CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTA DOS



PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE



Año 1998 VI Legislatura Núm. 169



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ -
CONDE



Sesión Plenaria núm. 164



celebrada el martes, 16 de junio de 1998



ORDEN DEL DÍA:



Toma en consideración de Proposiciones de Ley:



- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de medidas
para favorecer una mayor protección e integración de los inmigrantes
(Orgánica). «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 179-1,
de 18 de marzo de 1998 (número de expediente 122/000158)
... (Página 9045)



- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de reforma de
la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España (Orgánica). «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie B, número 175-1, de 18 de marzo de 1998 (número de
expediente 122/000154)... (Página 9045)



- Del Grupo Parlamentario Mixto, de reforma de la Ley Orgánica 7/
1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros
en España. «BOCG. número 189-1, de 2 de abril de 1998 (corrección de
error de junio de 1998) (número de expediente 122/000167)
... (Página 9045)



Modificación del orden del día:



- Exclusión de los puntos números 39, 40 y 41 (números y 121/000069)
... (Página 9055)

Página 9040



Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas:



- Del Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario
por importe de 14.500.000.000 de
pesetas, para la adquisición de los edificios sitos en la Carrera
de San Jerónimo, números 36 y 40, con destino
al Congreso de los Diputados (número de expediente 121/000120)
... (Página 9055)



Toma en consideración de Proposiciones de Ley (continuación):



- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de Congreso de los
Diputados», serie B, número 123-1, de 17 de octubre de 1997
(número de expediente 122/000105)... (Página 9055)



- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de creación
del Colegio de Geógrafos «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie B, número 122-1, de 17 de octubre de 1997 (número expediente
122/000104)... (Página 9055)



- Del Grupo Socialista del Congreso, de creación del Colegio de
Geógrafos. 'BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 125-1,
de 17 de octubre de 1997 (número de expediente 122/000107)
... (Página 9055)



Proposiciones no de Ley:



- De los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, de Coalición
Canaria. Vasco (EAJ-PNV), Mixto, Socialista del Congreso y Federal de
Izquierda Unida, sobre la formación e inserción laboral y el acceso a
la vivienda de la juventud en España. 'BOCG. Congreso de los
Diputados', serie D, número 293, de 12 de junio de 1998 (número de
expediente 162/002249)...(Página 9058)



- Del Grupo Socialista del Congreso, por la que se insta al Gobierno
a adoptar las medidas necesarias a fin de determinar el porcentaje de
participación de los Ingresos del Estado de aquellas Comunidades
Autónomas que no han adoptado el nuevo Modelo de Financiación
establecido para el quinquenio 1997-2001. «BOCG. Congreso de
los Diputados', serie D, número 186, de 9 de octubre de 1997 (número
de expediente 162/000167)... (Página 9066)



Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:



- Del Grupo Socialista del Congreso, para conocer los efectos que el
acuerdo Unión Europea EE.UU. sobre inversiones en propiedades
expropiadas tendrá sobre las relaciones hispano-cubanas y las
inversiones españolas en
la República de Cuba (número de expediente 173/000090)
... (Página 9071)



- Del Grupo Vasco (EAJ-PNV), sobre la política del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación en relación a la cuota láctea en
la Cornisa Cantábrica, en la medida que constituye un sector
estratégico dentro de las competencias que tiene asumidas dicho
Ministerio (número de expediente 173/000091)... (Página 9079)



- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre el
proceso de devolución de los complementos para mínimos
indebidamente percibidos (número de expediente 173/000092)
... (Página 9086)



SUMARIO



Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde .




Toma en consideración de proposiciones de ley... (Página 9045)



Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de medidas
para favorecer una mayor protección e integración de los inmigrantes
(Orgánica)... (Página 9045)



Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de reforma de la
Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España (Orgánica)... (Página 9045)



Del Grupo Parlamentario Mixto, de reforma de la Ley Orgánica 7/1985,
de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España... (Página 9045)



Página 9041



El señor Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) defiende la toma en consideración de la
primera proposición de ley orgánica e invita al conjunto de los
grupos políticos representados en la Cámara a iniciar un proceso
de elaboración de una nueva ley que regule la selección legal de
los extranjeros en nuestra sociedad, especialmente de los
extracomunitarios, basada en valores y actitudes diferentes a las que
condujeron a la elaboración de la actual ley de extranjería,
aprobada en el año 1985. Añade que se trata, por otra parte, de un
proceso concordante con los trabajos de la Subcomisión, creada en el
seno de la Comisión de Política Social y Empleo, que ha estudiado la
situación de los inmigrantes en el Estado español, y con dos
mociones que el Pleno de la Cámara ha aprobado hace escasos meses.

El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) pretende ir
más allá de un estricto cambio de legislación, entendiendo la
inmigración como un factor de progreso y cambio de las sociedades,
como ha sido siempre en la historia de la humanidad cualquier
proceso migratorio, y se muestra convencido de que su proposición de
ley deberá ser objeto de un amplio debate en la comisión
correspondiente del Congreso de los Diputados para lograr un texto del
que se puedan sentir satisfechos el conjunto de los grupos políticos.




Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, defiende la
toma en consideración de la segunda proposición de ley sobre la
misma materia el señor Castellano Cardalliaguet , que está totalmente
convencido de que las intervenciones que se puedan producir sobre
las tres proposiciones de ley son intercambiables, porque están guiadas
por el deseo de pasar de la retórica a la más estricta realidad en lo
que significa el respeto a la condición humana. Por lo
tanto no va a extenderse en comparar lo que puedan suponer unas u
otras pro posiciones de ley, ya que todas se complementan, ni
va a entrar en los posibles defectos, pero opina que ningún grupo
de la Cámara puede sentirse ajeno al reto que suponen las tres
propuestas en el sentido de encontrar el equilibrio en los derechos
subjetivos de aquellos que voluntariamente quieren formar parte de
nuestra comunidad.




En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, defiende la toma en
consideración de la última proposición de ley sobre los derechos y
libertades de los extranjeros en España, el señor Saura Laporta,
quien pone de relieve en primer lugar el papel que en este tema
están jugando diversas asociaciones y organizaciones sociales y
sindicales. Se refiere a algunas pro puestas concretas
de estos colectivos en base a tres grandes objetivos que el grupo
de Nueva Izquierda Iniciativa per Catalunya hace suyos, como son:
modificar en profundidad la Ley de Extranjería, dando lugar a
una verdadera ley de derechos y libertades de los extranjeros en
España; no hacerlo parcialmente o en
aspectos secundarios; y que estas modificaciones se produzcan
consensuadamente tanto en el ámbito político como en el social. En
este sentido anuncia su voto favorable a la toma en consideración de
las proposiciones de ley presentadas por los grupos parlamentarios
Federal de Izquierda Unida y Catalán. A continuación
manifiesta que su grupo propone la modificación de la Ley de
Extranjería basándose en el artículo 13 de la Constitución, que
establece que los extranjeros gozarán en España de las libertades
públicas en los términos que establezcan los tratados y la Ley, y
expone los cuatro grandes objetivos que persiguen: el primero es el
reconocimiento de los derechos y libertades proclamados en la
Constitución; el segundo es garantizar a los extranjeros legalmente
establecidos en el Estado español unas cotas aceptables de derecho,
eliminando cualquier trato discriminatorio; el tercero es
desarrollar de forma suficiente el ejercicio del derecho a la
reagrupación familiar, y el cuarto, garantizar a los extranjeros los
principios de seguridad e interdicción de la arbitrariedad.




En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; las señoras
Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y
Fernández Sanz, del Grupo Socialista del Congreso, y el señor
Jordano
Salinas, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso .




Sometida a votación, en primer lugar, la toma en consideración de
la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), de medidas para favorecer una mayor protección e integración
de los inmigrantes, se aprueba por unanimidad .




Sometida a votación, en segundo lugar, la toma en consideración de
la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, se
aprueba por 154 votos a favor, 14 en contra y 132 abstenciones.




Sometida a votación, en tercer lugar, la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España, se aprueba por 157
votos a favor, ocho en contra y 137 abstenciones.




Modificación del orden del día...(Página 9055)



Exclusión de los puntos números 39, 40 y 41...(Página 9055)



Página 9042



El señor presidente, de conformidad con lo acordado por la Junta
de Portavoces y en base al artículo 68 del Reglamento, somete al
Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la presente
sesión de los puntos que figuran en el mismo con los números 39,
40 y 41, lo que se aprueba por asentimiento.




Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas ...

(Página 9055)



Del proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario por
importe de 14.500.000.000 de pesetas, para la adquisición de los
edificios sitos en la Carera de San Jerónimo, números 36 y 40, con
destino al Congreso de los Diputados ... (Página 9055)



El señor presidente informa a la Cámara que la Mesa, oída la
Junta de Portavoces y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
150 del Reglamento, ha acordado someter la Pleno la tramitación
directa y en lectura única del proyecto de ley sobre concesión de un
crédito extraordinario por importe de 14.500 millones de pesetas
para la adquisición de los edificios sitos en la Carrera de San
Jerónimo números 36 y 40, con destino al Congreso de los
Diputados, lo que se aprueba por asentimiento.




Toma en consideración de proposiciones de ley (continuación)
...(Página 9055)



Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de creación del
Colegio de Geógrafos... (Página 9055)



Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de creación
del Colegio de Geógrafos... (Página 9055)



Del Grupo Socialista del Congreso, de creación del Colegio de
Geógrafos... (página 9055)



Defiende la toma en consideración de la primera proposición de ley
presentada sobre la creación del Colegio de Geógrafos, la señora
Torme Pardo. Propone dicha creación como instrumento necesario para
la regulación
y ordenación de la profesión, para su mejor disposición al
servicio de la sociedad, así como para la defensa de los intereses
profesionales en igualdad de condiciones con otros titulados
superiores. Manifiesta que las tres proposiciones de ley son
coincidentes en su parte sustantiva y pasa a explicar brevemente el
contenido de la presentada por su grupo.




Defiende la toma en consideración de la segunda pro posición de ley
el señor Homs i Ferret, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), quien anuncia desde el principio su voto
favorable a la toma en consideración de las proposiciones de ley de
los grupos Popular y Socialista. Suscribe lo expuesto por la portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en la exposición de su proposición de
ley y se limita a solicitar que la tramitación de la iniciativa
no se demore y se de luz verde rápidamente al proceso de
constitución del Colegio de Geógrafos.




Por el Grupo Socialista del Congreso defiende la toma en
consideración de su proposición de ley el señor Estrella Pedrola.

Comienza su intervención manifestando que la creación del Colegio
de Geógrafos no se puede considerar ni mucho menos como una
iniciativa corporativa, y pasa a explicar las raíces y la tradición
de un colectivo que ha ido creciendo a lo largo del tiempo. Explica
que el hecho de que haya tres grupos de la Cámara que presenten sus
iniciativas con un mismo texto se debe fundamentalmente al esfuerzo
de un colectivo dirigido por la junta directiva de la
Asociación de Geógrafos Españoles.




En turno de fijación de posiciones interviene el señor Fernández
Sánchez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.




Sometida a votación, en primer lugar, la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
se aprueba por 292 votos a favor, uno en contra y una abstención.




Sometida a votación, en segundo lugar, la toma en consideración de
la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), se aprueba por 288 votos a favor, uno en contra y una
abstención.




Sometida a votación, en tercer lugar, la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Socialista del Congreso, se aprueba por
294 votos a favor y uno en contra.




Proposiciones no de ley... (Página 9058)



De los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, de Coalición
Canaria,



Página 9043



Vasco (EAJ-PNV), Mixto, Socialista del Congreso y Federal de
Izquierda Unida, s obre la formación e inserción laboral y el acceso
a la vivienda de la juventud en España ... (Página 9058)



En defensa de la proposición no de ley presentada con juntamente,
fruto del trabajo desarrollado en la Subcomisión sobre la Juventud,
intervienen los señores Caballero Basañez, del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV), y Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria.




Para defender asimismo la iniciativa, así como las enmiendas
mantenidas a la proposición no de ley, intervienen la señora
Sabanés Nadal, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y
el señor Caballero Serrano, del Grupo Socialista del Congreso.




Por último, interviene el señor Ballestero de Diego, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso , para defender la
iniciativa y proponer una enmienda transaccional «in voce»



En turno de fijación de posiciones interviene el señor Campuzano i
Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).




Sometida a votación la proposición no de ley de los grupos
parlamentarios Popular en el Congreso, de Coalición Canaria, Vasco
(EAJ-PNV), Mixto, Socialista y Federal de Izquierda Unida, sobre la
formación e inserción laboral y el acceso a l a vivienda de
la juventud en España, en los términos resultantes de la aceptación
de la enmienda transaccional por los grupos proponentes, se aprueba
por unanimidad.




Del Grupo Socialista del Congreso, por la que se insta al Gobierno a
adoptar las medidas necesarias a fin de determinar el porcentaje de
participación en los ingresos del Estado de aquellas comunidades
autónomas que no han adoptado el nuevo modelo de financiación
establecido para el quinquenio 1997-2001 ... (Página 9066)



En nombre del Grupo Socialista del Congreso, defiende la proposición
no de ley la señora Pozuelo Meño. Manifiesta que a las tres
comunidades autónomas que no aceptaron el nuevo sistema de
financiación - Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha- no se les
asignó porcentaje alguno en los presupuestos del Estado para
1997 ni en los de 1998, apareciendo sólo las cantidades globales,
en contra de lo establecido expresamente en los artículos 84 y 85 de
las leyes de presupuestos de los años 1997 y 1998,
donde se dice que serán las comisiones mixtas Gobierno-
Comunidades Autónomas las que acordarán los porcentajes de
participación en los ingresos del Estado que aseguren los recursos
suficientes para la prestación de los servicios transferidos, lo que
no podía ser de otra manera, puesto que así lo establecía
previamente la Ley Orgánica de la Financiación de las Comunidades
Autónomas y los estatutos de autonomía respectivos. Por eso, el
Grupo Socialista del Congreso plantea esta proposición no de ley, a
la que ha presentado una autoenmienda que se refiere a las
modificaciones que ha sufrido ya el nuevo sistema de financiación
autonómica, y en la que pide al Gobierno que cumpla la ley, que
asuma su responsabilidad y convoque a las comisiones mixtas para
negociar con las comunidades autónomas, no imponiendo
unilateralmente sus criterios.




En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Ríos
Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y
la señora Montseny Masip, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso .




Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Socialista del
Congreso, por la que se insta al Gobierno a adoptar las medidas
necesarias a fin de determinar el porcentaje de participación en los
ingresos del Estado de aquellas comunidades autónomas que no han
adoptado el nuevo modelo de financiación establecido para el
quinquenio 1997-2001, en los términos resultantes de la propia
enmienda presentada por el proponente, se rechaza por 136 votos a
favor, 160 en contra y cuatro abstenciones.




Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 9071)



Del Grupo Socialista del Congreso, para conocer los efectos que el
acuerdo Unión Europea-Estados Unidos, sobre inversiones en
propiedades expropiadas tendrá sobre las relaciones hispano- cubanas
y las inversiones españolas en la República de Cuba ... (Página 9071)



Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el
señor Caldera Sánchez-Capitán, del Grupo Socialista del Congreso.

Opina que la reacción del ministro de Asuntos Exteriores ante la
interpelación sobre el acuerdo de la Unión Europea y Estados
Unidos que afecta a Cuba demuestra que esa negociación se llevó a
cabo de espaldas a las opiniones públicas y, aún más, de espaldas a
los parlamentos y a l as diversas fuerzas políticas. Explica con
detalle las razones por las que rechazan frontalmente



Página 9044



dicho acuerdo y ofrece al conjunto de la Cámara una enmienda
transaccional que recoge las enmiendas presentadas por los grupos
parlamentarios Mixto y Federal de Izquierda Unida y el espíritu de
una parte de las enmiendas presentadas por los grupos Popular y
Catalán.




En defensa de las enmiendas presentadas a la moción intervienen los
señor es Navas Amores, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida; Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto;
Martínez Casañ, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
y Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).




En un segundo turno interviene el señor Caldera Sánchez-Capitán.




En turno de fijación de posiciones interviene el señor Caballero
Basañez, del Grupo Parlamentario Vasco ( EAJ-PNV ) .




Sometida a votación la moción del Grupo Socialista del Congreso
para conocer los efectos que el acuerdo Unión Europea-Estados
Unidos sobre inversiones en propiedades expropiadas tendrá sobre
las
Relaciones hispano-cubanas y las inversiones españolas en la
República de Cuba, en los términos resultantes de la transaccional
que ha presentado el portavoz socialista, se rechaza por 149 votos a
favor, 156 en contra y dos abstenciones.




Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV), sobre la política del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en relación con la
cuota láctea en la cornisa cantábrica, en la medida que constituye
un sector estratégico dentro de las competencias que tiene asumidas
dicho Ministerio ... (Página 9079)



Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el
señor Caballero Basañez, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV). Considera que la situación del sector lácteo estatal
hace del todo necesario abordar urgentemente y con seriedad un plan
de reordenación del mismo. Añade que desde las comunidades
autónomas de la cornisa cantábrica se han venido realizando
propuestas en este sentido, que no han sido atendidas por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por l o que el objeto
de la moción es instar al Gobierno a que adopte las medidas
necesarias para esta re o rd e nación del sector lácteo, tomando
conciencia de la importancia del mismo. Reitera los argumentos
expuestos en la interpelación urgente de la semana pasada y
explica las medidas que, según su opinión,
se deberían adoptar junto con la demanda de un incremento de la
cuota láctea en un millón de toneladas, lo que permitiría disponer
de un sector más estructurado y competitivo, capaz de afrontar los
retos que se avecinan con más garantías de éxito.




En defensa de las enmiendas presentadas a la moción intervienen los
señores Vázquez Vázquez (don Guillerme ) , del Grupo
Parlamentario Mixto; Santiso del Valle , del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida; la señora Castro
Masaveu, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y el
señor Blanco López, del Grupo Socialista del Congreso .




En turno de fijación de posiciones interviene el señor Companys
Sanfeliu, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).




A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas y de
plantear una enmienda transaccional, interviene el señor Caballero
Basañez



Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-
PNV), sobre la política del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación en relación a la cuota láctea en la cornisa cantábrica,
en la medida que constituye un sector estratégico dentro de las
competencias que tiene asumidas dicho Ministerio, en los términos de
la enmienda transaccional presentada, se aprueba por 158 votos a
favor, 116 en contra y 14 abstenciones.




Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre el
proceso de devolución de los complementos por mínimos indebidamente
percibidos . . 9086



Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el
señor Homs i Ferret, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió). No desea reiterar el análisis técnico y político tantas
veces sus citado sobre las razones que han llevado a su grupo a
presentar la moción, pero deja bien sentado que no quieren
establecer vías de judicialización del pro ceso de devolución, para
de esa forma eludir las responsabilidades, ni se prestarán a
iniciar amnistía o condonación alguna que pudiera llegar a personas
con niveles de renta elevados que tenían la intención de percibir
indebidamente pensiones complementarias. En cambio se proponen
amparar las condiciones de aquellas personas de rentas bajas que
estaban sometidas a la circunstancia de devolución que les
comportaba un perjuicio real . Añade que en su moción instan al
Gobierno a modificar en el plazo de un mes el Real Decreto-ley 148/
1996, de 5 de febrero, a los efectos de perfeccionar los
mecanismos



Página 9045



de reintegro de los complementos por mínimos indebidamente
percibidos durante los años 1994, 1995, 1996 y 1997, en los casos que
afecten a las pensiones con menor renta.




En defensa de las enmiendas presentadas a la moción intervienen los
Señores Vaquero del Pozo, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida; Peralta Ortega, del Grupo Parlamentario Mixto, y
Arnau Navarro, del Grupo Socialista del Congreso .




En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vázquez
Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Camps Devesa,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso .




Al efecto de rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor
Homs i Ferret



Sometido a votación el punto primero de la moción, se aprueba por 149
votos a favor, 118 en contra y cinco abstenciones .




Sometido a votación el punto segundo de la moción, se aprueba por 269
votos a favor y dos abstenciones.




Se suspende la sesión a las diez y diez minutos de la noche .




Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.




TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:



- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE MEDIDAS
PARA FAVORECER UNA MAYOR PROTECCIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS INMIGRANTES
(ORGÁNICA) (Número de expediente 122/000158).




- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, DE REFORMA DE
LA LEY ORGÁNICA 7/1985, DE 1 DE JULIO, SOBRE DERECHOS Y LIBERTADES DE
LOS EXTRANJEROS EN E SPAÑA (ORGÁNICA) (Número de expediente
122/000154).




- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA
7/1985, DE 1 DE JULIO, SOBRE DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS
EN ESPAÑA (Número de expediente 122/000167).

El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a comenzar la sesión.

Se abre la sesión.




Punto primero del orden del día: Toma en consideración de
proposiciones de ley. En primer lugar, debatiremos conjuntamente
las de los grupos parlamentarios Catalán (Convergència i Unió),
Federal de Izquierda Unida y Mixto, todas ellas coincidentes en la
materia y de composición análoga. La primera es de medidas para
favorecer una mayor protección e integración de los inmigrantes y se
postula con naturaleza orgánica; l a segunda será l a del Grupo
Federal de Izquierda Unida y la tercera la del Grupo Mixto.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Campuzano.




El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señor presidente.

Subo a la tribuna en nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) para defender la toma en consideración de esta
proposición de ley orgánica sobre medidas que favorezcan una mayor
protección e integración de los inmigrantes. Con esta proposición de
ley, el Grupo Parlamentario Catalán invita al conjunto de la Cámara,
al conjunto de los grupos políticos representados en esta Cámara, a
iniciar un proceso de elaboración de una nueva ley. Una nueva ley
que regule la selección legal de los extranjeros, especialmente de
los extranjeros extracomunitarios, en nuestra sociedad, una nueva ley
basada en valores y actitudes diferentes a las que seguramente
condujeron en el año 1985 a la elaboración de la hoy vigente Ley de
extranjería, una ley basada fundamentalmente en l a integración
social de estos nuevos ciudadanos, que son los ciudadanos llegados
principalmente de los países en vías de desarrollo, con el objetivo
de construir entre nosotros su nueva vida.

Por otra parte, se trata de un proceso concordante con los trabajos
que se han efectuado a lo largo de estos meses en esta Cámara, en el
seno de la Comisión de Política Social y Empleo, por parte de la
subcomisión, que ha estudiado la situación de los inmigrantes en el
Estado español. Hace unas semanas la Comisión de Política Social
aprobó ya el correspondiente informe y yo espero que a finales de
este período de sesiones podamos aprobar el mismo en el Pleno de la
Cámara. Un informe que apunta precisamente a la necesidad de elaborar
una ley de integración de los inmigrantes y que además coincide
con las dos mociones que el Pleno de esta Cámara aprobó hace escasos
meses en relación con esta misma materia, enmarcando, especialmente
la segunda, la necesidad de abordar el proceso de reforma de la Ley
de extranjería.

El proceso que el Grupo Parlamentario Catalán les invita hoy a
iniciar es un proceso que pretende ir más allá de un estricto cambio
de legislación. Estamos hablando de iniciar un cambio de perspectiva,
una ruptura de las inercias con las que hasta ahora se han
desarrollado las políticas relacionadas con el mundo de la
inmigración; dejar de entender la inmigración como un



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problema, fundamentalmente dejar de entender la inmigración como un
problema de orden público, de seguridad; ir más allá incluso de una
visión de la inmigración basada en el supuesto choque de
civilizaciones. Iniciemos un proceso que nos lleve a entender la
inmigración como un factor de progreso y de cambio de nuestras
sociedades, como en definitiva ha sido siempre en la historia de la
humanidad cualquier proceso migratorio. Además, desde una
perspectiva nacional catalana, es evidente que es necesario efectuar
esta afirmación en sentido positivo de la inmigración. Las sociedades
del mundo entero, y en nuestro caso la sociedad catalana, se han
desarrollado en sentido positivo precisamente por los fenómenos
migratorios. Entendemos que este cambio de perspectiva, esta
ruptura con las inercias históricas que nos han hecho afrontar a lo
largo de los últimos 10 ó 15 años el fenómeno migratorio implica
también un cambio de los comportamientos colectivos. Eso no va a ser
fácil y va a corresponder a los poderes públicos, a los medios de
comunicación, al conjunto de la sociedad y a l os líderes sociales
ser capaces de emplear la pedagogía necesaria para conseguir estos
cambios de mentalidad y, al mismo tiempo, desarrollar las políticas
económicas y sociales eficaces para hacer frente al paro, a la
exclusión y a la marginalidad, que son los problemas que atenazan a
la inmigración. La inmigración sólo es un problema cuando se vincula
al paro, a la exclusión social, a la marginalidad, y cuando los
valores que informan la sociedad permiten que el racismo y la
xenofobia se impongan.

Por eso justificamos el inicio de este proceso, un proceso que,
además, debemos situar en un cambio de nuestros paisajes. Creo -y el
viernes, en Lleida, una asistente social vinculada a Cáritas nos lo
recordaba- que los inmigrantes que llegan a Cataluña, que llegan al
Estado español, lo hacen renunciando a sus paisajes, renunciando a
sus cielos, renunciando a sus comidas, renunciando a sus colores, y
su presencia entre nosotros, en el medio y largo plazo, también va a
hacer que cambien nuestros paisajes, nuestros colores, nuestras
comidas. Aceptar est e cambio, este cambio colectivo, pienso que es
lo que justifica plenamente el inicio de la elaboración de una ley de
integración de los inmigrantes, porque el paisaje de 1985 no tiene
nada que ver con el paisaje de 1998 y menos va a tener que ver con el
paisaje del siglo que viene. Este cambio de paisaje, esta nueva
mentalidad, esta nueva política requieren una política basada en la
igualdad de derechos, en la igualdad de todos los derechos, y nos
parece que este texto inicia un proceso hacia esta plena igualdad.

Hablaba antes de esta necesidad de hacer frente al paro y a la
exclusión, a la marginalidad y a la marginación, de luchar por la
cohesión de nuestra sociedad, y eso tan sólo es posible desde una
política activa en el reconocimiento de la igualdad de derechos,
entendiendo que deben existir los medios que den sentido a una
política global del Estado, de las comunidades autónomas y de los
ayuntamientos en esta materia.

La proposición de ley de nuestro grupo propone la incorporación de
nuevos derechos para los inmigrantes, en el terreno de las becas, de
la sanidad, de la
Seguridad Social, de la justicia gratuita, de l a agrupación
familiar; la introducción de medidas que impliquen un mayor
compromiso del Gobierno en estas políticas y, específicamente, una
mayor vinculación de las comunidades autónomas en el diseño de estas
políticas. No puede ser que, hoy, aquellas administraciones que
tienen los medios - teóricos al menos- para poder efectuar las
políticas de integración social, como son las comunidades autónomas y
los ayuntamientos, no tengan ninguna capacidad de influir en la
política migratoria del Estado. Además, esta proposición de ley
introduce importantes mejoras en el régimen de funcionamiento de l a
Ley de extranjería del año 1985, recogiendo aspectos positivos de la
reforma del nuevo reglamento de ejecución de 1996, adaptándolos
también a las diversas sentencias del Tribunal Constitucional y
mejorando sustancialmente el galimatías legal que hoy ha llevado a
que mi les de extranjeros, que entraron por nuestras fronteras de una
forma legal, precisamente por los errores y complicaciones del
reglamento de 1996 de la Ley de 1985, se encuentren en una situación
al margen de la ley. Y todo esto acompañado de las modificaciones
correspondientes de las diversas leyes donde estos derechos se deben
reconocer.

No estamos hablando de una ley que reconozca derechos específicos
para los inmigrantes, diferentes a los que tenemos el conjunto de los
ciudadanos. Estamos hablando de una ley que modifica también leyes
sectoriales, para incorporar en ellas el reconocimiento de esos
derechos. Iniciamos, por tanto, un proceso amplio, de una nueva
política y de una nueva ley, y lo iniciamos, desde la posición de
Convergènci a i Unió, con una profunda voluntad de consenso.

Hoy, en esta Cámara, también se va a ver la toma en consideración de
otras dos proposiciones de ley. Nuestro grupo parlamentario apuesta
por que se tome en consideración la nuestra y que en el seno de la
correspondiente Comisión, entre todos los grupos políticos, seamos
capaces de elaborar una ley que sirva para afrontar esta nueva
política migratoria para el siglo que viene. Y eso sólo va a ser
posible si somos capaces de generar el consenso político y social
suficiente. Por tanto, no abordamos est e proceso desde el
convencimiento de que esta proposición de ley es cerrada, sino desde
el convencimiento de que deberá ser objeto de un amplio debate en la
Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados, para
conseguir un texto en el que el conjunto de los grupos políticos, el
conjunto de las administraciones implicadas en esta materia, nos
podamos sentir satisfechos. Un consenso que lógicamente entendemos
que debe ir más allá de la elaboración estricta de la propia ley.

El debate social y cultural que va a provocar la existencia del
fenómeno inmigratorio va ligado también a la necesidad de establecer
entre todos un nuevo contrato social para dar sentido y viabilidad
al funcionamiento de nuestra sociedad. La multicultura, mezclada con
los procesos sociales que afectan negativamente al desarrollo del
propio Estado del bienestar, al mantenimiento de situaciones de
marginación o de exclusión social, el no funcionamiento de
determinados mecanismos



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de ese propio Estado del bienestar, nos hacen necesario plantear este
nuevo contrato social en el que el ciudadano asuma también sus
responsabilidades.




El señor PRESIDENTE: Señor Campuzano, vaya concluyendo, por favor.




El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Concluyo, señor presidente.

El artículo 13 de la proposición de ley incorpora expresamente una
llamada a los ciudadanos extranjeros para que asuman de manera
inequívoca sus deberes como ciudadanos del Estado español.

Esta doble petición de afirmación de derechos de los ciudadanos
extranjeros y de exigencia de sus propios deberes nos parece que
responde a este llamamiento de construir entre todos esa nueva
sociedad, fundamentada en los valores de igualdad, igualdad entre
todos aquel los ciudadanos que van a conformar las nuevas sociedades
de la Europa del siglo que viene, en la que la presencia de los
extranjeros provenientes de los países en vías de desarrollo va a ser
fundamental.

Si hoy queremos evitar que suceda en el Estado español aquello que
negativamente ha sucedido en Francia, en Alemania, en Bélgica o en
Austria, hay que empezar a cambiar las leyes, hay que empezar a
cambiar las políticas. Con esta iniciativa nos parece que iniciamos
este proceso.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.

Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra don Pablo Castellano, para la presentación de su
proposición de ley, que reza de reforma de la Ley Orgánica número 7/
1985, de fecha 1 de julio, sobre los derechos y libertades de los
extranjeros en España, para la que se pretende un carácter
orgánico.




El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.

Tal como decía el señor Campuzano al presentar su proposición de ley,
que se tramita conjuntamente con la que promueve el Grupo Federal de
Izquierda Unida y la que a su vez postula el Grupo Parlamentario
Mixto, estoy absolutamente convencido de que las intervenciones que
se producirán en este punto del orden del día pueden ser
perfectamente intercambiables. Las tres proposiciones de ley están
guiadas, piensa nuestro grupo, por el mismo interés, que no es ni más
ni menos que el de pasar de la retórica a la más estricta realidad,
en lo que significa el respeto a la condición humana. Se trata ni más
ni menos que de buscar en el hecho migratorio todo aquello que tiene
de positivo y de enriquecedor, s obre la base de un doble
comportamiento: el comportamiento del país receptor, en una actitud
que elimine por completo todo recelo y que concluya el reconocimiento
de esos ciudadanos - porque ciudadanos son, hayan nacido donde hayan
nacido-, la incentivación de su aportación al quehacer de una
comunidad, y
desde otro punto importantísimo, que es la salvaguardia y la garantía
de todos sus derechos subjetivos.

Por ello, no voy a extenderme, señor presidente, en comparar lo que
puedan suponer unas u otras proposiciones de ley, ya que todas ellas
se complementan. Es posible que, según la técnica legislativa
empleada por unos u otros, se haya puesto más el acento en una
redacción de una ley de carácter más universal, en la modificación
de la Ley de extranjería, o se opte, como opta el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergènci a i Unió), por incorporar a la legislación
privativa de cada una de las que podíamos llamar conquistas sociales
la incorporación y la equiparación para el tratamiento de los
extranjeros que adquieran en nuestro país la residencia y que
manifiesten un deseo de permanencia. Tampoco voy a entrar a hacer un
catálogo de cuáles podrían ser los defectos que podría tener,
empezando por la ley que promueve el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, que a lo mejor no ha contemplado algún aspecto, ni a
poner o a destacar lo que no hubieran contemplado otras leyes.

Lo que sí es cierto, señor presidente, es que en este año, en la
conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
tiene que ser el día de hoy un día de satisfacción para esta Cámara,
seriamente, y que debe acometer este trabajo tomando estos textos
como lo que son, como pretextos para una gran reflexión de la Cámara,
en la que se ponga de manifiesto todo lo que tiene que ser su acervo
de solidaridad y de confianza en algo tan importante como es el ser
humano, ese ser irrepetible, pero no por ello merecedor de ningún
trato que pueda suponer discriminación o que pueda comportar a veces,
por mucho que se disimule o por mucho que se trate de ocultar,
racismo, xenofobia o intento de privilegios de unos seres sobre otros.

Estamos absolutamente convencidos de que no puede haber ni un solo
grupo de la Cámara que pueda sentirse ajeno al reto que estas tres
proposiciones le convocan en el día de hoy, para que seamos capaces
de encontrar un punto de equilibrio entre esos derechos subjetivos,
contemplado desde el punto de vista de todo ser humano, los
privativos, de aquellos que voluntariamente quieren formar parte de
nuestra comunidad en muy diferentes situaciones administrativas, lo
que va a comportar además el establecimiento de unas serias
garantías.

Señor presidente, con estos textos que hoy sometemos a la
consideración del Congreso de los Diputados quizá no hacemos más que
culminar debates aislados que hemos tenido en esta Cámara en temas,
por decirlo con la terminología habitual, de carácter puntual. Cuando
se ha discutido, por ejemplo, el derecho a la asistencia letrada,
cuando se han discutido las garantías del proceso de posible
expulsión, o cuando se han discutido las condiciones de los centros
de internamiento. Todas esas discusiones de carácter particularista
se van a poder subsumir en una discusión general y colectiva con
motivo de la adopción, que yo espero que será absolutamente
favorable, de la admisión a trámite de estas proposiciones de ley,
proposiciones de ley que tratan de que aquellos ciudadanos
extranjeros, no por



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el hecho de haber nacido en otro país, no tengan facilitada hasta el
máximo la estabilidad en nuestra comunidad. Su derecho a la
residencia y a la permanencia, a la libre circulación, a la
asociación, a la reunión, su derecho a la salud, derecho al trabajo,
derecho a la ayuda y a la vivienda, derecho incluso, según nuestra
propuesta de ley, y por qué no, a acceder a la Función pública en
condiciones de igualdad, de mérito y capacidad, derecho en suma a
que se puedan considerar, como cualquiera de los demás, sujetos
activos en el devenir de una comunidad que no puede estar guiada más
que por un solo oriente, que es la dignidad humana, el respeto a la
vida y el derecho a la realización del proyecto vital en igualdad de
condiciones, de modo tal que no quepa bajo ningún concepto ninguna
situación de injusticia o desigualdad.

Nada más. Muchas gracias, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Castellano.

Para la presentación de la proposición del Grupo Mixto, tiene la
palabra el señor Saura, que desarrollará el contenido sustancial de
esta proposición sobre reforma de la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de
julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España.




El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Yo quería iniciar mi intervención sobre la modificación de la Ley de
extranjería resaltando o remarcando el papel que en este tema están
jugando diversas asociaciones y organizaciones sociales sindicales de
solidaridad.

