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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 167, de 10/06/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1998 VI Legislatura Núm. 167
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 162
celebrada el miércoles, 10 de junio de 1998
ORDEN DEL DIA:
Preguntas (Página 8885)
Interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Vasco (EAJ-PNV), sobre la política del Ministerio de
Agricultura , Pesca y Alimentación en relación a la cuota láctea en la
cornisa cantábrica, en la medida que constituye un sector estratégico
dentro de las competencias que tiene asumidas dicho Ministerio (número de
expediente 172/000098) (Página 8910)
--Del Grupo Socialista del Congreso, para conocer los efectos que el
acuerdo Unión EuropeaEE. UU. sobre inversiones en propiedades expropiadas
tendrá sobre las relaciones hispano-cubanas y las inversiones españolas
en la República de Cuba (número de expediente 172/000099) (Página 8919)
--Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre el proceso
de devolución de los complementos para mínimos indebidamente percibidos
(número de expediente 172/000102) (Página 8935)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
Preguntas (Página 8885)
Del Diputado don Joan Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto, que
formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de
la Presidencia: ¿Qué medidas va a tomar el Gobierno ante las últimas
decisiones adoptadas en Radio Nacional de España contra periodistas, que
parecen instaurar nuevas formas de censura en los medios de comunicación
de titularidad estatal? (Número de expediente 180/001266) (Página 8885)
De la Diputada doña Anna Balletbó i Puig, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Primero del Gobierno y
Ministro de la Presidencia: ¿Qué opinión le merece al Vicepresidente
Primero del Gobierno las últimas decisiones tomadas en medios públicos de
comunicación, contra el libre ejercicio de la libertad de expresión de
sus profesionales? (Número de expediente 180/001282) (Página 8886)
Del Diputado don Vicente Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo valora el Gobierno
el desarrollo de la actual campaña de renta? (Número de expediente
180/001269) (Página 8887)
Del Diputado don Rafael Cámara Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo valora el Gobierno la
ejecución presupuestaria correspondiente al ejercicio de 1998? (Número de
expediente 180/001270) (Página 8888)
Del Diputado don Luis Martínez Noval, del Grupo Socialista del Congreso,
que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro
de Economía y Hacienda: ¿Puede el Gobierno comprometer ante el Pleno del
Congreso de los Diputados la continuidad de los Fondos de Cohesión para
España, durante todo el período de duración de las perspectivas
financieras para los años 2000/2006? (Número de expediente 180/001280)
(Página 8889)
Del Diputado don Francisco Fernández Marugán, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Por qué tienen que cumplimentar el
llamado tramo autonómico del IRPF los contribuyentes residentes en
Extremadura, Castilla-La Mancha o Andalucía? (Número de expediente
180/001281) (Página 8891)
Del Diputado don Antonio María Aragonés Lloret, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo valora el Gobierno
el nivel de cumplimiento por parte de España de las sentencias del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos? (Número de expediente 180/001276)
(Página 8892)
Del Diputado don José Antonio Bermúdez Alonso, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es la opinión del
Gobierno sobre los beneficios que reportará a los ciudadanos el Convenio
de Bruselas II sobre reconocimiento y ejecución de sentencias en materia
matrimonial y de familia, entre los Estados de la Unión Europea, firmado
en el último Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos de Interior?
(Número de expediente 180/001277) (Página 8892)
De la Diputada doña Amparo Rubiales Torrejón, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Justicia: ¿Cuándo
piensa el Gobierno conceder el indulto a los dos médicos asturianos
condenados por un delito de aborto? (Número de expediente 180/001284)
(Página 8893)
Del Diputado don Angel Pintado Barbanoj, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es el esfuerzo inversor
del Ministerio
de Educación y Cultura en la Comunidad de Aragón para el año 1998?
(Número de expediente 180/001278) (Página 8894)
Del Diputado don José Juan González de Txabarri Miranda, del Grupo Vasco
(EAJ-PNV), que formula al Gobierno: ¿Por qué no se ha adjudicado aún la
construcción de la presa Ibiur para el abastecimiento y regulación del
río Oria medio en Guipúzcoa? (Número de expediente 180/001267) (Página 8895)
Del Diputado don Francisco Javier Iglesias García, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es
la posición española en relación con el objetivo de reducción de
emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero tras el resultado
de la Cumbre de Kyoto? (Número de expediente 180/001275) (Página 8897)
Del Diputado don Luis de Torres Gómez, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué previsiones de consumo de
aceite de oliva tiene el Gobierno ante la gran cosecha que se avecina en
la campaña 98-99? (Número de expediente 180/001271) (Página 8898)
Del Diputado don Aurelio Sánchez Ramos, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo valora el Gobierno la
evolución de la campaña del algodón a la vista de los datos definitivos
de la misma? (Número de expediente 180/001272) (Página 8899)
Del Diputado don José Pliego Cubero, del Grupo Socialista del Congreso,
que formula a la Excma. Sra. Ministra de Agricultura, Pesca y
Alimentación: ¿Son suficientes 100.000 manifestantes para que el Gobierno
defienda de una vez el aceite de oliva y garantice que los olivareros
españoles tengan un trato igual al del resto de los países de la Unión
Europea? (Número de expediente 180/001285) (Página 8900)
De la Diputada doña Ana Leiva Díez, del Grupo Socialista del Congreso,
que formula a la Excma. Sra. Ministra de Agricultura, Pesca y
Alimentación: ¿Cómo valora la Ministra de Agricultura, Pesca y
Alimentación las modificaciones en la OCM de Frutas y Hortalizas por las
que los productos especiales van a perder importantes ayudas? (Número de
expediente 180/001288) (Página 8901)
Del Diputado don Francisco Ignacio de Cáceres Blanco, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Ministro de Asuntos
Exteriores: ¿Qué objetivos ha cumplido el Excmo. Sr. Ministro de Asuntos
Exteriores en su reciente visita a China? (Número de expediente
180/001273) (Página 8902)
Del Diputado don José María Robles Fraga, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Tiene previsto el Gobierno
apoyar la solicitud, por parte de Cuba, de incorporarse al bloque ACP y
participar en las negociaciones para renovar el Acuerdo de Lomé? (Número
de expediente 180/001274) (Página 8903)
Del Diputado don Rafael Estrella Pedrola, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué iniciativas y medidas está
tomando el Gobierno para evitar que se ejecuten las 15 penas de muerte
dictadas en el reciente Consejo de Guerra de Guinea Ecuatorial? (Número
de expediente 180/001283) (Página 8904)
Del Diputado don Carles Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), que formula al Gobierno: ¿Qué valoración
hace el Gobierno sobre el Código de Conducta sobre transferencias de
armas adoptada por la Unión Europea el pasado 25 de mayo? (Número de
expediente 180/001290) (Página 8905)
Del Diputado don Jesús José Gómez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria, que formula al Gobierno: ¿Cuándo se va a promulgar el
Decreto conjunto Ministerio de Sanidad y Consumo y Ministerio de
Educación y Cultura sobre los médicos especialistas sin título oficial
(MESTOS)? (Número de expediente 180/001279) (Página 8906)
Del Diputado don Jaime Blanco García, del Grupo Socialista del Congreso,
que formula al Gobierno: ¿Qué ha ocurrido en el sistema informático del
Ministerio de Sanidad y Consumo en la publicación de las listas de los
resultados de las pruebas MIR? (Número de expediente 180/001286) (Página 8907)
Del Diputado don José Enrique Moratalla Molina, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Sanidad y Consumo:
¿Cuáles han sido las razones por las cuales el Ministro de Sanidad ha
asegurado que la Seguridad Social se hará cargo del Viagra? (Número de
expediente 180/001287) (Página 8908)
Interpelaciones urgentes (Página 8910)
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la política del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación en relación a la cuota láctea en la
cornisa cantábrica, en la medida que constituye un sector estratégico
dentro de las competencias que tiene asumidas dicho Ministerio (Página 8910)
Presenta la interpelación del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) el
señor Caballero Basañez. Tras mostrar su solidaridad con la señora
ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación ante la noticia de haber
sido un posible blanco del comando terrorista detenido hace unos días por
la Ertzaintza, pasa a explicar los motivos por lo que su grupo se siente
preocupado por el creciente deterioro del sector lácteo en la cornisa
cantábrica, que se manifiesta en forma de crisis en el campo, tensión en
los precios de las cuotas, crisis de empresas, desinformación y opacidad,
dificultades en aplicación del régimen de cuotas e incertidumbres sobre
el futuro sectorial, entre otros. Lamenta el hecho de que la cornisa
cantábrica, como colectivo, no haya sido considerada como interlocutora
por el Ministerio de Agricultura, a pesar de las muchas propuestas que ha
hecho para la negociación de la nueva OCM láctea. Añade que es consciente
de las dificultades que supone conjugar los intereses de todas las
comunidades autónomas, pero considera que cuando existe un colectivo
importante como el de la cornisa cantábrica, que representa el 78 por
ciento de las explotaciones lácteas y el 58 por ciento de la cuota de
leche de todo el Estado, hay que escucharle con atención.
A continuación expone las acciones que, a juicio de su grupo, se deberían
desarrollar de manera integral en el sector e instan a la señora ministra
de Agricultura, Pesca y Alimentación a que valore el sector lácteo como
estratégico, tenga en cuenta las propuestas realizadas desde las
instituciones de la cornisa cantábrica y lidere con seriedad el proceso
necesario para poner al sector en lugar equivalente al de nuestros socios
en la Unión Europea.
Contesta, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Agricultura,
Pesca y Alimentación (De Palacio del Valle-Lersundi). Agradece las
palabras de solidaridad del señor Caballero, en cuanto a haber sido
objetivo de los terroristas, y las comparte con las más de 600 personas
que estaban en la lista, pero afirma que siendo hija de madre guipuzcoana
y padre vizcaíno piensa seguir trabajando por Euskal Herría y por España
con todas sus fuerzas.
A continuación manifiesta con rotundidad que, en las cuestiones relativas
al sector lácteo, el Ministerio de Agricultura ha mantenido con las
comunidades autónomas, y muy especialmente con las de la cornisa
cantábrica que han trabajado muy seriamente, un grado de diálogo y
entendimiento muy importante. Reconoce que, aunque los problemas del
sector lácteo además de afectar a la cornisa cantábrica y a Castilla y
León, afecten también a todas las comunidades autónomas, la situación es
diferente en las distintas regiones y hay que compaginar posiciones y
aunar voluntades para buscar un consenso. Explica a continuación las
acciones llevadas a cabo por el Ministerio, que se plasmarán en los
proyectos de reales decretos sobre modernización y mejora de la
competitividad del sector lácteo y de ayudas a la mejora integral de las
explotaciones lecheras, que espera que se puedan aprobar a finales de
este mes. Afirma que el sector lácteo es prioritario para el Ministerio
de Agricultura y que el motivo del retraso en la aprobación de los dos
reales decretos leyes ha sido el buscar el necesario consenso entre
comunidades autónomas y organizaciones profesionales agrarias.
Replica el señor Caballero Basañez, duplicando la señora ministra de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Vázquez Vázquez
(don Guillerme) y la señora Rivadulla Gracia, del Grupo Parlamentario
Mixto; los señores Santiso del Valle, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida; Blanco López, del Grupo Socialista del Congreso, y la
señora Castro Masaveu, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Socialista del Congreso, para conocer los efectos que el
acuerdo Unión Europea-EE.UU. sobre inversiones en propiedades expropiadas
tendrá sobre las relaciones hispano-cubanas y las inversiones españolas
en la República de Cuba (Página 8919)
Presenta la interpelación urgente, en nombre del Grupo Socialista del
Congreso, el señor Caldera Sánchez-Capitán. Lamenta, en primer lugar, el
reciente acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea que afecta a
Cuba, porque considera que ha sido un paso atrás en las relaciones con un
país que España considera como propio. Critica los principios de la Ley
Helms-Burton y el compromiso político de la Unión Europea de fortalecer
las disciplinas contra la inversión en propiedades expropiadas,
desincentivar futuras inversiones en Cuba y presentar una propuesta común
para el acuerdo multilateral de inversiones. Con este acuerdo, añade,
Estados Unidos consigue romper el aislamiento de su política de bloqueo a
Cuba y recuperar posiciones. Considera que España tenía que haber
denunciado este acuerdo, como hicieron otros países, y no haberse plegado
por tercera vez a los intereses de Estados Unidos. Añade que en la moción
que será consecuencia de esta interpelación darán al Gobierno la
oportunidad de tomar nota, pero no aprobar el acuerdo, como ha hecho
Bélgica. Opina que no es un acuerdo de política comercial común, sino que
se trata de política exterior porque incluso regula aspectos de la
protección diplomática y consular de ciudadanos españoles, por lo que no
se pueden compartir los principios de orden político sobre los que se
basa. A juicio del Grupo Socialista del Congreso la única salida para
defender los intereses de España, para tranquilizar a quienes tienen o
desean tener inversiones en Cuba y para recuperar la autonomía de nuestra
política exterior, e incluso se podría decir que el honor político
perdido en esta negociación, es denunciar inmediatamente el contenido
político de este acuerdo, y así lo solicitan.
