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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 182, de 29/09/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 1998 VI Legislatura Núm. 182
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 176
celebrada el martes, 29 de septiembre de 1998
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre uso y aprovechamiento
sostenible de los espacios forestales. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie B, número 214-1, de 2 de julio de 1998 (número de
expediente 122/000188) ...(Página 9753)
Avocación por el Pleno de Proposiciones de Ley ... (Página 9762)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley (continuación):
- Del Grupo Parlamentario Mixto, para la despenalización de la
ocupación de inmuebles ajenos que no constituyan morada (Orgánica).
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 154-1, de 13 de
febrero de 1998 (número de expediente 122/000135)... (Página 9763)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de modificación de
la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
(Orgánica). «BOCG. Congreso de los Diputados, serie B, número 152-1, de
13 de febrero de 1998 (número de expediente 122/000133) ...
(Página 9763)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre tarifas telefónicas (número
de expediente 000135) ... (Página 9763)
- Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre la política
general del Gobierno en materia de comunicaciones aéreas entre la
Península y el Archipiélago canario (número de expediente
173/000100)... (Página 9780)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas
para la situación de deterioro, falta de consideración e ineficacia
del servicio público de justicia (número de expediente 173/000101) ...
(Página 9787)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y diez de la tarde .
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 9753)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre uso y aprovechamiento
sostenible de los espacios forestales ... (Página 9753)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo
Socialista del Congreso, la señora Narbona Ruiz. Comienza su
intervención agradeciendo la colaboración de los expertos en materia
forestal, de organizaciones ecologistas y de los responsables de
política forestal de Andalucía, Extremadura y Castilla- La Mancha,
así como el inestimable esfuerzo de la letrada que ha asesorado a su
grupo en la elaboración del texto de la proposición de ley que pretende
sustituir la antigua Ley
de Montes de 1957. Reconoce como un hecho incuestionable el que en
trece años de gobiernos socialistas no se abordara este tema,
pero no entiende que ello sea motivo para rechazar la toma en
consideración de la proposición de ley que ahora presenta el Grupo
Socialista, adelantándose a la que prometió la señora ministra en la
Comisión de Medio Ambiente hace dos años y medio. A continuación
expone las tres razones por las que su grupo pide el voto favorable a
la toma en consideración de su proposición de ley: la primera es la
necesidad de un instrumento legal nuevo, adaptado a la realidad de
los tiempos y a los objetivos de la política ambiental; la segunda
porque por primera vez se trae a la Cámara un texto donde aparecen
como objetivos y criterios concretos aquellos que tienen que ver con
el desarrollo sostenible de los espacios forestales; y la tercera es
la necesidad urgente de un marco legal que regule, desde una política
nacional, la lucha contra los incendios. Por estas tres razones y porque
está segura de que hasta el mes de abril, como poco, no llegará a la
Cámara un proyecto de ley del Gobierno, su grupo considera que se
debería comenzar a trabajar inmediatamente con el texto de su
proposición de ley.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Vázquez Vázquez
(don Guillerme ) y la señora Rivadulla Gracia, del
Grupo Parlamentario Mixto; los señores Mardones Sevilla, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria; Companys Sanfeliú, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Urán
González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y el
señor Madero Jarabo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Por alusiones interviene la señora Narbona Ruiz.
Avocación por el Pleno de proposiciones de ley ... (Página 9762)
El señor presidente somete a la Cámara la avocación por el Pleno de
la deliberación y votación final de varias proposiciones de ley,
lo que se aprueba por asentimiento.
Proposición de ley del Grupo Socialista del Congreso, sobre uso y
aprovechamiento sostenible de los espacios forestales (Votación)
... (Página 9763)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de
ley del Grupo Socialista del Congreso, se rechaza por 148 votos a
favor y 162 en contra.
Toma en consideración de proposiciones de ley (Continuación)...
(Página 9763)
Del Grupo Parlamentario Mixto, para la despenalización de la
ocupación de inmuebles ajenos que no constituyan morada (Orgánica)
... (Página 9763)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquier da Unida, de modificación
de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
(Orgánica) ... (Página 9763)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Mixto, el señor Saura Laporta. Manifiesta que es una
proposición de ley corta, a la que se unirá la del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, que su partido de Nueva
Izquierda-Iniciativa per Catalunya votara afirmativamente.
Expone que su proposición de ley consta de un artículo, que deroga
el apartado 2 del artículo 245 del Código Penal, y una disposición
transitoria que insta a que los jueces y tribunales de oficio revisen
las sentencias. A continuación explica las raíces del fenómeno de
la ocupación: en primer lugar, la gran dificultad de los jóvenes para
acceder a una vivienda digna, y en segundo lugar, la existencia de
inmuebles abandonados, algunos con un claro objetivo especulativo, y
sin ninguna función social. Asimismo se refiere al informe sociojurídico
sobre la despenalización de la ocupación, en concreto sobre la posible
derogación del apartado 2 del artículo 245 del Código Penal, elaborado
por un grupo de trabajo de la Comisión de defensa de los derechos de la
persona del Colegio de Abogados de Barcelona. Finalmente manifiesta que
estaría dispuesto a retirar la proposición de ley si hoy mismo se
pudiera decidir por unanimidad o por gran mayoría la formación de una
comisión de estudio que, en un período corto, pudiera examinar el
derecho comparado de otros países, reflexionar sobre ello y acercar un
problema social al Congreso de los Diputados, para así impulsar una
política de vivienda pública.
En segundo lugar, interviene el señor Castellano Cardalliaguet para
defender la toma en consideración de la proposición de ley presentada
por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Manifiesta
que su proposición de ley tiene la misma finalidad que la
precedente, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, centrándose
en el punto de vista estrictamente jurídico acerca de que
el capítulo en el que se incardina este presunto delito en el
Código Penal es el de la usurpación, dentro del título de los delitos
contra el patrimonio y el orden socioeconómico. Considera que la
figura delictiva creada en el número 2 del artículo 245 no tiene los
requisitos ele mentales para ser considerada como tal, puesto que se
trata de edificios que no constituyen morada y, por lo tanto, son
conductas en las que no existe ninguna violencia, ni ánimo de lucro, ni
ánimo de apropiación, ni de vulneración del título de propiedad. Termina
pidiendo el voto favorable a la toma en consideración de las dos
proposiciones de ley que se van a votar a continuación.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora
Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los
señores Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió); Cuesta Martínez, del Grupo Socialista del Congreso, y Murcia
Barceló, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación, en primer lugar, la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, se rechaza por 27
votos a favor, 270 en contra y dos abstenciones.
Sometida a votación, en segundo lugar, la toma en consideración de
la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, se rechaza por 25 votos a favor y 281 en contra.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 9773)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre tarifas telefónicas ...
(Página 9773)
Presenta la moción del Grupo Socialista el señor Caldera Sánchez-
Capitán, que comienza su intervención culpando al Gobierno de la
mayor subida de tarifas de la historia de España, de permitir a la
compañía Telefónica beneficiarse de las magníficas oportunidades de
negocio que le brinda un gobierno amigo con una subida tarifaria
injusta y desmesurada, de ofrecer datos manipulados para reducir el
alcance de la subida, de no exigir a Telefónica una clarificación
de sus ingresos por el tráfico metropolitano ni una auditoría
independiente sobre el verdadero coste de las llamadas locales,
de evadir las responsabilidades acusando a la Unión Europea de
ordenar el reequilibrio tarifario, de una subida del cien por
cien para la llamada más frecuente del usuario de Internet, del
abuso de no facturar por segundos las llamada en cabina y de permitir
que en las cabinas se establezca las 24 horas del día la tarifa
más cara. Por todas estas razones el Grupo Socialista propone una
alternativa que pasa a explicar en sus puntos
principales y para la que solicita el voto favorable de la Cámara.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción intervienen los
señores Recoder i Miralles, del Grupo Parlamentari o Catalán
(Convergència i Unió), y Mato Adrover, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Alcaraz
Ramos y Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Alcaraz
Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida;
Caldera Sánchez-Capitán, del Grupo Socialista del Congreso, y la
señora Mato Adrover, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometidos a votación, en primer lugar, los puntos 1, 2 y 3 de la
moción del Grupo Socialista del Congreso, se rechazan por 147 votos a
favor, 159 en contra y tres abstenciones.
Sometido a votación, en segundo lugar, el punto 4 de la moción del
Grupo Socialista del Congreso, se aprueba por 306 votos a favor,
uno en contra y una abstención.
Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre la política
general del Gobierno en materia de comunicaciones aéreas entre la
Península y el archipiélago canario ... (Página 9780)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente, en
nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, el señor
Rivero Baute. Explica que su moción, al igual que la interpelación de
la semana pasada, se debe al recorte de los vuelos de Iberia entre
Canarias y la Península y viceversa. Esta situación lamentable de
las comunicaciones entre ambos territorios ha llevado a toda la
sociedad canaria, incluidos el Gobierno y el Parlamento de Canarias
a protestar enérgicamente. Se remite al debate celebrado con motivo
de la interpelación y lamenta no haber podido escuchar del
presidente de Iberia, en la Comisión de Infraestructuras, puesto
que no compareció, los argumentos que le han llevado a la
restricción de vuelos con Canarias y los datos objetivos con
respecto al deterioro que están sufriendo las comunicaciones
aéreas en todo el territorio del Estado. A continuación explica el
contenido de su moción que va en la línea de instar al Gobierno a
que exija a Iberia restituir de forma inmediata los vuelos
programados y cancelados con Canarias y a los ministerios de Industria
y de Fomento a elaborar un programa sobre la cobertura de
comunicaciones aéreas que
debe tener un territorio como el canario. Finalmente anuncia que el
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha presentado una
enmienda transaccional, a la que se pueden sumar otros grupos
parlamentarios, en la línea de instrumentar determinadas
decisiones por parte del Gobierno para que no se vuelvan a producir
situaciones de abuso como la que se vive en estos momentos en
Canarias.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción intervienen los
señores Segura Clavell, del Grupo Socialista del Congreso;
Soriano Benítez de Lugo, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, y Peralta Ortega, del Grupo Parlamentario Mixto.
Por alusiones interviene el señor Ribero Baute, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Sedó i
Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
y Fernández Sánchez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida.
A los efectos de aceptar o rechazar la enmienda transaccional
interviene el señor Rivero Baute, de Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, en los términos
resultantes de la aceptación de la enmienda transaccional, se
aprueba por 174 votos a favor y 126 en contra.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre
medidas para paliar la situación de deterioro, falta de consideración
e ineficacia del servicio público de justicia ... (Página 9787)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el señor Castellano
Cardalliaguet. Expresa en primer lugar la gratitud de su
grupo a la Mesa de la Cámara por haber entendido, al hilo de las
dudas suscitadas acerca de si las directrices que en la moción se
esbozaban eran ajustadas al respeto que la Cámara debe tener al
Consejo General del Poder Judicial, que no era tanto el texto literal
de la misma si no el espíritu del pacto de Estado sobre la
justicia lo que daba causa o razón de su presentación. A continuación
explica las directrices que, junto a otras, deben presidir ese pacto de
Estado sobre la justicia, y se refiere al debate celebrado con motivo
de la interpelación la semana pasada, donde la ministra de Justicia
coincidió en el deterioro que sufre la imagen pública de la justicia,
en la necesidad de su eficacia, para que sea realidad la tutela
judicial efectiva, así como en la necesidad de un esfuerzo
presupuestario. Expone su posición con respecto a las enmiendas
presentadas y añade que si esta moción, que es de sentido común, no
sale adelante habrá que dudar seriamente de la voluntad política
que se tiene en el tema.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción, así como para
fijar su posición con respecto a la aceptación anunciada por el
señor Castellano, intervienen la señora Uría Echevarría, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y el señor Cuesta Martín e z, del
Grupo Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Almeida
Castro y el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; y
los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria; Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y Ollero Tassara, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Interviene de nuevo el señor Castellano Cardalliaguet.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, en los términos
resultantes de la aceptación de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV) y del Grupo Socialista del Congreso, se rechaza
por 146 votos a favor, 156 en contra y una abstención.
Se suspende la sesión a las nueve y veinticinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE USO Y APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DE LOS ESPACIOS FORESTALES (Número de expediente 122/00
0188).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Buenas tardes,
señorías. Comienza la sesión.
Punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de
ley. Proposición de ley del Grupo Socialista del Congreso sobre uso
y aprovechamiento sostenible de los espacios forestales.
Para su presentación, en nombre del grupo parlamentario, tiene la
palabra la señora Narbona.
La señora NARBONA RUIZ: Muchas gracias, presidente.
Señoras y señores diputados, intervengo esta tarde para defender la
proposición de ley sobre el uso y gestión de espacios forestales,
presentada por el Grupo Socialista del Congreso.
Nuestra propuesta ha sido elaborada con la colaboración de expertos
en materia forestal, de organizaciones ecologistas y de los
responsables de política forestal de Andalucía, Extremadura y
Castilla-La Mancha. Ha si do posible gracias también al inestimable
esfuerzo de la letrada de nuestro grupo parlamentario Aurora Gómez.
A todos ellos mi más sincero agradecimiento, puesto que gracias a esa
colaboración tengo hoy la enorme satisfacción de poder presentar por
primera vez ante esta Cámara un texto que tiene la vocación de
sustituir a la ya absolutamente antigua Ley de Montes de 1957. Es,
señorías, la primera vez que durante la democracia se debate en
nuestra Cámara sobre una propuesta para sustituir, como digo, a la
Ley de Montes de 1957.
Se nos puede criticar, y seguramente se hará desde los bancos del
Partido Popular, el hecho de que el Partido Socialista gobernó en
España más de 13 años y no trajimos a esta Cámara un texto
legislativo para sustituir a la Ley de Montes. Este es un hecho
incontestable que c reo que no valdría la pena recordar, puesto que
ahora de lo que se trata es de pedir a los grupos de esta Cámara su
apoyo para la toma en consideración de un proyecto que tiene -repito-
vocación de sustituir a esa Ley de Montes.
En esta legislatura el Grupo Parlamentario Socialista se adelanta con
esta iniciativa a la que esperábamos que tomara el Gobierno; y lo
esperábamos, señoras y señores diputados, porque la ministra de Medio
Ambiente, en su primera comparecencia ante la Comisión de Medio
Ambiente de esta Cámara, nos anunció que la nueva ley forestal
constituía una de sus prioridades.
Señorías, dos años y medio después de este compromiso asumido ante la
Cámara nos encontramos con que el Gobierno todavía no tiene ni
siquiera un borrador de anteproyecto de ley. Ha habido, sin ninguna
duda, borradores de carácter interno, pero el último de ellos, que
fue debatido ayer en una reunión con comunidades autónomas y con
representantes de varios ministerios, fue rechazado por la casi
totalidad de los presentes. El borrador que el Ministerio de Medio
Ambiente pretendía que constituyera el punto de arranque de su propia
labor legislativa en esta materia forestal quedó ayer aparcado y, por
el desarrollo de la reunión en la que intervinieron en contra de la
estrategia y del texto presentado por el Ministerio tanto los
representantes de varios ministerios, como también los de Cataluña,
Galicia y otras comunidades autónomas, entendemos que será difícil
incluso llegar a un consenso con las comunidades autónomas, y en el
marco del Gobierno, de aquí al mes de abril, que es el plazo que se
ha concedido el Gobierno para elaborar un nuevo borrador de proyecto
de ley. Por tanto, señoras y señores diputados, estamos en un
contexto en el que no ha habido
iniciativa del Gobierno y en el que, creemos, entre las funciones que
corresponden a la oposición está precisamente la de defender nuestras
propias alternativas e iniciativas.
Señorías, yo les voy a pedir el voto favorable para la toma en
consideración de esta proposición de ley del Grupo Socialista por
tres razones que considero relevantes. La primera razón es que hace
falta un instrumento legal nuevo, adaptado a la realidad de los
tiempos y a los objetivos de la política ambiental, para que en
España haya una verdadera política nacional forestal; una política
forestal para todo el territorio. Algo, señorías, que en estos
momentos simplemente no existe, porque ni siquiera está claro, hoy
día, cuál es el ministerio encargado de presentar proyectos forestales
a la Unión Europea. Desde hace dos años nos movemos en la absoluta
indefinición, a pesar de que al Ministerio de Medio Ambiente se le
adscribieron en su momento, dentro de su estructura orgánica, las
competencias correspondientes a la política forestal. La práctica,
señorías, ha sido muy distinta. Se han perdido miles de millones de
pesetas de fondos europeos, que hubieran sido destinables a la
cofinanciación de proyectos en materia forestal, por esa ausencia de un
marco suficientemente consolidado de política forestal. Y, por
supuesto, no se ha avanzado tampoco en el desarrollo de planes de
política forestal que, con todos los errores que ustedes quieran
achacarles, habían sido puestos en marcha por el anterior Gobierno
socialista.
Por tanto, existe un desconcierto y una enorme insatisfacción entre
los distintos agentes y organizaciones preocupados por el medio
ambiente en relación con la ausencia de una política nacional en
materia forestal que permita a España defender una posición clara
ante la Unión Europea; una posición que venga definida por las
características de los bosques de nuestro país, en particular el
bosque mediterráneo, y de las condiciones ambientales de nuestro
país, que nada tienen que ver con las condiciones climatológicas y
edafológicas de o tros países de l a Unión Europea, donde el bosque
cumple funciones diferentes y el desarrollo de la política forestal
tiene condicionantes muy distintos a los nuestros.
Nosotros creemos que es necesaria una política nacional en materia
forestal, y esto nada tiene que ver con el reparto de competencias,
es perfectamente asumible y compatible con el estricto respeto a las
comunidades autónomas y a sus respectivos estatutos. Se trata de que
haya una ley básica, que sustituya a la Ley de Montes, donde se
contemple, en primer lugar, cómo se llega al establecimiento de una
estrategia nacional, a una política nacional compartida en esta
materia, lógicamente desde el diálogo y la concertación con l as
comunidades autónomas; cómo se llega a un plan nacional de actuación
o, mejor dicho, a distintos planes de actuación en los diferentes
campos en los que se puede desagregar la política forestal, como
digo, desde el absoluto respeto a las comunidades autónomas que, sin
ninguna duda en estos últimos años, han desarrollado,
algunas con más intensidad que otras, una política forestal, a
pesar de la inexistencia de una ley básica que hubiera sido
extraordinariamente importante.
Por tanto, en el texto que nosotros presentamos existen los
mecanismos, entre otras cosas, para l legar a la definición de esa
estrategia nacional en materia forestal; los mecanismos para
concertar los planes nacionales y para hacer de ellos el cauce de
solicitud de ayudas ante la Unión Europea para la correcta
financiación, que debe ser, sin ninguna duda, una financiación
compartida entre todas las administraciones, y por supuesto también
desde los Presupuestos Generales del Estado.
En segundo lugar, señorías, nosotros pedimos el voto favorable para
esta proposición de ley porque por primera vez se trae a esta Cámara
un texto donde aparecen como objetivos y como criterios concretos
aquellos que tienen que ver con el desarrollo sostenible de los
espacios forestales.
La política forestal ha estado marcada durante mucho tiempo en
nuestro país por una visión más ligada a la pura y simple producción
de madera, a la sustitución de actividades agrícolas por
actividades de carácter forestal, pero no se ha visto acompañada
por una visión más amplia que reconozca las múltiples funciones de
los espacios forestales y que dé el valor que tiene a las funciones
ecológicas y naturales que tienen que ver con la lucha contra el
proceso de cambio climático, con la lucha contra el avance de la
desertificación, con la defensa de la conservación de nuestra
biodiversidad.
Por ello, es absolutamente urgente que se rompa una tendencia en la
cual se han instalado prácticas que no son sostenibles en la gestión
forestal y que deben ser gradualmente sustituidas por prácticas que
no son utópicas, señorías, por prácticas que todas las organizaciones
internacionales aconsejan para ir mejorando la calidad en la gestión
de nuestros bosques. A esas prácticas el articulado de nuestra
proposición de ley hace referencias concretas: establece unos
criterios de mínimos a aplicar, en primer lugar, para aquellos
espacios forestales de titularidad pública, extendiéndose después de
forma gradual y con los oportunos incentivos precisamente para que
esto no signifique en ningún caso un detrimento de los niveles de
renta ni de la capacidad de generación de empleo en las áreas
rurales.
Para que esa expresión del desarrollo sostenible, tan utilizada hoy
día desde numerosas voces cualificadas pero con escasísima concreción
en la práctica, se convierta en una realidad política hacen falta
normas que, como estas, prevean por una parte una regulación, es
decir, el establecimiento de aquello que se puede hacer y de aquello
que en ningún caso se debe hacer y, al mismo tiempo, que la norma
establezca también incentivos para orientar en la dirección de la
sostenibilidad. Esos incentivos, señorías, en el texto lo recogemos,
deberían ser económicos y fiscales, iniciando así algo que todavía no
ha dado comienzo en nuestro país: una reforma en profundidad de la
fiscalidad con criterios ecológicos que ayude a un proceso de
acercamiento
gradual hacia un modelo de gestión sostenible, en este caso de
gestión sostenible de los espacios forestales.
En cuanto a los criterios que establecemos en el texto de nuestra
proposición de ley, me referiré simplemente a aquellos que están
ampliamente contrastados con los expertos en esta materia, como son
la minimización en el uso de determinadas sustancias de carácter
tóxico; la minimización en el uso de l a maquinaria pesada; la no
utilización de la técnica de las cortas a hecho; y toda otra serie de
tecnologías y de prácticas que, como digo, están referenciadas con
concreción en nuestro texto.
Por lo que se refiere a l os incentivos fiscales, en nuestra
proposición de ley se introducen para todas aquellas explotaciones
que se desarrollen de forma sostenible, de acuerdo con los criterios
que se especifican en la ley, una serie de ventajas fiscales que no
sustituyen a ventajas fiscales existentes en la actualidad, como no
se pretende disminuir ayudas económicas, subvenciones a fondo
perdido, que en estos momentos se aplican para explotaciones
forestales que no cumplen los criterios de sostenibilidad que aquí
proponemos, pero que sin duda alguna juegan un papel importante en
cuanto a la generación de empleo y de riqueza en nuestro territorio
y que, como digo, deberían ser complementadas con propuestas como las
que nosotros hacemos aquí, que van desde la exención en el impuesto
sobre bienes inmuebles a la exención hasta en un 95 por ciento de
todos los distintos impuestos que pueden gravar, desde los relativos
a las transmisiones mortis causa, a las transmisiones de
carácter oneroso, al impuesto sobre sociedades, todas las figuras
fiscales que gravan en estos momentos la actividad agrícola, con
especial atención y proponiendo exenciones más importantes para las
cooperativas y para las empresas de pequeña y mediana dimensión.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Narbona,
le ruego vaya concluyendo.
La señora NARBONA RUIZ: Sí, señoría.
Por último, la tercera razón, junto con las dos enunciadas, por la
que pido el voto de esta Cámara para la toma en consideración de un
texto que, por supuesto, puede verse modificado por las enmiendas de
todos los grupos y mejorado en la dirección que la mayoría de éstos
consideraran oportuna, es la necesidad urgente de establecer un marco
legal que regule, desde una política nacional, la lucha contra los
incendios.
Señorías, este año hemos asistido, una vez más, al terrible
espectáculo de las llamas en nuestros espacios forestales. No cabe
hablar aquí de un problema competencial; todos sabemos dónde están
residenciadas las competencias; pero una ley a nivel nacional puede
establecer medidas, en primer lugar de carácter preventivo, que mucho
tienen que ver con la aplicación de esos criterios de sostenibilidad
a los que ya he hecho referencia, pero, en segundo lugar, también a
la actuación directa en relación con los incendios. Aquí proponemos,
por ejemplo, que se prohiba tajantemente, desde una norma con
rango de ley, la calificación de un suelo como urbanizable hasta 50
años después de que se haya dado un incendio. Sus señorías saben que
en est os momentos lo único que est á previsto en el Código Penal es
que puede haber sentencias que obliguen a no recalificar el suelo en
30 años. Aquí lo que estamos pidiendo es que no sea necesaria una
sentencia, que de hecho casi nunca se produce.
Por tanto, queremos que haya una norma que regule con suficiente
dureza lo que es, sin duda, una de las causas de los incendios, como
creemos también necesario, señorías, que mejore la coordinación entre
las administraciones a la hora de la extinción de los incendios, algo
que este mismo verano hemos tenido ocasión de ver que sigue fallando.
Aquí, entre otras cosas, proponemos que cuando los incendios sean de
grandes dimensiones exista, a petición de las comunidades
autónomas afectadas, nunca de forma no consensuada, un mando único.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora
Narbona, le ruego concluya.
La señora NARBONA RUIZ: Señorías, he podido hacer mención sólo a
algunos elementos de un texto que ustedes conocen y para el cual les
vuelvo a pedir el voto favorable. No tendremos aquí un proyecto de
ley del Gobierno, como poco, hasta el mes de abril, según lo que ayer
resultó de la reunión celebrada en el Ministerio de Medio Ambiente.
Creo que esta Cámara debería comenzar a trabajar de forma inmediata
por las tres razones que he enunciado: falta de una política
nacional en estos momentos, ausencia de criterios de sostenibilidad y
sus correspondientes incentivos en la gestión forestal y, por
último, pero no menos importante, la necesidad de mejorar el ámbito de
coordinación entre las administraciones y las medidas destinadas a
evitar los incendios.
Señorías, si el Grupo Parlamentario Socialista no obtiene esta tarde
en esta Cámara la mayoría suficiente como para que prospere la
proposición de ley que presento, este será el texto que en cualquier
caso defenderemos cuando -si alguna vez llega- llegue el texto del
Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas
gracias, señora Narbona. ¿Algún grupo parlamentario desea utilizar
un turno en contra de la iniciativa? (Pausa.) ¿Grupos que desean
fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Mixto,
tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme ) : Muchas gracias, señor
presidente.
Señoras diputadas y señores diputados, intervengo para expresar la
opinión del Bloque Nacionalista Galego
acerca de la toma en consideración de la proposición de ley que
presenta el Grupo Socialista. Saludamos que en el Congreso se
discutan iniciativas de este tipo. Realmente es necesario
reflexionar acerca de la política forestal que se practica en el
conjunto del Estado español. Es necesario adaptar la legislación a
una nueva visión de los espacios forestales, desde el punto de vista
económico, ecológico y social. Hace falta atender a criterios de
producción, conservación, esparcimiento, mantenimiento de la
biodiversidad o la rentabilidad. La política forestal, por tanto,
debe ser una de las prioridades de cualquier gobierno, una política
que debe hacer compatible la conservación con la explotación de los
recursos.
Sin embargo, la solución a este problema no pasa por crear un marco
uniformista. Nosotros seríamos muy cautos en este sentido. Las
realidades forestal es, los modelos agrícola-ganadero-forestal
tienen especificidades tan fuertes que es fácil entender que las
pautas a seguir son muy diferentes en unas comunidades autónomas
y otras. Por tanto, la orientación que debería guiar un proyecto
legislativo marco debería más bien atender a coordinar los aspectos
de las políticas forestales de las distintas comunidades autónomas
que pudiesen ser coincidentes, pero respetando las diferencias y, por
tanto, las competencias y la capacidad de desarrollar políticas
propias de las comunidades autónomas. El monte debe ser considerado
como algo integral e integrado a la economía de cada zona, economía,
como SS.SS. saben, con rasgos diferenciados en el Estado español.
Aparte de una legislación general sobre la cuestión forestal, existe
también la imperiosa necesidad de que el Gobierno aborde la reforma
de la política fiscal que rige en este momento para adaptarla a la
realidad de las explotaciones forestales. Desde nuestro punto de
vista, el Gobierno está actuando demasiado lentamente en este
terreno. Es precisa una nueva fiscalidad a aplicar, tanto a los
propietarios de montes privados como a los de montes de mancomún.
Como pueden comprender, el Bloque Nacionalista Galego reivindica la
competencia exclusiva en ordenación forestal para dar respuesta a una
realidad específica de nuestra comunidad autónoma. Galicia produce el
50 por ciento de la madera del Estado español. En Galicia existen
formas de propiedad no encuadrables en los modelos que se describen
habitualmente, como los ya citados montes de mancomún, o sufre una
problemática derivada de los incendios forestales que también tiene
sus causas específicas y necesita, por tanto, tratamientos acordes a
ellas.
Dicho esto, esta proposición de ley tiene la virtud de intentar
plantear el problema forestal desde la óptica estatal. Nosotros, sin
embargo, encontramos preocupantes criterios que aparecen en su
articulado. Por ejemplo, da por buena la política de forestación de
tierras agrarias impulsada por la Unión Europea, y así incluye entre
los espacios forestales los suelos dedicados a cultivos herbáceos, es
decir, a la producción de
forraje para la ganadería. Así mismo, en el artículo 30 propone que
las especies forestales de crecimiento rápido podrán ser implantadas
únicamente en terrenos agrícolas y en los forestales sin riesgos ni
valores singulares. No sé si estos criterios son útiles o adecuados
en algunas comunidades autónomas, pero son criterios nefastos para
una comunidad autónoma como la de Galicia. Nosotros no compartimos
la política destinada a disminuir la superficie agraria útil porque
va contra la posibilidad de desarrollo del sector agroganadero, más
aún cuando existen posibilidades de dedicar a la producción forestal
grandes cantidades de terrenos baldíos o a matorral. Menos aún
compartimos el criterio de eucaliptización de tierras agrarias,
cuando las superficies forestales dedicadas al cultivo de especies de
crecimiento rápido en nuestra comunidad no hacen más que crecer
descontroladamente. La proposición de ley pierde también la
oportunidad de incluir entre las formas de propiedad específica los
montes en mancomún, una forma de propiedad muy extendida en Galicia
pero que también existe en Asturias y en Castilla y León. A nosotros,
con todo respeto, nos da la impresión de que est a proposición de ley
está pensada para un sector forestal en el que predominan los grandes
propietarios privados o el terreno público, pero este desde luego no
es el caso de Galicia.
Por tanto, aun reconociendo que podría suponer un avance la
elaboración de una nueva legislación más acorde con los criterios
actuales, nos parece que contiene algunos aspectos filosóficos y una
orientación claramente discutibles. Aun así, vamos a votar
favorablemente la toma en consideración como una forma de impulsar
este debate. En todo caso, de aprobarse por esta Cámara la toma en
consideración, procuraremos aportar nuestros criterios en
el marco de la discusión que se produzca.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
También en nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra la señora
Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor presidente.
