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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 185, de 06/10/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 1998 VI Legislatura Núm. 185
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA
MARTÍNEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 179
celebrada el martes, 6 de octubre de 1998
Página
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley de
Comunidades Autónomas:
- Del Parlamento de Canarias, sobre modificación del
Régimen de Titularidad y Gestión de la Televisión
Autonómica. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B,
número 108-1, de 24 de junio
de 1997 (número de expediente 125/000012) (Página 9898)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre
consideración a efectos de prórroga para el Servicio
Militar Obligatorio y la Prestación Social Sustitutoria,
tener el interesado un contrato de formación o
de prácticas o de cualquier modalidad de contratación
temporal. «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie B, número 201-1, de 25 de mayo de 1998 (número de
expediente 122/000177) (Página 9907)
Proposiciones no de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
relativa a las relaciones entre distribuidores y
vendedores de prensa. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, número 322, de 28 de septiembre
de 1998 (número de expediente 162/000273) (Página 9913)
- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre
actualización de la Orden Ministerial de 22 de abril de
1972, por la que se aprueban las normas reguladoras de
los vendedores profesionales de prensa.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, número 245,
de 24 de febrero de 1998 (número
de expediente 162/000210) (Página 9913)
Página
- Del Grupo Socialista del Congreso, relativa al
contenido de un programa estratégico relativo a
suelos públicos.«BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, número 175, de 17 de septiembre
de 1997 (número de expediente 162/000160) (Página 9919)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre política
general en materia hidráulica (número de
expediente 173/000102) (Página 9926)
- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre redistribución
territorial del coste de los peajes actuales
en todo el Estado (número de expediente 173/000103)
(Página 9931)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida,
sobre medidas que piensa adoptar el
Gobierno para que, hasta tanto se ultiman los trámites
para el Registro de la RU-486, se garantice
que en el conjunto de las Comunidades Autónomas, dicho
medicamento está disponible para
uso exclusivamente hospitalario y para su utilización
en interrupciones voluntarias del embarazo
previstos en el Código Penal, así como para el
tratamiento de otras patologías para las cuales
su administración está indicada (número de expediente
173/000104) (Página 9938)
S U M A R I O
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la
tarde
Página
Toma en consideración de proposiciones
de ley de comunidades autónomas (Página 9898)
Página
Del Parlamento de Canarias, sobre modificación
del régimen de titularidad y
gestión de la televisión autonómica (Página 9898)
En defensa de la proposición de ley del Parlamento de
Canarias, sobre modificación del régimen de titularidad
y gestión de la televisión autonómica intervienen
la señora Déniz de León, del Grupo Parlamentario
Mixto; y los señores Sánchez-Simón Muñoz,
del Grupo Parlamentario Popular, y Belda Quintana,
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria,
todos ellos diputados del Parlamento de Canarias.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores
Alcaraz Ramos, del Grupo Parlamentario Mixto;
Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria; González de Txabarri Miranda, del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Recoder i
Miralles, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió); Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida; Martinón
Cejas, del Grupo Socialista del Congreso, y la señora
Mato Adrover, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la
proposición de ley del Parlamento de Canarias, sobre
modificación del régimen de titularidad y gestión de
la televisión autonómica, se aprueba por 165 votos a
favor, 138 en contra y dos abstenciones.
Página
Toma en consideración de proposiciones
de ley (Página 9907)
Página
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre
consideración a efectos de prórroga
para el servicio militar obligatorio y la
prestación social sustitutoria, tener el
interesado un contrato de formación o
de prácticas o de cualquier modalidad
de contratación temporal (Página 9907)
Presenta la proposición de ley del Grupo Socialista del
Congreso, el señor Caballero Serrano. Manifiesta que
lo hacen atendiendo las demandas de las organizaciones
sociales, sindicales y juveniles, preocupadas por la
situación a la que se enfrentan los jóvenes cuando disponiendo
de un contrato temporal son llamados a
cumplir con la obligación del servicio militar o de la
prestación social sustitutoria, situación que se produce
como consecuencia de una legislación aplicada en un
sentido muy restrictivo. Aclara que se trata de la posibilidad
de aplazar la incorporación no de eximir de la
obligación. Resalta el escaso número de jóvenes en
situación de prórroga de tercera clase para consolidar
un puesto de trabajo tanto en relación con el servicio
militar obligatorio como con la prestación social sustitutoria,
en comparación con el número de jóvenes que
se benefician de las prórrogas de otro tipo. Explica la
dificultad que supone para los jóvenes que tienen un
contrato temporal presentar la documentación en la
que se refleje que en el futuro ese joven puede consolidar
su puesto de trabajo en el empresa. Pone de relieve
el hecho de que si fuera relativamente sencillo que los
empresarios acreditaran a un joven que se encuentra
con un contrato temporal que está consolidado en su
puesto de trabajo, no existirían tan sólo 37 jóvenes en
la situación de prórroga de tercera clase entre los más
de 800.000 que obtuvieron otro tipo de prórroga. El
Grupo Socialista considera que es el momento adecuado
para aprobar esta proposición de ley debido a la
desaparición del servicio militar en no muchos años, a
la incorporación progresiva de soldados profesionales
y, sobre todo, al excedente de cupo que se está generando.
Añade que, sin distorsionar el proceso de transición
actual hacia el ejército profesional, se puede
favorecer a los jóvenes que tienen el deber y el derecho
a trabajar. Por todo ello solicita, en nombre de su
grupo, el apoyo de la Cámara a la toma en consideración
de su proposición de ley.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor
Alcaraz Ramos, la señora Lasagabaster Olazábal y
el señor Vázquez Vázquez (don Guillerme), del
Grupo Parlamentario Mixto; el señor Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria; la señora Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV); y los señores Campuzano
i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió); Meyer Pleite, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, y Fernández
de Mesa Díaz del Río, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Socialista del Congreso,
se aprueba por 295 votos a favor y una abstención.
Página
Proposiciones no de ley (Página 9913)
Página
Del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, relativa a las relaciones
entre distribuidores y vendedores de
prensa (Página 9913)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre
actualización de la Orden Ministerial
de 22 de abril de 1972, por la que se
aprueban las normas reguladoras de
los vendedores profesionales de prensa
(Página 9913)
En nombre del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, presenta la proposición no de ley el señor
Gómez Darmendrail. Agradece en primer lugar la
colaboración de los grupos parlamentarios y espera
que el texto que presenta su grupo sirva como punto
de encuentro de una mayoría parlamentaria suficiente.
A continuación expone que el Partido Popular
insta al Gobierno a que realice un estudio sobre
las relaciones comerciales entre distribuidores y vendedores
de prensa que clarifique la situación normativa
actual, basándose en los desajustes y conflictos
que existen en el sector. Asimismo explica el
actual marco normativo, que se agrupa en dos tipos
diferenciados: ordenanzas municipales, que se ocupan
de las características técnicas, urbanísticas y
demás requisitos de funcionamiento de los quioscos
de prensa, y la Orden ministerial de 22 de abril de
1972, reguladora de las relaciones entre los editores,
distribuidores y vendedores del sector, orden ministerial
sobre la que centra su atención.
Después de identificar las facetas más relevantes del
problema, confía en encontrar una solución que
pueda ser aceptada por todos, teniendo en cuenta,
por un lado, la obsolescencia e inaplicabilidad de la
orden ministerial de 1972; por otro, el carácter especial
del producto a distribuir, como es la prensa diaria,
y por último, la vigencia del principio de libertad
de empresa que inspira nuestro ordenamiento jurídico.
Termina su intervención exponiendo su postura
en relación con la proposición no de ley presentada
por el Grupo Socialista sobre el mismo particular y
con las enmiendas propuestas por otros grupos.
En defensa de la proposición no de ley del Grupo Socialista
del Congreso y de la enmienda presentada a la
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, interviene la señora Varela Vázquez.
En primer lugar hace un breve análisis histórico
de la prensa escrita, que hoy se conoce como
medio de comunicación de masas, y de su distribución,
pasando a explicar los problemas que plantea
la Orden ministerial de 2 de abril de 1972, que aunque
puede considerarse derogada por la aprobación
posterior de la Constitución y por el informe emitido
por la Dirección General de Trabajo de 20 de junio
de 1978, que la considera nula, sigue siendo utilizada
a falta de una normativa clara que regule las
relaciones entre distribuidores y vendedores de prensa.
Termina su intervención poniendo de relieve el
hecho de que su proposición no de ley fue presentada
bastantes meses antes que la del Grupo Parlamentario
Popular, y anuncia la aceptación por parte de su
grupo de la enmienda transaccional presentada por
el Grupo Parlamentario Popular.
En defensa de las enmiendas presentadas a la proposición
no de ley del Grupo Socialista del Congreso,
intervienen los señores Campuzano i Canadès, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario
Mixto.
En turno de fijación de posiciones interviene la señora
Aramburu del Río, del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida.
Página
Del Grupo Socialista del Congreso, relativa
al contenido de un programa estratégico
relativo a suelos públicos (Página 9919)
Defiende la proposición no de ley la señora Narbona
Ruiz, del Grupo Socialista del Congreso. Manifiesta
que el motivo que les lleva a presentarla es la falta de
resultados satisfactorios en la política de vivienda y
suelo llevada a cabo por el Gobierno, política que
descansaba, de acuerdo con los compromisos asumidos
en la presente legislatura, en un proceso de liberalización
del mercado del suelo y en la elaboración
de un nuevo plan de vivienda. Expone que el contenido
de la proposición no de ley ya fue presentado
en el último debate del estado de la nación, pero no
consiguió el voto favorable de la Cámara en aquella
ocasión, por lo que vuelven a plantearlo. Su preocupación
viene motivada por la escasez de viviendas
protegidas en alquiler para los jóvenes y por su convicción
de que los suelos de titularidad pública estatal
deben ser utilizados de forma preferente para
finalidades de carácter público. Termina su intervención
mostrando su confianza en que se valore
positivamente su iniciativa y se llegue a un acuerdo
razonable entre todos los grupos parlamentarios.
En defensa de las enmiendas presentadas a la proposición
no de ley, intervienen los señores Recoder i
Miralles, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), y Fernández Sánchez, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores
Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo
Parlamentario Mixto, y Ortiz González, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas,
interviene la señora Narbona Ruiz.
Sometida a votación, en primer lugar, la enmienda
transaccional propuesta por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso a las dos primeras proposiciones
no de ley relativas a distribuidores y vendedores
de prensa, se aprueba por unanimidad.
Sometida a votación, en segundo lugar, la proposición
no de ley del Grupo Socialista del Congreso relativa al
contenido de un programa estratégico relativo a suelos
públicos, con la aceptación de la enmienda del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
se aprueba por 296 votos a favor y 14 abstenciones.
Página
Mociones consecuencia de interpelaciones
urgentes (Página 9926)
Página
Del Grupo Socialista del Congreso sobre
política general en materia hidráulica (Página 9926)
Presenta la moción consecuencia de interpelación
urgente el señor Morlán Gracia, del Grupo Socialista
del Congreso. Pone de manifiesto que es la cuarta
vez que en el plazo de doce días sube a la tribuna
para hablar de política hidráulica; la última fue la
semana pasada con ocasión del debate de la interpelación
urgente que ha dado lugar a la moción ahora
presentada. Considera que a raíz de ese debate quedaron
claras varias cosas que tienen que complementarse
con una serie de decisiones sobre las bases
y el marco en el que se tiene que llevar a cabo el
desarrollo de una política hidráulica en España,
decisiones que trae hoy a consideración de la Cámara.
Explica a continuación los cuatro puntos de su
moción y confía en que la Cámara la considere
razonable, ponderada y ajustada en los plazos y la
vote favorablemente, para poder conseguir un consenso
importante sobre política hidráulica.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción
intervienen el señor Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda, y la señora De
Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor
Sedó i Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).
A los efectos de aceptar o rechazar la enmiendas presentadas
interviene el señor Morlán Gracia.
Para pronunciarse sobre las transaccionales que ha
ofrecido el señor Morlán Gracia, intervienen la
señora De Lara Carbó y el señor Ríos Martínez.
Sometida a votación la moción del Grupo Socialista del
Congreso sobre política general en materia hidráulica,
en los términos resultantes de la enmienda transaccional
que ha sido aceptada por el grupo proponente
y por los enmendantes, se aprueba por
unanimidad.
Página
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre
redistribución territorial del coste de
los peajes actuales en todo el Estado (Página 9931)
Presenta la moción consecuencia de interpelación
urgente, la señora Rahola i Martínez, del Grupo
Parlamentario Mixto. Opina que el debate de la
interpelación presentada la semana pasada se puede
considerar positivo no sólo por su línea argumental y
exposición, sino también por las intervenciones de
los grupos Socialista, Catalán e Izquierda Unida, así
como por las respuestas significativas y clarificadoras
del señor ministro de Fomento. Añade que el
nivel y el tono del debate fue gratificante y demostrativo
de la necesidad objetiva y subjetiva de abordar
en toda su amplitud y profundidad la distribución
territorial del coste de los peajes actuales en todo el
Estado. A continuación se refiere a varios aspectos
del debate de la interpelación, discrepando totalmente
de la explicación e interpretación de las causas
iniciales, calificadas como discriminación positiva
por el señor ministro, y de la utilización que hizo
de los datos numéricos. Manifiesta que la insuficiencia
de la oferta viaria pública de responsabilidad
estatal, la arbitraria política gubernamental en la
materia, que discrimina territorios en función de
priorizar intereses privados, la congestión y el constante
colapso al que se ven abocados los usuarios de
la red estatal, las repercusiones económicas y sociales
que afectan negativamente a la operatividad, el
desarrollo y la competitividad y las dificultades que
supone para la movilidad social, hacen indispensable
abordar el problema a través de la constitución
de una subcomisión, dentro de la Comisión de Infraestructuras,
que establezca un diagnóstico de la realidad,
considere las causas que lo han originado y
defina prioritariamente las posibles líneas de actuación
futuras.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen
los señores Sabaté Ibarz, el Grupo Socialista del
Congreso; Saura Laporta, del Grupo Parlamentario
Mixto; Molins i Amat, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y Jiménez Suárez,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor
Fernández Sánchez, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene la señora Rahola i Martínez.
Sometido a votación el punto 1, párrafo primero, de la
moción, se aprueba por 174 votos a favor, uno en
contra y 138 abstenciones.
Sometido a votación el punto 1, párrafo segundo, de la
moción, se rechaza por 145 votos a favor, 167 en
contra y una abstención.
Sometido a votación el punto 2 de la moción, queda
también rechazado por 145 votos a favor, 167 en
contra y una abstención.
Página
Del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, sobre medidas que
piensa adoptar el Gobierno para que,
hasta tanto se ultiman los trámites para
el registro de la RU-486, se garantice
que en el conjunto de las comunidades
autónomas dicho medicamento está
disponible para uso exclusivamente
hospitalario y para su utilización en
interrupciones voluntarias del embarazo
previstos en el Código Penal, así
como para el tratamiento de otras patologías
para las cuales su administración
está indicada (Página 9938)
Defiende la moción consecuencia de interpelación
urgente, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, la señora Maestro Martín. Manifiesta,
al igual que lo hizo en el debate de la interpelación,
que la moción que presenta su grupo no se
separa ni un ápice del estricto ámbito del consenso
unánime alcanzado en la Comisión de Sanidad en
noviembre de 1997 en torno a la necesidad de que el
Ministerio de Sanidad removiera los obstáculos que
han impedido hasta este momento que un asunto
estrictamente técnico y de salud pública se incorporara
como una posibilidad más para utilizar en las
interrupciones del embarazo, voluntarias o no. Reconoce
que el Ministerio de Sanidad, cumpliendo el
mandato parlamentario llevó a cabo las medidas
necesarias para agilizar las medidas administrativas
necesarias para el registro de la RU-486, y añade que
esta propuesta se inscribe en el marco estricto de la
legislación vigente, en el marco estricto de los supuestos
de despenalización del aborto previstos en el
Código Penal, no es un intento artero o subrepticio
de modificar la legislación vigente, aunque tampoco
oculta que su grupo pretende modificarla cuando
haya mayoría suficiente. Termina su intervención
solicitando de la Cámara el voto favorable para su
iniciativa.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo
Socialista del Congreso, interviene la señora Frías
Navarrete.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora
Almeida Castro y el señor Vázquez Vázquez
(don Guillerme), del Grupo Parlamentario Mixto, y
las señoras Solsona i Piñol, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y Fernández
González, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas planteadas,
interviene la señora Maestro Martín.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación
urgente presentada por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, en los términos
resultantes de la aceptación de la enmienda del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
por el grupo proponente, se aprueba por 170 votos a
favor y 148 en contra.
Se suspende la sesión a las nueve y cuarenta y cinco
minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de
la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES
DE LEY DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
- DEL PARLAMENTO DE CANARIAS, SOBRE MODIFICACIÓN
DEL RÉGIMEN DE TITULARIDAD Y
GESTIÓN DE LA TELEVISIÓN AUTONÓMICA
(Número de expediente 125/000012).
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías, se
abre la sesión.
Punto I del orden del día: Debate sobre la toma en
consideración de la proposición de ley del Parlamento
de Canarias, sobre modificación del régimen de titularidad
y gestión de la televisión autonómica.
Para la defensa de la proposición de ley del Parlamento
de Canarias van a intervenir tres diputados de
dicha Asamblea. En primer lugar, lo hará doña María
Isabel Déniz de León, diputada del Grupo Parlamentario
Mixto del Parlamento de Canarias.
La señora DIPUTADA DEL PARLAMENTO DE
CANARIAS (Déniz de León): Gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señoras y señores diputados.
El Grupo Parlamentario Mixto del Parlamento de
Canarias defiende esta iniciativa que hoy se trae a esta
Cámara porque considera importante y necesaria la
implantación de un tercer canal autonómico que nos
permita, ante todo, difundir las singularidades culturales
de nuestro territorio. Es evidente que cualquier
medida que favorezca dicho objetivo siempre va a tener
el apoyo de nuestro grupo parlamentario.
También habría que decir que todas las modificaciones
legislativas que aumenten el techo competencial de
las comunidades autónomas... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, por favor.
¡Señorías!
Adelante.
La señora DIPUTADA DEL PARLAMENTO DE
CANARIAS (Déniz de León): Gracias, señor presidente.
Como decía, todas las modificaciones legislativas
que aumenten el techo competencial de las comunidades
autónomas van a ser apoyadas también por nuestro
grupo parlamentario, ya que desde la óptica de un
grupo nacionalista el ganar día a día cuotas de autogobierno
nos hace avanzar en el sentido deseado por la
sociedad canaria.
En otro orden de cosas, también parece conveniente
la posibilidad de que la sociedad anónima que gestione
el servicio público de la televisión tenga participación
de capital privado. Es evidente que en este caso los instrumentos
de control parlamentario tendrán que garantizar
que las producciones obedezcan a los intereses
antes reseñados objeto del tercer canal para así evitar
que sólo se valore y se busque la rentabilidad, en este
caso privada, como sería lógico.
Señorías, espero que en la toma de consideración de
esta ley entiendan que lo que queremos es tener el tercer
canal y que se faciliten las vías legales para ello. Lo
que sobre todo pretendemos con el trámite de esta proposición
de ley es que el pluralismo social, político y
cultural de nuestro Archipiélago se pueda difundir en
las mismas condiciones.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora
Déniz de León.
Por el Grupo Parlamentario Popular del Parlamento
de Canarias, tiene la palabra don Javier Sánchez-Simón
Muñoz.
El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE CANARIAS
(Sánchez-Simón Muñoz): Gracias, señor presidente.
Señorías, vengo a esta Cámara a efectuar la presentación
de la toma en consideración de la proposición de
ley, presentada por el Parlamento de Canarias, de reforma
del Estatuto de la Radio y la Televisión española y
también de reforma de la Ley reguladora de las televisiones
del tercer canal de televisión.
La proposición de ley que el Parlamento de Canarias
presenta tiene dos pilares importantes a los que voy a
hacer referencia. En primer lugar, se establece una
modificación de la titularidad del tercer canal de las
televisiones, que en la actual legislación viene conferida
exclusivamente al Estado, que, con la aprobación de
la proposición de ley, pasaría a las comunidades autónomas.
El segundo pilar en el que se apoya esta proposición
de ley se basa en la posibilidad de que la televisión
de titularidad pública pueda ser gestionada no
solamente a través de los mecanismos actualmente
vigentes, como son las empresas de capital público,
sino que también intervengan en la gestión empresas
privadas.
La justificación de la citada proposición es doble,
como lo son los pilares. En primer lugar, en cuanto a la
titularidad, entendemos que la reforma de los distintos
estatutos de autonomía -que, en el caso de Canarias,
ha asumido el máximo nivel competencial- tiene que
traer consigo un cambio radical en lo que se refiere al
concepto de titularidad de los medios de comunicación
por parte del Estado. La proposición respeta los principios
básicos que la radiodifusión y la televisión tienen
en la actualidad, como es el respeto al pluralismo político,
el respeto al derecho a la comunicación y a las
máximas posibilidades de manifestar las distintas opiniones,
así como también el respeto a los derechos fundamentales
de igualdad y de protección al honor y a la
intimidad. Sin embargo, entendemos que también debe
haber un reconocimiento del respeto a la posibilidad
de las comunidades autónomas de asumir la titularidad
en materia de radiotelevisión.
En segundo lugar, por lo que se refiere a que la gestión
se realice de forma privada, estimamos que está
plenamente justificado en tanto en cuanto la libertad
de acceso a la comunicación ha sufrido una modificación
sustancial en estos últimos años y que esa modificación
debe permitir que las comunidades autónomas
que tengan competencia puedan ejercerla mediante la
creación de canales de televisión, encomendándolo a
través del sistema que mejor permita la gestión y de
acuerdo con las limitaciones presupuestarias que tenga
cada comunidad.
Finalmente, sólo quiero indicarles que, como proceso
legislativo en el que la iniciativa la tiene una comunidad
autónoma, son el Congreso de los Diputados y el
Senado, en definitiva las Cortes Generales, las que tienen
la plena capacidad -y así lo reconoce la Constitución-
de admitir esta proposición e iniciar la tramitación
para responder a una vocación que ha planteado
la Comunidad Autónoma canaria.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez-
Simón.
Finalmente, por el Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria del Parlamento de dicha comunidad autónoma,
tiene la palabra el diputado don Alfredo Belda Quintana.
El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE CANARIAS
(Belda Quintana): Muchas gracias, señor presidente
Buenas tardes, señorías. Intervengo en representación
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del
Parlamento de Canarias con ocasión de esta iniciativa
que hoy presentamos aquí, que pretende modificar la
actual Ley del Estatuto de la Radio y la Televisión, del
año 1980, y la Ley reguladora del tercer canal, del año
1983, cuyo contenido fundamental es permitir que las
comunidades autónomas decidan qué tipo de gestión
quieren para sus canales autonómicos. Como bien
conocerán SS.SS., la legislación vigente sólo permite la
gestión de los canales autonómicos a través de sociedades
anónimas de capital enteramente público, lo que
ha llevado a que gran parte de las televisiones autonómicas
existentes -en manos de todos los gobiernos
posibles- se hayan endeudado hasta límites insostenibles
para las propias arcas autonómicas, impensables
en una sociedad con los criterios de gestión medianamente
razonables que utilizaría cualquier empresa privada.
Coalición Canaria estima que la necesidad que tiene
cualquier nacionalidad del Estado de disponer de su
propio canal autonómico no tiene por qué ser incompatible
con el aprovechamiento al máximo de los recursos
y la obtención del mejor rendimiento posible, aplicando
técnicas de gestión del servicio público
autonómico que eviten a los ciudadanos tener que
sufragar con sus impuestos esos canales. Esto, señorías,
sólo se puede conseguir dejando que las comunidades
autónomas puedan elegir el tipo de gestión que desean
para sus canales y no imponiendo, como hace la legislación
vigente, una gestión exclusivamente pública, que
lo único que consigue, si no se toman las debidas cautelas,
es dilapidar los presupuestos de las comunidades
autónomas.
Hasta tal punto nos preocupa este asunto en Canarias
que, como algunos de ustedes saben, hemos tenido
que idear una fórmula que, sin contravenir el control
y la gestión exclusivamente pública de la televisión
autonómica, limite de manera considerable el gasto a
emplear en la puesta en marcha de dicha televisión,
que -paradojas del destino- el Partido Popular se
empeña en llevar a los tribunales con las excusas más
variopintas, a pesar de haber votado a favor esta iniciativa
que hoy traemos aquí y a pesar de estar de acuerdo,
en el fondo, en no crear un monstruo de gasto
imparable.
La idea central en torno a la que gira esta iniciativa
es el respeto a las competencias autonómicas en materia
de radiodifusión y televisión. Ya desde el año 1982
se contemplaba en el Estatuto de Autonomía de Canarias
la posibilidad de crear y regular su propia televisión
autonómica, pero constreñida a lo que estableciera
la Ley reguladora del Estatuto de la Radio y la
Televisión. Afortunadamente, tras la modificación del
Estatuto de Autonomía de Canarias esto se ha corregido
y el texto actual se adapta al contenido de la propia
sentencia número 168/1993 del Tribunal Constitucional
y a otras posteriores, que han realizado la interpretación
de lo que viene a ser la competencia del Estado
en materia de ordenación de las telecomunicaciones,
prevista en el artículo 149.1.27 de la Constitución. Interpretación
que ciertamente ha sido restrictiva con respecto
a esta competencia estatal, de tal forma que el
propio Tribunal viene a decir que no puede vaciar de
contenido la competencia de las comunidades autónomas
para ordenar y regular sus propias televisiones, y
debe limitarse al establecimiento de normas básicas y a
los aspectos técnicos de lo que es el espacio radioeléctrico.
Por esa razón, en nuestra iniciativa mantenemos que
la radiodifusión y la televisión son servicios públicos
esenciales, pero no que son de titularidad del Estado
por cuanto el propio Tribunal Constitucional ha interpretado
que en este caso nos encontramos ante competencias
compartidas. Por la misma razón no hablamos
de concesión para la utilización de las frecuencias, sino
de autorización, y también modificamos la legislación
para que la propia legislación autonómica sea la que
pueda regular con una mayor libertad todo lo concerniente
a la organización y control parlamentario del
canal autonómico. Este es el asunto crucial en el que
nuestro grupo quería hacer hincapié: el control público,
el control parlamentario de los canales autonómicos,
independientemente de la forma de gestión. Bien
sea a través de la gestión directa, por la propia Administración,
bien sea a través de una gestión indirecta,
de sociedades de capital mixto o de capital privado, es
necesario mantener un control público, un control parlamentario,
dado que se trata de un servicio público
esencial de titularidad de la comunidad autónoma, y la
misma gestión del canal debe responder al pluralismo
social que la Constitución reconoce en su artículo 20.3.
Decimos esto porque conocemos también otras iniciativas
que se están tramitando ahora en esta Cámara,
proveniente una de la Asamblea de Madrid, así como el
proyecto de ley del Gobierno del Estado, que coinciden
en el fondo con esta iniciativa, aunque, en cuanto
al control parlamentario, no aseguran debidamente ese
control que permita el acceso a los grupos políticos y
sociales más importantes para garantizar que se cumpla
con los fines y criterios generales de programación que
se establecen tanto en la legislación autónoma como en
la normativa que la desarrolla... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Belda.
Señorías, les ruego que guarden silencio y que si han
de comentar algún aspecto de la sesión o del orden del
día, lo hagan en la forma menos ruidosa posible. Especialmente
se lo encarezco a los bancos de los/las portavoces.
Continúe, señor Belda.
El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE CANARIAS
(Belda Quintana): Muchas gracias, señor presidente.
Por esta coincidencia en el fondo de estas iniciativas
que se encuentran en trámite en esta Cámara, me atrevo
a solicitar desde esta tribuna, tanto a los grupos
políticos como a la Mesa de la Cámara, que se acuerde
la tramitación conjunta de todas ellas, incluida la proveniente
del Parlamento de Canarias. Esta iniciativa del
Parlamento de Canarias es fruto de un acuerdo del año
1996 del Gobierno de Canarias, que fue remitido en
diciembre de 1996 a su Parlamento y aprobada en
mayo de 1997, por lo que debido al calendario del Congreso
de los Diputados no ha podido ser tratada hasta
ahora.
Quería citar expresamente estas fechas para que a
nadie se le ocurra relacionar esta iniciativa con la polémica
que actualmente se vive en las islas respecto al
concurso para adjudicar el suministro de producciones
audiovisuales destinadas a la programación de la televisión
autonómica en Canarias. La iniciativa que estamos
tomando en consideración no es ningún intento de subsanar
algo que, desde nuestro punto de vista, es perfectamente
correcto y legal, por la sencilla razón...
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, por favor.
El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE CANARIAS
(Belda Quintana): Voy concluyendo, señor presidente.
Decíamos que esta iniciativa no es un intento de subsanar
algo por la sencilla razón de que es anterior a la
aprobación del pliego del citado concurso.
En resumen, y con respecto a Canarias, creemos en
la necesidad de una televisión autonómica que abarque
todo el Archipiélago, que sirva de cohesión de esa dispersión,
de esa fragmentación geográfica y social que
tenemos, que potencie el conocimiento y la cultura
propia entre todos los integrantes de la nacionalidad
atlántica y archipielágica que constituimos los canarios,
que potencie el sector audiovisual y la creación de
puestos de trabajo, sin que todo ello afecte al bolsillo
de los canarios, sin que origine un agujero negro y sin
que tengamos que estar buscando fórmulas perfectamente
legales que pongan nerviosos a aquellos que
pensamos que no creen en la nacionalidad canaria y
que prefieren que Canarias no cuente con televisión
autonómica.
Muchas gracias y solicito, por tanto, la toma en consideración
de esta iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Belda.
Reitero la gratitud a los tres miembros del Parlamento
de Canarias que han intervenido ejemplarmente, ateniéndose
a los tiempos reglamentarios.
Grupos que desean fijar su posición. (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: Muchas gracias, señor
presidente.
Quiero que mis primeras palabras sirvan para enviar
un saludo, en nombre de Nueva Izquierda-Iniciativa per
Catalunya, a los compañeros y compañera del Parlamento
canario a los que hemos escuchado con atención,
porque entendemos que han planteado cosas de
interés, aunque ya avanzo nuestra discrepancia con respecto
a su proposición.
Siempre es grato y útil que lleguen iniciativas parlamentarias
que provienen de parlamentos de las comunidades
autónomas, porque enriquecen también a esta
Cámara. Entendemos -y así ha quedado puesto de
manifiesto en las diversas intervenciones- que el sentido
político último de esta proposición de ley es el
permitir la privatización de las televisiones autonómicas.
En este momento existe un conflicto entre el
Gobierno canario y el Gobierno del Estado que sería
interesante debatir. Nosotros hemos presentado también
iniciativas para que se discutan en esta Cámara,
pero seguramente no podremos hacerlo por limitaciones
de tiempo.
Es verdad que en la proposición hay aspectos interesantes,
que nosotros podríamos incluso votar favorablemente,
pero nos encontramos con ese valladar, para
nosotros insalvable, de que su objetivo prioritario consiste
en permitir la privatización de televisiones autonómicas,
conectado a un proyecto ya concreto de
admitir una gestión privada de una futura televisión
autonómica. Vamos a votar en contra de la proposición.
Ya ha quedado puesto de manifiesto -y está en la
memoria de SS.SS.- que hay otros textos aprobados
con el mismo propósito: un proyecto de ley del Gobierno,
una proposición no de ley que vino de la Cámara
legislativa de Madrid. Bastante confuso es el panorama
legal, bastante caos existe ya en la legislación sobre
medios de comunicación, como para que acumulemos
todavía más caos en el procedimiento de tramitación.
Sé que ello no es imputable al Parlamento canario, pero
la realidad con la que nos encontramos en el Congreso
es ésa.
Estamos en contra, sobre todo, por el contenido último
de la propuesta, por dos razones. En primer lugar,
entendemos que hay que ver el espacio audiovisual
como único sistema en el que todos sus componentes
interactúan constantemente. En ese marco, una legislación
que posibilita la emergencia de más televisiones
privadas supone, desde nuestro punto de vista, un
deterioro del sistema audiovisual en su conjunto. Hay
un equilibrio muy inestable que poco a poco va venciendo
a favor de las televisiones privadas, y si se introduce
este tipo de legislación quedaría mucho más vencida
y las públicas saldrían perdiendo, como luego
trataré brevemente de decir. En definitiva, si las relaciones
básicas en el mundo audiovisual se centran en criterios
de mercado, acaba siendo más relevante esa búsqueda
del imperio de la audiencia, ese captar como sea
al telespectador para conseguir más cuota de publicidad,
y van perdiéndose en cascada otros valores mucho
más importantes. Incide en el mercado publicitario en
su conjunto, con lo que ello redunda en detrimento de
ingresos en este momento en las televisiones públicas;
hay un empeoramiento en la calidad de la programación;
se resiente el pluralismo, etcétera.
