulación
de todos los conceptos de la capacidad económica del ciudadano en una
sola tarifa, en una sola distribución de la capacidad económica del
propio ciudadano.
En segundo lugar, proponemos otra producción de ingresos en cuanto al
impuesto directo sobre sociedades elevando porcentualmente lo que
tiene establecido como marginal al 40 por ciento y reduciendo determ
inadas bonificaciones. ¿Qué pretendemos? Que se produzca un mayor
ingreso en el impuesto sobre sociedades porque en realidad estamos
produciendo los beneficios que en la actividad económica en tres años
seguidos que hemos tenido de crecimiento superior al 3 por ciento
tiene que reverter en las arcas del Estado para hacer políticas acti
vas. Esa política nos posibilitaría ingresar en torno a unos 300.000
millones de pesetas que nosotros reduciríamos del IVA. Proponemos una
reducción de los ingresos por IVA dirigida a los sectores económicos
que más gastan en los productos básicos. Es decir, hacemos una
propuesta fiscal para que el IVA dirigido a los productos de primera
necesidad, que sería la leche, el pan, los huevos, lo que compramos
todos los españoles y que es básico para alimentarse, en lugar del 4
por ciento se vaya reduciendo paulatinamente hasta el 1 por ciento, y
podríamos destinar ahí 300.000 millones de pesetas que hemos obtenido
de los incrementos de los beneficios de las propias empresas. Por
tanto, estamos intentando demostrar también que en una distribución
interna en cuanto a la política fiscal se puede ser más progresivo.
Por último, hacemos una propuesta de ingresos intentando conseguir,
de lo que pudiéramos llamar lucha contra el fraude fiscal, un mayor
esfuerzo de lo que ahora mismo está siendo el trabajo de la Agencia
Tributaria, trabajo que es manifiestamente mejorable -como las
fincas-, y también a través de lo que pudiéramos llamar impuestos
nuevos, figuras impositivas nuevas dirigidas a quien hoy no paga. En
este país, donde crecemos económicamente, se están agrandando las
distancias entre la sociedad española y encontramos personas que
viven en el lujo, que viven en condiciones muy ventajosas, frente a
ciudadanos que van teniendo mayores dificultades económicas o mayor
distancia sobre esos ciudadanos que producen más ingresos. Por ello,
nosotros proponemos un impuesto sobre el lujo, un impuesto sobre las
grandes rentas y proponemos también un impuesto dirigido a las
viviendas
vacías para que los ciudadanos no puedan tener desocupadas las
viviendas y se pongan en circulación para conseguir así lo que es un
mandato constitucional, que es el derecho al acceso a la vivienda.
Es decir, hacemos una distribución diferente de los ingresos
produciendo así, con la suma de todas estas propuestas, dos billones
de pesetas, e introducimos una figura finalista -que en Alemania
están discutiendo poner en marcha-, la tasa ecológica, que se puede
producir sobre cualquier tipo de producto que sea altamente
contaminante, ligando el recurso obtenido por esa tasa, por ese
impuesto, con la política finalista para reducir el impacto
medioambiental. Esa propuesta fiscal diferente, que es otra
distribución de los ingresos del Estado de dos billones de pesetas,
va acompañada de una propuesta distinta de gastos fiscales.
La enmienda número 462, por tanto, pretende añadir una filosofía
diferente en cuanto al gasto fiscal. Fíjense que no estamos
proponiendo eliminar el gasto fiscal dirigido actualmente a todos y
cada uno de los impuestos, 4,9 billones de pesetas, sino solamente
reducir 500.000 de esos millones. Por tanto, estamos proponiendo que
el Estado, en lugar de 4,9 billones, destine a esas políticas activas
4,4 billones de pesetas. Y eso lo reducimos fundamentalmente de dos
recursos: uno, los 700.000 millones de pesetas que se dan para
fomento hipotético de la inversión, fomento de la generación de
empleo a las empresas para hacerlo finalista a través de políticas
activas, y, dos, los fondos de pensiones privados que están
beneficiados a través de 146.000 millones de pesetas.
Por último, pedimos mayor transparencia en la gestión de los recursos
públicos a través de la enmienda 461. Esta enmienda pretende que el
Gobierno, a partir del siguiente ejercicio presupuestario, adjunte a
los documentos presupuestarios una memoria de los beneficios sociales
que comprenda el conjunto de bonificaciones, exenciones y
subvenciones que afecten a los ingresos de las distintas
administraciones públicas, en concreto a la Seguridad Social, para
que así sepamos cuánto cuestan esas bonificaciones fiscales a nivel
de liquidación presupuestaria. De esa forma, estaríamos conociendo si
el Gobierno es eficaz cuando anuncia unas propuestas de ingresos y
unas propuestas de gastos y si al final del ejercicio lo que anunció
como objetivo se ha cumplido o no; si tenemos que decir que el dinero
se ha gastado pero que el objetivo que se perseguía no se había
conseguido. Esas son nuestras tres enmiendas a estos dos títulos.
Terminaré diciendo que vamos a votar a favor las enmiendas de los
demás grupos al título II, salvo tres enmiendas del Grupo Vasco
dirigidas a apoyar la enseñanza concertada en lugar de la enseñanza
pública.
Nada más, señor presidente; nada más, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ríos.
Por el Grupo Socialista, desean compartir el turno los señores Pérez
Segura y Gimeno. Por tanto, repartirán también su tiempo.
Señor Pérez Segura.
El señor PÉREZ SEGURA: Señor presidente, señor ministro, señorías
-escasas señorías, por cierto- nos encontramos ya en una fase muy
avanzada de la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado
para 1999.
En el debate de las enmiendas de totalidad hemos tenido ocasión de
contrastar las grandes cifras de las cuentas públicas y el enfoque
macroeconómico de la política del Gobierno. En el trámite de Comisión
hemos debatido sobre las enmiendas parciales y, en honor a la verdad,
sin demasiado entusiasmo, dada la nula predisposici ón del Grupo
Popular y de sus socios a atender las razones aportadas por los demás
grupos. Hoy, en este último trámite parlamentario antes de que el
presupuesto sea remitido al Senado, en el debate que iniciamos sobre
el dictamen realizado por la Comisión, es una buena ocasión para
volver a confrontar nuestros modelos.
Ya sabemos cuál es el modelo del Partido Popular, su retrato robot
presupuestario, ya lo hemos visto, es el que ha acuñado la aceptación
de las enmiendas de los otros grupos. En el título I del articulado
de los presupuestos es donde se refleja con exactitud la dotación de
los diferentes epígrafes presupuestarios, las verdaderas apuestas del
Gobierno, y a ello me referiré con algún detalle. Asimismo, toda vez
que mantenemos vivas nuestras enmiendas a la totalidad a buena parte
de las secciones, ya les avanzo, señoras y señores diputados, que pre
feriremos debatir sobre las políticas del Gobierno en relación con
los distintos ámbitos sectoriales y exponer nuestras alternativas en
lugar de enzarz arnos en un debate repetitivo sobre todas y cada una
de las enmiendas parciales presentadas.
Estos presupuestos para 1999 son los terceros que presenta el señor
Rato, que presenta por tanto el Gobierno conservador del Partido
Popular, y posiblement e los más expresivos de su estilo de gobernar:
decir una cosa y hacer otra; manejar la propaganda sobre promesas que
luego no encuentran un soporte presupuestario adecuado; auparse en el
ciclo económico para ocultar sus carencias, pasividad y fracasos.
Después de tres años de gestión presupuestaria y económica ya se
pueden aporta datos concretos y no sólo juicios de intención sobre su
política económica. Lo que no depende de ustedes va bien; lo que sí
depende de ustedes o sigue pendiente de hacerse o ha fracasado. Ahora
ya se desvela su estrategia conservadora de dualización de la
sociedad y promoción de lo privado, para quien pueda pagárselo, a
costa del deter ioro de lo público. No depende de ustedes la
evolución de la economía internacional, que ha sido el principal
motor de nuestro crecimiento en los años pasados. Sin embargo, ahora
que aparecen interrogantes sobre el contexto económico, este flanco
les empieza a fallar. Ustedes no son capaces de reaccionar como lo
han hecho Gran Bretaña o Alemania estos últimos días.
En las decisiones que sí dependen de ustedes, podemos constatar ya la
realidad de su gestión. Lo haré haciendo referencia a tres aspectos
concretos. El primero:
una gestión presupuestaria basada en el ciclo, con una filosofía
diáfanamente derechista y llena de, digamos, trampas. Desde que
gobiernan ustedes, ha subido la presión fiscal en España -lo han
confirmado las estadísticas europeas-, pagamos más impuestos y su
exacción se reparte de forma más desigual entre los ciudadanos. Por
primera vez en nuestra historia democrática los ingresos del Estado
por impuestos indirectos superan en este presupuesto los procedentes
de impuestos directos, quebrándose una regla de oro en cuanto a
equidad tributaria. El señor Rato se ha convertido a sí mismo en un
mago, un malabarista del préstamo allí donde deben existir
obligaciones del Estado a cubrir mediante aportaciones
presupuestarias. Así le va a la Seguridad Social, que, en un buen
momento para el empleo, bate récords de déficit. Otros ejemplos de
esta política los podemos encontrar en el Inem, en Renfe y en tantos
otros lugares que prefiero obviar para no aburrir a la concurrencia.
Sólo quiero referirme especialmente a uno, por su importancia
coyuntural, a Radiotelevisión, que es uno de los mayores fracasos de
gestión de este Gobierno. Desde que ustedes están en el Gobierno, la
deuda del Ente se ha triplicado, señor Rato, Radiotelevisión está
técnicamente quebrada, es la empresa peor gestionada de este país.
Escuchen con atención, señoras y señores diputados: ni en las épocas
del ya olvidado INI el Estado se había visto en la necesidad de
asumir un monto tan considerable de deuda en un organismo público.
Esa es la herencia que les deja el señor López-Amor.
Señoras y señores diputados, el secreto de su milag roso control del
gasto -como dijo nuestro portavoz el señor Borrell, en su día- es
que, simplemente, han dejado de apuntarlo. Esta es su contabilidad
creativa. Sus nuevas políticas -ésas que ustedes nos anunciaban-
también han fracasado y responden a la rebelión de los ricos contra
el Estado del bienestar. Podemos hablar de infraestructuras, de cuál
es su modelo; podemos hablar de otros muchos aspectos, pero lo que
realmente nos interesa resaltar son los que afectan al Estado de
bienestar y, en este sentido, la mejora de la posición relativa a las
cuentas de resultados de las entidades privadas que gestionan
servicios sanitarios son un reflejo. Es coherente con su filosofía
-en favor de lo privado y en detrimento de lo público- lo que hacen o
lo que pretenden hacer en la aprobación del IRPF sobre la exención
fiscal de las primas pagadas a seguros sanitarios privados.
Los presupuestos están hechos -este es un aspecto importante que
queremos resaltar- de espaldas al euro y sin la aportación necesaria
para avanzar en la convergencia real. Nuestra visión alternativa es
que la política económica española debe estar centrada en dos ejes.
El primero, sólo cronológicamente, mantener y mejorar la convergencia
nominal alcanzada con la Unión Europea; el segundo, aunque más
importante, plantearse de forma explícita el objetivo de acelerar la
convergencia real con los países de nuestro entorno comunitario.
Respecto a este segundo eje, el Gobierno del PP lo fía
todo al crecimiento económico y a la correspondiente creación
inercial de empleo -es un error que acabaremos pagando caro todos los
españoles-, y eso es especialmente grave cuando la realidad del euro
va a incrementar necesariamente la presión social.
El señor PRESIDENTE: Señor Pérez Segura, vaya concluyendo, so pena de
ir reduciendo, si no, el tiempo que corresponde a su compañero señor
Gimeno.
El señor PÉREZ SEGURA: Lo intentaré, señor presid ente.
Iba diciendo que ello es especialmente grave cuando la realidad del
euro va a incrementar necesariamente la presión social para acelerar
la equiparación, el nivel de vida y protección social entre los
ciudadanos de la unión monetaria.
Hago un esfuerzo por abreviar, señor presidente, para decir que
mantener los actuales diferenciales con Europa es un grave error de
la política económica de este Gobierno. Todas nuestras enmiendas,
toda nuestra política alternativa va dirigida precisamente a
eliminar, o al menos rebajar, estos diferenciales con Europa. Eso lo
vamos a hacer poniendo de manifiesto la necesidad de impulsar refo
rmas estructurales a través de la presentación -como hemos hecho ya-
de una serie de paquetes alternativos y decisiones económicas que los
señores diputados ya conocen porque han sido presentados en la
Comisión.
Frente a este orden de cosas, paso ya, por último, a relatar cuál es
este paquete de medidas, estos tres vect ores principales de nuestras
enmiendas al presupuesto. Un plan integral europeo para combatir el
paro estructural que padecemos en España y que nos aparta día a día
de las tasas de nuestros socios europeos -en el desarrollo de la
sección tendrán más información sobre él; un plan de calidad de la
enseñanza para ultimar la reforma y apostar decididamente por una
mejor formación de las generaciones venideras, y una fuerte apuesta
por las inversiones reales, una verdadera inyección de capital físico
para nuestro país en materia de infraestructuras y de medio ambiente.
No era casual, señor presidente, que en medio de la euforia
generalizada ante la buena marcha de la economía, al menos con
anterioridad a la crisis reciente, todas las encuestas de opinión
publicadas siguieran mostrando que hay una mayoría de españoles para
los que la situación económica concreta de sus familias, más allá de
las grandes cifras macroeconómicas, no había mejorado o incluso había
empeorado. Es el contrapunto de realidad a su triunfalismo, que nos
debería hacer reflexionar a todos, y una prueba más de que su
política no reparte los frutos del crecimiento de manera equitativa,
a la vez que con estos presupuestos se empiezan a dibujar serios
riesgos para nuestro futuro tras el euro. Un futuro que debe
garantizar el progreso de nuestro país así como los derechos sociales
alcanzados por los ciudadanos, que son fruto del esfuerzo de toda la
sociedad española.
Señorías, ningún área de la acción política y económica del Gobierno
escapará a nuestras alternativas, y a partir de este momento iremos
desgranando una a una, sectorialmente, las que presenta en este Pleno
el Grupo Socialista al presupuesto del Gobierno más conservador de
Europa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pérez Segura.
El señor Gimeno para compartir un turno algo mermado ya.
El señor GIMENO MARÍN: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, la benevolencia de la Presidencia
permitirá que, ya que debatimos dos títulos, podamos hacer una breve
referencia, con un significado fundamentalmente político, a una parte
de las enmiendas que el Grupo Socialista presenta a los títulos I y
II. Insisto en el carácter fundamentalmente político del debate que
queremos producir hoy en el Pleno -es una pena que no esté el
vicepresidente Económico del Gobierno en este momento, espero que nos
acompañe y creo que debería acompañarnos-, porque saben SS.SS. que
esta parte atañe fundamentalmente, y es lo que me voy a refer ir, a
las normas sobre modificación y ejecución de créditos presupuestarios
para un sólo año, para el próximo ejercicio. Algunas de SS.SS. saben
que éste es un debate muy antiguo en esta Cámara, igual que lo es en
algunas de las comisiones especializadas, como la Comisión Mixta para
el Tribunal de Cuentas, y es también uno de los motivos que da lugar
a opiniones e informes del Tribunal de Cuentas sobre el tema de las
modificaciones. ¿Qué quiero decir con ello? Quiero decir que cuando
se está en la oposición -SS.SS. lo saben-, y cuando existe una
experiencia suficiente de gestión presupuestaria y de contabilidad
pública, uno se pregunta si tiene sentido la existencia de capítulos
que establecen modificaciones temporales o la suspensión temporal
durante un ejercicio económico de una ley como la Ley General
Presupuestaria. Todos hemos coincidido siempre en que es conveniente
que la Ley General Presupuestaria se modifique lo mínimo
indispensable porque si no, ¿qué sentido tiene dicha ley? Tengamos
una norma y un marco que nos permita funcionar, adecuado a las
circunstancias económicas de cada momento -a las que correspondan a
este momento-, que todos conozcamos para la transparencia del gasto
por el Gobierno y para la capacidad de control de esta Cámara.
En el fondo, lo que debatimos en este capítulo es si los presupuestos
que se aprueban en esta Cámara son, según los programas y los
objetivos que se definen, los que realmente luego se ejecutan, o si
lo que el Gobierno termina ejecutando, porque las circunstancias se
lo imponen o porque la voluntad política introduce dinámicas
difícilmente controlables, es lo que se ha aprobado por esta Cámara.
Parece que eso no es así. En el año 1996, hay 2,5 billones de
modificaciones no financieras en términos presupuestarios; en el año
1997, más de 800.000
millones; en el año 1998, según datos que facilita el Gobierno, más
de 920.000 millones. Esas cifras son las modificaciones no
financieras. Si introducimos las financieras, las cifras se disparan
a 4,7 billones, a 7,1 billones y a 3,8 billones. Ese es el problema
de lo que se plantea y ese es el sentido de nuestras enmiendas. Hay
que limitar al máximo las modificaciones presupuestarias y, además,
no hay que suspender la aplicación de la Ley General Presupuestaria,
menos todavía cuando se presenta una ley de acompañamiento o una ley
de medidas fiscales en la que se modifican veinticinco artículos de
la Ley General Presupuestaria.
Tráigase a esta Cámara un proyecto de Ley General Presupuestaria y no
se traigan suspensiones parciales con cada ejercicio económico, sobre
todo, cuando las suspensiones afectan a supuestos que siempre son
conocidos. Como estamos aprobando créditos presupuestarios en este
ejercicio económico, perfectamente se podía hacer un esfuerzo por
parte de los técnicos que se dedican a este tipo de cuestiones,
porque podían recogerse las previsiones en los créditos correspo
ndientes para ello. Tráigase, pues, ese debate a esta Cámara y
avanzaremos en un debate más razonable, más conocido, con las normas
para todos, más transparente y dotaremos, además, al Gobierno de un i
nstrumento para controlar el gasto público.
Hay otras enmiendas que se refieren a la Seguridad Social. Tiene el
mismo sentido. El artículo doce, De la Seguridad Social, se debatirá
en profundidad cuando corresponda, en la sección 19. El Gobierno
reconoce como mínimo que a la Seguridad Social le faltan en sus cifras
300.000 millones de pesetas, pero cuando analizamos luego la realidad
de la ejecución de los presupuestos, vemos que no es que le falten
300.000 millones, sino que se endeuda mucho más. Uno pregunta, ¿cómo
es posible que se endeude mucho más si ni siquiera figura la
autorización en estos presupuestos? Porque legalmente puede. Por
supuesto que legalmente puede, pero oculta una cierta realidad de lo
que pasa en la Seguridad Social.
En 1997 se autorizó a la Seguridad Social una capacidad de
endeudamiento de 150.000 millones de pesetas y se endeudó en 860.000
millones. Esa es la realidad, la realidad legal, pero la realidad que
contrasta con lo que se presenta a esta Cámara. Dígase de otra
manera, el artículo doce de los presupuestos no sirve para casi nada,
sirve para algo en gestión presupuestaria, pero para poco más.
En este contexto, hay otro grupo de enmiendas - hablo muy rápidamente
para que la Presidencia no tenga que ser excesivamente benevolente-
porque cuando se habla de educación en estos presupuestos al Grupo
Socialista se le plantea un problema. Es cierto que el gasto en
educación crece mucho en este ejercicio económico, pero también es
cierto que crece con una determinada orientación: para que crezca
mucho más el gasto de la educación privada. ¿Cuál es el sentido de
nuestras enmiendas, que se debatirán también en profundidad en las
secciones correspondientes? Nuestras enmiendas se
oponen a una ampliación sin límites en los conciertos relativos a los
niveles postobligatorios de formación profesional y bachillerato;
igualmente, se oponen a una ampliación en centros que ya tenían
concierto en primaria o en secundaria, aunque ahora superan la
barrera del nivel obligatorio y también a que la ampliación del núme
ro de profesores en centros privados, y más conc retamente en niveles
obligatorios, se haga sin ningún tipo de criterio. Sin embargo, ese
debate se producirá.
Señor presidente, termino haciendo una pequeña referencia a los temas
de gestión presupuestaria relativos al Insalud o a la nueva modalidad
de titulaciones -fundaciones- de los centros hospitalarios. No
entendemos por qué se quiere establecer un régimen de personal
distinto para las fundaciones que gestionan cent ros hospitalarios
que el resto de las normas que se refieren al personal.
Consideren estas posibilidades, consideren estos planteamientos
porque son razonables y permitirían, en nuestra opinión, en este
último caso y en otros, una gestión mucho más transparente. Además,
si por fin algún día viene la Ley General Presupuestaria a esta
Cámara, podremos tener un instrumento conocido por todos y que no
debería ser modificado.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gimeno.
El señor Cámara, finalmente, en nombre del Grupo Popular.
El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Muchas gracias, señor
presidente.
Comienza esta tarde el debate en el Pleno del dictamen que se
aprobara en fechas recientes en la Comisión de Presupuestos y en la
Comisión de Economía. Para mí es una satisfacción decir que la
sensación sobre la posición del Grupo Parlamentario Popular en el
debate en Comisión, no ha podido ser más beneficiosa, lo que espero
se repita, además, a lo largo de estos días en el trámite plenario.
El debate de estos terceros presupuestos del Gobierno del Partido
Popular está dando, sin ninguna duda, la medida justa de la situación
política que se vive en esta Cámara. Por un lado, existe un Gobierno,
un Gobierno consistente y que se fortalece en cada debate y, por
otro, hay una oposición que sigue carente de ideas y de iniciativa
política. (Rumores.) Si efectuamos, como haré a continuación, un
breve repaso de lo visto en lo que llevamos de debate presupuestario,
comenzando por el debate de totalidad, nos damos cuenta de que éste
no aportó nada nuevo al escenario político de España, que la
alternativa de gobierno, simple y sencillamente, está aún por
asentarse y por ofrecer una imagen armoniosa y que está siendo
incapaz de combatir con argumentos sólidos y comprensibles la acción
de gobierno.
En la segunda de las citas presupuestarias, la que tuvo lugar con
ocasión de las comparecencias de los altos cargos, debo decir que la
oposición simplemente
cumplió el trámite, y lo cumplió llamando a todo el que se le
ocurrió, sin que ciertamente estos llamamientos sirvieran para hacer
zozobrar ni el más mínimo de los apéndices presupuestarios, donde
además se pudo recoger, en nuestra opinión, una imagen poco interes
ada de buena parte del principal partido de la oposición.
Finalmente, en las dos últimas semanas en las que vivimos los debates
de las enmiendas parciales presentadas al presupuesto y al proyecto
de ley de acompañamiento, se celebraron debates con sabor añejo, con
sabor viejo, con sabor a algo muy oído y a algo ciertamente
manoseado.
Las enmiendas presentadas por el principal partido de la oposición no
suponen ninguna alternativa al Gobierno, más bien siguen suponiendo
un intento, ya después de tres años ciertamente desmesurado, para
hacer ver que no son válidas las propuestas que el Gobierno del
Partido Popular ha ido haciendo aparecer en la historia reciente de
la política presupuestaria en España, pero ciertamente historia. Como
se desprende de la última intervención, el discurso socialista se
sigue fundamentando en hacer ver como fracasos lo que son éxitos del
Gobierno, los aciertos en materia presupuestaria en desaciertos, sin
ninguna otra argumentación que la ya también manoseada alusión a la
trampa, como lo hemos escuchado hace bien poco tiempo, y al
calumnioso llamamiento al desastre inminente, discurso al que algunos
acuden de forma tan contumaz como recurrente. Además, algunas de las
intervenciones durante el trámite de Comisión fueron simples ejercicios
de confusión cuando no de cierta falta de interés muy evidenciado
en determinadas rúbricas presupuestarias, porque este debate se
consideraba, según nuestra opinión, perdido de antemano por la propia
oposición.
En estos primeros títulos del proyecto de la ley de presupuestos
asistimos al clásico debate de si la técnica aplicada por el Gobierno
del Partido Popular en estos tres últimos ejercicios presupuestarios
contribuye o no a dotar a nuestra economía de mayor credibilidad y
consistencia de la que venía acreditándose por anteriores gobiernos,
y el resultado es cada año más elocuente.
El rigor presupuestario y la mejor gestión de las cuentas públicas
constituyen uno de los pivotes de la estabilidad del crecimiento
económico de España y hacen que en momentos de tensiones como los que
actualmente vive medio mundo, con movimientos que convergen hacia
panoramas de retraimiento económico, España exporte fortaleza. Por
eso nuestro grupo atribuye un papel decisivo a la gestión y el modelo
de crecimiento impulsado por el Partido Popular. Es un modelo de
crecimiento sostenible, fundamentado en el control de las cuentas
públicas, en la credibilidad de la acción económica del Gobierno y
por lo tanto en la credibilidad de las expectativas sobre las que
informa el Gobierno.
Hoy, cuando los españoles se acercan a las prevision es que efectúa
el Gobierno en materia económica, saben que están respaldadas por el
certero cumplimiento de aquellas que fueron previamente anunciadas.
Esto es una realidad al día de hoy, situación que contrasta
notabilísimamente con la época de los errores en la previsión,
la época errática y de rumbo inestable que caracterizó la política
económica de la primera mitad de este decenio.
Yo sé que esto se lleva oyendo durante quizá demasiado tiempo, pero
se lleva oyendo desde el mismo tiempo que la oposición política al
Gobierno parece seguir interesada en arrinconarse en el debate de la
credibilidad. La mitad de los discursos de las últimas semanas tiene
por objeto intentar crear confusión en torno a las predicciones
macroeconómicas. Lo cierto es que nada puede producir más relajo a
nuestro grupo parlamentario que ver a la oposición encasquillada en
esta batalla. Por ello no le debe resultar a nadie extraño,
especialmente a la oposición, que para los españoles la batalla de la
credibilidad está perdida del lado por los desastres. Vaticinar
desastres, desastres en la Seguridad Social, desastres en la política
presupuestaria, vaticinar la existencia de agujeros presupuestarios
era, según entendía nuestro grupo, la receta que había escogido el
Grupo Parlamentario Socialista en el comienzo de la legislatura para
intentar minar en la medida de lo posible lo que era ya un
reconocimiento público de los aciertos del Gobierno en materia
económica y presupuestaria. Esta receta va dando muestras ostensibles
de un desgaste muy acusado, que además no está obteniendo ningún
rédito político por parte de la oposición, pero desde luego no será
el Grupo Parlamentario Popular quien recomiende al Grupo Socialista
que cambie de sastre.
Voy a pasar muy rápidamente a las enmiendas conc retas que permanecen
vivas. En primer lugar, voy hacer referencia a un paquete habitual de
enmiendas que presenta Izquierda Unida a los primeros artículos del
proyecto de ley, por el solicitan, ni más ni menos, que un incremento
de cerca de dos billones de pesetas en los estados de ingreso y de
gasto. Esto es algo parecido, sin lugar a dudas, a una enmienda a la
totalidad, puesto que de admitirse estaríamos hablando de un p
resupuesto completamente distinto al que presentó el Gobierno, pero
obviamente entra dentro de la lógica y la técnica presupuestaria
parlamentaria aplicada en otros años por Izquierda Unida. Sin
embargo, por que sea, no va a dejar de ser clásico el voto
desfavorable de nuestro grupo a esta propuesta de Izquierda Unida,
sobre todo, porque, como se imaginarán, de aceptar estas enmiendas
estaríamos aceptando las cerca de 1.500 que tiene presentadas ese
grupo a los proyectos de ley de presupuestos y de acompañamiento.
En cuanto a las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista, que
fueron ampliamente debatidas en Comisión, simplemente diré que forman
parte de una de las particulares obsesiones que sigue teniendo algún
miembro del Grupo Socialista al intentar hacer ver lo que no hay. En
aquella sesión se llegó a cometer la osadía, casi irrisible, si se me
permite, de tildar la gestión presupuestaria del Gobierno de falta de
rigor presupuestario. Pues bien, viniendo de donde viene y teniendo
en cuenta cómo se gestionaba el presupuesto no hace demasiado, no
merecería más comentario que recordar aquel afamado crédito
extraordinario que dio lugar al Real Decreto 12/1996, mediante el que
hubo
que hacer una aportaciones extraordinaria de 720.000 millones de
pesetas por las deudas que, como malos pagadores, dejó el Gobierno
anterior; pero esto pertenece a la España presupuestaria de otro
tiempo. Todo lo que no supieron hacer en su momento dicen que lo
harían ahora a través de sus enmiendas o, por lo menos, dicen que lo
dicen sus enmiendas, por lo que merece la pena reflexionar un inst
ante sobre las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista.
