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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 173, de 24/06/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 1998 VI Legislatura Núm. 173
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ -CONDE
Sesión Plenaria núm. 168
celebrada el miércoles, 24 de junio de 1998
ORDEN DEL DÍA:
Preguntas.. . . . (Página 9280)
Interpelaciones Urgentes:
- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre el recorte de las
prestaciones económicas por incapacidad temporal de los trabajadores
y trabajadoras. (Número de expediente 172/000103.) . . . (Página 9304)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre el
derecho a percibir prestaciones sociales a que dan lugar las
contrataciones a tiempo parcial. (Número de expediente 172/000105.).
. . . (Página 9316)
- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el acercamiento de todas las
personas privadas de libertad al centro penitenciario más cercano a
su lugar de origen. (Número de expediente 172/000104.)... (Página 9322)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
Preguntas ... (Página 9280)
Del Diputado don JOSÉ MARÍA ROBLES FRAGA, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué información
puede facilitar el Gobierno sobre el viaje que próximamente realizará
el Presidente a Egipto, Israel y los Territorios Palestinos? (Número
de expediente 180/001322.) ... (Página 9280)
De la Diputada doña PRESENTACIÓNURAN GONZÁLEZ, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, que formula al Excmo.
Sr. Presidente del Gobierno: ¿Considera el Gobierno suficientes
y adecuadas las medidas existentes para preservar la salud de las
personas y el medio ambiente, después de los últimos acontecimientos?
(Número de expediente 180/001332.) ... (Página 9282)
Del Diputado don LUIS MARTÍNEZNOVAL, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Cuál
es el estado actual de las relaciones entre el Gobierno de la
Nación y el Gobierno del Principado de Asturias? (Número de
expediente 180/001334.)... (Página 9283)
Del Diputado don JESÚS JOSÉ GÓMEZ RODRÍGUEZ, del Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria, que formula a la Excma. Sra. Ministra de
Justicia: ¿Entiende la Sra. Ministra adecuada la supresión de los
Juzgados de Telde y San Bartolomé de Tirajana para atender
satisfactoriamente la demanda de la Administración de Justicia en la
Comunidad Autónoma de Canarias? (Número de expediente 180/001293.)...
(Página 9284)
Del Diputado don RICARDO FERNANDO PERALTA ORTEGA, del Grupo
Parlamentario Mixto, que formula al Excmo.
Sr. Presidente del Gobierno: ¿Puede el Presidente afirmar que ningún
Secretario de Estado, ni otro Alto Cargo de su Gobierno, encargó el
Informe que sirvió de base para la denuncia en el llamado «caso
Sogecable», y que ha tenido como consecuencia el procesamiento del
Instructor, acusado de tres delitos de prevaricación, y
fuertes críticas a la actuación del Fiscal, en un voto particular
concurrente a la resolución de la Audiencia Nacional que ha cerrado
definitivamente el caso? (Número de expediente 180/001319.) ... (Página 9285)
De la Diputada doña MARGARITA URÍA ECHEVARRÍA, del Grupo Vasco
(EAJPNV), que formula al Gobierno: ¿Hay alguna novedad significativa
en la postura del Gobierno, en orden a dar cumplimiento al acuerdo
mayoritario de esta Cámara relativo a las competencias de las
Comunidades Autónomas para regular la adjudicación y sobre la gestión
de los Depósitos y Consignaciones Judiciales? (Número de expediente
180/001321.) ... (Página 9286)
De la Diputada doña MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ, del Grupo
Socialista del Congreso, que formula a la Excma. Sra. Ministra de
Justicia: ¿Mantiene el Gobierno la confianza en un Fiscal General del
Estado que ha avalado actuaciones judiciales presuntamente
prevaricadoras? (Número de expediente 180/001335.) ... (Página 9287)
De la Diputada doña MARÍA AMPARORUBIALES TORREJÓN, del Grupo
Socialista del Congreso, que formula a la Excma. Sra. Ministra de
Justicia: ¿Considera el Gobierno que no hay razones válidas que exijan
la modificación de la vigente Ley de Interrupción Voluntaria del
Embarazo? (Número de expediente 180/001336.) ... (Página 9288)
Del Diputado don ARSENIO FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Cuáles son las líneas básicas de la campaña publicitaria iniciada
por el Ministerio de Defensa para la captación de candidatos para el
futuro ejército profesional? (Número de expediente 180/001326.) ...
(Página 9289)
Del Diputado don LUIS GONZAGA NAVARRO ELOLA, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo valora
el Ministerio de Fomento la reciente decisión de la Unión Europea de
iniciar una estrategia conjunta que permita a los Quince participar
en la gestión de Internet junto a Estados Unidos en sus dos
elementos clave: direcciones y dominios? (Número de expediente 180/
001327.) ... (Página 9290)
Del Diputado don CRISTÓBAL JUAN PONS FRANCO, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son
las líneas básicas del Plan Nacional de Numeración desarrollado en
el Reglamento de Procedimiento de Asignación y Reserva de Recursos
Públicos de Numeración, a probados por el Consejo de Ministros?
(Número de expediente 180/001328.)... (Página 9291)
Del Diputado don ANTONIO MERINO SANTAMARÍA, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las
líneas básicas del futuro Plan Técnico Nacional de Televisión
Digital, cuya redacción está ultimando el Ministerio de Fomento, y
que tiene por objeto asegurar la innovación tecnológica en el sector
audiovisual? (Número de expediente 180/001329.) ... (Página 9291)
De la Diputada doña CARMEN HERAS PABLO, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Fomento: ¿Qué opina el
Gobierno sobre las sanciones que ha recibido
Telefónica por la cesión no consentida de datos de sus abonados?
(Número de expediente 180/001342.) ... (Página 9292)
Del Diputado don JAVIER FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr.
Ministro de Fomento: ¿Considera el Ministro de Fomento
que el llamado «modelo alemán» de contratación de obra pública puede
ser una catástrofe para este país? (Número de expediente 180/001343.)
... (Página 9293)
Del Diputado don TOMÁS BURGOS GALLEGO, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es el grado de
cumplimiento por parte del Gobierno de los compromisos que le afectan en
el ámbito comunitario, conforme a lo establecido en la
Directiva sobre control oficial de productos alimenticios? (Número
de expediente 180/001323.) ... (Página 9294)
Del Diputado don GUSTAVO ADOLFO ALCALDE SÁNCHEZ, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Puede explicar el Sr. Ministro de Sanidad y Consumo cuál es el grado
de desarrollo de las especializaciones farmacéuticas que tiene
previstas? (Número de expediente 180/001324.) ... (Página 9295)
De la Diputada doña SANDRA MONEO DÍEZ, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué inversiones
tiene previsto realizar el INSALUD en la Comunidad Autónoma de
Castilla y León? (Número de expediente 180/001325.) ... (Página 9296)
De la Diputada doña MARÍA ÁNGELES MAESTRO MARTÍN, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, que formula al Excmo. Sr.
Ministro de Sanidad y Consumo: ¿Cuáles son las previsiones del
Gobierno acerca del futuro de
la Clínica Puerta de Hierro, de Madrid? (Número de expediente 180/
001333.) ... (Página 9297)
De la Diputada doña MARÍA DEL CARMEN MONTES CONTRERAS, del Grupo
Socialista del Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de
Sanidad y Consumo: ¿Cuáles son las razones que justifican el
reiterado incumplimiento del Ministerio al no promulgar el Reglamento
que desarrolle la ley de nuevas formas de gestión? (Número de
expediente 180/001339.) ... (Página 9298)
De la Diputada doña BLANCA GARCÍA MANZANARES, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Excmo. Sr.
Ministro de Sanidad y Consumo: ¿Garantiza el Gobierno que el
Decreto de exclusión de la financiación de medicamentos no supondrá
discriminación en el acceso a la prestación farmacéutica entre los
ciudadanos? (Número de expediente 180/001340.) 9299
De la Diputada doña ISABEL POZUELO MEÑO, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Sanidad y Consumo:
¿Cuál ha sido el incremento del consumo farmacéutico en hospitales
del Sistema Nacional de Salud y del INSALUD en 1997 respecto al de
1996? (Número de expediente 180/001341.)... (Página 9301)
Del Diputado don PAULINO RIVERO BAUTE, del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Medio
Ambiente: ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para dar
inmediato cumplimiento a las previsiones de la Ley 41/1997, de 5 de
noviembre, respecto de los sistemas de cogestión de los Parques
Nacionales? (Número de expediente 180/001318.) ... (Página 9302)
De la Diputada doña TERESA CUNILLERA I MESTRES, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro del Interior:
¿Comparte el Gobierno la afirmación del Subdelegado del Gobierno en
Lleida de que existe una conspiración de los Ayuntamientos contra la
Policía Nacional? (Número de expediente 180/001338.) ... (Página 9303)
Interpelaciones urgentes ... (Página 9304)
- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre el recorte de las
prestaciones económicas por incapacidad temporal de los trabajadores
y trabajadoras ... (Página 9304)
Presenta la interpelación, en nombre del Grupo Socia lista del
Congreso, el señor Arnau Navarro. Resalta, antes de entrar en el
fondo de su interpelación, la subordinación que existe del
Sistema Nacional de Salud al Instituto Nacional de la Seguridad
Social, el carácter subsidiario del derecho a la salud de los
españoles y la victoria del Ministerio de Trabajo sobre el
Ministerio de Sanidad y Consumo, como lo demuestra el que su
interpelación esté dirigida al ministro de Sanidad y Consumo y
vaya a ser contestada por el ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales. Añade que para su grupo el derecho a la salud y a la
prevención de la enfermedad debe primar sobre los criterios del coste
económico que pueda suponer el subsidio por incapacidad temporal.
A continuación afirma que el Real Decreto -l e y 1117/1998, de 5 de
junio, aprobado recientemente por el Consejo de
Ministros, es otra medida más contra el sistema de protección
pública, porque atenta contra los derechos fundamentales de los
españoles a recibir asistencia sanitaria y de los beneficiarios de
la Seguridad Social a la percepción del subsidio sustitutorio del
salario perdido por causa de enfermedad o accidente; pone en tela
de juicio la capacidad técnica y profesional de los médicos de
familia y de los médicos de atención primaria y es un producto
de alto riesgo para la promoción de la salud de los españoles. En
cuanto al control sobre la prestación económica por
incapacidad temporal, expone que el Gobierno, incapaz de
gestionar adecuadamente los controles ya existentes, pone en
marcha un mecanismo aparte de los médicos, a todas luces desmesurado
y atentatorio contra las mínimas garantías de los pacientes y
beneficiarios de la Seguridad Social. Explica a continuación en
qué consiste dicho mecanismo de control y se pregunta qué acuerdo
legitima al señor ministro para haber adoptado esta decisión que va
en contra de los derechos de los trabajador es, es vejatoria para
los médicos de familia, desconocedora de las competencias de las
comunidades autónomas
y una injerencia inadmisible del Ministerio de Trabajo en las
atribuciones de los profesionales del Sistema Nacional de
Salud. Para terminar, solicita que el Consejo de Ministros
revoque el Real Decreto ley que no entrará en vigor hasta el próximo 1
de julio, porque se lo agradecerán todos l os trabajado res
y trabajadoras, los médicos y hasta es posible que, para salvarse a sí
mismo, se lo agradezca el propio ministro de Sanidad y Consumo, hoy
ausente.
En nombre del Gobierno, contesta a la interpelación del Grupo
Socialista el señor ministro de Trabajo y Asuntos Social es (Arenas
Bocanegra), quien recuerda en primer lugar que el Gobierno es
plena mente solidario de todas y cada una de las decisiones de sus
miembros y que la prestación de incapacidad temporal está vinculada
a una persona que en un momento determinado está enferma y requiere
de una atención sanitaria pero, a la vez, está incapacitada
para incorporarse a su puesto de trabajo. Añade que el decreto objeto
de la interpelación afecta exclusivamente a la prestación
económica por incapacidad temporal, que es sustitutiva de una renta
de trabajo, por lo que es responsabilidad del Ministerio de Trabajo
y no del Ministerio de Sanidad.
A continuación afirma que en España existe fraude no sólo fiscal sino
también a la Seguridad Social, y hay que luchar contra todo tipo de
fraude, porque es la mejor garantía para las pensiones y para las
prestaciones por desempleo. Es consciente del coste electo que
conlleva la lucha contra el fraude, pero el Gobierno está
dispuesto a asumirlo porque está con vencido de que así se sanea el
sistema de protección social y se garantizan los derechos de
los más débiles. Rechaza las afirmaciones del interpelante sobre
la maldad del mecanismo de control del fraude en la prestación por
incapacidad temporal que se establece en el Real Decreto-ley y añade
que en la lucha contra el fraude a la Seguridad Social no se están
introduciendo medidas nuevas, sino que se están limitando
a aplicar las ya establecidas que nunca se llevaron a la práctica, como
cruzar los datos de Hacienda con las pensiones no contributivas o los
datos de los subsidios de desempleo o de los complementos de mínimos
con las rentas de cada individuo.
En turno de réplica interviene el señor Arnau Navarro, duplicando
el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Peralta
Ortega, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Maestro Martín, del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y el señor Hernando
Fraile, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre el derecho
a percibir prestaciones sociales a que dan lugar las contrataciones a
tiempo parcial ... (Página 9316)
Presenta la interpelación, en nombre del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, el señor Vaquero del Pozo. Plantea el
hecho de que el Gobierno está dispuesto a potenciar el empleo a
tiempo parcial, como lo demuestran diversas manifestaciones y
actuaciones del Gobierno, en contra de la reducción de jornada
semanal a 35 horas propuesta por Izquierda Unida y algunas
organizaciones sindicales y sociales. Para su grupo el contrato a
tiempo parcial como manera de repartir mejor el trabajo, es una
solución desigual sexista e insolidaria que generalmente beneficia
a los hombres y perjudica a las mujeres. A continuación se
centra en el problema fundamental que plantea su interpelación,
que es el contexto laboral y legal en que se produce la
desafortunada, para el, política de fomento del empleo a tiempo parcial.
A su juicio con esta modalidad de contratación se está encubriendo una
reducción de las cotizaciones sociales y considera que el Gobierno
está obligado a resolver el problema de los períodos de cotización
para el devengo de los derechos socia les de los contratos a tiempo
parcial.
En nombre del Gobierno contesta el señor ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales (Arenas Bocanegra). Entiende que la interpelación
planteada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida se
centra en dos cuestiones fundamentales: en la posición del Gobierno
en relación con los contratos a tiempo parcial y en la necesidad de
proteger plena mente esos contratos pensando en el presente y también
en lo que significa el futuro de las personas que desarrollen su
actividad laboral en el tiempo parcial. Afirma que
aunque la distancia ideológica que les separa es muy significativa,
siempre puede haber elementos comunes porque hay propuestas que
afectan en ocasiones al sentido común. Aclara a continuación que el
fomento del trabajo a tiempo parcial en España es una necesidad del
mercado de trabajo, y no una fórmula de derechas, y que el Gobierno
no va a fomentar en ningún momento el contrato a tiempo parcial
temporal, sino el contrato a tiempo parcial estable. Asimismo se
muestra contrario a la idea de que los hombres pueden acceder al
trabajo a tiempo completo, dejando el contrato a tiempo parcial para
las mujeres. Afirma, por otra parte, que el Gobierno, al amparo
de la directiva europea y del acuerdo de los sindicatos y patronos
europeos, va a defender el fortalecimiento del contrato a
tiempo parcial estable, haciéndolo atractivo para el trabajador y
para el empleador, definiendo el tiempo parcial en relación con el
cómputo
total de jornada, asegurando la protección social al
contrato a tiempo parcial y el futuro de las pensiones, pero sin
pasar por un incremento de las cotizaciones sociales. No está de
acuerdo con la filosofía de que hay que repartir el trabajo y
analizar si se compensa con salarios o con ocio, si no que hay que
crear empleo para repartirlo, porque si no se reparte paro y no
empleo.
En turno de réplica interviene el señor Vaquero del Pozo,
duplicando el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora López i
Chamosa, del Grupo Socialista del Congreso, y el señor Caneda
Morales, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el acercamiento de todas las
personas privadas de libertad al centro penitenciario más cercano a
su lugar de origen ... (Página 9322)
Presenta la interpelación del Grupo Parlamentario Mixto la
señora Lasagabaster Olazábal, en nombre de Eusko Alkartasuna.
Comienza su intervención recordando que los ciudadanos privados
de libertad por haber infringido el ordenamiento jurídico, cual
quiera que sea la causa y razón, tienen el mismo derecho a que les
sea aplicada la justicia y los derechos humanos y que la sociedad en
general, y la Dirección General de Instituciones Penitenciarias en
concreto, tienen como fin último la obligación de conseguir la
reinserción y reeducación de estas personas. Para lograrlo es
necesario que no estén aleja das de su entorno social o familiar, y
aunque reconoce que no es un derecho absoluto, sí es una orientación
general que ti ene que ser aplicada a toda persona privada
de libertad sin ninguna distinción, como lo dice el artículo 3.° de
la Ley General Penitenciaria. Afirma que no se está cumpliendo este
principio general por Instituciones Penitenciarias y se remite al
os datos obtenidos de la Comunidad Autónoma del País Vasco y al
informe del Parlamento Europeo sobre el respeto a los derechos
humanos en la Unión Europea, de 17 de septiembre de 1996. En este
sentido defiende el plan de acercamiento llevado a cabo por el
Parlamento vasco y considera que solventar este tipo de cuestiones
tendría un efecto muy positivo en la normalización y pacificación
del país. Expone una serie de datos sobre lo que piensa la sociedad
vasca al respecto, destacando el hecho de que el 74,8 por ciento
considera que los presos de origen vasco debían cumplir la condena en
el País Vasco.
En nombre del Gobierno contesta el señor ministro de Interior (Mayor
Oreja). Agradece en primer lugar el tono empleado por la señora
Lasagabaster y asegura que la reflexión que le ha propuesto est á
abierta permanentemente en el Ministerio del Interior y en
Instituciones Penitenciarias, para hacer la mejor política penitenciaria
de todas las posibles. A continuación recuerda las directrices
del Gobierno en política de acercamiento de presos en base a siete
consideraciones, que coinciden sustancialmente con las ideas
expuestas por la interpelante, pero que en la práctica política son
distintas. Termina su intervención diferenciando los conceptos de
alejamiento y separación: la separación es una condición necesaria
para la función rehabilitadora de la pena, especialmente cuando se
trata de grupos que funda mentalmente hacen de su organización una
seña clara de identidad, pero no supone una renuncia al acercamiento
individualizado de los internos a sus lugares de
residencia, siempre y cuando se produzcan las condiciones
necesarias; y el acercamiento debe vincularse necesariamente
al principio de reinserción social, lo que excluye medidas
globales y colectivas, exigiendo, por el contrario, el análisis
individualizado de las conductas de los internos.
En turno de réplica interviene la señora Lasagabaster O lazábal.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Uría
Echevarría del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señor es
Aguiriano Forniés, del Grupo Socialista del Congreso, y Gil
Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Se suspende la sesión a las ocho y cuarenta minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
PREGUNTAS:
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ MARÍA ROBLES FRAGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ INFORMACIÓN
PUEDE FACILITAR EL GOBIERNO SOBRE EL VIAJE QUE PRÓXIMAMENTE REALIZARÁ
EL PRESIDENTE A EGIPTO, ISRAEL Y LOS TERRITORIOS PALESTINOS? (Número
de expediente 180/001322)
gen El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. Punto IV del orden del
día: Preguntas orales al Gobierno.
En primer lugar, pregunta número 15, que di rige al Gobierno, y que
contestará su presidente, don José María Robles Fraga, del Grupo
Popular.
Señor Robles.
El señor ROBLES FRAGA: Gracias, señor presidente.
Esta mañana aprobábamos en la Comisión de Asuntos Exteriores casi por
total unanimidad una proposición no de ley sobre el 50 aniversario
de la fundación del Estado de Israel. En el debate sobre esa
proposición no de ley y en las conclusiones de ese debate nos
asociábamos a la celebración de ese aniversario y dirigíamos al pueblo
israelí los mejores deseos de paz y prosperidad para su futuro.
Lamentábamos asimismo que ese 50 aniversario no coincida con el
definitivo establecimiento de la paz en Oriente Medio y, en
particular, los obstáculos que el mismo Gobierno israelí crea para
alcanzar una paz justa y permanente en la zona. Recordábamos también
que los mismos derechos que asistieron al pueblo judío para establecer
el Estado de Israel son los que asisten hoy al pueblo palestino para
hallar una solución legítima a sus aspiraciones nacionales. Y
aprovechábamos la ocasión para instar al pueblo de Israel y a todos
los Estados de la zona para continuar en el proceso de paz en Oriente
Medio, que debe estar basado en el efectivo cumplimiento de los
acuerdos firmados por las partes que, como SS.SS. saben, se recogieron
en la conferencia de paz de Madrid y que están articulados alrededor de
las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas. La Comisión de Asuntos Exteriores y, por ende, el Congreso
de los Diputados esperaba y espera que el Estado de Israel, la
autoridad palestina, los Estados árabes de la región y toda la
Comunidad internacional continúen firmemente comprometidos con el
proceso de paz en Oriente Medio. Naturalmente, para est a Cámara y
para todo el país la preocupación por el éxito del proceso de paz es
una constante de nuestra ocupación y preocupación exterior. Los
últimos acontecimientos y, concretamente, las últimas iniciativas, de
unos y de otros, no contribuyen a sacar el proceso de paz del
estancamiento en que se encuentra, sino más bien a todo lo contrario.
Próximamente, el presidente del Gobierno visitará Egipto, Israel y
los territorios palestinos y, por eso, parece una buena ocasión para
preguntar al presidente del Gobierno qué informaciones puede aportar
a la Cámara sobre el viaje que próximamente realizará a esta zona.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Robles.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Sí, señor presidente.
Señoría, efectivamente, a invitación del primer ministro de Israel,
del presidente de la Autoridad Nacional Palestina y del presidente
de Egipto, iniciaré un viaje a la zona el próximo viernes. Quiero
decir que los objetivos
del viaje hay que enmarcarlos en tres puntos de carácter
general, sin duda importantes para el futuro de lo que queremos
relanzar. En primer lugar, el seguimiento del diálogo del Mediterráneo,
como usted sabe muy bien, nacido en el proceso de Barcelona y que ha
tenido un reciente episodio -positivo, dentro de sus dificultades- en
la conferencia de Palermo. Se trata de establecer nuevos escenarios
de estabilidad, de cooperación, en el ámbito político, en el ámbito
cultural, en el ámbito comercial, en el ámbito de las relaciones de
asociación, sin duda, en un marco de creciente confianza y de
estabilidad en la zona. El relanzamiento de ese diálogo del
Mediterráneo, por lo tanto, será uno de los objetivos que planteamos
en este viaje.
En segundo lugar, está la propia situación del proceso de Oriente
Medio. Como S.S. sabe muy bien y ha dicho al formular la pregunta,
el proceso de Oriente Medio se encuentra en una situación de grave
detención, podríamos decir que casi de práctico colapso, y en este
momento existen iniciativas interesantes e importantes encima de la
mesa, como es la iniciativa de los Estados Unidos de América, que ha
sido respaldada por el Consejo Europeo de Cardiff recientemente y
cuya asunción por una de las partes plantea una vía de esperanza,
pero es necesario que todas las partes se acojan a la misma. Al
mismo tiempo se están planteando iniciativas nuevas encima de la
mesa, como la iniciativa franco-egipcia o las iniciativas del propio
enviado de la Unión Europea en Oriente Medio, el embajador Miguel
Ángel Moratinos.
En tercer lugar, la propia relación bilateral con países con los que,
sin duda, tenemos una gran relación. Quiero recordar que España es
uno de los primeros cooperantes -si no el primero- con la Autoridad
Nacional Palestina y que la Unión Europea coopera de una manera
extraordinariamente importante. No es una casualidad que el
presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Arafat, haya estado
ya dos veces en España en el último año; Israel es nuestro primer
socio comercial en la zona, nuestro primer socio económico, al margen
de otras consideraciones de carácter político y cultural -la apertura
de un nuevo centro Cervantes, el primer ministro Netanyahu ha
estado dos veces en España en el último año- ; y, por supuesto,
Egipto es también un socio político y económico privilegiado para
España.
Espero que en todo este ámbito de relación bilateral, de confirmación
del proceso de paz, de relanzamiento -si es posible- del proceso de
paz y de extensión de lo que es el diálogo del Mediterráneo, el viaje
sea provechoso para los intereses generales de todos.
Gracias, señor presidente. ( Aplausos . - Varios señores
diputados pronuncian palabras que no se perciben.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del Gobierno.
Señorías, guarden silencio.
- DE LA DIPUTADA DOÑA PRESENTACIÓN URÁN GONZÁLEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, QUE FORMULA AL SEÑOR
PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO SUFICIENTES Y
ADECUADAS LAS MEDIDAS EXISTENTES PARA PRESERVAR LA SALUD DE LAS
PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, DESPUÉS DE LOS ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS?
(Número de expediente 180/001332)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 24, que formula al
Gobierno la diputada doña Presentación Urán González, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Señor presidente del Gobierno, ¿considera el Gobierno suficientes y
adecuadas las medidas existentes para p reservar la salud de las
personas y el medio ambiente, después de los últimos acontecimientos?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Urán.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señoría, contesto con
mucho gusto a la pregunta, pero le rogaría que me especificase a qué
últimos acontecimientos se refiere porque, si no, podríamos llegar
a una situación un poco absurda. Yo no creo que exista nadie en el
mundo que pueda afirmar que todos los riesgos para la saludo todos
los riesgos para el medio ambiente están garantizados. Si hay algún
problema que le preocupe a usted especialmente, le ruego que me lo
formule, que haré lo posible por contestarle.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
Señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Señor presidente del Gobierno, vamos a tener que terminar por
creernos que ustedes también se enteran de las noticias a través de la
prensa. Los últimos acontecimientos son, entre otros, Doñana y
Acerinox. Si a ustedes esto no les preocupa, a nosotros, desde luego,
sí, porque denota una situación gravísima, que hace aflorar la falta
de sensibilidad que tiene su Gobierno en materia medioambiental.
No asumen sus responsabilidades -de hecho, su respuesta lo ha dejado
bastante claro- y, desde luego, mantienen posiciones que son
decimonónicas si tenemos en cuenta las que mantienen homólogos suyos
de la Unión Europea.
En el desastre de Doñana niegan su responsabilidad y se dedican a
tirarse la pelota entre administraciones. En el escape radiactivo de
Acerinox dicen que no pasa
nada, pero el oscurantismo es total. Llegan ustedes hasta tal punto
en su obsesión por ocultar las cosas, que se vierten 30 toneladas de
cenizas contaminadas a 500 metros de dos barriadas de Huelva, donde
viven personas, y no se informa a la población ni se toman medidas
para hacer algo al respecto.
Esto demuestra que no funcionan los sistemas de control ni la
vigilancia. No existe la prevención, la legislación existente es
obsoleta y ya vemos que no les preocupa, y sólo actúan cuando ya han
sucedido los desastres. Si esto hubiera ocurrido en cualquier país de
nuestro entorno, las dimisiones o ceses se hubieran producido de
manera inmediata. Aquí ya vemos lo que ocurre, con decir: no es mi
responsabilidad, queda todo zanjado.
Cualquier ciudadano o ciudadana puede llegar a la conclusión, con la
información de que dispone, de que no se pueden fiar de la
Administración, en definitiva de su Gobierno. No tienen ustedes
credibilidad, a la vista está, porque minimizan las catástrofes,
no se dan por enterados y mantienen un déficit democrático importante
al no permitir la participación de la sociedad a través de las
organizaciones ecologistas.
Señorías, ustedes carecen totalmente de una política medioambiental,
no son nada serios ni rigurosos; crearon el ministerio de adorno,
para quedar bien; su imagen es patética, quieren engañar a la
población. Son ustedes como el caballo de Atila, por donde pasan no
c rece la hierba. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Urán.
Silencio, señorías.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): No sé si S.S. ha
dejado algo vivo en su intervención, pero intentaré contestarle.
Plantea S.S. dos problemas concretos y voy a hacer en estos momentos
un esfuerzo para responder.
En relación con el vertido de las minas de Aznalcóllar, el Gobierno
ha comparecido con intensidad ante la Cámara y ha dado las
explicaciones correspondientes. La responsabilidad que al Gobierno le
corresponde es la de la limpieza de la cuenca del río contaminado;
esa es la responsabilidad del Gobierno. El Gobierno podía haber
dicho: son responsabilidades de otras administraciones, y no lo
hemos querido hacer (Rumores.) No, señorías, no lo hemos querido
hacer. Podríamos habernos reducido a eso, pero no lo hemos querido
hacer. Lo que sí me gustaría es que otras administraciones cumplieran
con sus responsabilidades con tanta diligencia como lo puede hacer el
Gobierno (Aplausos.), para que no existiese ese derecho al
menos a decirlo.
En relación con la situación de Acerinox, existen real mente en
algunas siderurgias problemas derivados de tratamiento de chatarra
proveniente fundamentalmente de países pertenecientes al antiguo
bloque soviético. Se han producido algunos problemas en ese
sentido y en este momento las siderurgias españolas tienen
establecido un sistema de detección de posibles elementos
radiactivos. Eso no se puede conseguir siempre por problemas
fundamentalmente técnicos en su tratamiento.
Su señoría dice que no, yo le digo lo que sé, y lo que sé es lo que
el Consejo de Seguridad Nuclear dice; probablemente S.S. sepa más que
el Consejo de Seguridad Nuclear. Yo me fío de él, y me dice que lo
que ha ocurrido en relación con Acerinox, a pesar de ser
absolutamente episódico, tiene menos importancia desde el punto de
vista sanitario que hacerse una simple radiografía. Eso es lo que
dice el Consejo de Seguridad Nuclear, con lo cual nadie puede estar
satisfecho de que se produzcan esos riesgos. En España existen, como
en los demás países de nuestro entorno, sistemas razonables para
detectarlos, prevenirlos y procurar actuar en consecuencia, si es que
se producen. (Aplausos.) Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del Gobierno.
- DEL DIPUTADO DON LUIS MARTÍNEZ NOVAL, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CUÁL ES EL
ESTADO ACTUAL DE LAS RELACIONES ENTRE EL GOBIERNO DE LA NACIÓN Y EL
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS? (Número de expediente 180/
001334)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 26, que formula al
Gobierno el diputado don Luis Martínez Noval, del Grupo Socialista.
Señor Martínez Noval.
El señor MARTÍNEZ NOVAL: Señor presidente, ¿cuál es el estado actual
de las relaciones entre el Gobierno de la nación y el Gobierno del
Principado de Asturias?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Noval.
Señor Presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Las relaciones
institucionales del Gobierno de la nación con el Gobierno de todas
las comunidades autónomas son perfectamente normales. (Rumores.- Risas.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
Señor Martínez Noval.
El señor MARTÍNEZ NOVAL: Señoría, no esperaba otra cosa, pero como
presidente del Gobierno es usted el máximo responsable de la tutela
del interés general de la Nación y de la estabilidad de las
instituciones del Estado. En estos momentos en una comunidad autónoma,
Asturias, que a fin de cuentas es el Estado, se vive una crisis
institucional extraordinariamente grave y con consecuencias
indeseadas en muchas direcciones. De todo ello, señor presidente, los
dos únicos responsables son usted y el presidente del Principado de
Asturias.
Nadie se explica que después de haber sumido a Asturias en una crisis
institucional sin precedentes, no se haya escuchado ni de usted ni
de ningún miembro de su Gobierno una sola razón que convincentemente
justifique tamaño fiasco político, señor Aznar. Ustedes, y usted en
particular, ha sumido la política asturiana en un lodazal. Lo que
antes era blanco ahora es negro. Los ciudadanos no entienden por qué
lo que ustedes publicitaban en una comunidad autónoma tan problemática
como Asturias como un cambio histórico, de la noche a la mañana se
ha convertido en un verdadero desastre, señor Aznar. (Un señor
diputado: ¡Muy bien!). Intercambian entre ustedes muy gruesos
calificativos, sin que nadie sepa a qué obedece tanto encono. Yo le
he escuchado decir a usted una sola palabra. Usted habló de
ocurrencias, pero ¿es posible que sean meras ocurrencias las que
justifiquen una crisis política de esa envergadura que tiene, ya lo
dije, extraordinarias consecuencias en otras direcciones?
Tiene usted hoy, señor Aznar, la posibilidad de explicar a toda
Asturias y a toda España qué es lo que hay detrás de esta crisis, qué
es lo que ha pasado para que las cosas hayan l legado al punto en el
que estamos. Díganoslo, señor Aznar; convénzanos, estamos dispuestos
a ser convencidos, porque de no ser así -se lo digo con claridad-,
estaremos legitimados para pensar que esas razones que hay detrás de
este embrollo político son sencillamente inconfesables. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Noval.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor presidente,
señoría, las relaciones entre el Gobierno de la nación y el Gobierno
de las comunidades autónomas -y en este caso el Gobierno del
Principado de Asturias por la que usted me pregunta y de la cual el
Gobierno puede responder-, es una relación de normalidad
institucional, haga S.S. la interpretación que haga.
