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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 191, de 10/11/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 1998 VI Legislatura Núm. 191
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 185
celebrada el martes, 10 de noviembre de 1998
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley de Comunidades
Autónomas:
- Del Parlamento de Cataluña, de modificación de la Ley Orgánica 5/
1984, de 24 de mayo, de comparecencia ante las comisiones de
investigación del Congreso y del Senado o de ambas Cámaras. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie B, número 129-1, de 28 de noviembre
de 1997 (número de expediente 125/000013) . . . (Página 10159)
Modificación del orden del día.
Avocación por el Pleno:
- Proyecto de Ley de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local y otras medidas para el
desarrollo del Gobierno local en material de tráfico, circulación de
vehículos a motor y seguridad vial y en materia de aguas (número de
expediente 121/000130) . . . (Página 10167)
- Proposición de Ley de modificación de la Ley 17/1977, de 4 de
enero, sobre reforma del artículo 54 de la Ley del Registro Civil
(número de expediente 122/000061) . . . (Página 10168)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Almeida y Sr. Saura), para la
modificación del sistema de designación del Fiscal General del
Estado. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 150-1, de
9 de febrero de 1998 (número de expediente 122/000131) . . . (Página 10168)
Proposiciones no de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre creación de
un Comité Nacional de Ética para las Ciencias y las Nuevas
Tecnologías. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, número 301,
de 29 de junio de 1998 (número de expediente 162/000257) . . . (Página 10175)
- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre la posición del Gobierno
en el proceso de negociación abierto sobre la Agenda 2000. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie D, número 218, de 12 de diciembre
de 1997 (número de expediente 162/000185). . . . (Página 10183)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre las medidas que piensa
adoptar el Gobierno en política universitaria para el presente curso.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, número 336, de 26 de
octubre de 1998 (número de expediente 173/000106) . . . (Página 10189)
- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política general del
Gobierno para lograr una Universidad de calidad y competitiva. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie D, número 336, de 26 de octubre de
1998 (número de expediente 173/000107) . . . (Página 10189)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre análisis,
valoración, acciones políticas y medidas a adoptar por el Gobierno
para la consecución de la Paz. «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, número 336, de 26 de octubre de 1998 (número de expediente
173/000105) . . . (Página 10197)
S U M A R I O
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de Ley de Comunidades
Autónomas . . (Página 10159)
Del Parlamento de Cataluña, de modificación de la Ley Orgánica 5/
1984, de 24 de mayo, de comparecencia ante las comisiones de
investigación del Congreso y del Senado o de ambas Cámaras . . .
(Página 10159)
Para la presentación ante el Pleno de la proposición de ley del
Parlamento de Cataluña, de modificación de la Ley Orgánica 5/1984, de
24 de mayo, de comparecencia ante las comisiones de investigación del
Congreso y del Senado o de ambas Cámaras, intervienen
los señores Pujol i Folcrá, del Grupo Popular, y Sesmilo i Rius, del
Grupo de Convergència i Unió, ambos del Parlamento de Cataluña.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez
Sánchez y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría
Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores
Castellano Cardalliaguet, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida; Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió); Pedret i Grenzner, del Grupo Socialista del
Congreso, y Núñez Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Interviene de nuevo el señor Saura Laporta para rectificar una
afirmación hecha en su intervención.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Parlamento de Cataluña, se aprueba por unanimidad.
Modificación del orden del día . . . (Página 10167)
El señor presidente, oída la Junta de Portavoces, somete a la
consideración de la Cámara la exclusión del punto 51 del orden del
día, lo que se aprueba por asentimiento.
Avocación por el Pleno de Proyectos y Proposiciones de Ley . . .
(Página 10167)
Proyecto de Ley de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local y otras medidas para el
desarrollo del Gobierno local en materia de tráfico, circulación de
vehículos a motor y seguridad vial y en materia de aguas
. . . (Página 10167)
Proposición de Ley de modificación de la Ley 17/1977, de 4 de enero,
sobre reforma del artículo 54 de la Ley de Registro Civil
. . . (Página 10168)
El señor presidente somete a la consideración de la Cámara la
avocación por el Pleno del proyecto de ley de modificación de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y
otras medidas para el desarrollo del Gobierno local en materia de
tráfico y circulación de vehículos a motor y seguridad vial y en
materia de aguas, así como de la proposición de ley de modificación
de la Ley 17/1977, de 4 de enero, sobre reforma del artículo 54 de la
Ley de Registro Civil, lo que se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de Proposiciones de Ley . . . (Página 10168)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Almeida Castro y señor Saura
Laporta), para modificación del sistema de designación del fiscal
general del Estado . . . (Página 10168)
La señora Almeida Castro, del Grupo Parlamentario Mixto, presenta su
proposición de ley encaminada a la modificación del sistema de
designación del fiscal general del Estado y manifiesta que ésta debe
conseguir el máximo consenso para que el fiscal general
no se convierta en un servidor solamente del Gobierno, con lo que su
papel pierde credibilidad por no cumplir con el artículo 124 de la
Constitución, donde se dice que tendrá como misión promover la acción
de la justicia en defensa de la legalidad de los derechos de los
ciudadanos y del interés público tutelado por la ley. Recuerda la
moción presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida el 27 de mayo de 1997, que fue aprobada por mayoría en este
sentido, y añade que la proposición que hoy presentan recoge casi en
su totalidad dicha moción y que no tomarla en consideración ahora
sería una cobardía del Parlamento, que dejaría sin solución un
petición de la sociedad democrática, y se causaría un grave daño a la
institución de la Fiscalía.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría
Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores
Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió);
Castellano Cardalliaguet, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida; Cuesta Martínez, del Grupo Socialista del Congreso,
y Ollero Tassara, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Mixto, para la modificación del sistema de
designación del fiscal general del Estado, se rechaza por 25 votos a
favor y 288 en contra.
Proposiciones no de Ley . . . (Página 10175)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre creación de un
Comité Nacional de Ética para las Ciencias y las Nuevas Tecnologías .
. . (Página 10175)
Presenta la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, la señora Fernández de Capel Baños. Considera que es una
necesidad ineludible de la sociedad española la creación de un comité
nacional de ética para las ciencias y las nuevas tecnologías como
órgano de reflexión y conexión entre los avances científicos y los
problemas éticos que estos pudieran suscitar. Desarrolla el contenido
de su proposición no de ley basándose en que el impulso de la ciencia
y de la técnica es vital para la humanidad y en que para poder
disfrutar de sus beneficios debe existir un respaldo social y una
comunicación eficaz entre la comunidad científica y el ciudadano que
debe darle su apoyo. Explica la situación paradójica que existe en
España a este respecto,
puesto que cuenta con representantes en el Comité Director de
Bioética del Consejo de Europa y en la Unesco, pero no tiene un
comité nacional que oriente a sus representantes, por lo que actúan
de forma personal y, a veces, heroica. Para terminar asegura que hay
que enfrentarse al progreso como una opción y no como un destino,
porque una sociedad no puede avanzar en unos contenidos técnicos y
científicos y no hacerlo a la par en unos contenidos éticos y
morales, porque sería una sociedad enferma.
En defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley
intervienen el señor Alcaraz Ramos, del Grupo Parlamentario Mixto, y
las señoras Heras Pablo, del Grupo Socialista del Congreso, y Gil i
Miró, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Gómez
Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y la señora
Aramburu del Río, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Para aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene la
señora Fernández de Capel Baños.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, se aprueba por 162 votos a favor, dos en
contra y 141 abstenciones.
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre la posición del Gobierno en
el proceso de negociación abierto sobre la Agenda 2000 . . .
(Página 10183)
Presenta la proposición no de ley el señor Costa Costa, en nombre del
Grupo Socialista del Congreso. Manifiesta que su propuesta está
encaminada a lograr que el Gobierno informe al Pleno de la Cámara de
las orientaciones que sigue en la formulación de sus posiciones en el
seno de los consejos europeos en los que se discuten las perspectivas
financieras de la Unión para el período 2000-2006, en concreto del
destino de los fondos de cohesión y de las ayudas a la política
agrícola común. Pone de relieve las consecuencias de la incorporación
a la Unión Europea de nuevos países cuya renta media es del 32 por
ciento del PIB de la Unión, con grandes diferencias entre sí. Añade
que es la primera vez que se produce una ampliación con una caída del
16 por ciento en el PIB por habitante de la Unión, con un incremento
de la población del 29 por ciento y con un incremento de la
superficie del 34 por ciento. Se refiere asimismo a las respuestas
que da la Comisión Europea en la Agenda 2000 a la situación
planteada, medidas que
van a provocar un cambio profundo en la construcción europea,
afectando a la posición de los Estados miembros, por lo que el Grupo
Socialista entiende que es necesario un debate en el Parlamento, en
donde se aborden las cuestiones que pasa a explicar: la postura del
Gobierno respecto a la propuesta regresiva de la Comisión de
financiar la Agenda 2000, a las reformas en curso de la política
agrícola común y a la reforma de los fondos estructurales.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Guardans i
Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Navas
Amores, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Madero
Jarabo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Socialista del
Congreso, se rechaza por 148 votos a favor, 155 en contra y dos
abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes . . . (Página 10189)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre las medidas que piensa
adoptar el Gobierno en política universitaria para el presente curso
. . . (Página 10189)
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política general del Gobierno
para lograr una universidad de calidad y competitiva . . .
(Página 10189)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo
Socialista del Congreso la señora Díez de Baldeón García. Considera
que tras la interpelación del pasado 7 de octubre a la señora
ministra de Educación y Cultura siguen sin respuesta los tres
problemas planteados: la falta de financiación, la indefinición
ministerial ante la reforma del título V de la LRU, que afecta al 36
por ciento del profesorado, y la ausencia de liderazgo político para
asumir la necesaria coordinación del sistema universitario español.
Entiende, por otra parte, que la señora ministra basa su estrategia
en dos principios: en no actuar para no equivocarse y en transferir
los problemas a los rectores o a los responsables educativos de las
comunidades autónomas. De todas formas, asegura que a la ministra le
gusta jugar con fuego y crear problemas allí donde no existían,
poniendo cargas de profundidad al clima de diálogo y colaboración,
imprescindible entre las distintas
instancias académicas. Critica el hecho de solicitar un informe al
presidente de la Conferencia de Consejos Sociales cuando estaba en
marcha el informe de la Conferencia de Rectores de las universidades
españolas y considera que es imprescindible llegar, con el mayor
consenso posible, a un profundo diagnóstico de la situación de la
universidad española y de las perspectivas de futuro de la misma. A
continuación lee los puntos de su moción y termina su intervención
con el deseo de contar con la colaboración y el voto favorable de la
Cámara para garantizar la calidad y la excelencia de las
universidades españolas.
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Mixto el señor Alcaraz Ramos. Considera en primer lugar
que en la interpelación de la que es causa esta moción se puso de
manifiesto la inanidad del pensamiento sobre política universitaria y
la carencia de un impulso decidido y de una voluntad de encarrilar a
la universidad española por un camino que la sitúe en condiciones de
calidad y competitividad ante el nuevo siglo. Se refiere asimismo a
las manifestaciones del secretario de Estado de Universidades ante la
Comisión de Presupuestos y al informe de los rectores, que considera
debe ser un documento independiente y con capacidad de penetración
posterior en los ámbitos políticos y sociales. A continuación explica
las cinco grandes cuestiones que, a su juicio, deben polarizar todo
el debate sobre política universitaria en España: la reforma del
título V de la LRU; la reforma del Consejo de Universidades; el
establecimiento de una financiación universitaria en un marco estatal
que establezca unos mínimos para la calidad y la competitividad de
las universidades españolas; la adopción de medidas oportunas para
que las universidades acaben de una vez de ser compensadas por el
detrimento que sufrieron en sus tasas por el cambio de concepto de
familia numerosa, e iniciativas adecuadas que aseguren la movilidad
de alumnos y alumnas y el incremento real del número de cuantía de
las becas. Agradece a los grupos parlamentarios la presentación de
enmiendas a su moción y el esfuerzo realizado por el Grupo Socialista
para llegar a un texto transaccional, que considera equilibrado y que
se ajusta al tipo de iniciativa parlamentaria de impulso de la acción
del Gobierno.
En defensa de las enmiendas presentadas a las mociones intervienen
las señoras Aramburu del Río, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida; Gil i Miró, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y el señor Guerra Zunzunegui, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometido a votación el texto transaccional que integra las dos
mociones presentadas por el Grupo Socialista
del Congreso y el Grupo Parlamentario Mixto, se rechaza por 149 votos
a favor, 159 en contra y una abstención.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre análisis,
valoración, acciones políticas y medidas a adoptar por el Gobierno
para la consecución de la paz . . . (Página 10197)
Presenta la moción del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
la señora Aguilar Rivero. Manifiesta su satisfacción por subir a la
tribuna en nombre y representación no sólo de su grupo sino de todas
y cada una de las fuerzas políticas que conforman el Parlamento, lo
que ha sido posible gracias al esfuerzo e intenso trabajo llevado a
cabo entre todos. Expone que los grupos parlamentarios renuncian
expresamente a hacer uso de la palabra porque consideran que lo
realmente importante en el día de hoy es el acuerdo unánime alcanzado
entre todos, plasmado en una comunicación a la que pasa a dar
lectura.
Sometida a votación la moción leída por la señora Aguilar y avalada
por todos los grupos de la Cámara, se aprueba por 303 votos a favor y
una abstención.
Se suspende la sesión a las nueve de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES
AUTÓNOMAS:
- DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 5/
1984, DE 24 DE MAYO, DE COMPARECENCIA ANTE LAS COMISIONES DE
INVESTIGACIÓN DEL CONGRESO Y DEL SENADO O DE AMBAS CÁMARAS (Número de
expediente 125/000013).
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
El punto I del orden del día es el debate sobre la toma en
consideración de proposición de ley dimanante del Parlamento de
Cataluña, de modificación de la Ley Orgánica número 5, de fecha 24 de
mayo de 1984, de comparecencias ante las comisiones de investigación
del Congreso e incluso del Senado.
Para la presentación de la iniciativa, en nombre del Parlamento de
Cataluña, tenemos entre nosotros a los diputados don Simón Pujol i
Folcrá, del Grupo Popular,
y a don Domènec Sesmilo i Rius, del Grupo de Convergència i Unió.
Intervendrá, en primer lugar, el señor Pujol.
El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Pujol i Folcrá): Señor
presidente, señoras y señores diputados, hoy finaliza para nosotros,
diputados del Parlamento de Cataluña, un largo camino que comenzó el
24 de febrero de 1993 con la aprobación por el Pleno de nuestro
Parlamento de la toma en consideración de la proposición de ley de
modificación de la Ley orgánica que regula la comparecencia ante las
comisiones de investigación de las Cortes Generales.
La aprobación por el Pleno, el 29 de junio de 1993, permitió
presentar la propuesta en el Congreso de los Diputados, pero cuando
el Congreso de los Diputados fijó día para hacer la propuesta, el
Código Penal se había modificado dando la solución que buscábamos por
otro camino, aunque, a nuestro entender, por un camino incompleto.
Los parlamentos de las autonomías conseguían por vía penal la
eficacia de sus comisiones de investigación, ya que la
incomparecencia estaba tipificada como delito de desobediencia. Por
este motivo el Parlamento de Cataluña acordó que se retirase del
Congreso de los Diputados la propuesta de modificación. Sin embargo,
en estos momentos continúa vigente una ley orgánica que ignora la
modificación del Código Penal y la existencia de cámaras o
parlamentos autonómicos, pues deja que el Código Penal introduzca
penas complementarias de suspensión de funciones si el
incompareciente es funcionario y cuando cualquier requerido faltase a
la verdad, pero no equipara las comisiones de investigación de las
Cortes Generales a las de los parlamentos autonómicos.
Por esta razón el Parlamento de Cataluña presentó aquella iniciativa.
Creía que era mejor modificar, de entrada, la Ley orgánica y no
modificar el Código Penal. Pero estamos donde estamos. Esta nueva
propuesta al Congreso de los Diputados parte de la actual situación
legislativa y pretende modificar la Ley orgánica para adecuarla al
Código Penal, pero aprovechando también esta iniciativa para
introducir propuestas ex novo que cubran las lagunas que la
modificación del Código Penal no previó.
Alguien podrá decir que se ha querido solucionar la ineficacia de las
comisiones de investigación de las cámaras autonómicas por la puerta
falsa, ya que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional entiende
que el silencio significativo de algunos artículos de la Constitución
implica la regla hermenéutica expressio unius est exclusio alterius,
es decir, la inclusión de unos es la exclusión de otros.
Concretamente, el artículo 76.1 prevé que el Congreso o el Senado, o
ambas cámaras conjuntamente, puedan constituir comisiones de
investigación, pero no prevé que puedan hacerlo las cámaras
legislativas de las comunidades autónomas. Por esto, modificar la Ley
orgánica podría no ser suficiente y lo que sería necesario es
modificar la Constitución.
Para no liarnos, para no encontrarnos con impotencias prácticas de
modificación -siempre que se habla de la Constitución hay un muro
delante- optaron ustedes, legisladores, por la modificación del
Código Penal, lo que pasa es que de esta manera entramos en un
posible conflicto de que haya lo que el Tribunal Constitucional
denomina derroche inútil de coacción al no graduar directamente el
incumplimiento del deber de comparecencia constitucional -subrayado
constitucional- ante las comisiones de las Cortes Generales y el
deber de comparecencia o su incumplimiento legal - subrayado legal-
de comparecencia ante las comisiones de las Cámaras autonómicas, es
decir, no fijar parámetros de proporción en el castigo de
desobediencia. En este caso, de desobediencia grave es como el Código
Penal ha calificado este tipo de comportamiento.
Con la modificación del Código Penal se ha conseguido una solución
práctica, pero se ha incurrido en una discriminación entre cámaras
legislativas que hemos de paliar, si no cambiando la Constitución,
como he dicho antes, sí al menos cambiando una ley que forma parte
del marco constitucional, como es una ley orgánica. De esta manera
conseguiremos conectar con la obligada sensibilidad autonómica de los
legisladores, es decir, de los diputados del Congreso. Tengo la plena
seguridad de que ustedes entienden que tan soberana es una Cámara
estatal como una autonómica y que la limitación de competencias, es
decir, que éstas no tengan competencias universales, no interfiere ni
cuenta para graduar su soberanía y su independencia, ya que estos son
conceptos excluyentes, conceptos absolutos, es decir, de imposible
limitación.
Las incorporaciones que proponemos en la Ley orgánica, además de
equiparar las comisiones de investigación autonómicas a las de las
Cortes Generales y las obligadas correcciones debido a la
modificación del Código Penal, son: primero, la comparecencia del
menor acompañado del representante legal; segundo, las garantías al
compareciente de no estar obligado a declarar contra su ideología o
religión, a no declararse culpable, a utilizar los medios de pruebas
pertinentes, a la presunción de inocencia, complementando así el
genérico que podríamos denominar de derechos constitucionales;
tercero, la renuncia expresa por el Gobierno del uso de su potestad
reglamentaria; y, cuarto, la equiparación penal de incomparecencia a
una comisión de investigación a las autoridades y funcionarios que
les nieguen informes o dificulten a los comisionados que investiguen
el acceso a los expedientes o documentos necesarios para la
investigación.
Aquí, señoras y señores diputados, está la gran laguna en la
modificación del Código Penal, que tipifica como delito de
desobediencia, con pena subsidiaria de suspensión de empleo, la
obstaculización por los funcionarios o autoridades de las
investigaciones del Defensor del Pueblo, del Tribunal de Cuentas del
Reino y de los órganos equivalentes a las comunidades autónomas, y se
olvida la obstaculización a las comisiones de investigación.
El señor PRESIDENTE: Señor Pujol, ha de ir concluyendo, por favor.
El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA: (Pujol i Folcrá):
Queremos hacer una última consideración sobre las posibles
repercusiones de la nueva regulación penal al ámbito de la actuación
de las comisiones de investigación en las asambleas autonómicas. Al
amparo del nuevo código, cualquiera puede ser llamado a comparecer
delante de las comisiones de investigación, el Código no hace en
efecto ninguna precisión. Los que dejaren de comparecer, dice el
artículo 502.1, cualquiera, implica lo mismo a particulares que a
responsables públicos, no importa de dónde, de la misma comunidad,
pero también de las diecisiete restantes, del Estado, de la
Administración autonómica, de la periférica y de la local,
cualquiera. Hasta ahora, la voluntariedad de la comparecencia quitaba
importancia a la inconcreción de los reglamentos parlamentarios sobre
los susceptibles de ser llamados a comparecer. A partir de la
modificación del Código, la imprecisión adquiere otra dimensión,
quien no comparezca incurre en delito, quien comparezca pero falte a
la verdad también. Alguien puede creer que el Código Penal no
concreta el ámbito territorial de comparecencia obligada y esto
acarrea problemas que tampoco nuestra propuesta resuelve. Creo que el
mantenimiento del sistema de distribución de poderes horizontales y
territoriales que establece la Constitución podría ser el punto de
partida para intentar delimitar lo que el Código Penal ha dejado
completamente abierto, es decir, que la actuación de las comisiones
de investigación ha de circunscribirse en su ámbito territorial, pero
si la limitación territorial impide gravemente el funcionamiento de
la comisión de investigación, la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional paliará esta dificultad al reconocer en sus sentencias
el deber de auxilio recíproco, de recíproca ayuda y mucha lealtad,
entre los poderes del Estado y las comunidades autónomas.
El señor PRESIDENTE: Señor Pujol, ha de concluir.
El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Pujol i Folcrá): Acabo,
señor presidente.
Agradeceremos a los diputados que quieran analizar nuestro trabajo,
que lo hagan con el rigor que les caracteriza, con la mejor técnica
jurídica, pues tampoco pretendemos que no esté sujeto a mejora lo que
para nosotros es la mejor aportación posible. Sólo pretendemos hacer
una aportación al trabajo parlamentario del Congreso de los Diputados
y un servicio a Cataluña por la que, como todos ya pueden suponer,
cualquier sacrificio, cualquier trabajo o cualquier esfuerzo nos
parecerá siempre insuficiente.
Gracias, señor presidente, gracias, señoras y señores diputados.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pujol.
Señor Sesmilo, del Grupo de Convergència i Unió, del Parlamento de
Cataluña.
El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Sesmilo i Rius): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, permítanme que mis primeras
palabras sean para mostrar la emoción que me produce dirigirme por
primera vez al Pleno del Congreso de los Diputados y el honor que
supone hacerlo en nombre del Parlamento de Cataluña, que representa
la soberanía de mi país. Por tanto, este es un hecho que a mí me
llena de satisfacción y quisiera destacarlo en esta primera
intervención.
En segundo lugar, quisiera destacar la importancia política que tiene
el hecho de que el Parlamento de una comunidad autónoma tenga
posibilidades de iniciativa legislativa y ponerla a consideración del
Parlamento español para que, en el caso de tomarla en consideración
-valga la redundancia-, pueda convertirse en ley. Es un ejemplo de lo
que puede y debe -y subrayo el debe- ser la colaboración leal entre
las instituciones del Estado. No obstante, la tradición nos dice que
es el rechazo generalizado a este tipo de iniciativas la constante,
lo cual, a veces, hace pensar que SS.SS. pueden tener un exceso de
sensibilidad respecto a la competencia o, para ser más exactos, a la
competitividad que pueda resultar del celo que también ponemos otros
representantes de la soberanía popular en las cuestiones de interés
general para el conjunto del Estado, que quiere decir de interés
general para los ciudadanos.
Parece que esta vez va a prosperar la propuesta del Parlament de
Catalunya. Nos felicitamos, no sólo por lo que significa de apoyo a
una iniciativa legislativa catalana, sino también porque nos va a
obligar a extremar el rigor de nuestras propuestas, ya que
constatamos que pueden ser tomadas en consideración por el Congreso
de los Diputados. Como muy bien ha dicho mi compañero de Parlamento,
el señor Puyol, esta iniciativa puede parecer innecesaria a partir de
la reforma del Código Penal, pero el Parlament de Catalunya ha creído
unánimemente que era conveniente modificar la ley orgánica. En el
debate en nuestro Parlamento se suscitó si precisamente habiéndose
modificado el Código Penal, el hecho de introducir modificaciones en
una ley orgánica no era en el fondo una cierta minusvalidación de la
soberanía de nuestra propia Cámara legislativa. Del estudio y
posterior debate se concluyó que preferíamos reforzar la seguridad
jurídica en todo lo que afecta a las comisiones de investigación más
que perdernos en discusiones soberanistas.
Se ha dicho ya, concretamente lo acabo de decir, que la propuesta que
presentamos a la consideración de este Parlamento ha merecido el
apoyo unánime de la Cámara catalana. Al pedirles su voto afirmativo a
nuestra iniciativa, considero legítimo que lo hagan en lo que les sea
posible, pidiendo también su apoyo unánime.
Gracias por su atención.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sesmilo. ¿Grupos que desean fijar
su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto compartirán el turno el señor
Rodríguez y el señor Saura.
Tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
El Bloque Nacionalista Galego va a dar su apoyo a la proposición de
ley de modificación de la Ley Orgánica 5/1984, presentada por el
Parlamento de Cataluña, y lo hacemos porque compartimos plenamente el
hecho de que los parlamentos autonómicos tienen un ámbito
competencial diferenciado, pero no por eso inferior o subordinado
desde el punto de vista del interés político y de la capacidad. Por
lo tanto, deben contar con comisiones de investigación donde se
puedan realizar comparecencias, con citaciones y con las debidas
garantías, para investigar todos los temas de interés político.
Pensamos que es el espacio territorial y el ámbito de competencias lo
que delimita cada función que hoy existe en el Estado español y,
desde una posición de lealtad, todas deben contar con las mismas
posibilidades. Es interesante, además, que la proposición de ley
establezca claramente que el Gobierno no debe injerirse a través del
desenvolvimiento reglamentario de esta ley.
También coincidimos plenamente con la proposición de ley en que no es
sólo bajo el amparo del Código Penal como debe quedar claro el deber
de asistir a estas comparecencias. Doy un último dato. Las grandes
empresas que fueron públicas y que ahora son privadas, a partir de la
aprobación de esta ley podrán ser llamadas a comparecer en cualquier
parte del territorio, en los cargos de dirección de personas
jurídicas como éstas, para que puedan informar sobre cualquier
cuestión de interés público, cuestión que nosotros compartimos
ampliamente. Es interesante que la proposición de ley se haya
preocupado de que estas comparecencias se hagan con todas las
garantías y, sobre todo, con respeto a la intimidad ideológica, a la
condición religiosa o de creencias o, incluso, al derecho a no
declarar en contra de la propia persona o del propio interés.
Por todo esto vamos a apoyar esta proposición de ley, ya que pensamos
que es un paso importante en la articulación de un Estado español
claramente equilibrado, donde además haya una lealtad institucional
múltiple.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
Señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
De forma muy breve quiero decir que votaremos favorablemente la
modificación de Ley Orgánica 5/1984, que hoy nos propone el
Parlamento de Cataluña en una votación por unanimidad y que tanto el
señor Pujol i Folcrà como el señor Domènec Sesmilo han explicado. En
definitiva, se trata de la obligación de los ciudadanos del Estado
español, tanto nacionales como residentes, de comparecer ante las
comisiones de investigación de las cámaras legislativas de las
comunidades autónomas. Creo que ha sido el señor Pujol i Folcrà el
que ha explicado que esta es una iniciativa que viene de lejos.