De momento, las enmiendas adolecen de una absoluta falta de precisión
técnica que a uno le hace pensar que, quizá, ustedes tienen la
sensación de que algunos que formamos parte de otros grupos parlament
arios somos seres sin criterio. Pues bien, no sólo tenemos criterio
sino que, además, es fácil que en las enmiendas presentadas por el
Grupo Socialista luzcan unos errores de tal magnitud que a uno le da
hasta un cierto pudor colegial tener que hacer un repaso de ellas,
como tuve que hacer en el trámite de Comisión.
El señor PRESIDENTE: Pues no lo haga, señor Cámara, porque su tiempo
va concluyendo. Así que limítese a contestar.
El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Voy concluyendo, señor presiden
te.
Pero si la falta de precisión es grave, que lo es, quizá lo sea más
la ausencia total de propósito de la enmienda, además de enfrentarnos
continuamente en este pequeñísimo debate relacionado con el título I
que ustedes insisten por tercer año consecutivo en que veamos. Hay
enmiendas del Grupo Socialista, como la 402, donde se topan una y
otra vez con sus despistes, queriendo enmendar artículos que son de
su exclusiva paternidad, se lo recordaba al señor Gimeno el otro día,
como son los de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas y
que el Gobierno ha tratado de adaptar a los nuevos tiempos de rigor y
eficacia administrativa. Despistes también, que los ha habido, al
presentar enmiendas en la ley de presupuestos, como son las números
405, 406 y 407, de ámbito y sentido completamente distinto al que pro
pusieron al proyecto de ley de acompañamiento y que, además, siguen
manteniendo, a pesar de que por nuestra parte se les ha hecho notar
el error. Errores conceptuales graves, como, por ejemplo, desconocer
qué supone para una unidad administrativa el hecho de que disponga de
fondos cuyo desarrollo presupuestario sean créditos ampliables,
concepto que parecen desconocer por el tenor de las enmiendas que
presentan; o desconocer, como dicen en su enmienda 404, qué se puede
hacer con las vinculaciones de crédito. Ustedes desconocen lo que se
puede hacer con las vinculaciones de crédito a juzgar por sus
enmiendas. Por no hablar de la particular obsesión que tienen sobre
la no disponibilidad de créditos presupuestarios cuando su enmienda
408 hace referencia a limitar el 10 por ciento las indemnizaciones
presupuestarias. Pues bien, lo que dice la Ley General
Presupuestaria, cuando define lo que es el presupuesto,
es que es la expresión cifrada del importe que, como
máximo, se puede gastar el Gobierno. Nunca se ha hecho referencia a
los límites al ahorro.
El señor PRESIDENTE: Señor Cámara, concluya, por favor.
El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Termino.
Como decía al principio, hay algunos que ciertamente daban por
perdido desde el principio el debate presupuest ario y prefieren
aguardar, me parece postura inteligente, a que vengan tiempos mejores
para dedicar sus energías a presentar propuestas; las que han
presentado hasta el momento en forma de enmienda determinan sin
género de dudas un suspenso sin paliativos.
Muchas gracias, señor presidente. (El señor Pérez Segura pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias señor Cámara.
Señor Pérez Segura, ¿qué desea?
El señor PÉREZ SEGURA: Señor presidente, nuestro grupo entiende que
ha habido manifestaciones del portavoz del Partido Popular que
merecen nuestra respuesta. Para ello solicitamos un turno de réplica.
El señor PRESIDENTE: Señor Pérez Segura, no puedo entrar a valorar
las apreciaciones que su grupo tenga de lo que ha dicho el último
portavoz en la tribuna, ciertamente nadie mejor que ustedes para
hacer esa valoración, pero sí quiero hacerles a todos ustedes un
llamamiento general a la sensatez a lo largo del debate, que no va
dirigido en este caso peyorativamente a S.S. sino a todos en general,
de forma que eviten las situaciones de colisión por temas sobre todo
laterales que puedan perjudicar lo que en términos clásicos diríamos
la continencia del debate, que sería la que debiera en este caso
quizá autoatribuirse algún portavoz.
Sin que sirva de precedente para el resto de los títulos, y después
de esta llamada general, durante dos minutos y si es posible desde el
escaño, tiene la palabra S.S.
El señor PÉREZ SEGURA: Gracias, señor presidente.
Es precisamente para redundar en los argumentos que usted ha
expresado. Nuestro grupo ha vertido desde la tribuna argumentos
definidores de nuestras alternativas. Hemos recibido, en
contraprestación, descalificaciones a nuestro modo de hacer, no a
nuestra política reflejada en las enmiendas. Parece que es ya una
costumbre que desde el Gobierno se atice a la oposición; el señor
Rato ya lo hizo en el debate en Pleno y esto no lo podemos tolerar.
En este sentido, y para que esto no ocurra, pedimos el amparo de la
Presidencia, tal como lo ha hecho, pero durante todo el trayecto por
la Cámara del proyecto en este trámite.
Creo que vale la pena que recapacitemos todos y precisamente el
Partido Popular no puede dar lecciones demodos, ya lo he anunciado
antes. Un Gobierno que le
ha petadoen las manos lo que significa el embrollo de Radiotelevisión
Española con la dimisión de su director general no puede dar
lecciones. Si les aplicásemos el Código de Comercio a todos ustedes y
a sus gestores ya estarían inhabilitados para la gestión pública. Por
tanto, no den demasiadas lecciones y atengámonos a los argumentos y a
las alternativas; entonces el debate irá bien. (El señor Gimeno Marín
pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pérez Segura.
Señor Gimeno, dos voces a efectos de réplica me parece excesivo. (Pau
sa.) Un minuto, señor Gimeno.
El señor GIMENO MARÍN: Gracias, señor presidente.
El portavoz del Grupo Popular que ha intervenido tiene el hábito de
descalificar personalmente; no sabe hacerlo de otra manera, es el
problema que tiene. Se puede introducir un debate sin entrar en
descalificaciones y sin entrar en valoraciones. El problema es que
venía aquí con algo preparado y no ha contestado a nada de lo que se
ha debatido, esto es lo sorprendente, no ha contestado a nada y ni
siquiera ha entrado en ese debate; ha entrado a decir qué mal lo
hacemos, que no sé qué, qué no sé cuántas. Todas esas cuestiones son
las que ha planteado el portavoz del Grupo Popular, y eso señor
presidente es lo que mi grupo no está dispuesto a considerar ni a
admitir. Que conteste si quiere al debate, y si no que adopte unos
modos como corresponde en esta Cámara. Le aseguro que en la Comisión
también hizo lo mismo, debe ser que la única forma de creer que se
hace notar más es descalificando personalmente.
Nada más, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gimeno.
Señor Cámara.
El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Lamento mucho que los
portavoces del Grupo Socialista tengan la piel tan fina, pero lo
único que ha hecho este portavoz es una retrospección de lo que
ocurrió durante la sesión de comisión, durante las sesiones corre
spondientes a las comparecencias de los altos cargos del Gobierno, y
una breve descripción de los hechos. Si de verdad se supone que tenía
que dedicarme a hacer, como digo, el ejercicio de pudor colegial que
no he querido hacer, de referirme una por una a las enmiendas tal y
como fueron presentadas por el Partido Socialista, lo hubiera hecho
encantado, señor Gimeno, pero creo que la posición política de su
grupo hubiera quedado perjudicada sin ningún género de dudas.
Muchas gracias, señor presidente. Nada más.
El señor PRESIDENTE: Hasta aquí ha llegado el incidente y espero -les
llamo la atención muy seriamente para ello- que no tengamos que
repetirlo en cada título, porque tampoco sería la decisión de la
Presidencia.
ulo III Pasamos al título III, al que han mantenido enmiendas por el
Grupo Mixto el señor Chiquillo, la ausente
señora Rahola, el señor Vázquez y el señor Saura, también el Grupo
Vasco (PNV), el Grupo Federal de Izquierda Unida y el Grupo
Socialista.
En primer lugar, tienen que repartir su turno los integrantes del
Grupo Mixto, comenzando por el señor Chiquillo Barber.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presid ente.
Muy brevemente, intervengo para defender las enmiendas que hemos
presentado a este título III, artículos 26, 27, 28 y 29 del
articulado de la ley de presupuestos, y que después del trámite en
comisión mantenemos para el debate de hoy.
Se refieren a las retribuciones del personal al servicio de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tanto el Cuerpo Nacional
de Policía como el de la Guardia Civil a las retribuciones de
funcionarios del Estado y del personal al servicio de las Fuerzas
Armadas. Son todas ellas enmiendas con el mismo objetivo, y es que
las retribuciones complementarias de carácter fijo experimenten un
crecimiento a lo largo del año 1999 del 2,6 respecto a las
establecidas en el año 1998. Un 2,6 y no 1,8, porque pensamos que en
los últimos años han sufrido una pérdida del valor adquisitivo todos
los funcionarios, en concreto las percepciones salariales que reciben
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, particularmente la
Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía y que en el caso del
cuerpo de la Guardia Civil entendemos que entra en una clara
discriminación respecto a otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, como policías autonómicas, etcétera. Por tanto, con este
grupo de cuatro enmiendas solicitamos que las retribuciones relativas
al personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sufran
un incremento del 2,6 para paliar y corregir en la medida de sus
posibilidades la pérdida de poder adquisitivo que han sufrido durante
los últimos años por el carácter de las percepciones recibidas y
recorte de las mismas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Chiq uillo.
El señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (Don Guillerme): Gracias, señor presidente.
Presentamos una serie de enmiendas a este título III que hacen refe
rencia a cuestiones relativas a la política del Gobierno respecto a
los funcionarios públicos. Un grupo de ellas, entre la que se incluye
la 1275, hace referencia al incremento salarial propuesto por el
Gobierno con los funcionarios, que es el 1,8 por ciento. A nosotros nos
parece más adecuada una subida del 2,3 por ciento. Lo proponemos así
como fórmula para recuperar en parte la pérdida de poder adquisitivo
sufrida por los funcionarios en los últimos años, cuando se vieron
algunos de ellos con los salarios congelados y también para que los
funcionarios públicos sean partícipes
en la práctica de esa tan aireada buena marcha de la economía.
Con la enmienda 1276 que propone la supresión del apartado 4 del
artículo 20 y que hace referencia a los gastos de personal al
servicio de las administraciones públicas, pretendemos impedir que
las limitaciones relativas a los gastos de personal establecidas en
este artículo tengan carácter básico, y por tanto afecten a las
comunidades autónomas. Consideramos que éstas deben tener autonomía
suficiente para establecer su propia política de personal y de
retribución de los empleados públicos.
Con la enmienda 1277 pretendemos suprimir la restricción que se
impone a la oferta de empleo público y que limita el número de plazas
de nuevo ingreso a menos del 25 por ciento de la tasa de reposición
de efectivos por dos motivos. En primer lugar, porque aunque la
eficacia de la Administración no se puede basar exclusivamente en el
número de funcionarios a su servicio, sí es importante contar con un
número suficiente para prestar un servicio de calidad al ciudadano, y
los recortes que en años sucesivos está introduciendo el Gobierno en
este terreno no nos hace ser optimistas sobre la calidad futura de
los servicios. En segundo lugar, porque seguimos creyendo que las
administraciones públicas también deben cooperar a la disminución de
las altísimas tasas de empleo hoy existentes, creando nuevos puestos
de trabajo en la Administración.
Con la enmienda 1285 pretendemos que en las pagas extraordinarias de
los empleados públicos se incluyan también los complementos de
destino y el complemento específico que representan una parte
importante del salario mensual. Es una reivindicación antigua de
muchos funcionarios públicos y que a nosotros nos parece justa y
razonable. Con la enmienda 1287, sin embargo, proponemos la supresión
del complemento de productividad a los empleados públicos.
Consideramos que el complemento de productividad no responde a
criterios de equidad, de objetividad, de igualdad de oportunidades y
de publicidad; fomenta además el clientelismo y la arbitrariedad en
su reparto, y por otra parte no incentiva el trabajo ni mejora la
calidad de la prestación de los servicios. De suprimirse el montante
de este complemento de productividad, mejor sería incrementar digamos
entre comillas, el salario normal de los trabajadores públicos.
Con la enmienda 1295 estamos en contra del proyecto de ley que
autoriza expresamente a que en determinados casos se puedan hacer
contrataciones de personal con cargo a los créditos de inversión. Con
esta enmienda pretendemos impedir esa práctica que consideramos
inadecuada, por cuanto inicialmente aparecen como inversiones lo que
son gastos de personal. Esta práctica puede ser usada como medio para
hacer que el capítulo no parezca menor de lo que realmente es.
Con esto concluyo. Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vázquez.
Señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presid ente.
En primer lugar, para dar por defendidas las enmiendas 136 y 141 de
la señora Rahola.
El señor PRESIDENTE: No, señor Peralta. La Presidencia quiere
anunciar que cuando no estén presentes los diputados o diputadas que
hayan formulado las enmiendas y sus ausencias no coincidan con otra
actividad parlamentaria, no admitirá que se den por defendidas, si no
lo son por la titular firmante de la enmienda, o quien razonablemente
la pueda sustituir, como es el caso de S.S. que pertenece a la misma
formación política que quien firmó esas enmiendas.
Adelante, señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presid ente.
Para dar por defendidas, en nombre de Nueva Izquierda-Iniciativa per
Catalunya, las enmiendas que hemos presentado a este título III de la
Ley de Presupuestos, enmiendas 1570 a 1588 que abordan los cuat ro
problemas más importantes que en nuestra opinión se plantean en este
título III. En primer lugar, el incremento retributivo del personal
público. Las previsiones del Gobierno que se reflejan en el texto de
la ley hacen referencia a las previsiones de inflación en 1,8.
Tenemos que recordar, señorías, para tener en cuenta nuestra
discrepancia en relación con este criterio, que en años anteriores
los empleados públicos han sufrido congelación salarial; sus
incrementos retributivos han sido cero. Nos estamos refiriendo a años
de gobierno del Partido Popular; no nos queremos remontar más al
pasado, simplemente en años de Gobierno del Partido Popular. Quizá en
estos momentos parece que les flaquea la memoria a algunos rep
resentantes del Partido Popular. Es ese fenómeno que ocurre a veces
que se tiene más memoria para los hechos antiguos que para los
recientes. Cuando se está en el Gobierno conviene tener fresca la
memoria de esos hechos tan recientes. Nosotros creemos que el
criterio retributivo debe atender a compensar esos sacrificios
extraordinarios que el Gobierno solicitó de los empleados públicos en
momentos determinados y que ahora en fechas que se dice que España va
bien -y ya se ha recordado por alguno otro compañero-, es bueno que
los empleados públicos que han contribuido a este resultado final
puedan participar en el mismo obteniendo un incremento retributivo
superior a la mera previsión de inflación.
En segundo lugar, creemos necesario que esas retribuciones se fijen
con respeto al derecho a la negociación colectiva de los empleados
públicos; por tanto que las previsiones de incremento que se
contemplen en la ley tengan carácter orientativo que facilite el
ejercicio de ese derecho. En este sentido queremos decir que por
ejemplo en relación con el personal público no funcionario, se acaba
de suscribir un acuerdo marco
por la Administración con las organizaciones sindicales, unificando
todos los convenios colectivos y previendo un incremento retributivo
superior al 1,8 que se contiene en esta ley de presupuestos. Esta vía
de solución del problema de retribuciones de los empleados públicos
puesta en práctica ya por el Gobierno, debe tener acogida legal para
evitar que estemos discutiendo en el parlamento una ley, y en la
práctica el propio Gobierno esté avanzando con criterios distintos.
En tercer lugar, el problema importante que creemos se debe
solucionar es el de reposición de efectivos para cubrir las vacantes
que se produzcan en el ámbito de la Administración pública. En
nuestra opinión debe suprimirse el límite que se prevé en la ley que
limita esa reposición de efectivos. Tal como se ha dicho
anteriormente por algún interviniente, creemos que la eficacia de la
Administración no depende exclusivamente del número de funcionarios.
pero no cabe duda que en los últimos años hemos asistido a una
disminución por ley de las plantillas que han llegado a producir un
resultado negativo en el funcionamiento de los servicios, y creemos
que esto debe abordarse con urgencia, simplemente por pura eficacia
de la Administración.
Finalmente y como un detalle menor pero en nuestra opinión también
importante, creemos necesario que en la ley de presupuestos se
contengan criterios objetivos para la fijación de los complementos de
productividad, terminando con las situaciones que hemos visto en los
últimos meses y en los últimos años, de que los complementos de
productividad se utilizan con los criterios más esotéricos,
produciendo resultados claramente injustos y discriminatorios en
relación con el personal público que no disfruta de esos
complementos.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Peralta.
Antes me refería a que el señor Peralta o cualquier otro diputado de
su grupo pueden defender las enmiendas que hayan firmado conjuntamente
con miembros de la fuerza política que integran; lo que no parece
de recibo es que en ocasiones, tanto en comisión como de manera
sistemática en el Pleno, se puedan dar por defendidas enmiendas
firmadas por diputados o diputadas permanentemente ausentes, sin que
esa ausencia esté justificada por la asistencia a otras actividades
parlamentarias. En consecuencia, las enmiendas de la señora Rahola al
título III se declaran decaídas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (PNV). Señora Uría.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presid ente.
El Grupo Parlamentario Vasco tiene una única enmienda a este título,
la enmienda número 4, referida al incremento de los gastos de
personal del sector público, la misma enmienda que ya sostuvimos en
los presupuestos referidos al año pasado. El artículo 20 comienza
titulándose bases y coordinación de la planificación
general de la actividad económica en materia de gastos de
personal al servicio del sector público, y esto es correcto porque el
Tribunal Constitucional tiene establecido que las retribuciones del
personal al servicio de las administraciones públicas no integra el
estatuto de este personal, es decir no es artículo 149.1.18.ª sino
que son bases y coordinación de la planificación general de la
actividad económica, esto es 149.1.13.ª, y por tanto dentro de este
título se reconocen también las posibilidades que da el artículo 156.
1 de la Constitución en cuanto a autonomía financiera de las
comunidades autónomas coordinada con la Hacienda estatal. Por tanto
reconocemos la justeza de los títulos que tiene el Estado para
articular esta regulación, pero creemos que es tramposa y errónea la
articulación concreta que se establece. El procedimiento consti
tucionalmente querido para articular estos títulos competenciales no
es establecer un único criterio válido para todo el Estado y para
todas las administraciones, sino que el constituyente estableció el
mecanismo a través de la articulación del Consejo de Política Fiscal
y Financiera. Creemos que aquellas comunidades autónomas que como en
el caso de la vasca demuestran que se encuentran en unos niveles
adecuados en relación con el cuadro de convergencia, deben poder
establecer para sus funcionarios unos niveles retributivos por encima
de los que, con carácter general, establece el Estado en sus
presupuestos. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana,
ocupa la Pres idencia.) Por tanto creemos que establecida la
posibilidad de endeudamiento en 12.000 millones de pesetas para la
Comunidad Autónoma del País Vasco entre el presente ejercicio y el
año 2003, siendo como van a ser los presupuest os de incremento cero,
sería perfectamente posible que la Comunidad Autónoma del País Vasco
proceda a establecer unas retribuciones superiores para sus
funcionarios. El mecanismo que activa la Constitución en el 149.1.13
es el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y en su defecto que
por el Estado se haga uso de las facultades del 131 y de una vez se
traiga a esta Cámara la ley de planificación de la actividad económica.
Nos gustaría obtener del grupo mayoritario contestación específica a
este planteamiento; es decir si lo consideran constitucionalmente
correcto. Lo tenemos ya planteado ante el Tribunal Constitucional,
pero tendremos que esperar unos diez años para obtener respuesta, que
creemos será satisfactoria para los intereses de la Comunidad
Autónoma vasca.
Si es posible también nos gustaría tener contestación del grupo
mayoritario a una segunda pregunta: ¿por qué se da un trato
discriminatorio a unas administraciones respecto a otras? La
Comunidad Autónoma vasca estableció el año pasado unos incrementos
retributivos superiores a los establecidos en la ley de presupuestos y
se recurrió ante el Tribunal Constitucional su ley de presupuestos,
invocando el Gobierno el artículo 161.2de la Constitución y
obteniendo la paralización inmediata
de la norma, es decir sus funcionarios no pudieron percibir tales
retribuciones. La Comunidad Foral de Navarra recurrió al subterfugio
de deslegalizar los incrementos retributivos y establecerlos después
en los correspondientes decretos forales en los que se convenían las
condiciones de trabajo del personal a su servicio. El recurso fue
ante la vía contencioso-administrativa, y por supuesto al Estado se
le olvidó, qué casualidad, pedir la suspensión de la norma. Por tanto
los funcionarios de la comunidad foral, incumpliendo -entre comillas-
lo mismo que presuntamente estaba incumpliendo la Comunidad Autónoma
vasca, sí pudieron percibir estas retribuciones. Lo mismo podríamos
decir de las subidas salariales que se han efectuado en el
Ayuntamiento de Madrid, también en manos del Partido Popular, por no
hablar ya de colectivos específicos como el de inspectores de
Hacienda al servicio de la Agencia Tributaria.
Nos gustaría no solamente conocer si se van a oponer a esta enmienda,
como ya suponemos, sino saber además si el razonamiento jurídico les
parece adecuado y el porqué del trato distinto, según de quien se
trate, al pactarse o establecerse por las distintas administraciones
incrementos retributivos superiores al establecido en la Ley de
presupuestos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Uría.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene
la palabra el señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor pres idente.
Señorías, Izquierda Unida presenta a este título III de los gastos de
personal en los Presupuestos Generales del Estado para 1999, un
conjunto de 20 enmiendas que no han sido asumidas por la Comisión y
que nosot ros quisiéramos defender brevemente en este trámite parlame
ntario.
La primera hace mención a la posibilidad de establecer una cláusula
de revisión salarial entre el IPC real y el previsto negociada con
los sindicatos y de carácter consolidable, precisamente para que el
Estado se comp rometa en la revalorización de lo público, y por tanto
también de las retribuciones de los funcionarios y empleados públicos
en general. Nosotros creemos que la caída del poder adquisitivo de
los empleados públicos se debe precisamente a que no existe esta
cláusula de revisión salarial. Haciendo referencia a la pérdida de
poder adquisitivo, Izquierda Unida plantea un conjunto de cinco o
seis enmiendas de las 20 que estoy defendiendo en estos momentos,
para que se pueda recuperar lo perdido a lo largo de estos últimos
años.
Nosotros hemos hecho un cálculo y observamos que el 1,8 por ciento de
incremento o subida salarial que se pretende realizar en estos
presupuestos viene sencillamente a mantener el poder adquisitivo de
los salarios de los empleados públicos según el IPC previsto, pero
no permite recuperar nada de lo perdido hasta ahora. Nosotros creemos
que el 1,8 por ciento tendría que ser sustituido por el 4 por ciento,
pues en los tres últimos años se ha perdido el 2,2 por ciento de
poder adquisitivo de los salarios en función de no tener esa cláusula
de revisión salarial. En las enmiendas a que hago mención para los
distintos colectivos que integran la Función pública desplegados a lo
largo del articulado del título III, planteamos la sustitución del 1,
8 por ciento por el 4 por ciento de subida salarial.
En la enmienda número 465 de Izquierda Unida, se plantea sustituir la
previsión de amortización de al menos el 75 por ciento de las plazas
a sustituir por el cien por cien de las plazas que pudieran ser
amortizadas. El servicio de la Función pública solamente garantizará
su nivel de calidad en la medida que todos los puestos de trabajo que
en principio podrían ser amortizados bien por vacantes, bien por
jubilación, etcétera, se sustituyan en el cien por cien. Nosotros
entendemos que la cláusula que dice que tiene que ser cubierto el 25
por ciento de los puestos pero no el resto, perjudica enormemente el
nivel de calidad de la Función pública, y por eso planteamos que se
cubra el cien por cien de las plazas a sustituir.
Con la enmienda número 466 pretendemos que en el artículo veintiuno,
punto tercero, a la cláusula estableciendo que los contratos
temporales o de interinidad lo sean en casos especiales y para
necesidades urgentes, se añada otra cláusula que añada que también lo
sean por el menor tiempo posible. Se trata de evitar la precarización
del empleo en la Función pública, que por la vía de no acotar los
términos precisos en los que se planteen se viene multiplicando en
los últimos años.
También planteamos que se suprima el punto cinco del artículo
veintiuno, que señala que las leyes de presupuestos de las
comunidades autónomas y de las corporaciones locales recojan los
criterios que se contemplan en los Presupuestos Generales del Estado.
Nosotros queremos que no se recorte la autonomía de las comunidades
autónomas y de las corporaciones locales, y por ese motivo planteamos
la supresión de dicho punto quinto del artículo veintiuno.
En el artículo veintidós pretendemos la creación de dos nuevos
apartados en el punto uno: unos apartados d) y e), nuevos. En el
primero planteamos que cualquier modificación de las retribuciones
complementarias para 1999 deberá ser negociada con los sindicatos y
comunicada de forma periódica al Parlamento, comprometiéndose por
tanto la revalorización y el mantenimiento de las retribuciones
públicas y los niveles de eficacia de los servicios públicos con el
control y la comunicación tanto a las organizaciones sindicales y
sociales como al Legislativo. En el nuevo apartado e) estableceríamos
un fondo del 1,2 por ciento de las retribuciones íntegras para
colectivos más desfavorecidos por pérdida de poder adquisitivo, y
cuya distribución fuese negociada con los sindicatos del sector.
Por otro lado, en la enmienda número 474 planteamos que las
retribuciones de los secretarios de Estado,
subsecretarios, directores generales y asimilados se realicen con
transparencia, que no tengan subidas exorbitantes de retribuciones, y
se mandata al Gobierno para que elabore una relación de puestos de
trabajo de altos cargos así como que no exista para ellos el
complemento de productividad, sino que esas retribuciones por la
responsabildad máxima de esos altos cargos venga debidamente reflejada
en el correspondiente complemento específico.
En otra enmienda se plantea que los altos cargos dejarán de percibir
retribuciones en concepto de asist encia a reuniones de órganos
colegiados de la administración de las empresas públicas. Esa vía del
doble salario entendemos que no se corresponde siquiera con la
coherencia del programa electoral del Partido Popular que respalda al
Gobierno.
Prohibición expresa de la firma de contratos blindados por motivos de
equidad en el sector público. En el artículo veintiséis 1. b)
pretendemos añadir in fine que la paga extraordinaria incluirá el
complemento de destino. Señorías, en la Administración pública hasta
ahora no hay pagas extraordinarias equiparables al salario normal
mensual. Esto no se produce en el sector privado; sin embargo es una
obsolescencia que existe en nuestro sector público y que sin duda
alguna no incentiva para nada la eficacia de los empleados públicos.
Nosotros pretendemos aproximar las pagas extraordinarias a las
retribuciones fijas como en el sector privado.
Al mismo tiempo, en el artículo veintiséis 1 pretendemos añadir una
nueva letra e) y diga que en ningún caso el complemento de
productividad se originará exclusivamente en función de la jerarquía
o nivel del puesto de trabajo, y que su distribución tenga que ser
negociada necesariamente con los sindicatos para evitar la
aleatoriedad que se produce en la distribución de dicho concepto
retributivo. Precisamente respecto a los complementos de
productividad y de gratificación se plantea en otra enmienda que la
subida salarial no exceda del 2,8 por ciento.
Por lo que hace al personal laboral, planteamos que la subida sea un
2,8 por ciento, y al mismo tiempo se habilite un fondo de 10.000
millones de pesetas para las retribuciones más desfavorecidas de este
colectivo y posibilitar y dar viabilidad al Convenio único del
personal laboral recientemente suscrito con las centrales sindicales
y que lógicamente deberá tener reflejo en estos Presupuestos
Generales del Estado.
Finalmente, en un nuevo número 6 del artículo treinta y seis
pretendemos establecer la obligación para los ministerios, organismos
autónomos y entidades gestoras de la Seguridad Social de entregar la
copia de los contratos a los sindicatos para que estos en el plazo de
15 días puedan hacer las alegaciones que correspondan, así como el
envio de información trimestral del volumen de contratación al
Parlamento por parte del Gobierno. Con este control parlamentario y
sindical respecto a las contrataciones pretendemos que se ponga
racionalidad en una deriva que entendemos negativa para la Función
pública y que se está produciendo
en estos últimos años como es la precarización y la
contratación temporal, que se ha venido produciendo de forma muy
incrementada y aleatoria.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vaquero.
