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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 180, de 23/09/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 1998 VI Legislatura Núm. 180
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 174
celebrada el miércoles, 23 de septiembre de 1998
ORDEN DEL DÍA:
Preguntas ... (Página 9645)
Interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre tarifas
telefónicas (número de expediente 172/000109) ... (Página 9671)
- Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre la política
general del Gobierno en materia de comunicaciones aéreas entre la
Península y el archipiélago Canario (número de expediente 172/000110)
... (Página 9679)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas
para paliar la situación de deterioro, falta de consideración e
ineficacia del servicio público de Justicia (número de expediente
172/000112) ... (Página 9687)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Preguntas ... (Página 9645)
De la Diputada doña Presentación Uran González, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, que formula al Excmo. Sr.
Presidente del Gobierno: ¿Respalda el Gobierno la actitud y la
política que está desarrollando la Ministra de Medio Ambiente que ha
supuesto el abandono de todas las organizaciones sociales y
sindicales del Consejo Asesor de Medioambiente? (Número de expediente
180/001378) ... (Página 9645)
Del Diputado don Josep Borrell i Fontelles, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Qué
trascendencia y alcance atribuye Vd. a la tregua anunciada por ETA?
(Número de expediente 180/001379) ... (Página 9646)
Del Diputado don Andrés Ollero Tassara, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Se encuentra el
Gobierno en condiciones de satisfacer la demanda formulada por el
Presidente del Tribunal Supremo en la Apertura del Año Judicial, en
relación con la insuficiencia de la plantilla judicial? (Número de
expediente 180/001389) ... (Página 9647)
Del Diputado don José Luis Rodríguez Zapatero, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Puede explicar el Gobierno
las circunstancias de las maniobras militares desarrolladas el 13 de
septiembre en Tabuyo del Monte (León) que originaron un devastador
incendio que arrasó miles de hectáreas? (Número de expediente 180/
001384) ... (Página 9648)
Del Diputado don Paulino Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria, que formula al Gobierno: ¿Qué iniciativas piensa
adoptar el Gobierno ante el deterioro producido en las comunicaciones
entre Canarias y la Península por la supresión de 70 vuelos semanales
del Grupo Iberia? (Número de expediente 180/001344) ... (Página 9649)
Del Diputado don José Segura Clavell, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las razones por las
cuales Iberia ha disminuido en más de un centenar los vuelos
semanales en las rutas nacionales? (Número de expediente 180/001352)
... (Página 9650)
Del Diputado don José Luis Ros Maorad, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué opina el Gobierno sobre el
desarrollo de los acontecimientos que está teniendo el caso de la
Compañía Eléctrica Chilena ENERSIS y sus implicaciones con ENDESA y
sus directivos? (Número de expediente 180/001381) ... (Página 9651)
Del Diputado don Javier Fernández Fernández, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Está el Gobierno considerando
alguna iniciativa que pudiera llevar a la titulización de los costos
de transición a la competencia introducidos en la Ley del Sector
Eléctrico actualmente en vigor? (Número de expediente 180/001383)
(Página 9652)
Del Diputado don Ricard Burballa i Campabadal, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula a la Excma.
Sra. Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación: ¿Qué medidas
piensa tomar el Gobierno para garantizar la competitividad del sector
porcino? (Número de expediente 180/001375) ... (Página 9653)
Del Diputado don Luis de Torres Gómez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué opinión tiene
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación respecto del
establecimiento de modulaciones de las ayudas en el sector olivarero
tras la aprobación de la nueva OCM? (Número de expediente 180/001390)
... (Página 9654)
Del Diputado don Carlos Mantilla Rodríguez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es la
situación del actual programa de fondos estructurales para la pesca
-IFOP-? (Número de expediente 180/001391) ... (Página 9655)
Del Diputado don Luis Marquínez Marquínez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué acciones ha
emprendido el Gobierno en defensa del sector pesquero a partir de la
Agenda 2000 y de su desarrollo legislativo? (Número de expediente
180/001392) ... (Página 9656)
Del Diputado don Antonio María Aragonés Lloret, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Tiene
el INSALUD previstas nuevas actuaciones en materia de conciertos con
servicios sanitarios ajenos? (Número de expediente 180/001393)
(Página 9657)
Del Diputado don Juan Antonio Gil Melgarejo, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Sanidad
y Consumo: ¿Puede informar el Gobierno sobre los objetivos de la
campaña de publicidad que ahora se emite, de prevención del SIDA?
(Número de expediente 180/001394) ... (Página 9658)
De la Diputada doña Carmen Romero López, del Grupo Socialista del
Congreso,
que formula al Gobierno: ¿Qué inversiones está realizando el
Ministerio de Medio Ambiente en materia de seguridad de presas?
(Número de expediente 180/001385) ... (Página 9659)
De la Diputada doña Cristina Narbona Ruiz, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Medio Ambiente:
¿Qué razones ha tenido la Ministra de Medio Ambiente para propiciar
la desaparición del Consejo Asesor de Medio Ambiente? (Número de
expediente 180/001386) ... (Página 9660)
De la Diputada doña Pilar Rahola i Martínez, del Grupo Parlamentario
Mixto, que formula al Gobierno: ¿Podría el Gobierno explicar el
calendario de las obras de reforma y ampliación de la N-340,
especialmente en las zonas de Altafulla, Torredembarra, Vallirana y
el resto de localidades afectadas en Cataluña? (Número de expediente
180/001374) ... (Página 9662)
Del Diputado don José Juan González de Txabarri Miranda, del Grupo
Vasco (EAJ-PNV), que formula al Gobierno: ¿Qué valoración realiza el
Ministerio de Fomento del grado de ejecución de las inversiones en
infraestructuras territorializadas en Euskadi para el ejercicio de
1998? (Número de expediente 180/001377) ... (Página 9663)
Del Diputado don Ángel Mario Carreño Rodríguez-Maribona, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Cuáles son las líneas básicas del acuerdo firmado por RENFE por el
que se incorpora, en el marco de vías de paso libre previsto en el
Libro Blanco del Ferrocarril de la Unión Europea, al primer corredor
europeo de tráfico ferroviario de mercancías? (Número de expediente
180/001395) ... (Página 9664)
Del Diputado don Cristóbal Juan Pons Franco, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo valora el
Ministerio de Fomento la decisión de la Unión Europea que propone
obligar a los operadores dominantes a publicar los costes reales de
los servicios de interconexión que ofrecen a sus competidores?
(Número de expediente 180/001396) ... (Página 9665)
Del Diputado don Jesús José Gómez Rodríguez, del Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria, que formula a la Excma. Sra. Ministra de
Justicia: ¿Cuándo se van a abrir determinados Registros de la
Propiedad en las islas Canarias, en particular los de Mogán y
Santiago del Teide? (Número de expediente 180/001388)
(Página 9666)
Del Diputado don Manuel Arqueros Orozco, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es la
previsión del Gobierno en cuanto a la creación de los Juzgados de lo
contencioso-administrativo en Madrid hasta el año 2000? (Número de
expediente 180/001397) ... (Página 9666)
Del Diputado don Salvador Clotas i Cierco, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Educación y
Cultura: ¿Considera la Sra. Ministra que la situación educativa en
Cataluña justifica un trato de lengua extranjera al castellano en esa
Comunidad Autónoma? (Número de expediente 180/001387)
(Página 9667)
Del Diputado don Fernando Coquillat Durán, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué valoración hace
el Gobierno de la ejecución de las inversiones educativas
comprendidas en el plan presentado por el Ministerio de Educación y
Cultura para 1998? (Número de expediente 180/001398)... (Página 9668)
Del Diputado don Francisco Miguel Fernández Marugán, del Grupo
Socialista del Congreso, que formula al Excmo.
Sr. Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de la Presidencia:
¿Puede Vd. explicar las razones del cambio en la estructura
administrativa de la Oficina Presupuestaria de la Presidencia del
Gobierno, coincidiendo con el cese del Sr. Barea? (Número de
expediente 180/001380) ... (Página 9669)
Del Diputado don Juan Pedro Hernández Moltó, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué opinión tiene el Gobierno
sobre el nombramiento de ex miembros del Gobierno del Partido Popular
como consejeros en empresas privatizadas recientemente? (Número de
expediente 180/001382) ... (Página 9670)
Interpelaciones urgentes ... (Página 9671)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre tarifas telefónicas ...
(Página 9671)
Presenta la interpelación, en nombre del Grupo Socialista del
Congreso, el señor Pérez Rubalcaba. Interpela al Gobierno,
representado por el ministro del ramo, sobre la subida de las tarifas
de teléfonos porque suya es la responsabilidad, y no de Telefónica, y
considera que lo ha hecho de una forma abusiva, irracional y sobre
todo injusta. A continuación se refiere a los antecedentes del asunto
y recuerda las distintas subidas, más o menos solapadas, que han
tenido lugar desde el 18 de marzo de 1997, cuando se publicó la orden
ministerial de interconexión. Por otra parte, pone de relieve que el
tránsito a la sociedad de la información, tan anunciado por el Gobierno,
es ahora mucho más difícil porque se ha dificultado el uso de Internet,
que es el instrumento primordial, subiendo las tarifas el cien por cien
para las llamadas de entre quince y veinte minutos que, según los datos
de Infovía, son las más frecuentes en los usuarios. Añade que ha sido
tan brutal la subida que Telefónica se ha visto obligada a negociar
con la Asociación de Usuarios de Internet para ofrecer planes
específicos. Expone que la orden ministerial ajusta sólo teóricamente
las tarifas a los costes de Telefónica porque ni el ministro ni la
Comisión del
Mercado de Telecomunicaciones conocen los verdaderos costes de
Telefónica y ni éstos están auditados ni se han sometido a los
criterios de contabilidad de la Unión Europea. Opina que con esta
subida injustificada se incrementan los ingresos de una empresa a la
que se permite seguir con el monopolio durante muchos años a pesar de
haber bajado la calidad del servicio, y anuncia que, como el señor
ministro no le va a convencer en su contestación, su grupo presentará
una moción para pedir al Gobierno que derogue la orden ministerial.
Contesta, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Fomento
(Arias-Salgado y Montalvo). Invita al señor Pérez Rubalcaba a tener
un debate serio sobre el reequilibrio tarifario y sobre la subida y
bajada de tarifas, que ambas se han producido, sin el apriorismo de
que no se va a dejar convencer. En primer lugar aclara que el
reequilibrio tarifario de los exmonopolios es una obligación impuesta
por la legislación comunitaria, explicando las directivas
comunitarias que así lo establecen. Asimismo recuerda el contenido
del acuerdo, de 30 de julio de 1994, del Consejo asesor de las
telecomunicaciones, presidido por el señor Borrell. En base a ese
acuerdo, el Gobierno socialista subió las tarifas metropolitanas un
37,7 por ciento y la cuota de abono un 9,4 por ciento y, según las
estimaciones de la administración socialista en 1996, al dejar el
poder, faltaba por subir todavía un 30 por ciento las tarifas de las
llamadas locales, para compensar costes de explotación, y un 18 por
ciento la cuota de abono. Por lo tanto, las argumentaciones del
interpelante no tienen nada que ver con lo que decían cuando estaban
en el Gobierno. Explica a continuación las medidas adoptadas por el
Gobierno del Partido Popular para conseguir el reequilibrio
tarifario, ajustándose estrictamente a la orden ministerial, y da una
serie de datos sobre tarifas telefónicas, comparándolos con los de
los países de la Unión Europea.
En turno de réplica interviene el señor Pérez Rubalcaba, duplicando
el señor ministro de Fomento.
Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria sobre la política
general del Gobierno en materia de comunicaciones aéreas entre la
Península y el archipiélago Canario ... (Página 9679)
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, presenta la
interpelación el señor Rivero Baute, que comienza recordando la
condición de territorio alejado que tienen las Islas Canarias, lo que
le ha valido un reconocimiento especial en el artículo 138 de la
Constitución, donde el Estado garantiza el principio de solidaridad y
el establecimiento
de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas
partes del territorio español, atendiendo en particular a las
circunstancias del hecho insular; y en el Tratado de Amsterdam, de la
Unión Europea, donde se reconoce al archipiélago la característica de
región ultraperiférica. Explica a continuación las peculiaridades del
transporte de las islas, donde es imprescindible contar con el
transporte marítimo y aéreo, y afirma que es necesario que el
Gobierno tenga una política activa en este sentido, concretada en
medidas que hagan posible la cohesión territorial y social,
garantizando la movilidad entre las islas y la Península en buenas
condiciones de calidad, capacidad y precios y con la continuidad y
frecuencia adecuadas. Muestra su desánimo porque la liberalización
aérea comunitaria no ha producido una mejora importante en la
situación del transporte aéreo, como esperaban, sino que, por el
contrario, se han subido las tarifas, se da peor servicio -con
tripulaciones que no hablan castellano-, se alquilan aviones
preparados para charter, se retiran los airbus -especialmente
diseñados para Canarias-, se utilizan aviones de menor capacidad y se
suprimen, por último, 70 vuelos con destino a Canarias. Considera que
toda esta serie de despropósitos que han sido cometidos por los
actuales directivos de Iberia se deben a que la Dirección General de
Aviación Civil y Aena han estado, y están, subordinados a los
intereses del Grupo Iberia. Formula a continuación una serie de
preguntas sobre los abusos de Iberia, según su opinión, y anima al
señor ministro a que, como responsable de la aviación civil, imponga
su autoridad sobre dicho grupo. Rechaza totalmente los argumentos
dados por el presidente de Iberia en otros foros y opina que los
actuales dirigentes de la compañía han pecado de incompetencia,
insensibilidad, improvisación y falta de tacto y de prudencia, porque
su única preocupación es la cuenta de resultados. Termina su
intervención confiando en que en la moción que van a presentar se
llegue a un acuerdo para declarar la obligación de servicio público
que evite en el futuro los dislates de unos gestores insensibles con
unos territorios alejados.
Contesta en nombre del Gobierno el señor ministro de Fomento (Arias-
Salgado y Montalvo), quien comparte con el interpelante el análisis
estratégico en relación con la ubicación geográfica de las Islas
Canarias y sus relaciones con la Península. Pero, añade, justamente
por existir esa coincidencia el Gobierno tiene una política de
transporte aéreo en relación con Canarias que se concreta en hechos y
datos específicos, a su juicio, extraordinariamente positivos para el
archipiélago. Explica a continuación las tres dimensiones de esa
política: la presupuestaria, tanto de los ingresos como de los
gastos; la de servicio público, y una tercera que afecta a las
infraestructuras.
Reconoce, por otra parte, que Iberia es una compañía que tiene
problemas, y se remite a las contestaciones del señor ministro de
Industria sobre el particular, pero añade que ha habido un incremento
de frecuencias, aunque se haya tenido que renunciar a una
programación excesivamente ambiciosa. Asegura que el Gobierno
presiona a Iberia para que resuelva todos los problemas que comporta
el proceso de reestructuración y garantiza que utilizará los medios
al alcance del órgano regulador, pero niega que exista una
subordinación de Aena y la Dirección General de Aviación Civil a
Iberia. Por último ofrece a los grupos reflexionar conjuntamente
sobre las repercusiones que puede tener la declaración de obligación
de servicio público para ser implantada en el transporte aéreo entre
la Península y el archipiélago canario.
En turno de réplica interviene el señor Rivero Baute, duplicando el
señor ministro de Fomento.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Castellano
Cardalliaguet, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida;
Segura Clavell, del Grupo Socialista del Congreso, y Soriano Benítez
de Lugo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Cierra el debate el señor ministro de Fomento.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas
para paliar la situación de deterioro, falta de consideración e
ineficacia del servicio público de Justicia ... (Página 9687)
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida presenta
la interpelación urgente el señor Castellano Cardalliaguet. Muestra
su deseo de presentar de forma lisa y llana una cuestión de la que
hablan lisa y llanamente los ciudadanos de la calle, y es de su
preocupación acerca de cómo anda la justicia y la falta de
consideración que tiene por la ciudadanía. Para hacer esta afirmación
se basa en las quejas presentadas ante el Defensor del Pueblo, la
Comisión de Peticiones del Congreso y del Senado o el Consejo General
de Poder Judicial y en las encuestas publicadas por los medios de
comunicación. Se adelanta a las respuestas que le pueda dar la
ministra de Justicia y opina que no se podrán encontrar diferencias
en el diagnóstico porque sería como negar la evidencia o exigir
pruebas sobre los hechos notorios. A continuación pone de relieve
esos hechos notorios: los ciudadanos, dice, se quejan de la carestía
de la justicia, tienen dudas acerca de la imparcialidad de los jueces
y olfatean una cierta actitud de desprecio y de instrumentalización;
en
definitiva, afirma, la justicia en este país, como servicio público,
está bajo mínimos, y así lo perciben los ciudadanos. Se centra en el
mundo de los medios materiales, humanos, procedimientos, actuaciones,
controles de eficacia y calidad y garantías de los derechos en la
Administración de justicia, dejando para otro debate el Consejo
General del Poder Judicial y los cooperadores de la justicia. Acaba
su intervención recordando a la señora ministra que desde el
principio de la legislatura se está diciendo enfáticamente que es
necesario un pacto de Estado para el tema de la justicia,
ofreciéndose lealmente a colaborar en él, porque lo único que mueve a
su grupo político es un compromiso por la libertad y por la igualdad,
del que no van a dimitir jamás y en el cual no van a hacer ninguna
clase de claudicaciones.
Contesta en nombre del Gobierno la señora ministra de Justicia
(Mariscal de Gante y Mirón). Manifiesta en primer lugar que tiene la
misma percepción que la mayoría de los ciudadanos respecto a las
deficiencias de la Administración de justicia y que se aproxima
bastante a la exposición que ha hecho el interpelante respecto de la
necesidad de trabajar para cambiarla, pero aclara que las encuestas
también reflejan que el usuario de la justicia tiene una percepción
menos mala que el que simplemente oye hablar de ella, por lo que
quizá se debería reflexionar sobre si existe realmente una crisis de
la Administración de justicia o si se está de alguna forma
publicitándola con altavoz para deslegitimar algunas resoluciones
judiciales. Afirma que el Gobierno sigue una política en materia de
justicia basada en las normas constitucionales legales, por lo que lo
primero que hace es respetar totalmente el Poder Judicial, y hace un
llamamiento a todos para que hagan lo mismo. Es consciente del papel
que le corresponde al Gobierno y a su Ministerio en la Administración
de justicia, que resume en dos puntos: provisión de medios personales
y materiales e iniciativas legislativas. Explica con una serie de
datos estos dos objetivos y expone los logros obtenidos. Termina su
intervención manifestando que ella como ministra ha pretendido y
pretende, con aciertos y con desaciertos, que el auténtico
protagonista de la Administración de justicia sea el justiciable, no
unos u otros profesionales, que tenga la justicia que se merece y la
que demanda, para lo que pide la colaboración de todas las señorías,
porque entiende que en materia de justicia no hay que dejarse llevar
por los fenómenos electoralistas, sino trabajar con altura de miras.
En turno de réplica interviene el señor Castellano Cardalliaguet,
duplicando la señora ministra de Justicia.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Uría
Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV); los señores Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió);
Cuesta Martínez, del Grupo Socialista del Congreso, y Ollero Tassara,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Se suspende la sesión a las ocho y cincuenta minutos de la noche.
Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
PREGUNTAS:
- DE LA DIPUTADA DOÑA PRESENTACIÓN URÁN GONZÁLEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, QUE FORMULA AL SEÑOR
PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿RESPALDA EL GOBIERNO LA ACTITUD Y LA
POLÍTICA QUE ESTÁ DESARROLLANDO LA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE, QUE HA
SUPUESTO EL ABANDONO DE TODAS LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y
SINDICALES DEL CONSEJO ASESOR DE MEDIO AMBIENTE? (Número de
expediente 180/001378).
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto IV del orden del día: Preguntas orales al Gobierno. En primer
lugar se formularán las preguntas que responderá el presidente del
Gobierno, comenzando por la número 15, de doña Presentación Urán
González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Señor Aznar, ¿respalda como presidente del Gobierno la actitud y la
política que está desarrollando la ministra de Medio Ambiente, que ha
supuesto el abandono de todas las organizaciones sociales y
sindicales del Consejo Asesor de Medio Ambiente?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Urán.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señora diputada,
respaldo la política de la ministra de Medio Ambiente. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
Señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Señor presidente del Gobierno, con su afirmación está diciendo sí a
la incapacidad de diálogo, sí a la incapacidad de gestión, está
diciendo sí a la imposición de la política hidráulica frente a la
negociación, sí a un miniplan hidrológico por decreto, está diciendo
sí al fracaso de la política de prevención medioambiental; es decir,
está diciendo sí a una ministra y a un Ministerio con mucho nombre y
vacío de eficacia.
Señor presidente del Gobierno, en una sesión de control parlamentario
usted tiene la obligación de responder y dar la cara, y a mi pregunta
no lo ha hecho. Respalda la labor y el talante con el que la ministra
de Medio Ambiente realiza su trabajo político, aunque esto suponga
que las organizaciones ecologistas y sindicales abandonen el Consejo
Asesor de Medio Ambiente. Es decir, señor presidente, lo respalda
aunque se les venga abajo la tan cacareada política de diálogo y
concertación de su Gobierno y del Partido Popular. En definitiva, se
les cae la máscara de centro que se han colocado para ocultar el
verdadero rostro de la derecha, su forma de gobernar y las políticas
que están llevando a cabo. (Rumores.)
Señor presidente, la ministra de Medio Ambiente es el mejor ejemplo.
En algo más de dos años de gobierno ha sido incapaz de desarrollar
una política coherente para preservar y mejorar el medio ambiente. Es
más, en los sucesivos recortes que se han hecho y con la política que
ha desarrollado han empeorado algunos aspectos. Es tal la falta de
objetivos del Ministerio que mañana vamos a discutir un real decreto
por el que se declaran de interés general obras hidráulicas.
Mientras, ha sido incapaz de presentar un libro blanco que abra el
gran debate nacional sobre el plan hidrológico y que usted
comprometió en el debate de investidura para enero de este año.
Señor presidente, el medio ambiente no aguanta más, no tiene espera,
y la sociedad española no ha cometido ningún delito para que se la
castigue manteniendo en su cargo a una ministra que resulta nociva y
peligrosa para la salud de las personas y para el medio ambiente.
(Rumores.) Césela, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Urán.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señora diputada,
tengo la duda de si en la primera respuesta lo he hecho con claridad.
Su señoría me ha preguntado si respaldaba a la ministra de Medio
Ambiente y su política y he dicho que sí. Por lo tanto, lo vuelvo a
decir y la vuelvo a respaldar.
El Consejo Asesor de Medio Ambiente, en el que usted se justifica, es
eso, un consejo asesor en el que están representadas distintas
organizaciones. Por cierto, que en este tiempo se ha reunido muy
habitualmente, en más de 14 ocasiones, y cumple esa función de ser
consejo asesor. La responsabilidad política de la política
medioambiental en nuestro país la tiene el Gobierno
de la nación, y naturalmente el Gobierno de la nación responde de esa
política ambiental y de todas las demás ante quien tiene y representa
la soberanía popular, que es esta Cámara. No se pueden extraer
consecuencias, en mi opinión, de tipo político que afecten
personalmente al Gobierno porque haya organizaciones que estén
presentes o no en un consejo asesor. (Rumores.) El Gobierno ha hecho
y hace todo el esfuerzo posible de diálogo en ese y en otros ámbitos,
pero desde luego, como ha demostrado con los hechos, también en el
ámbito del medio ambiente seguirá llamando a las organizaciones al
diálogo y a la concertación.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del Gobierno.
- DEL DIPUTADO DON JOSEP BORRELL FONTELLES, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUÉ
TRASCENDENCIA Y ALCANCE ATRIBUYE USTED A LA TREGUA ANUNCIADA POR ETA?
(Número de expediente 180/001379).
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 16, que formula al Gobierno el
portavoz del Grupo Socialista don Josep Borrell Fontelles.
Señor Borrell.
El señor BORRELL FONTELLES: Señor presidente, ¿qué trascendencia y
alcance atribuye usted a la tregua anunciada por ETA?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Borrell.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor presidente,
señor diputado, como sabe S.S., yo mismo hice una declaración en Lima
en la que hacía el análisis y exponía la posición del Gobierno
respecto al anuncio efectuado por una organización terrorista del
cese de la violencia. Posteriormente he abierto una ronda de
conversaciones con representantes y dirigentes de fuerzas políticas,
que comenzó, como sabe S.S., con el secretario general del Partido
Socialista.
Me pregunta ahora S.S. mi valoración sobre la intención de una
organización terrorista. Yo le tengo que decir que nadie puede saber
en el fondo cuál es la intención de una organización terrorista, pero
sí podemos estar de acuerdo, como yo he dicho, en no conceder el
beneficio de la duda, en ningún caso, a quien lleva más de 30 años
asesinando, matando, extorsionando o chantajeando. No tienen el
beneficio de la duda, tienen la carga de la prueba. Y nosotros, los
demócratas, no tenemos que demostrar nada. Son ellos, en todo caso,
los que tienen que demostrar.
Quiero decirle, señoría, que entiendo que la sociedad española esté
esperanzada, que los demócratas debemos contribuir a esa esperanza y
debemos fortalecer la esperanza de millones de ciudadanos que confían
en nosotros, pero que no nos debemos conformar, señoría, con el
alivio que supone el saber que durante unos pocos días no va a haber
ninguna víctima. Tenemos la obligación de seguir trabajando con mucho
tesón para aprovechar todas las oportunidades, para no alimentar
irresponsablemente ninguna expectativa y para crear una dinámica que
pueda permitirnos llegar a lo que yo he llamado esa situación
consolidada y fiable que permita la apertura de nuevas expectativas.
Quiero decirle, señoría -en mi opinión- que los primeros pasos que se
han dado son positivos, han sido pasos prudentes, pasos de
responsabilidad compartida. Tenemos que seguir en ese esfuerzo de la
prudencia, de la discreción y de la responsabilidad compartida.
Tenemos que hacer lo posible por evitar lo que pueden ser búsquedas
inútiles de protagonismos personales o declaraciones estridentes que
se salgan de lo que es el principio de la responsabilidad compartida.
Convendrá S.S. conmigo que lo primero, por encima de todo, es que los
que han estado y los que siguen con las amenazas pasen de las
palabras a los hechos y se consolide una situación fiable. Desde
luego, la paz, la paz sincera, la paz seria, no es cuestión de días,
ni puede estar sujeta al intento de división de los demócratas, ni
puede estar sujeta al intento de tener ventajas electorales, ni puede
estar sujeta al intento de ningún tipo de reorganización.
Nosotros, los demócratas, tenemos un acervo más que suficiente ...
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Nosotros, los
demócratas, tenemos un acervo más que suficiente para apostar por una
Constitución joven e innovadora, por un Estado de Derecho que
funciona, por una democracia que reúne derechos individuales
y reconoce derechos territoriales, por un acervo constitucional que
está plenamente vigente y que tenemos que prolongar hacia el futuro,
por unos acuerdos de unidad en Ajuria Enea y en Madrid que tenemos la
obligación de preservar y de defender. Esa es la valoración que yo
hago y esa es también, señoría, la propuesta y el ofrecimiento que yo
espero compartir con el principal partido de la oposición.
Gracias, señor presidente. (Fuertes y prolongados aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Borrell.
El señor BORRELL FONTELLES: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Aznar, coincido con usted en que el cese indefinido, aunque no
definitivo, de la violencia es una excelente noticia. La tregua no es
la paz, pero puede ser el camino hacia ella y todos tenemos el deber
de alimentar esa luz de esperanza. Pero esta oportunidad -también
coincido en eso con usted- no está exenta de riesgos, porque la
tregua se produce en un contexto lleno de incertidumbres, porque se
mezcla con debates que afectan a cuestiones fundamentales para la
definición del Estado, porque no ha sido consecuencia de acuerdos
adoptados en los marcos políticos unitarios vigentes, porque ni
siquiera podemos estar seguros de que sea la consecuencia de la
fuerza que la unidad nos da a los demócratas.
La tregua se plantea mediática y políticamente como subsiguiente al
acuerdo de Estella, pero, si hubiese que hacer caso a la literalidad
de ese acuerdo, significaría la quiebra de la unidad de los
demócratas y la aparente asunción por los nacionalistas democráticos
vascos de buena parte de los postulados sostenidos por los violentos.
En estas condiciones comprenderá usted que nuestro deber es impulsar
la acción de su Gobierno para que tome iniciativas coherentes con el
objetivo de paz que todos compartimos. Creemos que debe usted, señor
Aznar, asumir la iniciativa política para reconstruir la unidad de
los demócratas. Vamos a mantener esta exigencia y lo haremos desde la
colaboración y el consenso. En contrapartida, queremos que su
Gobierno no defraude las legítimas expectativas de la sociedad
española, porque no resulta fácil saber si los firmantes del acuerdo
de Estella se limitaron a prestar cobertura política a una decisión
tomada previamente por ETA o si, por el contrario, estamos ante algo
de mucho mayor calado que puede reportar ventajas electorales al
precio de fracturar de forma irreversible la unidad democrática. No
es éste un tema de partido ni una cuestión que tenga que ser
arrastrada por unas relaciones con el Gobierno que hubiésemos querido
distintas. Pero nuestra preocupación aquí y ahora, señor Aznar, ante
la tregua de ETA, como principal partido de la oposición es compartir
con usted y con su Gobierno la solidez y la esperanza que esta
situación crea, recordando -porque es importante decirlo- que la paz
a cualquier precio no es paz y que el respeto a las reglas del juego
democrático, incluidas las normas que regulan su modificación, son la
base única de una paz digna que sólo puede ser entendida como la
libertad en la tranquilidad. Estaremos con ustedes, compartiendo
estos principios de una forma leal y segura, en ese camino.
Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Borrell.
- DEL DIPUTADO DON ANDRÉS OLLERO TASSARA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿SE ENCUENTRA EL
GOBIERNO EN CONDICIONES
DE SATISFACER LA DEMANDA FORMULADA POR EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL
SUPREMO EN LA APERTURA DEL AÑO JUDICIAL, EN RELACIÓN CON LA
INSUFICIENCIA DE LA PLANTILLA JUDICIAL? (Número de expediente 180/
001389).
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 26, que formula al Gobierno el
diputado don Andrés Ollero Tassara, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: Muchas gracias, señor presidente.
Hace apenas una semana, señor presidente del Gobierno, tuvo lugar el
acto de apertura del año judicial, que habitualmente marca un hito en
las actividades de la justicia en nuestro país, presidido por Su
Majestad el Rey y con representación de todos los poderes e
instituciones del Estado, incluido, como es lógico, el propio
Gobierno, representado, como es tradición, por la ministra de
Justicia.
A lo largo del acto, y después de que el fiscal general del Estado
expusiera brevemente un resumen de la memoria de la Fiscalía
correspondiente al año anterior, el señor presidente del Tribunal
Supremo y del Consejo General del Poder Judicial procedió a leer el
habitual discurso, donde no sólo se abordan cuestiones doctrinales,
en este caso sobre los derechos y los jueces, sino que también se
hacen alusiones a la situación de la justicia. Planteó la pregunta de
en qué medida la tutela judicial cumple los requisitos que exige el
artículo 9.2 de ser real y efectiva. Al respecto, alabó con toda
justicia la reciente Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (que ha sido sin duda un símbolo de en qué medida este
Gobierno considera la justicia una cuestión de Estado, transmitiendo
al grupo que le apoya esa misma actitud) y planteó, a la vez, la
necesidad de un incremento de plazas de jueces y magistrados,
recordando, sin embargo, que estos no se improvisan, como demuestra
la existencia actualmente de 300 vacantes. A esas 300 vacantes
estimaba necesario añadir unas 400 plazas nuevas y, contando con la
necesidad de que hubiera unos candidatos de la calidad requerida,
marcaba con toda prudencia un plazo de tres o cuatro años para que se
pudiera llegar a conseguir ese objetivo.
Un Gobierno como el que preside, que ha demostrado, a través de la
ley a la que me acabo de referir, esa convicción de que la justicia
es cuestión de Estado, queríamos saber si se considera en condiciones
de responder adecuadamente a esa demanda formulada en día tan
señalado por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General
del Poder Judicial.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ollero.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Si me permite, señor
presidente, y me lo permite
el señor diputado, antes de contestar a su pregunta diré que si algún
señor o señora diputada o algún grupo se ha sentido molesto porque
pueda haber excedido en algunos segundos el tiempo disponible en la
respuesta anterior, sinceramente le pido disculpas y lo lamento. No
sé si existe en este turno la teoría de la compensación, pero
intentaré compensarlo lo más rápidamente que pueda en éste.
Señor diputado, el Gobierno hace todo el esfuerzo de dotación de
medios materiales para la justicia, como vuestra señoría conoce.
Quiero recordarle que entre 1992 y 1996 se crearon 195 plazas de
jueces, y que la previsión es de que entre 1996 y el año 2000 se
creen exactamente 368 plazas. En el año 1996, con presupuestos
prorrogados, se pudieron crear 39 nuevas plazas de jueces. Para 1998
se prevén 116 plazas, de las cuales 112 ya se han creado, y van a
entrar en funcionamiento 47 en septiembre y el resto en diciembre.
Para 1999 se prevén, según los presupuestos, 133 plazas de jueces: 16
en la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso- Administrativo; 65
para los juzgados de lo Contencioso-Administrativo; 89 plazas para
otros juzgados de lo Contencioso-Administrativo; 8 plazas para
tribunales superiores de Justicia; un cuarto magistrado para 41
secciones; creación de ocho secciones nuevas en diferentes audiencias
y 46 nuevos juzgados de Primera Instancia e Instrucción. También
quiero hacer mención a 17 nuevos juzgados de Primera Instancia y a
dos nuevos juzgados de Vigilancia Penitenciaria.
Como comprobará S.S., el esfuerzo es grande y eso se demostrará
también como preocupación en los Presupuestos Generales del Estado
que próximamente el Gobierno remitirá a la Cámara.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del Gobierno.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PUEDE EXPLICAR EL GOBIERNO
LAS CIRCUNSTANCIAS DE LAS MANIOBRAS MILITARES DESARROLLADAS EL 13 DE
SEPTIEMBRE EN TABUYO DEL MONTE (LEÓN) QUE ORIGINARON UN DEVASTADOR
INCENDIO QUE ARRASÓ MILES DE HECTÁREAS? (Número de expediente 180/
001384).
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 21, que formula al Gobierno el
diputado don José Luis Rodríguez Zapatero, del Grupo Socialista.
Señor Rodríguez Zapatero.
El señor RODRÍGUEZ ZAPATERO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro de Defensa, ¿puede explicar el Gobierno las
circunstancias de las maniobras militares desarrolladas el 13 de
septiembre en Tabuyo del Monte,
en la provincia de León, que originaron un devastador incendio, como
conoce bien el ministro, que arrasó miles de hectáreas?
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor ministro de Defensa.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Muchas gracias, señor
presidente.
Con mucho gusto puedo decirle -pero con carácter provisional, puesto
que se ha ordenado abrir una investigación sobre las causas que lo
originaron, así como un expediente disciplinario con objeto de
depurar las responsabilidades a que hubiere lugar- que, conforme
estaba programado y después de que el día anterior hubiera llovido,
se realizaron los ejercicios de tiro. En los ejercicios de tiro los
proyectiles, unos misiles Milan filoguiados, dieron en el blanco, por
tanto, dentro del campo de tiro; un enorme viento reinante, de más de
150 kilómetros por hora, dio lugar a que saltaran los límites del
campo de tiro, donde hay un cortafuegos de más de 50 metros -el más
grande, según se puede acreditar con las fotografías aéreas-, e hizo
que se produjera ese incendio, que arrasó, como se sabe, 2.678
hectáreas de pinar. Me personé en el lugar de los hechos, como lo
hizo pocas horas antes el capitán general. Nos reunimos con los
municipios afectados, con las autoridades autonómicas, y mostramos
nuestra voluntad de reparar los daños y de indemnizar a los
perjudicados.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Rodríguez Zapatero.
