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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 188, de 27/10/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 1998 VI Legislatura Núm. 188
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO
TRIGO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 182
celebrada el martes, 27 de octubre de 1998
ORDEN DEL DÍA:
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 1999. «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie A, número 140-1, de 1 de octubre de 1998
(número de expediente 121/000141) ... (Página 10027)
- Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas
y del Orden Social (número de expediente
121/000142) ... (Página 10027)
S U M A R I O
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página 10027)
Proyecto de ley de Presupuestos Generales
del Estado para 1999 ... (Página 10027)
Proyecto de ley de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social ... (Página 10027)
En nombre del Gobierno, presenta los proyectos de ley
el señor vicepresidente segundo del Gobierno y
ministro de Economía y Hacienda (De Rato y
Figaredo). Pone de relieve, en primer lugar, el diferente
escenario en que se presentan este año los presupuestos
y los objetivos principales que persiguen,
que son prolongar el crecimiento y la creación de
empleo y continuar impulsando las políticas de bienestar.
Asimismo manifiesta que son los terceros presupuestos
presentados por el Gobierno del Partido
Popular ante la Cámara y pasa a valorar los resultados
de la política aplicada y el camino elegido para
alcanzarlos. A continuación expone la visión del
Gobierno sobre la situación internacional, sustancialmente
distinta de la de hace un año debido a la
crisis financiera localizada en Japón y en otros países
asiáticos, extendiéndose a lo largo de los últimos
doce meses al conjunto de las economías emergentes.
Destaca la propuesta del presidente del Gobierno en
la última reunión del Consejo Europeo y en la Reunión
Iberoamericana de Oporto y defendida por él
mismo, como ministro de Economía y Hacienda,
tanto en el Fondo Monetario Internacional como en
las sucesivas reuniones del Ecofin, encaminada a
diferenciar a los países iberoamericanos de los otros
países emergentes y a aportar los recursos necesarios
para que estas economías puedan afrontar con éxito
el contagio que supone una crisis de liquidez. Por
otra parte, considera que los esfuerzos de consolidación
fiscal, las reformas liberalizadoras y la corrección
de desequilibrios que todas las economías europeas
acometieron en el proceso de convergencia
nominal y que eran necesarias para la creación de
la moneda única han protegido en gran medida al
área euro de la crisis descrita anteriormente. Explica
a continuación la situación económica de Estados
Unidos y da cuenta de la recuperación económica
mundial que se vislumbra para el año 1999, así
como del comportamiento positivo de la economía
española, que ha sido posible gracias a la política de
estabilidad y flexibilidad que se viene aplicando
desde 1996, permitiendo prolongar el crecimiento y
mantener un intenso ritmo de creación de empleo.
Expone la voluntad del Gobierno de seguir con la
política de liberalización de la economía y anuncia
seis iniciativas que se llevarán a cabo en los próximos
meses en este sentido: la presentación de un
nuevo proyecto de ley de enjuiciamiento civil, de una
nueva ley de defensa de la competencia, de una
nueva ley de contratos de las administraciones públicas
y de una nueva ley general presupuestaria. Asimismo
el Gobierno va a acometer un impulso decidido
a la simplificación administrativa y va a adoptar
nuevas iniciativas en el ámbito financiero. Todo ello,
añade, junto con los presupuestos y con la reforma
fiscal, no son sólo medidas estructurales a largo y
medio plazo, sino claramente respuestas ante la crisis
financiera internacional, como lo son también el
diálogo social y la modernización del mercado laboral
con el contrato a tiempo parcial.
Pasa a abordar la ejecución de los presupuestos
de 1998 y llega a la conclusión de que el Gobierno
acude al debate con los deberes cumplidos puesto que
se han conseguido los ambiciosos objetivos que se
propusieron entonces. A continuación, analiza las
cuatro grandes áreas que acometerán los presupuestos
de 1999 para la consecución de los dos grandes
objetivos de más crecimiento y empleo y más calidad
de los servicios públicos, como son la reducción del
déficit público, a través de la contención del gasto y
su reestructuración; las políticas activas de empleo;
la reforma del impuesto sobre la renta de las personas
físicas y la mejora de la calidad de las políticas
de bienestar. Asimismo describe el papel que juega,
dentro de la estrategia del Gobierno para responder
a los dos objetivos propuestos a la Cámara, la modernización
del sistema tributario. Termina su intervención
solicitando de la Cámara el respaldo a estos
presupuestos para 1999 y, en el caso de que no sea
así, un debate sobre los objetivos e instrumentos
alternativos de otros grupos parlamentarios.
El señor Borrell Fontelles defiende la enmienda de
totalidad de devolución presentada por el Grupo
Socialista. Comienza señalando que el presupuesto
para 1999 se presenta en un momento frágil de la
economía mundial, acompañado de reformas fiscales
regresivas que, según el Gobierno, lo mismo sirven
para fomentar el ahorro que para aumentar el
consumo, y todo ello mientras el diálogo social se
empantana y resquebraja y los gobiernos socialdemócratas
de la Unión Europea proponen dar un
nuevo impulso a las políticas de crecimiento del
empleo.
Alude a continuación al oscurantismo de las cifras
del proyecto de presupuestos elaborado antes del
verano y no modificado después, a pesar del cambio
drástico de las circunstancias que, parece lógico,
afectasen al cuadro macroeconómico y a las previsiones
presupuestarias. En cambio sí funciona el
gran aparato propagandístico sobre lo bien que van
las cosas, alabando las virtudes del presupuesto sin
que les ruborice que los números les contradigan flagrantemente.
Hablan así de que suben las inversiones
públicas, cuando en realidad caen con respecto
a las que se van a realizar este año; que se refuerza
el presupuesto educativo, pero sin decir que es en
beneficio de los centros privados; que se incrementan
las inversiones en investigación y desarrollo,
pero sólo porque incluyen en ellas, indebidamente,
la compra de material militar, o que baja la lista de
espera en los hospitales, cuando han suprimido toda
información oficial en las memorias del Insalud.
Sobre el balance de la política presupuestaria expone
que el mismo se resume en una serie de rasgos característicos
que se apoyan en un ciclo económico favorable
y la liquidación del patrimonio empresarial
público, en el incremento de la presión fiscal global
y de la indirecta, en el desvío del gasto público hacia
los activos financieros que no computan en déficit y
en el traslado del gasto hacia atrás y hacia adelante.
Se habla de aumentos en la inversión pública en
educación y en sanidad, pero las cifras del presupuesto
demuestran una vez más que lo que se dice
no responde a la realidad.
Menciona a continuación algunas partidas destinadas
a vivienda, educación o sanidad, que no se
corresponden con lo manifestado por los representantes
del Gobierno y que, en todo caso, como en
tantas otras cosas, tienden a privilegiar lo privado.
En relación con la Seguridad Social, el presupuesto
para el año que viene, igual que los dos presupuestos
anteriores, traslada el déficit del Estado a la Seguridad
Social, a la que además se impide que constituya,
con cargo a sus actuales superávit del sistema
contributivo, las reservas que necesitará en el futuro
para poder aplicar lo previsto en el Pacto de Toledo.
En materia de creación de empleo critica el que no
propongan nada nuevo, sino que se conformen con
permanecer enganchados al ciclo económico y que
sea éste el que, como siempre cuando crece la economía,
cree el empleo, pero el problema es que no basta
con ello. En definitiva, estando bastante de acuerdo
en la descripción de los problemas con el señor Rato,
considera que la principal medida de política de
empleo que se propone en estos presupuestos consiste
en reducir las cotizaciones sociales de forma indiscriminada
para un tipo de contrato, financiándolas
con cargo a las cotizaciones que pagan los trabajadores,
lo que es injusto, porque las medidas para
crear empleo deben ser pagadas solidariamente por
todos los ciudadanos a través de los impuestos.
Termina señalando el señor Borrell que los representantes
del Gobierno desprecian lo público y creen
que las pretensiones igualitarias no tienen cabida en
el mundo de hoy y, por ello, proponen entregar la
solución de todos los problemas al mercado. Por el
contrario, los socialistas no quieren renunciar a lo
que queda de solidario en el mundo en que vivimos
y, consiguientemente, rechazan estos presupuestos y
mantienen su enmienda de totalidad de devolución.
Contesta el señor vicepresidente segundo del
Gobierno y ministro de Economía y Hacienda
(De Rato y Figaredo).
Replica el señor Borrell Fontelles, duplicando el señor
vicepresidente segundo del Gobierno y ministro
de Economía y Hacienda.
Defiende la enmienda de totalidad de devolución, presentada
por el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, el señor Ríos Martínez. En primer
lugar manifiesta su preocupación y desconfianza
ante los logros y anuncios puestos de manifiesto por
el señor Rato, porque entiende que a la sombra del
control del déficit y la inflación se quiere colar de
puntillas un deterioro de lo público en todos los frentes
posibles. Hace una serie de preguntas sobre cómo
es posible que la economía crezca un 3,8 por ciento
cuando el empleo sólo lo hace un 2,8 por ciento, y
sobre distintos aspectos del mercado laboral y de las
prestaciones por desempleo, jubilación, etcétera.
Considera que los presupuestos para 1999 están
maquillados y las previsiones de ingresos hinchadas
y que el Gobierno carece de un modelo de Estado
comprometido con la mejora social que se deriva del
crecimiento económico y de un modelo territorial
que potencie el futuro de todas las nacionalidades y
regiones que componen España. Pide la devolución
de estos presupuestos para 1999 basándose en que
no reducen el paro ni amplían la cobertura del
desempleo, carecen de un modelo de Estado solidario,
tienen un carácter opaco, de escaso rigor y regresivo
en cuanto a los ingresos y los gastos y en que la
ley de acompañamiento es, según su opinión y la de
muchos, inconstitucional. Considera que estos presupuestos,
mal llamados del euro, no están pensados
para construir Europa ni para el bien de todos los
españoles, sino para una minoría que se beneficia
del dogma de que la economía ha de estar al servicio
de los mercados monetarios, y añade que sólo habrá
una Europa duradera si se hace frente al paro y se
superan los desequilibrios sociales y territoriales de
los pueblos que componen Europa. En donde sí considera
que existe una voluntad firme del Gobierno es
en los ritmos de crecimiento del consumo privado,
del que depende más del 60 por ciento de la actividad
económica, pero añade que el consumo privado
de unos pocos sube mientras que el de otros muchos
baja, y critica la reforma del IRPF que, afirma, es
regresiva porque quedarán fuera de ella los cinco
millones de pensionistas con pensión inferior al salario
mínimo interprofesional, el casi millón y medio
de parados sin prestación por desempleo, los parados
con prestaciones familiares y los millones de contra-tos
temporales o a tiempo parcial.
A continuación pasa a exponer la orientación que
su grupo daría a estos presupuestos, con un mayor
contenido social, flexibilizando los criterios del déficit
y apostando fuerte por la creación de empleo estable
y la reducción de la jornada laboral a 35 horas
semanales, pero con unos mandamientos distintos a
los seguidos por el Gobierno, es decir, potenciando
los impuestos directos, luchando contra el fraude e
introduciendo una tasa ecológica y la fiscalidad de
las grandes fortunas.
Pasa a criticar el avance de liquidación del presupuesto
de 1998 efectuada por el señor Rato, preguntándose
cómo es posible que se pueda decir que a 31
de agosto está liquidado el 97 por ciento de las obligaciones
reconocidas y realizado el 96,6 por ciento
de los pagos, sin ninguna otra explicación.
Para terminar resume las razones por las que solicitan
la devolución al Gobierno de los dos proyectos de
ley en que obedecen a malos criterios contables, son
regresivos y arcaicos en los principios, no son los que
España necesita, se sitúan del lado del beneficio de
los poderosos y se olvidan del paro y de la necesidad
de empleo estable.
Contesta el señor vicepresidente segundo del Gobierno
y ministro de Economía y Hacienda (De Rato
y Figaredo).
Replica el señor Ríos Martínez, duplicando el señor
vicepresidente segundo del Gobierno y ministro
de Economía y Hacienda.
En un segundo turno intervienen de nuevo el señor Ríos
Martínez y el señor vicepresidente segundo del
Gobierno y ministro de Economía y Hacienda.
Se suspende la sesión a las tres y quince minutos de la
tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y cuarenta minutos
de la tarde.
En primer lugar, el señor Saura Laporta, del Grupo
Parlamentario Mixto, defiende las enmiendas de
totalidad de devolución presentadas por Nueva
Izquierda-Iniciativa per Catalunya a los dos proyectos
de ley. Renuncia, por falta de tiempo, a dar su
opinión sobre las repercusiones de la crisis financiera
en la economía española y a desarrollar las múltiples
razones por las que considera necesaria la devolución
de estos presupuestos, por lo que se centra en
dos que considera políticamente importantes: que los
Presupuestos Generales del Estado están contablemente
trucados, con un déficit público peligroso que
va a hipotecar el futuro y que son unos presupuestos
socialmente injustos. Asimismo muestra su temor
ante el hecho de que la política neoliberal del Partido
Popular lleve a lo mismo que llevó la política de la
señora Thatcher y del señor Reagan, a la no disminución
del déficit público y a una redistribución de
la renta en favor de los más poderosos mientras se
incrementó la desigualdad social, y manifiesta su
total rechazo a unos presupuestos que hablan de
cifras macroeconómicas, de criterios de convergencia
nominal, pero no dedican ni una sola peseta del
Estado a los 800.000 trabajadores que no tienen
seguro de desempleo y quedan al margen.
Asimismo interviene el señor Rodríguez Sánchez, del
Grupo Parlamentario Mixto, para defender las
enmiendas de totalidad de devolución presentadas
por el Bloque Nacionalista Galego. Considera que los
Presupuestos Generales del Estado para el año 1999
son continuistas, poco fiables y demasiado optimistas,
condicionados por un proceso electoral que se
avecina. Añade que estos presupuestos son un parcheo
y no un aliento a la inversión, alejándose de la
convergencia real con la Unión Europea, y no tienen
en cuenta la crisis financiera que está padeciendo
gran parte del mundo y que afecta al comercio internacional.
De todas formas, la principal razón que
motiva la presentación de su enmienda a la totalidad
es que el reparto de cargas y beneficios que en
ellos se hace es una auténtica injusticia social,
pasando a centrarse en las consecuencias que una
política de inversiones desequilibrada territorialmente,
como la propuesta en los presupuestos para 1999,
tiene para Galicia.
A continuación defiende su enmienda de totalidad de
devolución al proyecto de ley de Presupuestos Generales
del Estado para 1999 la señora Rahola i Martínez,
del Grupo Parlamentario Mixto. Comparte con
el Gobierno el rigor presupuestario en el tratamiento
del gasto corriente, la decidida apuesta por la reducción
del déficit público hasta el 1,6 por ciento del PIB
y la modesta pero necesaria reducción de la presión
fiscal, pero, añade, no puede dar su voto favorable a
los proyectos por la falta de credibilidad del marco
presupuestario, por la falacia o insuficiencia que
suponen algunas de las anunciadas como prioridades
políticas de gasto y por el mantenimiento de un
reparto territorial de la inversión estatal claramente
discriminatorio para Cataluña.
En nombre de Eusko Alkartasuna, defiende la enmienda
de totalidad al proyecto de ley de Presupuestos
Generales del Estado para 1999 la señora Lasagabaster
Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto.
Considera que más allá de la necesidad de un saneamiento
de las finanzas públicas de la convergencia
nominal sería deseable una mayor promoción del
empleo estable y una mejora de la calidad de los servicios
públicos, y se pregunta si el Gobierno ha hecho
todo lo posible para conseguir la convergencia real.
Cree que los niveles de inflación alcanzados hubieran
permitido al Gobierno una política más expansiva
y progresista en investigación y desarrollo o en
infraestructura y, especialmente, en materia de
empleo, porque si son importantes las políticas activas
de empleo no hay que olvidar a ese 48 por ciento
de desempleados que no tienen ninguna subvención
ni ayuda. Por último señala, como reflexión política,
el incumplimiento del Estatuto de Autonomía del
País Vasco en relación con las 41 competencias pendientes
de traspaso, a pesar de la reiterada afirmación
de que el Gobierno del Partido Popular cumple
las leyes.
En último lugar defiende la enmienda de totalidad de
devolución de Unión Valenciana el señor Chiquillo
Barber, también del Grupo Parlamentario Mixto.
Fundamenta su oposición en la falta de consistencia
y excesivo optimismo de los supuestos sobre los que
descansa el proyecto de ley que hoy se debate, así
como en la evidente discriminación a la que se somete
de nuevo en las partidas de inversiones reales a la
Comunidad Valenciana. Le preocupan en especial
las consecuencias para la Comunidad Valenciana
de la desaceleración de las exportaciones que se va a
producir con toda seguridad y la caída de las cotizaciones
bursátiles que puede afectar al consumo privado.
Asimismo se interesa por la protección social,
por las inversiones en infraestructuras, que considera
insuficientes, y por la falta de ambición para
hacer efectivas políticas activas de empleo que, junto
a las infraestructuras, son básicas para conseguir la
convergencia real.
Contesta a todos los portavoces del Grupo Parlamentario
Mixto que han presentado enmiendas de totalidad
de devolución el señor vicepresidente segundo
del Gobierno y ministro de Economía y
Hacienda (De Rato y Figaredo).
Replican los señores Saura Laporta y Rodríguez Sánchez,
las señoras Lasagabaster Olazábal y Rahola i
Martínez y el señor Chiquillo Barber, todos ellos
del Grupo Parlamentario Mixto, duplicando el señor
vicepresidente segundo del Gobierno y ministro
de Economía y Hacienda.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor
Molins i Amat, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió). Contesta el señor vicepresidente
segundo del Gobierno y ministro de Economía
y Hacienda, tomando de nuevo la palabra el
señor Molins i Amat.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) interviene
en el turno de fijación de posiciones el señor Zabalía
Lezamiz, contestando el señor vicepresidente
segundo del Gobierno y ministro de Economía y
Hacienda.
Se suspende la sesión a las ocho y cuarenta minutos de
la noche.
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la
mañana.
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Punto único del orden del día: Debates de totalidad
de los proyectos de ley de Presupuestos Generales del
Estado para 1999 y de medidas fiscales, administrativas
y del orden social, que acompaña al anterior, motivo
por el cual, y de acuerdo con la Junta de Portavoces, se
debatirán conjuntamente.
Para la presentación de ambos proyectos, tiene la
palabra el vicepresidente del Gobierno y ministro de
Economía y Hacienda, don Rodrigo de Rato Figaredo.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO
Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (De
Rato Figaredo): Señor presidente, señorías, comparezco
por tercera vez ante esta Cámara para presentar, en
nombre del Gobierno del Partido Popular, los proyectos
de ley de Presupuestos Generales del Estado para
1999 y de medidas fiscales, administrativas y del orden
social que le acompañan.
Quisiera decir, en primer lugar, que los presupuestos
para 1999 y su ley de acompañamiento se enfrentan en
esta ocasión a un escenario muy diferente. Por un lado
-todas SS.SS. son conscientes de ello-, estos presupuestos,
cuya vigencia comienza el 1 de enero, son los
primeros presupuestos del euro, puesto que coincidirán
con la puesta en marcha de la moneda única y ése
será, por tanto, el marco en el que se ejecuten. Por
otro, nos encontramos ante una crisis internacional
que, si bien inició sus primeras manifestaciones en los
países asiáticos, afectó posteriormente a la economía
rusa y, por efecto contagio, a otras economías emergentes,
para finalmente incidir en el crecimiento mundial.
Pues bien, a este nuevo escenario responden los
Presupuestos Generales del Estado para 1999, cuyos
dos objetivos principales son prolongar el crecimiento
y la creación de empleo y continuar impulsando las
políticas de bienestar. Es decir, frente a un entorno
internacional en el que se pone en marcha la moneda
única y además de ello se está produciendo una crisis
financiera en gran parte de los países emergentes, la
respuesta de la política económica en España, en opinión
del Gobierno, debe ser sentar las bases para prolongar
el crecimiento económico, y por lo tanto el
empleo, y también aumentar el ritmo de convergencia
real de la sociedad española y de los ciudadanos españoles.
Señor presidente, desde que tuve el honor de presentar
los primeros presupuestos ante esta Cámara, ha
transcurrido tiempo suficiente -tres años- para valorar
los resultados de la política aplicada y el camino
elegido para alcanzarlos, y también creo que ha transcurrido
el tiempo suficiente para atribuir la responsabilidad
de lo que en este momento está sucediendo y de
lo que va a suceder a las decisiones adoptadas desde
entonces y no a otras.
Los resultados de la política económica revelan que
hemos sabido aprovechar intensamente la recuperación
en términos de creación de empleo y bienestar. Además,
la política económica que ha permitido estos
resultados, y que ha contado claramente con el apoyo
de los grupos parlamentarios que respaldan al Gobierno,
también nos ha situado en mejores condiciones
para aprovechar nuestras oportunidades y afrontar con
confianza los retos que tenemos delante de nosotros.
Así, la aplicación de una política presupuestaria rigurosa
nos ha proporcionado un grado de estabilidad y credibilidad
que antes no eran conocidos, tanto dentro
como fuera de nuestras fronteras. Además, el proceso
de liberalización de nuestra economía comenzado en
junio de 1996 nos ha dotado de flexibilidad en nuestras
respuestas a los mercados internacionales. A eso hay
que añadir el impulso por parte del Gobierno y la práctica
del diálogo social, que se ha traducido en más
empleo y de mayor calidad. Por último, señor presidente,
señorías, las políticas a favor de la internacionalización
de nuestra economía y de nuestras empresas, que
han proporcionado un alto grado de apertura a nuestro
tejido productivo.
Es importante resaltar que, de no haber seguido este
camino, hoy estaríamos como en el año 1992 o como
en el año 1994, más que atentos a la evolución de la
cotización de la peseta, al aumento de los precios o a
la escalada al alza de los tipos de interés. Este era un
escenario, por desgracia, conocido y redundante en la
economía española cada vez que había una crisis internacional.
El contexto internacional, como he dicho, ha cambiado
sustancialmente. Eso es cierto y lo sabemos
todos. Pero, a diferencia de otras ocasiones, la política
que hemos aplicado desde 1996 nos está dando los
suficientes márgenes para afrontar esta nueva situación
con confianza, una confianza que está basada en la
capacidad que hemos tenido de aprovechar las oportunidades,
en la corrección de los desequilibrios, lo cual
nos permite en estos momentos concentrarnos en buscar
y conseguir la continuidad del crecimiento y en la
creación de empleo. En definitiva, trabajar en estos
momentos por mejorar el bienestar de los españoles.
Señor presidente, reconociendo los avances que se
han producido en la economía española y en la vida
diaria de los ciudadanos, a renglón seguido hemos de
afirmar que todavía queda mucho por hacer. El paro
sigue siendo el principal problema de los españoles.
Nuestra diferencia en calidad de servicios públicos con
la media europea nos exige continuar acercando nuestra
convergencia real, y hemos de conseguir una economía
cada vez más competitiva y más dinámica para
avanzar hacia una mayor calidad de vida de todos los
españoles. Estas cuestiones orientan los presupuestos
para 1999.
Me gustaría dedicar unos minutos a analizar ante la
Cámara la capacidad que tiene hoy la economía española
para aprovechar oportunidades pero también para
responder a los retos.
Después de tres presupuestos, podemos afirmar que
la situación de nuestra economía no sigue ya las inercias
del pasado y hoy es consecuencia directa de la
actual política económica. Año tras año, desde 1996, se
han alcanzado con holgura los objetivos marcados por
esta Cámara, e incluso -creo que todos lo sabemos-
se han mejorado las previsiones iniciales. Esto no sólo
se refleja en las grandes cifras del presupuesto, en las
grandes cifras macroeconómicas, sino que también se
ha trasladado al día a día de los ciudadanos. La mejora
en el pago de las hipotecas de las familias, la mejora y
reducción de las listas de espera en la sanidad pública,
o el mantenimiento y mejora del poder adquisitivo de
las pensiones de cada uno de los pensionistas, nos indican
que la recuperación no sólo se puede medir en
cifras agregadas para todos, sino también en cifras concretas
de ciudadanos con nombres y dos apellidos.Así,
en los últimos tres años, la economía española ha crecido
8 décimas por encima de las economías europeas
y, en ese mismo período, en los últimos tres años,
hemos creado empleo a un ritmo tres veces superior al
de la media europea. De hecho, como la Cámara conoce,
el Gobierno anunció hace pocas semanas una revisión
del objetivo de crecimiento para 1998 elevándolo
del 3,7 al 3,8. Si SS.SS. miran los libros iniciales del presupuesto
para 1998, que fueron debatidos en esta
Cámara el año pasado, podrán comprobar que la cifra
inicial de previsión de crecimiento era del 3,3; es decir,
desde las previsiones iniciales de un crecimiento del
3,3, el Gobierno está en condiciones de afirmar en este
momento que 1998 será un año en que la economía
española crecerá alrededor del 3,8, medio punto más
de lo inicialmente previsto.
De acuerdo con las previsiones de la Comisión Europea,
que acaban de hacerse públicas la semana pasada,
en 1999 la economía española, en el entorno de la crisis
internacional, tendrá una reducción de una décima
sobre las previsiones de la pasada primavera y crecerá,
en todo caso, muy por encima de la media europea,
más de un punto por encima de la media europea. Creo
que las afirmaciones que he hecho de que hemos sido
capaces de aprovechar nuestras oportunidades y que
estamos ahora en condiciones de concentrarnos en el
crecimiento y el empleo ante la crisis económica vienen
claramente respaldadas por las cifras reales de la
economía española y por la opinión que la Comisión
Europea -no es sólo la nuestra, sino desde fuera de
España- nos da en este momento del presente.
Hoy, señor presidente, 900.000 españoles más que
hace dos años y medio tienen un puesto de trabajo
estable: los pensionistas han ganado seis décimas de
poder adquisitivo entre los años 1996 y 1997. Además,
SS.SS. son conscientes de ello, las han ganado desde el
primer mes en que cobraban la pensión. Cuando un
español o una española acuden a un centro médico
saben que, frente a una lista de espera quirúrgica de
doce meses en el año 1996, hoy van a esperar, como
máximo, una media de 83 días. (Rumores.) El descenso
de los tipos de interés supone un ahorro medio para
las familias, en hipotecas medias, de 40.000 pesetas al
mes. El precio de la factura de la luz se ha reducido
por primera vez para los españoles en estos dos años y
medio, y se ha reducido un 10 por ciento en términos
reales.
Tan importante como los resultados, señor presidente,
es el camino para alcanzarlos. Frente a aquellos que
en los años ochenta creyeron haber descubierto un
gran principio por el cual no importaba el color de los
gatos, lo importante era que cazaran ratones, nosotros
sostenemos que no sólo son importantes los resultados,
sino también el camino por el que se obtienen; ahora
pasaré a explicarlo.
No sólo hemos cumplido nuestros compromisos en
déficit o en inflación, sino que los hemos alcanzado
mediante un saneamiento profundo de las bases de
nuestra economía, que es hoy claramente distinta y
mejor que hace dos años y medio. Eso es lo que nos
dota de un margen suficiente para enfrentarnos a una
importante crisis internacional reaccionando positivamente
no sólo desde el punto de vista de nuestra política
económica, sino también desde el contexto internacional,
como explicaré más adelante.
Señor presidente, en el patrón de crecimiento, en el
modelo de crecimiento que nuestra economía había
seguido en los últimos veinte años, como todos sabemos,
los importantes períodos de expansión económica
iban prácticamente ligados a un rápido aumento de la
inflación, es decir, de los precios, la subida de los tipos
de interés, la subida del déficit público y el deterioro
incontenible de nuestra financiación con el exterior.
Nuestra realidad, señor presidente, es hoy bien distinta.
Hoy, como acabo de describir, podemos mantener unas
tasas de crecimiento cercanas al 4 por ciento -sustancialmente
superiores a las de nuestros principales
socios europeos- y, al mismo tiempo, asistir a la
reducción de la inflación, de los tipos de interés y del
déficit público y mantener un ritmo muy superior de las
exportaciones al crecimiento del comercio mundial.
Buena prueba de ello, señor presidente, es que creciendo
a tasas -como he dicho- cercanas al 4 por ciento
puedo anunciar a la Cámara que el Gobierno ha revisado
-y lo anuncio hoy oficialmente- nuestro objetivo
de inflación para 1998 para situarlo en el 1,9 por ciento.
La fortaleza de la demanda interna, que es hoy el
motor de nuestro crecimiento, no impide que nuestras
empresas sigan abriendo mercados en el exterior porque
ahora cuentan con instrumentos eficientes en política
macroeconómica y microeconómica para su internacionalización.
Por un lado, el saneamiento de las
finanzas públicas ha liberado claramente recursos que
ahora financian iniciativas creadoras de empleo; por
otro, el Gobierno, con el apoyo de sus socios parlamentarios,
ha acometido un proceso de liberalización
de mercados y sectores y de modernización de nuestro
sistema impositivo que dota a la economía española de
un alto grado de flexibilidad equivalente al de las economías
centrales europeas. En tercer lugar, el diálogo
social con sindicatos y empresarios se ha traducido en
un mayor dinamismo del mercado laboral y en un
aumento de la calidad y de la estabilidad del empleo.
Todo ello nos permite hoy comprobar cómo, en plena
expansión económica basada en la demanda interna,
las empresas españolas invierten en el exterior en el
primer semestre de 1998 el equivalente a todo lo que
invirtieron en el exterior en el año 1996, además comprobamos
cómo España es hoy no sólo una economía
que invierte en el extranjero, sino una plataforma de
otras economías para, a través nuestro, invertir en Iberoamérica.
Estas son, señor presidente, las claves de la transformación
de nuestra economía. Las posiciones de los que
defendían lo contrario durante estos tres años y nos
pedían que siguiéramos por otro camino nos hubieran
llevado claramente al fracaso. Estamos creciendo y ese
crecimiento está llegando a todos los ciudadanos, como
lo demuestran las cifras de empleo.Y en las cuestiones
de empleo es importante no sólo analizar las cifras,
como tendré ocasión de hacer ante la Cámara, sino
también la doble transformación que se ha producido
en la economía española. Por un lado, como SS.SS.
saben, durante los años ochenta y noventa la economía
española tenía un umbral de creación de empleo en
relación al crecimiento alrededor del 3 por ciento; es
decir, hasta que la economía española no llegaba a
tasas de crecimiento del 3 por ciento no estaba creando
empleo de manera neta. Pues bien, hoy podemos comprobar
cómo ese umbral de crecimiento se ha reducido
hasta el 1 por ciento. Eso quiere decir que tendremos
en este ciclo económico y en los siguientes capacidad
de mantener la creación de empleo desde antes en el
ciclo económico y durante más tiempo.Pero la segunda
característica importante de lo que se ha producido en
nuestro mercado laboral es que no sólo creamos
empleo antes en el ciclo económico, sino que además
lo creamos más intensamente.
Sobre el debate de cómo se traslada la recuperación
económica a los ciudadanos -y, al fin y al cabo, la
mejor manera de medir cómo se traslada la recuperación
económica a los ciudadanos es medir cómo se
traslada al empleo-, podemos comprobar cómo entre
1985 y 1995 la mitad de la recuperación económica se
trasladaba al empleo. Por desgracia, entre 1990 y 1995
esa cifra concretamente se redujo al 25 por ciento. Pues
bien, entre 1996 y 1999 el 80 por ciento de la recuperación
económica se traslada al empleo, y eso nos da
solidez de cara a nuestro futuro. Pero, señor presidente,
señorías, no he hecho este repaso de los hechos
recientes para hacer un balance del pasado que me
parece innecesario, sino para hablar del futuro, para
constatar cómo el modelo de crecimiento de la política
económica del Gobierno y de sus socios parlamentarios
nos permite no sólo aprovechar plenamente nuestras
oportunidades, sino que nos sitúa en mejores condiciones
para afrontar los retos que tenemos delante de
nosotros.
Paso ahora a exponer a la Cámara la visión del
Gobierno sobre la situación internacional. Como he
dicho, la situación internacional a que hoy nos enfrentamos
es sustancialmente distinta de la de hace un año.
Lo que comenzó siendo una crisis financiera localizada
en Japón y en otros países asiáticos se ha ido extendiendo
a lo largo de los últimos doce meses al conjunto
de las economías emergentes. Lo que comenzó siendo
una crisis cambiaria ha terminado extendiéndose a
todos los mercados financieros, y hoy asistimos a una
crisis financiera que, a su vez, está debilitando las posibilidades
de crecimiento en gran parte del mundo. La
debilidad del crecimiento en Japón y las carencias de
los sistemas financieros de algunos países asiáticos fueron
el detonante de lo que fue entonces una crisis
local. La evolución del precio de las materias primas,
las deficiencias en los sistemas de supervisión bancarios
y la inestabilidad política en Rusia la transformaron
luego en una crisis más amplia que incluso se extendió
a los países latinoamericanos, a pesar del enorme
esfuerzo de saneamiento económico y de democratización
política que han realizado en la última década y
que claramente ha transformado la realidad de los países
iberoamericanos hasta lograr hoy importantes niveles
de estabilidad, apertura al exterior y competitividad.
Para el Gobierno es clara la diferencia entre los países
iberoamericanos y otros países emergentes y, por
tanto, entendemos que la repercusión de la crisis internacional
debe ser distinta sobre unos que sobre otros.
Por ello, es preciso que la comunidad internacional, en
concreto los países industriales, y más en concreto
todavía los países de la Unión Europea, del euro-11,
aportemos los recursos necesarios para que estas economías
puedan afrontar con éxito el contagio que
supone una crisis de liquidez. Esta ha sido precisamente
la propuesta que el presidente del Gobierno ha planteado
en la última reunión del Consejo Europeo, como
también en la reunión iberoamericana de Oporto y que
yo he defendido en nombre del Gobierno tanto en el
Fondo Monetario Internacional como en las sucesivas
reuniones del Ecofin.
Los acontecimientos de los últimos meses han puesto
de manifiesto, una vez más, la creciente interdependencia
de todas las economías y en esta ocasión con
un fenómeno nuevo, al que ya me he referido, como es
el contagio de la crisis y su extensión a otras zonas
emergentes; y una vez más tenemos que subrayar la
necesidad de tener buenos fundamentos económicos,
junto con adecuadas normas de supervisión del sistema
financiero, que permitan afrontar con garantías situaciones
como las que atraviesan estos países.
Respecto a los países de la Unión Europea, señor
presidente, los esfuerzos de consolidación fiscal, las
reformas liberalizadoras y la corrección de desequilibrios
que todas las economías europeas acometieron
en el proceso de convergencia nominal y que eran
necesarias para la creación de la moneda única han
protegido en gran medida al área euro de las crisis que
acabo de describir. En estos momentos, el área euro
surge claramente como una zona de estabilidad y de
crecimiento en el contexto mundial. Para la Unión
Europea, y sobre todo para los once que vamos a formar
la moneda única, 1999 debe ser el año de la consolidación
de la recuperación económica, y para ello,
en opinión del Gobierno, hemos de actuar dentro y
fuera de Europa.
Con respecto a Estados Unidos, señor presidente, el
largo ciclo expansivo que llevan disfrutando desde
principios de los años noventa parece estar empezando
a dar algunos signos de agotamiento. Sin duda, el dato
más significativo de esta situación es la debilidad del
dólar. Los mercados financieros podrían estar anticipando
descensos en los tipos de interés por parte de la
reserva federal -que, como SS.SS. saben, ya ha hecho
dos descensos de tipos de interés en menos de quince
días-, que podrían a su vez responder a la debilidad
del ciclo económico y a la situación del sector exterior
norteamericano, con una balanza por cuenta corriente
y de capital muy deficitaria. Muchas economías asiáticas,
señor presidente, parecen mostrar ya signos de
mayor estabilidad macroeconómica, especialmente en
sus tipos de cambio, y, por otra parte -también es un
signo positivo-, la anunciada reforma financiera japonesa,
que, si tiene éxito, podría encauzar uno de los
factores más determinantes en el origen de la actual crisis
internacional.
La mayor parte de los países europeos, como he
dicho, han presentado un creciente perfil de crecimiento
durante prácticamente todo 1998, que en todos los
casos se suaviza a finales de 1998 y principios de 1999,
como consecuencia de la desaceleración del comercio
mundial y de la producción. En todos los casos también
se prevé una recuperación de las tasas de crecimiento
a lo largo del año 1999 y este menor crecimiento
en los primeros meses de 1999 no llegará a afectar,
según las actuales estimaciones, a las previsiones de
déficit público de los países euro en el próximo ejercicio.
Este comportamiento diferente de la zona euro respecto
al resto del mundo reforzará sin duda el papel
que como moneda de referencia tendrá la moneda
europea en el próximo siglo.
El Gobierno español considera que los países euro
deben jugar un papel más activo en la economía internacional,
especialmente en situaciones de crisis de
liquidez, como pueden ser algunas manifestaciones
actuales. En ese sentido, hemos propuesto en las sucesivas
reuniones del Ecofin que podamos llegar a posiciones
comunes y encontrar la adecuada representación
de estas posiciones de los países euro en los foros
tanto informales, el G-7, como en los foros formales, el
Fondo Monetario Internacional. También creemos
imprescindible la aportación de fondos adicionales a
los organismos internacionales, para evitar mayores
riesgos de contagio. Pero en el medio plazo es claro
que es necesario reforzar la arquitectura del sistema
financiero internacional y para ello es preciso que el
sector privado se involucre y colabore en la prevención
y la solución de las crisis, mejorar a su vez los sistemas
de supervisión y aumentar la transparencia y eficiencia
de los mercados financieros, posiciones sobre las cuales
también creemos debe existir una posición consensuada
por parte de los países europeos.
Como pueden ver SS.SS., el cambio en la coyuntura
internacional es notable y eso nos permite asimismo -
y pienso que es interesante desde el punto de vista del
debate político- valorar en qué condiciones nos ha
situado la actual política económica que ha seguido
este Gobierno para afrontar estos retos que ahora tenemos
delante de nosotros y comparar la validez de esta
política económica ante situaciones más complejas.
Como he dicho antes, la principal preocupación de la
política económica española en crisis anteriores se centraba
en la evolución de la cotización de la peseta, el
diferencial de tipos y de precios. Recordarán, sin duda,
SS.SS. las dos últimas crisis financieras, la del año 1992
y la del año 1994. Pues bien, en ellas, empezando por
la de 1992, la peseta se devaluó cuatro veces, se disparó
el diferencial de tipos de interés entre la deuda
española y la alemana y, en concreto, en 1993 un
millón de españoles perdieron su empleo como consecuencia
de las repercusiones de la crisis. Lo que es
además importante es constatar que tanto en 1992
como en 1994 España fue, dentro del conjunto de los
países europeos, el más perjudicado por la crisis internacional.
Esa no es hoy nuestra situación. Ahora, señorías,
no es cuestión de preocupación ni la estabilidad
de la peseta ni el diferencial de tipos de interés; ni
siquiera se está planteando una crisis sobre el empleo,
sino todo lo contrario, en 1998 la previsión del Gobierno,
por segunda vez revisada al alza en septiembre,
nos sitúa con una creación de empleo de 405.000
empleos este año, con un crecimiento, según he mencionado
antes, tres veces superior a la media de la
Unión Europea.
Ante una situación de crisis internacional como la
que estamos viviendo en este momento, nosotros no
sólo hemos crecido y crecemos más intensamente, sino
que podemos apostar la mayor parte de nuestros recursos
económicos en consolidar nuestro crecimiento y
nuestro empleo. Este mejor comportamiento de España
es posible gracias al margen que hemos ganado con la
política de estabilidad y flexibilidad que se viene aplicando
desde 1996. Por eso podemos hoy, como he
dicho, concentrarnos en profundizar en la política que
nos permite prolongar el crecimiento y mantener un
intenso ritmo de creación de empleo. Es en esta línea,
señor presidente, en la que avanzan los presupuestos
del Estado para 1999 y también en mejorar las condiciones
de calidad de vida de los ciudadanos, es decir,
en avanzar en la convergencia real de nuestra economía
con las economías europeas.
Pero, señor presidente, en el conjunto de la política
económica, no sólo la política presupuestaria es una
respuesta frente a la crisis internacional o frente al
euro. El resto de las políticas que el Gobierno está
planteando acompañan e impulsan estos objetivos. Así,
la aprobación definitiva por la Cámara -en este
momento en trámite en el Senado- de la reforma del
IRPF será un paso fundamental claramente en la modernización
de nuestro sistema tributario, ya que va a
aumentar la capacidad de ahorro, inversión y empleo
de nuestra economía y además va a producir un reparto
más justo de la carga tributaria, una mayor flexibilidad
del impuesto, y va a liberar recursos en la lucha
contra el fraude. Al mismo tiempo, para 1999, la reforma
del IRPF supone que la economía española crecerá
medio punto más y que se crearán 50.000 empleos más.
Y esa, claramente, es una respuesta ante la crisis internacional.
Por otro lado, el Gobierno va a continuar con una
política de liberalización de la economía española y me
gustaría anunciar ante la Cámara seis cuestiones que
van a ser objeto de esa política en los próximos meses.
Primero, el Gobierno remitirá un nuevo proyecto de ley
de enjuiciamiento civil, cuya urgente necesidad se fundamenta
en el unánime diagnóstico de que el mal de
mayor gravedad que padece nuestro proceso civil se
encuentra en la larguísima duración de los pleitos con
las consiguientes repercusiones en el mundo económico.
En segundo lugar, el Gobierno está a punto de
aprobar una nueva ley de defensa de la competencia
que potencie los mecanismos de esta política horizontal,
asegurando su eficacia y reforzando la independencia
y capacidad de actuación de los órganos de defensa.
En tercer lugar, el Gobierno remitirá a las cámaras,
como nos habíamos comprometido en la Ley de acompañamiento
del año pasado, una nueva ley de contratos
de las administraciones públicas, que encauce adecuadamente
las relaciones mercantiles entre todas
aquellas partes intervinientes en las actividades contratadas.
En cuarto lugar, a principios del próximo año se
remitirá una nueva ley general presupuestaria, que,
continuando la filosofía de la Ley de Disciplina Presupuestaria,
aumente el marco de rigor y disciplina de
nuestra ejecución presupuestaria. En quinto lugar, el
Gobierno va a acometer un impulso decidido a la simplificación
administrativa, que afecte no solamente a la
creación de nuevas empresas y a los procesos de creación
-y para eso estamos estableciendo negociaciones
con las administraciones territoriales-, sino que además
mejore las condiciones de intervención administrativa
para las pequeñas y medianas empresas, que se
han convertido, como nosotros auguramos, en el motor
de creación de empleo. Finalmente, en sexto lugar, el
Gobierno va a adoptar nuevas iniciativas en el ámbito
financiero, con la idea de facilitar la canalización de los
recursos hacia los sectores productivos. Es aquí donde
encaja la propuesta de facilitar el desarrollo de prácticas
de titulización para la pequeña empresa y el impulso
en los mercados de renta fija privada.
Todo esto, señor presidente, junto con los presupuestos
y junto con la reforma fiscal, son no sólo medidas
estructurales a largo y medio plazo, sino claramente
respuestas ante la crisis financiera internacional. Lo
es, sin duda, el diálogo social y la aprobación de pasos
en la modernización de nuestro mercado laboral como,
en opinión del Gobierno, lo es el contrato a tiempo
parcial.
Señorías, esta política económica nos ha proporcionado,
además de una capacidad de responder ante una
crisis internacional de manera radicalmente distinta a lo
que nos sucedía en situaciones anteriores, un margen
añadido. Si antes, en una crisis económica como la
actual, nos limitábamos a sobrevivir, ahora podemos
contribuir a su solución, con iniciativas como el apoyo
financiero a los países latinoamericanos, a los que nos
encontramos política y culturalmente ligados y donde
los intereses españoles son muy importantes. En definitiva,
señorías, la economía española está respondiendo
a la situación internacional de forma activa y desde
varios frentes. Primero, podemos concentrarnos en la
continuidad del crecimiento económico y la creación
de empleo y ello gracias a los márgenes que nos ha
facilitado la política económica, y, segundo, podemos
plantear soluciones en el marco europeo y en el marco
internacional para que los efectos de la crisis sean lo
menos duraderos posible.
Paso ahora, señor presidente, a abordar la ejecución
de los presupuestos de 1998. Desde 1996, el Gobierno
del Partido Popular ha insistido en que la política presupuestaria
debía jugar un nuevo papel en la economía
española y que ese papel era el de garantizar amplios
márgenes de estabilidad, lo cual nos permitía, no sólo
liberar recursos para el crecimiento y el empleo, sino,
además, dotar a la política monetaria y, por lo tanto, a
la evolución de los tipos de interés, de un margen suficiente
para poder actuar según el ciclo económico. En
ese sentido, a partir de 1996, el papel de la política presupuestaria
en nuestro país cambia radicalmente, como
cambia también el papel de la política monetaria, y es
el presupuesto el garante de la estabilidad macroeconómica.
Esta política presupuestaria, rigurosa y que a
lo largo de los años se ha hecho creíble, ha jugado un
papel fundamental en la transformación de la economía
española. Su contribución ha sido, señorías, en opinión
del Gobierno, decisiva para consolidar, primero,
la recuperación económica, para entrar en el euro después,
y para poder responder ahora a un entorno internacional
bien distinto del que teníamos hace doce
meses. Esta política presupuestaria nos ha permitido
sentar una base saneada del Estado, de la Seguridad
Social y del conjunto de la economía española, para
afianzar el crecimiento y el empleo en años futuros.
En 1997, señor presidente, el déficit del conjunto de
las administraciones públicas se redujo, no hasta el 3
por ciento que indicaba el Programa de Convergencia y
el Tratado de Maastricht, sino hasta el 2,6 por ciento,
como recordará la Cámara. La rigurosa ejecución de los
presupuestos de 1998 nos permite anunciar que el déficit
del Estado para 1998 se situará por debajo del 1,7,
que era la última cifra que habíamos anunciado, y, por
lo tanto, va a mejorar en tres o cuatro décimas la previsión
inicial, lo cual permitirá que el déficit del conjunto
de las administraciones públicas se sitúe por debajo del
2,1 por ciento, que también mejora las previsiones iniciales.
Por consiguiente, habrá, entre el año 1997 y el
año 1998, más de medio punto de mejora en el déficit
de las administraciones públicas, que vendrá principalmente
explicado por la reducción más intensa del déficit
del Estado.
La buena ejecución de los presupuestos del Estado
para 1998 ha permitido además al Gobierno no sólo
reducir el déficit público de 1998 más intensamente,
sino plantear políticas que nos permitan sanear, a costa
del déficit de 1998, déficit de ejercicios posteriores,
como han sido las políticas de canje de deuda, que, en
aproximadamente 250.000 millones en el año 1997 y
250.000 millones en el año 1998, nos han permitido
atraer gastos de tipos de interés más altos a estos ejercicios,
liberando recursos para ejercicios futuros, y
como lo son los decretos-leyes que la Cámara ha debatido
para mejorar la política de operaciones de capital,
que también nos permite un mayor avance de la economía
española en este ejercicio y en los siguientes.
Estas medidas explican dos tercios de las modificaciones
del presupuesto de 1998. Y, como es claro, son
medidas que en su mayor parte dependen de la voluntad
política de un gobierno, que pueden tomarse o no
tomarse en función de la coyuntura económica, y que
no comprometen, sino al revés, liberan recursos de
ejercicios posteriores.
En 1998, por tercer año consecutivo, el Gobierno
acude a este debate con los compromisos cumplidos.
Nos propusimos objetivos ambiciosos en el año 1998.
Creo que eso fue reconocido por el conjunto de la
sociedad. Algunos nos dijeron que eran objetivos imposibles.
Pues bien, los objetivos se han cumplido otra
vez y esto claramente marca un antes y un después en
la política presupuestaria. No sólo estamos ante una
política presupuestaria que juega un papel distinto en
el conjunto de la política macroeconómica, asegurando
la estabilidad, sino que estamos ante una política presupuestaria
que se cumple y que por lo tanto permite a
la sociedad confiar en las previsiones del Gobierno, lo
cual aumenta la confianza de la sociedad en sí misma y
nuestras posibilidades de futuro; también el control del
Parlamento es hoy total sobre las decisiones presupuestarias
que tome el Gobierno.
Paso ya, señor presidente, a abordar el proyecto de
ley de Presupuestos Generales del Estado para 1999.
Quisiera decir que, para el Gobierno, en términos políticos,
los presupuestos deben responder a dos objetivos
y me gustaría saber a lo largo del debate si por
parte de los grupos parlamentarios se plantean objetivos
alternativos, porque, de no ser así, podríamos discutir
los instrumentos, que también voy a exponer a la
Cámara; pero, como digo, me parece esencial saber si
hay objetivos distintos de los que el Gobierno pretende
conseguir a través de sus presupuestos. Por un lado,
como he dicho en varias ocasiones a lo largo de esta
mañana, los presupuestos de 1999 deben prolongar el
crecimiento y la creación de empleo estable y, por
tanto, teniendo en cuenta el nuevo contexto internacional,
tanto la aparición del euro como la crisis financiera,
los presupuestos deben responder al objetivo de
que se mantenga el crecimiento de la economía española
y, además, que se mantenga creando empleo
intensamente. El segundo objetivo es mejorar la calidad
de los servicios públicos y, en general, nuestro sistema
de protección social. Si estos dos objetivos políticos
son compartidos -y si no lo son sería bueno conocer
las alternativas-, me gustaría dedicar el resto de mi
intervención a responder a una pregunta que me parece
esencial y muy clara: ¿Cómo responden a esos objetivos
los presupuestos que el Gobierno envía a la
Cámara? Para contestar, destacaré ante SS.SS. cuatro
grandes áreas, en las que creo que puedo explicar y
responder de la capacidad de estos presupuestos para
orientarse en la consecución de esos objetivos: más crecimiento,
más empleo, más calidad de los servicios
públicos.
El primer área es claramente la reducción del déficit
público a través de la contención del gasto y su reestructuración.
Queremos bajar el déficit público, pero lo
queremos bajar bajando los gastos y, además, queremos
que los gastos se orienten a determinadas políticas
más intensamente que a otras. Así, en nuestra opinión,
el presupuesto de 1999 contribuye a avanzar en la estabilidad.
Por otra parte, quiero resaltar que este proceso
no sólo es compatible con el mantenimiento de las
políticas de bienestar, sino que es una de las principales
garantías de la política de bienestar. El hecho de
que la estabilidad macroeconómica se asiente en la
reducción del déficit público a través de la reducción
del gasto es una clara garantía de las políticas de bienestar.
El segundo instrumento que pasaré a exponer ante
la Cámara es que las políticas de gasto que más crecen
son precisamente las que más inciden en el crecimiento
y en el empleo: las políticas activas de empleo, la
dotación de infraestructuras, la política de apoyo a sectores
productivos, entre los que destaca la investigación
y el desarrollo. El tercer instrumento para conseguir
nuestros objetivos de crecimiento, empleo y
calidad de vida, supone la reforma del impuesto sobre
la renta de las personas físicas, que, como he dicho, va
a suponer no sólo una reforma durante varios años,
sino un impulso importante a la creación de empleo en
1999, con 50.000 empleos más gracias a esa reforma.
Por último, como último instrumento para conseguir
nuestros objetivos, el Gobierno otorga prioridad a las
políticas de bienestar; esto es, la mejora de la calidad
en la sanidad y la educación, el aumento de la capacidad
adquisitiva de los pensionistas, la política de solidaridad,
que el año que viene tendrá el mayor presupuesto
de su historia -50.000 millones de pesetas-, y
la modernización de la justicia, así como el cumplimiento
de nuestro compromiso con respecto a la desaparición
del servicio militar obligatorio.
Paso ahora a analizar estas cuatro áreas, respondiendo
a los objetivos que he planteado en el presupuesto
de 1999. Los presupuestos para 1999 contribuyen claramente
a asentar unas bases saneadas de estabilidad,
porque, para empezar, profundizan en el proceso de
reducción del déficit público a través de la contención
del gasto y, como he dicho, su reestructuración. La
necesidad de financiación de las administraciones centrales,
es decir, del Estado, la Seguridad Social y sus
organismos autónomos, se situará en 1999 en el equivalente
al 1,4 por ciento del producto interior bruto, a
lo que hay que sumar el esfuerzo que tanto comunidades
autónomas como corporaciones locales van a realizar
conforme a los acuerdos que han establecido con el
Gobierno y que precisamente irán en la misma dirección,
con lo cual, en España, el déficit público del conjunto
de las administraciones se situará en el 1,6 del
producto interior bruto, el nivel más bajo de los últimos
20 años.
La intensidad del saneamiento de las cuentas públicas
es un primer rasgo que me gustaría destacar. Entre
1995 y 1999, el déficit público del conjunto de las administraciones
se habrá reducido en España 5,7 puntos. Y
seguramente algunas de SS.SS. podrán preguntarme
cómo se compara esa cifra con lo que otros países de
la Unión Europea han conseguido. Pues bien, del año
1995 al año 1999 hemos pasado de ser uno de los países
con peores datos de déficit público a ser uno de los
países con mejores datos de déficit público. En concreto,
en el año 1995 España superaba en 2,5 puntos la
media de déficit público de la Unión Europea y en el
año 1999 se situará 0,3 por debajo de la media de la
Unión Europea. Este esfuerzo de saneamiento ha sido
especialmente intenso en el Estado y en la Seguridad
Social, habiendo pasado el déficit de la Seguridad
Social del equivalente al 0,55 por ciento del producto
interior bruto en 1995 al 0,1 del producto interior bruto
en 1999. En segundo lugar, este esfuerzo de saneamiento
ha recaído fundamentalmente en la contención del
gasto del Estado. Entre 1995 y 1999, el gasto habrá perdido
4,4 puntos de participación en el producto interior
bruto; es decir, el 90 por ciento de la reducción del
déficit del Estado en este período se explica como consecuencia
de la reducción del gasto público. El gasto
público en compra de bienes y servicios se situará en
1999 por debajo del nivel que alcanzó en el año 1995,
lo que explica, junto a la política de oferta de empleo
público, la caída en 1,2 puntos del consumo público.
Quiero decir que sin la aplicación de una política
presupuestaria rigurosa como la que acabo de describir
y comprometida desde un primer momento con los
objetivos que anunciamos en 1996 no hubiera sido
posible conseguir la reducción de la inflación, el descenso
de los tipos de interés, la recuperación económica
y la pertenencia al euro. Hoy, señor presidente, no
sólo en términos macroeconómicos, sino también en
términos sociales, políticos y de confianza de la sociedad,
la estabilidad se ha convertido en un factor permanente
y relevante de la sociedad española, que
apuntala el proceso de saneamiento y se convierte así
en la mejor garantía de las políticas de bienestar. Porque,
señor presidente, señorías, el hecho de que España
tenga hoy, por ejemplo, una inflación inferior al 2
por ciento no sólo es bueno para el poder adquisitivo
de las pensiones o para la capacidad de las rentas salariales,
sino que es también muy bueno para el presupuesto.
El 45 por ciento de los gastos del presupuesto
están afectados por el índice de inflación y por lo tanto
una política que nos garantice bajas tasas de inflación
repercute directamente en los márgenes presupuestarios,
en nuestra capacidad de reducir el déficit y de
reducir el gasto y al mismo tiempo en nuestra capacidad
de dedicar el dinero a las partidas que realmente
interesan a la sociedad.
Por otra parte, la disminución de los tipos de interés,
consecuencia directa del papel de la política presupuestaria
como elemento de estabilidad y, por lo tanto,
de los márgenes de la política monetaria, ha supuesto
una reducción notable de la carga financiera. Si a finales
de 1996, por poner un ejemplo, señorías, sólo el 5,2
por ciento de la deuda viva se había emitido a tipos
inferiores al 7 por ciento, hoy este porcentaje ha subido
al 44,4 por ciento. Pero todavía no hemos agotado
el recorrido, todavía el coste medio de la deuda se sitúa
en torno al 8 por ciento, cuando SS.SS. saben que en
este momento estamos emitiendo deuda a diez años
por debajo del 4 por ciento y, por lo tanto, tenemos
todavía un largo margen para beneficiarnos de las nuevas
condiciones de estabilidad, margen que vuelve a
permitirnos la política de reducción del déficit público
a través del gasto público y la reestructuración del
gasto, y margen que se va a extender a lo largo de
muchos años, además de los esfuerzos que ya he mencionado
de traer a este año y al año 1997 parte de los
gastos de intereses de años posteriores.
En cualquier caso, la contención del gasto, excluidos
los intereses, es decir, la contención de los gastos de
cada ejercicio, ha permitido alcanzar saldos primarios
positivos en los tres últimos ejercicios. Descontando la
carga de intereses, por tanto la carga de políticas de
ejercicios anteriores, tenemos desde el año 1997 una
situación excedentaria en el presupuesto del Estado,
situación que, como he dicho, no sólo se ha producido
en los años 1997 y 1998, sino que también se va a producir
claramente en e1 año 1999. Descontados los intereses
de la deuda, el gasto del Estado supondrá en 1999
un 19,2 por ciento del PIB, tres puntos menos que en
1995, y el superávit primario registrado alcanzará el 1,9
por ciento del producto interior bruto, frente a un déficit
del 1,8, más de tres puntos de diferencia entre el
año 1995 y el año 1999 en la evolución del déficit del
Estado. Este cuarto rasgo, el hecho de que tengamos
superávit primario, es especialmente importante para
truncar la tendencia expansiva de la deuda y reducir el
peso de la misma sobre la renta nacional, sobre el producto
interior bruto, que comenzó a reducirse por primera
vez en 1997, lo que a su vez también contribuye
a acelerar el proceso de saneamiento del presupuesto y
a que el menor crecimiento de la deuda en relación a
la riqueza de los españoles permita que podamos dedicar,
no sólo a nivel público sino también a nivel privado,
cada vez mayores recursos a la expansión económica
productiva.
Como he puesto de relieve a SS.SS. en más de una
ocasión, me parece un ejemplo importante que, en
1995, de cada 100 pesetas que los inversores institucionales
estaban dispuestos a aportar al mercado de capitales
español, el sector público demandaba 120; a partir
del año 1997, de cada 100 pesetas que los inversores
institucionales están dispuestos a aportar al mercado de
capitales español, el sector público demanda 20. Esa es
la diferencia que explica la situación de la economía
española y la contribución de los superávit primarios a
los que me he referido anteriormente.
Hay un elemento adicional que me gustaría destacar
ante la Cámara respecto a la evolución de gastos y de
déficit con relación a 1999 y a lo largo de los últimos
dos años y es que estamos invirtiendo cantidades claramente
superiores al volumen del déficit. Dicho de otra
manera, sólo nos endeudamos, desde el punto de vista
del déficit público, para invertir, y la diferencia positiva
a favor de la inversión en 1999 superará los 500.000
millones de pesetas. Por tanto, señorías, la contención
e incluso la reducción de gastos que poco aportan al
empleo o al bienestar, como es el caso de los intereses
de la deuda, nos permite hoy dedicar más recursos a
las políticas que inciden directamente en la calidad de
vida de los españoles. Para que la Cámara pueda tener
una cifra, se la voy a dar: un billón 600.000 millones de
pesetas. Es decir, en 1995, de cada 100 pesetas que se
gastaban en el presupuesto, 45,7, menos de la mitad, se
dedicaban a pensiones, sanidad, educación, políticas
activas, infraestructuras o investigación. Esta cifra hoy
es de 51 pesetas, más de la mitad. Eso quiere decir que,
en el año 1999, podemos dedicar un billón 600.000
millones de pesetas más a educación, pensiones, sanidad,
infraestructuras e investigación y desarrollo y políticas
activas de lo que hubiéramos podido hacer de
seguir con la política presupuestaria que teníamos en
el año 1995. Este esfuerzo de rigor en la gestión de las
cuentas públicas es lo que hace posible que en 1999
reduzcamos el déficit público a niveles históricamente
bajos, la cifra más baja de los últimos 20 años; que al
mismo tiempo rebajemos los impuestos por primera vez
en los últimos 20 años a las familias y a los asalariados
españoles, que lo hayamos hecho ya a las pequeñas y
medianas empresas, que dupliquemos la inversión en
políticas activas de empleo y en investigación y desarrollo
que hemos venido haciendo en los últimos tres
años, que mejoremos de manera definitiva la situación
de la Seguridad Social, que aumentemos el poder
adquisitivo de los pensionistas y que dediquemos
mayores recursos a la educación, la sanidad y la justicia,
y además que avancemos en el proceso de completar
la desaparición del servicio militar obligatorio.
Como he dicho, señor presidente, teníamos cuatro
instrumentos para conseguir nuestros objetivos de más
crecimiento, más empleo y más calidad de vida: la reestructuración
del gasto en la reducción del déficit público,
las políticas activas, las políticas de infraestructura y
las políticas de investigación y desarrollo, que son las
que tienen un mayor crecimiento en este presupuesto.
Señor presidente, voy a comenzar hablando de las
políticas activas de empleo. La lucha contra el paro es
la primera demanda de la sociedad española; es, desde
luego, la primera prioridad del Gobierno y de los grupos
parlamentarios que le apoyan y creo que es la primera
prioridad de la Cámara. A nadie puede extrañarle
que empiece por ahí cuando hablo de las políticas que
más contribuyen al crecimiento de la economía. Señorías,
nuestro esfuerzo en las políticas activas ha registrado
un mayor crecimiento en los últimos dos años y
también crecerá más que la media, mucho más que la
media, en 1999. El empleo no es sólo una respuesta a
una situación individual, sino que también es el camino
más eficaz y más directo para que el crecimiento llegue
a todos los españoles, y no sólo porque, sin duda, no
hay nadie en este país que no conozca directamente
situaciones de paro, personales o próximas, sino, sobre
todo, porque la mejor garantía y la mejor base de las
políticas de solidaridad se encuentra en la creación de
empleo.
La política de empleo aúna una serie de objetivos
intrínsecos de las posiciones políticas del Gobierno de
cara a la sociedad española. Desde junio de 1996 hasta
la fecha se han creado en España 935.000 nuevos
empleos netos; y el objetivo del Gobierno para 1999 es
que la sociedad cree 369.000 empleos más. Esto quiere
decir que la sociedad y la economía españolas pueden
llegar -y tienen grandes posibilidades de hacerlo- al
umbral del siglo XXI con 1.300.000 empleos más que al
comienzo de esta legislatura. Hoy, como he dicho
antes, hay 900.000 españoles que tienen un trabajo
estable que no tenían antes de la reforma laboral. Hoy
hay 547.000 jóvenes que tienen un trabajo estable;
150.000 españoles mayores de 45 años y 300.000 mujeres
están en esa situación. No se trata, señor presidente,
de sentirse orgulloso de estas cifras. Se trata de ser
conscientes de que no podemos estar satisfechos.