Señor Vaquero, ¿los votos particulares que ha presentado su grupo
parlamentario a las enmiendas 1396 y 1398 se mantienen vivos?
(Asentimiento.)
Para G la presentación y defensa de las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Rodríguez
Zapatero.
El señor RODRÍGUEZ ZAPATERO: Gracias, señor presidente.
Intervengo con brevedad para referirme a las enmiendas relativas al
título III de la ley de presupuestos y a una enmienda que formula una
disposición adicional novena que, por razón de la materia, voy a def
ender en este acto y que está concretada en las enmiendas 440 y 441
del Grupo Socialista.
La primera enmienda, la 415, aborda el problema de la oferta de
empleo público para el ejercicio presupuestario de 1999. Es conocido
que los últimos años se caracterizan por una fuerte restricción en lo
que afecta a la oferta de empleo público; estamos en una constante
que no supera el 25 por ciento de la tasa de reposición efectiva y
creemos que en estos momentos las cuentas públicas, la realidad de la
Administración y de la Función pública permiten y obligan a dar un
paso para ampliar ese porcentaje de oferta de empleo público sobre la
tasa de reposición efectiva de los empleados del sector público, una
tasa que debería estar situada en el 75 por ciento, sobre todo
teniendo en cuenta que ya llevamos dos ejercicios con vigencia de la
posibilidad de prolongación voluntaria de la jubilación en el sector
público hasta los 70 años, lo cual, sin duda, sobre todo en los
grupos A y B, está ocasionando el que progresivamente las personas de
más edad estén en la Función pública, limitando de una manera muy
evidente a muchos titulados jóvenes la posibilidad de su inserción
profesional en el ámbito del sector público. Por tanto, se propone
esa medida de abrir este año algo más la oferta de empleo público
hasta el 75 por ciento de la tasa de reposición efectiva.
La enmienda 416 aborda un aspecto concreto de las retribuciones de
los altos cargos. Ha hecho referencia a ello el portavoz de Izquierda
Unida; fue objeto de intensa polémica como consecuencia de la Ley de
Presupuestos del año pasado y está referido a la productividad como
uno de los elementos de la retribución, sobre todo teniendo en cuenta
que en estos momentos, y a partir de la Ley de Presupuestos del año
pasado, los secretarios de Estado tienen su retribución asimilada a
la de los funcionarios del grupo A y, por tanto, con la posibilidad
de percibir una parte de su retribución por la vía del concepto del
complemento de productividad.El Grupo Socialista sigue pensando que
es un mal
esquema el que los secretarios de Estado estén incluidos en esta
categoría, que deberían seguir teniendo una percepción global igual
que los ministros o que el presidente del Gobierno, tal como aparece
en la Ley de Presupuestos, pero en todo caso, ya que se ha
establecido así, y no sólo para los secretarios de Estado, parece
razonable que, como es una cantidad variable que no aprueba el
Parlamento, ya que la cantidad no está determinada en la Ley de
Presupuestos, que es el Ejecutivo quien determina cada año la
productividad que puede cobrar cada secretario de Estado -lo normal
es que todos cobren la misma productividad, o cada director general o
cada subsecretario-, parece razonable, repito, el que se establezca
al menos un límite objetivo. Ese límite lo hemos establecido en que
no supere el 30 por ciento de la retribución de los otros conceptos,
que básicamente es lo que en estos momentos supone la cuantía de lo
que cobran los secretarios de Estado. Si no, año a año, el Parlamento
estará dando vía libre al Ejecutivo para que ponga la productividad
que quiera y tratándose de altos cargos parece muy evidente que la
ley de presupuestos debe fijar la cantidad de manera exacta, como por
otra parte es conveniente que se haga de manera pública, como aparece
este año en lo relativo a los órganos constitucionales que, por
primera vez, se establece. Había sido pedido por el Grupo Socialista
en el debate sobre el estado de la Nación y nos felicitamos de que se
haya recogido - si es que algo ha tenido que ver- la idea de que
todas las retribuciones de los órganos constitucionales aparezcan
públicamente en la ley de presupuestos para que todos los ciudadanos,
y no sólo esta Cámara, sepan cuáles son. También reclamamos en la
enmienda 416 que esa productividad sea pública.
La enmienda 417 está referida a una mejora de la retribución de los
soldados de reemplazo, estableciendo una cuantía de 10.000 pesetas
mensuales.
Las enmiendas relativas a esa disposición adicional nueva, 440 y 441,
que tienen una conexión material con el título que estamos abordando,
vienen a reclamar la conveniencia de que aceptando lo que es la
subida retributiva, de igual cuantía al IPC para el año que viene,
del conjunto de los empleados públicos, se establezca un fondo del 0,
5 por ciento de la masa salarial -estaríamos hablando de unos 13.000
millones de pesetas- para que ese fondo sea negociado con los
sindicatos y vaya destinado, como normalmente ocurre con fondos de
esta naturaleza, a la mejora retributiva de los niveles más bajos del
conjunto de la Función pública.
Quiero recordar a SS.SS., y al Grupo Popular, que esta filosofía de
ese fondo de recuperación, sobre todo pensando en los niveles más bajos
de la Administración, arranca del acuerdo Administración-
sindicatos firmado en el año 1994, cuyo período de vigencia finalizó
el 31 de diciembre de 1997 y que después de muchos meses
transcurridos no hay entre empleados públicos y Administración o
Gobierno un nuevo acuerdo en estos momentos que aborde, con toda la
extensión y la virtualidad
que tuvo el acuerdo de 1994, las cuestiones retributivas,
las cuestiones de formación, las cuestiones de promoción, las
cuestiones de recuperación, en su caso, de poder adquisitivo,
etcétera. Nos parece que ese punto en concreto estaba recogido en
esos acuerdos. No estamos hablando de una cantidad excesiva, sino de
13.000 millones, aceptando la subida del IPC para el conjunto de los
empleados públicos, aceptándola como principio coherente con las
necesidades presupuestarias, con ese pequeño fondo de recuperación
económica. Les quiero recordar que este año el Gobierno ha procedido
a diversas subidas salariales a determinados colectivos, siempre de
nivel alto en la Administración, desde el 30 por ciento de los
secretarios de Estado, al 12 por ciento de los jefes de Gabinete de
subsecretarios, al 15 por ciento de interventores de la periferia, a
inspectores de Trabajo, etcétera. Yo no digo que no fuera
conveniente, pero ha sido un ejemplo de política retributiva poco
equitativo. Les pedimos que hagan un esfuerzo de 13.000 millones, que
no es mucho globalmente, para que ese fondo adicional pueda tener una
resultante positiva, como el acuerdo que ha habido hoy sobre el
convenio único, que nos parece que es un paso adelante en el ámbito
del personal laboral. Sinceramente creemos que podría ser un gesto
necesario, a tenor de la evolución retributiva que ha habido en los
últimos años en el sector público, y por el 0,5 por ciento de la masa
salarial no se pondrían en cuestión los objetivos básicos del déficit
y de la sostenibi lidad, sobre la que ciertamente estamos básicamente
de acuerdo.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rodríguez Zapatero. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora
Fernández.
La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Popular haré uso de este
turno en el debate presupuestario que hoy se inicia en el Congreso de
los Diputados en trámite plenario, que trae causa y continuidad de
los debates que se han producido con toda minuciosidad y con todo
detenimiento en el seno de la Comisión de Presupuestos hace escasas
fechas. El título III -como SS.SS. saben- regula los artículos veinte
a treinta y seis y aparece como una estructura dividida en tres
capítulos donde se regula el sistema retributivo de los funcionarios
públicos y del personal laboral, donde se establecen los criterios de
selección en cuanto a oferta pública de empleo y donde se establecen
los criterios retributivos de los altos cargos y del propio Gobierno
de la nación.
En su momento se habían presentado más de 80 enmiendas y quiero reco
rdar que el Grupo ParlamentarioPopular había formulado cinco
enmiendas, que se
incorporaron en el trámite de ponencia y que fueron ratificadas en la
Comisión de Presupuestos. Voy a tratar de sintetizar, como lo hice en
el seno de la Comisión de Presupuestos, y hablaré del denominador
común que trae causa de todas las enmiendas que los diversos grupos
parlamentarios formulan a este título III. En el artículo veinte, SS.
SS. saben perfectamente que aparte de determinar y de definir qué es
lo que ha de entenderse por el sector público y qué constituye el
sector público en nuestro país, se establece con toda nitidez y con
un criterio estrictamente económico y a nuestro juicio con una
previsión ajustada, basada en razonamientos objetivos, un incremento
salarial para todo el personal al servicio del sector público, que no
podrá experimentar una subida por encima del 1,8 por ciento con
respecto al año 1998, es decir, al año actual.
Se establece -y aquí hay una enmienda formulada en el ejercicio
anterior en idénticos términos por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV-
en el párrafo cuatro de este artículo veinte con toda nitidez y con
toda precisión constitucional, que lo preceptuado a lo largo de este
artículo veinte y, por tanto, las posibilidades de incremento
retributivo de todos los funcionarios públicos, tanto del personal
sometido al régimen estatutario como al personal laboral, no podrán
tener un incremento salarial por encima del 1,8 por ciento y se
extiende -porque así se establece al tener carácter básico el
artículo de referencia- a las leyes de presupuestos de las
comunidades autónomas y de las corporaciones locales correspondientes
a lo largo de 1999. Señorías, este artículo -como todos recordarán-
tiene antecedentes, tiene aval constitucional y tiene justificación
dentro del marco jurídico y del marco económico global que debe
perseguirse, y se consigue en una sintonía dentro de lo que es el
denominador común y los principios inspiradores de todo presupuesto,
y el de 1999 no es una excepción.
La portavoz del Grupo Parlamentario Vasco formulaba ciertas preguntas
o, tal vez, realizaba ciertas reflexiones en voz alta, reflexiones
que, por otro lado, se formularon en idénticos términos el año
anterior y a los que contesté de modo similar. No quiero que la
cortesía parlamentaria y la reiteración en la formulación y el
planteamiento de la enmienda eviten que, una vez más, ya que la
enmienda se plantea, la respuesta se vuelva a producir. Su señoría
sabe, porque lo hemos hablado en innumerables ocasiones, que no
existe ninguna duda acerca del carácter básico del precepto y acerca
de la bondad económica que se persigue estableciendo un marco de
incremento retributivo no solamente para el sector público estatal,
sino también para las comunidades autónomas y las propias entidades
locales y corporaciones locales.Su señoría justifica en la enmienda
que si se cumplen los criterios de convergencia y se establece en el
marco de la Comisión de Política Fiscal y Financiera una evaluación
satisfactoria para su autonomía en concreto, para la autonomía del
País Vasco, no entiende qué razones se pueden aducir para impedir la
autonomía en materia retributiva y que, por tanto, el
Gobierno vasco pudiese establecer incrementos salariales por encima
de lo que la normativa básica, la normativa estatal, conceptúa en el
artículo veinte de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.Su
señoría sabe perfectamente que, a nuestro juicio -y desde luego al
mío en particular-, no existe ningún tipo de matiz ni de paliativo.
Hágalo quien lo haga está incumpliendo el artículo veinte, y el
precepto básico obliga por igual a ayuntamientos y a comunidades
autónomas. Si S.S. pretende establecer un criterio económico de
convergencia, única y exclusivamente circunscrito a los criterios de
convergencia estrictamente referidos a la comunidad autónoma, no
puedo compartir el criterio y creo que hay no pocos argumentos que se
pueden aducir en sentido contrario.Estamos hablando de un
planteamiento global donde la salud financiera de las diputaciones y
de las corporaciones locales, es decir de nuestros ayuntamientos,
impediría que de forma aislada se pudiese propiciar una subida
salarial que se refiriese, como S.S. pretende en la enmienda, a la
comunidad autónoma -al menos yo así lo interpreto-, refiriéndose
exclusivamente al personal funcionarial que trabaja en la Comunidad
Autónoma vasca.
No vamos a apoyar la enmienda y, sinceramente, la reiteración en la
respuesta no obedece a ninguna postura ni arbitraria ni caprichosa ni
poco reflexiva; obedece a un planteamiento de conjunto por el que
entendemos que lo que se persigue a través de esta normativa básica
es garantizar que determinados parám etros económicos en nuestro país
estén teniendo una respuesta y unos referentes tan buenos que permite
n que los españoles vean y constaten mejoras no sólo en la
macroeconomía sino también en la economía doméstica y en la economía
que garantiza el poder adquisitivo superior de cada uno de los
ciudadanos de este país.
Otro grupo parlamentario, concretamente el Mixto, plantea también la
supresión del párrafo cuatro de este artículo veinte, tratando de que
no tenga carácter básico y que, por tanto, desde las comunidades
autónomas o desde las corporaciones locales se pueda introducir otro
tipo de incremento retributivo distinto y diferenciado al que se
establece en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Diversos grupos parlamentarios plantean -y no voy a decir que en
términos de subasta política, pero sí en términos bastante aleatorios
y, a mi juicio, bastante alejados de la objetividad- un abanico de
incrementos retributivos que es tan variopinto como opinable. Vamos
desde el 4 por ciento, pasando por el 2,3, aceptando el 1,8 pero con
un plus del 1 por ciento adicional, van incrementando las
retribuciones complementarias de forma superior y manteniendo el
incremento retributivo en las básicas. De forma genérica señalaré que
entendemos que no se pueden apoyar por las razones que exhibí en la
primera parte de mi intervención.
Por lo que se refiere a la oferta pública de empleo existen también
bastantes reticencias al planteamiento que, a nuestro juicio, está
dando buenos resultados en la política de contratación en la
Administración pública
llevada a cabo por este Gobierno y apoyada por el Grupo Parlamentario
Popular. Algunos grupos parlamentarios, como el Grupo Parlamentario
Socialista, invocan que después de dos años de funcionamiento y de
puesta en marcha es necesario revisar la medida y que en lugar de
establecer un 25 por ciento sobre la tasa de reposición de efectivos
sería más oportuno establecer un incremento superior, que cifran en
un 75 por ciento.
Creo recordar que desde el Grupo Parlamentario Socialista no hubo una
crítica frontal a la ampliación de la edad de jubilación sino, a mi
juicio, una indefinición política que se podría traducir en ciertos
términos de asentimiento parcial respecto a la medida. Respecto a la
ampliación de la edad de jubilación, aparte de ser un compromiso
programático del Partido Popular, estamos convencidos de que del
desarrollo y la puesta en práctica del mismo hemos derivado
consecuencias muy positivas para la buena marcha de la Administración
pública en España. En ocasiones se veía cercenada una carrera
administrativa a una edad, establecida con absoluta rigidez, en que
la madurez intelectual y el desarrollo para llevarla a cabo la hacían
injusta a todas luces, porque quiero recordar a SS. SS. que la medida
no tiene carácter imperativo sino que es opcional y cada uno puede
optar dentro de unos determinados parámetros...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora
Fernández, le ruego vaya concluyendo.
La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: No entendemos que esa medida se ponga
en cuestión y se trate de mezclar, de forma velada o de forma
bastante enunciativa, con el acceso de los jóvenes a la
Administración pública en nuestro país. Creemos que el porcentaje de
tasa de reposición de efectivos garantiza el acceso de los jóvenes a
la Función pública en nuestro país, por lo que nos ratificamos en la
bondad de la medida y en el porcentaje establecido que, a nuestro
juicio, tan buenos resultados dio en los dos años precedentes.
También se hacen referencias -y voy concluyendo ya señor presidente-
a una serie de cuestiones del artículo veinticuatro y enmiendas
correspondientes a las retribuciones de los altos cargos.
Sinceramente creía que el debate estaba suficientemente acreditado,
que se había realizado con intensidad parlamentaria sobrada y que,
por tanto, no íbamos, año tras año, a reproducir un debate que yo
entendía superado. Sus señorías saben perfectamente que una de las
leyes que impulsó este Gobierno, que es ley positiva en nuestro país
-me estoy refiriendo a la Ley del Gobierno-, da un nuevo giro a lo
que hasta entonces se entendía como encuadre respecto a los
secretarios de Estado. A partir de entonces, los secretarios de
Estado dejan de ser considerados como Gobierno. Su señoría sabe que
la Ley 30, la Ley de la Función pública, establece un régimen y un
sistema retributivo donde no es posible no tener una línea de
actuación y un criterio objetivo para clasificar al personal según
sean o no Gobierno.
Lo que a mi juicio no es presentable ni defendible, en términos
políticos ni en términos jurídicos, es decir que no son Gobierno -y
nos parece bien aceptar ese planteamiento de la ley- y, a renglón
seguido, que se les aplicará una especie de tertium genius entre si
stema funcionarial y sistema de no Gobierno. Creemos que el
complemento de productividad está acreditado, no solamente acreditado
sino desarrollado en la Ley 30, ley que no fue impulsada ni material
izada por el Gobierno el Partido Popular, y en el propio título III a
parece perfectamente referido y diseñado lo que se ha de entender por
la valoración de la productividad y las circunstancias objetivas que
han de llevar a la asignación de la misma.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora
Fernández, le ruego concluya.
La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Concluyo, señor presidente.
Por tanto, la filosofía del incremento retributivo en el 1,8 por
ciento respecto a los criterios de oferta pública de empleo, los
parámetros de mantener el 25 por ciento de la tasa de reposición de
efectivos y los debates parlamentarios que hemos tenido en
innumerables ocasiones, no permiten al Grupo Parlamentario Popular,
como quedó dicho, y espero que acreditado, en el debate de la
Comisión de Presupuestos, apoyar las enmiendas que SS. SS. han
formulado y que hoy han defendido desde esta tribuna, una vez más, en
el Pleno del Congreso de los Diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Fernández.
Pasamos a la presentación y defensa de las enmiendas Títulos IV a los
títulos IV y VIII.
En primer lugar, solamente al título IV, enmiendas de la señora
Rahola. (Pausa.) Decaen por no encontrarse presente su señoría.
En segundo lugar, las correspondientes al Grupo Parlamentario Mixto.
Primero las del señor Vázquez al título IV.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Gracias, señor presidente.
Damos por defendidas las enmiendas que hacen referencia a este tí
tulo, por tratar de cuestiones relativas a incrementos salariales
sobre las que argumentamos ya anteriormente.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
Asimismo, por parte del Grupo Parlamentario Mixto, en este caso
enmiendas al título VIII presentadas por el señor Saura. En su lugar,
tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Intervengo muy brevemente, para defender la enmienda 1600, suscrita
por Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya y que hace referencia a
las cotizaciones en el Régimen especial de trabajadores del mar.
Deben saber SS.SS. que hasta la Ley de Presupuestos de este año, del
año 1998, en el Régimen especial de trabajad ores del mar se aplicaba
lo que venía siendo norma general en nuestro país desde la Ley de
mejora de la Seguridad Social del año 1974 y que fue consagrado como
un criterio de todos los partidos políticos en el Pacto de Toledo, es
decir, que las cotizaciones se efectúan sobre salarios reales,
poniendo punto final, después de un proceso transitorio de muchos
años, al sist ema seguido durante la época de la dictadura, en el que
se cotizaba no por los salarios ya bajos que se cobraban entonces,
sino por bases tarifadas, incluso inferiores a los salarios, ya
bajos, insisto, que entonces se cobraban. Esta situación (que,
evidentemente, producí a un resultado de desequilibrio financiero
para la Seguridad Social y de grave perjuicio para los trabajadores)
empezó a ser corregida a principios de los años setenta y la norma
general fue consagrada definitivamente en el Pacto de Toledo.
Lamentable y desgraciadamente, en la Ley de Presupuestos de este año
1998, en el trámite del Senado y por un acuerdo de los grupos de
derechas, se incorpora una enmienda en virtud de la cual en el
Régimen especial de trabajadores del mar se introduce una excepción a
este criterio general y se pasa a cotizar por cantidades fijas que se
marcarán anualmente por el Gobierno. Nos parece que esta excepción
debe ser eliminada y que debe volverse a lo que era la norma general
en el Régimen especial de trab ajadores del mar hasta este año 1998,
que es el criterio que se aplica en todo el sistema de la Seguridad
Social, garantizando así un criterio de solidaridad eficaz en todo el
sistema, y es que las cotizaciones se efectúan sobre los salarios
realmente percibidos.
Una enmienda similar a ésta, en este u otros apartados de la ley, se
ha presentado por parte de diversos grupos parlamentarios, en
concreto el Grupo Parlament ario Federal de Izquierda Unida, el Grupo
Socialista, etcétera. Creemos que es una enmienda que recoge el
sentir de las organizaciones sindicales y, concretamente, ese
criterio que todos suscribimos en el ámbito del Pacto de Toledo.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Peralta.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), para la defensa de sus
enmiendas, tanto al título IV como al VIII, tiene la palabra el señor
Zabalía.
El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Gracias, señor presid ente.
Mi grupo parlamentario da por defendidas las enmiendas a los dos
títulos en los justos términos en que están expresadas.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para la
defensa de sus enmiendas a los títulos IV y VIII, tiene la palabra el
señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor pres idente.
Respecto al título IV, de las pensiones públicas, Izquierda Unida ha
presentado tres enmiendas, números 483, 484 y 485. En la primera de
ellas pretendemos que el último párrafo del punto tres del artículo
cuarenta y cinco sea suprimido. En este párrafo se señala que el
incumplimiento de la obligación de presentar la declaración de la
renta por parte de los perceptores de complementos a mínimos llevará
consigo el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas por
el pensionista en la forma que reglamentariamente se determine.
Evidentemente no pretendemos reiterar un debate que ya ha sido
realizado en esta Cámara, tanto en Pleno como en Comisión, pero lo
planteamos por coherencia con nuestra posición respecto a este tema,
que viene a perjudicar seriamente la economía de determinados
pensionistas en función de problemas de tipo burocrático.
Respecto al artículo cuarenta y seis, en la enmienda 484 pretendemos
que se modifique la cantidad de 570.500 pesetas y que sea sustituida
por la cantidad de 1.008.000 pesetas, para que se vayan equiparando
las pensiones no concurrentes del extinguido seguro obligatorio de
vejez e invalidez al salario mínimo interprofesional.
La tercera enmienda al título IV hace referencia al artículo cuarenta
y cinco.Cuatro. Por error material, nuestra enmienda estaba planteada
al artículo cuarenta y seis.Cuatro, pero ya corregimos este error en
Comisión. En esta enmienda se pretende cambiar las cuantías
establecidas en los cuadros de las cuantías mínimas de las pensiones
de la Seguridad Social en su modalidad contributiva en cómputo anual
según la clase de pensión: jubilación, incapacidad permanente,
viudedad, orfandad, y en función de los requisitos de cada una de
ellas, a fin de ir acercando progresivamente en todos los casos estas
cuantías explicitadas en la ley y en ese artículo cuarenta y cinco al
salario mínimo interp rofesional.
Al título VIII, de cotizaciones a la Seguridad Social, hemos
presentado tres enmiendas, dos de ellas referidas al artículo 111 de
la Ley General de la Seguridad Social. En lo que hace referencia a
los porcentajes de cotización respecto a horas extraordinarias,
pretendemos que sean modificados el artículo ochenta y ocho.Dos.3
en sus guiones 1 y 2 y se plantee que las horas extraordinarias de
fuerza mayor se coticen como las horas ordinarias y no en una menor
cuantía.
Y, al mismo tiempo, que el valor del resto de las horas extrao
rdinarias se vea incrementado a un 175 por ciento del valor nominal
de cualquier hora de trabajo. En cualquier caso, el criterio que
defendemos respecto a las horas extraordinarias es el de una
cotización superior
al de las horas ordinarias, ir desincentivando la utilización de
horas extraordinarias y que eso vaya contribuyendo a un mejor reparto
de un bien escaso como es el empleo en un modelo socio-económico como
el actual, de importante introducción de las tecnologías.
Finalmente, en la enmienda número 500 pretendemos que en el artículo
ochenta y ocho.Seis.2 se iguale la cotización de los trabajadores del
mar al salario real. Entendemos que la cotización por bases fijas al
mismo tiempo que un criterio aleatorio es discriminar a este
colectivo de trabajadores, y eso ha sido defendido por otros grupos
en esta Cámara.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vaquero.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Cercas.
El señor CERCAS ALONSO: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, intervengo con la mayor brevedad posible
para fijar la posición del Grupo Socialista en estos títulos IV y
VIII del proyecto de ley del Gobierno, aunque haré referencia a una
enmienda que hemos presentado al artículo doce, por ser asunto de los
ingresos de la Seguridad Social, e igualmente dejaré defendidas
algunas enmiendas a las disposiciones adicionales de la ley.
Empezaré por decir, señoras y señores diputados, que fijaremos la
posición de nuestro grupo sobre el conjunto de obligaciones y
derechos de la Seguridad Social cuando pasado mañana tengamos
oportunidad de debatir la sección 60. Nos parece que en este momento
se puede hacer un debate de mayor profundidad, con presencia, a ser
posible, del señor ministro de Trabajo, porque tenemos mucho interés
en debatir serenamente sobre un asunto de cuyos rasgos generales algo
apuntaré a continuación. Este es un asunto, el de la Seguridad
Social, que nos tiene uncidos, a través del Pacto de Toledo, a los
grupos de la Cámara. La oposición y el Gobierno, en un tema como el
de la Seguridad Social, en el que en la anterior legislatura
consensuamos las grandes directrices de la gestión de esta
institución tan vital para millones de españoles, deberíamos haber
producido unos debates presupuestarios y de otra naturaleza concordes
en la Cámara.
El caso es que no es así, señoras y señores diputados, porque -y es
el primer reparo que ponemos a estos títulos- la oposición ni ha
conocido ni ha sido informada ni sus criterios, cuando han sido
expuestos razonablemente y de forma constructiva, han tenido el menor
eco, ni en el Gobierno de la nación ni en los grupos que apoyan al
Gobierno. Es más, como tendremos ocasión de ver en el debate y las
votaciones que se producirán en estos títulos, aun en aquellas
cuestiones donde es intención de los grupos que apoyan al Gobierno
producir reformas legislativas concordantes con nuestra voluntad
política, se vota en contra de las enmiendas del Grupo Socialista.
Ello es así, no en mérito
de los propios argumentos o de la propia falta de argumentación
que en este caso difícilmente se podría argüir puesto que es la misma
que mantiene el Gobierno, sino porque la retórica del consenso y del
Pacto de Toledo es eso, pura retórica y puro alibí para hacer
campañas de propaganda, campañas de publicidad, pero sin ninguna
relevancia en la gestión de la Seguridad Social ni mucho menos en el
debate y en la conf ormación de la voluntad política de la Cámara. (El
señor presidente ocupa la Presidencia.) En este sentido, nuestra
enmienda 410 al artículo doce trata de suprimir lo que es una
financiación, unos pasivos financieros, unos préstamos de Tesorería
que son la antítesis de lo que dijimos en el Pacto de Toledo. Se lo
hemos reiterado al Gobierno y alguna mala conciencia debe tener
cuando en preguntas parlamentarias como en la de la sesión de control
del miércoles pasado, el señor ministro rehuye las cuestiones y no
habla de estos préstamos de Tesorería por una cuantía de 210.000
millones para el próximo ejercicio, que vendrán a sumarse a la cifra
astronómica de endeudamiento de la Seguridad Social. El Gobierno se
empeña en decir que la Seguridad Social va a poder atender sus
obligaciones con un pasivo financiero de 80.000 millones de pesetas,
pero vuelve otra vez con esta fórmula de préstamos de Tesorería que
no es más que una forma de financiar extrapresupuestariamente, aunque
luego termina luciendo, como es lógico, en el desequilibrio
patrimonial de la institución. No estamos de acuerdo con esa fórmula
de financiar, no estamos de acuerdo con la regresión que este
Gobierno ha planteado de la financiación de los complementos de
mínimos, a los que dedicarán en el próximo ejercicio sólo 16.000
millones de pesetas. Eso debe ser urgentemente reformado y revisado,
puesto que es la antítesis de lo que dijimos en el Pacto de Toledo.