En este sentido, hace un par de días, en Cataluña, treinta y dos
entidades han hecho público una declaración, con el título de Sobre
cambios en la legislación de extranjería, donde hacen muchas
propuestas concretas, pero me parece importante destacar los tres
grandes objetivos que estas entidades proponen a los partidos
políticos como necesidad de cambios en la legislación. Primero, estas
entidades dicen que la modificación de la Ley de extranjería ha de
ser amplia y que el objetivo central en estos momentos ha de situarse
en la modificación en profundidad de esa Ley, que ha de dar lugar a
una verdadera ley de derechos y libertades de los extranjeros en
España, ya que la Ley de extranjería actualmente es la que sitúa el
marco global discriminatorio. La segunda reflexión que hacen es que
los cambios a realizar no pueden consistir en pequeñas
modificaciones sobre otras leyes o aspectos secundarios. Y la tercera
reflexión es la necesidad de que l as modificaciones que se vayan a
producir se produzcan consensuadamente, tanto en el área del campo
político como en el social.

Quiero decir que los diputados y diputadas de Nueva Izquierda e
Iniciativa per Catalunya hacemos nuestros estos t res objetivos. Es
necesario modificar la ley de forma profunda. Hoy no sirve en el
Estado español una modificación de la Ley de extranjería de forma
superficial y es necesario que esto se haga de forma consensuada.

Y quiero decir ya que votaremos favorablemente la proposición de ley
que presenta el grupo de Izquierda
Unida y también la de Convergència i Unió, a pesar de que pensamos
que la de Convergència i Unió se limita fundamentalmente a incorporar
las modificaciones que ya se produjeron en el reglamento en la Ley y
a ampliar determinados aspectos de prestación social. A pesar de
ello, vamos a votar positivamente, insisto, la de Izquierda Unida y
también la de CiU.

Nosotros hacemos nuestra propuesta de modificación de la Ley de
extranjería basándonos en el artículo 13 de la Constitución, que
establece que los extranjeros gozarán en España de las libertades
públicas en los términos que establezcan los tratados y la ley. En
1985 se a probó la Ley de extranjería, la Ley sobre Derechos y
Libertades de los Extranjeros y, a pesar de que en la exposición de
motivos se decía claramente que se quería asegurar la plenitud de los
derechos y las garantías para su ejercicio de los extranjeros en
España, de hecho, lo que ha ocurrido est os doce años es que la Ley
Orgánica 7/1985 no sólo no ha asegurado la igualdad de derechos, sino
que ha sido un elemento importante estructural constante que ha
favorecido la marginación de los inmigrantes que viven en el Estado
español. El Estado español, que ha ido recibiendo y continúa
recibiendo personas, sobre todo del sur y de los países de Europa del
Este, con vocación de permanencia, es necesario que hoy, insisto, a
la luz de la experiencia histórica de est os doce años, afronte la
necesidad de acoger e integrar dentro del conjunto de la sociedad
española a las personas procedentes de otra cultura, que, como decía
el señor Campuzano, han de verse como riqueza y no como problemas.

Quiero insistir en la idea de que la igualdad de derechos es la base
en la que debe fundamentarse una sociedad democrática y que privar
de derechos fundamentales, como ocurre hoy, a personas que viven de
forma estable en nuestro territorio por razón de su origen, es poner
un obstáculo de hecho a uno de los principios básicos del sistema
democrático. Hemos de reconocer, y quiero reconocerlo aquí, que se
han hecho esfuerzos también importantes de superación de los límites
iniciales de la Ley de extranjería, tanto en el Plan nacional para
la integración de los inmigrantes, como en la reforma del
reglamento, que se produjo en el año 1996. ¿Cuáles son los objetivos
y las propuestas que, desde Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya,
proponemos? En primer lugar, planteamos cuatro grandes objetivos en
la modificación de esta ley. El primero es el reconocimiento de los
derechos y libertades proclamados en la Constitución; el segundo es
garantizar a los extranjeros legalmente establecidos en el Estado
español unas cotas aceptables de derecho, eliminando cualquier trato
discriminatorio; el tercero es desarrollar de forma suficiente el
ejercicio del derecho a la reagrupación familiar y el cuarto,
garantizar para los extranjeros los principios de seguridad e
interdicción de la arbitrariedad.

Las propuestas las quiero agrupar en cinco bloques. El primero
comprendería un conjunto de propuestas que planteamos en el texto,
que aseguran un verdadero reconocimiento de los derechos y libertades
fundamentales: el derecho a la libre circulación, a la libertad



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de expresión, el derecho de reunión, el de asociación y el de libre
sindicación.

El segundo bloque de propuestas hace referencia a la equiparación de
derechos sociales respecto a los ciudadanos; es decir, se trata de
que también estos ciudadanos tengan plena asistencia sanitaria,
tengan derecho a las prestaciones sociales, acceso a las ayudas
públicas o a tantas otras prestaciones.

El tercer bloque de propuestas señala lo que seguramente hoy es uno
de los principales problemas y objeto de marginación, y es la falta
de una legislación que facilite una verdadera integración de los
inmigrantes. Hoy la mayoría de inmigrantes que entran en España lo
hacen de forma ilegal, porque la puerta legal es prácticamente
inaccesible. En ese sentido, proponemos una modificación de la Ley
de extranjería, que hace muy pocos meses se ha aprobado en el
Parlamento italiano y, por tanto, hoy está vigente en Italia, que
consiste en introducir una nueva figura de permiso de entrada
- nosotros lo llamamos una estancia temporal para buscar empleo
-, mediante
la cual se faciliten permisos temporales a extranjeros para que
puedan venir aquí a buscar puestos de trabajo. Si no se soluciona
para que -insisto- los trabajadores y trabajadoras extranjeras
puedan acceder legalmente, continuará ocurriendo que la mayoría de
inmigración será ilegal. Por otro lado, planteamos en este bloque
otra propuesta que también considero innovadora, que es establecer un
procedimiento ordinario de regularización para aquellas personas que
hoy se encuentren en situación irregular y que cumplen determinadas
condiciones. Es necesario, no como ocurre ahora que cada cinco o
seis años se abre un período de regularización, que exista un
procedimiento ordinario de regularización en unas condiciones que
hemos determinado.

El cuarto bloque de propuestas hace referencia a que, de verdad,
exista una auténtica protección a la vida en familia. En ese
sentido, queremos reconocer en esta ley el derecho a la reagrupación
familiar, como un derecho de residencia que emana directamente del
derecho fundamental de la intimidad familiar.

Por último, el quinto bloque de propuestas hace referencia a la
modificación del actual régimen sancionador en dos direcciones: por
un lado, limita una serie de sanciones que hoy están vigentes, son
legales y, por otro, limita las causas de expulsión. Además, en
ningún caso se puede expulsar a nadie sin que haya sido objeto de
resolución judicial.

Espero que alguna o las tres proposiciones de ley salgan adelante, y
que en el trámite posterior de enmiendas podamos dar respuesta a la
demanda que nos hacen las entidades ciudadanas de que la Ley de
extranjería necesita una modificación profunda que acabe con la
situación, fundamentalmente marginal y discriminatoria, en la que
viven hoy miles de ciudadanos extranjeros en nuestro país.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saura. ¿Grupos que desean fijar
su posición? (Pausa.)
En primer lugar, por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra
el señor Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.

Coalición Canaria se congratula de estas iniciativas porque vienen a
sintonizar con una política democrática, tanto de mi Grupo como de
todos los de esta Cámara, que consiste en la extensión de los
derechos humanos, como principio general, a la protección de los
inmigrantes extranjeros que llegan a nuestro país.

Hay un fondo común en las tres, y nosotros queremos destacar la
iniciativa que, en primer lugar, ha presentado el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) -a la que vamos a prestar nuestro apoyo
y voto-, porque, teniendo un rigor más atemperado y moderado a ir
normalizando escalonadamente la situación de los inmigrantes
extranjeros en España, plantea el reconocimiento expreso de unos
derechos que están reconocidos en la Constitución española, en
sentencias y pronunciamientos del Tribunal Constitucional y que el
Gobierno del Reino de España ha venido firmando y ratificando en este
Parlamento en convenios y acuerdos internacionales relativos a esta
materia. Son derechos inalienables y vinculados a la persona en
cualquiera de sus circunstancias, inmigrante o no, pero en este caso
son derechos inherentes a la condición humana del inmigrante.

En segundo lugar, en la proposición del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) se plantea el principio -y esto lo quiero
destacar- de hacer extensible el reconocimiento, fuera ya del derecho
unipersonal, al derecho de reagrupación de la familia, ya que a veces
en las concesiones de permisos de residencia o de entrada en el país
a inmigrantes extranjeros no se ha hecho extensivo a la unidad
familiar. Hoy, en esos derechos de residencia, no se tiene en cuenta
solamente la persona, si no su entorno inmediato, que es el derecho
a la reagrupación familiar. Todo esto conlleva a que en este momento
sea necesario e imprescindible a bordar aquí la reforma de la Ley
Orgánica 7/1985, de los derechos y libertades de los extranjeros en
España.

Coincidimos con este primer grupo proponente en la sustitución del
término ilegal por irregular, para no hacer una presunción en las
circunstancias. Nosotros entendemos que aquí se ha hecho un avance
gradual, porque la prudencia en esta legislación es fundamental para
evitar reacciones improcedentes, inconvenientes e innecesarias, al
adaptar el reglamento actual de extranjería e irle dando ya normativa
extrarreglamentaria, pero dentro del marco de la nueva ley, así como
extender l as prestaciones sociales y lo que se invoca aquí con
respecto a l a modificación necesaria del Estatuto de los Trabajado
res. En esta línea, nosotros creemos que las modificaciones que se
proponen están dentro de un avance coherente si en los trámites
posteriores institucionalizamos la creación de un consejo que dicte
una serie de comportamientos administrativos y de normas. La toma en
consideración, por tanto, de esta primera iniciativa nos lleva a
nosotros a asimilarla con las otras y darle en este momento nuestro
voto favorable.




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Con respecto a las presentadas por los grupos parlamentarios Federal
de Izquierda Unida y Mixto, por no coincidir en algunas de las
apreciaciones y entender que algunos de sus planteamientos están
subyacentes en la del Grupo Catalán (Convergència i Unió), aun
compartiendo el fondo, nos vamos a abstener y deseamos que en los
trámites posteriores de ponencia y Comisión se aúnen los criterios
respecto a lo que nosotros consideramos como derechos fundamentales
de la persona.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.

Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Uría.




La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente.

Señorías, intervengo en nombre de un grupo que en varias ocasiones se
ha quejado de lo limitado de la llamada Ley de extranjería del año
1987, teniendo además en cuenta que ha transcurrido tiempo y
circunstancias que en la actualidad nos parece que aconsejan su
modificación.

España es ahora un país receptor de inmigración, como todos los de
la Unión Europea, y si hasta ahora nos hemos limitado al control de
los flujos de extranjeros que venían, parece ya llegado el momento
de hablar de su integración, haciendo caso de proclamas inter
nacionales - estamos en el cincuentenario de la Declaración de
Derechos Humanos o también cercana en el tiempo está todavía la
Declaración de la ONU de 1995, como año contra la intolerancia y el
racismo- que nos permitan avanzar en esta idea. Esta vocación de
permanencia, este deseo de quedarse de los extranjeros, queda
plasmada en las tres iniciativas que hoy se nos presentan ante la
Cámara, que nos parecen interesantes y oportunas. Se avanza en ellas
en el reconocimiento de derechos que corresponden a todos los
extranjeros, con independencia de su situación administrativa, como
inherentes a su condición de personas. En especial se habla del
derecho a una percepción sanitaria pública con distinta intensidad,
en el texto propuesto por Convergència i Unió se limita a los casos
de accidentes o enfermedades graves y es más amplia en otros textos.

En cuanto al derecho a la justicia gratuita, más amplia de la ahora
concedida, ya tuve ocasión de manifestar ante esta misma Cámara que
en el ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca se está prestando ya, con
carácter universal, esta asistencia jurídica gratuita, cualquiera que
sea la jurisdicción ante la que un extranjero es llamado.

Otro bloque hace referencia al reconocimiento a los menores de edad
del derecho a la enseñanza básica y obligatoria, lo que no puede
parecernos si no justo y reconocible. También se contempla en los
tres un tratamiento correcto y justo del derecho a disfrutar de la
vida familiar, lo que se ha dado en llamar el derecho de reagrupación
familiar. En el texto catalán se incluye la condición de justa
reciprocidad, al exigirles a los extranjeros un respeto a los
principios y derechos en
los que se asienta nuestro sistema de convivencia democrática, que
parece establecido en términos correctos y sensatos.

El texto propuesto por Convergència i Unió tiene una sistemática
distinta a la de los otros textos, pues, tras una parte inicial de
reconocimiento de derechos a todos los extranjeros, se matiza que hay
otros derechos que sólo lo serán respecto de los extranjeros que
estén legalmente en territorio español y, finalmente, articula las
modificaciones legislativas que se plasman: de la Ley de extranjería,
la Ley 7/1985, del Estatuto de los Trabajadores, de la Ley de
Asistencia Jurídica Gratuita, de la Ley General de Sanidad, de la Ley
General de la Seguridad Social, de la Ley Orgánica Reguladora del
Derecho a la Educación, de la Ley de Ordenación General del Sistema
Educativo y de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad
Ciudadana. Por tanto, es un proyecto ambicioso y bien trabado
técnicamente.

Conocida la adición del artículo 13 de la Constitución, que fue
ampliando su contenido conforme se tramitaba en la Comisión
Constitucional, podemos indicar que, a pesar de que es posible hablar
de dos estadios sucesivos, es decir, de los derechos civiles y de las
libertades públicas, lo que se establece en el artículo 1º, al
aludir a que los extranjeros gozarán en España de las libertades
públicas que garantiza el presente título en los términos que se
establezca en los tratados y la ley, el primer tratado que hay que
tener en cuenta es aquel al que hace referencia el propio artículo
10 de la Constitución, cuando dice que las normas relativas a los
derechos fundamentales y a las libertades públicas reconocidas en la
Constitución se interpretarán de conformidad con la Declaración
Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos
internacionales que hayan sido firmados por España. Ello quiere decir
que el texto del artículo 13 debe tener siempre, a la luz del
artículo 10 y de la Declaración de Derechos Humanos, un carácter
expansivo en toda su regulación. Por ello, nos sorprende que en el
texto que se propone por Convergència i Unió haya todavía algunas
restricciones en materia de derechos. Se alude al reconocimiento de
los derechos comprendidos en los artículos 15 a 18, 20, 24 y 25. ¿Por
qué no al 19, relativo a la libertad de residencia y de circulación,
que sí se incluye, sin embargo, en la iniciativa de Izquierda Unida?
El artículo 21, derecho de reunión y manifestación, no se reconoce
inicialmente y, sin embargo, se modifica el contenido actual de la
Ley de extranjería, ya que ahora aparece vinculado a la exigencia de
autorización administrativa y en la proposición que se nos ofrece
quedará eliminada y equiparada a la de las nacionales por la mera
comunicación.

En cuanto al artículo 23, está afectado, indudablemente, por la
adición del párrafo 2º del artículo 13 del texto constitucional, pero
se contempla de forma distinta en las tres iniciativas: de forma más
restrictiva en la iniciativa de Convergència i Unió, en la iniciativa
de Izquierda Unida, sin embargo, se habla del acceso a la función
pública, funciones o cargos públicos, y en la del Grupo Mixto se
habla incluso del acceso a las Fuerzas Armadas.




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Finalmente, las iniciativas de Izquierda Unida contemplan también
específicamente el acceso a las actividades docentes o a las
actividades de investigación. Creemos que todas ellas constituyen un
material muy interesante que podrá tenerse en cuenta en la
tramitación.

Dentro de la regulación, destacaríamos especialmente la distinta
percepción que se hace respecto de l as situaciones administrativas
posibles para los extranjeros, y sobre todo la mejora de la
regulación de la tipicidad de las infracciones administrativas, que
se gradúan en graves, muy graves y leves, de acuerdo con l a Ley 30/
1992, y en general de todo el régimen sancionador que se pretende
deje de ser un ámbito exento, como en gran medida lo era hasta ahora,
respecto a los principios y derechos que rigen esta actividad
administrativa. Citaré la referencia a la capacidad económica y al
grado de voluntariedad en la infracción que se hace en el artículo
27, o la remisión expresa a la Ley 30/1992 que se hace en el artículo
29, que parecería que tendría que ser obvia, en cuanto a la necesidad
de audiencia del interesado.

No me extenderé más porque estamos ante un objetivo que nos parece
loable, que es favorecer la protección e integración de los
inmigrantes, y contamos para ello con tres propuestas distintas.




El señor PRESIDENTE: Concluya, señora Uría, por favor.




La señora URÍA ECHEVARRÍA: Sí, señor presidente, concluyo.

Todas ellas tienen aspectos interesantes, creemos que son un buen
material de análisis y, desde nuestra óptica humanista y de respeto
a los derechos y libertades, merecen ser tomadas en consideración, y
en t al sentido irá nuestro voto.

Muchas gracias, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Uría.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Fernández.




La señora FERNÁNDEZ SANZ: Señor presidente, señoras diputadas,
señores diputados, me corresponde fijar la posición del Grupo
Parlamentario Socialista ante las tres proposiciones de ley de
reforma de la Ley de extranjería o de reforma de la Ley Orgánica
7/1985 sobre derechos y libertades de los extranjeros. El Grupo Mixto
y el Grupo de Izquierda Unida lo denominan así, reforma de la Ley de
extranjería, y el Grupo de Convergencia i Unió lo denomina como
medidas para favorecer una mayor protección e integración de los
inmigrantes, y realmente su texto no se corresponde con este
enunciado de la ley, sino que es el texto que más se adecua, más que
el de los otros dos grupos, a una reforma de la Ley de extranjería.

El Grupo Parlamentario Socialista va a votar a favor de la toma en
consideración de los tres textos, aunque mantenemos serias críticas.

Intentaremos en ponencia y en Comisión aportar enmiendas que permitan
mejorarlos.




Comparto lo que el portavoz del Grupo Mixto ha trasladado, y es la
necesidad de hacer un mestizaje entre las tres leyes para recoger lo
más positivo de ellas. Adelanto, pidiendo que todos los grupos lo
estudien y lo consideren, que el Grupo Parlamentario Socialista
lleva un tiempo trabajando, aunque aún no lo ha terminado, para
presentar a la Cámara lo antes posible un proyecto de ley orgánica de
código o de estatuto básico de los extranjeros en España, que
responda de una manera más integrada a los compromisos adquiridos en
la subcomisión y al acuerdo unánime de la Comisión de Política Social
y Empleo. Si me permiten decirlo sólo enunciativamente, ese documento,
que espero que venga la semana que viene a la Cámara, en materia
de cambios normativos hacia inmigrantes, habla de lo siguiente:
modificar la Ley de extranjería, elaborar una ley de integración de
los inmigrantes, elaborar una ley antidiscriminación en la línea de
las recomendaciones del Consejo de Europa, mejorar el acceso a la
nacionalidad de los inmigrantes permanentes y establecer el ius soli
para los hijos de los inmigrantes que nacen en nuestro país,
regular el reagrupamiento familiar, revisar, actualizar y hacer ya de
forma definitiva una norma sobre los contingentes y sobre la
regularización de irregulares, incorporar en al ley las sentencias
del Tribunal Constitucional, tipificar algunos aspectos penales que
tienen que ver con el transporte de inmigrantes de forma abusiva,
ratificar dos convenios de la OIT y uno de Naciones Unidas. En
definitiva, los deberes que nos ponemos en ese informe darían pie a
lo que yo les planteo a ustedes, que es el trabajo del Grupo
Socialista, a un código, a un estatuto básico de todos los derechos
de los inmigrantes, más que los t res textos que hoy tenemos ante
nosotros.

Por tanto, en opinión del Grupo Socialista, no son unos textos que
se deban hacer a finales de 1998, no responden a los compromisos ya
adquiridos en el trabajo parlamentario y no se asemejan a lo que
están legislando otros países de nuestro entorno. El señor Saura ha
citado el convenio de Italia, que incluso habla del voto municipal de
los ciudadanos. También hay que citar la última ley de nacionalidad
de Francia. Estos son los dos últimos países que en febrero y marzo
de este año han avanzado positivamente en la igualdad de derechos
con sus inmigrantes. Ninguno de estos tres textos tiene en cuenta el
convenio que se ha presentado en la Comisión de Comunidades Europeas,
relativo a las normas de admisión de nacionales de terceros países en
los Estados miembros, y tampoco recogen legislación internacional que
ya se debe contemplar: la Carta Social Europea, el Estatuto Jurídico
de Derecho de los Inmigrantes, incluso algunos aspectos de Schengen.

Parece que Schengen no existe en los tres textos.

Señorías, los tres grupos parlamentarios recuerdan que la exposición
de motivos de la Ley de extranjería del año 1985 hablaba de plenitud
de derechos y garantías de los extranjeros legalizados en España,
pero luego el articulado no recogía estos derechos, y se convertía en
una ley administrativista, muy controladora e incluso en algunos
casos ustedes dicen que un poco policial. Pues mi grupo no lo
comparte. Mi grupo comparte



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que la ley de 1985 era una ley parcial, y por eso no entiende que
ahora se nos presenten unos textos que están muy pegados a la ley de
1985 y que están muy pegados al reglamento de 1996. Es decir, si uno
lo piensa un poco verá que la Ley de 1985 respondía de una manera más
positiva a las necesidades y problemas de la inmigración en el año
1985, que los borradores que hoy estamos estudiando y que se hacen y
se presentan a esta Cámara en 1998. Como les decía, yo creo que en
parte es porque han trabajado muy pegados a las reformas parcial es
de la Ley 7/1985, también porque han puesto unos parches muy
parciales a esta ley, y además - y eso no lo entiendo- porque han
querido correr mucho al traer esta ley. Creo que en el año 1985
incluso se recurrió al procedimiento de urgencia, pero la verdad,
señorías, en 1998 no se necesita un procedimiento de urgencia para
hacer la revisión de una ley, y menos de una ley tan parcial .

Sinceramente, desde el Grupo Socialista el reto que pensamos que
debemos asumir...(Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Fernández.

Señorías, guarden silencio, por favor. Señor Núñez, guarde silencio,
por favor.

Puede continuar.




La señora FERNÁNDEZ SANZ: Gracias, señor presidente.

Les decía que el reto, según el Grupo Socialista, en este momento no
es modificar parcialmente la Ley de extranjería ni conformarse con
incorporar el reglamento de 1996; el reto es hacer la ley que
necesita la sociedad española y que necesitan los inmigrantes que
permanecen en nuestro país, y hacerlo para consolidar un modelo de
convivencia cohesionado y estable que derive en una sociedad que se
niega a aceptar la exclusión social como algo inevitable de las
sociedades modernas. La mayoría de los cambios van sólo en esta
dirección, y sinceramente creo que ahora, cuando trabajemos en Comisión
y en ponencia, debemos volver a leer el informe que nos hizo el
Consejo Económico y Social a raíz de la presentación del reglamento
de 1996. Hay cosas que algunos grupos han recogido, pero hay otras
que merecen ser tenidas en cuenta. Por ejemplo, el Grupo de Izquierda
Unida ha recogido bien una reflexión de aquella época del Consejo
Económico y Social acerca de la necesidad de extremar las
precauciones en el capítulo de infracciones y sanciones, para evitar
así arbitrariedad e indefensión del inmigrante. El Grupo Mixto ha
recogido muy bien el tema de los permisos de residencia permanente o las
mejoras en derechos y libertades. Hay que reconocer que el texto que
avanza más en reformas de derechos y libertades, en igualdad de
derechos, es el del Grupo Mixto, o el de Convergència, cuando recoge
temas de reagrupación familiar, o el Grupo Socialista, cuando la
semana pasada recordaba los criterios del reglamento de los centros
de internamiento.

Hay que recordar y repasar las sentencias del Tribunal Constitucional
y hay que tener en cuenta una serie de principios que en mis últimas
palabras terminaré
dibujando, pero antes me gustaría decir de cada uno de los textos
algunas cosas específicas, además de estas de tipo general. La mayor
crítica que puede hacerse al texto de Convergència es que está muy
pegado a la Ley de extranjería ...




El señor PRESIDENTE : Vaya concluyendo, señora Fernández.




La señora FERNÁNDEZ SANZ: Sí, señor presidente, enseguida concluyo.

... y que habla de avanzar en derechos, pero luego es profundamente
cicatero a la hora de recoger esos derechos de los inmigrantes. Voy a
poner sólo un ejemplo: cuando Convergència i Unió habla de modificar
el Estatuto de los Trabajadores para avanzar en la no discriminación
en el empleo, en los textos de los convenios o en las decisiones
unilaterales de los empresarios, sólo cambia algunos artículos para
incorporar la palabra etnia, sólo eso. Señores diputados, creo que no
merece la pena cambiar el Estatuto de los Trabajadores sólo para que
se incorpore la palabra etnia, cuando ya se recogen las palabras
raza, nación, idea, religión, como es habitual en todos nuestros
textos. En cambio, en los temas laborales sí tendríamos que ver
detalladamente, incluso, el último estudio que ha pagado el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a la OIT - y la OIT l o ha
hecho con el colectivo IOE-, donde se demuestra que el 70 por ciento
de los jóvenes marroquíes, con la misma formación que otro grupo
de igual edad y de formación de español es, cuando van a demandar
un puesto de trabajo en nuestro país, son rechazados por el primer
contacto, que es la llamada telefónica. Este es un trabajo encargado
por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a la OIT. Esto no es
como para cambiar el Estatuto de los Trabajadores, sino para aplicar
medidas de acción positiva en el Plan de integración de los
inmigrantes.

El texto de Izquierda Unida no se ha repasado en el último momento,
compañero Pablo; habla del Ministerio de Justicia e Interior y de los
gobernadores civiles. Es un texto que ya circuló hace unos años, pero
desde luego aporta aspectos novedosos, como la supresión de la
exigencia de medios económicos para la entrada en el país, los
aspectos de reagrupación familiar, la regularización de sanciones,
como he dicho antes, y el régimen de preferencias, incluyendo
aspectos del norte de África y de Marruecos como algo muy
significativo para la realidad de las personas que tenemos aquí.

Insisto en que el texto del Grupo Mixto tiene muchas novedades que
todos los grupos debemos tener en cuenta. Habla del derecho a la
protección a la familia, del derecho a la justicia y a la
interpretación gratuitas para todos, también para los irregulares, y
en todas las situaciones; habla de prestaciones de salud y de
prestaciones sociales para todos y en todas las situaciones; del derecho
a programas de vivienda pública; del acceso a la función pública, a
los programas públicos de empleo y de mejoras en el régimen de
sanciones y expulsiones. Todo esto nos parece bueno y positivo, pero
sinceramente creo que debemos trabajar en una ley



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que recoja los derechos inherentes de las personas - y es un déficit
en los tres textos -, que hable del derecho a la información, al
control de la identidad, del derecho a la identidad cultural, a la
personalidad jurídica y a las salidas temporales por situaciones de
emergencia.




El señor PRESIDENTE: Señora Fernández, concluya, por favor.




La señora FERNÁNDEZ SANZ: En breves segundos, señor presidente.

Es decir, que recoja el paquete de los derechos inherentes a la
persona. Todo eso tenemos que incorporarlo en el texto. También
tenemos que dejar clara la igualdad de derechos de los inmigrantes
permanentes en nuestro país con los nacionales del país. Tal como nos
manda la Comunidad Europea, debemos regular a los fronterizos, a los
desplazados, a los marineros, a los temporeros y a los que trabajan
en prácticas. Debemos trabajar también en un capítulo importante de
garantías. En definitiva, tenemos el reto de consensuar una ley que
integre y reconozca la igualdad de derechos entre nacionales y
extranjeros, que profundice en nuestro artículo 14 de la
Constitución, y que sea capaz de definir el nuevo concepto de
ciudadanía multicultural en una sociedad como la española que
definitiva y mayoritariamente no acepta la exclusión social en su
seno.

Muchas gracias, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández.




Finalmente, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el
señor Jordano.




El señor JORDANO SALINAS: Muchas gracias, señor p residente.

Señorías, el debate de esta tarde se nos plantea como si un conjunto
uniforme de proposiciones se hubiera elaborado por tres grupos
diferentes y se trajera hoy a la Cámara, pero lo cierto es que hay
bastantes diferencias entre el contenido y la forma de hacer las
distintas proposiciones. A nuestro grupo parlamentario le hubiera
gustado que siguiendo una regla de lógica cartesiana, como demandaba
en algunas ocasiones la señora Fernández, del Grupo Socialista,
hubiéramos continuado el trabajo unánime que ha venido realizando la
Cámara y hubiéramos utilizado el informe elaborado por la subcomisión
dentro de la Comisión de Política Social y Empleo, informe ya
aprobado por unanimidad en Comisión y pendiente de venir a este
Pleno, donde probablemente tenga también un respaldo unánime, y
extraer del mismo los espacios en los que hay una comunidad de
intereses de todos los grupos, en los que hay una mayor unión sobre
las demandas sociales. Desde el año 1991 se viene manteniendo un
criterio en materia de extranjería a fin de lograr la máxima
unanimidad de todos los grupos parlamentarios; se viene intentando
acercar las posiciones de los distintos grupos para fijar criterios
unánimes, y hasta ahora se ha ido logrando. Ello implica renunciar a
personalismos,
renunciar a repetir iniciativas ya rechazadas en est a Cámara,
incluso que no se deben repetir iniciativas sin cambiar una sola
coma. Y es evidente que en materia de extranjería entre el año 1995 y
el año 1998 han pasado muchas cosas. Por ejemplo, que hay un reglamento
muy amplio, de desarrollo de la Ley Orgánica de 1985, que no se
contempla en la proposición de Izquierda Unida. Técnicamente la
proposición de dicho grupo es muy difícil de admitir, porque no
sólo desconoce la existencia de ese reglamento y lo realizado en la
subcomisión, que ha estado trabajando más de un año en esta Cámara,
sino que incluso desconoce las reformas legislativas en el sentido de
que sigue figurando el Ministerio de Justicia e Interior, que ya ha
desaparecido. No se pueden conectar demandas sociales con noticias
que se leen en los periódicos e intentar llegar a la Cámara con algo
que aparentemente conecta con un movimiento social utilizando textos
antiguos, textos ya rechazados por la Cámara. La proposición del
Grupo Mixto tiene también sensibles defectos.

Coincidimos con el planteamiento que ha hecho la portavoz del Grupo
Socialista. Realmente no se entra en la superación de situaciones
anteriores, seguimos estando en una vía de control estricto de
extranjeros. Desde ese punto de vista, es un desarrollo de normas ya
contenidas en el reglamento, aporta muy pocas novedades y las que
aporta suponen conceptos más restrictivos o más perjudiciales para
el extranjero que la actual regulación. Tenemos que ser conscientes
de que enfocar una política de extranjería con sentido conlleva
superar el control fronterizo estricto. Controlar los flujos no es
establecer fronteras y normas estrictas de fronteras; controlar los
flujos supone poder influir en ellos. Y para poder influir en esos
flujos se requiere un esfuerzo cultural, un esfuerzo educativo y, por
supuesto, un esfuerzo de desarrollo en los países que aportan los
mayores elementos a la emigración. Si no actuamos en esa línea, no
vamos a avanzar en una política de extranjería. (El señor
vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) La proposición
de Convergència i Unió supone un relativo avance respecto a lo que se
ha hecho hasta ahora en materia legislativa, porque por primera vez
se habla de integración y se enfoca al emigrante que ya está en
territorio español puede decirse que esa es la limitación de esa
proposición que se refiere a emigrantes que ya están en territorio
español- en su relación con la sociedad; pero no una relación
estrictamente laboral con esta sociedad, no una relación de mano de
obra laboral que parece que es una de las obsesiones reiteradas de
muchos grupos cuando se habla de inmigrantes. Vamos a intentar
superar ese concepto de mano de obra barata cuando hablamos de
inmigrantes, vamos a intentar superar el concepto de inmigrante
condicionado y condenado necesariamente a entrar en la marginalidad
y vamos a considerar lo que aporta un inmigrante a la sociedad europea.

Es decir, vamos a romper la dinámica de que es el emigrante el que
llama a las puertas de la sociedad europea y vamos a aceptar que es
también la sociedad europea la que está llamando al inmigrante. En
esta línea la proposición de Convergència



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i Unió aporta novedades interesantes porque ya, de verdad, se está
hablando de la integración del inmigrante y se está mandando un
mensaje claro a la sociedad. La sociedad europea del siglo XXI tiene
que ser consciente de que su estructura no va a ser como hasta ahora.

Va a tener que ser una sociedad mucho más abierta, que ya es en parte
y en determinadas zonas una sociedad multirracial y multicultural, y
en esos elementos se va a ir avanzando. Ello no supone que las
sociedades europeas, y en especial la española, tengan que renunciar
a una sola de las ventajas que tiene respecto a otras culturas, a
otras sociedades imbuidas del hecho religioso y a otros
comportamientos sociales que observamos en nuestro entorno no muy
lejano; y noticias a parecidas esta semana respecto a sucesos
ocurridos en Palma de Mallorca nos pueden indicar un poco por dónde
van las cosas. La sociedad europea, la sociedad española tiene que
ser consciente del privilegio de tener una formación cultural más
amplia, una formación cultural más abierta, pero tiene que exigir al
extranjero - y en eso valoramos adecuadamente la proposición de
Convergència i Unió- que respete esos principios de la sociedad libre
europea, que no trate de incorporar a la sociedad europea formas de
cultura, de religión o de organización social que son contrarias a
los principios de igualdad y de libertad que existen en Europa. Desde
ese punto de vista hay que establecer claramente la aportación del
extranjero a la sociedad española y los deberes que tiene respecto a
esta sociedad.

Por todo ello consideramos que nos enfrentamos hoy a un debate un
poco extraño. No nos gustaría votar en contra de iniciativas que se
relacionan con la extranjería. Lo que sí decimos es que parte de las
iniciativas que se plantean tienen fallos tan graves que lo que salga
al final va a ser radicalmente distinto a lo que ha entrado, y esto
queremos advertirlo. Entendemos que sólo hay una proposición que
representa un cambio de actitud, un cambio de planteamiento respecto a
las anteriores, la de Convergència i Unió, que es la única que se
plantea la integración como objetivo. Las otras dos proposiciones,
una por excesivamente antigua y que incluso no ha sido retocada y
otra porque es un desarrollo estricto del reglamento de la Ley de
Extranjería, no aportan nada nuevo en la línea de futuro. El Grupo
Parlamentario Popular se va a abstener en estas dos proposiciones por
considerar que no aportan nada y en el trámite de enmiendas
intentaremos aportar algo nuevo, algo distinto de lo que el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida y el Grupo Parlamentario Mixto nos
traen. En cuanto a la proposición de Convergència i Unió, he de decir
que el hecho de que consideremos positiva la orientación que se hace
en est a proposición y que consideremos positivo parte del
articulado, no quiere decir que estemos dándole el visto bueno al
conjunto. Creemos que podemos aportar a esta proposición de
Convergència i Unió una serie de sugerencias importantes y nuestras
enmiendas van a ir en la línea de mejorarla.

Para finalizar, señor presidente, volviendo un poco a lo que dije al
principio, deberíamos ser un poco más ordenados en los planteamientos
de los temas de extranjería. Cuando observamos en la sociedad europea
comportamientos
racistas, comportamientos xenófobos, comportamientos de
violencia contra el diferente, la existencia de unos partidos que
manejan planteamientos radicales de rechazo al extranjero; cuando
recientemente ha aparecido en un país como Australia, nutrido
totalmente de emigración, un partido racista que pretende expulsar a
los emigrantes asiáticos, tenemos que plantearnos que no caben
oportunismos de partido en los temas de emigración ni en los de
extranjería, que es necesario hacer las cosas moderadamente, que es
necesario pensar adecuadamente lo que se está haciendo y no actuar
con precipitación. El juego de una serie de grupos tomando a
vuelapluma determinados aspectos del informe de la subcomisión y
trayéndolos al Pleno para intentar ganar el protagonismo de unos
días, realmente poco añade a la técnica legislativa y nada añade a la
labor que tenemos que hacer entre todos de crear una sociedad más
abierta, una sociedad clara, una sociedad de futuro hacia el siglo
XXI.




El señor VICEPRESIDENTE (Bevi á Pastor): Señor Jordano, vaya
concluyendo, por favor.




El señor JORDANO SALINAS: Concluyo, señor presidente.

