Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 181, de 24/09/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 1998 VI Legislatura Núm. 181
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA
MARTÍNEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 175
celebrada el jueves, 24 de septiembre de 1998
Página
ORDEN DEL DÍA:
Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes:
- Real Decreto-Ley 9/1998, de 28 de agosto, por el que
se aprueban y declaran de interés general
determinadas obras hidráulicas (número de expediente
130/000051) («BOE» número 207, de 29
de agosto de 1998) (Página 9703)
- Real Decreto-Ley 10/1998, de 28 de agosto, por el que
se conceden créditos extraordinarios, por
importe de 4.282.495.737 pesetas, a fin de proceder a
la regularización presupuestaria de los
gastos realizados entre los años 1986 a 1996 por las
representaciones diplomáticas y consulares
(número de expediente 130/000052) («BOE» número 207, de
29 de agosto de 1998) (Página 9723)
- Real Decreto-Ley 11/1998, de 4 de septiembre, por el
que se regulan las bonificaciones de cuotas
a la Seguridad Social de los contratos de interinidad
que se celebren con personas desempleadas
para sustituir a trabajadores durante los períodos de
descanso por maternidad, adopción y acogimiento
(número de expediente 130/000053) («BOE» número 213,
de 5 de septiembre de 1998) (Página 9727)
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas:
- Proposición de Ley Orgánica de modificación de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia
de perfeccionamiento de la acción investigadora relacionada
con el tráfico ilegal de drogas y
Página
otras actividades ilícitas graves. «BOCG. Congreso de
los Diputados», serie B, número 218-1,
de 30 de julio de 1998 (número de expediente 122/
000191, procedente de la refundición de los
números de expediente 122/000070 y 122/000097) (Página 9735)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley de introducción del euro (número de
expediente 121/000137) (Página 9739)
Proyecto de Ley reguladora de las entidades de capital-
riesgo y de sus sociedades gestoras. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie A, número 115-1, de
19 de mayo de 1998 (número de expediente
121/000114)
Proyecto de Ley de tasas y precios públicos por
servicios prestados por el Consejo de Seguridad
Nuclear. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A,
número 120-1, de 8 de junio de 1998 (número
de expediente 121/000119)
- Elección de un señor diputado, de conformidad con el
punto tercero de la Resolución de la Presidencia
del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales,
de 2 de junio de 1992 (Página 9747)
S U M A R I O
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la
mañana.
Página
Convalidación o derogación de Reales
Decretos-Leyes (Página 9703)
Página
Real Decreto-Ley 9/1998, de 28 de agosto,
por el que se aprueban y declaran de
interés general determinadas obras
hidráulicas (Página 9703)
Presenta el Real Decreto-Ley 9/1998, en nombre del
Gobierno, la señora ministra de Medio Ambiente
(Tocino Biscarolasaga). Solicita su convalidación
conforme a lo previsto en el artículo 86 de la Constitución
y explica que dicho Real Decreto-Ley responde
a la necesidad de dar cobertura con el rango formal
de ley a la declaración de interés general de las obras
hidráulicas para su realización por el Estado, según
lo previsto en el artículo 44 de la Ley de Aguas. A continuación
explica el contenido del artículo 1º, que
declara como obras hidráulicas de interés general de
la nación una serie de actuaciones en el ámbito de
competencias del Ministerio de Medio Ambiente, y el
del artículo 2.º , que aprueba y declara de interés
general obras a promover por el Ministerio de Agricultura,
de conformidad con la legislación específica
de reforma y desarrollo agrario. Tras exponer el contenido
del Real Decreto-Ley y describir las circunstancias
que motivan su aprobación por el Gobierno,
solicita de la Cámara la convalidación del mismo,
para seguir adelante con el conjunto de actuaciones
a que el mismo se refiere y dotar a los españoles de
algunas de las obras de infraestructura hidráulica
que todavía son realmente imprescindibles.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores
Chiquillo Barber, Rodríguez Sánchez y Saura
Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria;
González de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV); Sedó i Marsal, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió);
Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida; Morlán Gracia, del Grupo Socialista
del Congreso, y la señora De Lara Carbó, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En un segundo turno interviene la señora ministra de
Medio Ambiente.
Para fijar su posición en el turno abierto por la señor
ministra, intervienen los señores Saura Laporta y
Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario
Mixto; González de Txabarri, del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV); Sedó i Marsal, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Ríos
Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida; Morlán Gracia, del Grupo Socialista
del Congreso, y la señora De Lara Carbó, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Cierra el debate la señora ministra de Medio Ambiente.
Página
Real Decreto-Ley 10/1998, de 28 de agosto,
por el que se conceden créditos
extraordinarios, por importe de
4.282.495.737 pesetas, a fin de proceder
a la regularización presupuestaria
de los gastos realizados entre los años
1986 a 1996 por las representaciones
diplomáticas y consulares (Página 9723)
Presenta el Real Decreto-Ley 10/1998 el señor vicepresidente
segundo del Gobierno y ministro de Economía
y Hacienda (De Rato y Figaredo). Considera
suficientemente explicativo el título del decreto,
resaltando el hecho de que se trata de regularizar los
gastos realizados en representaciones diplomáticas y
consulares de diez ejercicios presupuestarios. Manifiesta
que es voluntad del Gobierno establecer sistemas
que permitan la máxima transparencia y exactitud
en el estado de la finanzas públicas. Explica
que esta regularización no se pudo hacer en el Real
Decreto-Ley 12/1996 porque una gran parte de la
información esencial para justificar los pagos realizados
se encontraba en representaciones españolas
en el exterior y era imposible su recopilación en la
fecha en que se había solicitado y porque el importe
de los gastos se encontraba nominado en diferentes
divisas, lo que añadía una complejidad adicional.
Sin embargo, añade, se trataba de gastos que aunque
no habían sido contabilizados, sí se habían
pagado materialmente a lo largo de estos diez años
con cargo a las tasas consulares. Expone que con el
proceso establecido en el Real Decreto-Ley se logra el
doble objetivo de aplicar al presupuesto el gasto que
dio lugar a los diferentes pagos y también los ingresos
que se generaron en su día y que permitieron
efectuar los pagos correspondientes, en cumplimiento
estricto de la legalidad vigente. Se refiere al informe
del Tribunal de Cuentas referente a la Cuenta
General del Estado del año 1995 en el que se constata
la existencia de unos pagos no imputados al presupuesto
y la utilización de tasas consulares para
financiar esos pagos que no habían sido ingresadas
en el Tesoro Público. Expone a continuación las
medidas que ha tomado el Gobierno para evitar
situaciones similares en el futuro y solicita de la
Cámara la convalidación de este Real Decreto-Ley.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores
Moya Milanés, del Grupo Socialista del Congreso,
y Robles Fragua, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
Página
Real Decreto-Ley 11/1998, de 4 de septiembre,
por el que se regulan las bonificaciones
de cuotas a la Seguridad
Social de los contratos de interinidad
que se celebren con personas desempleadas
para sustituir a trabajadores
durante los períodos de descanso por
maternidad, adopción y acogimiento (Página 9727)
Presenta el Real Decreto-Ley 11/1998 el señor ministro
de Trabajo y Asuntos Sociales (Arenas Bocanegra).
Manifiesta su satisfacción por presentar ante la
Cámara este Real Decreto-Ley que significará, si la
Cámara lo convalida, la remoción de un obstáculo
real en la igualdad del hombre y la mujer ante el
mercado de trabajo. Constata el hecho de que prácticamente
todos los grupos, especialmente Convergència
i Unión, han llevado a cabo iniciativas en este
sentido, algunas de ellas en el debate del estado de la
nación, por lo que el Gobierno, reconociendo que no
existe realmente igualdad entre sexos en el mercado
de trabajo, ha entendido que había razones mas que
suficientes para la aprobación de este Real DecretoLey
que hoy se somete a convalidación. La promulgación
de este Real Decreto-Ley también responde a la
ejecución del Plan de empleo de 1998 que el Reino
de España presentó ante la Unión Europea y se
corresponde con el bloque de medidas que están presentadas
en torno al III Plan de igualdad de oportunidades.
Asimismo manifiesta que dicho Real Decreto-
Ley fue consultado previamente con las
organizaciones empresariales y sindicales que, salvo
algunas matizaciones, dieron globalmente su visto
bueno a la propuesta. Por todo ello, el Gobierno quiere
compartir la decisión de llevar adelante esta iniciativa
con los grupos de la Cámara que la han instado
y con los agentes sociales que han dado su
apoyo globalmente.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores
Peralta Ortega, del Grupo Parlamentario Mixto;
Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria; Caballero Basañez, del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV); la señora Solsona i
Piñol, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió); el señor Vaquero del Pozo, del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; y
las señoras Fernández de la Vega Sanz, del Grupo
Socialista del Congreso, y Seller Roca de Togores,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Cierra el debate el señor ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales.
A continuación se procede a las votaciones de los reales
decretos-leyes debatidos.
Sometida a votación la convalidación o derogación del
Real Decreto-Ley 9/1998, de 28 de agosto, por el que se
aprueban y declaran de interés general determinadas
obras hidráulicas, se aprueba la convalidación
por 293 votos a favor, siete en contra y 15 abstenciones.
A continuación se somete a votación su tramitación
como proyecto de ley solicitada por dos grupos parlamentarios,
lo que es rechazado por 145 votos a favor
y 170 en contra.
Sometida a votación la convalidación o derogación del
Real Decreto-Ley 10/1998, de 28 de agosto, por el que
se conceden créditos extraordinarios, por importe de
4.282.495.737 pesetas, a fin de proceder a la regularización
presupuestaria de los gastos realizados
entre los años 1986 a 1996 por las representaciones
diplomáticas y consulares, se aprueba su convalidación
por 314 votos a favor y uno en contra.
Sometida a votación la convalidación o derogación del
Real Decreto-Ley 11/1998, de 4 de septiembre, por el
que se regulan las bonificaciones de cuotas a la
Seguridad Social de los contratos de interinidad que
se celebren con personas desempleadas para sustituir
a trabajadores durante los períodos de descanso por
maternidad, adopción y acogimiento, se aprueba la
convalidación por unanimidad.
A continuación se somete a votación su tramitación
como proyecto de ley, solicitada por dos grupos parlamentarios,
lo que se rechaza por 145 votos a favor
y 170 en contra.
Página
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas
legislativas (Página 9735)
Página
Proposición de ley orgánica de modificación
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
en materia de perfeccionamiento
de la acción investigadora relacionada
con el tráfico ilegal de drogas y otras
actividades ilícitas graves (Página 9735)
En turno de fijación de posiciones intervienen la
señora Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV); los señores Silva Sánchez, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió); Castellano Cardalliaguet, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida; Gago
López, del Grupo Socialista del Congreso, y la
señora Cava de Llano, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Página
Debates de totalidad de iniciativas legislativas
(Página 9739)
Página
Proyecto de ley de introducción del euro. (Página 9739)
El señor vicepresidente segundo del Gobierno y
ministro de Economía y Hacienda (De Rato y
Figaredo) presenta ante la Cámara, en nombre del
Gobierno, el proyecto de ley sobre la introducción en
España de la moneda única. Considera que el inicio
de la tercera fase de la unión económica y monetaria
representa probablemente uno de los hechos más
relevantes para España y para el resto de los once
países miembros de la Unión Europea en la reciente
historia económica, así como una considerable
transformación de nuestra realidad interna y de
nuestra situación en el mundo. A continuación
resalta el hecho de que España por primera vez en
un proceso de integración europea forme parte de los
países que inician el proceso, lo que demuestra, a su
juicio, el cambio sustancial de la realidad económica
española y la firme voluntad de la sociedad de
formar parte de manera relevante en los sucesivos
procesos de integración. Explica los pasos que ha
habido que dar en la transformación de la política
económica y las consecuencias del acceso de España
a la tercera fase de la unión económica y monetaria,
entendiendo la introducción del euro como el
comienzo de un proceso. Asimismo manifiesta que el
presente proyecto de ley es fruto de la colaboración
de todas las administraciones públicas y, en lo
tocante a la Administración del Estado, del esfuerzo
común de todos los departamentos ministeriales,
pasando a explicar el contenido del proyecto de ley,
sus objetivos y principios básicos, entre los que resalta
la preocupación del Gobierno por la protección de
los consumidores y usuarios.
Manifiesta que el presente proyecto de ley establece
un marco jurídico general para resolver los problemas
técnicos y proteger a los ciudadanos, especialmente
a los consumidores, en sus derechos, de manera
que la introducción del euro no vulnere ni la
seguridad jurídica de los contratos ni el derecho de
los consumidores en ningún aspecto. Finalmente
expone que si la Cámara tiene a bien la toma en
consideración de este proyecto de ley, los grupos parlamentarios
tendrán ocasión de mejorar las propuestas
iniciales del Gobierno mediante la presentación
de enmiendas.
En defensa de la enmienda de totalidad de devolución
interviene el señor Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida.
En un segundo turno, contesta el señor vicepresidente
segundo del Gobierno y ministro de Economía
y Hacienda.
A continuación se procede a las votaciones de los puntos
del orden del día debatidos anteriormente.
Sometido a votación, en primer lugar, el dictamen de la
Comisión correspondiente a la proposición de ley
orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal en materia de perfeccionamiento de la
acción investigadora relacionada con el tráfico ilegal
de drogas y otras actividades ilícitas graves, se
aprueba por unanimidad.
Sometida a votación de conjunto, por su naturaleza de
orgánica, la proposición de ley, se aprueba al haber
superado por unanimidad la mayoría absoluta de la
Cámara.
A continuación se somete a votación la enmienda de
totalidad de devolución presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida al proyecto
de ley de introducción al euro, que se rechaza
por 15 votos a favor, 290 en contra y una abstención.
Página
Elección de un señor diputado, de conformidad
con el punto tercero de la resolución
de la Presidencia del Congreso
de los Diputados sobre secretos oficiales,
de 2 de junio de 1992 (Página 9747)
Efectuada la votación y el ulterior escrutinio, resulta
elegido el señor Martínez Noval para formar parte
del grupo de diputados que pueden acceder a los
secretos oficiales por 281 votos a favor, cinco votos
en blanco y cinco nulos.
Se levanta la sesión a las dos y treinta y cinco minutos
de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos
de la mañana.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES
DECRETOS-LEYES:
- REAL DECRETO-LEY 9/1998, DE 28 DE AGOSTO,
POR EL QUE SE APRUEBAN Y DECLARAN DE
INTERÉS GENERAL DETERMINADAS OBRAS
HIDRÁULICAS (Número de expediente 130/000051).
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto VI del orden del día, debate sobre la convalidación
o derogación de tres reales decretos-leyes.
En primer lugar, el que hace el número 9, de 28 de
agosto de 1998, por el que se aprueban y declaran de
interés general determinadas obras hidráulicas.
La votación de la convalidación o derogación de los
tres reales decretos-leyes la llevaremos a cabo al finalizarse
la presentación y debate de los tres, es decir, al
finalizar el punto VI del orden del día que ahora iniciamos.
Para su presentación ante el Pleno, tiene la palabra
la ministra de Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino
Biscarolasaga): Gracias, señor presidente.
Señorías, el pasado 28 de agosto el Consejo de
Ministros aprobó el Real Decreto-ley 9/1998 que se presenta
en este momento para su convalidación por el
Congreso de los Diputados, conforme a lo previsto en
el artículo 86 de nuestra Constitución, que prevé que
en este trámite y en el plazo de los 30 días siguientes a
su promulgación el Congreso habrá de pronunciarse
expresamente sobre su convalidación o derogación.
El Real Decreto-Ley que tengo el honor de presentar
ante SS.SS. responde a la necesidad de dar cobertura
con el rango formal de ley a la declaración de interés
general de las obras hidráulicas para su realización por
el Estado, según lo previsto en el artículo 44 de la Ley
de Aguas, que especifica que las obras públicas de
carácter hidráulico de interés general o cuya realización
afecte a más de una comunidad autónoma habrán
de ser aprobadas por ley. Es éste el trámite al que se
somete el presente Real Decreto-Ley respecto a las
obras que se indican en los artículos 1 y 2.
El artículo 1 del Real Decreto-Ley aprueba y declara
como obras hidráulicas de interés general de la nación
una serie de actuaciones en el ámbito de competencias
del Ministerio de Medio Ambiente, mientras que el
artículo 2 aprueba y declara de interés general obras a
promover por el Ministerio de Agricultura, de conformidad
con la legislación específica de reforma y desarrollo
agrario.
A fin de cumplir las exigencias de la Ley de Aguas se
incorpora al texto del Real Decreto-Ley sendos anexos
en los que se describe con cierto detalle las obras a que
se refieren tanto el artículo 1 como el artículo 2. Esta
descripción de las obras a través de los anexos de la
norma que presento para su convalidación tiene por
objeto dejar clara cuál es la obra que se aprueba,
huyendo de la mera descripción a través de un nombre,
así como legalizar la finalidad concreta de la obra
para lograr su incardinación en el conjunto de la planificación
hidrológica. Pienso que no es necesario el
especificar cada una de las obras que van en el anexo
del Real Decreto-Ley y así todas SS.SS. tienen la posibilidad
de conocerlas. Por ello, me voy a limitar, en una
visión de conjunto, a destacar el tipo de obras de que
se trata, poniendo algunos ejemplos que me parecen
especialmente significativos.
Las obras que se contemplan en el artículo 1 de este
Real Decreto-Ley responden a las siguientes características,
en primer lugar, son obras de saneamiento y
depuración; en segundo lugar, son obras de garantía de
abastecimiento; en tercer lugar, van dirigidas a protección
de personas y bienes frente avenidas, mediante
actuaciones en márgenes y cauces, y, por último, están
las obras de garantía para regadíos.
El primer tipo de obras a que he hecho referencia
son las obras vinculadas al Plan nacional de saneamiento
y depuración. Entre éstas, permítanme, señorías, que
destaque la aprobación de las obras de saneamiento y
depuración, responsabilidad del Estado según el citado
plan, en la provincia de Cáceres y en la provincia de
Badajoz. Hago especial hincapié, puesto que, teniendo
todos como tenemos la urgencia de poner en marcha,
de acabar, diría yo, cuanto antes este Plan de saneamiento
y depuración de aguas, curiosamente, la Comunidad
Autónoma de Extremadura es la única en la que
hasta el día de hoy no se había iniciado ni una sola de
estas obras.
El Gobierno del Partido Popular da un impulso definitivo
a la aportación estatal en materia de saneamiento
y depuración de aguas concretamente en esta comunidad
autónoma extremeña, que se podía sentir justamente
marginada hasta el momento actual. El importe
calculado de estas inversiones en saneamiento y depuración
asciende aproximadamente a 6.500 millones de
pesetas.
Entre las obras de abastecimiento se contemplan
infraestructuras que garantizarán un suministro de agua
de calidad en el futuro a Oviedo y a otras poblaciones
de la zona central asturiana; a Ciudad Real y a su
comarca; a la ciudad de Badajoz y a otros varios pueblos
de su entorno; a Huelva, a Jaén mediante la interconexión
de los sistemas del Víboras y Quiebrajano;
Valencia, mediante la conducción Turia-Picasén y Albacete.
Asimismo, se prevén obras para garantizar el abastecimiento
a Zaragoza con aguas del Pirineo, para el
abastecimiento a Lleida y su comarca desde el embalse
de Santa Ana, y las obras que garantizarán el abastecimiento
a los municipios de Calviá y Andratx, con agua
procedente de la desaladora de agua de mar de la
Bahía de Palma. (La señora Romero López: Cádiz,
cero.) El importe calculado de estas obras de abastecimiento
asciende aproximadamente a 72.990 millones
de pesetas.
El tercer tipo de obras al que me he referido antes
son las vinculadas a actuaciones en márgenes y cauces
de los ríos, en evitación de posibles futuros daños a
personas y bienes. Entre éstas, permítanme SS.SS. que
haga especial referencia a una serie de obras que tienen
como objeto garantizar, en la medida de lo posible,
que futuros episodios de inundaciones por lluvias
no tengan, concretamente en la provincia de Badajoz,
las trágicas consecuencias que tuvieron, pronto hará un
año, los días 5 y 6 de noviembre de 1997. (La señora
Romero López: Y Cádiz, ¿qué?) A esta finalidad tienden
las obras que se aprueban por este Real Decreto
en los Arroyos Albarregas, Rivillas y Calamón, así como
en el río Guadiana, en el tramo que transcurre entre el
Matachel y la presa de Montijo.
También se aprueban mediante este Real DecretoLey
obras de protección frente a avenidas en otras partes
del territorio nacional, entre las que resalto ante
SS.SS. la remodelación del río Guadalquivir a su paso
por Córdoba, el encauzamiento del tramo final del río
Andarax y la restitución y adaptación del cauce natural
del barranco de Poyo en Valencia. El importe previsto
de este tipo de actuaciones asciende aproximadamente
a la cifra de 32.600 millones de pesetas.
Por último, entre las inversiones más directamente
vinculadas a la actividad agraria, el Real Decreto-Ley,
en lo que a las competencias del Ministerio de Medio
Ambiente se refiere, prevé la instalación de caudalímetros
y limitadores de caudal en los acuíferos de La Mancha
occidental y del Campo de Montiel, el acondicionamiento
del canal del Páramo y una serie de obras de
regulación y acondicionamiento de canales en la provincia
de León, así como un conjunto de actuaciones
vinculadas a dar una solución hidráulica definitiva a las
provincias de Almería y Huelva y elevaciones para los
regadíos de la Litera Alta y de la margen derecha del
Ebro y en el sistema de riegos de Bárdenas. (La señora
Romero López: Cádiz, cero.)
Algunas de las actuaciones que se aprueban en este
Real Decreto-Ley tienen finalidades combinadas de
consolidación de regadíos y garantía de abastecimientos
de un carácter estructural para determinadas zonas
del territorio nacional. Entre tales obras merece la pena
destacar la interconexión Júcar-Vinalopó y las conexiones
Negratín-Almanzora y Presa de Cuevas de Almanzora
con el poniente almeriense, que suponen actuaciones
de ordenación del territorio importantes.
Entre estas últimas actuaciones debo señalar el
carácter singular de la conexión Negratín-Almanzora,
por cuanto es una interconexión entre ámbitos territoriales
de dos planes hidrológicos distintos. En este caso
concreto, mediante la declaración de interés general
que este Real Decreto-Ley realiza, lo que se pretende
es avanzar en la definición y en la declaración de
impacto ambiental como competencia del Estado, y sin
perjuicio de que, cumplidos estos trámites, la aprobación
del trasvase de agua como tal y, en consecuencia,
la ejecución material de la obra estén supeditadas a lo
que prevea el Plan hidrológico nacional, que se debatirá
próximamente en estas Cortes.
Con la excepción de la obra que acabo de citar, por
el singular régimen jurídico de los trasvases, todas las
actuaciones que se aprueban en el artículo 1 del Real
Decreto-Ley que se somete hoy a consideración de esta
Cámara están previstas en la planificación hidrológica y
cuentan con cobertura presupuestaria para su inicio,
bien con cargo al Capítulo VI de los Presupuestos
Generales del Estado, del Ministerio de Medio Ambiente,
o bien a través del Capítulo VIII y de las sociedades
estatales promotoras de infraestructuras hidráulicas creadas
a lo largo de este último año o bien próximas a su
constitución. (La señora Romero López: Y el trasvase
de Cádiz, cero.) Desde esta perspectiva, el Real
Decreto-Ley es un instrumento que resultaba necesario
para ejecutar las previsiones de los presupuestos aprobados
en esta Cámara, así como para las sociedades
promotoras de infraestructuras hidráulicas en los ámbitos
de las cuencas del Guadiana, Guadalquivir, Sur,
Júcar y Ebro, ya creadas o de inminente creación.Un
porcentaje importante de las obras contempladas en el
artículo 1 del Real Decreto-Ley cuenta con financiación
de fondos de cohesión, dato que incide una vez más
en la conveniencia de su inmediato inicio.
Por otra parte, he de decir que todas estas obras forman
parte de las previsiones de planificación hidrológica
y de las previsiones presupuestarias de los correspondientes
programas de obras hidráulicas y calidad de
las aguas y, en consecuencia, este Real Decreto-Ley no
supone un instrumento de planificación hidrológica ni,
por tanto, un cambio en la política presupuestaria del
Ministerio de Medio Ambiente, sino un instrumento en
la ejecución de una y otra, que adopta el rango formal
de ley porque, tal y como decía al principio de mi intervención,
así lo exige el actual artículo 44 de la Ley de
Aguas.
En cuanto a las inversiones que se contemplan en el
artículo 2 del Real Decreto-Ley, que someto a la aprobación
de SS.SS., se trata de inversiones responsabilidad
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
todas ellas vinculadas, en consecuencia, al ámbito de
este Ministerio. El Real Decreto-Ley declara en su
artículo 2 que son obras de interés general de realización
urgente en materia de regadíos 37 obras hidráulicas,
por un importe total de 11.123.907.616 pesetas,
todas ellas en consonancia con el Plan nacional de
regadíos vigente y con las perspectivas de modificación
del mismo. (La señora Romero López: ¿Y el regadío
de Cádiz, qué?) Es posible acometer la realización de
estas obras de manera inmediata, puesto que se trata
de obras proyectadas, con un modo de ejecución definido
y que tienen respaldo financiero en el presupuesto
de 1998 y previsión en sucesivos presupuestos, en
función del plazo de ejecución de las respectivas obras.
En consecuencia, las obras podrán comenzar en un
plazo de dos a cinco meses.
La agricultura de regadío se estima que utiliza el 80
por ciento del agua disponible, cuyo más racional aprovechamiento
requiere la realización de obras de infraestructura
para su abastecimiento y regulación, así
como para laminación de avenidas y depuración de
aguas. La agricultura constituye un sector económico
de carácter estratégico, no sólo como expresión de una
política social que está representada por el Estado del
bienestar, sino como fundamental elemento político
que garantiza el autoabastecimiento de la población y
el equilibrio territorial mediante el mantenimiento del
tejido social, especialmente en zonas amenazadas por
la desertización.
Las obras relacionadas con los regadíos a que se
refiere este Real Decreto-Ley son de tres tipos. En primer
lugar, actuaciones en zonas donde se vienen realizando
nuevas transformaciones en regadío que, por
razones sociales y de equilibrio demográfico o económico,
conviene reforzar; es concretamente el caso de
las obras proyectadas en Zaragoza, Huesca y Mallorca.
En segundo lugar, se contemplan actuaciones de consolidación
de regadíos existentes mediante la recarga
de acuíferos que permitirán el mantenimiento de una
agricultura competitiva en zonas en las que los productos
agrarios son los principales recursos económicos,
sin perjudicar con ello la utilización óptima de ayudas
de la política agrícola común; este grupo comprende
actuaciones en Segovia, para recarga de los acuíferos
del Carracillo y Cubeta de Santiuste entre otras obras.
En tercer lugar, existen en este Decreto-Ley actuaciones
consistentes en la mejora de la infraestructura hidráulica
de regadíos ya establecidos, para el mejor aprovechamiento
de los recursos hídricos, la eficiencia del
riego, el empleo de la mano de obra y el mejor ejercicio
de las condiciones de explotación. De un importe
económico superior a los 11.000 millones de pesetas en
obras de regadío, más de 8.000 se dedican a la consolidación
y mejora de infraestructuras, lo que representa
un 76 por ciento del importe total, correspondiendo
2.684 millones a obras de transformación para nuevos
regadíos. El importe de cada una de las obras es muy
diferente. La obra de menor presupuesto no llega a
4.000 de pesetas, mientras que la de mayor importancia
supera los 2.000 millones de pesetas. Esta diversidad se
debe a la necesidad de mantener un criterio equitativo
en función de comunidades de regantes de muy diferente
envergadura y según la atomización de la demanda
de financiación, a fin de completar proyectos en
zonas que lo precisan. Por último, el artículo 3 del Real
Decreto ley prevé la declaración de utilidad pública y
de urgente ocupación, a los efectos de la legislación
forzosa de las obras a que se refieren los artículos anteriores
y los bienes afectados por las mismas. La disposición
final única, acorde con el carácter de urgencia
de la disposición, prevé su entrada en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Señorías, ante la descripción del contenido del Real
Decreto-Ley y de las circunstancias que motivan su
aprobación por el Gobierno, no me queda más que
solicitar a SS.SS. su convalidación, conforme a lo previsto
en el artículo 86.2 de la Constitución, ya que este
Real Decreto-Ley nos permitirá seguir adelante con el
conjunto de las obras a que el mismo se refiere, contribuyendo
así a que logremos dotar a los españoles de
algunas de las obras de infraestructura hidráulica que
todavía son realmente imprescindibles.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora
ministra de Medio Ambiente.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En primer lugar, dentro del Grupo Mixto, solicitan la
palabra tres de sus miembros y, por tanto, repartirán su
turno, comenzando por el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.
Intervengo en nombre de Unió Valenciana para fijar
la posición respecto a la convalidación del Real Decreto-
ley 9/1998, de 28 de agosto, por el que se aprueban
y declaran de interés general determinadas obras
hidráulicas.
Unió Valenciana, vaya por delante, va a dar un
apoyo a esta convalidación, pero va a ser un apoyo crítico,
porque consideramos que hay diversos elementos
que nos hacen ver con cierta preocupación alguno de
los acuerdos incluidos en este real decreto, empezando
por el primer párrafo de su exposición de motivos,
cuando habla de que la posible demora en la aprobación
del Plan hidrológico nacional no debe impedir la
puesta en marcha de determinadas actuaciones hidráulicas.
Esa más que posible demora nos inunda de la
preocupación de si se va a presentar y aprobar, que es
lo importante en esta legislatura, o va a haber un
incumplimiento respecto a la aprobación durante esta
legislatura del esperado Plan hidrológico nacional;
esperado en la Comunidad Autónoma Valenciana porque
confiamos en que en él, a pesar de los dobles lenguajes,
se incluya el trasvase de aguas del Ebro a la
Comunidad Valenciana, como así se dijo en un acuerdo
y así se mantuvo en las Cortes Valencianas, a pesar de
que en las Cortes de Aragón el Partido Popular votó en
contra. Esperemos que se apruebe y que se incluya ese
trasvase.
En este Real Decreto-Ley se introduce una serie de
actuaciones, como son obras de abastecimiento de
aguas, obras de regulación y laminación de avenidas y
depuración de aguas residuales, por un importe total
de 216.000 millones. La justificación es la urgencia de
completar nuestra infraestructura hidráulica, para dar
respuesta inmediata ante situaciones de sequía, así
como potenciar la prevención de avenidas.
En la Comunidad Autónoma Valenciana hay problemas
de aguas, hay un déficit hídrico contabilizado y
hay problemas de avenidas y de inundaciones, en concreto
del río Júcar.
El señor PRESIDENTE: Señor Chiquillo, vaya concluyendo.
Le advierto que el tiempo es para todo el
Grupo Mixto.
El señor CHIQUILLO BARBER: Voy concluyendo.
Nosotros hacemos aquí una denuncia porque se han
olvidado diversas obras de gran importancia para la
Comunidad Valenciana, incumpliéndose el convenio
que firmó el Ministerio de Medio Ambiente con la
Generalidad Valenciana el 14 de enero de 1997. Pensamos
que debería recogerse la depuración de aguas del
área metropolitana, modernización de riegos del Camp
de Turia, modernización de la Acequia Real del Júcar y
de la presa de Vilamarchant. PEro en el artículo 2 de
este Real Decreto-Ley, se deja fuera de entre las 37
obras a la Comunidad Valenciana, cuando está el Plan
integral de prevención de avenidas e inundaciones del
río Júcar, el Plan integral de depuración y saneamiento
del río Segura y el canal Cherta-Calig para hacer realidad
el trasvase de aguas del Ebro a la Comunidad
Valenciana.
Por tanto, daremos un sí crítico con la petición de
que, virtud del artículo 151 del reglamento de la Cámara,
se tramite como proyecto de ley, porque el contenido
de este Real Decreto-Ley es manifiestamente mejorable
desde la óptica de defensa de los intereses de la
Comunidad Valenciana.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor
presidente.