Contesta en nombre del Gobierno el señor ministro de Asuntos Exteriores
(Matutes Juan). Manifiesta que el señor interpelante, al no tener
traducido el texto del acuerdo, no ha entendido nada y su intervención ha
sido un conjunto de consideraciones vanas, sin ninguna base, sin ningún
apoyo en el texto y sin la más mínima idea de su contenido. Asegura que
el acuerdo del 18 de mayo que se suscribe por España, al igual que por
los demás Estados miembros de la Unión Europea, da mayores garantías y
seguridad a los inversores españoles y contribuye al proceso de
normalización de las relaciones de España con Cuba. Lamenta no haber
podido comparecer ante los señores diputados para explicarles los
términos del acuerdo con anterioridad a la firma y así evitar malas
interpretaciones, y explica a continuación que el acuerdo se sustenta en
cuatro pilares: el primero, la legalización de las inversiones realizadas
hasta el 18 de mayo de 1998; el segundo, el fin, desde esa fecha, de la
prohibición de nuevas inversiones en los países implicados,Cuba, Libia e
Irak; el tercero, la desactivación evidente de las partes inaceptables de
las leyes norteamericanas en cuestión; y el cuarto, que tiene una
importancia extraordinaria, la prohibición en el futuro de las
inversiones que afecten a bienes expropiados en contra del Derecho
internacional, pero con la condición de que esa ilegalidad internacional
se establezca por ambas partes, no sólo por Estados Unidos, como hasta
ahora, sino también por el país inversor.
Analiza en detalle algunos aspectos del acuerdo y asegura que Cuba
entiende que se ha producido un cambio positivo en las relaciones, lo que
se ha puesto de manifiesto en las conversaciones que ha mantenido en
numerosas ocasiones con el canciller Robaina.
Replica el señor Caldera Sánchez-Capitán, duplicando el señor ministro de
Asuntos Exteriores.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Alcaraz Ramos, la
señora Lasagabaster Olazábal y el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo
Parlamentario Mixto; los señores Guardans i Cambó, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Navas Amores, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Martínez Casañ, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre el proceso
de devolución de los complementos para mínimos indebidamente percibidos
(Página 8935)
Presenta la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) el señor Homs i Ferret, quien agradece a la señora
ministra de Agricultura el que, en ausencia del titular del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, responda en nombre del Gobierno a una
interpelación que está fuera del ámbito de su responsabilidad. Plantean
la interpelación con tanta urgencia porque, dado lo avanzado de las
fechas, el debate de la moción consiguiente se trasladaría a septiembre y
el tema requiere una inmediata actuación. Se trata del problema de los
pensionistas que en su momento cobraron indebidamente una pensión de
complementos mínimos y a los que la administración de la Seguridad Social
está exigiendo hoy la correspondiente devolución. Su grupo no quiere
entrar a dilucidar sobre quién tuvo la culpa de dicha situación o sobre
si las actuaciones fueron o no realizadas a conciencia o por
desconocimiento, simplemente presentan la interpelación con el ánimo de
que la moción que de ella se derive pueda abrir una vía de mejor solución
del problema generado. Desean conocer las actuaciones que el Gobierno ha
llevado a cabo o tiene previstas para dar cumplimiento a la proposición
de ley que se aprobó en la Cámara a instancias de su grupo, y así poder
encontrar vías de solución, si es posible con el consenso de todos los
grupos. Añade que el Grupo Catalán no va a amparar en ningún momento a
quien no haya cumplido la norma, porque si ésta no es adecuada, la Cámara
debe cambiarla, ni está de acuerdo con la suspensión ni con la
judicialización del problema como vía de suspender el reintegro, pero
opina que se ha de ser sensibles a las situaciones reales de las personas
que están sometidas al proceso de devolución y evitar a las de menor
renta, de mayor edad o mayor carga familiar los perjuicios que se les
pudieran acarrear.
Contesta en nombre del Gobierno la señora ministra de Agricultura, Pesca
y Alimentación (De Palacio del Valle-Lersundi). En primer lugar excusa la
asistencia del señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales por
encontrarse en una reunión de la OIT, pero asegura que la decisión que se
tomó en su día de luchar contra el fraude en la Seguridad Social es
conjunta del Gobierno, por lo que intentará contestar a las preguntas del
interpelante. Resalta el hecho de que el Grupo Catalán esté de acuerdo en
que no se debe suspender la medida ni judicializarla, porque se trata de
luchar contra el fraude, utilizar mejor los fondos públicos y garantizar
así la solidaridad entre los ciudadanos. Añade que el mantenimiento de un
sistema de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice
prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, es un
objetivo básico para el Gobierno, en el que se han querido implicar no
sólo todas las fuerzas políticas, sino también todos los agentes
sociales. Para ello es esencial que se mantenga el equilibrio económico
entre los recursos de que se dispone y las prestaciones que se deben
cubrir, por lo que se han de establecer mecanismos permanentes de control
que detecten situaciones que no se corresponden con las necesidades
previstas en la legislación vigente y que son totalmente insolidarias.
A continuación explica en qué han consistido las medidas adoptadas contra
el fraude y la morosidad durante los dos años de gestión del Gobierno
actual, que fue cruzar las declaraciones de rendimientos o la ausencia de
ellas con los datos de las declaraciones de Hacienda, y opina que el no
hacerlo antes fue dejación de funciones del Gobierno anterior. Asimismo
expone las actuaciones que se están llevando a cabo en las diferentes
fases del proceso de devolución de las cantidades indebidamente
percibidas y afirma que se está haciendo con total respeto a la
confidencialidad y a las exigencias de garantía de los derechos de los
pensionistas, como son los de audiencia previa y presunción de buena fe
por su parte. En cualquier caso, supone que el Grupo Parlamentario
Popular estudiará la moción que pueda presentar el Grupo Catalán para
buscar una vía de mejor solución, pero partiendo de la base de que hay
que respetar la legalidad vigente, que no se pueden suspender las
actuaciones, que no se pueden dejar de llevar a cabo este tipo de
controles y que tampoco se pueden judicializar, porque de lo que se trata
es de garantizar el equilibrio de la Seguridad Social y la percepción, de
cara al futuro, de las pensiones.
Replica el señor Homs i Ferret, duplicando la señora ministra de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vaquero del
Pozo, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Cercas Alonso,
del Grupo Socialista del Congreso, y Camps Devesa, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Se suspende la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la noche.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
El señor PRESIDENTE: Señorías, buenas tardes. Ocupen sus escaños, vamos a
reanudar la sesión. (Pausa.) Les ruego que ocupen sus escaños y guarden
silencio.
Se reanuda la sesión.
PREGUNTAS:
--DEL DIPUTADO DON JOAN SAURA LAPORTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE
FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA
PRESIDENCIA: ¿QUE MEDIDAS VA A TOMAR EL GOBIERNO ANTE LAS ULTIMAS
DECISIONES ADOPTADAS EN RADIO NACIONAL DE ESPAÑA CONTRA PERIODISTAS, QUE
PARECEN INSTAURAR NUEVAS FORMAS DE CENSURA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION
DE TITULARIDAD ESTATAL? (Número de expediente 180/001266)
El señor PRESIDENTE: Punto IV del orden del día: preguntas orales al
Gobierno, comenzando por las que va a responder el vicepresidente primero
del mismo, señor Alvarez-Cascos.
En primer lugar, pregunta número 8, que formula al Gobierno el diputado
don Joan Saura Laporta, que será sustituido por la señora Rivadulla,
también del Grupo Parlamentario Mixto.
Señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente, ¿qué medidas va a adoptar el Gobierno ante las
últimas decisiones tomadas en Radio Nacional de España contra
periodistas, que parecen instaurar nuevas formas de censura en los medios
de comunicación de titularidad estatal?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rivadulla.
Señor vicepresidente primero del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Señor presidente, señorías, en Radio Nacional
no se ha tomado ninguna decisión contra periodistas y hace usted mal en
defender, si es que va a defender usted, a determinados periodistas
diciendo que se han tomado medidas contra periodistas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.
Señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Sí, señor vicepresidente, es precisamente eso
lo que me propongo, defender a periodistas, pero es más, señor
vicepresidente, me propongo defender la libertad de expresión que, a
nuestro juicio, está realmente en peligro. (Rumores.) Al parecer, señor
vicepresidente, el Gobierno sólo se muestra partidario de ella cuando se
trata de defender las opiniones vertidas en programas como ¿Qué fue del
franquismo?, más acorde quizá con su talante, y que dio lugar a la
comparecencia del señor López-Amor, en la que, por cierto, se manifestó
acérrimo defensor de la libertad de opinión, llegando incluso a acusar a
algunos grupos de la Cámara de «pretender juzgar a personas porque
practican el saludable y legítimo ejercicio de expresar ideas con
libertad y sin temor». Eso es lo que dijo. ¡Qué ironía, señor
vicepresidente!
Lo que ha quedado claro, tras el castigo impuesto a Montserrat Minobis y
a otros periodistas, es que los derechos constitucionales los reservan
ustedes para sus amiguetes ideológicos. (Rumores.--Un señor diputado:
¡Sí, sí, sí!) ¿Cómo, si no, se puede entender que a una profesional que
con más de treinta años de profesión periodística y radiofónica, con
varios premios en su haber, entre ellos la Creu de Sant Jordi, y una de
las fundadoras de Radio-4, se la haya apartado del programa que conducía
desde hace siete meses y para el que se le había comunicado incluso un
incremento de la dotación económica? ¿Cómo puede ser que no se le haya
abierto expediente alguno y se la mantenga en una situación de
indefensión absoluta, negándole el derecho a tener un trabajo efectivo?
¿Hasta dónde llega su afán de censura y falta de sentido del humor --ya
entiendo que Asturias le pone nervioso-- para represaliar a una
profesional por una expresión vertida en su espacio de humor en la que
todo lo que se dijo es que quedar como un imbécil no es negativo a la
hora de llegar a ser presidente del Gobierno?
Señor vicepresidente, están llegando demasiado lejos. El Sindicato de
Periodistas de Cataluña, el Colegio de Periodistas y gran parte de la
profesión periodística, que se ha solidarizado con la señora Minobis,
denuncian el grado de deterioro creciente que sufren los medios de
comunicación públicos y privados que ustedes controlan y le exigen que
reponga a Montserrat Minobis en sus funciones habituales. Hágalo, señor
vicepresidente. De lo contrario, deberemos concluir que estamos ante una
auténtica caza de brujas en la que las personas que como Montserrat
Minobis pretenden mantener un periodismo abierto, plural, donde estén
reflejados todos los pensamientos políticos, culturales y sociales y en
los que los partidos...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rivadulla, muchas gracias. (La
señora Rivadulla Gracia pronuncia palabras que no se perciben.) Ha
concluido su tiempo, señora Rivadulla, muchas gracias.
Señor vicepresidente del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA
PRESIDENCIA (Alvarez-Cascos Fernández): Discrepo de las valoraciones que
hace la señora diputada en el sentido de la responsabilidad profesional
de los que en la radio pública tienen que conducir programas y consideran
irrelevantes determinadas expresiones. Permítame que discrepe de que
desde la radio pública se pueda llamar imbécil a nadie. Esa es la
percepción que yo puedo ofrecerle desde mi perspectiva personal y
política.
Pero quiero decirle que además la señora Minobis, tal como me informa el
director de Radiotelevisión, no ha sido expedientada ni sancionada, sino
que se ha procedido a su sustitución en la dirección de un programa en
concreto...(Varios señores diputados: ¡Ah!)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor vicepresidente.
Señorías, no crucen descalificaciones; unos y otros. (Rumores.)
¡Señorías! ¡Unos y otros! (Rumores.) La suma de murmullos hace imposible
oír, señorías. Les llamo al orden.
Adelante, señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): La decisión de que la señora Minobis cambiara
de cometido, a juicio del director general, es una medida interna que no
supone ningún tipo de marginación profesional de la periodista, que
continúa dirigiendo otros programas de Radio-4 y que además desde su
relevo se le ha encargado la producción de unos espacios que se incluirán
en la programación de verano bajo el título Retrat de Artista. El señor
director de Radiotelevisión lamenta la politización, a veces oportunista,
que ha producido estas decisiones, que están justificadas por razones de
estricta responsabilidad profesional. Cualquiera otra interpretación daña
más a las personas interesadas que a la imagen de Radio Nacional de
España, y por respeto a ellas, dice el director general, sería
aconsejable que sus presuntos defensores dejaran de emplearlas como
pretexto de crítica al Gobierno, sobre todo, señorías, porque desde que
el director general actual está al frente de las responsabilidades en
Radio Nacional se han producido, por razones de reorganización
profesional, 98 cambios; S. S. se interesa por uno; tal vez el problema
es que el único por el que se interesa tiene con usted en común su
participación en listas electorales, y eso quizá establezca mecanismos de
solidaridad que nada tienen que ver con la libertad de expresión.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.
--DE LA DIPUTADA DOÑA ANNA BALLETBO I PUIG, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y
MINISTRO DE LA PRESIDENCIA: ¿QUE OPINION LE MERECEN AL VICEPRESIDENTE
PRIMERO DEL GOBIERNO LAS ULTIMAS DECISIONES TOMADAS EN MEDIOS PUBLICOS DE
COMUNICACION CONTRA EL LIBRE EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE EXPRESION DE SUS
PROFESIONALES? (Número de expediente 180/001282)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.