Esta es una sesión de control de actos del Gobierno, no de control de
los actos de ningún grupo parlamentario en ninguna comunidad
autónoma, ni control de ningún acto de ningún partido en ninguna
comunidad autónoma, que es muy importante. (Rumores . -
Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor presidente.
Señorías, guarden silencio. (El señor Griñán pronuncia palabras que
no se perciben.)
Señor Griñán, señor Griñán, le llamo al orden, observen el mismo
respeto que el que se ha observado a las palabras de su portavoz.
Adelante, señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López ): Para nosotros, como
S.S. podrá comprender, sería muy fácil poner muchos ejemplos en
sentido contrario. Le voy a recordar solamente uno: a usted le
parecerá normal que durante años se produjese la imposibilidad de
hacer una carretera o de hacer una autovía por una disputa política
entre un ministro de un gobierno y un presidente de una comunidad
autónoma. (Aplausos.) Le parecerá absurdo, le parecerá un deterioro
institucional extraordinariamente grave. Debe usted señor portavoz
utilizar mejor las posibilidades de control al Gobierno que le da
esta sesión parlamentaria. En el respeto a los demás partidos, a los
grupos parlamentarios, en el respeto institucional que se debe a las
comunidades autónomas no vamos a hacer otra valoración. Simplemente,
le quiero recordar que la democracia consiste en el respeto entre
mayorías y minorías y la aceptación de mayorías y minorías, salvo
que usted se invente otro sistema. A lo mejor otro día puede
explicarlo. (Aplausos.) Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del Gobierno. (Rumores.)
Si han terminado ya de desahogarse SS.SS., puede continuar la
sesión de control.
La pregunta número 29 ha sido retirada.
- DEL DIPUTADO DON JESÚS JOSÉ GÓMEZ RODRÍGUEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTAIO DE COALICIÓN CANARIA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE
JUSTICIA: ¿ENTIENDE LA SEÑORA MINISTRA ADECUADA LA SUPRESIÓN DE LOS
JUZGADOS DE TELDE Y SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA PARA ATENDER
SATISFACTORIAMENTE LA DEMANDA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS? (Número de expediente 180/001293)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 11, que formula al
Gobierno el diputado de Coalición Canaria don Jesús José Gómez
Rodríguez, a la que contestará la ministra de Justicia.
Señor Gómez Rodríguez.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, es opinión general que la augusta Administración de
justicia no funciona en nuestro país. Podríamos decir que disgusta la
augusta. Pero en Canarias la augusta se convierte en angustia. Allí
la situación es gravísima porque, junto al tradicional déficit en
personal y órganos judiciales, se unen una serie de circunstancias,
como son unas transferencias mal realizadas, más de 100.000 asuntos
pendientes en los juzgados, una huelga indefinida del personal
dependiente de su Ministerio, calificada por los jueces como salvaje,
ya que no se respetan los servicios mínimos. Concretamente ayer no
funcionó la justicia en Canarias. Todo esto se acumula a las
consecuencias del Decreto de 22 de mayo de 1998, reduciendo por parte
del Gobierno central los juzgados en Telde de seis a cinco, y de San
Bartolomé de Tirajana de nueve a ocho, antes de que llegaran a
funcionar. A ello debemos unir la supresión de un juzgado en La
Laguna y otro en Puerto de la Cruz. De ahí, señora ministra, esta
pregunta que le hacemos. Ruego que al contestarnos se nos diga si
para esas medidas reductoras, como para las posibles soluciones, han
si do oídos la comunidad autónoma y el Consejo General del Poder
Judicial.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez Rodríguez.
Señora ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor presidente.
Señoría, tengo que empezar por negar que las transferencias se
realizasen de forma deficiente, porque fue a plena satisfacción del
Gobierno canario. Otra cuestión es que, desde que se han realizado,
existen tensiones entre los funcionarios y el Gobierno canario que,
de alguna manera, quieren hacer revertir contra el Gobierno de la
nación, sabiendo que no tienen competencias. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señora ministra,
Señora Balletbó, por favor. Señor Peón y compañía.
Adelante, señora ministra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor presidente.
Por lo que se refiere a la hipotética reducción que S.S. menciona
respecto a órganos judiciales, tengo que decir que el artículo 20 de
la Ley de Demarcación y Planta Judicial establece unas limitaciones
de órganos jurisdiccionales y que, en función de los informes de la
comunidad autónoma y del Consejo General del Poder Judicial, se creó
el Juzgado de Primera Instancia número 12 en Las Palmas, en lugar
del 9 de San Bartolomé de Tirajana, así como el juzgado número 2 de
Güimar, en lugar del número 6 de Telde.
Estas dos decisiones cuentan con el beneplácito tanto de la
comunidad como del Consejo General del Poder Judicial. Le puedo
asegurar a S.S. que a cada modificiación que exista de la Ley
Orgánica del Poder judicial y de la Ley de Demarcación y Planta en el
futuro será posible plantear modificaciones como la que S.S. requiere
para los juzgados no suprimidos, sino
amortizados, en función de una enmienda del Grupo Parlamentario
Popular.
Gracias, señoría.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Señor Gómez Rodríguez.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señora ministra. Por las
noticias que hoy me confirmaron, ni el Poder Judicial, ni la
comunidad autónoma han sido consultados.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gómez Rodríguez.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Señoría,
no sé quién le pudo confirmar esas noticias. Lo que sí le rogaría es
que me las pasara a mí porque yo sí le puedo remitir los informes
favorables a estas modificaciones.
De cualquier manera, lo que puedo anunciar en este momento es que, a
pesar de las limitaciones derivadas del artículo 20 que le he
mencionado anteriormente, en Canarias se han creado plazas por encima
de las previsiones iniciales de la planta. En concreto, 11 plazas de
magistrados en órganos colegiados y ocho de juzgados y todas ellas
han sido a costa de las demarcaciones de otras comunidades autónomas.
Creo que la Comunidad Autónoma de Canarias podrá quejarse de otras
cuestiones, pero no de la dotación que se est á haciendo en medios
materiales, personales y de creación de órganos jurisdiccionales por
parte del Ministerio de Justicia.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON RICARDO FERNANDO PERALTA ORTEGA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL
GOBIERNO: ¿PUEDE EL PRESIDENTE AFIRMAR QUE NINGÚN SECRETARIO DE
ESTADO, NI OTRO ALTO CARGO DE SU GOBIERNO, ENCARGÓ EL INFORME QUE
SIRVIÓ DE BASE PARA LA DENUNCIA EN EL LLAMADO «CASO SOGECABLE», Y QUE
HA TENIDO COMO CONSECUENCIA EL PROCESAMIENTO DEL INSTRUCTOR, ACUSADO
DE TRES DELITOS DE PREVARICACIÓN, Y FUERTES CRÍTICAS A LA ACTUACIÓN
DEL FISCAL, EN UN VOTO PARTICULAR CONCURRENTE A LA RESOLUCIÓN DE LA
AUDIENCIA NACIONAL QUE HA CERRADO DEFINITIVAMENTE EL CASO? (Número de
expediente 180/001319)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 13 que, en
sustitución de don Ricardo Peralta, va a formular doña Cristina
Almeida Castro, del Grupo Mixto.
Señora Almeida.
Señora ALMEIDA CASTRO: Gracias, señor presidente.
En nombre del Partido Democrático de la Nueva Izquierda queríamos
hacerle a la señora ministra de Justicia la siguiente pregunta:
¿Puede la ministra afirmar que ningún secretario de Estado, ni otro
alto cargo del Gobierno, encargó el informe que sirvió de base para
la denuncia en el llamado «caso Sogecable», y que ha tenido como
consecuencia el procesamiento del instructor, acusado de tres
delitos de prevaricación, y fuertes críticas a la actuación del
fiscal, en un voto particular concurrente a la resolución de la
Audiencia Nacional que ha cerrado definitivamente este caso?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Almeida.
Señora ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor presidente.
Señoría, la señora ministra de Justicia en esta sesión de control al
Gobierno puede afirmar que no existió ningún encargo por parte de
ningún miembro del Gobierno de realización de ningún dictamen,
exactamente igual que se afirmó en la Comisión Constitucional el 26 de
mayo de 1997 por el secretario de Estado de Comunicación, igual que
hice yo el 17 de septiembre de 1997 ante el Pleno de esta Cámara,
como hizo el vicepresidente segundo ante el Pleno del Senado el 8 de
octubre de 1997 y como hizo el vicepresidente segundo ante el Pleno
de esta Cámara.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Señora Almeida.
La señora ALMEIDA CASTRO: Gracias, señor presidente.
Hemos visto las actas de todas esas comparecencias, y usted no ha
tardado en decir que ningún miembro del Gobierno. Yo no le he
preguntado por miembros del Gobierno, sino que me he referido a algún
alto cargo o a algún secretario. Pero no vamos a entrar en el tema,
porque presumimos que no hay demasiada veracidad cuando por otro
conducto hemos tenido conocimiento de que ha servido de base a la
denuncia. Precisamente el decano del Colegio de Economistas ya dijo
que servía de base un informe que le habían encargado personas
relacionadas con el Gobierno.
Lo que sí queremos decir es que esto, que ha sido grave al haberlo
negado contínuamente, ha llevado a una situación tal que desde las
instituciones democráticas se ha impulsado la persecución de un grupo
empresarial, lo que no responde al necesario respeto a la libertad
que debe existir en todas las actuaciones por parte del propio
Gobierno.
La ofensiva del Gobierno contra estos medios de comunicación, no
hecha por casualidad sino para beneficiar a otros grupos
empresariales afines y amigos del señor Aznar, ha dado lugar al
procesamiento por el Tribunal Supremo de un magistrado por t res
delitos de prevaricación, a la constante intervención a la contra
del fiscal general del Estado y del fiscal de la Audiencia Nacional y
del actuante en este caso. Hoy hemos conocido la negativa del fiscal
general del Estado a entregar las instrucciones cursadas porque quizá
deducirían cosas muy distintas de lo que ha ocurrido. En definitiva,
se ha cuestionado siempre desde la Fiscalía la legalidad de las
resoluciones judiciales, más aún, las que dimanan del Tribunal
Supremo y del Consejo del Poder Judicial.
No cuestionamos los derechos del juez porque reconocemos su
presunción de inocencia y el derecho a defenderse, pero creemos que
la intervención de la Fiscalía ha sido partidista, mediatizada y
presionada por el Gobierno. Termino diciendo que creemos que el
Gobierno tiene plena responsabilidad política por acción u omisión
en la preparación, iniciación, impulso y mantenimiento mediático
en el mal llamado caso Sogecable.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Almeida.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor presidente.
Señoría, me ha extrañado que leyera lo que iba a contestarme, porque
S.S. en general suele improvisar, pero esta vez debía de tenerlo
apuntado para decirme exactamente lo que quería indicar al
Gobierno, como una y otra vez vienen reiterando de forma absolutamente
absurda porque no existe ningún encargo, no existe ninguna intervención.
Si lo que existe es una intervención política, es la que
como la de S.S. ante esta Cámara intenta involucrar al Parlamento
y al Gobierno en cuestiones que son estrictamente jurisdiccionales
y de medios de comunicación. (La señora Almeida Castro hace signos
negativos.) No me diga que no porque S.S. lo que ha hecho en este
momento es politizar absolutamente una decisión judicial. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARGARITA URÍA ECHEVARRÍA, DEL GRUPO
NACIONALISTA VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿HAY ALGUNA
NOVEDAD SIGNIFICATIVA EN LA POSTURA DEL GOBIERNO, EN ORDEN A DAR
CUMPLIMIENTO AL ACUERDO MAYORITARIO DE ESTA CÁMARA RELATIVO A LAS
COMPETENCIAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA REGULAR LA
ADJUDICACIÓN Y SOBRE LA GESTIÓN DE LOS DEPÓSITOS Y CONSIGNACIONES
JUDICIALES? (Número de expediente 180/001321)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta 14, que formula
al Gobierno la diputada doña Margarita Uría Echevarría, del Grupo
Nacionalista Vasco.
Señora Uría.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, no sé si considera que la tenacidad y la constancia
es virtud en política o lo contrario. La semana siguiente al debate
del estado de la Nación le pregunté cuál era el propósito del
Gobierno para dar cumplimiento al acuerdo aprobado en relación con
los depósitos judiciales. Antes de terminar el curso le vuelvo
a preguntar si hay novedades sobre est a cuestión.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.
La señora ministra tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor presidente.
Hace poco más de un mes S.S. me anunció una pregunta como la actual,
y en ella yo me remitía al informe de la querella de la Dirección
General del Servicio Jurídico del Estado. Efectivamente, ese
informe se ha recibido y de él podemos deducir sintéticamente lo
siguiente: Primero, que actualmente la competencia respecto de los
depósitos y consignaciones es estatal y que, por tanto, no es
planteable una retirada de los recursos y conflictos pendientes ante
el Tribunal Constitucional, ya que no se trata de una materia
disponible. Segundo, que la única vía para que las comunidades
autónomas puedan asumir competencias en la materia en cuestión, es
la elaboración y aprobación de una ley orgánica de transferencia o
delegación a las comunidades autónomas de competencias de titularidad
estatal, vía prevista en el artículo 150.2 de la Constitución.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
La señora Uría tiene la palabra.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Señora ministra, me sorprende que el
informe no haya sido notificado a la Cámara y, en todo caso, supongo
que se podrá estar en completo desacuerdo con su contenido. Me
gustaría que se pudiera instar a los servicios jurídicos de la
Cámara para que informasen al respecto, puesto que me parece
tremendo hablar de una ley por l a vía del 150.2 en relación con
esta simple materia, que integra indudablemente el contenido material
de la competencia sobre medios materiales al servicio de la
Administración de justicia.
En todo caso, señora ministra, hay otro dato que supongo que usted
conoce, y es que el BBV, que es el adjudicatario de la gestión de los
depósitos judiciales, ha procedido a adquirir 2.000 ordenadores que
van a instalarse en todas las secretarías de los juzgados del
Estado. Se los van a imponer incluso a comunidades autónomas como
Cataluña, Valencia, Andalucía, Canarias y Euskadi, que tienen asumidos
los medios materiales en la materia. ¿Nos van a obligar a aceptar
este PC o cuando menos la aplicación informática, que es lo
que desde el Ministerio se ha dicho que se iba a hacer? En todo caso,
¿se nos obligará a pagar la cuenta telefónica de estos ordenadores?
Creemos que tanto el informe emitido desde el Ministerio, como esta
actuación de hecho, que implica una modificación del statu quo,
supone un incumplimiento del acuerdo adoptado por mayoría por esta
Cámara y que es absolutamente contrario a lo manifestado en ella, que
decidió que la competencia sobre la gestión de los depósitos
judiciales fuese de las comunidades autónomas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.
La señora ministra tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor presidente.
Señoría, respecto a la segunda parte de su intervención, desconozco
lo que me dice de que se hayan aportado PC a los órganos
jurisdiccional es. Respecto a la primera, que era el objeto principal
de su pregunta, le quiero decir a S.S., en primer lugar, que no se ha
dejado el tema zanjado en este momento, sino que se ha encargado el
estudio de viabilidad de transferencia o delegación de competencias
de titularidad estatal mediante ley orgánica. En segundo lugar,
tenemos la implicación de diferentes administraciones, cuales son la
estatal y la autonómica y, en tercer lugar, la implicación de
diferentes ministerios, que son Justicia, Administraciones Públicas y
Economía y Hacienda. Sin embargo, seguimos estudiando y no hemos dado
por zanjada desde el Ministerio de Justicia la cuestión, dado que la
propuesta efectuada en el debate sobre el estado de la Nación, para
el Ministerio de Justicia es vinculante.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ, DEL
GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE
JUSTICIA: ¿MANTIENE EL GOBIERNO LA CONFIANZA EN UN FISCAL GENERAL DEL
ESTADO QUE HA AVALADO ACTUACIONES JUDICIALES PRESUNTAMENTE
PREVARICADORAS? (Número de expediente 180/001335)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 27, que
formula al Gobierno doña María Teresa Fernández de la Vega, del Grupo
Socialista.
La señora Fernández de la Vega tiene la palabra.
La señora FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ: Señora ministra, su fiscal
afirmó ante esta Cámara que conocía y avalaba t odas y cada una de las
actuaciones de los fiscales de la Audiencia Nacional en relación
con el caso Sogecable, hoy archivado por inexistencia de delito. ¿Qué
es lo que ha pasado? Lo que ha pasado, por
primera vez en la historia, es que la Audiencia Nacional ha revocado
por siete veces resoluciones judiciales consentidas, cuando no
promovidas, por los fiscal es Gordillo y Fungairiño, que han
determinado el procesamiento del instructor por tres delitos de
prevaricación; que su fiscal se niega a entregar documentos al Supremo,
entre los que se encuentra aquél en el que sus asesores le decían
que no había delito; que anuncia que se va a adherir al recurso del
juez procesado, que no conoce ni ha leído; que solicita que la
suspensión cautelar de ese juez por el delito más grave que se puede
cometer no sea inmediata; y que el ministerio fiscal ha sido acusado
por primera vez en una resolución judicial de fraude procesal y de
abuso de derecho. Ante estos gravísimos hechos, señora ministra,
¿mantiene el Gobierno todavía la confianza en su fiscal?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández de la Vega.
La señora ministra tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor presidente.
Si S.S. lo que quiere preguntar es si el fiscal general del Estado ha
sido o va a ser cesado inmediatamente, contesto a S.S.: no.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Señora Fernández de la Vega.
La señora FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ: Señora ministra, lo de
inmediatamente a lo mejor me tranquiliza, pero yo creo que en estos
momentos son exclusivamente usted y su Gobierno l os únicos que
mantienen la confianza en un fiscal que ya no es ni general ni del
Estado, sino que es un fiscal del Gobierno. (Rumores.) ¿Y sabe por
qué? Porque usted está utilizando al fiscal como parapeto tras el
cual quieren tapar o esconder su responsabilidad en este asunto, que
es toda y absoluta. (El señor Isasi Gómez: ¡Eligio!) Ustedes han
utilizado el instrumento más poderoso, coactivo, amenazador y dañino
que tiene el Estado de Derecho, que es el proceso penal, y a quien
tiene encomendado constitucionalmente el ejercicio de la acción
penal, que es el fiscal, para perseguir, investigar e intentar
doblegar y eliminar, criminalizando, a un grupo de comunicación que
no se ha prestado a sus manipulaciones mediáticas, poniendo para ello
en cuestión la libertad de expresión, de empresa y cuantos derechos
fundamentales han encontrado ustedes en el camino. ¿Cree usted,
señora ministra, que algún ciudadano va a confiar en un fiscal que se
dedica a perseguir hechos que no son delictivos y que él sabe que no
lo son? ¿O a personas que son inocentes en lugar de poner el mismo
ahínco en temas como el narcotráfico? ¿En un fiscal, señora ministra,
al que los propios fiscales le dicen que se abstenga porque no es
imparcial? Señora ministra, su actuación escandalosa y partidaria les
salpica a usted y a su Gobierno, únicos responsables de todo este
asunto
y del desprestigio y legitimación del fiscal. (Aplausos.-Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández de la Vega.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor presidente.
Señoría, la verdad es que la estaba escuchando y no daba crédito a
lo que oía. (Protestas.) Por ejemplo, usted ha dicho que el
fiscal general del Estado se muestra en contra de determinado medio
de comunicación y que además es instigado por el Gobierno. No; eso
ocurría antes. (Aplausos.) Sí, verá usted: 15 de febrero de 1990,
querella presentada por el fiscal general del Estado contra determinado
diario. Inadmitida. Recurrido por el fiscal general del Estado y
el recurso en apelación igualmente inadmitido. Eso sí que es actuar y
utilizar el procedimiento penal, no lo que se hace ahora, señoría.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
- DE LA DIPUTADA DOÑA AMPARO RUBIALES TORREJÓN, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE JUSTICIA:
¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE NO HAY RAZONES VÁLIDAS QUE EXIJAN LA
MODIFICACIÓN DE LA VIGENTE LEY DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL
EMBARAZO? (Número de expediente 180/001336)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 28, que formula al
Gobierno la diputada doña Amparo Rubiales Torrejón, del Grupo
Socialista.
Señora Rubiales.
La señora RUBIALES TORREJÓN: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, ¿considera el Gobierno que no hay razones válidas
que exijan la modificación de la vigente Ley de interrupción
voluntaria del embarazo?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rubiales.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor presidente.
Señoría, el Gobierno considera que no existe ninguna razón añadida a
las que aconsejaron a su grupo, en 1995, propugnar la actual
redacción.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Señora Rubiales.
La señora RUBIALES TORREJÓN: Señora ministra, se lo repito de nuevo.
Cada vez que habla S.S de este tema me deja especialmente perpleja.
Siempre me
habla del año 1995. (Rumores.) Es usted, señora ministra,
la pura nadería, dicho sea con todos los respetos hacia su señoría.
Ha sido un argumento recurrente de esa derecha que usted representa
el de que no era necesaria la modificación de la Ley de interrupción
voluntaria del embarazo porque no existían razones sociales válidas
para ello. Así llevamos días y días, meses y meses (Rumores.),
sufriendo toda una posición de bloqueo, toda una posición de veto
parlamentario que impide que en esta Cámara se debatan las
iniciativas de la oposición sobre modificación de la Ley de
interrupción voluntaria del embarazo. Ustedes no quieren reformarla y
no nos dejan a l os demás que lo hagamos. (Rumores.) Ni
contigo ni sin ti tienen mis penas remedio. Mientras, conocemos
informes sobre el porcentaje de abortos juveniles en España realmente
impresionantes, que a todos nos deberían mover a actuar desde la
seriedad y el rigor y no desde la mojigatería y la táctica del
avestruz. Pero con ustedes no es posible. Su moral no les permite ni
siquiera planteárselo. ¿Eso es la libertad de conciencia? La libertad
de conciencia no saben ni cómo se come. Si para ustedes no hay
razones para modificar esta ley, díganme qué tiene que ocurrir para
que las hay. Hemos tenido así, en un breve relato, los casos de los
médicos de Barcelona, el de los médicos de Asturias, los juicios a
más de 34 personas en Málaga, quedan casos pendientes en Navarra
y Castellón y el escándalo, que ha sido reciente, de la clínica de
Albacete que, por lo visto y oído, a S.S. le parece poco. ¿Qué más
quiere que pase? ¿Cuánta más angustia quiere que sufran las
mujeres? (Rumores.) Repito algo evidente, señorías. Nosotros no
queremos que las mujeres aborten, lo que queremos es que puedan
actuar libremente según su conciencia, sin riesgo de ir a la cárcel
por ello, y ustedes lo están impidiendo. (El señor Isasi Gómez:
Catorce años de gobierno.)
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rubiales.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor presidente.
Usted dice que le contesto siempre lo mismo, pero es que usted me
pregunta siempre lo mismo, no tiene ninguna novedad su señoría. Todos
los casos a los que usted ha hecho mención se deben a una ley aprobada
en esta Cámara. (La señora Rubiales Torrejón: A hora.) Pero es
que cuando ustedes pudieron no quisieron y ahora resulta que quieren
y no pueden, qué le vamos a hacer. Eso es una auténtica democracia,
señoría, el que las personas tienen su opinión, los representantes
del pueblo la expresan aquí y votan. (La señora Rubiales Torrejón:
Ahora.). Entonces, señoría, lo que están haciendo los tribunales es
aplicar la ley, las leyes que SS.SS. aprobaron. No eche sobre este
Gobierno la
responsabilidad de lo que ustedes no quisieron ni pudieron hacer.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra de
Justicia.
- DEL DIPUTADO DON ARSENIO FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿CUÁLES SON LAS LÍNEAS BÁSICAS DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA INICIADA
POR EL MINISTERIO DE DEFENSA PARA LA CAPTACIÓN DE CANDIDATOS PARA EL
FUTURO EJÉRCITO PROFESIONAL? (Número de expediente 180/001326)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 19, que
contestará el señor ministro de Defensa y que formula al Gobierno el
diputado don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, del Grupo
Popular.
Señor Fernández de Mesa.
El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: Muchas gracias, señor
presidente.
Señorías, hace quince días el Congreso de los Diputados y el Senado
aprobaban una ponencia para la plena profesionalización de las
Fuerzas Armadas que cambiará de una manera radical el nuevo concepto
de Fuerzas Armadas Españolas del siglo XXI y que supondrá también un
cambio importante para la sociedad española.
El Grupo Parlamentario Popular, consciente de que esa ponencia
aprobada por el Pleno de la Cámara y por el Senado hace quince días
ha suscitado el apoyo de la mayoría de los grupos políticos de la
Cámara, es también consciente de lo imprescindible que sería que se
sumaran otros grupos políticos, porque sabemos también de la
necesidad de que una cuestión como ésta, importante para los
intereses de España como una cuestión de Estado, tenga el respaldo
mayoritario de los grupos políticos que se sientan en este Congreso
de los Diputados.
Señorías, esta ponencia aprobada por el Legislativo hace exactamente
quince días tiene su proyección en la acción del Gobierno, que en
estos momentos tiene entre sus manos la obligación de hacer que se
cumplan los requisitos imprescindibles para que los jóvenes
españoles, hombres y mujeres, acudan a estos nuevos puestos de
trabajo que se van a convocar y sean así profesionales de la
Fuerzas Armadas. Por ello, señor p residente, hacemos la pregunta al
señor ministro de Defensa sobre cuáles son las líneas básicas de la
campaña publicitaria iniciada por el Ministerio de Defensa para la
captación de candidatos para el futuro ejército profesional.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Mesa.
Señor ministro de Defensa.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Gracias, señor
presidente.
Señoría, como sabe perfectamente, en el último año y medio el
Ministerio de Defensa ha diseñado un modelo para dotar a España de
unas Fuerzas Armadas totalmente profesionales y ha dado una vía para
alcanzar tal modelo antes de que se llegue al año 2003. Como ha dicho
S.S., la Comisión Mixta ha dado un respaldo mayoritario al
Ministerio de Defensa, aunque al Grupo Popular le hubiera gustado que
fuera unánime y no decaemos en esta esperanza.
En cumplimiento de ese respaldo parlamentario, en primer lugar, el
Ministerio de Defensa ha presentado al Consejo de Ministros, que lo
ha aprobado, el proyecto de ley de régimen jurídico de personal de
las Fuerzas Armadas, proyecto que una vez dictaminado por el Consejo
de Estado será inmediatamente remitido a esta Cámara. En segundo
lugar, ha empezado una campaña publicitaria como medio de adecuar las
necesidades de las Fuerzas Armadas a las expectativas de nuestro
jóvenes, hombres y mujeres, para que así puedan estar dotadas por el
contingente necesario antes de que llegue la extinción definitiva del
servicio militar obligatorio. (El señor vicepresidente, Fernández-
Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
Este año las consignaciones presupuestarias son de 1.600 millones de
pesetas, que acogerán las convocatorias del presente ejercicio y las
correspondientes al primer trimestre del año que viene. Lo que se
ha visto como líneas fundamentales es que hay que estimular y dar a
la juventud un conocimiento veraz de lo que son nuestras Fuerzas
Armadas, haciendo hincapié en la solución que representan para el
problema del empleo, en la profesionalidad y en las enormes
posibilidades de formación, así como en el reconocimiento social y
profesional de nuestros sol dados y marineros profesionales, no sólo
a través de los medios de comunicación, sino que, según las encuestas
que tenemos, realizadas entre la opinión pública en general y entre
los profesionales de las Fuerzas Armadas, también se ha comprobado
la eficacia de medios indirectos, como es el medio familiar o la
comunicación boca a boca. Por ello, no solamente se están haciendo
campañas en los medios, sino también en el entorno de los profesionales,
con lo que est amos formando reclutadores y modernizando y
adaptando los centros de reclutamiento.
Por el momento, aunque sea pronto para dar un resultado definitivo,
puedo decirle que el incremento de solicitudes en esta convocatoria
sobre la anterior, como consecuencia de las acciones publicitarias a
las que he hecho referencia, es del 28 por ciento.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas
gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON LUIS GONZAGA NAVARRO ELOLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CÓMO VALORA
EL MINISTERIO DE FOMENTO LA RECIENTE DECISIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA DE
INICIAR UNA ESTRATEGIA CONJUNTA QUE PERMITA A LOS QUINCE PARTICIPAR
EN LA GESTIÓN DE INTERNET JUNTO A ESTADOS UNIDOS EN SUS DOS
ELEMENTOS CLAVE: DIRECCIONES Y DOMINIOS? (Número de expediente
180/001327)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Preguntas
dirigidas al señor ministro de Fomento.
Pregunta número 20, que formula don Luis Navarro Elola, del Grupo
Parlamentario Popular.
Señor Navarro.
El señor NAVARRO ELOLA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro de Fomento, como es bien sabido, durante las dos
últimas décadas los avances tecnológicos en las llamadas tecnologías
de la información han reducido dramáticamente los costes en todos
los procesos de producción y de las comunicaciones, lo que ha
resultado tener un efecto dinamizador de la economía. D entro de estos
avances tecnológicos, y como ejemplo de la globalización de los
servicios de telecomunicaciones, se encuentra la red Internet. En
términos de usuarios, actualmente Internet supera en España el
millón de personas, lo que supone un crecimiento de más del doble
sobre el número que existía en 1996.
Por otra parte, el comercio electrónico en España en 1997 generó una
cifra de negocio de 1.000 millones, esperándose que para el año 2002
el volumen de operaciones en la red suponga el 10 por ciento del
total del comercio que se realiza en el mercado español. A nivel
mundial , se ha pasado de una cifra de usuarios inferior a cinco
millones en 1991 a más de 80 millones en la actualidad y, en cuanto
al volumen de negocio generado, se estima que superará los 15.000
millones de dólares en el año 2000. Este éxito espectacular se ha
debido en parte a la estructura de las tarifas de conexión
a Internet y en parte a la facilidad de acceso y de uso para los
usuarios más diversos.
Todas estas cifras reflejan claramente la importancia estratégica de
Internet y, debido a ello, la Unión Europea ha iniciado una
estrategia conjunta que permita a los Quince participar más
activamente en la gestión de Internet a nivel internacional. Es por
ello, señor ministro de Fomento, que le formulo la siguiente pregunta:
¿Cómo valora el Ministerio de Fomento la reciente decisión de la
Unión Europea de iniciar una estrategia conjunta que permita a los
Quince participar en la gestión de Internet junto a Estados Unidos en
sus dos elementos clave: direcciones y dominios?
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Navarro.
Señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoría, el Ministerio de Fomento valora muy positivamente el
acontecimiento al que ha hecho referencia su señoría. Hasta tal punto
es así que España ha participado activamente en los dos últimos
Consejos de Ministros de Telecomunicaciones de la Unión Europea, de
26 de febrero y 19 de mayo, en que se trató este tema, al que se
reconoció una gran importancia y sobre el que existe la opinión
unánime acerca de la necesidad de establecer una política
comunitaria, una auténtica política comunitaria, dada su indudable
trascendencia para el desarrollo mundial de la red Internet.
En el Consejo de 26 de febrero de 1998, en las conclusiones, se
incluyó una respuesta conjunta de la Comunidad Europea y sus Estados
miembros al Gobierno norteamericano respecto al Libro Verde sobre
gestión de Internet titulado Una propuesta para mejorar la gestión
técnica de los nombres y direcciones de Internet, que fue presentado a
principios de año por la Administración estadounidense. Como
consecuencia de esa reunión del Consejo se acordó remitir una carta
al vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, en la que se
establecían los criterios que a juicio de la Comunidad Europea y de
los Estados miembros debían seguirse de cara a un nuevo sistema para
la gestión de nombres y de direcciones de Internet, sistema que
debería ser establecido después de una amplia consulta internacional
entre las partes interesadas.
La Comisión hizo una descripción de los rasgos que debería tener el
nuevo sistema: ser reconocido y transparente a nivel internacional,
reflejar plenamente la diversidad geográfica y funcional de
Internet, ser duradero y sólido y asegurar un adecuado equilibrio
entre una solución basada en la libertad de mercado y en los intereses
legítimos de los propietarios de marcas comerciales que
preconizan un número más limitado de dominios genéricos.
En el último Consejo de Telecomunicaciones de la Unión Europea, de
19 de mayo, la Comisión, a través del comisario Bangemann, informó a
los Estados miembros de los nuevos planes de la Administración
estadounidense de presentar un nuevo libro blanco, libro que ha sido
presentado muy recientemente, el pasado 5 de junio, bajo la
denominación de Statement policy, en el que se proponen una serie de
medidas para la gestión técnica futura de los nombres de dominios
de Internet, teniendo en cuenta lo expresado justamente en la
respuesta que formuló la Unión Europea. Se abre, a partir de esa
nueva iniciativa norteamericana, un período transitorio en el que
será imprescindible una intensa y amplia coordinación en beneficio
del sistema Internet.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias.
- DEL DIPUTADO DON CRISTÓBAL JUAN PONS FRANCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁLES SON
LAS LÍNEAS BÁSICAS DEL PLAN NACIONAL DE NUMERACIÓN DESARROLLADO EN EL
REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIÓN Y RESERVA DE RECURSOS
PÚBLICOS DE NUMERACIÓN, APROBADOS POR EL CONSEJO DE MINISTROS?