Yo recuerdo aún el primer debate en el año 1992 ó 1993, que
precisamente defendió el señor Pujol i Folcrà, y tenía su génesis en
el hecho de que en los años 1990, 1991 y 1992, en el Parlamento
catalán, en una Comisión de investigación sobre Casinos, que
examinaba una presunta financiación irregular de Convergència i Unió,
los representantes de Casinos de Cataluña se negaron a venir a la
Comisión de investigación que todos los grupos habíamos solicitado.
Evidentemente, esto dejó a la Comisión de investigación y al propio
Parlamento de Cataluña en una situación de inferioridad en relación a
las atribuciones que el Congreso o el Senado tienen, y, por tanto, lo
que hacemos hoy aquí es simplemente llenar un vacío legal existente.
Una interpretación amplia de la Constitución podía permitir
evidentemente una lectura de la obligación de comparecer, pero es
cierto, como se ha señalado, que la Ley 5/1984 limita claramente esa
obligación al Congreso y al Senado. A pesar de que el Código Penal da
un salto positivo, con algunas lagunas, no acaba de solucionar el
problema y, por tanto, nos parece que la iniciativa parlamentaria que
hoy se trae a votación es positiva, porque llena un vacío legal, pero
al mismo tiempo es políticamente relevante en la medida que equipara
o que da contenido político también a las comisiones de investigación
de las cámaras legislativas de las comunidades autónomas. La
aprobación de esta proposición de ley, que estoy seguro que se va a
producir, significa, pues, un avance importante en la consolidación
progresiva del Estado de las autonomías.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Saura.
Señor Mardones, por el Grupo de Coalición Canaria.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero que mis primeras palabras sean de salutación y bienvenida a
los dos diputados del Parlament de Cataluña que han intervenido
anteriormente.
Mi grupo va a votar favorablemente esta iniciativa. Qué duda cabe,
señor presidente, que desde el momento en que se aprobó en su día,
por imperativo constitucional del artículo 76.2 de la norma
fundamental del Estado, la Ley Orgánica 5/1984, hasta la más
reciente, la 10/1995, del nuevo Código Penal, se acumularon una serie
de experiencias fundamentalmente en el marco de las comisiones de
investigación, lo que se llamó el caso Roldán, el caso Banesto y en
la no concluida entonces sobre la financiación de partidos políticos.
Allí se evidenciaron una serie de limitaciones, sobre todo ante la
falta de un imperativo legal, que después recogería el nuevo Código
Penal en su Ley 10/1995, con los dos delitos que venía a tipificar:
en primer lugar, como bien se recuerda en esta iniciativa del
Parlamento de Cataluña, el delito de incomparecencia ante las
comisiones y, en segundo lugar, una nueva figura delictiva, como era
la del falso testimonio en las declaraciones. Precisamente, la duda
que nos quedó a
algunos miembros que estuvimos en aquellas comisiones de
investigación que he citado es si algunas de las personas que
comparecieron ante las mismas hicieron un acto de falso testimonio,
pero nos encontrábamos con la circunstancia de que no éramos un
órgano jurisdiccional. Quiero resaltarlo aquí ahora, porque junto a
nuestro voto de apoyo a la toma en consideración, va a ir también el
anuncio de que en su momento, en la tramitación en la Cámara, si así
se acuerda, presentaremos enmiendas correspondientes a aclarar, en
primer lugar, que una Comisión de investigación no es un órgano
jurisdiccional, aunque aquí se dice que en caso de presunción de
delito, la Comisión, a través de la Presidencia del Congreso o del
Senado, lo debe poner en conocimiento del ministerio fiscal, porque
el delito no lo tiene que juzgar la Comisión, sino el órgano judicial
competente, y esto tiene que quedar muy bien aclarado.
Entendemos que esta iniciativa abre un nuevo escenario de
responsabilidades, y por tanto de garantías, de los comparecientes,
tema que no debemos olvidar, porque si van a poder contraer una
responsabilidad penal, tienen que tener la garantía que nuestra
Constitución señala de asistencia de letrado correspondiente que les
acompañe ante la Comisión. Por otro lado, se abre un segundo
escenario, pues no se trata sólo de las comisiones de investigación a
nivel de las Cortes Generales sino también de los parlamentos
autonómicos, para que en el terreno competencial de las comisiones de
investigación no se produzca un choque o un litigio y tengamos que
dirimir un conflicto de competencias entre las instituciones
camerales del Congreso de los Diputados o del Senado y de los
parlamentos autonómicos.
En consecuencia, entendiendo que hay aquí una materia de necesaria
regulación y acomodo al nuevo Código Penal, nuestro grupo
parlamentario, señor presidente, va a votar favorablemente la toma en
consideración de esta proposición de ley que nos llega del Parlamento
de Cataluña.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
Señora Uría, por el Grupo Nacionalista Vasco.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, reciban nuestra cordial bienvenida los representantes del
Parlament de Catalunya que hoy nos acompañan y, a la vez, la
felicitación del Grupo Vasco por la iniciativa que nos presentan, que
corrige titubeos y aun despistes del pasado en la regulación de las
comisiones de investigación; regulación que ha ido avanzando a
impulsos de problemas concretos, ya que cada comisión constituida
evidenciaba lagunas o deficiencias. Se trata, en efecto, de una
materia que casi carece del apoyo y orientación que siempre supone la
doctrina científica consolidada. Merecen ser citados en esta Cámara
los trabajos elaborados por el hoy secretario general de la misma y
por el letrado don Fernando
Santaolalla. Es posible conceptuar las comisiones de investigación
como medios de información al Parlamento que pueden posteriormente
instrumentalizarse como mecanismo de control, aunque no
exclusivamente, ya que el artículo 76 de la Constitución no las
circunscribe a la gestión gubernamental, sino a cualquier asunto que
pueda tener interés político.
Este instrumento tiene también previsión en los estatutos de
autonomía de las comunidades autónomas y en los reglamentos de sus
cámaras, pero su regulación es tal que las constituidas en los
parlamentos autonómicos carecen de mecanismos que les permitan
cumplir la función a que antes me he referido, y no lo hacía sólo por
mero afán erudito. Pudo corregir esta deficiencia la Ley Orgánica 5/
1984, pero la opción del legislador entonces fue referirla sólo a las
comisiones de investigación del Congreso y del Senado o de ambas
cámaras a la vez. Es una ley que, como he indicado anteriormente, se
hizo ad hoc para supuestos concretos, cuando es obvia la necesidad de
regulación estatal por necesidad de ley orgánica, dada la materia de
que se trata, ya que delimita el ejercicio de derechos individuales
y, en concreto, incluso en relación con los ciudadanos extranjeros.
Sin embargo, el Código Penal de 1995 sí iguala en su artículo 502 la
tipificación y la respuesta punitiva respecto de los parlamentos
autonómicos.
A corregir esta situación viene la iniciativa que hoy analizamos, que
es correcta en su articulación y que, pese a ser una ley estatal,
entendemos que no coarta la soberanía de las cámaras autonómicas,
sino que, muy al contrario, la refuerza actuando sobre conductas
contrarias que impidan a éstas su labor investigadora. En el ámbito
de la Administración vasca, tuvimos la Comisión de investigación del
caso Osakidetza en esta última legislatura, que evidenció que los
parlamentos autonómicos se encuentran capitidisminuidos, sin plenitud
en esta materia, lo que esta proposición de ley creemos que corrige.
Quizá no estaría mal aprovechar la ocasión para, cambiando por
supuesto la denominación de la ley, incluir en ella otra materia en
la que las cámaras autonómicas -sus miembros- no gozan de idénticas
prerrogativas que las Cortes Generales. La inviolabilidad se predica
con idéntico carácter de los parlamentarios estatales o autonómicos,
pero no así la inmunidad, que sólo supone para los autonómicos la
existencia de un fuero superior pero no la necesidad de suplicatorio,
tal y como estableció el Tribunal Constitucional en su sentencia 36/
1981 sobre la Ley 2/1981 del Parlamento Vasco, que decidió que se
necesitaba su regulación por ley orgánica. Ahora que los cambios
llevados a cabo en los estatutos de autonomía aprobados conforme al
artículo 143 han modificado sus parlamentos -lo que se dio en llamar
el parlamentarismo intermitente- dándoles una cierta mayoría de edad,
sería quizá el momento de poder igualar el status de la función
representativa autonómica, sea esta nacional o regional, al del
Parlamento estatal, al del Congreso y Senado.
Por todo lo que he manifestado, concluyo diciendo, señor presidente,
que el Grupo Vasco votará por supuesto a favor de la toma en
consideración de la iniciativa que se presenta por el Parlament de
Cataluña.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Uría.
Señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
Como no podía ser de otra forma, el Grupo Federal de Izquierda Unida
va a apoyar la toma en consideración de la proposición de ley
procedente del Parlamento de Cataluña. Ya se ha dicho cuáles son las
razones en las que coincidimos todos los grupos. Poco habría que
añadir, salvo la satisfacción que le produce a nuestro grupo que esta
proposición dé ocasión para volver a destacar cuál es la importancia
de las cámaras autonómicas, que no por el hecho de tratarse de una
competencia territorial más reducida pueden colocarse en situación de
jerarquización bajo ningún concepto o de menosprecio frente a lo que
pueden ser las propias Cortes Generales. Cada una, en el ámbito de
sus competencias, representa la soberanía popular y, en consecuencia,
debe merecer toda la colaboración por parte de los ciudadanos.
Suscribimos todos y cada uno de los argumentos que por el Parlamento
de Cataluña se esbozan para pedir esta tramitación. Nos gustaría
llamar la atención acerca de la posible incongruencia en que puede
incurrir esta Cámara cuando está tratando, lógicamente, de defender
que la comparecencia ante las comisiones de investigación se haga de
forma personal, sin ninguna clase de restricciones, y mientras tanto
estemos manteniendo una legislación que cuando llega el momento de
comparecer ante los tribunales y ante la Administración de justicia
establece un conjunto de privilegios y prerrogativas, cual si el
comparecer en una colaboración con el Poder Ejecutivo, con el Poder
Legislativo o con el Poder Judicial pudiera ser en algún momento
determinado objeto de alguna clase de menosprecio o deterioro.
El tratamiento y estudio de esta proposición nos da ocasión también
lógicamente para tratar de ver si somos capaces de recuperar en
alguna medida lo que tiene que ser la veracidad de los testimonios.
Lamentablemente, es público y notorio que en nuestro sistema jurídico
se cuentan con los dedos de la mano, si es que se puede encontrar
algún ejemplo, los casos en los que alguien haya sido procesado por
falso testimonio. Lamentablemente, esa práctica está empezando a
tomar cuerpo también en lo que se refiere a la colaboración con estas
instituciones, por parte sobre todo de los propios miembros de la
mismas. Mentir en los parlamentos o mentir en las instituciones
representativas no tiene ninguna importancia. Si con esta proposición
de ley conseguimos que empiece a cobrar alguna importancia algo tan
elemental como es la veracidad y la coherencia de los políticos, será
otro motivo más de satisfacción
para saludar esta iniciativa del Parlament de Cataluña que
nuestro grupo agradece y apoyará con todas sus fuerzas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Castellano.
Tiene la palabra, por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), el
señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Antes de nada, deseo saludar a los dignos representantes del
Parlamento nacional de Cataluña, con especial afectuosidad porque se
trata de dos antiguos colegas del mismo, muy especialmente al hoy
vicepresidente, señor Sesmilo, que fue portavoz adjunto cuando yo era
diputado en aquella Cámara en representación de Convergència i Unió;
compartimos entonces muchísimos trabajos políticos y por tanto hoy me
produce especial satisfacción saludarle desde esta tribuna. Quiero
recordar, además, que mi primera intervención en esta Cámara fue en
octubre de 1992, también en representación del Parlamento de
Cataluña.
Como no podía ser de otra manera, no sólo porque se trate de una
iniciativa que viene desde nuestro Parlamento, sino porque
habitualmente Convergència i Unió toma en consideración todas
aquellas iniciativas generadas desde los diversos parlamentos
autonómicos, también lo vamos a hacer en esta ocasión. Tanto los
representantes del Parlament de Cataluña como el resto de los
portavoces que han hecho uso de la palabra han situado el contenido
esencial de la misma. Consiguientemente, creo que no es conveniente
que nos extendamos más en ello. Así pues, se trata del voto favorable
porque es una propuesta del Parlament de Cataluña y porque en su
contenido Convergència i Unió coincide.
Tan sólo quiero hacer tres reflexiones de manera muy breve. Es
evidente que el Código Penal podía haber resuelto buena parte de los
problemas que generaban esas situaciones que, como se ha recordado,
producían que en los parlamentos autonómicos hubiese dificultades
para que pudiesen efectuar su función de control democrático, pero
también era necesario cubrir el hueco legal que implicaba la no
existencia de una regulación global de este materia, ya sea a través
de la legislación propia de los parlamentos, ya sea a través de la
modificación de la ley orgánica correspondiente. Sin entrar en el
mecanismo que hubiese servido no sólo para cubrir ese hueco, sino
para respetar el ámbito competencial de las cámaras de carácter
territorial, entendemos que es positivo dar esta visión global y no
tan sólo sancionar las incomparecencias a través del Código Penal,
sino señalando cuál es el marco legislativo donde se desarrollan
estas actividades de comparecencias en las cámaras territoriales.
En segundo lugar y desde un punto de vista estrictamente político, es
importante remarcar que es una iniciativaque refuerza la capacidad de
control político de
los parlamentos autonómicos, y eso es importante. Desde mi
experiencia como diputado en el Parlament de Cataluña, en muchísimas
ocasiones evidencié problemas que afectaban a los ciudadanos de
Cataluña que correspondían a otras administraciones que no eran la
Administración de la Generalitat, con la evidente dificultad de que
el Parlamento pudiese efectuar sus actividades. Por tanto, nos parece
importante un control político que refuerce esa capacidad de las
asambleas legislativas en el ámbito autonómico.
En tercer lugar, desde una perspectiva estrictamente democrática, era
necesario a nuestro juicio dotar de mayores controles democráticos a
las actuaciones de los parlamentos. Con esta iniciativa reforzamos el
dinamismo democrático de las instituciones legislativas en las
diversas comunidades autónomas.
Esperamos que el voto favorable del conjunto de los grupos de la
Cámara que se va a producir esta tarde nos permita efectuar una
tramitación suficientemente rápida para que pronto veamos reforzada
esta capacidad de nuestros parlamentos.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra don Jordi Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: Señor presidente, señorías, en esta
ocasión me he atrevido a desafiar la orientación general del
presidente respecto a la postura física para la toma de posición por
entender que la presencia de los ilustres representantes del
Parlament de Cataluña bien merece subir a la tribuna para darles la
bienvenida y agradecerles su exposición de una proposición de ley que
consideramos de alto interés y respecto a la cual anuncio el voto
favorable de mi grupo.
Bien es cierto que podría decirse sin faltar a la verdad en modo
alguno que el problema político básico, con todo lo que de
contradictoria puede tener la calificación de político y penal, viene
resuelto ya en el artículo 502 del Código Penal de 1995, también
denominado en su momento Código de la democracia, aunque puesto en
duda en este momento por algunos desde cualquier ángulo, quizá no con
ocasión técnica sino simplemente de oportunidad política en el peor
sentido de la palabra. Lo cierto es que el artículo 502 del Código
Penal de 1995 resolvió absolutamente la cuestión política. La
equiparación completa de las cámaras del Congreso de los Diputados y
del Senado o de las comisiones conjuntas de ambas cámaras con la
representación popular de las diecisiete asambleas legislativas de
las comunidades autónomas queda resuelta de plano en el artículo 502,
párrafos 1 y 3, en donde no se establece distinción alguna por razón
de la autoridad parlamentaria convocante de los comparecientes, y se
produce, por tanto, este paso adelante en el reconocimiento de la
importancia política de la nueva organización territorial del Estado
español que tiene lugar, repito, en este Código de 1995.
Es cierto, sin embargo, que resultaría chocante mantener -y por tanto
es enormemente bienvenida la iniciativa del Parlamento de Cataluña-
en nuestro ordenamiento una Ley orgánica como la 5/1984, en la que se
desconoce la realidad, por ser anterior en el tiempo, de la
modificación introducida en el tema por el Código Penal. Es por ello
adecuado establecer en una ley que modifique la 5/1984 la misma
condición de las comisiones de investigación, con independencia de la
Cámara parlamentaria de que se trate, y es también adecuado, entiende
mi grupo parlamentario, introducir también, aprovechando el viaje,
modificaciones técnicas recogidas de la experiencia de la
investigación parlamentaria en los últimos años, aunque tampoco
fueran absolutamente necesarias, por cuanto el derecho a no declarar
contra sí mismo, a no declarar respecto a la religión, convicciones
políticas, pertenencia política, etcétera, viene ya de aplicación
directa de la Constitución, pero consideramos que regularlo ad
exemplum, además de en la Constitución, en una ley orgánica, es una
buena iniciativa. Por ello reitero el voto afirmativo del Grupo
Socialista a la toma en consideración de esta proposición de ley
enviada a este Congreso de los Diputados por el Parlament de
Cataluña, lo que, desde luego, no obsta para mantener nuestro
derecho, que ejercitaremos a buen seguro, de presentar las enmiendas
necesarias en el trámite parlamentario para perfeccionar esta
proposición, que si bien arrancó en 1993, hay que decir que tiene
casi un récord al haber sido debatida por última vez en el Parlament
de Cataluña precisamente el 11 de noviembre de 1997, no habiéndose
cumplido, por tanto, el año aún hasta este debate en el Congreso de
los Diputados.
Por ello, reitero, por si alguna duda quedara, que creo que es
imposible por mis palabras, el sentido afirmativo del voto del Grupo
Socialista y agradezco enormemente a los diputados del Parlamento de
Cataluña su ilustración al respecto de su iniciativa y solicito del
conjunto de la Cámara el voto positivo para la proposición.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pedret.
El señor Núñez Pérez, por el Grupo Popular.
El señor NÚÑEZ PÉREZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, quiero en primer lugar dar la más cordial bienvenida en
nombre del Grupo Parlamentario Popular a los dignos representantes
del Parlamento de Cataluña y agradecerles sinceramente la iniciativa
que han enviado a esta Cámara con objeto de modificar la Ley Orgánica
5/1984. Como aquí se ha dicho, y es bueno recordarlo, la
justificación dada por el Parlamento de Cataluña a esta iniciativa
legislativa procede del nuevo Código Penal de 1995, que tipifica
específicamente el delito de incomparecencia ante las comisiones de
investigación, así como el delito de falso testimonio en la
declaración prestada ante las mismas.
El protagonismo adquirido por algunas de las comisiones
parlamentarias de investigación en la vida política española durante
la pasada legislatura ha hecho necesario que se salvaguarde la
seriedad del funcionamiento de las mismas. En este sentido, el
artículo 502.1 del Código Penal confiere una mayor protección a estas
comisiones teniendo en cuenta que lo más relevante de las mismas
radica en su facultad para requerir la comparecencia ante ellas de
cualquier ciudadano, cargo público o funcionario para informar. Por
otra parte, la citada Ley Orgánica de 1984, que ahora pretende
modificarse mediante otra de nueva planta, no extendía su ámbito de
aplicación a las comisiones creadas por los parlamentos o las
asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Finalmente, la
iniciativa trata de colmar determinadas lagunas que existen en la
actual regulación de las cámaras autonómicas sobre el procedimiento
de comparecencias.
Podríamos caer, señorías, en la tentación de utilizar estas y otras
cuestiones para convertir este trámite en un gran debate sobre las
comisiones parlamentarias de investigación. Aquí se han apuntado
algunos datos sobre ese posible debate; sin embargo, el tiempo y la
misma fórmula reglamentaria no nos lo van a permitir. Sí es bueno
recordar a la Cámara que los debates que por distintos motivos ya
hemos celebrado sobre las comisiones de investigación han dejado
claro que pocas personas, por no decir ninguna, están satisfechas con
su funcionamiento y que, por tanto, están necesitando una reforma
profunda de su actual régimen jurídico, lo cual significa que debe
perfilarse la verdadera naturaleza jurídica de las comisiones,
derivándola de una correcta interpretación del artículo 76 de la
Constitución española y considerando que no son sólo uno de los más
importantes instrumentos de control del Ejecutivo y un importantísimo
instrumento de la lucha política, sino también instrumentos
coadyuvantes de las propias cámaras legislativas para preparar
proyectos legislativos o para llamar la atención de la sociedad sobre
cualquier punto o asunto de interés público, lo cual significa que en
la regulación deben ser consideradas como órganos auxiliares que van
más allá de la mera confrontación para alcanzar el poder. Y es que,
en contra de lo que algunos afirman, la finalidad de las
investigaciones realizadas por las comisiones parlamentarias no viene
determinada ni limitada por el ordenamiento constitucional. La
Constitución reconoce la facultad de crear comisiones, pero no
establece en modo alguno el fin que deben perseguir las cámaras con
la puesta en marcha de este mecanismo de investigación. Por tanto, la
finalidad debe entenderse siempre y en todo caso inscrita en el marco
de las facultades que constitucionalmente corresponde ejercer a las
Cortes Generales, a las cámaras de los parlamentos autonómicos y que,
entre otras cosas y por lo que se refiere a esta Cámara, es la
potestad legislativa del Estado para aprobar sus presupuestos,
controlar la acción de Gobierno y las demás competencias que le
atribuye la Constitución. No caeremos, pues, en la tentación de
este debate y pasaremos por alto todo lo relativo a la naturaleza
jurídica de las comisiones, su finalidad, legitimación activa y
pasiva, ámbito material de actuación, organización y funcionamiento y
las relaciones de las comisiones de investigación con el Poder
Judicial. Todas estas cuestiones se están analizando por los grupos
parlamentarios de esta Cámara en la ponencia que trabaja en la
reforma del Reglamento bajo la experta dirección de nuestro
presidente. Esperamos que en un tiempo no muy lejano podamos celebrar
el debate de la toma en consideración de tan esperada reforma.
Volviendo a la iniciativa del Parlamento de Cataluña, quiero anunciar
a SS.SS. el voto favorable del Grupo Parlamentario Popular, a pesar
de que haya algunos aspectos que deberán ser objeto de análisis,
consideración y posible y necesaria reforma a lo largo de los
siguientes trámites parlamentarios. El texto de la proposición consta
de cinco artículos y una disposición adicional en la que se prohíbe
al Gobierno hacer uso de su potestad reglamentaria para el desarrollo
de lo dispuesto en la ley. Solamente voy a referirme a los artículos
2, 3, 5 y a la citada disposición adicional.
Los artículos 2 y 3 tratan de la citación y de la comparecencia y no
incluyen grandes modificaciones, salvo la referencia a los
parlamentos autonómicos. No parece conveniente, y es discutible, que
el Estado legisle sobre la comparecencia ante las comisiones de
investigación de los parlamentos y asambleas legislativas de las
comunidades autónomas. La autonomía de estas asambleas y su
competencia legislativa sobre materias competencia de las comunidades
autónomas excluye que el Estado pueda o deba legislar sobre las
mismas. Aquí se ha hablado de la paralela soberanía de unas y otras
cámaras. Estamos completamente de acuerdo y de ahí nuestra
observación sobre este punto. En cuanto al contenido del artículo
2.7, y puesto que se está regulando la citación, no parece el
precepto más adecuado para referirse al delito de desobediencia. El
artículo 1 resultaría más adecuado en tanto que establece la
obligación de comparecer. En el mismo sentido parece conveniente una
referencia concreta al artículo 502.1 del Código Penal, indicando el
precepto que tipifica la conducta y establece las posibles penas.
También el artículo 3.3, que introduce la obligación de prestar
juramento o promesa antes de la declaración, debería mencionar el
precepto concreto del Código Penal que tipifica la conducta y que no
es otro que el artículo 502.3.
Dejando aparte otra serie de precisiones y posibles enmiendas que no
tengo tiempo de exponer y que no ponen ni restan ninguna importancia
a la iniciativa, quiero referirme, para terminar, el artículo 5, que
trata de la negación indebida de documentación y que tipifica como
delito la conducta de la autoridad o funcionario que obstaculice y
niegue indebidamente, sin base legal suficiente, el envío de los
informes que soliciten las comisiones de investigación a que se
refiere el artículo 1 de la ley o dificulte el acceso a la
documentación o expedientes administrativos necesarios para la
investigación a los comisionados designados. Estas conductas
se asimilan a efectos penales a la incomparecencia voluntaria.
Conviene hacer algunas precisiones importantes respecto a este
artículo. La primera, en atención a la materia a que se refiere, ya
que sobrepasa el ámbito de la ley, que es, como claramente señala la
proposición, la comparecencia para declarar ante las comisiones de
investigación. La segunda, en atención a la pretensión del precepto,
en tanto equipara la conducta que describe a otra distinta que el
Código Penal recoge como delito en el artículo 502.1. Conviene
señalar que el artículo 502.2 del Código Penal recoge una conducta
muy similar a la descrita en atención a la falta de colaboración
injustificada con el Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo y
órganos equivalentes de las comunidades autónomas. Ambas precisiones
-y ya termino, señor presidente, señorías- nos llevarían a mantener
que el instrumento adecuado para la creación de este tipo penal sería
su inclusión en el artículo 502 del Código Penal, y no como
incomparecencia voluntaria, sino como obstaculización de la
investigación de las comisiones de investigación. Y para tipificar
una nueva figura delictiva, no parece que sea la ley orgánica el
instrumento adecuado, sino el Código Penal, cuyo artículo 502 habría
que modificar, y en este caso, el estudio de la iniciativa y la
presentación de dicha figura debería realizarse por el Ministerio de
Justicia.
Finalmente -y ahora sí que termino, señor presidente-, debemos hacer
referencia a la prohibición al Gobierno para desarrollar
reglamentariamente la ley, que no parece justificada y resulta
insólita en nuestro ordenamiento, más extraño, si cabe, porque son
los reglamentos de las Cámaras los que regulan los pormenores de las
comparecencias. En todo caso, no parece conveniente establecer este
tipo de prohibiciones, que implicarían una interdicción de la
potestad reglamentaria del Ejecutivo, por marginal que ésta fuera.
Los principios constitucionales de legalidad, reserva de la ley y
jerarquía normativa, así como la regulación constitucional del ámbito
material de la ley orgánica, son los criterios a los que, en todo
caso, se acomodará la potestad reglamentaria del Gobierno, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 97 de la Constitución española.
Pero, señores del Parlament de Catalunya, señorías, señor presidente,
analizados los pros y los contras de la iniciativa, consideramos que
pesan mucho más los primeros que los segundos, y por ello votaremos
favorablemente la toma en consideración.
Gracias, señor presidente; gracias, señorías. (El señor Saura Laporta
pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Núñez.
El señor Saura ha solicitado la palabra para clarificar o rectificar
alguna de las afirmaciones que ha hecho en su intervención.