El Real Decreto-Ley que hoy se nos presenta por la
señora ministra de Medio Ambiente se justifica textualmente
en nombre de la necesaria planificación hidrológica,
pero presenta obras de ejecución sin planificar y
sin declaración de impacto ambiental. No se nos dice
qué prioridad es la suya, si fueron o no consultados
todos los organismos sociales que debían de haberlo
sido, específicamente las comunidades autónomas con
cuencas hidrográficas con competencia estatal; si la
financiación con fondos europeos es exclusivamente
con fondos europeos o con cuánto va a participar el
Estado y, lo que es más curioso, se refiere a cuencas
intracomunitarias e intercomunitarias en este totum
revolutum competencial que hoy existe en el Estado
español.
En definitiva, cuando se habla del equilibrio hidrográfico
del país, del Estado español, y se acometen
transferencias caudales que no están debidamente matizadas
o pensadas, no se contribuye a este equilibrio.
Desde luego, el desequilibrio es total territorialmente.
Llama la atención la ausencia clamorosa de Galicia,
inserta en una amplia confederación hidrográfica del
norte, con sede en Oviedo, Asturias, que sí aparece contemplada
en obras de clara competencia autonómica.
Determinado tipo de problemas de Galicia le pueden
sonar a la señora ministra. Acerca de El Miño, un
río de clara competencia estatal, con toda su cuenca
que prácticamente afecta a toda Galicia menos a A
Coruña, nos gustaría saber cuántos planes de recuperación
integral y saneamiento de las riberas del río, cuánta
depuración de aguas se llevan acometidos y cuánto
falta por acometer. Nos gustaría que nos dijese por qué
razón el regadío de la comarca de Limia lo va a tener
que pagar la Diputación Provincial de Ourense, que no
se caracteriza precisamente por sus grandes fondos
económicos, nada menos que 2.000 millones de pesetas
en una cuenca que es competencia del Estado. Nos
gustaría saber qué pasa con toda la cuenca del río
Louro, qué pasa entre un río de tramo internacional
como El Miño, prácticamente con caudales mínimos
ecológicos en gran parte y necesitado de un tratamiento
que no tienen sus aguas residuales. El proyecto del
río Louro, proyectado desde hace seis años, no se
acaba de acometer definitivamente.
Por lo que se ve, Galicia no entra en las demandas
de amplios sectores de la geografía española, pero me
gustaría saber qué pasa con todas las obras que enumeré,
y muchas más pendientes, no sólo abastecimiento
de aguas, sino regulación y laminación de avenidas,
depuración de aguas residuales y obras hidráulicas para
regadío, además en cuencas de clara competencia estatal.
A la espera de un Plan hidrológico que no llega y
de una modificación de la Ley de Aguas, que desgraciadamente
no va a significar un mejor control y aprovechamiento,
utilizo esta ocasión para decirle a la señora
ministra que urge -y este plan lo pone en evidencia-
reestructurar los organismos de cuenca, que Galicia
tenga la suya propia porque tiene una especificidad clarísima
que, además, está perjudicada por este rango
competencial, que después el propio Estado no atiende.
Y no nos caracterizamos precisamente por ser una
comunidad autónoma sobrada de recursos.
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor
Rodríguez, por favor.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Si el Estado afecta
a nuestro territorio, nuestra planificación del agua y sus
usos, debe de atenderlos debidamente. Por tanto,
vamos a votar que no y pedimos su tramitación como
proyecto de ley.
El señor PRESIDENTE: En efecto, su tramitación
como proyecto de ley me ha sido solicitada y ratificada
ahora la solicitud por el Grupo Mixto, por el señor
Rodríguez.
Señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
En nombre de Iniciativa per Catalunya-Nueva
Izquierda, quisiera, ante todo, decir que, a pesar de que
este Real Decreto contempla la realización de obras,
votaremos que no y también nos sumamos a la petición
de su tramitación como ley.
Señora ministra, si tuviera que utilizar una palabra
para calificar este real decreto, lo calificaría como uno
de los mayores despropósitos de política hiudráulica en
la historia de la democracia española, uno de los mayores
despropósitos. Creo que dentro de unos años se
podrá decir, se podrá explicar que este Real Decreto
resume todo aquello que no hay que hacer en política
hidráulica. Todo. No hay nada que no se haya de hacer
en política hidráulica que no esté contenido en este real
decreto. El eje central de la política hidráulica es el consenso,
el diálogo y el debate. Este es un Real Decreto
aprobado prácticamente en semiclandestinidad, en
agosto, y es un Real Decreto que no es producto de la
negociación, de la priorización de las obras que existen.
Es curioso que en el inicio del Real Decreto se diga
que la posible demora en la aprobación del Plan hidrológico
no debe impedir la puesta en marcha de las
obras hidráulicas. Señora ministra, el Plan hidrológico
no es un tren de Renfe, en cuyo caso uno está en una
estación y oye por el altavoz que hay una posible
demora. El Plan hidrológico depende de usted. ¿A
quién pregunta, a quién se dirige usted con la posible
demora? ¿Hay demora o no? Esto no es una estación de
Renfe, donde alguien nos anuncia que no se sabe por
qué razón va a haber demora o no va a haberla.
Este Real Decreto se tenía que haber tramitado como
proyecto de ley, de conformidad con lo que dice el
artículo 44 de la Ley de Aguas. En este Real Decreto
hay obras que no tienen declaración de impacto
ambiental. En este Real Decreto se declaran de urgencia
obras que están prácticamente finalizadas. En este
real decreto, como ayer me decía José Molina, un diputado
de Nueva Izquierda en Castilla-La Mancha, hay
obras importantísimas, como, por ejemplo, el abastecimiento
de Puertollano, que no se contemplan y no se
sabe por qué.
La pregunta es: ¿Qué razones, qué justificaciones
hay, señora ministra, para este real decreto? Usted ha
anunciado posiblemente una, que no se pierdan recursos
de la Unión Europea. Sin embargo, nosotros estamos
convencidos de que la razón profunda de este Real
Decreto son dos: la incapacidad política del Ministerio
de Medio Ambiente para desarrollar una política
hidráulica y su ineficacia de gestión. Y fíjese usted, la
semana que viene, el jueves, en esta Cámara estaremos
discutiendo también créditos extraordinarios por valor
de 33.000 millones de pesetas en materia de obras
hidráulicas de su ministerio; 10 ó 12.000 millones de
obras de ejercicios anteriores, que no sabemos cuáles
son, y 15.000 para nuevas obras. No se especifica cuáles
son y yo le pregunto: ¿Nos puede usted decir hoy
aquí para qué son los 15.000 millones de pesetas?
Hemos asistido esta semana al debate de la liquidación
de presupuestos, de la ejecución, y, señora ministra,
los datos de 1997 y los de julio de 1998 muestran
una gestión fatal por parte de su ministerio.
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, por favor,
señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Concluyo, señor presidente.
En 1993, 1994, 1995, la gestión e infraestructura de
recursos hidráulicos se situaba en 132.000, 154.000 ó
173.000; en 1997, bajó a 117.000 millones de pesetas.
Y, señora ministra, sabe usted -seguro que lo sabe-,
a 31 de julio de este año, en qué valor está situada su
gestión? En sólo 37.000 millones de pesetas. Sólo
37.000 millones. Y usted nos trae hoy aquí 216.000 y
no nos dice ni cuándo se van a hacer ni cómo se van a
financiar. Dice: todos tienen partidas presupuestarias.
¿Dónde? Díganos dónde. Me gustaría saber dónde
están, pero es que no están.
Acabo, señor presidente, esto es un compendio de
despropósitos que indica su incapacidad política. Los
datos del Ministerio de Economía indican su fatal gestión
en inversión y, sobre todo, lo que más me preocupa
es que la aprobación de este real decreto, como ya
ha aparecido hoy aquí, sea motivo de conflicto entre
reivindicaciones territoriales. Usted, con este real
decreto, está encendiendo la posibilidad de que exista
conflicto territorial. Por tanto, señora ministra, retire
este real decreto, abra diálogo inmediato con las comunidades
autónomas, tramítelo como proyecto de ley y
tendrá la colaboración, estoy seguro, de todos los grupos
parlamentarios.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saura.
El señor Mardones, en nombre del Grupo de Coalición
Canaria.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias,
señor presidente.
La sensibilidad que expresa mi grupo con todo proyecto
legislativo inversor de obras hidráulicas está justificada
por la propia realidad que la naturaleza, la geografía
y su situación insular ha dado al archipiélago
canario. De aquí que nuestro grupo estará siempre en
la sensibilidad de apoyar con su voto afirmativo todo
proyecto que el Gobierno traiga para cualquier parte
del Estado español -si es para Canarias, igualmente-,
en un principio de solidaridad y de realismo.
Este Real Decreto-Ley lo que viene a significar fundamentalmente
es una declaración de interés general
de las obras hidráulicas que se citan. Nosotros vamos a
apoyar su convalidación, en primer lugar, por un principio
de solidaridad con todas las comunidades autónomas
que se ven reflejadas en determinado índice de
obras. En segundo lugar, porque se trata de darle un
rango legal, la declaración de interés general, que va a
permitir el uso de la cofinanciación, tanto entre fondos
de los Presupuestos Generales del Estado como de fondos
procedentes de la Unión Europea, los fondos
comunitarios. En tercer lugar, porque, en las obras que
aquí se citan y que se refieren al archipiélago canario,
dos son necesarias en la isla de Gran Canaria, en la provincia
de Las Palmas, y están comprendidas en los planes
de reutilización de aguas residuales, el segundo
gran recurso del archipiélago canario, fuera de las
aguas pluviales o de las reservas subterráneas, por su
geología, que se tiene que obtener de una manera cada
vez más significativa.
Aprovecho la presencia de la ministra de Medio
Ambiente, doña Isabel Tocino, para expresar una vez
más este mensaje permanente en la política hidráulica
en Canarias de la reutilización de las aguas residuales y
de continuar la potenciación de lo que fue una línea tradicional
de muchos años atrás, la potabilización del
agua de mar como recurso hidráulico, tanto para consumo
en las ciudades, para el consumo urbano y humano,
como para utilizaciones en el sector del turismo o en el
de la agricultura. Las obras que se refieren al archipiélago
canario, como he dicho, señor presidente, pretenden
la reutilización para riegos de las aguas urbanas depuradas,
conectándolas con las redes del sur.
Por estas razones y porque entendemos que es una
oportunidad, en cualquier límite que se quiera poner
presupuestariamente, vamos a dar nuestro voto a favor
de la convalidación de este Real Decreto-Ley.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Nacionalista Vasco, el señor González
de Txábarri.
El señor GONZÁLEZ DE TXÁBARRI MIRANDA:
Gracias, señor presidente.
Recordará, señora ministra, que este verano, en los
cursos de la Universidad de Santander, el Plan hidrológico
nacional fue uno de los temas a debate. Este portavoz,
como otros compañeros, discutía estos proyectos
con los responsables del ministerio, que nos aseguraron
que en breve plazo conoceríamos este Plan hidrológico
nacional, ante el escepticismo de quien les habla
y de algunos otros compañeros. A la vuelta de las vacaciones
nos hemos encontrado con este Real DecretoLey
que constituye una sorpresa por las perspectivas
que desde el ministerio se nos habían ido comunicando
en los meses anteriores y por el conocimiento y la
discusión, a veces vehemente, que tuvimos en Santander.
Sorpresa, por lo tanto, porque no estábamos acostumbrados
a este método de trabajo por parte del
Ministerio de Medio Ambiente. Quisiera dejar constancia
en el «Diario de Sesiones» de que, en lo que va de
legislatura, es la primera vez que este grupo parlamentario
recibe un Real Decreto-Ley en la Cámara sin previo
conocimiento y sin el mínimo contraste, un Real
Decreto-Ley que es importante y que tiene consideraciones
fundamentales. La sorpresa aumentaba al constatar
que, en las obras que están recogidas en la planificación
que se realiza en este Real Decreto-Ley, no hay
ninguna previsión referida a la Comunidad Autónoma
vasca y que, en consecuencia, el ministerio no recoge
en sus previsiones el seguimiento del cumplimiento de
los acuerdos en política hidráulica, hidrólogica y en el
tratamiento de las aguas, y debería ir recogiéndolo para
que los convenios suscritos con las instituciones vascas
y el ministerio llevara el conveniente timing. Es de
conocimiento general que para que las obras de estas
envergadura se puedan llevar a cabo y queden recogidas
en los presupuestos deben ser declaradas de interés
general. Por ello, la utilización del instrumento normativo
del Real Decreto-Ley nos llama la atención, al
igual que nos la llama que no se fundamente más por
qué están las obras que están y por qué faltan las que
faltan. Para que este grupo parlamentario pudiera
adoptar la decisión más conveniente a la hora de la
votación, la agradeceríamos, señora ministra, una información
que se reflejara en el «Diario de Sesiones» y que
pusiera en su sitio los puntos que le estoy mencionando.
No voy a insistir demasiado en los temas de riego,
que, como conocen SS.SS., es uno de los temas que,
proyecto de presupuestos va, proyecto de presupuestos
viene, este grupo parlamentario, desde su propia
concepción, no consigue ubicar, ni presupuestaria ni
normativamente, en el punto que entiende conveniente,
sobre todo en los regadíos que hacen referencia al
territorio histórico de Álava, que es una discusión que
está abierta permanentemente, a nivel de transferencias
y a nivel competencial y presupuestario. En el preámbulo
de este Real Decreto-Ley se dice que es a iniciativa
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
como se recogen estos anexos, con una brevísima
explicación. Quizás esto podría discutirse con posterioridad,
porque no va a condicionar en exceso el voto de
este grupo parlamentario a la hora de tomar en consideración
los contenidos de este proyecto de ley, pero
sí nos gustaría, señora ministra, que se ubiquen los
contenidos en relación a las obras hidráulicas que quedan
pendientes en el territorio vasco y al cumplimiento
de los convenios que están firmados con las instituciones
vascas sobre estos temas.
Esperamos, pues, señora ministra, una posterior
explicación, que desearíamos que fuera convincente,
para que este grupo parlamentario pueda sostener en
su caso los contenidos de este Real Decreto-Ley, y nos
gustaría, señora ministra, que dijera a sus colaboradores,
por lo menos a los que fueron a Santander, que no
se dediquen a vender humo de esa manera, que la
labor del Gobierno tiene una complejidad evidente y
que es necesario, en esos foros académicos, que son
menos políticos, que los debates se realicen con más
rigor. Nosotros seguimos a la espera de que ese Plan
hidrológico, debidamente fundamentado, llegue en
plazo a esta Cámara.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González
de Txabarri.
El señor Sedó, por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).
El señor SEDÓ I MARSAL: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo va a votar favorablemente la convalidación
de este Decreto-ley 9/1998, de fecha 28 de agosto.
Esta fecha para mí es importante, porque viene a
ratificar lo expuesto anteriormente por el representante
del Grupo parlamentario Vasco. El 28 de agosto se
aprueba este real decreto; el 31 de agosto, en Santander
-yo asistí a la presentación del curso, con la intervención
de la señora ministra-, no se nos dijo nada de
este decreto, se habló en general. Y nosotros creemos
que es positivo todo lo que se dice en el Real Decreto
para que estas obras sean declaradas de interés general.
No es el único Real Decreto que tendrá que venir a
esta Cásmara, habrá otros posteriores, porque este es
incompleto. Ya se nota por las intervenciones de los
demás portavoces. A mí me lleva a tener que incidir en
la venta de humo de los representantes del ministerio,
venta de humo que también citaba el portavoz del
Grupo Vasco, y que se dijo en respuesta a una intervención
mía, por la tarde -usted estuvo en Santander
por la mañana, los diputados estuvimos por la tarde-,
con unas reflexiones que yo hago muy a menudo desde
hace tiempo, porque yo empiezo a ser escéptico en
toda la temática hidrológica. Ya, en el año 1993, el
entonces ministro, señor Borrell, ya retaba, ante las
posibles elecciones que se preparaban -todavía no
estaban anunciadas-, a que el Plan hidrológico iba a
ser motivo de debate en aquellas elecciones. No lo fue,
porque no se acabó ni se presentó en la legislatura
siguiente, no pudieron hacerlo; no lo han presentado
ustedes todavía y, teniendo en cuenta que falta el plan
de regadíos, el plan hidrológico, el libro blanco, la
modificación de la Ley de Aguas... (Un señor diputado
pronuncia palabras que no se perciben.) Si
me deja hablar, señoría, terminaré pronto.
El señor PRESIDENTE: ¿Están importunándole? Perdóneme,
porque no me había dado cuenta. Por favor,
silencio.
El señor SEDÓ I MARSAL: Usted nos dijo que se
había presentado un libro blanco al Gobierno, que iba
a debatirlo el Gobierno, pero yo tengo mi criterio y es
que el Plan hidrológico no se podrá aprobar en esta
legislatura, porque este plan, señora ministra, necesita
un debate sosegado, y un debate sosegado no puede
darse en los temas del agua, en el que dos pueblos
vecinos pueden tener un gran contraste de pareceres.
Y en el mes de octubre tenemos unas elecciones en el
País Vasco; en Cataluña, si se anticipan, en marzo, si
no, en noviembre de 1999; las elecciones municipales y
autonómicas; y posteriormente, en el año 2000, tenemos,
si se siguen las fechas marcadas, las elecciones
generales, Durante este período del año 1999 no puede
haber un debate sosegado que nos lleve a aprobar el
Plan hidrológico, aparte de que todavía lleva retraso.
En Santander se me contestó por parte de altos funcionarios
del ministerio, a un segundo o tercer nivel,
que, cumpliendo el mandato de las iniciativas parlamentarias
del Congreso que se habían aprobado, el
Plan hidrológico estaría en la Cámara antes de finalizar
el año 1998. Esto, para mí, es imposible. También afirmaron
que estaría en la Cámara el plan de regadíos y
que éste no tenía nada que ver con el Plan hidrológico.
Esto se nos dijo en Santander, repito. Francamente, esto
es absurdo. Por tanto, señora ministra, la primera frase
de este decreto, que dice: la posible demora en la aprobación
del Plan hidrológico nacional, me parece que es
correcta, porque no se van a poder cumplir los plazos
que menciona el ministerio. Y yo la rogaría que no
habláramos tanto de plazos, que sigan el camino poco
a poco, como en anteriores legislaturas se hizo y en las
que poco a poco se fue avanzando. Así llegará el día,
después de unos debates sosegados, en que tengamos
el Plan hidrológico, y que esté de acuerdo con todas
las comunidades autónomas y con todos los entes que
tienen que intervenir.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra don Pedro Antonio Ríos.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías,
nos encontramos ante una discusión que yo consideraría
que debería producirse después de lo que es
un proceso de diálogo, de encuentro. Ustedes anunciaron
que el libro blanco iba a ser un instrumento para
facilitar el debate hidrológico en todo el país, que culminaría,
después de ese encuentro y diálogo entre sectores
implicados, entre comunidades autónomas, entre
distintas administraciones y distintas fuerzas políticas,
con la presentación del Plan hidrológico. Aquí nos
encontramos, permítame que se lo diga, con un miniplan
hidrológico, por incapacidad de gestión, presentado
por Decreto.
Este Decreto viene a resumir tres cosas que caracterizan
una acción de Gobierno que nosotros rechazamos.
En primer lugar, es poco claro, poco claro en sus
objetivos. Es verdad que en la exposición de motivos
figuran tres objetivos. Uno, que se va a demorar el Plan
hidrológico; ya lo sabemos, es claro que se va a demorar.
Dos, que pretenden financiar con fondos europeos
algunas obras y que no han podido hasta ahora; yo no
sé por qué no han podido, llevan dos años y no han
podido meter todas estas obras, algunas de las cuales
están con proyectos hechos hace más de diez años,
otras tienen declaración de interés público ya hecha
hace más de seis años y en otras -que ya es irrisorio-
está terminándose su ejecución. Hay dos obras que tienen
el 80 por ciento ya ejecutado: toda la obra de los
contadores de acuíferos sobreexplotados en la Mancha
occidental y Campo de Montiel y la conducción para
abastecer la margen izquierda del Zújar y del Guadiana,
con casi 24 kilómetros. Estas obras están ya casi terminadas,
¿y ahora las va a declarar de interés? Hay otras
que también están. Pero además es poco claro porque
no sabemos cuánto cuesta. Usted aquí hoy ha leído una
serie de cifras, pero en la memoria que nos adjunta
para presentar el proyecto no nos dice lo que cuestan.
A la prensa sí le entregó una valoración de cada una de
ellas, por separado y agrupadas. A nosotros, aquí, en la
Cámara, no. Pero lo que es peor, dice la exposición de
motivos que otra de las razones es facilitar, en las leyes
de amañamiento presupuestario que ustedes han presentado,
esa posibilidad de sistemas de modificación
de la Ley de Aguas. Pues ese sistema de financiación
vía artículo 8 o acciones de sociedades también les ha
fallado y pretenden que se puedan hacer algunas de
ellas. ¿Me podría decir cuáles de estas obras se van a
hacer por sistema de financiación por entidades privadas
y de participación privada, cuáles se hacen desde
los presupuestos con el cien por cien desde el Estado,
cuáles son cofinanciadas con participación de comunidades
autónomas y cuáles son cofinanciadas con fondos
europeos? Porque aquí no lo pone. Desconozco el
plan de ejecución, de actuación. Por tanto, es una propuesta
poco clara, opaca, sin datos, por decreto, por
veranitis, porque está hecha el 29 de agosto; tiene una
enfermedad, una inflamación del verano y una acumulación
de no ejecución.
La segunda característica que yo achaco al proyecto,
y permítame que se lo diga, no es ni más ni menos que
el fracaso de no haber podido poner en marcha obra
hidráulica, obra de abastecimiento u obra de saneamiento
y calidad de agua. Por cierto, que deben obedecer
a planes de saneamiento y calidad de agua de cada
comunidad autónoma. Las obras de saneamiento no
deben ser ejecutadas al margen de eso. Me gustaría
saber cuáles están metidas, cuáles están propuestas,
cuáles van a ser financiadas con participación de las
comunidades, porque meter obras de saneamiento aquí
es una ironía de lo que debe ser la planificación hidrológica.
Y luego hay obras totalmente del Ministerio de
Agricultura. Yo creo que les han fracasado a ustedes
todos los sistemas de financiación. Ustedes han tenido
una característica desde que llegaron al Gobierno en el
tema del agua y es intentar sortear, saltarse, bordear la
Ley de Aguas. Les estorbaba la Ley de Aguas. Todavía
no la han modificado y ya la han sorteado. La primera
ley de amañamiento ya traía modificaciones para facilitar
mercados de agua, para facilitar la inversión privada;
no este año, el año anterior. Yo tengo aquí la liquidación
de presupuestos que el otro día hacía el
secretario de Estado de Presupuestos. En este GIF, en
estos sistemas de financiación privada que crearon para
el ferrocarril, para las carreteras y medio ambiente, en
lo que era inversión en ferrocarril tiene un nivel de ejecución
medio óptima y ¿sabe usted cuánto se ha invertido
por ese sistema en infraestructuras hidráulicas o
medioambientales desde las previsiones del año 1997?
Usted ha dicho hoy que le ha costado un poco trabajo
este año. No, no, en el año 1997. ¿Sabe cuánto dinero
había en créditos definitivos en esa partida para su
ministerio. Había 42.800 millones de pesetas. ¿Sabe
usted cuántas obligaciones reconocidas tuvo en 1997?
Cero. ¿Sabe usted cuántas tuvo como total liquidado y
ejecutado al final de 1997? Cero. ¿Sabe usted cuántas
obligaciones reconocidas ha tenido en 1998? Cero.
¿Sabe usted cuántas tiene al final ? Cero. Pues cero mata
a cero. Ustedes no han podido ejecutar ninguna actuación.
Les ha fracasado su sistema. (El señor vicepresidente,
Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la presidencia.)
No les ha servido, porque no les han
respondido las comunidades de regantes, porque no
les ha respondido la iniciativa privada o porque ustedes
no han sido capaces en dos años, que no han sido
cinco minutos. Se dice que es que tarda en ponerse en
marcha este sistema de acciones. Desde luego, ustedes
en la Bolsa serían una ruina, porque si tardan dos años
en poner en marcha unas acciones, imagínense en
hacerlas efectivas. Por tanto, es el Decreto del fracaso
de la gestión.
Permítame también que le diga que es el Decreto de
la incapacidad de gestión. ¿Me quiere explicar por qué
se hacen aquí setenta y cuatro inversiones, por qué se
proponen declarar de interés y de urgente ocupación
actuaciones que ya están puestas en marcha, que ya
estaban previstas, que incluso se las han propuesto
como enmiendas? Si lee las enmiendas de los grupos
de la oposición en los presupuestos de 1997 y de 1998,
encontrará algunas de ellas. No era posible, había que
esperar al Plan hidrológico. Me parece correcto. Y
ahora ¿sabe lo que les ha pasado? Que ya están pensando
ustedes en el final de 1999 y en el 2000. Y no
iban a tener tijera que echarse a la mano para cortar
cinta, porque si ahora no se ponen en marcha inversiones,
en el 2000 no van a tener nada ejecutado, no van a
tener cintas que cortar. Lo que criticaban entonces. Me
da la impresión de que no han sido capaces de poner
en marcha todas estas actuaciones, obras tan complejas
como puede ser un depósito para Oviedo. Hay obras
que han tenido que ser complejísimas para que usted
haya tardado dos años en traerlas. Depósito general de
agua en Cadasa. Podemos tener un sinfín de obras,
saneamientos que proponen, regulaciones... Si fueran
presas u otras actuaciones, lo veríamos.
Por último, otra característica de su proyecto: se olvida
del medio ambiente. ¿Podría decirme cuáles de estas
obras tienen realizada declaración de impacto ambiental?
¿Cuántas están realizadas? ¿Cómo puede saber lo
que cuesta si no tenemos la declaración de evaluación
de impacto ambiental hecha, no sabemos los costes
que puede tener la corrección del impacto ambiental y
tampoco sabemos si se puede hacer o no? Puede ser
que lo que se deduzca de esa evaluación de impacto
ambiental es que no se puede hacer.
¿Me puede decir por qué es necesario bordear la Ley
de Aguas, que es taxativa y dice que los trasvases necesitan
una ley específica? No me estoy oponiendo a ninguna
de las obras, me gustaría poder votar la mayoría
de sus propuestas, pero dice la Ley de Aguas que los
dos trasvases que ustedes proponen, uno interno -
desde el Júcar al Vinalopó- y otro entre dos cuencas
-el Guadalentín, desde el Negrantín al Almanzora-,
para 50 hectómetros cúbicos -no es una cosita chiquituja,
que ha salido de la noche a la mañana-, la Ley
de Aguas, digo, exige...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Señor Ríos, le ruego concluya.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Sí, señor presidente, termino.
Necesitaría una propuesta de ley específica.
En suma, si a ustedes les sobra la Ley de Aguas, si a
ustedes les sobra el orden y el diálogo, si a ustedes les
sobra discutir, poner de acuerdo y concitar encuentro,
a nosotros no solamente no nos sobra, sino que se lo
demandamos. Por eso no podemos votar a favor de
este decreto. Y le pedimos que lo retire, para facilitar el
diálogo. ¿Cómo vamos a discutir después toda una propuesta
de Plan hidrológico? ¿Cómo vamos a discutir
después una propuesta de libro blanco de líneas generales?
Ustedes lo están condicionando. Lo han condicionado
en la financiación, ya han dicho cómo la van a
hacer; lo han condicionado en la modificación de la
Ley de Aguas, sin poder hacerla; además, están condicionando
el Plan hidrológico. ¿A qué nos invitan después?
Convidados de piedra. Búsquense otros socios
para eso. Ya les han dicho algunas cosas sus socios, los
que les apoyan.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Señor Ríos.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Espero que por lo menos
permitan que se tramite como ley. En todo caso, estamos
en disposición de poder aportar nuestras opiniones.
La mejor apuesta que podría hacer por el medio
ambiente y el agua es retirar este decreto. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señor Ríos.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene
la palabra el señor Morlán.
El señor MORLÁN GRACIA: Muchas gracias, señor
presidente.
Señoras y señores diputados, subo a esta tribuna
para fijar la posición del Grupo Socialista respecto a la
convalidación de este Real Decreto-Ley.
Indudablemente, no es un Real Decreto-Ley que se
pueda asumir tan fácilmente como lo plantea la ministra
o como me imagino que después lo hará el Grupo
Popular. Llama la atención las posiciones contrarias que
existen en los propios grupos que apoyan al Gobierno
en la apreciación de este Real Decreto-Ley. Para nosotros
indudablemente es un Real Decreto-Ley que tiene
que ser objeto de una crítica severa, de una crítica dura.
Es un auténtico despropósito, es un bodrio como tal.
Desde nuestro punto de vista, no existe la justificación
de una extraordinaria y urgente necesidad de esta
norma. Entendemos que es una pura apariencia, una
caricatura de una auténtica planificación hidrológica;
que existe falta de previsión y que hay opacidad en la
financiación de las obras hidráulicas. Desde luego, no
hay pérdida alguna de recursos de la Unión Europea
aunque se tramite como proyecto de ley. Y estimamos
que sería necesaria su tramitación como proyecto de
ley porque todas las actuaciones en materia de trasvases
-tal y como nosotros hacíamos, a pesar de que a
usted no le guste que se lo diga, señora ministra- se
deben hacer por proyecto de ley. Por último, entendemos
que hay una falta de consideración a los aspectos
ambientales, a las repercusiones ambientales que
puede tener el desarrollo de cada una de estas obras.
Estamos ante un Real Decreto-Ley que lo único que
hace es aprobar y declarar de interés general determinadas
obras hidráulicas, sólo eso, algunas de ellas relacionadas
más directamente con aprovechamientos para
regadíos. Se trata sólo de que el Estado asuma su financiación
de forma directa o indirecta y en modo alguno,
a pesar de las apariencias, de que con este Real Decreto-Ley
las máquinas se pongan a trabajar de manera
inmediata y, en muchos casos, ni aun a medio plazo.
Efectivamente hay obras iniciadas, en ejecución. Veremos
a ver qué le dice usted a la Junta de Andalucía
cuando después de esta declaración de interés general
se encuentre con las obras que ya ha iniciado, como,
por ejemplo, el sistema general de evacuación de pluviales
de El Egido, que está dentro de las actuaciones
para defensa y recarga de los acuíferos del poniente
almeriense. Son obras cuya financiación ha asumido la
Junta y ahora, según este Real Decreto-Ley, tendrían
ustedes que reintegrarles lo que han pagado.
Algún medio de comunicación, señor ministra -y lo
ha catalogado también el representante de Izquierda
Unida-, ha dicho que este Real Decreto-Ley es un
miniplan hidrológico. No sé si esa es su opinión porque,
aprobados los desconocidos planes hidrológicos
de cuenca y no aprobado el Plan hidrológico nacional
y no reformada la Ley de Aguas ni presentado el libro
blanco, no sabemos si lo que proponen hoy es no un
miniplan sino un pseudo miniplan, algo que tiene que
ver con la planificación pero que no llega a nada, porque
lo que han hecho con esta norma es papel mojado
El contenido de este Real Decreto-Ley y su magnificada
por el Gobierno presentación, con grandes cifras
que luego no aparecen recogidas en el texto -se habla
de 216.000 millones de pesetas, según han dicho ustedes
públicamente-, pone de manifiesto una cosa que
es clara: la arbitraria y poco seria política hidráulica
que se está llevando a cabo. No sé si este Real DecretoLey
es uno nuevo o es la continuación o la segunda
parte de uno que hubo el 31 de julio porque, a través
de su agencia oficial, ustedes decían que el Consejo de
Ministros declaraba de interés general obras hidráulicas
por 215.000 millones de pesetas. Después de leer esta
noticia pensé que ustedes iban a reconsiderar la propia
norma y que cuando la aprobaran traerían algo más
sólido, más consistente que lo que dicen que van a
hacer a través de una norma que hoy pretenden que se
convalide.