En nombre de Iniciativa per Catalunya-Els Verds y Nueva Izquierda,
quisiera hacerle saber en primer lugar al Grupo Socialista que
votaremos afirmativamente la toma en consideración de esta
proposición de ley, pero quisiera recordar a la señora Narbona que no
es la primera vez que se debate una ley de estas características en
esta Cámara. En el año 1995, el anterior Grupo Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya presentó una proposición no de ley en
Comisión pidiendo al Gobierno que elaborase una ley de
aprovechamientos y de espacios forestales. Creo recordar que el Grupo
Popular presentó una proposición de ley -no recuerdo en qué año- que
fue objeto incluso de enmiendas, y nuestro grupo también presentó
en su momento una
proposición de ley que posteriormente retiramos por cuestiones
técnicas. Por tanto, señora Narbona, la preocupación de esta Cámara
hace muchos años que existe. Sabíamos que hay una ley
preconstitucional, que duraba desde el año 1957 y que era necesario
reformar. Yo ahora quiero manifestar mi satisfacción porque el Grupo
Parlamentario Socialista entienda que eso se tiene que materializar
ya. En ese sentido, por parte de los diputados y diputadas de
nuestro grupo no va a haber ningún inconveniente en que se favorezca
la toma en consideración y se hagan las enmiendas oportunas. Pensamos
señora Narbona que en esta ley hay aspectos muy positivos.
Introducir el concepto de explotación sostenible en todo lo que
contempla el título IV en cuanto a las defensas de los espacios
protegidos es muy importante, y era muy necesario que se produjera una
regulación en este sentido; pero desde nuestro punto de vista esta
proposición de ley es excesivamente reglamentista y va a haber
problemas en lo que se refiere a aspectos competenciales ya regulado
s en comunidades autónomas. Por eso, seguramente en Comisión se podrá
debatir más a fondo para poder llegar a consensos que no interfieran
en lo que actualmente es ya competencia de las comunidades autónomas.
Por otra parte, lamento que las grandes olvidadas sean otra vez las
entidades locales. Nada se dice de la Administración local, y es
muy importante que tenga actuación en materia de regulación, uso y
aprovecha miento de espacios forestales. Por otra parte, hay dos
leyes que se imbrican en esta proposición de ley que presenta su
grupo, la Ley 4/1989, de espacios protegidos, que regula los espacios
protegidos y que aquí también se contemplan. Por otro lado, cuando
usted señala, señora Narbona, que se introduce por primera vez el
tema de las bonificaciones fiscales, quisiera recordarle que la Ley
de modernización de explotaciones agrarias incluye ya toda la
regulación relativa a las exenciones fiscales en materia de
sucesiones, y por tanto a lo mejor en algunos párrafos de estos
artículos estaríamos redundando sobre un mismo tema.
Nada más, solamente señalar que votaremos a favor y esperamos
contribuir positivamente en el trabajo de la Comisión.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Rivadulla.
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Tengo que reconocer que la portavoz del Grupo Socialista, la señora
Narbona, ha hecho una defensa muy pedagógica y didáctica de su
iniciativa para la toma en consideración que pretende de su proposición
de ley. Ha citado t res argumentos fundamentales: la necesidad de
una nueva legislación, los aspectos que se relacionan con las ayudas
de la Unión Europea y la fiscalidad, y el tercer punto hace
referencia a la coordinación
de los incendios forestales. No se le oculta a la señora
Narbona que aunque sea nada más que el primer punto, una nueva
legislación, eso en estos momentos y desde hace varios años es
difícil de conseguir, en la medida que hay que armonizar las
competencias que tienen las comunidades autónomas a este respecto.
Prueba de ello es que cuando lo discutimos aquí ya en el período
democrático, tutelándonos siempre por el carril conductor de la
vigente Ley de Montes de 1957, fue muy difícil hacer una adaptación,
y con el apoyo y consenso parlamentario pudimos sacar adelante la Ley
4/1989. Esta ley se trazó como conservacionista y también de
ordenación de la protección de los recursos de flora y fauna
silvestres porque hubo acuerdo y consenso con las comunidades
autónomas.
Mi grupo quiere que sea otro el escenario en que se resuelvan estos
problemas, y no digo ya si nos metemos en materia fiscal, como usted
ha propuesto. Desde la práctica que inició el señor Solchaga,
tenemos una Ley de acompañamiento a los Presupuestos Generales del
Estado donde vienen aspectos fiscales de otras leyes que
prácticamente no tienen nada que ver con los Presupuestos Generales
del Estado de manera directa. Del mismo modo, en cuanto a la
coordinación en materia de incendios forestales, si tuviéramos en
este momento como se pretende aquí una ley básica en la comunidad
autónoma canaria, donde en est e último año acaba de transferirse a
los Cabildos Insulares la competencia que había recibido el Gobierno
autónomo del Estado, nos hubiéramos encontrado con la dificultad de
haber tenido este corsé.
Nosotros pretendemos que el Gobierno cumpla con su compromiso, pero
no vemos esto como una cuestión de tiempo. Queremos que el proyecto
de ley de montes que traiga el Gobierno a este Congreso esté pactado
y negociado donde entendemos que está el primer escenario: en la
conferencia sectorial con las comunidades autónomas. El problema no
es fácil de resolver y no solamente por la complejidad que introduce
la legislación que vienen desarrollando las comunidades autónomas de
acuerdo con sus estatutos de autonomía, sino por la propia materia
en sí. Incluso hay una contradicción de concepto, señora Narbona,
entre el título con que llega aquí esta iniciativa sobre uso y
aprovechamiento de los espacios forestales y el texto articulado,
tan intervencionista, en el que vemos hay muy poco que se refiera a
uso y aprovechamiento de espacios forestales. La verdad es que
estamos hablando de una ley de montes, que es algo más que el espacio
forestal contemplado como foto fija. Mi grupo está exigiendo al
Gobierno que si tiene que hacer una ley básica la lleve a la mesa de
discusión de la conferencia sectorial , sin perjuicio de lo que se
hiciera ayer en el Ministerio de Medio Ambiente.
Efectivamente, señora Narbona, hay un problema interno de
coordinación de las entidades competentes que están también en otros
ministerios, como el de Fomento, Agricultura o Administraciones
Territoriales. Nos parece verdaderamente arriesgado que el
escenario
que hemos decidido sea titular de este debate, la conferencia
sectorial, y los acuerdos entre las comunidades autónomas y el
Gobierno central, se vean suplantados por una iniciativa
parlamentaria -no sé si usted lo pretende por la vía de las
enmiendas-, y no estaríamos entonces en condiciones de coordinar una
auténtica política de montes y forestal.
Alguna razón habrá tanto de carácter político como administrativo
para que a fecha de hoy -desde la democracia constitucional para acá-
no se haya podido modificar la vetusta Ley de Montes de 1957. Con la
inteligente aplicación de la Ley 4/1989 y la correcta aplicación de
las competencias estatutarias de las comunidades autónomas, este
asunto a nivel de comunidad autónoma tiene una gestión lógica,
sensata y normal. Mucho nos tememos que una ley de bases, como aquí
se podría pretender si esto trata de ser una ley de bases,
complicaría a las comunidades autónomas la administración del
patrimonio forestal que en este momento tienen.
No olvide usted que hay un diálogo de negociación en este momento
entre la Administración autonómica y las competencias municipales
-que son muchas y muy claras en cuanto a aprovechamientos
forestales- y la Ley de Montes puso en manos de los Ayuntamientos una
serie de competencias que vienen siendo todavía patrimonio
administrativo de esos ayuntamientos.
No por otras razones de mayor calado, señora Narbona, mi grupo va a
votar en contra de est e asunto. Volvemos a decirlo, queremos ser
consecuentes con nuestra línea de negociación con el Gobierno para
que sea otro el escenario en que se clarifique ese punto.
Por esas razones, con todo respeto y entendiendo que usted hace un
planteamiento lógico pero queriendo que esa lógica se aplique en esa
primera instancia no vamos a votar a favor y votaremos en contra de
la toma en consideración. Si cuando el Gobierno presente su proyecto
de ley ustedes ofrecen un texto alternativo, buscaremos la mejor
manera de que enmiendas de perfeccionamiento sean recogidas en la
ley básica del Gobierno.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió) el señor Companys
tiene la palabra.
El señor COMPANYS SANFELIU: Señor presidente, señoras y señores
diputados, en este momento nos encontramos debatiendo la admisión a
trámite de una proposición de ley de uso y aprovechamiento sostenible
de los montes que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista.
Por otra parte, la normativa que se aplica en materia de montes en
el Estado español se apoya sobre una Ley de 1957, prácticamente hace
cuarenta años, por tanto estamos todos de acuerdo en que la
problemática de los años cincuenta nada tiene que ver con la
realidad actual.
¿Qué ha cambiado durante estos años? Realmente la problemática del
sector nada tiene que ver con la de los años cincuenta. Desde el
punto de vista rural quizá el fenómeno socioeconómico más importante
y complejo por su grave incidencia sobre los montes es el gravísimo
despoblamiento rural en buena parte en las regiones forestales
españolas que se ha producido y como consecuencia de ello el abandono
de muchas tierras agrarias y forestales. La rentabilidad de los
montes como consecuencia de la depreciación relativa de la madera de
los pasados lustros ha bajado considerablemente; la despoblación de
las áreas forestales y la baja rentabilidad de los montes, el no
aprovechamiento de los subproductos como la leña y la no limpieza de
los mismos, están en la raíz de los grandes incendios forestales
imposibles de extinguir hasta que las condiciones climatológicas son
favorables.
Desde el punto de vista de la sociedad urbana nosotros entendemos
que falta una cultura forestal, las crecientes infraestructuras de
todo tipo trazadas a conveniencia de la sociedad urbana sobre un
territorio en buena medida abandonado y cubierto por una capa de
vegetación altamente combustible son factores muy importantes de
riesgo en los incendios.
La creciente demanda de ocio y paisaje por parte de una sociedad que
vive alejada de la naturaleza produce el fenómeno de terciarización
del medio natural. También aparece otro concepto que es un nuevo
marco constitucional y es la presencia de las comunidades autónomas
y la presencia de la Unión Europea que hace que en este momento nos
veamos obligados a adaptar la normativa de 1957 a una normativa del
momento; por tanto, seguramente es necesario que exista una
normativa básica que se convierta en el punto de referencia de la
política forestal propia de las comunidades autónomas. Así pues creo
que he dado suficientes argumentos y elementos de análisis para
dejar constancia de que es necesario disponer de un m arco que permita
a las diferentes comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias
aplicar una política forestal de gestión y ordenación de sus
montes adecuada a la idiosincrasia de su entorno.
Pero a pesar de esas necesidad, no estamos de a cuerdo con la
propuesta que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista
básicamente por las razones que intentaré explicar. Primero, si bien
es bueno que la oposición recuerde al Gobierno sus obligaciones por
lo que hace referencia a la necesidad de ordenación del sector,
nuestro grupo parlamentario cree que el procedimiento de elaborar una
estrategia forestal para el conjunto del Estado es un primer paso y
sin duda una ley consensuada de acuerdo con las comunidades autónomas
que tienen competencias se convertirá en un magnífico instrumento
al servicio de esta estrategia, pero nunca al revés. Nos consta que
en este momento existe un borrador al que nos gustaría que se
incorporasen las aportaciones de las comunidades autónomas, y por
tanto que entre en el Congreso lo más consensuado posible.
Segundo, porque la proposición de ley que ha presentado el Grupo
Parlamentario Socialista en ningún caso se puede calificar de ley
básica, por tanto de aplicación del artículo 149.1.23ª. En realidad
se trata de una propuesta absolutamente reglamentista. Sólo cabe
decir que está compuesta por 81 artículos, nueve disposiciones
adicionales, dos disposiciones transitorias, una derogatoria y tres
disposiciones finales, regulando todo lo regulable y relegando a las
comunidades autónomas y a sus parlamentos a un papel absolutamente
marginal, me atrevería a decir a un papel de simple comparsa y sin
ninguna posibilidad de tener una política forestal propia, negándoles
la competencia de ordenación y gestión de sus zonas forestales de
acuerdo con la realidad territorial y las características
medioambientales de cada comunidad, como reconocen la Constitución
y los estatutos de autonomía.
Es una ley excesivamente intervencionista. El papel de la iniciativa
privada queda reducido a las representaciones legales y a las
discusiones de los planes nacionales elaborados por la
Administración, aspecto que choca frontalmente con alguna legislación
autonómica que está vigente y con muy buenos resultados.
El presente texto proyecta una visión bucólica e irreal de la gestión
de los espacios forestales ya que con su aplicación sería necesaria
una dotación presupuestaria de tal magnitud que a nuestro entender
y en este momento es inasumible por cualquier Administración. Da la
impresión de que el equipo que ha redactado esa proposición de ley
tiene poca fe en la capacidad de las comunidades autónomas, yo diría
que es el mismo equipo que redactó la Ley 4/1989 de funesto recuerdo,
ya que como aquélla invade las competencias propias de las mismas,
iniciando un ciclo de recentralización, de vuelta a un modelo con el
que en los montes públicos con competencias exclusivas del Estado era
donde se producían los peores desastres ecológicos.
Tenemos medianamente claro que la política forestal no es uniforme,
que no puede ser la misma para todo el territorio del Estado, ni
puede ser la misma a veces en una misma comunidad autónoma ya que
los comportamientos de los bosques son diferentes según las especies
que los conforman pero sobre todo dependen del microclima de la zona,
de las características fisicoquímicas del suelo, así como de la
orografía y de la situación geográfica. Por tanto, esas variables
nos dan resultados absolutamente diferentes, con independencia de que
sean de la misma especie o variedad. Estamos hablando, por
consiguiente, de dar al bosque un tratamiento l o más personalizado
posible y desgraciadamente este concepto queda absolutamente
vulnerado por el proyecto de ley que ha presentado el Partido
Socialista.
Por ese motivo nuestro grupo votará en contra, repito, no porque crea
innecesaria la aprobación con la máxima celeridad posible de una
normativa marco, sino por entender que ésta se ha de supeditar a la
estrategia forestal estatal. En todo caso, salvaguardando las
competencias de las comunidades autónomas, se ha de
convertir conjuntamente con la legislación autonómica en los dos
puntos de máximo apoyo de la citada estrategia forestal. La
aprobación de la misma sería sin lugar a dudas un menoscabo a la
capacidad de las comunidades autónomas para administrar su política
forestal y sería un paso atrás en el proceso de construcción de un
Estado descentralizado.
Por todos estos motivos, señor presidente, señoras y señores
diputados, nuestro grupo votará en contra de la proposición de ley.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoras y señores
diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas
gracias, señoría.
En nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la
señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida va a
votar a favor de la toma en consideración de la proposición de ley
que ha presentado el Grupo Socialista sobre uso y aprovechamiento
sostenible de los espacios forestales; vamos a votar a favor porque
este grupo parlamentario sigue considerando necesario y cada vez
más urgente que haya una legislación básica que permita al Estado y a
las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias un
mejor uso, aprovechamiento y mejora de las condiciones de nuestras
masas forestales.
Señorías, esta legislación se está retrasando tanto en el tiempo que
cuando queramos legislar o cuando queramos terminar de discutir si
son galgos o podencos, si corresponde al Estado o a las comunidades
autónomas, no tendremos masa forestal que preservar y no tendremos
masas forestales para poder hacer uso y aprovechamiento sostenible, y
ni tan siquiera que podamos mejorar sus condiciones porque habrán
desaparecido. Es tal el avance que supone en algunas zonas de nuestro
Estado la desertización y la erosión, que si no se toman medidas
urgentes desde el propio Estado junto con las competencias de las
comunidades autónomas, vamos a tener muy poco de qué hablar en un
espacio de tiempo no demasiado lejano.
Es necesaria una legislación básica que respete las competencias de
las comunidades autónomas. Desde luego, señorías, mi grupo
parlamentario no es el que va a poner en duda la capacidad de gestión
de las comunidades autónomas ni su competencia a la hora de poder
desarrollar su propia legislación. Nosotros creemos que desde una
legislación básica discutida en esta Cámara es posible ponernos de
acuerdo para respetar las competencias, pero para tener al mismo
tiempo una estrategia nacional forestal que aglutine de manera
integral no solamente el esfuerzo a hacer de cara a nuestros
bosques, sino el esfuerzo que hay que hacer alrededor de otros planes
como son la conservación y mejora de los espacios forestales o como
es la
lucha contra la erosión y la desertización o la lucha contra
incendios. Señorías, estamos hablando de cosas que no son
compartimentos estanco; son cosas y planes que afectan a un
desarrollo armonioso y respetuoso de nuestro entorno y de nuestro
medio. Además es necesario -y este grupo parlamentario lo ha venido
diciendo de manera regular- que se incida no solamente en la
investigación, en la mejora y la profesionalización, sino también en
que preservar y conservar el medio ambiente genera empleo. Estamos
perdiendo una importante fuente de generación de empleo que
vendría a mejorar las condiciones de vida de las personas que viven
en los entornos boscosos o que realmente viven de la explotación de
los bosques.
Es necesaria por tanto, señorías, una legislación que coordine todas
estas acciones junto con las comunidades autónomas, respetando la
incidencia que tenga en su comunidad, lo que cada bosque representa
en su comunidad, porque está claro que una política nacional forestal
no tiene por qué implicar que sea una política un informe; tiene que
haber una política con unos objetivos que se han de cumplir en todo
el Estado, porque por mucho que nos pueda molestar la incidencia que
pueda tener el bosque, su mala gestión, un mal desarrollo o un mal
uso del bosque en cualquier comunidad autónoma afecta a todos los
habitantes del Estado español, entre otras cosas porque incide en el
cambio climático, porque incide en el cambio de los ecosistemas de
todas las comunidades autónomas. Son equilibrios frágiles, y por
tanto necesariamente se han de conservar y preservar a nivel de todo
el Estado. Vuelvo a incidir, para que no se nos vuelva a llamar
intervencionistas como ya ha sucedido en más de una ocasión en esta
Cámara, en el respeto a las competencias de las comunidades
autónomas. Mi grupo parlamentario no pretende inmiscuirse en ellas,
pero sí deben colaborar el Estado y las comunidades autónomas en una
mejor p reservación, conservación y uso en este caso de los espacios
forestales, y al mismo tiempo también del medio ambiente en
general.
Por tanto, señorías, con independencia de que esta iniciativa que
presenta el Grupo Socialista sea susceptible de mejoras, que es
necesario el debate, nosotros creemos que se debe tomar en
consideración. Antes decía, señorías, que si tenemos que seguir
esperando a que se pongan de acuerdo fuera de esta Cámara (y nosotros
no negamos esas posibilidades, ni tan siquiera el derecho que
existe para que así sea), seguiremos sin tener una ley que proteja
mejor nuestros espacios forestales, que realmente colabore y
ayude a que las comunidades autónomas y entidades locales -las
grandes olvidadas en est a iniciativa- puedan tener una ordenación
de sus espacios que les permita una mejor rentabilidad económica, un
mayor uso, una mayor participación de la población a la hora de
preservar porque les va a beneficiar en un mejor modo de vida. Si
seguimos esperando llegará un momento, como decía antes, en el que
no tendremos nada que preservar o que intentar salvar porque habrá
desaparecido por los
incendios forestales o la erosión y la desertización nos habrán
llevado a tener una situación bastante peor de la que ya tenemos en
estos momentos, que en algunas zonas ya empieza a ser irreversible.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas
gracias, señora Urán.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Madero.
El señor MADERO JARABO: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Popular para fijar la
posición en cuanto a la proposición de ley que nos presenta el Grupo
Socialista para el uso y aprovechamiento sostenible de los espacios
forestales.
Empezaré por decir que mi grupo coincide con el resto de grupos de la
Cámara en que una ley marco o les básica de montes o sobre materia
forestal es absolutamente necesaria puesto que, como aquí se ha dicho
y se ha repetido hasta saciedad, la normativa existente hoy día es
en general preconstitucional, buena parte de la materia forestal fue
transferida a las comunidades autónomas, demás de que la
problemática actual del sector no se parece en nada a la de hace
décadas, que es cuando se redactó el grueso de normativa que afecta
a la materia forestal.
Quisiera señorías hacer alguna consideración previa al hilo de la
presentación que ha hecho la señora Narbona. Sí existe y ha existido
interés por parte de est a Cámara, como ha dicho la señora Rivadulla
-yo ratifico sus palabras-, puesto que en la legislatura anterior ya
hubo por parte de Izquierda Unida una proposición no de ley en
Comisión, instando al entonces Gobierno socialista a traer aquí esta
ley. Después de 14 años esa ley no vino. Si vino, el Gobierno no la
trajo, sino precisamente el Grupo Popular mediante una proposición de
ley que fue votada favorablemente por 304 votos a favor y tres
abstenciones. Luego decayó en el trámite de Comisión porque se
disolvieron las cámaras. Aquí quisiera recordar el buen trabajo sobre
esta materia del entonces portavoz señor Torres Sahuquillo. En la
presentación de aquella proposición ley se acusó a nuestro grupo de
plagio, de que habíamos copiado el borrador que el Gobierno tenía no
sé sabía dónde porque no lo habíamos encontrado por ningún sitio.
Quiero recordar al compañero y sin embargo amigo, señor Torres
Sahuquillo, que los hechos lo desmintieron. Si el Grupo Popular había
copiado el texto del PSOE, ¿por qué en el trámite siguiente de
Comisión se presentaron por parte de su grupo nada menos que 122
enmiendas? Si la habíamos copiado era para que pasara por la Comisión
sin tocarla, sin embargo hubo 122 enmiendas que transformaban
sustancialmente el fondo y la forma. Es la mejor demostración de que
no estaba copiada y de que, en general, el Partido Popular en
materia legislativa no copia sino que es creativo; en todo caso no
copia de autores mediocres. (Risas.)
Quisiera así mismo decir, señora Narbona, que están perfectamente
definidas las tareas dentro del Gobierno, d entro del Ministerio de
Agricultura y dentro del Ministerio de Medio Ambiente. Quizá con sus
palabras ha podido quedar alguna duda. No tenga ninguna duda porque,
repito, las tareas están perfectamente definidas, y además ni una
sola peseta de los fondos europeos hasta el momento se ha perdido.
No sé quién le habrá informado sobre la reunión de ayer del
Ministerio de Medio Ambiente con las comunidades autónomas que S.S.
ha citado, pero desde luego no le ha informado bien -y también
quisiera recordarle- porque precisamente lo que se acordó fue definir
la estrategia forestal previa al proyecto de ley básica forestal
que el Gobierno -y es de sobra conocido- piensa presentar en los
próximos meses a esta Cámara puesto que así lo anunció la señora
ministra. Queda abierto, por tanto, desde el Ministerio de Medio
Ambiente un período de consultas para que, una vez conocida y
recogida la opinión de todos, se pueda elaborar el citado proyecto de
ley forestal que venga aquí a ser posible con el máximo consenso por
parte de todos aquellos que tengan algo que opinar. Entretanto nos
parece lícito y legítimo, por supuesto, que el Grupo Socialista nos
presente esta proposición de ley, aunque mi grupo entiende que lo
hace más por adelantar y a premiar al Gobierno en su tarea que por
dar solución al importantísimo tema de l os montes. Digo esto porque
en las palabras de la señora portavoz socialista en la presentación
de esta proposición de ley, tanto ayer en la rueda de prensa como en
su intervención inicial, hemos escuchado algunas críticas al Gobierno
y desde luego bastantes pocos argumentos tratando de convencernos de
que esta proposición de ley es buena y que deberíamos votar
afirmativamente su toma en consideración. Repito, muchas críticas y
pocos razonamientos sólidos.
Señor presidente, señorías, mi grupo, y algunos diputados en su
nombre, hemos estudiado detalladamente el contenido de la
proposición de ley que nos presenta el Grupo Socialista y quisiéramos
hacer la siguientes consideraciones, que son muy concretas. En primer
lugar, no se explicita de manera clara en ningún capítulo las
competencias que corresponden al Estado y a l as comunidades
autónomas y, como veremos más adelante -y aquí ya se ha citado
abundantemente-, hay algunos artículos que, en nuestra opinión,
invaden claramente el ámbito competencial autonómico. En segundo
lugar, la proposición carece de la fijación como objetivo de adaptar
los modelos de gestión de los bosques español es a la normativa
internacional, bien a nivel de la Unión Europea, bien a nivel de
legislación mundial. En tercer lugar, la definición del espacio
geográfico, tema muy importante al que debería aplicarse la ley, es
absolutamente confusa, lo que es el mejor procedimiento para hacer
inviable la aplicación de la posible ley. Además, existe una laguna
muy importante: que la proposición de ley -lo ha señalado el
representante del Grupo Mixto, señor Vázquez- no
trata para nada de los montes vecinales de mano común; es más, de la
lectura del artículo 4 deducimos que se confunde los montes vecinales
en mano común con lo montes comunales de propiedad pública y, en este
sentido, quiero recordar al señor Vázquez que los montes vecinales de
mano común, además de en Galicia, existen en el resto de España. Por
otra parte, de la lectura de la proposición deducimos que no armoniza
la clasificación de los montes en función de su propiedad,
armonización que ya han llevado a cabo las comunidades autónomas, al
menos algunas, y esto sería un nuevo elemento de confusión.
Asimismo, el artículo 9 condiciona la elaboración y gestión de la
política pública forestal, que sabemos que en buena medida
corresponde a las comunidades autónomas, a la aprobación de una serie
de planes nacionales, en nuestra opinión de muy difícil ejecución y
que, en todo caso, tardarían varios años en elaborarse. Por tanto,
¿debemos inferir que los titulares públicos de la gestión forestal
deberían estar ociosos tantos años como tardaran en elaborarse los
citados planes nacionales? Entendemos que hacerlo así sería un craso
error.
Por otro lado, a la hora de mirar al futuro y en lo que se refiere a
un desarrollo forestal armonioso de cara al siglo XXI, debemos partir
de una base de datos cierta y completa; en el texto de la proposición
no se menciona para nada el mapa forestal ni la estadística forestal,
desvinculando además el inventario nacional forestal del resto del
banco de datos de la naturaleza. Con todo esto, señor presidente,
señorías, entendemos que un tema tan importante como es el de la
titularidad privada de los montes no está debidamente tratado; es
más, que en el artículo 12 ni siquiera están previstos los convenios
de colaboración con los titulares de montes privados, e incluso de la
lectura del artículo 25 deducimos que esta proposición de ley, en lo
que se refiere a la regulación de los montes privados, es
absolutamente intervencionista y casi confiscatoria. El Grupo Popular
piensa que éste es uno de los errores más importantes de la
proposición de ley. Señorías, más del 70 por ciento de la superficie
forest al español a es de propiedad privada: montes en mano común,
propietarios particulares de grandes y pequeñas superficies,
cooperativas, etcétera. Nuestro grupo considera que en la inmensa
mayoría de los casos sus legítimos propietarios cuidan el monte y no
hacen aprovechamientos abusivos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Madero,
le ruego que vaya concluyendo .
El señor MADERO JARABO: Voy concluyendo, señor presidente. Decía que,
además, los propietarios privados tienen una clara conciencia de la
función social de su propiedad y, en muchos casos, a través de sus
órganos privados de asociación están poniendo en marcha unos planes
de gestión sostenible bastante más realistas y eficaces que los
realizados desde algunas oficinas públicas. Naturalmente, y como
consecuencia de lo
anterior, en la proposición no hay una sola palabra que sirva de
estímulo al asociacionismo forestal y no se tocan para nada los
problemas del sector a fin de elaborar productos forestales de
calidad.
Desde otro punto de vista, quizá convenga señalar que hemos
observado que en la regulación de los aprovechamientos éstos se
mezclan con los usos recreativos y sociales de los montes, que es
consecuencia de la confusión de funciones que se observa en los
primeros artículos. Tampoco nos parece adecuado el capítulo de
protección, pues, de hecho, anula las posibilidades de elaboración de
políticas forestales propias por parte de las comunidades autónomas,
así como tampoco compartimos la coordinación contra los incendios
forestales, pues nos parece en exceso reglamentista.
Y para terminar, señor presidente, señorías, diré que el capítulo de
infracciones y sanciones nos parece sencillamente aberrante y, desde
luego, impropio del siglo XXI.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Madero,
le ruego que concluya.
El señor MADERO JARABO: Concluyo, señor presidente.
De mis palabras se deduce que, en opinión de mi grupo, no es ésta la
ley que el sector forestal necesita; en pocos meses, señorías,
estaremos debatiendo aquí, en la Cámara, un proyecto de ley de montes
más profundo, más realista, más moderno y adecuado, que recogerá la
opinión y el criterio de todos los sectores interesados. Hasta
entonces, quedamos emplazados para elaborar una ley básica que sirva de
manera eficaz al desarrollo de nuestros montes y del sector forestal.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Madero.
Vamos a proceder a la votación. (La señora Narbona Ruiz pide la
palabra.)
Señora Narbona, ¿a qué efectos me solicita la palabra?
La señora NARBONA RUIZ: Señor presidente, es evidente que, cuando se
dice que no se consume un turno en contra pero se hacen varios que
son en realidad turnos en contra, no tenemos la capacidad de rebatir
algunas afirmaciones. Como he sido aludida personalmente, por lo
tanto, pido la palabra por alusiones.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señoría, ha
participado en el debate y, en buena lógica, ha de ser aludida de
forma necesaria. Creo que ha sido una fijación de posición por parte
de todos los grupos parlamentarios absolutamente indiscutible.
De todas formas, si S.S. piensa que ha sido aludida fuera de los
argumentos que S.S. ha utilizado previamente en su propia
intervención, alusiones personales, S.S. tiene tres minutos, pero no
para reabrir el debate
ni contestar afirmaciones que pueden no ser coincidentes con la
postura de su grupo parlamentario. Le ruego que sea rigurosa en su
intervención; tiene para ella tres minutos.
La señora NARBONA RUIZ: Señor presidente, le agradezco la
flexibilidad que demuestra en la interpretación del Reglamento y que
me permite hacer un uso brevísimo, se lo aseguro, de la palabra.
