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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 178, de 17/09/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 1998 VI Legislatura Núm. 178
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 172
celebrada el jueves, 17 de septiembre de 1998
Página
ORDEN DEL DÍA:
Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados - Dictamen de la
Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaraciones de
actividades de Excmos. Sres. Diputados (número de registro 57431)
(Página 9532).
- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre
declaraciones de actividades de Excmos. Sres. Diputados (número de
registro 61800) (Página 9532).
Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes - Real Decreto-Ley
8/1998, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de propiedad
industrial (número de expediente 130/000050) («BOE» número 194, de 14 de
agosto de 1998) (Página 9532).
Enmiendas del Senado
- Proyecto de Ley de prohibición total de minas antipersonal y armas de
efecto similar. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie A, número 99-6, de 22 de julio de 1998
(número de expediente 121/000097) (Página 9535).
- Proyecto de Ley del sector de hidrocarburos. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie A, núme-ro 101-11, de 15 de julio de 1998 (número de
expediente 121/000099) (Página 9538).
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios
Internacionales - Convenio relativo a la adhesión de la República de
Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia al Convenio
sobre la Ley aplicable a las obligaciones contractuales, abierto a la
firma en Roma el 19 de junio de 1980, así como a los Protocolos primero
y segundo relati-vos a su interpretación por el Tribunal de Justicia,
hecho en Bruselas el 29 de noviembre de 1996, y Declaración Común
relativa al Protocolo anexo al Convenio de Roma. «BOCG. Sec-ción Cortes
Generales», serie A, número 203, de 19 de mayo de 1998 (número de
expediente 110/000179) (Página 9546).
- Canje de notas constitutivo de Acuerdo entre España y la India sobre
la modificación del Acuer-do sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de
España y el Gobierno de la India, hecho en Nueva Delhi el 10 de abril de
1987. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 204, de 19
de mayo de 1998 (número de expediente 110/000180) (Página 9546).
- Sexto protocolo adicional al Acuerdo General sobre Privilegios e
Inmunidades del Consejo de Europa (número 162), hecho en Estrasburgo el
5 de marzo de 1996. «BOCG. Sección Cortes Gene-rales», serie A, número
205, de 19 de mayo de 1998 (número de expediente 110/000181) (Página 9546)
- Acuerdo euromediterráneo por el que se crea una asociación entre las
Comunidades Europeas y sus Estados Miembros, por una parte, y el Reino
Hachemita de Jordania, por otra, hecho en Bru-selas el 24 de noviembre
de 1997. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 210, de 26
de mayo de 1998 (número de expediente 110/000184) (Página 9546).
- Declaración de aceptación por España de la adhesión de Georgia al
Convenio sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de
menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980.
«BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 215, de 2 de junio de
1998 (número de expe-diente 110/000186) (Página 9546).
- Acuerdo entre el Reino de España y la República de Turquía sobre
transporte internacional por carretera, hecho en Madrid el 3 de marzo de
1998. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 216, de 2 de
junio de 1998 (número de expediente 110/000187) (Página 9546).
- Convenio entre España y Rumania complementario del Convenio relativo
al procedimiento civil concluido en La Haya el 1 de marzo de 1954, hecho
en Bucarest el 17 de noviembre de 1997.
«BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 217, de 3 de junio de
1998 (número de expe-diente 110/000188) (Página 9546).
- Protocolo adicional al Convenio entre el Reino de España y el Reino de
Marruecos, modificando el Convenio General de Seguridad Social entre el
Reino de España y el Reino de Marruecos, de 8
de noviembre de 1979, hecho en Rabat el 27 de enero de 1998. «BOCG.
Sección Cortes Genera-les», serie A, número 218, de 3 de junio de 1998
(número de expediente 110/000189) (Página 9546).
- Convenio entre España y Rumania sobre competencia judicial,
reconocimiento y ejecución de decisiones en materia civil y mercantil,
hecho en Bucarest el 17 de noviembre de 1997. BOCG.
Sección Cortes Generales» serie A, número 219, de 3 de junio de 1998
(corrección de error en «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A,
número 223, de 16 de junio de 1998) (número de expediente 110/000190)
(Página 9546).
- Convenio establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la
Unión Europea, relativo al procedimiento simplificado de extradición
entre los Estados Miembros de la Unión Europea, hecho en Bruselas el 10
de marzo de 1995, y declaraciones formuladas en relación con el mismo.
«BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 220, de 3 de junio de
1998 (número de expe-diente 110/000191) (Página 9547).
- Acuerdo sobre la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones,
entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, hecho en Madrid el 11
de diciembre de 1997. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número
206, de 19 de mayo de 1998 (número de expediente 110/000182).. 9547
- Acuerdo de asociación económica, concertación política y cooperación
entre la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y los
Estados Unidos Mexicanos, por otra, hecho en Bruselas el 8 de diciembre
de 1997. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, núme-ro 211, de 26
de mayo de 1998 (número de expediente 110/000185) (Página 9547).
Página
S U M A R I O
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana, con carácter secreto,
para debatir sobre dos dictámenes de la Comisión del Estatuto de los
Diputados, sobre declaraciones de actividades de señores Diputados, que
son aprobados.
Continúa la sesión con carácter público.
Página
Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes (Página 9532).
Página
Real Decreto-Ley 8/1998, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia
de pro-piedad industrial (Página 9532).
En turno de fijación de posiciones intervienen los seño-res Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Guardans i Cambó,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); San-tiso del
Valle, del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya;
Cuevas Delgado, del Grupo Socialista del Congreso, y Peón Torre, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Interviene la señora ministra de Justicia (Mariscal de Gante y Mirón)
para justificar su ausencia en el momento de la presentación del Real
Decreto-Ley.
Sometido a votación el Real Decreto-Ley 8/1998, de 31
de julio, de medidas urgentes en materia de propie-dad industrial, es
convalidado por unanimidad.
Sometida a votación la tramitación del Real Decreto-Ley como proyecto de
ley, es rechazada por 118 votos a favor y 143 en contra.
Página
Enmiendas del Senado (Página 9535).
Página
Proyecto de Ley de prohibición total de minas antipersonas y armas de
efecto similar (Página 9535).
En turno de fijación de posiciones intervienen los seño-res Saura
Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo
Parlamentario de Coa-lición Canaria; Meyer Pleite, del Grupo
Parlamen-tario Federal de Izquierda Unida; Campuzano i Canadès, del
Grupo Parlamentario Catalán (Con-vergència i Unió); Estrella Pedrola,
del Grupo Socialista del Congreso, e Izquierdo Juárez, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Página
Proyecto de Ley del sector de hidrocarbu-ros (Página 9538).
En turno de fijación de posiciones intervienen los seño-res Rodríguez
Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Gómez Rodríguez, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria; González de Txabarri Miranda, del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Sánchez i Llibre, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Santiso del Valle, del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; la señora Mendizábal
Gorostiaga, del Grupo Socialista del Congreso, y el señor Landeta
Álvarez-Valdés, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno por alusiones interviene la señora Mendizá-bal Gorostiaga.
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas -
Proyecto de Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y
otras normas tributarias.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 114-1, de 4 de mayo
de 1998 (número de expediente 121/000113) (Página 9547).
- Proyecto de Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y Normas
Tributarias. «BOCG. Congre-so de los Diputados», serie A, número 116-1,
de 25 de mayo de 1998 (número de expedien-te 121/000115) 9547
- Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para Cantabria. «BOCG.
Congreso de los Dipu-tados», serie B, número 164-1, de 3 de marzo de
1998 (número de expediente 127/000006) (Página 9579).
Página
Se procede a las votaciones de las enmiendas del Sena-do al proyecto de
ley del sector de hidrocarburos.
Página
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios
internacio-nales (Página 9546).
Página
Convenio relativo a la adhesión de la República de Austria, de la
República de Finlandia y del Reino de Suecia al Convenio sobre la Ley
aplicable a las obligaciones contractuales, abierto a la firma en Roma
el 19 de junio de 1980, así como a los protocolos primero y segundo
relativos a su interpretación por el Tribunal de Justicia, hecho en
Bruselas el 29 de noviembre de 1996, y Declaración común relativa al
Protoco-lo anexo al Convenio de Roma (Página 9546).
Sometido a votación se aprueba por asentimiento.
Página
Canje de notas constitutivo de Acuerdo entre España y la India sobre la
modifi-cación del Acuerdo sobre el transporte
aéreo entre el Gobierno de España y el Gobierno de la India, hecho en
Nueva Delhi el 10 de abril de 1987 (Página 9546).
Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.
Página
Sexto Protocolo adicional al Acuerdo gene-ral sobre privilegios e
inmunidades del Consejo de Europa (número 162), hecho en Estrasburgo el
5 de marzo de 1996.. 9546
Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.
Página
Acuerdo euromediterráneo por el que se crea una asociación entre las
Comuni-dades Europeas y sus Estados miem-bros,
por una parte, y el Reino Hache-mita de Jordania, por otra, hecho en
Bruselas el 24 de noviembre de 1997.. 9546
Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.
Página
Declaración de aceptación por España de la adhesión de Georgia al
Convenio
Página
sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho
en La Haya el 25 de octubre de 1980 (Página 9546).
Sometida a votación se aprueba por asentimiento.
Página
Acuerdo entre el Reino de España y la República de Turquía sobre
transporte internacional por carretera, hecho en Madrid el 3 de marzo de
1998 (Página 9546).
Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.
Página
Convenio entre España y Rumania com-plementario del Convenio relativo al
procedimiento civil concluido en La Haya el 1 de marzo de 1954, hecho en
Bucarest el 17 de noviembre de 1997.. 9546
Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.
Página
Protocolo adicional al Convenio entre el Reino de España y el Reino de
Marrue-cos, modificando el Convenio general
de Seguridad Social entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, de
8
de noviembre de 1979, hecho en Rabat el 27 de enero de 1998 (Página 9546)
Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.
Página
Convenio entre España y Rumania sobre competencia judicial,
reconocimiento y ejecución de decisiones en materia civil y mercantil,
hecho en Bucarest el 17 de noviembre de 1997 (Página 9546).
Sometido a votación, se aprueba por unanimidad.
Página
Convenio establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la
Unión Europea, relativo al procedimiento
simplificado de extradición entre los Estados miembros de la Unión
Euro-pea, hecho en Bruselas el 10 de marzo
de 1995, y declaraciones formuladas en relación con el mismo (Página 9547)
Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.
Página
Acuerdo sobre la promoción y protección recíproca de inversiones entre
el Reino de España y el Reino de Marruecos,
hecho en Madrid el 11 de diciembre de 1997 (Página 9547).
Sometido a votación, se aprueba por 295 votos a fa-vor, 12 en contra y
una abstención.
Página
Acuerdo de asociación económica, con-centración política y cooperación
entre
la Comunidad Europea y sus Estados
miembros, por una parte, y los Estados Unidos Mexicanos, por otra, hecho
en Bruselas el 8 de diciembre de 1997... 9547
Sometido a votación, se aprueba por 296 votos a fa-vor, 12 en contra y
una abstención.
Página
Dictámenes de comisiones sobre iniciati-vas legislativas (Página 9547).
Página
Proyecto de ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y
otras normas tributarias (Página 9547).
Página
Proyecto de ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y normas
tribu-tarias (Página 9547).
Intervienen en el debate los señores Chiquillo Barber, Vázquez Vázquez
(don Guillerme) y Saura Lapor-ta, del Grupo Parlamentario Mixto; Gómez
Rodrí-guez, del Grupo Parlamentario de Coalición Cana-ria; Zabalía
Lezamiz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Homs i Ferret, del
Grupo Parla-mentario Catalán (Convergència i Unió); Ríos Mar-tínez, del
Grupo Parlamentario Federal de Izquier-da Unida; Eguiagaray Ucelay, del
Grupo Socialista del Congreso, y Martínez-Pujalte López, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de rectificaciones intervienen los señores Saura Laporta , Ríos
Martínez, Eguiagaray Uce-lay y Martínez-Pujalte López.
Se procede a las votaciones de las enmiendas presenta-das al proyecto de
ley del Impuesto sobre las Perso-nas Físicas y otras normas tributarias.
A continuación, se somete a votación el dictamen de la Comisión, que se
aprueba por 167 votos a favor, 155
en contra y seis abstenciones.
Se procede a las votaciones de las enmiendas presenta-das al proyecto de
ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y normas tributarias.
Finalmente, se somete a votación el dictamen de la Comisión, que se
aprueba por 325 votos a favor y dos en contra.
Página
Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para Cantabria (Página 9579)
En defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, intervie-ne el señor Ríos Martínez.
En turno de fijación de posiciones intervienen los seño-res Blanco
García, del Grupo Socialista del Congre-so, y López-Medel Bascones, del
Grupo Parlamen-tario Popular en el Congreso.
Sometido a votación el artículo único, punto trigésimo, artículo 24 del
Estatuto y el punto trigésimo primero, artículo 25 del Estatuto, se
aprueba por 284 votos a favor, 13 en contra y una abstención.
Sometido a votación el resto del dictamen de la Comisión, se aprueba por
296 votos a favor y uno en contra.
Página
Votación de conjunto (Página 9582).
Página
Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para Cantabria (Página 9582)
Sometida a votación de conjunto, por su carácter de orgánica, la
propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para Cantabria, se
aprueba por 286
votos a favor y 12 abstenciones.
Se levanta la sesión a las dos y cincuenta minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana con carácter secreto.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS.
- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE
DECLARACIONES DE ACTIVIDADES DE SEÑORES DIPUTADOS (núme-ro de registro
57431).
- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE
DECLARACIONES DE ACTIVIDADES DE SEÑORES DIPUTADOS (núme-ro de registro
61800).
Se someten a votación los dictámenes de la Comisión del Estatuto de los
Diputados, que son aprobados.
Se reanuda la sesión con carácter público.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES.
- REAL DECRETO-LEY 8/1998, DE 31 DE JULIO, DE MEDIDAS URGENTES EN
MATERIA DE PRO-PIEDAD INDUSTRIAL (número de expediente
130/000050).
El señor PRESIDENTE: Punto octavo del orden del día, debate sobre la
convalidación o derogación de rea-les decretos-leyes. Real decreto-ley
8/1998, de fecha 31
de julio, de medidas urgentes en materia de propiedad industrial.
¿Grupos que desean fijar su posición sobre este real decreto-ley?
(Pausa.) Por el Grupo canario tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presi-dente, con gran brevedad.
Mi grupo va a votar favorablemente la convalidación de este real
decreto-ley porque trata sencillamente de adaptar el derecho positivo
español a la normativa comunitaria que se deriva del registro de la
propiedad industrial en materia de su competencia.
Consideramos que hay tres factores fundamentales en el cambio
legislativo que plantea el real decreto-ley y que por adaptar
rápidamente a los intermediarios espa-ñoles a los empresarios y a todo
el mundo relacionado con el registro de patentes y marcas justifica la
urgencia del mismo. En primer lugar, hemos de adaptar nuestra actual Ley
11/1986 de patentes para evitar una discrimi-nación con los operadores
comunitarios, dado que la ley estaba concebida fundamentalmente por su
propia fecha de 1986, el año de ingreso de España en la entonces
Comunidad Económica Europea, donde se hacía una dis-criminación con los
países europeos...(Rumores.) El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Mardones.
Señorías, guarden silencio, por favor, está resultando muy dificultoso
para el señor Mardones no ya hacerse oír sino expresarse, y mira con
intención de ser auxilia-do por la Presidencia, lo cual hago con gusto y
les ruego también, a pesar de que a estas primeras horas de la mañana
siempre se comprende que tengan muchos asuntos que despachar y algunos
deberes que cumplir, que lo hagan en silencio.
Adelante, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muy agradecido por su amable protección ,
señor presidente.
Como decía no se puede hacer una discriminación considerando extranjeros
a los países miembros de la Unión Europea que con España conforman este
con-glomerado, donde se han producido sentencias en el mundo deportivo,
en el mundo económico, en el mundo fiscal de la homogeneidad de este
concepto.
Por tanto, hay que referir el concepto de extranjero a terceros países
que no sean miembros de la Unión Europea.
En segundo lugar, está la acomodación al Reglamen-to número 40, de 1994,
sobre el procedimiento de transformación de marcas en el ámbito europeo.
Un mercado unitario tiene que modificar también las mar-cas que, siendo
de distinta denominación pero referi-das a un mismo producto, están ahí.
Por tanto, está dentro de la lógica de homologación del Derecho.
El tercer punto que queremos redactar en nuestra exégesis para dar el
voto favorable a la convalidación de este real decreto-ley es el
referente a las tasas que los servicios dentro de la Unión Europea
tienen que homologar, dado que nuestra Ley 25, de 1998, que modifica el
régimen legal de tasas estatales y locales en la ordenación del
patrimonio público, de las prestacio-nes patrimoniales, se entiende que
debe estar adecua-da a la legislación europea.
Señor presidente, vamos a destacar la última de las posibilidades que
este real decreto-ley nos trae, que es sencillamente una utilización de
inteligencia política de la posición favorable de España, dentro del
contexto europeo, para aquellas marcas y registros de propiedad que
estén redactados en castellano. Creo que es impor-tante que España
juegue este papel en la introducción de lo que se denomina en el
lenguaje técnico el exa-men preliminar para la búsqueda y los exámenes
de las patentes que estén redactadas en castellano; con rela-ción al
continente iberoamericano creemos que esto tiene una importancia
trascendental y es el último de los valores positivos que vemos en la
legislación espa-ñola que este real decreto-ley va a homologar. De aquí
la razón de nuestro voto favorable al mismo.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mar-dones.
Por el Grupo de Convergència i Unió había solicita-do la palabra el
señor Guardans i Cambó.
Tiene la palabra.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo muy brevemente para justificar nuestro voto favorable a la
convalidación de este Real Decreto-ley 8/98, de 31 de julio. Se trata, y
de ahí la urgencia, básicamente, aunque se aproveche para ampliar
tam-bién algún otro ámbito, de generalizar la libertad de prestación de
servicios en el ámbito de la prestación de los servicios de los agentes
de propiedad industrial, ampliando lo que era una libertad en un ámbito
con-creto en el que no estaba siendo aplicada hasta ahora, puesto que la
ley hasta ahora exigía la existencia de un despacho profesional con
residencia en España, inclu-so para los ciudadanos comunitarios que
quisieran prestar estas funciones.Dado que en el ámbito comuni-tario los
demás Estados miembros de la Unión Europea no son propiamente
extranjeros sino que son parte de un solo espacio, cada vez más político
pero en todo caso ya netamente económico, tenía toda la lógica que ese
requisito quedara suprimido.
En segundo lugar, también la modificación de la rela-ción entre la marca
comunitaria y la marca nacional tenía su lógica, puesto que
efectivamente la misma noción de marca es netamente territorial y la
modifica-ción de su ámbito de delimitación espacial en el territo-rio
podía alterar su propia esencia. Sin embargo, de nuevo hay que reiterar
que la marca comunitaria no es tampoco una marca extranjera sino que
tiene un ámbi-to territorial superior. Por eso también se justifica una
mejor adaptación, un mejor encaje entre lo que es la marca de ámbito
estatal, estrictamente la marca espa-ñola y la marca comunitaria.
También era oportuna -y nos parece correcto que se haya aprovechado este
cauce- una modificación del requisito de examen previo en el ámbito de
las patentes, así como una pura implementación de lo que es la fórmula
de localización de patentes en el ámbito de los países de la lengua
española.
Por último, también hay un retoque en lo que son estrictamente las
tasas, aunque entendemos que hay un error en la exposición de motivos,
en la forma en que eso se razona en la propia redacción de la
exposición, pero es un error de categoría menor y no creemos que deba
justificar en este punto concreto ninguna obser-vación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guardans.
El señor Santiso a su vez había solicitado la palabra por el Grupo
Federal de Izquierda Unida.
Tiene la palabra.
El señor SANTISO DEL VALLE: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo brevemente, simplemente para manifes-tar que nuestro grupo va
a votar favorablemente este real decreto-ley que precisamente se trae
por el proce-dimiento de urgencia por la excesiva dilación en haber
presentado en su tiempo un proyecto de ley que desarrollara las normas
comunitarias. Hay que recordar que las últimas son del año 1994. Por
tanto, está bien justifi-carlo con urgencia, pero con urgencia provocada
por-que la propia Comunidad Europea nos ha requerido y advertido de que,
si no, podía entrar en un procedi-miento sancionador.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Santiso.
El señor Cuevas, por el Grupo Parlamentario Socia-lista, tiene la
palabra.
El señor CUEVAS DELGADO: Muchas gracias, señor presidente.
Estamos ante un decreto del que lo primero que habría que decir es que
nos parece insólito que no haya sido presentado por ningún ministro en
esta Cámara. Parece que es un decreto devaluado. La ver-dad es que,
aparentemente, éste es un decreto que no tiene mayor problema. Incluso
la justificación de la urgencia parecería que es acertada. Pero, si lo
leemos detenidamente, nos daremos cuenta de que la justifica-ción por la
urgencia, que es la recomendación de la Comunidad Europea para que se
adapten determinadas normativas, se puede hacer también planteando un
proyecto de ley y no daría lugar a ningún procedimien-to de la Comisión.
No obstante, para entrar en el fondo de la cuestión, las dos primeras
partes del decreto nos parecen acertadas, razonables, que son la
adaptación en lo que se refiere a la modificación de determinados
artículos de la Ley de la propiedad industrial. Pero creo que en este
decreto -y quizás ahí esté la clave de por qué está pasando
clandestinamente- se hace también una modificación de las tasas de una
ley que aproba-mos hace escasamente tres meses. Nos parece, como mínimo,
un desacierto y una práctica poco recomenda-ble que el Gobierno
modifique una ley y, a los tres meses, plantee, mediante un real
decreto, la modifica-ción de las modificaciones de esa ley. Es más, la
redac-ción, como decía el portavoz del Grupo Catalán (Con-vergència i
Unió), es un poco confusa, porque no sabemos realmente por qué se
modifica esa tasa. Noso-tros vamos a dar nuestro voto favorable al
decreto, pero pedimos y esperamos que el grupo mayoritario y los grupos
que apoyan al Gobierno estén de acuerdo en que ese decreto se tramite
como proyecto de ley, para que podamos estudiar con mayor profundidad
las modificaciones de esas tasas, el alcance que tienen. En todo caso,
la justificación de por qué se hace ese real decreto no estaría en
contradicción con que, una vez aprobado, se tramitara como proyecto de
ley.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cuevas.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Peón Torre.
El señor PEÓN TORRE: Gracias, señor presidente.
Señorías, deseo anunciar el voto favorable del Grupo
Parlamentario Popular a la convalidación del presente real decreto,
abundando en los argumentos que ya han expuesto otros grupos de la
Cámara.
En primer lugar, la razón de la urgencia, como ya se ha explicado, se
encuentra justificada porque la regula-ción que se encontraba en la Ley
de patentes, concreta-mente en los artículos 155.2 y 157.1, estaba
vulnerando con claridad los principios de no discriminación por razón de
nacionalidad y del principio de libre presta-ción de servicios en el
seno de todos los Estados miem-bros de la Unión. Esta vulneración había
dado ya lugar a un expediente informativo por parte de la Comisión
Europea que data del año 1988. Nos sorprende que algún grupo haya hecho
mención a la conveniencia de haberlo tramitado como proyecto de ley o
que hubiera sido suficiente tramitarlo como proyecto de ley, cuando ya
desde el año 1988 la Comisión Europea se encuen-tran pendiente de que el
Gobierno español modifique esta normativa, y ha sido este Gobierno el
que se ha encontrado con la urgencia de dar satisfacción a ese
requerimiento, porque se estaba vulnerando la norma-tiva comunitaria.
En segundo lugar, también se ha mencionado por algún otro grupo de la
Cámara la conveniencia de introducir, asimismo con carácter urgente
mediante este real decreto, el llamado procedimiento de examen pre-vio;
procedimiento que, además, se establece con carácter optativo. Señorías,
creemos que esta regula-ción es necesaria y urgente para nuestro país,
porque no hay que olvidar que España es uno de los países de la Unión
Europea que cuenta con menor índice de registro de patentes; estamos muy
lejos de Alemania, de Francia, ya que nos encontramos en los últimos
lugares de la Unión Europea en cuanto a registro de patentes. Hay que
señalar que a esta situación está coadyuvando el hecho de que en el
sistema anterior el Registro de Patentes español obligaba, en todo caso,
a un examen de la patente. Este procedimiento es muy costoso, muy
complejo, hay que examinar más de 20
millones de documentos -son cinco plantas de docu-mentos las que tiene
la Oficina de Patentes española, 5.000 metros cuadrados-, y obligar a un
pequeño investigador a seguir este procedimiento largo burocrá-ticamente
y costoso económicamente era desconocer la realidad de la investigación
española. Por tanto, este procedimiento con carácter optativo permitirá
que en cada caso sea el solicitante de la patente el que esta-blezca,
con arreglo a su estrategia, a su dimensión y a sus capacidades de
inversión, el grado de protección que quiere dar a su patente.
Por último, señorías, en cuanto al procedimiento que establece la
posibilidad de transformar la patente comunitaria en patente nacional,
la urgencia y la nece-sidad están plenamente justificadas. En ese
sentido, queremos aclarar alguna duda que parece se ha produ-cido en el
transcurso del debate respecto a las tasas.
Señorías, este real decreto no crea ninguna nueva tasa, no modifica el
sistema de tasas que existía previamente. Lo que ocurre es que la
patente comunitaria establece como posibilidad la patente llamada
multicla-se, es decir, que con una sola patente se puede operar en todos
los sectores económicos susceptibles de emplear esa patente y marca.
En el sistema español hay cuarenta y dos clases de patentes en función
del sector económico a que afecte, desde el vino hasta el calzado y el
textil. Si establece-mos un procedimiento por el cual la marca
comunitaria que puede ser multiclase, que afecta a los cuarenta y dos
sectores, se traslade al sistema español mediante el pago de la tasa de
una sola clase, estaríamos discrimi-nando, señorías, a aquellas patentes
ya españolas, ya nacionales que se encuentran pagando una tasa por cada
una de las clases, sea vino, sea calzado, sea textil.
Luego, también en este caso está plenamente justifica-da tanto la
urgencia como la necesidad de esa modifi-cación en cuanto al sistema de
tasas, para que la trans-formación de patente comunitaria en patente
nacional no suponga un detrimento para las arcas públicas y mucho menos
una discriminación para las patentes de carácter nacional.
Nada más y muchas gracias, señorías. (La señora ministra de Justicia,
Mariscal de Gante y Mirón, pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Peón Torre.
En nombre del Gobierno, ha solicitado la palabra la ministra de
Justicia, señora Mariscal de Gante.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Pido la
palabra exclusivamente para justificar la posición del Gobierno que en
este momen-to representa la ministra de Justicia respecto a la
con-validación del real decreto-ley. En absoluto ha sido una cuestión
formal el no estar en su presentación. Mi ausencia se ha debido a que la
sesión era secreta y esta ministra no podía encontrarse en el hemiciclo.
Eviden-temente, el Gobierno valora muchísimo este real decre-toley y las
posiciones que han manifestado los diver-sos intervinientes en el debate.
Muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
En consecuencia, vamos a proceder a la votación.
Votación sobre la convalidación o derogación del Real Decreto-ley número
8 del presente año, de fecha 31 de julio, que acaba de debatirse sobre
medidas urgentes en materia de propiedad industrial.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 257; a favor, 257.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unani-midad.
Se ha solicitado por el Grupo Socialista la tramita-ción como
proyecto de ley del real decreto-ley convali-dado.
Se somete a votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 261; a favor, 118; en contra, 143.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, su tramita-ción como proyecto de
ley queda rechazada.
ENMIENDAS DEL SENADO.
- PROYECTO DE LEY DE PROHIBICIÓN TOTAL DE MINAS ANTIPERSONAS Y ARMAS DE
EFECTO SIMILAR (número de expediente 121/000097).
El señor PRESIDENTE: Punto noveno del orden del día, enmiendas del
Senado, cuya votación se producirá al final de los proyectos que figuran
en este apartado del orden del día, que comienza con las enmiendas del
Senado al proyecto de ley de prohibición total de minas antipersonas y
armas de efecto similar.
¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) En primer lugar, por el Grupo
Mixto ha pedido la palabra el señor Saura. Han pedido también la palabra
por el Grupo de Coalición Canaria el señor Mardones. El Grupo Vasco
(PNV) o el Grupo de Convergència i Unió ¿desean intervenir sobre el
proyecto de ley de prohibición de minas antipersonas? (Pausa.) No hay
necesidad de fija-ción de posición expresa en el Grupo Vasco. ¿En el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)? (Pausa.) No hay
necesidad de fijación de posición expresa. Por el Grupo de Izquierda
Unida sí interven-drá el señor Meyer. El señor Estrella y el señor
Izquier-do, por los Grupos Socialista y Popular. (Rumores.) Si guardan
silencio, señorías, puede comenzar el debate con la intervención del
señor Saura, por el Grupo Mixto.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
Quiero anunciar que evidentemente votaremos a favor de las enmiendas del
Senado, que son dos enmiendas por las que el Gobierno no sólo ha de
remi-tir información al Congreso, sino también al Senado.
Y he de expresar hoy nuestra satisfacción porque por unanimidad de la
Cámara se apruebe la ley de prohibi-ción de fabricación y difusión de
minas antipersonas.
Ya habíamos manifestado la importancia de esta ley, pero aprovecho esta
intervención para insistir en que la satisfacción que expreso en nombre
de mi grupo en esta sesión viene teñida de alguna manera por el hecho de
que el viernes pasado el Consejo de Ministros aprobó una declaración
interpretativa de la Convención de Oslo, que supone la posibilidad de
que el ejército espa-ñol tenga intervenciones militares con otros países
que no han firmado dicha convención y la de Ottawa para utilizar minas
antipersonas y por lo tanto, de hecho, en la firma de Oslo y de Ottawa
España puede quedar fuera. Creemos que el acuerdo del Consejo de
Ministros del pasado viernes, que ha de estar sometido a poste-rior
trámite parlamentario, vulnera el espíritu que ha orientado los trabajos
en el Congreso y en el Senado para la aprobación de esta ley e insisto
en expresar nuestro voto afirmativo y nuestra satisfacción por la
aprobación que se producirá hoy, aunque quiero decir que la declaración
interpretativa aprobada el pasado viernes vulnera el espíritu de esta
ley y que en conse-cuencia presentaremos posteriormente nuestras
pro-puestas, cuando se tramite la declaración interpretativa.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Saura.
Señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presi-dente.
Voy a intervenir con gran brevedad también, dado que se trata sólo de
dos enmiendas puramente forma-les, en la medida de que el texto que
salió de esta Cámara haciendo referencia al imperativo para el Gobierno
de informar al Congreso de los Diputados se sustituye por informar a las
Cortes Generales, es decir, a las dos Cámaras, Congreso y Senado.
Nos congratulamos, y de ahí el mayor fervor de nuestro voto favorable a
convalidar estas dos enmien-das y a aprobarlas, por ser puramente
formales, como he dicho, por el contenido total de este proyecto de ley
que recoge el criterio que ya Coalición Canaria había manifestado en el
primer debate, habiéndose aceptado en los trámites de Comisión nuestras
enmiendas para asumir el compromiso por parte del Gobierno español de
que los técnicos del Ministerio de Defensa y la actuación de nuestro
departamento de Asuntos Exterio-res recogieran el espíritu de las
conferencias de Ottawa y de Oslo sobre las minas antipersonas y pudieran
actuar también en los sistemas de cooperación a través de Naciones
Unidas o de organismos internacionales en operaciones exteriores de
desminado en aquellos países en que las circunstancias bélicas hubieran
hecho posible la instalación de estos artefactos de muerte.
Por todas estas razones y congratulándonos de dar nuestro voto
definitivo a la aprobación de este proyec-to de ley, Coalición Canaria
quiere dejar este testimo-nio en nuestro «Diario de Sesiones».
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Tiene la palabra el señor Meyer, por el Grupo Parla-mentario Federal de
Izquierda Unida.
El señor MEYER PLEITE: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo, Izquierda Unida, como no podía ser de otra manera, va a
votar favorablemente esta ley. Las enmiendas del Senado -ya lo han dicho
los anteriores portavoces- son absolutamente razonables.
Quiero destacar que estamos ante una ley con una carga
pacifista sin precedentes en los últimos quince, veinte o treinta años.
Se ha conseguido algo que pare-cía imposible: acabar con una de las
lacras que ha padecido la sociedad civil en casi todos los conflictos
desde el comienzo de este siglo. La mutilación, la muerte, la
devastación han sido las constantes que han padecido las sociedades
civiles en todos los conflictos armados. Resaltaría asimismo el impulso
de esta ley, que por primera vez se ha conseguido a través de la propia
sociedad civil. En Ottawa se hablaba de que el poder alcanzado por las
ONG organizando, ampliando, proponiendo esta normativa internacional que
prohi-biera el uso, almacenamiento, producción y transferen-cia de las
minas antipersonas ha marcado un hito en lo que significa el pacifismo,
las ideas del pacifismo. Por tanto, estamos ante una ley importantísima.
Una vez que ya tenemos la ley, se trataría de que el Gobierno español
fuera uno de los primeros impulsores a nivel internacional para que
ningún Estado del mundo quede fuera de la aplicación de este acuerdo.
Nos preocupa que tanto Estados Unidos como Turquía sean reticentes a la
firma del tratado de Ottawa y nos preocupa mucho más que el Gobierno
español se pueda plegar a esta posición de Estados Unidos y Turquía en
su aplicación.
Estados Unidos y Turquía son países OTAN, España es país OTAN y desde
luego nosotros no estamos dispues-tos, y vamos a estar muy atentos, a
que la lógica de Estados Unidos y de Turquía imponga un aplazamien-to,
una lectura restrictiva, una lectura no clara del trata-do a favor del
cual vamos a votar a través de esta ley de prohibición total de minas
antipersonas.