Todos somos conscientes de que queda un largo camino
por recorrer y de que no sólo no debemos relajarnos
sino que debemos aumentar los esfuerzos que
hemos venido realizando. Todavía somos el país europeo
con mayor tasa de paro, y aunque es cierto que la
Comisión Europea sitúa las tasas de paro en el año
2000 en zonas históricamente bajas para España, todavía
tenemos un claro diferencial de bienestar en nuestra
contra en ese sentido.
Quisiera decir, como voy a detallar más adelante,
que esta circunstancia es especialmente grave entre
mujeres y personas que cuenten con poca formación.
Los avances registrados en la política de empleo nos
indican claramente el papel dinamizador del diálogo y
del consenso, porque nos ha permitido profundizar
sobre la modernización del mercado de trabajo acercándolo
a la realidad social que hoy quiere la sociedad
española. Gracias a este diálogo, como he dicho,
hemos conseguido acercar nuestro mercado laboral a la
realidad social española. Aquí me parece que hay una
cuestión política muy relevante. Durante muchos años
se nos dijo que flexibilidad era equivalente a temporalidad,
que la única manera de flexibilizar el mercado
laboral era aumentar la temporalidad. Pues bien, nosotros
dijimos y hemos demostrado que la flexibilidad
tiene que venir acompañada de la estabilidad, y que
esto es posible y se consigue a través del diálogo
social.
En este momento, el Gobierno, en una situación
internacional cambiante, apuesta por que una de las
medidas de respuesta a la crisis sea aumentar la modernidad
de nuestro mercado laboral y su respuesta ante
una nueva sociedad española. Por ello la negociación
sobre los contratos estables a tiempo parcial figura hoy
en la parte más alta de la agenda del Gobierno con los
interlocutores sociales. Es importante destacar, señorías,
que en este empleo a tiempo parcial España está
muy lejos de las medias europeas. En España, hablamos
de un 8 por ciento del empleo a tiempo parcial
cuando la media europea es el doble, el 16 por ciento.
El presupuesto para 1999 contempla plenamente tres
líneas de actuación con respecto al mercado laboral
que responden, como no podía ser de otra manera, al
Plan de acción para el empleo del Reino de España en
1998 y que fueron ampliadas en el proyecto de orientaciones
para el empleo para 1999 de la Comisión Europea.
La primera de esas líneas es dar mayor prioridad a
los gastos en políticas activas que a los gastos en políticas
pasivas. El próximo año el Gobierno destinará en
los presupuestos 707.000 millones de pesetas a políticas
netas, un 67,4 por ciento más que en el año 1998 y
más del doble de la cifra de 1996 que heredamos del
Gobierno anterior. De estos recursos, casi 300.000
millones de pesetas se dedicarán a aumentar la estabilidad
del empleo mediante la reducción selectiva de cuotas
empresariales a la Seguridad Social, porque no sólo
necesitamos crear empleo más intensamente, sino que
necesitamos crearlo de mayor calidad y con mayor estabilidad.
Queda claramente reflejado en las prioridades
que presento ante la Cámara en este presupuesto que
estos incentivos triplican prácticamente los que teníamos
en 1998.
La segunda línea de actuación en la política de
empleo es la promoción del empleo de la mujer en
España. Señor presidente, la Cámara es plenamente
consciente de que vivimos una clara situación dual. El
paro masculino en España no es la media europea,
pero está muy cerca de ella; el paro femenino en España
se sitúa en una media de casi el 27 por ciento. La
baja actividad y ocupación entre las mujeres es uno de
los síntomas más claros y más preocupantes de la situación
laboral en España. El Gobierno entiende que para
reducir este desequilibrio es preciso antes de nada
hacer efectiva la igualdad de oportunidades y la no discriminación
que está recogida en nuestra Constitución
y en el resto de nuestras leyes. Tengo que decir que ya
hay medidas que SS.SS. conocen y que han respaldado,
como el coste cero de la maternidad, recientemente
aprobado por el Gobierno y convalidado por la Cámara,
o la reducción en un 60 por ciento de las cuotas
sociales en la creación de empleo estable para las mujeres.
Quiero anunciar hoy a la Cámara una nueva medida
en esa misma dirección, que es que al menos el 30
por ciento de los recursos destinados a la formación
profesional ocupacional se dirigirá a mujeres con el
objetivo de aumentar su participación en los empleos
en los que están claramente subrepresentadas, de
manera que acabemos en España con visiones de sectores
del trabajo donde prácticamente las mujeres no
tienen oportunidad.
La tercera línea de actuación, además de las políticas
activas y el impulso al empleo de la mujer, es la relacionada
con la integración laboral de quienes más dificultades
encuentran, es decir, los parados mayores de
45 años, de larga duración, con cargas familiares y poca
formación, los jóvenes y los discapacitados. En este
punto quisiera poner de relieve lo que SS.SS. ya conocen,
que son las 13 aplicaciones presupuestarias que
aparecen en el Inem de cara a actuar sobre estos colectivos.
Una de las actuaciones que cada vez cobra más
importancia dentro de las políticas en favor del empleo
es la destinada a la formación, porque es entre los que
no tienen formación entre los que con mayor intensidad
se producen las situaciones de paro de larga duración.
La dotación para formación profesional ocupacional
asciende en 1999 a 204.000 millones de pesetas, un
16 por ciento más que en el año 1998 y un 70 por ciento
más que en los presupuestos que heredamos del
Gobierno anterior. De estos recursos, de estos 204.000
millones, más de la mitad se destina a formar a personas
en situación de desempleo. En esta misma línea, se
aumenta el presupuesto de las escuelas-taller, casas de
oficio y talleres de empleo en un 23 por ciento, hasta
superar los 60.000 millones de pesetas en 1999.
Dentro de las políticas que garantizan el crecimiento
y el empleo, también juega claramente un papel determinante
la política de infraestructuras, que no sólo
actúa sobre la expansión económica, sino también
sobre la competitividad de nuestra economía en la
dotación de infraestructuras y de capital público. La
inversión pública que el Estado realizará directamente
o a través de otras administraciones, es decir, los capítulos
6 y 7, crece en el presupuesto de 1999 un 6,1 por
ciento, dos puntos y medio por encima del gasto
corriente. La política de infraestructuras, a la que se
dirige la mayor parte de la inversión, crece un 9,1 por
ciento respecto a 1998 y se sitúa ya en un billón
118.000 millones de pesetas. Este esfuerzo nos sitúa en
200.000 millones de pesetas por encima del presupuesto
de 1995, con un crecimiento acumulado del 21 por
ciento.
Dentro de las políticas de crecimiento y empleo se
enmarca también el apoyo a los sectores productivos.
Una política esencial en esa materia es la que se refiere
a la investigación y desarrollo. En 1999 se consolida
una de las decididas apuestas de este Gobierno: el
impulso a la investigación científica y al desarrollo tecnológico,
tanto en el ámbito público como en el privado.
Un claro ejemplo de esta prioridad lo constituye la
creación de una Oficina de Ciencia y Tecnología, adscrita
al presidente del Gobierno, como apoyo al órgano
de la Comisión de Ciencia y Tecnología en planificación,
coordinación y seguimiento de las actividades de
investigación y desarrollo.
Desde los presupuestos de 1997, es decir, desde los
primeros presupuestos que aprueba el Gobierno del
Partido Popular, las políticas de investigación y desarrollo
han mantenido un ritmo de crecimiento medio
por encima del 33 por ciento, hasta alcanzar 460.000
millones de pesetas en el año 1999. Nos acercamos así
a los niveles de los países industrializados, un hecho
que nos va a permitir reducir una de nuestras principales
dependencias, que es la dependencia tecnología, y
además abre nuevas posibilidades de inversión y de
bienestar social. En este esfuerzo de reducción del déficit
tecnológico en investigación y desarrollo que tenemos
se ha involucrado importantemente -creo que es
un hecho diferencial- el sector público industrial. Esto
supone un claro cambio de orientación en la política
de empresa pública.
Desde un primer momento, el Gobierno del Partido
Popular ha avanzado en el saneamiento de las empresas
deficitarias, primero desvinculándolas del presupuesto
del Estado, segundo mediante la progresiva
amortización de la deuda histórica del INI, que terminará
en 1999, es decir, con estos presupuestos; tercero,
saneando pasivos ocultos que existían en la empresa
pública respecto a situaciones de regulación de empleo
anteriores y que alcanzaban la cifra de un billón
200.000 millones de pesetas de pasivos ocultos y, en
cuarto lugar, proporcionando a las empresas públicas
proyectos y oportunidades tecnológicamente avanzadas
que les abren un nuevo futuro. La participación de
Bazán, Santa Bárbara o CASA en programas europeos
de alta tecnología ha cambiado radicalmente sus perspectivas
de futuro y donde antes sólo había planes de
cierre hoy estas empresas están abriendo campos en su
actuación desde el punto de vista tecnológico.
Quisiera pasar ahora también, dentro de nuestra
estrategia para responder a los dos objetivos políticos
que he planteado a la Cámara, a describir el papel que
juega la modernización del sistema tributario. Como
creo que todos somos conscientes, la entrada en vigor
de los presupuestos del año 1999 coincide con la reforma
del impuesto sobre la renta de las personas físicas,
que entrará en vigor el 1 de enero de 1999 y cuyos
efectos sobre la renta disponible de las familias, el crecimiento,
el empleo y sobre las previsiones de ingresos
lógicamente, son muy importantes. Desde el punto de
vista del presupuesto de ingresos, el nuevo impuesto
sobre la renta de las personas físicas supondrá una
reducción de la presión tributaria de dos décimas,
como consecuencia fundamentalmente de la reducción
de las retenciones del trabajo personal, que será el
efecto más importante del IRPF en este año sobre trabajadores
y pensionistas. Las nuevas retenciones recogerán,
por un lado, la rebaja del impuesto a asalariados
y pensionistas, como he dicho, y, por otro, la continuación
del importante esfuerzo en la anticipación de
devoluciones que el Gobierno del Partido Popular
viene haciendo desde 1997. En esta misma línea, en la
de aproximar las retenciones a la tributación real de las
rentas, me gustaría anunciar a la Cámara que el Gobierno
va a reducir las retenciones sobre los intereses de
cuentas bancarias desde el 25 al 18 por ciento, haciéndolas
coincidir con el tipo mínimo de las escalas del
impuesto sobre la renta de las personas físicas.
Quiero destacar que la incidencia recaudatoria de la
reforma del IRPF no se compensa con un aumento de
ningún otro impuesto. Había escuchado en más de una
ocasión a algunas personas y grupos parlamentarios
transmitir a la sociedad española que la reforma del
IRPF se iba a compensar con un aumento de otros
impuestos. Quiero decir, como afirmé entonces, que
eso no es así, y se demuestra en la ley de presupuestos.
Es más, en términos reales, en esta ley de presupuestos,
disminuyen todos los impuestos especiales y
las tasas, a excepción del impuesto sobre la gasolina,
que se congela en términos reales. Este nuevo impuesto
sobre la renta de las personas físicas supone, además,
un aumento de renta disponible para las familias
en 1999, a través de las retenciones de asalariados y
pensionistas, de 495.000 millones de pesetas. La diferencia
entre la rebaja del impuesto, que se va a notar
en el bolsillo de los ciudadanos, y su incidencia recaudatoria
está compensada por el mayor crecimiento y la
mayor creación de empleo que impulsa la reforma,
como he dicho, medio punto más de crecimiento y
50.000 nuevos empleos en 1999.
Señorías, el nuevo impuesto sobre la renta es un
paso fundamental en la modernización de nuestro sistema
tributario emprendida por nosotros y por los grupos
parlamentarios que nos apoyan ya desde junio del
año 1996. Entonces, en la aprobación de los decretos
de aquel verano, hubo grupos parlamentarios que se
opusieron al tratamiento del ahorro a medio y largo
plazo, al impulso a la internacionalización, a la reforma
fiscal de las pequeñas y medianas empresas y que
ahora se oponen también a la reforma del IRPF.
Me gustaría, muy brevemente, señor presidente,
comentar algunas de las consecuencias de esas medidas
para que tengamos en cuenta qué es lo que nosotros
estamos consiguiendo, muy lejos de lo que algunos
habían augurado. Por ejemplo, la mejora del
tratamiento del ahorro no sólo nos ha equiparado con
la mayor parte de los países de nuestro entorno, sino
que además ha contribuido a una mejora en la eficiencia
en la asignación de los recursos, pero lo que está
consiguiendo también es el mantenimiento de una tasa
de ahorro en un momento de importante expansión
interna y de aumento del consumo privado. La aprobación
de un método más eficaz para evitar la doble
imposición internacional no ha tenido ninguna de las
consecuencias que nos auguraron, ninguna, antes al
contrario, las inversiones de empresas españolas en el
exterior han crecido un 60 por ciento en el año 1997 y
sólo en el primer semestre del año 1998 han superado
el importe de todas las realizadas en el año 1996. Pero
lo que seguramente puede interesar más a la Cámara es
que desde la aplicación de esa reforma las inversiones
en paraísos fiscales han disminuido el 75 por ciento.
La reforma global de la fiscalidad de las pymes no
ha traído consigo el desmantelamiento del Estado de
bienestar, como nos auguraron algunos grupos parlamentarios;
por el contrario, nos encontramos con que
está mejorando claramente la eficiencia del impuesto.
Los ingresos por retenciones del trabajo procedentes
de las pequeñas y medianas empresas están creciendo
al 14 por ciento, y el IVA que declaran las grandes
empresas está creciendo al 13 por ciento, por tanto
muy por encima de lo que crece el empleo, muy por
encima de lo que crece el consumo y como consecuencia
de una modernización de los impuestos que fue tildada
por algunos de un paso en el vacío que iba a producir
una auténtica crisis de recaudación. Yo simplemente
menciono estas cuestiones porque aquellos grupos
parlamentarios que consistentemente auguran una
catástrofe de recaudación para encontrarse con lo contrario,
quizás deberían sopesar sus posiciones.
La reforma del impuesto sobre la renta de las personas
físicas no es sólo una contribución al año 1999 en
términos de empleo y de crecimiento y, por tanto, una
clara respuesta a la crisis internacional, sino que además
asienta las bases de una mayor creación de empleo
y un reparto más equitativo de la carga tributaria en el
futuro. La reforma es una rebaja del impuesto para
todos los ciudadanos, que no viene compensada por
ninguna otra subida de impuestos pero que beneficia
especialmente a las familias de menor renta y mayores
obligaciones familiares, a los que viven de un salario o
de una pensión o a los discapacitados; aumenta claramente
las posibilidades de flexibilidad del impuesto y
permite, con mayor simplicidad, dedicar mayores recursos
a la lucha contra el fraude.
Paso ya finalmente, señor presidente, al cuarto grupo
de instrumentos que el Gobierno presenta a la Cámara
para conseguir los objetivos de mayor crecimiento,
mayor empleo y mayor calidad de vida, que es la mejora
de la calidad de los servicios públicos y del sistema
de protección social. La mejora de las prestaciones
sociales y de los servicios públicos ha sido y es una
prioridad para el Gobierno del Partido Popular y para
los grupos parlamentarios que le apoyan. Eso se ha
constatado en los presupuestos de 1997 y de 1998 y se
vuelve a ver en los presupuestos de 1999 con un importante
esfuerzo económico y de gestión en políticas
como sanidad, pensiones, educación, Administración
de justicia y modernización de las Fuerzas Armadas.
Mencionaré algunas de ellas.
La sanidad pública va a contar con el mayor presupuesto
de su historia, va a superar por primera vez los
cuatro billones de pesetas, y, además, por primera vez
toda la sanidad pública estará financiada con recursos
procedentes del presupuesto, sin que una peseta de las
cotizaciones de empresarios y trabajadores vaya a
financiar la sanidad pública, cumpliendo y anticipando
en un año la finalización del Pacto de Toledo. Este
aumento de la financiación sanitaria es consecuencia,
por un lado, del modelo de financiación que fue acordado
por las comunidades autónomas que tienen competencias
y por el Estado en el Consejo de Política Fiscal
y Financiera, por unanimidad, que tiene vigencia
hasta el año 2001 y que para el año que viene va a
suponer, desde el punto de vista sanitario, una mejora
en la dedicación de las 109.000 pesetas por habitante
de 6.000 pesetas más que en el año 1998 y una reducción
de las diferencias de peseta por habitante entre
unas comunidades autónomas y otras. A este aumento
de la financiación, consecuencia del acuerdo de financiación
sanitaria del Consejo de Política Fiscal y Financiera,
hay que añadir 68.000 millones de pesetas que
provienen de los acuerdos entre el Gobierno y las autoridades
sanitarias en la reducción del fraude en la incapacidad
temporal y en la aportación de la industria farmacéutica
al presupuesto.
Quisiera subrayar, una vez más, que estos ahorros
que se producen como consecuencia de la reducción
del fraude en la incapacidad temporal o de la mayor
aportación a la financiación de medicamentos por parte
de la industria farmacéutica no van al déficit, como ha
sucedido en ocasiones anteriores, sino que son ahorros
que aumentan la financiación de la sanidad y, por
tanto, repercuten directamente en la calidad que reciben
los ciudadanos. Sobre calidad me gustaría poner
algún ejemplo. Señor presidente, en tan sólo dos años
la lista de espera quirúrgica se ha reducido en 52.000
personas. Por un lado, hay 52.000 españoles que estaban
en lista de espera quirúrgicamente y que en este
momento no lo están y, por otro, la duración de esa
lista de espera ha pasado, como he dicho anteriormente,
de un año de promedio a 83 días. El Gobierno,
como la Cámara es consciente, ha puesto en marcha
una política de genéricos que supondrá 200 referencias
genéricas a finales de 1998 y 400 a finales de 1999.
Creo que la mejoría es importante, pero no podemos
pararnos ahí. En ese sentido, seguimos apostando
por la calidad y por el futuro de la sanidad pública. Me
gustaría poner también algunos ejemplos en esta dirección.
Las inversiones reales en la sanidad pública que
dependen del Gobierno van a aumentar un 20 por
ciento hasta los 65.000 millones. Esto supone 9 nuevos
hospitales, 74 nuevos centros de salud y que en el 80
por ciento de los hospitales del Insalud se va a realizar
reformas. El Gobierno -quiero recordarlo ante la
Cámara-, en ese mismo acuerdo del Consejo de Política
Fiscal y Financiera, comprometió a las autoridades
sanitarias, al Insalud y a las comunidades autónomas
que tienen competencias, a que el Gobierno aportaría
25.000 millones más a la financiación sanitaria en el
año 2000 si se comprometían las autoridades sanitarias
a una política de mejora y reducción de las listas de
espera, es decir, de beneficio del ciudadano. Como he
dicho, a partir de 1999 la sanidad pública española
será financiada en su totalidad por el presupuesto del
Estado, coincidiendo con el mayor presupuesto de su
historia.
Además de la política sanitaria me gustaría mencionar
también, dentro de estas políticas de protección
social y de mejora de calidad de vida, la evolución de
las pensiones. En este sentido, los presupuestos de
1999 dan un importante paso en la garantía del sistema
de pensiones. Ya he dicho que se produce una financiación
total de la sanidad pública a través del presupuesto,
lo cual supone cumplir uno de los objetivos
básicos del Pacto de Toledo, y el Gobierno ya ha sugerido
que la negociación de la renovación del nuevo
Pacto de Toledo debería anticiparse a 1999. De lo que
no cabe duda, señorías, es de que con la evolución y
reducción del déficit de la Seguridad Social, las mejoras
en la gestión contra el fraude que mencionaré más adelante
y la separación de fuentes en la sanidad, ese
debate entre los grupos sobre el Pacto de Toledo en su
segunda versión, en su renovación, se hará sobre bases
mucho más saneadas desde el punto de vista financiero
y sobre una muy importante solidez que, como se ha
puesto de relieve, ha hecho desaparecer del debate
político la duda sobre el futuro de las pensiones públicas
en nuestro país. Quisiera además recordar que
tanto en 1996 como en 1997, las pensiones han ganado
poder adquisitivo, seis décimas por encima de las iniciales
previsiones que contenían los presupuestos.
Respecto a la lucha contra el fraude social, me gustaría
mencionar algunas cuestiones. El Gobierno está
convencido de que la solidez y credibilidad del sistema
de protección social descansa fundamentalmente en la
capacidad de crecer y de crear empleo, pero también
en una relación de responsabilidad entre el ciudadano
con el Estado y del ciudadano con otros ciudadanos,
respetando los derechos y las reglas del juego de todos.
Desde ese convencimiento, desde un principio consideramos
la lucha contra el fraude como un elemento
esencial para modernizar nuestro Estado de bienestar, y
eso nos ha permitido un ahorro, desde julio de 1997,
de 427.000 millones de pesetas. Este saneamiento va a
suponer sólo en 1998 más de 200.000 millones de pesetas,
cifra que será similar en 1999.
Otro de los pilares de nuestro sistema de bienestar
lo conforman las políticas sobre la educación. Claramente,
el objetivo del Gobierno -creo que es un objetivo
compartido por todos los grupos- es que todos
los españoles tengan acceso a las capacidades y conocimientos
que necesitan para desarrollar su vida, tanto
laboral como personal, sobre todo en un marco claro
de igualdad de oportunidades y dentro de una mayor
calidad en la educación. Para 1999, el presupuesto destinado
a educación crece un 6,5 por ciento, hasta alcanzar
un total de un billón 120.000 millones de pesetas,
el incremento más importante en términos reales desde
1991, y dentro de un contexto muy importante en este
tema de descenso de la tasa de natalidad. Con esos
recursos se van a poner en funcionamiento 67 nuevos
centros, uno cada seis días, se va a aumentar la plantilla
educativa en 1.310 profesores y se va a potenciar la
enseñanza del inglés en la educación infantil.
Dentro de la política educativa, al Gobierno le merecen
especial importancia los programas de ayuda que
resultan esenciales para garantizar que nadie quede
excluido de este derecho por falta de medios económicos.
En este sentido, la partida destinada a becas crece
un 11,3 por ciento, hasta un total de 97.000 millones de
pesetas, así cien mil millones de pesetas en becas. Para
el transporte escolar, se dedicarán 12.600 millones y a
comedores escolares, 6.000 millones de pesetas, un 34
por ciento más que en ejercicios anteriores. Con respecto
a estas ayudas, me parece especialmente relevante
destacar dos cuestiones sobre un tema que interesa a
las familias españolas, como es la compra de libros
escolares. Va a haber un total de 300.000 ayudas en
1999, cien mil más que en 1998, por un importe de diez
mil pesetas cada una. Según los datos del Gobierno, la
medida aprobada el año pasado por esta Cámara, y que
se consolida en estos presupuestos, de permitir competencia
en la compra de libros de texto de rebajas de
hasta el 12 por ciento, ha supuesto un ahorro medio a
las familias españolas de 1.500 pesetas en la compra de
libros de texto.
Además de las políticas de pensiones, de sanidad y
de educación, el Gobierno también apuesta directamente
por las políticas de bienestar social que se dirigen,
como la Cámara sabe perfectamente, a los colectivos
más desfavorecidos. Estas políticas crecen en 1999
un 6,7 por ciento, teniendo el nivel histórico más alto
de políticas de bienestar social, más alto aún que cuando
se constituían en un ministerio independiente. Un
total de casi 50.000 millones de pesetas. Desde 1996 -
me parece importante resaltarlo-, el gasto neto en
políticas de solidaridad ha crecido un 31 por ciento. En
este período los programas que más se han incrementado
son los que se refieren a la juventud (un 110 por
ciento), o a la mujer (casi un 50 por ciento). La importancia
que el Gobierno otorga a estas políticas de solidaridad
no sólo se manifiesta en las ayudas directas a
través de la política de gastos, sino también en la política
de ingresos, como lo demuestra la nueva configuración
del IRPF en donde por primera vez se tendrá en
cuenta para fijar la carga tributaria las necesidades
familiares de los contribuyentes, y tendrán un especial
tratamiento discapacitados y personas con rentas más
bajas. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda
y Lozana ocupa la Presidencia.)
Termino, señor presidente. A lo largo de mi intervención
he tratado de presentar ante la Cámara el marco
económico al que se enfrenta la economía española en
1999, caracterizado por muchas cuestiones muy nuevas
y todas ellas de gran trascendencia. También he explicado
ante la Cámara cómo la nueva situación de la economía
española, consecuencia directa de la política
económica, supone hoy que podamos enfrentarnos a
esos retos y a esas oportunidades con un margen de
maniobra totalmente distinto del que teníamos hace
muy pocos años. Cuando en épocas no tan lejanas,
hace tres años, nos enfrentábamos a una crisis financiera
nuestra única preocupación era que nuestra peseta,
que nuestra moneda no se devaluara demasiado, que
nuestros tipos de interés no crecieran demasiado o que
nuestro deterioro de crecimiento no fuera demasiado
intenso. ramos el paradigma del país que podía
encontrarse en situaciones totalmente distintas en
menos de doce meses en cuanto a la cotización de su
moneda y éramos un vecino algunas veces incómodo
que arrastraba a algunos de nuestros socios comerciales
a devaluaciones que ellos ni querían ni pretendían.
La situación hoy es bien distinta. Hoy la economía
española se encuentra en una clara situación de solidez.
Podemos y debemos dedicar nuestros esfuerzos,
tanto como consecuencia del euro como de la crisis
internacional, a afianzar el crecimiento y el empleo y
estamos inmersos en un proyecto de mejora de la calidad
de vida de los españoles y de acercamiento real de
la vida diaria de nuestros ciudadanos a la de los de los
países europeos más prósperos.
Para poder responder a la crisis, por un lado, y al
euro, por otro, se toman en estos presupuestos y en
paralelo con los mismos medidas que transforman áreas
tan importantes como el impuesto sobre la renta de las
personas físicas, el funcionamiento de la competencia
o la política de empleo a tiempo parcial. Se dedican en
estos presupuestos recursos muy importantes a políticas
que potencian el crecimiento, como la reducción
de las cotizaciones sociales para colectivos especialmente
protegidos, la política de impulso en la contratación
de la mujer, la política de infraestructuras o la política
de investigación y desarrollo, jugando la empresa
pública española un papel que no había jugado hasta
ahora. Al mismo tiempo, afianzamos y mejoramos la
política de calidad de los servicios públicos no sólo a
través de la asignación de recursos sino también a través
de la exigencia de una mayor responsabilidad individual
de todos los usuarios. En ese sentido, señor presidente,
creo que en los últimos tres años se ha
producido un cambio sustancial de la política económica
española y del papel que los presupuestos juegan
en la misma. La capacidad de generación de estabilidad
y de confianza de la política presupuestaria se encuentra
en el centro de esta nueva realidad económica española.
Una vez más tengo el honor de presentar unos presupuestos
en nombre del Gobierno del Partido Popular
y una vez más solicito de SS.SS. el respaldo a los mismos,
y en el caso de que no sea así, solicito también a
SS.SS. que podamos entrar en un debate sobre qué
objetivos alternativos al crecimiento, el empleo y la
calidad se plantean por los grupos parlamentarios y, si
esos objetivos son compartidos, qué instrumentos alternativos
a la reducción del déficit, la modernización de
nuestro sistema tributario, las políticas de bienestar o
las políticas de mejora del empleo, de las infraestructuras
y del I+D proponen los grupos parlamentarios para
conseguir los nuevos objetivos. (El señor presidente
ocupa la Presidencia.)
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: A los proyectos de ley de
presupuestos y de acompañamiento se han presentado
siete enmiendas de totalidad de devolución, una por el
Grupo Socialista, otra por el Grupo de Izquierda Unida
y cinco por el Grupo Mixto. En este mismo orden van a
proceder a su presentación y defensa ante el Pleno sus
respectivos portavoces.
En primer lugar, por el Grupo Socialista, tiene la
palabra su portavoz, don Josep Borrell.
El señor BORRELL FONTELLES: Señor presidente,
señorías, el presupuesto para 1999 se presenta en un
momento frágil de la economía mundial. Se presenta
acompañado de reformas fiscales regresivas que según
ustedes sirven igual para un roto que para un descosido,
para fomentar el ahorro o para aumentar el consumo.
Se presenta mientras el diálogo social se empantana
y resquebraja y mientras los gobiernos socialdemócratas
de los países de la Unión Europea proponen dar
un nuevo impulso a las políticas de crecimiento y de
empleo. Se presenta mientras en España estamos sumidos
en un debate identitario, discutiendo si somos
catalanes, vascos, españoles o todo a la vez; en un
momento en que se discute sobre lealtades constitucionales
y sobre arquitecturas políticas, y se deja de lado
el debate sobre el modelo de sociedad y sobre los problemas
que afectan a la gente en lo cotidiano. El presupuesto
es el gran momento para volver a centrar la
atención política sobre lo que se habla en Europa, fundamentalmente
el empleo y el bienestar.
Empecemos, señorías, por valorar la adecuación del
presupuesto al momento cíclico de la economía, reconociendo
que es difícil hacerlo; difícil por el oscurantismo
con que presentan ustedes las cifras, pero, sobre
todo, por la situación realmente volátil de la economía
mundial. No tengo tiempo de hacer un largo recorrido
por los problemas que asolan al mundo, como ha
hecho el señor vicepresidente del Gobierno. Simplemente
les diré que ustedes elaboraron el presupuesto
antes del verano y que no lo han modificado a pesar
del cambio drástico de las circunstancias. Ante la incertidumbre,
ustedes han optado por cerrar los ojos y
mantener, con apenas la corrección de una décima, sus
previsiones de crecimiento. La verdad es que no podemos
asegurar que estas previsiones no acaben siendo
realidad, pero constatamos que ustedes son los únicos
que se las creen. Todos los demás piensan que la economía
española va a sufrir una desaceleración, como el
resto de los países, que situará el crecimiento en el 3
por ciento, según los más pesimistas, o en el 3,5, según
los más optimistas. En todo caso, crecer al 3 por ciento
sería un buen ritmo, no sería una recesión ni una crisis,
pero sería un escenario distinto del que hemos vivido,
distinto, a peor, del que hasta ahora ha caracterizado la
mejor coyuntura económica de la España democrática.
Este escenario distinto afectaría a las expectativas de
los agentes económico, afectaría a su cuadro macroeconómico
y a sus previsiones presupuestarias. ¿Mucho
o poco? Es difícil de saber, lo reconozco, pero sabemos
lo suficiente como para ser muy escépticos con respecto
a algunas de sus previsiones. Por ejemplo, ¿es creíble
que mantengan ustedes la misma hipótesis de crecimiento
de las exportaciones que antes de la crisis? Si
piensan que vamos a crecer lo mismo que este año,
¿por qué prevén que vaya a haber un menor crecimiento?
Si en los dos últimos años han recaudado menos
por IRPF de lo que preveían, ¿es creíble que vayan a
aumentar la recaudación del año que viene cuando aseguran
que el impuesto disminuye un 11 por ciento
como media?
Nuestro escepticismo, señorías, se tiñe de preocupación
cuando vemos que la OCDE o la propia Comisión
Europea destacan el carácter cíclico y coyuntural de la
reducción del déficit, mientras que el estructural sube.
En este contexto, la pregunta típica y clásica que nos
hacemos es la de cómo calificaría usted estos presupuestos,
¿expansivos o contractivos? Más bien, señorías,
se trata de presupuestos contemplativos. Ante el
ejercicio que tienen ustedes que hacer, han optado por
esperar y ver, poniendo una vela a algún santo para
que las cosas vayan por donde tienen que ir, esperando
que las decisiones que tomen los demás les eviten a
ustedes tener que decidir o creyendo que los problemas
se resuelven cambiándolos de sitio o de nombre, y
mientras tanto, eso sí, gran aparato propagandístico
sobre lo bien que van todas las cosas en esta reserva
de la derecha europea, alabando las virtudes del presupuesto
sin que les ruborice que los números les contradigan
flagrantemente.
Dicen ustedes que la inversión pública sube cuando
en realidad cae con respecto a la que van a realizar este
año; que se refuerza el presupuesto educativo, pero no
dicen que es en beneficio de los centros privados; que
se incrementa la inversión en investigación y desarrollo,
pero sólo porque incluyen en ella indebidamente la
compra de material militar; que van a abrir muchos
hospitales nuevos cuando este año sólo han ejecutado
una cuarta parte del crédito de inversiones; que la lista
de espera baja cuando han suprimido ustedes toda
información oficial en las memorias del Insalud sobre
esta variable. (Aplausos.) Usted debe saberlo, pero los
demás no lo podemos saber, porque desde 1996 ha
desaparecido cualquier información al respecto en los
documentos públicos del Insalud, señor Rato.
Anuncian una ley penal del menor que carece de
dotación; se llenan la boca con declaraciones sobre
medidas para proteger a las mujeres maltratadas y
luego no ponen un solo duro para hacerlas posibles
(Aplausos.); aprueban un decretazo para controlar el
gasto farmacéutico, que luego es la partida que más
crece el año que viene. Ustedes son maestros en decir
una cosa y hacer otra utilizando todos los medios
publicitarios a su alcance para ocultarlo, pero con el
tiempo la verdad se hace más difícil de ocultar, cada
vez es más claro que no hacen lo que dicen ni dicen lo
que hacen, que recurren a enmiendas de última hora,
como en el proyecto de ley del IRPF o en el de la ley
del sistema eléctrico, o a decretos-leyes para intentar
paliar las consecuencias nefastas de su sistema de
financiación autonómica y evitar que se le enfaden sus
socios parlamentarios.
Señoría, ha hecho usted un balance de la política
presupuestaria desde que gobiernan. Pues bien, este
balance se resume en una serie de rasgos característicos
que se apoyan todos en un ciclo económico favorable,
que pasan por la liquidación del patrimonio
empresarial público, por el incremento de la presión
fiscal global y de la indirecta, por el desvío del gasto
público hacia los activos financieros que no computan
en déficit, por el traslado del gasto hacia atrás y hacia
adelante, por el incremento, como les digo, de la presión
fiscal global en España, aunque ustedes digan todo
lo contrario. Cojan las últimas estadísticas del Eurostat
y verán que los españoles pagamos globalmente más
impuestos con respecto a nuestra renta hoy que antes
de que gobernaran ustedes, pero, eso sí, de forma más
injusta. En estos presupuestos, señor Rato, por primera
vez en la historia fiscal de la democracia, con excepción
del año en que implantamos el IVA, los impuestos
indirectos superan en su peso a los impuestos directos,
algo que se corresponde plenamente con su filosofía
política y que como le digo marca un punto de inflexión
en la historia fiscal de la democracia. (Varios
señores diputados: Sí, sí, sí.)
Los gastos no financieros del Estado en el período al
que usted ha hecho referencia han crecido un 60 por
ciento más de lo previsto en los presupuestos iniciales,
y las desviaciones presupuestarias y las modificaciones
que ustedes han hecho en 1997 y van a hacer en 1998
son el doble de la media de la anterior legislatura.
Modifican veinticinco artículos de la Ley General Presupuestaria
de una sola tacada. ¿Es así como entienden
ustedes la estabilidad normativa y el rigor?: 60 por ciento
más de incremento de gasto del que le autorizó el
Parlamento en los presupuestos iniciales. Eso es rigor,
señor Rato. Sí, ya me dirá que en todo caso el aumento
es pequeño, 3,1 por ciento. Es cierto, es pequeño, pero
¿cómo lo han conseguido? ¿Lo han conseguido reforzando
el control del gasto, como nos ha explicado
usted, con su botafumeiro portátil? No, lo han conseguido
convirtiéndose en los magos de la transformación
en préstamos de las obligaciones del Estado que
debían pagarse mediante transferencias. Un ejemplo,
sólo uno, en los presupuestos de este año hay 200.000
millones de pesetas destinadas a financiar la compra de
material militar para el ejército, pero no intenten buscar
la partida en el presupuesto del Ministerio de Defensa,
no está; está en forma de un préstamo que hace el
Ministerio de Industria a las empresas suministradoras,
que a su vez será reembolsado en cómodos plazos por
el Ministerio de Defensa en los próximos veinte años.
Es una excelente forma de hacer desaparecer el gasto,
convertirlo en préstamo y centrifugarlo hacia el futuro.
Sí, señor Rato, y para mayor escarnio, lo computa usted
como gasto en investigación y desarrollo.
Ustedes han hecho política presupuestaria normal
con el capítulo 8, de activos financieros, y por eso lo
han sacado del cómputo del gasto público, y si no las
cifras consolidadas lo demuestran, señor Rato. ¿Sabe
usted cuánto ha crecido el gasto financiero?: 4,4 billones
de pesetas. (Un señor diputado: ¡Qué barbaridad!)
Son ustedes los mayores prestamistas del Reino.
Al mismo tiempo, los ingresos financieros han crecido
sólo 1,3 billones, cuatro veces menos. Señor Rato,
puestos a redondear la faena y ya que lo convierte
usted todo en préstamo para que le desaparezca del
cómputo del déficit, ¿por qué no da usted un préstamo
a los funcionarios en vez de pagarles la nómina? Sí,
señor Rato, ¿por qué no?, un buen préstamo, sin tipo
de interés y a cien años de devolución. ¿Se da usted
cuenta de la cantidad de déficit que se ahorraría pasando
el capítulo 1 al capítulo 8? (Aplausos.) ¡Anímese
usted, hombre! ¡Anímese! ¡Así de golpe! Fíjese usted,
préstamos sin tipo de interés y sin plazo de devolución
y convierte usted todo el capítulo 1 en un préstamo. Ya
sé que Europa no le dejaría hacerlo, pero han hecho
ustedes cosas bastante más gordas, aunque no tan grandes.
(El señor Núñez Pérez pronuncia palabras que
no se perciben.) No, no es un chiste, porque han
hecho ustedes cosas bastante más gordas, aunque quizá
no tan grandes en este malabarismo conceptual que les
permite hacer desaparecer el gasto, aunque luego
obviamente les aparece por la parte de la deuda pública.
¿Saben en cuánto se ha incrementado el stock de
deuda pública, con criterios de Bruselas, desde que
ustedes gobiernan? En 10 billones de pesetas. ¿Y los
déficit acumulados cuánto son? Pues 5 billones de pesetas.
Hombre, uno creía que la deuda pública se emitía
para financiar los déficit y que, acumulados, una era
igual a los otros. Pues no, señor Rato, usted ha emitido
10 billones de deuda para financiar 5 billones de déficit.
¿Por qué? Porque hay gastos que usted no ha utilizado
como partidas presupuestarias que computan en
el déficit, pero, claro, ha tenido usted que seguir financiándolos.
Por eso tiene mucha más deuda acumulada
que déficit ha tenido que financiar.
Ahora, en 1999, ustedes nos proponen aumentar la
inversión pública, la educación y la sanidad, que bien
les vendrá y buena falta les hace después de la sequía
presupuestaria a la que las han sometido desde que
gobiernan, pero las cifras del presupuesto, señorías,
demuestran una vez más que eso que ustedes dicen no
es verdad. Con gran lujo de propaganda nos aseguran
que la inversión pública crece un 8 por ciento, hasta
casi un billón de pesetas, pero la cifra que ustedes dan
es todavía inferior a la cifra de inversión del último
Gobierno socialista en 1995, es todavía menor a la de
hace cuatro años, con lo cual no hacen sino recuperar
el tiempo perdido en su Gobierno, durante el cual han
invertido ustedes menos de la mitad de lo que prometieron
en su programa electoral. Además, tampoco es
cierto que la inversión aumente, porque dice la IGAE
en su informe de liquidación que si la comparan con la
inversión que van a ejecutar, resulta que la que presupuestan
es un 12 por ciento inferior. Es bueno que lo
sepan todos aquellos a los que ustedes les están prometiendo,
por enésima vez, proyectos de inversión que
después desmenuzan en microcifras con las que llenan
un anexo de inversiones para conseguir que todo el
mundo quede satisfecho porque vea retratada en él la
inversión que reclama. Pero no se podrán ejecutar,
señor Rato. ¡Cuántos ejemplos puedo explicarle en el
tiempo de que dispongo! Fíjese en la autovía Salamanca-
Portugal: dos años de parón y ahora dicen que la
van a hacer el año que viene. El proyecto cuesta 14.000
millones de pesetas; computan ustedes para hacerlo
140 millones. O la autovía Tarancón-Cuenca, con un
coste de 8.000 millones de pesetas. Van a hacerla el año
que viene, por supuesto, con una asignación presupuestaria
de 25 millones de pesetas. ¿Qué van a pagar
ustedes con eso, los carteles de anuncios? Pues así
todo, señoría, así todo. (Aplausos.)
Su anexo de inversiones es un ejemplo esperpéntico
de una política propagandística que sólo trata de cuidar
las apariencias cuando a veces, por desgracia, tienen
que hacer lo que no se atreven a decir, como por ejemplo
cuando convierten una partida de 500 millones en
un pago a una comunidad autónoma de 42.000 para
financiar obras terminadas hace dos años; o cuando
programan 8.000 millones de pesetas para estudios y
proyectos ferroviarios que comprometen, de hacerse,
3,5 billones de pesetas. Ustedes se han quedado sin
instrumentos de planificación. No son ni su Gobierno,
señor Aznar -gloriosamente ausente-, ni la Cámara
los que deciden la inversión pública de este país; son
las empresas constructoras o, en el mejor de los casos,
las comisiones de Transportes del Partido Popular,
donde, con asistencia de su ministro de Fomento, se
fijan las inversiones con criterios electorales en 200
kilómetros en el entorno de Madrid. Han abandonado
cualquier intento de planificación y utilizan únicamente
los criterios de rentabilidad financiera del capital y con
ello desvertebran el territorio o, peor todavía, sobrecapitalizan
absurdamente los entes de gestión que han
creado para centrifugar el déficit en contra de la inversión
pública que podría ejecutarse.
¿Saben ustedes cuál será el volumen de recursos que
el GIF tendrá invertidos en deuda pública a finales del
año 1999? Serán 180.000 millones de pesetas, con lo
cual llegamos a una situación, señor Rato -explíquenoslo
si no-, realmente tartufiana. Emiten ustedes
deuda pública para financiar recursos que transfieren a
un ente público en forma de préstamos que no computan
en el déficit para que aquel invierta en infraestructuras,
pero como no lo puede hacer porque no tiene
proyectos, los reinvierte en la deuda pública que ustedes
han emitido para podérselos entregar (Risas.-
Aplausos.) y así, señor Rato, todos estamos encantados,
porque aparentamos que invertimos mucho sin
invertir nada y sin afectar al déficit. ¡Bravo! Cada vez
hay un circuito de la inversión que va fuera del presupuesto
y cada vez se abandonan más los criterios de
vertebración del territorio, que son sustituidos por la
lógica de rentabilidad del capital privado.
¿Por qué hablarle de la vivienda? Dijeron que iban a
financiar 150.000 viviendas al año y este año no van a
llegar ni siquiera a 50.000. Han dividido la aportación
de recursos. (El señor ministro de Fomento, AriasSalgado
y Montalvo, hace signos de denegación.)
Sí, señor ministro, no van a llegar ni siquiera a 50.000,
entre otras cosas porque no han sido todavía capaces
de llegar a ningún acuerdo con las comunidades autónomas
para aplicar el Plan de vivienda 1998-2001, con
cargo al cual no han podido ustedes financiar ninguna
vivienda nueva.
Educación. Según ustedes el presupuesto de Educación
es histórico. Para ustedes casi todo es histórico.
Tienen una voluntad de trascendencia realmente encomiable,
a la que les ayuda sin duda alguna el agudo
complejo de Adán del que sufre todo el gabinete, pero
la historia en general, señorías, y la historia de la educación
pública en particular no empezó con su llegada
a La Moncloa. Los presupuestos de la reforma educativa
que ustedes aplican relegan la escuela pública, marginan
los programas dirigidos a la igualdad y no hacen
sino incrementar vegetativamente el gasto. Se pongan
como se pongan, no hay una sola peseta para financiar
más gasto educativo del que resulta de la inflación y
del normal desarrollo de los programas en curso. No se
contemplan en estos presupuestos las promesas que
hizo la ministra al sector y a la colectividad educativa al
aprobar la declaración conjunta en favor de la educación.
No es verdad que suban las becas, ni en cuantía
ni en número -hay 25.000 becas universitarias menos,
un 10 por ciento-, ni es verdad que aumente la plantilla
de profesores, ni es verdad que aumente la inversión.
En eso, como en tantas otras cosas, su modelo
social es un modelo que privilegia lo privado en contra
de lo público y que truca todas las cifras -y con tiempo
se lo podría explicar- tratando de aparentar una
realidad que es la que saben que es socialmente aceptada
por nuestra población, cuando las cifras, bien
estudiadas, dicen lo contrario. No hay 1.300 profesores
más. En todo caso, habrá 1.300 profesores nuevos, pero
como se jubilan más de los que ustedes contratan, la
realidad es que hay menos. (Risas.-Aplausos.)
Y en Sanidad, señor Rato, pasa lo mismo. El gasto
les crece como el PIB nominal. ¿Y qué? Eso es, a fin de
cuentas, el pacto que hicieron con las comunidades
autónomas, pero, eso sí, al así hacerlo consolidan ustedes
la injusticia y hacen que los ciudadanos que viven
en comunidades autónomas con competencias transferidas
dispongan de más financiación que las que no las
tienen. Al final de sus pactos autonómicos el Insalud
central va a estar infradotado en más de 120.000 millones
de pesetas, lo que no tiene ninguna justificación
demográfica ni de ningún otro tipo. Pura y simplemente
ustedes están financiando sus pactos autonómicos en
contra de la salud de buena parte de la población española
(Aplausos.), porque les quitan financiación para
conseguir ocultar el fracaso de su sistema de financiación
autonómico, en el que tendré tiempo de entrar.
Dígame, ¿dónde están en el presupuesto sanitario los
29.000 millones de pesetas que Farmaindustria se comprometió
a aportar en el tan aireado acuerdo al que
llegó con su ministro de Sanidad para controlar el gasto
farmacéutico? Los únicos elementos de su gasto que
crecen, aparte del farmacéutico, son los conciertos con
las entidades privadas, una vez más acorde con su
planteamiento político, que aumenta y privilegia lo privado
en contra de lo público, cosa que se manifiesta
también, señor Rato, aunque usted lo escamotee, en la
modificación introducida en el IRPF, que desgrava los
seguros privados, dando un paso de gigante en la dualización
de la asistencia sanitaria en este país.
Me gustaría ahora, señor presidente, dedicar unos
minutos a dos temas de enorme importancia para la
arquitectura política de nuestro país y para nuestra
cohesión social: la financiación autonómica y el sistema
público de pensiones. Señoría, su sistema de financiación
autonómica tenía fecha de caducidad. La fecha
de caducidad era cuando se llegase a la liquidación del
primer año de su aplicación -primer año de aplicación,
1997; liquidación en 1999-. En los presupuestos
de este año vemos el reflejo de esta liquidación. ¿Y qué
es lo que vemos? Pues vemos que o bien están ustedes
encubriendo de nuevo un déficit oculto o sus previsiones
han fallado estrepitosamente y la liquidación de
muchas comunidades autónomas que aceptaron el sistema
será negativa. Para paliar esta quiebra ustedes
modifican el fondo de garantía, según lo acordado en
el Consejo de Política Fiscal y Financiera del mes de
marzo, para garantizar que los ingresos de las comunidades
que aceptaron el modelo suban como mínimo
igual que los de aquellas que lo rechazaron. Ustedes
propusieron y basaron su sistema en la hipótesis de
que los ingresos por IRPF subirían más que el resto de
los impuestos y más que el PIB -esta era su lógica-,
pero su regresiva política fiscal y su fracaso en la gestión
tributaria han hecho que no sea así, que sea al
revés, y ahora tienen ustedes que buscar parches. Invitaron
a subir a un tren, en el que metieron a empujones
a las comunidades por ustedes gobernadas, anunciando
que ese tren iría más aprisa que el resto, pero,
una vez dentro, el maquinista puso el freno y va más
despacio, y ahora, al darse cuenta de que los beneficios
anunciados no aparecen por ninguna parte, tratan
de ponerle parches a través de procedimientos a cual
más oscuro: convenios, financiación sanitaria, créditos
extraordinarios para pagar obras autonómicas pagadas
hace dos años o fondos de garantía debidamente aderezados
para evitar el supremo escarnio de que los que
estaban en contra acaben ganando. ¿Recuerdan ustedes
los anuncios publicados en la prensa de Andalucía
diciendo lo que perderían los andaluces si no se sumaban
al modelo de financiación? ¿Podría explicar a la
Cámara, señor Rato, cuál es la previsión de financiación,
la previsión de incremento del IRPF que ha adoptado
usted para calcular las transferencias a las comunidades
autónomas? ¿Puede? (El señor vicepresidente
segundo del Gobierno y ministro de Economía y
Hacienda, de Rato Figaredo, hace gestos afirmativos.)
Pues hágalo. ¿Podría usted explicar cuál es la
relación que hay entre la cuantía del fondo de garantía
que apunta en su presupuesto y lo que van a recibir en
los suyos las comunidades autónomas? ¿Cómo casa una
cosa con la otra? ¿Podría usted explicarnos cómo ha
repartido el fondo de nivelación de servicios, si es que
lo ha hecho, que con tanta fanfarria nos presentaron?
¿Cuándo van a acabar ustedes con este juego absurdo,
señor Aznar o señor Rato? ¿Cuándo acabarán ustedes
de tener que farolear con las previsiones de ingresos
del IRPF para terminar pagando de cualquier manera
sus deudas, aunque, eso sí, sólo a veces a los jugadores
que tienen cartas marcadas en la partida? Cuanto antes
nos sentemos para ayudarles a salir del atolladero,
mejor será para todos, señor Rato. Estoy seguro que
será usted capaz de explicarnos cómo han repartido el
fondo de nivelación y cómo se corresponde lo que prevén
del fondo de garantía con lo que prevén las comunidades
autónomas en sus territorios. ¿Qué previsión
de aumento del IRPF ha adoptado usted y cuál es el
incremento real de las transferencias a las comunidades
autónomas?
Veamos ahora, señor presidente, el presupuesto de
la Seguridad Social. El presupuesto para el año que
viene, igual que los dos presupuestos anteriores, traslada
déficit del Estado a la Seguridad Social, a la que se
le impide que constituya, con cargo a sus actuales
superávit del sistema contributivo, las reservas que
necesitará en el futuro para poder aplicar lo previsto en
el Pacto de Toledo. Según su presupuesto, la Seguridad
Social se endeudará adicionalmente en casi 300.000
millones, de los cuales sólo reconocen 88.000 en el
capítulo 8, porque el resto, de nuevo, aparece como un
anticipo de tesorería de carácter supuestamente coyuntural.
También ahora es el momento de recordar el
debate sobre el presupuesto de 1997, donde les advertimos
que estos anticipos de tesorería no tenían nada
de coyuntural, sino que aportaban la financiación necesaria
para pagar los complementos de mínimos y para
cubrir la diferencia entre lo que ustedes esperaban
cobrar y lo que realmente cobraban. Ustedes negaron
estos hechos con insistencia y esta insistencia debe ser
contrastada hoy con la realidad de la liquidación del
presupuesto de 1997, no con hipótesis, sino con los
datos que presenta la IGAE en la liquidación del presupuesto.
Porque, sabe usted, las liquidaciones de los
presupuestos, tarde o temprano, acaban por llegar. ¿Y
qué dice esta liquidación? Que esos anticipos lucen ya
como deudas consolidadas a largo plazo en el pasivo
de la Seguridad Social. No era, pues, cierto, señor
ministro, que la Seguridad Social limitaba su endeudamiento
a 150.000 millones ni que el anticipo de tesorería
de 350.000 fuera coyuntural ni que fuera no consolidable,
como ustedes afirmaron de forma tan enfática
como ofendida. La IGAE nos dice hoy que el incremento
de endeudamiento de la Seguridad Social en este
ejercicio fue de 836.000 millones de pesetas, cinco
veces más de lo que ustedes decían. Y nos dice, además,
que los ingresos reconocidos, pero no ingresados,
superan los 650.000 millones de pesetas. Lo dice la
Intervención en sus informes de liquidación. Y lo
mismo está pasando en 1998 y pasará en 1999, señor
Rato.Ya sé que me dirá usted que esas deudas acumuladas
son de mentirijillas, porque, a fin de cuentas, el
prestamista es el Estado, el tipo de interés es cero y el
plazo de devolución no está fijado. Ya sé que me dirá
que lo que pasa es que para pagar los complementos
de mínimos en vez de transferir recursos vía capítulo 4,
que computaría en el déficit, se los prestan, entre comillas,
sin pasarlos por el presupuesto, ni siquiera por el
capítulo 8. Ya sé que me dirá que eso no afecta a las
pensiones contributivas, que tienen en su conjunto un
superávit que queda escondido por estos procedimientos.
Eso ya lo sé. Es así y menos mal que es así. Pero
entonces tiene usted que reconocerme que estamos
ante un flagrante procedimiento de ocultación del déficit
del conjunto de las administraciones públicas, que
aflora a través de su endeudamiento consolidado.
El problema de fondo es que ustedes reconocen en
su documentación presupuestaria -lo reconocen ustedes-
que al menos 330.000 millones, que aparecen
como ingresos en 1999, quedarán pendientes de cobro
y que el endeudamiento será superior a los 299.000
millones que prevén. Y por eso, señorías, el problema
no es para hoy, el problema -y grave- es para mañana.
El problema es que ustedes no dejan que se constituyan
las reservas que ahora se podrían constituir -
espero que se lo explique su ministro- y que
necesitarán los pensionistas para las próximas décadas
y que entonces, cuando hagan falta, el sistema fiscal
(que debería asumir antes del año 2000 el coste de
todos los programas no contributivos -¿verdad, señor
Rato?-, entre ellos los 600.000 millones de complementos
de mínimos) estará totalmente incapacitado
para hacerlo, dada la reforma fiscal en curso. No hacen
poco a poco lo que tendrían que hacer, dejan para
hacerlo de golpe dentro de dos años, desarman el sistema
tributario y cuando llegue la ocasión dirán que
eso no se puede hacer y que hay que reconsiderar,
como ya dicen, el Pacto de Toledo. (Aplausos.)
Suba usted, señor Rato -cuando acaben de explicárselo-,
y explíquenos qué dice la Intervención
General de la Administración del Estado sobre los ratios
de solvencia, sobre los niveles de endeudamiento,
sobre esas palabras de la jerga técnica que no quiero
pronunciar, pero que son imprescindibles para conocer
la realidad de un sistema, tal y como la describe la
Intervención General. Me conformo con esto.
Finalmente quisiera -porque es importante hacerlo-,
hablar de empleo y convergencia real, y quisiera
hacerlo desde una reflexión de fondo, aunque necesariamente
breve ya que no dispongo de la hora y media
que ha consumido usted. Señorías, nuestra política económica
debe estar orientada a dos objetivos -en eso
coincidimos, al menos en las declaraciones de principios-:
primero, mantener y mejorar la estabilidad
nominal y la convergencia nominal ya conseguida y,
después, acelerar la convergencia real, sobre todo en
términos de empleo, pero nada de esto se encuentra en
su presupuesto ni en su política económica. Ustedes no
proponen nada nuevo más que permanecer enganchados
al ciclo y se conforman con el empleo que el ciclo
económico crea, y claro que crea, crea mucho, como
siempre. Siempre que la economía crece, crea empleo;
en el pico del ciclo expansivo anterior, en 1990, la tasa
de paro bajó al 15,9 por ciento y ahora está en el entorno
del 18 por ciento. Por tanto, no está pasando nada
milagroso; está pasando lo que pasó en otras ocasiones:
que cuando la economía crece, crea empleo, ahora
como antes. El problema es que no basta sólo con el
crecimiento. Claro que la economía española crece,
claro que está creando empleo, como lo creó en el
anterior ciclo expansivo y no fue suficiente. No compare
usted el año 1998, en plena fase expansiva, con el
año 1993, en plena fase recesiva. No me cuente usted
batallas sobre la estabilidad cuando tiene que saber que
los niveles de temporalidad que refleja la EPA hoy son
iguales que hace un año: el 30 por ciento. No venga
usted aquí a cantar las ventajas y maravillas del contrato
a tiempo parcial cuando ustedes se pasan la vida gritando
en contra del reparto del tiempo de trabajo, ¿o es
que para ustedes el reparto del tiempo de trabajo sólo
sirve y es bueno cuando sus consecuencias las pagan
únicamente los trabajadores? (Aplausos.)
Señor Rato, en la descripción de los problemas estamos
bastante de acuerdo. Tenemos problemas graves
de temporalidad, de baja actividad y de larga duración
de un paro estructural y no deberíamos sentirnos satisfechos
por el hecho de que en plena fase expansiva del
ciclo, cuando el empleo crece al 3,6 por ciento, la tasa
de actividad sólo crezca al 1 por ciento. No son razones
demográficas las que explican esto, señor Rato;
nuestro problema de empleo no son sólo los tres millones
de parados oficiales, son los dos millones y medio
de ciudadanos cuyo desánimo ante las perspectivas de
encontrar empleo hace que ni siquiera se propongan
buscarlo. Y a pesar de los avances que hemos conseguido
en la incorporación de la mujer al trabajo, hoy
tenemos que constatar que precisamente ahora, que
tiene el mejor nivel de formación de nuestra historia y
la tasa de natalidad más baja, se detiene el proceso de
integración de la mujer en el mercado de trabajo, y
tiene que haber alguna razón que lo explique, porque
no es únicamente la demografía, señor Rato.
¿Y qué hablar de la temporalidad? Usted dice que
han conseguido estabilizar el empleo. ¡Pero si, desgraciadamente,
la tasa de temporalidad sigue estando
como estaba! Hacen falta 56 contratos para sacar a una
persona del paro en este país. Tenemos un paro de
larga duración, señor Rato, que no resolverá el crecimiento
económico. Pero miren, nosotros, a diferencia
de ustedes en otras épocas, no vamos a culpar al
Gobierno de estos problemas. Sabemos que es un problema
estructural de nuestro país que nuestra generación
no ha sido capaz de resolver; no le acuso de que
exista, pero sí de intentar ocultarlo; no le acuso del
problema, pero sí de su forma de abordarlo, porque
ustedes están contaminados de su propia propaganda y
creen, como el doctor Pangloss, que no hay nada que
hacer y que lo mejor es ocultarlo. Le reprocho que lo
oculten y que, en consecuencia, no tomen las medidas
necesarias para hacerle frente.
En 1997 los sindicatos y la patronal llegaron a un
acuerdo para incentivar los contratos indefinidos y
reducir nuestras elevadas tasas de temporalidad. Lo
hicieron de una forma responsable y aceptaron una
reducción sustancial en los costes del despido de los
nuevos contratos porque todo el mundo se acordaba
en decir que ésta era una de las causas fundamentales
que dificultaba la contratación indefinida. Pero, para
acompañar este acuerdo, ustedes aprobaron una generosa
política de bonificaciones a las cotizaciones sociales,
equivocada en su diseño y perversa en su financiación;
equivocada en su diseño y perversa en su
financiación. Porque se limitaron a rebajar las cotizaciones
sociales de estos nuevos contratos sin tener en
cuenta ni el sector de actividad, ni la cualificación del
trabajador, ni sus rentas, y además financian esta medida
exclusivamente con cargo a los ingresos ordinarios
del INEM. (Rumores.) Sí, señorías, su principal medida
de política de empleo, aquella a la que dedican la
parte del león de su política presupuestaria en esta
materia, consiste en reducir cotizaciones sociales de
forma indiscriminada para un tipo de contrato y financiarlo
con cargo a las cotizaciones que pagan todos los
trabajadores. Es injusto, señorías, que sean sólo los trabajadores
los que paguen con sus cotizaciones las
medidas para crear empleo, en vez de que lo hagan
solidariamente todos los ciudadanos a través de los
impuestos. Dicho de otra forma -y dígame si me equivoco-,
los trabajadores subvencionan la contratación
indefinida de otros trabajadores, y se aumenta el coste
de todas las cotizaciones para bajar el coste de algunas
cotizaciones.( Varios señores diputados: ¡Sí, sí!.-
Rumores.) Sí, señorías, ustedes quizá no se hayan
enterado, pero eso es lo que está pasando; conviene
que lo aprendan. Estamos, señorías, ante un sistema de
solidaridad en circuito cerrado de los asalariados consigo
mismos que, a fin de cuentas, no es sino otro ejemplo
del proceso de ruptura de los mecanismos de solidaridad
universal que tan bien ilustra su reforma del
IRPF. Los asalariados son solidarios consigo mismos,
trabajan en circuito cerrado, unos pagan cotizaciones, y
con estas cotizaciones excedentarias se financia la bajada
de otras para fomentar una política de empleo a la
que los contribuyentes, con el esfuerzo solidario de
todo el país, como debería ser, no ponen ni una sola
peseta. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor Borrell, vaya concluyendo,
por favor.
El señor BORRELL FONTELLES: Sí, señor presidente,
muchas gracias. Sólo le ruego tres o cuatro minutos
más para decirle que entendemos que es inaceptable
resignarse a tener el empleo que crea el crecimiento
económico; que hay sectores de nuestra sociedad a los
que el crecimiento económico no les sacará del apuro;
que hace falta una política de empleo voluntarista, de
la que hay -y habrá más- ejemplos en Europa, en
Francia, en Alemania, en Inglaterra, que se debe
basar... (Un señor diputado: Eso es voluntarismo.)
Sí, voluntarismo, por supuesto. La gran diferencia entre
la derecha y la izquierda es precisamente esta: el voluntarismo.
Nosotros no nos resignamos, señorías. (Aplausos.)
Desde este voluntarismo -porque la política es
voluntarismo; de lo contrario, ¿qué estamos haciendo
aquí?-, es necesaria una política activa de empleo que
empiece poniendo orden en el presupuesto del INEM,
señor Rato, que incremente las transferencias del Estado
para políticas no contributivas y de solidaridad
(Rumores.) -veo que les hace mucha gracia, pero eso
es lo que hay que hacer-; que rebaje la cotización por
desempleo en casi 1 punto -aquí tiene usted una
medida concreta que presentaremos como enmienda-
para los contratos indefinidos una vez que la situación
ya no justifica que se mantenga el incremento extraordinario
de la misma a que obligó la crisis de 1993. Hay
que establecer además un programa específico de lucha
contra el paro estructural y de larga duración -ya le
digo que ejemplos hay en Europa y que habrá más- a
través de corporaciones locales y entidades de interés
colectivo, y aprovechar los actuales remanentes del
INEM para ampliar la cobertura del subsidio de desempleo
a parados de más de 45 años sin recursos o familias
monoparentales cuyos ingresos sean inferiores al
salario mínimo. Son sólo unos puntos, un bosquejo, un
conjunto de medidas sintéticas que anticipan un plan
de empleo que anuncio ya que nuestro grupo presentará
en breve para su discusión con los interlocutores
sociales y el Parlamento.
