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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 171, de 18/06/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 1998 VI Legislatura Núm. 171
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 166
celebrada el jueves, 18 de junio de 1998
ORDEN DEL DÍA:
Informe anual del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión
realizada durante el año 1997:
- Informe anual del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión
realizada durante el año 1997. «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie A, número 213, de 29 de mayo de 1998 (Número de expediente 260/
000003) . . . (Página 9158)
Enmiendas del Senado:
- Proyecto de Ley sobre Cooperación Internacional para el Desarrollo.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 81-1, de 16 de
septiembre de 1997 (Número de expediente 121/000077) . . . (Página 9177)
- Proyecto de Ley de modificación del régimen legal de las tasas
estatales y locales y de reordenación de las prestaciones patrimoniales
de carácter público. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A,
número 91-1, de 28 de noviembre de 1997 (Número de expediente
121/000089) . . . (Página 9182)
- Proyecto de Ley del Servicio Postal Universal y de liberalización
de los servicios postales. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A,
número 94-1, de 19 de diciembre de 1997 (Número de expediente
121/000092) . . . (Página 9186)
- Proposición de Ley Orgánica reguladora de la objeción de conciencia
y de la prestación social sustitutoria. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie B, número 36-1, de 10 de junio de 1996, (Número de
expediente 122/000024). . . . (Página 9192)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación por
España del Tratado de Amsterdam por el que se modifican el Tratado de
la Unión Comunidades Europeas y determinados actos conexos, firmado en
Amsterdam el día 2 de octubre de 1997. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie A, número 117-1, de 26 de mayo de 1998 (Número de
expediente 121/000116). . . . (Página 9216)
Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes:
- Real Decreto-ley 5/1998, de 29 de mayo, por el que se dictan reglas
para el reconocimiento jubilación anticipada del sistema de la
Seguridad Social, en determinados casos especiales (Número de
expediente 130/000047) («BOE» número 129, de 30 de mayo de 1998)
..............(Página 9216)
- Real Decreto-ley 6/1998, de 5 de junio, por el que se transforma
la Empresa Nacional de Transportes de Viajeros por Carretera (ENATCAR)
en una sociedad anónima (Número de expediente 130/000048) («BOE»
número 135, de 6 de junio de 1998)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana
Informe anual del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión
realizada durante el año 1997 . . . 9158
El Defensor del Pueblo (Álvarez de Miranda y Torres) da cuenta a la
Cámara del conjunto de las actuaciones realizadas durante el año 1997
por la institución que preside, en cumplimiento de lo establecido en
la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Almeida
Castro y el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto;
el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria; las señoras Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV), y Amorós i Sans, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió); el señor Castellano Cardalliaguet, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida; la señora Alberdi Alonso,
del Grupo Socialista del Congreso, y la señora Camilleri Hernández,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Enmiendas del Senado . . . 9177
Proyecto de ley sobre cooperación internacional para el desarrollo .
. . 9177
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Saura
Laporta, del Grupo Mixto; Gómez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria; Recoder i Miralles, del Grupo Parlamentario
Catalán (Con vergència i Unió); Navas Amores, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida; Fuentes Gallardo, del Grupo
Socialista del Congreso, e Izquierdo Juárez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Proyecto de ley de modificación de régimen legal de las tasas
estatales y locales y de reordenación de las prestaciones
patrimoniales de carácter público . . . 9182
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vázquez
Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario Mixto; Ríos
Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; la
señora Pozuelo Meño, del Grupo Socialista del Congreso, y el señor
Cámara Rodríguez-Valenzuela, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Proyecto de ley del Servicio Postal Universal y de liberalización de
los servicios postales . . . 9186
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez
Sánchez y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto; Ríos
Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Morlán
Gracia, del Grupo Socialista del Congreso, y Pons Franco, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
En último lugar interviene el señor ministro de Fomento (Arias-
Salgado y Montalvo).
Proposición de Ley Orgánica reguladora de la objeción de conciencia y
de la prestación social sustitutoria . . . 9192
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora
Lasagabaster Olazábal y los señores Alcaraz R amos y Vázquez Vázquez
(don Guillerme), del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría
Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores
Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió); Castellano Cardalliaguet, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida; la señora Del Campo Casasús, del Grupo Socialista
del Congreso, y el señor Bermúdez de C astro Fernández, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Se procede a las votaciones de las enmiendas del Sena do presentadas
a los diferentes proyectos de ley.
Se suspende la sesión a la una y cincuenta y cinco minutos de la
tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas . . .
9201
Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación por
España del Tratado de Amsterdam por el que se modifican el Tratado de
la Unión Europea, los Tratados constitutivos de las Comunidades
Europeas y determinados actos conexos, firmado en Amsterdam el día 2
de octubre de 1997 . . 9201
Presenta el proyecto de ley, en nombre del Gobierno, el señor ministro
de Asuntos Exteriores (Matutes Juan). Explica que el Tratado de
Amsterdam es la
segunda parte del proceso que empieza en Maastricht y cumple con los
cuatro objetivos que se había pro puesto la Conferencia
Intergubernamental: acercar la Unión al ciudadano, crear un espacio de
libertad, seguridad y justicia, hacer más eficaz y coherente la
política exterior de la Unión y dotar de mayor legitimidad a sus
instituciones. Concluye diciendo que España ha mantenido una posición
firme y coherente durante toda la Conferencia, contando con el
apoyo de la mayoría de las fuerzas parlamentarias, por lo que afirma
que el éxito alcanzado por el Gobierno español en esas largas e
intensas negociaciones ha sido el éxito de todas las señorías y de
todos los españoles.
En defensa de las enmiendas de totalidad presentadas al proyecto de
ley intervienen los señores Navas A mores, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, y Rodríguez Sánchez, del Grupo
Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Peralta
Ortega, la señora Lasagabaster Olazábal y el señor Chiquillo Barber,
del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Mardones Sevilla, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Echevarría, del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV); y los señores Guardans i Cambó,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió);
Costa Costa, del Grupo Socialista del Congreso, y Robles Fraga, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometidas a votación las enmiendas de totalidad y devolución al
proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación por
España del Tratado de Amsterdam, por el que se modifican el Tratado
de la Unión Europea, los tratados constitutivos de las Comunidades
Europeas y determinados actos conexos, firmados en Amsterdam el día
2 de octubre de 1997, se rechazan por 19 votos a favor, 262 en contra
y una abstención.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes . . .
9216
Real Decreto-ley 5/1998, de 29 de mayo, por el que se dictan reglas
para el reconocimiento de la jubilación anticipada del sistema de la
Seguridad Social, en determinados casos especiales . . . 9216
Presenta el Real Decreto-ley, en nombre del Gobierno, el señor ministro
de Trabajo y Asuntos Sociales (Arenas Bocanegra). Explica que los
casos especia les
a los que se refiere el Real Decreto-ley son los relativos
a los supuestos en que, habiéndose cotizado a varios regímenes
del sistema de la Seguridad Social, el interesado no reúne todos los
requisitos exigidos para acceder a la pensión de jubilación en
ninguno de ellos. A continuación expone las contradicciones existentes
entre las diferentes normas y resoluciones sobre la jubilación
anticipada en los distintos regímenes de la Seguridad Social y la
doctrina del Tribunal Supremo, a lo que se añade una moción de 31 de
marzo del Congreso de los Diputados al Gobierno, contradictoria,
asimismo, en todos sus términos, con las decisiones que venían
adoptándose por el Tribunal
Supremo, puesto que en ella se solicita que se mantengan los
criterios interpretativos anteriores a las resoluciones de diciembre
de 1997. Por ello, el Gobierno, atendiendo a la moción aprobada y
haciéndose partícipe de la especial sensibilidad de la que es
merecedora el colectivo, propone la modifica de la legalidad y
solicita la convalidación del Real Decreto-ley que hoy presenta a la
Cámara.
En turno de fijación de posiciones interviene la señora Lasagabaster
Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno en contra intervienen los señores Fernández Sánchez, del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Cercas Alonso, del
Grupo Socia lista del Congreso.
En turno a favor interviene el señor Camps Devesa,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Continuando con el turno de fijación de posiciones, intervienen los
señores Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario
Mixto; Gómez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria;
Zabalía Lezamiz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Homs i
Ferret, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-
ley 5/1998, de 29 de mayo, por el que se dictan reglas para el
reconocimiento de la jubilación anticipada del sistema de la Seguridad
Social en determinados casos especiales, se aprueba la convalidación
por 155 votos a favor, 127 en contra y dos abstenciones.
Sometida a votación la tramitación como proyecto de ley, solicitada
por dos grupos parlamentarios, se aprueba por unanimidad.
Se levanta la sesión a las seis y cincuenta minutos de la t arde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
INFORME ANUAL DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN
REALIZADA DURANTE EL AÑO 1997:
- INFORME ANUAL DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN
REALIZADA DURANTE EL AÑO 1997 (Número de expediente 260/000003).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Buenos días,
señorías, se reanuda la sesión.
Punto VI del orden del día: Informe anual del Defensor del
Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 1997.
Para su presentación, tiene la palabra don Fernando Álvarez de
Miranda, Defensor del Pueblo.
El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Álvarez de Miranda y Torres): Señor
presidente, señorías, acudo nuevamente a esta Cámara para cumplir el
deber que establece nuestra ley orgánica, a efectos de dar cuenta
a SS.SS. del conjunto de las actuaciones que se han realizado durante
el año 1997 por la Defensoría del Pueblo. Como ustedes pueden
comprender, es un informe que se realiza por todos los servicios de la
institución, empezando por los adjuntos y siguiendo por todos los
asesores de aquella casa, por todo el personal administrativo; es un
informe que presentamos con la colaboración y con el apoyo de toda la
gente que trabaja en la institución del Defensor del Pueblo.
Quiero expresar, en primer lugar, la satisfacción que me produce
encontrarme en este hemiciclo para tener el honor de exponer ante los
representantes de la voluntad popular lo que ha sido la actuación de
la Defensoría del Pueblo. A modo de prólogo, me gustaría comenzar
recordando aquellas palabras que Federico García Lorca puso en boca
de Mariana Pineda: «El hombre es un cautivo y no puede librarse».
Estimo que la misión principal de la institución que represento es
privar a esa frase de toda razón. Nosotros estamos para procurar, al
menos por lo que a los poderes públicos se refiere, que hombres y
mujeres no puedan considerarse cautivos, sino ciudadanos libres en
una sociedad libre.
Señorías, precisamente porque necesitamos saber cuáles son las
necesidades de los ciudadanos que nuestra institución debe amparar,
hicimos el encargo de una encuesta de opinión para establecer el
grado de conocimiento que los españoles tienen sobre los derechos
fundamentales. Se trataba de completar, por un lado, la visión que
sobre este problema nos proporcionan las quejas que nos vienen
remitiendo y las aportaciones que de alguna manera también se nos
hacen por los medios de comunicación, que nos permiten acercarnos más
a la realidad. Basándome en los datos que nos proporciona tal
estudio, puedo afirmar que desde 1989, fecha en que se realizó el
anterior trabajo de las mismas características, la sociedad española
viene incrementando su nivel de conocimiento sobre los derechos
fundamentales. Así, el 36 por 100 de los entrevistados aseguran
conocer bien o muy bien tales derechos, porcentaje que dobla al
registrado en el anterior estudio y que resulta desde luego superior
al de quienes dicen conocerlo mal o muy mal. Como era de esperar, el
nivel educativo de las personas entrevistadas condiciona notablemente
el grado de conocimiento. También se constata que persiste una cierta
diferencia por razón del sexo. El 41 por 100 de los hombres
entrevistados a firman conocer bien sus derechos, porcentaje que se
reduce al 32 por 100 en el caso de las mujeres.
Las conclusiones de la encuesta evidencian que los ciudadanos estiman
suficientemente garantizados su derecho a la educación, en un 67 por
100, el derecho a la salud, en un 60 por 100, la protección de la
familia, en un 53 por 100, y la protección a la tercera edad, en un
44 por 100. Sin embargo, con cierta frecuencia -uno de cada cinco
españoles-, los ciudadanos dicen haber experimentado la vulneración
de alguno de estos derechos fundamentales. Entre los más lesionados
citan el derecho al trabajo, en un 21 por 100, el derecho a la
vivienda digna, en un 9 por 100, y el derecho a un trato igualitario,
en un 8 por 100.
Sobre este tema señalaré, por último, que en nuestra sociedad
cualquier práctica que se entienda como discriminatoria provoca un
intenso rechazo. Sustancialmente, los derechos sobre los que se
percibe mayor déficit son aquellos relacionados con la igualdad: la
igualdad de sexo, la igualdad de trato, la igualdad de condición
social o de creencias religiosas. Particularmente notoria es la
conciencia de que se producen frecuentes discriminaciones por razón
de sexo, opinión que comparten el 58 por 100 de los hombres y un 70
por 100 en el caso de las mujeres.
Señorías, quiero trasladarles también las cifras más significativas
de las actividades desempeñadas por la institución del Defensor del
Pueblo durante el año 1997. En ese período, el número total de quejas
que se recibieron en la institución ascendió a 18.017, que, unidas
a las 121 iniciadas de oficio, hacen un total de 18.138. De éstas, 11.
882 fueron quejas individuales y 6.256 colectivas o quejas que se nos
presentan agrupadas, que en este año han dado lugar a 20 expedientes
distintos. Debemos, por tanto, constatar un ligero incremento de
quejas individuales respecto de los años precedentes, del año
precedente sobre todo, aunque globalmente haya habido una
disminución.
Por lo que a la tramitación de las quejas se refiere, a 31 de
diciembre de 1997 el número total de expedientes era 11.902, de los
que fueron tramitados 4.725 ante las distintas administraciones
públicas, 5.515 no fueron admitidos por diversas razones y 1.320
permanecían en aquel momento en estudio. Las causas más frecuentes de
inadmisión de estos 5.515 expedientes fueron las siguientes: en primer
lugar, no apreciarse indicios de irregularidad administrativa,
existir una sentencia firme s obre el objeto de la queja, encontrarse
el asunto subíndice, no haber intervenido los poderes públicos en la
cuestión que se nos había planteado, y así un largo etcétera.
Tal y como establece nuestra ley orgánica, cuando las quejas son
rechazadas se comunica a los formulantes de las mismas las razones de
la no admisión por medio de un escrito motivado, en el que se les
informa además de las vías más oportunas que pueden utilizar para la
adecuada defensa de sus intereses.
El informe que hoy presento ante este Pleno se estructura de una
forma muy similar a la del pasado año. En el mismo hemos procurado
reflejar no sólo los problemas de los que la institución se ha venido
ocupando, sino también las aportaciones que para contribuir a
resolverlos hemos venido haciendo por medio, como ya se conoce, de
recomendaciones y de sugerencias. Es justo reconocer que en nuestra
labor se ha contado, en un buen número de casos, con la positiva
actitud de los poderes públicos para modificar determinadas
disposiciones o rectificar errores o irregularidades que pudieron
provocar las actuaciones indebidas.
Como resultado de nuestras investigaciones, durante 1997 se formula
ron un total de 112 recomendaciones, de las que, a 31 de mayo del
presente año, podemos decir que nos han sido aceptadas 67 y rechaza
das 24, quedando las 21 restantes pendientes de respuesta. Yo creo
que sería demasiado extenso reproducir aquí, en concreto, todo el
listado de las diversas recomendaciones que se formularon,
recomendaciones que, por otro lado, pueden ser examinadas en el
informe. Me parece más positivo hacer una cita de las más relevantes.
Entre estas recomendaciones aceptadas y que consideramos más relevantes
pueden incluirse la recomendación sobre la adopción de medidas
para evitar suicidios en las prisiones; la recomendación sobre
depósitos municipales de detenidos; la recomendación sobre el
criterio de interpretación de la norma que afecta a los derechos
fundamentales en el ámbito disciplinario militar; recomendación sobre
cacheos practicados por policías a las personas que visitan a los
internos en los centros penitenciarios; recomendación sobre
asistencia letrada al detenido; recomendación sobre prescripción de
las expulsiones de extranjeros; recomendación sobre la agilización de
actuaciones respecto de los medios preventivos y protectores en favor
de los menores; recomendación sobre prestación de asistencia social
de la Ciudad Autónoma de Melilla; recomendación sobre
la modificación de la exigencia de una fianza para ser considerado
interesado en un procedimiento administrativo; recomendación sobre el
acceso a historiales clínicos por parte de ascendientes o
descendientes de personas fallecidas. Y un largo etcétera que, como
digo, figura incluido dentro del informe.
Algunas de estas recomendaciones han sido recogidas en disposiciones
legales que también se aprobaron durante el año 1997. Por poner un
ejemplo, la norma a probada con el concurso de esta Cámara en la Ley
de medidas fiscales, administrativas y de orden social, que acoge
nuestra recomendación sobre el abono de intereses de demora en los
casos de devolución de cantidades pagadas a cuenta del Impuesto sobre
la Renta de l as Personas Físicas. En el artículo 62 de la misma ley
se asume otra recomendación sobre el establecimiento de una
prestación complementaria a la maternidad en los supuestos de parto
múltiple.
Por otro lado, formulamos 224 sugerencias, de las cuales 103 fueron
aceptadas y 69 rechazadas por diversas administraciones. El resto
está aún pendiente de contestación.
Señor presidente, señorías, en la primera parte del informe hemos
reservado -como ya se hizo el año pasado- un espacio destacado para
abordar el estudio monográfico de seis temas que consideramos
particularmente relevantes y que expongo a continuación a SS.SS.
La supresión de las minas antipersonales es el primero de estos
temas. La Convención de Ottawa consiguió l a adhesión de más de un
centenar de países, entre ellos el nuestro, con el compromiso de
suprimir estos dañinos ingenios bélicos. Este Defensor del Pueblo
valora muy positivamente el inicio de los trabajos necesarios para
promulgar una disposición legal que asegure la práctica desaparición
de este tipo de armamentos en todo el territorio español y confía en
que esa norma sea una pronta realidad, según hemos oído, además, en
recientes declaraciones del presidente del Ejecutivo.
Segundo tema monográfico. Nos hemos ocupado de los retrasos que se
producen en la emisión de fallos por parte de los tribunales
económico-administrativos; retrasos que afectan de forma muy negativa
a los intereses de los ciudadanos porque se ven obligados a aguardar
la resolución correspondiente para, en su caso, poder acceder a la
vía contenciosa. Y tampoco resulta admisible perjudicar a los
recurrentes por la lentitud de esta instancia administrativa,
especialmente en lo que supone la obligación de mantener los avales,
aun después de que el plazo legal del año fijado para resolver haya
sido ampliamente superado, lo que perjudica de alguna manera a los
interesados que han acudido a esta instancia administrativa.
En el tercer tema monográfico insistimos de nuevo en la necesidad de
crear una estructura administrativa específica -lo hemos hecho ya en
anteriores informes- para coordinar las diversas políticas destinadas
a impedir los brotes de racismo y xenofobia.
Otro ámbito de preocupación se refiere a la necesidad de proteger a
la juventud y a la infancia frente a las agresiones que padece o de
que pueden ser objeto a través de los mensajes que se les dirigen
desde determinados medios de comunicación y, de forma muy
significativa, por la exhibición de imágenes con contenidos que
puedan perjudicarles de manera física, psíquica o moralmente.
Reafirmamos, por tanto, que debe modificarse la normativa reguladora
de esta materia para establecer un marco jurídico adecuado en el que
se ponderen correctamente los derechos más necesitados de protección.
De forma muy especial debemos reiterar la necesidad de crear una
autoridad independiente (lo venimos pidiendo una y otra vez),
desvinculada del Poder Ejecutivo, cuya misión pueda ser analizar los
contenidos de la publicidad así como de la programación que incluyan
las diversas cadenas de televisión. Igualmente, resulta necesario
abordar el mismo problema respecto de los contenidos en las nuevas
redes informáticas.
Desde el comienzo de su actividad, nuestra institución ha venido
prestando una atención preferente a los menores, y muy especialmente
a aquellos que en sus actuaciones no respetan las normas esenciales
de convivencia. Una muestra más de ese interés es el quinto estudio
monográfico, donde abordamos la problemática de la nueva Ley de
Justicia de Menores, así como la situación de los centros de
internamiento. En especial, nos hemos interesado por conocer cuáles
son las condiciones materiales, cuáles son los recursos humanos con
que cuentan estos centros, para comprobar si, con los mismos, es
posible dar una respuesta satisfactoria a las múltiples necesidades
que este colectivo presenta. Por otro lado, mantenemos en el informe
que será necesario aumentar el esfuerzo financiero para que el número
de juzgados de Menores sea mayor y se adecue al incremento de
procedimientos que existen en algunas ciudades y que, al menos, se
cuente con un juzgado de Menores por cada provincia.
El último de los temas monográficos a que se refiere el informe de
1997 se dedica a las actuaciones que venimos llevando a cabo en
relación con los derechos de la infancia, actuaciones que son
múltiples, que son variadas y que suponen para la institución un
interés prioritario y específico, campo que, como decimos, agrupa
muchas materias y al que seguiremos dedicando nuestro interés y
nuestra máxima atención.
Señorías, paso a referirme a los contenidos agrupados en la segunda
parte del informe. Hemos introducido a este respecto un capítulo
dedicado a evaluar las reclamaciones de los ciudadanos que consideran
vulnerados sus derechos esenciales. Del estudio de las quejas que nos
han sido presentadas, así como del resto de las actuaciones que se
han llevado a cabo por parte de la Defensoría, se desprende que los
derechos esenciales consagrados en el título I de nuestra Constitución
no han sufrido un quebranto sustancial. Sin embargo, sí se han
producido vulneraciones concretas de determinados
derechos que han motivado nuestra intervención. Precisamente en este
importante campo debo reclamar con insistencia la total colaboración
de las administraciones públicas y de las autoridades, a fin de
procurar que el número e importancia de estas conductas
institucionales decrezca de una manera continuada. Así, en relación
con los derechos consagrados en el artículo 15, hemos puesto particular
celo en investigar las denuncias sobre malos tratos o excesos en las
actuaciones de los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.
Con tristeza, debo también llamar la atención sobre la grave
vulneración del mismo artículo que se viene produciendo por causa de
la violencia doméstica contra las mujeres. Como tuve ocasión de
señalar a la Comisión Mixta, nuestra institución ha finalizado en
este mismo mes de junio el informe monográfico que s obre este tema
nos fue sugerido por la propia Comisión. En él hemos podido confirmar
la magnitud e intensidad del problema, que incide especialmente en
los sectores sociales más desfavorecidos, confirmando las previsiones
que ya se manejaban por los expertos. Confío en que, en un futuro
próximo, pueda acudir de nuevo a informar con la amplitud que se
precise sobre este estudio monográfico. No obstante, quiero señalar
que, basándonos en las conclusiones del estudio, estamos preparando
una serie de recomendaciones a las diversas administraciones
concernidas para intentar atajar este dramático problema. Pretendemos
fomentar una acción concertada, que no se agote en las necesarias
reformas legislativas, penales, procesales, civiles o penitenciarias,
sino que vaya más lejos, contemplando un incremento de los medios de
investigación para tales delitos, así como la asistencia jurídica a
las víctimas. También consideramos imprescindibles determinadas
actuaciones de tipo social y asistencial, como el incremento de las
casas de acogida o fomento del apoyo psicológico; la conveniencia de
que las víctimas reciban un especial trato para el acceso a las
viviendas de protección oficial; y, en la perspectiva de la prevención,
la necesidad de fomentar una adecuación basada en valores que
destierren estereotipos sexistas.
Pasando a otros derechos fundamentales, hemos detectado alguna
vulneración del derecho a la intimidad, que fue oportunamente
subsanada por la autoridad correspondiente cuando actuamos en
relación con este tema.
Respecto del derecho a la tutela judicial efectiva, sigue viéndose
afectado como consecuencia de las dilaciones procesales, que resultan
-pienso- del todo injustificadas. En tales casos, nos dirigimos al
fiscal general del Estado para interesar su actuación al respecto.
En lo que se refiere al ámbito de los derechos y libertades de los
extranjeros en España, desde el Defensor del Pueblo hemos visto con
satisfacción la aprobación recientísima por este Pleno del proyecto
que esperamos que conduzca a una reforma de esta ley de extranjería,
de esta legislación sobre la materia, para
que se adecue mejor a los principios de justicia, libertad
y solidaridad. Realmente es un tema que nos preocupaba y con
satisfacción vemos que todos los grupos parlamentarios parecen
ponerse de acuerdo para iniciar ese tratamiento de forma inmediata.
No creemos que pueda considerarse satisfactoria la situación de los
expedientes de asilo, en cuya resolución se aprecia en excesivos
casos una lentitud administrativa. Constatamos también que han
descendido tanto el número de solicitudes de asilo como el de
resoluciones favorables a su concesión.
Señor presidente, señorías, me referiré ahora al funcionamiento
irregular de las administraciones públicas, que, como saben SS.SS.,
es el objeto fundamental de la segunda parte del informe. Volviendo a
la Administración de justicia, he de decir que los retrasos y
extravíos de procedimientos vienen siendo objeto fundamental de las
quejas que se dirigen al Defensor, así como la conducta de ciertos
abogados y procuradores, para lo que, en último caso, hemos procedido
a tramitar las quejas ante los respectivos colegios profesionales. La
jurisdicción civil y contencioso-administrativa tienen un número de
procedimientos pendientes que aumenta año tras año. Por eso, seguimos
con la máxima atención los diversos trabajos en marcha para promover
la reforma de las leyes procesales, al mismo tiempo que hemos venido
solicitando la urgencia de poner en funcionamiento los juzgados de lo
contencioso-administrativo.
En otro orden de cosas, nos hemos interesado por conocer las
previsiones que el Ministerio de Economía y Hacienda ha realizado
para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo relativa a
las indemnizaciones que tienen que percibir los damnificados por el
síndrome tóxico. Desde el Defensor del Pueblo hemos estimado que
deben coordinarse las actuaciones entre la Audiencia Nacional y las
instancias administrativas oportunas para proceder con la máxima
diligencia a la definitiva calificación de los afectados, determinando
con exactitud la cuantía de las consecuencias y correspondientes
indemnizaciones.
Para la supervisión de la Administración penitenciaria, hemos
continuado, como SS.SS conocen que viene haciendo la institución casi
desde su comienzo, un amplio programa de visitas a prisiones, que nos
permite conocer y detectar sus principales carencias. Sigue
advirtiéndose que varios centros no reúnen lo que serían unas
aceptables condiciones higiénicas ni permiten tampoco que los
reclusos puedan disfrutar de una mínima intimidad. También resulta
urgente poner en práctica medidas que consigan disminuir el número de
suicidios en prisión. Sobre este tema estamos a la espera de recibir
el informe que hemos solicitado de la Administración penitenciaria,
para poder complementar los elementos que, a juicio de la institución,
son necesarios para hacer las oportunas recomendaciones.
Respecto al consumo de drogas en los centros penitenciarios, debo
señalar a SS.SS. que los programas de rehabilitación en marcha, aun
cuando han experimentado un positivo
aumento, resultan todavía insuficientes para atender al colectivo
afectado.
Sobre el servicio militar, nuestra institución ha dirigido al
Ministerio de Defensa una recomendación para que, en tanto no
concluya el proceso de profesionalización de las Fuerzas Armadas, se
varíe el sistema de asignación de los excedentes de reemplazo. Hemos
estimado que sería más adecuado conceder la excedencia en primer
lugar a quienes demuestren padecer limitaciones o enfermedades que
impidan o dificulten gravemente la prestación del servicio en filas,
así como a aquellos que acrediten la existencia de obligaciones
familiares que requieran su necesario concurso. El resto de los
llamados a filas que no acrediten encontrarse en alguna de estas
circunstancias deberían participar en un sorteo que garantice la
igualdad de oportunidades. La situación de los jóvenes que realizan
la prestación social sust itutoria no ha mejorado sustancialmente en
relación con lo expuesto en anteriores informes. El período de tiempo
necesario para obtener el reconocimiento de la condición de objetor,
más el de los eventuales recursos, sigue siendo, a juicio de la
institución, excesivamente l argo. A esto se unen las continuas
demoras de la incorporación a la prestación, que conllevan perjuicios
para quienes deben realizarla, al tener que soportar un largo período
de incertidumbre, en el cual pueden resultar dañadas sus expectativas
laborales.
En el apartado de seguridad pública, señorías, quiero trasladarles la
opinión que hemos venido formándonos a lo largo de varios años sobre
la necesidad de modificar la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, a fin de poner en conformidad el modelo policial español
con el propio modelo del Estado. Creemos que las líneas esenciales
que deberían quedar plasmadas en esa reforma de nuestras Fuerzas de
Seguridad serían: primero, procurar la mayor coordinación de las
fuerzas policiales; segundo, evitar agravios comparativos entre los
distintos cuerpos; tercero, no abundar en querellas competenciales
que dificultan la óptima utilización de los recursos disponibles. En
resumen, potenciar la función de la Policía como un servicio público
esencial para la pacífica convivencia de la sociedad española.
Señorías, el estricto control que nuestra autoridad ejerce sobre la
entrada y estancia de los extranjeros en territorio nacional llega a
extremos que este Defensor del Pueblo no puede compartir. Un año más,
debo señalar que se ponen trabas a quienes, habiendo contraído
matrimonio con alguna persona que tenga residencia l egal en España,
desean ejercer su legítimo d erecho a la convivencia. Reitero nuestra
convicción de que no resulta acertado proceder en este aspecto con
criterios maximalistas y restrictivos y que, en todo caso, no puede
olvidarse que el derecho al matrimonio está recogido en nuestra
Constitución y que este derecho puede resultar vulnerado si su propia
esencia es impedida por disposiciones de rango inferior, tales como
las normas sobre exención de visados.
En otro campo, los problemas que se nos plantean en materia educativa
no difieren en lo fundamental de lo que ya consta en anteriores
informes. De entre los asuntos relativos a la educación
universitaria, sí quiero destacar que nos hemos dirigido al
Ministerio de Educación y Cultura, recomendando que adopte las
medidas precisas para dotar de mayores medios a la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, cuya meritoria labor viene
desarrollándose con graves carencias financieras.
Por otro lado, del amplio muestrario de quejas de los ciudadanos
sobre la actividad de la Hacienda pública, quiero destacar las
actuaciones que hemos llevado a cabo ante los centros directivos
correspondientes, en relación, por ejemplo, con las pensiones de los
funcionarios públicos, negativa en algún caso a equiparar la
regulación del régimen de clases pasivas con el de la Seguridad
Social, y con la conveniencia de declarar exentas del pago del IRPF
las pensiones por incapacidad. Hemos visto que ha habido un anuncio
de que se van a tomar medidas respecto de los disminuidos físicos, de
lo que nos felicitamos y estamos esperando con interés ver en qué pro
porción se toman esas disminuciones para quienes sufren esas
discapacidades. Los funcionarios que se jubilaron antes o después del
primero de enero de 1985 sufren una discriminación que desde hace
tiempo venimos intentando que se solucione. En todos estos casos,
nuestras recomendaciones, aunque algunas veces parece que sí, no han
encontrado todo el eco que hubiéramos deseado.
En el campo de la sanidad, la demora en la prestación de la
asistencia sanitaria, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento,
es un problema, SS.SS. lo saben, que viene reiterándose año tras año.
Ciertamente, durante el año 1997 puede constatarse que hay una
disminución, al menos ante el Defensor, del número de quejas por este
motivo, pero siguen recibiéndose. Por otra parte, la drástica
disminución del número de camas de los hospitales psiquiátricos
públicos está ocasionando problemas, derivados de la necesidad de
aumentar y mantener a determinados enfermos en un régimen de
tratamiento ambulatorio que no resulta adecuado para la afección que
padecen. En este sentido, la reforma operada en la medicina
psiquiátrica se ha limitado a establecer la salida de estos enfermos
de los centros hospitalarios, sin prever la necesidad de nuevas
estructuras específicas que puedan atender de una manera
especializada a este tipo de pacientes.
Otro tema al que nos debemos referir es el de la recepción de un
considerable número de quejas que ponen de manifiesto que, habiendo
obtenido en su día plaza en una residencia para mayores fuera del
territorio de la comunidad autónoma en la que habían vivido o a la
que estaban vinculados por múltiples lazos, encuentran dificultades
para obtener plaza en una residencia de su comunidad de origen, por
el proceso de descentralización autonómica. Esta situación se originó
como consecuencia del traspaso de las funciones del
Inserso a las mencionadas comunidades autónomas. Según el criterio de
esta institución, sería conveniente eliminar los posibles obstáculos
a la movilidad de las personas mayores cuando éstas pretendan cambiar
de c entro residencial, todo ello, desde luego, sin detrimento de un
escrupuloso respeto al ámbito competencial de las comunidades
autónomas. Consideramos que habría de encontrarse alguna fórmula que
pudiera resolver la cuestión; por ejemplo, admitiéndose por las
administraciones competentes la posibilidad de permitir un sistema de
permuta de plazas o el establecimiento de una reserva de determinados
porcentajes de plazas en centros concretos.
En el año 1997 publicamos un informe extraordinario sobre seguridad y
prevención de accidentes en las áreas de juegos infantiles, que fue
elaborado en colaboración con Unicef España. Hemos podido comprobar
que diversos ayuntamientos han asumido las medidas que proponíamos en
este informe para sus espacios de recreo infantil. También hemos
constatado que diversos parlamentos autonómicos han asumido las
recomendaciones que, sobre eliminación de barreras arquitectónicas,
formuló nuestra institución en su informe extraordinario sobre
atención residencial a las personas con discapacidad y otros aspectos
concretos que se elaboró en el año 1996.
Señor presidente, señorías, en materia laboral, nuestra principal
preocupación se ha centrado en las medidas de seguridad en el
trabajo. Desafortunadamente, España ocupa un lugar destacado en las
estadísticas europeas sobre siniestralidad laboral. Hemos procedido
a abrir una investigación de oficio para conocer las previsiones que
pensaban adoptar las autoridades administrativas así como los datos
de las actas levantadas por la Inspección de Trabajo en materia de
accidentes. Nuestra institución sigue el proceso de desarrollo
reglamentario de la Ley de prevención de riesgos laborales, así como
las restantes medidas que se han puesto en m archa para intentar
disminuir el número de accidentes en el trabajo. También consideramos
necesario que se mantenga un alto nivel de actividad por parte de la
propia Inspección de Trabajo sobre este estudio.
En otro orden de cosas, la situación creada por la sentencia del
Tribunal Constitucional que declaró inconstitucionales numerosos
preceptos de la Ley sobre el régimen de suelo y ordenación urbana ha
provocado un vacío normativo que no debería prolongarse. La reciente
Ley sobre el régimen de suelo y valoraciones puede paliar en algo
esta situación, pero, dada la limitada capacidad estatal para
legislar en este campo, serán las comunidades autónomas las que
tengan que asumir un mayor esfuerzo legislativo, para hacer posible
una normativa urbanística que pueda responder verdaderamente a los
problemas que plantea el sector.
El estudio de las quejas sobre viviendas protegidas ha puesto de
manifiesto la obsolescencia en que ha caído la legislación en la
materia, problema que es especialmente significativo en el terreno
fiscal. En este
sentido se impone un acuerdo previo de las tres administraciones
concernidas -la central, la autonómica y la local- para la renovación
de las normas aplicables. Por otro lado, no puedo dejar de reseñar
que la oferta de viviendas protegidas resulta insuficiente para dar
respuesta a la demanda de personas con dificultades y que los
recursos y programas de vivienda específicos para grupos en situación
de marginalidad resultan absolutamente escasos.
En el apartado que agrupa las actuaciones realizadas en materia de
medio ambiente, se ha estructurado el informe en cinco campos
fundamentales: espacios naturales, flora y fauna silvestre;
contaminación atmosférica; aguas continentales; residuos; actividad
clasificada y contaminación acústica. En el primero de estos
epígrafes debo dar cuenta de la recomendación que le fue formulada al
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía sobre la afectación
ambiental que implicaba la revisión del plan director territorial de
Doñana y que no fue acogido por la Junta con el interés que
hubiéramos deseado. El apartado de las actividades clasificadas
y contaminación acústica agrupa un gran número de quejas y nuestras
previsiones son que van a crecer en un futuro, en especial por lo que
se refiere a la contaminación acústica. Semejante problema no sólo
se vincula a las actividades comerciales e industriales, sino que se
produce igualmente por la propia concentración que sufren los núcleos
urbanos, así como por el bajo cumplimiento de las ordenanzas
reguladoras sobre esta materia, que ya de por sí resultan
insuficientes.
Señorías, en el apartado de consumo, este Defensor del Pueblo sigue
con particular atención el proceso de trasposición de las directivas
comunitarias a nuestro ordenamiento jurídico. Así, hemos podido
constatar durante el año objeto de este informe que no se ha
producido dicha trasposición en el caso de la Directiva 1993/13, de 6
de abril, sobre cláusulas abusivas de los contratos, cuando el plazo
que se estableció para su recepción en nuestro Derecho interno
finalizó el año 1994; todavía no ha sido traspuesta esta directiva.
La institución que represento ha investigado los procedimientos
seguidos en materia de expropiación forzosa y ha constatado que con
alguna frecuencia se producen irregularidades lesivas para los
derechos de los titulares de los bienes expropiados. Ante esta
situación, nos dirigimos al Ministerio de Fomento solicitando que se
adoptaran las medidas para que en estos procedimientos se cumplieran
escrupulosamente los principios constitucionales por los que ha de
conducir su actuación la Administración pública. El citado Ministerio
no ha respondido hasta el momento a nuestra resolución.
Debo pasar ahora, señor presidente, señorías, a dar cuenta del
contenido de la parte del informe que alude a los recursos que puede
interponer el Defensor del Pueblo ante el Tribunal Constitucional.
Comenzaré señalando que durante el año 1997 acudieron ante la
institución 13 ciudadanos solicitando la interposición de sendos
recursos de amparo constitucional.
En todos los casos se trataba de situaciones en las que la supuesta
vulneración de un derecho fundamental era imputable de forma inmediata
y directa a una resolución judicial. Tras el detenido estudio de
las solicitudes, este Defensor no consideró oportuno formalizar el
recurso, al estimar que la acción de amparo no resultaba viable.
En lo que a recursos de inconstitucionalidad se refiere, debo señalar
que el Defensor forma su criterio sobre cada una de las solicitudes
una vez oída la Junta de coordinación, utilizando cuantos medios
considere oportunos para elaborar mejor su resolución, medios que no
podrían afectar en modo alguno a su independencia en el momento de
tomar la decisión. Optar s obre una interposición o no de un recurso
exige que el titular de la institución llegue a concretar su decisión
s obre la constitucionalidad de una norma, pero que quede bien claro
que esta convicción sólo puede estar basada en argumentos jurídicos
de orden constitucional. El primero de ellos es que toda ley, por
razón de la directa legitimidad democrática que ostenta el Poder
Legislativo, goza de una presunción de constitucionalidad que,
obviamente, vincula al Defensor del Pueblo. Por tanto, sólo debe
procederse a la interposición del recurso si se aprecia de forma
evidente la discrepancia entre la norma analizada y el bloque de la
constitucionalidad. En otro caso debe operar la presunción favorable
a la conservación de la norma y, en consecuencia, no procede acceder
a la interposición del recurso solicitado. Claro que en este último
supuesto la propia función del Defensor no se agota con la
interposición de un recurso. Por ello, los distintos titulares de la
institución hemos venido haciendo uso de las facultades que nos
atribuyen los artículos 28.2 y 30.1 de la Ley orgánica reguladora de
la institución, ejerciendo la magistratura de persuasión, que es
nuestra nota más distintiva, promoviendo las voluntades de los
poderes públicos y procurando que mantengan en todo momento sus
actuaciones dentro del cauce de lo permitido por la Constitución.
Hechas estas consideraciones de carácter general, debo señalar a SS.
SS. que, durante el año al que se refiere este informe, 20 leyes
-tanto estatales como de diversas autonomías- fueron objeto de
solicitudes de recurso por parte de ciudadanos, asociaciones o
entidades. De ellas, únicamente se estimó la procedencia de ejercitar
la legitimación en dos casos, uno contra la disposición transitoria
primera de la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre, de Reforma del
Estatuto de Autonomía de Canarias, y otro contra diversos preceptos
de la Ley de la Comunidad Autónoma canaria 5/1996, de 27 de diciembre,
de presupuestos generales de aquella comunidad.
Señor presidente, señorías, aprovecharé esta última parte de mi
intervención para permitirme hacer dos s ugerencias de viva voz a esta
Cámara, por si sus miembros tienen a bien tomarlas en consideración.
No es la primera vez que reivindico en sede parlamentaria que
la labor de la institución no se concluye con la exposición del
informe anual que estoy realizando en este momento, sino que, por el
contrario, debe establecerse, y así lo venimos pidiendo, por parte
del Gobierno la obligación de contestar al mismo, por supuesto, en la
parte que corresponda a la Administración del Estado, para que dé
cuenta de su posición respecto a las sugerencias y recomendaciones
que le hayan sido formuladas por nuestra institución, así como de las
valoraciones que de aquéllas se desprenden. En ocasiones, yo he hecho
público mi apoyo a cuantas iniciativas vengan en esta línea, por lo
que sólo deseo dejar patente este respaldo. Incluso, en el mes de
octubre de 1997 un grupo parlamentario tuvo esta iniciativa, que en
este momento está en tramitación, pero no acaba de salir adelante.
Por otro lado, quiero pedir a los miembros de esta Cámara que
reflexionen sobre una cuestión que está relacionada con la
efectividad de los requerimientos del Defensor del Pueblo. Cuando una
administración desatiende nuestras peticiones, lo único que podemos
hacer es consignar su nombre en un apartado del informe anual, pero
lo cierto es que de este hecho no se derivan mayores consecuencias.
Pienso, señorías, que sería bueno establecer las disposiciones
oportunas para considerar la inclusión de estas administraciones en
la lista de quienes incumplen su deber de contestar al Defensor del
Pueblo, como un último requerimiento público y solemne.
Quiero concluir recordando que este año celebramos el 50 aniversario
de la firma de la Declaración Universal de Derechos Humanos. No soy
de los que creen que una conmemoración se justifica por sí sola. Para
mí, esas celebraciones sólo tienen sentido si reafirman voluntades y
aportan el impulso necesario para continuar adelante en una lucha que
no debe cesar nunca. En el siglo que va a comenzar, la lucha -SS.SS.
lo saben- será la globalización de los derechos humanos, respetando
desde luego la diversidad de culturas y las necesarias matizaciones
que estas impliquen a la hora de entendernos, pero dotándolas de un
mínimo contenido que suponga una protección suficiente para todos los
seres humanos. Por los informes que venimos recibiendo, en los últimos
días, de distintas organizaciones internacionales, puede verse
lo aterradora que está siendo en estos momentos la situación del
mundo ante las constantes violaciones que se están produciendo. Es
cierto que, en la medianoche del 10 de diciembre de 1948, el
presidente de la Asamblea de Naciones Unidas dijo, refiriéndose a la
Declaración Universal que acababa de nacer, lo siguiente: Este
documento -lo decía con énfasis y con convencimiento- está reforzado
por la autoridad que le da la opinión del conjunto de las Naciones
Unidas; millones de personas, hombres, mujeres y niños de todo el
mundo buscarán en él ayuda, guía e inspiración. Años después, cuando
los españoles nos propusimos construir un régimen de libertades,
quisimos hacer buena la frase del presidente
de la Asamblea y señalamos, en el artículo 10.2 de nuestra
Constitución, que nuestros propios derechos fundamentales se
interpretarían de conformidad con la solemne Declaración Universal.
Por tal razón, esta conmemoración del 50 aniversario es también, y
muy particularmente, la celebración del momento en que decidamos de
verdad, definitivamente, entroncar a nuestro pueblo con el árbol de
las libertades.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Álvarez de Miranda. ¿Grupos que desean fijar su posición?
(Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en
primer lugar, la señora Almeida.
La señora ALMEIDA CASTRO: Muchas gracias, señor p residente.
Aunque la cortesía imponía hablar desde el escaño, como me parece que
en una situación como ésta la asistencia debería ser más concurrida,
y dado el poco ánimo que veo en la Cámara para escuchar un informe
como el del Defensor del Pueblo, he querido bajar, por delicadeza,
por apoyo y para decir que, aunque esta comparecencia parece a veces
muy burocrática, el informe incluye páginas sobre muchas de las
deficiencias que existen en nuestro país y nos lleva, además, a
escuchar cómo vamos evolucionando cada año.