En segundo lugar, como decía hace un momento,
supone un problema muy grave para las televisiones
públicas, por la ruptura de ese más que precario ya
equilibrio, con una especial incidencia en Radiotelevisión
Española. Hay que insistir en ello en este momento
de la legislatura, cuando nos encontramos de nuevo
con una subcomisión paralizada, en la que hubo que
obrar un milagro para que siguiera con sus sesiones en
este período parlamentario, y con el único resultado de
la perpetuación del cinismo. Se ha prorrogado para no
reunirse, no se ha reunido en todo el período de sesiones.
El cinismo continúa cuando el Gobierno remite un
documento que no se constata que se aplique -lo propio
dice el Gobierno- ni en la gestión diaria de Radiotelevisión
Española ni en el proyecto de Presupuestos
Generales del Estado. Por tanto, la situación de Radiotelevisión
Española es más que preocupante.
El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, le ruego concluya.
El señor ALCARAZ RAMOS: Cualquier medida de
incremento de las televisiones privadas sería peor.
La televisión es un instrumento de cultura, de cohesión,
de pluralismo y de democracia, y eso hay que
conjugarlo con el marco autonómico, pero no nos parece
un argumento decisivo dejar que cada comunidad
autónoma pueda privatizar. (El señor vicepresidente,
Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
La privatización es, en la práctica, una medida
irreversible que condiciona futuras mayorías parlamentarias
y no es el mejor mecanismo para asegurar el ejercicio
de derechos constitucionales básicos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria, tiene la palabra el señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Señor presidente, señorías,
en primer lugar, envío un cordial saludo a mis paisanos,
a los representantes del Parlamento de Canarias
que han defendido esta proposición de ley aprobada
por el Parlamento canario. Anunciamos ya nuestro
apoyo, como no podía ser de otra manera, a la propuesta
defendida aquí por los representantes del pueblo
canario. Esperamos, como bien ha indicado uno de
los portavoces del Parlamento de Canarias, que esta
proposición de ley se incorpore al proyecto de ley presentado
en su día por el Gobierno, así como a la iniciativa
presentada por la Asamblea de Madrid que, por
cierto, duerme el sueño de los justos hace más de un
año. Nos gustaría saber por qué razón estas dos iniciativas
siguen en el baúl de los recuerdos.
Señorías, hablar de medios de comunicación, de privatizaciones
de medios, de control de medios, de grupos
afines a unos y otros, a los que gobiernan o a los
que están en la oposición, ha sido un debate que nos
ha arrastrado casi siempre, a lo largo de esta legislatura,
a adoptar posiciones a nuestro entender partidistas,
que han impedido que descendamos a la búsqueda de
soluciones reales para los problemas que tiene en estos
momentos planteados el mundo de la comunicación, y
concretamente del sector audiovisual en España.En el
discurso diario, unos denuncian el despilfarro galopante
de la televisión pública española y de las televisiones
públicas autonómicas; hablan de que son insoportables
los déficit de las televisiones públicas. El énfasis
que se pone en si es mucho o poco el esfuerzo que se
hace está en función de si se tiene capacidad para controlar
ese medio o no; es decir, el despilfarro se valora
de una forma u otra, según se esté en el Gobierno o
no. Otros creen que la solución es privatizarlo todo,
que lo mejor es que los grupos empresariales se ocupen,
mejor, por supuesto, si son afines al Gobierno, por
la posibilidad de tener quien cante lo bien que se hace
desde las posiciones del Gobierno. Sin embargo, unos
y otros, cuando nos dirigimos a la opinión pública,
hablamos de austeridad, de racionalización de recursos,
de tener una televisión que cumpla los fines de
servicio público. El discurso, insisto, se va adaptando al
hecho de estar en el Gobierno o en la oposición; se
tiene una vara distinta de medir, independientemente
de si se gobierna en una comunidad u otra o a nivel
del Estado.
Señorías, si la televisión pública produce unos déficit
insoportables, si las televisiones privadas no son el
instrumento adecuado para garantizar el servicio público
que es la televisión, busquemos fórmulas -es nuestra
obligación- que permitan la coexistencia del control
público con el imprescindible control del gasto, es
decir, con la austeridad que tanto predicamos y que tan
poco llevamos a la práctica. En ese objetivo, en esa
intención, está precisamente la proposición de ley presentada
por el Parlamento de Canarias. Primero, posibilita
que las comunidades autónomas tengan su propia
televisión; segundo, que esa televisión autonómica, el
tercer canal, sea un servicio público y, por tanto, bajo
el control plural de su Parlamento; tercero, que pueda
ser de verdad una televisión de control público que
permita cumplir con el objetivo de coadyuvar al desarrollo
social, cultural y lingüístico de los distintos pueblos
de España, pero con aportación de recursos limitados;
y cuarto, que, en definitiva, la gestión pueda ser
también, además de pública, mixta o privada.
Señorías, es necesario crear un marco jurídico que
nos permita tener una televisión de control público y
un gasto austero. No es necesario abundar en las necesidades
de los distintos pueblos, concretamente el
canario, de tener una televisión autonómica que sirva
como instrumento para dar cohesión y servir de formación
y de propagación de la cultura del Archipiélago.
En un mundo de las comunicación cada día más universal,
más abierto, con la entrada de las grandes cadenas
digitales, de las grandes televisiones privadas, continuamente
se hace más necesarios unos medios de
comunicación que nos acerquen al reforzamiento del
conocimiento de lo inmediato, de lo cercano, de lo
nuestro, al reforzamiento de la identidad de cada una
de las nacionalidades y regiones de España. Tenemos
que buscar fórmulas para que cada una, en función de
sus posibilidades económicas, pueda tener esa televisión.
Precisamente el Gobierno de Canarias, como bien
indicaba uno de los portavoces que me ha precedido
en el uso de la palabra, está intentando poner en marcha
un proyecto de televisión autonómica que conjugue
esas dos cuestiones. Pretendemos una televisión
pública, adaptada a la Ley de 1983, una televisión que
sea controlada por el Parlamento de Canarias, con un
consejo de administración nombrado por el Parlamento,
con un director, nombrado por el consejo de administración,
que tenga la capacidad para dirigir la programación,
es decir, con todos los órganos de una
televisión pública y con una fórmula imaginativa; una
gestión que, con una aportación de recursos limitados
a 2.500 millones de pesetas, haga factible esa televisión.
No estamos hablando de una televisión de
200.000 o de 20.000 millones sino de una televisión de
control público y de un gasto máximo de 2.500 millones
de pesetas, a través de una fórmula, que creemos
que es original, de contratación mediante un concurso
de suministros y prestaciones complementarias.
Señorías, a cualquier observador objetivo, a cualquiera
que esté en estos momentos pendiente de lo que
sucede con la televisión -es decir, no pudiendo seguir
en la dinámica del gasto en la que estamos metidos-,
a cualquier observador imparcial, insisto, le puede
parecer un modelo acertado; pero es al propio Gobierno,
al propio Ministerio de Fomento a quien este modelo
no le gusta, lo rechaza, lo veta y lo lleva a los tribunales.
La injerencia intolerable del Ministerio de
Fomento en este proyecto, en este modelo de televisión
que Canarias está queriendo poner en marcha,
vamos a tener oportunidad de debatirla en la comparecencia
que está prevista próximamente en la Comisión
de Infraestructuras del Congreso.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Señor Rivero, le ruego que concluya.
El señor RIVERO BAUTE: Termino enseguida, señor
presidente.
Lo único que buscamos, señorías, es tener nuestra
propia televisión; una televisión que sirva para cohesionar
social y territorialmente al Archipiélago, un instrumento
que sirva de vehículo para la formación y la
cultura de los canarios. Buscamos que sea posible
hacer una televisión con los recursos de los que disponemos
actualmente; no más demagogias con si 2.500
millones de pesetas son mucho o poco dinero. No
sabemos cómo pueden calificar de gasto excesivo 2.500
millones de pesetas quienes se gastan en cada una de
las comunidades donde gobiernan 20.000 millones o a
nivel de todo el Estado 200.000 millones o acumulan
deudas de cerca de 800.000 millones de pesetas en la
televisión pública.
Esperamos que esta proposición de ley, que queremos
que se incorpore a los dos expedientes que en
estos momentos se tramitan, al de la Asamblea de
Madrid y al proyecto presentado por el Gobierno,
adquiera yaun dinamismo. El compromiso que esperamos
escuchar hoy del Grupo Parlamentario Popular es
que se va a acelerar estos proyectos de ley para ver que
la voluntad del Gobierno es que cada una de las comunidades
pueda tener una televisión adaptada a sus posibilidades
económicas. No se trata de mantener una injerencia,
una interferencia intentando que determinadas
nacionalidades y regiones de España no tengan su propia
televisión.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señor Rivero.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV),
tiene la palabra el señor González de Txabarri.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA:
Gracias, señor presidente.
Quisiera, al igual que los anteriores portavoces, saludar,
en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV),
a los portavoces de los grupos parlamentarios
del Parlamento de Canarias y fijar la posición de nuestro
grupo en relación con la proposición de ley que
estos portavoces han expuesto ante la Cámara.
Tienen razón al presentar, diferenciados en el tiempo,
la proposición de ley sobre la actual problemática
suscitada en Canarias con relación al proyecto de televisión
autonómica. Quienes hemos seguido estos debates
a lo largo de las anteriores legislaturas, hemos conocido
distintos planteamientos para la reforma de la Ley
de televisión que se conoce como de terceros canales.
En los últimos meses, tanto de la Asamblea de Madrid
como a iniciativa del Gobierno, esta Cámara ha recibido
distintos proyectos en este sentido, a los que se
suma hoy el presentado por el Parlamento de Canarias.
En el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) entendemos
que las distintas vías de planteamiento ante el
mismo asunto deben hacer considerar a esta Cámara la
necesidad de hincar el diente a una problemática que,
tanto desde la perspectiva del Gobierno, desde el
Ministerio de Fomento, como desde distintas comunidades
autónomas que no sostienen la titularidad de sus
televisiones autonómicas, hacen ver en sus propuestass
la necesidad de la actualización de este proyecto, criterio
que compartimos desde el Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV). Por ello, quizás al margen de compartir
los planteamientos que desde la tribuna se han
realizado hasta el momento en el debate que estamos
realizando, desde el Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV),
señor presidente, urgiremos al Gobierno del
Grupo Popular al examen y análisis de las distintas iniciativas
legislativas que conoce esta Cámara con relación
a estos proyectos, a hincarles el diente y a establecer
los criterios a través de los cuales esta reforma de
la televisión autonómica debe de ser puesta en vigor
en un plazo razonable de tiempo. El que esta ponencia
esté en punto muerto durante los últimos meses no
hace más que agitar las desconfianzas institucionales y
entre distintas instituciones que, razonablemente, desde
sus propios postulados políticos entienden lógico y
conveniente sostener una televisión pública de titularidad
autonómica para los ciudadanos a los que representan.
Por ello, señor presidente, el Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV) va a apoyar con su voto la toma
en consideración de la proposición de ley presentada
por el Parlamento de Canarias. Desde este grupo parlamentario,
quisiéramos insistir al Gobierno y al Grupo
Popular, básicamente, en que convoque cuanto antes
esta ponencia, la saque de su letargo y establezca una
mayoría suficiente en esta Cámara como para sostener
esta actualización y esta reforma de la ley de los terceros
canales.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señoría.
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Gracias, señor presidente.
Desde este grupo parlamentario, quiero expresar
nuestra bienvenida más cordial a los representantes del
Parlamento de Canarias. Ellos saben que la proposición
que traen hoy a la Cámara no es un tema nuevo en este
Parlamento, por lo que no voy a reiterar un debate en
profundidad, ya que hemos tenido ocasión de mantenerlo,
como mínimo, dos veces en esta legislatura. Sin
embargo, quiero decirles que nuestro grupo parlamentario
va a votar, como no podía ser de otra forma, a
favor de su toma en consideración, y lo haremos, fundamentalmente,
por dos motivos: el primero de ellos,
en coherencia con la posición tradicional que mantenemos
desde estos bancos, como es apoyar la toma en
consideración de aquellas iniciativas que plantean los
parlamentos autonómicos dentro de lo que es el ámbito
de sus propias competencias; y en segundo lugar,
debo manifestar también que nuestro grupo parlamentario
comparte el objetivo de fondo de dicha proposición
de ley. Creemos que tiene dos elementos especialmente
importantes a destacar, como es, el primero de
ellos, el de reiterar o reconocer, en aquellos casos
donde todavía no es así, el derecho de las comunidades
autónomas a disponer de su propio canal de televisión;
el segundo, el de ampliar el abanico de posibilidades
de gestión de dichos canales por parte de las
propias comunidades. Éste es un tema, como se ha
demostrado esta tarde, pero también otras veces en esta
Cámara, polémico; dicha polémica a nuestro grupo parlamentario,
quizás con una cierta candidez, le sorprende,
porque pensamos que nadie debería de sentirse
especialmente perjudicado ni a nadie debería preocupar
que las comunidades autónomas pudieran ejercer,
desde su propia responsabilidad, el derecho a decidir
cómo quieren que sea gestionado su canal de televisión.
En todo caso, señor presidente, reitero que mi
grupo parlamentario va a votar a favor de la toma en
consideración de esta proposición de ley, que esperamos
que se una a aquellas que ya están siendo objeto
de tramitación en la Cámara, así como la simpatía de
este grupo parlamentario hacia los representantes del
Parlamento de Canarias, puesta de manifiesto hoy aquí
entre nosotros.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señor Recoder.
En nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida,
tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señor presidente.
Nosotros no podemos compartir los argumentos que
se han desgranado hasta ahora en esta discusión. Socapa
de aumentar las competencias autonómicas, se abre
un proceso de privatización con respecto a lo que es
un servicio público esencial y se abre, queramos o no,
un proceso de privatización a muchos niveles, incluido
el de la concentración de medios. Ya hemos visto, con
respecto a Telemadrid y a Valencia y teniendo en cuenta
la Ley del canal autonómico que presentó aquí el
Gobierno, que ha habido una especie de proceso legislativo
de amañamiento que ha tocado no sólo a la Ley
del tercer canal, sino también a la Ley de televisión privada
y a la Ley 4/1980, del Estatuto de Radiotelevisión.
Además, esto sucede en un momento en que la subcomisión
que se ha constituido en esta Cámara -que, por
cierto, no se reúne, y la iniciativa de esa reunión
depende del Grupo Parlamentario Popular- está intentando
definir un modelo televisivo y audiovisual para
este país que afecta al servicio público esencial de las
televisiones autonómicas. Por lo tanto, no sólo se
rompe una lógica constitucional, no sólo hay una especie
de fraude constitucional, una reforma encubierta de
la Constitución, sino que se rompe un camino político
basado en el consenso, en el del Estatuto de 1980 y con
el que estamos trabajando en la subcomisión para la
reforma de la Ley 4/1980, del Estatuto de Radiotelevisión.
Son asuntos -y ya lo hemos visto en otras comisiones-
que dependen de un proceso desregulador y
neoliberal tremendo, que afecta a todos los niveles y
que supera todo tipo de consenso, todo tipo de acuerdo
y todo tipo de mandato constitucional. Desde ese
punto de vista, no nos vengan a hablar aquí de que
cuesta más o menos. La definición que se ha hecho
aquí por el señor diputado de la televisión que se diseña
para Canarias es un auténtico frankenstein ideológico,
un auténtico frankenstein financiero en el marco de
lo que es una televisión. Han dicho que la parte que no
paga el elemento privado en la gestión será subvencionado
de una forma o de otra y que no alcanzará más
allá de 2.500 millones de pesetas. Pues bien, lo que se
nos está indicando, primero y es verdad, es que ninguna
televisión autonómica tiene ya tarta publicitaria para
poder financiarse de una manera directa y completa.
Pretenden hacer un servicio privado basado en aumentar
la audiencia y en la telebasura en vez de en un
servicio público esencial, de cohesión cultural y territorial,
sea de Canarias o de Andalucía. Al mismo tiempo,
esa emisión privada y de telebasura va a estar subvencionada
con dinero público. Y no me hablen de ningún
tipo de control público, por favor. Si Radiotelevisión
Española es un servicio de radio y de televisión público
y no podemos controlarlo en esta Cámara, por favor,
no me hablen de que van a hacer una concesión privada
y que la van a controlar públicamente. Eso suena a
auténtico engaño, que podrán ustedes emitir a través
de una campaña electoral, pero aquí hay que ser un
poquito más serios a la hora de dar un argumento acerca
de la ley que nos traen, que, socapa el aumento,
repito, de las competencias autonómicas, es un intento
flagrante de privatización y de entrega de lo que es un
servio público esencial. No es un intento de mayor
libertad o pluralidad; no, no. El servicio público esencial
no se basa en una especie de servicio económico
de gestión financiera. Estamos hablando siempre de
rentabilidad social, de rentabilidad cultural y ustedes
nos manifiestan que va a costar más o menos. Ustedes
nos hablan de que un servicio cultural esencial, que va
a ser fundamental en la sociedad de la información y
de la comunicación, tiene que estar absolutamente
sometido a las leyes de mercado; no sólo eso, sino que,
como las leyes de mercado no tienen publicidad suficiente,
ustedes abonarán el resto con dinero público,
dejando que el servicio privado a todos los niveles se
haga incluso con dinero de la comunidad autónoma,
sean 2.500 millones o 7 pesetas, me da exactamente
igual, señor diputado. Desde ese punto de vista nosotros
no podemos estar de acuerdo, porque no se va a
prestar un servicio público adecuado. Se trata de una
derrota cultural de primerísima magnitud, de una derrota
con respecto a la cohesión de Canarias en torno a
elementos históricos emitidos desde el punto de vista
del servicio público esencial. No se trata de nada positivo,
por muy bien que nos lo intenten vender aquí con
razonamientos absolutamente simples; no, no. Esto se
vuelve a dividir de forma nítida entre derechas e
izquierdas con respecto a lo que es servicio público
esencial y ustedes, los que traen esta proposición de
ley, socapa de otras cuestiones que no tienen nada que
ver en este momento, están intentando un proceso privatizador
de primera magnitud, peor incluso que la privatización
total, porque a fin de cuentas se va a privatizar
todo lo que se pueda privatizar y se va a socializar
el resto, lo que no pueda pagar la empresa privada. Es
una auténtica barbaridad, permítanme que se lo diga,
que no tiene nada que ver con lo que en este momento
se está haciendo en toda Europa, donde incluso se dice
que en la televisión pública se podría reducir, incluso
quitar, toda la publicidad pero sin que afectara al liderazgo
ético y estético, al liderazgo cultural de la televisión
pública, que tendría que mantenerse en dimensiones
adecuadas con dinero totalmente público.
Esa aventura que ustedes nos anuncian aquí no tiene
nada que ver con el siglo XXI, con la modernidad, con
la cultura europea. Es una especie de chapuza financiero-
cultural que tendrá resultados absolutamente negativos
para la cohesión y supondrá, en definitiva, una
derrota cultural para Canarias o para cualquier otro
territorio que marche en esta misma dirección.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señor Alcaraz.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene
la palabra el señor Martinón.
El señor MARTINÓN CEJAS: Señor presidente, señoras
diputadas, señores diputados, en primer lugar saludo
a los representantes del parlamento de Canarias que
han venido a presentar en la tarde de hoy esta proposición
de ley. Bienvenidos.
Las propuesta que hoy discutimos, señorías, pretende
dos modificaciones, lo dice bien claro el título:
Modificación de la titularidad y gestión de la televisión
autonómica. La primera modificación que se pretende
se refiere a que la titularidad de la televisión autonómica
hoy en manos del Estado pase a manos de las comunidades
autónomas. Los socialistas estamos de acuerdo
con esa idea y no vale la pena, por lo tanto, que añadamos
nada más. La segunda modificación pretende
abrir la puerta a la privatización de los canales autonómicos;
nosotros consideramos que ésa no es una idea
acertada. Esta segunda modificación, la que se refiere a
la gestión, es, sin duda, lo importante de esta proposición
de ley que presenta hoy aquí el Parlamento de
Canarias.
Cuando el Gobierno de Canarias propuso a su Parlamento
el texto que esta tarde debatimos, el título que
en aquel momento tenía era de modificación de la gestión
de la televisión autonómica. Lo que hace alusión a
la titularidad se puso más tarde y vino a ser una forma
de suavizar el auténtico contenido, el auténtico interés
que tenía el Gobierno de Canarias. Esta propuesta que
hoy discutimos es similar a la ya debatida propuesta de
la Asamblea de Madrid y al proyecto de ley que presentó
en esta Cámara el Gobierno de la nación. En
ambos casos votamos que no a esta propuesta del Parlamento
de Canarias; nuestros compañeros en el Parlamento
regional votaron que no y esta tarde, de nuevo,
el Grupo Parlamentario Socialista votará que no. Creemos
que es un error privatizar el canal de la televisión
autonómica, el único que puede haber en las diferentes
comunidades autónomas. Éste, señorías, no es un debate
acerca de televisión privada si o no; ése e se celebró
hace años y hoy todos vemos televisiones privadas.
Éste es principalmente un debate acerca de la televisión
pública y los socialistas decimos que si en una
comunidad autónoma hay un canal de televisión autonómico
ese canal debe ser público. Los socialistas decimos
que, si el Gobierno de una comunidad autónoma
decide que la televisión autonómica es oportuna, conveniente,
necesaria, entonces esa televisión sea pública,
y nos basamos en un hecho social y en una disposición
de la Constitución. Es un hecho social que la
televisión es el más poderoso instrumento de comunicación;
es un instrumento para cumplir una función de
información, de educación y de cultura. El artículo 20.3
de la Constitución -leo textualmente- establece: «La
ley regulará la organización y el control parlamentario
de los medios de comunicación social dependientes del
Estado o de cualquier ente público y garantizará el
acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos
significativos, respetando el pluralismo de la sociedad
y de las diversas lenguas de España.»
Queremos que el canal autonómico sea público porque
no sería bueno que todas las televisiones, poderosos
instrumentos de comunicación, estuvieran en
manos privadas, sin control parlamentario y sin garantía
de acceso a todos los grupos sociales y políticos que
tengan significación en esa colectividad. Queremos que
el canal autonómico sea público para que sea de todos,
para que esté al servicio de la democracia, al servicio
de todos, para que haya pluralidad en la televisión. Ya
sé que la existencia del control parlamentario no es
garantía suficiente para que la televisión alcance un
nivel de decoro, de pluralidad, así ocurre hoy con Televisión
Española, pero sería peor si no existiera ese control
parlamentario. En los debates que se han celebrado
sobre este asunto, tanto aquí como en otros parlamentos,
hay algunos argumentos que resultan pintorescos y
que vale la pena traer a colación esta tarde. Un portavoz
del Partido Popular ha dicho que se trata de quitarle
la televisión al Gobierno para dársela a la sociedad.
Sin duda, este portavoz no acabó la frase y supongo
que quería decir que se trata de quitársela al Gobierno
para dársela a una sociedad anónima de capital privado.
Desde el PP se dice que elijan los ciudadanos,
cuando lo que hoy se está planteando aquí no es que
elijan ellos, sino que el Gobierno elija lo que los ciudadanos
han de ver, que el Gobierno decida qué sociedad
anónima es la beneficiaria de la privatización. Por
parte de Coalición Canaria se ha llegado a decir que
hay que cambiar esta ley para que pueda haber control
parlamentario, que la única forma de que haya control
parlamentario será modificar esta ley, privatizando la
televisión. Tanto el Grupo Popular como Coalición
Canaria insisten, a veces pudiera pensarse que de
forma razonable, en que, si es pública, necesariamente
es cara. Unos y otros parecen olvidar que, puestos a
elegir lo más barato, lo preferible es que no haya televisión
autonómica. Esta proposición de ley no llega a
esta Cámara encerrada en una urna de cristal; está salpicada
por una fuerte división en el seno del Gobierno
de Canarias, en el que se sientan el Partido Popular y
Coalición Canaria. Ha tenido tal importancia el enfrentamiento
que ha sido lo que ha producido mayor crisis
en el Gobierno de Canarias. Esa mayor crisis no la ha
producido el empleo ni la educación, ha sido la televisión
autonómica. Hasta aquí, señorías, las razones que
los 141 diputados del Grupo Socialista tenemos para
votar en contra. Permítanme que en los segundos finales
hable especialmente en nombre de mis compañeros
socialistas canarios doña Belarmina Martínez, don Blas
Trujillo, don José Segura, don Jerónimo Saavedra y de
mí mismo: no consideramos que la televisión autonómica
en Canarias sea necesaria ni conveniente ni oportuna
actualmente. Estamos en contra de esa televisión
autonómica en estos momentos. Pero más en contra
estamos aún de que habiendo acordado el Gobierno de
Canarias solicitar del Gobierno de la nación la concesión
del tercer canal en diciembre de 1996, hace 22
meses, casi dos años, el Gobierno de la nación aún no
haya contestado. Estamos en contra de privatizar el
canal de televisión autonómico; estamos en contra los
socialistas canarios de la televisión autonómica ahora,
pero más aún, señorías, estamos en contra de que el
Gobierno de la nación, el Gobierno que preside el
señor Aznar, niegue al Gobierno de Canarias lo que el
estatuto de autonomía y las leyes le reconocen. Porque,
siendo nosotros adversarios políticos del Gobierno de
Canarias, estando en las antípodas de la forma de hacer
política del Gobierno de Canarias, no siendo nuestras
preocupaciones principales las que ellos tienen, sin
embargo, es el Gobierno que los canarios democráticamente
han decidido, y merece el Gobierno de Canarias
un trato distinto, el trato que merece cualquier institución
representativa del pueblo, en este caso, del pueblo
canario. El Gobierno del señor Aznar no está dando
al Gobierno de Canarias el trato debido y, al hacerlo
así, niega el trato debido al pueblo que ese Gobierno
representa, que es el pueblo de Canarias.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señor Martinón.
Tiene la palabra la señora Mato.
La señora MATO ADROVER: Señor presidente, señorías,
intervengo con brevedad y con satisfacción en la
tarde de hoy en el Pleno de la Cámara. Con brevedad,
porque las intervenciones de los portavoces que representan
al Parlamento de Canarias esta tarde, a los que
aprovecho para dar la bienvenida a esta Cámara, han
sido lo suficientemente explicativas como para que no
haya necesidad de explicar con más detalle por qué
nuestro grupo parlamentario va a apoyar la toma en
consideración de la proposición de ley planteada en el
día de hoy por el Parlamento de Canarias.
Intervengo también con satisfacción porque no es la
primera vez que en esta Cámara hablamos de la televisión
autonómica y de las posibilidades de que los
gobernantes autonómicos tengan libertad -que parece
que a algunos no les gusta tanto- para elegir o decidir
si prefieren dedicar el dinero público, el de todos, en
empleo -como se ha dicho aquí esta tarde-, en cultura,
en educación o prefieren invertirlo en una televisión
pública, en este caso, para el pueblo de Canarias.
Señorías, nosotros ya manifestamos nuestra posición en
esta Cámara, y se ha tramitado así el proyecto de ley
presentado por el Gobierno, ese Gobierno al que tanto
se acusa aquí de que no quiere que haya televisiones
autonómicas, el Gobierno que no quiere que las televisiones
tengan titularidad autonómica. Mayor prueba de
que el Gobierno está concienciado de que las televisiones
autonómicas deben pertenecer a los pueblos, al
Parlamento de cada una de las comunidades autónomas,
es que en este momento se está tramitando en la
Cámara un proyecto de ley. Un proyecto de ley, señor
Rivero, que no lleva un año parado, sino sobre el que
ha habido aquí un debate de totalidad el 26 de marzo,
lo que quiere decir que han pasado cinco meses con
un verano por medio y con un montón de asuntos en
materia de comunicación, que el señor Rivero conoce
perfectamente, que han impedido su tramitación más
rápidamente, pero, en cualquier caso, no ha pasado un
año desde que se está tramitando en esta Cámara el
proyecto de ley de televisión autonómica.
Es cierto que el proyecto es importante y que lo ha
presentado el Gobierno hace un año porque tiene interés
en que se tramite lo más pronto posible. Es verdad
también que se tramitó en este Parlamento una proposición
de la Asamblea de Madrid en el mismo sentido
de la que planteaban en el Parlamento de Canarias:
posibilitar que la televisión autonómica de Madrid sea
gestionada por manos privadas en vez de por manos
públicas. Es cierto que esa proposición, en principio,
se va a tramitar conjuntamente con la ley reguladora
del servicio público de televisión autonómica que presentó
el Gobierno. ¿Por qué motivo? Porque el proyecto
del Gobierno recoge la iniciativa de la Asamblea de
Madrid, como también recoge la iniciativa del Parlamento
de Canarias que estamos debatiendo hoy. Por
tanto, señorías, es factible que tramitemos conjuntamente
las tres iniciativas, y creo que es bueno que se
haga a la mayor brevedad posible para solucionar algunos
problemas.
Sin embargo, también es verdad, y me satisface
decirlo aquí, que, como en muchas otras materias, el
Partido Popular siempre ha sido coherente en materia
de televisión, y en este caso, en materia de televisión
autonómica. Nosotros siempre hemos mantenido -y
está en nuestro programa electoral- que los gobernantes
autonómicos deberían poder decidir si quieren,
como digo, invertir el dinero de todos en una televisión
autonómica o prefieren destinarlo a otras cuestiones,
aunque sí quieran tener una televisión pública.
El Partido Socialista en muchas ocasiones y en algunos
debates que hemos tenido en esta Cámara -también
en alguno que he tenido la oportunidad de tener
en la Asamblea de Madrid cuando era diputada de la
misma- ha mantenido que hacía falta, en la mayoría
de los casos, una televisión autonómica para defender
los intereses autonómicos, pero que esa televisión tenía
que ser pública. La verdad es que comparto esta idea
en algunos casos, también en el de Canarias, porque
por su insularidad, por los problemas propios que
tiene, por las particularidades de las islas, puede necesitar
la existencia de una televisión que recoja sus
expectativas, que recoja su problemática, que lleve a la
población exactamente los temas que a ellos les interesan,
que en muchos casos son diferentes de otras
comunidades. Siempre he justificado la existencia de
una televisión pública o de una televisión autonómica,
fundamentalmente por cuestiones de lengua. En Canarias
no es por estas razones, pero sí por otros temas
como son el hecho de la insularidad que, como he
dicho, sí pueden hacer necesaria la existencia de una
televisión.
Por tanto, a nivel nacional, el Grupo Parlamentario
Popular, al igual que lo hace en el Parlamento canario
el Partido Popular canario, apoya la existencia en Canarias
de una televisión autonómica que además sea de
titularidad autonómica, porque creemos que corresponde
a la comunidad autónoma gestionar su propia televisión.
Otra cosa distinta es que planteemos que esta
televisión sea privada. Pero lo que es más incongruente
y más incoherente es que algunos partidos que en esta
misma Cámara esta misma tarde han venido a decir: si
tiene que haber televisión pública, que creemos que no
tiene que haberla -eso se contrapone con lo que han
venido diciendo hasta ahora-, tiene que ser pública.
Pero, eso sí, en el consejo de administración del Ente
Público de Radiotelevisión en Canarias, los representantes
del Partido Socialista votaron a favor del concurso
-que ha recurrido el Gobierno- por el que se pretende
privatizar la programación, o comprarla, a una
empresa determinada, sea cual sea, cuando se sepa, el
resultado del concurso.