Pero, señorías, la política necesaria para conseguir la
convergencia no se agota con la creación de empleo: el
euro es un instrumento, tiene oportunidades y tiene
riesgos; para evitarlos hay que vincular más la negociación
colectiva con los incrementos de productividad, y
ustedes no pueden escudarse en los interlocutores
sociales para justificar su pasividad. Tiene que ver con
las reformas estructurales, señor Rato, en las que usted
ya ha tirado la toalla, o con la liberalización (Rumores.)
-sí, sí-, que usted confunde, como le dice a la
OCDE -¿lo ha leído?-, con la privatización y la consolidación
de oligopolios privados. Un ejemplo: la
supuesta liberalización del sector eléctrico va a significar
que los usuarios pagarán 40.000 millones de pesetas
menos por la rebaja de tarifas, pero pagarán 100.000
millones más por la titulación que ustedes han regalado
a las compañías eléctricas. (Varios señores diputados:
¡Muy bien!) Sí, señor Rato, esta es su forma de
hacer y de concebir las liberalizaciones para consolidar
el poder económico existente y para dejar que el sector
público sea el lugar de paso de los representantes de
los intereses privados que, una vez cumplida su misión,
vuelven a ocupar jugosas poltronas en el lugar de procedencia.
(Aplausos.- Varios señores diputados:
¡Muy bien!)
Señor Rato, su discurso, plúmbeo en su contenido y
casi castrista por su extensión (Risas.), demuestra que
se han quedado ustedes exhaustos de ideas después de
tanta contabilidad imaginativa como han tenido que
hacer para llegar a la cita del euro.
Acabo ya, señor presidente, para ajustarme al tiempo
y para decirle al señor Aznar, cuya cortesía al estar presente
en este debate no agradeceremos suficientemente,
que su forma de contar, en el doble sentido de la
palabra, en el sentido aritmético y de cuentista, refleja
claramente su forma de pensar. (Un señor diputado:
¡Muy bien!) Hoy, con más razones todavía, señor Rato,
debo repetirles lo que ya les dijimos hace dos años y el
anterior. Ustedes desprecian lo público. Ustedes creen
que el sistema de protección social es demasiado solidario,
limita el crecimiento y que las pretensiones igualitarias
no tienen cabida en el mundo de hoy. Por eso
esos señores de la derecha proponen a España entrar
en el siglo XXI marcha atrás, hasta llegar al estado liberal
de antes del New deal de Roosevelt. Por eso ustedes
nos proponen desconstruir lo social y entregar la solución
de todos los problemas al mercado. Pero para
nosotros, y esta es nuestra fuerza, el gasto público y el
impuesto que lo financia son partes integrantes del
contrato social, y el presupuesto debe seguir siendo el
último refugio de los instrumentos de la igualdad para
preservar la educación, la salud, la lucha contra la
pobreza, la investigación, la movilidad, la vivienda, el
ecosistema. No queremos renunciar a ello porque, si
renunciamos a lo que queda de solidario en el mundo
en que vivimos, prepararemos un mundo todavía más
implacable.
Por estas razones, que obviamente no tengo tiempo
de extenderme más en su explicación (Rumores.),
rechazamos su presupuesto y pedimos el voto a la
enmienda a la totalidad. (Fuertes y prolongados
aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Borrell.
Tiene la palabra el señor vicepresidente del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL
GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
(De Rato Figaredo): Gracias, señor presidente, gracias,
señor Borrell.
Empezando por el principio, señor Borrell, y ateniéndome
a la terminología que S.S. utiliza, lo que acabamos
de escuchar es, si me disculpa, pero es su palabra,
un discurso esperpéntico de la falta de alternativa.
(Aplausos.-Rumores.) Su señoría no ha propuesto
nada. Lo único que nos ha propuesto S.S. es rebajar la
cotización por desempleo y subir el subsidio de desempleo;
si a eso sumamos que cuando va a ver a los
empresarios les propone bajar las cotizaciones sociales
y cuando va a ver a los sindicatos les propone subir las
prestaciones, lo que propone S.S. es la quiebra del sistema
de la Seguridad Social. (Aplausos.) Su señoría no
ha hecho nada más que esa propuesta, y desde luego
S.S. debería hacer los números mínimos. Yo le pediría a
S.S. que, a su vez, pida a su grupo parlamentario que,
incluso con la premura que haya tenido que preparar
esta intervención dada su apretada agenda, por lo
menos no le obliguen a decir cosas que están en los
libros de los presupuestos, señor Borrell. Usted puede
criticar la política sanitaria sin necesidad de correr el
riesgo innecesario de decir que una cosa no está (página
94 y siguientes de los presupuestos de la Seguridad
Social con referencia a la memoria del Insalud y las listas
de espera) ¿Por qué no lo leen?
Señor Borrell, usted puede criticarnos. Además,
estando en la oposición, como ha demostrado en su
discurso, S.S. puede hacerlo prácticamente sin tener
que demostrar nada. Pero cuando S.S. se lanza por el
camino del mitin y nos dice que no viene en los libros
de presupuestos me lo pone muy fácil: lo tiene usted
en la memoria del Insalud. Ya sé que usted no lo va a
leer (Protestas.-Algunos señores diputados pronuncian
palabras que no se perciben.), pero en ese
equilibrio interno que tienen ustedes de reparto de trabajo...
(Aplausos.), como su jefe tampoco lo va a
leer... (Protestas. -Algunos señores diputados pronuncian
palabras que no se perciben); bueno, pues
su jefe que se lo cuente, está en las páginas...; fíjese en
que no le hago leer toda la memoria. (Rumores.-Protestas.
Algunos señores diputados pronuncian
palabras que no se perciben.)
El señor PRESIDENTE: Señorías. ¡Señorías!
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL
GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
(De Rato Figaredo): Pero además, señor Borrell,
antes de entrar a explicar a la Cámara lo que S.S. no ha
entendido -no para convencer a S.S. de nada, sino
para evitar que otros diputados puedan salir de la
Cámara mal informados-, quisiera decirle que, como
S.S. sabe muy bien, los convenios de vivienda, por
ejemplo, se cierran en marzo del año siguiente y, por
lo tanto, ahora están cerrados todos los convenios de
vivienda que estamos ejecutando. Y como eso lo sabe
S.S. porque lo ha hecho usted, me parece un argumento
pueril que quiera criticar una política basándose en
el único argumento, ya que no tiene otro, de que las
listas de espera no estaban en los presupuestos: es
mentira; si el único argumento de la política de vivienda
es que no estén ejecutados los convenios, es mentira,
S.S. no tiene ni política de listas de espera ni política
de vivienda ni política de nada. Eso es lo que
sucede. (Aplausos.- Protestas.- Algunos señores
diputados: ¡No te enfades!) Y que conste, no se preocupen
ustedes, que no me enfado nada. (Risas.) No
saben ustedes la tranquilidad que da estar en el Gobierno
con un discurso de oposición como éste. (Aplausos.)
Es realmente agradable. (Varios señores diputados
pronuncian palabras que no se perciben.)
Vamos a tratar de que la Cámara escuche los argumentos
del señor Borrell. (El señor Cercas Alonso
pronuncia palabras que no se perciben.) En primer
lugar, el señor Borrell nos ha dicho que esta es una crisis
internacional muy grave, muy complicada; que él
no se atreve a hacer previsiones; que lo mismo el
Gobierno acierta -y comprendo que lo diga, señor
Borrell, porque usted nos ha anunciado que nos íbamos
a equivocar todos los años y se ha equivocado
S.S.-; pero que deberíamos pensárnoslo. No me cabe
la menor duda, señor Borrell. En este momento tenemos
aquí las previsiones de la OCDE, del Fondo Monetario
Internacional y de la Comisión Europea. Las tres
coinciden en reducir una décima el crecimiento de la
economía española respecto a sus previsiones de abril.
¿Su señoría nos aconseja que aceptemos eso o cree S.S.
que debemos pensar en otra cosa distinta? Y si lo cree,
¿por qué lo cree? ¿Tiene S.S. en este momento alguna
impresión de que se estén desacelerando la inversión,
la construcción, el consumo privado, la formación de
empleo? ¿Qué efectos positivos va a tener sobre la economía
española -si cree que va a tener alguno- la
reducción de los tipos de interés? ¿Cree S.S. que no va
a tener ningún efecto sobre la economía española la
reducción de los impuestos? ¿No sabe S.S. nada de eso?
¿No puede tener una opinión? Es decir, si S.S. se
encuentra con que tiene unos informes de los organismos
internacionales y S.S. se encuentra con que tiene
unos datos de contabilidad nacional sobre la evolución
de la inversión del consumo, ¿no podría pensar S.S.
cuál puede ser una cifra aproximada? Su señoría puede
decir que esa es labor del Gobierno. Pues bien, el
Gobierno cree en este momento, coincidiendo con los
organismos internacionales, que los datos de la economía
española -habida cuenta de la repercusión que
sobre nuestro comercio internacional tiene una crisis
que sólo afecta al 15 por ciento de nuestros mercados-,
sobre nuestras previsiones de abril, representan
que hoy nos estamos enfrentando a una décima de
diferencia. Lo cual, señor Borrell, indica: primero, que
la situación de toda Europa es mejor que la del resto
del mundo, como he tratado de explicar; y, segundo,
que nuestra situación es diferencialmente mejor que la
media europea. En ese sentido, si S.S. lo que quiere
transmitir a la Cámara -aunque no se atreve a dar una
previsión, aunque no se atreve a criticar unas previsiones-
es que está convencido de que debe transmitir
una cierta inseguridad, cuando no un cierto catastrofismo,
eso es pura dialéctica política, señor Borrell.
Sigamos adelante. Después, el señor Borrell nos ha
planteado la situación del empleo, y nos ha dicho que
nosotros no hemos hecho prácticamente ningún esfuerzo
en contratos estables. Pues bien, señor Borrell, yo
no sé a qué llama usted esfuerzo, pero le diré que los
indefinidos iniciales fueron 240.000 en el año 1996;
273.000 en 1997 y 469.000 en el año 1998. Su señoría
puede decirme que le parece poco y que deberíamos
hacer otra cosa y, por cierto, que nos ha propuesto que
hagamos cosas con las cotizaciones sociales, pero al
parecer a S.S. no le parece bien que el Gobierno reduzca
las cotizaciones sociales no para todos, señor
Borrell, no como usted. Nosotros, cuando hemos ido a
explicar los presupuestos a la patronal o a los sindicatos,
no les hemos dicho cosas distintas de las que quieren
oír, señor Borrell, no. Nosotros proponemos una
reducción de 300.000 millones de las cotizaciones
sociales para discapacitados, mujeres, parados de larga
duración o jóvenes. Su señoría puede decirme que no
está de acuerdo con esa política, lo que me parece muy
bien, puede decírmelo, pero es que no me lo ha dicho.
No me ha dicho qué haría S.S. ¿Cree que debemos
ampliar ese colectivo? ¿Cree que debemos reducirlo?
¿Cuál cree que es nuestra estrategia con respecto a eso?
Al mismo tiempo, S.S. también nos ha dicho que
nuestra política de empleo es resignada. ¿Cree S.S. que
1.300.000 empleos en la legislatura es una política
resignada? ¿Cree S.S. que crecer tres veces más deprisa
el empleo en España que la media europea es una política
resignada? ¿Cree S.S. que crecer nuestro empleo en
el año 1998, al comienzo de la crisis internacional, tres
veces por encima de la media europea es una política
resignada? Pues entonces, ¿cómo calificaría usted la
política que ustedes tuvieron, señor Borrell? (Aplausos.)
Y que conste que a estas alturas de la vida no
importa nada la política que ustedes tuvieron, nada más
que en algunos casos para aprender de los errores,
pero no importa nada. Me parece elemental el que S.S.
nos hiciera una aportación, pero simplemente nos dice
que lo que hacemos nosotros es resignarnos, teniendo
en cuenta que este año aportamos más del doble de lo
que ustedes aportaban a la reducción de cotizaciones y
que los datos indican que, a través del diálogo social,
de la liberalización de la economía y de un montón de
cosas que S.S. no conoce o no entiende, hemos conseguido
avanzar en un cambio sustancial del mapa.
Me ha hablado después S.S. de la deuda pública. A
S.S. le escandaliza que la deuda pública crezca. ¿Quiere
decir S.S. que es partidario de un superávit presupuestario
siempre? (El señor Borrell Fontelles hace signos
negativos.) Es que es la única manera de que no
crezca, es decir, es una de las cosas más notables que
he oído en un debate económico. Su señoría, en contra
de todas las instituciones internacionales, universidades
públicas y privadas y partidos políticos occidentales,
considera que la medición de la deuda pública hay
que hacerla sobre el stock de deuda y no en relación al
producto interior bruto. ¿Me quiere explicar S.S. de
dónde ha sacado esa idea, quién se la ha sugerido? Porque
es notable. (El señor Cercas Alonso: ¡No es eso!)
No, señores, no. Lo que pide el Tratado de Maastricht,
lo que mide el Fondo Monetario Internacional y lo que
la Facultad de Económicas considera la evolución de la
deuda, señores, es la relación entre deuda y producto
interior bruto. Es que es increíble que ustedes quieran
desviar el debate en otra dirección. (Aplausos.) Pero
aunque lo quieran ustedes desviar en otra dirección, de
lo que tienen que ser conscientes es de que lo que se
está produciendo como consecuencia del superávit primario,
es decir, que ingresamos más que gastamos descontando
los intereses de la deuda, es que se reduce el
crecimiento de la deuda con respecto al crecimiento de
la economía y al producto interior bruto, lo cual quiere
decir que crece más deprisa la renta de los españoles
que la deuda pública, y le voy a poner un ejemplo para
que S.S. lo entienda. (El señor Cercas Alonso pronuncia
palabras que no se perciben.) Su señoría ha
descubierto que la deuda pública ha crecido por encima
de los nueve billones de pesetas. Sí, y la renta de
los españoles 23. (Aplausos.) Claro, señor Borrell.
Ahora, si S.S. le va a exigir al Gobierno español que
tiene que reducir el stock de deuda completo, es decir,
que tiene que haber superávit total en la economía, S.S.
bien haría en meditar seriamente sus propuestas económicas
porque, desde luego, es el único partido europeo
del espectro que quiera S.S., centro, derecha,
izquierda, neocentro, neoizquierda, lo que usted quiera,
que propone como medida de la deuda el stock
total. (El señor Cercas Alonso pronuncia palabras
que no se perciben.) Y S.S. considera, además, que
toda la evolución de los activos financieros tiene que
responder al déficit de caja, lo cual es notable.
Señoría, además del déficit de caja, en la financiación
de la deuda se producen otros acontecimientos;
por ejemplo, el agujero de 500.000 millones que ustedes
nos dejaron. (Rumores.) ¿Lo ha sumado S.S.? Porque
debería sumarlo. Por ejemplo también, la variación
de activos, la variación en la cuenta del Tesoro. Por
tanto, S.S. tiene que ser consciente -y seguramente
alguien de su grupo parlamentario que haya tenido
experiencia se lo podrá explicar- de que, primero, no
se puede plantear la reducción de deuda en volúmenes
absolutos y, segundo, que la deuda no es exactamente
el déficit de caja. Señoría, en deuda y previsiones
macroeconómicas no sé si habremos avanzado algo,
pero tengo que reconocerle que lo he intentado. (Un
señor diputado: ¡Olé!)
Pasemos ahora a la relación impuestos directos e
indirectos. Señor Borrell, se lo han dicho los secretarios
de Estado en las comparecencias. ¿Quién le ha dicho a
usted que utilizara ese argumento? ¿No se ha dado
cuenta de que ha habido un sistema de financiación
autonómica por el cual el 15 por ciento de la recaudación
del IRPF ya no aparece en las cuentas del Estado?
¿No se ha dado usted cuenta? (Rumores.-Aplausos.)
Señor Borrell, que no le lleven por ahí, hombre, que es
una cosa de Perogrullo. Se lo han dicho a usted en las
comparecencias. ¿Es que no le ha informado nadie de
las comparecencias? Señor Borrell, se lo voy a explicar.
En recaudación líquida, los impuestos directos ascienden
a 7 billones 431.000 millones de pesetas y los
impuestos indirectos a 7 billones 520.000 millones; es
decir, son más los impuestos indirectos en recaudación
líquida. Uno de sus colaboradores, de sus compañeros
de grupo, preguntó a los secretarios de Estado de Presupuestos
y de Hacienda lo que S.S. me ha planteado.
Ellos le explicaron claramente que en los impuestos
directos, en recaudación líquida, no se computa la
cesión del IRPF a las comunidades autónomas ni el
resto de los impuestos cedidos, que son todos directos;
que el impuesto de la electricidad, que ahora aparece
como un impuesto directo, no se puede comparar porque
antes era un canon; y que, por tanto, si se homogeneizan
los datos, los impuestos directos crecen 8
billones y los impuestos indirectos 7 billones 400.000
millones. ¿Por qué me lo pone tan fácil, si se lo han
dicho a usted en las comparecencias? Esto no es un
argumento político; esto es lo mismo que la página de
las listas de espera. Se trata de que su grupo parlamentario
le dé una información solvente. (Rumores.-
Aplausos.) Sí, sí, levante la mano. Pero, señor Borrell,
no tiene ninguna importancia.
No tiene ninguna importancia, señor Borrell, comparado
con la financiación de las comunidades autónomas.
Le tengo que agradecer muchísimo que haya planteado
este tema porque no era fácil para mí entrar en él
y me lo ha pedido. Yo le agradezco que me lo haya
pedido. (Rumores.) Efectivamente, estamos en el año
1999 y podemos saber ya cifras reales. Si S.S. tiene
razón y entiende que la modificación del acuerdo del
Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre el nuevo
sistema de financiación, modificación que se hace en
marzo de este año y que supone dar una garantía a las
comunidades autónomas como consecuencia de que el
Estado va a plantear una reducción de los ingresos del
IRPF (El señor Navarrete Merino: ¿Y los pantanos
qué?), S.S. tendría que darse cuenta de que las comunidades
autónomas que crecían en cualquier caso PIB
nominal, porque nunca aceptaron la fórmula del IRPF,
que por cierto son todas socialistas, serían las grandes
beneficiadas. Pero como ya tenemos datos ciertos le
puedo decir a S.S. que, frente a lo que ustedes se cansaron
de decir y nosotros tratamos de convencerles, el
sistema de evolución del IRPF es mejor para las comunidades
con menos renta que para las comunidades
con más renta, como lo demuestra, por ejemplo, que
Andalucía, Galicia y Canarias van a experimentar en el
período 1997-1999 crecimientos superiores al 26 por
ciento -dos de ellas lo van a poder recibir y la otra no
porque ustedes se lo han prohibido-, mientras que el
conjunto de las comunidades va a crecer el 23,5 por
ciento. Pero voy a ir más lejos, y por eso le he agradecido
mucho su argumento. Si la comunidad autónoma
de Andalucía tomara una decisión institucional y no
tuviera que hacer la parte de oposición que ustedes no
son capaces de hacer (Aplausos.), en 1999 recibiría
51.349 millones de pesetas más. (Rumores.-El señor
Sanjuán de la Rocha: Reconozcan la población.)
Señor Borrell, es estricta responsabilidad no sé si de
usted o de su jefe no permitirles que firmen un acuerdo
en las comisiones mixtas. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA (De Rato Figaredo):
Nosotros no les pedimos que renuncien a sus posiciones,
no les pedimos que no planteen sus recursos
en el Tribunal Constitucional, no les pedimos nada de
eso. Ustedes son muy dueños de hacerlo. Me parece
muy bien. Lo único que les decimos es que cuando una
ley ha sido aprobada, y es ley porque ha sido aprobada
por la mayoría de la Cámara, permitan ustedes que se
aplique institucionalmente a todo el mundo y no obliguen
a los andaluces a perder 51.000 millones, a los
extremeños 3.775 millones y a los castellano-manchegos
3.121 millones. No hay derecho, señor Borrell, no
hay derecho. (Aplausos.)
Paso ahora, señor Borrell, a analizar otras cuestiones
que S.S. ha ido planteando: las modificaciones presupuestarias.
Señor Borrell, usted sabe, porque ha sido
secretario de Estado de Hacienda y de Presupuestos
mucho tiempo, que las modificaciones presupuestarias
no son equivalentes a más gasto, pero aun así, y se lo
he dicho al comienzo de mi discurso, los dos tercios de
las modificaciones que plantea el Gobierno en el presupuesto
de 1998 son consecuencia de decisiones discrecionales;
es decir, las podíamos hacer o no. (El
señor Borrell pronuncia palabras que no se perciben.)
No es lo mismo. Perdone señor Borrell, pero un
montón de las modificaciones que ustedes tenían no
las podían elegir, habían presupuestado mal. Es una
gran diferencia. No es lo mismo encontrarse con que
no se pueden pagar las facturas de la luz o el seguro
de desempleo que decidir anticipar deuda pública para
mejorar ejercicios posteriores; no es lo mismo. Y como
no es lo mismo no trate usted de confundir a los demás
porque S.S. lo sabe perfectamente. Nosotros hemos
decidido políticamente anticipar gasto de ejercicios
anteriores en el caso de la deuda pública y acelerar un
proceso de inversión -después hablaremos de eso-
porque nos ha parecido políticamente conveniente y,
como tenemos margen porque nuestro déficit público
en el año 1998 va a ser sustancialmente inferior al previsto,
hemos decidido hacerlo, y aun así, como he
dicho esta mañana aquí, el déficit público del año 1998
ni siquiera va a estar en el 1,7 para el Estado. Señor
Borrell, usted me puede decir: Yo no estoy de acuerdo
-vale, díganoslo-, yo no habría canjeado deuda
pública o habría canjeado más o menos. Pero lo que
no me puede decir es que es una modificación que
altera o que pone en riesgo la sostenibilidad del presupuesto,
porque entonces S.S. no me ha entendido nada
o cree que los demás no nos enteramos, y en cualquiera
de los dos casos la situación es grave. (Rumores.)
Sigamos adelante. Gastos en defensa. Señor Borrell,
¿quién le ha dicho a usted que los gastos en defensa de
I+D que nosotros propugnamos son para construcción
de fragatas? Le han engañado, señor Borrell. Son prototipos.
Estoy seguro de que se han enterado, tiene usted
un tinglado muy complicado. (Risas.) Es que no son
las fragatas, son los prototipos. (Varios señores diputados
del Grupo Socialista: ¡Ah, ah!-Aplausos.) Se
lo voy a poner más claro para que usted lo entienda.
Frente a la política de defensa anterior que era comprar
a las multinacionales los F-18, frente a la política anterior
de comprar patentes y mandar dinero a las multinacionales,
es decir el F-18, nosotros apostamos por
una política de que Casa, Bazán y Santa Bárbara contribuyan
en prototipos, aumenten la tecnología, no cierren
y sean capaces de contribuir el crecimiento europeo.
(Aplausos.- Rumores.) ¿No quería usted que
habláramos de gastos en defensa, señor Borrell? Pues
hablemos de gastos en defensa. Efectivamente, nosotros
queremos que la Empresa Nacional Bazán en El
Ferrol sea capaz de tener 12.500.000 horas de trabajo
directo. (Rumores.) Sí, señor. ¿Ustedes no? Pues vayan
diciéndolo. No, usted no sabe nada, claro, ya lo hemos
visto. (Risas.) Nosotros queremos que la factoría de
Casa tenga también trabajo con los 87 aviones Eurofighter
y esté ahora trabajando en el prototipo y que las
factorías de la Empresa Nacional Santa Bárbara, Santa
Bárbara Blindados Sevilla, Trubia-Oviedo y Granada,
puedan tener 202 nuevos puestos de trabajo. Ahora
bien, S.S. me puede decir que eso es una tontería, que
lo que hay que hacer aquí es cerrar esas empresas y
contratarlo con Boeing. Pues si eso es lo que opina S.S.,
como es exactamente lo que han hecho ustedes a lo
largo de los años que han gobernado, no me extraña
nada. (Aplausos.- Rumores.- Protestas.) Pero,
señor Borrell, créame que son prototipos, y como son
prototipos a S.S. le puede parecer que no debemos
contribuir a tener I+D en prototipos y que debemos
comprarlos fuera. Es un debate; seguramente S.S. no
tiene el valor de plantearlo pero es un debate. Lo que
no puede ser en un debate es que a S.S. le hagan subir
aquí a decirnos que estamos haciendo un gasto en
compra de fragatas cuando lo que estamos invirtiendo
es en prototipos y, desde luego, la I+D se desarrolla a
través de los prototipos, como S.S. sabe perfectamente.
(Rumores.)
Señor Borrell, le tengo que dar también otra referencia
de los libros de presupuestos para que su grupo
parlamentario le oriente mejor. Dice S.S. que no sabe
qué pasa con las privatizaciones y con el dinero de la
SEPI. Mire la página 821 y siguientes del tomo I de presupuestos
de explotación y capital y otros estados
financieros de las sociedades mercantiles estatales. Ahí
lo tienen ustedes. Mire que es fácil. Si ustedes nos lo
hubiesen preguntado se lo hubiéramos dicho, pero se
lo digo ahora: página 821 y siguientes del tomo I; creo
que el libro es de color gris pero no estoy seguro. Ustedes
pueden tenerlo porque yo personalmente me preocupé
de que el Grupo Parlamentario Socialista, con el
resto de los grupos de la Cámara, no en discriminación,
el mismo día que yo presenté los presupuestos tuviera
suficientes elementos para juzgarlos. (Rumores.) Además,
para hacer estas preguntas, señor Borrell, y que
no tengamos que perder el tiempo en el Pleno teniendo
que decirle las páginas donde están las cosas, para
eso están las comparecencias. No se entiende este
debate de presupuestos en el que le tengo que orientar
sobre dónde están los datos en los libros. (Aplausos.)
Señor Borrell, ¿sabe usted lo que vamos a hacer nosotros
con la política de SEPI? ¿Sabe lo que hacían ustedes?
No se acordará pero era usted ministro y se debería
acordar. Lo que hacían era que se endeudaran las
empresas y ustedes asumían la deuda que no se computaba
en déficit en ese momento -Eurostat ha tenido
que ir cambiando alguno de sus criterios como consecuencia
de lo que han ido ustedes haciendo, lo advierto-,
y a partir de 1995 separaban las empresas que
perdían -que las condenaban a desaparecer- de las
que ganaban, y en las que ganaban hacían una operación
extraña que era privatizar un trocito a una cosa
que llamaban núcleos duros, que eran elegidos directamente,
y subir los precios de los suministros. Su señoría
ha criticado nuestra política de privatizaciones y de
empresa. Muy bien. Ya sé que a ustedes no les gusta
pero miren la diferencia. Con ustedes había monopolios
públicos de los que se beneficiaban algunos grupos
privados y subían los precios de la electricidad, de
los carburantes, de la bombona de butano, del teléfono
y de todo. (Rumores.) Con nosotros hay empresas privadas
que están bajando los precios. Ruego a S.S. que
mire cuál ha sido la evolución de los precios de todos
los productos de esas empresas para ver hasta qué
punto se está beneficiando el consumidor. ¿O cree realmente
que un crecimiento de la economía de casi el 4
por ciento y una inflación del 1,6 por ciento se produce
como consecuencia de lo que S.S. llama voluntarismo?
¿Usted cree que la evolución de la inflación en
nuestro país se produce como consecuencia del voluntarismo?
Ya podían haber tenido ustedes un poquito
más de voluntarismo. (Risas.-Aplausos.)
Voy terminando. El debate de la Seguridad Social,
señor Borrell, sinceramente me parece que debería
replanteárselo. Su señoría no debe transmitir la sensación
de que la Seguridad Social -que creo que es un
tema importante- está en riesgo, por dos razones, primero
porque no es verdad y, segundo, porque todas
las decisiones que S.S. nos achaca las han tomado ustedes.
Cómo puede venir usted aquí a contarnos la película
del año 1994. ¿Quiere que se la cuente, señor
Borrell? En el año 1994 se toma la decisión de que ustedes
tienen que presentarse en Bruselas con menos déficit
público del Estado, luego cortan la financiación de
la Seguridad Social, y para no aflorar el déficit de ésta
cambian los criterios de contabilización por medio
punto del PIB. Y ahora viene a decirnos que cómo nos
atrevemos. Le voy a decir lo que estamos haciendo, y
que conste que no es la primera vez que se lo digo,
otros compañeros míos también lo han hecho. Señor
Borrell, en 1995 el déficit de la Seguridad Social era de
386.000 millones de pesetas, es decir, el 0,55 por ciento
del PIB; en 1996 el déficit bajó a 353.000 millones, es
decir, el 0,48 del PIB: en 1997 el déficit bajó al 0,2 del
PIB, es decir, menos de la mitad, 177.000 millones de
pesetas; en el año 1998 el déficit ha bajado a 125.000
millones de pesetas; y en el año 1999 planteamos un
déficit de 88.000 millones. Que S.S. me hable de la evolución
de la Seguridad Social, con un déficit que estaba
en 386.000 millones en su último presupuesto y está en
88.000 millones a finales de 1999, y quiera trasladar a
debate que esto va muy mal es una total irresponsabilidad.
Como ustedes ya no pueden decir que las pensiones
públicas no se van a pagar, ¿qué es lo que van a
decir ahora? ¿Cómo se puede mantener ese debate con
estas cifras?
Pero voy a seguir, señor Borrell, porque S.S. se pasa
la vida hablando de los préstamos. Pues hablemos de
los préstamos. (Rumores.) ¿Se acuerda de los 170.000
millones que ustedes tenían prestados con la banca privada,
que era una gran negocio para la banca privada?
¿Dónde están sus anteriores ministros de Trabajo? (Un
señor diputado: ¡Aquí aquí.) Que se lo cuenten.
Ahora no tenemos ni un solo préstamo con la banca
privada. Eso no lo computa su señoría. Pero vamos a
seguir: préstamos de equilibrio presupuestario. En
1997, 150.000 millones; en 1998, 125.000 millones; y en
1999, 88.000 millones. A S.S. le llama mucho la atención
el desfase de tesorería. ¿Por qué no le llamó la
atención en el Consejo de Ministros de 1994? (Un
señor diputado. ¡No existía!) ¿Cómo fue posible que
usted en aquel momento no dijera a la opinión pública
que las decisiones del Gobierno ponían en peligro la
Seguridad Social? ¿Cómo fue posible que S.S., que está
tan poseído en este momento del debate sobre los
préstamos de tesorería, no fuera capaz de plantearlo
cuando tenía responsabilidades? (Aplausos.) Esto,
señor Borrell, es casi desleal. (Rumores.) Sí, se lo
digo, es en lo único que se lo digo. No hay derecho a
meter miedo a los ciudadanos españoles sobre la Seguridad
Social en un tema que se está reduciendo y en el
que el origen del problema se produce en el año 1994
con decisiones que tomaron ustedes y que a lo mejor
no les quedó más remedio que tomar, pero no hay
derecho a plantearlo en estos términos. Le voy a dar
unos datos: préstamos de tesorería, 350.000 millones en
1997; 350.000 millones en 1998 y 210.000 millones en
1999. Pero tiene que tener en cuenta lo que le he
dicho, que a los préstamos de tesorería que SS.SS. utilizaban
para la Seguridad Social hay que sumarles
170.000 millones de la banca privada, que han desaparecido.
Señor Borrell, ¿cómo no va a estar mejorando la
Seguridad Social si está aumentando el número de cotizantes
por encima del 5 por ciento? ¿Qué necesidad
tenemos de abrir un debate que no existe en este
momento? ¿Cómo es posible que S.S., en un momento
en que vamos a hacer la separación de fuentes de la
sanidad, que por cierto fue una propuesta de su grupo
parlamentario y del mío en el Pacto de Toledo, no reconozca
que la Seguridad Social está en un proceso de
saneamiento creciente? ¿Cómo es posible que si se está
reduciendo el déficit y los préstamos de tesorería, no
hay préstamos con la banca privada y absorbemos
100.000 millones de sanidad, S.S. quiera todavía decir
que la Seguridad Social está en peligro? Señor Borrell,
busque otros argumentos, hay muchos para debatir
política o económicamente, pero no el eterno argumento
de su partido de tratar de trasladar a la sociedad la
sensación de que todo el mundo corre riesgos. Señor
Borrell, perdone que se lo diga pero no es creíble y no
ganamos nada con ese debate, sobre todo cuando S.S.
viene a proponerme que rebajemos las cotizaciones del
desempleo y que aumentemos las prestaciones. ¿Me
quiere explicar S.S. cómo va a hacer esa operación?
(Rumores.)
Su señoría se rasga las vestiduras con el Inem. Que
las cotizaciones del Inem se dediquen a formación, perfeccionamiento
y orientación a favor de trabajadores
desempleados está en el artículo 223 de la Ley de Seguridad
Social. ¿A usted no le gusta? ¿Su señoría está pensando
en plantear un Pacto de Toledo en el Inem, en
una separación de fuentes en el Inem? Si lo está pensando,
piénselo más veces, tómese un poquito más de
tiempo. Plantear un Pacto de Toledo en el Inem es una
propuesta que S.S. debería meditar, y hay suficiente
talento en su grupo como para pensarla. (Rumores.)
No se debe plantear eso así como quien no lo quiere.
Si a S.S. le parece mal que utilicemos las cuotas del
Inem en mejorar las políticas activas, S.S. puede decirlo,
pero nosotros estamos cumpliendo la ley, el pacto
del empleo de Luxemburgo, las recomendaciones de la
Comisión Europea y cualquier política efectiva de creación
de empleo que se produzca en este momento en
el mundo, por lo menos en la OCDE.
Por último, señor presidente -no sé si he contestado
a todas las preocupaciones del señor Borrell
(Rumores.), creo que a todas de las que tengo conciencia
en estos momentos sí-, simplemente querría
decir que llevamos tres años de legislatura y todavía no
nos han planteado ustedes una sola alternativa de política
económica. (Rumores.) En este período de sesiones
que comenzó el 1 de septiembre tenemos todavía
que ver una propuesta de creación de empleo o de
política económica de su grupo parlamentario. (Rumores.)
Señor Borrell, acepto todas sus críticas y sobre
todo sus posiciones políticas, pero de todo el debate
esta última parte, la de la Seguridad Social, le pediría
que la abandonase, no porque al Gobierno le vaya a
crear ningún problema. Fíjese usted lo fácil que es responder
al Gobierno: Lo que ustedes empezaron nosotros
lo vamos a terminar, lo que ustedes dejaron
empantanado en el año 2000 estará cerrado. Pero es
que no vale la pena porque estamos hablando de algo
que a la gente le afecta muy directamente, que es la
Seguridad Social. Y si en este país se hizo un esfuerzo
considerable en el Pacto de Toledo entre todos los grupos
parlamentarios para consolidar la idea de que pensiones
públicas, sanidad pública y prestaciones sociales
son bienes protegidos, y todos hemos aprobado leyes
en esa dirección, ¿a qué viene que me quiera usted
plantear que el Gobierno de España del año 1994 se
vio en la necesidad de hacer préstamos a la Seguridad
Social que el Gobierno de España del año 1999 ó el
2000 va a poder cancelar? ¿Me quiere usted decir a qué
viene ese debate, señor Borrell? Sinceramente no lo
entiendo. En ese sentido tengo que decir que de toda
la intervención de S.S. esa es la parte en la que no
puedo entender el debate político. En todo lo demás,
señor Borrell, le agradezco mucho sus alternativas y el
debate y, como es natural, espero que S.S. cambie de
opinión y vote los presupuestos. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.
Señor Borrell. (Un señor diputado del Grupo
Popular: ¡Ánimo Borrell!-Risas.-Un señor diputado
del Grupo Socialista: ¡Ya quisiérais!-La señora
López i Chamosa: ¡No lo necesita, lo tiene muy
alto!)
El señor BORRELL FONTELLES: Señorías, señor
Rato, para que este debate tenga utilidad política y
social no sirve de mucho que en su réplica se dedique
a descalificar diciendo: No sabe nada, no se entera de
nada. Creo que hacer esto no sirve de nada. El debate
sirve para que usted trate de explicar lo que se le pregunta
sobre su proyecto, porque no sé si lo sabe pero
usted es el que gobierna y usted presenta su proyecto
y nosotros lo criticamos, y le he hecho preguntas que
usted no ha contestado. No se refugie detrás de la descalificación,
vayamos al fondo del asunto. Es usted un
mal sofista porque no puede tratar de contestar a lo que
no le he preguntado ni hacerme creer que he dicho lo
que no he dicho. Intentaré ser más constructivo que
usted y trataré de volver a centrar la discusión sobre los
temas que creo que son relevantes para el país y no sus
descalificaciones. (Un señor diputado: ¡Muy bien!)
En cuanto a sanidad, en la página 94 del informe en
cuestión no hay nada. Aquí está, ¿quiere que se la lea?
(Risas.-Aplausos.-Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, sosiéguense, incluida
la señora Chamosa.
Adelante, señor Borrell.
El señor BORRELL FONTELLES: Realmente, el que
no se lee la documentación presupuestaria es usted,
que le tienen que soltar chuletas todo el rato. Es usted
el que no se la lee y le tienen que decir: Di que está en
la página 94. Obviamente usted no lo ha leído, porque
si lo hubiera hecho -y comprendo que no lo lea-
vería que no hay desde 1996 ninguna información en
las memorias del Insalud -ninguna, señor ministro-
sobre la realidad de las listas de espera. Hay explicaciones
sobre las previsiones de lo que va a ocurrir, pero
no sobre lo que ha ocurrido. En la página 94 en cuestión,
al menos si estamos hablando de la misma, no
aparece esa información.
Pero vamos al grano, señor Rato. Le he preguntado:
¿Dónde están los 24.000 millones de Farmaindustria?
(Varios señores diputados: ¡Ah, ah, ah!-Un señor
diputado: ¿Dónde están?-El señor Yáñez-Barnuevo
García: Romay, ¡pásale el papel!) ¿Dónde están?
Contésteme, por favor. ¿Dónde está la promesa que
usted esgrimió, señor ministro de Sanidad? ¿Dónde está
en el presupuesto? (Rumores.) ¿Cómo explica la diferencia
de financiación entre las comunidades de un
régimen y de otro en sanidad? Explíqueme las cosas
importantes. ¿Dónde están los 24.000 millones de Farmaindustria?
(Varios señores diputados: ¿Dónde
están?) Eso en cuanto a sanidad.
En cuanto a educación, le he preguntado pero explíqueme
si hay más o menos becarios. Yo le digo que
hay un 10 por ciento menos. Contésteme, hay un 10
por ciento menos, ¿sí o no? El incremento de las becas
es para pagar el aumento de las tasas de las universidades
como consecuencia de las normas que han tomado,
no hay una peseta más en mano para ningún estudiante,
¿sí o no, señor Rato? (Rumores.) ¿Hay más o
menos profesores, señor Rato? Los que contratan nuevos,
¿son más o menos que los que se jubilan? Contésteme.
La inversión en educación, una vez descontado
lo que transfieren a Canarias y la reposición, ¿cuánto
queda para la inversión nueva? Esto es lo que queremos
saber.
Deuda pública. No me diga usted que le he dicho lo
que no le he dicho. Téngame un mínimo de respeto
intelectual como yo se lo tengo usted. Cómo puede
subir a la tribuna para decir que el PIB español ha subido
en 24 billones en dos años. ¿Veinticuatro billones en
dos años? O sea, que una cuarta parte del PIB español
se ha producido en dos años. Pero ¿qué dice usted?
(Risas.-Rumores.) En cambio, lo que sí es cierto es
que la deuda pública española ha crecido en 9,4 billones
de pesetas y el déficit -no el déficit de caja, señor
Rato, que esta diferencia ya me la sé-, en términos de
contabilidad nacional, ha subido 4,9 billones de pesetas.
(Varios señores diputados: ¡Eso, eso!) En contabilidad
nacional le falta a usted por explicar la bagatela
de otros 4 billones de pesetas de aumento de la deuda
pública, que no se corresponde con el aumento del
déficit. Este es el problema. ¿Para qué sirve la deuda?
Para financiar los déficit. ¿Cómo es posible que la
deuda aumente más que los déficit? ¿Cómo es posible
que algo se sanee al mismo tiempo que aumenta el
endeudamiento? ¿Cómo es posible que la Seguridad
Social esté cada día más saneada y cada vez tenga más
deudas? Explíquenoslo porque hay una contradicción
in terminis.
Nosotros no pretendemos asustar a nadie -se lo he
dicho- y usted no debería hacer creen que pretendemos
asustar. He dicho y repito que el sistema contributivo
de pensiones puede perfectamente hacer frente al
pago de sus obligaciones con las cotizaciones que
cobra, no tiene ningún problema hoy. Pero en Toledo
dijeron -dijimos- que podía tener problemas en el
futuro y que había que acumular reservas. Ustedes no
dejan que se acumulen las reservas porque los superávit
potenciales los dedican a pagar prestaciones no contributivas
y a cubrir las diferencias entre los ingresos
que dicen y los que no dicen. (Varios señores diputados:
¡Así es, así es! ¡Muy bien!-Aplausos.) No quiero
tratar de sembrar ninguna clase de preocupación a
nadie, pero no podemos dejar tampoco que se instale
en nuestro país una especie de autismo respecto a un
problema que se está incubando. En 1995 el endeudamiento
de la Seguridad Social era de 2,8 billones de
pesetas, datos oficiales. A finales de 1997 es de 4,8
billones de pesetas, datos oficiales. Muy saneado pero
aumenta en 2 billones su deuda. A finales de 1999,
según sus datos, será de 5,6 billones de pesetas. Muy
saneado pero ha incrementado en 3,5 billones la
deuda. ¿Alguien puede entender eso? (Aplausos.)
¿Pueden los españoles entender que un organismo que
se sanea financieramente aumenta su deuda al mismo
tiempo? Ya sé que me dirá: son deudas con el Estado
que no pensamos reclamar, que no devengan tipos de
interés. Son deudas para camuflar el déficit. Claro que
sí, señor Rato, eso es lo que le estoy reprochando, que
conviertan ustedes en deuda los procedimientos de
ocultación del déficit público que luego les sale por el
incremento de la deuda. Eso es lo que explica que
tenga usted mucha más deuda emitida que déficit teórico
ha tenido que financiar.
No me diga que asusto; advierto, vuelvo a advertir:
las cotizaciones sociales son suficientes para pagar las
pensiones, pero no lo serán en el futuro si no se acumulan
reservas y las reservas hay que acumularlas
ahora, en época de bonanza, y no lo están haciendo y
dentro de dos años no podrán aportar los 600.000
millones para liberar a la Seguridad Social del pago de
los complementos de mínimos. Ese es el problema y
usted no lo quiere entender; mejor dicho, lo entiende
perfectamente, pero sube aquí a disimular poniéndose
colorado -porque no puede evitar que la epidermis le
traicione- (Risas.) a hablarnos de prototipos. Mire,
los prototipos de las fragatas fueron contratados por los
gobiernos socialistas y los F-18 -ya sé que de aviones
entiende menos- fueron contratados por el anterior
gobierno de UCD. El F-18 está volando hace mucho
tiempo. (El señor ministro de Defensa, Serra
Resach, hace signos negativos.) ¡Ah!, ¿no está volando?
(Rumores.) Pásele usted una chuleta al señor Rato,
señor ministro. (El señor Ministro de Defensa, Serra
Resach: ¡30 de mayo de 1983!) Señor ministro, yo no
le reprocho al Ministerio de Defensa... (El señor
ministro de Defensa, Serra Resach: ¡30 de mayo
de 1983!)
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, no establezca
diálogos. Señor Borrell, adelante, pero no establezca
diálogos, por favor.
El señor BORRELL FONTELLES: Como usted está en
todos los gobiernos de todas las salsas, algo tiene que
decir. (Risas.)
Señor ministro, por favor, intentemos reconducir el
debate. No le reprocho que haya material, aunque sean
prototipos, para la defensa; lo que le digo es que usted
no lo computa como gasto, que hacen ese malabarismo
de trilero que consiste en decir: lo pagas tú con un
préstamo y luego el otro lo amortiza en veinte años. Y,
así, ¡milagro! No está en el déficit, pero sí está en la
deuda, por eso le crece más la deuda que el déficit.
Pero si es de cajón, es elemental.
Vamos a ver qué me ha dicho sobre las comunidades
autónomas. Por favor, dígame usted si las cifras que le
doy de endeudamiento de la Seguridad Social son o no
son verdad y dígame usted si es o no verdad que en su
memoria dice que hay 330.000 millones de pesetas de
diferencia entre lo que esperan cobrar y lo que realmente
cobrarán, y si es o no es verdad que hay otro préstamo
de Tesorería, porque esas cosas, señor Rato, no las
puede usted tratar de ocultar diciendo que queremos
meter miedo. Lo explico otra vez: nadie tiene que tener
miedo por la estabilidad y el futuro del sistema de pensiones
si se aplica lo que pactamos en Toledo por iniciativa
nuestra. El problema es que ustedes no lo hacen,
ese es el problema, y no lo hacen porque ocultan déficit
y pueden ir a Maastricht sacando pecho mientras que
consiguen estos endeudamientos tan extraordinarios que
coexisten pacíficamente con saneamientos.
Comunidades autónomas. Le he hecho cinco preguntas,
usted no me ha contestado a ninguna. Qué tasa de
crecimiento ha tomado usted como referencia para la
recaudación del IRPF en el tramo cedido, que ya sé que
no está en el presupuesto, señor Rato, por favor, hasta
ahí podíamos llegar, naturalmente que no está en el
presupuesto. Precisamente porque no está en el presupuesto
le pregunto qué tasa de crecimiento ha considerado
usted, porque o a mí no me salen las cuentas o es
el 10 por ciento. Explique por qué prevé un 10 por
ciento de crecimiento en el tramo cedido cuando prevé
en el tramo estatal un 2,3 y cuando prevé al mismo
tiempo que bajará la carga tributaria un 11. Sólo quiero
saber eso. Explíqueme qué tasa de crecimiento ha considerado
usted. Explíqueme cuánto crecen las transferencias
de las comunidades autónomas homogeneizando
por las trasferencias nuevas que ha habido en el año
1998; homogeneizando.
El señor PRESIDENTE: Señor Borrell, vaya concluyendo,
por favor.
El señor BORRELL FONTELLES: Acabo, señor presidente,
pero rogaría al señor Rato que contestara a las
preguntas que se le hacen en vez de proyectarse al
pasado o al futuro cósmico, aquí y ahora tiene usted
que contestar a las preguntas que se le hacen.
¿Qué ha hecho usted con el fondo de nivelación?
¿Cómo lo ha repartido? Conteste. ¿Cómo se casa la cifra
que apunta en su presupuesto para pagar el fondo de
garantía con las que apuntan en los suyos los presupuestos
de las comunidades autónomas? Porque debo
decirle que sólo Castilla y León apunta en su presupuesto
un 50 por ciento más de lo que usted apunta
para todas las comunidades en su presupuesto. Explíquelo.
¿Cómo es posible eso? Tendrá usted alguna
explicación que darnos en vez de decir que si Andalucía
les hiciera caso ganaría mucho o poco. Coja usted
las cifras del presupuesto y compárela con las demás,
porque a eso es a lo que ha venido usted aquí.
Crecimiento del empleo. Vamos a ver, yo no digo
que no esté creando empleo la economía española.
Usted viene aquí, como hace su presidente del Gobierno,
con las frases precocinadas de marketing político
para soltarlas digamos lo que digamos. Digamos lo que
digamos a ustedes les dicen sus asesores: di esto. Vienen
y lo dicen: catastrofismo. ¡Pero si le he reconocido
que se está creando empleo! Mucho empleo, tanto
como el que se creó en la anterior fase expansiva del
ciclo de la economía española. ¿Es o no es verdad que
en el año 1990, en el pico del ciclo, llegamos a un 15,9
de tasa de paro y que estamos todavía en el 18,6? ¿Es o
no es verdad que tenemos una tasa de temporalidad
del 30 por ciento y que está así desde hace mucho
tiempo, incluso desde hace un año? ¿Es o no es verdad,
señor Rato, que ustedes en inversiones han hecho lo
que he descrito? ¿Es o no es verdad que el GIF tendrá
180.000 millones de pesetas reinvertidas en circuito
cerrado en la deuda pública que usted emite para
financiarlo? ¿Es o no es verdad que se han desviado
ustedes en un 60 por ciento en la tasa de crecimiento
del gasto con respecto a lo autorizado por el presupuesto?
Ya sé que me dice usted que es un acto de voluntad
política. ¡Faltaría más que fuera por la ley de gravitación
universal! Naturalmente que es por un acto de
decisión política por lo que viene aquí y, apoyándose
en la mayoría que tiene, consigue que la Cámara lo
apruebe, aunque en algunos casos se les caiga la cara
de vergüenza incluso a sus propios socios.
¿Es o no es verdad, señor Rato, que la política que
están haciendo ustedes de fomento del empleo se
financia íntegramente con las cotizaciones del Inem?
¿Es o no verdad que están ustedes bonificando unos
contratos con los excedentes que resultan de una época
de bonanza y que son a su vez consecuencia de un tipo
de cotización que fue establecido en el año 1993, cuando
estábamos en plena recesión, y ahora proponemos
que se baje para adaptarse a la coyuntura del ciclo? De
igual manera que nosotros recortamos entonces las
prestaciones por desempleo, ahora creemos, porque el
ciclo lo permite y la coyuntura es distinta, que se pueden
aumentar. Y naturalmente que lo que propongo es
financiable, simplemente con que abandonen ustedes
sus regresivas políticas fiscales y apliquen algunas de
las medidas que hemos planteado como enmienda.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Concluya, señor Borrell, por
favor.
El señor BORRELL FONTELLES: Sí, señor presidente,
acabaría con mucho gusto, pero es que no puede
usted subirse aquí a no contestar a lo que se pregunta
y refugiarse en las chuletas que le pasan, porque le
hacen a usted quedar muy mal, señor Rato. Por favor,
tiene usted otra oportunidad. Explíqueme, en materia
de financiación autonómica, las cuatro cosas que le he
preguntado. Explíqueme, en materia de financiación de
la Seguridad Social, los cuatro temas que le he planteado.
Explíqueme en su historia presupuestaria si es cierto
o no es cierto lo que le he planteado. Explíqueme si
es o no es verdad lo que le digo en materia de inversiones.
Dígame si es o no es cierto cómo está usted
financiando en este momento todo el sistema de
empleo, que nosotros le proponemos cambiar para
adaptarse al ciclo manteniendo los equilibrios presupuestarios
y haciendo una política más activa, de la
cual, señor Rato, hay muchos ejemplos en Europa.
Mientras tanto, puede usted recibir unas cuantas chuletas
más. Pero, de verdad, que pretenda usted subir
aquí a hacerme creer, a quien ha sido secretario de
Estado de Hacienda nueve años, que puede crecer la
deuda sin que crezca el déficit, que confunda usted
-no, que confunda no, que trate de hacer creer que
confunde- caja con contabilidad nacional... Se lo he
dicho en contabilidad nacional, señor Rato. ¿Dónde han
ido a parar los cuatro billones de déficit que han justificado
aumentos de deuda? En gasto que usted no ha
computado; como no computará el de defensa, como
no computan las transferencias a la Seguridad Social
para pagar complementos de mínimos. Pero no le
puedo aceptar -políticamente hablando- que suba a
esta tribuna a decir que metemos miedo a nadie. Lo
que sí hacemos es encender el semáforo para advertir
de los problemas que puede haber si no se capitaliza la
Seguridad Social ahora que se puede hacer. Se puede y
se debe hacer. Si se hace, no hay ningún problema; si
no se hace, puede haberlos. Y ustedes no lo están
haciendo. Ustedes vendieron un modelo de financiación
que ha demostrado que ahora es un bumerán en
contra de quienes lo apoyaron, y ahora tratan de arreglarlo
por la puerta de atrás. ¿Dónde está, señores, la
autonomía financiera de las comunidades autónomas
que tienen que andar pidiendo decretos-leyes chapuceros
para conseguir los recursos que no les llegan por el
sistema que pactaron? ¿Dónde está la voluntad de establecer
responsabilidad fiscal? ¿Es o no es verdad que ha
puesto usted una restricción de mínimos? ¿Es o no es
verdad que en el mes de marzo, en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera, pusieron ustedes -que no estaba
en el anterior esquema- una restricción de mínimos,
cuando usted había dicho antes que la existencia
de garantías de mínimos era totalmente incompatible
con un mecanismo de corresponsabilidad fiscal? Cuándo
decía usted la verdad, ¿cuando decía que no podía
haber restricciones de mínimos o cuando las pone para
conseguir que las comunidades autónomas que se
subieron al tren de su sistema no se encuentren ahora
con que tienen menos financiación que las demás?
Por favor, señor Rato, hagamos de este debate algo
constructivo. Procure usted no esconderse detrás de la
pretendida ignorancia de sus oponentes. Yo le supongo
a usted muy listo y muy informado, dotado de muchísima
información, de toda la capacidad que tiene quien
es ministro de Economía y Hacienda. Úsela y conteste.
(Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor Rato.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO
Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (De
Rato Figaredo): Gracias, señor Borrell. Empiezo por las
cuestiones de localización de datos, que me parece que
están dominando este debate de totalidad. Señor
Borrell, tengo las fotocopias. Yo se las doy a S.S. Aquí
las tengo. Programación de reducción de demora quirúrgica,
memoria de 1997 del Insalud. (Protestas.) Perdóneme,
pero es que tengo más de una fotocopia. Las
tengo aquí. (El señor Borrell Fontelles: ¿De qué
año?) Volumen II, tomo II, proyecto de presupuestos
del Insalud, colección verde -me había equivocado,
no era gris-, páginas 94, 95 y 96. Se las doy a través
del secretario y hace usted lo que pueda. Señor Borrell,
no vale la pena seguir discutiendo sobre fotocopias,
pero aquí las tiene. (Rumores.) Aquí se las dejo. Señor
Borrell, siento que a usted le parezca mal que las listas
de espera vengan en los presupuestos, que yo le lea las
páginas y además se hayan reducido -que es la cuestión-
de un año a 83 días, no es lógico que S.S. y yo
tengamos que perder 10 minutos en que yo le traiga las
fotocopias de las páginas cuando lo importante, señor
Borrell, con todos mis respetos, es que las listas de
espera estaban en un año y están en 83 días. (Varios
señores diputados: ¡No, falso!-Aplausos.) A través
de los servicios de la Cámara le enviaré las fotocopias y
un juego de los libros de presupuestos, si S.S. lo considera
necesario. (El señor vicepresidente, Fernández-
Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
Señor Borrell, juegos malabares, reducción del
número de profesores. Las 1.314 plazas anunciadas por
el Ministerio de Educación lo son de nueva creación.
Las jubilaciones que se producen no se cubren con plazas
de nueva creación, sino a través de concursos de
traslados o por medio de personal interino. Por tanto,
el incremento neto es de 1.314 plazas. Si tiene usted un
portavoz de educación, ya tiene los datos, aunque los
podría tener sin ningún problema porque este también
es un debate de Comisión. Pero si a S.S. es lo que le
gusta, a mí no me queda más remedio que dárselos.
(Rumores.)
Reducción del número de becas. Tampoco es cierto
que haya bajado el número de 25.000. El señor Borrell
ha querido concentrar el debate en dónde estaba localizada
la información sobre las listas de espera, en si
eran o no netos el número de profesores y en el número
de becas. El señor Borrell lo localiza donde quiere y
yo se lo contesto, y por eso el señor Borrell se enfada
conmigo, pero yo se lo contesto.Tampoco es cierto que
se haya bajado el número de 25.000. Yo creo que usted
o alguien habrá tenido en cuenta en el Grupo Socialista
la ampliación de la gratuidad del tercer curso de la ESO
y que las becas correspondientes a ese curso han desaparecido
porque pasa a ser gratuito para todos los estudiantes.
Es decir, donde antes se otorgaban becas parciales,
ahora se trata de educación gratuita para todos.
(Aplausos.) Señor Borrell, qué quiere que le haga yo.
Es inútil.
Este me parece un debate importante pero, habida
cuenta de que ha habido una semana de comparecencias,
es una pregunta típica para resolver en una comparecencia,
como los impuestos indirectos y como otras
muchas cosas. Estamos desde las once u once y media
de la mañana discutiéndolo. Su señoría dice que hago
mal en tener chuletas pero es que si no, como usted
comprenderá, señor Borrell, se iría S.S. sin saber las
preguntas tan interesantes que ha planteado, y eso no
lo podemos consentir. (Risas.-Aplausos.)
Efectivamente, señor Borrell, se lo he dicho. La renta
generada anualmente por los españoles se incrementó
en más de 23 billones de pesetas, 575.000 pesetas por
español, frente al aumento de la deuda pública en ese
período. ¿A usted le parece increíble? Probablemente
S.S. no ha querido seguir la evolución de la economía
española para no ser consciente de ello. (Rumores.)
Ahora pasemos, señor Borrell, al tema de la Seguridad
Social y del empleo. Su señoría dice que tenemos
que ir a un fondo de capitalización de la Seguridad
Social. (El señor Borrell Fontelles: A cambiar el sistema.)
No, eso no lo ha dicho, S.S. no ha dicho cambiar
el sistema, eso es injusto. Su señoría ha hablado de
un fondo, y además está previsto en el Pacto de Toledo.
¿Su señoría propone que lo hagamos antes de regularizar
los déficit de Tesorería que heredamos del
Gobierno anterior o después? ¿Cuándo lo propone? Porque
yo me quiero enterar. Su señoría nos propone que
hagamos un fondo de capitalización, que no es ir a un
sistema de capitalización -no lo ha dicho el señor
Borrell, no lo digo yo-, pero ¿cómo quiere que lo
hagamos? (El señor Almunia Amann: Como dice el
Pacto de Toledo.) Sí, cuando haya excedentes. Pero
en este momento hay un déficit en la Seguridad Social
de 88.000 millones de pesetas (El señor Martínez
Noval: Conmigo no.) Me hubiera encantado hacer el
debate con uno de los dos, pero es difícil hacerlo así.
(Aplausos.)
El Pacto de Toledo, como sabe perfectamente cualquier
de los dos, el jefe y el candidato, nos pide que
vayamos a la separación de fuentes sin prejuzgar la
situación de los complementos a mínimos. Léase la ley,
aunque SS.SS. saben que ya hay 11.000 millones de
aportación a complementos a mínimos. He creído
entender que S.S. va a plantear en la próxima reunión
del Pacto de Toledo que los complementos a mínimos
sean absorbidos por el Estado en un solo año. Yo creo
que S.S. también debe pensar eso lentamente, porque
hemos tardado en aplicar el primer Pacto de Toledo
desde el año 1995 ó 1996 y acabaremos en el año 2000
cumpliendo los objetivos de separación de fuentes
menos los complementos a mínimos que suponen sanidad
más prestaciones sociales. Para el siguiente debate
sobre complementos a mínimos, que yo no prejuzgo -
y, al parecer, S.S. ya tiene una posición absolutamente
tomada sobre el tema, me parece bien, puede tenerla,
es completamente legítima-, S.S. debería de pensarse
que sea en un solo año, porque 600.000 millones de
pesetas de complementos a mínimos en un solo año,
señor Borrell, es una decisión que no es necesaria.
Aparte de eso, es que no va a ser posible que se la crea
nadie. Otra cosa es que su grupo, S.S. o quien vaya a
representarle sostenga que los complementos a mínimos
deben ser en la totalidad financiados por los presupuestos
del Estado en un plazo; en un año me parece
difícil, señor Borrell. Por lo tanto, nosotros
cumplimos nuestros objetivos, que eran los suyos:
separar las fuentes de financiación de la sanidad. Ya
está hecho; separar para el año que viene las fuentes
de financiación de las prestaciones sociales supondrá
un esfuerzo equivalente al de este año, no tendremos
que hacer más, son 100.000 millones de pesetas aproximadamente,
y si reducimos el déficit de la Seguridad
Social al ritmo que lo hemos hecho, es decir, si el año
que viene nos acercamos a un déficit inferior a los
30.000 ó 40.000 millones de pesetas y reducimos el
préstamo de Tesorería al ritmo que lo estamos haciendo
-es decir, bajamos los 400.000 millones de pesetas
que teníamos, contando la póliza de los bancos privados,
a 210.000 millones de pesetas y el año que viene a
100.000 millones de pesetas-, estaremos además en
las cifras de relación derechos pendientes de
cobro/derechos totales en que están nuestros socios
europeos y habremos solucionado un problema de
dimensiones muy grandes que empezó en el año 1994.
¿Qué quiere que le diga, señor Borrell? Eso es lo que va
a pasar. Además, fíjese lo que le digo, y perdóneme: va
a dar igual lo que diga S.S., eso es lo que va a pasar.
Los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno van
a conseguir que a 31 de diciembre del año 2000 la
Seguridad Social tenga un déficit prácticamente de cero
y los préstamos de Tesorería no supongan una desviación
superior al 3 por ciento entre derechos pendientes
de cobro y derechos totales. Con eso, señor Borrell, el
siguiente gobierno lo tiene de dulce. (Aplausos.) Por
cierto, señor Borrell, que no es exactamente lo mismo
que encontrarse con la situación anterior, pero da igual.
Dice S.S. que no hemos aumentado el presupuesto
del Inem. Está equivocado S.S. Lo hemos aumentado
en 136.000 millones de pesetas, no le voy a decir la
página donde figura, pero se ha aumentado en 136.000
millones de pesetas. En ese sentido, vuelvo a insistirle,
señor Borrell, en que yo creo que aquí hay un debate
de fondo. Es decir, ¿cree sinceramente S.S. que el Inem,
si tiene una situación de crecimiento del empleo, no
debe dedicar sus recursos a la formación? Yo creo que
ese es un debate importante, sin duda. Y si cree que
los debe dedicar a la formación, entonces está de
acuerdo con nosotros. (Rumores.-El señor Borrell
Fontelles hace signos afirmativos.) ¡Ah! Bueno,
entonces no lo entiendo. Porque nosotros los vamos a
dedicar a la formación. (Risas.-El señor Pérez Segura:
Más, más.) Bien, más. Es un argumento que SS.SS.
nos explicarán.
Si ustedes quieren bajar cotizaciones para todos los
contratos indefinidos, independientemente de que sean
parados de larga duración, personas mayores de 45
años, mujeres o jóvenes, sino para cualquier ciudadano
español y, al mismo tiempo, quieren elevar las prestaciones,
eso no lo van a poder hacer nunca en el gobierno.