(Número de expediente 180/001328)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta
número 21, que formula don Cristóbal Pons Franco, del Grupo
Parlamentario Popular.
Señor Pons.
El señor PONS FRANCO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, a medida que vamos avanzando en el proceso de
liberalización de las telecomunicaciones en este país, observamos
la introducción de progresivos cambios en el sector, entre ellos, el
nuevo sistema nacional de numeración, que afecta a todos los
ciudadanos de España.
Este cambio, que se ha ido introduciendo en determinadas fases, ha
supuesto un cambio importante basado en el nuevo Plan de numeración y
en el Reglamento de asignación y reserva de los recursos públicos de
numeración aprobados por el Consejo de Ministros. Un cambio que
pretende asignar y efectuar reservas de los recursos de numeración
telefónica a los distintos operadores y hacer frente así a las
necesidades derivadas del crecimiento de los servicios telefónicos y
de las modificaciones aparecidas en el mercado de las
telecomunicaciones con la introducción de esos nuevos operadores.
Por la modificación sustancial que provoca en la población el nuevo
cambio de numeración, y estando ya a menos de un mes de la última
fase, sería interesante que esta Cámara pudiera conocer las líneas
básicas del nuevo Plan nacional de numeración y de su reglamento de
desarrollo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Pons.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señoría, por su pregunta, porque efectivamente se está
produciendo un cambio profundo en el mundo español de las
telecomunicaciones. Ayer mismo yo tenía ocasión de recibir la primera
llamada que se hace en España de telefonía local por cable desde la
Comunidad Valenciana, y eso es, evidentemente,
consecuencia de un proceso de liberalización en el que la
numeración es uno de los elementos básicos para que pueda funcionar
la libre competencia. Precisamente porque la numeración es, en el
ámbito de las telecomunicaciones, un recurso escaso es por lo que hay
que regular con exquisito cuidado los procedimientos para asignar los
bloques de número que, a su vez, los distintos operadores
telefónicos pueden repartir entre sus clientes. El Plan nacional de
numeración garantiza, naturalmente, como exige la legislación
comunitaria, un procedimiento objetivo, no discriminatorio,
proporcional y transparente, que son los adjetivos que la legislación
comunitaria ha generalizado en la Unión Europea para garantizar que
los procedimientos son conformes a un marco de libre competencia.
En España hay ya un segundo operador de ámbito nacional en estos
momentos. Ayer se iniciaba el operador de telefonía móvil, el
operador de telefonía local de cable, y próximamente se asignará la
tercera licencia de telefonía móvil, además de la tercera licencia de
telefonía fija, que ha sido ya asignada. En estas circunstancias, el
Plan nacional de numeración adquiere una importancia primordial.
Muy sintéticamente, porque el problema es amplio y complejo, los
rasgos son los siguientes. Todos los números de los abonados pasan a
tener nueve dígitos; los nuevos números se forman añadiendo el prefijo
provincial al anterior número del abonado. En un futuro próximo,
los números de telefonía básica también podrán empezar por 8, además
de por 9. Los números de los teléfonos móviles se irán modificando y
pasarán a utilizar el segmento N=6. Las llamadas internacionales
empezarán con el -00-. Los números cortos del tipo 00X migrarán al
100X, y los números 11X se reservan para servicios armonizados en el
ámbito europeo o para circunstancias excepcionales de interés
nacional. También se habilita el llamado rango del plan de
numeración 1XYZ -más otras tres cifras- para determinados servicios
singulares.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas
gracias, señor ministro.
- DEL SEÑOR DON ANTONIO MERINO SANTAMARÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁLES SON LAS
LÍNEAS BÁSICAS DEL FUTURO PLAN TÉCNICO NACIONAL DE TELEVISIÓN
DIGITAL, CUYA REDACCIÓN ESTÁ ULT IMANDO EL MINISTERIO DE FOMENTO Y
QUE TIENE POR OBJETO ASEGURAR LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EL SECTOR
AUDIOVISUAL? (Número de expediente 180/001329)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta
número 22, que formula don Antonio Merino Santamaría, del Grupo
Parlamentario Popular.
Señor Merino.
El señor MERINO SANTAMARÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, todas las redes y servicios de telecomunicación están
sometidos desde hace años a un acelerado proceso de digitalización,
de sustitución de los viejos equipos analógicos por los nuevos
digitales. Únicamente la televisión había escapado hasta hace poco a
este proceso, y ello tiene que ver con la existencia de un
extensísimo parque de receptores analógicos en todo el mundo.
En estos momentos, el ministerio de Fomento está terminando el
denominado Plan técnico nacional de televisión digital, proyecto con
el que la actual Administración se ha propuesto coger a tiempo el
tren de la innovación tecnológica y acometer una de las transiciones
más importantes en el sector de las telecomunicaciones. El cambio de
la televisión analógica a la digital permitirá, entre otras cosas, la
aparición de nuevas posibilidades de inversión en el mercado
audiovisual, un aumento de la competencia en el sector y un aumento
de la oferta televisiva de calidad con un mejor aprovechamiento del
espacio radioeléctrico y mejora de la calidad técnica en la recepción
de la imagen y del sonido de las emisiones.
Por ello, señor ministro, le formulo la siguiente pregunta. ¿Cuáles
son las líneas básicas del futuro Plan técnico nacional de televisión
digital cuya redacción está ultimando el Ministerio de Fomento y
que tiene por objeto asegurar la innovación tecnológica en el
sector audiovisual?
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Merino.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoría, el Plan técnico nacional de televisión digital tiene como
objetivo principal introducir la tecnología digital porque ofrece
muchísimas ventajas y favorece de una manera clara y rotunda la
innovación tecnológica. Entre otras cosas, permite la ordenación y el
aprovechamiento más racional del espectro radioeléctrico, de tal
manera que, por así decirlo, consume menos espectro y, por
consiguiente, abre más posibilidades para que más operadores puedan
entrar en el mercado. Con ello, señoría, se cumple, además, el
compromiso del Gobierno de hacer que en el ámbito de los medios de
comunicación haya cada vez mayor pluralismo empresarial y mayor
pluralismo informativo.
Dicho esto, señoría, los rasgos del plan se pueden resumir como
expongo a continuación. Primero, habrá un periodo transitorio de
coexistencia de la televisión analógica y de la digital durante diez
años a partir del 1 de mayo del año 2000 -en principio-, año en el
que caducan o vencen las actuales concesiones de televisiones
privadas analógicas. No obstante, se contempla en el borrador de
decreto ampliar ese plazo si algunas circunstancias extraordinarias
así lo aconsejaran. Segundo,
la introducción de la televisión digital-terrenal se efectuará
mediante cuatro redes de frecuencia única, cuatro canales múltiples,
como se llaman, de la misma frecuencia en todo el territorio nacional
con capacidad cada uno de ellos para transportar hasta cuatro programas
de televisión de calidad convencional. Tercero, se ha
planificado un canal múltiple nacional con posibilidad para efectuar
desconexiones territoriales que estará disponible un año después de
los cuatro antes señalados, y un canal múltiple, también en red de
frecuencia única, para la cobertura del territorio de cada comunidad
autónoma. Por último, durante esta etapa de transición se dispondrá
también de un máximo de tres canales múltiples para cada comunidad
autónoma y se intentará habilitar hasta dos canales para televisiones
locales.
Para facilitar la coexistencia entre ambos sistemas, analógico y
digital, durante el periodo de transición se ha previsto concentrar
las emisiones de televisión digital en la parte más alta del espectro
de la banda UHF, atribuida a los servicios de difusión de
televisión, y además la planificación se ha efectuado protegiendo
las transmisiones analógicas de mayor potencia actualmente
existentes, de tal manera que el porcentaje de población que puede
verse afectada como consecuencia de estos cambios sea mínimo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
- DE LA SEÑORA DOÑA CARMEN HERAS PABLO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCELENTÍSIMO SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO:
¿QUÉ OPINA EL GOBIERNO SOBRE LAS SANCIONES QUE HA RECIBIDO TELEFÓNICA
POR LA CESIÓN NO CONSENTIDA DE DATOS DE SUS ABONADOS? (Número de
expediente 180/001342)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta
número 34, que formula doña Carmen Heras Pablo, del Grupo Socialista.
Señora Heras.
La señora HERAS PABLO: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¿qué opina el Gobierno sobre las sanciones que ha
recibido Telefónica por la cesión no consentida de datos de sus
abonados?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Heras.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoría, el Gobierno en cuanto tal no opina sobre las resoluciones de
un organismo independiente como es la Agencia de Protección de Datos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Señora Heras.
La señora HERAS PABLO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, ustedes creen que tienen patente de corso para hacer
lo que quieran. (Rumores.) Usan el término liberalización desde el
punto de vista interesado de una sola de las partes: la suya. Con
Telefónica ya llueve sobre mojado. ¿Sabe, señor ministro, cómo se la
llama por la calle? Timofónica. La Agencia de Protección de
Datos ha tenido que abrirle ocho expedientes de los cuales tres aún
están en trámite. Hasta la fecha ha recibido cinco sanciones de 150
millones de pesetas, pero no tienen intención de corregirse. Teleline,
servidor suyo al cien por cien, ha suministrado por teléfono las
claves de entrada de muchos de sus clientes, lo que según los
expertos puede implicar la creación de una base de datos con
intereses comerciales.
Señor ministro, siendo Telefónica una empresa que o frece servicio
público, está cediendo sin autorización datos de clientes y eso es un
delito por el que ya ha sido multada. Está cobrando 11,40 pesetas
por cada conexión fallida a Internet y eso, hecho de forma masiva,
puede ser tipificado como estafa. Teniendo infraestructura técnica
para dar mejor servicio a través de Infovía, est á reteniendo esa
disponibilidad sólo para conseguir mayores beneficios. Señor
ministro, no me argumente que Telefónica se privatizó y que todo esto
son secuelas de una larga etapa de monopolio, porque -como sabe- en
el proceso de privatización debieron quedar muy claros los derechos
de los usuarios o, al menos, eso fue lo que ustedes nos explicaron.
No me diga que nada tiene que ver el Gobierno con todo esto, porque
para no tener nada que ver con todo esto, fíjese qué cosas hace este
Gobierno: nombra a un presidente de Telefónica que recibe un
astronómico sueldo anual y que trastoca al consejo de administración
y pone otro a su medida que hoy acordaba un buen blindaje; juguetea
con los cálculos del Instituto Nacional de Estadística para
determinar los precios de los distintos tipos de llamadas; determina
los precios de las llamadas local es colocándose enfrente a
Telefónica, a la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, a usuarios,
bancos y empresas; interfiere como juez y parte en el desarrollo de
Retevisión. Señor ministro, ¿de qué cl ase es est e liberalismo? Y,
mientras tanto, no toma ninguna medida ante las sospechas de delito
que recaen sobre Telefónica. ¿Es que ha resuelto dedicarse ...?
(Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señoría.
Evidentemente, la pregunta no era sobre la Agencia de Protección de
Datos, sino sobre Telefónica. Mire
usted, señoría, yo lo único que puedo recomendarles en relación con
Telefónica es que vayan ustedes al psiquiatra; tienen ustedes una
obsesión tal con la Compañía Telefónica que realmente es difícil de
comprender. Le digo una cosa: en estos momentos ya hay dos millones
de españoles, que son accionistas de Telefónica, que saben que si
ustedes vuelven, por un azar, a ganar las elecciones, triturarán a
Telefónica. Ya lo saben.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas
gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JAVIER FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO: ¿CONSIDERA EL
MINISTRO DE FOMENTO QUE EL LLAMADO «MODELO ALEMÁN» DE CONTRATACIÓN DE
OBRA PÚBLICA PUEDE SER UNA CATÁSTROFE PARA ESTE PAÍS? (Número de
expediente 180/001343)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta
número 35, que formula don Javier Fernández Fernández, del Grupo
Parlamentario Socialista.
Señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: Señor ministro, la pasada semana el
secretario de Estado de Presupuestos anunciaba el fin de la utilización
del método alemán para la financiación de las
infraestructuras por el riesgo que supone para presupuestos posteriores.
Usted se había pronunciado ya con mucha más contundencia en
ese sentido, calificándolo de catastrófico y diciendo que había que
echar la llave en aquel acta famosa de 29 de septiembre del año
pasado, que, por cierto, se está cumpliendo punto por punto.
Yo creo que ha llegado el momento de que nos diga aquí, en sede
parlamentaria y no solamente en el ámbito restringido de su partido,
si opina que este método, tal y como lo estaban utilizando, puede ser
una catástrofe para este país.
Nada más.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas
gracias, señor Fernández.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señor presidente.
El Gobierno opina que no es una catástrofe, señoría, y yo mismo opino
que no es una catástrofe, señoría.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas
gracias, señor ministro.
Señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: Mire usted, señor ministro, en la
página 10 de ese acta decía usted: que tengan tranquilidad, que
tengan paciencia los extremeños, que van dos tramos, el Mérida-
Almendralejo y otro que no recuerdo. Y yo no le voy a reprochar a usted
que se olvide -que es normal-, pero es importante ese olvido si lo
ponemos en relación con lo que decía en este hemiciclo el 25 de marzo
en contestación al señor Jiménez Suárez. Decía usted, señor ministro:
en la ruta de La Plata van dos tramos, uno el de Almendralejo, y
el otro no lo citaba, y no lo citaba porque se le olvidaba; se le
olvidó en septiembre y se le volvió a olvidar en marzo, y el olvido
de ese tramo que, por cierto, es el del Puerto de Béjar-Aldeanueva
del Camino, es la constatación de la veracidad de ese acta. Es un
certificado de autenticidad, y es, además, la demostración palmaria,
señor ministro, de que no tiene usted coraje político para decir aquí
lo que afirma en el ámbito de su partido, que el método alemán para
la financiación de infraestructuras, como otras prácticas
presupuestarias y extrapresupuestarias de su Gobierno, está
condicionando e hipotecando los presupuestos futuros de este país.
(Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Fernández.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Nada tengo
que decir, porque siguen ustedes utilizando un documento apócrifo, y
mientras sigan haciendo oposición con un documento apócrifo,
señorías, se están equivocando, se siguen equivocando y se seguirán
equivocando, porque son ustedes muy testarudos. (Varios señores
diputados pronuncian palabras que no se perciben.) El documento es
apócrifo y debería bastar con que se lo dijera desde este banco para
que no sigan ustedes perdiendo el tiempo haciendo ese tipo de
oposición.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON TOMÁS BURGOS GALLEGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁL ES EL GRADO DE
CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL GOBIERNO DE LOS COMPROMISOS QUE LE AFECTAN
EN EL ÁMBITO COMUNI TARIO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA
SOBRE CONTROL OFICIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS? (Número de
expediente 180/001323)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Preguntas
dirigidas al señor ministro de Sanidad y Consumo.
Pregunta número 16, que formula don Tomás Burgos Gallego, del Grupo
Parlamentario Popular.
Señor Burgos.
El señor BURGOS GALLEGO: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, la política de protección de los consumidores
contempla un amplísimo abanico de aspectos y de niveles, sobre todo
desde que gobierna el Partido Popular. Son todos relevantes, pero si
hubiera que elegir uno que constituye el esencial punto de referencia
de la defensa de los consumidores, ese sería sin duda el control
eficaz de los productos alimenticios. La protección de la seguridad y
de la salud de los consumidores y usuarios es una exigencia
constitucional, así a parece en el artículo 51 de nuestra Carta
Magna, y encuentra en el ámbito de la alimentación una de sus más
evidentes razones de existir, y precisamente por su naturaleza ha
sido objeto de tratamiento comunitario en varias directivas,
entre las que destacaría especialmente la Directiva 89/397, relativa
al control oficial de los productos alimenticios, que obligaba a los
Estados y especialmente, como es lógico, al nuestro a adaptar sus
propias normativas nacionales.
Pese a nuestras obligaciones como Estado miembro de la Unión Europea,
yo destacaría, sin embargo, que la política de anteriores gobiernos
acabó siendo una política perezosa en esta materia. Perezosa por la
tardanza, a veces exasperante, en adoptar y en publicar las
disposiciones legales reglamentarias y administrativas que daban
cumplimiento a la normativa comunitaria en esta materia. Ni más ni
menos que cuatro años se tardó en adaptar la directiva citada y en
publicar el real decreto 50, del año 1993, que la trasponía. Perezosa
también fue esa política de los gobiernos anteriores porque fueron
pobres los medios y las actuaciones efectuadas en relación con las
recomendaciones de la Comisión sobre el control de los productos
alimenticios. Afortunadamente la situación ha cambiado con este
Gobierno en cuanto al funcionamiento, al control y la cooperación
desde que usted accedió al Ministerio de Sanidad y Consumo.
Señor ministro, el ciudadano es muy sensible a los temas de
seguridad alimentaria, quiere información y garantías y sobre todo
espera de un Gobierno responsable una actuación eficaz e intachable
en esta materia. De ahí mi interés en preguntarle cuál es el grado de
cumplimiento por parte del Gobierno de los compromisos que le
afectan en el ámbito comunitario, conforme a lo establecido en la
Directiva sobre control oficial de productos alimenticios.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Burgos.
Señor ministro de Sanidad y Consumo.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas
gracias, señor presidente.
La actuación de los servicios de control oficial de productos
alimenticios es uno de los pilares sobre los que se asienta la
seguridad alimentaria, siendo fundamental el cumplimiento de los
compromisos derivados de la armonización comunitaria en esta materia.
Las directivas comunitarias -como bien recordaba S.S.- fueron
traspuestas a nuestro ordenamiento jurídico, no sin las demoras
justamente recordadas por S.S., pero en última instancia sí se
traspusieron, y esas directivas traspuestas establecen las reglas de
control necesarias para que éste sea más efectivo y se realice de forma
uniforme, con garantías por parte de todos los Estados
miembros.
El artículo 14 de la Directiva 89/397 obliga a las autoridades
competentes de los Estados miembros a la elaboración de sus propios
programas de control, definiendo el carácter y la frecuencia de los
que deban realizarse, y, asimismo, dicho artículo 14 establece la
obligación a los Estados miembros de remitir a la Comisión anualmente
toda la información útil relativa a la ejecución de los programas del
año anterior. En este sentido, conviene señalar que las competencias
de control de productos alimenticios se encuentran transferidas a las
comunidades autónomas y, por ello, el informe sobre el programa
global anual de control de productos alimenticios es la suma de los
programas anuales que las comunidades autónomas establecen en sus
ámbitos territoriales.
La labor que realiza el Ministerio de Sanidad y Consumo es la de
coordinación interterritorial en el marco del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. La Directiva 93/99
establece que, para comprobar que los controles realizados por los
sistemas oficiales de los Estados miembros sean eficaces, se
efectuarán visitas periódicas de agentes específicos nombrados por la
Comisión. España ha recibido dos visitas de inspección comunitaria;
la primera en 1997, para verificar el funcionamiento general del
control, la cooperación y coordinación entre las distintas
administraciones, y la segunda en 1998, para establecer la eficacia
del control de productos alimenticios procedentes de países terceros,
pudiendo afirmar que los resultados han sido muy satisfactorios. En
el seno de la Comisión se reúne periódicamente un grupo de expertos
de los Estados miembros para la gestión y seguimiento de los asuntos
relacionados, en el que siempre ha participado activamente España.
En consecuencia, podemos afirmar que se están cumpliendo todas y
cada una de las obligaciones derivadas de las directivas de
realización del control oficial de los productos alimenticios.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON GUSTAVO ADOLFO ALCALDE SÁNCHEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿PUEDE EXPLICAR EL SEÑOR MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO CUÁL ES EL
GRADO DE DESARROLLO DE LAS ESPECIALIZACIONES FARMACÉUTICAS QUE TIENE
PREVISTAS? (Número de expediente 180/001324)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta
número 17, que formula don Gustavo Alcalde Sánchez, del Grupo
Parlamentario Popular.
Señor Alcalde.
El señor ALCALDE SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, en el año 1982 el Ministerio de Sanidad y Consumo
reguló, mediante Real Decreto 2.708, de 15 de octubre, el sistema
de obtención del título de farmacéutico especialista, estableciendo
en el artículo 3.° del mismo dos grupos diferenciados. El primero,
para especializaciones que requerían formación hospitalaria, como
análisis clínicos, bioquímica clínica, farmacia hospitalaria,
microbiología y parasitología. El segundo grupo, para especializaciones
que no requieren básicamente formación hospitalaria, que incluye
análisis y control de medicamentos y drogas, farmacia industrial y
galénica, farmacología experimental, microbiología industrial,
nutrición y dietética, radiofarmacia, sanidad ambiental y salud
pública, tecnología e higiene alimentaria y toxicología experimental
y analítica. De todas estas especializaciones se han desarrollado
solamente las correspondientes al primer grupo, señor ministro, es
decir, las que precisan formación hospitalaria.
Este real decreto establecía, asimismo, en su disposición transitoria
tercera, un período transitorio que finalizaba a los dos años, es
decir, en el año 1984, para que aquellos farmacéuticos cuyo
ejercicio profesional y dedicación implicara una modalidad de las
reguladas en el real decreto pudieran solicitar el correspondiente
título de farmacéutico especialista. En este sentido, deberían haberse
desarrollado también los requisitos que tendrían que reunir los
licenciados en farmacia para la obtención del título de
especialista.
Se ha superado ampliamente este plazo, señor ministro, catorce años,
doce de ellos de Gobierno socialista -de nuevo la pereza, señor
ministro-, sin que se hayan desarrollado determinadas
especializaciones en farmacia, concretamente las del grupo segundo,
especialmente algunas de tanta relevancia como la de farmacia
industrial y galénica y la de análisis y control de medicamentos y
drogas.
Por ello, señor ministro de Sanidad y Consumo, le pregunto en
relación a las previsiones al respecto de su departamento: ¿cuál es
el grado de desarrollo de las especializaciones farmacéuticas que
tiene previstas?
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Alcalde.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas
gracias, señor presidente.
Efectivamente, como recordó muy bien S. S., las especializaciones
de farmacia se establecieron en el año 1982. La disposición
transitoria tercera que establecía las previsiones que recordó S. S.
no llegó a ser desarrollada en el tiempo oportuno y, al haber
finalizado el plazo de dos años previsto en este real decreto sin que
se hubiera desarrollado en su totalidad la citada disposición
transitoria tercera, fue necesario dictar el Real Decreto 412/1997,
de 21 de marzo, por el que se abre un plazo de tres meses para la
solicitud de expedición de los títulos de especialistas en
radiofarmacia y de un año para las especializaciones de farmacia
industrial y galénica y análisis y control de medicamentos y drogas.
Además, se han aprobado, por Orden Ministerial de 31 de octubre de
1997, dictada en desarrollo de ese real decreto, los requisitos que
deben cumplir los licenciados en farmacia para la obtención de estos
títulos de especializaciones, farmacia industrial y galénica y
análisis y control de medicamentos y drogas.
El 19 de enero de este año se constituyeron las comisiones promotoras
de las especializaciones de farmacia industrial y galénica y análisis
y control de medicamentos y drogas, a las que corresponde proponer y
asesorar con relación al programa de formación en estas
especializaciones, así como sobre los requisitos técnicos precisos
para la acreditación de las unidades docentes y sobre los criterios
de evaluación de estas unidades. En una segunda fase, estas
comisiones promotoras se transformarán en comisiones calificadoras a
las que corresponderá evaluar los expedientes de los farmacéuticos
que opten a los títulos mencionados. En una fase posterior, una vez
que ya se encuentren reconocidos por el Ministerio de Educación y
Cultura un número suficiente de especialistas en estas áreas, se
procederá a la constitución de la comisión nacional de
especializaciones de farmacia industrial y galénica y análisis y
control de medicamentos y drogas.
Por último, puedo indicar a S.S. que, en la actualidad, tanto la
comisión promotora de farmacia industrial y galénica como la de
análisis y control de medicamentos y drogas tienen prácticamente
finalizados los trabajos encomendados y esperamos que en breve plazo
presenten a la Administración las propuestas sobre los aspectos antes
mencionados, así como los requisitos que deben cumplir los
farmacéuticos con ejercicio profesional en alguna de estas
especialidades para acceder al título de especialista.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA SANDRA MONEO DÍEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ INVERSIONES
TIENE PREVISTO REALIZAR EL INSALUD EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CASTILLA Y LEÓN? (Número de expediente 180/001325)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta
número 18, que formula doña Sandra Moneo Díez, del Grupo
Parlamentario Popular.
Señora Moneo.
La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, el sistema de financiación aprobado por acuerdo del
Consejo de Política Fiscal y Financiera el 27 de noviembre de 1997
supuso una importante inyección de recursos al sistema sanitario
público y un notable esfuerzo financiero dirigido a corregir el
déficit del sistema y a contribuir a su consolidación y
modernización. En concreto, este acuerdo representa un incremento de
la capacidad de financiación total de la asistencia sanitaria de un
10,94 por ciento, lo que constituye un hecho histórico en la sanidad
española, reflejo de la voluntad y decisión del Gobierno para mejorar
este esencial servicio público.
El nuevo modelo de financiación sanitaria, señor ministro, le ha
supuesto al Insalud una mayor capacidad financiera que le ha
permitido dotar al capítulo de inversiones para 1998 de una
financiación realista cuyo importe asciende a 54.093 millones, lo que
supone un crecimiento del 36,8 por ciento en términos relativos.
La Comunidad Autónoma de Castilla y León sufrió, especialmente en
los últimos años de Gobierno socialista, una total descapitalización
en materia de inversiones. Las carencias en atención primaria y
especializada, en infraestructuras y equipamiento sanitario fueron
notablemente denunciadas por nuestros representantes políticos. Sólo
la intervención de la Junta de Castilla y León pudo suplir estas
lagunas asistenciales, sobre todo en las zonas rurales.
Por eso, señor ministro, ante este nuevo modelo de financiación, ante
este incremento de inversiones en materia sanitaria, yo le pregunto:
¿qué inversiones tiene p revisto realizar el Insalud en la Comunidad
Autónoma de Castilla y León?
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Moneo.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas
gracias, señor presidente.
Como muy bien señala S.S., el nuevo modelo de financiación de la
sanidad ha permitido una mucho mejor dotación de los capítulos de
inversiones en el Sistema Nacional de Salud, concretamente en el
Insalud, y esto nos va a permitir corregir, efectivamente,
desequilibrios que perjudicaban muy seriamente a la Comunidad de
Castilla y León, que se había quedado rezagada en orden a sus
dotaciones en infraestructuras y equipamientos sanitarios.
Gracias a todo esto, durante el período 1998-2001 se van a poder
hacer inversiones en est a comunidad por 37.336 millones y, si
contamos los del año 1997, esa cifra alcanza 39.779 millones, que
supone un 322 por ciento más sobre los 9.400 millones programados
para el período 1992-1996.
Las previsiones del Insalud en Castilla y León durante ese cuatrienio
1998-2001 suponen la construcción de un nuevo hospital en Valladolid,
reformas importantísimas en la red hospitalaria de la comunidad, con
cifras que alcanzan el orden de los 7.000 millones de pesetas para
las ampliaciones y reformas del hospital de León, más de 6.000
millones para las reformas y ampliaciones del hospital de Burgos,
más de 3.500 millones para el hospital de Segovia, más de 3.500
millones para el de Zamora y más de 2.700 millones para el de Ávila,
sin perjuicio de una inversión de cerca de 4.000 millones para
completar la red de centros de salud de t oda la comunidad.
En el año 1998 esto se va a concretar en la redacción de dos
proyectos de dos centros de salud, en Burgos y en Salamanca, el
inicio o continuación de obras en otros tres centros de salud en
Valladolid y la finalización de ejecución de dos centros de salud en
Burgos y uno en Palencia, con una inversión en atención primaria en
construcciones de 1.130 millones de pesetas.
En atención especializada, nuestras previsiones para 1998 son
redactar proyectos de las reformas y ampliaciones a que antes me
refería e iniciar o continuar la ejecución de obras de reforma y
ampliación en Ávila, en León y en Palencia, reformas varias en el
hospital de Medina del Campo y finalizar la ejecución de la reforma
del archivo de historias clínicas en Burgos, la reforma para cirugía
cardíaca en Salamanca y la reforma de UCI del hospital de Zamora,
todo eso con una inversión de 2.245 millones y 2.000 millones y pico
en alta tecnología.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA ÁNGELES MAESTRO MARTÍN, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, QUE FORMULA AL SEÑOR
MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿CUÁLES SON LAS PREVISIONES DEL
GOBIERNO ACERCA DEL FUTURO DE LA CLÍNICA PUERTA DE HIERRO, DE MADRID?
(Número de expediente 180/001333)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
25, que formula doña Ángeles Maestro Martín, del Grupo Federal de
Izquierda Unida.
Señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTÍN: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¿cuál es son las previsiones del Gobierno sobre el
futuro de la Clínica Puerta de Hierro, de Madrid?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas
gracias, señora Maestro.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoría, las previsiones del Gobierno acerca del futuro de la Clínica
de Puerta de Hierro, de Madrid, son su consolidación y potenciación
mediante la solución adoptada, consistente en construir un edificio
de nueva planta en la zona de Majadahonda y remodelar el actual de la
clínica. En el edificio de nueva construcción, más accesible a la
población del área, se ubicarán los servicios de mayor frecuentación;
en el actual, una vez remodelado, permanecerán unidades, servicios o
actividades de mayor impacto tecnológico y de investigación. Con
esta decisión se conforma un único hospital, Clínica Puerta de
Hierro, con una única plantilla e integrado por dos centros,
asegurando así su consolidación y desarrollo futuro como hospital de
excelencia y centro de referencia, potenciando su triple dimensión,
asistencial, docente e investigadora, y mejorando la accesibilidad
y la atención sanitaria de la población del Área VI de Madrid.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas
gracias, señor ministro.
Señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTÍN: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, por muchos adjetivos que usted utilice de excelencia,
es muy difícil enmascarar que su actuación en este campo no resiste
los mínimos criterios de planificación territorial en una región
como Madrid. Se plantean ustedes intervenir con toda celeridad en un
área que, si bien tiene deficiencias de camas hospitalarias, no es ni
mucho menos la prioritaria en una región como la de Madrid, que
tiene graves deficiencias en otras zonas. La razón puede ser, porque
nada es casual en esta vida, que, precisamente por tratarse de una de
las zonas de Madrid con más alto nivel de renta y con mayor
porcentaje de contratación con aseguradoras privadas, eso sí
determine prioridades para su Gobierno.
Señor ministro, usted presentó en el mes de septiembre del año
pasado un plan di rector cuyo proyecto había costado 154 millones de
pesetas y cuatro años de trabajo, un proyecto de más de 10.000
millones de pesetas para remodelar un hospital que lo necesitaba.
Ustedes han tirado en poco tiempo trabajo y dinero por la ventana y
se plantean la novedosa y creativa solución
que usted propone. El separar en un hospital, tal y como usted ha
mencionado, servicios de alta tecnología, de alto nivel de
especialización del resto del hospital, supone que hace falta tener
muy poco conocimiento del funcionamiento global de un hospital para
imaginarse que sea posible. Probablemente algo de eso sabe el grupo
de expertos que usted ha designado para analizar en concreto cuáles
van a ser sus propuestas de trabajo, que ha optado por declarar que
no es viable esa separación y por irse de vacaciones a ver si los
vientos cambian.
Señor ministro, la propuesta que ustedes hacen es dinamitar un hospital
que arroja uno de l os más altos niveles de calidad y de
eficiencia sanitaria de todo el Insalud. Se plantean esas modificaciones
en algo que no puede calificarse de otra manera, como en el
marco del proceso de privatización...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Maestro.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas
gracias, señor presidente.
Señora diputada, naturalmente tengo que rechazar, casi diría que por
injuriosas, sus acusaciones. No tenemos más propósitos que los que
manifestamos en favor del mejor servicio público, tal como nosotros
lo entendemos.
Ante los importantes problemas estructurales, de instalaciones y de
ordenamiento asistencial que venía sufriendo en los últimos años la
Clínica Puerta de Hierro, el gran esfuerzo inversor que implicaba
asumir la reforma del hospital y la oportunidad histórica que
representa asumir la resolución definitiva de sus problemas, se han
estudiado y analizado exhaustivamente las diferentes posibilidades
para encontrar la solución arquitectónica y asistencial más idónea
que pueda garantizar el futuro de la Clínica Puerta de Hierro como un
hospital de vanguardia para el siglo XXI, con implantación en un
área sanitaria en expansión. La solución adoptada ha contado con el
respaldo de la Comunidad Autónoma de Madrid, de la Universidad
Autónoma de Madrid -que también ha refrendado la solución expuesta- y
ha si do considerada razonable por una representación cualificada de
sus profesionales. El Insalud ha designado una comisión de expertos
que, en el plazo de cuatro meses, debe formular una propuesta en la
que se contemple la cartera de servicios de la Clínica Puerta de
Hierro.
El proyecto conlleva actuaciones inversoras en un doble sentido:
obras urgentes y perentorias en la estructura e instalaciones del
actual edificio que garanticen su seguridad y el mantenimiento de la
actividad, así como todas las obras necesarias para la adecuada
ubicación de las unidades que permanezcan y la construcción de un
edificio de nueva planta en la zona de Majadahonda.