Señorías, el Gobierno no tiene interés en absoluto
en que la televisión de Canarias sea pública. El Partido
Popular no tiene interés en absoluto en que la televisión
de Canarias sea pública. Sí es verdad, y yo tengo
que transmitir el sentir del Partido Popular de Canarias,
el interés o la necesidad o la importancia de que haya
una televisión autonómica; pero no tiene ningún interés
en que sea pública porque hay otros problemas más
importantes en Canarias que la televisión pública. Lo
que sí quiere el Partido Popular en Canarias, lo que sí
quiere el Partido Popular a nivel nacional y lo que sí
quiere el Gobierno -lo quiere porque no tiene más
remedio que quererlo, porque no puede ser de otra
manera- es que se respeten las leyes. En este momento
contamos con una ley, que ya está pasada de fecha,
la Ley reguladora del tercer canal; una ley con la que
nosotros no estamos de acuerdo, una ley con la que el
Gobierno tampoco está de acuerdo, que cree que hay
que modificarla y por eso ha presentado un proyecto
de ley en este Parlamento, pero que es la que está en
vigor y, por tanto, hay que respetarla. Siempre, siempre,
siempre respetaremos las leyes, nos gusten o no
nos gusten; cuando nos gusten más o cuando nos gusten
menos. Lo que no se puede pretender es que intentemos
sobrepasar el contenido de las leyes -diríamos,
en términos coloquiales, hacer la trampa- para privatizar
una televisión cuando en estos momentos la ley lo
prohíbe.
Por lo tanto, señorías, creo que en el día de hoy estamos
dando un paso importante para Canarias. Un paso
importante en el sentido de adaptar la decisión del
Gobierno autonómico de Canarias, un Gobierno autonómico
que ha decidido -y su Parlamento también lo
ha aprobado así- que quiere tener una televisión autonómica.
Un Gobierno que está decidido y está impulsando
que esa televisión no le cueste mucho dinero al
ciudadano y, por ese motivo, quieren que sea fundamentalmente
una televisión con coste privado o de gestión
privada. Para ello, ¿qué es lo que hay que hacer?
En primer lugar, tomar en consideración esta proposición,
que, en cualquier caso, es bienvenida, pero que
ya estaba contemplada en el proyecto de ley del
Gobierno, y, en segundo lugar, tramitar lo antes posible
el proyecto de ley de la televisión autonómica de
manera que el Parlamento de Canarias, en el plazo más
breve posible, de acuerdo con la ley, ajustándose al
contenido de la ley -no de la ley hoy vigente, sino de
la ley que aprobemos en esta Cámara- pueda decidir
de una vez por todas, con libertad, si quiere que la televisión
autonómica sea pública, si quiere que la televisión
autonómica sea privada o si no quiere que exista
televisión pública.
Muchísimas gracias, señor presidente, muchas gracias,
señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señora Mato.
Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente
ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, ocupen sus escaños.
Vamos a proceder a la votación sobre la toma en
consideración de la proposición de ley del Parlamento
de Canarias, sobre modificación del régimen de titularidad
y gestión de la televisión autonómica. (Rumores.)
Silencio, señorías.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 305; a favor, 165; en contra, 138;
abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda
aprobada la toma en consideración de la proposición
de ley debatida.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES
DE LEY:
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE
CONSIDERACIÓN A EFECTOS DE PRÓRROGA
PARA EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO Y LA
PRESTACIÓN SOCIAL SUSTITUTORIA, DE TENER
EL INTERESADO UN CONTRATO DE FORMACIÓN
O DE PRÁCTICAS O DE CUALQUIER MODALIDAD
DE CONTRATACIÓN TEMPORAL (Número de
expediente 122/000177).
El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día:
Debate sobre la toma en consideración de la proposición
de ley del Grupo Socialista, sobre consideración a
efectos de prórroga para el servicio militar obligatorio y
la prestación social sustitutoria, de tener el interesado
un contrato de formación o de prácticas o de cualquier
modalidad de contratación temporal.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra
don José Manuel Caballero, en nombre del grupo proponente.
(Rumores.)
¡Silencio, señorías! Señorías, guarden silencio. (Continúan
los rumores.) Señor Silva y señor Guardans.
Señor Gómez Rodríguez. Señor Fernández de Troconiz.
Señor Estrella. señor Rupérez, por favor, silencio. Señor
Solbes. Señorías, señoras y señores portavoces.
(Pausa.)
Adelante, señor Caballero.
El señor CABALLERO SERRANO: Señor presidente,
señoras y señores diputados, presentamos hoy una proposición
de ley para que se considere a efectos de prórroga
para el servicio militar obligatorio y la prestación
social sustitutoria el hecho de que el joventenga un
contrato de formación o de prácticas o cualquier otra
modalidad de contratación temporal.
Esta proposición atiende las demandas de organizaciones
sociales, sindicales y juveniles, que están preocupadas
por la situación a la que se enfrentan los jóvenes
cuando, disponiendo de un contrato temporal, son
llamados a cumplir con la obligación del servicio militar
o de la prestación social sustitutoria, cortando así su
ya de por sí difícil actividad laboral. Situación que se
produce como consecuencia de una legislación aplicada
con un sentido muy restrictivo y también, la mayoría
de las veces, como consecuencia de las dificultades del
joven para reunir todos los certificados necesarios.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Caballero.
Señorías, por favor guarden silencio o abandonen el
hemiciclo. (Pausa.)
Adelante.
El señor CABALLERO SERRANO: En definitiva,
señorías, estamos hablando de la posibilidad de que un
joven pueda aplazar su incorporación a la prestación
social sustitutoria -y digo aplazar, que no eximirse-
si en el momento de ser requerido para incorporarse se
encuentra con un contrato de formación, de prácticas u
otra modalidad de carácter temporal.
La Ley 13/1991, del Servicio Militar, en su artículo 14,
relativo a las prórrogas de incorporación al servicio
militar, establece las clases de prórroga y las causas
para su concesión, fijando las mismas en seis tipos diferentes:
ya sea por contribución al sostenimiento familiar,
por motivos de estudio, por ser deportista de alto
nivel, por razones de tipo laboral para consolidar puesto
de trabajo, por ser residente en el extranjero, por
desempeñar un cargo público de elección popular y
por decisión del Gobierno fundada en razones excepcionales
o de interés nacional.
De la misma manera que existe esta posibilidad para
solicitar prórroga en la incorporación al servicio militar
obligatorio, existe también dicha posibilidad para la
incorporación a la prestación social sustitutoria. Estaba
recogida en el Real Decreto-ley 266/1995 que regulaba
el reglamento de la prestación social e igualmente se
encuentra recogido en la actual ley que aprobamos
hace algunas semanas en este Parlamento y que establece
también la posibilidad de aplazamientos equiparados
en esta materia con el servicio militar. Parece
lógico que las obligaciones militares de los españoles,
en este caso de los jóvenes, y también sus obligaciones
en relación con la prestación social sustitutoria puedan
conjugarse con el desarrollo de otras circunstancias no
menos importantes de carácter personal, profesional o
de cualquier otro tipo que afecten de manera directa al
joven. Miles de jóvenes cada año se benefician de las
prórrogas de distinto tipo. Por darles un ejemplo, a 31
de diciembre de 1997, se encontraban en cualquier
situación de prórroga en torno a los 800.000 jóvenes en
lo que se refiere al servicio militar y en torno a los
40.000 en lo que se refiere a la prestación social sustitutoria.
Podríamos desglosar esta cifra y observaríamos
que 774.872 jóvenes se encontraban en prórroga al
servicio militar por motivos de estudio, que 15.672 por
contribuir al sostenimiento familiar, incluso hasta 475
lo estaban por tener un cargo público, un número
importante, 475, sobre todo, para aquellos que como
yo pensamos que hay muy pocos jóvenes en política.
Sin embargo, destaca por su escaso volumen el número
de jóvenes en situación de prórroga de tercera clase,
esto es por razones de tipo laboral, para consolidar un
puesto de trabajo. Sólo 37 jóvenes, de un total de
836.798, se encontraban en prórrogas de tercera clase
al servicio militar, repito, por razones de tipo laboral
para consolidar un puesto de trabajo.
También llama la atención la escasa cifra de jóvenes
que se encontraban en situación de prórroga de tercera
clase para consolidar un puesto de trabajo en relación
a la prestación social sustitutoria, solamente 1.095 de
los más de 40.000 que estaban en esa situación a finales
del año 1997. Ciertamente resultan llamativas estas
cifras, máxime si las comparamos con las del resto de
jóvenes que disfrutan de cualquier otro tipo de prórroga
y también si las comparamos con el número de contratos
que se celebran entre la población juvenil de
nuestro país.
Nada descubro a SS.SS. si les digo que uno de los
principales problemas con los que se encuentran los
jóvenes españoles es su situación de desempleo. Casi
la mitad del conjunto de los desempleados de este país
tiene menos de 30 años, y a esta situación de desempleo
masivo hay que añadir las altas tasas de precariedad
y de temporalidad que se dan en el sector juvenil.
Así, junto con las propias dificultades que impone el
mercado de trabajo en nuestro país, por estas circunstancias
los jóvenes tienen que enfrentarse con una dificultad
más, sus obligaciones militares o la prestación
social sustitutoria, en los períodos en que se encuentran
con un contrato de carácter temporal.
Ciertamente la legislación actual recoge la posibilidad
de solicitar prórroga por motivos laborales y así se
establece en la denominada prórroga de tercera clase
para consolidar un puesto de trabajo. Y ahí es donde
está verdaderamente la limitación, lo que impide su
beneficio a miles de jóvenes que en el momento de ser
llamados a la prestación social sustitutoria o al servicio
militar disponen de un contrato temporal que tienen
que abandonar, En muchos casos, cuando se solicita
esta prórroga, la Administración competente es absolutamente
restrictiva en su concesión y, lo que es aún
peor, la mayoría de los jóvenes que en el momento de
ser llamados a filas o a la prestación social se encuentran
trabajando con contrato de carácter temporal, ni
siquiera tiene la voluntad de solicitar la prórroga porque
la documentación que se le pide tiene que reflejar,
en cualquier caso, la posibilidad de que en el futuro
ese joven pueda consolidar su puesto de trabajo en esa
empresa. Y son pocas las empresas, y menos aún los
jóvenes, que disponen de contratos de carácter temporal
donde la voluntad del empresario y del propio joven
sea la de que se convierta en indefinido. Son pocas,
por tanto, las posibilidades que los jóvenes van a tener
para consolidar ese puesto de trabajo. Por eso, aunque
la voluntad del empresario sea que en el futuro pueda
convertirse en un empleo consolidado, resulta muy difícil
que se atreva a justificarlo o incluso a acreditarlo
mediante certificado. Si esto fuera así, si fuera relativamente
sencillo que cualquier empresario acreditara a
un joven que se encuentra con un contrato temporal
que está consolidando un puesto de trabajo, ¿creen
SS.SS. que tan sólo 37 jóvenes estarían en prórroga de
tercera clase de los más de 800.000 que en el año 1997
tuvieron cualquier tipo de prórroga? ¿Ustedes creen que
si no fuera por esta dificultad no habría muchos jóvenes
que en el momento de ser llamados a filas o a la
PSS, encontrándose con un contrato temporal, no continuarían
hasta terminar este contrato y posteriormente
se incorporarían a filas?
De lo que estamos hablando no es de la posibilidad
de conceder aplazamientos en la incorporación para
que un joven consolide su puesto de trabajo cuando
exista esa voluntad por las dos partes, tanto por el
empresario como por el trabajados, eso ya lo recoge la
legislación actual. De lo que hablamos en este momento
es de que el joven pueda finalizar su contrato de trabajo
temporal e incorporarse posteriormente al servicio
militar o a la prestación social sustitutoria.
Desde el Grupo Socialista somos conscientes de que
es necesario regular esta propuesta con las debidas
garantías en cuanto a su duración y a la cantidad de
aplazamientos posibles, pero estamos en un momento
en el que esta medida es factible como consecuencia
de la desaparición del servicio militar en no muchos
años, también como consecuencia de la incorporación
progresiva de soldados profesionales y, sobre todo, por
el excedente que generan los futuros reemplazos. Sin
distorsionar el proceso de transición actual hacia el
ejército profesional, podemos favorecer a los jóvenes
que tienen el deber y el derecho a trabajar y para los
que debemos eliminar todas las trabas que dificultan
ese objetivo. No tenga miedo el Ministerio de Defensa
ni su subsecretario de que los contratos se los van a firmar
a los jóvenes los hermanos o los cuñados, como
aseguraba el otro día en la Comisión de Defensa. No
tenga miedo, esto no va a ser así. Ojalá, aunque fuera
para un contrato de carácter temporal, aunque fuera
para un contrato precario, aunque fuera de su hermano
o de su cuñado, la mayoría de los jóvenes pudiera tener
un contrato de este tipo.
Si la legislación vigente, tanto para el servicio militar
como para la prestación social sustitutoria, recoge la
posibilidad de solicitar prórrogas con objeto de continuar
la formación académica del joven, atender las
necesidades económicas de su familia o por interés
nacional, parece lógico también que exista la posibilidad
de tener prórrogas para finalizar un contrato de trabajo,
ya sea en prácticas, en formación o en cualquier
otra modalidad de contratación temporal, máxime
cuando el Gobierno se está planteando en este momento
exenciones, es decir la posibilidad de que ni siquiera
tengan que cumplir el servicio militar -que también
es positivo-, relacionadas con el sostenimiento familiar
y con el cuadro médico de inclusiones; incluso
recoge la posibilidad de volver a celebrar un nuevo sorteo
que, si lo llegan a hacer, esperamos que no sea tan
chapucero como el anterior.
La posibilidad de que un joven asuma con responsabilidad
su actividad laboral, la desarrolle y la finalice
en las condiciones establecidas legalmente, sin más
limitaciones que las señaladas en el contrato laboral, es
un derecho tan importante para el joven como contribuir
al sostenimiento familiar, finalizar sus estudios o
desempeñar un cargo público.
Por todo ello, el Grupo Socialista solicita el apoyo
de esta Cámara a la toma en consideración de esta proposición
de ley para que se considere, a efectos de prórroga
del servicio militar obligatorio y de la prestación
social sustitutoria, el hecho de tener interesado un contrato
de formación o de prácticas o cualquier otra
modalidad de contratación temporal.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Caballero.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tres intervenciones. Tendrán que
repartir su tiempo con la máxima brevedad, porque
saben que la fijación de posición ya es breve para cada
grupo, o sea que ustedes tendrán que hacerlo brevísimamente.
En primer lugar, tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: Gracias, señor presidente.
Para apoyar la proposición, en nombre de Nueva
Izquierda-Iniciativa per Catalunya, porque entendemos
que recoge principios básicos de justicia y de equidad.
Es un lugar común decir que para todas las fuerzas
políticas la lucha contra el desempleo es la principal
prioridad, pero entendemos que no basta decirlo retóricamente
cuando es fácil, sino que hay que demostrarlo
en ocasiones como ésta, cuando se proponen medidas,
por limitadas que sean, que contribuyen a ello. Difícilmente
se podría justificar que, en este caso, la lucha
contra el paro choca contra un interés como podría ser
la defensa nacional. No parece que la extensión de la
prórroga suponga un problema, desde luego ninguno
para la prestación social sustitutoria.
Además, desde el punto de vista de la equidad, difícilmente
se podría entender que no se apoye esta proposición
mientras se defiendan otro tipo de prórrogas
respecto a deportistas de élite o la que figura en la
norma sobre la excepcionalidad que se concede discrecionalmente
al Gobierno.
Por todo ello, vamos a votar favorablemente.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias,
señor presidente. Muy brevemente.
Apoyaremos la toma en consideración de esta proposición
de ley, no sin antes dejar claro y para que
conste en el «Diario de Sesiones» que tradicionalmente
Eusko Alkartasuna ha tenido, y tiene, una posición
absolutamente contraria a lo que es el servicio militar
obligatorio. En las múltiples iniciativas en esta Cámara,
señor presidente, siempre nos hemos posicionado en
contra de este tema y, asimismo, en contra de la prestación
social sustitutoria en la medida en que entendemos
que es en definitiva un castigo. Estas posiciones
las hemos llevado a la práctica incluso afrontando procedimientos
judiciales de nuestros cargos públicos por
no prestarse a determinado tipo de actividades que
conllevaban un servicio militar obligatorio.
No obstante, a pesar de que consideramos que sería
mejor plantearse de una vez por todas, con la profesionalización
de las Fuerzas Armadas, toda esta serie de
cuestiones y no dilatarlas hasta el 2003, señalo que si
nuestra posición favorable a esta toma en consideración
puede beneficiar a alguna persona, a alguien que
se encuentre en esta situación, no vamos a dejar de
darle apoyo. No obstante, queremos dejar constancia
de que siempre hemos manifestado nuestro voto en
contra de este servicio militar obligatorio y de la denominada
PSS.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lasagabaster.
Señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme):
Muchas gracias, señor presidente.
Siguiendo sus consejos, intervengo con toda brevedad
para decir, simplemente a efectos de que conste en
el «Diario de Sesiones», que el Bloque Nacionalista
Galego votará favorablemente la proposición de ley del
Grupo Socialista, destinada a permitir que también tengan
posibilidad de solicitar prórroga para realizar el
servicio militar obligatorio y la prestación social sustitutoria
los jóvenes que, en el momento de ser llamados a
filas o a realizar esta prestación, se encuentren trabajando
en algún tipo de contrato temporal. Desde luego,
parece razonable que así sea en un momento como
éste en el que los pocos jóvenes que encuentran trabajo
lo hacen precisamente con contratos en precario. Por
tanto, tal como están las cosas, bueno sería facilitarles
el mantenimiento de un cierto grado de ocupación
laboral.
Nosotros pensamos que esta proposición de ley debe
tomarse en consideración, puesto que podría ser útil
para que, de aquí a la instalación del nuevo modelo de
ejército profesional, muchos jóvenes se viesen beneficiados.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vázquez, y a
todos los intervinientes del Grupo Mixto, por su brevedad.
Señor Mardones, por el Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
Mi grupo se congratula, y felicita al Grupo Socialista,
proponente de esta iniciativa -nunca es tarde si la
dicha es buena-, porque podía haber venido ya contemplada
en la Ley Orgánica 13/1991, del Servicio Militar,
y también en el Real Decreto que en 1995 viene a
desarrollar el reglamento para la prestación social sustitutoria
de los objetores de conciencia en relación con
las clases de prórrogas militares.
Pues bien, las prórrogas de tercera clase por motivos
laborales estaban muy escuetamente expresadas en el
ordenamiento legal y jurídico del servicio militar.
Sobran razones, porque sería estar hablando de una
obviedad, y más ahora cuando ya estamos, no digo en
la antesala de la profesionalización de las Fuerzas
Armadas, sino en el final del servicio militar obligatorio,
de la mili de conscriptos. Entiendo que, para los
poquísimos años que nos quedan ya de vigencia de
este sistema mixto para entrar plenamente en el ejército
profesional, cualquier limitación a un derecho laboral
para pedir una prórroga -de tercera clase en este
caso- tendría que merecer el pronunciamiento concreto
de la Cámara. Mi grupo va a votar afirmativamente
para que esta proposición de ley pueda ser tomada en
consideración.
Lo que sí quiero advertir es que, como se trata de
una proposición de ley, para que pudiera culminar su
trámite parlamentario en el Congreso y en el Senado
sería bueno que pudiera hacerse eso de lo que ahora
se habla tanto, es decir, lecturas flexibles de la Constitución
o interpretaciones favorables de la misma. Efectivamente,
si hablamos de contratos laborales, la legislación
actual había hecho una discriminación más clara;
pero si hablamos de formación profesional o formación
en prácticas, podía aplicarse lo que la legislación actual
establece para la concesión de las prórrogas de segunda
clase, por estudios. Habíamos hecho una lectura
demasiado academicista -de élite, tal vez-, en el sentido
de que estas prórrogas fueran para aquéllos que
están realizando estudios universitarios o académicos
de determinado rigor. Pues bien, homológuese, puesto
que en una lectura favorable la formación profesional,
la formación en prácticas puede ser también objeto de
esta interpretación y creo que favoreceríamos a estos
jóvenes. Si a esos contratos laborales los llamamos temporales,
estarían más discriminados en la ley actual,
pero si los consideramos como contratos de formación
y de prácticas, entrarían sencillamente en una prórroga
de segunda clase bis -camino de la prórroga de tercera
clase-, con lo que les resolveríamos el problema a
estos centenares o miles de jóvenes, que es de lo que
se trata. Como bien ha puesto de manifiesto el portavoz
socialista -proponente de la iniciativa-, la estadística
arroja unas cifras verdaderamente ridículas de
jóvenes que, con un contrato laboral, pueden tratar de
solicitar la prórroga de tercera clase y que, por una
interpretación rigurosa de las autoridades de encuadramiento
militar, les ha sido denegada sistemáticamente y
han tenido que buscarse subterfugios indirectos en la
legislación.
Por todo ello, mi grupo votará favorablemente, pero
insta también a las autoridades del Ministerio de Defensa
a una interpretación flexible de la actual legislación,
para que no tengamos que esperar los meses que se
necesitan para que esta proposición de ley se tramite y
transforme ya en ley, con todos los imperativos legales
correspondientes.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
La señora Uría, por el Grupo Nacionalista Vasco.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente.
En numerosas ocasiones, el grupo al que pertenezco
ha tenido ocasión de manifestar su postura contraria a
la existencia del servicio militar como obligatorio y,
entre las razones que siempre hemos esgrimido, es la
injusticia que supone dificultar o retrasar la incorporación
al mundo laboral de los jóvenes en esa edad en la
que o bien han completado sus estudios o están en
edad de acceder al mercado del trabajo.
Esta circunstancia, que hemos expuesto tantas veces,
se agrava cuando estamos hablando de una obligación
de vigencia limitada en el tiempo. La proposición que
nos presenta el Grupo Socialista nos parece acertada y
digna de consideración porque, señorías, es contradictorio
que, por una parte, desde los poderes públicos se
estén haciendo ingentes esfuerzos para promover contratos
de formación en prácticas o cualquier otra modalidad
de contrato temporal y, a la vez, desde los propios
poderes públicos se impide que estas situaciones
laborales se consoliden con la obligación del cumplimiento
del servicio militar que, como bien indico, tiene
vigencia ya limitada y fecha cierta de desaparición.
En caso de tomarse en consideración la iniciativa, mi
grupo presentaría enmiendas en el sentido de posibilitar
que se puedan ver acogidos también a esta clase de
prórroga los trabajadores autónomos. Vemos que quienes
optan por el autocontrato o por montar un negocio
propio no deben ser de peor condición que quien lo
sea por cuenta ajena. Por estas consideraciones que he
manifestado, el Grupo Vasco apoyará la iniciativa que
nos presenta el Grupo Socialista.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.
Tiene la palabra el señor Campuzano, por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor
presidente.
Hoy el Grupo Socialista trae a la consideración de la
Cámara una proposición de ley que introduce un nuevo
supuesto de prórrogas al servicio militar y a la prestación
social sustitutoria, y lo hace en pleno período transitorio
hacia la supresión del servicio militar obligatorio.
Algunos intervinientes han manifestado la posición
de sus grupos contraria a la mili obligatoria. El actual
Gobierno y los grupos que sustentamos a esta mayoría
podemos afirmar que precisamente estamos en pleno
período transitorio hacia la supresión de la mili. Es
más, en esta Cámara ha entrado para su debate y discusión
la ley de régimen jurídico del personal de las Fuerzas
Armadas, que da sentido a este proceso de supresión
del servicio militar obligatorio. Además, el
Gobierno, y ha sido público la semana pasada en una
pregunta, creo recordar del señor Fernán de Mesa, y
también en la comparecencia del subsecretario del
Ministerio de Defensa, recogiendo una petición de la
Comisión mixta en su informe, va a introducir también
criterios objetivos para librar a más jóvenes del servicio
militar obligatorio. Recordemos que el año pasado se
celebró un sorteo, de resultado incierto y de polémica
evidente, que provocó suficiente nivel de alarma para
hacer necesario que en ese contexto, en el que cada
día son necesarios menos jóvenes de reemplazo, introduzcamos
criterios objetivos que permitan que jóvenes
que realmente lo necesitan se puedan librar del servicio
militar obligatorio. De ahí la voluntad de modificar
el cuadro médico de exclusiones o de disminuir las rigideces
para la consideración socioeconómica de las condiciones
para librarse del servicio militar. Propuestas
estas que en su día, cuando se produjo el debate parlamentario
relacionado con el sorteo, el Grupo Parlamentario
Catalán ya las manifestó.
Desde esta satisfacción por el proceso que estamos
viviendo, que nos lleva al fin de la mili, y también por
la coincidencia con lo que el Gobierno ha planteado de
modificación del reglamento de reclutamiento, nos
parece que la proposición del Grupo Socialista, en la
medida que es complementaria y compatible con este
proceso, merece ser tomada en consideración por este
Pleno. Sobran jóvenes para hacer el servicio militar
obligatorio. Seguramente hoy podemos corregir situaciones
injustas que, como muy bien recordaba el señor
Mardones, se alargan desde 1991, no tan sólo por la
falta de solución en el problema de las prórrogas, sino
por el carácter más restrictivo del reglamento de reclutamiento
de 1991 en materia de exclusiones para el
servicio militar obligatorio. Nos parece que quizás en
aquel contexto aquello tenía sentido; pero hoy, después
de la iniciativa de los grupos parlamentarios
Popular, Canario, Vasco y de Convergencia i Unió, en
el marco de la supresión de la mili, eso es especialmente
posible. Se trata de una proposición de ley que nace
a propuesta de una organización sindical, de Comisiones
Obreras, que hizo una amplia ronda de consultas
con los diversos grupos parlamentarios, y nosotros ya
en aquel momento manifestamos nuestra coincidencia
con el tema de fondo que nos planteaba dicha central.
Lo que hoy hace el Grupo Socialista, que es trasladarnos
esta propuesta, nos parece oportuno. Hemos de
ser sensibles a una realidad: los jóvenes trabajadores,
que se pueden beneficiar de contratos en prácticas o
en formación, no pueden encontrar un mecanismo a
través del cual el Estado reconozca el mérito de haber
encontrado trabajo como fórmula para prorrogar su no
realización del servicio militar, como sí lo pueden hacer
los jóvenes en prórroga por estudios o por cualquiera
de las otras modalidades. Nos parece que hoy es un
momento oportuno para dar respuesta a esta realidad
social de los jóvenes trabajadores, de los jóvenes en
formación en el mundo del trabajo. También quiero
anunciar nuestras dudas -y ya veremos en el trámite
parlamentario cómo lo podemos articular- a la hora
de dar respuesta a todo lo que hace referencia a la contratación
de carácter temporal. Es evidente que estamos
en un momento de transición -creo que todos los grupos
de la Cámara coincidirán, y especialmente el señor
Caballero- en el que lo realmente importante en esta
materia es la supresión del servicio militar. Cualquier
medida innovadora que adoptemos, como ésta, hemos
de procurar que no perjudique en ningún momento ese
proceso de supresión del servicio militar, que es lo que
la sociedad nos demanda. Desde ese punto de vista
vamos a votar favorablemente esta proposición y esperamos
que en el trámite parlamentario encontremos el
punto justo y necesario.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, el señor
Meyer tiene la palabra.
El señor MEYER PLEITE: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero agradecer al Grupo Socialista que haya presentado
esta iniciativa legislativa en este período de
transición hacia la profesionalización -período que
para Izquierda Unida nos hubiese gustado que hubiese
culminado en el 2000 y no en el 2003-, porque a través
de ella se puede corregir una injusticia clara a la
hora de la catalogación en clases sobre las prórrogas
tanto del servicio militar obligatorio como del servicio
sustitutorio. Como ya tuvimos ocasión de plantear en el
debate a raíz del sorteo (desgraciado, por cierto, por su
falta de igualdad a la hora de establecer la exención del
servicio militar), y dado que estamos en este período
de transición, en donde hay una incorporación importante
ya de jóvenes hacia la profesionalización, había
que suavizar tanto los criterios de la exención como de
las prórrogas. En el caso de la exención incluso planteamos
la necesidad de optar por un método objetivo, no
por sorteo, a fin de suavizar todo lo que debían entenderse
como causas para no cumplir el servicio militar
-laborales, familiares, contratos en formación-, así
como el cuadro médico de exclusiones. Por tanto, esta
iniciativa, que está dirigida a las prórrogas, nos parece
oportuna y acertada. Efectivamente, recoge esa reivindicación
del sindicato de Comisiones Obreras, que también
hacemos nuestra, y anunciamos que daremos
nuestro voto favorable para la toma en consideración
de esta proposición de ley.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Meyer.
Señor Fernández de Mesa, por el Grupo Popular.
El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO:
Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista presenta
hoy para su toma en consideración una modificación
de la Ley 13/1991, del servicio militar, en su artículo 14,
apartado primero. Es decir, el Grupo Parlamentario
Socialista propone modificar su propia Ley del servicio
militar del año 1991 y el artículo 266 de su reglamento,
del año 1995, sobre la prestación social sustitutoria.
Nos parece bien que así se haga porque si en este
momento hay alguien que haya hecho lo más importante
sobre el servicio militar en España en los últimos
doscientos años, ése ha sido el Partido Popular, Convergència
i Unió, el Partido Nacionalista Vasco y Coalición
Canaria, al votar unánimemente en este momento
en la Cámara, después de una Comisión mixta Congreso-
Senado y después de la celebración de una ponencia,
un documento mediante el cual finalizará el servicio
militar en una fecha fija.
El Grupo Parlamentario Popular entiende que en
este momento la proposición de ley debe ser admitida
a trámite y tomada en consideración porque, sin ninguna
duda, si algo nos interesa a los populares y a todos
los grupos parlamentarios de la Cámara es facilitar la
inserción en el mundo laboral de todos los jóvenes.
Permítanme que les diga que este Gobierno ha hecho
grandes esfuerzos para que la juventud, ese grupo tan
olvidado en otros momentos, encuentre la senda de la
inserción en el campo laboral. Los datos están ahí:
cerca de un 60 por ciento de los contratos indefinidos
actuales se firman entre jóvenes, y se ha reducido el
desempleo juvenil en cerca de un 35 ó 40 por
ciento.Por tanto, todo lo que sea ayudar a que los jóvenes
encuentren una salida en el terreno del trabajo, en
el mundo civil, en el campo laboral, será bien recibido
y apoyado por el Grupo Parlamentario Popular.
Quiero decir algo más, señorías. En este legislatura,
precisamente con este Gobierno y con los grupos que
lo apoyan, se ha conseguido suprimir las penas privativas
de libertad, se han dado pasos importantes en la
insumisión, se han dado pasos importantes en materia
de objeción de conciencia, y se ha planteado, por primera
vez en la historia, la supresión del servicio militar
obligatorio.
Vamos a votar a favor de la toma en consideración
de esta proposición de ley, pero también queremos
decir algo muy importante, y es que los beneficios que
se produzcan para los jóvenes que tengan contratos
temporales en prácticas y queden exentos del cumplimiento
del servicio militar no se transformen en perjuicios
para aquellos que, además de no tener un contrato
laboral, tengan que hacer el servicio militar en España.
Es muy importante la toma en consideración de esta
proposición de ley y serán muy importantes los debates
que se produzcan en las comisiones y ponencias
subsiguientes.
Señor presidente, el Grupo Parlamentario Popular
votará a favor de la toma en consideración de la proposición
de ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández
de Mesa.
Vamos a proceder a la votación. (Pausa.)
Votación sobre la toma en consideración de la proposición
de ley del Grupo Socialista, sobre consideración
a efectos de prórroga para el servicio militar obligatorio
y la prestación social sustitutoria, tener el
interesado un contrato de formación o de prácticas o
de cualquier modalidad de contratación temporal.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 296; a favor, 295; abstenciones,
una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en
consideración de la proposición de ley.
PROPOSICIONES NO DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO, RELATIVA A LAS RELACIONES
ENTRE DISTRIBUIDORES Y VENDEDORES DE
PRENSA (Número de expediente 162/000273).
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO,
SOBRE ACTUALIZACIÓN DE LA ORDEN MINISTERIAL
DE 22 DE ABRIL DE 1972, POR LA QUE
SE APRUEBAN LAS NORMAS REGULADORAS DE
LOS VENDEDORES PROFESIONALES DE PRENSA
(Número de expediente 162/000210).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto III del
orden del día, en el que se van a producir los debates
de tres proposiciones, dos de ellas en forma acumulada.
Quiero anunciar a la Cámara, a efectos de sus trabajos
parlamentarios, que las votaciones correspondientes
a los tres puntos, que insisto en que dos de ellos se
debatirán de forma acumulada, los relativos a distribuidores
y vendedores de prensa, se producirán al finalizar
el punto III del orden del día.
Debate sobre las iniciativas de los Grupos Popular y
Socialista, sobre normas reguladoras y relaciones entre
distribuidores y vendedores de prensa.