¿Por qué lo calificamos de esta manera? ¿Por qué
decimos que es un bodrio, un contrasentido? ¿Por qué
decimos que su contenido tiene muchas lagunas? No
entendemos que exista esa urgencia, esa necesidad. No
pueden argumentar como justificación -entre comillas-
que la posible demora en la aprobación del Plan
hidrológico nacional no debe impedir la puesta en marcha
de determinadas obras hidráulicas. Si eso es así,
eso significa reconocer meridianamente que van a
incumplir un acuerdo adoptado en esta Cámara en el
que se dice que antes del 31 de diciembre de 1998 ustedes
van a traer aquí el Plan hidrológico nacional y lo
han incumplido. Como de este tema vamos a tener
tiempo de hablar las próximas semanas, podremos profundizar
en cuáles son las razones de ese incumplimiento,
que trae duda y desazón en el funcionamiento
de todas las estructuras hidráulicas de este país.
A nosotros no nos sorprende que esto pueda ser así;
no nos sorprende que haya este incumplimiento porque,
hablando de incumplimientos, ustedes lo hacen
sin ningún problema. Ya que usted es tan dada a acusar
a los demás de incumplir y no se recata en recoger
lo más perjudicial de nuestra historia como Gobierno,
le diré que la primera que incumple es usted. Usted
dijo, nada más tomar posesión como ministra, cuando
vino a esta Cámara, que era necesario un debate público
sobre las aguas, que para eso estaría el libro blanco
-libro blanco que todavía no se ha presentado- y que
éste sería previo al instrumento de planificación que es
el Plan hidrológico nacional. Si, como usted dice, cumple
las dos cosas, es imposible que coincidan. No sé si
el Plan hidrológico nacional será para ahora, para mayo
o para octubre del año próximo. Más bien creo que no
va a entrar en esta Cámara, porque ustedes no son
capaces de traerlo, porque están desvertebrando territorialmente
este país en política de agua. Hay unas
elecciones municipales, unas elecciones autonómicas y
ustedes están haciendo todo lo posible para que se llegue
a ellas con la imagen de que están llevando a cabo
una política hidráulica seria y rigurosa; y eso es auténticamente
falso.
Este Real Decreto-Ley no tiene justificación alguna
para esa necesidad. Señora ministra, usted que no se
cansa de decir no verdades o mentiras sobre lo que
hicimos o no hicimos los socialistas, debería leerse
cómo elaborábamos nuestras propias normas, las normas
que traíamos aquí, que ustedes no apoyaban pero
que nosotros planteábamos con una rigurosidad, en
cuanto a su estructura y a su contenido, que nada tiene
que ver con lo que ustedes han hecho con este Real
Decreto-Ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Señor Morlán, le ruego que concluya.
El señor MORLÁN GRACIA: Sí, señor presidente.
Señora ministra, usted tendría que leerse alguna de
las normas a las que hago referencia: de 13 de febrero
de 1995, de 8 de mayo de 1995, de 8 de agosto de 1995,
en las que podrá observar cómo cualquiera que se
encuentre afectado encuentra la garantía jurídica necesaria
para poder afrontar la realización de esas obras
sin ningún tipo de dificultades, cosa que ustedes aquí
no hacen.
Este Decreto es para nosotros una caricatura de lo
que ustedes llamarían una auténtica planificación, es
una caricatura absoluta, no tiene nada que ver con lo
que es una planificación hidráulica, no tiene nada que
ver con lo que es un desarrollo de una política hidráulica,
no tiene nada que ver con lo que han de ser unas
actuaciones a medio y largo plazo que hagan que en
este país se lleve a cabo una política de aguas, una
política hidráulica en consonancia con lo que todos
decimos, con lo que todos queremos y con lo que ustedes
cuando hablan plantean con toda seriedad, según
dicen.
El portavoz que me ha antecedido en el uso de la
palabra ha puesto encima de la mesa algunas obras que
ustedes incluyen en este Real Decreto y que están en
ejecución o que han sido declaradas de interés general.
Ya no hablo de lo que ha pasado en Monegros II, en la
provincia de Huesca. ¿Sabe que declaran aquí de interés
general obras que ya lo están? Declaran tres obras
que están declaradas de interés general porque están
incluidas dentro del plan de transformación de Monegros
II. ¿Sabe usted que están declaradas de interés
general, por ejemplo, las presas de Canjáyar y Nacimiento?
¿Sabe usted, señor ministra, que en este Real
Decreto-Ley debiera haber otro tipo de obras, diferentes
de las que ustedes han contemplado? Hay obras en
Andalucía, en Cádiz, en Huelva, en Almería, en Castilla-
La Mancha, en Aragón, en La Rioja, hay un montón
de obras que ustedes podían haber incluido no digo
con menos, sino al menos con el mismo derecho que
tienen las que están incluidas en este Real Decreto-Ley
y no hubiera pasado nada. Pero, debido a su política
clientelista respecto a sus alcaldes, a sus comunidades,
a su forma de trabajar, puesto que lo hacen siempre
desde el punto de vista clientelar respecto a su propio
partido y a sus comunidades, lo que han hecho ha sido
obviar auténticas necesidades, un verdadero debate
sobre planificación hidrológica en este país.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Señor Morlán, le ruego que concluya.
El señor MORLÁN GRACIA: Sí, señor presidente.
Señora ministra, como vamos a tener posibilidad de
hablar en los próximos días sobre estos temas, le quiero
hacer una serie de consideraciones. Nosotros vamos
a votar a favor de la convalidación de este Real Decreto-
Ley, a pesar de lo que le he dicho, señora ministra.
¿Por qué? Como un mal menor; porque alguna de las
obras sí tiene que ser declarada de interés general. Hay
muchas obras, señoría, que por estar incluidas indebidamente
no deberíamos votarlas a favor. Ojalá pudiera
llevarse a cabo una votación separada de cada uno de
los puntos. Pero como hay que votarlo en su conjunto,
nosotros vamos a votar que sí por responsabilidad, por
entender que no podemos ir en contra de aquellas
obras que tienen que ser declaradas de interés general
porque tienen que hacerse, porque tienen que llevarse
a cabo. Hay algunas obras que, como han dicho otros
portavoces, tendrían que haber tenido otro tratamiento
distinto a este Real Decreto-Ley, tendrían que ser proyectos
de ley; estoy hablando de los trasvases.
Como es un tema lo suficientemente serio y como
hay por nuestra parte una disposición a emitir voto
favorable, no le pido que retire el Real Decreto-Ley,
sino que lo tramite como proyecto de ley. Estamos dispuestos
a ofrecerles la incorporación de obras que
nosotros entendemos que son de interés general; estamos
dispuestos...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Señor Morlán, S.S. debe concluir de forma
inmediata.
El señor MORLÁN GRACIA: Sí, señor presidente. Un
minuto más y acabo.
Estamos dispuestos a presentar enmiendas que normalicen
y regulen lo que tiene que ser un Real Decreto-
Ley de estas características; estamos dispuestos a
completar la indefinición de este Real Decreto-Ley y
hacer que, al final, acabe saliendo un proyecto de ley
que merezca la aprobación y el apoyo de todos los grupos
políticos; estamos dipuestos a colaborar con ustedes
en la definición de una política hidráulica, si ustedes
se dejan. Pero si se empecinan en que tiene que
ser tramitado como Real Decreto-Ley y no como proyecto
de ley, no hacen nada fácil la posibilidad de cualquier
entendimiento en el futuro sobre política de
aguas; una política en la que deberíamos superar las
diferencias que existen entre los grupos políticos, pero
eso sí, desde el debate, desde el consenso y desde el
acuerdo. Parece que por ahora ustedes no quieren
entenderlo.
Me gustaría, señora ministra, que a pesar de toda la
crítica que merece este Real Decreto-Ley, usted sea
capaz de decir: Efectivamente, si quieren ustedes, lo
tramitamos como proyecto de ley y estudiamos las
enmiendas. No va a tener problema alguno con la pérdida
de los fondos europeos, no los va a perder, señora
ministra, van a tenerlos sin ninguna dificultad. Espero
que cuando se produzca la votación, acepte las
peticiones que nosotros hacemos.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene
la palabra la señora De Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular votará
favorablemente el Real Decreto-Ley por el que se
aprueban y declaran de interés general determinadas
obras hidráulicas por entender que es imprescindible
dotar a los españoles de esas infraestructuras hidráulicas
necesarias, precisamente ahora cuando parece que
no existen graves problemas de escasez de ese recurso,
y por entender que es conveniente su inmediato inicio
ya que un porcentaje importante va a contar con financiación
de los fondos de cohesión.
El Grupo Parlamentario Popular considera que el
Real Decreto-Ley que hoy debatimos responde al requisito
formal que establece el artículo 44 de la Ley de
Aguas, en el que se indica que el Estado, cuando afronta
el estudio y puesta en marcha de una obra hidráulica,
debe declarar por norma con rango de ley que se
trata de obras de interés general. Criticar estos aspectos
carece de todo fundamento y demuestra que no conocen
ustedes la legislación vigente.
Con esta fórmula del Real Decreto-Ley, constitucionalmente
prevista, se van a agilizar los trámites administrativos
para que el Gobierno o las sociedades estatales
creadas recientemente liciten y contraten las obras
que se declaran de interés general. Todas ellas, señorías,
o bien están previstas en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado de 1998 y han sido ya aprobadas
por esta Cámara o bien son aquéllas que están dispuestas
a afrontar las sociedades estatales promotoras de
infraestructuras hidráulicas, de reciente creación, y que
todas SS.SS. conocen.
Saben SS.SS. que el Ministerio de Medio Ambiente ha
elegido el camino de promover la colaboración de la
iniciativa privada, ayuntamientos y comunidades de
regantes básicamente, en la financiación de obras
hidráulicas, de tal manera que se multiplique al menos
por tres el esfuerzo inversor, de forma que cada peseta
que da el Estado genere una aportación de los propios
beneficiarios de las obras (regantes o ayuntamientos),
según que la finalidad sea la agricultura o el abastecimiento.
Señor Ríos, en contra de lo que usted opina, las
comunidades de regantes de su región sí están de
acuerdo con este procedimiento. Entérese usted primero
antes de venir a esta Cámara a decir lo contrario de
lo que allí desean.
Señores diputados, saben ustedes perfectamente -a
pesar de que se han empeñado en insistir varios portavoces
de los grupos parlamentarios- que esta declaración
de interés general no supone ningún miniplan
hidrológico. Es un trámite necesario -deben saberlo
ustedes- para tramitar la normativa hoy vigente. Una
gran parte de esas obras hidráulicas está vinculada al
Plan nacional de saneamiento y depuración. Con ellas
se da un impulso definitivo en esa materia a la Comunidad
Autónoma extremeña especialmente, aparte de
otras actuaciones. Ello, señorías, no hace más que reiterar
el esfuerzo que el Ministerio de Medio Ambiente
está haciendo en esa materia, ya que, como recordarán
ustedes, casi el cien por cien del dinero autorizado por
el Consejo de Ministros para el modelo alemán, el sistema
de contrato de pago aplazado, se ha dedicado también
a obras del Plan nacional de saneamiento y depuración,
es decir, señorías, a inversiones medioambientales,
ésas que ustedes echan en falta y por las que
tanto se interesaba el Grupo Socialista en otras ocasiones.
Son obras prioritarias para el Grupo Parlamentario
Popular. Quiero creer que todos ustedes opinan lo
mismo; quiero creer que consideran importante y necesario
garantizar el abastecimiento a poblaciones como
Oviedo, Ciudad Real, Badajoz, Jaén, Valencia, Albacete,
Zaragoza o Lleida; quiero creer que consideran importante
y necesario garantizar la protección de personas y
bienes frente a avenidas, como es el caso de las actuaciones
en márgenes y cauces en el Guadiana y otros ríos.
Algunas de las actuaciones que se aprueban en este
real-Decreto tienen finalidades combinadas de consolidación
de regadíos y garantías de abastecimiento de un
carácter estructural para determinadas zonas del territorio
nacional. Como han indicado algunos portavoces,
sería bueno que hubiera más obras, más actuaciones, y
esperamos que estas obras y actuaciones tengan lugar
en su momento.
Quiero aclarar algo que se ha dicho aquí indebidamente.
El señor diputado que ha hablado del proyecto
de ley sabe perfectamente que el real-Decreto contempla
una obra que supone una interconexión entre cuencas
hidrográficas distintas dentro de la Comunidad
Autónoma andaluza, la conexión Negratín-Almanzora.
La declaración de interés general de esta conexión atribuye
al Estado la competencia para estudiar el proyecto
y hacer la correspondiente evaluación de impacto
ambiental -señor Morlán, usted debe saber esto-, lo
cual permitirá a continuación formular la correspondiente
propuesta legislativa al Parlamento en los términos
en que se regule el trasvase del agua, si tal norma
legislativa se aprueba. Señor Morlán, es un Real Decreto-
Ley importante. Como usted ha dicho, es importante
que se declaren de interés general determinadas obras.
Cuando esta Cámara lo apruebe se habrá dado adelante
en beneficio de la obra hidráulica.
No me resta sino felicitar a la ministra de Medio
Ambiente por el impulso que se da a la obra hidráulica
y por la actuación que ha tenido en este aspecto.
Nada más y muchas gracias. (La señora ministra
de Medio Ambiente pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Señora ministra de Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino
Biscarolasaga): Gracias, señor presidente.
Es necesaria mi intervención en este momento. No
sé si se ha escuchado bien mi primera intervención en
esta Cámara, pero es bueno sentar una serie de principios
que son fundamentales para entender el motivo
de este Real-Decreto ley que hoy traigo a la Cámara
para su convalidación. Y creo que es importantísimo
porque las afirmaciones que hemos estado escuchando
aquí no tienen nada que ver con la finalidad, con la
fundamentación de este Real Decreto-Ley.
Señorías, estamos hablando de un requisito formal,
del cumplimiento de un artículo concreto de la Ley de
Aguas en vigor. Se acusa al Ministerio de Medio
Ambiente de incumplir la legalidad vigente, cuando
precisamente lo que este Decreto hace es cumplir el
artículo 44 de la Ley de Aguas, que obliga a que aquellas
obras que por sus características especiales tienen
que ser elaboradas por la Administración central, necesariamente
tienen que estar dotadas de una cobertura
jurídica, es decir, tienen que ser declaradas obras de
interés general. Señorías, metámonos en la cabeza este
principio, porque lo único que hace este Decreto es
declarar de interés general algunas obras que por su
urgencia, por sus características, no pueden ser hechas
por las comunidades autónomas a quienes en principio
les correspondería. Dada la magnitud, la importancia,
la urgencia y las características de las obras, aunque
deberían realizarlas administraciones locales o regionales,
las tiene que hacer, por el interés general, la Administración
central. Y eso no se puede hacer voluntariamente.
Eso es urgente y los ciudadanos lo entienden.
Lo que quieren los ciudadanos es que se realice la
obra, la haga quien la haga, que se les garantice el
regadío, que se garantice la calidad de abastecimiento
de agua a su ciudad o a su pueblo, que se les asegure
la laminación y regulación de avenidas para que no
haya sobresaltos en próximas riadas. Al ciudadano no
le importa qué administración debe hacerlo, y como
este Gobierno es escrupuloso con la legalidad vigente
acude al artículo 44 de la Ley de Aguas que obliga a
que toda obra pública de interés general tenga que ser
declarada por Ley o por Real Decreto-Ley.
Voy a ir contestando a cada una de las acusaciones
que SS.SS. hacen sin ninguna fundamentación y que
para titulares de prensa pueden quedar maravillosas. Se
ha hablado del Plan hidrológico nacional pero, señorías,
centrémonos en el debate de hoy. Claro que la
semana que viene, y con orgullo, voy a defender que el
Gobierno, preocupado por la necesidad de inversión
en obra pública y concretamente en obra hidráulica, a
un presupuesto aprobado por esta Cámara el año pasado,
le va a incorporar 33.000 millones de pesetas más
en un crédito extraordinario y en un suplemento de
crédito. Pero me van a permitir SS.SS. que me ciña al
debate de hoy y que la semana que viene tengamos
ocasión de debatir sobre la nueva inversión del Ministerio
de Medio Ambiente. Señorías, centrémonos en el
debate de hoy. No trata de un miniplan Plan hidrológico
nacional, de un falso debate sobre el Plan hidrológico
nacional. Reitero que lo único que se hace hoy es
declarar de interés general unas obras para poderlas
terminar con una cobertura jurídica que no existe.
Yo no he visto más contradicciones en algunos de
los intervinientes que las que se han podido escuchar
esta mañana, porque por una parte se nos está diciendo
que no hagamos esas obras de interés general y, por
otra, se nos dice que casi están hechas. Están reconociendo
que, heredadas -se ha dicho que se vienen
pidiendo desde hace diez años-, algunas están puestas
en marcha y necesitan de esa cobertura jurídica porque
lo exige la Ley de Aguas. Eso es lo que estamos
haciendo, no se está aprobando en este Decreto-Ley ni
el calendario de realización de esas obras, ni el impacto
ambiental que pueden experimentar, ni el proyecto
técnico en el que va a consistir esa obra.
Quiero decirles, para su tranquilidad, que ninguna
de las obras que se declaran de interés general en este
Decreto-Ley se va a sustraer a la normativa regular de
contratación de cualquier obra hidráulica; tengan SS.SS.
la plena tranquilidad. Se habla de trasvases, pero lo
único que se está autorizando aquí es que, por la
importancia de ese trasvase, el Estado inicie los estudios
de impacto ambiental. Sus señorías saben que no
hay posibilidad de ningún trasvase sin que esta Cámara
lo apruebe por ley. Esta Cámara tiene que aprobar las
condiciones de cualquier trasvase, señorías, porque es
necesaria una ley, llámese ley del Plan hidrológico
nacional u otra específica para un trasvase que requiera
una urgencia especial, pero no se sustrae a esta Cámara
la aprobación de ningún tipo de trasvase. Hoy se declara
de interés general, hoy se le pide al Estado que
empiece a estudiarlo porque algunos de estos trasvases
son urgentes, están entre dos confederaciones hidrográficas
curiosamente insertas en una misma comunidad
autónoma como es Andalucía. Hoy no se están
poniendo las condiciones de ese trasvase, ni siquiera
las compensaciones a que pudiera dar lugar ese trasvase.
No adelantemos, no confundamos a la opinión
pública con falsos debates.
Se nos tacha de opacidad, se nos dice que esto es
completamente opaco, que no hay transparencia. Señorías,
me van a permitir, porque si no la opinión pública
pensará que estamos sustrayendo un debate a la Cámara,
que les diga a quienes no hayan leído la memoria
económica de este decreto, para que al menos conste
en el «Diario de Sesiones», que este Real Decreto-Ley
consta de una memoria económica, donde se establece
la cuantía del proyecto, con independencia de que después
pueda tener otras modificaciones u incidencias
como pasa en cualquier tipo de obra pública, de obra
hidráulica. Aquí está presupuestado lo que al día de
hoy se supone que es ese proyecto.
¿Cómo se puede acusar de falta de transparencia?
¿Cuándo se ha visto en esta Cámara mayor transparencia?
(Risas.-Rumores.) En los Presupuestos Generales
del Estado del año 1997, capítulo VI, están declaradas
estas obras ya con su capítulo correspondiente de
financiación, y en el capítulo VIII de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado de ese mismo año está
contemplada la posibilidad de hacer las obras que aquí
se especifican. Es una memoria en la que se alude a
cada una de las obras, su cuantía y cómo se pueden
financiar. Aquí lo ven SS.SS. y por eso queda a disposición
de toda la Cámara.
No es justo que se acuse de que a la prensa se le da
una información y a la Cámara otra. Quizá es que la
prensa ha tenido más interés en estudiar la memoria
económica y le ha interesado saber, comunidad autónoma
por comunidad autónoma, que cuando el Ministerio
de Medio Ambiente se compromete es porque
existe el respaldo presupuestario para hacer estas obras
que son tan urgentes.
No estamos vendiendo humo, señorías, estamos
diciendo el importe del proyecto, estamos diciendo
cómo se puede financiar y no estamos presuponiendo
ni alterando con este Decreto ley la norma ordinaria de
cumplimiento estricto de contratación de cualquier
obra. Tengan la tranquilidad SS.SS. de que eso es lo
que se hace y nada se va a alterar.
El portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV)
argumenta que en este Real Decreto-Ley no existe
ninguna obra contemplada de interés general. Quiero
decirle, señor González de Txabarri, que al día de
hoy no existe ninguna obra que tenga que ser declarada
de interés general en la Comunidad Autónoma vasca
que no haya sido ya declarada de interés general. No
existe una sola. No hay un solo convenio, ni de los que
hemos heredado ni de los que se hayan podido hacer
con posterioridad, donde se exija el respaldo jurídico
de declarar de interés general una obra que no haya
sido ya declarado de interés general. Puedo decirle
que, con independencia de que para los presupuestos
del año que viene se pueda presentar como iniciativa
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) o de cualquier
otro grupo con sede en la Comunidad Autónoma
del País Vasco, no tiene nada que ver que en el futuro
podamos asumir esos compromisos de declarar determinadas
obras de interés general. Al día de hoy si S.S.
no encuentra ninguna obra es porque no tenemos pendiente
de declarar ninguna obra de interés general.
La señora Romero interviene continuamente, aunque
no está en la tribuna, para hablar de los problemas de
Andalucía. Señora Romero, yo espero que S.S. tenga la
objetividad y el detalle de contar en la Comunidad
Autónoma de Andalucía que este Ministerio habrá
invertido allí, a 31 de diciembre de 1997,
30.852.752.000 pesetas. (La señora Romero López
pronuncia palabras que no se perciben.) Señora
Romero, es de justicia reconocer -no está S.S. en el
uso de la palabra, pero cuesta hacerme entender con
sus intervenciones desde el escaño- que este Ministerio
de Medio Ambiente ha invertido en 1997 casi 31.000
millones de pesetas en la Comunidad Autónoma de
Andalucía. Quiero decirle también, porque veo que le
interesa exclusivamente el localismo de Cádiz, que allí
no existe en este momento ninguna obra que requiera
la declaración de interés general. Se lo digo sinceramente.
En cambio, existe el compromiso personal de la
ministra de unas obras que son muy importantes en la
provincia de Cádiz, como es la modernización de los
regadíos que harán falta, así como poner en marcha el
canal principal del Guadalcacín en este próximo año.
Ese es el compromiso, y todavía no estamos hablando
de los presupuestos de 1999. Ciñámonos al debate del
día hoy. Estamos en el año 1998, haciendo una cobertura
jurídica de obras que necesitan ser declaradas de
interés general.
No estamos vendiendo humo.A Convergència i Unió,
que lo que ha cuestionado en este momento es que se
está vendiendo humo en cuanto al Plan hidrológico
nacional, quiero decirle que si bien no estamos debatiendo
el Plan hidrológico nacional, no existe en este
momento ningún incumplimiento por parte del Ministerio
de Medio Ambiente.
En el debate del estado de la Nación, el presidente
del Gobierno se comprometió a presentar en esta
Cámara en la primera legislatura, por tanto hasta el año
2000, el Plan hidrológico nacional, y saben ustedes que
el Plan hidrológico nacional es el final de un camino.
Yo comprendo las frustraciones que tenga que haber
en España cuando desde el año 1985, en que nos dotamos
de una Ley de Aguas, se exige en el artículo 40
que el mejor instrumento de planificación es el Plan
hidrológico nacional. Comprendo las frustraciones porque
desde el año 1985 al año 1998 no exista todavía un
Plan hidrológico nacional, pero hemos asumido la responsabilidad
de la política hidráulica hace dos años, y
lo primero que había que hacer como condición sine
qua non para hacer un Plan hidrológico nacional era,
como sabe muy bien, señoría, aprobar los planes hidrológicos
de cuenca.
Los planes hidrológicos de cuenca, que ahora se han
aprobado no solamente en cada una de las mesas de
cada cuenca hidrográfica sino por el Consejo Nacional
del Agua y por el Consejo de Ministros, en este momento
ya no se valoran. Primero, han estado bloqueados
durante once años y parece que no tenía importancia.
Se nos tacha de que no ha habido diálogo, de que no
ha habido consenso y se han conseguido consensos
históricos jamás soñados, como han dicho algunos
representantes socialistas, en gobiernos de comunidades
autónomas del Partido Socialista. ¿Todo por qué,
señorías? Porque, aunque les duela, ha habido diálogo,
ha habido negociaciones sobre datos rigurosos, sobre
auténticos datos exactos de lo que son recursos hídricos
de cada cuenca y de lo que son demandas de cada
cuenca, y se ha llegado a consensos; a consensos tan
unánimes, señorías, en donde de 60 votos, 59 votos
eran a favor del plan hidrológico de la cuenca y uno
sólo o bien abstención o, en otras ocasiones, negativo.
Ahora el Ministerio no dialoga y no obtiene consensos.
Señorías, aunque les pese a quienes tuvieron la
responsabilidad con anterioridad y bloquearon, no ya
el Plan hidrológico nacional sino la fase previa por falta
de diálogo (por falta de diálogo no llegaron a consensos
entre representantes de su propio partido y las consecuencias
las padecen los usuarios y los regantes en el
día de hoy; desde 1985 a 1998, es decir, trece años llevamos
esperando un Plan hidrológico nacional), deben
compartir al menos la responsabilidad del retraso.
Han tenido ustedes, desde 1985 a 1996, once años, y
nosotros llevamos en este momento dos años. Ya
hemos desbloqueado la primera planificación hidrológica
de España. Hemos aprobado por Consejo de Ministros
los planes hidrológicos de todas las cuencas, y eso
no es parcheo territorial, esa era una condición también
exigida por la Ley de Aguas. Hemos presentado al
Consejo de Ministros el libro blanco. Me he comprometido
con el Senado en presentar en el próximo mes de
octubre el libro blanco del agua para iniciar ese debate.
Estamos cumpliendo todos los trámites que nos
hemos dado, y no hemos llegado a ningún tipo de
incumplimiento, puesto que la legislatura termina en el
año 2000, y hay tiempo de hacer ese debate sosegado
desde que conozcan SS.SS. el libro blanco, que se va a
debatir en todos los foros, no solamente los políticos y
parlamentarios. También en foros académicos, en foros
sociales, se va a tener ese debate sosegado que S.S.
apuntaba y estamos seguros de que al final podremos
obtener ese consenso.
Quiero decir también al representante del Grupo
Socialista que lo más importante de las contradicciones
a las que S.S. se ha referido en este debate, lo más gráfico
es que su grupo en el día de hoy ha cambiado de
portavoz. Para decir las cosas que ha afirmado el señor
Morlán no puede venir la señora Narbona, secretaria de
Estado del Ministerio en la época del señor Borrell, que
seguía precisamente este mismo procedimiento de acudir
a la declaración de obras de interés general mediantes
Reales Decretos-Ley, manifestando que era imprescindible.
En todos los casos que ha citado el señor
Morlán del año 1995 -no quiero remontarme a otras
épocas- se hacía mediante Reales Decretos-Ley, porque
este es el procedimiento, señorías, y recuerden
ustedes todas las obras de interés general que han ido
declarando por este mismo procedimiento, porque no
había otra forma: o incumplían la Ley de Aguas o no
les quedaba más remedio que venir a lo que hoy llaman
miniplan hidrológico nacional.
No se puede hablar de apariencia, de caricatura de
planificación hidrológica o de bodrio, todas las críticas
que usted ha estado haciendo, señor Morlán, para
luego acabar diciendo que, como es un mal menor, no
puede oponerse. No puede oponerse porque realmente
nadie entendería que obras que ustedes prometieron
ya hace tantísimos años, que todavía no tienen el respaldo
jurídico para ser declaradas de interés general,
siguieran pendientes de una declaración de interés
general. Por eso ustedes tienen que apoyar este Decreto-
Ley. Y saben ustedes que siempre han acudido a este
procedimiento del Real Decreto-Ley. Por tanto, ¿cómo
pueden decirnos que estamos incumpliendo la legalidad
vigente? Esta es la auténtica realidad. Comprendo
que les pueda molestar a SS.SS., pero yo no hago más
que recordar lo que a ustedes les molesta, recordar lo
que ha sido la práctica habitual para poder declarar
obras de interés general aquellas que exigían, mediante
el artículo 44, tal procedimiento. Eso es lo único que
estamos haciendo.
No venga a decirnos, señor Morlán, que hay una
falta de consideración de efectos ambientales. Saben
ustedes que la Unión Europea está reclamando en este
momento 26.000 millones de pesetas de la gestión del
señor Borrell, exclusivamente porque no tuvo en cuenta
las declaraciones de impacto ambiental de obras
públicas por ese importe. Es la Unión Europea la que
en este momento reclama 26.000 millones de pesetas al
Reino de España por no haber sido riguroso en las
declaraciones de impacto ambiental de obras públicas.
Estos son hechos que la opinión pública conoce porque
se han publicado en los medios de comunicación.
Así podríamos seguir hablando, señor diputado, para
que reconsidere un poco usted su postura y no venga a
decirnos que a la Junta de Andalucía se la deja marginada,
que tiene inversiones que no se ponen en marcha,
porque también le pediría que fuera objetivo y que
dijera en la Junta de Andalucía y recordara a todos los
andaluces que este Gobierno, en ese año en el que no
ejecuta los presupuestos, en el que tiene cero de ejecución
presupuestaria, en que no se entera de cómo hay
que gestionar un presupuesto, sin haber incorporado
los 32.000 millones que debatiremos la semana próxima
-que, por tanto, van a ampliar la ejecución presupuestaria
a 31 de diciembre-, ha hecho una inversión
de 30.852.752.000 pesetas sólo para la Junta de Andalucía,
y eso tiene que reconocerlo S.S.
Termino, señor Presidente. Yo les pediría que con
más rigor se atengan exclusivamente a lo que en este
momento tenemos delante para su convalidación. Tenemos
una serie de obras declaradas de interés general,
con absoluta transparencia. En la memoria económica
figura todo el listado, uno a uno, de estas obras, la
cuantía de los proyectos y cómo se puede financiar
cada una de ellas. Reitero que no era este el sistema al
que nos tenía acostumbrados la Administración anterior,
entre otras cosas porque no habríamos tenido que
acudir a abonar algunas de las obras que hemos encontrado
realizadas o a punto de finalizar y que no tenían
siquiera retención de crédito, lo que nos ha ocasionado
un problema muy grave y muy serio para llegar a la
convalidación de todo ese tipo de obras o de modificados
que habían sido realizados, valga la ironía, sin una
retención de crédito siquiera. Esta era la gestión transparente
frente a lo que hoy llaman opacidad de la
ministra de Medio Ambiente.
Gracias, señor presidente. (La señora Cunillera i
Mestres: ¡Qué mal, qué descaro!)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Gracias, señora ministra.
¿Grupos parlamentarios que desean fijar su posición
en el turno abierto por la señora ministra? (Pausa.-El
señor Ríos pide la palabra.) Señor Ríos, ¿a qué efectos
solicita la palabra?
El señor RÍOS MARTÍNEZ: ¿Se entiende que se reabre
un turno para cada grupo o solamente para los que
no han intervenido?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Señor Ríos, he solicitado grupos que desean
fijar su posición en lo que entiendo que ha sido un
nuevo turno abierto por la señora ministra de Medio
Ambiente.
En primer lugar, en nombre del Grupo Mixto, tiene
la palabra el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: De forma muy breve voy
a hacer dos consideraciones y dos precisiones.
Señora ministra, usted ha planteado dos temas básicos:
primero, que no hemos llegado a entender el motivo
de este Real Decreto-Ley. Yo sí que lo entiendo.
Fíjese, señora ministra, si el desarrollo de su política
hidráulica en estos dos años hubiera sido correcto, hoy
no habría necesidad de este Real Decreto-Ley. El Real
Decreto-Ley viene obligado porque no ha habido planificación.
Usted dice que está preocupada por las
inversiones. No entiendo por qué en los Presupuestos
Generales del Estado, desde que gobierna el PP, se disminuyen
las inversiones y, a pesar de ello, el nivel de
ejecución de su Ministerio es bajísimo. Yo he dado una
cifra que hemos conocido la semana pasada, de 37.000
millones de pesetas al 31 de julio. Si usted está preocupada
por las inversiones haga que el Gobierno, el Consejo
de Ministros aumente las inversiones. Si usted está
preocupada por las inversiones haga, ejecute, gestione
mucho mejor. Por tanto, el motivo de este Real Decreto
se debe a su incapacidad y su ineficacia. (El señor
Vicepresidente López de Lerma i López, ocupa la
Presidencia.)