Pregunta número 24, que formula al Gobierno la diputada doña Anna
Balletbó i Puig, del Grupo Socialista.
Señora Balletbó, tiene la palabra.
La señora BALLETBO I PUIG: Muchas gracias, señor presidente.
Mire qué casualidad, don Francisco, que yo también me intereso por esta
periodista y no parece que compartamos lista electoral. ¡Qué cosas tiene
la vida cuando gente como la señora Rivadulla y yo misma queremos
defender la libertad de expresión a pesar de usted, don Francisco!
Mire usted, señor vicepresidente del Gobierno, toda la profesión
periodística está en contra de esta medida, y concretamente dice la nota
interna que se ha dirigido a doña Monserrat Minobis que faltó al respeto
a la figura del presidente del Gobierno español. Señor Alvarez-Cascos,
dígame usted qué sucede en este programa de Carlos Herrera cada día donde
se ridiculiza permanentemente --permanentemente-- a don Felipe González,
a don Josep Borrell, al señor Serra y al presidente del Gobierno andaluz.
Pongan ustedes la radio, señores del PP; cada día no sólo se les dice
imbéciles, sino que se les hace quedar como imbéciles. (Rumores.) Pero,
señor Alvarez-Cascos, nosotros no nos quejaremos nunca de un programa de
humor, porque sabemos que no existe un código deontológico, señor
Alvarez-Cascos, que pueda poner en duda el derecho al humor en este país,
que es lo que nos faltaría ya para acabar de hacer el duro con el
Gobierno del PP.
Usted tiene toda la repulsa de la profesión, y no me hable de las razones
de calidad de la audiencia, porque esta señora lleva 22 años en Radio
Nacional de España, ha sobrevivido al franquismo y parece que lo que no
puede es sobrevivirle a usted, señor vicepresidente del Gobierno.
(Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Balletbó.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos
Fernández): Señoría, creo que los profesionales van a sobrevivir a los
Gobiernos que ha habido y a muchos más.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.
Señora Balletbó, tiene usted la palabra.
La señora BALLETBO I PUIG: Gracias, señor presidente.
Le voy a dar una lista de los profesionales que no le han sobrevivido.
Aquí tengo el ejemplo de 40. Hay cuarenta y tantos profesionales en el
Ente, en Radio Nacional de España y en Televisión Española, que han sido
sacados de sus responsabilidades, don Francisco Alvarez-Cascos, en parte
relegados de su trabajo sin justificación alguna; a otros no les han sido
renovados los contratos; otros han sido marginados al teletexto y a la
televisión internacional.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Balletbó.
La señora BALLETBO I PUIG: Perdón, señor presidente, pero quiero ilustrar
al vicepresidente del Gobierno sobre las consecuencias...
El señor PRESIDENTE: Ya se lo entregará S. S. Sin duda, señora Balletbó,
tendrá oportunidad de poder entregárselo posteriormente al señor
vicepresidente. (Rumores.--La señora Balletbó i Puig pronuncia palabras
que no se perciben.) Señora Balletbó, ha excedido con creces el tiempo.
Lo podrá entregar con posterioridad.
La señora BALLETBO I PUIG: Es una actitud represora contra las personas.
(Aplausos.) El señor PRESIDENTE: ¡Señora Balletbó! (Aplausos.) Tiene la
palabra el señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Señor presidente, tratar de traer a esta
Cámara el debate de que las sustituciones de profesionales en los medios
de comunicación es un problema de libertades... (La señora Balletbó i
Puig muestra a la Cámara unas listas.) Señora Balletbó, es igual, puede
enseñarme las listas que quiera. Tratar de trasladar a esta Cámara el
criterio de que las sustituciones de profesionales es un problema de
libertad de expresión le llevaría a usted a censurar todos los cambios
que se han hecho en cualquier medio de comunicación cada vez que ha
habido un cambio en la dirección.
Le pregunto, ¿conoce usted algún medio de comunicación en el que cuando
cambia la dirección del medio no haya cambiado ningún profesional?
¿Conoce usted uno solo? Dígame usted un medio de comunicación en el que
los cambios de dirección garanticen el mantenimiento de todo el mundo en
sus puestos y en el que no se mantenga el derecho a poder hacer
sustituciones. (La señora Balletbó i Puig continúa mostrando unas
listas.) Señora Balletbó, usted tiene mal esa lista. (Rumores.) El señor
PRESIDENTE: Señorías, entre las dificultades de sonido y la colaboración
de SS. SS. para que no se oiga... ¡Señora Rubiales!, sosiéguese; la
comprendo, señora Rubiales, pero sosiéguese.
Continúe, señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Sí, señor presidente.
La señora Balletbó tiene mal esa lista, porque desde mayo de 1996 en
Radio Nacional no se han cambiado 46 profesionales, se han cambiado 98.
No sé si es que algunos no le interesan a usted o es que tiene mala
información. (La señora Balletbó i Puig: Más a mi favor, don Francisco.)
Pero, sobre todo, tengo verdadera curiosidad por saber por qué las 539
sustituciones que se han hecho entre los años 1982 y 1996 no han
despertado el celo de S. S. por las libertades. (Aplausos.) Le voy a
refrescar la memoria, señora Balletbó. Bajo la dirección de don Fernando
González se sustituyó a 71 profesionales; bajo la de don Eduardo
Sotillos, 134; bajo la dirección de don Agustín Farré, 31; bajo la de don
Enric Sopena, 141, y don Diego Carcedo bate el récord con 162. (Rumores.)
Señora Balletbó, tenga la amabilidad de tener un mínimo decoro a la hora
de hacer preguntas en esta Cámara sobre temas de libertades. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente primero del Gobierno.
--DEL DIPUTADO DON VICENTE MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿COMO
VALORA EL GOBIERNO EL DESARROLLO DE LA ACTUAL CAMPAÑA DE RENTA? (Número
de expediente 180/001269)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 11, que formula al Gobierno el
diputado don Vicente Martínez-Pujalte López, del Grupo Popular.
(Rumores.) ¡Señorías!
Tiene la palabra.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Señor presidente, señor ministro, ha
pasado ya mes y medio
desde que comenzó la campaña de la renta y ya se puede hacer un balance.
En España, y hasta que mañana no aprobemos la nueva modificación del
IRPF, no tenemos un impuesto simple, hay más de 15 millones de
declaraciones y más de 30 millones de contribuyentes afectados por el
impuesto. En muchas ocasiones tienen que afrontar obligaciones
tributarias con datos que ya posee la Agencia.
Aunque la reforma de 1991 se propuso avanzar en la simplicidad realmente
no consiguió el objetivo en gran manera; de todas formas, ya estábamos
acostumbrados a que las reformas del PSOE no consiguieran sus objetivos.
Esperamos, señor ministro, que con la reforma que mañana aprobaremos se
avanzará en la simplicidad... (Rumores.) --espero que sí, señorías-- y
conseguiremos hacer un impuesto mucho más sencillo para los
contribuyentes. (Rumores.) En cualquier caso, y mientras esto sucede, la
Agencia Tributaria se fijó objetivos muy ambiciosos de apoyo a los
contribuyentes, y mi pregunta, señor vicepresidente, es: ¿cómo valora el
Gobierno el cumplimiento de esos objetivos, tanto en ayuda a los
contribuyentes para la confección de sus obligaciones tributarias, como
en la colaboración con otros organismos (Rumores.), como la novedad de
información personalizada y si ésta está facilitando realmente a los
contribuyentes que puedan hacer la declaración con los datos que Hacienda
tiene suyos.
Muchas gracias, señor vicepresidente. (Rumores.--Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez-Pujalte.
Señor vicepresidente segundo.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato y Figaredo): Gracias, señor presidente.
Con respecto a la campaña de renta, los datos de los servicios de
asistencia al contribuyente al 8 de junio son los siguientes. Dentro del
programa Padre se han producido realizaciones en modalidades de
utilización fuera de las oficinas de la Agencia. Las declaraciones
realizadas por este sistema ascienden ya a casi 2 millones, con una media
de unas 90.000 declaraciones diarias durante la última semana. En cuanto
al resto de las modalidades, los equipos móviles, que han comenzado a
funcionar este año, han realizado 4.700 declaraciones, y las realizadas
por teléfono --901-22-22-50, por si SS. SS. lo quieren utilizar--
ascienden a 105.000, un 10 por ciento más que el año pasado.
Respecto a entidades colaboradoras, los datos disponibles actualmente de
entidades financieras es que hay medio millón de declaraciones y
esperamos unos 2 millones de declaraciones, lo que supone un incremento
de un 25 por ciento, y en cuanto a la colaboración de las comunidades
autónomas, un incremento del 60 por ciento y una multiplicación por seis
con respecto a los ayuntamientos. Por lo que se refiere a las
declaraciones realizadas con el disquete individual y el módulo de
impresión por gestores, estamos ante una cifra de unas 400.000 y
esperamos llegar a 3 millones. En definitiva, el programa Padre,
probablemente el más importante desde el punto de vista de la
colaboración por el contribuyente, tiene un crecimiento de un 21 por
ciento.
En cuanto a la cita previa, se están produciendo ya citas previas
aproximadamente en una cifra de 2 millones de personas, unas 100.000
citas diarias en los días punta, con un 13 por ciento más sobre el año
anterior, y en cuanto a los servicios a través del teléfono o de
Internet, se está produciendo un crecimiento considerable, con un total
de 8,5 millones de accesos.
Por tanto, tengo que decir que, desde el punto de vista de la
contribución que están haciendo los servicios de la Agencia Tributaria en
facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones con
Hacienda, los datos son realmente satisfactorios e indican que estamos en
un camino positivo por el que debemos continuar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepresidente.
¿El señor Martínez-Pujalte no desea réplica? (Denegaciones.)
--DEL DIPUTADO DON RAFAEL CAMARA RODRIGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿COMO VALORA EL GOBIERNO
LA EJECUCION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 1998? (Número
de expediente 180/001270)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 12, que formula al Gobierno el
diputado don Rafael Cámara Rodríguez, del Grupo Popular.
Señor Cámara.
El señor CAMARA RODRIGUEZ: Gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente del Gobierno, en esta Cámara se viene hablando mucho
últimamente del presupuesto; y se viene hablando mucho porque hay algunos
que han decidido hacer pivotar su discurso sobre el presupuesto, y han
decidido plantear el discurso en términos de catástrofe, y lo cierto,
señor presidente, es que esta catástrofe, en opinión del Grupo Popular,
no es tal; lo cierto es que intentar provocar vías de agua en una nave
tan estable como es la ejecución del presupuesto español es un esfuerzo
que cada cual tendrá que valorar, porque la verdad, señorías, es que las
cifras de ejecución presupuestaria del primer cuatrimestre
del año nos permiten afianzarnos en nuestra convicción: la convicción de
estar en presencia de una gestión eficaz de las finanzas del Estado, de
una gestión que permite consolidar el presupuesto público español como un
instrumento eficaz y útil al servicio de la buena marcha de la economía
española que va haciendo olvidar paulatinamente otras formas de concebir
el presupuesto público. Porque, por ejemplo, las cifras del mes de abril
confirman una reducción del déficit de caja no financiero respecto al
mismo período del año pasado del 54 por ciento. Las cifras confirman que
la evolución del presupuesto de ingresos están marchando de forma muy
favorable, lo que hace prever mayores avances en la reducción del
déficit. Y las cifras confirman, finalmente, que la evolución del
presupuesto de gastos sigue avanzando por la senda de la contención y la
austeridad, y esta es la realidad, señor vicepresidente del Gobierno, del
presupuesto público y no otra. Por eso tengo la satisfacción de
plantearle la siguiente pregunta: ¿Cómo valora el Gobierno la ejecución
presupuestaria correspondiente a 1998?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cámara.
Señor vicrepresidente segundo del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato y Figaredo): Muchas gracias, señor presidente y señor
diputado.
Con respecto a la evolución del presupuesto del Estado al mes de abril,
como S. S. ha indicado se está produciendo una evolución muy
satisfactoria en la reducción del déficit público. Como la Cámara conoce,
el Gobierno ha puesto un nuevo objetivo de déficit público para el Estado
al situarlo en un equivalente al 1,8 por ciento del PIB, dos décimas por
debajo de lo previsto, lo cual supone que será el Estado el que haga el
mayor esfuerzo en 1998 como consecuencia de la evolución positiva de la
economía. Además de la reducción del déficit público en términos de caja
del 54 por ciento, quisiera dar otros datos a la Cámara: la recaudación
está aumentando en términos homogéneos al mes de abril casi al 12 por
ciento; los pagos están aumentando a un ritmo de alrededor del 3 por
ciento y se está produciendo un superávit primario que es un 21 por
ciento superior al de 1997. Además quisiera dar un dato que creo que es
de importancia, y es que el montante de las inversiones es muy superior
al del déficit, ya sea en términos de caja ya sea en términos de
necesidades de financiación, lo cual nos indica que estamos cumpliendo
una de las reglas básicas del saneamiento presupuestario.