Finalmente, también he de decir que esperamos que en su artículo 6,
relativo a la cooperación internacional y apoyo a los programas de
desminado, el Gobierno español no sea cicatero y sea capaz de aportar
los medios técnicos financieros suficientes para colaborar en el
desminado de los países que han sufrido esta lacra. Además, si con los
datos que tenemos al día de hoy la comunidad internacional no es capaz
de poner más dinero para los programas de desminado, nos podemos
encontrar con situaciones como la de Cambo-ya.
Si Camboya sigue al ritmo al que va en estos momentos en relación al
desminado, tardaría cien años, cien, en conseguir el desminado total de
su territorio.
Por tanto, habría que hacer un esfuerzo de solidaridad internacional
para incrementar los medios y conseguir un desactivado definitivo de
todas las minas antiperso-nas, de todos los vectores de lanzamiento de
minas antipersonas en el mundo.
En consecuencia, como ya he dicho, vamos a votar a favor y vamos a estar
muy atentos para que no haya ninguna lectura restrictiva en la
aplicación internacio-nal de esta ley.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Meyer.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha solicitado a la
Presidencia poder intervenir pese a haber pasado su turno, porque, por
razones que ha justificado ante la Presidencia, no han podido solici-tar
el turno en el momento adecuado. Si no tienen inconveniente los grupos
que ya han intervenido y los grupos Socialista y Popular, ahora daríamos
el turno al señor Campuzano, por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Muchas gracias, señor presidente, por su
interpretación generosa del Reglamento y muchas gracias a los grupos por
permitir-nos hablar.
Simplemente quiero confirmar el voto favorable de Convergència i Unió a
este proyecto de ley, ya en su fase final. Este proyecto de ley es el
resultado -los otros oradores lo han recordado- de una amplia cam-paña
social en todo el mundo y especialmente en el Estado español para
prohibir las minas antipersonas y de la colaboración que los diversos
grupos políticos hemos encontrado en el mundo civil en defensa del
derecho fundamental de la vida.
En los próximos días se abre la discusión, el debate parlamentario y
político sobre la interpretación que el Gobierno pretende hacer del
propio tratado de Ottawa y nuestro grupo va a seguir con mucha cautela
este debate, buscando información e intentando analizar qué otras
posiciones van a mantener los Estados tanto de la Unión Europea como de
la propia Alianza Atlánti-ca, porque nos parece que el objetivo
fundamental de Ottawa y de este proyecto de ley, ya casi ley, es
preci-samente que no se utilicen las minas antipersonas en ninguna parte
del mundo. Si la interpretación que el Gobierno pretende hacer del
tratado de Ottawa no sirve para ese objetivo, desde el Grupo
Parlamentario Catalán vamos a discutirla en términos políticos.
Esperamos, en cambio, que hoy lo importante sea la aprobación del
proyecto de ley y manifestamos nuestra satisfacción y nuestra voluntad
de continuar compro-metiéndonos en esa lucha para acabar con las minas
antipersonas.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Muchas gracias, señor presidente.
Culmina hoy la tramitación de la ley española sobre prohibición total de
minas antipersonas, un gesto que acompaña el proceso de adopción de la
convención de Ottawa, un deseo que había sido expresado hace ahora un
año unánimemente por la Cámara. Estuvimos pidiendo al Gobierno que
remitiera a la Cámara un pro-yecto de ley. No lo hizo. Lo hizo el Grupo
Socialista en una proposición y finalmente el Gobierno remitió su propio
proyecto de ley. Fue reticente el Gobierno en adoptar el acuerdo en
Oslo; por fin lo hizo, tarde. Se retrasó también el Gobierno en remitir
a la Cámara la
convención de Ottawa, que tenía que haber sido
adop-tada en el Pleno de hoy por el Congreso, pero el Gobierno pidió su
retirada del orden del día del Pleno por razones que desconocemos.
En cualquier caso, hoy es un buen día, porque apro-bamos una ley que,
además de las provisiones de la convención de Ottawa, introduce
elementos, recogidos de enmiendas socialistas, como que no solamente
adoptamos un régimen de prohibición total de las minas antipersonas,
sino que además eso debe impreg-nar el conjunto de las acciones de
nuestra política de seguridad y de defensa, de manera que, por ejemplo,
los documentos de doctrina y estrategia excluyan de forma expresa la
utilización de las minas antipersonas.
Y esto vale tanto para operaciones que realicen las Fuerzas Armadas
españolas por sí solas como las que realicen junto con fuerzas de otros
países.
En definitiva, señor presidente, tenemos que felici-tarnos por la
adopción de la ley, pero hemos de decir que la noticia hoy no es que
España esté adoptando esta ley, que España, un país con uno de los
índices mayores de desarrollo humano, adopte la ley. La noti-cia hoy es
-y hay que felicitarse por ello- un país pequeño, pobre, con un índice
de desarrollo humano bajísimo, que se llama Burkina Faso. Burkina Faso
ha conseguido, desde la pobreza, lo que nosotros había-mos pedido al
Gobierno que hiciera: estar entre los cuarenta primeros países que
ratificaran la convención de Ottawa, con lo cual, a partir del día de
ayer, comien-za el proceso de entrada en vigor de la convención.
Hemos llegado tarde, ha llegado tarde el Gobierno, lo lamentamos, y
esperamos que no se produzcan más retrasos ni más distorsiones. El
Gobierno adoptó el viernes una declaración interpretativa de la
convención de Ottawa. La convención de Ottawa no admite ningún tipo de
reservas. Esperamos conocer qué pretende el Gobierno con esta
declaración interpretativa, porque, si se trata de una reserva, no
tendría lugar; si se trata de decir que no va contra la convención
participar en operaciones o ejercicios de carácter militar con países
que no sean signatarios de la Convención, es una obviedad; si se trata
de decir que se quiere legitimar participar en operaciones donde se
utilicen o se plani-fique el uso de minas antipersonas, el Grupo
Socialista estará en contra.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Estrella.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Izquierdo
Juárez.
El señor IZQUIERDO JUÁREZ: Gracias, señor presi-dente.
Señorías, ya lo han dicho otros portavoces, termina hoy el proceso que
no hace muchos meses -hace más bien pocos, apenas tres- empezamos en
esta Cámara de tramitación de la ley española de prohibición de minas
antipersonas. Con esta ley -lo hemos manifesta-do en otros debates-,
España se pone a la vanguardia de la comunidad internacional, porque
apenas hay tres o cuatro países en el concierto internacional que
ten-gan una ley de prohibición de minas antipersonas.
Como decía, señorías, se pone a la vanguardia de la comunidad
internacional en cuanto al inicio de erradi-cación de esa lacra tan
importante que es la utilización de este arma tan letal. Es la primera
vez que se declara ilegal un tipo de arma; lo hace España dentro del más
amplio consenso internacional y también, creemos, señorías, con el más
amplio consenso parlamentario y social.
No tienen por qué tener SS.SS. ningún tipo de reti-cencia a la
declaración interpretativa que el Gobierno pretende hacer sobre el
tratado de Ottawa. Ya lo expli-có el Gobierno la semana pasada en
comparecencia a petición propia en la Comisión de Asuntos Exteriores y
lo explicará sin duda a lo largo de su tramitación parla-mentaria.
Para tranquilizar al señor Estrella, y refiriéndome a sus palabras
finales, tengo que decir que creo que lo que el Gobierno pretende hacer
es simplemente incor-porar la declaración que ustedes incluían en
aquella proposición que fue tramitada y lo que han hecho tam-bién otros
países nada sospechosos de estar en contra del consenso internacional en
este caso, como Canadá o el Reino Unido. Pienso, señorías, que estamos
ante un momento importante; por lo tanto, no deben expre-sar reticencias
de ningún tipo. Tampoco busquemos titulares. No es la noticia la que ha
expresado el señor Estrella; la noticia es que por fin España tiene una
ley que en este Parlamento hemos solicitado muchos gru-pos
parlamentarios durante muchos años. Y recuerdo al señor Estrella que se
lo llevamos solicitando a SS.SS.
el conjunto de los grupos parlamentarios, cuando éra-mos el conjunto
oposición, algo así como 14 años. Una semana después de tomar posesión
este Gobierno, una semana después, en España ya era efectiva y eficaz la
prohibición de exportar y de producir todo tipo de minas inteligentes.
Una semana después. Porque fue el primer acto del primer Consejo de
Ministros del Gobier-no Aznar: prohibir en España la exportación, de
mane-ra indefinida, y la producción de todo tipo de minas antipersonas.
España, señor Estrella, se adelantó; el Gobierno de este país se
adelantó poco tiempo después a la acción común de la Unión Europea; algo
así como seis o siete meses. Desde esta Cámara, todos, junto con el
Gobier-no, nos hemos adelantado al conjunto de los países de la Unión
Europea y a un buen número de países de la comunidad internacional.
España, señor Estrella, estará, como no puede ser de otra manera, en la
ratificación del tratado de Ottawa; estará con la interpretación de los
artículos del tratado. Y sin ningún tipo de reservas, porque el tratado
lo prohíbe, reservas que SS.SS. quie-ran hacer y que hagamos entre
todos, como hemos hecho en la tramitación de esta ley y como haremos
seguramente en la tramitación final de la convención.
Yo creo, señorías, señor presidente, que estamos efectivamente ante un
momento de extraordinaria
importancia, porque se va a marcar
un hito, sin lugar a dudas, por decisión -y es algo positivo
recalcarlounánime del Gobierno, del Parlamento y de la sociedad
española, y difícilmente se encontraba la conjunción de estas tres
vertientes no hace muchos meses en las cues-tiones políticas en este
país; difícilmente se encontraba esta conexión de Parlamento, sociedad y
Gobierno. Y esto va a marcar, como decía, una manera definitiva y
distinta de estar España en el mundo, en el concierto internacional; una
manera muy distinta de orientar nuestra política exterior, una política
exterior orientada hacia la cooperación y hacia la paz.
Gracias, señorías. Gracias, señor presidente.
- PROYECTO DE LEY DEL SECTOR DE HIDROCAR-BUROS (número de expediente
121/000099).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Izquierdo.
Concluido el debate de las enmiendas del Senado a este proyecto de ley,
pasamos a las que la Alta Cámara formuló al proyecto de ley del sector
de hidrocarburos.
¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Tiene, en primer lugar, la
palabra, por el Grupo Mixto, el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
EL Bloque Nacionalista Galego en su debido momen-to se opuso al
contenido de esta ley por considerar que no era suficiente desde el
punto de vista de la atribu-ción del nivel competencial a las
comunidades autóno-mas.
Pensaba que se realizaba un excesivo blindaje a operadores actualmente
actuantes, sobre todo en el campo del gas, de tal manera que esta
liberalización estaba condenada a convertir el mercado de la energía en
general o a seguir manteniéndolo en una especie de marco oligopólico, y
que se estaba contribuyendo a que la economía del Estado español
estuviese planifi-cada en el sentido energético por intereses
particulares, más que por los intereses generales de carácter social y
de carácter territorial.
Tal como nos devuelve el Senado el proyecto de ley, hay que reconocer,
como siempre, que las enmiendas de carácter técnico y gramatical vienen
a mejorar sensi-blemente el texto en el aspecto que se refiere a su
redacción, igual que algunas preocupaciones de carác-ter medioambiental
a las que nosotros, por supuesto, no nos vamos a oponer. Sin embargo, se
sigue mante-niendo, incluso dentro de una visión oligopólica, un
excesivo blindaje a favor del actual operador de gas natural, que, en
concreto, en el caso del territorio de Galicia va a perjudicar
gravemente cualquier otra posi-bilidad de montar plantas regasificadoras
o incluso el intento de gasificar el país con la potencia debida para
fines de carácter industrial.
Por este motivo, el Bloque Nacionalista Galego pide la votación por
separado y se va a oponer taxativamen-te a la transitoria décimoquinta,
porque consideramos que es un cheque en blanco para que, en concreto,
alguna empresa que fue pública y hoy está totalmente privatizada pueda
controlar mercados territoriales, sin servir, sin embargo, a sus
demandas y a sus necesida-des.
Por otra parte, algún tipo de equilibrio de intere-ses en relación con
los transportistas y las cooperativas, que parece que en el caso del
Congreso de los Diputa-dos se había llegado a una relación equilibrada,
ahora aparece claramente desequilibrada otra vez, a su vuelta del
Senado. Me refiero a la transitoria tercera, en contra de la cual
lógicamente votaremos.
No nos vamos a oponer a otro tipo de enmiendas que no acaban de
satisfacernos sobre la participación de las comunidades autónomas
incluso en organismos que tienen que velar por el conjunto de la
planificación del mercado o del sistema energético, pero nos
absten-dremos, porque consideramos que no queda claramen-te regulada y
sobre todo asegurada la participación de las comunidades autónomas con
una voz y un voto ase-gurados continuamente; es excesivamente
fragmentario y nos parece que no lo podemos aceptar.
Por estos motivos, en sustancia nos sigue pareciendo una ley que no va a
servir de forma equilibrada para todos y particularmente para Galicia y
pensamos que, bajo esta capa aparente de competitividad, se encubre pura
y simplemente la protección de los intereses de unos cuantos oligopolios.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodí-guez.
Señor Gómez Rodríguez, por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Coalición Canaria va a votar favorablemente las enmiendas del Senado. Y
lo hacemos, no sólo por las cuestiones de fondo que aportan, sino
también por las correcciones técnicas y de estilo que señala la Alta
Cámara.
Nosotros consideramos que esta ley es importante para el país, porque el
propio producto, el petróleo, sus derivados y el gas, aparte de ser el
negocio mayor del mundo, constituye algo importantísimo para la
población actualmente. Hace 30 años yo leía que a principios del año
2000, a finales del siglo, ya tendría-mos la suplantación del petróleo
por energías alternati-vas.
Y ahora estamos regulando en España la liberaliza-ción del sector, tanto
en el campo del petróleo como en el del gas. No es una liberalización
absoluta, por las circunstancias de su gran consumo, pues utilizamos el
petróleo y sus derivados desde que nos levantamos hasta que nos
acostamos, en múltiples productos y en múltiples actividades, que van
desde el consumo del nailon hasta la calefacción, la conducción,
etcétera. Lo cierto es que ahora se trae una liberalización, repito, que
nos parece importante, aunque se mantienen cier-tas prerrogativas.
Nosotros, Coalición Canaria, consideramos que haberse
respetado los regímenes insulares y extrape-ninsulares es un acierto que
ya aportó a la ley, en forma de enmienda, Coalición Canaria. Y repito
que estimamos que esto va a ser un beneficio para los ciu-dadanos, para
los ciudadanos de a pie, porque se van a encontrar con el hecho de que
van a desaparecer los precios máximos de la gasolina, sus tarifas
dependerán exclusivamente de las compañías petrolíferas, teniendo el
Ministerio de Industria menos trabajo. Habrá una libertad en el
suministro de bombonas de gas; aunque Repsol anuncie que continuará,
vendrán nuevos com-petidores y se podrán adquirir hasta en los
supermerca-dos.
La liberalización del gas va a ser inclusive superior a la que marca la
reciente directiva europea. Veremos rápidamente sus ventajas, porque
esta ley va a entrar en vigor tan pronto como aparezca en el Boletín
Oficial del Estado.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez Rodríguez.
Por el Grupo Nacionalista Vasco, tiene la palabra el señor González de
Txabarri.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA:
Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Vasco va a apoyar las enmiendas que remite el
Senado a esta Cámara en rela-ción con este proyecto de ley de
hidrocarburos al igual que va a apoyar el conjunto de la ley, como ha
venido realizando en los distintos trámites parlamentarios en esta
Cámara. Nos encontramos con uno de los pilares de la política energética
del Gobierno y, desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Vasco,
queremos compartir los objetivos y las propuestas que se recogen en este
proyecto de ley.
Como grupo parlamentario, hemos planteado una serie de objetivos que
hemos ido cubriendo con el Grupo Parlamentario Popular y con la
Secretaría de Estado para la Energía con una metodología de trabajo
interesante. Y los distintos objetivos y los distintos pun-tos de vista
han podido concluir en una ley que es tan importante que es uno de los
pilares de la política ener-gética y que indudablemente va a ayudar a
generar una dinámica que abarate los costes energéticos y a que se dé
una mayor competitividad en las empresas.
Además de esto, que ha sido señalado por los porta-voces que han
intervenido anteriormente, quería desta-car también, como temas
innovadores, algunos que tie-nen una especial influencia social, como
son introducir criterios de protección y restauración medioambiental, la
creación de la figura del operador u operadores del sistema en los
propietarios de las redes de transportes, la obligación del
mantenimiento y desmantelamiento de instalaciones por parte de los
concesionarios o la liberalización del suministro de gases licuados,
entre otros. Hemos trabajado este proyecto de ley para adap-tar los
contenidos de un tema tan importante como es la política energética, los
ámbitos competenciales, tanto del Ministerio de Industria y Energía como
de los órga-nos competentes de las comunidades autónomas, y debemos
subrayar ahora, al finalizar los trámites, que esta colaboración
interinstitucional, en nuestro caso por parte del Gobierno vasco, la
Secretaría de Estado para la Energía y los grupos parlamentarios Popular
y Vasco, ha sido ejemplar y edificante y así quisiéramos que constara en
el «Diario de Sesiones». Hay trabajos, señor presidente, que se le
encomiendan a uno y, cuando se terminan, se siente la satisfacción del
trabajo bien reali-zado.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Pues enhorabuena y muchas gracias, señor González
de Txabarri.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor
Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario de Convergència i
Unió valora positivamente el texto del proyecto de ley del sector de
hidrocarburos, apro-bado inicialmente por el Congreso, posteriormente
por el Senado y que hoy vamos a refrendar a través de las enmiendas que
vienen de la Cámara Alta. En dicho pro-yecto de ley se han introducido
importantes modifica-ciones, incorporadas a través del trámite
parlamentario del Congreso y de Senado, encaminadas a conseguir diversas
finalidades en las que nuestro grupo ha traba-jado intensamente con el
Grupo Popular, con el Gobierno, con la Secretaría de Estado de Energía,
así como con todos los grupos parlamentarios que han apoyado dicho
proyecto en los diferentes capítulos que hoy podemos observar en el
«Diario de Sesiones».
Dichos objetivos van encaminados fundamentalmente a conseguir una ley
que establezca un marco jurídico del sector de hidrocarburos,
respondiendo tanto a la nece-sidad de adaptar los diversos textos
legales existentes al reparto competencial actual y asegurando un mayor
respeto de las competencias estatutariamente atribuidas a las
comunidades autónomas, como a la necesidad evi-dente de introducir
elementos de liberalización en los diversos sectores regulados por la
ley, especialmente en el sector gasista, acompañados de los adecuados
mecanismos transitorios, al efecto de que esta liberali-zación se
efectúe progresivamente.
Desde la perspectiva autonómica, que es una de las finalidades apuntadas
y en la que nuestro grupo ha tra-bajado de forma intensa, valoramos
positivamente la matización que se ha efectuado sobre el carácter básico
de los diversos preceptos que integran la ley, de tal forma que sólo
revisten este carácter aquellos que así lo requieren, de acuerdo con el
contenido actual de la disposición final primera de dicha ley.
Con la redacción de esta disposición se asegura un mayor respeto de las
competencias autonómicas. Igual-mente, se ha potenciado la intervención
de las comunidades
autónomas en el ámbito de la exploración,
inves-tigación y explotación de los hidrocarburos, posibilidad que no
venía reconocida en la normativa anterior. El mayor reconocimiento de
las competencias autonómi-cas también se ha evidenciado en la existencia
de regis-tros territoriales, donde se inscriben las instalaciones
radicadas en los correspondientes ámbitos territoriales, tal como ocurre
con las instalaciones de distribución al por menor de productos
petrolíferos.
En cuanto a la introducción de una mayor liberaliza-ción, cabe destacar
las siguientes cuestiones, que, a nuestro entender, son importantes en
dicho proyecto de ley: el que la actividad de distribuir al por menor
carburantes y combustibles petrolíferos pueda ser ejer-cida libremente
por cualquier persona física o jurídica, sin menoscabo de la obligación
de que las instalacio-nes utilizadas para el ejercicio de esta actividad
cum-plan las exigencias técnicas y de seguridad que corres-pondan.
Respecto al conjunto de actividades relacionadas con el transporte, la
distribución y comer-cialización de combustibles gaseosos para su
suminis-tro por canalización, se podrán realizar libremente sin
necesidad de obtener la concesión administrativa correspondiente que se
exigía en la regulación anterior, requiriéndose sólo la autorización
administrativa res-pecto a estas instalaciones. La introducción de una
mayor liberalización en el sector gasista también se arbitra a través
del reconocimiento de la existencia de los denominados consumidores
cualificados a los efec-tos de adquisición de gas, y con la creación de
la figu-ra de los comercializadores.
Dentro de los mecanismos progresivos, también cabe destacar el
reconocimiento de la disposición transitoria decimoquinta de un período
transitorio de 15 años, durante el cual no podrán concederse nuevas
autoriza-ciones para la distribución de gas natural en aquellas áreas
geográficas donde antes de la entrada en vigor de la ley ya se había
concedido a alguna empresa suminis-tradora una concesión administrativa.
De esta forma se asegura la rentabilidad de las instalaciones ya
autoriza-das durante un período de tiempo razonable, respetan-do el
equilibrio económico-financiero de dichas conce-siones.
Entre otros aspectos, nuestro grupo parlamentario valora positivamente
todos los cambios introducidos en la redacción de la ley encaminados a
incrementar la seguridad de las denominadas instalaciones receptoras,
delimitando cuáles son las obligaciones de los diversos sujetos que
actúan en el sector (operadores, distribui-dores, comercializadores y
los propios titulares de dichas instalaciones), de tal forma que la
seguridad de las mismas quede garantizada antes de efectuar los
correspondientes suministros.
Pues bien, vamos a votar favorablemente todas las enmiendas procedentes
del Senado excepto la relativa a la disposición transitoria tercera, a
la que nuestro grupo parlamentario va a votar en contra de la
modifi-cación que se ha incorporado en el Senado. En primer lugar
porque, según viene precisado en la exposición de motivos, no
corresponde a una enmienda transac-cional presentada por Convergència i
Unió -creo que hay un error en la valoración de dicha exposición de
motivos- y, en segundo lugar, porque ya existió un consenso en la
Comisión de Industria. La disposición transitoria tercera fue
consecuencia de una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Popular, que fue aceptada por el resto de grupos de la Cámara en el
sentido de que quedaba perfectamente reconocida la posibilidad de que
las asociaciones de transporte pudieran abrir estaciones de servicio
cuando reunieran unos requisitos mínimos de seguridad. Era una fórmula
interesante, adecuada y que gozaba del consenso de todas las fuerzas
políticas y no vemos la necesidad de su modificación. Por tanto,
anunciamos desde la tribu-na nuestro voto en contra de la enmienda
correspon-diente a la disposición transitoria tercera.
Muchas gracias, señoras y señores diputados, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez i Lli-bre.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el señor Santiso,
de nuevo, tiene la palabra.
El señor SANTISO DEL VALLE: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, nuestro grupo ya tuvo oportunidad de exponer en este debate
cual era su posición sobre este proyecto de ley de hidrocarburos. No
solamente la expuso, sino que presentó un proyecto de ley alternati-vo
basado en un trabajo serio de nuestro grupo parla-mentario, un proyecto
articulado que daba nuestra visión sobre el sector.
Nuestra valoración es que se ha perdido la oportuni-dad de intentar
regular adecuadamente este sector y que, bajo la excusa de la
liberalización, se han conce-dido prerrogativas y se ha elaborado una
ley en muchos casos al dictado de alguna de las partes en conflicto con
intereses en el sector. La prueba más pal-pable es -acaba de hacer
referencia a ello el señor Sánchez i Llibre- la disposición transitoria
tercera, que en la exposición motivada del Senado prácticamente no se
cita, pero que tiene un enorme calado y detecta un conflicto importante
entre el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Industria.
Voy a poner algunos ejemplos palpables: en Madrid ha habido un conflicto
serio con un tema relacionado directamente, que es el de los carburantes
de las coo-perativas de taxistas. La cooperativa de taxistas de Madrid
tuvo una sanción del Ministerio de Industria, fue cerrada su
instalación, han recurrido y precisamen-te en base a la ITC famosa, que
se quiere mantener en vigor parcialmente, de carburantes de consumos
pro-pios, hoy se ha vuelto a reabrir esa instalación y el Ayuntamiento y
la Comunidad de Madrid se han encon-trado atados de pies y manos ante un
problema que puede ser muy serio. Muy serio en dos direcciones:
una, porque es una nueva bolsa posible de fraude en el
uso de
los gasóleos y, otra, porque con esta norma se abre una posibilidad de
conflicto con los municipios que pueden ver cómo se crean instalaciones
en este período de un año fuera del control y de las normas mínimas de
seguridad deseables para una instalación que puede estar dando servicio
a una pequeña coope-rativa, a una cooperativa de taxis con 8.000
taxistas o a una cooperativa con 5.000 ó 6.000 camiones. Es muy seria
esta modificación. Nuestro grupo va a votar tajan-temente en contra
porque en este apartado de hidro-carburos era precisamente donde había
un consenso importante, en la necesidad de que cualquier instala-ción
tuviera unos requisitos básicos de seguridad para evitar algunos
accidentes que ya se han producido, en concreto en una gasolinera de
Madrid no hace mucho tiempo y, al mismo tiempo, que sirviera para
controlar y evitar posibles fraudes en el gasóleo. Insistimos en estas
dos cuestiones que nos parecen muy importantes.
En nuestra opinión, el conflicto con los transportis-tas estuvo mal
resuelto. Estamos de acuerdo en que los transportistas tienen que tener
un tratamiento diferen-ciado, lo que llamo gasóleo profesional, pero
conside-ramos que la solución buscada es la peor de las posi-bles,
supone introducir un nuevo factor para potenciar posiblemente un fraude
que ya hoy existe con el gasó-leo agrícola, por ejemplo. Ahora tenemos
unas instala-ciones que se pueden multiplicar por todo el país, se van a
crear nuevas cooperativas ex profeso para utilizar este mecanismo y van
a quedar fuera del control de las inspecciones. Quiero recordar a SS.SS.
que en muchas comunidades autónomas hay dos inspectores, no sólo para
estos temas sino para otros muchos, con lo cual, una vez más, va a ser
muy difícil saber qué calidad tiene ese producto y si al final su
consumo se realiza exclusivamente por aquéllos a los que teóricamente va
destinado.
Nosotros seguimos propiciando una solución dife-rente:
la creación de gasóleo profesional, que se puede identificar con sus
marcadores, asimilarlo al de consu-mo agrícola, o bien otro tratamiento
en la fiscalidad, en las deducciones que se pueden tener etcétera.
Además, ése no es el verdadero problema del sector. Los costes en el
transporte español quizá son de los más bajos de Europa, pero el
problema es que en el medio hay gran-des agencias que son las que en
realidad hacen que el precio final que tiene que pagar el que utiliza
ese trans-porte nada tiene que ver con el que percibe el trans-portista
autónomo, que se ve explotado doblemente y que ahora en muchos casos se
puede ver explotado por sus propios compañeros teóricos de cooperativa,
pues-to que se les va a obligar a repostar donde ellos quie-ran, igual
que ya se les obliga, en algunos casos, a reparar los camiones donde
ellos quieren.
Hay que señalar que en el sector del gas también sucede lo que habíamos
dicho. Una vez más se habla de liberalización pero se pone en manos de
muy pocos el control. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y
Lozana, ocupa la Presidencia.) Y el usua-rio final, igual que en la
electricidad, sobre todo el usuario de a pie, que no tiene grandes
consumos, va a tener muy pocas opciones.
Termino con el tema de la gasolina, en el cual otro grave error, en
nuestra opinión, es eliminar los precios máximos, puesto que no tiene
sentido alguno si se quiere competir -entre comillas- en precios, cosa
que no se produce. Está claro que hay acuerdos tácitos en el propio
sector para evitar guerras de precios, por-que éstas solamente se
producen cuando un gran com-petidor quiere eliminar a otro del mercado y
automáti-camente, de manera natural, procuran ponerse de acuerdo. En
Asturias hemos hecho un estudio y hemos visto cómo en toda la comunidad
hay prácticamente el mismo precio y, sin embargo, es unas dos pesetas
más caro que en otras muchas comunidades. Y en Madrid sucede lo mismo,
hay un bloqueo que prácticamente hace que existan acuerdos tácitos en
los precios, por lo que creemos sinceramente que la eliminación del
pre-cio máximo sólo va a servir para que los operadores se pongan de
acuerdo y vayamos a sufrir todos los consu-midores unos precios máximos
fijados por el propio sector y no como hasta ahora que intentaban, al
menos, fijar una barrera.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Santiso.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Mendizabal.
La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Muchas gracias, señor presidente.
Este trámite de enmiendas del Senado se convierte para el Grupo
Socialista en la única oportunidad que tiene en esta Cámara, después del
debate de totalidad, para poder hablar del proyecto de ley de
hidrocarbu-ros, porque, no sé si SS.SS. lo saben, pero el Grupo
Socialista se vio obligado a abandonar la Comisión de Industria por un
mínimo de dignidad parlamentaria.
Al proyecto de ley que presentó el Gobierno, en su momento, el Grupo
Socialista presentó una enmienda a la totalidad porque no compartíamos
el modelo para el sector, nuestro modelo era distinto, pero nuestra
enmienda tenía espíritu constructivo, como puede apre-ciarse en la
lectura del debate que tuvo lugar el día 12
de marzo. Asimismo, la propia naturaleza del proyecto nos llevó a
solicitar comparecencias con los agentes del sector para el trámite de
enmiendas parciales con el fin de no llegar sólo a un consenso
parlamentario sino, además, tener un cierto consenso dentro del sector,
ya que nos parecía que esta ley debería tener una voca-ción de
permanencia, porque debería consolidar a un sector que tiene grandes
inversiones y que, por tanto, necesitaba esa seguridad.
Las comparecencias, señorías, fueron francamente clarificadoras, ninguno
de los comparecientes -la gran mayoría, diría, para no ser absoluta en
las calificacio-nesestaba de acuerdo con el proyecto que el Gobier-no
había presentado. Pero la gran sorpresa fue cuando
compareció
el secretario de Estado de Energía que, a nivel puramente particular -yo
no entiendo como un secretario de Estado puede comparecer en una
comi-sión parlamentaria a nivel particular-, no estaba de acuerdo con el
proyecto que había presentado.
Nosotros seguimos con nuestra buena voluntad.
¿Cuál fue el resultado? El resultado fue que se presenta-ron 72
enmiendas por parte del Grupo Popular, 112 por el Grupo de Convergència
i Unió y lógicamente en el trámite de Ponencia salió un engendro -entre
comi-llases decir, un articulado totalmente sin consisten-cia y lleno de
contradicciones en el que todas las enmiendas de los grupos de oposición
no servían para nada, estaban fuera de contexto y resultaban totalmen-te
inútiles; es decir, que los grupos de oposición, seño-rías, para ser
gráficos, nos quedamos colgados de la brocha. Y ante esto tuvimos que
abandonar la Comi-sión de Industria.
El trámite en Comisión fue totalmente inútil. Desde nuestro punto de
vista, se ha falseado el procedimiento parlamentario, cosa que nos
parece muy grave y nos hemos sentido engañados. Pero lo más grave de
todo es que, además de falsear el procedimiento parlamen-tario, salió en
aquel momento en Comisión una ley totalmente inconsistente. Con esa ley
inconsistente, vuelvo a insistir, nuestra postura en el Senado fue, una
vez más, tratar de colaborar para que esta ley pudiera llegar a tener un
cierto equilibrio. Volvimos a presentar enmiendas distintas, porque
lógicamente el proyecto ya no tenía nada que ver con el proyecto
original, la estructura del sector era totalmente distinta y, una vez
más, nos hemos vuelto a sentir engañados, esta vez no nosotros, no el
Grupo Socialista, sino los socios, el Grupo de Convergència i Unió,
porque, como ha reco-nocido el señor Sánchez i Llibre, presentaron una
enmienda a la enmienda del Congreso. Una enmienda que no se sabe por
dónde aparece. Nadie conoce los procedimientos por los que aparece en el
dictamen de la Comisión del Senado. No se sabe si corresponde a una
transaccional; no se sabe si fue un acuerdo en Ponencia para que entrara
el texto; no se sabe si se dejaba el debate al Pleno. Yo aconsejaría a
SS.SS. y a todo aquel que quiera hacer una tesis doctoral que, si quiere
meterse en los procedimientos parlamentarios, coja la bibliografía
completa: los «Diarios de Sesiones», los boletines del Senado y vea si
es capaz de descubrir cómo consigue entrar esta enmienda en este
proyecto.
Espero que para estos momentos tengamos claro cuál va a ser la votación
que vamos a hacer, porque, señorías, esto es un lío total. Parece -lo
digo en broma- el camarote de los hermanos Marx, si no fuera porque el
tema es tan serio. Me estoy refiriendo lógica-mente a la disposición
transitoria tercera. Espero vuelvo a repetir- que los servicios de la
Cámara sean en estos momentos capaces de presentarnos una vota-ción en
la que podamos tener las ideas claras. No res-pecto al fondo porque mi
grupo las tiene muy claras.
Me estoy refiriendo únicamente al procedimiento.
Visto cuál es el procedimiento, cuáles son los avata-res que ha seguido
el proyecto de ley, me gustaría hacer un comentario sobre cuál es el
resultado final. El objetivo de la ley era, fundamentalmente, avanzar en
la liberalización del sector de hidrocarburos líquidos, por un lado, y,
por otro, abrir el sector del gas natural a la competencia. Respecto al
primer aspecto, al de los hidrocaburos líquidos, los primeros pasos se
dieron con la ley de ordenación del sector del petróleo: tanto la
liberalización del comercio exterior, como el paso de las concesiones a
las autorizaciones administrativas, y se seguían manteniendo unos
precios máximos, lo que nos lleva a decir que la desaparición de los
precios máximos en esta ley nos parece en cierto modo impru-dente.
No dudamos de que la liberalización de precios es un avance a la
competencia, pero con una estructura tan oligopólica como la que existe
en estos momentos resulta por lo menos imprudente que desaparezcan estos
precios máximos.