Igualmente, al artículo cuarenta y uno hemos presentado una enmienda,
la número 418, en la que pretendemos se rectifique una política desde
nuestro punto de vista contraria no solamente al consenso que debería
guiar estas materias, como es el de la revalorización de las
pensiones, sino que se aleja también de lo establecido en el Pacto de
Toledo. Tanto se aleja que el Gobierno parece ser va a modificar en
el trámite del Senado la previsión que se contiene en el artículo 48
de la Ley General de la Seguridad Social y que obliga, en su dicción
literal en este momento, a que los pensionistas tengan que devolver
cualquier mejora de capacidad de ganancia que consigan en aquellos
ejercicios, como en el presente, en los que haya una ligera
desviación entre la inflación prevista y tomada en consideración para
la revalorización de pensiones y la que luego se produce en el cómputo
de noviembre sobre noviembre de cada ejercicio presupuestario.
Con motivo de la Ley de racionalización votamos el artículo cuarenta
y ocho en su párrafo primero...
El señor PRESIDENTE: Señor De Luis, le llamo alorden.
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: No ha sido mi teléfono, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: ¿No ha sido el suyo? (Risas.)
El señor CERCAS ALONSO: Parece que el señor Cámara está rojo de
vergüenza. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: En fin, que sea la última vez, al menos en lo
que queda de tarde.
Adelante.
El señor CERCAS ALONSO: Muchas gracias, señor presidente.
Decía, señoras y señores diputados, que con motivo del debate de la
Ley de racionalización y consolidación, el Grupo Socialista ya
expresó su conformidad con el primer y segundo párrafo de ese artículo.
Es decir, nuestra conformidad a que las pensiones fueran revalorizadas
con arreglo a la previsión de inflación, y, en el caso de
que hubiese una desviación en más en la evolución del índice de
precios al consumo, a que los pensionistas tuvieran una paga
extraordinaria y recuperaran la capacidad adquisitiva perdida. Pero
nunca estuvimos de acuerdo con el párrafo tercero del articulo
cuarenta y ocho, y hubo diversas iniciativas en la Cámara para que en
aquellos ejercicios -como el presente- donde de la bonanza de las
cifras macroeconómicas pudiera derivarse una pequeña mejoría para los
pensionistas, estos no quedaran huérfanos de la bonanza general de la
nación. Todas y cada una de estas iniciativas fue rechazada por el
Grupo Parlamentario Popular y sus socios, y fuimos agredidos no
solamente con su voto contrario sino con sus descalificaciones, que,
en el trámite más suave, poco menos que eran demagógicas.
El año pasado, el Gobierno, con una trampa más o menos semántica y
con el auxilio de que la ley no había entrado en vigor hasta la mitad
de año, consiguió no tener que hacer realidad el ejercicio de la
devolución por los pensionistas, pero este año no van a tener más
remedio que cambiar el precepto, y tengo mucho interés en oír a cont
inuación a los diputados del Grupo Parlamentario Popular para que nos
digan su criterio sobre la efectiva consolidación de esta mejora de la
capacidad de ganancia de los pensionistas y qué van a hacer con la
enmienda del Grupo Socialista.
Por cierto, señoras y señores diputados -aunque no lo tengo aquí en
este momento, pueden ustedes creer en mi palabra-, hoy algún portavoz
del Grupo Parlamentario Popular ha dicho a una agencia de prensa que
este problema ya venía solucionado en el texto del Gobierno. Quien
así ha hablado y quien en este momento aquí nos acompaña sabe
perfectamente que no es cierto y que se trata una vez más de faltar a
la verdad, lisa y llanamente. Se ha faltado a la verdad diciendo que
este es un problema que viene resuelto
en el proyecto de ley del Gobierno, y no sé si se faltará a la verdad
o a la racionalidad en la votación que produzca el Grupo
Parlamentario Popular acerca de la enmienda del Grupo Socialista.
Pero conste, señoras y señores diputados, que si los pensionistas este
año consolidan alguna capacidad de ganancia, la consolidarán en
contra de lo que ha sido criterio mantenido inmisericordemente por el
grupo mayoritario hasta el momento presente, o hasta el momento que
en el Senado cambien su decisión, porque si existe ese precept o en
la ley no existía antes de que hubiera un gobierno del Partido
Popular en España; ese precepto ha llegado con el Partido Popular a
la mayoría de esta Cámara, antes no existía esa obligación de
devolver, y si existe es porque reiteradamente han votado ustedes, se
ñores de la mayoría, en contra de la reforma de ese párrafo tercero
del artículo cuarenta y ocho. Esta tarde, o mañana, cuando llegue el
momento de votar, se votará nuestra enmienda para saber si ustedes
quieren o no quieren compartir con nosotros la necesidad de que los
pensionistas reciban un mejor trato que el que tienen previsto en ese
precepto de la Ley General de Seguridad Social.
Hemos hecho una enmienda, la 419, al artículo cuarenta y cinco, con
objeto de que se cumpla un mandato de esta Cámara.
El señor PRESIDENTE: Señor Cercas, concluya, por favor.
El señor CERCAS ALONSO: Voy a concluir. Un minuto, señor presidente.
Saben SS.SS. que hemos traído en reiteradas ocasiones al Pleno un
problema que afecta a decenas de miles de pensionistas que están
obligados a devolver ciertas cantidades, normalmente complementos de
mínimos, indebidamente percibidas y que el Gobierno del Partido
Popular les está solicitando reiteradamente su devolución en plazos
muy perentorios.
Después de un gran debate de largo recorrido de estas materias,
llegamos a la conclusión el pasado mes de junio de que se modificara
el texto vigente y los pensionistas sólo deberían devolver como
máximo el 5 por ciento de la renta familiar disponible, dándose un
plazo de un mes al Gobierno para que produjera esta reforma. No se ha
producido esa reforma y nosotros traemos un precepto para que se
modifique el artículo cuarenta y cinco.
Me referiré, señor presidente, en treinta segundos, solamente para
dejarla defendida en sus propios términos, a la enmienda 443, en la
que solicitamos que todos los préstamos mutuos que hay entre el
Estado y la Seguridad Social queden cancelados antes del 31 de diciembre
del próximo año, por el sencillo argumento de que las deudas que
tiene la Seguridad Social han sido construidas por la asunción de
obligaciones que eran del Estado. No parece lógico que luzcan en los
balances de la Seguridad Social deudas que, en su caso, deberían ser
déficit del Estado. No afecta para nada al
conjunto de las cuentas públicas consolidadas, porque aunque hubiera
un mayor déficit en los presupuestos del Estado, se equilibraría con
el superávit en los presupuestos de la Seguridad Social, y lo único
que haríamos, si tuviéramos su acuerdo, sería poner las cosas en sus
justos términos y que no lucieran en los balances de la Seguridad
Social unos pasivos tan terribles que provienen de que el Estado no
ha cubierto -no solamente en su Gobierno, aunque la mitad proviene de
su época de Gobierno, sino también en gobiernos anteriores- programas
de carácter fiscal.
Por último, en la enmienda 444 pretendemos que el Gobierno haga con
respecto a la Seguridad Social lo mismo a que se obliga con los
Presupuestos Generales del Estado, y que comunique a este Congreso de
los Diputados trimestralmente el número de cuentas que abre la Teso
rería General en las entidades financieras o en el Banco de España y
dé al Congreso cuenta de los balances.
Nada más, señoras y señores diputados. Dejo para la sección 60 un
debate más en profundidad sobre las implicaciones políticas de estos
presupuestos y espero de su buen juicio que aquello que vean
razonable lo apoyen, aunque dudo mucho que tengan un momento de
lucidez esta tarde.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias señor Cercas.
Don Gerardo Camps, por el Grupo Popular.
El señor CAMPS DEVESA: Señorías, procedo a fijar la posición de mi
grupo respecto a las enmiendas presentadas por los distintos grupos
políticos a los títulos IV y VIII de la ley de presupuestos. Y lo voy
a hacer refiriéndome, en primer lugar, a la reflexión que ha hecho el
señor Cercas, compartida por este portavoz, respecto a que dejaremos
para el debate de la sección 60 las principales diferencias que
podemos tener el principal grupo de la oposición y el que hoy es el
principal grupo, no el único, que apoya al Gobierno, no sin antes
decirle que evidentemente, como muy bien ha recordado S.S., fuimos
capaces en esta Cámara, en la legislatura anterior, de ponernos de
acuerdo no sólo en el diagnóstico de un problema, sino en la forma
que debíamos todos los grupos políticos con representación en la
misma encararlos y solucionarlos. Hoy ese proceso, en el que algunos
llamamos a la renovación y otros quieren enquistar, tiene los mismos
protagonistas pero en distintas posiciones políticas. Fueron capaces
los miembros del Partido Popular, siendo oposición, de llegar a un
acuerdo con ustedes cuando eran gobierno, y lo único que les pedimos
es que sean ustedes capaces, siendo oposición, de mantener ese
acuerdo con el Partido Popular ahora que nosotros somos gobierno. Que
su posición política en el transcurso del tiempo no haga que
mantengan dist intas posiciones políticas con el transcurso del
mismo. Porque, señorías, el Pacto de Toledo está más vigente que
nunca, es más relevante que nunca en la
gestión que de nuestro sistema de Seguridad Social hace el Partido
Popular, y no deberíamos dejarnos llevar por debates que no conducen
a nada. Persona relevante de su partido, no sé si aún es portavoz
relevante de su partido, se perdió hace poco en un debat e sobre la
hojarasca de los derechos devengados. Creo que no sería bueno que ni
usted ni yo, ni hoy ni pasado mañana, nos perdiéramos en la maleza
del endeudamiento o del déficit, porque en nada íbamos a ayudar a
nuestros pensionistas o a los que algún día esperan serlo.
Por tanto, señorías, creo que debemos entrar en la discusión de los
problemas puntuales que tienen planteados en sus enmiendas y, de ser
posible, llegar a puntos de entendimiento, que es distinto que votar
las enmiendas que presentan algunos de los grupos. Sin ir más lejos,
la enmienda a la que el señor Cercas ha dedicado la mayor parte de su
tiempo, la 418, en orden a la no aplicación de la cláusula de absorción
que en estos momentos se dispone en la Ley de consoli dación y
racionalización de nuestro sistema de Seguridad Social, es compartida
en muchos aspectos, en cuanto a los criterios que S.S. manifiesta,
por mi grupo, pero no en todos, porque no compartimos ni el momento
ni tampoco la forma en que lo hacen. No compartimos el momento,
señoría, y por eso muchas veces hemos votado en contra de propuestas
de igual o parecido signo a la que hace en su enmienda, porque las
prisas son muy malas consejeras. Ustedes intentan reabrir o iniciar
debates que no existen, como es en el presente caso, en los momentos
en que esta Cámara no debería realizarlos. Sabe S.S. que, para la
aplicación o no de la cláusula de absorción, que se dispone en el
artículo 48 de la Ley de consolidación y racionalización de nuestro
sistema de Seguridad Social, hay que conocer el IPC del mes de
noviembre, y que abrir debates a priori de conocer ese dato puede ser
absolutamente innecesario porque ese IPC puede coincidir con el
previsto o, incluso, en su caso, señoría, ser mayor que el previsto,
con lo cual inmediatamente dejaría sin aplicación esa cláusula de
absorción. Nosotros emplazamos a su grupo y a los demás grupos de la
Cámara a que cuando ese dato sea conocido, y en el trámite de
aprobación de esta ley de presupuestos, seamos capaces de ponernos de
acuerdo también sobre cuál tiene que ser la forma en que procedamos.
Porque puede haber un criterio que sea el de dejar al Gobierno de
turno, en razón de la política económica de un momento determinado,
que decida cada año en la ley de presupuestos si sería aplicable o no
esa absorción. O tal vez debamos proceder a modificar definitivamente
la Ley de consolidación y racionali zación de nuestro sistema de
Seguridad Social. Cabrían las dos posturas, pero S.S. dice: ustedes
incluy eron un precepto que no existía en nuestra legislación de
Seguridad Social que aplica justamente esa cláusula de absorción. No,
señor Cercas, nosotros incluimos por primera vez, y eso sí que es
verdad, un precepto por el cual el poder adquisitivo de los
pensionistas
se mantenía por ley año tras año. Hasta que gobernó el Partido Popular
eso dependía de la decisión del Gobierno de turno. A partir de una
ley hecha por el Gobierno del Partido Popular, y creo que con la
aquiescencia de todos los grupos de esta Cámara, la capacidad
adquisitiva de los pensionistas viene en la ley y no es necesario que
el Gobierno que en cada momento dirija los designios de este país
opte o no por mejorar o mantener la capacidad adquisitiva de nuestros
pensionistas.
Señor Cercas, también hay una diferencia que incluso nos puede llevar
a puntos clarísimos de entendimiento. Antes era muy difícil no
entender que existieran cláusulas de este tipo. Ustedes, cuando
gobernaban, como patronal, a los empleados públicos les ponían cláusulas
de absorción en sus convenios colectivos. No sé por qué lo ven
tan malo para los pensionistas cuando lo veían tan bien para los
empleados públicos. Pero eran épocas de altísimas inflaciones, de
dientes de sierra enormes, que hacían necesario tener cautelas de
este tipo. Hoy ya no es necesario. La política económica de este
Gobierno asegura etapas de baja inflación, que además se van a ver
reforzadas no sólo con esa política económica sino con la entrada,
que muchos no creían, de España en la Europa del euro.Por tanto,
partiendo de esa política económica que va a mantener etapas de baja
inflación, sí podremos abrir un debate sobre la posibilidad de
modificar la Ley de consolidación y racionalización de nuestro
sistema de Seguridad Social y proceder a modificarla en el sentido de
que haya siempre una mejora, en el caso de producirse esa difer encia
entre IPC real y previsto, a favor de nuestros pensionistas. Pero
estén tranquilas SS.SS. porque si algo ha demostrado este Gobierno
con hechos es que siemp re ha aplicado la situación más favorable
para nuest ros pensionistas. Durante dos años seguidos ha mejorado la
capacidad adquisitiva de nuestros pensionistas por encima del IPC, a
diferencia de lo que ocurría con otros gobiernos, cuando perdían
poder adquisitivo mes a mes y luego tenían una paga graciable al año
siguiente que muchos de ellos no sabían ni de dónde venía. A nosotros
ese sistema no nos gustaba, y como no nos gustaba, ganan poder
adquisitivo mes a mes y no es necesario que posteriormente tengan que
recibir absolutamente ningún tipo de paga. Con esa política económica
que augura esos períodos de baja inflación es posible, si se producen
mejoras adquisitivas por parte de nuestros pensionistas, que las
mismas, como ya ha sucedido de hecho durante dos años, se puedan
consol idar.
Por tanto, no abramos debates ficticios que sólo nos pueden llevar a
declaraciones irresponsables y emplacémonos todos los grupos de esta
Cámara para ver si en el momento en que sea adecuadamente oportuno,
como en el debate del Senado, podemos llegar a un punto de acuerdo
sobre este tema.
De la misma forma, señorías, desde mi grupo entendemos que no cabe
hablar, como lo han hecho algunos grupos, de agresiones a nuestros
pensionistas,
de situaciones de especial dificultad en materia de complementos
a mínimos. Sabe S.S., como ya le dije en el debate de Comisión, que
este Gobierno ni ha incumplido un mandato parlamentario ni tampoco en
el texto de la enmienda que presenta S.S. se recoge, digamos que en
puridad técnico-jurídica, de la mejor manera que podía hacerse. Sabe
S.S. que en un apartado de pura técnica legislativa no se puede
introducir a nivel de una ley formal la precisión que S.S. pretende con
su enmienda. El propio precepto que S.S. intenta enmendar remite, en
cuanto al procedi miento y a la forma del reintegro, a lo que regl
amentariament e se determine. Pero es que además no hay mandato
parlamentario incumplido en ninguna medida, porque S.S. olvida -y lo
hace además de una manera consciente- que el umbral que se fijó en
aquella moción era, no para la totalidad de rentas, sino para rentas de
hasta un millón y medio de pesetas, incluida la propia pensión, y lo
olvida no sólo en su discurso sino también en el propio texto de su
enmienda.
Sabe también S.S., porque he tenido ocasión de decírselo incluso en
el debate que anteriormente hemos tenido en Comisión, que ya se
encuentra recogido en un real decreto...
El señor PRESIDENTE: Motivo de más, señor Camps, para que vaya
concluyendo aquí.
El señor CAMPS DEVESA: Voy concluyendo, señor presidente.
Se encuentra ya en un real decreto que en este momento está en el
trámite del Consejo de Estado, y da cumplida satisfacción a la mayor
parte del contenido de la enmienda de S.S.Por tanto, nos parece de
todo punto congruente, en relación con las enmiendas del Grupo de
Izquierda Unida, que no se coloque en mejor posición a quien omita la
preceptiva declaración de ingresos y que en base a ello se pueda
benefici ar con los complementos a mínimos, que a quien,
declarándolo, pudiera estar en una situación más perj udicial.
Hay una serie de enmiendas respecto a la cotización de los
trabajadores del mar que, por ser breve, señorías, diré que mi grupo
no comparte, toda vez que debemos mantener al menos durante un año -y
veremos qué pasa con ello- el nuevo sistema integrado en la Ley de
Presupuestos del año 1998, pero en modo alguno contradice lo
dispuesto en el Pacto de Toledo, porque si justamente algo ocurría
con la legislación anterior es que se producía un fraude que cada vez
alejaba más las cotizaciones de los salarios reales que percibían los
trabajadores de dicho sector.
No podemos aceptar tampoco las enmiendas que pretenden aumentar más
allá del 1,8 las pensiones que regula nuestro sistema de protección
social, ni podemos compartir las teorías que pretenden incrementar el
coste de las horas extraordinarias con carácter de fuerzamayor. En
este momento entendemos que, si son utilizadas
indebidamente, el que lo haga sea castigado, pero no deben ser
totalmente abolidas de nuestro ordenamiento jurídico.
Por último, señor presidente, me gustaría hacer referencia a una
enmienda que ha sido defendida muy brevemente por el portavoz del
Grupo Socialista, y es la reducción de cotizaciones sociales que
pretenden en su enmienda número 436. Entiendo que lo hagan de una
manera breve y ligera porque no esperaban ustedes encontrar esto,
siendo los adalides de las rebajas de las cotizaciones sociales en
nuestro país. Pero aun haciéndolo como lo hacen ustedes, no es más
que un brindis al sol, porque lo que pretenden con su enmienda, desde
luego, no va a servir en nada para los motivos que ustedes dicen
perseguir en la misma. Ni penalizan la contratación temporal, la
dejan exactamente igual que estaba -y a los datos que existen en este
momento me remito-, ni con la bajada que pretenden ustedes -que, al
final, para el empresario simplemente es de un 0,9 a un 0,7- van a
favorecer la creación de empleo indefinido. Ya se bajó en su momento
un punto y nos dimos cuenta de cuál era el resultado. En cambio, en
cuanto a las bonificaciones que este Gobierno ha realizado como
incentivos a la contratación indefinida, no le tengo que recordar a
S.S. cuáles han sido los resultados que han dado en el último año en
nuestro país. Desde luego, no discutamos sobre pactos de Toledo en
materia de cotizaciones de desempleo, porque ahí SS.SS. tendrían
mucho que callar.
Acabo llamándoles a la responsabilidad y al respeto al diálogo
social. Sabe usted que en el diálogo social hay una mesa justamente
discutiendo sobre políticas de empleo activas y pasivas. Convendría
no adelantar propuestas normativas, al menos mi grupo no lo hace, que
puedan estar relacionadas con ello, y mucho menos condicionar a
priori los posibles acuerdos que se adopten en este marco con los
interlocut ores sociales. Tal vez, algunas de SS.SS. pensaban que era
difícil que este Gobierno pudiera entenderse con los agentes social
es. Pues prácticamente firmamos varios acuerdos al año con ellos. Por
tanto, medit en sus propuestas, sean responsables, respeten el diál
ogo social y, si después de todo ello, llegan a la conclusión de que
vale la pena caminar en un aspecto como el de la Seguridad Social
junto con el Gobierno, con el Partido Popular, desde luego, millones
de pensionistas en este país se lo agradecerán porque ayudarán, como
estamos haciendo hasta ahora, a que mejore su posicionamiento.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Camps.
Concluye así el debate de los títulos IV y VIII.
Señor De Luis, para que conste en acta, y probado fehacientemente que
no era suyo el artefacto inalámbrico que sonó anteriormente, se le
retira la llamada al orden.
Pasamos al título V más la sección 6. Mantienen Título enmiendas,
dentro del Grupo Mixto, los señores Saura y y secci
Peralta, el Grupo Federal de Izquierda Unida y el Grupo Socialista.
Señor Alcaraz, también como firmante de la enmienda.
El señor ALCARAZ RAMOS: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo para defender las enmiendas de Nueva Izquierda-Iniciativa
per Catalunya números 1589, 1590 y 1591. Las dos primeras hacen
referencia al problema de la deuda acumulada en Radiotelevisión
Española.
Entendemos que esta deuda (que, como SS.SS. no ignoran, subirá a
765.000 millones de pesetas al finalizar el próximo ejercicio
presupuestario si no se adoptan medidas, y nos tememos que no se van
a adoptar) es el gran problema, el gran límite, el gran obstáculo
para poder reconstruir, edificar y mantener una Radiotelevisión
pública de calidad en los próximos años. Es una paradoja que el
Gobierno, que remitió un informe a la subcomisión creada al efecto de
buscar reformas en el marco económico e institucional de
Radiotelevisión Española -no sabemos en este momento si vale o existe
otro informe circulando por algún pasillo de Moncloa-, un informe en
el que se aludía a la necesidad del saneamiento económico, etcétera,
haya aportado unos presupuestos en los que no se da ni la más mínima
esperanza de solución al problema de la deuda. Nosotros proponemos
sustituir el concepto de aval por el de asunción de deuda por valor
de 130.000 millones de pesetas para el próximo año, cifra elevada
pero que nos parece indispensable para que en un proceso plurianual
sostenido se pueda acabar con este problema. Mientras exista esa
deuda, las operaciones de maquillaje, de recentrado, vía sustitución
con nocturnidad de directores generales, difícilmente va a servir
para nada, salvo que se quiera que esa presunta visión centrista
sirva para el desmantelamiento progresivo del Ente Público
Radiotelevisión Española.
La enmienda 1591 pretende la sustitución progresiva del desequilibrio
que se da en la ayuda solidaria internacional en los FAD, fondos
reembolsables, por los fondos de Ayuda Oficial al Desarrollo; la
necesidad de que no se otorgue la prioridad, como sucede en este
momento, a una especie de solidaridad interesada que casa poco con
una sensibilidad muy extendida, como estamos teniendo ocasión de ver
estos días en el pueblo español. Nuestra enmienda pretende reducir
aquella cantidad que se autoriza para operaciones con cargo al Fondo
de Ayuda al Desarrollo del Consejo de Minist ros y reconvertirlo en
operaciones con cargo a esa ayuda de otro tipo, a la AOD, que no se
inscriba en ese concepto a nuestro modo de ver estrecho y restringido
de la solidaridad que significan los FAD.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Tiene la palabra el señor Ríos Martínez, por el Grupo de Izquierda
Unida.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, Izquierda Unida mantiene
dos enmiendas, la 486 y la 487, al título V, que hace referencia a
las operaciones financieras. Las dos enmiendas van dirigidas a una
modificación del criterio con el que se deben aplicar los fondos de
ayuda al desarrollo. Antes de defender las dos enmiendas quisiera
hacer dos precisiones a los capítulos I y II de este título de
operaciones financieras.
La primera precisión hace referencia a la deuda pública. La forma de
presupuestar que tenemos, la falta de seguridad a la hora de
concretar en los presupuestos, hacen que artículos como éste sean
algo a no mant ener. El artículo 47 dice: «Uno. Se autoriza al
Gobierno para que, a propuesta del Ministerio de Economía y Hacienda,
incremente la Deuda del Estado para que el saldo vivo de la misma a
31 de diciembre de 1999 no supere el correspondiente saldo a 1 de
enero de 1999 en más de 2.336.289.953 miles de pesetas». Pero luego
se dice en el apartado dos: «Este límite será efectivo al término del
ejercicio, pudiendo ser sobrepasado en el curso del mismo previa
autorización del Ministerio de Economía y Hacienda, y quedará
automáticamente revisado:.. .» Y sigue diciendo: «Cuando las
modificaciones de los créditos del capítulo I al VIII así lo
aconsejen, cuando las desviaciones de las previsiones así lo
demanden, cuando los anticipos de tesorería y la variación lo puedan
provocar.» En suma, estamos dando facilidad en el mismo artículo para
modificar la deuda pública, que es un arma en manos del Gobierno que
consideramos innecesario que se ponga aquí. Más vale que se diga: El
Gobierno se endeudará para todo lo que necesite. Sería más correcto
que lo que pone en el artículo 47. Por eso estamos en contra de ese
artículo.
La segunda precisión hace referencia a la utilización en el artículo
cincuenta, en el capítulo II, de los avales públicos y otras
garantías. El Gobierno, para buscar ese ajuste entre el déficit
público y la falta de seguridad que tiene, viene a camuflar las
obligaciones con determinados organismos como Renfe o Radiotelevisión
Española. Al final, en lugar de hacer las transferencias y cubrir el
déficit de explotación, lo transforma, lo traduce en que el Gobierno
avalará los créditos para que estos organismos pidan los préstamos y
hagan ellos su diferencia. Estamos hablando de diferencias que son
abismales. Fíjense SS.SS. que la deuda del Ente Público
Radiotelevisión Española se incrementa cada año en la módica cantidad
de 160.000 millones de pesetas. En el año 1995 teníamos una deuda de
250.000 millones y decía el Tribunal de Cuentas: Miren ustedes que
están al borde de la quiebra técnica. Y entonces, repito, había 250.
000 millones de pesetas de deuda; ahora ya tenemos 560.000 y para
finales del ejercicio estaremos en 760.000 millones de pesetas.
Díganme ustedes cuándo se para. Dicen que el Estado avalará. Eso no
es una fórmula. Estamos camuflando, mediante operaciones que
autorizamos a unos entes, la capacidad de déficit. Por tanto,
nosotros tampoco compartimos esta fórmula de presupuestar.
Por último, la ayuda el desarrollo. Fíjense que siemp re hemos estado
de acuerdo -y ya el año pasado utilicé este argumento en
presupuestos- con ese viejo dicho chino -chino y español, puede
servir siempre- de más vale enseñar a pescar que dar un pez o, mejor
dicho, enséñale a pescar en lugar de darle un pez. Si en el río hay
peces, porque eso es importante si después vamos a darles la caña
para que pesquen. (Risas.) Pues eso es lo que decimos respecto al
Fondo de Ayuda al Desarrollo. ¿Qué estamos dando aquí? Estamos dando
80.000 millones para ayuda al desarrollo -cifra que es la misma en
los últimos cuatro ejercicios presupuestarios-, siempre y cuando que
tenga reversión hacia nuestro país. Son fondos que damos para que
empresas españolas ejecuten en países determinados y luego revierta,
tenga retorno en beneficio nuest ro. ¿Qué estamos proponiendo
nosotros? No proponemos suprimir esto de golpe y porrazo. Lo que
proponemos es que poco a poco trasvasemos cantidades de esta cuantía
para que no se den con la idea de que luego haya una retrocesión a
nuestro país, sino que aquel país tenga capacidad de desarrollarse
sin depender de otro. Si nosotros hacemos a un país la instalación
eléctrica, si les ponemos el teléfono y dependen de nosotros, lo que
allí invertimos nos lo traemos acá como beneficio. Está bien que
miremos por nuestros intereses, pero habría que ir reduciendo cada
año la cuantía de forma que una parte sea para ayudar a la capacidad
de defensa de ese pueblo en cada caso, en cada momento. Nos
ahorraríamos esta ayuda de beneficencia que hacemos, de solidaridad
que es necesaria, pero es que, por otra parte, tienen una situación
que destruye toda su posibilidad de producción. Se trataría de
adecuar a esos países en vías de desarrollo, a esos países que
necesitan desarrollarse, a que ellos mismos sean autónomos y no
dependan de otros. Por eso, repito, proponemos trasvasar 20.000 de
los 80.000 millones de pesetas para que se entreguen a través del
Ministerio de Asuntos Exteriores en ayuda al desarrollo y no como
fondos FAD.
