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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 190, de 28/10/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 1998 VI Legislatura Núm. 190
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-
FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 184
celebrada el miércoles, 28 de octubre de 1998
ORDEN DEL DÍA:
Conflicto de atribuciones entre el Congreso de los
Diputados y el Gobierno:
- Propuesta, formulada por el Grupo Socialista del
Congreso, de planteamiento de conflicto de
atribuciones entre el Congreso de los Diputados y
el Gobierno, como consecuencia de la invasión
de las atribuciones de la Cámara producida por el
contenido de los artículos 2 y 3, del Real
Decreto-ley 14/1998, de 9 de octubre, de adhesión
de España a diversos acuerdos del Fondo
Monetario Internacional (número de expediente 230/
000003) . . . (Página 10129)
Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes:
- Real Decreto-ley 14/1998, de 9 de octubre, de
adhesión de España a diversos Acuerdos del Fondo
Monetario Internacional (número de expediente 130/
000056) («BOE» núm. 243, de 10 de octubre
de 1998) . . . (Página 10143)
S U M A R I O
Se abre la sesión a las doce de la mañana.
Conflicto de atribuciones entre el Congreso
de los Diputados y el Gobierno . . . (Página 10129)
Propuesta, formulada por el Grupo Socialista
del Congreso, de planteamiento de
conflicto de atribuciones entre el Congreso
de los Diputados y el Gobierno,
como consecuencia de la invasión de
las atribuciones de la Cámara producida
por el contenido de los artículos 2 y
3, del Real Decreto-ley 14/1998, de 9 de
octubre, de adhesión de España a diversos
acuerdos del Fondo Monetario
Internacional . . . (Página 10129)
Presenta la propuesta, en nombre del Grupo Socialista
del Congreso, la señora Fernández de la Vega Sanz.
Manifiesta que la situación que denuncian en su
propuesta y el retraso en la tramitación de los compromisos
internacionales se producen por la incompetencia
del Gobierno, que no ha sido capaz en más
de un año de proceder a la tramitación correcta de
tres de los cuatro asuntos que ahora presenta por
decreto-ley, y por su prepotencia al pensar que, como
ya ha ocurrido con los cincuenta y cinco decretosleyes
anteriores de la legislatura, también ahora la
Cámara iba a aceptar esta manera de gobernar del
Gobierno. Sin embargo, asegura que su grupo está
totalmente de acuerdo con el fondo del real decretoley,
que es que España asuma compromisos con el
Fondo Monetario Internacional que permitan ayudar
a estabilizar las economías que están sufriendo
la crisis financiera, en especial las de los países
iberoamericanos. Por otra parte, sospecha que la urgencia
no era otra que la proximidad de la conferencia
iberoamericana de Oporto, a la que el Gobierno quería
acudir con un paquete importante de medios
financieros. Además, añade, el decreto-ley aprovecha
la circunstancia de urgencia para aprobar otra
serie de cuestiones convencionales por una vía de
dudosísima constitucionalidad. Explica que de las
cuatro actuaciones jurídicas internacionales que
contiene el real decreto-ley, sólo la última, que es
habilitar al Gobierno para disponer de un montante
de 3.000 millones de dólares para el caso de que el
Fondo Monetario Internacional necesite recursos
adicionales, podría justificar la urgencia en la tramitación,
y entiende que el Gobierno español quiera
asumir un cierto liderazgo internacional para coadyuvar
a la creación de un fondo especial para América
latina adelantando la cantidad que España
estaría dispuesta a aportar. Analiza en detalle este
último punto del real decreto-ley, precisando algunos
aspectos jurídicos, y asegura que el Grupo Socialista
no está boicoteando algo que comparte en el
fondo, sino que está defendiendo las reglas del juego
democrático, que las instituciones, y en concreto el
Parlamento, funcionen y ejerzan sus competencias,
en este caso en materia de política exterior, con arreglo
a la distribución de poderes que la Constitución
establece. Por ello solicita el voto favorable de la
Cámara a la propuesta de conflicto presentada por el
Grupo Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores
Rodríguez Sánchez y Saura Laporta, del Grupo
Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría
Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV);
y lo señores Guardans i Cambó, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Alcaraz
Masats, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, y Ollero Tassara, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Intervienen de nuevo la señora Fernández de la Vega
y el señor Ollero Tassara.
Sometida a votación la propuesta, formulada por el
Grupo Socialista del Congreso, de planteamiento de
conflicto de atribuciones entre el Congreso de los
Diputados y el Gobierno, se rechaza por 158 votos a
favor, 169 en contra y una abstención.
Convalidación o derogación de reales
decretos-leyes . . . (Página 10143)
Real Decreto-ley 14/1998, de 9 de octubre,
de adhesión de España a diversos
acuerdos del Fondo Monetario Internacional
. . . (Página 10143)
Presenta el Real Decreto-ley 14/1998 el señor vicepresidente
segundo del Gobierno y ministro de Economía
y Hacienda (De Rato y Figaredo) y pide el
respaldo de la Cámara a una iniciativa política de
gran envergadura para España y que, además,
representa una consolidación de lo que ha venido a
ser una línea estable de la política exterior de este
Gobierno, que es la de respaldar los esfuerzos de los
países emergentes, y más concretamente de los países
iberoamericanos, en el camino hacia su consolidación
como sociedades estables y económicamente eficientes.
Explica a continuación que los cambios
acontecidos en la economía española han permitido
a España jugar un papel diferente en los organismos
internacionales y en el contexto de las economías
europeas industriales, siendo especialmente sensible
a las posibilidades de desarrollo de las economías
iberoamericanas.
A continuación pasa a explicar el contenido del real
decreto-ley que autoriza al Consejo de Ministros a
asumir compromisos frente al Fondo Monetario
Internacional, haciendo especial hincapié en los
3.000 millones de dólares adicionales en derechos
especiales de giro. Con esta iniciativa se trata de
dotar al Gobierno, con conocimiento del Parlamento,
de la flexibilidad necesaria para poder aportar la
cantidad que en su momento se determine en un
fondo, administrado por el Fondo Monetario Internacional,
en el que participen los principales países
industrializados, lo que supondría un paso no sólo
en la solución de una crisis concreta sino en la construcción
de la nueva arquitectura financiera internacional
en un mundo de mercados financieros globalizados.
En turno en contra de la convalidación, interviene el
señor Estrella Pedrola, del Grupo Socialista del
Congreso. Manifiesta en primer lugar que su grupo
comparte, en líneas generales, el análisis de la situación
económica mundial que ha hecho el señor
ministro, pero recuerda el debate de naturaleza jurídica
que se acaba de producir en la Cámara, donde
han quedado en evidencia la existencia de una clara
controversia y los argumentos sólidos que cuestionan
el supuesto respeto a la constitucionalidad del real
decreto-ley que hoy trae el Gobierno para su convalidación.
Denuncia los intentos de los portavoces del
Grupo Popular y del Gobierno de minimizar la componente
jurídica del acto que hoy se plantea y de
intentar desacreditar la posición legítima del Grupo
Socialista, presentando su iniciativa como un intento
de bloquear la política de desarrollo y la solidaridad
de España. Por otra parte, están totalmente de
acuerdo con la decisión del Gobierno de hacer una
contribución extraordinaria a través del Fondo
Monetario Internacional, pero no están dispuestos a
aprobar a ciegas una cantidad enorme, dos veces y
media toda la ayuda oficial al desarrollo, sin saber a
qué países y programas irá destinada. No obstante su
grupo ofrece su apoyo si se vuelve a los cauces jurídico-
constitucionales que el real decreto-ley pisotea y
el Gobierno se compromete a explicar con total transparencia
en el Parlamento la naturaleza, los términos,
las condiciones y los objetivos de los 3.000 millones
de dólares de contribución voluntaria. De esta
forma no sólo no se debilitaría el liderazgo internacional
de España, sino que éste sería más sólido, más
creíble, más legítimo, porque articularía detrás de sí
el consenso que, según su opinión, el Gobierno ha
destruido.
Replica el señor vicepresidente segundo del gobierno
y ministro de Economía y Hacienda (De Rato y
Figaredo, duplicando el señor Estrella Pedrola. Cierra
el debate el señor vicepresidente segundo del
Gobierno y ministro de Economía y Hacienda.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores
Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario
Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria; Guardans i Cambó, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió); Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda; y Aguirre Rodríguez, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la convalidación o derogación del
Real Decreto-ley 14/1998, de 9 de octubre, de adhesión
de España a diversos acuerdos del Fondo Monetario
Internacional, se aprueba la convalidación
por 172 votos a favor, 142 en contra y cinco abstenciones.
Sometida a votación la tramitación como proyecto de
ley, al haber sido solicitado por al menos un grupo
parlamentario, se aprueba por 192 votos a favor, uno
en contra y 127 abstenciones.
Se levanta la sesión a las dos y cuarenta minutos de la
tarde.
Se abre la sesión a las doce del mediodía.
- CONFLICTO DE ATRIBUCIONES ENTRE EL CONGRESO
DE LOS DIPUTADOS Y EL GOBIERNO.
- PROPUESTA, FORMULADA POR EL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, DE PLANTEAMIENTO
DE CONFLICTO DE ATRIBUCIONES
ENTRE EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Y EL
GOBIERNO, COMO CONSECUENCIA DE LA INVASIÓN
DE LAS ATRIBUCIONES DE LA CÁMARA
PRODUCIDA POR EL CONTENIDO DE LOS
ARTÍCULOS 2 Y 3 DEL REAL DECRETO-LEY
14/1998, DE 9 DE OCTUBRE, DE ADHESIÓN DE
ESPAÑA A DIVERSOS ACUERDOS DEL FONDO
MONETARIO INTERNACIONAL. (Número de
expediente 230/000003.)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Punto I del orden del día: Conflicto de atribuciones
entre el Congreso de los Diputados y el Gobierno, formulado
por el Grupo Socialista del Congreso, que pretende
el planteamiento de tal conflicto como consecuencia
de la invasión de las atribuciones de la Cámara
producida por el contenido de los artículos 2 y 3 del
Real Decreto-ley número 14, de fecha 9 de octubre
de 1998, de adhesión de España a diversos acuerdos
del Fondo Monetario Internacional.
Para la presentación de la propuesta, en nombre del
Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Fernández
de la Vega.
La señora FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ: Señor
presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista
somete a debate y ulterior votación de esta Cámara una
propuesta sobre iniciación de los trámites de planteamiento
de conflicto de atribuciones entre el Congreso
de los Diputados y el Gobierno de la nación como consecuencia
de la invasión de las atribuciones de este Parlamento
producida fundamentalmente por el contenido
de los artículos 2 y 3 del Real Decreto-ley 14/1998, de
adhesión de España a diversos acuerdos del Fondo
Monetario Internacional, publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» el 10 de octubre de este año.
Señorías, nos encontramos ante esta situación por la
incompetencia del Gobierno, que no ha sido capaz en
más de un año de proceder a la tramitación correcta de
tres de los cuatro asuntos que ahora nos presenta por
decreto-ley y que, en su prepotencia, ha pensado que,
como ya ha ocurrido con los 55 decretos-leyes anteriores
de esta legislatura, también ahora la Cámara iba a
aceptar esta manera de gobernar a la que intenta acostumbrarnos.
Si los compromisos internacionales de
España pueden verse negativamente afectados por los
retrasos en la tramitación a que da lugar el conflicto
planteado por nuestro grupo, sólo se debe al error
cometido por el Gobierno y a su empecinamiento en
no reconocerlo ni aceptar ninguna de las soluciones
posibles que este grupo ha ofrecido.
Hoy aquí vamos a discutir dos extremos, uno, si existe
una situación extraordinaria y urgente para los
supuestos incluidos en este decreto-ley y, otro, si por
existir dicha situación, la Constitución habilita al
Gobierno a utilizar un procedimiento legislativo de
urgencia, eludiendo el capítulo tercero del título II de
la Constitución española, es decir, si la eventual existencia
de esa situación de extraordinaria y urgente
necesidad permite la sustitución del procedimiento de
celebración de los tratados por el procedimiento legislativo
de urgencia, que es lo que el Gobierno ha hecho
con este decreto-ley.
Queremos ante todo que quede bien claro que los
socialistas estamos de acuerdo con el fondo del asunto,
lo compartimos, estamos absolutamente de acuerdo
en que España contribuya a tratar de evitar la inestabilidad
financiera de algunos países que se han encontrado
con dificultades debido a las frecuentes e importantes
perturbaciones que han afectado muy
seriamente al sistema financiero y monetario internacional.
No tenemos nada que objetar a que España
asuma compromisos con el Fondo Monetario Internacional
que puedan ayudar a estabilizar esas economías
que están sufriendo las crisis financieras, en especial
los países iberoamericanos. No sólo estamos de acuerdo
con la finalidad que se pretende, sino que nos parece
importantísimo que España lidere ese proceso en el
ámbito de la Unión Europea para que Europa asuma
compromisos y posiciones más activas en la resolución
de la crisis internacional. Sin embargo, no vamos a
permitir que nada ni nadie ponga en duda la solidaridad
del Grupo Socialista. El fin nos parece perfecto y,
puesto que el fin nos parece perfecto e importante,
nos preocupa todavía más, señorías, que la incompetencia
de este Gobierno y su estilo ordenancista de
gobernar por decreto-ley lo puedan estar poniendo en
peligro, cuando no habría tenido ningún problema, de
hacerlo bien por los trámites parlamentarios adecuados.
La democracia es también formas y procedimientos,
que el Gobierno se salta a la torera en este como
en otros supuestos.
La carga de la prueba en el conflicto que estamos
planteando la tiene el Gobierno. Si no, ¿por qué ha tardado
un año en tramitar algunos de estos asuntos para
acabar trayéndolos tarde, mal y con prisas? Parece que
la urgencia no era otra que la proximidad de la Conferencia
iberoamericana de Oporto y posibilitar que el
Gobierno pudiera llegar a ella con un paquete importante
de medios financieros a través del Fondo Monetario
Internacional como elemento de consolidación de
la posición española frente a la crisis financiera y la de
Latinoamérica en especial. Parece razonable y adecuado
el objetivo perseguido por las medidas, pero tenemos
la impresión de que, más que urgencia, lo que ha
habido es una absoluta imprevisión del Gobierno y yo
diría que también ignorancia inexcusable. Además, por
si fuera poco, el decreto-ley parece que aprovecha esta
circunstancia más o menos justificada de urgencia para
resolver otra serie de cuestiones convencionales, que
en ningún caso son urgentes, por una vía de dudosísima
constitucionalidad.
Este decreto-ley alberga cuatro actuaciones jurídicas
internacionales diferentes, cuyo único nexo es que las
cuatro se sustancian en el ámbito del Fondo Monetario
Internacional y respecto de las cuales es difícil mantener
que estén impelidas de una extraordinaria urgencia.
La primera responde al undécimo aumento de cuotas
del Fondo, que fue adoptado por la Junta de
gobernadores con efecto de 30 de enero de 1998.
¡Desde hace ocho meses, señorías! ¿Cuál es la urgencia?
¿No podría haberse previsto con antelación? Porque
aquí no se trata de ningún expediente novedoso ni
impelido de circunstancias excepcionales, sino que responde
al sistema general del Fondo Monetario Internacional
de recabar sus recursos ordinarios.
La segunda es la relativa a los nuevos acuerdos de
obtención de préstamos del Fondo Monetario Internacional.
Este extremo, señorías, fue aprobado por el
directorio ejecutivo del Fondo ¡el 27 de enero de 1997!
Aquí la no existencia de urgencia es aún más grave,
puesto que se ha dispuesto de más de año y medio. Es
verdad que la crisis financiera puede haber impulsado
su aceleración, pero si se hubiese presentado ante las
Cortes la solicitud de autorización hace un año, se
habría resuelto correctamente un gravísimo problema.
Más incomprensible, si cabe, es la tercera cuestión
de este decreto-ley, que contempla ni más ni menos
que la ratificación por España de la cuarta enmienda al
Convenio constitutivo del Fondo, que fue adoptada en
Hong Kong el 23 de septiembre del pasado año, sobre
la que ya el Consejo de Estado, en su día, dijo que era
necesaria la previa autorización de las Cortes. Aquí no
parece que el Gobierno no supiese que debía solicitar
la autorización de las Cortes. Tan es así que lo sabía
que el 4 de septiembre tuvo entrada en el registro del
Congreso el acuerdo del Consejo de Ministros por el
que se solicitaba la autorización previa de las Cortes
para la ratificación de esta enmienda, que además venía
acompañado del informe del Consejo de Estado. Es evidente
que este trámite de autorización no se ha producido;
está pendiente, como SS.SS. saben, de dictamen
de la Comisión de Asuntos Exteriores. No se ha aprobado
por el Pleno de esta Cámara ni se ha remitido al
Senado para su tramitación y consiguiente aprobación;
trámite éste que, con la celeridad debida, no tenía que
haber durado más que el recorrido equivocado de este
mal dado decreto-ley. ¿Por qué no se hizo? ¿Por qué
razón, señorías, no se hizo y, en cualquier caso, qué
premura existe ahora en ratificarla por una vía al margen
de la Constitución estando pendiente de autorización
en la Comisión de Asuntos Exteriores? Ahora se
crea la absurda situación de que, por un lado, tenemos
en el Boletín Oficial del Estado la ratificación, con eficacia
jurídica interna y externa, y, por otro, tenemos a
la Comisión de Asuntos Exteriores dictaminando sobre
una ratificación que ya ha sido ratificada por decretoley.
Un dislate. ¿Por qué se hace esto así? Porque había
prisa. Es verdad, había prisa; pero ¿qué prisa había si el
convenio es de septiembre de 1997, señorías, hace más
de un año? De nuevo, me veo obligada a decir que esto
sólo ha sido por la incompetencia, la desidia, la imprevisión
y la falta de interés por el fondo del asunto, que
se ha retenido un año quieto en un cajón y sobre el
que ahora, además de intentar atribuirnos a los socialistas,
por supuesto, como siempre, la responsabilidad,
acusándonos de insolidaridad y de no sé cuántas cosas
más, se pretende cometer el atropello, que además se
vende internacionalmente. Sepan ustedes que el señor
Aznar -nos enteramos por Internet- había mandado
ya una carta al canciller austríaco y al señor Santer
antes de que SS.SS. supieran de qué iba esto, antes de
que esto llegase aquí, a las cámaras. En fin, sobran
comentarios.