El segundo aspecto que me gustaría comentar res-pecto a los
hidrocarburos líquidos es el del acceso negociado. Nos hubiera parecido
mejor un acceso regu-lado porque el negociado da posibilidad a este
sector oligopolístico de poner ciertas pegas a la entrada de terceros a
las redes a través de los precios. Estimamos que con una buena agencia
reguladora hubieran sido mejor regulados los precios.
Respecto a la segunda parte del proyecto, la del gas natural, tendríamos
algunos comentarios que hacer.
Nos parece importante tratar de abrir este sector y cre-emos que el
núcleo de la liberalización está precisa-mente en aspectos como los
consumidores cualificados, los comercializadores, la separación de
actividades, el acceso de terceros a la red, etcétera; pero hay otros
ámbitos que influyen en estos primeros y que también ponen barreras a la
competencia, como los umbrales de legibilidad, los peajes que se
establecen para el acceso, la cuantía de los costes de transición a la
com-petencia y la autonomía de la red.
Comentaba el martes desde esta tribuna, hablando de la liberalización,
que esto era un maquillaje, una limpieza de imagen más del Gobierno,
hablar continua-mente de la liberalización. Y la verdad es que esto se
refleja...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Mendizabal,
le ruego vaya concluyendo.
La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Enseguida acabo, señor presidente.
Se refleja bastante bien en esta ley. Parece que los intentos
liberalizadores se ven siempre con una serie de cortapisas. Nos hubiera
gustado que hubiera sido de otra manera, pero nos encontramos en esta
situación.
¿Por qué lo digo? Porque no hay una separación del transporte, que nos
parece fundamental, como ocurrió en el caso de la ley eléctrica. ¿Por
qué lo digo? Porque los umbrales de legibilidad, a pesar de que se está
diciendo por parte del Gobierno que son los más bajos
de la
Comunidad, son altos para el sector del gas natu-ral que tenemos
nosotros. ¿Por qué lo digo? Porque en la disposición transitoria sexta
los costes de transición a la competencia no están nada claros, no se
conoce su cuantificación, y esto resulta peligroso porque impide el
acceso a la red. ¿Por qué lo digo? Porque nos parece excesivo quince
años para que haya un período de transición a la competencia.
Finalmente, también nos preocupa la posibilidad de discriminación en los
peajes de acceso en función de las coordenadas geográficas.
A pesar de todos los avatares procedimentales, de todos los problemas
que podemos ver en esta ley, cre-emos que el proyecto en el trámite
parlamentario ha mejorado, ha superado las insuficiencias y las
limitacio-nes que tenía. Pensamos que la comisión reguladora, la
comisión nacional de la energía, puede ser un núcleo importante si se
mantiene como comisión independien-te y consensuada. Confiamos en que
esta comisión pueda controlar el tránsito a la competencia, el camino a
la liberalización, de tal forma que los únicos benefi-ciarios de esta
ley, como de todo, sean los ciudadanos de este país.
Nada más. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Mendizabal.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Landeta.
El señor LANDETA ÁLVAREZ-VALDÉS: Señor presi-dente, señoras y señores
diputados, vuelve al Congreso en estos momentos, esta vez al Pleno, el
proyecto de ley de hidrocarburos que ya fue extensamente discuti-do y
votado en la Comisión de Industria con competen-cia plena, de acuerdo
con el artículo 72.2 de la Consti-tución.
El proyecto de ley de hidrocarburos, junto a la ley del sector eléctrico
y la futura ley de la minería, consti-tuyen los instrumentos esenciales
de la política energé-tica del Gobierno. Pretende potenciar la
competitividad del tejido productivo español para afrontar los retos
ante la unión europea y monetaria.
Esta ley tiene como objetivo fundamental la renova-ción, la integración
y la homogeneización de todas las normas vigentes sobre el sector. Es de
tener en cuenta que algunas de estas normas son anteriores a la
Consti-tución, disminuyendo el intervencionismo público por un modelo
donde la iniciativa empresarial sea el autén-tico motor a través de la
inversión. Es de tener en cuen-ta que esta ley se basa en tres grandes
bloques: en pri-mer lugar, en la regulación de las actividades de
explotación, investigación y explotación de hidrocarbu-ros, tanto en
líquidos como gaseosos, así como en el almacenamiento subterráneo del
mismo, con un repar-to de competencias entre las comunidades autónomas y
la Administración central. En segundo lugar, ordena el mercado de crudos
y los productos derivados, inclui-dos los gases licuados y regula el
comercio exterior.
Por último, ordena el suministro de gases y combustibles por
canalización, donde se incluye su producción, licuación,
reclasificación, transporte, almacenamiento, distribución y
comercialización.
El proyecto de ley de hidrocarburos, pese a las mani-festaciones que se
han vertido en este acto, es un pro-yecto que se anticipa en alguna
medida a los vientos que soplan desde la Unión Europea y permite situar
a España a la cabeza de los países que no han dudado en modificar el
marco jurídico institucional de su econo-mía para conseguir un modelo de
crecimiento econó-mico más equilibrado y más abierto a la competencia
como garantía de eficiencia y competitividad.
Estos elementos se muestran de especial relieve al tratar los asuntos
energéticos y de hidrocarburos, en especial, puesto que representa las
dos terceras partes del consumo de energía primaria en España y su uso
condiciona de forma más o menos intensa todas las actividades, ya sean
éstas de producción, de consumo o de distribución. Con este proyecto de
ley y la recien-te aprobación de la Ley eléctrica en esta legislatura se
asegura un sector energético más abierto y más compe-titivo, para una
economía indiscutiblemente más abier-ta y más competitiva.
Muchos son los avances que se han realizado en este proyecto: la
libertad de precios para hidrocarburos siempre que esté asegurada la
competencia, como en el caso de los gases licuados, petróleo y gas
natural; la desaparición de las barreras de entrada al negocio de los
hidrocarburos proveniente de legislaciones anterio-res.
La exigencia de mayor responsabilidad, control y seguridad de todos los
agentes del sector y la creación de la gran agencia reguladora de
carácter independien-te como es la comisión nacional de energía, suponen
indiscutiblemente unos buenos mimbres sobre los que constituir un sector
energético competitivo y abierto absolutamente necesario para una
economía basada en un crecimiento económico saneado como la española en
los dos últimos años.
Es de resaltar que esta orientación legislativa hacia un sector más
abierto y competitivo se ha hecho tenien-do en cuenta la situación
presente, al igual que se hizo con la ley del sector eléctrico. En el
proyecto de ley de hidrocarburos se ha tendido a un proceso de apertura
continuo pero gradual, con la idea de ir construyendo y reforzando los
mecanismos de competencia sin per-juicio para los consumidores. En este
sentido, es desta-cable el esmero con que la ley trata el tránsito hacia
la libertad de elección para los consumidores de gas o cómo la ley
obliga al actual concesionario del servicio público de gas a mejorar el
servicio, a ampliar la red mientras llega la competencia.
Además, este proyecto permite un desarrollo de las actividades de
hidrocarburos de forma más respetuosa con los objetivos medioambientales
a los que se ha comprometido España en distintos foros internaciona-les
y sintoniza con lo que pretende ser la política ener-gética de la Unión
Europea en materia medioambiental en el siglo XXI.
Ahora vuelve el proyecto con algunas enmiendas presentadas
por los grupos parlamentarios que mejoran el texto aprobado por el
Congreso. Se deben destacar las referidas a los artículos 16 y 18,
relativas a la intro-ducción de medidas de protección ambiental para la
explotación e investigación de hidrocarburos. Se esta-blece una mayor
clarificación respecto a la responsabi-lidad de los distribuidores al
por menor y los comercia-lizadores al por mayor de gases licuados de
petróleo, a granel para los primeros y envasados para los segun-dos, en
relación con el estado de sus instalaciones.
También se perfeccionan los artículos 61 y 68 al especi-ficar que puede
haber transacciones entre transportis-tas, lo que favorece la actuación
de Gas Euskadi en sus adquisiciones a Enagás; o la ampliación a un
concepto de sociedad mercantil para los operadores de instala-ciones de
gas que hace más flexible la legislación ener-gética frente al resto del
ordenamiento jurídico. Parece razonable introducir un reglamento en el
que se espe-cifiquen los criterios que determinarán qué servicios deben
ser entendidos como esenciales en tanto que en el artículo 88 se está
hablando de la no suspensión de suministros, añadiendo esta enmienda
seguridad jurídi-ca a los agentes potencialmente afectados. Se regula el
régimen económico de los derechos de acometida, úni-cos para todo el
territorio del Estado, alquiler de conta-dores y otros costes. Se
faculta al que autoriza la activi-dad en cuyo ejercicio se cometió una
infracción a imponer la sanción correspondiente.
Respecto a la enmienda a la disposición adicional undécima, que define
las competencias y la realidad de ese órgano tan importante como es la
Comisión Nacio-nal de Energía; se amplía a 36 miembros el consejo
consultivo de electricidad; se establece el carácter pre-ceptivo de
determinados informes de la Comisión, con posibilidad de reducir el
plazo por ampliación del pro-cedimiento de urgencia, imponiendo la
confidenciali-dad a la información.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Landeta, le
ruego que vaya concluyendo.
El señor LANDETA ÁLVAREZ-VALDÉS: Tenemos que decir -esto es importante-
que en modo alguno podemos aceptar las manifestaciones que ha hecho la
diputada doña Arantxa Mendizabal respecto a que el proyecto de ley que
se presenta no ha tenido el con-sentimiento, la confirmación y el
beneplácito de los entes que realmente están dentro del sector de
hidro-carburos, puesto que todos ellos mostraron su confor-midad al gran
avance liberalizador que implica este proyecto.
En cuanto a lo que ha manifestado sobre que se había falseado el
procedimiento parlamentario, tengo que decir, respecto a la disposición
transitoria tercera, que en modo alguno ha ocurrido esto. La misma, con
dicho texto, fue presentada a la Comisión de Industria del Senado el 18
de julio de 1998 como enmienda tran-saccional in voce en relación con la
123 del Partido Socialista. En esa Comisión, sin protestas por parte de
ningún grupo -así consta en el acta y puede leerlo con claridad-, se
aceptó que dichas enmiendas transaccio-nales se debatieran y discutieran
en el Pleno. Así ha ocurrido con lo cual, aplicando la doctrina de los
actos propios, en modo alguno cabe manifestar nada cuando su grupo dio
plena conformidad en Comisión de que estas enmiendas in voce fueran
tramitadas, tanto las presentadas por el Grupo Parlamentario Popular
como por el Grupo Parlamentario Socialista. Sometida a vota-ción en el
Pleno, obtuvo 202 votos, de los cuales 122
fueron a favor de la enmienda y 79 en contra.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Landeta, le
ruego concluya.
El señor LANDETA ALVAREZ-VALDÉS: Es decir, que el hecho es claro y
terminante.
Por último, tengo que manifestar que nosotros consi-deramos que es un
proyecto muy importante; que tene-mos que agradecer la gran labor
realizada por los gru-pos y que esperamos votar favorablemente a dichas
enmiendas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Landeta. (La señora Mendizabal Gorostiaga pide la palabra.) Señora
Mendizabal, ¿a qué efectos me solicita la palabra?
La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Por alusio-nes y sólo para aclarar algo
que ha dicho el señor Lan-deta.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Tiene la palabra,
señora Mendizabal.
La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Simple-mente, que la enmienda está
incorporada en el trámite de Comisión. Se iba a debatir en Pleno, pero
está incor-porada al texto en el trámite de Comisión.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Mendizábal. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a la votaciones
correspondientes al punto noveno del orden del día: Enmiendas del Senado
a los proyectos de ley que han sido debatidos en el Pleno.
En primer lugar, votamos de manera conjunta las enmiendas del Senado al
proyecto de ley de prohibición total de minas antipersonas y armas de
efecto similar.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 314; a favor, 314.
El señor PRESIDENTE: Quedan así aprobadas las enmiendas e
incorporadas por unanimidad del Pleno del Congreso.
Enmiendas del Senado al proyecto de ley del sector de hidrocarburos.
Vamos a realizar ocho votaciones separadas. En primer lugar, las
enmiendas a los artículos 61, 68, 83 y 91.2 y 3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 313; a favor, 182; en contra, 129; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmiendas a la disposición transitoria tercera, párra-fo 2, segundo
parágrafo, desde donde dice: no obstan-te, durante este período
transitorio, hasta el final.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 313; a favor, 157; en contra, 155; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Resto de enmiendas a la disposición transitoria tercera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 313; a favor, 298; en contra, 14; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el resto de enmiendas de la
disposición transitoria tercera.
Enmiendas a la disposición adicional undécima en su apartado segundo
puntos 1 y 3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 313; a favor, 297; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmienda a la disposición transitoria decimoquinta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 310; a favor, 168; en contra, tres; abstenciones, 139.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmien-da a la disposición
transitoria decimoquinta.
Enmiendas a los artículos 43.3 y 74, párrafo i).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 312; a favor, 294; en contra, 13; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Pasamos a las enmiendas presentadas a los artículos 44.1, 45.2 y 3 y
55.1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 312; a favor, 297; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Restantes enmiendas del Senado al proyecto de ley del sector de
hidrocarburos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 312; a favor, 311; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las res-tantes enmiendas del
Senado al proyecto de ley del sec-tor de hidrocarburos.
DICTÁMENES DE LA COMSIIÓN DE ASUNTOS EXTE-RIORES SOBRE CONVENIOS
INTERNACIONALES.
El señor PRESIDENTE: Concluido el punto noveno del orden del día,
enmiendas del Senado, pasamos al punto décimo.
El punto décimo consiste en una serie de dictámenes de la Comisión de
Asuntos Exteriores a los convenios internacionales que figuran
referenciados en el orden del día. Si ningún grupo parlamentario desea
intervenir respecto de los dictámenes, pasaríamos a someterlos a
votación por asentimiento del Pleno y, consecuente-mente, al siguiente
punto del orden del día.
¿Desea algún grupo parlamentario intervenir? (Pausa.) Señora Aguilar.
La señora AGUILAR RIVERO: Gracias, señor presi-dente.
Nuestro grupo parlamentario no desea intervenir, pero sí queremos que se
voten expresamente los núme-ros 44 y 47.
El señor PRESIDENTE: Vamos a votar todos, pero por el procedimiento
electrónico votaríamos los dictá-menes 44 y 47, que hacen relación, el
primero, al Acuerdo de promoción y protección recíproca de inver-siones
con Marruecos y, el segundo, al Acuerdo de aso-ciación de la Comunidad
Europea y sus Estados miem-bros con los Estados Unidos Mexicanos.
Si les parece vamos a someter el resto a votación por
asentimiento y, finalmente, votaremos esos dos conve-nios.
- CONVENIO RELATIVO A LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE AUSTRIA, DE LA
REPÚBLICA DE FINLANDIA Y DEL REINO DE SUECIA AL CONVE-NIO SOBRE LA LEY
APLICABLE A LAS OBLIGA-CIONES CONTRACTUALES, ABIERTO A LA
FIRMA EN ROMA EL 19 DE JUNIO DE 1980, ASÍ COMO A LOS PROTOCOLOS PRIMERO
Y SEGUN-DO RELATIVOS A SU INTERPRETACIÓN POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
HECHO EN BRUSELAS EL 29 DE NOVIEMBRE DE 1996, Y DECLARA-CIÓN COMÚN
RELATIVA AL PROTOCOLO
ANEXO AL CONVENIO DE ROMA (número de expediente 110/000179).
El señor PRESIDENTE: ¿Se aprueba por asentimien-to? (Pausa.)
Queda aprobado.
- CANJE DE NOTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y LA INDIA SOBRE
LA MODIFI-CACIÓN DEL ACUERDO SOBRE TRANSPORTE
AÉREO ENTRE EL GOBIERNO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA INDIA, HECHO EN
NUEVA DELHI EL 10 DE ABRIL DE 1987 (número de expediente 110/000180).
El señor PRESIDENTE: ¿Se aprueba por asentimien-to? (Pausa.)
Queda aprobado.
- SEXTO PROTOCOLO ADICIONAL AL ACUERDO GENERAL SOBRE PRIVILEGIOS E
INMUNIDADES DEL CONSEJO DE EUROPA (NÚMERO 162), HECHO EN ESTRASBURGO EL
5 DE MARZO DE 1996 (número de expediente 110/000181).
El señor PRESIDENTE: ¿Se aprueba por asentimien-to? (Pausa.)
Queda aprobado.
- ACUERDO EUROMEDITERRÁNEO POR EL QUE SE CREA UNA ASOCIACIÓN ENTRE LAS
COMU-NIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEM-BROS,
POR UNA PARTE, Y EL REINO HACHEMI-TA DE JORDANIA, POR OTRA, HECHO EN
BRUSELAS EL 24 DE NOVIEMBRE DE 1997
(número de expediente 110/000184).
El señor PRESIDENTE: ¿Se aprueba por asentimien-to? (Pausa.)
Queda aprobado.
- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE GEORGIA AL
CONVENIO SOBRE ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE
MENORES, HECHO EN LA HAYA EL 25 DE OCTUBRE DE 1980 (número de expediente
110/000186).
El señor PRESIDENTE: ¿Se aprueba por asentimien-to? (Pausa.)
Queda aprobado.
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE TURQUÍA SOBRE
TRANSPORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA, HECHO EN MADRID EL 3 DE MARZO DE
1998 (número de expediente 110/000187).
El señor PRESIDENTE: ¿Se aprueba por asentimien-to? (Pausa.)
Queda aprobado.
- CONVENIO ENTRE ESPAÑA Y RUMANIA COM-PLEMENTARIO DEL CONVENIO RELATIVO
AL
PROCEDIMIENTO CIVIL CONCLUIDO EN LA HAYA EL 1 DE MARZO DE 1954, HECHO EN
BUCAREST EL 17 DE NOVIEMBRE DE 1997
(número de expediente 110/000188).
El señor PRESIDENTE: ¿Se aprueba por asentimien-to? (Pausa.)
Queda aprobado.
- PROTOCOLO ADICIONAL AL CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE
MARRUE-COS, MODIFICANDO EL CONVENIO GENERAL
DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE MARRUECOS, DE
8 DE NOVIEMBRE DE 1979, HECHO EN RABAT EL 27
DE ENERO DE 1998 (número de expediente 110/000189).
El señor PRESIDENTE: ¿Se aprueba por asentimien-to? (Pausa.)
Queda aprobado.
- CONVENIO ENTRE ESPAÑA Y RUMANIA SOBRE COMPETENCIA JUDICIAL,
RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE DECISIONES EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL,
HECHO EN BUCAREST EL 17 DE NOVIEMBRE DE 1997 (número de expediente
110/000190).
El señor PRESIDENTE: ¿Se aprueba por asentimien-to? (Pausa.)
Queda aprobado.
- CONVENIO ESTABLECIDO SOBRE LA BASE DEL ARTÍCULO K.3 DEL
TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA, RELATIVO AL PROCEDIMIENTO SIM-PLIFICADO DE
EXTRADICIÓN ENTRE LOS ESTA-DOS
MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA,
HECHO EN BRUSELAS EL 10 DE MARZO DE 1995, Y DECLARACIONES FORMULADAS EN
RELACIÓN CON EL MISMO (número de expe-diente 110/000191).
El señor PRESIDENTE: ¿Se aprueba por asentimien-to? (Pausa.)
Queda aprobado.
- ACUERDO SOBRE LA PROMOCIÓN Y PROTEC-CIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES,
ENTRE EL
REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE MARRUECOS, HECHO EN MADRID EL 11 DE
DICIEMBRE DE 1997 (número de expediente 110/000182).
El señor PRESIDENTE: Se somete ahora a votación el Acuerdo sobre la
promoción y protección recíproca de inversiones entre España y Marruecos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 308; a favor 295; en contra, 12; abs-tenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen sobre el referido
Connvenio.
- ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA, CON-CERTACIÓN POLÍTICA Y COOPERACIÓN
ENTRE
LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS
MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, POR OTRA, HECHO
EN BRUSELAS EL 8 DE DICIEMBRE DE 1997 (núme-ro de expediente 110/000185).
El señor PRESIDENTE: Votamos ahora el dictamen al Acuerdo de asociación
entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros y los Estados Unidos
Mexica-nos, de otra parte.
Comienza la votación (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 309; a favor, 296; en contra, 12; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dicta-men.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
- PROYECTO DE LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y
OTRAS NORMAS TRIBUTARIAS (número de expediente 121/000113).
- PROYECTO DE LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES Y NORMAS
TRIBU-TARIAS (número de expediente 121/000115).
El señor PRESIDENTE: Punto undécimo del orden del día: Dictámenes de
comisiones sobre iniciativas legislativas.
En primer lugar, vamos a tramitar, conjuntamente, los dictámenes de la
Comisión de Economía y Hacien-da a los proyectos de ley del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y otras normas tributarias y al
proyecto de ley del Impuesto sobre la Renta de los no residentes y
normas tributarias. Al tratarse de dos ini-ciativas de ley, el debate se
producirá en forma acumu-lada de manera que la Presidencia, de acuerdo
con la Junta de Portavoces, administrará los tiempos de inter-vención de
cada grupo que se producirán en un solo turno, aunque puedan ser
utilizados por dos ponentes distintos de cada grupo.
Por el Grupo Mixto, ¿quién desea intervenir? (Pausa.)
Entiendo que el Grupo Mixto utiliza un solo turno con tres voces, por
razón de su naturaleza especial. El primero en intervenir será el señor
Chiquillo, que tiene la palabra. (Rumores.)
El señor CHIQUILLO BARBER: Intervengo en nom-bre de Unión Valenciana
para defender...
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Chiquillo.
Señorías, antes de que abandonen el hemiciclo la Presidencia desea
manifestar que, dado el desarrollo del orden del día, es previsible que
entrará en el deba-te y será sometido a votación el dictamen de la
Comi-sión sobre la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para
Cantabria cuando termine el debate relativo al Impuesto sobre la Renta.
Al tratarse de una propuesta de carácter orgánico, lo anuncio a SS.SS.
para que sepan que, con arreglo al Reglamento, esa votación se producirá
tras las votaciones correspon-dientes al Impuesto sobre la Renta y una
vez realizado el debate sobre la propuesta de reforma del Estatuto de
Autonomía para Cantabria. No podemos ir a un mayor señalamiento de hora
porque en este momento no estoy en condiciones de indicar a qué hora
puede fina-lizar el mencionado debate del Impuesto sobre la Renta, pero,
como digo, sepan que sí se producirá el debate y votación sobre el
proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía para Cantabría una vez
finalice el del Impuesto sobre la Renta.
Adelante, señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presi-dente.
Como decía, intervengo en nombre de Unión Valen-ciana para
defender el conjunto de nueve enmiendas que hemos mantenido para el
Pleno de hoy, referentes al Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y otras normas tributarias. Estas nueve enmiendas -otras fueron
retiradas en Comisión- son las siguientes.
La enmienda número 5, referente al artículo 7 párra-fo ñ), en la que
solicitamos que se elimine cualquier posibilidad... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Chiquillo.
Señorías, les ruego silencio. Es muy difícil que el interviniente pueda
expresarse con el rumor proceden-te del hemiciclo y mucho más cuando
está intervinien-do desde la última fila. Si han de desalojar el
hemiciclo para ocuparse de otros trabajos parlamentarios, les ruego que
lo hagan en silencio. (Continúan los Rumores.)
Por favor, guarden silencio. Señor Fernández Maru-gán.
Guarden silencio, por favor. (Pausa.) Continúe, señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presi-dente.
Decía que la primera de estas enmiendas es la núme-ro 5, en la que
intentamos eliminar cualquier posibili-dad de establecer un doble
gravamen en algunos de los premios, bien sean del Organismo Nacional de
Loterías y Apuestas del Estado o de otro tipo de juegos de azar y
apuestas. Consideramos que las apuestas ya vienen gravadas en origen y
que carece de todo sentido y pro-porción someterlas a un segundo
impuesto, fuere cual fuere la cuantía del premio, por lo que intentamos
eli-minar esa posibilidad.
La segunda de las enmiendas es la número 7, refe-rente al artículo
16.2.a) del párrafo primero, en la que solicitamos que se suprima la
segunda parte de la redacción actual del artículo en lo que hace
referencia al gravamen sobre las prestaciones públicas por situa-ción de
incapacidad, jubilación, accidente, enfermedad, viudedad, orfandad o
similares. Nosotros pensamos que el contenido de ese artículo entra en
contradicción con el artículo 7, ya que, mientras que allí se
conside-ran exentos de declarar a muchos de estos supuestos, aquí se les
trata como rendimientos netos del trabajo.
Además, teniendo en cuenta la baja cuantía que gene-ralmente tienen
estas prestaciones de incapacidad, viu-dedad, orfandad, etcétera,
creemos que el hecho de que no estuvieran gravadas por el IRPF supondría
un alivio para estas familias. También quiero recordar al respecto que
fue en la época del Gobierno socialista cuando, en un afán
seudorrecaudatorio, se tomó la decisión de introducir este tipo de
percepciones como rendimientos netos del trabajo, mientras que con la
fis-calidad anterior no eran consideradas como tales. Por tanto,
solicitamos esa exclusión.
La tercera de las enmiendas mantenidas es la núme-ro 9 al artículo
23.3.d), que hace referencia a los por-centajes que se deben abonar y
las edades. Nosotros creemos que los porcentajes deben corresponder a la
edad del rentista en el momento del pago del impues-to.
Las rentas vitalicias a las que hace referencia este artículo, salvo que
tengan cláusula de revalorización, van perdiendo su valor con el paso de
los años por el efecto de la inflación. Por tanto, mantener el mismo
porcentaje de imputación a la renta durante toda la vida de la misma
supone que se esté perjudicando a aque-llos rentistas cuyos derechos
hayan sido adquiridos en edades más tempranas, por lo que queremos que
el porcentaje se vaya adecuando a la edad del rentista en cada momento.
(El señor vicepresidente, Fernán-dezMiranda y Lozana, ocupa la
Presidencia.) En la cuarta de las enmiendas, la número 10, solici-tamos
que se mantenga la edad de los solteros menores que convivan con su
familia en la vigente actualmente, que son los 30 años, y no la rebaja a
los 25. El propio CES, en su dictamen, considera inadecuado que se
rebaje a 25 años, frente a los 30 actuales, la edad de los descendientes
solteros a cargo del contribuyente para computar el mínimo familiar.
La enmienda número 11 la doy por defendida en los propios términos en
que aparece en el texto presentado por Unión Valenciana, y paso a las
últimas enmiendas.
La número 13 es al artículo 35, y en ella solicitamos que se restablezca
el texto actual y aparezca la deducción por gastos de enfermedad.
Teniendo en cuenta que el sistema sanitario español no tiene una
cobertura total el caso más conocido es el de la ortodoncia, así como el
gasto farmacéutico, que también soportan los contribu-yentes-,
consideramos que es una medida que benefi-cia de gran manera y afecta al
bienestar social. Por tanto, solicitamos que la deducción por gastos de
enfer-medad vuelva a considerarse en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas que hoy vamos a aprobar en este trámite parlamentario.
La enmienda número 14 solicita que se añada de nuevo en ese artículo 55
la deducción por alquiler, para fomentar los alquileres, restableciendo
el texto actual.
Entendemos desde Unión Valenciana que eliminar la deducción por alquiler
supone una discriminación injustificada hacia aquellos contribuyentes
que no dis-ponen de los medios suficientes para adquirir una vivienda en
propiedad y choca con esa voluntad minis-terial de dar salida y que se
fomenten los alquileres cuando el parque de viviendas en alquiler vacías
en el Estado español es muy elevado y estamos muy por debajo de la media
en alquileres de inmuebles de la Unión Europea.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Chiquillo,
le ruego concluya.
El señor CHIQUILLO BARBER: Voy concluyendo.
La enmienda número 15, al artículo 55, pretende que se restablezca la
deducción por primas de seguro de vida, como asimismo aconseja el
Consejo Económico y Social, porque deben estimularse fiscalmente esos
seguros de vida por la importancia que tienen para la
economía y la cobertura de las necesidades de previ-sión social de los
ciudadanos.
La última enmienda, la número 16, al artículo 7.º, pro-pone añadir una
nueva exención a aquellas ayudas que tengan por objeto la rehabilitación
estructural especial de edificios construidos entre los años 50 y 80 con
ries-go estructural provocado por patologías derivadas del hormigón o
por utilización de cemento aluminoso, con-cedidas por diversas
administraciones. Nos encontra-mos con la dura y grave discriminación
que sufren estas personas, que han recibido una ayuda -concluyo
rápi-damentepara rehabilitar una vivienda por parte de las
administraciones públicas y estas ayudas tributan como incrementos
patrimoniales. El propio Defensor del Pueblo, en su informe del año
1997, aconseja una revisión. Entendemos que se deben fomentar las
ayu-das a esas familias más desfavorecidas que tienen que rehabilitar su
vivienda y se encuentran con la grave dis-criminación de que esa ayuda
para cubrir una necesi-dad básica, como es la vivienda, tiene que
tributar como incremento patrimonial. Indudablemente la enmienda que se
aprobó en el trámite de Comisión es un avance, pero pensamos que se debe
reconsiderar la postura y que esas ayudas, indemnizaciones o
subven-ciones sean rentas exentas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Chiquillo.
Tiene la palabra, en segundo lugar, en nombre del Grupo Mixto, el señor
Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme):
Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo en nombre del Bloque Nacionalista Gale-go para defender las
enmiendas que presentamos al proyecto de ley del Impuesto sobre la Renta
de las Per-sonas Físicas. Quisiera empezar haciendo constar la retirada
de nuestra enmiendas 24, 28, 33 y 40.
Con motivo de la discusión de totalidad del proyecto de ley ya tuvimos
ocasión de expresar nuestro desa-cuerdo con la filosofía en la que se
inspiran las refor-mas que en el Impuesto sobre la Renta pretende
intro-ducir el Gobierno, y no tanto porque pensásemos que la fórmula en
vigor sea especialmente justa y equitati-va, sino porque las nuevas
propuestas no corrigen, sino que empeoran lo existente, y lo empeoran
tanto desde el punto de vista de la recaudación como de la
progre-sividad del Impuesto. Estamos, desde nuestro punto de vista, ante
un paso más en la configuración de un siste-ma fiscal regresivo, que
gravita cada vez más sobre la imposición indirecta, que propugna una
disminución en la recaudación de la que van a salir especialmente
beneficiadas las rentas más altas y que abre un interro-gante sobre las
prestaciones del Estado del bienestar en lo que respecta a su
mantenimiento en los niveles hoy existentes o a la posibilidad de
aumentarlos. Además, la forma en que se aborda esta reforma pone de
manifiesto a qué se reduce la capacidad normativa de las comunidades
autónomas en este terreno.
Nuestras enmiendas, por tanto, van destinadas a intentar corregir
algunos aspectos de la reforma del IRPF que consideramos negativos y,
por consiguiente, dirigidas en general a recuperar la progresividad del
Impuesto. Así, pretendemos evitar las restricciones que introduce el
Gobierno a la hora de considerar exentas de tributación las prestaciones
a la Seguridad Social y las pensiones por inutilidad o incapacidad
permanente, que creemos deben quedar exentas sin necesidad de que la
incapacidad sea absoluta o inhabilite por com-pleto a los perceptores
para toda profesión u oficio.
Con la enmienda número 20 hacemos referencia a un problema que afecta a
un gran número de licencia-dos que obtienen becas públicas y que en la
actualidad se ven obligados a tributar por el IRPF. Creemos que estas
personas deben quedar exentas de tributar por este concepto. No tiene
sentido que licenciados que reciben una beca para realizar cursos de
especializa-ción, posgrado o doctorado, que no son considerados ni
siquiera trabajadores por el INEM, se vean obligados a efectuar
declaración como si las becas que reciben fuesen rentas salariales.
También pretendemos, con las enmiendas números 21
a 23, que se dé un tratamiento distinto al propuesto por el Gobierno a
las prestaciones por desempleo, de manera que queden exentas de
tributación las que no superen en dos veces el salario mínimo
interprofesio-nal, y si se reciben estas prestaciones en un pago único,
pensamos que debería aumentarse el límite de exención propuesto hasta
tres millones de pesetas, teniendo en cuenta que esta modalidad está
vinculada a la realización de un proyecto de autoempleo.
También mostramos nuestra discrepancia con enmiendas en el sentido de la
filosofía que inspira este proyecto de que las deducciones por trabajo
depen-diente que se practicaban en la cuota se sustituyan por
reducciones en la base imponible, de igual modo que en el proyecto se
suprimen las deducciones familiares de la cuota, las deducciones por
gastos médicos, por alquiler de vivienda y el mínimo exento, que pasan a
integrar el llamado mínimo personal y familiar.
El traslado de los dos grupos más importantes de deducciones de la cuota
a la base contribuye de mane-ra decisiva a acentuar el carácter
regresivo del nuevo IRPF, junto a la reducción del número de tramos y la
disminución de los tipos marginales más elevados.
Como alternativa a este modelo, proponemos mantener en la cuota las
deducciones por trabajo dependiente, incrementando su cuantía respecto a
la hasta hoy vigente. En ese sentido, proponemos, como he dicho
anteriormente, la supresión del llamado mínimo perso-nal y familiar, que
sustituímos por deducciones en la cuota que, desde nuestro punto de
vista, no tendrían efecto regresivo.
Por lo tanto, como en otras enmiendas, pretendemos rechazar el trato de
favor que el Gobierno propone otorgar a las plusvalías. Nosotros creemos
que se
rompe la base imponible en dos partes, creando una
base especial a la que se aplica un tipo reducido del 20
por ciento, con lo que se impide la acumulación de las plusvalías al
resto de las rentas obtenidas por el contri-buyente, reduciendo la
progresividad del impuesto, lo que además acentúa el tributar a un tipo
único, el 20
por ciento, independientemente de la cuantía de las plusvalías.
También hacemos referencia, con nuestras enmien-das números 34, 35 y 37,
a la fiscalidad de la vivienda.
Pretendemos que se dé un trato fiscal más justo, espe-cialmente a las
rentas más bajas, manteniendo las deducciones por alquiler, lo que
además ayudaría al control del fraude fiscal, tratando de equiparar la
con-dición fiscal del alquiler a la de adquisición de vivien-da.
