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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 168, de 11/06/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1998 VI Legislatura Núm. 168
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 163
celebrada el jueves, 11 de junio de 1998
ORDEN DEL DIA:
Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados:
--Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre
declaraciones de actividades de Excmos. Sres. Diputados (número registro
55373)(Página 8954)
Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes:
--Real Decreto-Ley 3/1998, de 8 de mayo, por el que se establecen las
retribuciones de los Magistrados del Tribunal Supremo en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 404.bis de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial, añadido por la Ley Orgánica 5/1997, de 4 de
diciembre, y se prueba el correspondiente suplemento de crédito por
importe total de 609.680.793 pesetas para su financiación (número de
expediente 130/000045) («BOE» número 111, de 9 de mayo de 1998)
(Corrección de error en «BOE» número 116, de 15 de mayo de 1998)(Página 8954)
--Real Decreto-Ley 4/1998, de 22 de mayo, por el que se concede a la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir un crédito extraordinario de
4.500.000.000 de pesetas para financiar actuaciones derivadas de la
rotura de la balsa de residuos de la mina de Aznalcóllar, y se autoriza a
dicho organismo autónomo a realizar operaciones de endeudamiento hasta el
mismo importe (número de expediente 130/000046) («BOE» número 123, de 23
de mayo de 1998)(Página 8962)
Enmiendas del Senado:
--Proyecto de Ley de reforma del Régimen Jurídico y Fiscal de las
Instituciones de inversión colectiva de naturaleza inmobiliaria y sobre
cesión de determinados derechos de crédito de la Administración General
del Estado. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 39-1, de
10 de abril de 1997 (número de expediente 121/000037)(Página 8973)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios
Internacionales:
--Convenio entre el Reino de España y la República Portuguesa para la
construcción de un puente internacional sobre el río Miño, entre las
localidades de Goian (España) y Vila Nova de Cerveira (Portugal), firmado
en Madrid el 19 de noviembre de 1997. «BOCG. Sección Cortes Generales»,
serie A, número 163, de 26 de enero de 1998. (Corrección de error en
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie C, número 193-2, de 25 de mayo
de 1998) (número de expediente 110/000155)(Página 8976)
--Acuerdo sobre la conservación de los cetáceos del Mar Negro, del Mar
Mediterráneo y la Zona Atlántica contigua, hecho en Mónaco el 24 de
noviembre de 1996. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 182,
de 31 de marzo de 1998 (número de expediente 110/000166)(Página 8976)
--Convenio entre el Reino de España y la República Portuguesa, relativo a
la cooperación judicial en materia penal y civil, hecho en Madrid el 19
de noviembre de 1997. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número
183, de 31 de marzo de 1998 (número de expediente 110/000167)(Página 8976)
--Protocolo Adicional entre el Reino de España y la República de
Nicaragua, modificando el Convenio de doble nacionalidad de 25 de julio
de 1961, hecho en Managua el 12 de noviembre de 1997. «BOCG. Sección
Cortes Generales», serie A, número 184, de 31 de marzo de 1998 (número de
expediente 110/000168)(Página 8976)
--Protocolo Adicional entre el Reino de España y la República de Costa
Rica modificando el Convenio de doble nacionalidad de 8 de junio de 1964,
hecho en Madrid el 23 de octubre de 1997. «BOCG. Sección Cortes
Generales», serie A, número 190, de 20 de abril de 1998 (número de
expediente 110/000169)(Página 8977)
--Tratado y Reglamento de la OMPI, sobre el Derecho de Marcas, adoptados
por la Conferencia Diplomática en Ginebra el 27 de octubre de 1994, así
como Reserva y Declaraciones que España va a formular en el momento de su
ratificación. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 191, de
20 de abril de 1998 (número de expediente 110/000173)(Página 8977)
--Enmiendas de los artículos 14 y 37 de los Estatutos de la Organización
Mundial de Turismo, de 27 de septiembre de 1970, adoptadas en Nueva Delhi
el 14 de octubre de 1983 y en Roma el 25 de septiembre de 1981,
respectivamente, por la Asamblea General de la OMT. «BOCG. Sección Cortes
Generales», serie A, número 192, de 20 de abril de 1998 (número de
expediente 110/000174)(Página 8977)
--Convenio relativo al traslado de personas condenadas para el
cumplimiento de penas privativas de libertad entre el Reino de España y
la Federación Rusa, hecho en Moscú, el 16 de enero de 1998. «BOCG.
Sección Cortes Generales», serie A, número 193, de 21 de abril de 1998
(número de expediente 110/000175)(Página 8977)
--Arreglo Técnico relativo a la aplicación del artículo VIII del Acuerdo
entre el Gobierno de la República de Albania y los Gobiernos de las
Naciones contribuyentes a la Fuerza Multinacional de Protección, relativo
al Estatuto de dicha Fuerza, hecho en Roma el 21 de abril de 1997(Página 8977)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
--Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por
importe de 264.624.330 pesetas, para abonar a Diarios y Revistas, S. A.,
la indemnización derivada del punto segundo de la Sentencia del Tribunal
Supremo de 2 de julio de 1994. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie
A, número 63-1, de 2 de junio de 1997 (número de expediente
121/000061)(Página 8978)
--Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por
importe de 2.958.395.142 pesetas, para abonar a Diarios y Revistas, S.
A., la indemnización derivada del punto tercero de la Sentencia del
Tribunal Supremo de 2 de julio de 1994 y del auto de 7 de julio de 1997.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 111-1, de 3 de abril
de 1998 (número de expediente 121/000109)(Página 8978)
--Proyecto de Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores
del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones, por la
que se incorporan al ordenamiento jurídico español las Directivas
93/38/CEE y 92/13/CEE. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número
113-1, de 4 de mayo de 1998 (número de expediente 121/000112)(Página 8978)
--Proyecto de Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 114-1, de 4 de mayo de
1998 (número de expediente 121/000113)(Página 8990)
SUMARIO
Se abre la sesión a las nueve de la mañana, con carácter secreto, para
debatir sobre el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados
sobre declaraciones de actividades de señores Diputados, que es aprobado.
Se reanuda la sesión con carácter público.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes(Página 8954)
Real Decreto-ley 3/1998, de 8 de mayo, por el que se establecen las
retribuciones de los magistrados del Tribunal Supremo en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 404 bis de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial, añadido por la Ley Orgánica 5/1997, de 4 de
diciembre, y se aprueba el correspondiente suplemento de crédito por
importe total de 609.680.793 pesetas para su financiación (Página 8954)
Comparece ante la Cámara, en nombre del Gobierno, la señora ministra de
Justicia (Mariscal de Gante y Mirón) para presentar el Real Decreto-ley
3/1998, de 8 de mayo, en virtud del cual se establecen las retribuciones
de los magistrados del Tribunal Supremo para este año 1998 y se aprueba
el correspondiente suplemento de crédito, y pedir su convalidación.
Señala que con este Real Decreto-ley se da cumplimiento al artículo 404
bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde se establece la
obligación de realizar las retribuciones de los magistrados del Tribunal
Supremo y equipararlas a las que perciben los titulares de otros altos
órganos constitucionales.
A continuación pasa a recordar el origen y los avatares del artículo 404
bis y a justificar la razón de urgencia para la promulgación de un real
decreto-ley y la validez del suplemento de crédito concedido para atender
a la financiación de la medida, para lo que se remite al dictamen
elaborado por el Consejo de Estado.
En turno en contra interviene la señora Almeida Castro, del Grupo
Parlamentario Mixto.
En un segundo turno intervienen la señora ministra de Justicia y la
señora Almeida Castro.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla,
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Echevarría,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Silva Sánchez, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Castellano
Cardalliaguet,
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Jover Presa, del
Grupo Socialista del Congreso, y Padilla Carballada, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Real Decreto-ley 4/1998, de 22 de mayo, por el que se concede a la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir un crédito extraordinario de
4.500.000.000 de pesetas para financiar actuaciones derivadas de la
rotura de la balsa de residuos de la mina de Aznalcóllar, y se autoriza a
dicho organismo autónomo a realizar operaciones de endeudamiento hasta el
mismo importe (Página 8962)
Comparece ante la Cámara la señora ministra de Medio Ambiente (Tocino
Biscarolasaga), para solicitar la convalidación del Real Decreto-ley
4/1998, de 22 de mayo, que autoriza a la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir a financiar el crédito extraordinario de 4.500 millones con
cargo a operaciones de endeudamiento, fórmula que permite que no exista
en términos de contabilidad nacional imputación al déficit público y que
pueda, a su vez, solicitarse financiación comunitaria y mantener el
ejercicio de cuantas acciones de todo tipo sean adecuadas para la
materialización de las inversiones previstas. Considera que, sin
perjuicio de la responsabilidad civil que corresponda a la empresa
causante de la contaminación, es a todos los ciudadanos que directa o
indirectamente han sido afectados, así como de manera muy especial a las
administraciones públicas, a quienes corresponde minimizar las graves
consecuencias del accidente con la máxima diligencia y rapidez. Explica
las actuaciones que en este sentido está llevando a cabo el Ministerio de
Medio Ambiente y destaca el hecho de que la trascendencia social de las
mismas implica la consideración jurídica de utilidad pública, a los
efectos previstos en los artículos 9, 10 y 11 de la Ley de Expropiación
Forzosa.
Termina su intervención manifestando que el Real Decreto-ley que hoy trae
a la Cámara es sólo la punta de lanza de una serie de actuaciones, en
algunos casos de carácter inmediato y urgente, y desea que el enorme
interés que ha despertado este grave desastre ecológico sirva para
mentalizar a todos los estamentos sociales y públicos de que no hay
política ni desarrollo adecuado que no deba conocer y tener siempre en
cuenta, del modo más exacto posible, el impacto de cada acción sobre el
medio ambiente.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Almeida Castro,
del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Mardones Sevilla, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria; Recoder i Miralles, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); las señoras Aramburu del
Río, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Marón Beltrán,
del Grupo Socialista del Congreso, y el señor Marquínez Marquínez, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En un segundo turno intervienen la señora ministra de Medio Ambiente y
las señoras Aramburu del Río y Marón Beltrán, replicando la señora
ministra de Medio Ambiente.
Sometida a votación, en primer lugar, la convalidación o derogación del
Real Decreto-ley 3/1998, de 8 de mayo, sobre retribuciones de los
magistrados del Tribunal Supremo, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 404 bis modificado, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se
aprueba la convalidación por 307 votos a favor y seis abstenciones.
Sometida a votación, en segundo lugar, la convalidación o derogación del
Real Decreto-ley 4/1998, de 22 de mayo, por el que se concede un crédito
extraordinario de 4.500 millones de pesetas a la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir para financiar actuaciones derivadas de la
rotura de la balsa de residuos de la mina de Aznalcóllar, se aprueba la
convalidación por unanimidad del Pleno.
Enmiendas del Senado
Proyecto de ley de reforma del Régimen Jurídico y Fiscal de las
instituciones de inversión colectiva de naturaleza inmobiliaria y sobre
cesión de determinados derechos de crédito de la Administración General
del Estado(Página 8973)
En turno de fijación de posiciones sobre las enmiendas del Senado a este
proyecto de ley, intervienen los señores Alvarez Gómez, del Grupo
Socialista del Congreso, y Ortiz González, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de
reforma del Régimen Jurídico y Fiscal de las instituciones de inversión
colectiva de naturaleza inmobiliaria y sobre cesión de determinados
derechos de crédito de la Administración General del Estado, que son
aprobadas.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios
internacionales(Página 8976)
Convenio entre el Reino de España y la República Portuguesa para la
construcción de un puente internacional sobre el río Miño, entre las
localidades de Goian (España) y Vila Nova de Cerveira (Portugal), firmado
en Madrid el 19 de noviembre de 1997 (Página 8976)
Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.
Acuerdo sobre la conservación de los cetáceos del Mar Nego, del Mar
Mediterráneo y la zona atlántica contigua, hecho en Mónaco el 24 de
noviembre de 1996 (Página 8976)
Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.
Convenio entre el Reino de España y la República Portuguesa, relativo a
la cooperación judicial en materia penal y civil, hecho en Madrid el 19
de noviembre de 1997 (Página 8976)
Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.
Protocolo adicional entre el Reino de España y la República de Nicaragua,
modificando el Convenio de doble nacionalidad de 25 de julio de 1961,
hecho en Managua el 12 de noviembre de 1997 (Página 8976)
Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.
Protocolo adicional entre el Reino de España y la República de Costa Rica
modificando el Convenio de doble nacionalidad de 8 de junio de 1964,
hecho en Madrid el 23 de octubre de 1997 (Página 8977)
Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.
Tratado y Reglamento de la OMPI, sobre el Derecho de marcas, adoptados
por la Conferencia Diplomática en Ginebra el 27 de octubre de 1994, así
como reserva y declaraciones que España va a formular en el momento de su
ratificación (Página 8977)
Sometidos a votación, se aprueban por asentimiento.
Enmiendas de los artículos 14 y 37 de los Estatutos de la Organización
Mundial de Turismo, de 27 de septiembre de 1970, adoptadas en Nueva Delhi
el 14 de octubre de 1983 y en Roma el 25 de septiembre de 1981,
respectivamente, por la Asamblea General de la OMT (Página 8977)
Sometidas a votación, se aprueban por asentimiento.
Convenio relativo al traslado de personas condenadas para el cumplimiento
de penas privativas de libertad entre el Reino de España y la Federación
Rusa, hecho en Moscú el 16 de enero de 1998 (Página 8977)
Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.
Arreglo técnico relativo a la aplicación del artículo VIII del Acuerdo
entre el Gobierno de la República de Albania y los gobiernos de las
naciones contribuyentes a la Fuerza Multinacional de Protección, relativo
al Estatuto de dicha Fuerza, hecho en Roma el 21 de abril de 1997
(Página 8977)
Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.
Acuerdo entre el Reino de España y Ucrania para la promoción y protección
recíproca de inversiones, hecho en Kiev el 26 de febrero de 1998
Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.(Página 8977)
Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el
Reino de España y la República de la India, firmado en Nueva Delhi el 30
de septiembre de 1997 (Página 8977)
Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas (Página 8978)
Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe
de 264.624.330 pesetas, para abonar a Diarios y Revistas, S. A., la
indemnización derivada del punto segundo de la Sentencia del Tribunal
Supremo de 2 de julio de 1994 (Página 8978)
Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe
de 2.958.395.142 pesetas, para abonar a Diarios y Revistas, S. A., la
indemnización derivada del punto tercero de la sentencia del Tribunal
Supremo de 2 de julio de 1994 y del auto de 7 de julio de 1997 (Página 8978)
El señor presidente comunica a la Cámara que el Gobierno, por medio de un
escrito registrado en la mañana de hoy, ha notificado la retirada de los
dos proyectos de ley, por lo que suspende el Pleno por unos minutos a
efectos de que la Mesa pueda calificar dicho escrito y comunicar después
la decisión al Pleno.
Se suspende la sesión a las once y cuarenta y cinco minutos de la mañana.
Se reanuda la sesión a las doce y diez minutos del mediodía.
El señor presidente comunica al Pleno que la Mesa ha decidido calificar
positivamente el escrito de retirada de los proyectos de ley que
constituían los dos primeros puntos del punto undécimo del orden del día.
Proyecto de ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del
agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones, por la que se
incorporan al ordenamiento jurídico español las directivas 93/38/CEE y
92/13/CEE (Página 8978)
Presenta el proyecto de ley, en nombre del Gobierno, el señor ministro de
Fomento (Arias-Salgado y Montalvo). Expone en primer lugar que la
elaboración del proyecto, del que ha sido ponente el Ministerio de
Fomento, ha correspondido conjuntamente a dicho departamento y a los
ministerios de Justicia, Economía, Industria y Medio Ambiente, habiendo
sido oídas en su tramitación tanto las comunidades autónomas como las
entidades más representativas de los sectores del agua, la energía, los
transportes y las telecomunicaciones. A continuación subraya la necesidad
de que la incorporación de la normativa comunitaria al ordenamiento
jurídico español se realice mediante ley, por afectar su contenido tanto
al principio de autonomía de la voluntad en el plano contractual,
recogido en los códigos Civil y de Comercio, como al sistema de control
de las actuaciones llevadas a cabo por entidades de Derecho privado,
control que incide en el campo procesal. Asimismo subraya el escaso
margen de discrecionalidad posible en la interpretación de las
directivas, ya que éstas, por su carácter y contenido concreto, resultan
de aplicación directa en muchos casos, lo que permite calificar el
proyecto de ley de norma eminentemente instrumental.
Pasa a explicar en detalle el contenido de los diferentes títulos,
capítulos, artículos y disposiciones, así como de la exposición de
motivos, del proyecto de ley que presenta hoy ante la Cámara, y se
refiere a la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Opina que la enmienda debe
rechazarse puesto que se basa en la innecesariedad del proyecto, cuando
precisamente su fundamento es el de la necesidad insoslayable de acoger
en nuestro ordenamiento lo dispuesto en las directivas comunitarias y,
además, urgente y aceleradamente, porque la vigencia de esta directiva en
el ordenamiento jurídico español será un requisito exigible en todo el
proceso de negociación del nuevo marco comunitario de apoyo.
En defensa de la enmienda de totalidad presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, interviene el señor Ríos
Martínez.
Replica el señor ministro de Fomento.
En turno en contra de la enmienda de totalidad interviene el señor Sabaté
Ibarz, del Grupo Socialista del Congreso.
Replica el señor Ríos Martínez, duplicando el señor Sabaté Ibarz.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Rodríguez
Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Uría Echevarría, del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Silva Sánchez, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Posada Moreno, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la enmienda de totalidad presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida al proyecto de ley sobre
procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los
transportes y las telecomunicaciones, por la que se incorporan al
ordenamiento jurídico español las directivas correspondientes, se rechaza
por 20 votos a favor, 172 en contra y 120 abstenciones.
Para una cuestión de orden en relación con la suspensión de la sesión
hasta la tarde, intervienen la señora Fernández de la Vega Sanz, del
Grupo Socialista del Congreso; los señores De Grandes Pascual, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso; Martínez Noval, del Grupo
Socialista del Congreso; la señora Aguilar Rivero, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y el señor Saura Laporta, del
Grupo Parlamentario Mixto.
El señor presidente, oídas las intervenciones a favor y en contra, decide
la continuación del orden del día, conjugando los derechos de las
minorías y también de las mayorías.
Proyecto de ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(Página 8990)
Presenta el proyecto de ley, en nombre del Gobierno, el señor
vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda (De
Rato y Figaredo). Manifiesta su satisfacción por presentar por primera
vez en la historia parlamentaria una ley sobre la renta de las personas
físicas que suponga una rebaja de los impuestos para todos los españoles
que cumplen con sus obligaciones fiscales, y añade que los efectos de
esta ley comenzarán a notarse a partir del próximo mes de enero.
Considera que hay una opinión generalizada sobre la necesidad de
modernizar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas tanto por
razones de equidad como de eficiencia, profundizando en la recuperación
económica y en la creación de empleo y, además, beneficiando a la
economía con todas las ventajas posibles que se deriven de la Unión
Económica y Monetaria, es decir, de la pertenencia al euro.
A continuación se refiere al marco económico y social en que se produce
la reforma, que coincidirá con la entrada en vigor de la moneda única.
Manifiesta que la reforma es plenamente coherente con el marco de
estabilidad, de reformas y de libertad económica en que se desarrolla la
política macroeconómica del Gobierno y necesaria para aprovechar las
oportunidades que se le ofrecen a España en el proceso de integración
europea y de globalización mundial.
Se refiere asimismo a los objetivos de la reforma, como aumentar el
crecimiento y el empleo, lograr un reparto más equitativo y justo de la
carga tributaria, incentivar el ahorro o la lucha contra el fraude, pero
lo hace partiendo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
aprobado en 1991, actualmente en vigor. Recuerda que el Grupo Popular ya
consideró aquel impuesto injusto, ineficaz para crear empleo y alejado de
todas las reformas que se estaban planteando o se habían planteado ya en
la mayoría de los países industrializados, y opina que la experiencia ha
dejado cortas las previsiones.
A continuación expone que el proyecto consta de un título preliminar, en
el que se define el nuevo concepto de capacidad económica; diez títulos,
en los que se definen los aspectos materiales, personales, temporales, la
base imponible, la base liquidable, la forma en que se calcula el
impuesto, la cuota diferencial, el gravamen autonómico, las normas
aplicables a la tributación familiar, los regímenes especiales y las
obligaciones formales y materiales y, finalmente, el régimen sancionador
y el orden jurisdiccional; además de tres disposiciones adicionales,
siete transitorias, una derogatoria y otra final, que pasa a explicar
detalladamente en algunos de sus conceptos.
Para terminar, muestra la voluntad del Gobierno de escuchar y aceptar las
mejores alternativas siempre que se respeten los principios de mejora de
las rentas salariales --sobre todo de las más bajas--, de mejora de la
situación de las familias --sobre todo de las que tienen mayores
responsabilidades--, de simplificación del impuesto, de neutralidad del
ahorro, de homologación a Europa y de efectos positivos sobre el empleo.
Se suspende la sesión a las dos y cuarenta y cinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
En defensa de las enmiendas de totalidad de devolución intervienen los
señores Vázquez Vázquez (don Guillerme) y Saura Laporta, del Grupo
Parlamentario Mixto; Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, y Martínez Noval, del Grupo Socialista del Congreso.
Contesta el señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de
Economía y Hacienda (De Rato y Figaredo).
En turno de réplica intervienen los señores Vázquez Vázquez (don
Guillerme), Saura Laporta, Ríos Martínez y Martínez Noval, duplicando el
señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y
Hacienda.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Gómez
Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Zabalía Lezamiz,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Homs i Ferret, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Martínez-Pujalte López,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometidas a votación las cuatro enmiendas de totalidad de devolución, son
rechazadas por 127 votos a favor, 171 en contra y una abstención.
Avocación por el Pleno (Página 9038)
Del proyecto de ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(Página 9038)
El señor presidente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1
del Reglamento, somete al Pleno la avocación de la deliberación y
votación final del proyecto de ley del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, lo que se aprueba por asentimiento.
Se levanta la sesión a las ocho y cinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana con
carácter secreto.
DICTAMEN DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS:
--DICTAMEN DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE
DECLARACIONES DE ACTIVIDADES DE EXCELENTISIMOS SEÑORES DIPUTADOS (Número
de registro 55373)
Se somete a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los
Diputados, que es aprobado.
Se reanuda la sesión con carácter público.
CONVALIDACION O DEROGACION DE REALES DECRETOS-LEYES:
--REAL DECRETO-LEY 3/1998, DE 8 DE MAYO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS
RETRIBUCIONES DE LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPREMO EN CUMPLIMIENTO DE
LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 404.BIS DE LA LEY ORGANICA 6/1985, DE 1 DE
JULIO, DEL PODER JUDICIAL, AÑADIDO POR LA LEY ORGANICA 5/1997, DE 4 DE
DICIEMBRE, Y SE APRUEBA EL CORRESPONDIENTE SUPLEMENTO DE CREDITO POR
IMPORTE TOTAL DE 609.680.793 PESETAS PARA SU FINANCIACION (Número de
expediente 130/000045)
El señor PRESIDENTE: Sesión pública.
Punto VII del orden del día, debate sobre convalidación o derogación de
dos reales decretos-leyes. En primer lugar, el Real Decreto-ley 3/1998,
de 8 de mayo, por el que se establecen las retribuciones de los
magistrados del Tribunal Supremo en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 404.bis de la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial, añadido por la Ley orgánica 5/1997, de 4 de diciembre, y se
aprueba el correspondiente suplemento de crédito por importe total de
609.680.793 pesetas para su financiación.
Para la presentación del proyecto, en nombre del Gobierno tiene la
palabra doña Margarita Mariscal de Gante, ministra de Justicia, que se
había ausentado un momento del hemiciclo al ser la votación anterior
secreta y no ser titular de la Cámara, como pueden comprobar sus señorías
con su llegada o reincorporación en este momento.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Señor
presidente, señorías, comparezco ante la Cámara para realizar la
presentación del Real Decreto-ley 3/1998, de 8 de mayo, en virtud del
cual se establecen las retribuciones de los magistrados del Tribunal
Supremo para este año de 1998 y se aprueba el correspondiente suplemento
de crédito por importe total de 609.680.793 pesetas.
Lo primero que me gustaría señalar en relación con este decreto-ley cuya
convalidación hoy se discute es que no hace sino dar cumplimiento a un
mandato legal, el contenido en el artículo 404 bis de la Ley Orgánica del
Poder Judicial. Dicho artículo impone la obligación de realizar las
retribuciones de los magistrados del Tribunal Supremo y equipararlas a
las que perciben los titulares de otros altos órganos constitucionales.
Parece conveniente recordar el origen y avatares del contenido del ya
citado artículo 404 bis. Este precepto surge dentro de esta Cámara
durante la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley Orgánica de
Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El Grupo Socialista
presentó una enmienda a la totalidad con texto alternativo en el que se
incorporaba un artículo 404 bis de similares términos a los finalmente
aprobados.
Como consecuencia de la opinión mayoritaria puesta de relieve a lo largo
de la tramitación parlamentaria, en el texto aprobado por el Pleno del
Congreso de los Diputados sobre el proyecto de Ley Orgánica de Reforma de
la Ley Orgánica del Poder Judicial se incluyó el actual artículo 404 bis.
Dado que no fueron aprobadas las enmiendas propuestas por el Senado al
texto remitido a dicha Cámara, la redacción del proyecto elaborada por el
Congreso resultó ser finalmente la que se encuentra hoy contenida en esta
ley.
De acuerdo con lo que señala el artículo 86.1 de la Constitución, el
decreto-ley sólo procede en los casos de extraordinaria y urgente
necesidad, y de ahí que en este supuesto el Gobierno haya considerado
necesaria esta tramitación.
Como bien indicó de nuevo el Tribunal Constitucional en la primera
sentencia en que se pronunció sobre un decreto-ley, la 29/1982, de 31 de
mayo, es competencia de los órganos políticos determinar cuándo la
situación, por considerarla de extraordinaria y urgente necesidad,
requiere el establecimiento de una norma por vía de decreto-ley, y sólo
cabe predicar la idoneidad de tal figura para aquellas disposiciones que,
utilizando expresiones de la sentencia que acabo de mencionar, por su
contenido y de manera evidente no guarden relación alguna, directa ni
indirecta, con la situación que se trate de afrontar. Para comprobar el
acaecimiento de tal situación hay que tener en cuenta, como sostuvo el
Tribunal Constitucional en su sentencia 23/1993, los intervalos
temporales que han existido en la aprobación, publicación, entrada en
vigor y efectos de la norma, ya que todo ello puede generar indicios
jurídicamente controlables de la inexistencia de la pretendida urgencia.
En lo que respecta a la validez del suplemento de crédito concedido para
atender a la financiación de la
medida que se debate, me remito al dictamen elaborado por el Consejo de
Estado, que lo consideró perfectamente adecuado y conforme a las normas
presupuestarias vigentes.
En definitiva, señorías, solicito, en nombre del Gobierno, que se
convalide el Real Decreto-ley 3/1998, por satisfacer, en cuanto su
contenido, una obligación legal que viene impuesta por la voluntad
mayoritaria de esta Cámara y por ser la única forma posible que permite
darle un efectivo cumplimiento.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
Se solicita un turno en contra por el Grupo Parlamentario Mixto, en
nombre del cual va a intervenir doña Cristina Almeida.
La señora ALMEIDA CASTRO: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, señoras y señores diputados, desde el Grupo
Parlamentario del Partido Democrático de la Nueva Izquierda-Iniciativa
per Catalunya-Los Verdes hemos pedido un turno en contra de la
convalidación de este real decreto, y lo queremos hacer dejando
constancia de que en ningún caso nuestro grupo pretende no revalorizar
aquellos trabajos, aquellas actitudes y aquellos cuerpos que cubren una
tremenda necesidad y una tremenda responsabilidad en el ejercicio normal
de la democracia en nuestro país. Los tribunales juegan esa parte, pero a
nosotros nos parece que tanto en la forma de hacerlo como en la cuantía y
en casi todo este proyecto, tal y como se realizó incluso la reforma del
artículo 404.bis, según ha expuesto la señora ministra, ha habido un
oscurantismo que no compartimos en absoluto. Primero, que en una ley que
era de retorno de los magistrados de la política se meta un incidente de
nulidad, que a través de una enmienda se pida esta revisión y que a la
larga se haga por un real decreto-ley nos parece que todo ello está
exento de mucha discusión, rodeado de mucha preocupación y con una gran
contestación.
Yo oí con mucho interés en el debate sobre el estado de la Nación al
señor presidente del Gobierno cuando hablaba de lo mal valorada que está
la justicia entre los ciudadanos, incluso citaba a aquellos jueces
modestos que estaban haciendo su trabajo en silencio. Pues esos jueces
modestos, que también creo que su modestia requeriría que nos
planteáramos muchas cosas, hoy tienen unos sueldos que están tres veces
por debajo de los que se van a plantear para la cúpula de una sola parte
de la justicia, como son el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y la
Fiscalía o los delitos contra la corrupción. Nos parece que a lo mejor
hay que reformarlo, efectivamente, pero se está rompiendo gravemente algo
que ha sido peculiar en la Administración pública, que era intentar que
las desigualdades de salario respondieran a la responsabilidad, pero no
aplicar distintos métodos de reconocimiento de estas subidas de salario.
No compartimos que sólo vaya a una determinada cúpula, y el Partido
Popular lo viene haciendo no solamente en el caso de la justicia, sino en
otros muchos colectivos que también tienen intereses cupulares, y estamos
viendo cómo se está rompiendo ese criterio de igualación en los aumentos
de salario que se tenían que hacer en la Administración pública.
Congelar se congela a todos los funcionarios, que se han visto durante
años sometidos a un esfuerzo económico, personal y colectivo precisamente
para hacer posible que marchemos de otra manera, y de repente hay una
descongelación súbita, que en este caso supone el 60 por ciento de
aumentos de salario, y no les quiero decir lo que ha pasado con los
secretarios de Estado, con un 30 por ciento de aumento de salario; los
jefes de gabinetes de subsecretarios, con un 12 por ciento, o los
controladores aéreos, que ya ni les cuento. Eso da una idea de que se
está fomentando el espíritu de aumento de determinadas cúpulas, de
determinadas rentas, que casi se las considera no salariales, y además
coincide con otra política, que es la especulación en Bolsa, con un
montón de factores que a mí me parece que están desanimando a los
colectivos que debían partir de esta situación igualitaria.
Nosotros no queremos oponernos a que se les suba, quizá no estamos de
acuerdo en la cuantía, tampoco estamos de acuerdo en el procedimiento y
no estamos de acuerdo en que sea sólo a una cúpula de la Administración
de justicia, por muy legítima que sea y por muy respetuosos que seamos
con ella. Creemos que eso va a producir malos entendidos en el conjunto
de esa Administración de justicia; ya ha respondido el Consejo General
del Poder Judicial con otro tipo de situaciones que sabe que han dado
origen a una gran polémica, pero sobre todo no creo que vaya a ayudar
para que se visualice una justicia más dependiente de los ciudadanos, más
a su servicio, sino, que, por el contrario, será más aislada, más cupular
y mucho menos entendida por la ciudadanía.
Es verdad que puede haber malos sueldos, pero creo que los hay para
cualquier juez que está ejerciendo su actividad y para muchos
funcionarios a los que no se les han concedido estos aumentos. Y, en
concreto, que esto se haga por un real decreto-ley, pensando que hay una
urgencia como la del siguiente que vamos a ver, que es la catástrofe de
Doñana y los créditos para ello, nos parece que también tiene un cierto
tono oscurantista. El real decreto-ley se hace por urgencia, y por una
urgencia sobrevenida, no por el desarrollo parlamentario de un montón de
actividades, como el que hemos tenido en la reforma de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, con enmiendas en el Senado y con todo este trámite
que podía haber generado un estudio. Lo que no se justifica es que luego
se haga vía real decreto-ley,
vía no participación, vía no discusión en la Cámara, vía no poder
discutir los conceptos, incluso para ver si es mejor una visión menos de
separación de salarios, como la que se está produciendo aquí. A nosotros
nos parece que este método no justifica más que la sospecha, no justifica
más que el desconcierto y no justifica más que la separación.
En el cuerpo de la Administración de justicia, entre todos los
funcionarios, en los magistrados y en los jueces de cualquier categoría,
se tiene que exigir una confianza de la ciudadanía y una responsabilidad.
Creo que discriminando, que alterando las cúpulas, que beneficiando
exageradamente a determinados cuerpos, y el no hacerlo desde el sentido
de la discusión y del consenso sino desde la imposición de un real
decreto-ley, difícilmente va a ser comprendido por la sociedad. Creemos
que no lo ha sido, que ya ha habido una protesta y un sentir tanto en la
Fiscalía General como en el resto de magistrados y jueces e incluso en
los órganos de gobierno, que no nos parece que sea bueno para el conjunto
de la Administración de justicia.
Y si lo vemos desde el punto de vista de los trabajadores de la
Administración pública, van a sentir que son ciudadanos de menos derecho
cuando a ellos se les han aplicado tablas rígidas del IPC, tablas rígidas
de congelación durante años en que no han tenido aumento, cuando ahora se
puede dar este salto que no sólo deja sin efecto cualquier congelación
sino que multiplica en dos o tres veces lo que ha significado la
congelación al resto de los funcionarios.
Sin embargo, tenemos conciencia de que es verdad que se deben
recuestionar los salarios que tiene la Administración de justicia, tanto
para el Tribunal Supremo como para el magistrado de cualquier audiencia
provincial o de cualquier juzgado, así como el de cualquier juez que
entra en la carrera, para que se pueda saber que les pagamos bien, para
que cuenten con nuestra responsabilidad y nuestro servicio. Pero si sólo
lo hacemos por arriba parece que se está más al servicio de los intereses
de agradecimiento por esta subida que al servicio de intereses colectivos
de la comunidad.
Por eso nos oponemos en este turno, pero no determinamos cuál vaya a ser
el sentido de nuestro voto. Queremos dejar expresa consideración de que
no compartimos el método ni la cuantía ni la segregación que supone, ni
la política global del Gobierno del PP de intentar ir a políticas
cupulares en vez de ir a la igualación en la justicia, a igualar la
responsabilidad y no a premiar determinados servicios.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Almeida.
Señora ministra de Justicia, tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Señor
presidente, señoría, al escuchar el contenido de su turno en contra he
creído que nos habíamos retrotraído en el tiempo, porque, en definitiva,
lo que S. S. estaba discutiendo eran unas enmiendas que fueron aprobadas
por la mayoría de los grupos parlamentarios y que tuvieron sus
iniciativas en el Grupo Socialista, en el Grupo Catalán (Convergència i
Unió), en el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria y en el Grupo
Parlamentario Vasco. Se trata de las enmiendas números 42, 102 y 104.
En estas enmiendas no se señalaba una retribución para los miembros de la
carrera judicial, sino exclusivamente un estatuto de los miembros del
Tribunal Supremo y se establecía que las retribuciones serían similares,
en algún caso iguales, a las de los miembros del Tribunal Constitucional.
Por ello, al Gobierno no le quedaba otra solución sino acatar la voluntad
parlamentaria y establecer las cuantías en la cifra que en este momento
presenta ante sus señorías.
Su señoría dice que el Gobierno pretende subir los sueldos a determinadas
cúpulas, pero en este caso no ha sido en absoluto el Gobierno, ha sido el
Parlamento y, por tanto, a la tramitación parlamentaria de la
modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial he de remitirme.
En el trámite del Senado se incluyó una enmienda para que fueran
previstos los créditos en los Presupuestos Generales del Estado, pero al
volver al Congreso fue rechazada dicha enmienda. Esto quiere decir que al
Gobierno no le quedaba más solución que el real decreto-ley por el que S.
S. hoy protesta ante esta Cámara.
Muchas gracias, señorías. (La señora Almeida Castro pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Muy brevemente, señora Almeida.
La señora ALMEIDA CASTRO: Sí, señor presidente, muy brevemente, para
decir que, efectivamente, conocemos quiénes apostaron por ese tipo de
reforma. Desde luego, no fue nuestro grupo, nosotros no tuvimos
participación en esa enmienda. Como usted ha dicho, y además es verdad,
fue una apuesta de los miembros más conservadores de esta Cámara, los
cuales tienen legítimo derecho a hacerlo, pero eso no quiere decir que
nosotros seamos de los más conservadores. Incluso se ha criticado lo que
han sido posturas de otros partidos que nosotros no compartimos, además
de la forma de introducirse en aquel momento a través de la enmienda. Una
ley que creemos unió demasiadas cosas, con algunas de las cuales
estábamos de acuerdo y con otras no.
En cualquier caso, lo que sí queremos decirle es que esa apuesta, cuando
vino del Senado a esta Cámara, lo que hizo fue paralizar aquellas
enmiendas y sabe usted que aquella ley se echó abajo también. Es verdad
que luego la han modificado, pero no digamos que las cosas
están tan claras. Por encima de todo no está claro en la sociedad y no
porque no compartamos la necesidad de aumento, sino que lo que no
compartimos es el estilo cupular, el estilo de enfrentamiento, es decir,
que solamente a determinadas fuerzas que están por arriba se les
reconozca la necesidad de incremento salarial en estas cantidades,
mientras que el colectivo de la Administración no pasa por esa misma
apreciación. Es por eso que no estamos de acuerdo y por lo que, como
nuestro grupo ni participó en aquello ni lo votó ni ha tenido una
relación de enmiendas, como usted dice, hemos mantenido ese turno en
contra, ya le digo que con respeto a la categoría de los jueces, a los
magistrados del Tribunal Supremo, pero también con un sentimiento de que
esto no va a ayudar a una buena visión de la justicia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Almeida.
¿Grupos que, ya sin turno en contra, desean fijar su posición, incluso
refundiendo en el mismo los que deseen un turno a favor dentro del turno
de fijación de posición, para agilizar el procedimiento? (Pausa.) En
primer lugar, por Coalición Canaria, tiene la palabra don Luis Mardones.
Señorías, puesto que el señor Mardones quiere utilizar la tribuna, lo que
está en su derecho de hacer después de los esfuerzos que hace a diario
por mantenerse en el escaño para fijar posición y, por tanto, hay que
compensarle en alguna ocasión, aprovecho este lapsus para decir que, para
ir ganando tiempo en este largo orden del día de hoy, votaremos los dos
reales decretos-leyes al finalizar el debate de ambos.
Adelante, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente, y con su
venia, porque sabe que este portavoz es escrupuloso cumplidor de las
indicaciones de la Presidencia, pero por los términos en los que se ha
planteado este debate y por una razón política, por solemnizarlo de
alguna manera, me pongo en el púlpito principal de esta Cámara.
Mi grupo parlamentario va a votar favorablemente la convalidación de este
real decreto-ley. No podía ser menos, por venir en una línea de
congruencia con lo que había sido nuestra posición en el debate del
pasado año, tanto en ponencia, en Comisión como en Pleno en la
actualización de la Ley Orgánica del Poder Judicial, habiendo aprobado el
pasado año la Ley 5/1997 en relación con esta reforma.
Precisamente, como bien ha recordado en su segunda intervención la señora
ministra de Justicia, se presentaron por varios grupos parlamentarios
unas enmiendas sobre este artículo 404 bis, en que se venía a reconocer
en el status económico una equiparación de los magistrados del Tribunal
Supremo con los del Tribunal Constitucional. Como bien ha recordado la
señora ministra, fue una enmienda asimismo en este caso de Coalición
Canaria, aunque también de otros grupos, pero Coalición Canaria hizo una
primera enmienda reflejo de equiparación con los magistrados del Tribunal
Constitucional. Entendimos posteriormente que hacer una sola referencia a
los magistrados del Tribunal Constitucional podía tener un sentido de
confusionismo por una equiparación de instituciones que no son iguales
entre sí, aunque sus miembros puedan proceder de determinadas carreras de
la Administración de justicia, por la misma razón que pueden proceder de
las facultades de Derecho que dan el título habilitante. Coalición
Canaria presentó incluso una enmienda de modificación para que se hiciera
la equiparación, como bien se recoge aquí, con los altos órganos
constitucionales, que es lo que daba, digamos, un sentido de equilibrio,
que no introducía ningún agravio comparativo de organicidad y de status
entre el Tribunal Constitucional y el Supremo.
Pues bien, tengo que decir a la portavoz que ha consumido el turno en
contra que mi fuerza política, Coalición Canaria, no se considera aludida
entre las fuerzas más conservadoras que van a aprobar esta convalidación.
Lo hemos hecho por otras razones; por supuesto, como ha admitido la
señora Almeida, legítimas. Empezamos por dar una dignificación a los
magistrados de una alta instancia que hoy día están de actualidad, la
mayoría de ellos, por procesos políticos --de orden penal, por supuesto--
y entendemos que un reconocimiento en esta remuneración es oportuno y
apropiado.
Se han relatado aquí los avatares por los que ha pasado esta ley, por su
carácter de orgánica, en las votaciones aritméticas. Y precisamente
cuando vuelve a la Cámara han ocurrido dos hechos: no alcanzar la
votación aritmética suficiente para el carácter de ley orgánica y, al
mismo tiempo, superponerse esta ley en el mes de diciembre con los
Presupuestos Generales del Estado. En este punto sí vemos la razón para
la urgencia justificada a fin de introducir en el ejercicio de 1998 esta
peculiaridad que no se pudo incluir en la Ley de Presupuestos Generales
del Estado. Pero también tengo que reconocer que el Gobierno ha tenido
una gran oportunidad política, porque en el trámite segundo del Congreso
de los Diputados, en razón de votación orgánica, decayó el asunto de la
remuneración de los fiscales y hubiera sido un agravio comparativo --sí,
señora Almeida-- que el Gobierno hubiera traído a la Cámara una
remuneración solamente para los que estaban contemplados en el primer
texto que salió del Congreso de los Diputados, referido a los magistrados
del Tribunal Supremo y al presidente de la Audiencia Nacional. Nosotros
estamos de acuerdo, y así lo vamos a apoyar, en que se haya introducido
aquí no sólo a los presidentes de Sala del Tribunal Supremo y presidente
de la Audiencia Nacional, a los magistrados del Tribunal
Supremo y presidentes de Sala de la Audiciencia Nacional, sino al
teniente fiscal del Tribunal Supremo, al fiscal inspector, al fiscal jefe
de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional, al fiscal jefe de la
Audiencia Nacional y a los fiscales que se relacionan a continuación:
fiscales jefes de la Fiscalía del Tribunal Cuentas, de la Secretaría
Técnica del fiscal general del Estado, del tráfico ilícito de drogas, de
represión de los delitos económicos relacionados con la corrupción.
Porque hubiéramos producido --y el Gobierno el primero-- un agravio
comparativo con estos miembros de la carrera fiscal que la voluntad
soberana y democrática de la Alta Cámara reconoció y que por un trámite
de aplicación reglamentaria en la votación del proyecto de ley quedó
fuera. Pero era voluntad de mi grupo, incluso en aquella votación de la
ley orgánica, haber votado también la enmienda que venía del Senado, que
reconocía el derecho económico de participación de los fiscales que aquí
se enumeran.
Por estas razones, y porque entendemos que subyace un valor político de
ejemplaridad, lamento que los presupuestos y la carencia de base legal no
permitan extender esa mejora de remuneraciones a otras instituciones del
Poder Judicial, a magistrados y jueces de toda la Administración de
justicia, así como para todos los funcionarios civiles del Estado. Pero
esto es lo que hay hoy en día dentro de la posibilidad del fundamento
legal. Entendemos que no aprobarla sería, en primer lugar, generar un
agravio comparativo y en segundo lugar ir en contra de la voluntad
soberana de la Cámara, expresada en el artículo 404 bis. Esto debe tener
una valoración no meramente de traslación de una decisión presupuestaria,
de incorporación a la resultante económica de los Presupuestos Generales
del Estado para 1998, sino de reconocimiento de la Cámara a una labor de
responsabilidad judicial en la alta instancia cuya relación figura en
este real decreto-ley y, al mismo tiempo, un estímulo de valor político.
Por esas razones, señor presidente, mi grupo parlamentario, en esa línea
de congruencia, va a votar favorablemente la ratificación de este real
decreto-ley.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Nacionalista Vasco, tiene la palabra la señora Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Señor presidente, señorías, el Grupo Vasco
votará a favor de la convalidación del decreto-ley en coherencia con la
postura que mantuvimos al modificarse el artículo 404 bis de la Ley
Orgánica del Poder Judicial por la Ley Orgánica 5/1997, en el que, como
ya se ha dicho, se establece que las remuneraciones de los magistrados
del Tribunal Supremo se fijarán en cuantía similar a las de los titulares
de otros altos cargos constitucionales.
Huyendo de la demagogía, siempre posible cuando se habla de
remuneraciones de indudable entidad, entonces estuvimos casi todos los
grupos de acuerdo (grupos que representamos una pluralidad y una mayoría
difícilmente encasillable en la terminología que ha utilizado la señora
Almeida) en que abordábamos una asignatura pendiente, cual era el
estatuto de los miembros del Tribunal Supremo, optando por la
magistratura de ejercicio, lo que conllevaba también un reconocimiento en
lo económico. Es un aumento de retribuciones que, desde nuestra óptica,
es justo y que debe ser explicado sin complejos. El decreto-ley tiene su
razón de ser en adecuarse a necesidades reales. Es un dato que, hasta
fechas recientes, el noventa por ciento de los miembros del Tribunal
Supremo se conformaba con magistrados que ya antes de acceder residían en
Madrid, el aumento de las retribuciones que este acceso producía no
compensaba el traslado a la capital y la consecución de una vivienda. Nos
parece que es necesario garantizar que haya un aliciente en las
retribuciones para que pueda venir quien quiera y esté capacitado, que
reúna los requisitos para desempeñar esa función y que el Consejo General
del Poder Judicial tenga el más amplio espectro posible para elegir a
quien le parezca que podrá desempeñar mejor la función.
Exigimos, además, del Tribunal Supremo que cumpla con su misión de
elaboración de auténtica doctrina jurisprudencial y eso tiene un precio
que debe ser acorde con la función que se desempeña. Ello va unido, para
poder lograrlo, con el establecimiento de un duro estatuto. Hemos optado,
como he indicado, por la magistrura de ejercicio, que supone que
cualquier salida del Tribnal Supremo de uno de sus miembros conlleva la
pérdida de categoría, estableciéndose, además, unas incompatibilidades
estrictas. Este estatuto y estas retribuciones nos colocan ante un
Tribunal Supremo que puede y debe dedicarse sin fisuras sólo a trabajar
en lo que es su cometido.
En cuanto al instrumento normativo utilizado, creemos que no existían
otras alternativas. El artículo 404 prevé la asimilación de
retribuciones. La disposición transitoria cuarta dice que se hará en la
Ley de Presupuestos Generales del año 1998 y en ella no se consignaron
los créditos necesarios. Hacía falta una norma con el rango adecuado para
la concesión de este suplemento de crédito. Creemos, por ello, que había
una necesidad en la elaboración de este decreto-ley al que, como ya he
indicado, daremos nuestro voto favorable.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Silva.
El señor SILVA SANCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo parlamentario Catalán votará también a favor de la convalidación
del decreto-ley por coherencia con lo que ha sido su posición a lo largo
de la tramitación parlamentaria de la modificación de la Ley Orgánica del
Poder Judicial.
Como ya se ha puesto de manifiesto, ha sido una tramitación accidentada,
que ha durado más de un año. En un momento concreto --es justo decirlo--
fue debido a la oposición que se manifestaba desde el Grupo Parlamentario
Popular a la introducción de las enmiendas presentadas por los Grupos
Socialista, Vasco, Coalición Canaria y Convergència i Unió sobre el
estatuto de los magistrados del Tribunal Supremo, así como por las
accidentadas votaciones por el carácter orgánico de la ley.
La posición de mi grupo fue suscribir inicialmente una enmienda que
establecía que las retribuciones de los magistrados del Tribunal Supremo
serían las mismas que las de los magistrados del Tribunal Constitucional.
Yo creo que a lo largo de la tramitación parlamentaria logramos
relaciones bastante más afortunadas que hablaban no ya de las mismas,
sino de cuantías similares, equiparables y el término de comparación no
se limitaba al Tribunal Constitucional, sino que se extendía a otros
órganos constitucionales del Estado, pero mi grupo presentó una enmienda
inicial en la que se preveía que este incremento de retribución se
efectuase en dos ejercicios presupuestarios: el de 1997 y el de 1998.
Precisamente su prolongada tramitación parlamentaria y el planteamiento
realizado por otros grupos que preferían que el incremento retributivo,
caso de producrise, se efectuase en unidad de acto, determinó que al
final aceptásemos una transacción que suponía la retirada de esa
enmienda, con lo cual al final el texto de la ley, en su disposición
transitoria cuarta, dice que en los Presupuestos Generales del Estado
para 1998 se consignarán los créditos precisos para incrementar la
retribución de los magistrados del Tribunal Supremo.
Cierto es que la aprobación definitiva por el Congreso fue de fecha 19 ó
20 de noviembre de 1997, con lo cual prácticamente no existía ya tiempo,
salvo acaso en el Senado, para introducirlo con una enmienda a los
Presupuestos Generales del Estado. De ahí que el planteamiento del
decreto-ley nos parezca en principio necesario. Sí tenemos que decir que
ignoramos en su día su remisión al Consejo de Ministros y también cuál
era la cuantía exacta en la que se iba a producir el incremento de estas
retribuciones. Nos hubiese gustado saberlo, pero lo cierto es que hasta
aquí hemos llegado.
Por lo demás, no podemos sino discrepar de la imputación de que hemos
sido los grupos conservadores de la Cámara los que hemos impulsado esta
enmienda, porque, a fin de cuentas, esta enmienda la hemos impulsado
aquellos grupos que de alguna manera sostuvimos la legislatura pasada al
Gobierno socialista, y, por lo tanto, desde luego, su grupo
parlamentario, el Vasco, el de Coalición Canaria y el nuestro propio. Si
la señora Almeida quiere ser candidata de una agrupación conservadora,
desde su punto de vista, es una cuestión absolutamente suya y sobre la
que puede disponer. Lo que sí quiero decir como catalán y como
nacionalista catalán es que hay muchos magistrados catalanes que no
acceden al Tribunal Supremo porque el alto prestigio de este tribunal no
es compensación suficiente para dejar casa o familia en Barcelona, en
Lérida, en Girona, donde haga falta, y venir a servir en esta importante
jurisdicción que es el Tribunal Supremo. Si con este incremento de
retribución logramos que el Tribunal Supremo sea un poco menos madrileño,
por decirlo de alguna manera, y un poco más estatal, bienvenido sea.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Silva.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra
don Pablo Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
Nuestro grupo, como es lógico, no va a escatimar esfuerzo económico ni
político alguno para que la Administración de justicia salga de la
situación en la que está, y, evidentemente, hay que contar, para que ello
se produzca, con la satisfacción de sus servidores, la disposición de
medios materiales y humanos, la capacitación y también hay que contar,
qué duda cabe, con la más rigurosa exigibilidad de responsabilidad y
dedicación.
Desde este punto de vista es desde el que nosotros hemos enfocado este
aumento retributivo de los magistrados del Tribunal Supremo, y por ello,
como fuerza tradicionalmente conservadora, vamos a apoyar la
convalidación de este decreto. Rechazamos que este decreto quede
exclusivamente reducido a los magistrados del Tribunal Supremo; pensamos
que se extenderá a todo un conjunto de trabajadores y colaboradores de la
Administración de justicia, pero de momento, hoy y aquí, este es el tema
que nos convoca, lo cual no quiere decir que tengamos el menor desprecio
o desconsideración hacia ningún otro.
También rechazamos de forma categórica el argumento con que se planteó
esta remuneración, que para nosotros nace del derecho a una retribución
acorde con la dedicación que se exige. Rechazamos que se viera como una
reivindicación que el prestigio se equiparaba al sueldo, porque nos
parece que es un planteamiento sinceramente disparatado. Tan disparatado
como que hay quien ha llegado a entender en el Consejo General del Poder
Judicial que los gobernantes no pueden cobrar menos que los gobernados;
por cierto, un concepto de lo que es el gobierno de los jueces sobre el
que a mí me gustaría que me explicaran dónde
está esa diferencia entre gobernantes y gobernados. Y lo rechazamos
aunque la verdad es, señor presidente, que nos gustaría que triunfara,
porque si triunfa el principio de que el prestigio se mide por el sueldo,
a lo mejor los diputados y senadores de este país empezaban a merecer un
trato económico bastante distinto del maltrato que merecen, siendo al fin
y al cabo la soberanía popular encarnada en estos bancos y que
precisamente no es la que está haciendo permanente reivindicación de su
prestigio a través de reformas salariales. Lo que no quita para que,
efectivamente --y en esto apelamos a todos los grupos parlamentarios, sin
ninguna mala conciencia, y al señor presidente--, se contemple en el
próximo reglamento que la situación es bastante insatisfactoria.
También rechazamos de una forma contundente el que alguien piense que nos
mueve a convalidar este decreto el halago a los miembros del Tribunal
Supremo. Por ahora, nuestro grupo no ve en el horizonte la menor
posibilidad de sentarse en el banquillo en que se confunda la inmunidad
con la impunidad, y no es ese el motivo que nos lleva a reconocerles sus
derechos económicos. Rechazamos también que alguien pueda pensar que
tenemos interés en este momento en que los magistrados del Tribunal
Supremo puedan comportarse de una u otra manera. En este tema de la
remuneración de los jueces hay que tener mucho cuidado, porque hemos
llegado a oir al señor Rodríguez Ibarra que ha habido jueces y
magistrados que han cobrado de los fondos reservados. No nos ha dicho
quiénes. Lo que esperamos es que no estén afectados por esa imputación
algunos de los miembros de la Sala Segunda, porque eso sería bastante
peligroso en este momento.
Desde este sentido de conservación que ha guiado todas nuestras actitudes
y en el cual hemos pensado que coincidíamos con otros diputados, que hoy
lamentablemente no están con nosotros, sin ninguna clase de mala
conciencia vamos a convalidar este decreto-ley con la misma fuerza con la
que vamos a seguir luchando porque la Administración de justicia sea
dotada de medios materiales y humanos, y todos sus servidores alcancen la
satisfacción a la que tienen derecho por la función que cumplen en
nuestro Estado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Castellano.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Jover Presa.
El señor JOVER PRESA: Gracias, señor presidente.
El decreto-ley que se nos presenta para su convalidación trae causa de la
reforma realizada mediante la Ley Orgánica 5/1997, que introdujo un nuevo
artículo, el 404 bis, en el que se prescribía que las remuneraciones de
los magistrados del Tribunal Supremo se establecerán en cuantía similar a
las de los titulares de otros altos órganos constitucionales.
Quiero dejar muy claro en este momento, para que no haya dudas, que esta
previsión de un nuevo régimen retributivo para los magistrados del
Tribunal Supremo no se introdujo en esta Cámara de forma gratuita. Se
trataba de una previsión que se incluía dentro de una reforma mucho más
profunda, a través de la cual se estableció un estatuto especial para los
magistrados del Tribunal Supremo. No pensemos que se ha tratado sólo de
realizar un tratamiento retributivo; lo que se ha hecho es prever un
nuevo estatuto especial para los magistrados del Tribunal Supremo y,
consecuentemente, dentro de este estatuto, como uno de sus aspectos, hay
una adecuación de su régimen retributivo.
Los aspectos más relevantes de este nuevo estatuto especial, como se ha
dicho por parte de algún otro diputado, son básicamente dos. Por primera
vez se les considera como una magistratura de ejercicio, lo cual
significa que a partir de ahora sólo es magistrado del Tribunal Supremo
aquel que realmente está ejerciendo funciones jurisdiccionales en el
Tribunal Supremo, cosa que no pasaba hasta ahora. Y, en segundo lugar, y
esto es todavía más importante, en este nuevo estatuto especial se
establece un régimen de incompatibilidades mucho más estricto del que
había hasta ahora y mucho más estricto del que hay para otros jueces y
magistrados. Por lo tanto, en esta nueva reforma parece que tiene una
cierta justificación, teniendo en cuenta que, de acuerdo con el artículo
123 de la Constitución, hay un principio de supremacía jurisdiccional: el
Tribunal Supremo es el supremo órgano jurisdiccional. No parece ningún
tipo de medida arbitraria ni gratuita decir que con este nuevo estatuto
especial las remuneraciones de los magistrados del Tribunal Supremo se
establecerán en cuantía similar a la que tienen otros altos órganos
constitucionales. Eso es lo que dice la ley que aprobamos en este
Parlamento. Por lo tanto, el Grupo Parlamentario Socialista, que votó a
favor de esta ley, está básicamente de acuerdo con las previsiones de
este real decreto-ley, y vamos a apoyar su convalidación. No sólo porque
votamos esta reforma en noviembre y en diciembre pasado, es que, como
aquí se ha dicho, el Grupo Parlamentario Socialista fue uno de los
impulsores de la reforma. No el único, como equivocadamente ha dicho la
señora ministra en su primera intervención. En esas enmiendas nos
acompañaron el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, el Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió y el Grupo Parlamentario del PNV.
Nosotros fuimos uno de los cuatro que impulsaron esa reforma. No tenemos
ningún inconveniente en reconocerlo y no lo ocultamos. Nosotros
impulsamos también esa reforma porque creíamos, y seguimos creyendo, que
era buena. En ese sentido, tiene razón la señora ministra cuando dice que
ese fue un acuerdo no del Gobierno,
sino del Parlamento. En efecto, cuando se trata de una ley es el
Parlamento el que hace las leyes, no es el Gobierno el que las hace. Por
tanto, es una decisión sólo de este Parlamento.
Como decía, ha sido una decisión no sólo mayoritaria, sino ampliamente
mayoritaria, porque aquí ya se ha dicho claramente, y por tanto no hace
falta insistir en ello, que a partir de estas enmiendas presentadas por
parte de los grupos parlamentarios, se inició un proceso de negociación
que condujo a un texto final que fue aprobado también, por supuesto
apoyado sin ningún tipo de dudas por el Grupo Parlamentario Popular, y
esto ha de quedar suficientemente claro, porque algunos pensarían que no
estaba claro. Hubo amplísima mayoría, casi totalidad; que yo recuerde,
solamente algún grupo no votó estas enmiendas en este Parlamento, y por
supuesto, decisión también de este Parlamento. Por tanto, señor
presidente, no hay ninguna duda al respecto ni sobre nuestro voto a favor
de la convalidación.