Finalmente, el decreto-ley contempla una última
actuación, que es la única que podría tener una cierta
justificación de urgencia y que está recogida en la cuarta
disposición, puesto que lo que hace es aprobar que
el Gobierno pueda disponer de un montante de 3.000
millones de dólares -es decir, cerca de medio billón
de pesetas- para el caso de que el Fondo Monetario
Internacional necesite recursos adicionales y, previamente,
el propio Fondo instrumente los mecanismos de
financiación pertinentes. Bien, aquí entendemos que el
Gobierno español, desde un punto de vista político,
quiera asumir un cierto liderazgo internacional para
coadyuvar a la creación de un fondo especial para
América Latina adelantando la cantidad que España
estaría dispuesta a aportar. Sin embargo, es probable
que la creación de este mecanismo de financiación
requiera la celebración de un acuerdo internacional; no
lo sabemos, señorías, porque no tenemos información
y en el decreto-ley no se nos facilita. En el caso de que
se requiriera ese nuevo acuerdo, estaríamos de nuevo
en presencia de una autorización anticipada que plantearía
también problemas desde el punto de vista constitucional.
No obstante, como esto, repito, no lo sabemos,
si ese acuerdo de financiación no es necesario,
dado que esa cuestión era la más urgente -y podemos
llegar a entender que el Gobierno quiera liderar esa
ayuda a Latinoamérica, que compartimos-, este tema
se podía haber salvado manteniéndolo en el decretoley
y quitando del mismo las actuaciones anteriores.
Este es el único asunto que, en su caso, hubiera podido
justificar una actuación extraordinaria a través del
decreto-ley, informando evidentemente a esta Cámara.
Como SS.SS. saben, en Estados Unidos, con un sistema
presidencialista, el Congreso lleva bastante tiempo tratando
de negociar este tema, y aquí, por decreto-ley, lo
hacemos de la noche a la mañana.
Pues bien, señorías, si nos hemos visto obligados a
traer aquí, en la forma extrema en que lo hemos hecho
y sin precedentes en la historia de nuestra democracia,
el planteamiento de conflicto de atribuciones entre órganos
constitucionales del Estado, es precisamente para
evitar que se intente quebrar una vez más las reglas del
juego del Estado democrático y de derecho, lo que en
esta ocasión, también sin precedentes, ha originado que
el Gobierno, por la vía de la convalidación de un real
decreto-ley, por el que se aprueba la adhesión y se autoriza
la ratificación de tratados internacionales, haya sustraído
a las Cortes Generales la competencia de autorización
previa que tienen constitucionalmente atribuida y
que además les recuerdo que es el instrumento fundamental
de control parlamentario de la política exterior
de este país. Bien es cierto que hace un año el Gobierno
remitió a esta Cámara un proyecto de ley de su flamante
ministra Mariscal, que pretendía entre otros disparates
otorgar al Gobierno y a la ministra la posibilidad de concluir
acuerdos internacionales en materia de extradición,
asilo, etcétera, es decir que pretendía crear una nueva
vía para que el Estado español acordase obligaciones
internacionales eliminando todo el sistema de garantías
y controles de la instrumentalización jurídica de las obligaciones
internacionales, la mal llamada Ley de asilo.
¿Se acuerdan, señorías, del escándalo que se organizó?
¿Se acuerdan los diputados de Convergència i Unió de
que para salvar su voto de apoyo al Gobierno en ese disparate
tuvieron que decir que le darían la vuelta como a
un calcetín? Pues aquí, señores diputados, ni aun cuando
le den la vuelta como a un calcetín se salva el despojo
de competencias del Parlamento que se ha producido
ya con la publicación en el Boletín Oficial del Estado de
este decreto-ley, que si es importante respecto del Congreso,
mayor lo es en relación con el Senado.
El Grupo Parlamentario Socialista, señorías, no está
boicoteando algo que comparte por el fondo y la
forma, pero no estamos sólo defendiendo una cuestión
de forma, porque aquí la forma es el fondo; estamos
defendiendo el respeto a las reglas del juego democrático,
estamos defendiendo que las instituciones, y en
concreto este Parlamento, funcionen y ejerzan sus
competencias, en este caso específico en materia de
política exterior, con arreglo a la distribución de poderes
que la Constitución -esa Constitución que ahora
tanto el Gobierno defiende- establece. Por ello no
podemos pasar por alto que se autoricen tratados por
la vía del decreto-ley, porque eso supone fulminar de
un plumazo las atribuciones de las Cortes Generales.
Si lo hemos planteado en la forma en que lo hemos
hecho, es porque es un asunto de nuestra propia responsabilidad
como diputados de esta Cámara, y se lo
digo al señor Piqué, que no está, al que tanto le gusta
instarnos a la responsabilidad. Pues bien, nuestra primera
responsabilidad como diputados, señorías, es
defender nuestras atribuciones; quizá el señor Piqué
no lo sepa porque no es diputado, pero el señor Rato
sí, por cierto. Estamos ante una cuestión de principios
y no torpedeando ninguna operación de Estado a favor
de Latinoamérica.
El secretario de Estado de Economía debería saber
que precisamente lo que caracteriza a un Estado como
Estado de derecho es el respeto a las normas, que los
poderes públicos están sujetos a la Constitución y al
resto del ordenamiento jurídico, que la identificación o
confusión entre Parlamento y Gobierno no es posible
en una democracia parlamentaria, en donde no existe
un poder único, como no existe un pensamiento
único, sino poderes distintos en un equilibrio constitucionalmente
establecido. Por tanto, ni pretendemos
impedir un éxito internacional de España ni imponerles
por gusto, señor De Grandes, un procedimiento
más largo que el expeditivo del decreto-ley, primero,
porque, como veremos, si el señor Rato hubiese sido
menos incompetente y más expeditivo, el asunto
hubiera podido, cumpliendo con la Constitución, estar
resuelto antes, incluso antes del 9 de octubre, fecha
del decreto-ley; segundo, porque aun cuando puede
ser un poco -sólo un poco- más largo solicitar la
autorización previa de las Cortes para adherirse y ratificar
los acuerdos, es inexcusable el hacerlo; y, tercero,
porque desde que hemos denunciado la existencia
de este conflicto hasta hoy han pasado ya cerca de
diez preciosos días en los que el Gobierno podría
haber tratado de solventar el problema por la vía de la
rectificación del decreto-ley mencionado, excluyendo
del mismo los aspectos constitucionalmente insalvables
y manteniendo en su caso aquello que aun cuando
pudiese ser calificado de irregular en la forma,
desde un punto de vista jurídico no chocase frontalmente
contra la Constitución.
El señor PRESIDENTE: Señora Fernández de la
Vega, vaya concluyendo, por favor.
La señora FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ: Gracias,
señor presidente. Voy a solicitarle algo de benevolencia
porque hay algunos aspectos jurídicos de este tema
extraordinario que me gustaría precisar.
El señor PRESIDENTE: Adelante.
La señora FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ: Gracias,
señor presidente.
Pero no, todo menos rectificar, todo menos reconocer
un error y tratarlo de corregir, corrección que por
cierto no se produce con el ofrecimiento de tramitarlo
como proyecto de ley, ya que ello, como trataré de
explicar, no subsana la sustracción de competencias de
autorización previa de las Cortes, sustracción ya producida
con la publicación de una norma que está produciendo
efectos jurídicos internos e internacionales y
que previamente se adopta por la vía extraordinaria del
decreto-ley, ya que si se adopta por esa vía es porque
se considera urgente y necesaria la producción de esos
efectos, por lo que no se puede esperar a que se tramite
como proyecto de ley.
Señorías, la prestación del consentimiento del Estado
para obligarse por medio de tratados internacionales es
una materia que en virtud del ordenamiento constitucional
está reservada en exclusiva a las Cortes Generales
y es el instrumento fundamental de la participación
de todos ustedes en la política exterior. Por eso, en los
temas trascendentales se exige la autorización previa
de esta Cámara. Así lo establece el artículo 94.1 de la
Constitución y los preceptos del Reglamento, que dicen
que corresponde al Gobierno solicitar a esta Cámara la
autorización, y esto no ha sucedido aquí, por lo que
estamos ante una elusión muy seria del sistema de control
de tratados que establece la Constitución; un control
que esencialmente se estructura sobre la base de la
iniciativa del Gobierno en la autorización y sobre la
base del dictamen, en su caso, de constitucionalidad,
que está a cargo del Tribunal Constitucional. Tanto la
intervención parlamentaria para esa autorización previa
como la intervención en su caso del Tribunal Constitucional
para controlar la adaptación del tratado a la
Constitución son esenciales. No son esenciales porque
sí, porque al constituyente se le ocurriera hacer estas
dos cosas, sino porque la participación democrática del
Parlamento en la política exterior y la especificidad de
la intervención parlamentaria y del Tribunal Constitucional
son debidas a la naturaleza de las obligaciones
jurídicas internacionales que están destinadas a sustanciarse
en un sistema jurídico externo al español, el
derecho internacional público, esto es, suscribimos un
tratado y produce efectos aquí y fuera. Este procedimiento
tiene una jerarquía distinta, va por encima de
una ley, tiene un sistema de reservas y todo eso lo que
determina en definitiva es que nuestra Constitución
establezca un sistema de celebración de tratados distinto
al sistema del proceso legislativo; proceso legislativo
y celebración de tratados son constitucionalmente dos
cosas distintas.
Pues bien, este decreto-ley lo que hace es, sobre una
apreciación del Gobierno de la existencia de una situación
de urgencia, utilizar el artículo 86 de la Constitución,
que es el que está previsto para que el Gobierno
pueda adoptar medidas legislativas en los casos de
extraordinaria y urgente necesidad. En definitiva, lo
que aquí tendríamos que determinar es si aun dando
por buena esa eventual urgencia -que no es tal urgencia
en todos los supuestos, según hemos visto-, existe
la posibilidad de sustituir el procedimiento específico
de celebración de tratados, que por lo que les he dicho
la Constitución establece de forma diferenciada, por el
procedimiento legislativo de un decreto-ley. ¿Eso es
posible o no? Mi grupo entiende que de ninguna manera,
que eso no es posible. El procedimiento legislativo
común tiene solamente una función residual relativa al
modo de la tramitación y aun así se mantienen las
peculiaridades de la autorización de manifestación del
consentimiento de los tratados, como así lo entienden
los reglamentos del Congreso y del Senado. Sin embargo,
en ningún caso la función del procedimiento legislativo
común tiene carácter general en el procedimiento
de celebración de tratados.
En consecuencia, el procedimiento de autorización
parlamentaria en materia de tratados es un procedimiento
autónomo. El procedimiento que contiene el
artículo 86 y que regula los reales decretos es un procedimiento
extraordinario de urgencia pero legislativo,
no el de los tratados. Además, lo van a entender ustedes
porque el hecho es argumentable desde diversas
posiciones, pero sobre todo hay una que responde a
una exigencia de lógica jurídica irrefutable. La no convalidación
de un decreto-ley adoptado por el artículo
86 no comporta más problemas que el de su derogación,
pero si la autorización de un tratado se hace por
el artículo 86 y luego no hay convalidación -vamos a
suponer que no la hay-, dado que ya se han contraído
obligaciones con otros Estados que se resuelven fuera
de España en otros ordenamientos jurídicos, nos estamos
encontrando con un auténtico embrollo jurídico
que conduciría a la inaplicabilidad en el orden interno
de una cosa que aquí no existe, porque no se ha convalidado
por el Congreso, pero que sí existe fuera de
España. Produce efectos fuera de España. Un mal camino,
señorías, un mal camino para todos. Esta no es una
hipótesis imposible. En el caso de los nuevos acuerdos
para la obtención de préstamos, que es la segunda
actuación jurídica, se establece que, salvo en determinados
casos, no se puede revocar la adhesión durante
un período de cinco años, salvo que lo acepte el Fondo
Monetario Internacional y todos los demás participantes.
¿Qué hubiera pasado si este real decreto no se convalida
aquí y el Fondo o alguno de los participantes se
opusieran a la revocación por parte de España? Ya se
han encargado el Gobierno y sus socios, ayer, en la
Junta de Portavoces, de decir que este debate no
importaba mucho, porque a continuación nos han metido
el real decreto para que lo convalidemos. O sea, ya
sabíamos de entrada, no guardando aquí ni siquiera las
formas, que: debatan ustedes, pero como no van a
ganar, vamos a forzar el orden del día para meter el real
decreto. Vamos a suponer que eso no fuese así. Entonces
nos encontraríamos con un decreto-ley que no produce
efectos en el derecho interno y que sí los produce
en el orden internacional.
En conclusión, señorías, este decreto-ley invade claramente
las atribuciones constitucionales de las Cortes
o, dicho de otro modo, supone un despojo real y lesivo
de sus competencias. Mediante el artificio de un decreto-
ley, se otorga eficacia jurídica a una autorización que
la Constitución atribuye a las Cortes Generales. Así las
cosas, la utilización que ha hecho el Gobierno del
artículo 86 de la Constitución, como fundamento para
obtener la autorización de las Cortes para suscribir
unos tratados, es en nuestra opinión claramente inconstitucional,
y ya mi grupo les anuncia que si ese real
decreto lo convalidan tal y como viene presentaremos
recurso ante el Tribunal Constitucional.
El señor PRESIDENTE: Señora Fernández de la
Vega, concluya, por favor.
La señora FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ: Acabo,
señor presidente.
Es un decreto que además se sustenta, no quiero
dejar de decirlo en este trámite, en un dictamen del
Consejo de Estado francamente polémico y yo diría que
hecho con muchísima alegría.
La vía del artículo 86, señorías, altera gravemente la
intervención de la institución parlamentaria en el control
de la actividad exterior del Estado, excluye a una
de las cámaras, al Senado, desnaturaliza la función de
control destinada a garantizar la función del Parlamento
ante la eventual asunción de obligaciones internacionales
para el Estado e imposibilita que previamente
a la asunción de dichas obligaciones el Tribunal Constitucional
pueda intervenir para determinar la compatibilidad
material de los tratados en cuestión con la Constitución.
Ante esta gravísima situación, hemos planteado este
conflicto. Queríamos y queremos evitar esta tropelía,
queremos restituir la soberanía residenciada en las
cámaras, la competencia para autorizar unos acuerdos
que requieren la prestación del consentimiento del
Estado español para obligarse. Efectivamente no existen
precedentes en nuestra historia democrática, porque
ningún gobierno democrático había intentado
hasta ahora despojar y subordinar al Parlamento como
lo ha hecho este Gobierno, dejando al Congreso y al
Senado en una posición inconcebible, porque contra lo
que es nuestra propia función, no sólo es que no intervengamos
con carácter previo y deliberante, sino que,
como el tratado ya está ratificado, sólo podríamos obligar
al Gobierno a que lo denunciase, con las consecuencias
que hemos visto, porque el día que la convalidación
se propusiese la ratificación ya estarían hecha.
Es más, estamos convencidos de que este decreto-ley,
señorías, ni siquiera es convalidable por el Congreso,
porque sólo se puede convalidar lo que se ajusta a la
Constitución, no lo que la contraviene, y ya les anuncio
que presentaremos recurso de inconstitucionalidad.
Finalmente, señorías -y ya acabo, señor presidente,
apelo a su sensibilidad en la defensa de la primera institución
a la que nos debemos, el Parlamento, porque el
Parlamento es mucho más que el resultado de las votaciones.
Es el foro -y esto para mi grupo es la idea central-
del debate político de organización de nuestra
sociedad, y precisamente porque estamos en democracia
parlamentaria, el debate político no es irrelevante aunque
no se gane. Sí, señorías, aunque no se gane, porque
es el instrumento imprescindible para la creación de una
opinión pública libre, y, a su vez, la existencia de esa
opinión pública libre es el instrumento fundamental de
la vida democrática. Cegar el protagonismo de la vida
democrática, preferir -como estamos viendo- la entrevista
periodística y la foto al debate abierto es elegir el
marco y las reglas de la discusión. En definitiva, es silenciar
al oponente, es gobernar en silencio, y gobernar en
silencio, señorías, no es gobernar en democracia.
Señor Aznar, que no está aquí, señor Matutes, que
tampoco está, señor Rato, que tampoco está, a quienes
no les importa este debate... (El señor Fernández
Marugán: Está el ministro de Interior.) Está el
ministro de Interior, eso sí, menos mal. Ustedes solos
no pueden comprometer internacionalmente al Estado
español como lo han hecho en este decreto-ley. La
Constitución cuya grandeza tanto proclaman estos días
no lo permite. No pueden saltársela ustedes cuando les
interesa. La conclusión que estamos sacando, señorías,
es que no se la creen, y cuando uno defiende lo que
no se cree termina haciendo lo que no debe, como en
este caso, sobre todo porque si lo hubieran hecho bien,
nos habríamos ahorrado, ustedes y nosotros, este trámite
siempre difícil. Había soluciones honrosas y viables,
pero ustedes, en lugar de reconocer su error, han
preferido hacer un ejercicio de demostración de poder,
porque para ustedes el poder está por encima de las
reglas de la democracia. Espero que este Parlamento
no opine igual y por eso les pido, señorías, que voten
favorablemente al planteamiento de la cuestión que
hemos formulado los socialistas.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández
de la Vega.
¿Algún grupo parlamentario desea consumir un turno
en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En el Grupo Mixto han de repartirse el tiempo entre
el señor Saura y el señor Rodríguez.
Señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor
presidente.
El Bloque Nacionalista Galego va a apoyar la moción
del Grupo Parlamentario Socialista básicamente por tres
criterios. El primero es porque nuestro grupo político
tiene la certeza de que efectivamente las formas son el
fondo y sobre todo en las democracias parlamentarias
que están adoleciendo, la nuestra en particular, de un
excesivo abuso de poder y de una falta de rigor bastante
alarmantes en el comportamiento democrático y en
el respeto por las normas de que nos dotamos y que
tenemos todos que respetar, que sobre todo se sienten
cuando se mantienen posiciones discrepantes.