La enmienda 487 pretende aplicar este criterio a lo que este artículo
llama fondos de concesión de microcrédit os para proyectos de
desarrollo social básico al exterior y que, en lugar de la cifra que
propone el Gobierno para ese objetivo, que son 12.000 millones de
pesetas y con el criterio de retrocesión a nuestro país, que se
destinen 6.000 para la retrocesión y que los otros 6.000 se den para
el desarrollo social de ese país, con independencia del futuro que
puedan tener respecto a nosotros. En suma, señor presidente,
ayudarles de verdad a que puedan pescar y además haya peces, en lugar
de depender de comprarnos los peces a nosotros.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ríos.
Por el Grupo Socialista, con un encomiable pundonor, dado su estado
actual, tiene la palabra el señor Martínez Sanjuán. (La alusión del
señor presidente
se debe a que el señor Martínez Sanjuán va a realizar su intervención
con un ojo vendado.)
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Gracias, señor presidente.
La verdad es que este título V y la sección 6, deuda pública, no los
veo nada claros. (Risas.) Por eso, señor presidente, hemos presentado
una enmienda de devolución a la sección 6 y una serie de enmiendas
parciales al título V, operaciones financieras.
Este título V -no puede ser de otra forma- es la resultante de unos
ingresos, de unos gastos, de unas previsiones y de una necesidad de
endeudamiento que el Gobierno estima en dos billones 336.000 millones
de pesetas para el año 1999, si veo bien. Para creer las previsiones
del año 1999 hay que fiarse de lo que dijo el Gobierno que iba a
hacer a lo largo de este ejercicio y qué es lo que está haciendo. Y
la verdad es que la experiencia que obtenemos no a través de la
información que el Gobierno manda a la Cámara, ni a través de la
información que nos da el señor Folgado, ni a través de la
información que nos da Tesoro, sino a través de la información que
nos da el Banco de España, es que este Parlamento autorizaba al
Gobierno a endeudarse a lo largo del ejercicio 1998 en 2 billones
416.000 millones de pesetas adicionales respecto al saldo bruto que
existía a 31 de diciembre del año pasado. El señor Ríos decía que el
Gobierno, a través del artículo cuarenta y siete, puede saltarse
incrementar esa cifra de endeudamiento ...
Señor presidente, acabo de empezar y está ya la luz roja.
El señor PRESIDENTE: No se preocupe, señor Martínez Sanjuán, en eso
demuestra conservar muy buena vista S.S. (Risas.) Ha sido un error de
la Presidencia. Puede continuar.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Muchas gracias, señor presidente, es que
lo rojo lo veo de lejos. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: De acuerdo, señor Martínez Sanjuán. Adelante.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Volviendo a la cuestión, señor presidente,
decía que hay que fiarse de lo que está haciendo el Gobierno, o no
fiarse, para enjuiciar las cifras que para el año 1999 propone en
estos presupuestos. Este Parlamento autorizó al Gobierno a incrementar
su endeudamiento en 2 billones 416.000 millones a lo largo
de todo el ejercicio de 1998. Según la información del Tesoro y del
Banco de España, a 30 de septiembre este Gobierno no ha aumentado el
endeudamiento en esa cifra, sino que lo ha hecho en más de 3 billones
de pesetas, incrementando el saldo vivo de la deuda en unas
cantidades muy superiores a las que este Parlamento había autorizado
en principio. Esto es consecuencia, señor presidente, de la política
presupuestaria, errática desde nuestro punto de vista, que ejerce el
Gobierno a la hora de manejar los artilugios contables, la
centrifugación del déficit, escamoteando en el déficit en términos de
caja los activos financ ieros en vez de inversión, créditos avalados
en vez de compromisos asumidos por los presupuestos y creando empresas
públicas en vez de incorporar esos presupuestos en el ejercicio
normal y presupuestario. Esto es lo que está haciendo el Gobierno,
incrementando año tras año el nivel de endeudamiento. Como ya he
dicho en Comisión, este Gobierno no tiene nada que enseñar al mago
David Copperfield, que ha estado hace poco tiempo en Madrid, en lo de
escamotear y centrifugar déficit público, pero sí en lo de aflorarlo
por la vía del endeudamiento. Así que mucho nos tememos que a la
larga y a la corta, de acuerdo con la evolución y la interpretación del
sistema europeo de cuentas contables, este Gobierno, antes o después,
tendrá que aflorar contablemente todo el déficit que está
centrifugando, y tendrá que aflorarlo en unas debidas condiciones.
Así que nosotros discrepamos de la filosofía del título V y también
discrepamos, como no podía ser menos, de la sección 6. La sección 6,
que es deuda pública, que es la transcripción contable de la
evolución de la deuda en las previsiones tanto del ejercicio 1998
como del 1999, presenta para nosotros graves discrepancias. En primer
lugar, porque una cosa es lo que dice el Gobierno y otra lo que luego
se plasma en la realidad. Este Gobierno, como se dijo en el debate de
totalidad, ha incrementado el saldo vivo de la deuda en los años
1996, 1997 y en lo que va de 1998 en más de 10 billones de pesetas y
ha emitido más deuda que la que este Parlamento le había autorizado.
Además, sigue una política errática en la financiación de la deuda.
Se están emitiendo a lo largo del año 1998 cantidades ingentes de
deuda a medio y largo plazo, pero a la vez se está haciendo un
incremento de los depósitos en el Banco de España no se sabe -porque
nadie lo ha podido explicar todavía- en qué condiciones y con qué
objetivos, pero se sigue emitiendo deuda pública; deuda pública a
medio y largo plazo, como el propio Gobierno reconoce, el Banco de
España dice y los medios de comunicación afirman, a dos puntos de
interés nominal por encima de lo que supondría una financiación a
corto plazo, como podían ser letras del Tesoro. Pero es que este
Gobierno también está haciendo una política muy de ingeniería
financiera, muy de yuppiesfinancieros -que parece que es lo que se
lleva en algunos departamentos ministeriales- con un incremento de
las emisiones en moneda extranjera. Esta política de emisión de deuda
a medio y largo plazo en moneda extranjera nos lleva a que este año
el incremento respecto del año pasado de los saldos por diferencia de
cambio sea de 47.000 millones de pesetas. Es decir, que se está
haciendo una financiación más cara, una financiación más onerosa a
medio y largo plazo, y no se está aprovechando con toda la fuerza
posible la caída de los tipos de interés. Por eso, señor presidente,
nosotros creemos que la política de endeudamiento, la política de
financiación de la deuda
pública, a pesar de lo que diga el Gobierno, no es la más correcta,
la más coherente y la más razonable para el presupuesto del Estado.
Pero nosotros discrepamos -termino, señor presidente: sí he visto el
gesto- de la política de endeudamiento, no sólo de la emisión de
deuda sino de la política de centrifugación de gasto. Supone
incrementar este año en 445.000 millones de pesetas los créditos
avalados, ir a una política de financiación de la deuda de Televisión
Española que nosotros no compartimos y avanzar en la opacidad en
cuanto a la información política y económica por parte del Gobierno a
este Parlamento.
Señor presidente, estas son las discrepancias que tenemos tanto con
el título V como con la sección de deuda. Por eso hemos presentado
una enmienda de totalidad a la sección de deuda y una serie de
enmiendas parciales a diferentes artículos del título V.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Sanjuán.
Espero de las taquígrafas que aclaren para el «Diario de Sesiones»
las circunstancias en las que ha hecho su intervención el señor
Martínez Sanjuán, a los efectos de que luego se puedan reconocer los
juegos, naturalmente verbales, que ha utilizado.
Pasamos a continuación a la intervención del portavoz representante
del Grupo Parlamentario Popular, don Juan Manuel Albendea.
Señor Albendea.
El señor ALBENDEA PABÓN: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar le deseo al señor Martínez Sanjuán una
rápida recuperación de su accidente ocular y bucólico. Y digo
bucólico porque me ha explicado antes que se lo ha producido con la
rama de un pino. (Risas.) Le deseo un rápido restablecimiento.
Entrando en el tema del título V, especialmente en la sección 6, a la
que el Grupo Socialista formula una enmienda de devolución al
Gobierno -quizás podrían haber formulado una enmienda con texto
alternativo, pero es que nunca tienen ustedes alternativa alguna; por
tanto, la deuda pública la devuelven al Gobierno ¿y qué hacemos?-,
vemos que su enmienda de devolución no tiene la menor justificación.
El Grupo Parlamentario Popular tiene muchos motivos para estar
orgulloso de la gestión del Gobierno, y una de ellas es la gestión
del déficit público y su financiación; sin duda alguna es una de las
políticas del Gobierno de las que el Grupo Parlamentario Popular
tiene motivos para sentirse orgulloso. No olvide, señoría, que somos
tributarios de una política de altos tipos de interés de la década de
los ochenta y primera mitad de los noventa. Recuerde S.S. que el 65
por ciento de la deuda total emitida por el Estado en bonos a tres y
cinco años se encuentran a tipos superiores al 6 por ciento. Pero aún
hay más. El 26,5 por ciento de ese total tiene todavía un coste
superior al 10 por ciento. Estos bonos fueron emitidos entre 1993 y
1995, cuando el Grupo Socialista tenía la responsabilidad de goberna
r. Como
recordará el señor Martínez Sanjuán, fue un período en el que el
Banco de España tuvo que subir los tipos de interés para defender la
peseta, pese a lo cual, a esa subida y la consiguiente de los tipos
de interés, no se logró evitar tener que devaluar hasta cuatro veces
nuestra moneda. Por tanto, la estrategia que ahora mismo ha seguido
el Gobierno en relación con el tema de la deuda pública ha sido la de
efectuar subastas de canje de deuda vieja y cara por deuda nueva y
barata. Para hacer frente a esa estrategia de reducción del precio de
la deuda mediante el canje, el Tesoro ha emitido en estos momentos
más títulos de los que estrictamente necesita para financiar el
déficit y por eso se ha elevado el saldo vivo de la cuenta corriente
del Banco de España. Ahí está la explicación que usted no entendía,
señor Martínez Sanjuán. Yo se lo explico. Ha habido una emisión
superior para canjear deuda vieja por deuda nueva más barata más allá
de lo que estrictamente necesitaba el déficit y por eso el saldo de
la cuenta del Banco de España ha subido. También ha habido unas sobre
emisiones para hacer frente al volumen de vencimientos que se están
concentrando en este último trimest re del año.Por otra parte, se
olvida usted de que con este sistema de sustituir en la financiación
neta letras del Tesoro por obligaciones y bonos del Estado, eso que
le extraña a usted de la deuda a corto y a largo, se reduce el riesgo
de refinanciación de la deuda y, por tanto, se está alargando
intencionadamente la vida media de la deuda pública, que actualmente
es de 5,16 años, y va a seguir aumentando, estando bastante alejada
del plazo medio que en el año 1996 era de 3,7 años.
En esta parte de la sección 6 no podría eludir el refer irme al
abaratamiento de la deuda. Por segundo año consecutivo la carga
financiera ha disminuido su peso en el presupuesto. Para 1999 los
intereses de la deuda se cifran en 3,04 billones de pesetas, lo que
supone una disminución respecto al presupuesto de 1998 del 4,7 por
ciento, casi 150.000 millones de pesetas en cifras absolutas. Por
tanto, señoría, el Tesoro va a seguir profundizando en los objetivos
que han marcado su actuación en los dos últimos años, que son, en
definitiva, asegurar la estabilidad de la financiación del Estado,
reducir la carga de intereses de la deuda, incrementar la liquidez y
profundizar en ese mercado y aumentar la demanda de los instrumentos
del Tesoro. Esta brillante gestión de la deuda se completa con el
rigor presupuestario, lo que da como resultado las excelentes cifras
del déficit público que hemos conocido esta misma mañana referidas al
mes de octubre.
Entrando en las enmiendas al título V, formuladas por el Grupo
Socialista, la número 420, de adición de un nuevo apartado al
artículo cuarenta y ocho estableciendo la obligación del Gobierno de
comunicar a las comisiones de Presupuestos de ambas Cámaras el
importe y características de sus créditos autorizados, no podemos
aceptarla, señoría, puesto que en el anexo III de la propia ley de
presupuestos consta el importe de los créditos financiados con cargo
a dicho endeudamiento, por lo que no resulta congruente el que haya
que comunicarlo al Parlamento como pretende la enmienda. Otra
cosa diferente es el caso de los avales, puesto que en el momento de
la elaboración de la ley se desconocen las entidades que resultarán
avaladas, así como las condiciones del aval, con excepción de los
autorizados en el artículo cincuenta de la propia ley.
La enmienda 421, de adición al final del artículo cincuenta y uno,
postula que el Gobierno autorice las operaciones concretas cuando
éstas excedan de 1.000 millones de pesetas. No podemos dar nuestra
conformidad a dicha enmienda puesto que implicaría incidir en una
rémora importante en el desarrollo normal de la actividad de las
sociedades mercantiles con participación estatal.
La enmienda 422, de adición de un nuevo artículo, el cincuenta y dos
bis, en el que se establece que el Estado asuma con efectos 1 de
enero de 1999 deuda del Ente Público Radiotelevisión Española por
importe de 80.000 millones de pesetas, tampoco podemos aceptarla.
Creemos que la enmienda no es la solución a los problemas financieros
de Radiotelevisión Española. Parece que el déficit de Televisión
Española se ha creado hace un mes; sin embargo, cuando ustedes
gobernaban, Radiotelevisión Española ya tenía un importante déficit y
jamás plant earon que asumiera la deuda total o parcialmente el
Estado. Ya no saben ustedes qué fórmula buscar para deteriorar la
brillante reducción del déficit hasta parámet ros que ni en sueños
ustedes habrían podido nunca cons eguir. (Risas.) Además, hay otro
argumento para rechazar su enmienda, y es que en la Comisión
Constitucional existe una subcomisión para estudiar la viabilidad
financiera de Radiotelevisión Española. Vamos a esperar a que esa
subcomisión rinda cuenta de sus trabajos y entonces veremos. Por
tanto, en coherencia con lo expresado hasta ahora, mi grupo se ve
obligado a no aceptar tampoco la enmienda 1922, del Grupo Socialista,
y las 1589 y 1590, de los señores Peralta y Saura, del Grupo Mixto.
Por lo que se refiere a las enmiendas de Izquierda Unida, el señor
Ríos parece que había formulado una enmienda al artículo cuarenta y
siete pero yo no la he visto. Está en su perfecto derecho a decir lo
que quiera, pero no ha formulado una enmienda al artículo cuarenta y
siete sino que ha hablado del tema en general.
La enmienda 486, al artículo cincuenta y cinco, en la que propone
reducir la dotación del Fondo de Ayuda al Desarrollo de 80.000 a 60.
000 millones de pesetas, hemos de rechazarla porque las cifras que
están previstas en el artículo cincuenta y cinco son límites máximos
que están fijados de acuerdo con las necesidades previstas para el
ejercicio de 1999. Por tanto, si se reducen estos límites, no dará
lugar a la realización de otras políticas distintas de las previstas
sino a posibles problemas de gestión de las ayudas. Esas razones
también nos inducen a rechazar la enmienda 1591, del señor Saura.
Por lo que respecta a la enmienda 487, que propone destinar a
cooperación al desarrollo la reducción de la dotación al fondo para
la concesión de microcréditos para proyectos de desarrollo social
básico en el exterior,...
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Albendea.
El señor ALBENDEA PABÓN: ...estamos en la misma situación que en la
anterior, pero además la enmienda técnicamente es inviable, pues no
se proponen los créditos que tendrían que soportar la baja y el alta
respect ivamente.
Señor presidente, he terminado. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Albendea.
Concluye así el debate sobre el título V, más la sección 6.
Pasamos al título VI, al que mantienen enmiendas el Título señor
Chiquillo, la ausente señora Rahola y el señor Saura, del Grupo
Mixto, el Grupo de Izquierda Unida y el Grupo Socialista.
Para la defensa de sus enmiendas, el señor Chiquillo tiene la
palabra.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presid ente.
Intervengo para defender las dos enmiendas que a este título VI
mantenemos. En primer lugar voy a hacer una consideración respecto a
la número 97. En el fondo de la cuestión que planteamos sobre la
problemática del colectivo de agricultores, que aconsejaba no
actualizar al alza los valores catastrales, un error en la redacción
de la enmienda número 97 hace inviable el mantenimient o de la misma,
por lo cual la retiramos por la forma en que se ha presentado, pero no
por el fondo de la cuestión, ya que solicitábamos que a los valores
catastrales del impuesto de bienes inmuebles de naturaleza rústica no
se les aplicara un aumento en su coeficiente de actualización y se
mantuvieran los coeficientes vigentes durante el año 1998.
La segunda enmienda, la número 104, la defendemos íntegramente.
Solicitamos que en los impuestos especiales, artículo sesenta y ocho
de la ley, que hace referencia al impuesto sobre hidrocarburos, el
gasóleo destinado al uso agrícola quede exento del gravamen del
impuesto especial sobre hidrocarburos, con el objetivo de disminuir
la fiscalidad que están sufriendo los agric ultores. Por ello
solicitamos que, mediante esta exención del gravamen del impuesto
especial de hidrocarb uros, se alivie esa fiscalidad galopante que
afecta a los agricultores en el Estado español.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias también por su concisión, señor
Chiquillo.
Señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: Gracias, señor presidente.
Doy por defendidas las enmiendas 1592 a 1595, en los términos y con
la justificación que consta en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales».
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Al estar ausente la señora Rahola, conforme con el criterio que
anuncié anteriormente, se declaran decaídas sus enmiendas números 150
y 151.
Pasamos a las enmiendas del Grupo Federal de Izquierda Unida. El
señor Ríos Martínez tiene de nuevo la palabra.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a defender dos enmiendas relativas al título VI, que hace refe
rencia a las normas tributarias, la enmienda número 488, que va
dirigida al artículo sesenta y cinco, y la enmienda 518, que es una
disposición adicional nueva. El objetivo de esta última enmienda, la
518, es instar al Gobierno a la remisión de una nueva ley del
impuesto sobre la renta de las personas físicas que consiga cuatro
objetivos: primero, corregir el tratamiento discriminatorio de las
rentas del trabajo que hay en este impuesto; segundo, modificar el
tratamiento que se da a las plusvalías para conseguir que todo el
mundo cotice por un millón obtenido, sea cual sea su procedencia;
tercero, potenciar la progresividad efectiva del IRPF, aumentando el
tramo de la tarifa y estableciendo unos tipos impositivos que
aseguren una mayor tributación y, cuarto, revisar y reducir todo el
conjunto de bonificaciones o gastos fiscales que conllevaría, sin
duda, una deducción de los gastos fiscales que hoy tenemos encima.
Por tanto, obtendríamos mayor progresividad en este impuesto que ha
ido perdiéndola a lo largo del tiempo con la generalización de
determinados gastos fiscales que se elevan a 4,9 billones de pesetas.
En suma, esta enmienda pretende retrotraer para una nueva discusión
más amplia del IRPF a la realidad que teníamos con unas correcciones
determinadas y fortalecer una política que consiga un aumento de los
créditos destinados fundamentalmente de manera progresiva en la
obtención y de manera progresiva en el gasto para tapar las brechas
sociales y la dualidad social que se está produciendo en nuestro
país, así como los desequilibrios territoriales que podemos sufrir en
la prestación de los servicios públicos.
La enmienda 488 pretende añadir en el impuesto sobre bienes
inmuebles, dentro de los impuestos locales, un nuevo apartado tres
que vendría a intentar actualizar todos los impuestos locales que se
derivan del artículo 96.1, de la Ley 39/1988. ¿Qué es lo que se prete
nde? Actualizar, mediante la aplicación de un coeficiente del 1,8 por
ciento, previsiones que se han quedado obsoletas con el paso del
tiempo de los impuestos que se dirigen a los vehículos de tracción
mecánica para que esa obsolescencia no signifique que determinados
vehículos que suponen una determinada capacidad económica sean
tratados en un sitio de una manera y en otro sitio de otra.
El objetivo de nuestras dos enmiendas, tanto a las disposiciones
adicionales como al articulado de la ley, es dotarnos de unas normas
tributarias que, por un lado, actualicen en el caso de la vida local
y, por otro lado, corrijan la regresividad fiscal que hemos tenido en
nuestro país y que, por tanto, se traduce también en regresividad en
el gasto.
Nada más, señor presidente, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ríos.
Por el Grupo Socialista, para la defensa de sus enmiendas, tiene la
palabra la señora Mendizabal.
La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Gracias, señor presidente.
Al Grupo Socialista le quedan vivas tres enmiendas al título VI, que
son las números 423, 424 y 425. La enmienda 423, al artículo
cincuenta y siete, es sobre la que gravita el núcleo fundamental de
nuestra propuesta en materia tributaria. En este caso, lo que
proponemos es que no entre en vigor la nueva ley del impuesto sobre
la renta de las personas físicas. Desde mi grupo parlamentario hemos
defendido claramente la necesidad de que se haga una reforma del
impuesto sobre la renta de las personas físicas pero sin vulnerar la
suficiencia financiera del Estado ni la progresivad ni la equidad en
el tratamiento de las rentas. Sin embargo, el proyecto que ha
presentado el Gobierno del Partido Popular resulta ser regresivo en
el reparto y además la falta de equidad en el tratamiento de las
rentas según su origen es del todo evidente. Pero, en el caso del
debate presupuestario, lo que más nos preocupa es que esta reforma
pone en peligro, en riesgo, la suficiencia financiera del Estado.
Riesgo que pensamos que se va a manifestar también de manera especial
cuando cambie el ciclo económico, debido fundamentalmente a la
pérdida de flexibilidad que significa este nuevo impuesto, porque ha
perdido su capacidad de instrumento anticíclico, de estabilizador
automático.
Pero sabemos que al Gobierno del Partido Popular esta caída en la
recaudación de los impuestos no le preocupa mucho. No le preocupa
mucho y piensa que no es necesario compensar la pérdida de los
ingresos públicos porque, según sus teorías neoliberales, cualquier
descenso en los impuestos se convierte, de manera inmediata y
rápidamente, en un estímulo de la actividad económica y, por tanto,
se compensa, en cualquier caso, el coste financiero que esto ha
tenido. Teoría que se ha repetido en esta Cámara en multitud de
ocasiones, pero teoría en la que actualmente ya no cree nadie que
haga el análisis económico con un mínimo de rigor.
Por eso, en mi grupo tenemos una seria preocupación por el coste
financiero real de esta reforma, que puede llegar casi al billón de
pesetas. Por tanto, consideramos que en el próximo ejercicio, durante
1999, no es el mejor momento para aplicar esta reforma y para reducir
los ingresos públicos. Creemos que no es el momento oportuno, porque
hay que cumplir una serie de requisitos, como es el caso el Pacto de
Estabilidad, que exige una gran disminución del déficit, es más,
incluso el alcanzar un superávit en situaciones normales. Creemos que
es un mal momento porque va a ser necesario, como ya se ha dicho más
de una vez, aflorar en los próximos ejercicios todo el gasto público
-y antes lo han comentado mis compañeros-, artificialmente congelado
durante este ejercicio, con una contabilidad creativa para tratar de
cumplir los criterios de convergencia. Peroademás, y sobre todo,
creemos que no se debe aplicar porque tenemos por delante unos
compromisos de gasto importantes, como puede ser la consolidación del
sistema de pensiones o la consolidación del ejército profesional, la
mejora de las prestaciones sanitarias, las inversiones en
equipamiento y, desde luego, una real política activa de empleo.
Desde mi grupo consideramos, por tanto, que no es el mejor momento
para que la Hacienda pública renuncie a casi un punto del PIB en sus
ingresos. Esta pérdida de un punto en la recaudación, como también
hemos señalado en muchas ocasiones, corresponde casi a todo el
presupuesto del Ministerio de Fomento, a cuatro veces el gasto públ
ico en pensiones no contributivas o al doble de lo que se emplea en
formación profesional o en políticas de empleo.
Por consiguiente, proponemos que no entre en funcionamiento para el
próximo ejercicio 1999 la nueva ley del IRPF y también proponemos en
esta enmienda que se corrijan una serie de aspectos de la Ley 18/
1991, lo que consideramos necesario para el mejor funcionamiento en
el próximo ejercicio, como puede ser que exista una deflación de las
escalas de gravamen, que se incremente en un 1,8 por ciento el
importe de determinadas deducciones o que haya un incremento en el
límite de la renta bruta anual para determinar la obligatoriedad de
las declaraciones.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Mend izabal.
Pasamos al turno del señor Martínez-Pujalte, en nombre del Grupo
Popular.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente,
intervendré también desde el escaño, para mayor brevedad.
El título IV de la ley de presupuestos, que es el referido a normas
tributarias, comprende los artículos cincuenta y siete a sesenta y
nueve, ambos inclusive, y no se incluyen novedades significativas por
acción, aunque sí hay algunas medidas que, por omisión, convendría
resaltar, y es que se bajan en términos reales algunos impuestos
indirectos y se bajan en términos reales las tasas. Es bueno que
quede constancia en el «Diario de Sesiones» que, aparte de entrar en
vigor el año que viene una bajada de impuestos muy importante con el
IRPF, también vamos a bajar los impuestos indirectos y las tasas. Eso
no aparece en el texto del articulado de la ley y es bueno reseñarlo.
Sólo se actualiza monetariamente el impuesto sobre hidrocarburos; es
decir, el impuesto sobre hidroc arburos mantiene su nivel impositivo,
pero bajan en términos reales el resto de los impuestos especiales y
todas las tasas. Es bueno decirlo porque, en el debate de Comisión,
se había hablado por algún portavoz de subida de impuestos
indirectos, lo que es radicalmente incierto.
Los artículos de la ley sólo plantean algunas precisiones de
obligatoria regulación. De hecho, hay pocas enmiendas en vigor, creo
que hay seis o siete enmiendas de los grupos parlamentarios, pero
alguna de ellas de enorme trascendencia. Plantean que no entre en
vigor la reforma del IRPF que hemos venido desarrollando a lo largo
de 1998, que por cierto ya ha sido aprobada en el Senado y lo veremos
en la Cámara en la próxima sesión con toda probabilidad. Su
aprobación definitiva conllevará que el 1 de enero de 1999 tengamos
un nuevo
impuesto, y eso ha sido posible porque el Gobierno, a lo largo de
estos dos años, ha hecho un esfuerzo enorme de control del déficit
público, de reformas estructurales y de aumento de los gastos
sociales. El modelo que ha llevado a cabo este Gobierno ha dado unos
frutos tremendos en crecimiento, en creación de empleo, ha dado
frutos importantes en mejora del bienestar de los ciudadanos. No
aprobar el IRPF sería ir en contra de ese modelo que está dando tan
buenos resultados y que va a hacer que nuestra presencia en el euro
se realice en términos más competitivos, en términos de mayor
crecimiento, de mayor empleo y de mayor bienestar.
Se va a aprobar el IRPF, es una realidad, y se va a aprobar un modelo
que va a bajar los impuestos a 30 millones de ciudadanos; y, sobre
todo, se van a rebajar los impuestos a aquellos ciudadanos que más lo
necesitan, porque el coste fundamental de la reforma -que por cierto
no es ni un billón ni de 700.000 millones, como ha dicho en su
intervención la señora Mendizabal, que ha dicho por una parte un
billón y por otra parte un punto del PIB, que son casi 800.000
millones; 200.000 más o menos, son unos cuantos millones- será para
rebajar la presión fiscal de asalariados y pensionistas, y el coste
de la reforma se va a aplicar a bajar la presión fiscal de las
familias y de los discapacitados y de los ciudadanos de rentas medias
y bajas. Aparte, tendremos un impuesto mucho más eficiente, un
impuesto que colabore mejor con los objetivos de política económica,
que colabore mejor con los objetivos de inversión y empleo. Por
cierto, con la enmienda número 423 del Grupo Socialista, no es que
vayamos a aprobar las enmiendas que ellos presentaron hace
escasamente dos meses, es que quieren volver al modelo de 1991, lo
cual es totalmente chocante. ¿Dónde estamos, en el modelo de 1991, en
las enmiendas que presentaron como su alternativa? ¿Dónde estamos? De
verdad que, a lo largo de este año, en materia de IRPF no sé dónde se
ha situado el Grupo Socialista, porque cada vez decían una cosa. En
enero decían que no estaba bien que bajáramos los impuestos porque
había un problema...
El señor PRESIDENTE: Don Vicente, modérese, que luego ya se sabe.
(Risas.)
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, yo creo que no
entro en contradicción, defiendo mis argumentos.