Finalmente, como garantía y transparencia de todo el proceso, se
constituirá una comisión de seguimiento del proyecto para la
consolidación y potenciación de la Clínica Puerta de Hierro, que
tendrá como finalidad propiciar la participación de las diversas
instituciones y agentes sociales en el proceso de desarrollo de la
clínica.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA DEL CARMEN MONTES CONTRERAS, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE SANIDAD Y
CONSUMO: ¿CUÁLES SON LAS RAZONES QUE JUSTIFICAN EL REITERADO
INCUMPLIMIENTO DEL MINISTERIO AL NO PROMULGAR EL REGLAMENTO QUE
DESARROLLE LA LEY DE NUEVAS FORMAS DE GESTIÓN? (Número de expediente
180/001339)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta
número 31, que formula doña Carmen Montes Contreras, del Grupo
Parlamentario Socialista.
Señora Montes.
La señora MONTES CONTRERAS: Gracias, señor p residente.
Señor ministro, esta Cámara aprobó el 10 de junio de 1997 una
proposición no de ley del Grupo Socialista, con el apoyo del Grupo
Parlamentario Popular, en la que se instaba al Gobierno a que
aprobara, antes del 1 de septiembre de 1997, el reglamento que
desarrolla la ley de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de
Salud. De esto hace ya más de un año y aún no se ha cumplido. Nos
parece una falta de respeto y consideración por parte del Gobierno
del Partido Popular hacia esta Cámara y hacia los ciudadanos, de los
que somos legítimos representantes.
Por ello, le formulo la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las razones
que justifican el reiterado incumplimiento del Ministerio al no
promulgar el reglamento que desarrolle la ley de nuevas formas de
gestión?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Montes.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas
gracias, señor presidente.
Sorprende que S.S. plantee en esos términos la denuncia de un retraso
de este tipo, cuando acabamos de oír que el Real Decreto de 1982
había tardado 14 años en desarrollarse (Rumores.) o, en la
pregunta anterior, que unas cuantas directivas llevaban un retraso de
cinco años en su trasposición. La verdad es que se trata de un
reglamento complejo y hemos necesitado
más tiempo del que habíamos previsto inicialmente para acometer su
elaboración y tramitación.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Señora Montes.
La señora MONTES CONTRERAS: Gracias, señor p residente.
Señor ministro, el Real Decreto-ley de habilitación de nuevas formas
de gestión del Insalud suponía la privatización de la asistencia
sanitaria pública. El Grupo Popular, en la tramitación como proyecto
de ley, para evitar el rechazo general que provocó su decreto-ley,
se vio forzado a modificarlo, de forma que la ley - a probada por
consenso mayoritario- garantizaba la titularidad pública de las
entidades que debían prestar la asistencia sanitaria, y establecí a
que el Gobierno debía regular un marco general en el que se señalaran
las fórmulas jurídicas, los órganos de dirección y control, etcétera.
Es decir, que debía establecer el reglamento. Durante la
tramitación de la proposición no de ley, el Grupo Parlamentario
Popular nos pidió que retrasáramos la fecha tope del reglamento,
aceptando mi grupo pasarla de julio a septiembre.
El problema que tienen es que las fundaciones que se crearon al
amparo del real decreto-ley -fundaciones Hospital de Alcorcón y
Manacor- no se ajustan a esta ley de nuevas formas de gestión. El
problema es que quieren mantener unas fundaciones que son
manifiestamente ilegales.
Señor ministro, no pueden mantener el discurso de defensa de la
sanidad pública mientras los hechos de la gestión sanitaria
demuestran lo contrario. No es lo mismo predicar que dar trigo. Como
prueba de ello, le voy a leer un texto: No debe permitirse que las
personas jurídicas públicas creen fundaciones privadas para escapar
de los controles administrativos del gasto público. Los entes
públicos no precisan crear fundaciones para desarrollar fines de
interés general, puesto que ya los deben cumplir por sí mismos. ¿ Le
suena? Esto es lo que decía el Grupo Parlamentario Popular en 1994 en
una de sus enmiendas presentadas en la tramitación de la Ley de
Fundaciones.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas
gracias, señora Montes.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas
gracias.
Señora diputada, efectivamente se dictaron esas disposiciones
regulando estas nuevas formas de gestión, pero ya que estaba
constituida en el Congreso una subcomisión trabajando sobre la
reforma y consolidación del Sistema Nacional de Salud, nos pareció
prudente esperar a la conclusión de esos trabajos para que este
desarrollo parlamentario tuviera en cuenta las indicaciones y los
impulsos resultantes del trabajo de esa subcomisión, y de ahí una
parte de la demora que tenemos en este asunto. Lo demás viene dado
por la complejidad del proyecto, pero creo que está muy avanzado y
que en los próximos meses se podrá tramitar ya definitivamente,
pasarlo al Consejo de Estado en el mes de septiembre y aprobarlo
dentro de este año.
Nosotros no estamos privatizando nada, y los grandes apoyos al sector
privado en la sanidad los daban ustedes, porque como se apoya al
sector privado en sanidad es teniendo listas de espera de 190.000
ciudadanos y demoras superiores a dos años, eso es lo mejor que se
puede hacer para apoyar al sector privado sanitario. (Aplausos.)
Nosotros, haciendo lo contrario, reduciendo los 196.000
pacientes de listas de espera a 140.000 que hay ahora, los 210 días
de espera media a 88 días, que es la espera media a 31 de mayo, de
35.000 que tenían ustedes de más de nueve meses no queda ninguna, de
54.000 que tenían ustedes de más de seis meses quedan 18.000. Eso es
defender el sistema público, y eso es indirectamente perjudicar al
sector privado. Los que lo beneficiaron fueron ustedes, nosotros
estamos trabajando muy bien con estas fundaciones, vamos a elaborar
los reglamentos que tenemos que hacer, pero las fundaciones de
Alcorcón y Manacor están trabajando muy bien y son públicas al cien
por cien. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA BLANCA GARCÍA MANZANARES, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO:
¿GARANTIZA EL GOBIERNO QUE EL DECRETO DE EXCLUSIÓN DE LA FINANCIACIÓN
DE MEDICAMENTOS NO SUPONDRÁ DISCRIMINACIÓN EN EL ACCESO A LA
PRESTACIÓN FARMACÉUTICA ENTRE LOS CIUDADANOS? (Número de expediente 1
80/001340)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta
número 32, que formula doña Blanca García Manzanares, del Grupo
Parlamentario Socialista.
Señora García.
La señora GARCÍA MANZANARES: Gracias, señor presidente.
Señor ministro de Sanidad, el anuncio de aprobación del decreto de
exclusión de la financiación pública de medicamentos ha provocado que
varios ayuntamientos y alguna comunidad autónoma estén dispuestos a
no aplicarlo o a introducir medidas correctoras que compensen el
grave recorte asistencial que supondrá su aplicación, como ha
ocurrido recientemente en Navarra.
Señor ministro, ¿garantiza el Gobierno que dicho decreto no supondrá
discriminación en el acceso a la prestación farmacéutica de todos los
ciudadanos?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora García.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas
gracias, señor presidente.
Naturalmente, el Gobierno garantiza que la aprobación de ese decreto
no supondrá ninguna discriminación para los ciudadanos en materia de
asistencia sanitaria. Lo increíble es la demagogia que están haciendo
ustedes con este asunto.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Señora García.
La señora GARCÍA MANZANARES: Señor ministro, o S.S. no se entera o
pretende que no nos enteramos; o S.S. miente, o pretende engañar una
vez más.
El Parlamento de Navarra, y esto no es demagogia, a probó los pasados
días 5 de marzo y 30 de abril sendas resoluciones por las cuales el
Gobierno de Navarra garantizará las actuales condiciones de
financiación de los medicamentos incluyendo los de la nueva lista cuando
esto ocurra, y el 14 de mayo, el presidente del Gobierno de Navarra
suscribió un acuerdo con el Partido Socialista reiterando el mismo
compromiso.
Quiero recordarle que en Navarra, que no es la Junta de Andalucía,
gobierna UPN, partido conservador socio del Partido Popular, y
también se desmarcan de su política sanitaria. Todas las fuerzas
políticas, incluida UPN, han entendido que la aplicación del decreto
de exclusión supondrá un recorte inaceptable. ¿ Por qué se empeñan
ustedes en aplicarlo? La razón, señor ministro, es muy fácil y
todos lo sabemos: necesitan dinero. No es cierto que hayan aumentado
el presupuesto en sanidad como dijeron; necesitan dinero para
garantizar las promesas que hicieron a sus amigos, mejorar las rentas
de quienes más tienen, aumentar los beneficios de las plusvalías,
liberalizar precios de medicamentos, y lo van a hacer a costa de las
prestaciones de los pensionistas y jubilados. El Gobierno del señor
Aznar está quebrando la sanidad pública, que está dejando de ser
universal pública y gratuita porque ustedes unas veces los están
privatizando de manera furtiva, como en el caso de algunos hospitales
maquillados de fundaciones públicas, y otras descaradamente
recortando las prestaciones, como las bajas por enfermedad. Habrá
miles de jubilados para quienes la asistencia farmacéutica dejará de
ser gratuita. ¿Cómo es posible garantizar la igualdad en el acceso de
las prestaciones cuando el lugar de residencia va a ser
discriminatorio? ¿Qué medidas van a tomar, señor ministro?
Sin embargo, lo más grave es que diga lo que diga su palabra no vale
porque no pueden garantizar nada, porque obtuvieron los votos de
los ciudadanos con publicidad engañosa y porque el Gobierno del
Partido Popular tiene la garantía caducada, señor ministro. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias,
señora García.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas
gracias, señor presidente.
La falta de seriedad de su discurso es difícilmente imaginable.
Empiezan ustedes citando Navarra y lo que están haciendo allí -son
testimonios no desmentidos de la prensa de ayer mismo-, es que los
socialistas están presionando al Consejero de Navarra para que no
aplique el medicamentazo y es éste el que dice: el Gobierno no está
de acuerdo, nosotros queremos aplicarlo, pero tenemos est as
presiones de los socialistas en el Parlamento. Sin embargo, vienen
aquí a decir que es el Gobierno navarro de los nuestros el que no
quiere aplicar este decreto.
Ustedes introdujeron en 1993 una lista negativa más dura que ésta y
cuando lo hacemos nosotros se oponen. Entonces preferían la
solidaridad a los catarritos y ahora prefieren los catarritos a la
solidaridad. Entonces calculaban los centros de salud que se podían
construir ahorrando en algunos medicamentos, ahora dicen que no, que
con esto no se ahorra nada. Cuando iniciamos la tramitación de la
lista negativa se oponían porque no tenían el informe de la Comisión
Nacional de uso racional del medicamento, ahora que lo tienen se
oponen también.
En el colmo de su incoherencia nos apremian a que hagamos lo que
estamos haciendo, implantar los genéricos, los precios de referencia
y que ellos no hacían y se oponen a lo que hacemos, que se parece
aunque mejorado a lo que ustedes hicieron en 1993. Si hay mayor
incoherencia, que venga Dios y lo vea.
Para colmo ya incitan a la resistencia pasiva y el colmo de los
colmos es lo que ocurre en Andalucía, donde el Consejero de Salud
apremia al ministro de Sanidad para que haga una lista negativa y
dice que no venga nadie de nuevo hablando de medicamentazos y
recetazos. La Junta de Andalucía vota a favor de esta medida en el
Consejo de Política Fiscal y Financiera, los servicios médicos de
Andalucía desaconsejan la utilización de estos medicamentos y resulta
que ahora la Junta de Andalucía que tiene dificultades notorias para
atender sus necesidades sanitarias como está todos los días en los
medios de comunicación, paga estos medicamentos que son de baja
utilidad terapéutica, que son desaconsejados por los farmacólogos,
que deben ser retirados según las opiniones unánimes de todos los
órganos informantes en el expediente, pero la Junta de Andalucía los
va a financiar a pesar de que sus servicios técnicos estaban
desaconsejando su utilización en
los servicios médicos de Andalucía. Ésta es la coherencia que exhiben
ustedes en éste y en otros tantos asuntos.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA ISABEL POZUELO MEÑO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿CUÁL
HA SIDO EL INCREMENTO DEL CONSUMO FARMACÉUTICO EN HOSPITALES DEL
SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y DEL INSALUD EN 1997 RESPECTO AL DE 1996?
(Número de expediente 180/001341)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
33 que formula doña Isabel Pozuelo Meño, del Grupo Parlamentario
Socialista.
Señora Pozuelo.
La señora POZUELO MEÑO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, espero que ahora sí me conteste a lo que voy a
preguntarle y que no me hable de Andalucía o de las listas de
espera, porque sobre eso no voy a interrogarle.
Ante la gravedad de los datos que le exponía un diputado socialista
usted reconoció un aumento del gasto farmacéutico acumulado en abril
del 9,4 por ciento, y que a 31 de mayo ya es del 12 por ciento. En un
arrebato injustificable mintió a esta Cámara al afirmar que ese
aumento del gasto no será tal cuando se deduzca la aportación de
40.000 millones de la industria farmacéutica y el ahorro por la lista
negativa de medicamentos por los genéricos y por los precios de
referencia.
Señor ministro, ¿ya no recuerda que Farmaindustria en el año 1998
sólo aportará 21.000 millones de pesetas y que además ese acuerdo
dice textualmente que de esa cantidad se deducirá el ahorro producido
en dicho año por la comercialización de medicamentos genéricos, así
como por la exclusión de especialidades farmacéuticas previamente
financiadas por el Sistema Nacional de Salud?
Su política de contención del gasto está hipotecada, no ha sido capaz
de ponerla en marcha, no hay genéricos, no hay precios de referencia,
por no tener ni siquiera tiene aprobado el recetazo. En los
hospitales sus nuevas fórmulas liberalizadoras de gestión han
fracasado y están produciendo un crecimiento del gasto y un
endeudamiento alarmante. ¿Cuál ha sido, señor ministro, el incremento
del consumo farmacéutico en los hospitales en 1997?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
Pozuelo.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Gracias,
señor presidente.
Señoría, que usted me dijera que todo eso no tenía nada que ver con
la pregunta que formula al final yo lo entendería, pero decirlo
después de manifestar que yo estaba hablando de las listas de espera
cuando no me preguntaban sobre las listas de espera sí es rizar el
rizo en esto de la incongruencia que veo es algo a lo que ustedes
están muy aficionados.
Todos los datos son falsos, son malos, no es el 12 por ciento lo que
ha subido el gasto farmacéutico; el del Insalud ha subido el 8,90 por
ciento.
No me digan ustedes que carecemos tenemos genéricos, cuando ustedes
estuvieron 14 años y no hicieron ninguno; nosotros tenemos 128
aprobados, ustedes ninguno. ¡Qué distinta sería la situación de l a
prestación farmacéutica en nuestro país si ustedes hubieran hecho lo
que tenían que haber hecho en los años en que gobernaron!
Nos encontramos con la legislación de farmacia preconstitucional ,
con los márgenes farmacéuticos más altos de Europa, hemos tenido
que ser nosotros quienes los bajamos, no había genéricos, no había
nada, esto era un erial. El gasto farmacéutico subiendo al 14 por
ciento anual acumulativo.
Señoría, la farmacia hospitalaria subió en 1997 sobre el 1996, el 13,
96 por ciento.
Muchas gracias. (Un señor diputado: Muy mal. )
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Señora Pozuelo.
La señora POZUELO MEÑO: Efectivamente, señor ministro, no me ha
contestado usted; pero yo le diré que el gasto farmacéutico en los
hospitales del Insalud fue en 1997 un 20 por ciento más que en 1996.
Los datos de la deuda que mantienen los hospitales del Insalud son
aún más preocupantes. En 1997 la deuda aumentó el 30 por ciento,
mientras que en el resto de las administraciones sanitarias ese
crecimiento fue sólo del 6,6 por ciento. Son datos de Farmaindustria,
señor ministro. ¿Tiene usted conciencia de lo grave que es esta
situación? Si gastan el 20 por ciento más y dejan de pagar un 30 por
ciento, se está embolsando una deuda del 10 por ciento al año, y sólo
en los hospitales del Insalud.
Señor ministro, ustedes aprobaron un sistema de financiación
sanitaria en el que tenían que ahorrar 65.000 millones. Si esto sigue
así, no sólo no lo habrán ahorrado sino que habrán creado un déficit
de 100.000 millones. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Miranda y Lozana): Gracias, señora
Pozuelo.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoría, no sé si todos los datos que usted maneja son como estos.
El crecimiento del gasto farmacéutico el año 1997 en farmacia
hospitalaria sobre 1996, fue el 13, 96 por ciento y se lo acabo de
decir.
Nuestros plazos con los proveedores están muy bien, no los 170 días
esos que aparecen en la información a la que usted se refiere, sino
que según la rigurosa información del Insalud la demora media en el
pago se ha situado en 1997 en 105 días y se compara con ventaja, no
digo sólo con la Junta de Andalucía, se compara con ventaja respecto
a muchas administraciones sanitarias.
El gasto y la farmacia hospitalaria sube porque se trabaja mucho
en los hospitales, porque se trabaja bien, porque se hacen 20.000
intervenciones más y porque hay algunos medicamentos muy caros que
estamos dando a nuestros enfermos. Nos cuesta mucho atender a los
enfermos de sida, nos cuesta mucho atender otras patologías muy
costosas, tratamientos oncológicos ambulatorios muy caros,
Interferón-beta, utilizado en el tratamiento de la esclerosis
múltiple, en la hepatitis C y en determinados cánceres de piel, otros
medicamentos utilizados en el tratamiento de la hipertensión pulmonar
severa y en otros tratamientos pero todo dentro de los márgenes
presupuestarios, señoría.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
- DEL DIPUTADO DON PAULINO RIVERO BAUTE, DEL GRUPO PARLAMEN
TARIO DE COALICIÓN CANARIA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO
AMBIENTE: ¿QUÉ MEDIDAS PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA DAR INMEDIATO
CUMPLIMIENTO A LAS PREVISIONES DE LA LEY 41/1997, DE 5 DE
NOVIEMBRE, RESPECTO DE LOS SISTEMAS DE COGESTIÓN DE LOS PARQUES
NACIONALES? (Número de expediente 180/001318)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Preguntas
dirigidas al Ministerio de Medio Ambiente.
Pregunta número 12 que formula don Paulino Rivero Baute, del Grupo de
Coalición Canaria.
Señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, el 26 de junio de 1995 el Tribunal Constitucional
declaró inconstitucional es aquellos artículos de la Ley 4/1982, que
reservaban al Estado la gestión exclusiva de los parques nacionales.
En diciembre de 1996 tuvo entrada en esta Cámara el proyecto de ley
por el que se pretendía la adaptación a la referida sentencia. En
período de enmiendas, los grupos que apoyan al Gobierno alcanzamos
distintos a cuerdos que hicieron posible la aprobación del proyecto.
Publicado como Ley 41/1997 en el Boletín Oficial del Estado de 6 de
noviembre del pasado año,
todavía no se han puesto en marcha los sistemas de cogestión
previstos en la referida Ley.
Vistos estos antecedentes, señora ministra, ¿qué medidas piensa
adoptar el Gobierno para dar inmediato cumplimiento a las previsiones
de la Ley 41/1997, de 5 de noviembre, respecto de los sistemas de
cogestión de los parques nacionales?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rivero.
Señora ministra de Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señor presidente.
Señoría, usted acaba de reconocer los largos trámites administrativos
y parlamentarios que llevan los procesos legislativos. Efectivamente,
cuando llegamos al Gobierno nos encontramos con una ley
declarada inconstitucional en aspectos fundamentales que nos llevó,
a los pocos meses de tomar posesión, a plantear ya la reforma de esa
ley inconstitucional. Tardó casi un año que esos artículos fueran
dictaminados como ley. Posteriormente el Gobierno puso en marcha el
proyecto de real decreto que desarrolla precisamente esa ley a probada
en noviembre de 1997, y que está siguiendo en este momento todos los
trámites reglamentarios. No tenemos ninguna intención de bloquear ese
desarrollo, pero son muchos y muy numerosos y estamos a punto de
finalizar todos ellos.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministra.
Señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Gracias, señor presidente.
Señora Ministra, nos congratulamos que dentro de las previsiones de
su Ministerio esté la de poner en marcha de forma rápida el nuevo
sistema de gestión compartida de los parque nacionales. Esperamos que
el real decreto por el que se desarrolla el nuevo sistema de gestión
previsto en la Ley 41/1997, recoja adecuadamente el espíritu con que
se alcanzaron los acuerdos y que propicie una verdadera cogestión de
los parques nacionales en cuestiones tales como la determinación,
composición y funcionamiento del Consejo rector, la composición y
funcionamiento de las comisiones mixtas, la composición y
funcionamiento de los patronatos. Debe ser éste, sin duda, el primer
paso que dé lugar a continuación a poner en marcha otras cuestiones
previstas en la ley tales como la aprobación por los gobiernos
autonómicos de los planes rectores de uso y gestión o los
nombramientos de los directores-conservadores por las comunidades
autónomas.
En Canarias, señora ministra, que cuenta con los parques nacionales
de la Caldera de Taburiente, Garajonay, El Teide y Timanfaya,
esperamos que urgentemente se desarrolle lo previsto en la
disposición adicional quinta que contempla la creación de consorcios
de gestión
para aquellas comunidades autónomas con dos o más parque nacionales.
Señora ministra, una vez puestos en marcha todos estos aspectos,
entenderemos que su Ministerio cumple con la ley consensuada con las
fuerzas parlamentarias que apoyan al Gobierno.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rivero.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señor presidente.
En efecto, señoría, así va a ser con las especificidades que usted
señalaba para la situación de los parques nacionales en las islas de
Gran Canaria que, como acaba de decir, son cuatro.
El proyecto de real decreto contempla y determina la composición y
funciones del Consejo rector de Parques Nacionales, de las comisiones
mixtas de gestión y de los patronatos. Posteriormente se remitió
a todas las comunidades autónomas para que nos hicieran sugerencias.
Con l a unanimidad de las sugerencias lo presentamos a la Comisión
Nacional de Protección de la Naturaleza que lo aprobó por todas las
comunidades autónomas de manera unánime. Desde ahí se ha enviado al
Ministerio de Administraciones Públicas para su información. Una
vez remitido por el Ministerio de Administraciones Públicas se está
enviando en estos días al Consejo de Estado para que emita su
dictamen p receptivo. En cuanto lo tengamos recibido lo enviaremos al
Consejo de Ministros, y cuando el Consejo de Ministros lo haya
aprobado, tan pronto como sea posible, nos pondremos de nuevo en
contacto con las comunidades autónomas para que nos digan en el menor
plazo de tiempo posible cuáles van a ser sus representantes -como
usted decía- no solamente los directo res de parques nacionales,
sino también los representantes en el Consejo rector de Parques
Nacionales y en las comisiones mixtas de gestión. Ahí estará cumplido
el desarrollo reglamentario de esta ley que está ya circulando en
ese borrador de real decreto, porque nos gusta que la política del
Ministerio sea siempre consensuada, no impuesta. Eso lleva en
ocasiones a más trámites parlamentarios y administrativos, pero
entendemos que consensuado y dialogado se llega a un acuerdo mucho
más eficaz para el nuevo modelo de cogestión de parque nacionales.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
- DE LA DIPUTADA DOÑA TERESA CANILLERA I MESTRES, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR:
¿COMPARTE EL GOBIERNO LA AFIRMACIÓN DEL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO EN
LLEIDA DE QUE EXISTE UNA CONSPIRACIÓN
DE LOS AY U N TAMIENTOS CONTRA LA POLICÍA NACIONAL. (Número de
expediente 180/001338)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Mi randa y Lozana): Pregunta
dirigida al señor ministro de interior. Pregunta número 30 de doña
Teresa Cunillera i Mestres, del Grupo Parlamentario Socialista.
Señora Cunillera.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, le formulo la pregunta tal y como figura en el orden
del día, en el bien entendido que me refiero a los ayuntamientos de
Cataluña, aunque no figure por error en el texto. (Un señor
diputado: ¡Muy bien, Cunillera!)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas
gracias, señora Cunillera.
Señor ministro del Interior.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Gracias señor presidente
.
Quiero decir a la señora diputada que la Guardia Civil y el Cuerpo
Nacional de Policía gozan en mi opinión, y no sólo en la mía sino en
los barómetros de opinión, de un gran respaldo social e incluso de
un gran prestigio en estos momentos. Estoy convencido por ello que
ese mismo prestigio lo gozan respecto de los ayuntamientos y de todas
las instituciones democráticas.
El subdelegado del Gobierno en Lleida estoy seguro que comparte este
criterio, más allá de lo que pudo ser una controversia pública sobre
la seguridad ciudadana en Lleida y que protagonizaron algunos
portavoces de ayuntamientos con el subdelegado del Gobierno en Lleida
.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas
gracias, señor ministro.
Señora Cunillera.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Señor ministro, comparto con usted la
valoración que los ciudadanos y los ayuntamientos tienen de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguri dad del Estado. Espero además que
consigamos que esta pregunta se circunscriba simplemente al ámbito de
esta legislatura. Estoy tan de acuerdo en que eso es así, señor
ministro, que el día 12 de mayo, cuando se celebró en Lleida la reunión
de concejales de seguridad de la Federació de Municipis en Cataluña
(y hemos que tener en cuenta además que la Federació de Municipis
agrupa a 408 municipios, que representan al 89 por ciento de los
ciudadanos y ciudadanas de Cataluña), hicieron unas conclusiones en
las que expresaron su voluntad de cooperación, así como su voluntad
de cooperar también a que se les subsanasen las vacantes que hay en
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, que a
usted le consta; que se mejoren los medios operativos puestos a su
alcance; que se mejor e la coordinación entre los diferentes cuerpos
desde los autonómicos a los locales y los estatales; que se mejore
la coordinación entre las policías locales y las poli cías
judiciales. Ésas son las conclusiones de las jornadas que celebra la
Federació de Municipis y que dicha federación hace públicas en
Lleida. Que los ciudadanos vean que sus municipes participan de esa
necesidad y que se preocupan por la mejora de su seguridad, de la
seguridad ciudadana, creo que no es una cuestión baladí, no me parece
una insensatez. En todo caso me parecerá una insensatez que un
funcionario de libre designación, pero funcionario al fin y al cabo,
salga y diga textual mente en la prensa y entrecomillado que se está
en una conspiración que afecta a toda Cataluña, una conspiración
según él que produce alarma pública. Yo creo, señor ministro, que la
alarma pública, la alarma a los ciudadanos se la produce precisamente
que un funcionario, repito, aunque sea de libre designación o
precisamente porque es de libre designación, se atreva a poner en
cuestión la expresión de la preocupación que hacen los representantes
elegidos por los ciudadanos, para que velen entre otras cosas por su
seguridad. Lo más preocupante después de las declaraciones del
funcionario es que nadie le corrija, que ni tan siquiera nadie le
matice. Hemos esperado durante unos días a que la delegada del
Gobierno en Cataluña además de disculpar al franquismo como una
dictablanda tuviera la cortesía de decir a los ciudadanos de Cataluña
que ella también está preocupada. Espero que usted, señor ministro,
me lo diga hoy. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
Cunillera.
Señor ministro del Interior.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señor presidente,
señoría, usted ha utilizado una frase de las palabras del subdelegado
del Gobierno en Lleida que no es literal, pero en cualquier caso no
me obligue a recordar en esta Cámara las declaraciones previas que
hizo algún dirigente de ayuntamiento respecto de la seguridad
ciudadana en Lleida.
Pienso, señoría, que no hay que sacar las cosas de quicio. El debate
no debe centrarse en la bondad, en el acierto o el desacierto de las
declaraciones del subdelegado, ni tampoco en las declaraciones
previas que provocaron las declaraciones del subdelegado en Lleida.
La cuestión esencial es la seguridad ciudadana en Lleida, que es lo
único que importa a los ciudadanos, y no el rifirrafe que se produzca
entre unos y otros responsables políticos de unas y otras
instituciones. En ese sentido, agradeciendo una vez más el
reconocimiento que ha hecho del funcionamiento de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, tengo que decirle que la plantilla del Cuerpo
Nacional de Policía en Lleida está cubierta en el 83,5 por ciento de
todo el catálogo previsto en este territorio; que la respuesta
policial
en Lleida durante el año 1997 puede denominarse en términos relativos
de eficaz, porque la eficacia está sin duda muy por delante de la
media nacional, y que las infracciones por mil habitantes en Lleida
significan el 42,48 de media, inferior a la que se produce, por
ejemplo, en el resto del territorio de Cataluña.
En definitiva, señoría, hay razones para confiar en las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado y hay razones para que todos también
confiemos en los ayuntamientos y en las instituciones democráticas no
sólo de Cataluña sino de toda España a la hora de apoyar y defender a
estas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas
gracias, señor ministro.
INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE EL RECORTE DE LAS
PRESTACIONES ECONÓMICAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS TRABAJADORES Y
TRABAJADORAS. (Número de expediente 172/000103)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Finalizado el
turno de preguntas, pasamos al punto V del orden del día:
interpelaciones urgentes.
Interpelación del Grupo Socialista del Congreso, s obre recorte de las
prestaciones económicas por incapacidad temporal de los trabajadores
y trabajadoras.
Quiero someter a su consideración, señorías, el a cuerdo alcanzado
entre el Gobierno y los distintos portavoces de los grupos
parlamentarios para alterar el orden del día y ver en tercer lugar la
interpelación que corresponde al Grupo Parlamentario Mixto. ¿Puede
ser a probado por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobado.
Para la presentación de la interpelación del grupo parlamentario
socialista, tiene la palabra el señor Arnau. (El señor
vicepresidente, López de Lerma i López, ocupa la Presidencia.)
El señor ARNAU NAVARRO: Señor presidente, señorías, quiero decir
como introducción a la presentación de esta interpelación que el
Grupo Parlamentario Socialista la ha dirigido al ministro de Sanidad,
porque en el control de las bajas laborales de los trabajadores
enfermos o accidentados estamos convencidos de que debe prevalecer y
primar la defensa del derecho a la promoción de la salud y prevención
de la enfermedad sobre los criterios del coste económico del subsidio
por incapacidad temporal. Sin embargo, parece ser que va a contestar
el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, lo que exterioriza
la jerarquía contraria del Gobierno del Partido Popular.
Queda patente así, ya sin entrar en más consideraciones y con solo
esto, la subordinación del Sistema Nacional de Salud al INSS, el
carácter subsidiario del
derecho a la salud de los español es y la victoria del Ministerio de
Trabajo sobre el Ministerio de Sanidad y Consumo. Le felicito señor
ministro a título personal, pero usted comprenderá que no puedo
hacerlo a título público porque con el decreto de marras, señor Arena
s, el Real Decreto 1.117/1998, de 5 de junio, aprobado
recientemente por el Consejo de Ministros y publicado el pasado
jueves día 18 de junio, estamos ante otra medida contra el sistema
de protección pública de los españoles. Diría yo si me lo permite,
señor ministro, ante otra maldad de este Gobierno en el ámbito de la
Seguridad Social, porque este decreto, señor ministro, atenta contra
derechos fundamentales de los españoles a recibir asistencia
sanitaria y de los beneficiarios de la Seguridad Social en el
subsidio o percepción del subsidio sustitutorio del salario perdido
por causa de enfermedad o accidente; pone en tela de juicio la
capacidad técnica y profesional de los médicos de familia, de los
médicos de atención primaria, y es un producto de alto riesgo para la
promoción de la salud de los españoles.
Hoy le ha tocado el turno a la incapacidad temporal. Atrás quedan las
intenciones de este Gobierno de suprimir medicamentos de la
financiación pública sin atender a criterios terapéuticos; la
exigencia de devolución de complementos de mínimos a personas
necesitadas con cinco años de retroactividad y aunque hubiera
existido error en la concesión por parte de la entidad gestora; las
limitaciones a la jubilación anticipada que pudimos ver la semana
pasada, etcétera. Este Gobierno, señor ministro, incapaz de gestionar
adecuadamente los controles ya existentes sobre la incapacidad
temporal, puesto a imaginar de dónde podría sacar 50.000 millones al
año de ahorro en la incapacidad temporal, pone en marcha un mecanismo
de control de la incapacidad temporal a todas luces desmesurado y
atentatorio contra las mínimas garantías de los pacientes y
beneficiarios de la Seguridad Social, aparte de los médicos.
Veamos el mecanismo arbitrado. Un médico del INSS -esto es de la
entidad gestora de prestaciones económicas fundamentalmente-,
adscrito al INSS sin que se sepa exactamente cómo, contratado como
controlador y ajeno a los servicios públicos de salud y a los
procesos de enfermedad de los trabajadores en baja por incapacidad para
el trabajo, podrá dar de alta médica a tales trabajadores, eso sí a
los únicos efectos económicos, es decir a los efectos de supresión
del subsidio por incapacidad temporal, por lo que, señorías, podemos
decir que un médico que no te conoce de nada te quita un derecho.
Dice el decreto que después de un reconocimiento del trabajador, pero
desconocemos las circunstancias de ese reconocimiento, sobre todo las
garantías de clase, duración, lugar, etcétera.