Ahora bien, no quiero dejar pasar esta ocasión sin expresar algunas
pequeñas discrepancias no sobre el fondo, sino sobre la forma. Es decir,
tenemos alguna pequeña discrepancia puramente puntual sobre el
instrumento normativo que se ha utilizado para hacer efectiva esta
reforma, y esto por dos razones. En primer lugar, porque es sabido que la
disposición transitoria cuarta de la ley que se aprobó en diciembre dice
textualmente que en los Presupuestos Generales del Estado para 1998 se
consignarán los créditos precisos para incrementar las retribuciones. Es
verdad --se nos dirá-- que este texto fue aprobado el 20 de noviembre de
1997, que en ese momento ya se estaba tramitando la Ley de los
Presupuestos Generales del Estado en el Senado y a lo mejor no hubo
tiempo para introducir entonces la reforma, pero el hecho de que no
hubiera tiempo para hacer en ese momento la reforma no obsta para que su
introducción se haya tenido que realizar mediante decreto-ley. Señor
presidente, no digo que no, pero tengo alguna duda sobre si en este
momento se dan las circunstancias de eso que se llama el presupuesto
habilitante, de esa extraordinaria y urgente necesidad que aconsejan la
utilización del decreto-ley. ¿No podía haberse hecho esto mediante un
proyecto de ley de ampliación de crédito tramitado por el procedimiento
de urgencia, incluso a la vista de que es un artículo único, tramitado
por lectura única en esta Cámara? ¿Tanto habría costado? ¿Habría sido un
retraso tan extraordinario que habría afectado a esta extraordinaria y
urgente necesidad? Tengo la duda, señor presidente; tengo la duda señoras
y señores diputados, pero es solamente eso, una duda, y la expongo aquí
para que ustedes la tengan en cuenta y repito que esto no nos impedirá
votar a favor de la convalidación de este decreto-ley.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Jover.
El señor Padilla Carballada, en nombre del Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra.
El señor PADILLA CARBALLADA: Señor presidente, después de escuchar la
intervención de los portavoces de los grupos parlamentarios que se han
pronunciado en relación a este real decreto-ley, poco habría que añadir
respecto a la reflexión de lo que fue su debate legislativo y
probablemente en torno a las causas que justifican la decisión por el
Gobierno, a través de este instrumento, para dar cumplimiento en
definitiva a un mandato de la Cámara.
Terminaba el señor Jover por lo que yo creo que debió empezar en su caso,
porque sin duda este debate tiene como centro esencial la preservación de
las potestades del Parlamento. El debate de convalidación de un
decreto-ley naturalmente tiene que tener como primer objeto de
consideración la oportunidad de que se haya producido esa forma
excepcional de manipulación del ordenamiento jurídico, que no es otra
cosa que la figura del decreto-ley. Nosotros entendemos que si bien es
cierto, como ha dicho el señor Jover, que la Constitución habla de esa
excepcional urgencia, de esa necesidad urgente y extraordinaria, la
práctica constitucional ha puesto de relieve que el énfasis hay que
ponerlo en la necesidad y en la urgencia. Yo entiendo que el Congreso de
los Diputados podrá poner siempre peros --y probablemente siempre los
pone--, sobre todo es una postura que está en la lógica de la oposición
que desea, y lo desea sin duda con razón, que todo debate que afecte al
orden legislativo, al ordenamiento jurídico en el plano legal, se
produzca íntegramente en el Parlamento. Sin embargo, cuando el Parlamento
ha hablado previamente y lo único que hace el Gobierno es dar
cumplimiento a lo que el Parlamento ha decidido, porque ha dicho en una
ley, en una ley orgánica, que en los Presupuestos Generales del Estado
para 1998 se consignarán los créditos precisos para incrementar la
retribución de los magistrados del Tribunal Supremo, haciendo efectivo lo
dispuesto en el nuevo artículo 404 bis de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, todo lo que tenía que ser objeto de discusión estaba discutido
y todo lo que tenía que ser el objeto material y el contenido de la
decisión que se plasma en este real decreto-ley estaba debatido y
resuelto por la mayoría democrática de la Cámara y, por tanto, expresado
suficientemente en el texto legal, de tal manera que cualquier otro
proyecto concreto no habría sido más que una reproducción tautológica de
lo que había sido el debate anterior.
El Grupo Popular entiende que el Gobierno ha sido sensible a ese mandato
de la Cámara y lo ha llevado a cabo, no a través de un instrumento legal
escogido de forma caprichosa, sino justamente a través del instrumento
legal necesario para plasmar en decisión normativa, con el rango que
exige, aquello que debía ser
operado en el ordenamiento jurídico para transformar en contenido real
esa previsión recogida en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Yo entiendo
que lo único que el Parlamento no puede reprochar al Gobierno en este
caso es que siga su mandato, porque otra cosa no sería más que ir contra
los propios actos del Congreso de los Diputados, plasmados en esa norma
que se está desarrollando.
Por lo demás, hay un hecho concreto que sorprende. Sorprende que alguien
pueda subirse a la tribuna --y creo que es hora de decir algunas cosas--
a reprochar al Gobierno que, en un proyecto que tenía como fin modificar
determinados aspectos del estatuto judicial para garantizar, no solamente
la imparcialidad y la neutralidad, sino el elemento esencial de
independencia de jueces y magistrados, y quizás incluso la transmisión
pública de los valores de esa independencia, para que los ciudadanos que
se acercaran a la justicia tuvieran una mayor percepción de credibilidad
en esa independencia, una mayor certeza de la realidad de esta
independencia, pueda decirse que cómo ahora aquello que era una norma...
Señoría, si lo que sucedió es que la Cámara, que es plural, pidió que ese
proyecto, a través del instrumento parlamentario oportuno, que son las
enmiendas, tuviese otro contenido. Quizás, habría que plantearse si a
veces algunos proyectos de ley que tienen una vocación concreta de
modificar el ordenamiento jurídico pueden, a través de enmiendas y no del
instrumento que a lo mejor le sería propio, proposiciones de ley,
convertirse en algo completamente distinto. Pero si hay alguien a quien
no se pueda reprochar esta modificación, esta expansión del proyecto, es
al Gobierno. Y el que lo haga, se supone que es porque sube a la tribuna
--y lo digo con la mayor cortesía-- a hablar y no a examinar la realidad
de lo que ha sucedido.
Señor presidente, señorías, ese proyecto de ley plasmó una reforma de la
Ley Orgánica del Poder Judicial y a su vez materializó un nuevo estatuto
de los magistrados del Tribunal Supremo. Todo estatuto funcionarial tiene
una nueva reflexión de las retribuciones económicas, así se recogió
también, probablemente para bien, teniendo en cuenta esa condición, no de
órgano constitucional del Tribunal Supremo, que a mi juicio no lo es,
sino de órgano superior de la jurisdicción, por tanto órgano recogido en
la Constitución con relevancia constitucional, y la retribución de esos
miembros, probablemente por razones de técnica organizativa, no deba
responder a un criterio igualitario de conceptos con el resto de los
jueces y magistrados.
Termino diciendo que esto no es ni más ni menos, desde luego, que la
acción del Gobierno, que nuestro grupo respalda, de que pondremos de
nuestra parte todos los esfuerzos necesarios para que la Administración
de justicia cuente con todos los medios materiales. Habrá un momento
inmediatamente posterior para reconsiderar, y actualizar en lo que sea
menester, después de escuchar a quien debe ser escuchado, que será el
Consejo General del Poder Judicial, la actual situación retributiva de
jueces y magistrados, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde que
se abordó esta cuestión. Naturalmente, eso será otro elemento más del
esfuerzo de medios materiales para la Administración de justicia.
En todo caso, nosotros tenemos la convicción de que la Administración de
justicia descansa fundamentalmente en el juez y no de forma necesaria con
ideas, como se ha escuchado esta mañana, de no se sabe qué baremos de
producción. Los baremos de producción, sin duda, pueden ser un elemento
de consideración, de examen, o de cuantificación del trabajo realizado.
Yo creo que lo más importante es que el estatuto judicial, y en este caso
concreto este nuevo estatuto de los magistrados del Tribunal Supremo,
proporcione a lo que ya es su vocación una nueva autosatisfacción, que
garantice también un compromiso mayor con el ejercicio de la
magistratura, en la que se plasma al final la realidad de la justicia, su
comprensión, su credibilidad y su prestación definitiva a la sociedad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Padilla, que, en nombre del
Grupo Popular, culmina las intervenciones de quienes han fijado posición
tras la presentación y el turno en contra que han sostenido la ministra
de Justicia y la señora Almeida.
--REAL DECRETO-LEY 4/1998, DE 22 DE MAYO, POR EL QUE SE CONCEDE A LA
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR UN CREDITO EXTRAORDINARIO DE
4.500.000.000 DE PESETAS PARA FINANCIAR ACTUACIONES DERIVADAS DE LA
ROTURA DE LA BALSA DE RESIDUOS DE LA MINA DE AZNALCOLLAR, Y SE AUTORIZA A
DICHO ORGANISMO AUTONOMO A REALIZAR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO HASTA EL
MISMO IMPORTE (Número de expediente 130/000046)
El señor PRESIDENTE: Pasamos, como anuncié, directamente al debate sobre
el otro decreto-ley cuya convalidación se somete al Pleno, el número
4/1998, de fecha 22 de mayo, por el que se concede a la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir un crédito extraordinario de 4.500 millones
de pesetas para financiar actuaciones derivadas de la rotura de la balsa
de residuos de la mina de Aznalcóllar, y se autoriza a dicho organismo
autónomo a realizar operaciones de endeudamiento hasta el mismo importe.
Para la presentación del decreto-ley, en nombre del Gobierno, tiene la
palabra la ministra de Medio Ambiente, doña Isabel Tocino.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Señor
presidente, señoras y
señores diputados, comparezco ante esta Cámara para solicitar de SS. SS.
la convalidación del Real Decreto-ley 4/1998, de 22 de mayo, por el que
se concede a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir un crédito
extraordinario de 4.500 millones de pesetas para financiar actuaciones
derivadas de la rotura de la balsa de residuos de las minas de
Aznalcóllar, mediante el cual se autoriza a dicho organismo autónomo a
realizar operaciones de endeudamiento hasta dicho importe.
Como bien saben SS. SS., en la madrugada del viernes 24 al sábado 25 de
abril se produjo la rotura de una de las balsas de residuos minerales de
la explotación minera de Aznalcóllar. Como consecuencia de dicha rotura,
se vertieron al cauce del río Agrio y del río Guadiamar cerca de cuatro
millones de metros cúbicos de residuos líquidos mineros y de lodos. Bien
saben SS. SS. que los efectos de esta riada de lodos contaminantes han
sido graves, habiéndose extendido por un total de 5.000 hectáreas, de
entre ellas más de 2.000 de carácter agrícola, en una zona de altísimo
valor ecológico pues no sólo está ahí el parque natural de Doñana, sino
que se encuentra en las inmediaciones del parque nacional de Doñana.
Hemos indicado reiteradamente que, sin perjuicio de la responsabilidad
civil que corresponda a la empresa causante de la contaminación, que está
obligada a reparar todos los daños causados, así como del resto de
responsabilidades que en su día el juez delimite, es a todos los
ciudadanos que directa o indirectamente han sido afectados, y de manera
muy especial a las administraciones públicas, cada una en el ámbito de
sus respectivas competencias, a quienes nos corresponde, con la máxima
diligencia y rapidez, minimizar las graves consecuencias del accidente,
para impedir mayores problemas ambientales y sociales de los ya causados,
restituyendo las cosas a su estado anterior a la catástrofe a través de
las diversas fórmulas jurídicas y financieras que estén a nuestro
alcance.
En este sentido, y en el ámbito de actuación que le corresponde al
Ministerio de Medio Ambiente, como responsable del dominio público
hidráulico, habiendo sido afectado un bien de dominio público, como es el
río Guadiamar, que ha quedado contaminado por esos lodos, nos proponemos,
y estamos haciéndolo ya, actuar en dos líneas concretas. En primer lugar,
la retirada de lodos depositados en el río Guadiamar, que se debe llevar
a cabo a la mayor brevedad posible, a la vez que se realiza un programa
de restauración ambiental del entorno, previo seguimiento y análisis
ecológico de los suelos afectados para su descontaminación y posterior
regeneración ambiental.
En segundo lugar, el tratamiento y posterior desembalse del agua
acumulada en la zona denominada de Entremuros, que igualmente debe
ejecutarse con la máxima urgencia. Para llevar a cabo la retirada de
lodos, descontaminación posterior y restauración ambiental del cauce del
río Guadiamar, así como de sus márgenes, es necesario disponer de
inmediato de los fondos adecuados. Con este fin, el Gobierno de la
nación, el 22 de mayo, por el Real Decreto-ley que se somete a
convalidación a esta Cámara y que tiene como principal finalidad conceder
a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, como organismo
competente para las actuaciones de protección del dominio público
hidráulico, concede un crédito extraordinario por un importe de 4.500
millones de pesetas. En la medida en que la obligación económica última
de todas estas actuaciones deberá estar a cargo del responsable o
causante de la contaminación que ha originado los graves daños al medio
ambiente y a las personas, el Decreto-ley 4/1998, de 22 de mayo, autoriza
igualmente a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a financiar
el crédito extraordinario de 4.500 millones con cargo a operaciones de
endeudamiento, fórmula que permite que no exista en términos de
contabilidad nacional imputación al déficit público y que pueda, a su
vez, solicitarse financiación comunitaria y mantener el ejercicio de
cuantas acciones de todo tipo sean adecuadas para la materialización de
las inversiones previstas.
A estos efectos, el Ministerio de Medio Ambiente ya ha solicitado
formalmente ante diversos organismos internacionales, como el Fondo de
Desarrollo Social del Consejo de Europa o el Banco Europeo de
Inversiones, la concesión del crédito que ampare las citadas actuaciones,
que se espera obtener en condiciones extraordinariamente favorables dado
el especialísimo interés que se ha mostrado por sus responsables para dar
el máximo apoyo a estas iniciativas.
Como he indicado anteriormente, la principal labor que ya está realizando
la propia Confederación con cargo al crédito extraordinario concedido
consiste en la retirada de lodos y restauración del río Guadiamar,
proyecto de actuación que incluye labores estrictas de retirada de lodos,
pero también, como vengo diciendo, la recuperación de riberas, el
reperfilado del cauce del río y sus márgenes, la fijación de los suelos,
la recuperación del entorno biótico y el impulso de un programa de
seguimiento de la evolución, tanto de los aspectos biológicos como
químicos y físicos de la zona afectada.
La labor de limpieza en el dominio público hidráulico, que compete a la
Administración general del Estado, debe acometerse coordinadamente con
los trabajos de limpieza que se realizan en los terrenos agrícolas de
propiedad privada anejos al mismo, cuya responsabilidad recae en la Junta
de Andalucía, para lo cual se han establecido los adecuados mecanismos de
colaboración, que están actuando con eficacia y con satisfacción al día
de hoy para todas las partes afectadas.
Por razones de operatividad y a estos fines, el río Guadiamar se ha
dividido en ocho tramos de características similares o equivalentes, en
las que están trabajando
diferentes empresas que se han contratado para llevar a cabo las labores
anteriormente señaladas. Cada uno de estos tramos presenta
características diversas, que son objeto de atención especial para lograr
la máxima eficacia posible y que también tendrán un tratamiento
diferenciado en la retirada de estos lodos. Adicionalmente, es necesario
acondicionar los caminos para poder transportar los lodos desde el lugar
en que se retiran hasta su lugar de depósito, para lo cual se están
recibiendo las ayudas precisas de los diversos departamentos y organismos
competentes dentro de la Administración del Estado.
Como hemos indicado anteriormente, el segundo tipo de medidas que con
carácter urgente está ejecutando el Ministerio de Medio Ambiente tiene
como finalidad dar una solución adecuada al problema del agua que fue
retenida en las inmediaciones del parque nacional, concretamente en la
llamada zona de Entremuros, para evitar que penetraran en el propio
parque nacional y que a través del río Guadalquivir desembocaran en el
mar. En este sentido, una vez que se ha adoptado en el seno de la
Comisión de recuperación del río Guadiamar la decisión sobre el
tratamiento para el agua retenida en la zona de Entremuros, que supone
entre 4 y 5 hectómetros cúbicos de agua, repartidos en 1.500 hectáreas,
se trasladará al órgano de coordinación hoy mismo esta decisión para que
sea dicho órgano de coordinación el que tome la decisión de poner en
marcha cuanto antes las actuaciones que deben comenzar de inmediato,
ejecutándose a la mayor rapidez, de la forma técnicamente más correcta y
con el máximo control ambiental. Por eso es necesario garantizar que el
tratamiento y desembalse se realicen en el tiempo adecuado, para impedir
los problemas sanitarios o ambientales que pudieran aparecer durante el
verano.
Señor presidente, señorías, quiero destacar que el interés general y la
trascendencia social de las actuaciones a realizar implica necesariamente
que las mismas tengan jurídicamente la consideración de utilidad pública,
a los efectos previstos en los artículos 9, 10 y 11 de la Ley de
Expropiación Forzosa. También, la declaración de urgencia, a efectos de
la ocupación temporal o definitiva de los bienes afectados a que se
refiere la misma ley, a los efectos de la Ley de contratos de las
administraciones públicas, lo que declara el real decreto en su artículo
4º.
Asimismo, para la valoración del coste de las actuaciones a financiar con
el crédito extraordinario concedido, se ha tenido en cuenta el volumen
aproximado de lodos a retirar y los metros lineales de tratamiento y
recuperación de riberas y márgenes. No obstante, el importe fijado no
deja de ser estimativo, dado que el alcance preciso y ùltimo de las
operaciones se determinará a medida que se ejecuten las mismas, siguiendo
las instrucciones establecidas por los expertos y científicos, así como
los criterios que se establezcan en los grupos de coordinación.
A la vez que se realiza la retirada de lodos, el Ministerio de Medio
Ambiente tiene previsto realizar un análisis de los perfiles edáficos en
la zona afectada, de tal manera que las medidas de regeneración de los
suelos que queden contaminados se ajusten de la forma más correcta. Con
esta actuación, se pretende evitar, en la medida de lo posible, la
llegada de agua con alto poder nocivo y el posterior arrastre de
partículas del suelo, más o menos contaminadas, al río Guadiamar, y
recuperar parte de la capacidad productiva del suelo.
Para llevar a cabo esas actuaciones, es necesario, en primer lugar,
realizar un estudio del medio, a fin de caracterizar las distintas áreas,
tipificando las acciones más idóneas en cada una de ellas. Una vez
realizada esta caracterización, que se está llevando a cabo conjuntamente
con la retirada de lodos, se procederá, en una segunda fase, al diseño de
las actuaciones a realizar, concatenándolas con la ejecución material de
las mismas en función de la zonificación previa del terreno y del tipo de
actuación.
Por otro lado, el Gobierno tiene previsto igualmente presentar a la Unión
Europea un programa de actuaciones con carácter global a realizar en el
área afectada, con la finalidad no sólo de recuperar la situación actual
en que se encontraban los ecosistemas y las áreas dañadas, sino de dar
una solución definitiva a los problemas pendientes en la zona y muy
concretamente en el parque nacional de Doñana. En este sentido, el
Ministerio de Medio Ambiente presentó, en ese plan de actuaciones, al
Consejo de Ministros del día 22 de mayo, un plan para recuperación del
entorno de Doñana en el ámbito de competencias de la Administración
general del Estado. Dentro de dicho plan, y en ejecución del acuerdo
adoptado por unanimidad en el Patronato del parque nacional de Doñana, en
su sesión plenaria del día 16 de mayo de 1998, se incluye un plan de
regeneración hídrica de las cuencas y cauces vertientes a las marismas
del parque nacional, que se ha venido en denominar proyecto Doñana 2005.
El proyecto Doñana 2005 engloba un conjunto de acciones estratégicas para
recuperar la dinámica hidráulica tradicional en las cuencas vertientes
que aportan agua a las marismas de Doñana, tanto en calidad como en
cantidad, todo ello con el fin de asegurar la calidad de vida de las
poblaciones locales, así como la conservación de los sistemas naturales
marismeños que encierra el parque. Su denominación responde a la
intención de alcanzar, en el año 2005, una funcionalidad hidrológica
análoga a la que caracterizaba a esas mismas cuencas a principios de
siglo. En síntesis, se trata de invertir el ritmo de degradación que
durante el siglo XX han experimentado esas cuencas, recuperando, a
inicios del siglo XXI, la funcionalidad hidrológica que las caracterizaba
a principios del siglo XX, plan que incluye, dentro de las actuaciones a
corto, medio y largo plazo, actuaciones que deben permitir, en primer
lugar, superar
la actual situación de catástrofe de la cuenca del Guadiamar e impedir
que las consecuencias de esa situación puedan influir sobre los sistemas
naturales y en la actividad humana de la comarca. En segundo lugar,
suprimir los elementos potencialmente contaminantes presentes al día de
hoy en las cuencas vertientes a la marisma de Doñana. En tercer lugar,
restaurar la funcionalidad de las áreas dañadas y de los cauces alterados
con anterioridad incluso a la propia catástrofe de Aznalcóllar.
La propuesta de actuaciones sobre las cuencas y cauces vertientes a la
marisma del parque nacional de Doñana supone un conjunto de actuaciones
por un importe de 15.600 millones de pesetas, que no están incluidos en
el crédito extraordinario autorizado por el decreto-ley que hoy se somete
a convalidación, que tampoco forman parte del plan de desarrollo
sostenible del entorno de Doñana y que se financiarán con fondos
comunitarios de la Unión Europea así como con aportaciones de los
Presupuestos Generales del Estado a lo largo de los próximos años.
Como pueden comprobar SS. SS., el decreto-ley 4/1998 es sólo la punta de
lanza de una serie de actuaciones, en algunos casos de carácter inmediato
y urgente, como las que se están ejecutando en estos momentos con
absoluta prioridad, que dentro de un plan de carácter más global tienen
como objetivo, no sólo que las consecuencias de la catástrofe originada
por la rotura de la balsa de residuos de las minas de Aznalcóllar
desaparezcan, sino que adicionalmente se dé una respuesta definitiva a
los problemas ambientales que el entorno del parque nacional de Doñana
venía reclamando.
Quisiera terminar, señor presidente, esta intervención recordando, como
ya indiqué en mi comparecencia ante esta Cámara el pasado día 7 de mayo,
en la Comisión de Medio Ambiente, que ojalá que el enorme interés que
este grave desastre ecológico ha despertado en la opinión pública pueda
servirnos para mentalizarnos a todos, diputados, senadores, políticos,
gestores de distintas administraciones, miembros de organizaciones
ecologistas, medios de comunicación y ciudadanos en general, de que no
hay política ni desarrollo adecuado que no deba conocer y tener siempre
en cuenta, del modo más exacto posible, el impacto de cada acción sobre
el medio ambiente. Sólo convirtiendo el medio ambiente en el gran tema de
nuestro tiempo podremos garantizar a las generaciones futuras el medio
natural que hemos heredado y que estamos obligados a conservar y defender
con todos los instrumentos que tenemos a nuestro alcance.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
¿Algún grupo parlamentario desea utilizar un turno en contra de la
convalidación del decreto-ley? (Pausa.) Si no es así, ¿grupos que desean
fijar su posición? (Pausa.)
Grupo Mixto, en primer lugar. Señora Almeida.
La señora ALMEIDA CASTRO: Muchas gracias, señor presidente.
En nombre del Partido Democrático de la Nueva Izquierda y de Iniciativa
por Cataluña, voy a manifestar que vamos a convalidar este real
decreto-ley, porque entendemos las razones de urgencia y las necesidades
que han surgido a consecuencia de esa catástrofe. No obstante, quiero
decir que tampoco esto debe ser un cheque --y nunca mejor dicho--
solamente de pago, sino también una responsabilidad de coordinación entre
las administraciones, de estudio exquisito de lo que se va a hacer, que
no primen intereses administrativos por encima de la preocupación
ecológica de lo que ha sido la catástrofe, que no se vuelvan a producir
los problemas de descoordinación que se han originado, que se asesore y
que se profundice en la reserva y protección del medio ambiente, pues
muchas veces, para que no se produzca una catástrofe tan grande, puede
haber problemas de futuro, que nosotros no deseamos.
Vamos a poner estos medios, por supuesto, pero que no sean sólo medios
económicos, sino una nueva cultura de colaboración, de asesoramiento y,
sobre todo, de participación, para poder solucionar la catástrofe de
Doñana.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Almeida.
Señor Mardones, por Coalición Canaria.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Coalición Canaria va a dar su voto favorable a la convalidación de este
real decreto-ley, concediéndose a la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir este crédito extraordinario de 4.500 millones de pesetas.
En primer lugar, hay que decir que se han cumplido todos los trámites
reglamentarios para la característica legal de un real decreto-ley y,
cumplida esta formalidad, pasamos a la segunda, que son las razones que
ha expuesto detallada y ampliamente la señora ministra de Medio Ambiente,
doña Isabel Tocino. Coalición Canaria las comparte, las apoya y entiende
que se ha hecho una adaptación rigurosa a lo que es un crédito
extraordinario a través de una institución, dentro de la estructura del
Estado, como son las confederaciones hidrográficas, en este caso, la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Qué duda cabe que es necesaria una aportación financiera para esa
operación, que se ha significado en retirada de lodos, en restauración
ambiental y en descontaminación de suelo. Y es necesario destacar una
razón fundamental, implícita en toda la extraordinaria
y concisa intervención de la señora ministra, que es que se trata de
actuaciones en dominio público hidráulico. Esa es una justificación que
da paso a la competencia del Gobierno y a la ratificación que va a hacer
este Congreso de los Diputados.
Por coincidir plenamente con la política desarrollada por el Gobierno a
través del Ministerio de Medio Ambiente y en la persona de doña Isabel
Tocino, mi grupo parlamentario, cumplidos estos requisitos y en una
prueba de apoyo y solidaridad, da su voto afirmativo a la convalidación
del real decreto-ley, felicitando a la propia Administración de medio
ambiente por la diligencia en adoptar estas medidas económicas
resolutorias.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) no parece que desea intervenir.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Recoder i Miralles.
El señor RECODER I MIRALLES: Muchas gracias, señor presidente.
El desastre ecológico de Doñana pensamos que requiere el esfuerzo de
todas las administraciones, y así lo hemos defendido desde el primer
momento. Por tanto, nuestro grupo parlamentario va a votar a favor de la
convalidación de este real decreto-ley, cuya urgencia está más que
justificada.
No es el momento de recordar que esto es una catástrofe que se podría
haber evitado. Hemos tenido ocasión, en este mes y medio que ha
transcurrido desde el triste suceso, de mantener varios debates al
respecto, tanto en Pleno como en Comisión, y repito que no es el momento
de recordar que esto es una catástrofe que se podría haber evitado si la
empresa Bolidén hubiera actuado con diligencia o si las administraciones
con competencias en la materia también hubieran actuado como el ejercicio
de sus propias competencias les debiera haber exigido.
En cualquier caso, estamos hablando de un crédito extraordinario del todo
justificado. Tampoco es momento de lamentaciones. Lo importante es poner
todos los recursos al alcance de las distintas administraciones, para
resolver los problemas derivados de esta catástrofe. Lo de menos en este
momento es el dinero y lo principal es intentar paliar los daños
causados.
Termino, señor presidente, resignado ante la evidencia de que hay que
actuar y reiterando nuestro voto favorable a la convalidación de este
real decreto.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Recoder.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra
doña María Jesús Aramburu.
La señora ARAMBURU DEL RIO: Señor presidente, intervengo con mucha
brevedad.
Respecto a la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 4/1998, de
22 de mayo, por el que se concede a la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir un crédito extraordinario de 4.500 millones de pesetas para
financiar actuaciones derivadas de la rotura de la balsa de residuos de
la mina de Aznalcóllar, he de decir que la cantidad en sí misma es a
todas luces, no sólo absolutamente insuficiente, sino profundamente
clarificadora del bajo interés que el Gobierno del PP tiene en resolver
las consecuencias del afer Bolidén Apirsa y administraciones
correspondientes. Es a todas luces no sólo absolutamente insuficiente,
reitero, sino que además recuerda aquella liviana, pero que yo en este
caso considero magistral, cita que decía un viejo maestro, y es que todo
lo que no tiene reflejo presupuestario suficiente no tiene tratamiento
político solvente. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana,
ocupa la Presidencia.) Señorías, con independencia de la responsabilidad
civil y demás que le corresponda a él o a los causantes de la
contaminación, a los que habrá que exigir las indemnizaciones que
legalmente corresponda por los daños y perjuicios ocasionados, en
particular la reposición global a su estado anterior de la catástrofe,
procede urgentemente, claro está, y sin convalidar, la obtención de
fondos comunitarios para financiar las actuaciones previstas. Y
corresponde, insisto, intervenir a la Administración central, de forma no
sólo solidaria sino activa y no sólo propagandística, sino
financieramente.
Todos sabemos que habilitar las partidas que permitan hacer frente de
manera inmediata en el dominio público hidráulico afectado de labores,
retiradas de lodos, restauración ambiental agrícola, económica y social,
amén de la descontaminación de los suelos y
demás emergencias, necesitan inversiones que, aun sin estar al día
de hoy contabilizadas en su globalidad, estimativamente sobrepasan la
cuantía asignada en montantes muy superiores. Por ello, los 4.500
millones sólo se pueden entender como cantidad testimonial e inicial y de
ninguna manera debe ser sumada esta cantidad a la aportación de la que la
titular de Medio Ambiente ha informado selectivamente, y no precisamente
en el Congreso de los Diputados, sobre las actuaciones a desarrollar
dentro del parque nacional de Doñana, con un presupuesto estimativo de
15.600 millones de pesetas.
Estamos ante un desastre sin precedentes y ni España ni Europa conocen
similares catástrofes y menos los futuros efectos, por lo que la
contabilidad, aparte de la de emergencia, se abordará secuencialmente.
Señorías, hay tareas urgentes que acometer que necesitan disponibilidad
económica ¿Está el Gobierno central dispuesto a atender las necesidades y
a paliar las consecuencias de un desastre que pudo ser evitado?
Entre otras cuestiones serían las siguientes. Primero, dotar de recursos
suficientes a la Fiscalía para la investigación judicial del asunto en
sus niveles competenciales; segundo, realizar un estudio para determinar
las áreas del acuífero 27 que pueden verse potencialmente contaminadas
por el vertido tóxico y en función de los resultados de establecer
controles periódicos y rigurosos sobre la calidad del agua subterránea;
tercero, establecer un programa específico de control de las aguas
superficiales del río Guadiamar y otros cauces afectados; cuarto, puesta
en marcha de un superplan de retirada de los lodos manual y más ágil, con
mayor cobertura de seguridad al igual que otros elementos de la red
fluvial y de las áreas marismeñas afectadas; quinto, colaborar con el
Gobierno andaluz en la aceleración de un plan de recuperación integral
del río Guadiamar y su entorno; y sexto, afianzar, ampliar y garantizar
los mecanismos para la descontaminación y para la depuración requeridas.
En definitiva, señorías, y voy concluyendo, es necesario un plan
extraordinario de inversiones para la restauración y recuperación
ambiental hidrológica y socioeconómica de toda la cuenca del Guadiamar y
otras las zonas afectadas. Esta financiación especial debe ser
cofinanciada con fondos europeos sin detraer recursos de los planes
operativos para el entorno de Doñana, aprobados e indicados por el de los
expertos, ni del Plan nacional de suelos contaminados ni de otros fondos
que correspondan a la zona o a los municipios afectados.
Concluyo ya, señorías, recordando que, sobre todo en políticas
medioambientales, es mucho más barato prevenir que curar, pero la
negligencia y el desarrollismo nunca son buenos consejeros y ahora toca
pagar y no hacer dejación de la responsabilidad contraída. Por eso,
adelanten el crédito de los 4.500 millones a cuenta del montante global
indispensable para asumir las consecuencias de la catástrofe de las minas
de Aznalcóllar y luego, dese al sur lo que es del sur.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora
Marón.
La señora MARON BELTRAN: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, nos disponemos a convalidar un real decreto para financiar
actuaciones derivadas de la rotura de la balsa de Aznalcóllar y ya lo
anticipo. La posición del Grupo Socialista será la de votar a favor de la
convalidación de este real decreto.
En estas circunstancias es necesario adoptar medias urgentes que permitan
paliar en lo posible algunas de las consecuencias derivadas del desastre.
Es uno de esos casos claros en que está justificada la utilización del
decreto-ley. Es evidente que hay que dar soluciones urgentes y afrontar
las consecuencias al margen de quienes sean los responsables y de quienes
tengan el Gobierno del Estado, autonómico o local. Sin embargo, señorías,
estando de acuerdo con el sentido general no podemos evitar hacer algunas
puntualizaciones sobre las actuaciones a seguir y, por tanto, los
objetivos, los fines para los que se habilita este crédito. Por ejemplo,
la retirada de lodos, que es uno de los objetivos prioritarios, tiene que
ser urgente y hay que hacerlo de un modo que sea respetuoso con el
suelo.El presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
apostaba por métodos manuales porque dejan menos residuos ¿Está ya
definido el método a utilizar y se han hecho los cálculos presupuestarios
y la temporalización para que todo esté limpio en el mes de octubre como
la señora ministra ha prometido? ¿Qué se va a hacer con los lodos
retirados? ¿Existe una previsión definitiva y no peligrosa de su
depósito?
Otra duda que nos preocupa: ¿qué pasará con las márgenes y riberas del
río que son de propiedad particular o que están siendo ocupadas como
zonas de cultivos? ¿Cómo se van a definir los márgenes si no está hecho
el deslinde del dominio público hidráulico? Hay una zona clara de dominio
que es la cuenca, pero ¿qué va a ocurrir con los márgenes colindantes?
¿Quién va a asumir los costes de su limpieza: la Confederación, la Junta
o los ayuntamientos? Digo esto porque la recuperación de esta zona no
deslindada puede traer problemas no sólo con los propietarios sino a la
hora de definir competencias. Esto es lo que ocurre, no se ha hecho el
deslinde ni se avanzó en el programa Linde iniciado en el año 1994, pero,
como dijo ayer un señor diputado en esta Cámara, su Ministerio, va a
ritmo sosegado, y en este caso se ha paralizado. Por tanto, se va a
limpiar el lecho del río y no las tierras colindantes. ¿Ustedes saben
que, si estuviera deslindado, el coste para el Ministerio sería mucho
mayor, porque claramente tendrá que asumirlo?
Como me temo que nos digan que no es su responsabilidad, le voy a
recordar que antes de la catástrofe y viendo la paralización del programa
Linde, la Junta de Andalucía pidió el deslinde, y concretamente el 5 de
enero de este año la señora ministra responde lo siguiente en una carta
al consejero de Medio Ambiente. En contestación a tu carta del pasado 1
de diciembre, te informo de que el procedimiento de tramitación de un
expediente de apeo y deslinde de los cauces de dominio público hidráulica
puede iniciarse de oficio por el organismo de cuenca o a instancia de
parte. En el supuesto de que la comunidad autónoma tenga interés en algún
tramo concreto, debería efectuarse la tramitación por el procedimiento
descrito en los artículos 240 a 242 del Reglamento de dominio público
hidráulico, debiendo ser abonados por el solicitante los gastos que se
deriven. ¿Qué pasa? ¿Cuando pide la Junta el deslinde, dice que es a su
costa, y ahora que hay que
retirar los lodos de la zona no deslindada también es a su costa?
Fíjese que hoy vamos a autorizar mediante decreto-ley una operación de
crédito cuando el presupuesto para actuaciones hidráulicas cayó en 60.000
millones de pesetas desde el año 1996. Quizá, si se hubiera dotado
adecuadamente los presupuestos, no sería necesario en este momento
recurrir al crédito. Lo que nos parece sensato es poner en marcha un plan
de deslinde del dominio público hidráulico con vistas a medio y largo
plazo y, al mismo tiempo, asumir en su totalidad la retirada de lodos de
la cuenca y márgenes. Permítanme al menos que sea un poco escéptica con
este proyecto pero todo es un poco opaco. Ya en la pasada sesión de
control en esta Cámara le preguntaba por el plan Doñana 2005 que, por
cierto, a pesar de lo que hoy nos informaba, seguimos sin conocer, y la
propia Comisión de Medio Ambiente ni siquiera lo ha recibido, por lo
menos este grupo, y creo que tampoco la Junta de Andalucía. En esa sesión
dejaba la duda de que fuera una reprogramación del plan de desarrollo
sostenible de Doñana. Con esto puede ocurrir lo mismo, señorías, que sea
una operación de imagen para la fotografía. También pregunto, ¿por qué no
se utilizan los 10.000 millones existentes presupuestariamente en una
cuenta del Banco de España? Son preguntas que dejo en el aire.
Haciendo un análisis del real decreto que hoy vamos a aprobar, desde
nuestra perspectiva debieran reconsiderarse algunos aspectos para su
mejor aplicación en lo que es su objetivo prioritario, que es reponer las
cosas al estado en que se encontraban antes de la rotura de la balsa.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Marón, le
ruego que vaya concluyendo.
La señora MARON BELTRAN: Termino en seguida.
Búsquense fórmulas de coordinación, que las hay; globalícense las
actuaciones conjuntas de Gobierno y Junta de Andalucía; aúnense los
esfuerzos para defenderlo con fuerza y sin fisuras ante la Unión Europea.
Reiteramos nuestro voto favorable, dejando claro que no queremos
actuaciones opacas ni deslealtades administrativas.
Hay que realizar una coordinación clara en la retirada de lodos, en la
recuperación de márgenes, en definitiva, en la gestión de este crédito
extraordinario, que entendemos con criterios globales y actuaciones
fuertes y conjuntas; en una palabra, menos mirar hacia el pasado y más
actuaciones de presente y de futuro.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Marón.
En nombre Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Marquínez.
El señor MARQUINEZ MARQUINEZ: Gracias, señor presidente.
Vamos a fijar la posición del Grupo Popular en relación con la
convalidación o derogación del Real Decreto 4/1998, de 22 de mayo. Se ha
hablado anteriormente por los distintos portavoces de diferentes aspectos
en relación con este decreto, y alguno que otro ha querido puntualizar y
avanzar sobre distintos aspectos que motivan su aparición. Yo creo que es
bueno precisar en todos los aspectos, y con la brevedad necesaria vamos a
tratar de poner algunas cosas en su sitio.
Ha habido un hecho grave que se produjo, como ya ha dicho la ministra, en
la madrugada del 24 al 25 de abril, que ha sido el desbordamiento del
embalse de residuos de la mina de Aznalcóllar, pero fijemos la posición
de esta circunstancia. Ha habido unos protagonistas en este trágico
hecho, que son la empresa Boliden Apirsa, que es la que explota las minas
de Aznalcóllar, la Consejería de Industria de la Junta de Andalucía, la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir y el Patronato de Doñana --lo incluiría yo
también como protagonista--. Además hay un escenario donde se ha
desarrollado, que podíamos fijarlo en la propia mina de Aznalcóllar, en
el cauce del río Agrio y del río Guadiamar, sus aledaños y el preparque
de Doñana; ya tenemos fijado el escenario. Y luego ha habido unos hechos
que son incontestables, y la documentación que los avala está fácilmente
al alcance de todos. Los hechos han sido los siguientes.
Había una mina que tenía una balsa de residuos que estaba autorizada y
controlada por la Consejería de Industria de la Junta de Andalucía. Para
la autorización y el control la Junta de Andalucía utilizó a la empresa
Geocisa y al Instituto Técnico Geológico-Minero, que en 1996 emitieron un
informe sobre esa famosa y desgraciada balsa que ahora se ha roto, y en
él, además de hablar sobre la situación del embalse y sobre sus
potenciales riesgos, se decía que había que hacer un seguimiento, que
correspondía a la Consejería de Industria de la Junta de Andalucía, y hay
que puntualizarlo; en ese seguimiento de la Junta de Andalucía, que
encarga a la empresa Geocisa, se ofrece curiosamente un informe cuatro
días antes de la rotura de la balsa. En la conclusión del informe de
Geocisa se dice que el embalse es seguro y que no hay riesgo ninguno,
pero, si ese informe se hubiera leído, quien lo hubiera hecho --y parece
que no lo ha leído nadie-- se habría asustado. En ese informe, que,
repito, recibe la Consejería de Industria de la Junta de Andalucía de la
empresa Geocisa, que es quien controla el seguimiento de ese embalse, se
dicen cosas como que los inclinómetros que controlan ese embalse no
funcionan bien desde el año 1977; que no se han podido instalar los
cuatro aforadores
de caudal que miden las filtraciones de ese embalse y naturalmente los
posibles deslizamientos que esas filtraciones pueden provocar y el
consiguiente riesgo que se establece dentro de ese embalse; que no se ha
hecho una modelización hidrogeológica del embalse, por lo cual no puede
hacerse el seguimiento del aforamiento, etcétera. Es decir, que del
informe se deduce claramente casi lo que desgraciadamente pasa cuatro
días después. Esos son los hechos que involucran a los protagonistas de
este asunto.
¿Qué ocurre luego con la Consejería de Medio Ambiente? La Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía también es la encargada de hacer
la declaración de impacto ambiental de este embalse y, cuando la hace, el
Patronato de Doñana, al que ahora se le acusa de una cierta negligencia,
en efecto es negligente en ese momento, anterior a 1996, cuando se hace
cargo la ministra de Medio Ambiente de ese Patronato, siendo consejero de
Industria el señor Zarrías, de la Junta de Andalucía y siendo miembro del
Patronato el señor Pezzi, también de la Junta de Andalucía, que no se
oponen para nada a la instalación del embalse, ni siquiera contestan a la
declaración medioambiental de ese embalse.
Luego, está claro cuáles son los hechos, cuáles son los escenarios,
cuáles son los protagonistas y quién está involucrado, y no conviene que
se olvide a la hora de actuar, como ahora lo están haciendo los
portavoces de los distintos grupos. ¿Por qué no conviene hacerlo? Porque,
además, de esos hechos se ha derivado un desenlace trágico, que es la
rotura de la balsa, la inundación del cauce del río Agrio y del río
Guadiamar, la inundación de 5.000 hectáreas de terreno, el desastre que
supone para todos los territorios agrícolas y los cultivos agrícolas, y
no olvidemos tampoco la imagen desastrosa que se produce de todos los
productos de esa zona y del resto de la zona en general, concretamente de
la provincia de Huelva, que han contribuido a desarrollar muchas
actuaciones y muchas declaraciones desasosegadas y desafortunadas de
muchos portavoces parlamentarios que lo único que consiguen es estropear
la situación y nunca proponen soluciones. Esa es la situación, ésos son
los hechos y ésos son los desenlaces de los hechos.
Queda una cosa más, y es muy importante, que es la responsabilidad de
esos hechos. La responsabilidad de esos hechos está clara a través de
quienes han sido los protagonistas; pero hay tres tipos de
responsabilidades. Una es la responsabilidad civil, que se va a ver en un
juzgado, donde se está tramitando, otras son las responsabilidades
administrativas y otras las políticas, que son las que hay que exigir
aquí. Y no parece lógico que ahora haya portavoces que armen la bronca a
la señora ministra, que es la única que ha actuado diligentemente, cuando
realmente se ha generado un lío en un río en el que tenía todo
absolutamente controlado. (Rumores.) ¿De quién es esta responsabilidad? A
mí me avergüenza en estos momentos --y tengo que decirlo así-- la
actuación de mi presidente (Rumores.). Y le llamo mi presidente aunque no
le he votado --porque yo no voté al señor Chaves--, y estoy hablando del
señor Chaves, del presidente de la Junta de Andalucía. Es mi presidente,
porque soy diputado andaluz, y debía ser presidente de todos los
diputados andaluces. (Rumores.) El señor VICEPRESIDENTE
(Fernández-Miranda y Lozana): Señor Marquínez, le ruego concluya.
El señor MARQUINEZ MARQUINEZ: Voy a terminar, señor presidente, y tampoco
me refería a usted (Risas.); estoy hablando del presidente Chaves, de la
Junta de Andalucía. Y digo que me avergüenza porque cuando ese hecho
ocurre no da la cara, se esconde. Primero esconde a los consejeros detrás
de los técnicos y luego él se esconde detrás de los consejeros; no
comparece en el lugar de los hechos y no da soluciones en él; ésas son
responsabilidades y no la actuación de la ministra y del presidente del
Gobierno que actúan diligentemente. (Aplausos.--El señor Griñán Martínez:
¡Qué talla política!--Rumores.) El señor VICEPRESIDENTE
(Fernández-Miranda y Lozana): Señor Marquínez, le ruego que concluya de
forma inmediata.
El señor MARQUINEZ MARQUINEZ: Termino, señor presidente.
Y para colmo luego se envuelve en la bandera de Andalucía y se queja de
que el presidente Aznar no le visita y que menosprecia a Andalucía cuando
la visita, pero ¿a dónde vamos a llegar? (Rumores.) La actuación del
Gobierno ha sido diligente y, además, como ha dicho la ministra, es la
punta de lanza de una actuación. No son 4.500 millones, son 4.500
millones más 800 millones del Ministerio de Trabajo, más 16.500 millones
que va a aportar el plan Doñana 2000. Esas son actuaciones diligentes, y
lo demás son zarriadas, que es como se llaman en Andalucía las chorradas
que hace el señor Zarrías. (El señor Griñán Martínez: ¡Qué
vergüenza!--Aplausos.--Rumores.) El señor VICEPRESIDENTE
(Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Marquínez.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Muchas
gracias, señor presidente.
Quiero ser muy breve, pero deseo agradecer las intervenciones de la
señora Almeida, del señor Mardones, del portavoz del Grupo de
Convergència i Unió, así como las explicaciones que ha dado el señor
Marquínez, del Grupo Popular. También agradezco que, muy a pesar de
ellas, la señora Aramburu y la señora
Marón hayan dado su voto favorable. Sin embargo, también aclararé algunas
de las manifestaciones que aquí se han hecho porque no responden a la
realidad de los hechos.
Todos estamos de acuerdo en que si los 4.500 millones fueran para paliar
la catástrofe de las minas de Aznalcóllar estaríamos hablando de una
cantidad más que suficiente, evidentemente, pero estamos mencionando de
una acción puntual, de 4.500 millones de pesetas, todos especificados en
el plan de actuaciones que ha presentado el Gobierno para la retirada de
lodos, recuperación de riberas, reperfilado de cauce y márgenes, fijación
de suelos y activaciones de depuración. Esto es lo que nos comprometemos
a hacer. Y como muy bien decía la señora Marón, porque asumimos afrontar
las consecuencias al margen de las responsabilidades; y este caso
concreto, señorías, al margen de las responsabilidades, repito.
Creo que una vez más ha quedado claro lo que acaba de decirse en este
hemiciclo. Alguien ha intentado politizar una situación sin ningún
sentido, porque la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir estaba
controlando las aguas, y lo que se ha producido es una catástrofe por la
rotura de una balsa de unas minas, por lo que la legislación de minas, y
no la legislación de aguas, es la competente. Y hay un momento en que la
Junta de Andalucía se da cuenta de sus responsabilidades en cuanto a
competencias exclusivas --y reitero lo de competencias exclusivas-- de la
Administración autonómica, porque es la que autoriza la apertura de esa
explotación minera, que estaba cerrada, a partir del año 1994, y autoriza
que se utilicen esas balsas, que probablemente no deberían haberse
reutilizado, puesto que ya estaban saturadas. Además no sólo es la
responsable de autorizar los vertidos de lodos en esa balsa sino también
la responsable de seguir la situación en que se encuentra, por lo que
cuando la balsa se rompe no hay que mirar a la Administración central,
que no tiene competencias en la legislación de minas, porque la Junta de
Andalucía las tiene transferidas desde el 28 de diciembre del año 1982.
Estas verdades, que están documentadas, no se han querido escuchar y por
eso se ha hablado de que había falta de coordinación, pero no ha existido
nunca. La propia declaración de impacto ambiental la hace la Consejería
de Industria, luego, díganme señorías, cuál es la responsabilidad que
tiene el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno central. No tiene
ninguna responsabilidad en las causas del accidente y, en cambio, como
parte damnificada, porque nos han contaminado un río, sí que hemos
asumido la responsabilidad de las actuaciones. Por tanto, sin tener
responsabilidades en las causas del accidente, he de decir que al día de
hoy hemos sido los únicos que hemos respondido a las actuaciones
urgentes. Por eso tenemos ya 10 empresas contratadas, se retiran 50.000
metros cúbicos diarios de lodos y hay un compromiso de calendario de que
el 30 de octubre no habrá lodos en las márgenes y en el cauce del río
Guadiamar.
Señora Marón, no tenga usted ninguna preocupación ni haga unos debates
que S. S. sabe que son falsos. Si el dominio público hidráulico no está
delimitado es porque ustedes han estado 14 años gobernando y de los
45.000 kilómetros de ríos que existen en España no llegan a 300 los que
están delimitados. (Aplausos.) Es este Gobierno el que ha iniciado ya el
deslinde de 2.000 kilómetros más, empezando por los ríos más
conflictivos. No existía ningún problema en el río Guadiamar y la prueba
es esa carta. Yo no sabía que las cartas eran públicas, pero celebro
mucho que S. S. la haya leído. Si le molesta que le leamos los artículos
escritos en esa carta relacionados con quién tiene las competencias para
abonar, si quiere, ese deslinde, mire usted cómo el consejero de Medio
Ambiente, que es quien redacta la solicitud de ese deslinde, cuando le
dicen que corresponde abonarlo a la Junta de Andalucía, no le interesa.
Y, aunque a la Junta de Andalucía no le interesó dicho deslinde ni ahora
ni cuando estuvieron gobernando los representantes de su propio partido
político durante 14 años, y no lo exigió, no se preocupe, señoría, porque
en los 4.500 millones de pesetas están contemplados esos 100 metros de lo
que es zona de policía. Por tanto, nunca se le ha pedido a la Junta de
Andalucía que se ponga a negociar con los agricultores en esos 100 metros
de los márgenes del río, porque nosotros asumimos esa ocupación y tenemos
ya presupuestado y tramitado con los agricultores cómo se van a ocupar
esos terrenos.
Le digo lo mismo a la representante del Grupo de Izquierda Unida. Estoy
segura que le hubiera gustado hacer este debate en el Parlamento andaluz,
pero no puede, y yo quiero que comente a sus compañeros de dicho
Parlamento que allí pueden hacer el debate que S. S. ha traído a esta
Cámara, porque es ahí donde están las responsabilidades del seguimiento
de esa balsa y donde están las de negociar con la Junta de Andalucía y
con los agricultores en este momento para poner en marcha un plan de
actuaciones; que se haga ese debate y que nos digan de una vez por todas
cuál va a ser la actuación concreta del Gobierno de Andalucía, puesto
que, mientras que no tengamos ese plan de actuaciones, seguiremos sin
poder mandar unilateralmente el plan de actuaciones que el Gobierno
aprobó enviar a la Comisión Europea el 22 de mayo. Y el tiempo va pasando
en nuestra contra, señora representante de Izquierda Unida y señora
representante del Grupo Socialista. Cuantos más días vayan pasando sin
que la Junta de Andalucía presente al Gobierno de España el plan de
actuaciones con esos decretos que dice que van a aprobar y traiga
realmente un plan de actuaciones concreto, no podremos presentar a
Bruselas el plan de actuaciones del Gobierno español. Y día que pasa va
en nuestra contra; tanta urgencia no habrá, tanta catástrofe no se habrá
producido y tanta necesidad
de fondos no tendrán cuando han pasado ya casi dos meses y la Junta de
Andalucía todavía sigue debatiendo si son galgos o son podencos y no
empieza a retirar de una forma clara los lodos. (Varios señores
diputados: ¡Muy bien!) Eso son competencias de la Junta de Andalucía y el
que no tenga competencias la Administración central no significa que sea
incompetencia de esta ministra, como se quiere decir. La misma falta de
competencias tenía el señor Borrell cuando estaba anteriormente; ni él ni
la señora Narbona pudieron oponerse a la apertura de esta mina, quizás
deberían haberlo hecho, pero no lo hicieron, porque tampoco tenían
competencias para oponerse.
En cuanto a las demás actuaciones, creo que han quedado suficientemente
claras y les aseguro que estos 4.500 millones atienden a esta necesidad
urgente. Los 15.600 millones de pesetas restantes sanean todas esas
peticiones que hacía la señora representante del Grupo de Izquierda Unida
para la aportación hídrica de Doñana. El Ministerio de Trabajo ha puesto
ya 800 millones, mientras que, ante este plantel de más de 21.000
millones de pesetas, sin tener ninguna responsabilidad en la catástrofe,
la Administración central, como responsable de ofrecer soluciones a los
ciudadanos, ya ha aportado para el plan de actuaciones, pero la Junta de
Andalucía, que es la responsable y quien debería seguramente haber
evitado esta catástrofe, curiosamente hasta el día de hoy todavía no
tiene más que 450 millones de pesetas a disposición de los ciudadanos.
Esta es la realidad documentada y lo demás es jugar a la ceremonia de la
confusión, en la que este Gobierno, señoras y señores diputados, no
piensa entrar.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE
(Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora ministra.
Señora Aramburu.
La señora ARAMBURU DEL RIO: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, el casete que nos ha puesto hoy ya lo conocemos. Por lo
tanto, sólo voy a efectuarle dos preguntas de interés. Primera. Su
señoría dice que no es responsable, y acusa a los gobernantes anteriores.
¿Qué hizo S. S. cuando llegó al Ministerio y se encontró con expedientes
donde había denuncias muy graves, de técnicos y organizaciones
ecologistas, anunciando lo que iba a pasar? ¿Los archivó? Segunda. He de
preguntarle como miembro del Parlamento y como ministra de Medio Ambiente
por qué ha pactado el silencio y ha impedido la creación de una comisión
de investigación.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Aramburu.
Señora Marón.
La señora MARON BELTRAN: Señor presidente, después de escuchar a la
señora ministra me da la impresión de que en vez de llevar dos años
gobernando y asumiendo responsabilidades parece que tienen historias del
pasado para 200 años y van a convertirse en estatuas de sal mirando
siempre atrás, y usted concretamente, señora ministra, buscando
responsabilidades en los demás y no asumiendo ni las suyas ni sus
competencias.
Hablaba usted en primer lugar del plan de la Junta de Andalucía. No se lo
he querido mencionar antes pero se lo voy a decir ahora. Acerca del plan
de la Junta de Andalucía, que tanto reprochó a esta diputada en la
anterior sesión de control de esta Cámara, por si no lo tiene, pregunte
por él al secretario general de Medio Ambiente, señor Muriel, y al
coordinador general recién nombrado, señor Pérez Miralles, porque a veces
la cuestión no es tener o no los informes sino la poca comunicación, y
eso es algo que tendrán que arreglar entre ustedes.
Por otra parte, quiero dejar claro que SS. SS. no está diciendo la
verdad, en primer lugar, en relación con el plan de actuación para la
instalación de la balsa, para la que tenía el informe favorable de la
Confederación Hidrográfica. Y tampoco la está diciendo en cuanto al
deslinde, porque tiene que pagarlo la Junta de Andalucía y no la
Confederación Hidrográfica, según usted acaba de decir. Me gustaría que
aclarara estos puntos de un modo fehaciente para que quede patente que en
estos dos años que ha tenido para resolver el problema, y en los que no
ha hecho nada en un programa que ya estaba iniciado, podría haber
avanzado; la Junta de Andalucía se lo ha reiterado y ustedes no han
actuado en ningún momento hasta que esta catástrofe ha acontecido. Por
tanto, sí a asumir las responsabilidades conjuntamente, sí a arrimar el
hombro cuando hay que hacerlo; pero también que cada palo aguante su vela
en su momento, y en éste la responsabilidad del deslinde es propia y
exclusiva de su competencia.
Quiero recordar otra cuestión, el plan Doñana 2000, que usted ha vuelto a
mencionar. No nos hablen de reprogramaciones. Esta es una actuación que
estaba iniciada con el plan especial de Doñana y es el mismo presupuesto
ya que solamente está ejecutado el 30 por ciento del mismo, 16.000
millones de pesetas. Cuando nos lo demuestre, cuando lo comprobemos,
podremos saber si realmente no es una operación de imagen como pretende
hacernos creer tanto con ésta como con la otra actuación. Por lo tanto,
pido responsabilidades, pido coordinación y, sobre todo, responsabilidad
a la hora de echar las culpas hacia el pasado. Cada cual que asuma sus
propias responsabilidades, señora ministra. (Aplausos.) El señor
VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora
Marón.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Brevemente,
señor presidente.
No tomé nota de la primera pregunta que me hizo la representante del
Grupo de Izquierda Unida, pero respecto a la comisión de investigación,
sabe perfectamente cuál ha sido la posición de esta ministra y diputada.
Por lo tanto, toda la investigación se está llevando a cabo en la propia
Comisión de Medio Ambiente de este Congreso y hoy mismo se creará --creo
que hoy se trata en el Senado-- una Comisión Congreso-Senado para todo el
plan de actuaciones, que es el seguimiento que realmente hay que hacer a
través de las Cámaras. Señora Marón, quiero decirle que yo no estoy
mirando al pasado, pero cuando se produce una catástrofe es la propia
juez la que tiene que contar con los datos. La explotación minera no se
pone en marcha hoy ni pasado mañana; la explotación minera se pone en
marcha porque la Administración socialista, en sus competencias de la
Junta de Andalucía en exclusiva --Consejería de Industria y Consejería
del Medio Ambiente--, deciden poner en marcha esa balsa. Luego yo no
estoy mirando hacia atrás. Dice S. S. continuamente que cada uno asuma
sus responsabilidades, pues para los que no han querido asumirlas desde
un principio, los jueces van a hacer que las asuman, y entonces
probablemente habrá medios de comunicación a los que no les interese
recordar la hemeroteca de todos los lodos que se han querido echar contra
el Ministerio del Medio Ambiente y contra la ministra que les habla.
Confío, sin mirar hacia atrás, en que los tribunales van a hacer la luz y
entonces se verá dónde están todo tipo de responsabilidades, las civiles,
las penales y no quedará más remedio que quien tenga que asumir
responsabilidades políticas las asuma, señora diputada, por mucho que a
usted le pese, y me da la impresión que están bastante próximas a su
partido.