El señor RODRÍGUEZ ZAPATERO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro de Defensa, tenga por seguro que no va a ser este
grupo el que abone el terreno de la demagogia respecto de una
cuestión sobre la que seguramente sería fácil hacerlo. Desde luego,
no va a hacer lo que hizo el consejero de la Junta de Castilla y León
del Partido Popular que, en titulares en todos los medios, dijo
textualmente que «el incendiario ya estaría en prisión si no fuese
militar». Esa es una afirmación que ha hecho un miembro del Partido
Popular, que sostiene a su Ministerio y a su Gobierno.
De lo que tiene que quedar constancia clara, señor ministro, es de
que estamos ante un caso evidente de imprudencia y de negligencia. No
es comprensible que se produzcan unas maniobras militares con fuego
real, en pleno verano y en un día con un viento que no era de 150
kilómetros/hora, que es un viento realmente excepcional, sino de 70
kilómetros, como han acreditado diversas fuentes. Es una imprudencia
notable y notoria. Por tanto, hay una negligencia respecto de la que
su Ministerio debería haber tomado alguna decisión, porque hasta
ahora no hemos pasado de las palabras. Le aseguro que ese clima de
incertidumbre inicial,
esas respuestas iniciales, notas de su Ministerio diciendo que se
habían alcanzado los objetivos propuestos en las maniobras, han
propiciado un terreno abonadísimo para la petición del
desmantelamiento del campo de tiro.
En segundo lugar, hay que decir que ha habido una descoordinación
gravísima, fundamentalmente por parte de la Junta de Castilla y León,
que tardó en tomar las medidas necesarias a pesar de disponer allí de
muchos medios. Digo una descoordinación porque es insólito que no
hubiera coordinación con el campo de tiro donde se realizaban las
maniobras. Por eso, señor ministro de Defensa, le digo que en León se
ha producido un enorme daño, desde los puntos de vista
medioambiental, económico y social, debido a una acción irresponsable
del Gobierno. Tienen que tomar medidas reparadoras ya y, desde luego,
evaluar la situación de ese campo de tiro que su propia incompetencia
ha dejado en una situación enormemente delicada; seguro que comparte
conmigo que eso no es bueno para el Ministerio de Defensa, para este
Gobierno y para este país.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez Zapatero.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Señoría, en primer
lugar, le agradezco mucho, máxime en un lugar como éste, que asegure
su voluntad de no pasar de las palabras. Estoy seguro de que no
sucederá.
El Ministerio de Defensa ha sido el primero que ha lamentado lo que
ha sucedido. El consejero de la Junta -con el que estuve
permanentemente durante mis horas de estancia allí- aseguró que no
era ésa, desde luego, su intención -y según me aseguró- ni tampoco
sus palabras. Para ver algo parecido -en general, hablando de campos
de tiro- hay que remontarse diez años atrás. Señoría, se ha producido
un daño, seguro que ha habido algo que debemos corregir y para ello
se han adoptado las medidas pertinentes. Pero yo creo que, si no
incurre, sí roza la demagogia pensar que eso se ha hecho de una
manera irresponsable. Se tomaron todas las garantías y, a partir de
ese momento, se ha dado orden -ya se está haciendo- de comunicarlo
siempre, no sólo -como se hacía- a los municipios afectados sino
también a la comunidad autónoma, para que no vuelvan a producirse
hechos que hagan posible un accidente que, repito, el Ministerio de
Defensa es el primero en lamentar. Y termino recordando que han sido
los municipios afectados los que han dicho literalmente: «dejar
patente su desacuerdo con las precipitadas peticiones de
desmantelamiento del campo de tiro». Señoría, le agradezco su falta
de demagogia y le ruego que sigamos todos por ese camino.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON PAULINO RIVERO BAUTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
COALICIÓN CANARIA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ INICIATIVAS PIENSA
ADOPTAR EL GOBIERNO ANTE EL DETERIORO PRODUCIDO EN LAS COMUNICACIONES
ENTRE CANARIAS Y LA PENÍNSULA POR LA SUPRESIÓN DE 70 VUELOS SEMANALES
DEL GRUPO IBERIA? (Número de expediente 180/001344).
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 10, que formula al Gobierno el
diputado don Paulino Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria.
Señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, el grupo Iberia ha suprimido de un plumazo más de 150
vuelos semanales en los trayectos que cubre en el territorio del
Estado, correspondiendo 70 de ellos a los que enlazan Canarias con la
Península. ¿Qué iniciativas piensa adoptar el Gobierno ante el
deterioro producido en las comunicaciones entre Canarias y la
Península por la supresión de 70 vuelos semanales del grupo Iberia?
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rivero.
Señor ministro de Industria y Energía.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA (Piqué i Camps): Muchísimas
gracias, señor presidente.
Señoría, teniendo en cuenta que esta misma tarde - si no estoy mal
informado- el ministro de Fomento va a atender la interpelación de su
grupo sobre la política del Gobierno en relación con las
comunicaciones aéreas entre la Península y el archipiélago canario,
centraría mi contestación en su preocupación ante ese supuesto
deterioro producido en dichas comunicaciones por decisiones
empresariales de la compañía Iberia. Tengo que decirle que eso hay
que verlo siempre en términos relativos y en función de algo tan
importante, en economía y en la realidad, como son las expectativas.
Lo cierto es que en los enlaces Península-Canarias, la compañía Iberia
ha pasado de ofrecer 145 frecuencias semanales -y, por lo tanto, el
doble en vuelos- en septiembre de 1997 a 152 en septiembre de este
año, lo cual supone un incremento de siete frecuencias y 14 vuelos a
la semana. Eso es un incremento del 4,8 por ciento y esa es la
realidad. Pero también es verdad que Iberia tenía una previsión de
crecimiento superior -previsión, expectativa-, hasta alcanzar las 181
frecuencias semanales en dichos enlaces. Por tanto, ese supuesto
deterioro no es en relación con la realidad sino en relación con una
previsión, con una programación. ¿Por qué ha sucedido eso? Por algo
que creo que todo el mundo conoce, que yo le voy a reiterar, que
estamos intentando resolver y que, desde luego, tenemos la voluntad
de resolver. Eso ha sido así porque hay
una menor capacidad de producción en relación con la prevista, porque
hay menos pilotos, porque no ha sido posible, hasta hoy, llegar a un
acuerdo -tal y como estaba previsto- para contratar nuevos pilotos y
aumentar la productividad de la plantilla existente. Por lo tanto, le
acepto el deterioro en relación con las expectativas, le digo que
estamos intentando arreglarlo y no se lo acepto en relación con la
realidad porque, a pesar de todo, hemos aumentado la frecuencia de
los vuelos.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Señor ministro, Canarias está a más de 1.000
kilómetros de distancia de la Península. En Canarias -es obvio,
aunque conviene recordarlo- no existe transporte alternativo, es
decir, no tenemos carreteras ni ferrocarril que nos sirvan de enlace
entre las islas o con la Península; desde el punto de vista social,
económico, político, turístico o comercial con respecto al exterior,
depende casi exclusivamente del avión, si tenemos en cuenta que el
barco apenas hace un trayecto a lo largo de la semana y que tarda dos
días.
La actuación de la primera compañía española con las islas es
lamentable. La falta de sensibilidad, de tacto y hasta de prudencia
de sus responsables con el Archipiélago es una cuestión que ha
quedado patente a lo largo de estos últimos años. El Gobierno de
Canarias, su Parlamento, los cabildos, los empresarios, los
sindicatos, los usuarios y las agencias de viajes rechazan
contundentemente la política llevada a cabo por Iberia. No se deje
engañar, señor ministro, por los directivos de la actual empresa
pública del grupo Iberia, porque si bien es cierto que han
incrementado el número de vuelos en un 4 por ciento con respecto a
septiembre del año pasado, también es cierto que ha crecido la
demanda de la población en más de un 20 por ciento. Y la única
realidad, señor ministro, en estos momentos, es que no se consiguen
billetes para viajar para los próximos diez u once días, que han
desaparecido las tarifas más baratas, la mini, la supermini y la
turística especial que hace de enlace para viajar al extranjero con
Madrid. La verdad es muy fácil de comprobar. Basta con llamar
directamente a las oficinas de Iberia intentando sacar un billete en
una agencia de viajes para encontrarnos con la triste realidad de que
no hay plazas en los vuelos para Canarias hasta dentro de ocho, diez
o doce días, y las que quedan son en clase preferente, lejos de las
posibilidades de la mayoría de los ciudadanos.
Señor ministro, ejerza su autoridad y exija al grupo Iberia la
restitución inmediata de los vuelos suprimidos para evitar el grave
deterioro que está produciendo a la economía canaria en general esta
supresión de vuelos. El Estado, el Gobierno tiene la obligación, como
dice el artículo 138 de la Constitución, de garantizar la cohesión
territorial y social del Archipiélago, de todos los territorios
del Estado. Si al frente de la empresa pública no tenemos en este
momento unos responsables capaces de entender el principio de
solidaridad y el principio de la garantía territorial y social del
Archipiélago, que actúe el Gobierno, señor ministro, con toda
contundencia.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rivero.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ SEGURA CLAVELL, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁLES SON LAS RAZONES POR LAS
CUALES IBERIA HA DISMINUIDO EN MÁS DE UN CENTENAR LOS VUELOS
SEMANALES EN LAS RUTAS NACIONALES? (Número de expediente 180/001352).
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 11, que formula al Gobierno el
diputado don José Segura Clavell, del Grupo Socialista.
Señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¿cuáles son las razones por las que Iberia ha
disminuido en más de un centenar el número de vuelos en las rutas
nacionales?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Segura.
Señor ministro de Industria y Energía.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA (Piqué i Camps): Muchísimas
gracias, señor presidente.
Si S.S. ha tenido ocasión de escuchar mi respuesta anterior, ya sabrá
por qué, pero en cualquier caso se lo voy a reiterar. Tenemos un
problema grave en cuanto a la capacidad de las compañías de
transporte aéreo que operan en nuestro país a la hora de atender algo
que el señor Rivero ha dicho con mucha claridad, que está en la base
del problema, y es que la demanda está creciendo espectacularmente en
todas partes, en Canarias y en el conjunto de España. Por eso hay que
hacer un esfuerzo para atenderlo, pero -y estoy seguro que SS.SS. lo
compartirán conmigo- hay que hacerlo con criterios de calidad y de
seguridad en el servicio. Para eso hacen falta pilotos, comandantes y
segundos, y hace falta que las cosas se hagan bien, lo que requiere
su tiempo, y en eso se está. Se está negociando con el colectivo de
pilotos para que nos podamos adaptar a la nueva situación. Pero de
nuevo le tengo que decir lo que antes he dicho en relación
estrictamente a Canarias. No comparemos la realidad con unas
expectativas que estaban fundamentadas en ese acuerdo con los pilotos
que todavía no ha sido posible, comparémoslo con la realidad del año
pasado, y en este sentido le tengo que decir que en estos momentos la
prestación
de servicios por parte de Iberia es superior a la que existía hace un
año.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, créame que lamento que no tengamos tiempo suficiente
para hacer un debate y rebatirle, naturalmente, la falta de rigor de
sus argumentaciones. Señor ministro, directivos de la compañía Iberia
han manifestado textualmente en declaraciones públicas, que no han
sido rebatidas por el Gobierno, que la medida de reducción en más de
150 vuelos en territorio nacional entre aeropuertos nacionales
responde a la necesidad de solventar el caos evidenciado durante el
último verano en el aeropuerto de Barajas y de ralentizar el
crecimiento de Iberia para regular una situación caracterizada por el
crecimiento de su servicio, con constantes problemas de puntualidad,
de equipajes perdidos y de cancelaciones previstas. Señor ministro,
usted recordará el caos del verano pasado. Usted recordará la
esperpéntica situación en la que el presidente de Iberia acusaba
públicamente al director general de Aena. Usted recordará que el
director general de Aena acusaba al presidente de Iberia. Usted
recordará que por indicaciones del presidente del Gobierno tuvo que
celebrarse un numerito propagandístico, con fotografía y cámaras de
televisión, en el que usted participó junto con el ministro de
Fomento, el presidente de Iberia, el director general de Aena y otros
cargos de distintos niveles. Usted recordará que usted mismo declaró
que a partir de aquel momento comenzaba la coordinación. Pues bien,
el resultado inmediato de la coordinación es la suspensión de ciento
cincuenta vuelos que se añaden a una media de veinte vuelos que se
venían suspendiendo en los últimos meses. Sabe usted perfectamente
que la compañía Iberia necesita doscientos cincuenta pilotos y que en
el último año no ha contratado ni a uno solo. Sabe también que la
compañía Aviaco necesita otros cien y en el último año no ha
contratado ni a uno solo. Usted sabe que se han fletado once aviones
de la compañía Air Europa, debilitando la libre competencia, junto
con las tripulaciones correspondientes, en régimen de wet lease. Se
aumenta el número de aviones y se disminuye el número de vuelos en
más de doscientos cincuenta.
Esto no hay quien lo entienda. Hay unos responsables políticos y son
ustedes: el ministro de Industria y el ministro de Fomento.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Segura.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA (Piqué i Camps):Seré breve,
señor presidente.
En la vida hay dos clases de personas: los que intentamos resolver
los problemas de forma racional y los
que en el pasado no han sido capaces de resolverlos. (Rumores y
protestas.- Aplausos.) Esto no significa que no reconozcamos
insuficiencias, problemas de coordinación, porque también es muy
saludable reconocer los errores propios y las insuficiencias cuando
se producen, pero lo más saludable es intentar corregirlos. Estamos
intentando corregirlos con el menor perjuicio para los ciudadanos.
Por tanto, no se preocupe usted porque vamos a seguir en esa línea.
(Aplausos.)
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ LUIS ROS MAORAD, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ OPINA EL GOBIERNO SOBRE EL
DESARROLLO DE LOS ACONTECIMIENTOS QUE ESTÁ TENIENDO EL CASO DE LA
COMPAÑÍA ELÉCTRICA CHILENA ENERSIS Y SUS IMPLICACIONES CON ENDESA Y
SUS DIRECTIVOS? (Número de expediente 180/001381).
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 18, que formula al Gobierno el
diputado don José Luis Ros Maorad, del Grupo Socialista.
Señor Ros.
El señor ROS MAORAD: ¿Qué opina el Gobierno sobre el desarrollo de
los acontecimientos que está teniendo el caso de la compañía
eléctrica chilena Enersis y sus implicaciones con Endesa y sus
directivos?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ros.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA (Piqué i Camps): Muchas
gracias, señor presidente; muchas gracias, señoría.
El Gobierno tiene una buena opinión.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Ros.
El señor ROS MAORAD: No esperaba otra respuesta de usted, señor
Piqué, en su condición de clónico de Miguel Ángel Rodríguez, créame.
(Risas.- Rumores.- Protestas.) Lo cierto es que el Gobierno del señor
Aznar ha impedido hasta ahora, por todos los medios, la presencia en
este Congreso del señor Martín Villa, presidente de Endesa, para
explicar tan turbia operación con la eléctrica chilena Enersis, a
pesar de que cuando se realizó la operación la empresa era pública y
el presidente nombrado por el Gobierno. Claro que luego se ha quedado
en la empresa ya privatizada también como presidente. ¡Vaya trágala!
Dos cosas parecen claras: que el señor Aznar privatiza para
sus amigos, aunque esto haya supuesto desguazar la empresa pública
española, y que el que prometiera en las últimas elecciones dinamizar
la vida parlamentaria ha convertido este Congreso de los Diputados en
un burladero vergonzante donde esconderse, no en vano el 25 de julio
de 1979 escribió en La Nueva Rioja un artículo titulado: El
Parlamento, hazmerreír de la democracia.
Politólogo aparte, señor Piqué, las autoridades chilenas
administrativas y judiciales han impuestos multas a Endesa y han
iniciado procesos judiciales en los que los directivos de Endesa han
sido imputados o llamados a declarar como testigos. Yo me pregunto,
señor Piqué: ¿tienen más derecho los chilenos que los españoles
a saber de este asunto? ¿Esta es la transparencia en la política de
privatizaciones que prometió el señor Aznar? Ya criticamos en su día
que ustedes estaban perjudicando los intereses de Endesa, la imagen
de la empresa en Latinoamérica y a sus accionistas. Por cierto, ¿qué
van a decir ahora a los que compraron acciones de Endesa en junio de
1998, cuya cotización ha caído un 6 por ciento desde entonces? ¿Qué
ejemplos de independencia, neutralidad y transparencia? En resumen,
señor Piqué, ustedes han privatizado por motivos de caja para colocar
a sus amigos en la dirección de las empresas que actúan después como
poderes económicos sumisos a sus intereses políticos, y esto lo hacen
siempre desde la opacidad y muchas veces desde la desvergüenza. Lo de
Endesa-Enersis es sólo un ejemplo. (Aplausos.)
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA (Piqué i Camps): Muchas
gracias, señor presidente.
Señorías, señor Ros, desde el afecto que sabe que le profeso esperaba
de usted argumentos más serios (Rumores.), porque a estas alturas al
preguntar qué vamos a decir a los accionistas de Endesa en relación a
cómo ha evolucionado su valor en los últimos días le podría contestar
en los mismos términos: ¿qué les vamos a decir a los accionistas que
acudieron a las anteriores privatizaciones de Endesa y que han salido
ganando en cantidades muy apreciables? No nos fijemos en las
cotizaciones cotidianas de las empresas para argumentar no se sabe
qué. Después no sigamos con argumentos del tipo de que los directivos
de Endesa han sido llamados a declarar como testigos. ¿Y qué? ¿Qué
pasa? ¿Es que tiene que ser un motivo? Vamos a ver. Aquí hay una gran
inversión que tiene un contenido estratégico, que tiene un componente
fundamental para aumentar el valor de Endesa, de sus accionistas y
por tanto del conjunto de los españoles, y de lo que se trata es de
que salga bien. Está saliendo bien, está evolucionado bien y todo su
empeño en introducir ruido, en introducir elementos de confusión en
toda esa operación, la verdad es que lo entiendo muy poco.
Muchísimas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JAVIER FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿ESTÁ EL GOBIERNO CONSIDERANDO
ALGUNA INICIATIVA QUE PUDIERA LLEVAR A LA TITULIZACIÓN DE LOS COSTOS
DE TRANSICIÓN A LA COMPETENCIA INTRODUCIDOS EN LA LEY DEL SECTOR
ELÉCTRICO ACTUALMENTE EN VIGOR? (Número de expediente 180/001383).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 20, que formula el
diputado don Javier Fernández Fernández, del Grupo Socialista.
Adelante, señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, quería preguntarle si usted iba a posibilitar la
titulización de los costes de transición a la competencia del sector
eléctrico, pero ya me responde hoy en el periódico que esto va a ser
efectivamente así. Aun así, me gustaría que usted me explicara si es
cierto.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA (Piqué i Camps): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoría, efectivamente estamos trabajando en ello. Tenemos un
precedente muy claro que es la titulización de la moratoria nuclear.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Nada tiene que ver uno con otro y usted lo sabe, señor ministro. Pero
mire, lo que va a hacer es, en primer lugar, violentar la Ley
eléctrica, por que esos CTC, esos casi dos billones de pesetas son
una cifra máxima. ¿Dónde dice que puede haber una mínima por cierto
tan alta como la que usted fija? En segundo lugar, se está haciendo
con absoluta opacidad, con nocturnidad y alevosía, porque ¿dónde está
el principio de transparencia que fija la Ley eléctrica? ¿Ha
establecido usted contactos con la comisión a este respecto? ¿El
procedimiento se ha respetado? Dígamelo. Dígame también, señor
ministro, cómo se puede decir que se promueve la competencia cuando
se titulizan los CTC y así se da la oportunidad a las compañías de
blindarse porque pueden, sin merma de sus ingresos, bajar el precio
del pull, impedir la llegada de nuevos entrantes. Usted lo
sabe y, por tanto, ahora está perpetrando un atentado contra los
intereses de los consumidores, y le advierto que vamos a llegar en la
defensa de esos intereses incluso al Tribunal de la Competencia en
las instancias de la Unión Europea.
Pero le diré una cosa más. Usted no puede dar compensaciones a las
eléctricas por promover la competencia porque la Ley eléctrica le
faculta a usted a hacerlo sin ninguna compensación. Le puedo decir
que le apoyaría este grupo parlamentario y estoy seguro de que
también todo el arco parlamentario y tendría el aplauso de los
consumidores y el apoyo técnico de la comisión, y usted ha renunciado
a ese consenso y a ese acuerdo unánime político, social y técnico por
una negociación opaca y torcida con un grupo de presión, defendiendo
unos intereses concretos que no son los de la mayoría, señor
ministro. Esto demuestra que la opinión que tienen los sindicatos
mineros asturianos de usted cuando dicen que es el ministro del
centro es cierto, del centro, pero no del que dice ser sino del que
es, el centro de las palabras vanas, el centro de las promesas
huecas, el centro de los incumplimientos y del sectarismo del
Gobierno popular. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA (Piqué i Camps): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoría, entiendo que usted tengas ganas de desahogarse, pero le voy
a decir algo que creo que es irrebatible. Cuando nosotros llegamos al
Gobierno había una ley que consagraba el monopolio, la intervención,
y que nunca había posibilitado que bajaran las tarifas eléctricas.
(El señor Hernández Moltó: Eso no es verdad.) Eso es verdad y ustedes
lo saben. (Rumores.- Aplausos.) A partir de ahí lo que le digo es que
hay un nuevo marco que permitió bajar las tarifas en el año 1997
anticipándonos al cambio legal, que ha permitido bajar las tarifas en
el año 1998, que va a permitir bajar las tarifas en 1999, en el 2000
y en el 2001, y que va a permitir otra cosa todavía más importante y
es que prácticamente la mitad de la demanda de energía eléctrica
pueda elegir libremente su suministrador en condiciones de
competencia.
Le voy a decir otra cosa, hablando del sector eléctrico y de la
opacidad. Es verdad que nosotros lo queremos hacer -porque tiene
usted razón, somos un Gobierno de centro (Risas.)- y lo hacemos sobre
la base del diálogo con todos los afectados, cosa que comprendo que a
ustedes les resulta difícil de entender porque no solían hacerlo;
pero nosotros lo hacemos dialogando y buscando el beneficio de los
consumidores, tanto del sector productivo como de los consumidores
domésticos. Ese es el resultado al que vamos a llegar. Y no me diga
que va a haber opacidad, porque le garantizo -lo he dicho con toda
claridad- que estamos trabajando y acordando esas medidas, pero las
vamos a pasar por este Parlamento.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro de Industria y
Energía.
- DEL DIPUTADO DON RICARD BURBALLA I CAMPABADAL, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA A LA SEÑORA
MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN: ¿QUÉ MEDIDAS PIENSA
TOMAR EL GOBIERNO PARA GARANTIZAR LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR
PORCINO? (Número de expediente 180/001375).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las preguntas que responderá, en
nombre del Gobierno, la ministra de Agricultura, Pesca y
Alimentación.
Pregunta número 13, que formula al Gobierno el diputado don Ricardo
Burballa i Campabadal, del Grupo de Convergència i Unió.
Señor Burballa.
El señor BURBALLA I CAMPABADAL: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, recientemente el Comité veterinario permanente de la
Unión Europea ha decidido proponer a la Comisión el levantamiento de
las restricciones de circulación de animales en las comarcas de
Lleida que habían estado afectadas por la peste porcina clásica.
Señora ministra, a este diputado le hubiera gustado que esa decisión
se hubiera tomado antes del verano, al menos parcialmente. De todas
formas, la noticia es positiva en sí misma y quiero, señora ministra,
agradecerle la colaboración de los equipos técnicos y de los
veterinarios de su Ministerio que han trabajado codo a codo con los
del departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat
y con nuestros veterinarios, con el sector, en definitiva, para
conseguir vencer a la peste.
Sin embargo, señora ministra, hemos salido del fuego para caer en las
brasas, porque a continuación desde las últimas semanas,
prácticamente desde el inicio del verano, se ha producido una brusca
caída de precios que compromete seriamente la viabilidad de las
explotaciones, sobre todo de aquellas pequeñas y medianas
explotaciones que mantienen el sector. Señora ministra, por otro lado
nos llegan noticias de que su Ministerio está preparando una
normativa de reestructuración del sector en el aspecto básicamente de
la sanidad animal. En ambos ámbitos, señora ministra, en el de las
medidas que la Administración ha propuesto para paliar esa caída
brusca de precios y en el del sector sanitario, de la sanidad animal,
es en los que creo que debe moverse el futuro del sector. Por ello le
hago la pregunta de qué medidas piensa tomar el Gobierno para
garantizar la competitividad del sector porcino.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Burballa.
Señora ministra de agricultura.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (De Palacio
del Valle-Lersundi): Gracias, señor presidente; gracias, señor
diputado.
Creo que la experiencia de la lucha contra la peste porcina clásica
ha abierto un período de reflexión en las administraciones que
permitirá que esa colaboración que se ha mantenido a lo largo de ese
período se plantee de una manera mucho más articulada y que nos
permita luchar todavía con mayor eficacia, si cabe, en futuras
situaciones similares.
Como sabe S.S., el sector del porcino supone para España, de
producción final agraria, 600.000 millones; somos el segundo
productor de la Unión Europea detrás de Alemania. Es cierto que hemos
tenido unos años con precios muy elevados para los productores, al
margen de los problemas deducidos de la peste porcina clásica, lo que
ha hecho que se produjera en España un aumento importante de la
producción. Eso estaba llevando a una cierta saturación de mercados y
de caída suave de los precios, lo que se ha visto precipitado por la
crisis en Rusia, porque hay que recordar que Rusia supone el 36 por
ciento de las exportaciones de porcino de la Unión Europea. En esa
tesitura, lo que España va a proponer el lunes -ya lo hizo el otro
día en la reunión del Comité de gestión- en el Consejo de Ministros
de Agricultura de la Unión Europea son más medidas, no sólo la ayuda
al almacenamiento privado sino también mayores ayudas a la
restitución para favorecer las exportaciones a terceros países,
además de la eventual posibilidad de tomar medidas absolutamente
extraordinarias como sería proceder a aplicar las de intervención
dentro del sector del porcino. Al margen de esto, hemos presentado en
la última sectorial a las comunidades autónomas una serie de medidas
para adoptar dentro de nuestro país. Obviamente, esas medidas tienen
que llevarse a cabo con plena colaboración y se tienen que aprobar de
acuerdo con las comunidades autónomas y sin merma, en caso alguno, de
lo que son sus competencias. Estamos hablando de medidas de
reordenación zootécnica sanitaria del sector; aumento de las medidas
de control del movimiento de animales; mayor participación de las
agrupaciones de defensa sanitaria. Como muy bien dice S.S.,
fundamentalmente son cuestiones relacionadas con problemas de sanidad
y de medio ambiente. Pero eso no basta. Hay, además, que impulsar la
creación de la interprofesional del sector, algo que echamos en falta
y que yo sé que a S.S. le preocupa tanto como a mí.
Por último, ¿sabe S.S. que en esta última semana ha repuntado un poco
el precio del porcino, que ha subido entre 10 y 15 pesetas el kilo?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
Señor Burballa.
El señor BURBALLA I CAMPABADAL: Muchas gracias, señora ministra.
Su señoría sabe que en el sector ganadero el porcino es en Lleida, en
Cataluña y en España un sector estratégico económicamente. Estas
medidas, las que usted proponga, las que ya se han adoptado en el
comité de gestión y las que puedan adoptarse en el futuro, seguro que
conseguirán paliar la crisis -el hecho de la subida de precio de la
semana pasada ojalá continúe-, pero no sé si van a resolver la
cuestión de fondo; creo que no van a resolver la cuestión de fondo,
que no es otra que la de tener un sector fuerte y preparado para
competir en los mercados internacionales.
Le voy a pedir tres cosas, señora ministra. Primera - y sé que es su
voluntad-, que cualquier normativa que nos traiga a convalidar a esta
Cámara sea consensuada, dialogada y aprobada conjuntamente,
respetando las competencias de las comunidades autónomas. Segunda,
que esta normativa que podamos impulsar y cualquier otra tengan como
objetivo el profesionalizar al sector porcino. Y la tercera -y usted
lo ha dicho porque sabe que me preocupa-, el impulso a la
interprofesión, porque si tenemos una interprofesión fuerte
seguramente conseguiremos que sea el propio sector el que actúe en
circunstancias como las actuales.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Burballa.
- DEL DIPUTADO DON LUIS DE TORRES GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ OPINIÓN TIENE
EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN RESPECTO DEL
ESTABLECIMIENTO DE MODULACIONES DE LAS AYUDAS EN EL SECTOR OLIVARERO
TRAS LA APROBACIÓN DE LA NUEVA OCM? (Número de expediente 180/
001390).
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 27, que formula al Gobierno el
diputado don Luis de Torres Gómez, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor De Torres.
El señor DE TORRES GÓMEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, por parte de algunos diputados de esta Cámara, y con
una insistencia rayana en la terquedad, se viene hablando, con
grandes dosis de demagogia, sobre el establecimiento de modulaciones
en el sector olivarero. Quienes así actúan me consta, porque los
conozco, que lo hacen por despecho y para paliar ante la opinión
pública o el sector menos informado los buenos efectos de la actual y
transitoria reforma de la organización común de mercado. Saben que en
el texto del reglamento, ya publicado en el diario oficial de las
comunidades autónomas, se dice que la ayuda
deberá abonarse íntegramente a los agricultores, lo que significa, ni
más ni menos, que un Estado miembro carece de potestad legislativa
para modificar las cantidades que corresponden a cada olivarero. Lo
saben ciertamente y, sin embargo, ante la opinión pública y para
confundirla insisten. Piden que con las modulaciones se apoye al
olivar menos productivo, siendo así que Andalucía produce el 81 por
ciento y nuestra provincia, mi provincia, Jaén, sólo el 40 por
ciento, lo que se traduciría, según el criterio de este diputado, en
un perjuicio serio para todos los productores andaluces, ya que con
respecto a la superficie cultivada nuestros olivos son los más
productivos. Saben también que las exportaciones que tengan la
consideración de prioritarias, o sea, las gestionadas por
agricultores a título principal y cuya cotización a la Seguridad
Social sea en calidad de autónomo o de trabajador por cuenta ajena,
quedarían fuera de cualquier beneficio derivado de las modulaciones
y, en este caso, son miles y miles los trabajadores dados de alta por
cuenta ajena, según lo que se sabe, y deberían saberlo también, del
proyecto que sobre el tema de las modulaciones circula por los foros
europeos.
En consecuencia y para terminar con todo este cúmulo de despropósitos
le pregunto, señora ministra, lo siguiente: ¿Qué opinión tiene el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación respecto del
establecimiento de modulaciones de las ayudas en el sector olivarero
tras la aprobación de la nueva organización común de mercado del
aceite de oliva?
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De Torres.
Señora ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (De Palacio
del Valle-Lersundi): Gracias, señor presidente.
Partiendo de la base de que la nueva OCM supone más dinero que nunca
para el sector del olivar español -10.000 millones de pesetas más de
lo que ha recibido en los momentos más importantes la aplicación de
esta OCM hasta ahora-, más dinero, insisto, la modulación creo que
está generando efectivamente mucha confusión. Primero, porque es
cierto que con la formulación de la actual OCM es imposible
aplicarla; no hay ese margen para los Estados miembros. Segundo,
porque se está hablando de modulación como una medida general para
toda la política agrícola común en Bruselas y se está hablando de una
cosa completamente distinta de lo que parece ser que quieren decir
aquellos que hablan de modulación para el olivar en España, porque
tampoco se sabe muy bien qué es lo que dicen los que hablan de
modulación para el olivar en España. Lo primero que haría falta es
que se aclararán un poquito de lo que hablan.
En cuanto a la modulación que se propone de tipo general para todos
los cultivos -no sólo para el olivar, porque además, insisto, al
recibir más dinero que
nunca son cosas distintas-, se plantean tres razones: primero,
condicionalidad agroambiental, es decir, exigencia de unas medidas
agroambientales para recibir la plena ayuda. Segundo, condicionalidad
laboral, es decir, pedir unas unidades de mano de obra en función de
las explotaciones concretas. Tercero, un tope máximo o un porcentaje
a partir de ciertas cantidades. Las dos primeras propuestas dentro de
la Unión Europea no están nada claras. Se discuten enormemente
porque, primero, no se terminan de definir en su contenido concreto.
Tampoco se aclara demasiado bien dónde está, por ejemplo, la
condicionalidad agroambiental: ¿es para todos los países lo mismo?
España tiene unas condiciones distintas. Las cuestiones laborales de
mano de obra, ¿de qué manera van? ¿Va en todos los países igual? ¿Con
eso queremos frenar la competitividad de nuestras explotaciones? Eso
está muy discutido y son muchísimos los países que tienen una
posición con reservas como la de España o sencillamente de oposición
frontal. Además, eso supondría encarecimiento y dificultad de
gestión. La última modulación es cobrar a partir de una cierta
cantidad, concretamente a partir de 16 millones de ayuda, en vez del
cien por cien de la ayuda un porcentaje, sólo el 75 ó el 80 por
ciento. Eso se podría hacer sin que supusiera mayor engorro ni mayor
distorsión de la competencia. Esa es la única modulación que siempre
y cuando los ahorros vuelvan a España, y sean para España, el
Gobierno de España puede aprobar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON CARLOS MANTILLA RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁL ES LA
SITUACIÓN DEL ACTUAL PROGRAMA DE FONDOS ESTRUCTURALES PARA LA PESCA
-IFOP-? (Número de expediente 180/001391).
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 28, que formula al Gobierno el
diputado don Carlos Mantilla Rodríguez, del Grupo Parlamentario
Popular.
Señor Mantilla.
El señor MANTILLA RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, el 2 de marzo de 1997 le preguntábamos a usted cuál
era la situación de las ayudas del IFOP, o sea, del instrumento
financiero de orientación pesquera a aquella fecha. Tengo que
recordar que el IFOP había sido aprobado en 1994 y el anterior
Gobierno había tenido año medio, durante su vigencia, y tan sólo
había tramitado el 6 por ciento de las ayudas; ayudas que tengo que
recordar que eran de 250.000 millones de pesetas entre las de la
Unión Europea y la Administración central, más los 150.000 millones
de pesetas
de la financiación privada, lo que suponía una inversión de 400.000
millones de pesetas, inversión que era para la modernización,
renovación, reconversión, creación de empresas mixtas, etcétera. En
aquellos momentos usted me contestaba que en un año y medio el
anterior Gobierno tan sólo había tramitado el 8 por ciento de las
ayudas. El Gobierno popular en menos de 10 meses había situado el
trámite en el 27 por ciento. Ha pasado mucho tiempo desde entonces,
más de un año, y por eso yo quisiera saber cuál es la situación
actual de las ayudas al IFOP. Como usted sabe, señora ministra, se ha
aprobado en abril del año pasado el POP-4, que es el Plan de
orientación de pesca, que tiene una vigencia hasta el 31 de diciembre
del 2001. Usted sabe bien que las ayudas del IFOP finalizan el 31 de
diciembre de 1999. Ahí hay un vacío. Pero estamos totalmente
convencidos de que el Gobierno será capaz de conseguir de la Unión
Europea las ayudas necesarias, porque también tenemos que recordar
una vez más que España ha sido uno de los países miembro de la Unión
Europea que ha cumplido con exceso las exigencias del POP-3. (El
señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la
Presidencia.)