La ventaja que tiene un presupuesto anual, señoría, es que al 31 de
diciembre podremos saber qué previsiones han sido acertadas y cuáles
equivocadas. Como la Cámara recordará, en el otoño de 1996 se anunció que
el presupuesto que el Gobierno del Partido Popular presentaba para 1997
tendría una desviación en ingresos de 500.000 millones. Fue un error.
Nadie se ha hecho responsable de ese error. La verdad es que no tuvo
ninguna consecuencia, pero fue un error. En febrero del año 1997 también
se nos dijo que estaríamos obligados a presentar un decreto-ley para
reducir el gasto. Fue otro error. Nadie se hizo responsable de ese error.
Tampoco tuvo ninguna consecuencia. Es más, el Gobierno presentó un
decreto-ley aumentando el gasto en inversiones. Por lo que he leído en
los medios de comunicación, ahora se nos anuncia que vamos a presentar un
decreto-ley reduciendo el gasto en 750.000 millones para el ejercicio de
1998. Ya puedo decirles al mes de junio que es un error. También puedo
decirles que nadie se hará responsable de ese error y también puedo
decirles que no tiene ninguna importancia.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
vicepresidente.
--DEL DIPUTADO DON LUIS MARTINEZ NOVAL, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y
MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA: ¿PUEDE EL GOBIERNO COMPROMETER ANTE EL
PLENO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS LA CONTINUIDAD DE LOS FONDOS DE
COHESION PARA ESPAÑA, DURANTE TODO EL PERIODO DE DURACION DE LAS
PERSPECTIVAS FINANCIERAS PARA LOS AÑOS 2000/2006? (Número de expediente
180/001280)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 22, que formula al Gobierno el
diputado don Luis Martínez Noval, del Grupo Parlamentario Socialista.
Señor Martínez Noval.
El señor MARTINEZ NOVAL: Gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente, ¿puede el Gobierno comprometer ante el Pleno del
Congreso de los Diputados la continuidad de los fondos de cohesión para
España durante todo el período de duración de las perspectivas
financieras para el período 2000-2006?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Noval.
Señor vicepresidente segundo del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato y Figaredo): Si España cumple las condiciones del
Tratado, sí. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.
Señor Martínez Noval.
El señor MARTINEZ NOVAL: Señor vicepresidente, el Consejo Europeo de
Edimburgo de 1992 hizo realidad las expectativas que había generado el
Tratado de la Unión en lo que se refiere al principio de la cohesión. A
partir de entonces, este principio dejó de ser mera retórica y pasó a ser
una realidad presupuestaria, con cifras ciertas y previsibles a lo largo
del tiempo. Precisamente en ese marco financiero que va de 1994 a 1999
nuestro país ha tenido acceso a un voluminoso conjunto de recursos
financieros que, como usted bien sabe, en el año 1998 se eleva nada menos
que a 220.000 millones de pesetas. Pero ahora, en vísperas de una nueva
negociación, afloran, señor Rato, posiciones preocupantes para los
intereses que nosotros defendemos. Es inquietante que el límite del gasto
se sitúe en el 1,27 por ciento del producto interior bruto, incluso con
ampliación. Es mucho más inquietante todavía que Alemania, con la ayuda
de Suecia, Austria y Holanda, pugne por extender el cheque británico y
pugne también por generalizar esa idea del justo retorno. Asimismo, nos
preocupa, señor Rato, que el Parlamento Europeo apruebe una resolución en
la que se excluye de los fondos de cohesión a los países que van a formar
parte del euro.
Señor vicepresidente, no podemos aceptar pasivamente estas nuevas ideas
financieras, porque inician un camino en dirección contraria a los
intereses nacionales españoles. ¿Cómo vamos a aceptar, por ejemplo, que
se aumenten todos los gastos (en cuantías no muy importantes en esos
siete años) y sin embargo los gastos de la cohesión retrocedan a una tasa
del 1,4 por ciento anual?
Señor vicepresidente, el Fondo de Cohesión fue muy necesario, pero en las
condiciones del euro es estrictamente más necesario que nunca. Por eso no
queremos que ustedes fracasen en este envite. Les vamos a ayudar a ello.
No tengan ustedes problemas en ser y aparecer como pedigüeños, no tengan
ningún problema, hagan lo que haya que hacer, háganlo con diligencia y
con inteligencia, pero eviten por todos los medios que nuestro país vea
mermado su Fondo de Cohesión o, incluso, en el peor de los casos, tenga
que renunciar a él.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Martínez Noval.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato y Figaredo): Las afirmaciones de S. S. yo las comparto,
salvo que S. S. da por sentadas una serie de cuestiones que son
posiciones de otros países a las cuales nosotros y otros países nos hemos
opuesto, y S. S. lo sabe. En este momento no hay un techo del 1,27. Hay
una propuesta que no ha sido aceptada por varios países, entre ellos
España; hay una propuesta de algunos países de que exista un retorno --lo
que se llama el cheque británico-- a otros países, a la que nosotros nos
hemos opuesto, y hay una propuesta nuestra de que se estudie un recurso
progresivo, que, por cierto, ha sido mantenido por Gobiernos españoles
anteriores. La votación del Parlamento Europeo, como S. S. sabe muy bien
porque le habrán informado sus compañeros del Parlamento Europeo, no
tiene trascendencia jurídica y no sabemos si ni siquiera la tendrá
política.
En cuanto a que se acepta pasivamente, creo que
S. S. no dice la realidad, si es que lo afirma del Gobierno. El Gobierno
está planteando alternativas y, además, está oponiéndose a aquello que
cree que va contra los intereses de España (y me gustaría subrayarlo
porque lo he dicho en mi primera intervención) y contra el Tratado.
Porque aquí no estamos defendiendo que a España le den dinero; estamos
defendiendo unas políticas de integración europeas para nosotros y para
los demás. Lo importante no es que el Consejo de Edimburgo (que lo fue,
muy importante) dotara los fondos de cohesión, lo importante es lo que
dice el Tratado sobre los fondos de cohesión. Porque el Tratado es una
ley que hemos aprobado quince parlamentos. Ahí está nuestra fuerza.
Nuestra fuerza no está en que nos presentemos a discutir exclusivamente
cantidades de dinero (que es un punto importante y no lo voy a negar),
sino en que defendemos principios tan importantes como el de la cohesión
social y el de la integración europea, que están respaldados por leyes
que tanto lo son aquí como en Alemania. Pero no nos engañemos: un debate
sobre unos presupuestos que van a influir en la vida europea durante seis
años, S. S. tiene que comprender que no va a ser un debate que se cierre
en los primeros seis meses de negociación.
Estoy convencido de que vamos a contar con el apoyo del Grupo Socialista
aquí y en Europa, como hemos contado hasta ahora. Lo único que me
gustaría matizarle es que no me parece correcto ligar euro con fondos de
cohesión, ni para una cosa ni para la otra. Los fondos de cohesión son
para países que tienen rentas inferiores al 90 por ciento y no incumplen
el artículo 104 del Tratado. No sé si S. S. lo ha hecho, pero aunque no
lo haya hecho, no se trata de discutir, ¡para una vez que estamos de
acuerdo! No son los fondos de cohesión para el euro, los fondos de
cohesión son para la convergencia real. Estoy convencido de la
colaboración de S. S. y de su grupo, como estoy convencido de la
colaboración del resto de los grupos de la Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
vicepresidente.
--DEL DIPUTADO DON FRANCISCO FERNANDEZ MARUGAN, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿POR QUE TIENEN QUE CUMPLIMENTAR EL
LLAMADO TRAMO AUTONOMICO DEL IRPF LOS CONTRIBUYENTES RESIDENTES EN
EXTREMADURA, CASTILLA-LA MANCHA O ANDALUCIA? (Número de expediente
180/001281)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 23, que formula al Gobierno el
diputado don Francisco Fernández Marugán, del Grupo Socialista.
Señor Fernández Marugán.
El señor FERNANDEZ MARUGAN: Señor vicepresidente, ¿por qué tienen que
cumplimentar el llamado tramo autonómico del IRPF los contribuyentes
residentes en Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández Marugán.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato y Figaredo): Señor presidente, muchas gracias. Gracias,
señor diputado.
Por la misma razón que lo cumplimentan el resto de los contribuyentes
españoles: porque lo dice la ley.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.
Señor Fernández Marugán.
El señor FERNANDEZ MARUGAN: Señor vicepresidente, recurrir a estas
alturas a la defensa de la unidad tributaria de España no deja de ser un
cierto sarcasmo, pero en cualquier lugar y en cualquier circunstancia sí
quisiera recordarle que más de dos millones y medio de contribuyentes
declaran por el Impuesto sobre la Renta en Andalucía, más de 600.000 en
La Mancha, más de 300.000 en Extremadura. Todos ellos les han oído decir
a ustedes, a los responsables de la Administración tributaria del Partido
Popular o a los responsables del Partido Popular en esta Cámara, que la
declaración suponía un engorro, que había múltiples molestias, que se
perdían horas y horas en buscar papeles y que, como consecuencia de ello,
era necesario un proceso de simplificación. Pues bien, esos tres millones
de contribuyentes hoy tienen que liquidar una tarifa perfectamente
inútil. Para ellos, la norma que usted ha invocado hoy aquí es un abuso
legal y una molestia gratuita, y además de ser un abuso legal y una
molestia gratuita para esos tres millones de contribuyentes, es un acto
de escaso respeto institucional a aquellas comunidades autónomas que en
el ejercicio de sus derechos han decidido no aceptar el sistema de
financiación que ustedes y sus socios han impuesto en esta Cámara.
Señor Rato, por oficio y por vocación política creo en la bondad y en la
legitimidad del sistema tributario, por oficio y por vocación política
creo en la calidad de las normas tributarias y creo que no es bueno que
normas tributarias como las que ustedes han hecho aprobar en esta Cámara
vulneren y afecten de esta manera al sentido común.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Fernández Marugán.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato y Figaredo): Gracias, señor presidente.
Señor diputado, me permitiría decirle si con la expresión «imponer en
esta Cámara» S. S. quiere decir ganar una votación; ¿eso es lo que quiere
decir «imponer en esta Cámara»?. Y «hacer pasar a esta Cámara», ¿quiere
decir tener mayoría parlamentaria?; creo que es lo que quiere decir su
señoría. Si es eso lo que quiere decir S. S., es exactamente el sistema
democrático. Su señoría me hace la pregunta con un año de anticipación.
(El señor Fernández Marugán: A la cuestión.) Políticamente esta pregunta
me la tiene que hacer el año que viene, porque este año... (El señor
Fernández Marugán pronuncia palabras que no se perciben.) El señor
PRESIDENTE: Señor Marugán, silencio, por favor.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato y Figaredo): Si me escucha, le voy a decir por qué me
la tiene que hacer el año que viene. Porque este año, como los
contribuyentes están liquidando la declaración de renta del año 1997, en
la que no entró en vigor porque se aprobó durante el año el nuevo sistema
de financiación autonómica, todas las comunidades autónomas están en la
misma situación, pero en el año 1999 sí me la podrá hacer S. S., aunque
le responderé lo mismo: que la ley que aprobó esta Cámara --no que impuso
nadie en esta Cámara, sino que simplemente tuvo más votos a favor que en
contra-- dice que los contribuyentes tendrán que cumplimentar una
declaración de renta en que la base liquidable regular será gravada a los
tipos que se indican en la siguiente escala complementaria. Su señoría es
muy dueño y puede que no le guste esa ley --creo que no le gusta porque
la votó en contra--, pero no puede argumentar simplemente que va en
contra de los derechos de los ciudadanos.
Todavía me interesa más compartir con S. S. la preocupación por la
simplificación. Si ustedes nos ayudan y se aprueba la reforma del IRPF
que empieza a debatirse mañana, 380.000 contribuyentes de esas tres
comunidades autónomas dejarán de pagar. Hoy pagan y dejarán de pagar,
pagarán cero, y un millón de contribuyentes dejarán de presentar
declaración. Fíjese usted lo contentos que nos vamos a poner usted y yo
cuando aprobemos esa ley.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señor
vicepresidente.
--DEL DIPUTADO DON ANTONIO MARIA ARAGONES LLORET, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿COMO VALORA EL GOBIERNO
EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DE ESPAÑA DE LAS SENTENCIAS DEL
TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS? (Número de expediente 180/001276)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 18, que formula al Gobierno el
diputado don Antonio María Aragonés Lloret, del Grupo Popular.
Señor Aragonés.
El señor ARAGONES LLORET: Gracias, señor presidente.
Señora ministra de Justicia, todos sabemos que España está integrada en
el Convenio Europeo de los Derechos Humanos. Nuestro país aceptó y asumió
en su momento la autoridad del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en lo
referente al control del respeto y cumplimiento de dichos derechos en
España. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la
Presidencia.) Es cierto que el Tribunal en muy pocas ocasiones ha
imputado a nuestro país la violación de algún precepto de dicho convenio,
pero también es cierto que en esos pocos casos el celo aplicado por el
Gobierno español en el cumplimiento de los compromisos y obligaciones
adquiridos ante dicho Tribunal ha dado plenas satisfacciones y
actuaciones eficaces ante lo requerido en el convenio. Por ello, y ante
las esporádicas manifestaciones aparecidas en algún sector de la prensa
en las que se quiere hacer dudar de dicho grado de cumplimiento de las
sentencias dictadas por dicho Tribunal, le formulo a la señora ministra
de Justicia la siguiente pregunta: ¿Cómo valora el Gobierno el nivel de
cumplimiento por parte de España de las sentencias del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Aragonés.