Señora Morón, no hay ningún problema de coordinación. Ni en el Partido
Popular ni en el Gobierno ni con los coordinadores que tenemos en
Andalucía. El problema de coordinación lo tienen ustedes. Y puesto que
usted hace públicas todas las cartas, le agradeceré que la próxima vez
traiga también a esta Cámara la carta que he contestado al consejero de
Medio Ambiente, quien me había escrito diciendo más o menos lo que usted
acaba de comentar. Yo no me puedo imaginar que crean ustedes que el
documento --que supongo que estaba hecho para la opinión pública-- que me
presentan el 14 de mayo, es un documento mínimamente presentable ante la
Unión Europea. Como ustedes quieren que haya tanta transparencia --y yo
soy la primera que lo pido--, creo que sería bueno que toda la Cámara
conociera, para que vieran el nivel, el rigor y la profesionalidad en los
datos, el documento que la Junta de Andalucía presenta, que más parece un
panfleto para algunos medios de comunicación antes que pensar que eso
pueda ser un plan de actuaciones que el Gobierno de España pueda
presentar a la Unión Europea. (Aplausos.) La prueba es que una vez
entregado, se comprometió --y ahí están las hemerotecas-- el consejero de
Medio Ambiente a que en el plazo de quince días --en cualquier caso
habría vencido el 30 de mayo-- tendrían el plan de actuaciones adecuado.
¿Me quieren ustedes decir a qué plan de actuaciones se refiere, si al día
de hoy todavía no saben de dónde van a obtener ese dinero ni si van a
tener los agricultores la posibilidad de cobrar en la retirada de los
lodos?
Señorías, seamos rigurosos, no miremos ni hacia atrás ni para los lados.
Digamos la verdad con datos, que es lo que a ustedes les molesta. No
existe al día de hoy un plan de actuaciones de la Junta de Andalucía
trasladado al Gobierno de la nación --esto tengo que reiterarlo y debe
figurar en el «Diario de Sesiones»--, y estamos ya hoy a día 11 de junio.
Esta es la realidad.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora ministra, le
ruego que concluya.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Termino,
señor presidente, diciendo que el plan Doñana 2005, no 2000, aunque le
duela a S. S., está aprobado por la Junta de Andalucía, en la persona del
consejero de Medio Ambiente, que forma parte del grupo de aguas del
Patronato de Doñana y que el sábado pasado se aprobó este plan. Y se
aprobó precisamente --y ya no creo que vayan a seguir jugando a la
ceremonia de la confusión por parte de la Junta de Andalucía-- porque han
sabido que no tiene nada que ver el plan Doñana 2005 con lo que usted ha
dicho respecto del plan de desarrollo sostenible, que no son 33.000
millones, son 64.000 millones de pesetas los que se concedieron en el año
1993 para que estuvieran gastados en 1999. Ustedes han estado al frente
de esa administración hasta el año 1996 y no fueron capaces de invertir
una sola peseta en el plan de desarrollo sostenible de Doñana. No tiene
nada que ver, por lo tanto, este plan de actuaciones, que es
completamente nuevo y que se va a financiar con fondos europeos y con
fondos de la Confederación del Guadalquivir.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE : Muchas
gracias, señora ministra.
Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.) El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones.
Votaciones correspondientes al punto VII del orden del día, sobre la
convalidación o derogación de los reales decretos-leyes que se han
presentado por el Gobierno y debatido por el Pleno.
En primer lugar, se somete a votación la convalidación o derogación del
Real Decreto-ley 3/1998, de 8 de mayo, sobre retribuciones de los
magistrados del Tribunal Supremo en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 404 bis, modificado, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a
favor, 307; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la convalidación del referido Real
Decreto-ley.
Pasamos a votar la convalidación o derogación del Real Decreto-ley
4/1998, de 22 de mayo, por el que se concede un crédito extraordinario de
4.500 millones de pesetas a la Confederación Hidrográfica del
Gualdalquivir para financiar actuaciones derivadas de la rotura de la
balsa de residuos de la mina de Aznalcóllar.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a
favor, 313.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad del Pleno.
ENMIENDAS DEL SENADO:
--PROYECTO DE LEY DE REFORMA DEL REGIMEN JURIDICO Y FISCAL DE LAS
INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA DE NATURALEZA INMOBILIARIA Y SOBRE
CESION DE DETERMINADOS DERECHOS DE CREDITO DE LA ADMINISTRACION GENERAL
DEL ESTADO (Número de expediente 121/000037)
El señor PRESIDENTE: Punto VIII del orden del día: Enmiendas del Senado
al proyecto de ley de reforma del Régimen Jurídico y Fiscal de las
Instituciones de inversión colectiva de naturaleza inmobiliaria y sobre
cesión de determinados derechos de crédito de la Administración General
del Estado.
¿Grupos que desean fijar suposición sobre las enmiendas del Senado a este
proyecto de ley? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Alvarez
Gómez.
El señor ALVAREZ GOMEZ: Gracias, señor presidente.
Desde el mismo momento en que este proyecto de ley llegó a esta Cámara,
el Grupo Socialista expresó a todos los grupos parlamentarios que,
oponiéndonos a la remoción que hace este proyecto de ley de las cautelas
y garantías establecidas en la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, en
beneficio de los socios y partícipes de las sociedades y fondos de
inversión inmobiliaria, estábamos dispuestos a analizar y debatir con
rigor y tranquilidad las posibilidades de desarrollo y expansión de estas
entidades. (Rumores.) El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Alvarez
Gómez. Señorías, les ruego silencio y respeto al orador. (Pausa.)
Adelante señoría.
El señor ALVAREZ GOMEZ: Muchas gracias, señor presidente.
También expresamos nuestra predisposición a acercar la fiscalidad de
estas instituciones a las entidades de inversión colectiva de naturaleza
mobiliaria, poniendo como objetivo claro el incremento de la oferta de
vivienda en alquiler para facilitar también por esta vía el acceso de los
jóvenes y de las personas de menor renta al disfrute de una vivienda. Con
esta actitud fuimos al debate en Comisión y presentamos un bloque de
enmiendas en coherencia con estos planteamientos. Sin embargo, el trámite
parlamentario se ha utilizado en dos sentidos diversos y perversos a la
vez. El primero, la incorporación de enmiendas del Grupo Popular y de
Convergència i Unió, tanto en esta Cámara como en el Senado, no sólo no
ha servido para que desapareciera el rechazo del Grupo Parlamentario
Socialista a las disposiciones del proyecto de ley que regulan los
aspectos financieros, en especial todo el bloque que eliminará las
cautelas y garantías establecidas en la actualidad en beneficio de los
inversores, sino que dichas enmiendas han abundado en esta misma
dirección. (Rumores.) El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Alvarez
Gómez.
Señor Mardones, señor Morano, señora Rubiales, les ruego silencio, por
favor. (Pausa.)
Adelante.
El señor ALVAREZ GOMEZ: Gracias, señor presidente.
Por esta razón, votaremos en contra de las enmiendas números 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22 y 23, introducidas en el Senado por el Grupo de
Catalán (Convergència i Unió). Estimamos que se han apurado todavía más
las posibilidades de hacer operaciones de ingeniería fiscal y financiera,
acompañándolas al mismo tiempo de un trato fiscal beneficioso, de un
marco tributario privilegiado, ya que se gravan sus beneficios con el 1
por ciento en el Impuesto sobre Sociedades. Es, pues, un proyecto que con
las enmiendas introducidas en el Senado ha incidido más en los
desequilibrios. ¿Es por esta vía por la que el Gobierno intenta que se
aflore una gran parte del billón de pesetas
existente en patrimonios ocultos? ¿Es el premio adicional que el Gobierno
quiere regalar a quien ha estado extramuros de la contabilidad nacional y
de la Hacienda pública? Por este coste, al que habrá que sumar la pérdida
de recaudación motivada por la disminución del tipo de gravamen del 7 al
1 por ciento en el Impuesto sobre Sociedades, únicamente se va a obtener
a cambio un moderado incremento de la oferta de vivienda en alquiler, que
además se va a producir paulatinamente y a medio plazo.
Sin embargo, el objetivo final del proyecto de ley, confesado en su
exposición de motivos y que nosotros entendemos que no se va a conseguir,
el impacto final sobre el precio de estos arrendamientos es difícil de
predecir, aunque del análisis de este aspecto el Gobierno haya huido en
todo el debate del proyecto de ley. Nuestro grupo estima que los precios
del arrendamiento de viviendas no van a resultar afectados. En suma, la
consecución de los objetivos siempre ha de buscarse de forma equilibrada,
esto es, teniendo en cuenta los efectos de las modificaciones sobre otros
aspectos importantes de la vida económica y social. De esta forma se
puede estar utilizando la vivienda como coartada para intereses
económicos, fiscales o tributarios de determinados grupos bien asesorados
y, por tanto, no se está legislando en aras del interés general.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor. Señor Homs. (Pausa.)
Adelante.
El señor ALVAREZ GOMEZ: El segundo sentido perverso, señorías, consiste
en que el Gobierno introduce en el Senado dos enmiendas, las números 43 y
44, a través del Grupo Parlamentario Popular, que añaden al texto dos
disposiciones adicionales, la segunda y la tercera, que han sido objeto
de debate únicamente en el Pleno del Senado. De Cámara de reflexión a
Cámara escoba, ésa es la proyección que el Gobierno le está dando al
Senado. (El señor Herrando Fraile: ¡Qué barbaridad, que el Senado no es
Parlamento!) Ya lo ha hecho antes, y el Grupo Parlamentario Socialista
quiere dejar patente su indignación y el rechazo por esta práctica, que
tiene por objeto hurtar el debate parlamentario, con el fin de presentar
las modificaciones legislativas por sorpresa y con nocturnidad.
Habría que darle una nueva denominación a este proyecto de ley, pues se
modifica la regulación de las instituciones de inversión colectiva de
carácter financiero y también la Ley 6/1997, de 14 de abril, conocida
como Lofage. La Cámara de mejora y reflexión no ha tenido tiempo siquiera
de hacer esta modificación, ni para rectificar tampoco el término de
residencias universitarias por el de residencias estudiantiles en el
preámbulo, párrafo 7, número 3. Sin embargo, curiosa e inocente
casualidad, estimó el Grupo Popular que era suficiente el tiempo de
reflexión para la innovación, de tal manera que era irrelevante que se
despachase en aquel trámite parlamentario un asunto que afecta a cientos
de miles de españoles, a muchas empresas y a un volumen de inversión de
30 billones de pesetas, negando a los inversores el derecho al reembolso
en determinados supuestos. Esta es una cuestión a la que el Grupo
Socialista prestará la máxima atención. Llega por sorpresa, pero no se va
a ir silenciosa. De ninguna manera vamos a ser cómplices del Gobierno.
Los inversores reclamarán y los que soliciten el reembolso de su
participación se sentirán engañados, pero no por la entidad financiera,
sino porque el Gobierno ha alterado unilateralmente los derechos de
quienes han invertido en unas determinadas condiciones, de quienes han
elegido un determinado fondo para depositar sus ahorros y sus
inversiones. Cuando menos, reiteramos que es intolerable que se
introduzca de esta forma estas modificaciones legislativas que afectan a
los derechos de los inversores, a su confianza, a la transparencia de los
mercados financieros. La sensibilidad de estos mercados exige, en
especial del Gobierno y también de esta Cámara y de todos los grupos
parlamentarios, un estricto respeto por las reglas del juego democrático.
Por ello, el Gobierno y el Grupo Popular han de valorar si con
actuaciones tan irresponsables pueden seguir esperando que nuestro grupo
parlamentario vuelva a proyectos de ley de esta naturaleza con el ánimo
de consenso y de colaboración que mostramos desde el principio del
debate. Rechazada, por tanto, la forma en que se pretenden introducir
estas modificaciones con ocasión de las enmiendas números 43 y 44,
manifestamos que podremos estar de acuerdo en la línea de favorecer los
procesos de fusión de fondos e incluso en las ventajas que ello pueda
suponer para los inversores.
El señor PRESIDENTE: Señor Alvarez Gómez, vaya concluyendo, por favor.
El señor ALVAREZ GOMEZ: Termino, señor presidente.
Sin embargo, es indispensable, absolutamente indispensable, que se
preserve el derecho de elección del partícipe y, por ello, ha de
permitírsele, en todo caso, que ejerza su derecho de separación o su
derecho de reembolso en estos supuesto en los que se le está negando,
introduciendo una novación en las cláusulas del contrato que había hecho
con la entidad gestora del fondo.
Termino, señor presidente. No vamos a hacer de esta cuestión más leña de
la que hemos afirmado en este momento, pero creemos que, por las razones
que hemos expuesto, debe valorar la Cámara, la mayoría de la Cámara, el
Grupo Parlamentario Popular y los grupos que le apoyan, en primer lugar,
que no deben introducirse
estas modificaciones por la vía en que se ha hecho, por la vía de la
enmienda del Senado y debate exclusivamente en el Pleno y, en segundo
lugar, que el que un proyecto de ley que trataba de modificar
determinados aspectos de las instituciones de inversión colectiva de
naturaleza inmobiliaria, amparándose en su paso por el Senado, introduzca
estos mecanismos deja indefensos a miles, a cientos de miles de
inversores, que se encontrarán con esta sorpresa si esta Cámara sigue por
esta línea de apoyar las modificaciones introducidas en el Senado.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alvarez Gómez.
Tiene la palabra el señor Ortiz, a quien encarezco que se atempere al
tiempo que ha utilizado el portavoz del Grupo Socialista.
El señor ORTIZ GONZALEZ: Señor presidente, voy a intentar --no sé si lo
lograré-- ceñirme al turno estricto de fijación de posición. Digo que lo
voy a intentar porque, después de la diatriba del señor Alvarez Gómez en
representación del Grupo Parlamentario Socialista, es bastante difícil no
saltar la frontera entre la fijación de posición y el turno en contra.
Quiero, en primer lugar, empezar con una afirmación fundamental: este
proyecto de ley --y las enmiendas del Senado se mueven en la misma
línea-- lo que pretende es superar un doble fracaso de los gobiernos
socialistas. El primer fracaso concierne a la política de vivienda y de
alquiler, y esto está constatado por los hechos. (Rumores.) El señor
PRESIDENTE: Un momento, señor Ortiz, no se lance.
Si a las dificultades de sonido, que aprovecho para pedir a los servicios
técnicos que hagan desaparecer y mejoren la audición de las palabras del
señor Ortiz, además se añade la algarada, señorías, no vamos a poder
escuchar. (Protestas.) Señorías, es en perjuicio para todos. Vamos a
procurar, por tanto, que mejore la audición entre todos, entre los
servicios técnicos y con la colaboración, estoy seguro, de todas SS. SS.
incluido el señor Ortiz.
Adelante.
El señor ORTIZ GONZALEZ: El segundo fracaso, al que no tengo más remedio
que referirme, es el fracaso en la normativa sobre fondos de inversión
inmobiliaria. Quiero recordar que por contraste con los fondos de
inversión mobiliaria, como recordábamos en el debate inicial en Pleno y
en Comisión después, los de inversión inmobiliaria por obra y gracia de
la normativa cicatera, restrictiva del Gobierno anterior quedaron
reducidos a cuatro fondos con un total de 15.000 millones de pesetas y
2.000 partícipes, siendo así que los fondos de inversión mobiliaria
registran 5 millones de partícipes y 30 billones de pesetas en los
recursos movilizados.
Las enmiendas del Senado reiteran la línea de las enmiendas que se
introdujeron en el Congreso, con un paso sustancial en materia de
fiscalidad, ya que se trata de promover los fondos de inversión
inmobiliaria de cara al estímulo de viviendas en alquiler mediante el
establecimiento de un tipo único de tributación del 1 por ciento, frente
a la cicatería de la etapa anterior. Prueba de que esto es así es que
solamente el efecto-anuncio de la reforma de esta ley en el Pleno y en la
Comisión de esta Cámara y en el Senado ha supuesto que en tres meses se
hayan duplicado los recursos de los fondos de inversión inmobiliaria
pasando de 15.000 a 30.000 millones de pesetas y los partícipes de 2.000
a 6.000.
Quiero, en segundo lugar, señor presidente, recordar al portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista que el Senado, según la Constitución, es
una Cámara legislativa, ¿O no? ¿Es una Cámara de consulta? Es una Cámara
legislativa, tan legislativa como esta Cámara, por más que se diga que es
Cámara de segunda lectura, y si entre las reformas del Senado que SS. SS.
socialistas con su nuevo líder pretenden introducir, tratan de que sea
Cámara menos legislativa o que no sea Cámara legislativa, quiero decirles
que mi grupo estará desde el primer momento en absoluto desacuerdo. Por
consiguiente, señoría, no le puede negar legitimidad al Senado para
introducir las enmiendas que tenga a bien.
Pero es que, además, señor Alvarez Gómez, quiero refrescar su memoria
histórica. Cuando en el año 1992 se modificó la Ley de fondos de
inversión inmobiliaria, el Grupo Parlamentario Socialista introdujo, en
el Senado, todo un paquete de regulación, también en el Pleno y también
sin debate previo en esta Cámara, de todos los fondos de titulación
hipotecaria que, insisto, deben su regulación a una enmienda de última
hora presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado.
Repase el «Diario de Sesiones» de entonces y se percatará de que lo que
usted considera como pecado, que yo creo que no lo es, es, en todo caso,
un pecado que ustedes cometieron antes y en mucha mayor medida.
Luego le quiero recordar --y lamento, señor presidente, meterme en el
turno en contra-- que el Derecho mercantil que regula las fusiones
permite la fusión en todo caso siempre que al accionista se le permita el
derecho de separación. Usted parece que no ha leído el texto. Se le
permite el derecho de separación en el plazo de un mes, el derecho al
reembolso de sus participaciones y además con una virtud añadida: que el
reembolso de estas participaciones en el ejercicio del derecho de
separación no tiene la condición de hecho imponible tributario y, por
tanto, se hace con plena gratuidad.
Señorías, este proyecto de ley, con las enmiendas del Senado, supone un
paso importante en la fiscalidad de los fondos de inversión inmobiliaria
al servicio del fomento de la política de vivienda en alquiler; esa
política de vivienda en alquiler que ustedes intentaron pero no
consiguieron, y prueba de ello es que todavía en España, sobre 17
millones de viviendas que componen nuestro parque, apenas están en
alquiler dos millones de viviendas. Con medidas como ésta de lo que se
trata es de propiciar una política de vivienda en alquiler que dé
respuesta a las necesidades de vivienda de los jóvenes y de aquellos
segmentos de la población española que difícilmente podrán acceder a una
vivienda en propiedad.
Muchas gracias, señor presidente. (El señor Alvarez Gómez pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ortiz.
Señor Alvarez Gómez, en este trámite no hay derecho a réplica. Cada uno
de los grupos ha tenido oportunidad de defender sus argumentos en pro o
en contra de las enmiendas del Senado y de los rasgos generales del
proyecto de ley. Seguro que tendría muchos más argumentos que añadir,
pero la Presidencia da por agotado el debate.
Votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley de reforma del
régimen jurídico y fiscal de las instituciones de inversión colectiva de
naturaleza inmobiliaria y sobre cesión de determinados derechos de
crédito de la Administración general del Estado.
De acuerdo con la solicitud del Grupo Socialista, vamos a efectuar la
votación en dos bloques: el primero que sometemos a votación es la
enmienda al artículo 2, en la relativo a la introducción y a la
modificación del artículo 34 bis, apartado 2, de la Ley 46/1984, y
enmienda al artículo 3, en lo relativo a la introducción y a la
modificación del artículo 35 bis, apartado 2, de dicha ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a
favor, 310; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Votación de las restantes enmiendas del Senado al proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a
favor, 168; en contra, 141; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las restantes enmiendas.
DICTAMENES DE LA COMISION DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS
INTERNACIONALES:
--CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA PORTUGUESA PARA LA
CONSTRUCCION DE UN PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL RIO MIÑO, ENTRE LAS
LOCALIDADES DE GOIAN (ESPAÑA) Y VILA NOVA DE CERVEIRA (PORTUGAL), FIRMADO
EN MADRID EL 19 DE NOVIEMBRE DE 1997 (Número de expediente 110/000155)
El señor PRESIDENTE: Pasamos, señorías, a las votaciones correspondientes
al punto noveno del orden del día.
Vamos a votar por el procedimiento de asentimiento, de acuerdo con el
artículo 82 y con las previsiones que me hicieron llegar los portavoces
sobre los distintos convenios y acuerdos previstos en el orden del día.
Convenio entre España y Portugal para la construcción de un puente
internacional sobre el río Miño.
¿Lo aprueba la Cámara? (Asentimiento.) Entiendo que sí. Muchas gracias.
--ACUERDO SOBRE LA CONSERVACION DE LOS CETACEOS DEL MAR NEGRO, DEL MAR
MEDITERRANEO Y LA ZONA ATLANTICA CONTIGUA, HECHO EN MONACO EL 24 DE
NOVIEMBRE DE 1996 (Número de expediente 110/000166)
El señor PRESIDENTE: Acuerdo sobre la conservación de cetáceos, hecho en
Mónaco.
¿Lo acuerda también la Cámara? (Asentimiento.) --CONVENIO ENTRE EL REINO
DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA PORTUGUESA, RELATIVO A LA COOPERACION JUDICIAL
EN MATERIA PENAL Y CIVIL, HECHO EN MADRID EL 19 DE NOVIEMBRE DE 1997
(Número de expediente 110/000167)
El señor PRESIDENTE: Convenio entre España y Portugal para la cooperación
judicial en materia penal y civil.
¿Se aprueba por asentimiento? (Asentimiento.) Gracias, señorías.
--PROTOCOLO ADICIONAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE
NICARAGUA, MODIFICANDO EL CONVENIO DE DOBLE NACIONALIDAD DE 25 DE JULIO
DE 1961, HECHO EN MANAGUA EL 12 DE NOVIEMBRE DE 1997 (Número de
expediente 110/000168)
El señor PRESIDENTE: Protocolo adicional entre España y Nicaragua,
modificando el Convenio de doble nacionalidad ya establecido en el año
1961.
¿Lo aprueba la Cámara? (Asentimiento.) Muchas gracias.
--PROTOCOLO ADICIONAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE COSTA
RICA, MODIFICANDO EL CONVENIO DE DOBLE NACIONALIDAD DE 8 DE JUNIO DE
1964, HECHO EN MADRID EL 23 DE OCTUBRE DE 1997 (Número de expediente
110/000169)
El señor PRESIDENTE: Otro protocolo adicional entre España y Costa Rica,
modificando el Convenio de doble nacionalidad.
¿Se entiende aprobado por asentimiento? (Asentimiento.) Gracias,
señorías.
--TRATADO Y REGLAMENTO DE LA OMPI, SOBRE EL DERECHO DE MARCAS, ADOPTADOS
POR LA CONFERENCIA DIPLOMATICA EN GINEBRA EL 27 DE OCTUBRE DE 1994, ASI
COMO RESERVA Y DECLARACIONES QUE ESPAÑA VA A FORMULAR EN EL MOMENTO DE SU
RATIFICACION (Número de expediente 110/000173)
El señor PRESIDENTE: Tratado y reglamento de la OMPI, sobre el derecho de
marcas, así como reserva y declaraciones que España va a formular en el
momento de su ratificación.
¿Se entienden ambos aprobados por asentimiento? (Asentimiento.)
--ENMIENDAS DE LOS ARTICULOS 14 Y 37 DE LOS ESTATUTOS DE LA ORGANIZACION
MUNDIAL DE TURISMO, DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 1970, ADOPTADAS EN NUEVA DELHI
EL 14 DE OCTUBRE DE 1983 Y EN ROMA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 1981,
RESPECTIVAMENTE, POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OMT (Número de expediente
110/000174)
El señor PRESIDENTE: Enmiendas a los artículos 14 y 37 de los Estatutos
de la Organización Mundial de Turismo, adoptadas por la Asamblea General
de dicha organización.
¿También se entienden aprobadas? (Asentimiento.) --CONVENIO RELATIVO AL
TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE PENAS PRIVATIVAS
DE LIBERTAD ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA FEDERACION RUSA, HECHO EN
MOSCU, EL 16 DE ENERO DE 1998 (Número de expediente 110/000175)
El señor PRESIDENTE: Convenio relativo al traslado de personas condenadas
para el cumplimiento de penas privativas de libertad entre España y la
Federación Rusa.
¿Aprobado por asentimiento? (Asentimiento.) Gracias, señorías, por su
asentimiento.
--ARREGLO TECNICO RELATIVO A LA APLICACION DEL ARTICULO VIII DEL ACUERDO
ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE ALBANIA Y LOS GOBIERNOS DE LAS
NACIONES CONTRIBUYENTES A LA FUERZA MULTINACIONAL DE PROTECCION, RELATIVO
AL ESTATUTO DE DICHA FUERZA, HECHO EN ROMA EL 21 DE ABRIL DE 1997 (Número
de expediente 110/000176)
El señor PRESIDENTE: Arreglo técnico relativo a la aplicación del VIII
Acuerdo entre el Gobierno de Albania y los Gobiernos de las naciones que
contribuyen a la Fuerza Multinacional de Protección, relativo al Estatuto
de dicha Fuerza.
¿Lo aprueba así el Pleno? (Asentimiento.) Muchas gracias.
--ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y UCRANIA PARA LA PROMOCION Y
PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES, HECHO EN KIEV EL 26 DE FEBRERO DE
1998 (Número de expediente 110/000177)
El señor PRESIDENTE: Acuerdo entre España y Ucrania para la promoción y
protección recíproca de inversiones.
¿También queda aprobado? (Asentimiento.) --ACUERDO PARA LA PROMOCION Y
PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA
REPUBLICA DE LA INDIA, FIRMADO EN NUEVA DELHI EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1997
(Número de expediente 110/000178)
El señor PRESIDENTE: Finalmente, el acuerdo de promoción y protección
recíproca de inversiones entre España y la India.
¿Se aprueba por asentimiento? (Asentimiento.) Muchas gracias, señorías.
El punto décimo del orden del día, debates de totalidad de convenios
internacionales, hay que entenderlo decaído al no haberse presentado
ninguna enmienda de tal naturaleza a los convenios que vienen consignados
en el orden del día.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
--PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESION DE UN CREDITO EXTRAORDINARIO, POR
IMPORTE DE 264.624.330 PESETAS, PARA ABONAR A DIARIOS Y REVISTAS, S. A.,
LA INDEMNIZACION DERIVADA DEL PUNTO SEGUNDO DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
SUPREMO DE 2 DE JULIO DE 1994 (Número de expediente 121/000061)
--PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESION DE UN CREDITO EXTRAORDINARIO, POR
IMPORTE DE 2.958.395.142 PESETAS, PARA ABONAR A DIARIOS Y REVISTAS, S.
A., LA INDEMNIZACION DERIVADA DEL PUNTO TERCERO DE LA SENTENCIA DEL
TRIBUNAL SUPREMO DE 2 DE JULIO DE 1994 Y DEL AUTO DE 7 DE JULIO DE 1997
(Número de expediente 121/000109)
El señor PRESIDENTE: En torno al punto undécimo, debates de totalidad de
iniciativas legislativas, el Gobierno ha notificado, por medio de escrito
registrado esta misma mañana, la retirada de los dos proyectos de ley que
constituían el objeto del debate del orden del día. En consecuencia,
señorías, vamos a suspender el Pleno durante cinco minutos, a efectos de
que se reúna la Mesa para calificar dicho escrito y comunicar la decisión
al Pleno.
Se suspende la sesión a las once y cuarenta y cinco minutos de la mañana.
Se reanuda la sesión a las doce y diez minutos del mediodía.
--PROYECTO DE LEY SOBRE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION EN LOS SECTORES
DEL AGUA, LA ENERGIA, LOS TRANSPORTES Y LAS TELECOMUNICACIONES, POR LA
QUE SE INCORPORAN AL ORDENAMIENTO JURIDICO ESPAÑOL LAS DIRECTIVAS
93/38/CEE Y 92/13/CEE (Número de expediente 121/000112)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a reanudar la sesión.
Reunida la Mesa y calificado positivamente el escrito de retirada de los
proyectos de ley que constituían los dos primeros temas del punto
undécimo del orden del día, pasamos al debate de totalidad del proyecto
de ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la
energía, los transportes y las telecomunicaciones, por la que se
incorporan al ordenamiento jurídico español las Directivas 93/38 y 92/13
de la CEE.
Para la presentación del proyecto, tiene la palabra el señor ministro de
Fomento. (Rumores.) Señorías, les ruego que guarden silencio, ocupen sus
escaños y permitan el desarrollo de la sesión.
Adelante, señor ministro, comience su intervención.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señor
presidente, señorías, el proyecto de ley que el Gobierno somete a la
consideración y aprobación de la Cámara incorpora al ordenamiento
jurídico español la Directiva 93/98, de 14 de junio de 1993, y la
Directiva 92/13, de 25 de febrero de 1992, sobre, respectivamente,
coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los
sectores del agua, energía, transportes y telecomunicaciones, y sobre
coordinación de las disposiciones legales reglamentarias y
administrativas referentes a la aplicación de las normas comunitarias en
los procedimientos de adjudicación de contratos de las entidades que
operan en dichos sectores.
La elaboración del proyecto, del que ha sido ponente el Ministerio de
Fomento, ha correspondido conjuntamente a dicho departamento y a los
ministerios de Justicia, Economía, Industria y Medio Ambiente, habiendo
sido oídas en su tramitación tanto las comunidades autónomas como las
entidades más representativas de los citados sectores del agua, la
energía, los transportes y las telecomunicaciones.
Dos precisiones de carácter formal deben hacerse en el pórtico de la
presentación del proyecto. En primer lugar, subrayar la necesidad de que
la incorporación de la normativa comunitaria al ordenamiento jurídico
español se realice mediante ley, por afectar su contenido tanto al
principio de autonomía de la voluntad en el plano contractual, principio
recogido en nuestros códigos Civil y de Comercio, como al sistema de
control de las actuaciones llevadas a cabo por entidades de Derecho
privado, control que incide en el campo procesal.
En segundo lugar, procede destacar el escaso margen de discrecionalidad
posible en la interpretación de las directivas, ya que éstas, por su
carácter y contenido concreto, resultan de aplicación directa en muchos
casos. Esta circunstancia permite calificar el proyecto de ley de norma
eminentemente instrumental por limitarse esencialmente a traducir a
nuestro ordenamiento un régimen jurídico preciso que deriva de las
propias instancias comunitarias.
Como se indica en la exposición de motivos del proyecto, el Derecho
comunitario europeo ha previsto, para los sectores excluidos de la
normativa aplicable a los contratos de las administraciones públicas
cuyas directivas reguladoras han sido objeto de trasposición por la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, un régimen singular en lo
que concierne a determinados aspectos de la ordenación de su actividad
contractual, entre ellos la selección del contratista. Se pretende que
este régimen contribuya a la apertura del mercado mediante la aplicación
de los principios de publicidad y concurrencia, si bien a través de un
repertorio normativo menos estricto que el que resulta
de aplicación a las administraciones públicas a través de las directivas
convencionales.
La razón de establecer un régimen especial para estos sectores excluidos
nace de la constatación, por parte de la Comisión Europea, de que los
adjudicadores que operaban en dichos sectores no se identificaban en
todos los países comunitarios como organismos o entidades de Derecho
público, dado que algunos de ellos procedían del ámbito privado.
Constituyendo un objetivo irrenunciable la construcción del mercado
único, la apertura del referente a las actividades no incluidas en las
directivas sobre contratación pública imponía el establecimiento de un
régimen transaccional común a los operadores públicos y privados. Este
régimen mitiga, por lo que respecta a los protagonistas de Derecho
público, el más rígido al que están sujetos en materia de adjudicación de
contratos. Y en lo que concierne a las entidades de Derecho privado,
comporta el sometimiento de las mismas a un repertorio de normas o marco
ordenador de los procesos de adjudicación de esos contratos, que antes
desconocían. La razón de disciplinar la actividad contractual de los
operadores privados en los sectores citados deriva de la circunstancia de
su situación de privilegio en el mercado, al gozar de determinados
derechos especiales o exclusivos. Si esta situación de privilegio no se
produce, no habrá lugar a la aplicación de la norma.
La Directiva 93/38 del Consejo Europeo regula los procedimientos de
aplicación de contratos en el marco de los sectores excluidos. Los
contratos que contempla son los de obras, servicios y suministros. Esta
directiva, que derogó la 90/531, referente sólo al contrato de obras,
debería haber sido incorporada a nuestro ordenamiento, por lo que
respecta a los contratos de obras y suministros, antes del 1 de enero de
1996, y en lo que concierne a los contratos de servicios, antes del 1 de
enero de 1997.
Por su parte, la Directiva 92/13, del Consejo Europeo, relativa a la
coordinación de las disposiciones referentes a la aplicación de las
normas comunitarias en los procedimientos de adjudicación de contratos en
el ámbito de los sectores excluidos, constituye una norma de control de
aplicación de la anterior. La directiva propone el sistema de supervisión
--y corrección en su caso-- del comportamiento de las entidades que
operan en dichos sectores cuando se desvíen de las normas establecidas
para la adjudicación de los contratos. El modelo propicia la vía de la
conciliación, sin excluir, de renunciarse a ella, la intervención de una
instancia neutral para resolver los conflictos, reorientar los
procedimientos y adoptar, si ha lugar, las medidas oportunas para
determinar los daños y perjuicios que deberán abonarse a los interesados
afectados.
De acuerdo con el artículo 13 de esta directiva, en relación con el
artículo 37.2 de la Directiva 90/531, el Estado español venía, asimismo,
obligado a adoptar las correspondientes medidas de control antes del 1 de
enero de 1996. El retraso producido en la incorporación a nuestro
ordenamiento de las dos directivas citadas aconsejó solicitar de la
Cámara la tramitación del proyecto de ley por el procedimiento de
urgencia.
En consecuencia, el objeto del proyecto, tal como lo define su artículo
1, es la regulación del procedimiento de adjudicación de los contratos de
obras, suministros y servicios por las entidades, tanto públicas como
privadas, que operan en los sectores de actividad relacionados con el
agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones, remitiéndose
al efecto a los ámbitos de aplicación subjetiva y objetiva que se
determinan en su título I. En lo no previsto por la ley, las normas
aplicables a la adjudicación de los contratos serán las que resulten del
régimen general de contratación que corresponda a las referidas
entidades.
El artículo 2, referente precisamente al ámbito subjetivo de la ley,
recoge el contenido de la Directiva 93/38, con una importante excepción
que para nada obsta la consecución de los fines pretendidos por la norma
comunitaria. En efecto, aun cuando la directiva citada los considera
incluidos en su ámbito subjetivo, el proyecto excluye del ámbito de
aplicación de la ley a la Administración General del Estado, a las
administraciones de las comunidades autónomas, a las entidades que
integran la Administración local y a los organismos autónomos
dependientes de las mismas, así como a las agrupaciones con personalidad
jurídica propia formadas por aquéllas o por dichos organismos.
Se ha entendido, tal como recuerda la memoria que acompaña al proyecto,
que garantizando sobradamente la Ley de Contratos de las Administraciones
públicas que regula con carácter general la contratación de los referidos
poderes adjudicadores, los objetivos de publicidad, concurrencia y no
discriminación pretendidos por la directiva comunitaria, no era deseable
romper la disciplina más estricta que nuestra legislación de contratos
impone a todas estas entidades, con independencia del sector público o
privado en que operen. Todo ello sin perjuicio de que en materia de
publicidad comunitaria se observen, lógicamente, las reglas de la
directiva, tal y como prevé la disposición adicional segunda del
proyecto.
Por lo que respecta al ámbito de aplicación objetiva, el proyecto de ley,
siguiendo el criterio de la Directiva 92/38, acota el mismo
progresivamente en sus artículos 3 y 4 a través de la identificación de
las actividades incluidas y excluidas en dicho ámbito y de las figuras
contractuales, asimismo incluidas y exceptuadas, con concreción de las
cifras relativas a los importes de los contratos que marcan los umbrales
de ingreso en el ámbito de la ley, según se precisa en los artículos 5,
7, y 8. Estos umbrales son las cifras en pesetas equivalentes a cinco
millones de ecus para los contratos de obras, a 400.000 ecus para los
contratos de suministro
y de servicios que adjudiquen las entidades que operen en los sectores
del agua, energía y transportes, y a 600.000 ecus para los contratos de
suministro y de servicios que adjudiquen las entidades que operen en el
sector de las telecomunicaciones.
El título III, recogiendo las previsiones de la directiva citada,
establece un sistema potestativo de clasificación de contratistas,
encaminado, en principio, a facilitar la selección del adjudicatario y a
simplificar el propio procedimiento cuando opere como medio de
convocatoria. Los criterios de clasificación serán de libre elección para
la entidad contratante, si bien ésta habrá de asegurar su publicidad y la
no discriminación de los aspirantes. Como alternativa, las instancias
adjudicadoras podrán remitirse tanto al Registro oficial de contratistas
del Ministerio de Economía y Hacienda o, en su caso, a los registros
oficiales de contratistas de las comunidades autónomas, como a cualquier
otro sistema de clasificación de terceros que consideren satisfactorio.
Los procedimientos y formas de adjudicación de los contratos regulados en
el título IV son los propios de la contratación administrativa, esto es,
procedimiento abierto, restringido o negociado y formas de subasta o
concurso, si bien destaca la novedad de no imponer supuestos concretos
para la utilización del procedimiento negociado con publicidad,
conciliándose así, en la medida de lo posible, la transparencia de la
contratación con la autonomía de las partes. En contraposición, los
procedimientos de contratación sin publicidad previa sólo podrán
aplicarse en determinados casos tasados restrictivamente.
El título V del proyecto incorpora a nuestro ordenamiento la Directiva
92/13, que, como se ha indicado, tiene por objeto garantizar la
aplicación de los procedimientos de adjudicación a que nos hemos
referido. El proyecto ha optado por encomendar a las instancias
administrativas la resolución de las diferencias que puedan surgir entre
las entidades adjudicadoras y los licitadores durante el proceso de
selección del contratista. En consecuencia, serán las administraciones
públicas a las que se encuentren adscritas o vinculadas las entidades
contratantes las llamadas a resolver dichos conflictos. Este sistema
resulta, sin duda, coherente, por cuanto los operadores de estos sectores
excluidos deben cumplir necesariamente determinadas exigencias u
obligaciones de Derecho público como contrapartida por los derechos
exclusivos especiales de que disfrutan, derechos derivados de la
concesión o autorización administrativa cuya titularidad ostentan.
Siguiendo la prescripción de la norma comunitaria, el procedimiento
instrumentado presenta un carácter sumario, admitiendo la adopción de
medidas correctoras para sanar con economía de medios los procedimientos
de adjudicación, siempre que sea posible, y evitar así largos
contenciosos ulteriores. En esta línea, las administraciones públicas
quedan facultadas para decidir la suspensión de los procedimientos de
adjudicación, la anulación de las cláusulas administrativas
discriminatorias e incluso la propia adjudicación del contrato,
pronunciándose, si son requeridas para ello, sobre la procedencia del
abono de una indemnización por daños y perjuicios, con determinación de
su importe.
Para terminar la presentación del proyecto de ley que se somete a la
consideración y aprobación de esta Cámara, parece necesario subrayar, tal
como indiqué al comienzo de mi intervención, que se trata de un texto
ordenado exclusivamente a dar cumplimiento a la obligación del Estado
español de incorporar a nuestro ordenamiento la normativa comunitaria en
la materia. El proyecto, por tanto, se caracteriza como un instrumento
marcadamente técnico, que ninguna novedad de carácter sustantivo
introduce por propia iniciativa y que, utilizando el estrecho margen de
discrecionalidad que las directivas comunitarias le reservan, ha
procurado acomodar a nuestro modelo jurídico, con los menores trastornos
posibles, las innovaciones aportadas por el Derecho comunitario.
Querría, tras la presentación del proyecto, referirme brevemente a la
enmienda a la totalidad al mismo presentada por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida. Esta enmienda a la totalidad alude, paradójicamente, a
la innecesariedad del proyecto, cuando, como se ha indicado, su
fundamento, por el contrario, es la necesidad insoslayable de acoger en
nuestro ordenamiento lo dispuesto en las directivas comunitarias de
referencia, considerando el mandato expreso que en este sentido se da al
Estado español. Siendo esto así, resulta claro que debe rechazarse la
enmienda a la totalidad presentada. El proyecto, al margen de cualquier
otra consideración, no se debe a una libre iniciativa del Gobierno, que
pudiera ser objeto de debate o discusión, sino al cumplimiento de una
obligación que, por otra parte y como ya se ha indicado, va a ser
atendida, además, fuera de plazo.
Y querría, por último, destacar también la necesidad de que su
tramitación sea no sólo urgente, sino incluso acelerada, porque la
vigencia de esta directiva en el ordenamiento jurídico español será un
requisito exigible en todo el proceso de negociación del nuevo marco
comunitario de apoyo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y para la defensa
de la enmienda a la totalidad que ha sido presentada por el mismo, tiene
la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor presidente, señorías, nos encontramos hoy
discutiendo un proyecto de ley que pretende la trasposición de dos
directivas comunitarias, la Directiva sobre la contratación, la 93/38,
y la Directiva sobre reclamaciones, que es la 92/13 y que recoge el
título V.
Es verdad que la más benévola valoración que puede hacerse es que las
directivas tendrían que haber entrado en vigor el 1 de enero del año
1997. A mí me gusta que el Gobierno venga y nos diga que el proyecto de
ley se debe tramitar con urgencia y al trote, pero ha trotado poco el
Gobierno, porque, aunque quería que el proyecto de ley se hubiera
aprobado para la entrada en vigor de la ley desde el 1 de enero de 1997,
lo cierto es que cuando lo ha presentado aquí ha sido en mayo de 1998. El
Gobierno ha tardado, pues, año y medio en traer aquí la discusión.
¿Por qué digo esto? Porque la mejor manera de exigir o pedir que se
tramite algo con celeridad es predicar con el ejemplo; haberlo cumplido
antes. El Gobierno no ha cumplido esa pequeña asignatura en este caso.
Pero no pasa nada; nunca es tarde si la dicha es buena, aunque en este
caso la dicha tampoco es buena. El texto que ustedes presentan es
farragoso, complicado, líado, y no lo digo yo solamente, creo que el
Consejo de Estado ha dicho que del título II al título IV el texto está
bastante confuso y que su redacción necesita bastantes retoques. Ante esa
situación farragosa, y aprovechando que se van a trasponer dos
directivas, lo que hacen es una ley global, en lugar de reformar las
leyes específicas ya existentes. Habría sido mejor que hubieran cogido
cada una de las leyes existentes que están afectadas y haberlas
reformado. Con lo cual tendríamos hoy un texto más inteligible para ser
enmendado, más fácil para los abogados, para los jueces, para la gente
que lo tiene que interpretar y, sobre todo, para quien lo tiene que
cumplir, porque es importante que las normas sean eficaces y tengan
perspectiva de continuidad. Pero en este caso ustedes han aprovechado esa
trasposición para buscar otras cosas.
Los artículos 1 al 6 --aunque del 1 al 4 tienen otra complicación
determinada-- vienen a regular una serie de actuaciones que generan una
complicación con la que no estamos de acuerdo. Por eso hemos mantenido la
enmienda de devolución, y se lo digo con toda sinceridad, que pretende no
que no se apruebe la ley, sino que se apruebe de manera más fácil para
poder entenderla. Con la fórmula que proponen entre los artículos 1 y 6
establecen dos sistemas de contratación. Por un lado, buscan una fórmula
para que la Ley de contratos del Estado funcione en la Administración
pública y, por otro, que esta ley sea la seguida para la contratación en
los organismos públicos creados a través de la Lofage. Todo lo que son
las entidades públicas empresariales, los viejos organismos públicos
empresariales, todo lo que eran entes públicos, en definitiva, toda la
realidad que ha dado la Lofage en dos vertientes: órganos administrativos
y órganos de actividad empresarial o competencias, va a suponer dos
caminos de contratación, con lo cual generan ustedes una fragmentación.
Le voy a poner un ejemplo. Usted es ministro de Fomento y de usted
dependen las comunicaciones, por tanto tiene la obligación de actuar en
correos y telégrafos. Pero aquí hay un organismo que es una entidad
púlbica empresarial que va a funcionar siguiendo estas líneas. ¿Va a
existir desde el Ministerio coordinación en los movimientos con esta
atomización de cada organismo? Cada organismo va a funcionar y se va a
ajustar a dos regulaciones legales distintas, y eso no facilita su
funcionamiento.
Usted personalmente, y otros compañeros de su grupo, han criticado cuando
el anterior Gobierno nos traía la famosa ley de acompañamiento, que
recogía treinta y tantas leyes para reformar. Ahora hacen ustedes una
trasposición de dos directivas en la misma ley afectando a varios
sectores (al agua, a la energía, a los transportes y a las
telecomunicaciones), estableciendo en todos los artículos una variación
diferente entre lo que son actividades que están incluidas y actividades
que están excluidas. Incluso en todo lo establecido en el artículo 4,
donde habla de lo que está excluido, queda poco claro de qué manera se
van a definir los elementos excluidos. Le voy a poner un ejemplo. Dice:
Son actividades incluidas en la regulación de esta ley el agua potable,
la electricidad, el gas y la calefacción. Y luego dice el artículo 4: A
efectos de esta ley no se consideran actividades relacionadas con el
agua, quedando excluidas la producción de agua potable, la electricidad,
la alimentación de la red pública. ¿Cómo va a funcionar esto? Hay una
relación de vasos comunicantes que establece una situación complicada de
definir. Desde nuestro punto de vista, no está bien delimitada la
exclusión o inclusión de las actividades, incluso de las entidades
contratantes que van a poder realizarlo. Es un defecto de los artículos 1
al 4. Me podrán decir que todo esto lo podemos solventar dentro de un
debate de enmiendas al articulado. Hay grupos que apoyan al Gobierno que
han presentado 16 ó 20 enmiendas al articulado. Sería una forma de
entenderlo.
¿Que está pidiendo Izquierda Unida? Devuélvase al Gobierno, trabájelo con
las discusiones que han aportado todos los grupos, reelabórelo y en
septiembre lo trae. No perdemos tiempo. Si lo aprobamos hoy, va a pasar
lo mismo: va a quedar para septiembre. Si estudia bien la asignatura y
supera los temas, ya veremos si es en septiembre o en octubre. No hay
ningún problema para que se pueda hacer caso a esa propuesta porque no va
buscando la nitidez del texto que nos proponen. Pero hay algún elemento
que también me gustaría sacar a discusión.
La directiva establece una especie de expertos independientes que van a
certificar la idoneidad para los procedimientos de adjudicación. ¿Qué
hace la ley de lo que dice la directiva? La ley establece que el Gobierno
reglamentariamente dirá cuáles son los técnicos y cómo se hará. ¡Pues
vaya manera de trasponer una directiva!
Podrían ustedes haber hecho el esfuerzo de decir cuál va a ser. ¿Va a
servir, por ejemplo, el artículo 10 de la Ley de contratos de las
administraciones públicas, que establece ya un organismo para esto? La
propia directiva, en la relación de organismos que pueden actuar, dice
que uno de ellos es el Ministerio de Fomento. ¿Cuáles van a ser? ¿Los
independientes, el organismo del artículo 10, otro nuevo? ¿No ha sido
posible en año y medio fijar cómo va a ser este requisito para que los
expertos independientes certifiquen la idoneidad de los procedimientos de
adjudicación? Yo creo que sería bueno que estuviese en la propia ley,
aunque es verdad que hay cosas que son reglamentarias. No estoy pidiendo
que sea una ley reglamentista, sino que esté recogido en la propia ley.
Hay otro problema más. Al margen de que son dos directivas diferentes,
una sobre el tema de reclamaciones y otra sobre el tema de contratación,
en el proyecto he detectado varias contradicciones --sé que otros grupos
han enmendado algunas concretas-- entre la obligatoriedad de lo que está
preceptuado en esta ley y las competencias que tienen transferidas las
comunidades autónomas en todo esto: por ejemplo, transporte autonómico,
la FEVE o los ferrocarriles de la Generalitat valenciana, todas las
transferencias que tiene la Generalitat catalana. Es decir, me gustaría
saber de qué manera esta ley va a estar en contradicción con las
regulaciones propias de cada comunidad y cómo respondemos a esta
dinámica. Ese es otro de los defectos que tiene la propia ley. Si fuese
uno solo de todos los que he venido enumerando, si fuese toda esa
relación farragosa fácil de solventar, si además yo tuviese claro --y se
lo digo sinceramente-- cuál es la coherencia que existe entre este
proyecto y la Ley de contratos del Estado, la Ley 30 de régimen jurídico
de las administraciones públicas, la Ley de procedimiento administrativo
común, la Lofage, si yo tuviese claro cómo se establece la coherencia en
esta ley con todo ese ordenamiento, no tendría ningún problema, pero hay
relaciones que entran en colisión. ¿Qué va a generar esto? Problemas de
interpretación. Y los problemas de interpretación a la hora de actuar,
sea de una administración o sea de otra, sea del ciudadano que reclama,
etcétera, terminan en la Administración de justicia. Con lo cual, por
esta falta de conexión vamos a llenar de conflicto, de litigio, algo que
no tenía que venir ni con conflicto ni con litigio. Por eso estamos
defendiendo, estamos intentando proyectar al ánimo de la Cámara que sería
mejor la devolución al Gobierno. Por eso hemos presentado una enmienda a
la totalidad y vamos a presentar enmiendas al articulado.
Pero cuando el propio Consejo de Estado dice que es una ley farragosa,
cuando falta buscar una conexión entre varias legislaciones, cuando hay
por medio competencias de comunidades, cuando además hay relación poco
precisa en lo que son las competencias, las actuaciones para lo que queda
delimitado, incluido o excluido...
El señor PRESIDENTE: Señor Ríos, vaya concluyendo, por favor.
El señor RIOS MARTINEZ: Muchas gracias, señor presidente. Voy a intentar
terminar rápidamente.
Sería mejor que hicieran lo que han hecho antes, que han retirado ustedes
dos decretos de créditos extraordinarios, dos decretos que llevaban aquí
casi año y medio y que eran muy importantes, como consecuencia de dos
sentencias del Tribunal Supremo. ¿Sabe usted por qué? Porque a lo mejor
no los sacaban o por otras muchas razones que tendrá el Gobierno, que a
mí ni me van ni me vienen, aunque tengo mi opinión. Pues esto es una
fórmula para que ustedes traigan más elaborada, más preparada la
discusión.
Por último --y termino de verdad con esto, señor presidente--, nosotros
nos tomamos la discusión de la directiva bajo una filosofía diferente a
algunos grupos de esta Cámara. Para nosotros no es palabra de Dios, ni
las directivas dirigen, ni las directivas siempre tienen la razón per se.
Nos obligan, nos orientan. Pero esa filosofía, donde se mezcla
liberalización de los servicios --fíjese que estamos hablando del agua,
de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones-- con
privatización y con que tienen que ser rentables, competentes, se separa
de una cosa importante, y es la obligación de prestar servicios públicos
de calidad a todos los españoles, vivan donde vivan y sean los que sean.
Para nosotros no es el mercado el que ajusta la oferta y la demanda en
determinadas cosas. Los servicios públicos son derechos universales que
corresponden a todos los ciudadanos de la Unión Europea, a los españoles
también.
Para nosotros, al trasponer directivas, no puede hacerse la lectura de
liberalización, unida a privatización, unida a competencia y sobra de
recursos; es necesario unir la universalización de esos servicios que se
van a prestar en todos y cada uno de ellos. El agua potable puede ser un
negocio, pero tiene que llegar a todos; la electricidad es un negocio,
pero debe llegar a todos; el gas es un negocio, pero tiene que llegar a
todos; las telecomunicaciones son un negocio, pero yo tengo que recibir
las cartas viva donde viva. Esa dinámica es la que nos lleva a entender
que esta trasposición para la contratación y para las reclamaciones debe
hacerse desde esta óptica con que nosotros lo estamos planteando; no
tiene que ser palabra de Dios, cada uno puede tener una óptica diferente.
Le hago esta reflexión porque sabe usted que las directivas se pueden
aplicar o no al cien por cien. Se ha hecho la Ley postal, que ya ha sido
felizmente aprobada en el Senado, a la que no han traspuesto la directiva
al cien por cien, ni en servicios universales postales ni en los
servicios reservados al operador público; hay
algunas cosas que decía la directiva que en otros países funcionan y que
aquí no van a funcionar. Pues igual puede pasar con esto. ¿Por qué tiene
que ubicarse de esta manera?
Por eso, le daría el consejo de que el proyecto fuera devuelto al
Gobierno, que el Gobierno reelaborara las modificaciones de las leyes
afectadas en lugar de una ley global para hacer frente a todos los
servicios que pudieran beneficiarse de esta nueva realidad. ¿Por qué es
mejor, por qué es razonable que sean los servicios de telecomunicaciones
y no los de sanidad, educación, agricultura o los de protección del
patrimonio?
El señor PRESIDENTE: Ha de concluir, señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Concluyo, señor presidente.
No estoy diciendo que se introduzca, estoy diciendo que lo que sirve para
un servicio debe servir para otros.
Estas razones son las que han llevado a nuestro grupo a presentar una
enmienda a la totalidad, que no es una suma de enmiendas parciales, que
es una suma de razones para mejorar la ley de arriba a abajo. Por eso
mantengo el criterio del debate de totalidad. Si lo perdiera, no le quepa
la menor duda al señor ministro de que lucharé con todas mis enmiendas al
articulado para que todas y cada una de las dudas que tengo queden claras
y precisas dentro de la ley.
Nada más, señor presidente, nada más, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señor
presidente, para no prolongar el debate, querría, en primer término,
agradecer la intervención del enmendante a la totalidad y hacerle tres
escuetas consideraciones.
Primero. Esta directiva no es exactamente igual que otras. La Unión
Europea tiene particular interés y establece una particular
obligatoriedad en la incorporación detallada y precisa de estas
directivas a los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros. Por
tanto, deja un margen de discrecionalidad mucho menor que otras
directivas.
Segundo. Tiene S. S. razón, existe dificultad de incorporar al
ordenamiento jurídico español, con claridad y precisión jurídica, estas
directivas comunitarias, porque las directivas comunitarias de que
hablamos se inspiran a veces en categorías jurídicas distintas de las que
son tradicionales en el ordenamiento jurídico español. Hay que compaginar
las categorías jurídicas de las directivas comunitarias, que no son las
tradicionales del ordenamiento jurídico español, con las propias del
ordenamiento jurídico español. Por tanto, esa incorporación confiere
enorme dificultad a la redacción de determinado tipo de artículos.
Tercero. Pongo de relieve a S. S. que las directivas tienen una vocación
uniformadora y, sin embargo, en el ordenamiento jurídico español los
distintos sectores excluidos tienen normas jurídicas precisas distintas,
pero, para cumplir la directiva, hay que asumir necesariamente esa
vocación uniformadora.
Por último, y aquí viene la dificultad funcional, señoría, en la
elaboración del texto remitido a la Cámara intervienen los servicios
jurídicos del Ministerio de Fomento, del Ministerio de Justicia, del
Ministerio de Economía y Hacienda, del Ministerio de Industria y Energía
y del Ministerio de Medio Ambiente. Esa diversidad de servicios
jurídicos, operando para la clarificación de todos y cada uno de sus
sectores en el marco de la directiva comunitaria, hace de este proyecto
de ley uno de los de más difícil redacción con que nos hemos encontrado.
En todo caso, todo lo que S. S. aporte para clarificar la redacción y dar
precisión jurídica a los objetivos que esta ley pretende alcanzar serán
bienvenidos y asumidos por el Grupo Popular y por el Gobierno.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
¿Turno en contra de la enmienda de la totalidad? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sabaté.
El señor SABATE IBARZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, nuestro grupo no puede estar de acuerdo con la enmienda de
totalidad que presenta el Grupo de Izquierda Unida. Hay muy pocas razones
para pedir la devolución al Gobierno, entre otras la urgencia en la
trasposición de esta directiva. Se ha dicho aquí que vamos con retraso,
ya que una parte de la directiva debía estar traspuesta en 1996 y otra en
enero de 1997. Aunque nosotros también tenemos algunas objeciones que
trataré de indicar, las razones que se han expuesto aquí por parte del
representante de Izquierda Unida no nos parecen suficientes.
El proyecto de ley no es innecesario, al contrario de lo que afirma el
representante de Izquierda Unida señor Ríos. Incorpora al ordenamiento
jurídico español dos directivas dirigidas a la construcción del mercado
interior europeo. Ya hemos dicho que el plazo de trasposición ha sido
rebasado, por lo que la Comisión Europea nos ha avisado del
incumplimiento de su obligación de trasposición.
Por otra parte, la Directiva 93/38 persigue la apertura de la
contratación pública en los sectores de agua, energía, transportes y
telecomunicaciones, que se habían excluido de las directivas aprobadas
anteriormente sobre contratación pública, porque las entidades que
prestan estos servicios son en algunos casos de naturaleza
pública y en otros de naturaleza privada. Pretende, en definitiva, el
proyecto garantizar una apertura de la contratación a escala europea en
aplicación del tratado constitutivo de la Comunidad Europea.
Se ha dicho que la Administración pública ha de proceder como sujeto de
derecho público en todos los procedimientos contractuales, incluidos
estos sectores. Pues bien, aunque la directiva permite que los poderes
públicos, administración del Estado, administración de las comunidades
autónomas o entidades que integran la administración local se sometan a
las prescripciones de la misma, por tanto no a la Ley de contratos de la
administraciones públicas, el proyecto de ley, sin embargo, establece en
el artículo 2.2 actual que se regirán por la legislación de contratos de
las administraciones públicas; quedan, por tanto, sujetos a una
regulación más estricta.
No se cercena la Ley 13/1995 de contratos de las administraciones
públicas. El proyecto de ley se aplica, en lo que se refiere al sector
público, a entidades de derecho público, las cuales no están sujetas a la
Ley 13/1995, excepto cuando concurran las circunstancias previstas en el
artículo 1.3 de la misma, que obviamente no se dan en entidades cuya
actividad se desarrolla en estos sectores.
Se aplica también a las empresas públicas cuya actividad contractual
tampoco está sometida a la Ley de contratos de la administración pública,
en concreto en la disposición adicional sexta, excepto en la aplicación
de los principios de publicidad y concurrencia, incluso con excepciones.