En segundo lugar, lo vamos a hacer también porque
pensamos que este es un foro importante de debate de
los grandes temas de política que afectan al Estado
español vinculados a la situación internacional y mucho
más a los acuerdos que este Estado tiene a nivel internacional.
Por consiguiente, tanto el Congreso de los
Diputados como el Senado deben funcionar como
cámaras, como plataformas y como foros con auténtica
autonomía y con capacidad de decisión, al margen de
que haya mayorías y minorías.
En tercer lugar, la vamos a apoyar porque es curioso
que un tema de tal importancia y trascendencia, como
son los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional
e incluso propuestas que llevarían no a una reformulación
pero sí a una cierta reestructuración de su política
financiera, no sea discutido con toda la capacidad y
con toda la autonomía que deben tener tanto el Congreso
como el Senado y, sobre todo, no subordinadas a
los criterios del Gobierno, aunque este pueda contar
con mayoría parlamentaria.
Por todo esto y en defensa de los principios, de las
normas democráticas y de las reglas de funcionamiento
de que estamos dotados, vamos a apoyar la moción del
Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
Señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Muchas gracias, señor
presidente.
He de confesar que estoy sorprendido de que no
haya existido turno en contra ante un tema de estas
características. Nosotros también vamos a votar favorablemente
la propuesta de planteamiento de conflicto
de atribuciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.
Pensamos que se trata de una cuestión clara y evidente.
Creo que la explicación de la portavoz socialista
ha sido suficientemente detallada, pero muy clara y evidente.
Nos encontramos ante una modificación del convenios
constitutivo del Fondo Monetario Internacional,
por lo que afecta al régimen de otorgamiento de autorizaciones
de los tratados internacionales que, en virtud
del artículo 94 de la Constitución, requiere una preceptiva
autorización de las Cortes Generales. Dicho de otra
manera, la prestación del consentimiento del Estado
para obligarse por medio de tratados internacionales
requiere previamente estar reservado constitucionalmente
a las Cortes. En consecuencia, insisto, está claro,
es obvio y evidente, que el real decreto-ley, especialmente
en lo que hace referencia a sus artículos 2 y 3,
invade las atribuciones constitucionales de las Cortes.
Llegados aquí, la pregunta es por qué el Gobierno
comete este error, un error de bulto. Creo que es grave,
que es políticamente muy grave, que el Gobierno, que
es consciente de que está invadiendo las competencias
de las Cortes Generales, cometa este error. Y lo comete
por dos razones. En primer lugar, porque hay una serie
de actuaciones que recoge el real decreto-ley que están
pendientes desde hace un año y que por desidia, por
incompetencia, por lentitud, por las razones que sea,
aún no se han tramitado. En segundo lugar, porque el
Gobierno quiere hacer electoralismo con esta propuesta
y la urgencia viene del objetivo de ir a la Conferencia
iberoamericana de Oporto intentando apuntarse un
tanto, pero, insisto, invadiendo competencias constitucionales
de las Cortes.
Coincido con el señor Rodríguez cuando decía que
una cuestión preocupante es que continuamente estamos
asistiendo por parte del Gobierno a actuaciones
que, de una u otra manera, vulneran reglas importantes
de las reglas de juego del sistema democrático en este
país. Creo que hoy se da un ejemplo; la vulneración de
las competencias de las Cortes Generales en el consentimiento
de la firma de tratados internacionales es un
error de bulto que de ninguna de las maneras se tenía
que haber cometido, pero creo que todavía es mucho
más grave que el Partido Popular insista hoy en mantener
el error y en no reconocerlo. Por tanto, lo que el
Partido Popular está haciendo hoy es consagrar, intentar
consagrar, la vulneración de las competencias de las
Cortes.
Por todas estas razones, señor presidente, daremos
soporte a la propuesta del Grupo Socialista.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saura.
Por el grupo canario, tiene la palabra el señor Mardones.
Si SS.SS. intervienen desde el escaño, dado lo avanzado
de la hora y que tenemos luego, eventualmente,
el debate del decreto-ley, ganamos tiempo, sin ninguna
duda.
Se lo agradezco mucho, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Con mucho gusto,
señor presidente, acepto su sugerencia. No era otro el
motivo que, en esta especie de derecho consuetudinario
de la Cámara, solemnizar de alguna manera lo que
se quiere decir. Creo que la iniciativa del Grupo Parlamentario
Socialista ha introducido un motivo de debate,
al menos desde un punto de vista teórico o academicista
y del derecho constitucional, muy interesante.
También creo que a partir de hoy este «Diario de Sesiones»
podrá servir de materia de arranque para jornadas
de estudio como las que tiene costumbre celebrar
periódicamente el prestigioso cuerpo de letrados de las
Cortes, incluso con las juntas de los letrados de los parlamentos
autónomos, a las que este diputado, desde
una modestia de la última fila, suele asistir, para enterarse
de la doctrina constitucional.
Qué duda cabe que plantear un conflicto de competencias
entre la Cámara y el Gobierno es siempre algo
atractivo y legal, pero yo vengo hoy, con el mandato
del sentido común y de mi grupo, para tratar de buscar
una solución que permita resolver un problema, al
menos hasta que haya alguna doctrina que venga,
desde muy altas instancias constitucionales, a modificarla,
si es que es procedente, pero con mucho estudio
previo. Y vamos a discutir de la forma, que es como lo
ha planteado la señora portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, porque parece que estamos todos de
acuerdo con el fondo de lo que se trata de resolver, que
es atender, con un instrumento monetario o financiero,
esas tormentas que se están produciendo en las bolsas
de todo el mundo, que pueden afectar a España sobre
todo cuando se trata de atender las turbulencias financieras
y bolsísticas en países de Latinoamérica. No olvidemos
-lo ha recordado también la señora De la
Vega- que el acuerdo de Hong Kong, de septiembre
de 1997, que modifica la cuarta enmienda del Fondo
Monetario Internacional, lo hace así.
Vamos a resolverlo aquí, pero no trayendo el ejemplo
del Parlamento norteamericano, porque es un sistema
presidencialista, pero es que el presidente de los
Estados Unidos es de un partido distinto del que domina
las Cámaras, la Cámara de Representantes y el Senado,
que le hacen pagar caro el peaje, aunque me imagino
que ellos también pueden estar de acuerdo con el
fondo. Es una cuestión de competencia de poderes,
políticamente legítima en las democracias.
De lo único que trato en este momento, señor presidente,
es de armonizar lo que es un principio de prestigio,
la competencia de las Cámaras, con la necesidad
del Gobierno de atender, por vía de urgencia, lo que
viene determinado no por voluntad del Gobierno sino
por las turbulencias financieras, que han aconsejado a
una serie de países, miembros del Fondo Monetario
Internacional, provisionarlos de fondos, de derechos
de giro, de las formas instrumentales financieras que
tienen, para que el voraz incendio que está desestabilizando
estas economías, que puede repetirse, no llegue
a nuestras estructuras y se haga esta labor.
Creo que el Gobierno puede utilizar cualquiera de
los dos instrumentos; le permito el decreto-ley -lo que
nunca le permitiría es utilizar el decreto en esta materia-
o la comunicación a la Cámara del convenio o el
acuerdo internacional, firmado por el ministro de Asuntos
Exteriores y que viene, de acuerdo con los mandamientos
constitucionales, a ser ratificado por esta
Cámara. Señora De la Vega, ninguno de los dos instrumentos
que use el Gobierno se sustrae al control de
esta Cámara. Ha utilizado un medio respecto a alguno
de cuyos párrafos tengo determinadas reservas, y voy a
dar una fórmula de solución para el uso del decretoley.
La utilización del decreto-ley obliga al Gobierno y
a esta Cámara a que, en un plazo de 30 días, ese decreto-
ley pueda no ser aprobado sino convalidado o derogado.
Es decir, señora De la Vega, la Cámara no pierde
al utilizar el Gobierno la vía del decreto-ley, aunque
pueda ser objeto de toda crítica académica de derecho
constitucional, porque es ley en su segundo apellido y
tiene que ser convalidado o derogado por esta Cámara
en el procedimiento, primero imperativo del artículo 94
de la Constitución y, después, de los artículos 154 y 160
del Reglamento del Congreso de los Diputados, para
que se pueda prestar el consentimiento si fuera un tratado
internacional.
Si esto viene aquí como tratado internacional, como
está en el orden del día de la Comisión de Asuntos
Exteriores, sólo referido a la cuarta enmienda que se
hace al convenio constitutivo del Fondo Monetario
Internacional que se acuerda en septiembre pasado en
Hong Kong, solamente esa parte del real decreto-ley,
que figura en su artículo 3, sería objeto de crítica y discusión
por nuestra parte. Nosotros consideramos que,
en esta especial particularidad del artículo 3, al decir
imperativamente que se autoriza la ratificación por el
Reino de España, el Gobierno no ha actuado dentro de
las competencias constitucionales y reglamentarias de
la Cámara, sólo en este caso.
Ahora bien, ¿qué fórmula tenemos para salir de lo
que usted ha llamado atolladero legislativo competencial
en este caso? Pues mire usted, utilizar sencillamente
las prerrogativas del Pleno de esta Cámara, prerrogativas
que se pueden ejercer; incluso la Constitución dio
más prerrogativas a esta Cámara en el caso de los
decretos-leyes que en el de los convenios internacionales,
porque la Constitución remite a que el Reglamento
del Congreso de los Diputados dicte un trámite para la
ratificación o no de los convenios y acuerdos internacionales
y señala el tratamiento de las enmiendas de
estos convenios, y cuando señala la categorización o
calificación de las enmiendas, señala drásticamente lo
que son enmiendas de totalidad y enmiendas al articulado.
No conozco en mi larga experiencia parlamentaria
que un acuerdo o convenio internacional, sobre todo
aquellos que tienen que ser objeto de un depósito del
documento en el organismo preferente, lo tenga que
hacer, porque muchas veces los acuerdos -y lo hemos
visto con el de las minas antipersonas- vienen blindados
e impiden la presentación de cualquier modificación
o reserva que quiera hacer algún Estado al respecto,
mientras que el decreto-ley es diferente. Aquí va la
fórmula de mi solución para salir de este atolladero,
que en el fondo es común, que es la siguiente. Primero,
ejercer la competencia parlamentaria, si ustedes
quieren, de que no se convalide el decreto-ley que
viene aquí, que se derogue -voten en contra si alguien
lo entiende así-, porque la Cámara tiene la facultad de
convalidar o derogar el real decreto-ley y aunque el
Gobierno en sus competencias reglamentarias haya
aprobado en Consejo de Ministros el real decreto-ley y
lo haya publicado, hay un plazo de 30 días al final del
cual se da la legitimidad y la legalización plena a ese
instrumento del decreto-ley que utiliza el Gobierno. Por
tanto, no se menoscaba la soberanía de la Cámara. La
Cámara tiene siempre la potestad de decirle al Gobierno
que no le convalida un decreto-ley y se lo deroga.
Esa es la plena soberanía que tiene esta Cámara frente
al Gobierno y, por tanto, es una cláusula de seguridad
que nuestra Constitución da. Lo que yo propongo,
como no voy a votar ir en contra de la convalidación
del real decreto-ley, pues estoy a favor de su convalidación
y no de su derogación, es una fórmula de salida:
convalidar el real decreto-ley y utilizar la potestad
que da la Constitución y el Reglamento de que se tramite
como proyecto de ley con carácter de urgencia,
con lo cual la Cámara no pierde la soberanía. Quiero
decir, señor presidente, señores diputados y señoras
diputados, que este diputado habla desde un principio
de respeto a la defensa de la soberanía de la Cámara,
desde el principio de dignidad en un sistema democrático
y de prevalencia. Estamos en un sistema democrático
con una equiparación de poderes en determinados
aspectos ejecutivos: por parte del Gobierno, el uso del
instrumento del decreto-ley, pero siempre sometido a
la fiscalización, control y aprobación definitiva de la
Cámara. Es la Cámara, afortunadamente, aunque el
Gobierno haya perturbado una normal ordenanza de la
legislación, la que tiene la última palabra para no aceptarle
al Gobierno un decreto-ley y derogárselo.
Yo me he inclinado por convalidar el real decretoley
e inmediatamente votar aquí su tramitación como
proyecto de ley con carácter de urgencia. Incluso mi
grupo presentaría enmiendas, por ejemplo, a la parte
final del artículo 4, cuando hace autorizaciones al
Ministerio de Economía y Hacienda o al Banco de España,
o a los recursos adicionales al Fondo Monetario
Internacional. Que esto venga por las vías de control
parlamentario pertinentes, bien vía créditos extraordinarios,
bien a través de cualquier medida que tenga
que tomar el Ministerio de Economía y Hacienda, pero
sometiéndose por activa y por pasiva al control parlamentario.
Es una de las formas, sin entrar en los dictámenes
del Consejo de Estado, ...
El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Termino, señor presidente,
y se lo agradezco.
Son las razones por las cuales me inclino a buscar
una fórmula de sensatez y de respeto a lo que puedan
ser otras ideas constitucionalistas, algunas de las cuales
ha expresado la portavoz del Grupo Socialista, que yo
comparto desde un principio de fuero, pero, a fin de
cuentas, aquí también se trata de resolver un problema
de fondo.
Hecha esta última y única observación que había
dirigido al artículo 3 con respecto a la cuarta enmienda
relativa al Fondo Monetario Internacional, por lo demás
creo que el Gobierno puede utilizar el procedimiento
del real decreto-ley porque sabe que, para su legitimación
plena, al final se encuentra con la última palabra
de este Parlamento. Y es en esa postura donde yo quiero
encontrar una solución a este problema. Por esas
razones estaremos en esa línea.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Nacionalista Vasco, tiene la palabra la
señora Uría.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, si no fuera porque es grave y real, tendría
que agradecer al Gobierno el haberme posibilitado u
obligado a hurgar en un asunto de constitucionalidad a
los que soy modesta aficionada, afición, por cierto, no
reñida con mi convicción y militancia de nacionalista
vasca.
Aprueba el Gobierno un real decreto-ley al amparo
-dice- de la autorización contenida en el artículo 86
de la Constitución y su contenido, desde luego, no es
de tal, pero aún en el supuesto de que sí lo fuera, se
evidencia una cierta prepotencia en la utilización de
este instrumento normativo puesto que los requisitos
constitucionalmente exigidos y que la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional matiza de extraordinaria
urgencia y necesidad se ventilan en apenas cinco líneas,
aludiendo a la situación de los mercados financieros.
Al uso y al abuso del decreto-ley quizás ya estamos
acostumbrados, pero no por ello dejará de ser un
sistema normativo excepcional que requiere un mayor
esfuerzo alegatorio en quien pretende su uso.
Vuelvo al contenido real del decreto-ley que examinamos.
Tal y como se ha señalado por el grupo autor
de la iniciativa, los artículos 2 y 3 dejan bien claro que
contienen modificaciones al convenio constitutivo del
Fondo Monetario Internacional y que, por lo tanto,
están afectados por el régimen constitucionalmente
establecido del otorgamiento de autorización de tratados
internacionales, en el artículo 94.1 d) en concreto,
tratados o convenios que implican obligaciones financieras
para la Hacienda pública.
Si leemos los debates constituyentes -en este
momento la Cámara facilita a todos los señores diputados
unos excelentes comentarios sobre ellos- vemos
que la intervención parlamentaria o el acto de autorización
en la Constitución de 1978 tiene extraordinaria relevancia,
retoma algo más que una terminología de constituciones
anteriores, ya que se interpretó como restaurar
algo que había sido quebrado con el régimen franquista
al instaurarse el ius omnimode representationis. Repito,
la intervención parlamentaria es constitucionalmente exigible
pero, además, desde la perspectiva del grupo al
que represento, tiene un simbolismo extraordinario. Se
me dirá que ya va a pasar por la Cámara como decretoley,
pero no es ése el procedimiento querido por la
Constitución, ya que hay un procedimiento específico.
Ocurre, además, que el artículo 94, al que he aludido,
habla de las Cortes Generales, es decir, Congreso y
Senado, y en el caso del decreto-ley, si es pura y simplemente
convalidado -como supongo que sería la
pretensión del Gobierno al aprobarlo-, sólo pasaría
por el Congreso de los Diputados; sí entraría en el
Senado si se tramitase como proyecto de ley. Pero la
Constitución separa claramente la elaboración de leyes
y los tratados internacionales dentro del título III, dedicado
a las Cortes Generales, en dos capítulos distintos
-capítulo segundo, capítulo tercero- y lo que examinamos
como decreto-ley, es decir, que se ha elaborado
según el capítulo segundo, debió ir por el capítulo tercero.
El Gobierno ha usurpado una tramitación a las
Cortes Generales, ya que el trámite querido por el constituyente
comienza, o debe comenzar, con un acto parlamentario
y no por un acto del Gobierno. Es desde
luego posible la aplicación provisional anticipada de
los tratados y algún grupo creo que encontrará en esa
vía la posibilidad de convalidar o de salvar lo hecho.
Pese a que la Constitución nada dice, se ha recurrido a
ella sin desmayo, incluso con cierto desahogo, con críticas
desde luego por la doctrina y exigiéndose siempre
requisitos, pero no es ni siquiera esto lo que ahora se
pretende.Conozco también el informe del Consejo de
Estado y por respeto a este alto órgano consultivo sólo
diré que me parece patético su intento de convalidar lo
irreconvertible. Se desprecia lo constitucionalmente
previsto, se proclaman desde el Gobierno pomposamente
constitucionalistas, y luego pasan de sus contenidos
cuando les conviene.
No puedo concluir sin referirme a problemas de técnica
jurídica que va a plantear la iniciativa socialista,
caso de ser aprobada. En concreto la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional refiere la legitimación a las dos
Cámaras por separado y, sin embargo, la atribución de
competencias que vamos a votar se refiere a atribución
de competencias al órgano conjunto, a las Cortes Generales.
Ayer se debatió en el Senado y no fue votada
favorablemente, como es de todos conocido, por el
juego de las mayorías. Queda la duda entonces que, de
aprobarse en esta Cámara, el Congreso podrá representar
a las Cortes Generales en la usurpación de competencias
que se predica -repito- de las dos Cámaras.
Quizás sería un supuesto de utilización del artículo 74.2.