Yo quiero decirle que no podemos tratar todas las cuestiones que
plantea, pero que las iremos tratando a lo largo del año. Además,
quiero manifestar que me siento preocupada por la reflexión general
que ha hecho, porque en unos momentos en que tenemos una supuesta
bonanza económica, cuando parece que todo el mundo tiene que estar
contento y que España va bien, me he encontrado, sin embargo, en este
informe con que en esta situación falta algo. Falta precisamente el
desarrollo de derechos personales de los ciudadanos, no ya derechos
fundamentales, sino de necesidad, de vivienda, de educación, de
igualdad, de lucha contra la intolerancia y contra la intransigencia.
Y vemos que hay una sociedad que está desfalleciendo en las
cuestiones personales y en su percepción de sentirse protegida en la
democracia.
El informe, que, como siempre, toca todas las cuestiones, ha hecho
hincapié este año en las relaciones de debilidad que se producen en
la sociedad por problemas de racismo, xenofobia, exclusión social,
siniestralidad laboral, asistencia a ancianos, infancia, daños en la
educación, desigualdad y violencia contra las mujeres. Y esto me
preocupa profundamente, así como las advertencias que se hacen en el
informe sobre el tema de la educación, el conocimiento de los
derechos en una sociedad desarrollada democráticamente, en la que
cada vez van teniendo los ciudadanos más conocimiento de sus derechos
fundamentales. El informe destaca que se observa con sorpresa cómo el
conocimiento que tienen las mujeres de sus derechos es bastante
inferior
al que tienen los hombres, lo que influye en la discriminación de la
que ellas son objeto. Por eso, me gustaría ofrecer un apoyo especial
en todas estas cuestiones.
Nos preocupa, además, la sensación de desamparo que a veces se
produce en los ciudadanos por la Administración de justicia, pero
sobre todo por la económica. El informe hace un llamamiento sobre el
proceder de los tribunales económico-administrativos, como un deseo
de relajar la relación con los ciudadanos, lo que, sin embargo, es
denunciado como un obstáculo, como una falta de garantía de derechos,
y pienso que sobre ello podríamos insistir más firmemente desde la
Administración.
A mí me preocupan estas cuestiones y estamos esperando con verdadero
interés el informe sobre malos tratos y violencia doméstica que de
forma monográfica está haciendo el Defensor del Pueblo, que ya anunció
en su comparecencia y anuncia también en este informe. Yo le pido
que, en cuanto lo tenga, lo remita a la Cámara.
Se han visto demasiadas cosas para saber dónde tenemos que actuar.
Creo que las políticas de igualdad se han venido, digamos,
ralentizando, al pensar que las cosas se habían conseguido, que había
una cierta apariencia de igualdad. Sin embargo, la igualdad no
aumenta, está estancada, como lo destaca el propio Defensor del
Pueblo; y estar estancado, no avanzar, es empezar el retroceso. Por
tanto, creo que tenemos que hablar en la Cámara de esta llamada de
atención.
Pasando a otro asunto, siempre que se trata el tema de la agresión a
menores, buscamos la reforma legal como solución. Aquí hay una
cuestión mucho más profunda en la que no hemos hecho hincapié
todavía: la legislación de menores, la protección de menores; no el
Código Penal para los menores, sino un verdadero reconocimiento de
los derechos del niño, y tuvimos ocasión de oírselo en esta Cámara a
los propios niños. C reo que tendríamos que formularlo de una forma
mucho más valiente, mucho más generosa, menos proteccionista y más
protagonista. Me parece que hay bases de este informe que deben
marcarnos una línea de trabajo.
Creo que una sociedad se hace moderna cuando se hace moderna su
gente, cuando se hace demócrata, tolerante, cuando se hace igual. Sin
embargo, destaca, por ejemplo, que, aunque es muy bajo el número de
inmigrantes que tenemos en España, se están detectando ya verdaderos
casos de racismo, de xenofobia, de violencia que, como no los paremos
ahora, van a ser de verdad un problema. Además de con la educación,
se tienen que parar con otra legislación que no sea una ley de
policía, como destaca el Defensor del Pueblo, sino que empiece a ser
una ley de integración. Hay que convencer a la gente de que ellos
vienen a integrarse en nuestro país para salir adelante, y no vienen
a disputar con nosotros la reforma de este país.
Nosotros tenemos que ser representantes precisamente de todas esas
necesidades. Desde luego, a nosotros
nos inquieta que, en el desarrollo de los derechos, esta Cámara
se esté preocupando mucho de los económicos y, a veces, no tanto de
los derechos humanos, de los derechos personales, que es lo que da
garantía a la democracia.
No puede ser que el Defensor del Pueblo lo recoja, nos lo diga y que
nosotros nos quedemos o bien oyéndole o esperando el año que viene.
Creo que esta Cámara va a tener que mostrar una mayor energía, vamos
a tener que ponernos a trabajar sobre los temas que de verdad afectan
a los ciudadanos -y yo sé que estamos trabajando en todo- para
avanzar ante problemas graves que demuestran deficiencias profundas
de la sociedad, deficiencias de educación, de respeto, de igualdad,
de protección de ancianos -como nos acaban de decir-, y se empiece de
verdad a saber que los protagonistas de esta sociedad son los hombres
y mujeres, los ancianos y los niños que viven en nuestro país y que
necesitan tener esa protección.
Por eso, las políticas restringidas de vivienda, las carencias de
suelo, que a su vez encarecen y no facilitan que haya políticas de
vivienda para jóvenes, para mujeres con cargas unifamiliares, que
hacen que los inmigrantes tampoco se vean integrados, pienso que van
a hacer que en este país la tensión social vaya a ser más importante
que el desarrollo económico.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Almeida,
le ruego vaya concluyendo.
La señora ALMEIDA CASTRO: Por todo ello, le ofrecemos al Defensor del
Pueblo, como hemos hecho siempre en esta Cámara, que el trabajo vaya
donde se detecten los problemas. Si hay propuestas que no estén
cumplidas -algunas se han cumplido-, las tomaremos en nuestra mano y,
dentro de la potencia que tengan desde el Grupo Mixto, el Partido
Democrático de la Nueva Izquierda e Iniciativa por Cataluña-Los Verde
s, contará con una fuerte ayuda para intentar que los derechos que a
usted le denuncian como deficientes tengan una realidad tanto
presupuestaria como normativa.
Quiero recordar, porque también lo recuerda el Defensor del Pueblo...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Almeida,
le ruego concluya.
La señora ALMEIDA CASTRO:...una sola frase, que 1998 es el año que el
Parlamento Europeo ha decretado como el de la lucha contra la
violencia que sufren las mujeres. En nuestro país creo que sería un
buen año para que todas estas discusiones que hemos tenido tengan una
proyección legal, jurídica y humana para evitar este tipo de
situaciones. Así lo esperamos y así lo vamos a solicitar a la Cámara.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Almeida.
Tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor p residente.
Queremos, en nombre del Bloque Nacionalista Galego, expresar nuestro
apoyo a la institución del valedor y también a la persona que hoy lo
preside, porque pensamos que una auténtica democracia se caracteriza
por el respeto mutuo entre las instituciones, porque todas ellas son
legítimas y porque no existe un poder absoluto, y solamente en la
ósmosis entre todas ellas se puede lograr la mejora de la sociedad.
Por eso, queremos empezar por las palabras del señor Defensor del
Pueblo que llamaba la atención sobre la obligatoriedad del Gobierno y
de las administraciones públicas de contestar, cuando menos, a todos
los requerimientos, súplicas o recomendaciones, aunque no siempre sea
en sentido positivo, para que cuente también con nuestro apoyo y
nuestro criterio en esta vía de actuación y de respeto mutuo.
Por lo demás, queremos reconocer al Defensor su trabajo
importantísimo en sectores que, aunque parece marginales, son
indicativos de cómo funciona nuestra sociedad, especialmente en lo
relativo a la administración penitenciaria. El amplio programa de
visitas a prisiones creo que está valiendo para sensibilizar a una
parte de la opinión pública, aún pequeña, y a una parte también de
las instituciones de representación democrática sobre el hecho de que
las prisiones en el Estado español no son precisamente un modelo de
recuperación de los que están privados de libertad, como manda la
ley. Como ya dijo el Defensor del Pueblo, varios centros
penitenciarios del Estado no tienen condiciones higiénicas mínimas,
no reúnen condiciones para la intimidad, y no hablemos ya de la
recuperación de los enfermos. También hace recomendaciones sobre la
e carcelación de presos en fase terminal.
Lo mismo podríamos decir de la situación de quebranto de derechos
fundamentales referidos a malos tratos o comportamientos excesivamente
agresivos por parte de los cuerpos de seguridad. Señorías, debemos
tener en cuenta que en todos estos casos se trata de personas que se
vieron en estas situaciones y que, por tanto, son sintomáticos e
indicativos de que hay algo que no funciona bien, precisamente en
sectores de la Administración pública, por falta de una concepción
auténticamente democrática y de servicio a los ciudad a nos.
Igualmente queremos señalar la importancia que tiene que los servicios
públicos no sean cerrados, a veces pretextando una modernidad que
no es tal, como el caso de la siquiatría pública, porque, como es
lógico, los ambulatorios no son ni suficientes ni apropiados para
tratar determinado tipo de enfermedades.
Si a esto añadimos lo que sería la violación de derechos de carácter
colectivo más amplios y que, por
supuesto, muchísima gente no recurre al Defensor del Pueblo para
defenderlos, como pueden ser el derecho al trabajo y a la vivienda
digna, nos haremos la idea de que lo que nos presenta el señor
Defensor del Pueblo es la punta de un iceberg mucho mayor que indica
que no podemos estar satisfechos con el funcionamiento a nivel social
y económico de nuestro sistema político, que hace falta rectificar
muchas cosas y aplicar en la legalidad y, por tanto,
prescriptivamente, aquello que teóricamente se dice defender en la
Constitución española.
Quiero volver a mostrar nuestro especial reconocimiento a una
institución que es hoy ventanilla de queja directa de ciudadanos que
individualmente piensan que no son respetados, que pasan por
situaciones difíciles y que son sintomáticas, en todo caso, de
deficiencias del conjunto.
Solamente me queda reconocerle también al señor Defensor del Pueblo
el exquisito cuidado que ha tenido a la hora de no iniciar recursos
de supuesta aconstitucionalidad a leyes de comunidades autónomas que
están basadas en la defensa de la identidad cultural colectiva y que,
por tanto, exceden a la dinámica puramente individual, que también
debe ser respetada, pero a otro nivel.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rodríguez.
En nombre de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señor p residente.
Señorías, voy a expresar el parecer de Coalición Canaria, en la misma
línea que lo hicimos en el trámite de Comisión, en relación con el
informe de la institución del Defensor del Pueblo y una vez que su
titular, don Fernando Álvarez de Miranda, ocupando esta tribuna, ha
hecho el resumen de su exposición.
Una vez más, Coalición Canaria hace una valoración positiva en los
órdenes en que nosotros enjuiciamos este documento correspondiente a
la memoria de la institución en el pasado ejercicio de 1997. Es una
valoración parlamentaria positiva, porque el dictamen viene
recogiendo una serie de sugerencias que los distintos grupos
parlamentarios le hemos ido haciendo. Concretamente, desde el punto
de vista de Coalición Canaria -coincidente también con otros-, era
positivo que el informe tuviera una sistemática clara e inteligible,
una sistemática que obedeciera a la defensa de los principios y de
los derechos fundamentales de la persona, como consagra el Título I
de nuestra Constitución, que tuviera, al mismo tiempo, una
sensibilidad específica con aquellas demandas que, sin estar
generadas muchas veces por solicitudes específicas de amparo,
tuvieran un eco sociológico que fuera necesario investigar. Aquí
destacamos, en primer lugar, la importancia
que en esta primera parte del informe tiene el tratamiento
monográfico de determinados temas. Insistimos una vez más en que
estos puntos que aquí se traen, que el Defensor ha relatado, como
puede ser el caso de las minas antipersonas, el procedimiento
económico-administrativo, la inmigración y el racismo, la protección
de la juventud, una nueva ley de justicia de menores o las actuaciones
del Defensor del Pueblo en defensa de la infancia, requieren que
la institución esté bien dotada en cuanto a efectivos de personal y a
presupuestos económicos para que se pueda ir profundizando y
manteniendo no solamente lo que fue en sus inicios la figura clásica
de ventanilla de recepción de quejas, sino que se pueda empezar a
afianzar lo que está constituyendo en la primera parte del informe un
cuerpo, diría, verdaderamente doctrinal.
En esa primera parte del informe, junto al tratamiento monográfico de
determinados temas, queremos destacar fundamentalmente las denuncias
que se hacen de aquellas administraciones que han incumplido las
recomendaciones del Defensor, pero quiero destacar lo que debe ser uno
de los puntos de apoyo fundamentales del prestigio interno y externo
de la institución frente a la Administración pública, y es el
capítulo de las recomendaciones, sobre todo las aceptadas por las
distintas administraciones. En este punto, señorías, sí es necesario
hacer una reflexión. Toda la sistemática del informe del Defensor del
Pueblo, como decía al principio, tiene una base constitucional, que
es la defensa de los derechos intangibles de la persona. Ha sido
oportuno que, de entrada, en la presentación de esta memoria el
Defensor del Pueblo haya señalado que, si bien el Título I de nuestra
Constitución del año 1978 consagra y regula los derechos y deberes
fundamentales del ciudadano, no todos los derechos de ese Título I se
han considerado por los exegetas como derechos fundamentales, y se
reservan solamente a los que están en la sección primera. Pues bien,
creemos que esta sección primera está bien recogida en el informe del
Defensor del Pueblo cuando da esta prioridad en la sistemática, por
supuesto sin desechar los que vienen en la sección segunda y
siguientes, en el Título I de la Constitución, que siguen siendo
derechos fundamentales, pero, diríamos, de un tenor o rango inferior.
Es importante que esta sistemática influya en la sensibilidad de la
institución del Defensor del Pueblo para defender a ultranza todos
estos derechos del ciudadano. Quiero destacar que, precisamente por
este análisis, la memoria del Defensor del Pueblo dice que los
españoles consideran como derechos más vulnerados, o con mayor
frecuencia, los que cita a continuación: en primer lugar, el derecho
al trabajo; en segundo lugar, el derecho a la vivienda digna y, en
tercer lugar, el derecho a un trato igualitario. Están recogidos aquí
no sólo por los estudios sociológicos encomendados a una empresa por
el Defensor del Pueblo, sino porque las fuerzas políticas
parlamentarias lo estamos detectando como una demanda sociológica,
con exigencia política,
que los partidos tenemos que reflejar en nuestros programas electoral
es, porque hoy un programa electoral, una demanda socio-política de
una fuerza parlamentaria o extraparlamentaria que no defienda el
derecho al trabajo frente al paro, el derecho a la vivienda digna o
la situación de la juventud, tendría poco eco.
En cuanto a las recomendaciones, quiero destacar una que para mí
tiene un concepto doctrinal altamente elogiable, y es la que ha
dirigido al Ministerio de Defensa en cuanto a los criterios de
interpretación de las normas que afectan a los derechos fundamentales
en el ámbito disciplinario militar. A nuestro juicio, es de tal
envergadura lo que dice el Defensor del Pueblo que inspira muchas de
las iniciativas parlamentarias que Coalición Canaria viene realizando
ante esta Cámara. Me refiero fundamentalmente a cuando el Defensor
del Pueblo dice: La fuerza expansiva de todo derecho fundamental
restringe, por su parte, el alcance de las normas limitadoras que
actúan sobre el mismo. Y sigue diciendo: Se recomendó al Ministerio
de Defensa que, valorando las consideraciones realizadas por esta
institución, adoptase las medidas e impartiese las instrucciones
oportunas para que, en el ejercicio de la potestad sancionadora, en
el ámbito de la disciplina militar, las normas que establecen límites
al ejercicio de los derechos y libertades fundamentales -aquí
pondríamos nosotros el derecho de asociación de los militares- sean
interpretadas con criterios restrictivos y en el sentido más
favorable a la eficacia y a la esencia de tales derechos. No me queda
sino manifestar mi voto de apoyo, de adhesión, mi rúbrica a esta
declaración de principios que hace ejemplar y magistral la memoria
del Defensor del Pueblo.
La segunda parte del informe -aquí la casuística departamento por
departamento es similar a la de otros años- denota también que los
ciudadanos españoles se acercan al Defensor del Pueblo para presentar
sus cuitas y sus quejas ante cualquier interpretación que hayan hecho
de supuesta dejación a la hora de ser atendidos por la
Administración.
En cuanto a la tercera parte, sólo voy a hacer una referencia, dada
la singularidad que tiene para Coalición Canaria, ya que, en uso de
la legitimidad que concede al Defensor del Pueblo nuestra
Constitución y nuestro ordenamiento legal para interponer recursos
ante el Tribunal Constitucional, los dos únicos recursos que han ido
por vía constitucional se refieren al Gobierno autónomo de canarias.
Son los referentes a la Ley Orgánica 4/1996, del Estatuto de
Autonomía de Canarias, sobre el tema electoral en las circunscripciones
canarias, y la Ley 5/1996, de 28 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias. Por estar estar este
asunto en el Tribunal Constitucional, este portavoz, por respeto al
ordenamiento constitucional, no hace ningún juicio de valor. El
Defensor del Pueblo ha estimado que era viable presentar estos
recursos; mi fuerza política, el Gobierno y el Parlamento de Canarias
tienen otros criterios sobre
los porcentajes de representación electoral en el Parlamento autónomo
de Canarias, pero, por el respeto que nos merece el Tribunal
Constitucional, quedamos a la espera de la resolución final.
Otras cuestiones del informe que se refieren a nuestra comunidad
están perfectamente ensambladas con la magnífica labor que viene
realizando el Diputado del Común, nuestra institución equivalente en
la Comunidad Autónoma de Canarias. Y solamente me queda felicitar al
Defensor del Pueblo, a todos sus funcionarios, a los adjuntos, a toda
la institución, en una palabra, por la labor de coordinación que
viene realizando, y que es imprescindible, con los correspondientes
defensores del pueblo, con sus distintos nombres, de las comunidades
autónomas que los tienen, como es el caso de la nuestra, para crear
un cuerpo de doctrina, porque sería verdaderamente inadmisible que el
Defensor del Pueblo del Estado español, cuando tuviera que dictar
resoluciones, tuviera unos criterios, una doctrina distinta a la de la
comunidad autónoma, que hicieran incongruentes una serie de
decisiones.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Mardones,
le ruego que vaya concluyendo.
El señor MARDONES SEVILLA: Termino inmediatamente, señor presidente.
Estimulamos de la misma manera que felicitamos a la institución del
Defensor del Pueblo por esa línea política seguida.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV), tiene la palabra la
señora Uría.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, voy a intervenir con enorme brevedad, a los solos efectos
de que quede constancia de la presencia en el Pleno del Grupo Vasco y
de su testimonio f rente al alto comisionado de las Cortes Generales,
puesto que nuestra representación en la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Defensor del Pueblo la ostenta un senador, y será
en el seno de esta Cámara donde se produzca la exposición in extenso,
en nombre de nuestro grupo.
Cada año, al examinar el informe anual del Defensor del Pueblo y al
seguir la actividad de la institución, se nos hace más evidente el
acierto de la plasmación del artículo 54 de la Constitución,
rompiendo el esquema clásico del Ombudsman tradicional, volcado
primordialmente en la fiscalización de la administración.
Ciertamente, esta es una parte importante de su actividad, pero
creemos que se estableció como objetivo primario la tutela de los
derechos y libertades.
Este aspecto se hace patente en la elección y el tratamiento de los
temas monográficos respecto de los cuales sólo nos caben elogios;
minas antipersonas, inmigración y racismo, protección de la juventud
y de la infancia, necesidad de una ley de justicia de menores
y centros adecuados para ellos, son cuestiones fundamentales.
Los datos estadísticos inciden en el otro aspecto, las reacciones de
los ciudadanos frente al actuar administrativo, y retratan el
funcionamiento respecto de estos derechos ciudadanos de las distintas
administraciones públicas: quién incumple, cuándo incumple, quiénes,
pese a errores iniciales, aceptan las recomendaciones siempre
sensatas y no rehuyen los problemas, por espinosos que estos sean,
sino que son valientes, arriesgan y los afrontan siempre con este
norte de la tutela de los derechos. En el contenido del informe hay,
además, importantísimos análisis y detección de problemas, respecto
de los cuales nosotros, como legisladores, deberíamos darnos por
aludidos.
Se ha referido el Defensor del Pueblo a la toma en consideración de
la proposición de ley sobre derecho de los extranjeros que ha tenido
lugar esta misma semana. También se está a punto de culminar en esta
Cámara lo que fue recomendación del pasado año en relación con la Ley
de la jurisdicción contenciosa, vinculada a la tutela judicial
efectiva, y hemos tomado buena nota de la recomendación referida a la
Ley 30/1992, en lo que hace alusión al artículo 35.f), ya que en este
momento se encuentra pendiente de tramitación ante la Cámara.
Particular interés tienen, desde nuestra óptica, las cuestiones
referidas a instituciones penitenciarias. Ya hace dos años que esta
trascendental materia ha pasado del ámbito de la justicia al de
interior y tenemos la percepción, avalada por datos ciertos, de que
las cosas no se están haciendo bien.
Esperamos también con sumo interés, al igual que lo ha manifestado el
Defensor del Pueblo, el informe exhaustivo que el Ministerio ha
prometido presentar para proceder en consecuencia en el ámbito de
esta Cámara.
Desde la pertenencia a un partido de ámbito vasco, quiero concluir
refiriéndome al acierto con que el Defensor del Pueblo ha enfocado y
llevado a la práctica las relaciones con los comisionados
autonómicos, ya que, según las informaciones procedentes del
Ararteko, las relaciones son excelentes, fluidas y constructivas, lo
que no es predicable en otros ámbitos políticos o administrativos.
No sé si es correcto felicitar a una institución por cumplir con su
cometido, pero ese es el sentir que su actuar nos sugiere.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Uría.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra la señora Amorós.
La señora AMORÓS I SANS: Muchas gracias, señor p residente. Voy a ser
muy breve.
Un año más acude el comisionado de las Cortes Generales a su
comparecencia a esta Cámara legislativa para, cumpliendo con su
obligación constitucional, rendir su informe correspondiente al año
1997.
Este año celebramos el 50 aniversario de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos; unos derechos que en demasiadas ocasiones son
meramente teóricos, ya que muchos seres humanos los ven agredidos
todos los días en sus más fundamentales principios; unos derechos
que, hace pocos días, niños y niñas de todo el mundo reivindicaban
públicamente en la marcha mundial contra la explotación infantil,
demandando el derecho a ser tratados como niños y niñas, el derecho a
recibir una educación que les permita progresar y el derecho a una
familia que pueda atenderles.
Dicho esto con la esperanza de que en todo el mundo la Declaración
Universal de los Derechos Humanos sea de efectiva e inmediata
aplicación, entraré a hacer las consideraciones que me parecen más
oportunas del informe que hoy nos presenta el Defensor sobre 1997.
Para empezar, vemos que el número total de las quejas ha disminuido
respecto al año 1996, ya que se ha pasado de las 25.780 anteriores a
18.138. Esto supone una disminución importante, del orden del 28 por
100, si bien las quejas que se han presentado a título individual se
hallan estabilizadas en las 11.000. Debo mostrar mi preocupación
porque cada año se repiten en demasía los mismos motivos que las
originan, lo que indica que no se logra terminar con unas conductas
que deberían estar superadas.
También pone de manifiesto el informe que aumentan l as
recomendaciones del Defensor aceptadas por las administraciones
públicas, lo cual es naturalmente bueno. No obstante,
incomprensiblemente, aún hay casos en los que la Administración
incumple el deber de contestar al Defensor.
Uno de los datos que se desprende de la investigación sociológica
encargada este año por el propio Defensor es el de que uno de cada
cinco ciudadanos del Estado considera que se vulnera alguno de sus
derechos. Esto indica a su vez que los ciudadanos y ciudadanas conocen
mejor sus derechos, pero paradójicamente estos mismos ciudadanos
tienen una sensación de déficit en aquellos derechos que les
garantizan su igualdad, lo que les induce a creer que aún queda un
camino por recorrer hasta alcanzar la meta de total igualdad que nos
tiene ordenada la Constitución. No obstante, queda patente en el
informe la mejora en esta cuestión desde el año 1989 en que también
se realizó un barómetro sobre el mismo tema. Podemos afirmar sin
miedo a equivocarnos que el rechazo de la sociedad de hoy a las
actitudes discriminatorias es mucho
mayor que hace unos años. La conciencia colectiva no tolera ya
prácticas que se entienden discriminatorias.
El informe que hoy se somete a nuestra consideración y al que el
Grupo Parlamentario Catalán da su aprobación contiene la enumeración
de las quejas recibidas y de las recomendaciones que ha efectuado la
institución. También nos indica los actos protocolarios que se han
efectuado con otras instituciones, todo ello para que esta Cámara
tenga un mejor conocimiento del grado de satisfacción del
administrado y del grado de cumplimiento de las recomendaciones por
parte de las diferentes administraciones, así como del desarrollo de
los temas monográficos, de gran utilidad para nuestro trabajo
parlamentario.
Señor presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Catalán quiere
finalizar su intervención manifestando su enérgica repulsa a las
desafortunadas declaraciones que recientemente ha efectuado el
Defensor del Pueblo a cerca de la ley de normalización lingüística del
catalán. En esta cuestión no puede decirse que el Defensor haya
actuado con la necesaria objetividad. No vemos cómo puede hablarse de
un planteamiento objetivo a cerca de unas quejas que todavía no hemos
recibido y de las que, por tanto, no tenemos conocimiento. Esto ha
producido una alarmante sensación de indefensión a una parte de la
ciudadanía, aprovechada con fines electoralistas por algunos que
pretenden hacer demagogia con el derecho constitucional al uso normal
izado de la lengua propia de una nacionalidad que forma parte del
Estado.
Desde este escaño tenemos que recordar al Defensor que actúe según el
imperativo que contiene el artículo 22 del capítulo V de la ley
orgánica que creó esa institución, es decir, que actúe con la
reserva y la discreción a las que la ley le obliga mientras no se
haya completado la tramitación y la resolución de cualquier queja;
sólo así, cuando se presente en esta Cámara, será el momento del
debate. La publicidad que la institución del Defensor del Pueblo
necesita no es precisamente la del enfrentamiento y la polémica; por
el contrario, debe ser respetada y hacerse respetar y de ninguna
manera ser caja de resonancia de intereses partidistas que, como en
este caso, lo que quieren es perturbar la paz social. El Defensor del
Pueblo lo es de todo el pueblo y no sólo de una parte, y este
cometido le exige objetividad, justicia y discreción en sus actuaciones
y sus declaraciones.
Señor presidente, señorías, la lengua propia es la señal de identidad
fundamental del pueblo catalán, una herencia además que debemos
transmitir a futuras generaciones. El uso normalizado del catalán no
es una imposición, tampoco es un privilegio; es un derecho
constitucional que nos fue arrebatado durante un largo periodo de
nuestra historia y que la Constitución nos devolvió.
El Grupo Parlamentario Catalán quiere poner de manifiesto que, a
pesar del enojo y el disgusto que sentimos, creemos en la institución
del Defensor del Pueblo,
la respetamos por su trabajo y dedicación al servicio de la
ciudadanía y por ello esperamos el informe del próximo año para
examinarlo, analizarlo y debatirlo en Comisión y en Pleno, que es
como debe ser.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Amorós.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar y no como fórmula de protocolo, quiere nuestro grupo
parlamentario mostrar su gratitud al trabajo del Defensor del Pueblo,
y en esta expresión, como es lógico y natural, a todo su equipo.
Pensamos incluso que la presentación de este informe acerca de lo que
llamamos el estado de la Administración debería preceder a la
discusión que generalmente hacemos cada año sobre el estado de la
nación, porque a lo mejor ello produciría la importante consecuencia
de que en la discusión o debate del estado de la nación se abandonara
toda tentación de triunfalismo y se tuviera una mínima cura de
humildad para ver si de verdad España funciona y en qué medida
podemos suscribir tal afirmación. Por eso nos parece muy adecuada la
s gerencia que acaba de hacernos el Defensor del Pueblo de buscar los
mecanismos parlamentarios precisos para que este informe no sea
objeto pura y sencillamente de una exposición litúrgicoformal en la
Cámara, sino que tenga una eficacia, y la primera de las eficacias
tiene que ser la de la contestación por parte del Gobierno acerca de
aquellos defectos o disfunciones que dicho informe revela o pone de
manifiesto.
Nuestro grupo, a la vista de la práctica en cuanto a la elaboración y
presentación de este informe y su resultado, ya va a tomar una
decisión, que es la de hacer comparecer en cada una de las comisiones
afectadas a los miembros del Gobierno para que, desglosando la parte
del informe del Defensor del Pueblo que les afecte, nos puedan
manifestar de una vez por todas qué opinan y cómo la valoran. Creemos
que sería este un tratamiento que no haría sino profundizar el que ya
de por sí la Comisión Mixta del Defensor del Pueblo suele llevar
adelante y a lo mejor pondría mucho más de manifiesto cuáles son las
necesidades que tenemos que acometer, porque no cabe la menor duda de
que un informe tan completo y tan extenso no se puede despachar en un
acto como el de esta mañana y debe tener un tracto sucesivo a lo
largo del trabajo parlamentario.
En todo caso, nuestro grupo no va a destacar del informe del Defensor
del Pueblo, ni mediante su lectura ni mediante una especial
puntualización, ninguno de sus extremos, porque todos son muy
importantes. Es evidente que la importancia de lo que en él se
contiene se valora con una cierta carga subjetiva, según sea la
posición ideológica y según sean los intereses que cada uno
defendemos, pero sí entendemos que debemos extraer unas conclusiones
relevantes.
La primera de todas ellas es los organismos que no colaboran con el
Defensor del Pueblo, y desde luego suscribimos la petición que acaba
de hacernos el Defensor del Pueblo para tomar alguna medida. Además
nos duele enormemente que precisamente los que están en cabeza, en
cuanto a organismos que no colaboran, sean ni más ni menos que las
instituciones municipales, porque son precisamente las que están más
cerca de las necesidades de los ciudadanos y a las que primero acuden
los mismos. Por tanto, evidentemente nos preocupa, más que esta
conclusión, esta d enuncia.
También nos preocupa que haya recomendaciones inatendidas, y no sólo
inatendidas porque aquello que se pretende o postula pueda exigir una
tramitación dificultosa, sino inatendidas por olvido y por desprecio,
lo cual sinceramente nos parece absolutamente repudiable, igual que
nos parece que debe ser denunciado que año a año, cada vez que
llegamos a este trámite, volvamos a ver cómo se repiten conductas y,
por ello, cómo se reiteran quejas sobre puntos que ya deberían haber
sido objeto de solución por todos y cada uno de nosotros. Si uno lee
el informe del Defensor del Pueblo, la primera tentación que le puede
surgir es la de pensar que hay una cierta impotencia, que las cosas
se siguen denunciando sistemáticamente año a año y no mejoran. Es
verdad que como destaca el informe, en materia de sensibilidad y de
percepción por la ciudadanía del valor de sus derechos fundamentales
se ha mejorado, no cabe la menor duda, pero todavía no se ha llegado
a lo que tenía que ser el óptimo en cuanto al conocimiento de lo que
son los derechos y obligaciones de todos y cada uno de nuestros
ciudadanos.
Hay un tema sobre el cual querríamos que el Defensor del Pueblo
pusiera el énfasis en su próximo informe y es el de la inexistencia
absoluta de responsabilidad que se da en nuestra Administración, en
la medida en que el funcionario que tiene que despachar un expediente
-y utilizo esta expresión burocrática porque yo creo que es la que
más se corresponde con la situación, que no sería la de atender las
necesidades del ciudadano- se puede permitir el lujo de contestar
rutinariamente o de despreciar los derechos de aquel que acude al
amparo de la Administración, porque ello no comporta ninguna clase de
responsabilidad, y le puede lanzar a un recurso de carácter
contencioso, que efectivamente es lento y no todas las economías
pueden soportar; en la medida en que esto continúe así, la
Administración no acabará encauzando sus cometidos. Nos gustaría que
el Defensor del Pueblo, cuando llega el momento de analizar las quejas,
señale clarísimamente si se producen responsabilidades
funcionariales s obre las cuales haya que tomar dos serias medidas: el
expediente, para ver si se cumple con la obligación, y, s obre todo,
una más importante, la posibilidad de ese
viejo principio de solve et repete , porque si a la propia
Administración esta irregularidad le ha comportado un coste
económico, es elemental que el mismo sea reparado. Yo diría que no se
cuentan ni con los dedos de la mano los expedientes que pueda abrir l
a Administración por su propio pésimo funcionamiento, achacable no a
condiciones objetivas de dificultad en el tratamiento de los
problemas, sino pura y sencillamente a una actitud de absoluta falta
de responsabilidad que hay que corregir y sobre la cual conviene que
el Defensor del Pueblo ponga el acento para que se vea que esas
irresponsabilidades no caen en la más absoluta impunidad.
Luego destacaríamos, señor presidente, al lado de estas conclusiones
que para nosotros son de carácter general y las más relevantes, unas
conclusiones especiales; más que una conclusión especial, la
satisfacción de que el Defensor del Pueblo, la institución -porque
cada vez que hagamos referencia a ella nos referimos a su titular y a
su equipo-, vaya impulsando una queja de oficio con una mayor
extensión. La queja de oficio es la manifestación más exacta del
cumplimiento de la función de ese alto comisionado de las Cortes
Generales. No puede el Defensor del Pueblo estar pasivamente
esperando, en la consideración de la institución como buzón de
quejas, a que puedan llegarle las reclamaciones de los ciudadanos.
Tiene la obligación, y por ello nos satisface comprobar que la
cumple, de ir actuando de oficio cada vez que vea una cierta
disfuncionalidad para tratar de corregirla.
Desde la perspectiva de nuestro grupo es evidente que nos llama
poderosamente la atención su denuncia a cómo pervive una
discriminación por razón del sexo y de la raza, pero sobre todo en
una cosa que apunta de una forma muy seria, por razones políticas.
Hay discriminación en este país por razones políticas: la hay en la
contratación de personas para la Administración, según sea el color
de cada institución; la hay en el acceso ni más ni menos que a cosas
tan esenciales como es el derecho a la educación y a un tratamiento
administrativo mínimamente digno; la hay en temas tan importantes
como es el poder acogerse incluso a una residencia cuando se tiene
una determinada edad. Y hay discriminaciones muy profundas por razón
de clase. No es este un paraíso del Estado social y democrático de
Derecho. Perviven comportamientos que son absolutamente contrarios a
cualquier afirmación en cuanto a lo que sean los principios de
igualdad, de libertad y de justicia.
Nos gusta también que el Defensor del Pueblo denuncie la
insatisfacción de nuestros ciudadanos en lo que se refiere a los
derechos económicos, no respecto a los políticos, sino en el derecho
al trabajo, en el derecho a la vivienda, en el derecho a la tutela
judicial efectiva, en el derecho, ni más ni menos, que a la seguridad
vital, sin la cual no se puede hablar de la dignidad humana, sin la
cual no se puede hablar de integridad física ni de la integridad
moral.
Nos parece muy pertinente que el informe del Defensor del Pueblo, al
lado de las grandes manifestaciones dogmáticas de derechos políticos
y de derechos de carácter institucional, vaya señalando el contenido
del profundo déficit económico-social que existe en este país en el
desarrollo de los derechos. Lógicamente, hay que poner ese informe en
relación con otros, evidentemente no de tanta autoridad, como pueden
ser los de Cáritas o los de Foessa, para que a algunos les desaparezca
de la cabeza la imagen de que esto es jauja y de que aquí todos
estamos en una situación de auténtico bienestar. De ese Estado del
bienestar estamos todavía muy lejos y nos gusta que haya una
sensibilidad en el informe del Defensor del Pueblo que llame la
atención sobre la existencia de esta lacra.
Y sobre un tema muy delicado, cual es el de los malos tratos, no creo
que puedan conformarse los grupos parlamentarios con agradecer su
denuncia. Aquí hay que ser radicalmente intransigente. No hay
justificación alguna para que aparezca en un informe del Defensor del
Pueblo, ni este año ni el que viene, la existencia de ningún maltrato
a ningún detenido o a ningún recluso. No existe justificación alguna.
No hace f alta que venga Amnistía Internacional a decirnos o a hacer
nos ninguna clase de reproches. En este punto hay que decir
categóricamente que el informe del Defensor del Pueblo es una condena
del sistema; el sistema que permite todavía, en un país que se quiere
reclamar del entorno europeo y que se quiere reclamar de las
sociedades civilizadas, el hecho de que se sigan produciendo malos
tratos en comisarías, en dependencias de la Policía municipal y en
establecimientos penitenciarios nos retrotrae a una época que
creíamos que estaba superada.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor
Castellano, le ruego concluya.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Acabo enseguida, señor presidente.
En este tema, perdóneme que le diga que para nuestro grupo político
haya una absoluta intransigencia, no haya la menor complacencia y no
encontremos justificación o explicación alguna. Nos gustaría, de
verdad, que se hiciera un esfuerzo para que esto no se vuelva a
producir, y el esfuerzo, evidentemente, está en manos de los grupos
políticos responsables de las instituciones para las que colaboran
estas fuerzas de seguridad o de orden público, pero está también en
manos del Ministerio de Justicia para que, de una vez por todas, no
haya una actitud de cierta tolerancia que se convierte en auténtica
complicidad en los malos tratos a cualquier persona. Pero malos
tratos, señor presidente, de los que, si además se repasa el informe
del Defensor del Pueblo, suele ser víctima fundamentalmente la
población más marginal, y por razones esencialmente de orden étnico o
racial. De estos malos tratos, cada vez que nos asomamos a este
lamentable panorama, nos
a parece, y todavía seguimos viendo en los medios de comunicación la
expresión, la raza gitana o la raza del norte africano como víctima
de todas estas actitudes.
Suscribimos plenamente la queja del informe del Defensor del Pueblo
sobre la situación de nuestros establecimientos penitenciarios. Este
es un tema recurrente para el Defensor del Pueblo. Afortunadamente,
desde que se creó esta institución, este tema ha tenido tal
importancia que le llegó ...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor
Castellano, le ruego concluya.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Acabo enseguida, señor presidente.
Este tema ha tenido tal importancia que le llegó a costar a un
Defensor del Pueblo no volver a ser elegido. En este tema, repetimos,
nuestro grupo parlamentario no va a tener ninguna complacencia ni
tentación de justificación.
En suma, el informe del Defensor del Pueblo nos viene a decir que
estamos muy lejos todavía de tener una Administración que mire hacia
el ciudadano como el sujeto activo de la ciudadanía y de la
comunidad, a cuyo servicio está para atenderle en todo lo que
necesite, y todavía estamos anclados en el concepto de una
Administración que se superpone al administrado y le obliga a veces a
soportar las actividades de la misma, teniendo que recurrir después a
solicitar el amparo judicial. Si el Defensor del Pueblo y esta
Cámara, de la cual es el alto comisionado, no toman conciencia clara
de cómo pervive todavía en nuestro país una Administración que no ha
entendido que es un servicio público para los ciudadanos y que se
cree que es un instrumento de gobierno sobre los mismos, si el
Defensor del Pueblo no consigue alcanzar esa cota junto con todos n os
otros, seguiremos examinando cada año su informe, pero algunos cuando
bajemos de esta tribuna no lo h aremos con la satisfacción de decir
que hemos ido mejorando en el Estado social y democrático de Derecho.
Estamos todavía en la rutina de viejas conductas que deberían estar
ya absolutamente erradicadas, y s obre todo la peor de todas: la falta
de respeto a la integridad física y moral de nuestros ciudadanos que
este informe denuncia.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Castellano.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
señora Alberdi.
La señora ALBERDI ALONSO: Muchas gracias, señor p residente.
Señorías, una vez más se presenta ante esta Cámara el informe del
Defensor del Pueblo del año 1997, cumpliendo con la obligación
constitucional de rendir
cuentas ante las Cortes Generales como alto comisionado para la
defensa de los derechos y las libertades.
Inicia el informe el Defensor con un recordatorio que nos parece
importante reiterar y es que es el Defensor de todos los derechos
comprendidos en el título I y no sólo aquellos considerados del
núcleo central contenidos en la sección primera. Nos parece
importante este recordatorio, enlazándolo con el siguiente análisis
que hace el Defensor en el informe de un encargo realizado a una
empresa de investigaciones sociológicas para saber el nivel de
conocimiento de los ciudadanos en relación con sus derechos.
Precisamente ahí cita el informe como unos de los más lesionados el
derecho al trabajo, el derecho a una vivienda digna y el derecho a un
trato igualitario, y analiza la evolución de los derechos
constitucionales en nuestra sociedad.
Un tanto por ciento muy elevado considera que están garantizados
determinados derechos, como a la educación o a la salud. Sin embargo,
y es importante destacarlo y a nuestro grupo le preocupa
especialmente, se percibe un mayor déficit sobre los derechos que
tienen que ver con las desigualdades, la desigualdad por razón de
sexo, la desigualdad por razón de la condición social, por razón de
creencias religiosas o por razón, como ya se ha dicho, de ideas
políticas.
Destaca especialmente la discriminación por razón de sexo. Es
percibida como persistente todavía por un 70 por 100 de las mujeres y
por un 58 por 100 de los hombres. Es preocupante que precisamente en
los derechos que tienen un componente igualitarista, como dice el
Defensor, la situación se perciba como estancada, y preocupa
especialmente que las diferencias por razón de sexo sigan en esa
situación de percepción como mantenidas y todavía sufridas por la
mayor parte de la población.
También se refiere el Defensor en el inicio de su informe, y queremos
destacarlo especialmente, a la violencia contra las mujeres como tema
de especial interés colectivo que ha creado una alarma social y una
preocupación específica en los responsables y en las asociaciones de
mujeres. Alude el Defensor a los numerosos escritos de asociaciones
de mujeres, a las denuncias que se han hecho con respecto a las
actuaciones judiciales y a la idea de la existencia de una cierta
impunidad con respecto a esas agresiones y a las personas víctimas de
las mismas. El Defensor ya hizo un informe monográfico sobre este
tema y ahora nos anuncia que va a enviar a todos los representantes
de la soberanía popular, a los miembros de la Comisión Mixta el
informe ya completo con las recomendaciones. Bienvenido sea, porque
es uno de los temas pendientes que tenemos los responsables públicos,
en el que, como ha permanecido en el ámbito de lo privado, en cierta
medida no se ha profundizado debido a la consideración de que no
debía ser objeto de la responsabilidad pública. Hoy, afortunadamente,
creo que al menos existe esa sensibilidad y tendremos que ser
capaces de dar respuesta a esa necesidad
de proteger a las personas en estas situaciones, a las mujeres
víctimas de malos tratos.
También quiero referirme de forma específica a los temas monográficos
a que alude el Defensor. En primer lugar, ha tenido la sensibilidad
de afrontar el tema de las minas antipersonas en el informe de 1997.
Ciertamente, creo que ha sido importante el trabajo del Defensor en
esta materia y ha podido contribuir a la tramitación parlamentaria
del proyecto de ley de prohibición total de minas antipersonas
aprobado en el mes de mayo, acorde con la proposición no de ley que
en su día, el 25 de febrero de 1997, aprobó esta Cámara. Es muy
positivo que se dé cumplimiento a los contenidos de la Conferencia de
Ottawa de octubre de 1996; ahora compete al Gobierno la erradicación
total de las minas antipersonas y la destrucción de las existentes.
Con respecto al segundo tema monográfico, sobre los retrasos que se
producen en la emisión de los fallos por parte de los tribunales
económico- administrativos, sobre todo es importante la recomendación
que se le acepta de que sea responsable la Administración de los
intereses, pasado el año, de los avales que se exigen para recurrir
en los tribunales económico- administrativos previos a la vía
judicial. En relación con esa vía previa de los tribunales económico-
administrativos se trasladan una vez más al Defensor numerosas quejas
s obre su lentitud, y desde luego parece ser un criterio compartido
que esos retrasos generan una situación de indefensión en todas
aquellas personas que reclaman en la vía económico- administrativa,
previa a la interposición, en su caso, de los recursos judiciales.