Señora ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor presidente.
Señoría, el nivel de cumplimiento de las resoluciones del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos por parte de España no puede ser más
satisfactorio, puesto que desde el año 1988 se han dictado 18 sentencias,
de las que ocho han sido condenatorias para España, en el sentido lato de
la palabra, y el Comité de Ministros, único órgano encargado de la
vigilancia de la ejecución de las sentencias dictadas por el Tribunal, ha
reconocido que España, desde el año 1988, cumple estrictamente con las
funciones, habiendo podido ponerse a la cabeza de los países firmantes
del convenio que tienen respeto a las decisiones del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos.
Muchas gracias, señoría.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
--DEL DIPUTADO DON JOSE ANTONIO BERMUDEZ ALONSO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL ES LA OPINION DEL
GOBIERNO SOBRE LOS BENEFICIOS QUE REPORTARA A LOS CIUDADANOS EL CONVENIO
DE BRUSELAS II SOBRE RECONOCIMIENTO Y EJECUCION DE SENTENCIAS EN MATERIA
MATRIMONIAL Y DE FAMILIA, ENTRE LOS ESTADOS DE LA UNION EUROPEA, FIRMADO
EN EL ULTIMO CONSEJO DE MINISTROS DE JUSTICIA Y ASUNTOS DE INTERIOR?.
(Número de expediente 180/001277)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 19,
que formula don José Antonio Bermúdez Alonso, del Grupo Parlamentario
Popular.
Señor Bermúdez.
El señor BERMUDEZ ALONSO: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra de Justicia, el pasado día 28 de mayo, los ministros de
Justicia de los Estados miembros de la Unión Europea firmaron en Bruselas
el convenio sobre la competencia, el reconocimiento y la ejecución de
resoluciones judiciales en materia matrimonial, así como un protocolo
atribuyendo la interpretación del convenio al Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas. Este texto, conocido como Bruselas II, viene a
completar las disposiciones del convenio de Bruselas de 1968 sobre
competencia internacional y reconocimiento de resoluciones en materia
civil y mercantil. Este último convenio excluye expresamente de su ámbito
de aplicación los litigios en materia matrimonial, ya que cuando fue
suscrito, repito, en el año 1968, algunos
de los Estados que formaban parte de la Comunidad Europea no contemplaban
en sus legislaciones el tema del divorcio. Quedaba pendiente, por tanto,
la fijación de reglas comunes sobre competencia, reconocimiento y
ejecución de resoluciones judiciales en procedimientos matrimoniales,
materia ésta en la que están implicadas cuestiones que afectan de manera
muy directa a la vida de los ciudadanos.
El convenio de Bruselas II viene a llenar esta laguna estableciendo un
marco jurídico común que permitirá determinar la competencia judicial
para conocer los procesos matrimoniales y facilitará el reconocimiento y
resolución de las sentencias de separación, divorcio y nulidad
matrimonial dictadas por los tribunales de los Estados de la Unión
Europea. Este convenio clarificará sin duda las situaciones de crisis
matrimonial en el ámbito de la Unión Europea, pero es importante, señora
ministra, conocer con más precisión en qué puede afectar a los ciudadanos
la aplicación de este convenio, una vez que entre en vigor.
Por todo ello, le formulo la siguiente pregunta: ¿Cuál es la opinión del
Gobierno sobre los beneficios que reportará a los ciudadanos el convenio
de Bruselas II sobre reconocimiento y ejecución de sentencias en materia
matrimonial y de familia entre los Estados de la Unión Europea, firmado
en el último Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos de Interior?
Gracias, señora ministra; gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Bermúdez.
Señora ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor presidente.
Señoría, no sólo este Gobierno, sino también los anteriores, en
definitiva el Gobierno de España en su sentido amplio cree que el
convenio, una vez entre en vigor previa su ratificación por esta Cámara,
proporcionará unas facilidades a los ciudadanos que hasta ahora no
estaban contempladas en ninguna legislación. En primer lugar, se
esclarece cuál es el juez competente para dirimir conflictos
matrimoniales cuando se llega a términos de separación o divorcio y, en
segundo lugar, lo que el convenio establece fundamentalmente es la
posibilidad de adoptar medidas cautelares en relación con los hijos
menores de ese matrimonio en conflicto, en el que hasta ahora existían
sentencias contradictorias que perjudicaban principalmente al menor y
esencialmente al concepto de familia en sentido lato.
Por tanto, creemos que el convenio que se ha suscrito por los ministros
de Justicia y que será ratificado, sin duda, por esta Cámara, viene a
suplir una laguna, lo que será fundamental para los intereses
individuales de los ciudadanos y que era algo que venía siendo reclamado
desde hace muchísimos años.
Muchísimas gracias, señoría. Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
--DE LA DIPUTADA DOÑA AMPARO RUBIALES TORREJON, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE JUSTICIA: ¿CUANDO PIENSA EL
GOBIERNO CONCEDER EL INDULTO A LOS DOS MEDICOS ASTURIANOS CONDENADOS POR
UN DELITO DE ABORTO? (Número de expediente 180/001284)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 26,
que formula doña Amparo Rubiales Torrejón, del Grupo Parlamentario
Socialista.
Señora Rubiales.
La señora RUBIALES TORREJON: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, hace aproximadamente un año le preguntábamos al Gobierno
por la concesión de un indulto a dos médicos catalanes condenados por un
delito de aborto. Hoy le vuelvo a preguntar: ¿Cuándo piensa el Gobierno
conceder el indulto a otros dos médicos, en este caso asturianos,
condenados recientemente por otro delito de aborto?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Rubiales.
Señora ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor presidente.
Señoría, el Gobierno, en cualquier expediente de indulto, no tiene una
concepción preconcebida como parece que sí la tiene S. S. Cuando esté el
expediente terminado elevaré una propuesta al Consejo de Ministros
respecto a la concesión o denegación de indulto, pero no prejuzgamos lo
que sea legal a estas alturas, señoría.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
Señora Rubiales.
La señora RUBIALES TORREJON: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, siempre dice usted lo mismo. Tengo que decirle que lo
que está pasando con este problema es realmente gravísimo. Es
absolutamente legítimo, señoría, que ustedes estén en contra de la
interrupción voluntaria del embarazo. Antes lo estaban de toda la
regulación,
hoy aceptan ya la ley. No sé si era o no la ley adecuada, pero sí sé que
resolvimos un gravísimo problema que sufrían las mujeres españolas. Hoy
la ley se nos ha quedado corta y todos los años hay que indultar a
médicos y mujeres para que no vayan a la cárcel por abortar.
Señora ministra, se lo repito, respeto profundamente que sean leales con
sus creencias, pero respeten, por favor, también las de los demás. Son
todos ustedes unos filibusteros.(Rumores.) Se afanan con absurdos
formalismos. (Rumores.) Repito, señoría, se afanan con absurdos
formalismos en que en esta Cámara no se debata la toma en consideración
de las proposiciones de ley de los grupos para modificar la vigente ley
de interrupción voluntaria del embarazo. Y una vez más se equivocan.
Podrán retrasar la solución del problema, podrán seguir haciendo sufrir
innecesariamente a hombres y mujeres que en el ejercicio de su libertad
de conciencia abortan o practican el aborto. Pero quiero que sepan que
esta Cámara, más tarde o más temprano, modificará una ley que está
produciendo situaciones tan injustas como la que están padeciendo los dos
médicos asturianos hoy condenados y, se pongan como se pongan,
resolveremos este problema. Porque nosotros, señoría, todos nosotros
somos más, y ustedes concederán el indulto que hoy les exigimos, y lo
harán porque es de justicia que así sea, señora ministra.
Señora ministra, no tengan ustedes tanto miedo a la libertad, que es muy
hermosa (Rumores.) y respeten de una vez por todas la libertad de
conciencia de cada uno. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE
(Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora Rubiales.
Señora ministra de justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor presidente.
Señora diputada, no tenga usted miedo a la libertad, que yo no tengo
ninguno. Consiga usted que no existan condenas porque no exista pena para
el aborto, pero no me eche en cara ni a mí ni al Gobierno que los
tribunales condenan. Además le quiero decir una cosa, señoría, los únicos
indultos denegados por aborto no corresponden a este Gobierno,
corresponden a gobiernos anteriores. Por ejemplo: don Miguel Requena
Buades, rechazado el 22 de marzo de 1996; doña Emilia Hervás Alvarez --a
lo mejor era una mujer que había padecido un aborto, no que lo había
practicado--, el 25 de junio de 1993; don Miguel Bertuchi Contreras, el
29 de octubre de 1993. Este Gobierno ha concedido los indultos que le han
sido solicitados, atendiendo de verdad a lo que es el sentir social, no
como usted, señoría, con una demagogia increíble, que viene diciendo que
no quiere que sean penalizados, pero cuando tuvieron la oportunidad de
despenalizarlo no lo hicieron, señoría. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
--DEL DIPUTADO DON ANGEL PINTADO BARBANOJ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL ES EL ESFUERZO
INVERSOR DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA EN LA COMUNIDAD DE ARAGON
PARA EL AÑO 1998? (Número de expediente 180/001278)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 20,
que formula a la señora ministra de Educación y Cultura don Ramón Antonio
Moreno Bustos, del Grupo Parlamentario Popular. (Rumores.) Señorías, les
ruego silencio.
Señor Moreno.
El señor MORENO BUSTOS: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, de todos es conocido el esfuerzo que ha realizado el
Gobierno en el Ministerio de Educación y Cultura para el presente
ejercicio de 1998. Ese aumento del 6,8 por ciento, que es el más
importante en la última década si tenemos en cuenta la inflación, sin
duda ha de repercutir, y sabemos que está repercutiendo, en una mejora de
la calidad de la educación y en un incremento en las inversiones
culturales y deportivas. Soy consciente del interés que ha demostrado
usted por la comunidad autónoma a la que pertenezco. Sus frecuentes
visitas a la misma y acciones como, por ejemplo, la puesta en marcha del
reciente programa Aldea Digital no hacen más que favorecer la cultura y
la calidad de la educación en la Comunidad Autónoma de Aragón. Quiero
destacar la importancia que este programa puede tener no sólo en la
comunidad autónoma, que es donde por primera vez se ha comenzado a
aplicar de modo experimental, sino también en otras comunidades del resto
de España.
Sin duda, la ampliación de las nuevas tecnologías al mundo de la escuela
supondrá una oportunidad única para mejorar la educación en las zonas
rurales. La Comunidad Autónoma de Aragón necesita que se sigan impulsando
políticas inversoras en el ámbito educativo, mejorando la calidad de la
enseñanza en todos sus niveles y muy particularmente como lo está
haciendo su Ministerio en la pública, poniendo a disposición del sistema
educativo los medios adecuados, completando y modernizando muchos centros
y sin olvidar que los buenos resultados de la propia educación dependen
también de aspectos inmateriales, tales como un profesorado preparado y
motivado, una buena organización de los centros o un clima favorable al
estudio y al trabajo.
En el ámbito cultural, en rehabilitaciones y restauraciones como las que
precisamos en San Juan de la Peña, en Montearagón, en las murallas de
Teruel, en el retablo de La Seo en Zaragoza y, muy especialmente, en la
catedral de Tarazona, joya mudéjar de nuestra comunidad y en la que
sabemos que está trabajando ya su Ministerio.
Las inversiones en materia deportiva, en universidades e investigación
son claves para el desarrollo futuro de nuestra comunidad y más cuando
estamos al borde de un proceso de negociación de transferencias
educativas que estamos seguros de que culminaremos felizmente. Es por
ello por lo que le formulo la siguiente pregunta: ¿Cuál es el esfuerzo
inversor del Ministerio de Educación y Cultura en la Comunidad Autónoma
de Aragón para el año 1998?
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Moreno.
Señora ministra de Educación y Cultura.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, el esfuerzo inversor que el Ministerio va a realizar en la
Comunidad Autónoma de Aragón en el año 1998 asciende a un total de 4.057
millones de pesetas, a los que hay que sumar 1.487 millones que invierte
conjuntamente con el Ministerio de Fomento a través del 1 por ciento
cultural. En total 5.644 millones de pesetas en gastos de inversión,
excluidos, por supuesto, todos los gastos corrientes de la Comunidad.