Por tanto, señora ministra, la pregunta es: ¿Cuál es la situación de
las ayudas del IFOP en estos momentos y cuáles son las previsiones
que tiene el Gobierno para las ayudas del IFOP durante la vigencia
del POP-4, que cuando menos esperamos y deseamos que tenga un futuro
mucho mejor?
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mantilla.
Señora ministra de Agricultura.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (De Palacio
del Valle-Lersundi): Gracias, señor presidente.
Como muy bien decía S.S., la verdad es que nos encontramos con un
programa poco ejecutado, poquísimo diría yo; en marzo de 1997 ya
habíamos multiplicado por tres esa ejecución y en este momento lo
hemos multiplicado por más de diez.
Puedo decir que lo que es programa operativo para regiones Objetivo
1, el IFOP, en lo que se refiere a compromisos tiene ejecutado el 70
por ciento y pagado ya el 52 por ciento. En cuanto al resto de
regiones -es decir, las que están fuera del Objetivo 1- con los
compromisos alcanzan el 84 por ciento y los pagos el 63 por ciento.
Con ello, señoría, hemos despejado las dudas que tenía y venía
manifestando la Comisión sobre la capacidad de España para ejecutar
los programas de IFOP y, por tanto, de agotar los fondos que nos
habían sido asignados.
Tengo que destacar, además de esta cuestión que ha merecido la
felicitación de la Comisión Europea con motivo de la reunión última
del comité de seguimiento de ejecución de fondos de IFOP, que esto
está permitiendo hacer un mayor hincapié en lo que es renovación
de la flota, ya que es uno de los ámbitos que había tenido hasta
el momento más baja ejecución y que actualmente ocupa el primer
ámbito de esa ejecución de los fondos IFOP, por ser una apuesta
decidida y firme de este Gobierno el mantener un sector moderno,
competitivo y aumentar la seguridad de nuestras gentes de la mar.
Quiero recordarle, por último, que esto nos va a permitir no sólo
conseguir el cien por cien de ejecución para los fondos que teníamos
asignados, sino que nos coloca en muy buena posición para la
negociación de fondos IFOP en el nuevo tramo.
Es cierto que el POP-4 prevé una financiación hasta el año 2001, es
cierto que las perspectivas financieras se agotan en 1999, pero estoy
segura, como ahora explicaré con más detenimiento, de que vamos a
conseguir mantener un apoyo a nuestro sector pesquero a pesar de que
hay que cambiar sensiblemente lo que es la propuesta inicial de la
Comisión, que no nos satisface. En cualquier caso plantea el seguir
manteniendo los fondos IFOP.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON LUIS MARQUÍNEZ MARQUÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ ACCIONES HA
EMPRENDIDO EL GOBIERNO EN DEFENSA DEL SECTOR PESQUERO A PARTIR DE LA
AGENDA 2000 Y DE SU DESARROLLO LEGISLATIVO (Número de expediente 180/
001392).
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 29, que formula don Luis
Marquínez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Señor Marquínez, tiene la palabra.
El señor MARQUÍNEZ MARQUÍNEZ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, buenas tardes. Todos sabemos, y probablemente les
moleste a algunos grupos de los bancos de enfrente, que está usted
haciendo un gran esfuerzo en favor del sector pesquero y del sector
agrícola español en Europa, y naturalmente la repercusión
correspondiente que se tiene en España. Sabemos que está haciendo un
gran esfuerzo, repito, y además no un esfuerzo gratuito sino un
esfuerzo exitoso, como diría un sudamericano de pura cepa. Esto ha
sido patente en el tema del olivar, en el cual se han obtenido éxitos
sin precedentes, incluso invitamos a la señora ministra de Medio
Ambiente, que también está aquí, a que se siga en el trabajo sobre el
bromuro de metilo, que tanto afecta a nuestros cultivos de fresa, ya
que es importante mantener los compromisos que había al respecto para
que el sector fresero no sufra las consecuencias,
recordando, por si alguien se llama a engaño en este sentido, que
cuando se trató del mismo tema en pesca, el famoso ácido bórico que
afectaba como conservante a la pesca, el Gobierno de entonces, del
Partido Socialista, no dudó en cancelar esa protección sobre el
sector pesquero de forma inmediata y fulminante sin tener ninguna
consideración hacia los pescadores, cosa que ahora, sin embargo, sí
se está haciendo en relación con el sector fresero, y repito que
invitamos los diputados andaluces a que se haga, y con mucho cariño,
para que el sector no sufra ningún daño.
Lo mismo que se preocupa la ministra por el sector agrícola, sabemos
que se preocupa por el sector pesquero -y son grandes las zozobras de
dicho sector pesquero-, lo mismo que nos preocupamos los diputados
del Partido Popular, habida cuenta de que en tan estrecho turno de
preguntas dos de ellas han ido destinadas a la pesca por miembros del
Grupo Popular. No parece que en otros grupos haya la misma
preocupación por ese sector tan importante para nuestra economía.
El sector pesquero en estos momentos se encuentra, lo sabemos, en
fase de estudio muy concienzudo por parte del Ministerio, que está
elaborando la primera ley de pesca que va a haber en este país, y
esperemos que vea la luz dentro de poco. Existe preocupación por la
regulación de la pesca marítima, la normativa básica de ordenación
pesquera, la normativa básica de la actividad comercial pesquera y
todos los factores que afectan a ese sector. No obstante, es en
Europa donde nace nuestra primera preocupación, donde nacen nuestros
primeros intereses y es Europa lo que origina la pregunta que le
hacemos ahora mismo a la ministra: ¿Qué acciones ha emprendido el
Gobierno en defensa del sector pesquero a partir de la Agenda 2000 y
de su desarrollo legislativo?
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Marquínez.
Señora ministra, tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (De Palacio
del Valle-Lersundi): Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, es preocupación del Gobierno, y del Partido Popular en
general, el sector pesquero y la modernización de nuestra flota, y
quiero decir que, como referí hace un momento, la utilización de los
fondos IFOP son un elemento clave para esa modernización y para la
mejora de la seguridad de nuestra gente de la mar. Tengo que añadir
que la propuesta que aparece en la Agenda 2000 para este capítulo no
nos satisface, y no sólo no satisface al Gobierno, sino tampoco al
sector y yo creo que a nadie. No nos satisface porque se contienen
limitaciones territoriales y de población que pueden hacer que zonas
pesqueras queden fuera de esos fondos IFOP, sobre todo en lo que son
zonas fuera de Objetivo 1. Así, la regulación respecto a ese tipo de
zonas es enormemente peligrosa y aleatoria
y plantea que la financiación se haga a través del Feoga-garantía,
con todos los problemas que ello puede concertar. Pero como mantiene
la regionalización a ultranza de la programación de fondos, y al
haber regiones que van a cambiar de situación con tratamientos
transitorios, ello puede conducir a una extraordinaria proliferación
del número de programas a elaborar y las dificultades
correspondientes. Además, la propuesta del reglamento no contiene la
relación de acciones estructurales que se van a aplicar durante los
próximos siete años de programación, ni cómo será la programación
para las zonas no cubiertas por los fondos estructurales.
Todas estas deficiencias nos han llevado a desarrollar una serie de
reuniones no sólo con la Comisión, sino también con la gente que está
en el Parlamento Europeo y que se ocupa de las cuestiones de pesca y
con los distintos países de la Unión Europea más interesados por el
sector pesquero.
Por tanto, señor Marquínez, nosotros esperamos -y yo me he reunido en
varias ocasiones con la Comisaría Bonino para trasladarle mi
preocupación por estas cuestiones- que a lo largo de los meses que
quedan por delante podamos llevar a cabo unos cambios sustanciales
que permitan garantizar la existencia de esos fondos IFOP para toda
nuestra costa -sin discriminación zonal, sino para todas las
poblaciones afectadas- y, además, una mayor definición que permita
dar unas más grandes seguridades a todo nuestro sector pesquero.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON ANTONIO MARÍA ARAGONÉS LLORET, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿TIENE
EL INSALUD PREVISTAS NUEVAS ACTUACIONES EN MATERIA DE CONCIERTOS CON
SERVICIOS SANITARIOS AJENOS? (Número de expediente 180/001393).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Preguntas
dirigidas al señor ministro de Sanidad y Consumo. Pregunta número 30,
que formula don Antonio Aragonés Lloret, del Grupo Parlamentario
Popular.
Señor Aragonés, tiene la palabra.
El señor ARAGONÉS LLORET: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro de Sanidad, la Ley General de Sanidad contempla en su
articulado la posibilidad de que los recursos sanitarios existentes y
que no sean de titularidad pública se complementen con ésta en
aquellos casos que se considere necesario. Por otro lado, no es
novedad la puesta en práctica de esta medida, ya que se viene
realizando durante años y su finalidad es la de
establecer conciertos con servicios externos para mejorar la
asistencia sanitaria a los ciudadanos. Nos consta que por parte del
Ministerio de Sanidad se sigue un procedimiento planificado y que los
resultados obtenidos han hecho mejorar la eficiencia sanitaria en
aras de que el ciudadano sea atendido lo antes posible y con garantía
de recibir una calidad asistencial óptima. Asimismo, nos consta que
el Ministerio que usted dirige no realiza esta planificación como se
hacía en etapas del anterior Gobierno, que adjudicaba estos servicios
externos bien directamente, bien con una simple autorización.
Señor ministro, nuestro grupo parlamentario entiende que existe una
legislación que establece de manera muy clara las normas en las que
deben basarse estos conciertos. Somos conscientes de la importancia
que tiene el cumplimiento de estas normas para una mejor atención al
ciudadano y un perfecto control por parte de la Administración de
dichos conciertos con entidades que no son de titularidad pública.
Por todo lo anterior, y teniendo en cuenta la importancia que tiene
este tema para todos, le pregunto, señor ministro de Sanidad, lo
siguiente: ¿Que actuaciones tiene previstas el Insalud en materia de
conciertos?
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Aragonés.
Señor ministro de Sanidad y Consumo, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas
gracias, señor presidente.
Los servicios sanitarios ajenos, como muy bien ha recordado S.S., se
conciertan desde los criterios de oportunidad, complementariedad y
subsidiariedad sobre los medios propios del Insalud. Las acciones
previstas para los próximos meses en materia de asistencia concertada
para apoyar el desarrollo de los objetivos asistenciales del
instituto -demora quirúrgica y diagnóstico, plan de la mujer, 061,
plan de calidad, etcétera-, y para ordenar y reorientar las
prestaciones tradicionalmente concertadas en orden a mejorar su
eficacia, eficiencia y calidad, no van a suponer en ningún caso un
incremento excepcional del presupuesto dedicado a esta actividad,
sino que las cuantías económicas se mantienen en los límites
habituales de otros ejercicios, estableciéndose para el de 1999 un
incremento del 5,33 por ciento sobre el presupuesto del año anterior.
Vamos a seguir avanzando en la línea de someter el procedimiento a la
legalidad vigente, respetando los principios de publicidad y libre
concurrencia, eliminando las autorizaciones de uso y la contratación
directa a que se refería S.S., y vamos a realizar una planificación
más eficiente de las prestaciones tradicionalmente concertadas.
A estos efectos, vamos a convocar concursos para el otorgamiento de los
contratos marco para procedimientos diagnósticos por imagen y
litotricia, procedimientos diagnósticos y terapéuticos sobre medios
móviles, procedimientos quirúrgicos, otros procesos diagnósticos y
terapéuticos, radioterapia, pruebas alérgicas, rehabilitación y otras
pruebas complementarias; vamos a modificar y ampliar los conciertos
de transporte sanitario para favorecer la implantación del sistema de
emergencia 061; vamos a extender y explorar nuevas fórmulas de
colaboración con los hospitales militares dependientes del Ministerio
de Defensa; vamos a revisar la ubicación de los centros de diálisis
con objeto de aproximar lo más posible el servicio sanitario al
ciudadano; vamos a plantear una nueva estrategia de concierto para
terapia respiratoria domiciliaria, y vamos a generalizar de forma
progresiva el sistema de concierto por proceso, procedimiento o
casuística atendida frente al concierto por estancia, UPA u otros
procesos intermedios.
Con estas medidas confiamos racionalizar y mejorar la utilización de
los servicios concertados.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JUAN ANTONIO GIL MELGAREJO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO
DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿PUEDE INFORMAR EL GOBIERNO SOBRE LOS OBJETIVOS
DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD QUE AHORA SE EMITE, DE PREVENCIÓN DEL
SIDA? (Número de expediente 180/001394).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
31, que formula don Juan Antonio Gil Melgarejo, del Grupo
Parlamentario Popular.
Señor Gil Melgarejo, tiene la palabra.
El señor GIL MELGAREJO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro de Sanidad y Consumo, como usted sabe, la infección
por el virus de inmunodeficiencia humana es uno de los principales
problemas de salud pública que tiene planteados nuestro país, y
aunque en España la epidemia de sida comenzó más tardíamente que en
el resto de Europa, en pocos años, lamentablemente, hemos ido
escalando los primeros puestos en número de casos hasta convertirnos
en el país que más casos aporta a las cifras europeas, siendo la
población que sufre una mayor afectación por el sida. En 1996, señor
ministro, la tasa de incidencia de sida por millón de habitantes en
nuestro país fue de 152, casi el doble que en los países que le
siguen.
De acuerdo con este ritmo de aparición de casos, en España se estaría
diagnosticando ahora un nuevo caso de sida al año por cada 6.500
habitantes, siendo el número de personas infectadas por el VIH mucho
mayor. En 1993, la mortalidad por sida aumentó un 22 por ciento con
respecto al año anterior, constituyendo, a partir de esa fecha, la
primera causa de muerte entre los españoles
de 25 a 44 años. No obstante, parece haber indicios de una reducción
reciente de la mortalidad.
En España, señor presidente, señorías, el 80 por ciento de los casos
de sida se relacionan directa o indirectamente con el consumo de
drogas por vía parenteral. Este hecho hace algo distinta nuestra
epidemia de la del resto de Europa, dificultando el éxito a corto
plazo de las medidas de prevención que han proporcionado mejores
resultados con otras prácticas de riesgo.
Señor ministro, el sida no sólo es un problema sanitario, sino
también social y económico; afecta a colectivos jóvenes en plena
etapa productiva y genera un gran sufrimiento individual, familiar y
social. La aparición de esta enfermedad ha revolucionado las
estructuras sanitarias y sociales e incluso ha cambiado las reglas de
convivencia de los ciudadanos. El sida es una enfermedad
esencialmente condicionada por la conducta humana.
Por estos motivos, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, y
pensando que la actual campaña publicitaria sobre el VIH sida es
parte integrante de los objetivos que se ha trazado el Ministerio en
esta materia, le formulo la siguiente pregunta: ¿Puede informar el
Gobierno sobre los objetivos de la campaña de publicidad de
prevención del sida que ahora se emite?
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Gil Melgarejo.
Señor ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas
gracias, señor presidente.
Como muy bien ha recordado S.S., el sida es, en efecto, uno de los
problemas más graves de salud pública, con la trascendencia de tipo
social a que se ha referido también S.S., y la mayor causa de muerte
en la población joven, incluso por encima de los accidentes de
tráfico. De 49.000 casos diagnosticados en España hasta 1997, el 54
por ciento han fallecido.
Las distintas estrategias de prevención desarrolladas en los últimos
años -nosotros, por cierto, incrementamos el presupuesto un 300 por
ciento- y los nuevos antirretrovirales, han permitido una reducción
del número de nuevos casos en un 25 por ciento, y en algunas
comunidades autónomas en un 50 por ciento el número de
fallecimientos. Pero no podemos ser triunfalistas. Todos los estudios
realizados demuestran que el nivel de conocimiento de la población
española sobre los mecanismos de transmisión de la infección por VIH
es muy elevado: más del 80 por ciento los conoce correctamente y su
actitud hacia la información como medida de prevención de la
enfermedad es muy positiva. No obstante, todavía es frecuente
identificar erróneamente el riesgo de infección con determinados
vehículos de transmisión: saliva, objetos personales y prácticas
(recibir o donar sangre), o con determinados colectivos. Por este
motivo es necesario mantener e incrementar el grado de información de
la población
sobre la infección por VIH sida y las conductas que favorecen su
transmisión mediante nuevas campañas a través de los medios de
comunicación y promover conductas sexuales saludables, al tiempo que
se trata de inculcar actitudes positivas y solidarias frente a este
grave problema de salud pública y social.
Por ello, desde el pasado mes de julio, y hasta el próximo mes de
noviembre, el Ministerio de Sanidad está desarrollando una campaña
audiovisual, dirigida a toda la población, que tiene los siguientes
objetivos: seguir insistiendo en la importancia de mantener prácticas
sexuales seguras, mejorar el apoyo y la integración de los pacientes
y de los drogodependientes en los programas de reducción del daño y,
por último, evitar que los ciudadanos tengan una percepción menor del
riesgo de la infección por VIH en una etapa en la que los casos de
sida, afortunadamente, han descendido, como antes he recordado, en un
25 por ciento.
En material audiovisual se utiliza lo mismo que en las campañas de
1995, 1996 y 1997, y esta campaña ha supuesto un coste de 200
millones de pesetas, estando enmarcada dentro del Plan territorial de
lucha contra el sida.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA CARMEN ROMERO LÓPEZ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ INVERSIONES ESTÁ REALIZANDO
EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE EN MATERIA DE SEGURIDAD DE PRESAS?
(Número de expediente 180/001385).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Preguntas
dirigidas a la señora ministra de Medio Ambiente. Pregunta número 22,
que formula doña Carmen Romero López, del Grupo Socialista.
Señora Romero, tiene la palabra.
La señora ROMERO LÓPEZ: Señora ministra, los últimos años han sido de
graves inundaciones, sobre todo con gran efecto en Andalucía y en
Cádiz; inundaciones en Jerez que en parte se podrían haber evitado;
presas sin terminar con riesgo para poblaciones; denuncias en prensa
de técnicos de las confederaciones hidrográficas; acuerdos del
Consejo Económico y Social y del Consejo de Medio Ambiente; plenos de
distintas corporaciones; hoy mismo, manifestación en Sevilla por el
resultado de la resolución de cobertura de su propio Ministerio para
aumentar el personal.
Puede referirse S.S. a la Administración anterior, a las que no son
de titularidad estatal, a que nosotros mismos generamos alarmismo,
pero hoy quisiera preguntarle, señora ministra, ¿qué inversiones
tiene previsto y ha realizado durante este año el Ministerio de Medio
Ambiente en seguridad de presas y embalses?
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Romero.
Señora ministra, tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Señora
Romero, desde el año 1996, 4.327 millones de pesetas.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
Señora Romero, tiene la palabra.
La señora ROMERO LÓPEZ: Tiene un nombre la situación que estamos
viviendo, señora ministra. Ese nombre es tajo en el presupuesto
destinado a seguridad de presas y embalses. Usted sabe que desde el
año 1996, en el programa 512.A -lo tiene por escrito-, el presupuesto
ha disminuido exactamente a la mitad en seguridad de presas y
embalses. La guardería fluvial, señora ministra -no me gustaría estar
haciéndole hoy esta pregunta- es escasísima, por no decir casi
inexistente en la provincia de Cádiz, y usted lo sabe. Hay pantanos,
como el de Guadalcacín, con 800 hectómetros cúbicos, que no están
terminados.
Usted está incumpliendo la legislación, y lo sabe perfectamente. O no
se ha enterado, señora ministra, o está demostrando una incompetencia
que sólo se puede compadecer con la prepotencia de la que a veces
hace gala. Por eso quisiera decirle que no tiene más que ver cuáles
son las presas de titularidad estatal en la provincia de Cádiz y el
riesgo al que pueden estar sometidas algunas poblaciones. Las que
están clasificadas como A, usted sabe perfectamente, señora ministra,
son presas cuya rotura o funcionamiento puede afectar gravemente a
núcleos urbanos o servicios esenciales, así como producir daños
medioambientales muy importantes. Y sabe usted también que la mayoría
de ellas no están clasificadas, no tienen normas de explotación ni
planes de emergencia. A estas alturas yo no le haría esta pregunta si
la situación no fuera realmente grave y no se estuviera denunciando
por los propios técnicos de las confederaciones hidrográficas, si no
estuvieran los sindicatos gravemente preocupados, si no estuviera la
población pensando que hay situaciones que se podrían haber evitado.
Pero le he oído decir en otras ocasiones que las catástrofes las
puede mandar Dios. Señora ministra, en esta ocasión hay catástrofes
que se pueden prever perfectamente y está en su mano preverlas, pero
no ha sido así cuando ha reducido prácticamente a la mitad el
presupuesto del año 1996 con respecto al de 1998. Esa es la situación
que estamos viviendo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Romero.
Señora ministra, tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Señora
Romero, dejemos a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del
César. Lo que me sorprende es esa preocupación y ese énfasis que pone
usted ahora mismo como diputada por Cádiz, por ejemplo, por el tema
de la seguridad de las presas. Usted era diputada por Cádiz con
anterioridad y con responsabilidades que creo que atañen bastante
directamente a un Gobierno que estuvo mandando en España durante 14
años; por tanto, no nos acuse ahora mismo de incumplir la legalidad,
cuando quiero recordarle, señora Romero, que hasta marzo de 1996
España no tuvo un reglamento técnico sobre seguridad de presas
y embalses, el cual hemos puesto en funcionamiento, y estamos acudiendo
nosotros, precisamente, a elaborar esa clasificación de presas que no
nos hemos encontrado hecha, señora Romero.
Quiero decirle, con respecto a la cuantía que usted me pregunta, que,
evidentemente, 4.327 millones de pesetas puede parecer una
insignificancia, pero son muchas las necesidades que hay en España y
es el presupuesto que tenemos. Y quiero decirle que me siento
satisfecha de cómo por lo menos hemos puesto en marcha unos planes de
emergencia ante el riesgo de rotura o accidente grave en las presas,
con una serie de inversiones muy concretas: en acondicionamiento de
dispositivos de desagüe, 1.706 millones de pesetas; en
perfeccionamiento de dispositivos de auscultación, 163 millones de
pesetas, y en acondicionamiento eléctrico de sistemas de suministro
de energía, 92,2 millones de pesetas.
Evidentemente, no es suficiente, señora Romero, y por eso estamos
trabajando en esta línea, pero créame que, sin ningún afán
triunfalista, sin ninguna prepotencia, afortunadamente en este
momento podemos estar hablando de catástrofes hipotéticas en el
planteamiento que usted me hace, y la misma hipótesis de trabajo
estamos teniendo durante los dos años que estamos siendo responsables
del Gobierno que durante los 14 años suyos, en los que yo creo que S.
S. debía haber tenido bastante influencia para haber podido cambiar
la situación.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
ministra.
- DE LA DIPUTADA DOÑA CRISTINA NARBONA RUIZ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA A LA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE: ¿QUÉ RAZONES
HA TENIDO LA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE PARA PROPICIAR LA
DESAPARICIÓN DEL CONSEJO ASESOR DE MEDIO AMBIENTE? (Número de
expediente 180/001386).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
23, que formula doña Cristina Narbona, del Grupo Parlamentario
Socialista.
Señora Narbona, tiene la palabra.
La señora NARBONA RUIZ: Gracias, señor presidente.
Señora Tocino, todo el mundo sabe de sobra que a usted no le
entusiasmó en absoluto ser nombrada ministra de Medio Ambiente,
seguramente porque aspiraba a tareas más importantes. ¿Ese desprecio
hacia el medio ambiente y hacia quienes lo defienden es quizás una de
las razones por las que ha propiciado la muerte lenta del Consejo
Asesor de Medio Ambiente? ¿Hay otras razones, señora ministra, para
su reiterado incumplimiento de todos los compromisos que asumió usted
hace más de un año, cuando comenzaron las deserciones del Consejo
Asesor?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Narbona.
Señora ministra, tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señora Narbona.
Desde luego, quien ha despreciado el medio ambiente es usted pensando
que éste no es un ministerio importante, quizás porque no tuvo la
oportunidad de que le dieran la cartera de ministra de Medio
Ambiente. (Rumores.) En cualquier caso, lo que S.S. formula no es una
pregunta, yo creo que es un deseo que le gustaría ver realizado: que
efectivamente el CAMA hubiera muerto y que la ministra de Medio
Ambiente fuera, como usted dice, quien lo ha propiciado, pero el CAMA
sigue existiendo.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
ministra.
Señora Narbona, tiene la palabra.
La señora NARBONA RUIZ: Ministra, no me ha querido usted dar las
razones de su incumplimiento reiterado frente a los miembros del
Consejo Asesor. Las razones de quienes se han ido del Consejo Asesor
las conocemos y las conoce toda la opinión pública, y se resumen en
una: su absoluta incapacidad de diálogo, ministra. Y además se le
nota a usted mucho que no necesita el asesoramiento de nadie, ni
siquiera de los propios asesores que usted nombra en su gabinete y
que aguantan muy poco tiempo con usted, hartos de su arrogancia. Un
consejo asesor está para asesorar y usted no se deja asesorar,
ministra. La prueba es que ninguno de los textos legales que ha
traído a esta Cámara tiene el apoyo del Consejo Asesor, que en sus
informes los ha descalificado a todos ellos, incluso a normas que
todavía no ha traído aquí, como la reforma de la Ley de Aguas. Va a
haber que blindar al Consejo Asesor contra ministros como usted, que
no se dejan asesorar. Por eso nuestro grupo traerá a esta Cámara una
iniciativa legal que convierta en preceptivos los informes del CAMA
previos a la aprobación de un proyecto de ley, para que usted o quien
le suceda en el
cargo esté obligado a escuchar a la sociedad, aunque no le apetezca.
Ministra, no haga además quedar en ridículo a su propio presidente
haciéndole decir aquí hace un rato que el Gobierno ha hecho todos los
esfuerzos posibles para evitar la muerte del Consejo Asesor de Medio
Ambiente. ¿Pero dónde están esos esfuerzos, ministra? ¿Qué es lo que
ha hecho usted para evitar lo que no nos haya contado todavía? ¿Qué
es lo que va a hacer ahora? Lo más grave, ministra, es que, para
hacer lo que usted ha estado haciendo en materia de política
ambiental, desde luego no necesita ningún consejo, lo sabe hacer
perfectamente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Narbona.
Señora ministra, tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señor presidente.
Quizás el quid de la cuestión, como usted acaba de reconocer, es que
cuando ustedes crearon un consejo lo llamaron consejo asesor y ahora
se dan cuenta de que quieren un consejo preceptivo.
Señora Narbona, esa capacidad de diálogo que no me acepta, y que
desde luego es el talante del Ministerio de Medio Ambiente, ha
producido frutos más importantes que los que un mal entendido
concepto de diálogo y de negociación, del que usted puede conocer muy
directamente como secretaria de Estado que fue del entonces ministro
Borrell, impidió que España tuviera unos planes de cuenca, porque no
supo dialogar, no supo negociar no con un consejo asesor de
ecologistas y de sindicatos como Comisiones Obreras y UGT, que son
los que se han autoexcluido del CAMA, sino con representantes de su
mismo partido que estaban en el Gobierno, por ejemplo, de Castilla-La
Mancha. Dése usted cuenta cómo no pueden dar lecciones de talante
negociador y de talante de diálogo. Se han producido consensos en
político hidráulica como no se conocían en España.
Señora Narbona, me encantaría, como ministra de Medio Ambiente, que
estuviera funcionando el Consejo Asesor de Medio Ambiente para las
funciones que ustedes le asignaron: asesorar en materia
medioambiental al Gobierno. Créame que la influencia en materia
medioambiental depende exclusivamente, en el Gobierno, de que esos
miembros quieran trabajar o no. Unos se autoexcluyeron al principio,
a pesar de que convocamos a todos, incluso a los que no quisieron
trabajar con ustedes, que también les abandonaron del Consejo Asesor
de Medio Ambiente; les convocamos nuevamente; las asociaciones
ecologistas se autoexcluyeron al principio, ahora se autoexcluyen
organizaciones sindicales como Comisiones Obreras y UGT.
Le vuelvo a repetir la intención absoluta de seguir tendiendo puentes
de diálogo con el Consejo Asesor de Medio Ambiente, pero considero
que son importantes
los que siguen trabajando y asesorando al Ministerio en los grupos de
trabajo que continúan funcionando.
Usted no puede decir que se traen las leyes sin haber pasado los
borradores y los anteproyectos por el Consejo, porque los grupos de
trabajo están funcionando. Han hecho varios informes sobre distintas
leyes que ya hoy son anteproyectos de ley. Desde luego seguiremos en
esa línea de tender puentes de diálogo si la otra parte quiere
aceptarlos.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
ministra.
- DE LA DIPUTADA DOÑA PILAR RAHOLA I MARTÍNEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PODRÍA EL GOBIERNO
EXPLICAR EL CALENDARIO DE LAS OBRAS DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DE LA N-
340, ESPECIALMENTE EN ZONAS DE ALTAFULLA, TORREDEMBARRA, VALLIRANA Y
EL RESTO DE LOCALIDADES AFECTADAS EN CATALUÑA? (Número de expediente
180/001374).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Preguntas
dirigidas al señor ministro de Fomento.
Pregunta número 12, que formula doña Pilar Rahola Martínez, del Grupo
Parlamentario Mixto.
Señora Rahola, tiene la palabra.
La señora RAHOLA I MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.
Cataluña tiene pendientes numerosas inversiones para el período 1998-
2001 de carácter ineludible. Varias de ellas pertenecen a las obras
de ampliación y reforma de la N-340, que presenta diversos puntos
conflictivos, en especial a su paso por Tarragona, Altafulla,
Torredembarra, etcétera. En algunos tramos, como el de Tarragona y
Altafulla, registra un tránsito superior a 29.000 vehículos diarios,
lo que provoca frecuentes embotellamientos en determinadas horas y
especialmente los fines de semana, sin que exista ninguna alternativa
circulatoria viable para los automovilistas. Asimismo, mantiene un
elevado índice de accidentes, por ejemplo el 1 de septiembre, con
cinco muertos y 10 heridos el último. ¿Podía el Gobierno explicar el
calendario de las obras de reforma y ampliación de la N-340,
especialmente en las zonas de Altafulla, Torredembarra, Vallirana
y el resto de localidades afectadas en Cataluña?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Rahola.
Señor ministro de Fomento, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoría, la respuesta será excesivamente larga, por lo que no sé si
tendré tiempo.
Con carácter de síntesis, le puedo reseñar que en estos momentos
obras en ejecución o ya licitadas en la N-340 hay inversión por valor
de 21.333 millones de pesetas y comprenden 29,4 kilómetros. En fase
de estudio o proyecto hay 16.000 millones de pesetas pendientes y 18
kilómetros 600 metros. Con carácter concreto, la variante de
Altafulla y Torredembarra está en obras, con 3.359 millones de
pesetas y nueve kilómetros; se terminará a principios del año 2000.
La variante de Cervelló, que tiene un altísimo coste, 12.000 millones
de pesetas para seis kilómetros y medio, se licita antes del 31 de
diciembre. La variante del puerto de Ordal, un tramo de dos
kilómetros, está en ejecución; la inversión es superior a los 300
millones de pesetas. La variante de Santa Margarida está actualmente
en realización conjunta con la de Arbós-La Rápita. Son siete
kilómetros y 1.700 millones de pesetas de inversión. En estos
momentos una parte de las obras está detenida como consecuencia de la
aparición de un modificado que está en tramitación administrativa. La
variante de Vilaseca está en servicio la primera fase y las obras de
la segunda fase serán licitadas antes del 31 de diciembre del
presente año, 4 kilómetros y medio, 3.200 millones de pesetas. En lo
que afecta a los estudios y proyectos que se seguirán licitando en el
transcurso del próximo año, está la variante de Vallirana, la llamada
variante de Hospitalet del Infant-Vilaseca y el tramo de TarragonaLa
Mora; todos ellos podrán iniciar su ejecución a finales del próximo
año 1999 o a principios del 2000.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, le doy también las gracias puesto que la información
es enormemente valiosa para Cataluña, especialmente porque este tramo
es muy conflictivo y ha llegado a un punto de colapso que implica no
sólo una siniestralidad muy alta, sino también -como ustedes saben-
un conflicto incluso ciudadano que ha llevado a hacer manifestaciones
cada fin de semana con el colapso subsiguiente.
Sin embargo, le querría preguntar si, más allá de los planes
previstos e incluso conocidos, hay una voluntad de priorizar de
manera especial con carácter de urgencia los tramos más conflictivos;
es decir, no esperar hasta el 2001 -como parecía que eran las
previsiones-, sino poder estar hablando, como el señor Viralta dijo
cuando estuvo en Reus hace poco, y tengo aquí el Diario de Tarragona,
de tener obras muy concretas a finales del año 1999. En todo caso,
quería preguntarle si habrá una voluntad de priorizar aún más estas
obras que desde 1984 son obras calificadas como tramo conflictivo por
el Gobierno del Estado y que, sin embargo,
no hay manera de conseguir acabar. Querría saber si tienen carácter
de urgencia, si están tipificados todos los presupuestos, saber qué
va a ocurrir con los peajes, con la gratuidad de la A-7 en Tarragona
y cuándo se levantan estos peajes, puesto que no se puede utilizar
ninguna otra variante. Usted sabe que hay un conflicto en este
sentido, que no se sabe qué va a pasar con Acesa, quién va a asumir
esos peajes, si van a ser realmente o no gratuitos; en definitiva,
cómo se van a acabar.
Por tanto, he de decirle que, a pesar de que el nivel de información
que usted ha dado me es satisfactorio, no lo es tanto la voluntad de
priorizar esta obra por parte del Gobierno. Entiendo que hay más
voluntad de mantener los plazos ya concebidos, algunos no del todo
estables, que no priorizar con carácter de urgencia los necesarios.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señora
Rahola, creo que una inversión en ejecución de 21.000 millones
reflejan una voluntad prioritaria. Si me pregunta por la aceleración
de las obras le diré que haremos todo lo posible, como es lógico, por
acelerarlas especialmente en los puntos conflictivos. No se le oculta
a la señora diputada que hay zonas tan delicadas de construcción que
es difícil acelerar las obras. En cualquier caso, presionaremos a las
empresas constructoras para que efectivamente terminen antes del
plazo previsto.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ JUAN GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA, DEL GRUPO
VASCO (EAJPNV), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ VALORACIÓN REALIZA EL
MINISTERIO DE FOMENTO DEL GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES EN
INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALIZADAS EN EUSKADI PARA EL EJERCICIO DE
1998? (Número de expediente 180/001377).
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 14, que formula don José Juan
González de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco, PNV.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro de Fomento, el Gobierno y el Grupo Parlamentario Vasco
pactaron las partidas de inversiones territorializadas en Euskadi
para 1998, hace ahora precisamente un año. Entre otras, en las
materias de su competencia tenemos que reconocer desde el Grupo
Parlamentario Vasco que, por ejemplo en telecomunicaciones,
los pactos han sido razonablemente cumplidos, por lo que le
felicitamos a usted y a su equipo. Sin embargo, llegado el otoño este
grupo parlamentario constata las dificultades de ejecución de las
distintas partidas presupuestarias en infraestructuras y quisiéramos
saber por qué.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor González de Txabarri.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoría, en estos momentos, por la información que me suministran los
servicios técnicos, no tengo conciencia de que haya ninguna inversión
importante realmente retrasada. Puedo hacerle un repaso. Para
inversiones en ferrocarriles, renovaciones de vías y mejora de
instalaciones hay una inversión presupuestaria prevista de 899
millones de pesetas, y van invertidos hasta el presente mes 877
millones de pesetas; supresión de pasos a nivel, 146 millones
presupuestados, 97 ejecutados; construcción de la nueva estación de
ferrocarril en el puerto de Bilbao, se ha autorizado la licitación de
las obras en un reciente Consejo de Ministros y está prevista la
adjudicación de la obra por una cuantía de 1.029 millones de pesetas.