Usted dice que cumple el artículo 44. No cumple
usted el artículo 44. Usted no ha contestado si va a
admitir a trámite este Real Decreto-Ley como Proyecto
de Ley -nos dice el todo o el nada- y, además, nos
coloca un Real Decreto-Ley en que la contradicción no
es que nosotros digamos que hay obras hechas, sino
que usted declara obras de urgencia que están hechas
y la opacidad es tan grande, aunque hay una memoria
económica con proyectos, que no se sabe exactamente
cómo se van a financiar. Le pongo el ejemplo del Real
Decreto de la semana que viene, porque cuando usted
dice que va a ampliar 33.000 millones de pesetas, es
falso. La mitad de estos 33.000 millones de pesetas son
obras reconocidas de ejercicios anteriores, fundamentalmente
de 1997, y hay otros 15.000 millones sobre los
que no hay ni memoria y no sabemos para qué se van
a destinar, señora Ministra. ¿Eso qué es? ¿Ampliación o
mala gestión?
La voy a dar tres consejos: primero, recoja usted con
atención las preocupaciones de sus socios parlamentarios,
ya que no acostumbran a hacer intervenciones
como las que han hecho hoy. Es significativo que todos
sus socios parlamentarios hoy le digan a usted lo que
le han dicho. Segundo, gestione la inversión que tiene
usted este año, que, a pesar de que es pequeñita, no la
va a acabar; no la acabó el año pasado. De 148.000
millones sólo se gastó usted 117.000 millones y este
año está en peor situación. Tercero, permita que en el
Parlamento se debata con claridad la planificación de
años posteriores. De lo contrario, señora ministra, usted
puede haber hecho este Real Decreto ley, supongo, con
una cierta angustia de que las cosas no le van bien,
pero esto es una huida hacia adelante que le va a complicar
más su política hidráulica y que, insisto, puede
hacer brotar conflictos territoriales ante un miniplan
hidrológico. Sus señorías deben saber que para los
117.000 millones que gasta en un año hay un debate de
dos meses en el Parlamento, y que hoy en una sola
sesión debemos aprobar 216.000 millones. ¿Con qué
criterio? En los presupuestos debatimos durante dos
meses 117.000 millones con enmiendas en Comisión y
Pleno, y hoy viene aquí y nos dice: ahora aprueben
ustedes 216.000 millones. No, señora ministra. Gestione
bien, consiga usted que el señor Rato y el resto del
Gobierno sitúe las inversiones, como mínimo, en las
cantidades que estaban previstas en los gobiernos anteriores
y permita un debate tranquilo donde la planificación
de los próximos años tenga consenso, porque en
política de aguas, si se hace poco y bien todo el mundo
va a votar que sí, porque es difícil decir que no a las
obras hidráulicas.
Los grupos parlamentarios expresamos desacuerdo
cuando usted nos dice que va a hacer obras. No es fácil
decir esto y, si lo hacemos, es porque estamos convencidos
de que este Real Decreto-Ley expresa, insisto, la
incapacidad política de su Ministerio y la ineficacia de
su gestión; lo más grave es que puede traer conflictos
territoriales.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i
López): Gracias, señor Saura.
Tiene la palabra el señor Rodríguez, del Grupo
Mixto.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor
presidente.
Señora ministra, contrasto en sus palabras la ausencia
clamorosa e injustificada de Galicia. Usted no puede
pretextar que están pendientes obras muy importantes,
de interés general, en nuestro país. Con esta actitud, lo
único que se evidencia es que a un problema estructural
gravísimo de Galicia, contando con una especificidad
muy clara en cuanto a cuencas hidrográficas -que
debería hacer meditar al Gobierno sobre la necesidad de
que contemos con una cuenca hidrográfica propia-,
ustedes añaden una displicencia y un desinterés por la
problemática de la planificación de los usos del agua y
dónde se debe hacer esta planificación en relación con
nuestro país que realmente resulta alarmante.
Creo que, cuando menos, se debía de explicar porque
le he citado algunas obras que tienen mucho que
ver no con abastecimiento de aguas a ciudades o a
villas, que las hay -le puedo citar el caso de O Barco
de Valdeorras, por poner algo comparativo de muchos
pueblos de Extremadura-, por no citarle los problemas
de la falta de depuración del agua y de saneameinto
debido en el caso de una ciudad tan importante
como Lugo, en ríos que, vuelvo a repetir, son de su
exclusiva competencia. Si no, lo que tienen que hacer
es acceder a su transferencia a la Comunidad Autónoma
de Galicia. No le voy a citar todos los problemas de
un río como el Miño que, además, tiene frontera internacional,
sometido a procesos de colmatización terribles,
a una falta de depuración de aguas alarmante en
toda su cuenca, por no referirme a todo el problema de
contaminación de las pizarras en el caso del Sil.
Por tanto, señora ministra, si ustedes gobiernan para
el conjunto de España, cuando las competencias están
claras, en un plan de carácter general, nunca debería
dejar ausente una comunidad autónoma de semejante
envergadura, que bastante desgracia tiene ya con
depender nada menos que de Oviedo, cuando ella sola
tiene, en el conjunto de todo el norte, muchísimo más
de la mitad del caudal de todas las aguas, con ríos muy
específicos y que son competencia suya. Yo sé que
usted hereda un problema, pero no nos debemos contentar
con que se heredan problemas del pasado
porque en este caso los hereda prácticamente del
siglo XIX.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i
López): Gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la
palabra el señor González de Txabarri.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA:
Gracias, señor presidente.
Agradezco, señora ministra, las informaciones que
ha proporcionado a este grupo parlamentario, que ayudan
a poner en su sitio las consideraciones que hemos
ido realizando en relación a este tema.
Lo que no le admito es la acusación de falta de rigor
o el enunciado que sostiene respecto a que ninguna de
las obras convenidas entre el Ministerio y las instituciones
vascas debía estar recogida -hipotéticamente
podrían estar recogidas- en este Real Decreto-Ley.
Tengo aquí el convenio suscrito el 31 de mayo de 1994
entre el Ministerio de Obras Públicas y Medio Ambiente
de la época y el Gobierno vasco, donde existe dos
obras: la depuración y el vertido de la ría de Guernica
y la presa de Herrerías en Álava que, hipotéticamente,
podrían estar en este supuesto; la presa de Herrerías,
por supuesto, dentro de los parámetros recogidos en
las consideraciones que se hacen en el preámbulo, así
como en este Real Decreto-Ley. Aquí está el convenio.
A mayor abundamiento, tengo aquí la resolución de 28
de abril de 1995, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, en la que se hacía una serie de consideraciones
para el Plan nacional de saneamiento y depuración
1995-2005, donde hay una serie de parámetros económicos
que la comunidad del País Vasco debiera de
abordar.
Esas previsiones no se están cumpliendo. Falta de
rigor, no, señora ministra. Son dos documentos que
están suscritos, uno publicado en el BOE, el otro acordado,
que tienen nombres y apellidos. Agradecería que
la negociación política o el establecimiento de acuerdos
se viniera sosteniendo por los mismos métodos y
pronunciamientos que se han ido llevando durante
estos dos años que este grupo parlamentario ha podido
trabajar con ese Ministerio. Por ahí he empezado mi
intervención esta mañana, indicándole que con este
Real Decreto se ha roto, no sabemos por qué, un método
de trabajo que, desde nuestra perspectiva, ha sido
más que razonable durante estos dos años. Entiendo
que el euskera admite algunas dificultades. Si cuando
por parte del Grupo Parlamentario Vasco se habla de
Urdaibai el Ministerio entiende Anuncibai, la mera
interlocución es complicada. Estamos hablando de dos
proyectos que están recogidos en este convenio suscrito
por el Ministerio y que son concretamente la depuración
y vertido de la ría de Guernica y de la presa de
Herrerías. Por los datos de que dispone este grupo parlamentario,
la depuración y vertido de la ría de Guernica,
que se denomina en el proyecto como el Edar de
Urdaibai, está considerado de interés general, no así la
presa de Herrerías, que cumpliría todos y cada uno de
los requisitos necesarios para poder entrar en los contenidos
de este Real Decreto-Ley.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i
López): Gracias, señor González de Txabarri.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra el señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, llevo doce años de diputado en esta
Cámara, tengo una preparación que me parece suficiente
-simplemente soy doctor en ingeniería- para
entender lo que dice el Real Decreto que hoy se nos ha
presentado. Señora ministra, tengo mucha paciencia y
seguiré teniéndola. En mi intervención lo único que he
hecho ha sido darle un pase a que los incumplimientos
que tendrá son razonables; pase que ya propuse al
anterior ministro muchas veces en Comisión y con la
ayuda de su compañero de grupo parlamentario señor
Posada, una vez que el ministro Borrell nos dijo que
nos iba a presentar la documentación a tres meses vista.
Y le dijimos: no puede ser, se necesita más tiempo, hay
que tener tranquilidad, hay que alcanzar el Plan hidrológico.
Hasta ahora, no tenemos Plan hidrológico. En
mi intervención le exponía este esquema de los incumplimientos.
Lo que interesa es que a largo plazo, en la
próxima legislatura, podamos tener el Plan hidrológico.
Señora ministra, le decía que voy a tener paciencia
para ir aguantando en la misma posición. Casi era para
cambiar y decir: yo, siendo leal a los acuerdos de mi
grupo, podía convertirme en crítico e ir señalando
todos los incumplimientos que puedan ir viniendo. Porque
tenga en cuenta una cosa, señora ministra, hasta
diciembre de 1998 son tres meses. Este plazo de tiempo
es ayer, ya no mañana, ya ha pasado casi. Usted nos
dice que en distintos foros tienen que analizar todavía
el libro blanco que va a ser motivo del Plan hidrológico.
¿Es que el debate lo van a hacer en minutos? No se
va a cumplir. Francamente, voy a seguir apoyando que
si no se cumple no pasa nada, lo que interesa es que
podamos tener un Plan hidrológico. Verdaderamente,
señora ministra, lamento muchísimo que usted nos trate
casi de tontos. Sabemos de qué va el Decreto ley y no
nos diga que éste prácticamente no tiene relación
directa con el Plan hidrológico, porque sí la tiene. En
el párrafo primero cita el Plan hidrológico, en la primera
y en la última de las nueve líneas habla del Plan
hidrológico nacional, luego algo tiene que ver.
Creo, señora ministra, que usted hoy no ha estado
afortunada en su intervención. Desde otros sillones,
usted es una gran parlamentaria, pero desde el sillón
de ministra, las segundas entradas en los debates me
parece que no son afortunadas.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i
López): Gracias, señor Sedó.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTÍNEZ: La verdad, señora ministra,
es que la comprendo porque lleva usted utilizando
los términos el río revuelto y con oleaje fuerte, pero
hoy ha intervenido con gran habilidad porque nos ha
puesto a todos de acuerdo, menos a usted. Cuando se
hacen afirmaciones, sería bueno que las pudiéramos
cotejar todos, no para esa idea de que la verdad es subjetiva;
la verdad puede objetivarse.
Dice usted que ha aportado los datos y la memoria.
Yo tengo todo lo que ha entrado en el registro de la
Cámara ¿Me podría decir cuándo se ha registrado eso
en la Cámara? Porque acompañando a este Real Decreto
tengo dos anexos, pero esa memoria que la puede
tener usted, puede no haberla aportado a los demás
grupos. ¿Quiere que lo sepamos por ciencia infusa o
papal? Es imposible que la podamos tener. En lugar de
soltar esa diatriba, podría haberse acercado a los despachos
de los grupos parlamentarios y decir: aquí tienen
estos datos, esto es lo que queremos, así lo vamos
a hacer. Señora ministra, detrás de este Decreto existe
el fracaso de la improvisación con la que ustedes modificaron
la Ley de Aguas, la ley de amañamiento,
poniendo en marcha sistemas de financiación privada
para obra hidráulica que no les ha cuajado. El problema
que tienen es que para que puedan actuar esas
empresas privadas necesitan la declaración de interés
general y la urgente ocupación porque si no han perdido
el tiempo, y como lo necesitan, lo traen ahora. ¿No
podían haberlo hecho en 1997 con la primera modificación
de la Ley de Aguas que ustedes propusieron? ¿Por
qué no lo hicieron? Porque no lo supieron, porque no
acertaron o porque no pudieron. Ese es el problema
que hay detrás.
Este Real Decreto empieza diciendo lo siguiente: La
posible demora de la aprobación del Plan hidrológico
hace que acometamos unas obras. ¿Por qué estas obras
y no otras? ¿Cuál es la prioridad para ponerlas? ¿Cómo
se han discutido? Señora Ministra, ¿me puede decir
cómo va a afectar la urgente ocupación a obras que ya
se están haciendo, por ejemplo, los contadores de los
acuíferos sobreexplotados de La Mancha occidental y
Campo de Montiel, por ejemplo, la conducción para
abastecer la margen izquierda del Río Júcar o Guadiana,
por ejemplo, el encauzamiento del río Andarax? Si
no la ocuparon, ¿cómo están haciendo las obras?
Señora ministra, le rogaría que fuese usted más prudente.
No estamos en una interpelación, estamos en la
discusión de un real decreto, que más que real parece
Decreto impositivo. Hemos sido prudentes a la hora de
decirle que hay obras que estamos dispuestos a que se
hagan porque son positivas, pero ¿me puede decir
cuántos depósitos de agua ha hecho vía decreto? ¿Es
que todos los depósitos que se han hecho en España
para abastecer a ciudades han pasado por un Decreto
como este? Llevo aquí menos años que el señor Sedó,
sólo dos legislaturas, pero es el primero que veo.
Entenderá que me extrañen obras tan dispares como
las que nos ha presentado, desde un depósito de agua,
hasta acondicionar para regular una balsa o el saneamiento
y depuración. ¿Me puede decir cuántas de estas
obras obedecen a planes de depuración y saneamiento
de cada comunidad y si está aprobado el Plan nacional
de depuración? Sería bueno tenerlo en cuenta.
Hace usted una serie indicaciones o dice usted una
serie de improperios que comprendo porque en su
situación personal necesita defenderse, además lo hace
usted muy bien, pero debe ajustarse a las mismas normas
de juego en las que nos movemos los demás.
¿Puede decirme si es necesario, según la Ley de Aguas,
una ley para cada uno de los trasvases que nos propone?
¿No hubiera sido mejor que nos hubiera traído una
ley de esos trasvases? Estaríamos discutiendo esa ley.
Lo declararíamos, lo abordaríamos, lo plantearíamos.
Pues no, ahora nos dice que es un Decreto con 74
obras que se declaran de interés y de urgente ocupación,
pero que no se tienen que acometer, que ya veremos
lo que se hace con los presupuestos, unos con
estos, otros con los que vienen y otros con una forma
de financiación. Dice que estamos perdiendo fondos
europeos. ¡Pero si eso es una crítica para usted ! ¿Es
que no lo entiende? Estamos perdiendo fondos europeos
porque no han sido capaces de hacer esto, no ahora,
sino el primer año que llegaron, aunque es lógico que
mientras se asientan y leen los papeles, se les pase un
año, pero es que ustedes llevan dos años asentándose.
Es lógico que vayan teniendo un poquitín de dominio
del sillón para poder poner en marcha las actuaciones.
Señora ministra, le he pedido que pudiera facilitar el
trámite como ley para recibir las aportaciones, las opiniones,
las indicaciones. Porque, entienda usted -a lo
mejor nos hemos extralimitado al decir que es un miniplan
hidrológico- que la denominación con la que
empieza el Decreto invita a ello. Porque dice que,
como no va a estar aprobado el Plan hidrológico, va a
meter estas obras para que puedan hacerse. ¿Suena a
eso o no suena a eso? Pues bien, podría usted decirnos
cuál es la cadencia de cada una de las actuaciones, qué
obras van a excluirse porque ya se están realizando,
qué declaraciones de obra están hechas y, por tanto,
no son necesarias. Estoy convencido, señora ministra
de que a usted -quizá por la ubicación que tiene- lo
que le falta, fundamentalmente, es mano izquierda,
mucha mano izquierda, bastante betún de mano
izquierda.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i
López): Gracias, señor Ríos.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Morlán.
El señor MORLÁN GRACIA: Muchas gracias, señor
presidente.
Señora ministra, yo me preocuparía. Yo empezaría a
estar preocupado por lo que está pasando esta mañana
en esta Cámara. Ha conseguido concitar contra usted el
ánimo de todos: los que le hemos anunciado que íbamos
a votar que sí y los que van a votar que no, sus
socios. Y créame, no es bueno, pero usted se lo busca,
usted se lo está buscando.
Señora ministra, yo soy distinta voz que la de doña
Cristina Narbona, pero con ella coincidimos en todo en
política hidráulica. Y lo que hizo lo hizo muy bien. Tan
bien lo hicieron ella y el señor Borrell, que usted cuando
llegó en el año 1996 al Ministerio se encontró con
todos los planes de cuenca aprobados menos tres, con
toda la cartografía, con todos los datos, con todos los
elementos de valoración, con todos los estudios sobre
todas las cuencas hidrográficas. Y usted dijo en Santander
-porque yo también estaba, fui uno de los diputados
que acudió a la mesa redonda en la que hablamos
de su política- que en estos dos años habían hecho
toda la cartografía, todos los estudios. ¿Por qué miente?
(Rumores.) ¿Por qué no encuentra usted el camino
correcto, que es el de reconocer lo bueno que había
cuando usted llegó al Gobierno y lo bien que usted
podía haber hechos las cosas, que no las hace bien?
Este Real Decreto-Ley, señoría, no vale para nada, es
una simple declaración de interés general que, por
mucho que usted se niegue a reconocerlo, no deja de
ser un pseudo miniplan hidrológico. Usted detalla
obras, algunas necesarias, interesantes, que es oportuno
y conveniente que se declaren de interés general;
otras no, porque ya están declaradas; otras tampoco,
porque ya están construidas. Y esto parece que a usted
no le cabe en la cabeza. Olvídese de nosotros, que acabamos
en 1996 nuestras legislaturas, y usted lleva dos
años y pico gobernando. La capacidad de gestión de su
Gobierno es la que tiene que demostrar, no lo bueno o
lo malo que hicimos nosotros anteriormente, que eso
ya está juzgado, y usted está recurriendo permanentemente
a esa historia. Olvídese. Haga lo que tiene que
hacer. Trabaje. Vaya a la Unión Europea y que le den el
dinero. Invierta algo más de lo que invierte.
Señora ministra, usted nos está diciendo que si no
hemos cumplido con nuestras obligaciones. ¿Sabe usted
que la Junta de Extremadura ha pedido que se declararan
de interés general determinadas obras de depuración
durante dos años y usted no le ha contestado? Y
luego le achaca la responsabilidad a la Junta de Extremadura.
¿Sabe usted que está declarando -y se lo he
dicho antes- obras de interés general que ya están
declaradas? ¿Por qué? ¿Por qué no coge un lapicero,
rojo o azul -si le gusta más el azul, coja el azul-, y
empieza a puntear las obras que tiene declaradas?
Sinceramente, señora ministra, por su bien, le pediría
que tramitara este Real Decreto como proyecto de
ley. Es un acto humanitario y de solidaridad con usted.
Tiene que pedir que se tramite este Real Decreto como
proyecto de ley. ¿Por qué? Porque mejoraríamos su
texto. Si usted quiere, nos remontamos a lo que hacíamos
nosotros. Le he dicho que mirara nuestros Reales
Decretos-Leyes, apoyados por el gobierno socialista, y
verá cómo lo uno con lo otro no tiene nada que ver.
¿Por qué? Porque hay más concreción, porque hay
cifras, como también hay formas de financiación, porque
hay una serie de elementos que en éste no figura.
Es lógico lo que le estoy planteando. No me haga caso
a mí, haga caso a sus socios parlamentarios que le
están pidiendo también claridad, que le están pidiendo
seriedad y responsabilidad, y usted no lo quiere aceptar.
Se lo pido formalmente, señora ministra, y hágame
caso porque lo estoy diciendo con absoluta lealtad.
Facilite que se tramite como proyecto de ley. Si no
fuera así, lo que sí le haría sería formularle las 70, 80,
100 ó 150 preguntas para que usted me diga lo que
quiero saber, como cuánto cuesta una obra. Si usted
tiene la memoria económica de este Real Decreto-Ley,
haga el favor de mandarla al Congreso, porque en la
documentación que se nos ha remitido no figura la
memoria económica, y eso es culpa de ustedes, no del
Congreso. Si usted no acepta esa petición que yo le
estoy formulando en estos momentos, sería bueno que
contestara a las preguntas que le voy a hacer, encaminadas
a que usted nos aclare todas y cada una de las
obras, con todos los conceptos, con las formas de
financiación, con los costes, con las ejecuciones, con la
existencia o no de declaraciones de impacto ambiental,
con todo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos saber
en un tema como éste cuál es la situación actual de
cada una de las obras y deducir de ahí por qué razón
están incluidas éstas y por qué razón no lo están otras.
A lo mejor, si se tramitara como proyecto de ley subsanaríamos
muchísimas dificultades y deficiencias que
nosotros entendemos que existen.
Señora ministra, vamos a votar que sí a pesar suyo, y
espero que ese a pesar suyo sea lo suficientemente
comprensible, porque cada vez que tenemos un gesto
de solidaridad con usted para sacar adelante esta
norma, lo que hace es echarnos, como se dice en mi
tierra, los gatos a la cabeza, pero así no se va a ningún
sitio. Sea usted capaz de bajar de ese monte en el que
se encuentra, intente entender que lo que estamos
haciendo es colaborar para que este tema salga adelante,
para que las obras se hagan, para que se produzcan
inversiones y para que muchas de las dificultades que
existen en el conjunto de nuestro país en materia de
aguas no tengan ningún problema a la hora de ser subsanadas
y ejecutadas.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i
López): Gracias, señor Morlán.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
la señora de Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señor presidente.
Intervengo solamente para indicar que desde mi
grupo parlamentario entendemos que los portavoces
que representan a distintas comunidades autónomas
soliciten obras que no están incluidas en este real
decreto. Lo que no entendemos es la insistencia del
señor Morlán en tramitar la iniciativa como proyecto de
ley, que no haría más que demorarlo durante un plazo
bastante largo, como mínimo de seis meses. (Rumores.)
Nos gustaría saber ...
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i
López): Por favor, señorías, silencio. Respeten el criterio
de la señora diputada que interviene.
Señora de Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Ha dicho usted que
quería que hubiera otras obras en el proyecto de ley
que usted solicita. Nos gustaría saber no las obras que
usted quiere introducir, sino qué obras no considera
importantes y, por tanto, quitaría del real decreto. A lo
mejor sería clarificador para la Cámara y para las comunidades
autónomas conocer las obras que usted no
considera importantes.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i
López): Gracias, señora de Lara.
Señora ministra, tiene la palabra -el Reglamento la
ampara-, pero con el ruego de que se limite a concretar
las discrepancias con las sustantivas intervenciones
para no reabrir un tercer turno. Gracias, señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino
Biscarolasaga): Gracias señor presidente. Así lo voy
a hacer y con toda brevedad.
De las primeras intervenciones de los representantes
del Grupo Mixto lo que deduzco es que reclaman más
obras que sean declaradas de interés general. Yo esto lo
entiendo perfectamente, y la coherencia lo que está
pidiendo en este momento es que tengamos que venir
más veces con nuevas declaraciones de obras hidráulicas
de interés general, porque la Ley de Aguas, en su
artículo 44, así lo exige, y es lo que he querido explicar.
Este Decreto ni va más allá ni va más acá, lo que hace es
cumplir el artículo 44, hoy vigente, de la Ley de Aguas, y
mientras siga vigente, a menos que se modifique en la
reforma de la Ley de Aguas, será obligatorio declarar de
interés general las obras que por sus especiales características
tengan que ser así declaradas. Esto es cumplimiento
estricto de la ley. A unos les gusta que sean éstas,
a otros les gustaría que fueran otras, pero hay ya un
principio de consenso: que hace falta la declaración de
interés general de las obras que requieran esta declaración,
que es lo que este Decreto está haciendo.
Por lo que se refiere al representante del PNV, señor
González de Txabarri, en cuanto a las dos obras que
S.S. me ha planteado, de verdad, con toda humildad, en
el tono que a S.S. menos le moleste, he de decirle que
la ría de Guernica no requiere declaración de interés
general porque es una obra de costas que no está incluida
en este concepto de obra hidráulica. Luego no existe
una obra pendiente de declaración de interés general
con el País Vasco. La segunda obra que S.S. me plantea,
la presa de Herrerías, quiero recordarle también, con
toda humildad, en el tono de voz que menos le moleste
a S.S., que fue declarada ya de interés general en el año
1997, señor González de Txabarri. Ésa es la razón por la
que, con toda humildad, con toda prudencia, he dicho
antes, subida en ese monte, como lo han llamado, que
es la tribuna de oradores, lo que reitero modestísimamente
desde mi escaño: que al día de hoy no tenemos
nada pendiente de declarar de interés general en el País
Vasco, salvo que en el futuro podamos tener nuevas
demandas de declaración de interés general, que habrá
que tramitarlas por un procedimiento similar.
Al representante de Convergència i Unió, señor Sedó,
le digo lo mismo, y le quiero pedir disculpas. Si de mis
palabras se puede interpretar que he cuestionado la cualificación
profesional del señor Sedó, como acaba de
decir S.S., le pido disculpas, porque nada más lejos de
mi intención que meterme a juzgar las cualificaciones
personales ni de S.S. ni de ninguna otra. Creo que de
mis palabras no puede hacerse semejante interpretación,
pero si el señor Sedó se ha visto aludido en su preparación
profesional, le pido disculpas porque no ha estado
en la intención de esta ministra y, por tanto, le ruego me
disculpe si así lo ha entendido.Yo he agradecido siempre
y agradezco su colaboración y la de su grupo, y
quiero decirle que el Gobierno al que represento asumió
un compromiso en esta Cámara, en boca del presidente
del Gobierno, en su debate de investidura: la presentación
a esta Cámara, en esta primera legislatura, del Plan
hidrológico nacional. Esta primera legislatura, señor
Sedó, vence en el año 2000, déme la posibilidad al
menos, ante el incumplimiento que usted juzga ya hoy
como seguro, de que, ya que estamos en el paso del
ecuador, podamos llegar hasta el año 2000 y juzgue
entonces si efectivamente hay incumplimiento. Yo deseo
que no haya incumplimiento de las palabras del presidente
del Gobierno, y créame que los pasos que venimos
dando hasta ahora ratifican que no queremos que
se produzca ese incumplimiento y que la Cámara tendrá
la presentación de ese Plan hidrológico nacional antes
del año 2000. Eso sí, en aras del consenso, hemos querido
presentar un libro blanco con datos, para que el
conocimiento que la Administración hidráulica tiene de
los recursos hídricos y de las demandas que hay en
España, lo pueda tener toda la sociedad española y
pueda pronunciarse, con el rigor de los datos, sobre cuáles
son las posibles soluciones y las posibles alternativas.
Agradezco en cualquier caso su colaboración.
En cuanto al representante de Izquierda Unida, sinceramente
le digo, señor Ríos, que personalmente no
he podido controlar los documentos que han entrado
en el Registro de esta Cámara -y se lo digo también
con toda humildad y con toda prudencia-, y si la
memoria no ha entrado en el Registro de esta Cámara,
no me la tiene que reclamar ahora mismo el señor Morlans.
En mi primera intervención la he tenido presente
y por eso les ha parecido a ustedes muy pretencioso
por mi parte que dijera que no son ciertas las acusaciones
de oscurantismo al Gobierno, en la medida en que
aquí está detallada la cuantía, obra por obra, de cada
una de las que estamos presentando en este Real
Decreto-Ley, y el modo de financiación.
Pido disculpas si no está en poder de SS.SS. en el día
de hoy. Comprendo entonces por qué se ha producido
esta diferencia en el debate, pero, créanme que, si he
defendido esta memoria económica, es porque he pensado
que SS.SS. la podían tener también. Si no la tienen,
puedo entender esas acusaciones de oscurantismo,
pero permítanme decir que no es que yo haya
venido aquí a mentir. Dicen que me he defendido. No
me he defendido, y mucho menos personalmente. Digo
cuál es la intención del Gobierno, manifestada en una
memoria económica que esta misma mañana tendrán
ustedes, porque la voy a distribuir personalmente,
ahora sí, a cada una de SS.SS.
Termino, señor presidente. Estoy segura de que
usted compartía la política hidráulica que hacía la señora
Narbona. Evidentemente, la hacía como secretaria de
Estado del ministro señor Borrell, puesto que la señora
Narbona, como secretaria de Estado, no tenía competencias
en obras hidráulicas. Permítame que celebre
muchísimo que el secretario de Estado sea solidario con
la política que haga su ministro, en aquel caso también
de la de transportes, pero la señora Narbona no tenía
competencia directa.
En cuanto a que dejaron aprobados todos los planes
de cuenca, sin lugar a dudas. Todos, como usted reconocía,
menos tres; los tres más importantes, que llevaron
al estrangulamiento de la política hidráulica, que
impidió la aprobación de todos los planes de cuenca y,
por tanto, dar seguridad jurídica a las obras que hoy
estamos tramitando aquí.
¿Cómo voy a decir que no tienen relación con el Plan
hidrológico nacional? Estas obras no las ha inventado
el Ministerio de Medio Ambiente. Por eso, me sorprende
que digan que hay esa falta de consenso y de diálogo.
Son obras, todas ellas, contempladas en cada uno
de los planes de cuenca hidrográfica. Por tanto, no hay
nada nuevo.
Se nos dice que cómo declaramos ahora de interés
general algunas obras que están a punto de finalizar.
Tan sencillo como que esas obras, al día de hoy, siguen
sin cobertura jurídica. Existe un artículo, que no existe,
curiosamente, para el resto de obra pública -quizá ésa
es la anomalía que habría que haber corregido-, el
artículo 44 de la Ley de Aguas, que produce este tipo
de debates que serían innecesarios, desde mi punto de
vista, si las obras las pudiera asumir el Estado en su
propia competencia sin tener que declararlas por ley;
es decir, que, dado su interés general, no hiciera falta
someter a este trámite de aprobación la declaración
jurídica de dicho interés general.
Únicamente he querido explicar que no nos estamos
inventando obras. Dentro del número de obras que
hay, algunas no requieren, evidentemente, declaración
urgente de ocupación cuando ya se están realizando,
pero hay otras que todavía no están realizadas y sabe
S.S., señor Morlán, que es condición sine qua non
hacer la declaración de ocupación, porque si no, no se
puede hacer ni el replanteo de las obras. Se lo pido con
toda humildad y con toda sencillez: lo que para algunas
obras es necesario, no lo atribuya usted a aquéllas
que prácticamente están finalizadas, que ya han sido
ocupadas. Seamos un poquito coherentes. Asumo que
probablemente soy una analfabeta para muchos de
ustedes en obras hidráulicas, pero permítanme que les
diga que las que necesitan de ocupación urgente hay
que ocuparlas y, para las que ya han sido ocupadas, no
sirve esa afirmación que hace S.S.
Termino, señor presidente. Creo que el señor Morlán
sabe perfectamente -y cuando vea esta memoria económica
lo va a comprobar- que no hay ninguna diferencia
con el procedimiento que utilizaban SS.SS. cuando estaban
en el Gobierno, en el que dice que detallaban cifras,
forma de financiación y se daba concreción. No puede
darse más concreción que citar, una a una, todas las
obras y dar el presupuesto estimado, porque saben todos
ustedes -y no es por falta de transparencia de este
Ministerio- que en las obras hidráulicas -en las obras
públicas en general-, una vez iniciado un proyecto,
pueden tener lugar una serie de modificaciones o de incidencias
que pueden hacer que el presupuesto aumente;
eso es lo que, con mucho gusto, debatiremos también la
semana que viene, cuando vean ustedes la inversión que
añade el Gobierno al Ministerio de Medio Ambiente, precisamente
porque muchas de las obras hidráulicas que
aún no han podido realizarse son imprescindibles.
Gracias, señor presidente. (El señor Sedó i Marsal
pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i
López): Gracias, señora ministra.