Para la presentación de la iniciativa del Grupo Popular,
tiene la palabra el señor Gómez Darmendrail.
(Rumores.)
Señorías, les ruego guarden silencio. Por la Presidencia
se hacen esfuerzos para que la sesión no termine
excesivamente tarde y por parte de SS.SS. no encuentra
la menor cooperación.
¡Señora Díez de Baldeón y señor Hernández Moltó!
¡Señora Narbona y señor Fernández, por favor! ¡Señor
Gómez Rodríguez! (Pausa.)
Puede comenzar, señor Gómez Darmendrail.
El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: Muchas gracias,
señor presidente.
Señorías, esta proposición no de ley ha concitado la
atención e interés de todos los grupos parlamentarios,
lo cual se ha traducido en aportaciones al texto del
Grupo Popular. Hemos visto con satisfacción las
enmiendas propuestas, cuyo objetivo es solucionar el
problema existente. Espero que desde mi grupo hayamos
sabido identificar un texto que sea punto de
encuentro de una mayoría parlamentaria suficiente. (El
señor vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
En primer lugar, voy a tratar de identificar el problema,
al objeto de explicar por qué desde el Grupo Popular
instamos al Gobierno a que realice un estudio sobre
las relaciones comerciales entre distribuidores y vendedores
de prensa que clarifique la situación normativa
actual.
Los mecanismos de distribución y venta de prensa y
publicaciones periódicas varían en muchos aspectos,
según las zonas geográficas, por razón de las características
territoriales y de los usos y costumbres, importantes
en una actividad como es la venta de prensa, que
ha ido evolucionando históricamente desde el vendedor
ambulante, trabajador por cuenta de la editorial,
hasta las grandes cadenas de locales de venta de prensa,
revistas y publicaciones de todo tipo.
En la actualidad, los vendedores de los quioscos o
pequeños establecimientos de prensa y revistas suponen
un colectivo muy numeroso de pequeños empresarios
que regentan negocios familiares y que constituyen
el grueso principal de los puntos de venta de todo el
país.
En los últimos años, el sector ha evolucionado hacia
una situación de conflicto y desajuste en las relaciones
entre los agentes, en particular, entre distribuidoras y
vendedores. Las razones de dichos conflictos radican
principalmente en los siguientes factores: primero, el
hecho de que editoriales y distribuidoras dicten las
directrices de la organización, práctica y procedimientos
de abastecimientos de ejemplares a los vendedores,
debido a la necesidad de planificar las tiradas de acuerdo
con las previsiones globales. Segundo, el carácter
de exclusividad con que se realiza la distribución de
ejemplares, que obliga a los vendedores a tratar con
una única distribuidora para abastecerse de las publicaciones
de cada editorial. Tercero, el precio fijo de portada
de las publicaciones, determinado por las editoriales,
y las retribuciones de los vendedores, de acuerdo
con criterios presuntamente discriminatorios preestablecidos
en la Orden ministerial de 22 de abril de 1972.
Cuarto, la confusión normativa producida por la aplicación
residual de dicha orden ministerial, única disposición
que regula las relaciones entre los agentes del sector,
parcialmente derogada por la Constitución y de
dudosa vigencia legal.
En cuanto al marco normativo, quiero decir que las
disposiciones que afectan al sector se agrupan en dos
tipos diferenciados, según los distintos aspectos que
regula: las ordenanzas municipales, que se ocupan de
las características técnicas, urbanísticas y demás requisitos
de funcionamiento de los quioscos de prensa; y la
Orden ministerial de 22 de abril de 1972, reguladora de
las relaciones entre los editores, distribuidores y vendedores
del sector, sobre la que centraremos nuestra atención.
Dicha orden se ocupa de algunos aspectos comerciales
y organizativos de los servicios de distribución y
venta de prensa y, de modo especial, de los aspectos
profesionales de los vendedores, a través de la creación
de las comisiones provinciales que, además, tenían
importantes funciones de control y organización de
los mecanismos prácticos de distribución y venta de
prensa. Estas comisiones estaban creadas en el marco
de la antigua organización sindical, por lo que todo
cuanto a ellas se refiere ha sido derogado por la Constitución.
Los artículos más destacables de la orden ministerial
son: el 5, que establece la organización práctica de los
servicios de venta; el 6, sobre devolución de invendidos;
el 7, acerca del suministro de ejemplares; el 8, que
contempla los gastos de transporte; los artículos 13 y
14, en lo relativo a retribuciones de los vendedores; y
el artículo 9 y siguientes, referentes a la creación de las
comisiones nacional y provinciales.
Hay que decir que, a partir de la aprobación de la
Constitución, la orden ha de considerarse derogada en
todo en cuanto se opone a ella y, de modo inequívoco,
en lo relativo al funcionamiento y competencia de las
comisiones nacional y provinciales.
En cuanto al resto de su articulado, no derogado
expresamente por norma posterior, la Dirección General
de Trabajo, organismo al que la propia orden ministerial
remite para dictar cuantas aclaraciones exija su
aplicación, emitió un informe, el 20 de junio de 1978,
en el que se consideraba derogada. Por su parte, el Tribunal
de Defensa de la Competencia en distintas resoluciones
considera esta orden ministerial derogada e
inoperante desde la promulgación de la Ley 19/1977,
de 1 de abril, sobre derecho de asociación sindical y
sus disposiciones de desarrollo. No obstante, la orden
ministerial en cuestión sigue utilizándose como referencia
por los agentes del mercado para regular sus
relaciones comerciales, dando lugar su interpretación o
aplicación residual a múltiples conflictos que han sido
objeto de numerosas denuncias, algunas de las cuales,
por cierto, han dado lugar a resoluciones sancionadoras
del Tribunal de Defensa de la Competencia, en unos
casos por prácticas abusivas de las distribuidoras y en
otros por colisión de éstas y las asociaciones de vendedores
para impedir o restringir la competencia.
Por consiguiente, conviene, señorías, hacer una
breve referencia a los puntos principales del conflicto,
debidos a las características propias del sector y a la
aplicación residual de la orden ministerial. En primer
lugar, está la organización de los aspectos prácticos de
la distribución y venta. Desaparecidas las comisiones
nacional y provinciales, la organización de los aspectos
prácticos, devolución de invendidos, suministro de cantidades,
rutas de reparto, etcétera, se ejerce de hecho
por editoriales y distribuidores, lo que en principio es
coherente con las necesidades de ajustar al máximo las
previsiones de consumo de una mercancía extremadamente
perecedera. Sin embargo, en un sector en el que
la distribución se realiza en exclusiva, el control de la
organización de dichos aspectos ejercido por las distribuidoras
ha dado lugar a diversas denuncias de los
vendedores, que consideran abusivas y no justificadas
las prácticas de aquéllas sin respetar, entre otras cuestiones,
el derecho a la continuidad en el suministro
garantizado en el artículo 7 de la orden ministerial.
En segundo lugar, cabe citar el tema de las retribuciones
de los vendedores. En este aspecto se sigue utilizando
la Orden ministerial de 1972 como referencia,
manteniéndose diferentes tipos de comisiones. Los vendedores
de prensa consideran una discriminación no
justificada estas diferencias en sus retribuciones por
razón del número de habitantes de cada localidad. En
todo caso, cualesquiera que fuesen los criterios seguidos
por la orden ministerial para establecer estas diferencias,
en la actualidad habrían quedado obsoletos,
tanto por los cambios demográficos como por razones
de la dinámica del mercado.
En tercer lugar, están los gastos de transporte y
reparto, que es uno de los principales puntos de conflicto
entre vendedores y distribuidores. La realidad es
que la confusa redacción del artículo 8 de la citada
orden ministerial, que asigna a editores y distribuidores
los gastos de transporte y servicio de ejemplares hasta
los puntos de distribución, no aclara cuáles son tales
puntos sino más bien todo lo contrario, al remitir para
ello al artículo 10, en el que no se hace mención alguna
sobre el asunto. Así, los vendedores opinan que los
puntos de distribución son los quioscos o locales de
venta, mientras que los distribuidores interpretan que
tales puntos son los almacenes de las distribuidoras. En
la actualidad, las únicas empresas que no cobran cantidad
alguna por portes son las que distribuyen únicamente
prensa diaria; el resto repercute a los vendedores
una cantidad fija o un porcentaje sobre la
facturación en concepto de reparto o servicios auxiliares.
Los criterios y cantidades aplicados por estos conceptos
varían según los distribuidores y las localidades
de que se trate. En algunas provincias se cobran portes
a todos los vendedores, mientras que en otras las distribuidoras
cobran únicamente a los nuevos puntos de
venta, manteniendo las condiciones de los antiguos
vendedores. Los vendedores, de acuerdo con la interpretación
de la orden ministerial, consideran ilegal el
cobro de estas cantidades, mientras que los distribuidores
opinan en este asunto que en cualquier caso la
orden ministerial ya no está vigente.
Con esta breve descripción de los problemas que
plantea la actual aplicación de la Orden ministerial de
1972 no se cierran los focos de conflicto entre empresas,
editores, distribuidores y vendedores de prensa y
revistas. Si bien es cierto que los problemas principales
se dan en las relaciones entre distribuidores y vendedores,
las empresas editoriales tienen un papel determinante
en alguno de estos conflictos; no así en lo referente
a fianzas y contratos, que pertenecen en exclusiva
a las relaciones comerciales entre distribuidoras y vendedores.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor
Gómez Darmendrail, vaya concluyendo, por favor.
El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: Concluyo, señor
presidente.
Señorías, espero haber conseguido identificar las
facetas más relevantes del problema y ahora desde mi
grupo esperamos encontrar una solución que sea aceptada
por todos. Teniendo en cuenta, por un lado, la
obsolescencia e inaplicabilidad de la Orden ministerial
de 1972; por otro, el carácter especial del producto a
distribuir como es la prensa diaria, cuya disponibilidad
es un factor fundamental, ya que el suministro tardío
de la misma le hace perder validez, y, por último, la
vigencia del principio de libertad de empresa que inspira
nuestro ordenamiento jurídico, muy alejado del
carácter intervencionista vigente cuando se promulgó
la citada orden ministerial, parece aconsejable la realización
de un estudio, tal y como proponemos desde el
Grupo Popular, que clarifique la situación normativa
actual.
En cuanto a la proposición no de ley del Grupo
Socialista, quiero decir que vamos a escuchar atentamente
a su portavoz, porque estoy seguro que coincidiremos
en el diagnóstico y probablemente en la solución.
Creo que coincidiremos en que si bien la Orden
ministerial de 22 de abril de 1972, por la que se aprobaron
las normas reguladoras de los vendedores profesionales
de prensa, no ha sido expresamente derogada
en su conjunto, sí ha resultado afectada parcialmente
en su vigencia por normas posteriores. Cuestión distinta
es determinar en qué medida resulta hoy necesario
actualizar la regulación contenida en dicha orden,
como pretende el Grupo Socialista, habida cuenta que
conforme a lo previsto en el título preliminar el Código
Civil, sobre aplicación y eficacia de las normas jurídicas,
gran parte de la misma está derogada. En concreto,
así ocurre con el capítulo IV, que el Grupo Socialista
dice que debe considerarse viciado y nulo de pleno
derecho y que está simplemente derogado por ley posterior.
En todo caso, señorías, tanto la proposición no de
ley del Grupo Socialista como la del Grupo Popular
pretenden corregir los problemas y desajustes del sector
y, por consiguiente, plantean un mismo objetivo. La
diferencia es que nosotros entendemos que previamente
a cualquier decisión, se debe realizar un estudio para
que con todos los datos en la mano se pueda solucionar
el conflicto del sector, fruto del desorden normativo.
Otra cosa es la enmienda del Grupo Socialista, que
pide, por un lado, acotar en el tiempo la realización del
estudio que clarifique la situación normativa actual -
cosa que nos parece absolutamente razonable y muy
ajustado a los deseos del sector- y, por otro, adaptarla
al régimen constitucional, algo que va de suyo y también
es solicitado por el Grupo Mixto. En cuanto a la
enmienda de Convergència i Unió la vamos a aceptar
porque está llena de sentido común, así como el añadido
que nos propone el Grupo Mixto en cuanto a que el
estudio se refiera no sólo a vendedores de prensa, sino
de prensa y revistas.
Por ello, señorías, señor presidente, mi grupo ofrece
una transaccional, que ahora mismo voy a entregar a la
Mesa, que dice lo siguiente: El Congreso de los Diputados
insta al Gobierno a la realización de un estudio
sobre las relaciones comerciales entre los distribuidores
y vendedores de prensa y revistas en el menor tiempo
posible, y en todo caso antes de marzo de 1999, que
clarifique la situación normativa actual y adaptarla, si
procede, al régimen constitucional vigente, teniendo en
cuenta tanto las especiales circunstancias del sector
como las competencias que en ese ámbito tengan las
comunidades autónomas.
Espero, como he dicho al principio, señor presidente,
que hayamos sabido identificar un texto que consiga
una mayoría parlamentaria suficiente.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias,
señor Gómez Darmendrail.
A continuación pasamos a la presentación de la proposición
no de ley del Grupo Socialista, que conjuntamente
y en el mismo turno defenderá la enmienda que
había presentado a la proposición no de ley del Grupo
Popular. Para ello tiene la palabra la señora Varela Vázquez.
La señora VARELA VÁZQUEZ: Buenas tardes, señorías.
Con la aparición en Europa de varias publicaciones
escritas, las cuales no eran diarios en el sentido cotidiano
del término, sino que se limitaban a las noticias de
hechos relevantes de la época, nace lo que hoy entendemos
por prensa escrita como medio de comunicación
de masas. Si inicialmente estas hojas o publicaciones
eran distribuidas con carácter personal por el propio
editor o por correo a los primeros suscriptores, el crecimiento
y desarrollo de la prensa hizo que las empresas
editoras buscasen soluciones para la venta y distribución
de sus publicaciones con la finalidad de llegar al
mayor número de lectores posible. Así pues, la fase de
confección y producción de la prensa debía ser completada
con la distribución.
De forma tradicional y lejos de crear cada empresa
editora sus canales propios de venta, se utilizó el servicio
del vendedor de prensa, el cual era retribuido con
una comisión o porcentaje sobre el volumen del papel
vendido. Estos vendedores en un principio eran ambulantes,
pero el crecimiento de las ciudades, la mayor
demanda de los periódicos y revistas y la dignificación
lógica del ejercicio del trabajo fueron transformando el
sector mediante la ubicación ordenada a través de los
ayuntamientos de quioscos en la vía pública, con lo
cual el vendedor que lo regenta se ha convertido, al ser
esta su actividad principal, en profesional de la venta y
distribución de prensa.
Las relaciones del vendedor profesional con las
empresas editoras se caracterizan por los siguientes elementos:
primero, suministro al vendedor por parte de
la editora hasta el punto de venta de todo papel solicitado;
segundo, porcentaje fijo a favor del vendedor en
concepto de remuneración sobre el precio de la prensa
y revistas; y, tercero, derecho a devolución del papel
invendido por parte del vendedor. Con estas tres premisas
básicas e iniciales se configura una relación profesional
de carácter mercantil entre distribuidores y
vendedores. Ahora bien, el 22 de abril de 1972 el Ministerio
de Trabajo dictó una Orden ministerial denominada
normas reguladoras de los vendedores profesionales
de prensa, que aunque puede considerarse prácticamente
derogada tanto por la aprobación posterior de la
Constitución como por el informe emitido por la Dirección
General de Trabajo, de 20 de junio de 1978, que la
considera nula, lo cierto es que a falta de una normativa
clara que regule las relaciones entre distribuidores y
vendedores de prensa, la norma de 22 de abril de 1972
sigue siendo utilizada, originando a los vendedores
profesionales de prensa una serie de problemas, derivados
precisamente de la relación contractual con el
distribuidor.
¿Cuáles son estos problemas? Para llegar a comprender
la situación de esta relación hay que partir del
hecho de que el distribuidor goza en su zona geográfica
de una posición de dominio del mercado, no tiene
competidor. El vendedor de prensa debe acudir irremediablemente
a él para abastecerse de su fondo editorial.
El distribuidor retribuye al vendedor de prensa con
una comisión, que fue regulada por la Orden ministerial
del año 1972 en función del número de habitantes
de las poblaciones, fijándose una comisión inferior para
poblaciones pequeñas. En su momento se entendió que
acercar las publicaciones a estas poblaciones tenía un
mayor coste y este se compensaba con la reducción de
la comisión. Hoy en día se mantiene la estructura establecida
en la orden de 1972 en cuanto a las comisiones,
si bien el distribuidor, necesitando de mayores
recursos, opta por rebajar la comisión al vendedor a
través de diversos mecanismos, el más frecuente de los
cuales es establecer un cobro semanal, que inicialmente
se denominaba portes, pero que al darse cuenta de
que fiscalmente no eran empresas transportistas, han
sustituido por el de trabajos auxiliares. Al parecer, tales
trabajos no existen y el concepto es engañoso y más
parece el cobro de una cantidad que tiene por finalidad
obtener mayores recursos y, por ende, rebajar la comisión.
Por otro lado, el no encontrarse formalizada en
documento de ninguna clase la relación mercantil entre
distribuidor y vendedor favorece que en cualquier
momento y sin previo aviso las distribuidoras modifiquen
las condiciones contractuales, encontrándose los
vendedores con que de la noche a la mañana hay que
domiciliar los pagos ante la amenaza de corte de servicio;
se cambia el concepto de portes por el de trabajos
auxiliares sin especificar en qué consisten estos; cambian
la comisión de una determinada publicación; inician
o modifican el importe de los trabajos auxiliares;
cambian el número de ejemplares que se entregan al
punto de venta, etcétera.
En los supuestos en los que se hace firmar el contrato,
al parecer este no reúne las condiciones de seguridad
jurídica. Se trata de un contrato de adhesión. El
vendedor no tiene otra opción que firmarlo si quiere
vender sus publicaciones, y en el mismo se impone la
domiciliación bancaria y los servicios generales, sin
concretarse si son opcionales o no y en qué consisten.
Al iniciar la relación comercial, las empresas distribuidoras
exigen a los vendedores la constitución de fianzas
y en muchos casos se exige que sean constituidas
en efectivo, en metálico, sin aceptar otros medios válidos
en derecho, como podría ser el aval bancario, y en
ocasiones los avales bancarios que se exigen fijan que
el banco deberá pagar ante cualquier recibo presentado
al cobro sin mediar acto jurídico ni previa firma del
cliente. Esto crea gran inseguridad al vendedor, ya que
el banco estará obligado a pagar cualquier recibo sin
comprobar su realidad.
En cuanto a los cobros, es tradicional que el vendedor
de prensa liquide a la distribuidora a través del
repartidor. Esta forma de pago se suprime unilateralmente
y sin previa consulta se sustituye por la domiciliación
bancaria. En ocasiones se exige este sistema de
entrada sin que exista opción de ninguna clase y esto
produce múltiples errores, ya que el repartidor recoge
la devolución del punto de venta sin efectuar ningún
tipo de comprobación, y en ocasiones la liquidación no
coincide con el género que devuelve el punto de venta.
Lo mismo sucede con la entrega del género, que en
ocasiones se hace sin estar todavía el quiosco abierto,
no estando presente el vendedor. En cuanto a los plazos
de devolución, el distribuidor los reduce o los cambia
sin previo aviso y, en ocasiones, estos cambios
crean gran desconcierto y determinadas devoluciones
son enviadas al punto de venta por el distribuidor al
considerar que lo han sido fuera del plazo señalado al
efecto.
En el tema de la suscripción, las empresas editoras
optan por comercializar sus publicaciones a través de
la red de puntos de venta y también mediante las suscripciones.
Las empresas insertan las condiciones de la
suscripción en las publicaciones y éstas, en su gran
mayoría, son más beneficiosas que las que tienen reconocidas
los propios vendedores, ya que se ha llegado a
ofrecer hasta un 60 por ciento de descuento. Así, el suscriptor
adquiere los primeros números en el quiosco o
punto de venta y, a continuación, sigue la colección
mediante suscripción, creando una pérdida de clientela
al punto de venta.
Determinados distribuidores y editores establecen en
sus ámbitos territoriales de actuación comisiones de
venta diferenciadas sin ningún tipo de justificación; es
decir, que se trata de condiciones desiguales para prestaciones
idénticas, lo que no parece tener justificación
alguna.También las empresas proceden a cortar el
servicio al punto de venta y, en los casos de impago,
puede suceder que el mismo se haya debido a un error
de la entidad bancaria, y no sólo no se reconoce esa
posibilidad, sino que para restablecer el servicio se
exige el pago de elevados intereses y gastos.
En cuanto al suministro de ejemplares, las distribuidoras
optan por suministrar productos editoriales contra
la voluntad del vendedor, no permitiendo su devolución
inmediata ni darse de baja de determinadas
publicaciones. Se trata, por tanto, de una práctica contraria
al Código de Comercio, que coloca al vendedor
en una delicada situación económica.
Por último y para ir terminando con parte -que no
con toda- de la exposición de la problemática planteada
entre distribuidores y vendedores de prensa, hay
que añadir que determinados distribuidores tienen su
propia red de locales o quioscos. Estos se ven favorecidos
en cuanto a los horarios de entrega de los periódicos
y revistas, periodicidad y gama de publicaciones.
Estos, como SS.SS. comprenderán, son algunos de
los problemas planteados en la relación entre empresa
distribuidora o editora y vendedores de prensa. Es evidente
al amparo de los hechos que esta relación debe
ser regulada de alguna forma en función del interés
social del servicio que se presta. Por ello, el Grupo Parlamentario
Socialista presentó la proposición no de ley
para que se actualicen las normas reguladoras de los
vendedores profesionales de prensa. Por cierto -y
tengo que decirlo-, se presentó bastantes meses antes
que la del Grupo Parlamentario Popular. También se
han formulado enmiendas al texto presentado por el
Grupo Parlamentario Popular, ya que dicho texto no
marca límites en el tiempo. Propone un estudio y no lo
fija en el tiempo, por lo que puede durar lo que dure,
por ejemplo, una carrera universitaria con sus correspondientes
repeticiones de curso; por supuesto, años,
y esto se diluye en el tiempo. Dado que el Grupo Parlamentario
Popular acaba de plantearnos una transaccional
y que en esa transaccional está recogida la proposición
no de ley presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista a esta Cámara, así como las
enmiendas presentadas al texto del Grupo Popular, mi
grupo no tiene ningún inconveniente y por supuesto
que aceptará esa transaccional.
Muchas gracias. (Aplausos.-Un señor diputado:
¡Muy bien!)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias,
señora Varela.
Entiende la Presidencia, señora Varela, que a la hora
de realizar la votación, atendiendo también a la intención
del señor Gómez Darmendrail, se sustituiría la
votación de la proposición no de ley del Grupo Popular,
lo mismo que la del Grupo Parlamentario Socialista,
por una única que tendría como contenido el texto presentado
como transaccional.
A la proposición no de ley del Grupo Popular ha
presentado asimismo una enmienda el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió).
Para su defensa, tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señor
presidente. Voy a intervenir con brevedad y desde el
escaño.
Los ponentes que han intervenido hasta ahora han
explicado perfectamente cuáles son las circunstancias
del sector que han motivado tanto al Grupo Popular
como al Grupo Socialista a presentar estas dos proposiciones
no de ley. Yo creo que todos coincidimos con el
fondo de lo que se plantea. El sector de la distribución
y venta de revistas y de periódicos padece desde hace
tiempo una situación de conflictividad a la que es necesario
encontrar algún tipo de solución. Se ha hecho
referencia a las características especiales del sector de
los distribuidores y de los vendedores, a los intereses
contrapuestos entre unos y otros y a las peculiaridades
del tipo de relación, a lo que añadimos la complejidad
derivada de funcionar en su tiempo sobre la base de
una normativa hoy claramente superada.
Estos días, preparando y recogiendo información en
relación con estos problemas, se nos informaba por
parte del Gobierno de Cataluña que en el marco catalán
se había encontrado algún tipo de soluciones buscando
el pacto entre las asociaciones representativas
de los distribuidores y las de los vendedores, los quiosqueros.
A juicio del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), seguramente la solución tendrá que
ir por ahí, es decir, buscar un marco de relaciones entre
estos intereses contrapuestos, en el que se puedan
encontrar soluciones a los problemas que se han enunciado.
Desde este punto de vista, nos parecía especialmente
oportuno, aun coincidiendo en el fondo con los
dos textos presentados, el del Grupo Popular, porque
marcaba la necesidad de que previamente a la modificación
de la normativa se hiciera un estudio para acotar
la complejidad del problema y que reflejara además
las características que contienen el conjunto de enmiendas
que ha presentado el Grupo Socialista y las nuestras,
que pretendían incidir en dos conceptos: por un
lado, las especiales características del sector, que lo
hacen muy singular en el ámbito económico de nuestra
sociedad, y, por otro, el hecho de que hoy también
buena parte de las competencias en materia de comercios
están asumidas por las comunidades autónomas.
Creo que la enmienda transaccional que ha propuesto
el señor Gómez Darmendrail recoge perfectamente
nuestras enmiendas y también algunas de las cuestiones
de fondo que planteaba el Grupo Socialista, y de
manera muy singular el hecho de que el Gobierno
tenga un periodo límite para poder realizar este informe.
Desde ese punto de vista, nosotros vamos a apoyar
el texto transaccional que ofrecía el Grupo Popular.
Nos parece importante que el Gobierno haga este estudio
y que seamos capaces de detectar los problemas y,
al mismo tiempo, de apuntar posibles soluciones a un
tema que no es fácil, que es complejo y que, a nuestro
entender, va a depender fundamentalmente de las propias
partes.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas
gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, para defender la
enmienda presentada, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Muchas gracias,
señor presidente.
El Bloque Nacionalista Galego coincide con las apreciaciones
y las valoraciones que la Asociación de vendedores
profesionales de prensa, revista y publicaciones
hace sobre el estado del sector. Por los diversos
grupos parlamentarios se significaron ya algunas características,
que nosotros pensamos que habría que centrar
especialmente en cuestiones referidas al contrato
del suministro del distribuidor al vendedor, en primer
lugar, en cuanto a que no se encuentra expresado por
escrito y los abusos a que conduce esta no expresión
de carácter legal; en segundo lugar, habría que reincidir
en el hecho de que las cantidades asignadas por los
distribuidores lo sean unilateralmente y, por lo tanto,
conforme a criterios que padecen muchísimas veces de
falta de objetividad en ese momento preciso respecto
del punto de venta, y, en tercer lugar, habría que señalar
el capricho de aumentar la carga de los albaranes,
sobre todo en momentos cruciales del año, cuando hay
pagas extraordinarias, haciendo cobros inflados pero
devoluciones atrasadas, cuando no devoluciones que
se significan prácticamente a través de compras de nuevas
mercancías. Si a esto añadimos los ya mentados
problemas con las fianzas, con el reparto o con el discriminador
margen comercial, por no hablar de cuando
se convierte a los vendedores profesionales en algo así
como competidores propios, sirviendo de plataforma
para suscripciones directas con los compradores, tenemos
la descripción a la que antes se han referido todas
sus señorías.
En cualquier caso, como Bloque Nacionalista Galego,
en especial queremos llamar la atención sobre el
hecho de que lo que el sector considera puntos de
venta profesionales deberían estar regulados de otra
manera, porque no cabe duda que el precio de venta al
público y de compra al editor están fijados. Además,
estamos asistiendo a una competencia desleal por parte
de grandes supermercados, gasolineras y muchos otros
tipos de comercios que no tienen como finalidad prioritaria
vender prensa, lo cual lleva a la desaparición de
muchos puntos de vendedores profesionales y afecta
gravemente a un sector que demagógicamente muchas
veces parece contar con la atención o con el lamento
de grupos políticos, como es el caso del trabajador
autónomo. Por darles un dato, en Galicia el 90 por
ciento de los vendedores profesionales carece de ningún
tipo de contrato por escrito, y el cien por cien
asume el pago de los portes, por abusivos que sean,
ante la falta de alternativas viables.
El Gobierno respondió por escrito a este diputado
que, efectivamente, la normativa de 22 de abril de 1972
estaba derogada, pero que indudablemente servía de
referencia a los agentes del mercado para regular sus
relaciones comerciales. Y el Gobierno también dice ser
consciente, en esta respuesta por escrito, de que existen
problemas derivados de la dinámica del mercado y
reconoce que las denuncias realizadas al Servicio de
Defensa de la Competencia se han concretado en resoluciones
sancionadoras firmes del Tribunal de Defensa
de la Competencia. Por lo tanto, el análisis realizado
del mercado de distribución y de venta indica que hay
prácticas prohibidas y abuso de posición dominante, e
incluso el Gobierno admite que no descarta realizar
una normativa nueva, es decir, actualizar la existente
para regular estas relaciones comerciales entre distribuidores
y vendedores.
El motivo de nuestra enmienda entonces es que ya
que el Gobierno tiene tal conciencia de la situación,
que quede claro que el estudio habría que hacerlo en
un plazo no superior a cuatro meses. Vemos con alegría
que se ha aceptado la enmienda presentada por el
Grupo Socialista del Congreso, aunque es más amplia
en el tiempo. También sería conveniente que ese estudio
tuviese como finalidad la elaboración de una reglamentación
constitucional y completa del sector.
Aunque nos hubiese gustado una redacción más
prescriptiva y más clara en el sentido de que todo
desembocara en una nueva normativa, de todas maneras,
como el texto transaccional mejora sensiblemente
la propuesta del Grupo Popular, por supuesto que votaremos
afirmativamente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias,
señor Rodríguez.
¿Grupos parlamentarios que no hubieran intervenido
en el debate y que quisieran fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra la señora Aramburu.
La señora ARAMBURU DEL RÍO: La proposición no
de ley que debatimos hoy en la Cámara con motivo de
las relaciones entre distribuidores y vendedores de
prensa, que entre otras cuestiones originó la huelga de
quiosqueros -llamada así mediáticamente- y que fue
sostenida mientras pudieron durante los meses del
verano pasado, entre otros lugares en Sevilla, refleja un
conflicto que tiene su origen en la indefensión de los
trabajadores, en este caso de la venta de prensa, dadas
las lagunas y la confusión normativa que posibilita
interpretaciones no sólo diferenciadas, sino confrontadas,
lo que motiva el desamparo del gremio.
En sus orígenes, como ustedes saben, los autores no
sólo eran escribientes sino también publicadores de sus
informaciones, y el posterior volumen que fue adquiriendo
el interés por la noticia hizo que los grupos editores
necesitaran articular nuevos mecanismos para la
distribución y venta de los ejemplares a fin de abastecer
un amplio mercado, lo que fue perfilando el actual
oficio. Posteriormente, ya lo saben ustedes, ya en España,
el entonces Ministerio de Trabajo improvisó unas
normas reguladoras de los vendedores profesionales de
prensa, que datan del 22 de abril de 1972 y que pretendían
armonizar un ejercicio no similar en aquellos tiempos
a otros oficios. Aquella orden, como ustedes conocen,
ha sido derogada de hecho, de facto, además de
en los capítulos a los que hemos aludido en otras ocasiones,
al completo en el capítulo IV, en la medida en
que contemplaba negativamente el libre derecho de
sindicación consagrado en la Constitución en el artículo
28, como ustedes saben. Igualmente está superada por
no conferir en sí misma ningún ordenamiento jurídico
de relación alguna o similar que vincule o garantice
una norma en las relaciones de trabajo. Además, señorías,
conocido es el texto emitido por la Dirección
General de Trabajo el 20 de junio de 1978, que declara
nula la mencionada orden, y ya saben ustedes que el
mismo Tribunal de Defensa de la Competencia comparte
el criterio sobre la no validez de la misma.
El problema es que el único documento percha, del
que se cuelga el conjunto del sector, es el referido, por
lo que ambas partes lo semirreconocen, pero lo interpretan
de forma diferenciada, teniendo que considerar
uno de los elementos más relevantes la fijación de los
porcentajes. Así lo he interpretado en mis conversaciones
con los correspondientes quiosqueros. Para los
vendedores de prensa, ustedes saben que se sitúa el 25
por ciento para las revistas nacionales en poblaciones
de más de medio millón de habitantes y que en aplicación
de esa norma se está quebrando en la mayoría del
país el principio de igualdad estableciendo cantidades
inferiores a la fijada, con lo cual se generan categorías
desiguales en un mismo sector y por un mismo trabajo.