El señor PRESIDENTE: No, no, correctísimo, pero... Adelante.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Voy a defender mis argumentos en el
sentido de que es bueno bajar los impuestos.
El señor PRESIDENTE: Adelante.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Decían en enero que no era bueno
bajar los impuestos porque había un problema de recalentamiento;
decían en junio que no era bueno bajar los impuestos porque había un
problema de
inestabilidad financiera internacional, y dicen hoy que no es bueno
bajar los impuestos porque hay que cumplir algunos requisitos y hay
que asumir compromisos de gasto. No era bueno bajar los impuestos
cuando estaban en el Gobierno, no era bueno bajar los impuestos
cuando están en la oposición, no es bueno bajar los impuestos nunca.
Yo concluyo: no diga Grupo Socialista, diga subida de impuestos. Y la
verdad es que aquí se podía terminar el debate, porque todas las
enmiendas del Grupo Socialista están encaminadas a subir los
impuestos. Todos los comp romisos de gasto que quieren asumir están
basados en subir los impuestos. Pues bien, como se van a bajar los
impuestos, tampoco va a ser posible apoyar sus enmiendas. Por cierto,
el coste de la reforma no es el que se ha dicho en la Cámara en la
exposición anterior; el coste son 375.000 millones de pesetas, que es
lo previsto en el plan de convergencia. Además, con esta reforma de
impuestos que entrará en vigor el 1 de enero de 1999, se ha
confeccionado un presupuesto que aumenta todos los gastos sociales,
porque se puede bajar impuestos y aumentar gastos sociales, se puede
bajar impuestos y aumentar los gastos en sanidad, en educación, en
pensiones, como hemos visto que sucede en los presupuestos de este
año.
Aquí se ha defendido en algunas ocasiones si era posible dar más por
menos, si era posible dar mayores servicios con menores impuestos.
Por cierto, esto, que está siendo posible con el Gobierno del Partido
Popular, es lo que defienden todos los gobiernos europeos, sean del
signo que sean, porque es lo que los ciudadanos están reclamando a la
sociedad: menores impuestos y mayores servicios sociales. Más
educación, más sanidad, más pensiones, más política social, y eso es
lo que se hace en este presupuesto, pero bajando impuestos para tener
un marco tributario que nos haga competitivos dentro del euro.
Hay otra serie de enmiendas que hablan de actualización de impuestos
locales. Creo que el jueves, cuando hablemos de la ley de
acompañamiento, vamos a tener ocasión de debatir todo el conjunto de
enmiendas que ha presentado mi grupo y que están incorporadas al
dictamen, que hablan de un pacto local, de un pacto que ha firmado la
Federación Española de Municipios y Provincias con el Gobierno, que
nuestros representantes en la Federación nos han transmitido y
nosotros hemos presentado como enmiendas, y tendremos ocasión también
de hablar de impuestos municipales.
Señorías, concluyo. Creo que las normas tributarias son importantes
en España para que tengamos un marco tributario más competitivo, un
marco tributario que nos ayude a que todos los españoles vivan mejor.
En ese sentido estamos trabajando desde hace dos años y medio y los
resultados son evidentes. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martín ez-Pujalte.
lo VII Concluido el debate del título VI, pasamos al título VII de la
ley de presupuestos generales del Estado para 1999, en el que
mantienen enmiendas, dentro del Grupo Parlamentario Mixto, la ausente
señora Rahola, el señor Vázquez y el señor Saura; posteriormente, el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y el Grupo Socialista.
Para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el señor Vázquez,
en primer lugar, y luego el señor Alcaraz, firmante también con el
señor Saura.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Gracias, señor presidente.
Voy a defender la enmienda que presentamos a este título, que
pretende incrementar las partidas destinadas al Fondo de Compensación
Interterritorial, un fondo que, en teoría, pretende dar respuesta al
principio de solidaridad entre los territorios y que, aparte de ser
escaso de una forma general, el Gobierno pretende aumentar para el
año 1999 en un 1,8 por ciento respecto a la cantidad destinada a este
fin durante el año 1998. El Fondo de Compensación Interterritorial
pasaría, según el proyecto de ley, de 136.245 millones en 1998 a 138.
697 millones en 1999; se incrementa por tanto 2.452 millones, cifra
bajo nuestro de punto de vista casi ridícula. La cuantía de este
fondo se mantiene por tanto en niveles muy bajos y congelada en
términos reales precisamente por eso, porque el Gobierno prevé un
aumento igual a la inflación prevista. Con esta previsión el fondo no
va a poder cumplir el objetivo de avanzar en la reducción de las
diferencias entre los territorios. Nosotros proponemos que se
incremente la dotación de este fondo hasta los 150.000 millones,
siendo conscientes de que sería necesario un aumento mayor para que
fuese más efectivo; sin embargo, proponemos este moderado aumento
para dar una oportunidad al Gobierno de mostrar su voluntad de poner
los medios para hacer efectiva la solidaridad interterritorial aunque
sea en tan pequeña medida y que dicha solidaridad no se quede en
declaraciones abstractas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vázquez.
Señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: Gracias, señor presidente.
Intervengo para dar por defendidas las enmiendas de Nueva Izquierda-
Iniciativa per Catalunya en los términos y con la justificación que
aparece en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales».
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
Por no haber justificado su ausencia la señora Rahola, quedan
decaídas sus enmiendas.
Pasamos al Grupo Federal de Izquierda Unida.
Señor Ríos Martínez.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías, subo a la tribuna
con el ánimo de convencer a S.S. de la bondad de nuestras enmiendas
para que funcionen mejor los ayuntamientos, para que funcionen mejor
las comunidades autónomas y con la tranquilidad mental
de haber hecho los deberes, y como los he hecho quiero explicarlos
desde la tribuna.
Voy a intentar agrupar las enmiendas que Izquierda Unida ha
presentado en tres bloques: las dirigidas a la vida municipal, las
dirigidas a la vida autonómica y tres disposiciones adicionales, y
así voy aligerando lo que vendrá después, que es la discusión de las
disposiciones adicionales y transitorias. Hay tres enmiendas nuestras
que van dirigidas al Fondo de nivelación y a otras actuaciones como
el Plan de empleo rural de Andalucía, que defenderé también en esta
interv ención.
Las enmiendas dirigidas a la vida de entes territoriales persiguen,
primero, un objetivo de tratamiento municipal similar al de las
comunidades autónomas. Las enmiendas números 490 y 491 persiguen que
el anticipo a cuenta que damos a los entes territoriales, en un caso
a los ayuntamientos y en otros a las provincias y a las comunidades
autónomas uniprovinciales, no insulares, y a las islas, en la
participación en los ingresos del Estado en el pago mensual, que el
proyecto de ley propone que sea del 95 por ciento, Izquierda Unida
propone que pase a ser del 98 por ciento. ¿Por qué propone Izquierda
Unida que sea el 98 por ciento la anticipación? Porque es la misma
cantidad que nosotros anticipamos a las comunidades autónomas, a las
que damos cada mes el 98 por ciento, y al final del año les hacemos
una liquidación.
Se podría decir que con esto incrementaríamos la liquidez de los
municipios mes a mes, pero no crean SS.SS. que nos pasaríamos en
excesivo, porque nos hemos encontrado en este ejercicio
presupuestario con que el Gobierno, a la hora de liquidar
definitivamente el año anterior, ha reclamado a los ayuntamientos,
puesto que había anticipado más dinero de lo que al final le salía,
con una salvedad, que por medio de ese tránsito el Gobierno había
modificado algunas de las condiciones que se pactaron con antelación.
Por tanto, el primer objetivo de nuestras enmiendas es conseguir que
el tratamiento a las provincias y comunidades autónomas uniprovincial
es y a los municipios sea de un anticipo del 98 por ciento, dando
mayor liquidez a los ayuntamientos en cada funcionamiento a nivel de
la actividad de caja.
La segunda enmienda al artículo setenta pretende añadir un apartado
seis, en el caso de las corporaciones locales, y después, en toda una
serie de enmiendas que van dirigidas a las distintas vertientes de
las comunidades autónomas, una actualización de la variable población
. ¿Qué pretendemos en el caso de la enmienda 489? Que para el cálculo
de la distribución se tome la población de derecho vigente el 1 de
enero de 1999 ¿Por qué? Porque estamos funcionando con censos de
población excesivamente antiguos, cuando ya están publicados en el
año 1998 los del año 1997 actualizados oficialmente. Por tanto,
pretendemos que en el artículo setenta se introduzca esta previsión
para la participación de las corporaciones locales. Por cierto,
es el objetivo de la negociación que ha hecho el Gobierno con la
Federación Española de Municipios y Provincias.
Con la enmienda 492 pretendemos que en los porcent ajes de
participación de las comunidades autónomas para el quinquenio 1997-
2001 se tenga en cuenta la población vigente real. Y aquí es
importante detenerse. Después tenemos las enmiendas 493 y la 494 para
que los porcentajes de participación de las comunidades autónomas que
no se han acogido al sistema puedan participar, así como en los
porcentajes definitivos, a la hora de aplicar y liquidar en todos y
cada uno de los procedimientos. ¿Qué es lo que está pasando hoy al no
atender la variable de población? Que a las comunidades autónomas que
han visto crecer su población con posterioridad a 1991 les estamos
dando menos recursos para más población a la hora de prestar sus
servicios. En el caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por
encima de 300.000 habitantes más de 1991 a 1998; en el caso de la
Comunidad Autónoma Valenciana, unos 100.000 habitantes más; en el
caso de la Comunidad Autónoma de Murcia, unos 100.000 habitantes más,
y así podíamos seguir con todas las comunidades autónomas.
En este quinquenio, por cierto, no han funcionado las previsiones de
financiación autonómica que el Gobierno estableció. Seguimos estando
en el 15 por ciento y no en el 30 por ciento del año 1997. ¿Por qué?
Porque no están transferidas las competencias de educación. No ha
funcionado el Fondo de nivelación. ¿Por qué? Porque no han sido
capaces de ponerse de acuerdo o hacer una propuesta que sea asumida
por las comunidades autónomas en tres años.
Hay una enmienda nuestra a una disposición adicional que pretende
proponerle al Gobierno acumular la previsión de los años 1997, 1998 y
1999 ¿o es que solamente se van a distribuir los 12.000 millones de
1999? ¿Por qué digo esto? Porque el primer año, 1997, en que se crea
el Fondo de nivelación, que se decía era la primera vez que se iba a
intentar distribuir, no se distribuy eron los 10.000 millones. En
1998 se propusieron 12.000 millones y tampoco se han distribuido. En
la discusión del año 1997 se dijo que si no había un acuerdo para
septiembre de 1998, el Gobierno haría incluso una propuesta para
aplicar por decreto el Fondo de nivelación. Eso era una barbaridad,
porque un Gobierno no puede desarrollar eso por decreto. A ver si la
gran innovación del sistema de financiación va a ser el Fondo de
nivelación, que no se aplica por no haberse puesto de acuerdo. Por
tanto, mala innovación; no es una buena innovación la que no funciona
en toda la legislatura; es un anuncio no ejecutado y no concretado.
Por tanto, nada de innovación en el sistema de financiación.
Y no ha funcionado tampoco un compromiso de desarrollo para corregir
los propios desequilibrios. Por eso proponemos que en este quinquenio
de 1997 a 2001 se revise o se actualice el criterio de población.
Yo soy consciente de lo que estoy proponiendo, soy consciente de que
no se puede aplicar este elemento unilateralmente, soy consciente de
que tiene que haber una discusión en el Consejo de Política Fiscal y
Financiera ¿Qué es lo que estoy defendiendo? Que sea el Gobierno el
que promueva el tener en cuenta ese elemento de discusión. ¿Que habrá
que cotejar con otros elementos y otras variables? Indudablement e
que sí, porque habrá comunidades que querrán tener en cuenta el
criterio de dispersión territorial y habrá otras que querrán tener en
mayor consideración el concepto de insularidad, porque tienen unas
islas a las que distribuir y no es lo mismo que dar servicio en un
sitio concentrado, y habrá otras que defenderán la variable población
porque han visto que tienen que dar más servicio con menos dinero.
Eso es lo que proponemos en esta discusión para tener en cuenta a la
hora de funcionar y revisar todos los elementos que componen la
financiación de las comunidades autónomas, tanto para las que se han
incorporado al sistema como para las que no. No es posible tener dos
tratos diferentes para dos situaciones que son semejantes, tan
españoles son los que se han acogido a su Gobierno como los que no se
han acogido, por tanto tienen que tener un tratamiento en el mejor de
los casos no discriminatorio, o por lo menos que no sea tan patente
que se quiera más o menos sistemáticamente recordar que su Gobierno
no se sumó. Parece que estamos en un curso permanente de los que han
actuado bien y de los que han actuado mal.
La última enmienda que quiero defender, que es la 498, al artículo
ochenta y siete, pretende una actualización del Fondo de Compensación
Interterritorial. ¿Por qué? El Gobierno había anunciado que, sin
seguir lo que era la propia Ley del Fondo de Compensación
Interterritorial, que ligaba la inversión nueva y el creci miento de
la inversión nueva con un porcentaje determinado al Fondo de
Compensación, en esta legislatura por encima de esas previsiones iba
a actuar un crecimiento de un fondo que estaba estancado en los
últimos cinco años. Es verdad, lo hizo en 1997 y lo hizo en 1998, pero,
¿qué es lo que choca ahora? Que en un año en el que la inversión
nueva crece el 11 por ciento, el FCI apenas crece el 2 o el 3 por
ciento. ¿Qué es lo que estamos proponiendo nosotros? Que en un año en
el que crece la inversión, la corrección de desequilibrios
territoriales crezca también en el mismo porcentaj e del 11 por
ciento. Por eso proponemos una cuantía superior para el Fondo de
Compensación Intert erritorial.
Termino con las disposiciones adicionales a que antes hacía
referencia, a las que hemos presentado las enmiendas 520, 521 y 522,
porque la enmienda 519 ya la doy por defendida, que era la del fondo
de nivelaci ón acumulando todas las inversiones que habían sido
anunciadas en años anteriores. ¡Ojo, que si no se pone, no se podrá
hacer! Saben SS.SS. que solamente puede pasar de un ejercicio al año
siguiente por una
sola vez lo que esté en ejecución o, si no, es devuelto a Economía,
es decir que o lo definimos, o los 10.000 millones de 1997, aunque la
Virgen de los Peligros que está encimica del puente lo diga, no
podrán venir a la hora de ponerse en la discusión del propio
presupuesto.
La enmienda 520 pretende que haya unos créditos declarados ampliables
para fomentar o potenciar el empleo rural y que se cree un fondo de
45.000 millones de pesetas, para que, a través del acuerdo sobre
empleo y prestación del seguro agrario, pueda dotarse el acuerdo
Inem-corporaciones locales que mejore esa actuación sobre todo en
comunidades como Andalucía y Extremadura que tienen un funcionamiento
estable desde hace bastante tiempo. Al mismo tiempo señalamos también
la idea de un fondo, que nosotros hemos denominado un fondo de deuda
histórica, por una cuantía que es la estipulada desde tres años por
el Gobierno autónomo, más o menos en una primera valoración de unos
51.000 millones de pesetas en el caso andaluz y de 7.500 en el caso
de Extremadura, fondos que están fuera de lo que es el artículo 15 de
la Lofca, fondos que son, de partida y origen, necesarios para
complementar las condiciones en las que se recib ieron las
competencias. Si eso se hace así estaremos incumpliendo un compromiso
que se puso en marcha en un año y que quedó frenado cuando el Partido
Popular llegó al Gobierno, aunque hay que reconocer que solamente
funcionó dos años, ya que los 20.000 millones de pesetas que tenían
que haber ido en el año 1997 no han ido porque no se mantuvo ese
compromiso que sí estaba en el año 1996.
Por tanto, nosotros votaremos a favor las enmiendas que van en el
mismo sentido, aunque las cuantías son diferentes, como son las del
Grupo Socialista, las del Grupo Mixto y las de los demás grupos
parlamentarios, puesto que van en línea similar a la que estamos
defend iendo.
Nada más, señor presidente, nada más, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ríos.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Pozuelo, que va a
compartir el turno con la señora Rubiales.
Adelante, señora Pozuelo.
La señora POZUELO MEÑO: Señor presidente, vamos a compartir el turno,
y yo voy a referirme, dentro del título VII, al capítulo I, sobre
corporaciones locales.
Señorías, la importancia del contenido de este capítulo I de la ley
de para este próximo ejercicio 1999, con relación a las corporaciones
locales, es que contempla o debería contemplar en su conjunto un
nuevo sistema de financiación para la Administración local que estará
vigente durante el próximo quinquenio 1999-2003.
Sin embargo, el texto del proyecto de ley que hoy debatimos no conti
ene, en absoluto, un acuerdo de conjunto que resuelva los problemas
planteados por las
corporaciones locales, ya que estos entes locales aspiraban a que se
resolviera en el nuevo sistema de financiación que debía haberse
acordado previamente a la tramitación de este proyecto de ley, a
través de las enmiendas planteadas por los distintos grupos
parlamentarios o mediante un consenso entre todos los grupos
políticos. Lamentablemente debatimos hoy un texto que no recoge un
acuerdo real entre la Federación Española de Municipios y Provincias
y el Gobierno, en este caso el Ministerio de Economía y Hacienda, ni
tampoco recoge, al no tener un acuerdo firme entre estas dos
instituciones, las aspiraciones de las corporaciones locales que,
como decía antes, esperaban al inicio de este nuevo sistema de
financiación que se solventaran los acuciantes problemas financieros
y la necesidad de cubrir los déficit de financiación que se les
presentan y que se les vienen presentando desde hace años para
atender los servicios públicos que tienen que dar a los ciudadanos.
Decía que no existe ese acuerdo porque lo único que hay es un preacue
rdo, un inicio de puesta en común entre una subcomisión de trabajo
planteada por la Federación Española de Municipios y Provincias y el
propio Ministerio de Economía y Hacienda, pero no existe un acuerdo
de la ejecutiva de la FEMP que respalde formalmente, por parte de
todos los grupos políticos, este acuerdo que el Gobierno y el Grupo
Parlamentario Popular ha trasladado a este proyecto de ley. Se sigue
negociando en la actualidad. No hay un acuerdo cerrado, a pesar del i
ntento propagandístico que quiere hacer el Gobierno y el Grupo
Popular de que este acuerdo está cerrado. Este principio de acuerdo
existente recoge exclusivamente un principio de puesta en común sobre
las cantidades iniciales y provisionales que deben percibir las
corporaciones locales, pero no se han acordado, ni las variables que
deben establecerse en el reparto y en la distribución que corresponde
ría percibir a cada uno de los ayuntamientos para cada una de las
anualidades ni el peso específico de cada una de esas variables.
El resto de las aspiraciones económicas, aparte de la participación
en ingresos tributarios del Estado que contempla este proyecto de
ley, y de aspectos fiscales que plantean los ayuntamientos, tampoco
se han recogido en este texto que hoy estamos debatiendo; ni se han
recogido las aspiraciones de los ayuntamientos sobre la factura
educativa, gravosa para todas aquellas comunidades que no tienen
transferidas aun las competencias educativas; ni las compensaciones
que sobre todo en relación al IBI, el principal impuesto que produce
ingresos municipales, han de recibir por aquellas empresas de
autopistas de peaje que tienen exención concedida por parte del
Estado; ni tampoco se han recogido las compensaciones y las
subvenciones, en cuantía suficiente para suplir los déficit existentes
en estos momentos, del transporte colectivo urbano de los
ayuntamientos.
Por todo ello, señorías, señor presidente, lamentamos que este
proyecto de ley no recoja un acuerdo que
ponga en común las posiciones de todos los grupos parlamentarios y de
todos los partidos políticos que, aun estando en este Congreso en la
oposición, gobiernan una gran mayoría de las corporaciones locales.
Nada más, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pozuelo.
Señora Rubiales
La señora RUBIALES TORREJÓN: Muchas gracias, señor presidente.
Subo a la tribuna, señorías, a hablar en nombre de los 400.000
andaluces a los que el Gobierno no reconoce para la financiación
autonómica porque creo que se lo merecen. Además, deseo
encarecidamente, señor presidente, ahora que estamos conmemorando los
20 años de la Constitución, que los que están trabajando en la reforma
del Reglamento de esta Cámara se sientan inspirados y sean capaces
de conseguir que un debate, como es el de los presupuestos, tenga i
nterés político y sirva realmente para algo, tanto en Comisión como,
sobre todo, en Pleno. Me parece, y lo digo sinceramente porque así lo
pienso, que estamos asistiendo a una pantomima, no sé si fruto de la
desidia o del reconocimiento de que no sirve para nada. Por tanto,
espero y deseo fervientemente que, por el bien de todos, y por el bien
del país, se corrija y que un debate de la importancia política como
es el de presupuestos sirva realmente para algo.
Dicho esto, la intención de esta portavoz que les habla es intervenir
formalmente, en nombre del Grupo Socialista, para defender las
enmiendas al título VII, capítulo II, de este proyecto de ley,
enmiendas 424 a 433, ambas inclusive, que hacen referencia, señorías,
como todos saben, a la financiación autonómica. Podría empezar
afirmando que esto sería hablar de la historia de un fracaso
anunciado, del fracaso, del lío, de la gran chapuza que ha supuesto
la financiación autonómica, pero, aunque creo que tienen mucha prisa
por ir a oír una conferencia constitucional que se va a celebrar en
este momento y les haré gracias a SS.SS. de hacerles perder el tiempo
sobre esto, sí me siento en la obligación de decir algunas cosas.
Desde el debate de investidura del presidente del Gobierno y,
posteriormente, en los dos debates de presupuest os que hemos tenido
en esta legislatura, en numerosas sesiones de control al Gobierno y
en comparecencias, el Grupo Socialista ha formulado toda clase de
críticas razonables y razonadas al modelo de financiación autonómica
aprobado en septiembre de 1996.
Hemos reiterado hasta la saciedad que el sistema de financiación era
malo por razones de fondo y de forma. Hoy todo el mundo comparte esa
opinión. El modelo, todo el mundo lo dice, no sirve; lo dice el
Gobierno, lo dice Convergència i Unió, lo dice el Partido Socialista,
y no lo dice el Partido Popular porque no es capaz de reconocer sus
errores, más que en algunos momentos
con la destitución y el cese. Se ha reformado por dos veces el
sistema de financiación en el propio Consejo de Política Fiscal y
Financiera y se ha transformado en un sistema de financiación a la
carta, entregando el Gobierno a las comunidades autónomas que
aceptaron el modelo cheques por debajo de la mesa para compensar la
caída en la evolución del IRPF.
Como dijo el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno,
señor Borrell, en el debate de totalidad de estos presupuestos, el
sistema de financiación autonómica tenía fecha de caducidad, y que no
era otra que cuando se llegase a la liquidación del primer año de su
aplicación; el primer año de aplicación fue en 1997, la liquidación
es en 1999. En los presupuestos de este año vemos el reflejo de esta
liquidación, que no es otro que el convencimiento de que ustedes, o
bien están encubriendo de nuevo un déficit oculto, o sus previsiones
han fallado estrepitosamente y la liquidación de muchas comunidades
autónomas que aceptaron el sistema será negativa, por lo que para
evitarlo buscan parches, rompen el sistema y siguen confundiendo, o
al menos lo intentan, a la opinión pública y al conjunto de la
sociedad.
Con la financiación autonómica, señorías, ni siquiera en los números
hemos logrado ponernos de acuerdo, no hemos logrado ponernos de
acuerdo nunca, y eso que al hablar de números debería ser fácil saber
la verdad de las cosas, pero con ustedes ni siquiera en esto es
posible, ni siquiera esto es así. ¿Recuerdan la cantidad de cifras
que han salido a la palestra a lo largo de estos años? ¿Recuerdan
aquella campaña de anuncios de prensa del Partido Popular en
Andalucía, en los que decían que esta comunidad autónoma iba a perder
476.000 millones por no aceptar el modelo? ¿Los 51.000 millones de
los que ha hablado este año el señor Rato en el debate de la totalidad
de presupuestos están incluidos en esos 476.000 millones, sí o
no? Si son sólo 51.000 millones para este año, ¿cómo íbamos a perder
476.000 en cuatro años? Además, tengo que decirles que estos 51.000
millones de los que el señor Rato habló aquí en el debate de
presupuestos se han transformado para el señor Arenas en 72.000, en
los 500 kilómetros que median entre Madrid y Sevilla. Debe ser que la
velocidad del AVE le ha impulsado a incrementar también en la misma
velocidad los miles de millones. ¿Qué más da 20.000 millones más que
menos, si se trata de armar bulla, a ver si cuela, y así no se habla
de lo que tiene que hablarse, que es el reconocimiento de la población
real de Andalucía?
Señorías, con estos presupuestos no se puede saber realmente qué es
lo que está pasando, porque no se pueden conocer los distintos
componentes de la financiación autonómica. El sistema de financiación
es asimétrico en sus reglas de evolución y distribución entre las
distintas comunidades autónomas; no utiliza el mismo criterio de
evolución en la participación de los ingresos del Estado para las
comunidades autónomas
que no aceptaron el modelo que para las que sí lo aceptaron.
En definitiva, señorías, falsean los ingresos del Estado, hacen
trampas para inflar artificialmente los ingresos de las comunidades
autónomas que aceptaron el nuevo modelo de financiación, comparan
cantidades que no son homogéneas, etcétera. Como se me ha encendido
la luz roja, señorías, hago gracia del contenido del resto de las
enmiendas parciales que expliqué detallada y detenidamente en la
Comisión, y paso a referirme expresamente a una, a la que señalé al
inicio de mi intervención, que es la 429, que hace referencia al
reconocimiento y aplicación a la financiación autonómica de las
cifras de población resultantes de la renovación patronal referida a
1 de mayo de 1996, declaradas oficiales por Real Decreto 1645/1997,
de 31 de octubre. (El señor vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la
Presidencia.) Verá, señora Fernández, que supongo que va a ser la que
me va a contestar, como usted es asturiana, no puede entender ni ver ni
comprender la importancia que este tema tiene para la Comunidad
Autónoma de Andalucía, pero, por ejemplo, el periódico ABC de ayer
domingo, 15-11-1998, dice: Los argumentos de Chaves calan más que los
de Arenas.. Los argumentos de Chaves se refieren, ni más ni menos,
que a la necesidad del reconocimiento de la población. No entiende
absolutamente nadie en Andalucía el empecinamiento del Gobierno en el
no reconocimiento de la población real para la financiación
autonómica. No lo entiende el profesor Barea, no lo entiende el
profesor Lasarte, no lo entiende el profesor Pérez Rollo, sólo por
citarle tres nombres de tres autoridades de procedencia ideológica y
de formaciones profesionales y académicas distintas y, desde luego,
no lo entienden los 7.200.000 andaluces que somos, y no los 6.800.000
que ustedes quieren que seamos. Señorí a, es cierto que la Lofca no
dice que la variable población, que tiene que ser tenida en cuenta
para la financiación, lo será de acuerdo con el último censo de pobl
ación aprobado, simplemente dice, en su artículo 13, que la población
es el primer criterio que tiene que ser tomado en consideración, pero
esto no significa que el Gobierno, ni mucho menos el Consejo de
Política Fiscal y Financiera, pueda aplicar o pact ar el censo que les
parezca oportuno. El censo no puede ser otro que el aprobado por el
propio Gobierno en el período que se tiene que aplicar el modelo de
financiación autonómica, y cualquier otro acuerdo no sólo es
arbitrario sino, además, injusto y nulo de pleno derecho; ya verán
ustedes lo que dice el Tribunal Constitucional al respecto.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Rubiales, termine, por
favor.
La señora RUBIALES TORREJÓN: Termino enseguida, señor presidente.
El censo es el que es y no puede ser otro. A la variable población se
le podrá luego dar más o menos peso en la fórmula de la financiación
autonómica, pero siempre que se parta de la población real en cada
caso existente, sin que nadie pierda por que haya perdido población y
sin que se hurte la existencia real de muchos cientos de miles de
andaluces. Si le hablo de Andalucía no es porque sea el único caso,
aunque sí es, como saben todos ustedes, el caso más evidente, el caso
más injusto y el caso más sangrante y, si no, que se lo pregunten a
algún militante del Part ido Popular en Andalucía, si todavía queda
alguno oyéndome en la sala. Por eso, señorías, pido que lo piensen
bien, que rectifiquen, estamos dispuestos al pacto, a la transacción
y al acuerdo, siempre lo hemos estado. Siempre hemos estado
dispuestos a esto, pero mucho más en estos momentos y mucho más en
este tema.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Rubiales.