El proyecto de ley no excluye la aplicación de la Ley de contratos de la
administración del Estado, comunidades autónomas y entes locales y sus
organismos autónomos. Por otra parte, obliga a las entidades privadas,
cuya actividad hasta ahora se regula por normas de derecho privado, a
someterse a normas jurídico-públicas en lo que se refiere al
procedimiento de adjudicación de los contratos. Se ha dicho también que
no parece conveniente que se excluyan otros sectores del ámbito del
proyecto de ley. Pues bien, para nosotros este argumento que ha expresado
el representante del Grupo de Izquierda Unida señor Ríos es totalmente
contradictorio con el anterior.
En definitiva, de la argumentación de su enmienda no se deduce si lo que
pretende Izquierda Unida es que la contratación en todos los sectores
esté regulada por la Ley de contratos de las administraciones públicas o
bien que todos estén excluidos de ella y, consiguientemente, en el ámbito
de aplicación de esta ley. Por esto hemos utilizado este turno en contra
y hemos empezado explicando nuestras razones para estar en desacuerdo con
la enmienda de devolución al Gobierno. Por tanto, no podemos votarla
afirmativamente, como ya he dicho al principio de mi intervención.
Pero también he explicado que tenemos nuestras propias reservas, que
vamos a defender en su momento en forma de enmiendas parciales. La
principal, que quizá nos aconsejaría hacer caso de lo que ha explicado
aquí el representante de Izquierda Unida, pero que no se ha referido a
ello, es que hay otra directiva, la 98/4, que vamos a tener que tramitar
y aprobar también en esta Cámara antes del mes de febrero de 1999. No
hemos visto en el actual proyecto ninguna referencia sobre ésta.
Esperamos que o bien el propio Gobierno o bien el resto de grupos
parlamentarios presentemos las enmiendas pertinentes para que lo hagamos
todo, si es posible, de una vez y no tengamos que tramitar de nuevo en
los próximos meses un proyecto sobre las mismas cuestiones, lo cual nos
ahorraría tiempo y, además, acabaríamos de trasponer --por una vez quizá
antes de que se acabe el plazo-- una directiva que se refiere a unos
aspectos tan importantes como los que estamos tratando.
Por otra parte, también nos preocupa --y de ahí nuestras reservas-- el
concepto de empresa pública que aparece en el actual proyecto. Para
nosotros son empresas públicas aquellas sobre las que las
administraciones públicas, sus organismos autónomos, entes públicos o
bien las asociaciones formadas por ellos pueden ejercer directa o
indirectamente una influencia dominante, bien por el hecho de tener la
propiedad o una participación financiera en las mismas o en virtud de las
normas que las rigen. Porque consideramos que ejercen una influencia
dominante directa o indirectamente sobre una empresa cuando bien ostenten
la titularidad de la mayoría del capital social suscrito de la empresa o
bien dispongan de la mayoría de los derechos de voto correspondientes a
las acciones o participaciones emitidas por las empresas o puedan nombrar
a más de la mitad de los miembros del órgano de administración, dirección
o supervisión de la empresa. Pero esto no es lo único.
El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya concluyendo.
El señor SABATE IBARZ: Voy terminando, señor presidente.
También entendemos que el actual proyecto no precisa suficientemente
cuándo una entidad contratante debe gozar de derechos especiales o
exclusivos. Lo consideramos cuando, con el fin de construir las redes o
efectuar las instalaciones a que se refiere el artículo 3, dicha entidad
pueda ser beneficiaria de un procedimiento de expropiación forzosa o de
imposición de servidumbre o utilizar el suelo, el subsuelo y el espacio
situado sobre la vía pública para instalar los equipos de las redes y
cuando dicha entidad suministre agua potable, electricidad, gas o
calefacción a una red que, a su vez, sea explotada por una entidad que
goce de derechos especiales o exclusivos otorgados por la autoridad
competente.
Es muy importante saber qué es lo que se entiende por red pública de
telecomunicaciones, concepto que
creemos fundamental y que, a través de los trámites posteriores,
tendremos que precisar. Para nosotros, es la red de telecomunicaciones
que se utiliza, total o parcialmente, para la prestación de servicios de
telecomunicaciones disponibles para el público y que permite el
transporte de señales mediante cables, haces hertzianos, medios ópticos o
cualquier otro medio electromagnético entre puntos de terminación de la
red; y entendemos por punto de terminación de la red el conjunto de
conexiones físicas y especificaciones técnicas de acceso que forman parte
de la red pública de telecomunicaciones y son necesarias para tener
acceso a dicha red y comunicarse eficazmente mediante la misma. Y
queremos que se entienda por servicio público de telecomunicaciones, otro
punto fundamental, aquellos que consistan, total o parcialmente, en la
transmisión y conducción de señales en la red pública de
telecomunicaciones mediante procesos de telecomunicación o
procedimientos, con excepción de la radiodifusión y la televisión, cuya
oferta haya sido confiada especialmente a uno o varios operadores de
telecomunición. Como se ve, tenemos serias objeciones al proyecto.
El señor PRESIDENTE: Señor Sabaté, concluya, por favor.
El señor SABATE IBARZ: Voy terminando, señor presidente.
Acabo exponiendo dos razones más. La primera, nos preocupa la amplia
discrecionalidad que contiene el proyecto sobre criterios de
clasificación y los queremos limitar, determinando que éstos sólo puedan
basarse en las variables señaladas, de forma que los acuerdos de
clasificación inicial, revisión o denegación de clasificaciones, deberán
adoptarse de conformidad, según nosotros, con criterios objetivos que
hagan referencia a la solvencia económica y financiera, técnica o
profesional, pudiendo remitirse las entidades contratantes a las
establecidas en la legislación de contratos para las administraciones
públicas y que, igualmente, entendemos que corresponde a dichas entidades
fijar el plazo de duración de la clasificación, que podrá ser definido de
acuerdo con lo establecido en la citada legislación.
Por último, creemos que hay que garantizar a los candidatos dos
cuestiones. Primera, que reciban la información necesaria. No creemos que
el actual proyecto lo garantice, y por eso entendemos que la entidad
contratante deberá notificar a esos candidatos en un plazo prudencial,
que nosotros entendemos que tiene que ser de dos meses desde la
presentación de la solicitud de clasificación, sobre la decisión adoptada
en su clasificación. Si la decisión de clasificación requiriese un plazo
superior a seis meses desde la presentación de dicha solicitud, la
entidad competente entendemos que debe notificar al candidato sobre las
razones que justifican la prolongación del plazo y sobre la fecha de
resolución de su solicitud. Finalmente, creemos que también se debe
garantizar que los candidatos reciben la información, y por ello, en su
momento, propondremos que se les notifique a aquellos cuya clasificación
sea rechazada la decisión y las razones de este rechazo. Dichas razones
deberán basarse en los criterios de clasificación aplicables en cada
caso.
Hay otras razones sobre las que ya, por limitaciones del tiempo, no puedo
extenderme, pero, como se ve, nosotros también hemos analizado la
conveniencia o no de solicitar la devolución del proyecto al Gobierno, en
todo caso, por razones distintas a las que ha planteado Izquierda Unida,
ya que no podemos estar de acuerdo con sus argumentos, por lo que hemos
utilizado este turno en contra.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sabaté.
Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor presidente, voy a ser muy breve y me
referiré a la argumentación que se ha dado.
Deseo precisar tres cosas que se han dicho por parte del grupo que se ha
opuesto a la devolución al Gobierno del proyecto, como pedimos en nuestra
enmienda. Primero, nosotros no hemos dicho que sea innecesario el
proyecto de ley; hemos dicho que es necesario y urgente, pero que,
tratándose de una directiva que debería haber entrado en vigor a finales
de 1996 y de otra que debería haberlo hecho a principios de 1997, no es
lógico que ahora se haga con la velocidad que se está haciendo y, sobre
todo, que no se puedan subsanar defectos que nosotros consideramos
fundamentales. Es verdad que se ha traspasado el plazo, pero ese traspaso
del plazo no debe hacerse sin solventar problemas que pueden acarrear
confrontación y litigación.
Ha dicho que por qué unos servicios sí y otros no. Nosotros no hemos
hablado de la inclusión de otros nuevos servicios; lo que hemos dicho es
que si hay servicios con legislaciones propias, si hay servicios con una
regulación y que se van a ver afectados por esta ley, si además nos
encontramos con dos directivas diferentes y tenemos distintas
regulaciones, ¿por qué no se aborda la trasposición desde la reforma de
las leyes existentes, para que sean esas las que globalicen? Nosotros
preferimos la Ley de contratos del Estado como fórmula. ¿Por qué debe
funcionar en unos casos la Ley de contratos del Estado y para otros debe
realizarse desde esta ley una regulación de esos contratos? ¿Por qué no
buscamos que esté en el mismo cuerpo legal toda la regulación de la
contratación? Creo que eso daría facilidad a la Administración de
justicia y a todo el mundo; beneficiaría la evolución del propio trámite.
Hemos expuesto también que, en la medida de lo posible, las
contradicciones existentes dentro del proyecto pudieran ser corregidas.
He hecho referencia, por ejemplo, a lo que son servicios incluidos y
servicios no incluidos y cómo son delimitados, incluso las empresas que
pueden prestar esa realidad. Asimismo, me he referido a la participación
de los expertos independientes para el seguimiento del procedimiento de
adjudicación, a la necesidad de hacer congruente esta reforma con la
legislación competencial de las comunidades autónomas. Usted ha anunciado
algunas más en las que podemos coincidir, ha anunciado tres o cuatro
elementos que son totalmente básicos para poder actuar, que van a tener
que introducirse, vía, por ejemplo, y lo criticábamos en otra discusión,
enmiendas en el Senado. Usted se ha referido a títulos enteros, a la
definición de redes de telecomunicación, al concepto de empresa pública
como queda en el proyecto, etcétera.
En suma, y con esto termino, señor presidente, creemos que lo mejor sería
la reelaboración, que no impediría que S. S. y su grupo pudiera plantear
en septiembre todos los elementos que quisiera en el nuevo proyecto del
Gobierno. El Gobierno, si lo tiene bien estudiado, no necesitaría más
tiempo del justo para corregirlo.
El señor ministro me ha manifestado, en un tono coloquial y bastante
positivo, los elementos que el Gobierno ha encontrado a la hora de
realizar esta trasposición. Ha dicho tres de ellos y es verdad que son
así, lo que pudiéramos llamar categoría jurídica de la directiva. Yo no
he entrado en esa discusión.
El señor PRESIDENTE: Señor Ríos, concluya, por favor.
El señor RIOS MARTINEZ: Concluyo, señor presidente.
Ha hablado de no uniformar, pero es verdad que existen leyes de distintos
sectores. Ha hablado de los servicios jurídicos y a lo mejor hay que dar
más vueltas a los servicios jurídicos. Yo no he dicho nada, pero el
Consejo de Estado sí lo ha dicho. ¿Cómo corregimos eso? ¿Vía enmiendas?
¿Las va a presentar el Gobierno, las va a presentar el grupo mayoritario,
las vamos a presentar nosotros? Eso es lo que nos ha llevado a presentar
esa enmienda de devolución.
En todo caso, insisto, es un trámite. Si no se consigue, lo intentaremos
hacer en el propio trámite parlamentario, que es nuestra obligación, pero
en cada momento hemos utilizado un tipo de debate y un tipo de
argumentación.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
Señor Sabaté.
El señor SABATE IBARZ: Gracias, señor presidente.
Como respuesta a la intervención del señor Ríos, tengo que decir que,
según lo que está escrito por ustedes mismos, sí que consideran que es
innecesaria la trasposición. Yo tengo el texto de su enmienda y dice: El
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida considera que el presente proyecto
de ley ha de ser devuelto al Gobierno porque su existencia es, a nuestro
juicio, totalmente innecesaria. Además, lo justifica --y lo justifica
bien, desde su punto de vista--, diciendo que los sectores del agua, la
energía, los transportes, las telecomunicaciones, son ya objeto de un
abundante tratamiento normativo. Por tanto, se entiende que ustedes
abundan en lo innecesario de la existencia del proyecto. Más adelante
dicen: Aunque los sectores contemplados en el presente proyecto de ley
son de gran relevancia, para Izquierda Unida no está justificada esta
especificidad. Insisten de nuevo en lo innecesario de la existencia del
proyecto de ley. Tampoco estamos de acuerdo en que se haya imprimido una
velocidad excesiva a la tramitación de este proyecto; de hecho, hubo un
período de prolongación del plazo para la presentación de enmiendas.
Desde este punto de vista lo encontramos correcto.
Y entendemos que se pueden subsanar errores. Claro que sí. Nosotros ya
hemos apuntado bastantes y en mi primera intervención he dicho que no
podíamos extendernos más porque no teníamos tiempo. Se pueden subsanar
errores en el trámite siguiente y presentando enmiendas parciales, y el
sentido de algunas se habrá podido deducir de mi primera intervención. A
nosotros nos parece que no es necesario reformar la Ley de contratos del
Estado, ya que es muy diferente. Las entidades que prestan estos
servicios son en algunos casos de naturaleza pública y en otros de
naturaleza privada. Muy al contrario, pensamos que la trasposición de
esta directiva no debe ir por esos derroteros.
Quisiera comentar una cuestión, que en mi primera intervención no he
hecho. El señor Ríos se ha referido a la cuestión del jurado. Nosotros
compartimos en cierta manera sus apreciaciones y, a través de las
enmiendas parciales, queremos dar contenido jurídico al concepto de
independientes de las personas que tengan que formar parte del jurado.
Para nosotros, el jurado debe estar compuesto exclusivamente por personas
físicas sin ninguna vinculación con los participantes en los concursos.
El señor PRESIDENTE: Señor Sabaté, concluya, por favor.
El señor SABATE IBARZ: Voy terminando, señor presidente.
A estos efectos, se debe entender que no existe vinculación alguna cuando
no concurra ninguna de las causas de abstención previstas en el artículo
28 de la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y el
procedimiento administrativo común. En
aquellos casos en que se exija una cualificación profesional específica
para participar en el concurso, al menos un tercio de los miembros del
jurado deberá poseer las mismas cualificaciones u otras equivalentes.
En definitiva, señor presidente, a pesar de que hemos consumido un turno
en contra de la enmienda de totalidad, finalmente vamos a abstenernos en
la votación (Risas.), porque entendemos que en los trámites parciales
podremos mejorar, como es nuestro propósito y entendemos que también el
de Izquierda Unida, este proyecto de ley. (Aplausos.) Gracias por la
coincidencia que manifiestan desde los bancos del Grupo Popular con
nuestras posiciones.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sabaté.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Señor Rodríguez, por el Grupo Mixto.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor presidente.
Este proyecto de ley, al igual que la Directiva 93/38/CEE, de la que trae
causa, pretende establecer un régimen común para la contratación de obra,
suministros y servicios en los denominados sectores excluidos o
especiales: agua, energía, transportes y telecomunicaciones, régimen
contractual común, cualesquiera que sea el régimen de las entidades
contratantes, es decir, de su naturaleza pública o privada.
Es sabido que en estos sectores, no por casualidad coincidentes con el
ámbito de los servicios públicos económicos clásicos, concurren entidades
públicas y privadas. La directiva intenta liberar estos mercados, creando
en ellos condiciones de competencia artificialmente inducidas a través de
la publicación parcial de los sistemas de contratación. Siendo éste el
espíritu de la directiva, ella misma excluye de su ámbito de aplicación
determinadas actividades, como el transporte aéreo, por ejemplo, en el
que considera que existe ya una amplia competencia.
En general, y al margen de soluciones concretas, como, por ejemplo, en
materia de reclamaciones y otras formas de control de los procedimientos
--puede verse el Título V del proyecto--, este proyecto sigue fielmente,
nosotros pensamos que demasiado fielmente, lo establecido por la citada
Directiva 93/38/CEE. Y aquí radica el primer problema. Si se trata de
instaurar un régimen de contratación común a las entidades públicas y
privadas que operan en estos sectores, establézcase no una publificación
parcial, sino una remisión total a lo dispuesto para las administraciones
públicas en la Ley 13/1995, de 18 de mayo.
Voy a dar una explicación sobre lo que acabamos de proponer. Estamos ante
sectores que inciden de manera decisiva en la vida cotidiana de los
ciudadanos y ciudadanas, centrales para la consecución de niveles de
bienestar elevados y cada vez más afectados por irreflexivos procesos de
privatización. Se trata también de sectores en los cuáles, más allá del
formalismo de las categorías jurídicas, la distinción entre público y
privado se diluye. En Galicia, por ejemplo, el caso de Unión Fenosa o de
Endesa es paradigmático. Disfrutan de exorbitantes concesiones sobre
bienes de dominio público, cuentan, sobre todo Fenosa, con ingentes
cantidades de dominio público para financiar sus proyectos empresariales
--el plan Mega, por poner un ejemplo--, haciendo impertinente cualquier
intento de delimitación.
Por todas estas razones, no es descabellado exigir para su régimen de
contratación los mismos procedimientos y su utilización al menos con las
mismas condiciones que los establecidos con carácter general en la Ley
13/1995 para las administraciones públicas, máxime cuando esta misma ley
contempla su aplicación, en el artículo 2.1, a los contratos celebrados
por entidades privadas, pero financiados mayoritariamente con fondos
públicos.
En segundo lugar, allí donde el proyecto se separa de la directiva lo
hace para discriminar y ya se ha recordado que la norma europea perseguía
el establecimiento de un régimen común, aunque el Gobierno afirme otra
cosa en la exposición de motivos del proyecto, entre las entidades
públicas y las privadas, sometiendo a gran parte de las primeras
directamente al régimen de la Ley 13/1995. Ello en sí no es negativo,
pero en la medida en que dicho sometimiento no se establece para las
entidades privadas, supone un handicap de partida que dificulta a las
entidades públicas la competencia con las privadas.
Los pasos siguientes del discurso ya nos son conocidos. Lo público es
ineficaz, privatícese. He aquí, por tanto, una razón más para establecer
la remisión general a la Ley 13/1995 que proponemos para las empresas que
actúan en estos sectores del agua, la energía, los transportes y las
telecomunicaciones. Por todo esto, apoyaremos la enmienda a la totalidad
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y, por supuesto, presentaremos
enmiendas particulares.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
Señora Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor presidente.
A nosotros no nos ha convencido la exposición del señor Ríos. Ha señalado
problemas reales del texto, pero no nos ha llegado a convencer para
solicitar su devolución.
Si analizamos los parámetros que deben abordarse a la hora de valorar una
enmienda a la totalidad, hablando de la necesidad de abordar una
regulación, creemos que esta es obvia, ya que es obligado trasponer las
dos directivas de que se trata referidas a los procedimientos
específicos de contratación en los sectores de agua y energía, transporte
y telecomunicaciones, que están excluidos de la normativa general de
contratos de las administraciones públicas, pero en los que también debe
respetarse el principio de apertura de mercado, principios de publicidad
y de concurrencia, aunque sea de manera menos intensa o rígida.
La normativa afecta, por tanto, a la publicidad y a la selección de los
contratistas, tanto en la contratación pública como en la privada,
afectación justificada en este último caso por el interés público de
estos sectores que operan gozando de derechos especiales o exclusivos.
Si abordamos el contenido que se nos propone, establecida la necesidad,
debe examinarse si el texto propuesto tiene el carácter de ser un
material de trabajo bueno o cuando menos aceptable para servir de tronco
al trabajo parlamentario, tras la presentación de las enmiendas y su
debate. A nosotros sí nos parece correcto que se opte por una regulación
ad hoc, diferenciándolo de la Ley de contratos de las administraciones
públicas, dadas las singulares características del sector a abordar y de
las directivas a trasponer. Igualmente estamos de acuerdo con la
regulación que se hace de los ámbitos subjetivo y objetivo, con
independencia de ciertos matices técnicos. Más complicación tienen los
títulos II, III y IV, referidos a normas, especificaciones técnicas,
clasificación de empresas y procedimiento de adjudicación de contratos,
que resultan realmente farragosos, quizá por exigirlo así la complejidad
de las directivas.
La vía de las enmiendas parciales es cauce adecuado para arreglar estas
materias y así lo ha hecho mi grupo, que tiene ya presentadas en el
registro enmiendas al artículo 17, al 25, al 34 y al 39, unas dirigidas a
cohonestar el régimen con las previsiones de la Ley de contratos de las
administraciones públicas, dando, por ejemplo, validez a las
clasificaciones hechas por la Administración del Estado o por las
comunidades autónomas y otras para una mejor adecuación al modelo
constitucional del Estado de las autonomías.
En cuanto al título V, referido a las reclamaciones y otras medidas de
control de los procedimientos de adjudicación, es decir, a la segunda de
las directivas que se trasponen, se establece en el texto que se trae a
la Cámara un régimen de difícil instauración, tal y como ha manifestado
el señor Ríos y también señala el propio informe del Consejo de Estado.
Nosotros hemos presentado enmiendas, algunas de salvaguarda de las
potestades de autoorganización de las comunidades autónomas y otras de
adecuación a lo previsto en la Ley 30/1992, pendiente asimismo de
modificación en este momento en la Cámara, para evitar la dispersión de
regímenes distintos en los actuales administrativos.
No es, desde luego, un proyecto fácil, pero creemos que tiene los
parámetros de necesidad y de idoneidad o suficiencia para poder ser
tramitado. Por eso, el Grupo Vasco rechazará la enmienda a la totalidad.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.
Señor Silva, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor SILVA SANCHEZ: Gracias, señor presidente.
Hay que reconocer que en algún momento me ha parecido asistir a un
casting de la Isla del Tesoro, pero, ya recuperado el debate
parlamentario, queremos manifestar nuestra posición.
Ciertamente, no apoyaremos la enmienda de totalidad y estamos dispuestos
a contribuir al tratamiento parlamentario de la ley, ley a la que, en
cualquier caso, sí nos vemos obligados a hacer objeciones, en algún caso
de cierta seriedad.
Empezando, si se quiere, por la última, la calificación o el título
alegado por el prelegislador para la regulación de estas materias, como
se establece en la disposición final primera, creo recordar, que es la
competencia en materia de legislación civil, mercantil y procesal,
artículo 149.1.6 y 149.1.8, nos parece que está absolutamente fuera de
lugar. Además, no entendemos que se acuda a estos títulos para legitimar
la intervención o la competencia exclusiva del Estado en esta materia,
cuando en una ley que ha sido tan reiteradamente citada como es la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de contratos de las administraciones públicas, se
regulan materias idénticas, y allí en modo alguno se acude a estos
títulos de legislación civil, mercantil y procesal. Quiero recordar a SS.
SS. cómo la Ley de contratos de administraciones públicas, en la
disposición adicional sexta, regula contratos de sociedades mercantiles,
participadas directa o indirectamente por organismos autónomos, pero
sociedades mercantiles, personas jurídicas privadas, y que por lo tanto
hacen contratos privados, sin que en modo alguno se establezca en esa ley
que el título que sirve para que el Estado lo regule sea precisamente el
de la legislación mercantil, civil o procesal. El artículo 133 de la
propia ley, cuando hace referencia a los contratos de concesionarios de
las administraciones públicas con los particulares, o incluso el artículo
2, que ya ha sido citado por el señor Rodríguez, adjudicación de
determinados contratos de Derecho privado, constituidos o de los que son
parte personas jurídicas privadas, si bien con una importante subvención
de las administraciones públicas. Por lo tanto, si no fue preciso en modo
alguno acudir a este artículo 149.1.6 ó 149.1.8, para establecer o para
regular los contratos de las administraciones públicas, con este
contenido que acabo de citar, tampoco es preciso acudir a ello para
regular la materia que hoy nos ocupa. (El señor Vicepresidente,
Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
Por otra parte, también queremos llamar la atención de SS. SS. sobre que
la propia Ley de contratos de las administraciones públicas no determina
que todo su contenido sea básico y que responda a esa atribución del
artículo 149.1.18 de la Constitución, de bases del régimen contractual de
las administraciones públicas. En su disposición final primera hace una
enumeración de preceptos básicos, preceptos no básicos. Lo propio debiera
efectuarse precisamente en este proyecto de ley. Ya hemos tenido
conversaciones, todo hay que decirlo, con el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, que se nos ha manifestado tremendamente receptivo
a estos planteamientos y estoy seguro de que podrá ser solucionado a lo
largo de la tramitación parlamentaria.
Pretendemos obviamente, por lo demás, incluir en la disposición adicional
tercera, apartado primero, de órganos contratantes, la entidad Aigües del
Ter y el Llobregat o el consorcio de Aigües de Tarragona. Tenemos que
manifestar también que, como se produce en el artículo 10 de la Ley de
contratos de las administraciones públicas, hay que hacer la referencia
que contiene este precepto a las juntas consultivas de contratación
administrativa de las comunidades autónomas. Debe incluirse asimismo en
el proyecto que nos envía el Gobierno, así como las referencias a los
diarios oficiales de las comunidades autónomas.
Formularemos otras enmiendas de carácter técnico, como la de asociaciones
de entidades públicas. En nuestro ordenamiento no hay más que
mancomunidades o consorcios. Antes el señor ministro ha hecho referencia
a la dificultad de incorporar a nuestro ordenamiento directivas
comunitarias, atendiendo a las categorías del derecho propio. Finalmente,
como ya se ha dicho, habrá que tener en cuenta, sin lugar a dudas, la
directiva de la Unión Europea sobre estas materias.
Por tanto, nuestra posición es de rechazo a la enmienda de totalidad.
Creemos que es importante, para los ciudadanos y para garantizar la
unidad y libertad de mercado, que a personas jurídico-privadas que gozan
de determinadas prerrogativas que podrían calificarse de exorbitantes se
les exijan principios de libertad y de concurrencia en su contratación.
Entendemos que eso es algo que debe ser calificado en cualquier caso de
progresista y confiamos fundadamente en que la posición particular del
Grupo Parlamentario Catalán sea atendida a lo largo de la tramitación
parlamentaria.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Posada.
El señor POSADA MORENO: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Popular considera que este proyecto de ley que traspone las
directivas 93/38 y 92/13 es necesario y urgente. Ciertamente hemos
perdido tiempo, pues ya deberían estar traspuestas estas directivas, pero
hay que decir que ha sido porque el anteproyecto ha sido sometido a
conocimiento de las comunidades autónomas, de los entes afectados y de
las administraciones, que han hecho sus observaciones, que han sido
incorporadas. Así lo reconoce el mismo informe del Consejo de Estado,
que, si bien en algún caso coincide con lo que decía el señor Ríos de que
el texto puede ser farragoso, en conjunto, da una visión muy positiva de
este proyecto de ley.
Nosotros creemos que puede mejorarse y puede mejorarse mucho en su
tramitación. Decía el señor Silva que ya hemos tenido alguna
conversación, también con el Partido Nacionalista Vasco, para incorporar
algunas sugerencias que parecen muy oportunas, sobre todo a la
disposición final.
El señor Ríos ha hablado del fondo de su enmienda a la totalidad, ese
último párrafo y ese temor a la liberalización y a la privatización, que
yo creo que no está en la directiva. Algunos de los argumentos que ha
expuesto van a ser recogidos, porque están bien fundados. Lo mismo puede
decirse de la intervención del señor Sabaté, en la que, a medida que iba
desgranando argumentos contra la enmienda a la totalidad, se iba
convenciendo de que no tenía razón y ha llegado a la abstención, en vez
de votar en contra. Algunas de las cosas que ha dicho son perfectamente
recogibles por la ponencia.
Yo creo que estamos ante un caso en el que con urgencia, pero también con
eficacia y con amplitud de miras, porque me parece que todos los grupos
coincidimos en la misma visión, se puede hacer un trabajo en ponencia y
en Comisión que haga que el proyecto de ley que estamos ahora tratando
mejore mucho con respecto al que nos ha enviado el Gobierno y recoja las
necesidades de estos sectores.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Posada.
Vamos a proceder a la votación. (Pausa.-El señor presidente ocupa la
Presidencia.) El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a la
votación de la enmienda de totalidad presentada por el Grupo de Izquierda
Unida al proyecto de ley sobre procedimientos de contratación en los
sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones,
por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español las directivas
correspondientes.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a
favor, 20; en contra, 172; abstenciones, 120.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda de totalidad
--PROYECTO DE LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS
(Número de expediente 121/000113)
El señor PRESIDENTE: Debate de totalidad del proyecto de ley del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas. (La señora Fernández de la Vega
pide la palabra.) Señora Fernández de la Vega.
La señora FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ: Señor presidente, dada la hora que
es, mi grupo solicitaría que se interrumpiese el Pleno... (Protestas.) El
señor PRESIDENTE: Ruego a SS. SS. dejen que la portavoz del Grupo
Socialista se exprese con plena libertad y asimismo que la Presidencia
tome las decisiones que le correspondan.
Adelante, señora Fernández de la Vega.
La señora FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ: Decía, que solicitaba se
interrumpiese el Pleno para reanudarlo después del almuerzo, ya que el
debate que vamos a abordar a continuación, que es el del proyecto de ley
del IRPF, consideramos que debe hacerse de forma unitaria. A la una y
media, señor presidente, lo que va a ocurrir es que no vamos a poder
intervenir todos los grupos y, por lo tanto, se va a trocear el debate.
Las razones de mi petición son dos. Una, que este tema se debatió
ampliamente en la Junta de Portavoces. El Gobierno intentó cambiar el
orden del día colocando este debate a otra hora y no fue posible, siendo
el acuerdo al que habíamos llegado que la discusión se iniciase a las
cuatro de la tarde. Es verdad que han caído dos puntos del orden del día
y que hemos llegado a la una y media a tener que abordar este asunto,
pero creemos que el espíritu del acuerdo de la Junta de Portavoces es que
el debate sobre este proyecto de ley se hiciese después de comer, es
decir a las cuatro de la tarde; esto por una parte. Por otra, es evidente
que un debate de esta naturaleza, señor presidente, no debe trocearse, y
creo que el Gobierno lo sabe bien. El señor Rato, cuando usted fue
portavoz en la oposición, en muchas ocasiones se opuso tajantemente a que
un debate de esta naturaleza se trocease. (Rumores.)
Señor presidente, creemos que éstas son razones suficientes para atender
a esta petición de mi grupo. No entenderíamos que esto no se produjese,
porque creemos que estaríamos degradando el propio debate... (Rumores y
protestas.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego respeto a la intervención de la
portavoz.
La señora FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ: Estaríamos degradando, señor
presidente, a esta Cámara, porque la única razón que se nos ofrece es que
esta Cámara cedería ante una sola razón: la televisión española.
(Aplausos.--Rumores.--El señor De Grandes Pascual pide la palabra.) El
señor PRESIDENTE: Señor De Grandes.
El señor DE GRANDES PASCUAL: Señor presidente, no tendré que decir a S.
S., que es testigo de excepción, que no ha existido tal acuerdo invocado
por la representante del Grupo Socialista en orden a que se iniciara este
Pleno a las cuatro de la tarde. Es cierto que el Gobierno y nuestro grupo
parlamentario intentó que este punto se debatiera por la mañana,
cambiando el orden de prelación, y no es menos cierto que su grupo
parlamentario se opuso rotundamente porque el señor Martínez Noval, que
al parecer iba a ser el ponente, tenía la agenda ocupada y no podía estar
por la mañana; sin embargo, le hemos visto aquí durante su transcurso.
(Fuertes protestas.--Rumores.) A nosotros la agenda del señor Martínez
Noval nos parece respetable, pero lo es más la de esta Cámara y, por
tanto, si en el orden del día figura este tema que es muy importante
ahora, entonces habrá de debatirse, señor presidente, sin perjuicio...
(Rumores.) Seguramente, el día que se pueda recoger por los micrófonos el
ambiente se verá que en todas partes cuecen habas, pero no nos importa.
(Aplausos.) Lo digo, señor presidente, sin perjuicio de que tenemos la
seguridad de que la Presidencia ordenará el debate en los términos que
convenga a la Cámara, como además son sus atribuciones.
Nada más, señor presidente. (Aplausos.--Un señor diputado: ¡Pelota!)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De Grandes. (El señor Martínez Noval
pide la palabra.)
Señor Martínez Noval, le concedo un turno brevísimo de alusiones dentro
del incidente.
El señor MARTINEZ NOVAL: Señor presidente, usted es testigo de que hubo
un acuerdo, bien es verdad que informal, en torno a la hora a la que
debería comenzar el debate del IRPF. (Rumores.) Segundo, al señor De
Grandes le tengo que decir que he abandonado precipitadamente compromisos
que tenía esta mañana en vista de que ustedes iniciaban unos movimientos
del orden del día que luego, desgraciadamente, se han precipitado para
que a esta hora comenzara, efectivamente, el debate del IRPF de acuerdo
con sus intereses exclusivamente mediáticos. (Aplausos.--Rumores)
Y en último término, señor De Grandes, se lo digo clara y
contundentemente: mi agenda ni usted me la determina ni mucho menos me la
controla; que quede
clara esa cuestión. (Aplausos.--Protestas.--La señora Aguilar Rivero pide
la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señora Aguilar.
Silencio, señorías, por favor.
La señora AGUILAR RIVERO: Señor presidente, quizás la Cámara deba conocer
el debate que en torno a este tema hubo en el marco de la Junta de
Portavoces. Lo que ocurrió fue que el Gobierno pidió que este punto fuese
el primero del orden del día de la mañana del jueves, es decir, a las
nueve de la mañana. Eso no fue posible y hubo una segunda petición por
parte del Gobierno para que se celebrara el debate en torno a las doce y
media de la mañana del día de hoy, jueves; esto tampoco fue posible en el
marco de la Junta de Portavoces, incluso después de que el Gobierno
hiciese algunas gestiones con los distintos grupos parlamentarios. Al
constatar ese hecho, en la Junta de Portavoces confeccionamos el orden
del día del Pleno e hicimos una previsión del mismo, que el proyecto de
IRPF se comenzara al inicio de la sesión de la tarde, es decir, a las
cuatro. Esto fue lo que aconteció en el marco de la Junta de Portavoces.
Es verdad que ha habido algún imprevisto previsto, y es que han decaído
dos puntos que ha retirado el Gobierno del orden del día del Pleno de
esta mañana para, al final de la mañana, como está sucediendo, a las dos
menos veinte, intentar meter con calzador la presentación de este
proyecto por el ministro correspondiente, el vicepresidente segundo del
Gobierno.
Parece razonable que mantengamos lo que inicialmente se previó en la
Junta de Portavoces, es decir, que iniciemos todo el debate, la
presentación del Gobierno, que requiere y merece su tiempo, y las
enmiendas de totalidad de los grupos parlamentarios que hemos presentado,
más la fijación de posición del resto de los grupos, a lo largo de la
sesión de la tarde. De lo contrario, se crearía una situación no deseada
por la Junta de Portavoces si el Gobierno presentara ahora el proyecto y
dejásemos para el inicio de la sesión a las cuatro de la tarde las
enmiendas de totalidad. No era eso lo que la Junta de Portavoces había
previsto; se hablaba de un debate único y total. (Rumores.) Por lo tanto,
nosotros solicitamos que el presidente, que es quien tiene la facultad de
ordenar el desarrollo de la sesión plenaria, la ordene en el sentido en
el que la Junta de Portavoces estuvo trabajando, es decir, que haya un
debate único, global, en el que el Gobierno presente su proyecto y en el
que los grupos parlamentarios ...(Rumores.) El señor PRESIDENTE:
Silencio, por favor, señorías.
Concluya, señora Aguilar, por favor.
La señora AGUILAR RIVERO: Señor presidente, yo entiendo el nerviosismo de
los bancos del Grupo Popular. (Rumores.)
Lo que se ha pretendido a lo largo de la mañana es que llegáramos a esta
situación. Pues bien, hemos llegado y estamos haciendo una petición
expresa al presidente de la Cámara, que es quien tiene la facultad de
ordenar este debate, para que no lo parcele, no lo divida y recoja el
acuerdo de la Junta de Portavoces y que a las cuatro de la tarde tengamos
el debate relativo al IRPF. (Aplausos.--El señor Saura Laporta pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Aguilar.
Adelante, señor Saura. (Rumores.) Silencio, señorías.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
No sé si argumentar mucho porque creo que después de este debate sólo
existe una solución, que es aplazarlo, debido a la hora que es.
(Rumores.) Estoy seguro también de que el Gobierno no tiene problemas
mediáticos, porque nos tiene acostumbrados a una gran capacidad de
transmitir sus opiniones, aunque hoy pierden la oportunidad del
Telediario, por lo tanto, tampoco creo que éste sea un problema.
Me parece que más allá del debate de la Junta de Portavoces, es razonable
y de sentido común que a las dos menos cuarto el Ministro de Economía y
Hacienda no puede... (Protestas.--Rumores.) El señor PRESIDENTE:
Continúe, señor Saura, por favor.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
Decía, que no creo que sea razonable ni siquiera para los intereses
pedagógicos del señor Rato, empezar a las dos menos cuarto a hacer la
presentación del proyecto sobre el IRPF, porque estoy seguro de que la
discusión perdería dinamismo y creo que el señor Rato acostumbra a
hacerlos dinámicos. Por lo tanto, atendido el debate que se está
produciendo y las capacidades mediáticas del Gobierno (Rumores.), también
propongo que empecemos esta tarde, que no se parcele el debate y que lo
ofrezcamos a la opinión pública en una sola unidad y lleno de contenido,
como estoy seguro que va a suceder esta tarde.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Gracias,
señor Saura.
¿Ningún otro grupo parlamentario desea intervenir en este punto, con
motivo de este incidente? (Rumores y protestas.) Señorías, resulta claro
para el conjunto de la Cámara que los intereses en presencia son
conflictivos entre sí y no ha sido posible armonizarlos. La Presidencia
--y les consta a SS. SS.-- ha intentado conciliarlos a lo largo de
la mañana y llegados a este punto confiesa,
paladinamente, que no lo ha conseguido. Los distintos grupos e incluso el
propio Gobierno han hecho uso durante toda la mañana y hasta este momento
de sus derechos reglamentarios en el sentido que les ha parecido oportuno
y la Presidencia, obviamente, lo ha respetado y lo respetará siempre, y
ni siquiera puede entrar a valorar el uso que se ha hecho de esos
derechos en el transcurso de ese orden del día en el que se ha producido
la caducidad o retirada de dos puntos. En consecuencia, saben SS. SS. que
lo exigible es la continuidad del orden del día. Por tanto, la
Presidencia tiene que decidir en favor de la continuidad del orden del
día día (Protestas.), amparando también
--ruego que intenten comprenderlo SS. SS.-- (Protestas.) no sólo el
orden del día, sino conjugando los derechos de las minorías y también de
las mayorías. (Rumores.) En consecuencia, y como no puedo prever,
obviamente, cuál será la extensión y la duración de la intervención del
Gobierno ni la de los eventuales oradores que le seguirán, desde luego a
estas horas de la tarde va a tener lugar la presentación del proyecto de
ley de reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por el
Gobierno, en cuyo nombre tiene la palabra don Rodrigo Rato.
(Protestas.--Fuertes y prolongados pateos.--La señora Aguilar Rivero y la
señora Fernández de la Vega Sanz piden la palabra.--Rumores.)
Silencio, señorías.
Señoras Aguilar y Fernández de la Vega. (Rumores.) Señorías, guarden
silencio. (Rumores.) Tengan la bondad al menos de esperar a que concluya
el incidente, permitiendo a la Presidencia decir a las señoras Fernández
de la Vega y Aguilar que los incidentes de procedimiento a lo largo de la
sesión, tras la audiencia que se ha verificado de los portavoces, los
resuelve la Presidencia sin más trámite. Por tanto, no procede un nuevo
debate sobre este punto.
Adelante, señor ministro. (Rumores.--Protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato y Figaredo): Señor presidente, señorías, tengo el honor
de presentar el proyecto de ley de reforma del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas aprobado por el Gobierno y constituye para mí una
especial satisfacción presentar ante la Cámara, por primera vez en
nuestra historia parlamentaria, una ley sobre la renta de las personas
físicas que supone una bajada y una rebaja de los impuestos para todos
los españoles que cumplen con sus obligaciones fiscales, y también decir
ante la Cámara que los efectos de esta ley comenzarán a notarse por los
ciudadanos a partir del próximo mes de enero.
Creo sinceramente, y así lo comparte el Gobierno, que todos los sectores
--o muchos, al menos-- políticos y, desde luego, la mayor parte de los
sectores sociales han coincidido en la necesidad de abordar esta reforma
tanto por razones de equidad como de eficiencia. Y en ese sentido parece
que hay una opinión generalizada sobre la necesidad de modernizar el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas vigente para hacerlo más
justo y coherente y, sin duda, para profundizar en la recuperación
económica y en la creación de empleo y, además, beneficiar a nuestra
economía de todas las ventajas posibles que se derivan de la Unión
Económica y Monetaria, es decir, de nuestra pertenencia al euro.
Como la Cámara conoce, tanto en 1988 como en 1991 se acometieron
modificaciones que al final sólo profundizaron en los defectos del
modelo, perjudicando claramente a los asalariados y a las familias,
especialmente a las rentas más bajas. Por el contrario, la reforma que
hoy presento a SS. SS., además de suponer claramente un antes y un
después respecto a nuestro Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, mejorando mucho la situación de asalariados y familias,
especialmente de las rentas más bajas, es parte
--y quiero subrayarlo-- de un proyecto global desde el punto de
vista tributario y también económico, en toda coherencia con las medidas,
tanto tributarias como de otro orden, que ha aprobado esta Cámara en los
últimos dos años.
La primera pregunta que una ley relativa al Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas debe responder, en mi opinión, señorías, es a qué
personas físicas nos estamos refiriendo, a qué realidad nos estamos
dirigiendo. La realidad española responde hoy a un ciudadano medio que
vive de su salario, cuya renta declarada es de aproximadamente 2.300.000
pesetas al año y que, con diferencias, vive en una situación que
podríamos calificar de familiar. Es importante recordar a SS. SS. algo
que conocen, y es que más del 70 por ciento de los contribuyentes
declaran hoy en España rentas inferiores a dos millones y medio de
pesetas. A esta realidad, precisamente a ésta, es a la que responde este
nuevo Impuesto sobre la Renta, que reequilibra el reparto de la carga
tributaria, como he dicho ya, a favor de asalariados y familias, y aquí
reside la equidad y la justicia del nuevo tributo.
De entrada, señorías, señor presidente, quisiera decir que el nuevo
impuesto que el Gobierno remite a la Cámara parte de una filosofía
radicalmente distinta a la hora de considerar qué ingresos son gravables.
Por primera vez en nuestro país, la renta destinada a cubrir las
necesidades de la familia, las necesidades esenciales y normales de la
familia, deja de pagar impuestos, y para el cálculo de esas rentas se
tienen en cuenta las diferentes circunstancias personales, de tamaño de
la familia, que pueden concurrir en cada uno de los sujetos.
Quisiera recalcar lo que he dicho al principio: ésta es una ley que
rebaja el impuesto a todos los españoles,
como es natural, que lo están pagando, y dicha rebaja va a ser sentida
por los ciudadanos a partir de enero de 1999, es decir, no muy lejos.
Pero esta rebaja generalizada es especialmente intensa para las familias
con menores recursos y mayores obligaciones y para aquellos que viven de
una nómina o una pensión. Asimismo, este nuevo Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas responde a una realidad económica nueva, a su vez,
la nueva realidad europea, en la que tan importante como tener impuestos
comparables con los de nuestros socios es también tener impuestos que
contribuyan al crecimiento y al empleo.
Quisiera dedicar unos minutos a fijar el marco de la reforma, en qué
marco económico y social se produce la reforma. Esta ley , si así lo
tiene a bien la Cámara y los apoyos parlamentarios, entrará en vigor el 1
de enero de 1999, por lo tanto, coincidirá al minuto con la entrada en
vigor de la moneda única. No podría ser de otra manera que yo me
refiriera a un marco distinto del de la moneda única. En esta nueva etapa
de estabilidad, en la cual se ha insertado la economía española, después
de un profundo proceso de ajuste de desequilibrios en los que es
necesario continuar avanzando no sólo como consecuencia de los
compromisos que con el pueblo español, con esta Cámara y con el resto de
los países europeos hemos asumido, sino sobre todo como consecuencia de
la experiencia que nos ha demostrado que la mejor manera de garantizar el
bienestar es precisamente el camino de la estabilidad macroeconómica; en
este marco de estabilidad macroeconómica se asienta esta reforma del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Pero en este marco de
estabilidad macroeconómica existen, además, necesidades crecientes de
aumentar el grado de flexibilidad y de libertad de la economía. En ese
sentido es indispensable aumentar los grados de desaparición de las
distorsiones sobre las decisiones económicas y la capacidad de libre
compentecia y de libre decisión de los agentes económicos.
La reforma que hoy tengo el honor de presentar ante la Cámara es
plenamente coherente con este marco de estabilidad, de reformas y de
libertad económica, pero además en sí misma, y por las consecuencias que
voy a explicar, es necesaria para aprovechar las oportunidades que se le
ofrecen a España en el proceso de integración europea y de globalización
mundial.
¿Cuál es este grado de coherencia con la política económica que creo que
debe preocupar a la Cámara? Sin la actual política económica, sin la
actual reducción del déficit público, sería imposible presentar hoy este
proyecto. La primera coherencia es que este proyecto es consecuencia
directa de una política económica, que no sólo ha conducido a España al
euro, sino que ha reducido el déficit público en 4,7 puntos en dos años,
haciendo que esta reducción sea en su 95 por ciento de carácter
estructural, es decir, que nos permite contemplar en el tiempo una
reducción sostenida y mantenible. En segundo lugar, el impacto
recaudatorio de la reforma a corto, que sin duda la Cámara conoce y me
parece esencial, es decir en 1999 y en el 2000, que nos afectan de manera
importante porque son los años de duración del actual programa de
convergencia, está cifrado en 350.000 millones de pesetas en los dos
ejercicios. Ustedes son conscientes de que esta cifra es plenamente
coincidente y, por lo tanto, coherente, con las previsiones del programa
de convergencia que esta Cámara conoció y debatió en la primavera de 1997
y que fue aprobado el mismo año por el Ecofin y por la Comisión Europea.
Quiero recordar que en ese programa no sólo se establecían las
previsiones para esta reducción de impuestos, sino también el
mantenimiento de las políticas sociales y de inversión y una tendencia
constante de reducción del déficit público.
Tal y como se desprende de la memoria económica, y quiero resaltarlo al
principio, desde el punto de vista del bolsillo de los contribuyentes, la
reducción será muy superior a los 350.000 millones de pesetas. Será de un
11 por ciento, es decir, de 500.000 millones de pesetas. Lo que pasa es
que las consecuencias de la reforma sobre el crecimiento económico y
sobre la gestión tributaria, permiten reducir la cantidad a corto plazo
como consecuencia de una mejora, desde el punto de vista de la
recaudación, ya sea por gastos de gestión, ya sea por aumento de la renta
disponible, del consumo y el ahorro, entre el 32 y el 41 por ciento del
coste de la reforma.
Por tanto, quiero subrayar que la reforma se engloba dentro de las
previsiones del Gobierno a corto plazo, que supone una sustancial
reducción de impuestos, que es en parte paliada, en su aspecto
recaudatorio, como consecuencia de los efectos dinamizadores de la propia
reforma. Pero me parece todavía más importante o al menos tanto cuáles
sean los efectos presupuestarios de la reforma a medio plazo, en el
sentido de qué efectos --y todos los grupos se han manifestado en
diversos debates sobre ello-- tengan las decisiones de esta Cámara sobre
la sostenibilidad del presupuesto. En ese sentido, me parece que no sólo
por los efectos que tiene sobre el aumento del crecimiento --a los que
haré referencia después cuantificándolos-- y sobre el ahorro de los
gastos de gestión, sino sobre todo por los elementos que recupera el
impuesto de flexibilidad, es decir, de capacidad de crecer al mismo ritmo
que la economía, ésta es una reforma que aumenta la sostenibilidad del
presupuesto, porque como SS. SS. conocen, el actual Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas no ha sido capaz de crecer al ritmo que lo
hce la economía desde su creación en 1992. Por tanto, la recuperación de
esa flexibilidad, independientemente de las consideraciones de reducción
de impuestos, es una medida esencial desde el punto de vista de la
sostenibilidad presupuestaria.
He afirmado que ésta es una reforma que nos permite aprovechar de manera
más eficiente y más intensa
las consecuencias de la moneda única, y en ese sentido me permitirá la
Cámara recordar que el Grupo Popular --y otros grupos parlamentarios--
tanto en la oposición como en el Gobierno ha mantenido que la política
tributaria es un instrumento esencial de la política económica y, por
tanto, de la capacidad de cumplir los objetivos últimos de una política
económica, que en nuestro caso son los de creación de empleo, además de
asegurar sin duda la eficiencia de los ingresos. La configuración del
sistema tributario y en particular el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas tiene claros efectos no sólo sobre la demanda, es decir,
sobre la renta disponible de los ciudadanos, sino también sobre
decisiones tan importantes como la creación de empleo, el coste de la
mano de obra, las decisiones de ahorro, las decisiones de inversión y
sobre algo tan importante como la actitud de una sociedad para estar
dispuesta a asumir riesgos. Así, una reforma del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas incide negativa o positivamente sobre elementos
mucho más allá que los recaudatorios, especialmente relevantes en un
momento histórico como el del nacimiento de la moneda única. Desde este
convencimiento, el Gobierno y los grupos parlamentarios que le apoyan han
emprendido no ahora, sino desde junio de 1996, un proceso gradual de
reforma tributaria que, en primer lugar, y como tuve ocasión de explicar
entonces a la Cámara, priorizó la necesidad de garantizar la recuperación
económica. En junio de 1996 lo que la sociedad española demandaba era que
España recuperase las posibilidades de crecer creando empleo, y para ello
tanto el Gobierno como los grupos parlamentarios que le apoyan impulsaron
desde el punto de vista tributario tres ámbitos muy importante de
reforma: el primero, el tratamiento del ahorro de las familias a medio y
largo plazo; el segundo, la reforma global y la reducción de la presión
sobre las pequeñas y medianas empresas; y el tercero, el proceso de
internacionalización de las empresas españolas. Yo creo que los
resultados en términos de ahorro, de empleo, de recaudación, de
internacionalización y de su calidad avalan que teníamos razón los que
planteamos estas medidas en junio de 1996, y nos parecería coherente con
una cierta racionalidad que aquellos que pusieron en duda que fuéramos a
tener éxito reconocieran en este momento que lo hemos tenido. El
siguiente paso, sin duda, en opinión del Gobierno y de los grupos
parlamentarios que le apoyan, es garantizar no ya la recuperación, sino
el mantenimiento y la consolidación de esta recuperación económica y,
sobre todo, intensificar la participación de todos los españoles en los
beneficios de esta recuperación económica, y es aquí donde, sin duda, se
centra este proyecto de reforma del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.
Una vez que he planteado, señor presidente, el marco de la reforma,
quisiera hacer referencia a los objetivos de la misma. Me parece
imprescindible, al mismo tiempo que hablamos de los objetivos de la
reforma, hablar de la realidad en la que estamos. Sería muy difícil que
yo pudiera plantear objetivos sin que SS. SS., al menos si soy capaz,
pudieran hacer una reflexión sobre cuál es la realidad en la que nos
encontramos, que indudablemente nos lleva a plantearnos unos determinados
objetivos. No estamos ante un ejercicio exclusivamente académico. Hay una
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en vigor; lo hay. Produce
unos determinados efectos; los produce. Por tanto, de esa realidad es de
la que tenemos que partir para plantearnos nuestros propios objetivos.
En ese sentido, el impuesto actual de Renta de las Personas Físicas es un
impuesto aprobado en 1991, en opinión del Grupo Popular ya en esa fecha
injusto, ineficaz para crear empleo y alejado de toda las reformas que
entonces ya se estaban planteando, o incluso ya se habían planteado, en
la mayor parte de los países industriales.
Injusto. Pues bien, creo que la experiencia ha dejado cortas las
previsiones de los que entonces lo considerábamos injusto. La mayor
injusticia de un impuesto progresivo es que paguen más los que menos
tienen y pagen menos los más tienen. Esa es la mayor injusticia. Pues
bien, si ustedes analizan --y me voy a permitir repartirles en sus
casilleros la documentación-- los efectos de la tarifa aprobada en el año
1991, que entró en vigor en el año 1992, podrán comprobar cómo las rentas
inferiores aumentaron su contribución en 150.000 millones, que fue la
cantidad en la que las redujeron las rentas superiores. Esa fue la
primera y más importante consecuencia de la reforma del año 1991,
independientemente de las declaraciones que cada cual pueda hacer. Esa es
la que se deriva de las cifras que contienen las memorias de la Agencia
Tributaria, que indican hasta qué punto, después de la demagogia, se
puede llegar a la injusticia. (Fuertes aplausos.) Pero, señorías, la
realidad en este momento no es sólo que las rentas bajas, a partir del
año 1992, aportaran 150.000 millones más para que los pudieran dejar de
aportar las rentas altas, sino que además el impuesto fue adquiriendo
gran complejidad y falta de transparencia, lo que sin duda es un elemento
no sólo de distorsión sino de injusticia, porque la complejidad en
cualquier norma, especialmente en una norma tributaria de aplicación a
todos los contribuyentes, sin duda perjudica a aquellos que tienen menos
medios o menos capacidad profesional a su servicio.
Además, hay otro elemento de injusticia. La complejidad técnica del
impuesto ha hecho imposible adecuar las retenciones a la verdadera
obligación de contribuir de los ciudadanos. Eso quiere decir que los
ciudadanos adelantan en dos años dinero a la Hacienda pública que,
después, los ciudadanos con menos recursos tienen derecho a que se les
devuelva. Resulta también, como he dicho antes, que precisamente el
impuesto más importante, por no decir el único, en cuanto a la
progresividad que en él se produce, por tanto pensado para incidir
directamente sobre la redistribución de la riqueza, es el impuesto que
menos crece como consecuencia de su ineficiencia. Ese también es un
elemento claramente injusto, porque si el impuesto que está diseñado para
que paguen más los que más tienen, aunque no siempre suceda así, y paguen
menos los que menos tienen, crece menos que los impuestos que afectan a
todos por igual, estamos en un proceso claramente regresivo y de
injusticia. Y ese es el efecto de la reforma de 1991, como pueden SS. SS.
comprobar en la evolución del IRPF de 1992 a 1996.
Aparte de en una injusticia, tengo que decir que generalizada por todas
las causas que acabo de mencionar, la reforma de 1991 nos metió en el
túnel del tiempo hacia atrás. Es decir, lo que en ese momento estaba
realizando la mayor parte de los países de la OCDE desde el punto de
vista de reducción de tramos, de simplificación del impuesto, de
reducción de los marginales, fue exactamente lo contrario de lo que aquí
se asentó como doctrina básica tributaria. En ese sentido podemos
comprobar cómo en 1996, antes de la llegada al Gobierno del Partido
Popular y de los respaldos parlamentarios que le apoyan desde entonces,
el IRPF español tenía dieciséis tramos, once más que la media de los
países industriales y siete puntos por encima del marginal de la media de
los países industriales.
Esta es la realidad de la que partimos y, por tanto, es la realidad que
nos condiciona y de la que tenemos que aprender --espero que todos
podamos aprender-- y es la realidad que nos lleva a plantear unos nuevos
objetivos que nos permitan, como he dicho, aprovechar las oportunidades
que hoy se ofrecen a la economía española, sobre todo en términos de
aumentar nuestro crecimiento y nuestro empleo y, sin duda, lograr un
reparto más equitativo, más justo de la carga tributaria.
¿Cómo podemos, señor presidente, aumentar la capacidad de crecimiento de
la economía española a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas? Pues bien, mejorando las posibilidades, para empezar, del
empleo. No cabe duda que desde el punto de vista del crecimiento una
reducción de impuestos afecta --cualquiera-- a la renta disponible de las
familias. Si redujéramos impuestos indirectos nos encontraríamos en ese
mismo efecto y, por tanto, tendríamos un efecto de crecimiento que, como
he dicho antes, voy a cuantificar. El Gobierno cree que esta reducción de
impuestos va a producir un aumento de aproximadamente medio punto de
crecimiento por encima del que se produciría sin esta reforma y esto va a
suponer 50.000 puestos de trabajo más en los próximos dos años.
Pero más importante que eso son los efectos que tiene este impuesto sobre
algo tan importante como la capacidad que tienen los ciudadanos de ser
contratados, de ser empleados o, dicho de otra manera, si ustedes me
permiten de manera más técnica, la reducción de la brecha fiscal, la
reducción entre el coste de un salario y el salario que se lleva en el
bolsillo el trabajador. Esta importancia de reducir los costes no
salariales del empleo ha sido puesta de manifiesto por la cumbre del
empleo de Luxemburgo, que tan respaldada ha sido por todos los bancos de
esta Cámara, y va a ser absolutamente respaldada en la próxima cumbre de
Cardiff, de los próximos lunes y martes, en las orientaciones generales
de política económica.
Sin embargo, como SS. SS. conocen muy bien la reducción de los costes no
salariales de la mano de obra, si bien beneficia a todos, beneficia
especialmente a aquellos trabajadores que tienen menos cualificación y
para los que los costes no salariales juegan de manera más determinante
en su capacidad de ser contratados o empleados. En ese sentido los
efectos de esta reforma no sólo son efectos a corto plazo, incentivando
el crecimiento en aproximadamente medio punto y aumentando el empleo en
50.000 personas en dos años, sino que son efectos a medio y largo plazo,
mejorando la capacidad de ser contratados de muchos españoles y apostando
claramente por el empleo, y creo que el empleo, ya nadie puede
discutirlo, es la mejor apuesta a favor del Estado de bienestar.
La reducción de la brecha fiscal, como he dicho, es ya no sólo una
doctrina de determinados partidos políticos, sino que es una doctrina
europea, respaldada por la cumbre de Luxemburgo y que será respaldada por
la cumbre de Cardiff, por lo que pertenece claramente a lo que podríamos
llamar en este momento el consenso de los instrumentos para crear empleo
que están en manos de las diversas posiciones de los partidos políticos.