Señor Saura, adelante.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
He pedido la palabra para que conste en el «Diario de Sesiones» una
rectificación de mi intervención. He dicho que la génesis de esta
comisión de investigación venía motivada por una comisión de
investigación en el Parlamento de Cataluña que examinaba la presunta
financiación irregular de Convergència i Unió. Eso es falso, y debí
decir: la presunta financiación irregular de Convergencia Democrática
por Cataluña. Por tanto, quisiera que así constara en el «Diario de
Sesiones» .
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saura.
Concluido el debate, y agradeciendo las intervenciones y la presencia
de los diputados del Parlamento de Cataluña, a los que despedimos,
vamos a proceder a la votación de la iniciativa.
Señorías, antes de proceder a la votación quiero anunciarles que a
continuación de la misma someteremos al Pleno dos propuestas de
avocación y una modificación del orden del día.
Votación de la toma en consideración de la proposición de ley del
Parlamento de Cataluña sobre modificación de la Ley Orgánica 5/1984,
de 24 de mayo, de comparecencia ante las comisiones de investigación
del Congreso e incluso del Senado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
312; a favor, 312.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
El señor PRESIDENTE: Señorías, la Junta de Portavoces ha acordado
someter a la Cámara la exclusión del punto 51, que figura en el orden
del día que se ha repartido a SS.SS., dentro del apartado
correspondiente al debate legislativo del jueves, punto X, debates de
totalidad de convenios internacionales. ¿Acuerda el Pleno la
exclusión del citado punto? (Asentimiento.) Gracias, señorías.
AVOCACIÓN POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY:
- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL,
REGULADORA DE LAS BASES DEL RÉGIMEN LOCAL Y OTRAS MEDIDAS PARA EL
DESARROLLO DEL GOBIERNO LOCAL EN MATERIA DE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE
VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL Y EN MATERIA DE AGUAS (Número de
expediente 121/000130).
- PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 17/1977, DE 4 DE
ENERO, SOBRE REFORMA DEL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE REGISTRO CIVIL
(NÚMERO DE EXPEDIENTE 122/000061).
El señor PRESIDENTE: Asimismo, se propone al Pleno la avocación del
proyecto de ley de modificación de la ley que modifica a su vez la de
Bases del Régimen Local y otras medidas para el desarrollo del
Gobierno local en materia de tráfico y circulación de vehículos a
motor y seguridad vial y también en materia de aguas, así como la
proposición de ley de modificación del artículo 54 de la Ley de
Registro Civil. ¿Acuerda el Pleno la avocación de ambas por
asentimiento? (Pausa.)
Así se entiende acordado.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA ALMEIDA Y SEÑOR SAURA), PARA
LA MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE DESIGNACIÓN DEL FISCAL GENERAL DEL
ESTADO (Número de expediente 122/000131).
El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: Debate sobre la toma
en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario
Mixto, suscrita por la señora Almeida y por el señor Saura, para la
modificación del sistema de designación del fiscal general del
Estado.
Para su presentación, tiene la palabra la señora Almeida. (El señor
vicepresidente, FernándezMiranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
La señora ALMEIDA CASTRO: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, la proposición de ley que hoy presenta
el Grupo de Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya a este Congreso
para su toma en consideración se refiere a la modificación del
sistema de elección del fiscal general del Estado, pero no hablamos
de elección simplemente, ya que creemos que la designación de dicho
fiscal es competencia del Gobierno. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento,
señora Almeida. (Pausa.)
Puede continuar, señoría.
La señora ALMEIDA CASTRO: La proposición se refiere a la forma de
designación del fiscal general del Estado y a la modificación, por
supuesto, del artículo 29 de la Ley de 30 de diciembre de 1981, que
regula el Estatuto orgánico del ministerio fiscal. Es verdad que el
nombramiento del fiscal general del Estado corresponde al rey a
propuesta del Gobierno, de acuerdo con el
artículo 124 de la Constitución española, pero también es cierto que
las funciones de este fiscal, al que se le confiere en base al texto
constitucional el ser el representante o tener por misión promover la
acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de
los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, requieren
que haya el máximo consenso en cuanto a las posibilidades de su
designación para que no se convierta, lejos de lo que la Constitución
demanda, en un servidor puramente del Gobierno, con lo que pierde
credibilidad y con lo que sus resoluciones muchas veces están
motivadas por presupuestos distintos a los que debe cumplir a tenor
del artículo 124.
Es cierto que en este Congreso de los Diputados el 27 de mayo de 1997
se aprobó a propuesta de Izquierda Unida -fue una moción aprobada por
todo el mundo, me parece que con el voto en contra de alguno de los
diputados, pero por mayoría- una resolución que prácticamente decía
lo mismo que esta proposición de ley. Sé que algunos a lo mejor dirán
que esperemos a la reforma del Estatuto del ministerio fiscal, sé que
algunos dirán que van a traer a este Parlamento una nueva regulación
del Estatuto, pero como no la hayan traído ya y esté en puertas, nos
vamos a pasar esta legislatura, y casi la próxima, sin que haya
Estatuto del ministerio fiscal. Tenemos la Ley de Enjuiciamiento
Civil y un montón de leyes y, sin embargo, han ocurrido muchos hechos
que están restando credibilidad a una institución que merece el apoyo
democrático de toda la ciudadanía. Últimamente tenemos pendientes en
este Congreso mociones de distintos grupos pidiendo al Gobierno que
cese tanto al fiscal general del Estado como al fiscal jefe de la
Audiencia Nacional, y lo decimos porque creemos que no cumplen esta
labor constitucional. Sin embargo, hoy no tenemos otros medios de
cese, incluso de acuerdo democrático para el cese, que no sea la
propia decisión del Gobierno y es lo que queremos evitar con esta
proposición de ley. Queremos hacer una nueva reforma que no implica
nada contrario a lo que esta Cámara ha decidido en cuanto a lo que es
el nombramiento y la destitución.
Es por esto nuestra propuesta, después de ver lo que está ocurriendo.
Cuando decimos que se quiebra la confianza de una institución como el
ministerio fiscal, cuando otros procedimientos se la están dando,
como es el jurado o un montón de situaciones legales en las que se
les da un protagonismo mayor, sin embargo, la actuación del fiscal
jefe actual o la del fiscal de la Audiencia Nacional, hecha frente a
todo pronunciamiento de la Junta de fiscales, está quebrando hoy un
principio constitucional de confianza en la defensa del interés
público.
No queremos citar ahora, porque ha ocurrido después de presentar
nuestra proposición de ley en el mes de febrero, su actitud en el
asunto Pinochet, en el que no sólo se ha mostrado contrario a lo que
era el principio de legalidad establecido por los tribunales, sino
que pese a su pronunciamiento ha existido un deseo
ferviente por el fiscal general del Estado de desprestigiar las
resoluciones de los tribunales para intentar mantener un compromiso
político que no nos parece nada democrático. Creemos que eso requiere
una solución y la reforma del artículo 29 no quita ninguno de los
derechos que el Gobierno tiene para el nombramiento del fiscal, pero
exige una mayor participación democrática de este Parlamento. Por eso
tratamos de modificar el párrafo segundo del artículo 29, en el que
proponemos que, al ser propuesto por el Gobierno, el fiscal general
del Estado, con audiencia previa del Consejo General del Poder
Judicial, comparezca en la Comisión de Justicia de este Parlamento
para que entre todos los grupos parlamentarios conozcamos cuáles son
sus propuestas para la Fiscalía y cuál es su compromiso con la
defensa del interés público, para así poder presentar las
resoluciones o proposiciones que bien amparen esa decisión del
Gobierno o las rechace, por entender que no va a cumplir esos
objetivos, aunque el Gobierno tenga capacidad para poderlo nombrar.
Nosotros creemos que este es un procedimiento de confluencia
democrática y no de alejamiento de un tema que puede beneficiar o
perjudicar al conjunto de los ciudadanos.
También pensamos que no hay nada dispuesto en cuanto al cese. A veces
la arbitrariedad o la justeza de un gobierno para destituirlo puede
estar condicionada por motivaciones políticas. Por eso estimamos que
se puede cesar al fiscal general por las mismas causas que se puede
cesar a cualquier fiscal o por una decisión tomada con el apoyo de
los grupos democráticos, así como que tenga un plazo de vigencia de
su designación, para que no se entienda sometido solamente a la
decisión del Gobierno, sino a la del conjunto de las fuerzas
democráticas.
Creemos que es una propuesta de democratización que si la retardamos
puede causar un daño a la Fiscalía, como de hecho está ocurriendo,
pues cuando vengan las propuestas de destitución no tenemos otra
alternativa que el Gobierno acceda. Pensamos que eso es menos
democrático, que eso da menos confianza. El fiscal general del Estado
se puede convertir -y lo hemos dicho muchas veces, tanto en la actual
situación como en otras- en un servidor del Gobierno y no en un
servidor de la sociedad. En ese sentido, cuantas más garantías tenga
su nombramiento, su cese y la permanencia en su puesto, más amparado
estará el conjunto de la ciudadanía.
La proposición cumple parte de la moción que aquí se aprobó. La única
objeción que nos pueden poner es si la retardamos en el tiempo. Si la
retardamos en el tiempo será una cobardía de este Parlamento, porque
es dejar sin solución un reclamo de la sociedad democrática. Hoy nos
hemos encontrado con un verdadero desprecio de la figura de la
Fiscalía, ya que no ha atendido la defensa del interés público, sino
la de un interés político, que no creemos que sea lo mejor para el
Gobierno, pero sí para el fiscal general del Estado. Pensamos que eso
no es admisible en una sociedad democrática
y aun adelantándonos a la reforma global del Estatuto, por
estar ya presentada, la reforma del nombramiento y del cese se puede
dar. Si no, decisiones como la de anular o cambiar al fiscal que
llevaba la cesión de créditos al Banco de Santander, las posiciones
adoptadas en el caso Pinochet, sobre los crímenes en Argentina, están
creando una complicidad del Gobierno -quizás porque no se ha
pronunciado- por mantener en su puesto a quien no ha sabido mantener
lo que los tribunales creen que se debía haber hecho. Nos parece que
esta es una situación lamentable y por sanidad democrática pedimos
que sea tomada en consideración esta proposición, que llevemos
adelante este proceso, ya que nos va a servir para cualquier estatuto
y para solucionar tanto la situación de hoy como la que se pueda
producir con el próximo Gobierno.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría. ¿Algún grupo parlamentario desea utilizar un turno en contra
de la iniciativa? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Comparto en una gran medida la preocupación con que la señora Almeida
ha hecho la exposición de motivos de la defensa de esta proposición
de ley que nos plantea el Grupo Parlamentario Mixto, para modificar
el sistema de designación del fiscal general del Estado. Este debate
lo hemos abierto muchas veces, dentro y fuera de la Cámara, y siempre
con posturas que van desde el mantenimiento de la situación actual,
reglamentaria, hasta una maximalista de que no fuera nombrado por el
Gobierno -lo que llevaría ya a tocar la Constitución- sino por la
Cámara, dadas las competencias que, en honor al principio de defensa
de la legalidad y del principio de jerarquía, están adornando tanto
la figura del fiscal general del Estado como la del ministerio
fiscal.
En esta proposición se opta por una solución intermedia. El Gobierno
sigue proponiendo el nombramiento, dentro del marco constitucional,
pero el candidato tiene que comparecer in pectore ante la Comisión de
Justicia e Interior para -supongo yo- hacer una especie de defensa de
su currículum profesional, que acredite su idoneidad. En este
procedimiento es donde yo difiero, porque el Gobierno va a seguir con
la competencia de proponerlo y un currículum (salvando las
circunstancias que se dieron en algún caso anterior en el que no se
cumplía el período preceptivo de 15 años en el desempeño de la
función, paso previo para desempeñar formalmente el cargo de fiscal
general del Estado) sí podría introducir aquí una especie de examen
curricular que no vendría a cuento cuando, después,ese fiscal general
del Estado, en uso de sus prerrogativas
y competencias (no ya en la defensa del principio de legalidad y su
interpretación en determinados casos, sino en el ejercicio del
principio de jerarquía en el ministerio fiscal), podría dar origen a
una serie de protestas o de conflictos y de posiciones encontradas
por parte de diversos grupos parlamentarios.
Como el tema de fondo sí lo comparto, en cuanto a la preocupación por
quitarle cualquier sombra a esta figura del fiscal general en el
sentido de que pudiera ser objeto de una utilización interesada
-entre comillas- del Gobierno de turno, y dada su trascendencia, mi
grupo cree que esta modificación tendría que ser fruto de un consenso
de todas las fuerzas parlamentarias y no de una iniciativa
singularizada de uno solo de los grupos; que los grupos
parlamentarios deberíamos hablar previamente sobre la necesidad o no
de esta reforma y ver si es adecuado ese trámite de comparecencia
ante la Comisión de Justicia e Interior del designado por el
Gobierno, y antes de su plena aceptación formal, en el que se analice
su currículum, con sus pros y contras, para buscar su idoneidad. Este
tema siempre se presta a cualquier interpretación, legítima, política
y, por tanto, subjetiva, y esto es lo que lleva a mi grupo a votar en
contra de la toma en consideración de esta proposición de ley.
Entendemos que esto tiene que ser objeto de una negociación y de un
consenso previo por parte de todos los grupos políticos. Estamos
tocando una figura muy importante dentro del ordenamiento jurídico de
la defensa del principio de legalidad que señala nuestra Constitución
y, por tanto, aquí no se puede ir a la ligera y por una sola
iniciativa. Esto tendría que llegar a la Cámara como una proposición
de ley de todos los grupos parlamentarios, para que nadie tuviera
ningún principio de prevalencia de paternidad de la idea y que esta
figura, si tiene que ser modificada, quede también lejos de la sombra
de que la ha modificado la iniciativa de un solo grupo político. O
esta proposición llega firmada por todos los grupos parlamentarios o
estamos haciendo un flaco servicio a la figura de fiscal general del
Estado. La reforma, como tantas veces hemos discutido en esta Cámara,
del Estatuto orgánico del ministerio fiscal adolece en alguno de sus
artículos de las deficiencias ocasionadas por el paso del tiempo y la
experiencia parlamentaria democrática y jurisdiccional. Por ello mi
grupo aconsejaría la vía del conseso y de la unidad de todos los
grupos.
Por esa razón, señor presidente, nosotros vamos a votar en contra de
esta iniciativa.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario PNV, tiene la palabra la señora
Uría.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, si hiciésemos un ranking de asuntos debatidos en esta
legislatura en la Cámara o en las distintas comisiones, es evidente
que el ministerio fiscal saldría
un número importantísimo de veces, ya sea aludiendo al Estatuto por
el que se regula, bien a la elección del fiscal general del Estado o
bien a la propia figura o actuaciones concretas de la Fiscalía en uno
u otro asunto.
Cada grupo es esclavo -o debe serlo- de las posiciones que ha
sostenido en todos y cada uno de estos debates y es claro que desde
el primer momento el grupo al que pertenezco se posicionó a favor de
que la figura del fiscal general del Estado se acercase lo más
posible a la institución parlamentaria.
Es además un dato cierto que en esta legislatura se trajo el debate
sobre el Estatuto del ministerio fiscal a la Cámara. Don Pablo
Castellano, por parte del Grupo Federal de Izquierda Unida, tuvo una
brillantísima actuación en la interpelación seguida de la
consiguiente moción, enmendada por todos los grupos y consensuada,
que tuvo como fruto la aprobación por todos - repito- de una moción
en la que se hablaba de que el nombramiento por el rey del candidato
propuesto por el Gobierno para el cargo de fiscal general del Estado
se efectuaría una vez obtenida por el mismo la confianza del Congreso
de los Diputados, y el Congreso instaba al Gobierno a que presentase
cuanto antes un proyecto en el que se introdujesen las
correspondientes reformas en el Estatuto del ministerio fiscal.
Ha pasado tiempo desde el mes de mayo de 1997 y nada de esto ha sido
presentado a la Cámara. El señor Castellano -insistente- formuló una
pregunta oral a la señora ministra, y ella le contestó en el mes de
abril que lo presentarían en breve plazo y que existía por lo menos
ya un informe de la Secretaría General Técnica de la Fiscalía. Goza
este cuerpo técnico de un merecidísimo prestigio en cuanto a la
calidad de sus informes, si bien debo manifestar que a este grupo
parlamentario no le es fácil acceder a ellos, aun cuando lo solicite
haciendo uso del derecho que nos concede el artículo 7 del Reglamento
de la Cámara. Nos gustaría conocer el contenido de ese informe de la
Secretaría General Técnica.
En todo caso, para concluir con lo que es este cometido de nuestra
intervención en este momento, debemos manifestar que, aunque no nos
satisfaga del todo el contenido de la iniciativa que nos trae a la
Cámara el Grupo Mixto, por contener un pronunciamiento que ha sido
constante en la trayectoria de lo manifestado por el Grupo Vasco
sobre la elección de fiscal general del Estado, nos vemos obligados,
por coherencia con nuestra postura en todas estas cuestiones, a votar
a favor de su toma en consideración, sin perjuicio de que
efectuaríamos a la misma muchas e importantes enmiendas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Uría.
En nombre del Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor
Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Como ya ha sido recordado, el 27 de mayo del año pasado este Pleno se
pronunció consensuadamente sobre una necesaria reforma del ministerio
fiscal, exigiendo al Gobierno la remisión de un proyecto de ley de
modificación del Estatuto orgánico del ministerio fiscal que
introdujese fundamentalmente la audiencia previa del candidato antes
de ser propuesto para su nombramiento por el rey, la delimitación
temporal del cargo de fiscal general del Estado, pudiendo ser
removido por causas regladas dentro de ese período, la posibilidad de
que, una vez presentada la memoria anual de la Fiscalía, pudiese la
Comisión de Justicia e Interior examinar, debatir y formular
propuestas de resolución, y, finalmente, una partida presupuestaria
específica para el ministerio fiscal.
Si la proposición no de ley que hoy se está debatiendo supusiese un
recordatorio e incluso un tirón de orejas al Gobierno por el retraso
en el cumplimiento de este mandato del Congreso, podríamos estar casi
absolutamente de acuerdo. Ha pasado más de año y medio y don Pablo
Castellano ha recordado aquí en alguna ocasión que se está dilatando
excesivamente este proceso. Las noticias que nos constan es que ha
habido consulta previa en las fiscalías de las audiencias
provinciales, consulta que debiera haber acabado el 1 de noviembre, y
que todavía no se ha pronunciado al respecto el Consejo Fiscal, la
Junta de Fiscales de Sala. En cualquier caso, debemos recordar que
una cosa es lo bien valorados que serán siempre por mi grupo los
informes de la Fiscalía General del Estado, que otra cosa es
pretender que aquí estamos ante una autonormación, y que el Gobierno
pueda, en base a unos pretendidos informes y a la aquiescencia o no
de la fiscalía o de los miembros del ministerio fiscal, enviar o no
ese texto al Congreso, sustraerse del cumplimiento de esta obligación
parlamentaria. Si esto sirve de recordatorio al Gobierno, bienvenido
sea.
Como decía antes, no se trata de un puro recordatorio. Ciertamente
esta proposición de ley supone un paso adelante en favor de la figura
del fiscal parlamentario que no es, por lo demás, una figura que
sostenga en estos momentos mi grupo. No es lo mismo, como se decía en
aquella moción que fuimos capaces de consensuar, que antes de ser
propuesto por el Gobierno y nombrado por el Rey, el candidato a
fiscal general del Estado deba someterse a una audiencia de la
Comisión de Justicia e Interior del Congreso para que los grupos
parlamentarios puedan expresarse sobre su idoneidad que decir que esa
Comisión de Justicia e Interior tiene que votar propuestas de
resolución sobre esa idoneidad, porque estamos hablando de cosas
diferentes. De la misma manera que supone otro paso hacia esa figura
del fiscal parlamentario el planteamiento que se efectúa en la
proposición de ley respecto del cese, a propuesta del Gobierno y
acordado por el Rey, pero tras esa audiencia de la Comisión de
Justicia e Interior, y se entiende también que tras la aprobación de
una propuesta de resolución en favor de su inidoneidad o de su cese.
A nosotros nos gusta bastante cómo está el Estatuto orgánico del
ministerio fiscal. Entendíamos -por eso en su día apoyamos la moción
presentada por Izquierda Unida- que podía mejorarse y corregirse en
alguno de esos aspectos. Sin embargo, a lo que no estamos dispuestos
es a pasar el rubicón y aceptar esa figura del fiscal parlamentario.
El Parlamento ha de intervenir activamente en alguna de las funciones
del ministerio fiscal y no estamos a favor de que, además de una
audiencia, existan propuestas que únicamente pueden tener carácter
vinculante, tanto respecto de su nombramiento como de su cese. Es por
este aspecto fundamental por el que anunciamos nuestro voto en contra
de la proposición de ley.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Silva.
En nombre del Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero dar las gracias también a los que han intervenido previamente
por su cariñoso recuerdo en cuanto al papel que le cupo a este grupo
parlamentario de promover un debate sobre la reforma del Estatuto del
ministerio fiscal. Pero me van a permitir que, con todo cariño, les
corrija en el sentido de que la resolución aprobada por esta Cámara
no fue de Izquierda Unida; antes al contrario, fue de todos ustedes.
La de Izquierda Unida iba bastante más allá y fueron ustedes: el
Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Socialista, el Grupo
Parlamentario Catalán y el Grupo Mixto, todos los grupos, los que le
dieron una forma definitiva. En consecuencia, nos encontramos con un
texto con el que hay que tener mucho cuidado para no incurrir en una
falta de respeto a la doctrina de los actos propios.
Si efectivamente la proposición de ley que hoy se nos presenta para
su admisión a trámite hubiera de resultar aprobada en la forma en que
está redactada, nosotros no la aceptaríamos, pero como se trata de
una proposición de ley susceptible de toda clase de enmiendas y que
lógicamente hay que conectarla con lo que ha sido ese esfuerzo de la
Cámara a lo largo de todo este tiempo y de estos debates, va a gozar
de nuestro voto favorable. Lo que es lamentable es que, habiéndose
aprobado en su día una moción -moción que efectivamente en ese camino
hacia lo que llamamos el modelo de ministerio público parlamentario,
fiscal general del Estado vinculado al Parlamento, que no dependiente
de él, porque sería absolutamente contradictorio cuando la moción
trata de reforzar su independencia-, el Gobierno haya incumplido por
completo el compromiso que aquí adquirió. El Gobierno adquirió el
compromiso de enviar una reforma del Estatuto del ministerio fiscal,
y lo ha incumplido. Yo podría incluso encontrar alguna explicación de
carácter metodológico o cronológico si se tratara de un
incumplimiento
momentáneo o explicable, pero es que ha ido a incumplir lo que ya no
tiene ninguna razón de ser, y es que en aquella moción precisamente
estábamos todos de acuerdo en que los Presupuestos Generales del
Estado contemplaran partidas presupuestarias específicas para atender
las necesidades funcionales del ministerio fiscal, previamente
evaluadas por el fiscal general del Estado oído el Consejo Fiscal.
Voy a hacer hincapié en este tema. La falta de respeto a algo tan
sencillo como la elaboración del presupuesto pone de manifiesto un
desprecio absoluto del Gobierno hacia los acuerdos de esta Cámara,
porque si por lo menos se dijera que ha cumplido la parte que se
corresponde con las obligaciones presupuestarias y que lo otro, por
ser mucho más complejo, está pendiente de determinados dictámenes, de
los que se hubiera dado traslado a todas las fuerzas parlamentarias,
se entendería que hay una voluntad o ánimo que no viene estorbada por
ningún problema que no sea pura y simplemente las razones de trabajo.
Pero cuando se incumple de una forma tan manifiesta lo más sencillo,
hemos de pensar que no hay la menor intención de cumplir lo esencial.
Tenemos que aprobar la admisión a trámite de esta proposición de ley
sabiendo que nuevamente vamos a dar el espectáculo de incurrir en
contradicción con aquello que fue aprobado por la totalidad de la
Cámara y por unanimidad, y que no viene hoy contradicho por la
proposición de ley que ha defendido la señora Almeida porque, en todo
caso, tenemos mecanismos suficientes para adecuarlo a lo que entonces
aprobamos en su correspondiente tramitación. Si hoy el voto del
Partido Popular es que no entre ni siquiera a consideración esta
proposición, que puede ser enmendada desde el primer artículo hasta
el último, que puede ser enriquecida y que puede ser incluso, si
ustedes quieren, con la mayoría que tienen en la Cámara, reorientada
en otro sentido; si eso se produce hoy sinceramente no tendrán
ustedes ninguna autoridad moral para decir que están respetando los
acuerdos de la Cámara. Si a ustedes no les gusta -a nosotros tampoco-
que se puedan conceder facultades a la Comisión de Justicia para
hacer una moción de censura, enmendémoslo, pero lo sustancial,
aquello que aprobamos aquí, que previo al nombramiento del fiscal
general del Estado, hecho por el Rey a propuesta del Gobierno, esta
Cámara pudiera mostrarle su confianza, que es el tema importante a
salvaguardar en esta proposición de ley y en lo que todas las
asociaciones de fiscales están de acuerdo, si ustedes no aceptan esto
sinceramente se están reafirmando en el modelo de fiscal que se
convierta ni más ni menos que en abogado del Gobierno.
Desde que se aprobó esa moción al día de hoy el Gobierno ha
demostrado por activa y por pasiva qué uso hace del fiscal general
del Estado, y el uso que hace de él es absolutamente contrario a su
independencia y a su imparcialidad. Por eso yo entiendo claramente
que no les importe cubrirse hoy de rubor y donde dijeron digo decir
hoy Diego, con tal de salvar la ocasión
y no desprenderse de un instrumento tan eficaz para que el
Estado social y democrático de derecho pueda sufrir los perjuicios
que está sufriendo por culpa de ese Gobierno que en el tema de la
justicia -lo voy a repetir una y mil veces- está muy alejado de los
postulados de cualquier grupo democrático que respete la división de
poderes.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Castellano.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
señor Cuesta.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, la proposición que hoy debatimos es una oportunidad
más que tiene esta Cámara para reflexionar sobre el modelo del
ministerio fiscal. ¿Qué pasa con la Fiscalía General cuando ha
merecido tan reiterado debate en esta Cámara? Esta proposición
debería servir al menos como un elemento de alarma, como un mensaje
al Gobierno de que algo falla hoy en el funcionamiento del fiscal
general del Estado.
La proposición de ley, como han dicho otros portavoces, pone de
manifiesto que hay un incumplimiento de una moción parlamentaria, de
una resolución de esta Cámara, de fecha 27 de mayo. Fíjense en que es
muy ilustrativa esa moción, sobre todo, en su primer apartado: El
Congreso insta al Gobierno para que, en la comprometida iniciativa de
reforma del Estatuto orgánico del ministerio fiscal, sin perjuicio de
otras modificaciones, se contemplen una serie de medidas. Observen
que el 27 de mayo ya esta Cámara, por efecto del consenso, hablaba de
la comprometida reforma del Estatuto orgánico del ministerio fiscal;
27 de mayo de 1997. ¿Dónde está aquél compromiso? ¿Cuál es el grado
de cumplimiento? ¿Se ha formalizado algún diálogo tendente a un pacto
de Estado sobre la justicia que permita también consensuar el modelo
de ministerio fiscal, o el Gobierno sigue instalado en una concepción
sectaria y corporativista del funcionamiento de la Fiscalía General
del Estado?