Quiero destacar especialmente el tema de la inmigración y el racismo.
Alude el Defensor a la necesidad de una estructura administrativa
para la coordinación. Hemos visto muy recientemente el compromiso de
esta Cámara, y desde luego de mi grupo, en relación con la lucha
contra el racismo y la xenofobia. El año 1997 fue declarado año
europeo contra el racismo y precisamente se creo la Comisión europea
contra el racismo y la intolerancia, así como el Observatorio europeo
del racismo y la xenofobia con el objetivo de obtener datos útiles y
fiables para ver qué acciones son más necesarias llevar a cabo. Creo
que es importante que se pida esa estructura administrativa de
coordinación, pero aún pide algo más el Defensor, que enlaza con lo
que ha venido planteando nuestro grupo parlamentario, y es que se
desarrolle una ley, un marco jurídico que finalmente aborde la
inmigración más allá de los aspectos puramente policiales y siente
las bases para un auténtico plan nacional sobre la inmigración.
En tres de los temas monográficos el Defensor se refiere a la
infancia y la juventud. Resaltamos una vez más su importancia. Ya en
el informe de 1996 se trató el asunto y se analizó la ley que
precisamente desarrolló la directiva comunitaria sobre actividades de
radiodifusión televisiva. En 1996 ya se pedía la creación de una
autoridad independiente, desvinculada del poder Ejecutivo, que tuviera
la misión de analizar los contenidos
de la publicidad y la programación de las cadenas de televisión y su
adecuación a las normas de protección de la juventud y de la
infancia.
El Grupo Parlamentario Socialista ha propuesto una iniciativa
legislativa sobre una ley orgánica de creación del consejo superior
de medios audiovisuales precisamente para garantizar la independencia
y la pluralidad de esos medios y desde luego para velar por la
transparencia en su titularidad y por el cumplimiento de la
legislación y las normas reguladoras, promoviendo la protección del
pluralismo y sobre todo de la juventud y de la infancia. Una vez más
el Defensor alude a ello y a la necesidad de que exista esa autoridad
independiente, que será la que garantice estos objetivos.
También se refiere a la nueva ley de justicia de menores y a la
situación de los centros de internamiento. Es importante comprender,
y así lo refiere el informe, que el Código Penal de 1995 eleva la
mayoría de edad penal a los 18 años y pospone su entrada en vigor a l
a aprobación de una nueva ley de responsabilidad penal del menor. La
nueva ley reguladora no sólo tiene que atender a todos los objetivos
de protección del menor, sino a que las medidas que puedan adoptarse
tengan la forma y las garantías suficientes. El Defensor en ese
objetivo y en esa línea ha realizado una serie de visitas a los
centros de internamiento actuales y lo que propone es que haya una
anticipación, porque la capacidad de estos centros para asumir la
elevación de la edad penal, una vez se apruebe la futura ley, no es
la suficiente y tampoco está, en cuanto a la distribución
territorial, equilibrada con respecto a los supuestos a los que tendrá
que atender, y habrá de referirse especialmente a que no se aleje
mucho del entorno familiar. Hay que tomar todas esas medidas, y así
lo señala el Defensor, con la antelación suficiente para que no
ocurra que entre en vigor una ley que luego no tenga las suficientes
infraestructuras para poder cumplir con los objetivos.
También se refiere el Defensor del Pueblo -esto se valora muy
positivamente por mi grupo- al trabajo que ha llevado a cabo la
adjuntía primera del Defensor del Pueblo. Uno de los últimos acuerdos
que se tomó fue que hubiera una adjuntía adscrita especialmente al
conocimiento de los temas relativos a menores, que ha tenido
numerosas actuaciones y una especial sensibilidad en la materia.
En cuanto a las recomendaciones destacadas, quiero manifestar que nos
parece muy positivo el establecimiento de una prestación económica
complementaria a la de maternidad en los supuestos de parto múltiple
y todo lo que son las garantías en el procedimiento económico
administrativo en el plazo de un año de intereses, a lo que antes me
he referido. Pero nos preocupa, como a otros representantes de otros
grupos parlamentarios, las recomendaciones no aceptadas.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Alberdi,
le ruego que vaya concluyendo.
La señora ALBERDI ALONSO: Nos preocupan todas esas recomendaciones
que afectan a la supresión de la exigencia de tres años de matrimonio
para la exención de visado por reagrupación familiar o el acceso a la
Función pública de personas con minusvalía. Todos conocemos el escaso
éxito de los mecanismos actuales.
En cuanto a la segunda parte, hace una pequeña reestructuración, si
bien es cierto que se refiere a la vulneración de los derechos
fundamentales no como una interpretación naturalmente expansiva, sino
relativa a lo que hay que considerar como quejas que afectan a los
derechos y libertades. Alude a la sentencia del Tribunal
Constitucional, alusión que me parece positiva. En cuanto a la
sentencia sobre la base de una legislación histórica en la preferencia
del valor sobre la mujer en la sucesión de títulos
nobiliarios, se sorprende el Defensor negativamente, hecho que nos
parece positivo.
Con respecto al funcionamiento irregular de las administraciones
públicas, quería, siquiera sea brevemente, comentar algunos aspectos.
Una vez más, tenemos el retraso objetivo en la Administración de
justicia, todo lo que afecta a esa justicia tardía que supone una
denegación de la tutela judicial efectiva. También quiero mencionar,
lo cual es importante, el cambio de orden de los apellidos, porque
esta Cámara ha dado lugar a la tramitación de una proposición de ley,
con el apoyo de todos los grupos, para que haya un principio de
igualdad en la inscripción de los hijos, anteponiendo el apellido
materno o el paterno.
Quiero referirme brevemente al contenido de la proposición no de ley
sobre internamientos y expulsiones -otros grupos se han referido a
ello-, que enlaza con la proposición de mi grupo, tramitada
recientemente en esta Cámara, sobre el funcionamiento de los centros
de internamiento de extranjeros en España.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Alberdi,
le ruego que concluya.
La señora ALBERDI ALONSO: Sí, señor presidente, voy terminando.
Queremos recabar un informe detallado y actualizado sobre los centros
existentes y, sobre todo, crear la figura del juez de vigilancia en
estos centros de internamiento.
Muy brevemente, señor presidente, señorías, quiero referirme a la
administración educativa. En el año 1996 se aludió de nuevo a la
diferencia entre la educación pública y la privada. Hoy se reitera en
este informe la insuficiencia de plazas escolares en la educación no
universitaria, los problemas de la implantación de la educación
secundaria obligatoria, los problemas con la asistencia de alumnos a
centros docentes ubicados fuera de las localidades, sobre todo en
materia de instalaciones, y los requisitos mínimos que deben cumplir
esas instalaciones, la admisión de alumnos, la integración de
minorías y la educación especial. Siento pasar
tan rápidamente sobre estos asuntos. Estimo importante que el informe
del Defensor no sea sólo esta comparecencia en la Cámara, sino que a
lo largo de todo el año vayamos pidiéndole la comparecencia
monográficas obre temas de interés, como es el educativo.
Sólo me resta referirme -y termino, señor presidente- a dos asuntos:
el medio ambiente y la vivienda. En cuanto al primero, nos dice el
Defensor que tenemos una legislación basada en un sistema preventivo
y parece estar conforme con esa legislación y con la trasposición que
de la legislación europea se ha hecho. Sin embargo, estamos teniendo
problemas gravísimos, como el de Aznalcóllar u otros recientes que
están en la mente de todos, que demuestran que ese funcionamiento no
está dando los frutos deseados. Quiero reiterarle al Defensor que
siga en esta línea de preocupación por el medio ambiente,
proponiendo objetivos y, desde luego, medidas.
Respecto a la vivienda, quiero aludir al realojo de la población
marginada al que, una vez más, sigue haciendo mención el Defensor
porque no hay una solución alternativa de verdad que dé respuesta a
esos problemas de la población marginada.
Termino, señor presidente, haciendo referencia a la importancia de
este año 1997, que es el año en el que se cumple el 50 aniversario de
la Declaración Universal de Derecho Humanos. El Defensor del Pueblo
como alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los
derechos y libertades también tendrá algo que a portar, pero, sobre
todo, ...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Alberdi,
S.S. debe concluir de forma inmediata.
La señora ALBERDI ALONSO: Sí, señor presidente. Como decía, tendrá
algo que aportar, sobre todo, en la defensa de esos derechos y
libertades y contribuir a la incorporación de los valores democráticos
en el día a día de la vida cotidiana.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Alberdi.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora
Camilleri.
La señora CAMILLERI HERNÁNDEZ: Gracias, señor p residente.
Me uno al capítulo de agradecimientos y felicitaciones que han
realizado los diputados que me han precedido.
Señorías, una vez más -la tercera en lo que llevamos de
legislaturas-, comparece el Defensor del Pueblo ante este pleno del
Congreso de los Diputados como comisionado de las Cortes Generales
para dar cuenta de la gestión realizada a lo largo de 1997.
Este informe que hoy se nos presenta tiene un doble objetivo, como
cualquier informe que presenta el Defensor ante esta Cámara. En
primer lugar, en cuanto expresión de la relación fiduciaria del
Defensor del Pueblo con las Cortes generales, es una rendición de
cuentas, pero, al mismo tiempo, en cuanto que las Cortes constituyen
la última instancia a la que puede acudir el Defensor, determinados
aspectos del informe pueden revestir el carácter de denuncias de
acciones injustas o disfuncionales de la Administración y en mi
intervención demostraré que en esta ocasión no es así.
La estructura del informe de 1997 es casi idéntica a la del año
anterior, pero se han diferenciado dos bloques de cuestiones: en
primer lugar, las que afectan de manera específica a los derechos y
deberes fundamentales y, en segundo lugar, las que se refieren al
funcionamiento irregular de las administraciones públicas. Se ha
incluido asimismo un capítulo específico sobre derechos fundamental
es, haciendo una valoración de los mismos, partiendo de las quejas
recibidas y de las situaciones denunciadas, valoración cuyo resultado
final el mismo Defensor del Pueblo nos dice que son pocos los casos
denunciados ante la institución que pueden ser considerados
estrictamente como auténticas violaciones de los derechos
fundamentales y, después de analizar algunas posibles violaciones de
esos derechos fundamentales, como el derecho a la libertad religiosa,
el derecho a la intimidad, el derecho a la tutela judicial efectiva,
sigue diciendo que lo que sí parece posible es sostener que, a pesar
de las infracciones puntuales que continúan produciéndose
progresivamente, existe en n uestro país una cada vez mayor conciencia
colectiva de la importancia que tiene el respeto hacia los derechos
y libertades fundamentales consagradas en nuestra Constitución.
Contiene también este informe, como ha dicho el Defensor del Pueblo,
un interesante estudio, que ya anteriormente fue realizado en 1989,
sobre el grado de conocimiento de los derechos fundamentales
consagrados en la Constitución. El 36 por 100 de los entrevistados
los conocen bien o muy bien, frente al anterior estudio de 1989 en el
que contestaban un 18 por 100. Los derechos que se consideran más
vulnerados son el derecho al trabajo, el derecho a una vivienda digna
y el derecho a un trato igualatorio.
Efectivamente, el paro es la principal causa de exclusión social y
nuestro gran problema para edificar la sociedad de bienestar, por
ello la política social es aquella que favorece la creación de
empleo. El Gobierno está promoviendo una política activa
especialmente para fomentar el empleo entre los grupos más
desfavorecidos o con mayores dificultades para el acceso al mundo
laboral; me refiero, claro está, a las mujeres, jóvenes, parados de
larga duración, mayores de 45 años y discapacitados.
En este mismo año al que se refiere el informe y de a cuerdo con la
encuesta de población activa, se ha incrementado el empleo en un 3,3
por 100, lo que
supuso 415.000 empleos netos más, creciendo el empleo en España seis
veces más que la media de la Unión Europea. Desde hace un año se
están creando diariamente más de 1.100 puestos de trabajo neto.
Con respecto al segundo de los derechos fundamentales que se cree más
vulnerado, el derecho a una vivienda digna, el Gobierno ha impulsado
también una profunda reforma de la legislación del suelo que cambie
las bases de un modelo urbanístico cuyo resultado ha sido la escasez
de viviendas a precios asequibles. Corresponde ahora a las
comunidades autónomas y a los ayuntamientos, como bien ha dicho el
Defensor del Pueblo, desarrollar la nueva ley e incrementar el suelo
urbanizable para reducir su precio y acabar con la especulación. A
esto hay que añadir la bajada de los tipos de interés. Como ejemplo,
a comienzos de esta década una familia media tenía que dedicar más de
la mitad de su renta a la compra de una vivienda. Hoy ese esfuerzo se
ha reducido al 28 por 100.
En cuanto al tercero de los derechos fundamentales, derecho a un
trato igualitario, para evitar discriminaciones por razón de sexo el
Gobierno, el 7 de mayo de 1997, aprobó el tercer Plan de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres. Este estudio también recoge
los derechos fundamentales que son mayoritariamente reconocidos como
plenamente vigentes, y destaca entre ellos el derecho a la educación.
Un 67 por 100 de las personas lo reconoce como plenamente vigente.
Sabemos, señorías, que constituye una prioridad del Gobierno del
Partido Popular mejorar la calidad de nuestras enseñanzas. Los
recursos destinados a la educación han tenido este año un
significativo crecimiento del 6,8 por 100. Esto ha permitido llevar a
cabo un ambicioso plan de inversiones escolares para completar la red
de centros educativos exigida por la implantación del nuevo sistema.
Entre 1998 y 1999, la gratuidad de la enseñanza se extenderá a los
alumnos hasta los 16 años. También se va a incrementar la
financiación de la educación infantil para disponer de plazas
escolares para todos los niños a partir de los tres años, y se
apoyará en especial las necesidades educativas en el mundo rural.
El derecho a la salud también lo reconoce un 60 por 100 de los
entrevistados. Sabemos que el incremento presupuestario destinado a
la sanidad pública para 1998 supone una subida de más de 386.000
millones de pesetas. En los hospitales se han conseguido nuevas e
importantes reducciones de las listas y tiempos de espera. Los
pacientes con demoras superiores a nueve meses han pasado de casi 35.
000 en junio de 1996, a menos de 1.000 a finales de 1997. La demora
media descendió en ese período de tiempo de siete a tres meses. El
objetivo para este año es que baje a 80 días. Por otra parte, esta
encuesta habla de que el derecho que más se protege es el de la
familia, y el de la tercera edad en un 44 por 100. Sabemos también
que, por primera vez desde la implantación de los sistemas
de protección social en nuestro país, la ley garantiza el poder
adquisitivo de las pensiones. Los pensionistas saben que su poder
adquisitivo está ahora asegurado por ley y no porque lo prometa uno u
otro partido. Más allá de esta garantía legal, las pensiones crecieron
en 1997 nueve décimas por encima del IPC. De los datos de esta
encuesta se deduce que la situación de los derechos fundamentales ha
mejorado desde 1989.
Atendiendo al tenor literal del párrafo primero del artículo 33 en
cuanto al número y tipo de quejas, comprobamos que este año, como
aquí bien se ha dicho, se ha reducido bastante el número de
ciudadanos que decidieron acudir al Defensor del Pueblo. De 25.875 en
1996, a 18.138 en 1997; es decir, 7.737 menos, aunque hay que
reconocer que el número de quejas individuales ha aumentado
ligeramente: de 10.977 en 1996, a 11.902 en 1997. No obstante, hay
que matizar esta cifra porque se han tramitado ante la Administración
sólo 4.725 quejas, de las cuales, ante la Administración general del
Estado, se han tramitado 2.136. Señorías, fíjense que partimos de 11.
902 y ya sólo nos quedan ante la Administración general del Estado 2.
136, de las cuales están en tramitación 1.168 y concluidas 955. De
esas 955, ha finalizado con el resultado de una actuación correcta
por parte de la Administración un 60,52 por 100. Se subsana el error
por la Administración en el 36,02 por 100 y únicamente no se subsana
en el 0,74 por 100; vuelvo a repetir, sólo en un 0,74 por 100. Estos
datos indican el alto grado de colaboración de la Administración
hacia la institución del Defensor del Pueblo. Esta diputada, por su
experiencia, les aconseja que se lean el informe entero y no sólo el
índice que le precede.
En cuanto a las recomendaciones, este año también se ha reducido su
número: de 142 en 1996, a 112 en 1997. De esas 112 han sido aceptadas
53; rechazadas, 18, y pendientes, 41. En todos los casos de rechazo
la Administración ha indicado razonadamente cuáles han sido los
motivos de su no aceptación. A modo de ejemplo, y ya que el Defensor y
algunas de SS.SS. se han referido a este asunto, les diré que el
número total de quejas iniciadas por el Defensor del Pueblo ante la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias durante 1997 ha sido
de 94, de las cuales 79 han tenido carácter de queja y 25 han sido
investigaciones de oficio. Como consecuencia de estos expedientes y
de otros acumulados de años anteriores, el Defensor del Pueblo formuló
a la Administración penitenciaria un total de 18 recomendaciones y
tres sugerencias, sobre diferentes materias. De estas 18
recomendaciones, 14 han sido aceptadas y siete fueron informadas,
exponiendo de forma justificada las razones para no adoptarlas. (El
señor presidente ocupa la Presidencia.) En cuanto a los temas
monográficos
que el Defensor del Pueblo trata este año en su informe, cabe
destacar el relativo a las minas antipersonas, cuya erradicación fue
acordada en la Convención de Ottawa. Sobre la base de los criterios
allí establecidos, nuestro Gobierno a probó un proyecto de ley de
prohibición total de estas
minas, que, entre otras prescripciones, señala al Ministerio de
Defensa un plazo de tres años para su destrucción total. El texto del
proyecto fue aprobado ya por el Congreso y actualmente está en el
Senado, donde el pasado día 12 de junio finalizó el plazo de
presentación de enmiendas.
Asimismo, cabe destacar el grado de preocupación del Defensor del
Pueblo con respecto a los menores, a los que dedica tres temas
monográficos. Desde que el Defensor comenzó a desarrollar sus
funciones, la problemática de los menores ha estado presente de una
manera muy especial en sus actuaciones. La institución siempre ha
creído necesario y prioritario comprometerse desde el primer momento
en todo cuanto afecta a los menores y lo demuestra con estos tres
temas monográficos.
Para acabar mi intervención -nos espera un largo día y creo que el
presidente no me lo permitiría-, y aprovechando que hablamos de
menores, podemos decir, en palabras de Joseph N. Gorbe, presidente de
la Asamblea General de Naciones Unidas cuando se aprobó la Convención
de los Derechos del Niño, que los derechos del niño han dejado de ser
una declaración de intenciones para llegar a ser una norma de
obligado cumplimiento en la legislación internacional.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Camilleri.
Con esta intervención de la portavoz del Grupo Popular finaliza el
debate a que ha dado lugar el informe anual correspondiente a la
gestión de 1997, que ha presentado el Defensor del Pueblo, don
Fernando Álvarez de Miranda.
ENMIENDAS DEL SENADO:
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto VII del orden del día:
Enmiendas del Senado a diversos proyectos de ley y una proposición de
ley. Las votaciones correspondientes a tales enmiendas se efectuarán
al final de todo el bloque que constituye el punto VII.
Recuerdo a SS.SS. que, al haberlo aprobado así el propio Pleno, han
decaído los tres primeros proyectos de ley enmendados por el Senado,
que se dejan para otra ocasión, para un Pleno venidero.
- PROYECTO DE LEY SOBRE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
(Número de expediente 121/000077).
El señor PRESIDENTE: Comenzamos con el debate de las enmiendas del
Senado al proyecto de ley sobre cooperación internacional para el
desarrollo. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el
Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
Anuncio que del conjunto de enmiendas que ha introducido el Senado,
nuestro grupo está en disconformidad con tres bloques. La primera se
refiere a que el Senado ha modificado el proyecto de ley que
aprobamos en esta Cámara en el sentido de que, en lugar de existir
una Comisión de Cooperación propia del Congreso, exista una Comisión
mixta. Nosotros pensamos que es más conveniente que exista una
Comisión de Cooperación en el Congreso de los Diputados.
Nuestra segunda discrepancia hace referencia a la enmienda de
supresión del punto 3 del artículo 23, s obre la Comisión
Interterritorial de Cooperación para el Desarrollo. En el texto que
el Congreso aprobó se decía que esta Comisión informaría previamente
los anteproyectos de ley y cualquier otra disposición general que
regulara materias concernientes a la cooperación al desarrollo. No
entendemos por qué razón se ha suprimido en el Senado este punto 3
del artículo 23, con lo cual desaparece la función importante de
informar previamente los proyectos de ley.
La disconformidad más grande respecto a las enmiendas que se han
introducido en el Senado hace referencia al artículo 17, donde se
regula el papel político del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Prácticamente todos los grupos hemos insistido en que uno de los
problemas históricos de la cooperación internacional para el desarrollo
en España ha sido la falta de unidad de dirección política y la
descoordinación de los diversos ministerios. Esta falta de unidad de
dirección política se ha traducido a menudo en que la cooperación
española ha estado teñida de intereses comerciales y financieros y en
que el Ministerio de Economía y Hacienda e intereses empresariales,
insisto, distorsionaban los verdaderos objetivos de la política de
cooperación.
Finalmente, el Congreso llegó a una redacción del artículo 17 que
precisaba exactamente cuál era el papel del Ministerio de Asuntos
Exteriores. Como dijimos en su momento, a pesar de que era
susceptible de posibles interpretaciones futuras que no nos
satisfacían, reconocíamos también que se había dado un salto importante
en el sentido de que en el artículo 17 se reconocía que el Ministerio
de Asuntos Exteriores era el responsable de la dirección de la política
de cooperación internacional. En el Senado se han eliminado dos
palabras: en lugar de «el responsable», se dice «responsable» y la
palabra «dirección», es decir, el nuevo texto dice solamente que «el
Ministerio de Asuntos Exteriores será responsable de la política de
cooperación internacional». Entendemos que no es una modificación
superficial ni baladí. Sé que es posible que algún grupo diga que
esto no tiene importancia. Si no la tiene, mantengamos el consenso
que en este artículo conseguimos en el Congreso. He de añadir -y con
esto acabo, señor presidente-, que para nosotros esto sí que es
importante porque esta modificación va a hacer posible la continuidad
de la descoordinación y de la falta de unidad de dirección política
en la política de cooperación.
Ha sido relevante escuchar al conjunto de ONG para la cooperación que
se han manifestado en contra de esta modificación.
Sólo quiero añadir que, a pesar de que es necesario reconocer que
entre el proyecto inicial que se presentó y el texto final ha habido
mejoras, hoy, una vez que esta Cámara apruebe finalmente el proyecto
de ley de cooperación, quedará un interrogante, una duda, en este
hemiciclo y en la sociedad: si mañana, una vez que esta ley entre en
vigor, cambiarán realmente algunas cosas en la cooperación española.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Saura.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Gómez Rodríguez.
Ruego a SS.SS. que si pueden seguir el ejemplo de la intervención del
señor Saura, en cuanto a brevedad y concisión, se lo agradecerá no
sólo la Presidencia, sino, estoy seguro, el conjunto del Pleno.
Adelante.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
En honor a la verdad y a la brevedad, Coalición Canaria suscribe las
palabras que ha pronunciado el portavoz que me ha precedido, el señor
Saura.
Consideramos que, entre el texto que envió el Gobierno y el que se
aprobó en este Congreso, hay una gran variación positiva en favor de
la filosofía de la cooperación internacional. Cuando llega al Senado
ha tenido ciertas modificaciones que ha enumerado el señor Saura y
que nosotros también rechazamos. En el texto que viene de la Cámara
Alta hay enmiendas que vamos a votar favorablemente y hay otras que
vamos a rechazar. También tenemos que hacer constar que echamos de
menos otras enmiendas.
Me estoy refiriendo a algo que no puedo decir que me molesta, pero sí
que me duele. Fueron enmiendas presentadas en Comisión, de estilo, es
verdad, trataban de la utilización de siglas. Es sabido que esta
normativa de cooperación internacional tiene siglas en todos los países
del mundo y en España existen siglas de asentimiento y reconocimiento
general. Todo español sabe lo que es una ONG y, sin embargo, en esta
ley, se repite muchas veces la expresión organizaciones no
gubernamentales y la denominación Ley de cooperación internacional
para ayuda al desarrollo, así como la de Secretaría General para
Iberoamérica. Muchísimas veces, veintiocho y hasta treinta, y no se
utilizan siglas; las pocas que enuncia la ley en el desarrollo
legislativo no se utilizan. Es lamentable este hecho porque, pese a
que la Presidencia de la Comisión nos dijo que entregásemos la nota
para la inclusión de las siglas, no fue recogido en el texto de este
Congreso y, pese a que se nos prometió que se haría en el Senado,
tampoco se ha recogido en este trámite. Comprenderán ustedes nuestro
disgusto.
También tengo que hacer una alusión al artículo 3 de la Ley 1
aprobada en este Congreso este año. Mejor sería derogar el artículo,
señores, porque, salvo en la Ley de ordenación del tabaco, no ha sido
tenido en cuenta su contenido. Ese artículo dice que cuando en una ley
hay conceptos fiscales, habrá que ponerlo en un epígrafe especial
y también anunciarlo. Por algo se llaman derechos de los
contribuyentes, para que éstos sepan encontrar las tributaciones que
les afectan. Habrá que poner: y normas tributarias. Tampoco se ha
recogido, pese a que lo dije en la Comisión, pese a que lo dije en el
Pleno del Congreso y pese a que se nos prometió que se haría en el
Senado.
No obstante esa desconsideración que se ha tenido con este portavoz,
vamos a apoyar, con las salvedades que he mencionado, el texto que se
trae hoy al Congreso. Vamos a apoyarlo porque consideramos que es un
paso trascendental en la cooperación internacional, pero sin
olvidarnos de que hay dos clases de ONG. Hay que vigilar la eficacia
y la eficiencia y también hay que pensar que, si bien el pueblo
español ha reaccionado y está a favor de llegar al 0,7, en nuestro
Estado español, en este Estado del bienestar, en este momento de
magnífica situación económico-financiera estatal y europea, hay
millones de pobres; no nos olvidemos de eso porque hay que recordar
que la caridad empieza por casa.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez Rodríguez.
El señor Recoder, en nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra.
El señor RECODER I MIRALLES: Muchas gracias, señor presidente.
Vamos a aprobar hoy definitivamente este proyecto de ley que, por
tanto, ya va a ser ley. Nuestro grupo parlamentario quiere recordar
que con este acto formal de la aprobación de este proyecto de ley de
cooperación internacional para el desarrollo vamos a dar cumplimiento
a una reivindicación histórica del mundo de la cooperación, que se
remonta al año 1982 y que se concretó en un documento que suscribimos
las principales fuerzas parlamentarias. Es también el momento de
recordar que han transcurrido dieciséis años y no hemos sido capaces de
sacar entre todos esta ley. Hoy lo vamos a hacer. Saldamos así una
deuda y, por ello, nuestro grupo parlamentario se siente sumamente
satisfecho.
Nos sentimos también sumamente satisfechos porque si bien es cierto
que durante dieciséis años no se ha podido aprobar una ley como ésta
no será porque desde estos escaños, desde este grupo no se haya
insistido al respecto. Quiero recordar una vez más los numerosos
debates que tuvimos ocasión de mantener con distintos ministros de
Asuntos Exteriores en el pasado reivindicando la aprobación de una
ley de cooperación internacional para el desarrollo y se nos había
dicho reiteradamente que esta ley no era una prioridad del Gobierno
en ese momento.
Debo decir también que desde nuestro punto de vista la que que hoy
vamos a aprobar es una buena ley. Se trata de una ley que sin lugar a
dudas constituye un m arco más que aceptable para encauzar, pero
también para desarrollar, los impulsos más solidarios que existen en
nuestra sociedad con el objetivo de contribuir de una forma eficaz -y
quiero subrayar la palabra eficaz- a erradicar la pobreza en el
mundo, que es el objetivo principal de la ley como ha quedado muy
claro después del debate parlamentario. Y en este objetivo la misma
ley asigna un papel fundamental y protagonista a toda una serie de
agentes muy diversos que van desde las ONG a las universidades,
pasando por las empresas o por los propios sindicatos.
Quiero decir también que esta es una ley de todos -mejor dicho de
casi todos- y si se quiere también es una ley de nadie. Es posible -y
es un a opinión lógicamente subjetiva- que sea la ley que el Partido
Socialista hubiera querido hacer en su momento y que no pudo hacer.
No es al cien por cien la ley del Partido Popular. El proyecto que el
Gobierno presentó en su momento ante la Cámara tenía diferencias
importantes con el texto que hoy aprobaremos. Por tanto, creo que
esta no es la ley que hubiera aprobado el Partido Popular si hubiera
tenido la mayoría suficiente para hacerlo en solitario, pero quiero
también reconocer el valor y la importancia que ha concedido el
Gobierno del PP a este tema, que se ha concretado en un acto
importante, fundamental, como ha sido la presentación en su momento
del proyecto de ley.
Tampoco es la ley de nuestro grupo parlamentario, o no es al cien por
cien la ley de nuestro grupo parlamentario porque, obviamente, como
expusimos a lo largo del debate pormenorizado, si de nosotros hubiera
dependido, en algunos aspectos hubiéramos adoptado soluciones quizá
distintas de las que se contemplan en el texto final. Pero ello no
quita nuestra satisfacción en relación al texto que vamos a aprobar
hoy.
Hoy se nos plantea, señor presidente, señorías, la votación de las
enmiendas del Senado. Son unas enmiendas a las que nuestro grupo
parlamentario va a dar un tratamiento desigual: votaremos
favorablemente aquellas enmiendas que introducen una mejora técnica
en el texto aprobado en el Congreso, pero en cuanto al resto de
enmiendas nuestro grupo parlamentario, con carácter general, va a
intentar, de alguna forma, retomar el consenso básico que conseguimos
en la Cámara en su momento.
Quiero subrayar este hecho, para terminar, señor p residente, mi
intervención. Creo que esta es una ley de consenso. Nuestro grupo
parlamentario desde el primer debate que mantuvimos desde esta tribuna
anunció su intención de dedicar el máximo esfuerzo a sumar
cuantos más votos posibles de escaños al texto final de la ley. En
ese momento situamos como objetivo ideal conseguir unos 330 votos,
dije desde ahí arriba, a favor
de la ley. No sé si vamos a lograr 330 votos, 325 ó 320, no lo sé. En
cualquier caso esta es una ley que más allá de discrepancias
puntuales en algunos de sus preceptos va a salir con un consenso
general de más del 90 por 100 de la Cámara, lo que creo que es
fundamental, importante, y pienso que constituye un éxito para todos
los grupos que nos hemos empeñado y que hemos dedicado nuestro
esfuerzo y nuestra ilusión al debate y aprobación de una ley como
ésta.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Recoder.
Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
Navas Amores.
El señor NAVAS AMORES: Muchas gracias, señor p residente.
Intervengo con el ánimo de ser breve, como usted nos ha solicitado.
Nuestro grupo, como todos ustedes saben, no apoyó en su momento la
tramitación de este proyecto de ley, porque entendíamos que tenía una
serie de deficiencias que considerábamos que incidían en el tronco,
en la columna vertebral, en lo más importante de lo que iba a ser
nuestra cooperación para el desarrollo y que, por tanto, nuestro voto
debería ser contrario.
Esperábamos, lógicamente, que en el Senado se produjera una mejora de
esta ley, pero consideramos que se han pasado por alto algunas
modificaciones que nosotros entendíamos que eran fundamentales para
poder separar lo que deberían ser las prioridades de la política de
cooperación española en cuanto a los intereses de la política
exterior, del Ministerio de Asuntos Exteriores, para que nuestras
prioridades geográficas tampoco estuviesen supeditadas por los
intereses de nuestra política exterior. Y, sobre todo, uno de los
elementos fundamentales que hemos encontrado que se ha modificado en
el Senado, sin que ello suponga una mejora sino que incluso ha
implica un retraso, un volver al origen del proyecto de ley cuando
considerábamos que después del debate y del consenso alcanzado ya se
habían marcado las competencias, es lo referente a la dirección
política de lo que debía ser la cooperación para el desarrollo. En el
Senado desgraciadamente hemos vuelto a romper lo que considerábamos
que ya estaba perfectamente asentado en todos los grupos de esta
Cámara, como así salió aprobado por todos ellos. Estoy haciendo
referencia a la modificación que se plantea en el artículo 17, del que
se retira la dirección de la cooperación al Ministerio de Asuntos
Exteriores. Curiosamente, el Partido Popular recoge dos palabras para
justificar esta enmienda. Dice que es una mejora técnica. La
eliminación de la dirección política al Ministerio de Asuntos
Exteriores es una mejora técnica. Desgraciadamente los grupos que
hasta ahora hemos intervenido consideramos que no y el movimiento
social de la cooperación también considera que no.
Evidentemente, esto supone un cambio drástico en las tesis que hasta
ahora estábamos desarrollando, porque indica también un cambio drástico
en la postura del Grupo Parlamentario Popular que apoyó que el
Ministerio de Asuntos Exteriores fuera el que dirigiese esa política.
En estos momentos ha quedado totalmente supeditado para asentar el
conflicto permanente entre Asuntos Exteriores y el Ministerio de
Economía y Hacienda. De esta batalla sale ganador el Ministerio de
Economía y Hacienda.
Voy a hacer referencia a algunos de los votos particulares que el
Ministerio de Economía y Hacienda interpuso cuando se debatió esta
ley en el Consejo de Cooperación. El Ministerio de Economía no acepta
la absoluta validez ni la actualidad del informe del CAD s obre la
cooperación española. El Ministerio de Economía considera que la
erradicación de la pobreza es un aspecto importante de la
cooperación, pero no debe primar sobre el resto de los objetivos que
tiene la cooperación al desarrollo, porque en la práctica podría
suponer la eliminación de estos últimos. Otra nueva perla es que el
Ministerio de Economía y Hacienda entiende que entre los objetivos de
una ley de cooperación no debe estar la dirección política unitaria.
Este es el auténtico ganador de este proyecto de ley. Durante todo el
debate habíamos conseguido interponer una separación entre las
competencias y los objetivos, pero consideramos que esto, que es una
aportación del Ministerio de Economía y Hacienda al primer borrador
de la ley antes de llegar a esta Cámara, de nuevo ha sido letra por
letra, línea por línea, voto particular por voto particular,
totalmente contemplado por la ley.
Difícilmente podremos entender que estén esos aspectos básicos que
esta ley de cooperación debería tener, que hablaban de claridad y
mayor orientación hacia los objetivos principales de la cooperación,
de la unidad de la dirección política y de la coordinación y el
desarrollo legal de los instrumentos y órganos. Definitivamente no ha
podido ser en esta ley. Esta ley, como decimos, no respeta ni
contiene la mayor parte de las recomendaciones que han ido
proponiendo las instituciones nacionales e internacionales. El
calificativo más generoso que se le puede dar es de absolutamente
decepcionante, que se trata de un fraude social. El peso de los
aspectos positivos de este proyecto queda plenamente desdibujado por
la magnitud de sus despropósitos, tratándose de elevar a rango de ley
un modelo considerado como inadecuado e ineficaz, además de
absolutamente disparatado.
Con esta ley vamos a dar un paso atrás, vamos a diluir la esperanza
que había en amplias capas sociales de que por fin nuestra
cooperación podría ser equiparable a la cooperación que esos
organismos internacionales, que esa sociedad española, que esos
agentes sociales habían estado deseando durante tanto tiempo. Es,
como hemos dicho en este discurso, un fraude social.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Navas.
El señor Fuentes tiene la palabra, en nombre del Grupo Socialista.
El señor FUENTES GALLARDO: Gracias, señor presidente.
Hace unas semanas, tras largas y difíciles negociaciones, aprobamos
en esta Cámara por una amplia mayoría la ley de cooperación. La
mayoría de los grupos políticos, las ONG y la Plataforma del 0,7
manifestamos nuestra satisfacción por el amplio acuerdo que habíamos
conseguido.
El Grupo Socialista expresó entonces que lo consideraba como un
acuerdo de mínimos, que había aspectos importantes de la ley que no
nos satisfacían y que esperábamos que se mejoraran en el Senado.
También mostrábamos un cierto temor, y ahí están las hemerotecas para
demostrarlo, ante el hecho de que en el Senado se introdujesen
cambios que rompiesen el acuerdo que habíamos conseguido en el
Congreso. Desgraciadamente, nuestros temores se confirmaron.
En primer lugar, planteábamos que había que mejorar el tratamiento al
Consejo de Cooperación, dándole la característica de un órgano
asesor, no sólo de participación, pero no ha sido posible incorporar
este papel en las enmiendas del Senado. También planteábamos la
introducción de la cláusula democrática, lo que significaba que el
Gobierno de la nación en un momento determinado podía suspender la
cooperación con un país ahí donde se estuviesen produciendo flagrantes
ataques a los derechos humanos, flagrantes incumplimientos
a las recomendaciones de la OIT, y hago referencia a que recientemente
en este Congreso ha estado un grupo de niños integrantes de una
marcha internacional contra la explotación laboral de los niños. Una
forma de llevar a la práctica eso que expresamos en el encuentro con
estos niños era haber introducido en la ley esta cláusula
democrática, lo que desgraciadamente no ha sido posible.
Se ha suprimido también en el Senado una de las funciones que tenía
el Consejo interterritorial, pero en nuestra opinión lo más grave es
lo que ha sucedido en el artículo 17, que está relacionado con la
dirección política de la cooperación. Ustedes han roto el acuerdo que
establecimos en el Congreso de los Diputados en uno de los temas más
importantes de la ley. No ha sido una ruptura de un acuerdo de un
tema baladí o de poca importancia, han roto el acuerdo en una de las
claves que hicieron posible el consenso en este Congreso. Y ¿qué es
lo que ha sucedido para romper ese acuerdo? Que ante las dudas que
suscitaba el artículo 17 tal como salió del Congreso, nosotros
planteamos una enmienda transaccional que decía: El ministro de
Asuntos Exteriores, como responsable de la ejecución de la política
exterior del Estado, es también el responsable en el Gobierno de la
política de cooperación internacional. Con esa enmienda estaban de
acuerdo el señor Recoder y el señor Izquierdo, siguiendo el buen
ambiente que
había habido en el Congreso para acordar temas fundamentales de esta
ley. ¿Por qué eso no se llevó a efecto? Somos testigos muchos
portavoces que estamos aquí de que fue simplemente porque intervino
el señor ministro de Economía y Hacienda. Por eso no se pudo llevar
adelante esa enmienda transaccional que superaba algunas dificultades
del artículo 17.
Sin embargo, esta cuestión ya no sólo afecta al artículo 17, sino que
el empecinamiento del ministro de Economía siembra muchas dudas sobre
cuál será su actitud en el tratamiento del artículo 28 que hace
referencia al FAD. En ese sentido estamos en condiciones de anunciar
que tomaremos iniciativas para que, respetando los principios y
objetivos de esta ley de cooperación, existan otras medidas que no
entren dentro del campo de la ayuda y de la cooperación internacional
para el desarrollo, pero que sirvan a la internacionalización de
nuestras empresas.
Señorías del Partido Popular, ustedes han roto el a cuerdo que hicimos
en el Congreso, no han cumplido su compromiso. La dirección de la
política de cooperación no está ya sólo en el Ministerio de Asuntos
Exteriores, que fue lo que acordamos aquí los grupos políticos y lo
que apoyaron las ONG y la Plataforma del 0,7.
Por coherencia con lo que acordamos aquí, señores del Grupo Popular,
yo les pido que apoyen la vuelta al texto del Congreso. Si no es así,
ustedes habrán faltado a sus acuerdos, ustedes habrán roto el
consenso y ustedes habrán conseguido que una ley que era de todos sea
sólo una ley de una parte de esta Cámara porque los socialistas no la
apoyaremos.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fuentes.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Izquierdo.
El señor IZQUIERDO JUÁREZ: Gracias, señor presidente.
Algunos portavoces han recordado las vicisitudes de esta ley de
cooperación. El Grupo Parlamentario Popular también ha pedido durante
catorce años, de modo insistente, que España tuviera una ley de
cooperación para el desarrollo. Yo recuerdo que fue en 1981 cuando un
diputado, que estaba en el centro político y también sentado en el
centro de esta Cámara, solicitó por primera vez al Gobierno de
entonces una ley de cooperación.
Hemos tenido a gobiernos con mayorías muy amplias y muy importantes
en los últimos trece o catorce años, y ha habido una incapacidad para
presentar una ley de cooperación, incluso, señorías, cuando en
España, con motivo de la primera crisis de los Grandes Lagos, en
1994, que conmovió a la opinión pública española, alguien se planteó
en esta Cámara también volver a recordar al Gobierno anterior que
debería traer una ley de cooperación para el desarrollo, y fueron
incapaces de presentarla.
Permítanme, señorías, que les lea una frase sacada del informe sobre
desarrollo humano del PNUD en 1997, que, como saben SS.SS., está
destinado al desarrollo y a la pobreza. Dice el PNUD: La política, no
sólo la economía, determina lo que hacemos o no hacemos para enfrentar
el problema de la pobreza humana, y lo que faltan no son los
recursos ni las soluciones económicas, sino el impulso político para
enfrentar directamente a la pobreza. Mucho se sabe acerca de lo que
se necesita para erradicar la pobreza: el crecimiento orientado al
empleo, la redistribución de las tierras, la inversión en servicios
sociales básicos, la promoción del sector no estructural y políticas
marcoeconómicas racionales, pero se ha prestado escasa atención a la
manera de garantizar que se adopten esas medidas. ¿Cómo puede crearse
una atmósfera propicia para que la política estatal, las fuerzas del
mercado, el activismo de la sociedad civil y la movilización de la
comunidad contribuyan a la erradicación de la pobreza? Pregunta esto
el PNUD, que ahora también nos dice, a finales de siglo, que la lucha
contra la pobreza en el siglo XXI dependerá de las decisiones
políticas que hoy tomemos.
Esta ley de cooperación, señorías, es una decisión política firme,
que ha tomado este Gobierno. Mientras que otros han tardado años en
darle las vueltas a esta cuestión, catorce meses tardó este Gobierno
en preparar un proyecto de ley, cuya tramitación ha durado once
meses. Algunos han manifestado aquí que, de haber tenido mayorías
distintas, este Gobierno no hubiera hecho este proyecto de ley. Este
proyecto de ley, señorías, es el de este Gobierno porque lo ha
impulsado, y es el de esta Cámara porque lo ha apoyado. La actitud de
nuestro Gobierno siempre ha sido ésa, la del diálogo social, como
opción política que se inauguró en 1996, pero que es muy distinta a
las decisiones y opciones políticas que ha habido en este país en el
p asado.
Es una ley que viene acompañada, señorías, de otras muchas cuestiones
que ha hecho este Gobierno y esta Cámara, como la prohibición de las
minas antipersonas, la trasparencia en el comercio de armas, la
reconversión de la deuda externa en proyectos y servicios de
desarrollo, el incremento de subvenciones a organizaciones no
gubernamentales, etcétera.
Es una decisión política que pone a España, ante el siglo XXI, a la
vanguardia de los países de nuestro entorno, sin lugar a dudas y, por
tanto, las descalificaciones generales sobre un proyecto de ley que
tiene un gran consenso social y un gran consenso parlamentario sólo
pueden nacer desde el desconocimiento del proyecto de ley, de no
entender lo que dice este proyecto de ley, lo que dice esta ley que
hoy vamos a aprobar y lo que decía el texto que el Gobierno en su
origen mandó a la Cámara.
Se trata de un proyecto de ley que incorpora el derecho al desarrollo
como un derecho de la persona -primera legislación internacional-, un
proyecto de ley que armoniza el desarrollo social y humano con el
desarrollo económico, un proyecto de ley que defiende y pone como
principal motivo y condicionalidad de la cooperación española la
defensa de los derechos humanos y las libertades. ¿Cómo se puede
decir que la cláusula democrática no está en este proyecto de ley?
Está en el proyecto de ley y decir lo contrario es un recurso a la
galería y además -permítanme, señorías, que lo diga- denota un
profundo desconocimiento del proyecto de ley que hoy aprobamos.