En lo que afecta a los puertos, señoría, en los presupuestos del
Estado figura una inversión de 9.400 millones de pesetas; en este
momento el 60 por ciento está ya gastada o comprometida;
concretamente en el puerto de Bilbao de 8.160 millones se han gastado
ya 5.300 y en el puerto de Pasajes de 1.243 millones se han gastado
782.
En lo que afecta a las inversiones en los aeropuertos, el ritmo de
las obras se califica de normal; se gastará la cantidad prevista; hay
en estos momentos presupuestados 5.000 millones de pesetas, y
probablemente se agotará el crédito presupuestario al final del
ejercicio. Concretamente el aeropuerto de Sondica lleva la principal
inversión, 3.862 millones de pesetas, en el presente ejercicio, y hay
que tener en cuenta que la ejecución del proyecto de Calatrava es
técnicamente muy compleja, hasta el punto de que ha habido que hacer
dos modificaciones sustanciales del proyecto y eso necesariamente
implica un retraso de las obras, pero las partidas están
presupuestadas y, por tanto, la ejecución estricta, la obra en
sentido técnico, depende de las posibilidades que tenga la propia
empresa constructora en función de las dificultades técnicas del
proyecto.
Entiendo, señor González de Txabarri, que las inversiones del
Ministerio de Fomento van a un ritmo normal de ejecución y más bien
diría yo que con un ritmo alto de ejecución presupuestaria para la
fecha del año en que nos encontramos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Señor González de Txabarri.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor presidente.
Yo creo, señor ministro, que la diferencia radica en la distancia que
existe entre lo que sostienen los papeles y la visión de las obras en
ejecución. Tiene razón en que con criterios de seguimiento
presupuestario esos datos son ciertos y rigurosos y no tenemos
nosotros otros distintos. La perspectiva distinta se adquiere al ir
a pie de obra y constatar la realidad de esos proyectos. Quizá, como
usted ha indicado muy bien, el aeropuerto de Sondica en Bilbao es
emblemático desde dicha perspectiva; unas obras que hace cinco años
razonablemente tenían que haber culminado se encuentran sin acabar y
no hay forma de usar ese aeropuerto, con el tráfico que mantiene, en
unos niveles razonables.
No le voy a hablar más del túnel de Serantes, porque fue objeto de
una interpelación singular de este grupo parlamentario. Quizá otra
obra emblemática pueda ser la Y vasca, que a esta marcha nuestros
biznietos la conocerán. Es verdad que existen cantidades, pero el
problema es que nuestra generación quiere usar estas obras, y muchas
veces tenemos la sensación de que esta sección de su ministerio,
insisto, la que lleva infraestructuras, tiene un pie cojo dentro del
ministerio. Yo mismo le he indicado que otras piernas de ese
ministerio funcionan razonablemente, pero convendrá conmigo, señor
ministro, en que, a la vista de los análisis que se realizan de la
ejecución (estamos hablando de ejecución) de las partidas de esta
sección de infraestructuras, el ministerio tiene una pata coja que
necesita reparación.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señoría, hay
obras cuya ejecución no depende de la partida presupuestaria. La
partida presupuestaria está y figura contabilizada y es imposible
gastarla toda ella porque la ejecución técnica del proyecto es
enormemente complicada. Yo estoy convencido, señoría, que seguirá
siendo usted joven cuando inauguremos el aeropuerto de Sondica.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON ÁNGEL MARIO CARREÑO RODRÍGUEZ-MARIBONA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿CUÁLES SON LAS LÍNEAS BÁSICAS DEL ACUERDO FIRMADO POR RENFE POR EL
QUE SE INCORPORA, EN EL
MARCO DE VÍAS DE PASO LIBRE PREVISTO EN EL LIBRO BLANCO DEL
FERROCARRIL DE LA UNIÓN EUROPEA, AL PRIMER CORREDOR EUROPEO DE
TRÁFICO FERROVIARIO DE MERCANCÍAS? (Número de expediente 180/001395).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
32, que formula don Ángel Mario Carreño, del Grupo Parlamentario
Popular.
Señor Carreño.
El señor CARREÑO RODRÍGUEZ-MARIBONA: Muchas gracias, señor
presidente.
El 26 de noviembre de 1997 se firmó en París el Acta fundacional del
corredor europeo de tráfico ferroviario, que supone la solución
ferroviaria a la saturación del tráfico por carretera y la
agilización del transporte de mercancías. Pretende además obviar la
dificultad de construcción de nuevas autovías que plantean problemas
de calidad medioambiental.
El primer tren de enlace entre los principales centros económicos
europeos empezó a funcionar entre Bélgica, Francia y Luxemburgo el 13
de enero de 1998. Poco después Renfe se incorporó a dicho corredor,
lo cual supondrá una notabilísima mejora en el transporte de
mercancías españolas o hacia España desde Europa.
De ahí la pregunta que formulo al Gobierno, al señor ministro de
Fomento: ¿Cuáles son las líneas básicas del acuerdo firmado por Renfe
por el que se incorpora, en el marco de vías de paso libre previsto
en el Libro Blanco del Ferrocarril de la Unión Europea, al primer
corredor europeo de tráfico ferroviario de mercancías?
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Carreño.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Gracias,
señor presidente.
Como S.S. sabe bien, el concepto de corredor de mercancías es una
elaboración de la Unión Europea para una primera fase de
liberalización del ferrocarril, liberalización harto compleja, toda
vez que la utilización de una única infraestructura por su propia
naturaleza impone limitaciones, limitaciones que, en el caso de
España, se incrementan por la existencia de una vía de ancho distinto
de la europea, que siempre complica el tránsito de los ferrocarriles.
Como S. S. ha indicado, el 27 de febrero Renfe firmó el acuerdo al
que ha hecho referencia el señor diputado. Se trata de un acuerdo
constituido por los organismos de Bélgica, Luxemburgo, Francia e
Italia, que se denomina Belifret. Este acuerdo consiste en la
creación de un conjunto de lo que se ha llamado surcos o reservas de
capacidad para las compañías ferroviarias, cuya atribución a los
diferentes operadores se realiza a través de la llamada ventanilla
única y cuya responsabilidad
se ha encomendado a los ferrocarriles luxemburgueses.
En definitiva, este proceso de liberalización a través de los
corredores de mercancías se basa fundamentalmente en la supresión de
todas las barreras fronterizas que, desde una perspectiva técnica
sanitaria, todavía existen en la Unión Europea en el transporte de
mercancías a través del ferrocarril.
Para España, este proyecto tiene una especial importancia. La
creación del freight way, el corredor de mercancías, ha permitido
ante todo impulsar los trabajos de homologación de un sistema de eje
de ancho variable, EAB, que nos va a permitir hacer la transformación
de los ferrocarriles adaptándose al distinto ancho de vía. Se trata
de un cambio automático que no requiere ningún tratamiento específico
y tampoco exige ningún tipo de manipulación de la carga.
El acuerdo suscrito por las empresas ferroviarias supone la creación
de un gran corredor norte/sur con dos patas, hacia España e Italia.
En consecuencia, quedan relacionados los puertos más dinámicos del
Mediterráneo con el norte de Europa y con un gran centro distribuidor
como es Lyon. En total, la ventanilla única de este proyecto llamado
Belifret dispone de diecisiete surcos internacionales, de los cuales
dos por sentido corresponden a España, Barcelona y Valencia.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON CRISTÓBAL JUAN PONS FRANCO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CÓMO
VALORA EL MINISTERIO DE FOMENTO LA DECISIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA QUE
PROPONE OBLIGAR A LOS OPERADORES DOMINANTES A PUBLICAR LOS COSTES
REALES DE LOS SERVICIOS DE INTERCONEXIÓN QUE OFRECEN A SUS
COMPETIDORES? (Número de expediente 180/001396).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
33, que formula don Cristóbal Pons Franco, del Grupo Parlamentario
Popular.
Señor Pons.
El señor PONS FRANCO: Señor ministro, de todos es sabido que la
interconexión es un aspecto fundamental para conseguir una efectiva
liberalización del sector de las telecomunicaciones, ya que garantiza
la igualdad de oportunidades para todos los operadores de redes y
servicios, eliminando los posibles obstáculos para una competencia
efectiva.
No hace mucho, el comisario europeo de telecomunicaciones, el señor
Bangemann, señaló la conveniencia de que los diferentes Estados
instasen a los operadores dominantes a poner en marcha una
contabilidad
separada de costes, argumentando que la interconexión representaba
uno de los gastos más importantes para los nuevos operadores, por lo
que la separación contable se consideraba esencial en el
establecimiento de unas tarifas de interconexión más claras y justas.
Señor ministro, conociendo ya que en el mes de julio el Consejo de
Ministros promulgó el real decreto por el que se aprueba el
reglamento general de telecomunicaciones en lo relativo a la
interconexión y el acceso a las redes públicas, sería interesante
saber cómo valora el Ministerio de Fomento la decisión de la Unión
Europea que propone obligar a los operadores dominantes a publicar
los costes reales de los servicios de interconexión que ofrecen a sus
competidores.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Pons.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Gracias,
señor presidente.
Señoría, efectivamente, el reglamento recientemente publicado de
interconexión y numeración es el marco normativo imprescindible para
que los nuevos operadores que prestan servicio de telefonía puedan
utilizar, con costes transparentes, las redes y las infraestructuras
de Telefónica. El reglamento parte del principio del libre acuerdo de
interconexión entre las partes, pero como quiera que desde el punto
de partida en que estamos hay una desigualdad manifiesta entre un
operador dominante y el resto de ellos, se establecen una serie de
obligaciones en el reglamento que recogen aquellas introducidas por
la legislación comunitaria y algunas más.
La primera de ellas es que tienen los nuevos operadores un derecho a
la información que debe atender la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones. La Comisión dará a los nuevos operadores, si así
lo solicitan, la descripción de los sistemas de contabilidad de
costes aprobados. Les dará también la información sobre los costes de
cada ejercicio que están obligados a presentar los operadores
dominantes, con un grado de desagregación tal que permita conocer -lo
dice literalmente el reglamento- la relación entre los precios de
interconexión ofertados y sus costes asociados.
El reglamento, además, impone al operador dominante la obligación de
presentar anualmente ante la propia Comisión cuentas separadas de los
servicios de interconexión que presta, así como disponer de una
oferta de interconexión de referencia. La oferta de interconexión de
referencia de Telefónica está en estos momentos siendo estudiada por
la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, y yo calculo que
en el plazo de dos o tres semanas será elevada al Ministerio de
Fomento para su aprobación definitiva. Esta oferta de interconexión
de referencia que ha de publicar Telefónica tiene una importancia
extraordinaria porque ha de contener una información muy detallada
sobre todo el
mundo de la interconexión, con objeto de que los nuevos operadores
puedan saber cuáles van a ser sus costes. Finalmente, el reglamento
se basa en un principio básico para su propia economía empresarial y
es que sólo deberán pagar por aquello que estrictamente utilicen,
relacionado con los servicios que quieran prestar a través de las
infraestructuras y redes de Telefónica.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JESÚS JOSÉ GÓMEZ RODRÍGUEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE COALICIÓN CANARIA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA
DE JUSTICIA: ¿CUÁNDO SE VAN A ABRIR DETERMINADOS REGISTROS DE LA
PROPIEDAD EN LAS ISLAS CANARIAS, EN PARTICULAR LOS DE MOGÁN Y
SANTIAGO DEL TEIDE? (Número de expediente 180/001388).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Preguntas
dirigidas a la señora ministra de Justicia.
Pregunta número 25, que formula don Jesús Gómez Rodríguez, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria.
Señor Gómez.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, estoy corriendo el riesgo de que usted me llame
pesado, pero vuelvo a insistir en mi pregunta de 10 de diciembre de
1997 sobre la apertura de la oficina de registro en la localidad de
Arguineguín, en la zona sureña de Gran Canaria; pregunta que ahora
hago extensiva también a Santiago del Teide, curiosamente, en una
situación geográfica parecida a la de Arguineguín en Mogán. Como
usted conoce muy bien -porque ha estado allí y hemos tenido el gusto
de saludarla-, son dos localidades que tienen una gran importancia
inmobiliaria registral, máxime ahora, cuando se apruebe
definitivamente la ley de time shearing. ¿Nos podría informar en qué
situación se encuentra la apertura de estas dos, necesarias, oficinas
registrales? Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Señor
presidente, gracias.
Efectivamente, el día 10 de diciembre del año 1997 S.S. me preguntaba
acerca de la apertura de la oficina registral en Mogán, concretamente
en Arguineguín, y me comprometí a que se pusiera en marcha lo antes
posible. Desde el mes de julio de este año se encuentra
abierta al público la oficina y prestando los servicios por los que
S.S. me requería en aquella ocasión.
Respecto a la localidad por la que en este momento me pregunta, es lo
cierto que en el Ministerio de Justicia no tenemos datos objetivos
que avalen su petición; no obstante, recabaré información más puntual
por si S.S. tuviera razón e hiciera falta establecer una oficina
registral del mismo tipo de la establecida en el término de Mogán.
Gracias, señoría.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
Señor Gómez Rodríguez.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señora ministra. Le
agradeceré que, cuando solicite esa información para Santiago del
Teide, actualice la de Arguineguín, Mogán, porque da la casualidad
que yo vivo allí y la oficina está abierta, porque el ayuntamiento
cedió gratuitamente el local -fíjese bien, gratuitamente- al
omnipoderoso y omnipotente registrador de Guía -en el norte de la
isla-, y todavía no ha aparecido por allí. La tiene abierta, con una
señorita que se dedica exclusivamente a tramitar notas informativas;
para lo demás hay que ir al norte de la isla, que se tarda dos horas
para ir y dos horas para volver.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Gómez.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor presidente.
Señoría, confirmaré el dato que me dice, pero realmente nuestras
informaciones son contradictorias, porque lo que se me informa es que
el compromiso asumido ante esta Cámara por la pregunta de S.S. ha
sido cumplido en su totalidad respecto a la localidad de Mogán, no
así respecto a la de Santiago del Teide, porque es la primera vez que
soy interpelada al respecto.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
- DEL DIPUTADO D.MANUEL ARQUEROS OROZCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁL ES LA
PREVISIÓN DEL GOBIERNO EN CUANTO A LA CREACIÓN DE LOS JUZGADOS DE LO
CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVO EN MADRID HASTA EL AÑO 2000? (Número de
expediente 180/001397).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
34, que formula don Manuel Arqueros Orozco, del Grupo Parlamentario
Popular.
Señor Arqueros.
El señor ARQUEROS OROZCO: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, señorías, la acción de gobierno en materia de
administración de justicia está orientada a la consecución de una
administración ágil y eficaz, dando cumplimiento a los compromisos
electorales del partido que sustenta al Gobierno. En las previsiones
contenidas en la Ley de Demarcación y Planta Judicial de 1988 -va a
hacer 10 años- se fijaba para la ciudad de Madrid un total de 18
juzgados de lo contencioso-administrativo, cuyo funcionamiento
debería empezar de forma inmediata, ya que su creación estaba
prevista en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial.
Desde el decanato de los jueces madrileños se ha exigido en numerosas
ocasiones el cumplimiento de la ley y la creación de estos órganos
judiciales que se encargan de garantizar los derechos de los
ciudadanos frente a las administraciones, contribuyendo a agilizar
una de las vías con más problemas de la justicia española en general
y madrileña en particular, ya que los dos tribunales que actualmente
hay en la Comunidad de Madrid, que son órganos colegiados, son
insuficientes, con lo que esto conlleva de lentitud en la tramitación
de los procesos.
Por ello, señora ministra, le formulo la siguiente pregunta: ¿Cuál es
la previsión del Gobierno en cuanto a la creación de los juzgados de
lo contencioso-administrativo en Madrid hasta el año 2000?
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Arqueros.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor presidente.
Señoría, la previsión sobre creación de los juzgados de lo
contencioso en Madrid hasta el año 2000 es la siguiente: de los 65
creados a nivel nacional en la presente anualidad, y cuya puesta en
funcionamiento, según la citada orden, será el día 15 de diciembre,
ocho estarán radicados en Madrid, correspondiendo seis a juzgados de
lo contencioso y dos a órganos centrales. El emplazamiento se
encuentra previsto y toda la dotación de medios materiales acorde
para la alta función que tienen que desempeñar. Para las anualidades
siguientes y para completar la planta absoluta de 33 juzgados de lo
contencioso, en el año 1999 tendríamos 22 y en el año 2000 habría
siete. En cuanto a los juzgados centrales, habría cinco en el año
1999 y tres en el año 2000, lo que totalizarían los diez previstos en
la norma a la que he hecho referencia. Evidentemente, éstas no son
cifras inalterables, y si hiciera falta una modificación al alza
dependiendo de cómo funcionasen estos juzgados, no tenga duda S.S. de
que el
Gobierno estará atento para adecuarlos a un perfecto funcionamiento.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON SALVADOR CLOTAS I CIERCO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CULTURA:
¿CONSIDERA LA SEÑORA MINISTRA QUE LA SITUACIÓN EDUCATIVA EN CATALUÑA
JUSTIFICA UN TRATO DE LENGUA EXTRANJERA AL CASTELLANO EN ESA
COMUNIDAD AUTÓNOMA? (Número de expediente 180/001387).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Preguntas
dirigidas a la señora ministra de Educación y Cultura. Pregunta
número 24, que formula don Salvador Clotas, del Grupo Parlamentario
Socialista.
Señor Clotas.
El señor CLOTAS I CIERCO: Gracias, señor presidente.
Señora ministra de Educación, ¿cree usted que la situación educativa
en Cataluña justifica las palabras que usted manifestó en Barcelona
el pasado 16 de septiembre respecto a la creación de un colegio o
liceo español en Cataluña, al igual que hay liceos británicos
o franceses, manifestaciones que hizo usted a través de Antena 3
Televisión y que fueron reproducidas en el noticiario de las 3 por
esa cadena, por todas las agencias y en los titulares de los
periódicos al día siguiente?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Clotas.
Señora ministra de Educación.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor presidente.
El señor Clotas ha cambiado la literalidad de su pregunta. Lo que
figura en el texto que se ha repartido es: ¿considera la señora
ministra que la situación educativa en Cataluña justifica el trato de
lengua extranjera al castellano en la comunidad autónoma? A esto
tengo que responderle que por supuesto que no, señoría.
Respecto a la pregunta que ha hecho, como la única indicación que yo
hice no tiene nada que ver con lo que ha dicho S.S., le responderé
con mucho gusto cuando me pregunte sobre lo que digo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
Señor Clotas.
El señor CLOTAS I CIERCO: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, sus palabras literales reproducidas en los medios de
comunicación y en televisión fueron: Me gustaría que hubiera en
Cataluña un colegio español como el Instituto Británico. Estas fueron
sus palabras textuales, señora ministra, y lo he visionado otra vez
esta tarde en el vídeo de Antena 3, y aquí tengo, señora ministra,
todos los recortes de prensa y de las agencias. Y esas
manifestaciones no eran de una inquietud que podría ser razonable y
que la hubiera llevado a hablar con sus socios de Gobierno, que son
los responsables de la política educativa en Cataluña, o a traer el
tema a esta Cámara; era un deseo lo que usted manifestó, y ese deseo
nos preocupa, señora ministra, porque ese deseo va en dirección
absolutamente contraria a cómo hemos trabajado en Cataluña para
evitar la división de la comunidad catalana, que es diversa pero no
está dividida. Ese deseo de la señora ministra es poco respetuoso con
el Estatut y con la Constitución y no es respetuoso con el sistema
educativo español, con la Logse. Sé que a usted no le gusta la Logse,
pero la Logse dice que hay que adecuarse a la España autonómica,
y ese deseo que usted manifestó no se adecua a la España autonómica.
Ese deseo es la manifestación, reiterada ya por la señora ministra,
de una incomprensión de Cataluña; un desconocimiento de Cataluña y de
lo que representa la España autonómica. Usted anhela todavía la
España imperial; estamos en la pequeña España europea, que es muy
importante. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Clotas.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor presidente.
Como ayer tuve la fortuna de encontrarme al señor Clotas en un
estreno de teatro y le hice ver que mis palabras no eran exactamente
las que él había declarado en una emisora de radio que eran, y le
advertí que su error venía fundamentado en una nota de prensa, el
señor Clotas hoy ya no ha dicho lo que dijo en una emisora de radio:
que yo me oponía a la Constitución y al Estatuto de Autonomía.
Sabe perfectamente el señor Clotas que eso no es en absoluto cierto.
Se lo vuelvo a repetir aquí: el catalán y el castellano son idiomas
oficiales en Cataluña, conforme a la Constitución y conforme al
Estatuto. Por mi parte, creo que tiene que haber un bilingüismo pleno
y armónico, que eso es lo mejor que puede desearse para los jóvenes
de la comunidad autónoma catalana.
Me parece que no debe manipular a la opinión pública. No puede
afirmar como ha hecho -no ahora aquí, porque yo se lo advertí ayer,
pero sí en una emisora de radio- que me sitúo fuera de la
Constitución y del Estatuto, porque ni la Constitución ni el Estatuto
ni la Logse dicen cuál es la lengua que hay que utilizar en la
enseñanza, ninguno de ellos lo hace. Sí lo ha dicho la Administración
catalana y, después de decirlo, el Tribunal
Constitucional la ha avalado con una sentencia en la que dice
textualmente que las comunidades autónomas con lengua propia pueden
elegir esa lengua para utilizarla como lengua vehicular de la
enseñanza.
A mí me preguntaron en concreto, señor Clotas: ¿se están produciendo
violaciones en el derecho fundamental de los padres? Yo dije que yo
no tenía que decidir si había o no violaciones, que eso lo tenían que
decidir los tribunales y ya habían decidido que el sistema era
perfectamente ajustado a la Constitución.
Usted sabe, señoría, que hay otras comunidades que han tomado otras
decisiones y que también tienen lengua propia. Hay otras que han
tomado decisiones diferentes y no se ha provocado ninguna fractura
social como esa a la que usted ha hecho referencia aquí y también en
la emisora de radio.
Por tanto, lo que yo tengo que decirle es que, cuando finalmente me
preguntaron sobre lo que a mí personalmente me parecía mejor, yo lo
que dije fue que a mí sí me gustaría que hubiera algún colegio que
enseñara castellano. Nada más.
- DEL DIPUTADO D. FERNANDO COQUILLAT DURÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE
EL GOBIERNO DE LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES EDUCATIVAS
COMPRENDIDAS EN EL PLAN PRESENTADO POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y
CULTURA PARA 1998? (Número de expediente 180/001398).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
35, que formula don Adolfo Abejón Ortega, del Grupo Parlamentario
Popular.
Señor Abejón.
El señor ABEJÓN ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra de Educación y Cultura, para el Grupo Parlamentario
Popular es una prioridad absoluta lograr en España una educación de
calidad para todos los españoles. Invertir en educación es, sin
ninguna duda, la fórmula más eficaz para crear riqueza y prosperidad
en beneficio del mayor número de ciudadanos y al mismo tiempo se
consolida uno de los pilares fundamentales del Estado de bienestar.
Que los niños y jóvenes españoles aprendan más y mejor es una
preocupación constante del Grupo Parlamentario Popular que depende de
múltiples factores sociales y compromete a la vez a los distintos
protagonistas directos de la educación. La creación de nuevos
colegios, la modernización de los ya existentes y la incorporación de
los avances de la ciencia y tecnología son, entre otros, elementos
que ayudan considerablemente a mejorar la educación.
El Partido Popular se congratula del gran esfuerzo que su ministerio
está llevando a cabo sobre todo en la enseñanza pública y, en
especial, del que la señora
ministra anunció ante esta Cámara en el mes de abril para el presente
año. En la seguridad de que una buena ejecución de las inversiones
prometidas contribuirán a mejorar la función científica, humanística
y técnica de un servicio público fundamental como es la educación, le
formulo la siguiente pregunta: ¿Qué valoración hace el Gobierno de la
ejecución de las inversiones educativas comprendidas en el plan
presentado por el Ministerio de Educación y Cultura para 1998?
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora ministra.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Abejón.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor presidente.
En mi comparecencia en la Comisión de Educación y Cultura en esta
Cámara el pasado día 16 de abril, para informar de la política de
inversiones en materia de educación no universitaria, ya les describí
a ustedes el gran esfuerzo inversor que el Gobierno se proponía
realizar a través del incremento presupuestario que había tenido
lugar en el capítulo 6 del Ministerio de Educación y Cultura.
El Ministerio tiene como objetivo prioritario la calidad de la
enseñanza y sabe S.S. que nosotros entendemos que la calidad no puede
medirse sólo por los medios materiales que a la enseñanza se
destinan, pero es cierto que los medios son condición necesaria;
puede que no sea suficiente pero sí necesaria. Por eso estamos
destinando 40.780 millones de pesetas a las inversiones en educación
y de ellos ya hemos ejecutado 38.400 millones con un grado de
ejecución que es un récord en la historia del Ministerio de Educación
y Cultura.
En este curso 1998-99 estamos poniendo en funcionamiento 85 centros
de nueva construcción, dos más de los que anuncié en mi comparecencia
del mes de abril. De estos centros, van a entrar en funcionamiento
antes del 30 de septiembre 18 colegios, 28 institutos, dos
conservatorios y dos centros de educación en el exterior; y a lo
largo del curso escolar entrarán en funcionamiento los restantes
previstos en la programación. Durante este año también hemos iniciado
la construcción de centros nuevos que se van a abrir el próximo
curso. Cuando comparecí anuncié que ascenderían a 93 y hoy puedo
informarles que gracias a la celeridad en la gestión no sólo del
Ministerio sino también de los ayuntamientos involucrados en ello, el
número será de 102. Tengo que decirles que ya se han iniciado las
obras en 92 centros y en diez de ellos las iniciaremos en breve.
Además de ello no puedo dejar de referirme al equipamiento de estos
centros que también es importante. El material informático está ya en
43 nuevos institutos y 19 colegios, hay 79 aulas de tecnología de
plástica y
música nuevas y en los fondos bibliográficos han sido adquiridos
70.000 volúmenes para equipar las bibliotecas escolares.
Por tanto, señoría, me complace volver a decir aquí que el Gobierno
está cumpliendo con creces lo que ha prometido. Ha tenido un
incremento muy importante en los medios disponibles para educación y
los está invirtiendo con una celeridad por la que a mí me gustaría
felicitar a todos los funcionarios involucrados.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON FRANCISCO MIGUEL FERNÁNDEZ MARUGÁN, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO
DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA: ¿PUEDE USTED EXPLICAR LAS
RAZONES DEL CAMBIO EN LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA
PRESUPUESTARIA DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO COINCIDIENDO CON EL
CESE DEL SEÑOR BAREA? (Número de expediente 180/001380).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Preguntas
dirigidas al señor vicepresidente segundo del Gobierno. Pregunta
número 17 que formula don Francisco Fernández Marugán, del Grupo
Parlamentario Socialista.
Señor Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señor vicepresidente, ¿puede usted
explicar las razones del cambio en la estructura administrativa en la
oficina presupuestaria de la Presidencia del Gobierno coincidiendo
con el cese del señor Barea?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Fernández Marugán.
Señor vicepresidente del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (De Rato y Figaredo): Gracias, señor presidente, gracias,
señor diputado.
Todas las decisiones que se han tomado han sido por razones de mayor
operatividad.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor vicepresidente.
Señor Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Tendría que empezar, señor
vicepresidente, por agradecerle a usted que conteste esta pregunta
pues tengo la impresión de
que es un personaje más concernido que el señor Cascos en la cuestión
que he querido plantear hoy aquí.
Nuestro punto de vista es radicalmente diferente al suyo. Ustedes
crearon una oficina presupuestaria en la Presidencia del Gobierno
diciendo que querían que dependiera del señor Aznar y que al frente
de la misma iban a situar un profesional de prestigio e
independiente. Enfáticamente llegaron a anunciar que nunca en la
historia reciente de nuestros gobiernos iba a haber un presidente más
metido que el señor Aznar en la cuestión presupuestaria. Los hechos
los pusieron de relieve en el debate de investidura y los reiteraron
profundamente.
Pues bien, las cosas han cambiado con el cese del señor Barea. Todo
ha cambiado haciendo depender la oficina presupuestaria del jefe de
gabinete del presidente del Gobierno y poniendo al frente de la misma
a un funcionario que sin dudar de su capacidad no reúne las
condiciones de prestigio y de profesionalidad que tenía el señor
Barea. Todo ello es consecuencia de un conflicto entre el ministro de
Hacienda y el jefe de la Oficina Presupuestaria de la Presidencia del
Gobierno. Debido a ello el señor Aznar se aleja de la formulación de
la política presupuestaria, se distancia de la misma, y pese a lo que
había reiterado en la campaña electoral y en el debate de
investidura, se dedica en esta cuestión a mirar las musarañas.
Señor Rato, no es este el único problema. En torno al señor Barea
hubo un ejercicio, del cual usted fue un directo artífice, de
ninguneo; de ninguneo político y administrativo porque se le privó de
la información precisa para desempeñar su función y porque se le
impidió asistir a la Comisión de gasto público. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Fernández Marugán.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (De Rato y Figaredo): Gracias, señor presidente.
Si el señor diputado considera que un presidente del Gobierno que no
tiene una oficina presupuestaria se dedica a mirar a las musarañas,
¿cuál es la opinión del señor diputado sobre los trece años de
Gobierno socialista? Como estoy seguro de que el señor diputado no
tiene esa opinión y si la tuviera no podría expresarla (Un señor
diputado: ¡Da otro argumento!), voy a dar al señor diputado, con la
mayor seriedad, los argumentos que S.S. se merece.
Primero, no ha cambiado nada. La oficina del presupuesto sigue
existiendo, es verdad que en contra de su opinión porque ustedes
nunca quisieron aplicarla; nosotros se la propusimos a ustedes en la
oposición y se negaron a aplicarla; se la hemos propuesto a ustedes
en el Gobierno y creyeron que no funcionaría. En este momento y por
una decisión interna del Gobierno, se ha decidido que la oficina
presupuestaria, que dependía directamente del presidente, dependa del
gabinete
del presidente. El Grupo Socialista considera eso un cambio político
trascendental. Desde luego, están ustedes en la importancia de las
pequeñas cosas, porque las grandes cosas, señor Marugán, son lo que
pasa con el déficit y el compromiso del presidente del Gobierno con
la evolución presupuestaria. Yo dudo que dadas las cifras de déficit
público que SS.SS. conocen, y que en este momento suponen que se ha
reducido el 41 por ciento en los ocho primeros meses de 1998, podamos
decir que no hay un compromiso político serio del presidente, y desde
luego de todo el Gobierno, con el déficit público. Yo sí tengo la
impresión de que ese compromiso no existía antes, y las cifras sin
duda lo avalan. No nos fijemos en las pequeñas cosas, en si los
anteriores presidentes tenían o no oficinas presupuestarias y si
dependían de ellos o de su gabinete, fijémonos en el déficit, y el
déficit público en España a finales de 1995 era del 7,1 y a finales
de este año va a ser del 2,1; por tanto, estamos en una situación
radicalmente distinta. Ésa es la importancia, señor Marugán.
(Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor vicepresidente.
- DEL DIPUTADO DON JUAN PEDRO HERNÁNDEZ MOLTÓ, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ OPINIÓN TIENE EL GOBIERNO
SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE EX MIEMBROS DEL GOBIERNO DEL PARTIDO POPULAR
COMO CONSEJEROS EN EMPRESAS PRIVATIZADAS RECIENTEMENTE? (Número de
expediente 180/001382).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
19, que formula don Juan Pedro Hernández Moltó, del Grupo
Parlamentario Socialista.
Señor Hernández Moltó.
El señor HERNÁNDEZ MOLTÓ: Muchas gracias, señor presidente.
Esta pregunta iba dirigida al ministro de Industria y nos ha
sorprendido el cambio; no sé si es que el señor Piqué no quiere nada
incómodo por aquello de preservar la imagen o es porque realmente le
señala a usted, señor vicepresidente, como responsable de la
operación por la que le vamos a preguntar. En cualquier caso, no le
han hecho ningún favor.
La pregunta ya la conoce, don Rodrigo. Es qué opinión le merece al
Gobierno la colocación y el nombramiento como directivos de empresas
privatizadas de antiguos responsables de áreas de Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Hernández Moltó.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (De Rato y Figaredo): Gracias, señor presidente, gracias,
señor diputado.
Como no podía ser de otra manera, la que fija la ley, que es la Ley
12/1995, de 11 de mayo. Ésa es la única opinión que tiene el
Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
vicepresidente.
Señor Hernández Moltó.
El señor HERNÁNDEZ MOLTÓ: Muchas gracias, señor presidente.
Vaya de antemano que es una pregunta que quiere preservar el buen
nombre de las personas que se puedan sentir aludidas por ella. Esta
pregunta quiere hacer una denuncia política; la denuncia política que
pone de manifiesto, esta vez ya de una forma evidente, lo que hemos
venido anunciando y denunciando en este proceso de los últimos años
de privatización o de apropiación por parte del Gobierno y del
Partido Popular.
Señor vicepresidente del Gobierno, ya nunca más podrán decir que esta
operación de privatización de empresas públicas no ha sido más que lo
que ahora se pone de manifiesto que es: un claro abuso de poder. Es
una operación que sin duda alguna ya vemos que sirve para lo que
denunciábamos que iba a suceder; lo anunciamos y está en el «Diario
de Sesiones»: para colocar a sus amigos, nunca mejor dicho en este
caso. Además, tengo la impresión de que va a seguir sucediendo.
Señorías, ustedes ya han dado una clara lección de pedagogía
política; ya sabemos lo que es el capitalismo popular, pero han
corrido demasiado. Su ansiedad, su ambición, su usura política les ha
llevado a entrar muy pronto en la contradicción, y hoy vemos con
sorpresa cómo antiguos miembros que han tenido capacidad de decisión
sobre sectores que hoy están tomando responsabilidad, con un
desparpajo que en otros tiempos no sabemos qué hubiera sucedido,
están ocupando esos puestos.
Señor Rato, han hecho un escaso favor a los aliados económicos y a
los propios responsables políticos que han puesto al frente de esas
empresas. Han retorcido sus voluntades, han perdido la escasísima
credibilidad que tenían en este proceso.
Espero que no sea la última pregunta que hagamos, porque ustedes
desde luego no se paran en chinitas. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Hernández Moltó.
Señor vicepresidente del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (De Rato y Figaredo): Gracias, señor presidente.
Señor diputado, S.S. es muy dueño de hacer juicios subjetivos sobre
la aplicación de las incompatibilidades;
pero S.S. debe ser consciente de que los juicios subjetivos no son
los que deben regir las actitudes de un Gobierno y menos en un tema
que afecta a las incompatibilidades de altos cargos. No se trata
ahora de hacer unos juicios subjetivos sobre altos cargos que cuando
acabaron sus responsabilidades fueron a trabajar para las empresas
internacionales con las cuales estaban negociando intereses de
Estado; no se trata de eso.