Y para curarse en salud -usted en este caso-, como saben que de esta
forma se desconocerían las competencias de la inspección médica y de
los servicios de salud de las correspondientes comunidades autónomas,
disponen lo siguiente: El médico del INSS deberá comunicar a la
inspección médica u órgano similar del servicio de salud
correspondiente su intención
de extender el parte de alta médica a fin de que dichos órganos
puedan, en el plazo de tres días hábiles, manifestar su
disconformidad. Por tanto, si nada se dice en tres días, lo que
resulta a todas luces inviable, vale el alta firmada por el médico
del INSS; es decir, que si hoy es miércoles tienen ustedes, señores
inspectores médicos, hasta el sábado para decir que estos cien
enfermos que figuran en esta lista no son tales enfermos. (El señor
Camps Devesa pronuncia palabras que no se perciben.) No sé si es usted
matemático o muy listo, señor diputado, pero en principio yo he dicho
que estaba incluido el sábado también; sé que los tres días son
hábiles, repito, y que los tres días que se le dan, absolutamente
insuficientes, por lo menos incluirían en este caso el sábado. Así se
ha dispuesto y c reo que no merece mayor comentario, señor ministro
y señor diputado, entendido en relación con el respeto de los derechos
de los pacientes de confianza en el médico de familia, en el médico
de atención primaria y con el respeto de las competencias de las
comunidades autónomas.
Pero parecería que aquí acababan ya los desvaríos, y no es así. El
alta dada por el médico adscrito al INSS - este médico que no tiene
nada que ver con el proceso de enfermedad de los trabajadores y las
trabajadoras; absolutamente nada que ver, señor ministro-, tiene el
mismo valor que el alta que hubiera podido dar el inspector del
servicio sanitario. Así, en los seis meses siguientes a dicho alta,
el trabajador no podrá acceder a nuevas bajas si no l o decide la
inspección médica; esto es, el médico adscrito al INSS da de alta a
un trabajador o a una trabajadora y a la vez le coloca la «s» de
sospechoso. Incluso ese trabajador no podrá ni siquiera accidentarse
en los seis meses siguientes al alta, porque así se dice en la
disposición adicional, que no distingue, señor ministro, entre
contingencias comunes y contingencias profesional es. ¿Qué garantías
tiene ese trabajador para que no sea discriminado por su empresario
y expuesto a sanciones, incluso expuesto al despido?
Porque según ese médico del INSS, según su entidad gestora, ese
trabajador es oficialmente un absentista; el INSS le da oficial
mente esa calificación.
El desafuero, señor ministro, es de tal calibre que a uno le ha hecho
dudar, le confieso, sobre si está en la correcta interpretación de
ese decreto. Así he preguntado a sindicatos, a Comisiones Obreras, a
UGT; he preguntado a médicos de familia; he preguntado a los
Inspectores médicos del servicio de salud, y he preguntado a pacientes,
y la contestación, tengo que decirle, señor ministro, que ha sido
clamorosamente unánime. Le resumo: medida abusiva contra los
derechos de los trabajadores, vejatoria para los médicos de familia,
desconocedora de las competencias de las comunidades autónomas y una
injerencia inadmisible del Ministerio de Trabajo en las atribuciones
de los profesionales del Sistema Nacional de Salud. ¿Qué acuerdo
tiene hoy, señor Arenas, que aportar a esta Cámara que l e legitime
para haber adoptado esta decisión? No me hable, señor ministro, del
Pacto de
Toledo. El Pacto de Toledo lo utilizan ustedes como coartada para
todo. Tampoco pienso que se pueden apoyar, ni muchísimo menos, en el
acuerdo sobre consolidación y racionalización de la Seguridad Social
que tanto les está sirviendo.
¿Y para qué, señor ministro -aunque usted de esto no sabe, es el
ministro de Sanidad ausente en estos momentos el que tendría que
contestar-; para que, repito, la subcomisión parlamentaria sobre
reforma del Sistema Nacional de Salud? ¿Para qué, señor ministro, ayer
el señor Aparicio, secretario de Estado de la Seguridad Social, nos
propone un pacto de Toledo bis, si ya están ustedes reformando todo
sin tener en cuenta para nada las opiniones de esta Cámara, ni las de
los sindicatos, ni las de los colectivos afectados? Esa subcomisión
de Sanidad, que se llamó para la reforma del sistema sanitario,
debiera haberse llamado para el derribo del Sistema Nacional de Salud,
porque ustedes lo están derribando, eso sí, poco a poco; son ustedes
prudentes en la imprudencia, en su propia imprudencia.
Y todavía no hemos tocado las mutuas, a las que ustedes cada vez
atribuyen mayores funciones de control , mayores funciones de
gestión. En un camino ya iniciado y absolutamente programado de
fragmentación del sistema sanitario, las mutuas no salen del decreto,
sino que están también implicadas. En este proceso de persecución del
trabajador en baja, a las mutuas se les da la posibilidad de
triplicar sus propuestas: hay una posible propuesta a la inspección;
una segunda a la inspección o directamente al médico del INSS o al
INSS, después de reiterada la propuesta a la inspección.
Por otra parte, ¿cómo quedan, señor ministro, otros derechos de los
enfermos anexos al de la recuperación de la salud, al de la promoción
de la salud y prevención de la enfermedad? Podríamos entrar en
detalle en relación con muchos de ellos, porque con tanto trasiego de
controles como están estableciendo ustedes, el médico de cabecera por
un lado, el de la empresa por otro -recuerde el artículo 20.4 del
Estatuto de los Trabajadores-, el médico del INSS, el médico de la
mutua; con tanto trasiego, repito, con tanta burocracia, ¿cómo queda
el derecho del paciente a la intimidad y a la confidencialidad de su
expediente médico? Difícilmente se puede garantizar ese derecho, y
mi re que establecimos ya controles y prevenciones en leyes como la
propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Hay otro derecho, el derecho a la libre elección de médico general.
¿Cómo queda, señor ministro Arenas? Porque el trabajador elige su
médico general y est e médico general prescribe la baja de ese
trabajador o trabajadora, pero se le impone otro médico que anula esa
decisión. No me diga que no, lo que pasa es que usted no sabe que la
baja es también una prescripción médica, una prescripción que hace el
médico de medicina general como otra cualquiera; no es un vale de
vacaciones, que es lo que usted está pensando, señor Arenas, es una
prescripción dada por un médico elegido
por el propio paciente, que después no puede ser anulada por otro
médico impuesto por ustedes.
Es decir, señor ministro -y voy terminando-, que hay derechos muy
básicos que están en vía de ser desconocidos. El derecho fundamental
a la salud quedará absolutamente postergado para salvar las
dificultades financieras en las que usted está poniendo al sistema
de Seguridad Social y éste no es el camino, al menos no es el camino
elegido por el Grupo Parlamentario Socialista, donde tenemos muy
claras las prioridades y la prevalencia del derecho a la salud sobre
el criterio de coste, que es el que usted pretende que prevalezca.
Y le he hecho el favor, señor Arenas, de hablar del futuro; le he
dicho que están en vía de ser desconocidos; le he dicho que el
derecho a la salud quedará postergado. ¿Por qué? Porque este decreto
todavía no ha entrado en vigor, sino que lo hará el próximo día 1 de
julio. Acierte, señor ministro de Trabajo y Seguridad Social, y
revoque ese decreto en el próximo Consejo de Ministros o pida su
revocación. Se lo vamos a agradecer; se lo agradecerán sobre todo los
trabajadores y las trabajadoras, los médicos, y hasta es posible que,
para salvarse a sí mismo, se lo agradezca el propio ministro de
Sanidad, hoy ausente.
Muchas gracias, señor ministro. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Arnau.
Para responder a la interpelación, tiene la palabra el señor ministro
de Trabajo y Asuntos Sociales.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Señor presidente, señoras y señores diputados, subo a la tribuna para
contestar, en nombre del Gobierno, a la interpelación que formula el
Grupo Parlamentario Socialista relativa a la decisión del Gobierno en
torno a que las decisiones de las propuestas de alta en un proceso
de incapacidad temporal, condicionadas al visto bueno de los médicos
de los servicios públicos de salud, puedan ser otorgadas por los
médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Señor presidente, lamento que se haya afeado al Gobierno el hecho,
que le ha sorprendido al diputado interviniente, de que no conteste
el ministro de Sanidad, sino el ministro de Trabajo. Como sabe, ante
cualquier decisión del Gobierno somos plenamente solidarios todos los
miembros del mismo, pero además hay una razón de fondo que justifica
al cien por cien que la interpelación sea contestada por el ministro
de Trabajo y ya no Seguridad Social, señor Arnau, sino Trabajo y
Asuntos Sociales en la actualidad.
Debo significarle que a mí también me ha sorprendido que intervenga
S.S., porque tenía la impresión -era una impresión-, por la lectura
de los medios de comunicación de estos días de que lo haría la
portavoz habitual de su grupo en materia sanitaria, la señora Amad
o r, pero en cualquier caso me parece que tan legitimado está usted en
nombre de su grupo parlamentario
como la señora Amador para real izar esta interpelación. (Rumores y
protestas.) Luego tiene sentido que su grupo decida
qué diputado o diputada interpela y tiene sentido que el Gobierno
decida qué ministro contesta en su nombre. Libertad por libertad.
(Rumores.) Pero hay una razón de fondo, señorías, y es que en la base de
la incapacidad temporal existen dos hechos completamente
concatenados. El primer hecho es que la prestación de incapacidad
temporal está vinculada a una persona que tiene, en un momento
determinado, una quiebra en su estado de salud, momento en el que a
parecen unas prestaciones de atención sanitaria permanente a esa persona
que reconoce y ampara nuestro sistema de protección social; y el
segundo hecho, del que no se dice absolutamente nada en la
interpelación, es que ese menoscabo en el estado de salud de la
persona le impida reincorporarse a su puesto de trabajo, de tal
suerte que es perfectamente posible que una persona tenga un
menoscabo en su estado de salud que le impida acceder al mercado de
trabajo, de la misma forma que es perfectamente posible que una
persona tenga un ligero menoscabo en su estado de salud, y en
consecuencia tratamiento médico, pero que el mismo no le impida
incorporarse a su puesto de trabajo. Ambas situaciones son posibles,
y este decreto no afecta en absoluto -y decir lo contrario es pura y
simple demagogia- a la atención sanitaria. Lo dice expresamente: no
afecta en absoluto al tratamiento médico. Este decreto afecta
exclusivamente a la prestación económica de incapacidad temporal, que
es sustitutiva de una renta de trabajo, y esa prestación económica
de incapacidad temporal es responsabilidad del Ministerio de Trabajo,
no del Ministerio de Sanidad, cuya atención sanitaria no está puesta
en cuestión en ningún momento ni por este Gobierno ni por este
decreto. Luego tiene todo el sentido que defienda este decreto el
ministro responsable de la prestación económica de la incapacidad
temporal, que mientras no demuestren lo contrario es el ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales.
En segundo lugar, señorías, hay quien defiende y ha defendido siempre
que en España hay fraude fiscal, fraude a la Hacienda pública -y yo
estoy plenamente de acuerdo-, y hay otros que además defendemos, y lo
tenemos muy claro, que hay fraude a la Hacienda pública y también hay
fraude a la Seguridad Social en determinados comportamientos, y en
ese caso se encuentra este Gobierno y este ministro de Trabajo.
En consecuencia, cuando aprobamos medidas de lucha contra el fraude
lo hacemos no solamente en el ámbito de la Hacienda pública, sino
también en el ámbito de la Seguridad Social y en el ámbito de las
prestaciones de desempleo. ¿Por qué? Porque la mejor garantía para
las pensiones y para las prestaciones por desempleo es que desvelemos
los comportamientos fraudulentos en torno al sistema de
protección social y en torno al sistema de protección por desempleo.
Y en este sentido, si una persona -porque se ha aludido al
complemento de mínimos- tiene un patrimonio de 500
millones, yo no voy a tolerar, mientras sea ministro, que esa
persona pida un complemento de mínimos a la Seguridad Social. Eso,
señorías, tiene un coste electoral que estamos dispuestos a asumir:
el coste electoral de la lucha contra el fraude.
En la mayoría de los casos no estamos introduciendo medidas
normativas nuevas, señorías; nos estamos limitando a aplicar medidas
que estaban establecidas y que nunca se llevaron a la práctica. No
se cruzaban los datos de Hacienda con las pensiones no contributivas;
no se cruzaban los datos de los complementos de mínimos con la renta
de cada individuo; no se cruzaban los datos de los subsidios de
desempleo con las rentas de cada persona. El sistema de Seguridad
Social está para quien lo necesita y para quien tiene derecho a sus
prestaciones. Por tanto, no sólo hay fraude social en la Hacienda
pública, y aunque tenga coste electoral, insisto, nosotros vamos a
asumirlo.
Señorías, me extraña una barbaridad que no se haya dicho algo muy
importante. ¿ Saben SS.SS. cuál es la duración media de un proceso de
incapacidad temporal en este momento en España? Pues es de 140 días.
(Varios señores diputados: ¡Qué barbaridad!) ¿Están habituadas SS.SS.
en su entorno familiar o de conocimientos a procesos medios, sobre
206.000 personas, de 140 días? Esa es la duración media, insisto, en
este momento, y con toda sinceridad a mí me parece una exageración y
una barbaridad.
Pero es que en mayo de 1996, cuando accedimos a las responsabilidades
de Gobierno, la duración media del proceso era de 196 días. (Varios
señores diputados: ¡Qué barbaridad!) Barbaridad son 196 y barbaridad
son 140. Y dice el Grupo Socialista que quién ha legitimado al
ministro de Trabajo para proponer al Consejo de Ministros una medida
de estas características. Pues me ha legitimado una ley aprobada en
el Congreso de los Diputados y en el Senado. (Protestas.) Repito, el
Congreso y el Senado, y me parece una solemne barbaridad que se
intente confundir la voluntad mayoritaria de ambas Cámaras con la
voluntad política de un ministro. Las Cortes Generales, señorías, han
aprobado una ley que habilita al Gobierno para plantear un decreto
por el que los médicos del INSS propongan y den altas condicionadas a
que las mismas no sean contradichas desde el Insalud en un plazo de
72 horas. Hay una fórmula para que rectifique el Gobierno: que las
Cortes Generales le planteen la rectificación y la acataremos si lo
hacen, señorías. Pero no confundan la voluntad mayoritaria del
pueblo español expresada en el Congreso de los Diputados y en el
Senado con la voluntad política de un ministro o de un ministerio, no
nos conceda esa importancia.
Dice el señor diputado que estamos recortando una prestación del
sistema de Seguridad Social. Señorías, yo quiero explicarles cuál es
exactamente el recorte del que se nos acusa. Una persona plantea que
tiene una alteración en su estado de salud y que no puede acudir
a su puesto de trabajo. Esa persona acude a un médico que no le conoce,
como decía antes el diputado -normalmente
las personas que van a un médico, salvo que tengan la desgracia de
tener una salud muy precaria, no conocen al médico; a ver si al final
vamos a exigir que para emitir un diagnóstico médico haya una relación
cuasi familiar entre el médico y el enfermo-; esa persona acude
al médico, repito, y le di ce que se encuentra en un estado que le
impide incorporarse a su puesto de trabajo, y el médico prescribe un
parte de baja. Esa persona, a partir de ese momento, tiene derecho
a asistencia sanitaria y tiene también derecho a una prestación por
incapacidad temporal. (Rumores.) Pues sin este decreto llega un
inspector del Insalud que propone el alta y la da. Y dice el
diputado: un médico que no le conoce. Ese inspector del Insalud,
señoría, tampoco le conoce. (Protestas.) ¿Cómo da el alta? Lo dice el
decreto: da el alta estudiando -yo he tenido que a prender algo de
sanidad estos días- la historia clínica de ese paciente. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señorías, por
favor, aunque sea desde la discrepancia respeten al orador.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Señor presidente, voy a bajar el tono de voz para no ocasionar
menoscabo en los pabellones auditivos de algunos diputados, porque no
podemos permitir nos muchas más incapacidades temporales, hay que
decirlo de paso. (Risas.- Aplausos.)
Señor presidente, estaba diciendo que cuando una persona tiene un
parte de baja, el inspector médico estudia la historia clínica, hace
un análisis del diagnóstico que ha hecho el médico anterior -lo dice
el decreto-, lleva a cabo un reconocimiento del paciente y, sin este
decreto, el inspector del Insalud da el alta. ¿Dónde está el gran
recorte de la prestación social, la gran osadía de este Gobierno?
Pues, señorías, la gran osadía está en que un médico del Instituto
Nacional de la Seguridad Social, que normalmente se dedica a evaluar
las incapacidades a través de los EVI, también va a poder dar el
alta; no un médico privado, un médico del Instituto Nacional de la
Seguridad Social.
Quien esté en la actitud más corporativa -porque todo se puede
decir- puede llegar a expresar que el médico del Insalud es un
médico estupendo al servicio público y que el médico del INSS es un
médico que atenta contra ese servicio público. Pero ese médico del
INSS, señorías, no puede dar el alta. Da el alta, y en un plazo de 72
horas los médicos públicos del Insalud pueden decir que ese alta es
incorrecta. Esa es la barbaridad, señorías, que está proponiendo el
Gobierno en este decreto y que para algunos significa cargarse el
sistema de protección social, con una duración media de proceso de
140 días.
Yo estoy dispuesto a estudiar en la Cámara todas las etapas, porque
ha habido etapas del Gobierno anterior en las que la incapacidad
temporal ha bajado en su gasto; otras no. En otras etapas ha subido
claramente porque la gestión de los ministerios y de los ministros
correspondientes ha si do distinta. Ha habido quien ha estado en el
Ministerio de Sanidad en la etapa anterior y ha considerado que había
que abordar el exceso de procesos por cada mil afiliados, la duración
media de esos procesos, el coste por cada proceso. Ha habido otras
etapas en las que se ha dicho: aquí no hay problema, vamos adelante y
nos parece que una duración media de un proceso de IT está bien en
190 días, o en 205 días, que también se ha llegado.
Señorías, nos parece que el Gobierno actúa con plena legalidad, que
está dispuesto a asumir el coste electoral de estas medidas, y ya
hemos dado un paso previo: los médicos del INSS a los que ahora les
facultamos para que den el alta condicionada al sí del Insalud o de
los médicos públicos de salud en un plazo de 72 horas, han tenido ya
la facultad de proponer las altas. ¿Saben el grado de coincidencia
que ha habido en los procesos de propuesta de alta de los médicos
del INSS en relación con los del Insalud? En el 83 por ciento
coincidencia plena, y en un 17 por ciento no ha habido coincidencia
plena. Quien esté en una actitud de intentar enfrentar a los médicos
del Insalud con los del INSS sabrá por qué lo hace. Quien esté en una
actitud corporativa de defender a los médicos del Insalud o a los del
INSS contra los del INSS o del Insalud sabrá por qué lo hace. Pero
aquí tenemos un Pacto de Toledo que dice, en su recomendación número
13, que hay que atacar los comportamientos de fraude en el sistema de
Seguridad Social. Y les quiero decir, señorías, que en España ha
habido regulaciones de empleo que se han apoyado en la incapacidad
temporal, y que en España también ha habido situaciones de desempleo
que han provocado, justo el día anterior de terminación de la
prestación, la incorporación a la incapacidad temporal; y les quiero
decir, señorías, que hay situaciones laborales en las que con
demasiada frecuencia se da el pase a la incapacidad temporal el día
anterior de la finalización del contrato; y les quiero decir,
señorías, que hay personas que pasan de una situación de trabajo a la
incapacidad temporal, a la prestación por desempleo, vuelta a la
incapacidad temporal, vuelta a la prestación por desempleo, vuelta a
la incapacidad temporal. Y quien observa eso -que cualquier
gobernante público lo observa- tiene la posibilidad de callarse, de
que se siga disparando el gasto en incapacidad temporal, de no
parecerse a Europa, porque - dicho sea de paso- hay tres países en
Europa donde los médicos de l as entidades gestoras están haciendo
hace mucho tiempo lo que proponemos en España, es el caso de
Alemania, es el caso de Francia y es el caso de Bélgica, pero en esos
países no hay grupos parlamentarios que se dediquen sistemáticamente
a atacar al Gobierno porque el Gobierno lucha contra el fraude. Pues,
señorías, al final se nos puede atacar de luchar contra el fraude,
pero no es nada agradable decirle a una persona que desaparece su
complemento de mínimos porque excede las rentas previstas en la ley;
no es nada agradable decirle a una persona que recibe el
subsidio que sus rentas exceden de lo que dice la ley; no es nada
agradable decir, como yo digo en la tribuna, que no es normal que
tengamos una duración media del proceso de 140 días o de 195 cuando
llegamos a las responsabilidades de gobierno; todo eso no es nada
agradable, pero como estamos absolutamente convencidos de que eso
sanea nuestro sistema de protección social y garantiza los derechos
de los más débiles, vamos a seguir adelante con todas las
consecuencias.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor
ministro.
Tiene la palabra el señor Arnau.
El señor ARNAU NAVARRO: Muchas gracias, señor presidente.
Lo que acaba de decir el señor ministro sí que es pura y absoluta
demagogia. (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se
perciben.) Como es demagogia acusarnos de corporativistas
porque defendemos, nada más y nada menos, que al Sistema Nacional de
Salud y a los médicos de atención primaria.
En cuanto a las competencias entre usted y el ministro de Sanidad o
yo mismo, como usted viene ya poco por aquí no conoce mucho el
funcionamiento de este Parlamento y no sabe que esto funciona con
comisiones y que éstas tienen presidentes y vicepresidentes. En este
caso, por desgracia, hay un presidente del Partido Popular y un
vicepresidente que es el que humildemente les habla. Alguna
competencia puedo tener en esta cuestión, a efectos de que usted no
entrecruce los temas y salga por peteneras, como ha salido en esta
cuestión. (Aplausos. - Un señor diputado: ¡Muy bien!) Si todo este
decreto es bueno, señor ministro, si todo está tan bien, ¿por qué
tiene a todo el mundo en contra? Y no me diga que no, porque o le
mienten a usted o nos mienten a nosotros, y aquí tengo papeles que
pongo a su disposición. (Varios señores diputados: Léalos.) Los
podemos leer pero seguramente sería darles a ustedes un gusto que no
se merecen.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): ¡Señorías, por
favor!
Señor Arnau, el diálogo se hace a través de la Presidencia.
El señor ARNAU NAVARRO: Tienen ustedes a todo el mundo en contra.
Tienen en contra a los sindicatos, tienen en contra a los servicios
de médicos de familia, tienen en contra a los partidos políticos
progresistas, que algo tienen que decir sobre esto y ya los oiremos. (El
señor Camps Devesa pronuncia palabras que no se perciben.) Claro, el
señor Camps dice otras cosas. (El señor Camps Devesa: Yo no intervengo,
pero sí lo haré por alusiones.)Este decreto, señor ministro, no es
bueno, es muy malo, entre otras cosas porque eso de que el médico no
conoce al enfermo es verdad, y yo no he dicho que tengan una relación
familiar, ni mucho menos, señor ministro; esa gracia se la puede guardar
para otros casos, pero no para éste, que es un caso muy serio. ( Varios
señores diputados: ¡Muy bien! ) No ponga esa cara porque lo dice usted.
Mire, memoria del Ministerio de Trabajo sobre el decreto. Usted mismo
reconoce que por parte del médico del INSS y en los servicios del INSS
no hay datos sobre los procesos de enfermedad de los trabajadores en
incapacidad temporal, y por eso justifican el hacer una propuesta a
la inspección y que no sea el propio INSS el que dé directamente el
alta, porque -dicen ustedes- pueden existir supuestos en los que el
INSS no cuente con todos los datos sanitarios del trabajador que
permitan la formalización del alta o la continuación de la baja. En
estos casos una alternativa podría consistir en solicitar del
servicio de salud que completase los datos médicos, que ustedes no
tienen, y por eso digo que no hay contacto con el enfermo. La
aplicación de esta alternativa llevaría a una burocracia excesiva, y
así justifican ustedes una medida absolutamente abusiva.
Sin embargo, podría haber sido peor. No sé por qué regla de tres
entre lo que aprobaron en el Consejo de Ministros y lo que ha salido en
el Boletín Oficial del Estado hay una omisión. Ustedes proponían,
nada más y nada menos, que los médicos de empresas que actúan como
colaboradores en la gestión de los accidentes de trabajo y en las
enfermedades profesionales pudieran dar de alta directamente a sus
propios trabajadores. (Un señor diputado: ¡Qué vergüenza!) Una
absoluta vergüenza, sí.
Seguramente ustedes han debido leer algo de Derecho comparado, por
ejemplo del Estatuto del Trabajo italiano, en el que se prohibe
expresamente a los empresarios que hagan comprobaciones sobre los
estados de salud de los trabajadores. Y -¡cómo no- usted habla del
fraude otra vez. Ya me imaginaba yo que hablarían del fraude, pero
el fraude, señor ministro, no puede servir a este Gobierno de
coartada para ocultar sus propios fallos de gestión en la Seguridad
Social. Además, lo que hacen ustedes es detraer a los débiles lo que
perdonan a los fuertes. (Risas.) ¿A qué santo entonces la
supresión del impuesto sobre los seguros privados sanitarios? ¿A qué
santo l a reducción en el IRPF cuando se precisa en la Seguridad
Social, como usted sabe, que se cubran las prestaciones no contributivas
con impuestos?
Dice usted que la media de duración de incapacidad temporal es de 140
días; ha subido. El señor Farnós, consejero de Sanidad de la
Comunidad Autónoma Valenciana, decía que eran cuarenta días. Por
cierto, entre paréntesis, hay un sistema expeditivo para conseguir
reducir las bajas laborales: el sistema Farnós. Este señor, consejero
de Sanidad de su Gobierno en la Comunidad Valenciana, estaba en
situación de incapacidad permanente absoluta; se le nombró consejero
e
inmediatamente pidió la anulación de la prestación que tenía
(Fuertes aplausos.). Nombren ustedes consejeros a todos los que
tengan por ahí y verán que inmediatamente les desaparece la
incapacidad.
Vayamos más al grano, señor ministro. Sabemos más que usted, señor
ministro, porque nos lo dicen los usuarios de la salud. Sabemos que
el 20 por ciento de las incapacidades temporales es responsable del
80 por ciento del gasto, pero sabemos también, señor ministro -y aquí
echamos de menos al ministro de Sanidad y Consumo-, que un 30 por
ciento de este gasto se genera por demoras en los medios de
diagnóstico de los hospitales. Es decir, un médico del sistema de
atención primaria receta o prescribe una radiografía y ésta tarda en
hacerse a veces un mes; mientras, ese trabajador está de baja.
¿Quién es el responsable de la baja del trabajador? Ustedes, que
están gestionando mal el servicio público de salud, en particular el
ministro de Sanidad, ausente aquí. (Rumores.) Ha hecho usted
referencia al Pacto de Toledo, cómo no, pero él no dice nada de lo que
usted menciona; lo decían ustedes en su propuesta, en la propuesta
del Partido Popular. La tengo aquí, sin membrete, porque era la época
en que ustedes no se querían definir y no ponían membrete a sus
papeles -lo siento-, porque si se definían se limitaban y no obtenían
votos. (Rumores.) Yo estuve en Toledo, señores diputados, y este
papel lo tengo desde entonces. Dicen ustedes: Hay que concentrar de
modo inmediato en el Instituto Nacional de la Seguridad Social la
gestión de las incapacidades, al que corresponderá el control de las
unidades de valoración de incapacidades. Concentración; estamos en
ese camino, pero eso lo decían ustedes, no lo dice el Pacto de Toledo.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Termine, señor
Arnau, por favor.
El señor ARNAU NAVARRO: Voy terminando.
No haré ninguna alusión al tema de la ley, pero sepa que sé que hay
una ley, la Ley de acompañamiento, que justifica y desarrolla este
decreto. ¿ Sabe usted, señor ministro de Trabajo, que el señor
ministro de Sanidad y Consumo estaba en contra del artículo que
precisamente han desarrollado ustedes ahora? Si el señor ministro de
Sanidad, miembro de su propio Gobierno, estaba en contra de ese
artículo, nos permitirá a nosotros que, por lo menos, lo pongamos en
tela de juicio. (Rumores.) Dice usted -después, el señor Camps ya nos
aleccionará- (Rumores.) que esto tiene un coste electoral enorme; la
lucha contra el fraude es gravísimo para ustedes electoralmente
hablando, no es agradable, dice usted. Ya el señor Camps...
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señor Arnau,
absténgase, por favor, de citar a diputados que, de acuerdo con el
Reglamento, no pueden intervenir.
El señor ARNAU NAVARRO: Termino en seguida, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Treinta segundos,
por favor.
El señor ARNAU NAVARRO: El otro día, ya nos dijo que éste era un
Gobierno valiente, lo mismo que usted ha dicho. Yo no creo que éste
sea un Gobierno valiente; éste es un Gobierno autoritario y, si me lo
permite, algo fanfarrón. (Rumores.) Eso es este Gobierno. Le
voy a decir algo, y no nos queremos poner como ejemplo de nada. ¿Sabe
usted una medida valiente, en favor del ahorro de la incapacidad
temporal, adoptada por un gobierno socialista? ¿La conoce?
(Denegaciones.) ¿No la conoce? Pues es importante saberla. Por lo menos,
tenía que haber leído las modificaciones que ha habido en la Ley General
de la Seguridad Social. Pues bien, esa modificación tan valiente a
la que yo aludo fue hacer pagar a los empresarios la baja por
incapacidad temporal desde el cuarto al decimoquinto día (Aplausos.).
Ésa fue una medida importante adoptada por un diputado que se
sienta en estas filas. Eso, evidentemente, que a usted le hace
sonreír fue una buena medida y sopesada, justificada económica y
jurídicamente, pero ustedes no son capaces de adoptarlas, por eso son
del Partido Popular. Otra vez será, otra vez nacerá, señor ministro
y, a lo mejor, tenemos la suerte de verle en otro sentido, en otros
lados. (Rumores.) Cuando el señor Aparicio dice que no quiere
profetas de la catástrofe, se está equivocando también; no somos
profetas de ninguna catástrofe, somos simplemente relatores de una
realidad: la actual de este Gobierno y de la Seguridad Social, eso
sí es una auténtica catástrofe.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.) - Varios
señores diputados: ¡Muy bien!- El señor Camps Devesa pide la
palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señor Camps, ¿a
qué efectos?
El señor CAMPS DEVESA: Me parecen bastantes claros por la propia
intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ya
que he sido citado en tres ocasiones, cuando aún no había intervenido
en este debate, ni siquiera sabía si iba a ser el portavoz de mi
grupo el que iba a solicitar la palabra con posterioridad; por
cierto, no lo voy a ser.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Efectivamente,
señor Camps, ha sido citado, no aludido. El Reglamento no prevé
citaciones. (Rumores.) Muchas gracias. (Un señor diputado: Ha
sido aludido.) Señor ministro, cuando desee. (El señor Camps Devesa
pide la palabra.)
Señor Camps, ¿a qué efectos?
El señor CAMPS DEVESA: Señor presidente, únicamente a efectos
gramaticales. Tal vez he utilizado mal el verbo en este caso, pero,
evidentemente, el señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
no ha citado a este parlamentario en expresiones que ha utilizado con
anterioridad en esta Cámara o fuera de ella, sino que ha manifestado
claramente -o sea, ha aludido- posiciones que este parlamentario iba
a tener en el futuro. Tal vez me haya equivocado al utilizar el
término frente a la Presidencia, pero he sido claramente aludido y,
desde luego, no citado en el término anterior. Por tanto, dejo a juicio
de la Presidencia que dictamine si he si do aludido o citado y, si he
sido aludido, que me dé posibilidad de respuesta a las tres claras
alusiones de las que he sido objeto por el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Efectivamente,
señor Camps, usted ha sido nombrado (Risas.), pero en ningún caso
aludido, toda vez que no se había producido intervención anterior
alguna. (Risas.- Rumores.)
Señor ministro, cuando usted desee.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Señor presidente, señoras y señores diputados, en primer lugar, he
hecho alguna consideración al principio de mi intervención sobre
que el Grupo Parlamentario Socialista podía designar con toda
libertad a su ponente en este debate. Si le he producido alguna
molestia por lo que me ha parecido deducir después, retiro la
consideración. En cualquier caso, no es ninguna desgracia que haya
una Comisión presidida por el Grupo Popular, como no lo es que haya
una Comisión presidida por el Grupo Socialista.
Hay una parte de su intervención en la que habla usted de
fanfarrones, de autoritarios... Dela por contestada; cero
contestación, cero contestación. Yo, a cuestiones que me parecen
lamentables, le doy cero contestación. (Aplausos.- Varios señores
diputados: ¡Muy bien!)
Entrando ya en la cuestión que nos ocupa, al margen de calificativos
y de descalificaciones o posibles insultos, quiero decirle lo
siguiente. Aquí hay una realidad y es que se reconoce ante la Cámara
que no es agradable luchar contra el fraude, pero existe la voluntad
política firmísima de luchar contra él. ¿Eso es una novedad de esta
etapa política? En mi opinión, sí, en dos facetas: en lo que se dice,
que nunca se había dicho, y en lo que se hace, que nunca se había
hecho, pero me parece correctísimo decirlo y hacerlo. Antes, no se
decía; a mí, algún parlamentario socialista me ha dicho alguna vez
en los pasillos de esta Cámara: yo creo que te equivocas presumiendo
de la lucha contra el fraude, porque eso siempre molesta a la gente.