Esta es claramente, en opinión del Gobierno y en mi opinión, una de las
consecuencias más importantes de esta reforma, los efectos que tiene
claramente sobre el aumento de la potencialidad del empleo en nuestro
país. La reducción del impuesto para quienes perciben rentas del trabajo
en el proyecto del Gobierno es mayor que para el conjunto de
contribuyentes y me gustaría subrayar esto: las rentas del trabajo van a
pagar menos que cualquier otra renta y esta diferencia va a ser más
cuanto menor sea la renta del trabajo. Lo pasaré a explicar cuando hable
de la configuración del impuesto.
Además, la nueva configuración del impuesto va a permitir adecuar o
acercar las retenciones a las obligaciones reales del pago de impuestos,
con lo cual, como podrán comprobar SS. SS., estamos evitando muchas de
las críticas que hemos hecho al modelo que hoy está vigente en nuestro
país, desde el punto de vista de acercarnos a los modelos de otros
países, desde el punto de vista de contribuir al empleo, desde el punto
de vista de mejorar la situación de los asalariados, desde el punto de
vista de mejorar la situación de los asalariados con menos recursos y
desde el punto de vista de
adecuar las retenciones a la obligación final de declarar y, por tanto,
evitar los efectos de que una persona tarde dos años en recuperar el
dinero que le debe la Hacienda pública.
Desde el próximo mes de enero las retenciones de los trabajadores que
perciban, por ejemplo, rentas de hasta dos millones de pesetas, se
reducirán por término medio en 32 pesetas de cada 100, lo cual me parece
significativo desde el punto de vista del interés de los ciudadanos. Pero
además de mejorar la situación de empleo de nuestro país, el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas que tengo el honor de presentar
ante la Cámara claramente tiene la intención de incidir sobre el ahorro.
El debate sobre el ahorro y los impuestos es largo, yo diría que en esta
Cámara ha sido un debate hasta clásico, con dos cuestiones. Primero, ¿es
necesario aumentar el ahorro interno para garantizar el ritmo de
inversión de una economía? Los que llevan aquí más tiempo --no
necesariamente los más viejos-- recordarán las épocas en las que se decía
que eso era igual; creo que eso ya no lo dice nadie y es bueno que no se
diga. El segundo debate, que en más de una ocasión nos ha permitido a
todos tratar de desarrollar nuestras habilidades dialécticas, es si los
impuestos tienen algo que ver con el ahorro o si es puramente una
cuestión coyuntural: da igual los impuestos que se diseñen, la gente
ahorra si tiene dinero y las cosas van bien y la gente no ahorra si no
tiene dinero y las cosas van mal; da igual que usted le ponga un impuesto
de 20, de 30, de 40 o de 50. Ese debate también nos ha llevado varias
horas a los grupos parlamentarios.
Creo que la experiencia internacional, pero sobre todo la nuestra desde
junio de 1996, nos indica que el ahorro interno, doméstico es
imprescindible para garantizar el ritmo de sostenimiento de la inversión,
pero que también las medidas tributarias tienen clara incidencia sobre el
ahorro; tienen incidencia sobre la capacidad que tengan los ciudadanos de
elegir entre ahorro y consumo, sobre las decisiones que tomen los
ciudadanos entre ahorro a corto o a largo plazo y, desde luego, sobre a
qué dediquen su ahorro. Por tanto, los impuestos son muy importantes, al
menos en nuestra opinión, cuando estamos hablando de ahorro. En ese
sentido, en junio de 1996 nosotros tomamos decisiones, que no fueron
compartidas por todos los grupos de esta Cámara, sobre la posibilidad de
aumentar el ahorro de las familias españolas y además incentivarlo para
que fuera un ahorro a largo plazo. Me gustaría hacer ahora un pequeño
resumen de las consecuencias.
La economía española en este momento está creciendo a tasas intensas,
basadas en parte en el consumo. Pues bien, SS. SS. podrán comprobar cómo
en nuestra economía, pese a que está aumentando su consumo, las familias
mantienen su tasa de ahorro. Tengo que decir que creo firmemente que las
medidas tributarias tomadas en junio de 1996 por este Gobierno y por los
grupos parlamentarios que le apoyan han tenido claramente ese efecto
positivo, como lo ha tenido también el hecho de que en este momento
estemos hablando de que en los últimos meses ha habido cinco millones de
familias que han estado dispuestas a colocar sus ahorros en inversiones
en renta variable a través de los procesos de privatización y, lo que es
más importante, que en este momento podemos hablar de un tercio de las
familias españolas que son inversores estables a través de los inversores
institucionales en los mercados de capitales.
En ese sentido, creo que la financiación de la economía productiva y
acercar nuestra realidad social y nuestra realidad de ahorro a las medias
de los países industriales se está consiguiendo en estos momentos. Sin
las medidas que fueron votadas por la mayoría de esta Cámara en junio de
1996 eso ahora no sería posible y, si eso no fuera posible, entre otras
cosas hoy no podríamos tener la convergencia de tipos de interés que
tenemos con las economías centrales europeas.
Este proyecto de ley no sólo se enmarca en ese proceso de influir
positivamente en la actitud de los españoles hacia el ahorro sino que da
un paso más en la necesidad de que las medidas tributarias que afectan al
ahorro sean medidas neutrales, en el sentido de que indudablemente no
condicionen las decisiones de ahorro sino que, al contrario, un ciudadano
decida en qué quiere ahorrar, qué instrumentos quiere utilizar para su
ahorro, con independencia de consideraciones fiscales, con lo cual
mejoramos, indudablemente, la eficiencia de la economía y también damos a
los pequeños ahorradores las mismas posibilidades que tienen los
ahorradores con mayores capacidades económicas o de sofisticación.
El segundo objetivo de esta reforma, como he dicho antes, es la equidad y
la justicia; y para conseguir mayores grados de equidad y de justicia, lo
primero es la reducción de la carga tributaria, especialmente sobre las
rentas más bajas, lo segundo, la simplificación y, lo tercero, la lucha
contra el fraude.
Como he dicho, en este proyecto de ley, se reduce el Impuesto de la Renta
sobre las Personas Físicas para todos los ciudadanos que lo están
pagando, especialmente para los de menores ingresos y mayores
obligaciones familiares, y más en concreto para aquellos que viven de
rentas salariales, de un salario o de una pensión y para los
discapacitados.
Antes les he dicho cuál había sido el movimiento de dinero entre los que
tenían menos rentas y los que tenían más rentas en la reforma del año
1991 a favor de los que tenían más rentas. Pues bien, ahora les voy a
indicar lo que sucede en esta reforma; me parece lo justo.
En esta reforma, las rentas superiores aportarán a la rebaja de las
rentas inferiores 250.000 millones de pesetas (Rumores.--Un señor
diputado: ¡Bien!), porque
en cada 100 pesetas de recaudación, a partir de esta reforma, aumentarán
5 puntos las que aportan las rentas altas y reducirán 5 puntos las que
aportan las rentas bajas. (Varios señores diputados: ¡Muy
bien!--Aplausos.--Rumores y protestas.) Luego, bajando el impuesto para
todos los ciudadanos, claramente la disminución se hace quebrando la
tendencia de la tarifa del año 1991. Entendemos que se avanza
especialmente en la solidaridad desde este punto de vista, pero todavía
podemos avanzar más en la solidaridad haciendo más simple el impuesto.
Como he dicho anteriormente, la complejidad del impuesto,
independientemente de las cuestiones que afectan a la propia Hacienda
tributaria, es un elemento más de falta de solidaridad con las personas
que tienen menos posibilidades de acudir a ayuda externa o profesional.
La simplificación, además, tiene efectos que también afectan a la
solidaridad, como es la lucha contra el fraude. A través de la
simplificación del impuesto, vamos a liberar recursos humanos y
materiales para destinarlos a la lucha contra el fraude, porque,
señorías, yo creo que en eso la Cámara es plenamente coincidente, el
fraude es, al final, la mayor injusticia de un impuesto progresivo como
el de la renta de las personas física. De nada sirve establecer
previsiones formalmente muy progresivas si, después, el resultado es el
que hemos visto en la reforma de 1991, todavía más si se acompañan las
reformas tributarias con amnistías fiscales que, como es natural, afectan
a las rentas que no han querido contribuir al conjunto de las cargas
tributarias. Yo quiero decir que este proyecto ni contiene ni va a
contener ningún tipo de amnistía para aquellos que no cumplen con sus
obligaciones fiscales. (Varios señores diputados: muy
bien.--Aplausos.--Protestas.)
Sin duda, yo creo que la Cámara, y me refiero a ello muy brevemente
porque no es tema exclusivamente de este debate, me planteará que la
redistribución de la renta no sólo se produce a través del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas o de otros impuestos, sino también a
través de las políticas. En ese sentido simplemente me gustaría mencionar
dos datos sobre la inversión que de cada 100 pesetas de gasto se dedica a
políticas sociales, sin contar el desempleo, cuya una política que varía
según la coyuntura económica. (Rumores.) En 1988, año de recuperación
económica, de cada 100 pesetas, se dedicaban 48 pesetas a gastos
sociales, sin contar desempleo. En el año 1995, de cada 100 pesetas se
dedicaban 48 a gastos sociales, sin contar desempleo. En 1998, se van a
dedicar 50,8 de cada 100 pesetas. (Aplausos.--Rumores.) En ese sentido,
creo que las políticas de gasto también están contribuyendo claramente a
una importante redistribución de la riqueza en nuestro país.
La lucha contra el fraude, como consecuencia de la simplificación del
impuesto, va a ser, en mi opinión, de gran importancia y estoy
convencido, además, de que los ciudadanos, las españolas y los españoles
que pueden hoy seguir este debate o leerlo en los medios de comunicación
o verlo a lo largo de los próximos días, coinciden con aquellos que
estamos convencidos de que cuanto más simple sea el impuesto mejores
posibilidades vamos a tener de dedicar recursos contra el fraude fiscal.
Quisiera, por ejemplo, hacer referencia a algunas cuestiones que ya
tenemos cuantificadas. El 81 por ciento de los actuales usuarios del
programa Padre
--del que tuve ayer ocasión de informar a la Cámara en una pregunta
y que es un programa dirigido a ayudar a los contribuyentes--, es decir,
aproximadamente 2.800.000 declaraciones, ya no van a necesitar este
servicio porque no van a tener obligación de declarar. Por lo tanto, de
2.097 personas que hoy atienden este servicio, sólo serán necesarias 399,
con lo que 1.698 efectivos pueden destinarse al control de otros
tributos.
A lo largo de 1988 vamos a obtener unos resultados próximos al billón de
pesetas en materia de lucha contra el fraude y control del cumplimiento
de las obligaciones tributarias, a través de las actuaciones de los
distintos departamentos de la Agencia Tributaria.
De acuerdo con lo establecido en la memoria económica que acompaña a este
proyecto de ley, la nueva configuración del impuesto, es decir, su
simplificación, va a permitir que aumentemos esta cifra, en los próximos
dos años, en dos décimas de producto interior bruto, es decir, en 160.000
millones. En ese sentido, tengo que decir que, para el año 2000, nos
estaremos planteando un aumento de recursos obtenidos en el control y en
la lucha contra el fraude en 250.000 millones superior al que tenemos en
este momento. Y para ello, además, vamos a tomar medidas que incrementen
el esfuerzo en materia de inspección de grandes contribuyentes y de
elevadas capacidades económicas; realizar un mayor número de actuaciones
selectivas y de control; desarrollar planes especiales de comprobación en
sectores económicos específicos, con especial atención a los sectores de
mayor riesgo, como el sector inmobiliario; incrementar el número de
actuaciones de investigación, tanto en operaciones económicas complejas
como en plusvalías y blanqueo de dinero, e incrementar el número de
actuaciones de control en materia de fraude fiscal internacional.
Los efectos de la simplificación del impuesto y la capacidad que tiene ya
el Gobierno de definir la evolución del impuesto en los próximos años son
imprescindibles para recuperar la flexibilidad recaudatoria del IRPF. En
ese sentido, como he dicho antes, esta flexibilidad recaudatoria del
IRPF, dada la experiencia del que en este momento tenemos del año 1992 a
1996, es imprescindible porque el impuesto está creciendo por debajo de
lo que crece la economía, lo cual, además de injusto en un impuesto
progresivo, como antes he dicho a SS. SS., es claramente ineficiente y
afecta a la
sostenibilidad presupuestaria y al mantenimiento de las políticas que hoy
se financian con los presupuestos, y sé que la Cámara es especialmente
sensible a las políticas relacionadas con el bienestar.
Señor presidente, quisiera decir muy brevemente que el proyecto consta de
un título preliminar, en el que se define el nuevo concepto de capacidad
económica, de diez títulos, en los que se definen los aspectos
materiales, personales, temporales, la base imponible, la base
liquidable, la forma en que se calcula el impuesto, la cuota diferencial,
el gravamen autonómico, las normas aplicables a la tributación familiar,
los regímenes especiales y las obligaciones formales y materiales y,
finalmente, el régimen sancionador y el orden jurisdiccional, además de
tres disposiciones adicionales, siete disposiciones transitorias, una
disposición derogatoria y una disposición final.
Dentro de este conjunto normativo, quisiera hacer referencia a lo que
antes he calificado como el gran cambio filosófico que incorpora este
impuesto, que es el tratamiento de la familia. En este nuevo IRPF se
produce una reforma profunda de cómo calculamos la capacidad económica
gravable, es decir, la renta a la que hay que someter al impuesto, sea
cual sea después la tarifa a la que la vamos a someter. En ese sentido,
el proyecto incorpora en España algo que está aceptado por la doctrina y
por la mayor parte de los países más avanzados, como es diferenciar entre
la renta total que recibe una familia y la renta de la que puede disponer
libremente después de satisfacer sus necesidades esenciales. El nuevo
impuesto pretende gravar precisamente esa capacidad económica real de
cada individuo o de cada unidad familiar, a diferencia del actual
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que no trata de forma
adecuada la diferente capacidad económica que representan situaciones
familiares distintas.
Para determinar esta renta disponible, el impuesto define un mínimo
personal o familiar que tiene en cuenta las necesidades generales de los
hogares; gastos como alimentación, vestido o calzado, vivienda, servicios
médicos, educación y transporte configuran este mínimo familiar, que
varía a su vez según las circunstancias familiares, es decir de las
cargas familiares dependiendo de los casos de cada unidad familiar. No
parece lógico, al menos a nosotros no nos lo parece, que a dos familias
con el mismo nivel de renta, pero una con hijos y otra sin ellos se les
haga pagar por la misma renta disponible, como sucede en este momento. El
nuevo IRPF tiene en cuenta las cargas que implican estas
responsabilidades y permite que esos gastos no se incluyan en el cálculo
de la renta sujeta al impuesto.
Con carácter general, el mínimo personal se fija en 550.000 pesetas. Esta
cantidad aumentará en 200.000 pesetas por cada hijo en los dos primeros
hijos y en 300.000 pesetas a partir del tercer hijo. Además, si los hijos
son menores de tres años, se incrementará por cada hijo en 50.000 pesetas
para responder a los gastos de guardería y a otros gastos relacionados
con la infancia, y si los hijos son mayores de tres años pero menores de
dieciséis se incrementará en 25.000 pesetas por hijo para responder a la
necesidad de la financiación de los gastos de escolarización que dependen
de las familias dentro de la educación gratuita pública.
En el caso de las familias monoparentales, en una sociedad cada vez más
plural como la española, el cónyuge con la custodia de los hijos
dispondrá de un mínimo personal de 900.000 pesetas, y el cónyuge que
tiene que aportar la pensión podrá separar lo que aporta de pensión del
resto de sus rentas para evitar que se acumule una progresividad sobre
rentas de las que claramente no tiene disposición.
También se han tenido en cuenta las especiales necesidades que se derivan
de pensionistas y familias que tienen mayores a su cargo o
discapacitados. El mínimo personal para los pensionistas será 100.000
pesetas superior al mínimo personal para personas que tengan menos de 65
años, y en el caso de los discapacitados nos moveremos entre 850.000
pesetas y 1 millón de pesetas. Las familias que convivan con un
ascendiente mayor de 65 años añadirán 100.000 pesetas a su mínimo
familiar y si éste fuera un discapacitado añadirán entre 300.000 y
450.000 pesetas según el grado de discapacidad.
El Gobierno es plenamente consciente de la necesidad de hacer un mayor
esfuerzo en el caso de los discapacitados. Entendemos que el proyecto es
suficiente, pero seguramente podemos ir más allá. En ese sentido debemos
incentivar la normalidad en la vida de los discapacitados cuando éstos
tienen un salario y, por tanto, considerar por parte de los grupos
parlamentarios el aumento de la deducción de rentas del trabajo en el
caso de discapacitados, llegando a doblarla si es voluntad de la Cámara,
y la elevación del mínimo personal que se establece en el proyecto para
discapacitados, como he dicho, entre 850.000 y 1 millón de pesetas,
dependiendo del grado de discapacidad para las personas que por sus
condiciones especiales necesitan tener a alguien que les cuide durante
todo el tiempo, cuestiones éstas que espero puedan ser objeto de debate
entre los grupos parlamentarios. Este cambio de filosofía sobre la renta
disponible de las familias le parece al Gobierno que hace al impuesto
claramente más justo. Por una parte, reconoce que las rentas de las
familias tienen que destinarse a cubrir sus necesidades y no deben
tributar, y por otra, se tienen en cuenta las diferentes situaciones de
las familias.
El segundo objetivo que está contenido en el conjunto de los artículos de
la ley es que el nuevo IRPF establece una reducción adicional para las
rentas del trabajo. Además del mínimo familiar, existe una reducción
adicional de medio millón de pesetas para salarios inferiores a 1.350.000
pesetas que va reduciéndose progresivamente hasta 375.000 pesetas. En ese
sentido, los salarios, como he dicho, son las rentas mejor tratadas, pero
son mejor tratados los salarios inferiores que los superiores.
Esto --y me gustaría reiterarlo ante la Cámara-- tiene efectos que van
más allá de los meramente recaudatorios o que afectan a la renta
disponible o a la capacidad de consumo o de ahorro de las familias, tiene
claramente efectos sobre el mercado de trabajo, y en ese sentido seguimos
las recomendaciones que se nos plantean por los principales organismos
internacionales.
Asimismo me gustaría mencionar la vivienda, porque es otro de los temas
que han preocupado al Gobierno en este proyecto. El nuevo Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas presta especial atención a la vivienda.
Toda la Cámara, no sólo el Gobierno, es plenamente consciente de que la
vivienda es la principal, y en muchos casos la única, inversión de las
familias españolas. También quisiera decir que esta preocupación no es
nueva en el Gobierno. Hay que recordar que en junio de 1996 se estableció
por mayoría parlamentaria --y había en este tema más consenso que en
otros con algunos grupos de la oposición-- una bonificación del 95 por
ciento del Impuesto de Sucesiones para la transmisión de la vivienda
familiar, con un límite de 20 millones. Además, quisiera recordar que el
Gobierno aprobó hace un año un decreto-ley que permite que los nuevos
valores catastrales que se van revisando se incorporen de forma gradual,
evitando incrementos bruscos de la tributación de la vivienda. Aquí, en
el debate de totalidad hubo posiciones más controvertidas, aunque después
el consenso parlamentario en Comisión permitió que se sumaran a esta idea
más grupos parlamentarios.
Asimismo, como recordará la Cámara, se han reducido en un 50 por ciento
los aranceles de notarios y registradores en los gastos de cambio o
modificación de hipotecas y para estos casos el Gobierno declaró exento
el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.
Se ha hecho un gran esfuerzo en la ejecución del actual Plan de vivienda
1996-1997, con 144.000 actuaciones, que han movilizado 293.000 millones
más de lo presupuestado. Pero, además, existen políticas generales que
han tenido una clara incidencia sobre la vivienda, como es la reducción
de los tipos de interés. En ese sentido, la caída de los tipos de interés
en aproximadamente cinco puntos en el período de responsabilidades del
Gobierno del Partido Popular permite que una familia con una hipoteca de
ocho millones pague hoy 20.000 pesetas menos al mes de lo que pagaba hace
dos años.
Todo ello ha hecho posible que en el esfuerzo familiar, es decir, en la
parte que una familia dedica a su principal inversión, que es su
vivienda, la adquisición de la misma haya disminuido seis puntos: de cada
cien pesetas hace dos años una familia dedicaba 34 a pagar su vivienda y
en este momento dedica 28.
Con el nuevo impuesto que el Gobierno plantea ante la Cámara, la vivienda
familiar, la vivienda habitual dejará de pagar impuestos. No habrá en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas renta presunta sobre la
vivienda familiar. Fuimos contrarios a esta medida desde su comienzo, la
hemos considerado injusta e ilógica y pretendemos que la Cámara respalde
nuestra posición y que desaparezca el hacer pagar a los españoles en su
renta por su vivienda familiar. Y esto afecta, como la Cámara conoce, a
un gran número de familias, a un promedio de nueve millones y medio de
españoles, de los cuales dos millones y medio son pensionistas.
Los gastos de conservación y mantenimiento de la vivienda pasan a formar
parte del mínimo familiar y se establecen claramente mejores incentivos
para la vivienda de una forma más justa. Aquí me gustaría también hacer
referencia a lo que en este momento es la política de incentivo a la
vivienda que recoge el actual Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.
Las rentas más altas hoy, es decir, aproximadamente un 8 por ciento de
los beneficiarios, acaparan el 20 por ciento de las ayudas, mientras que
las rentas más bajas, esto es, las inferiores a dos millones, que suponen
el 47 por ciento de los beneficiarios de las ayudas a la vivienda, sólo
acaparan el 34 por ciento. O sea, las rentas más altas, que son el 8 por
ciento de contribuyentes, se llevan tres veces más de su número en la
ayuda a la vivienda y las rentas más bajas ni siquiera se llevan el
equivalente a lo que representan.
El cambio que introduce el nuevo impuesto es el siguiente: las primeras
750.000 pesetas que se paguen cada año para amortizar el préstamo,
independientemente de que sean capital o intereses, se deducirán en un 20
por ciento. Si es en los primeros dos años de préstamo de la vivienda,
entendiendo que son los años en los que las familias tienen que hacer un
mayor esfuerzo como consecuencia de una nueva vivienda y normalmente
pueden coincidir con los primeros años de una vida laboral, esa deducción
se lleva al 25 por ciento. Las siguientes 750.000 pesetas deducirán un 15
por ciento y, a diferencia de lo que ocurre ahora, se incluyen en ambas
tanto el principal como los intereses.
Se mantienen las deducciones existentes para las cuentas de
ahorro-vivienda, y de esta forma pretendemos claramente incentivar de
manera justa y equilibrada los esfuerzos para comprar vivienda,
especialmente de las rentas más bajas, evitando que puedan producirse
distorsiones como la que he mencionado, y que quizás a lo largo del
debate pueda ilustrar, si es que los grupos parlamentarios desean que así
lo haga. También pretendemos incentivar el esfuerzo de los primeros años.
Entiendo que algunos grupos parlamentarios y la opinión pública han
manifestado que el cambio de criterio en la compra de un bien, que puede
comprarse a muchos años y que representa la única inversión de
una familia española, puede distorsionar posiciones preestablecidas. En
ese sentido, el Gobierno no tiene ninguna duda de que el nuevo sistema
beneficia a los contribuyentes, pero no tiene ningún inconveniente, y así
lo hemos incluido en el proyecto de ley, en que exista la garantía de que
cualquier contribuyente cuya vivienda haya sido comprada antes de la
entrada en vigor del proyecto de ley y que se vea perjudicado como
consecuencia de la reforma, pueda obtener una compensación en el plazo
mismo de las devoluciones, es decir, en el plazo de seis meses.
Otro de los bienes que el proyecto quiere claramente proteger es el
tratamiento neutral del ahorro. A partir de este nuevo IRPF se van a
gravar por igual todos los instrumentos financieros con rentabilidad
predeterminada, como puede ser la deuda pública, la deuda privada o los
seguros.
Estas rentas se califican como rendimientos del capital mobiliario y se
integran en su totalidad en la base imponible, sin que se les aplique
ninguna reducción como la que se establece para rentas del trabajo. Me
gustaría subrayar que las rentas del capital se integran en la base
imponible y sin ninguna deducción. Por lo tanto, las rentas regulares,
las rentas del trabajo con claramente las más beneficiadas.
El ahorro a largo plazo, es decir, el ahorro a más de dos años tendrá una
reducción del 30 por ciento en la base imponible para tratar de equiparar
y neutralizar las medidas que el Gobierno ha tomado sobre ganancias de
capital con rendimientos del ahorro de otros instrumentos.
El resto de los instrumentos de ahorro, es decir, los que no tienen
rentabilidad predeterminada también tributarán íntegramente por la
ganancia de capital obtenida y sólo se aplicará el 20 por ciento, como
SS. SS. conocen, desde junio de 1996, a las ganancias patrimoniales a
largo plazo, es decir, a más de dos años.
Creemos firmemente que esto supone una mejora de equidad y de
racionalidad con respecto al tratamiento anterior. En el año 1991 se
estableció en España un sistema por el cual el paso del tiempo exoneraba
a cero las plusvalías. Eso nos ha parecido a nosotros siempre una medida
injusta, porque probablemente beneficia a aquellos que más pueden
esperar, y una medida absolutamente ineficiente porque incita a los
contribuyentes a hacer algo que no tiene ningún sentido, que es a no
moverse simplemente para no pagar impuestos. Creo que eso, en una
economía dinámica, europea y global, es un contrasentido del mayor
tamaño. En ese sentido, el Gobierno ya modificó en parte esta situación
en junio de 1996 y lo hará definitivamente, o pretende hacerlo si la
Cámara le respalda, en esta modificación del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas.
El Gobierno entiende que es prioritario, y por eso lo incentiva, el
ahorro-previsión y en este nuevo impuesto mejora el tratamiento fiscal de
los sistemas de previsión social. Las prestaciones obtenidas tienen la
consideración de rentas del trabajo y, por tanto, se benefician del trato
privilegiado que la nueva ley otorga a las rentas del trabajo y las
aportaciones a planes y fondos de pensiones mantienen la deducción en la
base imponible, con los nuevos límites que se han establecido en 1998, es
decir, 1.100.000 pesetas, y el 20 por ciento.
Para finalizar, señor presidente, haré mención exclusivamente a otras
cuatro cuestiones. La primera es la relación que hay entre este impuesto
y las pequeñas y medianas empresas. La reforma de la fiscalidad de las
pymes recibió un impulso definitivo con las medidas que se incorporaban a
la Ley de acompañamiento de estos presupuestos para 1998 y su desarrollo
reglamentario aprobado durante el primer trimestre de este año, creo que
con un respaldo desconocido hasta entonces por parte de todos los
sectores afectados.
Seguramente SS. SS. estarán interesadas en los efectos. Ha habido mucho
debate en esta Cámara respecto a que si simplificábamos la situación de
las pymes podíamos contribuir a ocultaciones de rentas y otros hemos
sostenido que si simplificábamos la tributación de las pymes íbamos a
aumentar el empleo y la recaudación. Quisiera informar a la Cámara que en
el primer trimestre del año 1998 las retenciones de trabajo recaudadas
por pequeñas y medianas empresas han aumentado el 18 por ciento. Esta es
una cifra que creo que indica claramente, por un lado, la mejora del
empleo y, por otro lado, sin duda, la afloración de situaciones
irregulares que en nada benefician ni a las empresas ni a los
trabajadores.
Esta nueva fiscalidad de las pequeñas y medianas empresas se incorpora a
esta reforma del IRPF, como no podía ser de otra manera, y únicamente
cabe destacar la novedad de la equiparación de la tributación de
plusvalías empresariales al resto de las plusvalías, si bien en el caso
de los empresarios, para equipararlos al tratamiento de las grandes
empresas, podrán diferir la tributación en caso de reinversión.
Desde el punto de vista de financiación autonómica, como la Cámara sabe y
ha sido objeto de muchos debates, este impuesto se configura como un
impuesto parcialmente cedido a las comunidades autónomas, dedicándose el
título IV de la ley a la regulación del gravamen autonómico o
complementario. En este ámbito está presente un principio básico: la
reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas no va a
modificar el modelo de financiación autonómica, cuya vigencia está
prevista hasta el año 2001, ni las cuantías a recibir por las comunidades
autónomas. En atención al principio de corresponsabilidad fiscal, la
rebaja del impuesto se ha producido en la tarifa estatal, sin que afecte
al tramo cedido a las comunidades autónomas, si bien, atendiendo a la
petición de las comunidades autónomas que habían aceptado el modelo y que
son mayoría en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que tuvo su
sesión el 27 de marzo de este
mismo año, se va a producir también una modernización de la tarifa
autonómica, haciéndola más simple y adecuándola a este nuevo impuesto.
La simplificación del impuesto --quisiera mencionarlo brevemente--
supone, para empezar, adecuar para muchos españoles las retenciones a la
obligación que tienen de pagar. En ese sentido, se establece en el
proyecto que las rentas salariales inferiores a tres millones y medio de
pesetas, a las que reglamentariamente habrá que definir qué otras rentas
se pueden incorporar, no tendrán obligación de presentar declaración.
Esto supone que aproximadamente uno de cada tres españoles no va a
presentar declaración, y con 14 millones de declaraciones estamos
hablando de unos cinco millones de personas que no tendrán que presentar
declaración y que, si tienen derecho a devolución, ésta les será hecha de
oficio automáticamente. El nuevo sistema de mínimo personal va a permitir
hacer la declaración a los ciudadanos sin que tengan que meterse en una
maraña de deducciones y desgravaciones como las que conocen en este
momento, con una reducción sustancial de la complejidad formal del propio
impreso que rellenan.
He mencionado los efectos que van a tener la simplificación y la lucha
contra el fraude, pero el proyecto también incorpora medidas normativas
dirigidas específicamente contra el fraude, especialmente para evitar las
elusiones fiscales a través de la ingeniería financiera. Se endurece el
régimen fiscal para los contribuyentes que, residiendo en nuestro país,
cambien de domicilio a un paraíso fiscal, ya que deberán seguir
tributando en nuestro país durante los cuatro ejercicios siguientes. No
podrán deducir las pérdidas patrimoniales que se obtengan de la venta de
activos cuando éstos se recompren en un corto plazo --de esta forma vamos
a evitar la generación de pérdidas ficticias--, y los partícipes de un
fondo de inversión domiciliado en un paraíso fiscal declararán cada año
como rendimiento al menos un 15 por ciento del valor de su participación.
Estas medidas están en línea con las que hemos ido adoptando a lo largo
del tiempo, y aquí también me gustaría hacer a la Cámara un resumen de
los efectos de nuestras medidas tributarias sobre la internacionalización
de la empresa. En 1995, las inversiones españolas en paraísos fiscales
suponían el 35 por ciento del total; en 1997, han supuesto el 4 por
ciento del total (Aplausos.), y en 1998 todavía se van a reducir con
mayor intensidad.
Además, esta reforma del IRPF también va a venir acompañada de un plan de
modernización de la Administración tributaria que SS. SS. --al menos los
de la Comisión de Economía-- ya conocen, y uno de cuyos objetivos, como
he dicho, será aumentar en 160.000 millones los efectos de la lucha
contra el fraude.
Señor presidente, señorías, el Gobierno remite a la Cámara un proyecto de
gran importancia, que sin duda responde a planteamientos programáticos
del Gobierno, pero también de otros grupos parlamentarios. Es una ley que
va a reducir el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre
todos los ciudadanos, y especialmente sobre los de rentas más bajas.
Habrá más de 1.700.000 contribuyentes que hoy pagan el Impuesto sobre la
Renta y que no van a pagar nada a partir de esta ley, de ellos 600.000
pensionistas. Otros cinco millones de españoles no tendrán que presentar
declaración y su derecho a devolución, si es que lo tienen, se hará de
oficio automáticamente.
Este nuevo IRPF representa una rebaja media del 11 por ciento, pero para
las rentas inferiores a dos millones de pesetas será del 30 por ciento, y
si estas rentas son salariales, del 50 por ciento. Esto quiere decir que
se reduce notablemente el impuesto, especialmente para las rentas más
bajas. Creo que venimos a corregir una situación injusta de la ley del
año 1991 y que, además, venimos a dotar a la sociedad española, en un
momento histórico como es la incorporación al euro, de un impuesto
perfectamente homologable con el de otros países, que nos asegura mayores
capacidades de crecimiento, mayores capacidades de empleo y mayores
capacidades de sostenibilidad presupuestaria en el medio y largo plazo.
Es un impuesto en el que en el peso del conjunto
--si me permiten la expresión-- de la tarta tributaria, la moneda,
la gran moneda que algunas veces veíamos en anuncios de cómo se repartían
los impuestos, los ciudadanos con menores rentas van a verse
beneficiados, en el conjunto de la recaudación, en 250.000 millones, que
serán aportados por los ciudadanos de mayores rentas, eso sí, en un
conjunto de reducción para todos los ciudadanos. Este es un nuevo
impuesto más sencillo, más transparente, más pensado para el ciudadano de
a pie.
Comienza ahora, señor presidente, un trámite que espero que sea
fructífero e importante de este tratamiento. Es claramente voluntad del
Gobierno y de los grupos que le apoyan que este impuesto esté en vigor el
1 de enero de 1999, por lo que tenemos por delante de nosotros intensas
semanas de trabajo y espero que intensas semanas de alternativas y de
consenso.
La voluntad del Gobierno es que si los principios de mejora de las rentas
salariales, sobre todo de las más bajas, de mejora de la situación de las
familias, sobre todo de las que tienen mayores responsabilidades, de
simplificación del impuesto, de neutralidad del ahorro, de homologación a
Europa y de efectos positivos sobre el empleo son compartidos por la
Cámara, a partir de ahí, el Gobierno está dispuesto a escuchar y a
aceptar las mejores alternativas.
Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor vicepresidente.
El Pleno se reanudará a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las dos y cincuenta minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Se reanuda la
sesión.
Han sido presentadas cuatro enmiendas de totalidad de devolución, dos de
ellas del Grupo Parlamentario Mixto y las dos restantes del Grupo Federal
de Izquierda Unida y del Grupo Socialista, respectivamente. En primer
lugar, advirtiendo a SS. SS. que han de compartir el tiempo que les
corresponde como grupo parlamentario, tiene la palabra, para la
presentación de su enmienda de totalidad, el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente.
Señoras y señores diputados, el Gobierno presenta a discusión el proyecto
de ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas con la
intención de modificar su actual configuración, su actual estructura,
porque, según su criterio, el actual modelo del IRPF perdió elasticidad
recaudatoria y, además, hay que adaptarlo a las condiciones que exige el
cumplimiento del Pacto de Estabilidad y la Unión Económica y Monetaria.
El Gobierno también asegura que con la reforma se pretende una mayor
equidad en los tributos, mejorar el tratamiento fiscal de las rentas del
trabajo y de las familias.
El Gobierno pretende presentar a la sociedad una reforma del sistema
impositivo dándole un aspecto atractivo, como un regalo de cumpleaños
envuelto en un precioso papel de colorines y con un llamativo lazo para
que la sociedad lo reciba con alegría. Lo que el Gobierno no le dice a la
sociedad es lo que contiene el paquete, sólo deja ver la apariencia. Y
después de escuchar la intervención de esta mañana del señor ministro, es
evidente que el Gobierno presenta una reforma del IRPF que en este
momento debería tener preocupadas a las clases pudientes de este país. Yo
no sé si se habrá producido una bajada en Bolsa, porque usted amenaza
nada menos que con seguir recaudando más precisamente de los sectores de
rentas más elevadas mientras que, según usted, esa reforma va a
beneficiar a las rentas más bajas.
Por tanto, el Gobierno regala a la sociedad una reforma que, según dice,
consiste en disminuir los impuestos, disminución de la que todos se
beneficiarán, y más aún los que menos tienen; mantener --supongo-- al
mismo tiempo las prestaciones sociales, la sanidad, la educación, las
pensiones, etcétera, y, además, la reforma nos conducirá --hay que
decirlo así-- casi al paraíso: fomentará el ahorro y, por tanto, habrá
más inversión, lo que creará más empleo, se incrementará el consumo,
etcétera.
Creo que es un bonito discurso; sin embargo, nosotros creemos que lo que
el Gobierno ofrece a la sociedad es un regalo envenenado. El Gobierno
ofrece a los ciudadanos pagar menos y recibir más; en suma, la cuadratura
del círculo. Yo estoy seguro de que a todos nos gustaría haber encontrado
esa fórmula magistral que el Gobierno nos propone; que a todos nos
gustaría vivir en una sociedad en la que se diesen esas condiciones.
Sin embargo, el Bloque Nacionalista Galego se opone a la reforma del IRPF
que propone el Gobierno, y no porque creamos que la fórmula vigente fuese
especialmente justa y equitativa, sino porque lo que pretende la reforma
empeora lo existente, tanto desde el punto de vista de la recaudación
como de la progresividad del impuesto. Además, en principio, nos oponemos
desde una posición nada fácil, ya que el Gobierno nos presentará como los
defensores de mantener la pesada carga impositiva sobre los ciudadanos;
es decir, que es mucho más fácil el discurso de que se van a disminuir
los impuestos, algo que resulta muy agradable a los oídos de todos, pero
nosotros nos oponemos por sentido de la responsabilidad con los
ciudadanos, que deben saber que no existen duros a cuatro pesetas.
Desde otro punto de vista, la reforma que propone el Gobierno va a
beneficiar fundamentalmente a las rentas más altas, sean salariales o del
capital, por más que algunos otros sectores salgan algo beneficiados en
un primer momento, y, además, muchísimas de las rentas más bajas no se
beneficiarán en nada con el nuevo modelo.
Por otra parte, si se produce una disminución en la recaudación vía
impuestos directos de la magnitud que el propio Gobierno avanza, en torno
a los 600.000 millones de pesetas, inevitablemente se van a producir
consecuencias: o bien se disminuyen las prestaciones sociales, los gastos
en infraestructuras, etcétera, o bien el Gobierno planteará a corto plazo
incrementar la recaudación por otras vías impositivas, o ambas cosas a la
vez, que es lo más probable.
Muchos analistas han puesto de manifiesto con ejemplos concretos cómo se
consagra en esta reforma la ruptura de la equidad horizontal,
perjudicando a las rentas del trabajo frente a las del capital, y reduce,
además, de manera alarmante la progresividad actual del impuesto a través
de varias vías: reduciendo el número de tramos de la tarifa; reduciendo
el tipo marginal aplicable a las rentas superiores a once millones de
pesetas, que pasa del 56 al 48 por ciento, que es una reducción muy
superior a la aplicada a las rentas medias y bajas; mediante el traslado
de deducciones de la cuota a la base imponible, establecimiento de un
discutible mínimo vital.
Tampoco el tratamiento que se le da a la vivienda corrige las
deficiencias actuales y, sin embargo, creemos que empeora las condiciones
de acceso a la propiedad de los contribuyentes con rentas más bajas.
El Gobierno del Partido Popular en realidad viene dando sucesivos pasos
en el tema de la fiscalidad que caminan claramente hacia la configuración
de un sistema impositivo cada vez más injusto, que beneficia cada vez más
a las grandes rentas y que perjudica a las rentas menores, y lo hace
porque ésa es su filosofía política, como lo es la privatización de
empresas públicas o la renuncia al papel que el Estado debe jugar como
instrumento que corrija las desigualdades que se producen entre los
individuos y los territorios como consecuencia del funcionamiento del
sistema económico.
El modelo fiscal que se aplique tiene que ver con el modelo de sociedad
que se defiende. Por tanto, no estamos ante una reforma neutra o de
carácter meramente técnico, estamos ante un nuevo paso en la
configuración de un modelo fiscal y, por consiguiente, un modelo social
más injusto. La reforma del IRPF se hace, además, en un contexto en el
que la presión fiscal por este concepto es menor que la media europea y
cuando las prestaciones que a los ciudadanos brinda el denominado Estado
de bienestar también son más reducidas que las que se prestan en el resto
de Europa. Por otro lado, la modificación del modelo de IRPF abre
interrogantes, a pesar de lo que asegura el Gobierno, acerca de la
viabilidad del actual sistema de financiación de las comunidades
autónomas, al alterar las previsiones de ingresos por este concepto, por
más que algún Gobierno autónomo parezca que se haya asegurado previamente
de que el coste de la reforma desde el punto de vista de la financiación
autonómica será asumido por el Gobierno central. Se evidencia además con
esta reforma que la capacidad normativa de las comunidades autónomas en
este terreno queda subordinada a lo que decida el Gobierno central en
cada momento, quedando claro cuáles son los límites de la pretendida
capacidad normativa.
El Bloque Nacionalista Galego presenta esta enmienda de totalidad al
proyecto de ley del Gobierno porque está en desacuerdo con la filosofía
que lo inspira, porque persiste en la vía de configurar un modelo fiscal
regresivo en el que las rentas altas contribuyan menos, negando así el
carácter redistribuidor de la riqueza, y porque a la larga las
modificaciones que se proponen traerán consecuencias negativas para la
mayoría de los ciudadanos, por más que esas consecuencias no se perciban
a corto plazo. La reforma de la disminución de los ingresos por vía del
IRPF repercutirá en los contribuyentes por otras vías.
Nosotros sí creemos que el Gobierno debería preocuparse más por combatir
el fraude fiscal, que se produce fundamentalmente entre aquellos que
disponen de mucha más renta. Lo que desde nuestro punto de vista no es
admisible es que una sociedad con unas elevadas tasas de paro, con
pensiones cuya cuantía es bien reducida y sobre las que pesan nuevas
amenazas de recorte, que sufre recortes en las prestaciones farmacéuticas
o con problemas para financiar una enseñanza de calidad, proponga rebajar
la recaudación a la Hacienda pública por la vía de favorecer a los que ya
tienen una posición social privilegiada. El Gobierno debería proponer un
sistema fiscal que contribuyese a la redistribución en beneficio de los
que menos tienen, un régimen fiscal progresivo, pero ha escogido el
camino contrario y nosotros no podemos estar de acuerdo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En segundo lugar, tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, quiero, en primer lugar, en nombre de los
diputados de Nueva Izquierda e Iniciativa per Catalunya, explicar de
forma muy simple las cuatro razones que nos llevan a sustentar nuestra
enmienda a la totalidad. La primera razón es que la reducción de ingresos
públicos que va a suponer esta reforma fiscal, superior a medio billón de
pesetas, va a poner en peligro en el futuro el Estado de bienestar. La
segunda es que esta reforma fiscal mantiene y profundiza el trato
privilegiado de las rentas del capital y empresariales, y esta es la
causa, señor Rato, de que el IRPF sea hoy, y va a continuar siendo, el
impuesto sobre las nóminas. La tercera razón es que esta reforma fiscal
disminuye brutalmente la progresividad del impuesto. A partir de esta
reforma fiscal no sólo los hijos de los ricos van a valer más que los
hijos de los pobres, sino que también los libros de los ricos van a ser
más baratos que los libros de los pobres, y esto es un ataque brutal a la
progresividad fiscal. Y la cuarta razón es, en contra de lo que el señor
ministro ha dicho, que la propuesta de reforma fiscal que el Gobierno del
Partido Popular nos plantea dinamita el actual sistema de financiación
autonómica. Vamos a pasar de un incipiente sistema de corresponsabilidad
fiscal a un sistema de compensación fiscal.
En síntesis, hacemos esta enmienda a la totalidad porque creemos que esta
reforma que se nos propone es injusta, es insolidaria, es ineficaz y
pensamos que muchos sectores sociales comparten esta opinión. Y quiero
resaltar hoy un acuerdo importante que ayer se produjo en Cataluña entre
el Partido Socialista, Iniciativa per Catalunya, Els Verds, Comisiones y
UGT de rechazo de esta reforma fiscal y de proponer líneas alternativas a
la reforma fiscal que el Gobierno del Partido Popular nos propone.
Pero, señor Rato, señorías, quisiera ilustrar, para desvelar la
orientación de política fiscal del Gobierno, qué está haciendo el
Gobierno con el fraude fiscal. El señor Rato nos ha hablado hoy un
poquito del fraude fiscal. Pero el fraude fiscal, excepto en lo que hace
referencia a los paraísos fiscales, que es positivo, está ausente
del proyecto de ley de reforma fiscal, y eso no es ninguna casualidad. El
señor Rato nos ha relatado las cantidades de dinero que se van a cobrar
en el futuro por la lucha contra el fraude fiscal. Señorías, el 28 de
mayo el Gobierno decía en El Gobierno informa: La Inspección ha cumplido
en el primer cuatrimestre sus objetivos. Simultáneamente, paralelamente,
hay documentos de la Agencia Tributaria, de carácter reservado, que
explican la realidad actual del funcionamiento de las actas de inspección
y de la deuda tributaria. Los números son escalofriantes, son
escandalosos. Sólo les voy a dar un número; después, si el señor Rato
quiere, le puedo dar muchos más. En el período de enero a mayo de 1997 se
levantó deuda por valor de 214.538 millones de pesetas. Señor Rato, usted
debe saber (yo creo que ha de saber) que en enero-mayo de 1998 hemos
pasado de 214.000 millones a 118.000 millones. Ha habido una disminución
de 96.377 millones; prácticamente, el 45 por ciento. Le repito la cifra:
en un orden de magnitud de 200.000 millones en los primeros cinco meses,
hemos pasado a un orden de magnitud de 96.000 millones. Eso sí, hay un
documento que se ha distribuido entre la dirección de la Agencia
Tributaria que ruega la máxima discreción en el manejo de esos datos.
Señor Rato, usted no puede venir aquí a decir, como ha hecho, que no se
puede hablar de un impuesto progresivo si no se lucha contra el fraude
fiscal --cosa que comparto-- y, al mismo tiempo, tener usted hoy una
gestión contra el fraude fiscal verdaderamente desastrosa. Y quiero
decirle una cosa, señor Rato: el Gobierno no informa, el Gobierno miente.
(Un señor diputado del Grupo Parlamentario Popular: Bueno, bueno.) Sí,
sí, el Gobierno está mintiendo. Y yo quiero que hoy, aquí, el señor Rato
me replique las cifras. Que me replique si es verdad o no que en cinco
meses las actas de inspección que se han levantado por la Agencia
Tributaria han bajado 100.000 millones. ¿Se acuerdan ustedes del
escándalo de los 200.000? Pues esto es la mitad, en cinco meses. Y la
pregunta que le formulo es: ¿Por qué no nos habla usted de estas cifras,
señor Rato?
Este desastre de la lucha contra el fraude se puede imputar a muchas
cosas: a que ustedes entraron como un elefante en una cacharrería en la
Agencia Tributaria; a que han sido incapaces de implementar correctamente
el Estatuto del Contribuyente; a que tienen un conflicto laboral
importantísimo en la Agencia Tributaria. Les podría hacer relación de
muchas de sus políticas, pero todas se resumen en una: ustedes no tienen
voluntad de luchar contra el fraude fiscal porque éste se produce
fundamentalmente en los sectores económicos más poderosos, que son los
que ustedes benefician con su política económica. Y esa misma orientación
en la lucha contra el fraude fiscal es la orientación que subyace en la
propuesta de reforma fiscal que ustedes nos hacen. Señor Rato, quiero que
usted replique a los números que he expuesto; que explique por qué
miente. Y le adelanto que si no lo hace vamos a pedir su comparecencia
para que lo explique y, posiblemente, le vamos a pedir responsabilidades.
Quiero acabar diciendo por dónde deberían pasar las líneas generales de
una propuesta alternativa para los diputados y diputadas de Nueva
Izquierda-Iniciativa per Catalunya y creo que para todos los sectores
progresistas de este país. Fundamentalmente son seis las líneas
alternativas. Primera: No se puede realizar una reforma fiscal que
signifique una disminución brutal de los ingresos públicos, porque eso
pondrá en cuestión el Estado de bienestar en el Estado español, que aún
está muy por debajo de la media de la Unión Europea. Segunda:
Evidentemente, es necesario mejorar el tratamiento de las rentas
salariales, pero hay una cosa mucho más importante aún, señor Rato:
eliminar los privilegios de las rentas de capital. Hay que mejorar las
rentas salariales, pero lo que no se puede hacer es sacar del IRPF las
rentas del capital. El otro día, un inspector de la Agencia Tributaria me
decía: a este paso, dentro de muy poco las rentas de capital no van a
tributar en este país. Entonces, señor Rato, es evidente que no hará
falta que vayan a los paraísos fiscales. ¿Por qué van a ir a los paraísos
fiscales, si aquí no tendrán que pagar impuestos? Pueden regresar al
Estado español. Tercera: Mantener el carácter progresivo del impuesto con
las deducciones, con las tarifas. No tiene ningún sentido que pague la
misma tarifa una persona que gana 4.100.000 pesetas que una que gana más
de 6 millones. Cuarta. La necesidad de subir el Impuesto sobre
Sociedades. El señor Rato sabe mejor que yo que el diferencial entre el
Impuesto sobre Sociedades y el tipo máximo del IRPF es uno de los
elementos de elusión fiscal más importante de este país. Por tanto,
estamos proponiendo disminuir ese diferencial y hacerlo en consonancia
con lo que hoy existe en la Unión Europea. El quinto elemento es que,
aprovechando este debate fiscal, también el Estado español se coloque
donde otros países se han colocado, iniciando un proceso de reflexión y
de reformas para implantar impuestos ecológicos. No estamos diciendo que
en esta ley se implanten impuestos ecológicos, pero sí vamos a proponer
que por esta ley, en una disposición adicional, se cree una Comisión de
expertos que en un plazo determinado estudie, comparando lo que ha estado
ocurriendo en algunos países de Europa, la posibilidad de iniciar un
proceso de tasas ecológicas. Y el último punto es el del fraude fiscal.
Modificar la legislación del delito fiscal y, evidentemente, que lo que
se nos diga sea verdad.
Señor Rato, acabo con tres (consejos no; no pienso aconsejarle, porque no
soy nadie para aconsejar) ruegos. Primer ruego: no hable usted de equidad
fiscal con su gestión de fraude fiscal. No tiene legitimidad para
hacerlo. Le ruego que conteste. Segundo ruego: no mientan. No digan lo
que va a pasar, digan lo que
está pasando y traigan números. Y tercer ruego: ustedes están vendiendo
esta reforma fiscal hoy como un caramelo dulce, pero usted sabe que éste
puede ser en el futuro un caramelo amargo. Modifique la reforma fiscal,
atienda hoy las peticiones sociales y políticas de una gran parte de esta
población y, sobre todo --insisto--, no nos venda un caramelo que,
posiblemente, será un caramelo amargo.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE
(Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Saura.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para la
presentación de su enmienda de totalidad, tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor presidente, señorías, señor Rato, la verdad
es que usted es un hombre brillante y esta mañana nos ha hecho un buen
análisis de las cosas que pasaban antes de llegar usted al Gobierno. Lo
malo es que las conclusiones a las que llega sobre lo que se debe hacer
para superar esa realidad no coinciden en nada con nuestro planteamiento.
Llevan ustedes desde enero poniendo un caramelo en la boca de los
españoles. Desde enero para acá da la impresión de que ustedes han bajado
los impuestos ya cuatro veces, y todavía no hemos empezado a masticar el
propio caramelo. Lo cierto y verdad es que a nadie le amarga un dulce. Si
pregunta a los españoles si quieren pagar menos impuestos, le van a
responder todos que por qué no. Nosotros no compartimos esa filosofía.
Nosotros queremos defender una cultura fiscal diferente a esa, la cultura
con la que nos encontramos cuando vamos a pagar el impuesto, ahora que se
está haciendo la declaración, y es la sensación de que en este país
solamente pagan los que no se pueden escapar, los que están en las
nóminas, porque los demás buscan el escondite, el recoveco para no pagar.
Hay la sensación de que el que puede no paga y, además, hay la sensación
de que los que tienen no pagan. Eso es lo que deberíamos haber hecho para
hacer frente a esa realidad.
Una reforma hay que venderla o hay que justificarla en función de qué
realidad tenemos y cómo corregimos esa realidad. Esta reforma, señor
vicepresidente, no beneficia a todos los españoles; creo que esta reforma
técnicamente no es la mejor y, además, creo que no sirve para generar
empleo, sino para generar fondos de inversión. Eso sí, porque en dos años
que llevan gobernando hemos pasado de 24 a 32 billones de pesetas en
fondos de inversión. Y ahí está lo importante, que los que están haciendo
la declaración de la renta ahora y que les sale a pagar, lo hagan con el
compromiso de que están consiguiendo mejores escuelas para el futuro y lo
que significa la enseñanza secundaria, mejores hospitales para el futuro
y garantía de que, cuando yo como español esté en paro, esté enfermo o
necesite pensión o invalidez la voy a tener asegurada. Pero lo cierto y
verdad es que así no se está abordando ese planteamiento a la hora de
hacer la declaración. No vemos que los que ingresan mucho dinero hagan
frente a esa obligación de pagar. Voy a poner un ejemplo: acaba de
producirse una venta de acciones por valor de 134.000 millones de pesetas
entre dos hermanas y ¿cuánto van a pagar esos 134.000 millones de
pesetas? Son 134.000 millones de pesetas que entran al bolsillo. Hombre,
¿cómo explicarle a un español que gana dos millones que sí tiene que
pagar y que, además, sale beneficiado? Habrá que poner en comparación los
volúmenes de dinero de los que pudiéramos estar hablando.
Por eso, señor presidente, subo a esta tribuna con tres objetivos.
Primero, romper el trámite de propaganda que ustedes llevan a cabo con la
reforma del IRPF. Segundo, demostrar que no beneficia a todos, y,
tercero, hacer frente a una reforma que sí necesitamos los españoles.
En primer lugar, que paguen todos los que deben pagar, que se rompa el
fraude, no con palabras sino con hechos. En segundo lugar, que podamos
hacer realidad que paguen por todo lo que se debe pagar. Es decir, que
las rentas de capital, las rentas con plusvalía, paguen en este país en
una proporción similar. ¿Por qué un millón obtenido en acciones no paga
igual que un millón obtenido trabajando; por qué tiene que estar
castigado el millón que se obtiene trabajando y no el que se obtiene con
las acciones?
Por tanto, voy a intentar argumentarle ese objetivo que me trae a esta
tribuna con los datos de que disponemos, con los datos que ustedes han
puesto a nuestra disposición, que la verdad es que lo han ido haciendo
paulatinamente, conforme se acercaba el debate en este Pleno.
Además, me gustaría decir una cosa: el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida quiere comprometer a la sociedad para cambiar esta
reforma. Queremos dirigirnos a esta sociedad para apoyar a los agentes
sociales y a los sindicatos que rechazan esta propuesta. Porque hay gente
que la apoya, es verdad; la CEOE la apoya, los sectores financieros la
apoyan, pero también hay gente que está en contra: los cooperativistas
están en contra, así como los pensionistas, a los que ustedes prometieron
en su programa electoral que la invalidez permanente total estaría exenta
del IRPF y no tributaría, lo que aquí no se recoge; pero hay otros
españoles que salen más o menos beneficiados.
A mí me gustaría que con las propuestas que hacen UGT y Comisiones
Obreras se pudiera articular una respuesta desde la izquierda,
comprometiendo a ese trabajo de rechazo desde la sociedad, y hacerlo
desde la voluntad concreta de articular una respuesta que vaya a
traducirse en alternativas concretas. Y esto significa basarse en una
cultura fiscal. No se puede hacer
desde la idea de que paguen menos y cuanto más mejor. Eso hay que hacerlo
desde una progresividad en las rentas del trabajo, que las rentas más
altas paguen más que las rentas más bajas; hace falta que eso se haga
tributando las rentas de capital; hace falta que las rentas y las
retenciones de empresarios y profesionales sean ajustadas a la realidad.
En este país no hay quien se trague que la media de declaración de los
trabajadores esté en 1.300.000 pesetas al año y que la media que declaran
nuestros empresarios y nuestros profesionales sea de 900.000 pesetas.
Esto es el mundo al revés. ¿Cómo los empresarios tienen menos retención
que los trabajadores? Y este mundo al revés hay que romperlo. Es verdad
que se pueden buscar muchas fórmulas; es verdad que se derivan hacia
sociedades muchas cosas que no debían derivarse. Por tanto, queremos que
se haga desde esa alternativa. Y, finalmente, la opacidad. Opacidad
porque hoy nos encontramos en un fraude creciente, en un fraude que no se
reduce.
Sin embargo, voy a volver al tema de por qué no beneficia a todos los
españoles. Todos los españoles no se benefician de esta reforma porque
tres millones de españoles que estaban dentro de los datos que daba usted
esta mañana, que ganan menos de 1,5 millones de pesetas al año, ya este
año están exentos, no necesitan esperar a la reforma del 1 de enero de
1999. La Ley de Presupuestos del año 1998 y el Real decreto 115, también
del año 1998, que plantea unas retenciones diferentes, va a hacer que
este año ya no paguen. Por tanto, las rentas bajas no se benefician de su
reforma, están ya fuera tres millones de españoles (Varios señores
diputados pronuncian palabras que no se perciben.) Será con otra ley,
pero no con esta reforma. Cuando se explican las cosas hay que buscar los
datos y compararlos con los datos que tenemos hoy.
Segundo, dos millones de españoles que ganan menos de 2,5 millones de
pesetas, que antes deducían su vivienda habitual, con el nuevo sistema,
acumulando todas las deducciones, no va a hacer falta que se lo puedan
deducir, porque ya hay una sobrecarga de deducciones. Las rentas bajas,
en esas cifras, no se van a beneficiar de ello, porque no pueden acumular
deducciones. Por eso, el sistema que usted propone beneficia a la base
imponible más alta, a los que ganan más, porque pueden acumular todas sus
deducciones; los que tienen dos millones, cuando les rebajen las tres
primeras deducciones que ha planteado, se ha terminado, no les queda más
para pagar, no se pueden deducir su propia vivienda.
En tercer lugar, los 604.000 españoles que hasta ahora se deducen el
alquiler de la vivienda, con esta reforma no van a poder beneficiarse; a
partir de ahora no van a poder beneficiarse porque ustedes eliminan la
reducción por alquiler de la vivienda, y hay 604.000 españoles que hasta
ahora sí se han beneficiado. En cuarto lugar, los 17.000 españoles que
son pensionistas por invalidez permanente total, que no están exentos de
la renta en su indemnización. En quinto lugar, la ONCE, porque han tenido
la idea genial de poder plantear una retención a los premios. Es verdad
que lo han hecho mejor, lo han metido después de una disposición
adicional: nos vamos a declarar como premiados de todos los premios,
vamos a ver un porcentaje. No lo especifican, ya lo explicarán después de
esta reforma. Por tanto, hay unos españoles que no se benefician.