En resumen, votaremos a favor de la propuesta de Convergència i Unió,
advirtiendo que la enmendaremos en el trámite correspondiente, y nos
abstendremos respecto a las otras dos propuestas que hoy se nos traen
a consideración.

Nada más, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Jordano.

Vamos a pasar a las votaciones correspondientes a las tres
iniciativas defendidas. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a las votaciones
correspondientes a la toma en consideración de las proposiciones de
ley que, presentadas por los grupos Catalán de Convergència i Unió,
Federal de Izquierda Unida y Mixto, pretenden una nueva regulación
del fenómeno de la inmigración y del trato a los extranjeros en
España.

En primer lugar sometemos a votación la del Grupo Catalán, de medidas
para favorecer una mayor protección e integración de los inmigrantes,
que se postula con naturaleza orgánica.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
301; a favor, 301.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración por
unanimidad del Pleno.

Votación de la proposición de ley, del Grupo Federal de Izquierda
Unida, de reforma de la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España.

Comienza la votación. (Pausa.)



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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
300; a favor, 154; en contra, 14; abstenciones, 132.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votación de la proposición de ley, del Grupo Mixto, de reforma de la
mencionada Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
302; a favor, 157; en contra, ocho; abstenciones, 137.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. ( Aplausos.)



MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.




- EXCLUSIÓN DE LOS PUNTOS NÚMEROS 39, 40 Y 41 (Números de
expedientes 121/000040 , 121/000068 Y 121/000069).




El señor PRESIDENTE: Señorías, tengo que someter dos puntos a acuerdo
del Pleno. En primer lugar, de conformidad con lo previsto en el
artículo 68 del Reglamento y considerando lo acordado por la Junta de
Portavoces, la Presidencia somete al Pleno la exclusión del orden del
día de la presente sesión de los puntos que figuran en el mismo con
los números 39, 40 y 41. ¿Lo a cuerda así la Cámara? (Asentimiento.)
Muchas gracias, señorías. En consecuencia, queda a probada la
exclusión del orden del día de los puntos referenciados.




TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE I NICIATIVAS LEGISLATIVAS:



- DEL PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESIÓN DE UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO
POR IMPORTE DE 14.500.000.000 DE PESETAS, PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS
EDIFICIOS SITOS EN LA CARRERA DE SAN JERÓNIMO, NÚMEROS 36 Y 40, CON
DESTINO AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Número de expediente 121/000120).




El señor PRESIDENTE : La Mesa, oída la Junta de Portavoces
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento,
ha acordado someter al Pleno la tramitación directa y en lectura
única del proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario
por importe de 14.500 millones de pesetas para la adquisición
de los edificios sitos en la carrera de San Jerónimo números 36 y 40,
con destino al Congreso de los Diputados. ¿Lo acuerda así la Cámara?
( Asentimiento.)
Gracias, señorías. En consecuencia, queda aprobada la tramitación
directa y en lectura única del proyecto de ley mencionado.




TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY (Continuación):



- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DE CREACIÓN DEL
COLEGIO DE GEÓGRAFOS (Número de expediente 122/000105).




- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE CREACIÓN
DEL COLEGIO DE GEÓGRAFOS. (Número de expediente 122/000104).




- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, DE CREACIÓN DEL COLEGIO DE
GEÓGRAFOS (Número de expediente 122/000107).




El señor PRESIDENTE : Continuando con el orden del día,
vamos a proceder a la tramitación conjunta de las iniciativas de los
grupos Popular, Catalán (Convergència i Unió) y Socialista, que
pretenden la creación del Colegio de Geógrafos.

Para la presentación de la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular
en primer lugar, tiene la palabra la señora Torme. (Rumores.) Silencio,
señorías. Señor Marquínez, señorías, no hagan corrillos en el
hemiciclo que impidan la continuación del debate. (Pausa.) Señor
Cámara, por favor.

Adelante, señora Torme.




La señora TORME PARDO: Gracias, señor presidente.

Señorías, hoy presentamos ante el Pleno de la Cámara, para su toma en
consideración, tres proposiciones de ley que, prácticamente idénticas
en su contenido, tienen por objeto la creación de un colegio profesional
de geógrafos como un instrumento necesario para la
regulación y ordenación de la profesión, para su mejor disposición al
servicio de la sociedad, así como para la defensa de los intereses
profesionales en igualdad de condiciones con otros titulados
superiores. (El señor vicepresidente, Fernández Miranda y
Lozana, ocupa la Presidencia.) Su parte sustantiva, coincidente en las
tres proposiciones de ley - por tanto no me extenderé ampliamente
en ella -, establece que se crea un colegio de geógrafos como una
corporación de derecho público, con personalidad jurídica y plena
capacidad para el cumplimiento de sus fines. Por otra parte, regula
las posibilidades de adscripción, teniendo en cuenta l os avatares de
las titulaciones. Por una parte, como es lógico, se colegiarán los
titulados en geografía, pero también lo harán aquellos licenciados
con anterioridad a que se creara esta titulación específica, de
acuerdo con las fechas que para las distintas universidades así se
establezca. Se regulan también los efectos de la colegiación, que no
son otros que los establecidos por la legislación general sobre
colegios



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profesionales, así como sus relaciones con la Administración a través
del Ministerio de Fomento. (Rumores.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento,
señora Torme.

Señorías, les ruego guarden silencio. (Pausa.) Puede continuar,
señoría.




La señora TORME PARDO: Al defender hoy la creación por ley del
Colegio de Geógrafos, el Grupo Parlamentario Popular ha tenido en
cuenta dos presupuestos imprescindibles en la creación de todo colegio
profesional. En primer lugar, la creación de un colegio
profesional ha de responder a datos objetivos de la propia realidad
social; es decir, básicamente ha de responder a la existencia de una
profesión titulada y a la existencia de un conjunto individualizado
de profesionales aptos para su desarrollo. En segundo lugar, en cuanto
a los motivos inspiradores del acto de creación de un colegio
profesional, éstos, como ha señalado el Tribunal Constitucional, no
pueden ser otros sino motivos de interés público. Esas exigencias
públicas son las que inspiran el artículo 36 de la Constitución
española, que establece que la ley ha de regular las peculiaridades
propias del régimen jurídico de los colegios profesionales y el
ejercicio de las profesiones tituladas. La justificación de la
existencia del colegio profesional como una institución protegida
constitucionalmente es incorporar una garantía frente a la sociedad
de que los profesionales actúan correctamente en su ejercicio
profesional. La fórmula colegiada supone la tutela de la buena práctica
de la profesión como garantía de los derechos de los ciudadanos que
utilizan los servicios de estos profesionales que se colegian. Una
vez señalados estos dos presupuestos, que son comunes a todo colegio
profesional, hemos de ver cómo se trasladan al caso concreto de los
geógrafos.

En cuanto a la existencia de una realidad social que justifique la
creación de un colegio profesional de geógrafos, la propia exposición
de motivos de esta proposición de ley recoge que actualmente en la
sociedad española hay alrededor de 6.500 titulados superiores que han
orientado su licenciatura a los conocimientos geográficos, de los
cuales aproximadamente la mitad ejercen profesionalmente como
geógrafos en administraciones públicas, en empresas consultoras y de
servicios y, en menor medida, en empresas privadas. Los estudios de
geografía, así como su práctica profesional, han sufrido importantes
transformaciones en las últimas décadas; de hecho, hasta la segunda
mitad de este siglo la geografía tenía como dedicación laboral casi
exclusiva la docente y, además, en los niveles más básicos de la
enseñanza. Su implantación y consolidación en los niveles
universitarios va a seguir un proceso continuo en el que caben
destacar varios hitos. Así, en la década de los sesenta, coincidiendo
con una fase general de crecimiento de la universidad, va a tener
lugar una expansión de la geografía española con la creación en la
mayoría de las universidades de departamentos específicos de
geografía. En los años setenta se crea la especialidad de geografía
d entro de las facultades de filosofía y letras, lo que supone
un importante paso en l a adquisición de identidad académica
propia, proceso que culmina en 1990 con la creación de la
licenciatura de geografía. En la actualidad, en 26 universidades
españolas se imparte esta licenciatura como una titulación superior,
con una oferta total superior a las 2.500 plazas académicas. Tras las
primeras graduaciones en 1996 de los primeros licenciados en
geografía, existen unas previsiones de que en los próximos años se
incorporen al mercado de trabajo unos 1.500 geógrafos al año.

Paralelamente a esta evolución de los estudios universitarios de
geografía ha tenido lugar también una evolución en la práctica
profesional. El ejercicio libre profesional del geógrafo en los
campos del análisis, la información y l a planificación y ordenación
territorial ha experimentado un crecimiento considerable desde el
principio de los años ochenta, aunque supone un retraso respecto al
proceso seguido en otros países de Europa y América. En España, el
desarrollo de la práctica profesional de los geógrafos viene estrecha
mente ligado a l a organización territorial del Estado que se
consagra con la vigente Constitución española, en concreto en su
título VIII. La configuración de las comunidades autónomas como unas
instancias políticas de gobierno y administración ha supuesto un
redescubrimiento del territorio, y la asunción por parte de las
comunidades autónomas de competencias en materia de ordenación
urbanística, territorial y medioambiental ha supuesto el desarrollo
de una actividad de conocimiento y análisis del territorio y de
desarrollo de la planificación regional; y aquí es donde el geógrafo
est á jugando un papel fundamental como experto del territorio. De
hecho, el ámbito central de la actividad profesional del geógrafo no
es otra que la relacionada con el territorio en sus distintas
dimensiones, naturales, económicas o sociales. Baste poner un
ejemplo. En todas las directrices de ordenación territorial
aprobadas por las distintas comunidades autónomas han intervenido
siempre grupos de geógrafos. De modo que existe una profesión
consolidada y también podríamos decir que emergente y un colectivo de
profesionales plenamente capacitados para su ejercicio. Así, damos
cumplimiento al primer presupuesto. En cuanto al segundo presupuesto,
el interés público, que se ha de garantizar en el ejercicio correcto
de la profesión, queda patente ante la relevancia de las funciones
que vienen desempeñando los geógrafos. Por tanto, el legislador ha de
garantizar y apoyar frente a la sociedad una buena práctica
profesional, que es lo que vamos a hacer ahora con la toma en
consideración de estas proposiciones de ley.

Por último, quisiera señalar que los propios geógrafos son los
primeros interesados en la creación de su colegio profesional. La
iniciativa de estos profesionales ha sido canalizada e impulsada a
través de la comisión gestora del Colegio de Geógrafos, que integra
las distintas agrupaciones profesionales de geógrafos, a la que desde
aquí felicitamos por su eficaz actuación en pro de la geografía como
ciencia y como profesión, así como en el impulso de la creación del
Colegio de Geógrafos, que, gracias al apoyo de los distintos grupos
parlamentarios a las proposiciones de ley que hoy presentamos



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ante la Cámara, avanza sustancialmente en su tramitación.

Nada más. Muchas gracias. (- El señor Fernández de Trocóniz
Marcos: ¡Muy bien!- Aplausos.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Torme.

En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Homs.




El señor HOMS I FERRET: Señor presidente, mi grupo va a dar su voto
favorable, lógicamente, a estas t res proposiciones de ley que tienen
la misma finalidad. Es más, nuestro grupo elaboró inicial mente
esa propuesta, la pasó a los otros dos grupos proponentes de la
misma, el Popular y el Socialista, y de común a cuerdo, señorías, se
plantearon las tres proposiciones de ley. No tengo más que añadir a
lo que ha dicho la portavoz del Grupo Parlamentario Popular; suscribo
plenamente todo lo que ha razonado y expuesto. Simplemente, quiero
indicar, señorías, que nuestro grupo quisiera que la tramitación
interna en esta Cámara, que se iniciará a partir de esta tarde, no
se demorara y pronto pudiera dar luz verde al proceso de constitución
de este colegio profesional.

Señor presidente, nuestro grupo no quiere reiterar argumentos ni
cansar a la Cámara. Nos adherimos a los que ha expuesto la portavoz
del Grupo Parlamentario Popular y esperamos que todos los demás
grupos parlamentarios se adhieran a esta iniciativa, que -repito-
en principio propuso nuestro grupo y finalmente la hemos compartido
los tres firmantes de las proposiciones de ley.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Homs.

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista y para la presentación y
defensa de su proposición de ley, tiene la palabra el señor Estrella.




El señor ESTRELLA PEDROLA: Muchas gracias, señor presidente.

Quiero comenzar con dos consideraciones. Una es, si se quiere, de
índole personal, respondiendo a algunos compañeros que preguntaban
por qué era este diputado que les habla el que iba a actuar como
portavoz en este tema, conociendo la especialización y la dedicación
que tiene este diputado. Evidentemente es porque creo que
precisamente a ese carácter abierto intelectualmente
y multidisciplinar de la geografía debo buena parte de mi capacidad
-limitada, evidentemente- para entender también las cuestiones
internacionales.

La segunda consideración es que aunque es una ley que trata de proteger,
garantizar y dar cohesión a lo que podríamos entender como una
corporación, no es en absoluto una ley corporativa, y lo decía la
portavoz del Grupo Parlamentario Popular anteriormente. Estamos ante
un colectivo que ha ido creciendo a lo largo del tiempo y que basa
sus raíces precisamente en la tradición más profunda.

El conocimiento geográfico ha sido y es esencial para el avance
científico, para la toma de decisiones y ha estado y está en la base
de cualquier reflexión sobre las relaciones internacionales y sobre
la geoestrategia. La contribución al conocimiento y a la transformación
de la realidad ha sido esencial a través de la historia, desde
Estrabón o Herodoto, pasando por Al-Idrisi, Humboldt o Pierre George.

Ese conocimiento del medio y de la población lo hace hoy la
geografía, como lo hacía anteriormente, en contacto con otras
ciencias sociales. Esa geografía de la que Yves Lacoste hablaba
y definía como un arma para la guerra es también hoy un arma para la
paz. La geografía si gue ejerciendo como síntesis y hoy se sitúa en
un marco mucho más rico y abierto, más abierto al trabajo en
equipo, más dispuesto y más capaz para la relación y el trabajo en
tareas interdisciplinares, en ámbitos como la ordenación del
territorio, el medio ambiente, el urbanismo o el desarrollo local.

Estos son ámbitos en los que el geógrafo aporta sus sinergias con
otras ciencias, siendo la geografía una de las más antiguas entre las
ciencias sociales. Lo hace en la identificación de proyectos, en
la identificación de la proyección cultural del territorio en torno a
un espacio geográfico determinado; en la preocupación por combatir
las desigualdades sociales a través de la búsqueda de sus causas
originadas en la localización - los llamados desequilibrios
territoriales-; en el impulso al desarrollo local y territorial
mediante la identificación de los elementos que deben y pueden ser
potenciados a nivel local . En definitiva, en un momento en el que
hablamos de globalización y en el que constatamos que, desde luego,
la globalización no es ni mucho menos, como se nos ha dicho, el fin
de la historia, la geografía también est á contribuyendo al
fortalecimiento de identidades locales a través de esa identificación
de elementos comunes, de lo que se ha dado en llamar las naciones-
Estado, que han de vivir en cooperación y en armonía.

Esta evolución no es exclusiva de nuestro país, se está dando en
todo el mundo y en todo el mundo los geógrafos vienen trabajando con
las administraciones y con empresas públicas y privadas en todas esas
tareas a las que me he referido anteriormente. Se ha pasado de una
situación en que el geógrafo centraba su actividad en la enseñanza a
una nueva en que proyecta su conocimiento y su formación mucho más
allá de aquélla. Por ello estas proposiciones de ley pretenden
reconocer identidad profesional a una titulación que hoy imparten
veintisiete universidades españolas y que, si p revemos la tendencia a
seguir, recibirá la incorporación de varios miles de nuevos titulados
superiores en los próximos años, y se hace con el objetivo de evitar
la dispersión, regulando y aglutinando una profesión tan necesaria
como todavía hoy emergente, situando al geógrafo en pie de igualdad
con otras profesiones que ya vivieron y ya disfrutan de lo que hoy es
en la geografía un impulso asociacionista.

Puede sorprender que haya tres grupos de esta Cámara, el Popular, el
Socialista y el de Convergència i Unió, que presenten un mismo texto.

Se debe fundamentalmente al esfuerzo de un colectivo, el que
encabeza



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la junta di rectiva de la Asociación de geógrafos españoles, pero
detrás está el conjunto de estos profesionales; no es habitual, pero
ellos han sabido establecer una interlocución y una fuerza
argumental de cara a los grupos parlamentarios y el resultado son
estos tres textos idénticos que presentamos ante ustedes y para
los que pedimos su voto favorable.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Estrella. ¿Grupos que desea fijar su posición? (Pausa.) En
nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Fernández Sánchez.




El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor p residente.

En primer lugar quiero hacer referencia a que hoy tenemos tres
proposiciones de ley idénticas en esta Cámara - no cambian ni las
comas- y en ninguna de las tres se hace referencia a algo que a
nosotros siempre nos preocupa, que es la colegiación obligatoria. Ya
han intervenido los grupos proponentes, que nos podrían haber
explicado si es un lapsus o si realmente la voluntad de habilitar
estos colegios profesionales es la de que no tengan la obligación de
colegiarse obligatoriamente, porque si es así, nuestro grupo estaría
dispuesto a dar su voto afirmativo a la toma en consideración de
estas proposiciones no de ley.

También hemos echado en falta en el título de creación del Colegio de
Geógrafos algo que viene siendo habitual en esta Cámara, que es que
se especifique colegio oficial de la profesión que sea; no sé a qué
se debe en este caso, pero por no ser redundante, diré que mi grupo
dará su voto favorable a la admisión a trámite de estas proposiciones
de ley, ya que el aspecto que a nosotros nos preocupa con mayor
fuerza no está reflejado en estos proyectos; por tanto, repito,
votaremos afirmativamente.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.

Vamos a proceder a la votación. (Pausa. - El señor presidente ocupa la
Presidencia.)



El señor PRESIDENTE: Votaciones correspondientes a las proposiciones
de ley presentadas por l os Grupos Popular, Catalán (Convergència i
Unió) y Socialista para la creación del Colegio de Geógrafos.

Se somete, en primer lugar, a votación la proposición de ley del
Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
294; a favor, 292; en contra, uno; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votación de la proposición del Grupo Catalán (Convergència i Unió).

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
290; a favor, 288; en contra, uno; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votación de la proposición del Grupo Socialista.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
295; a favor, 294; en contra, uno.




El señor PRESIDENTE: Queda también aprobada la proposición del Grupo
Socialista.




PROPOSICIONES NO DE LEY:



- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO, DE COALICIÓN
CANARIA, VASCO (EAJ-PNV), MIXTO, SOCIALISTA DEL CONGRESO Y FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA, SOBRE LA FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL Y EL ACCESO
A LA VIVIENDA DE LA JUVENTUD EN ESPAÑA (Número de expediente
162/000249).




El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día, proposiciones no de
ley, en primer lugar, la que va suscrita por los grupos Popular, de
Coalición Canaria, Vasco (EAJ-PNV), Mixto, Socialista y Federal de
Izquierda Unida, sobre la formación e inserción laboral y el acceso a
la vivienda de la juventud en España.

La presentación se hará por orden de menor a mayor de los grupos
firmantes, como es norma, comenzando por el Grupo Mixto. Quiero
advertir a los portavoces que van a intervenir que deberán también
ajustar sus tiempos no al total resultante del turno
reglamentariamente previsto, pero sí, en cada uno de ellos, a un tiempo
infinitamente menor que el que les correspondería si fuera
únicamente la intervención de un solo grupo. ¿Grupo Mixto? (Pausa.)
El Grupo Mixto no necesita intervenir. ¿Desea intervenir el Grupo de
Coalición Canaria o lo da por subsumido en otras intervenciones?
(Pausa.) Nada. ¿El Grupo Vasco (EAJ-PNV)? (Pausa.) Tiene la
palabra el señor Caballero.




El señor CABALLERO BASAÑEZ: Gracias, señor presidente.

El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) ha consensuado con otros
grupos de la Cámara la proposición no de ley que hoy se presenta
relativa a la formación e inserción laboral y el acceso a la
vivienda de la juventud en el Estado español, fruto del trabajo
desarrollado en la subcomisión sobre juventud. (El señor
Vicepresidente,



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Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) El nacionalismo
vasco implica un proyecto social con una connotación profundamente
solidaria y con unos fuertes contenidos sociales que subyacen y en
buena parte lo configuran. (Rumores.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, les
ruego guarden silencio. (Pausa.) Puede continuar, señoría. Muchas
gracias.




El señor CABALLERO BASAÑEZ: Gracias, señor presidente.

Como recientemente ha señalado el vicelehendakari, Juan José
Ibarretxe, al aprobarse en el Parlamento vasco una ley de juventud
ampliamente debatida y finalmente consensuada, el nacionalismo vasco
comporta un proyecto social , renovador y diferenciado. Estas no
son simplemente palabras, sino que se demuestra en la acción diaria
allí donde EAJ-PNV tiene responsabilidades de gobierno, por ejemplo,
en su acción institucional y, así, no hay que olvidar que el Gobierno
vasco fue el primero en instaurar dentro del Estado un salario social
para los grupos más desfavorecidos. También la cooperación al
desarrollo impulsada desde las distintas instituciones vascas alcanzan
unos
parámetros modélicos dentro del conjunto de Europa. Estas
acciones mencionadas sólo a título de ejemplo demuestran no sólo que
el nacionalismo vasco comporta un proyecto solidario como tal, sino
que promueve de forma más audaz y comprometida que otros proyectos
políticos numerosas medidas sociales.

Entrando en el ámbito de las conclusiones y recomendaciones que se
efectúan como consecuencia del trabajo de la subcomisión de juventud,
estas se centran en dos grandes apartados, acceso de los jóvenes a la
vivienda y formación e inserción laboral de los jóvenes.

La existencia de la exclusión social es un desafío a las sociedades
desarrolladas y afecta de forma importante a los jóvenes. Tiene
carácter estructural y conduce a que se instaure en el cuerpo social
un mecanismo que excluye de la vida económica y social a una parte
importante de la población. Este carácter estructural de la exclusión
social exige, en opinión del Partido Nacionalista Vasco, el diseño
de una estrategia política de lucha contra ella que intente darle una
salida positiva. Ello implica, en primer lugar, hacer una lectura en
profundidad para descubrir los porqués de la exclusión y, en segundo
lugar, establecer un diagnóstico que defina la actuación ideal para
erradicar los brotes de pobreza y marginalidad existente.

Esencialmente, son cuatro los capítulos en los que se descubren de
una manera más evidente las omisiones de la sociedad que provocan las
situaciones detectadas en los más marginados: el mercado de trabajo,
la vivienda, la escuela y la salud. Evidentemente, existe una
relación dialéctica entre los cuatro, y entre las conclusiones y
recomendaciones que realiza la subcomisión de alguna manera se estudian
los tres primeros, que afectan de manera primordial a los y las
jóvenes.

Respecto a la segunda conclusión, formación e inserción laboral de la
juventud, no hay que olvidar que el desempleo es el principal
problema al que se enfrentan hoy los y las jóvenes del Estado
español. El problema del acceso de la juventud al mercado de trabajo
se considera desde el punto de vista de la formación y de la inserción
laboral. Hay que tener en cuenta que en el ámbito europeo la
Unión Europea ha centrado sus esfuerzos durante los últimos años en
la educación y formación de los jóvenes con el compromiso de coordinar
las distintas políticas económicas y de empleo estatales y de
promover una mano de obra cualificada, capaz de adaptarse a las
necesidades de un mercado de trabajo sometido a los cambios
económicos que suponen la instauración del euro.

La situación de la formación profesional en España, con una
concepción desfasada y una evidente falta de planificación, unida a
una universidad decimonónica y al excesivo número de alumnos que
acceden a la misma, si lo comparamos con los porcentajes existentes
en los países desarrollados, son aspectos que inciden de forma
decisiva en las elevadas tasas de desempleo juvenil, aproximadamente
el doble de las europeas. La situación del desempleo juvenil est á
adquiriendo en este momento una dimensión dramática, alcanzando a
casi la mitad de la población joven en edad de trabajar y generando
preocupantes efectos de marginalidad, desestructuración familiar,
abstencionismo y desinterés político y social, descenso de las tasas
de natalidad e incluso problemas de salud pública. Esta situación
está estructurando una sociedad dual en la que progresivamente se van
definiendo, marcando e intensificando las diferencias entre los que
poseen un empleo, segmento juvenil privilegiado, y viven por el lo
razonablemente bien, y los que no tienen un empleo, que viven
permanentemente en un contexto de precariedad e incertidumbre. El
problema no termina ahí, ya que existen colectivos dentro de los
jóvenes que bien sea por motivos históricos o culturales, como en el
caso de la mujer, por causas sociales o socioeconómicas, como en el
de algunos grupos marginales, e incluso por causas físicas
o psíquicas, personas con algún tipo de minusvalía, ven disminuidas sus
posibilidades de incorporarse al mercado laboral en igualdad de
condiciones. De ahí que aunque al Grupo Vasco le hubiese gustado
avanzar más en relación con las recomendaciones contenidas, en aras
del consenso nos parezca positivo el paquete de las que se contienen
en esta proposición no de ley.

Respecto a las conclusiones y recomendaciones relativas al acceso de
los jóvenes a la vivienda que la subcomisión realiza, hay que tener
en cuenta que las competencias sobre ordenación del territorio, el
urbanismo y la vivienda corresponden a las comunidades autónomas que
las tienen asumidas. Las políticas dirigidas a facilitar el acceso de
los jóvenes a la vivienda debemos enmarcarlas dentro de un contexto
global de una política en materia de vivienda. Señalaré que para el
Partido Nacionalista Vasco son principios básicos en esta materia
los siguientes. Por un lado, la política de vivienda hay que
concebirla como una acción de solidaridad y un derecho de todos los
ciudadanos. La



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sociedad en su conjunto y también los jóvenes deben procurar un
acceso universal a la misma y, por tanto, la acción pública se hace
necesaria. En segundo lugar, siempre se ha situado la vivienda como
parte inherente a la ciudad. Al construir viviendas se construye
ciudad y, al revés, cuando se define la ciudad se hace desde lo
residencial. Esto trae consigo unos criterios de localización,
relación y dotación que nos conducen a procurar una vivienda digna en
una ciudad equilibrada, dentro de lo social, lo cultural y lo
funcional. En tercer lugar, se ha asumido una actitud renacentista
ante la ciudad y, por tanto, ante la vivienda, desarrollando una
política de rehabilitación integral , dirigida principalmente hacia
las áreas degradadas y hacia la infravivienda. Renovación urbana y
cobijo para el hombre son objetivos permanentes desde perspectivas
históricas, culturales y sociales. Por último, hay que señalar los
protagonismos, reconociendo l a acción pública y la privada como
necesarias y complementarias, no sólo promotoras de la acción
constructiva de la vivienda sino impulsoras de una actividad productiva
que revierte en el terreno económico y que debe tener obligada y
directa repercusión en la incentivación del empleo. En relación a los
jóvenes pocas veces se ha sentido como ahora el problema que la
vivienda representa para ellos y ellas. La situación socioeconómica
en el Estado y los cambios producidos en los últimos años han dado
lugar a un replanteamiento de este problema tan acuciante para la
juventud. De ahí la importancia de las recomendaciones que el informe
de la subcomisión realiza a las distintas administraciones públicas.

En resumen, desde el Grupo Vasco (EAJ-PNV) valoramos positivamente la
proposición no de ley presentada y esperamos que suponga un impulso a
las políticas que en relación con el ámbito juvenil es necesario
abordar con prontitud y seriedad.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Caballero.

En nombre del Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra ahora el
señor Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente y con
gran brevedad.

Coalición Canaria fue firmante también de esta iniciativa
legislativa, proposición no de ley hoy día, para asumir en un todo lo
que había sido el amplio y magnífico estudio de la subcomisión
creada al efecto y que por razones de calendario normativo no pudo
presentar el dictamen correspondiente a est e Pleno de la Cámara; sí
se hace hoy con la anuencia de todos los grupos firmantes en forma
de proposición no de ley.

Los aspectos que aquí se contemplan de la inserción laboral y el
acceso a la vivienda constituyen dos demandas ineludibles de la
juventud en España. Nosotros hacemos también nuestras estas mismas
recomendaciones para que la Administración, en cualquiera de sus
escalones y órdenes - central, de las comunidades autónomas y local,
cada una en su ámbito de competencia-, permita ir resolviendo estos
dos problemas de
primera magnitud en cuanto a inserción laboral y vivienda.

Sí quiero dejar constancia, señor presidente, de la colaboración que
para la redacción del documento final ha encontrado mi grupo, y la re
presentación que Coalición Canaria tiene de su sector de
juventudes, en el portavoz del Grupo Parlamentario Popular don
Alejandro Ballestero. Quiero agradecer el eficaz entendimiento
y colaboración con este grupo, que ha permitido que cuajara lo que
empezó siendo un consenso.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.

En nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida, para la presentación
de la iniciativa, así como para l a defensa de las enmiendas que ha
suscrito, tiene la palabra la señora Sabanés.




La señora SABANÉS NADAL: Gracias, señor presidente.

Señorías, como ya se ha mencionado, esta proposición no de ley deriva
del debate en la subcomisión creada en su momento para el estudio
sobre la formación, inserción laboral y acceso a la vivienda de la
juventud en España.

En términos generales, mi grupo pone de manifiesto que el texto final
acordado en esta proposición no de ley puede incidir en la mejora de
alguno de los problemas de la juventud y en este sentido y porque
puede suponer algunos elementos de mejora sobre los problemas más
acuciantes de la juventud, se ha consensuado el texto de esta
proposición no de ley. Sin embargo, también hemos venido planteando
que las recomendaciones tienen en algunos casos carácter muy
genérico, y en el transcurso del trabajo de la subcomisión y sobre
todo en el tramo final, los diferentes grupos hemos hecho esfuerzos
reiterados de acercamiento en cuanto al redactado final de las
conclusiones y recomendaciones. A pesar de ello, nuestro grupo ha
mantenido cinco enmiendas referidas a l os distintos apartados de
esta proposición no de ley, entendiendo que podían mejorar algunos de
sus elementos.

En el tema de vivienda la proposición plantea en su apartado A.1 un
último párrafo para instar al Gobierno a buscar garantías judiciales
y promover la agilidad en la salida de las viviendas en el caso de
que se produzcan impagos. Nosotros hemos presentado concretamente una
enmienda de supresión a ese apartado, porque entendemos que, en
primer lugar, no correspondería a la subcomisión plantear estas
medidas; en segundo lugar, existen elementos suficientes de
regulación de la legislación vigente y, en tercer lugar, de su
lectura podría interpretarse que tratamos de resolver el problema de
vivienda de los jóvenes con medidas punitivas dirigidas hacia otros
sectores, cuando en este país no existen medidas disuasorias claras
para las viviendas vacías y, en todo caso, cualquier medida debería
respetar de forma equilibrada los derechos de propietarios e
inquilinos. Como el problema de fondo son las viviendas vacías,
además de la supresión del párrafo proponemos



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un nuevo punto para la modificación de este apartado en el que se
propone un plan de actuación s obre viviendas vacías, actuando sobre
la especulación mediante medidas disuasorias junto con la
incentivación positiva para fomentar el alquiler, con la mediación de
las administraciones en las necesidades específicas de sectores como el
de la juventud. Esta redacción significa un equilibrio entre las
medidas disuasorias y las de incentivación positiva para fomentar el
alquiler. No es acertado el párrafo que finalmente ha quedado
expresado en el texto de la proposición no de ley.

En cuanto al siguiente apartado, que hace referencia a la formación
profesional y laboral, nuestro grupo presenta las enmiendas números 3
y 4, que vienen a recoger fundamentalmente las recomendaciones que
sobre el sistema educativo ha realizado el Consejo escolar del
Estado. Aunque en algunos de estos elementos se ha avanzado,
persiste, tal y como se recoge en nuestras enmiendas, la necesidad de
mejorar la relación entre las cualificaciones de los cursos de
formación continua ocupacional y la propia experiencia laboral, todo
ello relacionado con las diferentes enseñanzas y titulaciones
profesionales, así como avanzar en la confección del catálogo de
cualificaciones a nivel europeo, la cartilla profesional o las
ofertas equilibradas en el medio rural con relación al acceso de
alumnas y alumnos a las diferentes modalidades de formación
profesional. En este apartado nuestras enmiendas hacen referencia
clara a diferentes recomendaciones del propio Consejo escolar.

Serían perfectamente asumibles y vendrían a mejorar algunos términos
o a completar algunos de los elementos que ya se incluían en la
proposición no de ley.

Finalmente, en cuanto a la inserción laboral, nuestro grupo comparte
que el desempleo presenta la primera preocupación en la juventud,
afectada en mayor medida por el paro de larga duración, todo ello con
especial incidencia en la mujer joven. Los últimos informes
evidencian un aumento de la pobreza en los jóvenes y una suma de
condiciones adversas, lo que nos l leva a un escenario de generación
enormemente contradictoria donde, por un lado, se combinan las
mayores tasas de universitarios a nivel europeo con crecientes bolsas
de fracaso escolar y, por otro, existe una creciente situación de
bolsas de exclusión social y de pobreza que afectan a la juventud.

Compartimos este ambiente de preocupación, pero nos situamos en lo
que significa un nuevo escenario que no coincide exactamente con el
análisis en otro momento sobre la juventud. Nuestras enmiendas han
tratado de apuntar en esta dirección y presentan recomendaciones algo
más ajustadas a la importancia que damos al problema. Nuestra primera
enmienda se refiere a un compromiso explícito y cuantificado en el
tiempo de medidas de inserción para aquellos jóvenes menores de 25
años y en situación de paro, así como para mejorar progresivamente el
salario mínimo interprofesional . Final mente, en el conjunto de
medidas referidas a la inserción laboral, proponemos la adopción de
medidas enfocadas a la reducción de jornada de trabajo a 35 horas y
al control de las horas extraordinarias
como un elemento que debe y puede incidir en otra
distribución del tiempo de trabajo y, por tanto, en la generación de
empleo en un sector tan afectado como es en este momento el de la
juventud.

Nuestras enmiendas pueden tener un efecto complementario en la
proposición no de ley y en ese sentido las hemos mantenido. Hemos
consensuado el citado texto, pero habría que hacer un esfuerzo para
recoger algunos elementos que podrían mejorar al final su redacción,
para que no sólo signifique la solución sino un avance hacia
compromisos más firmes para resolver los problemas que afectan a la
juventud.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fer nández-Miranda y Lozana): Muchas
gracias, señora Sabanés.

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, también para la
presentación de la iniciativa, así como de la enmienda que ha
suscrito el grupo, tiene la palabra el señor Caballero.




El señor CABALLERO SERRANO: Señor presidente, señoras y señores
diputados, la proposición no de ley que traemos hoy a este Pleno se
basa en los trabajos de la subcomisión creada hace dos años por
iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista con el apoyo del resto
de los grupos parlamentarios que componen esta Cámara, subcomisión
que tenía por objeto estudiar los problemas de la juventud española
en torno a la formación, el empleo y la vivienda. Una subcomisión
que para el Grupo Parlamentario Socialista ha merecido especial
interés, tanto por su contenido como por su metodología, al haber
cumplido con un objetivo fundamental como es la presencia de los
jóvenes y sus problemas en el Congreso. Así, durante 20 reuniones de
la subcomisión hemos tenido la posibilidad de escuchar las
propuestas, las iniciativas y también las críticas de los dirigentes
del movimiento asociativo juvenil , desde el presidente del Consejo
de la Juventud de España, hasta los responsables juveniles de la
mayoría de los partidos con representación parlamentaria, sin
olvidarnos de los representantes de asociaciones juveniles,
dirigentes sindicales, animadores sociocomunitarios, estudiosos de la
problemática juvenil, así como representantes de la Administración
estatal autonómica y municipal.