Pues sí, pero hay una decisión por parte del presidente del Gobierno
- recuerda a un programa de televisión muy conocido-
de luchar con toda firmeza contra el fraude y lo vamos a seguir
haciendo.
Plantear que es un atentado contra el Estado de bienestar que un
médico del INSS, Instituto Nacional de la Seguridad Social, pueda
proponer -como se ha dicho aquí en un lapsus: proponer- un alta
médica a los médicos de la sanidad pública, que tienen un plazo de 72
horas para confirmarla no se sostiene bajo ningún concepto.
Yo no me voy a dirigir a SS.SS. hablando de compañeros, porque,
cuando se habla de compañeros y compañeras, se está más en un mitin
que en sede parlamentaria, pero, en cualquier caso, señoras y señores
diputados -tratándoles cómo hay que hacerlo en esta Cámara-, yo no he
conocido ninguna reacción feroz a este decreto; la he conocido de un
grupo parlamentario vinculado con la posición de determinados
médicos. Si se está en la vida pública para ver cómo se crean
problemas entre médicos del INSS y médicos del Insalud, me parece que
eso no tiene justificación. La madre del cordero es si se está
haciendo un uso adecuado de un sistema y de una prestación social, no
intentar que los médicos del INSS se confronten con los del Insalud,
porque eso no tiene ningún sentido.
Le puedo garantizar que el ministro de Sanidad, a través de su
Ministerio, en el último texto que hemos remitido al Consejo de
Ministros ha dado su conformidad, de la misma forma que podrán
ustedes imaginar que el real decreto ha pasado por el Consejo de
Estado. Ha pasado por el Consejo de Estado y a veces se hacen
observaciones y éstas se recogen, pero no se pueden leer más de
tres o cuatro recortes de periódicos -por eso los han leído aquí- en
la misma dirección, quejándose de esta medida. No habrán visto
ustedes que haya ninguna convocatoria de huelga general por este
decreto. (La señora López i Chamosa: No provoque.) Por cierto, a mí
se me ha dicho que tenemos en contra a los sindicatos. Les voy a
recordar aquello del torero al que le dan una cornada muy importante y
al final la cuadrilla le va a llevar a la enfermería -esto lo he contado
alguna vez- y van los banderilleros y el mozo de espada y éste le
dice: maestro qué corná nos han dado, y le contesta el maestro:
mayormente a mí. Pues bien, yo quiero decirle que en eso de llevarse
mal con los sindicatos, mayormente ustedes. Porque es precisamente,
señorías, sobre este tema, sobre el sistema de pensiones, en el que
alcanzamos el primer acuerdo con los sindicatos en España, sobre la
consolidación y la racionalización del sistema de Seguridad Social.
Así que el Ministerio no conoce grandes protestas, aunque siempre se
pueden invocar. Yo tengo diez o doce recortes de prensa aplaudiendo
la medida, pero ésa no es la cuestión.
Los datos que he dado están certificados, así como los procesos
medios de duración, lo que pasa es que hay que conocer a fondo el
problema. Cuando yo hablo de los datos que he dado, me estoy
refiriendo al pago directo del INSS, porque hay una parte de la
incapacidad temporal que se gestiona, sobre todo, a través
de las mutuas, y eso es pago delegado y los plazos son distintos. Por
cierto, cuando ha aludido al consejero de Salud de la Comunidad
Valenciana, sin que pueda defenderse en esta Cámara -me imagino que
el Grupo Socialista dirá lo que tenga que decir en las Cortes
valencianas- supongo que los datos que daba se referían a la
Comunidad Valenciana y al cruce entre el pago directo del INSS y el
pago delegado.
Cuando se dice, señorías, que hemos propuesto que los médicos de las
mutuas den el alta, sólo puedo decir que se está faltando a la
verdad. Y como se me ha preguntado si conozco precedentes anteriores,
diré que sí; conozco que la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, es la
que habilita a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales para asumir la cobertura de incapacidad temporal
derivada de contingencias comunes de los trabajadores de las
empresas asociadas a las mismas, y esa medida es de diciembre de
1994, señorías. (Aplausos.) Este Gobierno no es el que ha incorporado
las mutuas de accidentes de trabajo a las contingencias comunes de la
incapacidad temporal y, fíjese lo que le digo, a mí me parece que el
Gobierno anterior acertó aquí. (Rumores.- Varios señores
diputados pronuncian palabras que no se perciben.) Hubo algunas
cosas en las que acertaron; en lo que no acertaron fue en dejar que
los procesos de incapacidad temporal l legaran a doscientos y pico
días. Acertaron en incorporar las mutuas, pero presuman de eso, no
tengan complejo; fue una medida positiva, de la misma forma que en el
anterior Gobierno también se decide que los trabajadores autónomos ya
no tienen IT obligatoria, sino opcional. Si lo hubiéramos hecho
nosotros, estaríamos atentando contra el Estado del bienestar vinculado
a los trabajadores autónomos; en este momento el porcentaje de fraude
mayor se da con los autónomos. Por eso hemos decidido robustecer las
mutuas en ese caso, porque hay un control superior.
Señorías, al final hablamos del dinero de los españoles y de él
tratamos por los ingresos fiscales y por los ingresos de cotizaciones
a la Seguridad Social. En este momento, por cada pensionista hay dos
afiliados y, precisamente, cuando eso ocurre, se nos dice que el
sistema está en quiebra; eso también es bastante notable. Cuando por
cada pensionista hay dos afiliados es cuando se dice que el sistema
est á precisamente en quiebra. Al final, los ingresos fiscales, los
ingresos de cotizaciones a la Seguridad Social y los gastos, pueden
ser gastos que repercutan directamente sobre el Estado o en la
Seguridad Social. Se nos ha argumentado que no estamos avanzando en
la dirección de la separación de fuentes de la financiación. Cuando
llegamos al Gobierno se mandaban a la sanidad 500.000 millones por
cotizaciones sociales. En el presupuesto de 1998 se han mandado 100.
000 y 400.000 millones han pasado a los impuestos. Eso no es avanzar
en la dirección de la separación de fuentes de financiación.
Al final con el debate que estamos teniendo se ha querido -como
siempre- hacer una mezcla de lo que significa la fiscalidad. Yo les
quiero decir -con mucho
orgullo- que, se diga lo que se diga, no hay ni un solo ejemplo con
el que se pueda demostrar que este Gobierno ha atentado contra ningún
derecho de los trabajadores -ha mejorado la protección social en su
conjunto-, contra ningún pensionista ni contra ninguna persona que
tenga rentas bajas en el conjunto de nuestra sociedad; no hay ni un
solo ejemplo. Ahora se está discutiendo mucho sobre el sistema de
desempleo -reforma del año 1993, por cierto-; en nuestra etapa, ni un
solo ejemplo de lesión de un derecho social por parte de este
Gobierno.
Si eso se hace así y además se plantea una reforma fiscal -que ha
sido aludida- por la que para la inmensa mayoría de los parados y
los pensionistas va a desaparecer el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, continuaremos diciendo, señorías, que es posible
hacer una España más competitiva, porque eso significa construir una
España más solidaria.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor
ministro.
Vamos a pasar al punto 38 del orden del día, dentro del apartado de
interpelaciones urgentes, que es el relativo a la interpelación
avalada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre
el derecho a percibir prestaciones sociales a que den lugar las
contrataciones a tiempo parcial. (Rumores.- La señora Maestro Martín
pide la palabra.)
Señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTÍN: Señor presidente, que yo sepa, en el
trámite que deberíamos estar en este momento es en el de fijación de
posición de los grupos parlamentarios en relación con la
interpelación planteada. Mi grupo, al menos, tiene voluntad de fijar
su posición.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señora Maestro,
tiene usted toda la razón. Ha habido una variación en el orden del
día y me he fijado más en la alteración que en el trámite
subsiguiente. Perdonen sus señorías. ¿Grupos que deseen fijar su
posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra
el señor Peralta.
El señor PERALTAORTEGA: Gracias, señor presidente.
Señorías, creo que la interpelación que hoy nos ocupa es
ciertamente importante. Est a medida, señor ministro -a la que usted
ha hecho referencia y ha defendido-, con la que se trata, en
definitiva, de desarrollar un precepto de la Ley de acompañamiento
de los Presupuestos Generales del Estado de este año 1998, nos parece
que es muy criticable, señor ministro. Para entenderla podemos
perdernos en infinidad de detalles; usted ha hecho referencia a algunos
de ellos,
pero yo creo que hay un tema muy claro y que nos puede permitir
entender todo.
La salud de los trabajadores -estamos hablando de incapacidad
temporal y, por tanto, hay un presupuesto que es la salud de los
trabajadores- en nuestro país se encomienda a los sistemas
sanitarios públicos. (El señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,
Arenas Bocanegra, hace signos denegatorios.) Sí, señor ministro, se
encomienda a los servicios sanitarios públicos, nunca ha habido un
cambio en ese sentido. Usted ha hecho referencia a la Ley de
acompañamiento del año 1994 en la que a las mutuas se les concedía
una determinada posibilidad en relación con sus asegurados de
dirigirse al sistema sanitario público pidiéndole que interviniera y
controlara. Ésa ha sido la realidad, señor ministro. El sistema
sanitario público tiene el médico de cabecera, el médico de
asistencia primaria y, en su caso, el inspector médico que controla
el correcto funcionamiento de ese médico de primera instancia. Pero
no había ningún control ajeno al sistema sanitario público, y aquí se
crea un mecanismo de control ajeno al mismo, porque está en el
Instituto Nacional de la Seguridad Social, que no es el sistema
sanitario público; si no, está absolutamente equivocado todo y no nos
aclararemos sobre cómo se financian el INSS, el Insalud y el Inserso.
¿El INSS es sistema sanitario? No, no es sistema sanitario. Sin
embargo, los médicos a los que se concede facultades son médicos
del INSS. Señor ministro, se ha producido un cambio cualitativo en
relación con la situación anterior. ¿Y est o qué significa? En
primer lugar, significa un fracaso de este Gobierno en la gestión del
sistema sanitario. Según ustedes, los médicos de primera instancia,
de familia, de asistencia primaria actúan correctamente, y no son
capaces de conseguir que la inspección médica del sistema sanitario
funcione correctamente y se inventan ustedes otro sistema de
control, el sistema de médicos en el Instituto Nacional de la Seguridad
Social.
Hay un fracaso claro en la gestión del sistema sanitario por su
parte, sin lugar a dudas, y pretenden cubrirlo por la vía de crear
otro. Señor ministro, ¿qué garantías hay de ese otro mecanismo de
control que crean ustedes, los médicos del INSS? Me dice usted que
son médicos; por supuesto, pero ¿está usted en condiciones de
garantizarnos que esos médicos del INSS, que se van a encargar del
control de las bajas laborales, no están siendo contratados hoy por
ustedes, sacándoles del desempleo. Eso es así. Señor ministro, la
circular de la Secretaría General de la Seguridad Social, que di ce
cómo se contrata, obliga a hacerlo al amparo de una orden
ministerial para contratar a titulados desempleados. Todos sabemos la
realidad de los titulados desempleados en este país: recién salidos
de la facultad, que no tienen ninguna especialización en estaa materia,
y pretenden ustedes que controlen el trabajo que están
realizando especialistas.
Señor ministro, éste no es un mecanismo de garantías por parte de
las personas que lo van a hacer. Las
personas a las que ustedes encargan este nuevo mecanismo de control
no ofrecen garantías ni en el terreno subjetivo ni en el de
procedimiento. ¿Cree usted que tres días hábiles de plazo en la
Administración es suficiente para un silencio positivo? ¿Lo practica
alguna otra área de la Administración? Dígamelo, señor ministro,
dígame qué otra área de la Administración concede silencio positivo
con tres días de plazo, ninguna; sólo en este terreno ponen ustedes
un plazo que en la realidad de la Administración española es
imposible; no existe en ningún otro sector. Conceden ustedes efectos
positivos a un silencio con un plazo de tres días y saben ustedes
que eso no tiene ninguna garantía procedimental.
Señor ministro, este procedimiento tan peculiar que han creado
ustedes supone una ruptura del funcionamiento de la Seguridad Social
en nuestro país, ¿A qué responde que instalen ustedes un
procedimiento nuevo sin garantías subjetivas ni de procedimiento?
Responde única y exclusivamente a un objetivo, que es que el
organismo que paga controle, y como la prestación del ILT la paga el
INSS, que éste sea el que controle la prestación.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Vaya terminando,
señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Termino ya, señor presidente.
Señorías, esa filosofía de que quien controla una prestación
social tiene que pagarla, implica en este caso concreto que el
derecho fundamental que está en litigio, el derecho de salud de los
trabajadores, se subordina única y exclusivamente al coste económico.
Ésa no es la filosofía de la Constitución española, señor ministro,
no es la de la legislación que regula esta materia y no es la que
constato comparten el Grupo Parlamentario Socialista y nosotros
desde Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya-Els Verds. No es
nuestra filosofía y le hablo solamente de este tema.
No quiero extenderme sobre otros asuntos de reforma fiscal que ha
hecho usted. Le recuerdo simplemente que hoy el Banco de España dice
que si se lleva adelante la reforma del IRPF habrá que recortar
prestaciones sociales. Lo dice el Banco de España, no lo dice Nueva
Izquierda, no lo dice el Partido Socialista. Ustedes pueden pensar
que lo que dice el Banco de España no se tiene en consideración
porque en este país es una institución que no tiene el menor valor,
pero sepan ustedes que lo que le venimos diciendo otros lo
ratifica hoy el Banco de España.
Permítame que le diga una cosa, señor ministro, de este
procedimiento: es de extraordinaria inseguridad jurídica. Al
trabajador, al que según ustedes le dan de alta de prestación, lo
sitúan en una posición en la que legalmente sigue de baja médica, por
tanto, legalmente incapacitado para el trabajo. Está de baja médica,
señor ministro, legalmente incapacitado para el trabajo y además sin
cobrar ni de la empresa ni de la Seguridad
Social. Ahora bien, este decreto le reconoce el derecho de pedir el
alta e ir a trabajar a la empresa, aunque el Estado y el sistema
sanitario público diga que ese trabajador no está en condiciones de
trabajar y tenga que estar de baja y seguir con asistencia médica.
Ésa es la situación que se crea con este decreto.
Termino, señor presidente, y lo sabe usted, para combatir el fraude
laboral -lo dijimos en el Pacto de Toledo, lo firmamos y lo
ratificamos- no valen todos los métodos. Por buenos que sean los
objetivos, no justifican todos los medios. El que usted utiliza en
est e decreto no es aceptable. Hay métodos distintos y mejores, sin
lugar a dudas, y el que ustedes han establecido aquí va a producir un
grave daño y va a traer consecuencias. Nos gustaría que se pensara,
que tuviéramos ocasión de discutirlo, ya que no lo hemos hecho ni con
las fuerzas políticas ni con las sindicales, y que fuéramos capaces
de colaborar para combatir adecuadamente aquellas conductas
fraudulentas que sabe que nosotros también estamos dispuestos a
atacar.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor
Peralta.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra la
señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTÍN: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, su problema y el del grupo que sustenta al Gobierno
es si va a haber un coste electoral o no con este tipo de medidas. Lo
que le puedo garantizar es que mi grupo parlamentario va a hacer todo
lo posible para que así sea, para que ustedes paguen electoralmente,
que es como se pagan las cosas en democracia, algo que no puede
entenderse de otra manera que como un atentado. El primer pilar de la
existencia del Estado del bienestar en Europa occidental lo conforma
la adopción de medidas que garantizan precisamente que cuando un
trabajador es más débil, cuando sus ingresos disminuyen la protección
social está para asegurarle la supervivencia.
Voy a negar la mayor, señor ministro. Usted dice que es lucha contra
el fraude. Le pido formalmente que diga dónde están los estudios que
acreditan el fraude en la prestación de la Seguridad Social ¿Que dure
140 es un estudio serio que legitima la adopción de medidas tan
brutales como ésta? Ustedes tienen los instrumentos, digan dónde y
si detectan el fraude, si detectan al defraudador, sea el trabajador
o sea el médico corrompido y comprado para dar una baja más tiempo
del necesario, actúen con carácter individual sobre ellos. Nada están
diciendo ustedes que lo acredite. Es verdad que no es nuevo, señor
Arenas, que han aprendido ustedes de prácticas anteriores.
Cuando con el primer medicamentazo se montó una campaña de medios de
comunicación acusando a los pensionistas de fraude en las recetas,
que ponían en peligro la viabilidad del sistema, porque el abuelo
daba
la receta del nieto, el único estudio que se hizo fue en el Insalud
de Madrid, sobre 25.000 recetas de pensionistas, buscando supuestas
bolsas de fraude y salieron doce dudosas.
Esta diputada no niega que haya fraude en las recetas de
pensionistas, como no niega que pueda haber picaresca en la
prestación social por enfermedad, pero cuando desde la Administración
se toman medidas con carácter general como las que se toman, la
seguridad mínima exige que se haga sobre estudios sólidos y actuando,
porque frente a una acusación de delito, de fraude, hay que actuar
individualmente sobre aquel quien comete el delito o quien le ayuda
a cometerlo. A usted le asombra porque no tiene nada que ver con la
medicina.
Dice que 140 días son muchos. Señor Arenas, las principales causas de
muerte y de enfermedad, ya que antes de morirse se pone uno enfermo
en nuestro país, son l as enfermedades crónicas y degenerativas, son
enfermedades de larga duración. Una de las principales causas de
muerte -le llamo la atención sobre ello porque eso está afectando a
ese incremento en la duración de la incapacidad temporal- que está
subiendo en el nivel de prioridades, de aceptación, son los
suicidios, señor Arenas. Sí, señor Arenas, los suicidios están
subiendo de una manera importantísima en el escalafón de las causas
de muerte. Los suicidios están vinculados con depresiones y con la
existencia de unos servicios de salud mental en nuestro país
absolutamente indignos. Ustedes toman medidas para evitar el fraude.
Y yo le pregunto a usted que tiene preocupación por aspectos
económicos ¿qué pasa en nuestro país con el fraude fiscal? Fíjese qué
casualidad porque disminuye la plantilla de inspectores de Hacienda
destinados a buscar el fraude fiscal y contratan a doscientos nuevos
médicos para perseguir el fraude en los seguros de enfermedad.
Está habiendo, señor ministro, usted lo sabe, una disminución muy
importante, sobre todo en las grandes ciudades, en la determinación
de las incapacidades temporal es, y le pregunto, señor ministro,
¿cuál es la causa?
¿Qué modificación positiva del estado de salud, que es el que debería
determinar justamente que se den menos incapacidades temporales, ha
habido en la población en edad laboral? Ninguna. ¿Qué está
ocurriendo? Una presión brutal a la hora de disminuir las
incapacidades temporales.
El señor Arnau decía que el real decreto que nos trae aquí esta
tarde había sido rechazado por todo el mundo. Hay una pequeña
imprecisión en su apreciación, porque en la prensa médica de hoy hay
una persona que aplaude rabiosamente su real decreto, que es el señor
presidente de la Asociación de mutuas de accidentes de trabajo, a
quien incluso le parece insuficiente. En la situación de sospechosos
de todo trabajador enfermo, seguramente a este señor le parecería
más razonable que el alta, la baja y todo lo que tenga que
ver con la prestación por enfermedad sea objeto de vigilancia
especial.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Vaya Terminando,
señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTÍN: Termino en este momento.
Quiero hacer referencia a un hecho que ha sido, en mi opinión,
insuficientemente mencionado por los intervinientes y que me parece
de tanta o más gravedad que el proceso sumarísimo de los tres días de
plazo para que la Inspección Médica pueda intervenir. Es un hecho
que, a mi juicio, carece de toda justificación que no sea estrictamente
la de calificar de sospechoso al trabajador enfermo. Me refiero al hecho
de que en los seis meses siguientes a que un trabajador
ha sido dado de alta, no médica, sino a efectos de percepción de la
prescripción por enfermedad, cualquier tipo de alta o baja posterior
sale del sistema sanitario público y se circunscribe estrictamente en
el ámbito del INSS y de las mutuas patronales. (El señor presidente
ocupa la Presidencia.) Termino señor Ministro. Me parece una
mistificación injustificable que usted diga que en las condiciones
económicas, sociales y laborales de nuestro país, la competitividad
es la garantía de la justicia o de la solidaridad. Eso es una
falsedad indigna de la percepción más elemental de la realidad.
El señor PRESIDENTE: Señora Maestro, concluya, por favor.
La señora MAESTRO MARTÍN: Termino, en este momento, señor Presidente.
Usted señor Ministro, sabe tan bien como yo, y eso sí que debería ser
objeto de un estudio detenido por su parte, cuál es la diferencia
entre las bajas por enfermedad, entre la contratación temporal, entre
la contratación a tiempo parcial, el empleo precario y los trabajadores
fijos. La autocensura que está percibiéndose sobre los
trabajadores que ven que su puesto de trabajo puede peligrar en caso
de enfermedad y en caso de baja laboral. Señor ministro, la salud y
la competitividad en las condiciones actuales de vida de los
trabajadores y trabajadoras de este país no solamente son términos
contradictorios, sino absolutamente antagonistas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Maestro.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor presidente.
A veces uno no ha culminado la capacidad de asombro al escuchar
determinados discursos. Creo que hoy es necesario, señor presidente,
señorías, que expliquemos a la Cámara quién ha adoptado determinadas
medidas de las que se ha acusado maniqueamente a este Gobierno, o
quién ha iniciado determinados caminos que ahora parece que son
perversas invenciones del Gobierno para perjudicar a los trabajadores
y al sistema de Seguridad Social.
Señorías, ¿quién trasladó el pago de la prestación del Estado a las
mutuas en una ley de acompañamiento? ¿Quién entregó el control de la
situación del trabajador a los médicos de las mutuas? ¿Quién creó los
EVI y destruyó las UMVI e hizo pasar el control de esas EVI
precisamente al Instituto Nacional de la Seguridad Social,
quitándoselo al Insalud? Pues todas SS.SS. pueden imaginarse quién lo
hizo: Lo hizo el anterior Gobierno, y lo han hecho personas que se
atreven a acudir a esta Cámara con una interpelación en la que se
dice que un sistema de control sobre la incapacidad laboral
transitoria, recomendado expresamente en el Pacto de Toledo, porque
todos los grupos que firmaron este pacto conocían la existencia del
fraude, son los que se han presentado hoy con semejante desparpajo.
Voy a contestar algunas cuestiones que han planteado con posterioridad
algunos de los portavoces de otros grupos parlamentarios, no
sólo el del interpelante. Señoría, no son médicos en paro los que
están en los equipos de los EVI, son los médicos especialistas de las
antiguas UMVI. Son médicos que tienen como una de las misiones
fundamentales el atribuir a una persona algo tan importante como el
grado de incapacidad que va a determinar una pensión para el resto de
su vida. ¿Cómo se puede venir a esta Cámara a decir que un médico
que tiene esa capacidad no está cualificado para determinar un alta
de una persona que tiene una baja por incapacidad? Hace falta,
señorías, mucho desparpajo, mucho cinismo.
Creo que ustedes, señorías de la oposición, deben intentar cambiar su
discurso; ese discurso que vienen planteando últimamente en defender
día tras día, Pleno tras Pleno, a aquellos que abusan de forma
deliberada del sistema de l a Seguridad Social y que han creado una
bolsa de fraude, que en cuanto se han aplicado medidas que ustedes
mismos aprobaron y conocían, ha permitido que se reduzca el gasto de
la Seguridad Social en casi medio billón de pesetas en un sólo año.
No son recortes, son medidas contra los que han abusado. Ustedes
debían ponerse del lado de los trabajadores honrados, de aquellos
que pagan, de aquellos que reciben las prestaciones de la Seguridad
Social a través de un Estado solidario.
Nada más, señorías, muchas gracias. Señor ministro, siga usted en la
lucha contra aquellos que abusan de nuestro sistema, porque esa es
la mejor garantía de que este sistema tiene futuro y que da las
prestaciones a aquellos que realmente las necesitan y no a aquellos a
los que algunos, en lo que parecía más bien un sistema de cacicato,
venían manteniendo hasta ahora.
Gracias, señor presidente. Gracias, señorías.(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hernando.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE EL
DERECHO A PERCIBIR PRESTACIONES SOCIALES A QUE DAN LUGAR LAS
CONTRATACIONES A TIEMPO PARCIAL. (Número de expediente 172/000105)
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate de la
interpelación, pasamos a la que formula el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, sobre el derecho a percibir prestaciones
sociales a que dan lugar las contrataciones a tiempo parcial, que
será presentada por el señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Gobierno está decidido a potenciar en nuestro país el
contrato a tiempo parcial. Lo ha asegurado el señor ministro de
Trabajo, hoy presente, en cuantas ocasiones ha podido. Nos lo ha
confirmado el secretario general de Empleo en una pregunta oral que
le hicimos en la Comisión de Política Social y Empleo precisamente
sobre la trasposición de la directiva del día 15 de diciembre del
1979 sobre este tema. Se ha incorporado en el plan de acción para el
empleo del Reino de España de este año 1998, presentado en Cardiff,
e incluso anteayer lo dijo el señor ministro de Economía y Hacienda,
que posiblemente es, sin duda alguna, uno de los que esté más
interesado también en estas medidas. El Gobierno está absolutamente
decidido a potenciarlo y lo plantea además como la solución estrella
de España para el problema del paro masivo.
La filosofía del tema, en definitiva, es la siguiente. Si nuestro
sistema productivo es incapaz de dar trabajo completo a tres
millones y pico de personas, incentivemos que al menos dé trabajo
parcial al máximo posible de ellas, para así reducir el paro hasta
límites razonables, es decir, aproximadamente hasta la media europea,
un 11 por ciento. Este es el objetivo gubernamental y es también la
estrategia de la derrota neoliberal. Se plantea además como una
solución alternativa que está siendo ya cada vez más popular en
nuestro país, e incluso en España entera: el reparto del trabajo por
la vía de la reducción de la jornada semanal a 35 horas. Y permítanme
que desde esta tribuna, desde este foro de la soberanía popular, les
confirme a todos ustedes, y a usted señor ministro, algo que ya se ha
dicho por la prensa: el éxito de la manifestación convocada el pasado
día 20 de junio desde Cibeles hasta la plaza Mayor de Madrid, por
Izquierda Unida y algunas organizaciones sociales y sindicales, que
es un hecho que va más allá de las cifras concretas, porque en
definitiva es sencillamente una muestra de que por este tema, por
la reducción de jornada son capaces de movilizarse miles de personas,
porque las 35 horas es algo más dinámico de lo que reflejan incluso
las encuestas, que ya de por
sí reflejan una aceptación por parte de la opinión pública de más de
un 70 por ciento.
En resumen, podemos decir que si la izquierda defiende la ley de
las 35 horas, la derecha impulsa el contrato a tiempo parcial. Tiene
coherencia, coherencia de derechas, que planteen el contrato a tiempo
parcial como una forma de repartir el trabajo. En el famoso libro
Trabajar menos para trabajar todos se expone, entre las veinte
fórmulas que se compilan sobre el reparto del trabajo, precisamente
la del contrato a tiempo parcial. Lo que pasa es que la potenciación
del contrato a tiempo parcial en nuestro país en concreto es una
solución de reparto desigual, sexista e insolidario del trabajo, pues
a unos, generalmente hombres, les da un trabajo a tiempo completo,
mejor remunerado y más cualificado; en cambio a otros, generalmente
mujeres, les condena al trabajo parcial de unas horas a la semana
o unos pocos días al mes, remunerado con salarios más bajos, a veces de
miseria y baja cualificación y de imposible reciclaje profesional.
No lo duden, esta no es una afirmación gratuita que pueda hacer por
mi parte porque los de Izquierda Unida somos así de radicales; no. En
la memoria del Consejo Económico y Social de 1995, publicada en
1996, el Consejo se hacía eco de un dato, y es el de que de cada dos
nuevos contratos a mujeres, uno lo era a tiempo parcial. En cambio,
de cada seis contratos a hombres, uno lo era a tiempo parcial.
Además, el CES también descubría una proporción significativa de
trabajadores con contrato a tiempo parcial muy cualificados, cosa que
no pasaba en los contratos a tiempo parcial de las mujeres. Todo lo cual
llevaba al CES a calificar el crecimiento del trabajo con jornada
parcial como un fenómeno, y son palabras textuales, de perfiles
inquietantes. Eso decía el CES en 1996, advirtiendo -y leo
textualmente- de la importancia de prestar atención en el futuro al
desenvolvimiento de ese tipo de jornada, pues si bien la situación
del mercado de trabajo es tal que cualquier aumento del empleo es una
muy buena noticia, de confirmarse en sucesivos ejercicios tal
tendencia se estaría asistiendo al surgimiento de una poco deseable
forma de segregación entre sexos. Por tanto, el Gobierno está
planteando como alternativa a las 35 horas algo a lo que algunos
sociólogos y el CES han calificado como una nueva división en el
mundo laboral en función del género. Basta un dato. En 1994 el 80 por
ciento de los trabajadores con contratos a tiempo parcial eran
mujeres.
Esta política laboral se promociona a veces con discursos rancios,
como la teoría de las ventajas que ofrece compatibilizar este tipo de
contrato con las obligaciones del trabajo, no del empleo,
doméstico, asumiendo, por consiguiente, quien dice este discurso
rancio la división sexual del trabajo como si nada. Es verdad que
nuestro país se halla en la media europea de la contratación a
tiempo parcial, más o menos, justo un 8 por ciento español frente a
un 16 por ciento. La mitad de la media. Estamos diciendo lo mismo,
señor ministro. Pero no es menos cierto que mientras en los
restantes países de la Unión Europea los estudios sociológicos
arrojan una aceptación del 80 por ciento de esa modalidad contractual
entre quienes la practican, entre nuestros conciudadanos que buscan
empleo sólo un 5 por ciento lo es en una jornada parcial. Por
tanto, la política de incentivación va a forzar a nuestros parados,
y sobre todo a nuestras paradas, al trágala de los contratos a tiempo
parcial. Los empresarios serán incentivados con buenas aportaciones
de dinero público para que puedan hacer contratos a tiempo parcial,
mientras que los trabajadores pasan del contrato basura de la reforma
de 1994 al contrato de rebajas de la próxima reforma en ciernes.
Dicho todo esto, quiero centrar el tema que nos trae a debate esta
interpelación ...
El señor PRESIDENTE: De una manera resumida, señor Vaquero,
porque ha de ir concluyendo.
El señor VAQUERO DEL POZO: Sí, señor presidente.
Como decía, quiero centrar el tema que trae a debate esta
interpelación, pues siendo grave e importante lo dicho hasta ahora,
el problema fundamental es el contexto laboral y legal en que se
produce esta desafortunada política de fomento del mismo, es la
flexibilidad organizativa en la que las autoridades laborales ni
quieren ni son capaces siquiera de cuantificar la economía informal,
por ejemplo, cuando se plantea que no exista un tope respecto al
número de horas del contrato a tiempo parcial, que es una laguna
legal claramente porque, en la medida en que no se conoce por parte
del Ministerio -y así se me ha contestado en una pregunta que yo he
realizado- las horas extras de este contrato, se está encubriendo una
reducción de cotizaciones sociales fraudulentas en una jornada que,
de facto, es más o menos completa.
Respecto a los derechos sociales derivados de estas cotizaciones
también existe, de facto, una disminución ilegal en la medida en que,
al computarse para el cálculo de los períodos de cotización y de la
base reguladora de las prestaciones de la Seguridad Social
-jubilación, invalidez, desempleo, etcétera- exclusivamente las horas
trabajadas, como dice el artículo 12.3 del Estatuto de los Trabajado
res en su párrafo segundo, a los trabajadores, sobre todo a las
trabajadoras con contrato a tiempo parcial, les cuesta el doble, el
triple, etcétera en proporción de tiempo cotizado para devengar el
derecho a una prestación que será la mitad, un tercio, etcétera, así
proporcionalmente, de las de un trabajador con contrato a tiempo
completo.
Señorías, al margen de su estrategia de derechas para afrontar el
problema del paro, y de la mía, radicalmente distinta, haciendo
abstracción de ambas, que ya es mucho hacer, por cierto, deberán
convenir conmigo que es necesario resolver este problema.
Señor ministro, respóndame usted lo que quiera respecto a las
valoraciones relativas al contrato a tiempo parcial, pero no se
olvide en su contestación de comprometerse a resolver este problema
pendiente. El
Gobierno actual ha devuelto la protección social plena del contrato a
tiempo parcial llamado marginal. Efectivamente, no tiene sentido que
quede por tanto este importante residuo de la reforma de 1994.
Esta interpelación urgente de Izquierda Unida se olvida por un
momento de las 35 horas y se centra en los derechos sociales del
contrato a tiempo parcial. ¿Será el Gobierno capaz de hacer lo
mismo? Ustedes están más obligados que nosotros, pues son los que
quieren impulsar el contrato a tiempo parcial y, por tanto, están
obligados a eliminar todas la taras que su piedra filosofal de crear
empleo tiene. ¿O es que acaso quiere este Gobierno construir un
mercado de trabajo de cartón piedra como en Bienvenido, Mr. Marshall ?