Esta proposición también pone de manifiesto algo que es indicativo, y
es la preocupación de esta Cámara sobre lo que podríamos denominar la
hipertrofia degenerativa del funcionamiento del fiscal general del
Estado. No voy a hacer una amplia enumeración de hechos, pero esa
adaptación de algún régimen dictatorial como solución o medicina
adecuada para restablecer no sé qué órdenes institucionales de la que
han hecho gala en sus actos la Fiscalía General del Estado y el resto
de los fiscales, demuestra, en el ámbito concreto de la Audiencia
Nacional, por poner un ejemplo, que hay algo muy grave, que hay una
crisis muy seria, que se está introduciendo un elemento de alarma en
los ciudadanos, y es que la Fiscalía General del Estado es débil, le
falta entusiasmo en la defensa de algo que constituyeuna de sus
misiones fundamentales, tal como es
concebida por el artículo 124 de la Constitución, incluso por el
propio Estatuto orgánico, por citar el artículo 3, que habla de la
defensa de los valores constitucionales o del orden institucional
constitucional, como dice el Estatuto orgánico del ministerio fiscal.
Esta proposición pone de manifiesto esa alarma.
Hay un tema que también debe ser objeto de reflexión. Estamos en un
régimen parlamentario en el que la preeminencia del Poder Legislativo
se deduce de nuestro propio texto constitucional. Si en un régimen
parlamentario, en el nombramiento de un fiscal general, interviene el
Poder Ejecutivo que tiene la capacidad de propuesta e interviene en
el trámite de información o de audiencia el Consejo General del Poder
Judicial, lógicamente, el Parlamento no debe estar ausente. En ese
sentido, sí es lógico que hagamos una reflexión para que, sea cual
sea el modelo, el Parlamento pueda tener alguna participación en la
evaluación -como dice la propia moción de 27 de mayo- o en la
rendición de cuentas, en la asunción de la responsabilidad política
del Gobierno cuando decide, en el uso legítimo de sus competencias,
cesarlo. Esto nos parece positivo y está en la moción de 27 de mayo.
Ahora bien, el Grupo Parlamentario Socialista considera que la
proposición que hoy nos presenta el Grupo Mixto no sólo rebasa el
ámbito de aquella moción de 27 de mayo sino que, desde nuestro punto
de vista, se desliza en una clara vulneración del diseño
constitucional del funcionamiento de la fiscalía, del ministerio
fiscal, del modelo y, sobre todo, del proceso de designación del
fiscal general del Estado. Mi grupo parlamentario viene hablando
reiteradamente de la necesidad de llegar a un consenso para definir
de manera permanente y duradera un modelo de ministerio fiscal.
Estamos muy de acuerdo con el modelo constitucional. Es más, el Grupo
Socialista no está por un ministerio fiscal judicializado. Entendemos
que el fiscal general del Estado o la fiscalía no es Poder Judicial.
Debe operar en la defensa del orden constitucional, pero también en
la defensa de la política criminal general. Estamos de acuerdo con
ese criterio de proximidad del fiscal general al Gobierno, que no a
la política sectaria del Gobierno, sino a la política criminal de
carácter general. Creemos, además, que el Parlamento debe participar
no sólo en la audiencia en los procesos previos de evaluación de
nombramiento, en el ejercicio de la competencia legítima del Gobierno
en la propuesta de fiscal general del Estado, sino que el Gobierno
debe responder políticamente ante esta Cámara del funcionamiento de
la fiscalía, de sus actuaciones y, eventualmente también, de las
decisiones que impliquen el cese del fiscal general del Estado.
No estamos de acuerdo con un mandato tasado en el tiempo ni con unas
causas de cese tasadas en el estatuto orgánico, a la hora de
delimitar cuáles son las motivaciones o los criterios que permiten
definir las causas de cese del fiscal general del Estado. Creemos
también que el fiscal general del Estado no es algo que deba levitar
sin rendir cuentas o responder ante nadie o ante
nada, simplemente ante la historia; debe responder, por supuesto,
ante el Gobierno y debe estar controlado parlamentariamente por esta
Cámara. Antes hablaba de la preeminencia del régimen parlamentario.
Ese es el modelo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Cuesta,
le ruego vaya concluyendo.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: Sí, señor presidente.
Creemos que hay que profundizar en los mecanismos de control y de
participación de esta Cámara en el conocimiento de lo que acontece en
el funcionamiento del ministerio fiscal y en la gestión del fiscal
general del Estado. Estimamos que hay que aumentar el nivel de
obligaciones del fiscal general del Estado en su relación con el
Parlamento. Pero creemos también que hay que desarrollar un modelo
que ya está embrionariamente contemplado en la Ley del jurado, un
modelo de fiscalía que parta de una reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, de un proceso que convierta a los fiscales,
al ministerio fiscal, en instructor, que garantice el principio de la
independencia de los jueces, que garantice el principio de la
imparcialidad y del derecho a un juicio justo, que refuerce las
competencias fiscales y le asigne más medios al ministerio fiscal y
también unas competencias claras en materia de Policía judicial.
En suma, señor presidente, señorías, el Grupo Socialista cree que
esta proposición de ley pone de relieve una realidad de alarma a lo
que es el funcionamiento hoy de la Fiscalía General del Estado desde
una concepción sectaria, pero también cree que la reflexión sobre el
modelo del ministerio fiscal debe rebasar el sistema de designación,
debe decidir...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Cuesta,
le ruego concluya.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: Debe decidir otros objetivos, debe
realizarse en el ámbito de un pacto de Estado por la justicia, y
dentro de ese ámbito de pacto de Estado por la justicia, un modelo de
ministerio fiscal.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Cuesta.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: Muchas gracias, señor presidente.
Como ya se ha señalado, estamos ante el enésimo debate sobre el
posible sistema de elección del fiscal general del Estado. El marco
constitucional es bien claro y dice que lo nombra, a propuesta del
Gobierno -no lo nombra el Gobierno-, S.M. el Rey. Hay quien, como el
Grupo Parlamentario Vasco, ha pedido alguna vez que se cambie la
Constitución y se pase a una elección parlamentaria, lo cual es un
fórmula respetable,
aunque no parece que muy viable a corto plazo, mientras que al Grupo
Socialista le sabe a poco esa fórmula y nos dice, con una sinceridad
digna de alabanza, cuál es su modelo. Su modelo es un fiscal que
dependa estrictamente del Gobierno pero, eso sí, de un Gobierno que
no sea malvado, o sea, del de ellos. Cuando ellos gobiernan depende
de ellos el fiscal y cuando no, no. ¡Perfecto!, se alaba la
sinceridad. Por supuesto que lo de que porque el nombramiento sea a
propuesta del Gobierno tenga que responder ante el Gobierno, es
bastante peregrino. Hay dos miembros del Tribunal Constitucional que
se nombran a propuesta del Gobierno y a nadie se le pasa por la
cabeza que el Gobierno le pueda exigir responsabilidades de nada,
porque todo el mundo sabe lo que es el Tribunal Constitucional y su
función y, por tanto, respeta ese marco institucional. Todo el mundo
sabe lo que es la Fiscalía General y su función y hay que respetar
ese marco institucional, que no se ve empañado en modo alguno por esa
propuesta en el nombramiento.
Lo que hay aquí es una actitud interesada de permanente sospecha
sobre la actuación del fiscal general y de la fiscalía en general.
Sería más transparente y honesto políticamente que los grupos que
quieran jugar a eso dijeran en cada caso, al surgir un problema, cuál
creen ellos que es la interpretación jurídica adecuada de acuerdo con
el principio de legalidad y con nuestro ordenamiento jurídico y
exhumaran previamente los intereses que el Gobierno malvado de turno
tiene sobre el particular antes de que se pronuncie el fiscal. Pero a
toro pasado decir que todo lo que hace el fiscal, sea blanco o negro,
lo hace porque se lo ha dicho el Gobierno es coger a un toro y
hacerle el teléfono por el rabo, lo cual evidentemente tiene muy poco
mérito y puede acabar uno un poco ensuciado en la operación.
Hemos tenido ya varios debates previos sobre este particular. Se ha
hablado aquí de incumplimiento del Gobierno. Difícilmente se puede
hablar de incumplimiento del Gobierno. En todo caso, se podrá decir
que todavía no ha cumplido, pero no había ningún plazo perentorio,
por tanto, no sé yo cómo se establece de una vez por todas. Yo, que
estudié derecho civil hace tiempo, no sé a qué tipo de conducción
responde esa obligación. Se puede hablar de incumplimiento ya al día
siguiente, no sé que diferencia hay entre el día siguiente y hoy. Es
un asunto un poco curioso. Lo que sí está claro es que esta política
de permanente sospecha respecto a la fiscalía deteriora esta
respetable institución de nuestro ordenamiento y con la que no tiene
sentido jugar caprichosa y frívolamente por intereses de partido.
Sobre eso convendría reflexionar un poco.
Esta proposición que hoy se trae va mucho más allá de lo que
aprobamos aquí en su día, es mucho más deficiente técnicamente y es
poco respetuosa con el diseño constitucional. Me voy a limitar, punto
por punto, a comentar muy brevemente su articulado. Punto uno. No se
sabe por qué, pero en contra de lo que dice el estatuto de que el
fiscal general se elige entre juristas españoles, se aplica el caso
Bosman y no
tienen que ser españoles. ¡Asombroso!. Cuando el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea dice que en aquellos casos en que están en juego
potestades y el velar por intereses generales debe ser alguien de la
nacionalidad correspondiente, aquí puede ser incluso un brasileño,
para seguir el símil futbolístico. Le puede dar variedad y colorido a
la figura, que es lo que le falta, pero no parece muy sensato. Por
otra parte, la Ley 17/1993 -¡ojo a la fecha!- ya dice claramente que
en ese tipo de órganos tienen que ser españoles. No se sabe por qué
ha desaparecido.
En segundo lugar, se habla de la comparecencia del candidato. Por lo
visto se excluye, no se sabe por qué, que haya más de uno. A lo mejor
el Gobierno de turno querría traer tres para que, en esta especie de
examen -ahora hablaré de eso-, se puedan pronunciar las cámaras, como
hace la comisión de calificación en el Consejo General del Poder
Judicial; eso se excluye. Dice: tras ser oído el Consejo General del
Poder Judicial, con lo cual pasamos de un diseño constitucional, de
una Constitución parlamentaria, de un régimen parlamentario que no
alude para nada al Parlamento -sus razones tendrían los
constituyentes, aquí se acaba de hacer una enmienda ex post facto a
la Constitución un poco tardía, sólo veinte años tardía-, a convertir
el pronunciamiento del Parlamento en algo posterior al que sí está
previsto en la Constitución, que es el del Consejo General del Poder
Judicial, lo cual desde luego no es muy respetuoso con la
Constitución. Admitamos que el Parlamento pueda pronunciarse porque
la Constitución no lo excluye, pero que lo haga después del Consejo
General del Poder Judicial chirría bastante porque ningunea a un
poder del Estado al que la Constitución le ha dado una posibilidad
muy concreta. Por tanto, eso ya es menos admisible.
Por otra parte, aquí se ha hablado de control del Parlamento y de la
Comisión del Parlamento; esto no es el Parlamento, esto es parte del
Parlamento. Del Senado no se habla en la proposición de ley; tomen
nota para que se lo pasen a sus grupos correspondientes en el Senado
y les aplaudan. Otro asunto que tampoco se entiende demasiado. Ahora
bien, lo curioso es que se diga que esa Comisión va a examinar -lo
dice así- los méritos profesionales del candidato. En este Parlamento
podemos hacer lo que queramos menos hacer exámenes profesionales; los
únicos que hay son los de los cuerpos de la Cámara, por nuestra
capacidad de autogobierno, y ahí los diputados estamos siempre en
minoría. No podemos dedicarnos ahora a examinar a los fiscales sobre
sus méritos profesionales o a juristas de reconocido prestigio que no
pertenezcan a ningún cuerpo de la Administración. Esto sí que es una
novedad. Nos vamos a convertir en tribunal de oposiciones en esta
Cámara, asunto realmente asombroso.
Se habla de una propuesta de resolución, propuesta que implica una
votación. Antes se decía que tuviéramos conocimiento de las
condiciones del candidato y que pudiéramos expresarnos los grupos,
cosa que se hace en una comparecencia. De expresarse a que haya
una votación hay un abismo, parlamentariamente hablando, que nadie
que reflexione mínimamente y se preocupe de verdad de lo que escribe
puede ignorar. Por ejemplo, con motivo del nombramiento del
gobernador del Banco de España, que es también una institución
independiente del Gobierno, con autonomía, dice la Ley 13/1994 -¡ojo
a la fecha!- que el ministro de Economía viene aquí a informar. Ni
siquiera viene el candidato; eso es otra manera de entender las
cosas.
El punto tres no añade nada al Estatuto vigente, por tanto, lo
aplaudimos. Sin que sirva de precedente, es irreprochable porque
copia lo que hay actualmente.
El punto cuatro habla de un mandato de cinco años. No se especificó
la duración, es más, se habló de la posibilidad de atemperarlo a una
legislatura. Aquí se habla de cinco años, pero, sobre todo -¡
asombroso!, no renovables. No lo entiendo. Imaginemos que llegamos a
conseguir un fiscal general con el que estén todos los grupos de
acuerdo, del que todo el mundo diga que no se ha visto mejor en la
vida, a los cinco años hay que echarlo. ¡Caramba!, son ganas de
ponérselo complicado. El presidente del Consejo General del Poder
Judicial puede perfectamente repetir y el del Tribunal
Constitucional, también. No se sabe por qué penalizamos a una
institución que últimamente se está llevando palos todos los santos
días si encontramos el mirlo blanco de turno que merezca esa
prórroga.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Ollero,
le ruego concluya.
El señor OLLERO TASSARA: Voy concluyendo.
Todo lo dicho antes se aplica al cese. El cese se hace por la
Comisión del Congreso, no interviene el Senado, y de manera posterior
a que exprese su opinión el Consejo General del Poder Judicial, con
lo cual atropellamos a un poder que está contemplado en la
Constitución.
En cuanto a la alusión a los motivos de cese del artículo 46 del
Estatuto, eso es ya de aurora boreal. El artículo 46 del Estatuto se
aplica a los fiscales y, salvo nuestro grupo, que ha dicho que el
fiscal general sea fiscal, ningún grupo más lo ha dicho. No sé si
quien lo propone piensa aplicar sanción disciplinaria a un abogado
con quince años de ejercicio, no se sabe a partir de dónde, y
jubilarlo también. Creo que el fiscal general, cuando cumpla la edad
de jubilación de los fiscales, si no es fiscal, no tiene por qué
jubilarse. Es algo que se ve poco meditado, lo cual no es extraño
dada la maternidad de la iniciativa.
En resumen, es muy delicado revisar el equilibrio de poderes que
marca nuestra Constitución. Estamos, en efecto, en un régimen
parlamentario, pero el constituyente lo ha dicho así. Esto es muy
interesante; en un debate anterior, con la pulcritud técnica que le
caracteriza, uno de los portavoces aquí presentes dijo: Se trata de
que el Gobierno puede autolimitarse, es lo que le concede la
Constitución. Eso es aplicable a una moción, donde se insta al
Gobierno a que se autolimite; es aplicable a una proposición no de
ley, donde se insta al Gobierno a que se autolimite; esto es una
proposición de ley que está suplantando la iniciativa del Gobierno...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Ollero,
le ruego concluya. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor OLLERO TASSARA: Que no se autolimita, que resulta limitado,
como poder que es del Estado, por otro poder del Estado sin previo
aviso, lo cual no tiene pulcritud constitucional alguna.
Dejo para otro debate las alusiones que se han hecho a posibles
partidas presupuestarias porque el debate de presupuestos está ya en
marcha.
El señor PRESIDENTE: Déjelas, déjelas para otro debate, sí.
El señor OLLERO TASSARA: Si hay alguna enmienda de algún grupo en ese
sentido la estudiaremos, pero parece que no la hay.
Nada más, muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ollero.
Vamos a proceder a la votación.
Votación sobre la toma en consideración de la proposición de ley del
Grupo Mixto para la modificación del sistema de designación del
fiscal general del Estado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
313; a favor, 25; en contra, 288.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE CREACIÓN DE
UN COMITÉ NACIONAL DE ÉTICA PARA LAS CIENCIAS Y LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS (Número de expediente 162/000257).
El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden del día: proposiciones
no ley. En primer lugar, se debatirá la del Grupo Popular, sobre
creación de un comité nacional de ética para las ciencias y las
nuevas tecnologías. Para su presentación, tiene la palabra la señora
Fernández de Capel Baños. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio para que pueda continuar la sesión. Señor
Hernando, silencio, por favor. Señor Milián. Gracias. Señor
Eguiagaray y compañía, silencio, por favor. Señor Hernández Moltó.
Silencio, señorías.
Adelante.
La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Con la venia, señor presidente.
Señorías, la proposición no de ley que defendemos hoy constituye una
de las necesidades ineludibles de la sociedad española. Se trata de
la creación de un comité nacional de ética para las ciencias y las
nuevas tecnologías, que deberá ser un órgano de reflexión y conexión
entre los avances científicos y los problemas éticos que estos
pudieran suscitar. La sociedad en los albores del nuevo mileo
manifiesta temores acerca de los avances de la ciencia y de la
técnica. Mucha de la desconfianza ante la ciencia se debe a
estereotipos recurrentes que aparecen en el cine, en la literatura y
en la televisión. El científico se representa como un desequilibrado
sin control sobre sus propios actos y es el aprendiz de brujo que
juega con la vida y con el planeta. Nada menos cierto. El impulso de
la ciencia y de la técnica es vital para la humanidad. La sociedad no
puede afrontar el futuro con un retroceso de la ciencia, eso sería
una pasión estéril y suicida. Pero los hipotéticos problemas que
pudiese provocar la ciencia sólo se resolverán desde la ciencia a la
luz de nuevos conocimientos. No se puede afrontar un futuro próspero,
un futuro de empleo, de esperanza, de salud ante la enfermedad y el
dolor, ante el sida, el cáncer sin la biotecnología, por ejemplo.
Jeremy Rifkin, autor del bestseller El fin del Trabajo, ha sostenido
recientemente que la genética será la ciencia que provocará mayores
avances en la producción. Los beneficios esperables de estos avances
son cuantiosos, pero para obtener beneficios de la ciencia y de la
tecnología debe existir un respaldo social y una comunicación eficaz
entre la comunidad científica, que a veces vive aislada, y el
ciudadano, que debe darle su apoyo.
Recientes estudios realizados por J. Spey, en Canadá, demuestran que,
dependiendo quién haga la comunicación científica, habrá un mayor o
un menor grado de confianza pública. A veces vemos que se crean
alarmas sin fundamento y otras veces problemas graves, problemas que
son fundamentales para la vida humana pasan desapercibidos.
Recordemos la alarma que suscitó la clonación de Dolly y la poca
expectación que ha suscitado la pasada semana el uso de células
embrionarias humanas, aunque en Estado Unidos se ha levantado una
gran polvoreda y los abogados del Instituto Nacional de la Salud de
este país estudian estos días la situación planteada. Recordemos, por
ejemplo, el poco impacto social de la noticia de la puesta en marcha,
otra vez, de la estación nuclear de Chernobyl sin haber subsanado sus
graves deficiencias. Hay lo que Claude Gilbert ha llamado un sentido
oculto de los riesgos colectivos que la sociedad muchas veces no sabe
percibir en su integridad. De ahí la necesidad de un comité nacional
multidisciplinario que tenga el respaldo social, que pondere y
reflexione sobre los avances científicos, en el que el ciudadano
pueda depositar su confianza porque le oriente sobre posibles
problemas científicos éticos, que sea luz y guía de la comunidad.
Otro país, como Francia, en 1983, creó, a iniciativa del propio
presidente de la República, un comité consultivo nacional de
bioética, que después fue seguido como ejemplo en la mayor parte de
los países de la Unión Europea. En España, en 1991, se tramitó un
proyecto de real decreto de una comisión nacional de bioética, que
obtuvo el dictamen favorable del Consejo de Estado y que, por razones
que desconocemos, no llegó a ver la luz. Posteriormente, se han
creado comités de bioética en los hospitales y otros prestigiosos y
loables de diferentes iniciativas, pero no un comité del Estado.
En la V Legislatura, en este Congreso de los Diputados se creó una
ponencia sobre bioética, en mayo de 1995, que aprobó el Pleno por
unanimidad. Pero, ¿cuál es la situación de España, señorías? La
situación de España es, cuanto menos, paradójica. En este momento,
España tiene nombrados representantes en el Comité Director de
Bioética del Consejo de Europa y en la Unesco, al igual que otros
países, con la peculiaridad de que en España no hay un comité
nacional que oriente a sus representantes. Por tanto, actúan de una
forma, yo diría, algunas veces heroica y personal. La Unesco y
grandes científicos, como el profesor Lacadena, reclaman en su
escrito la creación de este comité, como los que ya existen en otros
países y que están adaptando su nombre, en mor de la situación
científica actual, como comité de ética para la ciencia y las nuevas
tecnologías. Paradójicamente, España ha sido la impulsora, en abril
del pasado año 1997, de la presentación del llamado Convenio de
Oviedo, al que se adhirieron la mayoría de los países, relativo a los
derechos humanos y la biomedicina. Meses después, en enero de 1998,
Francia amplió el texto del Convenio de Oviedo con un protocolo
adicional de no clonación humana, impulsado por el propio presidente
de la República francesa y firmado por más de 20 países.
Señorías, estamos viviendo un momento en que la influencia científica
y técnica colocan al hombre como en la tragedia griega, sin control
sobre su destino, porque, como Prometeo, hemos robado el fuego de los
dioses y nuestro castigo es coordinar el avance científico prometedor
y subyugante, que debe impulsarse, y la obligación de conservar la
vida humana y de hacerla digna de ser vivida, salvaguardando la
libertad, la igualdad, la dignidad, la diversidad y el
consentimiento. Debemos enfrentarnos al progreso como una opción y no
como un destino. Por eso, este areópago debe dar hoy apoyo a esta
proposición no de ley.
Ante los avances científicos surgirán muchísimas incógnitas y
problemas jurídicos derivados, que no deberán ser nunca de licitud o
ilicitud, sino de lo que Ferrando Mantovani llama los límites de la
licitud; es decir, que se aseguren los beneficios para el hombre y se
eviten los daños para el hombre. Una sociedad no puede avanzar en
unos contenidos técnicos, en unos contenidos científicos y
abandonarse en unos contenidos éticos y morales, porque sería una
sociedad enferma. Debemos ser punteros en la ciencia, pero debemos
evitar caer en una concepción utilitarista del hombre.
Utilidad pública se llamó en Alemania a crímenes y experimentos
terroríficos; utilitarismo mayoritario es lo que reciente y
tristemente se ha hecho en algunos países, abogando por el beneficio
de la mayoría y utilizando a minorías, como enfermos o condenados,
incluso en algunos países de Europa.
Otra cosa será la composición del comité, que hoy no nos atañe. Ante
el futuro del hombre, debemos estar a favor de la ciencia y por la
ciencia, pero dentro de una concepción personalista; el hombre debe
ser persona y fin; con una dignidad intrínseca; ser sujeto, y nunca
medio, de su destino. Éste debe ser el punto de encuentro de
cualquier humanismo, laico o religioso, metafísico o no metafísico.
Por eso, señorías, necesitamos este comité. Aprobemos esta
proposición no de ley; sentemos a nuestros sabios en el ágora y que
reflexionen, que nos ilustren, como en la antigua Grecia, sobre
cuestiones básicas y en relación con las cuales a veces no
reflexionamos: la naturaleza, la vida, la libertad, la dignidad
humana. A todos nos va mucho en ello y, por eso, yo pido a la Cámara
el voto favorable para esta proposición no de ley.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández de Capel.
A la proposición se han presentado enmiendas por los Grupos Mixto,
Socialista y de Convergència i Unió.
Para defender la enmienda del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor
Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: Muchas gracias, señor presidente.
Subo a defender una enmienda a este texto, no sin antes hacer alguna
reflexión global sobre la conveniencia de la constitución de este
comité. Es un lugar redundante, un lugar común que una característica
de nuestro tiempo es el impacto acelerado del conocimiento y de la
información, de la ciencia y de la tecnología, pero no podemos dejar
de constatar, sin necesidad de recurrir a construcciones filosóficas
complejas, que ese fenómeno propio de nuestro tiempo da lugar a una
serie de paradojas ante las que las sociedades contemporáneas todavía
no han encontrado una respuesta suficientemente válida para todos los
hombres y mujeres, y seguramente vamos a tener que vivir, como otra
característica de nuestro tiempo, ante ese principio de incertidumbre
sobre los efectos de la ciencia y la tecnología. Una de esas
paradojas se produce precisamente cuando el siglo del desarrollo, de
la explosión de la ciencia y la tecnología, posiblemente es también,
como una de las más nefastas herencias de la guerra mundial, el siglo
de la quiebra de la confianza ilimitada en el progreso infinito. Ello
no significa renunciar de antemano a un pensamiento progresista, pero
sí a ese bello mito heredado de la Ilustración de que el progreso no
tenía costes, que podía producirse sin ningún tipo de alteración
nociva en la vida humana.
La segunda paradoja, y quizá más importante, es que en el momento en
que existe más conocimiento hay menos conocimiento social de ese
conocimiento. Esto, que parece un trabalenguas, viene de alguna
manera a resumirse en la falta de transparencia en muchas de las
experiencias científicas, en el desarrollo posterior de los logros de
esa ciencia básica a través de tecnologías y en la falta de
decisiones estratégicas tomadas por los poderes públicos.
Precisamente en los temas que más pueden afectar tendencialmente a la
vida humana en el presente y en el futuro es en los que menos
capacidad tienen los poderes públicos democráticamente constituidos
para hacer oír su voz y, en definitiva, para adoptar esas decisiones
estratégicas.
La triste conclusión de todo esto es que nos encontramos ante una
sociedad pasiva frente a los avances científicos y tecnológicos, una
sociedad que bascula alternativamente entre la fascinación por el
avance tecnológico y científico y el miedo a ese mismo avance. El
mayor constructor de mitologías de este siglo ha sido seguramente
Arthur Clark, la misma persona que definía matemáticamente el lugar
donde tenían que ponerse en órbita los satélites de comunicación, y
que se ha utilizado y se utiliza para ello, y que escribió la
magnífica novela 2001, Una odisea espacial. Arthur Clark decía que
una tecnología llevada hasta sus últimas consecuencias produce unos
efectos que no se diferencian de la magia. Sin embargo, a pesar de
ese cúmulo de contradicciones y paradojas, no podemos renunciar a la
ciencia. La ciencia, aparte de la utilidad concreta que se le pueda
buscar, sigue siendo la guía mejor y la más segura para la
racionalidad frente a valores basados en la pura creencia irracional.