Durante el tiempo que han durado los trabajos de la subcomisión hemos
podido conocer con mayor profundidad las situaciones por las que
atraviesan muchos de los hombres y mujeres de este sector, que tienen
entre 15 y 30 años y suponen el 25 por ciento del total de la
población española. Un sector tan heterogéneo que nos impide poder
hablar de la juventud como un todo homogéneo y único y nos obliga a
referirnos a los jóvenes cuya existencia viene determinada por los
problemas, preocupaciones e intereses que han de afrontar en el
proceso de desarrollo hacia lo que se llama vida adulta, proceso que,
en gran medida, está determinado por sus posibilidades de formación,
de empleo y también, por supuesto, de acceso a la vivienda. Y es que
los jóvenes español es viven con la contradicción que supone haber
alcanzado récord respecto de generaciones anteriores



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ores en cuanto a su nivel de formación, tanto técnica como cultural,
y en sus valores democráticos, pero a la vez viven con la sensación
que produce no encontrar los espacios para poder desarrollar sus
conocimientos, para poder dar salida a todo su potencial.

No es un tópico que esta es la generación más preparada de nuestra
historia pues, por primera vez en muchos años durante más de una
década, los jóvenes españoles han podido acceder al sistema educativo
prácticamente sin más impedimento que su interés y capacidad. A pesar
de todo esto, es en los jóvenes donde con mayor crudeza se
manifiestan problemas generales como el desempleo y las dificultades
de acceso a la vivienda, afectando est as circunstancias a las
posibilidades de participación social, y especialmente de
emancipación. España es el país de la Unión Europea donde más tarde
se produce la emancipación respecto del domicilio paterno. Los
jóvenes han ido retrasando el momento de crear su propio hogar, el
periodo juvenil se ha alargado desde los 25 años hasta prácticamente
los 30. En la actualidad, tres de cada cuatro jóvenes conviven con
sus padres y hermanos. La juventud ya no es una transición sino que
es un período de vida con contenido propio.

Esta situación no sólo genera consecuencias económicas, sino que
también incide en su falta de autonomía personal, de ilusión en su
porvenir, de sensación de inutilidad, de incapacidad para construir
el presente y liderar el futuro, que en ocasiones puede embargar a
tantos talentos desperdiciados. Porque con esta situación
prolongada de jóvenes sin empleo, con esta falta de expectativas nos
estamos jugando mucho. Señorías, nos estamos jugando incluso cosas
que en lo económico cuestan mucho más que cualquier inversión que se
pueda establecer a corto plazo en términos sociales y laborales. Nos
jugamos la confianza en la democracia y también nos jugamos la
demografía. ¿Cuánto puede costar el descenso de la natalidad hasta
llegar a ser negativo, o cuánto la actitudes fascistas que empiezan
a manifestarse en algunos grupos de jóvenes como consecuencia de su
falta de expectativas? Seguro que mucho más.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista consideramos fundamental la
intervención de los poderes públicos y nos aterra escuchar a aquellos
que dicen que el Estado tiene que ser cada vez más pequeño para que
la iniciativa privada y el efecto del mercado sea cada vez más
grande, pues consideramos que los jóvenes y las políticas de juventud
precisan necesariamente de la atención de los gobiernos para
abordar la problemática juvenil con criterios de generosidad, de
solidaridad intergeneracional, convirtiéndose en una prioridad de
administraciones y particulares y, por supuesto, contando con los
propios jóvenes que deben ser partícipes imprescindibles de la
transformación de la realidad. El Grupo Parlamentario Socialista
apoya en su conjunto el contenido de esta proposición, en la medida
que recoge las propuestas aportadas por este grupo en el trabajo de
la subcomisión, a la vez que muchas de estas propuestas coinciden en
gran medida con las iniciativas impulsadas durante los últimos
gobiernos socialistas. El
grupo parlamentario que represento considera urgente el desarrollo de
políticas encaminadas a favorecer l a autonomía personal, esto es,
intervenciones en el ámbito del empleo y de la vivienda, porque, a
pesar de los sucesivos planes de vivienda impulsados año tras año y
que en gran medida contribuyeron a facilitar el acceso a la vivienda
de manera digna a miles y miles de familias españolas, lo cierto es
que sigue siendo necesario favorecer el acceso a la vivienda de los
más jóvenes, de aquellos que no disponen ni en cantidad ni en tiempo
de los recursos necesarios para acceder a una vivienda en las
condiciones que impone el mercado, para los cuales vemos en la vivienda
de alquiler, con una tipología adaptada a sus necesidades, una solución
a sus demandas de alojamiento temporal, evitando que una vivienda en
propiedad, de por sí difícil de adquirir, se convierta en una carga
económica y laboral. No se trata exclusivamente de promover la
construcción de más viviendas para destinarlas a alquiler, sino que
también hay que favorecer, incentivando positivamente, la aparición
en el mercado de viviendas de alquiler secundarias y vacías, sin
olvidar l a rehabilitación y los alojamiento colectivos de carácter
temporal para trabajadores y estudiantes.

En las dificultades de emancipación de la juventud española no sólo
existe un problema de imposibilidad de acceso a una vivienda, sino
que también hay un problema mayor del que depende el primero, la
inserción laboral de los jóvenes. En este sentido, la proposición que
hoy debatimos recoge parte de las propuestas que los socialistas est
amos realizando a través del documento para la reducción sustancial
del desempleo en España. Así, venimos apostando por una mayor
dotación económica destinada a la formación profesional, en la
medida que contribuya a la igualación social, pero también por su
carácter estratégico como inversión en capital humano en un país que,
como el nuestro, no es rico en recursos naturales. Así mismo,
consideramos necesaria la intervención legislativa y económica del
Gobierno en el proceso de inserción profesional de los jóvenes,
ofertando formación ocupacional a la vez que posibilitando la
inserción en el sector privado mediante incentivos a las empresas que
generan empleos destinados a jóvenes parados de larga duración o
demandantes del primer empleo.

La apuesta por los nuevos yacimientos de empleo en el ámbito de la
cultura, el ocio, el medio ambiente y los servicios de proximidad,
junto con una distribución más justa del tiempo de trabajo y de los
beneficios empresarial es, posibilitarán la aparición de nuevos
empleos destinados a jóvenes. Esta apuesta debe ser del conjunto de
la sociedad, de los particulares y del Gobierno, de los sindicatos y
de los empresarios, pues la generación de empleo para los sectores
más débiles no se puede dejar exclusivamente a voluntad del mercado,
de la situación económica. La generación de empleo supone una
apuesta clara y comprometida a la que hay que dedicar recursos y
decisiones legislativas. La posibilidad de desarrollar la autonomía
personal, de asumir el riesgo de ser responsables sobre sí mismos y
sobre el efecto de sus decisiones, es una experiencia



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de la que no se puede privar a los jóvenes que han de gestionar el
futuro inmediato.

Junto con nuestro apoyo a esta proposición, también quiero manifestar
el desacuerdo de este grupo parlamentario con lo que son las
actuaciones del Gobierno en materia de políticas de juventud. Para
est e grupo parlamentario las políticas de juventud en nuestro país
en los últimos años han sufrido un claro y preocupante retroceso. El
balance no puede ser más negativo. Desde diciembre de 1996 aún
estamos esperando el prometido plan de acción joven del Gobierno del
Partido Popular, pues desde el primer momento se negaron a asumir el
Plan integral de juventud 1994-97 que el Gobierno socialista dejó
en marcha, hasta el punto de que ni siquiera ha sido evaluado por el
Consejo de Ministros. El denominado plan de acción joven del PP hoy
todavía es una promesa. Hasta la fecha ni siquiera se han iniciado
conversaciones con las entidades juveniles. Esto indica la prioridad
que da el Gobierno a los jóvenes y sus políticas. Otra muestra de
este desinterés es la situación en la que se encuentra el organismo
encargado de coordinar la política de juventud. El Instituto de la
Juventud del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales prácticamente
se ha convertido en un organismo clandestino, sin contenido ni
capacidad de incidir en las políticas que desde los distintos
ministerios se destinan a los jóvenes.

Esperamos que las recomendaciones recogidas en esta proposición
corran mejor suerte que los compromisos que el propio Gobierno
asumió el pasado año en el Plan plurianual de empleo, donde del total
de medidas que se recogían dos de el las se hacían con los gobiernos
socialistas, y, en cuanto al resto de medidas, ninguna se ha puesto
en marcha. No se ha puesto en marcha ni la asesoría a jóvenes para el
desarrollo de proyectos e iniciativas, ni la bolsa de empleo joven, y
el plan de empleo joven que se debía incluir en lo que ustedes
denominaron como plan de acción joven hoy sigue esperando.

En estos dos años el Gobierno no ha tomado ninguna medida que
favorezca la iniciativa empresarial de los jóvenes. En su programa
electoral prometían la creación de una oficina de gestión para
tramitar las ayudas necesarias, pero hasta la fecha nada de nada, ni
se han creado los sistemas de ayuda a las nuevas actividades
profesionales y empresariales, ni menos aún un sistema de cesión de
infraestructuras para desarrollar actividades empresariales. Algo
similar está ocurriendo con la política de vivienda desarrollada por
el Partido Popular, donde se perjudica seriamente a los sectores
más desfavorecidos y de manera especial a los jóvenes. Esto ocurre,
por ejemplo, con el Real Decreto 1/1997, de 10 de enero, en virtud
del cual se obliga a que la subvención pública que recibe el
comprador de una vivienda de protección oficial se destine a minorar
el capital de préstamo concedido, en lugar de permitir la libre
disponibilidad de ese dinero. Esto supone, sobre todo para l os
jóvenes, problemas de liquidez a la hora de hacer f rente a l os
otros gastos imprescindibles para habitar una vivienda, como puede
ser contratar la luz, el agua o las escrituras. Y han hecho más, la
Ley del
régimen del suelo perjudicará enormemente a los ciudadanos que sólo
pueden acceder a una vivienda social. Al reducir los porcentajes de
cesión obligatoria de suelo a los ayuntamientos disminuirán con
seguridad las posibilidades de éstos para disponer de suelo
destinado a viviendas de carácter social.

Finalizo ya manifestando el deseo de mi grupo de que las
recomendaciones que mediante esta proposición realizamos al Gobierno
no caigan en saco roto, sino que sean de su prioridad por la
importancia del sector al que afectan. Aprovecho también para llamar su
atención sobre lo que ya deben saber, y es que gobernar no consiste
en recordar continuamente aquello que los socialistas no hicimos,
sino que más bien se trata de tomar decisiones, diseñar políticas
y asumir riesgos. Esa es ahora su responsabilidad.

Muchas gracias. (Aplausos.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas
gracias, señor Caballero.

En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Ballestero.




El señor BALLESTERO DE DIEGO: Gracias, señor presidente.

Señorías, esta tarde no sólo estamos tramitando una proposición no de
ley, sino que, sobre todo, estamos haciendo una llamada de socorro a
las diferentes administraciones y a toda la sociedad en general. Es
lamentable, pero al día de hoy todavía es un hecho cierto que los
jóvenes no estamos insertados de un modo real y efectivo en la
sociedad. Los dos problemas que nos ocupan hoy son las dos claves de
por qué esta inserción todavía no es real.

La edad de emancipación nos di ce no sólo cuándo un joven se va de su
casa, sino que en muchas ocasiones determina también si esa inserción
es efectiva o no. Pues bien, la juventud española - los varones a los
32 años, las mujeres a los 29- presenta las dos edades de
emancipación más altas de toda la Unión Europea. Esto no es sólo
porque estemos muy a gusto en casa de nuestros padres, señorías; en
esto tiene mucho que ver el problema del acceso a la vivienda.

Hablando de empleo, tenemos que hablar de récord, ahora que tan en
boga está el deporte, pero de récord negativo: la precariedad laboral
y el desempleo juvenil en España ostentan también el récord absoluto
en la Unión Europea. En concreto, la tasa de paro juvenil si sitúa
en estos momentos, a pesar de dos años muy positivos, en el 31,5. El
tener una buena educación, una educación completa, no sólo familiar
sino también en el ámbito escolar, y el tener oportunidades son dos
de las bases fundamentales para que la integración de los jóvenes de
la que hablaba sea real y efectiva, y de paso ayuda a paliar otros
grandes problemas que ti ene la juventud española, como son el
alcoholismo, la droga y la xenofobia. Señorías, el origen de estos
problemas se sitúa, en gran medida, en la tremenda frustración que
supone para los jóvenes el no poder acceder a la sociedad en igualdad
de condiciones.




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Cuando hoy terminamos con la tramitación de esta iniciativa, hay que
agradecer, como ya se ha hecho, a todo el mundo, a los diferentes
comparecientes, a los diferentes cargos institucionales, a las
diferentes asociaciones las aportaciones que han hecho a lo largo de
muchísimas horas de trabajo. Su aportación, su información, su
documentación han sido clave a la hora de redactar esta proposición
no de ley que hoy debatimos. Y tan importante - más, incluso, diría
yo- como las propuestas que hoy vamos a trasladar a las
administraciones es el hecho de que esta proposición no de ley vaya a
conseguir un apoyo casi unánime, porque esto significa que hay un
unánime reconocimiento de toda la sociedad y de todos los grupos
políticos de la situación real y de los problemas reales de los
jóvenes españoles. Deseo, señorías, que sea también una unánime
actitud de cambio, una unánime decisión de solucionar y solventar los
problemas.

Es claro, señorías, que quien está a la cabeza de esta manifestación
es, sin duda, el Gobierno del Partido Popular. Estos dos años han
supuesto un cambio radical, absoluto, en las políticas de juventud en
este país. El eje básico de las políticas de juventud del Partido
Socialista - lamento mucho decirlo y de verdad que no quiero romper
este consenso- ha sido no hacer nada, así de simple; y hay que
reconocer que había una premisa muy cierta: el Partido Socialista
partía de la consideración de que con el paso del tiempo los jóvenes,
desde luego, íbamos a dejar de serlo. Eso sí, no se
resolvería ningún problema. (Un señor diputado: ¡Muy bien!) En estos
momentos, la sociedad española, y sobre todo la juventud, mira al
frente ilusionada y con optimismo. La base de esa esperanza en el
futuro la dan los datos que tenemos en estos momentos sobre las
políticas de juventud en España. Entrando en materia de empleo, en
primer lugar hay que destacar que desde la reforma laboral el 60 por
ciento de los contratos indefinidos bonificados que se han firmado en
este país, que se han formalizado, se ha realizado con jóvenes. Al
día de hoy hay en España 400.000 jóvenes más que hace un año que
tienen un contrato indefinido bonificado; y lo que es más importante,
que tienen un planteamiento de vida, una posibilidad de pensar en el
mañana. Igualmente, el Partido Popular ha sido el partido que ha
acabado con el contrato basura, ese contrato que ha creado tanto
subempleo; en cambio, ha apostado de un modo distinto por la
contratación estable, por la contratación temporal, por las mejoras
salariales y, sobre todo, por las mejoras sociales de la contratación.

Es igualmente destacable el descenso que ha habido en el paro
juvenil. Cuando llegó al Gobierno el Partido Popular se situaba
aproximadamente en un 40 por ciento; en estos momentos estamos en el
31,5 por ciento. No es una cifra con la que queramos lanzar las
campanas al vuelo ni para ir presumiendo por ahí, pero sí hay una
cosa clara: el paro juvenil desciende y la temporalidad también
desciende mucho más rápido en los jóvenes que en el resto de la
sociedad.

Si entramos en vivienda, también hay medidas tomadas, hay hechos
constatables. En el pasado Consejo de
Ministros se aprobaba un plan para la vivienda 19982001 que, entre
otras cosas, contiene medidas como las siguientes. Conceder una
subvención del 15 por ciento en la cuota del préstamo hipotecario a
las personas que tengan una renta inferior a los dos millones y medio
de pesetas. Convendrán SS.SS. conmigo en que hay una grandísima
cantidad de jóvenes que están en esa situación. O esa subvención a
fondo perdido que se da s obre el 5 por ciento del valor de la vivienda
que se vaya a comprar. Y otra que va todavía más claramente
apuntada a los jóvenes: en el caso de que el joven, o cualquier otra
persona, tenga, por la causa que sea, que ir al paro, se puede
interrumpir hasta un máximo de dos años el plazo del pago del crédito
hipotecario. Esto, junto con las condiciones en las que ha quedado la
vivienda tras las leyes del IRPF y del Suelo, va a facilitar en gran
medida el acceso de los jóvenes a la vivienda.

Es evidente que esto no significa que las cosas estén bien, de ahí
las propuestas que lanzamos en esta proposición no de ley todos los
grupos parlamentarios. Por resumir algunas, aunque ya se han
destacado muchas, y empezando por el tema de vivienda, todos los
grupos apostamos de manera definitiva por reactivar el mercado de
alquiler. Señorías, necesitamos en España un mercado de alquiler
que sea de verdad competitivo. En estos momentos la rigidez del
parque inmobiliario español sitúa en un 80 por ciento la vivienda en
propiedad y en un 15 por ciento tan sólo la vivienda en alquiler.

Desde las diferentes administraciones hay que tomar medidas que
conviertan el alquiler en algo competitivo para la propiedad, sobre
todo para los jóvenes teniendo en cuenta que en años venideros la
movilidad laboral y geográfica será un común denominador de nuestro
mercado laboral.

En la línea del alquiler también es importante potenciar las bolsas
de vivienda que están desarrollando algunas comunidades autónomas y
que otras tienen que empezar a desarrollar. Las comunidades autónomas
son elementos muy válidos para hacer de intermediarios entre los
propietarios y los jóvenes que pueden optar al alquiler de una
vivienda, porque muchas veces hay reticencias por parte de los
propietarios. Igualmente proponemos la creación de un seguro
multirriesgo con cargo a los presupuestos de las administraciones,
en este caso las de las comunidades autónomas, que facilitarán el
hecho de que los propietarios se animen a alquilar y, como decía,
convertiremos el mercado del alquiler en un mercado competitivo con
el de la vivienda en propiedad.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor
Ballestero, le ruego que vaya concluyendo.




El señor BALLESTERO DE DIEGO: Voy concluyendo, señor presidente.

Igualmente, en nuestras ciudades, sobre todo en los cascos históricos,
tenemos una gran cantidad de casas vacías. Es, por tanto,
necesario potenciar medidas de rehabilitación que, además de
rehabilitar los centros de



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las ciudades, en el caso de que sean orientadas a los jóvenes, estoy
seguro que van a servir para revitalizar esas ciudades.

Por último, destacaría las medidas del alojamiento temporal. Hay
una gran cantidad de jóvenes desplazados, estudiantes o trabajadores.

En ese sentido debemos potenciar también desde las
administraciones medidas de alojamiento temporal y las redes de
albergues juveniles como solución para el que sale transitoriamente
de su hogar.

En cuanto a las medidas de formación e inserción en el mercado
laboral , en primer lugar yo destacaría el gran desequilibrio
todavía existente en la formación profesional en nuestro sistema
educativo. No está cumpliendo aquellas necesidades para las que fue
prevista. Es necesario ligar la formación profesional al proceso
productivo y establecer un sistema continuo de certificación
y homologación de títulos. Cuando los jóvenes terminamos el paso por la
universidad nos encontramos con que no tenemos ningún conocimiento
práctico. Los convenios que ya se han realizado entre universidad
y empresa para potenciar prácticas por parte de los universitarios en
las empresas son muy positivos para que el estudiante sea un atractivo
de cara al empresario para su incorporación al mundo laboral.

Como última medida yo destacaría que estamos en un proceso de
transición.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor
Ballestero, le ruego que concluya.




El señor BALLESTERO DE DIEGO: Voy concluyendo.

Decía que est amos en un proceso de transición ...




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): No, señoría, le
ruego que concluya.




El señor BALLESTERO DE DIEGO: Termino, señor p residente, refiriéndome
a las enmiendas. No podemos aceptar las enmiendas de Izquierda Unida,
pero vamos a proponer una enmienda transaccional in voce, que ofrezco
en estos momentos a la Presidencia, con objeto de contemplar
las situaciones personales y concretas en el caso de la agilización
del procedimiento de salida en caso de impago.

Concluyo, señorías, diciendo que durante los últimos años se había
levantado un tremendo muro que no nos permitía a los jóvenes estar en
contacto con la sociedad. En estos dos años se ha abierto un
tragaluz, un tragaluz de ilusión, de confianza, de esperanza en el
mañana y eso lo ha hecho el Gobierno desde la convicción de que las
mejores políticas del presente son las que apuestan por el futuro.

Señorías, demos un paso más, convirtamos ese tragaluz en una puerta
para que los jóvenes podamos pasar e integrarnos de un modo real y
efectivo y sin traumatismos en la sociedad española.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ballestero.

Por último, para fijar posición en nombre del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.




El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señor presidente.

Intervendré desde el escaño. A pesar de no ser firmante de esta
iniciativa conjunta, en la medida en que ha participado en los
trabajos de la subcomisión que ha dado lugar a est e texto que vamos
a someter a la consideración de la Cámara dentro de unos momentos,
nuestro grupo asume el cien por cien de las propuestas y felicita
especialmente al señor Ballestero, a quien le ha tocado el papel de
coordinar el conjunto de los trabajos de la subcomisión en esta fase
final de redacción cuyas propuestas finales recogen la mayoría de los
planteamientos que los diversos grupos hemos realizado a lo largo de
los meses en el seno de este instrumento. Entre todos, hemos definido
un mínimo consenso que permite orientar las políticas de juventud
del Gobierno del Estado, respetando las competencias que en estas
materias tienen las comunidades autónomas e introduciendo, en todo
caso, una serie de recomendaciones. Este consenso mínimo, que se
fundamenta en un nuevo horizonte de propuestas políticas que afectan
al ámbito laboral, de la vivienda y de la formación e inserción,
nos parece oportuno.

Además de compartir las propuestas concretas - y el resto de
portavoces así lo han expresado -, quisiera efectuar una reflexión en
voz alta. Todas las administraciones del Estado - la Administración
central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos- han de
iniciar un profundo proceso de revisión. Una serie de objetivos, de
metodologías, de paradigmas que establecimos a principios de los años
ochenta, hoy seguramente son insuficientes, en el Injuve, en la
Secretaría General de la Juventud de la Generalidad, en las
concejalías de los ayuntamientos. Existen nuevas realidades que nos
demanda el mundo de la juventud en el ámbito, por ejemplo, de la
pobreza urbana, de los jóvenes de las zonas rurales o de los impactos
de la movilidad de las personas que van a necesitar una definición de
nuevas maneras de enfocar las políticas de juventud.

Esta proposición no de ley, este trabajo de la subcomisión apunta
alguna de estas cuestiones, pero, seguramente, nos indica la
necesidad de ser capaces en el futuro de articular de manera
diferente estas políticas para dar respuesta a necesidades a las que
en el pasado no hemos sido capaces de dar respuesta o a nuevas
necesidades que nos están marcando.

Hace quince días, Cáritas hacia público el último informe de Foessa
en el que se mostraba de manera alarmante la mayor pobreza en la
juventud. Eso nos indica que las políticas de juventud que todos
hemos desarrollado durante estos años no han dado respuesta a algunos
problemas básicos.

Esperemos que estas medidas que hoy el Congreso hace llegar al
Gobierno y al conjunto de las administraciones sirvan para que seamos
capaces de diseñar estas nuevas políticas de juventud que la sociedad
reclama.

Nada más y muchas gracias.




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El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Campuzano.

Entiendo que la propuesta transaccional que ha hecho el Grupo
Parlamentario Popular es conocida y aceptada por todos los grupos
parlamentarios, tanto los firmantes como los firmantes y enmendantes
e incluso los no firmantes. ¿No hay ninguna objeción? (Denegaciones.)
Muchas gracias, señorías.

Vamos a proceder a la votación. (Pausa.- El señor presidente ocupa la
Presidencia.)



El señor PRESIDENTE: Votación de la proposición no de ley de los
grupos parlamentarios Popular en el Congreso, de Coalición Canaria,
Vasco (PNV), Mixto, Socialista y Federal de Izquierda Unida, sobre la
formación e inserción laboral y el acceso a la vivienda de la
juventud en España, en los términos resultantes de la aceptación de
la enmienda transaccional por los grupos proponentes.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
302; a favor, 302.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición, en los términos
de la enmienda transaccional, por unanimidad del Pleno.




- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO
A ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE DETERMINAR EL PORCENTAJE DE
PATICIPACIÓN EN LOS INGRESOS DEL ESTADO DE AQUELLAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS QUE NO HAN ADOPTADO EL NUEVO MODELO DE FINANCIACIÓN
ESTABLECIDO PARA EL QUINQUENIO 1997-2001 (Número de expediente 162/00
0167).




El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley del Grupo
Socialista, por la que se insta al Gobier no a adoptar las medidas
necesarias a fin de determinar el porcentaje de participación en los
ingresos del Estado de aquellas comunidades autónomas que no han
adoptado el nuevo modelo de financiación establecido para el
quinquenio 1997-2001.

Para su presentación, tiene la palabra doña Isabel Pozuelo. Si
ejercita la palabra desde la tribuna será mejor para la iniciativa y
para el adecuado desarrollo del orden del día.




La señora POZUELO MEÑO: Gracias, señor presidente.

Señorías, en distintas ocasiones hemos debatido en esta Cámara sobre
el nuevo método de aplicación del sistema de financiación autonómica,
aprobado el 23 de septiembre de 1996 en el Consejo de Política Fiscal
y Financiera, para el periodo 1997-2001. A ese acuerdo se le dio
cobertura en la Ley de Presupuestos del Estado para 1997,
posteriormente en la de 1998 y en el
Decreto número 7, de 14 de abril de 1997, en el que se aprobó, por un
lado, los porcentajes de participación en los ingresos del Estado,
tanto en los generales como en los territoriales, por el IRPF, y las
cantidades a transferir para aquellas comunidades que habían aceptado
el nuevo sistema; por otra parte, para las tres comunidades que no lo
aceptaron - Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha- sólo
aparecían las cantidades globales a transferir y no los porcentajes
de participación en los ingresos del Estado. Se establecía expresamente
en el artículo 84 de la Ley de Presupuestos para 1997, y en el 85
para 1998, que deberían ser las comisiones mixtas Gobierno-
comunidades autónomas las que acordaran los porcentajes de
participación en los ingresos del Estado que asegurasen los recursos
suficientes para la prestación de los servicios transferidos. Y no
podía ser de otra manera porque así lo establecieron previamente la
Ley Orgánica de la Financiación de las Comunidades Autónomas y los
estatutos de autonomía respectivos. Sin embargo, el Gobierno,
vulnerando la legalidad vigente, se niega sistemáticamente a negociar
y a llegar a acuerdos con estas tres comunidades, asignando
unilateralmente las cantidades que deben percibir para cada
ejercicio económico. De esta manera, se ha roto claramente el
principio de igualdad entre las comunidades autónomas, al determinar
sus recursos mediante sistemas distintos, colocándolas en posiciones
constitucionalmente desiguales e impidiendo el correcto
funcionamiento de los sistemas de solidaridad. Por eso el Grupo
Socialista plantea esta proposición no de ley a la Cámara, a la que
hemos presentado una autoenmienda refiriéndonos a las modificaciones
que ha sufrido ya el nuevo sistema de financiación autonómica, para
pedirle al Gobierno algo muy sencillo: que cumpla la ley, que asuma
su responsabilidad y convoque a las comisiones mixtas para negociar
con las comunidades autónomas y que no imponga unilateralmente sus
criterios.

Esta situación de discriminación, de injustici a y de ilegalidad ha
provocado que los gobiernos y los parlamentos de estas comunidades
hayan presentado múltiples recursos de inconstitucionalidad, por
considerar que se han vulnerado los principios de legalidad y
seguridad jurídica, que se ha transgredido la Lofca y los estatutos
de autonomía, por no establecer los porcentajes de participación en
los ingresos del Estado y por fijar unilateralmente las cantidades
para cada comunidad. Estas cantidades no contemplan la aplicación de
valores actuales de las variables que rigen el método de financiación
vigente para las comunidades autónomas que no aceptaron el nuevo
sistema. Especialmente tiene importancia la variable de los valores
de población, que est á produciendo una clara y grave insuficiencia
financiera para la prestación de los servicios básicos transferidos,
el más importante de ellos, sin duda, el de la educación.

El Gobierno se empecina en seguir aplicando el censo de población
de 1988, la población de hace 10 años. La situación resulta kafkiana
e insólita. ¿Cómo se puede ignorar que han pasado 10 años, que hay
casi un millón más de habitantes en nuestro país, que a



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estos ciudadanos también hay que prestarles servicios públicos? Hay
comunidades a las que est e problema afecta más que a otras. En
Andalucía hay 383.719 habitantes más que en 1988; es la comunidad
que más crece. La simple actualización de la variable población
significaría percibir 224.000 millones más en el quinquenio. Es
imprescindible recibir ese dinero para prestar los servicios básicos
a estos ciudadanos; ni más ni menos. No hablamos de cambiar el
método, de modificar el peso de la variable; hablamos simplemente de
actualizar esa variable. El Gobierno ha caído, además, en una gran
contradicción al no reconocer la población actual para el sistema de
financiación general y sí reconocerlo para un servicio específico -la
sanidad -, a la hora de considerar a la población protegida. Recuerdo
además a esta Cámara que el Gobierno no sólo ignora las peticiones
de los gobiernos autonómicos y de las cámaras, con los que suele
decir que es muy respetuoso; es que ni siquiera cumple los acuerdos
de este Parlamento.

El pasado 4 de noviembre, el Pleno del Congreso de los Diputados
aprobó una proposición presentada por el Grupo Socialista en la que
se pedía al Gobierno que publicara los datos del padrón de habitantes
y que estos datos tuvieran los efectos pertinentes en la
participación de los ingresos del Estado, de las corporaciones
locales y en la financiación de l as comunidades autónomas. Y no son
éstos, además, los únicos ingresos que se están dejando de percibir
por decisiones unilaterales del Gobierno. Me refiero a los
beneficios fiscales en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones,
aprobado en el decreto de junio de 1997, de medidas urgentes de
carácter fiscal, con una reducción del 95 por ciento en su base
liquidable y en la ampliación que se produjo para la transmisión de
empresas familiares en diciembre de 1996. Estos beneficios fiscales,
concedidos sobre impuestos cedidos a las comunidades autónomas, han
supuesto una pérdida importante de ingresos. En concreto, para
Andalucía han supuesto una pérdida anual de recaudación que puede
llegar a 5.700 millones de pesetas anuales, es decir, 28.000 millones
en el quinquenio.

Señorías, existe la obligación legal por parte del Gobierno de
compensar estas pérdidas, según establece el artículo 13.3 de la
Lofca y los propios estatutos de autonomía. A esta petición también
se ha hecho oídos sordos, a pesar de las reiteradas reclamaciones de
las instituciones afectadas.

Señorías, ¿qué está pasando con la financiación de las comunidades
autónomas? Acabo de referir me a la situación que tienen las tres
comunidades que son castigadas y discriminadas por el Gobierno por no
haber aceptado el nuevo sistema de financiación. Para colmo, en un
nuevo alarde de abuso legal y falta de respeto, se obliga a tres
millones de contribuyentes a cumplimentar el llamado tramo
autonómico del IRPF en la declaración de la renta. Pero es que este
nuevo sistema de financiación que el Gobierno acordó en septiembre de
1996 en el Consejo de Política Fiscal y Financiera ha fracasado, ha
hecho aguas. Se ha demostrado que es un mal sistema, basado en
cálculos erróneos de cuánto
iban a percibir algunas comunidades, y se elaboró s obre unos
supuestos de recaudación de IRPF que no han sido reales. Solamente un
año y medio después de su aprobación se ha demostrado que no servía,
que era malo, que además de injusto e insolidario no servía para
cumplir los objetivos que pretendía: autonomía y suficiencia
financiera y corresponsabilidad fiscal. Éstos, que eran los
principios baluarte del nuevo método de financiación, han fracasado.

El Gobierno ha acordado de manera ilegal modificaciones sustanciales
al sistema para corregir los efectos negativos de un método que, tal
como denunciábamos insistentemente, no podía hacer efectiva ni la
suficiencia ni la autonomía ni ejercer eficientemente la
corresponsabilidad fiscal. La primera modificación se produjo en la ley
de acompañamiento de los presupuestos para 1998, que dejó en suspenso
las modificaciones hechas en diciembre de 1996 a la Ley de Cesión de
Tributos a las Comunidades Autónomas. La ley aprobada en 1996 era de
aplicación a las comunidades autónomas que hubieran aceptado el
nuevo sistema de financiación y establecía que el rendimiento del
impuesto se fijaría en el lugar donde radicase el registro en el que
debiera inscribirse la propiedad. Para las comunidades que no lo
aceptaron, seguía vigente la ley anterior, según la cual el
rendimiento del impuesto corresponde al lugar donde se otorga la
escritura. La convivencia de estas dos leyes ha producido un
conflicto de competencia entre las comunidades autónomas que ha
habido que solventar haciendo prevalecer la antigua Ley de Cesión de
Tributos a las Comunidades Autónomas cuando existen estos conflictos
de competencia. Significa, además, que todas las novedades relativas
a la atribución de rendimientos que se introdujeron en la Ley de 1996
no van a surtir efecto y que las leyes específicas de cesión de
tributos que aprobaron las comunidades autónomas que aceptaron el
modelo quedan sin efecto.

La segunda y más sustancial modificación se ha producido en el
acuerdo suscrito por el Consejo de Política Fiscal y Financiera el
pasado 27 de marzo de 1998. La modificación ha consistido en
establecer un tope de ingresos mínimos a la vista de que, con el
nuevo método de aplicación del sistema de financiación, las
comunidades autónomas no iban a percibir lo que el Gobierno les había
prometido. Si en el anterior método la participación en los ingresos
del Estado evolucionaba según el PIB nominal y en el nuevo se
establecía que no recibirían menos del 90 por ciento del PIB, ahora
se garantiza que con el nuevo sistema ninguna comunidad recibirá
menos de ese PIB nominal, ni en la participación de ingresos del
Estado ni en lo que ingresen por I RPF, tanto en el tramo del 15 por
ciento cedido como en el 15 por ciento participado, convirtiéndose
esa evolución del PIB en la única garantía de recursos que ingresarán
las comunidades autónomas. El Gobierno se ha visto obligado a
rectificar, reconociendo así que ni la cesión de un tramo del IRPF ni
la capacidad normativa iba a permitir a las comunidades la prometida
autonomía y suficiencia financiera.




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El señor PRESIDENTE: Señora Pozuelo, concluya, por favor.




La señora POZUELO MEÑO: Voy concluyendo, señor presidente.

Además, la modificación está recurrida y el Gobierno no podrá
aplicarla si antes no modifica la ley de presupuestos. Es ilegal
porque se ha vulnerado el reglamento de régimen interior del Consejo,
que establece que las convocatorias del orden del día previsto deben
hacerse 72 horas antes y no podrán examinarse asuntos que no figuren
en el mismo. Por otro lado, el artículo 10 de ese reglamento
establece que los acuerdos del Consejo, en las materias que se refieren
al artículo 3 de la Lofca, adoptarán la forma de recomendaciones,
que se elevarán al Gobierno. El incumplimiento de esta norma no es
una mera cuestión formal; consideramos que es una infracción de las
reglas esenciales para formar la voluntad del Consejo y que afectan a
la decisión de examinar el asunto no incluido en el orden del día.

Por tanto, la trascendencia no tiene una mera importancia formal y
vicia la formación de la voluntad del Consejo.

Cuando se aprobó el nuevo sistema de financiación, el Grupo
Parlamentario Socialista denunció que se quebraban los principios
básicos y fundamentales para el desarrollo del Estado de las
autonomías. Se rompía el consenso político institucional, se
vulneraba el principio de solidaridad interterritorial consagrado en
la Constitución y se rompía el principio de igualdad de todos los
españoles ante la ley. Se configuró un sistema de financiación
inseguro jurídicamente, inestable, erróneo y mal construido, porque
no sirve a los principios políticos de cómo debe evolucionar el
Estado de las autonomías (que, les aseguro, nosotros sí compartimos
como propio): autonomía y suficiencia financiera, corresponsabilidad
fiscal y solidaridad interterritorial.