También establecemos el límite de 30 millones como valor máximo de la
vivienda con derecho a deducción, porque no creemos que cualquier
vivienda tenga que tener ese derecho, y proponemos además una elevación
de la base de la deducción.
Proponemos también mantener la deducción por gastos médicos en la cuota,
restringiéndola, eso sí, a los gastos que se correspondan con
prestaciones no cubiertas por la Seguridad Social.
Con la enmienda número 41 pretendemos la supre-sión del artículo 59,
porque el planteamiento del pro-yecto nos parece inadecuado. Desde
nuestro punto de vista, a efectos del IRPF debe considerarse el lugar
donde se generan las rentas del contribuyente, inde-pendientemente de
donde radique su residencia habi-tual o el tiempo que permanezca en una
determinada comunidad autónoma.
Por último, lo que proponemos con la enmienda número 45 es que la
Administración tributaria practique las devoluciones de oficio a
aquellos contribuyentes a los que se les haya retenido en exceso cuando
éstos no estén obligados a presentar declaración de la renta, porque es
la única garantía para que la devolución refe-rida se realice. La
fórmula que propone el proyecto de ley en el sentido de que las personas
que no tienen obligación de presentar la declaración pero a las que se
practican retenciones, etcétera, puedan dirigir una comunicación a la
Administración tributaria solicitando la devolución pertinente no
garantiza precisamente los derechos de los administrados.
Estas son, en resumen, las razones que fundamentan nuestras enmiendas,
que creemos que mejorarían el trato fiscal de la mayoría social, y es
por eso por lo que solicitamos el voto favorable de esta Cámara.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
Tiene la palabra, en tercer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario
Mixto, el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
Voy a defender las enmiendas de los diputados y diputadas de Nueva
Izquierda-Iniciativa per Catalunya, pero previamente quisiera hacer una
consideración que me parece políticamente importante, y es señalar cuál
es la principal novedad política en el debate del IRPF desde que tuvo
lugar el debate de totalidad. Creo importante destacar que la principal
novedad política es que el Gobierno del Partido Popular se ha quedado
solo, absolutamente solo, en las previsiones del coste recaudatorio.
El ministro de Economía, señor Rato, dijo el 11 de junio de 1998 que el
coste era de 550.000 millones bru-tos, 350.000 netos, en dos años. En
estas vacaciones han aparecido dos estudios, del BBV y de Argentaria,
que han situado la disminución de recaudación anual, no bianual, por
encima de los 700.000 ó 750.000 millo-nes de pesetas. Claro está que la
aparición de estos estudios supuso un cierto terremoto en el Gobierno,
un cierto malestar que ha motivado, imagino, que hayan sido poco
difundidos e incluso que se haya intentado no dar a conocer a la opinión
pública. Pero reciente-mente, hace muy pocos días, ha aparecido un nuevo
estudio, que creo que aún no ha salido a la opinión pública o en los
medios de comunicación, que ha reali-zado la Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Nave-gación de Barcelona, elaborado por profesionales
pres-tigiosos de la universidad, en el que se describe el método que han
utilizado: una encuesta, una muestra sobre 12.000 familias incluidas en
la encuesta de presu-puestos familiares, que da una pérdida de
recaudación de 742.000 millones de pesetas. Es decir, no hay nadie hoy
en este país, excepto el Gobierno, que cifre la recaudación en 350.000
millones de pesetas: ni los par-tidos políticos de la oposición ni los
sindicatos ni las entidades financieras ni la Cámara de Comercio, y yo
diría que ni los socios de Gobierno. Convergència i Unió, por ejemplo,
no dice que hay esta pérdida de recaudación, pero ha negociado de facto
con el Gobier-no sabiendo que la pérdida de recaudación para Cata-luña
es muy importante.
En el informe que les citaba de la Cámara de Comer-cio de Barcelona se
dice que el impacto de disminu-ción de recaudación del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, en relación al 30 por ciento para
Cata-luña, será de 47.000 millones de pesetas anuales. Es decir,
Cataluña dejaría de ingresar 47.000 millones de pesetas anuales como
efecto de la reforma. Convergèn-cia i Unió no lo dice -no lo puede
decir, porque teóri-ca y prácticamente apoya este proyecto-, pero se ha
producido un acuerdo de financiación autonómica en el Consejo de
Política Fiscal por el cual desaparece el incipiente sistema de
financiación de corresponsabili-dad fiscal para pasar a una
compensación; es decir, el Estado se va a hacer cargo de las pérdidas de
financia-ción autonómica producidas por la reforma del IRPF.
Por lo tanto, quiero señalar que a la hora de produ-cirse este debate
hoy aquí, la novedad es el aislamiento del Gobierno en relación al coste
recaudatorio; aisla-miento que viene agravado por la situación económica
internacional. A pesar de lo que ayer nos decía el señor Rato en cuanto
a que esta crisis es de Asia y de América
Latina, está
clarísimo que la crisis económica y la situación económica internacional
van a tener efectos sobre el crecimiento de la economía española.
Pode-mos discutir qué efectos: el 0,1, el 0,2, el 0,4; esto lo podemos
discutir. Pero que el crecimiento de la econo-mía española va a ser
menor del que se había previsto, es seguro. Y esto significa menos
ingresos. Desde nues-tra óptica, el elemento fundamental de esta
reforma, el elemento por el cual nos oponíamos a la misma, es la
disminución de recaudación. Hoy, tanto los estudios que han aparecido
como la evolución de la situación económica internacional, dicen que el
Gobierno está equivocado y que la disminución de recaudación va a tener
efectos sobre la política de gastos, y yo diría que ya los está
teniendo. Estamos discutiendo el proyecto del IRPF en el Congreso de los
Diputados en unos momentos en los que en el Estado español, con una tasa
de paro del doble de la Unión Europea, con un nivel de cobertura del
desempleo que no llega al 50
por ciento, los sindicatos están proponiendo un incre-mento de la
cobertura del desempleo simplemente para las personas que tengan cargas
familiares, que no ten-gan rentas que lleguen al salario mínimo
interprofesio-nal, para dos años. Y han hecho una estimación del coste:
122.400 millones. El Gobierno está diciendo que no. Es decir, en este
momento, en el Estado español, el Gobierno dice que no tiene dinero, que
no tiene 122.400
millones para incrementar la cobertura de desempleo a 200.000 familias
cuando el nivel de cobertura de desempleo es inferior al 50 por ciento.
Pero al mismo tiempo el Gobierno nos presenta un proyecto de ley que va
a significar una disminución de más de 700.000
millones, no ya según los datos de la oposición, sino según los datos
del Banco Bilbao Vizcaya, de Argenta-ria o de la Cámara Oficial de
Comercio.
También quiero destacar no otra novedad, pero sí otro elemento
importante. Creo que en el debate de totalidad del día 11 de junio pude
demostrar que la lucha contra el fraude fiscal no era un elemento
priori-tario del Gobierno. Se demostró en el debate y creo que también
en la posterior comparecencia del señor Costa y, a pesar de algunas
operaciones de marketing -ya tendremos tiempo en otras iniciativas
parlamenta-rias de hablar sobre la gestión de la Agencia Tributa-ria-,
quiero resaltar un hecho fundamental que ilustra todo cuanto dije en el
debate de totalidad.
Asistimos a finales de julio a una cuestión yo creo que grave. Hay
abierto un procedimiento judicial por posible delito en el tema de las
cesiones de crédito del Banco de Santander, y el abogado del Estado, el
repre-sentante del Gobierno, el representante del Ministerio de Economía
hace un escrito diciendo que ha consulta-do a la Agencia Tributaria y
pide el archivo del caso; es decir, el Gobierno, posiblemente en uno de
los mayo-res escándalos financieros de los últimos tiempos, pide el
archivo del caso, omitiendo en el informe del aboga-do del Estado
recientes estudios, como, por ejemplo, el estudio del informe de
robótica de Valencia, que ha motivado la dimisión del consejero de Obras
Públicas de Valencia, del que se desprende que, posible y
pre-suntamente, hay responsabilidades por cooperación necesaria de la
dirección del banco. Nosotros, como Iniciativa per Catalunya, hemos
anunciado que vamos a personarnos como acusación popular, pero éste no
es un hecho aislado, es decir, el contenido de fondo de la reforma
fiscal y su actitud ante la lucha contra el fraude fiscal tiene una
línea conductora, una línea de fondo que atraviesa toda su política, que
es la defensa de los intereses de los sectores económicos más poderosos.
¿Cómo el Grupo Popular, cómo el Gobierno popular puede decir que no al
incremento de la cobertura de desempleo y cómo puede al mismo tiempo
disminuir en 700.000 millones de pesetas la recaudación? ¿Cómo el
Gobierno puede hacer una cruzada sobre los com-plementos de mínimos que
se han cobrado indebida-mente -hay que conseguir que nadie los cobre
indebi-damente, pero en esta Cámara incluso sus socios parlamentarios lo
han matizado y hemos visto a minis-tros continuamente denunciando el
fraude que se pro-duce en las capas sociales más desfavorecidas- y cómo
es posible que ni el ministro de Economía ni el Grupo Popular hagan
referencia a los grandes fraudes o a los grandes problemas o escándalos
de las entida-des financieras e incluso que el representante del
Gobierno pida el archivo de un procedimiento judicial, de un escándalo
fundamental en la historia de la políti-ca económica de los últimos años?
Por lo tanto, esas dos novedades políticas, los estu-dios que han
aparecido y el elemento del fraude fiscal, refuerzan los argumentos que
dimos y desvelan aún más el carácter y el contenido de la política
económica.
Nuestras enmiendas se articulan en seis puntos que paso a enumerar. En
primer lugar, hemos propuesto una alternativa en la que la reforma
fiscal no produzca una disminución importante de recaudación, porque
ésta va a significar a medio plazo, como he dicho antes, un peligro para
el Estado del bienestar.
En segundo lugar, nuestras enmiendas se articulan en base al trato
favorablemente de las rentas salariales y en eliminar privilegios de
determinadas rentas del capital con nuevas enmiendas, con una nueva
fórmula de cálculo de las plusvalías.
En tercer lugar, hay que mantener el carácter progre-sivo del impuesto.
La disminución de tramos, el conte-nido de las deducciones y el
contenido del mínimo vital hacen este impuesto regresivo.
En cuarto lugar, creemos que, ya que se está produ-ciendo un debate
importante sobre la reforma fiscal, es necesario elevar el Impuesto
sobre Sociedades para acercarlo a Europa y para eliminar uno de los
puntos o de las puertas importantes del fraude fiscal.
En quinto lugar, pensamos que este debate sobre la reforma fiscal
tendría que haber servido para iniciar el estudio de una comisión para
impuestos ecológicos que nos situara al mismo nivel del debate que se
está pro-duciendo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor
Saura, le ruego concluya.
El señor SAURA LAPORTA: Concluyo inmediatamen-te, señor presidente.
Y en sexto lugar, que esta reforma fiscal no contiene medidas de lucha
contra el fraude fiscal que debería contener, así como una modificación
del delito fiscal.
Acabo, señor presidente, diciendo que estos dos pro-yectos se van a
aprobar hoy, irán al Senado, volverán aquí y se volverán a aprobar, pero
por nuestra parte el debate no se va a cerrar ni hoy ni cuando regrese
del Senado. Vamos a seguir denunciando los efectos per-versos de esta
reforma; vamos a decirle a la gente que esta es una reforma que
aparentemente es un caramelo dulce, pero que mañana, cuando se chupe, va
a ser amargo. Lo vamos a seguir haciendo solos, pero ya decimos aquí que
estamos dispuestos a colaborar uni-tariamente con todas las fuerzas
políticas de izquierdas y sociales para cambiar la orientación de
política fiscal de este Gobierno con un objetivo claro: que la política
fiscal, que la lucha contra el fraude no esté en función de los
intereses de los sectores poderosos, sino que la política fiscal sea un
elemento fundamental de soporte de una sociedad más justa.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Saura.
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Gómez.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Coalición Canaria sube al estrado para manifestar su posición en la
defensa de las enmiendas que han que-dado vivas en la Comisión y hacer
unos comentarios en relación con esta importantísima ley.
Nosotros vamos a mantener en el debate las enmien-das 134, 139 y 141, y
retiramos las números 7, 22 y 22
bis in voce.
Señor, presidente, señorías, estamos ante una ley importantísima que
ocupará en la historia de la Hacien-da pública española un lugar
destacado, junto al que ocuparon reformas tan importantes como la de
Mon, Villaverde, Larraz, Solchaga, etcétera. Estoy seguro de que esta
ley se conocerá en el futuro como la ley de Rato, y ello con toda
justicia.
Esta ley se ha redactado con una gran exigencia téc-nica, desde el punto
de vista legislativo, una magnífica sistemática, una adecuada y moderna
terminología y, lo que es más importante, va a favorecer a los
ciudadanos por diversos motivos. Primero, porque se van a respe-tar los
principios constitucionales de capacidad econó-mica, de economía, de
igualdad y de progresividad tri-butaria y, como se dice en el preámbulo
de este proyecto de ley, este impuesto es el instrumento más idóneo para
alcanzar los objetivos de redistribución de la renta y de solidaridad
que la Constitución propugna y que dotan de contenido al Estado social y
democráti-co de Derecho, dada su generalidad, como lo demues-tra el
hecho de que en sus declaraciones anuales resul-tan afectados 31
millones de españoles. Segundo, porque ha venido a quebrar una
preocupante línea de casi asfixiante presión tributaria, reduciéndose,
de aprobarse, los tipos mínimos y máximos y el número de tramos. Con
esta ley, además, nos acercamos en la tendencia fiscal a la Unión
Económica y Monetaria Europea.
Antes de seguir con los comentarios, creo que se debe felicitar a todos
los miembros de la Comisión para el estudio y propuesta de este impuesto
y también a todos los diputados de todos los grupos parlamentarios que,
con sus criterios favorables o desfavorables, han conseguido el texto
que hoy se trae a esta Cámara.
Es opinión mayoritaria en este país que la reforma era necesaria. Había
que mantener los objetivos de cre-cimiento económico y creación de
empleo. Se estima que la reducción media del impuesto para el conjunto
de los contribuyentes será de un 11 por ciento y cono-cido es que, a
base de simulaciones técnicas estáticas, el Gobierno considera que esta
reducción es más importante para los contribuyentes de menores niveles
de renta. Así, para más de 8.800.000 contribuyentes con rentas
inferiores a dos millones de pesetas, los valores están próximos al 30
por ciento, y para los casi tres millones de personas con rentas
comprendidas entre dos y tres millones, un 15 por ciento; los más de dos
millones de contribuyentes con rentas comprendidas entre tres y cinco
millones, tendrán una reducción del 8,3
por ciento y los casi 800.000 contribuyentes con rentas declaradas de
cinco millones tendrán una reducción aproximada del 6 por ciento.
Se considera que con esta reforma la tasa de creci-miento de la economía
seguirá aumentando en el pe-ríodo 1999-2000, aunque no en las cifras
previstas del 3,9, como se anunciara recientemente tras el Conse-jo de
Ministros del 31 de julio. Hoy ya se anuncia que será de un 3,8, y ello
debido, por un lado, al menor ritmo de la economía mundial -la crisis
fue originada en el sudeste asiático- y, por otro, porque el consumo
privado, que representa dos terceras partes del PIB, se verá afectado
por la volatilidad bursátil y por haberse deteriorado el llamado efecto
riqueza. España no va a permanecer ajena a los efectos de la crisis,
pero confia-mos que, por pertenecer a la Unión Monetaria Europea, al
área del euro, al euro 11, estamos en unas condicio-nes de serenidad y
que el Gobierno pueda adoptar medidas para atajar los posibles
inconvenientes que puedan afectar a la economía española, especialmente
en el sector exterior.
Con esta ley se incrementará la renta disponible de la familia y de los
pequeños empresarios, así se impul-sará el ahorro y el consumo; es
decir, se va a provocar una mejora generalizada del nivel de actividad
econó-mica.
Y si no engañan los libros de economía, se darán unas condiciones
apropiadas para reducir el paro. Por otro lado, habrá un ahorro
significativo en sus costos
de administración, ya que la
elevación del límite míni-mo afectará a más de 10.600.000 asalariados;
va a ser importantísimo el ahorro de gestión motivado por la reducción
del número de autoliquidaciones. Asimismo Hacienda va a soportar una
reducción de ingresos de alrededor de 400.000 millones, cifra discutida,
pero que nosotros aceptamos y que estimamos que se va a com-pensar con
el crecimiento económico y con la reduc-ción de gastos y por los
beneficios de la lucha contra el fraude fiscal.
Por otro lado, Hacienda se ha comprometido a publi-car antes de que
acabe el año una tabla de deduccio-nes que será parecida a la nueva
tabla del IRPF que tra-emos hoy aquí. El objetivo es acabar con el
actual sistema de devoluciones masivas a los contribuyentes, que alcanza
nada menos que la cifra de un billón de pesetas. En esa tabla se tendrán
en cuenta las circuns-tancias familiares y económicas de los asalariados
y todo ello coincidirá con la entrada en vigor de esta ley el 1º de
enero de 1999, de seguir su trayectoria aproba-toria también en la
Cámara Alta.
Coalición Canaria quiere expresar su satisfacción por el texto
conseguido en ponencia y en Comisión por-que, de las 24 enmiendas que
presentamos, se han aceptado 18, retiramos 3 y hemos mantenido vivas
para el Pleno otras 3. Tenemos la satisfacción de decir que hemos
añadido al título una denominación complemen-taria de «y normas
tributarias» por el cumplimiento de la Ley 1/1998, de Derechos y
Garantías de los Contri-buyentes, conocida popularmente como la ley del
esta-tuto del contribuyente. En el título I conseguimos que, entre las
rentas exentas, se incluyesen los pagos hechos por gratificaciones por
razón de misiones internaciona-les humanitarias. Asimismo en el título
II, en materia de rendimientos del trabajo -y fue una propuesta
nues-tra-, se estimó que no se incluyese dentro del concep-to de
rendimiento íntegro la disposición anticipada de los derechos de rescate
en los supuestos de enferme-dad grave o desempleo de larga duración. En
el artícu-lo 17 de ese mismo título se hizo una aclaración en la
reducción del 30 por ciento en el caso de las rentas irregulares.
También conseguimos la exención para las cuotas profesionales
obligatorias en los colegios de ese tipo.
En el artículo 18, en materia de reducciones, conse-guimos que de los
rendimientos netos del trabajo la reducción se eleve en un 80 por ciento
en los casos de discapacitación o de movilidad reducida.
En el segundo aspecto del capital mobiliario, logra-mos que se matizase
que en la consideración de rendi-mientos íntegros, en los casos en que
el contribuyente quiere mantener los mismos elementos patrimoniales y
vuelva a adquirirlos, ese derecho podría mantenerse siempre que lo
hiciese dentro de los dos meses anterio-res o posteriores.
En materia de rendimiento de actividades económi-cas, en el artículo 28,
se nos aceptó la enmienda 129, que permite que los profesionales no
integrados en la Seguridad Social puedan deducir de los gastos de su
actividad las aportaciones efectuadas a mutualidades de previsión
social, con el límite de 500.000 pesetas anuales.
Consideramos también importante que en materia del mínimo personal y
familiar, que ya es el capítu-lo III, nos fuera aceptada la enmienda
número 130, logrando que se eleve en 150.000 pesetas el mínimo personal
para discapacitados con un mayor grado y para personas con
disfuncionalidades importantes, por los gastos extraordinarios por
cuidados o por enferme-dad.
Ello supone duplicar el mínimo por estas situacio-nes, pasando de
300.000 a 600.000 pesetas. De la misma manera, el mínimo por
descendientes en esas mismas circunstancias se eleva de 450.000 a 600.000
pesetas. El mínimo familiar por hijo debe ser aplicado entonces en casos
de separación legal por el cónyuge con el que convivan, por lo que
deberá sustituirse la dependencia del contribuyente como factor
determi-nante para la aplicación del mínimo por descendiente o por la
convivencia. El padre o la madre que no conviva con sus hijos y
satisfaga anualidades por alimentos podrá aplicar exclusivamente lo
previsto en los artículos 51 y 62 del proyecto de ley. Se aclaró, por
otra parte, que a efectos de aplicar el mínimo familiar son equiparables
a los descendientes las personas vincula-das al contribuyente por razón
de tutela o acogimiento, en los términos previstos por el Código Civil,
incluyen-do el acogimiento remunerado.
En el título III, cuando se habla del cálculo del impuesto, se nos ha
aceptado la enmienda que se refie-re a las deducciones en la adquisición
o rehabilitación de la vivienda habitual cuando haya financiación ajena,
estableciendo una escala más justa y siguiendo la doc-trina de una
reciente sentencia Tribunal Supremo.
En el título IV, destinado al gravamen autonómico o complementario
logramos que se incluyera la referen-cia a los regímenes especiales en
instituciones de inver-sión colectiva -me estoy refiriendo al artículo
58-, y en el artículo 60, en el cálculo de la cuota diferencial, que,
como es sabido, será el resultado de minorar la cuota líquida total del
impuesto -suma de cuota líqui-da estatal y autonómica o complementaria-,
en los importes que señalan los cuatro apartados de dicho artículo 60,
conseguimos, repito, que se aclarase que el límite máximo de deducción
en caso de transparencia fiscal girará sobre las cuotas pagadas y los
pagos a cuenta imputados por las sociedades transparentes.
En materia de tributación familiar añadimos en las normas aplicables en
la tributación conjunta del artículo 68 el límite máximo de 1.500.000
pesetas, que no aparecía en el proyecto, para discapacidades de mayor
grado o enfermedades, para solucionar la discri-minación que pueden
padecer las unidades familiares del citado artículo 68.1.1ª, frente a la
segunda modali-dad de unidad familiar (uniones de hecho, separados y
divorciados), ya que estas podrían en principio, si los padres viven
juntos y tienen dos descendientes, pre-sentar dos declaraciones
conjuntas.
Y ya al final, en la disposición adicional, se nos aceptó la
enmienda 140 para completar la regulación de las partidas pendientes de
compensación a la fecha de entrada en vigor de la nueva ley, teniendo en
cuen-ta el cambio en la forma de integrar y compensar las mismas
respecto de la Ley 18/1991 de 6 de junio, aña-diendo los supuestos de
rendimientos negativos y bases liquidables reguladas negativas. En todo
caso se man-tienen los cinco años para compensar lo previsto en la
citada ley.
En la disposición adicional decimotercera, referente a las operaciones
de seguro de asistencia sanitaria, se elimina el gravamen indirecto que
actualmente recae sobre dichas primas, abaratando así de manera
inme-diata su coste para los ciudadanos.
Debemos expresar, junto a la satisfacción de habér-senos recogido todos
estos criterios, que se haya acep-tado la utilización de las siglas IRPF
cuando se quiera designar esta ley, y es que, señorías, la realidad se
impone. No soy muy partidario de la utilización de siglas y acrónimos,
pero, repito, la realidad se impone, los ciudadanos los utilizan y
nosotros tenemos, por economicidad y por respeto a la opinión pública,
que admitir esas siglas.
En cuanto a las enmiendas vivas, repito que hemos reti-rado las que
propusimos in voce y vamos a defender las tres enmiendas que mantenemos,
empezando por la 134.
La enmienda 134 contiene dos partes. La primera se refiere a la
pretensión que tenemos los ciudadanos que vivimos en islas Canarias de
tener ese beneficio de deducción por rentas que tienen los ciudadanos de
Ceuta y Melilla. No pretendemos llegar al mismo impor-te, un 50 por
ciento, pero sí a un 20 por ciento, y así decimos que los contribuyentes
que tenga acreditada su residencia habitual en las islas Canarias
deducirán el 20 por ciento de la cuota íntegra estatal de las rentas
computadas para la determinación de la base liquida-ble que hubiera sido
obtenida en dicha comunidad autónoma. Esta deducción no sería aplicable
a las ren-tas que hubieren sido objeto de alguna otra bonifica-ción o
exención, por aplicación de la normativa regula-dora del régimen
económico y fiscal de Canarias. Serán de aplicación para la
consideración de rentas obtenidas -pretendemos- los mismos criterios
establecidos para Ceuta y Melilla en el apartado 3.º del número 4 del
artículo 55, referido al ámbito territorial de esas ciuda-des autónomas.
Señorías, no podemos olvidar que Canarias, territorio español
geográficamente africano, se encuentra a 2.000
kilómetros de centros de decisión como es Madrid y, además, es un
territorio fragmentado en islas. El incre-mento de población es
impresionante, pero no por el número de nacimientos sino por el número
de inmi-grantes, y el 80 por ciento de los mismos proceden de la
Península y el resto de la Unión Europea, y nosotros lo aplaudimos,
porque vienen a trabajar junto al pue-blo canario, pero un producto en
Cádiz es mucho más barato que en Canarias. En Canarias cuesta 120
pesetas lo que en Cádiz cuesta 100. Nosotros proponemos que siendo
importante en el contexto del IRPF la tributa-ción por parte de
asalariados y sueldos, que en ese aspecto se rebaje ese 20 por ciento.
Se nos dirá que tenemos un régimen económico y fiscal, que es una
herencia de la Ley de puertos francos. Esta ley hoy sería inaplicable.
En un mundo de globalización nece-sitamos estar dentro de un área y el
área en la que esta-mos afortunadamente es la española, la europea y el
área del euro, pero no podemos olvidarnos de la dis-tancia y de la
insularidad del Archipiélago. Nosotros, aunque no tenemos IVA, sí
tenemos un impuesto, el IGIC, junto con otro, APIC, que está en fase de
descres-te y que habrá que mantener por una extensión tuitiva a las
industrias, pese a los informes en su contra de los juristas de la Unión
Europea. Consideramos que no es una cuestión baladí, sino que es una
medida que va a agradecer el ciudadano medio canario, porque todos
recordamos que cuando la Unión Europea admitió a Irlanda una deducción
fiscal más o menos parecida, la economía irlandesa volvió a ocupar un
lugar importan-te dentro de la Unión Europea, eludiendo puestos de baja
rentabilidad y de bajo nivel de vida.
Otro aspecto del nuevo apartado que proponemos en este artículo se
refiere a que el personal directivo e investigador residente en Canarias
y perteneciente a empresas de investigación, innovación o desarrollo
tec-nológico y de I+D que estén registradas bajo el régi-men de la zona
especial canaria (ZEC), podrá acogerse a una bonificación del 50 por
ciento en la cuota del impuesto durante un período no superior a cinco
años.
Claro que todavía queda mucho para que se implante la ZEC. Es un
desiderátum, ya lo consideramos como algo quizá inalcanzable, porque
estamos finalizando el siglo XX y no tenemos una fe absoluta en que se
logre con rapidez. Y va a ser necesario porque, ya que hemos perdido el
régimen de puertos francos, para la economía canaria es conveniente
aprovechar las rentas de situación. Nosotros no tenemos materias primas
ni energéticas. Tenemos solamente una situación de puen-te entre Europa,
África y América y tenemos que apro-vecharla, y no solamente para
exportaciones canarias al continente africano y a Europa, donde tenemos
la pro-tección europea, sino que lo necesitamos para la juven-tud
canaria y para la juventud española que vaya a Canarias a realizar
labores de investigación. Ya estamos destacando en materia de
informática, exportando tec-nología a América del Sur y necesitamos que
en la ZEC se permita que los técnicos y los especialistas que quie-ran
trabajar en ella tengan esta bonificación fiscal. Al fin y al cabo, no
es otra cosa que el respaldo a la pro-posición no de ley que se aprobó
en la sesión del mar-tes, que fue una iniciativa del Grupo Popular, con
el apoyo de Convergència i Unió y los demás grupos polí-ticos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Gómez, le
ruego concluya.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Sí, señor presidente.
Otra enmienda que nos queda viva es la del time sharing
-tiempo compartido o tiempo por turnos, como lo llama la legislación-.
Vamos a aceptar la enmienda que nos ha ofrecido el Grupo Parlamentario
Popular por considerar su redacción justa y porque así se va a conseguir
que se respete esta modalidad, que es una variedad de la actividad
turística pero con un turismo y una oferta selectiva.
Por último, mantenemos, por considerarlo de justicia, la enmienda al
artículo 31. Si estamos hablando de una reducción de los impuestos, ¿por
qué no se reduce la cuota en los casos en que haya una exacción con
rela-ción al Impuesto sobre el Patrimonio y sobre la renta? Decimos:
artículo 31. Límite de la cuota íntegra: la cuota íntegra de este
impuesto conjuntamente con la corres-pondiente al Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas no podrá exceder, para los sujetos pasivos
some-tidos al impuesto por obligación personal, del 60 por ciento. El
resto lo dejamos igual.
Apoyaremos el proyecto del Gobierno.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Gómez.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el
señor Zabalía.
El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Gracias, señor presi-dente.
Señorías, mi grupo parlamentario ya expuso en el debate de totalidad su
opinión sobre este proyecto de ley y no voy a repetir los análisis que
hicimos en ese momento. También hemos presentado una serie de enmiendas
al proyecto de ley, que han sido debatidas y defendidas en Comisión, y
en consecuencia este debate es repetición del que ya hemos tenido
ampliamente.
Por tanto, me voy a centrar en los aspectos más impor-tantes que recogen
las enmiendas que mi grupo parla-mentario ha presentado a este proyecto
de ley.
Tal y como ya expusimos en el debate de totalidad, hay algunos aspectos
que pensábamos que podían mejorar el tratamiento del Impuesto de la
Renta sobre las Personas Físicas. En esa voluntad de mejorar el texto
del proyecto de ley, presentamos un conjunto de enmiendas, algunas de
las cuales han sido aceptadas, en concreto las que hacen referencia a
los aspectos relacionados con la previsión social complementaria; no así
otras, que entendemos que deberían de haber tenido mayor consideración,
puesto que en el fondo lo que pretenden es profundizar en aquellos
objetivos que persigue este proyecto de ley, motivo por el cual hemos
mantenido las enmiendas que quedaron vivas después del debate en
Comisión.
En este trámite parlamentario voy a pretender sinte-tizar las propuestas
que están recogidas en nuestras enmiendas a este proyecto de ley
siguiendo el esquema de los aspectos más importantes que destacamos en
el debate de totalidad.
En primer lugar, me referiré al rendimiento de las rentas de trabajo. Es
de amplio consenso el reconoci-miento de considerar las rentas
procedentes del trabajo como aquellas que soportan una mayor presión
fiscal efectiva, además de ser las que también soportan la mayor parte
de la recaudación. Por eso consideramos que el proyecto de ley debe de
ser más generoso, sobre todo con las rentas más bajas. De ahí que
proponga-mos con nuestra enmienda número 103 una mayor minoración de los
rendimientos netos del trabajo regu-lados en el artículo 18, de forma
que reforcemos la pro-gresividad del impuesto determinando una reducción
más elevada tanto en términos absolutos como relati-vos para los
rendimientos de menor importe. Esto no es óbice para que haya aspectos
que deben de ser mejorados en los rendimientos de capital, como es la
corrección de la doble imposición de las sociedades cooperativas como
consecuencia de los retornos a los socios cooperativistas -esto se
recoge en nuestra enmienda número 104-, o en los rendimientos
proce-dentes de transmisiones patrimoniales, provenientes de bienes
inmuebles -enmienda número 106-, o en el tratamiento de las
transmisiones de activos afectos a actividades económicas que se
establece en la enmien-da número 107.
La segunda cuestión que mi grupo parlamentario quiere destacar es el
tratamiento de la fiscalidad de la familia. El proyecto de ley opta por
establecer un míni-mo personal y familiar con un tratamiento de
reducción en la base imponible. Es un sistema que representa una novedad
sobre lo que se estaba haciendo hasta ahora, sobre lo que se aplicaba
actualmente. Es la opción que se ha elegido por parte del Gobierno. No
es la única opción posible ni la más adecuada para nosotros, pero es una
opción válida. En su lugar, mi grupo parlamenta-rio propone mantener el
sistema actual de establecer el tratamiento personal y familiar en la
cuota y no en la base, eso sí, mejorando las reducciones actuales. Para
ello proponemos el mantenimiento de un tramo de renta al tipo cero y una
reducción por hijo igualmente aplica-ble a la cuota del impuesto. Este
criterio tiene como con-secuencia la alteración del texto del proyecto
de ley mediante las enmiendas números 100, 102, 108, 114
y 116.
En tercer lugar me voy a referir a la tarifa del impuesto. El proyecto
de ley establece una tarifa que se reduce en los tramos de renta y los
marginales, máximos y mínimos. Estamos de acuerdo en estas medidas,
sobre las que no creo que haya discrepancias.
Todos hemos manifestado en diversas ocasiones la necesidad de reducir
tanto los tramos de renta como también los límites máximos y mínimos
establecidos en estos tramos. Sin embargo, su trascendencia
recaudato-ria es muy importante si queremos que esta reducción afecte a
todos y que afecte, por tanto, a todos los nive-les de renta.
Nuestro grupo parlamentario es partidario, porque lo ha dicho en
infinidad de ocasiones y aparece en nues-tros programas electorales, de
reducir la presión fiscal
directa. Queremos que todos los
contribuyentes por rendimientos de la renta de las personas físicas
tributen menos, todos. A partir de aquí habrá que establecer cómo se
reparte esa rebaja del impuesto y en este sen-tido entendemos que deben
de beneficiarse más las rentas bajas que las altas, beneficiar más
porcentual-mente a los que cobran 1, 2 ó 3 millones de pesetas al año
que los que cobran 11 ó 12, aunque todos vean al final reducido el
impuesto, pero, como digo, porcen-tualmente que sea mayor la incidencia
entre las rentas más bajas que en las más altas. De ahí que proponga-mos
una escala general del impuesto con un abanico que va desde el 17 por
ciento, a partir de las 550.000
pesetas, hasta el 50 por ciento, para rentas superiores a 11 millones de
pesetas, como se recoge en las enmiendas números 113 y 115 que hemos
presentado.
Finalmente, quisiera destacar algunas enmiendas puntuales, no por ello
exentas de contenido y que desde nuestro punto de vista son importantes.