Ahora bien, para que eso siga siendo así, será necesario encontrar
respuestas a dos cuestiones: a una difusión social de la cultura
científica, algo de lo que estamos lejos todavía, y a saber casar,
por instrumentos todavía inéditos, la libertad del pensamiento
científico con el control democrático de sus aplicaciones.
Todo ello provoca dudas sobre la ética de la innovación, y quizá
convendría buscar otro término en esta proposición. El término ética
puede remitir a un control próximo a la censura, que podría ser
incompatible con el artículo 20 de nuestra Constitución. Sin embargo,
admitimos el concepto de ética en el contexto en que aquí se produce,
por su generalización. Seguramente sería mejor pedir un comité para
el desarrollo y el impacto tecnológico.
Hay que felicitar la iniciativa que trae hoy el Grupo Parlamentario
Popular porque la idea es buena, pero tiene un problema, un grave
déficit: aun entendiendo el alcance que se le quiere dar al texto hoy
propuesto, hay que decir que tiene una más que notable dosis de
indefinición. Se nos pide que avalemos una iniciativa, pero sin saber
muy bien ni composición ni funciones concretas, etcétera. Es cierto
que la portavoz ha hecho alusión a que habrá un momento posterior en
que tendremos que hablar de estos temas, pero lo cierto es que esta
proposición no solamente está presidida por una
gran indefinición, sino también por una gran ambigüedad, hasta el
punto de que precisamente en una cuestión en la que lo que buscamos
es arrojar la mayor luz sobre un problema oscuro, la oscuridad
preside la redacción y hay puntos en los que no se sabe muy bien qué
se quiere decir, aparte de utilizar conceptos que seguramente la
filosofía de la ciencia y la tecnología habrán rebasado.
Seguramente la alternativa más sólida a estas deficiencias sería
presentar un proyecto de ley. Entiendo que en la propuesta que hace
el Grupo Parlamentario Popular no se cierra el camino para que en el
futuro se debata un proyecto de ley sobre este tema. Entiendo también
que la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista
lleva implícito el deseo de que pudiera regularse posteriormente,
pero el hecho es que no queda dicho. De todas formas, entendiendo esa
buena voluntad, nosotros la apoyaríamos si es aceptada por el grupo
proponente. Y en cuanto a la enmienda de Convergència i Unió, estamos
de acuerdo, como no podía ser de otra manera, porque las comunidades
autónomas tienen mucho que decir en esta materia en el sistema de
Estado compuesto español, pero también entendemos que no se modifica
suficientemente la propuesta que hace el Grupo Parlamentario Popular.
Por eso, Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya ha presentado esta
enmienda que viene a ser de sustitución. No sabemos cuál es la
actitud del grupo proponente porque no se ha puesto en contacto con
nosotros, pero pretendemos que en ese mandato al Gobierno haya dos
principios, y no por desconfianza ante el Gobierno, porque, de hecho,
en nuestra proposición se dice que los miembros serán nombrados por
el Gobierno, si bien entendemos que en ese nombramiento el Gobierno
debe atenerse a algunos criterios. Primero, el reconocido prestigio
de las personas que compongan este organismo, que no sea un número
excesivo que lo hiciera inútil o ineficaz, la interdisciplinariedad,
evidentemente, pero también un mecanismo de consultas con organismos
especialmente relacionados, como universidades, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, colegios profesionales, Reales
Academias, etcétera.
Y en segundo lugar, sus funciones, que deben estar presididas por un
principio que nos parece absolutamente básico, en coherencia con la
argumentación que he tratado de ofrecer a SS.SS., que es el principio
de transparencia y publicidad. Si hay algo que justifique la
existencia de este comité será precisamente que aquello que elabore,
que debata y que concluya esté a disposición del público, que sirva
para fomentar un debate social y que no quede en una mera
recomendación al Gobierno o instituciones públicas, si bien esos
poderes públicos pueden servir de vía para hacer llegar a la sociedad
esas conclusiones.
Por todas estas razones, señorías, he defendido esta enmienda a la
totalidad de la proposición no de ley de Nueva Izquierda-Iniciativa
per Catalunya, y espero de
la benevolencia del grupo proponente que sea acogida, y
posteriormente votada por todos los grupos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alcaraz.
También ha presentado enmiendas el Grupo Socialista. Para su defensa,
tiene la palabra la señora Heras.
La señora HERAS PABLO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular
pretende la creación de un comité de ética para las ciencias y las
nuevas tecnologías, de carácter multidisciplinar, que entienda de
todos los problemas éticos derivados de los avances de las ciencias
de la vida, la medicina, la biología, así como de todos los problemas
derivados de las nuevas tecnologías en todas sus aplicaciones y que
haga un seguimiento atento de la investigación en todos los campos.
Los informes del comité se comunicarán a la Comisión interministerial
de ciencia y tecnología.
Hasta aquí, la propuesta del Grupo Parlamentario Popular se mueve en
la dirección de los países de la Unión Europea que están debatiendo
acerca de los problemas éticos derivados de la medicina y de la
biología. En consecuencia, entendemos que ha de tomarse en
consideración esta proposición. Sin embargo, hasta ahora, tanto en
los países europeos como en los Estados Unidos de América, el debate
sobre la ética y nuevas tecnologías sólo ha abordado el aspecto
correspondiente a los problemas éticos derivados de la biotecnología.
La proposición del Partido Popular amplía considerablemente el ámbito
de competencias del futuro comité de ética, que pretende abarcar
también todos los problemas derivados de las nuevas tecnologías, en
todas sus aplicaciones, en un ámbito nacional y con carácter general
y que pretende dictaminar sobre los valores éticos en todos los
aspectos científicos. En este sentido, hemos de observar la prudencia
exigible en cuestión tan delicada, porque puede afectar a la libertad
de conciencia de los investigadores y científicos. (El señor
vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
Actualmente, en ninguno de los países de la Unión Europea existe un
comité nacional de ética, pues el único que con este carácter se
constituyó en el Parlamento griego, limita sus campos de actuación a
la ética médica, aunque proponga políticas de carácter nacional. En
Alemania no existe un comité nacional de ética como tal, reduciéndose
a una Comisión de ética de la Cámara Federal de Médicos. Igual sucede
en Francia, en Austria, en Italia y en el Reino Unido, donde existe
una Comisión consultiva de genética humana, sin que en ninguno de
estos países exista un organismo público que cuente con un mandato
general para establecer dictámenes éticos.
El debate ética y ciencia es muy reciente y se circunscribe a dar
respuesta a los problemas planteados
por los avances científicos en las áreas de la biología, la medicina
y la salud. En todos los casos se trata de órganos consultivos para
resolver conflictos que se plantean por la libertad de conciencia de
los afectados.
En relación con las iniciativas reguladoras de la Comisión y del
Parlamento Europeo, hay que decir que todas ellas están en una etapa
inicial y que se circunscriben al ámbito de la biotecnología y de la
medicina, sobre todo en lo relacionado con los problemas éticos que
plantea la clonación. Así, tenemos resoluciones del año 1989 sobre
problemas éticos y jurídicos de la manipulación genética; en ese
mismo año tenemos una resolución sobre fecundación artificial en vivo
e in vitro; otra sobre clonación del embrión humano de noviembre de
1993 y además la resolución sobre el proyecto de convenio para la
protección de los derechos humanos y de la dignidad humana, en el
marco de la aplicación de la biología y la medicina, por la cual se
adhiere a la convención del Consejo de Europa de 4 de abril de 1997
sobre derechos del hombre y la biomedicina.
Por su parte, la Comisión Europea formula en el año 1991 un
comunicado sobre biotecnología, en cuyo marco para su seguimiento
crea un grupo de consejeros sobre ética (Gaaeb) formado por nueve
miembros independientes, que en el año 1997 emite dos dictámenes
sobre técnicas de clonación y sobre dimensión ética del quinto
programa marco de investigación y desarrollo tecnológico. El
Gaaebreunió el 26 de noviembre de 1997 a todos los comités de ética
de los Estados miembros para debatir sobre el tema Europa ante la
ética de la investigación y la tecnología. El Parlamento Europeo, a
la vista de que el mandato de los consejeros que formaban el Gaaeb
expiraba el 31 de julio de 1997, formula una resolución el 13 de
junio invitando a la Comisión a renovar dicho mandato, pero en ella
señalaba muy claramente que debía mejorarse la composición, los
métodos de trabajo y la estructura del grupo, ya que se había
concedido más atención a los intereses generales de la investigación
que a las posibles consecuencias que pudiera tener para la sociedad.
Por ello pide a la Comisión Europea que aclare el mandato del Gaaeb,
que consulte con el Parlamento en todas las fases, en particular
sobre la designación de sus miembros y también le pide que presente
propuestas para garantizar la participación del Parlamento en las
cuestiones éticas relativas a la biotecnología, considerando además
que la Comisión debe presentar al Parlamento un informe anual sobre
las actividades del Gaaeb. La Comisión, antes de la financiación del
mandato del grupo, creó en diciembre de 1997 otro, europeo, de ética
de la ciencia y de las nuevas tecnologías para aprovechar el material
de aquél y mantener el carácter independiente de su estructura,
ampliando sus miembros de 9 a 12, pero también para extender su
estructura o su competencia más allá de las biotecnologías. Así pues,
vemos en el ámbito europeo cómo el debate y los trabajos de los
expertos se han circunscrito a la biotecnología y, al mismo tiempo,
cómo se pide
una intervención plural y que se garantice por la sede que ejercerá
el control tanto de la composición y estructura del grupo como de las
materias de las que entiende.
A nuestro entender, la iniciativa del Grupo Popular debiera
contemplar la necesaria garantía de neutralidad e independencia de
los miembros que formen el futuro comité, residenciando su regulación
y el debate de sus competencias en sede parlamentaria. En el
ordenamiento jurídico español sólo existen comités de ética en los
campos de la medicina y de la biotecnología, los cuales establecen
mecanismos precisos para que sea garantizada la libertad de
conciencia de los médicos y de los investigadores y analizan aspectos
técnicos derivados de los avances de la medicina y de la bioética.
Por otro lado, en nuestro país existe un Consejo Nacional de
Bioseguridad que tiene como única función informar preceptivamente en
todas las autorizaciones y en cualquier comercialización de todo
organismo modificado genéticamente que se pida en España.A la vista
de todo lo dicho hasta aquí, el Grupo Socialista entiende que es
oportuno suprimir el segundo párrafo de la proposición no de ley del
Grupo Popular. La supresión de este párrafo evitaría predeterminar
sus objetivos en la futura norma de creación del comité y atribuirle
un ámbito que rebasa con mucho lo regulado en esta materia en los
países de nuestro entorno; de este modo, nos aseguraríamos un plazo
más largo para concretar el debate casi inicial que existe en nuestro
país sobre bioética.
También creemos necesario modificar el último párrafo del texto de la
proposición en el sentido de establecer la posibilidad de que los
informes del comité sean comunicados a todos los organismos e
instancias interesadas y no circunscribirlos a la Comisión
Interministerial de Ciencia y Tecnología, y ello si verdaderamente se
espera que este comité que se propone crear tenga una dimensión
nacional y sea motor y punto de referencia en el debate y en la
opinión pública acerca de los problemas que se plantean, derivados de
la investigación en materia de biología, medicina y salud. De ahí
nuestra enmienda de modificación del texto de la proposición
presentada por el grupo parlamentario.
El Grupo Socialista, señorías, quiere dejar muy claro en esta
intervención su interés por estos temas, dada su entidad y sus
diferentes facetas. Está interesado desde hace mucho, como lo
atestiguan algunas de las iniciativas que tomaron los socialistas
hace ya algún tiempo en la anterior legislatura y que dieron lugar a
la constitución de una ponencia, dentro de la Comisión Mixta de I+D,
para estudiar y debatir sobre cuestiones de bioética en mayo del año
1995. Compañeros nuestros, como el diputado Marcelo Palacios, se
ocuparon desde el primer momento de todas aquellas cuestiones y
fueron los causantes de que se redactara un convenio europeo sobre
estas cuestiones, que fue firmado en Asturias, cosa totalmente
anómala y extraordinaria en la mayoría de los convenios europeos que
se firman. El diputado Palacios dio prueba en aquel momento de sus
conocimientos en estos temas y de su interés decidido por ellos, y
con él todo el Grupo Parlamentario Socialista. Nuestro grupo está
interesado en estas cuestiones, señorías, pero también está
preocupado, ya que el debate de ellas es, aunque reciente y referido
sólo a algunos contenidos, prolijo y trascendental, pues tiene mucho
que ver con el derecho a la libertad de conciencia y con el respeto a
la integridad humana particular, además de con el reconocimiento de
que los avances en la investigación son necesarios y providentes, si
ayudan más a la humanidad y a sus condiciones de vida.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Heras,
le ruego vaya concluyendo.
La señora HERAS PABLO: Sí, señor presidente.
Precisamente por ello, señorías, entendemos que toda prudencia es
poca porque los riesgos no pueden salvarse con nuevos riesgos. El
comité anunciado por la iniciativa del Grupo Popular no puede
dedicarse a trabajar exclusivamente sobre problemas particulares de
ética, que tienen ya su lugar en instancias específicas, que disponen
ahora mismo de sus comités de bioética para asuntos relativos a su
cometido. Los objetivos del comité que aquí se plantea deben ser
mucho más generales; hablamos de un órgano que trabaje sobre líneas
generales de actuación, sobre grandes principios por los que luego
puedan regirse los comités éticos específicos existentes. De ahí que
la constitución del comité -y en esto no estoy de acuerdo con la
portavoz del Grupo Popular- tiene mucha importancia, sobre todo
ahora. Debe de ser muy medida su constitución, su composición debe de
ser neutral, científica y no partidista; su composición debe de ser
participativa. Sus componentes han de ser personas expertas,
decididas por consenso; su existencia debiera trascender al Gobierno
de turno; sus dictámenes deben poder dirigirse a la sociedad en
general, ante la demanda que ésta va a hacer en el futuro de análisis
de situaciones cuya solución no está en la legislación.
Por todo ello, el Grupo Socialista ha presentado una enmienda de la
que, por un error de Secretaría, se cayó una frase crucial y que
ahora quiero defender in voce junto con todo el enunciado. La
enmienda in voce que ahora defiendo introduce en la segunda línea de
la proposición no de ley, entre la palabra creación y la palabra de,
la frase: garantizando la participación del Parlamento, porque
entendemos con ello que la mejor participación de éste sería la
tramitación de la creación del comité como proyecto de ley. Para
hacer nuestra enmienda nos hemos apoyado en la legislación comparada,
ya que observamos que en otros países de nuestro entorno existen
comités con este mismo rango legal, como es el caso de Estados
Unidos, donde la creación del comité lo decide el Congreso.
La iniciativa presentada por el Grupo Popular sobrepasa lo contenido
de todo lo hecho hasta la...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señoría, le
ruego concluya.
La señora HERAS PABLO: Ahora mismo.
La posición del Grupo Socialista, expresada en la totalidad de la
enmienda, busca por lo tanto la supresión del párrafo segundo, para
evitar predeterminar sus objetivos. Modificamos el último párrafo en
el sentido de que los informes del comité sean comunicados a todos
los organismos. Desearíamos, señorías, que se cree el comité, pero
quisiéramos que se hiciera con las debidas garantías para avalar su
credibilidad en el futuro y la consecución de sus objetivos. Nuestro
grupo entiende que la mejor forma de lograrlo es la creación de este
comité en sede parlamentaria, bajo la forma de un proyecto de ley que
garantice el estudio y el debate, junto con el mayor consenso posible
de los grupos políticos presentes en la Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario de Convergencia i Unió, y para la
presentación de su enmienda, tiene la palabra la señora Gil i Miró.
La señora GIL I MIRÓ: Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, el Grupo Popular nos propone
hoy una acción del Gobierno absolutamente necesaria. Es una propuesta
que, desde Cataluña, nos parece que llega algo tardía o por lo menos
poco tempranera, pero que ha llegado. Y también que llega, desde
Cataluña creemos, algo olvidadiza, como sucede en más de una ocasión,
porque ignora que existen otras realidades adultas en el Estado
español y que tienen soberanía en ámbitos competenciales, en este
caso en el de las actividades de investigación e innovación. Hace
años ya que países de la Europa del entorno se han dotado de órganos
de reflexión sobre los límites de la aplicación práctica de los
avances en el campo de la ciencia y la tecnología y sobre los efectos
que su implantación pudiera causar en la vulneración de los derechos
básicos de la persona, de los derechos sociales, del entorno y del
ecosistema. De manera más cercana, por lo menos administrativa y
geográficamente, a mí me enorgullece y a nuestro grupo le complace
publicar ante ustedes que, hace ya un año, en 1997, en una iniciativa
pionera en el Estado, mi Gobierno creó la Comisión de Ética para la
Ciencia y la Tecnología de Cataluña y que ya en el año 1995 había
creado la Comisión -también catalana- de Bioética. Esta Comisión de
Ética para la Ciencia y la Tecnología de Cataluña está conformada
como un órgano de reflexión pluri y transdisciplinar y como un foro
de amplio espectro ideológico y filosófico que debate los aspectos
éticos y morales que se derivan del progreso científico y
tecnológico, que además asesora a mi Gobierno, a la comunidad
científica y al conjunto de la sociedad catalana. Esta anotación
viene a prologar lo que es
nuestra enmienda, que intenta corregir y, a la vez, recoger la
existencia de gobiernos autónomos, así como la de grupos de trabajo
investigadores que, pertenecientes a aquéllos, colaboran con la
Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología; relación ésta que,
de pasada, vamos a decir que necesita con urgencia una nueva
orientación porque la actual es bastante insatisfactoria. Pero
nuestra enmienda también pretende inducir a su Gobierno a practicar
la virtud de generar sinergias enriquecedoras, con la inclusión de
representantes de aquellas comunidades autónomas que hayan creado una
comisión similar a la que se propone. Debemos decir aquí, y publicar,
que nos gusta su propuesta y que merece ser aprobada, porque este
comité es absolutamente necesario y porque el debate social sobre los
límites de la aplicación de la ciencia y la tecnología está
absolutamente vivo, como ya han expuesto, de manera excelente, las
diputadas y diputado que me han precedido. Porque la distinción entre
las cuestiones sujetas a valores y las cuestiones sujetas al
conocimiento están en este momento oscurecidas por el rápido
desarrollo tecnológico y por el desconcierto, además, que provoca en
las conciencias la profusa y desordenada información que el
desarrollo de la misma tecnología ofrece a la ciudadanía. Ha sido
probablemente el deslumbrante descubrimiento del genoma el hecho
científico que ha expuesto de manera descarnada de qué modo y con qué
finalidad la actividad científica y tecnológica podría ser
instrumentalizada en contra del ser humano. La sociedad o una parte
de ella ha sentido temor, quizás porque ha querido olvidar que hace
sesenta años el trabajo investigador de una decena de físicos e
ingenieros crearon una bomba atroz y que ya antes, hoy y quizás
también mañana la ciencia puede seguir estando al servicio de
intereses bélicos.
El comité, cuya creación nos propone el Grupo Parlamentario Popular,
debe afrontar el problema de los límites del conocimiento e intentar
dar respuestas a las preguntas y a los temores que surgen
repetidamente. Puede también buscar el deseado equilibrio entre la
ciencia, la tecnología y el humanismo, es decir, entre la ciencia,
que es la verdad razonada; entre la tecnología, que es el progreso
material y entre el humanismo, que es la duda y la pregunta. Y puede
llegar a ser, con la colaboración de otras Comisiones ya existentes
en el Estado español, la garantía global, reflexiva y valiente, de
que el ethos científico prevalga siempre sobre otros intereses.
Por ello, esperamos que se acepte nuestra enmienda y que la
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular sea acogida
favorablemente por esta Cámara.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Gil. ¿Grupos que no hayan presentado enmiendas que desean
fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la
palabra el señor Gómez Rodríguez.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
La popular y castiza frase: Hoy las ciencias avanzan que es una
barbaridad es el fundamento de esta interesante iniciativa
parlamentaria, porque junto a la satisfacción, asombro y fascinación
de los ciudadanos por los avances científicos y tecnológicos, existe
la lógica preocupación por las barbaridades que se pudieran cometer
por un uso indebido de estos avances. No me estoy refiriendo a la
clonación humana sino a lo que una parte de la humanidad ha hecho con
la otra en tiempos pasados, todo ello en aras a la investigación.
Indiscutiblemente, se ha avanzado muchísimo en lo científico y en lo
tecnológico. Hoy es una realidad la biotecnología, hoy se pone a
disposición de los seres humanos el potencial de plantas, animales y
microorganismos para mejorar la calidad de vida, combatiendo
enfermedades, aumentando las cosechas, mejorando los alimentos,
preservando el medio ambiente, recordando que en ese combate contra
la enfermedad han surgido nuevas vacunas más eficaces y con nuevas
herramientas que están permitiendo diagnosticar y combatir
enfermedades hasta ahora incurables, como son el cáncer, el sida y
otras de tipo hereditario. Recordemos también que se ha producido una
revolución con el llamado genoma humano y que hoy día se pueden crear
animales para que sirvan de conejillos de indias para experimentos de
enfermedades que pueden afectar a la humanidad.
Las ciencias y las técnicas avanzan cada día más. Se hacen
investigaciones no sólo en la tierra sino también fuera de ella.
Recientemente, los españoles hemos tenido el honor de que un joven
científico español haya estado fuera de la Tierra haciendo
experimentos que también pueden afectar a la humanidad. Pero, ¿cuál
es el límite de todos estos avances? ¿Hasta dónde se va a llegar? Por
ello, considero importantísima esta iniciativa legislativa, porque va
a implantar un elemento importantísimo que está dentro de la
filosofía del propio derecho, que es la ética, la moral. Por eso
nosotros - aún admitiendo que en en el artículo 20 de la propia
Constitución española se avanzó mucho cuando se reconoció el derecho
a la intimidad y el derecho a la vida, como también se hizo también
en un conjunto de disposiciones en nuestro Estado, asi como en la
legislación europea, como acertadamente ha especificado la portavoz
del Grupo Socialista- pensamos que hace falta ya en España la
creación de este organismo, por la que vamos a votar favorablemente.
Pero también quisiéramos que esta proposición no de ley, tan
magníficamente defendida por mi estimada amiga y compañera Blanca
Fernández -compañera de ilusiones e ideales pero no de grupo
político; tengo que reconocer que en todas las Comisiones siempre
está preparada y dispuesta a defender el carácter ético y moral de la
investigación científica-, no se convirtiese en una declaración de
principios; que el Gobierno, a través de las normas correspondientes,
promoviese inmediatamente la creación de este organismo científico,
que
debe contar con la presencia de las autonomías y con un elenco no de
políticos sino de investigadores, de científicos, de juristas
especializados, de humanistas que aporten ese carácter ético que es
necesario a la investigación.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señorías.
En nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la
señora Aramburu.
La señora ARAMBURU DEL RÍO: Señor presidente, señorías, con mucha
brevedad quiero informar sobre lo siguiente. No parece desafortunada
la proposición no de ley que nos trae hoy el Grupo Popular, sólo le
falta clarificación y posición. Parece, en principio, una obviedad
que ellos, que controlan, gobiernan y dirigen, o al menos eso parece,
no tengan dispuestos instrumentos tan elementales como el que motiva
la iniciativa, que consiste en racionalizar los límites del
conocimiento en favor de la humanidad; es de conocimiento común que
en algunas ocasiones se ha producido alarma social ya que los medios
de comunicación se han hecho eco de algunas flagrantes vulneraciones
de la ética y de la estética de los seres vivos. Efectivamente el
grado de desarrollo de las ciencias y la tecnología sin una dirección
solvente, no sólo política y económica, sino fundamentalmente social
y profesional, ante unos cambios que alteran sustancialmente todos
los componentes humanos y sus derivados no es tranquilizante para la
población civil, si no se toman medidas cautelares. Por tanto,
señorías, entiendo que no es posible sobrevivir sin garantías y sin
seguridad, ya que cabe la posibilidad, no incierta, ni lejana, de una
mutación mundial fruto de los avances científicos y tecnológicos, por
lo que autoridades e instituciones internacionales han dado la voz de
alarma sobre el incontrolado proceso de finalización de múltiples
investigaciones y sus efectos. Indiscutiblemente la información
manipulada, la desinformación y el divorcio entre ciencia y sociedad
provocan reacciones extremas como mecanismos defensivos. Existen
efectivamente organismos, como por ejemplo, la Unesco, que tiene
entre sus competencias la de velar por los efectos que producen esas
circunstancias. Igualmente en otras zonas la comunidad se dota de
organismos de seguimiento y control de estos eventos.
Por tanto, señorías, y concluyo, quiero decir que compartimos la
creación en nuestro país de un comité nacional de ética para las
ciencias y nuevas tecnologías con una composición interdisciplinar,
con presencia de todos los sectores, incluido el Parlamento, y con
carácter fuertemente dependiente de nuestra Carta Magna para que vele
por los derechos humanos y sociales del conjunto de los ciudadanos.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Aramburu.
Señora Fernández de Capel, S.S. tiene la palabra para expresar la
aceptación o no de las enmiendas presentadas a su proposición no de
ley.
La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, por lo que se refiere a la enmienda del Grupo Mixto,
quiero aclarar que no la vamos a aceptar porque no estamos
constituyendo en este momento el comité, sino instando al Gobierno a
su creación. Hablar ahora del número de miembros y de su
funcionamiento nos parecería precipitado e incompleto. El texto que
sería asumible en otros aspectos no aporta nada a la redacción del
nuestro, por lo cual su segunda parte nos parece una obviedad.
En cuanto a la enmienda del Grupo Catalán hay una serie de
consideraciones que escapaban a la propuesta del Grupo Popular por
obvias, ya que parte de las competencias científicas -la mayoría de
ellas en materia universitaria, sanitaria y de salud- están
transferidas a las comunidades autónomas. De modo que no se puede
hacer nada en este sentido sin tener en cuenta las transferencias que
ya tienen las comunidades autónomas, alguna de las cuales ha creado
un órgano correspondiente al que se reclama en esta Cámara, como se
nos ha advertido.
En cuanto a la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista quiero
dejar claro que en alguna parte de la exposición se ha confundido lo
que es biotecnología con lo que es otro tipo de ciencia. Incluso se
ha invocado la presencia de la Comisión nacional de bioseguridad, que
fue creada a instancia de las Directivas 219 y 220, que dieron lugar
a la Ley 15/1994, de organismos modificados genéticamente, por la que
se debería haber creado la Comisión nacional de bioseguridad. En la
anterior legislatura la diputada que en este momento se honra hablar
ante la Cámara la reclamó en Comisión y en Pleno y fue rechazada por
parte del Grupo Socialista.
Se habla en esta enmienda de ligarlo al Parlamento.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señoría, le
ruego sea lo más concreta posible a efectos de expresar la aceptación
o no, para no correr el riesgo de abrir nuevos debates.
La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: No voy a abrir debate, señor
presidente.
Debemos aprender de los errores. En otros países donde este comité de
ética se ha ligado al Parlamento se ha visto sujeto a los avatares de
mayorías, y en algunos de mayorías muy breves, cambiando el comité de
un momento a otro con relación a los Parlamentos. Si fuera así se
desvirtuaría la idea de nuestra proposición no de ley.