Se trata de aplicar la ley del año 1995, aprobada por una mayoría,
que no éramos nosotros, que dice textualmente lo que dice, y que en
su artículo 9 encarga a un órgano de la Administración, a la
Inspección General de los Servicios, que sea la que actúe cumpliendo
estrictamente lo que dice la ley, y obligados los altos cargos a
suministrar la información a esa inspección general. A partir de ahí,
si S.S. quiere hacer juicios subjetivos sobre personas, sobre
gobiernos o sobre grupos, los hace exclusivamente bajo su propia
responsabilidad, pero tiene que saber que por ese camino la seriedad
de las incompatibilidades, desde luego, es lo que entra en una zona
de juicio y de juicio peligroso para cualquiera, porque desde el
punto de vista subjetivo ninguna persona está libre de la opinión de
otra, y aquí se trata de que las personas estén sometidas a las
leyes, no a las opiniones; se trata de someterse a las leyes, no a
las opiniones.
En cuanto a las situaciones de gestión de empresas, por enésima vez
voy a decirles algo que me parece relevante. Ustedes cuestionan la
profesionalidad de las personas porque pertenecen, han pertenecido,
pueden votar o ustedes suponen que votan a un determinado partido.
Bueno, pues son los únicos, porque si usted compara la evolución en
el índice Ibex de la Bolsa de Madrid, no en épocas de bonanza sino en
épocas de crisis, en esas épocas de crisis podrá comprobar cómo la
evolución de las empresas privatizadas ha sido mejor que la de las
otras. Entonces, ¿me quiere usted decir a mí que en una época como
ésta en que todo el mundo está preocupado por la Bolsa, resulta que
los gestores de las empresas privatizadas son tan mal valorados que
las acciones de sus empresas evolucionan mejor que las del conjunto?
Señor Hernández Moltó, sometámonos a las leyes, a los juicios
políticos sobre la política, y dejemos el buen nombre de las personas
en paz. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
vicepresidente.
INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE TARIFAS TELEFÓNICAS
(Número de expediente 172/000109).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Punto V del
orden del día: interpelaciones urgentes.
Interpelación del Grupo Parlamentario Socialista, sobre tarifas
telefónicas. Para su presentación, y en nombre de su grupo
parlamentario, tiene la palabra el señor Pérez Rubalcaba.
El señor PÉREZ RUBALCABA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, subo a esta tribuna para explicar las razones por las que
el Grupo Parlamentario Socialista ha considerado oportuno interpelar
al Gobierno en relación con la subida de las tarifas telefónicas.
Quisiera empezar por decir que interpelamos al Gobierno, interpelamos
a un ministro del Gobierno, al Gobierno en su conjunto representado
por un ministro, el responsable del ramo, porque la responsabilidad
de la subida de las tarifas de teléfonos es del Gobierno, y aunque es
verdad que durante estas últimas semanas hemos asistido a un curioso
peloteo de responsabilidades entre Telefónica y el Gobierno,
tratándose de echar unos a otros la culpa, el Partido Socialista lo
tiene muy claro. Sí, señor ministro, no ponga cara de sorpresa. Yo he
oído decir a su secretario general que esto de las tarifas de
Internet no iba con el Gobierno, que era un tema de Telefónica. Lo he
visto en su Telediario. Es responsabilidad del Gobierno porque es
usted, señor ministro, y el Consejo de Ministros quien finalmente han
subido las tarifas de teléfonos y lo han hecho, como hemos dicho aquí
en varias ocasiones, de forma abusiva, de forma irracional y sobre
todo de forma injusta.
Me detendré brevísimamente en los antecedentes porque tienen algún
interés. El 18 de marzo de 1997 publicaron ustedes la orden
ministerial de interconexión -por cierto, la publicaron sin informe
de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones- en la que se
incluía el compromiso de incrementar las tarifas locales o
metropolitanas dentro de lo que ustedes llamaban reequilibrio de
tarifas en 1998. Le recuerdo a usted, señor ministro, que en aquel
momento ya tuvimos un debate sobre la subida de tarifas. Yo tuve
algún encontronazo cariñoso con alguno de sus altos cargos. En aquel
momento la posición del Ministerio no era otra que decir: esto no es
una subida de tarifas, es una mera autorización administrativa; es
posible que no hagamos uso nunca de ella. ¿Se acuerda de aquel
asunto? Yo me acuerdo bien. La realidad es que las subieron ustedes.
En aquel momento trataron de disimular, pero las subieron. Es más las
subieron por encima de lo que la propia orden autorizaba. Estuvieron
ustedes, eso sí, un tiempo tratando de escurrir el bulto pero al
final las subieron el 7 de agosto, como le dije aquí la semana pasada
con estivalidad y con alevosía, en verano para ver si esto pasaba
rápido y la gente no se enteraba muy bien de lo que había ocurrido;
pero la verdad es que han subido las tarifas.
Permítame que examine brevemente la modificación que ustedes han
hecho. La cuota de abono mensual que pagan todos los abonados al
servicio telefónico se ha incrementado en 200 pesetas, es decir el 16
por
ciento. Eso supone para Telefónica aproximadamente 40.000 millones de
ingresos adicionales, por entendernos usted y yo, señor ministro, la
mitad de lo que cuesta Onda Cero radio. La famosa y publicitada
facturación por segundos, argumento que ustedes han esgrimido
públicamente en estas semanas de debate, sólo afecta a las llamadas
de más de 160 segundos; las que son inferiores a ese tiempo, el 75
por ciento según los datos de su Ministerio, se cobran, dure lo que
dure la llamada, 11,40 pesetas. En tercer lugar, la conversión de
pasos a segundos, argumento como le decía esgrimido por su Ministerio
para defender esta subida de tarifas, se ha hecho, señor ministro, al
alza, es decir los ingresos que antes percibía Telefónica por
redondeo de los pasos se han incorporado, eso sí con creces a la
tarifa. En cuarto lugar y en términos de coste de la llamada media, o
sea en términos de los ingresos para Telefónica, la subida aprobada
representa algo más del 8 por ciento para el horario punta, más del
11 por ciento para el horario normal. En quinto lugar, entre los 160
segundos y los cuatro minutos la llamada sube y baja
alternativamente, no hay ninguna lógica debido a los errores del
salto que usted conoce bien. Eso sí, a partir de los cuatro minutos
la tarifa ya es estable, entendiendo por estable un incremento
continuado de precios, de manera también continuada a medida que
aumenta la duración de la llamada. Por poner un ejemplo, para que nos
entienda todo el mundo, una llamada de 15 minutos en horario normal
se ha incrementado un cien por cien, es decir cuesta hoy el doble de
lo que costaba hace dos meses.
Usted señor ministro ha dicho que ha procedido a hacer un
reequilibrio de tarifas. No es verdad. Lo que es cierto, lo que nadie
puede negar es que los ingresos adicionales de Telefónica serán al
menos de 56.000 millones de pesetas anuales, y digo al menos porque
esos cálculos se han hecho a igualdad de planta y tráfico con la
existente en 1997 y es de esperar que se incremente la actividad, con
ello el número de líneas y el tráfico correspondiente, por no hablar
del fenómeno de Internet al que me referiré en la parte final de mi
intervención. Lo cierto, señor ministro, es que usted ha autorizado
una subida en los servicios que se siguen prestando como monopolio y
ha autorizado una reducción en los servicios en los que Retevisión, y
pronto otros operadores, compite con Telefónica. En otras palabras,
usted ha mantenido los ingresos de Telefónica subiendo la cuota en el
monopolio y ha hecho descender las llamadas donde hay competencia,
justamente -fíjese- hasta el límite que marca Retevisión, es decir
para que Telefónica se defienda de la competencia, pero usted ha
trabajado sólo en el monopolio para conservar los ingresos de
Telefónica; en última instancia usted, señor ministro, ha defendido
la cuenta de resultados de Telefónica. Eso es lo que ha hecho usted,
no ha hecho un reequilibrio. Si me permite, ha hecho un reequilibrio
temporal entre los que hablan poco y los que hablan mucho pero ningún
otro reequilibrio. Lo que ha hecho usted es proteger a Telefónica de
la
competencia. Un reequilibrio déjeme que le diga tan irracional que la
OCU ha hecho unos cálculos que yo doy por buenos y nadie de su
Ministerio los ha rebatido, según los cuales para hacer una llamada
de 20 minutos lo que al usuario le interesa es en lugar de hablar los
20 minutos seguidos hablar seis veces tres minutos. ¡Fíjese qué
disparate! Sí señor ministro están hechos los cálculos, y es el único
servicio público en el que cuanto más habla uno más paga, que parece
es lo más irracional que cabe formular.
No es la primera vez que hablamos de esto, señor ministro. Usted en
la orden y en el decreto de interconexión impidió a Retevisión y al
resto de operadores ofrecer servicio metropolitano sobre la red de
Telefónica y ése es uno de los problemas. De acuerdo con el
reglamento de interconexión que usted ha aprobado, sólo existirá
competencia en las llamadas locales a medida que los operadores de
cable vayan teniendo su propia red, proceso que usted conoce mejor
que nadie y puede tardar bastantes años.
Señor ministro, es evidente que ha tenido muy en cuenta la posible
influencia sobre el IPC, hasta el punto de que me pregunto si ha
tenido acceso al secreto estadístico. Aun así, el IPC de agosto
refleja en parte la subida, una subida que tiene que ver con la
repercusión de las tarifas telefónicas ¿Qué pasará en septiembre?
Y lo que es más importante ¿qué hubiera pasado con un IPC armonizado
que tenga en cuenta el consumo telefónico real por parte de las
familias y de las empresas? O dicho de otra manera ¿ha calculado
usted señor ministro o va a calcular alguna vez cuánto sube la
factura telefónica mensual de los abonados españoles? Ésa es la
pregunta que quiero responda hoy aquí, señor ministro.
Recientemente se ha creado una comisión al más alto nivel y presidida
por el señor Aznar, para favorecer el tránsito hacia la sociedad de
la información. No voy a entretenerme aquí en el papel que juega su
Ministerio en esa comisión, problemas de gabinete que no interesan
con toda seguridad a esta Cámara; lo cierto es que hoy después de la
aprobación de esta orden de tarifas, como tuvimos ocasión de discutir
aquí la semana pasada, el tránsito a la sociedad de la información es
mucho más difícil y lo es porque ustedes han dificultado su
instrumento primordial: el uso de Internet.
Es interesante, señor ministro, examinar con detalle lo que su orden
de tarifas supone para los usuarios de Internet, y son subidas
superiores al cien por cien para llamadas entre 15 y 20 minutos, que
según los datos de Infovía son las llamadas que más frecuentemente
utilizan los usuarios de Internet. La tarifa especial para suavizar
el efecto de la subida disminuye sólo en un 75 por ciento este
incremento de coste. ¡Tan brutal es la subida que Telefónica ha
tenido que ponerse inmediatamente a negociar con la asociación de
usuarios de Internet para ofrecer planes específicos! Es verdad que
han llegado a un acuerdo. Nosotros, señor ministro, nos hemos
molestado en estudiar ese acuerdo complejísimo y tengo que decirle
que es un acuerdo que tiene truco
y en la realidad supone que ningún usuario de Internet pagará el mes
que viene por el uso de esa tecnología menos de lo que pagaba en
julio de 1998, es decir hace dos meses.
Por tanto, señor ministro, esta orden ministerial como le decía está
objetivamente dificultando el uso de Internet y eso contradice los
planes de su Ministerio, los planes de su Gobierno, contradice
flagrantemente la política que el presidente anuncia a bombo y
platillo cuando dice que va a presidir una comisión justamente para
facilitar el tránsito de nuestra sociedad a la sociedad de la
información.
En definitiva, señor ministro, su orden ministerial ajusta
teóricamente las tarifas a los costes de Telefónica, y digo
teóricamente porque usted no conoce los verdaderos costes de
Telefónica, ni usted ni la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones; no están auditados, ni los costes se han sometido
a los criterios de contabilidad de la Unión Europea o a los que la
propia Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones está
elaborando.
Señor ministro, con esta subida telefónica incrementa
injustificadamente los ingresos de una empresa en los segmentos de
mercado que usted y sólo usted y su Gobierno han decidido que
continúe el monopolio durante muchos años. Con esta orden
ministerial, señor ministro, usted incrementa los ingresos
garantizados de una empresa que tengo que recordárselo -tenemos ya
los datos y serán objeto de una interpelación en esta Cámara- cuya
calidad de servicio disminuye constantemente desde mediados de 1996
cuando ustedes se hicieron cargo del Gobierno, una empresa que cada
vez suministra el servicio telefónico a los españoles con menor
calidad, señor ministro, y los datos nos los ha proporcionado su
propio Ministerio.
Usted señor ministro sube, incrementa las tarifas telefónicas, con lo
cual incrementa la cuenta de resultados de una compañía -y me alegro,
se lo dije el otro día y lo repito-; una compañía que tiene
beneficios sustanciales anunciados en el primer semestre, y lo que es
más importante una compañía que usted sabe está disminuyendo sus
inversiones en infraestructura de acceso en España para invertir
fuera de España, cuando no para emprender aventuras inconfesables en
el mundo de los medios de comunicación.
Señor ministro, éstas son las razones por las que hemos realizado
esta interpelación. Explique usted lo inexplicable, que tiene
facilidad para intentarlo. Ya le adelanto que no nos va a convencer
porque los datos y las matemáticas son tozudas, y por eso también le
adelanto que presentaremos una moción en este Parlamento para pedir
al Gobierno que derogue esa orden ministerial, una orden ministerial
que establece unas tarifas telefónicas injustas; que establece un
sistema tarifario irracional, como creo haber demostrado; que está
más atenta a los ingresos de Telefónica que al bienestar del
consumidor y del usuario, y que finalmente dificulta el acceso a
Internet y con eso el paso de nuestra sociedad a la sociedad de la
información.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Pérez Rubalcaba.
Para contestar en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor
ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señor presidente.
Está claro, señoría, que da usted un gran valor al debate
parlamentario: diga yo lo que diga no le voy a convencer. Ese
apriorismo dice mucho sobre su creencia en el parlamentarismo. Yo le
invitaría a tener un debate serio en el que hablemos a fondo del
reequilibrio tarifario, de la subida de tarifas que se ha producido
por una parte, y de la bajada de tarifas que por otro lado también se
ha producido.
Lo primero que hay que dejar bien claro señoría, y que usted no ha
querido dejar claro, es que el reequilibrio tarifario de los ex
monopolios es una obligación impuesta por la legislación comunitaria,
y le cito las tres normas: la resolución del Consejo Europeo de 22 de
julio de 1993; las directivas del Consejo Europeo, la 95/62, sobre la
oferta de red abierta, la 98/10, que modifica la precedente, y la 96/
19, de competencia plena en el mercado de las telecomunicaciones. El
contenido de estas directivas, de esta legislación comunitaria se
puede resumir de esta forma. Primero. Las tarifas de los operadores
dominantes deben estar orientadas a costes hasta que la competencia
se desarrolle suficientemente y no admite más que una única
excepción: la que deriva de la aplicación del concepto de servicio
universal para garantizar que la telefonía básica alcanza a todos los
ciudadanos y cubre la totalidad del territorio nacional. Segundo
principio en que se inspira la legislación comunitaria. Está
prohibido financiar unos servicios de telefonía con otros, es decir
las llamadas subvenciones cruzadas. Para entendernos, que con lo que
Telefónica ingresa en el servicio internacional no puede financiar lo
que pierde con el servicio de telefonía local; eso está prohibido por
la legislación comunitaria. Tercero. La legislación comunitaria
obliga a los Estados miembros a permitir que sus ex monopolios hagan
el reequilibrio tarifario con base en el principio de orientación a
costes; obliga a los Estados miembros a permitir que se haga el
reequilibrio tarifario. Por tanto el Gobierno está cumpliendo una
obligación que deriva de la legislación comunitaria, y la razón por
la que se impone esa obligación a los Estados miembros es muy
sencilla: los precios distorsionados -razonamiento de la Comisión
Europea- impiden la competencia porque los nuevos operadores se
dirigen sólo a los servicios con precios artificialmente altos y en
cambio abandonan aquellos servicios -léase telefonía local- con
precios artificialmente bajos.
Desde otra perspectiva se puede razonar de manera distinta: si en un
determinado servicio las tarifas son muy bajas nunca habrá
competencia porque no se produce
beneficio empresarial, y con eso un ex monopolio, que tiene
enorme liquidez y una gran potencia, puede mantener de facto una
situación de monopolio presionando permanentemente los precios a la
baja y manteniéndolos por debajo de los costes. Esa situación está
prohibida por la legislación comunitaria y por eso prohíbe las
subvenciones cruzadas entre los distintos servicios de telefonía.
Ahora vamos a hablar de la historia de las tarifas locales de
Telefónica, porque de otra forma no podemos entender nada. Éste es un
proceso que pone en marcha la Unión Europea a través de una
legislación enormemente precisa y enormemente densa, que está
liberalizando las telecomunicaciones en toda la Unión Europea. Esta
historia, aparte de la legislación comunitaria que acabo de citar, se
puede comenzar con fecha 28 de marzo de 1994. Usted estaba en aquel
momento en el Gobierno y podría haber hecho entonces en el Consejo de
Ministros los razonamientos que ha venido a hacer hoy aquí. Pues
bien, en el acta del Consejo Asesor de Telecomunicaciones, presidido
por el señor Borrell, compañero suyo de Gobierno, se aconseja al
Gobierno incrementar las tarifas de las llamadas locales en un 63 por
ciento e incrementar la cuota de abono en un 29 por ciento al mismo
tiempo. Y al mismo tiempo se aconseja reducir las llamadas
provinciales, interprovinciales e internacionales.
Como consecuencia de este acuerdo del Consejo Asesor de las
Telecomunicaciones, el 30 de julio de 1994, el Gobierno socialista
del que usted formaba parte razona de la misma manera que el Consejo
Asesor de Telecomunicaciones y sube las tarifas metropolitanas un
37,7 por ciento y la cuota de abono un 9,4 por ciento. Esta sí es la
mayor subida de la historia de las tarifas telefónicas, señoría, la
que ustedes hicieron como Gobierno. Naturalmente que esa subida
provocó una notable o significativa contestación social, pero no
solamente por la subida en sí, sino también por los errores de
cálculo que el Gobierno socialista hizo sobre la repercusión de la
subida de tarifas en la factura del consumidor y sobre la repercusión
de la subida de tarifas en el IPC. Se llevaron ustedes una sorpresa
mayúscula. Tanta sorpresa y tanta crítica se produjo que hubo que
convocar una nueva sesión del Consejo Asesor de las
Telecomunicaciones, también presidido por el señor Borrell, compañero
suyo de Gobierno, el 25 de enero de 1995. Pues bien, en el acta de
esa reunión figuran las siguientes afirmaciones, después de la subida
que realizaron: Históricamente se ha aminorado la subida de las
tarifas urbanas a cambio de incrementar las internacionales para no
influir en el IPC -le habían metido ustedes tres décimas al IPC, ni
más ni menos-. Se dice también: La repercusión prevista sobre el IPC
de la reestructuración de tarifas era de 2 ó 3 centésimas, según las
estimaciones de la Comisión Delegada del Gobierno y de la Junta
Superior de Precios. Habían calculado ustedes 3 centésimas y le
metieron 3 décimas. No está mal. Pero la repercusión en la factura
fue: Las estimaciones que ha realizado el Instituto Nacional de
Estadística -se dice en el acta- han dado un incremento del 14,4 por
ciento de la factura telefónica del usuario doméstico y una
repercusión de 3 décimas en el IPC de 1994 -y figura entre paréntesis
el nombre del señor Borrell, que está haciendo el análisis en la
reunión-. Muestra el máximo respeto por la independencia del
Instituto Nacional de Estadística, pero dice que no está de acuerdo
con dicho Instituto.
Fíjese lo que añade el señor Borrell en esa reunión, señoría, y
fíjese en que estamos en 1995. Dice: La reestructuración tarifaria
realizada ha conseguido una mejora importante en la evolución de las
tarifas a costes. Pero añade: Todavía no se alcanza el objetivo
necesario previo a la liberalización. Las tarifas urbanas están en un
73 por ciento de sus costes; por tanto, no alcanzan el cien por cien,
sino que están por debajo de costes. (Un señor diputado: El 28 por
ciento) Y continúa el señor Borrell: Se dispone de tres ejercicios,
1995, 1996 y 1997, para continuar con el ajuste necesario. Y termina:
Deben tenerse en cuenta los efectos que se pueden producir sobre el
IPC.
Por tanto, señoría, según las estimaciones de la Administración
socialista en 1996, cuando ustedes dejan el Gobierno, faltaba por
subir todavía un 30 por ciento las tarifas de las llamadas locales
para compensar costes de explotación y un 18 por ciento de la cuota
de abono. Eso es lo que mantiene, en 1995 y 1996, en el seno del
Consejo Asesor de Telecomunicaciones, el señor Borrell, miembro del
Gobierno y compañero de usted, y por tanto usted es responsable
solidario de esas decisiones. Y viene aquí ahora a establecer una
argumentación que no tiene nada que ver con lo que ustedes mismos
decían cuando estaban en el Gobierno.
Esta es la historia de las tarifas locales. ¿Qué es lo que ha hecho
el Gobierno del Partido Popular? El Gobierno del Partido Popular
anuncia a los mercados que el reequilibrio tarifario de Telefónica
debe proseguir porque no está concluido, coincidiendo con la tesis
mantenida por la Administración socialista. No está concluido. Y pone
ese reequilibrio tarifario en cuantías y en fechas en una orden
ministerial que se publica en el «Boletín Oficial del Estado» en el
mes de marzo del año 1997. Privatizada Telefónica, se dice a los
mercados que se va a realizar el reequilibrio tarifario porque el ex
monopolio tiene unas tarifas en el ámbito del servicio local que no
cubren los costes. Pues bien, el reequilibrio tarifario que se
realiza se ajusta estrictamente a la orden ministerial. La cuota de
abono sube un 16 por ciento, no el 18 por ciento que ustedes pensaban
que era necesario. Las llamadas metropolitanas suben un 13,7 por
ciento, no el 37 por ciento que ustedes decían que era necesario. La
llamada provincial baja un 5 por ciento, la llamada interprovincial
baja un 15 por ciento y la llamada internacional baja un 12 por
ciento en 1998. Este reequilibrio ya está realizado. Para el año 1999
quedan bajadas del 10 por ciento en las llamadas provinciales,
bajadas del 20 por ciento en las llamadas interprovinciales y bajadas
del 12 por ciento en las llamadas internacionales. Y a principios del
año 1999 quedará definitivamente concluido el reequilibrio tarifario
de Telefónica. ¿Cuáles son las características de este reequilibrio?
Primero: se impone la tarificación por segundos, señoría, cosa que
usted ha despreciado olímpicamente. Se le ha impuesto a Telefónica la
tarificación por segundos, que es mucho más transparente y es mucho
más justa porque el usuario va a pagar, efectivamente, por lo que
consume. Segundo: se congela el precio de la llamada más frecuente.
De acuerdo con las informaciones estadísticas, el 75 por ciento de
las llamadas que se hacen a través de Telefónica duran menos de dos
minutos 40 segundos. Pues bien, los precios de esas llamadas se
congelan, no suben. Tercero: el minuto medio se sube 0,75 céntimos; a
partir del segundo, 161, como es lógico. Cuarto: la cuota fija de
abono mensual se sube 200 pesetas, el 16,1 por ciento al que antes me
refería. Y quinto: usted ha tenido la indelicadeza, la imprecisión,
si prefiere usted el término, de no dar toda la información de que
dispone.
El resultado de este reequilibrio tarifario es neutro sobre la cuenta
de resultados de Telefónica; es más, es ligeramente negativo. Y no le
voy a dar datos del Ministerio de Fomento; no le voy a dar datos de
Telefónica. Le voy a dar datos, que usted tiene, de un acta de la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones cuando informa sobre
el reequilibrio tarifario. Por la subida de la cuota de abono,
Telefónica ingresa 38.050 millones de pesetas; por el tráfico
metropolitano ingresa 15.705 millones de pesetas; pero por la llamada
de las llamadas provinciales disminuye sus ingresos en 6.686 millones
de pesetas, por la bajada de las llamadas interprovinciales baja sus
ingresos en 43.143 millones de pesetas y por la bajada de las
llamadas internacionales disminuye sus ingresos 13.798 millones de
pesetas. El efecto sobre la cuenta de resultados de Telefónica, de
acuerdo con la información que suministra la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones, es ligeramente negativa: pierde 9.876
millones de pesetas. Y es información, como le digo, que no procede
del Ministerio de Fomento, sino de la Comisión.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor ministro,
le ruego que vaya concluyendo.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Sí, señor
presidente. ¿Cómo quedan después del reequilibrio tarifario las
llamadas de Telefónica y la famosa cuota fija de abono mensual en
relación con lo que rige hoy en la Unión Europea? Señoría, solamente
Suecia e Italia tienen tarifas por debajo de los precios de
Telefónica, con una singularidad, y es que Italia no ha hecho el
reequilibrio tarifario, lo tiene pendiente de realización, y Suecia
lleva varios años en proceso de liberalización. Pero es que las
diferencias de precios con los que existen en otros países europeos
en relación con las tarifas que ahora está cobrando Telefónica son en
algunos segmentos verdaderamente espectaculares. Le puedo
poner unos ejemplos para que nos podamos aclarar, porque algún punto
de referencia habremos de tener. La llamada de tres minutos, en Gran
Bretaña cuesta 25,71 pesetas; Telefónica, 12,91 pesetas. En Alemania
cuesta 17,85; Telefónica, 12,91. En Francia cuesta 15,51; en España,
12,91. En Bélgica, 20,34 pesetas; Telefónica, 12,91. En Holanda y en
Alemania, 44,80 pesetas. Si vamos a las llamadas de 20 minutos, la
diferencia es todavía mucho mayor, porque el precio de Telefónica es
89 pesetas mientras que en Gran Bretaña es de 171, en Alemania de
119, en Francia de 116, en Bélgica de 115, etcétera. Y si vamos a la
llamada de 60 minutos, señoría, en Gran Bretaña está en 514 pesetas,
en Telefónica está en 270 en la parte más alta, en Alemania es de 357
pesetas, en Francia de 352, en Dinamarca de 310, en Bélgica de 305,
etcétera. Solamente Suecia e Italia, y ya digo que Italia no ha hecho
el reequilibrio tarifario, tienen, después de la subida de
Telefónica, unas tarifas más bajas en la Unión Europea. Los demás
países no solamente tienen las tarifas más altas, sino que las tienen
notablemente más altas.
Me referiré ahora a la cuota fija de abono mensual.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor ministro,
le ruego concluya.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Sí, señor
presidente, pero es que es la única manera de terminar de contestar a
la argumentación que el señor Pérez Rubalcaba ha hecho. Tengo que
rebatir necesariamente su exposición, porque, si no, se queda cojo.
La tarifa de abono mensual. Señoría, después de la subida, Telefónica
cobra 1.442 pesetas; Bélgica, 2.219; Dinamarca, 2.145; Reino Unido,
1.926; Alemania, 1.818; Holanda, 1.279, siendo el único lugar en que
está más barata que Telefónica; incluso en Suecia está más alta,
a 1.646, y, por supuesto, en Italia está algo más baja, ligeramente más
baja, a 1.402, porque no ha hecho el reequilibrio.
Estos son los datos del reequilibrio tarifario que se ha hecho en
España, señoría. Si analiza el precio medio, que es la única manera
de saber exactamente cómo repercute sobre la factura del consumidor y
cómo repercute sobre los intereses de Telefónica, el minuto en el
sistema de pasos era de 5,4 pesetas y actualmente, con el sistema de
tarificación por segundos, es de 6,2 pesetas, es decir, un
incremento, como le decía antes, del 13,16. Lo demás, señoría, es
música celestial.
La repercusión de toda esta subida en la factura media del usuario es
una repercusión que no impide que, después de dos años de Gobierno,
la factura media del teléfono del usuario doméstico haya bajado un
menos 4,13 por ciento, porque ha habido otras muchas bajadas de
tarifas telefónicas, ya que las únicas que han subido son justamente
las tarifas locales. Entre 1991 y 1995 incrementaron ustedes la
factura media del usuario doméstico en un 12,71 por ciento. Esta es
la diferencia entre una política tarifaria y otra.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Señor Pérez Rubalcaba.
El señor PÉREZ RUBALCABA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, tengo una fe ciega en el parlamentarismo, pero en
esto de las tarifas, si me lo permite, prefiero confiar en las
matemáticas, sobre todo cuando uno tiene que discutir con usted, que
reconozco que es el David Copperfield del manejo estadístico.
Señor ministro, usted ha dicho al final una frase con la que yo me
quedaría, que la tarifa por minuto sube un 13,6 por ciento y que lo
demás es música celestial. Dejémoslo ahí, estoy de acuerdo, lo demás
es música celestial. La tarifa sube un 13,6 por ciento; pues bien,
compárelo con la subida del IPC, con la subida de las pensiones, con
la subida de los salarios de los funcionarios, con la subida media de
los convenios, con lo que usted quiera y concluirá conmigo, señor
ministro, en que ustedes han subido brutalmente las tarifas
telefónicas. Y no me hable usted de la Unión Europea, porque la Unión
Europea no impone esta subida tarifaria, no, habla del reequilibrio,
pero es que usted no ha hecho un reequilibrio, señor ministro, ha
bajado las tarifas de Telefónica donde compite, justamente hasta el
límite de Retevisión, y ha subido la tarifa de Telefónica donde no
compite, para protegerla. Punto y final. Ese es el reequilibrio que
ha hecho usted; repito, de tiempo. Hoy pagan igual los que hablan muy
poco y muchísimo más los que hablan mucho. Ese es el reequilibrio,
temporal, y no de otro tipo.
Voy a entrar brevísimamente en algo en lo que no debería entrar, que
es en la historia. Cada vez que le preguntamos a usted por las
tarifas de teléfonos, discute las subidas que hicieron los gobiernos
anteriores y nos inunda de datos, hoy incluso nos ha leído sesiones
enteras de las comisiones asesoras, etcétera. Y yo le voy a decir que
no es verdad que esta subida de tarifas no sea la más importante de
la historia, porque lo es, y no lo dice el Partido Socialista, sino
la Organización de Consumidores y Usuarios, a la que supongo una
cierta neutralidad; literalmente, tengo ahí el informe: Es la subida
de tarifas más importante. Pero mire, vamos a dar por bueno por un
momento que nosotros las hicimos mayores; pues, ¿sabe qué le digo?,
que nos den las gracias y que no sigan subiendo. Si el argumento es
que nosotros las subimos mucho, ¡paren ya, hombre! Tendrían que
decir: Señores socialistas, muchas gracias por lo que han subido las
tarifas de teléfono y, como ya las tenemos tan altas, no vamos a
subirlas nunca más. (Aplausos.) Lo que no me puede argumentar aquí es
que nosotros las subimos más, porque entonces le digo, señor
ministro, que peor. Si nosotros las subimos más y usted las sigue
subiendo, peor; no tiene ningún argumento. Ya le hicimos nosotros el
trabajo. Agradézcalo
y cierre el asunto porque por ahí van mal las cosas.
Señor ministro, todo su fallo -y usted lo conoce muy bien- se basa,
primero, en que los informes que maneja, a los que se refiere de
nuestro Gobierno de 1994, si no recuerdo mal, son de los costes de
Telefónica en 1992 o en 1993. Han pasado muchos años. Usted sabe,
señor ministro, que cinco años en telecomunicaciones es un siglo, es
un mundo. Le voy a dar dos datos sólo. ¿Sabe usted lo que facturaba
Telefónica en el año 1996, por Infovía? Nada. ¿Sabe usted lo que
factura ahora? Veinte mil millones de pesetas. ¿Sabe usted lo que
factura Telefónica por las llamadas, por ejemplo, del tráfico fijo
móvil? ¿Lo sabe usted? No lo sabe. El problema, señor ministro, es
que todos sus argumentos, incluido ese que me dice de que la subida
es neutral, que no lo es, se basan en una contabilidad de costes que
usted no controla, porque ni la ha auditado ni ha establecido
criterios para hacerla. Ese es el problema. Usted no sabe lo que
cuestan las llamadas a Telefónica. Usted no lo sabe. Por tanto, no
puede venir aquí a afirmar rotundamente que es neutral para
Telefónica. Yo le digo que no lo es. Le diré más: cuando usted abra a
la competencia la telefonía metropolitana, que lo hará y pronto, verá
cómo vuelven a bajar las tarifas de teléfonos, porque hay margen de
bajada, porque la contabilidad de costes de Telefónica no incluye
algunos de los elementos a los que me refiero. ¡Cuánto han cambiado
las cosas, señor ministro desde el año 1993, al que hacía referencia
usted en esos datos! Entre otras cosas, usted sabe que ha cambiado
extraordinariamente la red de Telefónica. Ha mejorado. ¿Sabe usted lo
que significa? Que han bajado los costes. Por tanto, olvídese usted
de los datos de 1994, que no valen para nada. Déme los datos que
tiene ahora y dígame si están auditados. ¿Cuáles son los criterios de
contabilidad? ¿Pone usted la mano en el fuego, señor ministro, por
los costes que ha dado Telefónica? No la ponga, créame, porque se va
a quemar.
Señor ministro, no siga haciendo malabarismos. No me hable de la
subida del paso a segundos, que, por cierto, la hemos pedido en este
Parlamento muchas veces. Ustedes lo han hecho de tal manera que
Telefónica no pierde y el consumidor no gana. Esa es la realidad.
Telefónica no pierde y el consumidor no gana. Ustedes han ajustado la
tarifa por segundos a lo que ganaba Telefónica por pasos. Por tanto,
ésa sí que es neutral para Telefónica, señor ministro; neutral para
Telefónica y neutral para los usuarios, excepto, señor ministro, para
el 75 por ciento de las llamadas -son sus datos- en las que no hay
tarificación por pasos. Ahí, no; ahí paga lo mismo llame un segundo,
dos, 15 o 1,5 minutos. Paga lo mismo. Por tanto, usted ha aplicado
una tarifa por pasos por segundos al 25 por ciento de las llamadas de
teléfonos que es neutral en cuanto al coste para Telefónica. Ningún
beneficio, señor ministro, para los consumidores.
Déjeme que le diga más. Respecto al tema de las comparaciones
europeas deberíamos ponernos de
acuerdo respecto a los criterios sobre los que se hacen. Usted habla
de la cuota de abono. Señor ministro, usted sabe que prácticamente
España es el único país de la Unión Europea que mantiene una tarifa
de conexión a la llamada, se haga o no se haga. Por el hecho de
llamar, con independencia de lo que se llame, usted sabe que en
España se cobra, y no una cantidad pequeña: 11,4 pesetas por la
llamada metropolitana, 15 por la provincial y 20 por la
internacional. Ese coste, señor ministro, no existe en ningún país de
Europa. Por tanto, el día que nos traiga aquí tarifas comparadas, lo
celebraremos. Haga, por favor, señor ministro, el ejercicio de
compararlas de verdad porque si no seguiremos diciendo que usted no
hace comparaciones, sino magia estadística, que es algo que se le da,
por cierto, lo reconozco, bastante bien.
Señor ministro, los datos -y son los de la OCU, una vez más, y nadie
los ha desmentido- son tozudos. Usted cerraba su intervención con eso
de la música celestial. Ya le digo que con que acabáramos concordando
eso yo me daría por satisfecho. Es verdad, han subido un 13,6 por
ciento. A mí me parece una barbaridad. A usted le parece bien;
magnífico, pero ahí acabamos la discusión. Ahí, por lo menos, parece
que estamos de acuerdo.