La Cámara cuenta con un excelente cuerpo de letrados
que encontrarán, con acierto, cauces para el conflicto,
caso de ser aprobado, como es el deseo del grupo al
que represento.
Quiero adelantar la postura que también sostendremos
en relación con el decreto-ley cuya convalidación
se pide. Nos parece que, de votar favorablemente al
mismo, estaríamos convalidando una trampa, es decir,
el voto del grupo será también negativo respecto de la
convalidación del decreto-ley. Creemos, además, que
con ello no se crean problemas porque es perfectamente
posible comenzar una tramitación correcta utilizando,
si se desea, la vía de la aplicación anticipada de los
tratados...
El señor PRESIDENTE: Señora Uría, concluya, por
favor.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Sí, señor presidente,
concluyo.
Simplemente digo que el ordenamiento concede vías
correctas para que llegue a esta Cámara el asunto por
la vía de aplicación anticipada de los tratados si se
desea, pero nos parece que es una trampa y sería premiar
al Gobierno en la utilización incorrecta de un procedimiento
no querido por el constituyente para el trámite
para el que ha sido utilizado.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra el señor Guardans i Cambó.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Muchas gracias,
señor presidente.
Señoras y señores diputados, ante todo querría
empezar la intervención dejando claro que el Grupo
Parlamentario Catalán comparte el contenido de lo que
es el decreto-ley cuya convalidación forma parte del
siguiente punto del orden del día y cuya tramitación,
efectivamente, ha tenido algunas vicisitudes, que son el
objeto de este punto. Pero en cuanto al propio contenido
del decreto-ley no hay el más mínimo obstáculo, la
más mínima dificultad, sino una perfecta sintonía entre
sus objetivos y lo que a nosotros nos parece oportuno
en este momento en lo que sería una política económica
internacional vista desde la perspectiva del Gobierno
español.
Dicho esto, está claro que todo lo que dispone la
Constitución y el Reglamento de la Cámara en lo relativo
a la elaboración de las normas y, más particularmente,
a la asunción por parte del Reino de España de compromisos
internacionales, debe ser siempre y en todo
caso respetado. Por tanto, plantearse si en este caso se
ha seguido o no, no es en absoluto superficial, puesto
que el fin no justifica los medios y es indiscutible que
en este caso la apariencia nos pone ante una situación
en la que ha faltado un requisito constitucional. Está
claro que el artículo 94.1.d) de la Constitución exige la
autorización previa de las Cortes Generales, no del
Congreso de los Diputados, cuando se trata de asumir
por parte del Reino de España compromisos internacionales
que suponen obligaciones financieras y está fuera
de toda duda que ese es exactamente el caso del decreto-
ley cuya convalidación se pide hoy. Por tanto, esa
autorización previa no se ha producido.
Está claro también que, desde una perspectiva de
análisis político, de valoración política de la decisión
del Gobierno de acudir a la vía del decreto-ley, no se
puede dejar de lado el dictamen del Consejo de Estado
que, sin ser vinculante e independientemente de la opinión
jurídica que a cada uno le pueda merecer, sí es
claro que cubre el requisito que el Gobierno tenía de
cubrirse las espaldas con un dictamen por parte de su
principal asesor en términos legislativos. Efectivamente,
el Consejo de Estado, con unos razonamientos que
podrían ser discutidos -cosa que no voy a hacer en
este momento-, salva la posición del Gobierno en ese
caso.
Ahora bien, el Grupo Socialista plantea un conflicto
de competencia, puesto que considera que ese dictamen
no es correcto y considera que, efectivamente, se
han invadido las competencias del Congreso de los
Diputados, y en especial del Senado, al intentar acudir
a la vía del decreto-ley. Y es cierto que nos encontramos
ante un atolladero, ante un galimatías jurídico, que
este grupo, consultados los antecedentes, consultada la
doctrina y analizadas las cosas con la frialdad que
supone el intentar sacar adelante una iniciativa que globalmente
nos parece correcta, y sin la intención de salvarle
la cara al Gobierno, puesto que, como voy a decir
a continuación, jurídicamente estamos muy convencidos
de lo que decimos, pero tampoco con la intención
que quizá tienen otros de buscar un motivo de oposición,
cosa que es legítima pero en este momento no
forma parte de nuestra posición, desde una perspectiva
fría, serena y de análisis jurídico de la situación, entendemos
que se puede salir perfectamente de este atolladero,
de este galimatías sin acudir al conflicto de competencias
que propone el Grupo Socialista, y eso
sencillamente por la vía de la aplicación provisional de
los tratados. La portavoz socialista sabe perfectamente
que la doctrina de la aplicación provisional de los tratados
es una doctrina que está recogida en el artículo 25
del Convenio de Viena, sobre derecho de los tratados,
que no está recogida en la Constitución y que unánimemente
se considera que el hecho de que no esté
recogida no significa que esté prohibida, sino sencillamente
que carece de una regulación práctica. De
hecho, ha sido práctica común por parte de los gobiernos
anteriores; desde el año 1978 hasta el fin del anterior
período de sesiones han sido 76 los tratados internacionales
que han sido aplicados antes de haber
pasado por esta Cámara y, de esos 76, son unos ocho o
nueve los que afectan prácticamente a las mismas materias
que hoy nos ocupan, es decir, los que implican
obligaciones financieras por parte del Reino de España.
Y así ocurrió con el Gobierno anterior muy habitualmente
en casos en los que esas obligaciones financieras
hacían referencia a compromisos puntuales a fecha
fija, como, por ejemplo, reuniones internacionales que
exigían un desembolso por parte del Reino de España
que era necesario autorizar antes de culminar la tramitación.
(El señor vicepresidente, Marcet i Morera,
ocupa la Presidencia.)
No cabe duda de que eso, por tanto, está previsto en
el derecho interno español, en el Decreto 801, de 1972,
que regula la actividad internacional del Estado en
materia de tratados, donde está más o menos prevista la
posibilidad de aplicar provisionalmente los tratados; no
aparece en el Reglamento del Congreso ni en el Reglamento
del Senado, y no estaría de más que apareciera.
Es dudoso que esta sea una práctica generalizable; no
sería correcto. De hecho, ya en 1991 el presidente de la
Comisión de Asuntos Exteriores de esta Cámara dirigió
al presidente del Congreso una carta protestando por el
uso abusivo de la aplicación provisional de los tratados,
y el entonces presidente de la Cámara le contestó que
efectivamente aquí había un problema y que merecía
ser estudiado e incluido en una eventual modificación
del Reglamento de la Cámara.
Por tanto, el problema no es nuevo, por lo que no
podemos rasgarnos las vestiduras como si fuera la primera
vez que se produce. La chapuza, error jurídico en
este caso, es que no sólo se ha acudido a la aplicación
provisional de un tratado, sino que se ha hecho sin
decir que se estaba aplicando provisionalmente, pero
el argumento formal de que en el momento en que aparece
publicado en el «BOE» este real decreto-ley no se
dice expresamente que ante lo que se está es ante un
supuesto de aplicación provisional no es suficiente
para plantear un conflicto de competencias y sí lo es
para manifestar una crítica ante la ligereza con la que
se ha afrontado esta cuestión por parte de los servicios
administrativos del Ministerio correspondiente, que no
han sido precisamente rigurosos con el respeto al sistema
de fuentes.
Por tanto, insisto, el ordenamiento no prohibe la
aplicación provisional, que es perfectamente posible, y
lo que importa es que con posterioridad a la aplicación
provisional las Cámaras tengan la opción de pronunciarse,
la tenga el Congreso y la tenga el Senado. En
este caso, efectivamente, el hecho de utilizar la vía de
decreto-ley y no de simple publicación del tratado
podría dar el supuesto, que entonces sí sería un problema,
de que el Congreso aprobara el decreto-ley pero
no aceptara su tramitación como proyecto de ley, con
lo cual la voz del Senado quedaría fuera. Este es el atolladero
que el Gobierno se podía haber evitado bien
formalizando realmente una aplicación provisional,
como se había hecho otras veces, o bien acudiendo al
sistema ordinario de tramitación.
Por tanto, quiero dejar constancia de que las cosas
no se han hecho todo lo bien que deberían haberse
hecho y que jurídicamente alguien merecería recibir
unas cuantas clases de derecho constitucional y de tramitación
parlamentaria por parte de las autoridades
correspondientes, en este caso dentro del Gobierno,
pero esto no supone abrir un conflicto de competencias,
puesto que, insisto, en la III Legislatura fueron
cinco tratados los que siguieron este régimen, en la IV
Legislatura, 45, en la V, 28 y en lo que llevamos de VI,
más de 25. Por tanto, el que estamos considerando no
es exactamente un primer caso.
La conclusión es que entendemos que, efectivamente,
desde un punto de vista formal, de rigor formal, de
pura técnica legislativa, no se han hecho bien las cosas;
entendemos que alguien debería hacer un mea culpa y
que sería muy correcto que se hiciera en público; que
nos hubiéramos ahorrado muchos disgustos si las cosas
se hubieran aclarado; pero entendemos también que
no estamos ante un auténtico conflicto de competencias
en la medida en que se permita a este Congreso de
los Diputados y al Senado pasar a ratificar un tratado
que hoy por hoy se encuentra en pura situación de
aplicación provisional.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera):
Muchas gracias, señor Guardans.
Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Muchas gracias, señor
presidente.
Querríamos mostrar de nuevo aquí, aunque fuese
brevemente, nuestro escándalo por la situación que se
produce a partir de este decreto-ley, escándalo que
hemos mostrado otras veces, por lo que mi intervención
puede ser más breve, pero la brevedad de la intervención
no reduce el grado de nuestro escándalo.
Compartimos las tesis que ha expuesto la portavoz
del Partido Socialista respecto a que se trata de un
auténtico conflicto en materia de competencias constitucionalmente
atribuidas de forma exclusiva a las Cortes
Generales sobre acuerdos internacionales. También,
por descontado, hemos protestado reiteradas veces por
cuestiones referidas a la política presupuestaria, que
tampoco está contenida en la cláusula restrictiva del
artículo 86.1 de la Constitución, y sin embargo hemos
visto que constantemente se ha saltado la norma constitucional
rompiendo la competencia exclusiva de las
Cortes Generales con respecto a la materia presupuestaria,
que no sólo ha de verse en el Congreso, sino que
no puede atribuirse como competencia a la Comisión y
tiene que verse en el Pleno de la Cámara.
Este tema comenzó ya en 1982, en aquel decreto de
29 de diciembre que prorrogaba los presupuestos, de
cara a 1983, puesto que se habían convocado elecciones.
Aquel decreto no simplemente prorrogaba los presupuestos
-no hubiese hecho falta decreto para prorrogar
los presupuestos, está prevista la prórroga
automática- sino que al mismo tiempo que prorrogaba
rectificaba los presupuestos. A partir de entonces
nosotros hemos venido protestando porque no es justo,
y muchas interpretaciones garbanceras que se han
hecho aquí de la ley, incluso la interpretación patética
del Consejo de Estado, nos quitan mucha fe en la ciencia
jurídica puesto que están sometidas clarísimamente
a intereses y prioridades de tipo político. En 1987 promulgó
un nuevo decreto-ley a raíz de una sentencia
constitucional; decreto-ley que de nuevo cambiaba la
ley presupuestaria sin ninguna atribución, puesto que
la atribución corresponde al Pleno de la Cámara, pero
así se hizo, como constantemente se viene haciendo y
esta vez se vuelve a hacer, y no nos vale el argumento
de que no es la primera vez. No será la primera vez
pero es una barbaridad, aunque sea la quinta o la enésima
vez, y es una demostración más de la inmensa
hegemonía que quiere ejercer el Gobierno con respecto
al Poder Legislativo e incluso a veces con respecto al
Poder Judicial. Y si vamos al fondo de la cuestión, al
aumento de recursos que se plantea con respecto al
Fondo Monetario Internacional, veremos que incluso se
delega una serie de funciones de control del dinero que
se va a emitir de manera altamente preocupante de cara
a las competencias que se están nombrando con respecto
a otras instituciones, empezando por los bancos
centrales, que nos hacen ver que estamos en una situación
de emergencia con respecto a la democracia en
general y a la democracia parlamentaria en particular.
Por tanto, compartimos los argumentos que aquí se han
dado; no compartimos las interpretaciones garbanceras,
políticamente chapuceras que aquí se han dado y que
anteriormente se dieron con respecto a decretos-leyes
que cambiaban la política presupuestaria -no hay más
que leer a Sainz de Bujanda y a otros tratadistas para
ver que es una auténtica barbaridad- y por tanto votaremos
a favor de lo que se ha planteado y posteriormente
emitiremos nuestra opinión en contra del decreto-
ley en función de este principio de que parece ser
que para muchos el fin justifica los medios.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera):
Muchas gracias, señor Alcaraz.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: Señor presidente, señorías,
nuestro grupo considera que en esta cuestión ha
habido una clara mezcla, por parte de los que han
tomado esta iniciativa, de frivolidad por una parte y de
cierta mezquindad por otra. De frivolidad porque es
bien sabido que en los grupos que están en la oposición,
sobre todo el grupo mayoritario, se suele dejar
cancha a los diputados para que intenten imaginar, de
manera más o menos artificial, ocasiones de hostigar al
Gobierno, y se ve que en este caso ha habido alguna
displicencia al respecto. Pero el problema central que
nos ocupa, que es el consentimiento del Estado para la
modificación de una enmienda del convenio constitutivo
del Fondo Monetario Internacional, que afecta de
manera decisiva a los países iberoamericanos, yo creo
que exige una cierta seriedad.
El señor Camdessus, gerente de este Fondo, no dudó
en alabar la iniciativa que había tomado el Gobierno
español. Se trata -dijo- de una importante demostración
de solidaridad por parte no sólo de España sino
también, gracias a la iniciativa española, de Europa y
una razón para la esperanza; todavía está por ver si es
preciso utilizar ese fondo, pero sólo lanzar la idea ya es
positivo. En ese momento los Estados Unidos no se
había pronunciado; los Estados Unidos que luego apoyaron
con 17.900 millones de dólares ese fondo.Indudablemente
estamos entre lo político y lo jurídico.
Desde el punto de vista político, el Grupo Socialista no
escatimó ocasiones de animar a hacer algo y se quejaba
de que había pasividad por parte del Gobierno. Se ha
estado estimulando continuamente la acción del
Gobierno para solucionar este problema. El decreto-ley
ha sido de conocimiento previo por parte del portavoz
de Economía del Grupo Socialista, que no puso obstáculo
alguno a su tramitación por esa vía, y sólo después,
por la vía de esas traviesas iniciativas que se
dejan a algunos diputados para que hagan un poco de
calentamiento parlamentario, nos encontramos con este
embolado que no tiene credibilidad ninguna, señora
Fernández de la Vega, porque yo estaría muy preocupado
si creyera de verdad que ha habido un atropello
del Gobierno a esta Cámara y sólo hubiera 20 diputados
de mi grupo sentados en los escaños; estaría muy
preocupado porque sería señal de que no se toman en
serio a la Cámara. Pero a quien no se toman en serio es
a su señoría (Rumores.), por eso no están, porque
saben que esto va de broma. Igualmente que la tribuna
de prensa está como está. Si hubiera habido un atropello
del Gobierno a esta Cámara no estaría así la tribuna
de prensa. No reaccionaron así los medios de comunicación
cuando el señor Sáinz de Robles planteó un conflicto
de competencias a esta Cámara cuando ustedes
decidieron gobernar al Poder Judicial a su antojo. Y
tampoco reaccionó así la opinión pública cuando el
señor Garzón, al que ustedes divinizan un día y demonizan
otro, según toque, y quieren hundir la Audiencia
Nacional para ver si le aplastan debajo, pidió unos
determinados papeles y suscitó un conflicto de ese
tipo. La gente se lo tomó en serio. A S.S. no se la han
tomado en serio. Esa es la realidad. (Aplausos.)
Su señoría ha montado la operación tormenta en un
vaso de agua, porque esto no es ni una tormenta en el
desierto, aunque algo muy parecido al desierto sí que
es. Es una tormenta en un vaso de agua sin ningún fundamento,
señora Fernández de la Vega. Esa es la realidad.
De lo sublime a lo ridículo hay muy poco espacio,
y tendría S.S. que actuar con prudencia porque ese
escaño que ocupa de secretaria general de su grupo ha
sido más ocupado en esta legislatura que el de entrenador
del Real Betis. Por tanto, yo creo que debería
actuar con cierta prudencia a la hora de permitirse ciertas
alegrías, por utilizar el término con el que S.S. bondadosamente
ha obsequiado nada menos que al Consejo
de Estado de esta nación. Porque el asunto es
bastante simple.
Según la Constitución, artículo 94.1, hace falta autorización
previa de esta Cámara para que el Estado
pueda consentir en tratados que impliquen obligaciones
financieras. En eso estamos todos de acuerdo. (El
señor presidente ocupa la Presidencia.) A partir de
ahí convendría estudiar el contenido del decreto-ley.
No es cierto lo que afirma su grupo, que el artículo 2
supone un nuevo acuerdo. Ni el 1 ni el 2 suponen nuevos
tratados ni nuevos acuerdos. Sin embargo, sí llevan
consigo obligaciones financieras. Por tanto, no estamos
en el supuesto del artículo 94.1. El artículo 4 del decreto-
ley se refiere a la posibilidad de un tratado futuro.
Por tanto, no existe ese marco, es simplemente una
declaración de gran alcance político del Gobierno español
decir que está dispuesto a dar hasta 3.000 millones
de dólares para un fondo que está sin constituir. No
hay petición de consentimiento para un acuerdo que
aún no existe. Difícilmente se puede pedir. El artículo 3
es el que supone realmente la modificación de un
acuerdo. Supone la modificación de la cuarta enmienda
del Fondo Monetario Internacional, y es así porque se
alude en la misma a la posibilidad de una redistribución
de las asignaciones por países por razones de
equidad, motivo que no estaba previsto en el Tratado.
Ahí sí hay una modificación del mismo. Eso es una realidad.
A partir de ahí el Gobierno, en un exceso de
celo, ante la posibilidad de que el modo de instrumentar
esa modificación implicara obligaciones financieras,
pide la autorización a esta Cámara, y lo hace previo
informe del Consejo de Estado.