Dicho esto, tengo que reconocerle que hay unas ventajas, unas migajas,
que sí dan cobertura a lo que yo considero el centro o el objetivo de la
reforma. Es verdad que los casi tres millones de españoles que ganan hoy
de dos a tres millones de pesetas van a tener una reducción fiscal, en
torno a 45.000 ó 50.000 pesetas al año; es verdad que han mejorado
rendimientos del trabajo, pero también es verdad que las capas
intermedias, los españoles que ganan de tres a ocho millones de pesetas,
quedan muy paralizadas, son las perjudicadas en esta reforma.
Yo tengo un gráfico comparativo con la posibilidad de retenciones en
función del año 1998 y las de su propia reforma. Si usted mira de un
millón y medio a siete millones, la evolución de minoración va muy
paralela para todos los tramos, sean dos, cuatro, cinco, siete millones,
pero empieza a abrirse, a beneficiarse más, en la medida en que crecen
los ingresos. Llegamos a 11 millones, ya es mayor; a 15 millones, ya es
mayor; a 60 millones, ya es mayor; a 100 millones, ya es mayor, el 14 por
ciento. En 11 millones, el 6 por ciento y el 14 por ciento en 100
millones, que en cifras y pesetas significa que los españoles que ganan
más de 30 millones de pesetas se pueden beneficiar en 3.200.000; los que
ganan 12 millones, en un millón y medio. Es verdad que también se
benefician los otros pero, ¿a quién beneficia esta reforma? Más a los que
más tienen.
Ese planteamiento que yo le reconocía es el que queremos corregir. Por
tanto, desde nuestro punto de vista, los beneficiarios son los 100.000
millones de pesetas que ustedes ponen en el 1 por ciento de los
contribuyentes que ganan más de 12 millones de pesetas al año --134.000
españoles--. No consideramos justificado que esos 100.000 millones de
pesetas se los pueda ahorrar el Estado, porque ustedes, este año, no han
encontrado 100.000 millones de pesetas para hacer un plan de empleo;
porque este año ustedes van a hacer que las recetas sean pagadas por
pensionistas hasta 60.000 millones de pesetas porque no había dinero en
el Estado; porque este año ustedes han dejado de pagar el complemento de
mínimos hasta 300.000 millones de pesetas; porque ustedes recortan dinero
en el INEM; porque ustedes no cumplen el compromiso al que llegaron en el
año 1996 con los sindicatos, que era incrementar el gasto social en el
mismo nivel que el PIB, no el 2,1 sino igual que crece el PIB nominal.
Esa es la gran diferencia de la que se ha hablado aquí esta tarde. No es
lógico hacer frente a una minoración de 500 ó 600.000 millones de pesetas
--ya veremos al
final qué será--, que es verdad que van a estar amortiguados en los
primeros años. Esa es una razón más para no estar de acuerdo con la
reforma. ¿Cómo se puede explicar al país que en los años en que se gana
dinero, en los años en que la economía crece el 3,8 por ciento, en el año
en que los beneficios que está liquidando la banca van del 20 al 30 por
ciento, en que las empresas están liquidando beneficios altos, hay que
bajar los impuestos? ¿Qué pasará cuando la economía vaya mal? No es
posible que sea así, por lo menos no es urgente ese planteamiento; es
urgente en el calendario electoral, no es urgente en la realidad política
y social de nuestro país. Por eso creemos que la reforma beneficia a esos
sectores.
Hay que mejorar. Usted reconocerá que la reforma que ustedes plantean no
hace frente a la realidad de la retención de empresarios y profesionales.
A mí me gustaría saber qué se puede hacer para incrementar esas
retenciones, que sean reales, similares a la realidad de este país. Por
ejemplo, sería bueno saber de qué manera se va a actuar sobre los
rendimientos de capital. Lo decía usted esta mañana y puede que no le
falte razón, pero entienda que yo me sitúe en una dinámica distinta.
Usted ha explicado esta mañana lo que significó la reforma de 1991 y lo
que significa ésta. Ni compartí la reforma de 1991 ni hoy tengo por qué
acordarme de ella. Hoy estoy hablando de un Gobierno que ha hecho una
propuesta. Por eso le pregunto qué va a hacer para que las rentas de
capital paguen en proporción a lo otro. Además, lo que es camuflaje de
rendimientos. Por ejemplo, ¿qué van a hacer ustedes para que la tenencia
de bienes o la cartera de valores tenga transparencia fiscal obligatoria
o que por lo menos tribute a un porcentaje serio en el Impuesto sobre
Sociedades? El Impuesto sobre Sociedades está en el 35 por ciento, pero
eso es de marginal; en realidad, la media está en un 23 por ciento. Por
tanto, hay que buscar fórmulas: la doble imposición, los rendimientos en
paraísos fiscales, la información en paraísos fiscales.
Cuando hablábamos hace poco con UGT nos decían que no entendían por qué
ustedes, que no van a cumplir el pacto sobre pensiones que firmaron con
ellos, se plantean hoy esta reforma o reducción de ingresos. Cuando
hablábamos con Comisiones nos preguntaban por qué se pierde progresividad
y por qué ustedes no mantienen un mínimo de suficiencia en sus
propuestas. Cuando hablábamos con los pensionistas nos preguntaban por
qué no se podía hacer frente a esas migajas. Veinte organizaciones nos
han pedido que presentemos enmiendas. Usted nos ha mandado 42 estudios,
que hemos leído y que vamos a seguir leyendo, pero sería bueno que además
nos planteara que otras voces, personas que no se ven bien representadas
en esta reforma, se encontraran mejor representadas.
Para terminar, señor presidente, ¿cuáles son las dos grandes novedades
que ustedes introducen y por qué nosotros no las compartimos? La primera
novedad es el mínimo vital, el mínimo personal o el mínimo familiar que
ustedes plantean, que significa 550.000 pesetas por cónyuge y, en función
del número de hijos, 200.000 ó 300.000 pesetas, según sean los dos
primeros o el tercero. Ese mínimo vital lo plantean como una gran
innovación, como algo positivo, y hablan de que beneficia a las familias;
es una especie de splitting corregido, aunque otros puedan plantear otra
solución de splitting. ¿Por qué no estamos de acuerdo? Por tres razones.
Primero, porque ustedes, que no igualan a la hora de conseguir los
ingresos, nos igualan a todos los españoles en las deducciones. Y no es
igual el mínimo vital que necesita un español si vive en Extremadura que
si vive en Madrid, si vive en la zona rural o si vive en la zona urbana.
No es lo mismo el mínimo vital de una persona que gana dos millones de
pesetas y se gasta íntegramente su sueldo en comer, vestir y vivir que
quien gana cien millones de pesetas y se lo gasta en lujo, en exceso,
aunque también pague por el IVA. Es verdad que crecerá el IVA, es verdad
que tienen un buen paraguas para los primeros años, puesto que ese
crecimiento amortiguará esta reducción. Cuando no tengan ese paraguas es
cuando se notará ese efecto.
En segundo lugar, las rentas más bajas no se benefician en su totalidad.
Usted ha sacado las cifras --lo ha dicho esta mañana en su explicación--,
tres millones y medio; bien, ya veremos si eso beneficia también a la
reducción de las declaraciones, porque dependerá. Usted ha dicho que se
hará automáticamente. Le voy a hacer una pregunta: ¿Cómo tendrán en
cuenta mis deducciones por vivienda para devolverme automáticamente, si
gano tres millones? Se tendrán que hacer declaraciones. No es verdad que
en todo; es verdad que en un porcentaje sí va a ser así, pero el
porcentaje se podría solventar de otra manera: mínimo exento, un millón y
medio; retenciones, regulados a eso. Nos hemos quitado cinco millones de
declaraciones de encima. Nos cuesta muy poco dinero: 80.000 millones de
pesetas, que los podemos obtener de otro lado. Se puede hacer otra
fórmula para poder hacer frente a esa propuesta, a esa voluntad. Me
parece positivo quitar burocracia, quitar aparato, quitar declaraciones
que no son necesarias. Eso es bueno.
En tercer lugar, ustedes dan una recompensa mayor con esta medida cuanto
mayor es la renta. Y, por último, los españoles de mayor renta pueden
tener doble beneficio. Le voy a poner un ejemplo. Los españoles que
obtienen más de 12 millones de pesetas pueden beneficiarse en los
marginales, puesto que el máximo de 56 pasa a 48 y sus primeras 600.000
pesetas del 20 pasan al 18. Sin embargo, los que están en las rentas más
bajas, en dos millones, nada más que se benefician en una, que es la
reducción del 20 al 18. Hay una diferencia de casi 2,7 veces a favor de
las rentas más altas.
La siguiente propuesta que ustedes han hecho como novedad: nueva tarifa,
agilidad, simplificación. Hoy,
con el programa Padre todo el mundo lo puede hacer sencillísimo. No sé
por qué es más simple el que se reduzcan los tramos. Le voy a explicar
por qué no es más progresivo, por qué rompen ustedes la progresividad.
Mientras a los españoles que van de 600.000 pesetas a dos millones les
ponen ustedes el 24 por ciento, a los españoles que van de dos millones a
cuatro millones les ponen el 28 por ciento (fíjese qué salto da de
porcentaje, del 24 al 28); a los que van de cuatro millones a seis
millones les ponen ustedes el 32 (hemos pasado del 24 al 32 hasta seis
millones); sin embargo, los otros dos tramos es un saltito chiquitito:
los que ganan de seis a doce millones les ponen el 45 y los que ganan más
de doce millones les ponen el 48; el salto es de tres puntos. ¿Quién sale
beneficiado en todo ese nuevo tramo, en esa nueva composición de la
tarifa? Porcentualmente salen más beneficiados en esta acumulación las
partes más altas, lo dicen las matemáticas, no lo dice otra realidad.
Reducir los tramos que ustedes han reducido, reducir los marginales, ha
significado beneficio superior a las rentas más altas. Por eso nosotros
no compartimos esa filosofía. En todo caso, nosotros estamos de acuerdo
en que deberíamos de agilizar...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Vaya concluyendo,
señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Muchas gracias, señor presidente, voy
concluyendo.
El problema de la reducción de tramos, la propia tarifa, aunque tampoco
la tarifa es un problema de tramos, es la voluntad política; no se puede
hablar de medias de reducción; hemos hablado de esa evolución de medias
en cuanto a lo que va a ser la realidad del coste efectivo de su
reducción. Según los datos con los que yo trabajo, que son los que usted
me ha dado, en los tramos de tres millones a nueve millones de pesetas el
ahorro en pesetas, el diferencial en tipos efectivos, no lo que es el
marginal y lo que significa la cuota íntegra y la cuota líquida, que va
del 0,75 al 1 por ciento, va beneficiándose de un diferencial a favor de
los ciudadanos de tres a nueve millones, pero en cuanto pasamos de nueve
millones el diferencial se dispara y es a favor de los tipos efectivos
del 2 por ciento cuando se gana 11 millones, del 5 por ciento cuando se
gana 15, y cuando se gana 100 millones, del 7 por ciento. El diferencial
juega a favor de las rentas más altas.
¿Qué le proponemos nosotros? Nosotros le proponemos una reelaboración de
este proyecto, y le estamos planteando una serie de iniciativas que
signifiquen mejorar, reconvertir, reorientar. Primero, un mínimo exento,
el mínimo exento que le he citado antes. Segundo, una tarifa de 12
tramos, que mantenga un marginal más progresivo, de los 12 millones en
adelante (a los 12, a los 20, a los 30, a los 100, de los que sí pagan,
que esos son los que declaran que ganan, luego están los que pueden ser
no declarados). Progresividad en las plusvalías, que los beneficios en
las acciones, en las ventas y en los ingresos del capital mobiliario
paguen igual, con la misma progresividad, del 18 al 48, ¿por qué no van a
pagar si son beneficios que entran en los bolsillos de los españoles?.
Transparencia y lucha contra el fraude. Yo señalaba el tratamiento de
transparencia fiscal obligatoria de la tenencia de bienes o la cartera de
valores, eliminar la doble tributación, la obligatoriedad de información
de los paraísos fiscales (Luxemburgo, Gibraltar, Andorra), y que el
gobierno del país que sea ponga en su conocimiento la identidad del
español que tiene allí rendimientos para que pueda ser ingresado aquí. Me
parece razonable que sea una fórmula de poder actuar. El delito fiscal
tiene que recuperarse. Decía antes un portavoz que me ha precedido en el
uso de la palabra que aquí la acumulación de delitos por fraude no lleva
consigo que nadie llegue a la justicia. Aquí uno por un pequeño hurto
como robar un bolso termina en la cárcel si es condenado, pero es que el
delito fiscal se ha puesto de una manera que da la sensación de que el
cuello blanco no hay manera de que pueda entrar. Hay que meter la cultura
de que el que la hace la paga, para que el que la haga la pague y sea una
fórmula de poner en orden al que no cumple para que legalmente se pueda
actuar.
Esa filosofía debe de ir acompañada de medidas para mejorar el alquiler
de la vivienda, hay que mejorar el tratamiento que ustedes le dan. Puede
hacerlo manteniendo la deducción; puede hacerlo con subvenciones. Estamos
de acuerdo en reducir los gastos fiscales; nosotros queremos deducciones
en la cuota no en la base, y esas deducciones transformadas en políticas
activas (vivienda, sanidad, etcétera). No estamos de acuerdo en mantener
gastos fiscales que han provocado la caída de la progresividad fiscal. El
régimen actual ha fracasado porque, junto a los ingresos que tenemos en
impuestos directos en el año 1998, según la declaración para este año,
hay 7,2 billones de pesetas en ingresos por impuestos directos, pero
tienen unos beneficios fiscales de 2,9. Lo que vamos a ingresar este año
son 4,1 billones de pesetas en impuestos directos. Sin embargo, en
impuestos indirectos vamos a ingresar 5,3 billones, 1,2 billones más en
impuestos indirectos que en impuestos directos. ¿Es esa la solución que
puede plantearse? Nosotros no consideramos que sea así, y estamos de
acuerdo en un nuevo tratamiento en el tema de la ONCE y en el tema de las
pensiones por invalidez. En suma, le estamos planteando modificar unos
criterios, modificar los efectos de su propia reforma y sobre todo
aclarar algunas cosas que son imprecisas. A mi me ha gustado oír esta
mañana cómo va usted a compensar a las personas que salgan perjudicadas
pero, ¿me puede explicar el procedimiento? Usted decía: los españoles que
se sientan perjudicados ahora por la adquisición de viviendas cuando
hagan la declaración conforme la hacían antes, tomaremos medidas para
compensarles. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Tendré
que presentar una declaración paralela? ¿Dónde lo haré? ¿Cómo lo haré?
¿Cómo se valorará? ¿De qué manera me lo pagarán? Eso queda a una
declaración de intenciones. Es la primera vez que lo veo en una ley.
Declaración de intenciones, igual que lo piensan hacer con otras medidas.
Sería bueno que no se deje para después. No quiero ser reglamentista,
aunque también entienda usted que aquello de Romanones de hagan ustedes
las leyes que yo haré los reglamentos, a mí no me gusta, pero porque
estoy en la oposición, a usted, que está en el Gobierno, a lo mejor le
gusta lo otro. Ya le pediré explicaciones o ya pediré control.
En suma, nosotros estamos convencidos de que es manifiestamente mejorable
para que lo primero que prime es que ustedes puedan hacer frente a las
obligaciones del Estado, que paguen más los que más tienen y que paguen
las rentas del capital. A esa reforma sería a la que nosotros haríamos
frente en este país, que es la que necesita nuestro propio país para
tener futuro.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ríos.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Martínez Noval.
El señor MARTINEZ NOVAL: Gracias, señor presidente.
Señorías, esta mañana hemos escuchado, pronunciado desde esta tribuna, un
discurso radical, de izquierda radical, aplaudido a rabiar por un grupo
de rojos peligrosos (Risas.) que se partían las manos escuchando al
ministro de Economía y Hacienda de la derecha española defender el
aumento de los impuestos de las clases altas y la reducción de los
impuestos, de los gravámenes fiscales de las clases bajas, de las clases
con rentas reducidas. Lo ha dicho un portavoz desde la tribuna: El mundo
está al revés. Pero el mundo no está al revés, lo que ocurre es que lo
que el ministro ha querido vender aquí esta mañana es falso, no se
corresponde con la realidad. Si se correspondiese con la realidad, señor
ministro, ¿cómo explicar entonces, si tanto se beneficia a las rentas del
trabajo, que las centrales sindicales estén en contra, radicalmente en
contra de esta reforma? ¿Cómo explicar, en el lado opuesto, que el
presidente de la patronal esté tan a favor de esta reforma? (Aplausos.)
La lógica política, señor Rato, tiene unos límites y ustedes han
traspasado esos límites en un inexplicable afán de propaganda, en una
reforma de un impuesto que ustedes pretenden convertir en su único
estandarte electoral en una próxima campaña legislativa. (El señor Cercas
Alonso: Están nerviosos.)
Usted ha dicho aquí esta mañana que todos los contribuyentes españoles se
van a beneficiar con esta reforma, todos. Y es verdad que usted ha tomado
medidas, algunas incluso ridículas, como la disposición transitoria
cuarta del proyecto, para que todos los españoles, al menos
retóricamente, se puedan beneficiar de esta reforma. Todos, señor Rato,
quiere decir que todos los que estamos aquí, todos los diputados, que
somos contribuyentes españoles, también nos vamos a beneficiar de esa
reforma. Sin embargo, hay una parte de la Cámara que siendo beneficiaria
de la reforma la rechazamos, no estamos de acuerdo con ella, no vamos a
votar a favor de ella. (Aplausos.) Y no lo vamos a hacer, señor Rato,
porque a propósito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y
sobre sus resultados, no los resultados estrictamente en el bolsillo de
los contribuyentes sino sobre las consecuencias sociales que puede y que
va a tener este proyecto en nuestra opinión, nosotros, como personas
pertenecientes a un partido progresista y de la izquierda, no sólo
defendemos intereses económicos --que también los defendemos-- de unos
cuantos millones de españoles, porque esos millones de españoles que nos
han dado su confianza, también nos la han dado para defender valores,
valores sociales, valores morales. (Aplausos.) Y esta reforma, señor Rato
--quiéralo usted o no lo quiera--, conduce a un avance de los valores del
individualismo y del egoísmo, en detrimento de los valores de la
cohesión, de la solidaridad y de la conciencia colectiva de problemas que
tienen millones de españoles.
Usted habla de esta reforma y de unos efectos de la misma como si las
cosas no fuesen a cambiar. Mire, yo tengo un amigo que dice que si a uno
le hacen ministro de las flores en primavera, todo va muy bien; pero
llega el verano y se agostan las flores, señor Rato, y luego llega el
otoño y el invierno. Esta reforma, señor Rato --diga usted lo que
quiera--, no está pensada más que para la primavera económica, no está
pensada ni para el otoño ni para el invierno, y --créalo usted o no lo
crea-- hay otoño y hay invierno en el ciclo económico. Recuerde usted,
mire las cifras del año 1993, en el que una recesión económica dura
--¿quién puede garantizar que no llegue otra?; ojalá que no llegue-- hizo
que los ingresos del Estado se redujeran en un billón y los gastos
aumentaron en una cantidad simétrica, pero contraria, en un billón. Por
lo tanto, señor Rato, háganos caso. Enfoque esta reforma con una visión
que no llegue sólo hasta la próxima campaña de elecciones legislativas.
Vaya un poco más allá, tenga en consideración algunos valores que
millones de españoles que votaron a esta parte de la Cámara tienen como
propios, tanto en su conciencia individual como en la conciencia
colectiva.
Dijo usted desde la tribuna que es la primera vez que se bajan impuestos.
No sea usted tan modesto, señor Rato. No es verdad. Han bajado ustedes
impuestos --no sé cómo se olvidó de que han bajado impuestos--; han
bajado el Impuesto sobre Sociedades. A las sociedades de cifras de
negocio de menos de 250 millones de pesetas les han bajado del tipo 35 al
30 por ciento, creando, por cierto --no es el momento de entrar en
ello--, un efecto que se llama de escalón, muy curioso, porque todas las
sociedades van a tender a fragmentarse en unidades de negocio por debajo
de los 250 millones de pesetas. (Varios señores diputados: Eso, eso.)
Ustedes han reducido también el gravamen de las plusvalías a un 20 por
ciento. Ya sé que me va a repetir usted lo que dijo esta mañana: el
sistema anterior era más injusto porque, al cabo del tiempo --15 años en
unos casos, 10 años en otros--, las plusvalías quedaban exentas. Muy
bien. Puedo convenir con usted que ese sistema es injusto, que no lo es,
pero convengo con usted que es injusto ese sistema de aplicar el criterio
temporal. Por cierto, en Europa son más los países que aplican este
sistema que los que aplican el criterio del tipo único para gravar las
plusvalías; pero convengo con usted que es injusto ese sistema de que,
pasados los años, llegue un momento en el que las plusvalías no tributen.
Entonces, ¿por qué lo hicieron ustedes más injusto todavía que, a la
primera oportunidad que tuvieron, redujeron el tiempo de exención a la
mitad? ¿Por qué? Explíqueme por qué. Si era tan injusto, ¿por qué
multiplicaron ustedes por dos el criterio de injusticia? (Rumores.) Pero,
señor Rato, a la vez que han bajado ustedes impuestos, han subido otros,
y se lo quiero recordar. Han subido ustedes el Impuesto sobre bebidas
alcohólicas y tabaco, y además lo han hecho en una cuantía muy
considerable. Han subido de modo estratosférico las tasas y los precios
públicos, por encima incluso de la tasa de crecimiento del producto
interior bruto en términos nominales. Han creado ustedes un impuesto
nuevo, el Impuesto sobre primas de seguros, que empezó en el año 1997 en
un 4 por ciento y en el año 1998 se ha incrementado en el 50 por ciento,
para pasar a un tipo del 6 por ciento. Hay otros impuestos que ustedes
han bajado también, señor Rato. Han bajado el Impuesto sobre el
Patrimonio. Han llevado a la exención total de este impuesto en el caso
de activos afectos a actividades empresariales o profesionales. Han
eximido ustedes del 95 por ciento el Impuesto de sucesiones y donaciones
en el caso de activos transmitidos o donados afectos a actividades
profesionales y empresariales. ¿Cómo no va el señor Cuevas a aplaudir
esta reforma? Esta reforma trae causa de otras medidas anteriores en las
cuales ustedes no concedieron ningún beneficio a las rentas del trabajo y
sin embargo sí atribuyeron enormes facilidades, desfiscalizaron muchas
rentas de capital, no sólo por la vía del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas en el caso de las plusvalías, sino en el Impuesto sobre
Sociedades, en el Impuesto sobre el Patrimonio y en el Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones.
Dice usted que todos los sectores comparten que esta reforma hay que
hacerla por razones de equidad y de eficiencia. Y yo le digo: no exagere,
no sea usted radical, todos los sectores no; yo sé de sectores que no
comparten los dos criterios. Nosotros sí compartimos el criterio de
equidad por las razones que luego le explicaré, pero con un significado
distinto al que ustedes le dan a la reforma; pero por criterios de
eficiencia, señor Rato, ¿cómo se puede sostener en la España de 1988, con
cifras del año 1998 de la economía española, que por razones de
eficiencia es necesario reformar el Impuesto sobre la renta? Le voy a dar
tres datos, a alguno de ellos se ha referido usted. El Impuesto sobre la
renta en España supone el 8 por ciento del producto interior bruto, muy
por debajo de la media de la OCDE y de la Unión Europea. En términos de
porcentaje de lo que significan los ingresos por IRPF, del conjunto de
ingresos del Estado, el 23 por ciento en nuestro caso, estamos también
muy por debajo de la media europea y de la OCDE, en la que cuentan países
tan poco gustosos por la fiscalidad como son Estados Unidos y Japón.
Me interesa detenerme un poco más en la cuestión de la brecha fiscal, eso
que usted llama las dificultades que el Estado introduce en los costes
laborales a la hora, a final de mes rascando los bolsillos de los
trabajadores y llevándose de ellos una parte en retenciones de IRPF y
otra parte en cotizaciones a la Seguridad Social. Las cifras son fáciles
de manejar. En España se pagan 8 billones al año de cotizaciones, y si la
carga que soportan las rentas de trabajo es el 80 por ciento, aplique el
80 por ciento al total de la recaudación del impuesto, que son 5,6
billones de pesetas, y salen unos 4 billones y medio de retenciones de
gravamen sobre rentas del trabajo; en total 12 billones y medio de brecha
fiscal, señor Rato. Eso es exactamente algo más del 16 por ciento del
producto y de la renta española, cifra muy inferior, señor Rato --y tiene
usted que estar de acuerdo conmigo--, a la media de cualquier país
europeo, a la media de todos ellos juntos, incluso a la media de la OCDE.
Luego por razones de competitividad, que es la ligazón que se establece
desde la patronal entre la brecha fiscal y la competitividad de la
economía, no habría motivos para modificar este impuesto. Tanto es así,
que en la década que va de 1985 a 1995, con este IRPF, la competitividad
española, según las cifras, no se vio muy mermada, tanto que si a usted
le parece poco que la tasa de cobertura del comercio exterior haya pasado
del 61 al 85 por ciento en esa década es que usted aspira a objetivos que
la economía española no puede alcanzar.
Señor Rato, hay en su impuesto enormes contradicciones con lo que ha
venido siendo su filosofía a este respecto. Por ejemplo, yo le he
escuchado a usted muchísimas veces, y a su grupo parlamentario, pero
sobre todo a usted --que tengo que reconocer que es consistente y
permanente, siempre dice lo mismo-- hablar de la estabilidad de las
normas fiscales... No hay como tener buenos asesores, señor Rato.
(Risas.--Aplausos.) ¿Usted cree que son estabilidad los cambios que se
han producido en la tributación de los seguros en España, en dos años
tres sistemas de tributación del
seguro? Y lo hace una persona que era el estandarte de la estabilidad de
las normas fiscales en nuestro país.
Usted era un firme creyente en la seguridad jurídica, y además su firme
creencia la llevó al Estatuto del contribuyente. Tiene usted que estar de
acuerdo conmigo en que la disposición transitoria cuarta es un monumento
a la inseguridad jurídica. En ella dice usted a los inversores en una
vivienda y a los que se han beneficiado o se beneficiarán hasta la
vigencia de este proyecto de ley de la deducción por alquileres, que ya
verán como arregla el problema en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para 1999 ¿Y qué van a hacer? ¿Cómo van a calcular esos inversores
en vivienda la diferencia que hay entre lo que deducían anteriormente y
lo que deducen con este proyecto? Tendrán ustedes que mantener vigente la
tarifa que deroga este impuesto. (Un señor diputado: No se enteran.) Por
cierto, señor Rato, me ha llamado la atención que no ha dicho ni una sola
palabra de la tarifa. Me gustaría que lo hiciera porque un portavoz le ha
recordado aquí, con buen juicio además, cuáles son los inconvenientes de
esa tarifa. De manera que de seguridad jurídica, señor Rato,
absolutamente nada, sino todo lo contrario.
¿Y la simplicidad del impuesto? ¿Cómo es posible que usted afirme que
toda la simplificación del impuesto consiste en que la tarifa se reduce a
seis tramos? No es verdad, ni mucho menos. Señor Rato, ¿ha pensado bien
lo que significa el artículo 24? ¿Cómo tributan los seguros? ¿Es acaso
esa distinción en la que para saber lo que uno tiene que llevar a la base
imponible hay que aplicar cuatro coeficientes distintos cuando se tenga
un seguro de más de siete años? Parece que el problema lo tienen ustedes
en la reducción de tramos de la base imponible, de ocho a seis en este
caso. (El señor Cercas Alonso: Lo que estáis aprendiendo.)
Además. señor Rato, está el problema que usted mismo reconoció muy
discutido en esta Cámara, del ahorro y la fiscalidad. Abandonen ustedes
la creencia que es dogmática de que menos fiscalidad significa más
ahorro, porque si así fuera en 1997 ustedes mejoraron la fiscalidad del
ahorro sólo por la vía del tipo fijo de las plusvalías, pero en el año
1997 el ahorro de las familias españolas no aumento sino que disminuyó, y
no lo digo yo ni el grupo parlamentario al que represento, lo dice el
Instituto Nacional de Estadística y lo dice con claridad: el consumo en
términos nominales en 1997 creció más que la renta bruta disponible de
las familias españolas en el mismo año. Eso en román paladino significa
que el ahorro de las familias se redujo en 1997. Luego abandonen esa idea
de que menos fiscalidad es más ahorro, no es más ahorro es un cambio en
la estructura del ahorro.
Ha sido un desplazamiento de las cuentas bancarias, a plazo, corrientes y
a la vista hacia los fondos de inversión, pero el ahorro de las familias
españolas, señor Rato, no ha aumentado. De manera que no establezcan
ustedes esa similitud o esa relación entre una cosa y otra. (Prolongados
rumores y protestas.--Un señor diputado: Que se callen.)
Usted dice que todos los activos financieros se gravan por igual, y por
tanto se va a hacer realidad ese viejo principio de la neutralidad fiscal
de los activos financieros y eso, señor Rato, no se corresponde con la
realidad, en modo alguno se corresponde con la realidad. Hay una
diferencia enorme en algunos casos y tiempo tendremos de discutirlo, pero
esa afirmación suya no se corresponde con la realidad, por no ponerle
otro calificativo menos benévolo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Martínez
Noval, le ruego concluya, por favor.
El señor MARTINEZ NOVAL: Por cierto, en relación con la mejora de la
previsión social complementaria por la vía de su fiscalidad, cometen
ustedes un auténtico dislate, es un despropósito, señor Rato, que ustedes
beneficien a las prestaciones recibidas en forma de capital respecto de
las prestaciones en forma de renta. No tiene ninguna explicación,
absolutamente ninguna; mejor dicho sólo tiene una y se la voy a decir
porque ya vemos por dónde van ustedes. Dentro de unos meses, a la hora de
confeccionar y discutir en esta Cámara los Presupuestos Generales del
Estado nos dirán que no tiene sentido que las prestaciones en forma de
capital de los seguros colectivos de vida, de las mutualidades, de los
planes de pensiones estén mejor tratados que las rentas que se reciben
por esos instrumentos de previsión, que no tiene ningún sentido, y como
no tiene ningún sentido tendrán que mejorar la fiscalidad de las
prestaciones recibidas en forma de renta, porque de otra manera no se
entiende qué concepción o concepto tienen ustedes de la previsión social
complementaria. ¿Es acaso una previsión para ser recibida en forma de
capital? No conozco ningún caso en que esto sea así.
Señor Rato, por último, porque me conmina el presidente... (Fuertes
rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Silencio, señorías.
El señor MARTINEZ NOVAL: Por último, quiero pedirle señor Rato que repase
usted el artículo 61, el de la tarifa autonómica. La Ley de cesión de
tributos dice que la tarifa autonómica será del 15 por ciento y la
estatal del 85. En todos los niveles de renta esa tarifa, la tarifa que
se publica en el proyecto de ley, está por encima del 15 por ciento
(Rumores.); tendremos que revisar esa tarifa, señor Rato.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Martínez
Noval, le ruego concluya. (Continúan los rumores.)
Silencio, señorías.
El señor MARTINEZ NOVAL: Voy a concluir, señor presidente.
Señor Rato, desde la supuesta tranquilidad que les confiere el momento
económico, la bonanza que vivimos, ustedes creen poder convencer a los
españoles de que es posible sostener e incluso aumentar el gasto, rebajar
los impuesto directos y reducir el déficit. Se lo digo con claridad, no
existe al alcance del conocimiento humano, al menos del que yo he tratado
de proporcionarme, ninguna experiencia en la que eso haya sido posible.
En lenguaje coloquial --usted lo sabe igual que yo-- eso se denomina de
otra manera. Lo que ustedes están diciendo en realidad es que van a dar
más por menos y eso, convénzase señor Rato, eso sólo se escucha en las
ferias. Hágannos caso y retiren este proyecto.
Gracias. (Prolongados aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Martínez Noval.
Señor Vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato y Figaredo): Señor presidente, señorías, ante todo
quiero agradecer a los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas
de devolución, no que las hayan presentado, como es natural (Risas.),
pero sí el tono del debate, el tono de las críticas, y desde luego sus
aportaciones a lo que puede ser un debate de máxima importancia. Por
tanto, estoy convencido que a lo largo de estos meses no sé si
avanzaremos en consensos generales, pero seguramente podremos hacerlo en
varios aspectos que han preocupado a algunos grupos parlamentarios, que
yo creo son subsanables a lo largo del debate.
Mi intención es contestar por separado a cada una de las intervenciones,
como no puede ser de otra manera, aunque hay algunas cuestiones que
coinciden, y me perdonarán los señores intervinientes si intento no
reiterarme demasiado.
Hay una idea que no ha sobrevolado, ha volado claramente sobre todas las
intervenciones, y es la idea de que esto no puede ser verdad; es decir,
al parecer existe un número importante de partidos políticos para los que
si esto fuera verdad, simplemente se habrían quedado sin programa, y eso,
al parecer, produce verdadera preocupación. (Rumores.--Aplausos.) Yo lo
comprendo; lo comprendo y lo respeto, creo que ésa es una de las
cuestiones a las que algunos de sus correligionarios en Europa se han
enfrentado y les han llevado a variar sustancialmente sus programas en
los últimos diez años. Quizá ustedes tengan que enfrentarse a esa
dificultad, como por otra parte todos los partidos políticos en un país
occidental se enfrentan a diversas cuestiones.
Esa preocupación ustedes la pretenden trasladar a la sociedad de una
manera no sé si muy hábil, incluso a algunos les podría parecer
desesperada, que es decir: no puede ser verdad, luego es un caramelo
envenenado. (Un señor Diputado: Evidentemente.) Señorías, hay otras
fuerzas políticas que creemos que es verdad y yo he tratado de explicarlo
esta mañana. Creo que la evolución económica en los últimos años en
España lo indica; creo que la experiencia económica en todos los países
de la OCDE lo explica; y creo que si ustedes hacen un ejercicio de lo que
deben representar en el futuro --independientemente de lo que hayan dicho
en el pasado--, se darán cuenta de que no les va a quedar más remedio que
aceptarlo. No va a ser mi intervención la que les haga a ustedes cambiar
de opinión, de eso estoy completamente seguro, porque no soy yo capaz de
conseguir esas cuestiones, pero el electorado, que es mucho más
inteligente que yo, y desde luego mucho más firme, les va a hacer a
ustedes modificar (La señora López i Chamosa: Ya se nota.), porque
señorías, los españoles --y en esto empiezo con una frase con la que me
han querido cerrar-- nos demandan más por menos, señor Martínez Noval, de
eso se trata la política en este momento en un país europeo: más por
menos. (Aplausos.) Se trata de conseguir que las administraciones
públicas, la eficiencia, y la capacidad de asignar recursos no obligue
continuamente a decir que una política es más social porque cuesta más
dinero. España está cansada del discurso de que cuanto más dinero más
preocupación por los ciudadanos (Aplausos.) y España levanta la bandera
al decir que los ciudadanos nos queremos preocupar, empezando porque
ustedes se esfuercen haciendo más por menos. Esta es la bandera de este
impuesto y a ustedes no les gusta. (Aplausos.) A ustedes no les gustan y
perdóneme que se lo diga con el mayor respeto y la mayor humildad, no les
va a quedar más remedio que aceptarlo, no porque nosotros vayamos a ganar
las votaciones, que de momento las vamos a ganar como ustedes saben, sino
porque si ustedes quieren tener un futuro como partido político (Risas.)
tendrán ustedes que aceptar ese principio (Rumores.--Aplausos.), y por lo
que veo les va a costar a ustedes mucho. (Continúan los rumores.) Lo
lamento, como amigo de alguno de ustedes, pero es inevitable, lo tienen
ustedes escrito en la frente.
Empiezo contestando a la primera intervención del señor Vázquez, que
junto con las anteriores ha querido plantear el paraíso, el regalo
envenenado, el caramelo envenenado. Señor Vázquez ha sido usted, al
principio, el primero que ha dicho lo de más por menos, o sea que podía
haber empezado por su frase. Ha dicho usted pagar menos y recibir más.
En este momento señor Vázquez, y he tratado de explicarlo esta mañana,
independientemente de que usted comparta o no que nosotros queramos
reducir la tarifa o el pago fiscal del Impuesto sobre la renta en España,
hay otras muchas cosas en las que yo creo que podemos coincidir. La
primera es que nosotros necesitamos
un impuesto que responda a la realidad de la economía española, un
Impuesto sobre la renta que debido a la reforma de 1991 crece menos de lo
que crece la economía, y cuando ven ustedes la base liquidable del
impuesto y después la cuota pueden apreciar que lo que yo les digo es
exacto, y un impuesto que entre 1992 y 1996 no sólo ha crecido menos que
la economía sino que los salarios han aumentado su porcentaje en el
impuesto, independientemente de que después usted pretenda subirlo, que
no lo ha dicho, y nosotros pretendamos bajarlo, que sí lo hemos dicho, no
cabe duda que con este impuesto no vamos a ningún sitio, y por tanto
tenemos que modificarlo por razones de equidad y por razones de
eficiencia. Me podrá decir después que el marginal que a ustedes les
gusta --el mínimo o el máximo-- es otro, que la distribución de la tarifa
que a ustedes les parece conveniente será distinta, pero con el impuesto
que tenemos no podemos continuar por razones de equidad y por razones de
eficiencia. No podemos tener un impuesto que no reacciona al ritmo que
tiene que reaccionar ante el crecimiento económico ni más ni menos que un
impuesto de estas características. Es más, señor Vázquez, no sólo nos
pasa a nosotros. Vea usted el debate en Alemania; independientemente de
que el señor SchrÜeder o el señor Kohl estén en posiciones distintas (por
cierto, en este tema el señor SchrÜeder, el señor Kohl y nosotros estamos
en la misma posición y usted es el que está en una posición diferente),
independientemente de eso, el problema de la capacidad recaudatoria del
impuesto es un problema que se está planteando en varios países, nosotros
lo planteamos aquí y sobre eso creo que podemos tener acuerdos o
consensos para buscar capacidad recaudatoria.
En segundo lugar usted me dice, también en el resto de las intervenciones
y dicúlpeme, señor Vázquez, que ustedes se ponen en la posición difícil
por sentido de la responsabilidad. Perdóneme que le diga que yo tengo la
impresión de que lo difícil para ustedes sería reconocer que tienen que
cambiar de programa político y probablemente por sentido de la comodidad
han decidido no hacerlo. No se pongan como mártires simplemente porque no
comparten ustedes este proyecto. Ustedes no comparten este proyecto y hay
una filosofía detrás de ese no compartir este proyecto, que es la
filosofía de que cuantos más recursos tenga el Estado más puede hacer por
los ciudadanos. Nosotros no estamos convencidos de que esa filosofía haya
producido los efectos que usted dice, es más en cierto sentido creemos
que los ha producido al contrario, y además creemos que los españoles
precisamente nos piden que seamos capaces de mantener la suficiencia
recaudatoria y que al mismo tiempo vayamos dándoles mayores espacios de
libertad individual, lo que después otro portavoz ha llamado egoísmo.
(Rumores.) La libertad individual se denomina ya en algunas esferas
egoísmo, lo cual nos anuncia a todas luces que necesitan cambiar de
programa porque ese es un discurso inasumible en la sociedad europea del
siglo XXI. No ha sido usted, por cierto, y por tanto no me refiero a
usted.
Dice el señor Vázquez, y lo han manifestado después casi todos los
intervinientes, que se benefician las rentas más altas. Eso no es cierto.
Ustedes podrán acusar al impuesto de muchas cosas, pero si baja el 30 por
ciento para las rentas más bajas y el 6 por ciento para las rentas más
altas, ustedes podrán decir que no debería bajar nada (he entendido que
alguno de los intervinientes lo que plantearía sería una alternativa en
que subiría para un determinado tipo de rentas y bajaría para otras),
pero lo que no me pueden decir es que en nuestro proyecto no se produce
así. Lo que pasa es que el maniqueísmo al que quieren ustedes llevarme es
que un ciudadano español que hoy paga y mañana no va a pagar, como hay
otro ciudadano español que hoy paga y mañana va a seguir pagando pero se
le reduce más la factura fiscal en pesetas, resulta que eso es injusto.
Salgan ustedes a la calle y díganlo, no pueden hacernos mayor favor.
Digan a la gente que va a dejar de pagar que eso no puede suceder porque
hay otro señor que va a seguir pagando y a ustedes no les parece bien.
Ese es el mejor favor que políticamente nos pueden hacer y estamos
deseando que nos lo hagan, señor Vázquez. (Aplausos.) No pierdan ni un
minuto, salgan a la calle a decirle a 1.800.000 españoles que va a dejar
de pagar que no es bueno para ellos porque puede haber otros españoles
que sigan pagando pero que también se van a beneficiar. Ese es un
discurso realmente constructivo para el futuro de la sociedad. (El señor
Cercas Alonso: Vamos a contarlo de otra manera.)
Se plantea que la reforma tiene que venir acompañada obligatoriamente de
una subida de otros impuestos. Señor Vázquez, yo le vuelvo a insistir y
lo he dicho en mi intervención. Un impuesto como el que nosotros estamos
planteando, y ninguno de ustedes me lo ha discutido, va a suponer un
aumento de la renta disponible y del ahorro, va a suponer un aumento de
la capacidad de crecimiento de la economía. Eso va a llevar a más empleo,
y además con una recuperación de la eficiencia y de la elasticidad del
impuesto, a medio plazo vamos a recuperar la capacidad y la
sostenibilidad del presupuesto. Esto no es una descripción de la
primavera, ésta es la descripción de lo que debe ser el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas en un país moderno como España y lo que nos
piden los españoles que sea.
Usted plantea que se empeora el acceso a la propiedad de la vivienda.
¿Cómo puede decirse eso en un momento que nosotros hacemos una deducción
por vivienda claramente mucho más progresiva en el sentido de que
beneficia claramente a las viviendas y a las rentas más bajas, y en la
que además establecemos una cláusula de garantía? Por cierto, parece ser
que alguno de ustedes quiere aclaraciones sobre eso.
Ha dicho el señor Vázquez que un modelo fiscal es un modelo de sociedad.
Bien, yo no digo que no. Efectivamente, una sociedad en la que
reconozcamos que las rentas salariales deben tener una discriminación
positiva --es decir deben estar favorecidas--, una sociedad en la que
reconozcamos que las cargas familiares deben ser favorecidas por el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, una sociedad en la que
creamos que los individuos tienen derecho a tratar de obtener su propio
ahorro para diseñar su propio futuro, sí es un modelo de sociedad. Puede
usted exponerme otro, yo estoy dispuesto a escucharle y usted no me lo ha
expuesto; pero hay otro modelo de sociedad y es aquel en el que esas
decisiones, o muchas de ellas, se tratan de trasladar del individuo al
Estado. Ese modelo de sociedad yo no lo comparto. Usted es porislb que
sí, y me gustaría saber a qué responde su modelo.
Me plantea que la presión fiscal es menor que la media de la Unión
Europea. Es cierto que en España la presión fiscal es menor que la media
de la Unión Europea, pero también es cierto que necesitamos crecer a
ritmo mayor que la Unión Europea, y la misma Unión Europea nos está
aconsejando que reduzcamos los impuestos sobre el trabajo y seamos
capaces de incentivar el empleo. Por cierto, el mayor problema de España,
y en eso coincidiremos todos, es que sí somos claramente superiores a la
media europea en el paro. Creo que tampoco SS. SS. parecen haber tenido
ninguna razón para no coincidir con la referencia que yo he hecho en mi
intervención en cuanto a que este impuesto es coherente con lo que se nos
recomienda en todos los organismos internacionales, especialmente en los
europeos, como son políticas activas de empleo.
En cuanto a la financiación de las comunidades autónomas perdone que le
diga que esta reforma demuestra que el Estado puede tomar decisiones
sobre la tarifa que le afecta exclusivamente a él, y que por tanto las
comunidades autónomas no son en este momento corresponsables de las
decisiones de esta Cámara. Efectivamente estamos ante una
corresponsabilidad fiscal, con los límites indudablemente que planteaba
la ley, puesto que en este mismo año que nosotros estamos tomando estas
decisiones que sólo afectan a los presupuestos que dependen de nosotros,
algunas comunidades autónomas dentro de sus competencias han tomado
decisiones, unas de subir y otras de bajar determinados impuestos, que
sólo les afecta a ellas. Eso es corresponsabilidad fiscal. ¿A qué llama
usted corresponsabilidad fiscal, a que nosotros impidamos que las
comunidades autónomas tomen decisiones y viceversa? Eso se llamaría
injerencia fiscal y no corresponsabilidad fiscal.
Hay un argumento que también planea en otras intervenciones y es que esto
no puede ser verdad porque tendríamos que abandonar nuestro programa
político y puesto que a corto plazo no lo vamos a poder demostrar, hay
que decir a los ciudadanos cómo va a ser esto a medio plazo. Tengo que
decir que yo esperaba que fueran capaces de esgrimir un argumento
político más importante, porque ya no hablan ustedes de que se vaya a
producir un efecto negativo en el año 1999 o en el año 2000, no dicen
cuándo, la única suposición que hacen es que alguna vez las cosas irán
mal y entonces se deberá a los argumentos que damos en este momento. La
verdad es que después de los debates que he vivido en esta Cámara ése es
un argumento que no tiene excesiva trascendencia desde el punto de vista
del debate político.
Coincido con la preocupación que tanto S. S. como otros portavoces han
expresado al pedir al Gobierno un aumento de los efectivos y de la
capacidad de lucha contra el fraude. Creo que el proyecto contiene
medidas, viene acompañado de una memoria de la Agencia Tributaria que la
Cámara conoce, y además el Gobierno se compromete a aumentar los
resultados de la lucha contra el fraude, pero si ustedes tienen otras
posiciones, creen que hay que adoptar otras medidas, tomar otras
decisiones que puedan complementar éstas, que puedan mejorarlas, no
tengan duda de que estaremos perfectamente dispuestos a escucharlas.
El señor Saura da cuatro razones para oponerse al impuesto: la reducción
de los ingresos públicos, que afecta el Estado del bienestar; el
beneficio de las rentas del capital; la disminución de la progresividad
(hay los hijos de unos españoles y unos libros de texto de unos españoles
e hijos de otros españoles y libros de texto de otros españoles); y el
sistema de financiación autonómica. Después ha hablado del fraude, sobre
lo que tiene gran interés, cosa que me alegra y ya le contestaré, y por
último ha dado una lista de alternativas sobre lo que también espero
poder hacer alguna reflexión.
Señor Saura, a estas alturas del partido --si me permite usted la
expresión--, ya no dice nadie que toda subida de impuestos aumenta los
recursos y toda modernización de un impuesto los baja; eso ya no lo dice
nadie porque no pasa. Esta mañana he puesto un ejemplo clarísimo: las
retenciones de IRPF en las pequeñas y medianas empresas están creciendo
al 18 por ciento y hemos bajado el impuesto; hemos bajado los dos
impuestos: las retenciones, como consecuencia de la deflactación de la
nueva tarifa, y el Impuesto sobre la Pequeñas y Medianas Empresas. Seguir
emperrados en la filosofía de que el único camino para garantizar la
suficiencia de un impuesto es subirlo es lo mismo que decir lo contrario,
que la única manera de que aumente la recaudación es bajarlo. Son
argumentos que ya no sostiene nadie. Lo importante de los impuestos es
que respondan primero a la realidad económica en la que se mueven, tanto
nacional, como europea y como internacional; que sean capaces de
definirse de manera eficiente, que se adapten a la sociedad y que
produzcan efectos positivos. Nosotros les traemos hoy un proyecto que
ustedes pueden no aceptar, que pueden
rechazar, pero que con una reducción de impuestos de 550.000 millones,
que tiene una incidencia recaudatoria de 350.000, introducimos una serie
de ventajas indudables en los contribuyentes, en la elasticidad del
impuesto, en la equidad del impuesto y en la sostenibilidad del impuesto.
¿Que a ustedes no les parece bien? Bueno, pero no me diga que es por los
ingresos públicos. No se confundan; este impuesto no pone en peligro el
Estado del bienestar; este impuesto introduce racionalidad. La
modificación del Impuesto sobre la renta introduce racionalidad en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en España, que en este
momento no es equitativo ni eficiente; por tanto ustedes están
confundidos debido a esa obsesión con cualquier mensaje que llegue fuera
de estos muros, con cualquier mensaje que llegue a la opinión española
diciendo que hay otro camino para hacer más con menos, porque eso les
crea problemas políticos. Lo siento, pero ese mensaje ya ha llegado, no
crean ustedes que es la primera vez que los españoles lo oyen; ya lo han
oído, les gusta, y además creen en él. (Aplausos.) Dice que la reforma
beneficia a las rentas del capital. Yo estoy dispuesto a discutir el tema
de las rentas regulares e irregulares y además me parece que es lógico en
un debate sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, pero
las rentas regulares del capital pagarán más que las rentas salariales
regulares porque no tienen ningún mínimo exento. Es posible que ahora
haya una nueva teoría tributaria en esta Cámara que diga que no hay que
diferenciar entre rentas regulares e irregulares. Si la hay, expónganla.
Pero si ustedes aceptan ese principio que ha estado en toda nuestra
teoría tributaria hasta la fecha, incluida la ley de 1991, tendrán que
aceptar que para un señor que cobre cien mil pesetas de salario y otras
cien mil pesetas como consecuencia de una renta de capital, en el año
1999, por la renta de salario va a tener un mínimo exento que no va a
tener por la renta de capital. Después usted me puede decir: A mí no me
parece bien que los ahorros a dos años tengan un tratamiento
diferenciado. Dígamelo, pero no me venga con las rentas del trabajo.
Dígame: A mí no me parece bien que el ahorro a dos años deba ser
incentivado. Me parece que debía ser incentivado a 10 años, a 5 años, a 6
meses o de ninguna manera. Esa es una posición, pero no lo compare con
las rentas del trabajo regular porque está usted llevando a un debate
falso, ya que esto no es cierto. Un español que cobre rentas del trabajo
y otro español que sólo cobre rentas del capital en el ejercicio pagará
más, siendo la misma cantidad de dinero, por las rentas del capital
porque no tendrá el mínimo exento. (Rumores.)
El señor Saura dice que disminuye la progresividad y entra en el debate
de los hijos de los ricos y los libros de los hijos. Señor Saura, la
progresividad no disminuye. Fíjese usted que aumentan los mínimos exentos
de las familias y de los trabajadores de manera muy importante. Hasta uno
de los intervinientes me ha dicho que aumentan de tal manera que puede
que le sobre a un determinado tipo de rentas. ¿Se da usted cuenta de lo
que eso introduce de progresividad? Además, señor Saura, usted me dice
que el tratamiento en la base, por ser un tratamiento en la base, es
discriminatorio. Señor Saura, lo que estamos planteando nosotros es que
un español sin hijos que gane dos millones de pesetas tenga una renta
disponible para ser gravada mayor que un español con hijos que gane dos
millones de pesetas. A partir de ahí, si usted no está de acuerdo con esa
afirmación, entonces no estamos de acuerdo. Pero si lo que me dice es que
tenemos que hacer un enfrentamiento entre los hijos de los españoles de
un tipo de renta y de otro, no estoy de acuerdo con usted ni voy a jugar
a ese juego. Le quiero decir una cosa, señor Saura, a ver si es capaz de
mantener sus posiciones hasta el final. Si las subidas proporcionales de
las rentas deben hacerse sólo sobre las rentas más bajas, espero que su
señoría se lo aplique a sí mismo y lo proponga en el sistema de pensiones
público de este país; porque si no es así su señoría lo que está haciendo
es pura demagogia, y si me hace demagogia está en su derecho, pero yo se
lo voy a decir. (El señor Cercas Alonso: ¡Estás perdido!)
Financiación de las comunidades autónomas. El sistema de financiación de
las comunidades autónomas, como le he dicho al señor Vázquez, está
perfectamente. Además, esta ha sido la prueba del nueve de que se puede
perfectamente en el mismo año tomar decisiones en el Parlamento de
Murcia, en el de Cataluña y en el de Madrid, independientemente de lo que
cada uno reciba. Aquellos que nos decían que eso era imposible, que no
podía suceder --se pasan la vida diciéndonos que nada de lo que
proponemos puede suceder-- otra cosa más que era imposible, va y sucede.
En cuanto al fraude, señor Saura, la oposición siempre está diciendo que
los documentos que exhibe no son los oficiales pero que son los fetén. Yo
le tengo que decir, según los datos que tengo (voy a tener una
comparecencia en la Comisión de Economía antes de que finalice el período
de sesiones y creo que el secretario de Estado de Hacienda también) (La
señora Mendizabal Gorostiaga: ¡Ya es hora!) en cuanto a la inspección en
1998 en el primer cuatrimestre, por lo tanto un mes más de lo que su
señoría dice, que se han producido resultados globales de 211.857
millones de pesetas, que son superiores a los 209.188 millones de pesetas
del mismo período. Pero su señoría ha de tener en cuenta que, tras la
aprobación del Estatuto del contribuyente, los expedientes sancionadores
son independientes de los liquidatorios y no están aún evaluados en las
cifras que yo acabo de decir. Tanto el director de la Agencia Estatal de
la Administración Tributaria como el director de la Inspección me
comunican que ellos no conocen el informe al que usted ha hecho
referencia.
Por tanto, estaré encantado de que S. S. nos plantee ese debate.
Ha dicho una cosa el señor Saura porque le parece bien: que nosotros no
tenemos voluntad de ir contra el fraude porque los sectores más poderosos
son los que se benefician de nuestra política. La verdad es que, teniendo
en cuenta que desde que nosotros gobernamos el empleo en este país ha
crecido casi en 800.000 personas, me parece un poco excesiva esa
afirmación tan rotunda, y además bastante injusta. Teniendo en cuenta que
nosotros hemos mejorado la financiación pública de la sanidad y estamos
planteando una reducción sobre los impuestos de las nóminas y de las
familias, también es un poco excesiva. Si no puede hacer más que frases
rotundas sin otro tipo de alternativa, es un problema de su señoría. Pero
aquí tenemos las alternativas. La alternativa del señor Saura es no
reducir los ingresos públicos. Su señoría es partidario de que no
modifiquemos las actuales tarifas, que nos mantengamos en el año 1991. Si
no es así, durante el trámite de enmiendas S. S. nos hará una propuesta
para que mantengamos el nivel de ingresos públicos, la actual
distribución, el actual peso de los salarios, el tratamiento de la
familia, el sistema de deducción de vivienda y, por tanto, que
mantengamos la tarifa y el impuesto del año 1991. Nosotros somos
completamente contrarios.
Respecto a eliminar privilegios de las rentas del capital, estoy de
acuerdo, señor Saura, si me indica cuáles. Usted me dice que no quiere
que haya ningún beneficio para las rentas a dos años; incluso puede
plantearme que le parecen mal los beneficios sobre los fondos y planes de
pensiones. Plásmelo usted en enmiendas, defiéndalo ante la sociedad
española y yo estaré muy satisfecho no sólo de que lo presente sino de
que lo haga, porque creo que va a tener un gran eco desde el punto de
vista de lo que quieren los españoles.
Mantener el carácter progresivo de la tarifa. Señor Saura, la tarifa es
progresiva. Es más baja para todos pero es progresiva, con un mínimo
exento más amplio del que había antes.
Subir el impuesto de sociedades. En este momento no estamos discutiendo
este tema, pero si S. S. quiere plantear una iniciativa es muy dueño de
hacerlo en este momento.
Quiere S. S. que estudiemos los impuestos ecológicos. Yo estoy plenamente
dispuesto a ello siempre y cuando tengamos también los efectos sobre el
empleo y sobre la competitividad. No digo que a S. S. no le preocupen,
porque no ha dicho eso, pero yo añadiría esto a su idea. Si su señoría
quiere que lo estudiemos, la Cámara o el Gobierno o las dos instituciones
están en condiciones de hacerlo.
Al fraude fiscal ya he respondido.
Consejos o ruegos: no hablar de equidad. No, señor Saura. Nosotros vamos
a hablar de equidad. Faltaría más. Yo le voy a hacer un ruego: no nos
haga usted censura. Sí, así se lo digo. Nosotros vamos a hablar de
equidad y creo que con suficiente resultado. Quiero recordar a S. S. que
cuando suben las pensiones por encima de la inflación es cuando
gobernamos nosotros. (Aplausos.) Por tanto, que S. S. nos diga que
nosotros no podemos hablar de equidad me parece un poco mucho. Usted
puede hablar de equidad cuanto quiera, pero nosotros también o más de lo
que a S. S. le parezca.
Dice que no mienta. Yo también le ruego lo mismo, señor Saura.
En cuanto al caramelo amargo, creo que ya he hecho reflexiones sobre esa
cuestión.
El señor Ríos me dice que he hecho un análisis brillante sobre el pasado
pero que no le gustan las soluciones que estamos planteando. También hace
el mismo análisis sobre el caramelo y yo tengo que responderle con la
misma sinceridad con que he contestado al señor Vázquez y al señor Saura.
Ya que ustedes me hacen una reflexión que no es ni tributaria ni
económica, yo me permito hacerles la misma. Piensen si están equivocados.