La OCU dice cosas más terribles. Usted habla del minuto. Señor
ministro, el minuto valía antes 1,9 pesetas y ahora vale 4,5. Esos
son los datos de la OCU. Rebátalos, si es que puede, pero, por favor,
con datos reales, no con magia matemática.
Termino ya, señor ministro. Termino diciéndole que vamos a traer una
moción a este Parlamento, que creemos que las tarifas no deben
tocarse hasta que la CMT, la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, no disponga de unos costes auditados de la
Compañía Telefónica y además no disponga de una contabilidad con
criterios de la Unión Europea, que sabe que están aprobados ya.
Vamos, por tanto, a pedir, en primer lugar, que se derogue la orden
hasta tanto no sepamos realmente cuál es el coste de la tarifa o de
la llamada metropolitana para Telefónica.
Señor ministro, le vamos a pedir, en segundo lugar, que abra el
mercado a la competencia lo más rápidamente posible. Usted ha dado
aquí argumentos, a los que yo soy sensible, sobre la necesidad de que
los operadores de cable inviertan, pero haga lo posible para que,
cuanto antes, se abra el mercado a la competencia, porque sólo así
sabremos realmente cuál es el margen de maniobra de Telefónica. Yo le
digo que es mucho, muchísimo más, del que ustedes han establecido en
esta orden ministerial.
Señor ministro, baje las tarifas de interconexión. Me dirá usted que
es competencia de la CMT, de acuerdo; pero, haga usted lo posible -y
usted sabe que lo puede hacer- para que bajen las tarifas de
interconexión en España. Así bajaremos el coste de las llamadas de
teléfono. Finalmente, señor ministro, establezca, y es su competencia
porque así lo quiso establecer en la Ley General de
Telecomunicaciones, una tarifa plana
para Internet. Usted sabe que se puede hacer, hágalo ya. Ya le digo
que lo vamos a introducir en la moción y le adelanto más. Según tengo
entendido, y aquí hay una carta del jefe de información de
Convergència i Unió dirigida esta mañana a los internautas españoles,
aunque la semana pasada Convergència i Unió no votó nuestra
proposición no de ley de tarifas planas, parece que ahora la va a
votar; por tanto, si esto es verdad y yo lo creo, si Convergència i
Unió va a votar esta parte de nuestra moción para que se establezca
la tarifa plana, hágalo usted, diga usted ya que sí, porque si no, la
semana que viene, y espero coherencia por parte de todos los grupos
parlamentarios, usted va a perder esa votación y será el Parlamento
el que le imponga una tarifa plana para Internet, que no es una
necesidad sólo de los internautas, que sería ya muy importante, sino
que es una necesidad del conjunto de la sociedad española.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Pérez Rubalcaba.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señor presidente, señorías.
Señoría, no quiere usted aceptar algo que es absolutamente obvio. Si
en un determinado servicio telefónico, léase la telefonía local, la
tarifa no cubre los costes, no es posible la competencia. De acuerdo
con los datos de que se dispone, la contabilidad suministrada por
Telefónica es una contabilidad bastante voluminosa, no es la cuenta
de la vieja para andar por casa. Esa cuenta, en contra de lo que
usted piensa, ha sido auditada, lo que sucede es que usted reconocerá
que debido a la contabilidad analítica o de costes de un monopolio,
con la facturación que tiene, con los problemas de los llamados
costes históricos y otra serie de conceptos que no vamos a introducir
aquí ahora, es enormemente difícil tener un conocimiento exacto de
todos y cada uno de los costes. Todos los países, salvo Italia, han
hecho el reequilibrio tarifario con el conocimiento de la
contabilidad que les ha suministrado el ex monopolio y han hecho una
primera aproximación y esa primera aproximación ha cubierto en el
marco de la legislación comunitaria lo que se denomina el
reequilibrio tarifario. La legislación comunitaria pide que se haga
antes de la fecha de la plena liberalización, que en España es el 1
de diciembre y que en Europa ha sido el 1 de enero; por eso todos los
países, excepto Italia, han hecho el reequilibrio tarifario con los
datos de que disponían en ese momento suministrados por el ex
monopolio. En España la tarifa local era un precio político, y usted
lo sabe señoría, que se mantenía artificialmente bajo porque afecta
al conjunto de las familias y de los consumidores y porque su subida
tiene una fuerte repercusión en el IPC. Como precio político estaba
por debajo de los costes y el reequilibrio tarifario supone
exactamente que por lo menos las tarifas que se pongan
cubran los costes. Como eso supone necesariamente una disminución
de ingresos del ex monopolio, se bajan aquellos servicios que tenían
tarifas artificialmente altas para compensar los precios políticos
del servicio local.
Yo no he presentado aquí ningún informe, señorías. He presentado
actas del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones reflejando
sesiones que presidía el señor Borrell, compañero suyo de Gobierno.
Por tanto, no se trata de un informe más o menos oficioso de los
servicios técnicos de la Administración, es la postura del Gobierno
llevada en el seno del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones
y trasladada después a un acuerdo de Consejo de Ministros que subió las
tarifas locales el 37 por ciento. Ese sí que es un dato histórico, el
37 por ciento, señoría. Creo que hay una diferencia notable entre el
37 por ciento que ustedes subieron y el 13 por ciento que hemos
subido nosotros.
La acusación de que no conocemos la contabilidad de costes es
perfectamente reversible: ustedes tampoco. Ustedes tampoco y subieron
las tarifas locales el 37 por ciento basándose en la contabilidad que
les suministró Telefónica. Por tanto, en ese sentido, todos iguales.
Después tampoco se trata de hablar del año 1993, señoría, la última
sesión es del año 1996 y ahí se deja ya constancia de que el
reequilibrio tarifario en primera fase que hicieron ustedes era
insuficiente. Queda constancia de la opinión del Gobierno de
entonces, del Gobierno, señorías, queda constancia formal de que el
reequilibrio tarifario realizado por ustedes era insuficiente y que
había que completarlo.
Señorías, no se sostiene que la franquicia no beneficia a los
consumidores. Si usted es partidario de las matemáticas, que es el
lenguaje único en el que cree, aplique usted las matemáticas: si el
precio del minuto queda en 6,20 pesetas y una llamada de dos minutos
cuarenta cuesta 11,40, comprenderá usted que esa franquicia le está
ahorrando al consumidor por lo menos 5 ó 6 pesetas, no he hecho el
cálculo exacto, pero de 11,40 que le cuesta la llamada por la
franquicia a las 17 pesetas si se le facturaran los 2,40 minutos hay
una diferencia. Sí, señorías.
Usted acude al informe de la OCU, pero es curioso que de todos los
informes que hay haya cogido usted solamente el de la OCU, es
sumamente curioso. La OCU es una de las once organizaciones de
usuarios y consumidores que están representadas en el Consejo Social
de la Comunicación, que es el que ha emitido un informe que no
coincide con el de la OCU, señoría. La OCU ha hecho su propia
opinión; es una organización de entre once, además de que en ese
Consejo Social de la Comunicación están representados los sindicatos
Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores. Usted utiliza
el documento de la OCU como si fuera el informe técnicamente más
solvente de los que se han producido en este proceso sin que se sepa
quién es el técnico solvente que ha hecho ese informe.
Ese informe, señoría, en no pocos aspectos no se tiene de pié, y le
voy a dar un dato: Telefónica -usted
lo sabía- por el sistema de pasos facturaba de tres en tres minutos,
es decir, que si usted hablaba tres minutos y un segundo le cobraba
seis. Sacando las medias, señoría, no puede salir que el minuto
cuesta 1,90 pesetas, no sale por ningún lado, porque siempre se habla
tres minutos y un segundo, o seis minutos y un segundo, o nueve
minutos y un segundo, luego el precio medio del minuto que facturaba
Telefónica, señoría, desde el momento en que a usted le cobraban de
tres en tres minutos, era de 5,40 pesetas, y nosotros hemos pasado de
5,40 a 6,20 si mal no recuerdo. Eso es lo que la OCU, en un informe
lleno de solvencia técnica, como se puede observar, ignora; ignora
que se facturaba por pasos y de tres en tres minutos. Imagínese usted
lo que supone en un informe técnico ignorar nada más y nada menos que
este dato.
Señoría, no se puede derogar la orden ministerial, porque el
reequilibrio tarifario se ha puesto ya en vigor, y ni siquiera por
ley se le podría obligar a Telefónica a bajar los precios en estos
momentos siendo una compañía privatizada. Eso sería objeto de un
procedimiento de infracción por parte de la Comisión Europea, y usted
lo sabe.
Estando yo de acuerdo, como estoy, en encontrar una fórmula que
permita poner precios muy asequibles en el ámbito de Internet,
estando de acuerdo, como estoy, con ese principio, hemos de encontrar
la fórmula entre todos para hacer algo que se tenga de pié, señoría,
desde un punto de vista jurídico y legal. ¿Cuántos parlamentos hay en
el mundo que se dediquen ahora a imponer por ley a sus ex monopolios
una rebaja de tarifas? Seria impresentable, porque la legislación
comunitaria, señoría, lo que pide es que se haga el reequilibrio
tarifario. Ya verá usted cómo no nos abren ningún procedimiento de
infracción por el reequilibrio tarifario hecho.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor ministro,
le ruego vaya concluyendo.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Nos lo
abrirían si no hubiéramos hecho el reequilibrio tarifario como lo
hemos hecho.
Señoría, le pediría a usted que reconozca las cosas como son. Hemos
hecho un reequilibrio tarifario muy razonable. Va a permitir la
competencia en el ámbito de la telefonía local, pronto, porque los
operadores de cable van a empezar a actuar pronto. Lo hemos hecho con
una mínima repercusión en el índice de precios al consumo, que es lo
que realmente perjudica a los usuarios y consumidores. La subida de
precios con carácter general en la economía es lo que realmente
perjudica a los usuarios. Hacer un reequilibrio tarifario como el que
hemos hecho, con una mínima repercusión en el índice de precios al
consumo y manteniendo una franquicia de 2,40 minutos para el 75 por
ciento de las llamadas que factura Telefónica, creo, señoría, que es
un reequilibrio social, equilibrado y neutro, diga usted lo que diga,
de acuerdo con la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones, que no tiene resultados, no tiene
repercusiones positivas sino más bien ligeramente negativas en la
cuenta de resultados de Telefónica.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
ministro. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICIÓN CANARIA, SOBRE LA POLÍTICA
GENERAL DEL GOBIERNO EN MATERIA DE COMUNICACIONES AÉREAS ENTRE LA
PENÍNSULA Y EL ARCHIPIÉLAGO CANARIO (Número de expediente 172/
000110).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pasamos a la
segunda interpelación de la tarde: interpelación urgente del Grupo de
Coalición Canaria sobre la política general del Gobierno en materia
de comunicaciones aéreas entre la Península y el archipiélago
canario.
Para su presentación, y en nombre de su grupo parlamentario, tiene la
palabra el señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, las islas Canarias son un territorio archipielágico
que está situado a más de 1.000 kilómetros de distancia de la costa
peninsular y, en su punto más cercano, a unos 100 kilómetros del
continente africano. Esa peculiar situación geográfica -ser
territorio archipielágico y su condición de territorio alejado- le ha
valido para que tenga un reconocimiento especial. Por una parte, en
el artículo 138 de la Constitución española, donde el Estado
garantiza el principio de solidaridad y el establecimiento de un
equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del
territorio español, atendiendo en particular a las circunstancias del
hecho insular; por otra parte, el reconocimiento de la Unión Europea
como región ultraperiférica, reconocimiento contemplado en el Tratado
de Amsterdam. Esa situación geográfica extraordinaria y especial al
ser el último territorio europeo en el Atlántico, un territorio
fragmentado y alejado de tierra firme, hace que tengan que arbitrarse
medidas también extraordinarias y especiales para atender esas
extraordinarias y peculiares circunstancias; medidas extraordinarias
y especiales contempladas, repito, en el marco de nuestra
Constitución y en los reglamentos comunitarios.
Es obvio, señorías, señor ministro, pero conviene reiterarlo porque
parece que algunos no se han enterado aún, que en las islas no hay
carreteras que las unan entre sí ni a las islas con la Península, no
hay ferrocarril. Para comunicarnos, entre las islas y con el
exterior, es absolutamente imprescindible contar con el transporte
marítimo y con el aéreo. El mar y el cielo son nuestras carreteras y
nuestros ferrocarriles. Si tenemos en cuenta que el barco cubre el
servicio Península-Canarias
una vez a la semana y que la travesía tarda dos días, llegaremos a la
conclusión de que la dependencia del avión es prácticamente absoluta
en lo que se refiere a los temas sociales, económicos, políticos,
comerciales, turísticos, etcétera. Esa situación del Archipiélago
y esa dependencia única y total del transporte marítimo y aéreo exigen
que el Gobierno tenga una política activa en esta materia, cuyo
objeto final sea la cohesión territorial y social entre todo el
territorio del Estado. Esa política del Gobierno se ha de concretar
en distintas medidas que hagan posible la cohesión territorial
y social, garantizando la movilidad entre las islas y la Península y
viceversa en condiciones adecuadas de continuidad, frecuencia,
calidad y capacidad y precios.
Señor ministro, con la entrada en vigor del tercer paquete de
liberalización aérea comunitaria (abril de 1997) casi todo el mundo
esperaba que se produjera una mejora importante, dada la entrada de
la competencia en las comunicaciones aéreas; casi todos esperábamos
más vuelos, más servicios, mejor calidad, bajada de precios. En el
caso de Canarias, le puedo asegurar que ha ocurrido todo lo
contrario: incremento de tarifas; intento de eliminar la competencia
con el presunto acuerdo de Iberia con otras compañías para elevar las
tarifas -asunto que se encuentra en estos momentos en el Tribunal de
Defensa de la Competencia-; alquiler de aviones antiguos como el
Tristar irlandés; aviones preparados para charter que se utilizan
para cubrir rutas regulares con Canarias; tripulaciones que no hablan
castellano, sintiéndonos dentro del propio Estado español como si
estuviéramos en el extranjero; retirada de los airbus, aviones
especialmente diseñados para trayectos como los de Canarias, siendo
trasladados a otros destinos donde están al 50 por ciento de su
ocupación; utilización de aviones de menor capacidad, sin condiciones
para clases preferentes y cobrando tarifas de preferente para
servicios de clase turista; retirada de los DC-9 que cubrían los
vuelos interinsulares; falta de personal para atender los servicios
en los aeropuertos -que ha sido una de las causas del caos de las
maletas en Barajas-; supresión -el último acontecimiento de los
gestores de Iberia- de 150 vuelos programados en todo el territorio
del Estado, 70 de ellos con destino a Canarias, creando una situación
difícil y complicada en las comunicaciones de Canarias con la
Península. Toda esta serie de despropósitos cometidos por los
actuales directivos de Iberia se deben, a nuestro juicio, señor
ministro, a que la Dirección General de Aviación Civil y Aena han
estado y están subordinados a los intereses del grupo Iberia. ¿Qué
motiva nuestra interpelación urgente? Un nuevo abuso -como el que
acabo de señalar- de la compañía Iberia: la cancelación de más de 70
vuelos, que significa eliminar de un plumazo la oferta de 10.500
plazas semanales a Canarias. ¿Es o no un abuso, señor ministro, que
Iberia modifique su programación en pleno mes de agosto para hacerla
entrar en vigor a principios de septiembre? ¿Es o no un abuso que esa
modificación de su programación se haga sin posibilidad
de que sea cubierta por la competencia? ¿Se puede permitir que
Iberia -empresa pública- cancele más de 70 vuelos con Canarias, que
supone una reducción de la oferta semanal en más de 10.500 plazas?
¿Es tolerable esta situación? ¿Va a responder alguien por ello?
¿Tiene algo que ver, señor ministro, el presidente de la SEPI? ¿Cuál
es la posición del ministro de Industria? Si nos atenemos a la
contestación que daba hoy a las preguntas planteadas por Coalición
Canaria y por el Grupo Socialista, no sabe, no contesta, evasivas e
intentos de justificar lo injustificable.
Señor ministro, en Coalición Canaria nos consta que es usted persona
seria y que cumple sus compromisos y nos da la impresión de que está
usted harto de responder de la gestión del grupo Iberia, en el que
usted no tiene ni arte ni parte; pero es usted, señor ministro,
responsable de la política de transportes de este Gobierno. ¿Piensa
el Gobierno seguir ajeno a las decisiones de unos gestores públicos
que están provocando el caos en las comunicaciones y en los
aeropuertos españoles? Recupere su autoridad, señor ministro, como
responsable de aviación civil. No tolere más los desmanes del grupo
Iberia ni se deje engañar.
Los canarios venimos sufriendo la política y los engaños de Iberia
con las islas sin que nadie responda de ello. ¿Cómo es posible que el
Gobierno, al menos el señor ministro de Industria, hoy, en el trámite
de preguntas, haga suyos los argumentos de Iberia para explicar la
supresión de más de 10.500 plazas en los vuelos que enlazan la
Península con Canarias? Recuerdo que el presidente de Iberia ha
explicado que la situación se ha producido con base en los siguientes
argumentos: descongestionar Barajas, cumplir el acuerdo laboral con
los pilotos, no tensionar las operaciones de sus aviones. ¿Cómo
podemos dejarnos engañar con esta explicación tan absurda?
¡Descongestionar Barajas! Pero si los meses de julio y agosto son los
meses con mayor número de operaciones, ¿cómo se descongestiona
Barajas en septiembre y octubre, que es cuando empieza a descender el
número de operaciones en este aeropuerto? ¿Por qué suprime los vuelos
de septiembre y octubre? ¿Por qué intenta engañarnos, si parte de los
vuelos que se suprimen tenían origen en Canarias y destinos en
Málaga, en Alicante y en Bilbao, y en estos momentos se han suprimido
esos vuelos directos y para viajar a cualquiera de estos aeropuertos
hay que hacer escala en Barajas? Se está produciendo una mayor
congestión del tráfico en Barajas. Y si fuera cierto que es para
descongestionar Barajas, ¿no se tiene en cuenta a la hora de cancelar
vuelos que es un territorio donde no hay alternativas al transporte,
no se tiene en cuenta que no existe la alternativa de la carretera y
del ferrocarril? ¿Sabe el señor Irala que si alguna política de
Estado necesita Canarias es acercarse más a la Península, por razones
de tipo social, económico y también, señor ministro, por razones de
tipo político? Y en estos momentos la política del grupo Iberia
consiste en alejar a los territorios insulares de la Península.
Razones de tipo político. Si fueran necesarias más medidas para
descongestionar Barajas, ¿los directivos de Iberia seguirían
suprimiendo vuelos con los territorios insulares? ¿No se han enterado
aún de que no podemos venir ni en el coche ni en el tren? ¿No se han
enterado de que pueden causar un daño irreversible a la economía de
Canarias?
Los otros dos argumentos son absolutamente rechazables por impropios
de un presidente de una compañía del prestigio que se le supone a la
primera compañía de la aviación aérea española: no tensionar las
operaciones de sus aviones y cumplir los acuerdos laborales de los
pilotos. Estos argumentos son propios de una empresa pública de un
país subdesarrollado. ¿Cómo se puede improvisar el cumplimiento de
acuerdos laborales o el mantenimiento de los aviones? ¿Por qué no los
ha programado en los meses en que hay una menor ocupación de los
vuelos a Canarias?
En definitiva, señor ministro, los actuales dirigentes del grupo
Iberia, por lo que respecta a la política con Canarias, han pecado de
incompetencia, de insensibilidad, de improvisación, de falta de
tacto, de falta de prudencia. Su única preocupación es la cuenta de
resultados. No tienen en absoluto en cuenta el interés social que
deben tener en materia de transporte, fundamentalmente cuando el
servicio lo presta una empresa pública como es Iberia. No es
casualidad, señor ministro, que el Gobierno de Canarias, que el
Parlamento de Canarias, que los cabildos, que los empresarios, que
los sindicatos, que los agentes de viajes, que los usuarios, que los
ciudadanos en general estén en estos momentos crispados contra esta
actitud de la compañía Iberia.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Rivero,
le ruego concluya.
El señor RIVERO BAUTE: Termino enseguida, señor presidente.
Señor ministro, los reglamentos europeos prevén medidas para
garantizar la cohesión territorial y social de las zonas frágiles en
materia de transporte. El artículo 103 de la ley de acompañamiento de
los presupuestos de este año, la Ley 60 de 1997, de 30 de diciembre,
prevé la declaración de obligaciones de servicio público. Ya lo hemos
hecho, de acuerdo con el Gobierno de Canarias y el Gobierno del
Estado, en el caso de los tráficos interinsulares. Está prevista
también la posibilidad -se dice: en su caso- de la declaración de las
obligaciones de servicio público entre Península-Canarias y viceversa.
El caso ya ha llegado, señor ministro, y por tanto es hora de que el
Gobierno actúe. Esperemos que en la moción consecuencia de esta
interpelación lleguemos a un acuerdo para declarar las obligaciones
de servicio público que eviten en el futuro los dislates de unos
gestores insensibles con unos territorios alejados, que puedan
garantizar la continuidad, la calidad y los precios en las
comunicaciones archipiélago canario-Península y que permitan la
cohesión territorial del Estado español.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rivero.
Señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señor presidente.
Señorías, ni qué decir tiene que el Gobierno comparte todo el
análisis estratégico que ha expuesto S.S. en relación con la
ubicación geográfica de las islas Canarias y sus relaciones con la
Península. Por consiguiente, en ese terreno hay muy poco que
discutir, la coincidencia es plena. Pero no puedo por menos de decir
que, justamente porque existe coincidencia con ese análisis, este
Gobierno sí tiene una política de transporte aéreo en relación con
las islas Canarias, una política que se concreta en hechos y en datos
específicos, a mi juicio, extraordinariamente positivos para el
Archipiélago. Esa política tiene tres dimensiones: tiene una
dimensión presupuestaria, tanto del lado de los ingresos como del
lado de los gastos; tiene una dimensión de servicio público y tiene
una dimensión que afecta a las infraestructuras.
Haciendo un breve repaso, señoría, desde la perspectiva
presupuestaria, hay subvenciones a cargo del Estado de las ayudas
para el transporte aéreo a residentes en el archipiélago canario que
bajo este Gobierno han tenido la siguiente evolución: en 1996 la
partida presupuestaria alcanzaba los 6.295 millones de pesetas, en
1998 la partida es de 9.265 millones de pesetas, un incremento del 47
por ciento. Hay también subvenciones para incrementar las ayudas a
los servicios interinsulares. De acuerdo con los diputados de
Coalición Canaria -recordémoslo-, elevamos esa subvención del 10 por
ciento al 33 por ciento en el precio de los billetes, y la partida
presupuestaria ha pasado de 600 millones a 3.600 millones. Desde el
lado de los ingresos, la política presupuestaria del Gobierno en
relación con las islas Canarias y en lo que afecta al transporte
aéreo ha tenido su plasmación en una reducción de las tasas
aeroportuarias para los servicios aéreos regulares nacionales. Eso
supone una disminución de ingresos para el presupuesto del Estado de
1.600 millones de pesetas. La tasa aeroportuaria de aterrizaje y
utilización de infraestructuras se ha reducido en un 70 por ciento
para los servicios regulares interinsulares y en un 15 por ciento
para los vuelos con la Península. En segundo lugar, la política de
transporte aéreo con las islas Canarias tiene una dimensión de
servicio público. De común acuerdo, y a través de una decisión
formalizada, como es lógico, por el Consejo de Ministros, hemos
declarado las obligaciones de servicio público en el transporte aéreo
interinsular para garantizar precios, regularidad y calidad.
Finalmente, señoría, la política de transporte aéreo tiene también
una dimensión que afecta a las infraestructuras. En reciente
comparecencia parlamentaria para hablar de los aeropuertos, le
especifiqué que
Aena está realizando y realizará, entre 1998 y 2002, una inversión de
95.000 millones de pesetas en los aeropuertos canarios; inversiones
ya programadas destinadas a la mejora de las infraestructuras, a
incrementar la capacidad de los principales aeropuertos canarios.
Desde otra perspectiva, se incrementa también el número de vuelos a
través del incremento de slots; por ejemplo, en el aeropuerto de Gran
Canaria se ha pasado de 26 a 34 movimientos a la hora. Todo ello da
como resultado un incremento del número de pasajeros que van a las
islas Canarias verdaderamente espectacular en los seis primeros meses
del año. Le ahorro a S.S. las cifras -las tengo a su disposición-
pero son incrementos muy importantes.
Esta es la cuestión de orden general. En ese marco, en el que hay
efectivamente una política de transporte aéreo, señoría -eso no se
puede negar-, me plantea usted el problema de Iberia, y al problema
de Iberia ha tenido hoy ocasión de responder el ministro de
Industria. Es evidente que la compañía tiene problemas, no lo podemos
negar; está en un proceso de reestructuración previo a su
privatización y ha de arreglar esos problemas. De acuerdo con la
información suministrada por el ministro de Industria y por la propia
compañía, lo que ha ocurrido es que no ha podido cumplir la
programación prevista y ha tenido que reducir el número de vuelos en
relación con la programación prevista; pero la programación efectuada
en el mes de septiembre incrementa la que se realizó en septiembre
del año 1997. Por tanto, siendo cierto que ha tenido que renunciar
a una programación excesivamente ambiciosa, no es menos cierto que la
programación efectivamente realizada es superior a la que se realizó
el pasado año. No sé si el ministro de Industria ha dado los datos
con detalle; son: entre Gran Canaria y Madrid la oferta se ha
incrementado en 10 frecuencias semanales, alcanzando las 46; Gran
Canaria y Tenerife-Sevilla, la oferta de siete frecuencias semanales
supone un incremento de cuatro frecuencias en el caso de Gran Canaria
y tres en el caso de Tenerife; Lanzarote-Madrid, la oferta es de 14
frecuencias, una más que en período anterior; Lanzarote-Barcelona, la
oferta se incrementa en tres frecuencias semanales, alcanzando las
siete; Fuerteventura- Madrid, la oferta es de siete frecuencias
semanales, dos más que en septiembre de 1997. Es decir, ha habido un
incremento de frecuencias.
Es lógico que presionemos, y el Gobierno presiona para que Iberia
resuelva todos los problemas que comporta el proceso de
reestructuración. Yo le puedo garantizar a S.S. que utilizaré los
medios al alcance del órgano regulador. No hay, en sentido estricto,
señoría, una subordinación de Aena y de la Dirección General de
Aviación Civil a Iberia; hay un proceso histórico en el que Iberia ha
detentado el monopolio del transporte aéreo español y todavía detenta
más del 60 por ciento del transporte aéreo español. Por consiguiente,
es difícil obviar esa situación de hecho. En todo caso, sí le puedo
decir que, en nuestras relaciones con Iberia, tratamos
permanentemente de que tanto por parte de la
compañía como por parte de los aeropuertos se presten los mejores
servicios posibles a los usuarios.
Una última reflexión para concluir. Estamos insertos en un proceso de
liberalización del transporte aéreo y ese proceso de liberalización
del transporte aéreo puede producir y de hecho produce algunos
desajustes. Si la compañía que tiene el mayor porcentaje -yo diría
que una posición claramente dominante- del transporte aéreo español,
que es Iberia, tiene problemas, es evidente que eso repercute
automáticamente sobre el correcto funcionamiento del transporte aéreo
español y, por tanto, el archipiélago canario resulta doblemente
afectado: como cualquier otro destino y además por ser un destino
insular, y esa doble característica es lo que debe ser objeto de
preocupación y nos debe llevar a tomar todas aquellas medidas que
sean necesarias para mejorar la conexión con el Archipiélago. (El
señor vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
Yo quiero dejar encima de la mesa, señoría, sin manifestar una
posición concreta, la siguiente reflexión que debemos hacer
conjuntamente. Hemos utilizado el concepto de obligación de servicio
público para garantizar el transporte aéreo interinsular y creo que
va a dar un buen resultado. Podemos estudiar -pediría que lo
estudiáramos, señoría, no que lo decidiéramos- las repercusiones que
puede tener la declaración de obligación de servicio público para ser
implantada en el transporte aéreo entre la Península y el
archipiélago canario. Es evidente que una declaración de obligación
de servicio público tiene una ventaja con carácter inmediato y es que
en cierto modo parece garantizar determinadas características del
transporte aéreo entre la Península y el Archipiélago; en teoría,
debería garantizar regularidad, calidad y precio. Pero, señoría, hay
algo que por lo menos debemos poner encima de la mesa para que pueda
ser debatido: ¿no podría la declaración de obligación de servicio
público inhibir una buena parte del transporte aéreo que hoy une el
archipiélago canario con la Unión Europea y escala en la península
Ibérica? Yo dejo encima de la mesa esa cuestión porque el concepto de
obligación de servicio público implica una regulación administrativa
estricta. En estos momentos los aeropuertos canarios tienen un
tráfico extraordinario, y además en crecimiento, que viene de todas
las partes del mundo, pero en todo caso muy importante tráfico
procedente de la Unión Europea. Pues bien, parte de ese tráfico hace
escala en la península Ibérica, con la declaración de obligación de
servicio público se puede producir -hay que pensarlo, debemos
estudiarlo- un cierto grado de inhibición y algunas de las compañías
aéreas que prestan este tipo de servicios pueden dejar de hacerlo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor ministro.
Para un turno de réplica, el señor Rivero tiene la palabra.
El señor RIVERO BAUTE: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, cuando hemos dicho desde esta tribuna que hace falta
que el Gobierno lleve a cabo una política activa en materia de
transportes es porque estamos analizando esta problemática en todo el
territorio del Estado, y fundamental y básicamente el asunto que nos
trae hoy aquí es el de las comunicaciones Península- Canarias y
viceversa. Por eso decía que los acuerdos que hemos cerrado con el
ministro, que ha sido sensible en este caso con los temas de
Canarias, han llegado a buen puerto y en estos momentos están siendo
efectivos desde enero del presente año, llevando consigo la reducción
de las tasas de pasajeros y de las tasas de aterrizaje tanto en los
vuelos interinsulares como en los vuelos Canarias-Península. Esta
medida, señor ministro, que es fruto del acuerdo del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria con el Gobierno, precisamente está
beneficiando principalmente a la compañía Iberia y a su filial Binter
y lo que estamos consiguiendo, lejos de ser una mejor atención y una
mayor sensibilidad con la problemática de las comunicaciones entre
las islas y de las islas con el exterior, es absolutamente todo lo
contrario. Es absolutamente injusto, después del esfuerzo que se ha
hecho en este acuerdo, por el que se han restado ingresos que le
corresponden a Aena para beneficiar a las compañías, para abaratar
costos, que sigan teniendo una actuación tan disparatada con respecto
a la política de comunicaciones con el archipiélago canario. Es
cierto que ha habido un avance espectacular, un avance importante con
respecto a la declaración de obligación de servicio público en los
tráficos interinsulares, porque garantiza las comunicaciones
fundamentalmente con las islas más desfavorecidas, con las islas
periféricas; es una garantía para asegurar que en las horas de la
mañana y de la tarde haya vuelos; es una garantía para cubrir un
servicio que necesitan los ciudadanos de las islas periféricas que
van a hacer gestiones económicas o sanitarias a las islas
capitalinas, tanto a Tenerife como a Gran Canaria. Qué duda cabe que
esta declaración de obligación de servicio público -en estos momentos
está en fase de adjudicación de las líneas correspondientes- es una
mejora importante.
De igual forma es una mejora importante la subvención incorporada
este año de 3.000 millones de pesetas, que está siendo efectiva desde
el 1 de septiembre y que está significando un acercamiento importante
entre las islas, porque pasar del 10 al 33 por ciento ha mejorado las
comunicaciones entre las islas canarias.
También ha hablado, señor ministro, de las inversiones
aeroportuarias. Estamos de acuerdo en que están programadas una serie
de inversiones en los aeropuertos canarios, pero también es cierto
que son precisamente los aeropuertos canarios, en base al volumen que
generan, los que más beneficios aportan al conjunto aeroportuario
español. Las inversiones que se dedican a los aeropuertos canarios no
salen de los Presupuestos Generales del Estado sino de los beneficios
que están generando los propios aeropuertos canarios. Igual que en
otras materias es solidario el resto de los
territorios con Canarias, en ésta Canarias está aportando
solidariamente sus beneficios a otros aeropuertos deficitarios, que
son la mayoría de los aeropuertos peninsulares.
Señor ministro, lo que no nos vale como argumento es el que está
esgrimiendo la presidencia de Iberia de que se ha producido un
incremento de vuelos de septiembre de 1997 con respecto a septiembre
de 1998, porque si se ha producido un 4 por ciento de incremento de
vuelos pero la demanda está por encima del 20 por ciento en
septiembre de 1998 con respecto a 1997, está claro que hay un déficit
de un 16 por ciento. Por tanto, ese no es un argumento sólido para
que en estos momentos podamos atenuar las consecuencias de la
posición que ha tenido el grupo Iberia en relación con este asunto.
La única verdad en este tema es que si uno intenta llamar a las
oficinas de Iberia o a una agencia de viajes se encontrará con que no
se puede viajar a Canarias hasta dentro de diez o doce días, no se
puede conseguir una plaza hasta dentro de diez o doce días. Esa es la
única realidad, el único hecho constatable. La única realidad, señor
ministro, es que han alejado las islas y han alejado a las clases más
desfavorecidas de la posibilidad de viajar a la Península y
viceversa, de la Península a Canarias, porque han desaparecido las
tarifas mini, supermini y las tarifas turísticas tipo B. ¿Por qué han
desaparecido? Porque como los aviones de Iberia van a tope, hay
overbooking en todos los vuelos con Canarias -repito que hay que
esperar diez o doce días-, lo que hace es vender tarifas más caras;
ha eliminado las tarifas más baratas perjudicando claramente a las
clases más desfavorecidas. No se trata sólo de tener voluntad para
arreglar este asunto, hacen falta medidas claras y contundentes que
permitan atenuar la crispación que en estos momentos existe en la
sociedad canaria.
Dice usted, señor ministro -y nosotros recogemos esa invitación que
usted hace-, que hay que hacer una reflexión sobre la declaración que
está prevista en la ley de acompañamiento de las obligaciones de
servicio público. Nosotros estamos dispuestos a hacer esa reflexión,
pero para hacer una reflexión serena, señor ministro, hace falta un
compromiso y que el Gobierno ejerza su autoridad, hace falta que el
Gobierno obligue al grupo Iberia de forma inmediata a restituir los
vuelos cancelados con Canarias. Si estamos de acuerdo en que en un
territorio alejado no se pueden arbitrar medidas de esta naturaleza,
que están creando un ambiente de crispación, que están causando
perjuicios sociales, económicos y hasta políticos...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Rivero, le ruego que
concluya.
El señor RIVERO BAUTE: Termino enseguida, señor presidente.
Si estamos de acuerdo en eso, señor ministro, estamos dispuestos a
aceptar esa invitación que usted hace. Pero de forma inmediata, como
gesto del Gobierno, lo
que le pedimos es que haya una reposición inmediata de los vuelos
suprimidos con Canarias. En ese caso estamos dispuestos a hacer una
reflexión serena para ver cómo podemos resolver mejor en el futuro
las comunicaciones entre Canarias y la Península.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Rivero.
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Le contesto
muy brevemente desde el banco.