Además, señorías, aparecen en el escenario artífices del
engranaje que revelan la existencia de monopolios,
como es el caso de DistriSur y de PubliSevilla, que dan
al traste con una planificación y una regulación justa
del mercado, y esto, unido al caos normativo, provoca
un daño económico y profesional a un sector como son
los vendedores de prensa, cuya función es eminentemente
social y sin cuyo trabajo los ciudadanos estaríamos
más desinformados y más desprotegidos.
En este sentido, señorías, culmino con mucha brevedad
que urge que esta Cámara inste al Gobierno para
que se corresponsabilice con el sector y actúe con
urgencia en la adaptación de las normas reguladoras de
vendedores de prensa con el escrupuloso marco de la
Constitución como norma vigente. Por lo tanto, vamos
a votar a favor con la enmienda transaccional incluida.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias,
señora Aramburu.
Para que quede definitivamente claro, el texto que
va a ser sometido a votación, en lugar de la iniciativa
del Grupo Popular que figura como proposición no de
ley en el apartado tercero y de la iniciativa del Grupo
Socialista que figura con el número cuarto, es el texto
transaccional que el señor Gómez Darmendrail ha pasado
a la Presidencia y que ha sido distribuido entre
todos los portavoces.
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, RELATIVA
AL CONTENIDO DE UN PROGRAMA
ESTRATÉGICO RELATIVO A SUELOS PÚBLICOS
(Número de expediente 161/000160).
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Como ya
se ha indicado con anterioridad por parte del señor
presidente que la votación se haría a continuación de
la siguiente proposición no de ley, vamos a pasar a su
debate.
Seguramente ha habido alguna pequeña confusión
esperando la llamada a votación. Es la señora Narbona
la que tiene que presentar la siguiente proposición no
de ley. Le damos dos minutos de tiempo para incorporarse,
si no pasaríamos a debatir el siguiente punto del
orden del día. (Pausa.)
Agradeciendo a los portavoces de todos los grupos
parlamentarios la colaboración que han prestado a la
Presidencia, y también en este caso al Grupo Socialista,
al dar tiempo para que llegara la ponente, cuyo retraso
seguramente se debe a no haber sometido a votación
las dos anteriores proposiciones no de ley, vamos a
pasar al debate de la proposición no de ley del Grupo
Socialista relativa al contenido de un programa estratégico
relativo a suelos públicos.
La señora Narbona tiene la palabra.
La señora NARBONA RUIZ: Muchas gracias, señor
presidente.Ruego acepten mis disculpas por haberme
incorporado con retraso a la presentación de esta iniciativa
del Grupo Socialista. Una iniciativa que reitera
nuestra preocupación en relación con la política de
vivienda y suelo llevada a cabo por el actual Gobierno,
que descansaba, de acuerdo con los compromisos asumidos
en la presente legislatura, en un proceso de liberalización
del mercado del suelo y en la elaboración de
un nuevo plan de vivienda. En ambos frentes tenemos
que constatar que no se están dando unos resultados
que puedan considerarse satisfactorios desde el punto
de vista de la disponibilidad de viviendas a precio asequible,
lo que es especialmente grave en el caso de los
jóvenes.
Por lo que se refiere a los mecanismos de liberalización
del suelo puestos en marcha por el actual Gobierno,
no parece que hayan dado el menor fruto en los
dos años y medio de la presente legislatura. De hecho,
en el único ámbito territorial donde se aprecia una disminución
de los precios del suelo urbanizado es en la
Comunidad Autónoma Valenciana, gracias en parte,
como se reconoce por el propio Ejecutivo regional, a la
aplicación de una ley socialista de 1994, que ha favorecido
una extraordinaria dinamización de los suelos y
ha conllevado, repito, de forma excepcional en el conjunto
de España, una disminución de los precios de los
suelos urbanizados.
Por lo que se refiere al resto de España, de momento,
no apreciamos ningún resultado favorable de las
medidas adoptadas por el actual Gobierno en materia
de suelo, sino que más bien existen expectativas alcistas
en todos los mercados inmobiliarios. Y por lo que
se refiere a la política de vivienda, todavía está por iniciarse
la vigencia del tan anunciado nuevo plan de la
vivienda de los años 1998 a 2001, plan sobre el que
todavía no existe un acuerdo con todas y cada una de
las comunidades autónomas, y nos encontramos con
que el porcentaje de las viviendas de alquiler previstas
sobre el total del plan, de acuerdo con los datos facilitados
por el Ministerio de Fomento, es apenas un 3 por
ciento, siendo aproximadamente 500.000 el total de
viviendas previstas para los próximos años. Esto representa
una cifra extraordinariamente baja en relación
con las necesidades de vivienda protegida en alquiler,
que es, además, la modalidad donde las familias con
miembros más jóvenes, al inicio de su etapa laboral,
podrían encontrar respuesta a sus necesidades de acceso
a la vivienda.
Por eso y una vez más, nuestro grupo trae a esta
Cámara una proposición no de ley cuyo contenido ya
intentamos que fuera votado favorablemente en el último
debate del estado de la Nación. En ese momento
no conseguimos ese acuerdo en esta Cámara, pero queremos
de nuevo pedir el voto favorable para que el
Gobierno se comprometa a elaborar un programa estratégico
sobre suelos de titularidad pública, donde existan
objetivos claros de adecuación del desarrollo de
esos suelos a la regeneración de las ciudades, en cuyo
centro normalmente se ubican los suelos hasta ahora
afectados por distintos organismos estatales, y que,
dentro de este programa estratégico de suelo, uno de
los objetivos principales sea su utilización para la construcción
de viviendas protegidas en alquiler destinadas
a los jóvenes.
Segun un informe del Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente del año 1994, existían
en ese momento en España patrimonios inmobiliarios
de suelo de Renfe, de los ministerios de Defensa y de
Justicia y del organismo FEVE, que totalizaban algo más
de 80 millones de metros cuadrados de suelo, equivalentes,
en términos de aprovechamiento de edificabilidad
en metros cuadrados de techo, a 57 millones de
metros cuadrados, es decir, un número muy significativo,
ya que, si todo ese suelo se hubiera aprovechado
para viviendas de protección oficial, de acuerdo con
los criterios de edificabilidad de los suelos recogidos
en este informe, podría dar cabida aproximadamente a
un millón de viviendas protegidas.
Es obvio que no vamos a pedir en esta Cámara que
todos los suelos públicos estatales se dediquen exclusivamente
a la construcción de viviendas protegidas.
Sabemos que existen razones que harían inviable una
propuesta tan ambiciosa, pero sí creemos que los suelos
del patrimonio público estatal tienen una vocación
de atención prioritaria a necesidades sociales que no
debe verse desvirtuada y que debe ser contemplada a
medio plazo, precisamente en el momento en el que el
Gobierno está ya llevando a cabo una estrategia de
enajenación en condiciones de mercado de buena parte
de estos suelos.
En esta Cámara se han visto, y se van a ver, iniciativas
y propuestas concretas. Esta misma semana se va a
ver una del Grupo Mixto en relación con un edificio de
Defensa en Ferrol, pero a esta Cámara han venido, de
forma concreta y puntual, tantas y tantas otras, como
propuestas de utilización con finalidades sociales, en
particular para viviendas protegidas, de edificaciones
que han sido desafectadas, que han perdido su utilidad
anterior, que entendemos que deberían ser revertidas a
la colectividad en condiciones especiales.
Por esa razón, por la preocupación que seguimos
manteniendo en estos momentos frente a esa expectativa
de un escasísimo número de viviendas protegidas en
alquiler para los jóvenes y porque creemos que los suelos
de titularidad pública estatal deberían ser utilizados
de forma preferente para finalidades de carácter público,
hemos traído esta iniciativa. Queremos insistir, aunque
no lo diga el texto como tal, en que la elaboración
de un programa estratégico en materia de suelos públicos
sólo puede hacerse, y debe hacerse por supuesto,
previa concertación con las comunidades autónomas.
Además, como todavía no está cerrado de forma definitiva
el escenario del Plan de vivienda 1998-2001, creemos
que es el momento para que el Ministerio de
Fomento incorpore, en la negociación con las distintas
comunidades autónomas, la posibilidad de utilización
de suelos concretos del Ministero de Defensa, de Renfe,
etcétera, y que, en base a esos acuerdos concretos y
específicos, se defina un programa a nivel nacional; un
programa en el que planteamos la exigencia de unos
mínimos, que nos parecen absolutamente aceptables
por los grupos de esta Cámara, aunque son pequeños
en relación con las necesidades que se supone que
tenemos que cubrir en estos momentos.
Señorías, creo que todos los grupos parlamentarios
comparten en esta Cámara la preocupación por la problemática
del acceso a la vivienda de los jóvenes. Creo
que no hay ningún grupo parlamentario que no quiera
atender esa reivindicación, absolutamente justificada,
de los más jóvenes de nuestra sociedad y creemos que,
con un patrimonio tan amplio de suelos públicos estatales,
deberíamos ser capaces, al menos, de dar una
respuesta parcial a esa necesidad. Somos coherentes
con lo que en esta misma Cámara hemos defendido en
relación con los patrimonios municipales de suelo;
patrimonios municipales que en algún momento han
sido cuestionados por algún grupo político en cuanto
se entiende que desvirtúan lo que debería ser un mercado
del suelo más libre. Pues bien, señorías, nosotros
creemos que la liberalización del mercado del suelo es
perfectamente compatible con un uso social de los
patrimonios de suelo de titularidad tanto municipal
como estatal.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora
Narbona, concluya por favor.
La señora NARBONA RUIZ: Voy terminando, señor
presidente.
Por tanto, no estamos pidiendo aquí nada que no
haya formado parte de nuestro discurso y de nuestras
propuestas en relación con los suelos municipales, es
decir, que exista un uso preferente y que, a partir de
una decisión de esta Cámara, se adquiera el compromiso
de elaborar un programa concertado por parte del
Gobierno.
Espero, señorías, que se lleve a cabo una valoración
positiva de esta iniciativa y esta tarde podamos llegar a
un acuerdo razonable entre todos los grupos parlamentarios.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias,
señora Narbona.
A la proposición no de ley del Grupo Socialista,
defendida por la señora Narbona, se han presentado
dos enmiendas: una, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) y otra, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Muchas gracias,
señor presidente.
Señorías, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista, que ha defendido la señora Narbona,
trae causa de una situación que venimos viviendo
intensamente en los últimos años, como es un proceso
ambicioso de desafectación y venta de terrenos públicos
adscritos a distintos organismos de la Administración
del Estado, principalmente Renfe, pero también al
Ministerio de Justicia y, en muchos casos, al Ministerio
de Defensa, que disponía de un notabilísimo patrimonio
y que, por razones de reordenación de su ubicación
sobre el territorio del Estado, en este momento
está en fase de liquidación. Es cierto que para la venta
de este patrimonio, la mayoría de las veces -y éste era
el criterio general que inspiraba estas operaciones-,
sólo se ha tenido en cuenta el criterio de la rentabilidad
o, por decirlo de otra forma, la voluntad y el interés
de equilibrar los balances de estas sociedades o de
aquellas gerencias que se han creado de forma específica
para acometer la venta de las propiedades de algunos
de estos organismos o ministerios, como es el caso
del Ministerio de Defensa. En otros casos -y muy
especialmente también en el del Ministerio de Defensa-,
el producto de la venta de estas propiedades se
ha dedicado a sufragar las nuevas inversiones resultado
de las exigencias de los nuevos tiempos. Y todo ello ha
venido sucediendo a pesar de que el Plan de vivienda
en vigor hasta el año 1995, desde nuestro punto de
vista, dejaba bastante claro que existía la voluntad de
destinar estos terrenos públicos a la promoción de
viviendas de tipo protegido. Es obvio que ello no se ha
realizado.
La iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario
Socialista esta tarde es una proposición no de ley bien
intencionada que intenta corregir esta situación, por lo
que -como no podía ser de otra forma- nuestro
grupo parlamentario coincide con los aspectos básicos
de la misma; sin embargo, hemos presentado una
enmienda que afecta a distintos aspectos de la proposición
no de ley del Grupo Socialista, a la que ahora me
referiré. De entrada, quiero subrayar que, desde este
grupo parlamentario, coincidimos con el objetivo de la
proposición, es decir, a través de la venta o de la puesta
a disposición de estos terrenos públicos, conseguir
la promoción de viviendas de alquiler, de precio asequible,
principalmente destinadas a los jóvenes; pero
no sólo a los jóvenes, sino también a los colectivos más
desfavorecidos o a aquellos colectivos de nuestra sociedad
que tienen mayor dificultad para el acceso a la
vivienda, y esto (aunque no se dice en la proposición
no de ley y, sin lugar a dudas, se deberá detallar más
adelante en el programa que se solicita del Gobierno y
que deberá ser debatido en la Cámara) se podría realizar
de muchas formas, tanto desde la iniciativa pública
como, incluso, desde la iniciativa privada. Nuestro
grupo parlamentario, en su momento -concretamente,
en nuestro programa electoral-, efectuó una propuesta
muy concreta en este sentido.
También estamos de acuerdo con la propuesta -
incluida en la iniciativa de la señora Narbona- sobre
la necesidad de que este programa coadyuve a los objetivos
de recuperación integrada de áreas degradadas y
de mejora de la calidad ambiental urbana. Muchas de
estas infraestructuras tienen una ubicación estratégica
en los centros degradados de importantes ciudades y,
desde luego, el poder disponer de un suelo libre en un
centro urbano degradado -como decía- es algo que
no es en absoluto despreciable y que, por tanto, debe
ser tenido en cuenta de cara a las políticas -políticas
valientes y con notables resultados- de rehabilitación
de estos centros urbanos que están emprendiendo
muchos ayuntamientos. Hasta aquí las coincidencias.
Incluimos en nuestra enmienda a la proposición no
de ley tres matizaciones a las que me quiero referir.
Desearía que encontraran el consenso de la Cámara y,
sobre todo, que fueran objeto de aceptación por parte
del Grupo Socialista, ya que va a ser la única forma que
permitiría su votación y, por tanto, su aprobación esta
tarde. En primer lugar, no podemos perder de vista que
estas políticas de venta de suelos públicos están teniendo
una repercusión, no diré sólo importante, sino fundamental,
en el desarrollo de las nuevas políticas que
se desarrollan, valga la redundancia, desde aquellos
organismos que son los titulares de las mismas. Me he
referido hace un momento a la actuación de la Gerencia
de Infraestructuras de la Defensa, organismo creado
por ley, encargado de poner a la venta y de gestionar y
administrar las propiedades del Ministerio de Defensa.
Está claro que estas propiedades tienen un papel
importante en las políticas de estos organismos, que si
decidiéramos excluir total y absolutamente estos bienes
inmuebles de la financiación de estas políticas, estaríamos
cargando innecesariamente los Presupuestos
Generales del Estado y sería una carga de primer orden.
En segundo lugar, proponemos que se suprima la exigencia
de que sea precisamente el 10 por ciento de
estos terrenos el que se dedique a la promoción de
vivienda para jóvenes y otros colectivos con especiales
dificultades para el acceso a la misma. ¿Por qué? ¿Porque
nos parece poco el 10 por ciento? ¿Por que nos
parece demasiado? Ni por una ni por otra razón, simplemente
porque consideramos que este no es el
momento de realizar este debate. Si estamos pidiendo
al Gobierno que nos traiga un programa, ya tendremos
tiempo, y será ese el momento para debatir pormenorizadamente
todos los aspectos de dicho programa, y
uno de ellos será la cantidad de terreno que se dedica
a esta política.
Por último, hay una propuesta que ya ha sido citada
por la señora Narbona en su intervención, por tanto
entiendo que la asume, que es la necesidad de que este
programa sea concertado con las comunidades autónomas,
por dos motivos. El primero, porque saben ustedes
que es en las comunidades autónomas donde residen
las competencias en materia de vivienda. En segundo
lugar, sitúense SS.SS. ante la realidad de aquellos
terrenos de los cuales estamos hablando, es decir, terrenos
destinados a equipamientos públicos y que van a
tener que ser objeto de una recalificación por parte de
administraciones locales y de administraciones autonómicas
para poder ubicar viviendas en los mismos.
Eso es todo, señor presidente. Nada más y muchas
gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias,
señor Recoder.
Para la defensa de la enmienda presentada por el
Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Fernández. (El señor vicepresidente, Fernández-
Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor
presidente.
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
comparte algunas de las apreciaciones que contiene la
proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista
en esta Cámara. Para nosotros es fundamental promover
iniciativas que ayuden a facilitar el acceso a la
vivienda teniendo en cuenta que la exclusión residencial
afecta casi a dos millones de ciudadanos que carecen
de alojamiento estable.
La proposición no de ley del Grupo Socialista vuelve
a plantear en esta Cámara debates que ya hemos venido
manteniendo en el mismo sentido, como es el debate
del enorme patrimonio de suelo de titularidad estatal
que no está siendo de utilidad ni para los organismos
públicos ni para la propia sociedad. Nos referimos al
patrimonio que no tiene uso ya por parte de los diferentes
organismos, en concreto Renfe, Ministerio de
Defensa o Ministerio de Interior. No estamos abordando
una cuestión pequeña o nimia. Baste decir como
referencia que el patrimonio que tiene la Gerencia de
Infraestructura, desde el año 1984 hasta 1996, es de 99
millones de metros cuadrados. Por tanto, estamos
hablando de un gran patrimonio público que, reiteramos,
no está siendo de utilidad para la sociedad. En
este momento, la Gerencia de Infraestructuras todavía
tiene a disposición cantidades superiores a los 30 millones
de metros cuadrados, que pueden ser sacados al
mercado. Si unimos los patrimonios de Renfe, Ministerio
de Defensa y Ministerio de Interior, nos da las cifras
que plantea la proposición no de ley que presentaba la
señora Narbona. Estamos convencidos de que el problema
de los jóvenes de acceso a la vivienda, el de
todos aquellos ciudadanos que en este momento están
impedidos para acceder a ella, no lo va a solucionar la
iniciativa privada. Estamos comprobando que en estos
momentos el sector de la construcción está experimentando
un auge importantísimo, se está edificando
muchísimo, pero, a pesar de que hay muchas viviendas
en el mercado, no hay capacidad adquisitiva para llegar
a las que promueve la iniciativa privada, a no ser que
sean de protección pública. También estamos convencidos
de que en este proceso especulativo que se está
dando en este momento la llegada del euro tiene
mucho que ver, es un refugio de capitales opacos. Por
tanto, la conversión del euro y las facilidades que presta
este sector a los capitales opacos están haciendo que
este sector experimente un crecimiento importante en
este momento.
Al principio de mi intervención decía que éste no es
un asunto nuevo. Mi grupo parlamentario lo presentó
ya en una moción el 11 de marzo, que en uno de sus
puntos decía que había que promover actuaciones
urbanísticas para la construcción de viviendas de promoción
pública en suelos que estaban desafectados
tanto por el Ministerio de Defensa como por otros
ministerios. También tengo que reseñar que el punto
quinto de una proposición no de ley presentada ante el
Pleno de esta Cámara hacía referencia al mismo problema.
Entrando en lo que es la proposición no de ley que
presenta el Grupo Socialista, decía al principio que
estábamos de acuerdo casi en la integridad de lo que
proponía, pero nos parece insuficiente plantear que el
10 por ciento de los terrenos públicos sean destinados
a la construcción de vivienda de alquiler. Nos parece
totalmente insuficiente teniendo en cuenta que la presente
Ley del Suelo contempla la horquilla del cero al
10 por ciento de aprovechamiento, con lo cual, según
como se utilice y qué interpretación se haga de esta
proposición, podremos llegar a la conclusión de que
este 10 por ciento no está por encima de lo que ya está
legislado. Por eso, hemos presentado unas enmiendas
que esperamos que sean aceptadas por el grupo proponente.
La primera propone el incremento de este 10
por ciento hasta un 20 por ciento, y la segunda trata de
recoger un aspecto que no está contemplado en la proposición
del Grupo Socialista, y es que todo el suelo
desafectado por el Ministerio de Defensa que se
encuentra a disposición de la Gerencia de Infraestructuras
y provenga de cesiones gratuitas, sea repartido a
los ayuntamientos sin que el suelo pueda dar lugar a
compensaciones económicas. Éste es un problema ya
antiguo, que se ha venido tratando en la Comisión de
Defensa por parte de todos los grupos. Es decir, todos
los grupos somos conscientes de que hay muchos
ayuntamientos que en su día hicieron cesiones gratuitas
al Ministerio de Defensa, o al antiguo Ministerio de
la Guerra, y que en este momento lo conveniente sería
que ese suelo revertiera a sus verdaderos propietarios.
A nosotros nos parece que es un planteamiento serio y
riguroso y que es una demanda que están haciendo
multitud de ayuntamientos. Reitero que hemos constatado
que todos los grupos políticos de esta Cámara han
hecho algún tipo de iniciativa en este sentido y por
tanto vamos a apelar a su coherencia para que tengan a
bien aceptar esta enmienda, si es que la portavoz socialista
lo cree necesario.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señor Fernández.
¿Grupos que, sin haber presentado enmiendas, desean
fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra el
señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Gracias,
señor presidente.
Por los sucesivos debates en esta Cámara, y seguramente
fuera de ella, es fácil constatar que acceder a
una vivienda, sea en propiedad o en alquiler, es uno de
los problemas más importantes que sufren los ciudadanos.
La vivienda es cara con relación a los salarios que
percibe la mayoría de ellos. Al objetivo de conseguir
una vivienda tienen que dedicar importantes esfuerzos,
la mayoría de las veces necesitan muchos años de ahorro
para adquirir un lugar donde vivir. Y también alquilar
una vivienda supone el desembolso de una parte
importante del salario. Es un problema conocido, al
que habría que empezar a dar solución con alguna
medida concreta. Porque digan lo que digan las estadísticas,
se pongan encima de la mesa los planes de
vivienda que se pongan, la realidad es que el problema
de la vivienda sigue existiendo. Y, efectivamente, es un
problema aún mayor para los jóvenes, a quienes, en las
actuales condiciones socio-laborales -que no voy a
pasar a relatar-, les resulta imposible hacer frente por
sí mismos a la necesidad de disponer de una vivienda
digna.
Está claro que la única posibilidad de poner viviendas
a disposición de los ciudadanos con un menor nivel
de ingresos pasa por la intervención pública. El libre
mercado, la libre iniciativa privada, se mire como se
mire, se le den las vueltas que se le den, no resuelve el
problema; esto que afirmo es una constatación. Y uno
de los mecanismos de intervención pública más efectivos
es destinar suelo público a la construcción de
viviendas y así abaratar su precio, suelo del que la
Administración dispone en gran cantidad, suelo que
hoy es público y que muchas veces fue expropiado,
por cierto, por interés general o cedido por los ayuntamientos.
Incluso muchos propietarios, en función del
interés social, vendieron sus terrenos a veces por debajo
del precio del mercado en ese momento. El Estado
debería ser el primero en dar ejemplo y devolver a la
sociedad cuando menos una parte de lo que recibió de
esta.
Nosotros hemos criticado en muchas ocasiones el
afán recaudatorio del Estado cuando determinadas propiedades
dejan de serle útiles. El suelo del que se desprende
se dedica la mayoría de las veces a la construcción
de viviendas que alcanzan precios elevados, al
estar situado ese suelo en lugares privilegiados de las
áreas urbanas. Bueno sería, por tanto, que parte de ese
suelo se dedicase, como propone la iniciativa del
Grupo Socialista, a equipamientos urbanos, a zonas
verdes, mas aún a la construcción de viviendas a precios
más asequibles para los ciudadanos con menos
ingresos y también a la creación de un parque de
viviendas de alquiler para jóvenes o no jóvenes.
Compartimos la filosofía que inspira esta proposición
no de ley y por eso la vamos a votar afirmativamente.
En todo caso, convendría que, de una vez por todas, se
tomaran medidas concretas para solucionar este problema,
no estar dándole vueltas, en una especie de
mareo de la perdiz, con las intervenciones políticas,
cosa que no conduce a solucionar las cosas. Es evidente
que tiene que haber una intervención pública para
conseguir viviendas más baratas y hay que poner
manos a la obra.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señor Vázquez.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene
la palabra el señor Ortiz.
El señor ORTIZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor
presidente.
En términos estrictos de fijación de posición, voy a
expresar las razones por las cuales mi grupo no va a
apoyar la proposición no de ley del Grupo Socialista;
tampoco la enmienda de Izquierda Unida, que prácticamente
hace suya en su integridad, con algunas matizaciones,
y, en cambio, sí apoyaremos la enmienda presentada
por el Grupo Parlamentario de Convergència i
Unió.
Antes, haré tres precisiones muy breves. La primera
es que la liberalización del suelo todavía no ha tenido
tiempo para dar frutos. Evidentemente, la filosofía en la
que se apoya la Ley del suelo que aprobó está Cámara
en su momento no es otra que la de aumentar la oferta
de suelo; esa oferta de suelo no se genera de la noche
a la mañana y sin embargo en la economía española
hay razones importantes y muy positivas para que se
haya creado una demanda adicional, que, al no haber
encontrado como contraparte una nueva oferta creada,
se ha traducido en un ligero incremento del precio del
suelo. En cuanto al plan de vivienda, registra algún
retraso -sobre esto se habló la semana pasada en una
pregunta formulada al ministro de Fomento-, pero no
mayor que el del Plan 1992-1995, con el que tuvo que
ver seriamente la portavoz socialista en este trámite,
como sucede en todo plan cuatrienal que empieza. Por
fin, es cierto que las medidas del Plan de vivienda en
materia de alquileres son todavía tímidas y seguramente
insuficientes, pero desde luego son mucho mayores
que las del plan inmediatamente anterior, el Plan cuatrienal
1992-1995.
En términos estrictos, señor presidente, de fijación
de posición, quiero subrayar las razones fundamentales
de nuestro rechazo, de nuestra votación no favorable
-compartiendo, eso sí, señora portavoz del Grupo
Socialista, la filosofía básica que inspira su proposición-,
las razones por las que no podemos estar de
acuerdo. En primer lugar, una razón de orden cuantitativo.
Es difícil compaginar, señora Narbona, la atención
a la creación de viviendas en alquiler para jóvenes y al
mismo tiempo la recuperación de la mejora de la calidad
ambiental urbana si estamos hablando de construir
un millón de viviendas sobre 8.000 hectáreas, que S.S.
ha reducido a 5.700 hace un momento, cuando ha
dicho que éste sería el suelo aprovechable, porque esto
da lugar, si no he dividido mal, a 180 viviendas por
hectárea, que rebasa ampliamente el límite legal que
S.S. conoce de 75 viviendas por hectárea que figuraba
en el artículo 83 de la Ley derogada por el Tribunal
Constitucional de 1992 y en el artículo 75 de la Ley
mantenida en vigor de 1976. Difícilmente se puede
hablar de construir un millón de viviendas, como ha
dicho S.S., sobre 5.700 hectáreas de suelo aprovechable.
En segundo lugar, y es lo verdaderamente importante,
porque la asignación o el destino de suelos y de
inmuebles al patrimonio del Estado, al Ministerio de
Defensa, al Ministerio del Interior o a Renfe, en definitiva,
a un conjunto de departamentos y organismos, se
hace para el cumplimiento de sus fines. Se trata de suelos
que están adscritos a garantizar la defensa nacional,
la seguridad nacional o la infraestructura de transportes.
Y parece razonable que este sea el destino prioritario
de los suelos o de los recursos que los sustituyan en
la hipótesis de enajenación. Esto, tanto en el caso de
que se produzca el abandono o el desalojo de esos suelos,
como consecuencia de la innecesariedad o de la
desafectación de los mismos, o del traslado a la periferia
o incluso a poblaciones distintas. En estos dos
supuestos, en el cambio de emplazamiento, sea porque
se trasladen a la periferia de la misma ciudad, sea porque
se trasladen a una ciudad distinta, parece razonable
que se aplique ese activo, que es el suelo que se
tiene, al destino que tenía, que se va a desarrollar en
otra población.
En definitiva -y sería la tercera razón-, nosotros
creemos que este planteamiento del suelo público tiene
otro tratamiento, que la vivienda en alquiler tiene otro
tratamiento, que el esquema es un plan de vivienda, el
Plan de vivienda 1998-2000, que será una realidad efectiva,
señora Narbona, muy en breve -se están cerrando
los convenios con las comunidades autónomas- y
que tiene unos datos muy importantes: prácticamente
500.000 viviendas a iniciar en el próximo cuatrienio y
una movilización de dos billones y medio de pesetas
de recursos para esta finalidad de la promoción de la
vivienda.
Por otra parte, la fórmula que propone S.S. -insisto
en que estamos de acuerdo en los fines, pero no en los
medios- supone tanto como resucitar una vieja teoría
ya superada de los recursos públicos adscritos a un fin
que vulneraría el principio de universalidad del presupuesto
y el de la propia ley de disciplina presupuestaria,
que obliga a que todos los recursos se apliquen a
todos los fines que se persiguen con esos recursos, sin
la adscripción concreta de unos recursos específicos a
unos fines específicos más allá de los fines que corresponden
a la afectación.Por razones análogas, no podemos
aceptar la enmienda del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, en uno de sus capítulos, porque propone
nada menos que ese 10 por ciento de aplicación
o de detracción de los recursos correspondientes se
eleve al 20 por ciento. Como decía el portavoz de Convergència
i Unió, si el Gobierno está dispuesto a traer
un programa de actuación en la materia, déjese que se
establezca cuáles son las líneas concretas de ese programa
de actuación y no se le condicione por porcentajes
concretos y determinados. Otro tanto sucede con
la segunda parte de la enmienda, que tiene que ver con
los terrenos destinados a Defensa, y en la que el portavoz
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida mezcla
temas que tienen poco que ver, como son la cesión
gratuita a los ayuntamientos o el porcentaje del 20 por
ciento que S.S. pretende que sea el que se detraiga de
los productos de la enajenación de suelos públicos.
Manifestamos nuestra coincidencia con la enmienda
de Convergència i Unió, porque ha introducido matizaciones
importantes. La primera, la necesidad de que
todo esto se haga de acuerdo con las comunidades
autónomas; en definitiva, el Estado tiene unas competencias
muy concretas en materia de política de vivienda,
la competencia fiscal, la competencia financiera, la
competencia de la definición del esquema de ayudas,
pero la ejecución de los planes de vivienda corresponde
a las comunidades autónomas. Y la segunda y sobre
todo, porque estas objeciones que he formulado hace
un momento tienen claramente respuesta, puesto que
se dice que este programa se haga sobre suelos de titularidad
pública cuando estos suelos se desafecten del
uso al que hayan estado destinados y una vez satisfechas
las necesidades de los organismos titulares de los
mismos.
En definitiva, mi grupo va a votar favorablemente la
enmienda de Convergència i Unió, siempre que el
grupo proponente también la asuma, y no va a aceptar
la enmienda de Izquierda Unida, por las razones que
acabo de esbozar.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señor Ortiz.
Señora Narbona, le corresponde expresar la aceptación
o no de las enmiendas.
La señora NARBONA RUIZ: Gracias, presidente.
Señorías, hay veces que el pragmatismo tiene que
ponerse por delante frente a una posición de máxima
coherencia o de máximo voluntarismo en política. Digo
esto porque, desde una posición de máxima coherencia,
nuestro grupo votaría a favor de la enmienda que
ha presentado Izquierda Unida, ya que refleja con
mayor exactitud lo que pretendíamos con esta iniciativa.
Pero, teniendo en cuenta que eso a lo único que
nos llevaría sería a una votación en esta Cámara que
dejaría al Gobierno libre de cualquier compromiso, no
vamos a hacerlo, aunque me hubiera gustado que gozara
de alguna aceptación por parte de los otros grupos
que han intervenido. Sin embargo, a la vista de que
existe un mínimo común denominador, mínimo, bastante
mínimo, por lo menos queremos que con la votación
que se dé, con la aceptación por nuestra parte de
la enmienda presentada por Convergència i Unió,
quede suficientemente claro que a partir de este
momento se pone en marcha una exigencia de compromiso
concreto del Gobierno. Es verdad que no concreto
en las cifras, porque lo único que distingue nuestra
proposición, en el fondo, de la enmienda presentada
por Convergència i Unió es el hecho de que nosotros
decimos que hasta un 90 por ciento sea para cubrir
esos intereses específicos ligados a los departamentos
titulares de los suelos. Parece ser que incluso un 90 por
ciento es demasiado para Convergència i Unió y para el
Partido Popular. Está bien. No vamos a insistir en que
esto nos parece muy poco, pero sí queremos señalar,
en primer lugar, que por el portavoz del Grupo Popular
se han recordado algunas cuestiones...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Señora Narbona, S.S. ha utilizado el turno que
le corresponde, según el Reglamento, de forma impecable
y le ruego que concluya su intervención, porque
no puede reabrir el debate. Sabe S.S. que nos obliga,
en este caso el artículo 195, a aceptar o rechazar exclusivamente,
como lo ha hecho S.S. con todo el tiempo
que ha precisado y de forma impecable. Por tanto, le
ruego que no entre en debate.