Por una parte, está el tratamiento de las prestaciones por desempleo en
la modalidad de pago único, recogido en la enmienda 101. Entendemos que
el límite de exen-ción de un millón de pesetas que recoge el proyecto de
ley en estos momentos está obsoleto, por cuanto que las actuales
cantidades que se cobran por indemniza-ción superan este límite, máxime
si lo que pretende-mos todos, además, con esta reforma del proyecto de
ley es favorecer la creación de empleo. En nuestra opi-nión, debería
desaparecer esa limitación, sobre todo cuando la misma viene ya limitada
por la indemniza-ción a cobrar según la normativa laboral que regula
estas indemnizaciones.
Otro aspecto que proponemos mejorar es el trata-miento de la
consideración de las rentas en especie dentro del sector cooperativo. Si
queremos incentivar la participación de los trabajadores en el capital
social de la propia empresa debemos elevar los límites de las cantidades
entregadas a los trabajadores en forma de acciones o participaciones sin
que tengan la considera-ción de rendimientos de trabajo. Lo mismo que no
deben de tener la consideración de rendimientos de trabajo en especie
las cotizaciones a las mutualidades de previsión social realizadas por
los socios cooperati-vistas cuando tienen como finalidad complementar
los niveles de cobertura equivalentes al régimen general de la Seguridad
Social. Esto es lo que proponemos en nuestras enmiendas números 109 y
110.
Por último, también relacionado con el mundo coo-perativo, entramos en
la equiparación de los retornos cooperativos a los dividendos y
participaciones en beneficios en cuanto al tratamiento para evitar la
doble imposición interna. En estos momentos, a este respecto se está
dando una discriminación que estimamos nece-sario corregir, en línea
además con lo propuesto por el Consejo Económico y Social en su dictamen
sobre este proyecto de ley.
Estos son, señorías, de una forma resumida, porque ya se debatieron
ampliamente en Comisión, los conte-nidos de nuestras enmiendas que han
quedado vivas en este proyecto de ley del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y que pongo a la consideración de SS.SS. En cualquier
caso, vamos a votar a favor del dic-tamen de este proyecto de ley,
porque entendemos que es el que desea la mayoría de esta Cámara. Esta va
a ser la ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que
quieren el Gobierno y la mayoría de esta Cámara para el resto del Estado
-me refiero al resto del Estado por cuanto que el País Vasco y Navarra
van a hacer su propia reforma-. En consecuencia, en ese ánimo que ya
adelantamos en su momento de respetar la reforma del Estado,
considerando de momento el dictamen que va a aprobar el Pleno de esta
Cámara, a expensas de lo que posteriormente sean los debates en el
Senado, desde nuestro grupo daremos al final ese voto favorable a este
dictamen del proyecto de ley.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Zabalía.
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor presidente.
Señorías, voy a intervenir para defender las enmien-das que mantiene
vivas mi grupo parlamentario en este trámite del Pleno en torno a la
reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y también
voy a transmitirles algunas observaciones de carácter más global y
general que veo que están vertiéndose por parte de los portavoces a raíz
de las posiciones políti-cas que mantiene cada grupo parlamentario en
torno a esta reforma. No obstante, señorías, a estas alturas del debate
político en torno a la oportunidad, a la viabili-dad económica y al
acierto que podría justificar o no posiciones políticas de los distintos
grupos, nuestro grupo, de entrada, quiere decir que entendemos que este
es un debate bastante superado ya. Prueba de ello es el interés que está
despertando en la Cámara esta mañana el proyecto de ley del IRPF, uno de
los temas clave de la legislatura, lo cual no es más que una mues-tra de
que el debate profundo que se ha suscitado en el inicio de la
presentación de esta reforma sobre si era una reforma favorable a los
ricos o no, debate de ricos y pobres o de oportunidad o no oportunidad
de la misma, creo que ha quedado absolutamente superado.
La prueba está en la sesión de esta misma mañana y creo que la sociedad
ya no nos sigue en esta dialéctica.
Esta es, señorías, para nuestro grupo, la reforma que la sociedad hoy
puede hacer a la vista de lo que está haciendo toda Europa en el ámbito
tributario. Esta, señorías, es una buena reforma para nuestro grupo
par-lamentario, al margen de todas las mejoras técnicas que todavía se
puedan incorporar, que se pueden incluir en próximos trámites
parlamentarios, y al margen de algu-nas cuestiones que aun no
modificándose, queden pen-dientes para futuras reconsideraciones.
Esta es para nuestra formación política una buena reforma, pero es una
buena reforma, señorías, que responde
a un compromiso
político que tiene nuestro grupo parlamentario con los electores que nos
dieron su confianza. Con esta reforma, señorías, cumplimos el mandato
electoral que adquirimos frente a los electores, porque en nuestro
programa electoral figuraba este compromiso de afrontar la reforma del
IRPF, revisar todo el impuesto y aproximarlo a los marcos europeos de
hoy, cosa que estamos haciendo en estos momentos.
Esta reforma, construida conjuntamente con el Grupo Parlamentario
Popular, nuestro grupo la entien-de como una reforma que moderniza el
marco fiscal hoy aplicable en nuestra sociedad, y no habrá ningún
ejemplo de ningún portavoz -al menos hasta la fecha no lo he escuchado y
quiero pensar que no lo habrá tampoco por parte de los que me van a
seguir en el uso de la palabra, que ya sé que van a tener posiciones más
endurecidas en cuanto a la crítica de este proyectoque ponga en
contradicción esa reforma con cualquier otra que se esté aplicando en
cualquier país de la Unión Europea. Los dos países más emblemáticos en
toda la revisión del marco fiscal (Alemania y Gran Bre-taña) están en la
misma dirección de la reforma que se está planteando aquí en estos
momentos y, curiosamen-te, con planteamientos de signo político
distinto, tanto socialdemócratas, como demócratacristianos o libera-les.
Las fuerzas políticas de los dos países más emble-máticos en cuanto a la
revisión de todo el marco fiscal se están pronunciando exactamente en la
misma direc-ción de lo que se está planteando aquí.
Para nuestro grupo parlamentario esta reforma, seño-rías, no es algo
aislado, no es una revisión caprichosa para favorecer a ningún grupo
especial de nuestra sociedad. Esta es una reforma, señorías, que se
plantea en la continua revisión que se está ejecutando ya en esta
legislatura de todo el marco fiscal y de todas las figuras impositivas.
No es un hecho aislado, no es un hecho que no tenga su vinculación con
todas las medi-das fiscales que se han tomado en el ámbito de los
pre-supuestos y leyes de acompañamiento y con las nor-mas que se han
tomado, por ejemplo por los reales decretos de junio de 1996, donde se
han revisado muchos aspectos de la fiscalidad. Se está revisando toda la
fiscalidad en estos momentos y ahora corres-ponde hacerlo en el Impuesto
sobre la Renta de las Per-sonas Físicas. Sucesivamente, vamos a tener
que hacer otras revisiones, porque estoy seguro de que con la entrada
del euro habrá que tomar algunas decisiones de armonización y, por
tanto, se tendrán que revisar el Impuesto sobre el Valor Añadido y el
Impuesto sobre Sociedades para situar la fiscalidad de las actividades
económicas en los mismos niveles que están aplicándo-se en otros países
de Europa.
Esta es una reforma que tiene por finalidad favore-cer, señorías, a las
rentas más bajas, y levanto la voz, una vez más, de mi grupo
parlamentario para decir que no es verdad la argumentación política de
que esta es una reforma que favorece a las rentas más altas. No es
verdad. Ya sé que esta afirmación viene contrastada y discutida por
otros grupos políticos, pero, señorías, a partir de enero de 1999,
cuando se aplique la nueva escala de retenciones, la sociedad sabrá,
notará y cono-cerá la verdad de nuestra convicción. Esta es una refor-ma
cuya aplicación práctica tiene una mayor incidencia en las rentas bajas;
también tiene incidencia en las ren-tas medias y altas, pero su mayor
incidencia es sobre las rentas bajas. Dos millones de personas en los
nive-les más bajos de renta serán quienes van a notar con mayor
profundidad la reducción impositiva. Habrá un volumen, aproximadamente,
de cinco millones de per-sonas que van a observar la mejora de esta
revisión fis-cal y puede ser que haya algún colectivo importante y
probablemente en los niveles de capas más altas de renta que no notará
cambios en esta revisión tributaria.
Señorías, nuestro grupo ha optado por dar apoyo pleno a la gran novedad
del concepto de mínimo vital familiar. No vamos a apoyar el splitting
que nos plantea el Grupo Socialista, splitting que también podría tener
su interés como mecanismo técnico.Creemos que la fór-mula del mínimo
vital familiar favorecerá mejor las ren-tas derivadas del trabajo y las
rentas bajas de nuestra sociedad. En cambio, la fórmula del splitting
incorpora mecanismos de división de rentas que tendría aplica-ciones muy
curiosas, incluso en niveles de renta muy altos, y nuestro grupo
entiende que ahora no debería-mos dar este paso.
No comprendemos las propuestas que se hacen en esta dirección desde el
Grupo Socialista, porque no ter-minamos de comprender dónde está la gran
diferencia práctica de la aplicación de este mecanismo con el que se
está proponiendo. Esto se puede argumentar con-ceptualmente de formas
muy distintas, pero en la prác-tica no habrá tantas diferencias reales
en un gran núme-ro de contribuyentes.
Señor presidente, mi grupo reitera su convicción de que ésta es una
buena reforma; es la que hoy nos podemos permitir y, por tanto, salimos
al paso de las voces de desequilibrio presupuestario, de que no vamos a
poder soportar el coste que se va a derivar de esta reforma, porque en
este momento las previsiones que contempla esta reforma son las que la
sociedad se puede permitir. Hay otras fuerzas políticas que hubie-ran
deseado ir mucho más lejos de la reforma que se plantea, al menos así se
expresaba en sus programas electorales. Sin embargo, se ha llegado al
punto que es el nivel de revisión tributaria que podemos permitirnos en
nuestra situación económica y que el presupuesto público puede digerir
perfectamente.
Señor presidente, quisiera remitirme ahora a unas enmiendas que mi grupo
mantiene vivas todavía para pedir el voto a favor de la Cámara. La más
importante, señorías, es la que ya expresamos en el debate de Comisión.
Es un compromiso de revisión de toda la fis-calidad a exigir a las
personas que tienen minusvalías.
Ésta era una asignatura pendiente del debate político de esta reforma.
En Comisión nos emplazamos para el Pleno y mi grupo mantiene una
enmienda para formali-zar una revisión de la tributación a aplicar a las
perso-nas con minusvalías.
La enmienda transaccional que se ha repartido a todos los
grupos parlamentarios contiene tres capítulos sustantivos de mejora
importante de la fiscalidad de las personas con minusvalías. Se plantea,
en primer lugar, una novedad casi de nivel europeo, porque esta fórmu-la
de construcción de un ahorro complementario a nivel familiar garantiza
unos niveles de renta a las personas con minusvalía desde el momento en
que pierdan la vida los que les tutelan para que puedan, a partir de
entonces, complementar la renta pública con una renta construida
privadamente, pero en el contexto de la uni-dad familiar. Ésa es una
novedad que no existe en muchos países de Europa y España será uno de
los paí-ses pioneros en instrumentar unos planes de ahorro con finalidad
específica para las personas con minusvalía.
De esta medida reclamo la exclusiva paternidad para nuestro grupo
parlamentario. Espero que el señor ministro no se moleste -y le
agradezco su presencia en la sesión de hoy- ni tampoco el grupo
parlamenta-rio.
Reclamo su genuina paternidad para mi grupo par-lamentario.
Desde el comienzo del debate del IRPF la pusimos sobre la mesa y fue
aceptada totalmente por el Gobierno y el Grupo Popular y, al final, se
ha termina-do definiendo el perfil exacto de esta medida desde el
extenso trámite de discusiones técnicas. Esta medida tiene en términos
muy esenciales el siguiente mensaje:
cada familia española que tenga una persona con minusvalía deberá
instrumentar solidariamente un com-portamiento de ahorro al que podrá
contribuir cual-quier miembro de la unidad familiar hasta el tercer
grado, ya que el único destino de este ahorro será sólo y exclusivamente
la persona con minusvalía. Este ins-trumento no se ejecuta con voluntad
de facilitar el res-cate de capital. No se trata de hacer ahorro
familiar cuyos únicos destinatarios sean las personas con minusvalías
para que luego se pueda rescatar todo ese capital y destinarse a otros
fines, sino simplemente se establece en la ley que las prestaciones de
este plan de pensiones para personas con minusvalías se deberán percibir
en forma de renta. Así garantizamos el comple-mento a la atención
pública para que estas personas en un momento de su vida puedan tener
garantizados unos niveles de renta cuando los familiares que les tutelan
pierdan la vida y dejen entonces de estar al amparo de sus rentas
económicas.
Señorías, es una decisión muy buena, felicito al Gobierno y al Grupo
Popular por haber sido capaces de saber instrumentar esa medida novedosa
y pido a las organizaciones que puedan estar siguiendo este debate que
sepan transmitir a la sociedad española la oportunidad y el interés que
puede tener esta medida para garantizar buenos niveles de renta en un
futuro a todas las personas interesadas.
Quisiera también indicar, señor presidente, que la enmienda presentada
por el Grupo Parlamentario Popular a la enmienda número 245, en donde se
instru-menta esta medida, habla de otras medidas de revisión de las
deducciones tanto a aplicar por las personas minusválidas que obtengan
rentas del trabajo como para las familias que tengan miembros con
disminucio-nes.
Creo que es un paso hacia adelante. Podrían no estar satisfechas algunas
organizaciones por desear más, pero nadie nos va a negar que se da un
paso sus-tantivo para desfiscalizar las rentas del trabajo de las
personas que tienen minusvalías y para ayudar a las familias que tengan
miembros con disminuciones a su cargo a soportar los costes. Las medidas
que se plante-an creo que todas ellas son positivas y, por tanto, mi
grupo va a dar su voto a favor de esta transaccional.
Simplemente quiero apuntarle al Grupo Popular y al señor Vicente
Martínez-Pujalte que a esta enmienda sólo le falta una pequeña
corrección que le invito a que la hagamos en el Senado para no
sofisticar el debate de esta mañana. Las prestaciones que se regulan en
forma de capital que pudieran autorizarse por vía reglamenta-ria en
estos planes de ahorro deberían experimentar una minoración del 60 por
ciento para que tengan un diferencial más positivo en relación con las
personas normales que ya tienen una reducción del 40 por cien-to.
Por tanto, le invito a que reflexione sobre esta pro-puesta para que en
el Senado la podamos incorporar.
Señor presidente, la siguiente medida que quisiera también evidenciar,
que es una enmienda transaccional a nuestra enmienda número 265, es la
que hace refe-rencia a la rehabilitación de las viviendas. Esta
enmien-da contienen dos medidas: la rehabilitación de las viviendas de
las personas con minusvalías y la rehabili-tación de las viviendas con
carácter general. Aprovecho el debate que estamos ahora suscitando en
torno a esta enmienda relativa a las medidas que favorezcan la
rehabilitación de viviendas, señor presidente, para hacerle, si me
permite, una sugerencia. Quizás debería-mos tomar alguna iniciativa para
eliminar las barreras de acceso a la tribuna para personas con
minusvalía en esta Cámara. Creo que sería muy interesante que, junto con
las medidas que tomamos para ayudar a la socie-dad a eliminar barreras
en sus propias viviendas, en esta casa también se tomaran otras para
eliminar plena-mente los obstáculos hoy existentes para el acceso libre
de los ciudadanos y que así pudieran seguir estas sesio-nes con toda
comodidad.
La enmienda que se presenta pretende eliminar barreras de todo signo en
las viviendas de los minusvá-lidos, no sólo específicamente las físicas,
sino también las que pudiera haber de carácter auditivo para mejorar el
nivel de vida de dichas personas y hacerlo más cómodo. Esta medida
pretende que todos estos gastos en que se incurra por parte del
contribuyente puedan ser objeto también de deducción en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.
Nuestro grupo también felicita al Grupo Popular por la aceptación de la
enmienda que hemos propuesto en ese sentido para que el 15 por ciento de
deducción por acceso a la vivienda se pueda aplicar asimismo cuando se
rehabilita la propia vivienda y ella afecte a las facha-das de los
edificios. ¡Cuántas polémicas y debates polí-ticos hemos tenido en
tantos ayuntamientos de España como consecuencia de erosión y
degradación de las
fachadas de edificios antiguos, que han
causado algu-nas víctimas! Pues bien, estamos a punto de tomar una buena
medida que consiste en que el 15 por ciento de deducción por los gastos
de acceso a la vivienda tam-bién podrá aplicarse para los gastos de
rehabilitación de la vivienda cuando ésta tenga una antigüedad, cuan-do
se haga por exigencias técnicas o porque es necesa-ria la rehabilitación
de la fachada, dado que está degra-dándose hasta tal punto que puede
poner en peligro la salud de los ciudadanos que caminan junto a ella.
Por lo tanto, es otra segunda enmienda positiva que se adopta esta
semana en la sesión de esta semana.
La tercera enmienda, señor presidente, hace referen-cia a la lucha
contra el fraude. Nuestro grupo había mantenido la posibilidad de
compensar pérdidas de hasta siete años por parte de las empresas, y el
Grupo Popular nos plantea que esta posibilidad puede acep-tarse no
solamente por siete años, sino hasta por diez, pero con una exigencia, y
es que los períodos en que se generan pérdidas, si se compensan en
futuros ejerci-cios, se mantienen abiertos a toda acción inspectora de
la Agencia Tributaria; todo ello nos parece bien. No vale tener perdidas
en un año, posteriormente acogerse a la prescripción y eludir cualquier
inspección y, sin embargo, que se apliquen las correspondientes
minora-ciones.
Por tanto, si hay pérdidas y se trasladan a ejer-cicios futuros, el
ejercicio que ha ocasionado pérdidas, deberá estar abierto a cualquier
acción inspectora de la Agencia Tributaria. Esto nos ayudará a que los
meca-nismos que se utilicen de posibles situaciones de pérdi-das para
poder beneficiarse se podrán aplicar sólo y exclusivamente cuando esas
pérdidas se hayan ocasio-nado por razones fundadas y justificadas, sin
ser objeto de manipulaciones u operaciones para intentar bajar sus
obligaciones fiscales. Estamos de acuerdo con esta medida y la
aplaudimos.
Por último, señor presidente, mi grupo anuncia su voto favorable a las
enmiendas que plantea Izquierda Unida o Coalición Canaria, que se nos
han distribuido.
También quisiera hacer referencia, señor presidente, a una enmienda
propuesta por el Grupo Popular -y que mi grupo asume-, distribuida por
los servicios de la Cámara, relativa a una corrección técnica suscitada
en el dictamen de la Comisión respecto a una enmienda que mi grupo
propuso al texto. Se trata de una disposi-ción final que modificaba el
artículo 113.1 de la Ley General Tributaria. Recordarán, señorías, el
debate que tuvimos en la Comisión sobre aquella habilitación a los
jueces y tribunales para tener mayor capacidad y poder ejecutar las
resoluciones judiciales firmes; para que cuando hay una sentencia firme
que comporte pagos y obligaciones económicas se dé instrumentos a los
jue-ces para poder hacer cumplir esa sentencia y se pue-dan pagar
aquellas obligaciones económicas, dando así seguridad al ciudadano. La
enmienda que presentó mi grupo pretendía modificar el segundo párrafo de
la letra g) del artículo 113.1 de la Ley General Tributaria,
sustituyéndolo por un punto nuevo, h), cuya redacción contradecía la
contemplada en dicho segundo párrafo.
Pues bien, por un error, creo, se ha mantenido el mismo párrafo y se ha
reproducido la propuesta de nueva redacción que mi grupo ofrecía,
haciendo una redacción contradictoria. Los servicios técnicos de la
Cámara han reconocido que hay un error y yo lo pongo en conocimiento de
todos los grupos. Los grupos parla-mentarios disponen del texto y mi
grupo invita a la Cámara a rectificar el error.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Homs, le
ruego concluya.
El señor HOMS I FERRET: Concluyo, señor presi-dente, diciendo que
estamos absolutamente de acuerdo con las demás correcciones técnicas que
han distribui-do todos los grupos. Y cierro mi intervención, señor
presidente, donde habíamos empezado, anunciando nuestro voto plenamente
favorable a esta reforma, feli-citándonos de las medidas que tomamos
esta mañana, especialmente dirigidas a las personas minusválidas y a los
procesos de rehabilitación de vivienda para estos colectivos y para toda
la sociedad y también felicitán-donos, señorías, porque este impuesto es
un paso ade-lante de modernidad, de europeización de nuestro marco
fiscal, que todos los ciudadanos cuando lo noten -no cuando lo lean- en
sus declaraciones y retencio-nes, a partir del año que viene, van a
aplaudir y van a adherirse a esta medida que se toma.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Homs.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Ríos.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, voy a intentar argumentar por qué Izquier-da Unida mantiene 60
de las 62 enmiendas que presen-tó a esta propuesta fiscal que hace el
Gobierno, con unos datos económicos y con una previsión económica que,
creo, no va evolucionando con el viento a babor que tenía en su momento.
Las previsiones de creci-miento económico, de política económica
marcaban una facilidad -decía el Gobierno- para ir a una reducción de
los ingresos del Estado, vía impuestos directos -con relación a los
cuales pagan más los que más tienen-, en torno a 350.000 millones de
pesetas según el Gobierno; según el BBV eran 750.000 millo-nes, y según
las cajas de ahorro en torno a 800.000
millones de pesetas, que, en teoría, ponemos en manos de toda la
ciudadanía por igual, cosa que no es así. Eso iba a amortiguarse porque
el crecimiento económico iba a facilitar que hubiese mayores ingresos
por el Impuesto sobre la Renta al haber más riqueza, más tra-bajo y más
actividad económica, mayores ingresos por IVA y consumo y mayores
ingresos por otras figuras impositivas. La verdad es que la situación
económica no avala el que esa cobertura para amortiguar el efecto -como
decía el señor Barea o como dice la CEOEde
la puesta en
marcha de esta reforma fiscal esté en condiciones de plantearse y
mantenerse.
En todo caso, vengo a este debate del articulado con una voluntad: con
la de no ser un pelotari frente a un frontón. Me gustaría -al igual que
en Comisión tuve la suerte de que se me admitieran dos enmiendas- que en
este trámite parlamentario, al que SS.SS nos tienen tan acostumbrados,
los grupos que soportan el Gobier-no, por venderlo siempre con una gran
etiqueta, con un gran mensaje; en la anterior discusión fiscal fue el de
la familia numerosa; en la actual, en su fase de tota-lidad, el de los
seguros, y, ahora, el de los discapacita-dos.
Además del mensaje de los discapacitados, los seguros y la familia
numerosa, confiamos en que todos los ciudadanos, y sobre todo los que
más necesitan del apoyo de las Administraciones públicas, se vean
bene-ficiados.
Después diré cómo nuestra tarifa beneficia más a los sectores más
débiles y mantiene una mayor presión sobre la gente que tiene mayores
recursos, por-que cuando hablamos de la filosofía de bajar los impuestos
a todos nos parece bien, el problema es que ustedes suman el número de
ciudadanos que se ven afectados por una reducción con los ciudadanos que
en volumen van a recibir un mejor trato fiscal. Es ver-dad que hay un
sector de la población con unos ingre-sos inferiores a un millón y medio
o dos millones de pesetas que se van a beneficiar en torno a 80.000
millo-nes.
Como son casi cinco millones, su beneficio va a estar en torno a 8.000 ó
10.000 pesetas; sin embargo, hay otros ciudadanos, 349 españoles, que
ganan más de 100 millones de pesetas y cuyos beneficios fiscales van a
estar en siete millones; han puesto siete millones en su bolsillo, para
que puedan gastar. El único proble-ma es que, mientras que estos
ciudadanos que ganan menos de dos millones gastan todo su sueldo en
comer y en vestirse, el que gana más de cien millones de pesetas no lo
gasta en comer y en vestirse, so pena que coma y vista mucho, y los
siete millones que le ponen en el bolsillo le permiten vivir en
condiciones de mayor lujo.
Por tanto, a mí me gustaría que este debate presu-puestario se zanjara
con algunas señas de identidad diferentes a las hasta ahora barajadas y,
después, me voy a referir a algunas de las propuestas que como señas de
identidad aquí se han utilizado: los discapaci-tados, los minusválidos y
cómo se les está tratando.
Bajo mi punto de vista, una idea buena se trata de una manera mala. Me
gustaría, por tanto, que este debate fuese el de las personas jóvenes,
en el que sea tratado el tema de los jóvenes que necesitan una vivienda
de alquiler. Desearía que en este debate tomásemos la decisión de
corregir la propuesta del Gobierno para que los 604.000 ciudadanos
españoles que se benefi-ciaron fiscalmente por tener una vivienda de
alquiler -puesto que los que tienen la vivienda habitual en alquiler son
jóvenes con recursos escasos y no pueden acceder a vivienda propia- sean
tenidos en cuenta también ahora y se vean beneficiados. Por tanto, que
sea el del tratamiento de la vivienda de alquiler para los jóvenes que
tienen una situación débil, que si no son todos, porque los hay que
tienen ingresos altos teoría que nosotros podemos mantener para todas
las filosofías fiscales-, los hay que tienen ingresos inferio-res a tres
millones de pesetas o que están en situación de desempleo o de contrato
a tiempo parcial perma-nente; es fácil de controlar, ya que el contrato
de alqui-ler se presenta en la Cámara de Comercio y lo tienen
informatizado y conocen todos los contratos y los recursos de cada uno
de ellos.
También me gustaría que fuese el debate de la lucha por acabar con el
fraude fiscal. Dicen que en este país teníamos una excesiva presión
fiscal. Algunos, porque hay que ver la facilidad que otros han tenido
para que la presión fiscal no llegue a sus bolsillos, para que se
produzca un hecho de elusión fiscal: todo ese entrama-do de empresas
dedicadas a buscar las vueltas, a crear sociedades interpuestas para
evitar tener que pagar; toda esa realidad que se produce con el Impuesto
sobre la Renta en el que -fíjense ustedes qué parado-jaen el año 1997
hemos tenido una liquidación pre-supuestaria en la que las rentas del
trabajo han crecido el 13 por ciento, las rentas de capital han bajado
el 15
por ciento y las rentas de empresarios y profesionales han bajado el 0,5
por ciento. Es decir, mientras los ingresos de los trabajadores han
crecido este año en un 13 por ciento, los empresarios españoles y los
pro-fesionales liberales han bajado sus ingresos en un 0,5.
¿Por qué se produce eso? ¿Porque es real que han teni-do menos ingresos?
No, porque se elude más fiscal-mente en estos sectores.
Nosotros queremos tomar medidas para que esa elu-sión fiscal se impida.
Hemos hecho propuestas concre-tas, por ejemplo, para que haya una
evolución diferen-te en esa trama de sociedades, en cuanto a las
personas que transforman renta en acciones de sociedades. Hay un sinfín
de sectores que tienen un entramado en el cual una persona ingresa equis
millones de pesetas a una sociedad. Por tanto, no cotiza como IRPF, sino
como Impuesto de Sociedades, al 35 por ciento de mar-ginal y al 23 por
ciento real. Por consiguiente, el espa-ñol que está situado en esa
posición tiene una frontera de elusión. También está la situación de las
subcontra-tas y las contratas. Hay ciudadanos que desgravan fis-calmente
el IVA y los que realizan la obra no lo pagan fiscalmente, o, por
ejemplo, esta situación boyante en la que vive una elite de nuestra
población actual, artis-tas, deportistas de elite, que obtienen unos
ingresos. Si los perciben ellos directamente han de tener una reten-ción
pero, si lo percibe un tercero o una sociedad jurí-dica, no. Vamos a
buscar, en el impuesto de no resi-dentes, que las personas que obtienen
estos ingresos en nuestro país coticen aquí, y así podremos evitar estos
ejemplos de premiados deportistas españoles, for-tísimos deportistas,
brillantes deportistas, que tienen su residencia en otro sitio y hasta
los ingresos que produ-cen en nuestro país los eluden. Busquemos
fórmulas para que eso no se pueda producir.
Dicho esto, me gustaría que este debate se produje-se bajo
otra filosofía, bajo otras orientaciones. Las enmiendas de Izquierda
Unida se cifran en tres crite-rios.
Primero, nosotros queremos recuperar otra cultura fiscal; queremos
recuperar la idea de un país que se compromete a aportar para no tener
que pagar en fac-tura, porque el que paga en factura determinados
servi-cios, como la educación, la sanidad, planes de pensio-nes privados
o determinadas prestaciones, puede disponer de más recursos pudiendo
obtener mejores condiciones, pero el que no tiene recursos no puede
pagarse esas previsiones. Por tanto, si ustedes, los que han podido
permanecer en este debate y participar en esta discusión conjunta de
todos los grupos parlamen-tarios, observan que para asociarse a un club,
para per-tenecer a una asociación o a una organización, todos hemos de
pagar una cuota para ser partícipes, ¿cómo no lo habríamos de ser en una
sociedad, la española, comprometida con su futuro? Estamos de acuerdo
con la cultura fiscal de pagar nuestros impuestos y de acuerdo -fíjense
ustedes- con la teoría que están vendiendo de bajar los impuestos. Pero
bajar los impuestos ¿a quién? ¿A todos? ¿En cuesta abajo? Pues nosotros
no estamos de acuerdo. Queremos bajar la presión fiscal a autónomos, a
las rentas bajas del traba-jo, a las pensiones Nuestra enmienda de
tarifas propo-ne precisamente para esos tramos, en lugar del 18 por
ciento de marginal, el 17 por ciento. Si ustedes han hecho la
comparación de la tarifa de Izquierda Unida en cuanto a los tramos,
verán que mientras el Gobierno establece para los españoles que ganan
1.200.000 un marginal del 24 por ciento, la propuesta de Izquierda Unida
establece el 23 por ciento, un 1 por ciento menos. Además, para los
españoles que ganan 2.100.000, la propuesta del Gobierno es de un 28 por
ciento; la de Izquierda Unida, un 27 por ciento. Para los españoles que
ganan 6.600.000, las clases medias, el Gobierno propone un 45 por ciento
e Izquierda Unida un 44. Cuando ya no compartimos la teoría del Gobierno
es cuando nos acercamos a los españoles que ganan 12 millones de
pesetas. Ahí ustedes proponen el 48 por ciento, y nosotros proponemos el
56 por ciento.
Por tanto, la teoría que tienen ustedes de bajar los impuestos, de
ingresar menos, nosotros la rebatimos diciendo que se mantenga el
criterio constitucional, porque la Constitución española nos obliga a
todos, en su artículo 31.1, a participar en los gastos públicos con
criterio de progresividad y de equidad. La propuesta que hace el
Gobierno rompe la progresividad, y fíjense ustedes- ésta no se da
solamente a la hora de distribuir los gastos, sino también a la hora de
ingresar-los para que podamos sacar los recursos del Estado español de
donde puede estar el mayor volumen de disfrute de esos recursos para
redistribuirlos a los que tienen menos recursos. Por tanto, la teoría de
progresi-vidad en el Estado tiene que darse en la política de ingresos y
en la de gastos. Y este Gobierno la ha roto en la teoría de los ingresos
y en la teoría de los gastos.
Cada vez hay menos recursos para repartir entre los ciudadanos más
necesitados y más recursos que van, vía subvención, aportación,
participación, a los que tie-nen más recursos; retraen del paquete
general mayores aportaciones.
Por tanto, las enmiendas de Izquierda Unida, concre-tas, presentadas al
articulado de la ley pretenden cimentarse en otra cultura fiscal, la de
aportar y partici-par en un proyecto común de sociedad, que es el
pro-yecto del Estado español, del Estado federal, según nosotros, del
Estado que podamos tener en cada momento, para que tengamos perspectivas
de futuro en lo que ya tenemos conquistado.
El segundo requisito que Izquierda Unida propone es que paguemos por
todos los conceptos que se ingre-san.
No es lógico que en este país un millón ganado con el sudor de la frente
por un salario pague entre un 18 y un 48 por ciento y un millón ganado
en acciones no pague en los mismos porcentajes. Nosotros quere-mos que
tenga el mismo tratamiento cada millón obte-nido por un español, que
pague de la misma manera. Y ustedes dicen: un tratamiento demasiado
fuerte de las plusvalías y de las rentas de capital puede provocar una
no inversión, un no ahorro en nuestro país. Yo les digo que las teorías
de desfiscalización que se han produci-do en nuestro país jamás han
llevado esos recursos que hemos puesto en manos de los que más tienen
para invertir y provocar ahorro que genera empleo sino al crecimiento
desaforado de los fondos de inversión. En este país hemos ido a la
especulación del beneficio de los recursos, y no a la inversión, a la
generación de empleo, sobre lo que estaríamos dispuestos a discutir.
De ahí que deberíamos introducir criterios finalistas a la hora de
distribuir.
La cultura fiscal que Izquierda Unida tiene en sus enmiendas es la de
conseguir que las plusvalías paguen y que los que obtienen beneficios
por acciones coticen igual que por las rentas del trabajo. Porque, si
no, esta-ríamos diciendo que el país está soportado con crite-rios de
progresividad, con criterios redistributivos, con criterios de equidad
solamente cuando hablamos de las nóminas del trabajo, pero no se reparte
igual cuando hablamos de los rentistas, de los accionistas, de los
beneficios de los fondos de inversión. Ese criterio no lo compartimos, y
nosotros pretendemos que se consiga un mayor volumen de ingresos, para
que el Estado, en lugar de perder ingresos, los incremente. Las
enmien-das de Izquierda Unida van dirigidas a conseguir que el Estado
tenga recursos para poder trabajar y hacer fren-te a sus propias
obligaciones.
Y la tercera línea que nosotros vamos a introducir en la discusión es
obtener recursos suficientes para el Estado. Señorías, la propuesta que
hoy se hace es una propuesta fiscal que no tiene criterio de perdurar en
el tiempo. Esta propuesta tendrá que ser reformada.