Me cabe la satisfacción de decir a S. S. que esta cifra es ligeramente
superior a la que anuncié en el Senado en una comparecencia anterior,
puesto que con los fondos del Ministerio se han podido cubrir necesidades
que habían sido detectadas a continuación. De estos 5.000 millones, 2.772
corresponden a educación no universitaria, que se distribuyen en la
provincia de Zaragoza con 1.644 millones, con lo cual construiremos dos
institutos nuevos, los de Calatayud y los de Sádaba y tres colegios
nuevos. También se pondrán en funcionamiento el próximo curso los
colegios de Epila y de Barrio Actur. Se actuará en doce institutos con
obras de reparación y mantenimiento mayores y en diez colegios, en un
centro de educación especial y en uno de enseñanzas artísticas. En la
provincia de Teruel vamos a invertir 579 millones de pesetas; en Alcañiz,
en Alcorisa, en Calanda, en Híjar, en Mora de Rubielos y en Monreal del
Campo vamos a poner en funcionamiento nuevos institutos de enseñanza
secundaria y formación profesional. Se van a iniciar las obras de dos
nuevos colegios en Alcañiz y en la ciudad de Teruel, en la Fuenfresca. En
Huesca serán 549 millones, que nos darán para poder construir dos
institutos nuevos en Aínsa y en Binefar y adaptar cinco colegios y tres
institutos más. También haremos obras de reparación y mantenimiento en
colegios, institutos y centros de enseñanzas artísticas.
En cultura S. S. ha resaltado muy bien aquellas obras que vamos a poder
acometer y que por su importancia vale la pena destacar: San Juan de la
Peña de Jaca, el Castillo de Montearagón, las murallas de Teruel, la
catedral de Tarazona y el retablo mayor de La Seo en Zaragoza. Asimismo,
con el 1 por ciento cultural vamos a hacer obras importantes en el teatro
romano de Zaragoza, en el castillo de Alcañiz, en el castillo de Ateca,
en el museo de Huesca, en el albergue de peregrinos de Jaca; vamos a
rehabilitar la ermita de Santa Bárbara y la de San Cristóbal de Balbona,
y vamos a restaurar la sinagoga y la plaza de la Judería, también en
Teruel.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma): Si,
señor presidente. Para terminar quería decir que las inversiones son
cuantiosas también en deportes y en investigación.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Señora ministra, muchas gracias.
--DEL DIPUTADO DON JOSE JUAN GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA, DEL GRUPO
VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿POR QUE NO SE HA ADJUDICADO
AUN LA CONSTRUCCION DE LA PRESA IBIUR PARA EL ABASTECIMIENTO Y REGULACION
DEL RIO ORIA MEDIO EN GUIPUZCOA? (Número de expediente 180/001267)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Preguntas dirigidas
a la señora ministra de Medio Ambiente.
Pregunta número 9 que formula don José Juan González de Txabarri Miranda,
del Grupo Parlamentario Vasco (PNV).
Señor González de Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra de Medio Ambiente, espero que siga con el ritmo de la
ministra de Educación. Como sabe la presa de Ibiur para el abastecimiento
de la comarca de Tolosa la financia el Estado, concretamente el
Ministerio de Medio Ambiente, como consecuencia de los acuerdos adoptados
al transferirse a Euskadi las competencias en materia hidráulica en junio
de 1994. Tras reiterados retrasos e incumplimientos por parte
del último Gobierno socialista, el concurso de obras lo publica el
Ministerio de Medio Ambiente el 16 de noviembre de 1996 y la apertura de
plica se realiza en el Ministerio el 29 de enero de 1997, seleccionándose
una UTE, constituida por Auxini-Altuna-Uría, por valor de 2.453,4
millones. Hasta hoy, señora ministra, concluido el expediente, 16 meses
después, nos vemos en la necesidad de preguntarle: ¿Por qué no se ha
adjudicado todavía esta obra?
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor González de Txabarri.
Señora ministra de Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Señor
presidente, comprendo la inquietud de S. S. que está pendiente de una
obra importante desde el año 1994, pero también agradezco que haya
reconocido que es este Gobierno el que llega, en diciembre de 1996, a
presentar la licitación de esas obras, que S. S. ha reconocido en fecha
29 de enero de 1997. Puedo decirle que en este momento estamos a punto de
aprobar el proyecto técnico en un brevísimo plazo. A continuación
recabaremos el preceptivo certificado de disponibilidad de terrenos, que
suministra la Diputación de Guipúzcoa. Posteriormente pasaremos a la
tramitación económica del expediente y, por último, a la firma del
contrato, calculando que en un período de tres o cuatro meses las
máquinas podrán empezar a trabajar. ¿A qué se ha debido este retraso?
Quiero decir a S. S. que precisamente esa unión temporal de empresas,
después de adjudicado ese contrato, decidió la modificación del proyecto,
modificación que consistía en aplicar una solución de hormigón vibrado,
totalmente distinta a la inicialmente prevista, y eso ha llevado a la
necesidad de reiniciar un nuevo proyecto técnico que estamos a punto de
aprobar en estos momentos. A esto se ha debido la demora de las obras y
le aseguro que empezarán en este año 1998.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
ministra.
Señor González de Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señora ministra. Lamento
que no haya seguido el ritmo de la ministra de Educación y Cultura, que
era mucho más interesante.
El 9 de octubre de 1997, el portavoz en las juntas generales de Guipúzcoa
del Partido Popular, don Alvaro Moraga, indicaba en rueda de prensa que
comenzarían las obras en noviembre de 1997. Ese mismo mes el secretario
de Estado de Aguas, don Benigno Blanco, excelente colaborador, por
cierto, señora ministra, afirmaba en una comparecencia en el Senado que
las obras comenzarían a principios de 1998. Usted ahora parece que echa
la pelota fuera e indica un cambio en el proyecto técnico, circunstancia
que este grupo parlamentario desconocía, y por las consultas que hemos
podido realizar en las propias instituciones guipuzcoanas, tanto en la
Diputación Foral de Guipúzcoa como en el propio Consorcio de Aguas, ese
es un dato desconocido, lo cual nos llama la atención. La relación del
propio Ministerio podría realizarse con otra serie de criterios, porque
si ese es un criterio objetivo, la valoración del retraso pudiera
derivarse hacia otro tipo de razones y realizar otro tipo de
valoraciones.
Lo que no queremos compartir, señora ministra, es ese tipo de
tramitaciones, estos ritmos sosegados en obras tan importantes y
fundamentales para la calidad de vida y medioambiental. Muchas veces las
discusiones medioambientales se centran en discusiones bizantinas o en
echarse los trastos a la cabeza cuando hay desastres. Quisiéramos hablar
más de gestión medioambiental y, del análisis de la tramitación de este
expediente --desde 1994 ciertamente, pero se abrieron las plicas en
1997--, no nos parece que presente un ritmo de tramitación adecuado.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor González de Txabarri.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Brevemente,
para decir al señor González de Txabarri que en otras ocasiones él ha
reconocido el ritmo de gestión y de inversión de este Ministerio en el
País Vasco y también sabe de la sinceridad que caracteriza a esta
ministra. Por tanto, he de decirle que, por causas totalmente ajenas a
este Ministerio, una vez que ya se había adjudicado a la oferta
presentada por la unión temporal de empresas Auxini-Altuna-Uría y por
unos cambios no debidos a la calidad ambiental sino por las condiciones
topográficas del terreno, la empresa a la que se le había adjudicado
decidió que era conveniente utilizar una solución de hormigón vibrado que
antes no habían presentado. Por estas razones se ha demorado la puesta en
marcha de esas obras y le aseguro que no ha sido por culpa del
Ministerio; el Ministerio sigue empeñado en que esa inversión se realice
y se va a realizar a lo largo de 1998, como está previsto en los
presupuestos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
--DEL DIPUTADO DON FRANCISCO JAVIER IGLESIAS GARCIA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL ES
LA POSICION ESPAÑOLA EN RELACION CON EL OBJETIVO DE REDUCCION DE
EMISIONES A LA ATMOSFERA DE GASES DE EFECTO INVERNADERO TRAS EL RESULTADO
DE LA CUMBRE DE KYOTO? (Número de expediente 180/001275)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 17,
que formula don Francisco Javier Iglesias García, del Grupo Parlamentario
Popular.
Señor Iglesias.
El señor IGLESIAS GARCIA: Muchísimas gracias, señor presidente.
Señora ministra, el cambio climático es, sin lugar a dudas, el problema
medioambiental que, habiéndose planteado en este final de siglo, puede
tener una mayor incidencia en el desarrollo y desenvolvimiento de la
humanidad de cara al futuro próximo, cambio que, como todo el mundo sabe,
tiene su origen fundamentalmente en la emisión a la atmósfera de gases
que producen el archiconocido efecto invernadero.
Durante la III Conferencia de las partes, del convenio de Naciones Unidas
sobre cambio climático, que tuvo lugar en diciembre del pasado año en
Kyoto, se llegó a importantes acuerdos relativos a la reducción de
emisiones de hasta seis gases causantes de dicho efecto. Nadie pone en
duda el carácter global de este problema, cuya solución no pasa ni
muchísimo menos por actuaciones puntuales ni unilaterales ni de gobiernos
ni de ningún ministerio, por muy grande que sea, a nivel mundial. Por
tanto, su posición razonable como ministra de Medio Ambiente del Gobierno
de España, acorde con la posición de la Unión Europea, ha sido
inequívocamente favorable para llegar a acuerdos de carácter global, a
nivel mundial, para la reducción de estos gases. En cuanto a España,
según sus propias palabras, en el año 2010 nuestro país podría llegar a
emitir un 50 por ciento más de estos gases con respecto al año de
referencia de 1990 si no se pusieran en marcha mecanismos acordados en la
cumbre de Kyoto.
En este contexto, quiero plantearle la siguiente pregunta: ¿Cuál es la
posición española en relación con el objetivo de reducción de emisiones a
la atmósfera de gases de efecto invernadero tras el resultado de la
cumbre de Kyoto?
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Iglesias.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Comparto con
S. S. la preocupación que tiene por las consecuencias gravísimas de los
gases de efecto invernadero, que es un problema mundial de cambio
climático. Por esa razón, lo primero que este Gobierno ha puesto en
marcha, para conseguir ese objetivo de reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero, es la creación del Consejo Nacional del Clima, el
pasado 26 de febrero de este mismo año, Consejo en el que trabajan diez
ministerios, puesto que la política de medio ambiente es de integración,
es una política horizontal que tiene que obligar a que las demás
políticas sectoriales estén influidas por las políticas de reducción de
gases de efecto invernadero.
Habida cuenta de las reuniones que se vienen celebrando para elaborar
esta estrategia frente al cambio climático, que el Gobierno de España
aprobará a lo largo de este año --y esperamos poder presentarla en estas
Cortes Generales antes de la próxima Conferencia de las partes en
Argentina, en noviembre de este año--, quiero decirle que me propongo
asumir el compromiso de que la reducción de estas emisiones --que serían
del 50 por ciento si no se tomaran medidas--, no sea de un 17 por ciento
de aumento, como nos ha otorgado la Comisión de la Unión Europea. En el
próximo Consejo de Ministros voy a proponer asumir el compromiso de que
ese aumento no ascienda más del 15 por ciento de esos seis gases de
efecto invernadero. Daré cuenta de todas estas medidas a la Cámara a lo
largo de este año 1998 y, además, como buena noticia también, creo que va
a ser la primera vez que en una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno,
la próxima cumbre de Cardiff la semana próxima, se va a hablar de la
importancia del medio ambiente. Este Gobierno, a través de su presidente
el señor Aznar, va a llevar una propuesta de políticas de integración del
medio ambiente en las demás políticas sectoriales, tal y como propone el
Tratado de Amsterdam, utilizando precisamente la referencia del Protocolo
de Kyoto para que todos los gobiernos asumamos el compromiso de reducir
estas emisiones de gases de efecto invernadero, y en cada una de las
cumbres se haga un seguimiento de cómo se están cumpliendo los
compromisos de reducción de emisiones que nos asigna el Protocolo de
Kyoto, planteando que el seguimiento se haga semestralmente, al final de
cada una de estas cumbres. España propone que el ejemplo sea el cambio
climático y una prueba clara de nuestra decisión es el Consejo nacional
del clima que está funcionando.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
--DEL DIPUTADO DON LUIS DE TORRES GOMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE PREVISIONES DE CONSUMO DE
ACEITE DE OLIVA TIENE EL GOBIERNO ANTE LA GRAN COSECHA QUE SE AVECINA EN
LA CAMPAÑA 1998-99? (Número de expediente 180/001271)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Preguntas dirigidas
a la ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Pregunta número 13, que formula don Luis de Torres Gómez, del Grupo
Parlamentario Popular.
Señor De Torres.
El señor DE TORRES GOMEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, las buenas condiciones climatológicas y un intenso
régimen de lluvias nos hace presumir que en la próxima campaña, salvo
imprevistos, la producción de aceituna se va a situar en niveles iguales
o superiores a los de las dos últimas cosechas.
En relación con el debate suscitado ante la reforma de la OCM del aceite
de oliva, se vienen escuchando muchas voces, algunas desaforadas...
(Ruidos de megafonía impiden oír al orador.) El señor VICEPRESIDENTE
(Fernández-Miranda y Lozana): Un momento, señor De Torres.
Señores, les ruego que no utilicen teléfonos inalámbricos dentro del
hemiciclo. (Pausa.)
Puede continuar, señor De Torres.
El señor DE TORRES GOMEZ: Decía que se venían escuchando muchas voces,
algunas de ellas desaforadas, pero rara vez se oye hablar del elemento
fundamental para el futuro del sector del aceite de oliva, que es la
venta de ese producto, y su objetivo final que es el consumo. Cuando
determinadas autonomías tratan de promocionar el consumo no se les ocurre
otra cosa que utilizar fotografías de antiguos carteles electorales y
puede resultar --como en el juego de las primarias-- que los apoyos se
traduzcan en fracaso para el protegido. Otros, por el contrario, piensan
que la producción del aceite de calidad y la promoción del consumo se
hace con gestos desabridos, manifestaciones, paros y ultimátum al
ministerio.