Quisiera decir, en primer lugar, que reconozco haber cometido un
error en mi exposición al haber dicho que era la primera vez que se
debatía una proposición de ley. Me refería a que se debatía durante
esta legislatura, pero quisiera que quedara constancia de que reconozco,
efectivamente, que ha habido ocasiones anteriores. Pero,
señorías, sinceramente, lo que no comprendo es cómo esto precisamente
se plantea desde las filas del Grupo Parlamentario Popular, cuya
proposición de ley fue aceptada a trámite por el Grupo
Parlamentario Socialista en la anterior legislatura, lo que, en
cambio, en estos momentos el Grupo Parlamentario Popular no permite
que se haga al dar su voto en contra. Tengo que decir simplemente
que ya que se nos reconoce por lo menos por parte del Grupo
Parlamentario Popular la función de incentivar la labor del
Gobierno, en su momento les reconocimos también esa función y,
además, votamos a favor; simplemente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Narbona.
Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
AVOCACIÓN POR EL PLENO DE PROPOSICIONES DE LEY:
El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de someter a votación por el
sistema de votación electrónica la proposición de ley que acaba de
ser debatida, quería someter, a su vez, al asentimiento de la Cámara
la avocación por el Pleno de la deliberación y votación final de las
siguientes proposiciones de ley: la de modificación del Código
Civil y la Ley del Registro Civil en materia de inscripción de
apellidos; la de modificación de la Ley del Registro Civil para
posibilitar que hijos e hijas puedan llevar como primer apellido el
materno desde su nacimiento, si así lo deciden sus progenitores; la
de modificación del Código Civil en materia de inscripción de
apellidos y la de modificación también del Código Civil de la Ley del
Registro asimismo en materia de inscripción de apellidos. ¿Acuerda el
Pleno recabar para sí la deliberación y votación final de las
proposiciones de ley que acabo de referir? (Asentimiento) Gracias,
señorías.
- TOMA EN CONSIDERACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE LEY DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL
CONGRESO, SOBRE USO Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ESPACIOS
FORESTALES (VOTACIÓN).
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación sobre la toma en
consideración de la proposición de ley del Grupo Socialista sobre uso
y aprovechamiento sostenible de los espacios forestales.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
310; a favor, 148; en contra, 162.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY (CONT.):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, PARA LA DESPENALIZACIÓN DE LA
OCUPACIÓN DE INMUEBLES AJENOS QUE NO CONSTITUYAN MORADA (ORGÁNICA)
(Número de expediente 122/000135).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, DE
MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL
CÓDIGO PENAL (ORGÁNICA) (Número de expediente 122/000133).
El señor PRESIDENTE: Proposiciones de ley que se debatirán
conjuntamente, del Grupo Mixto y del Grupo de Izquierda Unida. La del
Grupo Mixto reza así: para la despenalización de la ocupación de
inmuebles ajenos que no constituyan morada, y la del de Izquierda
Unida es de modificación de la Ley Orgánica del Código Penal en
relación a la misma materia. Ambas se postulan con naturaleza
orgánica.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, para la presentación de la
proposición, tiene la palabra don Joan Saura.(Rumores.) Señorías, si
han de abandonar el hemiciclo para continuar sus trabajos en otras
dependencias del recinto parlamentario, les ruego que lo hagan sin
perjudicar la continuación del Pleno. (Pausa.) Señor Rupérez. Señor
Estrella. Señor Rupérez. Señor Aguirre. (Pausa.) Ruego a SS.
SS. que abandonen el hemiciclo y, desde luego, que lo hagan quienes
están haciendo un indebido uso de los llamados artefactos
inalámbricos. Señor Vaquero, le ruego que desaloje o le será
incautado el artefacto de marras. (Rumores.) Señor Ortiz, por
favor.
Adelante, señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
En nombre de los diputados y diputadas de Nueva Izquierda-Iniciativa
per Catalunya, voy a presentar la
proposición de ley de despenalización de la ocupación. Es una
proposición de ley corta, a la que posteriormente también se unirá
otra proposición de ley de Izquierda Unida, a la que ya anuncio
que votaremos a favor evidentemente. Sobre todo tiene un artículo y
una disposición transitoria, el artículo que deroga el apartado 2 del
artículo 245 del Código Penal y una disposición transitoria que insta
a que jueces y tribunales de oficio revisen las sentencias, siendo
conscientes de que, una vez que se produjera esta aprobación, las
personas que han sido condenadas lo podrían solicitar tranquilamente.
Nos parecía importante decirlo.
He de manifestar que ésta es una propuesta que, desde nuestro grupo,
nace fundamentalmente por un fenómeno que se ha extendido mucho en el
Estado español. Concretamente en Cataluña, en los años 1996, 1997 y
1998 el tema de la ocupación de inmuebles abandonados está situado
en parte en el centro de los problemas sociales y políticos de
Cataluña. En función de esto, en diciembre de 1996 la Comisión de
defensa de los derechos de la persona del Colegio de Abogados de
Barcelona creó un grupo de trabajo que debía emitir un informe
sociojurídico sobre la despenalización de la ocupación y, en
concreto, sobre la posible derogación del apartado 2 del artículo
245. Este grupo de trabajo culminó su tarea en febrero de este
año, 1998, y yo c reo que es un trabajo importante que...
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Saura. ¿Algún diputado tiene
especial interés en figurar en el «Diario de Sesiones» siendo
llamado al orden? (Rumores.-Risas.)
Puede continuar, señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
Digo que en febrero de 1998 este grupo de trabajo del Colegio de
Abogados presentó un informe en el que solicitaba la derogación del
apartado 2 del artículo 245 del Código Penal. Tuvimos la oportunidad
de entrevistarnos con esa Comisión y en ese mismo mes, en febrero,
presentamos la proposición de ley que hoy discutimos. Desde
entonces, desde febrero de 1998 hasta ahora, fecha en que se presenta
el informe y en el que nuestro grupo presenta esta iniciativa
parlamentaria, el tema de los okupas ha ido increscendo en
Cataluña. En los meses de mayo y junio hubo situaciones de desalojo
con enormes desórdenes y violencia que fueron reflejados en todos los
medios de comunicación del Estado y la semana pasada, que como
ustedes saben fue la fiesta de La Mercè en Barcelona (los días 24,
25, 26 y 27), en buena parte se ha visto afectada también por la
irrupción de este movimiento, los okupas.
Quiero empezar hablando del motivo por el que se produce el fenómeno
de la ocupación, dónde están las raíces. Hay dos causas que dan lugar
a la ocupación: en primer lugar, por la gran dificultad que los
jóvenes tienen hoy para acceder a una vivienda digna. No sólo quiero
recordarles que la tasa de paro juvenil de España
es el doble que la de Europa, sino que los altos precios de la
vivienda y la falta de política pública importante para los jóvenes
hace que haya una cifra inquietante, que al conjunto de la sociedad
española debería preocupar, que es que en el Estado español, según
una reciente información del Instituto Nacional de Estadística, de
cada tres jóvenes comprendidos entre los 18 y los 29 años dos aún
viven con sus padres. Es decir, cada vez más los jóvenes, los chicos
y chicas retrasan el proceso de autonomía personal porque no tienen
trabajo y porque no pueden acceder a la vivienda. Hablar de ocupación
hoy es mencionar una gran dificultad que la parte más importante
desde el punto de vista del futuro, que son los jóvenes, tiene para
acceder a una vivienda y un trabajo y, por tanto, a un proceso de
realización y de autonomía propia.
La segunda razón de la ocupación es que existen inmuebles abandonados
y que España tiene el tanto por ciento más alto de viviendas
abandonadas de Europa, el 16 por ciento. No puedo hablar del Estado
español, porque no lo conozco, pero sí puedo hacerlo de Barcelona y
de su área metropolitana. Estamos hablando de inmuebles abandonados
durante 7, 8 ó 9 años en determinados barrios de Barcelona, que no
sólo no cumplen ninguna función social si no que además en algunos
casos son operaciones de abandono con un c lar o objetivo especulat
ivo. Por tanto, insi sto en que las raíces de la ocupación hay que
buscarlas en la falta de acceso a la vivienda y en el número
importante de inmuebles abandonados que no cumplen función social. A
partir de aquí -y como el informe del Colegio de Abogados señala- hay
una serie de principios del apartado 2, artículo 245, que penaliza la
ocupación, que vulneran principios que informa el derecho penal. En
primer lugar, existe lo que se llama el principio de intervención
penal mínima; es decir, la función del derecho en relación a la
propiedad privada viene modulada en la Constitución por la función
social de la propiedad privada. Cuando planteamos la despenalización
de la ocupación no pretendemos la legalización de la ocupación;
estamos diciendo que hay otros mecanismos, vía derecho civil, para
proteger la propiedad privada, pero que en ningún caso la ocupación
de inmuebles abandonados puede tener la sanción en el Código Penal.
La segunda razón es la de última ratio; es decir, aplicamos el Código
Penal cuando prácticamente no se puede hacer nada más. He dicho ya
que el derecho civil permite proteger y rescatar la propiedad
privada, pero he de decir que estaríamos en un caso de planteamiento
cínico e hipócrita si pensáramos que no se puede hacer nada más que
criminalizar a los okupas. Lo que el Estado ha de hacer y no hace,
como el conjunto de las Administraciones públicas, es desarrollar
una política de promoción pública de viviendas.
El tercer principio sería el de proporcionalidad. Estamos ante un
choque de dos derechos: el de propiedad y el de vivienda digna, y lo
que en estos momentos ocurre es que, a pesar de que estamos en una
sociedad
en la que la Constitución reconoce el derecho a la vivienda, eso
hoy en el Estado español es una mera ilusión. No se cumple un derecho
constitucional, pero al mismo tiempo se utiliza el peor elemento de
sanción, que es la aplicación del Código Penal a jóvenes que lo que
quieren es ser personas adultas, autónomas y poder realizar su vida.
La propuesta que les hacemos no es la de un grupo minoritario que no
ti ene derecho comparado en Europa. En Alemania está penalizado, en
Inglaterra no está penalizado, en Bélgica tampoco y en un país como
Holanda, donde se produjo el principal movimiento okupa, han llegado
a un nivel de legislación con relación a este caso en el que sólo
penalizan las ocupaciones que se producen en inmuebles abandonados de
menos de un año; es decir, se castiga con el Código Penal cualquier
ocupación que se produzca en un inmueble abandonado antes de un
año, pero a partir de ahí no se aplica el Código Penal. Quiero acabar
diciendo que no estamos proponiendo la legalización de la ocupación,
estamos proponiendo que no se considere como delincuentes a jóvenes
que hoy no tienen hecho efectivo el derecho constitucional de la
vivienda. Este movimiento hoy no tiene rechazo social; las encuestas
dicen que los okupas tienen simpatía social, porque posiblemente la
mayoría de la población tiene hijos e hijas con dificultades de
acceder a la vivienda, y muchos de nosotros sabemos lo difícil que es
que hijos de 20, 23 ó 24 años decidan o puedan tener un proceso de
autonomía. No sé qué va a ocurrir hoy, si van a votar favorablemente
o no.
He hecho saber a los grupos parlamentarios que no tienen presentada
ninguna iniciativa que nuestro grupo estaría dispuesto a retirar
nuestra enmienda, si hoy mismo se pudiera decidir por unanimidad o
por gran mayoría la formación de una comisión de estudio que en un
período corto (tres, cuatro o cinco meses) pudiera llamar a expertos,
pudiera examinar el derecho comparado de otros países, pudiera
reflexionar y acercar un problema social a este Congreso para que
dentro de muy poco no sólo se pueda impulsar desde el trabajo de la
Comisión una política de vivienda pública, sino que se pueda acabar
con este apartado 2, artículo 245, que desde que está en vigor, desde
1995, no sólo no ha solucionado nada, sino que ha significado
detenciones, desórdenes y sentencias que no diré que son injustas,
pero en todo caso que han sido innecesarias.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Saura.
Corresponde ahora al Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
presentar su proposición de ley y lo hará a través del señor
Castellano Cardalliaguet.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
En acumulación con la proposición de ley que ha sido previamente
defendida, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida que
tenía introducida esta
iniciativa legislativa ha aprovechado la circunstancia de que por
turno hubiera de tratarse la precedente para que también sea
debatida la nuestra que tiende a la misma finalidad: ni más ni
menos que la desaparición del Código Penal del supuesto 2 en el
artículo 245, supuesto que como todos ustedes saben no existía en el
anterior Código Penal y que fue introducido en el Código Penal
vigente.
Queremos llamar la atención desde un punto de vista estrictamente
jurídico, sin hacer ninguna clase de extrapolaciones todavía al
fenómeno sociológico, acerca de que el capítulo en el que se
incardina este presunto delito es el de la usurpación, dentro del
título de los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
¿Qué quiere el título XIII? Compartimos su criterio, lo que pretende
es proteger la propiedad privada, proteger la legítima pertenencia de
los bienes de los ciudadanos, como debe ser. Es evidente que en esa
protección de la legítima pertenencia también nos gustaría algún día
que la pusiéramos en relación con el precepto constitucional de la
función social de la propiedad. Sin embargo, no vamos a entrar en ese
tema. Vamos a mantenernos en el terreno estrictamente penal: ¿cuál es
la causa o razón para que hayamos incluido un número 2 en el artículo
245 en el que afirmamos que la ocupación sin la autorización debida
de un inmueble, vivienda o edificio ajeno que no constituya morada o
el mantenimiento en ellos contra la voluntad del titular será
castigada con la pena de multa de tres a seis meses? Hemos creado
una figura delictiva; ahora vamos a ver si esa figura delictiva ti
ene los requisitos elementales de una conducta que pueda merecer el
título de delito, porque no basta sólo con la legalidad de pensar
que, como somos los legisladores y se nos ha dado tal facultad,
podemos ir configurando como delito aquello que nos parezca
conveniente. Estoy convencido de que algunos de los que hay en esta
sala consideran que es de mal gusto e hiriente que todos los
edificios puedan estar llenos de ciertos grafitos; aunque algunos
tengan un cierto contenido artístico a lo mejor piensan que es un
daño contra la propiedad y tal vez quieran que el Código Penal
también entre a perseguir a los que hacen uso de unas tizas y decoran
ni más ni menos que peligrosamente las vallas de las estaciones.
Vamos a ver si esto tiene la menor esencia delictiva.
Nosotros mantenemos la tesis de que no, desde un punto de vista de
técnica puramente penal. Est amos hablando de edificios que no
constituyan morada; los que constituyen morada y se encuentran
cerrados están suficientemente protegidos, frente a eso que se llama
la patada en la puerta y la ocupación, en el número 1 de este
artículo porque ha habido un hecho de violencia. Nos est amos
enfrentando, por tanto, a una conducta que es un hecho en el que no
existe la menor violencia, la violencia viene en el párrafo anterior.
Nos estamos enfrentando a un hecho en el que no hay la menor
intención de privar de la propiedad a ninguno de los que sean titulares,
figuren o no figuren en el registro de la propiedad. No estamos ante
ninguna manipulación
que tienda a desvirtuar la seguridad jurídica que nace del registro de
la propiedad. Est amos, incluso, contemplando una situación en
que no hay ningún atentado a un hecho tan elemental como es el
derecho posesorio, el derecho de posesión. Se habla de edificios ajenos,
que no constituyan morada, sin la autorización debida. En el momento
en que hubiere alguien poseyéndolo, estaríamos en una situación similar
a la de la morada y, por tanto, sería imposible este supuesto.
Estamos hablando sencillamente de edificios abandonados que son
objeto de ocupación, bien sean con un carácter individual o
colectivo, sin el menor ánimo de lucro y, en consecuencia, sin
producir ningún perjuicio o cesación del lucro del legítimo
propietario; sin ningún ánimo de apropiación; sin ningún ánimo de
vulneración del título de propiedad. Si me permiten ustedes la
expresión diría que estamos ante una situación que llamaríamos ad
ludendi causam, porque en la mayoría de los supuestos, si examinan
ustedes los casos que se han ido dando, detrás de ello hay una
especie de ánimo lúdico en la utilización de fábricas y edificios
abandonados; es más, cuando no, se produce una ocupación cuya
finalidad no es ni siquiera quedarse dentro del edificio, sino para
hacer lo que se llama un acto de protesta-denuncia. Este es el hecho
que estamos contemplando.
A mí me pareció desmesurado, cuando se discutió el Código Penal, que
unos supuestos tan absolutamente -podíamos decir- inocentes, aunque
no les gusta a ustedes esa expresión, pero desde luego no
asocialmente dañinos, se pudieran reflejar en el Código Penal.
Porque, repito, se trata de hechos en los que el valor a conservar no
debe ser mucho cuando el propio dueño los deja casi en situación de
permanente deterioro. El uso y el beneficio tampoco debe ser mucho
cuando están generalmente vacíos, inocupados. Y el título de
propiedad no se daña, porque ese hecho simple de la ocupación no
produce ningún quebranto. Además, no hemos rellenado ninguna laguna
legislativa, queridos amigos, por la sencilla razón de que cuando se
hizo el anterior Código Penal estas conductas se daban. ¡Claro que se
daban! ¿Qué ocurre? Que no tenían el aspecto que hoy reviste, en esta
época, el movimiento de los okupas, con mayor o menor gusto en la
indumentaria; pero ya se daban. ¿Y por qué nuestro anterior Código
Penal, tan celoso en la defensa de la propiedad y de la posesión, no
los incluyó? A ver si ahora va a resultar que la anterior situación
política y el anterior Código Penal tenían ribetes de protección de
los marginales para que encontraran dónde distraerse. No los incluyó
por una sencilla razón: porque entendió que no hacía falta, como
aquí se ha dicho.
Medidas hay en nuestra legislación civil para poder, en un momento
determinado, combatir estas conductas si, efectivamente, empezaran a
causar daño, perjuicio económico y quedara constancia de que no
tienen la autorización del dueño y éste está viendo limitados
derechos esenciales. El anterior Código Penal no lo contemplaba. No lo
podía contemplar. ¿Por qué lo contempla
éste? Yo creo que éste lo contempla porque ha habido una tentación
represiva con la que acallar la mala conciencia cuando no se es capaz
de adoptar otras medidas. La mayoría de los supuestos que yo
conozco -que repito no están contemplados en este artículo- no son,
ni siquiera, la entrada en un piso desocupado para en él encontrar
puramente techo y protección, suelen tener otro carácter; suelen
tener el carácter de denuncia, de deseo lúdico, de insatisfacción
ante la falta de otra clase de instalaciones. En suma, suelen tener
la intencionalidad de la creación de un ambiente para la propia
marginalidad. Yo sé que esto desde luego no es cosa para las gentes
bienpensantes, ordenadas y de buen gusto, estoy plenamente
convencido, y que la vecindad empieza a protestar por el trasiego de
personas que por allí circulan y hasta incluso piensa que les
desvaloriza los inmuebles. No tienen otra conducta u otra reacción
distinta de cuando lo que hay al lado es una colonia étnicamente
gitana, y saco a colación a nuestra comunidad gitana por la
sencilla razón de que muchas veces detrás de ese elemento bienpensante
lo que hay es una cierta xenofobia y un cierto racismo, que a vea a vez
aparece contra este grupo, el mundo de lo marginal.
Yo sé que evidentemente se es mucho más partidario de la sumisión
disciplinada y del orden, pero esto también se resolvía antes con
algo tan elemental como los reglamentos policiales. Voy a repetir la
invitación a que ustedes se den una vuelta por el juzgado de guardia
de las grandes capitales en que se suelen producir estos hechos y se
encontrarán con que en el 99 por ciento de los casos, requeridos al
desalojo y hecho el numerito, que en alguna medida es lo que se
busca, de protesta contra la falta de locales juveniles o sitios de
esparcimiento, se retiran, porque si algo es característico de esta
clase de movimiento desde luego no es la violencia. Vienen todos
ellos presididos en la indumentaria de un buen conjunto de signos de
no violencia.
El señor PRESIDENTE: Señor Castellano, vaya concluyendo.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Acabo enseguida.
Por tanto, lo que les pido a ustedes es la sensatez de que se admita
a trámite esta proposición y la anterior, que lógicamente vamos a
votar en conjunto. Si, en todo caso, hay que hacer alguna matización,
porque puede ocurrir que la resistencia al abandono del inmueble
además lleve un desacato al mandato judicial de una desobediencia y
pueda dar lugar a otra clase de delitos, estudiémoslo, pero de
verdad, objetivamente, no dejemos configurada como delito una
conducta que no tiene absolutamente la menor peligrosidad. No he
visto yo todavía al movimiento de okupas invadiendo los lujosos
pisos de la Castellana o de la zona de la Bonanova, no le he visto
invadiendo ni siquiera edificios públicos casi abandonados.
Generalmente esto se desarrolla en el mundo de lo marginal, en los
alrededores
de las ciudades; no suele producir ninguna clase de quebrantos. Pero,
si tienen que ser objeto de sanción, que sea proporcionada. Si dan
ustedes una vuelta por los juzgados, les repito que verán que al
primer requerimiento se abandona, con lógica sorpresa de los jueces
y de los fiscales que se encuentran de pronto obligados a mantener
acusaciones por un hecho que objetivamente está contemplado así,
pero detrás del cual no hay ninguna actitud que pueda suponer una
cierta asociabilidad. Al contrario, es curioso que este Código
Penal tan celoso contra los insumisos y contra estas conductas que a
lo mejor ponen en riesgo el sentido del orden de alguno, llegado el
momento de hablar de los bienes públicos no les otorga la misma
tutela, da la casualidad de que si se trata de un bien público, a lo
mejor no hay esta tutela, y sobre todo, llegado el momento de la
protección de los caudales públicos, el Código Penal de la
prescripción suele ser suficientemente fácil en la conservación de
estas conductas.
De verdad, cualquiera que se asome al Código Penal y vea que el hecho
de que una vivienda abandonada o una fábrica abandonada, en estado de
permanente deterioro, cuando no todo el inmueble, sea objeto de
ocupación ocasional, pero se abandona al primer requerimiento, y que
eso puede constituir delito, se llevará las manos a la cabeza, dirá
sencillamente que es una forma cómoda de sustituir con la represión
la falta de instrucción, la falta de educación, la falta de
asistencia y todo aquello a lo que los jóvenes, aunque a ustedes no
les gusten porque van vestidos de una forma muy chocante y se peinan
de una forma que no parece ser muy grata para recibirlos en el salón
de la embajada, tienen derecho. Ahora, allá ustedes.
Espero que con esta proposición de ley no pase lo que con otras. que
hoy digan que no y dentro de dos meses digan que sí porque la hayan
presentado algunos de ustedes absolutamente avergonzados de que
esto siga figurando en el Código Penal.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Castellano. ¿Algún grupo desea
consumir un turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su
posición? (Pausa.) Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la
palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
Mi grupo va a votar en contra de la toma en consideración de estas
dos iniciativas de proposiciones de ley, para modificar el artículo 245,
en su apartado 2, de la vigente Ley Orgánica 10/1995, del Código
Penal. ¿Por qué decimos est o? Sepa usted, señor Castellano, que me
guía nada más que un principio de protección de un bien jurídico, no
una cuestión de indumentarias ni de otras situaciones de
escenificación del denominado social y mediáticamente fenómeno
okupa. (El señor
vicepresidente, López de Lerma i López, ocupa la Presidencia.)
Tuvimos ocasión de debatir esto incluso con las enmiendas
presentadas al texto del proyecto de ley de Código Penal propuesto
por el anterior Gobierno, donde aparecía esta figura tipificada en
el título III - usted lo ha recordado- de delitos contra el
patrimonio y el orden socioeconómico. Entiendo que una formación
política con una ideología concreta tenga su oposición o sus
reticencias al determinado orden socioeconómico por el que se rige
nuestro Estado a través de la Constitución Española, y me parece
consecuente que haga esos manifiestos. Yo hago los contrarios porque
precisamente se dan dos circunstancias que se escribieron muy
detenidamente en el Código Penal vigente, en su artículo 245, que es
exigir dos condiciones para que se entrase en el delito, no el
simple hecho de ocupación con indumentaria más o menos pintoresca.
Es, en primer lugar, que se ocupe sin autorización debida del
legítimo propietario, porque estamos hablando de un Estado de derecho
donde hay legales y, por tanto, legítimos propietarios. Y, en segundo
lugar, se introdujo en el texto de este apartado 2 otro segundo
requisito: que, produciéndose la ocupación, aunque no tuvieran
autorización debida del legítimo propietario, se mantuvieran en ellos
contra la voluntad de su titular. Esto es lo que está ocurriendo en
los juzgados de primera instancia y de instrucción de las capitales,
que si el propietario legítimo no deja constancia de la voluntad de
ocupación directa por el titular, es cuando procede la denuncia y,
por tanto, la tipificación del delito. Señor Castellano, si
queremos transformar por esta vía en un derecho real lo que el
artículo 47 de la Constitución Española considera como un derecho formal
-el disfrute de una vivienda digna para todos los españoles y los
poderes públicos comprometidos en solucionarlo-, esto conculca el
principio de seguridad jurídica recogido en el título XIII que
garantiza el mantenimiento del orden socioeconómico no solamente de
la propiedad privada o de la vivienda. Sería como trasladarlo a la
calle y decir que en los barrios donde hay delincuencia o droga, como
no hay policía a todas horas, tendríamos que despenalizar la
formación de somatenes, de pelotones o de piquetes de ciudadanos que
salen por la noche a mantener el orden público. Ese orden público,
porque no haya policía en ese momento, no se puede transferir a
piquetes urbanos en defensa de sus derechos, ya que entonces
estaríamos dándole una vuelta al Estado de derecho, que se
transformaría en un Estado donde los principios de seguridad
jurídica no estarían garantizados por los poderes correspondientes,
tanto el judicial como el gubernativo. Y si antes no estaba esto
recogido en el Código Penal era porque las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, ante cualquier decisión judicial o denuncia,
tenían unas normas de conducta que, afortunadamente, el sistema
democrático ha ordenado en otro tipo de talantes y temperamentos.
Vuelvo a decirle tanto a usted como en relación a la proposición del
Grupo Mixto, que entendemos que debe seguir manteniéndose al menos
como figura disuasoria en el Código Penal vigente, y que no estamos
a favor de la modificación de ninguno de los aspectos del artículo 245,
y en este caso concreto del apartado 2, porque es también una
disuasión para que ese fenómeno no vaya a más. Porque, vuelvo a repetir,
ir a más es transformar, por la vía de la conculcación del
principio de seguridad jurídica, un derecho formal de la Constitución
en un derecho real por una vía totalmente inaceptable en un Estado
ordenado de derecho. Por eso nosotros seguiremos defendiendo este
orden que el Código Penal trata de garantizar a los ciudadanos. Que
exijan los jueces y fiscales ver si hay autorización debida o si se
mantienen contra la voluntad de su titular. Que haya expresión
judicial ante el juzgado correspondiente o ante la comisaría de
policía de que en una fábrica, en un inmueble, hay unos okupas,
durante semanas, meses o años, hasta el momento en que el legítimo
titular manifiesta la voluntad de la ocupación de aquellos para los
fines que las leyes señalan.
Por estas razones, señor presidente, por un principio de consecuencia
y de seguridad jurídica, vamos a votar en contra de esta toma en
consideración. Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor
Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la
señora Uría.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Señor presidente, señorías, cuando se
estaba debatiendo el proyecto del Código Penal ya nos parecía un
exceso la inclusión, tras la barrera penal, de la llamada
usurpación pacífica que las dos iniciativas que hoy se ven en la
Cámara pretenden despenalizar con idéntico texto normativo, pero con
exposición de motivos distinta. Manifiesto ya que, aunque votaremos
ambas, estamos más cerca de lo que se expresa en la iniciativa del
Grupo Federal de Izquierda Unida.
La doctrina mayoritaria nos ha dado la razón. Se habla de exceso de
presión penal. Se ha incluido dentro de los delitos contra el
patrimonio y contra el orden socioeconómico cuando no se pretende
suplantar al propietario, sino simplemente obtener un provecho o
ventaja, aunque se ha pretendido en nuestro caso intentar encontrar un
paralelo con lo previsto en el Código alemán, concretamente
en el artículo 123. Pero en ese caso la descripción es mucho más
rigurosa, el bien jurídico protegido es el orden público y, sobre
todo, se trata de un delito que es sólo perseguible a instancia de
parte.
No debemos olvidar que estamos hablando de usurpación pacífica de
inmuebles vacíos, es decir, de inmuebles que no constituyen morada.
Se encuentra, ciertamente, en los límites del derecho a la vivienda
que de una forma bastante pomposa consagra la Constitución cuando se
habla de derecho social a vivienda
digna y adecuada. Desde luego, no es posible admitir una facultad
subjetiva para ejercitarlos. No creemos que haya un título válido
para la ocupación, pero la protección penal nos parece excesiva.
Creemos que el precepto infringe el principio jurídico penal de
intervención mínima. Para resolver los supuestos de que se trata,
bastaría una vía civil de interdicto de recobrar la posesión o las
acciones previstas en la Ley de Arrendamientos Urbanos. Es cierto que
estos procedimientos civiles tardan más y cuestan dinero, pero no
creemos que est as sean causas para la inclusión de determinadas
conductas en un código penal. Por estas razones, el grupo al que
pertenezco votará a favor de la toma en consideración de las
iniciativas.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señora
Uría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió) siente una
sincera preocupación por el fenómeno de la ocupación en lo que tiene
de denuncia de un problema social en cuanto a la dificultad de acceso
a la vivienda, derecho que se encuentra recogido en el artículo 47 de
la Constitución. Por lo tanto, en la medida en que está en el
capítulo tercero de ese título, debe informar la política de los
poderes públicos. Pero sí querríamos decir, señorías, que nos
preocupa el fenómeno de la okupación -con k-, pero también el
fenómeno de la ocupación -con c-; es decir, el fenómeno de la
okupación que puede producirse a través de est e movimiento social,
bastante caracterizado ya sociológicamente, de los squattersy de la k,
pero también nos preocupa el fenómeno de ocupación de
viviendas que se realiza por familias sin recursos económicos o que
se realiza, y lo ha dicho anteriormente el señor Castellano, por
personas de etnia gitana, aunque por lo demás tenemos que decir que,
según los datos que nos constan del Ayuntamiento de Barcelona, son
más las ocupaciones que se realizan con c que las que se realizan con
k.