Por la agudización de la crisis internacional, que
incluso SS.SS. han coreado desde el Grupo Socialista, el
señor Borrell -yo no sé si S.S. es de las que se toman
en serio al señor Borrell o no, porque eso es complicado
de saber en su grupo- (Rumores.) decía el 25 de
septiembre, es decir, once días antes de que se aprobara
este decreto ley por el Consejo, que el Gobierno
debería hacer más y más deprisa.
El señor PRESIDENTE: Señor Ollero, vaya concluyendo,
por favor.
El señor OLLERO TASSARA: Si, señor presidente, lo
haré con mucho gusto. Espero que acudir a argumentos
jurídicos desde el principio y no cuando se haya
acabado el tiempo con la señora Fernández de la Vega
no suponga ser objeto de represalia.
Como digo, afortunadamente la pasividad se ha roto
con la propuesta del ministro Rodrigo Rato de que
España aporte 5.000 millones. Es bueno, si no por solidaridad
al menos por interés -se ve que es una vía original;
nosotros lo hacemos por solidaridad-, hacer
más y más deprisa. Eso lo decían ustedes y se ha
hecho. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues algo muy simple,
señora Fernández de la Vega. De los cuatro artículos
del decreto-ley, los que implican obligaciones financieras
no suponen modificación alguna de ningún tratado
y el artículo que supone modificación de un tratado,
que es el 3, no implica obligación financiera alguna
porque, casualmente, el Gobierno encontró después
una vía mediante la cual se podía solucionar perfectamente
esa cuestión a través del artículo 13.2,b) de la
Ley 13/1994, de Autonomía del Banco de España, por
el cual no se asume ninguna obligación financiera. Se
trata simplemente de un cambio de materialización de
las reservas del Banco de España que, en vez de estar
en divisas, van a estar en derechos de giro. Eso es todo.
No implica ninguna incidencia en el pasivo, señora Fernández
de la Vega. Por tanto, no estamos realmente en
puridad jurídica, que usted ha obviado. Usted se ha
permitido ningunear a la permanente del Consejo de
Estado, donde está el señor presidente don Íñigo Cavero
y los señores Landelino Lavilla, Arozamena Sierra
-supongo que le suena el nombre-, De Mateo Lage y
Sánchez del Corral, a quienes ha despachado usted
diciendo que han actuado alegremente. Y se ha ahorrado
un argumento jurídico; hasta los grupos que han
tomado posición han tenido que dar argumentos jurídicos
que S.S. no ha sido capaz de aportar, pero su autoestima
jurídica llega a perdonar la vida al Consejo de
Estado. Hubiera bastado el pronunciamiento desde el
Consejo de Estado, que dice textualmente para todo el
que lo quiera leer que la intervención de las Cortes
Generales y, en definitiva, su autorización queda garantizada
desde el momento en que el real decreto-ley
tiene que ser sometido a la misma para su convalidación
o su ulterior tramitación como proyecto de ley,
que por cierto mi grupo va a solicitar. Bastaría eso para
acabar el debate, a no ser que tenga usted argumentos.
Usted puede criticar al Consejo de Estado pero no perdonarle
la vida diciendo que es alegre. ¿Es que S.S. es
triste o qué? ¿Qué tiene que ver eso? Aporte algún argumento;
un día es un día, aporte algún argumento.
En realidad, al no darse obligación financiera ni en
el artículo 3, que supone la modificación de un tratado,
ni en el 4, en el que no hay tratado alguno todavía, a la
hora de la verdad el Gobierno ha incurrido en un exceso
de celo solicitando una autorización que no era preceptiva.
Esa es la realidad jurídica de la cuestión, señora
Fernández de la Vega.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ollero.
Señora Fernández de la Vega, le ruego que intervenga
con la mayor brevedad posible.
La señora FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ: Muchas
gracias, señor presidente. Voy a intentar ser muy breve.
Voy a dar algún argumento al señor Ollero. Ya que
no ha querido escuchar los que le he dado con anterioridad,
se los voy a repetir. En primer lugar, mi
grupo, señorías -ha quedado bien claro-, no ha
planteado este tema desde el punto de vista de la utilización
legítima partidaria de un error del Gobierno; lo
podíamos haber hecho pero no ha sido así. Hemos
planteado aquí este tema en la forma extremada en
que lo hemos hecho por responsabilidad, por responsabilidad
y porque creemos que es una cuestión de
principios. Ya sé que para los diputados del Grupo
Popular, sobre todo para el señor Ollero, los principios
están en función de que haya muchos periodistas en la
tribuna, pero para mi grupo no. Los principios no
están en función de que haya aquí mucha gente escuchando,
que podrá estar en sus despachos, sino que
tales principios se mantienen en esta Cámara aunque
no haya en la tribuna más que dos periodistas. No está
en función de eso. (Aplausos.)
Señorías, el decreto-ley es un instrumento en la
Constitución de utilización extraordinaria y urgente
cuando se necesita que se adopte una decisión que
tenga que producir efectos extraordinarios y urgentes
de forma inmediata, deprisa, porque si no es así hay
otros instrumentos en la Constitución que producen los
mismos efectos. Si el Gobierno adopta esta decisión
porque cree que tiene que producir efectos de forma
inmediata porque es urgente, es evidente que desde
que se publica en el Boletín Oficial del Estado el decreto
está produciendo efectos jurídicos en el orden interno.
En el internacional dependerá de que depositen o
no los instrumentos de ratificación que establecen los
propios convenios. Es verdad, señor Mardones, que se
puede esperar un mes para que el Gobierno haga uso
de lo dispuesto en el decreto-ley hasta que aquí no se
convalide, pero lo cierto es que si se aprueba un tratado
por decreto-ley es porque se quiere que produzca
efectos jurídicos inmediatos en el orden internacional.
Puede esperar los 30 días, pero si espera los 30 días y
lo convalida, desde luego, la sustracción de las competencias
del Senado se ha producido porque el decreto
no se convalida por el Senado. Si la alternativa que se
ofrece, como dice el informe del Consejo de Estado -
que alegre me parece poco; he sido muy suave en los
argumentos jurídicos que podía dar-, es que el defecto
de la invasión de competencias no se produce por
su tramitación como proyecto de ley, si entendemos
que la prestación del consentimiento del Estado para
obligarse necesita la autorización previa del Congreso y
del Senado, eso se tiene que producir en la tramitación
como proyecto de ley porque la convalidación no pasa
por el Senado. Si la prestación de consentimiento esperamos
a que se produzca en la tramitación como proyecto
de ley, ¿para qué hemos hecho un decreto-ley?
¿Qué sentido tiene hacer un decreto-ley que se va a tramitar
como proyecto de ley y cuyos efectos no se van a
poder utilizar hasta que no se haya tramitado como
proyecto de ley y haya ido al Congreso, al Senado y,
en su caso, volver al Congreso? Para eso no tiene sentido
utilizar esa vía urgente y extraordinaria del decretoley
que establece la Constitución. Eso es evidente. De
ahí que el Consejo de Estado ni siquiera haya reparado
en que aquí lo que no se puede hacer es sustituir el
procedimiento de autorización, que es específico en la
Constitución, por el procedimiento legislativo, aunque
sea de urgencia, que es un decreto-ley.
Esto no es una aplicación provisional del tratado,
señor Guardans. Yo comprendo que usted tenga que
esforzar su imaginación para apoyar y salvar su voto
frente a la actuación del Gobierno; no lo es...
El señor PRESIDENTE: Señora Fernández de la Vega,
por favor, no me abra el debate con otros portavoces.
Le he dado el turno para replicar al señor Ollero.
La señora FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ: Solamente
un minuto.
No es la utilización del artículo 25 del Convenio de
Viena ni del artículo 30 del decreto de ordenación de la
actividad de la Administración del Estado en materia de
tratados internacionales. Los precedentes que ha habido
en esta Cámara no han sido de aprobación por
decreto-ley; han sido de calificación de si se trataba de
un convenio o tratado del artículo 94.1 ó de uno de los
que venían a información; es decir, no del artículo 94.1
sino del 94.2. Jamás en la historia de nuestra democracia
se ha producido la aprobación de un tratado por
decreto-ley.
Finalmente, yo lamento que los diputados del Partido
Popular aplaudan cuando realmente se está vulnerando
la Constitución.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.-Rumores.)
El señor PRESIDENTE: El señor Ollero tiene la palabra
para un turno brevísimo.
El señor OLLERO TASSARA: Muchas gracias, señor
presidente.
Yo creo que el manifiesto desfase entre los únicos
objetos de crítica con algún fundamento de la señora
Fernández de la Vega es que piensa que ella lo podría
haber hecho más rápido, lo cual a lo mejor es posible.
Convertir eso en un conflicto entre poderes del Estado
es tomarse a broma los poderes del Estado. Esa es una
frivolidad absolutamente imperdonable.
Su señoría habla de los límites para actuar por
decreto-ley. Están puestos en la Constitución. Lo que
es afectar a las prerrogativas de los poderes del Estado
es pretender que vaya a tener más límites el Gobierno
de los que dice la Constitución. El artículo 86.1 de la
Constitución dice -S.S. lo puede leer cuando quiera-
cuáles son las cuestiones de las que el Gobierno no
puede disponer por decreto-ley. Y la que nos ocupa
hoy no figura en absoluto. Puede leerlo con toda tranquilidad.
La alusión al Senado me parece enormemente inoportuna.
En su primer turno ha tenido la habilidad de
evitarla. Luego, a medida que se han producido algunas
intervenciones, parece que ha perdido el control.
Si su manera de defender al Senado es decir que en el
Senado son tan menores de edad que desde el Congreso
tenemos que defender sus prerrogativas, cuando
ellos ayer han establecido democráticamente que no se
consideran afectados por esta cuestión, me parece una
inoportunidad manifiesta por parte de su señoría.
Si hubiera sido necesaria la autorización, que ya digo
que jurídicamente estimo que es superflua, si hubiera
sido necesaria, que se puede hacer por un trámite legislativo
y los decretos-leyes figuran en el capítulo de la
Constitución relativo a la elaboración de las leyes, la
doctrina es bastante unánime al respecto. Por citarle
sólo un tratadista le nombraré a Fernando Santaolalla,
quien dice que la autorización de los tratados internacionales
debe conferirse por ley, claramente en el caso
del artículo 93 y también en el artículo 94.1, bien que
en este último supuesto la práctica haya seguido una
forma atípica, no legislativa. Lo que le parece atípico es
precisamente lo contrario. Pero da la casualidad de que
al no haber obligaciones financieras -y S.S. no lo ha
desmentido- entra en juego el artículo 94.2. No hace
falta autorización.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ollero.
Vamos a proceder a la votación. Votación de la propuesta
formulada por el Grupo Socialista de planteamiento
de conflicto de atribuciones entre el Congreso
de los Diputados y el Gobierno.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 328; a favor, 158; en contra, 169;
abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia,
rechazada la propuesta de conflicto.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES
DECRETOS-LEYES:
- REAL DECRETO-LEY 14/1998, DE 9 DE OCTUBRE,
DE ADHESIÓN DE ESPAÑA A DIVERSOS
ACUERDOS DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL.
(Número de expediente 130/000056.)
El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día:
Debate sobre la convalidación o derogación del Decretoley
número 14, de 9 de octubre de 1998, de adhesión de
España a diversos acuerdos del Fondo Monetario Internacional.
Para su presentación en nombre del Gobierno
tiene la palabra su vicepresidente y ministro de Economía
y Hacienda, don Rodrigo de Rato. (Rumores.)
Señorías, ruego guarden silencio. Si han de abandonar
el hemiciclo háganlo, por favor, en silencio, para
que pueda continuar el orden del día. (Continúan los
rumores.)
¡Silencio! Señora Cunillera, señor Marugán, señor
Núñez. (Continúan los rumores.)
Señorías, silencio, por favor. (Pausa.)
Adelante, señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL
GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
(De Rato Figaredo): Señor presidente, señorías,
tengo el honor de presentar ante la Cámara la convalidación
del Real Decreto-ley 14/1998, de 9 de octubre,
de adhesión de España a diversos acuerdos del Fondo
Monetario Internacional, y pedir el respaldo de la
Cámara a una iniciativa política de gran envergadura
para España y que, además, representa una consolidación
de lo que ha venido a ser una línea estable de
nuestra política exterior, que es la de respaldar los
esfuerzos de los países emergentes, más concretamente
los esfuerzos de los países iberoamericanos en su camino
hacia la consolidación como sociedades estables y
económicamente eficientes.
Sin duda, SS.SS. podrán preguntarse cuál es el papel
que puede jugar España, desde el punto de vista de
decisiones dentro de nuestra legislación, para afectar a
la marcha de economías tan distantes entre sí desde sus
fundamentos y sus realidades políticas y sociales. Sin
embargo, este decreto-ley -como SS.SS. saben- no se
dirige a una política de ayudas directas ni mucho
menos a pronunciarnos, a través de él, sobre cuáles
deben ser las decisiones políticas, sociales y económicas
de parlamentos y gobiernos de países emergentes,
en concreto de países iberoamericanos. Este decretoley
se dirige a consolidar lo que debe ser la nueva posición
de España en los organismos internacionales, la
que nos permite nuestra realidad económica y la que al
mismo tiempo aconseja la situación de incertidumbre
de la economía internacional, las razones de esta incertidumbre
y los efectos que la misma podría tener sobre
intereses españoles muy concretos en áreas geográficas
del mundo, principalmente sobre la evolución de la
economía internacional y, por ende, sobre la evolución
de la economía europea y de la economía española. En
efecto, como SS.SS. saben -y además ha sido objeto
de debate en los presupuestos-, la incertidumbre en
la economía mundial ha venido asentándose, por desgracia,
a través de la evolución de una crisis que primero
tuvo una manifestación circunscrita geográficamente
a Asia y a Japón, basada en circunstancias
internas de unos y otros países de diferente calibre,
unas relacionadas con su sistema financiero y otras con
los déficit de balanza por cuenta corriente. Posteriormente,
como consecuencia de la situación tanto política
como financiera y social de la Federación Rusa y el
efecto que sobre los mercados y sobre la confianza
mundial tuvo la suspensión de pagos de deuda de la
Federación Rusa, se extendió a lo que ha venido a ser
una crisis financiera en todos los mercados internacionales,
y más concretamente -y es el objeto de este real
decreto-ley- una crisis financiera que se va contagiando
y añadiendo a zonas emergentes del mundo que no
tienen en este momento razones propias para entrar en
una crisis o sufrir la desconfianza de los mercados,
pero que se ven contagiadas -si ustedes me permiten
la expresión- de una desconfianza que va generándose
como consecuencia de las crisis reales de Asia,
Japón y Rusia. En ese sentido, este efecto contagio y su
manifestación en una pérdida de liquidez en los mercados
para financiar a la sociedad, a las economías emergentes
y en concreto a las iberoamericanas, ha sido
objeto de debates políticos tanto dentro como fuera de
todos los países, y en concreto ha sido el centro de las
decisiones y de las conclusiones de la última reunión
del Fondo Monetario Internacional. (El señor vicepresidente,
Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la
Presidencia.)
Es importante que nos demos cuenta de que la economía
española tiene hoy no sólo una situación sino
un papel bien distinto del que podía tener hace muy
pocos años. Por un lado, la estabilidad de nuestra economía,
y por tanto de nuestras reservas, nos permite
ser un socio activo en organismos internacionales; por
otro lado, nuestra pertenencia a la moneda única nos
hace ser un socio de uno de los grupos económicos
más importantes del mundo y además representados
por una de las monedas referencia en el comercio mundial;
y por otro, la actitud y la actividad cada vez más
importante de la economía española, en concreto de
las empresas españolas en su internacionalización, nos
hace estar cada vez más interesados en la evolución de
lo que suceda en zonas geográficas del mundo donde
se juegan y se desarrollan importantes intereses económicos
españoles, que son la manifestación de una
nueva sociedad española en su colaboración al desarrollo
de zonas del mundo y a su prosperidad y al
mismo tiempo de una nueva sociedad española cada
vez más abierta a la economía mundial y, por tanto, en
plena consonancia con el proceso de globalización.
Como última razón, a una economía como la española,
con un grado de apertura muy superior al de
muchas economías, incluso de la OCDE, un entorno
internacional de incertidumbre no es la situación que
más le conviene. Podemos realizar políticas activas en
el sentido de contribuir a la solución de la crisis internacional
y podemos hacerlo por nuestra situación interna
e institucional de pertenencia a los foros internacionales
y al euro. A eso hay que sumar nuestro interés de
respaldar la acción de la sociedad española en Iberoamérica
a través de sus inversiones y el interés de la propia
economía española de que se reduzcan los niveles
de incertidumbre que están afectando en este momento
a las expectativas de crecimiento de la economía mundial
y, por ende, a las expectativas de crecimiento españolas
y europeas.
Pese a todo ello, señorías, no podemos olvidar otras
cuestiones eminentemente políticas. El nuevo papel
que España puede y debe jugar en el contexto de las
economías europeas industriales es especialmente sensible,
y debe seguir siéndolo, a la situación y a las posibilidades
de desarrollo de las economías iberoamericanas,
no sólo porque nos unen con ellos -ya lo he
dicho- intereses muy concretos a través de empresas
españolas que representan para nosotros una gran
apuesta de futuro y de internacionalización, no sólo
también porque nos unen con esos países lazos muy
profundos de amistad, de cooperación y de relaciones
humanas, culturales y políticas de gran envergadura,
sino también porque debe ser el reconocimiento que
España y Europa hagan de lo que ha supuesto en Iberoamérica
una década de esfuerzos y transformaciones.