Mucho me temo que incluso la discusión de la ley de amañamiento que
vendrá el día 30 de septiembre ten-drá criterios fiscales discutidos e
introducidos en la pro-pia propuesta, a pesar de estar discutiendo hoy
una ley de IRPF.
Cuando digo de suficiencia ¿a qué me refiero? No es posible
que en un año de crecimiento económico, en un año en el que los
beneficios empresariales han cre-cido un 30 por ciento en los bancos y
un 20 por ciento en las grandes empresas, nos estemos planteando que no
se ingrese más en el Estado y que se deje en manos de ellas, y, sin
embargo, estemos iniciando un camino de recorte de compromisos de todos
los ciudadanos con los más necesitados, que se abre con la factura de la
farmacia, que sigue con la puesta en gestión de los hospitales a nivel
privado, que continúa con la reduc-ción de las aportaciones en el INEM y
con la reducción de las aportaciones del Estado a la Seguridad Social
vía reducción de participación en los ingresos en lo que son
complementos de mínimos. En suma, si abrimos una política fiscal que
significa que en el año 2000, cuando la etapa de crecimiento no se
mantenga en cre-cimiento, decaiga, el crecimiento sea menor y tenga-mos
menores ingresos en el Estado, entre 750.000 y un billón menos,
tendremos que plantearnos entonces, y no, como deberíamos, ahora, qué no
gastamos. Esta teoría de empequeñecimiento del Estado, de reducir el
compromiso del Estado, de aponer manos en disposi-ción privada, que
siempre es más en el que más capa-cidad tiene, no en el que más puede
necesitar, no la compartimos y la vamos a rebatir.
Esta propuesta no garantiza la suficiencia. Necesitará recortes sociales
o modificaciones fiscales en el año 2000 o en el 2001. Es una propuesta
que nace de coyuntura, de mera discusión entre las condiciones muy del
momento, muy del brote actual. No tiene crite-rio de perdurar en el
tiempo. Y eso es malo. No es buena una política fiscal que no nace con
criterio de perdurar, con criterio de estabilidad. Un país no puede
estar cambiando su sistema fiscal de la noche a la mañana. Un país tiene
que tener la sensación del com-promiso de todos los que componen la
sociedad con una línea fiscal, para, a partir de ella, ir produciendo
pequeños ajustes en cada uno de los momentos.
Los criterios de Izquierda Unida van dirigidos a esa orientación:
suficiencia, progresividad y equidad; que, de las rentas del trabajo,
paguen menos las que menos renta tienen y más los que más renta tienen;
que las rentas de capital participen y aporten y que vayamos a un
criterio diferente al que propone el proyecto de ley.
Nada más empezar el proyecto de ley, en el artícu-lo 2, ustedes definen
una figura, qué es renta disponi-ble.
Ustedes definen lo que puede ser la situación per-sonal y familiar. ¿Son
esos criterios, la situación perso-nal y familiar, lo que puede mandatar
la Constitución, para que sean la figura de ordenación de nuestra
pro-puesta fiscal? Según Izquierda Unida, no. Por eso esta-mos en contra
de ese mínimo familiar que ustedes pro-ponen, que significa trasladar un
sinfín de deducciones.
Nosotros queremos mantener el beneficio fiscal a lo que es el
tratamiento del matrimonio, de los hijos, de los deficientes, de los
minusválidos, sí, pero en deduc-ción en la cuota. Y ustedes lo que
proponen es colocar en la deducción en la base un sinfín de deducciones
que ahora mismo están repartidas. ¿Qué significa esto? Que las rentas
más altas van a poder acumular un sin-fín de deducciones que no pueden
hacer las rentas más bajas. Se lo demuestro con números. Se lo demuestro.
No por nada, sino porque el que gana un millón y medio no acumula ningún
beneficio. Por más que usted me quiera decir que se va a desgravar por
número de hijos o por número de no sé cuántos, ese mínimo vital yo no me
lo descuento. El que gana 12 millones sí lo puede acumular todo. Es más,
en su propuesta de tarifas se van a beneficiar en la reducción de la
parte baja, de las 600.000 pesetas, del 20 al 18 por ciento, y en la
parte alta, del 56 al 48. Les han beneficiado doblemente en la propuesta
de tarifa a la hora de actuar. Por tanto, la propuesta que ustedes
hacen, tanto con el mínimo familiar que proponen como en la idea de
renta dispo-nible, no la compartimos. Para eso podríamos incre-mentar el
mínimo exento. Vayamos a mantener el míni-mo exento y, en lugar de
1.200.000, digamos: todos los españoles que ganan 1.500.000 pesetas
están exentos.
Y con eso no necesitamos tantas propuestas que uste-des hacen.
Simplemente declararlos exentos, ajustar las retenciones a ello y no
tendremos nueve millones de declaraciones pidiendo la devolución de la
renta. No las tendremos. No hará falta que ustedes tengan tantos
funcionarios dedicados a eso; les podrán destinar a otras tareas, a
otros menesteres.
Segunda propuesta que ustedes hacen y que noso-tros no compartimos. En
cuanto a su teoría a la hora de actuar desde la idea de apoyo a la
propuesta que se nos viene a hacer hoy de atención a lo que son
limita-ciones y minusválidos o discapacitados, nosotros esta-mos de
acuerdo con la propuesta que hacen sobre la vivienda. Estamos de acuerdo
en apoyar fiscalmente la deducción para todas las personas
discapacitadas que tengan que arreglar su vivienda e invertir en ella y
la vamos a apoyar, pero es que hay que ver cómo ustedes trastocan
siempre en billetes una idea que es positiva y que es socialmente
interesante. Lo que se les ha ocurri-do es que la ayuda a los
minusválidos sean planes de pensiones para poder ahorrar hasta 2.200.000
pesetas al año.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Ríos, le
ruego concluya.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Sí, señor presidente.
¿Y qué minusválidos pueden llegar a una capacidad de ahorro de 2.200.000
pesetas? ¿Cuál es el objetivo a través de un fondo de pensiones? ¿Por
qué no vamos a través de políticas activas? ¿Por qué se tiene que hacer
todo a través de una posibilidad como es un fondo de inversión, que
tiene una desgravación superior a la que tienen en la propia Seguridad
Social? ¿Por qué no hacerlo por desgravación o deducción en la cuota?
¿Por qué no plantearse la progresividad de otra manera dife-rente?
Nosotros no podemos compartir la propuesta que ustedes han hecho y lo
decimos con toda claridad. Y
no la compartimos porque el
criterio de tener más hijos, de ser minusválido o de tener una cierta
situa-ción familiar no es el que mide, según nuestra manera de entender,
su aportación al Estado. Un minusválido puede estar parado y no tener
ingresos o puede tener mil millones de ingresos y el beneficio fiscal no
es planteárselo en función de que sea minusválido, sino en función de su
capacidad económica. Por eso no compartimos que ustedes vayan a hacer
crecer la políti-ca de planes de pensiones privados, que es lo que
vie-nen a hacer, en lugar de garantizar un sistema de la Seguridad
Social para todos, sean minusválidos con recursos o minusválidos sin
recursos. Esta propuesta abre las distancias incluidas en esta parte
débil de la población. Una idea que creíamos positiva, que había-mos
oído entre bambalinas que podía ser buena, cuan-do ustedes la concretan
no nos parece positiva y no la podemos respaldar.
De todas formas, hemos presentado enmiendas para reducir el fraude -ya
se las he mencionado antes- y para mejorar lo que es la gestión de la
Agencia Tributa-ria.
Nuestra enmienda 235, con la centralización que han hecho de los
tribunales económicos, significa hoy una paralización después de la ley
de derechos y garantías del contribuyente. La enmienda 231 va a
modificar lo que viene a ser el funcionamiento de la propia Agencia
Tributaria; nosotros proponemos en esa enmienda que en seis meses se
presente en esta Cáma-ra el estatuto orgánico de la Agencia Tributaria,
para dotarla de recursos, de directrices, de funcionamiento y hacerla
más eficaz. Nuestra enmienda 238 va a intentar que no se separe lo que
es el procedimiento sanciona-dor del procedimiento inspector, que está
creando pro-blemas dentro del funcionamiento de la propia Agen-cia.
En suma, hemos presentado enmiendas para evitar los caminos a la
elusión, hemos presentado enmiendas para que el Estado tenga más
ingresos de donde hoy se defrauda, para mejorar la gestión de la Agencia
Tributa-ria y para corregir una propuesta fiscal regresiva que no sitúa
a España en Europa, sino en el sur del sur de Europa y que además no
significa garantía de previsión del propio Estado. Así, tanto en la ley
de no residentes, en la que mantenemos las tres enmiendas que he cita-do
antes, como en la ley de renta, esperamos que la discusión que aquí se
pueda dar, las transacciones que se puedan proponer las puedan mejorar.
En todo caso, es muy difícil, cuando uno pone el coche hacia una
dirección, pretender decir que va en todas las direcciones, y eso es lo
malo de la propuesta que hace el Partido Popular, apoyado y soportado
por grupos que gobiernan comunidades autónomas, como es el de
Convergència i Unió. ¿Por qué? Porque esto de apuntar en todas las
direcciones es imposible. No es posible políticamente beneficiar y
ayudar a todos. En un ejercicio del poder, hay que atender a todos, pero
hay que marcar las prioridades de apoyo a unos en lugar de a todos. Ese
criterio es el que diferencia una propuesta progresista y renovadora de
la izquierda de una propuesta anclada en el pasado y regresiva de lo que
teníamos antes.
De ahí que nuestra posición en esta ley no sea como la de los otros
grupos que han anunciado su apoyo al proyecto, a pesar de mantener
enmiendas. Esperemos que tenga pocas modificaciones, esperemos que las
leyes de acompañamiento no tengan tantos movimien-tos fiscales y que
ustedes, en lugar de ir a recaudar de la aportación indirecta que todos
pagamos a la hora de consumir, vayan más a mantener criterios de
impuestos directos más progresivos de los que ahora mismo tene-mos.
Si no, la puesta en marcha de esta ley, a partir del 1 de enero de 1999,
a pesar de que algunas personas tengan dinero en su bolsillo, traerá
complicaciones con su puesta en marcha, que conllevará control y
exigen-cia para que lo que anuncian hoy se cumpla mañana.
No vaya a ser que sea sólo prometer, anunciar, decir cosas bonitas,
cosas buenas, que luego no se concretan así.
Nada más, señor presidente. Nada más, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ríos.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Eguiagaray.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Señor presidente, señorías, el proyecto de
ley de reforma del IRPF vuelve al Pleno de la Cámara después de su
debate en Comi-sión, con modificaciones que aumentan y agravan la
preocupación y el rechazo que ya manifestáramos en el debate de
totalidad. Dijimos entonces que el Grupo Socialista está a favor de
proceder a una reforma del impuesto sobre la renta en nuestro país, no
cualquiera, sino una que precisamente rebaje la carga tributaria de los
ciudadanos que perciben rentas del trabajo asalaria-do.
También estamos a favor de que dicha reforma se haga sin vulnerar la
suficiencia financiera del Estado, la progresividad y la equidad en el
tratamiento de las dis-tintas fuentes de renta.
Con el proyecto de ley que hoy debatimos, en su versión actual, no se
cumple ninguna de estas condi-ciones.
Por el contrario, se culmina la contrarreforma fiscal que se inició con
este Gobierno, mejorando la tri-butación de las plusvalías y reduciendo
la fiscalidad empresarial. De hecho, me temo que el balance más
llamativo que se recordará de su gestión en el aspecto económico van a
ser dos cosas, si esto sigue adelante:
que han favorecido mediante las privatizaciones a los grupos y amigos
que les han apoyado y que las clases altas habrán visto reducida de
forma sustancial su carga tributaria.
En términos políticos, ustedes se sitúan ya con esta reforma claramente
a la derecha de lo que hiciera hace bastantes años la Unión de Centro
Democrático, muy alejados de aquella posición que dicen pretender
ocu-par, porque permanecen cómodamente, me da la sen-sación, instalados
en un mensaje que es de derechas, a pesar de su largo e increíble viaje
hacia el centro.
En mi intervención trataré de exponer 10 bloques de razones
-ya saben ustedes que en la civilización jude-ocristiana, en los
momentos de solemnidad, hay que recurrir a los decálogos- por las que
nuestro grupo se opone a este proyecto, al que también se oponen, por
cierto, las centrales sindicales y otros grupos progresis-tas presentes
en la Cámara, que ya han hecho, por cier-to, expresión de sus criterios.
Diez razones. Son éstas. Bien claras. No se ajusta a los objetivos
económicos que ustedes declaran; nos aleja de Europa; discrimina de
forma negativa entre rentas según su origen; efectúa un reparto más
regresi-vo de la carga tributaria; no simplifica la declaración del
impuesto; no es neutral entre los diferentes instru-mentos de ahorro;
reduce la flexibilidad del impuesto; debilita la suficiencia financiera
del Estado; genera inseguridad jurídica entre los contribuyentes y,
desde luego, está muy lejos de contribuir a reducir el fraude fiscal.
Trataré de pasar revista a todos estos contenidos, que es, me parece, la
mejor expresión de la opinión que nos merecen las enmiendas y el texto
tal y como hoy llegan a esta Cámara y también me parece la mejor forma
de defender, sin entrar en detalles excesivamente técnicos, lo que es un
texto alternativo al enfoque que ustedes han dado a la reforma del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
La reforma no se ajusta a los objetivos económicos declarados. Dicen
ustedes -así dice hasta la saciedad la propaganda del Gobierno-: la
reforma va a aumentar el ahorro. Esto es lo que decían. Pero ahora
argumen-tan que el impacto negativo sobre nuestra economía de las
turbulencias financieras internacionales se atenuará precisamente
gracias a que la reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y la rebaja consi-guiente de las retenciones incrementará el
consumo de las familias, de forma que la mayor demanda interna impulsará
el crecimiento. Espero que el señor Rato tenga ocasión, si accede a
venir, de escuchar algunos de estos argumentos que últimamente se van
produ-ciendo de su boca y de la de otros ilustres representan-tes del
Gobierno y de su ministerio.
Pero ¿en qué quedamos? ¿La reforma que proponen va a incrementar el
ahorro o el consumo? El problema es que ustedes dicen que hacen la
reforma por unas razones y no confiesan las verdaderas. Declaran unos
objetivos inconsistentes y naturalmente después tienen que dar marcha
atrás. En realidad, ni nuestra economía tiene un problema relevante de
ahorro, como muestra la situación de la balanza de pagos, ni está
demostrado en ningún lado que el ahorro total de un país esté
determinado por su fiscalidad. Estados Unidos y el Reino Unido, sin ir
más lejos, tienen una de las presio-nes más bajas del mundo occidental y
son también los países que menos ahorran. Más bien, está claro para todo
el mundo que, entre los condicionantes del aho-rro, la imposición
desempeña un papel marginal, aun-que afecte, por el contrario, a los
diferentes instrumen-tos a través de los cuales se canaliza, se expresa
ese ahorro, como después diré.
Los expertos calculan que el 70 por ciento del incre-mento de renta
disponible de las familias que puede producir la reforma se desviará al
consumo. Sin duda, en eso se basan ustedes para decir ahora lo contrario
de lo que han venido diciendo. Ahora se trata de impulsar el consumo
para garantizar el crecimiento ante los efectos derivados de la crisis
financiera. ¡Qué audaz giro keynesiano! ¡Quién les ha visto y quién les
ve! Cualquier argumento, uno y su contrario, les sirve a ustedes, como
si esto fuera una feria en la que se puede utilizar no importa qué
argumento con tal de que el ejercicio de ilusionismo se mantenga. Pero,
entretanto, nuestro diferencial de inflación con los paí-ses del euro se
amplía y los tipos de interés deberán recorrer además un camino de
descenso más largo del que estaba previsto. Eso sí es preocupante. Y
ustedes están echando gasolina a un fuego.
Decían ustedes que esto servía para aumentar el empleo. Para explicar
cómo y por qué no utilizaban hasta hace poco los argumentos keynesianos
de los que ahora echan mano, sino una curiosa versión de la lla-mada
brecha fiscal existente entre el salario que paga el empleador y el que
recibe el empleado, formada por las cotizaciones sociales y por los
impuestos sobre la renta. Con respecto a su promesa de rebajar cuatro
puntos las cotizaciones sociales, no se cumple -el señor Rato, ausente,
no se acordará seguramente de algo que estará deseoso de olvidar, aunque
estaba en su programa electoral-, encuentran en la rebaja de la
fiscalidad sobre la renta la forma de abaratar el coste del trabajo y
por esa vía -dicen- incrementar tam-bién la demanda de trabajo. Poco les
importa a ustedes que nuestra brecha fiscal sea de las más bajas de
Euro-pa o que los problemas para la creación de empleo no se encuentren
fundamentalmente en su coste, ni parece sonrojarles que con este enfoque
sigan defendiendo una curva de Laffer que ya ni siquiera el propio
Laffer defiende.
El problema es que, con su razonamiento, el coste del factor trabajo
sólo se abarata si, con la excusa de la rebaja impositiva -fíjense bien
lo que les digo-, los empresarios pugnan por apropiarse de parte de esa
mayor renta disponible de los trabajadores, ofreciendo a cambio menores
subidas salariales. Lo han dicho ya -y es lo grave- altos representantes
del Gobierno, del Ministerio de Economía y lo ha casi prometido el señor
Rajoy en su aplicación a los funcionarios. En ese caso estaríamos en una
situación clara de transferencias de renta del Estado y de los
trabajadores a favor de los empresarios. ¿Es eso lo que ustedes
defienden? ¿Apro-vechar la reforma para introducir un descenso de los
salarios en beneficio no del empleo, sino de las rentas empresariales?
Porque, de no ser así, su argumento es perfectamente inconsistente, no
tiene ninguna lógica económica. En esto, como en tantas otras cosas,
uste-des han elevado a categoría la práctica política de decir una cosa
cuando en realidad están haciendo otra, que con frecuencia es la
contraria. Señalan unos objetivos, unas consecuencias económicas de la
reforma fiscal
que proponen, cuando sus objetivos y sus
consecuen-cias son otros. Su fomento del ahorro, elevado a virtud
teologal en todos los breviarios conservadores desde tiempo inmemorial,
encubre lo que encubre, beneficios fiscales para quienes perciben rentas
del capital, que no son por cierto fundamentalmente los pequeños
aho-rradores, a los que han quitado las exenciones mínimas que
anteriormente existían. Y su estímulo a la creación de empleo sólo puede
venir o por un incentivo keyne-siano de la demanda, que ustedes dicen no
compartir, o de unos salarios menores en beneficio de los empre-sarios,
que ustedes anuncian ahora por doquier.
La reforma no nos acerca, nos aleja de Europa, seño-rías.
Esta reforma no nos aproxima a lo que se está haciendo en otros países
europeos ni a las reformas que, como la alternativa que ha presentado mi
grupo, están proponiendo también otros partidos y gobiernos socialistas.
Aunque en su propaganda lo repitan una y mil veces, y pueden hacerlo
hasta cien mil, no es cierto ni lo uno ni lo otro. La experiencia
comparada lo que nos indica son dos hechos: primero, que las diferencias
entre los modelos nacionales de impuesto de la renta son tantas que sólo
se puede hablar de modelo euro-peo utilizándolo como licencia poética,
pero sin nin-gún rigor. No hay un modelo europeo. Segundo, que casi
todos los países de la OCDE que han acometido reformas en los últimos
años han hecho retoques más o menos profundos en sus impuestos sobre la
renta con dos características: una, el menor peso de los impues-tos
sobre la renta en el conjunto de ingresos públicos se ha compensado con
incrementos en otros impuestos indirectos o con elevaciones en
cotizaciones sociales.
(El señor vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) Así
consta, por ejemplo, en la propuesta de reforma del Gobierno conservador
alemán, ése que formaba con el señor Aznar el último reducto de la
derecha en Europa, o en la reciente propuesta del Gobierno socialista
francés, desde otra perspectiva, donde se eleva la imposición sobre el
capital precisa-mente para compensar el descenso sobre los impuestos que
gravan el trabajo, a fin de permitir -en este caso sí- un aumento de la
contratación y del empleo. Y otra, en todos los casos la rebaja de los
tipos impositi-vos ha venido acompañada de sustanciales ampliacio-nes en
la base, en las bases imponibles, precisamente para reducir las pérdidas
recaudatorias y mejorar la equidad del impuesto.
Pues bien, en este caso, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario.
Dicen que no van a compensar las pérdidas de ingresos públicos que
pueden afectar nega-tivamente a la suficiencia financiera del Estado, de
nuevo por esas pintorescas teorías fiscales de Reagan, según las cuales
el descenso de impuestos estimulará la actividad económica hasta el
punto de casi autofinan-ciar el coste de la reforma. Nadie, nadie,
nadie, en el mundo, salvo quizá ustedes, cree eso ya. Por tanto,
seguirán con su práctica de decir una cosa y hacer otra.
Dirán que bajan los impuestos, cuando en realidad solamente pretenden
bajar uno, éste, y subirán los indirectos, los precios regulados, las
tasas, haciendo más injusto el reparto de la carga tributaria en España.
Por otro lado, como su reforma reduce las bases imponi-bles en dirección
contraria de lo que ha hecho el resto de los países europeos, tampoco
avanzaremos en la línea de la convergencia hacia un eventual, en algún
momento, modelo europeo del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.
¿Acaso están ustedes en disposición de comprometer-se en este momento a
no crear nuevos impuestos o tasas -lo que han venido haciendo en los
últimos dos años- y a no elevar la presión tributaria de los que ya han
creado? Reconocerán conmigo que en esto tienen nula credibilidad, a
partir de la práctica de estos dos años, puesto que en los dos últimos
años han elevado ustedes en 1,6 puntos, según la OCDE, la presión fiscal
de este país, exactamente lo contrario de lo que ocurrió en los años que
transcurrieron en el período 1992/1995.
Es lo contrario de lo que dicen en su propaganda y lo contrario de lo
que pretenden seguir diciendo.
Y nos alejan todavía más de Europa, porque, si tene-mos en cuenta su
impacto sobre las posibilidades de financiar la cohesión social y la
igualdad de oportuni-dades, que es la característica diferencial del
modelo de sociedad europeo, esto no es sino un riesgo, un pro-blema, una
hipoteca. Pero de esto volveré a hablar.
Discriminan ustedes la renta según su origen. Recha-zamos por ello su
propuesta, porque en ella se consa-gra la discriminación que ya
introdujeron, con enorme claridad, al principio de su mandato, en la
tributación por fuentes de renta. No todas las rentas van a contri-buir
por igual. Las del trabajo lo hacen con una escala progresiva que llega
hasta el 48 por ciento -alejado por cierto del 40 por ciento que habían
prometido-, mientras que las plusvalías lo hacen con un tipo único del
20 por ciento, cualquiera que sea su cuantía, el resto de las rentas del
contribuyente y su plazo de maduración.
Esa modificación profundamente injusta no tiene ya a su favor ni
siquiera el argumento de fomentar el aho-rro a largo plazo, como tenía
el modelo anterior, en el que el factor tiempo de la inversión jugaba un
papel fundamental, pero, además, ha provocado ya una pro-funda
modificación en los instrumentos que captan el ahorro, en detrimento de
las cuentas bancarias, en beneficio de los fondos de inversión, lo que,
entre otras cosas, ha contribuido a esa llamarada especulativa que ahora
se paga con la actual caída. También va a arras-trar necesariamente a
una modificación similar en el tratamiento de las otras rentas del
capital, con lo que caminamos hacia dos impuestos: uno sobre las rentas
del trabajo y otro, menor, por supuesto, y proporcio-nal, no progresivo,
que grava las rentas del capital. Con ello, evidentemente, ustedes dan
pasos acelerados hacia los viejos impuestos producto del franquismo,
anteriores a la reforma de 1978. (Aplausos.) Si ustedes creen que eso es
avanzar hacia la modernidad o, como pretenderían ustedes, hacia el
centro, allá ustedes. A mí me parece que van ustedes lanzados hacia el
pasado.
Un impuesto regresivo. Alteran el reparto de la carga
tributaria. No se trata ya de si todos pagan más o menos que antes,
porque es perfectamente posible imaginar una situación en la que todo el
mundo teóricamente pagara algo menos que antes y, sin embargo, que el
reparto de la carga fuera más regresivo. Los mayores beneficios de su
reforma se sitúan en rentas a partir de 10 millones de pesetas y, tal y
como han reconocido algunos estudios publicados, los menos beneficiados
son precisamente las rentas medias y bajas. Aun si se aceptara que todos
fueran a pagar menos, cosa que, como luego diré, es falsa, los
contribuyentes situados en los tramos altos de renta pagarán mucho menos
que el resto, por más juegos malabares que quieran ustedes hacer con los
porcentajes y más vueltas que den a las medias.
Sin que ahora podamos entrar en un cálculo o en un debate sobre cálculos
o sobre ejemplos de contribuyen-tes, son tres los elementos conceptuales
básicos en su propuesta que reducen esta progresividad para conver-tirla
en regresividad. En primer lugar, el vaciamiento de la base imponible,
que se produce como consecuencia de sacar de la misma las plusvalías, al
que ya me he referido. En segundo lugar, la recuperación que efectú-an
de la vieja idea del mínimo vital, interpretada en la manera en que
ustedes lo hacen. Y, en tercer lugar, naturalmente, la estructura de la
nueva tarifa.
Desde el informe Carter, señorías, en 1996, origen de todos los actuales
impuestos sobre la renta en el mundo, es mucha la doctrina y la
jurisprudencia que ha aparecido, también en nuestro país, en defensa de
un mínimo existencial no gravable por el impuesto. El reconocimiento de
ese mínimo existencial no gravable, más allá de cuál sea su cuantía, que
es discutible, se puede hacer en el impuesto de dos formas: reduciendo
la base imponible o reduciendo la tarifa, mediante un tramo inicial a
tipo cero. Ambas formas pueden ser res-petuosas con la defensa de un
mínimo vital no grava-ble, como han reconocido sentencias de distintos
tribu-nales.
En España se ha optado, hasta ahora, por la segunda fórmula, incluyendo
en la tarifa un tramo a tipo cero, que, por cierto, hoy llega hasta las
primeras 467.000 pesetas en declaración individual, y un conjun-to
adicional de deducciones personales en la cuota.
Ahora, ustedes dan marcha atrás de lo que hicimos hace algunos años y
proponen que ese mínimo exento se deduzca de la base imponible,
procediendo, además, a una reordenación de las actuales deducciones
perso-nales en cuota, que también pasan a ser restadas de la base
imponible. Pero, con ello, lo que hacen es desper-sonalizar totalmente
el impuesto y hacerlo más regresi-vo, por una evidencia elemental,
contra la que no pue-den, ni su propaganda, ni todos los ejercicios de
ilusionismo que quieran hacer. Porque las deducciones en la cuota son
lineales e iguales para todos, mientras que las efectuadas en la base
imponible se traducen en rebajas fiscales, tanto mayores cuanto mayor
sea el nivel de renta del sujeto pasivo y, por tanto, su tipo impositivo
aplicable. Han intentado echar humo sobre este elemento clave de su
propuesta, pero sin éxito.
Permítanme que, sin entrar a traer toda la bibliogra-fía existente sobre
el tema, efectúe nada más una cita.
Dice textualmente: El sistema de deducción en la cuota es menos
regresivo y por tanto más justo que el siste-ma de deducción en la base,
por cuanto en este último caso la subvención varía con el nivel de
renta, benefi-ciando más a quien más capacidad económica tiene.
Fin de la cita. ¿Saben de dónde es la cita? No, desde luego, de los
malvados miembros del Partido Socialista, sino de la página 22 del
informe de los expertos, que ustedes encargaron como base para la
reforma. Y, lamentablemente, en la misma dirección se ha pronun-ciado el
señor Rato para justificar su propuesta de cam-bio en la tributación de
los gastos por inversión en vivienda, sin preocuparle, al parecer, la
incoherencia en la que incurre entre sus argumentos para defender su
nuevo modelo para la vivienda y el resto de deduc-ciones en cuota que
ahora se trasladan a la base impo-sitiva.
Pero hay más. Antes de la reforma todos los hijos tenían la misma
subvención fiscal en la cuota, con inde-pendencia de cuál fuera el nivel
de renta de los padres.
Con su reforma, al deducirlo en la base, el hijo de las personas con
mayor renta tiene una subvención fiscal efectiva hasta tres veces mayor
que el de las menos favorecidas en términos de renta. ¿Esa es su
política de defensa de la familia y su concepción de la igualdad fiscal?
Se lo pregunto con todo respeto, porque hay cosas que me hieren. Se lo
voy a preguntar personali-zadamente, señor Rato. Usted o cualquier otro
que pudiera estar en situación fiscal parecida a la suya, ¿me quieren
explicar cuál es la insondable razón que a mí se me escapa para que los
hijos de una persona pue-dan valer -fiscalmente hablando, naturalmente-
tres veces más que aquellos que están en una situación eco-nómica
infinitamente peor? ¿Por qué pueden valer los hijos del chófer de uno,
por ejemplo, tres veces menos -fiscalmente hablando- que los hijos de
una persona que se sitúe en unos niveles más altos de renta? ¿Qué razón
profunda hay para explicar a la gente que los hijos de uno tienen un
valor distinto que los del otro? (Rumores.- Aplausos.) Además, el
recorrido de la tarifa aumenta de forma rápida en los tramos inferiores
mientras que ralentiza ese crecimiento conforme nos vamos desplazando
hacia los tramos de renta más ele-vados.
Este es el conjunto que permite también decir que, naturalmente,
aquellos a los que ustedes querían favorecer con su reforma tienen
buenas razones para estar insatisfechos incluso si se han quedado a
medio camino de lo que les habían prometido. Pero siempre se empieza por
algo y ya habrá tiempo de profundizar en lo que ahora empiezan a hacer.
No simplifica, señorías, la declaración. Ustedes utili-zaron desde la
oposición el argumento de que quienes anteriormente estaban en el
Gobierno habían concebi-do un impuesto excesivamente complejo. De nada
valieron todos los esfuerzos para poner en marcha el
programa
Padre, la aplicación de la declaración simpli-ficada, la abreviada y
tantos otros medios que se pusie-ron a disposición de los
contribuyentes; seguían dicien-do que era excesivamente complicada. Pues
bien, que se amarren los machos los ciudadanos si esto entra en vigor,
porque hacer la declaración de la renta el año que viene, si como digo
esto se aprueba, va a ser una proeza para quien esté pagando la
vivienda, tenga un seguro o haya realizado un activo financiero. La
canti-dad de exenciones, de tratamientos privilegiados, de regímenes
transitorios, de compensaciones anunciadas sin especificar cómo se harán
que ustedes han introdu-cido deja pequeño el esfuerzo de las dos tarifas
que hasta ahora existían, incluso en aquellas comunidades que no han
aceptado el nuevo modelo de financia-ción.
No digan que eximir de la obligación de presentar la declaración a no sé
cuántos millones de contribuyen-tes de renta baja es ya suficiente
simplificación porque con que sólo tengan que pedir una beca o una
vivien-da de protección oficial, tendrán que hacerla de todos modos para
poder justificar sus ingresos ante el orga-nismo oficial
correspondiente. Sin contar con todos aquellos que tengan derecho a
otras deducciones cuya cuota final sea a devolver, o tengan ingresos
distintos del trabajo por modestos que sean. Pretender ajustar sus
retenciones exactamente a la cuota para que no tengan después que
presentar declaración, introduce tal complejidad para tener en cuenta
las circunstancias en la práctica que será inviable -ya les anuncio-
para la inmensa mayoría de supuestos beneficiarios.
La reforma no es neutral entre distintos activos. No es neutral y, lo
que es peor, introduce discriminaciones injustificadas entre unos y
otros. No me refiero, claro está, a que existan distintas formas de
ahorro fiscal-mente privilegiadas, como pueden ser la vivienda o los
planes de pensiones. Forman parte de lo que ya era el ámbito normal de
decisión de esta Cámara y de lo que es nuestra tradición. Me refiero a
las modificaciones sustanciales que han introducido en la regulación
fiscal de estas figuras y, sobre todo, al espectáculo que han dado
durante la tramitación parlamentaria del proyecto en todo lo relativo al
tratamiento de los seguros, desdi-ciéndose sin ningún rubor cada día de
lo que habían dicho el día anterior, para acabar plegándose en todo a
las demandas del sector sin importarles cuán incohe-rentes podían ser
entre sí.
Permítanme algunos ejemplos. ¿Pueden explicar a la Cámara y a los
españoles por qué si, en el momento de la jubilación, un partícipe de un
fondo de pensiones decide recibir globalmente su prestación tiene una
reducción fiscal del 40 por ciento antes de incluirla en la base
imponible y si decide recibirla como renta anual, no? ¿Será porque ello
beneficia a aquellos opera-dores que, como los bancos, están en mejor
disposi-ción para efectuar los pagos de una sola vez? ¿O es acaso sólo
el primer paso para darles a las prestaciones complementarias, que no
están al alcance de todos, un mejor trato fiscal que a las propias
pensiones públicas de la Seguridad Social?
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Eguiagaray, vaya
concluyendo, por favor.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Pero hay más en los seguros de vida. La
parcialidad con la que han actuado en beneficio de los grupos de
presión, en beneficio de los que por su nivel económico pueden acogerse
más a dichas coberturas, es un exponente bien claro de todo lo que está
ocurriendo en torno a la reforma del impuesto.
Paso de largo algunas otras cuestiones que sobre esto se podrían decir.
Ustedes han reducido la flexibili-dad del impuesto. Nuestro impuesto ya
estaba aqueja-do de problemas de flexibilidad. El 1,5 que todavía se
sigue utilizando de flexibilidad del impuesto, de índice de crecimiento
de la recaudación en función de la evo-lución del producto, hace tiempo
que está siendo afec-tado por las medidas que ustedes han tomado. Miren
simplemente lo que ha ocurrido en 1997 y lo que está ocurriendo en el
primer semestre de 1998, con una caída en el impuesto de la renta del 12
por ciento en el tiempo que lleva transcurrido este ejercicio. Tras su
reforma se hará todavía menos flexible como conse-cuencia del
estrechamiento en la base impositiva y el incremento que se va a
producir en los gastos fiscales.