La cosecha de aceite de oliva en torno a 1.000.000 de toneladas crea en
muchos olivareros --y es verdad-- el temor de que se generen excedentes y
bajen los precios, lo que produce ventas anticipadas a precios bajos;
temor que se acrecienta con la obsesión del comisario Fischler por los
excedentes, cuando la realidad demuestra todo lo contrario. Creemos que
el Ministerio de Agricultura enfoca la promoción del consumo del aceite
de oliva con más sentido común, incidiendo en los beneficios para la
salud, y sobre todo promocionando el concepto de calidad del producto.
En torno a estos dos ejes, los supuestos excedentes y la promoción del
consumo, le preguntamos0 señora ministra: ¿Qué previsiones de consumo de
aceite de oliva tiene el Gobierno ante la gran cosecha que se avecina en
la campaña 1998-99?
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor De Torres.
Señora ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor presidente.
Efectivamente, el problema del sector del aceite de oliva no es sólo
conseguir una buena OCM en Bruselas (yo espero que al final España
consiga unos resultados aceptables y que garanticen el futuro del
sector), sino también ser capaces de vender la producción, la cosecha que
tenemos, y mejorar la calidad, incorporando un mayor valor añadido y
mejorando también la comercialización del mismo. En ese sentido, señoría,
quiero decirle que en este año, con 1.096.000 toneladas de cosecha,
podemos hablar de un incremento espectacular del consumo interno en
España y de las exportaciones. En estos cuatro primeros meses de campaña
el 14 por ciento en cuanto a consumo interior, 30 por ciento en cuanto a
exportaciones.
A partir de ahí, nuestras previsiones para este año son estar en torno al
millón de toneladas entre consumo interior y exportaciones. En cualquier
caso, el Ministerio aspira a garantizar la comercialización total y
mejorar el precio y la demanda. Para ello hemos presentado hace unos días
un plan integral de promoción e información del consumo y mejora de la
calidad del aceite de oliva, en colaboración con diversos organismos e
instituciones públicas y privadas. Entre las medidas que contempla este
plan debo señalar en primer lugar que se convocan dos premios: mejor
aceite de oliva virgen extra español, cosecha 1997-98, y mejor diseño de
envase de vidrio para aceite de oliva virgen extra español. Además, la
firma de convenios con la Fundación Jiménez Díaz, el Patrimonio comunal
olivarero y distintas universidades, para realizar trabajos e
investigaciones que avalen y divulguen los beneficios del aceite de oliva
para la salud; campañas de divulgación de la calidad del aceite de oliva
a través de cursos, catas y degustaciones entre restauradores, alumnos de
hostelería, asociaciones de amas de casa, organizaciones de consumidores;
una campaña de información en distintos medios de comunicación,
incidiendo donde hay que hacerlo, señoría, y que muy bien ha señalado
hace un momento, que es en aquellas comunidades autónomas donde todavía
el consumo de aceite de oliva
en España está por debajo de la media nacional; fundamentalmente estamos
hablando de comunidades autónomas como pueden ser Castilla y León,
Galicia y Asturias entre otras.
Para favorecer la exportación se van a seguir realizando programas de
promoción del consumo de aceite de oliva y de promoción de la venta en el
exterior conjuntamente con el Patrimonio comunal olivarero, el Instituto
Español de Comercio Exterior y la Asociación de exportadores de aceite de
oliva.
Se mantiene un año más la promoción de nuestros embajadores del aceite;
se mantiene el programa con Iberia, y todas las participación en ferias y
otras circunstancias.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
ministra.
--DEL DIPUTADO DON AURELIO SANCHEZ RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿COMO VALORA EL GOBIERNO LA
EVOLUCION DE LA CAMPAÑA DE ALGODON A LA VISTA DE LOS DATOS DEFINITIVOS DE
LA MISMA? (Número de expediente 180/001272)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 14,
que formula don Aurelio Sánchez Ramos, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Sánchez Ramos.
El señor SANCHEZ RAMOS: Señora ministra, poder preguntarle hoy es motivo
de doble satisfacción: primero, por su presencia y mi deseo de que los
terroristas nunca puedan cumplir su macabro objetivo; y, segundo, por su
decidida actuación y la de su Ministerio por el sector algodonero,
aprovechando en su favor hasta el último resquicio legal para buscar una
solución que lograra mantener el nivel de renta de los agricultores.
Recordemos cómo se preparó el inicio de la campaña al convertirse el
algodón en un cultivo refugio por las lluvias. Recordemos los malos
augurios, las tensiones, manipulaciones de sectores interesados, y de
ellos siempre a la cabeza el consejero de Agricultura de la Junta de
Andalucía, con su táctica ya conocida de no hacer nada para a última hora
hacer propuestas irrealizables con las que culpar al Ministerio de
inactividad y sacar así su tajada política y la crítica fácil a la
ministra.
Hay que recordar también que la reforma de la OCM del algodón se realizó
durante el Gobierno socialista, y esta reforma tuvo todos los parabienes
del consejero andaluz que la calificó como la mejor reforma posible, para
combatirla inmediatamente cuando cambió el Gobierno. Pero en esta ocasión
sólo han conseguido la incertidumbre, tensiones y protestas iniciales,
pues al final se cumplieron las previsiones del Ministerio que acertó en
la estimación de su producción cercana a 375.000 toneladas, en la
evolución del precio internacional, en la aplicación del segundo
mecanismo que eleva la ayuda en 7,80 pesetas kilo, y en el precio
definitivo a percibir por el agricultor. Es decir que de la manipulación
y utilización política, del decir que se trabaja por el sector a
utilizarlo, que es lo que realmente se hace como en otros sectores (me
acuerdo en estos momentos del aceite, del vino), de los malos augurios
catastrofistas hemos pasado a una realidad y me permito preguntarle la
valoración que de ella hace.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor presidente.
Señoría, efectivamente hay quien en vez de dedicarse a solucionar los
problemas de los ciudadanos lo único que saben hacer es generar angustia,
criticar y no hacer nada. Pero en fin, no estamos en eso, sino en
solucionar el problema de los ciudadanos.
Cuando el año pasado se plantaron 113.000 hectáreas de algodón, frente a
las 79.000 hectáreas de la campaña 1996-97, hubo una gran preocupación y
se hicieron unas estimaciones yo creo que excesivas de producción de
algodón para ese año, lo que llevó a dar como avance de pago a los
algodoneros únicamente la cantidad de 104 pesetas por kilo, generando
graves tensiones en los productores al suponer una cantidad absolutamente
insuficiente para tener unas rentas razonables por su producción.
A partir de ahí, el Ministerio de Agricultura se dedicó a buscar fórmulas
que permitieran adelantar el dinero hasta las ciento veintitantas pesetas
por kilo, cantidad que nosotros estimábamos mínima que iban a recibir los
algodoneros. Ese acuerdo se plasmó entre el Ministerio y las OPA, y yo
creo que fue satisfactorio, además conseguimos al final incorporar
también a la Comunidad Autónoma de Andalucía, y permitió desde el
principio pagar las 120 pesetas por kilo, con un poco de retraso, pero
pagarlas.
La realidad final ha sido mucho más favorable. La entrada en
funcionamiento del segundo mecanismo, al que ha hecho referencia S. S.,
que parte del hecho del precio internacional del algodón, ha permitido
que los algodoneros reciban 130 pesetas por kilo, lo que junto con el
IVA, la compensación y demás resultaban 140 pesetas por kilo en las
liquidaciones definitivas.
Creo que se solucionó el problema, pero esto no basta. Hace falta que de
una vez por todas en el sector del algodón se cree una interprofesional
donde se pongan de acuerdo y puedan ajustar lo que son las plantaciones y
las producciones el sector desmotador, el sector industrial y el sector
productor, OPA, cooperativas y demás. Desde el Ministerio estamos
trabajando en ello, y espero que se lleve a cabo para beneficio de todo
el sector y para la tranquilidad y estabilidad de los algodoneros.
Mientras tanto, conseguimos solucionar el problema, y al final la
realidad ha respaldado las acciones que tomamos en su día con cierto
riesgo, hay que reconocerlo.
Muchas gracias señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
--DEL DIPUTADO DON JOSE PLIEGO CUBERO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO,
QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION:
¿SON SUFICIENTES 100.000 MANIFESTANTES PARA QUE EL GOBIERNO DEFIENDA DE
UNA VEZ EL ACEITE DE OLIVA Y GARANTICE QUE LOS OLIVAREROS ESPAÑOLES
TENGAN UN TRATO IGUAL AL DEL RESTO DE LOS PAISES DE LA UNION EUROPEA?
(Número de expediente 180/001284)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 27
que formula don José Pliego Cubero, del Grupo Parlamentario Socialista.
Señor Pliego.
El señor PLIEGO CUBERO: Gracias, señor presidente.
Señora ministra de Agricultura, estamos probablemente en la recta final
de la reforma de la OCM del aceite de oliva y desde todos los sectores
sin excepción (asociaciones agrarias, sindicatos, cooperativas) por una
parte se está criticando la nefasta negociación que usted ha llevado a
cabo --estamos pagando las consecuencias de enfrentarse usted a todo y a
todos--, y por otra parte se está exigiendo que el presidente del
Gobierno, señor Aznar, se implique directamente y ponga sobre la mesa los
instrumentos políticos necesarios para evitar el atropello que se va a
cometer contra el aceite de oliva español de una manera injustificada e
injusta. En consecuencia, señora ministra, le formulo la siguiente
pregunta: ¿Son suficientes 100.000 manifestantes en la calle, como
ocurrió el pasado 14 de mayo, para que el Gobierno defienda de una vez el
aceite de oliva y garantice que los olivareros españoles van a tener un
trato igual al resto de olivareros de la Unión Europea? (Un señor
diputado: Sí.--El señor presidente ocupa la Presidencia.) El señor
PRESIDENTE: Gracias, señor Pliego.
Señora ministra de Agricultura.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Señoría, desde hace más de dos años el Gobierno está
luchando por el sector olivarero español y defendiéndolo en Bruselas, en
contra de lo que acaba de señalar sobre la nefasta negociación; eso es lo
que dice S. S. y algunas organizaciones profesionales que le respaldan,
pero no es la opinión de otra serie de organizaciones profesionales y de
lo que es el sector exportador, el sector almazarero y otra serie de
sectores implicados en el aceite de oliva.
Está claro que las 300.000 familias que viven del olivar no son
suficientes para que S. S. y el PSOE dejen de hacer demagogia barata con
este asunto tan importante. (Un señor diputado: ¡Muy bien!--Aplausos.) El
señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Señor Pliego
El señor PLIEGO CUBERO: Señora ministra, después de 25 meses de
negociación sigue usted poniendo más músculo que talento en este tema,
con lo cual mal nos va a ir al final.
Quiero hacerle dos reflexiones que me parecen importantes. ¿Cómo vamos a
explicar a esos miles de agricultores a los que se ha referido que va a
cerrar probablemente una negociación ¡ojalá no! donde el aceite italiano
o griego tiene garantizadas 238 pesetas por kilo, mientras el mismo kilo
de aceite, por el único elemento diferencial de producirse en España, va
a cobrar menos de 150 pesetas?
Segundo elemento. ¿Cómo explicamos a esos miles de familias, a esos
olivareros que usted va a permitir que se suprima el precio de
intervención pública, que es la red de seguridad que garantiza unas
rentas dignas para esos agricultores?
Si usted cierra la reforma en los términos planteados, va a cercenar de
raíz el futuro de miles de familias y de decenas de pueblos que viven con
dignidad en torno al olivar, que necesitan el olivar para vivir todos los
días y que no tienen otra alternativa al olivar. Esta situación, señora
ministra, sería insoportable social y políticamente, y usted como
ministra de Agricultura y su Gobierno tendrán que dar cuenta de ello y
pagar las consecuencias en términos políticos.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Gracias,
señor Pliego.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Señoría, en cuanto al músculo y al talento de S. S.,
todos ya lo conocemos, luego no vamos a insistir. Respecto
al resto de las cuestiones, en primer lugar estamos en plena negociación
del aceite de oliva. En este momento no hay nada cerrado, no hay ningún
acuerdo, únicamente está sobre la mesa incorporar la última cosecha, que
para España es muy importante y que ha supuesto más de un millón de
toneladas de producción de aceite de oliva. A partir de ahí vamos a
seguir negociando como hay que negociar en estos casos, desde luego no
como hizo el Grupo Socialista, el Partido Socialista y el Gobierno del
señor González hace no tanto tiempo. En el sector del aceite de oliva
vamos a conseguir que no suceda como sucedió por ejemplo en el sector
lácteo, en el sector del azúcar, en el sector de los cereales o en tantos
otros. (Rumores y protestas.) Vamos a conseguir sencillamente que de
verdad se tenga en cuenta lo que es la realidad productiva española.