Cuando contemplamos los últimos años de la realidad
iberoamericana podemos comprobar cómo no sólo en
términos políticos -que desde luego- se ha avanzado
notablemente desde el punto de vista de la democratización
de las sociedades, resolviendo problemas muy
complejos y cerrando heridas muy profundas, sino que
además desde el punto de vista económico, que es lo
que aquí abordamos hoy, se han tomado decisiones
muy valientes en un proceso de saneamiento y estabilidad
de las economías. Podemos comprobar cómo en
esta misma crisis internacional países como México,
Argentina, Chile, Venezuela, Perú o Colombia, por
poner el ejemplo sólo de algunos de ellos, han reaccionado
a bajadas de precios de materias primas que les
afectan directamente o a la situación de contagio financiero
que les drena liquidez de manera ortodoxa y costosa
para sus ciudadanos a corto plazo, elevando tipos
de interés interno y huyendo de cualquier medida proteccionista
o de cualquier solución favorable a una
monetización de sus problemas que les suponga nuevos
riesgos de inflación. Cuando hoy vemos economías
que hasta hace muy pocos años tenían 300, 400, 500
puntos anuales de inflación y nos encontramos con
economías que tienen 5, 6 y 7 puntos de inflación
anuales, cuando comparamos las situaciones que se
están produciendo desde el punto de vista de la libertad
de movimientos de capitales o de personas o de
mercancías, cuando comprobamos el esfuerzo de integración
regional que se ha hecho a través de Mercosur
o cuando comprobamos la reducción de los déficit
públicos y en algunos casos incluso su desaparición,
podemos sentirnos orgullosos como amigos, y como
algo más que amigos, de unos países y de unas zonas
que se están integrando de manera valiente y decidida
en la economía internacional.
También es importante que se respalde eso. Nosotros,
el Presidente del Gobierno en la cumbre Iberoamericana
y en la última cumbre europea en Austria y
yo mismo en las reuniones del Fondo Monetario Internacional
y en sucesivas reuniones del Ecofin hemos
defendido la tesis de que una crisis financiera internacional,
la tercera de esta década pero probablemente la
primera de dimensiones globales, no puede convertirse
en una crisis que afecte a países que no tienen en este
momento responsabilidades, sino al contrario, que
están efectuando esfuerzos positivos y considerables y
que simplemente por un problema de contagio que
tiene manifestaciones de liquidez puedan ver desplomarse
o reducirse notablemente sus expectativas no
sólo de futuro sino de presente, con gran sufrimiento
para las poblaciones y con efectos en los inversores
internacionales que están en esos países pero, no nos
engañemos, también en nosotros mismos.
Es indudable -y así lo ha entendido el Fondo Monetario
Internacional y la comunidad internacional- que
el paquete de ayuda financiera a Brasil no sólo era
bueno para la economía brasileña, no sólo era bueno
para la economía de Mercosur, sino que era bueno para
la economía del conjunto iberoamericano y era una respuesta
de los países industriales a la crisis financiera,
respuesta que si no se hubiera producido hubiera agravado
una crisis financiera que nos va a afectar a los países
europeos antes o después.
En ese sentido, Europa -y hablo no sólo como
miembro de la Unión, sino del euro-11- tiene que
tener un papel activo, creciente, en las instituciones
internacionales, y ese papel no sólo es el que realizamos
los gobiernos a nivel nacional cuando presentamos
nuestros informes o nuestras posiciones en reuniones
formales o informales; ese papel tiene que ser
también el de responder a lo que debe ser la nueva
arquitectura financiera internacional. Esa nueva arquitectura
financiera internacional no es sólo una cuestión
institucional, que sin duda lo es -modificaciones de lo
que son hoy las grandes instituciones financieras como
el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional-,
sino que exige también que la globalización de mercados
financieros tenga una respuesta positiva en las
capacidades del Fondo Monetario Internacional, que es
el encargado de resolver problemas momentáneos de
liquidez, y a eso responde en parte y a nuestro nivel
esta iniciativa que el Gobierno remite a la Cámara. Es
decir, este decreto-ley busca dar una respuesta inmediata,
en la medida en que España como país miembro
de la unión económica y monetaria puede hacerlo, a
estas necesidades financieras producidas por el efecto
de contagio y, al mismo tiempo, supone un apoyo que
tienen las instituciones financieras internacionales con
el objeto de que puedan disponer de más recursos para
intervenir en aquellos casos en que sea más urgente,
en un momento en el que claramente estamos en mercados
financieros globalizados.
En ese sentido, el Reino de España, en nuestra opinión,
debe cumplir de forma inmediata con los compromisos
que ya tenía adquiridos con el Fondo Monetario
Internacional. España realiza una aportación
inmediata de fondos a esa institución que ya tenía comprometida,
pero era necesario realizarla cuanto antes,
como lo están haciendo otros países, y SS.SS. son conscientes
de que no sólo países europeos, sino los Estados
Unidos han tomado decisiones en esta misma
dirección. Estos compromisos se concretan en un
aumento de la cuota de nuestro país en el Fondo Monetario
Internacional por importe de 1.113,5 millones de
derechos especiales de giro, aproximadamente 1.500
millones de dólares, y asimismo se autoriza la recepción
de 268 millones de derechos especiales de giro
como consecuencia del último reparto de los mismos
por parte del Fondo a los países miembros. Por último,
se ratifica por parte del Reino de España el nuevo
acuerdo de préstamos auspiciado por el Fondo Monetario
Internacional en Hong Kong el año pasado, para
que en el momento en que se haga efectivo suponga
una aportación de los 672 derechos especiales de giro.
En conjunto, estas tres partidas se sitúan alrededor de
los 2.800 millones de dólares.
Es importante, señorías -lo aclaro para aquellos que
puedan no estar familiarizados con estas cuestiones-
que sepan que el derecho especial de giro es una unidad
de cuenta del Fondo Monetario Internacional; por
lo tanto, es una forma de asignar o de denominar reservas.
Estos derechos especiales de giro suponen que
España traslada al Fondo en este caso unos 2.800 millones
de dólares y recibe a cambio la misma cantidad
denominada en derechos especiales de giro, que continúan
formando parte de nuestras reservas y que por lo
tanto para nada afectan ni a decisiones presupuestarias
ni al montante total de las reservas españolas. Además,
los derechos especiales de giro del Fondo Monetario
Internacional son remunerados y, en consecuencia, ni
siquiera se ve afectada la cuenta de beneficios del
Banco de España. Esto no tiene consecuencias económicas
en el sentido presupuestario, pero sí las tiene en
el sentido de que España pone parte de sus reservas a
disposición de una entidad internacional para que esa
entidad internacional, apoyándose en esas reservas
españolas y de otros países, pueda proceder a operaciones
financieras que apoyen balanzas de pagos de
países emergentes con problemas.
Con el objeto de apoyar con más recursos a los países
especialmente del área iberoamericana, en nuestro
caso, que se vean más necesitados por cuestiones de
liquidez, el decreto-ley autoriza al Consejo de Ministros
a asumir compromisos frente al Fondo Monetario Internacional
por un importe equivalente hasta 3.000 millones
de dólares adicionales también en derechos especiales
de giro. Esta ha sido una iniciativa que SS.SS.
saben que ha tenido una amplia repercusión, que ha
sido respaldada políticamente por muchos grupos de la
Cámara, si no por todos, ha sido también respaldada
por nuestros países amigos y ha sido plenamente coincidente
con la posición de países europeos y de los
propios Estados Unidos.
El objeto de esta iniciativa es dotar al Gobierno de la
flexibilidad necesaria para poder aportar la cantidad
-como es natural, con conocimiento del Parlamento-
que en su momento se determine, un fondo en el que
participen los principales países industrializados, fondo
que sería administrado por el Fondo Monetario Internacional
y que supondría un paso no sólo en la solución
de una crisis concreta, sino en la construcción de la
nueva arquitectura financiera internacional en un
mundo de mercados financieros globalizados, como he
dicho anteriormente. El propio presidente Clinton en la
Asamblea del Fondo Monetario Internacional hizo referencia
a esta cuestión; el presidente Blair ha hecho
varias referencias a esta cuestión, como también las ha
hecho el Gobierno francés y el nuevo Gobierno alemán.
Por tanto, España coincide con sus socios y está
en condiciones no sólo de coincidir conceptualmente
sino materialmente en aportar soluciones a una próxima
crisis concreta, pero también de fundamentar un
nuevo esquema de la arquitectura financiera internacional.
Yo creo que está en nuestro interés político responder
políticamente en esta Cámara a las expectativas que
sobre España tienen hoy muchos países iberoamericanos.
España, miembro del euro, juega un papel importante
como punto de referencia en lo que es la modernización
de una economía, como punto de referencia
también en lo que puede ser la defensa de los intereses
de esos países en la Europa comunitaria, pero España,
como miembro del conjunto de los países industrializados,
puede poner el acento -y de hecho lo hacemos-
en defender los intereses, que en este momento podrían
verse afectados, de las economías iberoamericanas
que tantos esfuerzos han realizado para convertirse en
economías abiertas, en economías transparentes y en
economías estables, en beneficio de sus propios ciudadanos,
sin duda. Igual que los españoles hemos comprobado
los beneficios de la estabilidad, los argentinos,
los chilenos, los mejicanos, los brasileños, los peruanos,
los venezolanos, los bolivianos o cualquier ciudadano
de otro país del área perciben que la baja inflación,
los bajos tipos de interés son el futuro del
desarrollo económico de esos países. Por ello, que
nosotros respaldemos estas políticas es importante.
Al mismo tiempo, también respondemos a necesidades
de la sociedad española. La sociedad española está
en un proceso de internacionalización imprescindible
para garantizar nuestro crecimiento a medio y largo
plazo y, por razones absolutamente lógicas y coherentes,
los empresarios españoles han elegido Iberoaméricacomo
una zona en la que potenciar la existencia de
multinacionales españolas. Eso va en beneficio del
empleo en España y de nuestra capacidad de decisión
económica, y también va en beneficio de esos países y
de su capacidad de desarrollo. Además, como he dicho
y vuelvo a reiterar, va en beneficio y en interés de la
economía española dotar a las organizaciones multilaterales
de instrumentos que eviten que una crisis localizada
en Asia pueda acabar transformándose en una crisis
financiera de dimensiones internacionales que
pueda mantenerse en el tiempo, afectando, antes o después,
a los países europeos.
La estructura del decreto-ley es muy simple. Tiene
cuatro artículos, como SS.SS. conocen, y paso muy
someramente a mencionarlos. El artículo primero tiene
por objeto la aprobación de la undécima revisión de
cuotas del Fondo Monetario Internacional y no se trata
sino de modificar el noveno acuerdo de revisión, que
fue ratificado aquí en el año 1992. El artículo segundo
se refiere a la ratificación de los nuevos acuerdos de
préstamos del Fondo Monetario Internacional por los
que se ejecutan las previsiones del artículo séptimo,
sección primera, del convenio constitutivo del Fondo,
en relación a que los Estados miembros puedan realizar
préstamos a la organización a fin de paliar situaciones
coyunturales de insuficiencia de recursos procedentes
de las cuotas. Esto no implica -como SS.SS. son
conscientes- celebración de tratados o acuerdos internacionales,
sino la adhesión de España a mecanismos
de financiación ya previstos en el convenio constitutivo
del Fondo Monetario Internacional y que, por tanto, ya
fueron objeto de ratificación por el Reino de España en
un momento anterior. Quiero decir que hay precedentes
sobre esta cuestión -que SS.SS. conocen- como
es la decisión del Gobierno en el año 1992 de adherirse
al noveno acuerdo del aumento de cuotas mediante
un instrumento también similar al decreto-ley.
En el punto tercero abrimos las posibilidades a las
aportaciones que puedan realizarse en derechos de giro
para situaciones de emergencia. Entiendo, señorías,
que el Gobierno realiza la aprobación de un decretoley
por razones de urgencia. Cualquiera que haya
seguido el debate de las últimas 24 horas en esta Cámara
no habrá oído a ningún grupo parlamentario que no
hable de la crisis internacional. Ha habido grupos que
han hablado del déficit público, otros han hablado de
la inflación, otros de la Seguridad Social, otros de la
reforma del IRPF, pero no ha habido ni un solo grupo
parlamentario que no haya hablado de la incertidumbre
internacional. Pero si SS.SS. abren cualquier periódico
español o extranjero o escuchan cualquier cadena
de televisión se encontrarán con esa misma circunstancia.
Por tanto, no es que estemos en una situación de
urgencia desde el punto de vista nacional; estamos en
una situación de urgencia desde el punto de vista internacional.
Así lo hemos transmitido nosotros a nuestros
socios europeos cuando hemos visto que podía haber
una pretendida actitud de Europa protegida detrás de
su prosperidad. La utilización del decreto-ley por parte
del Gobierno se hace eco de la petición de todos los
grupos parlamentarios a fin de que el Gobierno tenga
instrumentos a su alcance para responder a la crisis
financiera internacional. Señorías, una economía
moderna, una economía de baja inflación, una economía
presente en el euro, con estabilidad de moneda,
no responde a una crisis internacional devaluando
-por suerte-, no responde a una crisis internacional
subiendo los tipos de interés -por suerte-, no responde
a una crisis internacional generando una recesión
interna para compensar los desequilibrios -por
suerte-, responde a una crisis internacional actuando
con sus márgenes de maniobra dentro y fuera de su
país. Eso es lo que este decreto-ley representa además
de lo que supone desde el punto de vista de nuestra
política de solidaridad y de respaldo a los esfuerzos
que los países iberoamericanos han desarrollado para
mejorar sus sociedades, cosa que, desde luego, estoy
convencido de que forma parte del consenso básico
parlamentario de esta Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señor vicepresidente.
¿Algún grupo parlamentario desea consumir un turno
en contra de la convalidación? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene
la palabra el señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Muchas gracias,
señor presidente.
El señor vicepresidente acaba de hacer no ya una presentación
del real decreto-ley, sino un análisis de la
situación económica mundial, con un panorama que
podemos compartir en líneas generales, sobre todo en la
medida en que elementos que ha expresado, y que estaban
literalmente en su intervención en el Fondo Monetario
Internacional, no hacen sino acercarlo más a esa
corriente que va dominando Europa que es el retorno al
pensamiento de Keynes; por tanto, bienvenido sea.
Sin embargo, la realidad es que antes de este debate
se ha producido en la Cámara un debate de naturaleza
muy distinta, un debate de naturaleza jurídica, donde
ha quedado en evidencia la existencia de una clara
controversia y la existencia de argumentos sólidos que
cuestionan el supuesto respeto a la constitucionalidad
del decreto-ley que nos presenta el Gobierno. Además,
en los últimos días, en las últimas semanas, hemos visto
cómo los portavoces parlamentarios y del Gobierno
han competido entre sí en una carrera para minimizar
la componente jurídica que tiene este acto que hoy se
nos plantea; para intentar desacreditar la posición legítima
del Grupo Parlamentario Socialista; para hacer
demagogia, porque no puede llamarse de otra manera,
tratando de presentar esa posición como un intento de
eliminar, de bloquear la política de desarrollo, de bloquear
la solidaridad de España. Estamos acostumbrados,
ya lo estábamos en la legislatura pasada, a esas
actitudes por parte de los portavoces del Grupo Popular
y ahora hemos podido constatar lo que ya sabíamos,
que el señor Piqué no se diferencia en mucho del señor
Rodríguez, salvo que vocaliza mejor y que su barba
está rasurada.
Queremos pedir al Grupo Popular y a sus portavoces,
como mínimo, respeto al Estado de derecho y a las
leyes y, por supuesto, solvencia en su conocimiento.
También queremos pedirles respeto a la verdad. El
debate que se ha celebrado hace unos momentos ha
tratado precisamente de esas cuestiones, del respeto al
Estado de derecho y a las leyes. Y de él se desprende
claramente, a juicio del Grupo Socialista, que con este
decreto el Gobierno prostituye y sacrifica el respeto a
la Constitución y al Parlamento, que con este decreto el
Gobierno quiebra, rompe el consenso sobre cómo
actuar Gobierno y Parlamento en relación con los organismos
internacionales. Y no voy a entrar en las posibles
causas de esa urgencia que le ha entrado al
Gobierno, para que el señor Rato lo pudiera anunciar
en Washington y para que el señor Aznar pudiera hacer
su presentación aquí.
Las razones jurídico-constitucionales que avalan
nuestra posición ya han sido explicadas ampliamente
por mi compañera, la diputada Fernández de la Vega,
pero sí quisiera subrayar una cuestión, que el Gobierno
no ha planteado la aplicación provisional de los tratados,
que alguien lo recordaba como una acción posible.
Es una acción posible, pero no la ha planteado el
Gobierno, no estamos ante ese supuesto, por suerte o
por desgracia. Estamos ante un supuesto de flagrante
violación de la Constitución.
Voy a añadir una reflexión que pone en evidencia las
consecuencias perversas de la decisión del Gobierno.
La cuarta enmienda del Convenio constitutivo del Fondo
Monetario Internacional se verá esta tarde en la Comisión
de Asuntos Exteriores, y yo querría saber, en el
supuesto de que ahora se convalidase el real decreto,
qué sentido tiene esa tramitación esta tarde en la Comisión
de Asuntos Exteriores. ¿Va a ser un acto jurídicoconstitucional
o va a ser un mero acto político sin contenido
jurídico? Me gustaría que me lo dijeran, porque
esa es la pregunta que le voy a tener que hacer esta
tarde al presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores
y es la pregunta que tendrá que hacerse la Presidencia
del Congreso cuando venga al Pleno de la Cámara.
En la lógica del Gobierno, ¿va a retirar el Gobierno
este instrumento internacional de la Comisión de Asuntos
Exteriores, puesto que se supone que se va a aprobar
aquí? Si no, estaríamos en la absurda paradoja de
que el ministro Matutes podría darse un salto esta tarde
desde Ottawa hasta Washington para depositar el instrumento
de ratificación, mientras que la Comisión de
Asuntos Exteriores estaría discutiendo si autorizaba al
Gobierno para depositar el instrumento de ratificación,
y después lo tendría que ratificar el Pleno y ulteriormente
el Senado. Esta vez, no sería justo decir que el
ministro de Asuntos Exteriores no se entera, estaría ejecutando
lo que ha decidido el Gobierno y lo que haya
aprobado el Parlamento.
Hasta ahora, señor presidente, señorías, los términos
de tramitación estaban claros. Lo que suponía modificación
de un convenio constitutivo de una organización
internacional requería tramitación en ambas cámaras y
en sus comisiones de Asuntos Exteriores; las decisiones
que afectaban a contribuciones, como el undécimo
acuerdo de cuotas o antes el noveno, etcétera, venían
por vía de proyecto de ley, no por una figura similar al
decreto-ley, como ha dicho el ministro de Economía,
no, por proyecto de ley, que no es una figura similar al
decreto-ley. Así se ha hecho por este Gobierno hasta
ahora, así se ha hecho por gobiernos anteriores; lo
hemos visto con los fondos relativos al Fondo Mundial
del Medio Ambiente, al BID, al Fondo Africano de Desarrollo,
etcétera.