Si su intención es destruir nuestro principal impuesto individual por
capacidad recaudatoria y el único que se basa en una filosofía
progresiva, desde luego lo están consiguiendo, además de contribuir con
eso a una menor capacidad de actuación sobre la evolución cícli-ca de la
economía.
Debilitan la suficiencia financiera del Estado porque ustedes han
partido de dos apriorismos ideológicos que comparten con la derecha más
neoliberal: que cuanto menos Estado mejor funciona todo y, segundo,
vincula-do al primero, que cuanto menos impuestos existan tanto mejor
funciona y más justa es una sociedad o más tolerable. Y no les preocupa
que el Estado tenga los ingresos suficientes para atender aquellas
tareas que hoy cumple y que son básicas desde una concepción solidaria
del mundo, porque ustedes creen que el mer-cado haría todas y cada una
de las cosas mejor que cualquier mecanismo social de provisión pública.
Debo demostrar, señorías, mi grave preocupación por el coste financiero
real de la reforma. Cada día han dado una cifra y, según qué responsable
público, la cifra era distinta. Han llegado a intentar hacer creer a los
españoles que lo que era presentado como la mayor y más profunda bajada
de impuestos para todo el mundo prácticamente no iba a disminuir la
recaudación o, en todo caso, sería cifras ridículas. ¿Cómo consiguen,
señorías, esa multiplicación de los panes y los peces? ¿No les produce
rubor a ustedes mismos? Nuestros cálculos hacen que no nos separemos
segu-ramente de una forma significativa del entorno al billón de
pesetas. Nos llamaron de todo cuando lo dijimos.
Posteriormente han salido informes, desde luego de entidades que nada
tienen que ver con nosotros, que nos sitúan en el entorno a los 750.000,
en todo caso
bastante más cerca de lo que nosotros hemos
dicho de lo que ustedes confiesan. Pero es que, además, si incluimos el
coste indirecto derivado del sistema de financiación autonómico que han
puesto en marcha, una de cuyas piezas básicas es la cesión del 30 por
ciento del IRPF, al trasladar una parte de esa pérdida recaudatoria a
las comunidades autónomas que lo han suscrito, les va a obligar a
ustedes o bien a cambiar la ley de financiación incrementando el
porcentaje de cesión o bien a compensarles vía gasto y, por ejemplo, ya
han aparecido estudios que aquí se han citado sobre cuál podía ser la
reclamación de coste compensatorio por parte de Cataluña, en torno a los
50.000 millones de pesetas. Tan sólo la aplicación del acuerdo del
Con-sejo de Política Fiscal y Financiera, del 27 de marzo, tiene un
coste estimado de 200.000 millones de pesetas mayor de lo admitido como
consecuencia de haber abandonado el principio de corresponsabilidad para
imponer la fórmula de garantía de ingresos, que en este caso pesará
sobre las arcas del Estado en su versión Administración central y,
naturalmente, hará que una parte del coste global de la reforma tenga
que ser sufri-do adicionalmente por el Estado de esta manera.
Estamos, por tanto, ante un problema serio, en un momento en que tenemos
abierta en la Unión Europea la batalla en torno a los fondos de
cohesión; cuando tenemos que cumplir un pacto de estabilidad que obli-ga
a reducir el déficit público hasta conseguir un supe-rávit en
situaciones normales; cuando va a ir aflorando en los años próximos todo
el gasto público embalsado en la contabilidad creativa empleada para
cumplir con los criterios de Maastricht; cuando tenemos por delante
importantes compromisos de gasto respecto a consoli-dación del sistema
de pensiones, del ejército profesio-nal, del nuevo modelo educativo, de
la mejora de las prestaciones sanitarias, de las políticas activas de
empleo, etcétera y cuando todavía la aproximación de tipos de interés va
a seguir obligando a una política monetaria expansiva en un momento en
que se amplí-an con nuestros socios y competidores los diferenciales de
inflación y cuando todavía las turbulencias financie-ras que estamos
viviendo sin duda alguna van a llevar a corregir a la baja -como ya ha
empezado a recono-cer el señor Rato ayer- las tasas de crecimiento de la
economía española, como las de la mundial y las de la economía europea,
que tendrán que flexionar a la baja.
¿Es el mejor momento, señorías, para que nuestra Hacienda pública
renuncie, además de forma insolida-ria y regresiva, a casi un punto de
producto interior bruto para hacer una reforma fiscal de estas
caracterís-ticas? Les recuerdo que esa pérdida de recaudación equivale a
todo el presupuesto del Ministerio de Fomento, a cuatro veces el gasto
en pensiones no con-tributivas, al doble de lo que gastamos
colectivamente en formación profesional y en políticas de empleo. A
medio plazo su reforma implica, para cumplir el Pacto de Estabilidad, o
subidas de impuestos o reducciones en el sistema de protección social.
Para ocultar a la sociedad este dilema hay quien piensa que los buenos
políticos -entre comillas- debieran hacerlo. Están ustedes tratando de
que los ciudadanos sean víctimas de lo que se denomina la ilusión fiscal.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Eguiagaray, vaya
terminando ya, por favor.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Termino, señor presidente.
Ustedes generan inseguridad jurídica; ustedes sola-mente pueden defender
esto a partir de los objetivos que se han planteado, de una clave
electoralista a par-tir de la cual renuncian a ingresos ciertos en
función de eventuales ganancias futuras, con unos beneficiarios muy
claros y con unos claros efectos sobre nuestro pre-sente y sobre nuestro
futuro. No solamente el déficit estructural de la economía española se
incrementará en aproximadamente ocho décimas de PIB, sino que
simultáneamente ponen en cuestión las prestaciones presentes y futuras
del Estado del bienestar, la estabili-dad económica y la posibilidad de
seguir creciendo establemente en los años venideros.
Señores del Partido Popular, miembros del Gobier-no, aliados en esta
reforma del Gobierno que preside el señor Aznar, esta no es la reforma
que este país necesita; es una reforma injusta, es una reforma
impru-dente, es una reforma peligrosa y es una reforma que
lamentablemente la inmensa mayoría de los ciudada-nos -no importa si
algunos se alegran a corto plazo por alguna rebajilla fiscal- tendrá que
pagar en térmi-nos de menores logros, de más inestabilidad, de más
riesgo para el futuro y, desde luego, de renuncia a objetivos ciertos, a
objetivos de solidaridad en el medio plazo.
Ustedes han pretendido presentar esto como si fuera un camino, un viaje
sempiterno en la dirección del cen-tro.
Me parece que es el viaje exactamente hacia el pasado y, sobre todo,
aquello que les consolida a uste-des en las posiciones que han venido
defendiendo: en la derecha, desde luego a la derecha de la UCD que fue
capaz de concebir con otros muchos, con los que está-bamos entonces en
la oposición, una reforma basada en la progresividad y también en un
impuesto sobre la renta concebido a la altura de lo que implicaba el
reto constitucional. Ustedes nos retrotraen a otros tiempos, no para
aproximarnos a Europa, sino para separarnos de ella.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Eguiagaray.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Martí-nezPujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presi-dente, señorías, voy a
fijar la posición de mi grupo e intentar responder a los argumentos que
aquí se han debatido sobre el nuevo Impuesto sobre la Renta.
Decía el señor Eguiagaray que estamos en un acto solemne. Hoy
damos cumplimiento a un compromiso del Partido Popular: bajar los
impuestos. Hoy se hace realidad la bajada de impuestos que anunciamos,
que recogía nuestro programa electoral y que constituía una de las
medidas de política económica. Es la primera vez que bajan los impuestos
de manera generalizada y beneficiando a todos los ciudadanos españoles.
Por otra parte, la reforma se ha hecho contando con un gran consenso
social. Se elaboró un informe -que ha citado el señor Eguiagaray y al
que luego me referiréen el que participaron expertos tributarios,
profesores universitarios, funcionarios del Ministerio de Economía y
Hacienda, que planteó la necesidad de la reforma y las líneas básicas
del nuevo impuesto. Se han pronun-ciado a favor de la reforma multitud
de asociaciones profesionales (gestores administrativos, economistas,
asesores fiscales) y cantidad de asociaciones de tipo familiar, de
discapacitados, etcétera.
Es una reforma que como hoy se ha puesto de mani-fiesto, cuenta con un
gran consenso político en esta Cámara. Señorías, la reforma era
absolutamente necesa-ria y hoy, si cabe, es aún más necesaria. Necesaria
por razones de eficiencia: prepararnos y ser competitivos dentro del
euro, para tener una economía capaz de dar respuesta a los retos de la
globalización económica.
Hemos visto en los últimos días cómo las oscilaciones de los mercados
financieros nos influían diariamente, a una velocidad enorme.
Necesitamos contar con instru-mentos que den respuesta eficiente a esos
retos, nece-sitamos contar con un instrumento de política tributaria que
tenga una elasticidad suficiente. Además, era nece-saria la reforma por
razones de equidad: distribuir con mayor justicia la carga tributaria, y
luego me referiré a ello.
La reforma será un instrumento incardinado en el conjunto de medidas
adoptadas por el Gobierno y apo-yadas por los grupos coaligados para
conseguir un mayor crecimiento y una mayor intensidad en la gene-ración
de empleo, un alargamiento de la fase expansiva del ciclo económico y
una mejora del bienestar de todos los ciudadanos españoles, bajando los
impuestos a todos, pero especialmente a asalariados, pensionistas,
familias, discapacitados y ciudadanos de rentas medias y bajas. Con la
reforma conseguiremos dotarnos de un instrumento equiparable al de las
economías más modernas.
Se preguntaba el señor Eguiagaray si el nuevo impuesto nos aleja o nos
acerca a Europa. Todos los países europeos están elaborando el nuevo
impuesto o lo llevan en sus programas electorales. Ahora, el porta-voz
del Grupo Socialista dice que no es oportuna la reforma por razones
absolutamente contrarias a las que utilizó en julio. Dijo entonces que
la reforma no era necesaria porque había un peligro de recalentamiento
de la economía. Decía que con tasas de crecimiento cercanas al 4 por
ciento alguna preocupación, como mínimo de futuro, debía existir y que
la consecuencia del impuesto sería no sólo una reducción de los
ingresos, sino atizar una caldera que empezaba a estar ya
suficientemente caliente. Hoy, absolutamente por lo contrario, porque
hay una situación de inestabilidad en los mercados financieros, también
se opone a la refor-ma.
Se opone a la reforma por una razón y por su con-traria.
Para el Grupo Socialista lo único inoportuno es bajar los impuestos. Era
inoportuno cuando estaban en el Gobierno; es inoportuno ahora cuando
están en la opo-sición; era inoportuno cuando afrontamos una política
económica distinta; es inoportuno ahora que los merca-dos financieros
tienen fluctuaciones: siempre es ino-portuno.
Creo, señorías, que para el Grupo Socialista la reforma de los impuestos
siempre es inoportuna. No quieren bajar los impuestos. Eso es lo que hay
que decir con claridad, porque la última tesis que he oído al señor
Eguiagaray es: vamos a aprobar unas enmien-das, pero que no entren en
vigor. No puede ser más peculiar. Aprobemos una reforma, yo propongo
unas enmiendas, pero digo -no hay ninguna enmienda que lo refrende, pero
lo ha dicho públicamente- que no entre en vigor.
Aquí cada uno tiene su credibilidad. Desde luego, en el tema impositivo,
la credibilidad del Grupo Socialista es manifiesta. Han estado subiendo
los impuestos durante trece años y utilizando la política tributaria
como una política coyuntural, simplemente para ingre-sar más dinero en
las arcas públicas, aunque eso no se ha reflejado en ningún sentido en
control del déficit público; el camino que han seguido ha sido el de más
impuesto, más déficit público.
Señorías, la reforma era oportuna cuando se presen-tó y lo es mucho más
ahora con una coyuntura interna-cional inestable. Necesitamos dotarnos
de un instru-mento eficiente. Muchos países ya lo han hecho, otros lo
están llevando a cabo. Por ejemplo, en Alemania -y antes se refería el
señor Homs a eso- los dos candida-tos, tanto el socialdemócrata como el
democristiano, tienen en su programa electoral una reforma tributaria
que les permita ser más competitivos en los nuevos retos que está
planteando el euro y la economía en estos momentos.
Señorías, la reforma es oportuna. El señor Eguiaga-ray hacía una
referencia al informe Carter. Este impues-to que se hizo siguiendo el
informe Carter, a finales de los setenta, podría servir para finales de
los setenta, pero el actual Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas no es una medicina eficaz para las enfermeda-des de finales de
los noventa. El Impuesto sobre la Renta que se diseñó a finales de los
setenta se hizo sobre un escenario económico donde el crecimiento estaba
garantizado a niveles altos y se está viendo que eso no es así. La
economía japonesa lleva tres trimes-tres seguidos con tasas de
decrecimiento. Se hizo en un momento donde el ahorro era suficiente para
cubrir la formación bruta de capital y ahora hay que luchar en los
mercados para atraer ahorro y para que no se vaya el de uno mismo,
porque el ahorro va a las costas donde encuentra un reposo más cálido.
A finales de los setenta había un Estado muy centra-lizado y
ahora tenemos unos niveles de descentraliza-ción de ingresos y gastos
enormes. A finales de los setenta teníamos unas economías muy cerradas y
muy intervenidas y eso ahora ya no sucede. Necesitamos un nuevo
impuesto. En la últimas dos semanas -se refería el señor Eguiagaray a
ello- se ha visto que las econo-mías menos vulnerables eran las que se
habían dotado de recursos para hacer frente a esos retos. La economía
española ha sufrido menos en estas últimas semanas porque había iniciado
ya un camino de reformas que le permitía posicionarse cómodamente para
hacer frente a los retos que se planteaban. En esa línea está la
refor-ma fiscal que hoy queremos llevar a cabo.
Los movimientos internacionales afectan a todos los países, pero afectan
menos cuando se han cumplido previamente los deberes. Parece que para el
Grupo Socialista la mejor receta es no hacer nada. Para noso-tros la
mejor receta es tomar antídotos, la mejor receta es prepararnos para ser
competitivos, la mejor receta es profundizar en las reformas y quizá la
más importante es la reforma tributaria, seguir en el camino de las
libe-ralizaciones económicas y del rigor presupuestario. ¿Se imaginan,
señorías, lo que ha pasado durante estas últi-mas semanas con una
situación de déficit público alto, con tipos de interés altos y sin
estar en la Unión Eco-nómica y Monetaria? Habría sido un desastre. Pues
así estábamos hace dos años.
Si sorprende el argumento del señor Eguiagaray en torno a la
inoportunidad de la reforma, mucho más sor-prendente es el argumento del
coste. Dice el señor Eguiagaray que la reforma no es viable. No sé si su
grupo ha evaluado sus enmiendas. Parece que dijo que era el 70 por
ciento de un billón, es decir, 700.000
millones de pesetas. En 700.000 millones ha valorado sus enmiendas,
señor Eguiagaray, ¿y habla aquí de coste? Sólo una de sus enmiendas
-que, además, favo-rece a rentas altas- tiene un coste de más de 200.000
millones de pesetas.
El señor Eguiagaray ha hablado de credibilidad. De credibilidad de
previsiones, el Grupo Socialista tiene la justa. El Grupo Parlamentario
Popular que da soporte al Gobierno lleva tres años aprobando y
gestionando un presupuesto público y siempre se han cumplido las
previsiones económicas. Alguna credibilidad habremos ganado. Quizás el
argumento más fácil es decir: No tie-nen ustedes credibilidad, y nos lo
están diciendo desde el principio, desde el primer día. En octubre de
1996
uno de los líderes actuales del PSOE dijo en letra gran-de:
El Gobierno no logrará el objetivo de Maastricht con estos presupuestos.
No me cabe duda de que dirán lo mismo con los pre-supuestos de 1999,
como dicen con el IRPF, como con cualquier ley que pasa por este
Parlamento. Señorías, al final, como decía Einstein, la realidad siempre
acaba asesinando a la teoría y, mucho más, a la demagogia.
La teoría que ustedes tienen hoy no es oportuna para sacar a este país
adelante. Nosotros hemos planteado una reforma que tiene un coste que
está medido, un coste que se estima en una pérdida de recaudación de
375.000 millones de pesetas, un coste que está ya reco-gido en el
Programa de Convergencia y que se hace compatible con aumentar el gasto
social, con aumentar las inversiones. Evidentemente, para hacer la
reforma ha habido que recorrer un camino, el camino que noso-tros
dijimos que había que recorrer. Primero, había que controlar el gasto
público, había que reducir el déficit, había que aumentar los gastos
sociales y luego plantear la reforma. Eso es precisamente lo que se
hizo. Hemos pasado de un déficit público que estaba en el 7,3 por ciento
a un déficit que está en el 2,2 por ciento; hemos reducido la deuda en
relación al PIB, desde el 69,7
al 67,7 por ciento; hemos aumentado los gastos sociales, que han pasado
a tener un peso en el presupuesto del 50
por ciento cuando con ustedes tenían un peso del 47 por ciento; hemos
aumentado los gastos en sanidad como nunca en la democracia española, en
más de 360.000
millones de pesetas; hemos aumentado los gastos en educación por encima
del presupuesto... (Rumores.) Son datos y sólo los tontos discuten de lo
obvio. Uste-des se han pasado años haciendo demagogia, diciendo que era
imposible reducir el déficit, bajar los impuestos y aumentar el gasto
social. Ahora siguen erre que erre con su discurso, porque es más fácil
hablar de ricos y de pobres que plantear una alternativa seria.
Señorías, las enmiendas del Grupo Socialista -ya tendremos ocasión de
verlo en las votaciones- no constituyen una alternativa seria que vaya a
ser apoya-da por muchos grupos de la Cámara. Ya me gustaría, señor
Eguiagaray, saber si el señor Saura o el señor Ríos le van a apoyar las
enmiendas relativas a la bajada de los tipos marginales -nosotros
decimos el 48 y usted el 50 por ciento-, si van a apoyar esa enmienda
del splitting que favorece a las rentas más altas; ya lo veremos, señor
Eguiagaray, porque eso sí que dura poco.
Su alternativa, señor Eguiagaray, no es seria. Siguen con el discurso de
ricos y pobres. Usted ha venido hoy aquí a seguir con el discurso de
ricos y pobres y nos ha hablado de lo que ya hablaron en junio de 1996,
del tratamiento de las plusvalías. Nos dice que se va a vaciar el
impuesto. No, nosotros hacemos una base especial que tributa al 20 por
ciento. Con ustedes las plusvalías estaban exentas por el transcurso del
tiempo.
Un señor que ganaba mil millones de pesetas podía no pagar nada, como
hemos visto recientemente, señor Eguiagaray. Con la reforma fiscal suya
plusvalías de muchos cientos de millones de pesetas estaban exentas por
el transcurso del tiempo. No poner una tributación homogénea a la del
resto de Europa significa vaciar de contenido el impuesto. Nos dijeron
que el tipo fijo al 20 por ciento no era bueno, que lo mejor era la
exen-ción por el transcurso del tiempo. Pero luego vemos que el señor
Almunia -uno de sus líderes- va a reu-nirse con un grupo de empresarios
y les dice que no va a modificar el marco tributario de las plusvalías;
que le parece que el marco aprobado en julio de 1996 -está en las
declaraciones realizadas por el señor Almunia a
la salida de
la reunión, se las puedo enseñar- no lo va a modificar. Pero
posteriormente ustedes plantean una cuestión distinta, que es que
tributen al tipo medio. Y, señorías, no hay quien se aclare con ustedes,
porque cada día dicen una cosa distinta.
Hablan de plusvalías, hablan de ricos y pobres y no analizan lo que
sucedió anteriormente. Señor Eguiaga-ray, usted ha mencionado el ciclo
1992-1995. Ya que usted lo ha hecho yo lo recordaré, no pensaba hacerlo.
Pero es que con la reforma del señor Borrell del año 1991, que entró en
vigor en 1992, al 80 por ciento de los ciudadanos con rentas más bajas
les aumentaron los impuestos en 130.000 millones, pagaron 130.000
millo-nes más y su aportación al impuesto pasó del 28 por ciento al 31
por ciento. Y, sin embargo, en la reforma del señor Borrell, al 20 por
ciento de los ciudadanos con rentas más altas se les rebajaron los
impuestos en 130.000 millones de pesetas y bajaron su aportación al
impuesto del 72 al 68. (Rumores.) Y no quería sacar épocas pasadas,
señor Eguiagaray, porque creo que hay que mirar al futuro, pero usted lo
ha recordado.
Desde 1982 a 1984 -es un estudio que no ha hecho mi grupo, es un estudio
del Registro de Economistas y Asesores Fiscales- las rentas entre uno y
dos millones de pesetas aumentaron su presión fiscal en el 65 por
ciento; entre dos y tres millones, en el 60 por ciento y, sin embargo,
las de más de cinco millones sólo en el 31
por ciento. Señorías, no hablen más de ricos y pobres.
Porque con la reforma actual, los ciudadanos que tie-nen rentas
inferiores a dos millones de pesetas se van a ahorrar un 30 por ciento y
si son asalariados o pensio-nistas ese ahorro va a llegar al 50 por
ciento. Ahora pagan 1.758.000 contribuyentes y van a dejar de pagar, de
ellos 521.000 son pensionistas. Las rentas entre dos y tres millones se
ahorrarán el 15 por ciento y las ren-tas superiores también se
ahorrarán, porque el impues-to supone una bajada para todos, pero sólo
en un 6 por ciento. Sin embargo, ustedes seguirán con el discurso de
ricos y pobres.
Creo que hay poco que hacer. Quizá prefieren ese discurso más demagógico
que entrar a fondo en un modelo alternativo. Con esto, señorías, se
olvidan de los 521.000 solteros que ganan dos millones de pesetas, que
se están comprando un piso y se van a ahorrar 83.000 pesetas. Y se
olvidan de los 630.000 matrimo-nios con dos millones de ingresos, que
tiene dos hijos, y que se van a ahorrar 109.000. Alguno de ustedes me
dirá que 109.000 pesetas no es mucho. Quizá no es mucho para usted, no
es mucho para un señor con ren-tas altas, pero para un pensionista es
más que su sala-rio mensual. Pero ustedes con lo de siempre: ricos y
pobres. Ya se lo dije, señor Eguiagaray, me recuerdan siempre el dibujo
de Peridis, donde uno le dice a otro:
Nunca cambio de idea, tuve una y le cogí cariño. Así están ustedes,
siempre con el mismo discurso. Y siem-pre cayendo en la contradicción. Y
le voy a decir unas cuantas, señor Eguiagaray.
Presentan una enmienda -que vamos a votar en contra- para mantener los
gastos de sanidad, pero es que el señor Borrell, uno de sus líderes,
hace no mucho tiempo que escribió en un libro que había que eliminar los
gastos de sanidad; lo escribió hace unos meses y, al poco, ustedes
presentan una enmienda. Y todos los ejemplos que han puesto, esos
ejemplos de Internet, tienen una representación nula. Hay ejemplos que
no representan a ningún ciudadano. El conjunto de los 10
ejemplos representa a 100.000 de los 30 millones de ciudadanos y alguno
de ellos a ninguno.
Siguen cayendo en contradicciones. Les hablaba de los gastos de sanidad
que usan para los ejemplos -y perdonen la digresión-, pero siguen con
otras contra-dicciones.
Nos acusan de haber permitido la continui-dad de los negocios familiares
con un marco fiscal favorable (de lo que estamos muy orgullosos, porque
ese es un sistema que permite el crecimiento, que per-mite la generación
de empleo), pero se reúne uno de sus líderes con un grupo de empresarios
y dice que le parece muy bien y que la van a mantener.
Señorías, aquí no estamos discutiendo sobre un modelo alternativo.
Nosotros vamos a apoyar un nuevo IRPF que nos haga crecer, que nos haga
crear empleo y que baje los impuestos a todos. Sí, señor Ríos, a todos;
queremos bajar los impuestos a todos los ciudadanos españoles. Antes
hacía usted una digresión sobre a quién le queríamos bajar los
impuestos. A todos, pero, especialmente, a asalariados y pensionistas, a
discapa-citados, a las familias y a los ciudadanos de rentas medias y
bajas.
Vamos a hablar de asalariados y pensionistas, señor Eguiagaray. El mayor
coste de la reforma lo vamos a gastar en proteger las rentas salariales
porque tenían una situación injusta, porque desde 1991, desde la reforma
del señor Borrell, eran los que más estaban aumentando su participación
en el impuesto. Vamos a proteger a las rentas salariales porque
entendemos que no es normal que el Impuesto sobre la Renta sea un
impuesto sólo de las nóminas. Queremos beneficiar a los trabajadores,
señor Ríos, señor Eguiagaray, y no a las empresas. Por cierto, señor
Eguiagaray, cuando usted ha hablado de las empresas y de las rentas
sala-riales ha mencionado las cotizaciones. ¿Sabe que el señor Borrell,
en el mismo libro, dice que hay que bajar las cotizaciones? ¿Sabe usted
que el señor Borrell des-pués de reunirse con un grupo de empresarios
dijo que había que bajar las cotizaciones cuando aquí, en esta tribuna,
pocas semanas antes, había dicho que la Segu-ridad Social estaba
prácticamente en quiebra? Señor Eguiagaray, vamos a rebajar las rentas
salariales y a aquellos asalariados y pensionistas que ganan menos de
dos millones de pesetas les vamos a reducir los impuestos en un 50 por
ciento; a los que están entre dos y tres millones de pesetas, en un 20
por ciento; a los que están entre tres y cinco, en un 8,4 por ciento, y
a los que tienen rentas superiores a cinco millones, en un 6,2 por
ciento.
Hoy se ha dicho aquí que las rentas de capital iban a pagar más que las
rentas salariales. No es verdad, señor Ríos.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor
Martínez-Pujalte, vaya concluyendo, por favor.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Decía que no es verdad, señor Ríos. Hay
rendimientos del trabajo y rendimientos del ahorro que se generan en un
período mayor a dos años. Efectivamente, tanto los rendimien-tos del
trabajo como los rendimientos del ahorro que tengan un período de
generación mayor a los dos años van a tener unas reducciones, pero se
van a integrar en la base como un rendimiento más. Además, señor Ríos,
es un dato cierto que un millón de pesetas de rentas de capital
generadas en un ejercicio van a pagar más que un millón de pesetas de
rentas de trabajo generadas en ese ejercicio, eso es obvio. Como le
decía, de lo obvio no se discute, se ven los datos, se ve la tarifa.
Han hablado aquí de las deducciones y del trata-miento de la familia. Lo
primero que le pido es que cuando cite un informe lo haga
convenientemente. El informe de los expertos dice lo siguiente: Carece
de todo sentido medir la capacidad de pago respecto a los ingresos netos
antes de tomar en cuenta el mínimo per-sonal de exención, los ajustes
originados por la dimen-sión familiar y aquellos otros exigidos por la
disponibi-lidad de la renta, como en ocasiones se sigue haciendo para
justificar de algún modo una valoración positiva.
Y dice posteriormente que el mínimo personal y fami-liar se tiene que
deducir de la base. No cite los infor-mes parcialmente.
Nosotros creemos que hay que hacer tributar por la renta realmente
disponible después de deducir los gas-tos necesarios para una existencia
digna. Señor Eguia-garay, ¿me quiere decir usted hoy aquí que es injusto
que a un discapacitado le pongamos un mínimo perso-nal de 1.150.000 y
que tiene que tener el mismo míni-mo exento que cualquier otro
ciudadano? ¿Me quiere decir hoy usted aquí, señor Eguiagaray, que es
injusto que nosotros concedamos a un discapacitado que su progresividad
se vea reducida como consecuencia del mayor gasto que tiene por su
propia situación? ¿Va a seguir usted manteniendo que eso es injusto? ¿No
se da cuenta de que no se le puede aplicar la misma progre-sividad a un
soltero que a una familia con dos hijos, a un señor que tiene plenas
facultades que a un discapa-citado? ¿No se da cuenta de que no es
posible, que es más progresivo establecer un mínimo personal? Decía el
señor Ríos que las medidas que hemos adoptado en torno al marco fiscal
de los discapacitados eran buenas. Yo no sé si eran buenas o malas, lo
que digo es que son medidas justas, que es el reconoci-miento a un
colectivo que tiene una situación especial y que se lo merece, y por eso
nosotros hemos querido adoptar en este IRPF, por primera vez, un marco
fiscal que se adecue a las situaciones de los discapacitados, un marco
fiscal global que les dote de un mínimo per-sonal y familiar, que
incentive la integración de los dis-capacitados al mundo laboral para
que se sientan más útiles a la sociedad y más realizados como personas,
unos incentivos fiscales que les permitan llevar a cabo las obras de
adaptación para romper las barreras arqui-tectónicas de sus viviendas, y
además, señor Ríos -y voy concluyendo, señor presidente- un marco fiscal
que establezca un sistema de previsión social comple-mentaria, que usted
creo que no lo ha entendido, por-que no es para que aporte el
discapacitado, sino para que aporten los familiares, para que aquellas
familias que tienen un discapacitado en su seno puedan garan-tizarle un
futuro mejor y planificar una situación para que en el futuro se pueda
mantener sin necesidad de que las familias tengan la angustia de qué
será de esa persona.
No vamos a votar las enmiendas -tengo poco tiem-poque rompen el esquema
del impuesto. Decía que en Comisión le habíamos aprobado dos enmiendas,
señor Ríos; hoy le vamos a aprobar otras dos que van en la línea de la
lucha contra el fraude. Siempre -y el señor Saura también se ha referido
a eso- van a encontrar a nuestro grupo parlamentario en la lucha contra
el fraude. Siempre vamos a estar dispuestos a aprobar medidas que
incentiven y mejoren la lucha contra el fraude. Queremos que bajen los
impuestos para todos, pero que paguen todos. Le puedo garanti-zar, señor
Ríos, en esta línea de lucha contra el fraude, que no va a haber
amnistía fiscal, que las dos amnistías concedidas por el Grupo
Parlamentario Socialista noso-tros no las vamos a repetir, que no va a
haber amnistía y vamos a seguir luchando contra el fraude. Antes decía
el señor Saura que, según los datos, la lucha contra el fraude no iba
bien. No es el momento de discutirlo, pero sí por lo menos de decir que
este año se ha aumentado el descubrimiento de fraude en un 12,4 por
ciento y se ha situado en 437.000 millones de pesetas hasta el momento,
porque no se pueden dar datos fal-sos y no rebatirlos.
Vamos a apoyar las enmiendas transaccionales que mi grupo ha presentado
a Convergència i Unió. Creo que en esa línea sería quizá conveniente dar
alguna vuelta más al sistema de previsión social complementa-ria, a la
situación de los discapacitados, en el Senado, pero, señorías, creo que
necesitamos un impuesto más eficiente, más simple y más justo, y el
impuesto que vamos a aprobar hoy responde a estas necesidades. Yo no sé
cómo van a explicar a los ciudadanos, señores del Grupo Parlamentario
Socialista...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Termine, señor Martínez-Pujalte,
por favor.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Termino.
Decía que no sé cómo van a explicar a 30 millones de ciudadanos que no
es el momento oportuno de bajar impuestos (Rumores.) Cómo explicarán a 14
millones de asalariados y pensionistas que van a pagar menos y que eso
es inoportuno. Cómo van a explicar a 3,5 millones de personas que no
tendrán que hacer la declaración que eso es peligroso. Cómo van a
explicar a 9,2 millones de pensionistas que no van a tributar por su
vivienda que no es el momento de que dejen de
pagar por ella.
Cómo dirán a las familias o a los disca-pacitados que no es justo que se
tribute por la renta disponible. ¿No será más fácil, señores del Grupo
Parla-mentario Socialista, decir que hay que afrontar todas estas
reformas para crecer, para crear empleo, para seguir trabajando, para
garantizarnos un futuro mejor? ¿No será más fácil, señores del Grupo
Parlamentario Socialista, que se dejen de mirar al pasado y entre todos
miremos al futuro para afrontar los retos que supone la Unión Económica
y Monetaria, que supone la globaliza-ción de los mercados? (Rumores.)
¿No será mejor que sigamos trabajando para evitar que el paro en España
sea un azote, para mejorar el bienestar de los ciudada-nos y
equipararlos a los ciudadanos europeos? Mi grupo, señores del Grupo
Parlamentario Socialis-ta, va a seguir trabajando (Varios señores
diputados:
¡No, no!) en esa línea, porque no vamos a estar tran-quilos hasta que
deje de haber un parado o que haya un señor por debajo del umbral de la
pobreza.
Gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Martínez-Pujalte.
Como conocen SS.SS., el debate fue planteado en la Junta de Portavoces
con una intervención de cada uno de los grupos, y solamente aquellos
grupos que hayan sido contradichos por el portavoz pueden solicitar un
turno de tres minutos. (El señor Saura Laporta pide la palabra.) Señor
Saura, efectivamente, la Presidencia lo ha advertido y tiene tres
minutos.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
He sido contradicho en dos aspectos. El primero, el del fraude. Es
curioso que yo he lanzado una acusación directa al Gobierno; he dicho
que cómo el Gobierno puede decir que lucha contra el fraude fiscal
cuando el abogado del Estado que representa al Gobierno y al Ministerio
de Economía ha solicitado recientemente el archivo de un expediente de
posible delito contra el Banco de Santander.
Pero además el señor Martínez-Pujalte me ha dado unas cifras. Le digo
aquí, señor Martínez-Pujalte, que esas cifras están trucadas, y cuando
digo eso soy cons-ciente de lo que estoy diciendo y de que tendré que
demostrarlo. La lucha contra el fraude es un desastre y las cifras que
se han dado dado han sido distintas. El señor Rato dio unas aquí, el
señor Costa otras y el señor Martínez-Pujalte ha dado unas hoy que no se
corresponden con la realidad.
Y la segunda contradicción, señor Martínez-Pujalte, es que ustedes han
cabalgado durante dos años sobre una situación económica irrepetible;
internamente irre-petible e internacionalmente irrepetible. Y hoy el
pro-blema de fondo, señor Rato, es qué piensa usted del estudio del BBV.