Esos son los problemas que hemos intentado abordar a través de otras
iniciativas parlamentarias o en o tros ámbitos, como ha podido ser
en su día la ponencia sobre la situación de la familia o la ponencia
respecto de la juventud, donde se planteaba ese doble problema, el
de la vivienda y el de la ocupación, en este caso como sinónimo de
trabajo. Coincidimos también con los grupos proponentes en entender
que no hay que abordarlo tanto como una causa de problemas, sino como
la consecuencia de problemas existentes. Igualmente estamos de
acuerdo con lo que ha manifestado el señor Saura, que si bien no debe
ser abordada estrictamente como un problema, la ocupación tampoco
es una solución. No se trata de hablar de una legalización de la
ocupación. Sin embargo, señorías, debo anticipar que el voto del
Grupo Parlamentario Catalán será contrario por una triple coherencia
que les queremos manifestar. Por un lado, una coherencia histórica.
El Código Penal introdujo este tipo hace escasamente tres años. Mi
grupo votó a favor, pero tengo que decirles que, salvo la abstención
del Grupo Parlamentario Popular, el resto de grupos votó a favor del
título XIII del Libro II del Código Penal. En segundo lugar, porque
también hace referencia a una coherencia sistemática. Justo antes de
la ocupación de estos edificios o de estos inmuebles, el Código
Penal recoge el hurto de uso de automóviles en el artículo 244. Yo
les preguntaría a SS. SS. qué tiene una motocicleta o un automóvil
que no tenga un inmueble, que no tenga una edificación, para
otorgarle mayor protección, porque para eso ya está el plan Prever,
pero da la impresión de que no hay que hacerlo por esta vía o que no
hay ningún título que permita atribuir esa mayor protección.
Por otro lado -y ya lo han recordado don Pablo Castellano y el
señor Saura-, si echamos un vistazo al derecho comparado, nos
encontramos con que algunos Estados no tienen esta tipificación,
concretamente Francia e Inglaterra. Pero de una manera o de otra,
insisto en ello porque en algunos casos está más vinculado a un
delito de daños, tanto en Alemania, como Bélgica, Holanda o
Dinamarca, según resulta del estudio efectuado por la Comisión de
Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Barcelona, existe una
tipificación penal. Mi grupo no pretende mantener una criminalización
y, por tanto, lo que querríamos es llamar la atención respecto de
algunos deslizamientos que, como muy buen abogado y un gran orador,
ha expresado don Pablo Castellano. Entre la vivienda que
constituye morada y ese edificio abandonado, en ruinas, deteriorado
y en el que además el ocupante se dedica a su rehabilitación, tenemos
una amplia gama de bienes inmuebles. Por ejemplo, junto a la
vivienda que constituye morada, porque está siendo ocupada con una
cierta habitualidad, nos encontramos con viviendas o edificios
destinados a casa-habitación que no constituyen morada porque no
están siendo ocupados con esa habitualidad. Sinceramente, yo tengo
mis dudas de qué es un apartamento en la playa en Comarruga, que se
ocupa quince días al año. Tengo mis dudas de si eso es morada o no, y
examinando los comentarios al Código Penal las mantengo. Por tanto,
yo creo que debiéramos ser más precisos.
Señorías, la ley tiene que dar seguridad jurídica, pero también debe
ser interpretada. Estoy de acuerdo en que como ley penal, el Código
Penal debe ser interpretado de acuerdo con los principios de la
dogmática penal, y que en supuestos de ocupación de inmuebles rige
también el principio de insignificancia y rige también esa función de
límite que tiene la protección del bien jurídico. Porque, señorías,
para no condenar en supuestos de ocupación de inmuebles que no
constituyen vivienda, que además se realiza sin ningún tipo de
violencia
y que están abandonados -y abandonados no es desocupados un año- y
deteriorados, esa conducta no realiza el tipo del artículo 245 del
Código Penal. Al menos puedo decir a SS.SS. que la Audiencia
Provincial de Girona este año ha dictado diversas sentencias sobre
esta materia, y entiende perfectamente que el bien jurídico protegido
en el artículo 245.2 del Código Penal no es precisamente ese inmueble
abandonado y deteriorado. Ahí tendríamos que irnos a otras medidas de
protección de la propiedad o de la posesión que aquí han sido citadas,
como son los interdictos, el juicio de desahucio por precario
y, en caso de pérdida de la posesión por más de un año, la acción
reivindicatoria.
Querría acabar corrigiendo alguna afirmación que se ha hecho. Yo
estoy de acuerdo con las manifestaciones de don Pablo Castellano de
que a veces una protección excesiva de la propiedad privada, a la que
no se impone su función social, va aparejada de una desprotección
de la propiedad común o de la propiedad pública. Estoy de acuerdo,
pero también quiero recordar que el Estado, ante la ocupación de una
propiedad pública, tiene la acción directa y, por tanto, no necesita
acudir a la reivindicatoria o a los interdictos para proceder a ese
desalojo, mientras que el titular de la propiedad privada hará de
ésta unas veces un uso respetable y ajustado a la Constitución y a su
función social y otras no, si se ve en la necesidad de acudir.
Por tanto, señorías, mi grupo contempla este fenómeno con
preocupación sincera, tanto con la c como con la k, y lo vuelvo a
repetir. No desconocemos los valores de movilización cultural, de
denuncia social, que se producen en el ámbito de estas ocupaciones,
pero, sobre la base que señalaba antes de la coherencia histórica, de
la sistemática del Código Penal, del examen del derecho comparado y
de la aplicación que, gracias a Dios, están haciendo de este tipo
penal nuestros tribunales, entendemos que, en estos momentos, la
modificación legislativa no es necesaria. Por tanto, procederemos a
votar en contra.
Muchas gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor
Silva.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Cuesta.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías, quiero expresa
r, en primer lugar, la coincidencia con la preocupación por el
problema de fondo que subyace tras las proposiciones de ley que vamos
a debatir. Estoy de acuerdo en que hay un problema de vivienda que
hay que resolver; que guarda este tema una estrecha relación con el
derecho constitucional a una vivienda digna que contempla el
artículo 47 de nuestra Constitución; que, además, en algunas
conductas hay una social insatisfacción con lo que son las
políticas públicas de la vivienda y, en este sentido, una
preocupación por el proceder del Gobierno central o de algunos
ayuntamientos respecto a la política de vivienda.
En efecto, señor presidente, señorías, el artículo 47 de la
Constitución regula este derecho de los españoles a disfrutar de una
vivienda digna y adecuada. Además, da un mandato a los poderes
públicos: que promuevan las condiciones necesarias, las normas, la
regulación del suelo y luchen contra la especulación, según establece
el número 2 del artículo 47.
Es cierto que los poderes públicos, por medio de la acción del
Gobierno y de los ayuntamientos gobernados por la derecha en este
país, no solamente no resuelven y promueven una política de vivienda,
sino que favorecen la especulación. Ahí están las últimas reformas
en materia de suelo o la disminución de las posibilidades de los
ayuntamientos para hacerse con suelo público o los retrasos del
plan de vivienda o la existencia de un excesivo parque de vivienda
desocupada en los ayuntamientos y la falta de planes de incentivación
de bolsas de alquiler de viviendas para jóvenes. Estas son
carencias claras del sector público.
La pregunta que yo quisiera plantear es la siguiente. La insuficiencia
de las administraciones públicas, la insuficiencia de las
políticas del Gobierno central o de algunos ayuntamientos, ¿deben
corregirse a través de una disminución del nivel de protección
jurídica del derecho a la propiedad del ciudadano? Yo creo que no,
que deben corregirse con medidas políticas, con acciones que
potencien políticas activas en materia de vivienda.
Al lado del artículo 47, en nuestra Constitución está el artículo 33,
que regula el derecho a la propiedad. Se reconoce el derecho a la
propiedad privada y a la herencia. Se habla, es cierto, de la función
social de la propiedad, y el propio artículo 33.3 establece la
delimitación de ese concepto de función social de la propiedad
a través exclusivamente de la intervención de los poderes públicos.
¿Quién está legitimado para limitar el derecho a la propiedad, que
debe gozar de protección porque así lo reconoce la Constitución? Los
poderes públicos, no la iniciativa privada. Por tanto, en esa
colisión entre derecho de propiedad y derecho de una vivienda digna,
no puede producirse un menoscabo en la defensa de la protección
jurídica del derecho a la propiedad. Este es el razonamiento que
quisiera hacer en primer lugar.
En segundo lugar, quisiera decir que no nos parece al Grupo
Parlamentario Socialista que la mejor defensa del derecho de la
vivienda y de la función social de la propiedad sea una reforma penal
que desproteja al ciudadano propietario, y aquí habría que
preguntarse qué es lo que regula el 245.2, porque no es la realidad -
s obre todo a la vista de algunas argumentaciones- que tenemos en
cuenta de una lectura del propio Código Penal. Es cierto que el 245.
2 es una novedad del Código Penal de 1995, pero no es menos cierto
que esa novedad jurídica estaba ya en el anteproyecto de 1983, en el
anteproyecto de 1992 y en el proyecto y en lo que fue la ley de 1995,
sin que esta Cámara se pronunciara en contra de ese tipo delictivo.
¿Por qué, señor presidente y señorías? Porque, efectivamente, el 245.
2 contiene
un delito que está incardinado en el título referido a la usurpación
y está en la protección del derecho a la propiedad, pero no en el
bien jurídico protegido, aunque en la configuración de su tipo penal
subyace de alguna forma también el respeto a la libertad, al uso
pacífico del derecho de propiedad y hasta el mismísimo concepto de
derecho a la intimidad, y me voy a explicar, señor presidente,
señorías.
El allanamiento de morada, que está regulado en el vigente 202, es un
delito contra la intimidad, es un delito en defensa de la
inviolabilidad del domicilio, pero es una defensa en favor de un
derecho contenido en el artículo 18 de nuestra Constitución, el
derecho a la intimidad, basado en el concepto de morada. ¿Y qué
ocurre con aquellos bienes inmuebles o con aquellas viviendas que no
sean morada? ¿Qué es morada en relación a la jurisprudencia del
Tribunal Supremo? Esa es una reflexión que deberíamos hacer, porque
si pretendemos suprimir el tipo penal que dice que el que ocupa re
sin autorización un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no
constituyan morada contra la voluntad de su titular, debemos de
cuestionar y plantearnos qué hay detrás del concepto de morada.
Pues bien, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo -y aquí hay
un debate abierto poco pacífico- se dice que morada es el hogar
destinado a la habitación de una persona, lugar cerrado donde se reside
y satisfacen las condiciones de la vida doméstica protegida porque es
el recinto de la vida íntima del hogar familiar. El propio Tribunal
Supremo habla de núcleo o espacio acotado que la persona reserva
para desarrollar sus actividades domésticas y sustraerse a las
relaciones personales y sociales no deseadas, y constituye un ámbito
o reducto que resulta infranqueable.
La vivienda del emigrante, a veces no suficientemente amueblada o
instalada, pero que proyecta algún día el retorno a su pueblo, o la
segunda vivienda de muchos trabajadores, o la segunda vivienda de
muchos ciudadanos, ¿entra dentro del concepto de morada de nuestra
jurisprudencia del Tribunal Supremo? No entraba antes de 1995 ni
entra en este momento en el año 1998. Por consiguiente, de alguna
forma esta carencia y esta desprotección también a la intimidad,
aunque fundamentalmente al derecho de la propiedad, que generaba la
concepción del término «morada», es lo que ha llevado al
legislador, a est a Cámara, a enriquecer, a ampliar el nivel de
protección de los derechos, porque el Código Penal de 1995 es un
código que intenta proteger derechos constitucionales, protege
derechos fundamentales de la persona, y entre ellos también el
derecho a la propiedad. Por eso se amplía, en el concepto de
allanamiento de morada o de inviolabilidad del domicilio, la protección
penal al allanamiento de local de negocio, de despacho profesional,
de establecimiento abierto al público. Ahí no hay una política de
terror penal, todo lo contrario, es una política penal de protección
de derechos constitucionales.
Pues bien, en el fondo esa es la razón que justifica la pacífica
existencia en 1995 del tipo delictivo del
artículo 245.2, que no está reprimiendo con el Código Penal un
fenómeno de pura denuncia o manifestación, no; es un tipo delictivo
que tiene un dolo, que requiere, efectivamente, un componente de
lucro específico, de tal manera que detrás de algunas conductas que
rayan más en la manifestación o en la protesta, que implican una
ocupación de algo abandonado; detrás de esas conductas, repito, no
está el riesgo ni el concepto de dolo ni el tipo que contempla este
artículo 245.2.
Hay un elemento crucial en est e apartado que hoy parece que algún
grupo pretende suprimir, y es el elemento voluntad del titular.
Fíjense, señorías, que en el 245.2 se está incriminando la ocupación
de inmueble, vivienda o edificio que no es morada pero que no está
abandonada, o el mantenimiento en ellos contra la voluntad de su
titular. Aquí hay rasgos, en la conducta delictiva, claramente
expresos que nos llevan a pensar precisamente en una realidad no de
abandonos. Aquella reforma tuvo una tramitación pacífica y yo creo
que con este tipo delictivo lo que se hace es proteger un derecho
fundamental.
Al margen del debate sobre el criterio de política criminal que
sustenta este precepto -que las proposiciones que yo estoy cuestionando
en este momento defienden-, lo que no quiero que desaparezca
de la percepción de la Cámara es otro argumento que debe ser tenido
también en consideración a la hora de analizar el tipo del artículo
245.2, y es la posibilidad de que opere, si el problema que existe
detrás de algunas ocupaciones es la necesidad imperiosa de un techo,
la eximente número 5 del artículo 20 de estado de necesidad del
Código Penal, que opere como eximente, repito, o como atenuante.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Vaya terminando,
señor Cuesta.
El señor CUESTAMARTÍNEZ: Señor presidente, señorías, creo
que este tipo, tal como está recogido, no es un avance de la teoría
del terror penal, sino la protección de un derecho constitucional;
que, en todo caso, la reflexión sobre este problema, que es real,
debe hacerse en un ambiente que no pase por el automatismo de
suprimir un precepto del Código Penal que en su día fue pacífico, y
como criterio general hay que ponerlo en relación también con qué
política criminal y con qué bienes jurídicos deben merecer o no
protección especial, para merecer, a su vez, el amparo del Código Penal.
Antes se ponía un ejemplo, y es muy cierto: ¿por qué no se
despenalizan otros supuestos? ¿Por qué no se despenaliza el hurto
de uso de vehículo de motor, sobre todo cuando hay una multiplicidad
de vehículos? Creo que no es un planteamiento equilibrado.
Probablemente habrá que hacer una reflexión en torno a cuál debe ser
el nivel de protección penal que el derecho de propiedad en general
debe merecer en un Código Penal, y esa reflexión no la podemos
suscitar y plantear modificando parcialmente y eliminando un
párrafo, en este caso el número 2 del artículo 245.
En suma, señor presidente, entendemos que no se debe hacer recaer la
llamada función social de la propiedad, que no se deben hacer recaer
las omisiones de los poderes públicos en la desprotección o en la
frustración del derecho de la vivienda, no se puede hacer recaer esa
realidad en una desprotección del derecho de propiedad, en una
desprotección del ciudadano que en un momento determinado tenga un
inmueble que no sea morada y, por tanto, por esta razón sea o deba
ser merecedor de una desprotección que nosotros creemos que no está
justificada.
Pensemos no sólo en esas grandes inmobiliarias y promotoras que
tienen innumerables inmuebles esparcidos por las grandes ciudades. En
los barrios humildes hay mucho trabajador, en los barrios de la
periferia hay mucho emigrante que tiene la vivienda cerrada, no
ocupada, con expectativa de retorno, y que a veces son las que sufren
-no las de la Castellana sino las de algunas barriadas-, en un clima
de desprotección, el envite de una ocupación que genera una pérdida
irreparable y una erosión importante en un derecho del ciudadano.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Termine, señor
Cuesta, por favor.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: No pensemos, repito, en las grandes
promotoras inmobiliarias. Una cosa es poner en circulación mediante
incentivos el inmenso parque de viviendas desocupadas -ahí las
políticas municipales tienen mucho que hacer- y otra cosa es la
despenalización o la desprotección de un derecho fundamental, cual es
el que regula el artículo 33 de nuestra Constitución.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor
Cuesta.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Murcia
Barceló.
El señor MURCIA BARCELÓ: Señor presidente, señorías, intervengo en
nombre de mi grupo en relación con la toma en consideración de las
proposiciones de ley orgánicas presentadas por el Grupo Federal de
Izquierda Unida y por el Grupo Parlamentario Mixtos obre la
despenalización de la ocupación de inmuebles ajenos que no
constituyan morada.
En primer lugar, quiero manifestar que no podemos estar de acuerdo
con el grupo proponente cuando considera que la ocupación es un
fenómeno social nacido de la dificultad de acceso a la vivienda.
Creo que es necesario analizar, aun cuando sea someramente, este
fenómeno y hacer algunas matizaciones al respecto.
La existencia del movimiento okupa tiene causas multidimensionales.
Téngase en cuenta que este movimiento gusta de definirse como
contracultural, antisistema, alternativo y contrario al orden
establecido, y sólo una parte de su motivación, sin ser esta la
principal, obedece a la carencia real de viviendas, por lo que
la solución al problema sólo puede ser mediante acciones de
integración multidimensionales y no exclusivamente mediante
actuaciones en materia de vivienda.
Dicho esto, entiendo, señorías, que la propuesta de despenalización,
pese a la existencia reconocida de ciertas dificultades de acceso
a la vivienda, especialmente del sector joven y urbano, no deben ni
pueden solucionarse creando un potencial y nuevo problema global de
enfrentamiento social, lo que podría ocurrir si se remite a la
sociedad, como sugiere la iniciativa, su solución. Es a los poderes
públicos a quien corresponde, cuando hay algún problema social, anal
izarlo y diseñar las soluciones oportunas, e insisto que no puede
remitirse a la sociedad el problema y su solución. Entiendo que lo
que el grupo proponente sugiere es lo que podríamos denominar una
privatización liberal de los problemas sociales, a todas luces
inadmisible.
Quisiera, señorías, centrarme a continuación en la normativa
utilizada como antecedente por los grupos proponentes. Siguiendo el
orden expositivo utilizado en las distintas iniciativas, me
referiré, en principio, a las referencias constitucionales alegadas.
Si bien es cierto que el artículo 47 de nuestra Constitución
establece que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una
vivienda digna y adecuada, no es menos cierto que el artículo 33 del
mismo texto legal reconoce el derecho a la propiedad privada y nadie
puede ser despojado de sus bienes y derechos si no por causa de
utilidad pública o interés social y siempre mediante la correspondiente
indemnización y de acuerdo con las leyes expropiatorias.
La Constitución, señorías, dirige, asimismo, un mandato en el
artículo 47 a los poderes públicos para que promuevan las condiciones
que hagan efectivo el derecho a una vivienda digna, pero en ningún
caso recoge derechos a acceder a lugares donde los colectivos puedan
desarrollar sus actividades sin prestación económica y sin que pueda
ser oponible al derecho que reconoce la propiedad privada.
En relación, señorías, a ese mandato que acabamos de mencionar, y sin
perjuicio de las valoraciones que puedan hacerse de la política de
acceso a la vivienda que se ha desarrollado en los últimos años y de
la que se está llevando a cabo en la actualidad, podemos afirmar que
todos los datos ponen de manifiesto que, mediante las ayudas
directas a los ciudadanos con niveles de ingresos más bajos
contenidas tanto en diversos reales decretos o en normas de las
comunidades autónomas, como con ayudas fiscales y con la sistemática
bajada de los tipos de interés, el esfuerzo económico para acceder a
una vivienda, bien en propiedad o bien en arrendamiento, está
reduciéndose paulatina y sistemáticamente.
Continúo, señorías, refiriéndome a la normativa civil alegada por los
proponentes, la cual consideran fórmula exclusiva para defender los
derechos sobre propiedad y posesión. Es verdad que la legislación
civil española tradicionalmente ha contenido mecanismos -y los
contiene en la actualidad- que protegen la propiedad.
Me refiero, en concreto, al artículo 348 de dicho cuerpo legal que
define la propiedad como el derecho de gozar y disponer de una cosa
sin más limitaciones que las establecidas en las leyes, teniendo
efectivamente el propietario acción contra el tenedor para
reivindicarla. Asimismo, el artículo 349 establece que nadie podrá ser
privado de su propiedad si no por la autoridad competente y por causas
justificadas. Pues bien, señorías, protección normativa civil
existe, pero también es cierto que la acción reividicatoria civil
comporta para el propietario, además de la pérdida de la posesión,
que deba p robar el dominio de la finca que se reclama, la
identificación de la misma y su detentación o posesión por el
demandado, mientras que quien ocupa el inmueble, por el contrario,
no tiene que probar nada; es decir, que además de perder la posesión,
es el propietario quien debe soportar la carga de la prueba para que
le sea restituido el inmueble.
Entro ahora, señorías, en el núcleo central de la proposición de ley
que estamos debatiendo y que son las cuestiones de política criminal,
en concreto la derogación del punto 2 del artículo 245 del Código
Penal.
Quiero, en primer lugar, hacer una referencia histórica a la
tramitación del Código Penal, llamado de la democracia, ampliamente
celebrado por quienes hoy pretenden derogar algunos apartados del
mismo. Pues bien, si la memoria no me falla, en la tramitación del
Código Penal ningún grupo cuestionó la tipificación penal del
actual artículo 245.2, por lo que nos resulta muy extraño que se
plantee la actual proposición de ley favorable a la despenalización,
cuando en el debate s obre la reforma del Código Penal, recientemente
celebrada, en ningún momento se manifestó la posición favorable de
las formaciones políticas que hoy proponen la desaparición de dicho
punto 2 del artículo 245.
Dicho esto, señorías, entendemos que la introducción en el Código
Penal del ya citado artículo, en su punto 2, fue una novedad que
venía tipificada con anterioridad sólo en el supuesto de que se
utilizara violencia o intimidación en las personas, para afrontar,
según nuestra opinión, la contradicción existente entre el principio
de intervención mínima y las crecientes necesidades de tutela en
una sociedad cada vez más compleja, que necesitaba de la regulación
de los delitos contra el orden socioeconómico.
Entiendo que en los grupos proponentes parece subyacer la concepción
más tradicional de la pena entendiéndola como función de retribución
exigida por la justicia. La pena, en nuestra opinión, hoy no se
justifica como mera respuesta retributiva frente al delito ya
cometido, si no también como instrumento dirigido a prevenir delitos
futuros con una función psicológica inhibidora de las tendencias
a delinquir y como afirmación de las convicciones jurídicas
fundamentales, siempre dentro de la exigencia de proporcionalidad
entre delito y pena.
Todo lo dicho, señorías, unido a la levedad de las sanciones
previstas, a las dificultades para el desalojo de los inmuebles así
ocupados y a la frecuente comisión
de estos hechos en los últimos años, fue lo que motivó la
creación del artículo 245.2 y lo que nos aconseja, junto con otras
razones anteriormente expuestas, a estar en contra de las
proposiciones de ley planteadas.
No querría dejar de hacer mención, aunque lo haré de forma breve, al
fenómeno de la ocupación en el derecho comparado, pues, en efecto,
tal fenómeno no es exclusivo de nuestro Estado como movimiento
social ni tampoco es exclusiva la consideración de la ocupación como
ilícito penal en nuestro ordenamiento jurídico.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señor Murcia, vaya
terminando, por favor.
El señor MURCIA BARCELÓ: Voy terminando, señor p residente.
Decía que la consideración de la ocupación como ilícito penal tampoco
es exclusiva de nuestro Estado, sino que países del entorno europeo,
con tremenda tradición en el movimiento okupa, contienen en sus
leyes la tipificación penal de la ocupación; en concreto, podemos
citar Alemania, Dinamarca, así como, de una u otra forma, Holanda o
Bélgica.
Quiero dejar muy claro que, en nuestra opinión, la despenalización
del artículo 245.2 trasciende el ámbito jurídico y pasa a tener una
amplia repercusión social, circunstancia por la cual se han llegado a
dar casos en los que personas ajenas a los procesos se han
autoinculpado de haber usurpado una vivienda como estrategia para
cuestionar un Código Penal que castiga la ocupación.
En conclusión, tratándose de una norma sustantiva cuya vigencia
todavía es escasa, no parece adecuado llevar a cabo modificaciones
tan puntuales como las propuestas, en las que, además, no se ven
afectados derechos fundamentales y no existe unanimidad en la doctrina
ni en la sociedad.
Termino, señor presidente, señorías, insistiendo en que la solución
a los problemas de acceso a la vivienda, especialmente en el sector
joven y urbano, deben a bordarse y solucionarse por los poderes y
administraciones públicas mediante la adopción de medidas de
política fiscal y ayudas directas y, por supuesto, sin olvidar
mecanismos y estrategias que permitan el diálogo y la negociación con
los diversos movimientos social es implicados que acepten tal diálogo,
pero en ningún caso creemos que la solución pase por la
despenalización de la ocupación, artículo 245.2 de nuestro Código
Penal. En consecuencia, votaremos en contra de las proposiciones
de ley planteadas y debatidas. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor
Murcia.
Terminado el debate, vamos a pasar a la votación de la toma en
consideración de estas dos proposiciones de ley. (El señor presidente
ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a las votaciones de
las proposiciones de ley que han presentado el Grupo Parlamentario
Mixto y el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, ambas para
la despenalización de la ocupación de inmuebles.
Votamos, en primer lugar, la proposición del Grupo Parlamentario
Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
299; a favor, 27; en contra, 270; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.
Votación de la proposición del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
306; a favor, 25; en contra, 281.
El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE TARIFAS TELEFÓNICAS
(Número de expediente 173/000099).
El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: Mociones
consecuencia de las interpelaciones urgentes debatidas la pasada
semana. (Rumores.) Señorías, guarden silencio, por favor, y quienes
hayan de abandonar el hemiciclo háganlo permitiendo el desarrollo del
Pleno.
En primer lugar, la moción del Grupo Parlamentario Socialista sobre
tarifas telefónicas, para cuya exposición tiene la palabra don
Jesús Caldera Sánchez-Capitán. (Pausa.)
Señora Gil i Miró. (Pausa.) Señor Múgica Herzog, don Enrique.
(Pausa.)Señor Benegas. (Pausa.) Señor Aguiriano, asista a la
Presidencia, por favor, en poner silencio en esa bancada. Gracias.
Señor Puche. (Pausa) Adelante, señor Caldera.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, los usuarios del teléfono, 18 millones de ciudadanos,
culpamos al Gobierno como responsable de la mayor subida de tarifas
de la historia de España, el llamado tarifazo. Y le culpamos también
de no haber tenido inconveniente en asumir toda la carga de
representación de este incremento de las tarifas. Y nos preguntamos,
¿por qué será?
La Compañía Telefónica se limita exclusivamente, señoras y señores
diputados, a recoger las magníficas oportunidades de negocio que le
brinda un gobierno amigo, culpable de una subida, lo he dicho antes,
injusta y desmesurada. Culpables también, señorías, especialmente
los miembros del Grupo Parlamentario Popular, de ofrecer datos
gravemente manipulados para reducir el alcance de esta subida; dicho
en román paladino: culpable de mentir. Culpable de no exigir a
Telefónica una clarificación de sus ingresos por el tráfico
metropolitano, es decir, por las llamadas de carácter local ni de la
distribución de las llamadas en función de su tipo; y culpable, en
fin, de no exigir una auditoría independiente sobre el verdadero
coste de las llamadas locales. Culpable, señoras y señores
diputados, el Gobierno de la nación, de quitar con una mano (subida
de precios, en este caso de servicios esenciales) lo que dice -sólo
dice- que da con la otra, por ejemplo, rebaja anunciada del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas. (El señor vicepresidente,
Marcet i Morera, ocupa la Presidencia.) Culpable de no garantizar las
condiciones de mercado que hagan posible, como luego veremos
al explicar la moción que presenta el Grupo Socialista, la
competencia, que es el principal, único y verdadero interés de los
consumidores españoles. Culpable de fomentar, y ello es más grave
aún -quizá lo más grave de este capítulo-, la competencia desleal
protegiendo a Telefónica de la competencia en el segmento de la
telefonía local al establecer trabas a su completa liberalización y
al regular cuotas de interconexión claramente abusivas. Culpable
también de la huelga de los usuarios de Internet, que se repetirá el
próximo día 3, y de su indignación con el trato recibido. Culpable,
por fin, de autorizar una subida que supone pasar de 1,9 a 4,5
pesetas el coste del minuto de la llamada local en horario punta,
nada más y nada menos que el 137 por ciento, y un 15 por ciento en
horario reducido. Datos que, incluso tras pasar por la sala de
alquimia del Gobierno, donde uno de sus mejores expertos, el señor
ministro de Fomento, maneja como le parece los datos, él mismo
reconoció en el trámite de interpelación de la semana pasada que la
subida media está en el 13,7 por ciento. Sigue siendo una subida
extemporánea y demasiado elevada.
Es culpable también de que haya una subida del cien por cien para la
llamada más frecuente de los usuarios de Internet. A eso le llaman
reequilibrio tarifario y resultado neutro para la cuenta de
explotación de la Compañía Telefónica. Una subida que grava con un 16
por ciento de aumento la cuota de abono, de la que no podemos escapar.
Ningún ciudadano que quiera utilizar el teléfono puede escapar de la
cuota de abono, querámoslo o no, porque somos cautivos del Gobierno y
de la Compañía Telefónica, que no hacen nada para evitarlo. Ya
preguntó el señor Rubalcaba el miércoles pasado ¿subirán también las
pensiones y los sueldos un 16 por ciento el próximo año?
Igual mente es culpable el Gobierno de inutilidad, porque sólo se
producen rebajas y con gran retraso en
las llamadas provinciales, interprovinciales e internacionales, es
decir, justamente los segmentos donde el mercado y la competencia
del otro operador prácticamente habían garantizado ya por sí mismos
la rebaja.
Y culpables de sacudirse sus responsabilidades acusando a la Unión
Europea de ordenar el reequilibrio tarifario, pero no este reequilibrio
tarifario, señorías. Culpables de mezclar interesadamente a
efectos comparativos situaciones de tarifas muy distintas entre
España y el resto de los miembros de la Unión Europea para demostrar
que en España las llamadas locales son más baratas, ignorando que el
establecimiento de llamada no existe prácticamente en ningún país y
que los horarios reducidos son superiores en Europa que en España.