Tiene la palabra, por el Grupo Popular, doña Mercedes Fernández.
La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Señor presidente, con toda brevedad
pero con el respeto que desde el Grupo Parlamentario Popular nos
merece el trámite presupuestario, tanto el que se produce en el seno
de la Comisión de Economía y de la Comisión de Presupuestos, como el
que se reitera en el Pleno del Congreso de los Diputados, con
independencia de que, de forma paralela, puedan ofrecerse conferencias
sugestivas, sugerentes e intelectualmente muy apetecibles, voy a
tratar de dar contestación a las cuestiones que se han formulado por
los diversos grupos parlamentarios y que han plasmado en las
correspondientes enmiendas. No obstante, trataré de hacer un esfuerzo
de síntesis por lo que se refiere a reiterar argumentos que se han
exhibido por parte de SS.SS. en la defensa de las enmiendas y por
parte de quien les habla, veo que sin éxito parlamentario alguno, en
la defensa de los criterios del proyecto de ley y, por tanto, en el
rechazo de las enmiendas a las que haré somera referencia.
Desde el Grupo Socialista dividen la intervención, valorando en este
título VII los dos apartados que de forma nuclear y predominante
articulan el mismo. De un lado, la financiación referida a las
corporaciones locales y, de otro, la financiación referida a las
comuni dades autónomas. En cuanto a la defensa de las enmiendas y
sobre todo a la justificación que ha hecho la portavoz socialista en
torno a la financiación de las corporaciones locales, quiero reitera
r, aunque SS.SS. lo saben, que desde el Grupo Parlamentario Popular
se han presentado enmiendas, tanto a la ley de presupuestos, como a
la ley de acompañamiento, con la finalidad de dar traslación a sendos
cuerpos
legales de las negociaciones que, en el marco de la Federación
Española de Municipios y Provincias, se habían plasmado en un acuerdo
de financiación. Algo de municipalismo sabe quien les está hablando,
después de llevar dieciseis años desarrollando política municipal en
general. Yo no hablo en nombre de miles de ayuntamientos, ni siquiera
en nombre de un millón de asturianos. No oso tener portavocía tan
cualif icada, pero sí puedo hablar modestamente de mi experiencia
municipal. Créanme si les digo, señorías, que en todos los
ayuntamientos de España, con independencia del color político del
gobernante de turno, había un clamor en torno a un nuevo modelo de
financiación, una reforma, no sólo de la Ley de Haciendas Locales,
sino una nueva articulación en torno a las figuras impositivas locales,
con un margen de mayor gestión y, por tanto, de mayor autonomía
municipal, y también con unos márgenes de maniobra respecto a las
liquidaciones, las entregas a cuenta y la liquidación definitiva que
permitan a los ayuntamientos -y aquí discrepo de determinadas
versiones que han apuntado SS.SS.- tener presupuestos sensatos y
hacer previsiones en términos de contabilidad presupuestaria,
ajustados a lo que será la liquidación definitiva. Dicho con otras
palabras, la financiación de las corporaciones locales no debe pasar
por el saneami ento de los ayuntamientos españoles; debe pasar por
que los ayuntamientos españoles puedan hacer una previsión económica
y pueda erradicarse la incert idumbre de antaño respecto a las
entregas a cuenta , al cuándo y, sobre todo, al importe final de la
liquidación definitiva. Sinceramente, creo que los municipalistas
estamos de enhorabuena porque se ha hecho un esfuerzo de modificación
de todos los textos legales que concurren en los ayuntamientos y que
van a perm itir, no sacar a los ayuntamientos que se encuentren en
quiebra técnica de una quiebra financiera, sino lograr que los
ayuntamientos puedan dotar sus presupuestos conforme a unas
previsiones razonables y fiables y puedan establecer, y lo veremos en
la modificaci ón de la ley de acompañamiento, unas previsiones en el
campo de los impuestos, del IBI, de las exenciones, de la apuesta que
quiera hacerse desde un determi nado ayuntamiento para bonificar o no
el primer empleo -y estoy hablando del Impuesto de Actividades
Económicas- o se puedan compensar determinados impuestos municipales
dentro de unos márgenes y de unos parámetros.
En definitiva, me parece que la reforma que se ha abordado -reforma
sin precedentes desde el punto de vista político- y que todos
deseamos, desde Asturias y desde Andalucía, es en pro y en defensa de
los intereses municipales. Estamos seguros, señorías, de que en torno
a esta modificación, a lo que se ha denominado el Pacto local, existe
si no una unanimidad absoluta, sí una inmensa mayoría que está de acu
erdo. No puede suceder que tengamos termómet ros tan diferentes a la
hora de establecer si el acuerdo es mayor o menor. Tampoco es posible
-me refiero
a la segunda portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y se lo digo
con todo respeto- que desde esta tribuna se solicite rigor y
atención, cuando el discurso sobre financiación autonómica ya ha
tenido su tiempo de debate y ustedes han interpuesto un recurso de
inconstitucionalidad. Su señoría es muy libre de plantear debates
recurrentes, pero no me parece sensato tratar de invocar -lo hemos
dicho ya en la Comisión de Presupuestos- el consenso, apelar al
consenso, ofrecer acuerdo y tratar de plasmar ese consenso, ese acuerdo
en la reiteración de unas enmiendas prácticamente idénticas a las
planteadas en el debate presupuestario del año anterior. Si lo que se
quiere es el acuerdo y el consenso, siempre me encontrará en esa
disposición, en ese nivel de entendimiento político, pero no fuera, o
aparte, o paralelamente a los foros lógicos en los que se debe
plasmar ese debate y donde todos hubiésemos deseado que fuese
exitoso, con los parámetros y los criterios que cada comunidad
autónoma entiende que defiende más sus intereses generales. No me
diga que el consenso se consigue si se aceptan dos o tres enmiendas
que plantea el Grupo Socialista al margen o, al menos, paralelamente
a lo que es el Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque,
entonces, S.S. está tratando de utilizar otro escenario, que puede
ser complementario, pero no es el escenario que a mi juicio conviene
al debate sobre financiación autonómica, al trasladar aquí una serie
de imputaciones que, desde luego, no se ajustan a la real idad. Usted
conoce perfectamente -como yo- en qué términos no se produjo el
acuerdo y en qué términos determinadas comunidades autónomas han
llegado a un acuerdo, y usted sabe perfectamente que en la
territorialización que aparece de los créditos correspondientes en la
sección 32 para la previsión presupuestaria de 1999, en las
comunidades autónomas que han aceptado el modelo se contemplan
créditos por las entregas a cuenta del 98 por ciento para 1998 por
1,266 billones de pesetas, lo que en términos porcentuales significa
un incremento que sobrepasa el 15 por ciento. Su señoría sabe
perfectamente que el tramo de ingresos territoriales del Estado
aumenta en términos absolutos en 63.000 millones de pesetas, un 16,3
por ciento, mientras que la participación en los ingresos generales
del Estado lo hace en 106.000 millones de pesetas, un 14,99 por ciento
respecto al crecimiento interanual del ITAE.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Fernández, vaya
concluyendo, por favor.
La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Concluyo, señor presidente.
En el caso de las tres comunidades autónomas no aceptantes se
contemplan créditos por un importe que, en términos de crecimiento
porcentual, arroja un 6,8 por ciento. Usted me dirá de quién es la re
sponsabi lidad política de que determinadas comunidades
autónomas perciban más financiación, más dinero y puedan prestar mej
ores servicios a sus ciudadanos, cuando el crecimiento real es del 6
por ciento en térmi nos redondos en las tres comunidades autónomas
que no han aceptado el modelo, ya que Castilla-La Mancha y
Extremadura han asumido nuevos servicios durante 1998.
Por tanto, se podrá celebrar el debate en los términos que política y
estratégicamente S.S. entienda más convenientes, pero lo que no se
podrá es arrojar culpas en términos políticos ni en términos parl
amentarios acerca de quiénes se han situado deliberadamente en un
escenario de no pacto y de pérdida de ingresos en comparación con
otras comunidades autónomas. Si me pregunta usted si a los habitantes
de esas comunidades autónomas, y especialmente a los andaluces, que
usted ha invocado desde esta tribuna, hay que penalizarlos, tengo que
decirle que S.S. sabe que no. ¿Que sus gobiernos tienen que hacer un
ejercicio de responsabilidad? A mi juicio, sí. En el discurso
político se debe mantener el crédito o el descrédito y el coraje
político de decir a los ciudadanos andaluces, castellano-manchegos o
extremeños por qué y por quiénes han dejado de percibir más ingresos
que los de las comunidades autónomas que han aceptado el modelo. Yo
voy a reiterar los argumentos tantas veces como la portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista los utilice, porque no sé si aplica la
táctica de agotar al contrario, pero desde luego conmigo no lo va a
conseguir. Tantas veces como se plantee ese debate en idénticos
términos, tantas veces como los andaluces, los extremeños y los
castellano-manchegos quieran saber por qué perciben menos hay que
decirles que es consecuencia directa de una decisión adoptada por los
gobiernos socialistas de esas tres comunidades autónomas.
Quisiera, señor presidente, hacer referencia a las enmiendas
planteadas por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pero brevemente, señora
Fernández.
La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Pues lo tendré que hacer con toda
brevedad.
El portavoz de Izquierda Unida hacía una crítica -creo que es justo
calificarlo en esos términos- acerca del Fondo de nivelación y
aceptaba que ha sido este Gobierno, el Gobierno del Partido Popular, el
primero que desarrolla el Fondo de nivelación en donde se debe
desarrollar en el presupuesto, que es a través del correspondiente
crédito presupuestario. A renglón seguido decía S.S. que de nada
sirve dotar el crédito presupuestariamente hablando si luego no se
obtiene el desarrollo deseado. Yo creo que se ha ganado una primera
batalla, es decir no podemos establecer ningún debate político usted
ni yo si no hay crédito presupuestario respecto al Fondo de
nivelación,
pero cuando se establece y se incrementa en 10.000 y en 12.000
millones de pesetas, convendrá conmigo en que lo más importante, que es
el dinero cuando hablamos de nivelación y de financiación, está
conseguido.
Hay una segunda parte muy importante, y seguramente usted y yo vamos
a coincidir en hacer votos por que exista el acuerdo en los foros en
que tiene que existir. Efectivamente, el acuerdo no puede nacer de la
imposición, de la enmienda del Grupo de Izquierda Unida ni de la
eventual enmienda del Grupo Parlamentario Popular; el acuerdo y los
criterios de reparto tienen que establecerse de forma consensuada
sobre la base de criterios adecuados.
Discrepo también de S.S. respecto a las críticas que arroja al
presupuesto por lo que se refiere al Fondo de Compensación
Interterritorial. S.S. sabe perfectamente que es verdad que en 1999
habrá una serie de comunidades autónomas que verán decrecer la
participación respecto a 1998, pero me consta que S.S. conoce
perfectamente los criterios de distribución territorial del Fondo de
Compensación, y no son criterios caprichosos ni arbitrarios, son
criterios de población, del saldo migratorio, de la superficie
proporcional de cada comunidad autónoma, del coeficiente que resulte
entre el número de parados, el número de activos en cada comunidad
autónoma, y en algunos casos de la insularidad. Yo no voy a enmarañar
más este debate con los criterios porcentuales sobre los que,
respecto a los puntos que acabo de referir, se aplica y se imputa el
Fondo de Compensación Interterritorial; pero quiero decirle a S.S.
una cosa muy sencilla: los criterios son objetivos, y S.S. conoce no
solamente la ley que los regula sino también los criterios en base a
los cuales se establece. Hay un criterio político que es innegable y
yo creo que es coherente con el proyecto presupuestario: el
incremento del Fondo de Compensación Interterritorial del ejercicio
económico de 1999 respecto al de 1998 es del 1,8 por ciento. Si S.S.
me dice que determinadas comunidades autónomas, por ejemplo la mía u
otras, tienen un porcentaje de incremento diferente o menor, tengo
que contestarle que sí y a renglón seguido decirle que con base en
los parámetros que conforme a la ley que regula el Fondo de
Compensación Interterritorial se han establecido el año anterior y en
el propio ejercicio económico que estamos examinando.
Me gustaría ser más prolija en las explicaciones; mi falta de
síntesis quizá me impide referirme a otras enmiendas. En todo caso mi
ánimo y mi espíritu es dar cumplida cuenta del rechazo de las
enmiendas que han formulado otros grupos al proyecto de Presupuestos
Generales del Estado de 1998. Por ello no serán apoyadas desde el
Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Fernández.
Terminado el debate del Título VII, vamos a pasar al debate conjunto
de las disposiciones adicionales, transitorias, finales y anexos.
A este grupo de disposiciones indicadas y se han presentado enmiendas.
En primer lugar, por parte del Grupo Parlamentario Mixto, Señor
Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar quiero comunicar a la Mesa que la enmienda número
1259, de la señora Lasagabaster Olazábal, de Eusko Alkartasuna, y la
1303, del señor Vázquez Vázquez, del Bloque Nacionalista Galego,
quedan retiradas, con lo cual sólo vamos a intervenir en este turno
el diputado que habla y el compañero Ricardo Peralta, de Nueva
Izquierda-Iniciativa per Catalunya.
Voy a defender las dos únicas enmiendas que Unió Valenciana ha
presentado en forma de disposiciones adicionales a esta parte de la
ley, que son respectivamente las números 98 y 101, referidas la
primera de ellas a los damnificados por la rotura de la Presa de
Tous, y la segunda a los damnificados por la aluminosis que afecta a
diversas construcciones a lo largo y ancho de todo el Estado español.
Por razones de justicia con estos dos colectivos bastante numerosos y
amplios, que requieren de iniciativas para atender adecuadamente las
reivindicaciones que vienen planteando desde hace diversos años, en
la primera de ellas, la número 98, relativa al caso Tous, solicitamos
vía disposición adicional que el Gobierno en el plazo de tres meses
después de entrar en vigor la Ley de Presupuestos Generales del
Estado, presente y remita al Congreso de los Diputados un real decret
oley por el cual se reconozcan las indemnizaciones establecidas en el
auto de 27 de febrero de 1998, de la Audiencia Provincial de
Valencia, como las únicas válidas para todos los damnificados por la
rotura de la Presa de Tous. Esto viene fundamentado en que en virtud
de dicho auto y en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo,
un total de 5.269 damnificados van a ver reconocidas unas
indemnizaciones que doblan y triplican las que recibieron en su día
los 28.000 damnificados que se acogieron al primero y segundo
decretos dictados en su día, en los años 1993 y 1995, para atender
las demandas de los damnificados.
Pensamos que hay un colectivo de 28.000 damnificados claramente
discriminado, claramente burlado en sus demandas, y solicitamos que
vía un tercer real decretoley se puedan atender sus demandas y al
total de 28.000 damnificados se les igualen las indemnizaciones de
una vez por todas, para evitar la quiebra del principio de legalidad,
de la igualdad de trato de los ciudadanos ante la ley, el total de
damnificados pueda recibir aquellas indemnizaciones que se reconocen
en el auto referido anteriormente de 27 de febrero de 1998. Por tanto,
a pesar de que en este trámite puede ser rechazada esta iniciativa
de Unió Valenciana, en próximos trámites y en debates que están en
ejecución en esta casa, como el proyecto de ley de crédito
extraordinario, así como en
otras iniciativas parlamentarias, esperamos que el Gobierno atienda
la demanda de estos 28.000 damnificados que 16 años después esperan
justicia en unas indemnizaciones que hasta el día de hoy se les han
negado.
La segunda enmienda que presentamos, la número 101, se refiere a que
el Gobierno remita a esta Cámara un proyecto de ley para que con
carácter retroactivo atienda sus demandas en cuanto al tratamiento
fiscal de las ayudas que en su día recibieron, en los años 1995,
1996, 1997 y 1998, los afectados por la aluminosis estructural de sus
viviendas. En el trámite del IRPF en el Congreso y sobre todo en el
Senado, se ha tenido en cuenta para que el año 1998 no se computen
como incrementos patrimoniales estas subvenciones, pero el agravio y
la discriminación continúan ya que las ayudas recibidas en su día en
los años 1995, 1996 y 1997 por los afectados por la aluminosis se
están computando como incremento patrimonial de manera injusta y
arbitraria, lo que supone un gravamen inadmisible para aquellos
afectados por esa aluminosis estructural en sus viviendas, que no
pueden hacerse cargo de la carga fiscal que se les está remitiendo
por la Agencia Tributaria.
Por tanto pedimos un tratamiento específico y especial con carácter
retroactivo para los afectados por la aluminosis en los años 1995,
1996 y 1997, ya que entendemos es la única manera de que se haga
justicia, de que se puedan satisfacer sus demandas y no haya una ca
rga fiscal sobre ellos que pensamos resulta excesiva, injusta y
arbitraria.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Chiquillo.
Consideradas decaídas las enmiendas de la señora Rahola por estar
ausente en el Pleno, el señor Peralta tiene la palabra para defender
el resto de enmiendas que corresponden al Grupo Mixto.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presid ente.
En este apartado de las disposiciones adicionales y otras, desde
Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya y con nuestras enmiendas
pretendemos atender una serie de problemas que nos parecen
importantes.
En primer lugar por razones de actualidad y de justicia, quisiéramos
hacer referencia a la enmienda que pretendemos dé cumplimiento a esa
exigencia tantas veces reiterada del 0,7 por ciento del presupuesto
destinado a fines de solidaridad internacional. Hacer referencia a
este tema en estos días parece obvio; sin embargo, señorías,
deberíamos llegar a la convicción de que ésta es una medida que debe
figurar con carácter permanente en los presupuestos, medida que ante
circunstancias excepcionales, máxime si son de la gravedad de las que
hemos visto en estas últimas semanas, deberían dar lugar a medidas
complementarias pero siempre partiendo de la base de una medida
permanente del 0,7 por ciento, que es un medida sin lugar a
dudas pequeña pero que supone un paso adelante importante en la
solución de los problemas de injusticia a nivel mundial.
En segundo lugar, a través de nuestras enmiendas quisiéramos atender
el principal problema de la política y de la sociedad en nuestro
país, que es el tema del desempleo. Con carácter general se puede
decir que ése es el objetivo que persigue la política económica, la
política presupuestaria y la política fiscal del Gobierno. Nosotros
creemos que cualquier esfuerzo en esta dirección no es insuficiente,
no es baladí, y por tanto pretendemos que haya una enmienda
específica destinada a dotar fondos especialmente dirigidos a llevar
a cabo una iniciativa urgente del empleo.
Del mismo modo nos parece importante que el tema del medio ambiente,
que es objeto de agresiones graves y puntuales en nuestro país, debe
recibir un tratamiento mediante la previsión de un plan de formación
y empleo de agentes ambientales.
El tema de funcionamiento de la Administración del Estado creemos que
debe ser abordado a través de diversas medidas, por ejemplo un plan
de normalización lingüística de los servicios públicos dependientes
de la Administración central o la previsión de créditos a los
ayuntamientos a cuenta de los fondos europeos. Con carácter puntual
haría referencia al tema del trato especial para el municipio de
Cádiz, que en su día se aprobó y que sin embargo no ha sido desarroll
ado hasta el momento.
A lo largo de los últimos meses hemos tenido ocasión de escuchar
noticias especialmente graves referidas a los malos tratos a la mujer
y a la violencia doméstica. En nuestra opinión, con independencia de
otras medidas algunas de las cuales han sido planteadas por el
Gobierno en las últimas semanas, es necesario dotar un fondo de
garantía de alimentos y pensiones compensatorias. Éste es el
contenido de una enmienda presentada por nuestro grupo.
Finalmente, doy por reproducidos los argumentos expuestos por el
señor Chiquillo en relación con los damnificados de la presa de Tous.
Nosotros presentamos una enmienda pidiendo que en el plazo de tres
meses el Gobierno adopte las medidas oportunas, en nuestra opinión un
real decreto-ley a fin de posibilitar que todos los damnificados sin
excepción sean indemnizados con arreglo a los criterios marcados por
los tribunales, porque ellos son el órgano que en nuestro Estado
marca la justicia, y por tanto todos tienen derecho a ese tipo de
criterios, así como el rescate del puente José León de Carranza,
situado en municipios gaditanos Creemos también, y con esto
completamos un reciente debate llevado a cabo en esta Cámara, que en
el año 1999 no debería producirse ninguna concesión administrativa de
autopistas de peaje.
Señorías, éste es en definitiva a grandes rasgos el contenido de las
enmiendas presentadas por Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya,
para las que pedimos el voto favorable.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Peralta.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presid ente.
Intervendré con extraordinaria brevedad, ya que de las dos enmiendas
que tenemos en esta parte de la ley de presupuestos la referida a la
disposición adicional decimoctava la doy por defendida en base a la
propia justificación que consta en la enmienda. Me extenderé algo más
sobre la enmienda referida a la disposición adicional decimosexta,
sobre el acuerdo vasco de formación continua, dado que en el ámbito
territorial en que tiene implantación el partido al que pertenezco
existen acuerdos interprofesionales sobre formación continua de los
previstos en los artículos 83 y 84 del Estatuto de los Trabajadores e
incluso existe constituida para su gestión una fundación, la
denominada Forcem. Al igual que se pidió en los presupuestos del año
1998, pedimos que en la financiación de estos acuerdos interp
rofesionales de formación continua de ámbito territorial figure en
los presupuestos del Instituto Nacional de Empleo como dotación
diferenciada, mediante la subvención nominativa a la entidad
constituida con esta finalidad y a la que me he referido.
El año pasado fue votada favorablemente esta enmienda por el grupo
mayoritario de la Cámara y esperamos igual aceptación respecto de la
presentada para los presupuestos del año 1999.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Uría.
Para defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, voy a compartir el turno de
intervención con mi compañero don Pedro Vaquero, que defenderá las
enmiendas 502, 506, 507, 508, 509, 515 y 516.
Siempre que hablamos de las disposiciones adicionales de una ley tan
amplia como ésta intentamos proyectar a ellas una serie de vertientes
que no han sido tenidas en cuenta o son tenidas en cuenta vía
enmiendas en otras secciones.
Voy a agrupar todas las enmiendas del Grupo Federal de Izquierda
Unida que me corresponden defender en este turno en tres bloques:
unas mejoran o modifican las disposiciones adicionales que el
Gobierno ha propuesto; otras enmiendas de adición por parte de
Izquierda Unida pretenden mejorar la transparencia en la gestión del
presupuesto; y otras que pretenden ampliar las políticas que el
presupuesto del Gobierno recoge dirigidas a sectores concretos.
Las enmiendas 504 y 505 van dirigidas a la disposición decimoséptima,
que es la asignación tributaria a fines religiosos y otros. Nosotros
consideramos que esta disposición adicional en los puntos segundo y
tercero debería ser suprimida. ¿Por qué? Porque tenemos una
Constitución que es aconfesional y la regulación de aportaciones
económicas desde el Estado, vía una cruz determinada en un impuesto
como el del IRPF, hace trato de favor hacia una de las confesiones
que es la más primada, puesto que a los demás españoles que no
pertenecen a esa creencia solamente les queda una casilla, y es la
relativa a otros fines sociales. Yo puedo tener la religión católica
o la mahometana y ser español, vivir en Melilla, en Almería o en
Murcia, o puedo tener otra fe religiosa y no tengo posibilidad de
hacer la cruz para poder colaborar. Esas creencias religiosas tienen
que percibirlo vía aportación de cada feligrés o creyente, cosa
lógica pues cada uno paga en lo que cree. Por eso yo pago la
militancia en mi organización y cada uno en la suya; pues cada uno
que milite en una fe debe de aportar a ella. Esa es una de las
propuestas.
Si no se aceptase ese argumento, que aunque brevemente he defendido
muy concretamente, la otra enmienda trata de decir: si le damos una
participación dividida en doceavas partes y cada mes estamos dando
una cantidad, si al hacer la liquidación definitiva sale negativo
reclamemos esa aportación en exceso y si sale positivo, demos la
diferencia. Pues no es así. Por eso nuestra enmienda 504 pretende
modificarla. ¿Para qué? Para que cuando suceda como en el año
anterior que la aportación al final del año ha significado 3.500
millones de pesetas más de lo que corresponde según las crucecitas
que los españoles han hecho ese año, que se reclame y se descuente
del año siguiente como ha hecho este año el Gobierno con los
municipios; a 4.200 municipios se les han reclamado 5.700 millones
porque hemos pagado de más. ¿Por qué no a estas aportaciones? Ésas
son las dos enmiendas presentadas que creemos de justeza.
Los otros bloques de enmiendas pretenden mayor transparencia. Las
enmiendas 523, 524 y 525 ¿qué pretenden? Si queremos seguir los
Presupuestos Generales del Estado veremos que hay una aportación muy
sencilla que podría solventar el problema, además de poner en marcha
la comisión de control presupuestario en el Parlamento, cosa que nos
corresponde a nosotros y no al Gobierno, y es que el portavoz de cada
grupo parlamentario y a través de una tarjeta tenga acceso al
ordenador de la Intervención General del Estado. Por tanto,
conoceremos con todo grado de desagregación las partidas
presupuestarias y no será preciso que me den explicación, solamente
nos limitaremos a los debates políticos, no tendré que preguntarle,
vía pregunta escrita o solicitud de documento, todas y cada una de
las precisiones que entonces serían innecesarias. Tecnológicamente
se puede hacer, políticamente se puede tener voluntad de ser más
transparente o menos, pero solamente es con lo que ha decidido la
Intervención; no cuando el Gobierno reconozca la obligación o
adjudique
la obra, sino cuando la Intervención lo anote. Ello nos daría un
conocimiento del que no disponemos hoy. Las otras enmiendas pretenden
añadir mayor precisión en la presentación de presupuestos. ¿Cuál es
el otro paquete de enmiendas? Aquellas que van dirigidas a apoyar al
sector algodonero, con otras pretendemos que haya un tratamiento para
actividades extraescolares, que se habilite un fondo adicional para
el desarrollo de la Logse, un fondo de compensación para que las
comunidades que han firmado un convenio con el Ministerio y que están
haciendo los centros de secundaria con su dinero, que le corresponde
al Estado, pero ante la dejación del Estado han firmado un convenio,
que puedan recibir el dinero de verdad. Hay cinco comunidades
autónomas que lo han firmado y no tienen garantizado que van a
percibir del Estado lo que correspondería para este año. Pretendemos
que haya una mayor aportación hacia la política educativa y hacia
actuaciones en determinados hospitales públicos.
Señor presidente, todas estas disposiciones adicionales que he
intentado defender tan rápidamente pretenden hacer más justa y más
equilibrada la propuesta presupuestaria del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ríos.
Señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor pres idente.
Intervengo brevemente para indicar que la disposición adicional
decimosexta viene a contemplar que la formación continua sea
negociada con los sindicatos. Con nuestra enmienda 502 pretendemos
que se incluya un añadido en el que se plantee que los programas de
formación continua y las partidas presupuestarias respectivas, además
de negociarse con los sindicatos sean también negociadas con las
comunidades autónomas. Este añadido pretende facilitar la
subsidiariedad administrat iva y la práctica por parte de las
comunidades autónomas de las competencias transferidas. Es una laguna
que debería subsanarse con esta enmienda, que por otra parte no
entendemos por qué no es contemplada con una visión amplia de miras
por parte de aquellos grupos que tienen mayoría parlamentaria en esta
Cámara y que sustentan al Gobierno.
Por otro lado y junto a esta enmienda de adición a las disposiciones
adicionales que se contemplan en la ley de Presupuestos Generales del
Estado de 1999, planteamos otra serie de enmiendas que son añadidos
como nuevas disposiciones adicionales. En la enmienda número 506
pretendemos que en el plazo de seis meses el Gobierno remita un
proyecto de ley sobre creación de empleo y reparto del trabajo en el
sector público. Este proyecto de ley debería contemplar las medidas
correspondientes al reparto del trabajo para que el sector público
sea un motor de la creación de empleo y recogería los siguientes
aspectos. Por un lado el establecimiento de las necesidades reales de
personal en la
función pública. Por otra parte, y en función de las necesidades
reales, hacer una planificación de las ofertas de empleo público en
los cuatro años siguientes. Junto a ello un plan de transformación
del empleo precario temporal en empleo fijo, y como cuarto aspecto
una reducción de la jornada semanal a 35 horas sin que ello implique
reducción salarial para los empleados públicos. Finalmente, la
eliminación de las horas extrao rdinarias, excepto las de fuerza
mayor, para completar el cuadro de medidas de reparto del empleo.