Señor Rato, del estudio de Argentaria qué piensa usted. Señor Rato, del
estudio de la Cámara de Comercio qué piensa usted. Cuando esos estudios
dicen que el coste es de 750.000 millones al año y usted dijo 300.000
-figura en el «Diario de Sesiones'- ¿qué piensa? ¿Cómo es posible, señor
Rato, que su Gobier-no, hoy, niegue 122.000 millones de pesetas a la
cober-tura de desempleo y no conteste usted aquí hoy a esas cifras y
estudios que no son de los partidos de la opo-sición? El señor Martínez-
Pujalte sube a la tribuna y no hace una sola referencia. ¿Qué debate es
éste? ¿Que ustedes han cumplido, que han hecho no sé qué? Lo que ustedes
han hecho -han hecho cosas que están bien- es irrepetible; pero el
problema de fondo, hoy, es que el Gobierno está solo en este país,
absolutamen-te solo, e intenta esconder que el coste de la recauda-ción
de esta reforma va a minar las bases del Estado de bienestar. Este es el
problema y esta es una herida que va a quedar en la sociedad española.
Y, por nuestra parte, vamos a dar la batalla, conjuntamente con todos
aquellos sectores que estén -insisto- por una socie-dad más justa.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Saura.
Señor Ríos. (Rumores.) Silencio, por favor, señorías.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Si no queréis oir, si os parece nos vamos; si
tenéis prisa por iros a comer, yo también.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ríos, no se altere su
señoría, que no es hora de altera-ciones.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, señorí-as, voy a utilizar los
tres minutos en las tres preguntas que ha formulado el portavoz del
Grupo Parlamentario Popular a lo que pudiéramos llamar centro de nuestra
propia discusión. Ha dicho S.S.: cómo le van a explicar ustedes a los
pensionistas, a las rentas bajas, que no quieren bajarles los impuestos.
Les vamos a explicar nuestra enmienda, la que yo he defendido aquí. Y
nuestra enmienda dice que mientras ustedes proponen bajar a las rentas
bajas el marginal al 18 por ciento, nosotros proponemos bajarlo al 17
por ciento. Y se lo vamos a explicar. Y también les vamos a explicar que
nosotros, que no llevábamos en el programa electoral que iban a estar
exentas las rentas sobre invalidez y las pensiones producidas por
incapacidad, que ustedes sí llevaban, queremos que estén exentas. ¿Les
va a expli-car a las 17.000 personas que cobran pensión por inca-pacidad
-que en el año 1994 empezaron a cotizar en el IRPF y que ustedes les
prometieron que iban a estar exentas- por qué no lo van a estar a pesar
de haberlo defendido en su programa? Porque lo van a introducir en el
mínimo vital. ¿Quiere usted decirme cómo una persona con dos millones de
renta va a tener un míni-mo vital de tres millones y medio? El mínimo
vital de tres millones y medio lo tendrá quien pueda tener una renta de
12 millones. Y les vamos a explicar por qué nosotros no estamos
dispuestos a poner los 100.000
millones de pesetas que podemos gastar en educación,
en
sanidad y en política social en manos de los 134.000
españoles que ganan más de 12 millones de pesetas al año. Se lo vamos a
explicar. Y ustedes deben explicar por qué prefieren quitarlos de esas
políticas y ponerlos en manos de esos ciudadanos.
Usted ha venido a plantear el tema de los minusváli-dos, las
minusvalías. Yo le he dicho que en el tema de la vivienda les vamos a
apoyar. En la desgravación de ese fondo de pensiones van a participar el
padre, el hijo, el primo, hasta el tercer grado. ¿No hay más fór-mulas
que fondos de pensión para apoyar a los minus-válidos? ¿No hay otra? ¿Es
esa la que se les ha ocurrido a ustedes? Pues nosotros no la
compartimos. Hay muchas fórmulas. Sistemas complementarios privados.
¿Por qué no hay garantías para todos por igual? ¿Cuán-tos ciudadanos
pueden ahorrar 2.200.000 pesetas des-pués de comer, después de gastar y
después de vestir-se? Los que tienen rentas más grandes. Ustedes hacen
una propuesta que favorece a los minusválidos dentro de eso. Yo no
comparto ese criterio. Me parece legíti-mo que ustedes lo quieran
defender.
Usted ha venido a decir cómo podemos estar defen-diendo la idea
contraria a la renta disponible. Nosotros hemos dicho que el criterio
que ustedes proponen de trasladar deducciones a la base imponible
significa que a la hora de aplicar la cuota a quien tiene una base que
ha estado desgravando una acumulación de beneficios se va a beneficiar
más que los ciudadanos que ahora mismo pueden estar exentos. Hemos hecho
una pro-puesta que reduce la presión fiscal a las capas medias.
Lo que usted ha dicho aquí. Nosotros no queremos que paguen más las
capas medias. Fíjese que estamos hablando de dos a seis millones de
pesetas al año.
Nuestras propuestas de tarifas, tanto en sus tramos como en su marginal,
son menores que las que propo-nen ustedes.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Termine, señor Ríos.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Termino, señor presidente.
Lo que pasa es que nosotros estamos convencidos de que no es posible
explicar a los ciudadanos, a los cuatro millones y medio de ciudadanos
españoles que han tenido que ir en el mes de junio a pagar porque su
declaración les salía positiva, que hay quienes tienen unas rentas, unas
plusvalías producidas por los benefi-cios al comprar y vender acciones,
algunas de ellas valoradas en cientos de miles de millones de pesetas,
sobre las que no van a pagar o van a pagar al 20 por ciento, porque si
están con el régimen anterior van a pagar al 20 por ciento. ¿Por qué el
otro ciudadano, usted y yo, tenemos que pagar al 34 por ciento y los que
ganan 100, 200, 500, 1.000 millones de pesetas en acciones no van a
tener que pagar nada más que el 20? ¿Por qué? Ese millón no paga igual
que la renta del tra-bajo.
Están haciendo ustedes un impuesto regresivo que, más que un beneficio,
es un castigo para el que trabaja.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ríos.
Señor Eguiagaray, tres minutos.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Muchas gracias, señor presidente. Espero que
me sobre tiempo.
La verdad es que yo no quería prolongar este deba-te, pero me parece que
es hasta un deber de cortesía, teniendo en cuenta el trabajo que se ha
tomado el señor Martínez-Pujalte al contestar, incluso tratar de
prolongar lo que hemos discutido tantas veces, el hacerle dos
puntualizaciones y al mismo tiempo expre-sarle mi agradecimiento.
La primera puntualización es que yo creo que a lo largo de toda mi
intervención no he hablado nunca de pobres y ricos. Ya sé que usted
tenía preparado de antemano el guión y se ha referido a él, pero no he
acertado a captar la causa por la que le repugna tanto que se hable de
pobres y ricos, si es porque existen pobres, porque existen ricos o
porque existen los dos.
No sé exactamente si tiene usted alguna manía particu-lar con alguno de
los sectores que integran una parte de la dialéctica de la desigualdad
en nuestro país como en cualquier otro, pero yo no he hablado de pobres
y ricos.
La segunda puntualización que le quería hacer, señor Martínez-Pujalte,
es la siguiente. Se ha enzarzado usted en los problemas de la
credibilidad y ya se sabe que el estereotipo es que los socialistas
suben los impuestos y que, naturalmente, los populares están para
bajarlos.
Lo malo es cuando uno contempla la realidad; y cuan-do uno contempla una
estadística que tampoco está hecha por la ejecutiva del PSOE, sino por
la OCDE, y analiza lo que ha ocurrido entre los años 1980 y 1997
en la presión fiscal de los distintos miembros de la OCDE y se encuentra
con que, después de la crisis que se inicia en 1991, desde 1992 a 1995
la presión fiscal de España, con un Gobierno que saben ustedes que no
presidía el señor Aznar, bajó en 1,6 puntos. ¿Saben en cuánto ha subido
la presión fiscal desde que ustedes gobiernan? Exactamente en 1,6
puntos, de acuerdo con la OCDE. Sin duda alguna, eso no se debe a que no
hayan bajado los impuestos para algunos, claro que sí.
Hay alguna gente, ya lo hemos dicho, a la que le han bajado los
impuestos. Lo que no es verdad es que hayan bajado la presión fiscal que
experimentan la mayoría de los ciudadanos. Esa la han subido, a pesar de
sus promesas y a pesar de su publicidad.
La tercera consideración, y con esto termino, señor Martínez-Pujalte, es
el agradecimiento; mi agradeci-miento porque se ha referido usted a algo
gracias a lo cual, quizás más que con las palabras y las polémicas que
ya durante demasiado tiempo llevamos estable-ciendo sobre esta cuestión,
los ciudadanos puedan salir de algunas dudas, consultando, como usted
veo que ha hecho, cosas tan relevantes y sobre las cuales nos hemos
tomado el trabajo de hacerlas con rigor para que puedan, acudiendo a
Internet, a la página web del PSOE, ver qué es lo que le sale con una
liquidación y
con otra y observar en qué orientación va la
reforma que ustedes propugnan y la que nosotros estamos plan-teando.
Tal vez eso nos ahorre algunas palabras, por-que, frente a tanta
publicidad y a tanta manipulación, un poquito de información suele venir
bien.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Eguiagaray.
Señor Martínez-Pujalte, tres minutos.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presi-dente, hablaba el señor
Saura de la lucha contra el frau-de.
Antes le decía que siempre nos va a encontrar dis-puestos a adoptar
medidas de lucha contra el fraude.
Quizás hubiera sido procedente que su propio grupo presentara más
enmiendas para poder buscar más ele-mentos de confluencia en la
aprobación de medidas que vayan directamente contra el fraude, pero,
señor Saura, los datos que yo les he dado son los que apare-cen
publicados y son los datos oficiales de la Agencia.
Ya lo debatiremos. Señor Saura, yo le rogaría que no confundiera a la
opinión pública dando datos cada día más inciertos. Vamos a trabajar
sobre datos ciertos, señor Saura. Usted ha dicho que los demostrará.
Espe-raré a que los demuestre.
Se ha referido usted al BBV. No le quería sacar el informe, señor Saura.
Lo tengo en la mano. Dice el BBV: La cifra de coste de la reforma
nosotros la estima-mos en 700.000 millones, pero hay que tener en cuenta
que la hemos hecho con los datos de 1995 y el Gobier-no la ha hecho con
los datos reales de 1996 y no hemos tenido en cuenta el tratamiento de
las plusvalías. Se vuelve a insistir en que el BBV no ha tenido en
cuenta o no ha podido tener en cuenta aspectos como el trata-miento de
las familias monoparentales, la desaparición de los períodos partidos,
la no actualización de los valores, la desaparición del mínimo de
500.000 pesetas, que son cuestiones trascendentales que coadyuvan a
reducir el coste de la reforma.
Y acaba el informe del BBV diciendo: Confirma la rebaja generalizada del
IRPF y, en especial, el nuevo y mejor tratamiento de las rentas del
trabajo; confirma que el nuevo IRPF será más progresivo, debido a la
introducción del mínimo personal y familiar, lo cual se traduce en un
nuevo y mejor trato para las familias y confirma que el nuevo IRPF
elimina la discriminación injustificada que hoy existía entre activos
financieros.
Por favor, señor Saura y señores del Grupo Socialis-ta, cuande usen
informes háganlo en su conjunto y no confundan a la sala.
Hablaba el señor Ríos -y voy concluyendo- del sistema de previsión
social. Señor Ríos, no se nos ha ocurrido. Lo hemos negociado, lo hemos
hablado, lo hemos dialogado con las asociaciones de discapacita-dos para
buscar el sistema que más se adecuaba a sus necesidades, el sistema que
garantizaba con mejor fór-mula eliminar la angustia de las familias ante
el futuro de los hijos.
El señor Eguiagaray ha hablado de presión fiscal. El señor Borrell,
últimamente, lo hacía de presión fiscal individual. Yo me quiero referir
a este concepto. No se han subido los impuestos en España. Es la primera
vez, desde la democracia, que con la aprobación de este proyecto se van
a bajar los impuestos a todos y cada uno de los ciudadanos españoles, y
en especial se van a bajar, señorías, a los que más lo necesitan:
asalaria-dos, pensionistas, familias y discapacitados.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Martínez-Pujalte.
Vamos a pasar inmediatamente a la votación de las enmiendas y de los
dictámenes correspondientes a los dos proyectos de ley debatidos. (El
señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego que ocu-pen sus escaños. Se
trata de votaciones largas y com-plejas y es objetivo de la Presidencia,
de acuerdo con lo que se habló en la Junta de Portavoces, que, dado que
el Estatuto de Cantabria no presenta enmiendas, incluyamos
inmediatamente su debate y podamos fina-lizar el Pleno votando con el
carácter orgánico el Esta-tuto de Cantabria antes de levantar la sesión
al medio-día.
En consecuencia, les ruego que aceleren sus movimientos dentro del
hemiciclo y podamos proceder a las votaciones de las enmiendas a los
dictámenes de los dos proyectos de ley.
Votaciones correspondientes a los dictámenes de la Comisión de Economía
y Hacienda para los proyectos de ley del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físi-cas y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
Comenzamos sometiendo a votación las enmiendas que subsisten del Grupo
Parlamentario Mixto, dentro de él las del señor Chiquillo y, a su vez,
dentro de las del señor Chiquillo, un bloque formado por las núme-ros 5,
14 y 16.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 326; a favor; 17; en contra, 297; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 7, 9, 10 y 11 del señor Chiqui-llo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 326; a favor, siete; en contra, 300; abstenciones, 19.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 13 y 15, del señor Chiquillo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 326; a favor, cinco; en contra, 313; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Vázquez, también del Grupo Mixto.
En primer lugar, las números 27, 34, 36, 37, 39, 44
y 45.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 326; a favor, 155; en contra, 165; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas del señor Vázquez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 328; a favor, 17; en contra, 301; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Saura.
En primer lugar, votamos las números 152, 153, 154, 155, 159, 160 y 164.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 327; a favor, 21; en contra, 300; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 173, 177 y 179, del señor Saura.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 327; a favor, 21; en contra, 299; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Vamos a someter a votación -y llamo la atención a los portavoces por los
cuadernos de votación- la enmienda número 172, del señor Saura, que
figura como aislada en un solo bloque.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 328; a favor, 22; en contra, 168; abstenciones, 138.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Restantes enmiendas del señor Saura.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 326; a favor, 154; en contra, 165; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las res-tantes enmiendas.
Pasamos a la votación de las enmiendas del Grupo de Coalición Canaria,
comenzando con la enmienda número 134, en lo relativo a los párrafos 1º
a 3º, del apartado 5, del artículo 55.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 327; a favor, cuatro; en contra, 311; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 134 en lo relativo al párrafo 4º, del apartado 5, del
artículo 55.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 328; a favor, cuatro; en contra, 310; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda transaccional a la enmienda 139.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 328; a favor, 172; en contra, 149; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la transac-cional.
Enmienda número 141.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 326; a favor, cuatro; en contra, 310; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Vasco (PNV-EAJ).
En primer lugar, votamos las números 103 y 108.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 328; a favor, 163; en contra, 163; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Al haberse producido el empate, se va a
producir una nueva votación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 328; a favor, 161; en contra, 166; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. (Rumo-res.) Enmienda número 107,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 327; a favor, ocho; en contra, 319.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 109.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 328; a favor, nueve; en contra, 184; abstenciones, 135.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Restantes enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 328; a favor, 145; en contra, 179; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo de Convergència i Unió.
En primer lugar, la transaccional a la 245 en lo relati-vo a los
apartados 1 y 3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 328; a favor, 171; en contra, 154; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la transac-cional.
Se somete a votación la transaccional a la 245, en lo relativo al número
2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 328; a favor, 322; en contra, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la transac-cional.
Enmienda número 256.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 326; a favor, 174; en contra, 148; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Transaccional a la 260.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 328; a favor, 173; en contra, 153; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la transac-cional.
Se somete a votación la transaccional a la 265.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 328; a favor, 328.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unani-midad.
Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida.
En primer lugar, se someten a votación las siguientes enmiendas: 181,
185, 189, 191, 192, 195, 201, 202, 207, 209, 211, 212, 216, 217, 219,
220, 221, 222, 223, 224, 225, 228, 230, 231, 233, 238 y 239.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 328, a favor, 22, en contra, 301, abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda transaccional a la 232.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 328; a favor, 325; en contra, uno; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la transac-cional.
Enmiendas números 227, 235, 236, y 210.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 328; a favor, 21; en contra, 167; abstenciones, 140.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Restantes enmiendas del Grupo Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 327; a favor, 156; en contra, 165, abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a las enmiendas del Grupo Socialista.
En primer lugar, las números 338 y 386.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 328; a favor, 140; en contra, 181; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmienda número 292.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 328; a favor, 159; en contra, 165; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmiendas números 300, 343, 344, 347, 351, 352, 357
y 365.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 327; a favor, 133; en contra, 188; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 307, 316, 317, 348, 353, 373, 376
y 345.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 328; a favor, 151; en contra, 171; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas números 293, 303, 304, 305, 309, 319, 322, 324, 327, 328, 329,
335 y 336.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 328; a favor, 159; en contra, 167; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Pasamos a la votación de la 294, 296, 297, 298, 299, 301, 302, 308, 310,
311, 312, 313, 314, 315, 318, 320, 323, 325, 326, 331, 332, 333 y 334.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 328; a favor, 155; en contra, 168; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, quedan rechazadas las enmiendas.
Restantes enmiendas del Grupo Parlamentario Socia-lista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 328; a favor, 154; en contra, 168; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación el dictamen con las correccio-nes técnicas
conocidas por los grupos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 328; a favor, 167; en contra, 155; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobado el dictamen al
proyecto de ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y
otras normas tributarias.
Pasamos al proyecto de ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes
y normas tributarias.
En primer lugar, votaremos las enmiendas. La núme-ro 70, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 328; a favor, 325; en contra, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Se someten a votación las números 71 y 72, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 328; a favor 17; en contra, 305; abs-tenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas esas dos enmiendas.
Pasamos a la votación del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 327; a favor, 325; en contra, dos.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobado el dictamen al
proyecto de ley del Impuesto de la Renta de los no Residentes y normas
tributarias.
- PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA PARA CANTABRIA (número
de expediente 127/000006).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la pro-puesta de reforma del
Estatuto de Autonomía de Canta-bria, advirtiendo que la votación -máxime
tratándose de una votación de carácter orgánico, como anticipése
producirá al finalizar el debate y, en todo caso, antes del almuerzo.
(Rumores.)
¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Se va a producir el debate en
los siguientes térmi-nos, para que algunas de SS.SS. que han hecho
gestos de desconcierto sepan a qué atenerse.
Intervendrá, en primer lugar, el señor Ríos, en nom-bre del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para defender las enmiendas,
que son las únicas que se mantienen, y luego habrá un breve turno de
fija-ción de posición -que espero que sea brevísimo efec-tivamentepor
los grupos que quieran hacerlo.
Adelante, señor Ríos.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Muy brevemente, señor presidente.
Nos encontramos ante una reforma de un estatuto de autonomía en la que
nos hubiera gustado haber conse-guido un mayor grado de consenso, como
se ha obte-nido en otras comunidades, para que la reforma hubie-se
venido avalada desde la propia comunidad autónoma con el apoyo de todos
los grupos parlamen-tarios y de las fuerzas políticas que en origen
estaban representadas. ((El señor vicepresidente, Fernán-dezMiranda y
Lozana, ocupa la Presidencia.-Rumores.) El señor VICEPRESIDENTE
(Fernández-Miranda y Lozana): Un momento, señor Ríos.
Señorías, les ruego guarden silencio. (Pausa.) El señor RÍOS MARTÍNEZ:
Nuestra voluntad era poder apoyar un incremento competencial como el que
se propone en esta reforma y nuestra voluntad en el trámite de Comisión
fue mejorar el texto que venía del Parlamento de Cantabria con unas
enmiendas que intentaban introducir una ampliación competencial,
enmiendas números 7 y 8, con mayor techo de compe-tencias en sanidad,
higiene y ordenación farmacéutica, en montes y aprovechamientos
forestales, en régimen local y en colegios profesionales; competencias
exclu-sivas de las que ya disponen otras comunidades autó-nomas, y no
sólo las comunidades autónomas del 151, sino algunas del 143, como
pueden ser Valencia, Ara-gón y otras comunidades y, por tanto, no
entendíamos por qué quedaban excluidas de esta reforma estatu-taria.
Otro bloque de propuestas iba dirigido a intentar mejorar el artículo 25
del proyecto, a través del pun-to 31 de la propuesta del artículo único,
para intentar que se incrementasen las competencias de desarrollo
legislativo y de ejecución en algunas materias que sig-nificaban una
capacidad de ordenación y organización de la propia comunidad, con la
posibilidad de ahormar competencias que están gestionando
históricamente, porque son propias de la comunidad, y competencias
transferidas, como es el caso del Imserso, y se compati-biliza a nivel
de centros de tercera edad, de centros de asistencia que funcionan desde
la propia comunidad, con capacidad normativa, con regulación propia,
mien-tras que la del Imserso, al ser solamente ejecutiva, no tiene
capacidad de regulación y estaríamos ante cen-tros distintos según
evolucionara la gestión de la comu-nidad por delegación o por
transferencia o bien fuesen en origen de la propia comunidad.
La otra enmienda que nos hubiese gustado incorpo-rar en Comisión, y que
no ha sido factible, pretendía dotar de mayores competencias al propio
Parlamento frente al Ejecutivo. Había una serie de enmiendas que
intentaban dotarle de una capacidad de autogobierno, basado en un mayor
peso municipal, en una comarcali-zación de la propia comunidad e
inclusive en posibili-tar que hubiese un desarrollo normativo dentro de
la actuación de la comunidad para conseguir un mayor rigor, una menor
evolución dentro de la comunidad en lo que significan fuerzas políticas
que se presentan con una determinada candidatura y que a lo largo de la
legislatura se trasladan al Grupo Mixto. Se pretendía evitar que ese
movimiento de diputados afectase a la representación que ha sido votada
por los ciudadanos.
En suma, señor presidente, nuestra voluntad es apo-yar un incremento
competencial en esta reforma, rei-vindicar en el trámite de Comisión una
mejora, una ampliación del techo competencial y de la capacidad de
autogobierno de esta comunidad y, por tanto, man-tendremos un voto
diferenciado, por un lado, a los artículos 24 y 25, que significan
competencias exclusi-vas de desarrollo legislativo y, por otro, al resto
del dictamen, para poder diferenciarlo no sólo en esta ver-tiente.
Espero haber defendido lo que ha sido nuestra pos-tura a lo largo de
todo el trámite parlamentario.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas
gracias, señor Ríos.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo
Parlamentario Socialista, el señor Blanco tiene la palabra.
El señor BLANCO GARCÍA: Señor presidente, seño-rías, voy a atender el
ruego de brevedad que se nos ha hecho a todos los intervinientes.
En nombre de mi grupo, el Grupo Socialista, quiero argumentar el voto
favorable al dictamen emitido por la Comisión y también mostrar mi
satisfacción personal, como diputado por Cantabria, y la de mi grupo por
cómo se ha respetado el consenso en este proyecto de reforma, según
venía de la Asamblea Regional.
Efectivamente, se han admitido tres enmiendas, acor-dadas entre el Grupo
Popular y el Grupo Socialista, que son meramente de redacción
técnico-jurídica y que no tienen ninguna incidencia sobre el contenido,
por así decirlo, del propio estatuto de autonomía, sino que más bien ha
sido una adecuación en materia de transferen-cias a la comunidad con
respecto a la adecuación inter-pretativa de la propia Constitución. El
consenso al que me refería viene de los cinco grupos parlamentarios que
trabajan en la Asamblea Regional de Cantabria. El hecho de que solamente
se hayan admitido estas enmiendas, que son de tono menor, ratifica el
grado de realismo político y de madurez de la propia Asamblea cuando
mandó el proyecto a esta Cámara hace unos meses. Creo, señorías, que
este es un hecho relevante, porque justifica la posición de mi grupo
contraria a la admisión -vamos a votar en contra- de las enmien-das
presentadas por el Grupo Federal de Izquierda Unida. Voy a explicar
brevemente nuestra posición, aunque solamente sea, señor presidente, por
cortesía hacia ese grupo.
Si los grupos políticos de la Asamblea Regional de Cantabria elaboraron
un proyecto de reforma del esta-tuto de autonomía que mantenía y
mantiene unas determinadas competencias que creen que son ajusta-das -mi
grupo así también lo entiende- a la realidad política presente y futura
de Cantabria, estimamos que no es conveniente alterar ese consenso desde
esta Cámara.
El mismo argumento sirve para el Tribunal de Cuen-tas.
Hay que tener presente cuál es la realidad de nues-tra comunidad
autónoma. Es una comunidad autónoma uniprovincial, somos 520.000
habitantes y hasta hoy las instituciones de Cantabria están plenamente
satisfechas de la fiscalización que realiza el Tribunal de Cuentas del
Estado. Entendemos, por tanto, que crear esa nueva figura de un nuevo
Tribunal de Cuentas en la comuni-dad, aun cuando en otras comunidades
pluriprovincia-les o uniprovinciales se pueda establecer, produciría, si
no una duplicidad de funciones, sí un aumento de la burocracia para una
comunidad, como digo, que tiene una realidad concreta.
En cuanto a la disolución de la Cámara, creo que la mayoría de los
grupos políticos aquí presentes, y por supuesto los grupos políticos en
la Asamblea Regional de Cantabria, han elaborado una formulación para
que el presidente pueda disolver la Cámara, teniendo siem-pre en
perspectiva lo que es la economía electoral, de la que tantas veces ha
hecho gala esta Cámara en refor-mas de la propia Ley Electoral General.
Creemos que la mayoría de los grupos políticos estamos por economi-zar
las llamadas a los ciudadanos a elecciones.
Me van a permitir SS.SS. y el señor presidente mani-festar mi
satisfacción personal y la de mi grupo por lo que supone la aprobación
hoy -si así lo estiman, y creo que así va a ser- por una gran mayoría en
esta Cámara de la reforma propuesta desde la Asamblea Regional de
Cantabria y por lo que supone la reforma en sí misma. Creemos que hay
una amplia reforma ins-titucional, que ya estaba siendo demandada por la
pro-pia sociedad de Cantabria y que se ejemplifica en una mejor
planificación de los trabajos del Parlamento cán-tabro, sin estar ligado
este Parlamento, antigua Asam-blea Regional, a trabas estatutarias.
Supone la creación de un consejo consultivo, la creación de la figura
del Defensor del Pueblo y, como ya he dicho, la disolución por parte del
presidente del Parlamento, dentro de unos límites que la misma razón del
Estado autonómico aconseja.
Por otro lado, se ha producido una amplia incorpo-ración de nuevas
materias a transferir...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Blanco, por
favor, le ruego concluya.
El señor BLANCO GARCÍA: Concluyo, señor presi-dente.
Además, se ha producido una nueva distribución de las materias a
transferir en exclusiva, de desarrollo eje-cutivo, de desarrollo
legislativo y de ejecución.
Por último, señor presidente, señorías, atendiendo a la brevedad que nos
demanda la Presidencia, espero que ese consenso que viene de Cantabria,
que ese con-senso que ha estado latiendo en esta Cámara en todos los
trabajos y en los trámites que ha llevado esta refor-ma del Estatuto de
Cantabria, se siga dando en el Sena-do.
Abogando por ello y con ese deseo, espero que los grupos parlamentarios
apoyen esta reforma del Estatuto de Autonomía para Cantabria y se lo
agradezco de antemano.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Blanco.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
López-Medel.
El señor LÓPEZ-MEDEL BASCONES: Señor presi-dente, señorías, además de
agradecer la presencia del presidente del Parlamento autonómico, señor
Pajares, quisiera, como portavoz del Grupo Popular, comenzar mi
intervención recordando el compromiso que asumió
en su
momento el Partido Popular cuando decidimos impulsar las reformas
estatutarias que tuvieran su ori-gen en los respectivos parlamentos
autonómicos, pro-cediendo, sin perjuicio de los hechos diferenciales, a
realizar una equiparación sustancial de competencias.
Este propósito, reiterado en varias ocasiones por el pre-sidente del
Gobierno, se encuentra aquí cumplido, y después de los trámites de
ponencia y Comisión, pro-cedemos hoy a aprobar el texto de la reforma
del Esta-tuto de Autonomía de Cantabria.
Desde luego, es esta una amplia reforma, como luego destacaré, pero es
sólo una reforma y no un nuevo estatuto. Es en el año 1981 cuando
Cantabria se constituye en comunidad autónoma mediante la apro-bación de
su norma institucional básica. En este tiem-po, Cantabria, sin duda
alguna, ha cambiado mucho. Se ha consolidado como comunidad autónoma. Ha
adqui-rido una mayor conciencia colectiva de su propio desti-no y de su
propia identidad, también porque en este tiempo se ha producido por
parte de los ciudadanos una mayor asimilación de lo que significa el
autogo-bierno.
Esto es fundamentalmente lo que hace esta reforma: profundizar en el
autogobierno, el cual, tanto el de Cantabria como el de las demás
comunidades autónomas, encuentra su origen y base en la Constitu-ción,
que configura, dentro de la unidad de España, el derecho de autonomía de
las nacionalidades y regio-nes.
Este reconocimiento al texto constitucional que se hace en el artículo
1º como fuente de autogobierno es precisamente el marco en el que se
desarrolla la volun-tad no sólo de los cántabros sino también de los
espa-ñoles, al definir la Constitución las reglas del juego que han
permitido que nuestro Estado sea uno de los más descentralizados y más
plurales del mundo. En este contexto debe entenderse el fortalecimiento
de su pro-pia identidad, tal y como se hace en el artículo 1º, al
calificarse a Cantabria como comunidad histórica. Ade-más del contenido
amplio de reforma, al cual luego me referiré con la brevedad que exige
la Presidencia, quie-ro destacar que la misma no viene impuesta desde
Madrid. Ha sido el propio Parlamento autonómico el que ha definido las
normas y los límites del alcance de esta reforma.
Se ha hecho referencia por el portavoz de Izquierda Unida a las
enmiendas pendientes, concretamente catorce. Nosotros postulamos en su
momento que defenderíamos, y a ello nos comprometimos, la unani-midad
mantenida en el Parlamento de Cantabria, con lo cual, incorporar ahora
las enmiendas que se han pre-tendido introducir supondría una falta de
respeto a los demás partidos políticos de la Asamblea Regional.
Las enmiendas que presenta Izquierda Unida están formuladas en clave
interna. Realmente, no se plantea-ron sino después de la reforma operada
en el Parla-mento autonómico y, en todo caso, aun cuando res-ponden a
cuestiones internas y a desavenencias entre los miembros de Izquierda
Unida y a las escisiones que han podido experimentar, quisiera destacar
que el texto y las competencias a las que se están incorporando son
sustancialmente idénticas, incluso en algunos casos al alza, a las
reformas que se han operado en estatutos como los de Castilla-La Mancha,
Madrid o Murcia, con lo cual aceptar en esos casos la suficiencia de
esas competencias y no hacerlo en el caso de Cantabria per-mítame
decirle, señor portavoz de Izquierda Unida, que no me parece del todo
consecuente.
Se ha hecho mención por el portavoz del Grupo Socialista al alcance de
la reforma tanto en temas insti-tucionales, importantes algunos de ellos
como la crea-ción del Defensor del Pueblo, como en los de carácter
competencial. De estos quisiera de una manera muy singular destacar lo
que va a suponer la asunción en un futuro de las competencias en materia
sanitaria. Desde el Grupo Popular creemos que dicha asunción va a tener
una gran importancia, toda vez que afecta con notable repercusión a lo
que es la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor López-Medel,
le ruego concluya.
El señor LÓPEZ-MEDEL BASCONES: Concluyo ya, señor presidente, diciendo
que esta reforma del Estatu-to de Autonomía de Cantabria no resuelve por
sí sola algunos de los problemas que se tienen en aquella comunidad
autónoma. Hay problemas pendientes desde hace muchos años, como el tema
de infraestruc-turas, que está mejorando, pero que vamos a seguir
impulsando. Decía que la reforma no resuelve por sí sola todos los
problemas de nuestra comunidad autó-noma, pero sí diseña el marco para
que desde la cerca-nía se gestionen mejor los asuntos que afectan a la
rea-lidad de los cántabros.
Desde Cantabria seguiremos impulsando todo lo que significa autogobierno
y exigencia al poder central, con firmeza pero también sin victimismos,
y desde Canta-bria queremos seguir aportando nuestro apoyo al
desa-rrollo de una España plural, de una España solidaria y vertebrada
como proyecto común.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor López-Medel.
Vamos a proceder a la votación. (El señor presi-dente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a las votaciones
directamente del dictamen sobre la propuesta de reforma del Estatuto de
Autonomía para Cantabria.
Votamos en primer lugar el artículo único, punto tri-gésimo (artículo 24
del estatuto), y punto trigésimo pri-mero (artículo 25 del estatuto).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos 298; a favor, 284; en contra, 13; abs-tenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los refe-ridos
artículos.
Resto del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 297; a favor, 296; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobado el dictamen.
VOTACIÓN DE CONJUNTO:
- PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA PARA CANTABRIA (número
de expediente 127/000006).
El señor PRESIDENTE: Votación final de conjunto por tener la propuesta
de reforma del Estatuto de Auto-nomía para Cantabria naturaleza orgánica.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 298; a favor, 286; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Al haber alcanzado la mayo-ría absoluta de la
Cámara, queda aprobada con el carácter de orgánica la propuesta de
reforma del Esta-tuto de Autonomía para Cantabria.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y cincuenta minutos de la tarde.
Corrección de error.-En el «Diario de Sesiones» núme-ro 177,
correspondiente a la sesión plenaria celebrada el día de ayer, 16 de
septiembre de 1998, en la intervención de la señora ministra de
Agricultura, Pesca y Alimenta-ción, De Palacio del Valle-Lersundi
-página 9521, segunda columna, línea 41 -, aparece por error la pala-bra
«ataquinamiento», cuando debería decir «atarquina-miento».