La señora NARBONA RUIZ: De manera impecable,
presidente, simplemente quiero decir que, con una
intervención preparada para decir que no, se ha tenido
que modular para...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): No, no, señora Narbona. S.S. no tiene la palabra.
Muchas gracias.
Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente
ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder
a las votaciones correspondientes a las proposiciones
no de ley que se han debatido.
Comenzamos por someter a votación la transaccional
propuesta por el Grupo Parlamentario Popular a las dos
primeras proposiciones no de ley, relativas a distribuidores
y vendedores de prensa.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 311; a favor, 311.
El señor PRESIDENTE: Todos los votos son favorables
a la transaccional, que queda así aprobada por
unanimidad del Pleno.
Pasamos a la votación de la proposición no de ley
del Grupo Socialista, relativa al contenido de un programa
estratégico relativo a suelos públicos, en la que
se ha aceptado la enmienda de Convergència i Unió.
Por tanto, en tales términos se somete a votación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 310; a favor, 296; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición
no de ley.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES
URGENTES:
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONCRESO, SOBRE
POLÍTICA GENERAL EN MATERIA HIDRÁULICA
(Número de expediente 173/000102).
El señor PRESIDENTE: Punto IV del orden del día:
Mociones consecuencia de las interpelaciones que
como urgentes se debatieron en el Pleno pasado. En
primer lugar, la del Grupo Socialista sobre política
general en materia hidráulica, para cuya presentación
tiene la palabra el señor Morlán, don Víctor. (El señor
vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señorías,
guarden silencio, por favor. (Pausa.) Señorías, por
favor.
Cuando quiera, señor Morlán.
El señor MORLÁN GRACIA: Muchas gracias, señor
presidente.
Señoras y señores diputados, esta es la cuarta vez
que en el breve plazo de diez o doce días este diputado
tiene la oportunidad de subir a esta tribuna para
hablar de política hidráulica, para hablar de aguas. Y
esta vez lo hace como consecuencia del debate del
miércoles pasado, derivado de una interpelación urgente
del Grupo Socialista sobre política hidráulica. A raíz
de ese debate quedaron claras varias cosas, que tienen
que complementarse con una serie de decisiones que
ha de tomar la Cámara sobre cuáles han de ser las
bases, sobre cuál ha de ser el marco en el que se tiene
que llevar a cabo el desarrollo de una política hidráulica
en este país.
La ministra se comprometió a que antes del 31 de
diciembre de 1998 se presentara en esta Cámara un
texto, un proyecto de ley que vendría a reformar la
vigente Ley de Aguas, como es lógico, puesto que es
una iniciativa del Gobierno. Conocemos el texto que se
va a someter a nuestra consideración -si es que no lo
han variado en función de las críticas del Consejo Económico
y Social- e indudablemente es un texto con el
que el Grupo Socialista no está de acuerdo y que en
este trámite tendremos tiempo de discutir y dilucidar.
Pero es que la ministra dio la impresión de que quería
que hubiera un debate sobre política hidráulica y que
aquellos instrumentos sobre los que tenía que basarse
el debate estuvieran presentes en esta Cámara. Como
quiera que durante todo este tiempo -en estos dos
últimos años- los plazos no se han cubierto, las voluntades
de presentación de documentación, de textos de
planes hidrológicos o en relación con la Ley de Aguas
no se han cumplido, queremos con esta moción consecuencia
de interpelación que en esta Cámara se asuma
un compromiso por parte de todos los grupos políticos
para que el Gobierno lleve a cabo la presentación en la
misma de aquellos instrumentos que consideramos
necesarios para desarrollar la política hidráulica.
Desde ese punto de vista, presentamos una moción
de cuatro puntos, con la que pretendemos lo siguiente.
Primero, que se presente en el Congreso de los Diputados
el libro blanco, el tan traído y llevado libro blanco,
el famoso libro blanco que anunció en Santander, que
comentó en la Cámara que se iba a presentar en el
Senado. No lo discutimos en absoluto, pero creemos
que merece la consideración, el conocimiento, la reflexión
de esta Cámara para sacar adelante lo que han de
ser las líneas generales de una política de aguas. Segundo,
a ver si no tenemos que dar la razón al señor Sedó
y por una vez se cumple un plazo y el plan hidrológico
nacional se presenta en una fecha determinada, puesto
que, según parece, todos los elementos que lo configuran,
todos los datos estadísticos y todas las evaluaciones
que lo completan están ya elaborados y, según se
dice desde hace un par de años, este plan está a punto
de llegar. Esperamos que esta vez sea así y por eso
marcamos una fecha, que es el final de 1998, para que
se presente en esta Cámara. Tercero, pedimos algo que
nosotros entendemos que es fundamental y que es cierto
que podríamos pedir a través de otros mecanismos
que figuran en el Reglamento del Congreso de los
Diputados, pero con el planteamiento que hacemos lo
que queremos es dar al Gobierno la posibilidad de no
verse forzado a hacer algo que debiera hacer, que es
mantener unos niveles de información importante
sobre el contenido de los distintos planes hidrológicos
de cuenca. Efectivamente, son muchos folios, muchos
tomos, muchos estudios, pero piensa mi grupo que es
un instrumento de desarrollo de política hidráulica en
cada cuenca que tiene que ser conocido por la Cámara,
porque es la base fundamental para que el Plan hidrológico
nacional contemple todas las actuaciones que
hay que llevar a cabo en los próximos años. Es lógico
que los grupos tengan un ejemplar de estos planes
hidrológicos de cuenca y que esta Cámara pida al
Gobierno que los envíe. Si son 15.000 copias para el
conjunto de los planes, no creo que haya mucha dificultad
en hacerlas y presentarlas en esta Cámara para
que se distribuyan a los grupos parlamentarios.
Por último, en nuestro cuarto punto recogemos una
cuestión importante y necesaria: la política hidráulica,
como otras políticas que se están desarrollando en los
países de la Unión Europea, está adquiriendo un protagonismo
especial en las decisiones de la Comisión.
Cualquier propuesta de directiva comunitaria, cualquier
resolución que se adopte en la Unión Europea sobre
política de aguas tiene que ser conocida, estudiada y
debatida por esta Cámara. Tenemos que saber cuáles
son las consecuencias de esa decisión que se toma en
la Unión Europea. Si en estos momentos la Comisión
está estudiando una directiva marco sobre política de
aguas, cuya propuesta todos conocemos debido a las
consecuencias que tiene para diversos sectores de
nuestro país, es bueno que la ministra venga a la Comisión
de Medio Ambiente, a la Comisión Mixta de las
Comunidades Europeas, a la que quiera, pero que
venga al Congreso, exponga cuál es su contenido y nos
haga una evaluación de las consecuencias de la aplicación
de esa directiva en España, nos diga dónde están
los fallos, qué pasa con la protección que tiene que
haber respecto a inundaciones o sequías, qué sucede
con el precio del agua y con sus costes, es decir, toda
una panoplia -por decirlo de una manera un tanto
especial- de circunstancias que rodean al desarrollo
de esa directiva que pueden tener repercusiones en
muchos colectivos y actividades industriales de nuestro
país. Entiendo, además, que esa explicación debe darse
antes de que la Comisión apruebe la directiva, porque
sería bueno que a los Consejos de Ministros a los que
haya de acudir la señora ministra vaya ya con las reflexiones
que le hagamos llegar los diversos grupos parlamentarios.
Señor presidente -y finalizo con esto-, espero que
los grupos parlamentarios, una vez que hayan oído la
explicación de esta moción, que entendemos razonable
y ponderada en sus apreciaciones y muy medida en
cuanto a los plazos que se contienen, la acepten y
podamos salir de aquí con un consenso importante
sobre política hidráulica, que vendrá muy bien a todos
los sectores afectados por cualquier desarrollo de la
política de aguas.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera):
Muchas gracias, señor Morlán.
Se han presentado a esta moción dos enmiendas, del
Grupo de Izquierda Unida y del Grupo Parlamentario
Popular. Para la defensa de la primera, tiene la palabra
don Pedro Ríos.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías,
la propuesta de resolución que el Grupo Parlamentario
Socialista trae hoy a debate después de la interpelación
puede lograr puntos de encuentro en el
pronunciamiento de la Cámara en dos líneas. Una de
ellas es la tradicional que siempre hemos seguido, en
el sentido de demandar que se articule una propuesta
de planificación hidrológica después de una amplia
participación en la misma. Amplia participación que se
podría haber articulado con los instrumentos ya presentados
con anterioridad, pero que este Gobierno
anunció al principio de la legislatura que quería resumir
en una especie de libro blanco que facilitaría los
elementos de debate y de discusión con la sociedad,
tanto con las asociaciones y organizaciones sociales
que están representadas en el Consejo Nacional del
Agua como con las instituciones que están implicadas
en la gestión, que pueden ser las comunidades autónomas,
y con los instrumentos de participación política,
que son las fuerzas políticas.
La segunda línea de pronunciamiento es que esta
planificación hidrológica sirva de verdad para superar
las limitaciones parciales que hemos discutido siempre:
si una política hidráulica basada en la obra pública, si
una política hidráulica basada en la planificación global
que se deriva de la Ley de Aguas; una política de planificación
hidrológica que articule los planes de cuenca y
el Plan nacional de regadíos o que dé respuesta al margen
de esos instrumentos. En la pasada legislatura, a
instancias de todos los grupos de la Cámara, el Congreso
y el Senado se pronunciaron siempre a favor de ese
camino armónico de esos instrumentos de planificación
para evitar que los planes de cuenca fueran una suma
de declaraciones, de demandas u obras y actuaciones a
realizar en cada una de ellas, pero inconexos con la
actuación global. Esa cierta armonía que debe darse
entre lo que es una cuenca hidrológica y la necesidad
de una planificación hidrológica que articule y oriente
voluntades comunes que no se han tenido en cuenta a
la hora de elaborar los planes de cada una de las cuencas.
La propuesta, en sus cuatro elementos, viene a comprometer
al Gobierno, primero, a que cuanto antes esté
aquí el libro blanco y se abra el debate. Segundo, a que
en esta legislatura se presente el plan hidrológico. La
proposición del Grupo Socialista dice: antes de que termine
este año, en este periodo ordinario; hay enmiendas
de otros grupos que proponen otros plazos. Lo
importante es que se pueda presentar y discutir con los
elementos que tenemos. Tercero, que los grupos parlamentarios
tengamos toda la información de los planes
de cuenca como interlocutores de la discusión, no solamente
la discusión en cada una de las comunidades de
las cuencas y de los elementos marginales, como elemento
globalizador. Y, cuarto, que la ministra haga un
seguimiento.
Si recuerdan la moción que aprobamos, fruto de una
interpelación, en el mes de septiembre del año 1996,
recogía un calendario similar: instaba a la ministra a
que mandara información y después compareciera, a
que se hiciese permanentemente en los distintos títulos
de la Ley de Aguas y, sobre todo, en la planificación
hidrológica. Empezó bien, empezó haciéndolo la ministra
los primeros cinco o seis meses, pero después fue
evolucionando de una manera distinta: no nos daba los
datos, no se hizo el seguimiento de esa planificación.
Quedaba, más bien, al albur de la confluencia de las
fuerzas mayoritarias de la Cámara que habían dado el
apoyo de investidura. Repito, fuerzas mayoritarias no
en su composición en la Cámara, sino respecto al
apoyo a la investidura.
¿Cuáles son las enmiendas que nosotros presentamos
y que podríamos apoyar tal cual como declaración de
la Cámara, porque viene a ser una reiteración y una
recuperación de la normalidad de la discusión en la
Cámara, de conjunción en lugar de una parte frente a
otra, sobre las que queremos que se reflexione? La primera,
que la propuesta de la presentación del libro
blanco en la Cámara para que adopten resoluciones
sirva para lo que dijo la ministra, porque si el libro
blanco no sirve para abrir un amplio debate nacional
en el que participen todos los sectores sociales implicados
e instituciones y se va a quedar simplemente en
una especie de resumen de todo el material que ya
teníamos en la pasada legislatura y que estaba aquí o
teníamos facilidad para consultarlo, no cumple su función.
Por tanto, el punto primero de la enmienda que
proponemos es que se remita al Gobierno el Libro
Blanco de aguas, que ha sido ya presentado en el Consejo
de Ministros, por lo menos en sus líneas maestras,
y que se abra ese debate tanto con las fuerzas parlamentarias
como con las fuerzas sociales y con las instituciones
que participan en la gestión del agua.
La segunda idea es que, junto con la presentación
del Plan hidrológico nacional debemos tener encima de
la mesa los planes de cada una de las cuencas, el Plan
nacional de regadíos. Si recuerdan todas las resoluciones
que aprobamos en el Congreso de los Diputados y
en el Senado en la pasada legislatura observarán SS.SS.
que siempre se esgrimían esos requisitos. El Gobierno
presentó entonces el Plan hidrológico nacional, pero
no estaba ultimado el Plan de regadíos ni los planes de
cuenca y parecía que lo íbamos a poner antes. Nosotros
pedíamos que fuera a la misma vez todo. Pues
bien, eso pretende nuestra enmienda: que a la misma
vez tengamos encima de la mesa los planes de cuenca
y el Plan de regadíos. No podemos estar anunciando
un Plan nacional de regadíos por el que vamos a poner
en funcionamiento un millón, incluso dos millones, de
hectáreas de regadío, porque vamos repartiendo como
si fuésemos a reintentar nuestra capacidad productiva
agrícola en un momento en el que lo que está en discusión
en la Unión Europea es precisamente la posibilidad
de expansión agrícola de nuestro país y la de los
demás países que componen la Unión. Junto con ese
gran debate están los tres elementos que pueden confluir
y facilitar ese Plan hidrológico nacional que, desde
una actuación que compromete a la Ley de Aguas,
puede hacerse a la hora de tomar decisiones que nos
impliquen y nos comprometan a todos, desde la óptica
de ensamblar y conjuntar en lugar de confrontar y
poner encima de la mesa alguna dinámica distinta.
Yo soy consciente de una cosa: si el Plan hidrológico
nacional viene en este período ordinario podremos
tenerlo como cabecera de la campaña electoral más
que como cabecera conclusiva. Ojalá fuese posible -
por eso a mí me parecía bien la propuesta del Grupo
Socialista- que se presentara ahora para que en el próximo
período, de aquí a junio, pudiera estar discutido y
aprobado y no fuese un instrumento de batalla electoral
o para pedir el voto, a ver quién es el que lleva más
agua a cada sitio y quién hace más obras públicas por
kilómetro cuadrado, porque, al final, esto es una distribución
de los panes y los peces que no llegan porque
ni hay agua ni hay peces ni pan para darle de comer a
los peces, ni peces para poder beber en el propio agua.
La tercera propuesta -con esto termino, señor presidente-
es que hay una discusión que hemos tenido
siempre, cual es el uso y desarrollo de la Ley de Aguas.
No hace referencia a ello la propuesta, quizás porque
puede haber discrepancias o podría producir confrontación,
pero debe discutirse aquí. No puede haber un
desarrollo de la Ley de Aguas ni para modificarla ni
para actualizarla de manera unilateral porque estamos
decidiendo sobre la financiación del recurso, porque
estamos decidiendo sobre las actuaciones a la hora de
determinar cada una de las orientaciones de las obras
que van a ir en un sentido u otro. Es por eso por lo que
no debe ser unilateral, el tema de la Ley de Aguas debe
ir acompasado en esta discusión. Podría ser una parte
del plan hidrológico y, por tanto, no habría ningún problema.
¿Por qué figura aparte? Porque en esta legislatura
hemos modificado, a través de la Ley de medidas fiscales
y de orden social, una serie de propuestas que
han significado una puesta en marcha de instrumentos
que nosotros no compartimos y que significan una privatización
de la inversión que en nada garantiza el interés
general ni la previsión de planificación, sino, precisamente,
introducir elementos de mercado y
confrontación de intereses en lugar de orden y concierto,
que no quiere decir que no se puedan producir después.
Esos son los tres puntos que hemos puesto encima
de la mesa. ¿Con qué objetivo? Con el de que todos los
elementos que componen la reflexión sobre el agua y
la planificación hidrológica puedan ser parte de resolución
de la Cámara. En todo caso, si el tiempo está a
favor, lo que la pasada semana era una discusión con
el Gobierno se puede transformar ahora en un acuerdo
que oriente y estimule al Gobierno para que cumpla lo
que reiteradamente ha estado anunciando en la Cámara.
Si es así, nosotros lo apoyaremos, a pesar de que
los tres elementos que creemos imprescindibles que he
intentado argumentar en la defensa de nuestras
enmiendas.
Nada más, señor presidente. Nada más, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera):
Muchas gracias, señor Ríos.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra la señora De Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señor presidente.
Señorías, efectivamente, esta es la cuarta ocasión,
como ha dicho el representante del Partido Socialista,
que en un breve plazo de tiempo han venido a esta
Cámara iniciativas de política hidráulica; iniciativas que
no debates, como él ha manifestado, dado que las
intervenciones de los grupos parlamentarios Socialista
e Izquierda Unida se han limitado a la enumeración de
una serie de incumplimientos que, como ha indicado
con reiteración la señora ministra de Medio Ambiente y
la propia portavoz que les habla, no son tales.
Como manifesté a SS.SS. en el transcurso de la pasada
interpelación, la situación con la que se encontró el
Gobierno de José María Aznar en lo que a materia de
política hidráulica se refiere, fue un ambiente enturbiado
profundamente por una serie de iniciativas desafortunadas
del anterior Gobierno. Ante ello, lo que ha
tenido que hacer el Ministerio de Medio Ambiente, en
primer lugar, es serenar, objetivar y buscar consenso.
Ello ha exigido cierto tiempo, tal vez una pequeña
demora en los plazos que el propio Ministerio de
Medio Ambiente había señalado, pero esa pequeña
demora ha dado sus frutos y se ha conseguido la confianza
de usuarios y representantes de comunidades
autónomas. Señorías, creo -ya lo indiqué en la pasada
intervención y lo he repetido ahora- que no han existido
incumplimientos sino una pequeña demora en los
planes previstos por el Ministerio.
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una
enmienda de modificación a la moción del Grupo
Socialista, enmienda presentada en aras a conseguir el
consenso. El primer punto no hace más que suprimir el
último párrafo del texto socialista en el cual, además de
solicitar que se presente a la mayor brevedad en el
Congreso de los Diputados el Libro Blanco del agua, se
pedía su posterior debate y adopción de las correspondientes
resoluciones. Olvida el señor Morlán que el
Libro Blanco del agua nos va a dar un diagnóstico de la
situación hidrológica de nuestro país, que va a ser el
instrumento que abrirá un debate social y político fundamentado
en una base científica, seria y rigurosa, pero
el Libro Blanco del agua no es un texto normativo y el
Reglamento del Congreso no prevé ese tipo de debates
que usted solicita. Por cierto, hablando del Libro Blanco
del agua, recordarán SS.SS. que ya la ministra de
Medio Ambiente anunció la semana pasada que se
había comprometido a presentarlo en el transcurso de
este mes de octubre en el Senado.
El segundo punto de nuestra enmienda propone que
el Plan hidrológico nacional se presente en el Congreso
de los Diputados en el próximo período de sesiones en
lugar de antes del 31 de diciembre de 1998, como proponía
la moción. Señorías, esa pequeña demora a la
que me he referido anteriormente en la presentación
del Libro Blanco del agua hace inviable aceptar la fecha
del grupo proponente. Con la presentación del Libro
Blanco del agua se iniciará un debate social con regantes,
usuarios, organizaciones sociales, universidades,
con todos aquellos sectores que de alguna manera
están implicados en el tema del agua y buscando el
mayor consenso posible. Con las aportaciones de ese
debate social se presentará al Parlamento el Plan hidrológico
nacional. Señor Morlán, estará S.S. de acuerdo
conmigo en que no es posible, con las premisas citadas
anteriormente, aceptar la fecha que usted propone, ya
que lo importante va a ser dar tiempo para debatir el
libro blanco en profundidad. Por ello en nuestra
enmienda sustituimos la fecha de 31 de diciembre por
la del próximo período de sesiones.
El tercer punto de nuestra enmienda propone remitir
al Congreso de los Diputados un ejemplar de todos los
planes hidrológicos de cuenca aprobados por el Consejo
de Ministros, en lugar de un ejemplar para cada
grupo parlamentario como solicitaba el texto de la
moción. Ello, señorías, por motivos de ahorro ya que
los planes de cuenca -como indicó la señora ministra-
ocupan varios armarios y están a disposición de
todas SS.SS., igual que a disposición de todos los ciudadanos
ya que existe -como todos ustedes conocen-
libertad de acceso a la información en materia de
medio ambiente. Señorías, resultaría improcedente el
gasto en tantas miles y miles de fotocopias como reclama
el texto de la moción. En cambio, sí es interesante
que una de estas copias esté aquí, en el Congreso de
los Diputados. Por cierto, señor Morlán sepa usted que
no es obligación del Gobierno mandar los planes de
cuenca a los grupos parlamentarios, no entra en sus
obligaciones.
Sin embargo, estamos de acuerdo en el cuarto punto,
es decir, en que comparezca la ministra de Medio
Ambiente en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso,
para que informe sobre la propuesta de directiva
marco sobre política de agua y las previsiones consecuencia
de su aplicación. Hemos suprimido el plazo de
un mes porque nos parecía extremadamente corto y
más ahora que vamos a iniciar el debate presupuestario,
pero estamos dispuestos a asumir un plazo algo
más dilatado.
Creo, señorías, que nuestra enmienda es razonable
y, señor Morlán, espero que sea aceptada por el grupo
proponente.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera):
Muchas gracias, señora De Lara.
¿Grupos parlamentarios que desean fijar la posición
en el debate? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Gracias, señor presidente.
Hoy estamos en un debate sosegado, que no es consecuencia
de inquietud por el tema hidráulico aparecida
estos días, sino más bien del debate ardorosamente
sosegado que mantuvimos hace unos días en la discusión
del real decreto-ley.
Mi grupo no cree en las fechas, pero puedo decir
que desea el mejor plan hidrológico. Descendiendo, he
de decir que deseamos el mejor plan hidrológico para
Cataluña, que llevará los coeficientes reductores equivalentes
y también deseamos los mejores planes hidrológicos
para las distintas zonas de Cataluña que tienen
diferencias unas con otras respecto al tema hidrológico.
Como decía, descendiendo tendremos que llegar a una
serie de consensos para conseguir el mejor plan para
Cataluña, y éste deberá entrar en otra gran discusión
para alcanzar el consenso, el gran pacto de Estado que
siempre pretendemos.
Para llegar a este mejor plan hidrológico se necesita
tiempo, mucho tiempo. Venir aquí hoy a discutir la
moción del Grupo Socialista consecuencia de la interpelación
me parecía fácil porque pensaba votarla en
contra ya que nos marcaba unos plazos tan cortos y
concretos que eran irrealizables, a pesar de que el
señor Morlán dice que podemos llegar a un consenso
importante. Podemos alcanzar ese consenso si se acepta
parte de las enmiendas que se han presentado, concretamente
la del Grupo Popular. Si esto sucede y dado
que la votación de la Cámara será masivamente a favor,
no tengo inconveniente en apoyar que la señora ministra
comparezca en la Cámara pasado mañana o el mes
que viene, me da igual. Lo que me interesa, como decía
el señor Ríos, es tener la documentación encima de la
mesa, ya sea esta semana o dentro de dos o tres meses.
Creo que el plan hidrológico no estará listo en la
fecha en que aquí hoy determinaremos con un consenso
amplio, pero habremos avanzado algo y llegará un
día en que esta Cámara podrá aprobar el plan hidrológico.
Curiosamente ahora se nos ofrece que el plan
hidrológico se presente en el Congreso en el próximo
período de sesiones. A esta propuesta yo he puesto
siempre una pega: el cúmulo de elecciones que hasta
el 13 de junio tenemos (municipales, autonómicas en
muchos sitios y europeas) y que el período de sesiones
acaba el 30 de junio. Posiblemente el plan hidrológico
puede presentarse después de las elecciones, por lo
que el peligro de un debate no sosegado del que yo
hablaba podría desaparecer. En todo caso, también
podría desaparecer por el hecho de que el 20 de abril
alguien decidiese que no se va a presentar el plan porque
el 13 de junio hay otro acontecimiento a añadir,
del que últimamente se habla.
Continúo siendo escéptico respecto a que tengamos
el plan hidrológico tan pronto. No obstante, si toda la
Cámara lo va a apoyar nosotros también lo votaremos
favorablemente y disculparemos al Gobierno si no lo
presenta, porque lo que queremos es que, paso a paso,
todo se vaya cumpliendo, veamos los planes de cuenca,
tengamos el libro blanco, se reforme la Ley de
Aguas, llegue del Ministerio de Agricultura el plan de
regadíos y, en su momento, cuando sea, podamos
debatir sosegadamente y aprobar el Plan hidrológico
nacional, porque queremos el mejor plan que se pueda
obtener del consenso de todos los grupos de la Cámara,
de la sociedad y de todos los implicados en esta discusión.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor
Morlán, tiene la palabra a los efectos de manifestar la
aceptación o rechazo de las enmiendas.
El señor MORLÁN GRACIA: Muchas gracias, señor
presidente.
Señoras y señores diputados, después de oír a los
portavoces de los dos grupos que han presentado
enmiendas y al portavoz del Grupo Catalán, señor
Sedó, cuyo escepticismo en gran medida comparto,
tengo que señalar que indudablemente estamos aquí
para hacer política y para lograr que lo que se llama
política sea una realidad.
En un tema como el agua hay que ir a buscar fórmulas
de consenso, y este grupo parlamentario, el
Grupo Socialista, está dispuesto a que al menos unos
mínimos de acuerdo podamos tener. En esa tesis mi
grupo pretende ofrecer a los dos grupos que han presentado
enmiendas una transaccional que recoja parte
de los criterios y aportaciones de cada grupo que contribuya
a que en estos meses que quedan hasta las próximas
elecciones dispongamos del marco de política
de aguas que hemos de tener para llevar a cabo estos
debates.
Respecto a las enmiendas del Grupo Popular, en primer
lugar, he de decir que aceptaríamos parte del
punto primero, en el sentido de que se iniciara con la
frase a la mayor brevedad posible y en todo caso en el
plazo de un mes, y siguiera el texto de la enmienda de
Izquierda Unida en su punto primero. El texto quedaría
de la siguiente manera: A la mayor brevedad posible y
en todo caso en el plazo de un mes, presente en el
Congreso de los Diputados el Libro Blanco del agua,
abriendo así el amplio debate nacional con las fuerzas
políticas parlamentarias, las organizaciones sociales
presentes en el Consejo Nacional del Agua y las instituciones
implicadas en el mismo. Difiero de la apreciación
que hace S. S. respecto a las resoluciones, pero no
vamos a entrar en discusiones porque sólo se trata de
aceptar o rechazar las enmiendas.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Exactamente,
no discuta con los intervinientes.
El señor MORLÁN GRACIA: De acuerdo, señor presidente.
Respecto al segundo punto, aceptamos la fórmula
del Grupo Popular de que en el próximo periodo de
sesiones se presente en el Congreso de los Diputados
el Plan hidrológico nacional. Entendemos que puede
haber alguna justificación electoral, puesto que estamos
en elecciones municipales o autonómicas, pero es
un riesgo que vamos a correr porque lo que queremos
es que se presente de una vez y conocer su contenido
de manera definitiva.
Respecto al tercero de los puntos, que pide que, a
la mayor brevedad posible, se remita a este Congreso
de los Diputados un ejemplar de todos los planes
hidrológicos de cuenca aprobados por el Consejo de
Ministros, me da lo mismo uno que una copia de cada
uno. Lo que sí es cierto es que si la copia no se hace
en el Ministerio se tendrá que hacer en el Congreso,
con lo que cada grupo parlamentario seguirá teniendo
la copia a la que tiene derecho. Por tanto, no nos
importa aceptar la fórmula de S. S. respecto al tercero
de los puntos.
Respecto al cuarto punto, introduciríamos una variación
y diría en el plazo de dos meses, en lugar de uno,
es decir, ampliaríamos el periodo a dos meses dado que
estamos en el debate presupuestario. Indudablemente
antes de que el Consejo de Ministros de Medio Ambiente
lleve a cabo la aprobación de esta directiva, la señora
ministra tiene que comprometerse a comparecer en
este Congreso para informar sobre las consecuencias
de la aprobación de esta directiva marco en el Estado
español.
Por último, respecto de las enmiendas de Izquierda
Unida, rechazaríamos la que hace referencia al punto
número 2 porque el Gobierno se ha comprometido en
una resolución del Congreso a que el Plan nacional de
regadíos se presente antes del 31 de diciembre de 1998.
En cuanto a los planes de cuenca, ya he dicho que si
los remiten y los tenemos los grupos, no creo que haya
mucha dificultad en estudiarlos.
Respecto al punto quinto de la enmienda, lo que
pretendemos, señor Ríos, es conocer qué reformas
quiere realizar el Gobierno a la Ley de aguas. Como ha
dicho que lo iba a traer antes del 31 de diciembre de
1998, lo analizaremos con profundidad, veremos si esa
modificación supone un desarrollo o una modificación
absoluta de la Ley de Aguas y, como es lógico, entraremos
en su discusión y criticaremos todo aquello que
no vaya en la dirección recogida en su propio texto.
Con vistas a ese consenso que es bueno que se produzca
en política hidráulica, estimamos que no se debe
incorporar este quinto punto a la moción, que debe ser
sometida a todos los grupos para su votación.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias,
señor Morlán.
Intervendrán la señora De Lara y el señor Ríos por si
aceptan la transacción que ofrece el señor Morlán.
Señora De Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Señor presidente, muy
brevemente, soló quiero indicar que he entendido al
señor Morlán que al texto de nuestra enmienda se
introduce una pequeña modificación en el cuarto
punto -aceptamos el plazo de dos meses que ha
indicado- y se añade en el primer punto la propuesta
de Izquierda Unida, pero el texto que aprueba esta
Cámara es sobre la base de la enmienda del Grupo
Popular.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señora
De Lara, entiendo, por tanto, que acepta la transacción.
(Asentimiento.)
Señor Ríos.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, como
el texto que propone el Grupo Parlamentario Socialista
es, en su espíritu y en su forma, básicamente el que ha
propuesto con las modificaciones que hemos aportado,
aceptamos la transacción que se nos ofrece y también
la argumentación para no introducir nuestros puntos.
Lo importante no es saber si la redacción es de uno o
de otro; el proponente es el que decide, no el enmendante.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera):
Muchas gracias, señor Ríos.
Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente
ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la moción del
Grupo Socialista sobre política general en materia
hidráulica en los términos resultantes de la enmienda
transaccional que ha sido aceptada por el grupo proponente
y por los que habían enmendado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 312; a favor, 312.
El señor PRESIDENTE: Todos los votos son favorables
a la aprobación de la moción en los términos antedichos
y queda así aprobada por unanimidad. (El
señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana,
ocupa la Presidencia.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE
REDISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DEL COSTE DE
LOS PEAJES ACTUALES EN TODO EL ESTADO
(Número de expediente 173/000103).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Moción del Grupo Mixto sobre redistribución
territorial del coste de los peajes actuales en todo el
Estado. Para su presentación, tiene la palabra la señora
Rahola. (Rumores.)
Señorías, les ruego guarden silencio. (Pausa.) Señor
Camps. Señor González de Txabarri. Silencio, por
favor, señoría.