El Gobierno se equivocó. Por muy firmemente que uno crea que tiene la
razón, la razón no le asiste. Ustedes han defendido a ultranza un
sistema de financiación que ha fracasado, por mucho que su ministro
de Administraciones Públicas utilice el eufemismo de decir que no
se ha modificado el método y sólo los mecanismos de solidaridad.

Pero, ¿es que acaso los mecanismos de solidaridad no formaban parte
del mismo sistema?
Señor presidente, termino diciendo que la concordia y la lealtad
institucional que debe presidir siempre, y a pesar de las diferencias
políticas, las relaciones entre el Gobierno de la nación y los
gobiernos de las comunidades autónomas, que también son Estado, no
pueden convivir con la vulneración sistemática de la legalidad vi
gente. Insisto, pedimos al Gobierno algo sencillo y elemental: que
cumpla la ley, que negocie, que acuerde, que no imponga, que no
discrimine y que no castigue, en aras de su razón política, a los
legítimos gobiernos y a más de diez millones de ciudadanos de
Andalucía, de Extremadura y de Castilla-La Mancha.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE : Muchas gracias, señora Pozuelo.

¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición? (Pausa.) Por el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra don
Pedro Antonio Ríos.




El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías, voy a intentar
fijar la posición del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
respecto a una proposición no de ley que a nosotros nos hubiese
gustado que hubiera sido innecesario presentarla, fundamentalmente
por dos cosas: una, porque el Gobierno, a pesar de no tener en el
punto de partida de la legislatura un consenso, un acuerdo entre
todas las formaciones políticas y entre todas las comunidades
autónomas para el modelo de Estado y su financiación, se hubiese
comprometido a un proceso de diálogo y relación permanente con las
fuerzas políticas y las comunidades autónomas que quedaban fuera de
ese sistema; y dos, porque a la hora de actuar no se hubiese
utilizado el ejercicio del poder y el tener un acuerdo como
instrumento de presión en la política diaria sobre cada una de las
comunidades que no han aceptado, utilizando así un resorte que, desde
nuestro punto de vista, puede servir de permanente castigo, diciendo:
no os habéis sumado al acuerdo, tendréis este resultado económico.

Este resultado económico perjudica a las comunidades que no han
aceptado el modelo, no solamente porque de partida les aplican el
modelo anterior, sino porque no hay posibilidad de que en las
comisiones mixtas - en las que participan cada una de las comunidades
autónomas y el Gobierno central-, desde esa situación, en origen, de
no aceptar el modelo, se puedan ir abriendo camino en la nueva
realidad económica del país.

Nosotros no estamos de acuerdo con la utilización del poder como
instrumento de presión y castigo, aunque reconocemos que tampoco es
bueno ejercer la oposición utilizando la trinchera de una
comunidad autónoma. Pero cuando leemos esta proposición no de ley, la
verdad es que no puede ser más sencillo apoyar lo que pide en sus dos
puntos. Se insta al Gobierno a tomar las iniciativas necesarias
para conseguir que se pongan en marcha las comisiones mixtas, se
negocie y determinen, para su posterior aprobación por ley (dice por
ley; vamos a ver, en otros momentos se ha hecho a través de un
decreto), los criterios de financiación de las comunidades autónomas
que no se han sumado al modelo de financiación del quinquenio 1997-
2001. Suponiendo que no hayan aceptado el modelo y que lo hayan
recurrido, lo lógico es que se les aplique el artículo 13 de la
Lofca y se ponga en marcha una negociación entre las comunidades
autónomas y el Gobierno central, porque si no, al final se va a
imponer un criterio, que es lo que viene a denunciar la proposición
no de ley, puesto que el Gobierno, a través del artículo 4 del
Decreto-ley 7 del año 1997 les aplica ya unilateralmente el porcentaje.

Se ha roto una relación equitativa entre tres comunidades
autónomas y el Gobierno central. ¿Es lógico y razonable que sea
así? ¿Se puede decir: yo no apoyo el modelo y además me reservo el
negociar



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las ventajas que me den y no cubrir las desventajas que pueda tener
el propio modelo? Lo cierto es que deberíamos abrir el camino a que
no se entre en un diálogo de sordos institucional. Se puede entrar en
un diálogo y en una confrontación entre fuerzas políticas, se puede
ir a una batalla de intereses a la hora de demostrar cuál es el
mejor camino desde una opción partidaria, pero institucionalmente no
se puede ser tan ciego como para negar la relación, porque el pueblo
andaluz, el extremeño y el de Castilla-La Mancha ha decidido un
Gobierno para administrar su región, y el país en su conjunto ha
elegido unos diputados que a su vez, con un equilibrio de fuerzas,
han elegido a su Gobierno.

La negación de un modelo de Estado, la no definición de unos
criterios en los que se fijen elementos de suficiencia financiera
para todas las comunidades autónomas de manera equiparable y
suficiente provocan que la parte estrecha del embudo sea para unos y
la parte ancha para otros, según unos estén de acuerdo conmigo o
enfrente de mi. Insisto en que eso no entra d entro del mandato
constitucional de la cooperación entre las instituciones para
solventar y solucionar los problemas de los ciudadanos.

La segunda propuesta que hace la proposición no de ley es que en las
entregas a cuenta que se hacen a cada comunidad y en cada mes se
tenga en cuenta est a negociación que se realiza en las comisiones
mixtas; tampoco podemos ir a no aceptar la proposición.

Se han utilizado muchos argumentos cuando hemos discutido sobre el
modelo de financiación, cuando hemos hablado de la suficiencia y de
la autonomía, de la capacidad de corresponsabilidad fiscal y en qué
ejercicio se puede hacer, porque parece que aquí estamos tratando la
capacidad de corresponsabilidad fiscal y lo que en realidad estamos
tratando es la capacidad de reducir y rebajar la presión fiscal. No
hay otra posibilidad de ordenar la figura impositiva.

El argumento que siempre se da cuando hay variables que no se han
tenido en cuenta es, por ejemplo, el de la población, que no sólo
beneficia a Andalucía; la región de Murcia tiene 100.000 habitantes
más y se le están dando servicios por menos de un millón de
habitantes cuando tiene 1.100.000 habitantes; la Comunidad Autónoma
Valenciana tiene más habitantes de los que tenía antes. Estoy de
acuerdo con el argumento de que el criterio de población debe ser
pactado y aceptado por todas las comunidades autónomas, porque unas
quieren compensaciones con otros criterios, como la dispersión o la
insularidad, pero lo que no puede ser es que como no se ha tenido en
cuenta de partida, se aplican sólo unos criterios negociados o
consensuados y se excluye uno y éste que se excluye afecta a las
comunidades que precisamente se pueden quedar fuera del propio
sistema.

No es lógico que estemos utilizando censos de población del año 1988,
reconocidos y publicados en el año 1992, porque se están dando
servicios sanitarios, servicios educativos para una población inferior
a la que tenemos ahora. ¿Qué pasa, que se dan con la misma
cantidad de dinero? Estamos en la teoría del otro
día del señor Rato: más por menos; con menos damos más. Bien, quien
se lo pueda creer que se lo crea, otros no lo creemos; cuando
bebemos vino bebemos vino y cuando bebemos agua bebemos agua.

Por tanto, nosotros vamos a aceptar la propuesta conforme venía en
origen. Se ha presentado una enmienda, y la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista viene a decir: lo que pedimos al Gobierno en
el punto primero es que haga con nosotros lo que ha hecho con todas
las comunidades que se sumaron al a cuerdo. Este modelo ya ha sido
unilateralmente modificado en dos ocasiones entre los que lo
compusieron d entro del Consejo de Política Fiscal y Financiera. La
primera modificación se hace a través de la ley que acompaña a los
presupuestos en el año 1998 y la segunda es para utilizar el
crecimiento del PIB para que ninguna comunidad perciba menos. ¿Y
saben ustedes por qué? Por lo que decíamos en la discusión del nuevo
modelo del IRPF: que éste no iba a ser suficiente para crear mayor
capacidad o mayor autonomía financiera de manera similar y
equiparable para todas las comunidades autónomas, y aquí lo
reconocen. Bueno, pues yo les anuncio que tendrán que echar mano de
otra modificación más. El 15 por ciento era una fórmula de financiación
que incrementaba la autonomía financiera mientras que no era
así en función de las comunidades autónomas que se quedaban
excluidas, porque reciben por participación en los ingresos del
Estado, pero participar en los ingresos del Estado no es incrementar
su autonomía financiera. Las comunidades han sido rechazadas, han
quedado fuera de esa autonomía financiera en condiciones.

Ya l es anuncio que aquel sistema estaba basado no en el 15 por
ciento, sino en el 30 por ciento. ¿Y saben a qué estaba unido el 30
por ciento? A que las comunidades autónomas recibieran todas y cada
una de ellas las competencias de educación. Los que respaldaron la
investidura, el soporte del Gobierno, ya están teorizando y dicen:
bueno, aunque alguna se quede fuera, las que ya lo hayan recibido que
lo puedan empezar a percibir ¿Saben por qué? Porque puede terminar el
período del nuevo modelo de financiación sin que las competencias de
educación estén en manos de todas las comunidades autónomas. Ojo, no
en manos de las comunidades contrarias a lo que es el equilibrio
inicial, no, sino de las comunidades autónomas que incluso apoyaron
el modelo de financiación. Ya puede haber otra modificación en el
tenor de relativizar la exigencia de la competencia de educación.

En suma, si se relativiza para los que apoyaron las condiciones y se
puede modificar, ¿por qué no se puede modificar para las que no se
sumaron a través de una negociación? Porque lo que se quiere aplicar
es el criterio de la ley del embudo: lo que quiero para mí no dejo
que lo consigas tú, y demostrar a esas comunidades lo malos que son
esos gobiernos que están dejando de percibir recursos, dejando de
mejorar servicios por la cabezonería de no aceptar el modelo de
financiación. Yo considero que esa no es una buena relación
institucional basada en la cooperación que mandata la Constitución.

Stricto sensu, nosotros no



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vamos a caer en hacer oposición usando los gobiernos autónomos, pero
alguien tiene que empezar. Llevamos dos años y creo que es tiempo
suficiente para que, partiendo de donde estamos, se empiece a abrir
lo que establece esta proposición no de ley. Espero que como lo que
dice es fácil de aprobar, no es difícil de cumplir por el Gobierno y
no entra en contradicción con lo que tenemos encima, sea aprobada por
unanimidad esta tarde. Si no es así, me imagino que volveremos a la
carga después del verano, cuando discutamos los presupuestos y el
reparto del pastel, y entonces veremos cómo se cobra en este país.

Nada más, señor presidente. Nada más, señorías.




El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Ríos.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora
Montseny.




La señora MONTSENY MASIP: Gracias, señor presidente.




El tema que nos ocupa está muy manido en esta Cámara por cuanto ha
habido sucesivos debates sobre lo que encierra la presente
proposición no de ley, que es analizar otra vez el modelo autonómico,
un modelo que salió aprobado en esta Cámara por un consenso
democrático y firmado, o avalado o sustentado o apoyado por numerosas
fuerzas políticas.

Más que entrar en ese debate político (que, como he dicho, se ha
planteado muchas veces en esta Cámara como consecuencia de la Ley
orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, la reforma de
la Ley de cesión de tributos del Estado a las comunidades
autónomas, en el debate sobre el Estado de las autonomías; en el
Senado ha habido también sendas mociones consecuencia de
interpelaciones urgentes en las que en algunos casos ha habido
unanimidad y en otros se a probó una ponencia para estudiar cuatro
documentos de carácter muy importante), me gustaría poner de
manifiesto que el fondo del tema que nos ocupa es uno solo. En todos
los programas electorales de las distintas fuerzas políticas que
concurrieron a la pasada convocatoria electoral existía el principio
de corresponsabilidad fiscal para llevar a cabo una reforma del
modelo autonómico. En todos.Hay que decir que en el grupo proponente,
que a partir de la iniciativa pretende hoy que se cambie el
porcentaje de participación de las comunidades autónomas en los
ingresos del Estado o el porcentaje y cuantía de las entregas a
cuenta, ni siquiera había unidad de criterio en las distintas
confrontaciones electorales.

En Cataluña, señora Rubiales, el PSC hablaba del 30 por ciento de
corresponsabilidad fiscal (La señora Rubiales Torrejón: Está hablando
de otra cosa.)



El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señora Rubiales, no
dialogue con la señora Montseny.




La señora RUBIALES TORREJÓN: Pero es que no se ha enterado de lo que
estamos hablando.

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señora Rubiales, por
favor, deje que se exprese la señora Montseny.

Cuando quiera.




La señora MONTSENY MASIP: Hablaba del tema del 30 por ciento de
corresponsabilidad fiscal, y se ha hablado aquí de que no había un
modelo claro. Yo tengo que decir que el programa del Gobierno era
claro, que en el debate de investidura el análisis del modelo
autonómico que se quería aplicar era también claro y que, en base a
la claridad de ese programa electoral, en el debate de investidura
el Gobierno asumió un determinado modelo autonómico, que es evidente
que ha incidido en muchos aspectos de nuestra vida parlamentaria,
legislativa y política. (La señora Rubiales Torrejón pronuncia
palabras que no se perciben.) Señora Rubiales, cuando usted habla, no
la interrumpo, aquí no estamos manteniendo un diálogo.

Como ha dicho el señor Ríos, quizá haya que plantearse nuevos diálogos,
porque lo que ustedes hicieron fue plantarse en el parapeto de
no asumir un nuevo modelo autonómico cuando prácticamente se había
alcanzado el consenso para que fuera un acuerdo unánime de todas las
fuerzas políticas. Desgraciadamente, no fue así. ¿Qué han hecho
ustedes en las comunidades donde gobierna el Partido Socialista?
Decir que no asumían ese modelo de financiación. Si no se asume un
modelo de financiación nuevo consensuado en esta Cámara, quiere
decir que se opta por el anterior, y si se opta por el anterior,
señora Rubiales, como mínimo queda un suspenso transitorio por
cuanto que está impugnado ante el Tribunal Constitucional el nuevo
modelo autonómico. Lo que no puede pretenderse, después de ver que no
se ha asumido un nuevo modelo autonómico, que se ha perdido en los
recursos económicos, tal y como avisó el Ministro para las
Administraciones Públicas, es cambiar los porcentajes, los ingresos a
cuenta y variarlo todo porque ven que han cometido un error y además
no quieren entonar el mea culpa, volver a hablar de lo hablado y ver
cómo se puede solucionar este problema, que creo que es en definitiva
lo que hay detrás de toda esta iniciativa.

Los cauces legales para hablar del porcentaje en los ingresos del
Estado y para hablar de la cuantía de las entregas a cuenta de dicha
participación en los ingresos del Estado están solucionados por la
legislación vigente. La legislación vigente se cumple por cuanto el
artículo 13 de la Ley orgánica de Financiación de las Comunidades
Autónomas prevé la forma de llevar a cabo la legislación y los
preceptos aplicables, porque los porcentajes hay que debatirlos en
las comisiones mixtas y hay que plantear propuestas ante el Consejo
de Política Fiscal y Financiera; hay que hablar en los órganos donde
hay que tratar estas cuestiones.

Las comisiones mixtas de las comunidades autónomas son órganos
paritarios en los que está representada la comunidad autónoma y la
Administración del Estado. En las reuniones efectuadas el pasado 30
de enero y 26 de febrero de las comisiones de las comunidades



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autónomas que no se acogieron al nuevo modelo de financiación se
planteó cómo afrontar este debate, y la Administración del Estado
hizo dos propuestas que las comunidades autónomas no aceptaron. Por lo
tanto, en est e momento se está a la espera de nuevas reuniones de
esas comisiones mixtas y a la espera de que las comunidades que no
han aceptado el nuevo modelo de financiación hagan las propuestas
pertinentes. Ese es el cauce legal.

Ustedes han hablado de los impuestos cedidos como, por ejemplo, el
de Sucesiones, que, al ser asumidos por las comunidades autónomas
que sí se acogieron al nuevo modelo de financiación autonómica, han
perjudicado a las comunidades que no se acogieron. A la Comunidad
andaluza le ha representado un perjuicio económico de 224.000
millones de pesetas. Habérselo planteado antes. El consenso estaba
realizado y se dijo públicamente. Lo que pasa es que ustedes, por
razones partidistas, traen a colación aquí, cada vez que ven un
presunto punto donde puede haber polémica, cuestiones relacionadas con
la sanidad, con la Seguridad Social, aunque las listas de espera se
hayan recortado, cuestiones autonómicas. ¿ Por qué no somos todos un
poco más constructivos y miramos al futuro? Yo me acojo a las
palabras de nuestro joven portavoz en el anterior debate cuando ha
dicho que lo que hay que hacer es mirar al futuro con ilusión, con
énfasis y con carácter constructivo.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)



El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Montseny.

Vamos a proceder a la votación de esta proposición no de ley. (El
señor presidente ocupa la Presidencia.)



El señor PRESIDENTE: Votación de la proposición no de ley del Grupo
Socialista, por la que se insta al Gobierno a adoptar las medidas
necesarias a fin de determinar el porcentaje de participación en los
ingresos del Estado de aquellas comunidades autónomas que no han
adoptado el nuevo modelo de financiación establecido para el
quinquenio 1997-2001, en los términos resultantes de la propia
enmienda presentada por el proponente.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
300; a favor, 136; en contra, 160; abstenciones, cuatro.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.




MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES U RGENTES:



- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, PARA CONOCER LOS EFECTOS QUE EL
ACUERDO UNIÓN EUROPEA-EE.UU. SOBRE INVERSIONES
EN PROPIEDADES EXPROPIADAS TENDRÁ SOBRE LAS RELACIONES HISPANO-
CUBANAS Y LAS INVERSIONES ESPAÑOLAS EN LA REPÚBLICA DE CUBA (Número
de expediente 173/000090).




El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día: Mociones
consecuencia de las interpelaciones urgentes debatidas en el Pleno
anterior. En primer lugar, la del Grupo Socialista, para conocer los
efectos que el acuerdo Unión Europea-Estados Unidos sobre inversiones
en propiedades expropiadas tendrá sobre las relaciones hispano-
cubanas y las inversiones españolas en la República de Cuba.

Para su presentación ante el Pleno tiene la palabra, en nombre del
grupo proponente, don Jesús Caldera Sánchez-Capitán.




El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Gracias, señor presidente.

Señorías, la reacción que el pasado miércoles tuvo el señor ministro
de Asuntos Exteriores ante la interpelación del acuerdo de la Unión
Europea y Estados Unidos que afecta a Cuba, perdiendo los estribos,
demuestra de una forma meridianamente clara que esa negociación,
como le recordó el señor Guardans, se ha llevado a espaldas de las
opiniones públicas, pero lo que es más grave aún, a espaldas de los
parlamentos y de las diversas fuerzas políticas. Ello se comprende
cuando se contempla el acuerdo y se puede ver cómo ese ocultismo tapa
el sacrificio de los intereses de España a los intereses
norteamericanos sobre Cuba. Pero no nos extraña al Grupo
Parlamentario Socialista esta actitud, porque no es la primera vez
que ello ocurre. Lo expliqué en la interpelación, el señor Aznar
aceptó ante el vicepresidente americano AlGore los principios de la
Helms-Burton, intentó boicotear la posición común de la Unión Europea
exigiendo mayores garantías para el acuerdo a firmar entre la Unión
Europea y Cuba que otros muchos acuerdos contractuales que ha firmado
este país, y recordé cómo un acreditado instituto, Irela, en el
informe de 13 de diciembre del año 1996, decía que la polémica
creada sobre la posición común se debía a que, en opinión de algunos
Estados miembros, estaba demasiado cercana a la política de Estados
Unidos y a las recomendaciones que hizo Stuart Eizenstat a los países
europeos, posición que defendió el Gobierno español. Y en 1996, el
Grupo Parlamentario Popular nos presentó una proposición no de ley
-que aquí tengo, señorías- donde ni siquiera se condenaban los
efectos de la Ley Helms-Burt on, no se condenaba l a
extraterritorialidad de la misma ni se solicitaba del Gobierno
español su firme oposición en todos los foros internacionales.

Sólo enmiendas posteriores del Grupo de CiU consiguieron que se
incorporara al texto.

El significado de la Ley Helms-Burton es rechazable. Los títulos I y
II, porque quieren determinar cuál ha de ser el modelo político y
social cubano, en una clara injerencia rechazada por el Derecho
internacional y por toda la comunidad internacional. En cuanto a los
títulos III y IV, nadie los acepta, además, nos hemos dotado de
legislación defensiva, tanto en la Unión Europea



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como en España, para responder a esa agresión a los principios del
Derecho internacional público.

Señorías, fíjense ustedes en qué modo presentó el ministro de
Asuntos Exteriores el pasado miércoles - y tengo aquí el «Diario de
Sesiones»- el resultado del a cuerdo entre la Unión Europea y Estados
Unidos. Decía, como un gran éxito, que las inversiones que
hasta ahora han desarrollado los países europeos en Cuba, hasta el 18
de mayo de 1998 - y leo textualmente -, quedan todas legalizadas. Es
decir, que, según el ministro de Asuntos Exteriores, las inversiones
de los inversor es españoles, europeos, canadienses o alemanes no
gozaban de un principio de presunción de legitimidad y legalidad,
según se nos dice en su intervención, y que, a partir de ahora, las
inversiones que se puedan hacer - siempre hablamos en terrenos
expropiados por el régimen castrista- dejan de estar prohibidas. Pero
es que, señorías, nosotros nunca aceptamos esa prohibición. A
nosotros esa legislación nos parece ilegítima y siempre la hemos
rechazado. ¿Qué se consigue con el acuerdo? Con el acuerdo Estados
Unidos consigue, señorías, que a partir de ahora las futuras
inversiones en Cuba se hagan cada vez más difíciles. El informe de
Irela, que también cité en mi anterior intervención, lo determina: A
cambio, Estados Unidos consiguió el compromiso político de la Unión
Europea de fortalecer las disciplinas contra la inversión en
propiedades expropiadas, desincentivar futuras inversiones en Cuba y
presentar una propuesta común para el acuerdo multilateral de
inversiones.

El principal problema, señoras y señores diputados, es que Estados
Unidos no acepta que Cuba tenga derecho a expropiar bienes de
ciudadanos cubanos o ciudadanos extranjeros, pero a otros países Estado
Unidos sí se lo acepta. Es más, hoy, el Derecho internacional,
la comunidad internacional, acepta la vía expropiatoria. Pero voy
más allá, señorías, para que veamos el comportamiento del Gobierno
español . España está aplicando con sus nacionales este criterio que
se le niega a Cuba. Tengo aquí un informe de la asesoría jurídica
del Ministerio de Asuntos Exteriores que, en relación con un caso
de expropiaciones por el Reino de Marruecos a un ciudadano español,
dice: La práctica internacional admite que el importe fijado en cada
caso como indemnización global sea solamente una fracción, y que las
indemnizaciones deben ir acompañadas de una indemnización apropiada
-apropiada- que regula el país que expropia, porque tiene pleno
derecho a ello de acuerdo con la comunidad internacional. Ahora se
nos di ce que han de ponerse de acuerdo ambas partes - es decir, los
Estados Unidos y los países miembros de la Unión Europea- para
determinar cuáles son las expropiaciones ilegales. Pero ¿cuáles son,
señorías? Ninguna, es que no existen. ¿Hemos de pensar, en
consecuencia, que el Gobierno español ha sido tan inteligente como
para conseguir que Estados Unidos sea tan cándido de firmar un
documento mediante el cual renuncia a un punto de vista que ha venido
manteniendo ininterrumpidamente durante 40 años?
Se produce un segundo efecto de este acuerdo. Se crea un registro
internacional determinado, fundamentalmente, de acuerdo con los
criterios de Estados Unidos, donde tendrán que acudir los futuros
inversores que deseen invertir en propiedades que fueron expropiadas
por el régimen castrista. Es decir - me lo comentaba el otro día un
ilustre diputado de esta Cámara -, una especie de NIF mediante el cual
todas las empresas deberán acudir a los Estados Unidos, a este registro
internacional, a retratarse previamente antes de realizar una
inversión. Estados Unidos se niega a firmar tratados de compensación
con Cuba. España, Canadá, Alemania, Francia e Italia, por la senda
del Derecho internacional, firmaron con el actual régimen cubano
tratados que indemnizan a quienes fueron expropiados por el régimen
castrista. Sin embargo, Estados Unidos se opone. Este acuerdo,
señorías, contradice la posición común de la Unión Europea, porque
entraña elementos de coerción. La misma Unión Europea reconoce que
Cuba está haciendo progresos, de a cuerdo con su posición común. El
Consejo admite evoluciones positivas de la posición cubana, incluida
la liberación de presos políticos. ¿Qué es pues lo que deseamos?
¿Impedir en Cuba una transición pacífica, una transición que permita
alcanzar el bienestar que todos deseamos para el pueblo cubano? Con
este tipo de acuerdos, sí, porque aquí hay un problema básico. El
señor Brittan, en nombre de la Comisión, ha remitido una carta al
señor Clinton reconociendo - en nombre de la Comisión, repito- los
principios de la Ley Helms-Burton. ¿Y cómo contestan los gobiernos
de la Unión Europea, entre ellos el español? Haciendo una declaración
unilateral, que todos sabemos lo que significa en el Derecho
internacional público. Por si las señorías del Grupo Parlamentario
Popular no lo saben, les recuerdo que el j efe de la asesoría
jurídica del Ministerio de Asuntos Exteriores explica en diversas
publicaciones que las declaraciones unilaterales no pueden nunca
producir obligaciones para terceros y que, en consecuencia, se basan
en el principio de la buena fe. ¿Esto es todo lo que ha conseguido la
Unión Europea, y entre sus gobiernos el de España, en este a cuerdo?
Esto es lo que hemos conseguido.

Señorías, acabo. No hay por donde cogerlo. Perviven los títulos I y
II de esta norma. Damos una señal al resto de la comunidad
internacional deplorable en el sentido de que intentamos protegernos de
los títulos III y IV de la Ley Helms-Burton sólo para el espacio
geográfico de la Unión Europea y no para el resto del mundo. Y, por
si fuera poco, decidimos incorporar estas cláusulas al acuerdo
multilateral de inversiones, es decir, generalizamos un acuerdo
gravoso que afecta a la soberanía exterior, en este caso del Reino de
España, y que va a perjudicar notablemente nuestras relaciones con el
Gobierno y la República de Cuba.

Por último, voy a darles un argumento que tomo p restado del señor
Navas, representante de Izquierda Unida. Fue extraordiaria su
exposición el día de la interpelación cuando dijo: Antes de este
acuerdo la Unión Europea, por las normas de retorsión que tenemos
establecidas, podía sancionar a los ciudadanos que



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cumplieran la Ley Helms-Burton, señorías. Les sancionábamos porque
rechazamos esa pieza en el Derecho internacional. A partir de ahora,
señoras y señores diputados, lo que va a hacer la Unión Europea va a
ser sancionar a quienes no la cumplan. Fíjense qué cambio más
trascendental se opera con est e acuerdo entre la Unión Europea y los
Estados Unidos.

Quiero ofrecer, señorías, al conjunto de la Cámara una propuesta
de enmienda transaccional que recoge la enmienda presentada por el
señor Rodríguez, en nombre del Grupo Mixto, enmiendas presentadas
por Izquierda Unida y el espíritu de una parte de las enmiendas
presentadas por el Grupo Parlamentario Popular y por el Grupo de
Convergència i Unió, no todas ellas, porque no condenan rotundamente
este a cuerdo, no solicitan su no incorporación al acuerdo
multilateral de inversiones ni piden a la Cámara que a su vez
recomienden al Gobierno la denuncia del mismo por ser claramente
perjudicial para los intereses españoles.




El pasado miércoles nos opusimos t oda la Cámara, salvo el Grupo
Popular, a este acuerdo; hoy, a la hora de votar puede ser distinto.

No duden que se deberá a las presiones que desde el Gobierno se están
desarrollando sobre determinados grupos parlamentarios, pero la
expresión política, el convencimiento ético del rechazo a este
acuerdo se manifestó en esta Cámara, señorías, el miércoles pasado.




El señor PRESIDENTE: Concluya, señor Caldera, por favor.




El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Acabo, señor presidente.

Lo manifestamos portavoces de grupos parlamentarios entre todos los
cuales sumamos muchos más millones de votos que los del Grupo
Parlamentario Popular y representamos una parte, en este caso
mayoritaria, de la voluntad popular.

Este acuerdo perjudica a España, señorías. No queremos sólo la derrota
del Gobierno, no nos mueve ese afán. Nos mueve la necesidad
imperiosa de denunciar un acuerdo lesivo para los intereses de
España, que deja a la Unión Europea al pairo en la comunidad
internacional y que acepta una norma que todos hemos rechazado y que
lo seguiremos haciendo, estoy convencido, en esta Cámara, como es la
Ley Helms-Burton, inaceptable en lo político, en lo económico y en
lo moral. Voten ustedes esta moción y así ayudaremos al Gobierno
español a que lo expulse definitivamente del Derecho internacional.

Muchas gracias. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Caldera.

A la moción del Grupo Socialista se han presentado enmiendas por el
Grupo de Izquierda Unida, por el Grupo Mixto, por el Grupo de
Convergència i Unió y por el Grupo Popular.

Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Navas.

El señor NAVAS AMORES: Gracias, señor presidente.

Señorías, el debate de la semana pasada dejó claro al Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, entre otras cuestiones, que
el acuerdo alcanzado sobre la Ley Helms-Burton es un acuerdo sobre
una ley que vulnera el Derecho internacional; que cambia radical
mente la postura anterior que mantenía la Unión Europea sobre la
aplicación de est a ley; que a su vez sitúa a España en una
situación muy delicada, por cuanto que nosotros mantenemos acuerdos
que vinculan jurídicamente a nuestro país con la falta de exigencias
de responsabilidades y exigencias de compensación por expropiaciones
que haya hecho el Gobierno cubano sobre propiedades antiguamente
españolas; que est e acuerdo supone implícitamente un reconocimiento
de legitimidad de la Ley Helms-Burton, porque al final se ha
planteado una negociación sobre sus principios, sobre su contenido, y
lógicamente el resultado ha sido la aplicación matizada de la parte
fundamental, de la parte troncal de la Ley Hemls-Burton; que supone
un paso atrás en la recuperación de nuestras relaciones con Cuba,
después de todo el tránsito pasado durante largos meses y que
empezaba a ver la luz al final de este oscuro túnel; y que asentamos
un principio insolidario en la Unión Europea de sálvese quien pueda,
que nosotros intentaremos negociar aquellas leyes que incluso dentro
del marco del Derecho internacional son claramente ilegal es, y
que nos las apliquen levemente, mientras que al resto de la
colectividad internacional se las apliquen con total contundencia.

Nuestro grupo ha presentado una serie de enmiendas que coinciden
totalmente con la propuesta de moción presentada por el Grupo
Socialista, intentando mejorarla y complementarla en la línea que he
expuesto de las conclusiones que nuestro grupo considera que quedaron
perfectamente asentadas a lo largo del debate de la semana anterior.

En el punto 1 resaltamos la relevancia que tiene para España el
acuerdo relativo a las indemnizaciones por los bienes españoles
afectados por las leyes, disposiciones y medidas dictaminadas por el
Gobierno de Cuba a partir del 1 de enero de 1959, que se publicó en
el Boletín Oficial del Estado de 18 de marzo de 1988; a cuerdo por el
que renunciamos a cualquier conflicto relacionado con las
expropiaciones efectuadas por Cuba a bienes españoles y que vincula
jurídicamente, como digo, a nuestro país. En el punto 2 queremos
que la exigencia a Estados Unidos para que ponga fin inmediato al
embargo a Cuba no sólo tenga el marco de la Agenda transatlántica,
sino que abarque cualquier diálogo que la Unión Europea mantenga con
Estados Unidos. Y no olvidemos que lo que estamos pidiendo es que se
actúe en concordancia con resoluciones aprobadas por la Asamblea
General de las Naciones Unidas. Respecto al punto 3, en concordancia
con el fondo del a cuerdo alcanzado por la Unión Europea con Estados
Unidos, que no es otro que el que afecta a las inversiones de los
países miembros en Cuba, creemos que la eliminación de la referencia
al régimen de propiedad hace de éste un punto más coherente.




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En el punto 4 proponemos que las cláusulas que hacen referencia a
protección de inversiones del acuerdo no se incorporen a ningún
acuerdo multilateral, porque, tal como recoge la moción presentada
por el Grupo Socialista, no obligan a España. Sí que hacemos una
referencia especial al acuerdo multilateral de inversiones, pues
queremos que el Parlamento participe y decida sobre cualquier inclusión,
parcial o total, del a cuerdo alcanzado entre la Unión Europea y
Estados Unidos. Incorporamos tres puntos nuevos al acuerdo, pero
reitero que son perfectamente encuadrables en las conclusiones del
debate de la semana anterior. En el contenido del punto 5 deberíamos
estar todos de acuerdo: la defensa de las inversiones actuales y
futuras en Cuba. Para ello proponemos la tramitación parlamentaria
del proyecto de ley sobre sanciones aplicables a las infracciones de
las normas establecidas en el Reglamento 2771/96 de la Comunidad
Europea, relativo a la protección frente a la aplicación
extraterritorial de la legislación de un país tercero, ahora en
tramitación en el Senado. En el punto 6 cumplimos con la necesidad de
dejar constancia de nuestro rechazo a toda amenaza o intimidación a
las inversiones españolas en el exterior por parte de una autoridad
o Estado extranjero, cualquiera que sea su fundamento. El punto 7,
también nuevo, es una llamada a la transparencia en la negociación
de estos acuerdos, para los que esta Cámara, como todos vemos, es muy
sensible, por la importancia y relevancia que tiene su contenido.

Por todo esto, solicitamos al Gobierno que informe a la Cámara de
cualquier negociación que realice con Estados Unidos sobre
protección de inversiones. Incorporamos, como no podía ser de otra
forma, la finalización del texto de la moción del Grupo Socialista
como punto 8, porque entendemos que tiene la suficiente relevancia
para ser considerado como uno de los puntos en que se inste al
Gobierno a la denuncia inmediata y unilateral del contenido de est
e acuerdo, como dice el texto.

Hemos intentado hacer un resumen de las coincidencias que expresamos
la semana pasada todos los portavoces de los grupos parlamentarios,
todos, salvo el Grupo Popular, ya que ninguno de estos puntos se
puede extraer de la sensibilidad mayoritaria de la Cámara.

Respetando las aportaciones que se hacen en la enmienda de
Convergència i Unió, en los tres puntos - en el primero de los cuales
se insta al Gobierno a proteger y a apoyar las inversiones
españolas en el exterior, dentro del marco legal español y del Derecho
Internacional; en el segundo se propone rechazar las amenazas a las
inversiones en el exterior, también incorporado en las enmiendas de
Izquierda Unida, y en el tercero se propone que estos dos principios
anteriores se apliquen en el futuro acuerdo multilateral de
inversiones -, no podemos sentirnos satisfechos con esa propuesta.




El señor PRESIDENTE : Señor Navas, vaya concluyendo, por
favor.




El señor NAVAS AMORES: Ya termino, señor presidente.

No podemos porque no entra, como digo, en el fondo del debate, que es
el acuerdo de la Unión Europea con Estados Unidos, que en casi
ninguno de sus párrafos se nombra. Habla de generalidades aplicables
al conjunto de nuestra política exterior, y podríamos
incorporar estos puntos en cualquier debate en que hablásemos de la
necesidad de proteger nuestras inversiones en el exterior.

Por lo tanto, considero que, con las enmiendas del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, la propia propuesta del
Grupo Socialista y en sintonía, porque no las contradecimos en
ningún momento, con las aportadas por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) y el resto de los grupos, éste puede ser un
momento importante en cuanto a reforzar l a legitimidad de la
política exterior española y de la política comercial con Cuba,
afirmar y dejar bien sentado que rechazamos la aplicación de leyes
que, como la Ley Helms-Burton, pretenden obligar al resto de los
países a aplicar criterios totalmente particulares y parciales en
nuestras relaciones comerciales con el exterior. También podría ser
una llamada de atención al Gobierno en el sentido de que el camino
emprendido en la mejora de nuestras relaciones políticas, comerciales
y de todo tipo con Cuba, sea una realidad más que un mero amago.