Por otra parte, la comunicación de las decisiones y reflexiones de
ese comité es obvio -está en el texto y en la exposición de motivos-
que servirá de vínculo,
de conexión, de reflexión entre los científicos y la sociedad.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias,
señoría.
Me ha quedado claro que su grupo parlamentario no va a aceptar las
enmiendas del Grupo Mixto y del Grupo Socialista, pero no ha sido así
en el caso del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL Y BAÑOS: Señor presidente, he dicho que
la aceptamos por la obviedad de que están transferidas las
competencias a todas las comunidades autónomas.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
Vamos a proceder a la votación.
Votación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, sobre creación de un comité nacional de ética para
las ciencias y las nuevas tecnologías, en los términos resultantes de
la aceptación, por parte del grupo proponente, de las enmiendas del
Grupo Catalán de Convergència i Unió.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
305; a favor, 162; en contra, dos; abstenciones, 141.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda aprobada
la proposición no de ley.
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE LA POSICIÓN DEL GOBIERNO
EN EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN ABIERTO SOBRE LA AGENDA 2000 (Número de
expediente 162/000185).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Proposición no
de ley del Grupo Socialista del Congreso, sobre la posición del
Gobierno en el proceso de negociación abierto sobre la Agenda 2000.
Para su presentación, y en nombre del grupo proponente, tiene la
palabra el señor Costa. (El señor vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa
la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señorías, ocupen sus escaños,
por favor. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Costa.
El señor COSTA COSTA: Gracias, señor presidente.
Señorías, defiendo en nombre del Grupo Socialista una proposición no
de ley para que el Gobierno informe al Pleno de la Cámara de las
orientaciones que sigue en la formulación de sus posiciones en el
seno de los consejos europeos en los que se de discuten las
perspectivas financieras de la Unión para el período 2000-2006. Lo
que estamos proponiendo es que el Gobierno informe a la Cámara del
destino de la negociación que en las últimas perspectivas financieras
han dado para España en torno a siete billones de pesetas en ayudas
regionales o en política agrícola común, es decir, fondos de cohesión
o PAC.
Desde hace meses, señorías, asistimos pasivamente a un debate sobre
la financiación de políticas tan relevantes para el futuro de la
Unión como la PAC y la cohesión económica y social. Además, la Unión
Europea tiene que hacer frente, en un futuro inmediato, al difícil
reto de integrar a los países del centro y este de Europa, Chipre y
Malta. La ampliación, sin duda, aumentará el potencial económico y
humano de la Unión. Una mayor diversidad de intereses y modos de
pensar y una configuración geopolítica distinta plantearán un reto a
sus relaciones interiores y exteriores. La integración de estos
países constituirá un poderoso incentivo para el desarrollo económico
de la Unión y supondrá grandes inversiones para modernizar las
economías de los nuevos miembros e incorporarlos a los niveles de
vida de la Unión, reforzando así sus competitividades. Asimismo, el
proceso de ampliación tendrá efectos sobre los ajustes en las
políticas de gastos, en particular la política agrícola común, y las
políticas de cohesión económica y social.
La nueva etapa deberá atender a un conjunto de países cuya renta
media es del 32 por ciento del PIB de la Unión, con grandes
diferencias entre sí. Es la primera vez que se produce una ampliación
con una caída del 16 por ciento en el PIB por habitante de la Unión,
un incremento de la población del 29 por ciento y un incremento de la
superficie del 34 por ciento. La política agrícola común deberá
incorporar 60 millones de hectáreas nuevas, que suponen un incremento
del 55 por ciento sobre la superficie actualmente atendida, con unas
tierras y unas condiciones climáticas muy diversas. El número de
personas ocupadas en el sector agrícola podría duplicarse. La
superficie por persona ocupada en los países candidatos es de nueve
hectáreas, frente a las 21 de la actual Unión Europea.
Para dar respuesta a estos y a otros retos, la Comisión Europea
propone en la Agenda 2000 algunas de las siguientes respuestas:
Continuar el proceso de ampliación, cuyos primeros ingresos podrían
producirse en los años 2002 ó 2003. Revisar la política agrícola
común, profundizando la reforma de 1992, es decir, reducir la ayuda
al producto y aumentar la ayuda al agricultor. Reformar las actuales
políticas de cohesión, reducción de los actuales siete objetivos a
tres y dar más relevancia a la lucha contra el desempleo. Contener el
gasto de las políticas de cohesión económica y social en el 0,46 por
ciento del PIB de la Unión, rompiendo la tendencia al crecimiento de
los últimos años, y todo ello manteniendo las aportaciones acordadas
en las perspectivas financieras Delors II, un máximo del 1,27 por
ciento del producto nacional bruto de la Unión. Este conjunto de
medidas provocará un cambio profundo en la construcción
europea, afectando a la posición de los Estados miembros en la misma.
El Grupo Socialista, señorías, entiende necesario un debate en el
Parlamento sobre la nueva situación y la posición del Gobierno ante
la misma. En ese debate, a nuestro entender, es necesario abordar las
siguientes cuestiones. En primer lugar, postura del Gobierno respecto
a la propuesta regresiva de la Comisión de financiar la Agenda 2000,
incluida la ampliación, dentro del actual techo de gastos del 1,27
por ciento del producto nacional bruto de la Unión. En las últimas
negociaciones de las dos perspectivas financieras Delors I y Delors
II se abordaba una ampliación del presupuesto y de la
comunitarización de las políticas de la Unión. Por tanto, estamos
ante una propuesta regresiva de financiación de las políticas de la
Unión, por primera vez desde que España participa en la misma.
En segundo lugar, hay que considerar el hecho, que se está
produciendo en estos mismos días, de que se están revisando las
cifras de crecimiento de la mayoría de los Estados miembros de la
Unión y de la propia Comisión Europea a la baja, en función de la
crisis financiera que afecta también a las economías de la propia
Unión Europea. Asimismo propone atender las necesidades financieras
de la Unión, ampliada con los recursos económicos negociados para una
Unión de 12 países. Lo que está planteando la Comisión es atender,
con los mismos recursos negociados en el paquete financiero Delors
II, una Unión a 20 países si se cumplen las propias previsiones
establecidas en la Agenda 2000 por la Comisión Europea, que es el
documento sobre el que se establece el debate. Hay que tener en
cuenta asimismo la situación monetaria. En la coyuntura actual, con
un 10 por ciento de devaluación del dólar frente al euro, es evidente
que esto tiene una incidencia importantísima dentro del presupuesto
de la Unión en las ayudas a la exportación. Esto también viene a
modificar el marco financiero que la propia Comisión prevé para el
período 2000-2006. Se deben atender asimismo las necesidades de los
países candidatos del centro y este de Europa, dentro del 1,27 por
ciento, es decir, los instrumentos de preadhesión y las necesidades
derivadas de la primera ampliación, prevista, como he dicho antes,
para el año 2002-2003. La Unión deberá destinar un contingente
importante de recursos para atender a países con diferencias de
rentas y sistemas productivos tan distantes como los países
candidatos a esa ampliación. Igualmente, se plantean importantes
retos en la política agrícola común en estos países con una
estructura de renta y población agraria muy por encima de la media
europea y por tanto con unas necesidades muy diferentes de la Unión
actual.
Queremos que el Gobierno fije su posición respecto a las reformas en
curso de la política agrícola común, para racionalizar y controlar el
gasto agrícola y atender las necesidades de las zonas rurales y los
pequeños agricultores, así como la propuesta de la Comisión de
cofinanciar el 25 por ciento del Feoga-ayudas directas desde los
presupuestos de los Estados miembros de la
Unión. Queremos conocer, a través de la propuesta del Gobierno, cuál
es el coste de esa cofinanciación y creemos además que debe fijar su
posición respecto a esa propuesta regresiva de cofinanciar el Feoga-
ayudas directas con recursos nacionales propios cuando los países que
tienen una estructura con mayor participación en la renta y en la
ocupación en el sector agrícola son precisamente los países más
pobres de la Unión.
En tercer lugar, queremos conocer la posición española ante la
reforma de los fondos estructurales sobre la necesidad de ahondar en
la cohesión entre las diferentes regiones de la Unión, teniendo en
cuenta la prioridad actual de la Unión en materia de empleo. A estos
efectos, quiero destacar que el primer informe del Gobierno sobre
cohesión económica y social en España demuestra que, mientras
disminuyen las diferencias entre los Estados miembros de la Unión, se
mantienen las diferencias de renta entre las regiones. Por ello, la
posición española debe indicar claramente si las reformas en curso
cumplen mejor con el objetivo de desarrollo regional y de
acercamiento del nivel de renta entre regiones. Queremos conocer si
el Gobierno cree que ese estancamiento en la diferencia de rentas
entre las regiones más ricas y más pobres, a pesar de las políticas
estructurales de la Unión, tiene su procedencia en las propias
políticas de la Unión o si es causa de las políticas del Estado
miembro y, en este caso, de nuestro país. Queremos que se corrijan en
cualquier caso las políticas que dan lugar a que, mientras las
regiones pobres intentan acercarse a las más ricas, las más ricas se
siguen despegando con mayor diferencia, a pesar de las ayudas
específicas para esas regiones, que deberían poderse acoger al tren
de desarrollo, al nivel de desarrollo del propio país.
El Gobierno debe fijar además su posición ante el Pleno de esta
Cámara sobre los siguientes puntos de las políticas de fondos
estructurales. Queremos conocer qué opina el Gobierno sobre la
reserva de eficacia del 10 por ciento. Queremos conocer qué opina de
la propuesta de partenariado, particularmente de la participación de
las ONG y entidades locales en la programación y ejecución de los
fondos estructurales. Estamos de acuerdo y creemos que es acertada
una mayor presencia social, pero queremos conocer los instrumentos de
control democrático que precisamente esa presencia va a requerir.
Queremos conocer la posición del Gobierno en cuanto a la
incompatibilidad entre objetivos. Conocer el carácter de los gastos
destinados a la cohesión; es decir, si el Gobierno está de acuerdo en
pasar los gastos de la cohesión económica y social a techo de gasto,
en vez de a objetivo de gasto, como está en la actualidad.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Costa, vaya
concluyendo.
El señor COSTA COSTA: Concluyo, señor presidente.
Finalmente, queremos conocer la posición del Gobierno respecto al
Fondo de Cohesión. No nos
digan, señorías, que el Fondo de Cohesión está garantizado por el
derecho primario de la Unión, que ya lo conocemos. Lo que queremos
saber es si el Gobierno va a conseguir en su negociación que el Fondo
de Cohesión esté dotado con las mismas cantidades y si va a
participar España en el reparto de este fondo en el 55 por ciento del
total, como ha ocurrido en el último período, así como si va a
aceptar nuevos condicionamientos en el Fondo de Cohesión.
En materia de ampliación, y concluyo, señor presidente, queremos
conocer la posición del Gobierno respecto de la creación de un nuevo
programa específico con una categoría de gastos que tenga
políticamente por objetivo una mayor visibilidad del esfuerzo de la
Unión en el proceso de preadhesión y garantizar las cantidades
asignadas a este fin sin contaminar el actual acquis comunitario.
Señorías, lo que queremos saber es si el Gobierno tiene una línea
coherente de política en la negociación de la Agenda 2000. Queremos
conocer si esa línea existe y, si existe, que sea debatida en el
Parlamento, lugar democrático, lugar donde se deben discutir las
grandes orientaciones políticas de España. Y estamos ante una
negociación que va a afectar no sólo a la calidad de vida de los
ciudadanos españoles -más de un 50 por ciento reciben fondos de
objetivo 1 en estos momentos-, no sólo a la mayor capacidad de
desarrollo de las regiones menos favorecidas de nuestro país, sino
que va a afectar al conjunto de presupuestos de las instituciones
públicas, al conjunto de la capacidad económica y presupuestaria de
este Gobierno y por tanto a la calidad de los servicios, de las
infraestructuras, a la calidad de vida del conjunto de ciudadanos
españoles. Para eso queremos que el Gobierno establezca en un
documento cuál es su posición y poder debatirlo aquí, confrontado
políticamente en esta Cámara entre todos los grupos, elaborando lo
que debería ser la posición española en esa materia.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Costa. ¿Grupos
parlamentarios que deseen fijar su posición en este debate? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señor presidente, señorías, hay que
reconocer que la vida política, muy concretamente la vida
parlamentaria, tiene sus encantos y sus misterios, porque tal día
como hoy, hace exactamente once meses, el Grupo Socialista presentaba
en el registro de la Cámara una proposición no de ley en la que
instaba al Gobierno a, en el plazo de un mes - es decir de forma
perentoria y urgente-, informar a la Cámara de una serie de puntos.
Poco antes de esa fecha, unos meses antes, la Comisión había hecho
público su programa, llamado Agenda 2000, que englobaba lo que
originariamente se había llamado Agenda
2000, un documento de enorme importancia, junto con todo lo relativo
a la ampliación de la Unión Europea. Por tanto, la Comisión había
enmarcado en un voluminoso documento, del cual el Grupo Socialista en
ese momento pedía explicaciones, el futuro financiero de la Unión
Europea, las perspectivas financieras de la Unión, los límites
posibles a la aportación de los Estados a los recursos financieros de
la Unión, consiguientemente los límites de los que se podría disponer
a efectos de la cohesión, el futuro por tanto de los fondos
estructurales, el futuro de la cohesión, el futuro de la política
agrícola común, no sólo en términos financieros sino propiamente
también organizativos, y la ampliación, país por país, de la Unión
Europea con todas sus consecuencias. Todo eso, vuelvo a recordar, lo
presentaba la Comisión Europea hace más de un año y poco tiempo
después de su presentación el Grupo Socialista instaba a que en el
plazo de un mes el Gobierno acudiera a esta Cámara y se explicara.
Han transcurrido once meses desde que esa proposición no de ley entró
en la Cámara y hoy las cosas no son como decía en ese momento esa
proposición no de ley. En estos once meses han ocurrido muchas cosas,
ha llovido mucho. Constituimos, a iniciativa de mi grupo
parlamentario y del propio Grupo Parlamentario Popular, una
subcomisión para el seguimiento de ese importantísimo proceso que
había comenzado, llamado Agenda 2000, subcomisión que ha tenido ya
varias reuniones a las que han asistido los portavoces de todos los
grupos parlamentarios. Hemos recibido abundante documentación de los
ministerios de Economía y de Agricultura; ha habido comparecencias de
los secretarios de Estado, muy concretamente del secretario de Estado
de Política Exterior y para la Unión Europea, pero también del
ministro de Asuntos Exteriores y alguna reunión informal -menos en
este caso de lo que hubiéramos querido- por parte del Ministerio de
Economía, concretamente del vicepresidente para Asuntos Económicos.
No podemos decir que globalmente nos falte información, no se puede
decir que en estos once meses esta Cámara no haya sido informada. Y
no podemos decir, al menos mi grupo no puede decir que no conozca la
posición del Gobierno sobre prácticamente todos los puntos que fueron
objeto de lo que, entonces sí, no sabíamos, cuando hace once meses se
presentó esa proposición no de ley.
Creo que ese es el tema fundamental que nos va a llevar a votar
negativamente esta proposición no de ley. Quizás en su momento
hubiéramos hecho otra cosa, pero hoy las cosas ya no son como eran en
el tiempo en que se redactó. Es cierto que tiene una enorme
importancia; yo no rebajaría ni un ápice el tono de importancia que
ha dado el portavoz socialista a los temas que están en juego. He
hecho una lista muy somera, muy a vista de pájaro, y es absolutamente
verdad, hay mucho en juego. Está en juego la propia agricultura
española, toda ella, de la ampliación, de cómo se haga, de la
repercusión en la economía española de
esa ampliación, de que nos quiten o no -por utilizar una terminología
periodística- los fondos de cohesión, de cómo se estructuren los
fondos estructurales, y valga la redundancia. De todo eso dependen
enormes consecuencias para nuestro futuro, desde muchas perspectivas,
y de todo eso deberemos seguir hablando en esta Cámara. Pero cerrar,
congelar en un documento, en un debate, como si se pudiera cerrar
esto a fecha fija, la posición del Gobierno sobre todos estos temas,
no nos parece, señorías -con el debido respeto a la iniciativa
socialista en este caso, que sin duda no tiene estrictamente un tono
de oposición, sino un carácter constructivo, así la valoramos
nosotros-, que sea lo más oportuno en este momento. No tiene especial
sentido en este momento fijar, como si estuviéramos ante un proceso
cerrado, la posición rígida, congelada, del Gobierno sobre temas que
están en permanente evolución. El propio portavoz socialista ha
reconocido que la situación financiera internacional, por ejemplo, ha
llevado a modificar las perspectivas de crecimiento. Ese es un
argumento que no estaba hace un tiempo y que se puede utilizar en un
sentido o en otro, no quiero profundizar ahora. También existe, por
ejemplo, una evolución sobre cuál es la posición acerca de los fondos
de cohesión. Ayer mismo se hizo público un informe jurídico que
refuerza tremendamente la posición española. Y de esa forma podríamos
seguir sobre todos y cada uno de los temas que forman parte de la
llamada Agenda 2000.
Por esa razón, no vamos a apoyar esta proposición no de ley. No
porque entendamos que el Parlamento no merezca o no tenga el deber de
exigir esa información, sino porque creemos que una buena parte de la
información que hoy se exige no se tenía hace 11 meses, pero sí se
tiene hoy, y porque queremos seguir teniendo la que falta. Estamos
seguros de que el Grupo Socialista y el Grupo Parlamentario Catalán,
y sin duda también el Grupo Parlamentario Popular, seguiremos
exigiendo en el seno de la subcomisión al efecto y en el seno de la
propia Comisión mixta toda la información que esperamos recibir
constante y diaria. No está de más señalar que a veces este
Parlamento ha tenido conocimiento de las cosas después que los medios
de comunicación. Eso sí es cierto, eso sí es una crítica que podemos
hacer desde la tribuna. Querríamos saber las cosas antes que la
prensa. Dicho eso de pasada, esperamos seguir recibiendo la
información, seguir pidiéndola, y apoyaremos al Grupo Socialista y a
cualquier otro grupo en esas peticiones de información periódicas,
puntuales, que se vayan haciendo, insisto, en el seno de la
subcomisión y en el seno de la Comisión Mixta para la Unión Europea.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Guardans.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Navas.
El señor NAVAS AMORES: Señor presidente, señorías, el tema que hoy
nos reúne, la Agenda 2000, se ha convertido en un debate de gran
calado político, sobre el que se está librando en toda Europa una
dura batalla de ideas y de intereses. Es un asunto clave para el
campo español, para el futuro de nuestras comunidades autónomas y
para el peso de España en el propio seno de la Unión Europea. La
cumbre extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno el próximo mes
de marzo en Berlín posiblemente decidirá la base financiera de la que
va a disponer la Agenda 2000. Por tanto, estamos en un tiempo clave
para conformar y consensuar entre todos la posición que debe mantener
el Gobierno de España en las reivindicaciones que interesan a nuestro
país.
Mientras tanto, en España seguimos pensando que falta sobre este
tema, como ya viene siendo una nefasta tradición, la transparencia,
el debate y la información necesaria para un debate de tan hondo
calado político y social. Por eso esta propuesta viene a punto para
despertar el interés por esta Agenda 2000, una comunicación que
recoge la estrategia de ampliación al Este, la reforma de las
principales políticas comunes, principalmente la política agrícola
común, y para la financiación de la Unión en el septenio comprendido
entre el 2000 y el 2006, con todo el debate sobre el futuro de los
fondos estructurales y sobre el Fondo de Cohesión. En este documento,
que fue sometido en diciembre pasado al Consejo Europeo, los Estados
miembros ya han comenzado a perfilar sus orientaciones y sus
estrategias. Este debate se produce en una nueva fase histórica, que
incrementará, a partir del año 2002 el número de Estados de la Unión
Europea, de los 15 actuales a 21, con la incorporación de Polonia,
Hungría, República Checa, Eslovenia, Estonia y Chipre, y cuando ya se
agolpan nuevos candidatos a las puertas de la Unión, como Rumania,
Bulgaria, Eslovaquia, Letonia y Lituania.
Entre otros muchos interrogantes, las dos preguntas claves para
Izquierda Unida serían: ¿De dónde saldrá el dinero para financiar la
ampliación y las demás acciones previstas en la Agenda 2000? ¿Cómo se
va a repartir ese dinero y cuánto irá a la política agrícola? Esta es
la cara amarga de la Agenda 2000. Empieza la batalla por los dineros
de la Unión entre la banda de los cuatro más potentes económicamente
-Alemania, Suecia, Holanda y Austria- y el grupo de la cohesión
-España, Portugal, Grecia e Irlanda-; una batalla que podría poner en
peligro el futuro de la explotación familiar agraria y provocar
pérdidas en sectores como el lácteo y el de carne de vacuno o incluso
una bajada en los precios de los productos mediterráneos. Como vemos,
España tiene intereses propios que defender y es mucho lo que se está
jugando.
Hace ya más de un año, cuando la Comisión presentó este documento
sobre la financiación de la Unión Europea para este período 2000-
2006, el debate se centraba en los gastos, es decir, en cómo se
podría hacer frente a una ampliación y, al mismo tiempo, mantener
la cohesión entre los quince Estados actuales. En estos momentos, sin
embargo, el debate se está centrando en algo que, a ciencia cierta,
tiene una importancia todavía mayor: con qué recursos va a contar la
Unión Europea en el septenio 2000-2006 y sobre qué sistema de
financiación. Al mismo tiempo que se fijaba el techo máximo de los
gastos en el 1,27 por ciento del producto interior bruto comunitario
es Alemania quien proclamó su disconformidad con el actual sistema de
ingresos. A esta queja de Alemania se añadieron Holanda, Austria y
Suecia, alegando que el saldo neto de sus países con la Unión Europea
es negativo y exige una devolución, como ya ocurre con el cheque
británico concedido a Gran Bretaña desde 1984. Como digo, son
elementos de profunda importancia, elementos de interés para todos
los grupos parlamentarios, que se están conjugando en el seno de la
Unión Europea y, evidentemente, creemos que esta proposición no de
ley encaja perfectamente en esta dinámica de demanda de mayor
información.
Hay una alternativa, introduciendo un elemento de progresividad en el
sistema de recursos propios, es decir que cada Estado pagaría un
porcentaje de producto nacional bruto ponderado, según su prosperidad
relativa, pagaría más quien más tiene. Naturalmente esta propuesta,
lejos de dar respuesta a la reivindicación de los contribuyentes
netos, agravaría su situación no solamente en caso de Alemania y del
resto de países que la apoyan, sino que añadiría nuevos descontentos
en países como Dinamarca y Luxemburgo.
La renacionalización de la PAC es un elemento que, hoy por hoy, ni
siquiera nos podemos plantear. ¿La reforma tendría un saldo cero para
España porque España va a reducir acaso su contribución al
presupuesto comunitario? Esta es una pregunta que ya no es la del
millón, sino la de los más de mil millones de dólares. Estamos
hablando de un costo que podría suponer para los Presupuestos
Generales del Estado del orden de los 150.000 millones de pesetas.
En cuanto a la reforma de los fondos estructurales, la Agenda 2000
plantea que los fondos deben favorecer un desarrollo competitivo, un
crecimiento duradero, la creación de empleo y la promoción de la
formación. Mientras tanto se sigue manteniendo el 1,27 por ciento del
PIB -o sea que se congela la posibilidad de financiar estos fondos- y
se destina el 0,46 por ciento a políticas estructurales hasta el año
20006, lo que supone que se va a reducir del 51 por ciento actual al
40 por ciento el porcentaje de población beneficiada. Como ya se ha
dicho, la Comisión propone reducir los siete objetivos actuales a
tres; se reducirán las actuales trece iniciativas comunitarias a sólo
tres y sólo se les va a dedicar al 5 por ciento de los fondos
estructurales en vez del 8 por ciento actual. Por tanto, estamos
hablando de elementos muy importantes que requieren un mayor debate,
un mayor consenso, que el Gobierno traiga a la Cámara cada una de las
estrategias que se pueden plantear.
En resumen, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida cree que la
Agenda 2000 congela las políticas estructurales en términos de PNB,
que se reducen drásticamente para sus actuales beneficiarios; se
ciernen también graves amenazas sobre la agricultura y la ganadería,
así como sobre los fondos estructurales y de cohesión, y se vislumbra
además una derrota de una unión política en beneficio de una zona de
libre cambio.
No parece fácil responder de las posiciones del Gobierno ante estas
cuestiones de fondo. Desde una izquierda que piensa que la
construcción europea puede avanzar cambiando profundamente algunos de
sus estándares, que mediante la constitución de una Hacienda pública
comunitaria digna de tal nombre es posible aportar soluciones, la
profundización en la construcción de una Unión Europea más unida y
más solidaria es la única salida frente al estancamiento de una
Europa de varias velocidades.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Navas, vaya
concluyendo, por favor.
El señor NAVAS AMORES: Ya estoy terminando, señor presidente.
Mientras tanto, lo que sigue faltando, como es tradición, es
transparencia, debate y participación social sobre estos temas en
nuestro país. Por ello votaremos a favor de esta proposición no de
ley, para que, por fin, se inicie este debate.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo Popular, tiene
la palabra el señor Madero.
El señor MADERO JARABO: Señor presidente, señorías, después de oír el
diagnóstico un tanto catastrofista del anterior interviniente, en
nombre de Izquierda Unida, me sumo a las palabras cargadas de
esperanza respecto a la Unión Europea que ha dicho el señor Costa, en
nombre del Grupo Socialista, en la presentación de esta iniciativa.
Señor Costa, es indudable que compartimos el fondo y el tono que ha
empleado en su comparecencia, aunque quizá no pueda estar de acuerdo
con alguno de sus postulados. Efectivamente, en la iniciativa que nos
presenta su grupo se demanda una información del Gobierno, S.S. ha
rememorado las propuestas de la Comisión y pregunta cuál es la
posición del Gobierno. Ahí es donde el Grupo Popular no puede
coincidir con el análisis de la situación que hace S.S., puesto que,
ante la petición de información, este portavoz tiene que recordar,
como lo hizo anteriormente el portavoz del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), que en casi un año el Gobierno ha dado
información en cantidad ingente. El admitir que hay que traer más
información sería admitir lo obvio y podría dar lugar a pensar que
hasta ahora no se ha suministrado información suficiente. En este
sentido, señor Costa, repito que nos sorprende que se pida más
información cuando entendemos que se ha dado la suficiente y que no
ha
habido oscurantismo ni opacidad en la materia. El señor Guardans ha
recordado que cuando se constituye una subcomisión dentro de la
Comisión Mixta de la Unión Europea para profundizar en determinadas
materias sobre las que aquí se demanda información, como es la Agenda
2000, la información que ha dado el Gobierno ha sido ingente, puntual
y bastante exacta. Tenemos esa información absoluta y puntual, tanto
por parte del Ministerio de Economía y Hacienda como por parte del
resto del Gobierno, principalmente del Ministerio de Agricultura,
puesto que muchas de estas materias se refieren precisamente a la
agricultura, la ganadería y, en general, al medio rural de España. En
todo lo referente a la Agenda 2000, financiación de la PAC, etcétera,
sobre lo que se demanda información para el subsiguiente debate,
entendemos que ha habido una información exhaustiva, y no hay más que
recordar las fechas, por ejemplo, de comparecencias de la ministra de
Agricultura aquí, en el Congreso de los Diputados. Compareció el 7 de
abril de 1998, «Diario de Sesiones» número 426, donde hay bastantes
páginas de información recién traída sobre lo que se estaba
negociando en Bruselas y Luxemburgo en esos momentos. Compareció el
24 de noviembre, «Diario de Sesiones» número 335, donde se refleja la
postura que se demanda. El día 5 de noviembre -bien reciente está la
fecha- el secretario general del Ministerio también nos abrumó con un
montón de datos sobre las materias que inquietan al Grupo
Parlamentario Socialista. En el Senado ha habido otras siete
intervenciones. No vamos a estar aquí repasando todo lo que se dijo,
pero, sin ir más lejos, y a petición del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), el lunes que viene, día 16, a las once horas,
por si quieren tomar nota SS.SS., comparece nuevamente la ministra de
Agricultura para explicar precisamente el 70 por ciento de las
materias que se demandan en esta proposición no de ley. Por tanto,
sobra incluso el plazo de un mes que se plantea en esa iniciativa,
puesto que se está dando información y el próximo lunes se continuará
dando, como no podía ser de otra manera.