En el debate sobre este embrollo jurídico-político en
el que se ha metido el Gobierno, se ha evidenciado
que, de los cuatro elementos del real decreto, hay uno
que debiera ir por ley, el aumento de cuotas, otro cuya
vía es dudosa, por ley o por trámite de Cortes, las dos
cámaras y sus comisiones de Asuntos Exteriores, y un
cuarto que autoriza al Gobierno a asumir compromisos
adicionales hasta un máximo de 3.000 millones de dólares.
Por cierto ¿no es inusual, señor ministro, que estas
contribuciones voluntarias se hagan en dólares y no en
la moneda del país, como se suele hacer normalmente?
En defensa de su posición, irrazonable e irracional,
el Gobierno ha minimizado lo jurídico-formal y ha acusado
al Partido Socialista de intentar bloquear un gesto
solidario, de impedir la llegada de la ayuda al desarrollo
a los países de América Latina que tanto necesitan.
Estas acusaciones, señorías, son cuanto menos inmorales.
Quienes las utilizan reeditan, de la mejora manera
que saben, las técnicas de manipulación heredadas del
señor Rodríguez, pero saben que faltan a la verdad. Fue
el PSOE el que diseñó, impulsó y trasladó a la Unión
Europea, desde el consenso con las fuerzas políticas y
el respeto a la ley, una política de cooperación para
Iberoamérica, de cooperación política y económica,
impulsando desde la Unión Europea foros como el de
San José, los acuerdos bilaterales, las relaciones con
Mercosur, etcétera. No pueden ustedes dar lecciones al
Partido Socialista en compromiso solidario con Iberoamérica,
no tienen ninguna legitimidad para cuestionar
ese compromiso y sus resultados. Si no lo pudieron
cuestionar en la legislatura pasada cuando cuestionaban
el Estado de derecho y el derecho a la política,
cuando actuaban como hoolligans, desde el todo vale
¿van a venir ahora por ese camino? Evidentemente,
nadie les va a creer.
Señor presidente, la decisión del Gobierno de hacer
una contribución extraordinaria a través del Fondo
Monetario Internacional es una iniciativa que saludamos,
que consideramos enormemente importante y por
la que no tenemos el menor reparo en felicitar al
Gobierno, ninguno. No tenemos objeciones jurídicas,
no tenemos objeciones políticas de fondo, pero sí nos
gustaría hacer algunas reflexiones al hilo de cómo ha
sido presentado desde quienes actúan como portavoces
del Grupo Popular y del Gobierno.
Si los señores Piqué, De Grandes o Montoro no
mienten, estamos ante una cifra que va a contribuir al
desarrollo de Iberoamérica. De ser así, estaríamos ante
un decreto que triplica prácticamente la actual ayuda
oficial al desarrollo, la multiplica por dos veces y
media, y tal vez habríamos llegado por fin, señor ministro,
señorías, al tan deseado 0,7 por ciento. Tras estar
tres años estancados en torno al 0,23 o 0,24, por fin
estaríamos a las puertas del 0,7 por ciento. Nos traería
aquí el Gobierno, por decreto, el gran salto adelante.
¿Es eso cierto, señor ministro? Sus representantes han
estado diciendo que esto era ayuda al desarrollo. Yo
quería preguntarle: ¿qué proporción de esos 3.000
millones de dólares será calificable como ayuda oficial
al desarrollo y qué proporción se va a dedicar a cooperar
con los amigos o con los no amigos del Gobierno?
Se nos pide aprobar a ciegas una cantidad enorme -
insisto, dos veces y media toda la ayuda oficial al desarrollo-
sin la menor transparencia. No sabemos a qué
países, a qué programas, irá destinada la contribución
de España. No conocemos en qué términos, en qué
condiciones ni en qué plazos se entregarían esos fondos.
Si esto es cooperación al desarrollo, nos planteamos
que debiera estar sometida a los principios, objetivos
y prioridades de la Ley de cooperación que aprobó
esta Cámara hace unos meses.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Señor Estrella, le ruego concluya.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Voy terminando,
señor presidente.
Programa de desarrollo social básico, salud, educación,
desarrollo humano. Para aliviar, por ejemplo, la
situación del campesino mejicano que firmó préstamos
de un millón de pesos hace siete años y ahora debe al
banco seis millones y medio.
He hablado de la Ley de cooperación, una ley que
fue aprobada con el voto en contra del PP, una ley que
establece que es el ministro de Asuntos Exteriores
quien dirige y coordina la política de cooperación al
desarrollo. ¿Cuál es el papel del ministro de Asuntos
Exteriores con relación a estos fondos que se nos plantean?
No es baladí la suplantación de criterios y objetivos,
el aumento de fondos de dudoso destino que no
controla el responsable de la cooperación al desarrollo,
como no lo es la disminución de otras ayudas, que son
sus señas de identidad también, señor ministro, de su
Gobierno, que vemos en los presupuestos. Se reducen
9.500.000 en la contribución a Unicef, 2.100.000 en el
fondo de Naciones Unidas para las poblaciones, al Alto
Comisionado de Derechos Humanos en Colombia y
14.000 pesetas -14.000 pesetas, señor ministro- le
quitan ustedes al programa de la ONU sobre el sida.
¿Se podría detraer de esta importante cantidad 14.000
pesetas, para que no perdiera nuestra contribución,
para que no diéramos la imagen de una España ridícula,
mezquina y miserable? ¿Están ustedes dispuestos a
acometer programas de regeneración y de escalonamiento
de la deuda, de mecanismos de reconversión de
deuda que hoy hipoteca las economías de muchos países
del Tercer Mundo? ¿Servirán estos recursos para
abordar la deuda de países como Perú, Cuba, Argentina
o República Dominicana? Hay dos modelos de abordar
las nuevas contribuciones al Fondo Monetario Internacional
-ésta que estamos discutiendo hoy- en la relación
con el Parlamento: el del Gobierno Aznar, ocultista,
de desprecio al Parlamento y a las leyes y de ruptura
del consenso en política de cooperación, una ruptura
tan grave como grave es el modelo elegido, el real
decreto-ley, y tan grande como elevado es el volumen
de recursos. El otro modelo es el de Estados Unidos.
¿Saben cómo lo ha hecho el Gobierno americano? En
varias semanas de negociación con el Parlamento ha
llegado a un acuerdo de principios sobre una contribución
de casi 18.000 millones de dólares, con una serie
de condiciones acordadas entre Gobierno y oposición,
entre Ejecutivo y Legislativo, y eso no se ha traducido
en debilidad del Gobierno; se ha traducido en una
mayor capacidad de conocer las prioridades, destino y
objetivos del uso de su contribución, y en una decisión
sólida, compartida, que fortalece el liderazgo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Señor Estrella, S.S. debe concluir.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Voy terminando,
señor presidente.
No es cierto, señor Mardones, que porque allí hay
un régimen donde el Ejecutivo tiene minoría en el Congreso
sea distinto. Aquí hay un Ejecutivo que tiene
minoría en el Parlamento. Lo que pasa es que tiene
unos socios complacientes, especialmente cuando se
trata de cuestiones financieras. Pero también hay un
Ejecutivo en minoría.
En definitiva, señor presidente, y con esto voy acabando,
no podemos apoyar la convalidación de un real
decreto que supone en dos de sus apartados una flagrante
violación de la Constitución. Nuestro respaldo
requeriría la retirada de ese real decreto o la retirada
cuando menos de esos dos apartados y por lo tanto la
supresión de los artículos 2 y 3.
En cuanto a la aprobación por nuestra parte de los
3.000 millones, tiene usted nuestro apoyo político, pero
exigimos al Gobierno un compromiso político de transparencia
de iniciar de inmediato negociaciones y contactos
con los grupos, para establecer la naturaleza, los
términos, las condiciones y los objetivos de esa contribución,
que recuerdo que es más del doble de la actual
ayuda oficial al desarrollo; una transparencia y un
seguimiento que en todo caso los socialistas haremos
peseta a peseta a través de la acción parlamentaria. Esta
es la oferta de consenso que hacemos los socialistas,
respeto y retorno a los cauces jurídico-constitucionales
que el real decreto pisotea y acuerdo para la máxima
transparencia y control parlamentario en el destino de
los 3.000 millones de contribución voluntaria. Si el
Gobierno lo acepta, no sólo no se debilitaría el liderazgo
internacional de España, sino que éste sería más
sólido, más creíble, más legítimo, porque articularía
detrás de sí el consenso que ustedes han destruido.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señor Estrella.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL
GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
(De Rato Figaredo): Lamentablemente, señor Estrella,
no sé si S.S. no ha querido entender lo que es una
aportación al Fondo Monetario Internacional o no lo
entiende, pero es una cuestión que no es fácil que
podamos solventar en este trámite.
Si yo he entendido bien, la posición de S.S. es que
su grupo parlamentario considera que el precedente
del año 1992 tiene que ser miméticamente conseguido
con un proyecto de ley. Yo le ofrezco a S.S. que mi
grupo parlamentario respalde la tramitación de este
decreto como proyecto de ley. A partir de ahí, creo que
todo lo que se refiere a este decreto quedaría solventado,
si lo que S.S. ha dicho es cierto; si lo que ha dicho
S.S. es una excusa, entonces debía habérnoslo avisado
para ni siquiera tener que responder. Pero si es cierto
lo que S.S. ha dicho y es que el precedente de 1992
queda subsanado porque S.S. considera que un decreto-
ley no es un elemento jurídico similar a una ley,
cuestión que no voy a discutir con S.S. porque no me
considero un jurista y por lo tanto no voy a competir
con S.S. -ya compite S.S. con el Consejo de Estado y
creo que es un competencia de alto nivel, a la que yo
no me sumo-, no tenga ninguna duda de que el
Gobierno está dispuesto -y se lo ha manifestado así a
los grupos parlamentarios- a que este decreto-ley se
tramite como proyecto de ley. Y ahí se acaba el debate
sobre esta cuestión. Porque a partir de ahí S.S. ha entrado
en otro debate que no tiene nada que ver. Aportar a
un fondo del Fondo Monetario Internacional 3.000
millones de dólares en derechos de giro no tiene nada
que ver con la cooperación, señoría. Nada que ver. Y
no me venga con lo que han dicho. Probablemente, el
hecho de que S.S. y su grupo parlamentario nunca
hayan sido capaces de hacer una ley de cooperación le
lleva a S.S. a confundir los derechos especiales de giro
con la política de cooperación. Pero eso S.S. tendrá que
explicárselo a los grupos parlamentarios. Este decretoley
no tiene nada que ver con la cooperación, como no
tiene nada que ver el acuerdo de Estados Unidos. Y S.S.
debería saber que lo que ha hecho el Congreso norteamericano
durante meses ha sido retrasar las obligaciones
financieras de Estados Unidos con el Fondo Monetario
Internacional, que no se dedica a la cooperación.
Y S.S. debería saber que el Fondo Monetario Internacional
no tiene nada que ver con la cooperación al Tercer
Mundo, ni de Estados Unidos, ni de España, ni de
ningún otro país. Otra cosa muy distinta es que si un
país en vías de desarrollo, una economía emergente,
tiene problemas de liquidez, porque la crisis internacional
afecta a su liquidez, es decir, que los créditos a
corto plazo de ese país no son renovados por el sistema
financiero internacional, eso acaba trasladándose a
la vida diaria de los ciudadanos. Porque, ¿qué sucede
en un país hipotético que tenga que cancelar 5.000
millones de dólares en los próximos seis meses de
deuda internacional y no pueda tener refinanciación de
esa deuda internacional? ¿Sabe S.S. lo que sucede? Que
el Gobierno tiene que reducir el presupuesto interno
para tener suficientes reservas y probablemente tiene
que subir los tipos de interés para tener suficientes
reservas, reducir las importaciones, reducir el consumo
interno y por tanto producir paro y por tanto producir
miseria en su país, para tener las suficientes reservas y
pagar esa deuda. Eso, señoría, no tiene nada que ver
con la cooperación internacional. No tiene nada que
ver y lo saben todas las personas que de buena fe se
aproximan a este tema. Si S.S. no se quiere dar cuenta
de lo que quiere decir un problema de liquidez en una
economía emergente, S.S. debe hacer un claro esfuerzo.
Por ello, todo lo que nos ha contado sobre sus teorías
sobre la cooperación internacional, que ha sido
muy interesante -por cierto, vuelvo a reiterarle, que
ya nos hubiera gustado votar una ley de cooperación
internacional cuando ustedes estuvieron catorce años
en el Gobierno-, todo eso no tiene nada que ver con
este decreto-ley. Y lo que ha sucedido en Estados Unidos
no tiene nada que ver con la política de cooperación
norteamericana y todos esos argumentos o nos los
ha colocado para poder hacer un discurso de más de
un minuto -cosa que es parlamentariamente entendible-
o simplemente ustedes nos acusan de deslealtad
y de otras palabras extraordinariamente gruesas, sin
que tenga la menor validez.
En resumen, señorías, si la posición de su grupo parlamentario
es que se da por satisfecho si el precedente
del año 1992 es un proyecto de ley... (El señor Estrella
Pedrola hace gestos negativos.) Si no lo es, para
eso vamos a votar. Desde luego, el Gobierno es absolutamente
partidario -y es una voluntad de los grupos-
de que se tramite como proyecto de ley.
Respecto a las otras consideraciones, no tienen nada
que ver con este debate. Usted puede utilizarlas, pero
no para este debate. Puede utilizarlas como referencia
política, porque S.S. quiere ilustrar a la Cámara sobre
sus conocimientos de la cooperación y sobre sus posiciones
sobre la cooperación, que siempre son muy interesantes,
pero con las aportaciones de los países miembros
al Fondo Monetario Internaional no tienen
absolutamente nada que ver.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señor vicepresidente.
Señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Muchas gracias,
señor presidente. Voy a ser muy breve.
He dicho que el aumento de recursos, el undécimo
aumento de recursos, se podía haber tramitado como
proyecto de ley, al igual que lo fue el noveno con el
Gobierno anterior. Pero no es ese el caso de la cuarta
enmienda del convenio, que evidentemente es un tratado
internacional, que es como se está tramitando ahora
mismo en la Cámara. Y eso no lo sabe usted o está
intentando confundir a quienes le están escuchando.
Explíqueselo usted a su portavoz y a su ministro portavoz,
que son los que durante la semana pasada han
estado repitiendo que el Partido Socialista, con su posición,
estaba dañando la política española de cooperación
al desarrollo. Han sido ellos quienes lo han dicho.
Si ellos lo ignoran, déles usted la clase a ellos, no me la
dé a mí; yo sé perfectamente lo que tengo que saber
sobre este tema, como sé también que hay determinados
programas que se financian con fondos del Fondo
Monetario Internacional que sí se pueden calificar
como ayuda oficial al desarrollo. Y usted también lo
sabe. Luego no estoy desvariando en absoluto cuando
afirmo eso.
Finalmente, me alegro de que fuera su Gobierno el
que presentara la Ley de cooperación y me alegro
desde una envidia sana. Me hubiera alegrado mucho
más que su partido, su grupo parlamentario, se hubiera
unido al consenso y hubiera votado a favor de esa ley
en el Congreso de los Diputados, en su votación final.
(Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señor Estrella.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL
GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
(De Rato Figaredo): Gracias, señor presidente.
Si S.S. considera que el acuerdo que se está tramitando
en la Cámara en este momento es satisfactorio
para lo que representan los nuevos acuerdos del Fondo
y considera que la tramitación como proyecto de ley de
este real decreto también es satisfactoria para el resto
del contenido, sólo puedo entender que S.S. se opone
por razones políticas, que es donde está la situación.
Ustedes se oponen por razones políticas; ustedes se
encuentran con que no quieren aceptar que el Gobierno
plantee una iniciativa que ustedes nunca pudieron
plantear, porque tenían que defender que la peseta no
se devaluara. Esa es la realidad. Ustedes se encuentran
con que ustedes, durante todos esos años en que tuvieron
responsabilidades de Gobierno, nunca pusieron a
la economía española en condiciones de ser solidaria
en cuanto a balanzas de pagos. Esa es la situación.
Ustedes hicieron otras operaciones de solidaridad, que
nosotros les reconocemos y respaldamos, pero esta no
la pudieron hacer y no la pudieron hacer por razones
macroeconómicas que todos los españoles hemos
conocido. Entonces, se encuentran ante una situación
en la que un Gobierno del Partido Popular puede hacer
algo que ustedes no pudieron hacer y su reacción es
impedirlo; su reacción es impedirlo, su reacción es
retrasarlo, su reacción es que nosotros no tengamos
capacidad política para impulsar una acción de este
tipo en la Unión Europea, su reacción es que, si nosotros
no actuamos con rapidez y no generamos una
dinámica de rapidez en las instituciones europeas, países
amigos pueden tener problemas de balanzas de
pagos y esos problemas de balanzas de pagos se trasmiten
en miseria y en paro en sus sociedades. Y esa es
su responsabilidad. Pero las responsabilidades políticas
se asumen por los partidos políticos que toman posiciones.
Ustedes hoy toman una posición, acepten sus
responsabilidades políticas. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señor vicepresidente.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor
presidente.
El Bloque Nacionalista Galego no va a dar su apoyo
a la convalidación del real decreto porque, como organización
política, estamos en total desacuerdo con la
política practicada por el Fondo Monetario Internacional,
que empieza siendo monetaria, que se convierte
en financiera y acaba siendo una auténtica política económica.
Voces muy ecuánimes han calificado muchísimas
veces esa política de un auténtico control de lo
que se hace a escala económica en gran parte de la
humanidad y que ya se ve qué resultados tan poco
positivos está dando. En todo caso, el decreto se presenta
como un aumento de los mecanismos de ayuda
multilateral a través del Fondo Monetario Internacional
y nosotros queremos recordar que este tipo de ayudas
multilaterales han mejorado sensiblemente lo que
muchas veces se consideran datos macroeconómicos,
como, por ejemplo, la contención de la inflación o del
déficit público, pero todo eso contrasta con los resultados
sociales para gran parte de la población de Perú,
de Argentina o de Méjico. Discrepamos, por lo tanto,
de este tipo de soluciones que no coinciden con los
intereses de la mayoría.