Por poner algunos ejemplos, la British Telecom tiene 118 horas de
tarifa reducida, horario de tarifa reducida a la semana, por 92 de
Telefónica; Deutsch Telecom, 123; Portugal Telecom, 133; Telecom
Italia, 145. Es decir, los horarios de tarifa reducida están muy por
debajo en España que en el resto de los países de la Unión Europea.
Lo uno debería haber ido por lo otro.
Y culpables del abuso que supone el que digan que la facturación de
las cabinas no se puede hacer por segundos por dificultades técnicas.
Teniendo unos instrumentos que son capaces de medir milimétricamente
el tiempo de consumo de la llamada, resulta que luego no se puede
facturar por segundos. ¡Qué casualidad! Y culpables de permitir que
en las cabinas telefónicas se establezca durante las 24 horas del
día la tarifa más cara, es decir, la tarifa punta.
Culpables, en fin, para acabar definitivamente con este punto,
señorías, de que el servicio de información nacional, el 1003, como
lo ha manifestado la OCU, suba un 117 por ciento; de que el servicio
de informaciones diversas suba un 120,56 por ciento; de que llamar
desde una cabina, como he dicho antes, pase a costar el doble a
partir de las 10 de la noche; de que los servicios que se han
anunciado hasta la saciedad como gratuitos -contestador automático,
llamada en espera- pasen a ser de pago: 1.000 pesetas de alta y 100
pesetas de abono mensual. Y Telefónica tiene intención, señorías, de
modificar unilateralmente las condiciones pactadas en sus planes
claros con una importantísima reducción de precios.
Señoras y señores diputados, ante esta situación, el Grupo
Parlamentario Socialista quiere dar una alternativa que espera sea
acogida por la Cámara. Punto primero de la moción del Grupo Socialista:
no cabe más remedio que derogar la orden de 31 de julio de 1998,
que da lugar a este abusivo incremento de las tarifas que vamos a
pagar todos los ciudadanos españoles hasta tanto Telefónica no haya
presentado su contabilidad de costes debidamente auditada, de acuerdo
con los criterios establecidos por la Comisión del Mercado de las Tel
ecomunicaciones.
En segundo lugar, que proceda a una reducción de las tarifas de
interconexión en línea con las recomendaciones, por cierto, de la
Comisión Europea, eso sí, siempre con carácter previo al 1 de
diciembre de este
año, fecha teórica, y luego veremos el porqué de la liberalización
del sector en España, porque las tarifas de interconexión en algunos
de sus tramos para las llamadas locales son tan abusivas que suponen,
por ejemplo para una llamada local en tarifa punta normal de 10
minutos, el 60 por ciento del coste que percibe Telefónica y de 3
minutos, el 75 por ciento. Díganme ustedes cómo es posible que
cualquier otro operador pueda p restar un servicio en condiciones de
competencia si tiene que pagar un peaje a Telefónica que se va casi
al 75 por ciento del precio que ella misma percibe. Radicalmente
imposible. Por lo tanto, debe haber una rebaja de las tarifas de
interconexión.
En el tercer punto proponemos la eliminación de las restricciones a
la competencia en el tráfico metropolitano como paso necesario para
esa efectiva liberalización. Antes decía que la liberalización lo
es con carácter teórico desde el 1 de diciembre del año 1998. A
partir de ese día teóricamente otras compañías pueden p restar el
servicio en la telefonía local, pero no va a ser posible, señorías,
desengañémonos; va a tardar en algunas partes del territorio nacional
muchos años en darse esa posibilidad, porque el Gobierno ha obligado
a que la prestación de ese servicio se haga con red propia. Ya
anuncio que el Grupo Parlamentario Socialista les dará la
oportunidad de contemplar en la próxima iniciativa que presentemos la
posibilidad de que otras compañías puedan acceder también con el 050
a la telefonía local, es decir el acceso indirecto que permita
materializar las verdaderas condiciones de la competencia.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Vaya concluyendo, señor
Caldera.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Acabo, señor presidente.
Por último, señoras y señores diputados, en el punto cuarto
solicitamos que se adopten los pasos necesarios para el
establecimiento de una tarifa plana al acceso a Internet por parte de
usuarios residenciales, pymes y centros educativos sanitarios.
El Grupo Parlamentario Popular y quienes le dan asistencia se
negaron a aprobar días pasados la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Socialista con débiles argumentos. Espero que hoy
consigamos que ante la indignación de los usuarios de Internet, ante
el reconocimiento palpable de la razón que asistí a al Grupo
Parlamentario Socialista en la interpelación y en la proposición no
de ley que formuló el señor Rubalcaba, tengan ustedes hoy la
posibilidad de aprobar esta moción que presenta el Grupo
Parlamentario Socialista, porque es de justicia y porque si no se
hace así cuando exista la liberalización del tráfico local, veremos
que había margen para la competencia, y entonces todos - y ya nos
estamos dando cuenta- nos dirigiremos al Gobierno señalándole con el
dedo y diciéndole que fue el causante de una grave estafa.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Caldera.
A esta moción han presentado enmiendas los grupos parlamentarios
Catalán y Popular.
En primer lugar, para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor
Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo parlamentario ha presentado una enmienda con dos
puntos a esta moción del Grupo Parlamentario Socialista, que afecta
especialmente al cuarto punto, es decir a aquel que se refiere a la
sociedad de la información.
Es una enmienda, por tanto, muy en la línea del objetivo que viene
defendiendo nuestro grupo parlamentario en este ámbito, como es
favorecer el acceso a esta sociedad de la información, y hacerlo de
tal forma que todo el mundo tenga la oportunidad de beneficiarse de
las posibilidades que ésta ofrecerá. Como manifestamos en un debate
muy reciente, en el de las dos proposiciones no de ley planteadas
tanto por el Grupo Parlamentario Mixto como por el Grupo
Parlamentario Socialista, hace escasamente dos semanas, a este grupo
parlamentario le sorprendió, y además de forma negativa, el último
incremento de la tarifa telefónica en lo que afectaba a los
usuarios de Internet, que desde nuestro punto de vista -y en ese
sentido creo que existe una coincidencia bastante importante al
respecto- no contribuye precisamente al impulso a la sociedad de la
información. Además, demuestra una ignorancia importante hacia el
papel que desarrollan hoy las tecnologías de la información en
nuestra sociedad y, sobre todo, hacia el papel que pueden y deben
jugar estas tecnologías en un futuro muy próximo.
Estamos en una fase aún incipiente de la implantación de esta red de
redes en el país, y el crecimiento del uso y extensión de Internet
ya está siendo impresionante, pero aún se trata de un acceso
selectivo que no llega ni de muy lejos a todas las capas de nuestra
sociedad.
Por ello nos encontramos en un momento en el cual, desde nuestro punto
de vista también, la principal misión del regulador, que aún lo es
en parte el Ministerio de Fomento, debe ser facilitar la extensión de
esta red y además dar alas al sector empresarial, es decir, a toda
aquella multiplicidad de iniciativas de todo tipo, empresas que
facilitan la conexión, empresas de servicios, empresas de material,
que está brotando con gran fuerza pero que debe consolidarse y
contar con el apoyo de los poderes públicos hasta que no logre su
consolidación.
Desde este grupo parlamentario siempre hemos defendido la
liberalización telefónica y lo hemos hecho desde el primer momento,
lo hicimos en la anterior legislatura ya con ahínco, con fuerza, con
gran convicción. Pensábamos que la liberalización, como ha sucedido
en aquellos países que han avanzado en esta línea
y principalmente los países anglosajones, conlleva nuevos servicios,
con más calidad y a mejores precios. Conlleva algo que resume muy
claramente lo que entendemos por liberalización o cuál es la
consecuencia de la liberalización principal hacia lo que son los
usuarios de estos servicios, que pasen a ser tratados y considerados
por las empresas como clientes y no como súbditos con el carácter
peyorativo que ello comporta, pero que es como se han sentido
tratados por las grandes compañías, por los monopolios telefónicos
los ciudadanos muchas veces en tiempos anteriores.
Ya ha pasado aquella época, por suerte, donde la principal obsesión
del Ejecutivo era poner cuantas más trabas mejor a la competencia,
pero es una época todavía muy reciente que está en la mente de los
diputados de esta Cámara que hemos llevado y defendido dentro de
nuestros grupos parlamentarios los temas relativos a
telecomunicaciones; estoy hablando, sin ir más lejos, de la legislatura
anterior. Esa época ya ha pasado, la época donde la principal
preocupación del Ejecutivo era poner trabas a la entrada de la
competencia, y hoy la mayor parte de los esfuerzos se dedican a crear
el entramado técnico y jurídico para tener este mercado en
competencia. Estoy convencido, por ello, de que a partir del próximo
primero de diciembre será la competencia quien va a ofrecer mejores
servicios, pero también mejores precios a los usuarios de Internet.
Me parece aún más grave y lamentable que, estando el monopolio de
Telefónica en un punto de finalización, se adopte por el operador
principal y, además, con el beneplácito del Gobierno, una política
tarifaria que aunque transitoria perjudica notablemente la
implantación y la extensión de la sociedad de la información y el
desarrollo de la red. Ello es menos justificable, como decía en la
intervención de hace dos semanas desde est a tribuna, cuando estoy
absolutamente convencido de que en el momento de la liberalización,
y cuando este mercado de acceso a la red de Internet sea un
servicio que se preste ya en competencia, va a ser el propio
monopolio, hasta ahora va a ser la propia Telefónica, quien va a
bajar los precios para poder ser competitiva con las empresas que
entren de nuevo en el mercado, haciendo ofertas que sean más atractivas
que la actual de Telefónica para los usuarios de Internet.
Por todo ello, señor presidente, señorías, además de esta enmienda a
la moción del Grupo Socialista presentamos hace dos semanas una
proposición no de ley que coincide de forma literal con la que hemos
planteado en est e momento y a la que ahora me referiré. Esta
enmienda a la moción tiene dos puntos: el primero de ellos no se
contempla en la moción socialista, y es que se garantice por el
Gobierno que los operadores no facturen a los usuarios las
conexiones fallidas y apliquen correctamente las tarifas reducidas
vigentes. Nos parece importante, razonable, necesario y, por tanto,
quisiéramos que nuestra enmienda fuera aceptada y pudiera ser votado
este punto favorablemente. En el caso de que no fuera admitida a
trámite, espero pueda prosperar
en fecha próxima cuando se debata nuestra proposición no de ley en la
Comisión de Infraestructuras.
El segundo punto de esta enmienda a l a moción socialista tiene una
coincidencia básica con el punto cuarto de la propuesta que ha
defendido el señor Caldera y también una coincidencia básica con la
propuesta que defendió el señor Pérez Rubalcaba hace un par de
semanas. Es decir, este grupo parlamentario pretende que se impulse
desde el Gobierno la tarifa plana.
Señor Caldera, nosotros nos opusimos a la propuesta socialista de
hace dos semanas, no con argumentos débiles, lo hicimos muy
convencidos. Yo le dije desde esta tribuna al señor Pérez Rubalcaba
que estaba totalmente de acuerdo con el objetivo pero, por favor, que
no me hiciera aceptar una propuesta detallista que contemplaba todos
y cada uno de los aspectos técnicos, que han de llevar a la
aplicación de la tarifa plana, de los que técnicamente nuestro grupo
parlamentario y este diputado discrepábamos. Coincidíamos en el
objetivo, pero no en la articulación que ustedes hacían en esa
enmienda y, por tanto, les sugería, tanto a ustedes como al señor
Alcaraz, del Partido Democrático de la Nueva Izquierda, que
aceptaran a trámite nuestra enmienda porque en ella dejábamos muy
claro cuál era el objetivo, que no era otro que el de conseguir la
tarifa plana. Además, manifestábamos algo que ustedes no dicen en el
punto 4º de su moción, y que reiteramos en nuestra enmienda, como es
que la tarifa plana debe serlo a un nivel comparable a la
establecida en los países más competitivos. Esto ustedes no lo dicen
y creo que su moción debería decirlo porque tarifa plana ¿qué quiere
decir? Tarifa plana quiere decir, ni más ni menos, que por una
cantidad fija mensual el usuario de Internet puede acceder a la red
las horas que quiera del día. Pero la tarifa plana puede suponer una
cantidad desorbitada, puede ser una cantidad tan poco atractiva que a
ningún usuario le interese acogerse a ella. La tarifa plana, para que
sea satisfactoria y sirva para impulsar las redes de Internet, debe
ser similar a la de los países de nuestro entorno que la están
aplicando, es decir, debe ser competitiva.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Recoder, por favor,
termine.
El señor RECODER I MIRALLES: Termino, señor presidente.
Creo que está claro el contenido de nuestra enmienda a la moción del
Grupo Socialista. Desearía que fuera aceptada como enmienda de
sustitución y, por tanto, pudiera ser votada. En el caso de que no fuera
así, y no fuera aceptada tampoco la enmienda del Grupo Parlamentario
Popular, nos pronunciaríamos sobre los cuatro puntos de la moción
del Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Recoder.
Para la defensa de la enmienda que ha presentado el Grupo Popular,
tiene la palabra la señora Mato.
La señora MATO ADROVER: Señor presidente, señorías, intervengo con
satisfacción en esta Cámara, a pesar de que en los últimos meses
hemos hablado múltiples veces sobre las tarifas telefónicas, porque
siempre es agradable venir a dar cuenta de las acciones del Gobierno
que benefician fundamentalmente a la mayoría de los ciudadanos, como
ocurre en el caso de las tarifas y de la competencia en materia
telefónica. Intervengo también, y lo tengo que decir, con un poco de
sorpresa porque es raro e inusual que, en materia de
telecomunicaciones, se escuchen mítines si n contenidos y con el tono
utilizado por alguno de los intervinientes como los que hemos
escuchado esta tarde.
Yo no voy a hablar de culpabilidades, sino de responsabilidades. El
Gobierno del Partido Popular es responsable en esta materia de haber
llevado adelante la competencia. Hace dos años y medio o tres en
España no había más que un monopolio de telefonía, que lo llevaba
una compañía pública, la Compañía Telefónica de España. En el año
1991, siendo ministro su futuro candidato, el señor Borrell, se
subieron las tarifas el doble, porque había que hacer un
reequilibrio tarifario, (reequilibrio tarifario que todos compartimos
en esta Cámara que hay que realizar) y del 3,9 se pasó al 7, 8
por ciento. Eso son cifras, señorías. Luego, en el año 1994, se
subieron un 30,7 por ciento. Eso también son cifras que están sobre
la mesa, pero, como digo, voy a hablar de responsabilidades.
Ahora el Gobierno ha impulsado y ha puesto en marcha una competencia
que ha proporcionado que en este momento exista más de un operador
ofreciendo servicios, ofreciendo mejor calidad y mejores precios a
los ciudadanos. Nadie me negará en esta Cámara, salvo los que no
crean en la competencia, que la competencia siempre, siempre, siempre
proporciona mayor calidad, mejores precios y nuevos servicios al
ciudadano.
Es verdad, y ustedes también lo compartirán, que ha habido una bajada
generalizada de precios de tarifas telefónicas. Hemos pasado a una
reducción del 21 por ciento en el servicio telefónico internacional,
de un 9,5 por ciento en el interprovincial, de un 43 por ciento en el
alta de línea actual, y una serie de ventajas económicas para los
usuarios del servicio telefónico.
Además, y es cierto, se han incrementado las llamadas telefónicas
metropolitanas, pero tienen ustedes que tener en cuenta dos
cuestiones: una, se han incrementado l as llamadas metropolitanas a
la vez que se ha puesto en marcha el sistema de tarificación por
segundos en lugar de por pasos, lo que beneficia claramente al
usuario telefónico: y, en segundo lugar, no se sube el precio el 76
por ciento de las llamadas que hacen los españoles, es decir, las que
se realizan en menos de tres minutos, lo que afecta a 15 millones de
usuarios del servicio telefónico. Por tanto, es cierto que ha habido
un incremento de tarifas que ha penado fundamentalmente a los
usuarios de Internet.
Esa subida que, como digo, ha penalizado fundamentalmente a los
usuarios de Internet, porque es para las llamadas de larga duración,
está viniendo acompañada, como SS.SS. saben, de planes de descuento
en el tráfico metropolitano, que no son suficientes todavía; y como
no lo son están en tramitación cuatro nuevos planes de descuento
adicionales a los que se han puesto en marcha. Como siguen sin ser
suficientes también para nuestro grupo, hace 15 días discutimos en
esta Cámara una proposición no de ley en la que nuestro grupo
presentó una enmienda encaminada a que hubiera, no tarifa plana, sino
que el Gobierno impulsara. Nosotros no queremos decirle al operador
lo que tiene que hacer. Sí se le tiene que decir cómo tienen que
estar las tarifas, no si lo tiene que hacer a través de una tarifa
plana o de un régimen de descuentos. ¿Por qué? ¿Nosotros queremos una
tarifa plana? Sin ninguna duda. A medio plazo tendremos que llegar
a ello, y eso se está impulsando. Lo que pasa es que hay fórmulas y a
lo mejor en este momento es más conveniente, por el bien de los
propios usuarios, no de los que están conectados todo el día a
Internet, sino de los que se conectan en períodos determinados o en
períodos cortos de tiempo, que se hagan unos descuentos o unas
tarifas especiales. En cualquier caso, señorías, de nuevo hemos
presentado hoy una enmienda sobre la rebaja de tarifas para seguir
paliando la subida de tarifas metropolitanas en llamadas de larga
duración.
Entrando ya de lleno en la moción presentada por el Grupo Socialista,
en lo que se refiere a la derogación de la orden ministerial creo
que ya me he explicado con bastante claridad.
En cuanto al punto segundo, en el que plantean las tarifas de
interconexión -entiendo que el señor diputado todavía no conoce muy
bien los temas de telecomunicaciones porque creo que no llevaba estos
temas anteriormente, y le doy la bienvenida-, es cierto que hay una
Ley General de Telecomunicaciones aprobada en esta Cámara y que esa
competencia la tiene la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones y los propios operadores de telecomunicación. Por
tanto, no es el Gobierno, que ya ha cumplido su misión, el que tiene
que encargarse de proseguir con las tarifas de interconexión. El
Gobierno y nuestro grupo parlamentario apuestan por el desarrollo de
las nuevas tecnologías, y apuestan absolutamente por el desarrollo de
Internet, porque no se puede retrasar una tecnología básica, como,
por ejemplo, ustedes retrasaron el cable durante más de siete años
hasta que el Tribunal Constitucional les obligó a presentar un
proyecto de ley. Nosotros apostamos y nos comprometemos con l as
nuevas tecnologías, y el Gobierno lo ha hecho, lo está haciendo y lo
va a seguir haciendo.
El punto 3 de su moción habla de las restricciones a la competencia.
En estos momentos ustedes saben que no existen dichas restricciones.
La única que ustedes podrían decir que hay es la obligación que ha
puesto el Gobierno para que se invierta, porque, pregunta fácil:
¿Cuál es la prioridad del Gobierno del Partido Popular?
La creación de empleo. Respuesta fácil: ¿Cuál es la posibilidad mayor
de empleo en España en estos momentos? Las nuevas introducciones de
la tecnología. Por tanto, las telecomunicaciones son una gran fuente
de creación de riqueza, de creación de empleo, y el Gobierno va a
impulsar al máximo las nuevas inversiones en tecnologías y en
telecomunicaciones para lograr el empleo, que es su máxima prioridad.
Finalmente, señorías, el último tema que ustedes plantean es el de
la tarifa plana. Hemos presentado una enmienda, que SS.SS. conocen,
que creemos que est á más ajustada a la realidad de lo que quieren
los usuarios de Internet y de Telefónica, porque, como l e he
dicho, hay que ver el tema en su globalidad. Es verdad que han subido
las tarifas telefónicas metropolitanas de larga duración, pero esto
no afecta a los 15 millones de usuarios que, previsiblemente, cuando
les llegue la factura telefónica a final de mes, van a ver rebajada
esa tarifa en la suma de los distintos conceptos. Sin embargo, se
incrementa a los usuarios de Internet, y como nosotros, el
Gobierno, estamos especialmente interesados en el desarrollo de
Internet, proponemos, aparte del impulso de una tarifa plana o de
descuentos suficientes, que se impulse la existencia de regímenes
específicos para que se puedan introducir en Internet, con la mayor
rapidez posible, fines educativos, culturales, de asistencia
sanitaria y, sobre todo, de desarrollo del sector empresarial.
Creemos que nuestra enmienda completa la suya, es mejor para los
usuarios del servicio telefónico y solicitaría al Grupo Socialista
que la aceptara y retirara su moción, en aras a la aprobación de
ésta, que beneficia a los usuarios. Hablar no cuesta nada, aunque por
teléfono un poco más. Sin embargo, hablar en esta Cámara con verdades
a medias, diciendo falsedades, cuesta la credibilidad y no creo que
el Partido Socialistatenga en este momento sobrada credibilidad.
(Rumores.) Me gustaría que hicieran un esfuerzo, pensaran por una vez
en los ciudadanos, en los usuarios del servicio telefónico y apoyaran
la enmienda que ha propuesto el Partido Popular.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Mato. ¿Grupos distintos de los enmendantes que desean fijar la
posición en el debate? (Pausa.) Grupo Mixto y Grupo de Izquierda
Unida.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, el señor
Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: Muchas gracias, señor presidente.
Vamos a votar afirmativamente esta moción presentada por el Grupo
Socialista porque nos parece de interés.
Decía la señora Mato hace un momento que estamos repitiendo debates,
y es cierto. Sin embargo, creo que en algunas ocasiones no nos
quedará más remedio que hacerlo. Esta moción y los debates de
proposiciones
anterior es vienen a reflejar una amplia preocupación social, un
sentimiento de desprotección ante un gigante económico, la Telefónica,
ese gigante que fue alimentado de alguna forma por todos los
españoles y que al perder su control, nos da la impresión a muchos
ciudadanos -seguramente no sin falta de razón- de que se ha convertido
en un gigante devorador de los propios derechos de esos
ciudadanos. Por tanto, haría bien el Grupo Parlamentario Popular en
apoyar este tipo de iniciativas, en lugar de refugiarse en otros
argumentos que no vienen al caso.
Se decía en el debate de una proposición no de ley anterior que sería
muy deseable alcanzar consenso en estas materias. Sin embargo, ese
consenso sólo se va a poder producir si se asienta en unas bases
sólidas: sobre los derechos de los usuarios, sobre la negativa a la
existencia de segmentos del mercado todavía cautivos y sobre la
evitación de desigualdades. Y para todo el lo, hubiera sido, y sigue
siendo, deseable que el Gobierno deje de ser demasiado complaciente
con Telefónica.
También vamos a apoyarla porque, aparte de que entendemos que esta
moción se inspira en estos principios que acabo de definir muy
brevemente, incluye un punto sobre Internet que entra plenamente en
coincidencia con la proposición no de ley que Nueva Izquierda-
Iniciativa per Catalunya defendió anteriormente. La necesidad de
seguir avanzando y profundizando en este debate es evidente para el
desarrollo del uso de Internet, no solamente en el terreno de los
grandes proyectos, sino para facilitar el uso de los que ya están
interconectados o de aquellos que potencialmente lo pueden hacer, para
asegurar también los derechos de los usuarios y para generar un
precedente que evite que se genere una sociedad de la información
dual.
Hemos visto ya que los acuerdos sobre descuentos han sido
insuficientes, que incluso han sido contestados por grupos de
internautas. Habrá que seguir profundizando, entendemos que est a
moción lo hace y, por tanto, Nueva Izquierda-Iniciativa per
Catalunya la va a votar favorablemente.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Alcaraz.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Estamos debatiendo continuamente de forma implícita, y pienso que
también explícita, por lo menos por nuestra parte, los limites de la
denominada liberalización de los grandes sectores estratégicos de la
economía, y concretamente en este caso de las telecomunicaciones. Es
imposible negar que hay grandes grupos empresarial es que utilizan
la situación de privilegio para imponer precios abusivos. Es una
lástima que no se acabe de considerar que precisamente estos sectores
estratégicos deben ser servicios públicos por cuenta del
Estado. Algún día volveremos, incluso con un sistema capitalista, a
este tipo de visión fundamental.
Dejar en manos de unos técnicos de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones la ímproba e ingente tarea de controlar la
competencia y la concurrencia, se le ocurre al Bloque Nacionalista
Galego que es algo así como intentar vencer gigantes con
liliputienses, con enanos. En todo caso, hay dos datos que son
prácticamente incontestables. En primer lugar, que las tarifas
propuestas últimamente por Telefónica siguen siendo de las más altas de
Europa, sólo por detrás de Austria, Finlandia e Italia. En segundo
lugar, que este tipo de conducta que consiste en aprovecharse de una
situación de privilegio es general en muchas de estas grandes
empresas en la Unión Europea. La Comisión Europea va a investigar no
sólo a Telefónica, sino a otras ocho compañías por considerar
excesivas las tarifas del móvil, dadas sus ganancias.
El Bloque Nacionalista Galego va a apoyar la moción presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista, porque su primer punto va destinado a
que Telefónica no pueda seguir penalizando las llamadas locales, en
virtud de su situación de monopolio, con la intención de compensar
las reducciones, que no las eliminaciones de ganancias, de las
llamadas interprovinciales e internacionales, donde sí hay una
relativa competencia. Apoyaremos el segundo punto porque es
importante que otros operadores puedan utilizar la infraestructura de
Telefónica con unas tarifas adecuadas, de tal manera que las
interconexiones puedan bajar lo suficiente, por lo menos en la medida
recomendada por la Unión Europea. Estos servicios de los móviles
tienen que ser más baratos. Y, en tercer lugar, porque el tráfico
metropolitano debe liberalizarse.
Es curioso que se argumente muchas veces sobre el problema de las
limitaciones infraestructurales, cosa que en la telefonía fija hay
que tener muy en cuenta, ya que no es cuestión de que haya 50
infraestructuras para que pueda haber 50 empresas trabajando; límites
que pone la propia condición de la naturaleza material del mundo
creado, a pesar de tanta telefonía móvil y de tantas ondas que se
pueden utilizar en el espacio.
Y por fin, la tarifa plana para Internet a través de Infovía,
tema sobre el que ya hemos debatido. Sería bueno que hubiese un coste
fijo por un servicio básico para los usuarios más modestos y para
aquellos que cumplen un servicio social evidente, como la enseñanza
o los servicios hospitalarios. Por todo esto, vamos a apoyar la moción
del Grupo Parlamentario Socialista.
Nada más.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Rodríguez.
Finalmente, por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Alcaraz Masats.
El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señor presidente.
El día 15 de este mes, tuvimos ocasión de pormenorizar nuestra
posición respecto a los temas que se tocan en la moción. Si se sigue
el hilo de nuestra intervención,
se verá que incluso en ese orden aparecen los temas que se plantean
en la moción. Hay que decir en su beneficio que el señor Pérez
Rubalcaba, o quien haya redactado la moción, tiene buen oído en el
sentido de que hay una alta coincidencia. Ya dijimos que la
reestructuración tarifaria no era posible tal como se estaba haciendo en
esos momentos. Denunciamos la subida del 13,7 por ciento en las llamadas
locales y, al mismo tiempo, el incremento de 200 pesetas en la
cuota de abono individual, lo que podía suponer un aumento de unos
40.000 millones para la compañía.
Denunciamos también que, a pesar de la creación de un consejo asesor,
no se veía un interés real por parte del Gobierno para dinamizar las
tecnologías de la información y de la comunicación, en la perspectiva
de una sociedad de la información. Consecuentemente, creemos que el
Gobierno tiene una responsabilidad en este momento y que la Compañía
Telefónica no puede apoyar sus inversiones o sus nuevos proyectos en
función de un reequilibrio tarifario absolutamente injusto. De otro
lado, la sociedad de la información necesita del apoyo a Internet, tal
como se deriva de nuestra posición y de la del resto
de los grupos de esta Cámara, así como de la que se contiene en la
moción que hoy estamos debatiendo.
El Grupo de Izquierda Unida apoya de manera clara y comprende
absolutamente la nueva convocatoria de p aro que ha hecho Internet
para el día 3 de octubre, porque además no sólo es una respuesta
social concreta, sino que marca el principio de un nuevo tipo de
convocatoria a través de Internet que de ahora en adelante puede ser
usual, teniendo en cuenta los terrenos de juego que va a marcar la
nueva sociedad de la información y de la comunicación. Quiero dejar
dicho esto porque me parece importante en función de la lucha que
se está manteniendo, ante la cual el Gobierno, a mi juicio, no ha
sido suficientemente sensible.
Por todo esto, señor presidente, vamos a apoyar la moción que se ha
sometido a discusión.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Alcaraz.
Señor Caldera, tiene la palabra para fijar su posición de aceptación
o no de las enmiendas presentadas por el Grupo Catalán (Convergència
i Unió) y por el Grupo Popular.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Gracias, señor presidente.
No sé si debo pedir permiso a la señora maestra para hablar. Me ha
estado enseñando durante toda su intervención. Se lo pido, ¿puedo
hablar? Señorías, me ha acusado de ignorante por no conocer la
materia. Ya somos dos, señor Alcaraz, porque le hemos copiado a usted
la iniciativa. Estoy un poco confortado, porque somos dos los
ignorantes.
No puedo admitir las enmiendas presentadas, señor p residente, por una
sencilla razón, que ustedes van a
entender, porque la moción del Grupo Socialista entra de lleno en el
régimen tarifario global de Telefónica, en los problemas de acceso a
la competencia, en las tarifas de interconexión y en la
liberalización completa del sector. Sin embargo, las enmiendas que
presentan SS.SS. únicamente abarcan uno de sus puntos, el punto
cuarto, que tiene que ver con la tarifa plana de Internet. Por
tanto, estaría de acuerdo con sus alternativas, son ya más próximas a
las del Grupo Socialista que lo fueron la semana anterior, pero de
aceptar sus enmiendas me vería sustituido completamente en la
iniciativa que yo hoy presento. Por tanto, no puedo hacerlo.
Acabo, señor presidente, con una llamada de atención. He sido acusado
de falta de credibilidad y de falta de razón por no admitir...
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Caldera.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Termino, señor presidente. ...
la enmienda del Grupo Popular. Le prevengo señora diputada frente a
esa deriva autoritaria que consiste en considerar que el adversario
no tiene razón o no dispone de credibilidad si no se allana
completamente a sus argumentos. He de decirle, señoría, que eso es
más propio de otras latitudes. No siga por ese camino. (Aplausos.-
Varios señores diputados: ¡Muy bien!)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Caldera. ¿Entiendo de lo manifestado por el señor Caldera y de lo que
había manifestado el señor Recoder, que se votaría punto por punto?
Señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Por nuestra parte, es suficiente con que
se vote separadamente el punto cuarto.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señora Mato.
La señora MATO ADROVER: Señor presidente, por nuestra parte también
solicitamos que se vote separadamente el punto cuarto, y quería
utilizar un segundo la palabra para contestar al señor Caldera, que
ha utilizado su turno para un concepto que no era el adecuado.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Usted sabe, señora Mato,
que normalmente cuando el grupo presentante de la moción responde a
aquellos que han presentado enmiendas, de una forma relativamente
concisa puede contestar a quienes han intervenido después. Le concedo
medio minuto.
La señora MATO ADROVER: Me sobra un cuarto de minuto.
Simplemente quiero decirle al señor Caldera, porque parece que no lo
ha entendido, que la falta de credibilidad la tiene el Partido
Socialista en general, pero la seguirá teniendo cada día más, no
porque no acepte las propuestas de los otros grupos, sino porque
falsea la realidad y utiliza datos incorrectos para equivocar a la
opinión pública respecto a cuestiones que ésta tiene muy claras en
estos momentos.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Mato.
Vamos a proceder, por tanto, a la votación de los diversos puntos de
la moción; el punto cuarto separadamente. (Pausa. -El señor presidente
ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a la votación de la
moción que, propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista, acaba de
debatirse, dividiendo en dos grupos los puntos de la misma. En primer
lugar, votaremos los puntos 1, 2 y 3, y en votación separada el punto
número 4, como se ha solicitado por uno de los grupos intervinientes.
Se someten a votación, por tanto, los puntos 1, 2 y 3 de la moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
309; a favor, 147; en contra, 159; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, quedan rechazados los
tres primeros puntos de la moción.
Se somete a votación el punto 4 de la moción del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
308; a favor, 306; en contra, uno; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda a probado el
punto 4 de la moción.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICIÓN CANARIA, SOBRE LA POLÍTICA
GENERAL DEL GOBIERNO EN MATERIA DE COMUNICACIONES AÉREAS ENTRE LA
PENÍNSULA Y EL ARCHIPIÉLAGO CANARIO (Número de expediente 173/000100).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la moción,
presentada por el Grupo de Coalición Canaria, sobre la política
general del Gobierno en materia de comunicaciones aéreas entre la
Península y el archipiélago canario, moción que será presentada al
Pleno por el diputado don Paulino Rivero. (Pausa.- El señor
vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
El señor RIVERO BAUTE: Gracias, señor presidente.
Señorías, en el Pleno de la semana pasada veíamos una interpelación,
presentada por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, acerca
del recorte de los vuelos entre Canarias y la Península y viceversa
de la compañía Iberia y que habían producido un grave deterioro en
las comunicaciones entre la Comunidad Autónoma canaria y el
territorio peninsular. En est os últimos días hemos asistido a una
guerra de cifras: si son 150 vuelos, si son 70, si son 10.500 las
plazas que se han restringido, pero lo auténticamente cierto, la
auténtica verdad es que en est os momentos para viajar de Canarias a
la Península o de la Península a Canarias no se consiguen billetes
para los próximos diez o quince días. Esa situación lamentable de
las comunicaciones entre ambos territorios ha hecho que la sociedad
canaria, el Parlamento de Canarias, el Gobierno de Canarias, las
distintas instituciones, empresarios, sindicatos y ciudadanos en
general, hayan protestado enérgica mente esta decisión lamentable de
la primera compañía aérea pública española.
En el debate que tuvo lugar la semana pasada todos los grupos
parlamentarios, incluido el que apoya al Gobierno, el Grupo
Parlamentario Popular, analizamos la necesidad de adoptar medidas que
sirvieran para corregir estos problemas que en estos momentos ha
creado la compañía Iberia, y no solamente corregirlos de forma
inmediata restituyendo los vuelos que han sido suspendidos, sino
arbitrando medidas para que en un futuro este tipo de situaciones no
se vuelvan a dar.
Existía la coincidencia generalizada entre todos los grupos de que
estábamos hablando de una zona frágil del territorio español, de una
zona alejada, de un territorio fragmentado, en el que no existen
carreteras ni existe el ferrocarril que nos pueda comunicar con el
exterior y donde la dependencia del barco o del avión... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento, por
favor.
Señorías, les ruego guarden silencio.
Puede continuar.
El señor RIVERO BAUTE: Repito, donde l a dependencia del barco y del
avión, fundamentalmente de este último, es casi absoluta. Desde
abril de 1997, cuando entró en vigor el tercer paquete de la
liberalización aérea en España, cuando todos esperábamos que la
entrada de la libre competencia fuera la panacea para la mejora de la
calidad de los servicios y la bajada de tarifas, para Canarias, sin
embargo, esa situación presumible en el marco de la liberalización de
los mercados aéreos europeos, se convirtió en todo lo contrario. Es
decir, en estos últimos años para Canarias ha significado una pérdida
de la calidad de los servicios, expresada en el alquiler de distintas
compañías aéreas, de aviones
irlandeses con tripulaciones extranjeras, de aviones preparados para
vuelos charter cubriendo vuelos regulares con Canarias, retirada de
los aviones diseñados para cubrir estos trayectos Península-Canarias,
como el airbus, sustituidos por aviones de menor capacidad y de
menores posibilidades para trayectos de esta naturaleza y, por otra
parte, la anulación de la competencia por ese presunto acuerdo de
Iberia con otras compañías, con Aviaco, con Spanair y con Air Europa,
para subir espectacularmente los precios de las tarifas de los vuelos
Península-Canarias, que tuvo lugar en abril del pasado año.
Una de las obligaciones de cualquier Gobierno es garantizar la
cohesión social y territorial de todo el Estado español. Por eso, es
necesario arbitrar fórmulas que permitan proteger a zonas débiles,
zonas frágiles, como es el territorio canario, en un mercado de las
comunicaciones aéreas liberalizado. Esos instrumentos para proteger
a determinadas zonas de los territorios de la Unión Europea se
prevén en los propios reglamentos de la Unión Europea y es
necesario que el Gobierno de España utilice esos mecanismos para
garantizar que no se produzcan situaciones de abuso, posiciones de
arbitrariedad de los distintos operadores que cubren en estos
momentos las comunicaciones con Canarias.
Aceptamos la reflexión que en el Pleno de la semana pasada nos pedía
el ministro responsable de los transportes en España, señor Arias-
Salgado, en el sentido de que utilizar directamente la declaración de
obligación de servicio público en unos momentos en los que se está
asentando el mercado podría significar un corsé de futuro para las
comunicaciones entre la Península y Canarias. Por ello, hemos
intentado buscar fórmulas en nuestra moción que resuelvan los
problemas que tenemos planteados en estos momentos y que sirvan para
apoyarnos en la búsqueda de fórmulas de futuro que garanticen que
ningún operador pueda llevarnos a una situación como la que en estos
momentos nos encontramos.
Nos hubiera gustado, antes de redactar el texto de la moción y con
la posibilidad de hacerlo extensivo a otros territorios del Estado
donde también se han recortado vuelos, haber escuchado (porque
parecía que era lo lógico, teniendo en cuenta la temporalidad de los
acontecimientos) al presidente de Iberia en la Comisión de
Infraestructuras del Congreso. Lamentablemente, el pasado jueves el
señor Irala no compareció ante la Comisión y hoy no tenemos los datos
objetivos con respecto al deterioro que están sufriendo las
comunicaciones aéreas en todo el territorio del Estado. Esperamos
escuchar, solidariamente, el próximo lunes en la comparecencia del
señor Irala cuál es son los argumentos que le han llevado, no
solamente a restringir los vuelos con un territorio alejado, frágil,
donde no hay alternativa a las comunicaciones, como Canarias, sino
también a crear ese caos en distintas zonas del territorio español,
para arbitrar en función de eso las medidas parlamentarias necesarias
para intentar corregirlo.
El texto de la moción va en la línea de instar al Gobierno a que
exija a Iberia restituir de forma inmediata los vuelos programados y
cancelados con Canarias. Por otra parte, se insta a que por parte de
los Ministerios de Industria y de Fomento se elabore un programa
sobre cuáles son las necesidades que debe tener un territorio como el
canario de cobertura de comunicaciones aéreas. Ese trabajo hay que
verificarlo con la programación que presente Iberia y el resto de las
compañías y con esa verificación comprobaremos si es adecuada a las
necesidades que tiene Canarias. Si es adecuada, encantados; si no lo
es, que el Gobierno intente que las compañías, fundamentalmente
Iberia, corrijan esa programación; si no es así, tendríamos que ir a
la declaración de obligación de servicio público, tal y como prevén
los reglamentos europeos. Otro aspecto de la moción, como no podía
ser menos, es instar al Gobierno a que por parte del órgano
competente se inicie un expediente para depurar las responsabilidades
que haya podido tener Iberia en estos últimos acontecimientos
que, de forma tan lamentable, han llevado a una crispación social
importante en distintas zonas de España, fundamentalmente en las
más frágiles, como es el caso de Canarias.
Anuncio que a la moción de Coalición Canaria se ha presentado una
transaccional por el Grupo Parlamentario Popular, apoyada por el
Ministerio de Fomento, como responsable de las comunicaciones en
España, y el Ministerio de Industria, como responsable en este
momento político de Iberia. Esa transacción está abierta a que se
puedan sumar otros grupos parlamentarios, aquellos que han apuntado
en la línea de instrumentar determinadas decisiones por parte del
Gobierno que permitan que en un futuro no se vuelvan a cometer
situaciones de abuso como la que en estos momentos se ha vivido en
zonas como Canarias.
Muchas gracias, señor presidente y señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas
gracias, señor Rivero.
A esta moción han sido presentadas tres enmiendas, por parte de los
Grupos Parlamentarios Socialista, Popular y Mixto.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELLL: Señor presidente, señoras y señores
diputados, qué cambio de tono se ha producido en el debate de un tema
que acucia socialmente a Canarias, que acucia a la solidaridad del
resto del Estado con la comunidad canaria, que preocupa a todos y cada
uno de los ciudadanos canarios y a todos y cada uno de los sectores
de la comunidad canaria. Qué distinto tono el que se produjo el
miércoles pasado, día 23 de septiembre, en la sesión de control al
Gobierno en el Pleno, con el que se acaba de oír en boca del diputado
de Coalición Canaria, señor Rivero,
defendiendo la moción consecuencia de aquella interpelación.
Señorías, no podemos obviar lo que ha ocurrido a lo largo de esta
última semana. Recordarán SS.SS. que, a raíz del debate plenario del
miércoles de la semana pasada (en el que sobre este tema se le
formuló una pregunta al ministro de Industria por parte de Coalición
Canaria y otra por parte del Grupo Parlamentario Socialista), se
hizo una interpelación de Coalición Canaria a la que contestó el
ministro de Fomento, curiosamente en un ámbito competencial que no
es el propio, por cuanto tenía que responder el ministro de
Industria, que es el que tiene el control político, patrimonial y de
la gestión de la compañía Iberia. Porque de eso se hablaba en la
moción, de eso se tiene que hablar en el resultado del debate y eso
se tiene que transmitir a la población canaria.
Señorías, es algo curioso. Recordarán ustedes que el jueves pasado
había una sesión de la Comisión de Infraestructuras en el Congreso de
los Diputados en la que tenía que comparecer el presidente de Iberia.
Como consecuencia de la no comparecencia en aquella sesión
-relativamente aceptable, por cuanto se nos había anunciado que el
próximo lunes día 5 de octubre comparecería el señor Irala ante la
Comisión de Infraestructuras para producir el debate con rigor-, el
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria pide -y queda recogido en el
«Diario de Sesiones»- la dimisión del señor Irala, presidente de
Iberia -hace declaraciones públicas que en Canarias causan auténtico
revuelo-, aspecto que hoy no hemos oído y que nosotros no hemos
planteado en modo alguno, y nos encontramos con una moción totalmente
descafeinada que presenta el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria
inicialmente integrada por cinco puntos que nosotros enmendamos.
Este es precisamente el momento en que defendemos las enmiendas que
nosotros queríamos introducir razonablemente, de forma coherente y
de forma encadenada con el contenido secuencial lógico que creíamos
incorporábamos a la moción de Coalición Canaria. Ahora esa moción
desaparece y el señor Rivero defiende algo que no figura
exactamente en la moción, que es fruto de una transaccional, y no nos
da la posibilidad de incorporar nuestras propuestas, unas propuestas
que socialmente consideramos claves.
El Pleno del Congreso de los Diputados tiene que ser imperativo en
el mandato al Gobierno. ¿Cómo es posible que nos diga aquí el señor
Rivero que presenta una transaccional pactada con el Gobierno? ¿Es
que el Gobierno le va a dictar a las Cortes Generales españolas lo
que deben resolver las Cortes Generales? (Aplausos.) Es un
planteamiento absolutamente incoherente desde el punto de vista
democrático, y quiero entender que el señor Rivero ha tenido un
lapsus, y no quiero poner en tela de juicio en absoluto su esquema
democrático. Las Cortes Generales en la moción consecuencia de la
interpelación producen de manera autónoma una resolución imperativa al
Gobierno si así lo estiman, no se reúnen con los miembros del
Gobierno y se le
pide autorización para poder presentar un proyecto de resolución. Así
no se defienden los intereses de los ciudadanos de la comunidad
canaria. Los intereses de los ciudadanos de la comunidad canaria se
defienden con un debate riguroso. Nosotros hemos presentado con rigor,
y al amparo de la normativa comunitaria y con el asesoramiento
técnico adecuado y el asesoramiento jurídico que nos permite hacer un
planteamiento coherente con lo que ha sido la línea de conducta del
Grupo Parlamentario Socialista en la actual legislatura en materia
de política aérea, que en tanto duren -porque van a seguir durando-
las restricciones de tráfico en el aeropuerto de Barajas, y de
acuerdo con el contenido de los reglamentos comunitarios, se debe
dar prioridad a la concesión de slots a las compañías aéreas que
cubran vuelos regular es con las islas Canarias, con B aleares y con
Melilla.
Decimos también en nuestra mejora del punto 4º de la moción de
Coalición Canaria que se procederá imperativamente a retirar los
slots de las compañías aéreas que, puestos a disposición de ellas
por el organismo competente, Aena, para los vuelos con las islas o
con Melilla, no se utilicen, como está ocurriendo con la compañía
Iberia. Una compañía con pilotos, con aviones y con personal pero sin
slots no es nada. Se le dan slots para cubrir las rutas con
Canarias, y hay que retirárselos imperativamente y dárselos a las
compañías que quieran cubrir esas rutas para prestar un servicio. Si
dentro de seis meses se va a privatizar la compañía -lo ha dicho el
ministro de Industria-, cuando manden las compañías constructoras,
y British Airways, y American Airlines, y los titulares del nuevo
accionariado de esa compañía, estas Cortes Generales no van a poder
dar ningún mandato imperativo al Gobierno para dictar una política de
empresa; estas Cortes Generales tienen que establecer un marco
adecuado que posibilite las comunicaciones con Canarias al amparo de
la legislación comunitaria y de acuerdo con la política de cielos
abiertos. ¿Cómo es posible que Coalición Canaria nos diga que el
mercado es el que tiene que regular las próximas demandas? Coalición
Canaria, con el proyecto de resolución que nos ha traído,
sorprendentemente pactado con el Partido Popular, después de los
números políticos que ha montado en Canarias la última semana,
probablemente para neutralizar actitudes políticas en las mismas
sesiones plenarias de la semana pasada, lo que nos dice en los tres
puntos es lo siguiente. Primero, mandatar al Gobierno a que
trabaje. Las Cortes Generales no tienen que mandatar al Gobierno
para que ejercite sus responsabilidades, sino que el Gobierno tiene
que trabajar. ¿Cómo se nos puede decir que a través del Ministerio de
Industria la compañía Iberia tiene que restablecer la programación
de los vuelos Canarias-Península? A partir del próximo 8 de octubre
-yo lo he leído, yo he ido a buscar los datos adecuados, y disculpen
que hable en primera persona- todos los aviones Airbus 300, los
seis, vuelven a cubrir las
rutas Madrid-Las Palmas y Madrid-Tenerife, pero las restantes rutas
faltan por cubrir.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Segura,
por favor, concluya.
El señor SEGURA CLAVELL: Termino, señor presidente, diciéndoles lo
siguiente: ¿Cómo es posible que, en el punto 2º, Coalición Canaria
nos diga que, en atención al hecho insular, etcétera, el Ministerio
de Industria y el de Fomento tienen que analizar las necesidades,
etcétera? ¿Cómo es posible que nos diga que en atención a esas
necesidades verifiquen, etcétera? ¿ Y cómo es posible que nos diga,
como punto 3º, que eleven al Gobierno, etcétera? Es decir, ¿el
Congreso de los Diputados va a caer en la indignidad política de
plegarse a un Gobierno que no tiene política aeronáutica, que ha
marginado a la comunidad canaria de manera absolutamente escandalosa,
sin precedente en los últimos años? ¿Nosotros vamos a decirle aquí al
Gobierno que trabaje, que haga lo que no hace? Lo que hay que hacer
es producir los correspondientes mandatos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Termine, señor
Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Termino, señor presidente.
Nosotros defendíamos un tema con muchísimo cariño en nuevos puntos.
En el punto 6º defendíamos, al amparo de la normativa comunitaria,
que Canarias sea un destino único, para, desde la óptica de la
cohesión territorial, aminorar el impacto de la segunda insularidad
y que a un ciudadano de la isla de Hierro que se desplace a Madrid le
cueste lo mismo que a un ciudadano de la isla de Fuerteventura. Esto
no se ha hecho y hay que hacerlo por mandato imperativo y producir,
con una política de consenso con todas las compañías operadoras, el
acuerdo interline, porque si no lo hacemos ahora que las
Cortes Generales tienen control en una empresa de titularidad
pública, a partir de la primavera del año próximo no va a ser
posible.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Segura,
debe concluir.
El señor SEGURA CLAVELL: Le aseguro que termino en diez segundos,
señor presidente.
Paso a los puntos 7º y 8º. Iberia, en los dos últimos años, solamente
ha neutralizado como crecimiento en el número de pilotos un número
igual a aquellos que se han jubilado y, dado que ha seleccionado un
número importante y no ha incrementado la plantilla de pilotos en los
dos últimos años y el ministro de Industria ha reiterado aquí que
es necesario incrementarla, ¿cómo es posible que ustedes no
incorporen este planteamiento a favor de una política ante los 2.000
pilotos que están en paro en este país y ante la necesidad de que los
aviones no estén parados?
Por último, señorías, es necesario que en la negociación de los
convenios bilateral es entre el Reino de España y los gobiernos de
los países iberoamericanos se introduzca el concepto comunitario
de la múltiple designación a efectos de posibilitar que todas las
compañías aéreas españolas, todas, puedan cubrir rutas de vuelos
regulares entre Madrid, Buenos Aires, Caracas, Río de Janeiro, etcétera;
todas y no sólo la compañía Iberia, y ello posibilitaría que
Canarias, tal como dicen los artículos 4, 5, 6 y 7 de la Ley 19 del
Régimen Económico y Fiscal de Canarias, se pueda convertir en el hub en
el Atlántico que necesita el Reino de España, de la misma manera
que Baleares, concretamente Palma de Mallorca, es el hub español
en el Mediterráneo y de la misma manera que probablemente el eje
bilateral Barajas-aeropuerto de El Prat puede ser el auténtico hub
de los vuelos troncales comunitarios. Señorías, este es un
planteamiento riguroso.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas
gracias, señor Segura.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, para la presentación de su
enmienda, tiene la palabra el señor Soriano.
El señor SORIANO BENÍTEZ DE LUGO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el pasado miércoles ya se pusieron de manifiesto en esta
Cámara, como consecuencia de la interpelación presentada por el Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria, las circunstancias especiales
que concurren en el archipiélago canario, que cuenta con el
transporte aéreo como el único vínculo para unir el Archipiélago con
el resto del mundo. De aquí que cualquier medida que pueda afectar a
este tráfico repercuta directamente en el tráfico de pasajeros de las
islas con la Península.
También pusimos de manifiesto -y a ello se ha referido el señor
Segura- que los diputados canarios del Partido Popular hemos tenido
reiteradas entrevistas con los directivos del grupo de Iberia y
que allí se nos había prometido -y así lo ha reconocido hoy el señor
Segura- que a partir del mes de octubre serían otra vez puestos en
funcionamiento los airbus, que son aviones de mayor capacidad,
sustituyendo a los actuales Boeing-757, con lo cual el problema
fundamental que ha existido a lo largo del mes de septiembre puede
quedar, sin duda alguna, resuelto.
De otro lado, el próximo lunes día 5, y como también se ha puesto
aquí de manifiesto, el presidente de la compañía Iberia comparecerá
ante la Comisión de Infraestructuras de esta Cámara, donde podrá
exponer los argumentos y l as razones de la compañía y podrá ser
objeto de preguntas y aclaraciones por parte de los distintos grupos
parlamentarios.
Se refería el señor Segura al distinto tono de la intervención de hoy
en relación con la intervención de la interpelación de la semana
pasada. Sin duda alguna,
señor Segura, el distinto tono deriva de que hoy, y fruto de los
acuerdos parlamentarios no del Gobierno, sino entre los distintos
grupos parlamentarios, como es habitual en t oda la política
parlamentaria, se llega a a cuerdos, se liman aristas y se llega a
unas fórmulas aceptables por todos, y nosotros estamos convencidos
de que el texto transaccional al que hemos llegado puede ser
aceptado por la totalidad de los grupos de esta Cámara.
El Grupo Parlamentario Popular había presentado una enmienda al texto
inicial de Coalición Canaria en la que en síntesis se viene a
recoger que, en atención al hecho insular y a la lejanía de Canarias
del resto del territorio nacional así como al carácter estratégico
y sensible de las comunicaciones aéreas del archipiélago canario con
la Península, el Gobierno encargue a los órganos competentes de la
Administración general del Estado, de un lado el Ministerio de
Fomento, a través de la Dirección General de Aviación Civil, como
administración aeronáutica, y de otro el Ministerio de Industria y
Energía, como departamento encargado de la tutela de Iberia, que
procedan al estudio de la evolución a lo largo de los años 1997 y
1998 de los servicios aéreos regulares de pasajeros que las
diferentes compañías aéreas prestan entre la Península y el
Archipiélago, con especial énfasis en los aspectos relativos a
continuidad, frecuencia y capacidad de la oferta y grado de cobertura
de la demanda. Se establece también en la enmienda preparada por el
Grupo Parlamentario Popular que las conclusiones de este estudio sean
elevadas al Gobierno en el plazo de seis meses y se insta también al
Gobierno a velar por el cumplimiento de la normativa vigente sobre
navegación aérea, defensa de la competencia y defensa de los
consumidores y usuarios, y a la vista de las conclusiones de los
estudios a los que se refieren los puntos anteriores, adoptar, en su
caso, las medidas pertinentes, y entre ellas, eventualmente y si
fuera necesario y se cumplieran los requisitos exigidos por la
normativa comunitaria, establecer las obligaciones de servicio
público para el tráfico aéreo regular Península-Canarias, de la
misma forma que así se ha establecido ya para el tráfico aéreo
intersinsular dentro del Archipiélago, de conformidad con lo
establecido en la legislación vigente y, en particular, en el
artículo 103 de la Ley de medidas fiscal es, administrativas y de
orden social, aprobada por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre pasado,
y el Reglamento Comunitario 2408/92, del Consejo, de 23 de julio.
A la vista de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Popular, y en aras de llegar a un acuerdo en algo que consideramos
vital para el archipiélago canario, se ha redactado una moción
transaccional que, como digo, espero que sea aceptada por la
totalidad de los grupos de la Cámara, en la seguridad y en el
convencimiento de que los problemas detectados a lo largo del mes de
septiembre van a encontrar inmediata solución en el mes de octubre,
pero, sin duda alguna, previendo la necesidad de regular el
tráfico aéreo con Canarias de una forma definitiva que evite los
problemas planteados a lo largo de este mes de septiembre. Por eso paso
a leer muy rápidamente el texto transaccional, por si merece la
conformidad de los distintos grupos parlamentarios; en principio, el
Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria hemos llegado a una fórmula que dé satisfacción al texto de
la moción presentada por el Grupo de Coalición Canaria con las
enmiendas presentadas por el Grupo Popular.
Dice esta transaccional: El Congreso de los Diputados acuerda instar
al Gobierno: Primero. Que a través del departamento de tutela
promueva de forma inmediata las actuaciones dirigidas a conseguir que
la compañía Iberia restablezca una programación en los vuelos
Península-Canarias que permita una razonable cobertura de la
demanda, teniendo en cuenta la oferta global de mercado. Segundo. Que
en atención al hecho insular y a la lejanía de Canarias del resto del
territorio nacional, así como el carácter estratégico y sensible de
las comunicaciones aéreas del archipiélago canario con la Península,
se encargue al Ministerio de Fomento (Dirección General de Aviación
Civil como administración aeronáutica) y al Ministerio de Industria
y Energía (como departamento de tutela de Iberia) que: a) Analicen
las necesidades del tráfico aéreo entre Canarias y el resto del
territorio nacional, así como la evolución en los años 1997 y 1998 de
los servicios aéreos regulares de pasajeros que las diferentes
compañías aéreas prestan entre la Península y el Archipiélago, con
especial énfasis en los aspectos relativos a continuidad, frecuencia
y capacidad de la oferta.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Soriano,
le ruego que concluya.
El señor SORIANO BENÍTEZ DE LUGO: Estoy terminando, señor presidente.
Voy a terminar de leer la transaccional.
Grado de cobertura de la demanda así como de los niveles de calidad
de los servicios de handling que Iberia y demás concesionarios
proporcionen en los diferentes aeropuertos canarios. b) En atención
a estas necesidades, verifiquen si la programación de Iberia y demás
compañías operadoras se ajusta a las mismas. c) Eleven al Gobierno
las conclusiones correspondientes a fin de que éste, previa audiencia
al Gobierno de Canarias en orden a tomar las medidas pertinentes y,
entre ellas, si fuera necesario y se cumplieran los requisitos
exigidos en la normativa comunitaria, establezca obligaciones de
servicio público para el tráfico aéreo regular Península-Canarias de
conformidad con lo establecido en la legislación vigente y, en
particular, en el artículo 103 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre,
de medidas fiscales, administrativas y de orden social y en el
Reglamento CEE 2408/92, del Consejo, de 23 de junio. Tercero. Que por
los órganos competentes de la Administración del Estado se proceda a
examinar las actuaciones practicadas recientemente por el grupo Iberia
en orden a verificar el cumplimiento de la legislación
vi gente en el ámbito de la navegación aérea, defensa de la
competencia y protección de consumidores y usuarios.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Soriano,
le ruego que concluya.
El señor SORIANO BENÍTEZ DE LUGO: El Grupo Parlamentario Popular
entiende que esta moción transaccional puede resolver perfectamente
el problema planteado en las islas Canarias y viene a dar satisfacción
a las distintas iniciativas de los demás grupos
parlamentarios, por lo que confiamos que sea aceptada por esta
Cámara.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Soriano.
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor
Peralta.
El señor PERALTAORTEGA: Gracias, señor presidente.
Señorías, una vez más viene a esta Cámara el debate a fondo sobre la
situación del aeropuerto de Barajas y s obre las actuaciones de la
compañía Iberia. Es verdad que el dato de que se reproduzca el debate
constata que el problema no está resuelto, pero no es menos
cierto que en estos dos meses transcurridos desde que en el mes julio
se celebraba el anterior hasta ahora se han producido, sin lugar a
dudas, algunos hechos positivos. El primero de ellos es que por parte
del Gobierno no se recurre al pasado para intentar justificar lo que,
evidentemente, y así lo entiende la opinión pública, no es más que
pura y simplemente fallos en su gestión como Gobierno. El segundo
dato positivo y que corrobora el anterior es que se ha producido un
cese significativo en el Ministerio de Fomento: el secretario de
Estado de Infraestructuras ya no es quien en aquellos momentos
ostentaba el cargo.
Pero sin lugar a dudas, en nuestra opinión, en opinión de Nueva
Izquierda-Iniciativa per Catalunya, hay un dato no positivo y es
que este debate viene a la Cámara no en su totalidad, sino
convenientemente fragmentado y aderezado para obtener una solución
que no es tal solución para el problema en los términos reales en que
está planteado. Hablar sólo de las comunicaciones con el archipiélago
canario sin lugar a dudas es algo importante por las circunstancias
específicas del mismo, pero es desconocer que el problema está
planteado en el conjunto del Estado, que hay otros archipiélagos,
aparte del canario, y que hay zonas importantes de nuestro país, en
concreto el País Valenciano y otras comunidades, en donde faltan
otros elementos de comunicación que se nos llevan prometiendo y
reclamando hace años, como el AVE, etcétera, u otras vías de
comunicación, como la carretera nacional III, todavía no terminada,
en los que el tráfico aéreo sigue siendo un elemento imprescindible
y fundamental y, sin
embargo, estamos soportando también todavía hoy los fallos de gestión
de este Gobierno.
Por tanto, la moción, en los términos en que se presenta como
transacción por parte de los Grupos Parlamentarios Popular y
Coalición Canaria, no nos parece que sea solución razonable a un
problema grave que sigue planteado en todo el Estado. Lógicamente,
estamos dispuestos a aceptar, y así lo hacíamos en nuestra enmienda,
la urgencia prioritaria en relación con Canarias, pero no la
exclusividad de solución para ese Archipiélago, porque el problema es
más amplio y la solidaridad es de todos, no de uno sólo hacia otros.
Gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas
gracias, señor Peralta. (El señor Rivero Baute pide la palabra.)
Señor Rivero, S.S. solicita la palabra y yo le ruego que me
especifique a qué efectos la solicita, porque, si no, terminamos con
el turno de fijación de posición y posteriormente S.S. tendrá ocasión
de expresar la aceptación o no de las enmiendas.
El señor RIVERO BAUTE: Señor presidente, creo que el señor Segura ha
hecho una alusión a este diputado, por lo que solicito un turno de
réplica, y, si no, en cualquier caso, si la Presidencia lo estima
conveniente, en la fijación de posición ante las enmiendas presentada
s.