Eso ya lo saben ustedes. Pero tengan cuidado cuando
vayan a ver a los sindicatos y a los empresarios de
no equivocarse, porque si a los empresarios les anuncian
ustedes que van a subir las prestaciones y a los
sindicatos que van a bajar las cotizaciones, van a tener
ustedes unas relaciones sectoriales francamente malas,
y yo no querría que pasara. (Rumores.-Aplausos.)
Señor Borrell, me ha preguntado por el fondo de
nivelación. No voy a entrar en juicios sobre lo que
hacen los parlamentos autonómicos, creo que no somos
competentes y me parece políticamente muy complicado.
Si S.S. quiere que lo hagamos, yo no le voy a seguir
por ese camino, porque fíjese usted lo que sería empezar
a discutir aquí las responsabilidades de los parlamentos
autonómicos de unos y de otros. Me parece un
arma arrojadiza extraordinariamente peligrosa.
Respecto al fondo de nivelación, es verdad que
nosotros somos los primeros que lo hemos presupuestado.
Ustedes nunca lo presupuestaron. Pero sabe usted
que tiene que haber una decisión de las comunidades
autónomas. Yo estoy dispuesto a que las comunidades
autónomas del Partido Socialista propongan una fórmula
de reparto. No está siendo fácil que las comunidades
autónomas pacten eso. Yo coincido con S.S. en que si
no tendremos que tomar una decisión extraordinariamente
complicada, que es decidir la responsabilidad
del Parlamento nacional, una decisión que deben tomar
las comunidades autónomas y que claramente no es
fácil tomar, habida cuenta de que, hasta ahora, no se
han puesto de acuerdo.
Sistema de financiación de las comunidades autónomas.
Señor Borrell, usted dice que nosotros no éramos
partidarios de un mínimo. No, se está usted equivocando
de debate. Cuando se plantea el debate del sistema
de financiación de comunidades autónomas, dejando
aparte el tema de la cesión de la capacidad normativa
-ustedes decían una cosa y nosotros otra-, ustedes
planteaban que hubieran podido aceptar en la propuesta
si tuvieran un tope máximo y un tope mínimo. Ese
fue el debate. Nosotros entendimos que ponerle a la
capacidad normativa un tope máximo era no tener
capacidad normativa. Y que, sin embargo, poner unas
garantías que impidieran que alguna comunidad autónoma
se quedara decolgada tenía las ventajas de los
topes y ninguno de los inconvenientes. O sea, que no
es que nosotros no fuéramos partidarios de topes mínimos,
nosotros éramos partidarios de que ninguna
comunidad autónoma pudiera elevar sus ingresos del
IRPF menos del 90 por ciento de lo que crecía la media.
Y ahora hemos introducido una cláusula, en un
momento en el que el Parlamento nacional va a tomar
soberanamente una decisión que reduce la capacidad
recaudatoria del IRPF. Usted no la va a votar, pero reconózcame
que si nosotros ganamos la votación, será una
ley. Puesto que afectamos los derechos de las comunidades
autónomas, de todas, y les afectamos en función
de una ley, tenemos que tomar una garantía, porque
tienen derecho según la Lofca, perdone que se lo diga
(El señor Borrell Fontelles hace signos negativos.)
Léasela, señor Borrell. Por lo tanto, lo único que hemos
hecho es decir: Puesto que yo cambio la base sobre la
que ustedes van a recibir la financiación, yo establezco
unas condiciones. Pero esas condiciones, que son el
PIB nominal, van a ser superadas por la recaudación de
las comunidades autónomas el año que viene. Y le
vuelvo a insistir, a S.S. no le ha gustado que se lo diga,
pero se lo voy a volver a decir, con todo respeto: las
comunidades autónomas que no han querido aceptar el
sistema por imposiciones de partido van a perder 51.000
millones, más de 3.000 millones las otras dos. Ese sí que
va a ser un bonito debate en muchos sitios, en este Parlamento
y en los parlamentos autonómicos incluidos.
(El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Por último, me referiré a la inversión pública. Señor
Borrell, le parece mal a S.S. que nosotros hayamos creado
el GIF o que hayamos creado Acesa y critica que
podamos retrasar los plazos de puesta en ejecución de
infraestructuras. Todo eso me parece legítimo y en lo
que nos critica trataremos de mejorarnos.Mire usted,
los datos sobre obligaciones reconocidas -sobre obligaciones
reconocidas, por tanto, pagos que va a realizar
el Estado en este ejercicio o en el siguiente- son
los siguientes. En el año 1995 el total de la acción
inversora del Estado más entes públicos fue de dos
billones 41.000 millones de pesetas; en 1996 bajó y
puede usted decir que era responsabilidad nuestra; en
1997 se mantuvo por debajo de esa cifra de dos billones
41.000 millones; en 1998 será de dos billones
273.000 millones de pesetas, y en 1999 será de dos
billones 652.000 millones de pesetas. Por tanto, la total
acción inversora del Estado y de las administraciones
centrales, a través de los instrumentos que esta Cámara
conoce -a usted algunos no le gustan y me parece
muy legítimo, pero esta Cámara los conoce-, va a
suponer dos billones 600.000 millones de pesetas en el
año 1999. Eso quiere decir que hay un incremento de
más de medio billón de pesetas sobre el año 1995 y,
por tanto, señor Borrell, independientemente de que
comparar presupuestos liquidados con presupuestos
iniciales en temas de gastos y de inversión no es una
práctica muy común en esta Cámara -hasta ahora
siempre comparábamos cifras homogéneas-, pero S.S.
ha querido hacerlo, tengo que decirle que, en obligaciones
reconocidas, que me parece la cifra más aproximada
al efecto inversor que puede tener el Estado o
cualquier Administración, sobre presupuestos iniciales de
1999, que es la único que le puedo dar por razones
obvias, la diferencia es, como digo, de dos billones
273.000 millones en 1998 a dos billones 652.000 millones
en 1999; es decir, un crecimiento del 16,7 por ciento.
Entiendo, señor Borell -y perdone que lo diga-,
que lo que yo creí que era lo más importante del debate,
los objetivos del presupuesto, son compartidos:
ustedes son partidarios de que nos centremos en el crecimiento,
en el empleo y en la calidad de los servicios
públicos. Además, entiendo -puesto que S.S. no ha
hecho ninguna mención- que no le parece mal que
los instrumentos básicos sean la reducción del déficit
público con la reducción del gasto, las políticas activas,
las políticas de infraestructuras y las políticas de investigación
y desarrollo; entiendo también -tampoco ha
hecho ninguna mención- que a S.S. no le parece que
tenga que ser debatida ahora la política de variación
tributaria, y entiendo que la política de pensiones, la
política de sanidad, la política de educación, con la
diferencia de las becas, y la política de gastos sociales
son compartidas por usted. Su señoría puede decirme
que no lo ha dicho, esto ya lo sé, pero, como no me ha
dicho nada sobre eso, que es el debate de presupuestos,
yo quisiera llevarme una idea clara de dónde nos
encontramos.
Ahora bien, sí he entendido que S.S. dice que todo
lo que yo digo no va a pasar. Es decir, que no vamos a
ser capaces de bajar los impuestos, bajar el déficit,
subir las pensiones, subir la sanidad, subir la educación
y aumentar la inversión pública. Pues bien, señor
Borrell, lo mismo que le dije el año pasado a su compañero
y jefe de fila, el señor Almunia, lo que sucede
otra vez en el año 1999 es que estos son los presupuestos
que ustedes hubieran querido hacer y nunca supieron.
Muchas gracias. (Aplausos.- El señor Martínez
Noval pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepresidente.
Señor Martínez Noval, ¿a qué efectos pide la palabra?
El señor MARTÍNEZ NOVAL: A efectos del artículo
72.2, que hace referencia a la lectura de documentos
que se aportan en el debate y, en este caso, no tanto
para pedir la lectura del famoso documento de la página
94 como para informar a la Cámara, para que tenga
justo conocimiento de los hechos objetivos, de que
tenemos en nuestra mano la memoria del Insalud del
año 1996 y tenemos el contenido completo de la sección
26 de los presupuestos generales para el año 1999
y en ninguno de esos documentos hay una referencia a
las listas de espera. Si la hay en la página que dice el
ministro es en la memoria del Insalud del año 1997 y
quiero garantizar a la Cámara que la memoria del año
1997 no entró en el Congreso de los Diputados. Nuestro
portavoz solicitó esa memoria en la comparecencia
correspondiente, se prometió el envío y en esta fecha
todavía no ha tenido entrada en la Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez
Noval.
Para la defensa de su enmienda de totalidad de
devolución, en nombre del Grupo Federal de Izquierda
Unida, tiene la palabra don Pedro Antonio Ríos Martínez.
(Rumores.) ¡Silencio, señorías!
Cuando quiera, señor Ríos.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente...
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías, por favor.
(Rumores.)
¡Silencio! Señora Conde, señora Rubiales, por favor.
Señor ministro de Sanidad y compañía. Señora GarcíaHierro.
Adelante, señor Ríos.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor Rato, dime de lo
que presumes y te diré de lo que careces. Ese refrán
español define nuestra posición ante estos presupuestos,
porque, como oposición, de lo que alardean desconfiamos
y de lo que no anuncian con fuerza pero sí
hacen nos preocupamos.
A la sombra del crecimiento económico, que ya veremos
a final de año cuál es, y en el camino hacia el
euro, teniendo hipotéticamente bajo control el déficit y
la inflación, que ya veremos cuáles son realmente, nos
quieren colar con vaselina y de puntillas un deterioro
de lo público en todos los frentes posibles, reduciendo
peligrosamente los ingresos por IRPF y poniendo en
peligro la suficiencia para hacer frente al bienestar
social, comprometido por nuestra Constitución, de
todos los ciudadanos; liquidando el poco patrimonio
público que nos quedaba, por lo que al Ministerio de
Industria le sucede como a algunas especies, que está
en vías de extinción, el ministro está pluriempleado y
sus altos cargos están saltando a la privada, antes de
ocurrírseles un mal plan industrial para toda España,
del que carecemos; incrementando la gestión privada
en los sectores básicos, preferentemente públicos hasta
ahora: la educación, la sanidad y las infraestructuras;
empeorando los servicios públicos, al limitar al 25 por
ciento la sustitución de vacantes, incrementar la temporalidad
en la función pública e impedir la mejora salarial
y laboral de los dos millones de empleados públicos.
Todo un ejemplo a los empresarios españoles el
dado por el mayor empresario del Estado, es decir, el
Gobierno.
Y para cuadrar bien todos estos presupuestos, fíjense
con atención en las manos del artista antes de colocar
las cartas cada una en su sitio: bajamos los ingresos
el 0,2, subimos el gasto el 3,8 y reducimos el déficit al
1,6. Esto es una joya, una broma o una bomba. Sumar
por menos más del IRPF es un cuento de niños. Y de
paso mandan ustedes el sermón de la montaña al garete,
porque la multiplicación de los panes y los peces se
hizo para que comiera todo el mundo y ustedes cogen
de una mayoría y dan a unos pocos.
Cuando la economía crece el 3,8, ¿por qué el empleo
crece sólo el 2,8? ¿Por qué la tasa de actividad crece
sólo un 1 por ciento? ¿Por qué los salarios crecen sólo
el 2,6 por ciento? ¿Por qué los contratos indefinidos
apenas llegan al 8 por ciento de los totales, aun incrementando
las ayudas a la contratación? ¿Por qué todavía
los contratos a tiempo parcial carecen de protección
social? ¿Por qué se fomentan contratos de tres
horas, pero trabajando diez horas y cobrando 25.000 ó
30.000 pesetas al mes? Ojo, que además son lentejas, si
quieres las tomas y si no las dejas, porque además
tengo a diez esperando ese puesto de trabajo. Según
usted, se van a crear 1.300.000 empleos a lo largo de la
legislatura y sólo este año van a crear 400.000. ¿No será
que confunden empleo con contrato y para un mismo
empleo tienen ustedes cuatro o cinco empleados y con
contratos que se repiten por horas y por cada uno de
los meses del año? Cuando la economía va a crecer el
3,8 por ciento, según ustedes, y llevan tres años creciendo
por encima del 3,4 por ciento, los cinco millones
de pensionistas, con pensiones de 38.000 a 64.000
pesetas, no mejoran su capacidad adquisitiva. ¿Cuándo
podrán mejorar 4, 5 ó 6.000 pesetas, o su futuro, como
máximo, es no perder? Cuando la economía crece ¿por
qué 2.900.000 españoles, que tienen la desgracia de
estar en el paro, ven que sólo 1.100.000 de ellos percibirán
prestación y que su prestación media será de
80.000 pesetas menos en el año 1999 que en el año
1998? En el año 1998, 1.256.000 pesetas, y en el año
1999, 1.192.000 pesetas. ¿Cuándo se beneficiarán del
crecimiento económico los parados? ¿Por qué los
empleados públicos no recuperan parte de lo que perdieron
cuando la economía iba mal?
Nos propone unos presupuestos de derechas por su
orientación y elaborados por la derecha según el apoyo
que suscitan. Están realizados de espaldas a la primera
necesidad del país -reducir el paro de manera significativa-,
son opacos y están llenos de grandes trampas
en su presentación y son regresivos en la concreción
tanto de los ingresos como de los gastos, profundizan
las desigualdades sociales y territoriales existentes hoy
y sobre todo nos alejan de la Europa real, de la que
queremos ser parte todos los españoles, no sólo por
tener moneda única, sino por acercar a la media europea
nuestra realidad fiscal, nuestra realidad salarial,
laboral, social, cultural.
Sus primeros presupuestos del euro son una entelequia
alejada de la realidad, además no vienen precedidos
de un balance exhaustivo de los ejercicios
1997/1998 y sus recetas innovadoras en la gestión presupuestaria;
sobre todo, tienen un maquillaje constante
para cumplir los criterios de estabilidad contable de
nuestro país cuando sus previsiones de ingresos están
hinchadas, y son cuestionables no sólo por los efectos
de la crisis financiera, sino especialmente por los efectos
de ese nuevo bálsamo bebé arreglatodo que para el
Gobierno es la reducción del IRPF y la puesta a disposición
de algunos españoles de 600.000 millones para
dinamizar el consumo interno. Pero sobre todo, el descaro
que sonrojaría a cualquier contable es el que utilizan
ustedes para autoengañarse en el Ecofin sobre el
déficit público, al que ustedes aplican, más que un
maquillaje, una cirugía estética profunda. Carecen de
un modelo de Estado comprometido con la mejora
social que se deriva del crecimiento económico y con
un modelo territorial que potencie el futuro de todas
las nacionalidades y regiones que componen España
para ayudarles a superar sus problemas nodales, programando
en el tiempo las inversiones necesarias para
ello. Los presupuestos se parecen más a una billetera
abierta a quien da respaldo al Gobierno que al compromiso
de un Gobierno con el Estado social y de derecho
que la Constitución declara. La billetera se gasta
repartiendo cientos de miles de millones a empresas,
sin compromiso de inversión obligatoria ni contratación
indefinida, pero permanecen cerrados para la
mejora del empleo, las pensiones y los salarios. La
billetera se agota para pagar el apoyo de CiU y Coalición
Canaria sobre todo, sin orden ni concierto y con
aportaciones de todos los ministerios, pero se agota
cuando las inversiones son imprescindibles para otras
regiones de España. Incluso, ustedes encuentran
130.000 millones por decreto-ley para el eje transversal
de Cataluña, la autovía de Mataró y la doble vía Tarragona-
Castellón y Valencia, cuando aplazan sine die las
actuaciones vertebradoras del ferrocarril, con la variante
de Pajares, la de Guadarrama, la continuidad del
corredor mediterráneo hacia Andalucía y Murcia, o la
conexión eficaz de Extremadura con Madrid o de Albacete
con Murcia, y un largo etcétera de infraestructuras
que están pendientes de acometer.
Los presupuestos para 1999 son regresivos en los
ingresos porque pagarán menos por capacidad económica
los ciudadanos, impuestos directos, y pagaremos
más, todos por igual, en los impuestos indirectos, especiales
o las tasas. Los impuestos directos serán 7,4 billones
y los indirectos, 7,5, por primera vez. Lo que pagamos
todos por igual es más que lo que pagan unos
según su capacidad económica. Y si vamos a la liquidación,
Dios sabe cuál será. Tengo aquí la liquidación de
este año, presentada hace poquito por ustedes, y lo que
dice es que bajan los impuestos directos el 8,8 por ciento;
homogeneizado por tanto el IRPF, quitando lo que
han dado ya a las comunidades autónomas, el 1,7.
Menos. Tienen menos ingresos en 1998 que en el año
1999. Suben los impuestos indirectos, que pasan de 4,6
a 5,2 billones. Suben las tasas, el 58 por ciento. Son los
datos que usted nos ha entregado, la liquidación del
presupuesto del año 1998. Y es regresiva porque reduce
el peso de lo público sobre el PIB por tercer año consecutivo.
De 1996 a 1999, el PIB ha subido 14 billones de
pesetas para los españoles y sólo 1,8 se destinarán al
gasto público; de un 45,6, que había en el año 1996,
pasamos a un 40,5, en el año 1999. Son regresivos porque
reparten más de un billón de pesetas entre empresarios
-700.000 millones de gastos fiscales y 300.000
de fomento a la contratación- sin ningún compromiso
de inversión. Porque dan prioridad a los gastos en
Defensa e Interior sobre la educación, la cultura, el trabajo
y los asuntos sociales, que bajan 1,8 y 8,3, respectivamente.
En suma, pasarán a la historia por ser los presupuestos
del mal ambiente, la mala educación, la
escasa cultura, la pésima cobertura social y el olvido del
empleo en la gestión del crecimiento económico.
Estas cuatro razones: no reducir el paro y ampliar la
cobertura del desempleo, carecer de un modelo de
Estado solidario, su carácter opaco y escaso rigor, el
contenido regresivo de los ingresos y los gastos y el
abuso de la ley de amaña... perdón, de acompañamiento,
para muchos inconstitucional, nos llevan a pedir a
esta Cámara que devuelva estos presupuestos al
Gobierno para su reelaboración.
Señor presidente, los presupuestos son la ventana
por la que se mira la política general del Gobierno,
donde las promesas se trastocan en realidad cuantificada,
donde podemos detectar cuál es la política general
del Ejecutivo, de la que se decantan todas las concreciones
de cada Ministerio, donde se aclara cuánto dinero
público nuevo hay para este ejercicio y cómo se
reparten las cargas de los ingresos. Sus presupuestos
viven en un dogma, la economía al servicio de los mercados
monetarios, es decir, al servicio de los que ganan
dinero vendiendo y comprando acciones o monedas, el
sector económico menos comprometido con la economía
real y productiva de un país, una economía cada
vez más globalizada, que busca la mayor rentabilidad
en el menor tiempo posible. Hoy, los empresarios con
empresas, los autónomos, los cooperativistas, los trabajadores
y las clases pasivas han dejado de tener interés
para ustedes; están presos de los dueños de las grandes
cantidades de dinero, de los grandes patrimonios y del
sector económico y financiero que les administra. Hoy,
cuando hablan de mercados ya no se refieren al mercado,
donde cada uno ofrece lo que produce y adquiere
lo que necesita a través del libre juego de la oferta y la
demanda, porque éste está supeditado al mercado de
valores y monedas. Miles de empresas españolas se han
vendido al capital multinacional y a lo que más llega el
empresario es a mantener un puñado de acciones y
continuar como gerente o director general. En otro
caso, genera una actividad paralela a la vendida, o, en
los más, lo que hace es llevar los beneficios a los fondos
de inversión. Resultado: hemos perdido el mercado,
la cartera de pedidos y estamos a punto de perder
los empleos.
Tres mandamientos aplican ustedes en sus presupuestos
para hacer efectivo este dogma. El primero, la
democracia y la decisión de los ciudadanos no deben
incidir en él. Hay que restar capacidad de decisión e
incluso influencia a los parlamentos -después me referiré
a los datos-. La política presupuestaria se limita a
reducir el déficit en el papel hacia déficit cero, a contener
la inflación, a ajustar el gasto para reducir lo público,
a privatizar, a liberalizar los servicios o a ceder la
gestión de servicios básicos. Pregunten ustedes a Bazán
y a Santa Bárbara la tranquilidad que les han dado estos
presupuestos cuando han anunciado en la ley de acompañamiento
su nueva situación legal. El segundo, no
debe estar ligado a la realidad productiva ni a las necesidades
reales. Lo que hoy se produce aquí, mañana se
puede hacer en otro sitio. Se habla de sobreproducción
y de caída de precios cuando 2.000 millones de ciudadanos
se mueren de hambre y 12 millones de niños
mueren al año de hambruna. No hay un compromiso
con el papel económico y productivo de nuestro país,
porque el motor de la economía se impone desde el
sector monetario o desde los países que lideran el proceso
europeo. El tercer mandamiento es que no está
comprometido con los ciudadanos que participan en la
economía real. Los salarios deben reducir su peso en la
renta. Las condiciones para tener empleo deben ser flexibles
y condicionadas a la movilidad de capital y su
beneficio. Las obligaciones con las situaciones pasivas,
paro, enfermedad, invalidez o vejez, no están ligadas a
los beneficios y sí a la capacidad de ahorro desde su
limitado salario. Consumen en lujo los especuladores y
limitan el consumo los que trabajan para poder ahorrar
y cubrir estas situaciones pasivas cuando llegue el futuro.
No armonizan la fiscalidad de los capitales y las
plusvalías para evitar el fraude, la deslocalización, la
desfiscalización, la proliferación de paraísos fiscales
donde esconder el dinero. Por eso, este presupuesto,
mal llamado del euro, no está pensado para construir
Europa ni para el bien de todos los españoles, sino
para la minoría que se beneficia de ese dogma y de
esos mandamientos. Además, se impone para acatar
por fe, siguiendo los criterios más bien del Concilio de
Trento y del catecismo del padre Ripalda.
Señor presidente, señorías, señor Rato, sólo habrá
una Europa duradera si hacemos frente al paro y superamos
los desequilibrios sociales y territoriales de los
pueblos que componen Europa, porque el mercado ha
sido incapaz hasta ahora de resolver los problemas de
la mayoría de las poblaciones y hoy, si no se adoptan
medidas para regular e intervenir en los mercados, la
globalización y la mundialización de la economía provocará
un incremento de estas desigualdades y los
recortes presupuestarios sólo servirán para limitar
socialmente a las capas medias y bajas de nuestra sociedad
y apoyar a las capas altas. Por ello, es necesario y
posible flexibilizar el déficit hacia el empleo, realizar
proyectos hacia áreas deprimidas, combatir la injusticia
social y facilitar la integración real del sur del Mediterráneo
en el proceso de ampliación hacia el centro y el
este europeo.
Señor vicepresidente, yo le pediría un poquitín de
precaución para frenar el desmedido optimismo de su
Gobierno ante el efecto de la crisis y la posible limitación
del crecimiento. El Fondo Monetario Internacional
predice una desaceleración del crecimiento de las economías
desarrolladas en un 1,9 por ciento y predice
para la inflación un crecimiento, en el caso español,
del 2,4 por ciento, a pesar de que su propuesta en origen
dice que es una inflación del 1,8 y en Europa la
media es del 1,4. No pretendo que haga caso de lo que
yo le estoy diciendo, pero al menos podría usted hacer
caso al profesor Galbraith, asesor del presidente Roosvelt,
que decía recientemente en la Universidad de Harvard:
Veo una recesión en perspectiva en la que mucha
gente inocente sufrirá.
Donde hay un voluntarismo intenso del Gobierno es
en los ritmos del crecimiento del consumo privado, del
que depende más del 60 por ciento de esta actividad
económica, porque el consumo privado de unos pocos
sube, mientras que el de otros muchos baja. La media
de los salarios crece por debajo del salario medio pactado
en convenio y los empleos bien retribuidos están
siendo sustituidos por contratos precarios y salarios
bajos. Todos no tienen la misma capacidad de consumo.
La tan propagada y bendecida reforma del IRPF es
un instrumento que el Gobierno propone para amortiguar
los efectos negativos del consumo. Sin embargo,
también es regresiva, ya que muchos de los españoles
quedarán fuera de este beneficio: los cinco millones de
pensionistas con pensión inferior al salario mínimo
interprofesional, el casi millón y medio de parados sin
prestación por desempleo, los parados con prestaciones
familiares y los millones de contratos temporales o
a tiempo parcial. Además, los que están afectados por
la rebaja del IRPF tampoco la reciben igual; apenas significará
8.000 pesetas más al mes para las rentas inferiores
a tres millones de pesetas, que son la mayoría de
los contribuyentes, y será superior al millón de pesetas
al año para los 134.000 contribuyentes con ingresos
superiores a 12 millones. En este aumento de la renta
disponible no todos se van a beneficiar igual y no todo
el dinero se canalizará hacia el consumo, sino que
parte puede derivarse hacia el ahorro, sobre todo en
los sectores de renta alta.
Cuando se le ve el plumero a este Gobierno es cuando,
a cambio de la bajada del impuesto de las rentas
del trabajo, pide moderación salarial a los trabajadores.
En otras palabras, si los trabajadores mejorasen su
poder adquisitivo por la hipotética rebaja de los
impuestos, deberían compensarlo con menores reivindicaciones
salariales; sin embargo, los empresarios ya
aportan menos al IRPF y baste recordar que, mientras
que la media salarial declarada por la renta de los trabajadores
es de 1.300.000 pesetas al año, la declarada
por los empresarios y profesionales es de 900.000 pesetas
al año, toda una joya de la equidad, un mundo al
revés. Así pues, contarán con rebaja impositiva en su
rendimiento, con menores costes salariales y, por tanto,
con un mayor excedente, un balance ciertamente curioso
al que sumar el impacto que en futuros ejercicios
tendrá esta reforma del IRPF, toda una joya de la hipocresía
política. Pero es que, además, la pérdida de participación
de los salarios en la renta dependerá de lo
que realmente crezca la productividad y esto sí que no
queda claro para nada por parte del Gobierno, ni en
sus previsiones iniciales ni en su propuesta presupuestaria.
Por un momento voy a colocarme en la teoría del
Gobierno y en sus objetivos de estimular el consumo
interno, pero voy a aplicar otro concilio, puede utilizarse
el Vaticano II y un catecismo más social. Si de los
290.000 millones de pesetas que ustedes destinan al
fomento de la contratación utilizan 100.000 para poder
reducir la jornada laboral a 35 horas y reducir las horas
extras, estaremos incrementando la generación de
empleo e incorporando a jóvenes al trabajo. Por tanto,
se incrementará la capacidad de consumo de este sector.
Si, en lugar de reducir 120.000 millones de pesetas
del IRPF a los que ganan más de 12 millones de pesetas
-349 de ellos declaran más de 100 millones de
pesetas al año-, lo destina usted a incrementar la
cobertura de desempleo de 162.000 cabezas de familia,
que son parados de larga duración en cuya familia no
entra ningún ingreso, seguro que esta familia lo destinará
al consumo interno. Si destinan ustedes 100.000
millones del mayor ingreso de la fiscalidad de las rentas
de capital y de las plusvalías a fomentar el cambio
de contratos temporales en contratación estable y dotar
de cobertura los contratos a tiempo parcial, éstos gastarían
más recursos en consumo, puesto que tendrían
más estabilidad. Si destinamos 100.000 millones de
pesetas de los que dirigimos a gastos fiscales a recuperar
la capacidad adquisitiva de las pensiones inferiores
al salario mínimo interprofesional, seguro que este
dinero iría a mejorar el consumo. Si destinamos 100.000
millones de pesetas de carreteras a un fomento de energías
renovables y a un plan de empleo en la reutilización
y gestión ambiental, seguro que fomentaríamos el
consumo a través de este sector. En suma, se demuestra
que el gasto social genera riqueza sin que haya
incremento del déficit, sino reorientación de los ingresos
y de los gastos.
No trataría IU de estas medidas de parches, sería una
orientación de su presupuesto con mayor contenido
social. Nosotros proponemos otra medida. Ya que ha
pedido que le hagamos propuestas, le voy a hacer una
propuesta concreta: poner en el centro de los presupuestos,
en el punto gordiano de toda su propuesta
presupuestaria, la generación de empleo estable y la
reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales,
pero con otros mandamientos, no con los que ha seguido
usted. Hagamos, por ejemplo, que la aplicación sea
cercana a los ciudadanos, que esté ligada a la realidad
productiva, que esté comprometida con las condiciones
sociales, económicas y laborales del conjunto de ciudadanos,
que recuperemos el protagonismo de lo público,
todo ello para dotar de futuro y de estabilidad los
ingresos. Por tanto, deberíamos potenciar los impuestos
directos basados en la capacidad económica del ciudadano,
haciendo tributar por todos los rendimientos y
luchando efectivamente por el fraude, introduciendo
una tasa ecológica y la fiscalidad de las grandes fortunas.
Nosotros estaríamos consiguiendo así unos mayores
ingresos de 1,5 billones de pesetas, a los que podríamos
añadir, si flexibilizamos los criterios de déficit,
500.000 millones de pesetas, 500.000 millones de reducción
de los 4,9 billones de gastos fiscales, provocar una
redistribución interna de 500.000 millones modificando
las prioridades del Gobierno, que están hoy centradas
en Defensa, en Interior, en privatización de la gestión o
en transferencias a empresas sin control.
En suma, se trataría de dar una orientación distinta
del gasto a tres billones de recursos que hemos ingresado
de otra manera. Haríamos más progresivo el presupuesto
en el ingreso y más progresivo en el gasto. ¿A
qué se podrían destinar estos tres billones de pesetas?
Podríamos dedicar 500.000 millones de pesetas a la
generalización de la jornada laboral de 35 horas; podríamos
dedicar 200.000 millones al Inem para ampliar la
cobertura a los desempleados; podríamos destinar
200.000 millones de pesetas para que acometa una
oferta pública de empleo y cubra el cien por cien de
las vacantes estructurales y la mejora salarial de los
empleados públicos, que llevan 10 años perdiendo
capacidad adquisitiva; podríamos abordar con 500.000
millones de pesetas un plan industrial que fomente el
empleo y la recuperación salarial de los trabajadores,
que modernice nuestras pequeñas y medianas empresas
y, sobre todo, un plan específico de incorporación
efectiva de la mujer al puesto de trabajo, eliminando
las trabas y la temporalidad a la que hoy está sometida.
Podríamos destinar 300.000 millones de pesetas a un
plan de saneamiento del sector público empresarial, en
sectores estratégicos, que apoye la reindustrialización y
frene el proceso de privatización, que tanto nos ha costado
en dinero público y en empleo real -sirva el
ejemplo de KIO para que podamos ver cómo funcionó
en fertilizantes-, que evite que la reconversión se
salde con un sinsentido. Vamos a destinar 1,9 billones
de pesetas en la transición de la competencia del sector
eléctrico -todo ese dinero pagado a través de tarifas-,
cuando la inmensa mayoría de los ciudadanos no podrá
elegir y beneficiarse de esa competencia, puesto que
estará reducida esa posibilidad a apenas 200 empresas
que pueden consumir un gigavatio/hora/día en esa realidad
de demanda. Podíamos destinar 300.000 millones
de pesetas a un plan de impulso y fomento de energías
renovables y generación de empleo en actividades ecológicamente
sostenibles, a convenir con las administraciones
públicas y con amplia participación ciudadana y
apoyada en la economía social, todo ello con el objetivo
de ampliar el campo de actividad económica en trabajos
que corresponden a necesidades sociales presentes
o futuras que hoy están insatisfechas.
Podíamos incrementar en el Inem 100.000 millones
de pesetas más para relaciones de trabajo y condiciones
del trabajo. Este año, incomprensiblemente, el
Inem ha reducido esas previsiones en 300 millones de
pesetas, y nosotros creemos que es necesario un plan
nacional contra la siniestralidad laboral que reduzca
drásticamente el número de accidentes laborales que se
producen en nuestro país. Podíamos incrementar en
100.000 millones de pesetas las transferencias a los
municipios con participación en los ingresos del Estado
con un plan de cooperación con entes locales y con un
saneamiento de la deuda. Podríamos destinar 300.000
millones de pesetas a inversiones públicas directamente
realizadas por la Administración central, apostando
por el ferrocarril como instrumento vertebrador, y sobre
todo abordando la superación de desequilibrios territoriales
y apoyando las transferencias educativas con un
mayor grado de desarrollo de la Logse. Podríamos destinar
100.000 millones de pesetas más a dotar más
ampliamente el Fondo de Compensación Interterritorial
y el Fondo de Nivelación de Servicios desde transferencias
y revisar el sistema de financiación. Podríamos destinar
500.000 millones de pesetas a dotar al Estado de
recursos para cubrir las prestaciones no contributivas y
universalizadas, que hoy hace utilizando los dineros
que recoge de la Seguridad Social y de los cotizantes a
la Seguridad Social -servicios sociales, pensiones no
contributivas y complementos de mínimos-.
En suma, se trata de ingresar y distribuir tres billones
de otra manera más progresiva y equitativa, con un criterio
fundamental, hacer partícipe del crecimiento económico
a toda la sociedad, desde un compromiso por
el empleo y la dignificación de lo público como instrumento
para mejor gestión de los intereses generales de
los ciudadanos que estén en situación pasiva, parados,
contratados temporales, empleados públicos, trabajadores
autónomos o cooperativistas.
Permítanme volver a los datos que el Gobierno ha
presentado en la Cámara y que nosotros denominamos
la necesidad de eliminar los trucos, las erratas y las
trampas que facilitan la arbitrariedad en la gestión del
presupuesto y que nos impide acometer la superación
de la gestión de los años 1997 y 1998. En mi intervención
del año pasado les decía que sus presupuestos no
eran creíbles por el grado de ejecución que presentan,
por el fracaso de los anuncios que hoy tienen incumplidos
y además porque las cifras estaban maquilladas.
Voy a intentar llevarle a los datos que usted nos ha
aportado para presentar estos presupuestos, si es posible
que me atienda. Ya sé que es capaz de hacer dos
cosas a la vez. Primero, si usted tiene a bien leer la
liquidación presupuestaria del ejercicio 1997 en el
anexo que nos ha aportado, yo le diría que las inversiones
reales del año 1997 que ustedes tienen cerradas
al final del ejercicio eran de 968.000 millones y que han
ejecutado ustedes, en obligaciones reconocidas,
875.000. Por tanto, les sobran 83.457 millones. ¿A
dónde van esos millones? Liquidación cerrada. Si en
obligaciones reconocidas no están contraídas, no se
han ejecutado. Si además lo comparamos con los pagos
realizados en un presupuesto cerrado, apenas son
593.000. Les faltan a ustedes 282.000 millones de pesetas.
¿De dónde los van a pagar? Al ejercicio del año
1998 han pasado solamente 23.000 millones de pesetas.
¿Cómo un presupuesto cerrado sirve para poder pagar
y liquidar el presupuesto que ya está liquidado definitivamente?
La joya de todo lo que usted nos ha aportado está en
el avance de liquidación del año 1998. Si usted se va a
la página 13 -para que después no se pierda- de este
documento, miren ustedes lo que nos dicen en la liquidación
presupuestaria al día 31 de agosto: Obligaciones
reconocidas, el 97,2 por ciento; pagos realizados, el
96,6. ¿Cómo es posible que usted me diga que a 31 de
agosto está liquidado el 97 por ciento de las obligaciones
reconocidas y los pagos realizados al 96,6? ¿Qué
van a hacer ustedes después del día 31 de agosto?
¿Cómo es posible que podamos seguir los documentos
que ustedes nos han aportado? ¿De qué manera podíamos
entender que lo den por liquidado, sin explicar
qué obra está adjudicada, cuál empezada y cuál es el
pago realizado, sin que podamos seguir con datos lo
que han liquidado para plantearnos una actuación seria
y rigurosa?
Los datos que nos aportan son más para tomarnos el
pelo que para informarnos. No es posible conocer lo
que ustedes liquidan en su presupuesto, ni aquí ni en
cada una de las secciones. Vamos a los datos que aportan
para el presupuesto del año 1998. Mire el librito
amarillo -para que no se confunda en los colores-,
página 25 -si es usted tan amable, puede coger un
lápiz o un bolígrafo-, PIB del año 1998: 82,8 billones
de pesetas, iba a crecer el 6,3 por ciento; compruebe
cuál es el crecimiento del PIB: 6 por ciento. Si usted
multiplica el 6 por ciento de 82,8 billones, ¿sabe cuánto
le sale? 4,9 billones. Es imposible que el PIB del año
1999 sea 87,2 billones. (El señor vicepresidente, Fernández-
Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
Se han equivocado en 491.000 millones de pesetas. El
PIB que nos mandan aquí no es muy importante, lo han
corregido para su tranquilidad en este libro, que ya
viene de otra manera. En un lado nos ponen una cifra,
en otro, otra, y eso viene a demostrar la poca seriedad
con la que el Gobierno nos remite los datos. ¿Me podría
usted decir cómo se ha fijado el deflactor del PIB para
este año? ¿Es cierto que el deflactor del PIB ha sido
impuesto por el Ministerio de Economía en el 2,5 por
ciento y que no ha tenido en cuenta lo que decía el Instituto
Nacional de Estadística? ¿Me puede usted asegurar
que está bajando, como sostiene el Gobierno, la
ratio de la deuda con respecto al PIB, o está subiendo?
Según nuestros datos, la ratio de la deuda con respecto
al PIB está subiendo, no bajando.
Nosotros no dogmatizamos el déficit público, pero
ustedes, que sí referencian todo a él, deberían ser
mucho más precisos. Cómo andarán las cifras de déficit
que es imposible que nosotros podamos aclararnos
siguiendo los datos que nos dan ustedes, tanto en el
libro amarillo de presupuestos como en el libro del
informe económico y financiero. Me voy a dirigir a
páginas concretas de estos libros. Vamos a las páginas
168 y 169 de este libro, si usted compara los ingresos
consolidados con los gastos consolidados, el PIB que
sale es el 1,82 por ciento. Pero si usted coge el libro
del informe económico y financiero y se va a las páginas
474 y siguientes, donde se habla de los ingresos
consolidados y de los gastos consolidados, aparece el
1,72 por ciento. Y si usted se coge la página 133 de este
anexo, resulta que la previsión inicial del PIB fiscal es
del 1,6l por ciento, al que tendríamos que añadir el 0,1
por ciento de Seguridad Social, el 0,2 por ciento del
resto de administraciones, el 0,3 por ciento por activación
de gastos y el 0,23 por ciento por devengo. En realidad,
lo que nos están diciendo aquí es que el PIB, al
final del ejercicio, será del 2,43 por ciento. Con las
cifras que ustedes nos aportan es imposible aclarar cuál
es el PIB definitivo que el Gobierno prevé, y esa magnitud
está condicionada porque el Gobierno no es
capaz de actuar hoy en la situación definitiva.
El problema fundamental no es que ustedes nos
confundan aquí y nos estén llevando de un lado a otro,
es que en los datos que nos proporcionan utilizan diferentes
sistemas: unas veces el criterio de devengo,
otras el de contabilidad nacional, otras el de caja,
según les viene bien a la hora de comparar. Lo más
importante es que para ocultar el déficit están utilizando
1,5 billones de pesetas que significan modificaciones
sustanciales. Le voy a decir cuáles: están camuflando
297.000 millones de pesetas que este año van
destinados a activos financieros para inversión, al que
tenemos que añadir 130.000 de I+D para lo que usted
decía que eran prototipos de defensa. Por otro lado,
debemos utilizar los 440.000 millones de pesetas de
ingresos por privatización que no aparecen en los presupuestos
y que lógicamente van a ir a la SEPI; debemos
reducir los 200.000 millones de pesetas de intereses
por esa renegociación de la deuda y debemos
añadir 175.000 millones de pesetas del endeudamiento
de Radiotelevisión Española.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Señor Ríos, le ruego que vaya concluyendo.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor
presidente.
Además, debemos introducir 500.000 millones de
pesetas de los contribuyentes de la Seguridad Social
que ustedes utilizan para la parte universalizada.
Antes ha habido una discusión importante, permítanme
que vuelva a ella. No hay que bajar en un año todo
el complemento de mínimos, pero ustedes bajaron el
50 por ciento en un año. Ustedes aportaban a la Seguridad
Social el 50 por ciento del complemento de mínimos
y en un año lo bajaron de 350.000 a 16.000 millones.
Las cuentas públicas, por tanto, no están saneadas
como SS.SS. dicen. Por eso tienen que liar las cifras que
manejan para ocultar las cifras reales y mezclan los criterios
de caja, devengo o contabilidad nacional, según
les viene en gana. Tenemos la sospecha de que están
ocultando la recaudación real de los impuestos directos.
En los ingresos utilizan el criterio de caja, porque
así pueden encubrir la recaudación real; en la Seguridad
Social utilizan el de devengo, porque así camuflan
como ingresos lo que es incobrable; en el IRPF y sociedades
utilizan la recaudación líquida, para poder enjugar
las retenciones; y para el resto de los impuestos,
utilizan el de caja y el de devengo. En el presupuesto
de gasto todo va con criterio de caja; miento, una página
va destinada a la contabilidad nacional.
Todo este tejemaneje es lo que les facilita que puedan
actuar a sus anchas en el presupuesto. Tienen
800.000 millones de ingresos extras que no aparecen,
440.000 de privatizaciones y 360.000 en primas. Se van
a gastar 164.000 millones de golpe y porrazo en un
decreto-ley para financiación de inversiones, que no
sabemos de dónde sale. ¿Podría decirme cómo están
contabilizados en los presupuestos los 900.000 millones
de pesetas que ha anunciado que vamos a aportar de
más al Fondo Monetario Internacional para esa actuación
en América Latina? ¿Cómo se van a financiar, con
la facilidad con la que habla la ministra de Agricultura
de cien mil millones para sanear lo que la Unión Europea
no nos va a dar a través del Feoga?
En cuanto a las promesas realizadas, el balance que
presentan todavía es peor. Prometieron dinamizar la
inversión privada en carreteras y medio ambiente, a través
de sociedades de participación del Estado, de
acciones, para así camuflar la contabilización en déficit.
¿Después de tres años de gestión del Gobierno, puede
decirme qué han gestionado a través de carreteras y de
medio ambiente? Se lo voy a responder: cero pesetas.
Después de tres años no tienen ninguna financiación
de los activos financieros destinados a carreteras y a
medio ambiente. ¿Puede decirme cómo han gastado en
lo que ustedes llaman peaje a la sombra -que más que
un peaje a la sombra es de obra en la sombra porque la
pagaremos después, sólo han sacado una obra, la autovía
Murcia-Albacete, cuya presentación de ofertas hicieron
en enero de este año, hubo siete ofertas, estamos
en octubre y todavía no se han adjudicado las obras,
no les va a funcionar...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Señor Ríos, le ruego concluya.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Termino, señor presidente.
Anunciaron un sistema de financiación autonómica
para cinco años cifrado en las transferencias de educación
y en la cesión de un tramo autonómico del 30 por
ciento del IRPF, han pasado tres años y no se ha cumplido.
¿Por qué recogen en la previsión de ingresos del
IRPF 115.000 millones de pesetas menos de ingresos en
el tramo estatal, pero no recogen esa previsión en los
ingresos en las comunidades autónomas? ¿Cómo es que
la menor recaudación del IRPF afecta al 85 por ciento y
no al 15 por ciento del tramo cedido a las comunidades
autónomas? ¿Por qué en la sección 32 no se recoge esa
menor reducción? ¿Cómo lo vamos a pagar? ¿Van a ser
60.000 millones? ¿Cómo lo vamos a compensar? ¿Hay o
no menor actuación de autonomía financiera en las
comunidades autónomas al tener mayor participación
en ingresos del Estado y reducir la previsión en la propia
actuación de ingresos a través de IRPF?
Otra característica de este presupuesto es que no
obedece a un modelo de Estado, a un modelo territorial
que dote mejor en el futuro a todas las nacionalidades
y regiones que componen el Estado español, superando
sus problemas nodales. En 1999 todas las
actuaciones son una joya en este modelo de Estado.
Pero lo más grave que ustedes tienen en el modelo de
Estado es que hay un trantrán en su actuación, y unas
veces les mueve a apoyar el modelo de Estado con el
Partido Socialista en las comunidades del artículo 143,
a la hora de reformar los estatutos de autonomía y
modificar lo que viene de otro lado, y otras veces pactan
la financiación de ese modelo de Estado con Convergencia
i Unió, PNV y Coalición Canaria. ¿Cómo es
posible pactar el modelo de Estado con el Partido
Socialista y su financiación con los nacionalistas, castigando
a las comunidades autónomas que no se suman
al modelo?
El modelo de Estado federal no puede soportar que
mientras unas comunidades tienen un 30 por ciento de
tasa de paro o están por debajo del 75 por ciento de la
renta media europea, a otras se les dé un apoyo extraordinario
de 80.000 millones de pesetas cuando se proponen
para el año 2000 hacer desaparecer el desempleo
y tener una renta por encima de la media europea.
No es posible en un modelo de Estado federal hacer
frente a esa disparidad de realidades autonómicas. El
Gobierno mantiene su situación a través de la bilateralidad
establecida como fórmula de compensar el fracaso
del sistema de financiación, que no ha podido cumplir
ni funcionar en los tres primeros años, y ya
veremos si funciona para los siguientes. El modelo de
financiación -no se extrañe usted- hablaba del 30
por ciento del IRPF. Han pasado tres años y no lo tienen.
Es más, el IRPF es menos dinero, 60.000 millones
de pesetas menos. Tampoco se han actualizado los criterios
de población a la hora de buscar el sistema de
financiación. En suma, no se extrañe cuando le diga
que ha fracasado.
Comparando las actuaciones que ustedes han hecho,
lo que es cierto es que el Gobierno, desde muchas partidas
presupuestarias, ha inyectado dinero para compensar
a las comunidades autónomas que apoyan al
Gobierno a través de distintos ministerios. Le voy a
poner un ejemplo: ¿Por qué este año que crece la inversión
baja la inversión regionalizada del Estado en
comunidades autónomas como Valencia, Castilla-La
Mancha, Navarra o Murcia y, sin embargo, sube en
Cataluña, en Canarias y en el País Vasco? ¿Por qué
desde que ustedes gobiernan a Canarias se le da 3.176
millones de pesetas de un plan de empleo desde el
Ministerio de Educación? ¿Por qué el Hospital Clínico
de Barcelona, privado a la sazón, recibe del Ministerio
de Educación 1.300 millones y del Ministerio de Sanidad
otros 1.300 millones? ¿Por qué no lo recibe otro
hospital? ¿Por qué la Generalitat recibe 3.000 millones
de pesetas para un plan de obras y servicios que deben
hacer las diputaciones provinciales, como hacen todas
las comunidades autónomas? ¿Por qué este año hay
como prioridad incrementar de 10.000 millones a
24.000 la policía autónoma catalana? ¿Por qué este año
hay una transferencia de sanidad y calidad de aguas a
la Generalitat catalana de 3.400 millones cuando no la
hay para ninguna comunidad autónoma para este
mismo servicio? ¿Por qué se compensan otras actuaciones
en los presupuestos que no son programadas para
todas las comunidades?
En suma, todo estos son ejemplos de cómo negocian
ustedes los presupuestos hasta mayo. ¡Ya veremos
cómo se negocian aquí! Empezará la discusión, vendrán
las segundas lecturas de lo que han sido los pactos, y
ya veremos cuáles son los nuevos decretos para poder
actuar y corregir, a través del decreto-ley, lo que no ha
sido inversión realizada desde el presupuesto. Su política
presupuestaria es: queremos hacer tentativamente
esto, haremos lo que queramos y ya veremos cómo lo
ejecutamos. Esa es la regla de tres con la que ustedes
actúan en el presupuesto.
Me gustaría terminar mi intervención haciendo referencia
a la parte regresiva del presupuesto, tanto en la
modernización y profesionalización de un ejército que
está excesivamente dotado para lo que la OTAN
demanda de nosotros, no para nuestras propias realidades...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Señor Ríos, le ruego que concluya con la
máxima brevedad.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Voy a terminar, señor
presidente.
En cuanto a educación, falsean la capacidad para llevar
a cabo el desarrollo de la Logse, mientras que en
cultura se ve que no les va muy bien, porque reducen
todo: la Compañía Nacional de Teatro, la producción
de ópera, el apoyo al libro, semana del libro, traducción
de poesía... Igualmente ocurre en sanidad, que fue
una joya lo que propusieron. Hicieron un medicamentazo
para reducir el gasto sanitario, pero la realidad es
que en el último trimestre ha subido al 11 por ciento, y
que pare ahí. No han logrado lo que pretendían.
La tarjeta de visita a la que me quería referir es esa
idea de mucho pan y poca chicha que da la ministra
del mal ambiente y su ministra oyente. Lo digo porque
está muy entretenida en nombrar y cesar jefes de gabinete,
pero muy poco comprometida con sus obligaciones
presupuestarias. Tiene aplazado el Plan de saneameinto
y depuración y no tiene presentado el Plan de
residuos y reutilización. En realidad, nos encontramos
ante una posición conservadora y regresiva en cuanto
al gasto.
Termino definitivamente haciendo referencia a lo
que yo llamo una ley de acomodamiento legal al interés
coyuntural del Gobierno en el momento actual. Hay
que ver lo que usted dijo cuando era oposición en 1994
y 1995 sobre la inconstitucionalidad de esta ley, y lo
que ahora abusa usted de ella. A mí me gustaría que
usted leyera el libro que ha publicado el letrado de
estas Cortes, el señor Cazorla Prieto, oponiéndose a los
criterios que se utilizan aquí, porque no hay seguridad
jurídica y porque no hay claridad ni certidumbre en la
función legislativa.
Este año, nos proponen ustedes modificar cincuenta
y dos normas diferentes, una ley omnibus. Nos proponen
modificar la Ley General de la Seguridad Social;
nos proponen modificar la Ley General Presupuestaria
en treinta artículos; nos proponen modificar la Ley
orgánica de ordenación general del sistema educativo;
nos proponen modificar veintiséis entes; nos proponen
adaptar a la Lofage un sinfín de organismos públicos y,
además, nos crean dos para poder dirigir la especulación
desde el Ministerio de Interior y desde el Ministerio
de Defensa. En cuanto a todos estos criterios de
modificación de leyes, podrían servir los que ustedes
propongan o los que propongan otros. He estado tentado
de traer un texto alternativo con doce o catorce
leyes totalmente diferentes, pero caería en una contradicción
interna profunda.
Resumo las razones de nuestra solicitud de devolución
al Gobierno de estos proyectos de ley: obedecen a
malos criterios contables, son regresivos y arcaicos en
los principios que los mueve, no son los que España
necesita, se sitúan del lado del beneficio de los poderosos
y se olvidan del paro y de la necesidad de
empleo estable, han cogido todos los vicios del Gobierno
anterior y los han incrementado.
Recuerde usted la teoría del señor Solchaga: el Estado
pequeño; cuando llegó el señor Solbes tuvo que
legalizar el agujero de un billón de pesetas y abrir un
proceso de ajuste. Usted ha elegido el camino del señor
Solchaga con un barniz diferente, el barniz del señor
Rato: cortinas de humo y globos sonda. En todo caso,
ustedes acusaron al anterior Gobierno de que dejaron
muchas facturas en los cajones; su problema es que van
a dejar cajones de facturas y bolsas de ingresos de presupuestos,
a través de impuestos directos, vacías.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señor Ríos.
Señor vicepresidente del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL
GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
(De Rato Figaredo): Gracias, señor presidente. Gracias,
señor Ríos.
Empezando por su última afirmación, sinceramente
creo que las modificaciones que este Gobierno -en
este caso, el Ministerio de Economía y Hacienda- propuso
en la Ley General Presupuestaria, nada más llegar
a las responsabilidades de gobierno, en la ley que llamamos
de disciplina presupuestaria, hacen imposible
que suceda lo que S.S. acaba de decir. A S.S. podrá no
gustarle la política del Gobierno, pero dejar facturas en
los cajones se está demostrando imposible, por eso
tenemos que tener decretos-leyes; era nuestra filosofía.
Nuestra filosofía fue siempre que un gobierno que decide
variar sus políticas de gasto respecto a las aprobadas
por el Parlamento debe traer decretos-leyes, y es lo
que estamos haciendo. A partir de ahí, ustedes tienen
la capacidad de saber qué decisiones está tomando el
Gobierno y, en función de ellas, criticarnos si les parece
conveniente.
En cuanto a esa afirmación, rotunda también, de que
vamos a dejar cajones de ingresos sin producir, no
parece que sea así, señor Ríos. S.S. era de los que nos
avisaban de que, si reducíamos los impuestos de las
pyme, íbamos a tener una catástrofe de recaudación; se
equivocó pura y simplemente. S.S. nos dijo también
que si adoptábamos una medida para que las sociedades
anónimas pudieran normalizar sus balances, el
coste de sus activos, tendríamos una caída de la recaudación
a los dos años siguientes; se volvió a equivocar.
Sobre la capacidad de predicción de S.S. en cuanto a
los ingresos, me limito a constatar lo que está sucediendo.
Lo que está sucediendo es que el déficit público en
nuestro país se está reduciendo a un ritmo muy importante.
A partir de ahí, indudablemente podemos discutir
si a S.S. le parece bien o mal que se reduzca, pero el
hecho es que se está reduciendo. Las afirmaciones finales
de S.S. me han parecido excesivas.
Empecemos por el principio de su argumentación.
En este momento discutir que en nuestro país estamos
en unos niveles de creación de empleo muy importantes,
me parece sin sentido. En 1998 se van a crear en
España 407.000 empleos, frente a una predicción inicial
del Gobierno de 318.000; las cifras de la última EPA trimestral
de base movible nos dan un crecimiento de
475.000 empleos, creo que con base julio. Estamos en
unos niveles de creación de empleo realmente importantes
que nos pueden dejar un saldo de legislatura de
1.300.000 empleos en el año 2000. En ese sentido quisiera
no abrir un debate falso.
Su señoría podrá decirnos que tenemos que ser
capaces de crear empleo a mayor ritmo. Con una economía
creciendo al 3,8, crear empleo al 3 por ciento
supone un esfuerzo muy grande que probablemente no
se puede mantener todos los años. S.S. pregunta cómo
es posible que nos planteemos una creación de empleo
menor en 1999 que en 1998. Por dos razones, la primera
como consecuencia de que queremos presentar unas
cifras de crecimiento moderado de los ingresos, tanto
de cotizaciones como de impuestos, y en ese sentido la
evolución de la población ocupada determina una base
de esa presupuestación. La segunda es que somos
conscientes de que la productividad puede tender a
crecer en nuestro país como consecuencia del gran
esfuerzo inversor que se ha realizado en la industria en
los últimos años y que se sigue realizando con un crecimiento
de la inversión en bienes de equipo del 13 por
ciento, y eso puede llevarnos a un crecimiento del
empleo que en vez del 3 por ciento o del 3,4 sea del
2,8, aun así cifras que representan tres veces más el
ritmo de crecimiento del empleo de la media de los países
europeos.
Su señoría afirma que los presupuestos son opacos.
Con todos los respetos debo decirle que me ha parecido
en algunos momentos que S.S. ha confundido, en
los avances de liquidación, periodificaciones con estimaciones.
Muchas de las cifras a las que S.S. ha hecho
referencia se están contabilizando en términos de
periodificaciones, es decir, hemos ejecutado el 97 por
ciento de lo que estaba periodificado a un determinado
mes, y la presentación que hace el Gobierno a la Cámara
es de avance de liquidación y por tanto de previsión
de cuál será el nivel de obligaciones reconocidas en el
ejercicio posterior. De lo que no cabe duda y S.S. sabe
es que, según la Ley General Presupuestaria -si no me
falla la memoria, el artículo 61, que lo modificamos en
la Ley de disciplina presupuestaria-, ningún gasto
puede autorizarse si no tiene crédito en el ejercicio en
que se contrajo. Estamos, por tanto, hablando en este
momento de una política de obligaciones reconocidas
aproximadas para el ejercicio de 1998 del 90 por ciento,
que es el porcentaje de obligaciones reconocidas
sobre créditos iniciales más alto de los presupuestos
modernos en nuestro país. No entiendo por qué S.S. se
queja de opacidad porque los datos son los que le
acabo de referir, están en todos los libros y S.S. puede
consultarlos. En cualquier caso, tanto en la Comisión
de Presupuestos como en comparecencias normales,
estamos a su disposición para aclararle dudas concretas
sobre esta cuestión.
Afirma S.S. también que nuestras previsiones de
ingresos están hinchadas. Señor Ríos, sinceramente
creo que no es así. Si usted se da cuenta, para el presupuesto
de ingresos de 1999 hacemos una previsión muy
conservadora. Piense usted que para una economía que
va a crecer al 6 por ciento estamos planteando una previsión
de ingresos del 4,8. No me parece que estemos
hablando de un crecimiento tan importante de los
ingresos desde el punto de vista de las previsiones, lo
cual nos da un margen de confianza de que seguimos
presupuestando de manera prudente para evitar tener
que encontrarnos con desviaciones excesivas, por lo
menos negativas. Démonos cuenta de que, por ejemplo,
el impuesto sobre la renta de las personas físicas
en una comparación homogénea, teniendo en cuenta
los efectos que son comparables de un año a otro, en
derechos reconocidos crece el 5,7, ya teniendo en
cuenta la incidencia de la reforma del impuesto sobre
la renta de las personas físicas y una política muy activa
de devoluciones que, como S.S. sabe, ha supuesto
150.000 millones de pesetas más de devoluciones en el
ejercicio de 1998 sobre el ejercicio de 1997.
El impuesto de sociedades tiene una previsión en
derechos reconocidos -nos parece la figura más representantiva
que puede ilustrar a la Cámara, aunque también
va el avance en cuota líquida- de un crecimiento
del 6,6 por ciento. Habida cuenta del incremento del
impuesto de sociedades, cuáles son las medias de crecimiento
de los beneficios de las empresas en 1998 y
las que se apuntan para 1999, no puede decirse que
estemos hinchando los ingresos en el impuesto de
sociedades con un crecimiento del 6,6 por ciento. Lo
mismo puedo decirle del impuesto del valor añadido,
donde un crecimiento del 7,8 en derechos reconocidos
no nos parece un crecimiento excesivo teniendo en
cuenta la política de devoluciones que hemos hecho en
el año 1998 que sanea claramente el año 1999 y el crecimiento
que tiene la economía.
En impuestos especiales tengo que llamar la atención
de S.S. sobre una cuestión que ya he resaltado en las
intervenciones anteriores. En el año 1999 se va a producir
una reducción de impuestos especiales y el único
impuesto especial que va a ver incrementada su presión
en el 1,8, es decir, en la previsión de inflación, supone
una congelación en términos reales, que es el caso del
impuesto sobre hidrocarburos. Como sabe S.S., no hay
ni siquiera una actualización de las tasas para 1999.
Me ha planteado S.S. el crecimiento de las tasas en la
liquidación del presupuesto de 1998. Estoy muy gustoso
de explicarle que estas tasas se han incrementado
como consecuencia de los ingresos, de las primas de
deuda, beneficios del Banco de España y enajenación
de empresas públicas; no las tasas, sino el concepto,
como es natural, precios públicos y otros ingresos no
tributarios, que es lo que presenta una previsión presupuestaria
de 611.000 millones de pesetas. Pero ahí se
contabilizan no sólo los ingresos de tasas sino los precios
públicos y otros ingresos no tributarios, como es el
caso de las primas de deuda, de los beneficios del
Banco de España y la enajenación de empresas públicas,
que no se van a producir en 1999 por parte de la
Seppa, no tanto en la política de Sepi.
También dice S.S. que la política de privatizaciones
de Sepi, como es natural, es la que informa el subsecretario
del Ministerio de Industria en todas sus comparecencias
y que no figura en los ingresos del Estado. Ya
he dicho que este Gobierno ha tomado la decisión de
hacer una separación de la financiación de la empresa
pública con respecto a los presupuestos del Estado,
como también hemos rehecho el camino de separar
empresas rentables de empresas no rentables.
En cuanto a la recaudación del IRPF para el año 1998
y su supuesta disminución respecto a 1997, quisiera
poner de relieve varias cosas. La primera, que se ha
hecho un esfuerzo muy importante en devoluciones,
como ya he mencionado; la segunda, que hay una relevante
bajada de tipos de interés que ha tenido un claro
efecto en el impuesto sobre la renta de las personas
físicas, como es natural, de aproximadamente 27.000
millones de pesetas. Vuelvo a insistir -como he hecho
en la parte anterior del debate- en que para hacer las
comparaciones entre las cifras de 1997 y las de 1998
hay que tener en cuenta 670.000 millones, que son los
que se refieren a la financiación de las comunidades
autónomas del 15 por ciento.
Plantea S.S. que se ha fracasado en el sistema de
financiación autonómica porque no se va a cumplir el
30 por ciento en el año 1999. Lo cierto es que sí estamos
avanzando notablemente en las transferencias de
educación y yo espero que a lo largo de los próximos
meses todavía podamos avanzar más. Como S.S. es
consciente, las transferencias de educación requieren
una voluntad política pero también una negociación
con la comunidad autónoma afectada, y yo espero que
de aquí a fin de año se incrementen aquéllas que ya
hemos anunciado.
Respecto a la disyuntiva que esgrime S.S. entre la
economía productiva y la economía especulativa, sinceramente
creo que no existe. ¿Su señoría cree que el mercado
de capitales no financia la economía productiva?
¿Su señoría cree sinceramente que el que tengamos cada
vez una mayor desintermediación financiera, es decir,
que las empresas españolas puedan acudir directamente
al mercado de capitales, a la Bolsa, para financiarse, en
vez de tener que ir a través de las instituciones financieras,
de los bancos y de las cajas, es una mala noticia?
¿Realmente cree S.S. que es malo que aumente la capacidad
que tienen los españoles de colocar sus ahorros
en el instrumento más líquido que hay, que es el mercado
de capitales? ¿Es malo que una persona que toma la
decisión de invertir pueda en este momento hacerlo a
través de un inversor institucional, con las garantías de
profesionalidad y de seguridad que eso le ofrece en un
desarrollo de un moderno mercado de capitales? No
puedo compartir para nada esa posición. Hacer una
diferenciación entre lo que sucede en la economía,
desde el punto de vista de lo que se consigue de inversión
a través del mercado de capitales y la inversión
directa desde otro punto de vista o desde otros instrumentos,
es algo que no responde a la realidad.