Respecto a la posición del Gobierno, no es este el momento de
repetirla, pero está muy claro cuál es respecto al marco financiero,
que tanto preocupa a todos: mantenimiento de la línea directriz, con
su definición y método de cálculo actual, para la Unión Europea a
Quince. La no aprobación de esta conclusión motivó que la ministra de
Agricultura, Pesca y Alimentación, en nombre del Gobierno, votase en
contra de las conclusiones del Consejo de Agricultura de noviembre de
1997. Por cierto, señor Costa, que sabe que esto nos causó alguna
incomodidad en la Cámara, puesto que S.S. aprobó la postura de
nuestro Gobierno ante la Unión Europea y, sin embargo, su compañera
portavoz en la Comisión de Agricultura recriminó la postura de la
ministra y del Gobierno en unos términos francamente duros y casi
inaceptables.
Asimismo, la posición del Gobierno es el establecimiento de un marco
presupuestario realista que garantice plenamente la financiación de
la PAC para todo el período, no de manera parcial. En cuanto al
reglamento
financiero, está claro que la base jurídica actual tiene que estar
en los artículos 43 y 209 del Tratado, y no en el artículo 43, como
propone la Comisión. Está clara también su postura, porque el
Gobierno la ha explicado hasta la saciedad en esta Cámara, respecto a
la no inclusión de nuevos conceptos en el campo de la cobertura de la
línea directriz agrícola, es decir, oposición a la rúbrica de métodos
actualmente incluidos en el Feoga-Orientación, fondos veterinarios,
ayuda de preadhesión, etcétera. Están muy claras las propuestas de la
Agenda 2000 en sectores agrícolas, el de los herbáceos, el de carne
de vacuno, que nos preocupa, el sector lácteo, etcétera, que no vamos
a repasar uno por uno. Existe una propuesta clarísima del reglamento
de desarrollo rural, en donde la financiación del Feoga juega de
manera importantísima. Existe también una postura muy clara respecto
a los fondos de cohesión, también respecto a la oposición frontal del
Gobierno español a la cofinanciación de la PAC, de una parte por la
Unión Europea al cien por cien, como hasta ahora está haciendo, y de
otra parte menor por los Estados miembros, etcétera. La postura del
Gobierno está muy clara, está escrita y consta en esta Cámara.
Sobre todos estos temas, el ministro correspondiente y, sobre todo,
el vicepresidente segundo del Gobierno han informado, repetimos, de
manera muy clara. Con el tono más amable en que sea posible
expresarme, pediría al señor portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista que, cuando aquí viene información y se pide apoyo, se
colabore y se dé de verdad. Y sobre todo le pido que el apoyo no sea
solamente interno, sino que sirva para disipar algunas dudas que
tiene la sociedad, y de las que mi grupo participa respecto a que al
ser mayor el número de socialistas o socialdemócratas que están
gobernando en los últimos meses en la Unión Europea, están aumentando
las dificultades financieras, es decir, las propuestas de la Comisión
en las que se dificulta la financiación de determinadas cuestiones
que hasta ahora no habían sido planteadas.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Madero, vaya
concluyendo, por favor.
El señor MADERO JARABO: Termino, señor presidente, diciendo que a la
pregunta del Grupo Parlamentario Socialista sobre si existe una línea
coherente del Gobierno en estas materias, tengo que contestar que mi
grupo piensa que sí, que existe una línea coherente y que existe
información suficiente, que conoce la Cámara y que va a seguir
conociendo, como no podía ser menos.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Madero.
Vamos a pasar a la votación de la proposición no deley debatida. (El
señor Costa Costa pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Sí, señor Costa?
El señor COSTA COSTA: Pido la palabra por una cuestión de orden,
señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): No ha habido ningún desorden,
señor Costa.
El señor COSTA COSTA: Señor presidente, quiero hacer constar en el
«Diario de Sesiones» que mientras los portavoces de Convergència i
Unió y del Grupo Popular han hecho referencia todo el tiempo a la
información del Gobierno a la Comisión Mixta o a la Comisión de
Agricultura, la proposición no de ley en debate en ningún momento se
refiere a la información a la Cámara. Por respeto a la Cámara pido a
los portavoces que hagan el debate en los términos de la proposición.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): No tiene la palabra, señor
Costa; no es una cuestión de orden.
El señor COSTA COSTA: Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vamos a pasar a la votación.
(El señor vicepresidente, Fernández- Miranda y Lozana, ocupa la
Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, vamos
a proceder a la votación, por lo que les ruego ocupen sus escaños.
Votación de la proposición no de ley del Grupo Socialista del
Congreso sobre la posición del Gobierno en el proceso de negociación
abierto sobre la Agenda 2000.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
305; a favor, 148; en contra, 155; abstenciones, dos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda rechazada
la proposición no de ley.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA
ADOPTAR EL GOBIERNO EN POLÍTICA UNIVERSITARIA PARA EL PRESENTE CURSO
(Número de expediente 173/000106).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LA POLÍTICA GENERAL DEL
GOBIERNO PARA LOGRAR UNA UNIVERSIDAD DE CALIDAD Y COMPETITIVA (Número
de expediente 173/000107).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, por
acuerdo de todos los grupos parlamentarios,
que espero sea ratificado en este momento por el Pleno,
se va a proceder a un cambio en el orden del día. En primer lugar,
vamos a pasar a debatir las mociones del apartado IV que aparecen con
los número 6 y 7 y a continuación la moción que aparece con el número
5. ¿Lo aprueba la Cámara? (Asentimiento.)
Asimismo, por acuerdo de los grupos parlamentarios, y al igual que
sucedió con las interpelaciones de la semana pasada, estas dos
mociones van a ser presentadas conjuntamente para ser votadas después
de forma independiente.
Por tanto, en primer lugar, moción del Grupo Socialista del Congreso
sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno en política
universitaria para el presente curso, para cuya presentación tiene la
palabra en su nombre la señora Díez de Baldeón. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, les
ruego guarden silencio.
Señor Caballero. Señora Alborch. (Pausa.)
Puede comenzar, señoría.
La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: Gracias,señor presidente.
Señorías, en la interpelación urgente planteada el pasado 7 de
octubre la ministra de Educación y Cultura siguió sin dar respuesta a
tres problemas claves de la universidad española: la falta de
financiación, la indefinición ministerial ante la reforma del título
V de la LRU, que afecta al 36 por ciento del profesorado, y la
ausencia de liderazgo político para asumir la necesaria coordinación
del sistema universitario español.
El Gobierno del Partido Popular carece de una política universitaria
seria y coherente. Los problemas existentes no sólo no se solucionan,
sino que la fórmula consiste en negar la evidencia. Esconder la
cabeza debajo del ala y no querer ver ni contestar es constante,
según pudimos comprobar en la última interpelación.
La ministra de Educación parece basar su estrategia en dos
principios: uno, no actuar para no equivocarse y, dos, transferir los
problemas de modo que la culpa de todos los males sea de los rectores
o de los responsables educativos de las distintas comunidades
autónomas. (El señor vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la
Presidencia.) El infierno son los otros, parece su consigna.
Pero lo verdaderamente preocupante no es que los principales
problemas no se aborden y no exista una política de Estado para el
sistema universitario; lo peor es que a la ministra le gusta jugar
con fuego. Es inaudito que la escasa actividad que despliega en
política universitaria la dedique a crear problemas allí donde no
existían y a poner cargas de profundidad al clima de diálogo y
colaboración, imprescindible entre las distintas instancias
académicas. El último ejemplo es posterioren el tiempo a la
interpelación de hace un mes.
La ministra de Educación propone financiar un informe sobre la
situación de las universidades al señor Fluxá, presidente de la
Conferencia de Consejos Sociales. ¿Por qué impulsa la ministra un
informe alternativo al que hace ocho meses propuso realizar la
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, dirigido por
el señor Bricall? La ministra debe explicarnos aquí por qué esta
nueva ocurrencia, que ha tenido como resultado lo siguiente:
desconcierto de la comunidad universitaria, nuevo malestar entre los
rectores ante lo que interpretan como una clara desconfianza de la
ministra, brecha innecesaria entre las instancias universitarias,
académicas y políticas y sociales. Los presidentes de los Consejos
Sociales de Cataluña se desvinculan del informe Fluxá. Ante las
numerosas voces críticas a esta actuación, una de ellas de quien les
habla, que acusó a la ministra de dinamitar el sistema universitario
al potenciar un informe alternativo al de las máximas autoridades
académicas (los rectores), la situación se reconduce y en Salamanca,
el 5 de noviembre, la ministra expresa su deseo de que la Conferencia
de presidentes de los Consejos Sociales y la Conferencia de Rectores
de las Universidades Españolas unan sus estudios a fin de no duplicar
esfuerzos. ¿Qué necesidad había, señorías, de crear una alarma tan
negativa como innecesaria?
Un profundo diagnóstico de la situación de la universidad española y
de las perspectivas de futuro de la misma es imprescindible y este
debe ser resultado del mayor consenso posible. No es razonable que se
geste ya envuelto en la polémica. Tenemos ante nosotros un reto
inaplazable, que es diseñar la universidad del futuro, capaz de dar
respuesta a la sociedad del conocimiento. Es necesario abordar los
cambios que permitan una universidad abierta en la que las personas
puedan entrar en distintos momentos de su vida para realizar una
formación permanente; una universidad que estimule la creatividad,
que cohesione socialmente, que cree los mecanismos necesarios para
establecer una verdadera igualdad de oportunidades. En diversas
iniciativas parlamentarias, el Grupo Parlamentario Socialista ha
venido reclamando la ejecución de este informe y valoramos muy
positivamente la iniciativa puesta en marcha por la CRUE hace unos
meses. Consideramos conveniente apoyar este informe, al que pueden y
deben unirse las perspectivas de análisis de las restantes fuerzas
sociales, políticas y sindicales y, por supuesto, la voz de los
estudiantes. Este diagnóstico sobre la situación de la enseñanza
superior es conveniente, pero en ningún caso debe ser la excusa para
no abordar ya los problemas más urgentes de la universidad española.
El Gobierno de España debe realizar un esfuerzo inversor, de modo que
pueda existir un pacto de Estado con las comunidades autónomas para
incrementar la financiación de las universidades públicas. El
formidable crecimiento de la universidad española de las últimas
décadas debe culminar en una apuesta decidida por la calidad y la
excelencia, lo cual implica un pacto
de financiación que permita incrementar los ingresos de las
universidades españolas hasta conseguir situar el gasto en la media
de los países desarrollados, es decir, en el 1,5 por ciento del PIB.
Sin esta financiación, señorías, no será posible garantizar un marco
de mínimos de calidad para asegurar los principios de igualdad e
incentivación a la competencia en las distintas universidades
públicas, difícilmente podrán incrementarse los programas de becas y
ayudas a estudiantes y tampoco podrá darse una solución definitiva a
otros problemas, como es la regularización del profesorado interino
que cumple todos los requisitos académicos para ser funcionario.
Creemos igualmente conveniente que el Gobierno asuma la importancia
de la coordinación del sistema universitario español una vez
finalizado el proceso de transferencias. Para ello será necesario
revisar las disfunciones existentes en el Consejo de Universidades
para potenciar ese órgano y analizar la conveniencia de establecer
nuevos mecanismos de coordinación entre las comunidades autónomas y
las universidades. Hace meses, por cierto, una ponencia elaboró la
modificación del reglamento del Consejo de Universidades y lo entregó
en la secretaría del Consejo. Nos gustaría saber qué ha pasado con
este informe, del cual no sabemos nada; parece ser que se aparcó y
forma parte de los papeles que el secretario de Estado de
Universidades ha limpiado de su mesa.
También en la pasada interpelación, la ministra de Educación se
comprometió a promocionar la movilidad de estudiantes y profesores,
algo que no ha hecho hasta la fecha, y la situación es doblemente
grave porque ¿cómo va a garantizarse la coordinación con otras
universidades europeas si la ministra de Educación está renunciando a
coordinar el sistema universitario a nivel estatal? El Gobierno de
España ha perdido ya una magnífica oportunidad el pasado mes de mayo
al dejar de suscribir la llamada Declaración de la Sorbona, en la que
los ministros de Educación de Francia, Alemania, Gran Bretaña e
Italia se comprometieron a crear un marco común para conseguir el
reconocimiento de los títulos académicos y fomentar de este modo la
movilidad de los estudiantes.
En coherencia con estos principios que les estoy comentando, el Grupo
Parlamentario Socialista ha presentado una moción, a la que se han
realizado distintas enmiendas por parte del Grupo Parlamentario
Popular, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y por parte de Nueva
Izquierda se ha propuesto una enmienda transaccional, que hemos
asumido y que a continuación procederé a leer. Quisiera decir,
brevemente, que hemos admitido algunas enmiendas de Izquierda Unida y
también una enmienda del Grupo Parlamentario Popular y de
Convergència i Unió. Me van a permitir que me centre en los cuatro
puntos de la enmienda que nos hace el Grupo Parlamentario Popular y
Convergència i Unió.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Hágalo ya con brevedad,
señora Díez de Baldeón, por favor.
La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: Lo haré rápidamente, señor
presidente.
En el primer punto se insta a presentar un proyecto de ley de
modificación de la LRU y del reglamento del Consejo de Universidades,
pero es muy generalista, no concreta nada y habla únicamente de
garantizar el ejercicio de competencias en materia universitaria de
las correspondientes comunidades autónomas y de las universidades. El
segundo punto se refiere a la elaboración de un estudio sobre la
mejora de la calidad y competitividad de las universidades que
incluya el correspondiente estudio económico. Quiero recordar que ya
en el año 1994 el Consejo de Universidades aprobó un documento sobre
financiación y mejora de la calidad del sistema, y nos parecería
mucho más adecuado que ahora -sobre todo porque es urgente- trajeran
este documento actualizado. Por cierto, no sabemos qué ha ocurrido
con este documento y nos gustaría que se actualizase, puesto que este
estudio está ya hecho. El punto número 3, que propone compensar a las
universidades por las tasas universitarias, se ha incorporado a la
enmienda transaccional, y, finalmente, el punto número 4, que habla
de incrementar los programas de becas y ayudas a estudiantes, es
básicamente coincidente con otro punto propuesto por la moción del
Grupo Parlamentario Socialista.
Señor presidente, voy a terminar ya, pero me gustaría leer a la
Cámara la moción que va a presentar este Grupo Parlamentario
Socialista de acuerdo con Nueva Izquierda. Dice lo siguiente: 1. El
Gobierno presentará antes del comienzo del próximo período de
sesiones una propuesta de plan plurianual de financiación de las
universidades públicas para su debate en el Pleno de la Cámara sobre
las siguientes bases. A) Incrementar la financiación pública para
poder alcanzar en un plazo correspondiente a cinco ejercicios
presupuestarios un nivel de gasto universitario del 1,5 por ciento
del PIB. B) Este plan de financiación debe servir para crear un marco
de mínimos de calidad a partir de criterios objetivos sobre los
principios de igualdad e incentivación a la competencia, que
contribuya a superar los desequilibrios sociales y territoriales y
para garantizar la prestación de un servicio público de calidad. C)
Garantizar la suficiencia de la financiación universitaria sobre la
relación aproximada del 80 por ciento de financiación pública y del
20 por ciento de ingresos privados. D) Adoptar las medidas oportunas
para asegurar que las universidades sean compensadas por el total de
los ingresos que por tasas académicas dejaron de percibir por las
modificaciones del concepto de familia numerosa.
El segundo punto dice que el Gobierno establecerá conversaciones
urgentes con rectores, sindicatos, comunidades autónomas y restantes
fuerzas políticas para llegar a un consenso sobre una propuesta de
reforma del título V de la LRU que garantizando la autonomía de las
universidades cree nuevas figuras de profesorado
y acabe con la inestabilidad en el empleo de un gran número
de profesores universitarios. En todo caso, el Gobierno deberá
remitir un proyecto de ley sobre esta materia antes de que concluya
este período de sesiones, que incluya los siguientes aspectos. A) La
regularización del profesorado contratado de las universidades que
resuelva el actual abuso de la figura del profesor asociado y otorgue
una salida digna a los profesores que durante años vienen dedicando
su actividad a tareas necesarias en la programación docente y han
adquirido la calidad exigible para ser profesores de universidad. B)
Un sistema de acceso a la Función pública docente universitaria que
asegure la calidad inicial a través de un procedimiento de selección
que garantice la igualdad de oportunidades. C) Un sistema de acceso a
la figura máxima docente e investigadora a través del concurso de
méritos libre y abierto entre los funcionarios públicos de nivel
anterior, de responsabilidad de la propia universidad, seleccionados
por comisiones o tribunales mixtos. D) Una regulación de los
ayudantes y profesores en formación que fije sus responsabilidades y
compromisos temporales. E) La regulación básica de una figura de
profesor contratado con fijación porcentual máxima en cada facultad o
escuela universitaria y que podrán desarrollar las comunidades
autónomas y las propias universidades.
El punto 3 dice que el Gobierno adoptará las medidas normativas,
políticas y administrativas necesarias para hacer eficaz la
coordinación del sistema universitario español y la resolución de los
problemas y objetivos comunes de las universidades, sobre la base de
las siguientes actuaciones. A) Modificación del reglamento del
Consejo de Universidades o en su caso de cuantas medidas sean
necesarias para conseguir una estructuración y funcionamiento que
garantice el óptimo cumplimiento de sus fines y evite las
contradicciones existentes entre los ámbitos académicos y políticos.
B) Analizar la conveniencia de establecer nuevos mecanismos de
coordinación y articulación del sistema universitario español de
acuerdo con las comunidades autónomas y las universidades.
Por último, el punto 4 dice que el Gobierno adoptará las iniciativas
adecuadas para asegurar la movilidad de los alumnos y alumnas y el
incremento real del número y cuantía de las becas y de otras medidas
compensatorias de las desigualdades existentes en las posibilidades
de acceso a la enseñanza universitaria.
Señorías, estas son nuestras propuestas. Nuestro ánimo no es otro que
garantizar la calidad y la excelencia de las universidades españolas.
Ese es nuestro deseo y, por tanto, contamos con su colaboración y su
voto.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Díez de Baldeón.
Para presentar la moción consecuencia de interpelación del Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra elseñor Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya ha presentado
una moción que es consecuencia de la interpelación que debatimos hace
algunas semanas. La verdad es que elaborar en este caso una moción
era relativamente sencillo, ya que de las aportaciones de la señora
ministra de Educación y Cultura en el debate de la interpelación se
puede extraer legítimamente una primera conclusión que se puede decir
con rotundidad: en política universitaria en esta legislatura
prácticamente todo está por hacer.
Se puso de relieve en esa interpelación, a nuestro modo de ver, la
inanidad del pensamiento sobre política universitaria, la carencia de
un impulso decidido y de una voluntad de encarrilar a la universidad
española por un camino que la sitúe en condiciones de calidad y
competitividad ante el nuevo siglo. La oscuridad, por otra parte,
volvió a imperar en la materia. Por decirlo de otra forma, donde
debió haber hechos hubo, una vez más, promesas; donde debió haber
ideas hubo exculpaciones y reenvíos de la pelota de la
responsabilidad a otros organismos; donde debió haber novedades hubo
una lastimosa sarta de lugares comunes y, en definitiva, se aprecia
que no hay proyecto, que no hay liderazgo y que en una materia en que
las manos deberían estar abiertas, en lugar de prever un consenso con
las autoridades académicas, con los implicados y con todas las
fuerzas políticas en un tema de trascendencia, para darle el
apelativo de política de Estado, simplemente la ministra se refería a
contactos con sus aliados parlamentarios, algunos de los cuales, por
otra parte, según se puso de manifiesto, ni siquiera conocían los
proyectos de la señora ministra. Por tanto, el panorama era bastante
caótico.
Desde entonces acá nos hemos encontrado con unos elementos que
aportan confusión y que en definitiva vienen a demostrar que cuando
un Gobierno no tiene una línea de actuación clara ni tiene la
voluntad tampoco de establecerla, es muy fácil, muy sencillo y lo más
normal que se produzcan esas desviaciones, ese recurso al disparate
que viene a agravar una situación de por sí ya grave. Nos hemos
encontrado en un debate de presupuestos a un secretario de Estado
diciendo la perla de que las universidades españolas tienen
abundantes recursos, algo que entra en contradicción con la realidad
desde cualquier punto de vista que se mire. Claro que el mismo
secretario de Estado de Universidades en ese mismo debate se permitía
hablar despreciativamente de los rectores españoles, ignorando su
responsabilidad y su legitimidad, diciendo que eran esos cardenales
-y cito textualmente- de la universidad española capaces de ofrecer
cualquier tipo de opiniones sin ninguna capacidad por otra parte de
contrastarlas a partir de la seriedad o de estudios fiables.
Por otro lado, ya se ha dicho en este debate, la ministra ha jugado
al gato y al ratón con los rectores sobre la posibilidad de apoyar un
documento, documento que los rectores -hay que recordarlo- se lo
encargan a una persona de autoridad académica reconocida en toda
Europa, que es el señor Bricall, y no han pedido en ningún momento
que sea el documento de una fuerza política o de un Gobierno. Lo que
han pedido es que sea un documento independiente que tenga la
capacidad de penetración posterior en los ámbitos políticos y
sociales como para que sus resultados sean eficaces, de la misma
manera que el informe Dearing lo va a poder ser en Gran Bretaña. La
ministra, como digo, ha jugado a decir ahora sí, ahora no. No sabemos
exactamente qué va a pasar. Vamos a esperar con auténtico interés la
comparecencia del presidente de la Conferencia de Rectores en esta
Cámara para que exponga su posición.
Por tanto, en ese triste panorama y en ese horizonte sin demasiadas
razones para la esperanza es donde se ubica la moción que presentamos
y que para Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya debe centrarse,
aunque sin duda habrá muchos más problemas de los que se seguirá
hablando en su momento, en las cinco grandes cuestiones que hoy deben
polarizar todo el debate sobre política universitaria en nuestro
país. En primer lugar, está la reforma del título V de la LRU. De
nuevo tenemos la promesa de que antes de que acabe este período de
sesiones tendremos el proyecto. Vamos a ver. A nosotros nos parece
que es importante y que si va a ser así, no costara nada que se
apruebe este punto de la moción. Eso sí, decimos nosotros que para
que sea válida y eficaz esa propuesta, debe venir avalada y
respaldada por el intento de consenso a través de conversaciones
urgentes, con rectores, sindicatos, fuerzas políticas, etcétera.
El segundo punto de nuestra moción hacía referencia a la reforma del
Consejo de Universidades para evitar las disfunciones que se han
producido entre la comisión académica y la comisión de planificación,
que en algún caso incluso han sido utilizadas digamos de manera poco
ortodoxa, por emplear un eufemismo suave, por el Gobierno del Partido
Popular para arrimar el ascua a su sardina cuando se encontraba en
minoría en el propio Consejo de Universidades.
En tercer lugar, se alude a la necesidad, y seguramente esta es la
espina dorsal de cualquier reforma universitaria a largo plazo, de un
libro blanco o de una propuesta plurianual, en definitiva del
establecimiento de financiación universitaria en un marco estatal que
fije unos mínimos para la calidad y la competitividad de las
universidades españolas. De nuevo aprovecho para reiterar que ello no
significa ni el menoscabo de las competencias en esta materia de las
comunidades autónomas ni desde luego el menoscabo de la autonomía de
las universidades fijada en nuestra propia Constitución. Lo que
desfigura la autonomía universitaria es la carencia de recursos
económicos suficientes para que puedan en definitiva cumplir las
funciones que tienen atribuidas. Por otro lado, es perfectamente
defendible que en lugar de poner la cuestión en términos de dilema
Gobierno-Estado contra comunidades autónomas haya que llamar a un
proyecto de Estado, ahora sí,
común, donde el Estado central esté junto con las comunidades
autónomas, liderando en todo caso ese proyecto de financiación global
y de planificación a largo plazo.
En cuarto lugar, de nuevo se recogen medidas oportunas para que las
universidades acaben de una vez de ser compensadas por el detrimento
que sufrieron en sus tasas por el cambio de concepto de familia
numerosa, y en quinto lugar se hace referencia a las diversas medidas
o iniciativas adecuadas que aseguren la movilidad de alumnos y
alumnas y el incremento real del número y cuantía de las becas, cosa
que no se ha producido sino todo lo contrario en estos presupuestos,
así como otras medidas compensatorias que permitan que el acceso a la
universidad todavía sea más democrático en mayores condiciones de
igualdad.
Debemos expresar nuestro agradecimiento a los diversos grupos
parlamentarios que han tenido a bien presentar enmiendas a nuestra
moción. Yo aquí, para que nadie piense que esta intervención puede
tener algún tipo de ribete apocalíptico, quisiera decir que se
aprecia al menos un signo de optimismo, y es que parece que los
diversos grupos parlamentarios vamos coincidiendo -se va
estableciendo una base para un consenso posible- en el diagnóstico de
los males fundamentales que aquejan a la universidad. Tampoco hacía
falta estudiarlos mucho, pero el hecho es que en debates anteriores
había discrepancias que ahora no voy a decir que hayan desaparecido,
pero al menos sí que existe una cierta capacidad -de la lectura de
las enmiendas se aprecia- en organizar el discurso político y social
sobre la universidad española en torno a unos mismos ejes.
Debemos agradecer sin duda el esfuerzo del Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió, que ha intentado con su enmienda buscar un suelo
común que fuera consensuable. También incluso debo agradecérselo al
Grupo Parlamentario Popular. La verdad es que hablando de política
universitaria no hay que decir que el Grupo Popular haya sido el
estudiante diligente que ha hecho los deberes, pero al menos ha sido
ese estudiante habilidoso capaz de mirar por encima del hombro del
que estaba sentado a su lado para copiarle la propuesta. En fin, esto
se aprecia simplemente de la lectura de los textos. Supongo que si
alguien le tiene que estar agradecido no será Convergència i Unió,
pero el caso es que hay una enmienda y, lógicamente, como es la misma
que la de Convergència i Unió, digo lo mismo que he dicho respecto de
la anterior.