El señor VICEPRESIDENTE (Fer nández-Miranda y Lozana): Si S.S. se
refiere exclusivamente al planteamiento que hace el señor Segura con
respecto, si no recuerdo mal, a la conciencia democrática de S.S.
por el método de plantear la moción, a esos efectos exclusivamente,
sin entrar en el fondo del debate, tiene S.S. tres minutos. Para
entrar en el fondo del debate S.S. sabe que no hay oportunidad alguna
según el Reglamento y simplemente tiene que expresar la aceptación
o no de las enmiendas. Por lo tanto, si es a esos efectos, por
alusiones personales, le concedo tres minutos en este momento.
El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Segura, lo importante no es el tono con el que se dicen las
cosas, sino lo que se dice, el contenido. Lo importante no es chillar,
patalear o protestar, sino intentar buscar soluciones a problemas
reales que tienen los ciudadanos, y en esa línea de buscar soluciones
reales a los problemas que tienen los ciudadanos se ha planteado la
moción de Coalición Canaria. Y esa mención que usted hace de que si
es faltar al respeto a la Cámara el que se busque una solución entre
dos grupos parlamentarios que se apoyan, que apoyan al Gobierno, el
que se negocie con los portavoces de los grupos parlamentarios, el
que se consulte a los ministerios implicados en este asunto en aras
a buscar una solución, creo que no viene a cuento y, en cualquier
caso, parece que está usted no por la búsqueda de la
solución, sino por seguir teniendo argumentos para continuar en esa
actitud de rechazo, de protesta, pero ajena a los contenidos que
persigue esta moción.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rivero. (El señor Segura Clavell pide la palabra.)
Señor Segura, las alusiones no tienen posibilidad de réplica por
parte de aquel que las formula. Su señoría no tiene la palabra.
¿Grupos parlamentarios que sin haber presentado enmiendas desean
fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Gracias, señor presidente.
En este debate, que mayoritariamente ha sido realizado por diputados
canarios, yo que no soy canario también quiero reflejar la
preocupación de nuestro grupo sobre la problemática canaria que hoy
debatimos. Debatimos est a problemática canaria porque ha sido
presentada por un grupo geográficamente centrado allí, si hubiésemos
presentado otros grupos temas más amplios geográficamente
dentro del ámbito español, posiblemente sería un debate más a tono
con lo que en estos momentos se está sufriendo desde el punto de
vista del análisis aéreo del cielo español.
Ciñéndome al tema concreto, mi grupo va a apoyar la transacción entre
dos grupos, el grupo parlamentario que ha presentado la moción,
Coalición Canaria y el grupo mayoritario en la Cámara y que da
soporte al Gobierno, el Partido Popular. Me parece lógica la
transaccional, creo que el mandato imperativo que antes se citaba por
otro portavoz no debe reflejarse en la forma que aquí ha sido
expresado por cuanto en otras legislaturas siempre hemos visto que
el Gobierno implícitamente está en el trasfondo de las
transacciones, y por tanto considero que todos los grupos deberíamos
apoyar esta enmienda transaccional , porque es positiva para la
problemática que hoy sufre Canarias.
Las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista a
través de su portavoz señor Segura, del que tengo muy buen concepto y
para mí es un experto en todos los temas de transporte, tienen un
calado mucho más amplio y deberían ser motivo de una iniciativa
parlamentaria más amplia; no quedan bien dentro de esta moción sino
que deberían haber ido en otra iniciativa. Discrepo de la forma en
que ha si do presentada o comentada la enmienda transaccional, pero
nuestro grupo va a votar favorablemente la transacción entre el
Grupo Parlamentarios Popular y Coalición Canaria, que es el autor
de la moción que hoy se debate.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Sedó.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene
la palabra el señor Fernández Sánchez.
El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor p residente.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida para fijar la posición en esta moción que ha presentado
Coalición Canaria, moción que al final se ha convertido en una
transaccional consensuada entre Coalición Canaria y el Partido
Popular.
La moción o la transacción trata de dar solución al problema que ha
creado Iberia, problema que no sólo está localizado en las islas
Canarias aunque allí es más agudizado por la situación geográfica y
por la falta de transportes alternativos que tienen las islas
Canarias, sino que también afecta al conjunto del territorio
nacional. Por tanto, pese a que estamos convencidos de que Canarias
necesita una solución y que probablemente la obtenga con la
aprobación por parte del Congreso de esta transaccional, nosotros
también planteamos que el resto de comunidades, que el resto del
territorio pueda tener en el futuro un mismo tratamiento, es decir
nuestro grupo parlamentario sí adquiere el compromiso de que el
mismo tratamiento que va a recibir Canarias l o tengamos para otras
regiones o comunidades que tienen esta misma problemática, como
Valencia, Andalucía, Navarra o Euskadi, es decir que el problema está
agudizado en todo nuestro territorio.
También hay que resaltar que la compañía Iberia ha procedido a hacer
una reestructuración de vuelos cancelando bastantes de ellos, como
consecuencia de una política económica, una política de reducción de
costes y al final quiere trasladar al usuario los problemas de la
compañía que est á en una fase previa a su privatización, porque en
este momento hay una congestión de usuarios que quieren volar y no
pueden por falta de aviones. Éste es un asunto que tenemos que
resolver.
Hay otro aspecto que también hay que resaltar, Iberia al eliminar sus
vuelos está haciendo un consumo de slots que no es lícito. Todos
conocemos que el proceso de adjudicación de slots se hace a
principios de año en un país europeo; es un proceso largo y
dificultoso, en este momento Iberia retiene unos slots que no
pueden consumir otras compañías aéreas, por tanto el problema se
agrava, y es un aspecto que hay que solucionar. El Ministerio tiene
responsabilidad en este asunto porque no podemos tener una demanda de
pasajes que no se ve satisfecha cuando realmente existen
posibilidades.
En todo este asunto no se ha dicho que quizá Iberia, de acuerdo con
el Ministerio de Fomento, está echando un capote importante al
ministro de Fomento, al señor Arias, para poder solucionar el
problema de congestión que tiene Barajas. Ése es el núcleo central de
esta cuestión, que al final la reducción de vuelos de Iberia la está
haciendo de manera coordinada con el Ministerio de Fomento para
evitar dejar al ministro y al propio Ministerio fuera de juego
como tantas veces ya han quedado, porque han demostrado en diversas
ocasiones
su incapacidad para solucionar el problema de congestión de Barajas.
Ésta es una de las medidas que se han adoptado para ganar tiempo, y
ver si próximamente aumentan las posibilidades de capacidad con la
nueva pista de Barajas.
Señorías, vamos a apoyar l a transaccional que han presentado
Coalición Canaria y el Grupo Popular, pero haciendo esa matización:
esperamos que el resto del territorio nacional tenga la misma
consideración que las islas van a tener esta tarde.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Fernández.
Vamos a proceder a la votación en los términos resultantes de la
aceptación de la enmienda transaccional. (El señor Rivero Baute pide
la palabra.)
Señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Señor presidente, para que el señor Rivero
diga si acepta o no la transaccional.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Había deducido
de las distintas exposiciones que se aceptaba por parte del Grupo de
Coalición Canaria, pero el señor Rivero tiene la palabra para hacerlo
de forma explícita.
El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señor presidente.
Tomo la palabra para agradecer a los distintos grupos parlamentarios
que reconocen la necesidad que tienen planteada en estos momentos
Canarias y que está recogida en esta transacción que presentamos.
No podemos aceptar -y lo lamentamos mucho- la enmienda que propone el
Grupo Parlamentario Mixto y nos gustaría ser solidarios con esa
propuesta que se hace de que las necesidades de comunicación sean
atendidas en todo el territorio del Estado, pero entendíamos, señor
presidente, que en estos momentos el problema de Canarias es distinto
ya que no tenemos alternativa a las comunicaciones y esperamos que
la próxima iniciativa que se presente en esa línea se pueda apoyar
desde nuestro grupo parlamentario.
Por lo que respecta a la propuesta del Grupo Socialista del Congreso,
no la podemos aceptar dado que los objetivos de la moción eran
restituir los servicios cancelados por Iberia y garantizar para el
futuro que esto no vuelva a ocurrir. Entendemos que en la resolución
que se plantea se consiguen estos dos objetivos y los planteamientos
que hace el portavoz del Grupo Socialista del Congreso deben ser
objeto de otra iniciativa parlamentaria.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rivero.
Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la moción del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria, sobre la política general del
Gobierno en materia de comunicaciones aéreas entre la Península y el
archipiélago canario, en los términos resultantes de la aceptación
de la transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
300; a favor, 174; en contra, 126.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, a probada la
moción.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE
MEDIDAS PARA PALIAR LA SITUACIÓN DE DETERIORO, FALTA DE
CONSIDERACIÓN E INEFICACIA DEL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA (Número
de expediente 173/000101).
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Federal de Izquierda
Unida, sobre medidas para paliar la situación de deterioro, falta de
consideración e ineficacia del servicio público de la justicia.
Cuando quiera, señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida quiere en primer
lugar expresar su gratitud a la Mesa de la Cámara por la admisión a
trámite de esta moción, que en algún momento parece ser suscitó dudas
acerca de si las directrices que en ella se esbozan eran ajustadas al
respeto que la Cámara debe tener con el Consejo General del Poder
Judicial o podían suponer una intromisión. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, don Pablo. ¡Señorías! (Pausa.)
Gracias.
Continúe, señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Con muy buen criterio, señor
presidente y le reiteramos nuestro reconocimiento, entendió S.S. que
no es tanto el texto literal de lo que se propone sino el espíritu
del pacto de Estado sobre la justicia lo que da causa o razón a esta
moción. En consecuencia, esta moción casi podía haber acabado con sus
dos primeros párrafos pues el resto de lo que contiene, como en ella
se indica, son directrices, y literalmente lo expresamos, que junto
a otras deben p residir ese pacto de Estado sobre la justicia.
Recordarán todos ustedes el debate que se mantuvo con motivo de la
interpelación, en el que también la señora ministra de Justicia
mantuvo en forma lógica, sin ninguna actitud de dramatismo y
eludiendo toda confrontación, la coincidencia en la necesidad de este
pacto; la coincidencia en el deterioro de la imagen del servicio
público de la justicia; la coincidencia en la necesidad de su
eficacia para que sea la realidad la tutela judicial efectiva, para
que efectivamente el ciudadano perciba este servicio público como lo
que es, una garantía del Estado social y democrático de derecho; y
también coincidió la señora ministra de Justicia en la necesidad de
un esfuerzo presupuestario para tratar de salir de esta situación.
Ciertamente también ella, y así lo entendimos en la intervención de
su portavoz parlamentario, pensó que era bueno que ese pacto de la
justicia, que se puede reflejar en todo un conjunto de medidas del
Poder Ejecutivo e iniciativas parlamentarias, comprometiera muy
seriamente a todos los grupos parlamentarios presentes en esta Cámara
y además a aquellas asociaciones, instituciones, corporaciones que
colaboran y tienen como fin servir a ese principio constitucional.
Por tanto, que ese pacto sobre el estado de la justicia no se podría
agotar en cuatro o cinco soluciones que por importantes que sean no
contemplarían la totalidad del problema, y que debería contar, qué
duda cabe, con la colaboración de sindicatos y asociaciones
profesionales, de la universidad, de los colegios de abogados, en
suma de todos cuantos se reclaman con derecho y por obligación
responsables de que esta importante asignatura pendiente deje de
tener ya tal calificación. Es un pacto, por tanto, de reconocimiento
de una situación insatisfactoria, de excitación a la colaboración de
todo aquel que quiera aportar algo. Es un pacto, en suma, en el que
lo que guía al acuerdo a que se convoca es ni más ni menos que el
servicio público de la justicia. Por ello entenderá, señor
presidente, que nuestro grupo suba hoy a la tribuna con un auténtico
espíritu de satisfacción.
Ha comprobado que en lo que se refiere a ese pacto sobre la situación
de la justicia nadie tiene que alegar; ni en la enmienda del Grupo
Parlamentario Vasco, ni en la enmienda del propio Grupo
Parlamentario Socialista ni en la enmienda del Grupo Parlamentario
Popular, enmienda de la que nos ha sido dado traslado porque ha sido
presentada esta mañana en la Cámara, aunque ahora parece ser que no
figura en la adenda que compone el orden del día; pero enmienda que
va a merecer por nuestra parte una muy seria consideración por la
actitud que refleja de coincidencia en lo esencial, aunque en algún
punto pudiera discrepar. El tema es que son absolutamente opinables,
pero no en lo que se llama clarísimamente la columna vertebral de este
pacto sobre la justicia; pacto del Estado sobre la justicia que
pide medidas de orden político, en el mejor sentido de la expresión
política, medidas para que la imagen del servicio público de la
justicia haga no voy a decir que el ciudadano llegue a encariñarse
con ella, porque no es precisamente uno de los servicios a los que
se acuda en estado psíquico de alegría, pero sí por lo menos que
ponga de manifiesto la confianza en su garantía, medidas que tienden
a que efectivamente si alguna duda ha suscitado la posible falta de
imparcialidad de algunos altos cargos responsables del Consejo
General del Poder Judicial. Pedimos que se incremente la colaboración
con dicho Consejo por esta Cámara, de modo tal que colabore en la
selección para autentificar la capacidad, el mérito, la independencia
y la imparcialidad, en cuya línea coincidimos con todos los grupos
parlamentarios, y no queremos decir ya cómo hacerse -en la forma que
reglamentariamente se establezca-; medidas para que el propio
Consejo, que tiene en su poder una importante facultad de nombramientos
discrecionales, se abra a todas las asociaciones profesionales
de la magistratura de modo tal que dichos nombramientos
discrecionales nunca puedan tener la imagen de nombramiento
arbitrario, de nombramiento sectario o parcial, que aparezca
meridianamente claro que aquel que llega a ocupar un determinado
puesto o a desarrollar una determinada función lo es no solamente
porque quien tiene la responsabilidad de nombrarlo lo haya así
decidido, sino también porque el resto de sus compañeros y
cooperantes en la justicia le ven como el más idóneo, con absoluto
respeto a todo los demás.
Medidas para que el principio de igualdad ante la ley sea recuperado.
No podemos seguir admitiendo que los ciudadanos digan al contestar a
determinadas exploraciones o encuestas que no creen en que todos
seamos iguales ante la ley. Esto hay que corregirlo inmediatamente,
y hay que corregirlo, qué duda cabe, con el respeto a los fueros o
privilegios que consagre la Constitución; pero aquel los que nacen
del contenido de la Constitución y que lamentablemente se han ido
extendiendo a quienes no tienen necesidad de tal tratamiento, no hay
ninguna razón para que de él se privilegien, y podríamos contribuir
con ello perfectamente, repito, a mejorar la imagen, como mejoraría
la imagen el que no puedan pensar los ciudadanos en la responsabilidad
de los magistrados y jueces de retórica. Yo no sé cómo lo vamos a
solucionar, pero sí debemos plantearnos que ha de incidirse en ese
tema para que la igualdad ante la ley alcance a todos.
Incluso para mejorar la imagen de la justicia ha querido nuestro
grupo hacer una alusión por equidad, por sentido del equilibrio, al
beneficio de la justicia gratuita que est á siendo objeto de muchas
reclamaciones. Si exigimos calidad a las resoluciones judiciales, si
exigimos eficacia a la oficina judicial ¿cómo no vamos a exigir
responsabilidad a los abogados y procuradores que tienen que
colaborar con la justicia? Queremos que simplemente haya una llamada
de atención. Los colegios serán los que habrán de intervenir, pues
que intervengan; pero que no se pueda decir por ningún ciudadano que
ese servicio importante de asistencia letrada se ha burocratizado
hasta el extremo de resultar pura y simplemente inútil y de hacer
incurrir a muchos ciudadanos en una situación de penosa indefensión.
En suma, si los nombramientos de jueces sustitutos o magistrados
suplentes en algún momento pueden servir de coartada para que no se
cubra como debe ser y con arreglo a lo que tiene establecido el
estatuto de la
carrera todos y cada uno de los puestos o vacantes, queremos
sencillamente que esto se contemple.
Al lado de estas medidas de orden evidentemente político que tienden
a mejorar la imagen, al lado de las cuales en el proceso que queremos
abrir hoy, porque esta moción señor presidente no es más que la
apertura de un larguísimo proceso a cuya cooperación se llama a
todo el mundo, repito, en esa línea también queremos que haya, por lo
menos desde nuestra parte, algunas preocupaciones de carácter
orgánico funcional. Vuelvo a repetir, y lo reiteraré mil veces, que
no son mejores ni peores que la que pueda proponer cualquier otro,
sino que son pura y simplemente un índice que debe ser acompañado por
las que otros piensen que son más convenientes.
El señor PRESIDENTE: Señor Castellano, ha de ir
concluyendo, por favor.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Voy rápidamente, señor presidente.
Ha de aumentarse el número de jueces y magistrados para que tengamos
una ratio ciudadano/juez magistrado que sea lo más asimilable a la
de la Unión Europea. Han de vigilarse los posibles supuestos de
incompatibilidad para que se haga realidad la función excluyente y
exclusiva de juzgar y ejecutar lo juzgado, y no podamos entender, en
la misma línea que hemos acordado como magistratura de ejercicio para
el Tribunal Supremo, que el paso por la carrera judicial es un
peldaño o una escalera para llegar a otras situaciones. Se ha de
revisar toda la legislación procesal, se ha de tender a unos procesos
tipo donde los principios de oralidad, de inmediatez, el principio
contradictorio en equidad, en suma haciendo un proceso vivo, que se
respete algo tan fundamental como es el derecho a un juicio justo,
sin dilaciones excesivas. Decimos que se han de vigilar, y por qué
no, los horarios para que no puedan darse las quejas que muchas veces
se suscitan porque esa oficina judicial pueda parecer privilegiada al
lado de otros departamentos de la Administración por el tiempo que
dediquen. La oficina judicial a la que acabo de hacer alusión
necesita modernizarse en la forma que se convenga, pero todos
estamos de acuerdo en que necesita modernizarse. Tenemos que hacer
caso de la Ley Orgánica del Poder Judicial. No podemos seguir
teniendo unos tribunales superiores de justicia que están en una
situación de infrautilización y que pesan en una sobrecarga en el
Tribunal Supremo. Si nos hemos dado un Estado autonómico, los
tribunales superiores de justicia tienen que ser algo más que un
escalafón de los órganos jurisdiccionales, tienen que tener la
relevancia que el Estado de las autonomías quiere, y todo ello
tiene que culminar en un esfuerzo presupuestario.
Pues bien, repito que las enmiendas que se han presentado coinciden
tan esencialmente en esta línea, que las que han sido propuestas por
el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) las asumimos en su integridad y,
en consecuencia, las modificaciones o alusiones que en ellas se hagan
con una mejor redacción que la que nosotros hayamos podido proponer
no tenemos el menor empacho en que sustituyan lo que hemos dicho,
porque efectivamente se trata en muchos casos de ampliar los supuestos
y de redactar con un mayor acierto, y lógicamente ha de agradecerse
esa colaboración.
Lo mismo podría decir de la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista. Me va a permitir su portavoz que simplemente le haga
alguna pequeña no corrección, sino indicación o sugerencia; lo es en
cuanto a su enmienda al punto 1, apartado a). Mi grupo no cree
conveniente que se deban incorporar a estas directrices fórmulas de
control político de la labor del Consejo General del Poder Judicial
y de exigencias de responsabilidades políticas por parte del
Congreso, no porque no estemos en el espíritu que la inspira, sino
porque creemos que esta redacción puede verse por algunos con una
interpretación que no sería la adecuada y una injerencia en la
independencia de otro Poder Judicial. Estamos absolutamente de
acuerdo en que el Estatuto Profesional de Jueces y Magistrados no
solamente se fije en la antigüedad de jueces y magistrados y, como ya
se está haciendo, ponga un acento muy serio en la especialización y
en la evaluación periódica de l os conocimientos y de la capacidad.
Estamos absolutamente de acuerdo, para evitar toda clase de
malentendidos, en que en ese apartado en el que hablamos de la
igualdad ante la ley las referencias a fueros, privilegios
o excepciones queden eliminadas; ya veremos hasta dónde alcanzan y
dónde se justifican. Y estamos, en consecuencia, totalmente de
acuerdo en que la exigencia de responsabilidades de jueces y
magistrados que aquí se presentaba sea sustituida por la fórmula
que ofrece doña Margarita Uría.
No podemos, sin embargo, aceptar la eliminación de la letra e) del
apartado 1, en cuanto a la asistencia técnica de oficio. Pero para
evitar toda clase de dudas ofrecemos la eliminación de la
expresión: por las instancias jurisdiccionales ante las que se
produzca, para que no pueda nadie pensar que queremos poner en manos
de los jueces un especial examen de capacidad de los letrados. Lo que
sí queremos es que esto se entienda como una llamada de atención y de
responsabilidad a los profesionales del derecho, para que el turno
de asistencia de oficio, que precisamente es el que más necesitan
los que menos medios materiales tienen, sea objeto de un tratamiento
rutinario y responsable, y repito que conduce a la indefensión.
En cuanto a lo que propone el señor Cuesta en la enmienda 2 a la
letra b) no tenemos ningún inconveniente en aceptar la adición de su
primer y tercer párrafos. Evidentemente, habrá que hacer alguna
corrección para que no haya reiteración entre lo que contiene nuestra
propuesta y la suya. Ahora bien, lo que se refiere al segundo
párrafo, que es una vieja discusión que llevamos teniendo el Grupo
Socialista y el Grupo Federal de Izquierda Unida acerca del carácter
ejecutivo o parlamentario de los fiscales, no la aceptemos. Previendo
que ésa iba a ser una de las líneas que iba a expirar en su enmienda,
habíamos añadido cuando hablamos de la policía judicial que siempre
además del juez instructor se contemple en su caso al ministerio
público, dejando abierto el que, si un día llegamos al acuerdo de que
sea el ministerio público el que se ocupa de la instrucción, no pueda
haber ninguna incoherencia o contradicción con lo que hoy nuestro
grupo está aceptando y por lo que, repito, reitero un especial
agradecimiento. En consecuencia, permanecerían en el punto 2, letra
c) dicha expresión.
En cuanto a la enmienda -no sé si nonata, nata, retirada, viva, pero
buena, francamente buena- del Grupo Popular, sinceramente quiero
manifestar nuestra conformidad y nuestra satisfacción porque su
espíritu es el mismo. ¿Que no descienden al detalle de cómo tenemos
que examinar aquí a los miembros del Consejo General del Poder
Judicial? ¿Qué se dice que se hará reglamentariamente? Pues ya lo
dirá el Reglamento del Congreso de los Diputados; ¿por qué no? ¿Que
en un momento determinado, en cuanto a la máxima transparencia de las
actuaciones del Consejo, no quieren ustedes abrir el portillo a un
cauce específico para las asociaciones? Muy bien, es tan discutible
como cualquier otra cosa. En cuanto a que ustedes sigan manteniendo
una actitud tutelar con los magistrados suplentes, no hay ningún
problema, señor Ollero.
El señor PRESIDENTE: Don Pablo, el único problema ahora ya es el
tiempo.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Ya acabo y en ello estoy, señor
presidente.
El problema es que hoy y aquí, en est a Cámara, quede perfectamente
claro que las fuerzas que en ella se sientan, y sin perjuicio de
otras iniciativas, quieren un pacto de Estado sobre la justicia,
asuman esta propuesta y tiempo luego habrá de añadirle todas cuantas
directrices, estoy convencido que mucho más razonadas, se pongan de
manifiesto. Otra cosa, sinceramente, yo no entenderé. Si,
efectivamente, hay quien tiene propuestas mucho mejores, debería
haberlas t raído. Ahora, que estuviese cicateando para presentarlas
dentro de un mes para que no sea Izquierda Unida quien promueva este
pacto, sinceramente no nos parecería bien. En todo caso, acéptenlo
ustedes y el día que presenten una nueva propuesta, no tengan
inconveniente les reconoceremos el copyright ,el derecho de
propiedad y diremos urbi et orbi que son ustedes los más generosos
del mundo. Pero si hoy esta moción, que no tiene más que lo que se
llama sentido común, no sale adelante, permítannos que dudemos muy
seriamente de cuál es la voluntad política que tienen en este tema.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Castellano.
En efecto, como el orador ha subrayado, y creo que con ello además ha
querido consumir el turno posterior
de aceptación de las enmiendas, se presentaron t res enmiendas, una
de las cuales -la del Grupo Parlamentario Popular- ha sido retirada.
Subsisten aquéllas, a las que se ha referido el señor Castellano, del
Grupo Nacionalista Vasco y del Grupo Socialista.
Para la presentación, fijación de posición y matizaciones a la
intervención de aceptación del señor Castellano, tiene la palabra,
en primer lugar, la señora Uría y, luego, el señor Cuesta.
La señora URÍA ECHEVARRIA: Gracias, señor presidente.
Avanzaba ya la pasada semana, tras la presentación de la
interpelación por el señor Castellano, un posible voto favorable de
mi grupo a su moción, porque se habían apuntado cuestiones que nos
interesaban en términos que compartimos en nuestros planteamientos
como partido; así era la garantía de la independencia del Poder
Judicial acrecentando la participación de las Cámaras en la elección
de candidatos, de tal forma que sea posible examinar sus condiciones
de mérito, capacidad, aptitud, independencia e imparcialidad. En
idénticos términos, pedimos en nuestra enmienda que se proceda
sobre el propuesto por el Gobierno -antes o después de ser oído el
Consejo General del Poder Judicial- para su nombramiento como fiscal
general del Estado, dándose así además cumplimiento a una moción
anterior de esta Cámara referida a la reforma del Estatuto del
Ministerio Fiscal.
Hemos enmendado la letra d), como lo ha hecho también el Grupo
Socialista, insistiendo, en nuestro caso, en la responsabilidad de
jueces y magistrados para cumplir la previsión del artículo 117.1 de
la Constitución, que tiene buen cuidado de dotarnos de jueces
y magistrados responsables. La regulación real después en este aspecto
parece más bien un adorno de buen gusto, ya que no es eficaz ni
adecuada por ser regulaciones meramente formales o, con un número
tal de trabas, que hacen imposible o muy difícil su exigencia.
Nos ha parecido también adecuado avanzar en nuestra enmienda en la
búsqueda del control de los jueces en su actividad y, por ello,
aludimos al establecimiento de sistemas de formación permanente,
incluso a la posible superación de pruebas técnicas específicas,
rompiendo la funcionarización de un poder y con controles de calidad
del trabajo realizado, de los que hace tiempo se viene hablando.
La tercera parte de la enmienda se efectúa en clave de defensa de
competencias autonómicas. El martes, terminado el debate de la
interpelación, me exhortaba el señor Ollero a que me moderase en el
trámite de hoy, instándome literalmente a que no me pusiese la boina.
Señor Ollero, en mi caso, no es boina, es txapela y no me la
puedo poner; la llevo permanentemente puesta. Es inevitable que, en
cualesquiera cuestiones que se traten en la Cámara, las referencias al
autogobierno sean manifestadas por esta portavoz del
Grupo Vasco. Creemos que las competencias asumidas en el caso vasco,
por ejemplo, permiten incidir en el diseño
de la oficina judicial y optamos por la separación entre el
secretariado judicial, que conforme al Libro Blanco debe ser
orientado al control del proceso, dejando para gerencias
especializadas la organización administrativa y del personal . Deberá
además procurarse la mejora técnica de los cuerpos auxiliares, lo
que también en determinados casos es competencia asumida por las
comunidades autónomas, y conocido es en esta Cámara el litigio que
sostenemos con el Gobierno en relación con la aprobación de las
plantillas de los auxiliares de justicia en la Administración vasca.
Del mismo modo hemos matizado en clave autonómica la previsión de la
moción sobre policía judicial, estando conforme con la dependencia
bien del juez o bien del fiscal, según el modelo de proceso por el
que en definitiva se opte, dejando a la administración policial
estatal o autonómica el sostenimiento material y el régimen
funcionarial exclusivamente.
Conocemos las enmiendas que propone el Grupo Socialista y en qué
términos se prevé su aceptación por el grupo proponente sin excesiva
fe en que las mociones, de ser aprobadas, consigan los efectos
revolucionarios que creemos que merecería la situación de nuestra
justicia; sí creemos oportuno que al Gobierno y a los ciudadanos les
llegue el sentir de la Cámara en una determinada línea y, por eso,
apoyaremos la moción, agradeciendo al señor Castellano la aceptación,
que ya ha manifestado que hace de nuestras enmiendas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Uría.
Don Álvaro Cuesta, si quiere ejercitar su derecho a hablar desde la
tribuna, dada la hora, le pido que lo haga avanzando con celeridad.
A los grupos que vayan a fijar su posición les ruego que reflexionen
sobre si no deben hacerlo desde el escaño.
Adelante, señor Cuesta.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: Señor presidente, efectivamente
soy enmendante y autor como grupo parlamentario de un texto que
puede conformar lo que va a ser la base de la decisión de la Cámara.
Como me parece que el tema es de suficiente relevancia e interés
general, y por respeto a la cuestión, me he permitido ocupar la
tribuna cuando en otras ocasiones normalmente intervengo desde el
escaño.
En primer lugar, quisiera decir, señor presidente, señorías, que la
necesidad de un pacto global por la justicia, un pacto de Estado o,
por usar la terminología de lo que fue resolución de esta Cámara con
motivo del debate del estado de la Nación, un pacto de reforma
global de la justicia es algo que ha sido unánimemente reconocido, que
hemos venido impulsando desde mi propio grupo parlamentario y en el
que hemos ido convergiendo con otras iniciativas que veían en esta
materia la necesidad del pacto de Estado, del acuerdo y del consenso
y, por tanto, una visión no sectaria y sobre todo nada triunfalista
del problema que nos ocupa. Efectivamente, ya tuvimos ocasión de
analizar
la situación la semana pasada; el diagnóstico que se nos hacía
desde el Gobierno en un momento determinado nos llevaba a ser
pesimistas en cuanto a la voluntad real del Gobierno por este pacto,
porque el diagnóstico, cito literalmente las palabras de la
ministra, hablaba de que para algunos lo que existía era una crisis
no real de la justicia para intentar deslegitimar las decisiones
judiciales. Esa perspectiva, ese análisis de los problemas de la
justicia en España, aparte de ser una perspectiva mezquina y
estrecha, no es el que hay que usar cuando las necesidades objetivas
de este problema nos llevan a una resultante y a una conclusión
fundamental básica, que es precisamente un pacto de la justicia.