Muchas gracias, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Navas.

El Grupo Parlamentario Mixto también ha presentado enmiendas,
firmadas por el señor Rodríguez, que tiene la palabra para su
defensa.




El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, en algunas ocasiones el Bloque Nacionalista Galego ha
denunciado desde esta tribuna la tendencia que hubo en la historia a
imponer por la fuerza y de manera unilateral los caprichos, las
decisiones o las voluntades de una parte contra otra. Eran los
célebres imperios tradicional es. Igualmente hemos alertado de que
sobre este momento histórico, encubiertos en derecho
y multilateralidad, se estaba aplicando el principio de la fuerza.

Semejante dosis de cinismo no puede ocultar que se trata de
injerencia, de agresión, de atentado a un derecho internacional que
el derecho humanista, es decir, el derecho de la libertad, la
igualdad y la fraternidad ha ido plasmando en el último siglo y
medio a través de un proceso de descolonización.

Cuando se hace un uso discrecional y arbitrario de este supuesto
derecho internacional, y si es dictado por la defensa de los derechos
humanos pero a capricho y administración de un líder político único,
entramos en una dialéctica política internacional infernal. Sus
señorías recordarán cómo pasamos de la acción de fuerza unilateral
- los nombres de Granada, o de Panamá, o la propia Cuba son
elocuentes- a los nombres de Irak, Irán o Libia. Pero Cuba es un caso
paradigmático porque también se situó en el inicio de la fuerza
unilateral,



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del imperio, y asimismo está situada en este proceso de encubrimiento
por el derecho y la multilateralidad. Todavía es más grave si este
proceso se da a través de un salto amparado por el AMI, acuerdo
multilateral de inversiones, que sabemos que son intereses
encubiertos de fraseología del Derecho.

Señorías, en este proceso globalizador, las multinacionales, que no
el poder político directamente, están efectivamente empeñadas en que
pueden actuar sin limitaciones y sin control alguno del poder político.

Inversiones directas sin limitación alguna, derecho de pernada,
inviavilizar medidas expropiadoras, precisamente sobre sus
inversiones, garantizar compensaciones a precio de mercado en toda
parte y, en todo caso, el dominio de lo peor de la economía sobre la
política, que es la peor de las políticas que puede existir. Deben
saber SS.SS. que los 25 Estados más desarrollados de la OCDE están
dispuestos a hacer una propuesta y aprobarla en la OCM que va a
legalizar y legitimar este a cuerdo multilateral de inversiones.

Precisamente cuando el acuerdo entre la Unión Europea y Estados
Unidos hace alguna alusión a este acuerdo de las multinacionales
estamos situándonos en un nuevo hito de esta justificación de la
guerra justa que pasa por el bloqueo, por el embargo, por la agresión
y la guerra, recubiertos de neutralidad técnica, de legitimidad
legalista, de actuación en nombre de un bien superior que no
alcanzamos ni acertamos a explicarnos. Y, en todo caso, convirtiendo
en chivos expiatorios de laboratorio a conejos de indias que tienen
nombres significativos, entre ellos el de Cuba. Antes había
actuaciones unilaterales del imperio: Ley Helms Burton, Ley D'Amat o,
Ley Iran Oil Sanctions Act , que también podría afectar a Libia. Hoy,
un club restringido, frente a la ONU, que es realmente la verdadera
plata forma internacional, está dispuesto a decidir la política que
se debe aplicar a nivel internacional.

Como Bloque Nacionalista Galego, celebro que el grupo proponente de
la moción haya acertado a situar, en sus puntos 3, 4 y en la
declaración final, que aún hay y debe haber competencias del Estado,
de cada Estado, en materia de propiedad e inversiones, porque es la
única garantía de conseguir que las cosas se hagan de abajo arriba y
de tener una concepción de la Unión Europea que no sea puramente
imperial ni puramente centralista, o contraria a la voluntad de los
pueblos y al control democrático de los mismos.

Hemos presentado por eso una pequeñísima enmienda, para garantizar
que este Congreso de los Diputados sea informado debidamente del
alcance del AMI, puesto que no es posible que un organismo, una
institución como la nuestra, de representación popular, esté sin
información, sin debate y sin control ante algo que va a ser aprobado
presumiblemente en octubre.

Por fin, como Bloque Nacionalista Galego, queríamos hacer una reflexión.

Hay que tener sensibilidad por los intereses españoles en
Cuba, hay que tener sensibilidad por esa nación hermana, a la que
nos unen tantos lazos históricos de todo tipo, pero es la misma
sensibilidad que debe tener el mundo árabe, el mundo islámico, el
mundo musulmán, por Libia, Irán o Iraq, y
el mismo que debe tener nuestro país por las inversiones y los
intereses en ese país y por la suerte futura de esos pueblos. ¿No es
más lógica una denuncia en la ONU para que no se convierta la
política internacional en una emisión de certificado de buena
conducta que no hacerlo a través de un club de selectos que imponen
el orden internacional y sus intereses?
Señorías, porque consideramos que el mundo es plural, diverso y
complejo, que hay que habituarse a todo est o, que todos tenemos
derecho a l a existencia y a decidir nuestro futuro en paz, vamos a
votar favorablemente esta moción que presenta el Grupo Socialista.

Todo es censurable, todo es discutible, pero el organismo donde se
debe hacer es en la ONU, que es del que nos hemos dotado todos para
tener los debates y las resoluciones respectivas. Nada que conduzca
a otra visión del orden internacional es aceptable desde el punto
de vista del Bloque Nacionalista Galego.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Martínez Casañ.

(Pausa.) Señor Guardans, su enmienda es posterior a la del Grupo Popular
y, en consecuencia, la defenderá S.S. después de la del Grupo
Popular.

Adelante.




El señor MARTÍNEZ CASAÑ: Gracias, señor presidente.

Señorías, subo de nuevo a esta tribuna para fijar la posición de mi
grupo en relación a la moción presentada por el Grupo Socialista,
consecuencia de la interpelación urgente, para conocer los efectos
que el acuerdo de la Unión Europea y los Estados Unidos sobre
inversiones en propiedades expropiadas tendrá sobre las relaciones
hispanocubanas y las inversiones españolas en la República de Cuba.

Me remito a mi intervención de la semana pasada con motivo del
trámite parlamentario de la interpelación, en la que expresé el
apoyo de mi grupo parlamentario al acuerdo suscrito por el ministro
de Asuntos Exteriores en representación del Estado español. Y lo
hicimos porque creemos que mejora la situación de las empresas
españolas, rechaza el unilateralismo y la retroactividad en la
aplicación efectiva de las leyes americanas con carácter
extraterritorial, que disuaden a los inversores, y porque abre un
marco que permitirá, si las autoridades norteamericanas cumplen con
los a cuerdos, que en un plazo razonable de tiempo se llegue a una
solución definitiva.

Respecto al párrafo 1 de la moción, les tengo que confesar que me
parece innecesario, toda vez que los compromisos de diversa índole
están plenamente respetados. A nivel europeo, puesto que el acuerdo
concluido por la Unión Europea ha sido suscrito por sus quince
países miembros; a nivel español, porque se trata de un acuerdo
político y no jurídico y no prejuzga, por tanto, los convenios
anteriormente suscritos entre España y Cuba; a nivel internacional,
porque en el texto no hay nada que vaya en contra de los tratados



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internacionales, sino todo lo contrario, el más estricto
sometimiento al Derecho internacional y a los acuerdos
internacionales.

El párrafo 2 creo que constituye una mera redundancia de la
declaración unilateral de la Unión Europea, que establece asimismo
en su párrafo segundo su más profunda condena y oposición al embargo
y a la legislación extraterritorial. Por lo que se refiere al número
3 de la moción socialista, he de decir que el artículo 222 del
Tratado de la Unión Europea establece, con una claridad meridiana y
lejos de toda duda razonable, que los temas relativos a la propiedad
no son competencia de la Comunidad Europea, sino de los Estados
miembros, y por ello tampoco son competencia de la Unión, que carece
incluso de personalidad jurídica internacional. Por eso, señorías,
tal y como afirmé la semana pasada en mi intervención ante esta
Cámara, el párrafo que habla de las disciplinas requiere el acuerdo
de todos y cada uno de los Estados implicados para la declaración de
ilegalidad en la expropiación de una propiedad en concreto.

En relación con el número 4, como se desprende del número 1,
introductorio de las disciplinas, se expresa la voluntad de llevar el
presente acuerdo al marco del a cuerdo multilateral de inversiones. Un
acuerdo, señorías, de naturaleza multilateral, y no bilateral, en el
que l os distintos países que lo deseen tendrán la posibilidad de
aportar modificaciones, tanto de orden jurídico como técnico, en el
trámite de negociación. Y lógicamente, señorías, el acuerdo se verá
enriquecido en los términos en que, debido a su naturaleza
multilateral, sea aceptable para todos los países que lo suscriban y
ratifiquen.

Señor presidente, señorías, después de todo lo dicho comprenderán que
ni yo mismo ni mi grupo político podamos aceptar el último párrafo
de la moción, en el que se recomienda al Gobierno la denuncia
inmediata y unilateral del acuerdo por ser inaceptables los
contenidos del mismo. Ya en el trámite de la interpelación y a pesar
de lo que se ha dicho esta tarde, el Grupo Popular, mayoritario en
esta Cámara, como expresión de la soberanía popular, apoyó el acuerdo
y algún otro grupo se quedó en una duda razonable.

Afirmamos rotundamente que el acuerdo es positivo, que supone un
claro avance en esta política de pasos para las empresas, para las
relaciones políticas y económicas entre España y Cuba, para la
Unión Europea y Cuba, tal como se desprende de la reacción cubana y
su valoración, y para las relaciones políticas y económicas con los
Estados Unidos de América. Por todo ello, señorías, el Gobierno de
España, junto con los otros 14 gobiernos de la Unión Europea, lo ha
suscrito.

Me parece interesante recordar que en su día impulsamos y apoyamos la
posición común europea hacía Cuba, en contra del embargo, liderada
por nuestro Gobierno y a la que los grupos de la oposición, que
ahora la invocan, en aquel momento se opusieron con pasión y la
tildaron de intolerable. Sin embargo, señorías, puedo entender que
dos declaraciones de principio y dos documentos de entendimiento,
junto con dos declaraciones unilaterales, documentos todos que forman
parte del mismo acuerdo, resulten difíciles de analizar y valorar
y puedan conducir a conclusiones erróneas a quienes participamos,
todos, del mismo deseo de acabar con las disposiciones
extraterritoriales, de proteger a nuestros inversores y de ayudar al
pueblo cubano en su transición a la democracia.

Con este propósito el Grupo Popular ha presentado la enmienda de
sustitución que todos ustedes conocen y que espero que cuente con el
apoyo de los demás grupos.

Gracias, señorías. Gracias, señor presidente.




El señor PRESIDENTE : Gracias, señor Martínez Casañ.

La última enmienda presentada fue la del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), para cuya defensa tiene la palabra el señor
Guardans i Cambó.




El señor GUARDANS I CAMBÓ: Muchas gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, querría empezar est a intervención
felicitando al Grupo Socialista por la iniciativa que ha provocado
este debate (Un señor diputado: ¡Vótala! ). Creo que, con
independencia del resultado de la votación que pueda producirse hoy,
es no sólo positivo sino muy útil que una interpelación como la
presentada nos haya permitido un doble debate sobre esta cuestión.

Dije en la intervención que t uve con motivo de la interpelación de
la semana pasada que la crítica que nuestro grupo formulaba a este
acuerdo era doble, una de contenido, de fondo, y otra de forma, sobre
las vías por las que había sido negociado, el secretismo, la
clandestinidad con la que se había llevado a cabo esta negociación.

El hecho de que, primero, en la Comisión Mixta para Asuntos de la
Unión Europea, y segundo, por iniciativa del Grupo Socialista en el
Pleno, haya habido dos debates consecutivos sobre este texto y se
haya pedido - me atrevo a decir obligado- al Gobierno que dé
explicaciones públicas sobre por qué, para qué y con qué sentido y
alcance se había firmado este acuerdo, ya de por sí nos parece
absolutamente positivo.

No tiene ningún sentido, señorías, que un mismo texto, ni en el
ámbito mercantil ni en el político, un mismo contrato, un mismo
acuerdo, llámesele o no jurídico, un texto que firman dos partes, sea
leído e interpretado de forma diametralmente opuesta por las dos
partes que lo suscriben. Esa es exactamente l a situación con la que
nos encontramos en este acuerdo entre la Unión Europea y Estados
Unidos. Por tanto, en el mejor de los casos, estamos ante un texto
profundamente confuso, caótico, que tiene el riesgo, sigue
teniéndolo, de crear una grave inseguridad en las inversiones, en la
medida en que, en el mejor de los casos, admite interpretaciones
absolutamente contradictorias, interpretaciones que se resumen en la
interpretación norteamericana de decir: señores, hemos logrado
nuestro objetivo, hemos conseguido imponer la Ley HelmsBurton, y la
interpretación que nos expuso el ministro de Asuntos Exteriores de
España, diciendo: no se preocupen, este texto en el fondo no vale
nada. No sabemos



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muy bien a qué viene tanta alarma, señoras y señores diputados,
puesto que al fin y al cabo esto no es más que un acuerdo político,
es un acuerdo que no va más allá, es un acuerdo cuya eficacia
práctica sólo dependerá de lo que decida esta Cámara.

Este portavoz, en los dos debates que han precedido a éste de hoy, ya
ha dejado clara la que era y es su lectura de este acuerdo, pero está
obligado a respetar la lectura que establece el ministro, que no es
obvia, que es más que dudosa, pero que en todo caso es posible de
entre las distintas lecturas que del texto se deducen. ¿Cuál es la
lectura de est e texto que nos ofrece el Gobierno? Que tiene un
contenido político, por tanto jurídicamente no vinculante. No se
deduce directamente del texto, pero es posible interpretarlo así. Que
España seguirá teniendo en adelante la posibilidad de decidir qué es
y qué no es ilegal respecto de las inversiones españolas, entre otras
cosas porque la Unión Europea no tiene competencias para firmar. Si
no tiene competencias para firmarlo, no entendemos por qué se le ha
permitido firmar, pero efectivamente es cierto que cabe esa
interpretación. Y que el Reino de España, por decirlo con palabras
solemnes, se comprometerá a seguir protegiendo las inversiones
españolas, por lo que nada ha cambiado.

Mi grupo pretendía dejar claro todo lo que precede en la enmienda que
ha presentado a la moción del Grupo Socialista. Con independencia
del resultado final, quiero detallar exactamente qué es lo que mi
grupo ha traído a esta Cámara, cuál es la posición de n uestro grupo.

Lo ha pretendido dejando claro, primero, que nuestras críticas no son
al diálogo trasatlántico como tal; no hay ningún obstáculo, ninguna
crítica a formular al diálogo trasatlántico entre la Unión Europea
y los Estados Unidos. Sí a su materialización en este caso. Segundo,
hemos querido que esta Cámara pudiera volver a dejar claro una vez
más el firme rechazo a la coerción exterior sobre el pueblo cubano, a
pretender que se ayuda de alguna manera a la transición a Cuba
incrementando las dificultades económicas del pueblo cubano.

Finalmente, mi grupo pretendía que esta Cámara votara un texto
claro, en el que se instara, formalmente y de forma muy contundente,
al Gobierno a seguir protegiendo y prestando el más pleno apoyo a
todas las inversiones españolas en el exterior, presentes o futuras,
sin discriminación de ninguna clase, sin otro límite que la
legislación española y el Derecho internacional, tal como viene
siendo interpretado hasta el día de hoy, teniendo en cuenta que la
protección de las inversiones es competencia de la soberanía
española. Esto no es papel mojado, no hace referencia a cualquier
texto; esto es todo lo contrario de una de las interpretaciones que
se están dando a este texto.

Mi grupo pretendía que se rechazara toda amenaza o intimidación de
las inversiones españolas en el exterior por parte de una autoridad o
Estado extranjero. Mi grupo pretendía y pretende que el Gobierno
asumiera el compromiso de defender estos principios - no injerencia
de Estados extranjeros, protección siempre de las inversiones
españolas- en las negociaciones del acuerdo multilateral de
inversiones, sobre el que espero
que tengamos nuevas ocasiones de debatir en esta Cámara. Por
tanto, queda clara cuál es la posición del Grupo Parlamentario
Catalán sobre esta cuestión. No hay, no ha habido el más mínimo
cambio sobre este tema; esta es nuestra posición. El acuerdo es malo,
el a cuerdo permite interpretaciones confusas, el acuerdo puede ser
perjudicial, con una de las interpretaciones posibles, para las
inversiones españolas. Pedíamos que el Congreso de los Diputados
fijara esa posición. Lamentablemente, una vez más - y me recuerda
mucho el primer debate que hubo en esta Cámara sobre la Ley Helms-
Burton-, el Grupo Parlamentario Socialista sólo sabe ganar por 10 a
cero. Si no gana por 10 a cero no obtiene su satisfacción. En
política es legítimo que así sea, pero los ciudadanos lo deben
saber.

El Grupo Parlamentario Socialista, al no aceptar esta enmienda y al
imponer además partes de otras enmiendas que nos impiden l a votación
parcial de su texto, nos hace imposible aceptar posiciones
maximalistas, que difícilmente podrían ser impuestas al Gobierno, en la
medida en que van más allá, incluso, de lo que ha sido nuestra
crítica. No compartimos el cien por cien de la moción socialista,
no aceptaremos el discurso de que no la podemos votar sencillamente
por presiones. Hay afirmaciones en est e texto que plantea el Grupo
Socialista que no compartimos, porque creemos que no se puede exigir
una renegociación de la forma en que aquí se plantea; no es esa la
forma. Compartimos con el Grupo Socialista y con casi todos los
grupos de la Cámara el diagnóstico; no compartimos la solución que
para ese diagnóstico se propone. Por tanto, lo lamentamos. No podemos
votar a favor del texto que se va a someter a votación
sencillamente porque el Grupo Socialista -insisto- ha pretendido
maximalismo, ha pretendido radicalismo. Entiendo que eso es posible
que le dé determinados réditos. No lo discuto. Cada grupo es dueño
de sus propias estrategias políticas. Pero, señor Caldera, desde el
radicalismo, desde el maximalismo nunca obtendrá el consenso. Y el
consenso es la oportunidad que ha perdido aquí esta tarde.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guardans.

Señor Caldera, ¿desea fijar posición sobre alguna de las enmiendas
que se le han presentado, aunque ya anticipó la transaccional?
¿Desea volver a intervenir, en definitiva, o no hace falta? (Pausa.)



El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Sí, señor presidente.

Sólo deseo decir que el texto transaccional que he ofrecido a S.S. es
el resultado del conjunto de enmiendas que han presentado en el
registro Izquierda Unida y el Grupo Mixto y que recoge la parte
aceptable de las enmiendas que ha defendido el señor Guardans.

No me ha movido radicalidad alguna, sino puro espíritu de coherencia.

¿Cómo aceptar - y acabo, señor p residente- el punto primero de la
enmienda defendida por el señor Guardans, que propone a la Cámaraque
digamos que el Congreso de los Diputados valora



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positivamente el entendimiento sobre disciplina para reforzar la
protección de inversiones que han firmado Estados Unidos y la Unión
Europea? Los saltos en el vacío y las distancias entre los discursos
tienen que justificarse de algún modo y lamento que haya sido
acusándome de radical. Lo que he pretendido es defender los intereses
de la soberanía exterior española.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Caldera.

Terminado el debate entre el proponente y los enmendantes, hay dos
grupos parlamentarios que no han intervenido: el Grupo Canario, que
no lo desea hacer, y el Grupo Vasco (PNV), cuyo portavoz en esta
materia, el señor Caballero, tiene la palabra.




El señor CABALLERO BASÁÑEZ: Gracias, señor presidente.

Voy a ser muy breve al fijar la postura de nuestro grupo ante esta
moción.

En primer lugar, la moción que estamos debatiendo, a nuestro juicio
debería distinguir entre los efectos del a cuerdo de la Unión Europea
y Estados Unidos y las acciones de cooperación provenientes de
tratados internacionales firmados entre el Estado español y Cuba. En
ambos casos, el Estado debería garantizar que se cumplan los
compromisos adquiridos, en especial todos aquellos que afectan a la
ayuda humanitaria y a los proyectos de desarrollo industrial,
infraestructuras, mejora de la producción agrícola, etcétera.

En relación con las inversiones sobre propiedades expropiadas,
entendemos que el Estado y la Unión Europea deben garantizar una
indemnización justa al propietario, suficientemente acreditado por
parte del Gobierno de Cuba. A partir de ahí, el Gobierno cubano y el
Estado cooperante actuarán como con cualquier otra propiedad estatal o
privada a la hora de plantearse proyectos de inversión. No debemos
olvidar que Estados Unidos no ha reconocido nunca procesos
indemnizatorios que, por otra parte, nunca se ha atrevido a llevar
a los tribunales internacionales. Cada Estado europeo ha negociado
con Cuba en relación con los ciudadanos afectados y en el caso del
Estado español el tema no está cerrado, pero no ha supuesto un
problema para el establecimiento de relaciones bilaterales de
desarrollo y cooperación.

Estados Unidos ha utilizado siempre la no negociación de
indemnizaciones porque no reconoce al régimen cubano sus actos y
porque su posición se deriva de la posición general del bloqueo al
régimen de Castro, pero no debemos olvidar que gran parte de las
expropiaciones real izadas a los llamados ciudadanos americanos en
Cuba son sobre propiedades que pertenecieron a grupos mafiosos. El
ejemplo más claro es el Hotel Nacional en La Habana, La Floridita, La
bodeguita de en medio, etcétera, creados todos ellos en plena época
de la prohibición del alcohol en los Estados Unidos de América.

En segundo lugar, el acuerdo Unión Europea-Estados Unidos, que
desvincula a la Unión Europea del cumplimiento de la Ley Helms-
Burton, impide las sanciones
en ella contempladas a los ciudadanos europeos inversores y ha
dejado como coletilla, fruto de un pacto o mal menor, el tema de
evitar actuar sobre propiedades expropiadas. En este caso, bien es
verdad que la Unión Europea se ha arrogado facultades excesivas, ya
que en l a actualidad ese asunto lo tratan individualmente
algunos de los Estados miembros, como es el caso del Reino de España.

El aspecto político más relevante radica en que el Estado español
debe presionar a la Unión Europea para que no acuerde temas que
afectan a sus propias negociaciones y a actuaciones de los ciudadanos
inversores y, además, para que sea la Unión Europea la que asuma esta
negociación sobre expropiaciones e indemnizaciones como garantía de
las actuaciones de los ciudadanos europeos que invierten y cooperan
en Cuba. Siempre hemos mantenido que l a Unión Europea debe llevar
una política propia con Cuba, pero España forma parte de la Unión
Europea y no nos olvidemos que los acuerdos que toma la Unión Europea
se hacen con el beneplácito del Gobierno español. Por tanto, éste
tiene que tener bien claro si quiere negociar o relacionarse con Cuba
solo o de la mano de Estados Unidos.

Nuestro criterio en estos momentos es apoyar la moción, pero dejando
muy clara cuál ha sido la posición del Grupo Vasco en relación con la
defensa de las relaciones con Cuba desde la Unión Europea en plena
autonomía, empujando al Gobierno español a apoyar el desarrollo del
pueblo cubano y a no interrumpir la cooperación.




El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Caballero.




El señor CABALLERO BASAÑEZ: Sí, señor presidente.

Queremos ayudar a que sean l os propios cubanos quienes diseñen
libremente un futuro y para eso hay que seguir trabajando por la
cooperación y la inversión en la isla. En resumen, nos parece
correcta la propuesta de enmienda transaccional presentada por el
grupo proponente.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Caballero.

Vamos a proceder a la votación.

Señorías, les ruego que ocupen sus escaños con cierta celeridad por
cuanto ya saben que el orden del día del Pleno, en días como el
presente, martes, está cargado y nos lleva a terminar a elevadas
horas de la noche. En consecuencia, por favor, les ruego que aceleren
Aún son dos las mociones que han de presentarse, debatirse y
votarse.

Moción del Grupo Socialista para conocer los efectos que el acuerdo
Unión Europea-Estados Unidos sobre inversiones en propiedades
expropiadas tendrá sobre las relaciones hispano-cubanas y las
inversiones españolas en la República de Cuba, en los términos
resultantes de la transaccional que ha presentado el portavoz de dicho
grupo, señor Caldera.

Comienza la votación. (Pausa.)



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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, 149; en contra, 156; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE : En consecuencia, queda rechazada la
moción debatida.




- DEL GRUPO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE LA POLÍTICA DEL MINISTERIO DE
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN EN RELACIÓN CON LA CUOTA LÁCTEA EN
LA CORNISA CANTÁBRICA, EN LA MEDIDA QUE CONSTITUYE UN SECTOR
ESTRATÉGICO DENTRO DE LAS COMPETENCIAS QUE TIENE ASUMIDAS DICHO
MINISTERIO (Número de expediente 173/000091)



El señor PRESIDENTE : Pasamos a la moción del Grupo
Nacionalista Vasco, sobre la política del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación en relación con la cuota láctea en la cornisa
cantábrica, en la medida que constituye un sector estratégico
dentro de las competencias que tiene asumidas dicho Ministerio.

(El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la
Presidencia.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): En nombre del
Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Caballero.

Señorías, les ruego guarden silencio. (Pausa.) Señor Gortázar, señor
Yáñez-Barnuevo.

Puede comenzar, señor Caballero.




El señor CABALLERO BASAÑEZ: Gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, la situación del sector lácteo estatal
hace del todo necesario abordar urgentemente y con seriedad un
verdadero plan de reordenación del mismo.

Desde las comunidades autónomas de la cornisa cantábrica se han
venido realizando propuestas en este sentido, propuestas que hasta
el momento - como señalaba la pasada semana- no habían recibido por
parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación toda la
atención debida, llegándose al momento actual sin disponer de un
verdadero plan de reordenación para el sector. El objeto de esta moción
es, pues, instar al ministerio a que adopte las medidas necesarias
para esta reordenación del sector lácteo, tomando conciencia de la
importancia del mismo.

Una vez más hay que decir que el valor en origen de la producción de
leche de vaca en todo el Estado es superior a 300.000 millones de
pesetas anuales, lo que supone más de un 20 por ciento de la
producción final ganadera y un 10 por ciento del conjunto de la
producción final agraria. Además, el sector lácteo actúa como motor de
otros subsectores agrarios, ya que cerca del 50 por ciento de los
terneros sacrificados en el sector bovino de carne proceden de éste.

(Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento,
señor Caballero.

Señorías, les ruego guarden silencio. Señora Fernández de Capel.

Continúe, señoría.




El señor CABALLERO BASAÑEZ: Por su parte, la industria transformadora
láctea estatal, con una facturación cercana a los 850.000 millones
de pesetas y un empleo en torno a los 30.000 trabajadores, representa
el 11 y el 8 por ciento respectivamente de la facturación y el empleo
globales del conjunto de la industria agroalimentaria estatal.

Estamos hablando, por tanto, de un sector estratégico para nuestra
economía agraria, que ha soportado durante los últimos diez años un
proceso de reestructuración muy fuerte en el que han desaparecido el
60 por ciento de las explotaciones de vacuno de leche y el 30 por
ciento de las vacas lecheras. A pesar de ello, la dimensión de
nuestras explotaciones en cuanto a cuotas y vacas por explotación
están en el 50 por ciento de las medias comunitarias, lo que
provoca una falta de competitividad de nuestro sector. Al mismo
tiempo, permanecen todavía una serie de problemas estructurales que
requieren de inmediato medidas de ajuste.

Los problemas económicos y sociales que se dan año tras año debido a
las multas impuestas por los sobrepasamientos, la gran cantidad de
primeros compradores existentes a nivel estatal, la falta de
información a lo largo de la campaña lechera de las cantidades
producidas, la desprotección de las zonas de agricultura de montaña
derivada de la especulación que se está dando con las cuotas de
producción, los niveles en cuanto a la calidad higiénica de la leche,
así como la falta de control sobre la producción real de leche
muestran un sector falto de competitividad e incapaz de adaptarse al
actual régimen de cuotas.

Esta falta de competitividad se acentuará de seguir como hasta ahora
ante los cambios que se avecinan: nueva OCM, GATT, ampliación de l a
Unión Europea hacia los PECO, introducción del euro, etcétera. Así
pues, señorías, la elaboración de un plan de reordenación del sector
lácteo estatal responde, por una parte, a la necesidad de resolver
los crónicos problemas de inadaptación al régimen de cuotas y, por
otra, y sobre todo, a la necesidad de aplicar medidas urgentes y
eficaces que permitan situar al sector en un adecuado nivel de
competitividad.

Desde la cornisa cantábrica se ha trabajado intensamente desde hace
más de un año en el diseño de medidas dirigidas al cumplimiento
efectivo del régimen de cuotas lácteas, y se ha solicitado
repetidamente al ministerio la puesta en marcha de las mismas.

Básicamente dichas medidas son: el sistema de retenciones
obligatorias, la ordenación de la estructura de los primeros
compradores, el sistema de información y control y la defensa de las
zonas de agricultura de montaña.

El sistema de retenciones obligatorias, que consiste en el descuento
de una cantidad sobre el pago de la leche a partir del momento en el
que los ganaderos hagan entregas por encima de su cuota, pretende
incorporar



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un mecanismo de regulación y adaptación de la producción a la cuota
capaz de disuadir a los ganaderos y primeros compradores respecto a
posibles sobrepasamientos productivos.

En este sentido, es preciso tener en cuenta los más de 200.000
millones de pesetas de multa que el Estado ha tenido que pagar por
sobrepasamientos de cuota a lo largo de las últimas campañas. La
ordenación de la estructura de los primeros compradores persigue la
racionalización de la misma a través de una reducción del número de
compradores y ajustando sus funciones y responsabilidades.

La estructura actual de primeros compradores en el Estado se
caracteriza por el elevado número de éstos, un total de 852, y la
heterogeneidad en cuanto a su composición y volumen de compra. Cabe
destacar, por ejemplo, que 400 primeros compradores trabajan con
menos de 15 ganaderos y que sólo los 100 mayores recogen el 81 por
ciento de entregas.

Comparando la situación del Estado con el resto de la Unión Europea
se observa, además, la atomización en su red, fruto del excesivo
número de éstos, que se traduce, por ejemplo, en un promedio de
gestión de cuota por primer comprador de siete millones de litros/
año frente a los 75 millones en el Estado francés o los 82 en la
República Federal de Alemania.

El sistema de información y control es otra medida urgente,
necesaria y decisiva; sin información suficiente, oportuna y viable
carecería de sentido hablar de sistemas de retención o de cualquier
otro tipo de programas de mejora. Su objetivo básico es lograr un
suficiente nivel de conocimiento de la situación de la producción en
cada momento de la campaña lechera, al objeto de realizar previsiones
fiables y conseguir con ello un total cumplimiento del régimen de
cuotas. Hasta el momento, el sector ha carecido a lo largo de las
campañas lecheras de la mínima información para planificar, decidir
y actuar en función de su evolución y perspectivas.

Por otra parte, la posibilidad de transferir cuotas sin tierra está
provocando, en el caso de las explotaciones de leche ubicadas en
zonas de agricultura de montaña, graves problemas pues, dadas las
características y deficiencias estructurales y económicas de estas
explotaciones, se produce un desplazamiento de sus cuotas de
producción hacia las explotaciones localizadas en las zonas más
productivas y rentables. Como consecuencia, los desequilibrios
territoriales aumentan y los déficit de competitividad de las zonas
de agricultura de montaña se agudizan.

Es necesario, por tanto, defender a las ganaderías en zonas de
montaña mediante la vinculación de las cuotas lácteas a la tierra,
autorizando las transferencias de cuota en dichas zonas
exclusivamente cuando estén ligadas a la tierra.

Al margen de estas medidas dirigidas al cumplimiento del régimen de
cuotas, no podemos perder de vista las exigencias impuestas desde la
Unión Europea en cuanto a la calidad higiénica de la leche. La
normativa, de aplicación desde el primero de enero de este año, va a
condicionar la viabilidad de muchas de nuestras
explotaciones. Por tanto, se requiere del Estado el diseño de un plan
de calidad que permita a las explotaciones continuar en el sector o
favorecer su salida no traumática del mismo.

En este sentido, todas las comunidades del norte, excepto Galicia,
junto con otras comunidades autónomas, han firmado un protocolo de
colaboración con la fundación Funláctea para cooperar en el diseño
de implantación de un plan de actuación en el área de la calidad.

Es fundamental que el Ministerio haga suyo dicho plan y lo implante
en todo el territorio del Estado con el objetivo de que el mayor
número de explotaciones de vacuno de leche puedan acogerse al mismo y
cumplir con los parámetros de calidad exigidos. Al mismo tiempo, es
necesario que el Ministerio presente un verdadero plan de cesación
láctea que posibilite la adquisición de cuota procedente de aquel las
explotaciones con deficiencias estructurales y sin viabilidad
económica, bien por la avanzada edad de sus titulares, bien por no
poder adaptarse a las exigencias en cuanto a la calidad sanitaria de
la leche, para su posterior distribución gratuita entre jóvenes
ganaderos y explotaciones con futuro.

Todas estas medidas, junto a la demanda de un incremento de nuestra
cuota láctea en un millón de toneladas, pueden ser el primer paso
para conseguir el objetivo de disponer de un sector más estructurado
y competitivo, capaz de afrontar los retos que se le avecinan con más
garantías de éxito. Por ello, hemos presentado la moción conocida por
SS.SS., consecuencia de la interpelación de la pasada semana.

Nada más. Muchas gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Caballero.

Han sido presentadas enmiendas a esta iniciativa por parte del Grupo
Parlamentario Mixto, Grupo Federal de Izquierda Unida y Partido
Popular.

En primer lugar, para la presentación de las enmiendas del Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.




El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Gracias, señor presidente.

Señoras diputadas, señores diputados, voy a tratar de defender
brevemente la enmienda que presenta el Bloque Nacionalista Galego,
probablemente con argumentos de sobra conocidos por todos ustedes.

Hoy estamos discutiendo nuevamente las soluciones a graves problemas
que el sector lácteo tiene planteados, problemas que tienen un origen
básico común, que es la insuficiencia de cuota asignada al Estado
español por la Unión Europea. Un sector lácteo que, sin embargo, no
tiene el mismo peso económico e importancia social en las distintas
comunidades autónomas y que, por tanto, requiere soluciones acordes
con sus especificidades.

Para acertar con las soluciones a un determinado problema, hay que
hacer un diagnóstico preciso. El Bloque Nacionalista Galego - en eso
coincidimos, mire



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usted por dónde, con la señora ministra- viene afirmando
retiradamente que el problema básico del sector lácteo es la
insuficiencia de cuota, una cuota que no alcanza a cubrir el consumo
interno y que es fruto no de la casualidad, sino del interés de
otros Estados miembros excedentarios que, con el reparto actual y con
las líneas trazadas para la reforma de la OCM de la leche, se
aseguraron y se aseguran mantener una situación privilegiada, con
cuotas muy superiores a su consumo, con ayudas comunitarias a l as
que acceden en mucha mayor proporción y, además, eliminando un
competidor interno, señoras y señores diputados, que a ver si nos
damos cuenta de que somos nosotros, porque podemos producir leche y
derivados lácteos con la misma calidad que ellos y a un precio menor.

Haciendo un inciso, cuando se habla del sistema de cuotas,
sistemáticamente se pretende situar la discusión en régimen de cuotas
sí, o régimen de cuotas no. Se a firma que sin el régimen de cuotas
existente el sector lácteo habría pasado por muchas mayores
dificultades. Se dice que el régimen de cuotas supone garantí a de
precios, etcétera. Sobre todo est o se podría discutir, como ya lo
hicimos en otras ocasiones, con amplitud y con calma, pero el
problema en este momento no es posicionarse sobre sistema de cuotas
sí o no; el problema es posicionarse sobre este régimen de cuotas, y
este régimen de cuotas es injusto y perjudica claramente nuestros
intereses. Es, por tanto, un régimen rechazable, que es necesario
modificar de manera que nuestro sector lácteo pueda desarrollarse,
ser competitivo y, sobre todo, prepararse para poder sobrevivir en
un mercado que, si no varían las cosas, estará liberalizado en breve,
y para eso debe estar cuando menos dimensionado y ser un sector
fuerte. Por lo tanto, nosotros partimos de ese análisis. La cuota
insuficiente es el problema principal.