Este proyecto de ley da respuesta, señorías, a las grandes cuestiones
de la cooperación, a los grandes retos de la cooperación española de
cara al próximo siglo, como es el de la coherencia. Es maniqueo, es
injusto, es injustificado decir que es la ley de Economía o que es la
ley de Exteriores. Es la ley de la coherencia, es la ley que
determinará que la proyección exterior de las políticas de España,
las de la Administración del Estado y también las de las comunidades
autónomas y el resto de administraciones públicas, tendrán que estar
informadas por el principio de coherencia.
El señor PRESIDENTE: Señor Izquierdo, ha de ir concluyendo.
El señor IZQUIERDO JUÁREZ: Voy terminando, señor presidente.
Por tanto, no se puede decir que sea una ley de uno o una ley de
otro. Es la ley que consagra un principio extraordinariamente
positivo, que es el principio de la corresponsabilidad. Pasamos de la
ayuda -incluso teníamos una comisión parlamentaria que se llamaba de
ayuda al desarrollo- a la cooperación eficaz. España estará en el
mundo en la vanguardia, en la defensa de los derechos humanos y las
libertades, pero también estará influyendo en los gobiernos de los
países pobres para que converjan hacia el desarrollo humano y hacia
el desarrollo social.
El Grupo Parlamentario Popular agradece la posición intensa, adecuada
y positiva del conjunto de los grupos parlamentarios. No compartimos
que en estos momentos, por cuestiones que no tienen importancia, se
pretenda mandar el mensaje de que no es una ley de consenso. Es una
ley de un gran consenso social y de un gran consenso parlamentario y,
además, a su aplicación futura nos remitiremos. La ley tuvo una
votación prácticamente unánime en el trámite del Congreso y hoy
simplemente vamos a decidir qué es lo que ha hecho el Senado en esta
ley. Por tanto, no se puede decir en estos momentos que nos vayamos
de la posición de unanimidad que la ha mantenido.
El Grupo Parlamentario Popular presentó -termino, señor presidente, y
gracias por su benevolencia- dos enmiendas en el Senado, y eran
enmiendas técnicas, formales, que lo único que pretendían era concretar
determinados aspectos que quedaban, en nuestra opinión,
extremadamente ambiguos y de difícil aplicación. Una de ellas era el
famoso reglamento de los también famosos créditos FAD. En aras del
consenso nuestro
grupo parlamentario retiró esa enmienda. La otra era al artículo 17.
¿De qué estamos hablando, señorías? La facultad jurídica de la
dirección de ésta y de otras políticas en el ámbito de las
competencias del Gobierno (que no todas, porque vivimos en un país
que tiene una organización territorial descentralizada, en el que el
gasto está descentralizado, en el que existen comunidades autónomas y
entidades locales y provincias, que no es un país unitario, es un
país desconcentrado, descentralizado, es el modelo que queremos, es
el modelo que apoyamos) le corresponde al Gobierno, no le puede
corresponder a otro, y a los distintos ministerios les corresponde la
facultad de la ejecución de las políticas, esa es su responsabilidad,
como también lo es la de la coordinación de otras políticas. Por
tanto, la excusa para romper el consenso es muy pequeña y viene
probablemente determinada por estrategias de propaganda ajenas a esta
Cámara.
Termino, señor presidente, diciendo que España se pone, como decía el
PNUD, decididamente frente a la pobreza. Faltaba impulso político
para consolidar en España las políticas de cooperación para el
desarrollo, para consolidar la solidaridad, y esto es lo que hacemos
desde el impulso de este Gobierno y con el apoyo que esperamos de sus
señorías.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Izquierdo.
Como anunciamos, no se va a proceder a la votación de ninguno de
estos proyectos hasta el final del bloque. En concuencia, continuamos
con el debate de las enmiendas del Senado.
- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN LEGAL DE LAS TASAS
ESTATALES Y LOCALES Y DE REORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES
PATRIMONIALES DE CARÁCTER PÚBLICO (Número de expediente 121/000089).
El señor PRESIDENTE: Proyecto de ley de modificación del régimen
legal de las tasas estatales y locales y de reordenación de las
prestaciones patrimoniales de carácter público. ¿Grupos que desean
intervenir sobre las enmiendas del Senado? (Pausa.) Por el Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente.
Señorías, desde nuestro punto de vista, las enmiendas del Senado al
proyecto de ley de modificación del régimen legal de las tasas
estatales y locales que hoy discutimos en su último trámite mantienen
la filosofía inicial de dicho proyecto, que consiste en cargar a cada
ciudadano con el coste de los servicios que presta la
Administración. Por lo tanto, incide en la nueva concepción tributaria:
al ciudadano se le dice que se le rebajan los impuestos,
pero lo que en realidad se hace es utilizar otras vías de recaudación
más injustas porque ciudadanos con muy distinto poder adquisitivo van
a pagar lo mismo por algunos servicios.
En el caso de las haciendas locales, lo que hace el proyecto de ley
es cambiar la consideración de los precios públicos para que pasen a
ser considerados como tasas. Muchos de los supuestos de utilización
privativa o aprovechamiento del dominio público de prestación de esos
servicios o realización de actividades competencia de los
ayuntamientos, susceptibles de ser gravados con tasas, son de difícil
aplicación en numerosísimos casos por la imposibilidad de ser
asumidos socialmente y son, además, de dudosa rentabilidad para las
arcas municipales, en el caso de ser aplicados, por los gastos
burocráticos que originaría su recaudación. Es por lo que en muchos
ayuntamientos este tipo de extracción impositiva fue eliminada en la
práctica en tiempos anteriores.
El proyecto de ley insiste en introducir figuras impositivas que no
se ajustan a las distintas realidades del Estado; por ejemplo, cuando
se propone modificar las tasas por inscripción y acreditación
catastral en lo referido a las certificaciones catastrales
descriptivas y gráficas, que son obligatorias para poder realizar la
inscripción en el Registro de la Propiedad, referidas únicamente a
una unidad urbana, a una parcela rústica, la cuantía será de 2.000
pesetas por cada documento expedido y 5.000 pesetas si los datos que
incorporan tienen una antigüedad superior a los cinco años, lo que en
los casos de propiedad fragmentada, como ustedes comprenderán, eleva
su coste considerablemente.
Nosotros no compartimos la filosofía recaudatoria que traza el
proyecto de ley porque nos retrotrae a modelos antiguos y regresivos,
y por eso expresamos nuestra opinión contraria a este modelo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vázquez. ¿Otros grupos
parlamentarios que deseen fijar su posición? (Pausa.) Señor Ríos, por
el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. ¿Quiere utilizar
la tribuna? ¿No quiere utilizar tan glorioso escaño? Adelante.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías, la verdad es que
en este trámite estamos analizando o discutiendo las enmiendas que el
Senado ha introducido al texto que aprobamos en el Congreso. Voy a
intentar situar la posición de Izquierda Unida, indicando, en primer
lugar, que es contraria a dos de las enmiendas que en el Senado se
han presentado porque no benefician, porque perjudican el texto que
de aquí salió. En segundo lugar, la posición de Izquierda Unida es
favorable a algunas de las enmiendas que en el Senado se han
introducido, porque modifican en un
sentido positivo, o por lo menos similar al que nosotros defendimos
en su momento, el texto que aprobamos en el Congreso. En tercer
lugar, las enmiendas, que lógicamente son resultado de un trabajo tan
profundo, tan sesudo que se hace en el Senado, se introducen
precisando todas esas determinaciones, ordenaciones de textos,
congruencias, que siempre vienen bien en ese trabajo de relectura que
se realiza en dicha Cámara.
Me van a permitir SS.SS. que diga que la primera reflexión para
nosotros es que el Senado no ha corregido los grandes defectos de
esta ley, que tenemos que reconocer que tiene una gran ventaja, y es
que de una vez pone orden a toda esa suma de tasas, las concentra en
una sola ley y facilita su seguimiento, pero no ha corregido lo que
nosotros consideramos una desviación en la orientación del papel que
la tasa debe de tener. Para nosotros, el peor artículo es el 19
(porque estamos modificando la Ley General Tributaria) de la Ley
General Tributaria, que introduce un criterio que nosotros no
compartimos, y es el abuso de la tasa como fórmula para hacer frente,
primero, a la inversión que corresponde al Estado cuando se prestan
servicios universales; segundo, a la prestación de servicios que los
ciudadanos reciben -que va desde hacerse un carné de identidad hasta
presentarse a una oposición u otra serie de servicios- sin tener en
cuenta la capacidad económica del ciudadano que la percibe. La tasa
tiene un concepto general, es una figura de pago del servicio
público, con independencia de la extracción económica, capacidad o
realidad social. Si se pusiese para servicios que no son de amplio
espectro, no tendríamos ningún problema, si el señor que quiere
montar a caballo tiene un servicio de cuidado de caballos, me parece
muy bien que lo pague; si un señor quiere tener un b arco y tiene un
punto de amarre en un puerto deportivo, me parece muy bien que lo
pague. Pero es que precisamente el coste de ese servicio específico l
o pagan los perceptores y empieza a ser barato, mientras que otros
servicios más universalizados, más generalizados, cuestan mucho más y
la tasa empieza a ser más complicada porque es mucho más cara. A
nosotros nos hubiese gustado un criterio en donde el costo de todos
los servicios se hubiese metido en un gran saco, se hubiese
distribuido entre los perceptores y hubiéramos podido introducir
criterios de progresividad, y se puede hacer porque en la vida
municipal se hace. En la vida municipal se introducen tasas o precios
públicos para el agua u otros servicios de manera diferente para el
c entro de la ciudad que en los barrios de la periferia o que en las
zonas rurales. Por tanto, se puede hacer el esfuerzo si se quiere.
Yendo al fondo de las cosas, las enmiendas que nosotros no
consideramos positivas son la introducción de dos disposiciones
adicionales, la sexta y la séptima, que bajo nuestro punto de vista
vienen a añadir criterios complicados. En la primera, se reduce a
cuatro años todas las prescripciones en el funcionamiento tributario
general, también para la tasa se introduce la prescripción en cuatro
años, pero sobre todo se elimina una regulación específica de
prescripción en materia de sucesiones que ahora existe y que nosotros
consideramos que es correcto que se mantenga. No sabemos por qué hay
que eliminar eso.
Hemos seguido el texto refundido que publica el Aranzadi y es
idéntico al que ahora se presenta, salvo que se hace una referencia a
los bonos de caja de los bancos industriales y de negocios. Para
nosotros esta enmienda es un anacronismo, es una vuelta atrás, es una
sinrazón. En todo caso, no sabemos por qué hay que reducir la
información tributaria sobre los títulos de estas entidades, de los
bancos de negocios o bancos industriales, no sabemos por qué, pero si
es para beneficiar a estos señores, nosotros no estamos de acuerdo,
no compartimos ese criterio porque estamos hablando de bancos
industriales. Los beneficios que están liquidando estos años vienen a
ser de un 35 por 100, hablan siempre de miles de millones de
beneficios, y luego le queremos cobrar una tasa de mil y pico pesetas
a un señor que quiere hacerse el carné de identidad, que además es
una obligación que tiene. Pues no entiendo nada, no entiendo por qué
bajamos las tasas a los bancos y al ciudadano que tiene que hacerse
el carnet de identidad, que es una obligación, sin el cual le pueden
detener en cualquier momento, resulta que le cobramos mil y pico
pesetas. No entendemos esa relación entre las tasas.
Sin embargo, compartimos la modificación que se ha hecho en algunas
enmiendas del Senado, por ejemplo, la que se hace del artículo 10,
que precisa la redacción que venía del Congreso. Hay un tema
importante y es todo el título III y la supresión de los artículos 12
a 19. Después vamos a discutir las enmiendas al proyecto de ley del
servicio postal y quiero recordar que había una duplicidad. Nosotros
en el Congreso presentamos esta enmienda. Dijimos: suprímase, ¿para
qué regular la misma tasa dos veces? Y nos dijeron: no, y mantuvieron
el texto. Ahora ha llegado al Senado y lo han corregido. Bienvenido
sea, nunca es tarde si la dicha es buena. Hemos evitado una
duplicidad; además, como la va a gestionar un organismo autónomo,
creemos que es positivo.
Vamos a votar a favor de la enmienda al artículo 74, en el apartado
d), porque asegura el cobro de la tasa en los pasos de carruaje,
aunque no sabemos el volumen que supondrá. Vamos a votar a favor de
la enmienda al artículo 41.2 y vamos a votar a favor de la enmienda
al artículo 74.5, que viene a evitar que se abra una puerta a la
utilización por los entes locales de lo que son precios privados en
determinados servicios.
En suma, señor presidente -y con esto termino mi intervención-, vamos
a votar a favor de las enmiendas que vienen del Senado que suponen
una mejora, sabiendo que los problemas que plantea esta ley -la
mayor-, que no la compartimos, no están solventados en las enmiendas
del Senado.
Hay otra serie de enmiendas que hacen aportaciones por su corrección.
En el tema aeroportuario, se hacen algunas precisiones en las tasas.
Ponen una tasa, por ejemplo, de 202 pesetas. Eso está muy bien
medido, se ve que han hecho números; ahora, cuando venga el euro, las
dos pesetas no sé cómo van a quedar en porcentaje de céntimos. En
todo caso, esas enmiendas que son de poca precisión no las vamos a
votar ni a favor ni en contra, nos abstendremos.
La ley no soluciona lo básico, aunque mejora algunas precisiones y,
en ese sentido, respaldaremos la modificación.
El señor PRESIDENTE: Señor Ríos, ha de concluir.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: He concluido, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Excelente, señor Ríos. Muchas gracias.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Pozuelo. (Pausa.)
Muchas gracias, señora Pozuelo, por intervenir desde el escaño.
La señora POZUELO MEÑO: Gracias, señor presidente.
Señor presidente, señorías, con este trámite de enmiendas quedará
aprobado definitivamente este proyecto de ley de modificación de
tasas locales y estatales y de prestaciones patrimoniales de carácter
público.
Consideramos que las enmiendas que se han introducido en el Senado no
resuelven los principales problemas que tenía el proyecto de ley que
remitió el Gobierno. Este proyecto de ley, cuyo objetivo fundamental,
su razón de ser básica, era dar cumplimiento a la sentencia del
Tribunal Constitucional que invalidó dos apartados del artículo 24
del anterior proyecto de ley, va a ser aprobado sin dar solución
definitiva a las exigencias de esa sentencia, que establece, de
manera taxativa, que las tasas deben aprobarse por ley. Y leo
textualmente: conforme a los criterios o límites señalados por la ley
que sean idóneos para impedir que la actuación discrecional de la
Administración en la apreciación de los factores técnicos se
transforme en actuación libre o no sometida a límite.
El texto que hoy aprobamos no cumple ninguna de estas exigencias
cuando señala que el establecimiento de las tasas, así como la
regulación de los elementos esenciales de cada una de ellas, se hará
con arreglo a la ley en lugar de aprobarse por ley. Además, a la hora
de definir los criterios y contenidos de las tasas, no establece
límites a las mismas, dejando abierta totalmente la capacidad de
actuación discrecional del Ejecutivo; discrecionalidad que resulta
contraria al respeto del principio de legalidad tributaria, todo lo
contrario, señorías, de la voluntad del Tribunal Constitucional. Pero
hay más, la ley nace con una preocupante inseguridad jurídica debido
a la existencia de otros dos recursos
de inconstitucionalidad sobre los que el Tribunal aún no se ha
pronunciado.
El primer recurso es sobre las tasas y precios públicos de carácter
local. En este sentido, la Federación Española de Municipios y
Provincias solicitó reiteradamente al Gobierno que no se incluyeran
en este proyecto de ley las modificaciones que afectaban a la Ley de
Haciendas Locales hasta tanto no dictaminara el Tribunal. El Gobierno
no recogió esta petición y aprobó un proyecto de ley en el que,
además, se ignoraban absolutamente los acuerdos a que habían llegado
la comisión técnica Ministerio de Hacienda-Federación Española de
Municipios y Provincias sobre las reformas del articulado de la Ley
de Haciendas Locales, finalmente solventado en parte por el conjunto
de enmiendas idénticas presentadas en Comisión por el Grupo Popular y
por Convergència i Unió, en un esfuerzo de identidad asociativa
inigualable.
El segundo recurso es el que hay interpuesto sobre la Ley Orgánica 3/
1996, de 27 de diciembre, que modificó parcialmente la Ley Orgánica
de Financiación de las Comunidades Autónomas. En el nuevo articulado
de la ley se estableció un nuevo concepto de tasas en el ámbito de
las comunidades autónomas, concepto que adapta este proyecto de ley
que hoy vamos a aprobar. El recurso de inconstitucionalidad se
presentó por considerar que se vulneraban los principios de unidad
y autonomía financiera de las comunidades autónomas y de coordinación
con la Hacienda del Estado, un ejemplo más, sin duda, de las
indeseables consecuencias de un modelo de financiación para
comunidades autónomas que se acordó en septiembre de 1996.
Lo que acabo de exponer, señorías, no es un buen comienzo para esta
ley, sobre todo teniendo en cuenta que esta ley de tasas y precios
públicos tiene una repercusión inmediata y onerosa para los
ciudadanos, que deja a discreción de los departamentos ministeriales
las subidas periódicas de las mismas, sin tramitación parlamentaria,
a merced de un Gobierno cuyo criterio s obre fiscalidad se traduce en
reducir el impuesto directo y progresivo, el IRPF, a las rentas más
altas y aumentar los indirectos, como los que contiene esta ley,
igualando -aquí sí- a todos los ciudadanos, con perjuicio evidente
para las rentas más bajas.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pozuelo.
Finalmente, en lo que a este proyecto de ley se refiere y por el
Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Rafael Cámara
Rodríguez-Valenzuela.
El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Muchas gracias, señor presidente.
Cerramos hoy, en esta sesión, tras el pronunciamiento del Senado, el
cometido que encargara a esta Cámara el Tribunal Constitucional a
través de la sentencia 185/1995, que manifestaba la necesidad de
reconsiderar por parte
del legislador el concepto de tasas y el concepto de p recio público
tal y como aparecía en la Ley de 1989. Posteriormente, en la Ley
orgánica 3/1989, se redefinió la tasa en los términos en los que se
manifestaba el Tribunal Constitucional, para adecuarlo a la realidad
autonómica. En este trámite de hoy cerramos el ciclo con una
modificación de la Ley General Tributaria, de la Ley de Tasas y
Precios Públicos y de la Ley de Haciendas Locales, por cuanto queda
afectado definitivamente el artículo 86 de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, y simplemente se trata de adecuarla a esta
sentencia del Tribunal Constitucional.
El trámite que siguió el proyecto de ley en Comisión a nuestro grupo
le parece que fue sosegado, que permitió a los grupos acercar
posiciones de forma muy evidente y que quizá se compadezca poco con
algunas de las manifestaciones hechas hoy por la señora Pozuelo.
Considero, señora Pozuelo, que se produjo un debate bastante más
sosegado de lo que se puede deducir de sus palabras de esta mañana,
que creo que están más relacionadas con algún debate sobre otra norma
fiscal que sobre el que tuvo lugar en Comisión. Pero, insisto, la
apreciación de nuestro grupo es que en aquella Comisión hubo un
acercamiento importante de posiciones al que su grupo contribuyó de
forma importante. Por ejemplo, algunas de las enmiendas que se
introdujeron en el trámite de Comisión permitían sistematizar
correctamente el proyecto de ley, por cuanto, además, de forma
providencial, una de sus enmiendas permitía sistematizar
correctamente el proyecto y eliminar del texto las referencias a las
tasas de telecomunicaciones puesto que recientemente se había aprobado
la Ley de Telecomunicaciones. Lo mismo ocurre, como ha recordado el
señor Ríos, con una enmienda relacionada -como se verá a lo largo de
la mañana- con el proyecto de ley del servicio postal universal,
donde, como consecuencia de la aprobación de la misma, habrá que
reubicar las tasas que aparecen en esta ley de tasas, y por eso vamos
a votar favorablemente la supresión de los artículos 12 a 19 del
proyecto de ley.
También hubo importantes aportaciones, durante este sosegado trámite
de Comisión que se produjo en el Congreso de los Diputados, por parte
del Partido Nacionalista Vasco, que sirvieron para dotar de mayor
seguridad jurídica al texto, acreditando, según nuestra opinión, una
alta dosis de sensibilidad en lo que significa quizá el mayor de los
problemas que puede existir con las tasas, que es el conocimiento
puntual de qué tasas están en vigor y qué tasas no lo están, y a eso
contribuyó de forma muy importante la enmienda número 7, del Grupo
Nacionalista Vasco. También contribuyó de forma importante la
enmienda 75, de Convergència i Unió, a la que ha hecho también
referencia la señora Pozuelo, que coincidía plenamente con una nuestra.
Esta coincidencia lo único que pone de manifiesto es nuestro apoyo a
las reflexiones que había hecho la Federación Española de Municipios,
que consideraba que era necesario modificar el artículo 86 en
los términos que lo hizo, y el Grupo Popular y el Grupo de
Convergència i Unió no hicieron ni más ni menos que hacer suyas las
reflexiones de la Federación Española de Municipios y Provincias,
trasladarlo a esta Cámara e introducir las correcciones que a la
Federación le parecían importantes en el proyecto de ley, en contra
de las apreciaciones que hizo S.S. referentes a que, poco más o
menos, la Federación no quería que se reformara la Ley de Tasas,
cuando es todo lo contrario, señora Pozuelo; y prueba de ello es que
tuvimos que incorporar nuestra enmienda al artículo 86, que yo en
Comisión, en alguna ocasión, llegué a calificar como la enmienda de
la FEMP, porque en definitiva era una enmienda cuya paternidad era
exclusivamente de la Federación Española de Municipios y Provincias.
Este fue el trámite en Comisión, donde desde luego la serenidad del
debate propició la mejora indudable del texto, como creemos que
propicia también la mejora del texto de forma notable el trámite
seguido en el Senado. Se introducen modificaciones de las de segunda
lectura, obviamente, a las que hacía referencia el señor Ríos, pero
esa es una de las virtualidades importantes del Senado, el que se
produzca una segunda lectura del texto que permita aprobar los
proyectos no de forma atropellada, como pudiera ocurrir en ocasiones,
sino con mayor reflexión.
Con respecto a lo que decía el señor Ríos de que no le parecía que
quedara solventado en el proyecto de ley, yo le he de recordar, señor
Ríos, que hay un instituto de Derecho tributario muy antiguo, que
data del siglo pasado -quizá lo recuerda usted-, que son las cédulas
personales por categorías. Aquellas cédulas personales por categorías
del siglo XIX trataban justamente de lo que S.S. pretende en esta
ocasión, que es diferenciar por categorías de renta quién paga más o
quién paga menos en relación con los servicios que le p resta la
Administración. Señor Ríos, las enmiendas del Grupo de Izquierda
Unida son absolutamente congruentes con este principio que usted ha
esgrimido no sólo hoy en el Pleno, sino en la Comisión. Ciertamente,
usted, en dúplica, ha vuelto a manifestar su intención de que las
tasas se regulen y se paguen en relación directa con la capacidad
contributiva de los contribuyentes. Este no es el concepto que nos
trasladó, ni muchísimo menos, el Tribunal Constitucional, concepto
con el que no estamos de acuerdo precisamente porque, en contra de la
apreciación de S.S., nos parece que el anacronismo se produce como
consecuencia de querer introducir de nuevo en el régimen fiscal
español estas cédulas personales por categorías, con las que no
estamos de acuerdo.
Por otro lado, también se introduce alguna enmienda de cierto calado
técnico -a la que voy a hacer referencia brevemente-, como es la
supresión del apartado 5 del artículo 20 de la Ley de Haciendas
Locales, porque en este apartado se disponía que los preceptos
referidos a tasas no serían aplicables en las contraprestaciones por
los servicios que realicen los entes y organismos
públicos que actúen según normas de Derecho privado. De esta
reducción podría entenderse que quedaban fuera del concepto de tasas
determinadas prestaciones patrimoniales de carácter público, y
nuestro grupo consideró que esto debía quedar claro en el proyecto de
ley, y por eso se introdujo la enmienda 39, que coincide plenamente
con la enmienda de su grupo número 14, señora Pozuelo, por lo que
esperamos el voto a favor de al menos esta enmienda.
También se introduce una nueva disposición adicional que modifica el
artículo 15.7 de la Ley de acompañamiento de este año en curso,
referido a la tasa de a proximación de aeronaves. Por un lado,
introduce una fórmula global que permite el devengo de la tarifa en
aquellos supuestos en que entren en funcionamiento nuevos
aeropuertos. Esta es una exigencia del acuerdo multilateral de 12 de
febrero de 1981, y ahí es donde verdaderamente ha sido importante el
esfuerzo de sistematización que ha hecho el Senado, incorporando una
norma, a través de esta nueva disposición adicional, que había
quedado relegada y que debía de incorporarse a la Ley de Tasas.
Como pueden ver, señorías, las enmiendas del Senado aportan aspectos
no contemplados ni por el proyecto ni en Comisión, sobre todo ordenan
el panorama normativo en lo referente a las tasas, y ponen algunas
tasas en relación con la normativa que interviene en las actividades
que traen como consecuencia la necesidad de la exacción para
financiar el servicio público, que trae causa de la tasa que aparece
en este proyecto de ley. Por todo ello, nuestro grupo votará a favor
de todas las enmiendas que vienen del Senado.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cámara.
- PROYECTO DE LEY DEL SERVICIO POSTAL UNIVERSAL Y DE LIBERALIZACIÓN
DE LOS SERVICIOS POSTALES (Número de expediente 121/000092).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de las enmiendas del Senado al
proyecto de ley del servicio postal universal y de liberalización de
los servicios postales. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa
.) Tiene la palabra el señor Rodríguez Sánchez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor p residente.
El Bloque Nacionalista Galego considera que el trámite parlamentario
que se llevó a cabo en el Senado mejora el texto del proyecto de ley
postal en aspectos relativos al servicio postal universal, a su
financiación y a la participación social en su control, sin duda
gracias a la presión y negociación que llevaron a cabo los sindicatos
.
Para el Bloque Nacionalista Galego son de especial interés -y votará,
por tanto, afirmativamente- las enmiendas aprobadas en el Senado que
se refieren al artículo 15.5, que pasa a ser 15.6, una modificación
que elimina las consideraciones de política territorial. Al eliminar
las posibilidades de que el Gobierno pueda actuar por real decreto
para modificar la delimitación de servicio público universal, se
garantiza que determinadas zonas territoriales del Estado español
queden menos desconsideradas de este servicio público. En segundo
lugar, la referida al artículo 16.3.a), que elimina la discriminación
por razones geográficas y que hace que ya nadie pueda ser privado
fácilmente por lo menos de su derecho al servicio público universal.
El artículo 17.2, en la misma línea del anterior, elimina la mención
a las circunstancias especiales para la prestación de los servicios,
ajustándose tanto en este caso como en el anterior a la directiva
comunitaria. La enmienda referida al artículo 18.2, que anula la
posibilidad de que el Gobierno pueda reducir el servicio reservado y
la enmienda al artículo 20.2, que garantiza la financiación
quinquenal en base a un control parlamentario sobre la financiación
del servicio público universal a través de contrato-programa. La
referida al artículo 23.1, que garantiza la gestión de la red pública
Correos, marcando además los aspectos de servicio público universal y
libre concurrencia, lo cual hace que se pueda trabajar en los
sectores de mercado que tienen importante valor añadido por parte de
Correos. La referida al artículo 23.3, que deja claro que la
Administración cede bienes de la red pública a Correos, así como
aquellas enmiendas referidas a la transitoria primera, en concreto la
supresión de su parágrafo cuarto en cuanto a la especificación
favorable a las agencias colaboradoras en la transformación de
licencia para la prestación de los servicios postales. Por último, la
enmienda referida a la disposición final segunda, que habla de la
participación del consejo asesor postal en la elaboración del plan de
prestación del servicio postal universal.
Votaremos afirmativamente todas estas enmiendas porque consideramos
que, gracias a ellas, se mejora sensiblemente el texto en estas
cuestiones. De todas formas, he de decir que seguimos considerando
que existe algún peligro para el servicio postal universal y que es
una pena que no se quiera acceder a algún tipo de transferencia a las
comunidades autónomas que así lo deseasen por la vía del artículo
150.2 Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
Desde el inicio de la tramitación de este proyecto de ley los
diputados y diputadas de Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya
planteamos que este proyecto de
ley debía dar respuesta a tres retos: el primero era garantizar el
derecho de los ciudadanos a unas comunicaciones postales accesibles y
asequibles; el segundo, lograr un correo público eficaz y eficiente;
y, el tercero, que este proyecto de ley sirviera también para ordenar
el mercado equilibradamente entre operadores públicos y privados.
Pensamos que el proyecto inicial que el Gobierno planteó no daba
respuesta a estos tres retos. En este sentido presentamos nuestra
enmienda a la totalidad y nuestras enmiendas parciales. El texto
final que salió de esta Cámara mejoró pero no era satisfactorio, y
hoy, a la hora de posicionarnos y votar las enmiendas que ha
introducido el Senado, queremos decir que es un texto, a nuestro
entender, no satisfactorio aunque ha mejorado en aspectos
fundamentales relacionados con la negociación y el papel que los
sindicatos han tenido con el Gobierno. Por lo tanto, vamos a pedir
votación separada, diferenciando determinadas enmiendas - insisto,
producto de la movilización y de la negociación de los sindicatos
con el Gobierno- que votaremos a favor de otras que votaremos
negativamente.
De forma muy rápida, voy a detallar las enmiendas que, a nuestro
entender, mejoran el texto y que responden a tres grandes objetivos o
mejoras que se han producido en la ley, en primer lugar, en relación
a la extensión del servicio postal universal; en segundo lugar, a la
programación y financiación económica del servicio postal universal;
y, en tercer lugar, al papel más extenso que en estos momentos se
concede al consejo asesor postal.
Quiero destacar, como enmiendas concretas que votaremos
afirmativamente, las modificaciones que se han producido en el
artículo 10, en el que se amplía a t res meses el plazo de que dispone
la Administración para inscribir en el registro a los solicitantes de
autorizaciones generales y, por tanto, el plazo en que dichos
solicitantes no podrán operar sin tener el registro efectuado. El
artículo 15 y la disposición final segunda, para que en este proyecto
de ley se incluya la necesidad de informe previo para determinadas
cuestiones del consejo asesor postal. Los artículos 16.3.a) y 17,
donde se mejora la redacción que salió del Congreso en relación a la
entrega de envíos postales que se realizan dentro del servicio postal
universal y se homologa a la directiva europea. En el artículo 18
quiero destacar dos enmiendas, a nuestro juicio, importantes: una,
que sustituye la previsión que se hacía en el proyecto inicial a p
robado en el Congreso de que el Gobierno podría reducir la relación
de servicios prestados por el servicio postal universal. La palabra
reducir se ha modificado en el sentido de que el Gobierno revisará,
pero puede ser tanto reduciendo como aumentando. También es
importante la enmienda que se ha introducido en el apartado 1 del
artículo 18, donde se establece que la tarifa que van a tener que
abonar operadores distintos a los del servicio postal universal para
determinados servicios va a ser, al menos, cinco veces superior al
montante de la tarifa pública. En el artículo 20, que habla de la
planificación del servicio postal universal, creemos importante la
mejora que se ha hecho del texto, en el sentido de reconocer que se
van a suceder períodos quinquenales de planificación. En el artículo
23, pensamos que son importantes también las mejoras que hacen
referencia a la separación de la contabilidad en el ente público y,
en el tema de las infracciones, también nos parece acertado introducir
determinadas actuaciones que no estaban previstas en el proyecto de
ley que aprobamos en el Congreso.
Por último, quiero señalar que es satisfactorio para nosotros el
hecho de que en la disposición transitoria primera...
El señor PRESIDENTE: Señor Saura, le ruego que concluya, por favor.
El señor SAURA LAPORTA: Concluyo, señor presidente, con esta última
parte.
Decía que valoramos que en la disposición transitoria primera se haya
recogido un régimen transitorio de las tarifas de servicios de
telegramas, radiotelegramas, etcétera, en tanto en cuanto no se
apruebe el reglamento correspondiente en desarrollo de la Ley General
de Telecomunicaciones.
Por tanto, señor presidente, texto no satisfactorio, mejora en el
Senado y, lo que es más importante, la necesidad de que el Gobierno
cumpla algunas de las orientaciones de este proyecto de ley que
signifiquen que podamos tener en España un correo público eficiente
y eficaz.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saura. ¿Algún otro grupo desea
intervenir? (Pausa.) Ya sé que el Grupo Socialista y el Grupo Popular
me han entregado sus solicitudes de intervención con carácter previo.
Los grupos nacionalistas, en este caso, dan por supuestas sus
posiciones, fijadas en anteriores plenos.
En nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene de nuevo la
palabra el señor Ríos, don Pedro Antonio.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor p residente.
Analizamos el texto del proyecto que se presentó en la Cámara y las
dudas que teníamos. El otro día, el señor Rato, en el debate sobre el
IRPF, decía que las privatizaciones son fruto de todo el proceso
liberalizador al que el Gobierno está haciendo frente. Cuando
hablamos de liberalización, en seguida se une con privatización. Ese
riesgo que nosotros vemos en el seno del Gobierno es el que nosotros
seguimos viendo a la aplicación de esta ley. Lo vemos nosotros y lo
ve la gente que está dentro del organismo público. Por eso ha habido
movilizaciones, más amplias al principio y,
después, continuadas con otros agentes. Existe la duda de si la ley
pone freno a esa filosofía o si la ley regula el procedimiento de una
directiva. Nosotros no estábamos de acuerdo con la directiva, pero,
una vez que tenemos la directiva, preferimos que una ley regule todo
el proceso de liberalización y busque un marco de ahora al año 2003,
en el que tendrá que irse a una competencia entre distintos
organismos para que la realidad actual española tenga ese proceso.
Ese proceso necesita: uno, que el derecho al servicio postal
universal que tienen todos los españoles, vivan donde vivan y tengan
la creencia que tengan, se garantice; dos, que el operador público
que ahora mismo está prestando ese servicio pueda entrar en
competencia, previa modernización y capacitación, siendo necesario
una especie de servicio reservado y una financiación a través del
contrato-programa, para que pueda ponerse al día y ponga todas sus
infraestructuras, las que tiene, en disposición, y podamos también
tener abierto ese operador a la competencia, competencia en lo
privatizado. Nosotros no venimos a esta ley con una idea preconcebida.
Puesto que sin ley se ha privatizado el 40 por 100 de lo que
antes realizaba el operador público, con ley tiene por fuerza que ser
otro 40, otro 20 o un 10.
Las enmiendas del Senado. Este proyecto de ley ¿sustantivamente ha
cambiado? No, sustantivamente mantiene un artículo 15, donde se
regula el servicio postal universal; un artículo 18, donde se crea el
servicio reservado; y unos artículos en los que se busca la
financiación para ello, Sin embargo, el trámite del Congreso precisó,
adecuó, puso límites a la voluntad originaria del proyecto, y el
trámite del Senado ha caminado en ese sentido. Por eso hay una serie
de enmiendas que se han introducido en el Senado y que nosotros vamos
a votar favorablemente, pero hay otras que vamos a rechazar, porque
no consideramos que caminen en este sentido, sino en otro totalmente
contrario.
La enmienda al artículo 10, que era de procedimiento -el silencio
administrativo a la hora de solicitar, dándose tres meses; en el
proyecto se hablaba de uno-, me parece razonable, porque garantiza
que la Administración va a tener tiempo para revisar esa solicitud.
La enmienda al punto 3 de este artículo 10 también nos parece
razonable, puesto que ahora la Administración puede solicitar datos
complementarios a la empresa y antes no podía hacerse.
En el artículo 15 se hace una precisión en cuanto a los envíos,
añadiendo nacionales y trasnacionales. El artículo 15.2 acerca a la
directiva europea lo que aprobó el Congreso. También lo vamos a
apoyar.
No nos gusta cómo queda el artículo 15.5 anterior y 15.6 actual,
porque el Gobierno, por decreto, puede cambiar lo que esta ley
aprueba modificando los servicios postales universales. Hay que
reconocer que la enmienda del Senado lo que dice es que haya un
informe previo del consejo asesor. A nosotros nos gustaría que se
exigiera que fuera favorable el informe del consejo asesor. No se
especifica así, pero esta enmienda
no empeora lo que se decía en el Congreso; al revés, amplía las
garantías de participación a la hora de tomar la decisión. La vamos a
apoyar, por tanto.
Respecto a la enmienda al artículo 16, a la que hacía referencia el
portavoz del Bloque Nacionalista Galego, nosotros creemos que es
positivo que se retire la dificultad geográfica, mejora el texto y
garantiza, en el sentido de lo que veníamos diciendo, que el servicio
postal universal llegue a todos los españoles y esta limitación
geográfica no sea un elemento que entre en contradicción.
El artículo 18 tiene algunas enmiendas que a nosotros nos parece que
mejoran el texto o que por lo menos ponen en mejores condiciones la
competencia de la zona reservada. ¿Qué es lo que hace la enmienda del
Senado? Exige que, de la parte más rentable, de la categoría
normalizada más rápida, el urgente, si entra en el servicio
reservado, tenga que entrar en competencia, con cinco veces la
tarifa. Por tanto, está buscando una salvaguarda del operador
público, frente a la entrada de los elementos privados en esa parte
que ahora mismo pudiéramos tener reservada.
El artículo 18.2, que es otra ventana de la que el Gobierno se dota
para modificar los servicios reservados, no nos gusta, pero la
enmienda mejora, precisa - con las palabras que figuran en la
directiva- la posibilidad de esa modificación que puede hacer el
Gobierno, aunque no dice cómo. Lo que decía el texto del Gobierno era
que la relación de servicios reservados podrá ser reducida por el
Gobierno; ahora, el texto que viene del Senado dice que podrá ser
revisada por el Gobierno. Puede ser una corrección gramatical, pero
lo cierto es que recoge una previsión de la directiva y lo que se
dice es que el Gobierno la revisa: puede reducir, puede no reducir,
puede precisar los términos. Por tanto, nosotros lo vamos a apoyar.
También vamos a apoyar la enmienda al artículo 20.2, porque da
garantía de continuidad. Yo oía el otro día algunas quejas s obre esta
precisión de que el contrato-programa tenga períodos quinquenales
sucesivos, porque -se decía- parece que está garantizándose la
permanencia por siempre de estos planes quinquenales. Es que esto es
positivo. Si un operador público va a tener un servicio universal que
prestar y además necesita una modernización, ¿por qué no va a tener
continuidad? Yo sé que esto lo critican lo que pudiéramos llamar
competencia privada.
El artículo 23 tiene dos enmiendas que precisan y mejoran el texto
del proyecto en relación con la red postal pública. Se propone que se
pueda separar contablemente lo que es servicio postal universal y lo
que hace en competencia. Facilita el que se pueda hacer en
competencia con la iniciativa privada.
La disposición adicional que se introduce es positiva, puesto que
hace referencia a que hay unas tarifas de esta entidad pública que se
regulan por la Ley de Telecomunicaciones. Es la única referencia que
se hace a esta previsión y nos parece positivo, al igual que
introducir en las infracciones esta realidad del fraude de franqueo.
Sin embargo, hay algunas enmiendas que a nosotros no nos parecen
positivas. En la exposición de motivos se habla de que el Gobierno
tenga que regular ese régimen de libre concurrencia de los operadores
postales. El texto del Congreso decía: regulándose el régimen de libre
concurrencia. Lo que propone el Senado es que se tomen medidas
preventivas. Dice: previéndose el régimen de libre concurrencia. No
se compromete a regular. Nosotros pensamos que se empeora el texto
que salió del Congreso.
No nos gusta que se haya eliminado del artículo 4.2 la relación de la
libre concurrencia de acuerdo con principios de objetividad,
neutralidad, transparencia y no discriminación. Es verdad que se hace
referencia a los títulos II y III de la ley, pero es positivo y hay una
norma que dice que lo abunda no daña. A nadie perjudica que se precise
que estos son los criterios que van a funcionar. Tampoco nos gusta la
enmienda que se ha introducido en el artículo 22. El artículo 22 dice
que el Gobierno podrá -en un reglamento- imponer a cualquier operador
la prestación de servicios postales dentro del amparo de la
situación administrativa. De acuerdo, pero, si se trata de un
operador privado y se le impone esto, luego, lógicamente, este
operador privado puede pedir participar en la compensación de esa
obligación que le impone el Gobierno. En todo caso, no queda preciso
y no nos gusta cómo queda.
En cuanto a las tarifas, no nos gusta la enmienda al artículo 30 y
sería bueno que fuese rechazada en el Congreso.
El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya concluyendo, señor Ríos.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Termino, señor presidente.
En el artículo 30, en relación con las tarifas, se dice que la
gestión y recaudación de las tasas corresponderá a la entidad pública
empresarial Correos y Telégrafos. En la Ley de tasas acabamos de
quitar toda referencia a las tasas y tarifas de Correos. Y la
enmienda del Senado dice: La gestión y recaudación de tasas
corresponderá a la entidad habilitada. Sé que en el trámite del
Senado se ofreció al Grupo Socialista una transacción que era algo
más especifica, pero es que sin esa especificación, que no se ha
incluido, el texto queda muy abierto. ¿Por qué no poner la entidad
que está habilitada hoy, que es la entidad pública empresarial
Correos y Telégrafos? ¿Por qué dejar esta incertidumbre en cuanto a
algo tan importante como es la gestión y recaudación de las tarifas?
No consideramos que esto sea positivo.
Hay una enmienda al punto 3 de una disposición adicional, que a
nosotros no nos parece positiva. Y tampoco estamos de acuerdo con la
modificación que se hace en la disposición adicional quinta. La
disposición adicional quinta viene a dar al ente público autonomía
para fijar su propia estructura organizativa y para para fijar
su propio régimen retributivo. Y no es que sea malo que haya
posibilidad de negociación con el ente público. Lo malo es que
después se menciona la relación de contratación sujeta al derecho
privado y que se empieza a configurar la idea de un ente al margen
del Gobierno, que funciona en el mercado privado; una especie de
entidad de empresa que compite y que funciona fuera. Y con esto se
pierde una relación que siempre ha habido, una relación con la
función pública y con el Gobierno. Esta disposición adicional quinta
puede abrir el régimen interno, que ha quedado definido hasta ahora
en una entidad pública empresarial.
El señor PRESIDENTE : Señor Ríos.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Termino, señor presidente.
Esto abre el camino a un funcionamiento de una empresa pública,
privatizada o no. Y este riesgo no es bueno porque la ley no va por
ese camino, o al menos no lo parece. Por tanto, sería bueno que esta
disposición adicional quinta desapareciera.
Señor presidente, el objetivo de nuestro posicionamiento es
asegurarles que, aunque esta es una ley que se ha mejorado en el
trámite, va a tener que ser seguida permanentemente para que de
verdad cumpla con el objetivo que tiene, que es garantizar un
servicio postal universal y un operador público en régimen de
competencia y con capacidad para actuar.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra don Víctor Morlán. (El
señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la
Presidencia.)
El señor MORLÁN GRACIA: Muchas gracias, señor p residente.
Señoras y señores diputados, hoy da el último paso un proyecto de ley
cuya tramitación en el Senado ha sido rocambolesca. Le ha costado
llegar del Congreso al Senado 22 días -no sé por dónde ha ido, pero han
sido 22 días- y se ha discutido en el Senado en 20 días. Pienso que
ese camino hacia el Senado podía haber sido mejor aprovechado y que
se podía haber conseguido que esos 22 días hubieran sido más útiles
para conseguir un proyecto algo más sólido, más fundamental, que
regulara mejor un servicio postal como el que me imagino que ustedes
y nosotros queremos. Pero veo que los puntos de encuentro han sido
imposibles.
Las enmiendas que proceden del Senado, y que son las que se van a
votar el día de hoy, las votó nuestro grupo favorablemente, porque
eran de carácter eminentemente formal, hacían referencia a acentos,
comas o terminología similar a la que existía en el proyecto de ley,
pero nosotros no compartimos el proyecto tal y como entró en la
Cámara -presentamos un texto alternativo-, no lo compartimos tal y
como salió del Congreso y no lo compartimos tal y como ha vuelto.