Señor Sedó, ¿a qué efectos?
El señor SEDÓ I MARSAL: Señor presidente, simplemente
le pido cinco segundo para corroborar, si no he
oído mal, una fecha que se ha dicho, que varía muchísimo
todo el tema hidrológico. He oído a la señora
ministra decir que el Plan hidrológico se presentará
para el 2000, o sea, dentro de esta legislatura. Esta es
una fecha muy importante porque puede cambiar la
actitud de todos los grupos parlamentarios. Para nosotros,
era otra la fecha.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i
López): Muchas gracias, señor Sedó.
- REAL DECRETO-LEY 10/1998, DE 28 DE AGOSTO,
POR EL QUE SE CONCEDEN CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS,
POR IMPORTE DE 4.282.495.737
PESETAS, A FIN DE PROCEDER A LA REGULARIZACIÓN
PRESUPUESTARIA DE LOS GASTOS REALIZADOS
ENTRE LOS AÑOS 1986 A 1996 POR LAS
REPRESENTACIONES DIPLOMÁTICAS Y CONSULARES
(Número de expediente 130/000052).
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i
López): Vamos a proceder al debate de convalidación o
derogación del Real Decreto-ley 10/1998, de 28 de
agosto, por el que se conceden créditos extraordinarios,
por importe de 4.282.495.737 pesetas, a fin de proceder
a la regularización presupuestaria de los gastos
realizados entre los años 1986 a 1996 por las representaciones
diplomáticas y consulares.
Para su defensa y presentación, tiene la palabra el
vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía y
Hacienda.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO
Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (De
Rato Figaredo): Señor presidente, señorías, tengo el
honor de presentar ante esta Cámara el Real Decretoley
10/1998, de 28 de agosto, por el que se conceden
créditos extraordinarios por un importe de 4.282 millones
de pesetas para proceder a la regularización presupuestaria
de gastos realizados entre los años 1986 y
1996 por representaciones diplomáticas y consulares.
Creo que ya el título del decreto es suficientemente
explicativo. Estamos ante una cantidad que en conjunto
del gasto presupuestario puede a algunas de SS.SS.
parecerle modesta, 4.282 millones de pesetas, pero la
peculiaridad de este real decreto-ley es que el Gobierno
lo envía a la Cámara para regularizar diez ejercicios
presupuestarios, referentes a gastos realizados en
representaciones diplomáticas y consulares entre los
años 1986 y 1996.
Es voluntad manifiesta del Gobierno, como estoy
convencido que es de todos los grupos parlamentarios,
establecer sistemas que permitan la máxima transparencia
y exactitud en el estado de las finanzas públicas.
Es la única manera por la que podemos garantizar a los
contribuyentes y a los cuidadanos la utilización de sus
fondos de manera eficiente y también es la única manera
-al menos entiende el Gobierno- de que el Parlamento
no sólo pueda controlar al Gobierno, aunque en
este caso no sería a nosotros, sino que sobre todo
pueda conocer con exactitud el coste de las políticas,
en este caso el coste de las representaciones diplomáticas
y consulares.
No es la primera vez que el Gobierno del Partido
Popular plantea ante esta Cámara la necesidad de regularizar
gastos realizados en ejercicios anteriores que no
habían tenido suficiente tratamiento presupuestario,
empezando por el Real Decreto-ley 12/1996, de 721.000
millones de pesetas, y continuando por algunos de los
Ministerios de Fomento y Medio Ambiente. Pero no se
trata ahora de hablar de esas cuestiones.
Lo que sí es importante, y quisiera destacar ante la
Cámara, es que cuando el Gobierno del Partido Popular
en julio de 1996 remitió a la Cámara un real decreto-
ley, de 721.000 millones de pesetas, para aflorar y
regularizar gastos de ejercicios anteriores no fue posible
incluir estos 4.200 millones de pesetas, y no lo fue
porque en los plazos establecidos para presentar justificantes
de los diferentes gastos no pudieron obtenerse,
ya que la mayor parte de aquellos a los que se refiere
el decreto-ley que hoy presento ante la Cámara estaban
en los consulados y no pudieron ser objeto de análisis
por las intervenciones de los ministerios.
En primer lugar, una gran parte de la información
esencial para justificar los pagos realizados, como he
dicho, se encontraba en las representaciones españolas
en el exterior, por lo que no era posible su recopilación
en la fecha que se había solicitado para incluirlas
en el real decreto-ley de julio de 1996, que a todas
luces era una fecha perentoria por la urgencia de regularizar
las finanzas públicas. En segundo lugar, el
importe de los gastos se encontraba nominado en diferentes
divisas según cada país en el que se hubiera realizado,
por lo que determinar un importe global en
pesetas presentaba una complejidad adicional. Por último,
muchos de los pagos tenían una antigüedad superior
a los tres años, en algunos casos superior a los diez
años, lo cual exigía un análisis previo y pormenorizado
que no había finalizado sino a fechas relativamente
recientes.
Sin embargo, también quiero destacar que los diferentes
gastos ya se habían pagado. Por tanto, estamos
ante gastos que, aunque no habían sido contabilizados,
se habían pagado materialmente a lo largo de estos
diez años. Se preguntarán SS.SS., ¿con cargo a qué? Con
cargo a las tasas consulares, por lo que no existían
obligaciones frente a terceros que pudieran resultar
perjudicados como en otros casos que conoce esta
Cámara, como pueden ser expropiaciones o modificados.
En este caso, se trataba de pagos realizados en las
representaciones consulares y en las representaciones
exteriores de España que habían sido financiados con
las tasas cobradas en esas representaciones a través de
un procedimiento completamente irregular, como la
Cámara puede comprender. Por tanto, resultaba preciso
analizar la situación en cada una de las representaciones
de España en el exterior.
Una vez obtenida toda la información, se ha determinado
que hay al menos 50.000 pagos entre los años
1988 y 1996, con alguna excepción que correspondía a
pagos aún más antiguos, lo que da una idea de la gran
dificultad de recopilar y ordenar de forma metódica tan
elevado número de justificantes y documentos relativos
a pagos en diferentes divisas, tanto convertibles como
no convertibles, y en muy diferentes idiomas. Además,
SS.SS. son conscientes de que, si estamos hablando de
50.000 pagos por un total de 4.000 millones, estamos
hablando, en la mayor parte de los casos, de operaciones
muy pequeñas.
Después de este proceso de recopilación de información,
fue preciso determinar el importe a que ascendían
dichos pagos, para lo que se estableció como referente
el tipo de cambio de la peseta con las distintas
divisas convertibles a la fecha del 31 de diciembre de
1996, que ha sido, por tanto, la fecha en la que se han
traducido a pesetas las monedas convertibles. El montante
total obtenido asciende a 4.282.495.737 pesetas, a
la fecha de 31 de diciembre de 1996, y eso constituye
el objeto de este real decreto.
Quiero resaltar, una vez más, que se trata de pagos
que van a ser compensados por un importe igual de
ingresos derivados de la recaudación consular registrada
en las distintas representaciones, pero pendientes
de remitir al Tesoro público, de forma que toda la operación
se puede realizar en formalización, es decir, sin
que se produzca ningún movimiento real de fondos.
Lógicamente, señorías, la principal razón por la que
se debe llevar a cabo la aplicación al presupuesto de
todos los pagos realizados en las representaciones de
España en el exterior viene determinada por el cumplimiento
estricto de la legalidad vigente que, como es
natural, exige que cualquier pago realizado a cuenta
del Estado debe ser contabilizado y cualquier ingreso
recibido a cuenta del Estado debe ser ingresado en el
Tesoro público -esa es la formalidad que vamos a realizar,
si la Cámara aprueba hoy el real decreto-; y la
necesidad, a su vez también importante, de que el presupuesto
refleje de forma real los diferentes pagos e
ingresos del Estado no sólo para que la opinión pública
sepa exactamente el destino de los fondos públicos,
sino también para que SS.SS. puedan tomar decisiones
en el futuro sobre las políticas que realiza el Gobierno.
Efectivamente, con el proceso establecido en el real
decreto-ley -que hoy propongo su convalidación a la
Cámara en nombre del Gobierno- se logra el doble
objetivo de aplicar al presupuesto el gasto que dio
lugar a los diferentes pagos y también aplicar al presupuesto
los ingresos que se generaron en su día y que
permitieron efectuar los pagos correspondientes.
El Tribunal de Cuentas ha analizado esta cuestión en
la Cuenta General del Estado del año 1995 que, como
SS.SS. saben, comenzó a realizarse por parte del Tribunal
en octubre de 1996. En ese momento el Ministerio
de Asuntos Exteriores ya estaba, a través de su Intervención,
realizando el proceso de comprobación y
recopilación de informes y facturas que dan lugar a este
decreto-ley. En ese sentido, el Tribunal de Cuentas, en
el informe referente a la Cuenta General del Estado del
año 1995, señalaba dos aspectos relevantes de esta
situación planteada. Por un lado, la existencia de unos
pagos no imputados al presupuesto y, por otro lado, la
utilización de tasas consulares para financiar esos
pagos que no habían sido ingresadas en el Tesoro
público.
Por tanto, una vez disponibles los datos y documentos
precisos para llevar a cabo la aplicación al presupuesto
de los pagos y la recaudación consular, el proceso
debe realizarse, en opinión de este Gobierno, en
el menor tiempo posible, y esa es la razón por la que
se remite un real decreto-ley con carácter de urgencia,
no por la urgencia de realizar unos pagos o de satisfacer
unos créditos de particulares, sino por la urgencia
de responder a los requerimientos del Tribunal de
Cuentas y también de aplicar al presupuesto pagos e
ingresos, algunos de los cuales tienen una antigüedad
superior a los diez años.
Señor presidente, tras todo lo expuesto, quisiera terminar
expresando a la Cámara las medidas que este
Gobierno ha tomado para evitar que puedan suceder
situaciones similares en el futuro, tales como la implantación
de un sistema informático de gestión económico-
administrativa; la racionalización de la estructura
presupuestaria y una más correcta dotación de los
correspondientes créditos; el establecimiento de epígrafes
presupuestarios específicos que reflejen la actuación
presupuestaria en el exterior; la agilización del
proceso de consignación de créditos a las representaciones
en el exterior; el establecimiento de un sistema
de seguimiento presupuestario en cada una de las
representaciones; la racionalización del trámite de justificación
de los pagos por parte de las representaciones,
con reducción sustancial de los tiempos precisos para
su materialización; y, por último, la implantación de un
proceso rutinario de remisión de los ingresos derivados
de la recaudación consular al Tesoro público, facilitando
información detallada a la Agencia Tributaria de los
ingresos obtenidos en cada período y la situación de
los fondos que de ella se derivan.
Por todo ello creo, señor presidente, que la Cámara
debe, en opinión del Gobierno, ratificar este real decreto-
ley, que vendría a aplicar al presupuesto para 1998
pagos realizados durante los años 1986 a 1996, pagos
que fueron financiados a través de tasas que no fueron
ingresadas en el Tesoro público, y que nos permitirá
cumplir con la legalidad vigente, dar una muestra de
transparencia en el funcionamiento de la Administración
pública y las representaciones exteriores y, al
mismo tiempo, conocer en detalle el coste de la gestión
exterior del Gobierno, que es importante, para que
SS.SS. puedan, basándose en ello, manifestar sus posiciones
respecto a las opciones presupuestarias que el
Gobierno plantee de cara a su representación exterior.
Señorías, señor presidente, creo que he explicado
detalladamente a la Cámara cuáles son las medidas que
el Gobierno del Partido Popular ha tomado para que
situaciones tan anómalas como ésta no vuelvan a producirse.
En cualquier caso, señor presidente, solicito de
la Cámara el voto afirmativo a este real decreto-ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i
López): Gracias, señor vicepresidente del Gobierno y
ministro de Economía y Hacienda.
¿Grupos que deseen un turno en contra o fijar su
posición? (Pausa.)
Para fijar su posición, por el Grupo Socialista, tiene
la palabra el señor Moya.
El señor MOYA MILANÉS: Gracias, señor presidente.
Mi grupo votará favorablemente la convalidación del
presente real decreto-ley y entiende que se debe
enmarcar dentro de lo que es una corrección técnica,
dentro de unos criterios técnico-contables que vienen a
reajustar dentro de la legalidad la regularización de
unos gastos que se produjeron en años anteriores y que
ahora se ajustan, de alguna manera, en un nuevo reflejo
presupuestario, de acuerdo con la legalidad vigente.
Quiero insistir en que se trata de una mera formalización
presupuestaria. El ministro de Economía y
Hacienda así lo ha indicado cuando ha hecho referencia
a que se trata de pagos ya realizados, ineludibles
por otra parte. Cualquiera que conozca la función de
las representaciones españolas en el exterior comprende
perfectamente el carácter ineludible de estos gastos
a la hora de realizarlos, por tratarse de la defensa de
los intereses de España en el exterior y de la cooperación
con países en los que nuestra imagen exterior no
admitiría demoras en la realización de esos gastos, y
todo ello explica esas circunstancias especiales que el
propio dictamen del Consejo de Estado reconoce que
tiene el Ministerio de Asuntos Exteriores en cuanto a
los gastos de sus representaciones diplomáticas y consulares.
Mi grupo entiende claramente que proceder a
la regularización de estos gastos ya realizados para
ajustarse a la legalidad vigente se enmarca dentro de
una mera formalización presupuestaria de carácter técnico,
por lo que no tiene ninguna objeción de fondo
que realizar y votaremos favorablemente.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i
López): Gracias, señor Moya.
Por el Grupo Parlamentario Popular , tiene la palabra
el señor Robles Fraga.
El señor ROBLES FRAGA: Gracias, señor presidente.
Señor presidente, señorías, el Grupo Popular naturalmente
apoyará este real-decreto, que tiene un carácter
técnico-contable, pero que también tiene un significado
más profundo, y permítanme que haga una
pequeña referencia a lo que esto significa para el servicio
exterior de España, que al fin y al cabo es uno de
los instrumentos de los que dispone el Estado, el
Gobierno y el Parlamento para cumplir con sus objetivos
y sus finalidades en materia de política exterior y
de defensa y protección de nuestros intereses.
Con este real-decreto estamos haciendo posible una
política exterior más racional y más transparente, en la
que se sabe finalmente lo que cuesta, lo que se ingresa y
lo que se gasta, es decir, la cuantía de los medios, por lo
tanto, que debemos disponer y destinar a este servicio
exterior, que sin duda, como SS.SS. saben, es un servicio
exterior eficaz y que cumple adecuadamente con sus
objetivos; servicio exterior que además defiende y promueve
un país abierto y presente en el mundo, con
ambición, con objetivos, que necesita y exige los mejores
instrumentos, los más fiables y eficaces posibles, para
promover y defender nuestros intereses. Nuestros compatriotas
son personas que viajan, que estudian, que
residen, que invierten, que buscan oportunidades fuera
de nuestras fronteras y que merecen y exigen, como ciudadanos
con derechos y obligaciones en una sociedad
plenamente democrática, que el servicio exterior esté a
la altura de estas necesidades y de estas expectativas.
Estamos hablando aquí de subsanar gastos, de corregir
deficiencias contables por gastos producidos hace
muchos años. Son cincuenta mil gastos, pequeñas facturas
que han ido sirviendo, al borde de la normalidad
presupuestaria, para subsanar deficiencias, para corregir
y para atender necesidades ineludibles, como ya ha
sido dicho. Estos son los últimos restos; quizás a SS.SS.
4.282.495.737 pesetas les parezca poco dinero si ven
los Presupuestos Generales del Estado, pero para el
Ministerio de Asuntos Exteriores ha sido la sangre, la
savia que ha alimentado esa red de representaciones
diplomáticas y consulares que han debido atender
necesidades, como ya ha sido dicho, ineludibles. Son
los últimos restos de una Administración arcaica, que
se financiaba, cuando el dinero no llegaba del Tesoro,
con las tasas, con las arcas consulares, con el dinero
que pagan nuestros compatriotas por las actas y los
pasaportes, con el que pagan los ciudadanos de otros
países por los visados, etcétera, por todos esos trámites
que se realizan en las ventanillas de nuestras representaciones
diplomáticas y consulares.
Señorías, esta era una situación incoherente e incongruente
con los esfuerzos de modernidad, de racionalidad
y de transparencia que han presidido y presiden la
administración de las finanzas del Estado. Como la
Administración exterior al servicio de esa política exterior
no podía seguir siendo un instrumento atípico, alejado
de la normalidad de las cosas, que funcionaba en
un circuito cerrado y distinto de los esfuerzos de
modernización y clarificación de las finanzas del Estado,
el Gobierno presenta este real-decreto.
Me permito señalar a SS.SS. que este real-decreto
contiene un sistema de control muy estricto, en el que
no solamente la Intervención delegada de Hacienda en
el Ministerio de Asuntos Exteriores sino también el Tribunal
de Cuentas han establecido un procedimiento
muy severo para fiscalizar las cuentas y para controlar
las facturas, recibos, documentos justificativos y, en
casos excepcionales y debidamente justificados, las certificaciones
de los jefes de representación. Se trata de
facturas y recibos que vienen de todas las partes del
mundo y que presentan dificultades específicas que
SS.SS entienden sin duda. Ya no podemos seguir diciendo
aquello que se decía a los viejos embajadores de
España: vaya usted y arrégleselas como pueda. O como
le decían a un viejo jefe mío: ya que le hago a usted
embajador, no pretenderá que le dé los medios suficientes
para realizar dignamente su función.
Decía el cardenal Mazarino que antes de imponer
una innovación había que plantearse cuatro preguntas:
primera, si era provechosa o perjudicial; segunda, si
seríamos capaces de imponerla; tercera, si estaba de
acuerdo con nuestra naturaleza, con nuestra política y
con nuestras propuestas -en este caso del Parlamento-
y en último lugar si tendría la estima de aquellos a
los que puede afectar. Con este real-decreto, al que el
Grupo Parlamentario Popular dará su apoyo, no sólo
tendrán respuesta positiva estas cuatro preguntas, sino
que además se lo agradecerán muchos embajadores y
cónsules -desesperados por carecer de los medios
adecuados- por moverse con una contabilidad finalmente
liberada de esta pesada carga arrastrada durante
largos años. Desde luego estoy seguro de que se verá
recompensado por una mayor eficacia, transparencia y
adecuación a los objetivos y principios de la política
exterior española, reflejada por estas nuevas medidas
propuestas por el Gobierno.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i
López): Gracias, señor Robles Fraga.
- REAL DECRETO-LEY 11/1998, DE 4 DE SEPTIEMBRE,
POR EL QUE SE REGULAN LAS BONIFICACIONES
DE CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL
DE LOS CONTRATOS DE INTERINIDAD QUE SE
CELEBREN CON PERSONAS DESEMPLEADAS
PARA SUSTITUIR A TRABAJADORES DURANTE
LOS PERIODOS DE DESCANSO POR MATERNIDAD,
ADOPCIÓN Y ACOGIMIENTO (Número de
expediente 130/000053).
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i
López): Vamos a iniciar el debate correspondiente a la
convalidación o en su caso derogación del Real Decreto-
ley 11/1998, de 4 de septiembre, por el que se regulan
las bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social
de los contratos de interinidad que se celebren con personas
desempleadas para sustituir a trabajadores durante
los periodos de descanso por maternidad, adopción
y acogimiento.
Para su presentación, tiene la palabra el señor ministro
de Trabajo y Asuntos Sociales.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS
SOCIALES (Arenas Bocanegra): Señor presidente, señoras
y señores diputados, con satisfacción consumo el
turno de presentación del Real Decreto-ley 11/1998,
que se refiere a lo que se ha venido conociendo en el
tratamiento informativo como coste cero en los contratos
de interinidad por sustitución, promovidos al amparo
de los permisos en los supuestos de maternidad,
adopción y acogimiento. Y digo con satisfacción, porque
este real decreto-ley, pendiente de lo que decida
hoy el Congreso de los Diputados, viene a significar la
remoción de un obstáculo que constituía en sí un
hecho objetivo a la hora de poder hablar con certeza
de lo que significa la igualdad del hombre y la mujer
ante el mercado de trabajo. También digo que con
satisfacción porque es rigurosamente cierto que prácticamente
la totalidad de los grupos parlamentarios, con
particular insistencia por parte del Grupo de Convergència
i Unió, ha instado a que tomáramos esta
medida, ya fuera por la vía de una decisión del Ejecutivo
o en el propio ámbito de la discusión parlamentaria.
Ha habido distintas iniciativas en el debate del estado
de la Nación, algunas de ellas -como he dicho-
de Convergència i Unió, reiteradas en varias ocasiones;
también es cierto que el resto de los grupos parlamentarios,
ya sea en el Congreso o en el Senado, con matices
distintos han planteado la posibilidad de este coste
cero que evita la doble cotización para los supuestos
de contratos por las dieciséis semanas en que se produce
de forma generalizada el permiso por maternidad
-pueden ser dieciocho en el caso de partos múltiples-
y también en los supuestos concretos de adopción
y de acogimiento.
Señorías, al Gobierno le ha parecido que la discriminación
que todavía tenemos en España ante el mercado
de trabajo entre los hombres y las mujeres y que la discriminación
que todavía existe en España en los tipos
de empleo que se ofrecen a hombres y mujeres -gran
parte de los trabajos profesionales están masculinizados
y todavía existe discriminación en cuanto a los
salarios por el mismo trabajo entre hombres y mujeres-
eran razones suficientes para justificar la aprobación
del real decreto-ley que hoy se somete a convalidación
en el Congreso de los Diputados.
Señorías, esta decisión responde también a la ejecución
del Plan de empleo de 1998 que el Reino de España
presentó ante la Unión Europea y se corresponde
con el bloque de medidas en torno al III Plan de igualdad
de oportunidades y tengo que decir de forma
expresa que la decisión de este real decreto-ley fue
consultada previamente con las organizaciones empresariales
y sindicales, que si bien es cierto que plantearon
algunas matizaciones, globalmente dieron su apoyo
y su visto bueno a la propuesta.
A diario hablamos sobre la igualdad de oportunidades
de la mujer y ojalá que pronto no haga falta en
España ningún tipo de plan de igualdad de oportunidades,
pero lo cierto es, señorías, que tras el desarrollo
de nuestra Constitución, que no distingue entre hombres
y mujeres, sino que elimina y plantea una posición
muy firme frente a la discriminación por motivos de
sexo y habla de ciudadanos, se han producido cambios
legislativos que nos permitirían hoy hablar de la igualdad
de oportunidades en lo que es el terreno jurídico y
en el ámbito del derecho. Sin embargo, la igualdad de
oportunidades nunca estará conseguida hasta que no
sea una igualdad de hecho, y si esta no se produce en
torno al mercado de trabajo, la igualdad real de oportunidades,
en nuestra opinión, será una mera entelequia.
Pues bien, señorías, aunque en los últimos veinte
años en España las mujeres han supuesto un 80 por
ciento de la nueva población activa, tenemos que reconocer
que por razones económicas, por razones sociales
y también por razones políticas, la incorporación de
la mujer al mercado de trabajo coincide con nuestro sistema
democrático, coincide con nuestra etapa posconstitucional
y ello ha supuesto que en relación a otros
países de la Unión Europea la mujer española, en ningún
caso por razones imputables a ella, tenga veinte o
treinta años de retraso en la incorporación al mercado
de trabajo, de tal suerte que hoy cuando hablamos del
problema del desempleo estamos hablando de un problema
real para todos, pero sobre todo y de forma muy
especial el problema que tiene la sociedad española es
de desempleo femenino. Si hablamos de tasa de paro
registrado, si hablamos de tasa de desempleo en términos
de encuesta de población activa, podemos afirmar,
por cierto, que hoy ya el desempleo en España no es el
doble que en la Unión Europea. Sin embargo, tenemos
que seguir afirmando -por eso no cabe ningún tipo de
triunfalismo- que el desempleo femenino todavía es
el doble que el masculino. De hecho, si tuvieran ustedes
la oportunidad de analizar la evolución del empleo
en las distintas provincias de España, verían que en
más de veinte la tasa de desempleo en los hombres está
muy por debajo de la tasa de desempleo de la Unión
Europea. Sin embargo, prácticamente en la totalidad de
las provincias españolas la tasa de desempleo femenino
está por encima de la tasa de la Unión Europea.
En ese sentido, si hoy el Congreso de los Diputados
convalida este real decreto-ley, en mi opinión se está
removiendo un obstáculo que impide esa igualdad real,
ya que el empresario ha tenido miedo a contratar mujeres,
conocedor de que si se producía la sustitución por
el permiso de maternidad o de paternidad -es posible
que el hombre coja cuatro semanas de ese permiso; lo
que sucede es que en España ese supuesto tan sólo se
está dando desgraciadamente en un 2 por ciento de las
situaciones de maternidad, adopción y acogimiento-,
debía hacer frente a una doble cotización social. Por
tanto, tiene que desaparecer el miedo de los empresarios
a contratar mujeres por la doble cotización.
En segundo lugar, esta medida también contribuye a
dar solidez a la libertad de la mujer. Muchas mujeres en
España han retrasado la maternidad o han renunciado
a la misma porque eran conscientes de que ese hecho
objetivamente o dificultaba su incorporación al mercado
de trabajo o bien impedía su continuación en el
puesto que estaba desempeñando. Por tanto, que desaparezca
ese miedo al contrato de las mujeres y que
desaparezcan también algunos tópicos. Señorías, no es
cierto que el absentismo laboral se dé más en las mujeres
que en los hombres. Lo hemos oído muchas veces.
Sin embargo, todos los estudios técnicos certifican que
no es así y que incluso las tasas de absentismo de la
mujer están por debajo de las de los hombres.
Esta me parece una medida de cierta importancia,
pero no puede ser la única. Recientemente, hemos
aprobado una orden ministerial sobre el apoyo en una
reducción del 60 por ciento de cotizaciones de Seguridad
Social para el empleo estable de las mujeres. Quiero
anunciar a la Cámara que pronto adoptaremos una
medida por la que se establece que al menos un 50 por
ciento de las ofertas de formación profesional en aquellas
ocupaciones en que no está la mujer sean ofrecidas
a las mujeres y quiero anunciar también a la Cámara
que el Gobierno pronto aprobará un proyecto de ley
de conciliación de vida familiar y vida laboral. Fíjense
que he hablado de un 2 por ciento de hombres que
solicitan las cuatro semanas que les permite la ley de
las dieciséis que se contemplan; pues bien, el que hoy
no exista un reparto equitativo en las cargas familiares
entre hombre y mujer está dificultando también de
forma muy clara la incorporación plena de la mujer al
mercado de trabajo.
Señorías, anualmente, se producen España en torno
a 150.000 permisos por maternidad, adopción y acogimiento.
Hasta ahora, solamente se están celebrando
contratos de sustitución en torno a un 9 ó 10 por ciento
de esos permisos. Quiero decirles que el Gobierno
con esta medida, que recoge el sentir también de los
grupos parlamentarios, como he dicho, pretende que
en el próximo año de vigencia plena de la misma se
pueda llevan a cabo un 25 por ciento, según nuestra
estimación, de contratos de sustitución, y en ese sentido
se concibe la medida como una política activa de
empleo, que será financiada con cargo a los presupuestos
del Inem y que en la evaluación económica que
hemos hecho supone un importe aproximado a los
10.800 millones de pesetas.
Quiero terminar, señor presidente, diciendo que también
nos hemos preocupado en la elaboración de este
real decreto-ley en tomar determinadas precauciones.
En este sentido, se adoptan decisiones en lo que se
refiere a la contratación en los ámbitos familiares como
medidas preventivas para posibles fraudes. Entendemos
que no tiene sentido la ida y vuelta de las bonificaciones
entre los contratos de las administraciones
públicas y que tampoco deben contemplarse en este
real decreto-ley los contratos de puesta a disposición,
que no tienen sentido en estos supuestos de sustitución
por dieciséis semanas.
En fin, señorías, creemos que damos un paso adelante.
Desde 1929, en que se establece en el marco de
la legislación el seguro de maternidad, hoy se remueve
un obstáculo muy importante y entendemos que el real
decreto-ley es una pieza básica para caminar en la
dirección que todos deseamos, la igualdad real de
oportunidades y la eliminación de la discriminación en
el mercado de trabajo.
El Gobierno quiere compartir esta decisión con los
grupos de la Cámara que la han instado y por supuesto
con los agentes sociales que a través del diálogo social,
imprescindible para afrontar los problemas de nuestra
sociedad, globalmente han dado, con algunas matizaciones,
su visto bueno a esta propuesta de real decretoley
que aprobó el Consejo de Ministros y que hoy solicito
a la Cámara que convalide.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i
López): Gracias, señor Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales.
¿Turno en contra de la convalidación? (Pausa.)
¿Fijación de posiciones? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Desde Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya,
compartimos plenamente el objetivo que se persigue
con este real decreto-ley, que es fomentar la sustitución
de las mujeres y hombres que ejerciten el permiso por
maternidad-paternidad, y a tal fin se instrumenta la
medida que se ha conocido como cuota cero, consistente
en que no se gravará al empresario por la seguridad
social de la persona a la que contrate en sustitución
de quien ejercita el derecho.
Nosotros creemos que esta es una medida que tiene
una finalidad concreta, y aceptamos esa filosofía, aceptamos,
como decía, el objetivo que se persigue con la
misma y por lo tanto vamos a votar a favor de este real
decreto-ley. Creemos, no obstante, que sería bueno que
se produjera su tramitación como proyecto de ley, con
el objetivo de que ese consenso social sustancial a que
ha aludido el señor ministro en su intervención se completara
-estoy seguro de que será así- con un consenso
político, y con eso seríamos respetuosos con el
espíritu y la filosofía del Pacto de Toledo que debe presidir
cualquier medida relativa a la Seguridad Social, y
ésta lo es sin lugar a dudas. Nosotros creemos que en
ese ámbito del proyecto de ley se podrían abordar
algunas matizaciones que consideramos -y es la opinión
que tenemos al día de hoy en Nueva IzquierdaIniciativa
per Catalunya, abiertos a confrontarla y a
consultarla con las opiniones de los otros grupos- que
podrían contribuir a mejorar el texto literal de este real
decreto-ley.
Por ejemplo, si estamos hablando de contratos de
interinidad, que tienen una causa fija en su origen y en
su final, todos sabemos que cuando se toma un permiso
por maternidad el mismo puede no tener una duración
exacta, porque puede haber algún tipo de complicación.
¿Sería posible no tener esa limitación de las
dieciséis semanas, sino que durara lo que dure exactamente
la interinidad, puesto que es un contrato causal
que la Seguridad Social puede controlar en su origen y
en su final, en la medida en que sabe lo que dura el
proceso de incapacidad temporal o de maternidad de
la trabajadora o trabajador sustituido?
Segunda cuestión, a la que en alguna medida ha contestado
el señor ministro en su intervención, pero que
nos sigue suscitando dudas. Dice que se excluye a la
Administración pública porque no parece oportuno la
ida y la vuelta de las bonificaciones. No es menos cierto,
señor ministro, que aquí estamos pensando también
en que se contrate a personas, y si no tiene la obligación
de pagar la cuota, la Administración puede pensar
en contratar a una persona. Si prevé el coste, a lo mejor
no la contrata. Podríamos discutir esto y ver si el Ministerio
de Asuntos Exteriores, por ejemplo, se anima a
contratar a una persona porque no tiene que pagar
cotización, aunque al final la pague el Estado vía Inem,
pero lo bien cierto es que se contrata a una persona. A
lo mejor es un objetivo que podemos pensar que vale
la pena en un momento determinado.
Son detalles concretos que desde Nueva IzquierdaIniciativa
per Catalunya nos gustaría debatir con las
otras fuerzas políticas y con el propio Gobierno, que
podría comparecer en la tramitación de ese proyecto
de ley y explicarnos detenidamente sus previsiones y
sus razones para defender este texto, y estoy convencido
de que ese consenso político vendría a complementar
el consenso social.