Hay otros problemas que abordar y resolver, pero están supeditados o
son secundarios respecto al problema principal. En esa tesitura hay
dos vías posibles. Hay una primera vía que consiste en decir que hay
que aplicar el régimen de cuotas, cumplirlo y demandar a posteriori
un aumento de la cuota que tiene asignado el Estado español, y esa
línea de actuación, con todos los respetos, señoras y señores
diputados, supone en la práctica expulsar de la producción a miles de
ganaderos; expulsión que, como SS.SS. saben, afectará de manera muy
importante a la Comunidad Autónoma de Galicia, que en este momento
tiene un déficit de cuota sobre la producción cuando menos de 350.000
toneladas. Supone, además, aceptar las injustas directrices que la
Unión Europea, que los países excedentarios trazan. Aplicando las
directrices europeas actuales no se conseguirá un sector lácteo
productor y transformador fuerte y competitivo, sino - vuelvo a
insistir- se conseguirá un sector raquítico que, además, verá
aumentar sus dificultades en el futuro. En esa línea va la moción que
hoy somete a votación el Grupo Vasco (PNV), que también es la línea,
por cierto, del Ministerio de Agricultura y del Grupo Popular, que
luego comentaré; línea que nosotros no dudamos que resulta beneficiosa
para los intereses de los ganaderos de alguna comunidad
autónoma, pero que creemos que no es la adecuada para el conjunto
del sector y menos aún para el sector lácteo de Galicia. Por eso, el
Bloque Nacionalista Galego presenta una enmienda de actuación que
nos parece más acorde con las necesidades actuales y con las
posibilidades de desarrollo de futuro del sector lácteo.

En primer lugar proponemos demandar a la Unión Europea - no en último
lugar, como se nos propone constantemente- el incremento de la cuota
láctea asignada al Estado español en un millón de toneladas, lo que
debe constituir el eje prioritario de la acción política del Gobierno
y, por tanto, condicionar cualquier otra política aplicada al
sector. Si el problema básico del sector es la falta de cuota, es
necesario que pueda contar con cuota suficiente para poder
desarrollarse, para poder competir, En segundo lugar proponemos
mantener una moratoria de facto en la aplicación de la supertasa, con
el fin de conseguir que las explotaciones lácteas puedan proseguir
con su modernización y un crecimiento razonable de la producción,
máxime cuando se prevé la desaparición del actual sistema de cuotas
en el año 2006. Efectivamente, señoras y señores diputados, la
aplicación de la supertasa es, en realidad, el brazo armado de la
cuota. Se trata de aplicar la supertasa como medio de imponer el
régimen de cuotas. Y esto que no parece razonable en ningún caso,
menos aún lo es y reflexionen ustedes sobre esto- cuando se prevé
que el actual régimen de cuotas desaparezca en siete años. Qué
ridículo podemos hacer si d entro de siete años desaparece el actual
régimen. En tercer lugar proponemos elaborar un plan de apoyo al
sector lácteo que, entre otras medidas, puede contemplar el fomento
de los sistemas de producción extensivos que favorezcan la
producción láctea de calidad, respetuosa con el medio ambiente y que
valorice los recursos forrajeros; medidas de apoyo para el
cumplimiento de la directiva europea en materia de calidad, s obre la
que por cierto poco se hizo, dirigidas a los productores y sus
asociaciones para que puedan cumplir las normas y reforzar la imagen de
la leche como un producto sano y de calidad; medidas de apoyo a la
comercialización y distribución de los productos lácteos, así como a la
promoción del consumo de leche fresca, por cierto, tema que
contribuiría a potenciar el consumo de la leche producida en el
entorno del consumidor y evitar fraudes; medidas para impulsar la
mejora productiva y la consolidación de las explotaciones en la
industria transformadora, criterios de reasignación de cuotas entre
el Estado español que también tengan en cuenta la dependencia
productiva de las distintas zonas y su situación socioeconómica;
medidas para poner fin al proceso especulador de compraventa de
cuotas y ordenar su redistribución. Este es el contenido de la
enmienda que defendemos, que -insisto- da mejor respuesta a las
necesidades del sector lácteo en general y, desde luego, a las
necesidades del sector lácteo de Galicia, que - vuelvo a insistir-
produce el 36 por ciento de la leche del Estado español.

Por comentar brevemente otras enmiendas - y voy concluyendo, señor
Presidente -, quiero decir que la



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enmienda que presenta el Grupo Popular incide sustancialmente en
los mismos términos que la moción del grupo proponente y, sobre todo,
hace incidencia en la aplicación de la supertasa, por lo que desde
el punto de vista del debate me parece que aporta poco. En cuanto
a la enmienda del Grupo Socialista, con todo respeto, sólo cabe
decir que elude el problema por elevación hacia la reforma futura de
la OCM, algo que no se está planteando en la discusión de hoy. Hoy
hablamos de aplicar la actual normativa europea sobre el sector
lácteo y, en concreto, del régimen actual de cuotas y la aplicación
de la supertasa. El Grupo Socialista parece que no se atreve a
pronunciarse sobre esta cuestión y a mí, con todos los respetos, me
parecen demasiados equilibrios políticos.

Muchas gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vázquez.

Para la presentación de la enmienda del Grupo Federal de Izquierda
Unida, tiene la palabra el señor Santiso.




El señor SANTISO DEL VALLE: Muchas gracias, señor presidente.

Una vez más estamos en el eterno debate sobre el tema de las
explotaciones lecheras, que yo creo que todavía nos va a dar motivos
para continuar debatiendo, sobre todo porque el problema de fondo
- aparte de intentar hoy con esta moción abordar la aplicación mientras
se produce la reforma e intentar mejorar la situación, que creo que es
más que nada un gesto de buena voluntad pero ya veremos cuál va a ser
su traslación práctica en un futuro próximo- sigue siendo la
situación actual provocada por la normativa europea. Es importante
avanzar cuáles van a ser las posiciones ante la Agenda 2000 y la
reforma de la PAC que se nos viene encima. En definitiva, al detectar
los problemas que hoy sufrimos, además de l a necesidad de esa
reivindicación de un millón más de toneladas de cuota láctea, nosotros
creemos que hay que ir a una reforma de la PAC, especialmente en
leche y carne de vacuno, que no sacrifique la renta de los
campesinos, el empleo agrario, la calidad de los alimentos y del
territorio a los únicos imperativos de la capacidad exportadora de la
Unión Europea en el mercado mundial. Rechazamos una política agrícola
cimentada en la supuesta vocación exportadora de la Unión Europea.

El éxito de esta orientación exportadora se basa en la destrucción de
las agriculturas campesinas de los países más débiles, a la vez que
es destructora de territorios y de empleos campesinos en la Unión
Europea. Un reciente informe del Comité Económico y Social insistía
en el peligro de perder precisamente una de las señas de identidad
de la Comunidad Europea como entidad agrícola. Ese dictamen,
elaborado por muchos expertos, argumentaba que la agricultura
debería actuar como impulsora de la economía rural, de modo que la
actividad agraria contribuyera a estabilizar la población del campo
en los Estados de la Unión. Sin embargo, continuamos con una política
de precios mundiales impuestos por la OMC que no es más que el
resultante de los enfrentamientos
a golpe de dumping económico, dumping social y
dumping ecológico, que nos lleva a la situación de primar
fundamentalmente la producción y nunca a los agentes sociales que
intervienen en la producción, una política de subvenciones orientada
a que el 20 por ciento de las explotaciones percibe el 80 por ciento
de las ayudas. Las ayudas siguen respondiendo a cuantas más cabezas
tienes de ganado o cuanto más leche produces, más ayudas percibes y
más te doy.

Nosotros creemos que hay que poner un tope a las ayudas derivadas de
la PAC, teniendo en cuenta la remuneración del trabajo y otros
factores de producción llegado el caso: la tierra, capitales,
etcétera. Tiene que proceder principalmente de los precios de los
bienes y servicios ofrecidos a la sociedad. Por eso plantearemos en
su momento una ayuda máxima por explotación. Por ejemplo, dado que se
recurre al concepto de pérdida de renta para justificar l as ayudas,
que el 50 por ciento del salario mínimo interprofesional sea para el
primer trabajador, el 25 para el segundo y el 10 para el tercero.

Creemos también que hay que ir a modular las ayudas, estableciendo
criterios de modulación que pueden ser muy diversos pero que en todo
caso tengan en cuenta el trabajo aportado por los miembros de una
explotación con actividad productiva, asumiendo, por ejemplo, que
se debe incentivar la creación de empleo y también valorar la
ubicación de las explotaciones en las zonas de montaña y en otras
zonas desfavorecidas, así como la aplicación de métodos de producción
menos intensivos que valoricen los recursos naturales. Estamos
también a favor de más cuota que la asignada a España, que hoy no se
corresponde con sus potencialidades productivas, con su consumo ni
con la acción legítima de conseguir un abastecimiento alimentario en
los productos básicos; de reivindicar más cuota para España, más allá
de la conocida en la propuesta de reforma que es de 221.000
toneladas. Partiendo de esta imprescindible referencia se señala que
est amos también a favor de un control de las producciones. Nos
manifestamos, por tanto, por la modificación del actual sistema de
liquidación de la tasa suplementaria en el sentido de reclamar el
establecimiento de una única compensación por el MAPA, atendiendo
a criterios previamente conocidos por el sector, que discrimine
positivamente a los colectivos de explotaciones consideradas
prioritarias en nuestra opinión, tales como las que tienen entregas
inferiores a 200.000 kilos, aquellas que están ubicadas en zonas de
montaña y agricultores jóvenes con ayudas a las instalaciones de
planes de mejora y cuota inferior a 200.000 kilos. Esta propuesta se
hace desde la consideración de que tienen que ser los grandes
productores de leche los que soporten las penalizaciones derivadas del
necesario control de las producciones en el contexto de la Unión
Europea. Una propuesta que modestamente ponemos sobre la mesa es que
un descrestamiento o rebaja de un 0,5 de la cuota de las explotaciones
con más de 150.000 litros permitiría constituir una reserva
no despreciable para su reasignación a las explotaciones
prioritarias, sin poner en dificultad a las concernidas donantes.




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Hasta ahora ha sido el mercado y los programas de abandono los
principales y casi únicos elementos de reestructuración del sector.

No entramos a valorar la eficacia de anteriores programas de
abandono en la reestructuración del sector, pero consideramos que en
estos momentos, en 1998, hay ya elementos suficientes para manifestar
que no se deben impulsar por la Administración agraria medidas que
empujen o inciten al abandono de las explotaciones lecheras, pues
existen, más allá de lo que sería deseable, fuertes tendencias de un
modo natural vegetativo que actúan desde hace tiempo con fuerza en
la dirección del abandono o desaparición de explotaciones. Por tanto,
cualquier impulso de ceses anticipados tiene que estar vinculado
a la instalación de jóvenes agricultores, con una fórmula muy sencilla:
una jubilación, una incorporación.

Nos pronunciamos por intentar conseguir en algún momento un precio
de la leche fuerte y único que mantenga criterios de calidad,
objetivos, riqueza, plusvalía aportada y demás cuestiones. Por eso
hemos presentado una enmienda que quiere tener en cuenta la necesidad
de que cualquier solución, incluso para el desarrollo de la normativa
hoy vigente, ha de tener en consideración que no son lo mismo
las explotaciones ganaderas de Asturias que las de Galicia o las de
Euskadi. Tienen peculiaridades importantes que las diferencian y que
hacen difícil conseguir tratamientos homogéneos en toda la cornisa
cantábrica. Si esto no se tiene en cuenta se pueden producir
situaciones de aumento de dificultades para un sector en el que ya
existen demasiadas, especialmente para mantenerse en el mismo.

Además, hoy estamos hablando aisladamente de la leche, pero hay que
hablar de este sector agrario s obre todo en la cornisa, donde prima
la explotación familiar, con una visión más integral, porque tenemos
que hablar también de la carne y de las explotaciones mixtas de carne
y leche, así como de otras actividades agrarias que permiten la
supervivencia de este tipo de explotaciones familiares. Si no es
así, acabaremos con un modelo de agricultura extensiva propio de los
países del norte de Europa, de grandes cebaderos, de grandes granjas,
que no tiene nada que ver con nuestra cultura y que, lógicamente,
disminuye sustancialmente el empleo, precisamente cuando las
políticas de empleo tienen que ser el eje fundamental de la
modernización y del impulso de nuestra propia agricultura.

Nada más. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Santiso.

Para la presentación de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra la señora Castro.




La señora CASTRO MASAVEU: Gracias, señor presidente.

Señorías, utilizo este turno para defender la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular, cuya finalidad es fundamentalmente introducir
una serie de mejoras que entendemos técnicas, ya que en lo esencial
me alegra subir a esta tribuna para poder decir que estamos de a cuerdo
con la moción del Partido Nacionalista Vasco.

En esta moción lo que se plantea es un conjunto de propuestas para
mejorar el sector lácteo que entendemos que se están llevando a cabo
ya o están en proceso de tramitación. Me explico. Como saben SS.SS.,
dos proyectos de reales decretos se están tramitando en estos días y
precisamente en ellos se recogen apartados referidos a los asuntos
planteados en la moción. Así, en el capítulo VI, artículo 26, del
Real Decreto de modernización y mejora de la competitividad queda
recogida la obligación de los compradores autorizados de retener una
parte del precio de la leche a aquellos producto res que sobrepasen
su cuota. Lo mismo ocurre en el capítulo V, que se dedica a los
primeros compradores y recoge el espíritu de la moción. Estamos de
acuerdo también - y así se está llevando a cabo- en el hecho de
cumplir y hacer cumplir la normativa comunitaria mediante la
aplicación del régimen de sanciones previsto para los compradores
que no respetan los plazos de presentación de balances, por lo que
están preparándose éstos en declaraciones mensuales y trimestrales.

De la misma forma que también es voluntad del Gobierno apostar por
la mejora de la calidad, incluso teniendo en cuenta que son las
comunidades autónomas las que desde 1994 han debido desarrollar sus
propios sistemas de control, se ha puesto en marcha un programa de
ayudas dirigidas a mejorar la calidad de la leche en apoyo a las
medidas adoptadas por las comunidades autónomas. Por tanto, el
impulso del Ministerio ya está comprometido.

En relación a los planes de reestructuración, hay que decir que se
incluyen en el decreto de modernización programas de abandono
indemnizado de la producción lechera para los dos años próximos. Pero
de momento no podemos ir más lejos, ya que el régimen de cuotas tiene
un tiempo de garantía jurídica. En los Presupuestos Generales del
Estado para el año próximo se incluye una partida de 4.500 millones
de pesetas para el programa de reestructuración que prevé la recompra
de 75.000 toneladas de cuota y que puede ser complementado con fondos
de las comunidades autónomas hasta un total de 100.000 toneladas.

Del resultado de este programa dependerán las cantidades que puedan
ser objeto de compra en próximas campañas. En caso de prorrogarse el
régimen de cuotas, tal como está previsto - y eso es lo que
esperamos -, los programas podrían continuar y el objetivo de 400.000
toneladas que se pretende en la moción sería fácilmente alcanzable.

En cuanto a los criterios de reasignación de cuota, debe recordarse
que el Real Decreto de 1991 establecía ya los criterios a tener en
cuenta en la asignación de cantidades de reserva nacional,
considerando prioritarias a las explotaciones que hayan realizado o
vayan a realizar mejoras permanentes tanto en el caso de jóvenes
agricultores como a las que ejerzan la producción de leche como
actividad principal, así como a las explotaciones ubicadas en zonas
determinadas con problemas específicos.

En relación a la especulación de la compraventa de cuotas, que es
otro de los puntos que recoge la moción, a pesar de considerar que
los criterios existentes hasta la pasada campaña eran
suficientemente



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limitantes, en el proyecto de real decreto del que venimos hablando
en esta intervención hemos dado cuenta también de que quedan
incluidas en esa propuesta de varias comunidades autónomas medidas
particulares en los casos de transferencia de cuota que se produzcan
desde zonas desfavorecidas hacia otras zonas. Otro aspecto de la
moción al que consideramos que ha dado ya respuesta el Gobierno.

Finalmente, quiero manifestar que la solicitud de incremento de
cuota láctea para España en un millón de toneladas viene siendo
reiterada por la señora ministra ante el Consejo de Ministros de la
Unión Europea en todas las ocasiones en que se presenta la oportunidad.

Concretamente lo ha realizado en la última sesión del
Consejo de Ministros de 25 y 26 de mayo. Por otra parte, no es más
que dar cumplimiento a un mandato de esta Cámara.

Muchas gracias. (Aplausos.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Castro.

Para la presentación de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el señor Blanco López.




El señor BLANCO LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.

A la moción que hoy es objeto de debate, que reza en su enunciado que
es en relación a la cuota láctea de la cornisa cantábrica, el Grupo
Socialista ha presentado una enmienda a la totalidad de la misma,
porque del texto de la moción se deduce que el Partido Nacionalista
Vasco y el Partido Popular han desempolvado de los cajones del
Ministerio un plan de reestructuración del sector que, de efectuarse
en los términos que está planteado, significa expulsar del sector a
mil es de explotaciones agrarias de nuestro país. De aprobarse la
moción en los términos planteados, significa que no se está dando una
respuesta a los problemas que tiene el sector y significa también que
el Parlamento va a legitimar un plan que había aparcado el Ministerio
con motivo de las pasadas elecciones de Galicia.

Señorías, no se da respuesta a los problemas del sector con este
plan, y no se da respuesta a los problemas del sector porque el
planteamiento de retenciones, el planteamiento de aplicación de la
normativa de calidad europea en los términos que está expuesta, sin
ningún tipo de medidas que lo acompañen, significaría poner en
dificultades a muchas explotaciones agrarias. Y solamente desde el
desconocimiento de la realidad agraria de nuestro país, solamente
desde el desconocimiento de la existencia de miles de explotaciones
familiares, medianas explotaciones de la cornisa Cantábrica, desde
Santander a Galicia pasando por Asturias, de gente que no tiene otra
alternativa para vivir que la explotación agraria familiar, solamente
desde ese desconocimiento y desde una pretendida política de
impulsar precisamente las grandes explotaciones que no responda a la
realidad de nuestro país se puede poner en marcha este plan de
retención que prepara el Ministerio.

El Grupo Parlamentario Socialista fue tenaz en la demanda de que no
se aplicara la política de la supertasa, y fue tenaz porque entendía
que hasta que nuestro sector no consiguiera una dimensión adecuada
que precisamente hiciese de estas explotaciones que fuesen rentables
y competitivas para que pudieran estar en la media de producción de
la Unión Europea, no se podía frenar el desarrollo del sector con una
política de reconversión o de limitación del crecimiento para hacer
que estas explotaciones fuesen rentables y competitivas. Por eso
hemos venido insistiendo una y otra vez en que era necesario, antes
de abordar una política de reestructuración, preparar el sector para
que fuera competitivo. Por eso, en el debate de la interpelación la
semana pasada echábamos en cara al Gobierno y a la ministra que no
fuera capaz de preparar el sector precisamente para la entrada en
vigor, el 1 de enero de este año, de la normativa europea de calidad.

Y ahora nos recuerdan que para los presupuestos del próximo año va a
haber recursos para modernizar nuestras explotaciones agrarias,
cuando la normativa europea ha entrado en vigor el pasado 1 de enero.

Pero señores del Partido Popular, ¿es este el carácter estratégico
que ustedes quieren dar al sector lácteo como un sector que genera
empleo y riqueza en nuestro país? Señorías, esta no es la política
más adecuada para poder dinamizar y para poder hacer de este sector
que sea competitivo. Pero además, señorías, en nuestra enmienda
planteamos algunas premisas que tienen que ver con la reforma que
está sobre la mesa, la reforma de la OCM del sector lácteo. Señor
Vázquez, usted decía que nosotros por elevación planteábamos temas
que nada tenían que ver con este sector. No se puede entender el
futuro de este sector si no se aborda con rigor y con énfasis la
reforma que está planteada en el seno de la Unión Europea. Por cierto,
señores del Partido Popular, tal y como está planteada la reforma de
la OCM del sector lácteo es perjudicial para los intereses de nuestro
país. Tenemos la idea, tenemos el presentimiento de que el Partido
Popular lo que pretende es a bordar un programa de reestructuración
para ir mitigando de antemano los efectos de una reforma de la OCM,
cuando lo que tenía que hacer era defender en Europa con criterio,
con énfasis, los intereses de nuestro país. (Rumores.) Hemos dicho,
señor Madero, en alguna ocasión que el interés de España era
conseguir un incremento de producción de un millón de toneladas; un
millón de toneladas no precisamente para aumentar los desequilibrios
entre los países del norte y del sur, como se deduce de la actual
propuesta que está sobre la mesa, sino para corregir los
desequilibrios entre explotaciones holandesas y explotaciones
españolas y para posibilitar que nuestras explotaciones estén en la
media de producción de la Unión Europea. La propuesta que está sobre
la mesa no corrige los desequilibrios; al contrario, los aumenta
entre los países. No se da respuesta a la demanda de cuota, pero
también supone un descenso brusco y pronunciado de los precios
institucionales y no se cubre suficientemente el descenso de estos
precios con niveles de ayuda adecuados. El criterio propuesto de
prima, por ejemplo, es lesivo para los intereses de España. Para que
lo entienda toda la Cámara, mientras



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un ganadero holandés va a cobrar 24.000 pesetas por cabeza de ganado
en concepto de prima, un ganadero español va a cobrar 18.000 pesetas
por la misma prima. Por tanto, es una reforma lesiva para los
intereses de España porque no tiene en cuenta nuestras variables
internas, nuestro potencial productivo; no tiene en cuenta el nivel
de empleo que genera el sector lácteo en nuestro país; no tiene en
cuenta el criterio de fijación de población, de localización de la
producción y de la defensa de las explotaciones familiares, tan
importante en España y sobre todo en la cornisa cantábrica.

Por eso, señorías, hemos presentado una enmienda alternativa a la
moción del Partido Nacionalista Vasco que es coincidente con la
enmienda del Partido Popular. Hace unos días, señor presidente, el
Partido Nacionalista Vasco decía que era necesario que la ministra
liderara el sector lácteo en España, pues no lo estaba haciendo, que
no había una política seria en el Ministerio de Agricultura sobre el
tema ganadero que es hoy el objeto de debate.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Blanco,
le ruego que vaya concluyendo.




El señor BLANCO LÓPEZ: Concluyo ahora mismo, señor presidente.

Lo decía el responsable del PNV. Señorías, con la propuesta que nos
traen lo único que vamos a hacer es abocar al sector lácteo al
fracaso, a miles de explotaciones al cierre y a miles de personas
al desempleo, y en ese viaje, señorías, no van a contar con el apoyo
del Grupo Socialista.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Blanco. ¿Algún grupo parlamentario que no haya presentado
enmiendas desea fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo
Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Companys.




El señor COMPANYS SANFELIU: Muchas gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Vasco ha traído a
este debate una cuestión que no porque ya se haya debatido en
diferentes ocasiones ha perdido interés. Al contrario, como ya se ha
dicho, es una cuestión que afecta a un conjunto importante de
pequeños ganaderos que, según cómo se enfoque, pueden tener problemas
en el futuro. De hecho, a mi entender se presentan dos grupos de
problemas absolutamente diferenciados: los relativos a las normativas
procedentes de la Unión Europea, como puede ser la falta de cuota,
hecho que continúa obligándonos a ser importadores netos de un
producto que se nos prohíbe producir o por el que se nos obliga a
pagar multas exorbitadas y para el que no se contempla un plan de
autoabastecimiento progresivo en favor de los Estados deficitarios;
y los que hacen referencia al Estado español, en los que se observa
una cierta relajación al respecto.

Creo que todos estamos de acuerdo en que a pesar de que la
incorporación del Estado español a la Unión Europea fue hace casi 13
años, lo cierto es que nunca se ha establecido una estrategia seria
de racionalización del sector. He estado repasando las conclusiones
de la comparecencia en la Comisión de los consejeros de Agricultura y
Ganadería de las comunidades autónomas de la cornisa cantábrica, que
continuamente hablaban de un sector poco vertebrado, con la
existencia de interprofesionales, con un deficiente papel de las
cooperativas, poco competitivo, de la necesidad de acceder a una
calidad homologable en cuanto a leche a partir del 1 de enero de
1998 - por tanto, ya hace unos meses que es obligatoria la categoría
A-, del excesivo número de primeros compradores, de la poca
transparencia en la aplicación de la supertasa y de la inexplicable
posición del Ministerio por lo que hace referencia a no disponer de
los datos sobre producciones y, como consecuencia, sobre el
sobrepasamiento. Queda patente, por tanto, que en este campo se ha
adelantado poco y se ha hecho poca cosa. A nuestro entender no ha
existido nunca una política estructurada ni seria de reorganización
del sector.

El ministro Romero, cuando se dio cuenta de que había colocado al
sector en una posición difícil, optó por mirar hacia otro lado y
hacer lo que se llama la política del avestruz, es decir, meter la
cabeza debajo del ala, y no aplicó la normativa comunitaria por lo
que hace referencia al sobrepasamiento, que conllevó pagar multas por
un importe superior a los 200.000 millones de pesetas. Imagínense lo
que hubiese podido hacer el sector con un programa serio de actuación
si hubiese dispuesto de esos 200.000 millones de pesetas, que fue lo
que el Estado francés dedicó a la reestructuración en su momento, y,
por qué no, si una parte de los fondos estructurales se hubiese
podido dedicar también a ese tema: Objetivo 1, para fomentar el
desarrollo de las zonas subdesarrolladas; Objetivo 5, readaptación de
las estructuras agrarias, Feoga-orientación, u Objetivo 5 b. Es
decir, hubo toda una serie de posibilidades para financiar los
planes de reestructuración del sector. ¿Cuántos planes, en el marco
de los fondos de cohesión, se han presentado para la modernización
del sector lechero? Seguramente muy pocos, y por eso en este momento
estamos donde estamos.

No podemos continuar lamentándonos y tenemos que comenzar a mirar
hacia el futuro, pero uno tiene a veces la impresión de que en el
propio Ministerio de Agricultura hay algunos técnicos que están más
pendientes de centrifugar responsabilidades y de blindar sus
competencias frente a las comunidades autónomas que de dar solución a
los problemas que tenemos encima de la mesa, y eso, como mínimo,
tenemos que decir que es un grave error. Comienza a ser preocupante
que después de más de dos años el Ministerio aún no haya puesto orden
en el tema de los primeros compradores, que no disponga de una base
de datos al día sobre las producciones que posibilite saber de cara
al futuro quién se ha excedido y que no se haya puesto en marcha un
plan que ayude en lo que sea posible al cumplimiento de la
normativa europea en lo que hace



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referencia a la calidad mínima de la leche, de cumplimiento
obligatorio a partir del 1 de enero de 1998, normativa que en este
momento estoy seguro que más del 50 por ciento de nuestras
explotaciones no está cumpliendo.

Ya sé que se me puede decir que las órdenes ministeriales están
prácticamente listas y que están a punto de salir a la luz pública.

¡No faltaría más! Desde luego, tendríamos que ver si luego realmente
responden al tiempo que hemos tenido de espera. No voy a poner en
duda en este momento la voluntad de la ministra por ese tema, pero
creo que sería bueno que hubiese una voluntad más clara de los
propios técnicos del Ministerio para que fuesen más eficaces y
diesen soluciones a los problemas que tenemos encima de la mesa.

Nuestro grupo parlamentario va a dar su apoyo a la propuesta del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y a la enmienda transaccional con
el Grupo Parlamentario Popular y esperamos que realmente sea un paso
adelante hacia la clarificación del sector, a fin de dar más
transparencia al mismo y que eso beneficie a todos.

Muchas gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas
gracias, señoría.

Señor Caballero, S.S. ha de expresar la aceptación o no de las
enmiendas, incluso el planteamiento de la enmienda transaccional.




El señor CABALLERO BASAÑEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, en relación con las enmiendas presentadas, no aceptamos las
de los grupos Mixto, Socialista e Izquierda Unida. Aceptamos la
presentada por el Grupo Parlamentario Popular, con una transaccional
que cambia el punto 2.5, sustituyéndolo. Como creo que todos los
grupos disponen de dicha enmienda transaccional, les voy a ahorrar su
lectura.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría. ¿Todos los grupos parlamentarios disponen de una copia de la
enmienda transaccional? (Pausa.) ¿Acepta el Grupo Parlamentario
Popular la transaccional retirando sus propias enmiendas?



La señora CASTRO MASAVEU: Señor presidente, el Grupo Parlamentario
Popular acepta la enmienda transaccional al punto correspondiente de
dicha enmienda, porque no es que la elimine, sólo es un punto de la
enmienda de nuestro grupo el que se transacciona.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señoría,
entonces se mantiene vivo para la votación - por el hecho de ser el
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) el que marca la iniciativa y al
que corresponde aceptar la enmienda transaccional - el punto de su
enmienda que corresponda, desapareciendo los otros del hecho de la
votación.

La señora CASTRO MASAVEU: Así es, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias,
señoría.

Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)



El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de la moción del
Grupo Nacionalista Vasco sobre la política del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación en relación a la cuota láctea en
la cornisa cantábrica, en la medida que constituye un sector
estratégico dentro de las competencias que tiene asumidas dicho
Ministerio.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
288; a favor, 158; en contra, 116; abstenciones 14.




El señor PRESIDENTE : En consecuencia, queda a probada la
moción en los términos resultantes de la transacción aceptada.




- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE EL
PROCESO DE DEVOLUCIÓN DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS INDEBIDAMENTE
PERCIBIDOS (Número de expediente 173/000092).




El señor PRESIDENTE: Último punto del orden del día de esta sesión,
moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre
el proceso de devolución de los complementos por mínimos
indebidamente percibidos.

El señor Homs tiene la palabra para la presentación de la moción.

(Rumores.) Señorías, silencio, por favor.

Adelante, señor Homs.




El señor HOMS I FERRET: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, intervengo para justificar, brevemente, atendida la hora
de la sesión de esta tarde (Varios señores diputados: ¡Muy
bien!), la moción consecuencia de interpelación que mi grupo
parlamentario planteó la semana pasada sobre el proceso de devolución
de los complementos por mínimos indebidamente percibidos. Es una hora
ya tardía, señorías, pero el tema es sin duda importante y afecta a
más de 80.000 ciudadanos, que en su momento, por las razones que
todos conocemos - y los que hemos intervenido en varias ocasiones no
queremos ahora reiterar el análisis, ni técnico ni político, sobre
esas razones -, percibieron complementos por mínimos de forma indebida
y a los que ahora se exige la correspondiente devolución.




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En primer lugar, quiero indicar que en anteriores debates, desde
esta tribuna, concretamente la señoría que les dirige la palabra,
dijo que el Grupo Parlamentario Catalán volvería a traer esta
cuestión a la Cámara y propondría una solución para considerar
aquellos niveles de rentas bajos y poder revisar los procedimientos
de devolución. Señalamos en su momento que no nos predisponíamos a
establecer vías que judicializaran el proceso, para de esta forma
eludir las responsabilidades del procedimiento de devolución, y que
tampoco nos prestaríamos a iniciar amnistía o condonación alguna que
pudiera llegar a personas que, con niveles de renta elevados, habían
tenido la intención - de hecho así lo estaban haciendo- de percibir
indebidamente pensiones complementarias. No queríamos amparar ni un
supuesto ni el otro. En cambio, sí queríamos amparar el supuesto de
aquellas personas con rentas bajas que estaban sometidas a la
circunstancia de devolución, lo que les comportaba un perjuicio
real atendidos los bajos niveles de renta que estaban o están en
estos momentos percibiendo. Este es el sentido más intrínseco de la
moción que hemos planteado a la consideración de la Cámara, tener en
cuenta las circunstancias de las personas con bajos niveles de renta.

En este sentido, la moción que proponemos hoy a la Cámara pretende
establecer un supuesto especial de devolución para los niveles bajos
de renta.

La moción que proponemos a debate y subsiguiente aprobación, si así
lo estiman oportuno los grupos, consiste en instar al Gobierno a
modificar en el plazo de un mes el Real Decreto 148/1996, de 5 de
febrero, que establece el procedimiento especial para el reintegro de
las prestaciones de la Seguridad Social indebidamente percibidas, a
los efectos, señorías, de perfeccionar los mecanismos de reintegro de
los complementos por mínimos indebidamente percibidos durante los
años 1994, 1995, 1996 y 1997, en los casos que afecten a las
pensiones con menor renta. Este es el mandato específico, en un mes,
modificar el real decreto y tener en cuenta la circunstancia de las
rentas bajas afectadas por este proceso. ¿En qué términos invoca la
moción al Gobierno a hacer la revisión de este decreto? En el
segundo párrafo, indicamos que, sin perjuicio del derecho que
reconocemos siempre al pensionista de abonar voluntariamente el importe
íntegro de la deuda en un solo plazo, aquellos pensionistas que
acrediten documentalmente que sus actuales ingresos anuales no
superan la cuantía de 1.500.000 pesetas, incluidas las pensiones
percibidas, tendrán derecho a solicitar de la entidad gestora que la
devolución de las prestaciones indebidamente percibidas se produzca
en una cuantía que no supere el 5 por ciento del total de sus
ingresos anuales. ¿Qué estamos diciendo al Gobierno, señorías? Que
teniendo en cuenta las circunstancias económicas o nivel es de renta
muy reducidos, la exigencia de devolución se establezca con un límite
del 5 por ciento de todas las rentas que percibe est e ciudadano,
comprendiendo incluso su propia pensión pública. Con ello est amos
dilatando el proceso de devolución, sin duda, y en algunos
supuestos somos conscientes de que lo dilatamos
incluso, a lo mejor, hasta el punto de que quede en suspenso ya
definitivamente por causas de fallecimiento, atendida la edad de
muchas de estas personas, pues teniendo en cuenta esas circunstancias
personales, a lo mejor no se termina de realizar la devolución.

Señorías, ahí se mezclan las dos responsabilidades, la responsabilidad
de exigir la devolución o el reintegro de una pensión
indebidamente percibida y la responsabilidad de atender a los bajos
niveles de renta de este colectivo de pensionistas afectados. Creo,
señorías, que no es todo lo que planteaba el Grupo Parlamentario
Socialista ni es todo lo que tenemos en estos momentos; es una vía
intermedia que prima y reconoce las circunstancias de bajas rentas de
los afectados en este proceso.

Mi grupo, señor presidente, ha estudiado las enmiendas planteadas a
nuestra moción y vemos con satisfacción que el Grupo Parlamentario
Socialista presenta una enmienda, coincidiendo en lo esencial con
el contenido central de nuestra moción, por lo que nos alegramos. Nos
alegramos de que, en su segundo párrafo, establezcan esta misma
característica, el nivel de 1.500.000 pesetas de renta, por debajo
del cual se va a atender la revisión del procedimiento de devolución.

Por tanto, vamos en una buena dirección. Con el interés de alcanzar
un alto consenso planteamos una moción que a lo mejor, en su
literalidad, no coincide estrictamente con la que ustedes formulan,
pero su contenido tiene el mismo fin y persigue la misma revisión. En
el primer párrafo, ustedes nos indican que instemos al Gobierno a
proceder a una modificación de las normativas vigentes para regular
nuevamente todo lo relativo al proceso de devoluciones. Nosotros,
ahora, no queremos distraernos del problema revisando todo el marco
legal. Lo podemos hacer en muchas otras circunstancias, en el trámite
de la ley de acompañamiento o remitiendo a esta Cámara otras
iniciativas legislativas específicas, pero ahora queremos centrarnos
estrictamente en el problema de las devoluciones de las pensiones
complementarias cobradas indebidamente. Por tanto, invitamos al
Grupo Socialista a que reflexione s obre su propia iniciativa en aras
a un consenso amplio en torno a esta moción que planteamos. Aunque
compartimos en esencia una parte sustantiva de su enmienda, que es
coincidente con nuestra moción, no podemos apoyarla. No obstante, en
la primera parte, nos remitimos a futuras iniciativas legislativas
que se puedan presentar teniendo en cuenta todas las circunstancias
por complementos o pensiones cobradas indebidamente, pero por
cualquier naturaleza o circunstancia, que es a lo que va usted, señor
Cercas, en la primera parte de su enmienda a nuestra moción.