Y hablábamos de una serie de deficiencias. El propio libro blanco
elaborado por el Consejo General del Poder Judicial pone de
manifiesto -y lo conocen todas SS.SS. - importantes deficiencias que
se han venido arrastrando, interesantes medidas que son necesarias
para dar solución a graves e importantísimos problemas que tiene
la justicia desde una aplicación gradual. En la propia apertura de
los tribunales, en el discurso del presidente del Tribunal Supremo
se hablaba de la lentitud como el gran problema, y a partir de ahí,
como correlativo a ese diagnóstico, es imprescindible poner en marcha
una serie de medidas, de reformas procesales que están lógicamente en
la idea del pacto y están también no solamente en la moción
propuesta, sino en las enmiendas más concretas que el Grupo
Parlamentario Socialista presenta.
Efectivamente, como decía Von Kirchmann: En vano intenta la justicia
orientarse entre sus formas y procedimientos; qué cantidad de leyes y
no obstante qué lentitud de la justicia. Pues bien, esta reflexión va
unida a la del propio Libro Blanco, cuando analiza una serie de datos
en el funcionamiento, por ejemplo, del orden jurisdiccional civil,
que ponen de manifiesto el tiempo medio de duración en l a
tramitación de un recurso de casación; o cómo, por ejemplo, datos
que ponen de manifiesto cómo, a pesar de que el 75 por ciento de
todas las demandas en el ámbito civil sean estimadas, no llega a un
50 por ciento el número de casos en los que l as pretensiones se ven
satisfechas. Es decir, ¿en este orden hay una denegación de tutela
judicial efectiva? ¿Hay una desprotección ciudadana? ¿Hay un
incumplimiento del artículo 24 de la Constitución española? Es un
diagnóstico que pone el propio Tribunal Supremo y que nos lleva a la
necesidad de poner un especial celo a la hora de definir las medidas
procesales que son imprescindibles para desatascar el funcionamiento
de los tribunales que en ocasiones provoca una denegación de justicia
y, por tanto, es imprescindible una reforma del proceso civil, una
nueva ley de enjuiciamiento civil. En nuestra enmienda la
explicitamos como prioridad y además en consonancia con las líneas
maestras del Libro Blanco del Consejo General del Poder Judicial,
que no son precisamente los criterios que inspiran un borrador que
tuvimos ocasión de conocer del propio Gobierno. En consonancia con lo
que
son las conclusiones del libro blanco pedimos esa reforma del orden
jurisdiccional civil. ¿Qué decir de la aplicación del Código Penal,
señor p residente, señorías? En esa línea caminan algunas de nuestras
enmiendas, concretando también esta moción. ¿Qué ocurre con el
desarrollo del Código Penal? ¿Qué ocurre, por ejemplo, en materia de
justicia de menores? ¿ Qué ocurre con el complemento del Código
Penal a través de la ley que regule la responsabilidad penal del
menor? ¿Qué ocurre con los centros de internamiento y con las
condiciones que existen en el ámbito de la justicia de menores? ¿Qué
ocurre, por hablar también del Código Penal, con la situación de los
depósitos municipal es de detenidos? Se lo voy a decir, señorías;
mejor que este portavoz lo dice en su informe anual de 1997 el propio
Defensor del Pueblo, que nos hace también una radiografía de este
problema. En el informe anual de 1997, podemos leer literalmente, por
ejemplo, que hay una insuficiencia en los juzgados de menores
existentes en España. Se llega a recomendar por el Defensor del
Pueblo -y leo literalmente- que cada provincia cuente al menos con un
juzgado de menores y además que el número de juzgados se adecue al
incremento de procedimientos.
Por seguir en este mismo ámbito, el propio Defensor del Pueblo
denuncia que en el horizonte de la ley de justicia juvenil o de la
ley de responsabilidad penal juvenil hay un estado de inadecuación de
medios, tanto estructural como funcional...
El señor PRESIDENTE: Señor Cuesta, ha de ir concluyendo, por favor.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: Sí, señor presidente.
El Defensor del Pueblo nos dice: Puede considerarse que ni las
instalaciones ni las actividades ni el personal se adecuan a las
necesidades que estos jóvenes -los comprendidos entre los 16 y los 18
años, incluso hasta los 21 años- pueden presentar. He aquí una
necesidad de aplicar el Código Penal, de desarrollar la ley de
responsabilidad penal del menor, de mejorar las infraestructuras, los
tratamientos. O qué decir de los depósitos municipales y sus
carencias. El Defensor del Pueblo en el informe anual nos dice que
prácticamente ninguno de ellos, y leo literalmente, reunía los
requisitos mínimos para que el internamiento no vulnerase la dignidad
humana y los derechos fundamentales. Por lo tanto, señor
presidente, señorías, éstos son aspectos que ponen de manifiesto algo
que resaltamos en nuestra enmienda y que celebramos que haya sido
acogido por el grupo y portavoz de Izquierda Unida, que es que se
aplique el Código Penal, que se desarrolle como una prioridad la ley
penal del menor, que se mejoren los medios, que se potencien los
juzgados de menores o que se establezca una dinámica para favorecer
el cumplimiento de penas como las alternativas a la prisión o como el
arresto de fin de semana, por poner sólo algunos ejemplos.
Por supuesto que compartimos la necesidad de dotación presupuestaria.
Claro que sí, señorías. Fíjense, y no quiero incurrir en anécdotas,
pero la justicia española tiene graves problemas. Por ejemplo, en
alguna provincia han sido denunciados por el gabinete provincial del
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Dice que en
una determinada provincia -y se refiere a múltiples juzgados- estos
juzgados incumplen la normativa de seguridad y salud en los lugares
de trabajo, especialmente en materia de prevención y protección
contra los incendios, la instalación eléctrica, la iluminación...
El señor PRESIDENTE: Señor Cuesta, le ruego que resuma y concluya,
por favor.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: Sí resumo, señor presidente.
Es decir, hay un incumplimiento por parte de la justicia de las
mínimas condiciones en materia de instalación eléctrica, iluminación,
limpieza, servicios sanitarios, condiciones de solidez,
resistencia y estabilidad en los suelos y en los techos. Pues bien,
también un plan económico plurianual que contribuya a la
dignificación de las instalaciones de la Administración de justicia
es una necesidad imperiosa que se deduce de esa radiografía, de la
moción que apoyamos y de la enmienda que nosotros defendemos.
Acabo, señor presidente, señorías, diciendo que nos parecen
fundamentales las reformas procesales, que nos parece interesante que
el Consejo General del Poder Judicial pueda tener competencias
reforzadas, pero que haya -en ese sentido iba nuestra enmienda, por lo
que aceptamos la sugerencia y retiramos en ese apartado su exceso
literario- una sinergia entre los poderes del Estado, entre el Poder
Judicial, a través del Consejo General del Poder Judicial, y esta
Cámara, el Poder Legislativo. Por lo tanto, desde esa perspectiva de
sinergia debe haber también un conocimiento, un control si no
político, sí de conocimiento, de información mutua y de influencia
mutua entre ambos poderes para dar soluciones a este servicio público
y a este problema real que tenemos planteado.
Señor presidente, señorías, termino diciendo que desde la perspectiva
de lograr ese acuerdo -un acuerdo que debe hacerse huyendo de
planteamientos sectarios, huyendo de visiones estrechas y yo diría
que huyendo de resentimientos, buscando el consenso- quiero, en
nombre de mi grupo, agradecer el esfuerzo, la comprensión, la
transacción que ha hecho el portavoz de Izquierda Unida y cómo ha
acogido nuestra enmienda, incardinándola con la propuesta
constructiva del Partido Nacionalista Vasco. Desde ese punto de
vista, se ha puesto en marcha una dinámica de consenso que espero
merezca, por la entidad del problema, el apoyo de toda la Cámara.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cuesta.
¿Qué grupos parlamentarios desean fijar su posición? (Pausa.) En el
Grupo Mixto se alzan dos manos, las de la señora Almeida y el señor
Rodríguez. Les exhorto seriamente a ser muy breves dado lo avanzado
de la h ora.
Tiene, en primer lugar, la palabra la señora Almeida.
La señora ALMEIDA CASTRO: Muchas gracias, señor presidente. No
queríamos, aunque lo hagamos de forma muy breve, dejar pasar esta
oportunidad porque compartimos la preocupación del portavoz de
Izquierda Unida manifestada a través de esta moción. Había pensado
presentar enmiendas, pero, como él ha dicho, con los dos párrafos de
la moción ya quedaría incluido el compromiso de tomar unas medidas
que, de verdad, signifiquen ese pacto de Estado por la justicia, que
no sólo afecta a los grupos de esta Cámara, sino a numerosos grupos
de profesionales que estamos empeñados en que el servicio a la
justicia sea un servicio real a los ciudadanos y no una especie de
maldición que muchas veces cae sobre ellos, estando además
desprestigiada. Por eso no presentamos enmiendas, pero compartimos
muchas de las cosas que como sugerencia se han dicho para ese gran
pacto de Estado por el portavoz de Izquierda Unida.
Nosotros vamos a apoyar la moción con las enmiendas que él vaya a
aceptar como protagonista de esta moción, porque estamos convencidos
de que lo que se pretende es hacer una llamada de atención sobre algo
de lo que hablamos siempre pero que nunca se concreta, como es el
pacto de Estado por la justicia, y no hacerla sólo nosotros. Este
fin de semana estaban reunidos en Valencia jueces hablando sobre la
ley penal del menor. En los primeros días de octubre habrá un
congreso en Toledo para que los jueces hablen también s obre la
justicia. Creemos que todos esos sectores deben tener un apoyo en esta
Cámara para encontrar un camino de regularización de sus derechos. En
ese sentido no hemos querido dejar pasar esta oportunidad para apoyar
la moción y, sobre todo, para decir que nuestro grupo está dispuesto a
entrar en ese pacto de Estado por la justicia y en que se convierta
en un servicio eficaz para los ciudadanos y acabar con esa pesadilla.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Almeida.
Señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
El Bloque Nacionalista Galego comparte también la tesis de que la
justicia en el Estado español está en una situación preocupante,
derivada de la falta de medios humanos y materiales, de formas de
conducirse que están muy lejos de la modernidad incluso formal -no
hay nada más que ver el poco o nulo recurso a la oralidad que se
hace, la lentitud y la congestión de los tribunales; hay que ver la
situación del Tribunal Supremo
o de la Audiencia Nacional- y habría que pensar en el interés de que
muchas de estas causas se llevasen plenamente por los tribunales
superiores de Justicia de cada comunidad autónoma. Existe una
gravísima centralización que debía de llevar por lo menos a cavilar
la idea de que las comunidades autónomas debían de tener más
competencias no solamente en cuestiones materiales, de edificios,
sino en gran parte del personal e incluso en su capacidad por lo
menos de indicar la creación de nuevos juzgados, sin que hubiese
necesidad de crearlos por ley.
No menos importante es el problema idiomático al que seguiremos
refiriéndonos como uno de los hechos fundamentales vinculados a la
protección de los derechos humanos. En todo caso, nosotros vemos con
muy buenos ojos esta moción, que puede posibilitar el debate
general que conduzca a acabar con el carácter corporativo de gran
parte del Poder Judicial en el Estado español, esperamos ponerlo al
servicio de la sociedad en toda su diversidad y democratizarlo, esto
es, hacer que garantice los principios, derechos y libertades
democráticas y que él mismo se rija por estos principios, derechos y
libertades.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias también por su brevedad, señor
Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente. Atenderé
a su ruego sobre la concreción por la hora del debate.
Qué duda cabe, señor Castellano, que estamos ante un problema que a
todos nos mueve una preocupación fundamental, como es el área de la
Administración de justicia. Ya el portavoz del Grupo Socialista, don
Álvaro Cuesta, ha hecho una relación de referentes como son las
denuncias del Defensor del Pueblo o el Libro Blanco sobre la
justicia. Mi grupo entiende que la trascendencia del problema tiene
que llevar a un pacto de Estado entre todas las fuerzas políticas
parlamentarias y más si se tiene que implicar a todo lo que son los
órganos institucionales y representativos de la Administración de
justicia en el Estado español, tal como señala también el
ordenamiento constitucional. Nosotros venimos exigiendo desde
nuestra posición un pacto de Estado al Gobierno en la persona de la
ministra de Justicia que en estos momentos encabeza el departamento
correspondiente. En lo que nosotros discrepamos respecto a la
resolución de ese problema de Estado es en que se trate de resolver
por vía de una moción parlamentaria, porque esto puede dar origen a
una especie de particularidad, de singularidad. A mí me parece
legítima la postura que ha defendido el señor Castellano, coincido
plenamente en su fondo de inquietud, pero discrepo en la forma,
porque por esa vía de singularidad de la iniciativa se puede acusar
de oportunismo; no lo haré yo. Puede quedar en el ambiente que un
pacto de Estado no empieza por una parte; esto tenemos que
concretarlo de otra manera. No se puede tampoco, en una vía de
moción, hacer como necesidad del pacto de Estado un índice de
deficiencias en el área de la Administración de justicia. En todas
las deficiencias que se enumeran coincide mi grupo, pero hay muchas
más y en un orden jurisdiccional muy complicado. Venir a hablar en
el orden político de que es necesario que el Consejo General dé la
máxima publicidad y transparencia a sus actuaciones, de las
situaciones de privilegio o excepción que están ocurriendo, de la
asistencia técnica de oficio, de los nombramientos excepcionales de
jueces sustitutos y magistrados suplentes, todo ese índice y más
cosas que el señor Cuesta ha añadido, incluso las denunciadas durante
la apertura del año judicial poniendo el énfasis en la lentitud de
la Administración de justicia, que hace que sean injustas a lo largo
del tiempo situaciones adaptadas a derecho - el envejecimiento de la
resolución trae un menoscabo de los derechos-, es lo que nos hace,
señor Castellano, no estar por la vía de solucionar este tema
mediante una moción, ya que requiere un pacto de Estado. (El señor
vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la P residencia.) Ampararemos y
apoyaremos cualquier foro de encuentro. Yo desearía que el presidente
del Consejo General del Poder Judicial trajera un compromiso a este
respecto. En el pasado período de sesiones, con la ley que aprobamos
en 1997 sobre el Poder Judicial, ya vimos el debate de muchas
materias, lo que no me explico es por qué no se presentaron otras
cuando tuvimos ocasión, en la modificación de la Ley Orgánica del
Consejo General del Poder Judicial que aprobamos definitivamente en
noviembre del pasado año de 1997. Vamos a tener ocasión de seguir
tocando los aspectos de dotación de medios cuando, próximamente,
hablemos en la Cámara de los Presupuestos Generales del Estado. Mi
comunidad autónoma ha denunciado ante el Ministerio de Justicia una
transferencia de las competencias en esta materia de justicia a la
Comunidad Autónoma de Canarias que está insuficientemente dotada
económicamente y hemos dicho que, pese a la buena voluntad de todos,
si no hay dotación económica, los funcionamientos escritos y formales
no serán funcionamientos reales. Por estas razones, señor Castellano,
y en la línea de encontrar un sitio donde el pacto de Estado halle su
realización con todas las partes, pero no por vía de una moción,
vamos a votar en contra de la misma.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
La posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) no
difiere sustancialmente de las afirmaciones que acaba de realizar el
portavoz de Coalición Canaria. Tenemos que empezar nuestra
intervención diciendo que valoramos muy positivamente la iniciativa de
Izquierda Unida, como también valoramos muy positivamente el esfuerzo
que han desarrollado a lo largo de estas pocas horas otros grupos
parlamentarios formulando propuestas, presentando enmiendas,
negociándolas y llegando a determinados acuerdos, y lo queremos decir
en este primer momento; sin embargo, señorías, el pacto por la
justicia, la reforma global de la justicia difícilmente puede tener
encaje en el debate de una moción. Señorías, el plazo de enmiendas
acababa hoy a las doce del mediodía, lo cual quiere decir que en
nueve horas varios grupos parlamentarios han sido capaces de ponerse
de a cuerdo en este pacto por la justicia, en esta reforma global
de la justicia. Si así fuese, todavía podríamos felicitar nos,
ciertamente han sido capaces de ponerse de a cuerdo sobre algunos puntos
y de manifestar el espíritu y la voluntad de llegar a un pacto, pero lo
que dentro de unos minutos vamos a votar no es, obviamente, el
contenido del pacto ni la reforma global, sino algunas iniciativas
concretas en función de intereses muy respetables de los grupos,
muchas de las cuales compartimos absolutamente, no voy a decir que
no, pero en modo alguno es el pacto. Lo que no quiere mi grupo
parlamentario es, precisamente, que lo que hoy pueda votarse, y hasta
quizá aprobarse, sustituya realmente la búsqueda del consenso, del
pacto y de acuerdos sobre l a reforma global de la justicia.
Ciertamente, capacidad no les falta a SS.SS., pero creemos que aquí
no puede decirse aquello que se comentaba de Lope de Vega, el Fénix
de los Ingenios, de que en horas 24 pasó de las musas al teatro.
Nueve horas, desde luego, no dan para realizar este pacto.
Entendemos, desde ese punto de vista, que hubiese sido mucho más
adecuado, don Pablo Castellano, haberse limitado quizá a los dos
primeros puntos de la moción a los que hacía referencia
anteriormente. Creo que aquí se explicita la voluntad de llegar al
pacto y a la reforma global y que, desde luego, instrumento más
adecuado podría ser, por ejemplo, el de una proposición no de ley
para la que entre su publicación y su debate y votación en el Congreso
pasen las semanas, los días, incluso los meses necesarios para
que las partes puedan llegar al momento de la votación habiendo
negociado el resultado final de la misma. No es el caso. Mi grupo
quiere manifestar, desde luego, la voluntad de alcanzar el pacto de
Estado y la reforma global, manifiesta también su voluntad y reafirma
las manifestaciones que pude formular el miércoles pasado en la
interpelación en el sentido de que estamos trabajando muy seriamente
sobre esa proposición no de ley. Demos tiempo al tiempo, porque -lo
digo con absoluto respeto a las posiciones de los demás grupos-
queremos dar a la sociedad española liebre y no dar gato por liebre,
y por lo tanto la liebre hay que cazarla, hay que cocinarla, y
necesitamos el tiempo preciso para ello.
Reitero mi agradecimiento y reconocimiento, pero entendemos que no
se puede sustituir la negociación, el consenso y la búsqueda, que en
cualquier caso deberá ser larga pero seguro que fructífera, por una
negociación a contrarreloj que ha tenido lugar en el escaso término
de nueve horas en el día de hoy. Por lo tanto, nuestro voto será en
contra, pero quede claro que es a favor del pacto por la justicia y
por la reforma global de la misma.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Silva.
Finalmente, por el Grupo Parlamentario Popular , tiene la palabra el
señor Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, nos encontramos ante una moción que nos parece sintomática
de un generalizado estado de ánimo, en primer lugar, por la
gran sensibilidad que hay entre los ciudadanos ante la situación de
la justicia y ante las posibles soluciones de los problemas que la
ocasiona, pero también, en segundo lugar, por la dificultad que el
ciudadano suele encontrar para identificar entre los poderes del
Estado y entre los centros de decisión quiénes son los que tienen en
cada caso competencias y responsabilidades a la hora de abordar esos
problemas. Y, curiosamente, la moción indica esa situación de los
ciudadanos doblemente, porque refleja su sensibilidad, pero también,
sorprendemente, la dificultad para identificar en cada caso a quién
nos estamos dirigiendo y qué es lo que pretendemos.
Por supuesto que nuestro grupo suscribe -así lo ha dicho el presidente
del Gobierno y presidente del grupo parlamentario y la ministra en
todos los debates en que hemos participado- la necesidad de un pacto
de Estado por la justicia, lo cual no quiere decir que cada vez que
alguien hable de pacto de Estado haya que decir que sí a todo lo que
exponga. En ese sentido, me ha alegrado mucho oír en est a tribuna
las alabanzas del señor Castellano a ese texto, nato o nonato, porque
tengo un teletipo encima de mi mesa, de estos que salen en el
programa que tenemos todos en el ordenador -puede buscarse dándole a
mayúscula Alt castellano-, que se ha despachado esta mañana en una
rueda de prensa sobre ese texto y desde luego no ha dicho lo que ha
dicho aquí, probablemente porque el periodista no ha sido capaz de
captar con fidelidad sus opiniones. Pero yo he notado más bien cierta
descalificación y despego, algo así como decir que es todo lo que se
puede esperar de una actitud conservadora, y desde luego no prometía
alabanzas como de las que aquí hemos disfrutado. Quizás sea que no
hay nada como retirar un texto, pasa como con las personas cuando se
mueren, para verle todas sus virtudes. Loado sea Dios, y lo
volveremos a retirar alguna otra vez para ver si hay suerte.
Hemos hablado de la necesidad de un pacto de Estado, pero ese pacto
de Estado, como tantos otros, tiene
que producirse en múltiples escenarios. El pacto social no se ha
hecho aquí. Cuando tienen que hablar los agentes sociales,
sindicatos y patronal, no vienen aquí. En esta moción, quizá por un
exceso de buena voluntad, hay un cierto voluntarismo y se pretende
desde aquí, en una moción que insta al Gobierno, darle instrucciones
a éste para que se las dé al Consejo General del Poder Judicial, lo
cual no deja de ser un tanto llamativo.
Estamos en una moción. En término estricto, sería el momento de pedir
al Gobierno algo que no tiene rango de ley. Eso sería lo estricto. En
todo caso, como el Gobierno tiene iniciativa legislativa, cabe
también incitarle a que la ejerza. Perfecto. Hasta ahí podemos llegar.
Por ejemplo, en el punto 1, d), cuando se habla de que los
escabinos sean los que juzguen las disposiciones de los jueces, eso
será discutible. Lo que no es discutible es que escabinos no hay. Por
lo tanto, hace falta una ley que cree los escabinos. El Partido
Socialista ya ha enmendado lo de los escabinos porque se pone
nervioso sólo de oírlo. O sea, que se ve que el pacto funciona
perfectamente. En cuanto se concreta en algo, s urge la dificultad.
Eso exige una ley, por supuesto, Izquierda Unida puede traer cuando
quiera una proposición de ley de escabinos, la estudiaremos y diremos
lo que nos parezca oportuno.
Comparecencia del fiscal. La aprobamos en su día, nos parece muy
bien, es más, sería un buen momento para sacar experiencias respecto
a otras comparecencias más complicadas: no es lo mismo la comparecencia
de un órgano unipersonal que la de ocho vocales del Consejo
General del Poder Judicial, de acuerdo con lo que recomendó en su día
el Tribunal Constitucional. Pero es que, además, se habla en la
moción de que examinemos en la Cámara el mérito y la capacidad. En
eso sí que discrepa este modesto portavoz. Aquí no hay nadie que esté
en condiciones de juzgar el mérito y la capacidad porque no hemos
hecho méritos ni hemos demostrado otras capacidades que las
honrosísimas de ser elegidos por los ciudadanos para estar aquí, para
hacer valoraciones políticas, pero no para el mérito y la capacidad,
bien lo saben los tribunales de lo contencioso, que se andan con
mucho cuidado a la hora de regular esas cuestiones. Por tanto, creo
que ahí no ha sido muy oportuna la alusión.
Por otra parte, se habla de reformas legislativas, pero es que, tal
como está redactado el punto 1, d), sobre privilegios o
desigualdades al existir fueros procesales, es algo que ya está en el
artículo 71 de la Constitución, expressis verbis. Por tanto, hay
que modificar el artículo 71 de la Constitución o hay que modificar
ese punto de la moción. No sé si el señor Castellano entiende que el
modo de empezar un pacto de la justicia es modificar la Constitución.
Como hoy día parece que está de moda hablar de modificar la
Constitución, podemos aprovechar el barullo, pero yo no sé si es el
momento más oportuno.
Hay, sobre todo, una serie de sugerencias que son competencias
claras del Consejo General del Poder Judicial.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Ollero, vaya
concluyendo, por favor.
El señor OLLERO TASSARA: Voy concluyendo, señor presidente.
Entre otras cosas, el tratamiento reglamentario de la transparencia
de las decisiones del Consejo. ¿Qué le podemos decir al Gobierno que
le diga al Consejo s obre eso? Nada, simplemente. Cuando venga aquí el
presidente del Consejo, a través de l as propuestas de resolución que
se han hecho y que se han debatido, será el momento de decirle lo
que entendemos que debe ser la transparencia de su función.
Vigilancia por instancias jurisdiccionales de la calidad de los
letrados de oficio. ¿Qué le puede decir el Gobierno al presidente del
Consejo General del Poder Judicial sobre la vigilancia desde
instancias jurisdiccionales? La verdad es que me quedo un poco
perplejo. Si se dejan o no sin cubrir plazas. El Gobierno no le dice
al Consejo General del Poder Judicial las plazas que debe cubrir. En
estos momentos hay 300 vacantes. No porque lo haya decidido el
Gobierno, sino porque lo ha decidido el Consejo General del Poder
Judicial. Cuando venga el presidente, pregúntenle por qué hay 300
vacantes en un momento en el que él pide 400 plazas más. Acciones
necesarias para evitar incompatibilidades, etcétera.
En cuanto al plan económico, del que se habla en el punto 3, no
olvide que existen comunidades autónomas que también tienen
transferencias en su poder y que tienen también que colaborar al
gasto. No podemos hacer nosotros aquí y ante nosotros un plan global
económico desconociendo esa competencia.
En lo que sí tiene razón S.S., y eso lo compartimos claramente, es en
que no se hagan leyes sin acompañamiento de gasto, pero reconózcame
que la Ley de lo contencioso ha sido un ejemplo de eso, como el
Código Penal fue un ejemplo de lo otro, y prueba de ello es que la
enmienda del Grupo Socialista se dedica a recordar lo que ellos
dejaron sin hacer cuando elaboraron el Código Penal. ¡Pues sí que
tiene gracia! Se lo saben así; pues mira, ya que se lo sabían tan
bien, podían haberlo metido en los presupuestos, pero se les olvidó.
Por otra parte, está incluso la difícil previsión de determinadas
modificaciones legislativas. Si hubiéramos hecho hace tres años un
plan, si se hubiera hecho una previsión de reforma del Código Penal
respecto a los malos tratos a las mujeres, sería imposible. Hay un
intento planificador de saber las leyes que vamos a hacer; sabemos
que vamos a elaborar leyes procesales, en eso coincidimos con la
moción, por supuesto; ha venido ya la de lo contencioso, se ha
anunciado la Ley de Enjuiciamiento Civil y nos parece muy bien que en
una enmienda el Grupo Socialista anime a que venga. Es estupendo
porque va jaleando la tarea legislativa del
Gobierno con actitud noble y digna de ser resaltada, pero aquí
estamos simplemente coincidiendo en cuestiones que se están haciendo
ya.
Creación de plazas de jueces, punto 2, a). ( Protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Ollero, le ruego
concluya, por favor.
El señor OLLERO TASSARA: Voy terminando, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): No, concluya en 30
segundos, por favor.
El señor OLLERO TASSARA: Sí, señor presidente.
Le voy a dar en tres segundos las siguientes cifras. De 1992 a 1995
se crean 195 plazas y de 1995 a 1999, 368, lo que supone un
incremento del 88 por ciento. ¡No se quejará de cómo apoyamos su
moción! Fíjese que en 1994 se crearon 26 plazas y en 1999 se van a
quintuplicar. En contra de la opinión precipitada de algún juez
diciendo que se crean las de siempre, que se convocan a oposición las
de siempre, se crean cinco veces más. Esa es la realidad. Y estamos
revisando también la legislación procesal.
Antes esta situación, lo único que nos cabía, y se lo he dicho al
señor portavoz antes de este debate, era apoyar mediante votación
separada algunos puntos de su moción, pero en la medida en que se
aceptan enmiendas, como era previsible, reglamentariamente no es
posible. En esas circunstancias, lamentamos mucho no poder apoyar el
texto de la moción.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Ollero.
Señor Castellano, para manifestar la aceptación o no de las enmiendas
planteadas por otros grupos.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Y para algo más, señor presidente.
Es evidente que reitero la aceptación de la enmienda íntegra del
Grupo Parlamentario Vasco y que acepto, con las correcciones que he
formulado y que han sido aceptadas, y perdón por la expresión
correcciones, con las indicaciones que me he permitido sugerir, la
enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. Pero aquí se ha invocado
una doctrina, señor presidente, de la que yo quiero hacer uso, que
es no dar gato por liebre. Pues claro que no hay que dar gato por
liebre, pero es dar gato por liebre presentar una enmienda que
coincide generalmente con el espíritu y, cuando ya incluso ha sido
objeto de corrección, creyendo que esto es una de esas ex cátedras en
las que se habla sin que el alumno pueda contestar, o despacharse una
trinca de oposiciones, atribuyendo a quien ha hecho la moción que
quiere ni más ni menos que darle instrucciones al Consejo General del
Poder Judicial, cuando la moción y la
interpelación vienen precedidas de la indicación expresa de que sea
el Gobierno, a través de la iniciativa parlamentaria, quien,
modificando las leyes, lo pueda hacer. Por lo tanto, hay que leerse
las mociones y, s obre todo, no incurrir en la contradicción de venir
a decir ante una moción que estaríamos de acuerdo y l a pactaríamos,
pero no puedo, y ya basta y no hay que hacer ningún otro comentario.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Y en segundo lugar, si alguien
cree que el debate de una moción es distinto al de una proposición
no de ley, que me lo explique.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Castellano, por
favor.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Perdón. Ahora, si alguien ha
querido entender que aquí ha habido medidas legislativas concretas,
no es que no sepa leer, es que la mala voluntad política que se pone
de manifiesto ha llevado pura y simplemente a que se descubra qué es
lo que hay detrás de todo esto, y lo que hay detrás de todo esto es
la misma actitud, señor p residente: la justicia va a seguir siendo
patio de almoneda para los que no quieren su reforma.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muy bien, señor
Castellano.
Vamos a proceder a las votaciones. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a la votación de la
moción presentada y defendida por el Grupo de Izquierda Unida, que ha
asumido las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y del
Grupo Parlamentario Socialista en los términos resultantes del
debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
303; a favor, 146; en contra, 156; una abstención.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
Se suspende la sesión hasta mañana a las cuatro de la tarde.
Buenas noches.
Eran las nueve y veinticinco minutos de la noche.