Y se han presentado en el Senado, siguiendo la costumbre que ustedes
tienen últimamente, 135 enmiendas, si bien es cierto que muchas de
ellas se refieren a aspectos meramente formales y que no tienen
ninguna incidencia en el texto del proyecto, con lo cual no existe
ninguna variación. Y, en estos momentos, el Grupo Socialista prefiere
situarse en la abstención, porque, si ustedes no saben escribir o no
saben utilizar la terminología adecuada ni poner las comas, el
problema no es nuestro, es de ustedes. Corríjanlo. Pero donde está el
meollo del problema es en esas otras enmiendas que se pueden
considerar de forma distinta según se vea la botella medio vacía o
medio llena.
En una de las enmiendas, respecto a los servicios reservados que
presta el operador postal -no voy a hacer referencia a artículos
concretos, como han hecho otros portavoces-, únicamente proponen
sustituir «reducción» por «revisión». Nosotros tenemos muchas dudas,
tremendas dudas, sobre esa revisión. Ustedes han estado en todo este
proceso con ganas de liberalizar, con ganas de preprivatizar, y
ahora el Grupo Socialista no puede esperar que el Grupo Popular
entienda en un momento determinado que, en lugar de ser 350 gramos
los que se queda el operador público, van a ser 400; o que, en lugar
de ser el correo urbano el que únicamente está en competencia, va a
estar también el correo interurbano. Me da la impresión, señorías, de
que, con esa posibilidad que ustedes plantean no se consigue nada. Se
cambia un término, para que haya otros grupos políticos que lo
apoyen, pero el fondo de este problema se sigue manteniendo y las
dudas y los interrogantes siguen estando encima de la mesa.
También quieren que exista una modificación del ámbito del servicio
postal universal con un informe previo del consejo asesor. Nosotros
tenemos dudas de que esta modificación se produzca o no, con
independencia de quién esté o no esté en el consejo asesor. Porque el
informe que haga no tiene ninguna vinculación; no es que sea positivo
o negativo, es que no es ni siquiera vinculante. El Gobierno tiene
siempre la capacidad de decir: Esta es nuestra disposición; ustedes
díganme lo que quieren hacer, pero nosotros haremos lo que estimemos
oportuno. Por tanto, señorías, me da la impresión de que este informe
del consejo asesor del que ustedes hablan no tiene ninguna
virtualidad y que, en definitiva, les permite hacer lo que ustedes
quieran.
No se resuelve de manera correcta cómo se solucionan las
controversias entre usuarios y operadores. No se resuelve cómo se
solucionan las controversias entre los operadores privados y el
público. No se dice cuál tiene que ser el órgano regulador, tal y
como dice la d irectiva. Nosotros proponemos en nuestra enmienda de
totalidad y en nuestras enmiendas parciales que la CMT podría ser
perfectamente el órgano regulador; ya que está constituido, ya que
tiene una estructura administrativa perfectamente regulada, no sé por
qué razón no podría entender y hacer mención entre sus competencias
de todos los aspectos postales, como al fin y al
cabo lo hace en otros temas de telecomunicaciones o de comunicaciones
en general. Siguen ustedes exponiendo una serie de dudas, que las
están derivando a los reglamentos, lo que, indudablemente, no va a
facilitar una salida correcta de lo que ha de ser el futuro de los
servicios postales en nuestro país.
Tampoco estamos de acuerdo en que se solucione la limitación
geográfica como he oído decir a algún otro portavoz, y vuelvo a lo
que he dicho antes de la botella medio vacía o la botella medio
llena. Mientras el sistema de financiación del correo no esté
perfectamente recogido, perfectamente regulado, mientras no se tenga
una capacidad superior de autofinanciación, mientras pueda darse la
posibilidad -que va a ser certeza dentro de un tiempo- de que haya
ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, nos encontraremos con
que habrá discriminación territorial y discriminación geográfica.
Este proyecto de ley, tal y como va a salir, va a cargarse la
cohesión territorial y social de este país en una de sus facetas, que
es la postal. Si ustedes no lo quieren aceptar, es un problema de
ustedes, no nuestro.
Introducen también otro fenómeno que es el de la disposición
adicional quinta. Recogen unos sistemas de contratación sometidos al
Derecho privado. Cuando en una ley se dice que el operador postal
Correos y Telégrafos, en base a la agilidad, o a la eficacia, o a la
eficiencia, va a estar sometido al Derecho privado en su contratación,
permítanme que les diga que dentro de poco veremos ejemplos de
falta de transparencia, de falta de claridad en la contratación, de
que el operador hace lo que le viene en gana. Y eso creo que tiene
que estar reñido con la teoría de que ustedes hablan respecto a la
claridad y a la transparencia de la gestión pública.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Morlán,
le ruego vaya concluyendo.
El señor MORLÁN GRACIA: Sí, señor presidente, concluyo enseguida.
Por último, en esa misma disposición adicional hacen ustedes referencia
a que el operador público postal, sometido a los
planteamientos que pueda hacer Administraciones Publicas, podrá
llevar a cabo la gestión de todos sus recursos en materia de personal
- contratación, remuneraciones, plantillas, etcétera-. A mí me parece
que están dando un paso más para que este operador público postal
acabe en una senda tan excesivamente liberalizadora que se confunda
con la senda preprivatizadora que ustedes, dentro de muy poco tiempo,
van a plantear en un sector tan importante como es el sector postal
español. Sigo repitiendo lo que he dicho en muchas ocasiones, que con
esta ley ustedes van a hacer que exista un operador público postal
que va a constituir la beneficencia postal de nuestro país, frente a
operadores privados que se van a llevar lo que es la crema del
mercado postal en las
grandes ciudades, en las grandes urbes, los grandes clientes.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Morlán.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, el señor Pons tiene la
palabra.
El señor PONS FRANCO: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular apoyará las enmiendas
introducidas en el proyecto de ley remitido por el Senado, porque
creemos que mejoran objetivamente el texto que salió de esta Cámara
hace apenas mes y medio. Pensamos que lo mejora básicamente en dos
vertientes: por un lado, en lo que se refiere a las correcciones
gramaticales, ortográficas y de estilo y, por otro, introduciendo
determinadas modificaciones de contenido en el articulado que
consideramos realmente acertadas. Creo que han quedado
suficientemente explicitadas por otros grupos, pero quizá yo
significaría las siguientes: la ampliación de 1 a 3 meses del artículo
10, que introduce la cautela de ampliar ese plazo para que,
ante la avalancha de solicitudes previstas, no haya lugar a que las
autorizaciones se otorguen por aplicación de la figura del silencio
positivo. Las enmiendas introducidas en relación al artículo 15 y a
la disposición adicional segunda, que introducen el informe previo
del consejo asesor postal, dando entrada y más intervención a este
consejo asesor ante las facultades que tiene el Gobierno para revisar
la determinación del servicio postal universal y el plan de prestación
de este servicio postal universal. Las enmiendas al artículo
18.1.b) y al artículo 22, que se han introducido básicamente para
adaptar mejor el texto a la directiva comunitaria y siguiendo un poco
lo que son las sugerencias de la Unión Europea.
La disposición adicional quinta nueva creo que también es importante
-y difiero con esto de lo que ha dicho el señor Morlán-, por cuanto
permite conferir una mayor autonomía operativa a Correos y Telégrafos
, que es precisamente lo que necesita actualmente esta empresa. En
definitiva, lo que se establece es una regulación sistemática en la
que se determina el régimen al que ha de someterse la prestación del
servicio postal universal, donde se garantiza el derecho a las
comunicaciones postales de todos los ciudadanos y empresas y se
reconoce el ámbito del sector postal que se encuentra liberalizado,
fijando de forma clara las reglas básicas que permitan la libre
concurrencia. Es una ley que, desde nuestro punto de vista, aporta
mayor seguridad jurídica a quienes concurren en un mercado en régimen
de libre competencia, que hasta ahora carecía de una regulación
sustantiva que determinase con claridad el contorno de sus derechos y
obligaciones.
Respecto al discurso catastrofista de otros grupos, el tiempo se
encargará de poner en su lugar las cosas, como ha ocurrido hasta
ahora en todos los discursos
catastrofistas que hemos oído en esta Cámara y que al final han
quedado en agua de borrajas.
La calificación del servicio postal universal únicamente como social,
equilibrador, integrador del territorio es absolutamente obsoleta y
extemporánea. Sí es importante, pero únicamente este argumento es
absolutamente extemporáneo. El equilibrio lo debe dar el mercado y
no se puede cerrar la puerta a la liberalización cuando su
implementación es un requisito impuesto por la Unión Europea y que
justifica precisamente la necesidad urgente de publicar esta ley.
Porque no olvide, señor Morlán, que estamos en Europa y, por tanto,
tenemos que estar a lo que nos digan sobre la liberalización de este
mercado. El mejor modo de conseguir que este proceso de
liberalización sea gradual y controlado es dando pasos firmes,
seguros, ágiles, pero no precipitados. La integración social
equilibrada del territorio, repito, se consigue a través de ese
mercado, a través de asegurar el servicio postal universal que
garantiza el Gobierno con este proyecto de ley.
Sobre las dudas en cuanto al consejo asesor postal -lo dije en el
debate del otro día, señor Morlán-, hasta que no veamos cómo lo
regula el Gobierno, no se pueden hacer unas críticas tan firmes.
En definitiva, esta Cámara manda hoy al Boletín Oficial del Estado la
ley postal que necesita este país y que nos va a permitir, de aquí al
año 2004, que la empresa pública Correos y Telégrafos esté en
condiciones de competir en ese mercado postal que va a estar
liberalizado en ese año.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Pons.
Señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señor presidente.
Quiero intervenir de una manera breve para agradecer la colaboración
que se ha producido en la tramitación de este proyecto de ley en el
Congreso de los Diputados y en el Senado. Tanto quienes han hecho
consideraciones críticas como quienes han hecho aportaciones
positivas, algunas de las cuales se han podido recoger en el texto
final, han contribuido, en definitiva, a mejorar un texto. Yo
entiendo que la función del Senado, el perfeccionamiento de las
leyes, corregir los errores gramaticales y los errores de estilo, que
muchas veces se producen en la redacción de las leyes como
consecuencia de la voluntad de transacción que se da fundamentalmente
en el Congreso de los Diputados, es una función muy noble. Todo el
mundo está en el legítimo derecho de votar a favor, de votar en
contra o de abstenerse, cuando se trata de mejorar manifiestamente,
desde una perspectiva formal, el texto de las leyes.
Concluiré, señor presidente, poniendo de relieve que esta es la
primera ley postal que se hace en España desde el año 1953; es la
primera ley que regula el servicio
postal con carácter general; es la primera ley que regula
claramente el servicio público postal; es la primera ley que
garantiza la prestación del servicio universal y es la primera ley
que facilita la financiación, con cargo a un contrato-programa, con
cargo al mercado y con cargo también a los Presupuestos Generales del
Estado, de ese servicio universal; y es la primera ley que además
define la posibilidad de establecer obligaciones de servicio público,
no solamente con cargo al operador público, sino también con cargo a
los operadores privados. Esa es la garantía máxima de que este
proyecto de ley va a facilitar, va a contribuir a consolidar la
cohesión social y territorial de España.
Señor presidente, el correo en España se ha privatizado durante todos
los años anteriores. Este proyecto de ley lo que hace es introducir
certidumbre jurídica en el mercado, definir por primera vez, de
manera precisa, un área de exclusividad en beneficio del operador
público y delimitar todo aquello que pueden hacer las empresas
privadas. Desde esa perspectiva, alcanza el objetivo de introducir
certidumbre jurídica.
Quisiera trasladar a todos los grupos parlamentarios, que de una u
otra manera apoyan directa o indirectamente la ley o han hecho
contribuciones que han sido particularmente incorporadas en el
Senado, que el propósito del Gobierno y, por tanto, de esta ley, es
colocar al operador público en condiciones de competir en un mercado
liberalizado. Porque o tomamos medidas como las que están en esta ley
y como las que esta ley permite tomar o habremos apostado por la
ruina de Correos. Quienes piensan que con una oposición frontal están
protegiendo a Correos, quienes piensan que sometiéndolo al Derecho
administrativo están protegiendo al operador postal, a mi juicio, se
equivocan y a juicio del Gobierno, también. Todos los Estados miembros
de la Unión Europea, señor presidente, están buscando fórmulas
para preparar a sus respectivos operadores públicos para que puedan
competir de verdad en un mercado liberalizado, plenamente
liberalizado, que viene impuesto por la legislación comunitaria. Este
proyecto de ley sirve a esa finalidad. Creemos que el proyecto de ley
ha salido muy mejorado de la tramitación parlamentaria y reitero por
ello mi agradecimiento a la contribución que todos los grupos
parlamentarios han p restado.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA REGULADORA DE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA
Y DE LA PRESTACIÓN SOCIAL SUSTITUTORIA (Número de expediente 122/0000
24).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Enmiendas del
Senado a la proposición de ley
orgánica reguladora de la objeción de conciencia y de la prestación
social sustitutoria. ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Tiene la
palabra, en primer lugar, por el Grupo Mixto, la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Muchas gracias, señor presidente.
Las enmiendas que provienen del Senado en relación a esta proposición
de ley son meramente técnicas. No obstante, vamos a votar en contra
como cuestión de principios. Es de sobra conocida cuál es la posición
de Eusko Alkartasuna en relación a la prestación social sustitutoria,
a la cual nos oponemos. En su momento consideramos que la
presentación de esta proposición de ley, no obstante nuestra
oposición, podría solventar algunos problemas terribles que se habían
suscitado con la Ley 48/1984. Desgraciadamente, la tramitación fue
incomprensiblemente larga, y ha hecho que la proposición que salió
del Congreso fuera todavía peor que la que entró, y eso a pesar de
los esfuerzos del Grupo de Convergència i Unió.
No obstante, creemos que en el Senado no han podido solventarse los
problemas y estamos en contra del texto que va a salir hoy de esta
Cámara, en la medida en que principalmente hay dos problemas graves
que no aparecen solucionados: la objeción sobrevenida, que no se
recoge en el artículo 1.3, y por supuesto el periodo de
disponibilidad, que de un año -que es lo que se presentó aquí en un
primer momento- ha pasado a tres. Es decir, que, lamentablemente, la
propuesta que ha salido de esta Cámara es mucho peor que la que
entró, no resuelve los problemas que tienen planteados muchos de
nuestros jóvenes y no corresponde a lo que debiera ser una regulación
o tramitación acorde con la legislación moderna y con el sentido
social de nuestros ciudadanos.
Muchas gracias, señor presidente. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, que comparte turno, sea breve,
por favor.
El señor ALCARAZ RAMOS: Muchas gracias, señor p residente.
Efectivamente, como decía la señora Lasagabaster, las enmiendas que
llegan del Senado no aportan ninguna novedad relevante al texto que
salió de esta Cámara, son meras enmiendas técnicas. Sin embargo,
Nueva I zquierda-Iniciativa per Catalunya va a votar en contra de est
as enmiendas como el único gesto testimonial que nos queda para
manifestar nuestro rechazo al contenido final de esta proposición de
ley bienintencionada, que empezó con buenas expectativas, que trataba
de solucionar algunos problemas muy graves que han aquejado a nuestra
sociedad, particularmente a nuestros jóvenes, en los últimos años,
pero que, lamentablemente,
en el trámite final en esta Cámara sale notablemente
empeorada.
A nuestro modo de ver, tres son los puntos que la hacen inaceptable.
En primer lugar, el no reconocimiento de la objeción de conciencia
sobrevenida, lo que supone que van a seguir existiendo insumisos en
prisión militar en un régimen de vida bastante grave, como ha
denunciado una organización de tanta relevancia como Amnistía
Internacional.
En segundo lugar, por haberse ampliado a tres años el periodo de
disponibilidad. En la ley anterior no se regulaba nada y la
jurisprudencia había venido a fijar ese plazo de un año. Ahora, sin
embargo, se establece un periodo de tres años, lo que lo hace
prácticamente indefinido, tal y como va a ser el proceso de
profesionalización de las Fuerzas Armadas.
En tercer lugar, ha empeorado también en el trámite parlamentario
respecto de la primitiva redacción la regulación sobre la objeción de
conciencia en tiempo de guerra, tema al que, como no ignoran SS.SS.,
somos extraordinariamente sensibles. Lo que queda en el texto actual
de remisión al futuro desarrollo normativo por parte del Gobierno no
puede sino sembrar nuevas inquietudes.
Por esta razón, como digo, nos vamos a oponer a las enmiendas como
gesto simbólico.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
No sé si, dentro del mismo grupo, deseaba consumir los últimos
minutos del turno el señor Vázquez. (Pausa.) A delante.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente.
Ya estamos en el tramo final de discusión de la proposición de ley
reguladora de la objeción de conciencia y la prestación social
sustitutoria; proposición de ley que fue presentada en su día por el
Grupo de Convergència i Unió como un texto que contenía importantes
avances respecto a la legislación vigente, pero que fue sufriendo
modificaciones en los sucesivos trámites parlamentarios en el
Congreso, lo que la hizo casi irreconocible, y que el Senado no ha
modificado, a excepción de unas cuantas correcciones gramaticales.
El texto que hoy se discute contiene algunos avances respecto al
existente, pero va a quedar desbordado por la realidad, que lo va a
convertir en inútil en muy corto plazo. Efectivamente, en el texto de
la proposición de ley se fija el periodo de disponibilidad del
objetor en tres años, un tiempo absolutamente excesivo y perjudicial
para el objetor, en lugar de adoptar como periodo de disponibilidad
un año, en consonancia con la doctrina del Tribunal Supremo.
Tampoco se reconoce la objeción sobrevenida durante la realización
del servicio militar, lo que llama la atención porque no es razonable
que un joven, una
vez incorporado a filas, no pueda declararse objetor, precisamente a
la luz de la experiencia. Además, llama la atención porque en el
texto inicial de la proposición de ley sí se contemplaba esa
posibilidad. Este nuevo reconocimiento legal va a seguir ocasionando
problemas a muchos jóvenes, que se verán reducidos a la condición de
desertores, con las consecuencias que ello implica.
Por cierto, en la actualidad hay jóvenes que se encuentran en prisión
por este motivo y conviene denunciar también en este Congreso que
acaban de sufrir agresiones recientes dentro de la prisión militar en
que se encuentran, a manos de un grupo de fascistas.
Por lo tanto, el texto de este proyecto de ley no nos satisface. Por
último, conviene decir que es una pena que las cuestiones que afectan
al actual modelo del servicio militar obligatorio no se aborden con
más valentía y decisión porque, si no es así, se causarán problemas
innecesarios a muchos jóvenes.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vázquez.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Sí, señor presidente. Muchísimas gracias.
Como esta sesión va de gestos testimoniales, mi grupo también quiere
dar testimonio de que va a votar favorablemente las enmiendas del
Senado, no por la enjundia de las mismas ni por su profundidad, porque
son enmiendas de carácter técnico-gramatical que no tienen mayor
importancia en el fondo del texto.
Pero como esto va de gestos testimoniales, ¿por qué hacemos hoy
reafirmación de nuestro voto positivo? En primer lugar, porque es el
reconocimiento al consenso de un trabajo inteligente y solidario que
hicimos tres grupos parlamentarios -el Grupo Parlamentario Popular,
el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria- , a cuyos representantes quiero
rendir en este momento un testimonio de gratitud.
En segundo lugar, porque esta ley, que modifica la Ley 48/1984, de
objeción de conciencia, en razón del mandamiento constitucional, es
un significativo avance: p rimero, porque equipara a nueve meses la
prestación social sustitutoria con el servicio en armas en la mili
obligatoria, por supuesto mientras esta se mantenga; segundo, porque
limita a tres años las facultades para que se resuelva la situación
del que tiene que hacer la prestación sustitutoria y no se deja en la
indefinición en que lo había dejado la Ley de 1984, con unos techos
de más de cinco, seis, siete y ocho años, que era intolerable desde
el punto de vista jurídico, social o político. En este sentido, tengo
que vincularlo con el asunto de la objeción sobrevenida. Estamos en
un período de transición, de adaptación de nuestras Fuerzas Armadas
al modelo profesional, y aceptar la objeción sobrevenida
es dislocar los llamamientos de quintas. Eso es hacerle un hueco a
la eficacia de las Fuerzas Armadas. No se puede esperar a que un
señor esté dentro del cuartel para que en un momento determinado diga
que tiene objeción sobrevenida. La Ley da las garantías previas,
pero no las garantías posteriores, porque iría en contra del principio
constitucional de la defensa, que encomienda a nuestras Fuerzas
Armadas unos contingentes conocidos y fijos, una vez que se hace uso
de uniforme y armas dentro del acuartelamiento. ¿Qué decir de la
presencia de los sindicatos en el nuevo consejo para regular aquellos
aspectos laborales que siempre han sido conflictivos, respecto a si
se cogen o no se cogen, a si se quitan o no se quitan puestos de
trabajo? ¿Qué decir, señor presidente, de la ventaja que supone el
obligar, en garantía constitucional de seguridad jurídica a los
encartados, a que el consejo de la objeción de conciencia tenga que
resolver en un plazo máximo de tres meses, y no se produzcan las
dilaciones que permitía la Ley anterior de 1984?
Además, la competencia que se da a las comunidades autónomas, dentro
de la lectura de Coalición Canaria, nos mueve a dar una vez más
testimonio de apoyo a las ventajas positivas de este texto, en esta
época y en este período transitorio de adaptación al nuevo modelo de
Fuerzas Armadas, para encontrar una congruencia con lo que es el
modelo todavía vigente, en razón del acuerdo de 1991 de esta Cámara,
el modelo mixto. Proteger ese modelo mixto nos ha llevado a estar en
la misma circunstancia en la modificación del Código Penal respecto a
los delitos de insumisión, que están en la misma línea de
congruencia. Súmese todo eso y se verá un resultado positivo.
Por esta razón, mi grupo va a dar su voto testimonial a las enmiendas
del Senado.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Tiene la palabra la señora Uría, por el Grupo Nacionalista Vasco.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, nuestro grupo apoyará las enmiendas provenientes del
Senado, que consisten, como han indicado quienes me han precedido en
el uso de la palabra, en meras correcciones técnicas o mejoras de red
acción. A lo largo de toda la tramitación hemos manifestado una y
otra vez que nuestro deseo sería que no fuese necesaria esta
regulación porque la obligación de cumplimiento del servicio militar
hubiese desaparecido. Ello no es así y hemos apostado por las mejoras
en el cumplimiento de la prestación, en la perspectiva de que quedan
tres años para que ésta deje de existir.
Hemos defendido también hasta el final un período de carencia de un
año, pero no hemos conseguido imponer nuestro criterio. No es esta
nuestra regulación, pero la apoyaremos. Creemos que perseguir lo
mejor, desde nuestra óptica, dejaría sin alternativas a la regulación
actual que, desde luego, es peor que la que se plasma en esta
proposición. Quizá lo conseguido no sea más que el bien posible
frente a lo mejor deseable, pero, desde nuestra óptica, merece
atención, puesto que creemos que puede solucionar situaciones ciertas.
Nos gustaría que esta buena intención que guía a la proposición que
hoy vamos a aprobar se hiciera también extensible al actuar
administrativo. En este momento se están produciendo en el ámbito de
la Comunidad Autónoma Vasca -y pienso que también será así en el
resto del Estado- llamamientos masivos de todos aquellos jóvenes que
están a punto de cumplir los tres años en cuanto a su período de
carencia. Ello no se cohonesta con el escasísimo número de plazas
disponibles y está ocasionando, además, numerosos recursos judiciales
de jóvenes que entienden que les es aplicable el período de un año
reconocido jurisprudencialmente, con lo que se está produciendo un
importante colapso administrativo y judicial. Que la ley sirva para
arreglar situaciones y no dé ocasión para lo contrario es nuestro
deseo, y en tal sentido la apoyaremos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.
Tiene la palabra el señor Campuzano, por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió).
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señor p residente.
Para el Grupo Parlamentario Catalán ésta es una mañana importante,
porque se aprueban dos de las leyes que durante más tiempo ha exigido
Convergència i Unió en esta Cámara, la ley de cooperación
internacional al desarrollo y la reforma de la Ley de objeción de
conciencia del año 1984; dos leyes que, además, tienen un claro
contenido progresista. Es más, podemos a firmar sin ningún tipo de
dudas que, en concreto la proposición de ley de objeción de
conciencia y de la prestación social sustitutoria, que presentó este
grupo parlamentario a principios de esta legislatura, y a pesar de
reconocer los cambios que se han producido en la tramitación
parlamentaria, constituye en el contexto de la Unión Europea una de
las leyes más progresistas.
Creo que esto es importante, porque en el debate que hubo en la toma
en consideración en esta misma Cámara, en noviembre de 1996, se
manifestaron posiciones escépticas en unos bancos del hemiciclo,
dudando sobre la oportunidad de esta iniciativa y dudando incluso del
sentido que tenía esta alternativa en el momento de inicio de la
transición hacia la supresión de la mili, y en otros bancos de esta
Cámara dudando de que esta iniciativa sirviese para convoyar ese
proceso de transición. Hoy, cuando esta proposición finalmente llega al
Pleno de la Cámara, el escepticismo de unos y las dudas de otros
quedan superadas por la realidad de los hechos. Va a haber una nueva
ley de objeción de conciencia, una ley más progresista, en el
m arco del proceso de supresión del servicio militar obligatorio.
La ley avanza en el pleno reconocimiento del derecho a la objeción de
conciencia, y quizás no lo hemos destacado suficientemente en los
debates de la Cámara, pero la ley mejora, por ejemplo, una cuestión
sustancial. Hoy, el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia,
cuando se deba pronunciar sobre la declaración del objetor, sobre su
petición de ser considerado como tal, tiene mucho menos margen del
que se marcaba en la legislación del año 1984. Hemos reducido la
presencia del Consejo Nacional de Objeción de Conciencia al mínimo
posible.
En segundo lugar, la igualación de la duración entre la PSS y el
servicio militar, reivindicada por todos, es fundamental, y va a
afectar en los próximos meses a 60.000 jóvenes que van a dejar de
hacer la prestación social.
La señora Uría nos marcaba una reflexión sobre el trámite
administrativo, pero a nosotros nos consta que el Ministerio de
Justicia y la Dirección General han iniciado una gestión administrativa
del cambio de esta ley positiva, y existe el compromiso de que a la
gente que en el mes de mayo llevaba cerca de dos años y medio en
situación de espera no se la llame a realizar la prestación social. Y
en el ámbito de Cataluña, nos consta que existen muy pocas situaciones
de gente que en el mes de mayo, llevando dos años y medio en situación
de espera, se les esté reclamando para incorporarse a la prestación
social sustitutoria.
En tercer lugar, la limitación del periodo de disponibilidad a tres
años va a servir para que cerca de 30.000 jóvenes no tengan la
obligación de realizar la prestación social sustitutoria. Eso es
importante porque a esos 30.000 jóvenes les vamos a solucionar un
problema que les había generado una mala administración de la
prestación social.
Estos elementos esenciales -el pleno reconocimiento del derecho a la
objeción, la creación por primera vez de un periodo de
disponibilidad, la igualación de la duración entre la prestación
social y el servicio militar a nueve meses- constituyen un elenco de
reformas importantísimas que permitirán afrontar con tranquilidad el
proceso de supresión de la mili, al mismo tiempo que reforzamos el
derecho a la objeción de conciencia.
Además, señorías, es una ley importante porque, de aquí a la
supresión de la mili, cerca de 500.000 jóvenes de todo el Estado se
van a beneficiar de una legislación más progresista, y eso es un
hecho indudable.
Los señores Alcaraz y Mardones han hablado de intervenciones
simbólicas. La nuestra también es simbólica, pero queremos que lo sea
en otra línea, y así lo manifestábamos desde la tribuna cuando
presentamos el dictamen de la Comisión Constitucional sobre esta
proposición de ley. Decíamos entonces, y lo reafirmamos hoy, que para
el Grupo Parlamentario Catalán la elaboración de una nueva ley de
objeción de conciencia es también un homenaje a los cientos de miles
de jóvenes de todo el Estado español que, con su opción
por la objeción de conciencia, han acelerado el proceso de supresión
del servicio militar. Y ése es también un acto político profundamente
democrático que Convergència i Unió quiere reclamar.
Por todo ello, señorías, votaremos afirmativamente a l as enmiendas
técnicas del Senado, convencidos de que, entre todos, hemos hecho una
de las leyes más progresistas en materia de objeción de conciencia de
todo el viejo continente.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra don Pablo Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Señor presidente, al leer el
mensaje motivado del Senado para justificar las enmiendas que plantea
sobre la proposición de ley reguladora de la objeción de conciencia y
de la prestación social sustitutoria, mi primera tentación fue la de
menospreciar este mensaje, dado que supone simplemente determinadas
correcciones que yo no llamaría ni técnicas, porque fíjese usted que
habla de introducir la expresión «se» y, sobre todo, se extiende en l
a necesidad de salpicar ordenadamente de comas este proyecto. Pero la
verdad es que esa primera tentación debe ser inmediatamente eliminada.
Al contrario, hay que agradecerle al Senado que nos envíe
este mensaje motivado para que finalmente esta ley progresista pase
por esta Cámara y reciba aquí el refrendo final, porque hubiera sido
triste que hubiera ido a parar al Boletín Oficial del Estado ante el
silencio del Senado. Por lo tanto, es importante agradecer a la
Cámara Alta que nos permita volver a entrar en la consideración de
esta ley tan progresista. Es tan progresista, tan progresista como lo
fue en su momento el descubrimiento de la inyección letal frente a
una cosa tan vil como era el garrote que tenía tal nombre, y no deja
de manifestar un sentido humanitarista la transformación de todos
estos instrumentos. Es una ley tan progresista que estoy
absolutamente convencido de que los objetores de conciencia estarán
en estos momentos tratando de ver cómo hacer un homenaje a las
fuerzas concurrentes que han decidido que en el momento mismo en que
no quieran hacer el servicio militar tienen que hacer una prestación
social, y que si no la hacen van a gozar de la fortuna de ser
inhabilitados por t res o cuatro años para poder ocupar un cargo
público. Es una ley que lleva el progreso a tales extremos que
simplemente mientras se está tramitando, ya hemos visto que están
todos en la calle gozando de una absoluta libertad y pudiendo buscar
una salida digna a sus necesidades vitales.
Sinceramente, yo estoy absolutamente asombrado de la cantidad de
progresismo que se refleja en esta ley, y en la que viene continuación
y veremos otro día, en la que puede ser objeto ni más ni menos que de
inhabilitación
por tres años, no ya el que se niegue a hacer la prestación
social sustitutoria, sino el que simplemente se retrase un mes sin
causa justificada, que es otro de esos hallazgos legislativos que
tenemos aquí en el h orno y que pronto estará lo suficientemente
cocido para que sea deglutido por la concurrencia.
Lo lógico y normal es que, ante unas enmiendas que lo que tratan es
de poner una coma, dijéramos que sí, pero no vamos a decir que sí, no
ya simbólicamente, es que no queremos decir que sí a estas enmiendas
del Senado, tratando de emular una vieja figura histórica, que me
permitirán ustedes que yo traiga a colación, que fue la doctora de
Ávila, Teresa de Jesús, la reformadora del Carmelo, que, después de
todos sus trabajos, cuando salió de la ciudad amurallada y pasaba el
puente sobre el río Adaja, al llegar a un cerro precioso que se llama
los Cuatro Postes, se quitó la zapatilla y, ante el trato que había
recibido de la autoridad eclesiástica, de la sociedad civil y de los
intelectuales orgánicos o no orgánicos, sacudió con la zapatilla en
el crucero y dijo: de Ávila ni el polvo. Pues emulando a la santa
doctora, de esta ley no queremos ni las comas, es que ni las comas;
no queremos que pueda haber lugar a ningún malentendido, a que
pudiera aparecer en el «Diario de Sesiones» que Izquierda Unida había
votado favorablemente a semejante engendro. Guárdense las comas y
guárdense la progresía.
No podemos unirnos a la alegría que a ustedes les invade, esa alegría
del señor Campuzano, porque para nosotros es un día triste, es un día
tan triste, tan triste como lo es para otro montón de ciudadanos que
creyeron un día que cuando la Constitución decía: tienen ustedes
derecho a la objeción de conciencia, no vendría después el legislador
a decirle: sí, pero según y cómo, le vamos a administrar nosotros su
conciencia, su libertad de conciencia, el que no nos podamos privar
de su patriotismo y que por lo menos su aportación en cualquier clase
de tareas reluzca como el sol.
Felicitamos a los que han llegado a tal grado de progreso, nos
uniremos al homenaje que ustedes merecen, pero preferimos decir que
de esta ley ni una coma y de esta clase de legislar ni el polvo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: A usted, señor Castellano, muchas gracias.
Tiene la palabra doña Carmen del Campo, por el Grupo Socialista.
La señora DEL CAMPO CASASÚS: Gracias, señor p residente.
Con toda brevedad, porque tienen razón quienes me precedieron. Esta
proposición de ley casi no ha experimentado cambios en su paso por
el Senado. Hoy nos encontramos aquí con lo mismo que teníamos hace un
mes: un texto que está bastante lejos de aquel inicial que presentó
Convergència i Unió en esta Cámara y que curiosamente está bastante
cerca de la denostada
Ley de 1984, con algunas escasas modificaciones. Esas modificaciones
producen al Grupo Socialista impresiones contradictorias de
satisfacción y descontento.
Sentimos satisfacción, ante todo, por la medida contenida en esta
proposición de ley, la que establece en nueve meses la duración de la
situación de actividad de la prestación social sustitutoria. Era una
medida que se contemplaba en nuestro programa electoral y que creemos
que es contemplada con buenos ojos, si no por la totalidad, sí por la
inmensa mayoría de esta Cámara.
Lamentamos únicamente, señor presidente, que el larguísimo proceso de
negociación entre el Partido Popular y sus socios haya impedido que
una disposición tan ampliamente aceptada y tan beneficiosa para una
gran cantidad de objetores haya podido entrar antes en vigor. Los
primeros meses de la legislatura hubiera sido el momento más adecuado
para aprobar un mandato de este tipo. Sin embargo, señorías, nunca es
tarde si la dicha es buena, y nos alegramos de que, al fin, se
apruebe.
Si esta medida es causa de satisfacción, nos produce profundo
descontento, como hemos dicho en el debate en ambas Cámaras, el
empeño con que la mayoría ha mantenido también en el Senado, frente a
nuestras enmiendas, que la duración de la situación de disponibilidad
sea de tres años, como estableció el proyecto a su salida del
Congreso. Entendemos que esta fijación de tres años contradice el
marco más flexible que venía perfilando la jurisprudencia y puede ser
un grave obstáculo para una transición pacífica y para una agonía
suave de la prestación social sustitutoria en este período final.
Por otra parte, señor presidente, establecidas estas dos posturas
contradictorias ante dos aspectos concretos de la ley, mi grupo, y
reconozco que con escaso simbolismo pero con un cierto sentido de la
realidad, va a votar favorablemente todas las enmiendas del Senado.
Las vamos a votar favorablemente porque no tenemos nada contra la
corrección sintáctica ni contra la subsanación de errores materiales
que en ella se contienen.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora del Campo.
El señor Bermúdez de Castro, por el Grupo Parlamentario Popular.
El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presiden
te.
Señorías, afrontamos hoy el trámite final de la reforma de la Ley de
objeción de conciencia, de 1984, con el debate de las enmiendas que
nos remite el Senado. Unas enmiendas que no han variado en absoluto
el texto que en su día fue aprobado por esta Cámara, toda vez que se
tratan, como se ha dicho, de meras correcciones técnicas o
gramaticales que en modo alguno
afectan a ninguno de los aspectos fundamentales de la reforma que
hemos acometido, por lo que creo que sinceramente podríamos habernos
ahorrado este debate. No obstante, en la medida en que algunos
portavoces han aprovechado este turno para reproducir varios de los
argumentos que servían de base de sus enmiendas, las cuales ya fueron
rechazadas tanto por esta Cámara como por el Senado, quisiera, con
toda brevedad, aprovechar este turno para realizar alguna
consideración en orden a resaltar la importancia de esta reforma que
va a afectar a decenas de miles de jóvenes en lo próximos años.
La primera consideración que quería realizar es que con las reformas
introducidas vamos a corregir los desequilibrios existentes en la vi
gente legislación que discriminaba, que castigaba a los objetores de
conciencia respecto a los jóvenes que optaban por el cumplimiento del
servicio militar, toda vez que les obligaba a cumplir una prestación
social cuya duración era cuatro meses superior al servicio militar,
duración que ahora equiparamos, en ambos casos, a nueve meses. Por
otro lado, vamos a mejorar las condiciones de cumplimiento de la
prestación social introduciendo, bajo el principio de seguridad
jurídica, un tiempo límite de espera de t res años, un tiempo máximo de
disponibilidad de tres años; tiempo límite en el que se podrá estar o
no de a cuerdo, pero que hasta ahora no existía, lo que colocaba
a muchos objetores en una situación de indefensión o de incertidumbre.
La segunda consideración que quería realizar es que hemos introducido
en la reforma la doctrina del Tribunal Constitucional en esta
materia, en orden a no separarnos de la naturaleza jurídica, el
alcance y el carácter que dicho tribunal ha establecido para el
derecho de objeción de conciencia contemplado en el artículo 30 de
nuestra Constitución. Así, en su sentencia de 28 de noviembre de
1994, el propio Tribunal Constitucional estableció que el derecho a
ser declarado exento del servicio militar no deviene directamente del
ejercicio de la libertad ideológica, sino tan sólo de que la
Constitución expresamente ha reconocido el derecho a la objeción de
conciencia, referido únicamente al servicio militar y cuyo ejercicio
supone el nacimiento del deber de cumplir una prestación social de
carácter sustitutorio. Por ello, no hemos querido ni siquiera entrar
a debatir algunos planteamientos que se alejaban de la delimitación
dada por el Tribunal Constitucional en relación a la naturaleza
jurídica, al carácter y al alcance, tanto del derecho de objeción de
conciencia como de la prestación social sustitutoria.
La última consideración que quería realizar es que esta reforma no
serviría de mucho si no viniera acompañada de una gestión eficaz del
régimen de la prestación social. Y seríamos injustos si no
reconociéramos el e norme esfuerzo que se está realizando por parte de
la Dirección General de Objeción de Conciencia, junto con el resto de
las administraciones y entidades privadas, cumpliendo con creces
todos los objetivos y previsiones
que se marcó al inicio de esta legislatura. De hecho, desde el último
debate que sobre este tema celebramos en esta Cámara hace dos meses,
se ha producido un nuevo impulso, un nuevo avance, hasta el punto de
que, a finales del mes de mayo, el número de puestos de actividad
había crecido hasta la cifra de 118.000 y había más de 102.000
objetores de conciencia cumpliendo la prestación social. Esto va a
permitir reducir de nuevo la bolsa de objetores pendientes, reducción
que se va a experimentar de manera drástica como consecuencia de la
entrada en vigor de esta ley, toda vez que 60.000 jóvenes, que llevan
en situación de actividad más de nueve meses, van a dejar de cumplir
la prestación social, y entre 15 y 20.000 jóvenes que llevan más de
tres años en período de espera van a pasar directamente a la reserva,
lo que va a contribuir, a pesar del incremento del número de
objetores, a normalizar el régimen de la prestación social en España.
Termino, señor presidente, reconociendo el esfuerzo de aproximación
que ha realizado la señora Uría, plasmado en la introducción de
enmiendas que han enriquecido algunas de las medidas contempladas en
la reforma, y agradeciendo especialmente el talante demostrado tanto
por el señor Mardones como por el señor Campuzano, que han sabido
renunciar a planteamientos iniciales en aras a un consenso que tiene
su reflejo en el texto que hoy aprobamos y que supone un l ogro muy
importante, porque va a permitir avanzar en el sistema de derechos y
garantías de los objetores y eliminar las discriminaciones existentes
en la vigente legislación y va a contribuir a normalizar el régimen
de la prestación social sustitutoria que hoy cumplen los objetores de
conciencia en España.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bermúdez de Castro.
Concluido el debate, vamos a proceder a las votaciones de las
enmiendas del Senado a los proyectos y proposición de ley debatidos.
Les ruego la máxima presteza en la ocupación de sus escaños y atención
en la realización de las votaciones, que ya les anticipo que
son prolijas y complejas. (Pausa.) Señorías, insisto, ocupen con
presteza sus escaños y dispónganse a comenzar una serie de votaciones
complejas y prolijas sobre las enmiendas que el Senado pretende
introducir a los proyectos y proposición de ley debatidos.
Comenzamos con las enmiendas del Senado al proyecto de ley sobre
cooperación internacional para el desarrollo, al que se incorporarán
por los servicios las precisiones de estilo que han sugerido sus
señorías.
Vuelvo a decir que son votaciones muy complejas y largas.
Votamos, en primer lugar, la enmienda del Senado al artículo 17.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
327; a favor, 158; en contra, 168; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la enmienda del
Senado al artículo 17. (Aplausos.) Enmienda del Senado al artículo
23.3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
325; a favor, 169; en contra, 153; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmiendas a los artículos 15 y 22.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
328; en contra, 328.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas por unanimidad las enmiendas
del Senado. (Aplausos.) Enmienda al artículo 20.2, en la referencia a
las Cortes Generales.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
329; en contra, 329.
El señor PRESIDENTE: Queda así rechazada por unanimidad del Pleno por
referirse a las Cortes General e s.(Aplausos.) Enmienda al resto del
artículo 20.2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
326; a favor, 325; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmiendas a los artículos 23.1, 31 y a la disposición transitoria
tercera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
329; a favor, 329.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Enmiendas a los artículos 4, 7 y 11.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
329; a favor, 328; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmiendas a la exposición de motivos, apartado I, párrafos cuarto y
undécimo, y apartado III, último párrafo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
328; a favor, 328.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Votamos la enmienda a la exposición de motivos, apartado II, y dentro
de éste, el sexto párrafo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
329; en contra, 329.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada por unanimidad del Pleno del
Congreso la enmienda del Senado. (Aplausos.) Enmienda que resta a la
exposición de motivos, es decir al apartado III, segundo párrafo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
329; a favor, dos; en contra, 325; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda restante del Senado
a la exposición de motivos.
Pasamos a las enmiendas del Senado al proyecto de ley de modificación
del régimen legal de las tasas estatales y locales y de reordenación
de las prestaciones patrimoniales de carácter público.
Enmiendas al artículo 74, en lo referente al artículo 20.5 de la Ley
39/1988, y disposición adicional quinta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
329; a favor, 329.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad las enmiendas.
Enmienda al artículo 74, que se refiere al artículo 41 de la Ley 39/
1988.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
329; a favor, 307; en contra, 16; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda del Senado al artículo 2, que se refiere al artículo 27.2 de
la Ley 8/1989.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
329; a favor, 173; en contra, 139; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmiendas a las disposiciones adicionales sexta y octava y a la
disposición final primera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
329; a favor, 189; en contra, 134; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmiendas a los artículos 4, 67, 72 y 74, en lo referente al artículo
20.3 g) de la Ley referida 39/1988, así como las formuladas a la
disposición adicional tercera y a la disposición transitoria primera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
329; a favor, 174; en contra, cuatro; abstenciones, 151.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmiendas a los artículos 10.3, 12 a 19 y 74, referido al artículo
23.2 d) de la Ley 39/1988.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
329; a favor, 188; en contra, tres; abstenciones, 138.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Vamos a votar separadamente, a petición del Grupo de Izquierda Unida,
la enmienda del Senado a la disposición transitoria segunda.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
330; a favor, 187; en contra, dos; abstenciones, 141.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Restantes enmiendas del Senado al proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
328; a favor, 171; en contra, 16; abstenciones, 141.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las restantes enmiendas del
Senado al proyecto de ley.
Pasamos a votar las que envía el Senado al proyecto de ley del
servicio postal universal y de liberalización de servicios postales.