Seguro que no. Por lo tanto, espero su contestación, que no puede
ser sino positiva, resolviendo el problema de los períodos de
cotización para el devengo de los derechos sociales de los contratos
a tiempo parcial.
Gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En nombre del Gobierno, para contestar la interpelación, tiene la
palabra el ministro de Trabajo, don Javier Arenas.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas
Bocanegra): Con la venia, señor presidente.
Señoras y señores diputados, para contestar en nombre del Gobierno a
la interpelación que formula el señor Vaquero, en nombre del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, que fundamentalmente yo creo que se
ha centrado en dos cuestiones: en la posición del Gobierno en
relación con los contratos a tiempo parcial y, en segundo lugar, en
la necesidad de proteger plenamente esos contratos pensando en el
presente y también en lo que significa el futuro de las personas
que desarrollen su actividad laboral a tiempo parcial.
Me gustaría reconocer ante ustedes, porque es un hecho evidente, que
Izquierda Unida siempre que hablamos de políticas de empleo pone de
manifiesto soluciones y alternativas, que son eso, que ustedes
defienden y que a ustedes les convencen, pero no son compartidas por
el Gobierno. Eso no nos debe llevar a ningún tipo de traumas porque
la distancia ideológica que nos separa es muy significativa, aunque
desde esa distancia ideológica nos parece que puede haber elementos
comunes porque hay propuestas que afectan en muchas ocasiones al
sentido común, muy por encima de lo que puedan significar los afanes
ideológicos de cada cual.
En primer lugar, quiero decir que el fomento del contrato a tiempo
parcial en España es una necesidad del mercado de trabajo. En
segundo lugar que, en mi opinión, usted va por mal camino si
considera que el contrato a tiempo parcial en España es una fórmula
de derechas. Me parece un error, primero, porque en toda Europa ha
sido una fórmula eficaz; ha sido una fórmula eficaz con gobiernos de
centro, con gobiernos de
centro derecha, con gobiernos de centro izquierda, una fórmula
defendida con toda contundencia por la socialdemocracia y, sobre
todo, porque usted debe saber que en este momento hay una directiva
europea sobre contrato a tiempo parcial voluntario que cuenta con el
pleno apoyo de los sindicatos europeos, de la Confederación Europea
de Sindicatos, y con el pleno apoyo de la patronal europea. Por
tanto, no creo yo que el contrato a tiempo parcial voluntario sea una
fórmula ideológica, sino una necesidad del mercado de trabajo en
Europa.
Además, S.S. sabe que, desgraciadamente, en materia de empleo hay
muchas cuestiones en las que no somos Europa, sobre todo en
desempleo femenino. Quiero hacerle la afirmación absolutamente nítida
de que en España el fomento del contrato a tiempo parcial estable
(póngale siempre apellido a la posición del Gobierno; el Gobierno no
va a fomentar el contrato a tiempo parcial temporal, sino el contrato
a tiempo parcial estable, no va a haber ningún incentivo sobre
contratos temporales) es una necesidad. En España hay necesidad del
contrato a tiempo parcial estable entre hombres y entre mujeres,
pero nunca puede concebirse como una fórmula de contratación para la
mujer que nos sitúe en un futuro de la sociedad en que los hombres
puedan acceder al trabajo a tiempo completo y la mujer a tiempo
parcial. Su señoría ya ha dicho que en España hay un 8 por ciento de
contratos a tiempo parcial; en la Unión Europea, un 16 por ciento. En
países como Holanda, en los Países Bajos, hay un 38 por ciento. En el
país más avanzado en mi opinión en lo que significa igualdad de
oportunidades y empleo, Suecia, hay un 25 por ciento; en el Reino
Unido, un 24,8 por ciento. Ciertamente, en esos dos países, el Reino
Unido y Suecia, en este momento -fíjese qué aspiración para la España
que defiende la igualdad de oportunidades- el desempleo de los
hombres está por encima del desempleo de las mujeres. Cuando digo
qué aspiración, es precisamente porque en España hay un problema de
desempleo, pero sobre todo y muy especial mente hay un problema de
desempleo femenino. Me gusta recordar que hay al menos 20 provincias
español as en las que la tasa de paro de los hombres está por debajo
de la media comunitaria.
El Gobierno, al amparo de la directiva europea, al amparo del acuerdo
de los sindicatos y patronos europeos, va a defender el
fortalecimiento del contrato a tiempo parcial estable. ¿Cuál es
nuestra idea? Hacer atractivo el contrato. ¿Para quién tiene que ser
atractivo? Para el trabajador y para el empleador. Les digo eso
porque en ocasiones ustedes defienden que subamos las cotizaciones
sociales, pero en la Unión Europea hoy no hay quien defienda como
fórmula de empleo el incremento de las cotizaciones sociales de
ningún tipo de contrato. También le anticipo que incluso cuando el
Gobierno se plantea un recargo transitorio sobre los contratos
temporales, que es posible, es por necesidades del sistema, no
porque nos guste penalizar ningún tipo de contrato. Luego, ¿cuál es
la idea del Gobierno?
Protección social del contrato a tiempo parcial, definir el contrato
a tiempo parcial en relación con el cómputo total de jornada,
protección social del contrato a tiempo parcial, futuro de las
pensiones y del contrato a tiempo parcial. Esa es la idea del
Gobierno, pero si podemos eso no va a pasar por un incremento de
cotizaciones sociales del contrato a tiempo parcial porque de esa
manera no vamos a hacer atractivo el contrato para el propio
empleador. ¿Es posible que en España haya más contratos a tiempo
parcial estable? En mi opinión, absolutamente. ¿Es posible que en el
futuro una pareja de hecho, una pareja de derecho, decida que uno de
ellos trabaja a tiempo completo y otro a tiempo parcial? Me parece
que usted ha dicho: es rancio pensar en el futuro, en la organización
de las familias. No encontrará ni un documento de la Unión Europea ni
de los países más avanzados en política de igualdad de oportunidades
que no hable de la necesidad de conciliar la vida familiar con la
vida laboral, porque cuando no se concilian la vida familiar y la
vida laboral, ¿sabe usted quién paga? Siempre la mujer; siempre paga
la mujer. En consecuencia, hay muchas familias europeas que en este
momento están decidiendo que uno de ellos, hombre o mujer - normalmente
quien tiene un salario más alto-, trabaje a tiempo completo
y otro -normalmente quien tiene un salario más bajo- trabaje a tiempo
parcial, y está siendo una fórmula eficaz. ¿Usted se opone a que en
España transformemos horas extraordinarias en tiempo parcial estable?
Yo no. ¿Usted se opone a que en el futuro, por necesidades de
atención a un familiar, a un hijo, a un progenitor, una persona pueda
pasar una etapa de su vida en tiempo parcial y vuelva al tiempo
completo? Yo no me opongo. ¿Usted se opone a que, como resultado de
una reorganización de tiempo de trabajo en una empresa, se cree más
empleo a través del tiempo parcial estable? Yo no me opongo. No es
una fórmula de izquierda o de derecha; es una fórmula que en toda
Europa se ha demostrado válida para responder a las demandas del
mercado de trabajo. Y permítame que le diga, con todo el afecto que
sabe que le profeso, que no es posible decir: reduzcamos por ley a
35 horas y que esto sea repartir el trabajo. Así se dice, pero no
se habla, por supuesto, como usted y yo sabemos, de qué pasa con los
salarios. Eso un asunto complicado. Hay trabajadores que dicen: si me
van a bajar a 35 horas, a ver si me van a tocar el salario. En fin,
hoy no ha planteado usted su intervención central sobre las 35 horas,
y no lo voy a hacer yo de forma central. Sí quiero decirle que el
tiempo parcial estable es una forma digna de organizar un futuro
laboral, que no tiene etiqueta ideológica en Europa. Y quiero
decirle que no pasa en absoluto por ninguna resignación. Yo me apunto
a su carro en este asunto.
Hay gente a la que se le pregunta: ¿cuál es el futuro del empleo en
España? Y responde: Repartir el trabajo que hay y analizar si eso se
compensa con salarios o con ocio, pensando en la competitividad de
las empresas.
Yo no soy de los que piensan así. Yo creo que en España hay un gran
potencial de creación de empleo y que hoy hay sectores, por ejemplo,
el industrial, que están poniendo de manifiesto esa potencialidad en
la creación de empleo, y pienso además que hay que crear empleo para
repartirlo, porque, si no, señorías, se reparte paro y no empleo. No
estoy en la resignación de que la única fórmula de crear empleo sea
repartirlo; por eso quiero decirle que en este momento en España esa
es la tendencia, ojalá se mantenga, y sé que a usted le parecerá
satisfactoria.
El señor PRESIDENTE: Señor Arenas, vaya concluyendo, por favor.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas
Bocanegra): Voy concluyendo, señor presidente.
Si estamos creando empleo a un nivel de 420.000 empleos anuales, si
se ha dicho esta mañana que estamos creciendo al 3,7 en el primer
trimestre, si en el primer trimestre, según todos los datos, estamos
creciendo en empleo por encima del 3, estaremos quizá en una de las
etapas de mayor creación de empleo de la vida económica y social
española. Que no nos lleve eso al triunfalismo, que nos lleve al
esfuerzo. Y uno de los esfuerzos -no el único- que tenemos que hacer
es organizar adecuadamente el tiempo parcial estable.
Usted ha hecho referencia al año 1994. No voy a profundizar en el año
1994, en el que probablemente usted y yo podamos encontrar
coincidencias con respecto a terceros; solamente hay que decir que
había una desprotección social del tiempo parcial marginal , aquel
que se refiere a menos de 12 horas semanales, menos de 48 horas
mensuales, y que hemos avanzado en la dirección de la incapacidad
temporal, de algunas prestaciones que no estaban cubiertas y de la
prestación por desempleo -que usted ha reconocido- y que afectan a
258.000 trabajadores que no tenían incapacidad temporal ni prestación
por desempleo. Pero si me pregunta si ese asunto está cerrado, tengo
que decirle que no, que me parece que tenemos que seguir trabajando
en la perspectiva de la protección social y el tiempo parcial y que
uno de los objetos del impulso al diálogo social que propone al
Gobierno se concentra precisamente, señorías, en la protección social
y el tiempo parcial. Ojalá que ese sea un camino satisfactorio
para responder a esa cuestión.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Señor ministro, yo creo que la distancia
ideológica no es lo que aquí estamos debatiendo ni lo que aquí está
en juego; es la eficacia de las formas y de los modelos para crear
empleo
o no. Y en cuestiones de eficacia no hay ideología, no debe haberla.
Precisamente gente tan poco sospechosa de la ideología que yo tengo,
como es la OCDE, ya empieza a hablar de la viabilidad que plantea la
reducción de jornada, aunque luego añada también cosas de la
filosofía del señor ministro de Trabajo. En cualquier caso, empieza
a abrirse ese portillo y es un debate que desde la izquierda estamos
ganando. Es necesario repartir empleo, y aunque ése no sea el centro
del debate de hoy, como usted ha hecho referencia a ello tengo que
contestarle. Nosotros sí hablamos de que no hay que reducir salarios.
Lo decimos porque entendemos que el incremento de la productividad,
del producto interior bruto, es tan importante, sobre todo cuando el
crecimiento económico tiene el nivel del actual, que es él quien
debe pagar la factura y no los trabajadores. Por lo tanto, existen
posibilidades, tendrían que hacer ustedes las cuentas para saberlo
con precisión matemática, pero sin duda alguna nosotros lo planteamos
así. Que no les quepa la menor duda, porque podríamos llamarnos
a confusión de forma estéril.
Claro que estamos de acuerdo en que hay que crear empleo para
repartirlo. En eso estamos, ¿o es que no se está creando riqueza y no
se está realizando crecimiento económico en estos años y resulta que
sólo se está recogiendo el fruto del incremento del empleo que arroja
la libertad del mercado y el crecimiento económico sin más? Yo creo
que ese es el problema, que una cosa es el empleo y otra cosa es
hacer empleo estable. No se me puede decir que se va a plantear el
crecimiento del contrato a tiempo parcial estable. Eso es algo
importante y necesario, est amos de acuerdo en que hay que
reconvertir las horas extraordinarias, pero para eso tendríamos que
saber cuántas horas extraordinarias hay, tendríamos que
controlarlas, tendríamos que establecer métodos, y de eso sí que no
se habla. Nosotros sí hablamos de no reducir los salarios cuando
reduzcamos la jornada. De controlar las horas extraordinarias, de los
mecanismos que van a ser precisos, no se habla. La contestación a mi
pregunta respecto a qué horas extraordinarias tienen los contratos a
tiempo parcial es cero, nula.
Efectivamente, el contrato a tiempo parcial tiene que ser voluntario
y no forzoso. Yo recojo el compromiso que hacía el señor Pimentel
-que si n duda alguna usted no desmentirá- de que no hay que hacer -
decía él textualmente- un tiempo parcial para hombres y un tiempo
parcial para mujeres, y que ha de tener carácter voluntario para
todos. Pero, ¡cuidado!, la voluntariedad tiene que ser en función de
que no haya condicionantes para nadie, que no fuercen a la gente en
desempleo, sobre todo a las mujeres, a acudir a esa fórmula de
contratación. Puede ser que en este caso hablar de sexismo a lo mejor
en Europa no tiene sentido; en España sí, porque en España no hay que
hablar solamente del diferencial respecto a la contratación a tiempo
parcial -el 8 y el 16-; hay que hablar también de la tasa de
actividad.
El señor PRESIDENTE: Señor Vaquero, concluya, por favor.
El señor VAQUERO DEL POZO: La tasa de actividad femenina es del 44
por ciento en Europa y en España es del 35 por ciento. Obviamente,
estaremos de acuerdo en pensar que es más natural que se esté
forzando a las mujeres a acudir a ese tipo de contrato en la medida
en la que están menos incorporadas que en Europa al mercado de
trabajo. Ese es el problema. El problema es que aquí hay un discurso
de derechas, y me ratifico en ello. Tendremos que hacer esfuerzos
para que no lo sea; de acuerdo, me parece muy bien su voluntad y es
lo que yo recojo y asumo. Me parece bien l a voluntad de que la
protección social -hoy nos lo ha dicho aquí- sea una realidad en el
futuro. Desgraciadamente, el verano se nos mete por medio, pero
esperamos acertar en la formulación de nuestra moción para que
también sea aprobada por usted y sea recogida por esta Cámara y que
el Gobierno, en el mínimo plazo posible, pueda acudir a completar eso
que falta de protección social en los contratos a tiempo parcial.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vaquero.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Señor presidente, intervengo con mucha brevedad para contestar a la
segunda intervención del señor Vaquero y lo haré con extremada
brevedad sobre tres cuestiones muy puntuales.
Primero, me parece importante que por parte del Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida se considere interesante un informe de OCDE, eso
me parece positivo. Ha habido otra apelación aquí durante este debate
a otro informe del Banco de España y ello es algo que a mí me parece
positivo, porque creo que no es un punto de encuentro menor que
vayamos reconociendo con cierta unanimidad la fiabilidad de los
informes. Pero hay que hacerlo siempre, tanto cuando a uno le gustan
más, como cuando a uno le gustan menos. Lo digo como fuente fiable.
Cosa distinta es que se compartan o no los contenidos de los
informes. Quiero confesarle que el hecho de que se hable de
reorganización de jornada más flexibilidad más moderación de salario me
parece muy interesante. Es exactamente la posición que ha defendido el
Gobierno español, pero será imposible alcanzar moderación de salario
más flexibilidad más organización de tiempo de trabajo, si no es a
través de la negociación colectiva. No es posible, si no es a través
de la negociación colectiva.
Segundo, cuando hablamos de las 35 horas, me dice usted: ya hemos
dicho nosotros que se reduzca de 40 a 35 horas sin afectar a
salarios. Oiga, no es tan simple. Me explico. No se les puede decir a
todas las empresas españolas que pasen a reducir su jornada de
trabajo sin reducción de salario y sin que eso afecte a la
competitividad y a la productividad de las empresas. Hay muchos
trabajadores que se lo preguntarán a usted, a
mí también. Me dicen: quiero que me explique, ministro, si vamos a
35 horas, ¿va a afectar a mi salario? La respuesta está en la
negociación colectiva. No se pueden dirigir las empresas, en la
frontera del siglo XXI con decisiones que no tengan en cuenta la
competitividad de los sectores. El informe OCDE habla también de un
aspecto importante: cómputo anual, no semanal. Esto es
importantísimo, las empresas hoy se están organizando en períodos de
vacaciones, en turnos, en jornadas en cómputo anual; en gran parte
de ellas está superado el concepto de horario semanal.
Tercera cuestión importante, en este momento la economía está
creciendo por encima del 3,7 y el empleo está creciendo por encima
del 3 por ciento. No es sostenible mantener que el crecimiento
económico no se está convirtiendo en creación de empleo, porque en
los últimos 20 años en España no hemos tenido ninguna época en la que
la elasticidad sea inferior a la que se está produciendo ahora, en la
que haya tanta cercanía de crecimiento económico y creación de
empleo. Y, ¿hace falta que el empleo que se cree sea de calidad y
estable? Ciertamente. Ahora hay un reto encima de la mesa. Se están
triplicando los empleos estables en España y hay quien dice que en
mayo del año que viene como se acaban los incentivos se produce ya el
despido masivo. Yo tengo la voluntad política de que continúen los
incentivos, pero este Gobierno sólo va a incentivar el empleo
estable; ni una peseta de incentivo para el empleo temporal, ni una
peseta para el empleo precario. Y, a la vez, vamos a seguir
incrementando la protección social de los contratos formativos y de
los contratos a tiempo parcial. He dicho antes una cosa que le ha
molestado mucho a una compañera de su grupo parlamentario. He dicho,
porque lo creo, que un país que no es solidario no merece la pena,
pero también estoy absolutamente convencido de que si no es
competitivo no puede ser solidario.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, concluya, por favor.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Concluyo, señor presidente.
Quiero decir que si en un país no se crea empleo, no hay empresas
competitivas, los ciudadanos no somos competentes, las empresas no
tienen beneficios, nunca habrá fondos para mantener las políticas de
solidaridad. Los países que no han sido competitivos, al final,
cuando se descubrió la verdad, detrás de la cortina negra había
pobreza y miseria para los trabajadores.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Además del Grupo Socialista que lo ha comunicado a la Mesa ¿algún
otro grupo parlamentario desea fijar su posición sobre esta
interpelación? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra l a señora López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, señor presidente.
Intervengo brevemente para que no me odien, ya que la hora se nos
echa encima.
La verdad es que cuando leí la interpelación pensaba que iba a ser
otra cosa, que íbamos a hablar de cobertura social entre otros temas.
Lo que pasa es que lo que he visto parece más una declaración de
afecto entre el señor Vaquero y el ministro de Trabajo -que no me
parece mal, siempre que hay cariño todo funciona mejor-, pero aquí
estamos para plantear otras c osas.
El Grupo Parlamentario Socialista está a favor de los contratos a
tiempo parcial estable, porque realmente creemos que, bien planteados
y con protección social, pueden ser una solución y una alternativa,
y en esa línea tenemos que avanzar.
Es verdad que la última ley, la Ley 63/1997, ha mejorado en algunos
conceptos lo que había antes, pero no ha solventado todos los
problemas y tendremos que ir avanzando en ello. Además, los propios
sindicatos han planteado alternativas en algunos de esos casos. Por
ejemplo, no es razonable que para cuantificar una baja se tengan en
cuenta los tres meses últimos trabajados y luego se divida no sólo
por los días trabajados sino por los días naturales. Es una
barbaridad que habrá que corregir.
Sin embargo, me van a permitir que en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista diga que también nos empiezan a preocupar los ingresos de
la Seguridad Social. Cuando negociamos la Ley de racionalización de
la Seguridad Social dijimos que todas las cotizaciones sociales
deberían ir a prestaciones contributivas, pero que no todas las
prestaciones contributivas deberían ser subvencionadas sólo por las
prestaciones sociales. ¿Qué quiere ello decir? Quiere decir que
cuando empezamos a hacer todo tipo de propuestas de protección, como
ésta, cuando hablamos de bonificaciones a la Seguridad Social, cuando
hablamos de bonificaciones a las empresas, estamos hablando de
dinero que no ingresa en la Seguridad Social, de ingresos menores.
Y si bien es cierto y bueno que cada día hay más afiliaciones a la
Seguridad Social, también es cierto que en esas afiliaciones -el
señor ministro no lo ignorará- una baja que se va a una jubilación
anticipada es una baja, en muchos casos, de una cotización media de
más de 180.000 pesetas mientras el alta que se da es de 120.000
pesetas. Eso es una realidad porque las contrataciones a jóvenes son
las que son y las que se están dando.
Nosotros lo que pediríamos a Izquierda Unida es que cuando se haga
una propuesta de este tipo de mejora de bonificaciones, de mejora de
las prestaciones sociales en tiempos parciales y demás, empecemos a
pensar y a proponer alternativas de financiación distintas a la
Seguridad Social, para que protejamos aquel bien que
ha de ser para todos, incluso para los que todavía tenemos lejos la
jubilación anticipada, pero que también llegaremos a ella.
Termino diciendo que estoy de acuerdo -al igual que mi grupo- en que
las horas extras se cambien por contratos a tiempo parcial, porque
creo que es una solución aceptable y buena y porque estamos
totalmente de acuerdo en que hay que combatir las horas extras como
sea, pero, repito, tengamos en cuenta para el futuro que no todo ha
de ir a costa de los ingresos de la Seguridad Social.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora López i Chamosa.
El señor Caneda, por el Grupo Popular.
El señor CANEDA MORALES: Muchas gracias, señor presidente.
Con el deseo de que me digan otro ¡Bravo! por lo breve, al menos
como el anterior, voy a intervenir.
Simplemente me alegro del acuerdo en los temas de que hoy hemos
hablado, como es el de la protección al tiempo parcial, en el que
todos los grupos parece que están de acuerdo, aunque con una
matización, la del tiempo parcial no como alternativa. Hemos discutido
que aquí se está atajando porque se cree que se puede vencer al
paro en muchos campos, cuando hace falta reformar la formación, hace
falta aprobar y aprovechar -como decíamos el otro día- los empleos,
la tecnología y el tiempo parcial.
Señalaba el interpelante el peligro del tiempo parcial, pero,
señoría, aquí hay una cosa evidente que ha destacado el ministro:
¿qué modelo queremos seguir? Está claro que en España hay una brecha.
Hay dos países que tienen unos porcentajes parecidos a los nuestros,
Grecia y Portugal, con el cinco y con el 7,5, y hay otros países
como Dinamarca, Suecia u Holanda que están entre el 25 y el 38.
¿Qué modelo queremos seguir? Nuestro problema no es sólo que tengamos
más paro, como se ha mencionado, también somos conscientes de que
tenemos un problema de baja actividad y se ha ido desarrollando un
nicho, que es el tiempo parcial, que, por aplicación de tecnología,
por deseo de la sociedad occidental de tener una vida compaginada con
la familia, tanto el hombre como la mujer, ha tenido crecimientos, en
los últimos diez años, de más del 20 por ciento en todos estos países
que, casualmente, son los que ahora tienen más renta y menos paro.
Sería absurdo que nosostros no nos planteáramos seguir por este
camino. No es el contrato estrella el que decimos que queremos
defender, es un contrato más, para el cual España tiene un segmento
que no se ha aprovechado. Es uno más, aparte de todas las medidas que
se están utilizando, para luchar contra el paro como problema
fundamental.
Hay que decir, una vez más, que cuando se habla de pasada de las 35
horas, no es porque aquí no quiera nadie que se trabaje 35 horas. Hay
quien piensa que, aplicando por ley las 35 horas, se tiene más paro.
Esa
es la diferencia. No es que no se quiera que se trabaje 35 horas sino
que se aplique por ley a todo el mundo; el informe que se ha dado
prácticamente viene a decir lo mismo. Se puede aplicar donde se pueda
y se deba aplicar.
En cuanto a la protección social, me gusta que haya quedado como ha
quedado. Lo que ha hecho este Gobierno sencillamente, también en
políticas pasivas, es avanzar y, donde no había protección para los
tiempos parciales marginados, ahora mismo la hay. Lo demás pueden ser
especulaciones, pero está claro que hay una protección superior a la
que había, tienen los mismos derechos y han recuperado prestaciones
que habían perdido en la reforma de 1994, como es la jubilación o la
incapacidad temporal, que ahora las tienen.
En cuanto al desarrollo futuro de este tipo de prestaciones, como
todo lo que afecta al desempleo y a las pensiones, seguirá
negociándose con los agentes sociales.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Caneda.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE EL ACERCAMIENTO DE
TODAS LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD AL CENTRO PENITENCIARIO MÁS
CERCANO A SU LUGAR DE ORIGEN. (Número de expediente 172/000104)
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate de esta interpelación,
pasamos a la interpelación que, en nombre del Grupo Mixto, suscribe
y presenta a continuación la señora Lasagabaster, sobre el
acercamiento de todas las personas privadas de libertad al centro
penitenciario más cercano a su lugar de origen.
Señora Lasagabaster, adelante.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, señoras y señores diputados, presento, en nombre del
Eusko Alkartasuna, esta interpelación cuyo título les ha referido
el presidente. Creemos que, una vez más, es importante centrarnos en
un colectivo de conciudadanos -conciudadanos de todos- que se
encuentra en estos momentos privado de libertad por haber infringido
el ordenamiento jurídico, cualquiera que fuere la causa y razón que
les ha llevado a esa privación de libertad.
Antes de entrar en más detalles de lo que es la propia interpelación,
me gustaría recordarles dos premisas básicas. En primer lugar, que
estos conciudadanos de todos tienen el mismo derecho a que les sea
aplicada la justicia y los derechos humanos, cualquiera que sea su
condición o su situación legal. En segundo lugar, sería interesante
señalar que, obviamente la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias en concreto, pero la sociedad, todos nosotros, tenemos
como fin último la obligación de conseguir la reinserción y reeducación
de estas personas.
En este sentido, no digo nada que no sea conocido por todos ustedes.
El artículo 25.2 de la Constitución establece como mandato muy
imperativo ese fin, esa reinserción y reeducación, en la medida en
que realmente lo que queremos es que esas personas, que por unas u
otras razones han dado lugar a unas actuaciones equivocadas desde el
punto de vista de la sociedad, pueden reinsertarse y convivir con
todos nosotros. Ese fin primordial también aparece regulado, como no
podía ser menos, derivado de ese mandato constitucional, en lo que es
el artículo 1 de la Ley General Penitenciaria del año 1979. Es
decir, que las instituciones penitenciarias, además del
mantenimiento y la plena custodia de esos detenidos, dentro de esos
límites y obligaciones de cuidar de ellos en el mejor sentido de la
palabra, también tienen la obligación de llevar a cabo esa
reeducación y reinserción social. ¿Cómo hacerlo? Francamente, no es
fácil y creo que a nadie se le escapa que este tema, en todos los
países del mundo, requiere una serie de políticas en las que deben
intervenir muchos elementos y situaciones.
Creo que uno de los elementos que desde nuestro entorno europeo y
dentro de nuestra propia legislación se ha visto como cuestión clave
es que para reeducar o reinsertar a esas personas es necesario que no
estén alejadas, que no estén fuera de lo que es su entorno social o
familiar, porque se ha demostrado que, en el fondo, la lejanía de su
vida real o de su vida social impide en muchas ocasiones la reinserción
y reeducación.
Esto no me lo invento yo, señorías, lo dice la propia ley. El
artículo 12.1 de la Ley General Penitenciaria, que no les voy a leer,
establece cuál tiene que ser el número de centros penitenciarios,
cuáles son más o menos las reglas generales de dónde tienen que
situarse al objeto de evitar el desarraigo social de los presos.
En este sentido, también es reseñable -aunque tampoco se lo voy a
leer para no alargarme y para que no entiendan ustedes que esto es
una especie de monocorde doctrina que pretende ser hasta aburrida-
que el Consejo de Europa, desde nuestro entorno más cercano, desde
nuestro entorno europeo, ha recogido en múltiples recomendaciones la
necesidad de preocuparnos de que el preso o la presa tengan realmente
un entorno cercano para que no se vean perjudicados con un plus de
pena -permítanme esa palabra- más allá de la privación de libertad,
con un plus de pena por la incomunicación con sus familiares y
amigos. Es decir, para que no se dé un agravamiento de su situación y
una vulnerabilidad de sus propios derechos como personas que
conforman también esta sociedad. Esto es un principio general.
Me dirá el señor ministro, porque de este tema hemos hablado mucho,
aunque quizá con un poco de desorden -si me permite la frase-, pero
yo creo que se puede hablar de casi todo, por no decir de todo, que
no es un derecho absoluto. Es verdad, no es un derecho
absoluto, hay muy pocos derechos absolutos en esta vida, pero sí es
cierto que es una orientación general. Eso es indiscutible. No es una
excepción, es una orientación general que tiene que ser aplicada a
toda persona privada de libertad sin ninguna distinción, como señala
el artículo 3 de la Ley General Penitenciaria. Ni por raza, ni por
lugar, ni por territorio, ni por origen, ni por las razones por las
que esté privada de libertad, por nada tiene que ser excepcional. Es
el principio general. No es derecho absoluto. Si fuera así,
ciertamente hubiera sido automática la presentación de un recurso
tras otro y tras otro, que, por supuesto, se hubieran ganado. Sería
demasiado fácil, pero es un principio general.
En este sentido, creemos que hay que ver si realmente Instituciones
Penitenciarias, que depende ahora del Ministerio del Interior cuando
siempre ha dependido del Ministerio de Justicia, cumple o no con este
principio general. Creemos que no es así - permítame señor ministro
que se lo diga-, creemos que no es así. No tenemos todos los datos
del Estado, que también los solicitaremos, pero por los datos que
tenemos de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de la Comunidad
Foral de Navarra cremos que no se está cumpliendo. No porque los
presos de ciudadanía llamémosle vasca estén fuera, sino porque la
mayor parte de las personas que están en nuestros centros penitenciarios
no tienen origen o domicilio en el País Vasco, lo que
nos demuestra que, efectivamente, no se está cumpliendo.
Además, no lo decimos nosotros, lo dice el Parlamento Europeo que, en
la aprobación que realizó de su informe sobre el respeto a los
derechos humanos en la Unión Europea el 17 de septiembre de 1996,
señaló: El Parlamento Europeo insta al Gobierno español a poner en
práctica las recomendaciones del informe del Comité para la
prevención de la tortura del Consejo de Europa, en el que se pide el
acercamiento de los presos a sus lugares de origen y muestra su
alarma ante la existencia de torturas en la Unión Europea. Es decir,
no son palabras de esta diputada, es el Parlamento Europeo. No le doy
ni más ni menos importancia que la que tiene el Parlamento Europeo,
del que creo que, como institución que representa a los ciudadanos de
Europa, desde luego tiene importancia.
Como señalaba anteriormente, hemos observado que, efectivamente, en
los centros penitenciarios que se encuentran en la Comunidad
Autónoma del País Vasco y también en la Comunidad Foral de Navarra,
de los 2.220 presos que había en 1996 -habrá variado, pero no
sensiblemente, creo que en 1997 eran, más o menos, los mismos-, más
de la mitad -1.168- cumplían su condena fuera de estos centros
penitenciarios. Cuando digo cumplían hago referencia a las personas
cuyo domicilio o empadronamiento sea en estas zonas. Además, como
decía anteriormente, la mayor parte de los presos proceden de
empadronamientos fuera de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de
la Comunidad Foral de Navarra, siendo muy curioso que el 40 por
ciento de ellos es una población extranjera. Hay tesis para
determinar el hecho de que se produzca esta razón que realmente son
curiosas.
Esto preocupa a todo el mundo y aquí sí que hago referencia a ello
porque lo conozco más, porque soy una diputada que representa a
aquellos ciudadanos del País Vasco y porque, realmente, por
cuestiones que huelga explicar, ya que todos los conocen y creo que
no hace falta mencionar, este es un problema que genera una especial
sensibilidad en la sociedad vasca. Y genera una especial sensibilidad
porque es un problema que, cuando se hacen encuestas sobre estas
situaciones, nueve de cada diez encuestados dicen conocerlo
perfectamente bien; y es un problema que, por el origen y la
naturaleza de determinadas personas privadas de libertad, las
llamadas del entorno del MNLV, supone y genera...
El señor PRESIDENTE: Señora Lasagabaster, concluya, por favor.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Voy concluyendo, señor presidente.
Esto ha dado lugar a que el Parlamento vasco, en representación de
los ciudadanos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, haya
intentado llevar a cabo un plan de acercamiento que tiene dos
virtualidades, y permítame que se las diga muy resumidamente.