Puede comenzar, señora Rahola
La señora RAHOLA I MARTÍNEZ: Gracias, señor
presidente. Señorías, seguramente todos los grupos
parlamentarios presentes el pasado miércoles en el
Pleno de esta Cámara coincidiremos en valorar como
positivo el debate que se produjo en la interpelación
que esta diputada formuló, no sólo obviamente en la
línea argumentada y por la exposición realizada, sino
también, y es justo reconocerlo, por las intervenciones
de los demás grupos que tomaron la palabra (el Grupo
Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Catalán
y el de Izquierda Unida). Reconozco y valoro, asimismo,
como significativas y clarificadoras las respuestas
del señor ministro. En todo caso, el nivel y el tono
del debate fue gratificante y demostrativo de la necesidad
objetiva y subjetiva de abordar en toda su amplitud
y profundidad este tema.
Según afirmó y reconoció el señor ministro, Cataluña
padece hoy una discriminación negativa en los temas
de la red viaria pública y en la red de autopistas en lo
referente al tema concreto de los peajes. Ésta es una
constatación objetiva y objetivable en la que, tal como
se evidenció el pasado miércoles, parece que coincidimos
todos los grupos intervinientes. En donde discrepamos
totalmente es en la explicación e interpretación
de las causas iniciales calificadas como discriminación
positiva, en este caso por el señor Arias Salgado. ¿Cómo
puede calificarse de discriminación positiva la construcción
de autopistas de peaje? Y también lo es en la
forma de resolver este tema. Consideramos histórico el
reconocimiento por parte del señor ministro de la habilidad
conceptual y semántica del Gobierno de turno -
nos referimos al período 1985-86- al confundir el término
autovía con el término autopista. Esta utilización
terminológica justificaba unas inversiones arbitrarias
sobre la base de una política de infraestructuras que
discriminaba a Cataluña y a todos aquellos otros territorios
en donde se priorizó los peajes en las autopistas,
en detrimento de las inversiones en las carreteras llamadas
nacionales, existentes o de futura construcción.
Textualmente el señor ministro afirmó, tal como puede
verificarse, lo siguiente: Estoy de acuerdo con S.S. en
que autovía es un concepto singular, que no tiene equiparación
posible en la terminología europea, porque se
empezó con un concepto de autovías de puro desdoblamiento
de carreteras y hoy estamos haciendo realmente
autopistas denominadas autovías. Como único
camino posible para afrontar la política de infraestructuras
del Gobierno el señor ministro defiende y legitima
la prórroga de las concesiones, argumentando que
es la solución preferida por la mayoría de los ciudadanos.
Ya manifesté que sólo hacía falta conocer en profundidad
la respuesta social y económica de los sectores
sociales especialmente afectados, tal como puede
comprobarse desde hace tiempo a través de los medios
de comunicación social, y tal como se ha evidenciado,
por ejemplo, este último fin de semana en la N-340 y
en la autopista A-2, con las protestas masivas de los
ciudadanos. Abundando más en estos hechos, hoy
mismo la autodenominada plataforma Consorci Xarxa
Viaria tenía fijada una reunión con el nuevo secretario
de Estado de Infraestructuras, señor Vilalta, plataforma
cívica formada por alcaldes, entidades ciudadanas, sectores
económicos y representantes políticos. Algo pasa,
por tanto, señor ministro, señorías, y por ello es necesario
y urgente abrir el estudio y el debate que aporte
soluciones sólidas y lo más satisfactorias posibles.
Discrepo rotundamente de la utilización de los datos
numéricos que se hizo, en la interpelación urgente por
parte del señor ministro, cuando afirmaba que sólo el
34 por ciento de los kilómetros de autopistas de peaje
están en Cataluña, y no incorporaba en su discurso que
estamos hablando sólo del 6,3 por ciento del conjunto
del territorio del Estado o del 16 por ciento de la población.
Por otra parte, tampoco contempla que del total
de kilómetros de autopistas en Cataluña, unos 950 kilómetros,
720 son de peaje. Éstos son, para recordarlos,
algunos de los datos básicos concluyentes. El Estado
tiene un total de 2.100 kilómetros de autopistas de
peaje y 4.597 autovías gratuitas. El 72 por ciento de los
peajes del Estado se pagan en Cataluña. El 82,5 por
ciento de las autopistas de Cataluña son de peaje. El 75
por ciento de los usuarios gravados por peajes en todo
el Estado son catalanes. Diez de los dieciocho tramos
de peaje que existen en el Estado se encuentran en
Cataluña y, por cierto, son los de mayor volumen de
tráfico. Creo que no hace falta insistir en cifras que
reflejan, de forma clara y reconocida por el propio
ministro, una situación discriminatoria hacia determinados
territorios. Tenemos, pues, que encontrar soluciones
a esta situación más allá de alargar unas concesiones
que en absoluto benefician la política pública sobre
la red viaria del Estado y que en ningún caso, como ya
he dicho anteriormente, es aceptada por los ciudadanos
de determinados territorios, aunque se intente
argumentar lo contrario. Si atacamos la base del problema
convendremos en que los beneficios de las concesionarias
de estas autopistas han superado con creces
la inversión inicial, y empieza a ser hora de que el
Estado asuma el reequilibrio territorial del coste que
estas infraestructuras suponen para los usuarios de
determinados territorios, producto de unas deficiencias
en materia de inversión pública en estos territorios.
Es evidente que la red de autopistas de peaje conlleva
unas características de bien público que no pueden
pasar desapercibidas, y que no se puede estar gravando
sobre la economía de estos usuarios, en la medida
en que se produce con prórrogas que van alargando
unas autopistas hipotecadas cada vez a más años vista.
Metafóricamente quizá sea la hora de valorar si hemos
de bajar o eliminar el tipo de interés de esos peajes,
teniendo presente que a algunos territorios del Estado
se les ha concedido un cheque en blanco. Seguramente
es necesario recordar y reafirmar que las autopistas son
infraestructuras de interés público y, como tales, en
todo caso han de estar sujetas a criterios tendentes a su
cualidad pública. Las autopistas no pueden seguir siendo
una fuente privada de financiación y de obtención
de dividendos privados. Por todo ello, por la insuficiencia
de la oferta viaria pública de responsabilidad estatal;
por la arbitraria política gubernamental en la materia,
que discrimina territorios en función de priorizar
intereses privados; por la congestión y el constante
colapso al que se ven abocados los usuarios de la red
estatal pública; por las repercusiones económicas y
sociales que afectan negativamente la operatividad, el
desarrollo y la competitividad; por las dificultades, en
suma, que supone para la movilidad social, entendida
ésta en términos de territorio, creemos indispensable
abordar la problemática en su conjunto a través de la
constitución de una subcomisión, dentro de la Comisión
de Infraestructuras, que establezca un diagnóstico
de la realidad, considere las causas que lo han originado
y defina prioritariamente las posibles líneas de
actuación futuras. Dichas líneas de actuación sólo pueden
articularse partiendo del estudio y análisis de todas
las opciones, sin restricciones iniciales o apriorísticas.
Es decir, hay que estudiar si rescatamos o no las concesiones,
si pueden rescatarse; si, con los beneficios de
las empresas, se pueden reducir los peajes. Hay que
analizar y estudiar todas las opciones.
La concentración de los peajes entre determinados
radios por kilómetro de autopista, como el caso del área
metropolitana de Barcelona, produce una situación de
colapso en fechas determinadas que, sin lugar a dudas,
se solventaría en parte sin esa densidad de peaje por
kilómetro. Cataluña carece de una política de inversiones
en infraestructuras viarias que le permitan desdoblar
integralmente todos los tramos de carreteras nacionales,
que presentan una permanente saturación, tramos que
son la práctica totalidad de la red viaria, cuya responsabilidad
corresponde directamente al Estado.
Cataluña padece de un estrangulamiento crónico en
gran parte de su red viaria. ¿Qué alternativas propone
el Gobierno al colapso de la N-340 y de la N-II, más
allá de los tramos licitados o adjudicados? ¿Qué respuesta
plantea el Gobierno a la congestión de la N-II a
su paso por la comarca del Maresme -59 kilómetros y
una población de unas 300.000 personas-? La respuesta
dada hasta estos momentos ha sido la construcción de
la autopista de peaje A-19, de Barcelona a Palafolls.
Siguiendo la línea argumental del señor ministro, la
alternativa pública a la N-II de un sólo carril direccional
entre Barcelona y la frontera no existe.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Señora Rahola, le ruego concluya.
La señora RAHOLA I MARTÍNEZ: Voy concluyendo,
señor presidente.
La alternativa a este eje viario estatal se concreta en
la A-7, evidentemente de peaje.
Ciertamente, la construcción hace unos veinte años
de las autopistas de peaje supuso la configuración de
un consorcio que ha rentabilizado en abundancia las
inversiones iniciales y de mantenimiento. El coste de
los peajes y sus permanencia a través de los años, de
las décadas, ha supuesto unos ingresos constantes y
perdurables en el tiempo. No en vano algunas de las
concesionarias cotizan incluso en bolsas internacionales.
Los costes de mantenimiento y ampliación que se
han realizado en este período no justifican la situación
actual y, mucho menos, las perspectivas que los últimos
preacuerdos apuntan. En todo caso, los costes para
el usuario se han orientado en la dirección de obtener
una rentabilidad desmesurada y no hacia una racionalización
que incidiera en los tramos intervenidos.
En fin, reconocemos la complejidad del problema.
Hemos de solicitar, por todo ello, la necesidad de un
estudio riguroso y equitativo. Entendemos que, a la
espera de las conclusiones del estudio que proponemos,
debería paralizarse cualquier acuerdo orientado a
prorrogar las concesiones de las autopistas.
En resumen, podríamos decir que la Administración
del Estado no está tratando por igual a los ciudadanos
de los diferentes territorios. Este hecho provoca un
agravio comparativo importante que en comunidades
como Cataluña, por ejemplo en el caso de Barcelona,
es absolutamente escandaloso. La ciudad de Barcelona,
en su comparación con Madrid, está absolutamente
rodeada de peajes; incluso dentro de su propia área
urbana disfruta de un magnífico peaje, como es el del
túnel de Vallvidrera. Además, algunos de los peajes son
de los mas caros de Europa por kilómetro construido.
Esta situación alarmante se ha intentado paliar alargando
concesiones a cambio de reducir mínimamente el
coste de los peajes. Con ello sólo se consigue que la
agonía sea más lenta, puesto que los ciudadanos de
Cataluña y aquellos que frecuentan sus autopistas
seguirán sufragando un coste del que tendría que
corresponsabilizarse el conjunto del Estado. Entendemos
que en este caso el Estado no cumple con el criterio
de equidad tan escrupuloso en democracia. En
Francia, por ejemplo, todos los usuarios pagan, siendo
el coste del peaje el mismo por kilómetro construido
en todo el territorio.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Señora Rahola, le ruego concluya.
La señora RAHOLA I MARTÍNEZ: Acabo ya, señor
presidente.
En Alemania se paga a través del impuesto de gasolina
y de circulación, en Suiza también. Hay muchas fórmulas
posibles para reequilibrar, redistribuir y romper
con lo que es una auténtica discriminación, un agravio
comparativo para los ciudadanos de Cataluña.
Para concluir, pues, debo decirles que debemos buscar
soluciones de carácter estructural que por un lado
terminen con esta discriminación en el tema de peajes
y, por otro, siguiendo el modelo de algunos países
europeos, permitan incorporar fórmulas más justas. Un
Estado que se declara social y democrático de derecho
no puede mantener por más tiempo esta situación
única en Europa: que tan sólo una parte de sus ciudadanos,
el 16 por ciento, pague tres cuartas partes de los
peajes existentes. Hoy podemos decir a los ciudadanos
que hay soluciones al agravio económico y también al
colapso viario que padece Cataluña, que se pueden rescatar
las concesiones o como mínimo que existe la
voluntad de estudiarlo. Éstos son auténticos aparatos
de hacer dinero para pocos con la sangría de muchos,
no en vano, como decía, cotizan en algunas bolsas
internacionales.
En todo caso, podemos reducir los peajes con las
modificaciones legales pertinentes, vinculando esta
reducción a los beneficios de la cuenta de explotación
de las concesionarias. Se puede si se quiere, depende
de si se sirve a los intereses de los ciudadanos o si se
sirve a los intereses de los potentes grupos económicos
que están detrás de las concesionarias.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señora Rahola.
A esta moción ha sido presentada una enmienda por
el Grupo Parlamentario Socialista, para cuya presentación
y defensa tiene la palabra el señor Sabaté.
El señor SABATÉ IBARZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, hay pocos argumentos que añadir a los que
ya vertimos la semana pasada desde esta misma tribuna.
La justificación de nuestras enmiendas básicamente
responde a dos intenciones, dos criterios que son los
que las han guiado. El primero, no dejar lugar a dudas
sobre cómo queremos que evolucione este sector en el
futuro. Esto se dice simplemente con una frase muy
corta: que se mantenga el equilibrio de la concesión,
precisamente aquel que estaba previsto en el momento
inicial de la concesión. ¿Es esto abusivo? ¿Es descabellado?
¿Se conculca algún derecho? No, a ninguna de
estas preguntas podemos responder más que con una
negativa. Repito el argumento de la semana pasada. Si
para mantener el equilibrio cuando van mal dadas el
Estado y los usuarios corren a socorrer a los inversores,
tendría que ser lógico que en época de bonanza económica
como la actual, con unos beneficios tan enormes,
el usuario se beneficiara de ellos; al fin y al cabo
él es el verdadero dueño del negocio porque al final es
el que ha pagado la infraestructura, por cierto, con un
precio bastante superior al real. Segundo criterio, hay
que responder a una demanda social que está en la
calle, que se ha expresado en estas últimas semanas
con más fuerza y con más contundencia: que se renegocie
el acuerdo, no puesto en práctica todavía debido
a la contestación social que ha producido, entre el
Ministerio, la Generalitat y Acesa introduciendo nuevos
criterios. Éstos son: disminuir las tarifas de los peajes,
en contraprestación a los grandes beneficios de la
empresa concesionaria, y acordar la gratuidad para
camiones y vehículos de transporte colectivo en los tramos
en los que se están construyendo variantes de
carreteras nacionales, a fin de descongestionar dichas
vías y prevenir los cada vez más frecuentes accidentes
que se producen en ellas. Cabe decir, además, que este
último punto de nuestra enmienda es cada vez más
aceptado por los ciudadanos.
Ayer mismo, en el Ayuntamiento de Tarragona, por
unanimidad de todos los grupos, se acordó un texto
casi idéntico al que acabo de citar. Por tanto, el segundo
criterio, el de responder a esta demanda social que
cada vez se expresa con más fuerza, es el que ha guiado
también nuestras enmiendas.Por eso, mantenemos
nuestras enmiendas y quisiéramos que, por lo menos,
estas dos últimas fueran tomadas en consideración por
la señora Rahola, pues, de lo contrario, nos veríamos
con muchas dificultades para poder apoyar la moción
que hoy nos presenta, por genérica, ya que no se define
cómo se va a llevar a cabo la reducción progresiva
de los peajes. Si estos peajes se van a reducir pasados
los seis meses después de estar trabajando la subcomisión
que se propone, con la que estamos de acuerdo,
nos tememos que no van a ser seis meses, sino que
luego las negociaciones consiguientes van a alargar
mucho más en el tiempo estas rebajas, porque no se
trata la gratuidad para vehículos pesados y de transporte
colectivo en los tramos en los que se están construyendo
variantes, y a los que hemos hecho referencia
anteriormente. En consecuencia, continuamos manteniendo
nuestras enmiendas, y quisiéramos que la señora
Rahola las tomara en consideración, para añadir a su
moción, con lo que su primera parte, que sería el texto
íntegro, quedaría tal como ella lo ha presentado y con
el que estaríamos de acuerdo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señor Sabaté.
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Señor presidente, coincidimos
tanto en la intervención como en las propuestas
generales que reflejan la moción que ha presentado
doña Pilar Rahola, pero, previamente, queríamos hacer
dos consideraciones o premisas. Primera, hemos de
decir aquí que las autopistas de peaje en Cataluña no
sólo son producto de la acción del Gobierno central,
sino producto de la acción del Gobierno de Cataluña;
es decir, hay tantas o más autopistas de peaje últimamente
producto de la acción del Gobierno de Cataluña
que del Gobierno central: el túnel de Garraf, TarrasaManresa,
el túnel del Cadí, el túnel de Vallvidrera, etcétera.
Por tanto, el peaje es un problema que ha de tratar
y solucionar el Estado, pero también el Gobierno
catalán, que desde hace cuatro o cinco años ha optado
decididamente por hacer autopistas de peaje.
Creo que en el segundo bloque de premisas hay dos
ideas importantes a retener: que las inversiones del
Estado no han sido territorialmente equilibradas y que
se han producido discriminaciones clarísimas, lo cual
motiva que en Cataluña exista un kilómetro de peaje
por habitante que no hay en el resto del Estado. Quiero
también advertir que las inversiones del Estado han
bajado en todo él, pero especialmente en Cataluña, y
merece la pena tener en cuenta que los costes de amortización
de estas construcciones están prácticamente
liquidados.
Dicho lo anterior, hemos presentado una enmienda
al texto de la señora Rahola, de la que voy a destacar
fundamentalmente los puntos que me parecen importantes:
primero, más que crear una ponencia en la
Comisión de Infraestructuras. nos parecía que se debería
crear una comisión que contemplara la presencia de
los tres niveles de administración con los agentes económicos
y sociales; en ese mismo estudio también se
aportan medidas complementarias sobre cómo mejorar
el transporte público, puesto que pensamos que la liberalización
o disminución de los costes de peaje no es la
solución definitiva a los problemas de congestión y tráfico
que padece Cataluña y, en concreto, el área metropolitana
de Barcelona.
La segunda idea en la que coincidimos con la señora
Rahola es en la paralización de cualquier acuerdo entre
el Gobierno y las empresas concesionarias de las autopistas
de peaje, pero sugerimos como nueva medida en
relación con la propuesta que ella nos hace, la celebración
de convenios urgentes que liberalicen determinados
tramos de peaje que en estos momentos tienen problemas
especiales debido a que las obras de mejora de
las carreteras provocan una situación conflictiva. En
concreto, proponemos la liberalización de cinco: la A7,
hasta que se concluyan las obras de la variante Altafulla-
La Mora y el segundo cinturón de Tarragona de la
N-340; la A-2, en el tramo Lleida-Barcelona, hasta que
se concluyan las obras de la N-II en el tramo CerveraIgualada;
la A-7, en el tramo Villafranca del PenedésMartorell,
hasta que se concluyan también las obras de
la variante Cervelló-Vallirana, también de la N-340; la
A-7, en las comarcas valencianas de La Safor-Marina
Alta y Marina Baixa; y la A-4, en los accesos de Cádiz.
Por último, añadimos una enmienda; en una parte
de ella referida a los trabajos de esa comisión se propone
la modificación de medidas legislativas, que se
contemplen y se tramiten por vía de urgencia. Por
tanto, el problema de las autopistas de peaje en Cataluña
supone una discriminación de inversiones que afecta
al Gobierno central, pero también a la política de
Cataluña; es producto de una disminución de inversiones
y es necesario que, en la solución a la que se llegue,
se contemple por todas las administraciones mejoras
del transporte público y la liberalización de
determinados tramos de peaje.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señor Saura.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), tiene la palabra el señor Molins.
El señor MOLINS I AMAT: Muchas gracias, señor
presidente.
Como ya se ha venido advirtiendo por parte de otros
intervinientes anteriores a mí mismo y como se dijo en
la interpelación del pasado miércoles, en España ocurre
una cosa que no sucede en ningún otro país europeo.
En Europa, en general, existen dos modelos respecto
a las autopistas: el de los países que podríamos
llamar ricos, los del norte, donde las autopistas son
libres de peaje porque pueden permitirse ese lujo y el
de los países que podríamos llamar pobres, los del sur,
donde las autopistas son todas de peaje. España es el
único país de Europa donde esos dos modelos conviven
en un mismo territorio. No hay ningún otro país en
que eso ocurra: o tienen autopistas de peaje, como
Francia, Italia, España hasta el año 1987, o tienen autovías
libres de peaje, como Alemania, Holanda, Dinamarca,
etcétera. Insisto, en ningún otro país ocurre lo
que aquí sucede, que es la convivencia en un mismo
territorio de los dos modelos.
Esto es así porque el Gobierno socialista en un
momento determinado inició el Plan de autovías, para
mí con dos errores básicos: en primer lugar, no calcular
las consecuencias de lo que estaba iniciando; en segundo
lugar, programar las autovías donde no había autopistas.
Con ello nos han convertido en un país de peaje
en la periferia y en un país libre de peaje en el interior.
Por eso no deja de sorprender que los que han provocado
el problema hoy sostengan determinadas posiciones.
La realidad es que ese es el problema al que hoy
nos tenemos que enfrentar porque la discriminación
existe. El problema al que nos tenemos que enfrentar
viene de esa decisión, que vio a corto plazo las ganancias
que podía provocar pero que no previó a largo
plazo la injusticia comparativa, flagrante, que la continuidad
de ese plan podía provocar. (Un señor diputado:
¿Y Franco?)
También hay que señalar una segunda cuestión, y es
que existe hoy una polémica sobre si es un buen mecanismo
el de alargar la concesión para descender los
peajes. Este mecanismo no es más que la copia exacta
del utilizado por el Gobierno socialista en el año 1990,
cuando alargó en 12 años la concesión de las autopistas
de Acesa en Cataluña para poder hacer un peaje
blando en la autopista de Mataró, y no sólo en ésta. La
esencia de las autopistas de peaje es que las paga sólo
el usuario, en vez de que sean todos los ciudadanos los
que con los impuestos paguen las carreteras. En este
caso se transgredió la ley claramente, porque para que
los usuarios de la autopista de Mataró paguen un peaje
menor de lo que costaría la amortización de la inversión
que utilizan, se alargó el peaje a los usuarios, por
ejemplo, al señor Sabaté, por usar de la de Tarragona, a
los de Lleida y a los de Girona, que no utilizan para
nada esa autopista. Hoy nos encontramos con que
tenemos que solucionar ese lío, que existe. Es absolutamente
cierto, como indica la señora Rahola, que el lío
lo tenemos planteado, existe y tenemos que ser capaces
de darle respuesta. De ahí que mi grupo parlamentario
presente esta enmienda a la proposición de la
señora Rahola, en la que pretendemos que se estudie
el problema. Es profundamente injusto que con el dinero
que generan todos los ciudadanos se construyan
autovías sólo en los territorios donde no hay autopistas.
Esta fue la política aplicada por el Gobierno socialista.
Hoy el Gobierno popular está iniciando el proceso,
sin utilizar ese argumento de que como ya tienen la
de peaje, no les vamos a hacer una gratuita, que no
sería justo porque también los ciudadanos de esas
zonas del territorio donde se está pagando el peaje
generan los impuestos con los que se construyen las
autovías, que deben ser para todos y no sólo para algunos.
Por tanto, hay que intentar solucionar ese problema.
De ahí nuestra enmienda a la moción de la señora
Rahola, en el sentido de que nosotros proponemos que
se estudie este problema en un informe del propio
Gobierno que sería remitido a esta Cámara en seis
meses. Yo creo que nadie sensato puede dejar de decir
que el problema existe. Es un lío en el que nos hemos
ido metiendo todos poquito a poquito, con la ilusión
de que quizá nos podíamos permitir el lujo de tener
sólo autovías libres de peaje, como se lo pueden permitir
los alemanes y otros, pero esto a lo mejor no está
al alcance de nuestros bolsillos, de nuestras posibilidades.
No lo sé, es el Gobierno, de ahí nuestra enmienda,
el que nos tiene que decir si este problema de desigualdad
flagrante tiene o no solución. Nosotros creemos
que la tiene y, en cierta manera, el Gobierno ha
empezado a actuar para deshacer esas injusticias, en
concreto en algunas zonas del territorio con la realización
de unas autovías -por ejemplo, la construcción
del by pass de la ciudad de Valencia- porque es injusto,
insisto, que unas zonas del territorio tengan un porcentaje
altísimo de autopistas de peaje y prácticamente
ningún porcentaje de autovías y otras al contrario.
Sería intención de nuestro grupo, obviamente, que la
señora Rahola pudiera aceptar nuestra enmienda de
sustitución. Tengo entendido que no va a ser así, por lo
que quizás me adelanto, pero supongo que lo que no
me ha dicho en privado no lo dirá desde la tribuna y,
por tanto, no lo aceptará. En ese caso, como conoce la
señora Rahola y pongo en conocimiento de la Cámara,
hace pocos días, con motivo de un debate de política
general en el Parlament de Cataluña, éste aprobó una
moción de contenidos muy parecidos al primer párrafo
del punto 1 de la moción presentada por la señora
Rahola. Como es obvio, si se pudiera producir la votación
separada, nuestro grupo parlamentario votaría a
favor de ese punto y no del resto de la moción, que no
compartimos.
Muchas gracias, señor presidente, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señor Molins.
Para la presentación de la enmienda del Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el señor Jiménez
Suárez.
El señor JIMÉNEZ SUÁREZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, la moción consecuencia de interpelación
que hoy debatimos puede relacionarse con otros debates
de política de infraestructuras, y el Gobierno y el
Partido Popular que lo sustenta entienden que es un
debate útil e interesante, porque es un asunto que preocupa
y ocupa al Gobierno y al Partido Popular. Le preocupa
y ocupa por razones obvias. Las infraestructuras
ejercen un efecto multiplicador en la economía, la
inversión en infraestructuras es un patrimonio que enriquece
al país y, además, el efecto y el coste del transporte
en las infraestructuras inciden positiva o negativamente
en la economía. En ese sentido, el Partido
Popular quiere obtener del debate efectos positivos,
enriquecer debates precedentes y, en resumen, sumar y
no restar.
Sí quisiera hacer tres reflexiones que fundamentan la
moción que presenta el Grupo Popular. La primera es
la fotografía del escenario. Se han dado algunos datos
que me permitirá S.S. que los califique como una fotografía
ligeramente desenfocada, porque de los 2.100
kilómetros de autopistas que tiene nuestro país, 720
kilómetros están en Cataluña, de los cuales 209 kilómetros
pertenecen a la Generalitat, lo que supone el 34
por ciento, no el 75 por ciento. Los ingresos por peaje
que se generan en Cataluña también son del orden del
treinta y tantos por ciento de los 150.000 millones de
pesetas que se generan en el país. Luego no es el 75
por ciento. Después S.S. utiliza un índice que puede
confundir. Dice que el 26 por ciento de la siniestralidad
está en Cataluña. Señoría, con los datos que manejamos,
existen dos índices para ver la peligrosidad de las
infraestructuras, uno es el índice de peligrosidad y otro
el índice de mortalidad referidos al millón de vehículos/
año. Pues bien, el índice de peligrosidad en el Estado
es del 18,7 por ciento y en Cataluña del 19,3 por
ciento y el índice de mortalidad en el Estado es del 2,2
por ciento y en Cataluña del 1,87 por ciento.
Junto a esta fotografía de ahora, quiero recordar la
historia. Las primeras autopistas datan del año 1967 y
entre los años 1967 y 1994 se acometieron en Cataluña
-y fue beneficioso para el país- la A-2 y la A-7, y la
Generalitat entre 1967 y 1994 acometió seis actuaciones
de peaje puntuales. ¿Cuál sería la fotografía de dentro
de unos años? Que existen 420 kilómetros más de autopistas,
de los cuales 150 son de acceso a Madrid y el
resto están distribuidos por el territorio.
Analizar las consecuencias de este problema complejo
en el momento actual no deja de tener su oportunidad
o su inoportunidad, y ahí voy a la segunda reflexión.
Si hacemos una encuesta de todos los usuarios
del país que entran y salen de Madrid o de las grandes
capitales y les preguntamos si prefieren seguir con los
índices de congestión que tienen o tener una autopista
y pagar el equivalente a 12 pesetas kilómetro, que serían
veinte duros, por mejorar su calidad de transporte,
todos dirían que sí, porque, señorías, el problema de la
congestión de tráfico no es sólo de Cataluña, sino que
se da en muchas partes del país. De ahí que al Partido
Popular y al Gobierno les preocupe y se ocupen de un
problema delicado.
Hay una afirmación de S.S. que me lleva a la tercera
reflexión. Dice usted: los usuarios de las autopistas
catalanas pagan más del 75 por ciento de las autopistas
del Estado. Con los datos que manejamos no es el 75,
sino el 35 por ciento, pero permítame que le haga dos
afirmaciones igual de ciertas: los usuarios europeos de
las autopistas catalanas pagan el 20 por ciento de su
coste y los usuarios del resto del Estado pagan el 50
por ciento del coste de las autopistas catalanas. Las
autopistas de salida a Europa son transeuropeas y las
utilizamos todos, hasta los canarios cuando venimos de
vacaciones, luego no son exclusivas de los usuarios
locales, sino, como digo, de todo el país. La inversión y
el enriquecimiento en infraestructuras de Cataluña han
sido beneficiosos para el país y para Cataluña.
De ahí, señorías, que el Partido Popular entienda
que un problema tan delicado tiene tres tipos de soluciones.
La primera, la mejora de la capacidad y calidad
de las vías alternativas. En ese sentido, en las alternativas
a la A-2 y a la A-7 se están invirtiendo más de
100.000 millones de pesetas en quince actuaciones.
Creo que ese es un índice de la ocupación del Gobierno.
La segunda es disminuir los costes de transporte
negociando el peaje. El Gobierno del Partido Popular
inició esto hace prácticamente dos años, está dando
resultados positivos y prueba de ello es cómo ha incrementado
el tráfico la A-7. Y la tercera es la gestión del
tráfico. No podemos pensar que el crecimiento del
asfalto sea ilimitado y que luego podamos ir a autopistas
de ocho carriles y luego de dieciséis. No; creemos
que hay que ir a la gestión del tráfico y ahí llega el
estudio de la intermodalidad del tráfico y de la gestión
de éste con las infraestructuras existentes.
En resumen, señorías, el Gobierno y el Partido Popular
son partidarios del diálogo en un tema tan sensible
y complejo. Actualmente hay diecisiete empresas que
tienen concesiones en las autopistas del país y hay
competencias concurrentes, no olvidemos que el
Gobierno navarro tiene autopistas de peaje, la Xunta
de Galicia tiene autopistas de peaje, el Gobierno balear
tiene autopistas de peaje y la Generalitat tiene autopistas
de peaje. Hay concurrencia de competencias y hay
diecisiete empresas concesionarias que cotizan en
Bolsa y tienen una imagen pública. De ahí que el Partido
Popular no acepte la enmienda de la señora Rahola
en el sentido de crear la comisión, pero sí ha ofrecido
una enmienda en la que aporta diálogo y se compromete
a presentar a la Cámara un informe de todas las
posibilidades que vayan encaminadas a disminuir los
costes del transporte y a mejorar la capacidad de nuestras
infraestructuras, pero desde luego rechaza la última
parte de la moción de la señora Rahola en el sentido
de que es parar para debatir. El Partido Popular
entiende que hay que estudiar y debatir para acelerar y
promover actuaciones que tanto afectan a los ciudadanos
en un tema tan delicado. En ese sentido le invitamos
a que acepte la enmienda del Grupo Popular, que
es una puerta de diálogo para resolver un problema tan
complejo y tan delicado.
Muchas gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señor Jiménez.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor
presidente.
Señorías, la semana pasada tuvimos la oportunidad
de hablar aquí sobre los desequilibrios territoriales que
se producen en el Estado como consecuencia, por una
parte, de algunas comunidades que tienen, según parece,
demasiadas autopistas y, por otra, de otras comunidades
que no tienen vías de gran capacidad. Me refiero,
en concreto, a Cataluña, que tiene una buena red
de autopistas y tiene pocas alternativas en cuanto a su
red convencional, pero también tenemos casos tan
extremos como pueden ser Castilla, Extremadura u
otras comunidades que carecen de vías de comunicación
rápidas.
Afortunadamente, el período de construcción de
autopistas está llegando a su fin, como lo ha reconocido
ya incluso el ministro de Fomento, pero a la vez,
desgraciadamente, se sigue manteniendo la misma política
en cuanto al mantenimiento de los peajes. Este no
es el fin de los peajes, y no lo es porque el Partido
Popular y sus socios parlamentarios, Convergència i
Unió, quieren seguir manteniéndolos. Pero me ha parecido
apreciar hoy aquí que en las filas de CiU se remueven
un tanto porque está habiendo una sublevación en
Cataluña no solamente por parte de multitud de ciudadanos,
sino también por parte de muchos alcaldes de
Convergència i Unió. Quizá mis palabras puedan despertar
cierto interés, pero yo estoy constatando lo que
creo que es una realidad.