Piensen ustedes si con un impuesto como el que nosotros estamos
ofreciendo podemos aumentar las bases, podemos aumentar la elasticidad,
podemos luchar más contra el fraude y se puede crear más empleo. Piense
usted que si no es este el momento de dar un impulso a la sostenibilidad
del crecimiento económico español, si no estamos todos obligados a pensar
que esto debe durar, si no estamos todos obligados a poner los elementos
para que esto dure. Usted podrá decirme: La experiencia nos indica que
los ciclos económicos tienen un final. Pero la experiencia también nos
indica que hay países que tienen ciclos económicos de dos años y países
que tienen ciclos económicos de siete. Y lo que yo le planteo a la Cámara
es que tratemos de estar en los de siete. No nos pongamos la venda antes
de la herida sólo porque nos incomoda en cuanto al programa político que
hemos estado defendiendo desde nuestra juventud para aquellos que sea
así. (Aplausos.) Me plantea el señor Ríos --y con toda razón-- que el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en los últimos años ha
sido un impuesto sobre las nóminas. Efectivamente ha aumentado el
porcentaje y esta ley pretende corregirlo. Estoy plenamente dispuesto a
estudiar las fórmulas que ustedes u otros grupos parlamentarios planteen
sobre el equilibrio interno dentro del impuesto. Me dice el señor Ríos
que no es técnicamente el mejor y que no va a crear empleo. Yo difiero de
él, pero creo que los debates técnicos seguramente los podremos hacer
durante las próximas semanas. Me plantea tres objetivos, primero romper
la propaganda, después hacer un impuesto en beneficio de todos y luego
una reforma que rompa con el fraude. Señorías, ¿que el Gobierno del
Partido Popular y los grupos parlamentarios que le apoyan hoy puedan
decir a la sociedad española que hemos conseguido reducir la inflación,
reducir el déficit público, mantener las políticas
de cohesión social, aumentar el presupuesto de sanidad, sanear las
cuentas de la Seguridad Social y bajar algunos impuestos a ustedes les
parece que es propaganda? Eso es la realidad. ¿Qué no les coincide con lo
que han predicado toda la vida? Pues qué quiere que le diga: no me da
ninguna pena. (Aplausos.) Con todos los respetos, supongo que a usted no
le daría tampoco ninguna pena si fuera al contrario. Por tanto, empiecen
a pensar que, a lo mejor, lo que ustedes creen que es la primavera
resulta que es una nueva situación económica en la que otros países y
otros partidos hace tiempo que --si ustedes me permiten la expresión-- se
han espabilado. (Un señor Diputado: Alemania.) Me plantea que debe haber
una nueva cultura fiscal. Yo creo que la hay, señor Ríos. La hay en el
sentido de que, por ejemplo, la opinión pública española y los ciudadanos
hoy piensan que la simplicidad puede ser un buen elemento en la lucha
contra el fraude; hoy piensan que tenemos que hacer más con menos; hoy
piensan que, efectivamente, quieren tener un margen mayor de libertad en
sus propios ingresos y que, sin embargo, no renuncian a que el Estado
haga las aportaciones que tiene que hacer a la cohesión. Ese es, sin
duda, uno de los grandes desafíos de la política moderna en los países
industriales. Por ejemplo, el Estatuto del contribuyente ha sido una
muestra de que esta Cámara acepta que hay una nueva cultura fiscal, que
no tiene nada que ver el hecho de que seamos más rigurosos en la lucha
contra el fraude con el hecho de que reconozcamos que los ciudadanos que
cumplen con sus obligaciones tienen que estar en unas condiciones de
equilibrio con la Hacienda pública desde el punto de vista de los
derechos jurídicos.
En cuanto a la retención de los empresarios y profesionales, ¿no nos lo
dirá usted a nosotros, que las hemos subido? Tengo que reconocerle que su
argumentación es muy brillante --como usted me ha dicho de la mía-- pero
me reconocerá que nosotros en el último presupuesto la hemos subido. ¿Que
su señoría quiere plantear alternativas? Nosotros le escucharemos siempre
que sean equilibradas.
Dice que esta reforma no beneficia a todos por igual. Sin duda. Esta
reforma no beneficia a todos por igual, pero vuelvo a decirle, señor
Ríos, lo que le he dicho también al señor Saura: En muchos españoles --y
su S. S. me lo ha reconocido-- va a ser tal el efecto del mínimo familiar
y del mínimo exento laboral que no van a pagar. Su señoría dice que no se
van a poder aprovechar de todo. Señor Ríos, van a dejar de pagar. ¿Usted
cree que eso les perjudica? ¿Usted cree sinceramente que podemos salir a
la calle a decirles: ¡Hombre! como ustedes van a dejar de pagar y hay
otros señores que van a seguir pagando, no tienen ustedes suficiente
margen para aprovecharse? Señor Ríos, desde el punto de vista de la
Hacienda tributaria, cuando una persona estaba pagando el Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas y deja de pagarlo, ¿podemos hacer más?
¿A S. S. le parece que eso es poco? Pues es posible; siempre se puede
hacer más, y me gustará ver qué fórmulas me da S. S. para que podemos
hacer que esas personas se beneficien todavía más de dejar de pagar.
Me dice que lo que se plantean son migajas. Sinceramente creo que una
reducción como la que estamos planteando para nada son migajas. Además,
cuando usted y algunos de sus compañeros analizan la tarifa, lo que les
pido es que analicen el conjunto de la reforma, porque la tarifa no es la
única parte de la reforma. Usted puede plantear alternativas a la tarifa,
sin duda, parece que va a hacerlo y será muy constructivo debatir ese
tipo de cuestiones. Pero lo que hay que ver es el efecto del conjunto de
la reforma sobre cada uno de los contribuyentes, porque al final esta es
una reforma equilibrada aunque S. S., como es natural, puede tener
alternativas a la misma. Pero reconocerá que lo que yo pretendo en un
debate de totalidad es que se debata el conjunto de la reforma y sus
efectos sobre los contribuyentes.
Ha argumentado como razón de fuerza la respuesta de los sindicatos, que
después también se me ha vuelto a argumentar. Mire usted, con respecto a
los interlocutores sociales yo me permitiría tener una posición que no sé
si SS. SS. comparten o no, la de aumentar el diálogo social y reducir a
cero la instrumentalización política. Los sindicatos ya tienen
suficientes capacidades de diálogo con el Gobierno, con los partidos y
con la opinión pública para dar sus opiniones, y me parece estupendo que
las tengan. Pero lo que me parece constructivo por parte de un Gobierno
es que pueda establecer diálogo social con los sindicatos sobre reforma
laboral, sobre pensiones, sobre salud laboral, sobre protección de los
trabajadores, y que intente mantenerlo también sobre prestaciones
sociales, sobre los sistemas de protección social o de protección social
complementaria. Sin embargo, a partir de ahí, que el argumento que
utilicen algunos grupos políticos sea que esta reforma les parece bien o
mal a los sindicatos o bien o mal a los empresarios es volver a que todo
el mundo en este país, todas las instituciones tienen que politizarse y
que sólo se puede estar conmigo o contra mí. Y nosotros no vamos a entrar
en ese debate, señor Ríos. Si ustedes quieren entrar en este debate con
los interlocutores sociales, allá ustedes. Nosotros tenemos suficiente
respeto como para no entrar en ese debate.
Respecto a los premios de las loterías lo que el Gobierno ha expuesto --y
efectivamente ha quedado a discusión política-- es si a un determinado
nivel de premios debe o no plantearse algún tipo de fiscalidad. Creo que
es un debate posible, y la prueba de que el Gobierno no tiene una
posición definida y de que está hablando con los sectores afectados es
que no ha querido avanzar en esa línea. Pero hay una base para
discutirlo, aunque sin duda depende de los premios que estemos hablando.
Me dice también que esta no es una reforma urgente. Yo creo que está
equivocado: es una reforma urgente. La prueba es que --fíjese usted--
Dinamarca, Holanda, Alemania, Portugal y España se están planteando este
tipo de reformas. También la Unión Europea nos dice que hagamos este tipo
de reformas. No es una reforma electoral, señor Ríos, porque no hay
elecciones, y en ese sentido no puedo coincidir con S. S.
Me pide que seamos capaces de conseguir que los países que no quieren dar
información fiscal en la Unión Europea la den. No sabe lo que me
encantaría que me dijera cómo. Pero va usted a ver en la próxima
directiva de la Comisión Europea que eso no es tan fácil como S. S. cree.
No es España la que pone problemas en ese tema, pero hay otros países que
sí los ponen. En ese sentido comparto el deseo de S. S., pero con ese
deseo no vamos muy lejos, aparte de compartirlo.
Quiero decirle que lo que nosotros planteamos no es ningún splitting, ni
corregido ni sin corregir. Como
S. S. sabe muy bien --y no sé si algún grupo parlamentario tendrá la
tentación de plantearlo, espero que no-- el splitting es tratar de
reducir la progresividad sobre las rentas por el peor de los caminos y,
desde luego, nosotros para nada estamos proponiendo esa fórmula.
Dice S. S. que el impuesto no puede ser igual en función de la geografía.
O S. S. me explica un poco más o yo creo que es muy difícil de plantear
lo que S. S. parece indicar, y extraordinariamente difícil de controlar.
Me anuncia que va a fijar una nueva tarifa --estaré encantado de que así
lo haga y podamos debatirla-- y que quiere reelaborar el proyecto, por lo
que entiendo que quiere que se modifique el actual sistema en otra
dirección, la que su grupo parlamentario nos exponga, y que debemos
aumentar el número de tramos. No coincidimos con S. S. ni es lo que está
sucediendo en nuestro entorno económico.
En cuanto a los perjudicados en el tema de la vivienda, quisiera decirle
que el procedimiento es muy claro. Si una persona sale perjudicada, es
decir, tiene que pagar más Impuesto de la renta como consecuencia de la
reforma y de las deducciones que se hacía por la vivienda si es que la ha
adquirido antes de la fecha que fija la ley, igual que se presenta una
petición de devolución, tiene que presentar una solicitud a la Hacienda
tributaria por el mismo procedimiento y, en el mismo plazo --creo que lo
he dicho en mi discurso-- en que se procede a las devoluciones, se
producirán las compensaciones de la diferencia que haya entre un sistema
y otro para aquellos que puedan salir perjudicados, que en nuestra
opinión no va a ser nadie.
Me dice que nuestro proyecto es manifiestamente mejorable. No sabe cómo
me gustaría verlo y estaré encantado de comprobarlo.
Señor presidente, ya entro en la intervención del señor Martínez Noval.
Primero me ha dicho que mi discurso de esta mañana le ha parecido
radical, de izquierdas. Nada más lejos, señor Martínez Noval, nada más
lejos. Yo creo que ha sido un discurso centrista, y el señor Martínez
Noval tiene que ir pensando qué es lo que va a hacer él respecto a eso,
pero colocarme en un discurso radical, para nada. Creo que esta es una
reforma muy equilibrada, muy estable, perfectamente asumible por la
situación económica española y, desde el punto de vista de la
radicalidad, estaría exclusivamente en beneficio de los ciudadanos. A
partir de ahí, me ha dicho que todo lo que yo he dicho es falso. Bueno,
últimamente, todo lo que nosotros decimos, hacemos, proponemos, hemos
hecho y vamos a hacer es falso. Es más, desde que yo estoy en esta
Cámara, cada vez que les hemos propuesto una cosa era falsa e iba a
costar un billón de pesetas. (Un señor Diputado: ¡Barea!) Como ya me han
dicho ustedes esto durante dieciséis años, estoy perfectamente dispuesto
a escucharlo una vez más. (Aplausos.) Ahí ha entrado usted en que la
falsedad de lo que diga el Partido Popular o el Gobierno del Partido
Popular radica en la posición de los interlocutores sociales. Hombre,
señor Martínez Noval, eso ustedes no lo digan. Con cuatro huelgas
generales a la espalda y ni una reforma laboral pactada, ustedes no
(Aplausos.); el resto de los grupos parlamentarios me pueden decir lo que
les parezca, pero sinceramente sobre el diálogo social y el respeto a la
independencia de los sindicatos o de los empresarios, por favor señor
Martínez Noval, no me lo ponga fácil, porque no es necesario. Vuelvo a
repetirle algo que me parece extraordinariamente negativo, y perdone que
se lo diga. Si usted es opuesto a la reforma del Gobierno, incluso si
cree que lo que decimos no es verdad, tiene suficientes diputados,
suficientes votos para decirlo. Deje a los sindicatos y a los empresarios
que digan lo que les parezca. ¿Qué pasa, que al salir hoy de esta Cámara
los sindicatos y los empresarios tienen que empezar a pensar que han de
tener cuidado con lo que digan porque lo vamos a utilizar en los debates?
Pero hombre, señor Martínez Noval ¿a estas alturas del siglo me viene
usted con ese argumento? (Protestas.--Aplausos.) Seamos un poco
respetuosos con la sociedad civil. Aquí hay suficiente política. Si ya
les han contestado, y no quiero utilizarlo porque no quiero caer en el
mismo defecto, pero saben perfectamente que estas palabras que yo estoy
diciendo tienen más eco del que a ustedes les gustaría. Además, han
estado tratando de conseguir eso desde que llegaron por primera vez al
Gobierno, en 1982, y a lo único que nos llevaron fue a un enfrentamiento
social que fue enconado desde el año 1985 --acuérdense del abandono de
algunos de sus diputados-- hasta el año 1996, y no vale la pena. (El
señor Núñez Pérez: ¡Las pensiones!) Tienen ustedes un electorado
suficiente. ¿Para qué necesitan instrumentar a la sociedad? Tengan sus
propios argumentos y échenme en cara mis argumentos, no me vengan
utilizando lo que opina el resto de la sociedad porque necesiten en ese
momento un respaldo ¿ante
qué? Ante el vacío de que si lo que estamos haciendo en este momento es
cierto --y me parece que es cierto porque es lo que pasa--, su discurso y
su programa electoral pasado, presente y no me atrevo a decir futuro,
pura y simplemente, no les sirve. Ese es un gran esfuerzo que tienen que
hacer. (Aplausos.) Me habla de propaganda electoral. Señor Martínez
Noval, esto iba en mi programa electoral del año 1996, del año 1993, del
año 1989, del año 1986 y del año 1982. Luego estaré haciendo propaganda
electoral hacia atrás. Teniendo en cuenta que las elecciones generales no
van a ser en el año 1998, por lo que el presidente del Gobierno no sólo
me ha dicho a mí sino a la opinión pública, este debate lo hacemos con
total tranquilidad y no tenemos por qué considerarnos con ninguna presión
electoral. No se consideren ustedes tampoco. Tomen sus decisiones sin
presiones electorales. Este es un debate que está separado de las
campañas electorales generales (Risas.--Aplausos.) Dicen ustedes que una
parte de la Cámara rechaza este proyecto. Ya lo veo, hay cuatro enmiendas
de devolución; no soy capaz de dudarlo. Ustedes no sólo defienden
intereses sino valores sociales y morales. ¿Es que a S. S. le parece que
el empleo, el equilibrio entre los salarios y la mejora de las rentas más
bajas, la defensa de la familia y la transparencia de un impuesto no son
valores morales? ¿Le parece que son exclusivamente valores económicos?
¿Cuáles son entonces los valores morales que usted defiende en el
impuesto sobre la renta? ¿La tarifa de 1991? ¿Me defiende usted la tarifa
de 1991, señor Martínez Noval? ¿Me defiende usted que suba la tarifa para
las rentas menores de dos millones para que baje para las rentas más
altas? ¿Me defiende usted las amnistías fiscales como valores morales?
¿Me defiende usted eso? (Aplausos.) Pues le voy a contestar. Me lo
defiende porque usted lo votó y yo no. O sea, que ustedes sí han
defendido eso. (Aplausos.) Pretender decir a estas alturas del siglo XX
que el aumento de la capacidad de ahorro de las familias es promocionar
el individualismo y el egoísmo, señor Martínez Noval, es el discurso más
antiguo que he oído hace mucho tiempo en términos políticos y en todo
tipo de términos. (Rumores.--Aplausos.) ¿Me quiere decir que los cinco
millones de familias españolas que han invertido en los fondos de
inversión son individualistas y egoístas? ¿De qué me está usted hablando
en el siglo XXI? ¿Es que me va usted a decir que los tres millones de
españoles que invierten en fondos de pensiones complementarios o los
millones de españoles que tienen seguros médicos complementarios son
individualistas y egoístas? Le voy a decir por qué, señor Martínez Noval.
Muchos de ellos invierten por los servicios públicos que en este momento
no les satisfacen y deberían satisfacerles. (Rumores.) Eso es más con
menos, señor Martínez Noval, porque el discurso que ustedes han
transmitido a la sociedad española ya no lo compra nadie. ¿Es que la
garantía de la cohesión social y de la calidad de los servicios públicos
está en el volumen del gasto público? No, señor Martínez Noval; está en
la satisfacción de los ciudadanos; ahí es donde está la cohesión social.
(Aplausos.) Me plantea el señor Martínez Noval que la política económica
del Gobierno del Partido Popular es en primavera. Señor Martínez Noval,
en mayo de 1996 esto era el invierno de Siberia. (Risas.) No me venga
usted con bromas. En mayo de 1996 aquí hacía un frío tal que habíamos
cerrado un ejercicio con un 7 por ciento de déficit público, la economía
no crecía al 2 por ciento, teníamos 700.000 millones de agujero
presupuestario, las pymes no confiaban en el futuro, la mayoría de los
españoles creía que el futuro iba a ser peor que el presente y nadie daba
en ese momento la menor posibilidad a España de superar sus problemas.
Luego, aquí, en mayo de 1996 era el invierno. (Aplausos.) Si quiere que
le diga la verdad, eso ya no le importa a nadie, así que si usted y yo
dedicamos todo el debate a discutir sobre cómo estaban las cosas en mayo
de 1996, a la mayor parte --no sé a los miembros de la Cámara, a lo mejor
por afición lo aguantan, depende de los grupos parlamentarios--, a los
españoles de fuera no les interesa absolutamente nada. Lo que interesa a
los españoles de fuera es que hagamos cosas para que la recuperación
económica dure, no que nos sentemos a decir: Han pasado dos años, tienen
que venir vacas flacas, y puesto que yo estoy en la oposición voy a
empezar a augurar catástrofes. Las auguro para
el año 1997. ¿Que no se producen? Las auguro para
el año 1998. ¿Que no se producen? Las auguraré para el año 1999.
(Rumores.) Eso es lo que estamos viviendo desde septiembre de 1996,
señoría. ¿Cuántas veces nos van a augurar la catástrofe? (Un señor
Diputado: ¡Pues pasando!) Yo lo que les pido es que, además de hacer
oposición, piensen en el esfuerzo que podemos hacer entre todos para que
la recuperación económica española sea duradera. Díganme ustedes qué se
puede hacer para que sea duradera, aparte de estar continuamente
diciéndonos que hay que ver lo poco que va a durar. Les voy a decir una
cosa, con la mayoría parlamentaria que tiene el Gobierno vamos a hacer
esos cambios, la recuperación va a durar y antes o después los españoles
van a preguntarse qué hacen estos señores con nuestros votos, que lo
único que nos auguran son catástrofes que no se producen. (Varios señores
diputados: ¡Muy bien!--Aplausos.) Cuando he dicho que era la primera vez
que se bajaban los impuestos me refería al Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas. Es verdad, señor Martínez Noval, que hemos bajado otros
impuestos. El señor Martínez Noval ha hecho críticas, algunas fundadas, a
los problemas de estabilidad jurídica, y yo se las acepto, pero ha dicho
que hemos hecho subidas de impuestos, algunas de las cuales son
innegables, como las de las primas de seguros, el alcohol y el tabaco,
pero no las de las tasas. Señor Martínez Noval, las tasas,
según la Ley de tasas, que por cierto se aplicó no la pasada legislatura,
si no me equivoco, sino la anterior o la precedente, no son impuestos
sino precios que tienen que pagar los usuarios de unos servicios que no
hay que financiar con impuestos, y quiere decir que si las tasas no
responden al coste del servicio, estamos haciendo que se paguen con
impuestos generales tasas que deberían de pagar sólo los usuarios, y eso
es injusto, según la Ley de tasas aprobada --si no me falla la memoria--
en la segunda legislatura de mayoría absoluta del Partido Socialista. Es
la única manera de definir una tasa. Por tanto, si a ustedes les parece
mal que las tasas financien los servicios para los que están destinadas,
será que querrán ustedes o suprimir los servicios o que se financien con
impuestos de españoles que no deberían de financiarlos, lo cual, perdone
que le diga, señor Martínez Noval, no tiene sentido, ni en su discurso
político, ni en el mío, ni en ninguno.
Sobre que no hay razones de eficiencia, sí las hay, señor Martínez Noval,
¿cómo no las va a haber, si es un impuesto que no funciona? Pero no sólo
no funciona por el crecimiento de las rentas salariales en el conjunto
del impuesto, no sólo no funciona por el tratamiento de la familia, no
sólo no funciona por el deficiente tratamiento de las deducciones en
algunos casos, como sanidad o vivienda, sino que no funciona por su
crecimiento, y hay que cambiarlo. A mí me gustaría que su grupo
parlamentario nos aportase desde otra perspectiva --yo no niego que
ustedes tengan otra perspectiva, lo noto perfectamente, y además cada vez
estoy más satisfecho de que la tengan-- elementos para hacer un impuesto
más eficiente, porque este impuesto, ahora, en primavera, en verano, en
invierno, en todas las épocas económicas que ha habido desde el año 1992
es injusto e ineficiente, y me da igual que estemos antes de la Expo, que
en mitad de la crisis de 1993, que con el Gobierno de ustedes del año
1995, que con nuestro Gobierno del año 1997: este impuesto que tenemos en
este momento no lo debemos mantener y no hay ninguna razón para hacerlo.
Por lo que se refiere a la teoría que usted sostiene de que, como la
economía va bien, este es el momento de no hacer nada, es justamente al
contrario, es el momento de hacer más cosas, es el momento de no
quedarnos atrás, es el momento de poder hacer esfuerzos hacia adelante y
de modificar la realidad española, respondiendo a lo que la sociedad
española nos demanda. Por cierto, sobre el ahorro, señor Martínez Noval,
el ahorro de las familias entre los años 1986 y 1989 cayó tres puntos del
PIB y entre los años 1995 y 1997 se ha mantenido estable, lo cual quiere
decir que si está creciendo el consumo y se mantiene el ahorro estable,
S. S. me reconocerá que hay algunos efectos positivos de nuestras medidas
tributarias.
En resumen, señor presidente, yo agradezco a los grupos parlamentarios el
debate, creo que, como todos, es enriquecedor. Les agradezco las
propuestas. Estoy convencido de que avanzaremos en las propuestas
concretas que se produzcan como consecuencia de la presentación de las
enmiendas al articulado y lo único que me resta es repetir lo que he
dicho esta mañana al final. Si podemos coincidir en la necesidad de un
impuesto más equitativo y más justo para las rentas más modestas y para
los salarios, que reconozca la situación de las familias y que hay
familias, por el número de hijos o por otros ascendientes o
discapacitados, que necesitan mejor tratamiento; si estamos convencidos
de que debemos fomentar el ahorro y medidas que correspondan a lo que nos
dice la Unión Europea sobre el empleo y los costes no salariales y si
queremos un impuesto más transparente y más eficiente, a partir de ahí
nosotros estamos dispuestos a aceptar todas las propuestas que sean
mejores que las nuestras.
Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
presidente.
Señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Gracias, señor presidente.
Desde luego he asistido con atención a la réplica del señor Rato, por
cierto, una réplica que le agradezco profundamente. En todo caso,
admítanos, señor Rato, que la oposición a esta reforma del IRPF, por lo
menos la nuestra, se hace desde la honestidad y desde la racionalidad,
porque, efectivamente, de lo contrario, seríamos suicidas, y ¡hasta ahí
podíamos llegar!
Quiero dejar claro que en nuestra intervención no defendimos el modelo
vigente, sino que afirmamos que la reforma lo va a empeorar. Tenga usted
la seguridad de que al menos para nosotros el problema no es cambiar de
programa político, para nada. Yo soy de los que no tiene ningún
inconveniente en hacerlo si las cuestiones que se plantean socialmente,
en este caso desde el Gobierno, resultan beneficiosas para la sociedad.
En todo caso, quiero decirle que, efectivamente, como nacionalistas, poco
nos afectaría ese tipo de cuestiones.
Usted hace la siguiente afirmación. No es verdad que cuantos más
recursos, más servicios se prestan al ciudadano. Efectivamente, no es
verdad si se gestiona mal o no es verdad si esos recursos no se ponen al
servicio de esos ciudadanos. Pero, vamos a ver, señor Rato, será verdad
que para prestar determinados servicios hay que contar con recursos, ¿no?
Por tanto, ¿están ustedes cuestionando o no la viabilidad y supervivencia
del Estado del bienestar? ¿Son ustedes o no los que cuestionan que la
sanidad pública, la enseñanza, las pensiones, los gastos en
infraestructuras hay que disminuirlos porque no hay recursos? ¿Se nos
dice o no, por ejemplo a los gallegos, que debemos renunciar a tener un
ferrocarril moderno porque no hay presupuesto?
¿No están ustedes planteando esto y mucho más? Ustedes están planteando
que los ciudadanos deben tender a sufragarse sus planes de pensiones, su
sanidad, la enseñanza, etcétera. ¿Usted cree que en esas condiciones los
ciudadanos pueden acceder en igualdad de condiciones a estos servicios? A
mí me parece que eso no va a ser así. Por tanto, si ustedes están
planteando estas cuestiones, ¿tiene algo que ver con qué impuestos se
recaudan y cómo se recaudan? ¿Cómo, si no, se puede explicar que cuando
la economía y los beneficios crecen esté en peligro el mantenimiento del
denominado Estado del bienestar? (El señor vicepresidente, Marcet i
Morera, ocupa la Presidencia.)
Efectivamente, hay una discusión muy interesante, que es el modelo de
sociedad. Ustedes están presentando un modelo en el que el Estado deje de
cumplir su papel de agente redistribuidor; pretenden que el ciudadano
aterrice como pueda, defienden que el mercado lo regule todo y que cada
ciudadano se defienda según sus recursos. Ese modelo social, señor Rato,
no es nada moderno; ese modelo social ya lo conocemos en otros Estados y
ya lo conocimos en épocas pasadas y a lo único que condujo,
desgraciadamente, fue a una gran desigualdad social y, por cierto, en
muchas ocasiones a graves conflictos, porque puede haber crecimiento
económico e incluso poco paro, pero grandes y graves desequilibrios
sociales donde muchos ciudadanos son excluidos de ese sistema. Nosotros
planteamos un modelo social en el que el mercado no lo puede regular
todo, en el que el Estado tiene que jugar un papel de árbitro, tiene que
reequilibrar las situaciones injustas que este modelo económico genera y,
por tanto, contribuir también al equilibrio territorial.
Me parece que en las discusiones políticas --y usted siempre hace alusión
a eso-- cada uno debe plantarse delante de la sociedad con su verdadera
ideología. Decía un articulista recientemente: lo malo de las políticas
de derechas es que sus artífices nunca están dispuestos a aceptar que lo
son y pretenden vendernos la idea de que su objetivo es favorecer a las
clases más humildes. Efectivamente, a lo largo de su intervención toda su
argumentación no hace más que dar validez a esta afirmación. Ustedes
afirman constantemente que no existen ideologías, que no hay modelos
distintos, para así disfrazar que ustedes tienen una ideología, y muy
clara, que además conduce a unos lugares muy determinados.
Supongo que no se podrá negar a estas alturas que en esta sociedad hay
diferencias sociales, que las personas están colocadas en distintos
lugares de la pirámide y que sus intereses desde luego no pueden ser los
mismos. Efectivamente, usted ahora nos acaba de decir --y esta es una
aportación, supongo, teórica y cuando menos de sofisma-- que los
ciudadanos no pagan más a pesar de que paguen más tasas, porque eso no es
un impuesto. Desde un punto de vista teórico, eso será verdad, pero lo
que yo le puedo asegurar es que lo que hacen los ciudadanos es pagar de
su bolsillo determinados servicios, y las tasas lo que hacen es que por
esa vía, sea impositiva o no, haya que pagar cada vez más.
Sin duda, podremos discutir los efectos del intercambio entre cuota y
base cuando se apliquen las deducciones y los efectos del recorte de los
tipos marginales máximo y mínimo. En todo caso, la reforma que se
propone, para nosotros, va a beneficiar a las rentas más altas y va a
perjudicar a los menos pudientes, que pagarán más impuestos por otra vía
o recibirán menos prestaciones; a lo mejor, como decía al principio de mi
intervención, ambas cosas.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Vázquez, concluya, por
favor.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Señor Rato, efectivamente,
estamos en un debate ideológico porque las cuestiones técnicas, al final,
sólo las podemos resolver ustedes afirmando que esta reforma va a
beneficiar a la mayoría y nosotros creyendo que la va a perjudicar. Por
lo tanto, sólo el tiempo nos podrá decir a quién beneficia y a quién
perjudica. Esperemos que no sea demasiado tarde. A nosotros nos queda
insistir en que nos preocupa el fraude fiscal, que se da donde todos
sabemos que se da, es decir, entre las rentas más pudientes, y ahí dudo
mucho que ustedes vayan a hacer algo serio; si no, al tiempo. Por cierto,
muchas de las rentas más altas seguirán defraudando y también manteniendo
su prestigio social. Muchas personas que ni siquiera tributan o que
simplemente no pagan son socialmente muy bien consideradas, y nadie las
critica.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Vázquez, por favor,
concluya.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Acabo, señor presidente.
Gracias por su benevolencia.
También nos preocupa el futuro de las prestaciones sociales. Mucho nos
tememos que a este ritmo, con estas políticas, pronto les oiremos decir
que las prestaciones son infinanciables y que hay que recortarlas.
En fin, señor Rato, nos gustaría que la reforma sirviese para crear más y
mejor empleo, como ustedes afirman. Por lo menos, comprenda que a
nosotros nos encantaría que fuera así; pero, a pesar de lo que usted
diga, permítanos que dudemos, a la luz de la experiencia, sobre todo a la
luz de la experiencia popular. Al pueblo, como usted sabe, siempre le
toca cargar con las consecuencias de estas decisiones.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Vázquez.
Señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
Señor Rato, usted amenaza o advierte a los que defendemos que se va a
producir una bajada de recaudación que nos vamos a quedar sin programa.
El señor Barea ha dicho que esto va a significar una disminución de
500.000 millones de pesetas. Yo no sé si nosotros nos vamos a quedar sin
programa; parece que el señor Barea, por decir lo que nosotros decimos,
igual se queda sin puesto de trabajo. (Aplausos.) Además, puestos a decir
quién va a perder, también le quiero recordar, señor Rato, que el
comisario de la Unión Europea les ha advertido a ustedes contra el riesgo
de bajar precipitadamente los impuestos. ¿Sabe usted qué quiere decir
esto? Que aquí quien también puede perder es el Estado español, porque no
tiene ningún sentido disminuir los ingresos en 500.000 millones de
pesetas e ir a reclamar un billón de pesetas de recursos de la Unión
Europea. Por lo tanto, aplíquese usted el cuento. De momento, parece que
alguien ha perdido el puesto de trabajo, es posible que estén en peligro
los fondos de cohesión y veremos en las próximas elecciones quién se
queda sin programa.
En relación con el tema de la progresividad, señor Rato, usted dice:
¿cómo van a estar ustedes en contra de que a las rentas bajas se les baje
el 30 por ciento y a las altas el 6? ¿Cómo lo explican? Yo se lo explico.
Un kilo de patatas no se compra con tantos por ciento. Las patatas, las
camisas, los pisos no se compran con tantos por ciento. Si resulta que el
30 por ciento que usted dice son 19.000 pesetas al año y el 6 por ciento
que usted dice son 700.000 al año, ¿eso incrementa o no las
desigualdades? Insisto, la respuesta es clara: no se compra con tantos
por ciento.
Luego usted ha hecho broma con el tema de los libros y los hijos, y sobre
la base de argumentar que su propuesta es moderna, ¿qué es lo que nos
propone? Que una persona con una base imponible de dos millones de
pesetas reciba del Estado 48.000 pesetas y que otra con una base
imponible de once millones reciba 96.000 pesetas; que una persona con una
base imponible de dos millones de pesetas reciba 6.000 pesetas por libro
y aquella que tiene una base imponible de once millones reciba 12.000
pesetas. Señor Rato, ¿esto es moderno? Esto es antiguo, pero muy antiguo;
la modernidad ha sido conseguir que los libros de los hijos de una
persona que gana dos millones de pesetas y de otra que gana once millones
de pesetas tengan la misma subvención. Eso es lo moderno y ese es el
avance histórico del movimiento obrero o de las fuerzas progresistas en
Europa y que nosotros vamos a seguir manteniendo aquí, porque lo que
usted dice es antiguo y va en la dirección del feudalismo.
En cuanto al tema del fraude, usted ha sido muy contundente en su
explicación a lo largo del debate, incluso intentando dar lecciones de
que sólo ustedes están en la política y que nosotros estamos fuera de
ella, fuera del mundo. Como argumento dialéctico yo se lo respeto, pero
no se lo crea. El avance del mundo es el producto dialéctico de las
alternativas de los diversos sectores sociales; el mundo, la política y
la política fiscal existían antes del PP, antes de que usted fuera
ministro de Economía y va a seguir existiendo. Por tanto, no fomente este
aura que usted se atribuye creyendo que todo el mundo está fuera del
mundo y que usted es la modernidad. A efectos dialécticos se lo respeto,
pero no se lo crea, porque si usted se lo cree y va por ese camino, en el
futuro se va a colocar en una situación difícil.
Siguiendo con el tema del fraude...
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Saura, ya con brevedad y
concluya, por favor.
El señor SAURA LAPORTA: Treinta segundos y acabo, señor presidente.
Ha contrastado la respuesta que me ha dado en relación al fraude con la
contundencia del resto de respuestas. Usted ha dicho que no conoce los
datos que yo he dado y que lo que le dicen ahora al final de abril no es
lo que yo digo. No parece que su preocupación por el fraude sea muy
grande si viene aquí diciendo que no conoce los datos, siendo
precisamente éste el tema en el que debería estar más seguro por ser el
más importante. Si este es el tema que más preocupación le produce, ¿cómo
es precisamente el que usted dice que no conoce? No lo conoce porque
tiene miedo de que sea verdad y no se quiere arriesgar a rebatirme los
datos, y ha de poner en instancias ajenas a usted la responsabilidad de
que sean verdad. Pues bien, esos datos son ciertos, señor Rato. El 4 de
junio, desde una de las subdirecciones generales de la Agencia Tributaria
se dirige un documento al jefe de la ONI y a los servicios inspectores
regionales, en el que se dice: Esa es su situación, aunque te ruego la
máxima discreción. Y se dan los datos, y los datos son catastróficos:
100.000 millones de pesetas menos de deuda. Evidentemente usted me puede
decir que es por efecto del estatuto del contribuyente. Señor Rato, es
que el estatuto es un desastre. No tengo tiempo, pero usted sabe
perfectamente, y si no lo sabe pregunte, que en el mes de marzo, cuando
debía empezar la aplicación de las sanciones por el estatuto del
contribuyente, no tenían ni la aplicación informática ni los impresos y
se les está acumulando el trabajo. Ustedes tienen a todos los
subinspectores desde hace un año en plan de guerra contra la Agencia
Tributaria, no están dialogando. Qué caos es el de la Agencia Tributaria
ahora, y no por la actitud de los profesionales. Usted viene aquí
diciendo que está preocupadísimo, pero es incapaz de contestar, no conoce
los datos de mayo, dice que conoce los de abril y dice que otros dicen
que los que yo digo no son verdad. Señor Rato, mañana, pasado, conteste
usted, haga una comparecencia y diga claramente cómo explica
esta bajada de deuda y por qué mientras se produce esta bajada de deuda,
ustedes siguen diciendo que el Gobierno informa que todo va muy bien.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Saura.
Señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, he escuchado con bastante atención la prédica de reafirmación
que usted ha hecho buscando la adhesión y me ha recordado la etapa
anterior a 1993, en la que yo estaba en la escuela. Ha utilizado una
expresión: lo fabuloso, lo fetén para el futuro es más por menos. Ustedes
van a dar más por menos. Pues usted que es ministro de Economía y
Hacienda sepa que, en matemáticas, las que se dan en la escuela, más por
menos es menos, no es más. (Aplausos.) Señor Rato, usted nos ha dicho que
nos vamos a quedar sin programa y que lo sentía porque algunos vamos a
perder lo que hemos venido predicando desde jóvenes. Lo de la juventud,
cada uno por su lado; la que a cada uno nos quede, como la juventud está
en el espíritu, puede ser que la tengamos siempre. Le voy a aceptar eso,
pero convendrá conmigo en que yo me habré quedado sin programa en la
misma medida en que su único programa sea bajar los impuestos. Si no es
así, es imposible que me haya quedado sin programa.
Le pediría una cosa a usted como ministro de Economía, que me cuadrara el
círculo de lo que ha venido a defender hoy aquí con su reforma.Vamos a
ver si sabemos sumar, porque a eso sí que puedo ayudar a S. S., a sumar y
a contar. A partir del año 2000 no va a quedar nada para privatizar,
según el presidente del Gobierno. Por tanto, los ingresos que hoy tenemos
de 1,2 billones de pesetas en el Estado por privatizaciones no estarán.
Convendrá conmigo en que en el año 2000 habrá 1,2 billones de pesetas
menos de ingresos. Además, anuncian que el plan de estabilidad significa
que van a reducir el déficit público al 1 por ciento. Como van a ingresar
menos, para que el déficit público sea menor, gastarán menos y, además,
anuncian medio billón de pesetas menos de ingresos. ¿Cómo leche me puede
explicar --perdón por el taco-- que esto no va a llevar consigo que van a
reducir los gastos? No me salen las cuentas. Dígame cómo suma usted. (El
señor Morano Masa pronuncia palabras que no se perciben.)
Sí, sí, pero hay algunos que tienen que empezar por el Catón.
Señor ministro nos recomendaba usted --y me gusta aprender de las
recomendaciones que nos dan cuando discutimos-- que no instrumentalicemos
políticamente a los sindicatos, porque los sindicatos se oponen. (El
señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y
Hacienda, De Rato Figaredo, hace signos de denegación.) No, no me lo ha
dicho. Pero si ha hablado usted de instrumentalizar en toda la
intervención, dirigiéndose a mí y a los demás. Le preguntaría dos cosas
solamente sobre la instrumentalización de la opinión de los propios
sindicatos. ¿Por qué no han aceptado que hagamos comparecencias aquí?
¿Sabe usted por qué? Porque así no podrán pasar por el Congreso una serie
de organizaciones sociales que no ven bien su reforma, y nos darían los
datos que ellos tienen para no estar de acuerdo con la misma, y pasarían
técnicos, profesores, catedráticos que no están de acuerdo con su
reforma. Usted habla de instrumentalización porque decimos que los
sindicatos se oponen. Pero cuando el ministro de Trabajo dice que el
diálogo ha fructificado porque han llegado a un pacto por el empleo y que
eso es bueno, ¿no instrumentaliza a los sindicatos? Pues, entonces, vamos
a ver si todos podemos usar el mismo rasero.
¿Sabe usted por qué? Nos ha manifestado varias veces que abusamos de la
demagogia. Le voy a explicar lo que dice el Diccionario de la Lengua
Española sobre la demagogia: exageración de los argumentos a beneficio de
la posición que cada uno tiene. Pues usted se ha dedicado toda la tarde a
exagerar los argumentos para apoyar su posición. Le voy a devolver la
pregunta en activo. No le he dicho que en el futuro la suficiencia esté
en cuestión. No, se lo he puesto en presente y le he leído una serie de
cuestiones: ustedes van a dejar de ingresar por esta reforma 100.000
millones de pesetas de los españoles que ingresan más de doce millones de
pesetas al año y eso está distribuido de una manera determinada. Ya le he
manifestado que eso lo pueden hacer ahora porque este año ustedes no han
encontrado 100.000 millones de pesetas para hacer un plan de empleo,
porque este año van a hacer que los pensionistas paguen 60.000 millones
de pesetas en recetas de las que pagaba antes el Estado, porque ustedes
no han pagado lo que firmaron con los sindicatos. ¿Me puede decir si
usted va a cumplir el pacto de pensiones de octubre de 1996 que firmaron
con los agentes sociales? ¿Sabe lo que firmó usted? Que el complemento de
mínimos lo pagaba el Estado desde los ingresos de los impuestos generales
del Estado. ¿Por qué este año hay 300.000 millones de pesetas menos que
ustedes no han pagado? ¿Sabe cuánto han pagado de complemento de mínimos?
16.000 millones de pesetas. Sabe cuánto es el complemento de mínimos en
su totalidad? 600.000. ¿Sabe cuánto le correspondería aplicando el
criterio anterior? 300.000 millones de pesetas. ¿Por qué no han cubierto
ustedes esa previsión? (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y
Lozana, ocupa la Presidencia.)
En aquel pacto ustedes dijeron que iban a incrementar el gasto social en
el mismo porcentaje que el PIB nominal. ¿Van cumplir aquel pacto? ¿Van a
incrementar el gasto social para poder acercar y mejorar las condiciones
en que los ciudadanos van a recibir esa posibilidad?
¿Van ustedes, por ejemplo, a incrementar los recursos que se destinan al
desempleo y al Inem? ¿Van a abordar las prejubilaciones? ¿Van a hacer
frente a un plan de empleo que signifique la reducción de la jornada? En
suma, el problema no es de mañana, es de hoy. Es que ya hoy ustedes han
renunciando a una serie de políticas sociales, pues les favorece,
renunciando a esos pagos, renunciar a esos ingresos. No mañana, hoy, ya,
en este momento. Esa era la crítica que yo le hacía. Por eso la pérdida
de suficiencia es desde ya.
Por lo que se refiere a la pérdida de progresividad antes ya le he sacado
un gráfico, pero le puedo dar los números. En pesetas constantes un
español que gana tres millones va a tener unos beneficios fiscales, según
la diferencia que hay entre el tipo efectivo de 1998 y el de la reforma
que ustedes proponen para 1999, de 58.000 pesetas al año, 4.100 pesetas
al mes. ¿Sabe usted cuál es el beneficio fiscal de un español que hoy
declara ganar cien millones de pesetas? Pues es, aproximadamente,
7.400.000 pesetas. ¿Sabe cuánto es eso al mes? 500.000 pelas. ¿Me quiere
usted decir que es equitativo que a una persona le deje 4.000 pesetas y a
otra medio millón de pesetas al mes? Si eso es progresivo, que venga Dios
y lo vea. A mí, desde luego, no me sale la comparación.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Ríos, le
ruego que vaya concluyendo.
El señor RIOS MARTINEZ: ¡Vaya!, pasa el tiempo más rápido que lo que a
uno le parece.
En suma, lo que estoy defendiendo, señor vicepresidente, es que el
razonamiento sirva siempre. Voy a terminar con un argumento que siempre
se ha utilizado. Usted aludía a un compromiso y llevaba razón. Usted
decía que por qué en vez de hablar de un ciclo económico que dura tres
años y que luego cae, no anunciamos un ciclo económico que tenga más
estabilidad. ¿Por qué no apostamos por la estabilidad del ciclo
económico? Yo estoy de acuerdo con usted. Ahora, en lo que no estoy de
acuerdo es en la receta que usted utiliza. ¿Cuál es la receta que usted
utiliza? Usted dice: menos impuestos significarán más ahorro y ese ahorro
significará más inversión y más empleo. Esa misma lectura se hizo en
1988: bajemos los impuestos a las capas más altas para que ese dinero lo
puedan ahorrar y lo inviertan y vayamos a liberalizar las plusvalías para
que no se escapen de nuestro país. Se dijo en 1991. Pero, ¿ha funcionado?
No; menos impuestos pueden provocar más dinero en circulación y un riesgo
de inflación. Usted verá si eso es posible o no --lo dice un comisario;
yo no comparto esos criterios--, pero es que parece que lo que hay por
medio es un riesgo de inflación. Pero menos impuestos pueden significar
más ahorro y más inversión generando empleo o más fondos de inversión, y
en este país lo que ha pasado es que se ha ido a los fondos de inversión.
Pues bien, ¿sabe usted cuántos fondos de inversión tenemos? 32 billones.
¿Sabe usted lo que los españoles declaran este año que ganan en la renta?
30 billones, de la cual pagan 5,2 en impuestos. Es decir, 32 billones de
pesetas en fondos de inversión ha significado una subida de 8 billones en
dos años. ¿Qué pagan cuando se venden las acciones de esos fondos de
inversión, de qué manera participan? Y usted decía: por primera vez van a
pagar. Yo le digo ¿significa la incorporación del mínimo vital un mínimo
exento que antes no tenían los empresarios? ¿Tenían mínimo vital antes
las rentas y las retenciones de empresarios y profesionales? No, las
rentas del trabajo. Con este mínimo vital ya han conseguido ustedes que
también tengan un mínimo exento.
En suma, a la reforma le pasa como a ese dicho que existe en nuestro
país: aunque a la mona la vistan de seda, mona se queda. (Aplausos.) El
señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor
Ríos.
Señor Martínez Noval.
El señor MARTINEZ NOVAL: Gracias, señor presidente.
Señor Rato, voy a empezar por su referencia a las relaciones entre los
agentes sociales y los sucesivos gobiernos socialistas, del año 1982 a
1996. Yo he utilizado la opinión de la patronal y de las centrales
sindicales simplemente como una referencia a lo que dos instancias,
bastante poderosas de esta sociedad civil española a la que usted se
refirió, vienen sosteniendo sobre esta reforma. Yo no he hablado en
absoluto de diálogo social ni nada de eso, me refería a la opinión que en
estos momentos tienen las centrales sindicales y la patronal española
sobre esta reforma y en qué medida eso contradice políticamente, dentro
de la lógica política, el discurso que usted hizo esta mañana desde esta
tribuna. Por cierto, que esta tarde ya está usted en su lugar natural,
que no es el del centro, por más que usted se esfuerce, sino que es el de
la derecha, la derecha española de siempre.
Ha traído usted a colación el año 1985 y yo le tengo que refrescar la
memoria. En el año 1985 la huelga general fue contra una reforma de la
Seguridad Social española que ustedes no apoyaron y, fíjese qué cruel es
el destino, luego acabaron pactando con las centrales sindicales con
nuestro apoyo; la misma reforma de la Seguridad Social, señor Rato, que
la del año 1985, que ustedes, por cierto, no apoyaron. (Aplausos.)
¿Qué están haciendo otros países europeos? Usted ha mencionado a
SchrÜeder y a Kohl. Respecto de SchrÜeder le tengo que decir una cosa, y
perdóneme que le traiga a colación un pequeño chascarrillo. Me viene a la
memoria lo que decía el taxista de La Carolina cuando declaró: «Yo no sé
si iba secuestrado o no iba secuestrado, lo que sé, sí, es que iba solo».
(Risas.) Pues bien, yo no sé si SchrÜeder estará o no de acuerdo
con su reforma, lo que sí sé es que estuvo en contra de la reforma que
proponía el canciller Kohl. La reforma del canciller Kohl, señor Rato
--se ha olvidado usted de ello--, tenía una coherencia, incluso siendo
rechazable, la coherencia de que necesitaba y aceptaba subir dos puntos
del IVA para compensar la pérdida de ingresos como consecuencia de la
rebaja del Impuesto sobre la renta. Usted se niega a reconocer que sea
necesaria una subida de otro tipo de impuestos para compensar la caída en
éste, a menos que tenga usted procedimientos taumatúrgicos o milagrosos.
Señor Rato, está usted equivocado. Hay un país europeo donde más
impuestos significó más crecimiento, más prosperidad, más empleo y menos
déficit: Irlanda. Revise el caso irlandés, señor Rato. Irlanda rebajó el
Impuesto sobre Sociedades a las compañías extranjeras, incluso las
exoneró de ese impuesto durante unos años, pero los impuestos de las
sociedades y de los ciudadanos irlandeses se incrementaron muy
considerablemente. En ese ámbito, Irlanda ha hecho un recorrido
macroeconómico que supera incluso al de este país en los años que van de
1983 a 1998.
Usted dice que no se benefician las rentas más altas. Yo no me puedo
creer que usted no se haya leído todo el proyecto que presenta en esta
Cámara. Sería interminable la relación que yo le puedo hacer de pequeñas
cuestiones que van a mejorar extraordinariamente el tratamiento de las
rentas más altas. Una es el artículo 41. ¿Sabe usted, señor Rato, que en
ese proyecto se dice que las reducciones de capital que hagan las
sociedades por la vía de la devolución de aportaciones de los socios van
a tributar como incrementos patrimoniales, o sea, al tipo fijo del 20 por
ciento? Después de ese regalo que les hace, ¿usted se cree que algunas
pequeñas sociedades van a pagar el impuesto del 35 por ciento de
sociedades por los dividendos que tengan? De ninguna manera. Los vestirán
de forma que aparezcan como reducciones de capital, que se convierten en
devoluciones de las aportaciones de los socios que tributan por el tipo
fijo del 20 por ciento y no por el del 35 por ciento. Léase el artículo
44, señor Rato: rentas en especie, cómo se valoran las rentas en especie,
en particular, cómo se valora la renta de las viviendas que las empresas
proporcionan a sus directivos o a su personal de alta cualificación.
Léase el artículo 44. Han eliminado ustedes el criterio de los alquileres
para valorar la renta en especie que supone que una empresa proporcione
una vivienda a sus empleados. Queda exclusivamente el criterio de un
porcentaje del Impuesto sobre el Valor Añadido. Eso es un beneficio
descomunal. Fíjese cuánto se benefician con esta reforma aquellos altos
directivos que, por ejemplo en Madrid --caso no muy inhabitual--, tengan
un pago de alquiler mensual de un millón de pesetas. Artículo 44, se lo
recuerdo, señor Rato.
Dice usted que 1.800.000 contribuyentes no van a hacer declaración. Léase
el artículo 81, señor ministro. En el caso de que alguno de estos
contribuyentes crea tener derecho a la devolución, aunque no esté
obligado a declarar, el camino para conseguir su devolución es muy
tortuoso, proporciona dudosas garantías jurídicas y no se compadece,
desde luego, con toda la propaganda que han hecho a propósito del
Estatuto del contribuyente.
Dice usted que las rentas regulares --curioso argumento-- del capital,
las de un año o inferiores a un período de dos años, van a tributar con
más carga fiscal que las rentas del trabajo. Sí, es cierto, no tienen
deducciones. ¿Pero es que usted es tan ingenuo --que no lo es, señor
Rato-- como para pensar que va a haber alguna renta del capital regular
que tribute añadiéndose en su totalidad a la base imponible? Parece
elemental suponer que en estas condiciones las entidades financieras se
las arreglarán --son muy inteligentes, tienen muchos medios y personas
muy capaces-- para convertir todas las rentas regulares en rentas
irregulares a dos años y un día, por ejemplo. Está cantado, ha aparecido
en todos los medios de comunicación. Una vez en vigencia este impuesto,
señor Rato, van a proliferar los bonos cupón cero a dos años y un día.
Eso es elemental.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Martínez
Noval, le ruego vaya concluyendo.
El señor MARTINEZ NOVAL: En consecuencia, todas las rentas regulares hoy
irán hacia un tránsito a rentas irregulares de dos años y un día
precisamente para tributar al tipo fijo del 20 por ciento. Esta reforma,
señor Rato, es la única --se lo digo con conocimiento de causa-- del
ámbito de la OCDE en la que se reducen los tipos y la base imponible. Las
dos cosas a la vez no se dan en ninguna circunstancia y en ningún país de
los de nuestro entorno. Si ustedes son tan modernos que van más allá de
lo que en estos momentos es moneda común en el resto de los países
europeos, allá ustedes con las consecuencias que esto traerá.
Dice usted que lo que defiende hoy desde esta tribuna figuraba en todos
sus programas electorales desde año 1982. No, no es verdad. Añade que mi
discurso es el mismo de hace 16 años --estoy dispuesto a admitírselo--,
lo cual quiere decir que tenemos sólidas creencias fiscales. Las suyas no
son sólidas, señor Rato. Permítame que se lo diga con todo respeto, sus
creencias fiscales son muy volubles, son más volátiles que las
cotizaciones en la Bolsa española. (Risas.) Empiezo por lo más cercano.
En el año 1991 usted era portavoz, la enmienda lleva su firma. Usted ha
hecho una crítica bastante aguda al splitting. Dice usted que el
splitting no es el mejor medio, ni mucho menos, para conseguir la
progresividad. (El splitting, para los que no estén al tanto de este
lenguaje...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Martínez
Noval, le ruego concluya.
El señor MARTINEZ NOVAL: Decía que el splitting es la imputación de
rentas de un preceptor en las dos, promediada o no promediada. Pues bien,
usted firmó una enmienda en el año 1991, la número 140, en la que
defendían y proponían al Gobierno socialista de entonces el splitting
perfecto. Si quiere se la leo, pero está firmada por usted. ¿Usted no
recuerda, señor Rato, que votó en esta Cámara, en el año 1985, la
sustitución plena y total del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas por un impuesto sobre el consumo? ¿No lo recuerda? Yo se lo
traigo a la memoria. Señor Rato, si en su momento hubiésemos hecho caso a
las enmiendas que usted proponía, ¿a dónde hubiera ido este país? Hubiera
ido a circunstancias bastante peores de las que se viven en estos
momentos. Les recuerdo una cosa: en el invierno del año 1996 la economía
española tenía una tasa de inversión superior a la de estos momentos. De
modo que, por más que ustedes se empeñen en hablar de la reducción de
tipos de interés y de todas esas cosas que usted ha dicho desde la
tribuna, hay cuestiones de los gobiernos socialistas que ustedes todavía
no han superado: una, ésa que digo, la inversión, la formación de capital
en nuestro país en términos de producto interior bruto, que todavía está
por debajo de los mejores momentos, del pico del ciclo anterior, y, dos,
ustedes todavía no han alcanzado los niveles de inversión pública que se
lograron con gobiernos socialistas. Señor Rato, convénzase de que en
muchas ocasiones más impuestos o estabilidad de los impuestos significa
más protección social, más inversión y más garantía para aquellas
personas que sólo tienen en el Estado un lugar en el que acogerse ante
las peores consecuencias que la competencia y el mercado proporcionan a
algunos grupos sociales.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE
(Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Martínez Noval.
Señor vicepresidente del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Gracias, señor presidente.
Señorías, una vez más quiero agradecer a los intervinientes su tono y sus
aportaciones al debate. Muy brevemente ya --creo que todos estamos
repitiendo argumentaciones--, voy a contestar.
El señor Vázquez, independientemente de todo lo que hemos ido debatiendo,
pregunta si nos cuestionamos el Estado del bienestar. Mi respuesta es no
y creo que en esta legislatura lo hemos demostrado. Lo demuestran el
aumento de financiación de la sanidad pública que se ha producido en los
presupuestos de 1998, que es el más importante que ha habido; la
aprobación de una Ley de pensiones que garantiza el poder adquisitivo de
las pensiones, así como medidas que hemos tomado en todos los órdenes del
Estado del bienestar. Vuelvo a insistir: un Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas más eficiente y capaz de dinamizar el ahorro y el
crecimiento no es precisamente contrario al Estado del bienestar.
Dice S. S. algo con lo que estoy absolutamente de acuerdo: una cosa es
que la sociedad nos demande más servicios con menos impuestos y otra cosa
es que vayamos al absurdo de pretender que eso se puede llevar a un
extremo. No es así; indudablemente hacen falta recursos y en este
proyecto que nosotros presentamos demostramos claramente nuestra
preocupación por esos recursos. Una reforma que va a suponer 550.000
millones de ahorro para los ciudadanos sale con un coste para la Hacienda
pública de 350.000 millones. Proponemos mejoras desde el punto de vista
de la lucha contra el fraude que hemos cuantificado y, además, le indico
que un crecimiento del impuesto de un punto puede suponer claramente una
mejora si el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas aumenta en
su eficacia y en su elasticidad. No estamos considerando una reducción
que ponga en peligro la capacidad del Estado de suministrar prestaciones,
sino más bien al contrario, como he tratado de explicar en los efectos a
medio plazo de esta reforma.
Dice S. S. que crece la economía y que está en peligro el Estado del
bienestar. El hecho de que en la Seguridad Social española haya por
primera vez en nuestra historia más de 13 millones de cotizantes es la
mejor noticia para la Seguridad Social, independientemente de los
programas que haga cualquier gobierno, y creo que eso se está produciendo
en este momento. Me parece que es una buena noticia desde cualquier punto
de vista. No seré yo el que niegue los grandes desequilibrios sociales.
Creo que, efectivamente, nuestra sociedad todavía necesita una gran
profundización en la cohesión, por eso hay algunos aspectos de esta
reforma que suponen mejoras para las personas con menos cualificación en
su capacidad de encontrar empleo.
En mi vida he dicho que no haya ideologías, estoy convencido de que las
hay y esta Cámara es una muestra. Al final, dice S. S. que sólo el paso
del tiempo dirá quién tiene razón y quién deja de tenerla. Esa es una
frase filosófica ante la que me rindo. En cuanto a la preocupación por el
fraude, lo comparto y estudiaremos con atención todo lo que S. S. y su
grupo parlamentario puedan aportar.
Al señor Saura quisiera decirle, sobre el argumento de los fondos de
cohesión, que el Parlamento español es soberano en sus decisiones.
Podríamos llegar a la conclusión de que los países que somos
beneficiarios de una determinada política europea tenemos que limitar
nuestra capacidad de decisión si no somos contribuyentes netos. Eso sería
aceptar el debate de los
saldos netos presupuestarios, que no vamos a aceptar. Eso sería algo
inasumible para países como Dinamarca, por ejemplo, que no es
contribuyente neto. Nuestra responsabilidad ante la Unión Europea, señor
Saura, usted lo sabe muy bien, es no incurrir en déficit excesivos.
Nosotros no vamos a la Unión Europea a pedir dinero. Señor Saura, se
equivoca. Nosotros vamos a la Unión Europea a que se cumplan las
políticas del Tratado y es nuestra única fuerza. No aceptemos la
dialéctica de los que quieren perjudicar nuestros intereses. Estoy seguro
de que no es la intención de S. S., simplemente me permito matizar su
intervención con todos los respetos.
Con relación a la progresividad, lo único que pregunto, señor Saura, es
si S. S. está dispuesto a aplicar esa tesis en el crecimiento de las
pensiones, en el crecimiento de los salarios del sector público, en el
crecimiento de los salarios de los altos cargos, sean parlamentarios o
no, y del conjunto del sector público. Si no es capaz de mantenerla será
porque hay algún error de planteamiento en su tesis.
Dice usted que, además de políticas de incentivos fiscales, tiene que
haber políticas de gasto y que lo nuestro es el feudalismo. La verdad es
que para calificativos usted no tiene rival. Señor Saura, aquí estamos
hablando del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Si S. S.
quiere plantear políticas de gasto, tiene muchos debates para hacerlo. ¿A
S. S. le parece bien o mal que por hijos menores de 3 años demos una
deducción de 50.000 pesetas? ¿A S. S. le parece bien o mal que por hijos
entre 3 y 16 años demos una deducción de 25.000 pesetas? Le puede parecer
bien o le puede parecer mal, suficiente o insuficiente. ¿Que además usted
tiene planteamientos de políticas de gasto? Estoy dispuesto a
escucharlos.