Primero, ha tenido la virtualidad de tener la comunicación con
muchas instituciones, por supuesto la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias, quizá con más desencuentros que
encuentros, pero también con sindicatos, con ONG o con otro tipo de
colectivos. En segundo lugar, yo creo que es importante el que hayan
sido realistas. Cuando digo realistas me refiero a que no han hecho
una especie de política o de plan que sea absolutamente utópico. Han
tratado de ver qué posibilidades hay teniendo en cuenta todos los
elementos que confluyen, efectivamente, en este tema. Así, no sólo
han señalado centros penitenciarios para el posible acercamiento
únicamente a la Comunidad Autónoma del País Vasto o a la Comunidad
Foral de Navarra, sino también a Asturias, Cantabria, Aragón,
etcétera. Han sido realistas.
Creemos, además, que solventar este tipo de cuestiones es importante,
porque supondría un elemento clave, cumpliendo la estricta
legalidad, no se pide nada más. Se cumple la legalidad; sin embargo,
creemos, y así lo admite la propia sociedad vasca, que sería un
efecto muy positivo para normalizar y pacificar el país y ese,
señorías, es un elemento muy a tener en cuenta.
Les hablo simplemente del porqué de esta interpelación, de por qué
piensa así la sociedad vasca, y simplemente les voy a dar una serie
de datos para no alargarme más. Curiosamente, en una encuesta del
Gobierno vasco el 73 por ciento de la población estaba en contra de
la dispersión. Usted me dirá que eso será en función de cómo se hagan
las preguntas y cosas de este tipo, señor ministro; pero,
ciertamente, una encuesta que fue
realizada por su propio Ministerio del Interior señalaba que el 60,1
por ciento de la población de la Comunidad Autónoma del País Vasco
consideraba desacertada la política de alejamiento, el 60,4 injusta y
el 60,6 ineficaz. Eso su propia encuesta. Pero, además, reflejaba
dicha encuesta que el 74,8 por ciento consideraba que los presos de
empadronamiento de origen o de procedencia vasca debían cumplir la
condena en el País Vasco. Son sus datos, no los míos.
Además de eso, el Pacto de Ajuria Enea, con el que todos nos sentimos
muy bien situados y confrontados, en la medida que supone un
elemento y un lugar de consenso y de debate, también ha señalado en
múltiples ocasiones la misma cuestión, y así el 25 de junio de 1995
señalaba, al hablar de la reinserción, que el alejamiento
considerado en sí mismo plantea serios problemas de carácter ético y
legal, no cuenta con la suficiente apoyatura social y puede llegar a
producir más inconvenientes que ventajas.
El señor PRESIDENTE: Señora Lasagabaster, concluya, por favor.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Concluyo, señor presidente, con dos
frases en orden a la pacificación.
Parece, por tanto, necesaria la búsqueda de un consenso sobre este
asunto en la línea de los últimos pronunciamientos del Parlamento
vasco. Señor ministro, cuando uno tiene competencias es bueno, porque
puede decidir según su criterio y según su buen hacer y su buena fe
cuál tiene que ser la política más adecuada, pero ciertamente
también supone responsabilidades y obligaciones, y cuando uno puede
observar que con la buena fe intenta hacer cosas pero realmente no
son del agrado y, además, no surten los efectos que uno pretendiera
que surtieran, tienen que hacer una reflexión. Yo le pido que
reflexione, porque a lo mejor el 74 por ciento de las personas del
País Vasco no son ingenuas y en ese 74 por ciento probablemente habrá
gente de todos los partidos, de todos los colores y de todos los
pensamientos. Simplemente reflexione y yo c reo que es importante lo
que le dicen desde un foro de representación de los ciudadanos
vascos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Para responder a la interpelación, en nombre del Gobierno tiene la
palabra el ministro del Interior, don Jaime Mayor Oreja.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señor presidente,
señoras y señores diputados, en primer lugar quiero agradecer a la
diputada de Eusko Alkartasuna, Begoña Lasagabaster, el tono empleado.
Le aseguro que esa reflexión que me solicita está abierta
permanentemente en el Ministerio del Interior y en Instituciones
Penitenciarias para hacer la mejor política
penitenciaria de todas las posibles. Quiero ser muy breve;
simplemente voy a recordar las directrices del Gobierno en política
de acercamiento de presos. Van a ser siete las consideraciones que
le voy a recordar y quiero decir que los principios, incluso en la
forma de enunciarlos, coinciden sustancialmente con los suyos. Lo que
sucede es que luego hay otra práctica política distinta, pero creo
que éste no es ni el momento ni el lugar de hablar de ello. Usted nos
lo ha expuesto -y probablemente todos sabemos que es un problema que
existe-, pero no voy a entrar en él, salvo que quiera que lo hagamos
en la réplica.
Las siete consideraciones son las siguientes. Usted tiene razón, el
artículo 12 de la Ley Orgánica General Penitenciaria establece -como
muy bien ha recordado- que «La ubicación de los establecimientos será
fijada por la Administración penitenciaria dentro de las áreas
territoriales que se designen. En todo caso, se procurará que cada una
cuente con el número suficiente de aquéllos para satisfacer las
necesidades penitenciarias y evitar el desarraigo social de los
penados». Como usted muy bien ha dicho, este derecho no es un derecho
absoluto, sino que en la propia norma se configura como una mera
recomendación, no singular, general. Contiene un mandato a la
Administración, con carácter orientativo, para que la Administración
establezca o distribuya territorialmente los centros penitenciarios,
de forma que esa distribución territorial satisfaga las necesidades
penitenciarias, entre las cuales está evitar el desarraigo social de
los penados, es una de ellas, pero no la única; éste no es el único
criterio a tener en cuenta para efectuar una distribución adecuada
a las infraestructuras penitenciarias.
Lo que sí se contempla en la legislación española, como un derecho
absoluto, es el derecho a la reinserción; derecho primordial cuando
se habla de distribución territorial de los reclusos y que constituye
-como usted misma ha dicho- el objetivo de esta distribución en las
distintas cárcel es españolas. Usted lo ha dicho muy bien; en el
artículo 1.° de la Ley Orgánica General Penitenciaria se recoge ese
principio que establece que «Las instituciones penitenciarias
reguladas en la presente ley tienen como fin primordial la
reeducación y la reinserción social de los sentenciados a penas y
medidas penales privativas de libertad...» El cumplimiento de
condena en las cárceles que no están en sus lugares de origen no es
una actuación penitenciaria que se siga sólo y exclusivamente con
los internos de una banda terrorista como ETA. Esta actuación se
sigue con cualquier otro grupo organizado y, en general, con toda la
población reclusa, en atención a su grado de tratamiento y a la
dotación de la infraestructura penitenciaria.
Segunda consideración. Vincular el objetivo de la pena privativa de
libertad, que es la reeducación y reinserción social (yo lo he
calificado como un derecho absoluto, y ésa es la auténtica finalidad
de la pena), exclusivamente a la ubicación del interno en un
determinado centro penitenciario y considerar que esta ubicación es
un derecho del interno, es una interpretación
contraria a la propia naturaleza y fundamento del sistema
penitenciario. La necesidad de que cada interno cumpla su condena en
el centro adecuado a sus características -personales, penales y
penitenciarias- es lo que justifica la existencia de distintos
centros penitenciarios, de distintos regímenes de vida, de distintos
grados de clasificación, de diferentes objetivos y finalidades. No
todas las cárceles españolas son iguales. No se trata, simplemente,
de que hay que ubicar un conjunto de presos en un conjunto de
cárceles idénticas o similares. Cada cárcel tiene módulos
diferentes, tiene grados distintos, de primero, de segundo y de tercer
grado. Cada cárcel es distinta y, en ese sentido, no se pueden
encasillar uniformemente los reclusos en un conjunto de cárceles y
hacer una distribución simplemente matemática y aritmética. Todo
ello va configurando, en la Ley Orgánica General Penitenciaria, lo
que significa que, al final, todo se encamina, de verdad, a lo que
puede suponer esa reinserción social en esas personas que se ven
privadas de libertad.
En la propuesta que usted hace en la interpelación en relación con lo
que significa el hecho de que un interno cumpla una condena en un
centro, lo único que a parece en ese sentido es que, centrado el
objetivo, es la mera evitación del desarraigo social el que hace que
sea el objetivo resocializador de la pena. Y eso es lo que me
parece a mí que es el error del fondo de su interpelación.
La tercera consideración es que si la orientación o recomendación
penitenciaria encaminada a evitar el desarraigo social de los penados
entrase -no digo que entre siempre, pero en ocasiones lo hace- en
conflicto con otro derecho fundamental del penado, que es el que
recoge el artículo 25 de la Constitución, es evidente, desde un punto
de vista jurídico, que est e último derecho que he enunciado, el de
la reinserción, es el que debe primar, ya que el conflicto se plantea
entre lo que es una norma orientadora, que se recoge en el artículo
12 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, y lo que es un derecho
aprobado por la propia Constitución.
Cuarta consideración. Claro que hay limitaciones en la política
penitenciaria para tantos miles de reclusos en España. Es evidente
que una de las razones fundamentales es la limitación de centros
penitenciarios. Desde el año 1991 la Administración está realizando
un especial esfuerzo en ese terreno con un plan de creación de nuevos
centros penitenciarios, y ha culminado recientemente con la
aprobación por parte de est e Gobierno de un nuevo plan de
infraestructuras penitenciarias el pasado mes de abril, y con objeto
de hacer más efectivas las exigencias marcadas en esa norma
orientadora del artículo 12 de la ley orgánica a la que antes me he
referido. Yo confío en que la entrada en funcionamiento de esos
centros construidos facilite en buena parte estas deficiencias, que
son estructurales, que tiene el actual sistema penitenciario. Se
facilitará que muchos internos de esos más de 30.000, casi 40.000,
puedan cumplir condena en la región donde
tienen su vinculación, aunque le reitero que hay que ser conscientes
de que el arraigo socio-familiar no es el único factor determinante
para conseguir el objeto resocializador de la pena privativa de
libertad.
Le voy a poner una serie de ejemplos. Hay un conjunto de factores que
pueden condicionar el cumplimiento del interno fuera de su
residencia habitual: la propia voluntariedad de éste, aspecto que
parece obviarse en ocasiones en la interpelación parlamentaria.
También se olvida de la situación procesal de preventivos de muchos
de estos reclusos, que deben permanecer en centros penitenciarios
próximos a la localidad donde existe el juzgado en el que han sido
procesados. Y ya que usted ha hablado de unas cifras concretas, de los
1.168 internos que recoge la interpelación parlamentaria que,
perteneciendo al País Vasco y a Navarra, se encuentran fuera de
estas comunidades, hay que descontar la cifra de casi 250, que son
preventivos. Y luego hay otros factores, unos de carácter personal,
porque hay reclusos que desean permanecer en el destino que
actualmente tienen, porque aunque procedan de una comunidad
determinada ya tienen en estos momentos quizá otra voluntad que hay
que saber respetar.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, ha de ir concluyendo, por favor.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Hay factores laborales,
porque pueden disponer de algún puesto laboral en la región donde se
encuentre; o factores penitenciarios, que se encuentren en algún
grado de tratamiento para el que no existan plazas en los centros
correspondientes.
Termino haciendo dos consideraciones finales: hay que saber
diferenciar los conceptos de alejamiento y de separación. La
separación es una condición necesaria para la función rehabilitadora
de la pena, especialmente cuando se trata de grupos que
fundamentalmente hacen de su organización una seña clara de
identidad. Por el contrario, en esos supuestos el reagrupamiento
imposibilita -en nuestra opinión- la consecución de ese proceso de
rehabilitación individual, ya que favorece el propósito de una banda
que hace de la organización y del terror su principal norma y
criterio, lo que permite continuar ejerciendo sobre los reclusos un
control claro sobre sus conductas.
La política de separación no supone la renuncia al acercamiento
individualizado de los internos a sus lugares de residencia, siempre
y cuando se produzcan las condiciones necesarias. Por eso, separación
y acercamiento no son conceptos antagónicos y excluyentes, si no que
se trata de conceptos complementarios de la política penitenciaria
que el Gobierno quiere aplicar.
Por último, el acercamiento debe vincularse necesariamente -como
antes decía- al principio de reinserción social, y eso excluye
medidas globales y colectivas, y exige, por el contrario, el análisis
individualizado de las conductas de los internos. Cada interno
constituye
un caso humano individual y por ello exige un tratamiento
individualizado de su propia conducta. De lo contrario, hacer políticas
generales y global es supone ignorar la realidad de cada persona, y
ese principio de individualización requiere un tratamiento
individualizado para cada interno en función de sus condiciones.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Para un breve turno de réplica, tiene la palabra la señora
Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, no había utilizado ni una sola vez la palabra
reagrupamiento; ni una. No se pretende reagrupar a nadie ni el plan
del Parlamento vasco ha pretendido jamás reagrupar a nadie. Le ha
debido traicionar el subconsciente, porque de las palabras de esta
diputada jamás lo ha podido adivinar.
Aunque usted se ha centrado en siete puntos, me voy a centrar en
tres que son los esenciales, si me permite, y con la venia del señor
presidente. En primer lugar, efectivamente, el artículo 12.1 no
contradice al artículo 25. No podría ser, sería algo fuera de tono,
si me permite la expresión coloquial; ni yo he dicho jamás que sea
el principio exclusivo y excluyente de cualquier otro elemento de la
política penitenciaria. Sin embargo, sí he dicho que es un principio
de carácter orientativo, pero general. (El señor Vicepresidente,
Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) No significa que
al aplicar el artículo 12.1 estemos excluyendo otros principios
importantes. En ningún momento. El hecho de que hable de acercamiento
y separación no es contradictorio, bien lo sabe usted.
En segundo lugar, el tema de la individualización es efectivo, que la
política se aplique a los individuos concretos, pero eso no impide
que haya criterios de carácter general como los hay en toda política.
Seria ilógico pensar que en una política de cualquier orden, que sea
incluso individualizada, no haya criterios generales.
Usted habla de que no sólo no se aplica a ETA, sino a ninguna banda
armada, pero es curioso que, por ejemplo, los jueces de vigilancia
penitenciaria en sus congresos sexto y séptimo de los años 1992 y
1993 - no se puede decir que sea durante su Gobierno- hablaban de
que el régimen y tratamiento penitenciario de los internos -se
refieren a bandas armadas- han de regularse por las mismas normas
generales que el régimen y tratamiento de los demás internos, sin que
la condición de integrante de banda armada pueda por sí sola limitar
o impedir el disfrute de los derechos y beneficios penitenciarios
reconocidos por tales normas, y en ese sentido se lamentaban del
aislamiento. Es decir, no es tan fructífero como se señala.
Usted habla de que lo tengan que pedir. Señor ministro, todos en
esta casa y fuera de ella somos seres
humanos, y cuando est amos incluso a veces en los aspectos más
frívolos, ir en contra de las normas, de las modas o del qué dirán,
resulta difícil y eso que hablamos de situaciones de libertad en las
que podemos decidir sin que tengamos presiones. Ya no hablo, incluso
en nuestro caso, que somos políticos, de decir algo que no es
políticamente correcto. ¿Qué me va a hablar de personas que, como
usted di ce, se encuentran en una banda armada, con unas situaciones
muy interdependientes donde es muy difícil plantear: hasta aquí, ya
basta? Muy difícil; lo sabe usted bien. Son organizaciones muy
cerradas, en las que no existe tal libertad -como usted dice y lo
creo yo- y, por tanto, resulta muy difícil que alguien levante la
mano y diga: me enfrento a todos y quiero irme. Sabe que es
dificilísimo. ¿Qué queremos hacer? ¿Establecer cuestiones o
condiciones que son imposibles de cumplir? Si es lo que quiere, vamos
a decirlo claramente, porque sabe que eso es muy difícil de hacer.
Nosotros como sociedad y como representantes de los ciudadanos
tenemos que plantear, dentro de la legalidad, vuelvo a decirlo,
condiciones y situaciones que sean factibles de cumplir. Las
condiciones imposibles de cumplir creo que no se pueden plantear.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora
Lasagabaster, la ruego concluya.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: En tercer lugar, a los derechos no
se les puede imponer condiciones, aunque no sean absolutos. Y, en
último lugar, le diría -y me imagino que lo habrá pensado- que piense
en el plus de pena -vuelvo a hablar de plus porque es muy gráfico-,
en los perjuicios, tanto políticos como familiares y sociales, que
se están causando a familias y amigos que tienen que desplazarse
muchos kilómetros para verles simplemente en una ocasión durante
cuarenta, cincuenta o sesenta minutos, ya que más de la mitad de los
reclusos se encuentran a más de trescientos o cuatrocientos
kilómetros.
Es un problema de la sociedad vasca, es un problema de los presos y
de sus familias y de todos nosotros. Las familias no han hecho nada,
no han cometido ningún crimen, ningún desorden, ninguna infracción
del ordenamiento jurídico. Creo que tampoco tenemos ningún derecho a
penalizarles y con esta política también lo estamos haciendo.
Muchas gracias, señor ministro.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas
gracias, señora Lasagabaster.
Señor ministro. (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra
la señora Uría.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, puede resultar casi superflua mi intervención, puesto que
son públicas las posturas divergentes del señor ministro, de su partido
y del Gobierno en relación con las que sostiene mi partido, el
Gobierno vasco o el Parlamento vasco en esta materia en relación con
el acercamiento de los presos, de todos los presos, también de los no
vascos y también de los presos de ETA.
Creemos desde nuestra óptica, y así lo ha manifestado la señora
Lasagabaster y el señor ministro lo ha admitido, que est amos
hablando de un problema, primero, de legalidad constitucional,
puesto que el cumplimiento de las penas, el tratamiento penitenciario
debe ir guiado por la exigencia constitucional de
posibilitar la reinserción. Es también un problema de legalidad
ordinaria, y el señor ministro y la señora Lasagabaster han citado
el artículo 12 de la Ley General Penitenciaria, el artículo 9 del
Reglamento y podíamos hacer también referencia al 63 o al 241 del
propio Reglamento.
El acercamiento de los presos, que no el reagrupamiento, que es lo
que constantemente ha venido pidiendo mi partido, el partido al que
yo represento, supondría un elemento además importante de
pacificación del que tantas veces hemos tenido ocasión de hablar.
En el orden político, la reinserción, con los matices que sean
precisos, es un objetivo constitucional a conseguir por cualquier
política penitenciaria del que no deberían verse excluidos los
presos de ETA. Desde nuestra óptica la reinserción constituye además
un importante paso en el proceso de pacificación.
Puedo admitirle, señor ministro -usted lo ha esbozado en su
intervención-, que la dispersión pueda ser una política penitenciaria
instrumental en determinados casos cuya finalidad consista en
favorecer procesos de reflexión individual para facilitar esta
misma reinserción. Entendida, en cambio, como medida aislada y
abandonada, por tanto, a sí misma sin ser gestionada activamente,
que creemos que es lo que ocurre en la actualidad, nos parece que
deja de tener sentido y va en contra del carácter ético y también de
los preceptos legales que he invocado.
A la hora de preparar esta intervención, señor ministro, leía,
repasaba la comparecencia que se produjo en la Comisión de Interior y
Justicia con este mismo motivo, solicitada en aquel caso por
Izquierda Unida. Hablábamos, usted y yo, de las diferencias
existentes entre la postura de su partido y aquel al que yo
represento. Concluía yo manifestando que usted había expuesto -y para mí
era un motivo de apertura o de esperanza- que cuanto más se dialoga
es más fácil la coincidencia y se valora más la posición de los
demás. Concluía yo deseando que esa comparecencia tuviese alguna
virtualidad en ese sentido. Era entonces el 12 de noviembre de 1996,
y podrá usted decirme que el diálogo es cuestión de dos y que tan
imputable es la falta de diálogo a usted, al Gobierno, como al
Gobierno vasco o al partido al que yo represento.
Sin embargo, no quiero dejar pasar la ocasión de señalarle dos
aspectos puntuales que creo que sirven para ejemplificar de dónde ha
venido la obstaculización a los procesos de diálogo.
De una parte, era finales de noviembre del año 1997, cuando con
ocasión de la sustitución del consejero Ramón Jáuregui por
Francisco Egea el Gobierno vasco decidió que podía ser un buen
momento para solicitar del Gobierno del Estado empezar a hablar,
tomar el pulso sobre la posibilidad de que se produjese una
transferencia en materia de instituciones penitenciarias al País Vasco.
No se hablaba de plantear la transferencia ya, sino de empezar a hablar
del asunto. Desde el 20 de noviembre no ha habido contestación, no ha
habido respuesta ninguna por parte del Gobierno del Estado.
Una segunda cuestión que también quiero apuntar es la que hace
referencia al tan traído y llevado documento que fue elaborado por la
Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco. Se trataba de un
documento, existió papel concreto, que es extensísimo y que hace
referencia a la totalidad de la población reclusa vasca. Ese documento
fue entregado al Ministerio y contenía además un estudio exhaustivo
de las posibilidades de acercamiento, que no reagrupamiento -insisto-
en centros penitenciarios en un radio de 300 kilómetros alrededor
del País Vasco. Ese documento se entregó con la finalidad de que
desde el Ministerio se hiciese alguna manifestación sobre él y
tampoco ha habido jamás respuesta.
Permítasenos decir, señor ministro, que nos gustaría que este diálogo
existiese, pero estamos en el derecho de creer que existe inamovilidad
absoluta, que realmente no existe política penitenciaria.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas
gracias, señora Uría.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
señor Aguiriano.
El señor AGUIRIANO FORNIÉS: Señor presidente, quiero empezar de todas
maneras felicitando a la portavoz del Grupo Mixto en este debate por
traer un tema que parece de candente actualidad. Yo no creo que sea
un tema que sea motivo de discusión de los ciudadanos españoles, ni
siquiera de los ciudadanos españoles que viven en el País Vasco.
Recuerdo que el 19 de junio era una jornada que la organización
terrorista y su brazo político pretendieron que fuese una jornada
de lucha por el reagrupamiento de los presos en el País Vasco y se
saldó con un rotundo fracaso, por lo cual me da la impresión de que
ni siquiera en el País Vasco es un tema que preocupe excesivamente a
los ciudadanos. Más parece que preocupa a determinadas cúpulas de
algunos partidos políticos, que incluso han llevado el tema a
instituciones europeas (donde, por cierto, no han cosechado más que
el ridículo) y han conseguido
que las instituciones democráticas vascas también hagan el
ridículo en Europa.
Miren ustedes, desde hace bastantes años la lucha contraterrorista
se había basado en los cuatro pilares aceptados por todos hace unos
años, como eran: la eficacia policial, la colaboración internacional,
la unidad de las fuerzas democráticas y la dispersión de los presos
políticos. Parece ser que nadie discute, por lo menos por ahora, ni
la eficacia policial, ni la colaboración internacional, aunque
algunos han hablado también de medidas políticas.
Sería cuestión de echar una ojeada atrás y ver cómo era el País Vasco
y sus organizaciones políticas en el año 1977, y cuál es la realidad
actual del País Vasco para que nos demos cuenta de los cientos de
medidas políticas que se han adoptado en el País Vasco sin la más
mínima eficacia de convencimiento de la banda terrorista. Pero,
como digo, ni la eficacia policial, ni la colaboración internacional
se han puesto, ni se ponen en duda en estos momentos, y sí se ponen
en duda los otros dos pilares de la lucha contraterrorista, como son:
la unidad de las fuerzas democráticas y la dispersión de los presos.
A alguien se le ha olvidado, en muy poco tiempo, qué fue el espíritu
de Ermua, cuál fue el sentimiento que unió a todas las fuerzas
democráticas en aquel momento de que era profundamente necesario
conseguir la unidad de todas las fuerzas democráticas. Por desgracia,
el espíritu de Ermua duró bastante menos que el recuerdo de lo que
allí había ocurrido.
Ahora hablamos de la dispersión. Creo que la dispersión era
perfectamente legal hace aproximadamente diez años, que fue cuando se
aprobó con el consenso de todas las fuerzas democráticas, y, si era
legal entonces, ¿por qué ahora puede rozar la ilegalidad? ¿Porque
algún partido político ha cambiado de opinión desde entonces hasta
ahora? Pero la legalidad sigue siendo exactamente la misma. Si entonces
no solamente era legal, sino que era útil en la lucha contra
el terrorismo, ¿por qué ahora resulta que es todo lo contrario? Yo
creo que hay intereses políticos de por medio, y me da la impresión,
por desgracia -y en los últimos días lo estamos viendo-, que
en algunos casos bastante inconfesables.
Est amos hablando de derechos de presos del País Vasco de estar en
cárceles cercanas al País Vasco. ¿Se refiere única y exclusivamente a
los presos de la banda terrorista? ¿Se refiere a los que asesinaron
a Miguel Ángel Blanco? Si no se refiere a los presos exclusivamente
de la banda terrorista ¿por qué se ha dicho en esta tribuna que
favorecerá a la pacificación? ¿Es que el traslado de un
narcotraficante vasco que est é en una cárcel de cualquier lugar de
España que no sea el País Vasco va a mejorar la situación de
pacificación de Euskadi? ¿O de lo que realmente se está uno preocupan
do exclusivamente es de los terroristas, que son capaces de asesinar
con un tiro en la nuca, de poner una bomba en un supermercado, de
secuestrar a un concejal y poner unas condiciones para su
liberación absolutamente imposibles de cumplir y se le asesina con
dos
tiros en la cabeza, o se secuestra a un funcionario de prisiones por
el mero hecho de ser funcionario de prisiones y se le mantiene en un
zulo, que a todos nos trae el recuerdo de la peor época nazi?
¿Solamente nos preocupamos de esos o nos preocupamos de todos?
Y si nos preocupamos de todos los presos vascos que están en
cualquier cárcel, ¿es que resulta que los vascos, aunque sean presos,
tienen más derecho que el resto de los ciudadanos? ¿ Es que el hecho
de haber nacido en Euskadi le da a uno un plus más de derechos con
respecto a todos los demás? ¿Es que los extremeños, los andaluces,
los gallegos no tendrían el mismo derecho? No me sirve que usted me
diga que hay dos mil y pico presos vascos, y a lo mejor no sé cuántos
hay extremeños; si es un derecho será igual para dos mil que para
uno. Por tanto, España se convertirá en el primer país del mundo que
tendrá que aprobar una ley por la cual a los presos se les colocará
en las cárceles cercanas a su propia comunidad autónoma; el único
país del mundo en que los presos estén concentrados en sus
comunidades autónomas. Siempre tendremos el problema de un preso
nacido en el País Vasco, que viva en Andalucía y cometa un delito en
Extremadura. A ver dónde le metemos. Seamos serios.
Esta campaña la inició la banda terrorista ETA. Esta campaña al único
que beneficia es al mundo terrorista E TA, igual que las divergencias
existentes entre las fuerzas democráticas. Por tanto, mi grupo está
muy interesado en la moción que resulte de esta interpelación. La
pena es que vamos a tener todo el verano por delante, pero en
septiembre estaremos muy interesados. Queremos saber, querremos saber
en su momento si se refiere a todos los presos vascos, si se refiere
no sólo a los terroristas sino al resto de los delincuentes, si se
refiere a todos los presos, independientemente de donde hayan nacido.
En cualquier caso, desde el Grupo Socialista seguimos manteniendo que
la unidad de fuerzas democráticas, la eficacia policial, la
colaboración internacional y la dispersión de los presos es
fundamental, porque el fin último y fundamental de la detención en
prisión de un delincuente es su reinserción, y es mucho más fácil su
reinserción fuera del control de la banda terrorista que en
cárceles próximas al País Vasco donde es mucho más fácil su control,
y la prueba, como he dicho antes, es que est o beneficia -y son los
principal es interesados en que esto se consiga-, a la banda
terrorista ETA. Por tanto, mi grupo lo tiene muy claro, la
situación est á como debe estar. Lo que era de común a cuerdo de todas
las fuerzas democráticas hace unos años no ha tenido por qué
romperse, y sólo y únicamente beneficia a los terroristas.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Aguiriano.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Con toda brevedad, señor presidente, porque
muchas de las cosas que este grupo parlamentario podía decir acaban
de ser dichas desde la tribuna. En este sentido, tan solo quiero
expresar de manera clara y rotunda el apoyo de este grupo
parlamentario a la política penitenciaria que viene desarrollando el
Gobierno, no porque sea la política en concreto de este Gobierno
sino porque es una política que s urge de la aplicación estricta del
principio de legalidad y de la aplicación del ordenamiento
penitenciario vi gente. Un ordenamiento penitenciario vigente que
tiene como fin último dar traslación en lo concreto a esa
orientación constitucional de la pena privativa de libertad,
entendida como posibilidad de reinserción del interno. Un
ordenamiento penitenciario vigente que concreta como fórmula básica
para la posibilidad de dar cuerpo efectivo a ese principio de
reinserción, la ejecución individualizada de la pena (subrayo lo dicho,
el de la ejecución individualizada de la pena), que es en definitiva la
base de las políticas de tratamiento. La ejecución individualizada
de la pena está por tanto reñida esencialmente con cualquier fórmula
que pretenda ser globalizadora, generalizadora o uniformizadora. Sólo
desde ese tratamiento individualizado, sólo desde el
seguimiento puntual y exacto de la evolución de cada interno y del
propio compromiso de cada interno con el fin último de la reinserción,
es posible dar sentido pleno al mandato constitucional; y
eso es lo que viene realizando de manera exacta la política
penitenciaria del Gobierno.
Al mismo tiempo, queremos recordar que este Gobierno ha venido
expresando su compromiso permanente con la búsqueda de espacios amplios
de a cuerdo y de diálogo entre las fuerzas políticas democráticas
-repito entre las fuerzas políticas democráticas-, para abordar
también el mejoramiento, el perfeccionamiento, el mayor grado de
compromiso, que es compromiso permanente del Gobierno, con el
conjunto de los derechos de los internos, en orden a ese camino mejor
para la reinserción. Pero queremos recordar también que cuando desde
foros que no son los de las fuerzas democráticas, cuando desde foros
que son distintos a los fines últimos que persiguen creemos que
sinceramente todas las fuerzas políticas democráticas, aunque pueda
haber, y hay, notables discrepancias en momentos dados o sobre
aspectos concretos, cuando desde esos foros se levantan determinadas
banderas y determinados debates, conviene recordar que la
aplicación de ese principio de ejecución individualizada de la pena,
que la aplicación de las políticas de tratamiento, que l as fórmulas
de acercamiento individualizado que se vienen produciendo en
aplicación precisamente de la legislación vigente, están reñidas con
la intención última de aquellos que crean ese discurso político
desdse la frontera de los no demócratas, desde más allá de la
frontera de los demócratas con la única intencionalidad de
establecer un banderín de enganche que aún pueda justificar lo que no
tiene ninguna justificación, es decir su práctica o su amparo de la
violencia.
Por eso nosotros seguiremos apoyando el compromiso de este Gobierno
de dialogar con todas las fuerzas políticas democráticas en orden al
perfeccionamiento de esa política penitenciaria. De la misma forma
que decimos eso recordamos a todos que hay otros a los que les
importa muy poco la ley, que hay otros a los que les importa muy
poco el derecho de los demás, que hay otros, en definitiva, a los que
les importa muy poco eso que ellos llaman sus propios presos y que no
pretenden hacer de ellos si no una excusa más para intentar
enfrentar a las fuerzas políticas democráticas entre sí, para romper
el consenso básico de esas fuerzas políticas democráticas y para
intentar establecer una brecha en la libertad de todos.
Nosotros estamos convencidos de que en eso a nadie van a encontrar,
que nadie va a picar. Nosotros creemos, en definitiva, que debates
serenos como el que se ha producido esta tarde aquí permiten y
contribuyen al final a establecer esos espacios comunes en los que
todas las fuerzas políticas democráticas sin equívocos y sabiendo
claramente como recordaba la señora Uría cuál es la legalidad
constitucional o el fin constitucional que hay que cumplir, y la
legalidad ordinaria o el fin ordinario que hay que cumplir, podemos
vernos reconocidas.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.- La señora Lasagabaster
Olazábal pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas
gracias, señor Gil Lázaro.
Señora Lasagabaster, ¿a qué efectos me solicita la palabra?
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: El señor Aguiriano ha hecho unas
preguntas. Le prometo, señor p residente, que no voy a contestar a
ninguna pregunta relativa al contenido de la interpelación; déjeme
terminar, por favor.
Simplemente pienso que no ha entendido lo que ha sido la
interpelación, que está realizada de conformidad con el Reglamento
en una cuestión de política general, que como habrá podido leer -y
le creo bastante inteligente y listo- hace referencia a una cuestión
general.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora
Lasagabaster, agradezco a S.S. la buena intención de intentar
explicar el Reglamento al señor Aguiriano. Entiendo que no es
necesario. El señor Aguiriano ha utilizado un turno de fijación de
posición que ha respetado estrictamente, incluso ha llegado a
anticipar su intención y la de su grupo parlamentario respecto a la
futura mención. No cabe ningún tipo de explicación. Yo se lo
agradezco mucho, señora Lasagabaster. No tiene S.S. la palabra.
Muchas gracias.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Señor presidente, la interpelación
es general, de acuerdo con la política general para todos los presos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora
Lasagabaster, le ruego e insisto en que no intente contestar al señor
Aguiriano. Hágame el favor, señora Lasabagaster, considéreme como
mínimo
mayor de edad. Se lo agradezco. Ha finalizado la sesión, que se
reanudará mañana a las nueve de la mañana.
Muchas gracias a todos.
Se suspende la sesión.
Eran las ocho y cuarenta minutos de la tarde.