Otra cosa bien distinta es que indudablemente la
economía financiera ha crecido muy por encima de la
economía real en niveles mundiales, pero eso también
es consecuencia de fenómenos positivos, como es el
aumento de la capacidad de financiación que en este
momento tiene el sector privado con respecto al sector
público. Y ahí es muy interesante -no le puedo dar
los datos de memoria- comprobar cómo hace muy
pocos años, poco más de un decenio, toda la financiación
que recibían los países emergentes, es decir, los
países pobres, era una financiación pública y, por
tanto, muy limitada. Hoy una gran parte de la financiación
que reciben estos países se produce a través de
los mercados de capitales. Por lo tanto, nos encontramos
con ahorro que viene de los países industriales y
que es canalizado hacia las oportunidades de dichos
mercados de capitales. Eso indudablemente produce
problemas, algunos de los cuales hemos visto en este
momento. Sin embargo, está posibilitando un desenvolvimiento
de las economías en vías de desarrollo imposible
de plantear a base de acciones a través de organismos
públicos, ya sean nacionales o multilaterales.
Me parece realmente excesivo sostener que en nuestro
país estemos ante una economía especulativa, en un
momento en el que la industria está creciendo por encima
del 6 por ciento, cuando el sector más dinámico en
creación de empleo es el industrial, los precios industriales
son negativos y la inversión en bienes equipo
está aumentando un 13 por ciento. Seguramente, señor
Ríos, estamos en uno de los momentos más brillantes
de una auténtica revolución industrial en España como
consecuencia de la renovación tecnológica que se está
produciendo, y ese es un hecho que tenemos que reconocer,
que es muy positivo y que permite que nuestra
capacidad de competir industrialmente esté aumentando
en estos momentos de manera muy considerable y
además con capacidad de mantener unos precios que,
como le he dicho, durante varios meses consecutivos
han sido negativos e indican una competitividad muy
importante.
Plantea S.S. que con la política presupuestaria del
año 1999 vamos a introducir algunas sociedades públicas
-Bazán, Santa Bárbara y otras- en el concepto de
sociedades mercantiles. No vea S.S. ahí ninguna decisión
desde el punto de vista de su control. Son sociedades
públicas. Lo que pasa es que la Lofage, como S.S.
sabe, exige que haya exclusivamente dos tipos de
sociedades del sector público, y éstas claramente caen
en la concepción y en la definición de lo que son sociedades
mercantiles públicas.
No se ha producido una caída en la participación de
los salarios en la renta nacional. No se trata ya de discutirlo,
es que no se ha producido. Se ha dado lo contrario,
es decir, la participación de los salarios en la
renta nacional ha crecido. Estaba en el 61,9 en 1994, se
mantuvo estable en el 61,9 en el año 1995 y está en el
63,6 de cara al año 1999. Por lo tanto, no podemos
decir que se esté produciendo una caída del porcentaje
de los asalariados en el conjunto de la renta nacional.
Además eso tiene su lógica. Piense usted que en este
momento la intensa creación de empleo está produciendo,
como es natural, un crecimiento de los asalariados
muy importante, y eso supone también un peso
mayor desde el punto de vista de su participación en el
conjunto de la renta nacional.
Yo dudo que podamos decir rotundamente que la
política actual sólo beneficia a unos pocos. ¿Cómo es
posible decir eso en este momento, con una creación
de empleo como la que estamos teniendo y con un
aumento de 900.000 contratos estables, casi más del
doble de los que teníamos hace un año, y con una política
en la que se está reduciendo la inflación? No le
quepa la menor duda a su señoría, el IPC es el peor
impuesto de las rentas más bajas. Cuando realmente las
rentas más bajas salen perjudicadas es con inflaciones
del 5, del 10 o del 15 por ciento. Con inflaciones del
1,8 por ciento los primeros beneficiarios son las rentas
más bajas, que son las que tienen mayor propensión al
consumo y las que tienen menos posibilidad de protegerse
de la evolución de los precios. En este momento,
sin tener en cuenta el Gobierno que esté gobernando,
es una magnífica noticia para las rentas bajas, para las
pensiones y para los salarios que la inflación esté creciendo
al 1,8. Es la mejor noticia porque en la carrera
precios-salarios han ganado siempre los precios y lo
han hecho a costa del empleo. Por consiguiente, que
en este momento se esté planteando que nuestro país
puede tener incrementos salariales superiores al IPC -
por lo tanto, ganancias en poder adquisitivo- y aun
así tener costes laborales unitarios que sean comparables
a los de nuestros competidores -por lo tanto,
tener aumentos de empleo- es una situación que ya
quisiéramos haber tenido durante muchos años y que
es muy beneficiosa para nuestros intereses. Independientemente
de que ahora discutamos los orígenes de
esa política, que yo creo sinceramente que están en la
liberalización y reducción del déficit público, el hecho
en sí es absolutamente innegable, y la mejor noticia
que pueden tener las rentas más moderadas es una
reducción como la que se está produciendo en los precios.
Su señoría nos dice que fomentamos la precariedad.
Yo tengo que decirle que eso no es exactamente así
sino más bien al contrario. Nosotros hemos aumentado
las protecciones sociales de los contratos que cuando
nosotros llegamos no tenían protección social. Estamos
planteando en la negociación sobre los contratos a
tiempo parcial que también estén protegidos socialmente,
como ha pasado con los contratos de aprendizaje.
Por tanto, no se está produciendo lo que S.S. dice.
Otra cosa distinta es que S.S. plantee que tenemos que
aumentar políticas pasivas, y ahí claramente S.S. y
nosotros no coincidimos. Nosotros vamos a intentar, y
lo estamos haciendo, hacer un claro esfuerzo en políticas
activas -300.000 millones de pesetas este año para
la reducción de las cotizaciones sociales selectivas y
más de 700.000 millones de pesetas en políticas activas-,
pero desde luego no coincidimos con la posición
de que tenemos que ir a un aumento de las políticas
pasivas, porque creo que en estos momentos -y si
me lo permite, no sólo nos avala la experiencia sino
también la posición de todas las autoridades europeas-
todos sabemos que lo que necesita el mercado
laboral es mayor formación y mayores posibilidades de
empleabilidad y, por tanto, no es a través de políticas
pasivas como vamos a resolver el problema del desempleo.
Eso no quiere decir que, por ejemplo, una figura
nueva como los talleres de empleo, como podrá comprobar
S.S. en los presupuestos de 1999, suponga que
una persona que tiene una deficiencia de formación no
vaya a recibir esa formación y mientras que la recibe
no vaya a tener una compensación económica, a lo que
hay que sumar, como es natural, las políticas del salario
social de las comunidades autónomas. Por lo tanto, no
estamos ante una situación como la que describe su
señoría. En opinión del Gobierno, el esfuerzo tenemos
que realizarlo claramente en la posición y en la consolidación
de las políticas activas. Como le decía anteriormente,
hemos dado protección social a los contratos
formativos, que antes no la tenían, hemos dado protección
al desempleo, a los contratos a tiempo parcial marginal,
que antes no la tenían, y es nuestra posición que
los contratos a tiempo parcial totales tengan también
protección.
En políticas de solidaridad me gustaría darle algunos
datos relativos al periodo entre 1996 y 1999. En las
políticas sobre inmigraciones hemos incrementado el
32 por ciento, en los servicios sociales del Estado el 29
por ciento, en las políticas de infancia y familia el 33
por ciento, en las de juventud el 110 por ciento y en
las de la mujer el 49 por ciento. Yo creo que son esfuerzos
presupuestarios que demuestran sensibilidad sobre
la situación de las políticas sociales que se dirigen a
colectivos que tienen problemas de marginalidad, independientemente
de las grandes áreas de sanidad, educación
o pensiones. También lo demuestra el presupuesto
de lo que es ahora Asuntos Sociales, englobado
dentro del Ministerio de Trabajo, que va a ser el más
importante de su historia, cercano a los 50.000 millones
de pesetas.
Nosotros no camuflamos el capítulo 8, pero este
capítulo tiene una contabilización que es la que se deriva
de las normas SEC. No existe ningún deseo de camuflar
absolutamente nada, pero no cabe duda de que se
trata de decisiones sobre fórmulas inversoras admitidas
por la Unión Europea, que nos permiten a nosotros y a
otros países compaginar los esfuerzos de reducción del
déficit en términos de contabilidad nacional y en términos
SEC con otras políticas. Me parecería realmente
sorprendente que el Estado español no utilizara este
tipo de cuestiones cuando al final estamos en una comparación
con otros países. Ya sé que S.S. y otros grupos
parlamentarios no estaban de acuerdo con nuestras
políticas sobre el llamado método alemán -es decir, el
método de abono total-, sobre la financiación a través
del Ministerio de Industria de los programas de I + D
del Ministerio de Defensa o sobre la financiación de la
creación de sociedades como el GIF o Acesa. Estarán o
no de acuerdo; lo que es natural es que es útil. Yo
acepto las críticas respecto a que podemos ser lentos y
a que podíamos haber ido más deprisa a la hora de
poner esas sociedades en funcionamiento, pero de lo
que no cabe duda es que están siendo y van a ser en el
año 1999 especialmente muy positivas, con una financiación
global del sector público central, de las administraciones
centrales de 2 billones 600.000 millones de
pesetas.
Los ingresos por privatizaciones de la SEPI van a la
SEPI, no van al Estado. Por tanto, es ahí donde debe
S.S. preguntar y el subsecretario del Ministerio de
Industria, que es el presidente de la SEPI, viene periódicamente
a la Cámara y además, como antes he dicho,
la información está recogida en los libros de los presupuestos.
Puede haber alguna divergencia política, pero
la información está en los libros de presupuestos -
como es natural, yo se la puedo leer a su señoría-,
con la que ustedes puedan saber lo que está sucediendo
con las privatizaciones y con el destino de las mismas.
El presupuesto relativo a Radiotelevisión Española
podrá ser compartido o no, pero el Estado en este
momento presupuesta una cantidad sobre Radiotelevisión
Española y el ente público se encuentra en una
política en la que aumenta su endeudamiento. Yo creo
que ahí hay un debate pendiente, sobre el que el
Gobierno ha remitido a la Cámara un informe para que
los grupos parlamentarios planteen cuál debe ser el
modelo de financiación de la televisión pública estatal.
En cuanto a los complementos a mínimos es verdad
que nosotros bajamos la financiación, pero no para
financiar políticas del Estado, porque ahí a S.S. le ha
faltado una coma: para financiar sanidad; es que, si no,
es muy fuerte. Puede decir S.S. que nosotros decidimos
-y lo hicimos- bajar la financiación de complementos
a mínimos, que no nos estaba exigida por la ley
hasta el año 2000 y que no nos estaba exigida políticamente
por el Pacto de Toledo, por apostar por la reducción
total de la financiación con cuotas de la sanidad
en el año 1999, y vamos a cumplirlo, y por apostar por
la reducción total de la financiación por cuotas de las
prestaciones sociales en el año 2000, y vamos a cumplirlo.
Ahí se abre un debate que yo creo que debe discutirse
en el marco del Pacto de Toledo y que debe ser
un debate político, desde luego, pero también con
visión de futuro. Debemos saber qué debemos hacer
con los complementos a mínimos y hasta qué punto no
son políticas contributivas según la ley, cómo deben
financiarse y en qué plazos. En ese debate yo creo que
los grupos parlamentarios deben ilustrar al Gobierno
que haga el presupuesto a partir del año 2000 sobre
cuáles son los criterios de la Cámara, pero es que en
este momento no existen esos criterios. Nosotros
hemos tomado la decisión de adoptar los criterios de la
Cámara y ejecutarlos, y en aquello en que no tenemos
un mandato, no ejecutarlo. Puede que S.S. esté o no de
acuerdo. Yo creo que es mucho mejor llegar a la próxima
renovación del Pacto de Toledo teniendo todas las
políticas universales financiadas con impuestos, con
excepción de los complementos a mínimos, y con un
debate sobre esa cuestión, y además una Seguridad
Social sin déficit presupuestario y con una financiación
adicional de tesorería mínima y sin ningún préstamo
bancario. En esas condiciones los grupos parlamentarios
van a poder hacer sus previsiones de los próximos
cinco años y sobre la estabilidad de la Seguridad Social
en unas condiciones bastante más sólidas de las que lo
pudieron hacer en el año 1995.
No hay diferencias sobre el criterio de devengo. Una
cosa es que nosotros presentemos datos de gastos en
términos de caja y de recaudación líquida en términos
de derechos y de ingresos, y otra cosa es que al final
tengamos que presentar los cuadros en términos de
contabilidad nacional, es decir, de obligaciones reconocidas,
de derechos reconocidos, con los ajustes que
exige la contabilidad nacional, que vienen impuestos
por la reglas de Eurostat y que la Cámara debe conocer,
porque, al final, nuestras obligaciones europeas de
mantenimiento de información de déficit públicos se
van a regir por las normas de Eurostat.
La financiación al Fondo Monetario Internacional no
es una financiación presupuestaria. Es el único caso
que hay, aceptado por las normas contables occidentales,
en que un gobierno financia a través de sus reservas.
Lo único que hacemos -que no es poco- es que
un porcentaje de las reservas, en este caso 5.000 millones
de dólares, que están en el Banco de España, se
trasladan a derechos de giro del Fondo Monetario Internacional
que vuelven al Banco de España y eso le permite
al Fondo Monetario Internacional endeudarse y
financiar operaciones, como puede ser la de liquidez,
en Iberoamérica, pero no tiene ninguna trascendencia
presupuestaria. Es el único caso en el que el Gobierno
puede seguir utilizando ese tipo de fórmulas monetarias,
que ya no puede emplear, porque están prohibidas
por la ley y por el Tratado de la Unión, para financiar
la política presupuestaria normal.
Paso al modelo de Estado. Yo creo que no hay que
sacralizar el sistema de financiación autonómica. No ha
habido un solo acuerdo unánime sobre el sistema de
financiación autonómica, nunca, ni en el año 1992, ni
en el año 1995, ni en el año 1997; por tanto, no nos
vamos a rasgar las vestiduras. Probablemente existen
razones políticas y muchas veces territoriales que hacen
que, por ejemplo, determinadas comunidades autónomas
de su propio partido no votaran el sistema de
financiación que supuso la incorporación del 15 por
ciento en cuota líquida que hizo el Gobierno anterior
por dos años. Yo creo que el debate sobre financiación
autonómica siempre es políticamente muy sensible. Lo
único que nosotros decimos es que, una vez que se ha
tomado la decisión de un modelo, las comunidades
autónomas tomen la decisión de incorporarse durante
el periodo de vigencia -la incorporación ha de tener
lugar durante el mismo- en función de su rentabilidad.
Otra cosa muy distinta es el modelo de Estado.
¿Cómo no vamos a tener un pacto con todos los partidos
políticos y, desde luego, con el primer partido de
la oposición sobre el modelo de Estado? Yo no veo que
el modelo de Estado vaya a verse afectado definitivamente
si hablamos de un sistema de financiación autonómica
que introduzca impuestos especiales o no; ese
será un debate importante desde el punto de vista
financiero, pero no un debate que afecte al modelo de
Estado. Usted podrá tener una posición fundada sobre
si es bueno o malo que se incorporen en la fórmula de
corresponsabilidad unos u otros impuestos, o sobre si
debe haber una fórmula de corresponsabilidad más
amplia o más estrecha, o sobre cuál debe ser el nivel
de cesión de determinadas capacidades normativas por
parte de este Parlamento o de los parlamentos autonómicos,
pero el modelo de Estado es el que configura
nuestra Constitución y ha ido evolucionando conforme
al sistema de financiación autonómica, ¿o es que usted
cree que el modelo de Estado es diferente hoy para la
Comunidad Autónoma de Madrid, que tiene capacidad
normativa sobre IRPF, que para la Comunidad Autónoma
de Extremadura, que no lo tiene? Es exactamente el
mismo. Además, la Comunidad Autónoma de Extremadura
no tiene capacidad normativa sobre el IRPF, pero
sí sobre el impuesto sobre el patrimonio. Por tanto,
estamos en una discusión que tiene sus límites y no hay
que sacralizarla, aunque políticamente tenga su importancia,
pero yo creo que el modelo de Estado no es
eso. Una cosa es que no seamos capaces de ponernos
de acuerdo sobre determinadas fórmulas de financiación
autonómica y otra que no tengamos un acuerdo
básico y sólido sobre la Constitución y el modelo de
Estado de nuestro país.
Señor Ríos, yo no estoy de acuerdo en que hagamos
un análisis de la inversión territorializada estable. Es
decir, el Estado central tiene derecho a tomar sus decisiones
sobre inversión territorializada, y no todos los
años va a tener que ser exactamente igual para todas
las provincias o para todas las regiones. Se nos podrá
decir que no se está de acuerdo con nuestras prioridades,
pero lo que no se puede es sacar la conclusión
política de que cierta financiación de infraestructuras
supone un determinado peaje político. ¿Y una financiación
de políticas sociales no? ¿Es que no nos damos
cuenta de lo que supone trasladar al marco nacional el
debate de los saldos netos que nos quieren plantear en
Europa los países ricos? Se puede decir que a uno una
determinada obra le parece menos prioritaria que otra,
pero no plantear que en unos determinados años se
hacen unas determinadas inversiones públicas. Indudablemente,
nosotros estamos planteando, por ejemplo,
un AVE Madrid-Barcelona, pero que tiene incidencia
sobre muchas regiones. Además, pretender que una
determinada obra sólo beneficia a la región en la que
se realiza la verdad es que es sorprendente. Cuando
uno va por las autopistas gallegas y no es residente en
Galicia también se beneficia, como cuando coge las
autovías andaluzas o se plantea que ahora se puede ir
de Madrid a Valencia por autovía. Eso no se puede considerar
un beneficio para los valencianos y para los
madrileños exclusivamente; eso sí que rompería cualquier
concepción nacional que podamos hacer. Otra
cosa es que diga, como ha hecho, que algunas decisiones
que hemos tomado S.S. no las tomaría en determinadas
comunidades autónomas. Me parece muy bien.
Es una posición como otra cualquiera, políticamente
aceptable, pero no el principio de que tengamos que
considerar que las decisiones sobre inversión territorializada
tienen que ser exactamente las mismas para
todas las comunidades autónomas todos los años porque
si no hay alguna a la que estamos beneficiando.
Claro que hay alguna a la que estamos beneficiando.
¿Cómo no va a ser así? Claro que el Estado central tiene
que beneficiar a comunidades autónomas determinadas
cuando toma decisiones de inversión. ¿Cómo no va a
ser así? Es una decisión política y en eso consiste la
labor del Estado central. Si no, ¿qué hacemos? ¿Hacemos
una redistribución proporcional de los fondos?
Tenemos una política y si hemos decidido hacer un
determinado eje de infraestructuras o una determinada
política de medio ambiente, tenemos no el derecho
sino la obligación de ejecutarla, y unas veces será en
unas regiones y otras en otras, en función de las prioridades.
¿O es que ahora, de repente, como el Gobierno
central ha llegado a un acuerdo con la Junta de Andalucía
para reprogramar unos fondos de cohesión que se
van a destinar a Aznalcóllar, se nos podría decir algo
por otras comunidades autónomas? ¿Qué pasa? ¿Hasta
dónde vamos a llegar con ese debate?
Con respecto a los Mossos dEsquadra, señor Ríos, le
diré que fueron transferidos por el Gobierno anterior,
pero tiene que hacerse a coste real, ese es el acuerdo
y, por lo tanto, hemos tenido una negociación con el
Gobierno de la Generalitat sobre el coste real de los
Mossos dEsquadra, y en esa negociación el Ministerio
del Interior y la Consejería de Interior han llegado a un
acuerdo sobre lo que cuesta realmente la competencia
en materia de Mossos dEsquadra que tiene la Generalitat.
A partir de ahí, S.S. podrá considerar que la Generalitat
debería o no tener transferidos los Mossos dEsquadra
-es una posición política absolutamente
respetable-, pero si los tiene transferidos en unas condiciones
de coste real, al Estado central no le quedan
muchas maneras de escaparse de esa negociación, y
esto, entre otras cosas, tiene bastante lógica.
Por último, critica la ley de acompañamiento y quiero
decirle, primero, que creo que en la de este año, en
términos absolutos o en términos de volumen, la modificación
de leyes es bastante menor a la del año anterior
-sé que S.S. me dirá: bueno, ¿y eso qué?- y,
segundo, las modificaciones que se plantean, con algunas
excepciones, son técnicas y no políticas. Se ha
mencionado que estamos haciendo un cambio de la
Ley General Presupuestaria. No es así. Hemos introducido
una serie de modificaciones técnicas, de mejora
de control, que no alteran la sustancia de la Ley General
Presupuestaria, que será modificada en una ley que
ya he anunciado que será remitida a principios de año
a la Cámara.
En resumen, señor Ríos, no se puede decir en estos
momentos que la política del Gobierno no tiene en
cuenta claramente los problemas sociales de la economía
española. Ni siquiera se puede decir que estemos
siendo poco sensibles a una situación del entorno internacional
que pueda producir transformaciones en nuestro
futuro. Lo que estamos haciendo es lo que está en
nuestra mano, y creo que están en nuestra mano instrumentos
muy importantes que en otros momentos similares
no hemos tenido, como es una política presupuestaria
que permite una reducción de tipos de interés,
como es una política presupuestaria que permite una
reducción del IRPF, que va a generar un mayor crecimiento
de la economía y del empleo, y como es el
mantenimiento y la mejora de políticas sociales muy
importantes para los ciudadanos, como las pensiones,
la sanidad o la educación, o políticas formativas, políticas
activas o de infraestructuras y de investigación y
desarrollo. A partir de ahí, es indudable que se puede
querer ir a otro modelo, un modelo de aumento de las
políticas pasivas, pero, desde luego, con todos mis respetos,
la posición del Gobierno es absolutamente clara.
Nosotros haremos todos los esfuerzos para dinamizar
las políticas activas, esfuerzos que creemos que estamos
haciendo y que además permiten proteger a colectivos
muy determinados a través de la subvención en
cotizaciones o de las políticas de protección social de
las que he hablado anteriormente, pero tenemos que
apostar -esa es nuestra opinión- por un aumento
considerable de la capacidad de encontrar empleo por
parte de aquellos que no lo tienen en nuestro país.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señor vicepresidente.
Señor Ríos.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías,
vamos a ver cuatro de las afirmaciones que he
hecho en mi intervención y que han sido rebatidas o
contradichas por el señor vicepresidente. La primera se
refiere a la credibilidad de los ingresos y a las aportaciones
del IRPF. Yo he utilizado las cifras de la liquidación
del presupuesto que usted nos ha entregado, que
son las cifras a septiembre del año 1998. La previsión
de impuestos directos, de IRPF, una vez descontadas
las comunidades autónomas, está siendo, a septiembre,
un 1,7 por ciento menor que el año anterior. Se lo voy
a poner en referencia con lo que era la actuación de
crecimiento. ¿Cuánto creció España en el año 1998, cuál
es el crecimiento que al final vamos a tener y cuál ha
sido la evolución del impuesto directo, IRPF, antes de
la reforma? Antes de la reforma, resulta que con un crecimiento
del 3,4, 3,5 ó 3,6, según resulte a final del ejercicio,
hemos tenido unos ingresos de un 1,7 por ciento
menos, sin la reforma del IRPF, y usted me dice que
este año, al crecer al 3,8 por ciento, va a significar no
que vaya a haber menos ingresos del IRPF, sino más.
Eso es lo que no cuadra; por eso le he dicho que no
me creo la cifra de previsión de ingresos del IRPF. No
me la creo porque la liquidación nos demuestra todo lo
contrario. ¿O es que el crecimiento ha sido este año del
3,8 y en los anteriores no ha habido crecimiento económico?
El mismo crecimiento habrá existido.
Respecto a la previsión sobre las comunidades autónomas,
que no me ha explicado, lo que recaudaron en
1997 ya no está recogido en 1998, y por lo tanto están
homogeneizadas las cifras. Pero es que según la previsión
que ustedes dan, inicial de 1999 sobre inicial de
1998, son 115.000 millones de pesetas menos para el 85
por ciento del IRPF, que es el tramo que ustedes administran.
Sin embargo, si usted mira la sección 32, donde
transferimos a las comunidades autónomas por su 15
por ciento autonómico, la previsión es que crece a
670.000 millones, cuando el año anterior no llegó a esa
cifra, fue menor. ¿Cómo es posible que el 15 por ciento
sí crezca y el 85 por ciento no, con el mismo impuesto
y con la misma actuación, cuando las comunidades
autónomas lo único que han hecho ha sido desfiscalizar,
añadir nuevas deducciones, no han hecho otra
cosa? No es posible. Hay un déficit, una diferencia a la
hora de actuar.
En cuanto al empleo la pregunta es cómo, en un año
que crecemos el 3,8, después de tres años creciendo el
3,4 por ciento, el desempleo está en el 19 por ciento,
es decir, la reducción ha sido del 21 al 19 por ciento.
¿Cuándo llegaremos al 10 o al 11 por ciento, que es la
media europea? Porque ustedes comparan con la media
europea cuando quieren. Usted decía antes que habíamos
crecido en empleo tres veces más que la media
europea, pero ¿cuál es la media en Europa? El 11 por
ciento. ¿Cuál es aquí? Estamos en el 19 por ciento. Por
tanto, si en momentos de crecimiento económico no
hay una drástica reducción de ese desempleo, cuando
venga el ciclo depresivo será mucho más difícil que
podamos conseguirlo. Además, el tipo de empleo que
estamos creando es un tipo de empleo poco cubierto,
un empleo más temporal. ¿Me puede decir si es verdad
o no que este año va a haber el 8 por ciento de contratos
indefinidos, mientras que el año pasado fueron el
10 por ciento? El año pasado los contratos que contaron
con el apoyo del Gobierno, los que fomentaban
ustedes, los contratos indefinidos, ¿fueron el 10 por
ciento sobre el total de contratación o no? Este año
representan el 8 por ciento. ¿Por qué decrecen a pesar
de incrementar esa previsión? ¿Es posible destinar este
año 100.000 millones de pesetas para ampliar la cobertura
de desempleo si el Inem crece en recaudación? El
problema que tenemos con el Inem, señor vicepresidente,
es que hay un diferencial de 426.000 millones;
las cotizaciones del Inem son más que lo que se gasta
en el Inem, y esos 426.000 millones los usan para transferencias
a las empresas. Usted habla de políticas activas.
¿Por qué de esos mayores ingresos del Inem no
destinamos 100.000 millones a la cobertura del desempleo?
¿Por qué no es posible, por qué es negativo? Si
están los dineros, si es la cotización; el problema es
que ustedes los usan para otras políticas que nosotros
creemos que no van a ser efectivas.
Volviendo a lo que es la previsión de ingresos y la
liquidación presupuestaria a que hacia referencia, yo le
he comparado la liquidación del presupuesto del año
1998; no previsiones, no, no, liquidado total del año
1997. La cifra a que me he referido de liquidación de
pagos realizados es íntegra del año 1997, está cerrada,
no es una previsión de liquidación, y existe una diferencia
de 280.000 millones de los pagos realizados a las
obligaciones reconocidas. ¿Cómo las van a pagar? Y hay
unos 80.000 millones más de diferencia entre lo que era
la previsión total del año y lo que han sido las obligaciones
reconocidas. ¿Adónde han pasado ese dinero?
Porque del año 1997 al año 1998 solamente han pasado
23.000. ¿Son economías, son no gastados? ¿Cuál es la
actuación? No le estoy hablando de previsiones, le
estoy hablando del presupuesto liquidado y definitivo.
En cuanto a la actuación de los ingresos y de la
deuda ustedes, en el año 1999, han presupuestado unos
gastos de intereses de 3 billones 41.000 millones, que
es una cifra similar a la que se pagó en el año 1995. Si
los intereses han bajado de 1995 a 1999, ¿ha subido lo
que ustedes pagan de deuda o no? Tienen que cuadrar
las cifras por algún lado. Los intereses, en el año 1995,
¿estaban cuatro puntos por arriba? ¿Están ahora cuatro
puntos por abajo? Ha crecido la deuda que ustedes
pagan este año ¿sí o no? Si lo que han hecho ustedes
ha sido renegociar la deuda, tendría que haber bajado.
Si ustedes lo que han hecho ha sido renegociar deuda
de corto a largo; por tanto, no me puede hablar del
pago de los intereses en la argumentación que usted
hacía, como una gestión positiva.
En cuanto a la discusión sobre entes públicos, las
previsiones de privatización que ustedes dieron el año
pasado fue en torno a 2 billones de pesetas y lo que el
Estado ingresó fueron 460.000 millones. Si las diferencias
cuadran, han quedado 1,5 billones de pesetas que
usan de la privatización para su administración interna.
Cuando ustedes estaban en la oposición defendieron
con nosotros que a los presupuestos se incorporara la
transparencia fiscal y contable-presupuestaria de todas
las empresas públicas y que incluso tenían que venir
los presupuestos de las empresas públicas participadas
al 25 por ciento. ¿Sabe lo que ustedes hacen este año?
Han sacado del presupuesto consolidado las entidades
públicas empresariales, no los organismos autónomos;
aprueban la transferencia, pero no consignan su presupuesto.
¡Si es que lo que hacían cuando estaban en la
oposición era totalmente distinto de lo que hacen
ahora! No ya en las empresas públicas que ustedes
dicen que no estén participadas al 51 por ciento -ni
vienen aquí las que no tengan ustedes participadas al
51 por ciento, cuando las empresas saben que se administran
con muchos menos recursos: un banco o una
empresa se puede administrar con el 20 por ciento de
las acciones-, es que, además, las entidades públicas
empresariales sólo ponen en el presupuesto consolidado
las transferencias corrientes y las transferencias de
capital. Pero no nos adjuntan los presupuestos de esas
entidades públicas empresariales. Este año lo sacan por
primera vez, como evolución, y dicen que la colocación
de Bazán y de Santa Bárbara no quiere decir nada.
¿Cómo que no quiere decir nada si las sacan ustedes en
cuanto al presupuesto presentado? Puesto que son entidades
públicas empresariales y además funcionan en el
mercado, según dicen ustedes, en relación de competencia,
pues los pasos que siguen son mucho más fáciles
de producir, no ya la liberalización, sino la privatización
de esa acción. Yo no quiero decir que lo estén
haciendo; cuando venga, vendrá, y ya discutiremos.
Pero en parte ya lo han hecho. No se extrañe usted de
Santa Bárbara porque ya tienen privatizada una parte;
o lo han intentado. Otra parte, de tres, intentan que se
mantenga. Yo les apoyo en lo que sea mantener la
parte pública de Santa Bárbara.
En cuanto a la relación del modelo de Estado y la
relación de las inversiones que apoyábamos o no, por
lo que hace al criterio del modelo de Estado yo no
quiero mezclar churras con merinas. Yo sé lo que es un
modelo de financiación; ahora bien, entiendo que un
presupuesto es el arco mayoritario de cualquier política,
por tanto, la proyección de una política tiene que
verse reflejada aquí. Y a la hora de argumentar, no mezcle
usted la inversión territorializada con inversiones
territoriales importantes. ¿Sabe usted por qué no me
puede mezclar el tren de alta velocidad? Porque no está
en la inversión territorializada. Usted sabe muy bien
que está en activos financieros a través del GIF. Luego
no está en el anexo de inversión, no aparece ahí. Son
«otras inversiones». ¿Por qué se discuten esas aportaciones
extras a algunos gobiernos y no a todos? Mi discusión
no es que aparezcan algunas aportaciones; no es
que venga recogido que vaya para una política concreta.
Si me parece muy bien que tenga usted una política
de apoyo al transporte colectivo; si me parece muy
bien que ustedes tengan política de aguas; el problema
es por qué a unas sí y a otras no; por qué los planes de
obras y servicios que hacen todas las diputaciones en
toda España allí solamente los hace el Gobierno del
señor Pujol. ¿Por qué? Y ustedes les dan ese dinero a
ellos porque es poder. Cuando usted da dinero da
poder por transferencia. Eso es el abc de cualquier
posición política. Y eso es lo que genera distorsión. Y
un presupuesto no puede venir cada año a discutir
cómo mantiene usted el apoyo político de investidura;
se zanja en la investidura. La discusión política no
puede estar cada año en cada presupuesto. Eso lo que
genera es bilateralidad en la forma de ejercer el modelo
de Estado. Ese es el tira y afloja sistemático que no
es bueno para un modelo estable, para un modelo de
Estado definido, y es eso lo que yo le criticaba: que el
modelo está negociado y discutido en un lado, pero
luego, a la hora de ajustar y de financiar, va por otro.
Eso no da estabilidad. Un modelo tiene que tener unos
hábitos, unas costumbres planificadas, programadas, de
desarrollo territorial; y luego serán discutibles las orientaciones
o las políticas que podamos dar a la hora de
funcionar.
En el tema de saneamiento le he citado el caso de
Radiotelevisión Española. ¿Puede dedicar un momento
al tema de Radiotelevisión Española? Ustedes cogieron
un ente público con 250.000 millones de pesetas de
deuda. El Tribunal de Cuentas decía que la situación
era de quiebra técnica. El año siguiente ustedes incrementaron
la deuda en 150.000 millones; y al siguiente,
150.000 millones más. Este año de 1998 terminará con
760.000 millones de deuda. ¿Qué situación es esa? Y se
ha producido esa situación porque ustedes no aportan
la diferencia de que Radiotelevisión Española no compite,
en lo que es publicidad, en criterios de equidad
con las demás empresas. Incluso en Radio Nacional
transfieren 11.000 millones cuando el gasto es de
25.300 millones. ¿Qué hacen con el resto? Pues que se
endeude. El Gobierno le da un aval para que se endeude.
Están apretando el endeudamiento para territorios
externos no haciéndolo ustedes. Está facilitándose que
las cifras de déficit se vean enajenadas de unos compromisos
que decide usted pero que se aplican de otra
manera. Y esa es la argumentación del activo financiero,
de la inversión puesta ahí, del endeudamiento de
empresas públicas, del saneamiento de la SEPI y de la
actuación en otras vertientes, porque en realidad lo que
está provocando, como le decía antes, es no poner eso
en funcionamiento. Más que maquillaje, como yo le
decía, era una actuación de cirugía estética.
Señor presidente, señorías, estoy convencido de que
la discusión va para mucho más largo, pero lo cierto y
verdad es que no se puede zanjar colocando en un
dilema la discusión en esta Cámara: todo es euforia y
va bien; lo que se discute de mí no existe, y cuando yo
propongo, hago mis propuestas y hago mis argumentaciones,
las demás están fuera de la realidad. No, fuera
de la realidad no. Podrían ser partícipes de otra realidad
o construirse desde otra realidad, porque, si no,
salvo la propaganda de que todo va bien, que es fruto
de «España va bien», el problema es saber para quién
va bien. Y si es para todos, nos veremos todos reflejados
en ello o de lo contrario no nos veremos todos muy
bien reflejados; y cuando digo todos, no me refiero al
interés partidario, porque usted tendrá que convenir
conmigo que la exageración de la argumentación política
la podemos hacer uno u otro. Yo puedo argumentar
políticamente a mi favor exagerando la realidad,
pero también me aceptarán que ustedes la exageran
para apoyarse ahí. La demagogia, por tanto, es la exageración
de los razonamientos políticos para sacar rentabilidad
partidaria. Ustedes lo hacen en una vertiente,
pero a mí me gustaría que de aquí saliera la ventana de
la realidad y una parte de esa realidad es la que yo le
he traído y usted no me ha sabido rebatir.
Nada más, señor presidente. Nada más, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señor Ríos.
Señor vicepresidente del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL
GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
(De Rato Figaredo): Muy brevemente.
Señor Ríos, voy a intentar aclararle algunas cuestiones
que me ha planteado. La deuda está bajando en términos
de su porcentaje del producto interior bruto,
pero no lo está haciendo en términos absolutos y eso,
además, ha sido parte del debate anterior. El que nos
pongamos como objetivo que la deuda baje en términos
absolutos supone que nos pongamos un objetivo...
(La señora Aguilar Rivero: ¡No se oye!) ¿No me oye?
(La señora Aguilar Rivero pronuncia palabras que
no se perciben.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Continúe, señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL
GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
(De Rato Figaredo): Pretender que tengamos una
reducción en términos absolutos del stock de deuda
supone tener no superávit primarios, sino presupuestarios,
cuestión más que discutible desde un punto de
vista económico. Nosotros podemos estar pagando en
este momento la misma cantidad de intereses que el
año anterior porque el stock de deuda ha crecido, lo
que pasa es que el porcentaje que esa deuda representa
en la renta nacional es cada vez menor. Y eso es lo
importante, lo importante es que llegó a representar el
70,1 y ahora está representando el 66 por ciento. Le
hablo en este momento con cifras de memoria. Eso es
lo importante, pero es muy difícil lo que S.S. pretende.
Y ahí hay una explicación que tienen que encontrar
SS.SS.; es decir, no estamos hablando de que la deuda
se reduzca en pesetas, sino que la deuda se reduce en
relación al PIB, que es el compromiso que tenemos
desde el punto de vista europeo, el compromiso que se
mantiene y el objetivo de política económica de todos
los países. Ahora bien, si la Cámara cree que debemos
plantearnos el objetivo de un superávit presupuestario
constante, dudo que haya consenso político para eso.
Las obligaciones reconocidas no tienen por qué referirse
exclusivamente a obligaciones que se contraen en
este ejercicio, son obligaciones que contraemos y, por
ejemplo, las obligaciones plurianuales entran dentro de
las obligaciones reconocidas y, por lo tanto, en ese sentido
podemos encontrarnos con que una serie de los
pagos que se realizan en un determinado ejercicio son
como consecuencia de obligaciones reconocidas plurianuales
de ejercicios anteriores y obligaciones reconocidas
de este ejercicio pueden verse pagadas en ejercicios
posteriores como consecuencia de la
plurianualidad.
En cuanto a las privatizaciones de SEPI, se lo he
dicho en el debate anterior, y lo tiene usted en el tomo
I de los presupuestos de explotación y capital de los
estados financieros, pero muy rápidamente se lo voy a
decir, porque esto ha sido explicado por el subsecretario
del Ministerio de Industria en varias ocasiones. En
el período 1996-1998, SEPI ha obtenido 2,7 billones de
pesetas de privatizaciones que, junto con 75.000 millones
de recuperación de préstamos y beneficios generados,
suma un total de 2 billones 780.000 millones. La
aplicación de éstos son los siguientes: Cancelar deuda
histórica del INI, 442.000 millones; aportaciones a
empresas, 599.000 millones en la aportación de prima
única para la externalización de compromisos contraídos
en reconversiones industriales por 670.000 millones;
aportación al Tesoro de dividendos, 193.000 millones
e incremento de tesorería, que en este momento
está en la tesorería de SEPI, 876.000 millones, a los que
una parte en los planes de futuro... (La señora Aguilar
Rivero: ¡No le ha preguntado eso!) Es que me lo
han preguntado; yo no tengo la culpa de que me pregunten
qué es lo que sucede con SEPI, se lo tengo que
leer. A partir de ahí, si SS.SS. ya lo conocen, lo que
pueden decir es que no les parece bien, que a mí me
parece muy bien, pero a nosotros nos parece que la
política de privatizaciones está produciendo efectos
muy positivos. ¿O creen SS.SS. realmente que el aumento
de la inversión y del empleo se produciría con una
política que aumentase el número de empresas públicas?
Yo creo que están completamente equivocados.
En cuanto al impuesto sobre la renta de las personas
físicas para 1999 supone, en derechos reconocidos, una
vez que están tenidos en cuenta los ajustes de contabilidad
nacional, un incremento del 1,7. Haciendo una
comparación homogénea, es decir, teniendo en cuenta
las diferencias que se han producido en un ejercicio y
en otro, el incremento, como le he dicho antes, se sitúa
en el 5,7 para el impuesto sobre la renta de las personas
físicas. Aquí hay que tener en cuenta la incidencia
de la reforma, pero también la política de devoluciones,
que va a tener una incidencia positiva en el año
1999 de 150.000 millones, porque en el año 1998
hemos hecho todas las devoluciones que nos correspondían
de 1996 y de 1997. Por lo tanto, no vamos a
tener el mismo volumen de devoluciones en 1999 que
hemos hecho en 1998.
El debate sobre las políticas concretas que el Gobierno
haga con una determinada diputación o con un
determinado gobierno autonómico las acepto todas. El
Gobierno hace las políticas por razones que le parecen
de oportunidad, pero vuelvo a repetirle, señor Ríos,
que si el Gobierno tiene que venir a la Cámara con una
lista de todos los acuerdos que hace con todos los
gobiernos locales y autonómicos para someterlos a lo
que se supone que es una política dirigida y no institucional,
cometeríamos un gravísimo error, porque el
Gobierno está cerrando acuerdos con comunidades
autónomas y con entes locales desde todos los puntos
de vista: desde el punto de vista financiero, desde el
punto de vista de deudas fiscales, desde el punto de
vista de inversión, desde el punto de vista de colaboración,
todo el tiempo. En unos casos son municipios o
autonomías que están gobernados por un partido y en
otros casos por otro. Cometemos un grave error en desconfiar
generalizadamente sobre lo que se hace respecto
a una determinada política, pero cada cual puede
hacer lo que le parezca. No pensemos que la puerta
que se está abriendo de discutir inversiones se va a
quedar abierta sólo con las inversiones. Creo que ahí la
política de solidaridad hay que tenerla muy en cuenta.
En cuanto a Radiotelevisión Española, le repito lo
que le he dicho antes: existe una subcomisión en esta
Cámara que tiene que abordar una decisión. El Gobierno
no va a tomar una decisión hasta que se aborde esa
cuestión.
Respecto a la última referencia relativa a que la situación
económica va bien para unos o va bien para otros,
en estos momentos -lo he dicho antes- los efectos
de la recuperación se están trasladando al empleo a ritmos
hasta ahora desconocidos: al 80 por ciento de
recuperación si se trata del empleo, frente a situaciones
del 50 o del 25 por ciento en recuperaciones anteriores.
Puede haber otras muestras de que la recuperación
llega a todos, pero creo que esa es una muestra suficiente
o por lo menos para el Gobierno muy importante.
La creación de empleo es la dinámica básica en la
que tenemos que apostar. En ese sentido, seguramente
se nos puede pedir que hagamos más cosas, pero hay
que reconocer, en nuestra opinión, que al menos el
camino elegido de estabilidad macroeconómica, de
reducción del déficit público, de modernización de los
sistemas fiscales, de diálogo social, está produciendo
efectos que hasta ahora no habíamos sido capaces de
producir. A partir de ahí podemos construir las propuestas
que los grupos parlamentarios hagan.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señor vicepresidente.
El Pleno se reanudará a las cuatro y media de la
tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las tres y quince minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y cuarenta y
cinco minutos de la tarde.
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Como anticipábamos esta mañana, por el Grupo
Mixto se han presentado cinco enmiendas de totalidad,
todas ellas de devolución, a los proyectos de ley que
debatimos. En consecuencia, los suscriptores de tales
enmiendas, los diputados y diputadas del Grupo Mixto,
distribuirán su turno en intervenciones que, en tiempo,
serán proporcionales al número de diputados que suscribe
cada una de esas enmiendas, comenzando por
aquella que alcanza mayor número de firmantes, y que
será defendida por el señor Saura.
Adelante.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, señor ministro, paso a
defender la enmienda de totalidad, de devolución, que
los diputados de Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya
hemos planteado. Hay una serie de cuestiones
sobre las que me hubiera gustado dar nuestra opinión,
como son las repercusiones de la crisis financiera sobre
la economía española o las múltiples razones por las
cuales pensamos que es necesaria la devolución de
estos presupuestos, pero no lo voy a hacer debido a
que dispongo de poco tiempo. Por lo tanto, voy a
intentar, simplemente, concentrar en dos las razones -
políticamente importantes, a nuestro entender- por las
cuales pedimos la devolución de los Presupuestos
Generales del Estado.
En primer lugar, pensamos que estos Presupuestos
Generales del Estado están contablemente trucados
(diría más, están peligrosamente trucados, como creo
que luego podré demostrar) y que esto se concreta
especialmente en un déficit público maquillado, porque
se oculta déficit público y porque se traslada al
futuro déficit público. Pero la primera idea que me interesa
destacar es que pedimos la devolución de estos
presupuestos porque están contablemente trucados y
porque el déficit público que el Gobierno dice no es el
déficit público real. La segunda gran razón es porque
pensamos que estos presupuestos son socialmente
injustos. El señor ministro de Economía, esta mañana,
ha explicado toda una serie de cuestiones positivas de
los presupuestos en materia de protección social -
como no podía ser de otra manera-, pero desde nuestra
óptica política pienso que es absolutamente inconcebible
que, siendo hoy el principal problema de
nuestro sistema de protección social la cobertura de los
parados, permanezca igual que en el año 1998, es decir,
que más de la mitad de los parados no tendrán ningún
seguro de desempleo, y todo esto se hace coincidir en
un año en que la reforma fiscal va a significar una disminución
de los ingresos públicos.
Voy a intentar, por tanto, desarrollar o fundamentar
estos dos ideas. La primera -decía- es que el Gobierno
hace un uso excesivo de las excelencias de las cuentas
públicas. Nosotros queremos decir aquí que las
cuentas públicas del Estado español no están tan bien
como el Gobierno dice y que, en concreto, el déficit
público -que el Gobierno dice que para el conjunto
de las administraciones públicas va a ser el 1,6-, a
nuestro entender, supera el 2 por ciento. He de decir
además que estas afirmaciones que voy a hacer tienen
el inconveniente de que no soy capaz de dar algunos
números con exactitud, porque la información que el
Gobierno ofrece es una información con falta de credibilidad,
con vacíos informativos importantes, graves,
pero sobre todo inexplicables, como luego creo que
podré demostrar. Por lo tanto, admitiendo la posibilidad
de que nadie (creo que esto ha quedado patente
en los dos debates que se han producido esta mañana)
puede tener una idea clara de las cuentas públicas, por
los datos que aparecen en la información que nos remite
el Gobierno sí podemos afirmar que tanto el déficit
público como las cuentas públicas no van en la dirección
que el Gobierno dice.
Para empezar, quiero hacer una reflexión de sentido
común. Si uno va al informe económico y financiero -
tengo una fotocopia de la página correspondiente-,
ve que, en relación con los ingresos que se prevén este
año, se va a producir una disminución de ingresos -es
decir, en 1999 se va a ingresar menos dinero que en
1998- y va a haber más gastos. Si se ingresa menos y
se gasta más, ¿cómo se puede reducir el déficit público?
Evidentemente, el hecho de que el producto interior
bruto crezca en absoluto compensa. Simplemente,
desde el sentido común, no es posible que el déficit
del Estado disminuya cuando los ingresos disminuyen
y cuando el gasto público aumenta. Ustedes se preguntarán:
¿Y cómo es posible que si los ingresos disminuyen
y los gastos aumentan el déficit disminuya? La respuesta
es clara: se nos presenta un déficit público
trucado o maquillado, un déficit público que, en función
de cómo se calcula en los documentos que nos
presenta el Gobierno, tiene unas cifras o tiene otras.
Por ejemplo, en la página 133 del informe económico y
financiero se dice que el déficit de caja es el 1,61. Si
uno va, en el mismo libro, a las páginas 466 y 467,
haciendo una resta y una división, el déficit consolidado
asciende a 1,84. Es decir, utilizando información del
Gobierno, el resultado del déficit es distinto.
Quiero llamarles a ustedes la atención de que la diferencia
de 3, 4 ó 5 décimas en el cálculo del déficit
público son cantidades importantísimas de dinero. Una
décima del déficit público significa 88.000 millones de
pesetas; por tanto, cuando existen diferencias de 4 ó 5
décimas estamos hablando de diferencias prácticamente
de medio billón de pesetas.
Alguien se puede preguntar cómo es posible pasar
de un déficit de caja de 1,9 ó 1,6 -que dice el propio
documento del Gobierno- al 1,3 ó 1,4. Aquí el señor
Rato aparece con una varita mágica, que es una frase
de dos líneas y media de largo, como mucho -una vez
que se llega al 1,61 o al 1,84 aparece en la página 131 y
en otras del informe económico y financiero-, que es
la siguiente: De acuerdo con los ajustes a la contabilidad
nacional esto se transforma en 1,3 y 1,4. Y claro,
señor Rato, esto es la chistera y el conejo. Si usted quiere
plantear los números de contabilidad -y lo sabe
hacer- debe presentarlos todos en forma de contabilidad
nacional; pero lo que usted no puede hacer es
decir esta frase sin detallar números, cifras ni memoria,
haciendo desaparecer del déficit público medio billón
de pesetas. Nos presenta 40 ó 50 tomos de documentos,
y de golpe y porrazo, con una frase, hace disminuir
el déficit público en medio billón de pesetas. No
hay, señor Rato, ningún número, ninguna cifra ni ninguna
memoria que lo justifique.
Pero, además, hay otra cosa. El ministro de Economía
utiliza los conceptos como le interesa. Por ejemplo,
cuando habla de las cotizaciones de la Seguridad Social
utiliza los criterios de devengo; cuando habla del IRPF
utiliza los criterios de caja. Pero al final, con esta varita
del señor Rato, todo se transforma en un número que es
imposible seguir. No hay en los presupuestos una sola
fundamentación económica que justifique el 1,3 y el 1,4.
La pregunta es: ¿por qué no existe esta justificación
económica? ¿Por qué se está ocultando déficit público?
En el debate que se ha producido esta mañana el
señor Borrell ha planteado una pregunta que el señor
Rato no ha contestado y que me parece relevante: cuál
era la diferencia, y a qué iba destinada, entre deuda
pública y déficit público. El señor Rato no ha contestado.
¿Por qué? Porque el Gobierno del Partido Popular
desde 1996, pero especialmente en 1998 y 1999, está
camuflando déficit público. Por ejemplo, a partir del
capítulo 8 está financiando con préstamos del Estado,
que no computan como déficit -utilizando este año
criterios muy prudentes-, 250.000 millones de pesetas.
Hay 250.000 millones de pesetas que se están financiando
y no computan como déficit público: 100.000
millones para el AVE, 100.000 millones para despesas
de investigación militar y 50.000 millones para los peajes
a la sombra. Pero hay otros 210.000 millones de la
Seguridad Social -artículo 12.4 ó 15.4, de operaciones
de tesorería- que también van a ser déficit del Estado;
hay 210.000 millones en operaciones de tesorería en los
que, simplemente con el no reconocimiento de los derechos
que en cada año se producen, alrededor de 280.000
millones de pesetas, existe una disfunción.
Quiero decir que no existe este año -y me alegro-
el modelo alemán de inversión de pago aplazado, que
en estos dos años han significado 320.000 millones de
pesetas a los que se hubo de hacer frente el año pasado;
o que para Radiotelevisión Española cada año hay
avales de 140.000 ó 180.000 millones de pesetas. Lo
que estoy diciendo, señoras y señores diputados, es
que el déficit público no es 1,7 ni 1,8 ni 1,9, sino que
está en cerca de 2 puntos y medio.
El señor Rato esta mañana no ha contestado, y ahora
tampoco puede hacerlo, a por qué razón se camufla
déficit público en operaciones que deberían constar en
los Presupuestos Generales del Estado, no en el capítulo
8, y cómo al mismo tiempo se traslada al futuro el
pago de determinadas operaciones.
En resumen, la primera razón es que las cuentas
públicas no gozan de la excelente salud que ustedes
dicen, hay oscurantismo y opacidad. Esto es grave, porque
está hipotecando la situación financiera de los Presupuestos
Generales del Estado -eso sí, después de
2000, posiblemente después de las próximas elecciones
generales-. En todo caso, la política neoliberal del
Partido Popular nos va a llevar a lo que ya hemos visto
que ha llevado la política de la señora Thatcher y del
señor Reagan: no disminuyeron el déficit público, hubo
una redistribución de la renta en favor de los más
poderosos y se incrementó la desigualdad social.
La segunda razón -voy a pasar por encima del tema
de I+D y de inversiones porque veo que no tengo tiempo-
de por qué presentamos la enmienda a la totalidad
es que decimos que éstos son unos presupuestos
socialmente injustos. El señor Rato decía que estos presupuestos
afrontan el paro. Recuerdo que los sindicatos
al día siguiente o a los dos días decían que los parados
estaban ausentes de estos presupuestos, y el señor Rato
se ha cansado de repetir que quería ser prudente en las
cifras del paro y suficientemente ambicioso en las de la
inflación. Señor Rato, le invito a que también sea suficientemente
ambicioso respecto del empleo, que no
tenga problemas por ser suficientemente ambicioso.
En todo caso, lo que quiero decir aquí es que el principal
problema del sistema de protección social de España,
en el día de hoy, es que la mitad de los parados,
exactamente 806.000 personas en este año, no tienen
ningún seguro de cobertura. Hoy hay 200.000 más sin
cobertura que en el año 1993 y la situación para 1999 es
peor: según datos del Ministerio de Trabajo -supongo
que si tengo algún error el ministro de Trabajo podrá
corregirme-, va a haber 826.000 personas sin ningún
tipo de prestación.
He de recordar que en todos los países de la Unión
Europea, excepto en Grecia, Italia y España, hay una
renta mínima garantizada. En España, no, en España no
existe una renta mínima garantizada. Pero además es
que el Inem va a tener, desde el punto de vista de las
cotizaciones y de las prestaciones por seguro de
desempleo, un superávit entre 260.000 y 290.000 millones
de pesetas. Dicho de otra manera: el Estado no va
a aportar una sola peseta en 1999 a las prestaciones
sociales por desempleo.
Sé que el señor Rato puede decir que este problema
no lo han originado ellos. Es cierto; las reformas del Partido
Socialista Obrero Español significaron, desde 1994,
una caída importante en la tasa de cobertura del
desempleo. Ahora bien, ¿es posible, señor Rato, que
acaben de hacer una reforma fiscal y reconozcan ya -
el otro día el secretario de Estado de Hacienda reconoció
que va a significar una disminución de 400.000
millones de pesetas como mínimo- que el principal
problema del país desde el punto de vista del sistema
de protección social no tenga ni una sola mejora? ¿Era
tan difícil aceptar la propuesta que los sindicatos están
haciendo, por otra parte modesta, de que las personas
que no reciban el salario mínimo y tengan cargas familiares
puedan tener un seguro de desempleo por dos
años, cuando el coste de esto es 120.000 millones de
pesetas? ¿Qué carácter social se puede defender desde
estos presupuestos cuando en 1999 no van a tener
seguro de desempleo 800.000 personas, de las cuales
150.000 tienen cargas familiares, sin ningún ingreso
económico? Esta sola razón sería suficiente para decir
que se devuelvan estos presupuestos. No podemos
aceptar unos presupuestos que hablan de cifras
macroeconómicas, de criterios de convergencia nominal
y que no dedican durante 1999 una sola peseta del
Estado -la solidaridad se produce entre los trabajadores
que tienen trabajo pagando cotizaciones sociales
para los que no trabajan- a los 800.000 que quedan
al margen.
Señor Rato, estos nos son unos presupuestos sociales
(nos puede explicar usted el tema de sanidad, que
es obligado, etcétera), como tampoco lo es el hecho de
que no hayan dado ningún paso en los complementos
de mínimos. No tengo tiempo para desarrollar este
asunto y extenderme, pero vamos a llegar al año 2000
y, de hecho, todos los complementos de mínimos van a
ser financiados por las cotizaciones sociales.
Por tanto, y con esto acabo señoras y señores diputados,
señor ministro, hay dos razones fundamentales
que hoy podemos decir en estos diez minutos: estamos
ante unos presupuestos trucados, con un déficit público
peligroso que va a hipotecar el futuro, y unos presupuestos
sociales que hoy no hacen frente al principal
problema, al más descarnado, desde el punto de vista
social, de la sociedad española, que está siendo financiado
simplemente por la solidaridad de los trabajadores,
produciéndose paralelamente una disminución fiscal.
Para nosotros estos no son unos presupuestos
sociales. Entendemos que para ustedes lo pueden ser,
para nosotros no. Por estas dos razones, señoras y
señores diputados, pedimos que voten a favor de esta
enmienda a la totalidad.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Saura.
Tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor
presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, señor ministro,
el Bloque Nacionalista Galego considera que los
Presupuestos Generales del Estado para el año 1999
son continuistas, poco fiables y demasiado optimistas;
condicionados por un proceso electoral que se nos avecina.
A pesar de que el Estado español forma parte de la
unión monetaria, no parece que esté empeñado en que
se realice la convergencia real con la Unión Europea, y
estos presupuestos son un ejemplo de parcheo y no un
aliento a la inversión, que por cierto no es nada espectacular.
Además, ustedes no tienen siquiera en cuenta la crisis
financiera que está padeciendo gran parte del
mundo, que afecta al comercio internacional y que
según criterios del Fondo Monetario Internacional va a
producir que a escala planetaria haya un crecimiento de
prácticamente el 2 por ciento, es decir inferior en el 33
por ciento a lo que se pensaba, exactamente igual que
las cifras para el Estado español no son las que ustedes
manejan en inflación y en crecimiento.
De todas maneras, lo más grave desde el punto de
vista general es el segundo criterio, la segunda valoración,
puesto que lo primero no dejan de ser hipótesis
que se contrastarán a su debido tiempo; es el desequilibrio
en el reparto de cargas y de beneficios que provocan
una auténtica injusticia social.
No vamos a reincidir en que la única reforma estructural
que ustedes presentan como importante es la
reforma del IRPF que sin duda es regresiva aunque
nada más sea porque cada vez tenemos más impuestos
indirectos, que ya son superiores a los directos, lo cual
conforma unos ingresos consolidados en el Estado
español que los tantos por cientos son elocuentes.El 55
por ciento de los ingresos consolidados vienen vía
impuestos, con este desequilibrio a favor de los indirectos
sobre los directos; el 37 por ciento son cotizaciones
sociales, que ya se sabe son salarios no percibidos,
y el 12 por ciento son tributos, pero a esto, señorías,
hay que añadir que se contabiliza un gasto de 5 billones
de pesetas producto de multitud de deducciones y
exenciones que favorecen a grandes empresarios o a
medianos empresarios, pero en todo caso de forma
indiscriminada y a las rentas elevadas, por no hablarles
a ustedes de que hay menos partida para cobertura de
desempleo, y en un país como Galicia exceden del 55
por ciento los parados que no tiene ningún tipo de
prestación; eso contrasta llamativamente con que ustedes
aumentan las bonificaciones a las cuotas de la
Seguridad Social, con el objetivo teórico de lograr un
empleo estable; ni más ni menos que el 184 por ciento
de bonificaciones en cuotas a la Seguridad Social cuando
seguimos con una tasa de temporalidad del 33 por
ciento y en el propio proyecto de ley de acompañamiento
se reconoce que hay gravísimos fraudes que
provocan un excelente negocio y ahora parece que se
va por la vía de profundizar.
Por lo demás, hay una creencia de que la inflación
en el Estado español va a ser sólo del 1,8 por ciento,
que es justamente la subida de funcionarios y pensionistas,
mientras que se congela, y es gravísimo, la oferta
de empleo público en el 25 por ciento, cuando debía
ser uno de los motores también de la economía, y por
este proceso es muy limitado el intento que ustedes tienen
para pasar de una tasa de paro del 19 al 17,4 por
ciento de la población activa.
Pero vayamos al tercer escalón, al más interesante
para nosotros en este debate, y es que las inversiones
no son nada espectaculares, poca convergencia y
mucho desequilibrio ya no con Europa, con la Unión
Europea, con los países de los Estados del centro, sino
dentro del territorio.
Ustedes prometieron en los programas del Partido
Popular el 5 por ciento de inversión del producto interior
bruto. Pues bien, pasamos del 3,1 por ciento del
presupuesto de 1998 al 3,5 de los presupuestos consolidados,
y reinciden en la línea de consolidar la marginación
estructural de Galicia.
Nuestras autovías no acabarán hasta el 2001, si acaban,
y son las últimas de las radiales; del ferrocarril,
ponen cara de póker cuando escuchan hablar; de las
cuencas hidrográficas que usufructúan ustedes con total
competencia estatal, no mueven un dedo; de las rías,
desconocen qué significa este ecosistema, en qué situación
están, su afectación por defensa, por grandes compañías
estatales o incluso por puertos de interés general.
El señor ministro de Fomento me recordaba que un
país no tiene derecho al avión, a la carretera y al ferrocarril,
pero sin duda en ese momento era metonímico,
pensaba exclusivamente en Galicia, porque el señor
Vilalta, exactamente igual recordaba que no le gustaba
hablar de alta velocidad frente a velocidad alta, porque
sería una discriminación. Yo me pregunto, cuál es el
caso gallego sin alta velocidad, sin velocidad alta, con
ferrocarriles a 48 kilómetros por hora, a 60 los que
están abarrotados con 17 trenes de un lado y de otro,
sin doble vía, sin electrificación. Ustedes ante una situación
estructural de este tipo en los presupuestos nos
colocan con el 6,35 por ciento del total de las inversiones,
con el 4,95 de las consolidadas y con el 4,4 de las
totales; esto sin contabilizar los decretos-leyes a los que
ustedes nos tienen habituados, de 226.000 millones de
pesetas en materia de medio ambiente, que no le toca
nada a Galicia; 31.000 millones por otra parte; 133.000
millones para obras en carreteras, que tampoco Galicia
ve una peseta. Por tanto, es preocupante que esta discriminación
estructural ustedes la agudicen año a año.
Voy a dedicarle especial atención a una preocupación
del Bloque Nacionalista Galego fundamental y
básica para el desarrollo de Galicia que es el tema del
ferrocarril. Ustedes van a dedicar este año 252.000
millones de pesetas, un cuarto de billón, a ferrocarriles.
En esta situación, sin doble vía entre A Coruña y Vigo
-y vuelvo a repetir que es la línea más cubierta en términos
relativos del Estado español- a Galicia le toca
después de mucho batallar 5.576 millones de pesetas, y
en cinco años, en un quinquenio, 24.788 millones de
pesetas, trenes de 48 y de 60 kilómetros por hora.
De medio ambiente, para saneamiento y depuración,
198 millones de pesetas, y para la Confederación Hidrográfica
del Norte 96 millones de pesetas, de cifras que
oscilan entre los 106.000 millones de pesetas para obras
hidráulicas y 173.390 millones de otras inversiones del
Ministerio de Medio Ambiente. En este plan ya me dirá
usted cómo podemos homologarnos con el resto del
Estado español, ya no converger en infraestructuras con
Europa.