Yo estoy dispuesto, como conoce S.S., a hacer todos los esfuerzos
posibles para mejorar todo lo que sea preciso el transporte aéreo
entre la Península y el Archipiélago. Con mi compañero el ministro de
Industria trataremos de encontrar las fórmulas para que el transporte
aéreo con el Archipiélago quede bien cubierto, y utilizo
deliberadamente y de forma consciente el concepto bien cubierto. Al
mismo tiempo, querría llevar al ánimo de S.S. que la compañía Iberia
tiene problemas: tiene flota insuficiente y tiene tripulaciones
insuficientes para cumplir una programación que previamente se había
fijado. Ese es un dato de hecho que está en proceso de solución. No
se forman tripulaciones de la noche a la mañana y la industria
aeronáutica no suministra aviones de la noche a la mañana, aunque
bien es cierto que se pueden alquilar algunos para cubrir el
servicio. En todo caso, yo trasladaré esto al ministro de Industria,
que ya ha dado su contestación esta tarde, y a través de las
relaciones que mantenemos en la comisión de seguimiento de nuestros
acuerdos parlamentarios trataremos de encontrar la solución para que
el tráfico aéreo con el Archipiélago quede, en ese concepto, bien
servido.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor ministro.
¿Grupos parlamentarios que no hayan intervenido en el debate y
quieran fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida tiene la palabra el señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
Yo le agradezco al destino que con motivo de estar pendiente de la
próxima interpelación me haya dado ocasión de compartir el trabajo de
la Cámara, y he quedado absolutamente estupefacto. Afortunadamente yo
no soy miembro de la comisión de comunicaciones y transportes, por
tanto van a entender ustedes que la pobreza de mis argumentaciones es
la pobreza de las argumentaciones que tenga cualquier ciudadano. No
he llegado al conocimiento sofisticado que tienen ustedes sobre estos
temas y estoy absolutamente convencido de que las intervenciones
posteriores, sobre todo la mi
amigo el señor Segura, serán mucho más rigurosas, pero yo le voy a
hablar como un ciudadano a don Rafael Arias-Salgado, excelentísimo
señor ministro de transportes, y le voy a decir que efectivamente
tienen ustedes una política de transportes, claro, pero no basta
decir que tienen una política de transporte, habrá que decir hacia
dónde se orienta. Claro que tienen ustedes una política de
transportes destinada clarísimamente a que las comunicaciones y el
transporte en este país sean un instrumento fundamental de lucro
privado. No hable usted del servicio público porque sinceramente es
un sarcasmo. En este tema tan importante de la comunicación y del
transporte están llevando a cabo el trabajo que les ha sido
encomendado para enriquecer los bolsillos de las compañías que a
ustedes les parece. Pero hablan ustedes de servicio público cuando lo
que ha dicho el señor Rivero yo lo suscribo íntegramente. Es más,
intervengo en alguna medida motivado, poniéndome la venda antes de la
herida, porque sé que algo por el estilo amenaza a las islas
Baleares, a la comunidad balear, que ha tenido la delicadeza de
admitirme como uno de sus vecinos. Usted ha dicho que anteponen los
posibles problemas económicos a algo tan elemental como que un
ciudadano del Archipiélago pueda estar en igualdad de condiciones con
cualquier otro. Es evidente. Pero es que el ciudadano de Gran
Canaria, de Fuerteventura o de Formentera está pagando autopistas y
está pagando ferrocarriles en todos los sitios, y cuando llega el
momento no tiene ninguna posibilidad de acudir a ningún sistema de
carácter -valga la expresión- gratuito. Evidentemente habrá que hacer
una diferencia muy seria. Esa diferencia no la puede usted reducir a
rebajar un 33 por ciento, porque lo que ha dicho el señor Rivero es
absolutamente cierto. Si suprimen ustedes las tarifas minis, si
suprimen ustedes las tarifas más económicas, señor Arias-Salgado, nos
conocemos hace mucho tiempo, ¿qué quiere usted, que recordemos como
en otras épocas, yo que soy hijo de ferroviario, el billete de
caridad que se obtenía con el informe del párroco y del comandante de
la Guardia Civil para poder desplazarse a Barcelona a que le vieran
las cataratas? Un poco de seriedad.
Están ustedes, en el fanatismo de la privatización, llegando a unos
extremos que superan el fundamentalismo. Están ustedes en la
aberración. Tienen ustedes una política de transportes absolutamente
irracional, absolutamente discriminatoria y, le digo más, que
conculca principios elementales de la Constitución, y yo sabía que al
final alguien tenía que tener la culpa: los trabajadores. A buenas
horas van a tener la culpa los gerentes ni el consejo de
administración. Da la casualidad de que los pilotos quieren no
trabajar 20 horas sino que entren más pilotos y trabajar una jornada
normal. También quieren los del servicio de tierra tener unos
emolumentos similares a los de la escala de vuelo. ¿Quién plantea
siempre problemas? Los trabajadores; los consejos de administración,
no. En los consejos de administración se repite sistemáticamente el
nombre de los que, estando no en la SEPI sino en el INI o similares,
llevaron a todas y cada una de las compañías a la ruina
aprovechándose del puesto que tenían en esa gestión en beneficio
privado, con lo cual prepararon el camino para que fuera fácil decir
que esto no funciona; todo lo público ha de ser inmediatamente
desmantelado, aquí no funciona nada.
Querido don Rafael, excelentísimo señor, usted no pensaba así en otra
época. Usted anteponía el servicio público y la calidad de vida del
ciudadano a los intereses de las compañías. Por tanto, yo le pido por
favor que haga una reconsideración. Pero por si acaso mis argumentos
no le sirven, le voy a pedir a usted y al Gobierno simplemente que
tengan un pequeño gesto: abandonen el mystère de la Subsecretaría de
Aviación Civil, cojan como los demás el avión, váyanse al aeropuerto,
aguanten las colas, esperen ustedes y vean lo que son los retrasos,
vean lo que es el overbooking, vean lo que allí ocurre, y entonces es
posible que el Gobierno empiece a ser medianamente sensible a los
intereses de los consumidores, porque cuando uno se coloca por las
nubes suelen ocurrir estas cosas: una pérdida absoluta del sentido de
la realidad.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Castellano.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, señoras y señores diputados, me voy a ceñir al
contenido de la interpelación. El Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria dice que formula la presente interpelación urgente sobre la
política que desarrolla o piensa desarrollar el Gobierno para
garantizar que las comunicaciones aéreas entre la Península y el
archipiélago canario se desarrollen en condiciones adecuadas de
continuidad, frecuencia, capacidad y precio de acuerdo con el derecho
comunitario, y a ello es a lo que me voy a ceñir.
Señor ministro, usted ha llevado a cabo una serie de reflexiones que
no venían al caso: infraestructuras, precio, aportaciones,
presupuestos generales del Estado, etcétera. Yo, al igual que el
diputado por Coalición Canaria señor Rivero, represento una
circunscripción de la comunidad canaria. Me siento portavoz de todos
y cada uno de los usuarios, de los viajeros que hacen las rutas entre
Canarias y la Península, de los que se mueven dentro de Canarias en
los diferentes aeropuertos y de todos aquellos peninsulares y
ciudadanos comunitarios que nos visitan. Canarias es uno de los
puntos de encuentro fundamentales de las rutas troncales de la Unión
Europea. Su Gobierno no ha tenido una política de transporte
aeronáutico, y la prueba de ello la hemos visto en el caos espantoso
que la red aeroportuaria española sufrió en los meses de mayo, junio
y julio. Como consecuencia de ese caos, señor ministro, usted tuvo la
obligación de cesar al secretario de
Estado de Infraestructuras y Transporte, lo que se lamentó bastante
en diferentes foros porque no ejerció como secretario de Estado de
Transportes. Usted no ha tenido una persona gestionando los
transportes, ni aeronáuticos ni marítimos ni terrestres, y usted
mismo tampoco es ministro de Transportes. Usted, en la asamblea de la
asociación de navieros españoles el año pasado, prometió que traería
aquí unas propuestas de resolución y provocaría un debate político
sobre el transporte marítimo en España. No lo ha hecho y no se ha
atrevido a asistir a la asamblea general de la asociación de navieros
españoles de este año porque no se ha atrevido a dar la cara -lo de
dar la cara lo digo respetuosamente, desde la óptica política- ya que
su Ministerio no tiene una política de transporte, lo que se pone de
manifiesto en una región absolutamente necesitada de ello.
Cómo es posible que hace un año se autorizase desde la Dirección
General de Aviación Civil a la compañía Iberia para que fletase en
régimen de wet lease un avión, es decir, que alquile un avión con
tripulaciones que no hablan castellano, un Locked-L-1011-Tristar, un
avión con más de 30 años volando y cuyo historial aeronáutico es
desconocido por la administración aeronáutica española, con
tripulaciones -pilotos y auxiliares- que no hablan castellano, cuando
ante una situación de emergencia la comunicación entre la tripulación
y los pasajeros es absolutamente imprescindible. No tiene precedentes
en la historia aeronáutica española. Eso no ha ocurrido nunca durante
los 75 años que la compañía Iberia ha prestado servicios con la
comunidad canaria, que ha sido una pieza fundamental del crecimiento
de la compañía por cuanto Canarias ha sido una especie de hop en el
Atlántico, es un punto distribuidor de flujos aeronáuticos de la
Unión Europea hacia el continente africano más próximo y hacia
Iberoamérica, y resulta que nos fletan aviones de esas
características. No solamente eso, señor ministro, sino que
últimamente han desplazado los aviones de la compañía Aviaco del
grupo Iberia, y los han desplazado no solamente en la Península
dándole una franquicia excepcionalmente positiva a Air Nostrum, que
ojalá sea objeto de análisis en el Pleno de esta Cámara por las
características de privilegio de que disfruta por parte de la
administración aeronáutica española, prestándole el handling a un
coste ínfimo por parte de la compañía Iberia, sino que ha desplazado
aviones de Aviaco de Canarias. Ya no se ve un avión de Aviaco en
ningún vuelo de Canarias que haga Lanzarote- Alicante o Las Palmas de
Gran Canaria-Jerez de la Frontera y Barcelona. Y no solamente eso
sino que en Iberia han sustituido al avión Airbus 300, con una
capacidad de doscientos ochenta pasajeros, con una amplísima
capacidad de carga palletizada, de carga de fácil maniobrabilidad,
por un Boeing 757. Esos aviones Airbus hacen la ruta con Roma y Milán
compitiendo con Alitalia, lo cual no es necesario, y van a un 30 por
ciento de capacidad. Se culpa a los pilotos, pero el sindicato
mayoritario Sepla no fue precisamente un sindicato
cariñoso con los gobiernos socialistas. Consiguientemente, como
diputado socialista no tengo que ser portavoz ni enarbolar la bandera
en defensa de ese sindicato, pero la realidad objetiva es que hoy no
hay diálogo con la compañía y ello está repercutiendo en los
intereses globales del Estado español. No hay diálogo entre otras
cosas porque Iberia necesita doscientos cincuenta pilotos y Aviaco
cien, y hay dos mil pilotos españoles en paro a los que no se les da
entrada. Iberia quiere establecer la entrada en el nivel doce -si
quiere un día hablamos de las características de los niveles- y los
pilotos plantean el nivel ocho. Lléguese a una situación intermedia y
que entren cuatrocientos o quinientos pilotos. ¿Cómo es posible que
se tengan simuladores que han costado miles y miles de millones de
pesetas y no se utilicen para formar a pilotos que acaban de obtener
su título en Aena, en la escuela nacional de aeronáutica española?
Señor ministro, me felicito porque el Grupo Socialista a través de
distintas intervenciones en Comisión y en el Pleno de esta Cámara ha
defendido, al amparo de la normativa de los reglamentos y directivas
comunitarias del año 1992 que impulsaron las políticas de
liberalización del tráfico aéreo y de los que el Gobierno español fue
uno de los pioneros en su aplicabilidad en el seno de la Unión
Europea, el concepto de servicio público. Naturalmente que lo hemos
demandado para los vuelos interiores canarios, pero ¡ojo! ahí sí
coincido con usted. Han elaborado una normativa que va a conducir a
un monopolio de una compañía, Binter, que va a estar en manos
privadas, en manos de una sociedad que se lo va a quedar porque en
paralelo hay un proceso de privatización que ha impulsado la SEPI que
ha posibilitado la segregación del grupo Iberia de la compañía
Binter. Nosotros creemos en el servicio público, pero nunca en ese
monopolio en manos privadas. Nosotros creemos que las rutas Canarias-
Península tienen que ser garantizadas en frecuencia, capacidad de
carga y capacidad de pasajeros, pero ¡ojo! con la posibilidad de
llegar a una situación de monopolio.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Segura, concluya.
El señor SEGURA CLAVELL: Señor presidente, termino. Muchas gracias.
Señor ministro, permítame que le lea un párrafo muy breve publicado
en un editorial de un periódico que no se ha caracterizado por ser
excesivamente cariñoso con el Partido Socialista ni con los gobiernos
socialistas. Me refiero al periódico ABC. El pasado 26 de agosto el
editorial de ese periódico termina diciendo: El Gobierno del PP
anunció el año pasado que sacará a Bolsa el 50 por ciento del capital
de Iberia a finales del 98 ó a comienzos del 99, hoy capital en poder
de la Sociedad Española de Participaciones Estatales. Tanto British
Airways como American Airlines tomarán el 5 por ciento cada una en el
capital de la compañía -parece ser que va a ser más- tras su recién
estrenada alianza estratégica.
Reitera que en esta privatización puede estar el origen de la
anunciada decisión de suprimir ciertos vuelos no rentables -todos los
de Canarias son rentables y aunque no lo fuesen hay que darlos-, pero
en un asunto de tanta complejidad no deben primar -dice el periódico
ABC- los criterios economicistas sobre los político-sociales. La
supresión de ciertos vuelos redundantes con otros medios de
transporte o de frecuencia claramente excesiva para el tráfico
generado, que no es el caso de Canarias porque no hay trenes ni
podemos ir por una autovía de peaje barata, no debe extenderse a la
generalidad de lo simplemente no rentable porque en la base de una
empresa que tiene el carácter de servicio público debe imperar el
principio de solidaridad -lo dice ABC- y sus decisiones estratégicas
no deben contribuir a aumentar las desigualdades entre el conjunto
del territorio español.
Señorías, ustedes, con una inexistente política de transporte
marítimo y aéreo que permita la cohesión de todo el territorio
nacional con los archipiélagos, están produciendo un daño político
irreparable. De ahí que el Grupo Parlamentario Socialista, una vez
conozca el contenido de la moción, consecuencia de interpelación, que
ha producido el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, propondrá a
la Cámara y previamente al grupo parlamentario proponente, como
establece el Reglamento, un conjunto de iniciativas para que el Pleno
de la próxima semana produzca una resolución que restablezca el
principio de cohesión social con la comunidad canaria.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Segura.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Soriano Benítez de
Lugo.
El señor SORIANO BENÍTEZ DE LUGO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, no puedo por menos que reconocer la razón que asiste al
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria en la iniciativa adoptada
esta tarde en esta Cámara, otra cosa sería negar la evidencia. Que en
este mes de septiembre no ha existido por parte de Iberia la
suficiente sensibilidad con el archipiélago canario; que ha incurrido
en una falta de programación evidente que ha ocasionado gravísimos
perjuicios para los habitantes de las islas Canarias, que les ha
impedido salir o llegar al Archipiélago, resulta evidente por cuanto
que, como digo, Iberia no ha sido sensible para entender que de las
islas Canarias, igual que ocurre con las Baleares, no se puede salir
como no sea en avión. En consecuencia, indudablemente Iberia ha
cometido el grave error de no estar acertada en esta programación y
sus consecuencias las hemos padecido todos los canarios, pero yo
confío en que el Gobierno, que ha demostrado su sensibilidad con el
archipiélago canario, sepa advertir a Iberia de la necesidad de
considerar que la situación de
las islas Canarias es distinta de la del resto del territorio
nacional y que no se puede contemplar al Archipiélago como una fuente
de ingresos de la compañía, sino que, como aquí se ha dicho
anteriormente, el Archipiélago tiene que ser tratado con unas
características especiales, sin pensar en el rendimiento económico
sino en la atención, en el servicio a los ciudadanos. De hecho, tengo
que decir que ayer los diputados del Partido Popular tuvimos una
entrevista con los directivos de Iberia que nos aseguraron y nos
prometieron que a partir de octubre se incrementará la frecuencia de
aviones, los Boeing 757 serán sustituidos por el Airbus, de mayor
capacidad, y yo confío plenamente que en el próximo mes de octubre
esté restablecida la comunicación fluida con el archipiélago canario
y confío también en las palabras del ministro y en las palabras que
ha manifestado el Gobierno de que adoptará las medidas necesarias
para que Iberia cumpla con sus obligaciones con el archipiélago
canario, porque creo que este es un problema que afecta a todos los
ciudadanos de las islas. Este no es un problema de partido sino un
problema que, como digo, afecta a los ciudadanos del Archipiélago.
Confío plenamente en que el Gobierno adoptará las medidas necesarias
en relación con Iberia. (Aplausos.)
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Soriano.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Gracias,
señor presidente.
Quiero poner de relieve que existe una coincidencia plena en que es
absolutamente imprescindible satisfacer una necesidad y satisfacerla
de manera correcta y, por tanto, garantizar el transporte aéreo entre
la Península y el Archipiélago. El Gobierno hará todos los esfuerzos
posibles para que los problemas que se han planteado se solventen en
el más breve plazo.
No querría concluir sin dirigirme a mi querido amigo el excelentísimo
señor diputado don Pablo Castellano. El problema, señoría, es que lo
que usted piensa, que es perfectamente legítimo y respetable, ya no
se aplica en el mundo. Fíjese que todos los gobiernos europeos,
incluidos los socialistas, han privatizado sus compañías de bandera;
todos, sin excepción. Y la Unión Europea ha impuesto un proceso de
liberalización del transporte aéreo. No es solamente una decisión del
Gobierno español sino estrictamente aplicación de la legislación
comunitaria. ¿Y sabe usted por qué, señoría? Porque el primer país
que liberalizó, que es Estados Unidos, tiene más del 50 por ciento
del transporte aéreo mundial y de las diez primeras compañías del
mundo cinco son norteamericana, y cuando se alcance la plenitud del
proceso de liberalización a escala planetaria no habrá quien compita
con las compañías norteamericanas y las compañías europeas de bandera
se irán a pique si no adoptamos las medidas necesarias para su
reestructuración.
Lo que está ocurriendo en el transporte aéreo mundial, señoría, no se
puede resolver con unas pocas palabras y con un debate parlamentario.
Y dicho esto le diré, señoría, que este Gobierno, el Gobierno del
Partido Popular, ha declarado obligaciones de servicio público para
garantizar el transporte aéreo interinsular. Vamos a estudiar, si es
absolutamente preciso, declarar la obligación de servicio público,
que es el concepto de la legislación comunitaria, para garantizar el
transporte aéreo entre la Península y el archipiélago canario.
Muchas gracias, señor presidente.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE MEDIDAS
PARA PALIAR LA SITUACIÓN DE DETERIORO, FALTA DE CONSIDERACIÓN E
INEFICACIA DEL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA (Número de expediente
172/000112).
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Finalizado el debate de la
interpelación sobre comunicaciones aéreas entre la Península y el
archipiélago canario, vamos a pasar al debate de la interpelación
urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre
medidas para paliar la situación de deterioro, falta de consideración
e ineficacia del servicio público de justicia. Para su exposición
tiene la palabra el señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
Como preámbulo, doña Margarita, tengo que decir que me temo que no va
a poder usted decirme luego en la contestación que también están
ustedes aplicando en materia de justicia los criterios que están
aplicando en el resto del mundo. Eso me temo, y lo digo para que no
entremos a comparar cómo anda la justicia en nuestro país respecto a
cómo anda en otros, porque sinceramente me daría pudor y no quiero
que quede reflejo siquiera de ello en el «Diario de Sesiones».
Por tanto, señor presidente, voy a hablar con la tranquilidad que da
el ambiente familiar de una reducida reunión en que, lógicamente,
tenemos que dejar de lado toda clase de actitudes macrooratorias,
porque hacer concesiones a la galería sería absurdo. (Un señor
diputado: Se agradece.) y tratar de suscitar el aplauso quedaría un
poco ridículo porque no se podría reflejar en el «Diario de
Sesiones». Por tanto, vamos a hablar de forma lisa y llana de una
cuestión de la que hablan con carácter liso y llano los ciudadanos en
la calle. Es evidente que en el estrecho marco de esta interpelación
no vamos a poder tocar todos los temas. Vamos a asomarnos un poco a
los problemas que queremos plantear hoy y que, como sabe S.S. y le
decimos en nuestra interpelación, reflejan la preocupación acerca de
cómo anda nuestra justicia y la falta de consideración que tiene por
la ciudadanía. Los ciudadanos afirman que es
absolutamente ineficaz, que está en una situación de auténtico
deterioro y, lógicamente, por ello inundan la oficina del Defensor
del Pueblo. Cuando se asoma uno al informe del Defensor del Pueblo ve
que el tema de la Administración de justicia consume el 40 por ciento
de su paginado. Si ha tenido usted ocasión, por ejemplo, de repasar
-que creo que lo habrá hecho, porque soy consciente de su
preocupación por el tema- las peticiones que se formulan a la
Comisión de Peticiones del Congreso y del Senado, habrá visto que la
mayoría son sobre temas que se refieren a la Administración de
justicia. Y si también ha tenido usted ocasión de asomarse al archivo
o al registro del Consejo General del Poder Judicial, sin perjuicio
de que los ciudadanos se equivoquen y puedan confundir lo
disciplinario con lo jurisdiccional, habrá visto que las quejas casi
exigen que haya que estar buscando locales para su almacenaje, ya que
no se puede buscar en muchos casos su solución. Para remate de todo
ello, con cierta frecuencia nos golpean los medios de comunicación
con el resultado de unas encuestas en que, lamentablemente -y digo
lamentablemente porque me siento parte de ese mundo que se llama de
los operadores jurídicos-, salimos siempre muy mal parados.
Por tanto, esta interpelación, que no creo que haya molestado a S.S.,
estoy convencido de que va a ser una buena ocasión para que usted
diga a los ciudadanos que tienen una percepción absolutamente
equivocada y que gozamos de una situación paradisíaca. Ellos no lo
ven así. El primero que no lo ve así es el propio presidente del
Tribunal Supremo que en la pomposa apertura de tribunales, en esa
liturgia con que se nos obsequia todos los años y que suele tener muy
poco de autocrítica, dentro de esa parafernalia reconoce el problema
de la lentitud de la justicia. Y añada usted a ello toda esa
colección de libros blancos: el Libro Blanco del ministerio fiscal,
el Libro Blanco del Consejo General del Poder Judicial, el Libro
Blanco del secretariado. Todos y cada uno de los sectores afectados
por este mundo de la justicia han acabado haciendo un diagnóstico en
el que yo creo que no vamos a encontrar diferencias porque sería algo
así como negar la evidencia; sería algo así, según se dice en nuestro
lenguaje judicial y forense, como tratar ni más ni menos que de
exigir pruebas sobre los hechos notorios, y los hechos notorios no
exigen prueba.
Se quejan los ciudadanos de la carestía. Ya puede decir la
Constitución lo que quiera sobre la justicia gratuita. Al final, por
unas causas u otras que deberán preocuparnos, es evidente que ese
servicio público de la justicia, en cuanto a su eficacia, en cuanto a
su accesibilidad en condiciones de calidad y en condiciones de
seguridad, para los menos favorecidos no se puede decir que sea un
servicio que se presta en igualdad de condiciones. Los ciudadanos
reflejan en las encuestas desigualdad y discriminación. Tienen dudas
-no voy a pasar de esta afirmación- acerca de la independencia
judicial. Yo no la tengo. Creo que nuestro ordenamiento jurídico
tiene absolutamente garantizada la independencia
judicial. (El señor vicepresidente, Fernández- Miranda y
Lozana, ocupa la Presidencia.) No creo que haya poder humano ni
divino que pueda mover la mano de un juez para que dicte una
resolución en un sentido que no sea el que a él le parece
conveniente. Ahora bien, tienen dudas en cuanto a la independencia
cuando empiezan a percibir que quizás algunos de los que se ponen la
toga más que tener preocupaciones por el servicio público de la
justicia y por la realización de ese anhelo que se llama la justicia,
como principio fundamental que inspira nuestra Constitución, están
más preocupados por servir al poderoso, del que depende a lo mejor el
premio o del que depende, ni más ni menos en su actuación, el
reconocimiento a lo que ya recibieron. Tienen dudas acerca de la
imparcialidad de nuestros jueces. Tienen, en suma, mucho temor. Y
debajo de todas esas denuncias se dirigen no sólo al Gobierno -ya sé
que me va a decir usted que muchos de estos problemas lo son del
Consejo General del Poder Judicial- también se dirigen al Consejo
General del Poder Judicial, pero están diciendo claramente que
olfatean que en este tema del servicio público de la justicia, de la
Administración de justicia, del Poder Judicial, no se está
desarrollando esa diligencia de un buen padre de familia y que quizás
haya una cierta actitud de desprecio y de instrumentalización. Es
evidente porque ellos saben que, en el mundo de la justicia, quienes
generalmente se mueven y transitan por todo ese meandro cargado de
dificultades no suelen ser los poderosos, suelen ser aquellos que ya
frente al abuso del poder, frente a la arbitrariedad, no les queda
más asidero que el mundo de la justicia. Precisamente piensan que
quizá por ello, porque los poderosos no tienen esa necesidad, el
servicio público de la justicia no merece tanta atención. Y no digo
sólo del Gobierno, digo de los poderes públicos, porque sería
injusto, dentro de la interpelación, tratar de volcar sobre su
departamento todas las críticas. Volcaremos aquellas que pensamos que
le son pura y simplemente imputables.
Podemos afirmar que la justicia en este país, como servicio público,
está bajo mínimos. Así lo perciben los ciudadanos. Y frente a esa
percepción, las argumentaciones que queramos hacer podrán tener
algunas de ellas consistencia, pero hay que convencerles de que no
está bajo mínimos. Lo está fundamentalmente porque el instrumento
para la materialización del servicio público de la justicia, que es
la Administración de justicia -que yo separo del Poder Judicial-,
sinceramente, no por culpa de usted sino por culpa de muchos lo
llevamos como una asignatura pendiente. Seguimos teniendo el mismo
concepto del servicio de la justicia (bueno, no el mismo concepto del
servicio público de la justicia pues incluso muchos operadores
jurídicos rechazan el término: decir a algunos jueces que están en el
servicio público de la justicia parece que les ofende, la expresión
servicio público no entra dentro de sus coordenadas mentales), pero
es un hecho cierto que se ha hecho muy poco o nada, sobre todo en un
tema
importante, la racionalidad. Nuestro concepto de oficina judicial es
un concepto que pertenece al medievo. El papel del juez, el del
secretario y la configuración de los auxiliares sigue estando anclada
en aquello en que estaba anclada cuando algunos éramos jóvenes, y no
digamos ya el conjunto de las leyes. La mayoría de los procedimientos
siguen siendo exactamente los mismos, o sea, que estamos en una
situación, y yo le llamo por eso la atención sobre ella, en donde es
fundamental que se haga una reconsideración, y conste que todavía no
he empezado a hablar, lógicamente, de lo que pueden ser causas
heredadas a lo largo de la historia, sino que he empezado a hablar de
las que son ya fruto de esta época postconstitucional y que, por
tanto, tienen mucha más gravedad, porque a lo mejor antes de la
Constitución había defectos que podían ser entendidos, pero hoy no lo
son.
En todo caso, yo voy a procurar hoy, con permiso de la Presidencia,
dedicarme sólo a contemplar el mundo de la Administración de
justicia, sus medios materiales, humanos, procedimientos,
actuaciones, controles de eficacia y calidad y garantías de los
derechos, y para otra ocasión creo que estamos obligados a dejar algo
tan importante como es el Poder Judicial, y un debate que aquí no
hemos hecho nunca, que es el debate sobre los cooperadores de la
justicia. Aquí no hablamos nunca de los abogados, aquí no hablamos de
los procuradores, aquí no hablamos de los notarios y registradores,
que, sinceramente, su incardinación y su status ya poco tiene que ver
con un mundo moderno. Ellos sí son conscientes de hacia dónde va ese
mundo moderno, y hacen esfuerzos inusitados por que no haya ley que
salga de su Ministerio que no suponga para notarios o registradores
un incremento de actividad y, en consecuencia, como siguen siendo
funcionarios públicos por arancel, un incremento de sus
correspondientes ingresos. Es más, yo he llegado a la conclusión de
que usted se ha desprendido con demasiada facilidad de las
instituciones penitenciarias como Ministerio de Justicia y que quizás
por ello, lógicamente, no tenga mucho papel; el Consejo General del
Poder Judicial ha asumido unas competencias y al final su Ministerio,
señora Mariscal de Gante, con todo respeto y sabe usted que con
afecto, se convierte en el departamento-cortijo de los notarios y los
registradores, que son los que se han apoderado de la calle de San
Bernardo y, vive Dios -entiéndalo como expresión coloquial, no le
saque más punta-, están sacándole suficiente fruto.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor
Castellano, le ruego concluya.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Acabo enseguida, señor presidente.
Dejamos para otro día ese otro conjunto de temas, aunque la verdad es
que, el día que acometamos su estudio, lo haremos con una cierta
sensación, podemos decir, de insatisfacción, por aquello de que el
esfuerzo
inútil conduce a la melancolía, dado que en interpelaciones similares
a esta sobre el ministerio público, se llegó, con renuncia por
nuestra parte, yo creo que a legítimas peticiones, a una resolución
de consenso y todavía no hemos tenido la menor noticia sobre la
reforma del estatuto del ministerio fiscal. Es más, perdóneme si me
equivoco, yo no sé si ha sido por un medio radiofónico o por la
lectura de un diario algo apresurada que me ha parecido entender que
el señor fiscal General del Estado, eso que acordó aquí la Cámara,
que es que, efectivamente, tuviera intervención el Parlamento en su
exploración, y lo que acordó en cuanto a su mandato por determinadas
fechas, lo va a someter a consulta de todos los fiscales. Es evidente
que si lo que acuerda esta Cámara, con toda la fuerza que da el
Parlamento, luego cada uno de los destinatarios lo tiene que someter
a consulta de los suyos, es que estamos contemplando un campo, cual
es el de la Administración de justicia, que no representa un problema
de corporativismo, sino que, pura y sencillamente, el derecho
dominical de determinados funcionarios hace que esta Cámara no sirva
absolutamente para nada.
Voy a acabar, porque es usted la interpelada y la que tiene que decir
qué medidas va a tomar para todas estas cosas -lógicamente, a lo
mejor usted no ve los mismos problemas-, recordándole que llevamos
desde el principio de la legislatura diciendo enfáticamente que el
tema de la justicia es tan importante que hace falta un pacto de
Estado. ¿Cuántas veces habrá oído usted a Izquierda Unida, desde esta
tribuna, reclamar el pacto de Estado? Pero no lo podemos hacer
nosotros; un pacto de Estado tiene que venir promovido por quien
tiene la responsabilidad de la gobernación del Estado. ¿Dónde está su
pacto de Estado, señora ministra de Justicia? ¿Dónde está su pacto de
Estado, señores del Gobierno del Partido Popular? Porque no llamarán
ustedes pacto de Estado a la reunión entre el señor Almunia y el
señor Aznar para repartirse los puestos del Tribunal Constitucional
en secreto, o para repartirse los puestos del Consejo General del
Poder Judicial A eso no lo llamarán pacto de Estado. Supongo que, por
muy bipartidistas que sean ustedes, reconocerán que los demás y la
ciudadanía tienen por lo menos el derecho a la información.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor
Castellano, le ruego concluya.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Por eso voy a acabar esta parte de
la interpelación preguntándole dónde está el pacto de Estado. Lo hago
con la intención de que suba usted a esta tribuna y nos diga
claramente: el pacto de Estado que ofrece el Gobierno del Partido
Popular en el tema de la justicia se concreta y se materializa en los
siguientes puntos; y se va a desarrollar a lo largo de lo que queda
de legislatura - a no ser que esto sea una promesa ad calendas
graecas- con arreglo al siguiente sistema, y van a formar
parte de él, o por lo menos se les va a invitar a participar, las
fuerzas políticas del arco parlamentario, más los cooperadores
políticos que se mueven en otros ámbitos.
Es inconcebible un pacto de Estado sin que todos, modestamente,
oigamos el criterio de la universidad, de los colegios de abogados,
de los colegios de procuradores, de las asociaciones profesionales,
del Consejo General del Poder Judicial. El reto es tan apasionante y
tan interesante que yo le pido, por favor, que no frustre usted mis
esperanzas y que cuando suba a esta tribuna, de una vez por todas, y
sabiendo que cuenta usted ya de antemano con nuestra colaboración,
nos diga y deje en el «Diario de Sesiones» todo un programa de
actuaciones de ese pacto de Estado, que nos vamos a poner
inmediatamente a trabajar para su consecución y que va usted a contar
desde el principio con nuestra lealtad, también con nuestras
equivocaciones, que podremos tenerlas, pero no ponga en duda nuestra
lealtad, porque lo único que mueve a este grupo político cuando sube
a esta tribuna a hablar de justicia no es ningún beneficio
partidista, sino una preocupación y un compromiso por la libertad y
por la igualdad del que no vamos a dimitir jamás y frente al cual no
vamos a hacer ninguna clase de claudicaciones.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Castellano.
Para contestar en nombre del Gobierno tiene la palabra la señora
ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Señor
presidente, señorías, si me permite el señor Castellano voy a
utilizar el mismo lenguaje liso y llano, puesto que estamos en
familia.
Voy que decirle, como primera percepción, que tengo la misma que la
mayoría de los ciudadanos respecto a la deficiencia de nuestra
Administración de justicia, que me aproximo bastante a la exposición
que ha hecho S.S. respecto al estado de esa justicia y respecto a la
necesidad de trabajar para que seamos capaces de cambiar esa
percepción, que se asemeja bastante a la realidad.
Sólo me gustaría poner también de manifiesto, porque así lo reflejan
las encuestas, que el usuario de la justicia tiene una percepción
menos mala -no diré buena, pero sí menos mala- que el que simplemente
oye hablar de la misma. Tal vez esto sería motivo para una reflexión
sobre si no existe una crisis no real de la Administración de
justicia, que está de alguna forma con altavoz publicitada para
deslegitimar ciertas resoluciones judiciales.
Señorías, el Gobierno tiene una política en materia de justicia que,
como no puede ser de otra manera, tiene como base las normas
constitucionales legales, y para ello, en primer lugar, lo que hace
el Gobierno es respetar de la forma más escrupulosa, con las palabras
y con los hechos, lo que es el Poder Judicial.
Su señoría ha anunciado que tal vez en otra ocasión debamos hablar de
ese concepto de poder judicial, pero creo que una mayor reflexión
posterior no es obstáculo para que en este momento haga un
llamamiento a todos para que respetemos a ese Poder Judicial, que
evidentemente puede ser criticado, tiene que ser criticado, pero
dándole el papel que le corresponde y sabiendo el que nos corresponde
a los demás, empezando por el Gobierno y por mí misma.
A partir de ahí, la política judicial del Gobierno, la política en
materia de Administración de justicia del Gobierno se contrae a dos
puntos: provisión de medios personales y materiales e iniciativa
legislativa.
En cuanto a la provisión de medios personales y materiales es cierto,
señorías, que todavía hace falta mucho por hacer. Yo pido la ayuda de
la Cámara para seguir trabajando en ello, pero no puedo dejar de dar
datos ante SS.SS. que revelan que se ha hecho bastante. Como estamos
en familia tengo que recordarle a S.S. que nos apostamos una cena no
hace mucho, porque S.S. decía que no iban a entrar en funcionamiento
este año ninguno de los juzgados de lo contencioso, espero que el día
16 de diciembre pague S.S. la deuda. (Risas.)