En cuanto a los datos de fraude, no es que yo no los conozca. Debo
decirle con todos mis respetos que he leído el recado que me han mandado
el director de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y el
director de Inspección, que no conocen el informe que usted comenta y
que, según me dicen, le van a enviar los datos oficiales a su casillero.
Yo he dado los últimos datos oficiales, al mes de abril. Estoy dispuesto
a que S. S. mencione este tema cuantas veces sea necesario, porque creo
que es de gran importancia.
El señor Ríos dice que hay una contradicción entre las privatizaciones y
esta reforma. Señor Ríos, las privatizaciones no son más que una
consecuencia de una política de liberalización. Nosotros estamos
privatizando sectores que se liberalizan. Es bueno para la economía, para
el empleo y para este país que las telecomunicaciones en España estén
completamente liberalizadas varios años antes de lo previsto y creo que
hay un montón de nuevos empleos que se están creando como consecuencia de
ese proceso. Vuelvo a repetir por enésima vez --no lo digo en tono de
cansancio, lo haré cuantas veces la Cámara me lo demande-- que, a partir
de 1995, Eurostat no permite aplicar las privatizaciones a déficit
público. Si usted encuentra la fórmula, yo se lo agradeceré, pero le
aseguro que no existe. Por lo tanto, a partir de ahí estamos reduciendo
la deuda pública.
Aunque S. S. ha dicho que el Plan de Estabilidad tiene que llevarnos a un
1 por ciento de déficit, el Gobierno español aún no se ha comprometido al
Plan de Estabilidad de los próximos años. En cuanto a la posición de su
señoría del 1 por ciento de déficit público de las administraciones
públicas, hay que darle vueltas a ese asunto. Señor Ríos, decir que la
manera de defender las posiciones políticas es enfrentando a los
interlocutores sociales, es algo que yo no comparto. En cuanto a la
comparecencia de expertos, es una decisión de los grupos parlamentarios y
en los diecimuchos años que llevo de diputado de esta Cámara se ha
producido excepcionalmente. ¡Allá los grupos parlamentarios y sus
decisiones!.
Ha dicho S. S. en su primera intervención, lo ha repetido en la segunda y
yo no le he contestado, que el Gobierno va a cobrar 60.000 millones de
pesetas a los usuarios por recetas. Está completamente equivocado.
Primero, el sector va a aportar la mitad de esa cantidad; es un debate
sobre sanidad que ya hemos tenido y que estoy dispuesto a tener cuantas
veces sea necesario. Segundo, no tiene ningún sentido que paguemos con
dinero público medicinas que no tienen valor terapéutico. Sí, señoría,
ese es el debate. Nosotros no hemos reducido el gasto sanitario, hemos
trasladado el gasto sanitario a las medicinas que tienen valor
terapéutico según los comités de expertos, no según yo, que no tengo
ningún criterio para decidirlo. En el Plan de Convergencia está previsto
que el gasto social crezca al PIB nominal, porque está previsto que
mantenga su peso en el PIB. ¡Claro que el Gobierno está comprometido con
esa posición!
En cuanto a los complementos a mínimos, señor Ríos, quiero recordarle la
ley que ha aprobado el Congreso, que dice que sobre dichos complementos
se tomará una decisión por esta Cámara en el año 2000. Ya sé que en este
momento algunos grupos parlamentarios de oposición quieren que esa
decisión se adelante, pero hay una ley en esta Cámara. Reconocerá S. S.
el saneamiento de la financiacion de la Seguridad Social. El año pasado
hemos incrementado en 100.000 millones la financiación de la sanidad con
recursos generales, en el año 1999 haremos lo propio y en el año 2000
acabará la financiación por cuotas de la sanidad. Creo que ése es un
esfuerzo bastante importante. A partir del año 2000 se abre el debate de
los complementos a mínimos y S. S. nos quiere anticipar su posición. Hace
muy bien. Yo no voy a anticipar la mía, lo que digo es que en este
momento el Gobierno va a cumplir con los compromisos que se desprenden
del Pacto de Toledo y de la ley aprobada en esta Cámara por todos
nosotros. Si usted quiere exponer ahora lo que van a plantear en
el año 2000, es muy dueño de hacerlo, pero reconocerá que nuestro
compromiso es el que estamos cumpliendo. Estamos cumpliendo un proceso de
saneamiento de la Seguridad Social al cual hay que acompañar lo que ya he
mencionado, que no hay mejor saneamiento que cuando los cotizantes crecen
más deprisa que las prestaciones, y cuando hemos superado los trece
millones de cotizantes.
Estar continuamente discutiendo sobre la posibilidad que tiene el ciclo
económico de durar más o menos años y sobre su estabilidad, no sé si nos
lleva a algún sitio. El debate es hacer algo para que dure, y sin duda se
están haciendo cosas: las que hemos mencionado de la Seguridad Social, la
reducción del déficit público, la mejora de la tributación de los
pequeños y medianos empresarios, la mejora de la tributación de las
empresas españolas que salen al extranjero, este proyecto y otras muchas
medidas. A partir de ahí, señoría, si usted quiere significar que una
evolución radical de las materias primas, como sucedió en el año 1974,
trastocará el ciclo económico que se está produciendo en este momento, no
sé si tiene alguna utilidad que mantengamos ese debate. Lo importante es
que nuestra inflación, nuestro ahorro interno, la evolución de nuestro
déficit público, la elasticidad de nuestros impuestos, el crecimiento de
nuestro empleo, no sean los que yugulen el crecimiento, que es lo que nos
ha sucedido en otros momentos. Lo que ha yugulado nuestro crecimiento no
han sido circunstancias internacionales sino nuestros propios
desequilibrios internos, y ahí es donde tenemos que trabajar desde
posiciones de distinta responsabilidad, como es obvio, entre el Gobierno
y la oposición.
El señor Martínez Noval explicita su posición acerca de utilizar o no las
opiniones contrarias de patronales y sindicatos. Muy bien. Yo no la
comparto, ya se lo he dicho con toda rotundidad. Respecto a la historia
de 1985, nosotros no respaldamos aquella medida, que no es exactamente la
misma que hemos firmado, señor Martínez Noval, perdone que se lo diga. En
cualquier caso, ese es un debate sobre el que, sin duda, S. S. tiene
tomadas posiciones. Sobre Seguridad Social sí me gustaría que hicieran
ustedes un poco más de caso a los sindicatos, si me permite usted la
injerencia en asuntos internos, aunque me parece que no soy yo quien debe
decirle a ustedes esas cosas.
Señor Martínez Noval, en este momento en Alemania --y sin que a mí me
produzca ninguna satisfacción-- el crecimiento de la economía, el
crecimiento del empleo y la elasticidad crecimiento económico-empleo no
son precisamente los más favorables de su historia. El hecho de que el
Gobierno alemán, para modernizar un impuesto imprescindible como es el de
la renta de las personas físicas, tenga que adoptar unas medidas que
nosotros no tenemos por qué plantearnos, va en este momento en nuestro
beneficio porque tenemos otras oportunidades. Comprenda usted que con
esto no trato de comparar nuestra situación con la alemana desde el punto
de vista de renta o de bienestar, porque es mucho mejor la suya. Desde el
punto de vista de elasticidad del empleo, de crecimiento del empleo en
los últimos años y de crecimiento de la economía, ellos tienen sus
problemas y nosotros los nuestros, pero reconozca usted que hay en este
momento una tendencia en el conjunto de los países europeos de
evolucionar en los impuestos de la renta de las personas físicas hacia la
base que nosotros estamos proponiendo. Por cierto, nosotros no estamos
reduciendo la capacidad de crecimiento del impuesto, porque el problema
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en España no está en
su base, sino en su cuota. Su señoría lo sabe muy bien. Ese es el
problema que hemos tenido en los últimos años y que espero podamos
superar. Si S. S. cree que el artículo que hemos redactado sobre las
devoluciones de oficio está mal y puede superarlo, no le quepa la menor
duda de que estudiaremos ese tema, al igual que otros que ha mencionado,
con toda atención.
Su señoría ha dicho una cosa --que puede que se produzca-- que resulta
difícil de creer: que todas las personas que perciben una renta de
capital en España no la van a percibir en dos años. ¿La gente va a tener
una tendencia a ahorrar a largo plazo a dos años? Es posible. A nosotros
nos parece bien. ¿Les parece dos años poco tiempo? Hagan ustedes su
propuesta. ¿Quiere usted comparar con lo que se produce en otros países
europeos? Hágalo usted. Señor Martínez Noval, me cuesta imaginar la
situación de que todas las personas que reciben una parte de sus ingresos
de rentas, de sus ahorros anteriores, van a dejar de utilizar esas rentas
radicalmente, por muy listos que sean nuestros profesionales del sistema
financiero. ¿Qué va a haber un incentivo al ahorro a dos años? Eso
espero. ¿Que ustedes creen que eso debe de primarse de otra manera?
Propónganoslo. ¿Que el plazo les parece mal? Díganme ustedes por qué,
comparémoslo con legislación comparada, veámoslo en el conjunto de la
situación y debatámoslo, reconociendo que las rentas regulares están
mejor tratadas que las rentas del salario y le agradezco que S. S. lo
haya reconocido.
En cuanto a enmiendas concretas, señor Martínez Noval, yo no he hecho ese
ejercicio en los últimos 16 años, pero estoy dispuesto a hacerlo porque
estoy seguro de que cada una de las enmiendas concretas puede producirnos
un debate muy ilustrativo y seguramente bueno para la percepción de
nuestras propias limitaciones.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señor vicepresidente.
¿Grupos parlamentarios que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra
el señor Gómez Rodríguez.
El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, he escuchado con atención y respeto las diversas intervenciones
sobre este importantísimo tema del IRPF.
En ciertos momentos me ha parecido recordar el símil del vaso medio lleno
de vino que para uno es un vaso medio vacío, para otro es un vaso medio
lleno, para otro es un vino agrio, para otro es un vino bueno y para otro
es un vino envenenado. (El señor vicepresidente, López de Lerma i López,
ocupa la Presidencia.) Después de todo ese mar de dudas, Coalición
Canaria cree que el vino es bueno y nos lo vamos a beber, porque lo vamos
a hacer a la salud de los españoles de todas las comunidades.
La historia de la Hacienda pública española, que ha evolucionado desde el
siglo pasado, desde los tiempos de Mon hasta pasar por las reformas de
Villaverde o la de la Guerra Civil, de don José Larraz, y la última del
año 1991 del señor Solchaga, está ahora ante una nueva reforma, no ante
una sola ley. Hoy se ve una ley, pero es una ley que continúa un camino
iniciado por una reforma de un cambio de filosofía
político-económica-financiera. Es un cambio distinto. Respetable como
eran respetables otros sistemas y, por lo menos desde Coalición Canaria,
se considera que este es el sistema adecuado y apropiado a esta hora
histórica del pueblo español. Porque desde el año 1996, señorías, en esta
Cámara se han apoyado una serie de disposiciones para beneficiar a las
Pyme, para beneficiar a los patrimonios, para beneficiar a las familias
en el Impuesto sobre Sucesiones y también para, a través del Estatuto del
Contribuyente, conseguir un ahorro de personal y material que pasara a
esa lucha en la que todos estamos empeñados, que es la lucha contra el
fraude.
¿Ha sido una casualidad? No. Ha sido una evolución llevada con buen
timón, cual es que en este momento histórico España entra en la Unión
Monetaria, que en este momento histórico entramos en el camino del euro,
bautizado en Madrid, que Europa está lanzada a un camino ya
irrenunciable, sin posible marcha atrás de las unidades tanto monetarias
como de servicios financieros, como también se va a llegar --ya se hizo
hace años, en los aspectos contables privados y públicos-- a las unidades
de tipo fiscal. Así como se ha llegado a la unificación del servicio
financiero en la libertad de tráfico, dentro de los países que integran
la Unión Europea, también se llegará a la unidad fiscal.
Consideramos que las innovaciones eran necesarias, porque hay que
reconocer que la exacción había perdido elasticidad, y la sociedad
española, por otro lado, demandaba una política de reducción fiscal.
Porque no eran dos millones de españoles los afectados, sino 30 millones
de ciudadanos con unos 15 millones de declaraciones.
Quiero recalcar que el proyecto ha sido elaborado siguiendo los mejores
criterios de técnica legislativa. Ojalá todos los textos legislativos
tuviesen esos requisitos.
Permítanme también que recuerde que este texto legal, en el que ha
actuado de una forma decisiva el profesor Lagares, ha tenido una amplia
audiencia tanto en sus trabajos internos como en el trámite de
información pública. Por todo ello, nosotros consideramos que es un
proyecto progresivo y valiente. Y progresivo no sólo desde el punto de
vista de técnica fiscal de la progresividad fiscal, que eso nadie lo
discute. No empece el que se haya reducido el número de tramos para decir
que no hay progresividad fiscal. Existe progresividad fiscal, como lo han
reconocido también otros profesores, porque el hecho de que se haya
reducido el impuesto a una tarifa de seis tramos frente a los ocho
actuales, con tipos marginales entre el 18 y el 48, frente al 20 y el 56
por ciento actuales, no supone que la progresividad fiscal haya
desaparecido.
Además, estamos ínsitos en Europa y ésta es la tendencia europea. En casi
todos los países europeos el tipo máximo es el 40 por ciento. Nosotros
creemos que estamos en el camino que nos conduce a esa unidad fiscal que,
como decíamos antes, es necesaria para evitar el fraude interpaíses.
Consideramos que es progresista porque habrá menos fiscalidad para las
rentas más bajas, es decir, para los asalariados, familias y
pensionistas. No voy a insistir en esa cuestión, porque se ha recalcado
de una forma brillante por anteriores oradores. También diremos que esa
protección al mundo del trabajo no es la voluntad de un ministro ni de un
gobierno; es una voluntad europea, como lo ha demostrado el Consejo de
Luxemburgo. Baste recordar la Directiva 11, que propone que se reduzca
progresivamente la presión fiscal sobre el trabajo, y esto es lo que hace
precisamente este proyecto de reforma del IRPF.
Importantísima ha sido la introducción de que la renta que va a gravar al
sujeto pasivo es solamente aquella de la que pueda disponer libremente y
que exceda de la dedicada de forma obligatoria a la cobertura de sus
necesidades y las de su familia. La existencia de unos mínimos exentos
personales y familiares es importantísima y supone un avance, una
innovación en la teoría fiscal española.
Por respetar y aplicar el principio de eficiencia, como decía hoy el
señor Lagares en rotativo nacional, se va a contribuir al relanzamiento
económico, porque ésa será la consecuencia de un ahorro interno, mejor
que el externo, venga de donde venga. Respetará y aplicará el principio
de eficacia por la simplificación que pretende incluir en la gestión del
tributo, introduciendo medidas para reducir de manera significativa el
número de declarantes; habrá un mejor control, habrá liberación de
recursos humanos y materiales para destinarlos a la lucha contra el
fraude, lo cual conllevará el aplauso unánime del pueblo español.
Nosotros, que pertenecemos a una coalición nacionalista, vemos
también con agrado que se ha respetado a pies juntillas la
coparticipación autonómica y el modelo de corresponsabilidad fiscal.
No se nos oculta que, por un lado, se habla de que el coste de esta
reforma va a suponer nada menos que 500.000 millones de pesetas, pero no
olvidemos los cientos de millones de los que tanto el sector público como
el privado se han beneficiado con las bajadas de tipos de interés. Esa
recaudación de menos supondrá ahorro y economía para ciudadanos y
empresarios, que tendrán la posibilidad de colaborar y participar con
ellos en el relanzamiento de la potenciación económica. Al final, será
mayor el número de los que vamos a contribuir, aunque paguemos menos, y
también se aumentará el número de contribuyentes en otras exacciones
directas e indirectas.
Estamos seguros de que, en esta fase de convergencia y estabilidad de la
economía española, se seguirán intensificando y armonizando las políticas
que han conducido a tener la inflación más baja de nuestra historia, a
seguir reduciendo el déficit hasta el 2 por ciento del PIB, que llegará
este año nada menos que a cerca de 84 billones de pesetas, a seguir
reduciendo los tipos de interés y el número de desempleados.
Claro está que todo ello obligará a una actitud permanente de vigilancia,
llevándose un escrupuloso seguimiento y control a través de los ratios de
economía financiera, y es que España necesita enfrentarse en los próximos
años a un necesario proceso de convergencia real y la tarea no ha
acabado. Habrá que buscar nuevas fuentes fiscales, como lo referente a
los impuestos ecológicos; habrá que seguir mejorando las bonificaciones y
exenciones a favor de personas de rentas débiles; habrá que establecer
mejoras a favor de los que tienen determinadas incapacidades; habrá que
intensificar la lucha contra el fraude, pero es que no se ha dicho en
ningún sitio que, con la aprobación de este proyecto de ley, se haya
llegado ya al fin. Es un proyecto de ley que quiere mejorar la economía
española, tanto pública como privada. Pero, por encima de todo, nosotros
creemos que se va a continuar respetando el gasto social, que abarca
políticas de sanidad, vivienda, pensiones y educación. El Gobierno lo ha
venido haciendo así, porque hoy día está en el 50,8, cuando desde el año
1989 se mantenía incólume en el 47,9.
Esperamos también que se abandone la idea de que la mejor forma de
controlar el déficit es incrementar los impuestos; es la más cómoda, pero
es la más antisocial, y es que estimamos que el mejor camino es
precisamente trabajar a base de contener el gasto público de
funcionamiento y que sean más los que paguen las cargas del Estado.
Asimismo, esperamos que se respeten los principios constitucionales que
están vigentes en nuestra Carta Magna, que este año va a cumplir los 20
años. Nosotros consideramos que el mejor premio, el mejor regalo, ningún
regalo envenenado, sino un regalo de justicia, es que este año, al
aprobarse este proyecto de ley, se inicie un camino nuevo para España,
que continúe por el sendero de la solidaridad, por el sendero del
progreso, del Estado del bienestar con esta reforma fiscal que, sin duda
alguna, ya lleva el nombre de reforma del señor Rato.
Señores, Coalición Canaria va a apoyar decididamente este proyecto porque
va a beneficiar a las familias, a los trabajadores, a los pensionistas de
las islas y a los de todas las comunidades españolas.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE
(López de Lerma i López): Gracias, señor Gómez Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Señor presidente, señorías, no creo que sea
necesario resaltar que estamos ante la reforma tributaria más importante
y esperada de los últimos años. Como ocurre en todos los Estados
modernos, la integración en el marco legislativo de la política
tributaria despierta pasiones, suscita análisis, opiniones y presiones de
amplios colectivos de la sociedad y, en especial, de los grupos
afectados.
En este caso, estamos debatiendo una reforma del impuesto con mayor
repercusión social, teniendo en cuenta que se trata de medidas que
afectan directamente al bolsillo del ciudadano; una reforma que tiene que
conjugar la demanda de adaptación a una realidad económica y la necesidad
de establecer una normativa con un horizonte temporal estable. Este hecho
plantea la necesidad de buscar un equilibrio entre estos dos objetivos,
que pueden ser contrapuestos, como son la estabilidad temporal del
sistema tributario y una cierta flexibilidad de adaptación al entorno
económico.
Por otra parte, el proyecto de unión económica y monetaria ha desplazado
a la política monetaria como herramienta de política económica,
traspasando el protagonismo hacia la política fiscal, y en especial a la
imposición directa, puesto que su escasa armonización, dentro del ámbito
de la Unión Europea, desde luego mucho menor que la imposición indirecta,
permite un grado de discrecionalidad que puede ser utilizado con mayor
margen de maniobra por las administraciones tributarias. Cuando hablamos
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas estamos hablando de
un impuesto que, desde el ámbito recaudatorio, está representando en el
Estado español un 22 por ciento de los ingresos fiscales y un 8 por
ciento aproximadamente del producto interior bruto, y que en el ámbito de
los países desarrollados de nuestro entorno representa alrededor del 10
por ciento del producto interior bruto y cerca de un tercio de los
ingresos públicos totales. Por lo tanto, estamos hablando de un impuesto
que tiene una repercusión social muy importante.
En este contexto, nos enfrentamos a una reforma que parte de un modelo
del año 1988 que no se ha adaptado a los cambios de los parámetros
socioeconómicos y que no ha dado solución a determinados déficit y
contradicciones que hoy tiene. Por citar algunos, la sobreimposición de
las rentas del trabajo en relación con el resto de las fuentes de renta,
en especial respecto a los rendimientos de actividades económicas; la
escasa protección a la familia; una tarifa con una gran progresividad
formal; una excesiva proliferación de deducciones; distorsiones en la
fiscalidad de los productos financieros; excesivo volumen de
declaraciones y liquidaciones; complejidad innecesaria general y en
particular de determinados tratamientos y desajustes entre retenciones y
cuotas líquidas, lo que implica un elevadísimo número de devoluciones a
los contribuyentes. En definitiva, un amplio conjunto de aspectos que
necesitan su adaptación y puesta al día.
Junto a esto, se deben contemplar un conjunto de principios generales
que, desde una pura ortodoxia hacendística, deberían presidir cualquier
diseño de figuras tributarias. Me refiero a los principios de equidad,
eficacia, neutralidad, progresividad y sencillez, principios en muchas
ocasiones difíciles de compatibilizar. Ahora bien, como decía antes, es
necesario tener en cuenta el escenario económico en el que tiene que
aplicarse este impuesto. Este escenario está basado en un ciclo expansivo
de la economía, con tasas de crecimiento cercanas al 3,8 por ciento,
pero, como contraposición, con altas tasas de desempleo, situación ésta
que el actual modelo de renta no parece tener capacidad de corregir, lo
que obliga a que cualquier modificación del marco tributario deba
contemplar, desde nuestro punto de vista, tres premisas: prioridad hacia
la creación de empleo; mantener los objetivos de austeridad
presupuestaria que conduzcan al control del déficit público a los niveles
del plan de estabilidad de la Unión Monetaria y, además, no desincentivar
el ahorro y la inversión.
Pues bien, teniendo en cuenta esto y considerando las tendencias sobre la
imposición de renta de las personas físicas en el contexto internacional,
para mi grupo parlamentario la reforma debe basarse en la consecución de
los siguientes objetivos: en primer lugar, favorecer las rentas del
trabajo y la creación de empleo; en segundo lugar, favorecer a la familia
y la previsión social complementaria. Por cierto, quiero recordarle al
Gobierno en este aspecto, la previsión social complementaria, el acuerdo
de esta Cámara recogido en una proposición no de ley, que proviene de las
conclusiones de la subcomisión parlamentaria para el desarrollo del punto
14 del Pacto de Toledo, y en el cual se le insta al Gobierno a introducir
en esta reforma un conjunto de medidas y recomendaciones, algunas de las
cuales han sido introducidas pero otras no lo han sido; por eso lo que le
digo al Gobierno es que haga caso a esa proposición no de ley que fue
aprobada por la mayoría de esta Cámara, con el voto además de su partido,
y que, por tanto, debe recoger punto por punto todas las propuestas que
estaban en las recomendaciones del informe de la subcomisión y de la
proposición no de ley. Espero que al final lo haga.
Estábamos hablando de los objetivos que debe cumplir esta reforma. El
tercero era conseguir, como consecuencia, una menor carga tributaria
manteniendo el compromiso del gasto social; en cuarto lugar, mejorar la
lucha contra el fraude; en quinto lugar, reforzar la progresividad del
impuesto; en sexto lugar, simplificar el impuesto; en séptimo lugar,
adaptar el impuesto; y, en octavo lugar, apoyar el desarrollo económico.
Es importante, además, que para la consecución de estos objetivos no
perdamos de vista la referencia de la distribución de los declarantes por
tramos de base liquidable, de forma que incida especialmente en la mayor
parte de los ciudadanos de acuerdo con el principio de generalidad.
Desde el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) entendemos que estos principios
y objetivos deben ser válidos para la reforma que acometa el Estado, para
la reforma que acometa la Comunidad Autonómica del País Vasco y la
Comunidad Foral de Navarra, en su caso. Por nuestra parte son los
principios que vamos a defender en la reforma del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas para los ciudadanos vascos, lo cual no quiere
decir que el resto de las Administraciones, tanto del Estado como de
Navarra, opten por modelos tributarios diferentes, basados en sus
peculiaridades socioeconómicas y legitimados por las competencias
normativas emanadas de la Constitución y de los estatutos de autonomía.
Por eso, desde el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y por
lo que corresponde al Grupo Parlamentario Vasco (PNV), seremos
respetuosos con la reforma y el modelo que en este caso establezca el
Estado. Vamos a ser respetuosos con esta reforma. Proponemos medidas en
línea con nuestros planteamientos, por considerar que responden mejor a
necesidades de los ciudadanos y de la economía del país, pero no
pretendemos imponer la reforma, de la misma forma que, en contraposición,
pedimos al Estado, al Gobierno en este caso, que sea respetuoso con la
reforma tributaria del Impuesto sobre la renta que va a acometer la
Comunidad Autónoma del País Vasco. Pedimos respeto mutuo, señor ministro.
En este sentido, nos gustaría que el Grupo Popular expresara su parecer
al respecto. Quisiera oír del portavoz popular y de usted también, señor
ministro, la opinión sobre esta reflexión, este respeto mutuo que
nosotros pedimos en las reformas tanto del Estado como del País Vasco.
Dejando aclaradas estas reglas de juego, mi grupo parlamentario considera
que existen algunas medidas de la reforma que recoge este proyecto de ley
sobre las que me gustaría hacer alguna reflexión, porque considero que
son los puntos fundamentales y los que más
trascendencia tienen en esta reforma. Me refiero, por una parte, al
rendimiento de las rentas del trabajo. Las rentas procedentes del trabajo
son las que soportan una mayor presión fiscal efectiva, como consecuencia
de su mayor transparencia y facilidad de control; son además las que
soportan la mayor parte de la recaudación, cerca del 80 por ciento del
total de la base liquidable gravada. Por tanto, consideramos que hay que
ser más generosos en su tratamiento, fundamentalmente con las rentas
bajas, con aquellas que provienen del empleo no cualificado. En
consecuencia, además de aclarar algunos supuestos híbridos que existen
sometidos a tributación, como pueden ser las pensiones compensatorias a
favor del cónyuge y anualidades por alimentos o la simplificación del
tratamiento actual de las dietas y de las retribuciones en especie, que
creo que ahí habría que avanzar para aclarar estos aspectos, se debe
contemplar un sistema de reducción aplicable a estos rendimientos que
invierta la tendencia de las estructuras impositivas a aumentar la
presión fiscal sobre el factor trabajo en relación con otras bases
imponibles.
En este sentido, tanto las directrices fijadas por el Consejo Europeo
extraordinario sobre el empleo, celebrado en Luxemburgo en noviembre del
año pasado, como el propio plan de acción para el empleo elaborado por el
Gobierno, establecen la necesidad de adaptar el régimen fiscal a favor
del empleo reduciendo los impuestos y gravámenes obligatorios sobre el
trabajo. La reducción de la presión fiscal sobre el trabajo, tanto si es
soportada por el empresario como si lo es por el trabajador, constituirá
una contribución positiva para reducir el nivel actual de desempleo. La
reducción aplicable a las rentas del trabajo debe constituir, por tanto,
el elemento fundamental de la reforma.
Se podía haber optado por otras soluciones para la creación de empleo; se
podría haber optado, por ejemplo, por la reducción de la cotización a la
Seguridad Social como alternativa para impulsar la creación de empleo,
que es otra forma de reducir costos y de ganar competitividad; pero se ha
optado por la reducción impositiva. Por tanto, es sobre ésta sobre la que
hay que actuar. ¿Cómo hay que actuar? Desde nuestro punto de vista,
mediante una reducción porcentual y absoluta de los rendimientos netos
cuya cuantía esté en razón inversa al importe de estos rendimientos, de
forma que se refuerce la progresividad del Impuesto, lo simplifique y lo
mejore y que esta reducción disminuya la cuota íntegra de todos los
niveles, pero significativamente de las rentas bajas imponibles, rentas
bajas que estarían entre 800.000 y 3.800.000 pesetas. Sobre estos
colectivos es sobre los que hay que actuar.
El segundo punto sería la fiscalidad de la familia. La reforma opta por
establecer un mínimo personal y familiar que ha venido a denominarse el
mínimo vital
--es una opción válida, no la única, pero es la que ha elegido el
Gobierno--; este mínimo personal y familiar actúa reduciendo la base
imponible. Mi grupo parlamentario es más partidario de establecer un
tramo de renta a tipo cero y deducción por hijos en la cuota; es decir,
mantener el sistema actual, eso sí, mejorándolo mediante un aumento de
las cantidades a deducir, tanto en la declaración individual como en la
declaración conjunta y por hijos; si bien el efecto en cuota por aplicar
el mínimo vital o tributar a tipo cero prácticamente es equivalente, no
sucede así en la deducción por hijos. En concreto, con la modificación de
la tarifa establecida por el Gobierno, la consecuencia en este proyecto
de ley es la equivalencia matemática de aplicar el mínimo vital o el
tramo a tipo cero. Indudablemente es exactamente igual, por supuesto
siempre que se aplique sobre la misma cantidad (estamos hablando de la
exención de 550.000 pesetas).
Sin embargo, en la deducción por hijos no es lo mismo la deducción en
base que la deducción en cuota. La primera crea agravios comparativos
entre la deducción para tramos de renta alta y la deducción para tramos
en renta baja, mientras que la deducción por hijos en cuota es la misma
para todos.
La tercera cuestión que quería comentar es la tarifa. Partimos del
criterio --creo que compartido por todos-- de que es necesaria una
reducción de los tramos de renta y una reducción de los marginales
máximos y mínimos. A partir de aquí, el abanico de posibilidades es
múltiple. Sí existe una limitación, además de la recaudatoria, y es la
elección de la tributación individual como unidad del contribuyente, que
es por la que se ha optado. La reforma opta, por tanto, por una tarifa
única e individual que reduce el tipo marginal mínimo y máximo, así como
el número de tramos. Desde nuestro grupo parlamentario entendemos que la
distribución de la reducción de la presión fiscal que se da para todos
los niveles de renta debe contemplar mayor deducción porcentual en los
niveles bajos de renta y menor deducción porcentual en los niveles
superiores. ¿Qué queremos decir con esto? Que se reduzca la tributación a
todos, por supuesto; todos van a pagar menos impuestos y esto creo que es
claro y creo que también es algo que ya se ha explicado y que todos hemos
entendido. Todos van a pagar menos impuestos, lo que pasa es que
entendemos que quizá habría que incidir más entre aquellos ingresos o
aquellos contribuyentes que ganan menos sobre los que ganan más y que
quizá habría que ser más generosos con las rentas bajas que con las
altas. En cualquier caso, y al margen de las comparaciones que se puedan
hacer, lo que sí está claro es que todos van a pagar menos.
El cuarto tema --y último al que me quiero referir-- es el tratamiento
tributario de la vivienda en esta reforma. A nadie se nos escapa la
importancia y trascendencia de la vivienda como elemento clave en la
situación socioeconómica de gran parte de los contribuyentes. Por lo
tanto, la deducción por vivienda habitual está plenamente justificada en
el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas. Se debe mantener un tratamiento
fiscal que alivie en alguna medida el costo de la vivienda; y cuando digo
el costo de la vivienda me refiero tanto al de adquisición como al del
uso mediante el alquiler. Actualmente no se prima el acceso a una
vivienda, se prima una forma de tenencia, como es la propiedad, y además
se protege casi de igual manera la adquisición de viviendas de lujo que
las viviendas básicas. La reforma mejora este tratamiento, pero debería
ir quizá más lejos en la corrección de estas situaciones, por una parte,
mediante el establecimiento de un máximo de deducción por adquisición de
vivienda, que podría ser de 30 millones de pesetas (entendemos que a
partir de esta cantidad la deducción por adquisición de vivienda no
debería existir), y, por otra, el establecimiento de una deducción por
alquiler de vivienda. No hay que olvidar que el acceso a la vivienda,
sobre todo para los colectivos de población joven, es una necesidad y una
responsabilidad, en parte, de los poderes públicos. En esta Cámara
acabamos de aprobar esta mañana la reforma del Régimen jurídico y fiscal
de las instituciones de inversión colectiva de naturaleza inmobiliaria,
que pretende precisamente mejorar el mercado de alquiler de viviendas.
Por ello, mi grupo parlamentario cree necesario que el nuevo Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas establezca un sistema de
incentivos a la vivienda, especialmente adaptado a los colectivos de
rentas bajas y medias, mediante la deducción de un porcentaje de las
cantidades abonadas por alquiler de vivienda habitual.
Señorías, estas son algunas de las propuestas o reflexiones que realiza
mi grupo parlamentario con el fin de mejorar la reforma del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas que propone el Gobierno a través
de este proyecto de ley, pero insistiendo en nuestro respeto a la reforma
que presenta el Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señor Zabalía, vaya
terminando, por favor.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Termino, señor presidente.
En realidad, aparte del proyecto de ley, estamos debatiendo la aprobación
o no de las enmiendas a la totalidad que han presentado los Grupos
Socialista, Izquierda Unida y Mixto, por el Bloque Nacionalista Galego y
Nueva Izquierda. Respetamos las razones que argumentan estos grupos para
rechazar el proyecto de ley de reforma del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas; incluso podríamos estar de acuerdo con algunas
críticas, pero no podemos apoyar la devolución al Gobierno porque el
modelo de tributación de este impuesto que contempla el proyecto de ley
es válido en un alto grado, porque es necesario tener un Impuesto sobre
la renta moderno y adaptado a las exigencias socioeconómicas, como más
tarde, a partir del 1º de enero del próximo año. Por lo tanto, entendemos
que se debe cumplir con el calendario establecido y que, desde luego,
este proyecto de ley es un punto de partida. Independientemente de las
mejoras que se puedan introducir en el debate que vaya a haber en el
Congreso y en el Senado, entendemos que es un modelo de tributación de la
renta moderno y adaptado a las exigencias socioeconómicas actuales. Mi
grupo parlamentario, basándose en estas reflexiones, no puede apoyar las
enmiendas a la totalidad y, por lo tanto, votaremos en contra de ellas.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señor
Zabalía.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor presidente.
Con un deseo de brevedad voy a fijar la posición del Grupo Parlamentario
Catalán en este debate de enmiendas de totalidad por el que se solicita
la devolución de este proyecto de ley al Gobierno.
Señor presidente, señorías, nuestro grupo ha escuchado con interés los
argumentos de los grupos parlamentarios que han planteado enmiendas de
devolución de este proyecto de ley al Gobierno y no compartimos sus
argumentos. Por consiguiente vamos a votar en contra de la solicitud de
devolución de este texto al Gobierno. No creemos que este proyecto de ley
de reforma del IRPF se deba devolver al Gobierno, es más, creemos que se
debe tomar en consideración y deberíamos abrir el debate de su contenido
para presentar a la sociedad un nuevo marco de tributación más moderno,
más adaptado, más equitativo y más justo que el que actualmente tenemos.
La reforma del IRPF es para nosotros un objetivo político, así se
contempla en nuestro programa electoral, y por consiguiente creemos que
es absolutamente necesario modificar el actual Impuesto sobre la renta
para adaptarlo a la actual orientación de la política económica --como
indicaba el propio ministro de Economía--, pero también para poder
resolver las inconsistencias e injustas desigualdades que hoy contiene el
actual texto legal y también, por qué no, reducir la presión fiscal
individual y familiar que creemos que es un propósito y un objetivo a
realizar en esta legislatura.
Decía el señor ministro que hay que hacer más con menos. Yo creo que
hemos acuñado el debate de hoy, que es trasladar a la sociedad que
tenemos la obligación de hacer más con menos. Nuestro grupo comparte con
usted, señor ministro, que esta es la esencia de los tiempos que nos ha
tocado vivir. La sociedad nos precede en ese objetivo de hacer más con
menos; las empresas, las instituciones, la sociedad en general hace
tiempo que está haciendo un gran esfuerzo para hacer
más con menos, y el sector público debe hacer más con menos, y en el
debate que estamos realizando esta tarde hacer más con menos es,
señorías, prestar más y mejores servicios, pidiendo menos dinero y menos
recursos a la sociedad. Esta es la esencia del principio de la
competitividad, que es producir más con menos costes, y la sociedad nos
precede en ese propósito. Por eso, señor ministro, compartimos este
principio central y elemental de la política económica y presupuestaria
que nos toca administrar en estos momentos.
La reforma que nos proponen la hemos construido, si me lo permite el
señor ministro, de común acuerdo y se presenta a esta Cámara con un
cierto apoyo en todo su contenido por nuestro grupo político. Eso no es
una novedad, lo sabe la sociedad, lo saben SS. SS. Mi grupo cree que esta
reforma configura un impuesto que es más justo, más equitativo y más
equilibrado que el que tenemos actualmente y cumple estrictamente el
programa electoral de Convergència i Unió. Por consiguiente, no les va a
sorprender que nuestro grupo se oponga a la devolución de esta propuesta
y se adhiera plenamente, toda vez que se ajusta a los términos que
contempla nuestro compromiso electoral con los ciudadanos.
Quiero hacer tres observaciones de carácter general. Esta no es una
reforma que se plantea con la sola y única finalidad de reducir los
impuestos. Estamos de acuerdo con el ministro en que esta reforma es una
de las medidas esenciales que configuran la nueva orientación de la
política económica. Se preguntarán por qué no hemos adoptado esta
decisión años atrás, por qué no hemos planteado esta medida de ajustar el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a la orientación de la
política económica, es decir a crear más empleo, a fomentar el ahorro y
la inversión, a contribuir al crecimiento estable o a luchar más
eficazmente contra el fraude. ¿Por qué no se pudo hacer antes y se
plantea ahora? Porque el ciclo y la evolución de la política económica
ahora nos plantea la posibilidad de afrontar esa decisión y antes no nos
permitía afrontarla. Hoy tenemos un contexto general económico que nos
permite abordar esta medida de política económica que nos va a ayudar a
contribuir y a estabilizar todavía más el objetivo general de crecimiento
económico estable y de creación de empleo. Un ciclo de crecimiento del
producto interior bruto como el que estamos administrando o un ciclo de
reducción progresiva del déficit público o un ciclo de contención y de
reducción progresiva de los tipos de interés o el propio ciclo de
evolución de creación neta de empleo, nos está permitiendo hoy
reflexionar políticamente sobre la oportunidad de bajar la presión fiscal
para poder contribuir a estabilizar todavía más los objetivos que tiene
esta política económica, que estamos absolutamente de acuerdo en que es
buena y por los resultados evidentes SS. SS. lo pueden contrastar.
La segunda reflexión es que el impuesto que hoy tenemos adolece de muchas
inconsistencias. La sociedad y este diputado que se dirige a ustedes, ha
tenido muchas ocasiones de constatar cómo la sociedad nos estaba pidiendo
que revisáramos el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y no
es un propósito estricto de mi grupo o del Grupo Parlamentario Popular;
el Grupo Socialista en su programa electoral llevaba el compromiso de
afrontar la reforma del IRPF. Veo que algunas de las señorías del Grupo
Socialista me están indicando que eso no es así. La verdad es que podría
leerle el programa electoral socialista en el que se compromete a
afrontar una reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
y una reforma en la que de su lectura no alcanzo a apreciar cuántos
elementos hay tan distintos a los que se están proponiendo hoy a esta
Cámara.
Quiero manifestarle, señor ministro, que mucha gente nos ha dicho durante
varios años lo inconsistente que era el actual marco y que teníamos que
revisarlo. ¿Saben que un multimillonario podía deducirse por acceso a su
vivienda propia el 30 por ciento de su base imponible? En cambio, a una
persona de renta baja este límite, el 30 por ciento de su base imponible,
sólo le permitía deducirse unas cantidades mucho más pequeñas al
comprarse su vivienda. Recordarán cuántos supuestos de personas
individuales hemos podido contrastar con personas con las mismas rentas e
hijos a cargo y el desigual trato fiscal que estaban soportando. Entre un
joven de 25 años con una renta de tres millones y una familia con dos
hijos e igual renta, ¡cuán diferente era la exigencia tributaria que el
Estado le exigía a estos dos contribuyentes! ¿Cuantas veces nos ha dicho
la sociedad que abordáramos una revisión profunda del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas porque tenía elementos de injusticia, de
desigualdad y de falta de equidad? De ahí nace el compromiso de todos los
grupos de abordar esta reforma que tiene un coste, pero se plantea
básicamente en la misma dirección que están contemplando hoy todos los
países de Europa en su reforma del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas. No alcanzamos a poder apreciar qué elementos contiene
esta reforma que sean disfuncionales con otras que están planteando
muchos países de Europa.
Mi grupo ha tenido un exceso de celo en poder suscribir esta reforma en
comparación con la que están haciendo la mayoría de esos países. No
estamos haciendo nada que se distancie de lo que ya llevan años haciendo
otros. Y cuando analizas el Derecho comparado de los países que ya han
hecho reformas como las que hoy estamos planteando, curiosamente son los
que tienen obediencias o signos políticos de orden socialdemócrata. Y las
reformas socialdemócratas que se están planteando en estos momentos son
coincidentes con las que se están proponiendo en la Cámara. Basta
recordar la propuesta de Tony Blair, la del socialdemócrata
SchrÜder en Alemania, o si quieren la que se hizo en su momento en
Portugal o la que plantea el canciller Kohl en Alemania en estos
momentos, de signo distinto. No hay mucha diferencia, estamos hablando de
marginales muy pequeños que distancian muy poco estas propuestas. ¿Por
qué el 49 por ciento que propone SchrÜder en Alemania debe ser una buena
propuesta socialdemócrata y el 50 que suscribe nuestro grupo es tan mala
y tan catastrófica? ¿Por qué la propuesta de un 50 por ciento del
marginal máximo, propuesto por el programa socialista, es una buena
propuesta y, en cambio, nuestra propuesta al 48, dos puntos, señorías, es
una propuesta tan catastrófica? ¿Por qué, señorías, debemos hoy estar
criticando tan profundamente esta reforma, cuando en la reforma del año
1991 el Partido Socialista en aquel momento nos planteaba una reforma --y
repasen la memoria de aquella reforma-- en la que el coste de aquella
propuesta era de 330.000 millones de pesetas que actualizado a pesetas
constantes a hoy son 445.000 millones? ¿Por qué aquella reforma de un
coste de 330.000 millones de pesetas para la Hacienda pública era buena y
por qué hoy una propuesta de coste equivalente y similar es tan
catastrófica? ¿Por qué hemos de juzgar políticamente de forma tan
desigual planteamientos tan similares, señorías? Les invitamos, señorías,
a olvidarnos de los términos demagógicos, a abandonar la crítica
razonada, respetable y no compartida, sin duda, y no se ofendan. ¿Por qué
hemos de estar instalados en planteamientos tan dispares cuando Europa,
socialdemócrata o conservadora, está haciendo exactamente lo mismo que
estamos planteando hoy a esta Cámara?
Señorías, señor presidente, quiero terminar. Esta reforma se plantea en
un momento en que de los quince países de la Unión Europea ocho ya están
asumiendo y aplicando lo que hoy se plantea a esta Cámara. Concretamente
Gran Bretaña, Portugal, Grecia, Finlandia, Irlanda, Noruega, Luxemburgo y
Austria tienen prácticamente la misma reforma que hoy estamos planteando.
¿Por qué, señorías, hemos de estar tan disonantes en la valoración
política con algo que está siendo la tendencia de Europa? Todos estos
países, señorías, el año 1980 estaban en tipos impositivos por encima del
60 por ciento. Todos estos países hoy están por debajo del 48 y del 50
por ciento, que es la reforma que se propone hoy a esta Cámara. ¿Por qué,
cuando estamos haciendo algo que ya están haciendo tantos países de
Europa debe ser tan profundamente cuestionado? Señorías, nuestro grupo
cree que esta reforma, ni es tan fiero el león como ustedes lo pintan, ni
va a ser una reforma que va a darle tantas grandes ventajas a los
ciudadanos. Es la reforma que hoy podemos hacer, simplemente es la que
hoy podemos asumir y, con ello, damos un gran paso histórico, que es
bajar la presión fiscal en términos medios en un 11 por ciento a los
ciudadanos de este país.
Señor presidente, señor ministro, sin duda que nuestro grupo está de
acuerdo con esta propuesta, pero se plantea la conveniencia de abordar
todavía algunas mejoras en el trámite parlamentario. Hemos valorado
positivamente el nuevo esquema del trato a la familia, porque creemos que
es más acorde con Europa pero, sobre todo, más positivo para la unidad
familiar, pero deberíamos contemplar cómo encajamos en este mínimo
personal familiar las deducciones que soportan las familias por gastos
sanitarios. Hemos incorporado aquellos gastos por custodia o aquellos
gastos por naturalezas de protección social o gastos de libros de texto.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Vaya terminando, señor
Homs.
El señor HOMS I FERRET: Termino, señor presidente.
Quisiéramos considerar en el debate parlamentario la posible
incorporación de las deducciones por gastos sanitarios, como también
revisar las deducciones de los mínimos personales y familiares a las
personas con minusvalías. Hay que mejorar el régimen fiscal a aquellos
contribuyentes que tiene minusvalías. Nos proponemos afrontar esas
revisiones en el trámite parlamentario y también endurecer aquellas
medidas que deben hacernos ser más eficaces con el fraude hoy existente.Y
vamos a dar apoyo a aquellas medidas que aporte el Gobierno y otras que
vamos a plantear para ser más efectivos en ampliar bases y ser más
positivos en la lucha efectiva contra el fraude.
Señor presidente, termino, esta es una reforma que en el trámite
parlamentario puede, sin duda, mejorarse, en los aspectos relativos al
ahorro... (Rumores.) El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López):
Señorías, por favor.
El señor HOMS I FERRET: ..., a la actividad de las pequeñas empresas o
también algunas otras cuestiones técnicas de los mecanismos de aplicación
de este impuesto. Invito a todos los grupos a iniciar una reflexión y
poder alcanzar, cuanto menos en otros aspectos más técnicos, un mejor
clima de debate político que el que hemos tenido esta tarde.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Homs.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el diputado señor
Martínez-Pujalte.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Señor presidente, señorías, a estas
horas los diputados socialistas están ya nerviosos, y menos mal que el
debate ha empezado esta mañana, porque, si no, lo hubieran estado
mucho más. Así pues, agradezco que el debate pueda haber empezado esta
mañana. (Rumores.) El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López):
Señorías, por favor.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Mi grupo, como es obvio, apoyará la
reforma y rechazará las enmiendas de devolución que han presentado
algunos grupos. Todos los tributaristas, todos los agentes sociales y
todos los partidos políticos coincidimos al menos en una cosa, incluso el
Partido Socialista coincide al menos en una cosa, lo cual es grato
reconocerlo, y es en la necesidad de la reforma. El Partido Socialista
decía en su enmienda de totalidad que era necesaria una reforma, lo
dijeron en rueda de prensa, y es lógico, porque un impuesto que data del
año 1978 necesita un cambio profundo. Ya no es posible seguir predicando
recetas que hicieron furor al final de los setenta, pero que no sirven
para curar las enfermedades de casi ya el umbral del año 2000.
Señorías, el mundo (Varios señores diputados: ¡Es redondo!), y España
también, han cambiado, porque hoy no se crece como se crecía a finales de
los setenta.(Rumores.). El ahorro no basta para cubrir las necesidades de
formación de capital, las economías nacionales no viven en urnas de
cristal y el Estado autonómico no tiene nada que ver con el Estado
jacobino que la democracia heredó. Todo el mundo subraya que lo
importante hoy es que el sistema fiscal colabore a acelerar el
desarrollo, a aumentar la tasa de ahorro, a favorecer la inversión, a
crear empleo y a luchar porque el ahorro mundial, que fluye a la
velocidad de Internet, no eluda nuestras costas para refugiarse en otros
puertos. (Rumores.) Todo el mundo ha cambiado, por lo que se ha visto
esta tarde en la Cámara, menos algunos grupos, como el socialista que,
como la mujer de Lot, ha quedado convertido en estatua de sal por
empeñarse en seguir conduciendo mirando al retrovisor. (Rumores.--Varios
señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Por favor, señorías,
respeten al orador.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: No se preocupe, señor presidente.
Señorías, los tiempos exigen crear un sistema dinámico y eficaz capaz de
dar empleo a todos los españoles y capaz de asegurar el futuro de
nuestros pensionistas y eso, señorías, exige cambiar el chip. Hemos oído
esta tarde que algunos grupos dicen que no es el momento de hacer la
reforma. No sólo estamos en el momento adecuado para hacer la reforma del
IRPF, sino que venimos trabajando durante dos años para que en este
momento podamos hacer la reforma que necesita España para competir bien y
con comodidad en el euro. Queremos completar con esta reforma el marco
legislativo para que cada día más españoles encuentren trabajo, para que
vean que tienen un futuro y para que vean que el mañana que nosotros
queremos para ellos no es el ayer que el Grupo Socialista les dejó.
(Rumores.) Creemos, señorías, que es bueno reducir los impuestos
individuales para que los ciudadanos puedan ahorrar más; queremos
incentivar el ahorro, y el ahorro privado porque, a nuestro juicio, es la
mejor manera de impulsar el ahorro y contener el gasto público. El
candidato socialista decía hace algunos días que él apostaba por el
ahorro público. Apostaba mucho por el ahorro público pero bajo su
gestión, en 1993 y en 1994, se consiguieron tasas negativas de ahorro
público.
Creemos que es bueno rebajar los impuestos a las pymes para que puedan
invertir más y crear más puestos de trabajo. Es posible que el Grupo
Socialista y que otros grupos de la Cámara no entiendan esto. Yo entiendo
que no compartan nuestras opiniones porque para bajar los impuestos, al
mismo tiempo que se reduce el déficit y se mantiene el gasto social, es
necesario administrar mejor y gastar mejor, es necesario ser más
eficaces, y eso desde luego es más difícil que subirse a la tribuna a
decir ligerezas tributarias. (Rumores.)
Señorías, esta tarde se ha hablado aquí de un impuesto más justo y se ha
hablado del mínimo familiar. Me permitirán que les lea una frase de un
tributarista que ha tenido un cargo importante en un gobierno autónomo
con el PSOE --ha sido consejero--. Decía: Cualquiera que sea el concepto
que se tenga de la exención del mínimo de existencia, lo que es
incuestionable es que esa riqueza que debe destinarse a la cobertura de
las necesidades vitales no puede someterse a imposición. No se trata de
una discriminación arbitraria, sino fundamentada en el concepto mismo de
justicia. Y esto lo decía un consejero socialista.
Señorías, se ha hecho un impuesto más justo y se ha rebajado la
tributación de las rentas del trabajo. Porque el Grupo Socialista hablaba
y hablaba de rebajar las rentas del trabajo, incluso en su Libro Blanco
especificaba que ese era uno de los objetivos y sin embargo, hoy, el 85
por ciento de la base la pagan los asalariados y pensionistas. Queremos
que paguen menos los ciudadanos que tienen rentas medias y bajas.
Señorías, no les quiero cansar (Risas), pero para que tengan un dato,
señorías, y lo puedan valorar, durante los años 1981 a 1994, cuando el
señor Borrell ocupó la máxima responsabilidad en la Hacienda pública, que
fue durante muchos de esos años, las rentas entre 1 y 2,2 millones de
pesetas aumentaron su presión fiscal en un 65 por ciento y, sin embargo,
las rentas de más de 5 millones de pesetas las aumentaron sólo en un 35
por ciento, las que menos. (Rumores.) Señorías, si eso es lo que ustedes
entienden por proteger a las rentas bajas ...--no voy a emplear la
expresión que me salía ahora del cuerpo-- (Risas y protestas). Porque el
señor Borrell ... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señorías, por favor.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: A veces el Grupo Socialista me recuerda
aquella viñeta de Peridis donde se veía a dos señores paseando por el
campo y uno le dice al otro: Yo nunca cambio de idea. Una vez tuve una y
la tomé cariño. (Rumores y protestas.) Parece que el Grupo Socialista
está reinterpretando la viñeta de Peridis y sólo le tiene cariño a una
idea, a hablar de ricos y pobres (Aplausos), y eso no puede ser,
señorías.
Ni una palabra hoy, ni aquí en el debate ni en la enmienda de totalidad,
sobre practicar la austeridad en el presupuesto público, ni una palabra
sobre qué papel tiene que jugar el Gobierno en una economía moderna, ni
una palabra sobre la necesidad de adaptar nuestras instituciones a
Maastricht, ni una palabra sobre la necesidad de favorecer el ahorro, la
inversión y la competitividad, sólo habla el Grupo Socialista de
progresividad formal. (Rumores.--Protestas.)
Señorías, a veces yo les recomendaría que usen sus propios argumentos y
que se vuelvan a leer su Libro Blanco. Ahí encontrarán las razones que
han fundamentado... (Rumores.) El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i
López): Silencio, por favor, señorías.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: ... una parte de la reforma que hoy
vamos a aprobar.
Señorías, han presentado una enmienda de totalidad que no tiene
desperdicio. En la enmienda de totalidad no hay ni una idea, no hay ni
una propuesta, no hay ni una alternativa, sólo hay añoranza del pasado.
(Rumores.) Y además no sabemos en qué campo jugamos, señorías. (El señor
Griñán Martínez pronuncia unas palabras que no se perciben.) No sabemos
si las propuestas del Grupo Socialista son las que aparecen en el libro
que el candidado socialista, señor Borrell, presentó en la Feria del
Libro el otro día, donde decía que hay que bajar el IRPF, que hay que
bajar las cotizaciones sociales, pero que hay que aumentar el IVA, los
impuestos especiales y, además, quitar las desgravaciones de vivienda y
de gasto sanitario. ¿Es esta la reforma, señorías? (Aplausos.) Porque
hasta ahora no hemos conocido... (Protestas)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Silencio, señorías.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Yo les animo, señorías, a que pongan
sobre la mesa... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señor Martínez-Pujalte,
un momento, por favor.
¡Señorías, silencio, por favor!
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Señorías, no se preocupen, que yo no me
voy a poner nervioso. (Risas y protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señor Martínez-Pujalte,
estoy seguro de que no, pero tampoco es preciso poner nerviosa a la
Cámara. (Fuertes protestas.)
Por favor, señorías, silencio.
Prosiga y termine, señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Voy a seguir y, desde luego, no voy a
administrar los nerviosismos, pero es probable que los argumentos que
hemos expuesto aquí caigan en el vacío. Después de un debate de casi ocho
horas, es posible que el Grupo Socialista y otros grupos de la Cámara no
quieran aceptar y no escuchen los argumentos que hemos esgrimido, los
argumentos expuestos por los mejores tributaristas, las experiencias más
exitosas en los países modernos; seguramente, ahora saldrán a los
pasillos con el argumento de siempre. Dirán que queremos beneficiar a
unos pocos y perjudicar a la mayoría. (Rumores.) El señor VICEPRESIDENTE
(López de Lerma i López): Señorías, por favor, silencio.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Algunas veces pienso que el Grupo
Socialista cree que los miembros del Grupo Parlamentario Popular nos
levantamos cada mañana pensando cómo zaherir al mayor número posible de
ciudadanos que, independientemente de la equidad, son los que nos han
votado y los que nos tienen que volver a votar.
Señorías, hay que seguir avanzando y hay que seguir avanzando con el
consenso o sin el consenso, porque mientras haya un parado o un español
bajo el umbral de la pobreza o mientras no tengamos los mismos
servicios... (Continúan los rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señorías, creo que
estamos perdiendo inútilmente el tiempo con tanto ruido. Dejen terminar
al señor Martínez-Pujalte, que tiene exactamente quince segundos para
finalizar su intervención. (Aplausos y protestas.)
Señor Martínez-Pujalte, cuando usted desee.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Concluiré, señor presidente, pero les
decía, señorías, que nosotros, mientras haya un parado o un español bajo
el umbral de la pobreza o mientras no tengamos los mismos servicios que
el resto de los europeos, vamos a seguir trabajando y buscando el
consenso. (Fuertes rumores y protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señorías, calma, calma.
Los minutos van en contra
de todos, especialmente del orador, que tiene el amparo de la
Presidencia, pero, por favor, señor Martínez-Pujalte, finalice porque su
tiempo también ha finalizado.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Señor presidente, yo quiero concluir y
voy a concluir, y no me voy a poner nervioso, no se preocupe nadie en la
Cámara, pero quiero decir que nosotros vamos a seguir trabajando y vamos
a seguir buscando consenso con los grupos que quieran unirse a ese
consenso; vamos a seguir trabajando con los grupos que se quieran unir y
trabajar para solucionar los problemas que tiene España; vamos a trabajar
en Comisión y vamos a aceptar las propuestas y trabajar en las que ha
señalado el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Y, señor Zabalía, le quiero decir que vamos a respetar...
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señor Martínez-Pujalte,
el debate no es con el señor Zabalía. Fije la posición de su grupo y, por
favor, finalice en medio minuto. (Aplausos y protestas.--Varios señores
diputados: ¡Tres, dos, uno, cero!)
Señorías, por favor, respeten al orador.
Señor Martínez-Pujalte, finalice.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Finalizo, señor presidente.
Quiero decir que mi grupo parlamentario va a respetar los marcos
competenciales de todas las comunidades autónomas y también de las
comunidades autónomas forales. Nosotros hemos aumentado las competencias
normativas en el IRPF de las comunidades forales y de las comunidades de
régimen común. Independientemente de este respeto, entenderán SS. SS. que
en las juntas habrá que establecer cauces de diálogo para mejorar también
el impuesto en esos territorios.
Entendemos que hoy aquí vamos a aprobar un impuesto más justo, más simple
y que va a bajar la factura fiscal de todos los ciudadanos españoles; ese
es el impuesto que España necesita hoy.
Gracias. (Fuertes aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i
López): Gracias, señor Martínez-Pujalte.
Se va a proceder a la votación respecto de las enmiendas presentadas. (El
señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, vamos a
proceder a la votación de las enmiendas de totalidad con petición de
devolución.
Aviso a SS. SS. que a continuación votaremos también la solicitud de
avocación al Pleno.
Empezamos por la votación de las cuatro enmiendas con propuesta de
devolución.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a
favor, 127; en contra, 171; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Quedan rechazadas.
AVOCACION POR EL PLENO:
--DEL PROYECTO DE LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS
(Número de expediente 121/000113)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): De conformidad con
lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, se somete al Pleno la
avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
¿Acuerda el Pleno recabar para sí la deliberación y votación final del
proyecto? (Asentimiento.) Queda aprobado.
Finalizado el orden del día, se levanta la sesión. (Aplausos.) Eran las
ocho y cinco minutos de la tarde.