Si analizamos los organismos autónomos, sus entes
públicos empresariales, señor ministro, vemos que el
resultado también es alarmante: en Paradores, AENA,
Sepes, Correos, FEVE, el GIF, Renfe, Sasemar, Puertos
del Estado, ustedes van a invertir prácticamente 600.000
millones, a Galicia le tocan 18.458 millones de pesetas.
Le vuelvo a repetir que no es una queja de agravios
comparativos, es una queja de homologación estructural
de lo que a ustedes, a los partidos de ámbito estatal
les gusta tanto: que somos todos solidarios, todos debemos
estar en un Estado unitario, en un Estado donde
debe haber por lo menos cierta homogeneización territorial
en cuestiones básicas. Ya ve usted cuál es el
resultado. Si usted me pregunta tengo que alarmarme.
A usted que le gusta tanto homologar a Galicia con
la cornisa cantábrica, vamos a carreteras y la autopista
del Cantábrico deja de ser cantábrica cuando llega a
Galicia. Es curioso. Usted sabe que eso lo tiene muy
incrustado en su cabeza. Cornisa cantábrica, Galicia
para eso forma parte, pero para autopìstas tampoco formamos
parte de la cornisa cantábrica.
Acabo con unas referencias al proyecto de ley de
acompañamiento, señor ministro. En el Bloque Nacionalista
Galego estamos un poco preocupados por este
cajón de sastre que tiene muchos temas que debían ser
tratados de forma diferenciada. En concreto hay uno de
ellos gravísimo que es la enajenación por defensa de
bienes, de terrenos, incluso de factorías hoy vinculadas
a industria que es feudataria de la industria militar.
Creo que este tema debía ser debatido aparte, con
mucha luz y muchos taquígrafos, sabiendo cuál es el
futuro de estas empresas como Bazán, Santa Barbara, y
otras muchas. Llama la atención que ustedes metan
todo esto con otros temas más baladíes. Escamotear el
tratamiento parlamentario demorado no es buen oficio
político.
El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez, concluya,
por favor.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Sí, señor presidente.
En todo caso, hay dos preocupaciones finales. Es
curioso que el proyecto de ley de acompañamiento
tenga dos grandes sectores estratégicos para Galicia tratados
de una manera puramente represiva: primero, la
discriminación de las sociedades mixtas, en el sector
pesquero en concreto, que quedan fuera de la subvención
parcial de cuotas de la Seguridad Social; y, segundo,
el tratamiento de infracciones a compradores y productores
lácteos por la cuota láctea que usted sabe
afecta gravísimamente a un sector estratégico para
nuestro país.
En algunos sitios, o en nacionalismos con voluntad
de autogobierno hay voluntad de dignidad y de ser
igual que otros, en nuestro país además de esto yo creo
que es una necesidad material para no suicidarnos.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
La señora Rahola tiene la palabra.
La señora RAHOLA I MARTÍNEZ: Gracias, señor
ministro. Me temo que en algunos aspectos vamos a ser
todos redundantes y que algunas cosas planteadas han
sido ya respondidas, pero al fin y al cabo algunos pensamos
que tenemos la razón, y por tanto repetirlo por
más de un grupo parlamentario o por más de un diputado
entendemos que no es en absoluto malo.
El Gobierno presenta su proyecto de presupuestos
desde unas claves que inicialmente podríamos compartir.
En primer lugar el rigor presupuestario en el tratamiento
del gasto corriente que ha permitido reducir su
crecimiento en el conjunto consolidado de la Administración
estatal por debajo del crecimiento del PIB nominal
y que junto a una favorable evolución de los ingresos
contribuye a generar ahorro público.
En segundo lugar la decidida apuesta de reducción
del déficit público hasta el 1,6 por ciento del PIB, por
debajo de los objetivos establecidos para la unificación
europea, compatible con un notable incremento de las
inversiones en infraestructuras respecto al ejercicio
anterior, aunque hay que notar que el peso de la inversión
real del conjunto consolidado del sector estatal
respecto al PIB es todavía inferior al alcanzado en los
últimos gobiernos del Partido Socialista.
Por último, hay que destacar la modesta pero necesaria
reducción de la presión fiscal.
Con toda la bondad de estos objetivos iniciales, que
repito compartimos, no podemos dar nuestro voto
favorable a este proyecto de presupuestos por tres
razones principales: por la falta de credibilidad, a nuestro
entender, del marco presupuestario; por la falacia o
insuficiencia que suponen algunas de las anunciadas
como prioridades políticas de gasto; y por el mantenimiento
de una repartición territorial de la inversión
estatal claramente discriminatoria para Cataluña.
Falta de credibilidad. El marco presupuestario previsto
por el Gobierno condiciona el cumplimiento de
estos deseables objetivos a la efectiva realización fundamentalmente
de dos objetivos macroeconómicos
importantes: un crecimiento del PIB del 3,8, y un crecimiento
del consumo privado en la misma tasa. Ambos
objetivos de crecimiento no se han visto revisados
desde la aparición de la crisis financiera internacional
que condicionará la evolución del consumo y del
comercio exterior en los próximos meses.
Otros gobiernos y las propias empresas han realizado
previsiones a la baja más estricta respecto a sus
objetivos de crecimiento. La propia Comisión Europea
asignaba a España un crecimiento para 1999 inferior en
dos décimas al estimado por el Gobierno. El Partido
Popular, sin embargo, con su negativa a realizar una
revisión en profundidad en las estimaciones de crecimiento,
establece serias dudas sobre el efectivo cumplimiento
de las prioridades presupuestarias.
Por otro lado, algunas cifras incorporadas al presupuesto
plantean dudas fundadas sobre su credibilidad.
En particular la recaudación prevista para el IRPF, después
de la reforma, es un tema objeto de controversia,
como ustedes saben. Recientemente, por ejemplo, la
Cámara de Comercio de Barcelona presentó un estudio
elaborado por un equipo técnico francamente muy fiable
que elevaba el coste de la aplicación del nuevo
impuesto en 340.000 millones respecto a la estimación
gubernamental para 1999.
Un segundo aspecto es el maquillaje de cifras, la
insuficiencia de algunas de las prioridades. Para ejemplificar
este procedimiento y muy brevemente me sirvo
de tres aspectos concretos que me parece lo ilustran
suficientemente.
El Gobierno del Partido Popular nos propone para
1999 un crecimiento de los gastos en investigación y
desarrollo del 46,8 por ciento, incremento loable pero
que todavía nos deja por debajo de la cifra que dedican
los países de nuestro marco económico. Sin embargo,
el examen detallado de las cifras nos muestra que la
parte principal de este incremento se destina a créditos
retornables del Estado a las empresas encargadas del
desarrollo del carro de combate Leopard, el avión militar
F-2000 y la fragata F-100. Estas partidas se encuentran
en buena parte dentro de las asignaciones del
Ministerio de Industria.
Un aspecto central en el que encontramos desacertado
el planteamiento del Gobierno es en su renuncia -
y éste es un tema absolutamente sensible- a ampliar
la protección social de los parados. La tasa de cobertura
ha bajado entre 1993 y 1998 del 82,6 al 61,7 por ciento,
es decir más de 20 puntos. En un momento de
reducción del contingente de parados, de expansión de
la ocupación y de exceso entre los ingresos por cotizaciones
del desempleo y los gastos originados por las
prestaciones, es absolutamente injustificable que el
Gobierno desatienda la demanda sindical de ampliar la
protección al desempleo.
Por último, la mínima reducción de la presión fiscal
se realiza a costa de hacer más regresivo el sistema fiscal,
con un incremento de los impuestos indirectos muy
superior a los directos, lo que contribuye a trasladar
presión fiscal desde los colectivos con mayores rentas a
los colectivos con menores rentas. En este sentido, la
reforma del IRPF contribuirá a aumentar la parte del
impuesto que se recaude entre las capas de ingresos
medios en beneficio de las rentas superiores. Esta conclusión,
señor ministro, no es nuestra sino que figura
en un estudio de los ministerios de Hacienda y Administraciones
Públicas, titulado: El IRPF y los empleados
públicos.
Finalmente, trato discriminatorio en la asignación
territorial de las administraciones públicas. Ya sé que lo
ha dicho en el debate de la mañana. No quería entrar
en este tema de agravios comparativos entre comunidades,
pero déjeme planteárselo porque Cataluña continúa
siendo una comunidad agraviada. Cataluña recibirá
este año un 11,3 por ciento de la inversión del Estado y
las empresas públicas, cifra que se reduce al 10,3 por
ciento si consideramos inversión estatal los proyectos
incluidos en el Fondo de Compensación Interterritorial.
Dicha cifra ha sido presentada por Convergència i Unió
como uno de los principales frutos de su apoyo al Partido
Popular. Es cierto que supone un avance respecto
a la consignación inicial de los presupuestos de 1998
(el 9,5 por ciento), pero está muy lejos del peso demográfico
de Cataluña en el conjunto del Estado, lo cual
significa que los catalanes recibirán por persona mucha
menos inversión estatal que los ciudadanos del Estado.
El señor PRESIDENTE: Señora Rahola, debe concluir.
La señora RAHOLA MARTÍNEZ: Voy acabando,
señor presidente.
Si observamos la legislatura en conjunto tendremos
una visión más clara del alcance real de los logros de
Convergència en su apoyo al Partido Popular. Entre
1997 y 1999 las inversiones en Cataluña de toda la
Administración central ha significado el 9,8 por ciento
de la inversión territorial, es decir 52.000 pesetas-habitante,
cifra muy inferior a la obtenida por otras comunidades.
Incluso en 1999, un año teóricamente bueno
para la inversión estatal en Cataluña, el peso de esta
comunidad en los tres principales programas de creación
de infraestructuras es muy bajo (carreteras, 7,6 por
ciento; transporte ferroviario, 4,4; infraestructuras
hidráulicas, 3,8.). Cataluña, la competitividad de sus
empresas y el bienestar de sus ciudadanos, su capacidad
de actuar como motor económico del Estado español,
se encuentra sometida a una enorme restricción en
la inversión pública que Convergència y Unió no ha
sido capaz de solucionar.
El señor PRESIDENTE: Señora Rahola, concluya, por
favor.
La señora RAHOLA MARTÍNEZ: Conclusiones, para
acabar.
Por estas razones y a pesar de compartir los objetivos
formales, no podemos dar nuestro apoyo a estos
presupuestos. Contienen previsiones con su credibilidad
seriamente cuestionada, no avanzan suficientemente
en el incremento de la protección social de los ciudadanos,
avanzan en un modelo fiscal regresivo, no
solventan adecuadamente los déficit en inversión estatal
en Cataluña y limitan la competitividad de sus
empresas y el bienestar de sus ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Señor presidente,
señoras y señores diputados, señor vicepresidente
del Gobierno, intervengo en nombre de Eusko Alkartasuna
para defender la enmienda a la totalidad que
hemos presentado al proyecto de ley de Presupuestos
Generales del Estado, y lo haré muy brevemente porque
algunas reflexiones que voy a realizar ya se han
hecho en esta Cámara a lo largo del día de hoy; otras
no, y creo que es interesante volver a reiterarlas, al
menos desde nuestro punto de vista.
Hablaba el señor vicepresidente de los objetivos que
tenía el Gobierno y señalaba si lo compartíamos o no.
Más allá de la necesidad de un saneamiento de cuentas
y finanzas públicas, de la convergencia nominal, todo
el mundo está deseando llegar a la convergencia real,
lo que él llamaba crecimiento económico, y yo diría
más promoción del empleo estable y la mejora en la
calidad de los servicios públicos. Ahora bien, nos cuestionamos
si con los instrumentos que tiene el Gobierno
se ha hecho todo lo posible para conseguir esa convergencia
real. Esta reflexión ya la hicimos en otros debates
presupuestarios, y creemos que lo que se nos ha
presentado es un ejercicio de política continuista, basado
especialmente en el crecimiento económico, en la
medida que ese crecimiento económico pudiera ser
suficiente para resolver los problemas, especialmente
el de paro, esa tasa horrorosa del 19 por ciento que es
difícil de resolver, no lo dudamos. Creemos que más
allá del crecimiento económico y especialmente en
momentos de bonanza económica, y ¡ojo! quizás sea el
último ejercicio, ojalá no, creemos que se pueden hacer
más cosas, especialmente en este ejercicio donde hay
riesgos, como todos señalaban, que pueden dar lugar a
una previsión a la baja de los elementos económicos
señalados por el Gobierno. Ya lo dice el Fondo Monetario
Internacional y no lo voy a repetir.
Creemos que con los niveles de inflación, nuestras
cuentas podrían haber dado lugar a que el Gobierno
hubiera hecho una política más expansiva, especialmente
ahora que en Europa se está reflexionando -ya
con el inicio de la cumbre de desempleo en Luxemburgo-
sobre políticas más progresistas en materia especialmente
de empleo. Así, por ejemplo, una mayor
dotación de políticas activas de empleo. Me dirá el
señor vicepresidente que ya lo han hecho. Yo digo que
claro que lo han hecho, pero se podría haber dotado
financieramente más en estas políticas activas de
empleo, sin olvidar que esa serie de personas, que
señalaban algunos como 280.000, un 48 por ciento de
desempleados no tienen ninguna subvención ni ayuda
y creo que tampoco se pude olvidar. Las políticas activas
han de tener un equilibrio también con las políticas
pasivas, aunque las primeras son realmente interesantes
en cuanto al paro estructural.
¿Por qué no hablar de un mayor aumento del I+D?
Creemos que todavía hay una gran diferencia entre la
media que tenemos -no llega al 1 por ciento- y esos
tres puntos de diferencia, el cuatro y pico por ciento de
la media europea. Desde luego, mejor momento no
teníamos para haber dotado a nuestra investigación y
desarrollo de esos fondos y esos medios necesarios.
Por no hablar de infraestructuras, y no voy a entrar -
me señalaba el vicepresidente- en la Y vasca, aunque
sí la voy a mencionar; infraestructuras que forman parte
de las redes transeuropeas y que desde luego no podemos
estar a base de 100 millones al año, porque no
llega para nada. En una inversión de ese tenor y de ese
nivel desde luego con 100 millones -ya sé que este
año es más- no se puede hacer nada, sobre todo
teniendo en cuenta que un presupuesto de un estudio
sólo exclusivamente puede valer 5.000 millones. Por no
hablar de algún compromiso que en esta Cámara el año
pasado se nos pidió, y así lo hicimos en concreto el
Partido Nacionalista Vasco junto con esta diputada, que
recordarán ustedes tenían una enmienda conjunta, en
relación con una red transversal, muy importante también,
la de Eibar-Vitoria. Se comprometió en esta Cámara,
en el anterior debate presupuestario, que se haría
todo lo posible para financiarla, cosa que no ha sucedido
y tenemos que volver a reiterar los compromisos
que no se han realizado.
Por último, quiero señalar una reflexión política que
ella sola hubiera justificado la presentación de una
enmienda de devolución. El cumplimiento de los compromisos
de las leyes yo creo que para todos debe ser
importante, creo que así lo será. Les he oído en muchas
ocasiones que ustedes son un Gobierno serio que cumplen
las leyes. Yo creo que puede ser así, pero realmente
vemos que por ejemplo la ley orgánica -cuyo
aniversario era el domingo pasado, 25 de octubre, 19
años ya- no se está cumpliendo, y esto no solamente
lo hemos oído a lo largo de muchos años, sino que en
los últimos días en la campaña electoral se ha hablado
del cumplimiento del estatuto. Vemos que el estatuto,
instrumento importante de desarrollo de la política del
Gobierno, no se cumple, por no hablar de la Seguridad
Social, todo lo relativo al área sociolaboral, la investigación
y desarrollo, el mercado laboral, el Inem, etcétera.
Queremos que se cumpla ese estatuto, queremos
que se cumplan las leyes, y desde luego no podemos
estar de acuerdo en que 19 años después -ustedes que
creen tanto en el estatuto, y me parece estupendo-
tengamos que reclamar por unanimidad, en el Parlamento
anterior, 41 competencias pendientes. No me
cabe la menor duda de que desde luego este nuevo
Parlamento va a volver a reclamar lo que no es otra
cosa que cumplir las leyes.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lasagabaser.
Finalmente, el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Señor presidente,
señorías, intervengo para defender la enmienda de totalidad
presentada por Unión Valenciana a estos Presupuestos
Generales del Estado, y el propio texto de la
enmienda justifica sobradamente las razones que avalan
esa presentación. Nuestra oposición al proyecto de
ley, en resumidas cuentas, se fundamenta por la falta
de consistencia y excesivo optimismo de los supuestos
sobre los que descansa el proyecto que hoy debatimos,
como la más que evidente discriminación -yo sí que
hablaré de agravio- a la que se somete de nuevo en
las partidas de inversiones reales a la Comunidad Autónoma
Valenciana. Las cuentas y previsiones del Gobierno
habrá que modificarlas y así lo aconseja el Fondo
Monetario Internacional y la propia Unión Europea en
el cuadro macroeconómico, crecimiento, inflación, déficit,
exportaciones. ¿Qué se va a hacer ante la segura
desaceleración de las exportaciones? Esto preocupa e
inquieta en la Comunidad Autónoma Valenciana, comunidad
eminentemente exportadora hacia regiones de la
antigua URSS, hacia la zona asiática. ¿Qué se va a hacer
y cómo se puede evitar el golpe de esa desaceleración
de las exportaciones? ¿Se romperá el encaje del cuadro
macroeconómico si el consumo privado, en el que
tanto se confía, se ve afectado sobremanera por la
caída de las cotizaciones bursátiles?Usted sabe que una
parte elevada de las ganancias en la Bolsa se destinan
directamente al consumo.
¿Qué ocurre con la protección social? El gasto de
protección social realizado en España se sitúa 15 puntos
porcentuales de PIB por debajo de la media europea.
El nivel de inversión pública fue muy bajo en los
años 1996, 1997 y 1998; a pesar del crecimiento de las
inversiones reales este año -que es importante, casi el 9
por ciento-, consideramos que el porcentaje sobre el
PIB es bajo.
En Unió Valenciana estimamos que las inversiones
en infraestructuras deberían ser mayores por su importancia
para el desarrollo económico y social y para salvar
las distancias importantes que nos separan de nuestros
socios europeos, sobre todo en el arco
mediterráneo del que forma parte la Comunidad Autónoma
Valenciana.
Nos preocupa, y mucho, la falta de ambición para
hacer efectivas políticas activas de empleo, que junto a
las infraestructuras son básicas para la convergencia
real. La consecución y mantenimiento de la convergencia
nominal parecen encauzados en el futuro, pero ¿y
la convergencia real? Permítame que en la referencia a
un indicador básico para alcanzar la convergencia real
sitúe como ejemplo la Comunidad Autónoma Valenciana.
En el tema de las infraestructuras, el grave déficit
de infraestructuras, tanto de carreteras, ferrocarriles,
hidráulicas y aeroportuarias que sufrimos. Curiosamente,
a pesar del aumento de las inversiones reales en
conjunto, el Ministerio de Fomento -el más inversor-
recorta casi un 30 por cien las inversiones reales en la
Comunidad Autónoma Valenciana. Un dato: la previsión
de inversiones plurianuales para 40 proyectos de
diversos departamentos -sobre todo de Fomento y
Medio Ambiente-, cuando en los presupuestos de
1998 se preveía una inversión en cada uno de esos proyectos,
en 1999 se han incorporado unas cuantías inferiores
en nada menos que 14.000 millones sobre las
previsiones plurianuales de inversiones del año 1998.
En 40 proyectos, 14.000 millones de recorte en la
Comunidad Autónoma Valenciana.
Su jugada allí es siempre la misma: un miembro del
Gobierno se desplaza a Valencia. Allí se deshace en
elogios en cuanto al potencial de la economía valenciana,
el dinamismo de los empresarios valencianos y
nuestra vocación exportadora; muy bien. Cubierta esta
fase allí mismo, el susodicho ministro se compromete
de palabra a realizar tal o cual inversión, incluso a
veces llega a firmar un protocolo con alguna autoridad
local o autonómica; protocolo y no convenio con compromisos
concretos. Ejemplos: convenio hidráulico del
año 1997 que en los presupuestos de 1998 brilla por su
ausencia; a pesar del déficit hídrico de la Comunidad
Autónoma Valenciana, y a pesar de que ese convenio
estableció obligaciones presupuestarias para el Gobierno
de 48.000 millones. Recientemente un protocolo del
Ministerio de Fomento por valor de 50.000 millones; en
ese protocolo hay consignados y comprometidos,
desde el año 1999 al 2002, tan sólo 4.000 millones de
pesetas para mejorar la nacional 332. ¡Ojo! La carretera
nacional 332 es una carretera de titularidad estatal y se
pretende que la comunidad autónoma financie una
parte importante de los desdoblamientos, variantes y
conversión en autovía de esa carretera nacional 332.
Otro ejemplo: el ferrocarril Valencia-Arangón-Canfranc.
Se aprueba por unanimidad hace una mes en la Comisión
de Infraestructuras la prioridad de las inversiones
en ese eje ferroviario, y en los presupuestos cero pelotero,
como se dice vulgarmente.
El señor PRESIDENTE: Señor Chiquillo, vaya concluyendo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Voy concluyendo.
Saneamiento del río Segura, prevención de inundaciones
en el río Júcar, accesos a la ciudad de Valencia,
indemnizaciones del caso Tous y, el más curioso, el
caso AVE. Financiación íntegra del Estado y de los fondos
europeos para el AVE Madrid-Sevilla, Madrid-Barcelona
y el posible Madrid-Valladolid, y aparece la figura
de la cofinanciación para que la Comunidad
Autónoma Valenciana financie el 25 por ciento de esa
infraestructura fundamental para esa comunidad y para
el arco mediterráneo como es el AVE Madrid-Valencia.
La inversiones en la Comunidad Autónoma Valenciana
se mantienen en un nivel inferior a su peso, tanto
en términos de población y económicos como tributarios.
Precisamente para eso estamos hoy aquí, para exigir
una explicación, y en caso de que no la hubiera la
correspondiente rectificación para lo que consideramos
no sólo una injusticia sino también una torpeza visto
desde un punto de vista neutral. Al negarnos lo que
necesitamos, sobre todo en infraestructuras, se ve reducida
nuestra capacidad de aportar lo que podríamos, y
estamos dispuestos a aportar, al resto de la sociedad
española llevando hasta sus últimas consecuencias el
principio de solidaridad. Necesitamos esas inversiones
en infraestructuras de nuestra comunidad, que sigue
siendo la asignatura pendiente de éste y de anteriores
gobiernos para con la Comunidad Autónoma Valenciana.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Concluyo brevemente.
Espero y deseo que en el trámite de enmiendas se
subsane la discriminación hacia Valencia y se mejoren
unos presupuestos que desgraciadamente de nuevo
dan la espalda a la Comunidad Autónoma Valenciana.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chiquillo.
Señor ministro y vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL
GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
(De Rato y Figaredo): Gracias, señor presidente.
Señorías, trataré de contestar a todas las cuestiones
que me han planteado los representantes del Grupo
Mixto en el orden de intervención. Comenzaré, por
tanto, por el señor Saura.
Afirmar que unos presupuestos están contablemente
trucados en base a que hay diferencias en la contabilización
de lo que es un déficit de caja de contabilidad
nacional, señor Saura, es realmente arriesgado. No es
posible que en términos de contabilidad nacional tengamos
el mismo déficit que en términos de caja. Eso es
obvio. Los ajustes que se realizan y que se refieren, por
ejemplo, a la contabilización de intereses -depende
de cuando se devenguen-, a las privatizaciones que
se hayan realizado o a los impuestos que hayan producido
esas privatizaciones, a las primas de emisión de
deuda, a la variación de derechos y obligaciones, a la
acuñación de moneda y al fondo del ICO no son caprichosas.
Es decir, las normas por las que se rige la traslación
a contabilidad nacional del déficit son las que
recibimos como consecuencia de las instrucciones de
Eurostat, y la Intervención General del Estado española
no puede aplicar unas normas de déficit distintas de las
que aplican el resto de las intervenciones generales de
los países miembros, lo cual tiene lógica, entre otras
cosas porque tenemos acuerdos tan importantes como
el que se refiere a la estabilidad de déficit públicos que
nos obligan a tener ese mismo déficit público a todos.
Su señoría tiene que comprender que una diferencia
entre el déficit de caja y de contabilidad nacional de
270.000 millones de pesetas no puede ser escandalosa
cuando a lo mejor sólo por ajustes de intereses nos
estamos moviendo en 150.000, 160.000 ó 180.000 millones
de pesetas, que dependen exclusivamente de los
tratamientos que Eurostat aplique y que, como es natural,
son normas que se conocen a veces al principio del
período -en este caso del año natural- y a veces no;
la mayor parte de las veces efectivamente tienen una
cierta estabilidad. Considerar que un gobierno truca las
cuentas públicas porque hay diferencias entre el déficit
de caja y el déficit de contabilidad nacional, señoría, es
una afirmación muy arriesgada.
A partir de ahí, S.S. critica que el Gobierno español
utilice los criterios de Eurostat que le permiten hacer,
por ejemplo, las inversiones de abono total o que le
permiten financiar, a través del capítulo 8 -que por
cierto es tan presupuesto como los demás- inversiones
a medio plazo del Ministerio de Industria en I+D;
S.S. nos critica la aplicación de esas políticas. ¿Quiere
S.S. decirme que España debería ser el Estado miembro
de la Unión Europea que sólo se aplicara las normas
que le perjudican? O sea, el argumento que ustedes me
dan es: cojan ustedes las reglas de Eurostat y en vez de
ser unas reglas de contabilización conviértanlas ustedes
en un cilicio, y el Estado español debe ser el único
Estado de la Unión Europea que se aplique las reglas
de Eurostat en lo que le perjudican pero que renuncie
en todos los casos a aplicárselas en lo que le puedan
beneficiar. Señor Saura, en esas condiciones, ustedes, y
con razón, llamarían al Gobierno al orden en la Cámara
y le preguntarían cómo es posible que nosotros no utilicemos
las reglas generales para aquello en que podemos
tener beneficios para el interés general. Y es indudable
que puede haber miembros de la Cámara,
partidos políticos, diputados que consideren que el que
nosotros hayamos creado sociedades como el GIF y
como Acesa es un error. Nosotros las hemos creado
voluntariamente y de forma transparente, porque
hemos indicado de forma clara que nuestra voluntad es
que a través de la gestión que se realiza, ya sea en
Acesa para obras hidráulicas, ya sea en el GIF para
obras de ferrocarril, haya colaboración de la iniciativa
privada y también haya participación de los usuarios. Y
ahí hay, desde luego, un modelo de financiación de
infraestructuras que puede no ser compartible políticamente,
pero al que no se puede llamar tramposo; no
me puede usted decir que ese es un modelo tramposo,
porque ustedes saben, desde el primer presupuesto que
presentamos en el año 1997, que precisamente nuestra
intención era hacer las cosas así, ya que entendemos
que el camino por el que tiene que ir, no sólo la economía
española sino el resto de las economías europeas
en la creación de infraestructuras, exige la participación
del sector privado, ya sea vía capital ya sea vía
costes de funcionamiento.
Señor Saura, si S.S. no acepta las reglas de Eurostat y
suma al déficit público todo lo que a S.S. le parece,
puede salir el déficit público que usted haya establecido
previamente. Díganos cuál es el déficit público que
quiere y a partir de ahí puede sumar y restar y seguro
que le sale, pero eso lo sabemos hacer todos. Lo único
que yo tengo que hacer es aplicar las reglas de Eurostat
y si a S.S. le parecen mal, es una cuestión que políticamente,
como es natural, está dentro de las diferencias.
Lo que sabemos -y S.S. tiene la información- es
que en 1998 -lo he dicho en el debate de esta mañana-
nosotros hemos invertido en obligaciones reconocidas
2 billones 273.000 millones de pesetas -y cuando
digo nosotros me refiero a las administraciones
centrales-, de los cuales, el Estado ha invertido un
billón 800.000 millones; los entes públicos y sociedades
estatales 177.000 millones; Acesa 1.530 millones; el GIF
45.000 millones; los promotores de infraestructuras en
carreteras 13.000 millones; la modernización de las
Fuerzas Armadas, los proyectos que se han debatido,
95.000 millones, y las obras de abono total de precio
una cantidad que estimamos que estará cercana a los
100.000 millones de pesetas. Esas son inversiones perfectamente
legales, transparentes y económicamente
viables y que nosotros aplicamos dentro de las normas
contables que no hemos hecho nosotros sino que vienen
impuestas por Eurostat. Su señoría puede considerar
que no deberíamos haber tomado ciertas decisiones;
debería pensar S.S. qué decisiones alternativas
deberíamos haber tomado, y si hubieran sido mejores
seguramente las hubiéramos escuchado; en su momento
la verdad es que no las escuchamos.
Su señoría me plantea -y dice que lo recoge del
debate de esta mañana- el tema de la deuda pública.
Pues bien, con todo detalle le volveré a repetir lo que
creo haber dicho esta mañana, pero con lo que al parecer
no he tenido la suerte de convencer a S.S., y es la
evolución de la deuda pública desde el punto de vista
del déficit de caja, que es el que nos parece más relevante
en términos de dicha deuda pública.
El déficit de caja entre los años 1996 y 1998 asciende
a 6 billones 500.000 millones de pesetas, a los cuales
debe usted añadir, para tener en cuenta los efectos
sobre la deuda pública, los 524.000 millones que se
derivan del crédito de afloración de insuficiencias presupuestarias
de ejercicios anteriores. A eso debe añadir
también la variación de activos financieros en 2 billones
de pesetas, la variación de la cuenta del Tesoro en
menos 260.000 millones, y le sale a S.S. la emisión neta
de deuda en 8 billones 857.000 millones de pesetas.
Estos datos son transparentes y públicos; estos datos
no sólo los hacemos públicos nosotros, los hace públicos
el Banco de España y los tienen controlados todas
las instituciones europeas que conocen los presupuestos
de los gobiernos.
No sé de qué duda su señoría. Convertir el debate
de presupuestos en lugar de en un debate de modelos
de política económica en un debate de criterios contables
que en este momento están siendo definidos por
un organismo internacional como Eurostat, en mi opinión
es repetir ad nauseam, sin llegar nunca a más
conclusión que la de que yo tenga que leerles una y
otra vez las mismas cifras, a las que no sé hasta qué
punto podemos sacarles conclusiones políticas.
Dice S.S. que somos poco ambiciosos con el empleo.
Esa es una frase que yo siempre la consideraré posible.
En un país que tiene la mayor tasa de paro de la Unión
Europea ser poco ambiciosos en el empleo siempre es
posible. Pero S.S. me reconocerá que trasladar el 80 por
ciento de la recuperación económica al empleo está llegando
ya a cifras de difícil superación; S.S. me reconocerá
que crecer económicamente un punto por encima
de la media de la Unión Europea es un objetivo que
debemos mantener durante varios años; S.S. me reconocerá
que crecer el empleo tres veces por encima de
la media europea es un objetivo importante. Imagínese
S.S. lo que hubiera sucedido en la economía española
si el empleo entre 1970 y 1990 se hubiera comportado
así. Si antes en la economía española estábamos en una
situación completamente distinta y ahora nuestro mercado
laboral y nuestra economía es capaz de generar
ese ritmo de crecimiento, no podemos decir que estemos
equivocados. Lo que S.S. siempre podrá decir es
que podemos hacer más, y mi pregunta es: ¿podemos
crecer más intensamente o más bien tenemos que tener
una política que garantice un crecimiento sostenido, es
decir, repetir a lo largo de muchos años esta experiencia?
Es verdad que la Unión Europea tiene una media
de desempleo por encima del 11 por ciento -en cualquier
caso, ligeramente por encima de ese 11 por ciento-
y que nosotros estamos en 1998 en una media del 19
por ciento, pero la propia Unión Europea nos sitúa ya
en el año 2000 en el 15 por ciento. Por tanto, estamos
en un intenso proceso y S.S. dice que no somos ambiciosos.
Yo he dicho esta mañana dónde está el problema del
empleo en nuestro país: en el desempleo femenino, no
le quepa la menor duda. Tendríamos un avance sustancial
si nuestras tasas de desempleo femenino fueran
similares a las de los países de la Unión Europea y uno
de los caminos para resolver ese tema es el contrato a
tiempo parcial, que espero que sea un debate importante
en la Cámara. Nosotros estamos haciendo de él el
eje de nuestra posición en el diálogo social, contrato
que desde luego va a tener cobertura.
Me habla el señor Saura de que nosotros no hacemos
esfuerzos en cuanto a la cobertura. Nosotros, a los
contratos laborales que encontramos sin cobertura -el
de aprendizaje y el de tiempo parcial mínimo- les
hemos dado cobertura social. Pero además en España
existen las rentas mínimas garantizadas, como sabe S.S.,
por parte de las comunidades autónomas, a las que
colabora el Estado con los subsidios de desempleo que
provienen no sólo de contribuciones, sino también de
no contribuciones aportadas por el Estado.
En protección social, que sería la vertiente de la política
estatal que equilibra las situaciones de los colectivos
más desfavorecidos, como sabe S.S., y he insistido
esta mañana, se ha hecho un esfuerzo considerable en
los últimos años, con crecimientos importantísimos de
programas del cien por cien en el caso de jóvenes o de
más del 50 por ciento en el caso de mujeres, un presupuesto
que va a pasar en poco menos de tres años
de 33.000 millones a 50.000 millones de pesetas, con
medidas que han cambiado la situación de las viudas y
de los huérfanos y con la protección social a los contratos
a que me he referido anteriormente.
Decir que un presupuesto no es social cuando en el
mismo todas las políticas sociales crecen por encima de
la media es una afirmación un poco gratuita. Su señoría
podrá decirme que tendríamos que hacer más; yo
nunca podré negarle esa afirmación, pero de lo que no
cabe duda es de que se está haciendo un esfuerzo considerable,
al mismo tiempo que se están logrando niveles
de equilibrio y de estabilidad macroeconómica que
nos permiten, en un momento de crisis internacional,
que nuestra moneda, nuestros tipos de interés, nuestros
precios y nuestro equilibrio exterior no se vean
alterados, porque este debe ser el primer debate de
presupuestos en los últimos veinte años de esta Cámara
en que en mitad de una crisis internacional ningún
grupo parlamentario ha planteado dudas sobre el equilibrio
de la economía española. Nadie nos ha dicho:
hay que ver, señores, lo que le acaba de suceder a la
cotización de la moneda; hay que ver qué preocupación
tenemos por la evolución de los tipos de interés;
hay que ver hasta qué punto estamos preocupados por
el deterioro del sector exterior, eso no nos lo ha dicho
nadie porque nadie nos lo puede decir. Estamos discutiendo
sobre los criterios de Eurostat, de la diferencia
entre el déficit de caja y el déficit en contabilidad
nacional. Como es natural, el Gobierno discute de lo
que los grupos parlamentarios quieren, pero me parece
suficientemente ilustrativo.
En cuanto a los complementos a mínimos, señor
Saura, en el año 1997 se votó aquí una ley que era la
traslación a obligaciones legales del Pacto de Toledo,
que se hizo en el año 1995 y que no tuvo su desarrollo
como consecuencia del proceso electoral, etcétera. En
esa ley, que por cierto fue votada por una amplia
mayoría -no sé cuál fue el voto de S.S., pero supongo
que votó a favor-, se especifica que los complementos
a mínimos tendrán su ubicación financiera definitiva
a partir del año 2000, que es además consecuencia
del acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos. Por
tanto, no me diga ahora S.S. que el Gobierno debe
dedicar más atención a los complementos a mínimos
cuando está haciendo un esfuerzo de 100.000 millones
de pesetas este año para que no haya una sola peseta
de cuotas ni empresariales ni de trabajadores que vayan
a la sanidad pública; señoría, sinceramente, estamos
cumpliendo la ley que se ha votado en este Parlamento
hace escasamente un año y que precisamente aborda el
problema de separación de fuentes. Su señoría tendrá
ocasión cumplida, a partir del año 2000, de exponer
cuáles son sus posiciones con respecto al complemento
a mínimos, y es más, la opinión del Gobierno es que
en el año 1999 los grupos parlamentarios deberían
avanzar en lo que fuera una renovación del Pacto de
Toledo.
Paso a contestar al señor Rodríguez, del Bloque
Nacionalista Gallego. El señor Rodríguez nos dice que
no tenemos en cuenta la crisis económica. ¿Por qué no
tenemos en cuenta la crisis económica? En este presupuesto
ponemos en marcha una reforma del IRPF que
supone un aumento del crecimiento de medio punto.
En este presupuesto la inversión pública, los capítulos 6
y 7, crecen el 6,1 por ciento, dos puntos por encima de
la media. En este presupuesto la inversión en infraestructuras
crece el 9 por ciento. El total de la acción
inversora del Estado crece casi por encima del 16 por
ciento, en términos de administraciones centrales. Además
de eso, nos encontramos con que las políticas de
investigación y desarrollo crecen el 33 por ciento. Estamos
muy cerca de avanzar en el diálogo social para
conseguir un contrato a tiempo parcial que dinamice
aún más nuestro mercado laboral. ¿Y dice S.S. que no
tenemos en cuenta la crisis internacional? ¿Qué sería,
en su opinión, lo que tendría que hacer el Gobierno
español para tener en cuenta la crisis internacional?
¿Qué es lo que tendríamos que plantear? ¿Qué política
es la que, en este momento, cuando estamos exponiendo
políticas de ingresos, políticas de gastos, políticas
de reformas estructurales, S.S. considera que echa en
falta, distinta de éstas, para abordar una crisis internacional?
¿Cuál es la crisis internacional o qué repercusiones
tiene sobre nosotros? La primera, la de nuestra
competitividad. Lo que nos va a suceder ya en esta crisis
internacional es que hay áreas del mundo que probablemente
van a importar menos y van a exportar
más. Es verdad que representan para nosotros directamente
el 15 por ciento de nuestro comercio exterior,
pero no es menos cierto que sus repercusiones pueden
ser mayores desde un punto de vista indirecto.
Lo que tenemos que hacer, señor Rodríguez, es, en
primer lugar, garantizar nuestra competitividad. ¿Y cómo
la garantizamos? Con un objetivo de inflación del 1,8.
Piense usted que el Banco Central Europeo acaba de
definir la estabilidad de precios en Europa como el 2
por ciento de inflación, y que España tiene en este
momento un objetivo de inflación inferior al objetivo
de estabilidad de precios del Banco Central Europeo.
¿Se da usted cuenta de lo que quiere decir, en un país
que hasta el año 1995 cada vez que había una crisis
internacional tenía que devaluar? ¿Se da cuenta S.S. de
lo que supone que en este momento estemos en la definición
del Banco Central Europeo en estabilidad de precios
con un crecimiento de la economía cercano al 4
por ciento? Si además de eso estamos tomando medidas
de políticas activas, de políticas de reformas estructurales,
de políticas de ingresos y de políticas de gastos,
¿cuál es la repercusión de la crisis que S.S. quiere
plantearnos que no tomamos en cuenta? Pero si S.S. lo
que pretende es que el Gobierno esté en este momento
preocupado por la cotización de la peseta, los tipos de
interés o la inflación, es porque S.S. cree que España
está en el año 1995, y España no está en el año 1995,
España está en el año 1999 y puede enfrentarse a una
crisis internacional haciendo algo más, como he dicho
esta mañana, y es contribuyendo con otros países a que
la crisis internacional tenga una duración menor, atajando
los efectos de liquidez que puede producir el
efecto contagio. Eso lo podemos hacer porque en este
momento no estamos siendo afectados desde el punto
de vista de la estabilidad de nuestra moneda. A partir
de ahí, no vale discutir sobre si la Comisión Europea o
el Fondo Monetario Internacional, cuando presentan
sus previsiones de crecimiento de la economía española
en abril de 1998, establecen un crecimiento del 3,7
por ciento frente al nuestro del 3,9 por ciento, si en ese
momento ellos tenían o no previsto cuáles iban a ser
los efectos, por ejemplo, de la reforma fiscal, etcétera,
porque ellos mismos reconocen que los efectos de la
crisis económica en España es una décima, y también
que en nuestra situación actual, en el caso de que continuase
la crisis en el año 1999, seríamos de los países
europeos que resultarían menos afectados.
Me insiste S.S. en la idea de los impuestos directos e
indirectos y tengo que decirle lo mismo que he dicho
esta mañana. Las señorías que estén preocupadas por
el peso de los impuestos directos e indirectos deben
tener en cuenta el sistema de financiación autonómica,
porque este es un debate que no nos lleva a ningún
sitio, ya que no hay ninguna diferencia. Yo le doy a
usted las cifras homogeneizadas: 8 billones 91.000
millones de pesetas de impuestos directos frente a 7
billones 416.000 millones de pesetas de impuestos indirectos.
Porque debe tener usted en cuenta el sistema
de cesión a las comunidades autónomas del IRPF; los
impuestos directos que ya tienen las comunidades autónomas
de patrimonio, sucesiones y donaciones; el
impuesto de la electricidad, que ahora es un impuesto
indirecto y que antes era un canon, y además lo que ya
he dicho esta mañana y que reitero, que los impuestos
indirectos este año no van a tener una revalorización
en términos de IPC. En cualquier caso, para los grupos
parlamentarios o los diputados que consideren éste un
tema esencial yo puedo reiterarles una vez más que en
cifras homogéneas crecen más los impuestos directos
que los indirectos. Si eso tranquiliza a S.S., pues sepa
que esa es la situación. ¿Quiere decir que es una situación
más justa o más injusta? Yo no comparto la teoría
de que los impuestos directos o los indirectos demuestren
mayor o menor grado de justicia, entre otras cosas
porque, por ejemplo, la propensión al consumo seguramente
tiene algo que ver con el reparto de la renta.
Si S.S. está preocupado por eso, no lo esté, porque
ustedes no están teniendo en cuenta una cuestión tan
técnica y tan concreta como el nuevo sistema de financiación
de las comunidades autónomas.
Me dice S.S. que es escandaloso que haya 5 billones
de pesetas en gastos fiscales, pero, señor Rodríguez,
ahí está todo, están las deducciones por sanidad, las
deducciones por vivienda, las deducciones por hijo, los
gastos de deducción por farmacia, efectivamente los
gastos fiscales de las empresas, es decir, estamos
hablando de una cifra que no exclusivamente se refiere
a un grupo minoritario. ¿Usted se da cuenta de lo que
sería si esta cuenta se repartiese entre un grupo minoritario
de ciudadanos o de empresas?
Me plantea que hay pocas inversiones. Si ustedes me
lo permiten, escuchando a cada uno de los miembros
del Grupo Mixto, uno saca la impresión de que no hay
inversiones en este presupuesto, porque, al parecer,
todas las comunidades autónomas han salido perjudicadas
en las inversiones públicas. Yo creo que cualquiera
que vaya a la Comunidad Autónoma gallega habrá visto
el esfuerzo inversor del Estado en los últimos dos años
desde el punto de vista de las autovías. Me dice S.S.
que quiere también que hagamos un esfuerzo inversor
en el ferrocarril. Yo no se lo puedo discutir, es una
posición, pero quiero decirle que el esfuerzo inversor
en Galicia se ha traducido en 110.000 millones de pesetas
en las autovías gallegas desde el año 1996 hasta la
fecha y me parece un esfuerzo importante. ¿Que S.S.
cree que debería haber más? Me pasa lo mismo que con
el argumento de la política social: no puedo rebatírselo,
es una posición legítima desde el punto de vista de
cualquier diputado.
En cuanto a la luz y taquígrafos sobre la enajenación
en Defensa, lo único que se hace en Defensa es constituir
una sociedad que pueda administrar los bienes propiedad
del Ministerio de Defensa. Su señoría tiene
acceso al Ministerio de Defensa y a los responsables
del mismo cuantas veces quiera para discutir los proyectos.
Puede que S.S. no comparta la filosofía, pero
esa es otra cuestión, ahí no se trata de luz y taquígrafos,
sino que es debate político. No vayamos a confundir
no estar de acuerdo con no enterarse; una cosa es
que usted pueda no estar de acuerdo con nuestra política,
lo cual es absolutamente legítimo, y otra cosa es
que no le demos la información, lo cual no sería presentable.
Por tanto, S.S. tiene y va a tener toda la información
que quiera, que es distinto que el respaldo político.
La señora Rahola también nos dice que los presupuestos
no tienen credibilidad. Teniendo en cuenta que
nuestro diferencial con Alemania se mueve alrededor
de los 35 puntos básicos, tengo que decirle que, exceptuando
algunos diputados de esta Cámara, el resto de
los operadores internacionales creen en las cifras españolas.
Usted comprenderá que si en este momento
hubiera la menor duda de que las cifras de déficit o de
deuda pública en España no son las que está publicando
oficialmente el Gobierno, el Banco de España y el
resto de las entidades, sería muy difícil que tuviéramos
el menor crédito. ¿Su señoría se da cuenta de que estamos
emitiendo deuda por debajo del 4 por ciento? ¿Se
da cuenta de que estamos emitiendo deuda a 30 años
más barata que la deuda norteamericana? ¿Cree sinceramente
S.S. que los mercados de capitales, que no se
distinguen precisamente por su falta de eficiencia, serían
capaces de aceptar que un país del tamaño y de la
importancia de España pudiera tener cifras que no fueran
solventes y que estuvieran medidas por criterios
internacionales? Usted pensará que tenemos la capacidad
de que el resto del mundo no se dé cuenta de lo
que sucede aquí, pero, por suerte, eso es imposible.
Sobre el crecimiento de la Comisión Europea y el
debate de la décima en el que estamos en este momento
-estamos debatiendo si una décima de crecimiento
arriba o abajo es una diferencia sustancial entre nuestras
previsiones acerca del efecto de la crisis entre la
Comisión Europea y nosotros-, vuelvo a reiterarle
que, en cualquier caso, tanto la Comisión Europea
como el Fondo Monetario Internacional o la OCDE consideran
que, hasta el momento actual, la crisis afectará
a España en el año 1999 en una décima y, a partir de
ahí, las previsiones de crecimiento nunca han sido
exactamente las mismas.
Me dice S.S. que las inversiones en I+D están centradas
en proyectos que tienen que ver con el Ministerio
de Defensa. Ya lo he dicho esta mañana; lo he dicho
claramente. Su señoría puede estar o no de acuerdo,
pero esa es una posición también de debate político.
Los prototipos que estamos desarrollando en este
momento es claro que tienen un componente de I+D
sustancial, como lo tienen en todos los países los proyectos
de defensa, componente de I+D que no se
queda exclusivamente en proyectos de defensa, sino
que se traslada a todo el sistema económico y de eso
hay tales ejemplos en los últimos 20 años en el mundo
occidental que creo que es un debate que no nos conduce
a nada.
Me expone que hacemos una renuncia a la protección
de los parados. ¿Por qué dice eso su señoría?
Nosotros no hemos reducido los derechos de los parados,
nosotros hemos aumentado los derechos y la
cobertura de contratos que no tenían esa cobertura
cuando hemos llegado al Gobierno, pero estamos decididos
a aumentar las políticas activas frente a las políticas
de subsidio, y en eso tenemos el consenso y el respaldo
de todas las posiciones europeas. Su señoría
puede pensar que tendríamos que hacer otra política, y
es legítimo, pero yo le digo claramente que la posición
del Gobierno es impulsar las políticas activas, y creo
que el que haya en España un nivel de políticas activas
que se ha duplicado entre el principio de esta legislatura
y el año 1999 indica claramente que el Gobierno
podrá no estar de acuerdo con S.S. entre el peso de las
políticas activas y pasivas, pero en lo que cree el
Gobierno, que es en las políticas activas, está apostando
y de manera decidida.
También me plantea S.S., como me lo plantea el Bloque
Nacionalista Gallego y otros diputados, la discriminación
hacia su comunidad autónoma y quiero decirle
que no creo que eso sea cierto. No creo que sea cierto
y lo que en ningún caso comparto es que los supuestos
repartos que tiene que hacer el Gobierno central de las
inversiones públicas se tengan que hacer por criterios
inamovibles entre unas regiones y otras. Vuelvo a insistir
en que no me parece una política apropiada, al igual
que no creo en la política de los saldos netos, ni entre
Estados ni entre comunidades autónomas.
Paso a contestar a la señora Lasagabaster. Me dice
que todavía tendríamos que dotar más las políticas activas.
Esa es una afirmación sobre la que no puedo decirle
nada, lo mismo que me pasa con las otras afirmaciones.
Todos querríamos hacer más en determinadas
políticas en las que creemos, pero más de 700.000
millones, el doble que en el año 1996, creo que supone
un esfuerzo considerable en un presupuesto que reduce
el déficit público al nivel más bajo en 20 años y que,
además, está en un proceso clarísimo de saneamiento
de la economía española.
Su señoría me dice que nosotros no hemos desarrollado
el estatuto. De momento, hemos hecho un esfuerzo
considerable en lo que ha sido el nuevo concierto,
y S.S. me lo reconocerá.
En cuanto a las políticas activas, S.S. conoce la
voluntad del Gobierno de transferir las políticas activas
al Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
El señor Chiquillo dice que pecamos de excesivo
optimismo. No sé si pecamos de excesivo optimismo;
yo creo que no es un problema de optimismo o de
pesimismo, es un problema de que España debe de
obtener sus mejores rentabilidades posibles en una circunstancia
como la actual, y el presupuesto va en esa
dirección. Vuelvo a decir lo que he dicho al señor
Rodríguez. ¿Se puede decir que tendríamos que hacer
otra política distinta en este contexto internacional?
Nadie nos lo ha dicho, todavía nadie ha dicho que
debamos tener ni más ni menos déficit del que planteamos,
que el crecimiento del gasto es excesivo o demasiado
pequeño o que el reparto de los gastos es equivocado.
A partir de ahí, es muy difícil poder matizar lo
que S.S. me plantea.
También señala S.S. una política de agravio comparativo
para la Comunidad Autónoma Valenciana. Creo
que la apuesta que ha hecho este Gobierno, desde el
punto de vista de la incorporación de la Comunidad
Autónoma Valenciana a las grandes redes de carreteras,
es suficientemente conocida. Voy a comentar algunos
datos que han salido en este debate, desagregados por
comunidades autónomas -y voy a hacerlo con las cuatro
que se han mencionado-, desde el punto de vista
de una política que a todos ustedes les ha preocupado,
la política de empleo.
Si empezamos por la Comunidad AutónomaValenciana,
el paro registrado ha disminuido en 67.000 personas
a septiembre de 1998. Los afiliados a la Seguridad
Social han crecido en 146.000 personas, lo cual indica
una afloración de economía sumergida muy importante
y positiva. Además, los contratos estables al amparo de
la ley del año 1997 han supuesto que 99.000 personas
que en la Comunidad Autónoma Valenciana no tenían
empleo estable, ahora lo tengan, y de ellas 50.000 son
jóvenes y 31.000 mujeres.
En la Comunidad de Galicia, el paro registrado ha
disminuido en 34.000 personas y el número de nuevos
afiliados a la Seguridad Social dobla esa cifra en 73.000
personas. El número de contratos indefinidos ha sido
de 41.000, de los cuales 23.000 son jóvenes y 13.000
mujeres. (El señor vicepresidente, FernándezMiranda
y Lozana, ocupa la Presidencia.)
En el País Vasco, el paro registrado ha disminuido
en 29.000 personas, con un incremento tres veces superior
de las afiliaciones a la Seguridad Social. El total de
contratos estables, al amparo de las leyes del año 1997,
es de 41.000 personas, 24.000 jóvenes y 12.000 mujeres.
En Cataluña, la reducción del paro registrado es
de 86.000 personas y el número de afiliaciones a la
Seguridad Social ha aumentado en 257.000 personas. El
número de contratos estables al amparo de las leyes del
año 1997 es de 219.000 personas en Cataluña, de las
cuales 134.000 son jóvenes y 80.000 son mujeres.
Seguro que para todos ustedes es una muestra de
satisfacción, como lo es para el Gobierno. Desde luego,
afirmar que la política del Gobierno no está teniendo
efectos positivos en la creación de empleo no se compadece
con estas cifras.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señor vicepresidente.
¿Desean intervenir todas sus señorías? (Asentimiento.)
Les ruego, por favor, que lo hagan desde el escaño.
Disponen SS.SS. de tres minutos.
Señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
Cuatro breves cosas. Insisto en que los presupuestos
están trucados. Como argumento para intentar que esto
no se rebata, el señor Rato nos dice que los organismos
internacionales nos darían solvencia. Si usted hubiera
dicho esto antes de la crisis asiática, sería un argumento;
ahora, no. Hemos visto cómo los organismos internacionales
han estado dando solvencia a países e inmediatamente
después esos países han entrado en una
crisis importante.
En todo caso, me interesa destacar dos cosas. Yo he
dicho que las cuentas públicas están mucho peor que
lo que el Gobierno dice y que el déficit público no es
el que el Gobierno dice. El señor Rato incluso ha cometido
aquello que Freud llamaba un acto fallido que es
muy significativo. Me ha dicho: Usted, señor Saura, fija
el déficit y se las arregla para que le salga un déficit. Y
ha añadido: Eso lo sabemos hacer todos. Esto eran
capítulos que Freud hacía cuando se preguntaba qué
quería decir eso. Según Freud, cuando usted dice que
eso lo sabemos hacer todos, significa que usted lo está
haciendo. Usted dice: El señor Saura no acepta los criterios
de Eurostat y, por tanto, lo que está diciendo no
está bien. Yo le he dado tres razones para decirle que
hay un déficit oculto que es muy superior al que usted
dice. Primera, señor Rato, no es que yo me niegue a
que el Gobierno valore el déficit con los criterios de
contabilidad nacional, no. ¿Sabe de qué me quejo? De
que no nos lo presenta. No hay ni un solo número, ni
uno solo. Ustedes, en sus presupuestos, señalan: ingresos,
caja; cotizaciones sociales, devengo; déficit 1,6/1,8
y, con una frase parecida a la que usted ha dicho (que
está en la página 131 del informe económico-financiero),
dan un salto a un déficit de 400.000/500.000 millones.
Lo que yo le estoy pidiendo es que usted cumpla y
explique con números los criterios de Eurostat, pero
que no nos aplique la varita mágica. Además, le he
dado otras dos razones. Segunda, que ustedes están
realizando operaciones importantes que no computan a
efectos de déficit (y le he puesto ejemplos: 250.000), y
el señor Rato, como argumentación, me dice: ¿Pero es
que ustedes van a negar que nosotros nos beneficiemos
de las normas? Es que yo creo que no nos beneficia,
nos perjudica, porque lo que usted está haciendo
es colocar en el 2000 una cantidad importantísima de
déficit público. Por lo tanto, ésa no es una norma que
beneficie a España. Le puede beneficiar a usted hoy en
su gestión porque puede decir que tiene menos déficit
público, pero eso no beneficia al Estado español. La
tercera razón es que ustedes están trasladando hacia el
2000 operaciones importantes sobre las que usted no
da respuesta -le he mencionado alguna, no las voy a
repetir-, por ejemplo, 320.000 millones de pesetas en
las inversiones de pago aplazado. En consecuencia,
éste sí que es un debate importante porque ustedes
están hipotecando una parte de nuestro futuro con un
déficit que habrá que pagar.
En cuanto al seguro de desempleo, lo que le he
dicho es que con nuestro sistema de protección social
(que está por debajo del de la Unión Europea y en el
que en algunos campos se producen avances, se lo he
dicho), la sociedad española tiene un problema descarnado
que no tiene ninguna sociedad de la Unión Europea.
¿Sabe cuál es? En este país va a haber, según datos
del Ministerio de Trabajo, 826.000 personas -de las
cuales hay 150.000 con cargas familiares- que no van
a cobrar nada el año que viene.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Señor Saura, le ruego concluya.
El señor SAURA LAPORTA: Un minuto y concluyo,
señor presidente.
¿En qué país ocurre eso? En ninguno.
Señor Rato, usted dice: No nos pida que hagamos
más. No, no le pido que haga todo, le pido que haga
algo, porque ustedes no hacen nada. Respecto a la propuesta
de la tasa de cobertura de empleo para 1999
ustedes no hacen nada, por lo tanto, no me conteste
que no lo pueden hacer todo; es que no hacen nada.
Dos cosas más.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Señor Saura, debe concluir. Su señoría ha agotado
su tiempo.
El señor SAURA LAPORTA: Veinte segundos, señor
presidente, por favor.
En relación con el empleo, como no tengo tiempo,
sólo voy a decirle una cosa. Empiezo a escuchar del
discurso dominante que el problema del empleo son
las mujeres y que, por lo tanto, contrato a tiempo parcial
para las mujeres. Me gustaría que se cambiara este
discurso. El problema es que no hay suficientes puestos
de trabajo y que debe hacer contratos a tiempo parcial
para los hombres y para las mujeres; pero el problema
no es el paro femenino.
La última cuestión -diez segundos-: los complementos
de mínimos. La ley a la que usted ha hecho
referencia atribuye carácter de naturaleza no contributiva
a los complementos de mínimos hasta el 2000, y dice
que se hará progresivamente. Es cierto que señala que
ustedes arbitrariamente pueden decidir qué, pero la
naturaleza no contributiva de los complementos de
mínimos están en el artículo 1º. De esto, ustedes no
han hecho nada. Llegaremos al 2000 y, a pesar de que
aquí dice que los complementos de mínimos tienen
naturaleza no contributiva hasta el 2000, todo estará a
cargo de las cotizaciones.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Muchas gracias,
señor presidente.
Tres cuestiones de carácter general y dos de carácter
particular. Realmente es llamativo que la única arma de
movilización económica que tenga un Gobierno hoy
sea una reforma que denominan de carácter estructural,
pero que para nosotros sería superestructural, como
es la del IRPF. Ustedes manejan unas hipótesis muy
optimistas respecto de que la economía se vaya a movilizar
porque unos miles de trabajadores tengan que
pagar menos a las arcas del Estado, pero esto es demasiado
frágil y se comprobará en su debido momento.
Lo que es más llamativo es que ustedes cifren la competitividad
en el Estado español en la precarización del
mundo laboral. Efectivamente, el debate sobre el tiempo
parcial va a ser curioso y yo le puedo asegurar que
con los años una precarización del trabajo existente en
el Estado español inevitablemente va a deprimir el consumo.
También, por una cuestión más importante y
seguramente más heterodoxa. Nosotros no somos de
los que creemos que haya que andar controlando la
inflación como un criterio fundamental, porque habría
otras posibilidades para intentar movilizar recursos económicos
o para tener una situación económica más
saneada, que es una participación real y más activa del
Estado en la movilización de la economía.
Por último quiero decirle dos cosas: creo que es
malo que tendamos a la lamentación genérica y que es
malo que el Gobierno confunda los hechos. A los
hechos me remito, señor Rato. Si usted me dice que es
justo que una parte del Estado español, con dos millones
de habitantes, casi con tres en lo que es el conjunto
del territorio, no tenga doble vía ni electrificación,
que los trenes anden a 48 kilómetros por hora, que los
accesos a los puertos sean un desastre, que llegar a
Madrid nos lleve ocho horas y media por el día y doce
por la noche, yo me siento, me callo y acepto todo,
pero creo que es mala tendencia pensar que nos quejamos
por gusto o que es un capricho comparativo. Va
siendo hora de que situemos las cosas donde tienen
que estar.
Otra cuestión: Dar datos aislados sobre el paro es
muy fácil, pero el ciclo de los años 1990/1997, para
Galicia no es nada satisfactorio. La cifra de trabajadores
asalariados en este periodo cayó en concreto en Galicia
en 13.000 personas en la pesca y en el sector primario,
en 5.000 personas en la industria y sólo creció un poco
en la construcción y los servicios; en cuanto a los trabajadores
autónomos pasa algo parecido. Pero lo que
es más interesante: en el año 1990 teníamos una tasa
de paro del 12 por ciento, hoy tenemos el 18,5 por
ciento, ya ve cuánto creció. Si le doy las tasas de ocupación
y de actividad en Galicia en todo este periodo
la cosa es más alarmante: la población activa era mayor
que la inactiva, 100.000 más en los años 1990. Hoy la
población activa es menor en 90.000 personas que la
inactiva. Ya me dirá usted dónde vamos a llegar con
este presupuesto. La población activa cayó en 65.000
personas en este periodo mientras que usted sabe que
en el Estado español creció. Las cifras hay que darlas
de forma más estructural para que sean más exactas.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Señor Rodríguez, le ruego concluya.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Por favor, en los
otros datos, por la higiene mental de todos, no hagan
como que no se enteran de la auténtica pasada que
están haciendo en el terreno inversor, en medio
ambiente y en infraestructuras; por ejemplo, las autovías
tenían que estar acabadas desde el año 1995, ésas
que merecemos todos los españoles según el catecismo
de la unidad.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Gracias señor Rodríguez.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias,
señor presidente.
Este debate ha sido como la botella medio vacía o
medio llena. No seríamos justos si no reconociésemos
que efectivamente se están realizando avances en la
disminución del desempleo, pero tampoco seríamos
justos si nos complaciéramos excesivamente en lo que
se ha hecho. Habría que ver qué es lo que falta por
hacer y si ésa es realmente la mejor manera de solucionar
la situación de las personas que todavía no tienen
trabajo que, por cierto, son muchas, ocho puntos más
de la media comunitaria. Me parece muy bien, y le felicito
por las personas para las que usted ha conseguido
un empleo, pero no me felicito en absoluto por los que
todavía no tienen empleo. Por tanto, el debate es interesante.
En cualquier caso, usted me dirá que han aumentado
mucho las políticas activas y la inversión, pero ciertamente
se podría haber disminuido la dotación en materia
de defensa, en ese ejército profesional que quizá
sea excesivo, y haber aumentado en I+D, donde todavía
no conseguimos estar a niveles competitivos debido
a que tenemos una diferencia de tres puntos con respecto
a la media comunitaria. Esas son las cuestiones
que hay que plantearse. Por lo demás, no se preocupe,
que yo no tendré ningún inconveniente en felicitarles
cuando se hagan políticas que sean productivas para
todos los ciudadanos. En cuanto al cumplimiento del
estatuto, yo creo que las leyes se cumplen en todos sus
artículos, porque no creo que los ciudadanos decidan
cuál es el artículo que les gusta cumplir y cuál el que
no les gusta cumplir. Por tanto, ha hecho la renovación,
actualización del concierto económico, pero todavía les
quedan cuarenta competencias que se reclaman unánimemente.
O sea, les animo a que además de cumplir
uno de los artículos, cumplan todas las leyes porque
eso es lo que exigimos a los ciudadanos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTÍNEZ: Gracias.
Después de la aparición de la crisis asiática es indiscutible
que algunas grandes previsiones han estado
más que cuestionadas, de manera que S.S. sabe que no
sólo esta diputada sino muchos sectores económicos
ponen en cuestión las grandes cifras que ustedes utilizan.