Si comparamos las plazas de jueces y magistrados creadas en períodos
anteriores con las que ha creado este Gobierno, la diferencia es
realmente abrumadora. En este momento existen 234 plazas más de
jueces y magistrados. Comparto el análisis realizado por el
presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal
Supremo referente a que el principal defecto de la justicia es la
lentitud, y comparto el análisis que ha hecho S.S. respecto a que
generalmente esa lentitud perjudica más a los que menos tienen y a
los que más llaman por la justicia. Su señoría compartirá conmigo que
una de las formas de atajar esa lentitud es teniendo más jueces, más
magistrados, más personal y más leyes que faciliten el acceso de los
ciudadanos a la justicia. Pues bien, desde mayo de 1996 al día de hoy
se han creado 231 plazas de jueces y magistrados, hay 231 jueces
y magistrados más en España. Esto a título de ejemplo significa que en
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional hoy
hay 40 magistrados más que en 1995, en la Sala de lo Penal de la
Audiencia Nacional hoy hay una sección más que en 1995, 41 secciones
de audiencias provinciales han pasado de una plantilla de tres
magistrados a una de cuatro o que a fecha de hoy tengamos 46 juzgados
de primera instancia e instrucción más que en 1995. Es cierto y soy
consciente de que esto no es bastante, que hay que seguir creando,
pero no puedo dejar de dar cuenta a SS.SS. del trabajo realizado.
Me pregunta usted por el modelo. El modelo de pacto de Estado y las
líneas argumentales son, empezando por el papel constitucional que le
corresponde al Gobierno y que nos corresponde a todos, con el respeto
más escrupuloso del Poder Judicial, una mayor dotación de medios
personales y materiales y una iniciativa legislativa que incida en
aquellos órdenes jurisdiccionales que están sufriendo mayor atraso.
En esta
línea no puedo hacer otra cosa más que mencionar ante la Cámara que
el día 14 de diciembre entrará en vigor la Ley de lo Contencioso-
Administrativo. Supongo que SS.SS. son conscientes, porque lo han
trabajado y perfeccionado a lo largo del trámite parlamentario, de la
importancia que tiene que, por fin, existan los juzgados de lo
contencioso-administrativo con un proceso muchísimo más fácil, mucho
menos complejo que el existente hasta ahora, y de la importancia que
tiene para el ciudadano medio. El ciudadano al que se le impone una
multa no tendrá que ir de Córdoba a Sevilla, sino que podrá
resolverlo en la propia Córdoba.
En breves fechas entrará en esta Cámara el proyecto de ley de
enjuiciamiento civil, otro de los órdenes más deteriorados de nuestra
Administración de justicia. Se ha modificado el artículo 14 de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal para paliar los negativos efectos de una
reforma no bien pensada y que ha llevado al atasco de lo que son las
audiencias provinciales. Se va a remitir, no más allá de un mes, la
ley de justicia juvenil, o la ley penal del menor, y se encuentra en
fase muy avanzada la ley concursal.
Todas estas normas a las que he hecho referencia, señorías, tienen
como único objetivo la tutela efectiva del justiciable. He pretendido
y pretendo que el auténtico protagonista de la Administración de
justicia sea el justiciable, no unos u otros profesionales desde una
u otra óptica, sino encaminar las actuaciones de todos esos
profesionales para que el justiciable tenga la justicia que se
merece, la justicia que nos demanda y la justicia que esta ministra,
con sus aciertos y sus desaciertos, aspira a poder conseguir. Para
ello no voy a cejar en esfuerzos y pido la colaboración de todas SS.
SS., porque evidentemente en justicia no hay electoralismos que
valgan; en justicia o se trabaja con altura de miras o uno corre el
peligro de dar algún que otro traspiés.
Muchísimas gracias, señoría. Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
Señor Castellano, tiene la palabra.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
Permítame usted que discrepe seriamente de ese intento de
ocultamiento o ignorancia de la realidad cuando se dice que no hay
una crisis real. Por ahí no creo que vayamos a ningún sitio. Hay una
crisis real y muy profunda. Hay una crisis en la Administración de
justicia en cuanto a su lentitud, su carestía y su ineficacia, y le
recuerdo unas viejas palabras de un presidente del Tribunal Supremo,
don Antonio Hernández Gil, y del Consejo General del Poder Judicial
que dijo clarísimamente -y yo comulgo con ellas- que donde no hay
eficacia no puede haber independencia del Poder Judicial, porque un
poder que es ineficaz mal puede resultar independiente, su ineficacia
le lleva clarísimamente a ser dependiente de un conjunto de
circunstancias que hacen retóricas sus resoluciones.
En segundo lugar, nadie se está inventando una crisis. ¿Que en estos
momentos como consecuencia de determinadas coyunturas haya quien
puede poner en cuestión resoluciones y sean unas resoluciones de tal
importancia o trascendencia que lógicamente susciten un revuelo? Eso
no es más que la hojarasca, no es despreciable pero es la hojarasca.
El asunto viene de muchísimo antes, de muchísimo antes viene la
queja, y no hay más que repasar las memorias del Consejo General del
Poder Judicial y del Defensor del Pueblo para ver que esto no es
fruto de unas últimas actuaciones, por politizadas que éstas hayan
podido aparecer o algunos hayan querido revestirlas.
Es más, yo estoy absolutamente convencido de que esa crisis no se
soluciona -y entiendo su buena fe- con esas tres medidas que usted,
no como pacto concretado sino como directrices, ha esbozado, porque
en cuanto al papel constitucional del Poder Judicial no creo que haya
ninguna duda. Un debate sobre el papel constitucional del Poder
Judicial sería un debate en el que nos tendríamos que limitar a leer
la Constitución y lo que ella proclama, pero el problema no es la
Constitución. Esta tarde yo le he oído defender al señor presidente
del Gobierno, con motivo de una pregunta, el acervo constitucional, y
se ha quedado en la letra. Qué duda cabe que en el acervo
constitucional muchos problemas están resueltos, pero la práctica de
respeto al acervo constitucional es inexistente, porque es
inexistente la igualdad ante la ley, es inexistente la igualdad en el
procedimiento. Existen situaciones de privilegio, empezando por los
miembros de esta Cámara, con una interpretación de la inmunidad
parlamentaria que va mucho más allá de lo que es el de, por y en la
función parlamentaria; y existe privilegio en el cumplimiento de las
penas a través del mecanismo de la cesión de las competencias a otras
comunidades, en virtud del cual son penas absolutamente ilusorias para
los de siempre; y existe privilegio en cuanto a la jurisdicción o
fuero que a algunos se les aplica; y existe hasta privilegio para
comparecer como testigo; y existe privilegio para unos determinados
magistrados con respecto a otros; y no existe ningún supuesto
medianamente respetable de exigencia de responsabilidades de jueces y
magistrados, que se queda en la más pura nebulosa.
Hay una crisis muy real que no se soluciona discutiendo el papel
constitucional, se soluciona diciendo qué comportamientos estamos
teniendo unos y otros con la Constitución, porque algunos, que la
cogen como escudo, la están convirtiendo, pura y simplemente, en
bicarbonato para hacer una antigua digestión o en escudo para
defender determinados privilegios. Nosotros no nos alineamos ahí; nos
alineamos en una creencia absoluta en la profundidad de libertad y de
justicia que la Constitución proclama y que no se compagina con el
concepto que, en la práctica y en los hechos, tienen muchos de
ustedes del Poder Judicial. Me refiero a ustedes y a otros, porque
cuando llega el momento de respetar ese Poder Judicial en la forma de
selección de sus miembros, repito, han incurrido en la
peor de las prácticas: el reparto entre pasillos. Y cuando se les
ofrece la ocasión de que los posibles candidatos pasen por esta Casa
y sean objeto de conocimiento por la Comisión de Justicia o la
Comisión Constitucional, se niegan ustedes porque parece ser que eso
no afecta ni más ni menos que a algo tan importante como es la
imagen.
En cuanto a medios materiales, estoy convencido del esfuerzo que se
ha hecho en medios materiales. Ahora, usted y yo sabemos que hay
juzgados donde el ordenador está sirviendo para almacenar papeles
encima; y usted y yo sabemos que en la selección de personal hay todo
un conjunto de gente que tiene derecho a trabajar, pero que no se le
está dando la capacitación para que aquello funcione; y usted y yo
sabemos que los secretarios judiciales están en una permanente queja,
que nosotros suscribimos, en cuanto a que no se utiliza todo lo que
representa una licenciatura en Derecho y una capacitación como ésa y,
en muchos casos, no llegan ni siquiera a jefe de personal de su
propia oficina. Teniendo como tienen en manos la constancia de los
actos procesales, no son capaces de responder de algo tan importante
como es que se cumpla el principio de oralidad y de inmediatez. Luego
no son sólo medios materiales, hay que hacer profundas reformas
estructurales y hay que plantearse seriamente un nuevo concepto de
oficina judicial. Tienen que convencerse nuestros jueces de que,
cuando van destinados a un juzgado, ese juzgado no es un cortijo, de
modo tal que, según sea su laboriosidad, ese juzgado se puede
atrancar durante años e interpreten el principio de inamovilidad para
que, al final, los ciudadanos tengan que llegar -y usted lo sabe
porque es de la carrera- a presentar demandas que, cuando
corresponden a determinado juzgado, hay que retirarlas con tal de...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor
Castellano, le ruego concluya.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: La iniciativa legislativa. Señora
Mariscal de Gante, es verdad lo de la Ley Contencioso-Administrativa,
pero no puede usted poner encima de la mesa ningún otro proyecto más.
Yo voy a cumplir mis compromisos si es verdad que el día 16 de
diciembre entran en funcionamiento los juzgados de lo contencioso;
los cumpliré muy gustosamente y, como se hace en los trances de
honor, señalará usted el campo y los instrumentos, para que no pueda
usted decir que voy a andar con ninguna clase de mezquindades. Ahora,
también le digo que esos juzgados ya están en la cuenta que hace el
presidente del Tribunal Supremo cuando habla de setecientos. No puede
usted venir, cada vez que hay una interpelación, a decir que van a
entrar en funcionamiento. Van a entrar en funcionamiento, pero da la
pequeña casualidad de que faltan muchísimos más. Usted tiene, desde
el Ministerio de Justicia, que vencer las resistencias para que ese
mundo de la judicatura no sea tan
cerrado que no puedan entrar gentes preparadas y dé lugar a que
señores jubilados no se jubilen.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor
Castellano, vaya terminando.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: En cuanto se jubilan, se les
nombra magistrados suplentes, con lo cual pueden perfectamente, en la
línea de nuestras instituciones donde está prosperando tanto el
carácter hereditario, continuar de por vida, y esperemos que no sea
sucediéndoles los hijos. Ése no es el pacto de justicia que pedimos,
el pacto de justicia es mucho más amplio. No le voy a relatar el
catálogo de cosas que creo sinceramente que tienen tanta importancia
como la discusión del papel constitucional del Poder Judicial. Las va
a conocer usted sencillamente a través de la moción que vamos a
presentar pidiéndole eso, un pacto de justicia, un pacto de Estado
sobre la justicia que tenga los siguientes puntos y directrices.
Apreciaremos cuál es su voluntad y la de su Gobierno si esas
directrices, que van a excluir todo posicionamiento personal porque
todas vienen respaldadas por la generalidad de los que vivimos en el
mundo de la justicia, son aceptadas o no son aceptadas. Ese día, por
segunda vez, tendrá usted la ocasión de demostrarnos si de verdad
esto va a seguir siendo una asignatura pendiente y, como un eterno
ritornello, cada legislatura vamos a tener que seguir diciendo: hay
que arreglar la justicia, la justicia no se arregla.
Perdóneme un inciso, señor presidente. Yo estoy empezando ya -lo sabe
usted hace mucho tiempo- a temerme que esa vieja dialéctica que
siempre ha existido entre poder político y Poder Judicial (que ve al
Poder Judicial con recelo, que trata, a través de la acción de
gobierno o a través de mecanismos en la administración de las
sentencias, de evitar la verdadera independencia del Poder Judicial
y, con ello, la tutela judicial efectiva) esté albergándose en esos
bancos como albergó en los otros. De modo tal que, cuando unos hablan
de la instrumentalización de la justicia, tengan plena razón y lo que
quieren es que esto siga así para ir tirando, porque les parece lo
más favorable para sus intereses de partido, electorales, de
gobierno, y sobre todo -lo que es mucho más importante- para sus
intereses de clase.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Castellano.
Señora ministra, tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor presidente.
Señoría, creo que no me he debido expresar bien, porque yo no he
negado en ningún momento que existan problemas serios en la
Administración de justicia. He dicho que, a veces, esos problemas se
amplifican y que podríamos hacer alguna reflexión para saber el
porqué de esa curiosa cuestión de amplificación de los problemas.
Tiene razón S.S. en que sólo la dotación de medios no es bastante,
sino que hay que capacitar a quienes tienen que hacer uso de esos
medios para una correcta utilización. Tiene razón S.S., pero
desconoce los cursos de capacitación que se dan en el Centro de
Estudios Jurídicos de la Administración de justicia y los cursos que
se dan en colaboración con todas las comunidades autónomas para los
funcionarios destinados en ellas. Es idea del Ministerio que estén
informatizados todos los órganos jurisdiccionales en el año 1999 y
que sean perfectamente utilizables por todos y cada uno de los
funcionarios.
Faltan muchos jueces -es verdad, señoría- y, evidentemente, S.S., que
ha sido miembro del Consejo General del Poder Judicial en época en la
que la selección de los jueces no correspondía al Consejo, sabe que
era exigible al Ministerio de Justicia la convocatoria de
oposiciones; pero desde el año 1995 es exigible al Consejo General
del Poder Judicial. Sí puedo decirles a SS.SS. que existe una
comisión mixta Consejo-Ministerio (porque evidentemente son problemas
interconexionados los que tenemos en el Ministerio y en el Consejo
General del Poder Judicial) y que el plan de reclutamiento -y
perdónenme la palabra- de jueces y magistrados se encuentra muy
avanzado.
Esperaré, señoría, los puntos concretos de su moción y confío en que
sean tan razonables como la exposición que S.S. ha hecho, sabiendo
-porque así me consta- que lo único que a S.S. le guía es que el
servicio público de la Administración de justicia sea de verdad
servicio, sea público y sea justo.
Muchas gracias, señoría.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra la señora
Uría.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, debo empezar mi intervención, como en otras ocasiones,
elogiando el acierto del diputado señor Castellano en la elección del
asunto que ha planteado a la Cámara, que, sin embargo, no puedo
calificar de actual porque es más bien endémico, si bien debo
reconocer que cosas se hacen, pero el empeoramiento creo que es
progresivo.
Al buscar documentación sobre este asunto -que siempre me ha
interesado en lo personal y también como miembro de un partido
político-, he encontrado trabajos estupendos, críticos, de los años
1982, 1987 y 1988. En fin, que no hace falta haber leído
recientemente al profesor Toharia para saber que la actitud de los
españoles ante la justicia no es buena, en justa reciprocidad, sin
duda, a lo poco buena que es la prestación de la justicia como
servicio público.
Si toda Administración debe actuar conforme a los principios que
recoge el artículo 103 de la Constitución, es decir, servir con
objetividad intereses generales y actuar eficazmente, en el caso de
la justicia creemos que se cruza un derecho fundamental, que es el
derecho a obtener tutela judicial efectiva en un período razonable,
aspecto éste nuclear sobre el que versó el discurso de apertura del
año judicial del presidente del Consejo General del Poder Judicial,
Javier Delgado, en términos, por cierto, de alarma seria -creemos que
justificada-, y hay que entender que con el pleno conocimiento que el
puesto que ocupa le da. El profesor Alejandro Nieto, siempre mordaz,
habla de Administración de injusticia, y considera que si el pintor
de la Administración podría ser Kafka, más propiamente el de los
tribunales podría ser Dante. Hombre, yo creo que es un evidente
exceso, por lo menos en lo que se refiere a la Administración
general, porque creo que tanto la estatal como la autonómica
funcionan razonablemente. En el caso de los tribunales no me atrevo a
decir que la exageración sea tanta. Ocurre además que en la querencia
constitucional la administración de la Administración de justicia es
constitucionalmente asumible por las comunidades autónomas, y en los
casos en que esto se ha producido debo manifestarle, señora ministra,
que desde el Estado antes, y también ahora, se actúa de forma que se
impide que se obtengan logros auténticos en una mejora real en la
prestación del servicio.
Conoce la señora ministra que en la Administración de la comunidad
autónoma vasca se han efectuado importantísimos esfuerzos
presupuestarios -por cierto, el lunes espero verla en la inauguración
de la Audiencia Provincial de Bilbao- en inversiones inmobiliarias.
Igualmente se tiene un sistema informático que se pone como ejemplo.
Me dicen que hay tres modelos en este momento en el mundo de la
informatización de la justicia. Pero todo ello no luce lo suficiente,
como se dice en lenguaje coloquial, si no es posible hacer una
adecuada política de personal, y la señora ministra hoy mismo ha
contestado a una moción en el Senado sobre esta materia. Es
imposible, aunque se tengan medios materiales excelentes, aunque se
haya informatizado adecuadamente, si no se puede poner al personal a
cumplir adecuadamente estos servicios, porque solamente se puede
gestionar aquello que se ha decidido o con el sistema o el esquema
que desde la Administración del Estado se pretende.
Hace pocos días un letrado de esta Cámara -que por lo visto ejerce
también la profesión- me comentaba que había tenido que presentar un
recurso en Bilbao y se había quedado maravillado de la existencia de
registro único para todas las jurisdicciones, con una informatización
que, como digo, le había causado auténtica sorpresa. Al frente de tal
maravilla, con el criterio que se sostiene desde el ministerio, es
posible que tenga que ponerse a un funcionario que no tenga ningún
conocimiento de informática aunque esté estupendamente de trienios.
Creemos que no es razonable que
no se deje hacer una política de relación de puestos de trabajo
adecuada a las necesidades, dado el esfuerzo que se está efectuando.
Sobre ello está pedida también la comparecencia de la señora ministra
en la Cámara. Creemos que también varios grupos plantearemos una
iniciativa, y tiempo sobrado habrá para hablar.
Me dirá que es un ejemplo parcial y puntual, pero creemos que es
gráfico de un asunto en el que la sensación que tenemos es que desde
el Estado no se puede hacer, o no se acierta a hacer, o no hay medios
para hacer, pero que tampoco se deja hacer en la medida de lo posible
a las comunidades autónomas. Para fijar nuestra posición esperaremos
a lo que establezca la moción que nos presente el señor Castellano,
que intuyo que va a contener elementos que posibilitarán, casi con
toda certeza, nuestro voto favorable a la misma.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Uría.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Ciertamente lo que parece que podemos poner en común es un
determinado diagnóstico y quizá lo que debamos dejar para el próximo
martes sean las soluciones. Debo estar de acuerdo con la señora
ministra en que puede ser alentador que la imagen que tienen los
ciudadanos de la justicia varía si el conocimiento que tienen de la
misma es a través de los medios de comunicación o es a través de
autos y sentencias que les afectan directamente. Y eso quizá lo que
nos pone de manifiesto es que hay que trabajar en un doble sentido:
desde luego en mejorar el servicio público de la justicia respecto de
sus usuarios, pero también en otro esfuerzo, que quizá tenga menos
salida legislativa, que esté mucho más enmarcado en eso que se viene
a denominar autorregulación y que nos afecta a diversos poderes,
seguro que al Judicial, al Ejecutivo, pero también al Legislativo.
Decía el otro día el presidente del Consejo General del Poder
Judicial que faltaban jueces y en estos momentos la señora ministra
ha reclamado también una cierta solidaridad o ayuda a los grupos, me
imagino que con efectos presupuestarios. Yo le puedo decir respecto
del mío que jamás tendremos la osadía de presentar una enmienda con
cargo a partidas presupuestarias del Ministerio de Justicia, lo que
no sé es si estaremos en condiciones de presentar una enmienda que
aumente esas partidas; pero cuente la señora ministra con que jamás
le presentaremos una enmienda que lleve o allegue recursos a otro
sector de la Administración en detrimento de lo que ella sea capaz de
sacar adelante en el seno del Gobierno.
Ciertamente la situación que nos ocupa puede parecerse mucho -dicho
en ese tono de familiaridad que
al final será traicionado, obviamente, por el «Diario de Sesiones»- a
aquello de: entre todos la mataron y ella sola se murió. Nos
encontramos con un Consejo General del Poder Judicial que tiene
importantes responsabilidades, pero que en modo alguno le pueden ser
exigidas por esta Cámara; recuerdo algunas comparecencias, en otra
legislatura, en las que se nos manifestaba que la única
responsabilidad que cabe exigir es que el presidente del Consejo
tolere las críticas más o menos encendidas que se le puedan formular
por los miembros de la Comisión de Justicia. Nos encontramos también
ante una situación del Ministerio Fiscal, y esperamos todos que pueda
darse curso y eficacia a la proposición no de ley -o moción, no
recuerdo ahora- que fue presentada por el Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida y pactada con otros grupos -entre ellos con el
mío-, y nos encontramos también con las competencias del Estado y de
las comunidades autónomas. Ciertamente es un tema complejo en el que
todos tenemos que asumir la responsabilidad.
Puesto a decir, también querría, no digo reconvenir, pero sí
manifestar mi no aquiescencia a lo que ha señalado don Pablo
Castellano. No creo que la transferencia de determinadas
competencias, como las penitenciarias, a las comunidades autónomas -y
creo recordar que la única que las tiene es la mía, gestionada por un
Gobierno que también es el de mi partido- suponga ninguna patente de
corso. No puede suponer tampoco, ni ha supuesto, una inejecución de
las penas; al menos tan criticadas han sido algunas resoluciones que
se han podido producir en el ámbito de la Administración
penitenciaria de la Generalitat -siempre, obviamente, recurribles por
el fiscal ante el juez de vigilancia penitenciaria- como las que se
han podido producir en el ámbito de la Administración del Estado.
Tan conformes estamos con los diagnósticos que aquí se han
manifestado, que presentamos en su día - el 13 de mayo, fecha por lo
demás ilustre- una propuesta de resolución en el debate de política
general que pretendía encauzar, dirigir o promover una reforma global
de la justicia, propuesta de resolución que fue pactada también con
el Grupo Parlamentario Popular y que fue aprobada por esta Cámara el
14 de mayo. Mi grupo está trabajando también muy seriamente en una
proposición no de ley -no sé si aprovecharemos la ocasión que nos ha
brindado don Pablo Castellano- que pretende concretar y articular
mucho más todavía esas propuestas de reforma de la justicia.
En cualquier caso, y esperando a la propuesta que presente don Pablo
Castellano, debemos congratularnos de que tanto la ley de
enjuiciamiento civil -como nos constaba ya- como la ley de
responsabilidad del menor o de justicia juvenil estén a las puertas
del Congreso de los Diputados, en la medida que supondrá el
cumplimiento de un compromiso asumido parlamentariamente, por un
lado, y dar satisfacción a una importante necesidad, por otro.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Silva.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
señor Cuesta.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías, cuando en un
Ministerio de Justicia se intenta influir -diría yo- o intervenir en
la acción de los tribunales; cuando en un Ministerio de Justicia se
intenta manipular el funcionamiento de la Fiscalía, por ejemplo,
promoviendo a cargos de responsabilidad a fiscales insumisos y
sancionados, o dándoles consignas para perseguir judicialmente a
algunos medios de comunicación; cuando en un Ministerio de
Justicia...(Un señor diputado: ¡Hombre, no!- Rumores) Bueno, hay
manifestaciones de un antiguo fiscal general del Estado que dice que
el día que fue cesado todavía estaba dispuesto a reconvenir la acción
de otro fiscal que estaba sosteniendo las tesis de un magistrado que
en estos momentos está procesado por prevaricación. No discutamos,
por tanto, los hechos.
Cuando en un Ministerio de Justicia se cambian las prioridades,
existe una incapacidad en la defensa de los recursos presupuestarios
básicos e imprescindibles para la justicia, o cuando en un Ministerio
de Justicia se incumplen sistemáticamente no solamente los
compromisos de las comparecencias sino las propias resoluciones de
esta Cámara aprobadas vía proposición no de ley, vía mociones como
consecuencia del debate del estado de la nación o mociones
consecuencias de otras interpelaciones; cuando en un Ministerio de
Justicia su titular es tan miope o tan ciego que se permite la
frivolidad de decir -y leo literalmente-: Hay una crisis no real para
deslegitimar algunas resoluciones judiciales; cuando todo esto ocurre
en un Ministerio de Justicia no nos extraña, señor presidente,
señorías, que el panorama del servicio público de la justicia en
España sea claramente desalentador.
Me he releído y analizado las comparecencias y recuerdo la
comparecencia más profunda que realizó usted en esta Cámara, que fue
el 2 de diciembre del año 1997, en la Comisión de Justicia e Interior
con motivo del análisis del libro blanco de la justicia presentado
por el Consejo General del Poder Judicial, del libro blanco también
presentado por la Fiscalía. Pues bien; hay un absoluto inmovilismo y
un absoluto incumplimiento de todos los compromisos, de todas las
prioridades que anunció en aquella comparecencia del día 2 de
diciembre de 1997 ante la Comisión de Justicia e Interior.
Pero miren, señor presidente, señorías, señora ministra, con todos
los respetos, creo -y mi grupo está persuadido- que efectivamente no
existe hoy un Ministerio de Justicia en España, y es verdad, lo
decían ustedes mismos en programas añejos: decían ustedes que iban
a eliminar el Ministerio de Justicia cuando llegaran al Gobierno. Y, en
efecto, yo diría que el ministerio hoy es una mera subdirección
general, poco técnica, adscrita a la Vicepresidencia primera del
Gobierno; y, si quiere,
hasta se lo puedo demostrar. Hay una diputada que me pide casos
concretos. Yo le voy a poner un ejemplo. Repasen ustedes las
comparecencias y las prioridades y, por ejemplo, observarán cómo el
señor vicepresidente primero obliga a la propia ministra a cambiar
hasta las prioridades legislativas de este ministerio, como ha
ocurrido, por ejemplo, recientemente con el lío que van a originar
con la creación de secciones de las audiencias provinciales fuera de
la capital de la provincia y que ha merecido una severa crítica del
Consejo General del Poder Judicial y de los propios tribunales
superiores de justicia.
Mire, señora ministra, ya lo he dicho varias veces: poner la justicia
en manos del señor Álvarez-Cascos es lo peor que le puede ocurrir al
Estado de Derecho. (La señora Fernández González: ¡Qué barbaridad!) Y
yo quisiera a mi vez decirle que ha habido un incumplimiento
importante, que hay serios problemas de infraestructura y de dotación
y que hay incumplimiento de lo que han sido las líneas y las
propuestas emanadas del propio Consejo General del Poder Judicial.
Hay una radiografía. Yo suelo leerme la documentación que llega a
esta Cámara.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Cuesta,
le ruego que vaya concluyendo.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: Sí, señor presidente.
En el informe anual de 1997 del Defensor del Pueblo se hace una
radiografía importante de las carencias, de las necesidades de la
Administración de justicia, una serie de denuncias; por ejemplo, la
reflexión que se hace sobre la justicia de menores; por ejemplo, la
reflexión que se hace sobre la imprevisión para intentar crear las
bases que hagan viable la aplicación de la llamada ley reguladora de
la responsabilidad penal del menor o, por usar su propia
terminología, ley de justicia juvenil. Léanse, por ejemplo, las
denuncias que el Defensor del Pueblo hace en relación a las
disfunciones en los órganos jurisdiccionales, en el orden civil o en
el contencioso-administrativo, en los retrasos en la resolución de
procedimientos civiles, sobre todo, en los extravíos de
procedimientos, en la demora en la tramitación, por ejemplo, de
expedientes de nacionalidad, por hablar sólo de aspectos muy
concretos en el funcionamiento de la Administración de justicia.
Hay serios problemas, incluso de infraestructura y de planta. Todavía
hoy daban unas cifras. Están hablando, por ejemplo, de Madrid, de una
gran urbe. Pues bien; anuncian la creación para final de mes de 13
plazas judiciales; en la Memoria para este año del presidente del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid se clamaba por la necesidad
de 30 plazas; ustedes dan 13.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Cuesta,
le ruego que concluya.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: Acabo rápidamente.
Señor presidente, señorías, quiero decir que también hay un problema
fundamental de colapso. Hay una lentitud que roza la denegación del
derecho constitucional de tutela judicial efectiva, recogido en el
artículo 24 de nuestra Constitución. En la solución de ese problema,
uno de los instrumentos -por supuesto, no el fundamental, porque el
fundamental está también en las infraestructuras- normativos de gran
virtualidad para desatascar, por ejemplo, el funcionamiento del orden
jurisdiccional civil, es la reforma del proceso civil. Aquí el
incumplimiento es flagrante. Ustedes han puesto en marcha un
anteproyecto que ha sido, además, cuestionado por el Consejo General
del Poder Judicial y por el conjunto de los sectores que trabajan en
la judicatura, por las asociaciones de jueces y magistrados, que ha
sido denostado incluso por la doctrina, porque va a crear todavía más
problemas. Ustedes tienen que poner en marcha, y es una prioridad y
un compromiso, una nueva reforma del proceso civil que sea capaz de
agilizar, pero desde la modernidad, no retrocediendo a las tesis del
siglo pasado en materia de procedimiento civil.
Señor presidente, señorías, acabo. Son muchas las necesidades, las
carencias de la Administración de justicia. Hay juzgados que han sido
denunciados por la Inspección de Trabajo, ¡fíjense ustedes!, porque
no reúnen ni las condiciones de higiene en el trabajo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Cuesta,
debe concluir de forma inmediata.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías, con esto
finalizo.
La justicia, señora ministra, desde nuestro punto de vista, va mal,
va mal. Es imprescindible un pacto de la justicia, pero ustedes han
hecho permanentemente oídos sordos a la objetiva necesidad de ese
pacto, porque no tienen voluntad política para ello, y no nos
extraña, porque la única voluntad política que tienen es la de
intentar intervenir e influir y condicionar la acción del Poder
Judicial.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Cuesta.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: Muchas gracias, señor presidente.
En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida el señor
Castellano nos ha obsequiado con una de sus intervenciones
parlamentarias llenas de su experiencia, de su señorío; pero la
verdad es que me parece que las interpelaciones del señor Castellano
siguen siendo muy peculiares. Creo que más que una interpelación es
algo así como una anotación preventiva de que habrá moción, como un
trailer muy bien montado
a base de flashes, donde nos ha ido insinuando por dónde puede ir esa
moción; algo así como diciendo: ánimo, prepárense que el martes va a
haber movida. Pero realmente aquí no llega a hacer un diagnóstico de
cuál es la situación, de cuáles son las causas de los problemas de la
justicia. Es como un prólogo a una obra que se adivina enjundiosa y
de la que ya incluso algunos ofrecen algunos capítulos -ya veremos
luego cómo ensambla todo eso-: o sea, que el martes va a haber
sesión. Pero, claro, hoy estamos a miércoles y la interpelación creo
que no da para mucho más, quizá porque, como se ha dicho, en el fondo
hay una cierta nostalgia del intento de poder controlar a quien de
verdad tiene muchísimas responsabilidades en lo que a la justicia se
refiere, porque la Constitución así lo señala y porque el Gobierno
actual no se las ha regateado, que es el Consejo General del Poder
Judicial. Por cierto, este Gobierno fue el primero que a finales de
1996 estableció esa Comisión Mixta, que no se les ocurrió establecer,
por supuesto, a los gobiernos socialistas, porque para ellos el
Consejo era otra cosa, servía para otras cosas.
Creo que si se alude, como se ha aludido, por ejemplo, a la
existencia de dudas sobre la imparcialidad del Poder Judicial, hay
que plantearse el porqué de esas dudas, hay que ahondar un poco en
eso. Sin duda, en la moción del martes encontraremos algunas
sugerencias al respecto.
Yo creo que el señor Castellano, que es tan delicado, ha cometido al
final un exceso que ha pagado en demasía luego (le va a salir mucho
más caro que el cumplimiento de su vieja deuda con la ministra), y es
que se ha permitido una insinuación, creo que sin mucho fundamento,
sobre la posibilidad de que también en estos bancos se pudiera estar
cayendo en la tentación de instrumentalizar al Poder Judicial.
Yo, buscando el sentido positivo a esa insinuación, lo he entendido
como una especie de crítica preventiva y, en ese sentido, es muy de
agradecer. Es muy bueno que uno le echen en cara lo que uno ha hecho,
porque así no lo hará. Ahora, el castigo que ha tenido el señor
Castellano es haber tenido que soportar, como todos nosotros, la
desfachatez de la intervención posterior, que ha pretendido robarle
su interpelación non nata, y ha hecho realmente una interpelación
fuera de turno (Rumores.), donde se han dicho cosas prodigiosas.
Por un lado, se ha practicado una curiosa fórmula propia de
hechiceros de tribu, que sería algo así como el exorcismo
retroactivo, y es acusar al otro de hacer lo que uno ha hecho como si
así se le fuera a perdonar, y es que, señor Castellano, el peligro de
decir antes de tiempo que también aquí se hace lo de allí, es que
ellos se dan por excusados, ellos acaban diciendo que los fiscales
son como sus fiscales, ellos acaban diciendo que se funciona con los
jueces como funcionaron ellos, y es muy grave eso para todos: para
ellos, para nosotros y para ustedes. (Rumores.) Por ello, eso no se
debe hacer, señor Castellano. Piénselo más despacio, porque usted
sabe con quién se juega los cuartos, usted
mejor que yo, porque los ha tenido muy cerca. Por tanto, no caiga en
esa trampa nunca. (Rumores.)
Se ha acusado a este Gobierno de no cumplir proposiciones no de ley,
cuando ellos, en el año 1985, en una ley (Rumores.), dijeron que iban
a crear los juzgados de lo contencioso, que usted celebrará con la
ministra en diciembre de este año. (Rumores.- Protestas.- Aplausos.)
Ellos no cumplen ni las propias leyes que hicieron ellos y acusan al
Gobierno de no cumplir las proposiciones no de ley. (Aplausos.)
Critican que se creen secciones desplazadas, cuando el Partido
Socialista, que tiene mayoría prácticamente absoluta en el Parlamento
andaluz, acaba de aprobar hace tres días una moción aplaudiendo las
secciones desplazadas. ¡Tienen esa cara! (Rumores.) Hasta ahí
llegan. Y llegan a decir: Ustedes tienen que traer un anteproyecto de
ley de enjuiciamiento civil. ¡Pues claro que tenemos que traerlo,
porque ustedes no lo han traído en 14 años! Por eso nada más.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.-Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ollero.
Finalizados los puntos del orden del día, la sesión se reanudará
mañana a las 9 de la mañana.
Se suspende la sesión.
Eran las ocho y cincuenta y cinco minutos de la noche.
En el «Diario de Sesiones» número 179, correspondiente a la sesión
plenaria celebrada el día 22 de septiembre de 1998, no figuran las
siguientes palabras con el que señor presidente se dirige a la Cámara
antes de abril la sesión:
El señor PRESIDENTE: Señorías, buenas tardes. Ocupen sus escaños, por
favor, vamos a comenzar la sesión. Les ruego que ocupen sus escaños.
Vamos a comenzar la sesión.
Aunque sé que es sobradamente conocido de quienes están en las
tribunas, quiero advertir con toda seriedad que, de acuerdo con el
Reglamento del Congreso, no se permite ningún tipo de manifestación
de agrado o desagrado con lo que se está debatiendo o votando en el
hemiciclo. Confío en que no tendrá que volver a recordarlo.
Se abre la sesión.