Quiero también manifestar que hemos oído cómo
desde la tribuna se ha hablado de desigualdad, de falta
de solidaridad de unos territorios con otros. Nosotros
ya dijimos el miércoles pasado que lo que sí fue una
desigualdad y una insolidaridad fue que este Congreso
aprobara 41.000 millones para una carretera que ya
estaba construida en Cataluña. Eso sí que es insolidario,
quizá la necesiten, pero nosotros reclamamos que
se hiciera de otra manera, no como ustedes lo hicieron.
Por lo tanto, nos ofende y nos molesta que hablen de
insolidaridad en esta Cámara.
Quiero también mencionar que nos da la impresión
de que desde las filas de CiU se pretende que el Ejecutivo
baje peajes, pero a cargo de los Presupuestos
Generales del Estado, a lo que nosotros nos negamos
rotundamente. Nos negamos a que los peajes de las
autopistas catalanas los tengan que pagar todos los ciudadanos
españoles. Ustedes tienen una buena red de
autopistas; ustedes pueden conseguir que este Gobierno
rescate autopistas, que se eliminen peajes, pero sin
incrementar la cuenta de resultados de las compañías
concesionarias, que es lo que pretenden hacer. Ustedes
quieren mantener los buenos resultados de las compañías
concesionarias, quieren mantener los buenos
resultados que están teniendo en Bolsa, y esa es la política
que pretenden mantener. He de decirles también
que la media de pesetas por kilómetro en las autopistas
de peaje catalanas está por debajo de la media nacional.
No me hablen de insolidaridad, porque no es cierto;
no es cierto de ninguna de las maneras. El coste de
la mayoría de las autopistas de peaje catalanas, exceptuando
los túneles, está por debajo de la media de las
autopistas nacionales. Por lo tanto, no podemos hablar
de agravios comparativos.
Por nuestra parte, creemos que aquí hay dos líneas
políticas totalmente diferenciadas: los que quieren
mantener los peajes y los que queremos rescatar las
autopistas cuyo plazo de concesión va llegando a su
fin. También están los que queremos que con los beneficios
de las concesionarias se puedan bajar los peajes.
Esta es la situación, señorías, estas son las dos líneas
políticas y totalmente diferenciadas que hay en el Congreso.
Pediría a las filas del Grupo Popular y a las de
Convergència i Unió que hicieran un esfuerzo por esta
política que algunos estamos proponiendo de rescate
de autopistas, que es lo que libera de peajes, y, de este
modo, tener la seguridad de que los ciudadanos podrán
utilizar las carreteras que les convienen con total seguridad
para su propia existencia.
Por último, deseo añadir que vamos a apoyar la
segunda parte del punto 1 de la moción de la diputada
señora Rahola, y también apoyaremos el punto 2, que
establece la necesidad de negociación orientándola a
no alargar el plazo de concesiones y cuyo párrafo primero
hace alusión a la recuperación pública de las concesiones.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señor Fernández.
Señora Rahola, S.S. tiene la palabra a efectos de
expresar la aceptación o no de las enmiendas planteadas
por cuatro grupos parlamentarios.
La señora RAHOLA I MARTÍNEZ: Muchas gracias,
señor presidente.
En principio, no aceptaremos la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular porque entendemos que no significa
ningún compromiso de solución real del problema.
Asimismo, tampoco aceptaremos la del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió).
En cuanto a las emiendas de Iniciativa per Catalunya
y del Grupo Socialista, estamos en el mismo espíritu e
incluso entendemos que en algunos puntos mejoran
nuestra propia proposición. Sin embargo, en aras al
consenso expresado por algún grupo de la Cámara y
para poder permitir la votación separada de los distintos
puntos, lo que si se aceptara alguna enmienda no
sería posible, no voy a aceptar ninguna de ellas.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señora Rahola. (La señora
Rahola i Martínez pide la palabra.)
¿Sí, señora Rahola?
La señora RAHOLA I MARTÍNEZ: En el mismo trámite
pediré la votación separada en tres puntos de la
moción. El punto número 1 hasta el primer punto; el
segundo párrafo separado, y el segundo punto.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señora Rahola.
Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente
ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder
a la votación.
Votaciones correspondientes a la moción sobre redistribución
territorial del coste de los peajes, que ha presentado
la señora Rahola, del Grupo Mixto, y que solicita
que se desglosen en tres, correspondiendo la
primera al primer párrafo del punto 1, que se somete a
votación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 313; a favor, 174; en contra, uno;
abstenciones, 138.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el punto 1,
párrafo primero.
Párrafo segundo del punto 1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 313; a favor, 145; en contra, 167;
abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto 2 de la moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 313; a favor, 145; en contra, 167;
abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda también rechazado el
punto 2 de la moción presentada por la señora Rahola.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA, SOBRE MEDIDAS QUE PIENSA
ADOPTAR EL GOBIERNO PARA QUE, HASTA
TANTO SE ULTIMAN LOS TRÁMITES PARA EL
REGISTRO DE LA RU-486, SE GARANTICE QUE
EN EL CONJUNTO DE LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS DICHO MEDICAMENTO ESTÁ DISPONIBLE
PARA USO EXCLUSIVAMENTE HOSPITALARIO
Y PARA SU UTILIZACIÓN EN INTERRUPCIONES
VOLUNTARIAS DEL EMBARAZO
PREVISTOS EN EL CÓDIGO PENAL, ASÍ COMO
PARA EL TRATAMIENTO DE OTRAS PATOLOGÍAS
PARA LAS CUALES SU ADMINISTRACIÓN ESTÁ
INDICADA (Número de expediente 173/000104.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo de
Izquierda Unida sobre medidas que piensa adoptar el
Gobierno para que, hasta tanto se ultiman los trámites
para el registro de la RU-486, se garantice que en el
conjunto de las comunidades autónomas dicho medicamento
está disponible para uso exclusivamente hospitalario
y para su utilización en interrupciones voluntarias
del embarazo previstos en el Código Penal, así
como para el tratamiento de otras patologías para las
cuales su administración está indicada.
Para la presentación de la moción, tiene la palabra la
señora Maestro. (Rumores.)
Silencio, señorías. Les ruego silencio para que pueda
comenzar la intervención de la señora Maestro sobre
este último punto del orden del día de la sesión de hoy,
que ya nos ha llevado a tan avanzadas horas de la
noche. Señor Homs. (Pausa.)
Adelante, señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTÍN: Gracias, señor presidente.
Señorías, como podía deducirse del debate que tuvo
lugar el martes pasado en esta Cámara, intervengo para
defender una moción de Izquierda Unida que, tal y
como se puso de manifiesto en la interpelación, no se
separa un ápice del estricto ámbito del consenso unánime
alcanzado en la Comisión de Sanidad en noviembre
de 1997, en torno a la necesidad de que el Ministerio
de Sanidad removiera los obstáculos que han impedido
hasta este momento que un medicamento, por tanto,
un asunto estrictamente técnico y de salud pública, se
incorporara como una posibilidad más para utilizar en
las interrupciones del embarazo, voluntarias o no.
Tuvimos ocasión también de escuchar desde esta
misma tribuna al señor ministro de Sanidad en una
intervención de la que yo me congratulo; una intervención
en la que -no podía ser de otra manera, pero a
veces las cosas suceden, afortunadamente esta vez
no- el ministro de Sanidad se situó plenamente en el
ámbito de la unanimidad alcanzada en la Comisión de
Sanidad; demostró, como lo había hecho en fechas
anteriores la Dirección General de Salud Pública, que
el Ministerio de Sanidad, cumpliendo el mandato parlamentario,
llevó a cabo las medidas necesarias para que
los laboratorios fabricantes agilizaran las medidas administrativas
necesarias para el registro de la RU. Supimos
cómo esa votación unánime de noviembre de 1997 permitió
que el laboratorio incluyera al Estado español
entre los países para los que se va a solicitar próximamente
un registro mutuo, un registro simultáneo en
varios países de la Unión Europea.
Por tanto, esta propuesta se inscribe en el marco
estricto de la legislación vigente, en el marco estricto
de los supuestos de despenalización del aborto previstos
en el Código Penal. Esta proposición no de ley no
es ningún atajo, no es ningún intento artero o subrepticio
de modificar la legislación vigente -legislación que
mi grupo pretende modificar cuando haya mayoría suficiente,
tampoco lo escondo-, pero este no es el debate.
El debate pretende situarse en los estrictos términos
de la sensatez, en los estrictos términos de la obligación
de los poderes públicos, independientemente de
los principios morales, religiosos o éticos que cada una
y cada uno de nosotros tenemos de actuar como una
sociedad laica, como un Estado laico, posibilitando en
estos momentos en el que la unanimidad científica está
planteada, la unanimidad política también, que ninguna
mujer que tenga que someterse a una interrupción
del embarazo, en los términos previstos por el Código
Penal, lo realice mediante una intervención quirúrgica
habiendo una alternativa con menos riesgos, menos
agresiva y también más económica.
Existe también cobertura normativa, cobertura legal
para estos casos. El señor ministro de Sanidad puso de
manifiesto cómo el artículo 37 de la Ley del Medicamento
permite al Ministerio de Sanidad, por motivos de
salud pública, adquirir directamente de los laboratorios
fabricantes medicamentos no registrados todavía, por
las razones que sea, en el registro de la Dirección
General de Farmacia y Productos Sanitarios. Dijo más,
señorías; dijo que del contacto con los laboratorios se
había desprendido la posibilidad de que en 48 horas la
RU pudiera estar en un centro sanitario que así lo
demandara.
Quiero indicarles, porque en estos debates se tiene
la sensación de estar peleando denodadamente por
algo evidente -como decía Dürrenmatt: Tristes tiempos
estos en los que es necesario pelear por lo evidente-,
que los medios de comunicación nos han recordado
que mañana exactamente hace 20 años que se
despenalizó el uso de anovulatorios. En una sociedad
que acababa de estrenar una constitución democrática
todavía se podía ir a la cárcel, todavía se tenían que
pagar multas, por consumir anovulatorios o por recetarlos.
Hace 20 años se marcó un hito en la historia de
las mujeres, al alcance de aquéllas que quisieran utilizarlo.
Un hito que finalmente, para aquéllas en las que
sus principios morales así lo entendieran, se desvinculaba
definitivamente procreación y sexualidad. Y se
cambió. Esa decisión cambió la vida de generaciones
anteriores, dio la posibilidad de que las mujeres decidieran
de una manera razonable, sensata e individual
sobre su maternidad.
No se trataba, no se ha tratado nunca -por lo menos
en labios de esta diputada jamás- de plantear todo lo
que tiene que ver con la reproducción con políticas
natalistas o antinatalistas.
El señor PRESIDENTE: Señora Maestro, le ruego
concluya, por favor.
La señora MAESTRO MARTÍN: Termino, señor presidente.
No se trata de eso. Se trata de que cada cual tenga la
posibilidad de administrar su propia vida, de que las
mujeres podamos definitivamente administrar nuestra
propia vida.
Señorías, señores diputados varones, van ustedes a
votar algo que afecta en exclusiva a las mujeres. Estamos
hablando de algo que ya es, como se ha repetido,
patrimonio moral nuestro. No se trata de establecer
coacción alguna. Se trata de que la semana que viene,
o la otra, ninguna mujer que tenga la desgracia, la
situación difícil, de enfrentarse a una interrupción
voluntaria del embarazo tenga que pasar necesariamente
por un quirófano.
Yo les pido que eso que todos hemos reconocido
que era evidente, que la RU-486 sin ser una panacea es
una posibilidad más abierta, sea reconocido por esta
Cámara como un medio, de una manera rápida, de
acuerdo con todas las leyes que afectan a este hecho,
al Código Penal, a la Ley del Medicamento, con todas
las cautelas que ustedes quieran, pero que ninguna
mujer, si su médico o ella no lo desean, tenga por qué
someterse a una intervención quirúrgica pudiendo evitarla.
El señor PRESIDENTE: Señora Maestro, concluya,
por favor.
La señora MAESTRO MARTÍN: Nada más. Termino
solicitando el voto positivo que hoy, 20 años después,
puede marcar un pasito más, tampoco gran cosa pero
sí un pasito más, en la emancipación y la autonomía de
las mujeres.
Nada más y muchas gracias,
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora
Maestro.
A la moción del Grupo de Izquierda Unida se ha presentado
una enmienda por el Grupo Socialista, para
cuya defensa tiene la palabra doña Milagros Frías.
La señora FRÍAS NAVARRETE: Gracias, señor presidente.
Intervengo para defender, en nombre del Grupo
Socialista, una enmienda de sustitución al texto de la
moción presentada por Izquierda Unida.
Estamos de acuerdo, señorías, con el sentido de la
moción, pero creemos necesario concretar más las
medidas que el Gobierno debe tomar para que la RU
sea una realidad en España y no una entelequia; medidas
que deben ser inmediatas ya que el Gobierno cuenta
-y ojalá se ratifique tras este debate- con el respaldo
unánime de todos los grupos parlamentarios, por
tanto de toda la sociedad española a la que representamos;
medidas que garanticen que las mujeres españolas,
como las francesas, las británicas o las suecas, puedan
ejercer el derecho al aborto, según la ley vigente
en España, mediante la RU-486, con ventajas obvias
para su salud física y psíquica, pues es un método alternativo
al quirúrgico más seguro, más sencillo y que
conlleva menos riesgos. Conlleva menos riesgos utilizada
en los primeros 49 días de gestación, pero las interrupciones
voluntarias del embarazo en España de
menos de 49 días, según estadísticas del Ministerio,
están en torno al 30 por ciento y éstas han aumentado,
desde el año 1990 hasta hoy, en el tramo de edad comprendido
entre 15 y 20 años. Muchas mujeres, pues, se
podrían beneficiar de este método y no sufrir los riesgos
del aborto quirúrgico.
Se deben tomar medidas que garanticen que el ejercicio
del derecho al aborto sea una prestación normalizada
en la sanidad pública, porque lo que no es normal,
es que existiendo este fármaco (suficientemente
avalado y recomendado por organismos internacionales,
como la Organización Mundial de la Salud, el Parlamento
Europeo y conferencias internacionales de planificación
familiar, suficientemnte experimentado,
probado y utilizado en países de nuestro entorno,
como Francia, Reino Unido, Suecia) se prive de él a las
mujeres, a la sociedad española, por razones que nada
tienen que ver con las sanitarias.
Recuerdo a SS.SS. que la RU-486 se utilizaría aquí
como en Francia, donde este medicamento está sometido
a la misma reglamentación que los considerados
tóxicos. Su uso está restringido al ámbito hospitalario,
el médico tiene que certificar por escrito el uso que
hace de él y la mujer lo toma en su presencia, por lo
que no se puede vender ni comprar en farmacias. Al no
hacer falta ni quirófano ni anestesista y al exigir una
cobertura sanitaria mínima -solamente un médico que
vigile todo el proceso- disminuyen significativamente
los costes sanitarios y, al ser la mujer la protagonista
del proceso, se simplificaría bastante el problema de
objeción de conciencia. Además, muchas mujeres que
hoy día no pueden ejercer el derecho al aborto por no
tener recursos y no poder acceder a servicios sanitarios
privados podrían ejercerlo en la sanidad pública.
Por tanto, señorías, no existe justificación para que
este fármaco no esté ya a disposición de la sociedad y
de las mujeres españolas, sobre todo cuando la compañía
francesa Exelgyn, propietaria de la patente del fármaco,
ha manifestado su disponibilidad para facilitarlo
como medicamento extranjero hasta tanto acaben los
trámites para su comercialización en España, que se
prevé duren un año, sobre todo cuando la Ley 20/1990,
del Medicamento, en su artículo 37 permite esa posibilidad.
En consecuencia, creemos que el Gobierno debe
ponerlo a disposición de los servicios sanitarios hospitalarios
con carácter inmediato, para poder ser utilizado,
con todos los requisitos citados, previa petición
razonada y justificada del médico, en las interrupciones
voluntarias del embarazo en el marco de la legislación
vigente y como método alternativo al aborto quirúrgico.
Por todas estas razones, presentamos al grupo proponente
la siguiente enmienda de sustitución. Nuestra
enmienda de sustitución sería desde la expresión «de
forma que en el plazo de tiempo más breve posible»
hasta el final del párrafo. En conjunto, la moción quedaría
de la siguiente manera: «El Congreso de los Diputados
insta al Gobierno de la Nación a adoptar las
medidas necesarias para adquirir como medicamento
extranjero la RU-486 en los términos previstos por el
artículo 37 de la Ley del Medicamento, hasta tanto se
autorice su registro y comercialización en España, de
forma tal que esté disponible de manera inmediata en
los hospitales del sistema sanitario español, para ser
ofrecida como alternativa terapéutica en las indicaciones
previstas en el marco de la legislación vigente
sobre interrupción voluntaria del embarazo.»
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Frías.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
El Grupo Mixto habrá de compartir su turno. Insisto
que lo tendrán que hacer, de nuevo, brevemente.
En primer lugar, señora Almeida.
La señora ALMEIDA CASTRO: Muchas gracias, señor
presidente.
Por supuesto, voy a intervenir con brevedad, pero no
por eso quiero dejar de resaltar que, desde el Partido
Democrático de la Nueva Izquierda-Iniciativa por Cataluña,
desde luego, vamos a apoyar la moción que hoy
se nos presenta, sin entrar en el debate de si tenemos
que justificar esta píldora, porque simplemente es un
método, un sistema médico de producir una interrupción
del embarazo, dentro de los supuestos de la ley,
menos traumático, no quirúrgico y que, además, permite
a las mujeres sufrir menos trauma psicológico que
con otro tipo de intervención. Por lo tanto, no se trata
de un problema de discusión ideológica, es un problema
práctico. Por eso vamos a apoyar la moción aunque,
incluso, el otro día dijimos que nos parece que no es la
mujer la que deba solicitar la píldora, sino que debe ser
el médico el que la ofrezca, porque la mujer que va allí
no sabe cómo se lo van a hacer, si va a ser por aspiración
o si va a ser por legrado. Por eso queríamos que la
píldora se tuviera en la Seguridad Social para que los
propios médicos pudieran ofertarla y decir: Mire usted,
en la semana en que está, que no han pasado los 49
días, lo más fácil es que se tome una pastilla.
Mi compañera del Grupo Mixto, Begoña, me daba
una idea, que me gustaría que considerasen. Decía que
es como si los señores -y lo digo para que en esta
Cámara se pongan en situación- pudieran resolver su
problema tomándose una aspirina y, en vez de darles
la aspirina, les dijeran: No, le vamos a ingresar a usted
tres días, le vamos a poner anestesia, etcétera. Es una
cuestión de método, no es una cuestión de anticonceptivos
ni de otra situación. Donde se puede facilitar una
práctica médica mejor, creemos que hay que utilizarla.
Por lo tanto, apoyar esta moción no es descubrir nada.
Es, simplemente, por un lado, ahorrar; por otro, aplicar
la ley de forma menos traumática y, en tercer lugar, respetar
que la decisión de las mujeres no tenga que suponer
tanta agresión a su cuerpo.
El director general de Farmacia nos dijo que se tardaría
un año en legalizar la RU-486 y nosotros decimos: para
no estar un año perdiendo esta oportunidad, que se
importe como un medicamento extranjero y que se pueda
utilizar. Esto es lo que queremos aprobar hoy, y me gustaría
que lo viéramos, no desde la conciencia de cada uno,
sino como un método sanitario que supone un avance
para las mujeres. En ese sentido, nosotros, desde luego,
aun con esa discrepancia, vamos a apoyar esta moción.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Almeida.
Señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme):
Muchas gracias, señor presidente.
A través de la moción que presenta el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, volvemos a discutir
sobre un tema que afecta de una manera especial
a las mujeres. La moción insta al Gobierno a poner ya a
disposición del personal sanitario el conocido medicamento
RU-486, para que pueda ser usado en la realización
de interrupciones voluntarias de embarazo. Se
trata, por tanto, de no seguir demorando la posible utilización
de un producto que es fiable desde el punto
de vista médico, eficaz para la realización de abortos y
que supone una buena alternativa a los métodos quirúrgicos;
además, es un producto con escasos o nulos
efectos secundarios y que disminuye los hipotéticos
riesgos de una intervención quirúrgica.
Estamos, de nuevo, ante una situación poco explicable.
El aborto es legal en los supuestos que todos conocemos,
existe la posibilidad -científicamente contrastada-
de realizar la interrupción voluntaria del
embarazo usando la RU-486 y esta posibilidad, además,
supone ventajas indudables frente a otros métodos; sin
embargo, siendo esto así, la Administración pone trabas.
Para intentar que el Ministerio introduzca este producto
hay que instarlo, una y otra vez, desde esta
Cámara a que lo hagan. Por cierto, en este sentido, conviene
reconocer el papel destacado de la señora Maestro,
que trae este debate aquí sin desmayo.
Creo, señoras y señores diputados, que con cualquier
otro producto farmacéutico de eficacia probada
no sucedería lo mismo que acontece con éste. No se
concibe que la Administración no ponga a disposición
de los pacientes un producto que sea útil para mejorar
la salud o la calidad asistencial, pero en este caso volvemos
a chocar con el tabú. Vuelve a aparecer la ideología
disfrazada, eso sí, de tecnicismos. Está naturalmente
por medio el aborto y la capacidad de decisión
de las mujeres. Seguro que, aparte de las fuertes presiones
que se realizaron y se realizan desde algunos
poderes intolerantes para que no se comercialice este
producto, incluso con conocidas amenazas de boicot a
los fármacos del laboratorio fabricante, también está
presente la idea de que ya hay que soportar, entre
comillas, o tragar, también entre comillas, con que haya
una cierta legalización del aborto, como para encima
darle facilidades a esas insensatas mujeres que deciden
interrumpir su embarazo. En fin, que quieren decidir
nada menos que cuándo quieren ser madres.
Salvo por cuestiones ideológicas, que no sanitarias,
no hay motivo alguno para demorar la posibilidad de
utilizar este fármaco. Una administración sanitaria no
debería orientar sus decisiones tomando como referencia
criterios de moralidad. Al contrario, debería preocuparse
por el bienestar de las personas y la utilización
del RU-486 sin duda ayudaría a procurarlo. Las mujeres,
y especialmente las clases populares, ya tienen
ante sí suficientes dificultades para interrumpir su
embarazo si lo desean, como para que se les siga
negando la posibilidad de realizarlo en las mejores condiciones
y con los menores riesgos físicos y psíquicos.
Por tanto, el Bloque Nacionalista Galego va apoyar la
moción votándola favorablemente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vázquez.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) , tiene la palabra la señora Solsona.
La señora SOLSONA I PIÑOL: Muchas gracias, señor
presidente.
Nos encontramos debatiendo un tema que hubiéramos
deseado que no llegara a este Pleno como moción
al Gobierno. Sin embargo, los intereses políticos y particulares
de cada grupo han prevalecido sobre el interés
de la salud de las mujeres. Señorías, se aprobó por
unanimidad en la Comisión de Sanidad y Consumo una
proposición no de ley que decía: El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno a establecer conversaciones
con los laboratorios que tienen la propiedad de la
patente del fármaco RU-486 para abordar y, en su caso,
eliminar los obstáculos existentes en orden a posibilitar
la comercialización en España de dicho fármaco, su dispensación
exclusiva en ámbito hospitalario, dentro del
marco de la legislación vigente, previo informe de las
autoridades científicas sobre las consecuencias que se
podrían derivar en la salud de los pacientes.
El Ministerio de Sanidad ha cumplido con celeridad
esta recomendación del Congreso de los Diputados;
una celeridad que queremos agradecer por lo que
representa de avance para la salud de la mujer. Es por
ello que, si bien nos parecen correctas las acciones
emprendidas por el Gobierno, queremos presentar una
enmienda in voce transaccional a la presentada por el
Grupo del PSOE para mayor claridad. El texto de la
enmienda es el siguiente: El Congreso de los Diputados
insta al Gobierno a continuar en su política de garantizar
que la RU-486 pueda ser utilizada como medicamento
extranjero en los términos previstos por el
artículo 37 de la Ley del Medicamento, de forma que se
pueda aplicar en el ámbito hospitalario, por prescripción
médica y dentro de los tres supuestos previstos en
el marco de la legislación vigente, tal y como se expresa
en la proposición no de ley aprobada por unanimidad
el 26 de noviembre de 1997, en la Comisión de
Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados.
Con ello, señorías, esperamos conseguir un consenso
para llegar a buen fin con este tema del medicamento
de la RU-486.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Gracias señora Solsona.
Creo que sólo queda el Grupo Popular por fijar su
posición. Tiene la palabra la señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias,
señor presidente.
Con toda brevedad, en nombre del Grupo Parlamentario
Popular, voy a exponer las razones que a nuestro
juicio pueden ilustrar adecuadamente el debate que se
ha producido hoy aquí y que trae causa, como SS.SS.
saben, de la interpelación que se produjo la semana
pasada. A mi me gustaría remontarme un poco más allá
en el tiempo y reiterar algo que pusimos de manifiesto
el pasado miércoles en la interpelación.
Sus señorías conocen perfectamente que en el seno
de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados
se ha producido una votación por unanimidad, y
que justamente esa unanimidad ha sido uno de los avales
importantes en orden a que España pueda iniciar el
procedimiento para registrar el fármaco de referencia
en nuestro país y para utilizarlo como un método complementario
al único existente en la actualidad, que es
el método quirúrgico, aplicado a los supuestos legales
de aborto en España, coforme a la legislación de 1985.
La señora Maestro, en nombre del Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida, solicitó de forma simultánea
la comparecencia del director General de Farmacia para
preguntarle en qué trámites procesales se encontraban
las gestiones del Gobierno, consecuencia del mandato
unánime que había sido trasladado al Gobierno por
acuerdo de la Comisión de Sanidad; como digo, simultáneamente
presenta una proposición no de ley y anuncia
la formulación de una interpelación y posteriormente
la moción en el día de hoy.
Recordarán SS.SS., y especialmente la señora Maestro,
que ante las palabras del director general de Farmacia
y del celo parlamentario y gubernamental en
orden al mandato unánime que se había recibido por
parte de la Comisión de Sanidad, todos los grupos parlamentarios
celebramos el cumplimiento, el inicio del
procedimiento que nos llevará finalmente a que en
España, conforme a los trámites legales, no solamente
de nuestra legislación, sino también en el ámbito europeo,
se pueda registrar y comercializar en el ámbito
hospitalario un fármaco que en los últimos años no era
posible. Todo ello conforme a una serie de garantías
que creo que todos perseguimos en orden a la calidad
de la propia sanidad, en orden a que aquellas mujeres
que dentro de los supuestos legales se vean abocadas a
la práctica de un aborto, lo puedan hacer no en condiciones
económicas más favorables, sino con garantía
de salud plena, y serán los médicos -y seguramente
no los políticos, por buena disposición y voluntad que
tengamos- quienes en cada caso dictaminen qué tipo
de práctica complementaria a los abortos legales en
nuestro país convendrá a una u otra paciente.
Pero sucede que en el marco del cumplimiento del
Gobierno, de lo que es un discurso, a nuestro juicio, trabado
con perfecta sensatez y coherencia parlamentaria, se
presenta una interpelación basada fundamentalmente en
dos asertos: en que en dos comunidades autónomas se
estaba comercializando el fármaco y que se atentaba a la
equidad interterritorial si no se hacía de forma generalizada.
Pues bien, los asertos han sido desmontados por la
evidencia de la negativa de las autoridades sanitarias de
las dos comunidades autónomas de referencia. Ese argumento
y ese discurso se eludió seguramente con profunda
habilidad parlamentaria por parte de la señora Maestro, y
pasamos a tener otro discurso de referencia, como el que
ha invocado hoy aquí, que si me permite, ni defiende la
moción, ni avala la interpelación, ni habla de la Ley del
Medicamento, ni habla de la importación del fármaco en
condiciones excepcionales. Hace un discurso, a mi juicio,
melancólico, anclado en un pasado al que todos, con
nuestros votos y con la unanimidad que se consigue en el
seno de la Comisión de Sanidad, pusimos fin aquel día en
seno parlamentario. Pero S.S.prefiere, por razones que no
alcanzo a entender, seguir ilustrada y anquilosada en un
debate que tal vez considere de cierta rentabilidad política.
A nuestro juicio, la rentabilidad que se persigue con
este debate es la de hacer una apuesta por una sanidad en
condiciones para la mujer que quiera practicar un aborto
dentro de la legislación española vigente.
Estamos haciendo un discurso donde se llega a planteamientos
tales como que el Gobierno cumpla la Ley
del medicamento. Su señoría sabe perfectamente que el
Gobierno cumple la Ley del medicamento y cumple
toda la legislación vigente en España. En efecto, en la
Ley del medicamento de 1990, en su artículo 37, se
autoriza la importación de medicamentos legalmente
comercializados en algún país extranjero. Su señoría
sabe igualmente que hay antecedentes en años anteriores,
no precisamente exitosos cuando se hicieron solicitudes
singulares, sino que anteriores gobiernos las
denegaron, pero S.S. sabe, y lo ha celebrado, que el
ministro de Sanidad ha reconocido esta vía y ha acreditado
que su puesta en marcha no sólo era posible, sino
que en ocasiones resultaría conveniente y oportuna.
¿Qué quiero decir con ello, señoría, seguramente sin
éxito parlamentario? Que no entiendo en qué debate,
en qué discurso, en qué interpelación o en qué premisas
quiere S.S. basar el predicamento con que nos ha
exhortado desde esta tribuna a todos los grupos parlamentarios.
¿Quiere S.S. que el Gobierno haga lo que
está haciendo? Me parece bien. ¿Quiere que el Gobierno
cumpla la Ley del medicamento de 1990? Lo está
haciendo. ¿Quiere que el Gobierno agilice los trámites
en los que está trabajando en virtud de un mandato
parlamentario? El Gobierno lo está haciendo. Mi pregunta
entonces es: ¿Qué quiere su señoría?
Como no encuentro respuesta parlamentaria alguna
-creo que tal vez lo avanzado de la noche, mi propio
catarro y seguramente mi falta de perspicacia política
me impiden llegar a tan altas políticas consecuencias-
, sinceramente, no entiendo ni el motivo de la interpelación,
ni las bondades de la moción, ni las exigencias
de que el Gobierno haga lo que está haciendo y, además,
cumpla la ley, como es su obligación.
Por todas esas razones, señorías, desde mi grupo no
podemos apoyar esta moción que plantea el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida. Créame si le
digo finalmente, y es una consideración al margen del
discurso, que lo hacemos apenados porque habíamos
hecho un esfuerzo en aras de la unanimidad. Su señoría
sabe que la unanimidad era un aval para conseguir
lo que el Gobierno de España ha impulsado ahora
mismo por primera vez y ha puesto en marcha, que en
breve plazo de tiempo, España tenga registrado el fármaco,
lo que no se había hecho hasta la fecha.
Dentro de la coherencia parlamentaria más mínima y
evidente que creo que requieren los grupos parlamentarios
en su quehacer, mi grupo no puede votar favorablemente
a la moción de Izquierda Unida. (Aplausos.-
La señora Maestro Martín pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández.
Señora Maestro, a los solos efectos de aceptar o
rechazar las enmiendas que se le han formulado y con
la advertencia plena de que no se reabra debate alguno,
mucho más a estas horas.
Gracias.
La señora MAESTRO MARTÍN: Gracias, señor presidente.
No es mi intención reabrir un debate que culmina
hoy y sobre el cual saben SS.SS. de todos los grupos
parlamentarios que desde Izquierda Unida no se ha
hecho otra cosa más que buscar el consenso más
amplio e imprescindible, aunque fuera para conseguir
avances lentos.
Agradezco profundamente a los grupos parlamentarios
la presentación de las enmiendas. Estaríamos en
condiciones de aceptar la del Grupo Socialista, por
supuesto, pero entiendo que la de Convergència i Unió
sustituye a la de aquél y expresa el consenso más
amplio al que se puede llegar en estos momentos. Por
tanto, la acepto, la agradezco y me felicito por el acuerdo
logrado.
Nada más, muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora
Maestro.
Vamos a proceder a la votación de la moción del
Grupo de Izquierda Unida, en los términos resultantes
de la aceptación de la enmienda del Grupo Catalán
(Convergència i Unió) por el grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 318; a favor, 170; en contra, 148.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción
en los términos resultantes del debate. (Aplausos.)
Se suspende la sesión, que continuará mañana a las
cuatro de la tarde. Buenas noches.
Eran las nueve y cuarenta y cinco minutos de la
noche.