En todo caso, ¿es cierto o no que ustedes plantean
un crecimiento del PIB del 3,8 y un crecimiento del
consumo privado en la misma tasa? ¿Es cierto o no que
estos objetivos de crecimiento no se han visto revisados
prácticamente desde la aparición de la crisis financiera
internacional, que condicionará indiscutiblemente
la evolución del consumo y del comercio exterior? ¿Es
cierto o no que otros gobiernos y las empresas han realizado
revisiones a la baja más estrictas respecto a sus
objetivos de crecimiento? ¿Es cierto o no que la Comisión
Europea, el 21 de octubre, asignaba a España una
crecimiento para 1999 inferior en dos décimas -dos
décimas, señor ministro- a lo que ustedes plantean, es
decir, el 3,6 por ciento? Por tanto, desde el punto de
vista de la credibilidad, como mínimo, son muchos los
agentes que dudan de las macrocifras que ustedes proponen.
Respecto al I+D, por ir deprisa, diré que ciertamente
es un tema político. Es decir, ustedes pueden priorizar
la investigación militar por encima de otras investigaciones.
Hay que poner sobre la mesa, sin embargo, que
estamos por debajo de los países de nuestro marco económico
en materia de I+D. En cambio, ustedes hacen
un incremento fortísimo vinculado a la investigación
militar. Hoy, en un diario de Cataluña, hay una entrevista
con Louise Wilse, presidenta de la Agencia Norteamericana
para el Desarrollo Internacional, en la que
manifiesta qué tipo de gobiernos están a favor de un
aumento del I+D vinculado a cuestiones de tipo militar
¿Es un tipo de sensibilidad? No lo compartimos. En todo
caso, es legítimo que sea la suya, pero que quede sobre
la mesa que ustedes prefieren potenciar la investigación
militar por encima de otras investigaciones.
Finalmente, en cuanto al agravio comparativo en
materia de inversiones en Cataluña, quiero recordarles
que ustedes gobiernan con Convergència i Unió o que,
como mínimo, tienen su apoyo en materia presupuestaria.
Supongo que con este apoyo su socio presupuestario,
además de conseguir que el señor Pujol después de
votar la autodeterminación en el Parlamento se pasee
el día de la Hispanidad por Madrid y salude a todo el
personal en un ejercicio de equilibrio ideológico más
que considerable, conseguirá que se equilibren las
inversiones en Cataluña.Me reconocerá S.S. que es lógico
que plantee este tema, puesto que nos estamos refiriendo
a su socio mayoritario, que es un socio catalán.
Bien, pues continuamos en una situación de agravio
comparativo muy serio, que heredamos desde hace
muchos años, que afecta directamente a nuestra economía,
que afecta directamente a la salud de nuestras
empresas y, por tanto, a nuestra competitividad y a
nuestro desarrollo. Por ejemplo, descontando las previsiones
para 1999, de los principales proyectos ferroviarios
en curso, sin contar el tren de gran velocidad, quedan
más de 45.000 millones de pesetas pendientes de
asignar. En infraestructuras hidráulicas, canalización de
las rieras del Maresma, del río Francolí de Llobregat...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Señora Rahola, le ruego concluya.
La señora RAHOLA I MARTÍNEZ: Acabo ya.
Decía que la inversión pendiente ronda los 32.500
millones de pesetas, mientras que en la red de carreteras,
por ejemplo, la inversión pendiente para la renovación
de la N-340 es superior a 75.500 millones, etcétera.
Señoría, es indiscutible que Cataluña no está discriminada
en estos presupuestos, continúa históricamente
discriminada de una manera muy seria.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias señora Rahola.
Señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.
La Cámara entiende que para que el Estado español
avance hacia la convergencia real, la lucha contra esa
lacra que es el paro es un objetivo básico y prioritario.
Se han dado avances, pero ahí está el indicador de que
estamos aún muy por encima de la media estatal y rondando
el 19 por ciento. Por eso tenemos que ser siempre
inconformistas y poner el dedo en la llaga diciendo
que nos gustaría que hubiera más políticas activas y
más protección social a ese respecto.
Respecto a las inversiones en la Comunidad AutónomaValenciana,
llámelo agravio, discriminación o como
quiera, pero tomando unas palabras suyas de esta
mañana aparece el tema de las prioridades y usted lo
ha dicho muy bien entonces. Me doy por contestado
esta tarde porque a la hora de tomar las decisiones
políticas sobre proyectos de inversión, el Gobierno es
el que valora las prioridades y las contempla o no en
los presupuestos según entienda que un proyecto es
prioritario o no. Si es prioritario se incluye en los presupuestos
de 1999 y se le inyecta una cantidad importante.
Por contra, hay otros proyectos a los que no se
considera prioritarios, y lo que ha hecho Unión Valenciana
aquí ha sido discrepar, lamentando que diversos
proyectos básicos para el futuro de la Comunidad Autónoma
Valenciana y su desarrollo socioeconómico no
hayan sido considerados prioritarios. Permítame que
discrepe y lamente aquí cómo proyectos que están firmados
vía protocolos o convenios no aparezcan reflejados
ni en los presupuestos de 1999, ni en las previsiones
plurianuales para el 2000, para el 2001 o para el
2002. Por eso he hecho referencia al convenio hidráulico
de 48.000 millones de inversiones básicas para el
futuro agrícola y turístico de la Comunidad Autónoma
Valenciana, el protocolo de inversiones de fomento
para la N-332, el ferrocarril de Aragón por Canfranc con
Francia desde la Comunidad Autónoma Valenciana, el
saneamiento del río Segura, la prevención de inundaciones
del río Júcar y los accesos a la ciudad de Valencia,
que en concreto tendrían que estar concluidos
desde el año 1993.
Yo no le pido que lo declare todo prioritario, pero
nos hubiera alegrado que alguna de estas obras fuera
declarada prioritaria en la Comunidad Autónoma Valenciana.
Lamentamos y discrepamos de que ninguno de
estos proyectos se haya contemplado y tomado la decisión
de declararlos prioritarios y de interés general para
el Estado y para la comunidad y decimos simplemente
que el esfuerzo de la N-III se reconoce; es un proyecto
que data de 1928 y que la Comunidad Autónoma Valenciana
lleva esperando setenta años. Si la cinta la corta
el señor Aznar, le aplaudiremos e intentaremos estar in
situ el día del corte de la cinta, pero con la N-III no
quedan satisfechas nuestras demandas de inversiones y
la sed de infraestructuras para cubrir esas carencias que
tenemos aún no puede quedar satisfecha con la N-III.
Hay otros proyectos que aguardan y esperamos que se
declaren prioritarios. En el año 1998 no lo fueron,
en 1999 tampoco, esperemos que en el 2000 lo sean.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Gracias, señor Chiquillo.
Señor Vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO
Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (De
Rato Figaredo): Gracias, señor presidente, gracias, señorías.
Señor Saura, me ha malinterpretado usted. No es que
los organismos internacionales avalen o no avalen la
política económica, es que la deuda pública española
se vende por debajo del 4 por ciento, no es necesidad
de que nadie nos avale, es necesidad de que las personas
que están en el mercado de capitales y evalúan los
países sitúan nuestro crédito a diez años por debajo del
4 por ciento y a treinta años en situación diferencial
positiva con Estados Unidos.
En ese sentido, no se trata de que haya ningún organismo
internacional que diga nada, se trata de algo que
hemos de reconocer, y es que hoy tenemos una credibilidad
que sería imposible si sólo la mitad de las cosas
que ustedes suman y restan fueran ciertas. En cualquier
caso, entrando ya en el tema del déficit prefijado, yo
no puedo hacer un crédito prefijado. Su señoría desde
luego que puede, pero yo no porque yo tengo que
hacer exactamente los ajustes que me exige Eurostat.
No puedo hacer ni más ni menos. Su señoría cree que
es muy fácil eso. Ya quisiera yo que fuera así de fácil,
pero la simple casualidad es que Eurostat evalúa las
cuentas española y, por lo tanto, las cifras que nosotros
damos después tienen que ser corroboradas por la
Unión Europea.
Es verdad que en el año 1995, o en 1994, en uno de
los dos, España dio el ejemplo de que dábamos dos
cifras de déficit distintas, la de la Intervención y la del
INE, pero eso ya no ha vuelto a suceder, y, como comprenderá,
no creo que deba suceder. Los ingresos se
miden por caja, que son las cuotas líquidas y por derechos
reconocidos. Siempre se han medido así y se
seguirán midiendo, pero, señoría, es que no podemos
hacer otro cosa. Igual que le tenemos que presentar el
déficit de caja y el déficit de contabilidad nacional. ¿Se
da cuenta de lo que querría decir que nosotros nos
limitásemos a dar un criterio y no el otro? Ustedes nos
dirían con razón que no pueden sacar conclusiones.
Ustedes tienen que ver cuál es el efecto líquido tanto
de los ingresos como de los gastos y cuál es el efecto
en contabilidad nacional. Es la única manera con la que
podemos tener un debate medianamente constructivo
sobre las reglas de contabilidad, que es al parecer en lo
que se convierte este debate de presupuestos este año,
lo cual desde el punto de vista de la política económica
del Gobierno no puede ser más satisfactorio.
No trasladamos hacia el año 2000 ningún déficit,
señor Saura, nosotros hemos tomado decisiones que
han sido conocidas por la Cámara, como se han tomado
siempre sobre inversiones plurianuales, y hemos utilizados
instrumentos a nuestro alcance como es el
método de abono total que hemos considerado que
debería limitarse a dos años, y así lo hemos hecho.
Sólo los efectos positivos, incluso en términos presupuestarios,
de las decisiones que nosotros tomamos en
su momento para garantizar la entrada de España en el
euro, son de tal magnitud que compensan cualquier
otra decisión. Creo que es difícil discutir que nos equivocamos
en la estrategia presupuestaria del año 1997.
Señor Saura, ¡que entramos con un 2,6 de déficit en el
euro! Es difícil discutir que nos equivocamos en esa
estrategia presupuestaria. En otras miles de cosas, seguro
que nos estamos equivocando, pero creo que en la
estrategia presupuestaria del año 1997 hay algo como
para poderla defender. En este momento en España,
según nuestros datos, existen casi 200.000 beneficiarios
que reciben prestaciones de rentas mínimas en nuestro
país. Por tanto, no es exacto lo que S.S. dice.
Por último, yo no he dicho que el contrato a tiempo
parcial vaya a ser para las mujeres, ni tampoco creo
que S.S. lo haya dicho. De lo que no cabe duda es de
que, tanto en España como en el resto de los países de
la OCDE, el contrato a tiempo parcial tiene una gran
incidencia sobre el empleo de las mujeres por razones
sociológicas. Eso pasa aquí, pasa en Dinamarca, en
Inglaterra y en todos los países. En un país como el
nuestro, con un paro femenino del 26,6 por ciento, que
es el doble, casi, del paro masculino, si hay un contrato
que en el resto de los países de nuestro entorno, con
estructuras sociales similares a las nuestras tiene efectos
positivos muy importantes en las mujeres, lo tenemos
que utilizar. A eso sumamos que estamos haciendo
deducciones en las cuotas sociales para contratos estables
de las mujeres y también que estamos dedicando
una gran cantidad de dinero a formación profesional
en los sectores en los que las mujeres están subrepresentadas.
Sobre el complemento a mínimos le tengo que decir,
señoría, que la ley dice lo que dice. La ley no dice que
estemos obligados a hacerlo ahora. Dice que tenemos
que hacerlo y que ya veremos cuál es la situación financiera
de los complementos a mínimos a partir del 2000
y entonces será el momento de debatirlo.
El señor Rodríguez dice que una reforma estructural
como la del IRPF afecta a unos cuantos miles. No, afecta
a un montón de millones; es decir, son 15 millones
de declaraciones, son 30 millones de españoles y todos
van a ver reducidos sus impuestos. A partir de ahí a S.S.
le puede parecer bien, mal, adecuado o inadecuado,
pero no es una medida para unos pocos miles. Es una
medida para 15 millones de declarantes. Todos los
declarantes van a ver reducida su factura fiscal.
En cuanto a la precarización, S.S. puede hacer todos
los discursos que quiera, pero las medidas que ha
tomado este Gobierno en los últimos años han sido
para aumentar lo contrario de la precarización, que son
los contratos estables; precisamente lo contrario. Por
un lado, hemos dotado de prestaciones sociales a los
contratos que no las tenían y, por otro, estamos incentivando
la contratación indefinida hasta el punto de que
se han producido 900.000 contratos indefinidos desde
la puesta en marcha de la ley de 1997.
Yo no critico a S.S. por demandar más inversiones en
ferrocarril en Galicia. No lo puedo criticar. Seguramente
S. S. tiene argumentos de peso para decirlo. Lo que digo
es que dentro de los esfuerzos que el Gobierno ha realizado
en dos años y medio, el esfuerzo en Galicia lo
hemos centrado en las autovías que, por cierto, S.S. me
dice que deberían haber estado finalizadas en el
año 1995. Piense usted quién gobernaba en el año 1995.
En cualquier caso, si no en el año 1995, porque no
gobernábamos entonces, sí las vamos a finalizar en el
plazo más corto posible con una inversión de 110.000
millones de pesetas.
Quisiera aclarar a la señora Lasagabaster que no me
complazco en las cifras que tenemos en este momento.
Tenemos un déficit de convergencia real muy importante
con Europa, pero S.S. convendrá conmigo en que
si no tuviéramos la inflación y el déficit público que
tenemos y las reformas liberalizadoras que hemos
hecho, no tendríamos la menor oportunidad de acercarnos
al nivel de vida europeo. En este momento no
tenemos el nivel de vida europeo, pero tenemos la
oportunidad de acercarnos, y eso es lo que estamos
intentando hacer. Y que ahí los partidos de oposición
nos pidan más entra dentro de lo que nosotros no sólo
encontramos lógico, sino que nos parece positivo.
Por lo que se refiere a I+D, señoría, le tengo que
decir que dedicamos a las políticas de I+D, en lo que es
responsabilidad del Estado central, un aumento del 33
por ciento en estos tres años. Además de eso hemos
dado medidas fiscales, como la regularización de balances,
que han incidido sustancialmente en lo que en este
momento supone un aumento de la inversión de bienes
de equipo del 13 por ciento, que algo tendrá que
ver con el I+D y con la renovación tecnológica de
nuestro país.
Paso a responder a los argumentos de la señora
Rahola. Lo que le puedo decir sobre el crecimiento económico,
señora Rahola -lo he dicho una vez y lo repetiré
cuantas veces quieran SS.SS. que lo haga-, es que
las estimaciones del efecto de la crisis son una décima
en la economía española por parte del Fondo Monetario
Internacional, de la OCDE, de la Comisión Europea
y del Gobierno español. Es verdad que sus estimaciones
en abril de este año eran diferentes de las nuestras
también en una o dos décimas, pero el efecto de la crisis
es el mismo en todas nuestras consideraciones, y
además da la casualidad de que es exactamente el
mismo. A partir de ahí, S.S. puede decirme: ustedes
deberían ser más pesimistas. Señoría, en la estimación,
por ejemplo, del aumento de los ingresos hemos sido
bastante prudentes, con un crecimiento de los ingresos
que no llega al 6 por ciento, que nos da un suficiente
margen.
Señoría, no se trata de la investigación militar, no
simplifiquemos los temas. El Gobierno tiene una serie
de responsabilidades industriales directas en empresas
públicas, cuya alternativa era el cierre o la colaboración
en proyectos industriales europeos, y el Gobierno
ha apostado por eso, y lo he dicho esta mañana. Frente
a los contratos con multinacionales, nosotros hemos
apostado por hacer las cosas en nuestro país y tener
efectos no sólo sobre esas empresas, sino sobre un sinnúmero
de empresas suministradoras, que seguramente
no están todas localizadas ni en Oviedo ni en Sevilla ni
en Ferrol, sino que están localizadas por toda España.
Eso quiere decir que hemos hecho la apuesta de que el
sector público español pueda hacer un esfuerzo inversor
en tecnología que le equipare a fábricas similares
en el resto de Europa. A partir de ahí, la tecnología que
se va a derivar de esos estudios sobre todo tipo de
cuestiones no es exclusivamente militar, como ha sucedido
a lo largo de los últimos 20 ó 30 años en el mundo
occidental.
En cuanto al debate sobre inversiones, yo vuelvo a
reiterar que el Gobierno ha hecho un esfuerzo considerable
en estos presupuestos y ha hecho una distribución
de las inversiones en función de los intereses
generales y de lo que tiene racionalidad en el gasto
público.
Lo mismo le digo al señor Chiquillo. Nosotros hemos
considerado una serie de proyectos prioritarios en la
Comunidad Autónoma Valenciana. El señor Chiquillo
considera que deberíamos tener más proyectos prioritarios.
No puedo discutir ese argumento, como no puedo
discutir el argumento del ferrocarril, como no puedo
discutir el argumento de la señora Rahola. Tiene toda
la lógica mantener ese argumento, pero, dentro de las
coordenadas reales del presupuesto, creo que el esfuerzo
en inversión en los años 1998 y 1999 es muy considerable.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señor vicepresidente.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Molins.
El señor MOLINS I AMAT: Señor presidente, señoras y
señores diputados, en el mes de abril de este año, 1998,
el Consejo Europeo invitó formalmente a España a
incorporarse en el grupo de países que, a partir del
próximo 1 de enero, se integrarán en el área euro.
Con esta decisión se cierra un ciclo iniciado en 1992
con la firma del Tratado de Maastricht, período que ha
tenido de común denominador el esfuerzo de convergencia
de toda una sociedad para reducir los desequilibrios
que incidían sobre nuestra economía y para acercar
nuestro nivel de desarrollo al que tienen los
principales países de la Unión Europea. Lograr este hito
ha requerido el consenso de la práctica totalidad de las
fuerzas políticas y sociales del país, y ha requerido
afrontar un conjunto de reformas estructurales muy
importante, de enorme trascendencia económica, social
y territorial.
Simplemente como recordatorio y sin pretender ser
exhaustivos, quiero citar el cambio de orientación de
una política monetaria de altos tipos de interés a una
política monetaria con bajos tipos de interés; dos reformas
laborales que han incidido muy positivamente en
la creación de empleo. Se han puesto las bases para la
reordenación del sistema de la Seguridad Social a partir
de los pactos de Toledo, que deberá garantizar el mantenimiento
del poder adquisitivo de las pensiones
actuales y futuras. Hemos controlado el déficit de las
administraciones públicas mediante la aplicación de un
mayor rigor presupuestario. Hemos transformado el
sector público empresarial, vía privatizaciones y vía
reorganización. Hemos emprendido ambiciosos procesos
de liberalización económica (energía eléctrica, gas,
petróleo, telecomunicaciones, suelo). Se ha iniciado la
racionalización de parte de la financiación autonómica
y de la sanidad. Se ha afrontado una amplia reforma
fiscal por etapas que ha afectado al impuesto sobre
sociedades, a las plusvalías, a la estimación objetiva, a
sucesiones, a patrimonio y ahora también al IRPF, reformas
que por lo general han buscado dar apoyo a la
actividad productiva, a la creación de empleo y al desarrollo
de las pequeñas y medianas empresas.
La síntesis desde la perspectiva de convergencia con
las demás economías del entorno euro es que los cambios
de política económica iniciados en los últimos
años de Gobierno socialista y especialmente en los dos
años y medio de Gobierno popular, con el constante
aliento e impulso de Convergència i Unió, han permitido
acceder al euro en un contexto de crecimiento estable
y sostenido, con una reducción de la inflación,
caída de los tipos de interés y control del déficit público
por debajo de las propias exigencias de convergencia,
una administración más eficiente, un sector público
más saneado, una economía más competitiva y la creación
de 1.400.000 empleos entre 1995 y 1998. Es decir,
un saneamiento profundo de la economía que permite
augurar el futuro con un controlado optimismo.
La economía española mantiene un ritmo de crecimiento
positivo, estable y creciente por quinto año
consecutivo. Entre 1994 y 1998 el crecimiento medio ha
sido del 2,9 y en 1998 alcanza el 3,9 anual, lo que configura
este período como el más positivo de esta década,
con el aliciente añadido de existir unas grandes
posibilidades de dar continuidad a la actual coyuntura
expansiva. A diferencia de otros períodos, el actual crecimiento
económico descansa más en el ahorro y la
inversión que en el consumo, más en las exportaciones
que en las importaciones, más en el saneamiento interno
que en el endeudamiento exterior. Estas características
resultan especialmente favorables para dar continuidad
al ciclo expansivo y para reducir distancias en
relación a otras economías desarrolladas de la Unión
Europea. El crecimiento económico no siempre viene
acompañado de creación neta de empleo. En esta ocasión,
sí ha venido. Desde 1994 a 1998 se habrán creado
en España, como decía antes, 1.400.000 empleos, superándose
por primera vez desde 1972 los 13 millones de
ocupados. La inflación se ha situado en mínimos históricos
(1,6 por ciento en septiembre), tasa que ha venido
acompañada de un esfuerzo de contención de costes
laborales (los salarios crecen a ritmos del 2,5 por
ciento), de costes de producción (el índice de precios
industriales está en el menos 1,1 por ciento), de costes
energéticos y de costes financieros.
En cuanto al déficit público, se ha reducido desde
el 2,6 del producto interior bruto en 1997, al 2,1 previsto
para 1998, cumpliendo así sin problemas los objetivos
establecidos en el Programa de Convergencia. El
endeudamiento público también se ha minorado,
pasando de representar el 68,8 por ciento del producto
interior bruto en 1997, al 67,4 por ciento en 1998.
Corregir estos tres desequilibrios constituye una garantía
de futuro para nuestra economía.
En los últimos tres años los tipos de interés se han
reducido 5,5 puntos. Es este el principal estímulo que
recibe la inversión, tanto en la actividad productiva
como en las economías familiares. Por ejemplo, y lo
recordaba esta mañana el señor vicepresidente, para
una familia que tenga suscrita una hipoteca de 10 millones
de pesetas a 15 años, un descenso de esta magnitud
en los tipos de interés le representa una reducción
de la cuota mensual de 23.000 pesetas, recursos que
ahora puede destinar al consumo, al ahorro, a la previsión
social complementaria o a la inversión productiva.
A lo largo del período 1994-1998 se ha producido un
cambio estructural en el comportamiento del sector
exterior de la economía española. De manera constante,
y con la excepción de 1998, las exportaciones han
venido creciendo más que las importaciones. La estabilidad
de la peseta ha logrado consolidar la ganancia de
competitividad obtenida con las devaluaciones obligadas
de 1993 y 1994. La economía española exporta e
invierte en el exterior. La consecuencia es que la balanza
exterior por cuenta corriente se mantiene positiva, a
pesar de las elevadas tasas de crecimiento de las importaciones.
El año 1998 no ha sido un ejercicio de trámite hacia
el euro. Hemos afrontado decisiones trascendentes en
el ámbito de las reformas estructurales. Citaré dos: la
reforma del impuesto sobre la renta de las personas
físicas y el Plan de empleo. Por primera vez, con la
reforma del IRPF, baja la presión fiscal derivada de un
impuesto de amplia recaudación. Dicho de otra manera,
se limita el crecimiento del sector público a la vez
que se consolida el Estado del bienestar. Bajan los tipos
impositivos y la presión fiscal individual de quienes ya
cumplen correctamente con sus obligaciones fiscales, a
la vez que mejora especialmente el trato a la familia y a
las clases medias y bajas. La reforma del IRPF contribuirá
al crecimiento económico y a la creación de
empleo, ya que la reducción de los tipos impositivos y
el establecimiento de un mínimo vital estimulan el ahorro
y la inversión. Es una reforma acorde con las que
se están impulsando en la práctica totalidad de los países
europeos. Desde otra perspectiva, la reforma del
IRPF simplifica y racionaliza la gestión del impuesto.
Los contribuyentes con rentas inferiores a 3 millones y
medio de pesetas de renta anual no será preciso que
hagan declaración de renta. Acaba así el absurdo actual
de que el Estado debe devolver anualmente un billón
de pesetas a 10 millones de contribuyentes a los cuales
les ha efectuado una retención por IRPF excesiva a lo
largo del año. Es ésta una reforma positiva, realista y
de futuro, cuya puesta en marcha había sido reclamada
por Convergència i Unió en las últimas elecciones y
cuya configuración compartimos con el Gobierno del
Partido Popular.
Respecto a la reforma laboral, la política de empleo ha
recibido un especial impulso y transformación en 1998.
En un contexto favorable por la buena coyuntura económica
y por la articulación de un procedimiento
comunitario de fomento del empleo, plasmado en las
cumbres de Luxemburgo y de Cardiff, se ha puesto el
acento sobre las políticas activas de empleo. Es en este
contexto en el que se ha articulado el Plan de empleo
para 1998, que incide particularmente sobre la formación,
la creación de empleo a tiempo parcial y el
fomento de la contratación indefinida. Por ello, en este
ámbito cabe destacar como positivo los 400.000 empleos
creados en 1998, la mejor calidad del empleo, con
un avance sustancial del empleo estable -según la EPA
del mes de julio, el 80 por ciento del nuevo empleo
creado en el último año tiene carácter indefinido-, y
la implantación de los incentivos en las cotizaciones a
la Seguridad Social para la integración laboral de los
colectivos socialmente menos favorecidos.
El ejercicio de 1999 será el primero de la Europa del
euro. Hemos cumplido con los requisitos de convergencia.
A partir de ahora debemos competir en Europa
sin disponer de algunos de los instrumentos que tradicionalmente
nos permitían corregir desequilibrios. No
podremos devaluar, no podremos utilizar la política
monetaria y la política de cambios en nuestro beneficio.
Nos corresponde, por tanto, ser competitivos en
base a una estricta aplicación de la política presupuestaria,
en base a la aplicación de una política de rentas
compatible con los objetivos de estabilidad y al refuerzo
de nuestras estructuras productivas.
Una vez cumplidos los requisitos de convergencia
nominal, nos corresponde conseguir la plena convergencia
real, de modo que permita fundamentalmente la
reducción de la elevada tasa de paro que todavía tenemos.
Para ello, la política económica para 1999 se
debería orientar a la consecución de los siguientes
objetivos. En primer lugar, el mantenimiento de los
equilibrios macroeconómicos. El diferencial de inflación
con los países europeos más estables debe desaparecer,
aprovechando las inercias derivadas de los
descensos en los precios de la energía y en las materias
primas y productos manufacturados procedentes del
sudeste asiático y América Latina, evitando a su vez el
aumento de precios en el sector servicios y en el de la
construcción.
Una vez controlado el crecimiento del déficit público
para 1999, debe compatibilizarse el crecimiento de la
inversión con la reducción de la deuda y con la paulatina
disminución del déficit en relación con el producto interior
bruto, tal como presenta el Gobierno en el proyecto
de ley de presupuestos para 1999. Los tipos de interés se
reducirán hasta finales de año desde el actual 3,75
al 3,30. A partir de este mínimo histórico, los mercados
internacionales, y especialmente europeos, señalarán la
evolución a lo largo de 1999. Nuestra incompetencia en
este ámbito deberemos compensarla, a partir del 1 de
enero, con un mayor control sobre la inflación y sobre
el déficit.
El Gobierno ha previsto para 1999 un crecimiento
económico del 3,8 por ciento, el cual sólo está al alcance
de una economía muy dinámica. Creemos que es
una previsión realista que responde a los esfuerzos
efectuados durante los últimos cinco años para sanear
la economía y estimular la inversión y la internacionalización.
Vamos a crecer más que la media de los países
europeos y, en palabras recientes del premio Nobel de
economía Lawrence Klein, España puede ser uno de los
países más beneficiados por la implantación de la Europa
del euro.
En esta misma dirección podemos interpretar la revisión
que ha planteado la Comisión Europea, a causa de
la incertidumbre económica internacional, sobre las
tasas de crecimiento de los países miembros para 1999.
La nueva previsión para Europa se reduce en 6 décimas,
desde el 3 al 2,4, mientras que para España la
reducción es solamente de una décima. Debemos aprovechar
estas posibilidades potenciales que ciertamente
tenemos.
Cabe recordar que el crecimiento económico es un
elemento necesario para la creación de empleo, pero
no suficiente. Insistimos, por tanto, en la formación,
mejor regulación del empleo a tiempo parcial y en convertir
los empleos temporales en indefinidos, que son
los tres componentes básicos que permitirán que los
beneficios del crecimiento económico se traduzcan en
la creación neta de empleo: mil empleos diarios netos,
según las previsiones del Gobierno.
Los presupuestos para 1999 son, a nuestro entender,
una garantía de futuro. Los presupuestos consolidados
del Estado para 1999 se elevan a 31,2 billones de pesetas,
lo que supone un incremento del 4,3 por ciento
respecto a los del año anterior. Sigue siendo un presupuesto
austero, ya que crece menos que lo previsto
para la economía, aunque menos austero que los de los
dos ejercicios anteriores preparados por el Gobierno
del Partido Popular. Los ingresos previstos, 29,5 billones
de pesetas, crecen al 4,6 por ciento respecto al año
anterior. La previsión de ingresos ya contempla la reforma
del IRPF y, a diferencia del pasado año, incluye
unos menores ingresos patrimoniales, contando incluso
las privatizaciones y los beneficios de empresas. La presión
fiscal disminuye en 0,2 puntos, por lo que el principal
dinamizador de los ingresos es el propio crecimiento
económico. La evolución conjunta de ingresos y
gastos permitirá reducir el déficit público al 1,6 del PIB,
cumpliendo con comodidad el requisito de convergencia
nominal.
Los gastos de capital previstos aumentarán en un 7,3
por ciento, mientras que el gasto corriente lo hará sólo
en un 4,1 por ciento, 3 puntos menos. Esta situación
significa una inflexión clara en relación con lo ocurrido
desde 1995, en que, en aras de la austeridad presupuestaria,
se sacrificó sistemáticamente una parte de la
inversión. Por otra parte, y por segundo año consecutivo,
la inversión pública supera al déficit público, es
decir, tenemos ahorro público destinado a financiar la
inversión. Es esta la llamada regla de oro de las finanzas
públicas que, como digo, cumpliremos por segundo
año consecutivo.
Por otra parte, el gasto destinado a políticas sociales,
pensiones, empleo, sanidad, educación, vivienda, crece
en un 4,9 por ciento y aumenta consecuentemente su
participación en el total del gasto en 1,4 puntos, representando
ya respecto al total del gasto el 56,6, lo que
permite afirmar que estos presupuestos son beligerantes
en el mantenimiento y la consolidación del Estado
del bienestar.
Quisiera destacar al respecto algunas medidas. Estos
presupuestos aseguran el mantenimiento del poder
adquisitivo de todas las pensiones del sistema y mejoran
alguna de las de menor cuantía, como las pensiones
de viudedad para titulares menores de 60 años con
cargas familiares; garantizan un crecimiento de los
recursos destinados a sanidad, equivalente como mínimo
al crecimiento del PIB, aunque, sumándoles la
nueva aportación del Estado al Insalud, el crecimiento
total es de un 9,6; aumenta la participación de los
recursos destinados a financiar la educación dentro del
gasto total del Estado, pues para 1999 los recursos destinados
a educación crecen un 6,5 por ciento, casi dos
puntos por encima del crecimiento global del gasto.
En este ámbito, señor vicepresidente, hay un aspecto
pendiente de decisión: la consolidación o no de la
mejora del poder adquisitivo de las pensiones que se
derivará de la previsible tasa de inflación anual en
1998, noviembre de 1997 a noviembre de 1998, inferior
en varias décimas a la prevista inicialmente por los presupuestos
para este año. Nuestro grupo le propone,
señor vicepresidente, consensuarlo en esta Cámara con
todos los que contribuimos a la redacción del Pacto de
Toledo, consolidando la ganancia de poder adquisitivo
logrado, de tal manera que las pensiones ganen, consoliden
hacia el futuro las dos o tres décimas de poder
adquisitivo que ya hoy pueden preverse.
El gasto en prestaciones por desempleo disminuye
en 140.000 millones de pesetas gracias a la reducción
de la tasa de paro. En cambio, las políticas de empleo
activo se incrementan en 278.000 millones, principalmente
destinados a bonificar las cuotas a la Seguridad
Social para estimular la contratación estable tanto a
tiempo completo como a tiempo parcial. A su vez, los
recursos destinados a formación profesional crecen en
un 9,5 por ciento. Con estas políticas, en un contexto
de crecimiento, la previsión -ya lo he señalado- es la
de crear mil empleos diarios, 370.000 empleos anuales.
En consecuencia, los presupuestos para 1999 constituyen
un instrumento positivo para la continuidad de la
política económica de crecimiento, de creación de
empleo y de corrección de desequilibrios que nos exige
nuestra convergencia real con los países más desarrollados
de Europa.
Quisiera a partir de ahora, señor presidente, señorías,
hablar de algunos aspectos que condicionan a la
economía española en 1999. Sobre la positiva situación
descrita a medio y largo plazo pesan algunas incertidumbres
que deben tenerse en cuenta en el diseño de
la política económica y presupuestaria. El objetivo prioritario
de la sociedad española en estos momentos es
mantener el máximo tiempo posible la coyuntura de
crecimiento y de creación de empleo configurada en el
último quinquenio. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.) Somos conscientes de que la economía
tiene períodos cíclicos, combinando épocas de expansión
con épocas de recesión. En estos momentos se
trata de prolongar la expansión, retrasar la época de
menor crecimiento y conseguir que la posible recesión,
cuando llegue, sea lo menor y lo más corta posible en
el tiempo. Es por ello, señor vicepresidente, señorías, que
deberemos dar continuidad a la prioridad de contención
del gasto público y de reducción del déficit aun en los
supuestos de crecimiento adicional de los ingresos.
Queremos señalar, como ya lo ha hecho usted es
mañana, señor vicepresidente, lo que le podría haber
ocurrido a la peseta y al conjunto de la economía española
en el caso de no haber optado decididamente por
la integración en el euro. Las economías de los países
que voluntariamente se han mantenido al margen del
euro sufren en estos momentos fuertes presiones sobre
la inflación y sobre los tipos de interés, afectando negativamente
a su crecimiento económico. Nos congratulamos
de la posición casi unánime que hemos mantenido
en esta Cámara para acceder al euro, de la cual Convergència
i Unió ha sido siempre uno de sus máximos
valedores, ya que una de las características de la actual
inestabilidad económica internacional es precisamente
la confianza o desconfianza existente respecto a cada
país o a cada área económica. Rusia, Asia, América
Latina, presentan síntomas de crisis e incertidumbres
que amenazan la economía internacional y las economías
occidentales en particular. Las relaciones comerciales
de España con estos países representan un peso
relativamente reducido, por lo que no cabe esperar una
incidencia directa e inmediata de la crisis de estas áreas
sobre nuestra economía. No obstante, es evidente que
a medio y largo plazo el impacto indirecto será cierto.
Para 1999, el Gobierno revisó sus expectativas iniciales
de crecimiento en una décima de punto. Consideramos
-ya lo he dicho antes- acertada la decisión que no
magnifica la incertidumbre, ya que para el año próximo
la demanda interna española, el consumo, la inversión,
como recordaba el vicepresidente esta mañana, mantienen
un potencial de crecimiento suficiente como para
compensar y relevar al sector exterior como principal
motor del crecimiento. En este contexto, resulta evidente
que la reforma del IRPF contribuirá a reforzar
este proceso. Pero a medio y largo plazo es donde la
economía española podría resentirse más de esta incertidumbre
internacional, por lo que convendrá seguir
profundizando en las llamadas reformas estructurales
para garantizar una competitividad creciente y estable.
Siempre hemos esgrimido la necesidad de ser rigurosos
en el control del gasto público para reducir el déficit
y es cierto que ha sido esta una de las prioridades
de la política económica de los últimos años; sin
embargo, afortunadamente, estos esfuerzos han venido
acompañados de un crecimiento estable y elevado, lo
que equivale a decir que ha venido acompañado de un
constante incremento de los ingresos, superior año tras
año a las previsiones; en este año 1998 superior en un
7 por ciento a las previsiones. Precisamente el desvío
al alza de los ingresos ha permitido compensar el también
desvío al alza de los gastos en un 4,5 por ciento.
No ocurrirá lo mismo, previsiblemente, en el futuro. En
los últimos años, las previsiones de crecimiento han
sido relativamente moderadas y se han enmarcado en
un contexto internacional de crecimiento. Para 1999,
las previsiones son realistas y el contexto internacional
es más incierto. Esta situación nos obliga a demandar al
Gobierno mayor rigor en la ejecución presupuestaria
de los gastos, ya que los ingresos previsiblemente no
crecerán por encima de las previsiones, como sí ha
sucedido en los últimos años.
Permítame, señor presidente, señorías, entrando en
la última parte de mi intervención, hacer referencia a
reformas necesarias que es preciso complementar a
partir de este momento. En primer lugar, algunas que
hacen referencia a la creación de empleo. El Plan de
empleo contempla, como ya he referido antes, un conjunto
numeroso de medidas a aplicar a lo largo de este
ejercicio. Sin embargo, quedan pendientes de definir
numerosas cuestiones muy importantes para la creación
de empleo, muchas de ellas, como sabe muy bien el
señor ministro de Trabajo, compromisos considerados
prioritarios en el Plan de empleo.
Hace un año, en este mismo debate, me preguntaba
si habíamos avanzado suficientemente en el análisis de
la posibilidad del trabajo a tiempo parcial en una sociedad
distinta como es la actual. El Plan de empleo ha
mostrado que debíamos apostar por el empleo a tiempo
parcial. Sin embargo, la decisión política no ha venido
acompañada todavía de las medidas instrumentales.
Urge la modificación de la regulación del empleo a
tiempo parcial, especialmente en los aspectos de protección
social. Está pendiente de pacto con los agentes
sociales la concreción de medidas de fomento de esta
modalidad de empleo, entre las que figuran el establecimiento
de un cómputo más favorable del tiempo trabajado
a los efectos de la percepción de prestaciones
sociales y el establecimiento de bonificaciones en las
cotizaciones para este tipo de contratación cuando
tenga carácter indefinido.
También me preguntaba en este mismo debate si las
cargas sociales existentes eran lógicas. Sigo pensando
que convendría plantearse la reducción de las cotizaciones
a la Seguridad Social, de manera selectiva, ciertamente,
y probablemente no generalizada, especialmente
para los colectivos laborales con más dificultad
de acceso al mercado de trabajo. Deben concretarse las
bonificaciones a la Seguridad Social para el año próximo,
aplicables a la nueva contratación indefinida de
este tipo de trabajadores, puesto que todavía no se ha
previsto nada en estos proyectos de ley, y deben configurarse
las nuevas modalidades de seguimiento individualizado
de las personas en paro, fundamentalmente
jóvenes y en paro de larga duración, que les permitan
un aumento de las ofertas de empleo y de formación.
Debemos ser conscientes que es responsabilidad de
todas las partes implicadas dar una rápida respuesta a
estas cuestiones si se quiere maximizar la creación de
empleo en este año de intenso crecimiento económico.
En segundo lugar, la reforma de la Administración
pública. Se ha contenido el gasto global de las administraciones
públicas, se han efectuado ajustes, pero no se
ha afrontado una reforma estructural que la haga más
eficiente, que aligere su tamaño, que permita una más
estrecha coordinación o integración de las administraciones
centrales con las territoriales. El proyecto de ley
de medidas fiscales, administrativas y del orden social
incorpora diversos preceptos destinados a adaptar la
estructura de varias decenas de organismos públicos
estatales a la ley orgánica de funcionamiento de la
Administración general del Estado. Formalmente la adecuación
se efectúa, pero la realidad indica que se avanza
muy poco en el proceso de creación de una Administración
única y de simplificación y racionalización
de organismos.
Respecto a la Administración de justicia, otro año
más, señor vicepresidente, los aspectos relacionados
con ella deben ser objeto de una mención en el debate
presupuestario. Hace un año, en este mismo debate,
emplazamos al Gobierno a afrontar los aspectos de la
Administración de justicia más vinculados a su vertiente
económica. Es cierto que la dotación presupuestaria
crece en un 11,8 por ciento, pero siguen pendientes de
decisión política y técnica numerosas cuestiones que
desde la justicia afectan al buen desarrollo de la actividad
económica. Morosidad, impagados, una nueva ley
concursal que conceda un nuevo marco jurídico a la
suspensión de pagos y a las quiebras es una de las
prioridades en esta legislatura que todavía no se ha
abordado y que en opinión de mi grupo parlamentario
debe hacerse sin demora.
También quiero hacer una referencia a la financiación
autonómica. Sabe bien, señor vicepresidente,
señor presidente, porque lo he reiterado desde esta tribuna,
que mi grupo parlamentario cuando en 1996
pactó la revisión del sistema lo hizo convencido en las
premisas de mayor autonomía financiera, mayor corresponsabilidad
en los ingresos y en los gastos y mayor
volumen de recursos con que el nuevo sistema dotaba
a las comunidades autónomas de régimen común. Al
margen de las previsiones que cada cual hiciera respecto
a la evolución del IRPF con respecto a otras figuras
impositivas, el nuevo sistema, es bien cierto, ha dotado
de mayor corresponsabilidad, de mayor autonomía y
de mayores recursos a las comunidades autónomas de
régimen común.
Fíjese, señor vicepresidente -y esta mañana teníamos
un ejemplo-, qué curiosa inversión de argumentos
se ha producido desde 1996. Se ha pasado de una
situación en la que se acusaba al Gobierno del Partido
Popular de proponer una reforma que beneficiaba a
Cataluña (eso y no otra cosa denunciaban los anuncios
institucionales de la Junta de Andalucía en 1996, a que
aquí se ha hecho referencia esta mañana, y se decía
que era porque estaban ustedes acogotaditos por nosotros)
a otra en la que se remarca ahora lo bobos que
somos nosotros que nos dejamos engañar por ustedes.
Esta mañana lo hemos vivido. Es una pena, señor Rato,
que el principal partido de la oposición se lance por
esos caminos, porque estoy seguro que un Partido
Socialista centrado en la cuestión podría ser de gran
utilidad para el trabajo que tenemos por delante. Ese
trabajo no es otro que la revisión en profundidad, cuando
corresponda, del sistema de financiación de las
comunidades autónomas, y cuando corresponde es el
año 2001.
Sabe ya cuáles son nuestros planteamientos, que no
sé si se corresponden con los suyos; y no lo sé porque
cuando desde esta tribuna el año anterior -ahora hace
un año- hablé de este tema, me dijo usted, más o
menos, que ahora no toca. Eso, reconózcalo, era más
cierto el año pasado que hoy. Le ruego que, independientemente
de su respuesta desde esta tribuna, vaya
cumpliendo el encargo de esta Cámara -siempre es
bueno cumplir las decisiones del Congreso de los Diputados,
señor vicepresidente- y calculen ustedes los
saldos fiscales de las distintas comunidades autónomas.
Será imprescindible para poder discutir con criterios
objetivos el nuevo sistema sin permitir que la demagogia
más pueril aflore sistemáticamente en la discusión,
como siempre ocurre en estos temas.
La creación de infraestructuras. La inversión crece, lo
cual es evidentemente positivo, pero nuestro país
requiere un esfuerzo en la creación de nuevas infraestructuras
que supera con creces las realizaciones. Nuestro
grupo parlamentario ha demostrado a lo largo de
estos años saber ser paciente. En el primer año, en 1997,
aceptamos la dificultad que comportaba la no existencia
de proyectos y la huida hacia adelante, sin dotación
presupuestaria y sin pago de expropiaciones, de los
últimos meses de inversión de la administración socialista.
Este año -quiero decírselo por el debate que se
ha producido, y a lo mejor preferiría usted que no lo
remarcara- le reconozco, señor vicepresidente, que
las inversiones en Cataluña, en el documento presupuestario
para 1999, se incrementan y de manera sustantiva
-insisto, a lo mejor preferiría usted que no se
lo dijera- en un 58 por ciento. No son correctos los
cálculos -por no decir que son falsos, no sé si el error
es voluntario y, por tanto, prefiero decir que no son
correctos- que se han hecho desde esta tribuna por
alguien que ha intervenido anteriormente.
El señor PRESIDENTE: Señor Molins, ha de ir concluyendo.
El señor MOLINS I AMAT: Muchas gracias, señor
presidente, así lo haré.
Se incrementan un 58 por ciento. De hecho se pasa,
gracias a este incremento, del 11 por ciento de la inversión
total al 14 por ciento. Pero debo decirle, señor vicepresidente,
que nuestro grupo parlamentario no está
satisfecho con la marcha de las inversiones presupuestariamente
comprometidas por el Gobierno en 1998. No
es su responsabilidad directa. Aprovecho la oportunidad
de que esté presente el presidente del Gobierno,
porque sí que es la suya. Funcionan relativamente bien
aquellas inversiones que fueron contratadas en ejercicios
anteriores, pero se retrasan lastimosamente aquellas
cuya planificación, licitación e inicio corresponde
al actual Gobierno, con excepción del tren de alta velocidad,
al que me referiré más adelante.
Estos retrasos e incumplimientos son particularmente
irritantes en lo que se refiere -y siento que no esté
aquí la señora ministra- al Ministerio de Medio
Ambiente y en obras que, como las rieras del Maresma,
no constituyen un esfuerzo presupuestario excesivo y
de las que pende, por desgracia, no sólo los bienes
sino también la vida de las personas. Como le digo,
señor presidente, también a la señora ministra, la desidia
con que se desarrollan estas obras nos es especialmente
incomprensible.
Quiero recordar la necesidad perentoria de iniciar,
sin mayor dilación, el canal Segarra-Garrigues, de competencia
a medias entre los ministerios de Medio
Ambiente nuevamente y de Agricultura y que, según
nuestras noticias, no pinta nada bien. Tiene dotación
presupuestaria este regadío desde hace cinco largos
años y no hemos sido capaces de mover todavía una
sola piedra.
En lo que se refiere al Ministerio de Fomento, quiero
recordar la asignatura pendiente que tiene en la redefinición
de la dualidad autopistas o autovías existente.
Como ya he recordado desde esta tribuna, esta es, una
vez más, una patata caliente fabricada por el Gobierno
anterior y que este Gobierno debe resolver, que cuenta
con nuestro apoyo y con nuestra comprensión. No
podemos aceptar que su solución pase por la consolidación
en el tiempo y para siempre del modelo del
Gobierno socialista, de una España de autovías y otra
excluyente de autopistas de peaje. Tiempo habrá en la
subcomisión que la Cámara decida crear para volver
sobre este tema de extrema importancia.
Sólo dos palabras más sobre otra infraestructura de
gran importancia para la competitividad del país: el
tren de alta velocidad. No repetiré los argumentos que
ya expuse desde esta tribuna en otras ocasiones, pero
sí quiero recordar que, tanto en los acuerdos internacionales
con Francia, con la Unión Europea, como en
los compromisos ante esta Cámara, el tren de alta velocidad
entre Madrid, Barcelona y la frontera debe llegar
a Barcelona y a la frontera en el año 2004, no más
tarde.
Tenía un apartado haciendo referencia a que no
habrá desarrollo sin tecnología, al I+D. Analizaremos
más a fondo el documento presupuestario porque mi
crítica iba en una línea muy parecida a la que ya se ha
dicho y a la que ha rebatido, al menos parcialmente, el
señor vicepresidente del Gobierno. Si los 200.000 millones
de pesetas asignados como I+D en gastos de defensa
pueden ser considerados ciertamente como tales tendremos
poca cosa que decir. Insisto en que nos parece
que ese incremento del treinta y tantos por ciento se
dedica ciertamente a I+D, pero deberemos confirmarlo.
Porque quiero recordarle, señor presidente, que si la
prioridad en materia de política económica de Convergència
i Unió en 1993, cuando empezó a participar
en el diseño de la política económica, fue dar un
impulso a la economía productiva, a la que creaba
empleo, a la industria, al comercio, a los servicios, a la
pequeña y mediana empresa, alejándonos así de un
modelo de economía especulativa y excesivamente
financiera (lo cual ha sido, creo yo, claramente positivo
y ha constituido una de las bases de crecimiento y
mejora de nuestra competitividad en Europa), ahora
desde nuestro grupo planteamos como absolutamente
necesario y prioritario afrontar un proceso a corto,
medio y largo plazo de apoyo a la inversión en investigación
y desarrollo tecnológico. Del éxito que tengamos
en esta prioridad va a depender una parte importante
de nuestro posicionamiento económico futuro en
la Europa del euro y en el contexto internacional.
Un último comentario sobre la internacionalización
de la economía. En un contexto de mayor crecimiento
de la demanda interna, como el que se ha producido
en 1998 y está previsto para 1999, el sector exterior volverá
a detraer puntos al crecimiento económico, un 1,3
por ciento en el próximo año. Cabe decir que ésta no
es una situación preocupante y que, en todo caso, este
cambio de tendencia no se debe a una pérdida de competitividad
exterior de la economía y de los productos
españoles, puesto que la balanza por cuenta corriente
mantiene un saldo positivo. Sin embargo, se deben
priorizar los procesos de exportación y de inversión en
el exterior para evitar el empeoramiento de las cuentas
del exterior.
En 1998 los presupuestos crearon tres fondos para el
fomento de las exportaciones ...
El señor PRESIDENTE: Señor Molins, concluya, por
favor.
El señor MOLINS I AMAT: Acabo ya, señor presidente.
Decía que los presupuestos crearon tres fondos para
el fomento de las exportaciones y la internacionalización
de las empresas españolas en general y de las
PYME en particular, lo que fue un hecho positivo. Los
presupuestos para el año 1999 contienen un incremento
de su dotación. Sin embargo, no se ha dictado todavía
el desarrollo reglamentario de los mismos, por lo
que la utilidad de estos fondos puede quedar mermada.
¿Para cuándo, señor vicepresidente, esa regulación?
Quisiera, obviamente, dedicar un recuerdo al secretario
de Estado de Economía que, por motivos de salud, no
está ya ocupando esa responsabilidad y con quien tuvimos
una muy buena colaboración. Quizá de su salud
pueda derivarse el problema que planteamos.
En 1998, y concluyo ya, señor presidente, ha finalizado
el proceso de convergencia de Maastricht. El próximo
1 de enero la peseta se integrará en el euro, con
todo lo que esta decisión conlleva de integración en un
mercado económico y con unas normativas de política
monetaria comunes. Finaliza una etapa y empieza otra
de no menor exigencia. Los esfuerzos efectuados en el
período de convergencia han dado sus frutos. Nuestra
economía es hoy mucho más competitiva de lo que lo
era en 1992, estamos más abiertos al exterior que antes
de iniciar el proceso, crecemos más y creamos más
empleo y, además, hemos avanzado en la consolidación
del Estado del bienestar. El balance ha sido positivo.
Ahora nos corresponde frenar nuestros propios
triunfalismos y afrontar un nuevo esfuerzo de saneamiento
y de reformas estructurales que han quedado a
medio hacer. He citado algunas de ellas: la Administración
pública, la potenciación del I+D, la de profundizar
en la creación de empleo parcial y de baja cualificación,
la priorización de la justicia, la creación de infraestructuras,
la internacionalización. Son temas muy
importantes y que muy a menudo en Europa funcionan
mejor. Los presupuestos para 1999 que el Gobierno
presenta para su aprobación, los primeros presupuestos
del euro, son un documento útil para alcanzar los
objetivos que tenemos fijados. Globalmente considerados
no tienen, a nuestro juicio, alternativa mejor, ni en
este debate nadie la ha presentado. De común acuerdo
intentaremos mejorarlos en su tramitación presupuestaria
y en la ejecución de su contenido tiene el Gobierno,
como siempre, su mayor compromiso, pero velaremos
por su estricto cumplimiento.
Por todo ello, señor presidente, señorías, nuestro
grupo parlamentario votará en contra de las enmiendas
de devolución presentadas y, en consecuencia, a favor
de los proyectos de ley presentados por el Gobierno.
Muchas gracias, señor presidente; muchas gracias,
señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Molins.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO
Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (De
Rato Figaredo): Muchas gracias, señor presidente.
Comparto el análisis que ha hecho el señor Molins,
como no podía ser de otra manera teniendo en cuenta
la colaboración que ha habido en los dos últimos años
y medio entre su grupo parlamentario y el Gobierno en
el diseño de la política económica, junto con los otros
grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno, pero
me gustaría enfatizar o subrayar algunas cuestiones que
ha planteado S.S.
Respecto al empleo, creo que tanto la prioridad del
Gobierno, como la de los grupos parlamentarios que le
apoyan, se manifiesta claramente en estos presupuestos,
como se manifiesta en la actitud de diálogo social
que en este momento tenemos.
Recordaba el señor Molins que en los presupuestos
del pasado año surgió el debate sobre el contrato a
tiempo parcial. Como ha podido comprobar el señor
Molins, ha sido una de las prioridades del Gobierno en
sus conversaciones con sindicatos y empresarios, y
espero que en muy próximas fechas podamos avanzar
sustancialmente en esa cuestión, que a nosotros nos
parece prioritaria y que englobamos no sólo dentro de
una reforma estructural, sino también dentro de una
respuesta a la crisis económica y a la competitividad
que el señor Molins mencionaba como una de las cuestiones
que tenemos que tener presente a medio y largo
plazo.
Es indudable que la evolución de los tipos de interés
tiene que ver mucho con la inversión, como también
tiene que ver la política presupuestaria al permitir a la
política monetaria un comportamiento cada vez más
neutral. Pero creo, señor Molins, que también -y estoy
convencido que estamos de acuerdo- el horizonte de
estabilidad es imprescindible para la inversión. El diseño
de una política económica no de espaldas a la realidad
económica de cada país y, en concreto en el nuestro,
como hemos demostrado en la política de
impuestos para las pequeñas y medianas empresas,
como hemos demostrado también en las políticas sectoriales
o en las políticas de internacionalización de la
empresa, son condiciones que vienen a unirse a un
entorno favorable a la capacidad de emprender de la
sociedad. No se trata de crear entornos favorables a
empresarios, a sindicatos, a trabajadores o a ahorradores
sino de hacer entornos favorables a lo que debe ser
una posición activa y una posición de creación y de
impulso por parte de los ciudadanos, que se manifiesta
en toda la política económica. Se manifiesta en la política
tributaria, se manifiesta en la lucha contra el fraude
fiscal o social y se manifiesta en los diseños de las políticas
sectoriales.
Sin duda, el sector exterior está jugando un papel
importante en lo que supone la nueva situación de la
economía española, que es hoy una de las más abiertas
de la Unión Europea. La suma de importaciones y
exportaciones representa en España niveles incluso
superiores a los de los países centrales europeos. Aunque
se va a producir un cambio estructural, porque
dentro de muy pocas fechas nuestras exportaciones a
la Unión Europea pasarán a serlo al mercado interior,
uno de los grandes desafíos de la nueva sociedad española
es aumentar nuestra presencia en otros mercados.
Por un lado, ahora podemos comprobar cómo la crisis
internacional nos afecta relativamente como consecuencia
de que en muchos mercados no estamos presentes,
pero hemos de ser conscientes de que esa
presencia es imprescindible en el corto y, desde luego,
en el medio y largo plazo, si queremos beneficiarnos
de la globalización económica. No sólo mercados como
Iberoamérica, sino como Asia, China, Japón o los del
este de Europa, son imprescindibles en una expansión
que desde el punto de vista del sector público va a
venir acompañada -ya viene acompañada por una
gestión cada vez más en consonancia con las empresas-
de las políticas comerciales que puede desarrollar
el sector público y, en concreto, el Gobierno de la
nación.
El señor Molins ha subrayado dos cuestiones del
año 1998 que me parecen muy relevantes: el IRPF y el
plan de empleo. También se ha avanzado en políticas
de liberalización de sectores, como el sector energético,
el de hidrocarburos, acuerdos para reducir aún mas
los costes eléctricos y aumentar la competencia, que
van a ser debatidas por los grupos parlamentarios. Creo
que haber convertido a la política presupuestaria en un
eje de estabilidad, acompañada de un inteso proceso
de liberalización de mercados, es una de las cuestiones
que marcará a esta legislatura de manera muy diferenciada
respecto a otras anteriores. Es una apuesta porque
la sociedad española tiene capacidad para resolver
sus problemas. En el fondo, una apuesta de confianza
por la sociedad española como la que hemos realizado
conjuntamente el Gobierno y los grupos parlamentarios
que le apoyan ha sido esencial en lo que supone la
transformación de nuestra economía, que se manifiesta,
por ejemplo, en que, por primera vez en una recuperación
económica tan intensa como la que tenemos en este
momento, el ritmo de nuestras exportaciones prácticametne
se mantiene inalterado. El hecho de que nuestras
exportaciones estén creciendo a ritmos de 10, 11 y 12
por ciento, en un comercio mundial que lo hace por
debajo del 4 por ciento, indica claramente lo que estoy
diciendo.
Una de las grandes reformas de esta legislatura es la
del IRPF, que ha venido acompañada de un proceso
gradual de reforma de todo nuestro sistema tributario
en impuestos tan importantes como el impuesto de
plusvalías, el impuesto de las pequeñas y medianas
empresas, la internacionalización de las empresas, y
consideraciones importantes también en las relaciones
entre los contribuyentes y la Administración tributaria,
como fue la aprobación del estatuto del contribuyente.
Todo eso configura una nueva filosofía y una nueva
legislación del marco tributario, que no está produciendo
los efectos negativos que se nos anunciaron de
reducción drástica de ingresos sino que, al contrario,
está produciendo mejoras sustanciales en la lucha contra
el fraude, como se demuestra en el incremento,
como he mencionado esta mañana, de los rendimientos
del trabajo en las pequeñas y medianas empresas a un
ritmo del 14 por ciento o el pago del IVA de las grandes
empresas a un ritmo del 13 por ciento.
Sin duda, el euro supone un cambio de escenario
para todos los países a partir de que nuestra moneda
pasa a ser una moneda que compartimos con once países
y que la política monetaria no sólo no va a ser independiente
sino igual para todos los países. Sabemos ya
que el Banco Central Europeo va a tener una política
monetaria mixta, que va a ser una combinación del
seguimiento de variables monetarias y también de otros
indicadores, pero hemos de ser conscientes de que el
tamaño de nuestra economía no es lo suficientemente
grande como para que vaya a determinar esas variables.
Por tanto, hemos de hacer un claro esfuerzo por
aumentar nuestros niveles de competitividad por el
lado del presupuesto, por el lado de la liberalización,
pero no sólo por el lado de las rentas sino también por
el lado de los costes y de los márgenes. Eso va acompañado,
como es natural, de los aumentos de competencia
que hemos sido capaces de desarrollar conjuntamente
en esta legislatura.
Comparto muchos de los objetivos de 1999 que ha
mencionado el señor Molins, aunque la desaparición
del diferencial de inflación me parece un objetivo muy
ambicioso. Hay otros diferenciales que hemos de tener
en cuenta, como el diferencial de crecimiento o el de
inversión pública. Por tanto, el hecho de que nuestra
economía se sitúe ya en la órbita de lo que el Banco
Central Europeo considera estabilidad de precios debe
ser un elemento que nos respalde en la política que
hemos mantenido hasta ahora de reducción de la inflación.
Indudablemente, en 1999 vamos a asistir a los primeros
efectos de una política monetaria única o común
para los países euro y la inflación española se va a
situar ya a una distancia muy pequeña de la media de
inflación eurpea. Tenemos que tender a la dirección de
acercar nuestros costes y nuestra inflación a la media
europea, pero también hemos de ser conscientes de
que va a haber evoluciones al alza en algunos países
centrales que en este momento tienen inflaciones extraordinariamente
pequeñas. Con eso, señor Molins, no
quiero decir que no debamos ir en esa dirección, sobre
todo que no debamos transmitir a la sociedad española,
cuando fija sus costes, sus márgenes y sus salarios,
que la inflación en España es ya un elemento de estabilidad,
por lo que podemos movernos en márgenes que
permitan, por un lado, el aumento de la convergencia
real, es decir el aumento del nivel de vida, por tanto el
aumento de las rentas que reciben los ciudadanos, y, al
mismo tiempo, la competitividad y la creación de
empleo. Creo que ese equilibrio en este momento se
mantiene y hemos de trabajar para que continúe así;
modernizaciones en el mercado laboral como las que
se están planteando, liberalizaciones de mercados y
aumento de la competencia nos van a ayudar en esa
dirección.
Es verdad que el de 1999 es un ejercicio diferente,
no sólo por el euro sino por las circunstancias internacionales,
y es verdad también que para 1999 existen en
este momento -y han sido motivo de debate a lo largo
de todo el día- predicciones sobre los efectos de la
crisis internacional. También es cierto que en este
momento -y lo he mencionado esta mañana- existen
elementos que corrigen algunas de las grandes preocupaciones
de los últimos meses: las nuevas medidas del
Gobierno japonés en cuanto a su crisis financiera, la
estabilidad cambiaria de Corea y de Tailandia, los
acuerdos del Fondo Monetario Internacional con Estados
Unidos y, a su vez, el paquete de ayuda a Brasil.
Todo ello son elementos o incógnitas que se están
resolviendo y faltan otras incógnitas por resolver. En
este momento no debemos pecar de optimistas, pero sí
podemos pensar que algunas de las cuestiones que han
venido condicionando la evolución de las expectativas
mundiales en los últimos doce meses comienzan a aclararse
en una dirección que, en cualquier caso, no podrá
evitar unos efectos indudables sobre el comercio internacional,
sobre la competitividad de las economías
emergentes y también sobre los propios mercados
financieros. En ese sentido, el Gobierno (en el esfuerzo
que el señor Molins ha subrayado de trabajar por el
mantenimiento de la expansión de nuestro ciclo económico)
cree que en estos presupuestos se contienen elementos
e instrumentos -no sólo la reforma del IRPF
sino otros que he mencionado- que nos permiten
apostar en esa dirección.
Nos dice el señor Molins que el presupuesto es austero,
pero menos que en ejercicios anteriores. Es cierto
que el presupuesto del Estado crece por debajo del 4
por ciento y ligeramente por encima el presupuesto de
las administraciones centrales, con un esfuerzo yo creo
que muy importante habida cuenta de la inercia de la
mayor parte de los gastos que contiene el presupuesto,
muchos de los cuales están indiciados al PIB nominal,
y en esos debates que me augura el señor Molins, de
futuro, muchas de estas cosas tendremos también que
hablarlas, no exclusivamente desde un punto de vista
financiero, sino desde un punto de vista de equilibrio.