Asimismo se completaría el proyecto de ley con las previsiones de
creación de nuevos puestos de trabajo, bien incrementándose el empleo
público directo o bien aumentando la contratación de servicios con la
iniciativa social. Todo ello en aras de que el sector público que
depende directamente del Gobierno, pueda ser un motor para la
creación de empleo y que sirva de paradigma para el resto de los
sectores.
En la enmienda 507, y como nueva disposición adicional, planteamos
también que en seis meses el Gobierno a propuesta del Ministerio de
Economía y Hacienda apruebe la relación de puestos de trabajos de
altos cargos, estableciendo en ella los complementos específicos de
cada puesto de trabajo en función de la responsabilidad, especial
dificultad o peligrosidad que comporta el desempeño de dichos puestos
de trabajo. Queremos que se clarifique y que no se haga aleatorio o
discrecional el tratamiento de los altos cargos sino que se vea
reflejado en la correspondiente relación de puestos de trabajo.
En la enmienda 508, como nueva disposición adicional, planteamos que
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 357.3 de la Ley
Orgánica 6/1985, el plazo máximo de permanencia en la situación de
excedencia voluntaria por interés particular de los oficiales,
auxiliares y agentes de la Administración de justicia sea de 15 años
para los funcionarios que ya estuviesen en dicha situación con
anterioridad a la entrada en vigor de la citada Ley 6/1985; dicho
plazo se computaría desde el mismo momento de entrada en vigor de
dicha ley. En la actualidad y sin justificación alguna coexisten tres
plazos diferentes para los distintos protagonistas de la vida de la
Administración de justicia: sin límite el general de los
funcionarios, 15 años para jueces, magistrados, secretarios y
forenses, y 10 años para oficiales, auxiliares y agentes. Entendemos
que supone una discriminación que no obedece a justificación objetiva
alguna y por ello planteamos esta nueva disposición adicional al
proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado.
En la enmienda 509 planteamos una nueva disposición adicional por la
que el Gobierno habilitaría un fondo de 700 millones a gestionar por
la dirección y servicios generales de la Seguridad Social y protección
social para poner en marcha acuerdos que se adopten en el seno de
la comisión para el estudio y evaluación de la oficialidad en el
lenguaje de signos, aprobado por unanimidad en el Congreso de los
Diputados durante esta legislatura. Señorías, queremos hacernos eco de
una propuesta que nos viene de la Confederación nacional de sordos de
España, en la que se nos plantea que si lo tenemos a bien propongamos
una transaccional a nuestra propia enmienda 509. Nosotros lo hacemos
así porque entendemos que efectivamente tiene razón la Confederación
nacional de sordos de España y así lo planteamos a la consideración
de los restantes grupos de esta Cámara. La enmienda transaccional
diría lo siguiente: El Gobierno habilitará un fondo por importe de
700 millones de pesetas, cuyo objetivo sea la puesta en marcha de
programas de formación, investigación y fomento de la lengua de
signos que benefici en al conjunto de las personas sordas. Obviamente
esta transaccional pretende desligar por un lado lo que es la
formación y el fomento del lenguaje de signos, y por otro lado el
problema de oficialidad de la lengua de signos. Entendemos que es
razonable lo que nos plantea la Confederación nacional de sordos de
España, y el fondo se habilitaría con 700 millones o bien con la
cantidad que se considere oportuna por parte de esta Cámara, porque
no es una propuesta cerrada, pero entendemos que en cualquier caso no
debería posponerse la consideración de esta enmienda transaccional.
Señorías, no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy, como dice
el conocido refrán castellano.
En la enmienda 515 planteamos una nueva disposición adicional que
pretende la mejora del poder adquisiti vo de las pensiones para 1999.
En ella planteamos sustantivamente que las pensiones menores al corre
spondiente salario mínimo interprofesional subirán más que el IPC
previsto para ir equiparando así al salario mínimo interprofesional
dichas pensiones en el transcurso de esta legislatura. Obviamente, el
texto mismo de la enmienda conlleva la explicación y la justificación
de la misma.
Finalmente, en la enmienda 516, planteamos una nueva disposición
adicional que pretende una nueva redacción del artículo 48.3 del
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Trata, como
saben, de la revalorización automática de las pensiones. Este tema ha
sido tratado ampliamente a lo largo de todos estos años, se le ha
intentado dar soluciones, satisfactorias en algunos aspectos, pero
queda el problema de cuando el IPC previsto para un ejercicio resulta
superior al realmente producido en el periodo del cálculo. Entendemos
que para este supuesto -y planteamos que se modifique ese punto 3 del
artículo 48-, lo que debería hacerse es destinar una cantidad
económica del presupuesto de la Seguridad Social del ejercicio
anterior equivalente a la ganancia del poder adquisitivo alcanzado
por los pensionistas en el ejercicio precedente, al objeto de mejorar
todas las pensiones contributivas que sean inferiores al salario
mínimo interprofesional hasta su equiparación. Así, no existiría
ganancia para el Gobierno, ni por supuesto pérdida para los
pensionistas, sino que podría facilitarse con este fondo una mejora
de las pensiones menos favorecidas en nuestro sistema.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Vaquero
.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista,
tiene la palabra el señor Pérez Segura.
El señor PÉREZ SEGURA: Señor presidente, señorías, he tenido una
imperiosa necesidad de subir a la tribuna para ir desgranando
nuestras enmiendas al presupuest o en relación a las disposiciones
adicionales, finales y a los anexos. Es una necesidad que afecta a la
dignidad de esta Cámara. Estamos discutiendo los Presupuestos
Generales del Estado para 1999 y el grupo que apoya al Gobierno y sus
socios tienen un interés especial en que este debate vaya
produciéndose con la mínima contraposición de argumentos. Incluso el
banco azul es más azul que nunca; no me lo entiendan mal, es más azul
que nunca porque no hay nadie sentado en él.
Nuestro grupo da una especial importancia a las disposiciones
adicionales. En ellas están contenidos numerosos elementos
trascendentales para los presupuestos del Estado. Si me permite la
Presidencia, voy a relatar todas y cada una de ellas con una cierta
amplitud, incluso me voy a referir a la posición de nuestro grupo
respecto a enmiendas que han presentado otros grupos, como uno con el
que tenemos cierta afinidad, aunque sólo sea en el terreno personal,
representado por don Pedro Antonio Ríos. Don Pedro Antonio Ríos ha
tratado una enmienda que hace referencia a la contribuci ón a la
Iglesia Católica en la declaración de la renta. Coincidimos
plenamente con sus argumentos, pero también aprovecho la ocasión para
denunciar dos hechos. El primero es que no sé si ustedes saben que en
el programa Padre está prefijada la aportación a la Iglesia Católica,
hay que dejar de prefijar esta aportación para destinarla a otros
temas sociales. El otro me duele personalmente dada mi extracción
territorial catalana, y es que en el programa Padre los impresos que
salen en el ordenador sólo aparecen en lengua castellana, obviándose
todas y cada una de las lenguas nacionales que también están en curso
legal en nuestro país. Quisiera abundar en este extremo porque me ha
parecido muy oportuna su aportación.
El Grupo Socialista ha presentado diversas enmiendas en forma de
disposiciones adicionales. Algunas de ellas hacen referencia a temas
económicos, por ejemplo, la que lleva el número 437 y habla del
interés general del dinero. Se está abundando por parte del Gobierno
en que se rebaja el tipo de interés del dinero pero, en cambio, en
este presupuesto aún sigue indexado este interés legal y el interés de
demora a los tipos anteriores. Quizás sea hora de que puedan asumir
nuestras enmiendas, porque ya estamos incluso por debajo de lo que en
el proyecto está reseñado.
Hay otra enmienda también de carácter económico, la 438, que trata de
corregir la miopía total que impide al Gobierno ver la situación
económica internacional tal como está. Nuestro grupo propone en esa
enmienda a la disposición adicional octava que el límite de
aseguramiento
de la empresa Cesce -que asume los riesgos políticos- sea elevado de
550.000 millones (que se ha rebajado respecto a 1998) a 700.000
millones de pesetas. Se nos dijo que no era importante, que
técnicamente eso no era relevante, pero la verdad es que todos vemos
que con el constreñimiento del comercio internacional, los riesgos
políticos inherentes a esta compañía se van a incrementar y, por lo
tanto, su autorización tiene que ser por una cantidad mayor. Espero
que lo entiendan esta vez y así lo puedan votar.
Tenemos otra enmienda, la 439, que demanda que las donaciones a las
organizaciones no gubernamentales -ésas que todos tanto cacareamos
aquí que queremos apoyar- puedan ser deducibles en el impuesto sobre
sociedades y en el impuesto sobre la renta de las personas físicas.
No podíamos pasar de largo en relación con nuestras enmiendas 440 y
441, que vienen a poner en discusión en esta Cámara un tema
importantísimo: la devolución -al menos parcialmente- del esfuerzo
que los trabajadores públicos hicieron para la entrada en la unión
monetaria. Este esfuerzo que se hizo, este sacrificio que hicieron, a
través de esta enmienda (como ha dicho antes el portavoz don José
Luis Rodríguez Zapat ero) se les viene a compensar con un fondo a
distribuir entre Administración y sindicatos.
Tenemos también -cómo no- otra enmienda importantísima. Para deshacer
cualquier tipo de equívoco, creemos que tiene que entrar en su pleno
vigor el artículo 223 de la Ley de la Seguridad Social, que es el que
establece que las bonificaciones por todo tipo de contratos tienen
que ir a cargo del Estado. Eso es una obviedad porque ya lo dice la
ley, pero no se está cumpliendo y nosotros queremos que se cumpla la
ley.
También hay otra enmienda relevante desde la posición de nuestro
grupo, y es la que hace referencia a las deudas contraídas año tras
año y a la deuda general de la Seguridad Social. En la enmienda 443
conminamos al Gobierno a que el 31 de diciembre de 1999 acabe esta
situación que, al menos, descoloca el buen hacer contable de la
Seguridad Social y que afecta gravemente a las potencialidades de
cumplimiento de sus compromisos.
Tenemos otras enmiendas que no pueden pasar de puntillas por esta
Cámara. Tenemos la enmienda -de justicia- que plantea la compensación
del IBI que tienen que pagar las empresas concesionarias de las
autopistas a los ayuntamientos. Es concordante con otra que
presentamos a la ley de acompañamiento, que quiere derogar el artículo
72 de la Ley concesional de autopistas. Se transó en Comisión por un
papel que no venía a decir nada. Por lo tanto, traemos otra vez a
votación esta disposición adicional.
La enmienda 452 pretende que la desprogramación que se hizo en su día
en los fondos de cohesión relativos a las tareas de intensificación
de la cubierta vegetal en Andalucía se anule. Es necesario que vuelva
a programarse, con plena dotación de recursos, para que la
intensificación de la cubierta vegetal sea posible.
También tenemos un paquete importante de enmiendas en relación con
los elementos de información que necesita esta Cámara para poder
trabajar. Esos sí que son elementos de dignificación del trabajo
parlamentario. Necesitamos saber cuántas cuentas tiene abiertas la
Tesorería de la Seguridad Social, necesitamos saber cuáles son los
informes del Consejo Consultivo de Privat izaciones, necesitamos
saber cuáles son los flujos financieros de la SEPI, necesitamos,
¿cómo no?, saber cuál es el movimiento del presupuesto con el máximo
de segregación posible, tal como ha dicho don Pedro Antonio Ríos, a
través de la definitiva implantación de la oficina presupuestaria de
esta Cámara, que sólo precisa la conexión informática con la
Intervención general del Estado y que el Ministerio de Hacienda niega
sistemáticamente porque quiere esconder la realidad de los trasiegos
que hacen las cuentas públicas a esta Cámara. Cojan ustedes, señores
del Gobierno si estuviesen -al menos las pueden leer-, resoluciones
ya aprobadas por el Partido Socialista cuando estaba en el Gobierno,
desarróllenlas y podremos empezar a construir con dignidad esa
oficina presupuestaria. También queremos los informes de la Oficina
Nacional de Auditoría. Cualquier diputado de esta Cámara puede, a
través de Internet, conocer los informes de la Oficina Nacional de
Auditoría de los Estados Unidos referentes a cualquiera de sus
Estados, referentes a cualquier cuestión sectorial del presupuesto de
ese gran país, y no podemos hacerlo de nuestro país. Eso es una
vergüenza, señorías, y se tiene que acabar.
Por último, hay dos enmiendas a las que quisiera hacer alguna refe
rencia. Se refieren a Cataluña -lo digo porque a alguien le puede
interesar-. Una de ellas es la número 459, cuyo cometido es el de
retrotraer parte del Real Decreto 12/1998, de 18 de septiembre, en
relación a su artículo 4. Este artículo venía a financiar una obra
que ya está hecha, una obra importante para Cataluña, su eje
transversal. Es una obra que ya se ha inaugurado 12 veces, y es una
vergüenza que se le apliquen fondos por parte del Estado cuando ya
está construida y financiada. Ya se ha dicho suficientemente a dónde
van a parar esos recursos: a poder sustraer los problemas inherentes
a las finanzas de la Generalitat de Cataluña, que adolecen de un alto
grado de endeudamiento. No queremos -como decía el señor Molins en
una rueda de prensa reciente- quitar esos dineros de Cataluña, ¡Dios
nos libre!, somos solidarios con la comunidad autónoma catalana, lo
que sí queremos es que vayan a cubrir los déficit viarios, los
déficit en infraestructuras reales en esa comunidad, no los
ficticios. En este sentido, el Grupo Socialista ha cogido las
prioridades de la propia Consejería de Obras Públicas de la
Generalitat, las prioridades del conseller Matías, y las ha puesto en
forma de una enmienda a una disposición adicional de los presupuestos
a los efectos de que sea inversión nueva y pueda realmente cubrir los
déficit tan importantes y relevantes que existen en esa comunidad:
los 10.785 millones para carreteras, los 6.783 millones para
transportes por ferrocarril, los 21.847 millones
que precisa el aeropuerto de Barcelona, no sólo para construir la
tercera pista sino para su plan de transición, para poder encajar el
movimiento de esa tercera pista, y por qué no decirlo, la
rehabilitación de barrios en diferentes comunidades autónomas y en
concreto en Cataluña.
Señorías, ya sé que me he hecho pesado, incluso he sido estridente
(Rumores.) Lo he hecho adrede porque quienes hemos estado en otras
legislaturas hemos podido seguir y participar en otras discusiones de
presupuest os muy diferentes a ésta, sesiones nocturnas, sesiones en
las que se abundaba en todas y cada una de las enmiendas, adornados
los discursos con criterios generales, con debates globales de
carácter político que pretendían -y en ese momento gobernaban los
socialistas- presentar alternativas desde la oposición a la política
del Gobierno. Esto no se puede producir en los años en que el Partido
Popular está en el poder.
La voluntad de ir a uña de caballo en estos debates, la voluntad del
grupo que da apoyo al Gobierno y de sus socios, de querer soslayar
totalmente cualquier discusión sobre los presupuestos, es lo que me
ha impelido a subir a esta tribuna en un trámite tan aparentemente
relevante como las disposiciones adicionales, para poder explicarles
cuáles son las alternativas de los socialistas a los Presupuestos
Generales del Estado y a la política económica del Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Pérez
Segura.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Echániz, tanto para fijar su posición con respecto a las enmiendas
defendidas a este conjunto de disposiciones como para la defensa de
los dos votos particulares que tiene presentados a dos enmiendas del
Grupo Socialista.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, pres idente.
Señorías, me van a permitir que comience con una alusión al señor
Pérez Segura en el sentido de que no nos parece nunca pesado; sin
embargo, si nos parece que la altura de un debate parlamentario no la
da el número de diputados presentes en la Cámara y ni siquiera el
número de ministros en sus escaños azules, como usted decía. La
altura de un debate parlamentario tiene, a nuestro juicio, más que
ver con la solvencia de los argumentos, con el rigor de las enmiendas
y si quiere con la solidez de los discursos y de las alternativas.
Permítame también que le diga que aunque los escaños de su grupo
hubiesen estado abarrotados -bien patente es que no lo están-, la
pobreza de sus argumentos, de sus enmiendas, de sus discursos y
alternativas es lo que hoy no nos ha permitido un debate de altura en
esta ley de Presupuestos Generales del Estado para 1999, que es
probablemente la ley más importante que se debate en esta Cámara.
(Rumores.- Protestas.- Aplausos.)
Señorías, sin más preámbulos me corresponde defender, en nombre del
Grupo Parlamentario Popular, el conjunto de disposiciones
adicionales, transitorias y finales y los anexos a los Presupuestos
Generales del Estado para 1999, unos presupuestos que están
fortaleciendo la presencia española en el euro, que hacen una apuesta
sólida por el crecimiento y el empleo, que apoyan la competitividad
empresarial, bajan los impuestos, modernizan las infraestructuras,
cumplen además el Pacto de Toledo y por sus condiciones de
vertebradores, de rigurosos y solidarios se convierten en un
instrumento esencial de la política económica del Partido Popular.
Señorías, respecto de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Mixto a las disposiciones adicionales, tenemos que
reflejar lo referente al Plan de formación y empleo de agentes
ambientales, que está incluido en la previsión del programa plurianual
de empleo presentado por este Gobierno a la Unión Europea, en el
apartado dedicado a las políticas sectoriales y creación de empleo.
Cuenta, por tanto, con financiación comunitaria a través del Fondo de
Cohesión, del cual España se beneficia en un 50 por ciento, del Feder
y del Feoga. Además el Plan de inversiones del Ministerio de Medio
Ambiente para el período 1997-2000 alcanzará la cifra de 1,1 billones
de pesetas.
Respecto a la habilitación de un crédito para el ayuntamiento de
Cádiz, tengo que decir que en la sección 32, programa 912.C, capítulo
460, apartado 3, existe un crédito que va a permitir dedicar 600
millones a la ciudad de Cádiz y que está pendiente de la firma de un
convenio entre su Ayuntamiento y el Gobierno, cuestión que se formal
izará en próximas fechas y que vuelve a evid enciar, en un segundo
año consecutivo, la sensibilidad de este Gobierno con los problemas
estructurales de la ciudad de Cádiz que no tuvieron en otros tiempos
ni otros alcaldes ni otros gobiernos distintos de los actuales.
Sobre la enmienda que pretende habilitar un crédito extraordinario
para cubrir el déficit de las comunidades autónomas con competencias
sanitarias, tengo que decir que después de varios lustros de
generación de importantes déficit en materia de presupuestos
sanitarios que hacían, además, necesarias, recurrentes operaciones de
saneamiento -la última de 290.000 millones de pesetas en el modelo de
financiación sanitaria del período 1994-1997-, el nuevo acuerdo de
financiación sanitaria para el cuatrienio 1998-2001 contiene una
previsión de recursos financieros para el Sistema Nacional de Salud
adecuada y suficiente para las necesidades actuales, así como para
los incrementos futuros de demanda asistencial en la medida en que se
han ligado los incrementos presupuestarios al aumento del PIB
nominal.Este impulso a la financiación sanitaria dada por este
Gobierno ha permitido incrementos cercanos al 6 por ciento en los
últimos años, lo que supone que en poco más de dos ejercicios los
españoles hayan aumentado los recursos destinados a su salud en casi
un 20 por ciento, cifra de aumento nunca antes conocida
en los últimos años y que evidencia la apuesta por la sanidad y la
prioridad que este Gobierno y este grupo parlamentario conceden a la
salud de los españoles.
Respecto a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida en lo referente al hospital de Arriondas de Asturias,
tengo que informar que este hospital está concertado con el Insalud
para la atención sanitaria como hospital de referencia del área 6 de
Asturias y que cuenta con un concierto singular renovado el año
pasado. La planificación sanitaria, señorías, es uno de los
instrumentos esenciales en la actividad del Insalud, que responde con
criterios de rigor a las necesidades sanitarias de los territorios
bajo su competencia, y es precisamente, en base a esa planificación
sanitaria, por lo que no se ha considerado en ningún caso oportuno en
este momento la mencionada integración.
Respecto de la enmienda que pretende aumentar la participación de
empresas españolas en el consorcio Airbus, tenemos que decir que el
Gobierno español desea hacer, y además lo está haciendo ya, todo lo
posible por conseguir incrementar nuestra participación en el
consorcio Airbus, y de hecho la empresa Const rucciones Aeronáuticas
ya participa con más del 4,2 por ciento tradicional en el programa de
desarrollo de los modelos del Airbus, el A-340, 500 y 600, en los que
se podría llegar al 8 por ciento en la medida en que los estabilizado
res horizontales que desarrolla la compañía CASA suponen en este
modelo una mayor cuota de part icipación en el conjunto de este
aparato que en los anteriores. Por otro lado, conseguir una
participación, ustedes comprenderán que en el programa total Airbus
supone, como entenderán, que otro socio disminuya su parte relativa,
y por tanto, en la medida en que los desarrollos del Airbus en este
momento se están llevando a cabo con éxito y a plena satisfacción de
todas las partes, parece una cuestión que escapa, en primer lugar, a
la voluntad del Gobierno español y, en segundo lugar, altamente
difícil de conseguir.
Respecto a las enmiendas relativas al poder adquisitivo de las
pensiones, tenemos que decir que este Gobierno ha sido y va a seguir
siendo, enormemente escrupuloso con el cumplimiento de la legislación
en vigor en este momento, y más concretamente con el texto refundido
de la Ley General de la Seguridad Social, la de consolidación y
racionalización del Sistema de Seguridad Social, y desde luego con la
de clases pasivas del Estado, preceptos que, a nuestro juicio,
garantizan la revalorización y por tanto el aumento del poder
adquisitivo de las pensiones, acorde con la evolución real de los
precios al consumo.Esta enmienda que rompe, a nuestro juicio, la
graduación actual de las pensiones mínimas en función de las
distintas clases de pensión, de la edad y de las cargas familiares,
vulnera los acuerdos del Pacto de Toledo, más aún cuando este
Gobierno, en los últimos ejercicios y en un esfuerzo además sin
precedentes, ha conseguido un saneamiento de la economía, de la
Seguridad Social y del empleo
que, junto con las decisiones de consolidación de las ganancias en
poder adquisitivo de las pensiones, en función de las previsiones de
IPC, ha mejorado sustancialmente las situaciones anteriores.
Quiero hacer también referencia a una enmienda que ha defendido en la
tarde de hoy el señor Vaquero sobre la creación de un fondo para
poner en marcha los acuerdos que adopte la Comisión para el estudio y
la evaluación de la oficialidad del lenguaje de signos, a la que a su
vez ha presentado una transaccional en el sentido de que se incorpore
la formación, la investigación y el fomento, en lugar de la
oficialidad. En este sentido tenemos que decir que vemos con simpatía
la enmienda, pero que queremos conocer antes, de una forma previa,
tanto el marco temporal como su alcance económico y, como nos gustaría
valorarla en la tramitación del Senado, ofrecemos a los grupos que en
ese marco, en el Senado, seamos capaces de llegar a un acuerdo en
este tema tan importante para nuestro grupo parlamentario.
Respecto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Socialista tengo que decir que, en cualquier caso, hay una que nos
parece sorprendente, conc retamente, la que recoge la cancelación de
los préstamos de la Seguridad Social. Yo entiendo, señorías, que a lo
mejor la responsabilidad de haber diseñado y de haber concebido la
consignación de distintos préstamos a la Seguridad Social por parte
del Partido Socialista les pueda producir, ahora que no tienen ya en
sus manos la iniciativa de Gobierno, algún cargo de conciencia. Lo
puedo entender, pero de ahí a pedir ahora sin ninguna justificación
que se incumplan las condiciones y que se incumplan los plazos
recogidos además para su amortización y para su reintegro, diseñados
por el propio Partido Socialista, por ustedes mismos, me parece
sinceramente una falta de rigor, de seriedad y de responsabilidad
manifiesta, y desde luego me cuesta entender por qué no lo hicieron
ustedes cuando podí an hacerlo, me cuesta entender que quienes han he
redado su gestión al frente de la Seguridad Social y que han
conseguido modificar en los últimos años un desfase de más de 500.000
millones de pesetas, un déficit del 0,67 por ciento del PIB a su
situación actual del 0,1 por ciento, decía, hagan exactamente lo
contrario de lo que diseñaron y planificaron hace unos años.
Permítanme que sólo lo pueda entender desde la mala conciencia que
esta situación les debe generar. Pero quiero dejar bien claro que la
responsabilidad de este Gobierno, que la responsabilidad de nuestro
grupo parlamentario es consolidar seriamente un sistema de Seguridad
Social sólido, riguroso y saneado, objetivo que se está cumpliendo
con creces, como digo, a pesar de la situación que nos dejaron cuando
los españoles les hicieron abandonar la responsabilidad de Gobierno.
En lo referente a la gestión de cuentas, depósitos o consignaciones
judiciales de las comunidades autónomas, saben SS.SS. que la
Constitución española establece que el Estado tiene competencias
exclusivas en materia de Administración de justicia y que las
transferencias
efectuadas a las comunidades autónomas tan sólo se refieren a las
competencias en materia de medios personales, materiales y económicos
para el funcionamiento de la misma, circunscribiéndose de hecho a lo
que es el funcionamiento de la Oficina Judicial. Por eso, ni los
jueces, señorías, ni los fiscales, ni siquiera los secretarios de
carrera son objeto posible de transferencia, en virtud de la garantía
de jurisdicción única para todo el territorio nacional. La gestión de
cuentas de depósitos y consignaciones judiciales, que generalmente
corresponden a fianzas y a embargos, se encuentra asociada a lo que
es propiamente la Administración de justicia, más que la gestión
burocrática de la Oficina Judicial y, por tanto, no parece pertinente
desvincular su titularidad de la Administración del Estado. Todo ello
sin entrar a juzgar o valorar las economías de escala relativas a los
acuerdos a nivel nacional con las entidades depositarias de dichos
fondos.
En lo relativo al Consejo Consultivo de Privatizaciones, conocen SS.
SS. que es un órgano consultivo y, por tanto, no administrativo,
cuyos gastos de funcionamiento corren a cargo de la Sociedad Estatal
de Participaciones Industriales, la SEPI, y la Sociedad Estatal de
Participaci ones Patrimoniales, la SEPA. Sin embargo, la realización
de las privatizaciones se efectúa por las entidades que ostenten, en
el momento de la enajenaci ón de las correspondientes participaciones
públicas, la titularidad de éstas. De acuerdo con la normativa
general, dichas entidades están sometidas ya al control de la
Intervención General de la Administración del Estado y del Tribunal
de Cuentas, además del preceptivamente establecido en la Ley 5/1996,
incluso en la relación con la información de las Cortes Generales,
respecto del control que se considera absolutamente suficiente para
los objetivos de estas instituciones. Lo mismo podemos decir de las
aportaciones financieras y de las garantías concedidas por la SEPI
a sus empresas, que contempla en la redacción relativa a la
información parlamentaria el propio Real Decreto-ley 15/1997.
Por todos estos motivos, señorías, este grupo parlamentario no puede
aceptar las enmiendas presentadas a estas disposiciones y anexos por
su incidencia negativa en un presupuesto, y ya se ha reseñado a lo
largo del debate, que tiene una enorme importancia económica y
política y que supone un elemento esencial en la contribución a la
estabilidad de la economía española, que disminuye el déficit público
y que, además, coincide con unas espléndidas cifras de inflación, una
bajada importante de tipos de interés y una importante creación de
empleo. Unos presupuestos que mejoran nuestra competitividad y
avanzan en la convergencia real, incrementando presupuestariamente
los elementos que configuran nuestra sociedad de bienestar, las
pensiones, la educación y la sanidad, logrando además que, por
primera vez en la historia de España, todos los gastos sanitarios
se paguen con cargo a los impuestos y no a las cuotas de la
Seguridad Social.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Echániz, entiende la
Presidencia que se dan por defendidos los dos votos particulares
(Asentimiento.) Muchas gracias.
Finalizado el debate del articulado del proyecto de ley de
presupuestos, con las disposiciones y anexos, se han terminado los
debates que se habían establecido para hoy.
La sesión continuará mañana a las nueve y media de la mañana.
Se suspende la sesión.
Eran las nueve de la noche.