En definitiva, vamos a votar a favor tanto de la convalidación
como de la tramitación como proyecto de
ley.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i
López): Gracias, señor Peralta.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria,
tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
Sean también mis palabras, como decía el ministro de
Trabajo, señor Arenas, para decir que intervengo con
satisfacción, en el sentido de que adelanto ya que
vamos a votar favorablemente la convalidación de este
real decreto-ley, en primer lugar porque tiene una sujeción
estricta a un principio de justicia social que ya es
de honda tradición en la política española; aunque nace
en 1929, en la dictadura de Primo de Rivera, ya hay en
la sociedad española una toma de conciencia de la protección
de los derechos de la mujer embarazada: los
principios del seguro de maternidad. Hoy, en plena
democracia, recogemos también una realidad. Frente a
esa práctica igualdad estadística entre hombres y mujeres
a la hora de acudir a los puestos de trabajo, existe
una penalización que sufre la mujer en general y también
la sufre la mujer a la que se le ocurre ir a un puesto
de trabajo y decir que está casada, porque las estadísticas
del Ministerio de Trabajo y de los estudios del
Centro de Investigaciones Sociológicas demuestran que
se produce una discriminación entre la que opta a un
puesto de trabajo soltera y la que declara que es casada.
Esto hace que tengamos que corregir esa desigualdad.
Al mismo tiempo, como bien ha señalado el ministro
Arenas, hay que evitar esa penalización al sistema laboral
español, al empresario, con la doble cotización, algo
que no estaba previsto y que suponía una especie de
obstáculo fundamental a la hora de generar una dinámica
de colocación, aunque sea por la vía de contratos
de interinidad.
Hay también un valor de sujeción al orden jurídico,
y lo digo al hilo de las palabras que acaba de pronunciar
el señor Peralta, en este principio justo y necesario,
y es el de someterse al imperativo del Estatuto de
los Trabajadores, no salirnos ahora del artículo 48 y el
punto 4. Vamos a ver qué comportamiento hay para
que se puedan hacer excepciones, que serán siempre
marginales, sobre el período de las dieciseis semanas.
Vamos a ir de orden jurisdiccional en orden jurisdiccional
en este principio de legalidad. En la declaración
fundamental del artículo 1 del texto se define todo para
la bonificación del cien por cien de la cuota empresarial.
Aprovecho para felicitar el sentido que ha tenido
el señor ministro de que frente a opciones de rebajar el
75 o el 60 por ciento, como ha habido especulaciones
al respecto, se haya optado por una decisión firme de
ir al cien por cien de la bonificación, y le felicito por
ello. Las garantías de exclusión que trae el artículo 2
intentan evitar una picaresca de sustituciones al amparo
de familia, de consanguinidades encubiertas, etcétera,
porque hay una especie de nepotismo interno en
la sustitución del puesto de trabajo. También incluye
los contratos celebrados por las Administraciones
públicas y sus organismos autónomos, en los que hay
una regulación fija de plantilla y no es una empresa
privada que necesita seguir atendiendo aquel puesto
de trabajo.
Por todas estas razones, porque responde a estos
principios políticos de justicia social, porque responde
a unos principios constitucionales, haciéndolos realidad
pragmática y pasando de un derecho puramente
formal a un derecho real y por tener que dar respuesta
aquí a una demanda social, que honra al ministro y a la
línea política que aquí todos apoyamos, vamos a dar
nuestro voto favorable. Esperamos que siga su buena
andadura y por nuestro grupo no habrá ninguna reticencia,
relativa a la financiación que aquí se contempla,
con fondos al Inem o a cualquier otra vía administrativa,
según la propuesta que haga el Gobierno, si hay
insuficiencia de fondos y hay que dotarlo, en ofrecer
nuestros votos favorables.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i
López): Por el Grupo Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra
el señor Caballero.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el Real Decreto-ley
11/1998, de 4 de septiembre, por el que se regulan las
bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social de los
contratos de interinidad que se celebren con personas
desempleadas para sustituir a trabajadores durante los
períodos de descanso por maternidad, adopción y acogimiento,
reconociendo el avance parcial que supone,
excluye la posibilidad de que, si en estos supuestos de
descanso por maternidad, adopción y acogimiento son
disfrutados por los trabajadores o por las trabajadoras
de las cooperativas, los contratos de interinidad que
puedan realizar las cooperativas para sustituir a los trabajadores
y a las trabajadoras, no pueden acogerse a
los incentivos, a diferencia del supuesto de que fuera
un trabajador o una trabajadora por cuenta ajena quien
los disfrutase, en cuyo caso los contratos de interinidad
se beneficiarían de los incentivos.
Este real decreto, en lo que hace referencia a las
cooperativas y a algún otro sector social, tiene un tratamiento
discriminatorio, no permitiéndoles utilizar elementos
incentivadores del empleo, lo que sorprende
cuando todos los agentes sociales, incluidos los responsables
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
están reconociendo permanentemente en público el
importante papel que desempeñan las cooperativas en
la creación de empleos estables.Por todo ello, en primer
lugar, desde el Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV),
queremos preguntar al señor ministro el porqué
del trato discriminatorio a los socios trabajadores o de
trabajo de las cooperativas dadas en este real decreto,
así como algunos otros sectores de trabajadores y trabajadoras.
Por eso, pedimos que se tramite como proyecto
de ley con el fin de poder enmendar este trato
discriminatorio para un importante sector de trabajadores
y trabajadoras.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i
López): Gracias, señor Caballero.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra la señora Solsona.
La señora SOLSONA I PIÑOL: Muchas gracias, señor
presidente.
Señorías, señor ministro, nos encontramos ante una
importante medida destinada a combatir la discriminación
laboral entre hombres y mujeres, a conciliar la
vida laboral y familiar y a favorecer la incorporación de
la mujer al mundo del trabajo.
Nuestro grupo, el Grupo Catalán de Convergència i
Unió, no puede menos que congratularse y felicitar al
Gobierno por esta medida, de la cual se siente corresponsable.
En efecto, señorías, ya en el año 1991, en el
Senado, concretamente el 5 de diciembre, nuestro
grupo presentaba una interpelación sobre las medidas
a llevar a término para exonerar a las empresas de la
cotización a la Seguridad Social correspondiente a las
trabajadoras en situación de permiso por maternidad. A
partir de aquí, medidas como abolir el concepto de
incapacidad laboral transitoria en el tratamiento del
permiso por maternidad o las proposiciones de ley de
regulación del permiso parental y maternal han sido
una actitud constante de nuestro grupo en la política
de igualdad de oportunidades.
Señorías, el fomento de la igualdad en una economía
cambiante requiere la integración de las políticas de
igualdad de oportunidades en todos los aspectos de la
planificación y política económica. La evolución de la
estructura demográfica, la composición de los hogares
y los tipos de familia requieren nuevas respuestas que
se correspondan con las nuevas condiciones de vida.
La organización de la sociedad está desfasada con respecto
a estos cambios. El desafío de finales del siglo
XX es proponer soluciones viables para la conciliación
de la vida laboral con las necesidades familiares,
domésticas y personales.
Señorías, el aumento de la participación de la mujer
en el mercado del trabajo es una de las características
más importantes de nuestra época, que, sin embargo,
no está exenta de problemas, pero afortunadamente
existe un consenso cada vez más generalizado respecto
a la necesidad de adoptar medidas que faciliten la conciliación
del trabajo remunerado y las tareas de cuidados,
tanto en el caso de las mujeres como en el de los
hombres. Hay una demanda cada vez mayor para que
sea posible compatibilizar el empleo remunerado y los
cuidados, no remunerados, y que se garantice mayor
flexibilidad de los sistemas de trabajo. Asegurar la compatibilidad
de las obligaciones familiares y profesionales
en la vida de cada individuo es uno de los retos
principales del nuevo contrato social. La mujer ha tenido
que reorganizar su propia vida para afrontar funciones
profesionales y familiares, en buena parte incompatibles,
y algunas medidas fiscales y sociales van en
contra de un reparto justo de estas responsabilidades.
El Estado debe procurar el mantenimiento de los derechos
y prestaciones, pero también evitar trabas de
carácter administrativo, financiero y jurídico que obstaculicen
la creación y el desarrollo de las pequeñas y
medianas empresas. En relación con esto, los incentivos
o los obstáculos fiscales pueden influir en el índice
de participación de las mujeres en el mercado laboral.
Por esta razón, felicitamos al Gobierno por este
decreto-ley, consecuencia de una enmienda presentada
por nuestro grupo, consensuada en los últimos Presupuestos
Generales del Estado, que facilita la contratación
laboral de las mujeres. Con todo ello, no hacemos
más que poner en práctica la Directiva europea 76/207
sobre la igualdad de trato entre hombres y mujeres en
materia laboral.
Señorías, a menudo hay reticencias en la contratación
de mujeres porque la maternidad comporta sustituciones,
permisos, etcétera, pero la maternidad no es
un problema, es un beneficio social y, como tal, el Estado
debe contemplarla. Se ha de realizar cambios legales,
pero también cambios de actitudes, es un problema
estructural, de cambio estructural. Solventar estas problemáticas
estructurales necesita la colaboración de
toda la sociedad y, por su parte, el Estado, desde una
amplia serie de opciones políticas, debe aportar las
novedades necesarias para el apoyo del hogar y la
familia y, a la vez, facilitar la incorporación de las mujeres
en el mundo laboral.
Nada más, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i
López): Gracias, señora Solsona.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida,
tiene la palabra el señor Vaquero del Pozo.
El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, comparto plenamente la
satisfacción de los grupos que me han precedido en el
uso de la palabra a la hora de comentar nuestra posición
sobre este real decreto que pretende la bonificación
total de las cuotas de los contratos de interinidad
y sustitución para los períodos de descanso por maternidad
o adopción y acogimiento. Creemos que es un
avance, lo saludamos como tal y estamos de acuerdo
con la intención, incluso con el contenido fundamental
del real decreto-ley. Por tanto, sin duda alguna, vamos
a votar favorablemente la convalidación del mismo.
Este real decreto va a ayudar a que vaya avanzando,
por un lado, la remoción de obstáculos reales para la
contratación por parte de los empresarios y, por otro
lado, qué duda cabe, también a la eliminación progresiva.
Es un primer paso, después de otros muchos, para
ir eliminando los fetiches que la imaginación de la cultura
patriarcal ha ido introduciendo en nuestra sociedad
en general y en las relaciones laborales en el
mundo de trabajo en particular. Creemos que es muy
importante que se vayan dando estos pasos para la
plena igualdad laboral entre los hombres y las mujeres
y, por tanto, ayudar a la plena incorporación de la
mujer al mercado de trabajo, que es la condición objetiva
en función de la cual puede ir progresando esta
igualdad. Ya no va a haber, por tanto, excusas o justificaciones
por parte de los empresarios para poder realizar
la contratación de las mujeres. Creemos que esto es
muy importante y coincidimos en que es el objetivo
fundamental. Sin embargo, creemos que cuatro ojos
ven más que dos -debe usted convenir conmigo,
señor ministro, que eso es así- y, por ello, nos gustaría
y pedimos ya que se tramite como proyecto de ley
este real decreto. Queremos discutir distintos aspectos,
entre los que le voy a mencionar alguno de ellos que, a
bote pronto, hemos podido ver en el real decreto. Queremos
hablar de la financiación, queremos hablar de la
fuente de financiación de esta mejora. Señor ministro,
no vamos a facilitar -creo que ya lo sabe por nuestras
intervenciones en otros aspectos- el que la potenciación
de las políticas activas, por ejemplo ésta, se realicen
en detrimento de la financiación de políticas pasivas.
No vamos a facilitar el traspaso de partidas
presupuestarias de las políticas pasivas a políticas activas;
ésa es nuestra posición. Sabe usted que hemos
estado discutiendo muy recientemente la cobertura por
desempleo y, más allá de las posiciones de todos nosotros,
lo cierto y verdad es que esa cobertura por
desempleo es un derecho constitucional, el que haya
rentas sustitutivas del salario en la situación de paro,
por tanto, de no percepción de rentas salariales. Sabe
que la protección social al desempleo es un derecho
constitucional al que no vamos a renunciar, por mucho
que determinadas filosofías digan que eso puede
potenciar una cierta desincentivación de la búsqueda
del empleo. Como no estamos de acuerdo con eso, creemos
que la cobertura por desempleo, objetivamente,
es insuficiente en nuestro país y vamos a potenciar la
filosofía de que haya un incremento de financiación
para las políticas activas; ¡chapó!, no hay problema
pero, al mismo tiempo, que no sea incompatible con
un incremento de la financiación de las políticas pasivas.
Ése es el primer tema que queremos seguir discutiendo
y tener la ocasión, al menos, de modificar ese
aspecto de su real decreto-ley.
Por otro lado, hay matices que son importantes.
Señorías, ¿quién va a sustituir al que se acoja al descanso?
Habría que intentar que esta medida, que es buena
en sí, no sirviese al mismo tiempo para desequilibrar lo
que es la proporción de ocupación entre el hombre y
la mujer. A lo mejor, en este sentido, habría que dar
algún matiz o condicionamiento en la ley que facilitase
el que las mujeres fuesen sustituidas por mujeres.
Además, hay que ahondar en un aspecto que aparece
en el real decreto ley, y es la exclusión de las administraciones
públicas. Hay un entramado psicosocial,
una cuestión cultural, por el que se produce un postergamiento
de la mujer en el puesto de trabajo, no sólo a
efectos de la ocupación, sino de la promoción profesional.
Incluso en las Administraciones públicas es
necesario aprovechar todas las ocasiones para ir resolviendo
ese tema. Estamos en condiciones de hacerlo
no excluyendo a las Administraciones públicas, porque,
por ejemplo, los laborales o los temporales son contratados
por ellas; habrá que discutir cómo se hace. En
este sentido, pretendemos enmendar el real decreto-ley
para potenciar que el conjunto de la contratación implique
ayudas y la bonificación que desarrolla este real
decreto-ley.
En este sentido, no hablamos de más elementos porque
ya los han propuesto otros grupos parlamentarios.
Nosotros, con el apoyo firme de Izquierda Unida a este
real decreto-ley y a la medida que contempla para facilitar
la incorporación de la mujer al mercado de trabajo,
queremos que se tramite como proyecto de ley para
poder modificar aspectos que consideramos muy
importantes también.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i
López): Gracias, señor Vaquero del Pozo.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra
la señora Fernández de la Vega.
La señora FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ: Señor
presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista
mantiene una posición favorable a la convalidación de
este decreto-ley, no sin reiterar, una vez más, desde
esta tribuna nuestra denuncia del uso abusivo, señor
ministro, que su Gobierno viene haciendo de este instrumento
legal. Aunque desde la literalidad constitucional
es un instrumento legislativo de extraordinaria y
urgente necesidad, su reiterada práctica lo ha convertido
en un método habitual de regulación de materias
reservadas a la ley, con lo que ello supone de la subordinación
del Parlamento y de SS.SS. , representantes de
la soberanía popular, a los intereses coyunturales de su
Gobierno. Y, aunque teóricamente el recurso al decreto-
ley pudiera estar justificado en este tema para tratar
de evitar los posibles efectos perjudiciales que se produjeran
desde la aprobación del proyecto hasta la
entrada en vigor de la ley, eso no hubiera ocurrido,
señor ministro, si su grupo hubiese apoyado las iniciativas
legislativas que por dos veces le presentamos los
socialistas.
Nuestro apoyo a la convalidación de este decreto-ley
se justifica porque las decisiones que se toman son la
continuidad lógica de un conjunto de medidas legislativas
y de políticas que a lo largo de los años de gobierno
socialista se vinieron adoptando para conseguir la
igualdad real y efectiva de la mujer en todos los ámbitos,
y muy en especial en el ámbito laboral. Se trata, por
consiguiente, de una medida más -y nos alegra, señor
ministro, aunque no sea de las más importantes-, consecuente
con un proceso histórico, a alguna de cuyas
líneas básicas se ha referido el ministro, y yo quisiera
también mencionarlas para ver en qué momento nos
encontramos.
En 1982, la situación de la mujer en nuestro país en
relación con el mercado de trabajo no era muy distinta
a la de diez años antes. La tasa de actividad era prácticamente
la misma que en 1973 y el nivel de cualificación
y empleo de las mujeres era muy bajo. Transformar
esa realidad exigía un proceso de cambio radical,
no sólo desde el punto de vista legislativo, sino también
desde el de las políticas activas o de transformación
de la sociedad; así se hizo y la situación empezó a
cambiar. De modo que entre 1986 y 1996, la tasa de
actividad femenina aumentó en nuestro país un 32 por
ciento, mientras, por ejemplo, en Francia, en el mismo
período había aumentado sólo un 4,8 por ciento, y
menos aún en otros países de la Unión Europea. En
buena parte fue así, porque se tuvo en cuenta que en
el campo concreto de la igualdad efectiva la pieza clave
está en las políticas educativas y formativas. Ése ha sido
y debe ser, en opinión de mi grupo, el pilar de sustentación
de cualquier política comprometida en materia
de igualdad, y así se ha hecho; quiero recordar sólo dos
datos. Cuando nos incorporamos a la Comunidad Económica
Europea, España gastaba en políticas educativas,
en términos de PIB, el 73 por ciento de la media
que se invertía por ese concepto en Francia, Alemania,
Italia o el Reino Unido. En 1995 gastábamos ya el 95
por ciento de esa media y más que en Alemania e Italia.
Yo creo que el dato es relevante si atendemos a que
ya se había conseguido la paridad efectiva de sexos en
el alumnado o que en 1995 el número de mujeres universitarias
superaba al de varones universitarios, lo cual
tuvo un efecto inmediato en el aumento y cualificación
de la población activa femenina.
Otro dato clarísimo es que, mientras que en la población
activa masculina tiene estudios superiores el 18,36
por ciento, en la población activa femenina el nivel de
formación es del 25,48 por ciento; o, lo que es lo
mismo, mientras que el 37,15 por ciento de los hombres
activos tienen como máximo estudios primarios,
en las mujeres se reduce al 30 por ciento. Sin embargo,
con estas cifras la realidad social dista aún de ser equitativa.
Señorías, resulta un disparate que, estando como
está mucho mejor formada la población activa femenina
que la masculina, el porcentaje de paro de las mujeres
sea un 93 por ciento mayor que el de los hombres.
Es un disparate en términos constitucionales y equitativos,
lo cual es gravísimo, pero también lo es en términos
de eficiencia y de competitividad, lo cual es peligrosísimo,
porque no hay ningún país que pueda
permitirse este despilfarro. Y si la realidad social no
está a la altura siquiera de lo que se legisla, tendremos
que tomar medidas para corregirlo, porque las políticas
legislativas y las políticas activas, señor ministro, no
han agotado sus posibilidades.Este real decreto es, sin
duda, un avance en esta dirección y nos alegramos y,
por eso, vamos a votar a favor de su convalidación. Es
verdad, señor ministro, pero tengo obligación de recordarle
que podría haberse hecho mucho antes, si su
grupo hubiera votado a favor de la moción que en
marzo de 1997 presentamos los socialistas en el Senado
o si hubiera votado a favor la enmienda que introdujimos
a la Ley de acompañamiento de los Presupuestos
de 1997, que proponía exactamente lo mismo que este
real decreto. Por dos veces nos dijeron que no. Yo
espero que en esta ocasión su grupo cambie su voto y
apoye la medida que el Gobierno trae aquí. Por tanto,
yo solicito al Grupo Popular que cambie el sentido del
voto que ha tenido en los años anteriores.
Señoría, la diferencia de sexo no puede ser causa
desigualdad. Decir esto en el umbral del siglo XXI me
resulta tan anacrónico como necesario, porque estamos
asistiendo a una asimetría entre los esfuerzos del Legislativo,
para hacer efectiva la igualdad entre los sexos, y
el enquistamiento de comportamientos sociales discriminatorios
en núcleos poderosos de la sociedad, y no es
posible seguir conviviendo con esta permanente vulneración
de principios constitucionales que se produce,
señor ministro, con contumacia en el mundo de la
empresa. Algo más que leyes vamos a tener que hacer y
alguna imaginación tendremos que poner en nuestra
tarea legislativa; imaginación -y por qué no decirlo- y
un poco más de coerción en los núcleos de resistencia.
He escuchado al señor ministro decir que esta medida
va a ir seguida de otras más que tratarán de conseguir
una mayor inserción laboral de las mujeres no profesionales
en profesiones y oficios en los que están
subrepresentadas; me ha parecido entenderle también
que para conseguir una mayor presencia de la mujer en
estos empleos va a subvencionarse su coste con dinero
público. Tiempo tendremos para ver tales medidas en
esta Cámara.
Por ahora sólo desearía hacer una reflexión que quisiera
que el Gobierno se formulase a sí mismo. Hay un
dato hiriente de la realidad, señor ministro, y es el que
nos dice que en España la mujer a igual trabajo que el
hombre cobra el 30 por ciento menos que él. Es tremendo
que esto siga ocurriendo y lo que me indigna
sobremanera es que esto suceda contra toda lógica económica,
puesto que esta discriminación contradice los
principios básicos de funcionamiento del mercado. Por
eso, yo quisiera, señor ministro, decirle que hay que
seguir adoptando medidas de acción positiva; estamos
radicalmente a favor de las medidas de acción positiva-
en la conciencia de que ellas tienen que ser transitorias
y por sí solas tampoco son suficientes, porque,
si no, corremos un riesgo. Por ejemplo, ahora está muy
bien como medida de acción positiva hacer más baratos
para los empresarios los contratos de las mujeres,
pero tiene que ir acompañado de otra cosa porque, si
no, podemos correr el riesgo de consolidar legalmente
una injusticia y un disparate en términos económicos;
eso tiene que ir acompañado de otras medidas. Yo creo
que tendremos tiempo de desarrollar esta reflexión y
otras. Por el momento la dejo sobre su escaño, señor
ministro. Para terminar le añado una sugerencia en
relación con este tema: ¿por qué no establece planes de
actuación concretos de la Inspección de Trabajo que
sean más efectivos para vigilar y sancionar la forma de
discriminación por razón del sexo? Porque las medidas
coercitivas son necesarias.
Ya termino. El Grupo Socialista quisiera que este
decreto-ley se tramitara como proyecto de ley. Hay
algunas cosas que nos parece que podrían mejorar,
pero sobre todo queremos que quede más claro de lo
que está que toda bonificación de cuotas vaya a ser
compensada como fuente de ingresos contributivos en
la Tesorería de la Seguridad Social. Son ya demasiados
los instrumentos de fomento del empleo, mediante
bonificación de cotizaciones sociales, utilizados por el
Gobierno y empieza a preocuparnos la estabilidad del
sistema contributivo y el cumplimiento en su literalidad
del Pacto de Toledo.
Por otra parte, hay otro tema que no quiero dejar de
mencionar. Creemos que con las medidas que se establecen
en este decreto se debe bonificar no sólo la creación
de empleo, sino sobre todo la no discriminación,
y yendo más lejos, para el fomento de oportunidades
de empleo para la mujer. En este sentido, queremos
que la exención total sólo se lleve a la práctica en el
supuesto de contratación de una mujer para sustituir a
quien ejercite el derecho a descanso por maternidad.
Termino como empecé. Señorías, vamos a votar a
favor de la convalidación y esperamos desde el Grupo
Socialista que el Grupo Popular vote hoy de forma distinta
a como lo hizo en el año 1997 para que esta medida
del Gobierno cobre plena virtualidad. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i
López): Gracias, señora Fernández de la Vega.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra la señora Seller.
La señora SELLER ROCA DE TOGORES: Gracias,
señor presidente.
Señor ministro, señorías, intervengo en nombre del
Grupo Parlamentario Popular en relación con el Real
Decreto-ley 11 de 1998, de 4 de septiembre, por el que
se regulan los contratos de interinidad que se celebran
con personas desempleadas.
Señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, enhorabuena,
a usted y al Gobierno, por su decidido impulso
en materia de políticas de igualdad. Tenga usted la
absoluta certeza de que miles de mujeres y hombres
hoy aprecian su política de eliminación de barreras
para conseguir esa igualdad real que, en particular,
todas nosotras reclamamos.
No cabe la menor duda, señorías, que es en el ámbito
laboral donde las mujeres somos más víctimas de las
discriminaciones. Es algo que a lo largo de nuestra existencia
hemos tenido que padecer, aunque siempre y
desde luego lejos de toda resignación. Nuestra condición
de mujeres ha generado siempre reservas a la hora
de acceder al mercado laboral. Son muchas las veces
en las que, para lograrlo, incluso para conseguir llegar
a donde queremos, hemos tenido que renunciar a la
maternidad, eligiendo, sí, pero no con la libertad que
tiene el que escoge sin temer perder nada a cambio.
Por ello, uno de los principales problemas que arrastra
el mercado de trabajo español es la inferior participación
de la mujer en el mercado laboral, producido sin
duda por su tardía incorporación, que aunque haya
experimentado en la última década un importante crecimiento,
no deja de ser inferior a los ratios masculinos.
En la actualidad, señorías, el número de mujeres
que tiene un empleo representa tan solo el 55 por ciento
de los hombres ocupados. Por eso, señorías, resulta
tan importante el asunto que venimos a tratar hoy aquí,
porque no es suficiente que sólo una parte de la sociedad,
sabiendo que somos históricamente destinatarias
de desventajas, aspire a conseguir la igualdad. Es necesario
contar con la voluntad y con el compromiso de
todos, y si me lo permiten SS.SS., incluso con la complicidad
de toda la sociedad.
Nuestras conciudadanas y nuestros conciudadanos
nos demandan que aquellos y aquellas que estemos
dedicándonos a la Función pública hagamos iniciativas
cuyo contenido no quede sólo en música y letra, sino
que sean realistas y ambiciosas. El contenido del real
decreto al que estamos haciendo referencia tiene esos
dos factores, el del realismo y el de la ambición, y
adopta medidas que, previamente deliberadas, benefician
a la mujer y al conjunto social, medidas que salvan,
medidas que superan todos los obstáculos, o al
menos los que vamos encontrando en el camino, que
impiden el acceso de las mujeres al mercado de trabajo
y que están reflejados en el Plan de empleo del Reino
de España y en el tercer Plan de igualdad, elaborados
ambos por el Gobierno de Aznar y en total sintonía con
las directrices europeas.
Los efectos del real decreto lejos de quedar, como
he dicho antes, en pura letra y música, están cargados
de un profundo concepto de equidad, porque no pretende
beneficiar a unos para perjudicar a otros, ni está
en su ánimo otra cosa que no sea el bien común. De
tal forma que en el contexto que se regula existe una
verdadera identidad entre Derecho natural y Derecho
positivo. Ello es sin duda, señorías, lo que justifica el
carácter social de la norma, que lleva implícito un sentido
práctico, que excuso decir cuán beneficioso es
para el conjunto de la sociedad, un conjunto del que
las beneficiarias vamos a ser las mujeres españolas
paradas, porque se va a dinamizar el empleo femenino,
ya que neutralizan los inconvenientes de una posible
maternidad para el acceso al mercado de trabajo, las
mujeres ocupadas asalariadas, sobre todo las que están
bajo un contrato temporal, al posibilitar que su maternidad
no sea un inconveniente que suponga la no renovación
del contrato. Y, sin duda alguna, los hombres,
los trabajadores ocupados, especialmente los asalariados,
que podrán acogerse al disfrute del permiso por
maternidad, sin que ello conlleve temor alguno por la
no renovación del contrato, al no resultar un perjuicio
para la empresa. Y ello lo digo, señorías, al observar el
bajo porcentaje de varones que hacen uso del permiso
por maternidad; hoy está situado en torno al dos por
ciento con respecto al de la mujer. También a ellos les
asiste la norma, porque también para ellos es importante,
y cada día más obligada, la conciliación de la vida
familiar con la laboral. Por eso, señorías, he hablado de
complicidad.
¿Y quién más va a resultar beneficiario, quién más va
a resultar beneficiado de este real decreto? Pues también
40.000 personas desempleadas al año, que es el
número de contratos de interinidad que se calcula que
se celebrarán en sustitución de personas trabajadoras
durante el descanso de maternidad. Ello supondrá,
señorías, un incremento del porcentaje de contratos de
sustitución del 10 al 25 por ciento, sobre un total de
unos 155.000 procesos de baja por maternidad en la
Seguridad Social.
Llegados a este punto, tengo que decir que esta no
es una medida para fomentar contratos de dieciséis
semanas, como algún portavoz ha expresado; no es una
medida para feminizar los contratos temporales. Es una
medida para fomentar la contratación estable de la
mujer. En España, el 90 por ciento de nuestra riqueza
la producen las pymes. Este real decreto garantiza a las
empresas españolas el coste cero, que supone no tener
que pagar un céntimo a la Seguridad Social por el trabajador
que, estando en paro, contratan como interino
en sustitución de aquel o de aquella que causa baja por
permiso de maternidad.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i
López): Vaya finalizando, señora Seller, por favor.
La señora SELLER ROCA DE TOGORES: Enseguida,
señor presidente.
Esto supone un ahorro de 195.000 pesetas por contrato
y, además, que la tasa de productividad no se vea
afectada, sin olvidar que a partir de ahora se neutraliza
el factor disuasorio del empleador a la hora de contratar
mujeres.
Creo, señor ministro, que esta iniciativa del Gobierno
es deseada y aplaudida por miles de hombre y
mujeres de nuestro país. No le quepa la menor duda de
que esa línea de diálogo en el progreso hacia la igualdad
que desde su ministerio se lleva hace que, como es
el caso y por encima de todo legítimo debate ideológico
de los partidos, merezca la confianza que parece
existir al respecto y, en particular, señor ministro, la del
Grupo Popular.
Gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i
López): Muchas gracias, señora Seller.
El señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales tiene
la palabra.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS
SOCIALES (Arenas Bocanegra): Señor presidente, no
quiero abrir el debate. Solamente quiero dar las gracias
a los distintos grupos parlamentarios y decir que en
todas las intervenciones ha habido aportaciones de
interés; una de singular interés, hecha por el señor
Caballero, en nombre del Partido Nacionalista Vasco,
que estudiaremos en profundidad.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i
López): Muchas gracias, señor ministro.
Vamos a proceder a la votación de los tres decretosleyes,
cuya convalidación o derogación figura en el
orden del día de la presente jornada. (Pausa.- El
señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder
a las votaciones correspondientes a los reales decretosleyes
cuya convalidación ha sido debatida. Y quiero
anunciarles que a continuación pasaremos al debate
sobre el dictamen de la Comisión a la proposición de
ley orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, cuya votación, al tener naturaleza orgánica,
para cumplimentar el Reglamento a efectos de su anuncio
con tiempo suficiente para SS.SS., la efectuaremos
después de que se debata el punto siguiente, es decir,
el proyecto de ley de introducción del euro. Por tanto,
cuando termine el debate del euro, produciremos la
votación de la proposición de ley orgánica y la propia
de la proposición del euro. Finalizada esa votación,
pasaremos al último punto, que es la votación nominal
y secreta de la persona que ha de formar parte del
grupo de diputados que conocen los secretos oficiales.
Votación sobre la convalidación o derogación del
Real decreto-ley 9/1998, de 28 de agosto, de obras
hidráulicas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 315; a favor, 293; en contra, siete;
abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia,
convalidado el Real decreto-ley cuya tramitación como
proyecto de ley ha sido solicitada por dos grupos parlamentarios.
Se somete por ello a votación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 315; a favor, 145; en contra, 170.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la tramitación
como proyecto de ley del Real decreto-ley convalidado.
Pasamos a la votación del Real decreto-ley 10/1998,
de 28 de agosto, que concede créditos extraordinarios
para regularizar presupuestariamente los gastos realizados
en representaciones diplomáticas y consulares.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 315; a favor, 314; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia,
convalidado el decreto-ley.
Real decreto-ley 11/1998, de 4 de septiembre, que
determina las bonificaciones de cuotas a la Seguridad
Social de los contratos de interinidad con personas
desempleadas para sustituir a trabajadores durante los
períodos de descanso por maternidad, adopción o acogimiento.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 314; a favor, 314.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la convalidación
por unanimidad del Pleno.
Se ha solicitado la tramitación como proyecto de ley
por dos grupos parlamentarios; por tanto, se somete a
votación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 315; a favor, 145; en contra, 170.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia,
rechazada la tramitación como proyecto de ley del Real
decreto-ley convalidado.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS
LEGISLATIVAS.
- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN
DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL
EN MATERIA DE PERFECCIONAMIENTO
DE LA ACCIÓN INVESTIGADORA RELACIONADA
CON EL TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS Y OTRAS
ACTIVIDADES ILÍCITAS GRAVES (Número de
expediente 122/000191).
El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión de
Justicia sobre la proposición de ley orgánica de modificación
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia
de perfeccionamiento de la acción investigadora relacionada
con el tráfico ilegal de drogas y otras actividades
ilícitas graves.
Al no haberse mantenido enmiendas al dictamen,
¿grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la
palabra la señora Uría. (Rumores.)
¡Silencio, señorías! El Pleno ya va bastante demorado
y en consecuencia les ruego que colaboren con la Presidencia
para que, en beneficio de todos, podamos
continuarlo de manera inmediata y desearía que más
acelerada que en el anterior punto del orden del día.
¡Señor Caballero!
Señora Uría, puede comenzar.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente.
Aunque sea de forma muy breve, es deseo de mi
grupo fijar su postura o hacer algunas consideraciones
finales sobre estas dos proposiciones de ley que ahora
finalmente se aprueban, dada la relevancia de los asuntos
que se tratan.
Creemos que su ámbito material intentaba salir al
paso de la dificultad de investigación de determinadas
conductas delictivas que se producen con trama organizada
y que conducen a su impunidad. Había que hacerlo,
además, de forma cuidadosa... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Uría.
¡Señor Cámara! ¡Señor Aguirre! ¡Señora Díez de Baldeón!
¡Por favor, señorías!
Adelante.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente.
Me refería a la relevancia de las conductas cuya
impunidad se intenta evitar por ser cometidas por tramas
organizadas. Decía que hay que afrontar este problema
con exquisito cuidado porque no hay que caer
en lo que sería la provocación del delito y a la vez hay
que hacerlo con absoluta garantía de los derechos fundamentales
y, desde luego, con control jurisdiccional.
Ha sido un ejemplo cómo se han tramitado estas iniciativas
y la forma más clara de evidenciarlo es que, de
las dos proposiciones que estaban sobre la mesa, una a
iniciativa del Grupo Socialista y otra a iniciativa del
Grupo Popular, el artículo 1 se ha articulado a través
de la iniciativa del Grupo Popular y el 2 a través de la
iniciativa socialista, con las colaboraciones de las
enmiendas que habíamos presentado los demás grupos.
Me cabe la satisfacción de decir que el grupo al que
represento consiguió introducir una enmienda in voce
respecto de una modalidad delictiva que creemos que
es especialmente relevante en estos tiempos y que desgraciadamente
está llamada a serlo en el futuro, cual es
la delincuencia con tráfico de trabajadores y de inmigrantes,
cuya inclusión en el dictamen de la Comisión fue
aprobada por la totalidad de los grupos de la Cámara.
Únicamente tengo que decir que nos ha quedado
pendiente, como quedó antes en otro texto, la situación
de quienes, habiendo pertenecido a la trama organizada,
finalmente se arrepienten y colaboran con la
justicia. Digo que quedó ya pendiente cuando se tramitó
la Ley de protección de testigos, por ser ese el deseo
de quienes ocupaban entonces el Gobierno y que también
en esta iniciativa ha quedado sin regular. Por el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) se
hicieron votos para que esto quedase subsanado en el
Senado. No sé si será el Senado el instrumento adecuado,
pero desde luego sí debiéramos intentar salvar esta
iniciativa que nos queda pendiente, de cara a tener instrumentos
adecuados y suficientes, dentro de la más
estricta legalidad, para la lucha contra la delincuencia
organizada.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Uría.
El señor Silva tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió).
El señor SILVA SÁNCHEZ: Señor presidente, también
intervengo con celeridad.
Ciertamente, la lucha contra el crimen organizado es
y debe ser una de las prioridades del Estado de Derecho.
Desde luego, se han adoptado medidas, algunas
organizativas. Quiero referirme a la creación de las unidades
de lucha contra la delincuencia y el crimen organizado
o la Fiscalía especial para la prevención y represión
del narcotráfico. Otras, en el ámbito del Código
Penal: la regulación que se ha hecho de la figura del
arrepentido en el ámbito de delitos de terrorismo o de
narcotráfico así como también la agravante específica
de organización en estos y otros delitos. Sin embargo,
debería completarse con algunas medidas que pudiesen
facilitar la investigación de estos delitos, tal y como
ha señalado la diputada señora Uría, sin caer, eso sí, en
la provocación y respetando los derechos fundamentales
de la persona.
Mi grupo presentó tres enmiendas, cuyo contenido
fue asumido por la ponencia. Algunas de ellas se referían
a cuál es la intervención del ministerio fiscal en estas
investigaciones. Si el fiscal debe o no debe instruir es
un tema que debemos sin lugar a dudas plantearnos
con una cierta urgencia, pero hay que tener cuidado
para no generar una auténtica colisión entre diligencias
prejudiciales del ministerio fiscal y las propias diligencias
judiciales. Eso ha sido tenido en cuenta por la
ponencia, no efectuar una remisión expresa a la causa
de justificación de ejercicio de derecho o el cumplimiento
del deber. Finalmente, facilitar la persecución,
en su caso, de los excesos que pudieran cometerse por
los agentes encubiertos, estableciendo un informe del
juez que autoriza precisamente esa doble identidad o
esa segunda identidad, pero que, en caso alguno, será
competente para resolver sobre la existencia de esos
excesos.
Se ha comentado que la ponencia o al menos algunos
de los miembros de la ponencia hemos apreciado
una cierta insuficiencia. Por un lado, cuando se trata de
la regulación de la entrega o la circulación controlada
de estas sustancias tóxicas o de los precursores, nos
hemos dado cuenta de que, con arreglo a alguna jurisprudencia
de los tribunales, puede ser tremendamente
difícil proceder a sustituir estas sustancias, porque no
bastaría la presencia judicial y la intervención del secretario,
sino que se exige habitualmente la presencia del
destinatario del mismo. Es algo que debe, sin lugar a
dudas, resolverse en un futuro. Desde luego, como ha
comentado la señora Uría, la figura más normal, si se
quiere definir así el encubrimiento, que no es tanto la
infiltración de un agente de la policía judicial en estas
tramas, sino el hecho de que un miembro de estas tramas,
por motivos más o menos espurios o desinteresados,
todo hay que decirlo, accede a colaborar con la
Justicia, se mantiene dentro de una trama, mantiene
una cierta actividad incluso delictiva, pero favorece el
buen fin de una operación. Eso es algo a lo que, sin
lugar a dudas, tendrá que atenderse en el futuro. Coincido
también con la señora Uría en que no sé si se
podrá efectuar a través de enmiendas en el Senado o
debera atenderse por esta Cámara, a través de un procedimiento
legislativo completo.
Por tanto, señorías, hay que agradecer su elaboración
a los dos grupos parlamentarios autores de las
proposiciones; hay que agradecer asimismo el consenso,
la generosidad de todos los miembros de la ponencia,
de cara a la asunción de las enmiendas correspondientes
y finalmente comprometernos, conjurarnos
-podría decir-, para prever adoptar nuevas medidas
en el ámbito de la criminalidad organizada, teniendo
en cuenta aquellos avances que se han producido en el
ámbito del Derecho comparado.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Silva.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, don Pablo Castellano Cardalliaguet.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas
gracias, señor presidente.
No sólo el carácter de ley orgánica de este proyecto
sino también su contenido aconsejan que con toda brevedad
los grupos podamos hacer una definitiva valoración
del trabajo desarrollado por la Cámara. Nos congratulamos,
creo que con el resto de los grupos
parlamentarios, de que este texto llegue al Pleno sin
mantener ni una sola enmienda, para dejar constancia
de cómo es posible encontrar un equilibrio entre la
sensibilidad que esta Cámara debe tener siempre en
cuanto al cumplimiento de las garantías de todos y cada
uno de los ciudadanos con la eficacia de la actuación
policial en la represión de unas conductas tan peligrosas
como suelen ser las relacionadas con las actividades
de la delincuencia organizada. Al igual que ha ocurrido
con otros grupos, nuestras enmiendas, si no han
sido objeto de aceptación literal, sí lo han sido en su
espíritu de modo tal que a plena satisfacción mi grupo
parlamentario va a votar favorablemente este dictamen.
Para acabar, señor presidente, nos gustaría que el
camino que se ha iniciado y que se continúa con este
proyecto, dar un trato muy sustantivo, tanto en lo que
se refiere a lo procedimental como a lo penal, a lo que
constituyen auténticas conductas asociales mantenidas
en el tiempo y en el espacio, vaya inspirando nuestra
legislación de modo tal que en el Derecho correccional
seamos capaces de separar clarísimamente lo que pueden
ser unas actividades ilegales de carácter absolutamente
peligroso de aquellas otras que agotan la peligrosidad
en sí mismas, porque estamos obligados a no
tratar por igual los delitos a la vista del resultado, sino
a la luz de cuáles sean las circunstancias en las que se
ha cometido. Por ello reitero que votaremos favorablemente
este dictamen.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Castellano.
Tiene la palabra don Joaquín Gago, en nombre del
Grupo Parlamentario Socialista.
El señor GAGO LÓPEZ: Señor presidente, señorías,
decíamos en el debate de toma en consideración de la
proposición de ley presentada por mi grupo que respondía
a la necesidad de dar otro paso legislativo más
hacia adelante en el camino de la lucha contra el crimen
organizado, favoreciendo la investigación de los
delitos y la consecución de los elementos probatorios y
facilitando así la detención de sus autores, su procesamiento
y enjuiciamiento. Y todo ello con absoluto respeto
al sistema de derechos y garantías que la Constitución
y las leyes reconocen a todo imputado, por cuanto
la finalidad del proceso penal y por ello de la policía es
la de encontrar la verdad real, no a cualquier precio,
sino únicamente con sujeción rigurosa al sistema de
garantías.
En este sentido, podemos afirmar que, una vez superados
los trámites de ponencia y dictamen en comisión,
el equilibrio entre la eficacia de la norma y el respeto a
los derechos fundamentales y procesales de los encausados
está plenamente garantizado. Para ello fue necesario
que, una vez refundidas en un sólo texto las iniciativas
legislativas del Grupo Socialista y del Grupo
Popular, se realizara por parte de los grupos de la
Cámara un esfuerzo de consenso y diálogo que, a la
vista del resultado, definiríamos como fácil, responsable
y fructífero. Tomando como base para las modificaciones
en el artículo 263 bis de la ley la redacción contenida
en el artículo 1 de la proposición de ley del
Grupo Popular y la contenida en el artículo 2 de la proposición
de ley del Grupo Socialista para la creación de
un nuevo artículo 282 bis en la citada ley, creemos
haber conseguido una norma que, enriquecida con las
enmiendas de los grupos -y con todas las imperfecciones
que podamos encontrarle, que aún pueden ser
subsanadas en el trámite correspondiente al Senado-,
ha sido dictaminada favorablemente y por unanimidad
en la Comisión de Justicia e Interior.
Merece la pena destacar, aunque sea brevemente,
algunos de los principios de la norma. Por lo que se
refiere a la modificación del artículo 263 bis, se mantiene
la posibilidad legal de los jefes de las unidades orgánicas
de la policía judicial de ámbito provincial y sus
mandos superiores para poder autorizar la circulación
o entrega vigilada de drogas tóxicas, estupefacientes o
sustancias psicotrópicas, así como de otras sustancias
prohibidas. No podría ser de otra manera, toda vez que
en la actual redacción del mencionado artículo ya se
contiene y su supresión hubiese significado un paso
atrás en la persecución del crimen organizado, pero se
incluye en la necesidad de que la medida se acuerde
por resolución fundada, en la que se determine explícitamente
en cuanto sea posible el objeto de autorización
o entrega vigilada, así como el tipo y cantidad de
la sustancia de que se trate. Por otra parte, también se
extiende la posibilidad de autorización a los equipos
materiales y sustancias a los que se refiere el artículo
371 del nuevo Código Penal, así como a los bienes y
ganacias a que se hace referencia en el artículo 301 del
mismo texto legal y se define con más precisión y claridad
qué debe ser entendido por circulación o entrega
vigilada.
En cuanto al debate suscitado con el nuevo artículo
282 bis, que regula la figura del agente encubierto
sobre la facultad de autorización, se resuelve atribuyéndosela
también, además de al juez de instrucción
competente, al ministerio fiscal, si bien dando cuenta
inmediata al juez, lo que posibilita la opción de la revocación.
En ambos casos, la resolución de autorización
habrá de ser fundada teniendo en cuenta su necesidad
a los fines de la investigación y la duración limitada a
seis meses prorrogables por igual plazo. Toda la información
que vaya obteniendo el agente encubierto
deberá ser puesta, a la mayor brevedad posible, en
conocimiento de quien autorizó la investigación, y se
aportará al proceso en su integridad.
Estas limitaciones garantizan la correcta utilización
de esta figura excepcional, garantías que se incrementan
cuando las actuaciones de investigación puedan
afectar a derechos fundamentales, y se concretan además
en la posibilidad de que el juez competente para
conocer de una causa pueda proceder penalmente contra
el agente encubierto, aunque deba requerir informe
de quien hubiere autorizado la identidad supuesta.
Por último, el nuevo artículo precisa qué debe entenderse
por delincuencia organizada y a qué delito se
refiere, aun cuando siempre suponga un riesgo el establecimiento
de numerus clausus, y sienta el principio
de exención de responsabilidad criminal del agente
encubierto; si bien -otra vez las garantías- sus actuaciones
deben ser consecuencia necesaria del desarrollo
de la investigación, guardarán la debida proporcionalidad
con la finalidad de la misma y no podrán constituir
una provocación al delito.
Para terminar, quisiera resaltar dos incidencias del
debate: la primera se refiere a nuestra disconformidad
con la aceptación de la enmienda de CiU que suprimió
el apartado número 2 del artículo 2º de la proposición
de ley, que establecía de forma clara y rotunda que
ningún funcionario de la Policía judicial podría ser obligado
a actuar como agente encubierto. No podemos
compartir en modo alguno la reflexión del diputado,
señor Silva, que consta en acta de la Comisión, sobre
que en última instancia la disposición contenida en el
apartado suprimido afecta al estatuto de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado y que debiera ser en
esta normativa funcionarial donde deba optarse sobre
si tiene o deja de tener carácter obligado la actuación
como agente encubierto.
El establecimiento de tal opción, a nuestro modo de
entender, es imposible legalmente, atentaría contra uno
de los derechos fundamentales recogidos en el artículo
18 de la Constitución y crearía conflictos de enorme
gravedad. Recuperar el apartado suprimido en el trámite
del Senado sería oportuno y sensato porque el principio
de no obligatoriedad del agente encubierto debe
ser recogido en la norma que regula la figura, que no
es otra que la proposición de ley que debatimos.La
segunda tiene que ver con la propuesta de estudiar en
el trámite del Senado la aplicación dentro de esta
norma de un régimen parecido al arrepentido, que posteriormente
se mantiene dentro de la organización
delictiva para colaborar con la Policía judicial a efectos
de la investigación. Sin descartar una regulación futura,
entendemos que dicha cuestión debe ser tratada con
prudencia y sin prisas, pues a nadie se le escapa que el
arrepentido, antes delincuente, no puede gozar del plus
de credibilidad y sometimiento al ordenamiento jurídico
del que disfruta un funcionario de la Policía judicial.
Concluyo, nuestro grupo espera que la aprobación y
posterior aplicación de las normas contenidas en esta
proposición de ley sirva a los intereses de la justicia,
razón que motivó el presentarla y ahora defender su
aprobación.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gago.
Tiene la palabra la señora Cava de Llano, en nombre
del Grupo Parlamentario Popular.
La señora CAVA DE LLANO Y CARRIÓ: Señor presidente,
señoras y señores diputados, hoy vamos a dar
luz verde a dos proposiciones de ley presentadas por
los Grupos Parlamentarios Popular y Socialista, que tienen
por objeto la modificación de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal en materia de perfeccionamiento de
las técnicas de investigación relacionadas con el tráfico
ilegal de drogas y otras actividades ilícitas graves.
Dichas proposiciones de ley, como muy bien ha dicho
la señora Uría, han sido refundidas en un texto único y
tramitadas de forma agrupada.
Señorías, con la aprobación del texto resultante
vamos a dar cumplimiento al mandato de Naciones
Unidas de 20 de diciembre de 1988, por el que se instaba
a todos los Estados partes a adoptar las medidas
necesarias, incluidas las de orden legislativo, que fueran
necesarias para hacer frente a la delincuencia organizada.
El porqué del mandato de Naciones Unidas es
fácil de entender. En los últimos tiempos hemos pasado
de una criminalidad individual a una criminalidad especialmente
organizada que se sirve de modernos medios
logísticos y que obliga a los Estados a utilizar nuevos
métodos para combatirla, por la sencilla razón de que
el sistema actual viene resultando claramente insuficiente
para reprimir este tipo de delincuencia, tanto
desde la perspectiva normativa como desde los órganos
judiciales y policiales.
Como ustedes saben, se aprobó el 24 de enero del
pasado año un plan integral por parte del Consejo de
Ministros, en el que se manifestaba que era necesario
abordar una serie de medidas procesales que, sin
merma de los derechos constitucionales, permitiera una
mayor eficacia en la acción de la justicia. Señorías, la
filosofía que dimana de nuestra proposición de ley
arranca de tres puntos esenciales: primero, de la conveniencia
plasmada en el plan integral al que he hecho
mención. Segundo, de la insuficiencia de los medios de
investigación en los delitos cometidos por las organizaciones
criminales. Tercero, de la necesidad de adoptar
medidas que permitan impedir, o como mínimo disminuir,
las graves consecuencias que provocan este tipo
de delitos, sin que por ello quiebren -vuelvo a repetir-
las garantías constitucionales establecidas para
toda persona imputada.
En síntesis, el texto que hoy va a aprobar la Cámara,
producto de las iniciativas de los Grupos Parlamentarios
Popular y Socialista, ha estado enriquecido por las
aportaciones de los otros grupos parlamentarios y tiene
por objeto la introducción de dos reformas procesales,
modificando, por un lado, el artículo 263 bis de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal, entendiendo la regulación
de la entrega vigilada que hasta este momento, como
ustedes saben, estaba referida única y exclusivamente
al tráfico de drogas, para extenderla también a otro tipo
de investigaciones y delitos relacionados con el blanqueo
de dinero y con el comercio ilícito de precursores.
Es curioso observar que estos dos tipos de delito -
me estoy refiriendo al blanqueo de capitales y al
comercio ilícito de precursores-, a pesar de haber sido
incluidos en nuestro ordenamiento penal en virtud de
la Ley Orgánica 8/1992, de Modificación del Código
Penal, quedaron inconcebiblemente excluidos de la
reforma procesal paralela que se efectuó con la misma
ley, lo que motivó que no se pudiera utilizar dicha técnica
de investigación en estos tipos de delitos tan vinculados
al tráfico de drogas, estupefacientes y sustancias
psicotrópicas. Esta extensión o ampliación que hoy
pretendemos y sometemos a la aprobación de la Cámara
está en concordancia, como he dicho, con la obligación
impuesta a los Estados partes en el artículo 11 de
la Convención de Naciones Unidas.
Por lo que se refiere al artículo 2 del texto que hoy
sometemos a la aprobación de la Cámara, se incorpora
a la Ley de Enjuiciamiento Criminal un nuevo artículo,
concretamente el 282 bis, por el que se faculta al Ministerio
de Interior a dotar de identidad supuesta a funcionarios
de la Policía judicial para que puedan infiltrarse
en el entramado organizativo, detectar la comisión de
delitos e informar sobre sus actividades con el fin de
obtener pruebas lo suficientemente contundentes para
proceder a la detención de sus autores.
A estos agentes se les faculta para utilizar los medios
de investigación que estimen oportunos y se les excluye
de responsabilidad criminal por su intervención en
dichos actos, siempre que -¡alerta!-, según el párrafo
sexto del artículo 2, sus actuaciones sean consecuencia
necesaria del desarrollo de la investigación, guarden la
debida proporcionalidad con la finalidad de la misma y
lógicamente no constituyan una provocación del delito.
Muestro mi conformidad con lo que ha manifestado el
portavoz del Grupo Socialista en cuanto a que, sin perjuicio
de que estemos de acuerdo en que en el Senado
se pueda ampliar y contemplar figuras como las del
arrepentido, el delator, el agente provocador, el agente
infiltrado o el agente encubierto, hay que tener mucho
cuidado porque de lo que se trata es de no incitar a la
provocación del delito y utilizar a los agentes encubiertos
para que afloren esos delitos en el sentido de que
se puedan determinar y obtener pruebas lo suficientemente
concluyentes y fehacientes para que su persecución
sea efectiva.
Por último, y al igual que han hecho el resto de los
grupos parlamentarios, quiero manifestarles mi satisfacción
y mi gratitud al señor Castellano por su inestimable
aportación, al señor Silva y a las señoras Almeida y
Uría por el alto grado de consenso obtenido, lo que
demuestra la sensibilidad de todos los grupos políticos
ante el problema de la lucha contra la droga y la delincuencia
organizada.
Espero en un futuro inmediato poder seguir consensuando
estos temas que tanto afligen a nuestra sociedad,
porque estoy convencida de que a los más directamente
afectados les reconforta saber que los políticos
vamos, en este doloroso tema, remando en la misma
dirección.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Cava
de Llano.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
- PROYECTO DE LEY DE INTRODUCCIÓN DEL
EURO (Número de expediente 121/000137).
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate del dictamen
de la Comisión sobre la proposición de ley,
pasamos al nuevo punto del orden del día que se aprobó
por el Pleno a propuesta de la Junta de Portavoces:
proyecto de ley sobre introducción del euro, al que se
ha presentado una enmienda a la totalidad de devolución
por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida. La tramitación en el Pleno será la correspondiente
a los debates de esta naturaleza, comenzando
por la presentación del proyecto por un miembro del
Gobierno, que se va a incorporar desde su despacho
en la Cámara al hemiciclo en este momento. Al finalizar
su discurso intervendrá, en nombre el Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida, para la defensa de su enmienda
de totalidad, don Pedro Antonio Ríos, y, finalmente,
abriremos el turno de fijación de posición de los restantes
grupos parlamentarios. Siendo tan importante y de
tanta trascendencia el proyecto que nos ocupa, rogaría
a SS.SS. que sintetizaran sus intervenciones a efectos de
lograr introducir la votación, que figura como punto
último del orden del día, antes del almuerzo.
En nombre del Gobierno, tiene la palabra su vicepresidente
y ministro de Economía y Hacienda, don
Rodrigo de Rato Figaredo.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO
Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (De
Rato Figaredo): Gracias, señor presidente.
Señorías, tengo el honor de presentar ante la Cámara
el proyecto de ley sobre la introducción en España de
la moneda única. Como la Cámara conoce, el inicio de
la tercera fase de la unión económica y monetaria es
probablemente para nuestro país, como para el resto
de los once países miembros de la Unión Europea, uno
de los hechos más relevantes en nuestra reciente historia
económica y supone una considerable transformación
de nuestra realidad interna y de nuestra situación
en el mundo. Quiero llamar la atención de la Cámara
sobre los efectos que ya podemos apreciar, que se derivan
de nuestra pertenencia a la moneda única, a través
de la reacción que la cotización de la peseta o la evolución
de los tipos de interés tiene en las actuales circunstancias
financieras internacionales.
Es especialmente relevante para nosotros -creo que
es un motivo de satisfacción para los grupos de la
Cámara y para la opinión pública en general- el hecho
de que España, por primera vez en un proceso de integración
europea, forme parte de los países que inician
el proceso, es decir, de los países fundadores. Esto
demuestra, por un lado, el cambio sustancial en la realidad
económica española, y, por otro y como causa de
ello, la firme voluntad de la sociedad española no sólo
de formar parte de la Unión Europea y de sus sucesivos
procesos de integración sino de formar parte de
manera relevante y de jugar un papel en todo este proceso.
Para llegar a este momento, que esta ley simboliza,
ha sido necesario una transformación de nuestra política
económica, aumentando sus niveles de rigor y credibilidad
y centrando los esfuerzos en la reducción del
déficit público, en la lucha contra la inflación y por
tanto en el aumento de la competitividad de nuestros
sectores económicos, y en un proceso que aumentase el
respaldo a nuestros objetivos europeos a través del diálogo
social y del mantenimiento de políticas de cohesión
que forman sin duda parte del acervo de la política
económica española y también del modelo social y económico
europeo en el cual estamos integrados.
Señorías, sin duda se ha producido un nuevo modelo
de crecimiento para la economía española que podemos
apreciar también en estos momentos en que, aunque
cambian las circunstancias internacionales, nos
encontramos en una situación excedentaria en nuestra
balanza por cuenta corriente, lo cual demuestra que la
crisis internacional no ha supuesto todavía un freno al
crecimiento de la economía española. Las consecuencias
del acceso de España a la tercera fase de la unión
económica y monetaria, es decir, al euro, son ya perceptibles
en el momento actual, no sólo desde el punto
de vista de la evolución de nuestras variables macroeconómicas
en distintos contextos mundiales, sino también
desde el punto de vista de la vida cotidiana de los
ciudadanos. La evolución muy positiva de los tipos de
interés, así como la confianza interna e internacional
en la economía española, son hoy elementos que
garantizan una evolución positiva del bienestar de los
ciudadanos.
La introducción del euro no debe ser planteada
como el final de un proceso, sino al revés, como el
comienzo de un proceso. Es a través del euro, de la
plataforma que simboliza la moneda única y a la que
hemos llegado por nuestros propios esfuerzos, sin
aceptar ninguna interpretación política de los criterios
para pertenecer a la moneda única, es desde esa plataforma,
decía, desde la que España puede plantearse su
evolución en los próximos años, la definición de su
papel en la Unión Europea en el siglo XXI y también la
resolución de problemas internos que durante tanto
tiempo han preocupado a la sociedad española, el principal
de los cuales es el paro.
El euro ya no será, sino que es, una de las monedas
de reserva internacional más importantes, sólo comparable
al dólar. Lo podemos apreciar ya incluso antes del
nacimiento de la propia moneda. El mercado financiero
que opere en euros será tan grande como cualquiera
de los grandes mercados financieros mundiales, lo cual
será un elemento de dinamización de las políticas económicas
europeas, pero también un elemento de dinamización
y de estabilidad en el conjunto de la economía
mundial. Estos mercados financieros de gran
tamaño y gran profundidad van a permitir incrementar
la eficiencia y la competencia de cada uno de nuestros
países, desde el punto de vista de la financiación del
sector productivo y de la canalización del ahorro hacia
la inversión como motores básicos del crecimiento.
También el euro va a permitir la reducción de costes
internos de operación en divisas de nuestras empresas,
de nuestros agentes económicos y de los ciudadanos e,
indudablemente, un aumento de la transparencia y de
la competencia que va a beneficiar a los consumidores.
El euro es, por tanto, una gran oportunidad para nuestro
país, pero su implantación supone un reto para las
administraciones públicas, que es a lo que esta ley responde.
En ese sentido, además de los retos que supone
que la economía española se integre en una moneda
compartida con países como Alemania, Francia u
Holanda, lo cual supone renunciar por parte de todos
-por parte de ellos y por parte nuestra- a que nuestras
diferencias de competitividad puedan ser enmascaradas
a través de movimientos devaluatorios, este elemento,
sin duda importante y significativo de la
consolidación del mercado único, también supone por
parte de la sociedad española y del Gobierno en particular
no perder la referencia en cuanto a la importancia
de la reducción del déficit público, del peso del Estado
en la economía y del aumento de la flexibilidad y la
competencia de los mercados.
Es indudable que una de las exigencias de la adaptación
de la economía española al euro es la adaptación
de nuestro sistema jurídico a la nueva moneda nacional,
puesto que el euro no es una moneda europea,
sino que es una moneda nacional de los once países
que vamos a formar parte al inicio de este proceso. A
tal fin, al fin de adaptar nuestro ordenamiento jurídico,
era necesario promulgar una norma para hacer efectivos
los mecanismos de introducción de la moneda
única como moneda nacional en sustitución de la peseta
y también para armonizar estos mecanismos con el
conjunto de normas que pueden verse afectadas como
consecuencia de este cambio.
El presente proyecto de ley, señor presidente, es
fruto de la colaboración de todas las administraciones
públicas y, en lo tocante a la Administración del Estado,
del esfuerzo común de todos los departamentos
ministeriales. El punto de partida para la elaboración
de este proyecto de ley ha sido el Plan nacional de
transición al euro, que se aprobó por el Gobierno a
finales del pasado año, como la Cámara conoce, y la
constitución de una Comisión interministerial para la
introducción del euro en España. Este entramado institucional
de Comisión interministerial y de Plan de transición
al Euro ha dado lugar a lo largo de todo el año
1997 a la convocatoria de numerosas reuniones de
coordinación a todos los niveles de las administraciones
públicas, es decir, a nivel nacional, autonómico y
local. Después de este primer hito en el proceso de
decisiones de los poderes públicos para encauzar la
introducción de la moneda única, la disposición ha sido
objeto de estudios previos y análisis en multitud de
grupos de trabajos, de representantes de las administraciones
públicas y del sector privado, así como de representantes
de los consumidores y usuarios.
El resultado de todos estos trabajos ha sido una disposición
que, teniendo en cuenta los problemas y cuestiones
analizados, intenta dar respuestas para lograr
una transición hacia el euro lo más ordenada posible,
donde se tengan en cuenta todos los intereses en juego
y se logre un equilibrio equitativo final. Se trata así de
un proyecto de ley que goza del máximo grado de consenso
entre administraciones públicas implicadas, con
un rigor técnico que viene garantizado por un laborioso
trabajo previo a lo largo de todo 1997. Técnicamente
hubiera sido posible emprender una modificación
sistemática de nuestro ordenamiento jurídico en cada
una de las leyes afectadas, derogándolas total o parcialmente,
pero se ha considerado por parte del Gobierno
más acorde con nuestra tradición jurídica -y espero
que la Cámara lo respalde- ofrecer una reglas generales
que otorgan principios de interpretación a los aplicadores
de nuestro Derecho.
El proyecto de ley persigue, en el plano estrictamente
jurídico, dos objetivos, señorías: por una parte, proclamar
a partir del 1 de enero de 1999 que el euro pasará
a ser la moneda nacional de España y, de otra,
adoptar un conjunto de medidas en diferentes ámbitos
que faciliten la introducción de la moneda única en
nuestra economía. El proyecto de ley completa las disposiciones
comunitarias en la materia, como son el Tratado
de Maastricht y los Reglamento 947 y 1.103 del
Consejo Europeo.
Al margen de lo estrictamente jurídico, y a pesar de
tratarse de una norma básicamente monetaria, el proyecto
tiene una especial sensibilidad para los aspectos
de la introducción del euro que pueden tener para los
ciudadanos como consumidores mayor relevancia.
Como muestra de la preocupación del Gobierno por la
protección de los consumidores y usuarios, me gustaría
destacar algunos aspectos de la ley. El proyecto tiene
entre sus objetivos facilitar al conocimiento de los ciudadanos
los aspectos básicos del proceso de introducción
de la moneda única, llegándose, incluso en algunos
aspectos, a reproducir parcialmente artículos de los
reglamentos comunitarios en que se contiene el estatuto
jurídico del euro, como forma de garantizar ese
conocimiento por parte de la sociedad española. Otro
de sus objetivos es eliminar toda duda interpretativa de
la que pudiera derivarse algún grado de inseguridad
jurídica para los ciudadanos.
El proyecto de ley se abre con la definición de los
conceptos y principios básicos que presidirán el período
transitorio hasta la definitiva desaparición de la
peseta como unidad de cuenta y medio de pago. A su
vez, el proyecto también introduce una regla de redondeo
en su artículo 10, para evitar que se produzcan elevaciones
artificiales de precios, aprovechando la conversión
de pesetas a euros. El proyecto de ley define la
forma correcta en que este redondeo debe producirse
de una manera enteramente coincidente con la prevista
en los reglamentos comunitarios, en el sentido, como
la Cámara conoce, de que todo precio que se mueva
entre la unidad y el 0,5 se redondea hacia abajo, y todo
precio que supere o esté en el 0,5 se redondea hacia
arriba. Esta norma se completa con la previsión relativa
a la doble exposición de precios, que es responsabilidad
de las competencias de las comunidades autónomas,
pero que, en cualquier caso, el artículo 34 del proyecto
contiene. De manera que se da una orientación
en el sentido de cuál es la posición de esta Cámara y
del Gobierno. Hay que tener en cuenta que, como he
dicho, en esta protección de los derechos de los consumidores
y usuarios están claramente implicadas las
competencias de las comunidades autónomas que
deben ser, en todo caso, reitero, respetadas. En cuanto
a esta posibilidad de la exposición de precios, es decir,
del doble etiquetado, también debe ajustase a las normas
de redondeo que antes he mencionado.