El Senado ha enmendado, en primer lugar, los artículos 2.1, 6 y 30,
apartado 4, párrafo C.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
329; a favor, 173; en contra, 134; abstenciones, 22.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas a los artículos 30.1, 30.3, 19, apartado 2, párrafo e) y la
disposición adicional quinta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
329; a favor, 172; en contra, 156; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmienda a la disposición transitoria primera, apartado 2, párrafo
cuarto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
330; a favor, 179; en contra, 131; abstenciones, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Grupo de enmiendas correspondientes a los artículos 15.6, 16.3.a),
párrafo primero, 18.2, 20.2, 23.1, 23.3 y disposición transitoria
primera, apartado 2, párrafo segundo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
329; a favor, 196; en contra, 132; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmiendas a los artículos 16.3.a), párrafo segundo y resto de la
disposición transitoria primera, apartado 2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
330; a favor, 194; en contra, uno; abstenciones, 135.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmienda a la disposición final segunda.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
329; a favor, 199; en contra, dos; abstenciones, 128.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmiendas a los artículos 10.2, 15.3, 41.2. i) y disposición
transitoria segunda.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
329; a favor, 194; abstenciones, 135.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmienda al artículo 10.3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
330; a favor, 194; en contra, 131; abstenciones cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a la enmienda que se formula al artículo 17.2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
330; a favor, 181; en contra, 147; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda al artículo 18.1.b).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
330; a favor, 198; en contra, 131; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmiendas a los artículos 4.2, 22 y disposición transitoria primera,
apartado 3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
329; a favor, 172; en contra, 22; abstenciones, 135.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmienda a la exposición de motivos, párrafo octavo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
330; a favor, 174; en contra, 16; abstenciones, 140.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Sometemos a votación las restantes enmiendas del Senado a este
proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
329; a favor, 174; en contra, uno; abstenciones, 154.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las restantes enmiendas del
Senado al proyecto de ley.
Finalmente, enmiendas del Senado a la proposición de ley reguladora
de la objeción de conciencia y de la prestación social sustitutoria,
que se someten a votación en un solo bloque.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
330; a favor, 303; en contra, 25; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas del Senado a la
proposición de ley citada.
Vamos a continuar con el debate, que no votación, del proyecto de ley
orgánica por el que se autoriza la ratificación por España del
Tratado de Amsterdam y por el que a su vez se modifican el Tratado de
la Unión Europea, los tratados constitutivos de las Comunidades
Europeas y determinados actos conexos, firmado en Amsterdam el día 2
de octubre de 1997.
Se defenderá en primer lugar la enmienda de totalidad que se ha
presentado por el Grupo de Izquierda Unida. Insisto, la votación no
se efectuará hasta la t arde, de modo que el Pleno se suspenderá a una
hora razonable para el almuerzo y se reanudará a las cuatro,
continuándose entonces con lo que reste, si no ha concluido el
debate, de este proyecto de ley orgánica por el que se autoriza la
ratificación por España del Tratado de Amsterdam o con los decretos-
leyes que constituyen el punto siguiente del orden del día. (La
señora Aguilar Rivero pide la palabra.)
Sí, señora Aguilar.
La señora AGUILAR RIVERO: Gracias, señor presidente.
Le pido al presidente que reconsidere el debate de este punto del
orden del día, de forma que suspendamos
ahora la sesión y la reanudemos a las cuatro de la t arde. (Rumore
s.) P residente, no vamos a terminar el debate ahora. Se va todo el
mundo. No sé por qué se extrañan las diputadas y los diputados de
esta propuesta que hace nuestro grupo parlamentario. (Continúan los
rumores.) El señor PRESIDENTE: Señora Aguilar, no consigo escucharla.
Ruego silencio a sus señorías.
La señora AGUILAR RIVERO: Decía, señor presidente, que no sé por qué
hay extrañeza en la Cámara por esta propuesta que hace nuestro grupo
parlamentario cuando hay la disposición de abandonar el Pleno del
Congreso, precisamente por la hora en la que estamos.
El señor PRESIDENTE: Un momento. (Pausa.) Señoría, su argumento en
este punto viene avalado por la actitud de los señores diputados en
el hemiciclo y, en consecuencia, tiene S.S. razón.
Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.
Era la una y cincuenta y cinco minutos de la t arde.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE AUTORIZA LA RATIFICACIÓN POR
ESPAÑA DEL TRATADO DE AMSTERDAM POR EL QUE SE MODIFICAN EL TRATADO DE
LA UNIÓN EUROPEA, LOS TRATADOS CONSTITUTIVOS DE LAS COMUNIDADES
EUROPEAS Y DETERMINADOS ACTOS CONEXOS, FIRMADO EN AMSTERDAM EL DÍA 2
DE OCTUBRE DE 1997 (Número de expediente 121/000116).
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señorías, reanudamos la
sesión con el punto relativo al proyecto de ley orgánica por la que
se autoriza la ratificación por España del Tratado de Amsterdam por
el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, los tratados
constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos
conexos, firmado en Amsterdam el día 2 de octubre de 1997. Para la
presentación del proyecto de ley tiene la palabra, en nombre del
Gobierno, el señor ministro de Asuntos Exteriores.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Señor
presidente, señorías, intervengo muy brevemente para presentar el
proyecto de ley orgánica por la que se autoriza la ratificación por
España del Tratado de Amsterdam.
Amsterdam es la segunda parte del proceso que empieza en Maastricht.
Se ha buscado resolver lo que quedó pendiente entonces. Para ese
recorrido era fundamental poner en funcionamiento la unión monetaria,
desarrollar la política exterior y de seguridad común y avanzar en
los asuntos de justicia e interior. En Amsterdam se debían resolver
los problemas de los flecos que quedaron en Maastricht y también hubo
que tener presente la urgencia histórica de la ampliación de la
Unión. Lo logrado tras la negociación en la Conferencia
Intergubernamental ha sido muy satisfactorio, como voy a exponer. Este
objetivo debía alcanzarse por cuatro vías bien definidas. En primer
lugar, acercar la Unión al ciudadano; en segundo lugar, crear un
espacio de libertad, seguridad y justicia; en tercer lugar, hacer más
eficaz y coherente la política exterior de la Unión; y en cuarto y
último lugar, dotar de mayor legitimidad a sus instituciones.
El Tratado de Amsterdam ha cumplido el cuádruple objetivo que la
Conferencia Intergubernamental se había propuesto. En los cuatro temas
se han producido considerables avances que nos permiten afirmar que
estamos ante un paso importante en la construcción de Europa.
Primero, se acerca la Unión al ciudadano al reconocer que ésta debe
jugar un papel importante en la promoción del empleo, coordinando las
políticas nacionales y adoptando medidas que supongan un incentivo
para que los Estados miembros adopten iniciativas encaminadas a la
creación de empleo. También destaca el tratamiento que las regiones
ultraperiféricas reciben ahora en el nuevo artículo 227, y tengo que
decir que la propuesta española para dichas regiones ultraperiféricas
ha sido plenamente recogida en ese nuevo texto. Segundo, se crea un
espacio de libertad, seguridad y justicia al consagrarse en el
respeto a los derechos fundamentales, y el principio de no
discriminación constituye una de las claves de la construcción
europea. Dentro de este esfuerzo por crear este espacio de libertad,
quiero destacar también la integración del acuerdo de Schengen en el
marco de la Unión Europea, es decir, se integra ya en el primer
pilar. Los intereses de España en el marco del contencioso sobre
Gibraltar han quedado plenamente protegidos, ya que podremos mantener
los controles al tráfico de personas procedentes del Reino Unido y de
los territorios que representa en la Unión en cualquier punto de
entrada del territorio español. Tercero, la política exterior de la
Unión resultará más eficaz y coherente al crearse una unidad de
planificación. El secretario general del Consejo será además el alto
representante de la política exterior y de seguridad común, que
actuará al servicio del Consejo y la Presidencia en este importante
ámbito. Podrá dirigir el diálogo político con terceros y su
contribución versará en la formulación, preparación y puesta en
práctica de las decisiones políticas. En cuarto y último lugar, las
instituciones quedan dotadas de mayor legitimidad al reforzarse los
poderes del Parlamento Europeo en el procedimiento de codecisión. Se
decidirán por mayoría cualificada buen número de materias ahora
incorporadas al tratado, así como algunas de las que antes se
decidían por unanimidad. Los intereses españoles en las instituciones
de una Europa a Quince quedan preservados, pues se reconoce que
España es un caso especial que debe quedar solucionado antes de la
ampliación en lo que al problema institucional del voto ponderado,
del peso de España en el Consejo, hace referencia. La propuesta
española para el reforzamiento del Comité de las Regiones fue retenida
casi en su totalidad, dándole una mayor autonomía y reforzando sus
competencias. El nuevo Tratado de Amsterdam -cuestión importante-
consagra en su articulado el principio de la cohesión económica y
social, manteniendo todo el acervo existente tanto s obre los fondos
estructurales como sobre el Fondo de Cohesión.
Concluyo, señorías, -porque soy consciente del escaso tiempo de que
se dispone-, señalando que ese debate que ha concluido en el tratado
que hoy se trata de ratificar ha sido fructífero. Hemos mantenido una
posición coherente y firme durante toda la conferencia, hemos tenido
el apoyo de la gran mayoría de las fuerzas parlamentarias que nos han
manifestado su deseo de consenso en esa importante materia de
política exterior. El éxito alcanzado por el Gobierno español en
estas largas e intensas negociaciones ha sido el éxito de todas SS.
SS., ha sido el éxito de todos los españoles.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
ministro.
Como se ha anunciado, a este proyecto de ley orgánica se han presentado
dos enmiendas de totalidad; una es de Izquierda Unida, para cuya
presentación tiene la palabra el señor Navas.
El señor NAVAS AMORES: Gracias, señor presidente.
Señorías, para evaluar los resultados de la cumbre de Amsterdam nos
deberíamos situar en el escenario previo a estos acontecimientos,
cómo la propia construcción de la Unión Europea ha ido solicitando
nuevas metas a las distintas conferencias, a las distintas cumbres
que se han venido desarrollando. Así, llegaríamos a la conclusión de
que la demanda de culminar el sendero hacía la unión política nace
en los orígenes de la propia Unión Europea y que hasta el momento se
consideraba como una deuda pendiente. Por tanto, hemos de situar el
marco de las posibles expectativas que generaba la cumbre de
Amsterdam en conseguir, de una vez por todas, consolidar la unión
política.
Maastricht, primer momento en el que se conforma el Tratado de la
Unión, tenía tres contenidos fundamentales: crear la Unión Económica
y Monetaria, con las condiciones para la convergencia y el Pacto de
Estabilidad, diseñar la política exterior y de seguridad común;
y también tenía en su agenda la unión política de nuevo; la unión
política que desapareció del modelo
que define Maastricht porque, evidentemente, la prioridad absoluta
fue para la unión monetaria. Maastricht, repito, no fue una unión
económica; no se ha conseguido una hacienda europea para equilibrarla
social y territorialmente; no hay una política fiscal común; no hay
una política social común. Por tanto, nos encontramos ante la
revisión de ese tratado con la necesidad de avanzar en aquellas
cuestiones que no fueron suficientemente complementadas o abordadas
en el mismo. Amsterdam, por tanto, debe dar respuesta a esa unión
política, a la cohesión económica y social y también tiene un
apartado especial y relevante que es la firma del Pacto de
Estabilidad.
Curiosamente en estos antecedentes ocurre un hecho singular, que el
cambio de gobierno en Francia supone que su representante se estrene
en las reuniones de ministros de Economía y Finanzas con una propuesta
que provocó turbulencias en el camino hacia el euro y en la mayor
parte de las bolsas europeas. ¿Cuál pudo ser esa propuesta tan
revolucionaria que pudo hacer temblar las estructuras económicas que
tanto mimo se pone en fortalecer en cada conferencia intergubernamental?
Algo bien simple. Condicionó su apoyo al plan de
estabilidad, a que se incorporen políticas activas de empleo. Hubo
quien se opuso a esta propuesta, dos países principalmente: Alemania,
con un 10 por 100 aproximadamente de paro en esos momentos, y España,
con un 20 por 100 aproximadamente de paro en esos mismos momentos.
Eso supone una convulsión en las bolsas y Madrid, que esperaba una
subida de 9,70, tuvo una bajada de 7,96. A Francia se le acusó de
echar por tierra los objetivos de la cumbre de Amsterdam, pero
gracias a esta presión la Presidencia holandesa tuvo que proponer la
posibilidad de elaborar una resolución sobre empleo. También hay otra
propuesta fundamental interrelacionada con el fomento del empleo,
cual es la democratización de la toma de decisiones económicas, lo
que se vino a llamar un gobierno económico que no deje al Banco Central
Europeo en un vacío de legitimidad política, para que sea un
instrumento en la creación de políticas activas de empleo, lo que se
dado en llamar coloquialmente la solución del déficit democrático.
La valoración general que hace Izquierda Unida s obre la cumbre de
Amsterdam es que las diferencias entre los Quince han reducido al
mínimo la reforma política de la Unión Europea. Los hombres reunidos
en Amsterdam no han sabido estar a la altura de sus responsabilidades
históricas, resignándose a un mínimo denominador que no afectará a
los intereses de cada uno. En este sentido, no sólo es una
conferencia de mínimos sino una conferencia negativa que contribuirá
a incrementar la actual crisis de confianza. La reforma de las
instituciones, que teóricamente era el objetivo principal de la
conferencia, se ha traducido en un sonoro fracaso. Ya se trate del
número de comisarios, de la aceptación de velocidades diferentes de
integración o de la cuestión crucial de la ponderación del voto en el
Consejo, ni siquiera se han perfilado modestos compromisos,
aplazándose estos problemas al momento de la ampliación en torno al
año 2002, en el que será aún más difícil encontrar soluciones
eficaces. Se trata, pues, de una minirreforma interina que no es válida
para afrontar el futuro inmediato de la Unión, incapaz de hablar
con una sola voz en la escena internacional y sometida a un
paralizador derecho de veto por parte de los Estados. Incluso en
comparación con las expectativas menos optimistas la conferencia ha
aportado respuestas decepcionantes. Si bien no han podido ignorar el
ascenso de la cuestión social y el debate sobre el empleo, los Quince
no han puesto en cuestión ninguna de las orientaciones que hoy
suscitan el descontento de amplios sectores de las opiniones
públicas. Los líderes de la Unión han sido incapaces de elaborar
propuestas genuinas a los retos de la mundialización. La presión del
nuevo Gobierno francés ha arrancado el compromiso de convocar una
reunión especial del Consejo Europeo, los días 17 y 18 de octubre,
consagrada a un debate específico sobre la Europa social. El único
resultado tangible ha sido la ratificación del Pacto de Estabilidad
diseñado en Dublín, despejando definitivamente la fecha de entrada en
vigor del euro, el 1 de enero de 1999, optándose por el modelo
conservador de la Alemania del Bundesbank. La resolución sobre
crecimiento y empleo corre el riesgo de convertirse en un simple
adorno privado de recursos financieros y prisionero del Pacto de
Estabilidad, porque tal y como se están aplicando las políticas de
convergencia están teniendo efectos depresivos, contribuyendo a
agravar el problema del paro en vez de resolverlo.
En Amsterdam, como en Maastricht, ha habido mucha unión monetaria y
muy poca unión económica. Este desequilibrio, con un protagonismo
excesivo de la moneda en menoscabo del crecimiento y del empleo, se
traducirá ante la opinión pública como un antagonismo entre la moneda
y el empleo. La unión monetaria no se ha completado con una verdadera
dimensión económica y social porque ambos objetivos, tal y como están
planteados, son incompatibles. Algunos afirmarán que sólo el tiempo
dirá cuánto encierra de simbólico y cuánto de tangible la resolución
sobre el empleo, cuánto de sustancia y cuánto de retórica. Hoy ya lo
sabemos. Los hechos a la vista están. Los anteriores planes de empleo
han cosechado fracaso tras fracaso por falta de voluntad política y
por falta de financiación. El Consejo ha enterrado sucesivamente el
Libro Blanco de Jacques Delors y el pacto de confianza para el empleo
presentado por Jacques Santer en 1996. No estamos ante una política
comunitaria activa por el empleo sino ante una simple declaración de
buenos propósitos, con un peso incomparablemente menor al del Pacto
de Estabilidad. El reforzamiento de la coordinación de las políticas
económicas es absolutamente insuficiente y queda muy lejos de lo que
debería ser un Gobierno económico europeo que, dotado de un presupuesto
suficiente, coordine y oriente las políticas económicas
hacia el pleno empleo. Es profundamente negativa la falta de
enunciación de los principios que han de guiar la política de empleo,
hacia dónde dirigirla, la ausencia de disposiciones que especifiquen
las grandes orientaciones de la política económica que tengan en
cuenta los efectos de dichas políticas sobre el empleo y se conciban
de modo que se dé una prioridad adecuada a la realización o al
mantenimiento de un nivel de empleo elevado. Por el contrario, el
texto del tratado define las líneas directrices de la política de
empleo de manera secundaria con respecto a las grandes orientaciones
con las cuales deben ser compatibles. Ni el grupo de reflexión ni el
tiempo transcurrido desde el inicio de la conferencia sirvieron para
clarificar las contradicciones y desgarros existentes sobre la
mayoría de las cuestiones. Ha tenido que ser el propio Consejo Europeo
en negociaciones de última hora, entre sombras de recelo y
noches de cuchillos largos, el que ha diseñado los principales
acuerdos. Este método oscurantista es el mismo que fue aplicado en
Maastricht, afecta a la propia imagen de la Unión y no contribuirá
a incrementar la transparencia y la confianza de los ciudadanos.
Los asuntos que más directamente afectaban a los intereses de España
podríamos iniciarlos con la propuesta que se hace sobre el derecho de
asilo. Inicialmente España pedía que un ciudadano de un país miembro
de la Unión no pudiera acogerse al derecho de asilo en otro país
miembro. El protocolo adoptado consagra el derecho de asilo entre
países de la Unión con una referencia expresa a la Convención de
Ginebra de 1951, en la que se recoge que no puede haber
discriminación entre ciudadanos europeos y el resto de ciudadanos y
deja en manos de cada país la decisión última sobre la autoridad
judicial o política que debe admitir o no a trámite una petición de
asilo. Esto no favorece las tesis del Gobierno español, que siempre
ha abogado por una decisión política. Nuestro presidente quiso que el
asilo político dentro de la Unión Europea fuera directamente
imposible, a pesar de la dificultad de materializar esa pretensión,
porque la Unión Europea asume los principios de la Convención de
Ginebra, como hemos dicho, que excluye la posibilidad de discriminar
a los solicitantes de asilo en función de su origen geográfico. La
propuesta española debería haber sido mejor estudiada para que no nos
tuviesen que enmendar la plana nuestros socios. El Gobierno ha sufrido
un revés. La situación anterior a este acuerdo no era especialmente
preocupante para España, lo que hace absurdo un exagerado
triunfalismo por lo que se ha conseguido. Decimos esto porque desde
que somos miembros de la Unión Europea ningún Estado miembro ha
concedido nunca asilo político a ningún ciudadano de nacionalidad
española. No debemos confundir los problemas que es verdad que ha
tenido el Estado español con la obtención de extradiciones, porque es
un asunto de distinta naturaleza y jurisdicción. Nos satisface el
acuerdo del régimen especial
de Canarias, tal como pedía España. Se ha introducido, se ha
constitucionalizado en el tratado y en un protocolo anexo el estatus
especial de las regiones ultraperiféricas, salvaguardándose el
régimen económico y fiscal específico de las islas Canarias. Sobre
Gibraltar, los negociantes españoles aprovecharon la decisión
británica de mantenerse al margen de las fronteras comunes y exteriores
de la Unión para que el tratado consagre el derecho español a ejercer
controles sobre personas que pretendan entrar procedentes del Reino
Unido o de cualquier territorio cuyas relaciones exteriores estén
bajo su responsabilidad, como es el caso. Además, España consiguió
que si un día el Reino Unido quiere incorporarse a las fronteras
comunes, a Schengen, esta decisión se adopte por unanimidad. También
España evitó el riesgo de ver mermados los fondos estructurales,
aunque lo haya conseguido al precio de rechazar toda base financiera
para nuevas políticas de empleo. En la libre circulación de
mercancías, curiosamente por haberlo planteado demasiado tarde, no se
ha logrado que la Comisión Europea imponga sanciones automáticas a
los países en los que no se respete. Esta medida ni siquiera figura
en el plan de mercado interior presentado por la Comisión de la
cumbre de Amsterdam. Seguirán impunes atentados contra el derecho
comunitario como volcar camiones españoles.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Navas, le ruego
concluya, por favor.
El señor NAVAS AMORES: Sí, señor presidente.
Termino haciendo mención a algo que nuestro grupo parlamentario viene
reclamando cada vez que hay que debatir y aprobar un tratado de la
Unión: la petición de un referéndum. El Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida plantea la revisión del tratado ante la opinión
pública española. En primer lugar, exigencia de transparencia con
información suficiente a la ciudadanía que deberá manifestar su
aprobación o rechazo al nuevo tratado a través de un referéndum. Lo
que pretende ser la constitución europea, donde todos los Estados
transferimos soberanía y se recogen compromisos que afectarán
profundamente al presente y al futuro de sus vidas, exige una
participación de estos ciudadanos en la que no sólo van a disponer de
la posibilidad de aprobar o rechazar su constitución europea, sino
que además se abrirá un proceso profundo de conocimiento y debate
sobre su contenido. Hoy, después del tiempo transcurrido desde la
firma del Tratado de Amsterdam, los españoles no saben de lo que
estamos hablando. Por supuesto que nosotros también llamamos a todos
los grupos de la Cámara al consenso, nosotros también nos reclamamos
europeístas, pero, evidentemente, no somos capaces de coincidir con
la mayoría de este Parlamento en qué tipo de unión europea queremos
embarcarnos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Navas.
Se ha presentado también una enmienda de totalidad por parte del
Grupo Mixto. Tiene la palabra para su defensa el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor p residente.
Señoras y señores diputados, el día 2 de octubre de 1997 tuvo lugar
en Amsterdam la firma del tratado del mismo nombre que modifica el
Tratado de la Unión Europea de Maastricht, en 1992, para adaptarlo
mínimamente a un contexto de creación de la zona euro, convergencia
nominal y pacto de estabilidad, así como intentar reformas
institucionales que posibiliten la ampliación de la Unión Europea, y
todo ello perfectamente condimentado con declaraciones de buenas
intenciones que legitimen el nuevo marco socialmente, aparte de
delimitar principios de decisión con recurso al célebre principio de
la subsidiariedad. Sería un error, por tanto, valorarlo sin verlo
dentro de la línea que va desde la adhesión a la Comunidad Económica
Europea, en 1985, por parte del Estado español, auténtico tratado
económico comercial, y a todos los esfuerzos que se realizaron para
acceder a la moneda única. En ese sentido tenemos que empezar
diciendo como Bloque Nacionalista Galego que estamos ante un proceso
de vaciado de contenidos competenciales, con auténtica pérdida de
soberanía de lo que constitucionalmente el Estado español llama la
nación española y de competencias del Estado en materia económica.
Sin ir más lejos, nada menos que este Congreso de los Diputados
eliminó recientemente, sin ser eliminado ni modificado en la
Constitución, el artículo 149.1.11, que dice textual mente que el
Estado mantiene la competencia exclusiva en el sistema monetario,
divisas, cambio y convertibilidad, bases de la ordenación de crédito,
banca y seguros, por no hablarles de otras muchas partes de la
Constitución española, en concreto la referida a los españoles y los
extranjeros o el título VII referido a economía y hacienda, que
prácticamente en todos los casos merecerían cuando menos haber
pensado si no sería necesaria una revisión constitucional conforme a
lo que se indica en el artículo 95. Todas las ratificaciones hechas
por España se llevaron a cabo por una vía de ley orgánica aprobada
por las Cortes Generales, lo que sin duda conllevó una cierta apatía
-no hay más que verlo hoy aquí-, un distanciamiento y una
desinformación de los ciudadanos sobre el proceso y sus consecuencias;
se vivió y vive como algo inevitable, fatídico, la peor manera de
ejercer la política. Los años 1995 y 1992 fueron dos fechas claves.
Ésta, en este momento, no cabe duda de que es epigonal. Pero vale la
pena pensar que mientras el Estado español actuó así, otros
entusiastas o menos entusiastas del proceso, sin embargo, recurrieron
en algún momento por lo menos a revalidar con mayorías de votantes, y
por tanto con un debate público evidente, este tipo de tratados.
No les voy a hablar de las decisiones francesas en algún
momento peligrosísimas para los pro-Maastricht, de la decisión
noruega evidente y contundente, de la decisión de Dinamarca o incluso
de las amenazas y decisiones de Inglaterra.
En definitiva, pensamos que el objetivo fundamental del Tratado de
Amsterdam es legitimar a posteriori, en todo caso, la verdadera
misión de la Comunidad Europea, que no es otra que la de un mercado
común y una unión económica y monetaria, pero en vez de apuntarlo así
tranquilamente el tratado, lo que hace es vender como medio lo que
sin duda fue un fin, recubriéndolo de una necesidad, eso sí, para un
desarrollo armonioso y un alto nivel de empleo. Si ustedes leen, por
ejemplo, cómo se reformaron los artículos del tratado constitutivo de
la Comunidad Europea y muchos otros artículos, todos dejan claro y
sentado que el objetivo es un mercado común y una unión económica y
monetaria. Por supuesto, la inmunidad y los privilegios necesarios
para el cumplimiento de la misión del Banco Central Europeo, del
Instituto Monetario Europeo y del Banco Europeo de Inversiones quedan
perfectamente a salvo, como quedan a salvo todos los pasos en materia
de libre circulación de personas, restringida al ámbito de los
nacionales claramente de la Unión Europea, los problemas taxativos de
impedir la emigración, sobre todo la emigración no estrictamente
controlada, el derecho de asilo, que dio lugar a discrepancias por
parte de Estados con una vocación democrática y de amparo a los
problemas de muchos países en el exterior e incluso de algunos
Estados de dentro de la Unión Europea, como fue el caso de Bélgica
haciendo valer su visión del problema, las cuestiones referidas al
orden público, sobre todo a escala nacional dentro del Estado y a
escala de la Comunidad, y los problemas de la seguridad interior y del
paso de fronteras. En todos estos aspectos el tratado sí que es
taxativo y establece el plazo de cinco años para llegar a las medidas
que están vinculadas en todo caso al acervo de Schengen en materia de
política de seguridad, sobre todo en las fronteras, y a la cooperación
judicial y policial en materia penal.
En contraste y en compensación, todo lo referido al empleo, a la
salud humana y al medio ambiente no dejan de ser frases
compensatorias y queda claro que, en todo caso, la Unión Europea
solamente será complementaria de las políticas nacionales. Aquí se
invierte la jerarquía y la cúspide es la contraria de lo que es en
materia judicial y policial y en materia económica. De una lectura
del tratado no se puede deducir que haya habido un cambio cualitativo
en cuanto a apartar al Parlamento Europeo de su papel meramente
consultivo, y no digamos ya del papel asignado al Comité de las
Regiones. Es verdad que hubo un esfuerzo por especificar mejor, por
centrar y concretar mejor el funcionamiento de las instituciones
auténticamente ejecutivas en el terreno de la política, que cabe
aclarar que ahora quedan privadas en gran parte de su función en
política macroeconómica. Los esfuerzos por una tendencia a la
reponderación del voto, a la mayoría cualificada y al reparto
ponderado de representación no van a solucionar el problema de una
Unión Europea desigual, compleja, diversa culturalmente, lo que sin
duda abre paso a una guerra de inevitables consecuencias
escenificadas o incluso a solapaciones jerárquicas. Todo esto lo
hemos visto con motivo del nombramiento del presidente del Banco
Central Europeo, lo estamos viendo con motivo del nombramiento del
presidente de la Comisión y lo vamos a ver con los problemas que va
a plantear la posible ampliación que va a recolocar a todos los
Estados europeos, en concreto -como dijo ya el señor ministro-,
también al Estado español. Es evidente que si otros Estados, en este
debate, se mantuvieron en la abstracción pero sí dejaron claro -como
Alemania, Austria y Bélgica- que estaban dispuestos a aceptar un
principio de subsidiariedad interna, aceptando el papel fundamental
que tendrían, en todo caso, en las tomas de decisiones entidades de
poder legislativo internas de los propios Estados y basadas en su
Derecho constitucional nacional, tenemos que decir que el Estado
español, siendo un Estado con entidades subsidiarias en el interior,
no dejó de declararse, por lo menos en este aspecto, con una total
apertura y con una total disposición a no blindar al Estado español
en sus competencias.
En todo caso, como Bloque Nacionalista Galego, partimos del supuesto
de que el tema es difícil, pero cualquier articulación de la Unión
Europea que no cuente con todos los Estados en pie de igualdad, que
previamente éstos no aclaren su estructura interna y el grado de
participación institucional que dará a sus territorios -o a sus
naciones, como en el caso del Estado español- e incluso si no se
aclara muy buen cuál es el m arco de actuación europea, dejando a
salvo el derecho de veto si se agreden de una manera muy perjudicial
o grave intereses estatales que afecten a las poblaciones de manera
evidente, pensamos que no habrá un modelo de Unión Europea aceptable
para la mayoría. Además, pensamos que el control y la participación
democrática en las decisiones de los propios Estados miembros por sus
parlamentos y por parte de la opinión pública y de sus sociedades,
participando democráticamente, y el control de la normativa general y
su aplicación, así como de todas las decisiones que pueda tomar el
Consejo Europeo a propuesta de los parlamentos que existan a nivel
europeo, será siempre frustrante. Por lo tanto, somos del criterio de
constituir la Unión Europea a partir de los pueblos, a partir de las
sociedades y a partir de circunscripciones naturales verdaderamente
nacionales, que es realmente lo que sustenta, en definitiva, la
sustancialidad y la virtualidad de esta Europa de cara al futuro.
Además, no pensamos que deba quedar fuera de la ordenación y control
de los gobiernos y de las instituciones representativas lo que son
las decisiones en materia económica.
Señorías, es curioso que el tratado deja también muy claro que el
papel de la Unión Europea en materia de defensa no pasa de ser un
sucedáneo de la Alianza Atlántica. Por lo tanto, no existe auténtica
política de defensa y autonomía a nivel internacional, lo que también
se transparenta en la política exterior, como acabamos de ver
recientemente -en un debate, el otro día- en las relaciones Unión
Europea-Estados Unidos, siempre tensionadas, precisamente, por el
papel hegemónico de USA. Una breve lectura deja muy clara esta
subordinación a la Organización del Tratado del Atlántico Norte.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Rodríguez, vaya
concluyendo, por favor.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Ya voy acabando, señor presidente.
La UEO constituye un elemento fundamental de desarrollo de la
integridad europea, de seguridad y de defensa dentro de la Alianza
Atlántica y, por consiguiente, continuará realizando esfuerzos
orientados a reforzar la cooperación institucional y práctica con la
OTAN.
No se está levantando un proceso de renacionalización, está habiendo
un proceso de reestatalización, que es totalmente distinto -y, desde
luego, en un Congreso como éste deberíamos tenerlo en cuenta-; pero
es el resultado lógico de una dualidad que se está solucionando por
la vía de dejar a los Estados constituidos el galimatías de las
dificultades, en concreto, en servicios públicos, en política de
empleo, en orden público interior, en cultura, en política fiscal, y
dejarle a la jerarquía superior, lógicamente, lo que son decisiones
de política económica, llámese PAC, llámese fondos estructurales y de
cohesión o decisiones de integración, de defensa y de política
monetaria. Esta dualidad lleva en sí el germen de la destrucción de
la Unión Europea.
Señorías, cuando la conferencia advierte de la poca calidad de la
redacción en la legislación comunitaria, pensamos que se debe a que
hay unos objetivos solapados claros, pero que tienen que encubrirlos
de tal faramalla discursiva que efectivamente estos documentos son
ilegibles, no ya por los ciudadanos, sino por parte de los diputados,
por mucho que se molesten.
Actuaremos como Bloque Nacionalista Gallego para que se realice una
verdadera renacionalización, de servicio a los pueblos que
conformamos Europa y un auténtico control democrático para constituir
la Europa de las naciones y de los pueblos a partir del criterio de
que los pueblos y las naciones existen y la democracia no se practica
más que con control, con debate y con participación ciudadana.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Rodríguez.
¿Algún grupo desea intervenir en el turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos
que desean fijar la posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario
Mixto, y tal como hemos quedado, van a intervenir los tres partidos
que lo integran, pero por el tiempo máximo de dos minutos cada u no.
En primer lugar, tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Señorías, la construcción europea es un proceso dinámico que se basa
en la voluntad democrática de los pueblos, que cuenta cada vez con un
mayor número de miembros y que ofrece al día de hoy un balance
absolutamente positivo, alejado del catastrofismo pregonado por
alguno de forma permanente en relación con ese proceso, lo que es un
balance satisfactorio, tanto en el mantenimiento de la paz, sobre
todo si se mira con una perspectiva histórica de siglo, como en el
terreno económico y en el terreno social.
El Tratado de Amsterdam, dentro de ese proceso de construcción
europea, es un paso más que se sitúa entre la puesta en vigor de la
Unión Económica y Monetaria y el proceso de ampliación hasta un total
de casi el doble de miembros, un paso que se produce a seis años del
anterior tratado, el de Maastricht, y que seguramente no tendrá una
vigencia superior a ese periodo de seis años transcurridos desde el
anterior.
Como Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya-Els Verds, reconociendo
las insuficiencias del Tratado de Amsterdam, que pueden subsanarse
reforzando una mayoría progresista a nivel europeo en línea con la
que hoy gobierna en Italia, Francia, Inglaterra, segura y
deseablemente también en Alemania próximamente y en otros países, y
en la que todos los partidos progresistas realmente europeístas deben
colaborar desde ya, nosotros damos el voto positivo en la confianza
de que este tratado es un paso adelante que hará más cercana la
Europa con cohesión social y democrática por la que estamos y
seguiremos trabajando.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Peralta.
Tiene la palabra la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Muchas gracias, señor presidente.
Intervendré muy brevemente.
El Tratado de Amsterdam no ha colmado las expectativas que teníamos
los ciudadanos después del Tratado de Maastricht, en primer lugar
porque no ha recogido esa suficiente y necesaria integración de la
unión política, que no va en camino paralelo a la Unión Económica
y Monetaria, va muchos pasos atrás, y no parece que podamos colmar las
diferencias y las lagunas que van apareciendo.
De modo sintético quiero señalar que el Tratado de Amsterdam tiene
unos atisbos importantes, como la mención de la base del empleo,
aunque la mera coordinación no nos es suficiente; pero tiene también
deficiencias -y recojo uno de los argumentos del señor Rodríguez-, en
concreto las reformas institucionales, no sólo a efectos de
ponderación de voto y del número de comisarios, sino de una verdadera
reforma en la que todo el mundo nos sintamos incluidos dentro de esa
unión política.
Lamentamos que no se hayan recogido las aportaciones que en el propio
Pleno se establecieron en relación al Comité de Regiones, que no
pueda haber un recurso ante el Tribunal de Justicia o que no pueda
ser considerado como una exclusión de la Unión Europea. También
creemos que hay un déficit democrático, y cuando decimos déficit nos
referimos a la capacidad de transparencia en las reuniones del
Consejo de Ministros que debe subsanarse en próximas reformas.
Cómo no hablar del tema de la subsidiariendad. En este sentido sé que
el ministro no comparte mi opinión, pero haberse adherido a la
declaración de otra serie de Estados miembros en materia de
subsidiariedad no significaba ninguna merma en otra serie de
cuestiones.
Por último, el asilo. Creemos que se ha mejorado en relación a la
posición que mantenía el Gobierno español, pero esa declaración de
que se considera manifiestamente infundada de manera general no nos
aporta nada a nuestras opiniones respecto a la convención de Ginebra.
De todas maneras, nos habría gustado que el Gobierno español -ya sé
que iría contra sus propios actos- hubiera firmado la declaración que
hizo Bélgica.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Lasagabaster.
Finalmente, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.
Desde Unión Valenciana, partido con clara vocación europeísta,
queremos manifestar nuestra opinión, y vaya por delante nuestro apoyo
al proyecto de ley por el que se ratifica el Tratado de Amsterdam. No
obstante, queremos hacer una valoración. Pensamos que se pierde una
oportunidad histórica de poder avanzar en ese proceso de unión
integral de la Unión Europea y los pueblos que la conforman desde la
diversidad. Damos nuestro apoyo, pero tenemos que manifestar
telegráficamente algunas objeciones.
En primer lugar, pensamos que en el tratado aún se contienen excesivas
declaraciones de voluntad, hay cierto parcheo en algunas
cuestiones y me referiré a cinco puntos concretamente. El primero es
que se echa en falta que no se imprima la misma intensidad que se ha
imprimido en los últimos cinco años a la Unión Monetaria en
cuestiones tan importantes como la unión
política, la reforma de las instituciones, conseguir una mayor
participación de los ciudadanos en las decisiones comunitarias y,
sobre todo, conseguir una Unión Europea en lo social y en aquellas
cuestiones referentes al trabajo, al bienestar y a la calidad de
vida.
En segundo lugar, como ya dijimos en un momento del Tratado de
Maastricht, pensamos que se debería haber consultado al pueblo
español en un referéndum para involucrar al ciudadano en las
instituciones europeas, en la construcción europea, para saber de qué
hablamos y hacia dónde vamos. Creo que ese referéndum nos hubiera
dado mayor legitimidad para poder saber el terreno que estamos
pisando.
En tercer lugar, sabiendo los grandes problemas que hay, esa cierta
hostilidad hacia la agricultura mediterránea, o los problemas que se
están planteando respecto al mantenimiento de los fondos europeos por
parte del Estado español, creo que se tendría que mantener la
posibilidad de que cualquier Estado vetara una decisión que fuera
hostil a sus intereses, como es el caso claro y rotundo de las OCM
que afectan a los productos agrícolas del Mediterráneo o la
posibilidad de que el Estado español pierda los fondos europeos, los
fondos estructurales.
En cuarto lugar, que en aquellos Estados que tienen un régimen
descentralizado, un régimen autonómico como es el caso español, se
pudiera permitir la elección de los eurodiputados al Parlamento
Europeo por las circunscripciones autonómicas, como se produce en los
länder alemanes o en las regiones italianas.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Chiquillo, le ruego
concluya.
El señor CHIQUILLO BARBER: Y en último lugar, y muy importante, se
debería haber dado un paso mayor para garantizar y hacer posible la
libre circulación de las mercancías en la Unión Europea. En la
Comunidad Valenciana sabemos que año tras año, y este tratado lo va a
seguir permitiendo, no se adoptan las medidas para garantizar el
libre tránsito de mercancías porque así lo han querido las
autoridades europeas. Por tanto, c reo que es una oportunidad perdida.
Damos un sí crítico, pero pensamos que se tenía que haber avanzado
algo más para conseguir esa unión económica, política y monetaria con
la misma intensidad, por el bien de todos los ciudadanos del Estado
español y de la Unión Europea.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Chiquillo.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones
.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor presidente, señorías, Coalición
Canaria fija hoy con profunda satisfacción su posición para dar su
voto favorable a la ratificación
con este carácter de ley especial al denominado Tratado de
Amsterdam.
No hay que olvidar que el Tratado de Maastricht introdujo un artículo
que obligaba a los países de la Unión Europea a crear una Conferencia
Intergubernamental y a que en 1996 se hiciera una revisión
actualizada del Tratado de Maastricht; fruto de ello es lo que hoy
tenemos delante, el Tratado de Amsterdam.
En este momento, quiero rendir un tributo de reconocimiento por parte
de Coalición Canaria a la anterior Administración, representada en
aquel momento por su ministro de Exteriores señor Solana, el ministro
de Hacienda señor Solbes, la persona que dirigió muy bien la
Conferencia Intergubernamental y después fue ministro señor
Westendorp, y de una manera muy especial, por lo que después diré con
respecto a Canarias, a nuestro actual ministro de Asuntos Exteriores,
don Abel Matutes, y a su secretario de Estado, señor De Miguel. Por
fin, pueden descansar; este parlamentario no les volverá a decir qué
hay de lo nuestro, por el ya famoso artículo 299 -señor ministro,
muchas gracias- que reconoce en este estatuto de regiones
ultraperiféricas y con un estatuto especial a nuestro entrañable
rincón español de las islas Canarias.
Vamos a votar favorablemente la ratificación de este tratado porque
estamos acostumbrados a subir la escalera europea por escalones. A
veces los subimos con espera en los descansillos, pero no vamos a ser
cicateros con negarles los méritos de todo milímetro que avancemos en
España según el Tratado de Amsterdam. De aquí que en este uso
democrático y con todos los respetos y por las razones que voy a
decir, tengamos que votar en contra de las enmiendas de totalidad que
piden la devolución de este tratado.
En primer lugar, el Tratado de Amsterdam contiene un principio
fundamental de avance en los derechos y libertades de los pueblos de
Europa y de sus naciones, por una razón fundamental: España no pudo
entrar en el Tratado de Roma por las limitaciones democráticas del
régimen dictatorial franquista que negaba derechos, libertades y
valores democráticos. Sin embargo, ahora nos encontramos con un
horizonte de ampliación a países que vienen también del ámbito de las
dictaduras y era necesario que los tratados europeos tuvieran una
cláusula para establecer un procedimiento como trae ahora el Tratado
de Amsterdam, de suspensión como miembro para el Estado que viole de
forma grave y persistente los principios de libertad, democracia, res
peto a los derechos humanos y Estado de Derecho. Nos damos una
garantía muy importante para seguir en este avance.
En segundo lugar, Schengen era una especie de hijuela que estaba
aislada de unos países -con lo que significa en la libertad de
movimiento de las personas en Europa-, y pasa a quedar bajo el
control de las instituciones de la Unión Europea. Me hubiera
preocupado un Schengen permanente dependiendo de Ministerios del
Interior o de Justicia que se hicieran el traje por
su cuenta y no se sometiera a las instituciones democráticas europeas
de la Unión. Esto está vinculado con lo que he dicho anteriormente,
que por fin aparece reflejado, y es que si un Estado miembro de la
Unión Europea conculca de manera sistemática y persistente valores
democráticos y derechos humanos pueda ser puesto en cuarentena.
Es importante el recordatorio que hace Amsterdam del principio de
subsidiariedad, que también se ha cuidado en la cumbre de Cardiff,
para que no haya una patología de interpretación de dicho principio
que aboga por que al ciudadano le resuelva los problemas la instancia
europea más próxima en vez de irse a distancias kilométricas.
Evitemos un crecimiento de los nacionalismos de interpretación para
que el ciudadano europeo que esté en España, en Italia, en Alemania,
en el Reino Unido o en cualquiera de los otros quince países miembros
de la Unión y los que vengan, pueda sentirse bajo un mismo Derecho
comunitario.
Se ha hecho otro avance con la política exterior y de seguridad
común. No es posiblemente el desiderátum, pero tenemos que
acostumbrarnos a ir subiendo la escalera peldaño a peldaño. Se crea
ya la figura de un alto representante de la Unión Europea para la
PESC, que será el secretario general del consejo, y posiblemente
dentro de seis o siete años veremos esta figura mucho más
singularizada y consolidada.
Desde Coalición Canaria queremos destacar muy enfáticamente lo que
significa Amsterdam en el principio de cooperación reforzada o
flexibilidad. Se está olvidando este principio en la Unión Europea y
es necesario resaltarlo, sobre todo desde una potencia de la máxima
representación entre los cinco mayores, donde está también España. Es
importante que este principio de flexibilidad o de cooperación
reforzada lo haya establecido el Tratado de Amsterdam en la medida en
que trata de poner cautelas para que no se constituya ni una Europa a
la carta ni un núcleo duro que desvirtúe el modelo europeo. Es más
importante, a nuestro juicio, lo que Amsterdam señala sobre medidas
de alerta y cautelares para evitar la creación de núcleos duros, en
la que España pudiera ser perjudicada porque no sería un modelo
europeo, un núcleo duro con un triángulo París-Berlín-Londres, por
poner un ejemplo.
Aquí creo que la postura que han mantenido nuestros negociadores
diplomáticos del Ministerio de Asuntos Exteriores, bajo la dirección
de don Abel Matutes, ha sido afortunada e inteligente, señor
ministro, y le animamos a mantenernos en este principio
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Mardones, concluya
por favor.
El señor MARDONES SEVILLA: Para ir terminando, señor presidente,
nosotros tenemos que ver con satisfacción un nuevo paso que se ha
dado en el Comité de las Regiones y de las instituciones de la Unión,
como el Parlamento Europeo.