El señor ministro ha dicho que los Estados iberoamericanos
no eran responsables de la crisis que están
empezando a padecer agudamente. Y nosotros preguntaríamos
quién tiene la responsabilidad sino, entre
otros muchos, la política económica practicada e
impuesta a través de organismos internacionales tan
notorios y con tanta fuerza como el Fondo Monetario
Internacional. Vemos, por lo tanto, este decreto-ley
como un parche, no como un cambio de modelo de la
globalización que nosotros, sin duda, desde la perspectiva
incluso de la defensa de un capitalismo de rostro
humano, pensamos que debe ser rectificado necesariamente.
Como el Gobierno presenta este decreto-ley como
una respuesta inmediata, dentro de una filosofía y una
práctica que condujeron a muchos países, no solamente
del este asiático, sino también de Iberoamérica, a
esta situación, nosotros vamos a ser prudentes y no
vamos a votar en contra; nos vamos a abstener, pero
con la conciencia clara de que con este tipo de mecanismos
no conducimos a todas esas zonas en crisis a
una auténtica política económica que repercuta favorablemente
a escala de la mayoría de la población, sino
que se reproduce un esquema bastante nefasto. Y ahí
está el ejemplo de la ex Unión Soviética y de toda Iberoamérica
y será también el ejemplo de alguna parte de
Europa, si no lo remediamos rápidamente.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señoría.
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la
palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias,
señor presidente.
Comienzo por decir que mi grupo, tal como había
adelantado ya en el debate previo sobre esta cuestión
de conflicto entre esta Cámara y el Gobierno de la
nación, va a pedir, pide y apoyará que se tramite este
real decreto-ley con carácter de urgencia como proyecto
de ley. Y esto dicho a los efectos de que, dándole el
máximo rango que puede dar esta Cámara, aparte de
una ley orgánica, que hemos empleado para los grandes
acuerdos y tratados internacionales, como por
ejemplo el de adhesión de España a la Unión Europea
o los consecuentes tratados derivados de la misma, no
quede ninguna sombra de duda del derecho positivo
que va a amparar esta norma. Que, al tramitarla como
ley, con carácter de urgencia, ni siquiera sobre el
artículo 3, que habíamos puesto -yo, personalmente-
en determinado momento en cuestión, pudiera caber
algo que no lo incorporase plenamente a la legislación
española.
Recordemos que el artículo 94 de la Constitución
española, al hacer referencia a lo que se entiende por
nuestro ordenamiento interno jurídico, remite también
al título preliminar del Código Civil sobre el alcance de
los acuerdos internacionales. Por tanto, defendemos la
tramitación de este real decreto como ley, como ya ha
propuesto el señor ministro de Economía y Hacienda,
en nombre de su grupo y en nombre del Gobierno,
para que tenga la consagración parlamentaria que necesita
la norma.
Dicho esto, nosotros vamos a apoyar también la convalidación
de este real decreto-ley en razón de una
serie de principios con los que coincidimos plenamente.
En primer lugar, una línea de consecuencia y congruencia
de España con los compromisos internacionales
en aquellas organizaciones, como el Fondo
Monetario Internacional, de las que formamos parte
con pleno derecho, y porque consideramos que España
tiene en este momento unos recursos financieros que le
permiten aportar liquidez a estas organizaciones internacionales,
para que, en el último término de los descalabros
financieros que puedan ocurrir, no se produzcan
sobre nuestras economías los denominados efecto
tequila o efecto dominó, como ocurrió en Méjico, Canadá
y Estados Unidos. En segundo lugar, por un principio
de solidaridad con las economías de Centro y Suramérica,
con los países iberoamericanos, en los que
España mantiene una balanza de pagos positiva y que
es necesario atender en este principio de solidaridad
financiera. En tercer lugar, porque, como ha señalado
el ministro de Economía y Hacienda, estamos en el
marco de una economía globalizada, en una situación
de compromisos internacionales fundamentalmente,
implícita en la nueva arquitectura financiera, y los países
que tienen la capacidad de aportar liquidez en esa
nueva arquitectura financiera deben hacerlo para evitar
verdaderos cataclismos y derrumbes en todos los órdenes,
económicos, políticos y sociales. Porque no nos
quepa duda de que un derrumbe de la economía de
determinados países va a crear incertidumbre incluso
respecto al sistema democrático que tienen, para sustituirlo
por procedimientos autoritarios o dictatoriales.
Nosotros entendemos que este principio de prestigio
propio nacional, tanto individualmente para España
como por parte de país miembro de la Unión Europea,
hacen aconsejable la disposición de estos instrumentos
financieros expresados en las unidades de giro que
aquí se reconocen.
Dicho esto, señor presidente, no me queda nada más
que ratificarme en los anteriores principios que expuse
en mi anterior intervención, para mostrar nuestro
apoyo a la convalidación de este Real decreto-ley y su
tramitación como proyecto de ley.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Catalán, Convergència i Unió,
tiene la palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Gracias, señor presidente.
Brevemente, quiero manifestar que nuestro grupo
valora muy positivamente la iniciativa adoptada por el
Gobierno español en este caso en lo que efectivamente
supone un paso al frente, por delante incluso de los
propios socios europeos, un gesto de audacia y un
gesto que puede tener el efecto, y así se pretendía, de
arrastrar a otros países a un mayor compromiso con el
Fondo Monetario Internacional, dentro del contexto de
la crisis -crisis mundial, crisis global-, muy particularmente
en el ámbito de América Latina.
El contenido de este decreto-ley -lo he comentado
antes cuando hablábamos de los aspectos formales-,
el contenido de este mayor compromiso de España y
por tanto ese gesto de solidaridad hace que no sólo le
podamos dar más o menos silenciosamente nuestro
apoyo, sino que nos parece absolutamente correcto.
Incluso pediríamos más, no digo en este caso concreto
pero sí en ese compromiso que venimos reclamando y
que hemos reclamado en ocasiones anteriores de España
en el marco de los organismos económicos internacionales,
donde durante años había tenido un papel
que podía calificarse claramente de pobre. En este caso
se empieza a corregir y se da a España un protagonismo,
que es el que se merece, muy particularmente en
lo que hace referencia a sus relaciones con América
Latina, donde, es cierto, la solidaridad se mezcla con el
interés, interés que no por ello deja de ser legítimo.
Por tanto, nuestro voto es favorable con pleno convencimiento
y sin perjuicio de las reservas en cuanto a
la dimensión formal de este decreto-ley, que ya hemos
manifestado en nuestra intervención anterior que no
nos parece que sea el mejor mecanismo. Creemos que
estamos, lo he dicho antes, ante una aplicación provisional
tácita y como tal la vemos; no ha sido calificada
propiamente como tal en el momento de la publicación
en el Boletín Oficial del Estado de este texto pero como
tal la vemos, como una aplicación meramente provisional
mientras este Congreso y posteriormente el Senado
no se pronuncien. De ahí que mi grupo vaya a votar no
sólo favorablemente la convalidación del decreto-ley
sino también su posterior tramitación como proyecto
de ley, de cara a sanar ese defecto formal que tiene en
este momento este texto, que quedaría neutralizado,
que quedaría en mala situación, si simplemente fuera
convalidado por el Congreso sin que posteriormente se
pudiera pronunciar el Senado.
Concluyo. Plena satisfacción por el texto, plena
aprobación al texto en su contenido y sin embargo
reservas en cuanto a su dimensión formal. De ahí que
pidamos, para sanar esos aspectos formales y basándonos
en lo que ha sido comentado en el punto anterior,
su conversión en proyecto de ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Gracias, señor Guardans.
En nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida,
tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señor presidente.
Nosotros ya hemos anunciado el voto negativo a este
decreto-ley, porque, como ya comentamos en su
momento, en las cuestiones democráticas la forma es el
fondo y por tanto no nos parece lógico, ni legítimo, ni
legal -hemos aducido incluso razones del señor Sainz
de Bujanda-, por decreto-ley, traer a esta Cámara
cosas que no se deben traer.
Entrando en el contenido, naturalmente también
tenemos una disonancia radical con respecto a lo que
se pretende e intentaremos corregirlo en el trámite de
enmiendas, si se aprueba su tramitación como proyecto
de ley. En principio quería comentar, aunque fuese brevísimamente,
una aseveración que ha hecho el señor
Rato. El señor Rato, a la hora de hablar de las características
de esta transferencia, por así decirlo, nos ha
venido a decir que todo sale gratis, que esta especie de
transferencia nos sale gratis, porque, de una forma o
de otra, nos concede una especie de derechos especiales
de giro y que esto no va a tener repercusión ni económica
ni presupuestaria.
Señor Rato, que nosotros entreguemos un activo,
aunque sea a través del Banco de España, y que no
tenga repercusiones económicas no se lo cree nadie.
Eso no es posible; en ese sentido, usted no ha dicho la
verdad. Segundo. Que intente vendernos a todos como
normal la idea de que este tipo de transferencias, en
función de la total independencia del Banco de España,
no debiera tener, en pura lógica democrática, un
reflejo presupuestario, tampoco lo compartimos de ninguna
de las maneras. Por lo tanto, esa reflexión de que
todo sale gratis no tiene ningún sentido y nosotros no
la compartimos en absoluto.
Desde los años setenta, el sistema monetario internacional
está sufriendo un desorden absoluto y cotidiano,
desorden que no ha tenido ningún liderazgo, no ha
habido ninguna institución que introdujera indicios de
racionalidad, de orden. El Fondo Monetario Internacional
ha funcionado como una especie de instrumento al
servicio de intereses económicos privados, particulares
o muy sectoriales, y en absoluto ha introducido ningún
tipo de racionalidad; es más, se ha convertido en un
instrumento en función de esa especie de solidaridad
financiera, solidaridad neoliberal de la que ustedes
hablaban, de la que el señor Ollero hablaba en su primera
intervención, que, al mismo tiempo que inyectaba
dinero a través de este tipo de transferencias que ustedes
hacen, imponía una serie de planes, una serie de
ajustes durísimos que al final hacían que ese país concreto
y singular no pudiera tener, primero, política económica
propia y, segundo, ninguna política que tuviera
ningún sesgo social de verdad. (El señor presidente
ocupa la Presidencia.) Ahí están las sublevaciones,
incluso callejeras, que se han producido, tomando ya
como adversario directo y con sus siglas al Fondo
Monetario Internacional.
Que se nos intente vender aquí, como ha hecho el
señor Ollero antes de irse después de su intervención un
tanto vitriólica y biliosa, el Fondo Monetario Internacional
como un instrumento de solidaridad es algo que
clama al cielo, que clama al cielo, repito, según se están
dando las cosas en el mundo. Otra cosa es que ustedes
nos hablen de que tienen que mantener como sea el sistema
financiero en un momento determinado tal y como
están las cosas y en función de la crisis que atravesamos.
Por cierto, que, en la nueva ordenación de la crisis que
se había diseñado, ya hay países que se están separando
del modelo previsto. Francia acaba de distanciarse de
manera seria del acuerdo multilateral de inversiones. Yo
pregunto al Gobierno español qué va a hacer con respecto
a ese instrumento que se decía que, junto al Fondo
Monetario y otros, iba a ordenar de manera sólida y definitiva
el sistema financiero internacional. Y al mismo
tiempo, señores del Gobierno y señores que hablan de
la solidaridad intrínseca al Fondo Monetario Internacional,
¿podemos tener confianza en que los bancos centrales
nacionales, en función de los criterios de autonomía,
de independencia absoluta, que actualmente los rige,
van a seguir, como ya ha pasado en algún caso, cooperando
en políticas directamente especulativas en ciertos
países? Lo hemos visto hace muy pocos días en los Estados
Unidos, cuando ha caído un fondo, un fondo específico
que ha quebrado. Ahí nos hemos encontrado con
partidas muy serias del banco central italiano. Miren a
dónde lleva la independencia de los bancos nacionales,
a una inversión especulativa de un banco central europeo,
por lo tanto, inscrito en la red europea de bancos
centrales. Pero, claro, ustedes inauguran ahora unos criterios,
a través de la intervención del Banco de España,
y dicen que nos sale gratis. Y ya veremos a dónde conduce,
señor Rato. Ya veremos a dónde nos conduce esta
cultura que permite utilizar también al Banco de España
en cuestiones como ésta, derivadas del funcionamiento
del Fondo Monetario Internacional.
El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, concluya, por
favor.
El señor ALCARAZ MASATS: Termino, señor presidente.
Ustedes nos hablan de una solidaridad con la banca,
con el sistema financiero, una solidaridad neoliberal
que produce serias contradicciones con el cuerpo
social de los distintos países en los que el Fondo Monetario
Internacional introduce programas de ajuste durísimos,
que, repito, entran en contradicción con los intereses
de la población.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Aguirre.
El señor AGUIRRE RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Señorías, de esta forma quizá
nos evitemos todos más tiempo y más turnos.
Adelante, señor Aguirre.
El señor AGUIRRE RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
Superado el debate del punto anterior del orden del
día, queda en el clima de esta Cámara que algún grupo
parlamentario va a mantener una discrepancia de fondo
y de forma con el Consejo de Estado y con los informes
que éste ha emitido en relación con este real
decreto-ley. No se trata, por lo tanto, de valorar si en
este caso está o no pisoteada la Constitución -refiriéndome
a palabras pronunciadas por otros portavoces-,
se trata de que un grupo parlamentario de esta Cámara
mantiene una discrepancia en las valoraciones jurídicas
que ha hecho el Consejo de Estado en este decreto-ley.
En cuanto a la disposición del grupo parlamentario
sobre que se cumpla escrupulosamente la participación
de esta Cámara y de las Cortes en el debate sobre el
contenido y forma de este decreto-ley, mi grupo se
suma también a los grupos que ya han anunciado su
tramitación como proyecto de ley ordinario. Parece que
no ha quedado duda en ninguno de los grupos parlamentarios
de cuál es el carácter urgente que ha movido
al Gobierno a tomar la iniciativa y a liderarla en los
foros europeos e internacionales. Hoy ya nadie duda
de las dificultades de liderazgo por las que atraviesan
algunos países, ni tampoco nadie duda de que la recesión
económica surgida en Japón, acompañada de la
propia inestabilidad política de aquel país, está en el
origen de algunas de las turbulencias financieras. Las
perturbaciones de otros países asiáticos, sumadas a las
caídas de los índices de las economías latinoamericanas
y a las bajadas de los valores en la región europea, son
un conjunto de elementos que han generado una perturbación
financiera que tiene ya en algunos países
derivadas en la economía real. Pero tampoco nadie
duda, por lo que he podido comprobar, que Latinoamérica
está siendo especialmente dañada y que ha
mantenido históricamente lazos con nuestro país, hacia
los cuales tendríamos ahora que ser sensibles y reforzar.
Países latinoamericanos como Brasil, Argentina,
Venezuela, Chile o Perú, se están viendo afectados por
el equilibrio, mejor dicho desequilibrio, de sus cuentas
públicas y por el equilibrio o desequilibrio de sus cuentas
comerciales, lo que está promoviendo que aquellos
países se encuentren zarandeados de forma especial
por el efecto dominó que generan las crisis asiáticas y
las crisis políticas de otros países. A eso habría que
añadirle, en el caso latinoamericano que vive y tiene
una exposición muy fuerte en todo lo que es el componente
de los precios de las materias primas, la evolución
a la baja de los precios de las materias primas. Eso
ha derivado en que las economías latinoamericanas
estén atravesando una falta de confianza en sus cuentas
públicas y en sus economías. Es ahí donde entra,
precisamente, la solidaridad y la sensibilidad españolas
para intentar ayudar a que se puedan restablecer esos
desequilibrios en las cuentas públicas y en las corrientes
comerciales de los países latinoamericanos. Ahí reside
principalmente el espíritu solidario de este decretoley
que hoy aprobaremos después del debate.
Es visible que hay que ayudar a los países latinoamericanos
a equilibrar sus déficits, es visible también
que quienes tienen que promover esa ayuda son aquellos
países que atraviesan por situaciones económicas
más holgadas, como es el caso español. Pero no sólo
por estas razones hay que promover estas ayudas. Yo
creo que si, como ha ocurrido en esta Cámara, todos
los grupos parlamentarios coincidimos en el diagnóstico,
todos votaremos políticamente a favor de la oportunidad
de reaccionar internacionalmente para ayudar a
estos países, todos coincidiremos en la conformidad
respecto al Fondo Monetario Internacional como instrumento
para encauzar esas ayudas. Si España, con esta
iniciativa, mejora su presencia no sólo en el Fondo
Monetario Internacional sino también en el foro internacional
latinoamericano; si ayudamos a los países que
van a salir beneficiados de esta solidaridad y al mismo
tiempo estamos ayudando a las empresas exportadoras
españolas y clarísimamente también a la economía y a
la internacionalización de nuestras empresas...
El señor PRESIDENTE: Señor Aguirre, vaya concluyendo,
por favor.
El señor AGUIRRE RODRÍGUEZ: Todas estas razones
avalan que estemos ante un proceso de solidaridad
y de sensibilidad con los países latinoamericanos. Es
probable que otros grupos de esta Cámara tengan que
empeñarse en los futuros días en explicar por qué han
impedido e impiden con sus votos que estas ayudas
vayan a equilibrar las cuentas y los déficit de las economías
latinoamericanas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aguirre.
Vamos a proceder a la votación correspondiente al
segundo punto del orden del día, convalidación o derogación
del Real Decreto-ley número 14, de fecha 9 de
octubre de 1998, de adhesión de España a diversos
acuerdos del Fondo Monetario Internacional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 319; a favor, 172; en contra, 142;
abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la convalidación
del real decreto-ley.
Al haberse solicitado por un grupo parlamentario al
menos la tramitación como proyecto de ley, se somete
a votación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 320; a favor, 192; en contra, uno;
abstenciones, 127.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la tramitación
como proyecto de ley del decreto-ley convalidado.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y cuarenta minutos de la tarde.