Algo semejante diría al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y al
Grupo Mixto. Hemos leído su enmienda y, en aras a centrar el problema
estrictamente donde está, preferimos someter a votación nuestra
moción en su literalidad y no derivar el problema a otros ámbitos
ni entrar en otras reflexiones sobre el ámbito legal hoy vigente, lo
cual podría ser legítimo y oportuno, pero nos llevaría a una vía de
condonación o de judicialización que no queremos abordar, porque



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en el fondo sería no solucionar nada y demorar en el tiempo las
actuales situaciones. Por lo tanto, nos reiteramos en nuestra moción,
que es un paso adelante muy positivo que va a permitir que un
colectivo muy importante, de casi un tercio de la población afectada,
reciba la consecuencia favorable de esta medida que hoy proponemos,
con el correspondiente efecto recaudatorio en los ingresos que va a
tener la Seguridad Social, porque el impacto inmediato que esta va
a soportar de a probarse esta medida estará aproximadamente entre 4.

000 y 5.000 millones de pesetas, afectando a más de 30.000 personas.

Damos un paso positivo en la dirección de reconocer las
circunstancias específicas de bajas rentas de los pensionistas
afectados.

Señorías, repito y termino, me comprometí, señor Cercas, en nombre
de mi grupo, a traer otra vez esta problemática al debate político;
nos comprometimos a dar una solución, no plena pero sí positiva, y
pedimos para esta solución positiva el voto favorable de toda la
Cámara.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Homs.

A la moción se han presentado enmiendas por los grupos de Izquierda
Unida, Mixto y Socialista.

En primer lugar, tiene la palabra el señor Vaquero , por el Grupo
Federal de Izquierda Unida. (El señor vicepresidente, Fernández-
Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)



El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor presidente.

Señorías, como ya adelantamos en la intervención que hacíamos con
motivo de la interpelación urgente de la semana pasada, nuestra
enmienda aporta otros elementos distintos de los que contiene la moción
que nos propone el Grupo Catalán (Convergència i Unió).

Debo empezar diciendo que no podemos calificar esta moción sino de
positiva y de insuficiente. Positiva porque contiene elementos que
así debemos valorar, pero en cualquier caso es insuficiente porque
centra el marco de solución en un aspecto muy parcial de la
problemática global de los complementos por mínimos, que nosotros
quisiéramos se contemplase de forma global y estructural, y, al no
hacerlo así, no podemos sino calificar la moción de insuficiente.

Nuestra enmienda, por ello, pretende sustituir la moción en su
conjunto por un texto que comprende cuatro partes.

La primera es muy parecida a la moción que se nos presenta y que
comentamos. Consiste en modificar el Real Decreto 148/1996, para lo
que proponemos también que el plazo sea de un mes, y que se parcele
el reintegro de las cantidades que deban ser reintegradas por haber
sido cobradas indebidamente, con un máximo del 5 por ciento de las
rentas de aquellos pensionistas que se han beneficiado del cobro
indebido. Sin embargo, no entendemos cómo se puede plantear que sean
unos y no otros los que se beneficien de ese sistema de parcelación
del reintegro. Sin duda alguna, será muy beneficioso para las rentas
más bajas, pero cuando se traspasa el listón de 1.500.000 pesetas no
entendemos
cómo se puede hablar de reintegro total, es decir, no parcelado,
para personas que tienen 1.501.000 pesetas de renta anual. No lo
entendemos. Creemos que este elemento positivo de la moción se
tendría que aplicar de forma más genérica y más universal. Por tanto,
queremos condicionar el reintegro así entendido a dos cuestiones, en
primer lugar, homologando los plazos de prescripción de estas deudas
con los de las deudas que cualquier ciudadano puede tener respecto a
Hacienda, omitiendo además la responsabilidad en los casos de error
y negligencia de la administración de la Seguridad Social. No me voy
a detener en este tema, porque creo que está suficientemente
argumentado con la intervención que hicimos en la interpelación urgen
te.

Más allá de este elemento de la moción, que nosotros sustancialmente
compartimos aunque enmendamos, creemos que es necesario entrar más a
fondo en el tratamiento estructural y global del tema, primero para
que se consolide la institución jurídica que son los complementos por
mínimos como prestación no contributiva de la Seguridad; segundo,
para que se garantice la seguridad jurídica de los beneficiarios, hoy
puesta en entredicho, precisamente en función de lo que estamos
analizando, siendo por eso por lo que estamos enmendando la norma
jurídica, y, tercero, para que se evite el deterioro futuro de la
imagen pública, hoy dañada, de esta institución.

Decimos que quedarnos en lo que pretende la moción es positivo, pero
en último término es poner algo de pomada en la herida, es hacer,
permítanme que se lo diga y no es peyorativo, un poco de paternalismo
es entender que estos pobrecitos que han caído en el pecado de
cobrar indebidamente tienen toda la culpa ellos, pero resulta que,
sin embargo, vamos a tratarlos de forma misericorde y a darles la
oportunidad de que, como tienen rentas muy bajas, efectivamente
puedan pagar de forma parcelada, de forma parcial y diferida en el
tiempo. Nosotros creemos que esto es beneficioso, qué duda cabe, ya
que hay gente con rentas bajas, sin duda alguna. Sin embargo, hay que
ir más al fondo de la cuestión y por eso planteamos que no son sólo
las normas jurídicas de los pasados gobiernos las que hay que corregir,
sino que también hay que modificar las normas de este Gobierno,
por ejemplo el Real Decreto 4/1998, de 9 de enero, en su artículo 5,
y en dos aspectos, primero, elevando el máximo de rentas compatibles
con la percepción de los complementos por mínimos hasta, por
ejemplo, el mínimo exento del IRPF, y lo planteamos así porque
creemos que est o podría evitar que, efectivamente, se hubiera
cobrado de forma indebida en función de una elevación de esas rentas
que fueran compatibles; en segundo lugar, modificando la exigencia
aleatoria de la declaración de ingresos del año anterior que hoy
tiene la administración de la Seguridad Social, sustituyéndola por la
provisión de un mecanismo preventivo, que es lo que hay que hacer,
prever y no curar, cual es el cumplimiento de oficio de las
comprobaciones necesarias de los niveles de renta compatibles de los
solicitantes.

Por otro lado, planteamos que en este mes de plazo para la
modificación de la normativa se den instrucciones



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a la Seguridad Social para que se resuelvan los expedientes que
todavía no tienen resolución firme y se revisen los que ya la
tienen, pero que los revise y resuelva con los mismos criterios que
hemos propuesto anteriormente, porque, señorías, efectivamente, un
mes es poco, pero en un mes, dados los métodos organizativos de
trabajo que hoy tiene la administración de la Seguridad social, se
podrían resolver todos los expedientes, y no es que pensemos mal, es
que la administración de la Seguridad Social para determinadas
cuestiones está contratando, por ejemplo, a la auditora Arthur
Andersen o a El Corte Inglés, los cuales, a su vez, contratan con
empresas de trabajo temporal para la realización de esos trabajos, y
así se podrían resolver. Yo creo que conviene que preveamos esta
interinidad o esta situación provisional con esta medida que nosotros
proponemos.

Finalmente, la cuarta medida es que se resuelva definitivamente el
problema de la financiación de los complementos por mínimos, es
decir, que el Gobierno se comprometa definitivamente a considerarlos
como una prestación no contributiva del sistema de la Seguridad
Social y, por tanto, que se comprometa a concretar la cuantía de las
aportaciones progresivas que en los sucesivos Presupuestos
Generales del Estado hasta el año 2001 aparezcan para cubrir
totalmente los complementos por mínimos con cargo a la Hacienda
pública y no a las cotizaciones de la Seguridad Social. Nosotros
creemos que ese debe ser el marco global de las soluciones para
dignificar esta institución jurídica que son los complementos por
mínimos, para que no sea algo perteneciente más bien a un cierto
sistema de beneficencia, sino que se trate de unos derechos
consolidados y dignificados en el sistema público de la Seguridad
Social.

Nosotros hemos entendido al portavoz del Grupo Catalán que ha
presentado la moción que no considera la aceptación de nuestra
enmienda; sin embargo, no vamos a echar en saco roto la propuesta
de esta moción porque - ya lo hemos dicho- la consideramos positiva.

Paternalista, insuficiente, pero positiva en todo caso. Anunciamos
que vamos a votarla favorablemente, aunque nos gustaría encontrar el
marco - y desde luego lo vamos a propiciar- en el que defendamos estas
ideas y, finalmente, salgan adelante, porque será el marco en el que
se encuentre la solución global del problema de los complementos por
mínimos.

Gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vaquero.

En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor
Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.

Señorías, han oído ustedes al señor Homs decir que, una vez más,
viene este asunto a la Cámara. Para comprender esta reiteración de
debates es necesario tener en cuenta los antecedentes y, desde este
punto de vista, es bueno tener claro que el problema surge con la Ley
de acompañamiento del año 1998. La Ley de acompañamiento a los
Presupuestos Generales del Estado de 1998 supone una ruptura radical
en los criterios que regían este tema, por dos razones. En primer
lugar, porque consagra un plazo de prescripción de estas deudas de
cinco años, cuando el Congreso, simultáneamente, en las deudas
tributarias establece cuatro años. En segundo lugar - y con especial
incidencia en este tema -, la Ley de acompañamiento termina con el
criterio jurisprudencial de distinguir aquellos supuestos en los
que hay error o negligencia de la Administración de aquellos otros en
los que hay fraude consciente por parte del perceptor y establece
que, sea una u otra la causa, hay obligación de devolver, con un
plazo de prescripción de cinco años, rompiendo el criterio
jurisprudencial de distinguir cuando hay error o negligencia en la
Administración, sólo tres meses, y cuando hay fraude consciente, el
plazo de prescripción completo. Ese era el criterio de los tribunales
y ese criterio lo rompe la Ley de acompañamiento, señor
Homs, con el apoyo de su grupo. (Rumores.) Es bueno recordarlo porque
el problema surge de ustedes, junto con el Partido Popular, que
apoyan esa modificación.

Cuando se produce eso, señor Homs, nosotros presentamos una
interpelación en la que denunciábamos el doble rasero que implicaba
esa modificación que habían apoyado ustedes, porque a l as deudas
tributarias se les aplica un plazo de prescripción de cuatro años y
a las deudas de los trabajadores con la Seguridad Social de cinco
años. En las deudas tributarias se permite que si la tramitación
tiene determinadas incidencias, decae la posibilidad de reclamar,
mientras que en las deudas de los trabajadores con la Seguridad
Social, cualquiera que sea la causa, sin distinción, cinco años.

Denunciando esa situación, presentamos una moción que pretendía
solucionar los dos temas: la equiparación de los plazos de
prescripción, es decir, que se utilizara la misma retroactividad para
la deuda tributaria que para la deuda con la Seguridad Social y, en
segundo lugar, que se distinguiera aquellos supuestos en los que
había error o negligencia de la Administración - restableciendo el
criterio del Tribunal Supremo de tres meses- de aquellos otros en los
que había fraude consciente, plazo de prescripción completo.

Señor Homs, ustedes enmiendan nuevamente, con el apoyo del Partido
Popular, esa moción nuestra y dejan que en lo primero sí se equipare
el plazo de prescripción, pero en lo segundo, se niegan a que se
restablezca el criterio del Tribunal Supremo. No lo contemplan en su
enmienda, señor Homs, y se hace una breve referencia a que se
distingan aquellos casos en los que exista responsabilidad de la
Administración, admitiendo que se aplique con criterio retroactivo a
todos los expedientes abiertos, que se revisen todos los expedientes
en los que pueda haber responsabilidad de la Administración.

Eso fue lo que ustedes sacaron adelante con el apoyo del Partido
Popular. Hoy, señor Homs, vienen con una nueva interpelación en la
que ya no se habla de todas las prestaciones si no sólo de
complementos



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de mínimos. Claramente se olvidan de que haya responsabilidad
o negligencia de la Administración, de eso no quieren hablar, criterio
distinto que utilizan cuando se trata de deudas tributarias. Ahí sí
que hay circunstancias que pueden dar lugar a que decaiga la
reclamación. Es más, señor Homs, ahora ni siquiera pretenden que se
revisen los expedientes. No hay la menor retroactividad de estos
criterios que ustedes dicen, ni siquiera los expedientes que se han
cerrado se podrán acoger a esta modificación futura de un real decreto.

Ni siquiera dicen eso.

Señor Homs -le he recordado la historia completa porque es así, como
se la cuento -, ustedes son responsables de este problema. No diga
usted ahora que quiere centrar el problema para no perderse en
soluciones porque la solución est á en sus manos. Ustedes configuran
mayoría en esta Cámara; apoyando las enmiendas o las mociones que
hemos presentado las fuerzas progresistas podrían haber dado
solución a un problema que ustedes crearon aliándose con el Partido
Popular. Ustedes lo han creado y hoy, aquí - se lo ha dicho el portavoz
del Grupo de Izquierda Unida -, se suben al carro de una reclamación
que ha partido de la izquierda. La desvirtuaron ustedes en la
interpelación de nuestro grupo y hoy pretenden simplemente hacer aquí
una cierta obra de caridad con los pobrecitos.

Estamos hablando de derechos, señor Homs. Cuando hay responsabilidad
o negligencia de la Administración ¿qué pasa? El perceptor de la
Seguridad Social no tiene el mismo trato. No me diga que no, se lo ha
cargado usted con la Ley de acompañamiento. Le recuerdo que allí se
dice que cualquiera que sea la causa, cinco años de prescripción. Lea
la Ley de acompañamiento, señor Homs, y dígame donde está modificada.

¿Por qué dicen ustedes que se modifique el Real Decreto del año 1996
cuando han aprobado una Ley de acompañamiento para el año 1998 que ha
modificado ese real decreto? ¿Cómo vamos a modificar un decreto de
1996 si hay una ley de 1998 que dice que cualquiera que sea la causa,
cinco años de prescripción? Si esa es la realidad legal hoy, o se
modifica la Ley de acompañamiento de 1998 o no tiene sentido
modificar el Real Decreto de 1996. Repito que hay una ley, la de
acompañamiento de 1998, aprobada por ustedes. Esa es la realidad
legal. Están ustedes desgraciadamente echando humo, pero no van al
fondo del problema, cosa que no hacen cuando se trata de deudas
tributarias.

Señor Homs, nos hubiera gustado encontrar una solución a este
problema. Lo trajimos nosotros los primeros a esta Cámara y nos
hubiera gustado de verdad colaborar en la solución de este problema.

Desgraciadamente esta moción que usted presenta hoy no es solución, y
usted lo sabe, señor Homs.

Créame, señor Homs, que la abstención de nuestro grupo a esta moción
que usted presenta hoy es la prueba clara de que nos gustaría
trabajar por encontrar una solución. Esperamos que mantengan ustedes
esa voluntad y que podamos encontrarla.

Gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Peralta.

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, para la presentación de
sus enmiendas, tiene la palabra el señor Arnau.




El señor ARNAU NAVARRO: Señor presidente, señorías, a la hora de
defender la enmienda del Grupo Socialista a la moción consecuencia de
interpelación del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
sobre el proceso de devolución de los complementos por mínimos
indebidamente percibidos, quiero empezar por dejar bien claro que no
pretendemos amparar a quienes quieran voluntariamente situarse al
margen de la ley, no queremos amparar ningún tipo de fraude. Esto
es obvio, y por ello sería innecesario decirlo, pero dada la
intervención del señor Camps en el debate de la interpelación el
pasado miércoles y de la señora ministra de Agricultura, parece
oportuno por empezar por lo obvio pese a su clara evidencia. ¿Qué
perseguimos con nuestra enmienda? Fundamentalmente, que se
modifique el artículo 45.3 de la Ley General de la Seguridad Social,
añadido por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, conocida como Ley de acompañamiento
de los Presupuestos de 1998. El artículo 45.3 debe modificarse en lo
que afecta a la percepción de prestaciones indebidas y no sólo de
complementos por mínimos. Perseguimos que con la idea de evitar una
teórica injusticia o insolidaridad por parte de los pensionistas no
se caiga en una injusticia real o en un perjuicio grave para quienes
se encuentran en los niveles más bajos de renta. Si con la Seguridad
Social se cubren necesidades con prestaciones públicas, con el
procedimiento de reintegro impuesto por el Partido Popular que
estamos debatiendo se están creando necesidades sociales nuevas
injustificadamente y, además, injustamente.

Al incidir nuestra enmienda en el artículo 45.3 nos planteamos el
hecho mismo de la devolución y en qué casos procede. La moción del
señor Homs que tiene de positivo su segundo párrafo, parte de que la
devolución procede en todo caso y que además es exigible por cinco
años. ¿Qué razón hay para que el plazo de prescripción de deudas
tributarias sea distinto e inferior al plazo de prescripción de las
deudas de la Seguridad Social? Proponemos la equiparación del plazo
de prescripción. ¿Por qué, señor Homs, no se parte de la presunción
buena fe del pensionista al igual que se hace con el contribuyente,
al menos desde la aprobación de la Ley de derechos y garantías de los
contribuyentes? ¿Cuál es la razón por la que no se tiene en cuenta la
responsabilidad de la Administración por actos propios, que es
doctrina sentada en Derecho administrativo, para el caso de
devolución de prestaciones de la Seguridad Social?
El señor Homs decía en el trámite de la interpelación, y hoy ha
venido a ratificarlo: No queremos entrar en si estas actuaciones
fueron o no realizadas a conciencia, con dolo o por actos de omisión o
desconocimiento, porque esta Cámara no puede analizar



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individualmente todos los comportamientos sometidos a esta problemática.

Evidentemente, esta Cámara no, pero por qué no la entidad gestora.

Si no se hace se está incurriendo en una injusticia que, por
otra parte, se pretende remediar. En todo caso, los procedimientos
son individuales. ¿Qué otra cosa que individualizar este
procedimiento solicita Convergència i Unió cuando propone la
acreditación individual de ingresos del pensionista? Se nos dirá
que esto es diferente y en parte podemos estar de acuerdo, pero no
podemos renunciar a lo que se dice en nuestra enmienda, que la
retroactividad de la obligación por reintegro quede limitada a tres
meses en los supuestos en que sea apreciable buena fe en el perceptor.

Estamos hablando de criterios jurisprudenciales y de principios
generales del Derecho, de un derecho democrático que tiene en cuenta
la actitud del ciudadano a la hora de exigirle responsabilidades y de
un derecho de la Seguridad Social que no persigue crear necesidades,
sino todo lo contrario, subvenirlas. Hay que tener en cuenta si
existe error o negligencia imputable a la Administración antes de
exigir otras responsabilidades. Por eso, proponemos que no sea
exigible la devolución si la percepción individual fue motivada por
error o negligencia de la Administración.

El artículo 45.3 de la Ley General de la Seguridad Social clama al
cielo al atribuir responsabilidades al pensionista aun en los
casos de error imputable a la entidad gestora. Decía usted en la
interpelación que nuestro grupo no quiere entrar por esa vía,
simplemente quiere reconocer que a partir del mes de septiembre de
1996 l as entidades gestoras de la Seguridad Social inician un
proceso más intenso de control en la percepción del complemento de
mínimos. Est amos de a cuerdo en que inician un procedimiento más
intenso de control, pero nosotros añadiríamos: un procedimiento más
intenso y, además, abusivo de control. Un proceso que no tiene en
cuenta nada, ni siquiera el nivel de rentas del pensionista a la hora
de exigir la devolución; nivel de rentas que el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) propone que se tenga en cuenta y en lo
que vamos a estar de acuerdo.

Señorías, termino, el Partido Popular ha entrado en este
procedimiento como un elefante en cacharrería, y este procedimiento,
el de devolución de las prestaciones, es sólo un ejemplo más de cómo
no se debe gestionar la Seguridad Social. Hay otros ejemplos. Cuando
l imitaron los medicamentos financiados por el Sistema Nacional de
Salud primaba entonces el criterio económico sobre el derecho
fundamental a la salud. Cuando acaban de establecer un nuevo control
también abusivo sobre las incapacidades laborales, priman de nuevo el
criterio económico sobre derechos irrenunciables de los trabajadores.

Aún hay más casos. Podemos ver ya y lo veremos en futuros debates
algunos relacionados con el cálculo de bases reguladoras en casos de
incapacidad permanente. Cargan ustedes, señorías del Grupo Popular,
sobre los humildes, amparándose en que hay abuso y en que hay fraude
mientras que, al propio tiempo, están favoreciendo el descontrol
- ahí sí hay abuso- de cuentas públicas de la Seguridad
Social, incrementan su déficit , se comen su reservas e incumplen
notoriamente los pactos de Toledo.

Los ciudadanos, señor Camps, juzgarán dónde está el abuso, si en el
acto de un pensionista que percibe complementos de mínimos porque se
equivocó el INSS y el cual pide la devolución a ese pensionista, o
en el descontrol actual en las cuentas públicas de la Seguridad
Social. A lo primero, ustedes, señores del Grupo Popular, llaman
insolidaridad social. Nosotros, sin embargo, reservamos esa palabra
sólo a lo segundo.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fer nández-Miranda y Lozana): Muchas
gracias, señor Arnau.

Grupos que desean fijar su posición. (Pausa.) En nombre del Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.




El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente.

Muy brevemente voy a expresar la opinión del Bloque Nacionalista
Galego acerca del tema que debatimos. Efectivamente, a través de la
moción que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) se vuelve a discutir en esta Cámara sobre el proceso de
devolución de los complementos por mínimos indebidamente percibidos.

Lo que parece más que evidente es que la normativa en vigor sobre
esta cuestión est á provocando efectos en los muchos pensionistas a
quienes pone en serios aprietos para hacer frente a las devoluciones
que les exige la Seguridad Social.

Está claro desde el punto de vista BNG que lo fundamental es abordar
la reforma de las normas legales hoy en vigor para que estas
situaciones no se produzcan. La discusión no puede situarse
exclusivamente en el terreno de la lucha contra el fraude, porque,
como es natural, todos los grupos y el nuestro también apoyan las
medidas antifraude. Es verdad que muchas veces da la impresión de que
cuando el Gobierno habla de lucha contra el fraude se refiere a los
sectores más desfavorecidos.




Para dar una respuesta al fondo del problema debería revisarse la Ley
General de la Seguridad Social en lo que se refiere a las cantidades
que hacen incompatibles la percepción del complemento por mínimos y
el plazo de prescripción de la obligación de devolver las cantidades
indebidamente percibidas por este concepto a l os pensionistas,
anulando la disposición actual que hace responsable al administrado
de los errores cometidos por la Administración que, desde nuestro
punto de vista, supone dejar al ciudadano en una intolerable
situación de indefensión frente a la Administración.

Siendo necesario abordar estas reformas legales, la moción que
presenta el Grupo de Convergència i Unió trata de buscar alguna
solución que permita mitigar los efectos negativos que causa la
normativa vigente en los miles de pensionistas. Trata, en definitiva,
de flexibilizar y dulcificar la aplicación de la misma. Vamos a votar
favorablemente esta moción porque, aunque no aborda el fondo de la
cuestión, puede suponer un alivio si se aplica a miles de personas en
este momento.




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Muchas gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vázquez.

En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la
palabra el señor Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.

También Coalición Canaria anuncia que va a votar favorablemente esta
moción consecuencia de interpelación que trae la iniciativa del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Señorías, hacer responsables a unos benefactores y perceptores de
unas cantidades que la Seguridad Social les transfirió en su día no
es hacer ninguna defensa de un fraude encubierto voluntario por
estas personas. Nosotros entendemos que con las anualidades que se
señalan en la iniciativa del Grupo Catalán desde el año 1994 hasta el
pasado 1997, no puede hacerse un perjuicio de devolución total e
inmediata de estas cantidades, máxime cuando se hace también - en eso
coincide tanto la iniciativa del Grupo Catalán como el segundo
párrafo del Grupo Parlamentario Socialista- una regulación de las
percepciones de beneficios que no superen un millón y medio de
pesetas.

Entendemos que esta iniciativa es de sentido común y tiene sensatez.

Esta sensatez aconseja un sentido de justicia para los más débiles
económicamente porque hacer esta devolución inmediata causaría un
verdadero perjuicio. Si ha habido un fallo en la Administración, que
hoy día debe de tener ordenadores y no manguitos y visera como en
siglos pasados, que se hagan rápidamente las correcciones, sobre todo
desde el año 1994.

Muchas gracias, señor presidente y anuncio nuestro voto favorable.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.

En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Camps.




El señor CAMPS DEVESA: Gracias, señor presidente.

Señorías, procedo a fijar la posición de mi grupo respecto a la
moción consecuencia de la interpelación urgente debatida la semana
pasada. Vaya por delante que nuestra posición va a ser la de apoyar
el texto de la moción que ha presentado el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió). Nuestra posición es de conformidad
con el texto, porque estamos de acuerdo con su contenido, aunque no
totalmente de acuerdo con el contenido de algunas enmiendas que se
habían presentado. Compartimos, pues, el criterio del grupo
proponente de la moción sobre la no aceptación de otras enmiendas.

Voy a hacer una brevísima referencia porque creo que se ha perdido
mucho el tiempo por otros portavoces desde est a tribuna. La
equiparación en cuanto al reintegro de prestaciones indebidas y lo que
sería, en su caso, la equiparación de la prescripción por fraude
fiscal ya está acordado por esta Cámara, ya está instado
el Gobierno y ya se producirá. Señores, no tengan más prisa que la
propia puesta en efectivo de la normativa, porque hoy en día el plazo
de prescripción fiscal no es de cuatro años, sino de cinco; el de
cuatro años será a partir de enero del año que viene. No corran tanto
en lo social no sea que se queden sin plazo de equiparación porque
lleguen ustedes mas rápido de la norma a la que intentan equipararse.

No perdamos tiempo en debates de ese tipo o en otros que no vienen
en absoluto al caso, como es el de la financiación de complementos de
mínimos que lo hemos tenido, y lo tendremos, señor Vaquero, de aquí
al año 2000 en muchas circunstancias, pero no era hoy el motivo del
debate que teníamos respecto a la moción presentada por el Grupo de
Convergència i Unió. Señorías, si lo tenemos que hacer centrando el
debate - y no veo en este caso al portavoz del Grupo Parlamentario
Mixto -, el problema no es la Ley de acompañamiento del año 1998. El
problema es que había una normativa legal desde el año 1994, no
promulgada por este Gobierno, que hacía incompatible la percepción
de los complementos para mínimos con determinadas rentas que percibía
a su vez el pensionista; norma que no se puso en vigor, que dejó
huérfana aquel Gobierno que la promulgó ya que se declaró objetor
legal de su propia ley, y que durante los años 1994, 1995 y 1996,
hasta que se celebraron elecciones y hubo cambio de Gobierno, aquel
otro Gobierno no sólo no aplicó sino que, efectuando revisiones, no
fue capaz posteriormente de hacer lo que debía hacer cualquier
Gobierno diligente y responsable, que era aplicar su propia norma
Porque tenía conocimiento del fraude. Eso es lo que hizo posteriormente
un Gobierno del Partido Popular.

La problemática, en primer termino, no está en la Ley de
acompañamiento del año 1998, está en lo que otro Gobierno dejó de
hacer con sus propias leyes y dejó de aplicar. La problemática, al
final, señor Peralta, está en ver qué hacemos con más de 35.000
millones de pesetas que se pagaron indebidamente hasta el año 1996.

Este Gobierno y esta Cámara tienen que decidir si vamos a pedir su
reintegro o simplemente vamos a dejar que, como otros grupos a lo
mejor pretenden, aumente el déficit de la Seguridad Social. Nosotros
en eso no estamos en absoluto de acuerdo. (Aplausos.) Señorías, es
cierto que la Ley de acompañamiento del año 1998 lo que hizo fue
cubrir una laguna legal que existía en nuestro sistema que había
puesto de manifiesto el Tribunal Supremo, no de la manera como
algunos otros, como la propia enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista, pretenden introducir en sus textos. Cubrió una laguna
legal para evitar que se dieran situaciones de inseguridad jurídica
y excesiva litigiosidad. ¿Por qué si no, señorías, ha llegado el
Tribunal Supremo a dictar sentencias? Porque los particulares llegaban
pleiteando hasta allí. Si hubiera estado claro que la aplicación de
la norma en ese momento era la de los tres meses de prescripción
cuando existiera buena fe del perceptor y error o negligencia en la
Administración, no hubiera llegado nunca el Tribunal Supremo a
manifestarse, porque no hubiera existido litigiosidad. Si se manifestó
justamente es porque existían



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- y el señor Peralta es un buen jurista en est a materia- posturas
discrepantes entre Administración y administrados que llegaron hasta
el Tribunal Supremo. Pero es que esa laguna legal que fue cubierta en
la Ley de acompañamiento de 1998 no es ni mucho menos lo que alguna
de SS.SS. han querido decir desde esta tribuna.




Cuando exista verdaderamente una conducta reprobable de la
Administración, manifiesta demora injustificada de la misma; cuando
pudiendo conocer la situación de algún perceptor y pudiendo
reconducirla no lo hiciere, en esos casos, y con la Administración de
Justicia de por medio, no tenga usted ninguna duda, señor Peralta, de
que el plazo seguirá siendo de tres meses y no de cinco años, porque
para eso está la Administración de Justicia en la aplicación de la
ley, y usted que es buen jurista lo sabe exactamente igual que lo sé
yo. Señoría, no discutamos, que por ahí tampoco vamos bien.

Hoy he observado un discurso más encendido que en otras ocasiones
justamente en esta materia. No creo que tenga nada que ver con
determinados pactos políticos que suceden allende esta Cámara. Le
podría aconsejar que volviera al discurso moderado y tranquilo que es
muy necesario cuando debatimos esta materia, que incluso hoy, no sé
si por el cambio de portavoz, ha tenido, sobre todo en lo formal, el
Grupo Parlamentario Socialista.

Lo que hoy estamos viendo aquí es si este Gobierno tiene que aplicar
la ley, que la aplica, y si tiene que observar si esa ley es
favorable para los que la tiene que aplicar, que eso es lo que ha
visto, junto con el Grupo de Convergència i Unió. Nos hemos dado
cuenta de que había que modificarla, que por cierto, no es el
artículo 45, sino un real decreto del año 1996 que también hizo el
anterior Gobierno que, aparte de no aplicado, era un mal real
decreto y por eso vamos a instar al Gobierno a que lo cambie. Lo que
tiene que hacer este Gobierno es luchar contra el fraude y la
morosidad y, sobre todo, consolidar y mantener nuestro actual sistema
de Seguridad Social.

En resumidas cuentas, lo que debe hacer responsable y diligentemente
este Gobierno es recobrar todo aquello que otros, de manera
irresponsable y no diligentemente, pagaron indebidamente de los años
1994, 1995 y 1996, más de 35.000 millones de pesetas. Si tan
preocupados estamos, señor Arnau, por la estabilidad de nuestro
sistema, por el equilibrio económico y financiero, hagan el favor de
apoyar propuestas como ésta y no como las que suelen traer a esta
Cámara, que sólo suponen disminución del gasto o más aumento de
ingresos para la Seguridad Social, es decir, que es lo mismo aumentar
ese déficit que sólo existe en su cabeza pero que veo quieren seguir
aumentando cada semana con las interpelaciones y las proposiciones
que traen a esta Cámara.

En algunas ocasiones nos han manifestado portavoces de otros grupos
que el Gobierno del Partido Popular tenía cierto sentimiento de Adán,
porque con nosotros parecía que había llegado la creación y antes no
había ocurrido nada. Les puedo asegurar, señorías de la
izquierda, que en esta materia nos habría encantado que fuera
cierto, que hubiéramos tenido el sentimiento de Adán de Adán y que
además fuera verdad porque habríamos llegado al Gobierno y no nos
habríamos encontrado con leyes sin aplicar porque ni las habían
hecho; habríamos llegado al Gobierno y no nos habríamos encontrado
con que lo que hacían esas leyes era permitir que se pagaran
indebidamente complementos por mínimos; habríamos llegado al Gobierno
y no nos habríamos encontrado con 35.000 millones menos que se habían
pagado indebidamente y que no estaban donde tenían que estar, que
era en las arcas de la Seguridad Social. Nos habría encantado,
señorías, tener el síndrome de Adán en esta materia. (Aplausos.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Camps,
le ruego concluya.




El señor CAMPS DEVESA: Concluyo, señor presidente.

Pero no fue así, y como no lo fue, señorías, tenemos que modificar
las leyes que ustedes hicieron mal y no cumplieron. Y lo vamos a
hacer instando al Gobierno para ello, de conformidad con la moción
que ha presentado hoy el Grupo de Convergència i Unió. Lo vamos a
hacer, señor Vaquero, de manera que discriminamos a los más
desfavorecidos, porque nos parece que debe ser así, porque la enmienda
del Grupo Parlamentario Socialista hace de igual condición al
defraudador, al señor - por poner un ejemplo- que t iene rentas de
2.000 millones que cobraba complemento por mínimos, que al señor que
tiene rentas que apenas llegan al millón de pesetas. No estamos de
acuerdo. El señor de los 1.000 millones que cobraba complementos
a mínimos y que ahora se han cruzado las rentas y se ha dado cuenta que
no, que pague lo que percibió indebidamente, porque no ti ene ningún
derecho a valerse del sistema de Seguridad Social; que sea solidario
para no cobrarlo. Que lo devuelva, y que lo devuelva todo y cuanto
antes mejor.




El señor VICEPRESIDENTE (Fer nández-Miranda y Lozana): Señor Camps,
le ruego concluya.




El señor CAMPS DEVESA: Concluyo ya, señor presidente. (Rumores.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Silencio,
señorías.




El señor CAMPS DEVESA: Señores, por eso apoyamos la moción de
Convergència i Unió. Aquellos pensionistas de rentas más
desfavorecidas, que apenas llegan hasta el millón y medio de pesetas,
que han podido ir a peor desde el momento en que se les reconoció la
no existencia de complementos por mínimos para los mismos, tienen
derecho a mantener una estabilidad en sus ingresos económicos
mensuales. Por eso nos parece acertada la moción.

Hoy esta Cámara debería, al menos, intentar quitarle la razón a aquel
pensador español que dijo que vivía en un país donde los hombres eran
más sensibles a



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destruir que a construir. Tal vez hoy ocurra lo contrario; apoyen
todos los grupos de la Cámara la moción del grupo proponente y
seguramente con eso le hagamos un favor a millones de pensionistas
españoles.

Muchas gracias. (Aplausos.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Camps.

Señor Homs, S.S. debe expresar la aceptación o no de las enmiendas
presentadas a su moción.




El señor HOMS I FERRET: Señor presidente, muchas gracias, pero en mi
intervención ya he expresado la no aceptación de las enmiendas que se
han presentado a nuestra moción.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Le ruego lo
reitere, señor Homs.




El señor HOMS I FERRET: Reitero la voluntad de mi grupo de no aceptar
las enmiendas que se han propuesto a la moción. (El señor Arnau
Navarro pide la palabra.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Homs.

Señor Arnau, ¿a qué efectos me solicita la palabra?



El señor ARNAU NAVARRO: Señor presidente, a efectos de pedirle
votación separada de los párrafos primero y segundo.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Así se hará,
señor Arnau. Muchas gracias.

Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)



El señor PRESIDENTE: Votaciones correspondientes a la moción del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre el proceso
de devolución de los complementos para mínimos indebidamente
percibidos. Votamos en primer lugar el párrafo primero.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
272; a favor, 149; en contra, 118; abstenciones, cinco.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el párrafo primero de la moción.

Votación sobre el párrafo segundo.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
271; a favor, 269; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado también el párrafo segundo.

El Pleno se reanudará mañana las dieciséis horas.

Se suspende la sesión.




Eran las diez y diez minutos de la noche