Finalmente, la plena satisfacción para nosotros de votar el nuevo
artículo 299, en su punto 2, que sustituye al hasta ahora vigente de
Maastricht, el artículo 227, s obre el reconocimiento para las islas
Canarias del régimen de región ultraperiférica con un estatuto
específico que viene a solventar la amenaza que teníamos de perder la
condición de Objetivo 1, para poder encauzar d entro de ella las
ayudas de Estado a Estado, de las que Canarias se puede beneficiar, y
sobre todo adoptar medidas específicas para que las condiciones de
aplicación del presente tratado resulten beneficiosas para Canarias.
Cuando en el Consejo de Cardiff, terminado esta misma semana, se ha
tomado el acuerdo de dar prioridad en el futuro de Europa a la
ratificación del Tratado de Amsterdam, nosotros, señor ministro de
Asuntos Exteriores, celebramos y nos congratulamos de que el Gobierno
lo haya traído a esta Cámara, sin producir más dilaciones, y más
cuando han acordado ustedes en Cardiff que para el consejo de Viena
se tomen las disposiciones reglamentarias de Amsterdam, dado que,
como usted bien recordará, señor ministro, se acordó que el nuevo
tratado fuese plenamente operativo en cuanto entrase en vigor.
Deseamos, señor ministro, que las labores diplomáticas españolas
terminen de animar a los países que quedan por la ratificación del
Tratado de Amsterdam para que, cuando llegue el consejo de Viena, a
finales de este año, se puedan adoptar todas las medidas pertinentes
a su desarrollo, y que en el caso de Canarias nos encontremos ya
incorporados al derecho positivo comunitario con el punto
fundamental, que es este artículo 299, en cuanto a las ayudas.
Por todas estas razones, señorías -termino, señor presidente-,
tendremos que votar en contra de las enmiendas de totalidad porque
estamos pensando sencillamente en el interés europeo, español y
canario.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, comenzaré, como ha hecho quien me ha precedido en el uso de
la palabra, con la felicitación y el reconocimiento a cuantos han
aportado su esfuerzo en la construcción europea, en la que el partido
al que pertenezco creyó desde sus comienzos.
Se han presentado dos enmiendas a la totalidad al proyecto de ley en
el que se aprueba la modificación del Tratado de Amsterdam, que hacen
referencia a puntos realmente importantes: la omnipresencia de la
Unión Monetaria, que ha primado sobre los aspectos políticos, la
preocupación por el empleo y por la política social y también el
déficit en lo que hace referencia
a la representación de un Estado, que desde nuestra óptica ha de
definirse como plurinacional.
Pese a ello, considerando importantes estos aspectos, nuestra apuesta
es por la aprobación del tratado. El proyecto de ley orgánica que se
quiere hoy devolver al Gobierno con estas enmiendas de totalidad será
con toda probabilidad la última de las grandes reformas de los
tratados en este siglo, es el epílogo a cincuenta años de integración
europea.
El Partido Nacionalista Vasco ostenta la responsabilidad de la acción
exterior desde el Gobierno vasco y desde él ha seguido con especial
atención y ha participado a través de todos los cauces posibles en
los debates de la Conferencia Intergubernamental para la negociación
del tratado.
Ya en el año 1996 presentó un documento titulado: Euskadi ante la
reforma de la Unión Europea, desde la convicción de que la realidad
europea está cada vez más presente en nuestro quehacer cotidiano.
No podemos ocultar que las propuestas que entonces presentaba el
Gobierno vasco abogaban por una mayor profundización en muchos de
estos aspectos. Muchas de las propuestas que se hacían están todavía
encima de la mesa y constituyen la parte inacabada de Amsterdam a la
que la Unión deberá hacer frente antes de su ampliación. Es cierto
que los resultados de la Conferencia Intergubernamental han sido
limitados. No obstante, para una valoración de los mismos no podemos
perder de vista los siguientes factores: que en la discusión de
Amsterdam han estado presentes, como nunca antes, tesis
involucionistas. Se cuestionaban por determinadas delegaciones,
especialmente el Reino Unido, las competencias de la Comisión y del
Tribunal y no debemos olvidar tampoco la propuesta inicial francesa
sobre el papel de los parlamentos nacionales. La incerticumbre sobre
la Unión Económica y Monetaria ha pesado como una losa en las
negociaciones y asimismo la incertidumbre sobre el funcionamiento de
la Unión ampliada a 20 ó 25 Estados que ha estado también en todo
momento presente. Por tanto, los resultados no han sido ni mucho
menos espectaculares, pero esta ha sido probablemente una de las
conferencias celebradas con un contexto político, social y económico
más difícil en la historia de la construcción europea. Si a pesar de
ello el proceso ha seguido avanzando, la valoración no puede dejar de
ser positiva.
Centraré la exposición en cuatro puntos esquemáticos que nos merecen
la valoración que intentaré también esquematizar. Como punto uno me
referiré a la Europa de los ciudadanos y al modelo europeo de
sociedad. Era uno de los retos de esta conferencia y creemos que hay
avances en el ámbito de los derechos humanos, de la no discriminación
y de la lucha contra la exclusión social. Se ha reforzado la
protección de los derechos fundamentales. Se ha extendido el
principio de no discriminación a nuevos supuestos distintos del de la
nacionalidad que ya existía; entre ellos se encuentra la diversidad
de sexo, las creencias religiosas, la
edad, el origen étnico, racial o las minusvalías. En el orden social
se ha introducido en el tratado el protocolo social del que estaba
antes excluido el Reino Unido y se ha asumido el compromiso de
respeto en la acción de la unión de los derechos sociales. En el
ámbito del empleo se enuncia como uno de los objetivos de la Unión
promover un alto nivel de empleo y de protección social y se crea un
comité de empleo. Nos parece especialmente interesante, desde la
óptica del grupo a que pertenezco, que se consagre la acción de la
Unión dirigida a proteger y favorecer la diversidad de culturas dentro
de la misma, cuestión esta en la que desde el Gobierno vasco se
hizo particular hincapié. Se avanza en la configuración de la Unión
Europea como espacio de seguridad y de libertad, aunque en este
aspecto son ciertos algunos de los achaques que se han formulado
desde uno de los grupos enmendantes.
Como punto dos me referiré a la política exterior y de seguridad
común y a la política de defensa. En este ámbito los avances han sido
ciertamente menores. No se ha dotado a la Unión de una personalidad
jurídica internacional y se mantiene prácticamente la unanimidad para
la decisión, en relación con las cuestiones referentes a la política
exterior y a la seguridad.
Como punto tres me referiré a cuestiones institucionales. Si en algún
apartado puede hablarse de fracaso en la conferencia, creemos que
éste es el más evidente. Ha resultado imposible el acuerdo en
cuestiones tales como la nueva ponderación de los votos en el
consejo, paso de la exigencia de la unanimidad a la mayoría
cualificada en un número significativo de cuestiones y
redimensionamiento de la Comisión Europea. Sin perjuicio de ello hay
aspectos institucionales del Tratado de Amsterdam que sí son un
avance, a los que no me referiré por cuestiones temporales en esta
intervención, pero sí haré alusión a principios en el funcionamiento
de la Unión, tales como el que regula la flexibilidad, también
llamada de cooperaciones reforzadas, y un segundo, especialmente
querido para el grupo al que pertenezco, que es en el que se
introduce un protocolo s obre la aplicación del principio de
subsidiariedad.
Llego con ello al punto cuatro, que es en el que el grupo al que
pertenezco tiene mayores objeciones, y es el referido a la
participación regional. La problemática que se plantea en esta
cuestión no es de ámbito externo europeo, sino de ámbito interno. Los
problemas para hacer valer los planteamientos de nuestra posición en
este campo no han venido de Bruselas sino, hay que decirlo, del
propio Madrid. El Gobierno vasco, con el apoyo del partido al que
represento, presentó un documento planteando cuestiones como las
siguientes: un reforzamiento del Comité de Regiones; una formulación
del principio de subsidiariedad que comprometiese los niveles
regional y local; la determinación, a nivel de la Unión, de un marco
jurídico para el desarrollo de la cooperación trasfronteriza e
interregional y el reconocimiento para la Unión de un estatuto
jurídico para las delegaciones y oficinas de las entidades regionales
y
locales ante las instituciones europeas. Nada de esto se ha abordado.
Esta posición fue contrastada con la Administración del Estado en la
comisión bilateral del 3 de octubre de 1996, sin resultado.
Nuevamente se planteó en la conferencia para asuntos relacionados con
las comunidades europeas, el 21 de abril de 1997, y el resultado fue
que el Estado se negó a asumir la mayoría de las peticiones
autonómicas; es decir, las propuestas autonómicas no llegaron a
conocerse en Bruselas. Así y todo, la realidad y la razón son más
tozudas y las propuestas del Gobierno vasco vieron luz cuando, a
finales del mes de junio, Bélgica, Alemania y Austria presentaban en
la mesa de negociaciones una declaración en la que se señala
expresamente que la acción de la Comunidad Europea, de conformidad
con el principio de subsidiariedad, concierne no sólo a los Estados,
sino también a las entidades en la medida en que dispongan de
competencias legislativas reconocidas en su ordenamiento
constitucional. El Estado español no comprometía nada aprobando una
propuesta de este estilo, sino que simplemente podía sumarse a una
declaración presentada por otros países. Por el contrario, desde la
Administración del Estado ni siquiera se informó a las comunidades
autónomas de que se había presentado esta declaración. España ha
quedado así como el único país con un nivel de descentralización
importante que no se ha adherido a esta declaración.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señora Uría, le ruego
concluya, por favor.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Sí, señor presidente, voy terminando.
Únicamente quería indicar que, a pesar de la complejidad técnica que
puede tener la presentación de enmiendas parciales, el grupo al que
pertenezco las presentará, no al texto del Tratado sino al proyecto
de ley que contiene su aprobación, en el bien entendido supuesto de
que tales enmiendas lo serán sólo y exclusivamente en este último
aspecto al que me he referido, el de la participación regional, que
nos parece que es la asignatura que ha quedado más colgada, más
pendiente, dentro de la aprobación del Tratado que, de todas formas,
aprobamos, apoyamos y que nos llevará a rechazar las dos enmiendas a
la totalidad que se veían en la Cámara en esta tarde.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Uría.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor
Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, a uno le cabe la duda, cuando se plantea un debate como el
que se está celebrando aquí esta t arde, seguido con la pasión que se
comprueba desde
los escaños por los 350 diputados perfectamente entusiasmados por la
importancia de lo que aquí se discute, de si estamos ante una
situación de absoluta indiferencia o estamos más bien ante uno de
esos casos de una unanimidad avasalladora en la que cualquier debate
es absolutamente irrelevante. Queda a la discreción de cada uno de
los diputados presentes saber cuál de los dos extremos es, pero en
todo caso valga el contraste entre la situación de esta Cámara en est
e preciso momento, a las cinco y tres minutos de la tarde de hoy,
y los debates análogos que ha habido en la Asamblea Nacional francesa,
en los parlamentos de media Europa, las propuestas de referéndum, los
referéndum llevados a cabo en otros Estados, y la indiferencia
absoluta con la que afronta hoy esta Cámara el primer debate que se
puede llevar a cabo en el Pleno sobre el contenido del Tratado de
Amsterdam. Yo mismo, por no romper la línea, voy a hacer una
intervención muy breve, pero el contraste ha de ser evidente.
El Tratado de Amsterdam es sin duda, y se ha dicho eso como
frontispicio de cualquier intervención, mejor que el Tratado de
Maastricht. Eso por sí solo ya es un argumento como para oponerse a
dos enmiendas a la totalidad, enmiendas de devolución al Gobierno.
Eso no significa, sin embargo, que el Tratado de Amsterdam sea un
buen tratado. Es sencillamente mejor que el Tratado de Maastricht,
cuya reforma pretendía. Se queda corto, es pobre, no es ni mucho
menos lo que algunos hubiéramos querido que se lograra, sin embargo
está mejor que lo que había y sólo por eso ya merece una cierta
aprobación. Digo eso porque algunas intervenciones en estos últimos
días o determinadas opiniones manifestadas podían dar a entender que
la aprobación del Tratado de Amsterdam es una adhesión a su
contenido. No, la aprobación al Tratado de Amsterdam no es decir que
es bueno, es decir que es mejor que su ausencia, es decir simplemente
que preferimos eso a nada.
Hay que decir -y lo digo de paso, tomando una idea que manifestaba el
portavoz de Coalición Canaria- que estas críticas no son aplicables
directamente en este caso al Gobierno español. Ayer mismo se
presentaba en el Ministerio de Asuntos Exteriores un libro que recoge
el trabajo muy concreto de cada uno de los representantes españoles
en la Conferencia Intergubernamental que dio lugar al Tratado de
Amsterdam, y es evidente que España sí hizo sus deberes e hizo lo que
pudo, pero del conjunto del papel de España, sumado a la falta de
voluntad política de los otros catorce miembros de la Unión es
evidente que el resultado no fue el que algunos hubiéramos querido
que fuera. El Tratado de Amsterdam mejora al de Maastricht en muchos
puntos: mejora la política exterior y de seguridad común, muy poco,
en puntos mínimos. Introduce esa figura reforzada del secretario
general del Consejo como alto representante para la política
exterior. No refleja el refuerzo de la política exterior de la Unión
o la personalidad jurídica internacional de la Unión. No
llega todo lo lejos que algunos querríamos en la institución de una
política de defensa y de seguridad común para la Unión Europea, sin
embargo introduce elementos positivos. Refuerza el elemento de
ciudadanía en la Unión Europea. Refuerza el tercer pilar, los temas
de justicia e interior. También aquí se queda corto, hace una cierta
suspensión de cinco años hasta la auténtica integración de los temas
del tercer pilar en la política comunitaria, pero es un avance. Aquí
quiero dejar constancia, como a este portavoz le gusta hacer en
tantas ocasiones como puede, de que sigue estando pendiente el
control parlamentario de este tercer pilar. Se incrementa el tercer
pilar. Se incrementa el papel policial, las responsabilidades
policiales de control de visados, etcétera, por parte de la Unión
Europea, pero sigue sin preverse quién y cómo deberá controlar
políticamente esas funciones. Se refuerza en Amsterdam la protección
del medio ambiente, no es poco. Se refuerzan los derechos
fundamentales con unas referencias muy expresas que, viendo como se
han interpretado siempre cuando se ha querido buscar la letra pequeña
de las disposiciones del Tratado, pueden dar mucho juego en el
futuro. Se refuerza el principio de igualdad entre hombres y mujeres.
Se introducen las referencias al empleo, que son pocas, no son todas
las que podrían ser, pero ya han empezado a dar sus frutos en virtud
de su aplicación anticipada antes de la propia entrada en vigor del
Tratado.
También es cierto que en el plano institucional se queda muy lejos de
lo que hubiera podido ser, sin embargo se introduce un criterio de
flexibilidad para que la velocidad de la construcción europea no
quede m arcada por el alumno más lento, sino que sea precisamente el
más rápido el que pueda marcarla, seguido de aquellos que quieran y
sean partidarios de una integración más ágil. No se introduce o no se
llega todo lo lejos que querríamos en un incremento de la democracia
y de la base de legitimidad democrática de la Unión Europea. Sigue
faltando legitimidad democrática en la Unión Europea, señorías. Creo
que eso es una verdad absolutamente indiscutible y no discutida
prácticamente por nadie en toda la Unión. Estamos lejos de los
ciudadanos. Están lejos las instituciones de los ciudadanos y, sin
duda, ahí hay mucho trecho por recorrer. No se avanza todo lo que se
debería en las reformas estrictamente institucionales, en las
mayorías en el Consejo, en las formas de tomas de decisión, en el
control de la Comisión por el Parlamento. Todo eso son temas que
siguen pendientes, que en cierto modo tienen ya fecha fija. Es un
avance posterior a la elaboración del propio Tratado, pero es una
pena que éste, que es lo que hoy discutimos, no las hubiera asumido
ya. De todos modos es evidente que antes de la ampliación tales
reformas deberán ser afrontadas.
Finalmente -y en plena sintonía con la portavoz del Grupo
Parlamentario Vasco-, una de las grandes lagunas del Tratado de
Amsterdam es precisamente la falta de sensibilidad hacia el elemento
regional. Es cierto
que estamos ante una Europa construida por los Estados, pero en la
que no se ha tenido suficientemente en cuenta lo que se puede llamar
organismos infraestatales, las regiones, las comunidades autónomas en
nuestro caso.
Reconocemos la preocupación del Gobierno español por una utilización
fraudulenta, en violación de los propios tratados, de la noción de
subsidiariedad. Entendemos y comprendimos en su momento las
explicaciones que se formularon por el ministro de Asuntos Exteriores
en esta Cámara y en el Senado, a petición de nuestro grupo y de
otros grupos parlamentarios, acerca de por qué no se había suscrito
la declaración en materia de subsidiariedad. Entendemos, no
compartimos, la explicación de que suscribir esa declaración podía
tener un cierto riesgo de renacionalización de determinadas políticas
en detrimento del propio equilibrio de la Unión. Entendemos que eso es
un riesgo que está ahí, pero no vemos que sea suficiente como para,
por otras vías, sea o no esa propia declaración, seguir dejando claro
que en Europa no sólo existen Estados unitarios. En Europa existen
Estados plurinacionales. En Europa hay naciones con entidades
inferiores al Estado, que tienen soberanía y competencias
legislativas en su propio ámbito, y eso debe reflejarse a nivel de la
Unión Europea.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Guardans, concluya,
por favor.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Termino, señor presidente.
De la misma forma que compartimos la inquietud del Gobierno español
de que con una falsificación del criterio de subsidiariedad se puedan
permitir renacionalizaciones, mi grupo no permitirá que por la vía de
la integración europea la Administración central recupere
competencias que han sido transferidas a las comunidades autónomas a
través de la Constitución o a través de los estatutos de autonomía.
Es un debate que ya está durando mucho tiempo, que intuimos que
seguirá durando, pero no queremos dejar de ponerlo de relieve. El
papel de las regiones en Europa debe reforzarse y el Tratado de
Amsterdam era uno de los instrumentos para que eso fuera así.
Termino, señor presidente. Mi grupo va a votar negativamente las dos
enmiendas de devolución porque entiende que el Tratado de Amsterdam
es un paso que se queda corto. No es todo lo que uno querría, falta
democracia, falta transparencia y falta integración europea, pero es
un pequeño paso, que ya es más que lo que teníamos, y aunque sólo sea
por eso, merece nuestra aprobación. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Guardans.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Costa.
El señor COSTA COSTA: Señor presidente, señorías, Amsterdam es el
resultado de las frustraciones de Maastricht y, sobre todo, de las
necesidades heterogéneas y dispares, a veces contradictorias, de cada
uno de los Estados miembros con visiones nacionales y, en función de
sus intereses y preocupaciones, sin una visión de conjunto. Esta no
es una frase del portavoz que les habla, es una frase de una persona
que lleva años en la política europea representando al Gobierno del
Reino de España, es una frase que asumimos plenamente. Creo que es
una definición acertada de lo que representó Amsterdam.
Después del Tratado de Maastricht, y vale la pena hacer
comparaciones, en aquella ocasión se siguió plenamente el método
Monnet, el que ha ido construyendo Europa paso a paso. Se centró en
la negociación de una unión económica y monetaria que actuaría como
motor y daría un impulso decisivo al proceso de integración. España,
junto con Alemania, exigió que paralelamente a esa unión económica y
monetaria, se estableciera una unión política que acompañara a la
moneda y que permitiera una mayor legitimidad democrática y la
superación del tradicional economicismo del Tratado de Roma. El
reforzamiento de la cohesión económica y social, la creación de una
ciudadanía europea, la potenciación de los poderes del Parlamento
Europeo, la inclusión en el Tratado de nuevas y numerosas competencias
no estrictamente económicas, fueron los elementos centrales de esa
unión política incorporados al nuevo Tratado acompañante de la Unión
Económica y Monetaria que se dio en Maastricht.
En Amsterdam, señorías, a pesar del magnífico trabajo previo
realizado por el grupo de reflexión presidido por Carlos Westendorp,
que trazó los grandes ejes y posibles contenidos de la conferencia,
no ha habido ningún plan global equivalente, ni siquiera un diseño
que se acercara a esta visión global necesaria para la construcción
europea. En efecto, señorías, Amsterdam es el resultado de las
frustraciones de Maastricht, incluyendo temas que quedaron abiertos e
inconclusos en aquella negociación y, sobre todo, de las necesidades
heterogéneas y dispares, a veces contradictorias, de cada uno de los
quince Estados miembros, con visiones nacionales y en función de
intereses estrechos, sin esa visión global de conjunto. Lo pusimos en
evidencia ayer mismo, en el debate que se produjo en esta Cámara
después de la cumbre de Maastricht. Señorías, la segunda gran
diferencia entre Maastricht y Amsterdam consiste en que en Maastricht
la negociación estaba situada siempre entre dos extremos claramente
identificados, los que querían mantener el statu quo y aquellos que
querían seguir avanzando en el proceso de integración europea. En
Amsterdam, señorías, en cambio no se ha producido el mismo nivel de
confrontación. Ha habido claramente dos polos diferenciados respecto
de Maastricht. Ha habido propuestas claramente regresivas respecto
del nivel de integración que Europa había ya logrado en Maastricht,
que no han
visto la luz, pero que siguen subsistiendo en los debates referidos a
la construcción europea. En Amsterdam, en sus debates, se ponían en
peligro, señorías, elementos esenciales de la construcción
comunitaria, y citaré algunos: La propuesta alemana sobre
subsidiariedad que algunos grupos han traído a este debate. Señorías,
esa propuesta comportaría la ruptura del mercado único, comportaría,
sin duda, un fraccionamiento del grado de cohesión dentro de la Unión
Europea, y yo c reo que afortunadamente no vio la luz. La propuesta
inglesa de diluir el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, o la
propuesta francesa de crear una gran conferencia de parlamentos
nacionales que contraponer al Parlamento Europeo elegido directamente
por los ciudadanos, o las propuestas nórdicas de intentar fragmentar
el mercado único con argumentos y pretextos medioambientales, eran
propuestas claramente regresivas que no vieron la luz, y por ello
debemos felicitarnos; y sin duda, el trabajo realizado por el ex
ministro español de Asuntos Exteriores, Carlos Westendorp, contribuyó
a que esas propuestas no avanzaran.
Conociendo esas propuestas, señorías, el Parlamento español, a través
de la Comisión Mixta para la Unión Europea, realizó un dictamen de
aquellos elementos que debería contener, a nuestro entender, la
reforma del Tratado de Maastricht, y quiero simplemente recordar lo que
para el Grupo Socialista era fundamental en aquel debate, y voy a
reiterarlo textualmente: Desde el Parlamento español los trabajos de
la Conferencia Intergubernamental contienen, desde sus comienzos,
dos vertientes inseparables bajo cuyo análisis el Parlamento debatirá
y se pronunciará sobre las reformas del Tratado de la Unión Europea.
Así, la Conferencia debe producir las reformas institucionales que
garanticen el buen funcionamiento de una Unión ampliada a los Estados
del Este, Centroeuropa y Chipre, y una profundización democrática de
la Unión que combine, de la mejor manera posible, los intereses del
conjunto de Estados que conforman la Unión Europea, dando un paso más
en el proceso de integración europea. Esta era la postura que
mantenía el Grupo Parlamentario Socialista, que en parte está
reflejada en los contenidos del Tratado de Amsterdam. Pero es verdad
que no está el elemento fundamental de esa reforma, que no es otro
que las reformas institucionales, de las que después hablaremos.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Costa, le ruego que
vaya concluyendo.
El señor COSTA COSTA: Voy concluyendo, señor presidente.
Es cierto que Amsterdam incorpora nuevos elementos. Se producen
importantes avances en la libre circulación de personas. Se refuerza
de una manera importante el tercer pilar. Hay una formulación más
eficaz, mejor estructurada de la política exterior y de seguridad
común. Las mejoras afectarán a los ciudadanos,
especialmente todo el capítulo social y todo lo que signifiquen
políticas de empleo. Existe el establecimiento de una política de
salud pública, el reforzamiento de la protección de los consumidores,
la posibilidad de adoptar medidas contra cualquier tipo de
discriminación, la justificación ante el Tribunal de Luxemburgo del
Convenio sobre derechos humanos en Roma en 1950; la integración plena
del Reino Unido en la política social y en la mejora de la
transparencia y de la atención al ciudadano; el establecimiento de un
espacio de libertad, seguridad y justicia, noción ya propuesta por
España en 1989 que ha sido plenamente adoptada ahora por los Quince,
ese espacio que incluye objetivos e instrumentos concretos de lucha
contra el crimen organizado, el terrorismo y el tráfico de drogas. Se
da un salto cualitativo en algunas instituciones comunitarias y muy
particularmente en el Parlamento Europeo y en el Comité de las
Regiones.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Costa, concluya, por
favor.
El señor COSTA COSTA: Acabo, señor presidente.
Y es cierto también que España ve cómo algunas de sus
reivindicaciones particulares tienen su entrada en el Tratado de
Amsterdam. Se ha referido el señor Mardones a la inclusión de un
nuevo artículo que garantiza el tratamiento especial para las
regiones ultraperiféricas; el Protocolo sobre asilo político, que
constituye un paso importante para evitar que la política de asilo
sea utilizada por los terroristas; se preservó de la mayoría
cualificada una serie de políticas, como los fondos estructurales,
ahora en debate, para que se decidan por unanimidad y que, por lo
tanto, España tenga mayor margen de maniobra.
Pero, señorías, el fracaso de la reforma institucional de la
conferencia ha hecho que no cumpla el primer objetivo que tenía
planteado y va a complicar las negociaciones sobre financiación de la
ampliación y las perspectivas financieras para los años 2000 a 2007.
El calendario que se estableció en Madrid en 1995 con la Agenda 2000
no ha podido ser cumplido en este punto. El resultado de la reforma
ha sido insuficiente e insatisfactorio, como se ha puesto en
evidencia en el último Consejo europeo celebrado en Cardiff. Es
opinión casi unánime que la Unión Europea está en un proceso de
indefinición sin un claro horizonte hacia el que dirigirse después de
haber pasado con éxito el reto de la unión monetaria europea. Estamos
en el momento justo en el que la Unión puede avanzar en un proyecto
de solidaridad, de compartir desde la diversidad de sus culturas y de
sus gentes un proyecto político, económico y social y darnos
instrumentos para hacer más eficaces la solidaridad de Europa con el
resto de los pueblos que la necesitan. Estamos entre la tentación de
e cerrarnos en los egoísmos nacionales o de abrirnos para hacer
frente a los retos que Europa y sus ciudadanos tienen hoy planteados,
como el empleo, el medio
ambiente, la solidaridad entre sus pueblos y sus gentes, reforzando
un espacio de paz, seguridad y libertad.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Costa.
Finalmente, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
señor Robles.
El señor ROBLES FRAGA: Señor presidente, con su permiso hablaré desde
el escaño, entre otras cosas porque así tengo la satisfacción de
estar rodeado por mis compañeros de grupo. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Como usted desee, señor
Robles, está en su derecho.
El señor ROBLES FRAGA: Muchas gracias, señor presidente.
Decía esta mañana la diputada Cristina Almeida que no había nadie
para escucharla. Como no la veo ahora, permítanme lamentarme porque
no esté ahora escuchándome a mí, que suelo asistir bastante más a las
votaciones de esta Cámara de lo que ella hace. (Protestas.) Es
verdad que ahora no hay periodistas en la tribuna de prensa y, por
tanto, es normal que no esté entre nosotros. (Protestas.-Varios
señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Silencio, por favor.
El señor ROBLES FRAGA: Este no es el primer debate sobre el Tratado
de Amsterdam. Si no recuerdo mal, ya tuvimos un debate amplio después
del Consejo de Amsterdam, el 25 de junio de 1997, en el que pudimos
hablar, discutir y escuchar a los portavoces de nuestros grupos acerca
de las importantes decisiones que se habían tomado en esa ciudad
holandesa los días 16 y 17 de junio de 1997. Es por ello que no
parece necesario repetir los argumentos que entonces se dijeron. Sí
que tenemos ahora más perspectiva histórica de la que entonces
teníamos o, por lo menos, tenemos una cierta distancia en el tiempo
para ver lo que ha significado y lo que puede significar la
aprobación del Tratado de Amsterdam, como resultado -y SS.SS. lo
saben bien- de la Conferencia Intergubernamental -que es otra palabreja
europea difícil de pronunciar desde una tribuna parlamentaria-.
En este proceso europeo parece claro -y ayer creo que fue demostrado
suficientemente- que la visión ideológica de la Unión Europea entre
conservadores perversos y progresistas justos y benéficos es
radicalmente falsa. Y, además, eso entra en seria contradicción
cuando vemos cómo los gobiernos cambian de color y defienden una
cierta línea de conducta, unos intereses nacionales razonablemente
expuestos, justificados y defendidos ante sus ciudadanos que son, en
definitiva, los que aprueban la mejor manera de promover ese
común interés europeo, que se basa y que se asienta s obre los
intereses nacionales y sobre cómo los votantes, los electores,
entienden esos procesos y esos intereses nacionales. Por eso, entre
otras razones, el Partido Popular gobierna en este momento en España
(Rumore s .), porque en un momento determinado los ciudadanos
españoles entendieron que éramos capaces de proseguir un camino que
no habíamos iniciado nosotros, del que no nos habíamos apropiado
nosotros, como al parecer los que creen en el renacimiento de la
historia cuando ganan las elecciones entienden y que, desde luego,
nosotros entendemos como continuidad, como esfuerzo compartido y al
que llamamos, siempre desde esta tribuna parlamentaria, a la
colaboración de todos.
Existe una visión alternativa, es aquélla que el general De Gaulle
decía que no estaba ni a la izquierda, ni a la derecha, sino al Este
y como el Este ya no existe, debe estar en algo parecido al espacio
exterior de la Unión Europea. Y fuera de esa gran mayoría que forma
una fuerza central y sólida de la vida española constituida por
varios grupos políticos, entre los cuales hay grupos de oposición y,
naturalmente, grupos de gobierno, hay algunas posturas que no dejan
de ser curiosas. Pero, en fin, no haré demasiada referencia a ellas
porque, afortunadamente, para el devenir de la Unión siguen siendo
irrelevantes, alternativas o exóticas y, por tanto, poco decisivas.
Hay que huir de esa visión euroexaltada que hace que estemos siempre
en el sobresalto de que en cada cumbre europea deben tomarse grandes
y clamorosas decisiones, desde Monnet -y ha sido citado por el señor
Costa con acierto- el proceso es de paso a paso. Se basa en buscar
cuál es el interés compartido para hacer que los intereses nacionales
no sean contrapuestos. Y por eso tenemos que ver el resultado de la
cumbre de Amsterdam y el mismo Tratado de Amsterdam con una cierta
perspectiva histórica que va más allá de los meses transcurridos
desde su aprobación.
Estamos hablando de un proceso abierto, inconcluso, de pasos
continuados, que trata de combinar -y ese es el verdadero interés
español, que yo creo que está salvaguardado por el Tratado de
Amsterdam, negociado por el Gobierno que nos precedió y por el Gobierno
que ahora gobierna este país- la preparación para la ampliación y
la necesidad del reforzamiento de los principios de solidaridad y
cohesión europeos. Se trata de una contraposición que ha sido
explicada en algunos debates, por ejemplo, en el debate de la
Asamblea Nacional francesa, al que hacía alusión el señor Guardans
antes, por importantes líderes europeos como el ex presidente francés
Giscard d´Estaing; pero desde el punto de vista español esa
contraposición entre la gran Europa y la Europa fuerte no tiene
sentido si entendemos correctamente el interés español. Precisamente
el interés español es hacer más Europa y no menos Europa, esto es,
reforzar los mecanismos de solidaridad y cohesión, a la vez que
reconstituimos la unidad europea, rota por el ya afortunadamente
desaparecido Muro de Berlín. Y conforme
nosotros reconstituimos la Europa que deseamos en la Europa que es,
que es la Europa amplia que estamos construyendo y que estamos ya
negociando, no podemos olvidar que si los ciudadanos europeos quieren
Europa es precisamente porque Europa es garantía de paz, de seguridad,
de solidaridad y de democracia. Y en todos estos terrenos el
Tratado de Amsterdam es una propuesta muy positiva. No es, como se ha
dicho aquí, un tratado de negativos sino un tratado de pasos
positivos importantes, tanto para acercar la Unión al ciudadano como
para crear un espacio de libertad, seguridad y justicia, como para
hacer más coherente la política exterior de la Unión, como para dotar
de mayor legitimidad a sus instituciones.
Por eso la Europa de los Estados -que no la Europa de las naciones- y
la Europa de los ciudadanos tienen sentido juntas. Y por eso creo que
es un error -y se lo digo con toda modestia a los portavoces de los
grupos nacionalistas que han hablado en esta Cámara- pretender
mezclar el debate entre la realidad europea, esto es, basada en los
Estados y en los ciudadanos, y la fantasía de la Europa de los
pueblos; y mezclar eso con el debate sobre cómo podemos nosotros
organizarnos -nosotros, quiero decir alemanes, austríacos, belgas,
españoles y de los demás Estados de la Unión- para que el principio
de subsidiariedad se aplique correctamente y para que las entidades,
llámense regionales, llámense como se llamen, puedan articular y
contribuir a la conformación no sólo del interés nacional, del
interés del Estado, sino también para participar mejor en los asuntos
comunes de la Unión Europea, sobre todo cuando afectan a competencias
legítimamente ejercidas.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Robles, le ruego
concluya.
El señor ROBLES FRAGA: Concluyo, señor presidente.
Al final de lo que se trata es de definir mejor cuál es el interés
español dentro del común interés europeo y qué unión grande y fuerte
podemos organizar para el siglo XXI.
Sin duda el Tratado de Amsterdam no es el gran paso, el gran salto
que algunos deseaban, pero, también sin duda, es un paso sólido, es
un paso firme, es un paso positivo, es un paso importante al que el
Grupo Popular, como no podía ser de otra manera, dará su voto
positivo.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias señor
Robles. (El señor Peralta Ortega pide la palabra.)
Señor Peralta, ¿con qué objeto me pide la palabra?
El señor PERALTA ORTEGA: En la última intervención que se acaba de
producir, señor presidente, aparte de comenzar diciendo que prefiere
estar rodeado de los diputados populares y no en la tribuna rodeado
de todos los diputados...
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Peralta, no polemice
con la última intervención.
El señor PERALTA ORTEGA: No pretendo polemizar, señor presidente,
pretendo hacer referencia a que se ha terminado con una alusión
personal y directa a mi compañera...
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Peralta, la alusión
ha sido a una diputada no presente y, por tanto, no puede contestarla
otro diputado. En su caso, la señora diputada sabe, o puede saber,
que reglamentariamente puede contestar a estas alusiones en la
siguiente sesión plenaria, si así lo desea. Las alusiones personales
no pueden ser contestadas por otra persona.
El señor PERALTA ORTEGA: Señor presidente, en vista de que no le
pueden contestar, a lo mejor el diputado que ha hecho la intervención
quiere retirar sus frases del «Diario de Sesiones».
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Peralta.
Vamos a proceder a la votación (Pausa.-El señor vicepresidente,
Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Votación
correspondiente a las enmiendas de totalidad y devolución al proyecto
de ley orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del
Tratado de Amsterdam por el que se modifican el Tratado de la Unión
Europea, los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y
determinados actos conexos, firmado en Amsterdam el día 2 de octubre
de 1997.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
282; a favor, 19; en contra, 262; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas de totalidad.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:
- REAL DECRETO-LEY 5/1998, DE 29 DE MAYO, POR EL QUE SE DICTAN REGLAS
PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA JUBILACIÓN ANTICIPADA DEL SISTEMA DE LA
SEGURIDAD SOCIAL, EN DETERMINADOS CASOS ESPECIALES (Número de
expediente 130/000047)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Punto IX del
orden del día: Convalidación o d erogación de reales decretos-leyes.
Real Decreto-ley 5, de 29 de mayo de 1998, por el que se dictan regla
s
para el reconocimiento de la jubilación anticipada del sistema de la
Seguridad Social, en determinados casos especiales.
Para su presentación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el
señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. (Pausa.-Rumores.)
Señorías, les ruego guarden silencio. Ocupen sus escaños o abandonen
el hemiciclo, señorías. (Pausa.) Señora Rubiales. Señor Cuesta.
(Pausa.) Puede comenzar, señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Señor presidente, señoras y señores diputados, procedo a presentar a
la Cámara el Real Decreto-ley 5/1998, aprobado por el Gobierno el 29
de mayo, por el que se dictan reglas para el reconocimiento de la
jubilación anticipada del sistema de la Seguridad Social en
determinados casos especiales.
Como saben SS.SS. estos casos especiales son los relativos a los
supuestos en que, habiéndose cotizado a varios regímenes del sistema
de la Seguridad Social, el interesado no reúne todos los requisitos
exigidos para acceder a la pensión de jubilación en ninguno de ellos.
La posibilidad de anticipar la jubilación a los 60 años viene
establecida por la Ley de Seguridad Social de 1966 en su disposición
transitoria segunda, concretamente en el número 7, con carácter
transitorio y exclusivamente -quiero insistir en la palabra
exclusivamente- para determinados trabajadores incluidos en el
régimen general y en los regímenes especiales de la minería del
carbón y de trabajadores del mar. En consecuencia, señoras y señores
diputados, se trata de una medida excepcional, ya que con carácter
general rige la edad de 65 años para la jubilación. Por cierto,
señorías, una edad que se ha visto reforzada permanentemente en el
debate parlamentario, ya que los grupos han expresado reiteradamente
que esta edad no debe ser solamente una referencia administrativa y
legal, sino que la estiman adecuada como edad común para la jubilación.
Hay que decir, señorías, y pensando siempre en el régimen de la
Seguridad Social, en sus ingresos y en sus gastos, que en estos
momentos aunque la edad legal de jubilación está establecida en los
65 años, sin embargo la edad real de jubilación viene produciéndose
a los 62 años...(Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento,
señor ministro, discúlpeme.
Señorías, les ruego guarden silencio. (Pausa.) Señor Guardans. Señor
Meyer, le ruego guarde silencio. (Pausa.) Puede continuar, señor
ministro, muchas gracias.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Como decía, señor presidente, edad legal de jubilación 65 años y edad
real de jubilación media 62 años.
Esta norma se estableció con carácter transitorio, s obre todo con la
finalidad de respetar las expectativas de derecho que tenían
consolidadas algunos trabajadores. Estos trabajadores concretamente
son los cotizantes antes del 1 de enero de 1967 a mutualidades
laborales de trabajadores por cuenta ajena, en cuyos estatutos, por
cierto, se reconocía expresamente esta posibilidad de jubilarse a
partir de los 60 años cuando finalmente se produjera el hecho
causante de la pensión de jubilación en el régimen general o en el
régimen especial en que hubiera quedado incluido el colectivo de que
se tratara.
Vigente esta legislación, claramente definida, en nuestra opinión,
con respecto al alcance de la misma, sin embargo se estaban dando
situaciones en las que el interesado accedía a la jubilación
anticipada pese a que nunca fue trabajador incluido en un régimen que
reconociera especialmente la jubilación anticipada.
En 1978, en el mes de agosto, se dicta una resolución por la entonces
Dirección General de Prestaciones del Ministerio de Sanidad y
Seguridad Social que únicamente exigía que el interesado acreditara
haber cotizado al mutualismo laboral como trabajador por cuenta ajena
antes del 1 de enero de 1967, bastando que, con posterioridad,
reuniera cotizaciones en cualquier régimen de la Seguridad Social. Lo
que ocurría era que, en los correspondientes regímenes en que había
quedado incluido, a algunos de ellos no se les reconocía el derecho
a la jubilación anticipada. En consecuencia, en nuestra opinión, esta
interpretación que se da en 1978 no encuentra amparo en norma alguna.
Como saben, las normas sobre cómputo recíproco de cuotas no amparaban
la interpretación que se venía haciendo, ya que remiten la resolución
de la prestación al régimen en el que el trabajador hubiera quedado
incluido durante más tiempo. Por lo que se refiere a la jubilación
anticipada, se supone que ha sido trabajador por cuenta ajena, en
consecuencia, la mayor parte de su vida activa.
Las situaciones de abuso, señorías, como el recurso a que un único
día de cotización antes del 1 de enero de 1967 supusiera el
reconocimiento a la jubilación a los 60 años dieron lugar, por la vía
de diferentes pleitos, a diversos pronunciamientos del Tribunal
Supremo. Así, consolidados por la jurisprudencia del Tribunal
Supremo, dictada en unificación de doctrina, se establecieron los
criterios interpretativos en esta materia, determinándose el sentido
de las normas que regulan el derecho a la jubilación anticipada. Y
siendo insoslayable la adecuación de la aplicación de la ley a la
doctrina del Tribunal Supremo, ya el 21 de diciembre de 1995 se
dictan unas resoluciones que posteriormente son anuladas en cuanto a
su efecto, y en noviembre y diciembre de 1997 se dictan resoluciones
similares en aras a conjugar la interpretación del Supremo con la
aplicación de la norma y, sobre todo, señorías, en beneficio de la
seguridad jurídica de los trabajadores.
La interpretación que efectuaba en las resoluciones a las que he
hecho referencia dentro de nuestro departamento modifica criterios
anteriores de la resolución de 1978, sobre todo referidos a los
siguientes aspectos: el primero de ellos hace referencia inexcusable
a la existencia de cotizaciones a las mutualidades de trabajadores
por cuenta ajena que reconocían este beneficio antes del 1 de enero
de 1967, en la medida en que la norma transitoria que reconoce el
derecho a la pensión de jubilación menciona exclusivamente a este
colectivo. El segundo, señorías, es la exigencia estricta de que el
trabajador que haya cotizado a distintos regímenes consolide su
derecho a la pensión de jubilación anticipada en el régimen general o
en los regímenes de trabajadores por cuenta ajena que la reconocen,
por cumplimiento de todos los requisitos exigidos para ello,
aplicando a tal efecto las normas sobre cómputo recíproco de
cotización. Estas modificaciones suponían nuevos criterios en relación
con las que se venían aplicando. Sin embargo, señorías, el 31 de
marzo se produce una petición del Congreso de los Diputados al Gobierno
que en todos sus términos es contradictoria con respecto a las
decisiones que venían adoptándose por el Tribunal Supremo, puesto que
solicita que se mantengan los criterios interpretativos de la
aplicación de la norma relativa a la jubilación anticipada anterior
a las resoluciones de diciembre de 1997.
El Gobierno, atendiendo a la moción aprobada y haciéndose partícipe
de la especial sensibilidad de la que es merecedor el colectivo, por
cierto muy reducido, afectado por esta norma, decidió proponer la
modificación de la legalidad y tramitar un proyecto de real decreto-
ley ante el Consejo de Ministros para adecuarla a la realidad social
y también a las peticiones del Congreso de los Diputados, y
ciertamente se ha hecho en un plazo récord, puesto que la moción fue
aprobada el 31 de marzo y el 29 de mayo el Consejo de Ministros a p
robaba lo que para nosotros es la traslación legal de la misma, en
menos de dos meses; es más, la norma, que entró en vigor el día de su
publicación en el Boletín Oficial del Estado, el 30 de mayo, sin
embargo podrá aplicarse a las pensiones de jubilación cuyo hecho
causante se produzca a partir del 1 de abril de 1998. Esta norma ha
tomado la figura de decreto-ley para evitar situaciones poco
deseables respecto a quienes ya hubiesen podido formular sus
peticiones y, actuando con este procedimiento urgente, creemos que
hemos podido salvar cualquier posible perjuicio individual.
Señorías, estamos ante una materia que debe abordarse con rango de
ley y es cierto que la propia moción insta al Gobierno a adoptar
medidas legales. Por otro lado, la norma -como muy bien se dice en la
moción- debe atenerse a los principios que establece el Pacto de
Toledo; pacto que, como todos conocemos, recoge que no debe
producirse una sistemática de anticipación de la edad de jubilación.
Estamos ante una materia que debe abordarse sin que se distorsionen
las
reglas generales del sistema, de forma que no se creen agravios de
unos colectivos respecto a otros. Y es que sin duda estamos hablando
de aplicar un beneficio, una situación que, como hemos visto, no es
extensible a la totalidad de los trabajadores acogidos al régimen de
la Seguridad Social, ni siquiera a la totalidad de los acogidos al
régimen general.