En ese sentido sí quiero mencionar algo que me parece
muy importante -que esta mañana ha pasado más o
menos desapercibido porque el debate ha ido en otras
direcciones- y es el consenso de las administraciones
territoriales en llegar a acuerdos para la reducción del
déficit público. El hecho de que estemos a punto de
llegar a un acuerdo con todas las comunidades autónomas
para que en el horizonte del 2001 se llegue a un
equilibrio presupuestario a nivel de comunidades autónomas,
el hecho de que hayamos firmado un acuerdo
con todas las fuerzas políticas de la Federación Española
de Municipios y Provincias para tender también a un
equilibrio presupuestario -que ya se consigue en los
entes locales- indica un consenso, desde el punto de
vista institucional, que me parece muy importante
subrayar. Espero que una de las cuestiones que tenemos
pendientes, que es llegar a un pacto de estabilidad
interno o a un criterio de déficit excesivo entre las
administraciones territoriales, pueda ser finalmente
decidido por el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Sin duda que estos presupuestos son beligerantes
desde el punto de vista social, no sólo por el aumento
de las políticas sociales (que he mencionado que suponen,
con respecto al modelo presupuestario de 1995, 1
billón 600.000 millones de pesetas), sino, además,
desde el punto de vista del gran esfuerzo que estamos
haciendo en el saneamiento de la Seguridad Social y en
la separación de fuentes, así como en la mejora de
situaciones como las de pensiones de viudedad, que
claramente merecían el esfuerzo que se realiza.
Plantea el señor Molins una cuestión que me parece
de gran relevancia y es la evolución de la inflación prevista,
la inflación real y las pensiones. El año pasado, la
mejora del poder adquisitivo de las pensiones se aplicó
tal y como preveía la ley -ya que los condicionamientos
de la Ley de Seguridad Social no eran aplicables al
ejercicio de 1997- y este año se plantea un debate
similar, pero ya con la aplicación completa de la ley.
Estoy absolutamente de acuerdo con el señor Molins en
que ésta debe ser una decisión que se tome con el
mayor consenso posible, en que evitemos convertirla
en cualquier tipo de carrera de protagonismos. El
Gobierno, como ya ha manifestado el presidente del
Gobierno y quiero ratificarlo en este debate de presupuestos
-no he tenido ocasión de hacerlo hasta ahora,
pero lo hago ahora muy gustoso a requerimiento del
señor Molins- considera que la propuesta de que los
grupos parlamentarios consensúen una fórmula de consolidación
de los beneficios de los pensionistas como
consecuencia de la inflación es positiva y nuestro
grupo parlamentario respaldará la propuesta que acaba
de hacer el portavoz de Convergència i Unió.
Respecto a la utilización de las políticas activas, que
también ha sido un elemento de su intervención y parte
del debate de esta mañana, el Gobierno sigue considerando
imprescindible apostar por el aumento de las
políticas activas frente a las pasivas. En ese sentido, no
sólo respondemos al modelo que se ha configurado en
las cumbres europeas sobre el empleo, sino al que la
sociedad occidental está convencida en este momento
que puede crear mayores posibilidades de empleo y
también al de que los ciudadanos estén en condiciones
de ser empleados. En ese sentido, los esfuerzos de formación
y de modificación del peso de las cotizaciones
sociales de manera selectiva forman parte de una serie
de instrumentos a los que tienen que acompañar la
modernización de nuestro mercado laboral.
Entre los condicionantes que me plantea el señor
Molins, sin duda el más importante es el primero. Nosotros
estamos en un ciclo económico que desde el punto
de vista de los fundamentos de la política española y
europea -porque ya no se puede hablar de los fundamentos
de la política española, sino de los fundamentos
de la política europea- son muy positivos, probablemente
los más positivos que han existido en los
últimos años. La zona euro está en este momento con
crecimientos positivos y con un margen de crecimiento
todavía muy alto desde el punto de vista de los potenciales
de crecimiento de muchas de las economías,
especialmente de las más importantes, que son a su vez
nuestros mejores clientes, lo que es también significativo
en la expansión de nuestras exportaciones. Estamos
creciendo -y ahora me desvío un poco del tema-
al 10, al 11 y al 12 por ciento en exportaciones con
nuestros principales mercados, que todavía no están
mostrando la expansión que pueden llegar a dar.Volviendo
al tema central, la zona euro tiene los niveles
de inflación históricos más bajos de los últimos años, y
además de manera coordinada. Al mismo tiempo el
nivel de déficit público se sitúa en el conjunto de la
zona euro en niveles extraordinariamente reducidos, en
cualquier caso alrededor del 2 por ciento del producto
interior bruto, y todos los países estamos inmersos en
políticas crecientes liberalizadoras de mercados. A eso
hay que añadir los efectos indudablemente dinamizadores
que sobre el mercado único va a tener el euro y
la existencia de una única moneda así como los efectos
estabilizadores ante crisis internacionales que ya ha
tenido el euro incluso antes de su nacimiento.Todo eso
apunta en una dirección positiva de crecimiento económico.
Lo que ya es distinto es que nuestro entorno, el
de los países emergentes y de los países asiáticos, nos
condiciona. En ese sentido, creo que no sólo debemos
contemplar las medidas internas, sino que también
debemos apostar por que la presencia de los países
euro y su actuación en las instituciones financieras
internacionales contribuya a eliminar los riesgos que
aún quedan de la crisis internacional, el más importante
de los cuales -no sólo en mi opinión sino en la de
los responsables económicos europeos- es sin duda
una crisis de liquidez en los mercados emergentes;
sobre eso existen iniciativas de otros países, aparte de
las nuestras, que creo que pueden ser beneficiosas para
reducir la duración y los efectos de la crisis.
El señor Molins plantea que el motor de crecimiento
en estos momentos es la demanda interna y es indudable
que, si nuestra economía quiere mejorar los niveles
de convergencia real, nuestros déficits por cuenta
corriente deben mantenerse en niveles moderados,
pero seguramente no tiene demasiado sentido que la
economía española exporte grandes cantidades de
capital. Tiene más sentido que nos encontremos en una
zona moderada de déficits por cuenta corriente, teniendo
presente que además, con los efectos de la balanza
de capital, todavía en el año 1999 mantendremos una
situación excedentaria de financiación internacional, lo
cual quiere decir que aún tenemos margen para financiar
nuestra inversión. Sin duda, la competitividad de
las empresas y la presencia internacional de las empresas
es un elemento esencial. En ese sentido, espero que
antes de que finalice el año podamos resolver el problema
al que se refería el señor Molins respecto al
reglamento de los fondos que fueron aprobados el año
pasado.
En cuanto a las reformas necesarias que plantea el
señor Molins sobre el tiempo parcial, espero que podamos
tener noticias en el plazo en que sea posible el
consenso, y que no debe ser largo.
Desde el punto de vista de las mejoras en justicia, la
puesta en marcha de los juzgados de lo contenciosoadministrativo
es un elemento positivo, como lo es también
el anuncio, que creo que se cumplirá en muy
breve plazo, del envío a la Cámara de la Ley de enjuiciamiento
civil.
Con respecto a la ley concursal, compartimos la preocupación
del señor Molins y su insistencia y espero
queseamos capaces de satisfacer esa petición en el más
breve tiempo posible.
En lo que se refiere a la financiación de las comunidades
autónomas, no comparto, aunque lo respeto, la
creencia de que el sistema de financiación de comunidades
autónomas va a resolverse por un debate sobre
saldos fiscales, lo cual no quiere decir que el mandato
de la Cámara no exista. El mandato de la Cámara existe,
pero quiero recordar que nunca lo hemos votado.
Por cierto, otros que plantean un debate contrario a
esto sí lo han votado, lo cual impide saber exactamente
qué es lo que se quiere; no es el caso del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió). Sin embargo,
en este momento hay un mandato: que el Consejo de
Política Fiscal y Financiera encargue al Gobierno ese
estudio y uno de los problemas que hay en dicho consejo,
como es indudable, es fijar los criterios de ese
estudio. Como el señor Molins sabe, esos criterios son
tan importantes o más que las consecuencias del estudio
porque de ellos se derivan las consecuencias. En
cualquier caso, el Gobierno ha planteado a las comunidades
autónomas que se fijen esos criterios para poder
contribuir a ese debate.
En cuanto a las infraestructuras, señor Molins, su crecimiento
en cierto año en una determinada zona no
puede considerarse ni un privilegio ni una persecución;
debemos huir de ese debate. Hubiera sido imposible
en el año 1992, si hubiéramos tenido ese tipo de planteamiento,
cualquier política a medio plazo, como
puede ser el AVE Madrid-Barcelona-la frontera -aunque
sobre la entrada o no y la distancia de cómo entre
el tren en Barcelona no me atrevo a pronunciarme;
alguna vez cierta persona amiga que conozco bien me
ha dado opiniones sobre esa cuestión, pero lo dejo al
criterio de los técnicos-. En cualquier caso, sería ridículo
pensar que esa obra beneficia simplemente a las
comunidades autónomas en las que está instalado, no
sólo desde el punto de vista de la inversión. Voy a
poner un ejemplo que no es sobre España. Cuando se
debate sobre los fondos de cohesión europeos descubrimos
que en muchas de las obras que se financian
con ellos sus adjudicatarios son países que no reciben
fondos de cohesión. Lo mismo sucede con las obras
públicas que se realizan en nuestro país. En ese sentido,
la inversión pública debe de realizarse con criterios
de integración regional y con criterios económicos de
dinamización y no como un reparto entre comunidades
autónomas. En esa línea, entiendo que, aunque desde
el punto de vista de una comunidad autónoma el debate
sobre el ferrocarril, las autovías o las autopistas de
peaje tiene todo el sentido, desde el de una política
económica a medio plazo lo que lo tiene sentido es
hablar de lo que seamos capaces de hacer en unos
cuantos años en diversos territorios de la nación.
Por lo que se refiere a la investigación y desarrollo,
estoy convencido de que su grupo parlamentario tendrá
ocasión de comprobar lo que ha afirmado, porque
el esfuerzo que se hace por parte del sector público en
este momento está ya redundado en el aumento de
nuestras posibilidades de investigación y desarrollo que
además, como he subrayado esta mañana, para el
Gobierno suponen una prioridad que ha sido configurada
dentro de la organización del Gobierno en una
dependencia directa del presidente del Gobierno.
He contestado a la mayor parte de las cuestiones.
Simplemente me gustaría mencionar dos más sobre la
ejecución del presupuesto. La primera es -ha salido a
lo largo del debate varias veces- sobre las modificaciones
presupuestarias. Vuelvo a insistir en una idea
que tiene racionalidad. El Gobierno en el año 1998 ha
tenido un amplio margen presupuestario y lo ha utilizado
en una reducción muy intensa del déficit público
que puede ser incluso inferior a finales de año al 1,7
para el Estado, y por tanto al 2,1 para el conjunto de
las administraciones públicas. Sin embargo, también
hemos hecho políticas para anticipar déficits de ejercicios
posteriores: la política de devoluciones que supone
mejorar los ingresos en el año 1999 en 150.000
millones, que hemos aplicado en el año 1998, y la política
de canje de deuda de 210.000 millones. Ésas son
políticas que aunque incrementan los gastos de 1998
son decisiones que no son recurrentes ni obligatorias
por parte del Gobierno.Esta mañana se decía por un
portavoz que ya se suponía que las decisiones no son
recurrentes. No siempre se puede suponer eso, porque
el que un Gobierno se vea obligado a gastar más de lo
previsto, porque sus presupuestos no respondían a la
realidad, es muy distinto a que un Gobierno voluntariamente
decida anticipar devoluciones o canjes de deuda,
que es la situación en la que nos encontramos.
Por último, como el señor Molins no me lo ha planteado
este año pero sí otros, le hablaré del capítulo II,
porque era algo que esperaba que saliera en este debate;
sin embargo, como pasa casi siempre en los debates,
es lo único que no ha salido, y aprovecho para
comentarlo. La evolución del capítulo II es muy importante,
restrictiva, en los últimos años. En el presupuesto
de 1999 su crecimiento por encima del 1,8 se explica
exclusivamente por razones absolutamente coyunturales,
como son los procesos electorales, que suponen un
incremento de casi 3,7 puntos en el crecimiento del
capítulo, la profesionalización de las Fuerzas Armadas
y los nuevos juzgados. En ese sentido, creo que los
esfuerzos que el Gobierno ha hecho por reducir el
incremento del gasto corriente son sustancialmente
importantes a lo largo de estos tres años.
Quiero agradecer, señor Molins, su intervención, sus
aportaciones y subrayar, una vez más, que la propuesta
de S.S. sobre el tratamiento del poder adquisitivo de las
pensiones en 1998 tiene todo nuestro respaldo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.
Señor Molins.
El señor MOLINS I AMAT: Muchas gracias, señor presidente.
No tema que, aunque ocupe la tribuna, voy a
intentar ser muy breve, consciente de que me he excedido
en el tiempo en mi intervención anterior, y por
tanto, daré paso enseguida a próximas intervenciones.
Señor ministro, muchas gracias por la respuesta que
me ha proporcionado; creo que no podría ser de otra
manera después de las muchas horas que hemos discutido
a lo largo de estos dos años y medio la política
económica a aplicar. Hemos contribuido, como usted
reconocía desde esta tribuna, al propio diseño de la
política económica, a las grandes variables de la política
económica. Es bien cierto, ciertísimo, que la mejor
manera de hacer crecer el empleo es con una política
económica acertada, de control de déficit, de los tipos
de interés, de la disminución de la presión fiscal, como
la que hemos venido aplicando. Por tanto, vaya nuestro
acuerdo con la que de hecho ya he mencionado en mi
primera intervención.
Le agradezco, señor ministro, su respuesta respecto
a la consolidación hacia el futuro de la mejora en las
pensiones. Creo que debemos esta aportación a unas
pensiones que a todos -estoy seguro que usted sería
el primero- nos gustaría que pudieran ser más altas;
por tanto, ya que las cosas nos han ido bien, creemos
que el primero que tiene derecho a ser receptor de esa
mejora por encima de lo previsto son las clases pasivas,
como siempre, las que con menor disposición personal
pueden acometer una mejora que, insisto, creo que
entre todos les debemos. Tomo buena nota y se lo
agradezco, señor vicepresidente.
Gracias también por el compromiso que toma respecto
al desarrollo de los tres fondos de internacionalización
y la reforma en los términos en los que yo se lo
he planteado de las leyes concursales de la Administración
de Justicia en general.
Para acabar haré dos brevísimas referencias a los dos
últimos temas que me interesa remarcar. Le agradezco
también la referencia al capítulo II; tiene usted toda la
razón: había formado parte siempre de mi discurso, y
esta vez, probablemente porque está funcionando
bien...; tampoco es que quiera que usted no presuma
de las cosas que hace bien, que ya sabe que no me
importa mencionarlo, en absoluto, y soy el primero en
remarcarlo cuando interesa.
Dos cosas, señor vicepresidente. En el tema de la
financiación de las comunidades autónomas, yo no he
dicho que sea fundamental para la revisión del sistema
el conocimiento de los saldos fiscales; no lo he dicho
nunca, y tampoco hoy desde esta tribuna; he mencionado
que es útil para que no se hagan demagogias.
Como tenemos la experiencia, que ya es larga, por cierto,
de que la demagogia está siempre a flor de piel en
temas como éstos y siempre utilizada en la misma
dirección, creo que es imprescindible en este momento
de la película disponer de ese cálculo, incluso aunque
usted y su grupo no lo hayan votado, porque la Cámara
lo ha decidido y a usted le obliga lo que vota la
Cámara, no sólo lo que vota su grupo parlamentario,
dicho sea con todos mis respetos. Por tanto, quiero
insistirle en que ese estudio debe acometerlo el Gobierno
porque, aunque no es imprescindible, es de una
gran utilidad.
Respecto a las infraestructuras estoy muy de acuerdo,
señor vicepresidente, en que no se puede medir la
bondad de la inversión del Estado en términos de porcentajes
de inversión en una determinada comunidad
autónoma, sobre todo, en un año concreto. Pero convendrá
conmigo en que, cuando en 18 años la serie
persiste en una inversión muy baja, quizá empieza a
ser razonable el planteamiento; éste es el caso, como
usted conoce bien, de Cataluña. Estoy de acuerdo en
esa idea y es absolutamente lógico lo que plantea el
señor vicepresidente; lo que ocurre es que en este
momento existe en Cataluña un cuello de botella para
el desarrollo conjunto del Estado en unas determinadas
infraestructuras, porque no se ha hecho antes. Ha tenido
su momento la ampliación del aeropuerto de Madrid
y ahora le toca al de Barcelona. Se han hecho inversiones
importantísimas en otros aeropuertos, también en
lo que afecta a la terminal aeroportuaria del aeropuerto
de Barcelona. Sabemos que tenemos un cuello de botella,
que no es sólo de Barcelona, de Cataluña, sino del
conjunto del Estado, y por eso hay que acometerlo. No
es baladí que se haga en 1999 o que se espere a más
adelante; como no es baladí que el tren de alta velocidad
llegue a la frontera en el año 2004 o en el 2006. Es
difícil de aceptar que el Estado, cuando no disponíamos
todavía de fondos de cohesión, fuera capaz de
invertir en 500 kilómetros de tren de alta velocidad
Madrid-Sevilla en tres años y que ahora tardemos más
de 10 para hacer Madrid-frontera, que son 800 kilómetros
aproximadamente. Estoy seguro de que lo podemos
hacer, porque, además, disponemos de fondos de
cohesión. Insisto en que no es baladí que llegue en el
2004 o en el 2006, porque el tren de alta velocidad,
como ya he dicho aquí alguna vez, no es sólo para que
las personas viajemos más rápidamente, sino que en el
caso español es también para que no se produzca la
fractura de cargas, porque el ancho de vía europeo distinto
significa fronteras. En el caso de las mercancías,
que no son transportadas prácticamente por ferrocarril
por culpa de ese rompimiento de cargas en frontera, se
debe beneficiar el conjunto del Estado. En eso estoy
absolutamente de acuerdo con usted. Le ruego -y esto
deseo decírselo pese a que no es su competencia directa,
aunque sí indirecta como responsable que es de
todo el Gobierno- que insista en estas pequeñas
inversiones, que no son importantes en volumen, que
tienen dotación presupuestaria y que sólo la ineficiencia
en la gestión hace que no se realicen, como las de
rieras del Maresme, Cervelló y Vallirana; insisto en que
tienen dotación presupuestaria. Me parece que no es
bueno que esto ocurra; es una mala distribución de la
eficiencia de los recursos económicos de los que disponemos.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Molins.
Por el Grupo Nacionalista Vasco, tiene la palabra el
señor Zabalía Lezamiz.
El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, los Presupuestos Generales del Estado para
1999 que ha elaborado el Gobierno vienen a establecer
unos objetivos con los que, en principio, no podemos
disentir: consolidación fiscal a través de la contención
del gasto público; consolidación del crecimiento económico
con creación de empleo; fuerte aumento de las
inversiones públicas, sobre todo, en infraestructuras,
investigación y desarrollo; mantenimiento del gasto
social (sanidad, educación, pensiones). Como digo,
difícilmente puede alguien no estar de acuerdo con
estos objetivos, salvo en lo referente a la tasa de paro
prevista, del 17,4 por ciento en 1999, que confirma una
senda descendente de punto y medio al año, insuficiente
a todas luces. Otra cuestión es la cuantificación de
las magnitudes macroeconómicas que lo sustentan y el
que las medidas contempladas sean adecuadas para
conseguir estos objetivos. El crecimiento económico
medido en porcentaje del producto interior bruto está
siendo revisado por el Gobierno a lo largo de este año
situándolo, según las últimas estimaciones que aparecen
en los presupuestos, en el 3,8 por ciento del producto
interior bruto, aspecto que contempla un efecto
prácticamente nulo de las crisis internacionales en la
economía española para este año.
A lo largo de estos meses, desde que se empezó a
conocer las dificultades del sistema financiero japonés,
el Gobierno ha pretendido minimizar el impacto de la
crisis en la economía española en base su solidez; no
voy a pretender entrar hoy en un debate sobre la solidez
de la economía española. Sí creo que debemos
dejarnos de ciertos triunfalismos y de autocomplacencias
en un campo como es el económico, en el que la
interrelación y la globalización de la economía influyen
de tal forma que hasta las más sólidas quedan afectadas
en momentos determinados. Quién iba a poner en
duda la solidez de la economía japonesa hace todavía
no mucho tiempo y, sin embargo, todos sabemos cómo
está en estos momentos su sistema financiero. Esto
lleva a mi grupo parlamentario a pensar que quizá
puede ser excesivamente optimista la cuantificación del
impacto de la crisis en la economía, y no lo decimos
sólo nosotros, sino organismos como la OCDE o el
Fondo Monetario Internacional. El propio gobernador
del Banco de España ha alertado sobre el efecto de la
incertidumbre de la crisis financiera internacional, lo
que puede provocar una cierta recesión en el consumo
privado y la inversión. En fechas recientes la Comisión
Europea ha ajustado a la baja, 0,6 puntos, el crecimiento
económico de la Unión Europea, fijándolo en el 2,4
por ciento del producto interior bruto.
Con respecto a la inflación hay que tener en cuenta
que la tasa media anual del área euro se sitúa en torno
al 1,5 por ciento, por debajo de la media española. Se
ha mejorado el control de la inflación, pero también lo
han hecho los demás, de forma que la brecha entre la
nuestra y la de los demás países de la Unión Europea
se va abriendo. En cualquier caso, habrá que esperar a
la evolución de la crisis económica y financiera para
prever el impacto que puede producir en el panorama
inflacionista de la economía española.
Analizando el presupuesto de ingresos tributarios, la
novedad normativa más destacable es, sin lugar a
dudas, la entrada en vigor de la nueva regulación del
impuesto sobre la renta, y es precisamente en las cifras
relativas a este impuesto donde aparecen más dudas.
En la previsión de cierre para 1998 se observa que el
impuesto sobre la renta de las personas físicas no va a
cubrir la cifra presupuestaria; la ejecución presupuestaria
será del orden del 96 por ciento, lo que supone que
van a recaudarse 208.000 millones menos de lo que
consta en el presupuesto. Por tanto, se pecó de optimismo
al presupuestar en 1998, y para 1999 se está
cometiendo el mismo error. La marcha de la recaudación
a lo largo de 1998 da base para pensar que el próximo
año, una vez soportado el costo de la reforma del
impuesto, no se podrá incrementar la recaudación en
un 2,8 por ciento, tal y como figura en los presupuestos.
Así las cosas, al cierre de este año se va a recaudar
por el impuesto sobre la renta en torno a 5,3 por ciento
más que en el ejercicio anterior. Si bien hay dudas
sobre la evolución de la economía para el próximo año,
parece evidente en todo caso que 1999 va a ser peor
económicamente que el excelente ejercicio de este año;
esto quiere decir que, en el mejor de los casos, en 1999
la recaudación por el impuesto sobre la renta pudiera
incrementarse en términos homogéneos -esto es,
suponiendo que no entrase en vigor la nueva normativa-
en un 5,3 por ciento, y con esa tasa las cuentas a
nosotros por lo menos no nos cuadran.
Desde el Ministerio se ha valorado el costo de la
reforma del impuesto sobre la renta en 400.000 millones,
lo que nos llevaría a la necesidad de un incremento
homogéneo en el presupuesto del 10,7 por ciento,
para quedarse en un 2,8 con la aplicación del nuevo
IRPF. Pero es que además el costo estimado desde la
Hacienda estatal pudiera estar infravalorado; así lo han
puesto de manifiesto por lo menos algunas instituciones
financieras, como por ejemplo el Banco Bilbao Vizcaya,
Argentaria, que sitúan en el orden de 750.000
millones el precio que hay que pagar por la entrada en
vigor del nuevo impuesto sobre la renta.
En resumen, no nos cuadran las cuentas del IRPF
para 1999 y no estaría de más que desde Hacienda se
desglosase presupuestariamente los apartados que
componen el impuesto, extremos que venimos pidiendo
año tras año y que no encuentran respuesta positiva.
En cuanto al impuesto sobre sociedades, no es de
extrañar que se prevea un ligero decremento en su
recaudación, decremento que puede ser aún mayor,
habida cuenta que la recaudación con la que previsiblemente
se va a cerrar el ejercicio actual va a ser muy
elevado. Llama la atención, por otra parte, que en los
impuestos especiales se prevea un incremento del
cinco por ciento que, siendo razonable, supone la
mitad de la tasa prevista para el impuesto sobre el valor
añadido, cuando en ambos casos la recaudación está
muy ligada a la marcha de la actividad económica. En
el impuesto sobre el valor añadido no se prevé ningún
cambio normativo, mientras que en los impuestos especiales
desde el comienzo del año va a actualizarse con
una subida del 1,8 por ciento, y en este caso en el
impuesto que grava los hidrocarburos, siendo probable
que el resto experimente alguna subida de tipos a lo
largo del ejercicio, tal y como viene sucediendo en los
últimos años.
Finalmente, en la recaudación por IVA se ha presupuestado
para 1999 un incremento del 9,6 por ciento
sobre la previsión de cierre de 1998, tasa ligeramente
superior a la prevista en el bienio 97-98. Al igual que
sucede en el impuesto sobre la renta, también aquí -me
refiero al IVA- se peca de optimismo. Muchos analistas
prevén una ralentización en el consumo privado por
impacto de la crisis, que de hecho ya está suavizando su
crecimiento respecto a los primeros meses de 1998. El
notable incremento de la economía española para el
próximo año estará basado más en la inversión que en
el consumo privado. En definitiva, se quiere reducir el
déficit público sin tocar el núcleo del gasto (sanidad,
pensiones, educación, empleo), garantizando el nivel
de inversiones públicas. La única salida es inflar las
partidas presupuestarias de los impuestos de mayor
entidad recaudatoria: el impuesto sobre la renta, que
en 1998, como digo, no va a cumplir su presupuesto, y
el impuesto sobre el valor añadido, cuya recaudación,
a falta de cambios normativos, se queda a expensas del
devenir económico.
Quizás lo que más le preocupa a mi grupo parlamentario
con respecto a la política de ingresos tributarios
es la situación de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. Los problemas internos que han
aflorado a la opinión pública, y que por los datos que
tenemos están fundamentados, confirman nuestra teoría
de que es necesario revisar el modelo. No se están
dando las condiciones que necesita una hacienda ágil,
transparente y rigurosa, una hacienda que esté al servicio
del contribuyente, una hacienda que gestione los
recursos con eficacia, una hacienda preparada convenientemente
para combatir el fraude fiscal. En este sentido,
creo que no deben prevalecer intereses partidistas
de los grupos parlamentarios. Es necesario colaborar
con propuestas constructivas para solucionar los problemas,
si existen, de un departamento que es quizá la
pieza fundamental del entramado administrativo. El
Gobierno no puede permitirse el lujo de dejar de ingresar
una peseta por problemas organizativos. Es necesario
que ponga los medios materiales necesarios, que
proponga las reformas legislativas adecuadas y que
reestructure a fondo la propia Agencia. Contará con
nuestro apoyo, pero la toma de decisiones es urgente
porque cada día que pasa la situación se va deteriorando
más. El número de contribuyentes a inspeccionar
disminuye, se producen retrasos en los procedimientos
de inspección, en definitiva, se corre el peligro de dejar
de ingresar mucho dinero en las arcas públicas. Esto,
unido a que en muchas ocasiones el Gobierno incurre
en extralimitaciones legales, a través de disposiciones
de desarrollo legislativo en materia tributaria, que perjudican
al contribuyente y aumenta la litigiosidad ante
los tribunales, refuerza nuestra teoría de que es necesario
por parte del Gobierno profundizar en la mejora de
la organización y la gestión de la administración tributaria.
En cuanto al déficit público, según los datos que nos
ofrecen respecto a 1998, nos indican que el objetivo de
recaudación del déficit del producto interior bruto va a
mejorar 0,4 puntos sobre el inicialmente esperado del 2
por ciento, situándose éste en el 1,6. Es una buena noticia
que, sin embargo, no resulta tan optimista a la vista
de los siguientes hechos. Este resultado va a ser posible
por la positiva evolución de los ingresos, sin que se
haya producido la esperada contención del gasto. El
incremento de ingresos se ha originado mayoritariamente
por los resultados de las diversas operaciones
extraordinarias, mientras que se observa que en conjunto
los ingresos tributarios se han ajustado a las previsiones
iniciales.
A partir de este análisis, la afirmación del Gobierno
de que el presupuesto del año 1999 afianza la política
de consolidación fiscal, enmarcándose dentro de un
objeto a medio plazo, al lograr el equilibrio financiero
de acuerdo con el Pacto de estabilidad y crecimiento,
nos parece que debe ser matizada. El objetivo de déficit
público para 1999 significa prácticamente repetir el
resultado esperado para este año. Yo no pretendo que el
Gobierno pueda hacer en estos momentos un presupuesto
como lo ha hecho la Comunidad Autónoma del
País Vasco, donde el déficit público lo hemos establecido
en el cero por ciento para 1999, pero sí creo que
debe hacer un esfuerzo mayor que el que está haciendo.
El presupuesto de ingresos para 1999 prevé un
estancamiento de los ingresos en el nivel alcanzado al
cierre de 1998, con un avance de los ingresos tributarios
del 4,5 por ciento, que permite enjugar las reducciones
del resto, y ello nos lleva a un avance del 2,8 en
la recaudación. Ante la disminución de ingresos por
privatizaciones, que cada año son menos, lógicamente,
y otras operaciones extraordinarias, el cumplimiento de
ingresos dependerá cada vez más de la evolución claramente
optimista del crecimiento económico. ¿Y qué
pasa por el lado del gasto? Pues si exceptuamos los
ligados a la deuda, se registra un crecimiento sin que
se observe la necesaria racionalización de los gastos
corrientes, que permitiría incrementar de forma sustancial
el peso de la inversión pública, la cual sigue sin
absorber ni el 10 por ciento de los gastos no financieros
del Estado. Por todo ello, creemos que, una vez
conseguidos los compromisos de convergencia nominal,
el Estado no está haciendo el necesario esfuerzo a
favor de lograr una convergencia real con los países
europeos mediante un mayor compromiso con la inversión.
Creemos, además, que más allá de plantear un
incremento de las cifras que para inversiones se recogen
en este proyecto de presupuestos, es necesario
establecer compromisos claros con el desarrollo futuro,
sobre la base de que cualquier incremento de los ingresos
por encima de lo previsto en el presupuesto se destine
automáticamente a proyectos de inversión.
Dentro de este capítulo del presupuesto de gastos,
desde mi grupo parlamentario queremos hacer los
siguientes comentarios. Partimos de un presupuesto inicial
de gasto no financiero para 1999 de 18,8 billones
de pesetas, frente a los 18,1 de 1998. Sin embargo, las
modificaciones de crédito para este año, según los
datos que tenemos de la IGAE, al 31 de agosto, han
ascendido a 527.835 millones de pesetas, y este es el
problema, la constante desviación presupuestaria a lo
largo de todas las partidas. Además, al margen de los
gastos de deuda pública, la sanidad y consumo es la
partida más importante, un 20 por ciento del total, con
un crecimiento del 9,3 por ciento, y que comprende
prácticamente en su totalidad las transferencias al Insalud,
4 billones de pesetas. Es indudable que el gasto
sanitario es uno de los caballos de batalla del gasto
público. La sanidad pública es un gasto estructural que,
de no controlarlo, producirá en el futuro desequilibrios
financieros con incidencia en el déficit público. A pesar
de los intentos de este Parlamento, el sistema sanitario
sigue un proceso de crecimiento cada vez más preocupante.
Un buen sistema sanitario es uno de los elementos
fundamentales en el mantenimiento del Estado del
bienestar, desde luego que sí. Por eso es imprescindible
asegurar el futuro equilibrio financiero del sistema,
y esto pasa por definir claramente las decisiones que
debe dar al ciudadano la sociedad, dentro de las posibilidades
que permite la economía de un país. Hay que
ajustarse a las posibilidades. No hay más que observar
la evolución del incremento anual de esta partida presupuestaria
en los últimos años: de los 3 billones
en 1996, hemos pasado a 4 billones en 1998, un billón
de incremento en dos años. Es fácil incrementar el
gasto sanitario, es muy difícil recortarlo o reducirlo. Por
eso se hace absolutamente necesario planificar el
mayor consenso posible para el sistema y su financiación.
Los gastos de defensa es otro de los capítulos que
más aumenta, con ocasión del proyecto de profesionalización
de las Fuerzas Armadas. Según algunos -lo
hemos oído también esta mañana-, este incremento
no recoge algunas partidas desviadas de los presupuestos
en investigación y desarrollo que el ministro de
Economía hoy ha aclarado, o por lo menos ha dado sus
razones. No voy a entrar en ese aspecto, porque de los
gastos de defensa no me preocupa su contenido. En
cualquier caso, lo más llamativo no es precisamente la
partida presupuestaria, sino el fin, como señala el libro
rojo de presupuestos para 1998 publicado por la Secretaría
de Estado de Presupuestos y Gastos. La Constitución
española -dice en su introducción- establece en
su artículo 8 que las Fuerzas Armadas tienen como
misión garantizar la soberanía e independencia de
España, defender la integridad territorial y el ordenamiento
constitucional. Poner esto en la introducción de
una partida de presupuestos llama la atención, por lo
menos. Ahora, yo no sé si el ir perdiendo soberanía e
independencia dentro del proyecto de Unión Europea
podrá afectar a la reducción del presupuesto de defensa.
Yo creo que sería bueno y, además, nos permitiría
destinar esos excedentes a la inversión y creación de
empleo.
Algo parecido pasa con el presupuesto del departamento
de Interior, que incrementa su dotación en un 7,5
por ciento respecto a 1998. No sabemos cuánto corresponde
a fondos reservados, por aquello de que son
reservados, pero parece lógico pensar que, ante un
panorama distinto, sin lucha antiterrorista, será necesario
destinar menos fondos a este capítulo -creemos
nosotros-, pudiendo aplicar este ahorro a la inversión
pública y a la creación de empleo.
No quisiera terminar, señor ministro de Economía y
Hacienda, sin hacer una referencia a la Seguridad
Social. Por fin, para este ejercicio de 1999 se cumple
una de las recomendaciones del Pacto de Toledo, cual
es la separación de las fuentes de financiación del sistema
de protección social: Seguridad Social e Instituto
Nacional de Empleo. Un presupuesto inicial de 13,6
billones de pesetas, el 36,8 por ciento del presupuesto
de gastos totales, soportado por cotizaciones de empresas
y trabajadores y por la transferencia para la financiación
del Insalud, mientras que los gastos están acaparados
por las pensiones contributivas y la asistencia
sanitaria. Sin embargo, a pesar de las medidas recogidas
por la Ley de consolidación y racionalización del
sistema de la Seguridad Social, a pesar del avance en
otras medidas sobre la lucha contra el fraude -fundamentalmente
en incapacidad laboral-, el camino por
recorrer es muy largo si se quiere cumplir con todas las
propuestas del Pacto de Toledo, sobre todo en la parte
relacionada con la gestión.
La reforma de la gestión basada en las transferencias
a las comunidades autónomas es fundamental. Con esta
descentralización del sistema de la Seguridad Social
creo que se lograría una mejor distribución de las responsabilidades.
En el caso de la Comunidad Autónoma
del País Vasco, la total transferencia del Inem y de la
Seguridad Social mejoraría sustancialmente el equilibrio
financiero del sistema y, en cualquier caso, no haría
más que cumplir con el desarrollo del Estatuto de Guernica,
que está ahí absolutamente paralizado.
Termino, señor presidente, señor ministro de Economía,
con dos reflexiones: la primera, que estos Presupuestos
Generales del Estado para 1999 siguen, como
de costumbre, elaborándose en base a presupuestos
iniciales -presupuesto inicial de 1998-, sin hacer un
análisis de los resultados previstos del cierre del año,
que, si bien forman parte de la documentación que nos
ha entregado, no son la base para la elaboración del
presupuesto del próximo ejercicio. Se aportan como
dato de referencia, pero no se tienen en cuenta, a la
hora de elaborar el presupuesto y analizar las desviaciones,
en gran parte previsibles, del ejercicio en curso.
Lo hemos dicho en infinidad de ocasiones y no nos
cansamos de repetirlo.
Reconociendo la importancia de la elaboración de
un presupuesto, que constituye el principal instrumento
de política económica del Gobierno, debemos dedicar
más atención a su cumplimiento, por el Parlamento
pero también por el Gobierno -y antes por el Gobierno-.
Hay que analizar sus desviaciones e introducir
mayor rigor en su ejecución, tanto en el nivel de la propia
ejecución como en la elaboración de las cuentas
públicas del Estado y de sus organismos e instituciones
y empresas públicas. Por cierto, aprovecho la ocasión
para denunciar la excesiva utilización del crédito extraordinario
a través de reales decretos-ley, una práctica
que de extraordinaria no tiene nada. Se están disfrazando
los presupuestos con ampliaciones y suplementos
de créditos, derechos reconocidos y liquidaciones, en
definitiva, con prácticas poco ortodoxas.
Por otro lado, ninguna institución o empresa privada
hubiese aprobado los estados financieros de las cuentas
del Estado en los últimos años, hasta el ejercicio de
1995, ninguna. Las salvedades puestas de manifiesto en
los informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas
son fruto del incumplimiento de normas reguladoras,
irregularidades, falta de aplicación de principios contables
y falta de cumplimiento de objetivos, a los que hay
que añadir actuaciones que en algunos casos han obligado
a dar traslado de los hechos a la Fiscalía General
del Estado, y un largo etcétera. Todo ello nos motiva a
ser críticos ante esta situación. Hasta ahora -y me
refiero al ejercicio de 1995- la responsabilidad era del
Gobierno socialista. Ya lo sé. Me puede decir: todo lo
que me está diciendo no me corresponde a mí. Efectivamente,
no le corresponde a usted porque estamos
hablando de 1995 como último ejercicio fiscalizado,
pero sí va a ser responsabilidad de este Gobierno a partir
de 1996. Esa es competencia de ustedes. Espero que
la situación cambie, porque si no cambia seguiremos
denunciándolo y exigiendo las reformas legislativas
necesarias aún pendientes: la ley general presupuestaria,
la ley de contratos con las administraciones públicas,
que ya está en marcha, pero que todavía está ahí
paralizada, la ley de la función pública...
El señor PRESIDENTE: Señor Zabalía, vaya concluyendo,
por favor.
El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Termino enseguida,
señor presidente.
No estaría de más revisar las normas reguladoras de
la Intervención General de la Administración del Estado
y del Tribunal de Cuentas. No estaría de más revisar
esas normas.
Señorías, señor ministro, no nos gustan estos presupuestos.
No hemos presentado enmienda a la totalidad
pero no nos gustan. No se ajustan suficientemente a la
situación económica en el marco internacional, no profundizan
en la convergencia real con Europa, fundamentalmente
con el empleo. No consiguen la consolidación
fiscal necesaria para abordar con éxito el Plan
de estabilidad y crecimiento en la unión monetaria, y
desde luego no distribuyen equitativamente la inversión
pública regionalizada. No estamos de acuerdo con
eso. Mucho tendrán que mejorar estos presupuestos si
quiere contar con nuestro apoyo.
Además le voy a decir otra cosa: ustedes no han
cumplido con la segunda parte del acuerdo de investidura,
condición importante para que nosotros les podamos
dar apoyo parlamentario. No lo han cumplido y
eso lo tenemos que decir. No me diga que eso no entra
dentro de lo que es la política económica, porque sí
entra; es donde está englobada la Ley de Presupuestos
Generales del Estado.
También le tengo que decir más cosas: después de la
última campaña electoral ha quedado establecido por
su parte que no somos socios; por allí han pasado
todos los ministros. ¿Nos van a decir ustedes, después
de lo que han dicho allí, que vamos a ser socios? No
nos llamen socios. No me pidan ahora que apoye los
presupuestos. Esto lo tengo que dejar claro. Por tanto,
espero que al final podamos en los debates parlamentarios,
al margen de estas consideraciones, establecer
algunas modificaciones a estos presupuestos que desde
luego son mejorables. Pero tengan en cuenta esto: si
quieren nuestro apoyo van a tener que ganárselo, y
desde luego tendrán que cumplir con la segunda parte
del acuerdo de investidura.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zabalía.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO
Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (De
Rato Figaredo): Gracias, señor presidente. Gracias,
señor Zabalía.
Quiero decirle sobre un tema que ha salido a lo largo
de todo el debate, y no me extraña, que es el efecto
nulo de la crisis, que no puedo estar de acuerdo con
S.S.; no es que nosotros no consideremos que el efecto
de la crisis no se produce, pero yo me pregunto cuál
sería la reacción de su grupo parlamentario o de los
demás si nosotros nos presentáramos en esta Cámara
diciendo que la crisis va a tener más efecto del que nos
ha dicho el Fondo Monetario Internacional o la Comisión
Europea. No tendría demasiado sentido. Pero
sobre todo hemos de tener en cuenta cuál es en este
momento la expansión de la economía española en
terrenos tan importantes como la inversión en bienes
de equipo y sobre todo el crecimiento de la inversión
en construcción, cuál es el vigor con el que se están
manteniendo nuestras exportaciones y cuáles son en
este momento las reducciones de diferenciales que se
están produciendo, por ejemplo, en inflación y en déficit
público.
Por tanto, no existe ningún triunfalismo. Estamos
ante una crisis internacional que nos va a afectar por el
comercio de manera moderada, desde el punto de vista
directo, y de manera menos moderada, desde el punto
de vista indirecto, y también en una crisis financiera
internacional cuyos efectos sobre nuestra economía
hasta ahora no se han sentido, pero que pueden sentirse
si esa crisis no es atajada en términos de solventar
los problemas de contagio en las economías emergentes.
Pero no creo que en estos momentos haya ningún
responsable económico de Europa, y mucho menos del
euro-11, que pueda manifestar precisiones mucho más
allá de lo que está sucediendo, y sin duda se están produciendo
noticias en este momento -como he mencionado
en intervenciones anteriores- que pueden
indicarnos que algunos de los problemas que nos han
afectado pueden estar en vías de solución.
El efecto de la incertidumbre sobre el consumo privado,
el efecto de la reducción de los tipos de interés
más allá de lo que podíamos haber pensado que era
creíble hace muy pocas semanas, o el juego de los efectos
que tenga, por ejemplo, la reforma del IRPF, como
los efectos que tiene el coste de las materias primas,
entre ellas, significativamente, el precio del crudo, son
factores que juegan a favor y en contra de las expectativas
en estos momentos, como lo es también el crecimiento
del empleo y la consolidación de los empleos
en nuestra economía.
Decir que el presupuesto no apuesta suficientemente
por el empleo es una afirmación que siempre puede
hacerse, pero que indudablemente no se compadece
con la realidad de los empleos que se están creando y
con el ritmo de creación de empleo de la economía
española, que ha pasado de ser de las menos eficientes
de Europa en creación de empleo a ser capaz de crear
empleo a un ritmo tres veces superior al de la media
europea.
Existe un diferencial de inflación. Indudablemente,
señoría, existe un diferencial de inflación, señor Zabalía,
pero existe un diferencial de crecimiento. Pensemos
que nuestra economía está creciendo muy por
encima de economías que tienen una inflación del 1
por ciento. En ese sentido, debemos preocuparnos por
reducir ese diferencial y el Gobierno lo hace; la prueba
es que, como ha podido comprobar S.S., ya en la inflación
de septiembre nuestro diferencial se está reduciendo
y creemos que los efectos de las medidas liberalizadoras
y de la propia evolución del gasto público nos
van a permitir que esa reducción se consolide hasta el
punto de que yo ya he anunciado en nombre del
Gobierno que nuestro objetivo de inflación para 1998
es el 1,9. Por tanto, estamos ya en unas zonas que se
consideran por el propio Banco Central Europeo como
estabilidad de precios.
Su señoría ha hecho alusión al presupuesto de ingresos
y me parece importante. Pero quisiera reiterarle que
la diferencia entre previsión y recaudación en el año 1998
tiene una explicación a la que he hecho mención en
varias ocasiones y que quisiera ahora reiterar. Se ha
hecho un importante esfuerzo en devoluciones: casi
100.000 millones de pesetas de esfuerzo en devoluciones.
A 28 de septiembre se había realizado un 55 por
ciento más de devoluciones referidas a contribuyentes
y un 100 por cien más en cantidades dinerarias. Además,
la bajada de tipos de interés ha tenido también
una repercusión en la evolución del impuesto.
Desde el punto de vista de la evolución del resto de
los impuestos, creo que es satisfactoria y me sorprende
que S.S. por un lado considere que la evolución de los
ingresos no es satisfactoria, por otro lado diga que la
reducción del déficit público se debe a la evolución de
los ingresos, que S.S. sabe que no pueden ser los que
provienen de privatizaciones porque no se aplican al
déficit público, y que por otro lado S.S. me diga que no
le parece conveniente el funcionamiento de la Agencia
Tributaria, porque todo ello no se puede compadecer.
El hecho de que en estos momentos la recaudación por
IVA esté creciendo en grandes empresas al 13 por ciento
o la recaudación de retenciones del trabajo esté creciendo
en las Pyme al 14 por ciento, sin duda tiene que
ver con la gestión de la Agencia Tributaria, como tiene
que ver el hecho de que el fraude tributario detectado
se haya incrementado en un 50 por ciento en el año en
cuestión. Sin duda que la Agencia Tributaria debe ser
objeto de constante reflexión y toma de medidas por
parte del Gobierno, y el Gobierno ya ha anunciado
algunas importantes para 1999, como es la puesta en
práctica de una nueva oficina centralizada de lucha
contra el fraude. Pero también tengo que decir que en
la nueva filosofía tributaria que presidía el estatuto del
contribuyente las relaciones con los contribuyentes
están orientadas no sólo a la represión del fraude sino
a la mejora del cumplimiento fiscal mediante el apoyo
y la asistencia al contribuyente. Y en ese sentido, las
medidas que se han tomado, que no voy a detallar pero
que conoce S.S. por las comparecencias del secretario
de Estado, creo que son muy importantes y demuestran
una nueva eficiencia y mentalidad de la Agencia Tributaria.
Un conflicto corporativo -que yo no voy a negar, ni
mucho menos a considerar no importante-, que está
en vía de negociación y que afecta a 353 personas de
un colectivo de 2.000, no puede considerarse como una
muestra de falta de eficiencia cuando los datos de
recaudación, los datos de lucha contra el fraude o los
datos de servicio al contribuyente indican todo lo contrario.
Además, S.S. me plantea que la evolución del déficit
público en el año 1999 no es satisfactoria. Un déficit
público de las administraciones centrales de 1,4 y del
Estado del 1,3 me parece que es un déficit público sustancialmente
importante. Su señoría hace una reflexión,
y es considerar cuál es nuestro déficit estructural para
saber si estamos en condiciones de cumplir el Pacto de
Estabilidad, y S.S. podrá comprobar que estamos muy
cerca de unas condiciones de cumplimiento del Pacto
de Estabilidad en cualquier modificación que se produzca
en la coyuntura económica. Por lo tanto, no
coincido con S.S. en que la reducción del déficit público
no sea considerable, aunque siempre es posible,
indudablemente, avanzar en una dirección más intensa,
y sigue considerándose por parte del Gobierno, como
he dicho, la reducción del déficit público un elemento
sustancial de nuestra política económica.
Se han reducido los gastos de la deuda, sin duda, y
eso es parte de la política del Gobierno. Pretender que
la reducción de los tipos de interés no ha sido consecuencia
de la política presupuestaria del Gobierno es
ignorar que se pueden reducir los tipos de interés cuando
la política monetaria puede jugar un papel distinto
desde el punto de vista de la estabilidad.
Con respecto a las modificaciones, quisiera reiterarle
a S.S. lo que he dicho a lo largo de todo el debate: dos
tercios de las modificaciones se refieren a decisiones
del Gobierno, desde el punto de vista de política de
canje de deuda, que creo que no es criticable (pero en
cualquier caso estoy dispuesto a escuchar las críticas,
como no podía ser de otra manera), créditos extraordinarios
y suplementos de crédito para aumentar la inversión
pública en el año 1998, que nos ha parecido conveniente
y que pienso que es un elemento dinamizador
de la economía; el remanente del Fondo de Compensación
Interterritorial, que no ha sido ejecutado en ejercicios
anteriores, que se incorpora a 1998 por mandato
legal y que supone 78.000 millones, y las ampliaciones
de crédito que han generado las comarcas mineras. A
partir de ahí, nos encontramos con que eso supone dos
tercios de las modificaciones de crédito.
Pero si S.S. analiza la evolución de las desviaciones
en obligaciones reconocidas sobre créditos iniciales,
que me parece una medida razonable, podrá comprobar
cómo en gastos de personal estamos en una modificación
negativa, es decir, hay menos obligaciones
reconocidas en el capítulo 1, de créditos iniciales; en
gastos de bienes y servicios hay un incremento importante,
que se refiere a las decisiones que acabo de mencionar;
en gastos financieros, que también se refiere a
las decisiones que acabo de mencionar, hay una desviación
del 5,3 y en transferencias corrientes del 1,4.
Por lo tanto, no estamos ante una situación que pueda
explicarse en términos de que se están consolidando
tensiones de gasto que puedan comprometer ejercicios
posteriores. Muy al contrario: como he puesto de manifiesto
esta mañana, la propia evolución de la inflación,
que afecta al 45 por ciento del gasto público, nos va a
permitir nuevos márgenes presupuestarios, como nos
lo va a permitir que se puedan incorporar totalmente a
la financiación de la deuda los nuevos escenarios de
tipos de interés cuando todavía tenemos un promedio
de coste de la deuda del 8 por ciento.
Su señoría plantea, con mucha razón, la necesidad de
controlar el gasto sanitario. Creo que el propio modelo
de financiación de la sanidad que nosotros hemos incorporado
-en el que existen acuerdos con las comunidades
autónomas para reducir las listas de espera, para
reducir la expansión del gasto en incapacidad temporal
y además la política de genéricos aplicada por este
Gobierno por primera vez en nuestra historia sanitaria y
que va a duplicar el número de referencias genéricas en
el año 1999- es un camino positivo en lo que debe ser
el control del gasto sanitario.
Con respecto a los gastos en defensa, yo quisiera
destacar a S.S. que la política de defensa no se fija en
el seno de la Unión Europea, sino de la OTAN. En ese
sentido, en gastos de defensa todavía nos encontramos
muy por debajo de la media de nuestros socios de la
OTAN, pero lo que me parece más importante es que
estamos dirigiendo los gastos de defensa en una dirección
que ha sido ampliamente respaldada por este
Cámara, que es la profesionalización de las Fuerzas
Armadas. En este sentido, creo que los beneficios sociales,
económicos y políticos son suficientemente respaldados
por toda la Cámara.
En cuanto a los gastos de Interior, yo estoy convencido
de que todos los responsables de la política de
Interior, tanto a nivel autonómico como nacional, tendrán
en cuenta la diferente evolución que se produzca
en cuestiones de seguridad, pero también estoy convencido
de que hay una creciente demanda por parte
de la sociedad que no está sólo relacionada con el
terrorismo, ni en una determinada comunidad autónoma
ni en el conjunto de España, como es el caso de la
mejora de las condiciones de seguridad ciudadana. Y
existen en estos presupuestos inversiones muy importantes
para mejorar la seguridad ciudadana, por un
montante (si no me falla la memoria) de 5.000 millones
de pesetas.
Coincido con S.S. en la importancia de la separación
de fuentes. En cuanto a los créditos extraordinarios en
las reflexiones que ha planteado al final, el Gobierno,
en la Ley de disciplina presupuestaria, establecía la
obligación, ya de este Gobierno, de tener que acceder
a la Cámara para las modificaciones de crédito: suplementos
y ampliaciones de crédito. Creo que esta es una
buena filosofía, señor Zabalía, porque permite que el
Parlamento conozca en tiempo real las decisiones presupuestarias
de un Gobierno y así podamos evitar sorpresas
sobre situaciones de agujeros presupuestarios
que se han producido con demasiada frecuencia en
nuestra pasada historia. Coincido con S.S. -y lo he
anunciado esta mañana- en la urgencia de una ley
general presupuestaria, que espero esté remitida a las
Cámaras a principios del próximo período de sesiones,
y espero que se remita en breve plazo, y sé que su
grupo parlamentario ha tenido contactos con el Gobierno
sobre el tema, una ley de contratos.
En cuanto a las reflexiones finales que ha hecho el
señor Zabalía, que es muy dueño de hacerlas desde el
punto de vista político, en lo único que puedo insistir
es en que las relaciones entre su grupo parlamentario y
el Gobierno, desde el pacto de investidura hasta la
fecha, han producido efectos muy positivos, que estoy
convencido de que se van a poder seguir produciendo,
que la política económica que su grupo parlamentario
ha respaldado, junto con otros grupos parlamentarios,
ha producido efectos de un cambio sustancial en la realidad
económica española y que afecta a todas las
comunidades autónomas y, por tanto, el Gobierno está
en disposición de exhibir un grado de cumplimiento de
los acuerdos y una voluntad de continuar con los mismos
creo que muy positivos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepresidente.
Señor Zabalía.
El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, podríamos estar toda la noche discutiendo
sobre cuál va a ser el crecimiento económico
para el año 1999. Indudablemente, usted tiene que
defender sus tesis, lógicamente, pero es que, quitando
las tesis del Gobierno, el resto de la Comunidad Europea,
el resto de los países, están revisando a la baja y,
como usted ha hecho referencia, la Comisión Europea
ha revisado a la baja 0,6 puntos. Podríamos entrar en
una discusión sobre si la previsión de crecimiento de la
economía española tiene que ser el 3,8, el 3,2 o el 3,5,
y eso quizá no nos llevaría demasiado lejos pero, indudablemente,
no es lo mismo un presupuesto donde el
pilar fundamental y primero es la previsión de crecimiento,
porque a través de él se desarrolla el resto de
las partidas presupuestarias. No es lo mismo, aunque
parezca que es poca diferencia, el presupuestar un 3,8
por ciento de crecimiento que presupuestar un 3,2 o
un 3,5, porque eso obliga, entre otras cosas, a contener
el gasto, eso obliga a prever menores ingresos, se trastoca
todo el presupuesto y esa es la importancia de una
previsión. En esa importancia de la previsión, lógicamente,
podríamos estar discutiendo si en el año 1999 al
final la economía española va a crecer un 3,8, un 3,5 o
un 3,2. Pero yo creo que en una situación como esta lo
que tenía que hacer el Gobierno es precisamente establecer
un presupuesto que sea restrictivo, porque si se
confunde y se crece más, siempre será mejor que si se
confunde creciendo menos, porque los desequilibrios
presupuestarios van a ser muy fuertes en el segundo
caso. Esto lo están haciendo todos los países y es lo
único que les estamos diciendo, pero esto lo hemos
dicho desde que empezamos a prever que la crisis
financiera en Japón iba a tener consecuencias, y en las
comparecencias de aquí lo hemos dicho permanentemente
a usted, al secretario de Estado de Economía y a
todos los secretarios de Estado que han venido: ojo con
esto. Ojalá no ocurra, ojalá no crezcamos al 3,8 y ojalá
crezcamos al 4 por ciento, porque todos estamos deseando
crecer más; pero también hay que ser conscientes
de la realidad. Eso es lo único que nosotros decimos en
estos momentos. Cuidado con esas previsiones, porque
a través de esas previsiones estamos haciendo un presupuesto
de ingresos y estamos comprometiendo unos
gastos, y al final puede ocurrir que existan desequilibrios.
Desde luego el déficit público se está conteniendo,
lógicamente porque también se contiene en todos
los países -es lo que yo le decía-, porque se está
basando la reducción del déficit público en el crecimiento
de la economía, pero ojo con el déficit público
estructural. No estamos utilizando la contención del
gasto para cuando no haya crecimientos económicos
como los que hay. Para los momentos en que haya crisis
económica o que se crezca menos, el 2 por ciento o
el 1 por ciento, tiene que estar preparada la economía,
tienen que estar preparadas las estructuras económicas
para poder hacer frente a una situación como ésa. Hay
que aprovechar en estos momentos de crecimiento, y
estimamos que no se está haciendo.
Me habla usted de que la situación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria es un problema
que está controlado. Me alegro. No comparto lo que ha
dicho. Lógicamente me dice que es un problema de 350
personas sobre 2.000, ¿pero qué 350 personas? Usted
sabe perfectamente el tema; por tanto ese problema
preocupa y hay que arreglarlo, porque lo quiera o no
en una organización, en cualquier empresa donde existe
un problema de este tipo, tiene consecuencias directas
en la marcha de esa empresa, y en este caso tiene
consecuencias directas en la marcha de los resultados
de la agencia. Los resultados de la agencia son ingresar
más o ingresar menos tributos, controlar más o controlar
menos el fraude. Si eso marcha bien los resultados
serán buenos, y si marcha mal serán malos resultados.
Ése es el problema.
Por supuesto, ya le he dicho lo que opinaba sobre
los gastos de Defensa y de Interior y no era tanto el
tema de cómo se ha establecido el presupuesto, sino
de algunos conceptos que aparecen ahí y que por lo
menos son llamativos.
Los créditos extraordinarios efectivamente los traen
a la Cámara, pero muchos y casi todos los días, y desde
luego hay muchos créditos extraordinarios que se
conocen antes de hacer el presupuesto. Hay partidas
comprometidas que se sabe que van a tener que pagarse
y tendrían que figurar en los presupuestos y no a
través de créditos extraordinarios. Eso es lo que hay
que hacer. Tenemos que hacer un presupuesto realista
y si en el momento de elaborarlo conocemos los compromisos
del Gobierno y las responsabilidades que
tiene, los tenemos que incorporar como unos compromisos
de deuda, no dejarlos al margen y traerlos como
créditos extraordinarios que al final están desfigurando
el propio presupuesto.
Hay una cuestión que no me ha contestado, quizás
porque es un tema relacionado con el Ministerio de
Trabajo, pero que sí es importante. Se trata de la situación
de la Seguridad Social no en cuanto a que pueda
o no pueda haber desequilibrios que pongan en cuestión
el sistema en el futuro, no, es que el Pacto de Toledo
del que tanto estamos hablando, desde que existió
se ha desarrollado muy poco y desde luego el desarrollo
que ha tenido hasta ahora no ha sido en profundidad
-no se está haciendo lo que allí se está diciendo-,
y hay una parte muy importante en el Pacto de
Toledo como es la gestión de la Seguridad Social que
no se ha tocado. Esto es importante y por eso se lo he
puesto de manifiesto, porque desde luego dentro de
eso está lo que yo le he dicho al final, que usted me ha
contestado como siempre pero no me ha dicho nada: la
transferencia de la Seguridad Social y del Inem. No me
diga que el Gobierno está en posición de llegar a
acuerdos, no me diga eso porque no me sirve, pues me
lo ha dicho muchas veces. Es un tema importante que
tiene incidencia en la Seguridad Social y la Seguridad
Social es una partida muy importante de los presupuestos;
por eso tiene relación. Además le voy a decir otra
cosa: seguro que el día que eso se lleve a efecto va a
ser muy importante para el sistema y el equilibrio de la
Seguridad Social del Estado porque ahí hay compromisos,
otras administraciones se van a involucrar en el sistema,
y es importante que se involucren las administraciones
en la gestión del sistema de la Seguridad Social.
Creo que más o menos he respondido a parte de lo
que usted me ha dicho, y en general no me queda más
que decirle. Por supuesto, las restantes cuestiones han
quedado ahí, ustedes las han oído y espero que hayan
tomado nota.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zabalía.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO
Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (De
Rato Figaredo): Gracias, señor presidente; gracias,
señor Zabalía, voy a intervenir muy brevemente.
Tiene razón el señor Zabalía en que podríamos estar
aquí nosotros dos y los restantes diputados discutiendo
sobre los efectos de la crisis internacional, y si fuéramos
capaces de dar una cifra exacta de los efectos que
va a tener sobre las economías europeas deberíamos
no sólo hacer un debate aquí sino salir a los cuatro
vientos a contarlo.
Únicamente puedo decirle una vez más, señor Zabalía,
que la previsión de los efectos sobre la economía
española en una décima coincide con todas las previsiones.
El señor Zabalía dice que debería de ser más,
¿por qué? Todo el mundo prevé que nos va a afectar en
una décima y eso es lo que nosotros estamos estableciendo.
Además, el margen de maniobra existe también en
nuestras previsiones de ingresos, que son muy moderadas
desde el punto de vista de la evolución económica,
y los márgenes con que nos hemos dotado en el presupuesto
para 1998, por ejemplo en el tema de las devoluciones,
el de canje de deuda, o medidas que hemos
tomado a lo largo de este año han beneficiado a ejercicios
futuros.
Desde el punto de vista de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria, únicamente puedo decir que
con todos los respetos -y no voy a entrar en el fondo
del debate porque creo que no es ésta la cuestión- los
resultados de la agencia tanto en términos de lucha
contra el fraude como en términos de modernización y
de servicio al contribuyente, de puesta en práctica del
Estatuto del contribuyente, de gestión de las devoluciones,
tanto de personas físicas como de personas jurídicas,
y de nuevas fórmulas de definición de la lucha
contra el fraude, especialmente en paraísos fiscales y
en operaciones societarias, demuestran la eficiencia
que está teniendo en estos momentos.
Con eso no quiero decir que en un colectivo que no
es el de la agencia, que es de decenas de miles de personas,
que en un colectivo de 2.000 existan 300 personas
que tienen diferencias (no entro a juzgar en este
momento y tienen todos mis respetos), es un grupo con
el que no estamos llegando en este momento a acuerdos,
aunque sí estamos en negociación, afecta, pero no
veo los efectos sobre los resultados. Conste que el
Gobierno es el más interesado en que esa solución se
produzca, por tanto tampoco estoy diciendo que no
estemos poniendo todo nuestro esfuerzo en esa dirección,
pero creo que no afecta al conjunto del funcionamiento.
En cuanto a la Seguridad Social quiero poner de
relieve que el Pacto de Toledo se está cumpliendo en
términos de separación de fuentes, pero también en
términos de lucha contra el fraude. Se han producido
200.000 millones como efecto de la lucha contra el fraude
en el año 1998, y tenemos prevista una cantidad
similar para el año 1999.
En cuanto a la competencia de las políticas activas,
S.S. conoce perfectamente la disposición del Gobierno
a negociar la transferencia de políticas activas y espero
que podamos llegar a un acuerdo sobre ese tema.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.
Concluido el turno del Grupo Nacionalista Vasco y
de acuerdo con la Junta de Portavoces que estableció
no se comenzaría ningún debate más allá de las ocho
de la tarde, vamos a suspender la sesión hasta mañana
a las diez de la mañana.
Se suspende la sesión.
Eran las ocho y cuarenta minutos de la noche.