Izquierda Unida ha hecho un gran esfuerzo presentando una enmienda
larga, prolija y detallada, con la cual nuestro grupo coincidiría en
muy buena parte, seguramente en algún punto no; el problema es que es
demasiado detallada para un tipo de iniciativa parlamentaria como es
una moción, que es la que hoy debatimos.
Como ha explicado ya la portavoz del Grupo Socialista, a la vista de
que la moción de este grupo y la de Nueva Izquierda-Iniciativa per
Catalunya respiran un
mismo espíritu y tienen notables coincidencias, ha sido muy fácil
llegar a un texto transaccional único que someter a votación, que ha
sido ya leído en esta tribuna, sobre el que no hace falta que insista
mucho más y en el cual además se ha hecho un esfuerzo de
incorporación de enmiendas presentadas por otros grupos. Ciertamente,
la de Izquierda Unida ha quedado subsumida en muchos apartados dentro
de esa enorme amplitud a la que hacía alusión y la de Convergència i
Unió y la del Grupo Popular han sido aceptadas en algunos puntos. El
problema de la de Convergència i Unió y la del Grupo Popular es que,
aun admitiendo la buena voluntad, quedaba demasiado ambigua,
demasiado imprecisa y comprometía muy poco al Gobierno.
El texto que se va a votar definitivamente presentado por el Grupo
Socialista y por Nueva Izquierda-Iniciativa por Cataluña nos parece
un texto equilibrado, que además se ajusta al tipo de iniciativa
parlamentaria de impulso de acción del Gobierno, como es una moción.
Desde ese punto de vista no pretende sustituir al Gobierno en aquello
que pueda ser su responsabilidad, pero tampoco se queda en la
vaguedad extrema de no decirle al Gobierno lo que esta Cámara piensa.
Entendemos que es una moción que por su contenido y por el equilibrio
entre las diversas posiciones es la que puede concitar en este
momento el consenso que permitiría empezar con buen pie un nuevo
camino que todavía está inédito en esta legislatura en cuanto a
política universitaria.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Alcaraz.
Como se ha señalado, a estas dos mociones se han presentado enmiendas
por diversos grupos. En primer lugar, para defender las del Grupo
Federal de Izquierda Unida y posicionarse respecto al conjunto del
debate, tiene la palabra la señora Aramburu.
La señora ARAMBURU DEL RÍO: Señor presidente, señorías, con la
brevedad y recordando que estoy en el momento de presentar las
enmiendas a los textos correspondientes, quiero decir que las
mociones que se debaten hoy en esta Cámara no sólo son oportunas sino
inevitables; sin embargo, son manifiestamente mejorables. El tono de
la actual universidad española es complejo y si no hay voluntades,
fundamentalmente financieras y ejecutivas, estaríamos ante una
situación de magnitud incalculable y de una sobrevenida
conflictividad, insisto, de una sobrevenida conflictividad. Para
aminorar la terminología, diríamos que hay un cierto estancamiento y
que la sociedad afectada por este diagnóstico, en una parte
minoritaria, sobrevive adaptándose, y la mayoría se insinúa y nos
emplaza a actuar, porque no es el optimismo frivolizante el
comportamiento habitual del usuario de la universidad.
El estado continuista y de pasividad controlada que asiste a nuestra
institución hace que los profesionales opten por una actitud
misionera, educativa o por una
desesperación articulada. Parece poco ética la dejación de
responsabilidades gubernamentales e institucionales para con nuestro
sistema democrático universitario y para la entidad más
imprescindible que garantiza que no dejemos de saber, insisto, que
garantiza que no dejemos de saber.
El modelo que se pretende que asimilemos no es que huela a naftalina,
señorías, sino que es del más puro corte mercantilista, que se
abastece con todos los parámetros del capitalismo más decadente, como
es el no reconocimiento laboral y la no consideración de la calidad
docente e investigadora, acompañado todo esto de la aplicación de las
teorías parcheadoras, utilizando la socorrida política de decretazos
y de prórrogas para aparcar problemas sin soluciones solventes.
Por obligación gubernamental, tiene carácter de urgencia conocer los
términos de la reforma del título V de la LRU, que todos, de una
forma u otra, hemos intentado consensuar, menos, que yo sepa, el
gabinete ministerial. Mi grupo y esta portavoz vienen haciendo, con
un profundo esfuerzo, intentos de encuentro y de representación de
los afectados y del conjunto de la comunidad universitaria para
lograr la máxima unanimidad y, en este sentido, señorías, voy a pasar
a detallar las enmiendas, que son seis a la moción del Grupo Mixto y
doce a la del Grupo Socialista.
Las enmiendas al texto del Grupo Parlamentario Mixto son las
siguientes. La enmienda primera, al punto 1, es de modificación y
propone sustituir «Establecer conversaciones urgentes con rectores,
sindicatos y otras fuerzas políticas» por «Establecer conversaciones
urgentes con rectores, sindicatos, estudiantes, con las fuerzas
políticas con representación parlamentaria y con los consejeros de
Educación.» En la enmienda número 2, al punto 2, pretende añadir
después de «Comisión de planificación» el siguiente inciso «y la
ausencia de criterios para la evaluación de la gestión» . En la
enmienda 3, al punto 3, pretendemos sustituir «y competitividad» por
«y colaboración universitaria» . En la enmienda 4, al punto 3, se
trataría de añadir después de calidad «para la superación de los
desequilibrios sociales y territoriales» . Con la enmienda 5, al
punto 4, proponemos añadir al principio del punto el siguiente
inciso: «Que el Ministerio de Economía y Hacienda adopte...» Y en la
enmienda número 6, al punto 4, pretendemos sustituir desde «corra en
el futuro» hasta el final del punto por el siguiente texto: «se
transfiera a las comunidades autónomas o a las universidades.» Con
respecto a las enmiendas que defiende mi grupo político al texto del
Grupo Socialista, serían las siguientes, y voy avanzando con la
celeridad posible. La enmienda número 1, al punto 1 B), de
modificación, propone sustituir a partir de «e incentivación a la
competencia» por el siguiente texto: «y colaboración universitaria
que sirva para superar los desequilibrios sociales y territoriales y
para garantizar la prestación de un servicio público de calidad» .
La enmienda número 2, al punto 1 C), también de modificación, propone
sustituir el texto por el siguiente:
«C) Garantizar por un medio de la financiación pública la
cobertura al cien por cien de los gastos de personal y de la
planificación docente reglada, garantizándose por medio de ingresos
privados las titulaciones propias y la cantidad que provenga de los
contratos o convenios con instituciones de I+D.» La enmienda 3, al
punto 1 D) propone sustituir desde «y préstamos a los estudiantes»
por «a los estudiantes, garantizando la movilidad entre
universidades, así como la presentación de un nuevo proyecto de
baremación de becas.» La enmienda número 4, al punto 2 A), propone
sustituir el inciso «no funcionario» por el de «contratado» . La
enmienda número 5, al punto 2 A), propone añadir al final del texto:
«equiparando la retribución bruta a la que corresponda según la
normativa vigente a titular de universidad para los doctores y a
titular de escuela universitaria en los demás casos.» La enmienda
número 6, al punto 2 B), propone suprimir el inciso «e impida la
endogamia universitaria» , cuestión ésta absolutamente innegociable
para Izquierda Unida. La enmienda número 7, al punto 2 C), propone
sustituir el texto por el siguiente: «Un sistema en el que las
universidades puedan convocar concursos específicos de promoción para
la reconversión ad personam de una plaza de titular de universidad o
catedrático de escuela universitaria a catedrático de universidad, o
de una plaza de titular de escuela universitaria a titular de
universidad o catedrático de escuela universitaria en el supuesto de
que quien la ocupe tenga la titulación del doctor, en el que cada
universidad negocie con los sindicatos representativos el presupuesto
destinado a estos concursos específicos de promoción, así como los
derechos individuales de solicitud y los mecanismos y organismos que
deberán determinar la distribución de dichos presupuestos entre las
solicitudes presentadas» .
Voy avanzando, señorías. Con la enmienda número 8, al punto 2 C), de
modificación, se trata de sustituir a partir de «y compromisos
temporales» , por «y dedicaciones docentes que en ningún caso
supondrán más de un tercio de la dedicación a tiempo completo del
profesorado funcionario» .
La enmienda número 9, al punto 2 E), de adición, propone añadir in
fine el siguiente texto: «Se comunicará semestralmente al Consejo de
Universidades las contrataciones de este profesorado para control» .
En la enmienda 10, al punto 2, se crean dos nuevos apartados del
siguiente tenor: «F) La regulación necesaria para que los
funcionarios del cuerpo de maestros de taller o laboratorio y
capataces de escuelas técnicas, declarado a extinguir por la
disposición transitoria quinta de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de
agosto, queden integrados en sus propias plazas dentro del cuerpo de
profesores titulares de escuelas universitarias, siempre que posean
las condiciones de titulación exigidas para acceder a él. Quienes no
se integren en este último cuerpo permanecerían en el de origen, sin
perjuicio de su derecho a integrarse en el de profesores
titulares de escuelas universitarias cuando reúnan las condiciones de
titulación exigidas para ello.» Y en el apartado G) se establece la
regulación necesaria para que los funcionarios del cuerpo de
profesores numerarios de escuelas oficiales de náutica, declarado a
extinguir por la Ley 23/1988, de 28 de julio, de modificación de la
Ley de medidas para la reforma de la Función pública, queden
integrados en sus propias plazas, dentro del cuerpo de profesores
titulares de universidad, siempre que posean las condiciones de
titulación exigidas para acceder a él. Quienes no se integren en este
último cuerpo permanecerán en el de origen, sin perjuicio de su
derecho a integrarse en el de profesores titulares de universidad,
cuando reúnan las condiciones de titulación exigidas para ello.
Termino, señorías, con la enmienda número 11, de adición al punto 2,
creando un nuevo apartado, el H), que sería de modificación en el
Consejo de Universidades, para hacer más eficaz el sistema
universitario español y para conseguir una estructuración y superar
las contradicciones existentes entre los ámbitos académicos, gestores
y políticos, así como el análisis de la conveniencia de establecer
nuevos mecanismos de coordinación y articulación del sistema
universitario español de acuerdo con las comunidades autónomas y las
universidades. Y por último, la enmienda número 12 es de supresión al
punto 3.
Señorías, concluyo instándoles a que esta Cámara se embarque en la
nave de la regeneración universitaria para recuperar el sentido
universal público, democrático y participtivo de un estadio tan
altruista como es la universidad, que enseña lo que sabe para que
todos y todas seamos iguales.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Aramburu.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Gil.
La señora GIL I MIRÓ: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, se ha dicho que las iniciativas de hoy
son oportunas y es cierto, porque el tema universitario se ha
convertido en una cuestión apremiante, dada su influencia y
responsabilidad en el desarrollo económico y cultural de la sociedad.
Pero cualquier aproximación al tema precisa delimitar cuidadosamente
los parámetros de la cuestión, el contexto en que se desarrolla y
adecuar a ello el cometido de esta Cámara, que no puede -y si pudiera
no debería- suplantar a la misma universidad. Nuestro cometido es el
de indicar sus finalidades, el de ser escrupulosamente garantes de su
autonomía y de su desarrollo y vigilantes de la responsabilidad,
inherente a ésta, de su compromiso social y de su carácter
irrenunciable de servicio público. Hoy, la universidad en su
conjunto, y cada universidad en particular, se halla en una
encrucijada. Su propia estructura y las limitaciones normativas
dificultan su desarrollo en los próximos años y su adaptación a la
modernidad del próximo siglo. Por ello, se demanda una acción y
apuesta política decidida del Gobierno del Estado al respecto.
El Gobierno del Estado debe asumir que el contexto y el escenario del
siglo XXI obligarán sin duda a la universidad a convertirse en una
institución polifacética, a profundizar y crecer en investigación, a
ser protagonista en la crítica de la cultura, coprotagonista del
desarrollo industrial, todo ello demandas ya anunciadas que la
convierten hoy en una institución frágil y desorientada y vive en su
interior las tensiones entre el hoy y el mañana y entre el
inmovilismo y la innovación. Que la universidad, recién superado un
enorme esfuerzo de expansión cuantitativa de demanda escolar formal,
se encuentra ante el escenario insólito de una reducción drástica de
aquella causa de la dura recesión demográfica, de una intuida demanda
de nuevas titulaciones con parte de sus estructuras y titulaciones
obsoletas, y que a la vez es protagonista y sufridora de la
globalización y de la concurrencia internacional de oferta formativa
universitaria en un mundo ya sin barreras de tiempo y distancia.
El papel activo de la universidad como motor de investigación y del
desarrollo social y como formadora de las clases políticas,
económicas, intelectuales y profesionales y de las nuevas clases
medias, la obliga a una rigurosa responsabilidad, y obliga a su vez a
este Gobierno y a su Ministerio de Educación a considerarla como el
agente más importante del futuro del país y del éxito de su
identificación como un país moderno, desarrollado, culto y educado.
Es decir, debe garantizar normativa y económicamente el cumplimientos
de sus funciones, su renovación y solidez y su autonomía.
La Ley de Reforma Universitaria ha envejecido irremediablemente. Se
promulgó en un tiempo y escenario muy alejados de hoy. Había en el
Gobierno del Estado incertidumbre y desconfianza sobre el resultado
del título VIII constitucional, de aquí su manifiesta ignorancia del
ejercicio de competencias de las comunidades autónomas en materia
universitaria. El Ministerio de Educación del momento era deudor de
una enraizada tradición paternalista que no pudo superar por
completo; pese a todo, la ley fue un avance de modernidad y el
instrumento del nuevo diseño universitario hoy ya limitado.
Es necesario, pues, reformar la ley de tal manera que permita a cada
universidad formular su propio proyecto de investigación y docencia,
contratar al profesorado apropiado y realizar sus programas. Esto
incluye forzosamente los recursos económicos necesarios, de acuerdo
con criterios objetivos contractuales. El ejercicio de su autonomía
al servicio del desarrollo y bienestar social no va a ser posible sin
financiación pública suficiente y mayoritaria. A falta de ésta, la
universidad podría verse abocada a vincularse a los intereses de
corporaciones privadas, con lo que no sólo se perdería la autonomía
universitaria, sino la autonomía de la misma cultura.
Las iniciativas de hoy responden a una necesidad: la de salir del
pasado, que es ya hoy, y posibilitar con las medidas adecuadas que la
universidad, y con ella la sociedad, se sitúe en el futuro con éxito.
Un futuro que precisa una universidad competitiva, responsable y de
calidad. Una universidad sin profesorado en situación precaria, con
recursos para la flexibilidad y el cambio, con autonomía plena para
conducir su futuro.
Mi grupo y la sociedad universitaria catalana creen que la ley
reformada debe ser modernamente minimalista, tener como patrón el
respeto y la garantía de la autonomía de la universidad y de los
gobiernos autónomos, y entender aquélla como la posibilidad de
soluciones diversas a problemas que parecen similares pero que no son
idénticos en lugar alguno.
Nuestra enmienda pretende armonizar distintas sensibilidades, sin
atisbos de intervencionismo; conocidas y escuchadas las demandas de
la conferencia de rectores, pero sin transformar este Congreso en su
portavoz porque aquellos tienen ya la suya propia. Conocidas las
necesidades y atisbadas las preguntas hoy sin respuesta que deben
formularse ante el nuevo siglo en la universidad, esbozamos el marco
de actuación posible del Gobierno al respecto. Le instamos, junto con
los grupos proponentes, a presentar antes de finales de diciembre el
proyecto de ley de modificación de la Ley de Reforma Universitaria y
definimos sólo los criterios fundamentales para su elaboración:
respeto y garantía de la universidad y de los gobiernos autónomos. Le
instamos a elaborar un estudio sobre los objetivos de calidad y
competitividad universitaria y su traducción necesaria en recursos
económicos, lo que tampoco significa un cheque social en blanco, sino
la exigencia de la responsabilidad ante la sociedad de cada una de
las universidades del Estado, el respeto de la consecución de
aquellos objetivos de acuerdo con sus proyectos docentes e
investigadores; no en balde aquélla la financia y hace posible, aun a
sabiendas de que más del 70 por ciento de las cohortes generacionales
no accederán a ella. Por ello, todavía hoy la universidad es la
utopía y la aspiración colectiva de esta sociedad.
Este no es un turno en contra. Sólo quiero apuntar a los que me han
precedido que tenemos sensibilidades y oídos distintos; que
coordinación, objetivos comunes y movilidad, en boca del PSOE, no son
conceptos inocentes para nosotros y nos retrotraen a pasadas
decepciones. Nuestra enmienda tiene un sólo objetivo: coposibilitar
el consenso de todos los grupos respecto a una cuestión crucial para
la sociedad, la universidad, e impulsar al Gobierno del Estado
español a acercarse a ella, a escucharla, a otorgarle su importancia
para el futuro.
Mi grupo requiere y requerirá del Gobierno acciones que garanticen
que la universidad en general, y la catalana en particular, sean
dueñas de construir su propia estatura.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Gil.
Finalmente, para presentar las enmiendas del Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el señor Guerra Zunzunegui.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Señor presidente, señorías, este grupo
indicó ya en la interpelación de hace unas semanas su interés sobre
el tema de la universidad. Cité entonces que los futuros dirigentes
de la Función pública, de las empresas, de la investigación,
etcétera, se iban a formar, se estaban formando en estos momentos en
la universidad. De ahí la importancia que se tiene que dar a la
universidad, pero indudablemente hay que saber dividir las
competencias que sobre la misma tienen el Gobierno central y los
gobiernos autonómicos.
Es indudable que en estos momentos están transferidas a las
comunidades autónomas todas las competencias en materia de
universidad y aquellas que le quedan al Gobierno central son las que
en estos dos años, junto con el Ministerio de Educación, se han
llevado a cabo a través de los decretos números 778, 779, etcétera.
En estos momentos hay que hacer un llamamiento a las comunidades
autónomas cuando crean nuevas universidades, ya que son ellas las que
tienen la competencia, para que tengan cuidado, porque luego, al cabo
de cierto tiempo o inmediatamente, piden más recursos para ellas al
Gobierno central. Como ejemplo de lo que digo, hablaré de Castilla-La
Mancha. Yo no entro en si era conveniente o no la creación de una
universidad de medicina en Albacete, la creación de unas escuelas
técnicas en Ciudad Real, por ejemplo, de ingenieros de caminos, de
imagen y sonido en Cuenca, etcétera. No quiero entrar en el tema,
pero lo pongo como ejemplo de que las competencias conllevan unas
responsabilidades económicas.
Vamos al tema que hoy nos ocupa, que son las mociones. En primer
lugar, y antes de defender la enmienda que ha presentado el Grupo
Popular, quisiera decir, al hilo de algunas intervenciones, que se ha
citado aquí que en la intervención de la señora ministra se hizo una
referencia a los rectores. Yo he repasado el «Diario de Sesiones» (es
muy conveniente en estos temas leerse el «Diario de Sesiones» de las
interpelaciones anteriores) y no he encontrado la menor alusión de la
señora ministra a los señores rectores de las diferentes
universidades, ni a la CRUE ni a su presidente. Por tanto, esto lo
indico, señor presidente, exclusivamente para quitar de enmedio
algunas alusiones que, quizá por error o quizá por ignorancia, se han
hecho.
Entro a defender la enmienda que ha presentado el Grupo Popular.
Alguno de los intervinientes ha dicho que como malos alumnos hemos
copiado la que estaba redactando otro grupo. No, señoría, no hemos
copiado; lo que pasa es que hemos visto qué posibilidades tenía,
porque queríamos llegar a un acuerdo entre todos los grupos respecto
de la moción consecuencia de interpelación. En nuestro cambio de
impresiones con otros
grupos, fundamentalmente, como es lógico, con aquellos que suelen
apoyar al grupo del Gobierno, vimos que la redacción de la enmienda
que se presentaba la podía suscribir totalmente, ya que podía
conseguirse una moción aprobada por unanimidad de todos los grupos y
que fuese en favor del tema universitario.
Yo quiero indicar aquí, señor presidente, que algunas redacciones de
otros grupos me causan sorpresa. Cuando dice: la regulación del
profesorado no funcionario de las universidades que resuelva el
actual abuso. Yo nada más preguntaría que desde cuándo está ese
abuso, quién hizo ese abuso después de la LRU, quién hizo del
artículo 35, que tenía el espíritu de los asociados a tiempo parcial,
un mal uso y se llevó a los asociados a tiempo completo, etcétera.
Por otra parte, existen contradicciones, como que se consulte a
comunidades autónomas, universidades, sindicatos, etcétera, pero que
se traiga antes de que termine el perído de sesiones el proyecto de
reforma de la LRU.
Pues bien, señorías, hemos repetido muchas veces que en este tema -en
general en el de educación, pero fundamenalmente en el universitario-
hay que hacer modificaciones, como se ha dicho anteriormente, ya que
la LRU ha quedado desfasada, está obsoleta, aunque en su momento fue
positiva. Por eso hemos presentado esta enmienda, en la que nos
comprometemos a que antes de terminar el período de sesiones se
traiga el proyecto de ley. Las mociones que se han presentado entran
en detalles, que debatiremos cuando discutamos el proyecto de LRU.
También se habla de elaborar y someter al Congreso, de acuedo con las
comunidades autónomas y el Consejo de Universidades, un estudio sobre
la mejora de calidad y competitividad. También quiero mencionar aquí
que se ha citado un estudio del Consejo de Universidades del año
1994. No seremos nosotros los que lo tenemos en el cajón. En 1994
alguien lo dejó en el cajón, pero eso fue con anterioridad a este
Gobierno.
En cuanto a las tasas por el concepto de familia numerosa, tengo que
repetir lo que ya dije en mi intervención en la interpelación, y es
que esta es una cuestión heredada que estamos resolviendo. En estos
momentos quiero decir a SS.SS. que se ha pedido a todas las
universidades la justificación de las tasas aminoradas del 50 por
ciento por familia numerosa, que si no ha sido remitida por todas las
universidades, sí por bastantes. Yo espero que antes de que termine
el ejercicio de 1998 se hagan los libramientos correspondientes a las
universidades. Por otra parte, en el presupuesto que estamos
debatiendo, que espero que lo apruebe esta Cámara y el Senado, hay
otros 7.500 millones. Este es un asunto heredado, señoras y señores
portavoces, de gobiernos anteriores, que lo dejaron pendiente para
que lo resolviera otro gobierno, y estamos en ello.
El último punto de la enmienda se refiere a incrementar los programas
de becas, ayudas y préstamos a los estudiantes. Solamente quiero
decir, como botón de muestra, que este año en préstamos hay 2.000
millones y el año que viene habrá 4.000 millones. En cuanto a
las becas, y no voy a entrar en ello, hay un aumento del 11 por
ciento. Hay una disminución del número de universitarios, que este
año está en 1.500.000 y el año que viene en 1.450.000 ó 1.460.000.
Señorías, me hubiese gustado que toda la Cámara llegase a un acuerdo
y votara a favor esta enmienda, que, por otra parte, fija un plazo
para que entre en la Cámara el proyecto de reforma de la LRU e insta
al Gobierno a que en el tema de préstamos, de becas se siga por este
camino.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Guerra Zunzunegui.
Como los dos grupos proponentes han presentado un texto transaccional
a las diversas enmiendas, no es necesario concederles la palabra, por
lo que sometemos a votación dicho texto transaccional. (El señor
presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a la votación
correspondiente a las dos mociones, que a iniciativa, una del Grupo
Socialista y otra del Grupo Parlamentario Mixto, se han presentado y
debatido sobre medidas de política del Gobierno para una universidad
de calidad y competitiva y que han devenido en la propuesta de texto
transaccional que se conoce por el Pleno.
Quiero advertir a la Cámara que una vez producida esa votación, se
pasará al debate y votación de la moción del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida. Como podrán comprobar, según se me
anuncia por los portavoces, el debate será breve y, por tanto, la
votación puede producirse inmediatamente después de tan breve debate.
Lo advierto para que no abandonen el hemiciclo una vez producida la
votación de la propuesta de texto transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
309; a favor, 149; en contra, 159; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la propuesta transaccional de
moción.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE ANÁLISIS,
VALORACIÓN, ACCIONES POLÍTICAS Y MEDIDAS A ADOPTAR POR EL GOBIERNO
PARA LA CONSECUCIÓN DE LA PAZ (Número de expediente 173/000105).
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, sobre análisis, valoración, acciones políticas y
medidas a adoptar por el Gobierno para la consecución de la paz.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra la señora Aguilar.
La señora AGUILAR RIVERO: Señor presidente, señorías, me cabe el
honor de subir a esta tribuna en nombre y representación de todas y
cada una de las fuerzas políticas que conforman el Parlamento; es
decir, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, del Grupo
Parlamentario Socialista, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria y, por el Grupo Parlamentario
Mixto, de las fuerzas políticas Bloque Nacionalista Galego, Eusko
Alkartasuna y Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya. Me cabe esa
satisfacción al manifestar que hemos estado realizando conjuntamente
un intenso trabajo y esfuerzo y que el resultado ha sido, a través
del diálogo llevado a cabo, de unánime acuerdo, motivo por el cual
los grupos parlamentarios renunciamos expresamente a hacer uso de la
palabra, porque entendemos que en el día de hoy lo realmente
importante es el acuerdo alcanzado entre todos, del que voy a dar
lectura a continuación: El Congreso de los Diputados insta al
Gobierno, primero, a que mediante el más amplio diálogo con todas las
fuerzas políticas desarrolle una nueva orientación consensuada,
dinámica y flexible de la política penitenciaria de la forma que
mejor propicie el fin de la violencia; segundo, a que la solidaridad
con las víctimas de la violencia terrorista y sus familias se plasme
en acciones concretas y efectivas, en el marco de la máxima
colaboración entre instituciones, y, tercero, a que el diálogo, el
consenso y el respeto a los principios democráticos y a las legítimas
opciones políticas de los ciudadanos rija todo el proceso que debe
conducir
al fin de la violencia terrorista y evite actitudes de
enfrentamiento entre posiciones ideológicas distintas.
En esta tarde han firmado este acuerdo, por parte del Grupo
Parlamentario Popular, su portavoz de Interior, Ignacio Gil Lázaro;
por parte del Grupo Parlamentario Socialista, Juan Alberto Belloch
Julbe, también portavoz de Interior; por parte del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), Manuel Silva Sánchez;
por parte del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), Margarita Uría
Echevarría; por parte del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria,
Luis Mardones Sevilla; por parte del Bloque Nacionalista Galego,
Francisco Rodríguez Sánchez; por parte de Eusko Alkartasuna, Begoña
Lasagabaster Olazábal; por parte de Nueva Izquierda-Iniciativa per
Catalunya, Ricardo Peralta, y por parte del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, quien les habla, Rosa Aguilar.
Este es el acuerdo al que todos los grupos parlamentarios hemos
llegado y que hemos alcanzado a través del diálogo. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Se somete a votación la moción leída por la
señora Aguilar y avalada por todos los grupos de la Cámara.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
304; a favor, 303; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, aprobada la moción.
Se suspende la sesión hasta mañana a las cuatro de la tarde. Buenas
noches.
Eran las nueve de la noche.