En este sentido, y en el marco estricto del Pacto de Toledo, se han
primado los períodos largos de cotización a la Seguridad Social, las
largas carreras profesionales. El real decreto trata de dar una nueva
regulación a los supuestos planteados, de manera que cuando un
trabajador acredite mayor número de cotizaciones en un régimen -y, por
tanto, éste sea el procedente para reconocer la pensión- y, sin
embargo, no acredite el requisito de edad, pueda jubilarse
anticipadamente si reúne cotizaciones en alguno que sí contemple el
beneficio de la jubilación, siempre -insisto- que tenga cotizaciones
en el mismo.
Ahora bien, la nueva regulación proyectada responde también a
principios de proporcionalidad y contribución, para lo cual se exige
que al menos un cuarto del total de las cotizaciones acreditadas por
el interesado lo sean en un régimen que tuviese prevista la
posibilidad de la jubilación anticipada. No obstante, señorías,
cuando la totalidad de las cotizaciones acreditadas -y en beneficio
de las largas carreras profesionales- sean de 30 ó más años, para que
pueda aplicarse la jubilación a una edad anticipada será suficiente
que se a credite un mínimo de cinco años en los regímenes antes
señalados. Aunque se acceda a la pensión de la jubilación con
anterioridad, a los 65 años la pensión se reconocerá en el régimen en
el que se acredite mayor número de cotizaciones.
Esto es, señor presidente, lo que el Gobierno quiere exponer al
amparo de la petición al Congreso para que se convalide este real
decreto, y quisiéramos poner de manifiesto que el mismo ha sido
objeto, en su desarrollo, de diálogo con los agentes sociales, que no
han presentado observaciones de fondo a su contenido. Nos parece que
el real decreto confirma el espíritu y la defensa plena del Gobierno
por parte de lo que ha significado el Pacto de Toledo. Creemos que es
también una muestra clara de respeto al Parlamento, que plantea una
moción que en un momento determinado interpretamos como distinta en
sus criterios con respecto a la jurisprudencia del Tribunal Supremo,
pero que eso no ha sido obstáculo para que el Gobierno, con todo
empeño, intente, desde la buena fe y pensando en el sistema de
Seguridad Social, traer a la Cámara una nueva normativa que nos
despeje el plano de la interpretación de las jubilaciones anticipadas
y que, en nuestra opinión, contribuye a salvar todos los
derechos individuales, siempre sin olvidarse de la necesidad de que
esos derechos individuales sean preservados en un m arco de
saneamiento y racionalización de nuestro sistema de protección
social.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En
nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer
lugar, la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Muchas gracias, señor presidente,
haré unas breves consideraciones.
El presente real decreto-ley se nos presenta como consecuencia de la
interpelación planteada por el Grupo de Izquierda Unida y luego
votada por toda la Cámara, en la cual se establecía un mandato muy
claro de dejar sin efecto dos resoluciones de la Dirección General de
Ordenación de la Seguridad Social, en concreto la de 14 de noviembre
y la de 5 de diciembre, que entendíamos eran muy perjudiciales para
un grupo muy amplio de personas. En este sentido, se ha planteado
esta presentación como cumplimiento de este mandato.
Sin embargo, creemos que no se da solución a la problemática que se
inicia con estas resoluciones anteriormente citadas. Pensamos que en
algunos casos se siguen planteando, si no la misma problemática, sí
algunos problemas que tienen que ser solventados, por lo que no
estaríamos de acuerdo -y quiero ser breve- con el artículo 2 b) del
real decreto-ley . En este sentido, plantearíamos que el tiempo
mínimo de cotizaciones en lugar de cinco años fuera de tres.
A la hora de determinar cuál va a ser el sentido de nuestro voto, sí
nos gustaría que nos dijera el Grupo Popular (y esperamos que lo
conteste en su intervención) si va a permitir la tramitación como
proyecto de ley, que desde ahora adelanto que solicitaremos. Si no se
estuviera de acuerdo en tramitarlo como proyecto de ley al objeto de
presentar las enmiendas en el sentido que hemos indicado, nuestro
voto sería negativo, ya que sigue afectando gravemente y no deja la
situación tal como estaba, que era el mandato establecido por este
Congreso. En cualquier caso, en algunos grupos, y concretamente en el
grupo Mondragón, la situación que hoy se nos plantea para
convalidarlo perjudicaría al 50 por 100 de los trabajadores que
quieren obtener beneficios de la jubilación anticipada.
A la espera de conocer la decisión del Grupo Popular y de los demás
grupos de la Cámara, no señalaremos nuestro voto hasta la última
parte de este debate.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
Lasagabaster.
Señor Vázquez, discúlpeme, porque el señor Fernández había solicitado
un turno en contra que no había a preciado, con lo cual hemos empezado
los turnos de fijación de posición, que interrumpimos, al haber
intervenido tan sólo la señora Lasagabaster, y le concedo la palabra,
en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para un
turno en contra, al señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor p residente.
Esta hora de la tarde no invita precisamente a ser muy prolijo en las
intervenciones, pero quiero manifestar que del asunto que hoy nos
ocupa depende el futuro de bastantes miles de familias españolas y,
por ello, es un asunto importante. Por eso prefiero consumir este
turno en contra, aunque posiblemente se podría haber solucionado de
otra manera.
Debatimos hoy un real decreto-ley del Gobierno por el cual se dictan
las reglas para el reconocimiento de las jubilaciones anticipadas en
determinados casos, llamados especiales. ¿A quién o a quiénes se
define como casos especiales? A los regímenes especiales a los que
están sujetos los emigrantes retornados, los empleados y empleadas
del hogar y los trabajadores autónomos de cualquier sector, incluidos
los de la economía social. ¿Y qué pretende también el real decreto-
ley que hoy nos ocupa y que el Gobierno ha traído a esta Cámara? La
respuesta es bien sencilla. El Gobierno, con este real decreto-ley
que trae a la Cámara, lo que pretende es modificar los criterios por
los que hasta ahora estos colectivos de trabajadores y trabajadoras
podían acogerse a las jubilaciones anticipadas, es decir,
jubilaciones a partir de los 60 años, como en el régimen general.
Comprendo que para el ministro sea más incómodo estar hoy aquí
defendiendo el real decreto-ley que la posición que adoptó
inicialmente, que fue la de resolverlo a través de una circular de la
Seguridad Social. Sí, ministro, este asunto se trató de zanjar
precisamente a través de una circular de la Seguridad Social, circula
r que, por cierto, no tiene publicidad, no es conocida, y por eso
nosotros hemos pretendido en todo momento que al menos una resolución
de tanta importancia y que afecta a estos colectivos sea conocida.
Las circulares de 14 de noviembre y 5 de diciembre pretendían eliminar,
suprimir unas resoluciones del Ministerio de Sanidad y Seguridad
Social de 9 de agosto de 1978 que permitía las jubilaciones
anticipadas de estos colectivos a que hoy nos estamos refiriendo
aquí. Entendemos que estas resoluciones son importantes pues venían a
cubrir un vacío legal porque hasta 1978 los regímenes especiales no
tenían capacidad de jubilarse anticipadamente.
Izquierda Unida, como he dicho anteriormente, a través de la
interpelación que presentó en su momento, pretendía concienciar a
este Parlamento de la importancia del asunto, que se le diera
publicidad y que fuera conocido, y a través de la moción que presentó
en esta Cámara el 31 de marzo quería que se subsanase lo que creíamos
y seguimos creyendo que fue un claro error del Ministerio de Trabajo.
En esa moción instábamos al Gobierno a derogar, a eliminar, a
suprimir sus resoluciones; al final por cuestiones de aritmética
parlamentaria nos tuvimos que contentar con una transaccional que era
mucho más suave, pero que entendíamos cumplía su objetivo. Este
objetivo era suspender la entrada en vigor de las resoluciones
de 14 de noviembre y 5 de diciembre y también mantener la
circular de 9 de agosto de 1978. Eso fue lo que aprobó este Congreso
el 31 de marzo. ¿Cómo ha cumplido el Gobierno el mandato que esta
Cámara aprobó por mayoría? Esta Cámara aprobó por mayoría de todos
los grupos parlamentarios una transaccional, consecuencia de la
moción del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, como
consta en el «Diario de Sesiones», y yo aconsejaría al ministro que
releyera su intervención para que se dé cuenta que fue derrotado aquí
políticamente. Como viene siendo habitual por parte del Partido
Popular, cada vez que comprueba puede perder una votación se suma a
la oposición descaradamente; eso es lo que vienen haciendo ustedes
con bastante frecuencia.
Tengo que decirle, ministro, que en esta Cámara sus tesis y las tesis
del portavoz del Partido Popular fueron derrotadas durante el debate
de la moción. Creo que lo normal en un Estado democrático hubiese
sido asumir las tesis de la oposición, que tampoco cuesta tanto.
Nuestros planteamientos eran y son razonables; por tanto si es
derrotado políticamente en el Congreso de los Diputados, lo que debía
haber hecho el Gobierno es asumir lo que proponíamos aquí, cosa que
pasaré a detallar porque entendemos que no se ha cumplido.
El Congreso pidió la suspensión de la entrada en vigor de las
resoluciones de 14 de noviembre y 5 de diciembre, eso es correcto.
¿Por qué entonces, desde el 1 de abril del presente año hasta este
momento, no se ha tramitado ni una sola petición de jubilación
anticipada? El Congreso pidió la suspensión de unas resoluciones que
venían a anular otra, con lo cual la interpretación jurídica que por
lo menos nosotros hacemos es que si no existe resolución que la
anula, sigue estando vigente la resolución de 1978. Nuestra pregunta
es bien sencilla: ¿por qué desde el 1º de abril no se ha tramitado ni
una sola pensión? ¿Por qué se han acumulado los expedientes? ¿Por qué
el ministro ha dado instrucciones de que se separen, o de que se
cuenten al menos para saber qué tiene entre manos? Seguimos estando
sorprendidos porque no se ha tramitado ni una sola petición a pesar
de que cumplan los requisitos con arreglo a la normativa existente,
la de 1978, con lo cual entendemos que a pesar de lo que nos ha
contado aquí el ministro anteriormente, se está incumpliendo el acuerdo
de este Parlamento. La Dirección General de la Seguridad Social
debiera haber dado instrucciones para seguir funcionando con
normalidad. Me refiero a que si la circular no está vigente, no hay
ningún problema para seguir tramitando los expedientes, cosa que no
se ha venido haciendo.
Este Congreso aprobó también que el Gobierno, en el marco del Pacto
de Toledo, debía adoptar las medidas legales correspondientes para
mantener la vigencia de la resolución de la Dirección General de
Prestaciones del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social del 9 de
agosto de 1978 y ustedes hoy nos presentan un real decreto-ley que
dice recoger el sentir del Congreso de
los Diputados en su acuerdo de 31 de marzo. Interpretan que mantener
la circular de 1978 es modificarla en su espíritu, en su letra de tal
forma que lo que anteriormente permitía jubilarse anticipadamente sin
ningún tipo de límites mínimos, en su real decreto-ley que hoy vemos
en esta Cámara se establecen límites y además límites altos, porque
la letra d) dice que al menos la cuarta parte de las cotizaciones
totalizadas a lo largo de l a vida laboral de un trabajador se hayan
tenido que efectuar en el régimen general de la Seguridad Social.
Esto es nuevo, no tiene nada que ver con la resolución de 1978.
También dice que a aquellos trabajadores que tengan más de treinta
años cotizados les pediremos al menos cinco años de afiliación de su
vida laboral al régimen general; lo que antes bastaba con un día para
poder jubilarse anticipadamente, ahora se convierte en cinco años
como mínimo.
No podemos estar de acuerdo con este decreto, señor ministro. Vulnera
los derechos adquiridos por los trabajadores, derechos que han venido
ejerciendo desde 1978 y que usted hoy trata de modificar.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor
Fernández, vaya concluyendo.
El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Sí, señor presidente, termino ahora
mismo.
Decía que no podemos estar de acuerdo con este real decreto-ley y le
vamos a pedir que sea tramitado como proyecto de ley para que al
menos los grupos parlamentarios de esta Cámara puedan presentar
textos alternativos, enmiendas o lo que crean convenientes y espero,
para finalizar ministro, que usted y su grupo parlamentario no tengan
inconveniente en que este real decreto-ley sea tramitado como
proyecto para que tengamos un debate a lo largo del tiempo que dura
su tramitación.
Nada más. Muchas gracias
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Fernández.
En nombre del Grupo Socialista y también para utilizar un turno en
contra de la convalidación, tiene la palabra el señor Cercas.
El señor CERCAS ALONSO: Muchas gracias, señor p residente.
Señor ministro, señoras y señores diputados, empezaré por agradecer
al señor presidente accidental de la Cámara que haya rectificado su
planteamiento del debate y nos permita hacer un turno como el que
queríamos hacer, no sólo de fijación de posiciones sino dejar
nítidamente sentado en esta tarde nuestra oposición firme, razonable,
razonada a un decreto-ley que tiene aproximadamente las mismas
razones para no ser convalidado que las que mantuvimos respecto a las
resoluciones que están en el origen de esta norma.
Señorías, una vez más esta tarde, como está ocurriendo a lo largo de
casi toda la legislatura, es una semana donde otro asunto más nos
ocupa la atención, un asunto en el que los grupos de la oposición
tratamos de frenar o atemperar una medida gubernamental que erosiona,
que atenta contra elementos singulares sin duda pero importantes del
sistema de protección social de nuestro país.
Pese a las enfáticas afirmaciones del Gobierno de que nuestra
Seguridad Social está plenamente garantizada y de que todas y cada
una de sus medidas están en el ámbito y en el espíritu del Pacto de
Toledo, vemos que de manera sistemática, de una manera a veces
incluso sibilina, como han sido las resoluciones que dan origen a
este problema, sin publicidad se va erosionando, se van eliminando
del marco protector cuestiones que pueden parecer irrelevantes a
algunos de los que se acerquen a esta problemática, pero que
sinceramente, señoras y señores diputados, son auténticos dramas
personales para quienes sufren de esta incontinencia legislativa del
Gobierno en temas que además no tiene legitimidad alguna para hablar
del Pacto de Toledo puesto que no hemos sido consultados ninguno de
los signatarios de dicho pacto, sino que más bien consta al
Ministerio nuestra oposición radical a este tipo de medidas.
Esta semana le ha tocado el turno a un conjunto muy amplio de
personas, más amplio del que ha dicho el señor ministro, que
esperaban jubilarse anticipadamente y que a partir de esta norma
tendrán que esperar cinco años a jubilarse, algunos serán menos, tres
años, cuatro años, en todo caso colectivos que tenían preparada su
vida, que posiblemente tenían circunstancias familiares o
profesionales de difícil o de imposible continuidad y que ahora, de
manera unilateral y rompiendo expectativas, rompiendo derechos que
tienen más de veinte años de historia en la Seguridad Social
española, se van a ver truncados con graves consecuencias para sus
familias, para sus empresas y también para ellos mismos.
Los antecedentes ya han sido reflejados, hay dos circulares del
Ministerio de Trabajo, de 14 de noviembre y de 5 de diciembre de
1997, por las que se ha eliminado la posibilidad de jubilarse
anticipadamente a centenares de miles de personas que fueron
emigrantes españoles en el exterior, a personas que hoy están en alta
en regímenes de autónomos, de empleadas de hogar, del régimen
especial agrario, pero que a su largo de su vida activa también
cotizaron a las antiguas Mutualidades Laborales y que cuando el 1º de
enero de 1967 el Estado español de aquel momento cambió las normas de
la Seguridad Social, les hicieron la firme promesa de que mantendrían
los derechos que tenían consolidados en los estatutos de sus
mutualidades, de modo que en este mismo salón de sesiones, en esta
misma casa, en esta misma Cámara, con otra legitimidad o sin esa
legitimidad democrática pero con la continuidad lógica de un Estado
que no puede tener paréntesis en su funcionamiento,
se dijo a aquellos trabajadores que la edad de jubilación pasaba a
los 65 años, pero que ellos mantendrían el derecho a jubilarse
anticipadamente. Pues bien, hoy ese derecho se somete a condición, hay
personas a las que ese derecho les he negado por consideraciones que
paso a glosar a continuación.
Nosotros no estamos de acuerdo con las razones del señor ministro de
Trabajo ni con los razonamientos del señor ministro de Trabajo. Desde
luego esto se puede agrupar en dos grandes argumentos.
Dice el señor ministro, y también el preámbulo del decreto, que el
pasado 31 de marzo en esta Cámara se a probó una moción, y que como
consecuencia de esa moción se ha producido esta pieza legislativa.
Ya lo ha dicho algún otro portavoz y yo me sumo a sus mismas
palabras, este real decreto-ley no solamente no se compadece con lo
que aprobó esta Cámara sino que es radicalmente lo contrario de lo
que aprobó la Cámara. La Cámara, como literalmente se dice en el
«Diario de Sesiones» y consta en las actas de aquella sesión, insta
al Gobierno en 31 de marzo a que mantenga la vigencia de las
resoluciones de 9 de agosto de 1978 y en la circular de 26 de
septiembre de 1978 y que suspenda la entrada en vigor de las
resoluciones de 14 de noviembre y de 5 de diciembre de 1997. En
resumidas cuentas, señorías, el Parlamento español dijo al Gobierno
que volviera la situación a como estaba, a la situación preliminar a
esas resoluciones de noviembre y diciembre de 1997, y que si era
precisa, como parece que era necesaria una norma de rango legal, que
produjera una norma de rango legal para mantener los derechos tal y
como eran considerados en la historia de la Seguridad Social española.
El decreto-ley que consideramos esta tarde dice todo lo contrario. El
decreto-ley elimina el derecho a aquellas personas que tenían los
períodos de cualificación, que era un solo día de cotización a las
antiguas mutualidades laborales, y las somete ahora a dos modelos de
cualificación: o una cuarta parte de su vida laboral cotizando en el
régimen general, o cinco años, si son más de 30 años los que tiene su
carrera de seguro. Con los nuevos criterios de cualificación habrá un
porcentaje muy elevado; conocemos algunos sectores donde más del 50
por 100 de las personas que esperaban jubilarse anticipadamente ya no
podrán hacerlo. Nada tiene que ver la norma con esos criterios que ha
dicho el señor ministro de Trabajo de reportarse a criterios de
contributividad. La norma es caprichosa; la norma produce una escala
en los días y años de cualificación verdaderamente paradójica. No es
cierto, como ha dicho el señor ministro, que la norma favorezca las
carreras largas de seguros frente a las carreras cortas. La norma
dice que un trabajador con 15 años de cotización a lo largo de toda
su vida laboral necesitará 1.350 días de cotización al régimen
general, mientras que a un trabajador con 29 años de cotización se le
exigirán 2.640 días de calificación. Se ha multiplicado por 2.000 el
plazo de calificación y se ha hecho con unos criterios
completamente erráticos donde nada tiene que ver la contributividad,
nada tiene que ver el tiempo de permanencia en la cotización, sino
que se establece una escala discontinua en virtud de la cual a los de
carreras cortas de seguros se les exige menos tiempo de calificación
que a los carreras medias y largas, y a los de carreras medias de
seguros se les exige más tiempo de cotización que a los de las
carreras largas, pero menos tiempo de cotización que a los de más de
30 años.
Verdaderamente va a ser un semillero de pleitos, no tiene pies ni
cabeza la norma tal y como está, y haría bien el señor ministro, y me
sumo a esa petición, de que esta norma se tramitara como proyecto de
ley, por lo menos para poderla cambiar técnicamente, porque entre
otras consideraciones creo que hay auténticas chapuzas en la manera
de concebir las razones de las escalas de exigencia.
Señor ministro, no tiene usted ninguna razón, más bien lo contrario,
está usted en las antípodas de lo que dijo la resolución del Congreso
de los Diputados del pasado día 31 de marzo, acuda usted al «Diario
de Sesiones», y verdaderamente se necesita una dosis enorme de
cinismo para decir que esto tiene algo que ver con lo que aprobó el
Parlamento aquella tarde; esto va en la dirección contraria de lo que
aprobamos los diputados. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Carece S.S. también de razones, y no debería usted haber redactado un
preámbulo donde dice que el real decreto-ley es la respuesta a las
exigencias del Pacto de Toledo. Ustedes hacen referencia en múltiples
ocasiones al Pacto de Toledo, pero nunca señalan en qué página, en
qué párrafo, en qué capítulo. Yo he vuelto a leer esta tarde el Pacto
de Toledo y no hay ni una sola referencia a esta cuestión, más bien
al contrario, señor ministro, y algún diputado que va a seguir a
continuacíón en el uso de la palabra fue conmigo ponente en aquellas
resoluciones. Este asunto de las jubilaciones anticipadas fue objeto
de debate en el Pacto de Toledo, y todos convinimos -usted ha dicho
una verdad a medias, que es una manera de decir una gran mentira-,
que la edad normal de jubilación en el sistema español fuera a los 65
años, pero convinimos que el régimen transitorio que estaba ya muy
avanzado, quedaban muy pocos años para que los trabajadores por un
solo día de cotización pudiesen acceder a la jubilación anticipada y
mantuvimos ese derecho a la jubilación anticipada, Justamente de una
manera implícita casi en el Pacto de Toledo, cuando se mandata al
Gobierno a que mantenga el sistema de protección social en igualdad de
condiciones a como lo recibieron en junio de 1996, usted señor
ministro, estaba recibiendo un mandato firmado también por su grupo
parlamentario, de no tocar ni un pelo los derechos de las
jubilaciones anticipadas de los trabajadores que lo tenían en virtud
del derecho transitorio y en virtud de la orden ministerial de enero
de 1967. Usted señor ministro tiene toda la legitimidad, parece ser
que tiene todos los votos en la Cámara para hacer de su capa un sayo,
pero lo que no puede es argüir en su defensa el Pacto de Toledo,
porque al igual que ocurre con la resolución del Congreso de los
Diputados del mes de marzo, el Pacto de Toledo es exactamente lo
contrario de lo que hace S.S.
El señor PRESIDENTE: Señor Cercas, concluya, por favor.
El señor CERCAS ALONSO:Yo le advierto, y se lo digo en un tono
mesurado, que ya son demasiadas veces las que su Ministerio,
enarbolando la bandera del Pacto de Toledo hace lo contrario de lo
que dice el Pacto de Toledo.
Esta tarde, señor ministro, es una y muy señalada, y como va a haber
sectores enteros de la población que van a verse afectados por una
norma que no tiene lógica, una norma que tiene un sentido puramente
economicista de unos ahorros que no van a arreglar los problemas de
la Seguridad Social sino que van justamente en una dirección más
simbólica que real en las grandes cifras de la Seguridad Social pero
que son tremendamente dañinos para personas y colectivos, nosotros
vamos a votar en contra, y lo vamos a hacer, señor ministro, haciendo
una clara y serena pero firme denuncia de un Gobierno que
simultáneamente está erosionando las bases fiscales del Estado.
El señor PRESIDENTE: Señor Cercas, por favor, concluya.
El señor CERCAS ALONSO: No está allegando para la Seguridad Social
los recursos necesarios, y semana a semana, día a día está limando
derechos fundamentales. Por lo menos, señor ministro, con nuestro
voto no lo va a hacer, más bien lo va a hacer con nuestra crítica,
con nuestra oposición, y eso sí, señor ministro, le rogamos que el
real decreto-ley sea tramitado como proyecto de ley porque hay
soluciones alternativas, soluciones mejores, y no le preocupe a S.S.
que habrá enmiendas de fondo del Grupo Socialista sobre este decreto-
ley y enmiendas particulares que podrán mejorar lo que es una
terrible injusticia y una inmensa chapuza.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cercas.
El Grupo Parlamentario Popular desea consumir un turno a favor, a
cuyos efectos tiene la palabra el señor Camps.
El señor CAMPS DEVESA: Gracias, señor presidente.
Señorías, creo que a nadie le extrañará que el Grupo Parlamentario
Popular haga un turno a favor del Real Decreto que esta Cámara va a
convalidar hoy.
Permítanme señorías que lo primero que haga, justamente por la propia
esencia de ese turno a favor, sea valorar positivamente no sólo el
contenido del real decreto, señor ministro, sino también el proceso
que
nos ha llevado hasta el mismo y que hoy discutimos en cuanto a su
convalidación o derogación por parte del Pleno de esta Cámara. Lo
valoramos positivamente porque desde el pasado 25 de marzo en que
tuvimos ocasión de iniciar este debate que afecta a un derecho
fundamental de muchos trabajadores como es el de poder jubilarse
anticipadamente, hasta el día de hoy lo que ha hecho este Gobierno
con la aprobación del real decreto y su presentación a la Cámara ha
sido cumplir exactamente lo que fue el mandato del Parlamento, pero
haciéndolo además, señorías, teniendo en cuenta algo que hasta ahora
-y no me extraña que no se haya citado- debemos tener todos en
cuenta, que es algo así como nuestro Tribunal Supremo.
No me ha extrañado que SS.SS. no hayan querido hablar del Tribunal
Supremo, cuando en cambio hace apenas dos días en esta Cámara idénticos
o distintos portavoces de sus grupos no hacían más que referirse,
también en un debate de Seguridad Social, al contenido de sentencias
del Tribunal Supremo que se debían adoptar sin lugar a dudas por
parte de los grupos que tenemos representación en la misma. En dos
días se han olvidado ustedes del Tribunal Supremo y de su doctrina en
materia de Seguridad Social. Fíjense ustedes qué memoria y qué
coherencia mantienen en los debates sobre Seguridad Social en esta
cámara, ¡dos días, cuarenta y ocho horas, señorías!
Lo cierto es que hoy quedan muy atrás afirmaciones que hemos tenido
que soportar en esta Cámara, incluso en el pasado debate sobre el
estado de la Nación cuando el portavoz del Grupo de Izquierda Unida
-cambiaré el término que iba a utilizar, por usar uno más llano-
solicitaba al Gobierno el cumplimiento de las mociones que se
dictaban por parte de este Parlamento y en concreto justamente de est
as mociones. Pues miren lo que ha tardado el Gobierno en traer, con
una celeridad que no es normal, el cumplimiento de aquellas mociones
que ustedes acusaban, desde luego de manera poco sistemática e
inconsistentemente, de no cumplir a este Parlamento. Cuando usted
encuentro en legislaturas anteriores un real decreto que llegue con
mayor prontitud que del 31 de marzo al día de hoy en que lo estamos
debatiendo en esta Cámara, entonces podrán hacer afirmaciones tan
poco consistentes como las que realizaron en el pasado debate sobre
el estado de la Nación, señores del Grupo de Izquierda Unida,
acusaciones infundadas que me temo buscaban más exhibicionismos o
protagonismos parlamentarios que desde luego conocimiento de la
realidad y búsqueda de una solución a los problemas de nuestros
trabajadores y de nuestras trabajadoras.
Se trata aquí hoy, señorías, de hablar de la resolución de un
problema; un problema que tienen las trabajadoras y trabajadores de
este país justamente porque alguien anterior a este Gobierno no se
atrevió a hacer las modificaciones legales necesarias, ni siquiera
-aunque lo intentó y duró bien poco- una interpretación
administrativa suficiente para que esta Cámara, y
s obre todo los gobiernos, el anterior y éste, no estuvieran aplicando
una norma en contra de lo que decía quien podía interpretarla, que es
nuestro Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo nos dijo, señorías -y
no entierren nuevamente a Montesquieu- que estábamos haciendo una
aplicación errónea de la normativa vigente. El Tribunal Supremo
interpretando la normativa vigente de Seguridad Social, a que ha
hecho referencia el señor portavoz del Grupo Socialista, incluso con
sorpresa defendiendo regímenes que muchos de nosotros tenemos ya
prácticamente olvidados -a lo mejor porque no los hemos vivido con
tanta intensidad como de SS.SS.-, decía que no amparaba los supuestos
de hecho que las resoluciones y circulares a las que ha hecho
referencia SS.SS. hacían ampliando el nivel de cobertura a un
determinado grupo de trabajadores que no estaban amparados por la
normativa general. El Tribunal Supremo en casación, en unificación de
doctrina, es decir de aplicación al conjunto de relaciones entre
administrados -en este caso trabajadoras y trabajadores- y la
Administración, dijo bien claro que la interpretación y aplicación que
debía hacerse y que se estaba haciendo chocaba frontalmente con lo que
era la verdadera aplicación que por el Tribunal Supremo en sus
sentencias se delimitaba. No lo han querido ni decir, pero esa es la
tozuda realidad con que nos hemos encontrado en cada uno de los
debates que hemos tenido sobre esta materia -y ya vamos por el tercero
- en esta Cámara.
Por tanto, señorías, para resolver el problema teníamos que adecuar
la teoría del Tribunal Supremo a una norma legal suficiente que
permitiera no estar interpretando y aplicando la norma en contra de
nuestro tribunal, porque eso no lo puede hacer ningún Gobierno, y
permítame que se lo diga así. Un Gobierno no puede administrar las
propias normas que tiene en contra del Tribunal Supremo. Sé que a
alguien le gusta poco oír hablar del Tribunal Supremo, incluso les
mueve a ciertos chascarrillos y a cierta sorna, pero no a nosotros.
Nos gusta que se cumpla lo que dictamina el Tribunal Supremo y que
además se haga en lo términos que debe hacerse. Si no nos gusta lo
que el Tribunal Supremo dice para interpretar una ley y su
aplicación, entonces deberemos modificar la ley. Señorías, modificar
la ley, justo lo que ha hecho este Gobierno, justo lo que ha
intentado explicar el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, aunque
SS.SS. no han querido entenderlo. Si piensan un poco más en los
intereses de nuestros trabajadores y un poco menos en sus deseos de
exhibicionismo parlamentario, comprobarán que no podíamos mantener
las resoluciones y las circulares en la forma que estaban, porque si
hubiéramos hecho simplemente eso, aparte de insuficiente e inadecuado
hubiéramos conseguido que todos los trabajadores y trabajadoras
afectados por el problema se podían encontrar el día de mañana con
sentencias del Tribunal Supremo que les negaran justamente esos
derechos. Eso es lo que buscaban ustedes, dejarles en las más
absoluta inseguridad
jurídicas e indefensión. Si se mantienen la resolución y la circular
-que reitero se ha cansado el Tribunal Supremo de decirnos que no es
así- cualquiera que acuda a los tribunales se va a encontrar con que
su derecho subjetivo, reconocido administrativamente puede ser
anulado por los órganos jurisdiccionales. Por tanto, señorías, lo
adecuado y suficiente es hacer lo que ha hecho el Gobierno:
justamente reconocer por la vía legal un derecho como es el de la
prejubilación para determinados trabajadores, y reconocerlo,
señorías, con entidad jurídica suficiente, mediante el real decreto
que hoy procederemos a convalidar, un real decreto que, además, podrá
ser perfeccionado en esta Cámara si se tramita como proyecto de ley,
y SS.SS. tendrán ocasión entonces, en ese real decreto y no manteniendo
la vigencia de ningún tipo de resolución que no viene al caso,
de mantener sus posturas y veremos cuáles son sus alternativas a
estas posibilidades. Pero SS.SS. también parecen olvidar -aunque sí
ha hecho referencia el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista-
que desde el año 1978 hasta ahora los grupos parlamentarios nos
pusimos de acuerdo y firmamos algo que denominamos el Pacto de
Toledo, y que no podemos dictar normas que afecten a la Seguridad
Social que no tengan en cuenta dichos pactos.
Me ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que le
comuniquemos donde pone en los a cuerdos del Pacto de Toledo que
justamente este real decreto se tenga que hacer así. Primer
principio: contributividad y equidad, es decir, a igual cotización,
igual pensión; que no estemos favoreciendo a personas que por haber
cotizado un solo día antes de 1967 en las mutualidades de previsión
social y posteriormente no haber estado afiliado nunca al régimen
general, que es el que reconoce esta especialidad, nos encontremos
con que luego tienen derecho a la misma pensión que tendrían los de
ese régimen general, que es completamente distinto. Si eso no es
aplicación del principio de contributividad y del principio de
equidad, explíquenme SS.SS. cuál es, porque me parece que dista mucho
de la interpretación de los principios del Pacto de Toledo. Pero es
que también se ha acordado la jubilación no sólo a los 65 años, sino
la flexibilización de la edad de jubilación, y con las posturas que
ustedes están manteniendo hoy, estamos andando en contra.
Señorías, teníamos que interpretar la norma conforme al Pacto de
Toledo, que, por cierto, también lo recogía la moción a la que
estamos dando cumplimiento en este debate; teníamos que hacer un real
decreto que tuviera en cuenta la aplicación de esos principios. No
podíamos limitarnos a copiar prácticamente lo que era el contenido de
las viejas resoluciones y circulares. Es una norma, además, que
tenemos que valorar muy positivamente, ya que no causa perjuicio
alguno.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Camps,
concluya, por favor.
El señor CAMPS DEVESA: Concluyo, señor presidente.
No digan a ninguna de las personas que pueden verse afectadas por
esta norma lo que acaban de expresar aquí, porque lo que se ha hecho
no ha sido para paralizar o para causar perjuicios a los expedientes
que desde el 1 de abril de este año se habían presentado; se ha hecho
justamente para lo contrario. No hagan demagogia, señorías. Se ha
hecho para que no haya inseguridad jurídica, para que cuando se
trajera esta norma a la Cámara se pudiera aplicar la misma a quienes
estaban hasta entonces en un plano de indefensión y ahora están en el
plano de la más absoluta de las seguridades jurídicas. Además, sin
ningún tipo de perjuicio, porque ahora sí que están amparados por
una norma de rango legal que les garantizará el acceso, cuando así
sea, a la prejubilación o a la jubilación anticipada.
Por eso creemos que, frente a los intentos demagógicos de uso
partidario electoralista que se hacen desde esta tribuna de los
derechos de nuestros trabajadores y trabajadoras, hoy, con este real
decreto que convalidaremos, demostramos que existe un Gobierno
valiente, un Gobierno eficaz, un Gobierno responsable que afronta los
problemas de nuestros trabajadores, que da celeridad en las
soluciones a los mismos, que responde adecuadamente al Parlamento y,
sobre todo, que tiene valentía en la toma de sus decisiones en favor
de nuestros trabajadores y del mantenimiento de nuestro sistema de
protección social.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Camps. ¿Algún otro grupo
parlamentario desea fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Mixto,
tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Muy brevemente, señor
presidente, para expresar la opinión del Bloque Nacionalista Galego
acerca del real decreto-ley que presenta el Gobierno para su
convalidación, y que nosotros también creemos que debería tramitarse
como proyecto de ley porque es manifiestamente mejorable, por decirlo
de alguna manera.
Desde nuestro punto de vista, el real decreto-ley abre la posibilidad
a que trabajadores afiliados a regímenes especiales que hayan
cotizado a la mutualidad laboral con anterioridad al 1 de enero de
1967, incluso en Estados extranjeros, puedan jubilarse
anticipadamente a los 60 años, aunque en su régimen especial no se
contemple esa posibilidad; por ejemplo, el régimen especial agrario o
el de autónomos. Pero se ponen demasiadas limitaciones a dicho
acceso, como es la establecida en el artículo 2.b), en el sentido de
tener que acreditar la cuarta parte de las cotizaciones a un régimen
que dé acceso a la jubilación anticipada, ocurriendo como ocurre en
Galicia que la mayoría de las
afiliaciones lo eran hasta hace poco al régimen especial agrario, con
amplios períodos cotizados. Nosotros creemos que la única limitación
debe ser la derivada de tener un período amplio de cotización,
independientemente del régimen al que lo haya hecho el trabajador.
Por otro lado, en la disposición adicional única se excluye al
régimen de clases pasivas de la jubilación anticipada si acreditan
cotizaciones en una mutualidad laboral con anterioridad al 1 de enero
1967, lo que, pese a ser acorde con la recomendación décima del Pacto
de Toledo, en la que se trata de incentivar la permanencia en el
puesto de trabajo, sin embargo, desde el punto de vista de la
creación de empleo en la Administración tiene un efecto negativo.
Sería recomendable que los trabajadores pertenecientes al régimen de
clases pasivas, si cumplen con los requisitos que establece este real
decreto, pudieran tener acceso también a la jubilación anticipada,
teniendo en cuenta que se trata siempre de una solicitud voluntaria.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vázquez.
El señor Gómez Rodríguez, de Coalición Canaria, tiene la palabra.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente. Con toda brevedad.
Coalición Canaria señala que toda iniciativa que redunde en una
mejora del régimen de prestaciones sociales del Estado del bienestar
será siempre apoyada por nuestro grupo. En este sentido, aplaudimos
la celeridad con que el Gobierno ha acometido la aplicación de la
moción que esta Cámara aprobó por mayoría el pasado 31 de marzo
respecto de los criterios para el reconocimiento de la jubilación
anticipada en determinados casos especiales, que no voy a enumerar.
Creemos que es justo que si una persona ha cotizado a varios
regímenes del sistema de Seguridad Social, y habida cuenta que
considerando de forma exclusiva las cotizaciones por separado no se
tiene derecho a la pensión de jubilación, pueda realizarse una
valoración conjunta de todos los regímenes y resolver el derecho a la
pensión en aquel en el que se acredite el mayor número de años
cotizados. Creemos, además, que si no se hubiera alcanzado la edad en
ese régimen que se considera, es justo que pueda acreditarse ese
requisito en cualquiera de los regímenes en los que se hubiera
cotizado. Consideramos que es una buena medida que el Gobierno, a
través del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, haya sabido
plasmar todo esto en un decreto-ley.
Por otra parte, parece lógico que la garantía financiera del sistema
público de pensiones exija que se acredite un número mínimo de
cotizaciones, tal como hace la norma. Todo ello en el marco de los
principios de contribución y proporcionalidad que se derivan del
espíritu del Pacto de Toledo.
En definitiva, señorías, votaremos a favor de la convalidación de
este decreto-ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez Rodríguez.
Por el Grupo Vasco, el señor Zabalía tenía interés en intervenir
también. Adelante.
El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, este real decreto-ley que presenta para su
convalidación intenta dar respuesta a la moción aprobada por el
Congreso de los Diputados con fecha 31 de marzo de este año, por la
que se insta al Gobierno a adoptar las medidas legales para mantener
la vigencia de la resolución de la Dirección General de Prestaciones,
según la cual, y de acuerdo con las instrucciones del extinguido
servicio de mutualismo laboral, se extendió el beneficio de
jubilación anticipada a los trabajadores que hubiesen cotizado al
mutualismo laboral como trabajadores por cuenta ajena antes del 1 de
enero de 1967.
La moción instaba, asimismo, a suspender la entrada en vigor de la
resolución de la Dirección General de Ordenación de Seguridad Social
de 14 de noviembre y 15 de diciembre de 1997, de forma que siguieran
en vigor los criterios que desde hace veinte años se venían aplicando
a colectivos que habían generado derechos adquiridos durante más de
treinta años. El real decreto-ley intenta, además, dar seguridad
jurídica a la interpretación del apartado 2 del artículo 9 del texto
refundido de la Ley General de Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio.
Sin embargo, aún estando de acuerdo con estos objetivos que establece
la exposición de motivos del real decreto-ley, las reglas de
aplicación que se establecen no cumplen en su totalidad con el
mandato recogido en la moción que aprobamos por unanimidad en esta
Cámara, puesto que los requisitos exigidos para devolver el derecho a
la jubilación anticipada a los colectivos que la venían disfrutando
hasta las resoluciones de la Dirección General de Prestaciones, que
cambia el criterio, no se producen; en concreto, el apartado b) del
punto 2 del artículo único de este real decreto-ley.
Por todo ello, mi grupo parlamentario, aún estando de acuerdo con la
mayor parte del real decreto-ley, incluso con los objetivos, que yo
creo que son, entre otros, como he dicho, dar seguridad jurídica a
estas situaciones, entiende que hay algunos aspectos que no se han
recogido de acuerdo con lo que fue la voluntad de los grupos
parlamentarios que pusimos la moción en su momento. Por tanto, lo que
consideramos oportuno en esta situación es que se tramite este real
decreto- ley como proyecto de ley, y mi grupo parlamentario
solicitará su aprobación para tramitarlo como tal proyecto de ley en
esta Cámara, dando oportunidad a que todos los grupos podamos
establecer las medidas que
estimemos oportunas de acuerdo con el mandato de la moción que en su
día aprobó el Congreso.
Nada más, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Zabalía.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Homs.
El señor HOMS i FERRET: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a ser muy breve. Mi grupo parlamentario va a convalidar este real
decreto-ley, en primer lugar, porque cumple el mandato de esta
Cámara, y lo digo con satisfacción toda vez que la moción aprobada se
gestó a instancias de nuestro grupo parlamentario y hoy,
transcurridos dos meses escasos, el Gobierno cumple lo que esta
Cámara le manda, modificar, mediante una norma de rango legal, las
condiciones por las que un ciudadano tiene derecho a jubilarse
anticipadamente si en el momento en el que ejerce ese derecho está
dado de alta del régimen especial de autónomos y con anterioridad a
1967 estuvo cotizando en algún régimen en el que tuviera derecho a
jubilarse con anterioridad.
Señorías, el Partido Socialista ha expresado en el debate de esta
Cámara, a través de su portavoz, su posición de grupo. Mi grupo la
respeta, pero lo que no puede respetar son términos como que esto es
una chapuza o que es una injusticia. Porque lo que sí resultó una
injusticia fue suspender en noviembre de 1995 el derecho a la
asimilación. Aquello sí fue una injusticia. ¿Cuántos miles de
ciudadanos en España se encontraron negados del derecho de jubilación
anticipada por haber tomado el Gobierno de entonces la decisión de no
legitimarles el derecho de asimilación y no poder jubilarse
anticipadamente? Al cabo de unos pocos meses se retrotrajeron en su
decisión, se retrocedió. Insisto en que aquello sí fue una
injusticia, pero no lo es cumplir el mandato de la Cámara y regular
por una norma legal en qué circunstancias se puede ejercer este
derecho; mi grupo no puede admitir que eso sea una chapuza, porque no
es cierto.
Ahora bien, siendo como somos siempre respetuosos con el legítimo
derecho de esta Cámara a debatir l os contenidos de las normas
legales, no vamos a negarnos a su tramitación como proyecto de ley
para que podamos discutir más a fondo los contenidos de esa norma.
Nos parece bien el texto del Gobierno; lo vamos a convalidar y vamos
a apoyar los contenidos que propone, que pueden ser discutibles, pero
a nuestro grupo, el 25 por 100 y cinco años de mínima con periodos
superiores a 30 años le parece algo razonable, es menos de lo que hoy
exige el Tribunal Supremo. Por tanto, el legislador es más favorable
que lo que está interpretando la jurisprudencia en estos momentos y,
por supuesto, señorías, es mucho más que no tener derecho a jubilarse
anticipadamente, como se desprendía de las decisiones del año 1995.
Nada más, señor presidente, y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Homs.
Señorías, conforme al acuerdo de la Junta de Portavoces, la
Presidencia reitera a la Cámara que el punto 49 -que figuraba en el
IX del orden del día que estamos tramitando-, convalidación o
derogación del Real Decreto-ley 6/1998, de 5 de junio, por el que se
transforma la Empresa Nacional de Transportes de Viajeros por
Carretera (Enatcar) en una sociedad anónima, se tramitará en el
próximo Pleno al haberse superado las previsiones horarias
establecidas para el desarrollo del orden del día. En consecuencia,
producidas las votaciones de este real decreto-ley, levantaremos la
sesión.
Vamos a proceder a la votación.
Adelante, señorías, ocupen sus escaños. Les pido presteza, no hay
tiempo que perder. (Risas.) Ruego encarecidamente a quienes van
llegando que ocupen rápidamente sus escaños, por favor.
Votación sobre la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 5/
1998, de fecha 29 de mayo, por el que se dictan reglas para el
reconocimiento de la jubilación anticipada del sistema de la
Seguridad Social en determinados casos especiales.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
284; a favor, 155; en contra, 127; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la convalidación del real
decreto-ley para el que se ha pedido su tramitación como proyecto de
ley por dos grupos parlamentarios, lo que se somete a votación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
283; a favor, 283.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad del Pleno, cuyo
orden del día concluye así y se levanta la sesión.
Buenas tardes.
Eran las seis y cincuenta minutos de la tarde.