Pero no se agota aquí la protección a los consumidores
en el proyecto de ley. El futuro desarrollo legal y
reglamentario, que será imprescindible en colaboración
con las demás administraciones públicas, deberá completar
los mecanismos jurídicos precisos para hacer
efectivos dos principios que ya se mantienen claramente
en el proyecto, como son los principios de gratuidad
y de neutralidad.
Otro ejemplo que me gustaría mencionar ante la
Cámara respecto a la sensibilidad del proyecto de cara
a los ciudadanos como consumidores se encuentra en
el artículo 2.3, en el que se establece la gratuidad de
los procesos de redenominación regulados en el texto
legal, como son los relativos al capital social o los que
afectan a valores negociados en mercados secundarios.
En ese sentido, se garantiza la gratuidad del proceso de
conversión a euros. De la misma filosofía, es decir de
la filosofía de la gratuidad, participa el artículo 13.3
cuando establece que las comisiones por servicios
financieros deben ser iguales tanto si el servicio se
expresa en euros como en pesetas, evitando cualquier
incremento de los precios financieros como consecuencia
de la transformación al euro.
También en clave de protección de los derechos de
los ciudadanos deben interpretarse las reglas contenidas
en los artículos 13.3 y 14.2, en los que se dispone
la gratuidad de la redenominación de las cuentas bancarias
a euros, así como de las conversiones que se realicen
de pesetas a euros o viceversa como consecuencia
de cualquier situación jurídica, lo cual supone que,
durante el periodo transitorio, los cambios de monedas,
de euro a pesetas y viceversa, no tendrán un coste
para el usuario. Estas decisiones incluso quedan preservadas
al considerarse que su vulneración trae consigo
la correspondiente sanción administrativa de la entidad
financiera infractora.
Otra manifestación de la importancia que concede el
proyecto a la protección de los consumidores se advierte
en el artículo 9, cuando se regula lo concerniente a
la continuidad de los contratos donde, a la vez que se
pone de manifiesto el respeto a los derechos reconocidos
en la legislación vigente a los consumidores y
usuarios, se completa esta aseveración mediante la
determinación de que dicha continuidad no puede ser
objeto de ningún proceso ante los tribunales. Por tanto,
la modificación de la moneda de pesetas a euros no
puede dar lugar a ninguna modificación que afecte a
derechos reconocidos en los contratos como consecuencia
del cambio de moneda.
En el ámbito de los mercados financieros, la protección
a los usuarios de servicios financieros también
queda sobradamente garantizada, en opinión del
Gobierno, en las previsiones contenidas en los artículos
17 y 19 del proyecto, donde se garantiza que el consumidor
va a disponer de una información notablemente
transparente en relación con sus inversiones en productos
financieros, información que le será proporcionada
por cualquier agente financiero, pero en especial
por las instituciones de inversión colectiva y los fondos
de pensiones en la información que deben suministrar
a sus partícipes. Igualmente deben destacarse las previsiones
contenidas en el artículo 30 respecto a las actuaciones
de profesionales que son retribuidos mediante
arancel -por tanto tienen un carácter oficial-, donde
se establece un conjunto de obligaciones a este colectivo
cuya finalidad básica es favorecer la utilización del
euro en diversos negocios jurídicos del tráfico económico,
al objeto de garantizar a los particulares afectados
por dichas relaciones un conocimiento fidedigno
de las implicaciones que tiene el operar con el euro.
Señor presidente, señorías, el lugar del proyecto de
ley en que más claramente puede apreciarse la profunda
preocupación del Gobierno respecto a la protección
de los consumidores se encuentra sin duda en el
artículo 31, en el que se introducen las disposiciones
relativas al tratamiento del míbor. La norma no producirá
efecto alguno en el momento en que entre en vigor
la ley sobre la introducción del euro, lo que quiere
decir que los préstamos referenciados al míbor, y más
concretamente los préstamos hipotecarios, seguirán
exactamente como están hoy. Lo que hace el proyecto
de ley, que no modifica la situación actual, es establecer
cuál sería la posición de las partes, es decir de los
prestatarios y de los prestamistas, desde el punto de
vista de la hipótesis de una sustitución técnica del
míbor, que podría producirse en el caso de que el
Banco Central Europeo, en el futuro, plantease que el
Banco de España no debe seguir elaborando este índice.
Pues bien, señorías, el Gobierno -y lo establece la
ley- continuará elaborando el míbor en función de las
condiciones técnicas que permitan mantenerlo, es
decir, los tipos de intereses cruzados por los bancos de
Madrid a una determinada hora en un determinado
momento, que garanticen que ese índice en el que hoy
está referenciada una gran cantidad de préstamos hipotecarios
continúa funcionando independientemente de
su publicación o no por el Banco de España.
En este sentido quiero destacar un hecho muy
importante, y es que, aun en el caso de que en las condiciones
de un préstamo hipotecario se fijara que la
desaparición del míbor como índice publicado por el
Banco de España produciría su sustitución por otro
índice, esta ley establece, por ministerio de la ley, que
esa cláusula no será de aplicación y que, por tanto, la
entidad financiera tendrá, obligatoriamente, que aplicar
el índice míbor o equivalente que publique el Gobierno,
independientemente de las condiciones previamente
pactadas entre la entidad y el usuario. Por tanto, la
ley impide a una de las partes denunciar el contrato
como consecuencia de la alteración que se pueda producir
si el Banco de España se viera obligado, por condiciones
del Banco Central Europeo, a dejar de publicar
el míbor o si hubiera que cambiar, por razones
técnicas, esa publicación y que, en cualquier caso, el
Gobierno garantiza que un índice equivalente existirá
y, por ministerio de la ley, será el aplicable a los contratos
hipotecarios que en este momento están referenciados
al míbor.
Quisiera ahora brevemente, señor presidente, una
vez que creo he explicado ante la Cámara, por un lado,
la intensidad del proceso de preparación de este texto
y, por otro lado, los aspectos que sé que tienen una
mayor relevancia desde el punto de vista político, que
son los que se refieren al consumidor, hacer mención a
otras cuestiones. El proyecto contiene también un
calendario de introducción del euro, los principios que
gobiernan el período transitorio que, como SS.SS.
saben, va hasta junio del año 2002, y que garantizan la
neutralidad del proceso de sustitución de la peseta por
el euro para todas las relaciones contractuales. También
contiene el proyecto la referencia a los instrumentos
técnicos de redenominación a euros de cuentas
bancarias, deuda pública, renta fija privada y capital
social, así como los mecanismos de introducción del
euro en los mercados de valores y sistemas de pagos,
la información que deben proporcionar las instituciones
de inversión colectiva y entidades aseguradoras a
los usuarios, como antes he mencionado, y los efectos
de la introducción del euro en el cumplimiento de las
obligaciones contables, tributarias y frente a la Seguridad
Social, estableciendo la posibilidad de que los
usuarios, especialmente primero las empresas y después
las personas físicas, puedan utilizar en sus relaciones
con la Administración tributaria el euro ya desde
el uno de enero de 1999.
Creo que, además, para cumplir con todos estos condicionamientos,
como pueden comprobar SS.SS. en el
texto de la ley, se establecen obligaciones especiales
de las administraciones públicas y de las profesiones
retribuidas mediante arancel, tanto en cuanto a la utilización
de pesetas y euros en los distintos instrumentos
jurídicos como de información a los ciudadanos.
Por todo ello, señor presidente, creo que este proyecto
de ley, que establece un marco jurídico general
para un hecho histórico tan importante como la implantación
del euro en nuestro país, es el instrumento adecuado
para resolver los problemas técnicos y también
la necesidad de proteger a los ciudadanos, y especialmente
a los consumidores, en sus derechos, de manera
que la introducción del euro no vulnere ni la seguridad
jurídica de los contratos ni el derecho de los consumidores
en ningún aspecto.
En cualquier caso, si la Cámara lo tiene a bien en la
toma en consideración, como es natural a lo largo del
proceso de enmiendas, los grupos parlamentarios tendrán
ocasión de aportar y mejorar las propuestas iniciales
del Gobierno.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepresidente
del Gobierno.
Tiene la palabra el señor Ríos, por el Grupo Federal
de Izquierda Unida, para la presentación y defensa de
la enmienda de totalidad de devolución.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías,
voy a intentar defender el motivo por el que hemos
presentado y mantenido una enmienda a la totalidad a
la propuesta de proyecto de ley para la introducción
del euro.
Me van a permitir SS.SS. que sólo de pasada haga
unos comentarios a la introducción del señor viceprsidente
del Gobierno. Nadie puede ver como algo negativo
que haya una moneda que vayan a utilizar 300
millones de habitantes, con el nivel de producción que
ahora mismo existe en estos países. Para nosotros el
problema es que el proceso del euro se hace fundamentalmente
sobre los condicionantes de un mercado,
el financiero, y de una política, la monetaria, que, por
cierto, va a trasladar a otros foros las decisiones que
hasta ahora podemos tomar desde el Parlamento y
desde el Gobierno de la nación. La política monetaria
va a residir en el Banco Central Europeo, lejos de la
posibilidad de un control más estable. Sobre todo perdemos
autonomía, para que se puedan producir, dentro
de la actividad económica, medidas de economía productiva,
medidas de fomento de empleo, medidas de
homogeneización fiscal, que nos acerquen a parámetros
europeos también, para que la moneda sea fruto
de la culminación de un sinfín de caminos, de la confluencia
de varias vertientes. Por tanto, hemos estado
defendiendo que el euro sí y no de esta manera. Pero
el objetivo de este proyecto de ley no es discutir sobre
el euro sino cómo ayudar a su puesta en marcha.
Si uno lee la exposición de motivos de este proyecto
concluiría que prácticamente no es necesario, puesto que
el reglamento comunitario 1.103, de 17 de junio de 1997,
más el reglamento 974 de la Unión Europea, de 3 de
mayo de 1998, lo harían prácticamente innecesario. Es
más, dice la propuesta del Gobierno que, en todo caso,
al margen de que no sería necesario, todos los países
que se han comprometido en este nuevo proyecto
entienden que deben tomarse medidas para adecuar la
ordenación interna del proceso de la moneda. Ese es el
objetivo de esta ley paraguas.
Vaya por delante una primera demanda a esta propuesta.
Yo estoy oyendo hablar de la necesidad de esta
ley paraguas desde septiembre-octubre de 1997. Se
podía haber presentado esta propuesta en el mes de
mayo o junio y hubiésemos tenido más serenidad para
el debate. Por tanto, no entienda el señor vicepresidente,
ni el grupo mayoritario del Parlamento o los que
quieren apoyar esta propuesta, que es una iniciativa
para obstaculizar que la ley entre en vigor el uno de
enero de 1999, sino para facilitar su discusión.
Existen cuatro razones por las que consideramos que
sería positiva una modificación sustantiva de la ley. Es
verdad que vía enmiendas al articulado podemos hacer
precisiones, es verdad también que podemos modificar
algunos elementos que no consideremos bien articulados,
pero la primera es el papel del Banco de España
ante el nuevo banco europeo. ¿No sería mejor ir a una
nueva ley sobre el Banco de España donde articuláramos
toda la realidad? Fíjese que según una disposición
adicional el banco europeo va a marcar el funcionamiento,
la reorganización y la reestructuración. Es verdad
que luego lo gestionará el Banco de España. Tenga
en cuenta que el Banco de España fija lo que pudiéramos
llamar el volumen de recursos o de masa monetaria
que va a entrar en circulación. También puede establecer
la liquidez para que llegue a los bancos. Eso no
lo va a hacer ya. ¿Cómo va a funcionar a partir del uno
de enero de 1999? El Banco Central Europeo dirá cuál
es el volumen o masa monetaria .Y la liquidez en los
bancos privados ¿la administrará el Banco de España o,
como pretende Alemania, va a ser un criterio más centralizado?
Yo sé que España no defiende ese criterio,
pero puede haber esa tentanción. Por tanto, estaríamos
provocando una decisión en la que, paulatinamente,
no digo en el período transitorio de 1999, sino en 1999,
en el 2000 ó en el año 2001, se relativizara el papel del
Banco de España frente al papel del Banco Central
Europeo. Estamos dando un período transitorio de cuatro
años para ponerla en marcha.
Hay muchas referencias en el proyecto al papel del
Ministerio de Economía y Hacienda. Le puedo sacar
unas diez. El Ministerio de Economía y Hacienda regulará,
establecerá. Después me referiré a puntos concretos.
¿Pero de qué manera se puede recoger el seguimiento
de la gestión por los distintos parlamentos? No
se refleja esa actuación. Todo consiste en delegaciones
al Ministerio para que las ejecute. Algunas cuestiones
son normales, porque, por ejemplo, el Ministerio siempre
ha actualizado tablas, aunque después algunos
asuntos se hayan discutido en el Consejo de Ministros.
La segunda cuestión se refiere al compromiso que
debería recogerse aquí en el sentido de luchar contra el
posible proceso -por llamarlo de una manera benévola-
de aparición de dinero que hoy no está circulando
con legalidad, a la legalidad. El dinero que existe en
pesetas tiene que transformarse en euros. Y existe ya
en estos momentos una presión por que aparezca ese
dinero, que no está legalizado, de manera anárquica en
un sinfín de sectores, ya sea el inmobiliario u otros.
Deberíamos actuar. En la Comisión de Economía el
gobernador del Banco de España hizo referencia a una
figura para hacer aparecer ese dinero, se habló de la
creación de unas condiciones fiscales para que ese
dinero aparezca de manera ordenada. No hay ninguna
actuación de seguimiento en la política coercitiva o de
lucha contra el fraude para ese proceso ni camino para
ayudar a que aflore ese dinero. No conozco ninguna
medida. No sé cuál debe ser el porcentaje de la fiscalidad.
Aquí se dijo por los distintos intervinientes que se
fijase un porcentaje de fiscalidad reducido para aflorar
ese dinero o también no hacer nada, dejar actuar.
Respecto al tema de los consumidores, se ha tratado
en cuatro puntos de manera relevante para nosotros,
con limitación. La primera cuestión es la relativa al
míbor, que se contempla en el artículo 31. Después me
referiré al redondeo y a la denominación de los precios
en euros, que se pueda poner el precio en euros o en
pesetas, que tiene su influencia. Las propuestas se
deben al protagonismo y al deseo de los consumidores
de que no se produzca, en ambos elementos, tanto en
el redondeo como en la denominación de los precios,
como en el tema del míbor y la sustitución, una especie
de incremento de precios que, lógicamente, repercute
sobre todos los ciudadanos.
El artículo 31, a la hora de redactar lo que el señor
ministro nos ha leído y que estaba ya resuelto. A mí me
parece bien, va a haber un tránsito en el que el míbor
va a ser un referente eficaz. Posiblemente en enero se
dejará de publicar o se seguirá publicando con una
reducción de referencia. La propuesta dice así. En el
caso de que el referente no sea positivo o no tenga una
evolución de índices de credibilidad, el Ministerio de
Economía y Hacienda quedará facultado -procurando
la mayor analogía con aquél- para determinar su fórmula
de cálculo o bien establecer un nuevo tipo o un
índice de referencia que sustituya a aquél. Yo creo,
señor ministro, que esta redacción es muy ambigua. No
se garantiza que va a evolucionar el referente. Es verdad
que lo que se quiere fijar -especialmente en los
temas hipotecarios- es un referente estable en el consumo.
Estamos refiriéndonos al sistema hipotecario,
con un míbor que en contratos funciona como referente,
mientras otros referentes no funcionan y pueden tardar
dos o tres años en entrar en funcionamiento. Creo
que debería evitarse que hubiera fluctuación contraria
en la evolución de los tipos de interés con la propuesta
de esta sustitución del Gobierno respecto del camino
hacia la Unión Europea.
Respecto a la denominación de precios, no es lo
mismo fijar el precio del pan o de una camisa, por
ejemplo, en euros y después poner su valor en pesetas
que hacerlo a la inversa. No comparto esa idea. Si los
precios están en pesetas debe ponerse primero en
pesetas y después en euros. Porque no es lo mismo,
como usted bien sabe. Un céntimo de euro, es 1,6 pesetas
y, por ejemplo, si el precio de una barra de pan se
pone en euros al hacer la regulación al céntimo puede
costar 2 ó 3 pesetas, depende. Pero si el precio se pone
en euros y se cambia a pesetas, queramos o no, se pueden
producir -aquí no se regulan- condiciones,
seguimiento o actuaciones sancionadoras. Es verdad
que hay una orientación prohibitiva, pero no hay un
seguimiento claro y preciso.
En cuanto al tema del redondeo, no debe ser ni
menos de cinco ni más de cinco, ustedes lo denominan
operaciones intermedias. El Consejo de Estado también
hace esa observación sobre operaciones intermedias.
¿Qué son las operaciones intermedias? No están bien
establecidas.
Por último, además del aspecto fiscal, al que ya me
he referido, que está poco regulado y poco matizado,
la conversión a euros de las participaciones sociales,
que según dicen las cámaras de comercio pueden provocar
incrementos de patrimonio ficticio por activos
nominados en divisas europeas a la hora de convertilos
a euros; las cámaras de comercio nos han trasladado
esa inquietud. Inclusive se habla en algún momento de
la posibilidad de que la conversión del valor de las
acciones puede mover mayorías o minorías de accionariado
en las pequeñas empresas del 49 al 51 por ciento.
El señor PRESIDENTE: Señor Ríos, vaya terminando.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Termino, señor presidente.
Todas estas razones de defensa del consumidor en
estas vertientes últimas, como de la necesidad de una
mayor transparencia del proceso, con seguimiento
desde los parlamentos europeo y el nuestro, de la lucha
contra el fraude y del papel del Banco Central Europeo,
son las que nos han llevado a pedir esta retirada
para traer una propuesta que pueda corregir esto. Si
eso no se produce -uno lleva poco tiempo pero sabe
que puede no pasar-, esperamos que en el trámite de
las enmiendas algunas de las aportaciones que hacemos
puedan ser recogidas.
Nada más, señor presidente, nada más señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señor ministro. Ruego a los intervenientes máxima
brevedad.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO
Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (De
Rato Figaredo): Gracias, señor presidente.
Primero, quiero agradecer al señor Ríos su intervención
y su tono. Segundo, quiero plantearle con toda
cordialidad que, habida cuenta de la voluntad constructiva
no sólo del Gobierno sino, desde luego, del Grupo
Parlamentario Popular en este tema, en el que, independientemente
de las valoraciones sobre la política
europea y el euro, debe haber un consenso puesto que
esa es una ley eminentemente técnica, desde el punto
de vista de las garantías jurídicas del proceso euro,
estamos abiertos a todas las mejoras técnicas que se
planteen en los temas que S.S. ha presentado. Quizás
fuera posible que el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida considerase la posible retirada de la enmienda
de totalidad si de lo que se trata es de que podamos
avanzar en cuestiones técnicas.
Yo quisiera mencionar muy brevemente que el proyecto
es necesario, primero, como un elemento de
conocimiento de la sociedad española. Parecería -al
menos al Gobierno le parece, yo creo que S.S. puede
coincidir con nosotros- que todas las garantías jurídicas
que tengan los españoles en el nacimiento de su
nueva moneda deban residenciarse en decisiones de
reglamentos europeos y no haya habido una norma en
el Congreso de los Diputados que aborde estos temas.
Probablemente tendría poco sentido. Creo que es
bueno que exista esa norma. Quiero decir que en ese
sentido coincidimos con la mayor parte de los países
que han llevado a cabo leyes de este tipo.Además existe
en cada uno de los países especificidades concretas.
La del míbor es una muy concreta, como también lo
puede ser la denominación de precios en este caso
segundo como consecuencia de nuestra organización
en comunidades autónomas.
El primer razonamiento que S.S. me ha planteado es
que, efectivamente, el Banco de España traslada la
competencia que le ha sido otorgada por esta Cámara
en una ley de autonomía al Banco Central Europeo. No
es ni una decisión del Banco de España ni del Banco
Central Europeo, sino de este Parlamento cuando aprobó
el Tratado de Maastricht y cuando aprobó el Tratado
de la Unión Europea que contiene esas disposiciones.
Por lo tanto, no se está tomando ninguna decisión de
espaldas ni a la soberanía nacional ni a la soberanía
popular, sino al contrario, existe un convencimiento en
la mayoría de los grupos de esta Cámara de que la
independencia del Banco Central Europeo es un elemento
esencial, como lo ha sido, en mi opinión, la
independencia del Banco de España, en el objetivo de
la estabilidad de precios. Esto no quiere decir que el
Banco de España desaparezca, que de ninguna manera
desaparece, ni que no vaya a tener una responsabilidad
en la ejecución material de medidas de política monetaria
en España, ni que nuestro gobernador forme parte
del consejo rector del Banco Central Europeo. Por lo
tanto, el Banco Central Europeo tendrá siempre un
representante español -ahora tiene dos-, que es el
gobernador del Banco de España, que, como es natural,
tendrá las relaciones que mantiene ahora con los
grupos parlamentarios dentro y fuera de la Cámara, lo
cual ya es una tradición en nuestro Parlamento. El presidente
del Banco Central Europeo asiste periódicamente
al Parlamento Europeo donde tiene comparecencias,
y creo que en ese sentido el trámite, no de control
democrático, pero sí de información democrática de la
política monetaria, está suficientemente garantizado a
nivel nacional y a nivel europeo.
Me plantea el señor Ríos algo que no tiene nada que
ver, en mi opinión, con una ley paraguas del euro, que
es qué sucede con aquellos españoles que tengan pesetas
que no hayan declarado a Hacienda, por decir las
cosas claramente. Señor Ríos, nuestra opinión ha sido
siempre que todos los españoles deben declarar a
Hacienda y que no debemos plantearnos ningún tipo
de amnistía. Si esa es su preocupación, esa es nuestra
posición. Creemos que la modernización de los
impuestos, elementos esenciales en las relaciones entre
la Administración tributaria y el contribuyente, como es
el Estatuto del Contribuyente, aprobado por esta Cámara,
la nueva configuración de impuestos tan importantes,
como los impuestos que afectan a las PYME o al
ahorro, hacen perfectamente compatible el rigor fiscal
con una situación para nada coercitiva ni injusta por
parte de los contribuyentes. En ese sentido nuestra
posición ha sido siempre, en la oposición y en el
Gobierno, que todos los españoles deben cumplir con
sus obligaciones con la Hacienda pública y que en ningún
caso hay que hacer ningún tipo de repesque. Pero
como es natural, S.S. puede plantear lo que quiera,
aunque me da la sensación, por lo que me dice desde
el escaño, de que coincide en esto con nosotros.
En cuanto al tema de la lucha contra el fraude fiscal,
creo que en la propia ley sobre la renta, y a iniciativa
de su grupo parlamentario, se han introducido mejoras
y garantías en la lucha contra el fraude, y el Gobierno
desde luego está siempre dispuesto a que los grupos
parlamentarios le aporten nuevas iniciativas en esta
dirección.
Entro ya en unos temas que sí son objeto de la ley y
que me parecen importantes. El primero es el tema del
míbor. Lo que la ley garantiza es que una familia española
que en este momento tiene su hipoteca referenciada
al míbor, primero va a seguir referenciándola al
míbor porque no va a desaparecer. No existe ninguna
condición en este momento que nos haga pensar que
el Banco de España va a dejar de publicar un índice de
interés del dinero en relación a la media de los bancos
que operan en la plaza de Madrid a una determinada
hora. De manera que el míbor es un referente técnico
objetivo y claro. Pero parece obligatorio que el Gobierno
plantee a la Cámara, y que la Cámara también se
plantee, qué sucede si el míbor dejara de publicarse.
¿Por qué podría dejar de publicarse? Uno, porque el
Banco Central Europeo determine que los bancos centrales
no deben estar publicando índices nacionales, en
cuyo caso el Gobierno, por mandato de esta ley, publicará
el míbor; o en el caso de que en un hipotético
futuro la transformación del mercado haga que el cruce
de operaciones que se realicen en Madrid ya no sea
representativo, entonces el Gobierno se obliga en esta
ley a elaborar un índice similar equivalente que garantice
a los consumidores. Pero ahí hay una pregunta, y
es que todos los que hemos firmado una hipoteca sabemos
que dice: usted pagará en referencia al míbor y, en
el caso de que éste dejara de publicarse, pagará en
referencia a otro índice, el que cada uno de nosotros
ha pactado con la entidad financiera.
Pues bien, esta ley dice: esa cláusula no podrá ser
aplicada en este caso, porque por mandato de la ley se
aplicará el índice que publique el Gobierno. Por tanto,
el consumidor tiene garantizado, primero, que el míbor
no desaparece; segundo, que si por razones de organización
del Banco Central Europeo dejara de publicarlo
el Banco de España, lo publicará el Gobierno; tercero,
que si por razones técnicas dejara de tener sentido, el
Gobierno elaborará un índice similar, y las entidades
financieras no podrán aducir en esa sustitución las
cláusulas de los contratos hipotecarios. Yo creo que se
cubren los problemas que puedan plantearse, pero,
efectivamente, los grupos parlamentarios, el de S.S. y
los demás, en el trámite de enmiendas deben considerar
si estas cautelas que ha puesto el Gobierno son suficientes
o si debemos mejorarlas. Creo que son suficientes
en cuanto a sus objetivos, pero como es natural, la
aportación de los grupos parlamentarios es siempre
muy bien venida por parte del Gobierno.
En cuanto a la denominación de precios, a la doble
denominación de euros y de pesetas en los productos
que compran los ciudadanos, ha de tener en cuenta S.S.
que las competencias de consumo están transferidas y
que, por tanto, no es este Parlamento el que tiene que
tomar decisiones sobre esa cuestión. Tendrán que ser
los parlamentos autonómicos o los gobiernos autonómicos
los que ejerciten sus competencias, no somos
nosotros los que podemos tomar esa decisión.
Lo que sí hace el Gobierno es apuntar en el artículo
correspondiente que, en el caso de que exista esa
doble denominación, se respeten las reglas básicas del
redondeo que plantea S.S. y que, indudablemente,
garantizan que no puedan producirse elevaciones ficticias
de precio como consecuencia de la implantación
del euro.
En cuanto a las participaciones sociales, me sorprende
que pueda plantearse un problema de mayorías y
minorías. Si un señor tiene el 5 por ciento de una sociedad
con un capital de 164.000 pesetas, pasará a tener
un capital en euros similar y, por tanto, entiendo que
no tendrá ningún perjuicio. En cualquier caso, me parece
un tema suficientemente importante como para que
S.S. o los demás grupos parlamentarios puedan completar
la ley, si en ese caso se produjera. Si el capital
de la sociedad se transforma de pesetas a euros, si una
persona tiene el 5 por ciento del capital en pesetas y
pasa a tener el 5 por ciento del capital en euros, las
posibilidades de que se vea perjudicada me parecen
remotas. Ahora bien, me parece un asunto de relevancia
suficiente como para que se contemple en la ley
cualquier cautela que evite un cambio de relación
accionarial en sociedades, como consecuencia del proceso
euro, que en ningún caso debe producirse ni va a
producirse. El Gobierno está plenamente dispuesto,
como no puede ser de otra manera, a que los grupos
parlamentarios mejoren la ley.
En resumen, señor presidente, creo que las cuestiones
que preocupan al señor Ríos nos preocupan a los
demás, que la ley los aborda y, como es natural, el trámite
parlamentario está precisamente para mejorar los
textos del Gobierno. En todo caso, hoy damos paso a
una ley que no sólo resuelve problemas, sino que viene
a simbolizar y a integrar en nuestro ordenamiento jurídico
y en los textos aprobados en esta Cámara un
hecho trascendental, como es la pertenencia de España
a la moneda única.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepresidente.
Si no hay ningún otro grupo parlamentario que desee
intervenir, podemos llamar a votaciones. (Pausa.)
Llámese a votaciones. (Pausa.)
Señorías, vamos a proceder a las votaciones correspondientes
a los puntos del orden del día que han sido
debatidos y posteriormente procederemos a la elección
que prevé el último punto del orden del día.
Votamos, en primer lugar, el dictamen correspondiente
a la proposición de ley orgánica de modificación
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de perfeccionamiento
de la acción investigadora relacionada
con el tráfico ilegal de drogas y otras actividades ilícitas
graves.
Se somete a votación, en primer lugar, el dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 307; a favor, 307.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen
por unanimidad del Pleno.
Al tener la proposición naturaleza orgánica, procede
una votación sobre el conjunto del proyecto para ver si
alcanza la exigencia constitucional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 307; a favor, 307.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, al haber
alcanzado y superado por unanimidad la mayoría absoluta
del Congreso, queda también aprobada su naturaleza
orgánica.
Pasamos a la votación de la enmienda de totalidad
de devolución que, presentada por el Grupo de
Izquierda Unida, se ha debatido sobre el proyecto de
ley de introducción del euro.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 306; a favor, 15; en contra, 290;
abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda
de totalidad de devolución.
ELECCIÓN DE UN SEÑOR DIPUTADO, DE CONFORMIDAD
CON EL PUNTO TERCERO DE LA RESOLUCIÓN
DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS
DIPUTADOS SOBRE SECRETOS OFICIALES, DE 2 DE
JUNIO DE 1992.
- ELECCIÓN DE UN SEÑOR DIPUTADO, DE CONFORMIDAD
CON EL PUNTO TERCERO DE LA
RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO
DE LOS DIPUTADOS SOBRE SECRETOS
OFICIALES, DE 2 DE JUNIO DE 1992.
El señor PRESIDENTE: Punto noveno del orden del
día: Elección de un señor diputado para formar parte
del grupo que ha de conocer los secretos oficiales, de
acuerdo con la resolución de 2 de junio de 1992. Se
trata de suplir la vacante que ha producido, a petición
propia, don Juan Manuel Eguiagaray.
Por tanto, vamos a proceder a la votación, por llamamiento
nominal por las señoras y señores secretarios
de la Mesa, para la candidatura que se postula de don
Luis Martínez Noval. Por favor, ruego a los secretarios
de la Cámara que procedan a los llamamientos correspondientes.
Comienza la votación. (Por las señoras y señores
secretarios se procede al llamamiento de las señoras
y señores diputados.)
El señor SECRETARIO (González de Txabarri Miranda):
¿Alguna señora o señor diputado no ha sido llamado
para la votación? (Pausa.)
Gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoras y
señores secretarios, señoras y señores diputados.
Vamos a proceder al recuento. (Pausa.)
Terminado el escrutinio, dijo
El señor PRESIDENTE: El resultado de la votación es
el siguiente: don Luis Martínez Noval ha obtenido 281
votos; hay cinco votos en blanco y cinco han sido
nulos.
En consecuencia, resulta elegido para formar parte
del grupo de diputados que pueden acceder a los
secretos oficiales el diputado don Luis Martínez Noval.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y treinta y cinco minutos de la
tarde.
Corrección de errores-En el «Diario de Sesiones»
número 179, correspondiente a la sesión plenaria celebrada
el martes, 22 de septiembre de 1998, en la intervención
del señor Villalón Rico -página 9632, primera
columna, línea 17-, donde dice: «...deslealtad institucional
es lo que hizo en su momento...», debe decir:
«lealtad institucional es lo que hizo en su momento...»
Asimismo, en el «Diario de Sesiones» número 180,
relativo a la sesión plenaria del miércoles, 23 de septiembre
de 1998, al final de la página 9697, donde dice:
«...con el que señor presidente se dirige a la Cámara
antes de abril la sesión», debe decir: «...con que el señor
presidente se dirige a la Cámara antes de abrir la
sesión'; y donde dice: «Confío en que no tendrá...»,
debe entenderse «Confío en que no tendré...».