Vamos a conseguir, señoría, que quede mejor de lo que está ahora. En eso
es en lo que estamos trabajando. Le tengo que decir, lamentablemente, que
parece mentira que responsables de su partido, y el Partido Socialista
Obrero Español, que tiene tanto que ver sobre todo en una región tan
afectada por el olivar como es Andalucía, haya actuado en este asunto de
una manera tan irresponsable (Rumores.), planteando dejar absolutamente
solo al Gobierno en plena negociación, retirando su apoyo nada más que
por rebañar un puñado de votos. (Aplausos.) Pues a pesar suyo y sin su
ayuda lo vamos a conseguir, vamos a conseguir defender el sector del
olivar.
Nada más y muchas gracias. (Continúan los aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
--DE LA DIPUTADA DOÑA ANA LEIVA DIEZ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO,
QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION:
¿COMO VALORA LA MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION LAS
MODIFICACIONES EN LA OCM DE FRUTAS Y HORTALIZAS POR LAS QUE LOS PRODUCTOS
ESPECIALES VAN A PERDER IMPORTANTES AYUDAS? (Número de expediente
180/001288)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 30 que formula al Gobierno doña Ana
Leiva Díez, del Grupo Socialista.
Señora Leiva.
La señora LEIVA DIEZ: Señor presidente, señora ministra, hace dos años
que se aprobó la reforma de la organización común de mercado de frutas y
hortalizas. Hace un año que se aprobaron los reglamentos por los que se
regulaban los programas y los fondos operativos, siendo éste el único
sector que es cofinanciado por la Unión Europea y los productores gracias
a su gestión, ministra. Como nos reconoció en el último Pleno, España es
el primer país beneficiario de la OCM de frutas y hortalizas, pero yo le
añadiría que hasta ahora. ¿Y por qué digo hasta ahora? Pues lo digo
porque se ha anunciado la modificación del Reglamento 411/97, y esto ha
alertado al sector. Señora ministra, no soy yo ni es mi grupo quien
levanta la alarma, como usted está diciendo en las anteriores preguntas,
ni pretendemos hacer demagogia; tal preocupación ha llevado al sector a
solicitarle a usted una entrevista en el mes de abril, a la que todavía
no ha dado respuesta. Por ello le pregunto: ¿qué opinión le merece al
Gobierno el cambio previsto del citado reglamento, que ocasionará graves
pérdidas, y qué se está haciendo para impedir estas modificaciones?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Leiva.
Señora ministra de Agricultura.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor presidente.
Me parece muy bien que haya cambiado el término de su pregunta, porque
era un poco incomprensible, pero ya sospechaba que iba por ahí aunque
estaba mal hecha.
En primer lugar quiero decirle que ése es un reglamento de desarrollo.
Segundo, la OCM de frutas y hortalizas, la pude mejorar sensiblemente
respecto a lo que había llevado a cabo el anterior Gobierno, donde no
había una cofinanciación de fondos operativos, como hay ahora, que
permite que se apoyen con el 50 por ciento inversiones en mejora de la
comercialización y producción del sector que hasta ahora no recibía ni un
duro. Se consiguió evitar lo que era cofinanciación nacional, lo que era
rigidez en la utilización de esos fondos, que está permitiendo
precisamente la modernización del sector de frutas y hortalizas y un
despegue espectacular que hace que el sector se haya beneficiado de más
de 9.000 millones de pesetas en la campaña anterior.
Señoría, lo único que hay es una modificación de un reglamento de
desarrollo. En segundo lugar, se garantiza en ese reglamento de
desarrollo todo lo que son los intereses españoles, y España va a seguir
siendo, como es ya en este momento, el país productor líder en el sector
de frutas y hortalizas a nivel de Europa, y desde luego también con un
gran peso a nivel internacional.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Señora Leiva.
La señora LEIVA DIEZ: Señora ministra, el desarrollo del sector de frutas
y hortalizas desde luego no
empieza cuando usted llegó al Ministerio, se lo aseguro. ¿Sabe usted lo
que ha costado adaptar las explotaciones agrarias para que sean
competitivas? ¿Sabe lo que ha costado que se constituyan las
organizaciones de productores de frutas y hortalizas para que realmente
normalicen sus productos y concentren la oferta? Además de recibir
subvenciones han tenido que hacer muchos esfuerzos y muchas inversiones,
que desde luego han sido subvencionadas. Usted se ha encontrado parte del
trabajo hecho, pero queda mucho por hacer.
Estas modificaciones previstas en el reglamento van fundamentalmente
contra la línea de flotación de las ayudas a las explotaciones agrarias.
(Un señor diputado: ¡Bueno!) Limitan las inversiones subvencionables o
excluyen aspectos como semillas, plantas, insecticidas, medidas de luchas
integradas o gastos de recogida y recolección de los frutos. ¿A quién
favorece, esto? A España, no, ministra. Esta reforma y esta ministra no
están favoreciendo al sector de frutas y hortalizas español.
El Grupo Socialista no entiende una vez más cómo otros países pueden
tener influencia para que un año más tarde se cambien unos reglamentos
que están favoreciendo a España, y por tanto realicen propuestas a su
medida. Vemos con mucha preocupación cómo España pierde influencia en
Europa y nuestros productores van perdiendo cada vez más recursos o la
posibilidad de obtenerlos. (Rumores.--Un señor diputado: ¡Muy bien!--Otro
señor diputado: ¡Muy mal!)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Leiva.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor presidente.
Mire, señoría, para influencia la que permitió que tuviéramos una cuota
láctea que es ridícula, donde falta un millón de toneladas en leche, y la
que hizo que en azúcar seamos el único país que no tiene ni tan siquiera
el cien por cien de su producción. (Fuertes y prolongados rumores.) ¡Eso
es influencia, eso es negociación, eso es lo que saben hacer SS. SS., que
es un desastre! (Rumores y protestas.) Frutas y hortalizas, vamos a la
cuestión. Está funcionando perfectamente la OCM. El sector está
perfectamente satisfecho. Su señoría se ha referido a un lista de medidas
excluidas de financiación que no son de inversión. ¿De cuándo acá el
abono es una inversión en una explotación? ¿De cuándo acá el insecticida
es una inversión? (La señora Leiva Díez pronuncia palabras que no se
perciben.--Rumores)
Lo que pasa es que precisamente se trata de financiar la modernización de
nuestras estructuras con ese dinero público, señoría; de mejorar la
competitividad del sector y seguir siendo, como somos, un país puntero en
el mismo. El año pasado 920.000 millones de pesetas, cifra récord en
frutas y hortalizas, entre otras cosas gracias a las medidas adoptadas
por este Gobierno, que están permitiendo una modernización rapidísima de
todo el sector.
Nada más y muchas gracias. (Rumores y protestas.--Aplausos.--Varios
señores diputados: ¡Muy bien! La señora Leiva Díez pronuncia palabras que
no se perciben.) El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
--DEL DIPUTADO DON FRANCISCO IGNACIO DE CACERES BLANCO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL MINISTRO DE ASUNTOS
EXTERIORES: ¿QUE OBJETIVOS HA CUMPLIDO EL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS
EXTERIORES EN SU RECIENTE VISITA A CHINA? (Número de expediente
180/001273)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las preguntas que responderá el ministro
de Asuntos Exteriores.
En primer lugar la número 15, que formula al Gobierno don Francisco
Ignacio de Cáceres Blanco, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor De Cáceres.
El señor DE CACERES BLANCO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, desde que comenzaron las reformas y la apertura
económica, que no política, impulsada por Deng Xiao Ping hace ahora
veinte años, la economía china ha venido creciendo a una media anual del
9 por ciento con una continuidad y una estabilidad que la convierten en
objetivo principal de gobiernos y de empresas.
Las facilidades financieras concedidas a China por España superan los
110.000 millones de pesetas en créditos FAD, probablemente un récord
mundial, y el establecimiento de numerosas empresas españolas demuestran
nuestra penetración en aquel mercado; sin embargo, la balanza comercial
es aún muy favorable a China respecto de España.
Por todo ello, y sin olvidar jamás la cuestión de los derechos humanos
que es la gran asignatura pendiente del régimen de Pekín, quiero
preguntarle: ¿Cómo valora los objetivos y los resultados de su pasado
viaje a China?
Gracias, señor ministro, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De Cáceres.
Señor ministro de Asuntos Exteriores.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Señor presidente,
señorías, el viaje se enmarca en la atención prioritaria que ha querido
dar este Gobierno a sus relaciones con Asia, y nuestro objetivos eran
tres: consolidar las relaciones bilaterales, equilibrar los intercambios
comerciales y preparar la próxima visita a China del presidente del
Gobierno.
El progreso económico de China es sin duda uno de los hechos más
relevantes de final de siglo. Las elevadas tasas de crecimiento durante
dos décadas hacen de este país quizá el de mayor mercado potencial de
este planeta. Destaca por su pujanza Shanghai, que ha experimentado,
además, una transformación espectacular.
España trata con especial cuidado las relaciones políticas con China
desde hace años y China aprecia esta postura respetuosa, cordial e
inteligente, pero lo cierto es que el buen clima político no ha tenido
suficiente traducción en el terreno de las relaciones económicas y
comerciales y por ello resulta imprescindible, como S. S. apuntaba,
reequilibrar la balanza comercial incrementando nuestra presencia
económica. El desarrollo chino nos proporciona grandes oportunidades para
colocar en ese dinámico mercado bienes de consumo intermedio y muy
especialmente productos alimentarios, como aceites, vinos, etcétera, cuya
demanda aumenta a un ritmo muy considerable.
Se ha propuesto elevar el nivel de la comisión mixta a nivel ministerial
con motivo de la próxima visita del presidente del Gobierno. Aparte China
tiene que recibir un mensaje de especial interés ya que se les han pedido
medidas discriminatorias positivas justamente para buscar ese equilibrio
comercial al que nos referíamos y por ello estamos pensando en una serie
de actuaciones coordinadas que ya fueron acordadas con motivo de mi
visita con las autoridades chinas: primero, intensificar los contactos
políticos de alto nivel con mayor frecuencia de visitas de ministros y
altos cargos. Segundo, llevar a cabo una política de seguimiento
periódico y continuo de los progresos que se vayan haciendo para vigilar
que el esfuerzo no decaiga. En tercer lugar, abrir el consulado español
en Shanghai, que como he dicho era una punta de lanza de ese crecimiento
económico y donde ya hay una gran representación empresarial, pero no
tenemos ninguna representación comercial ni diplomática. En cuarto lugar,
potenciar en China la imagen país de España, debemos darnos a conocer
todavía en mayor medida como país moderno, avanzado, con productos
también de alta tecnología y calidad.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
--DEL DIPUTADO DON JOSE MARIA ROBLES FRAGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿TIENE PREVISTO EL
GOBIERNO APOYAR LA SOLICITUD POR PARTE DE CUBA DE INCORPORARSE AL BLOQUE
ACP Y PARTICIPAR EN LAS NEGOCIACIONES PARA RENOVAR EL ACUERDO DE LOME?
(Número de expediente 180/001274)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 16 que formula al Gobierno don José
María Robles Fraga, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Robles.
El señor ROBLES FRAGA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, las relaciones entre España y Cuba, entre la Unión
Europea y Cuba han ocupado en numerosas ocasiones a esta Cámara.
Efectivamente es un caso especial y muy peculiar de nuestra política
exterior por el grado de pasión y afecto de los españoles hacia el pueblo
cubano, por el drama de una nación que sufre las consecuencias de la
última dictadura de occidente, por la voluntad de normalización en las
relaciones diplomáticas y las repetidas crisis que todos los gobiernos
democráticos de España han tenido con el Gobierno de La Habana.
Como usted bien sabe, señor ministro, la política exterior es un continuo
tejer y destejer en busca de intereses y objetivos permanentes, en este
caso el objetivo permanente que da además fibra moral a nuestra política
exterior de buscar una transición pacífica hacia una democracia plena en
la isla. La defensa también de los derechos humanos y de los defensores
de los derechos humanos, y cómo no el desarrollo y la promoción de los
intereses españoles.
España y su Gobierno han logrado interesar a los demás europeos en el
caso cubano y los han unido en torno a una posición común de enorme
transcendencia e importancia. Se trata señor ministro, como usted bien
sabe, de no premiar la cerrazón del régimen, sino de estimular los
cambios, de estimular y de fomentar las reformas.
Se plantea ahora, señor ministro, la posibilidad de aceptar o no la
solicitud de Cuba para participar como observador en el proceso
negociador del nuevo Acuerdo de Lomé. Sería importante conocer el alcance
de esta solicitud y cómo no, y por eso le pregunto señor ministro, cuál
es la posición de su Gobierno sobre el apoyo a la solicitud por parte de
Cuba de incorporarse al proceso negociador del nuevo Acuerdo de Lomé.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Robles Fraga.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Señor presidente,
en efecto el apoyo
español a la participación de Cuba como observador en el proceso
negociador del nuevo Acuerdo de Lomé que se iniciará el próximo 30 de
septiembre, responde en primer lugar a la petición de las propias
autoridades cubanas, y en segundo lugar a los propios principios que
rigen la posición común de la Unión Europea sobre Cuba; estos son:
favorecer un proceso pacífico de transición democrática, respeto de los
derechos humanos y recuperación y mejora del nivel de vida de sus
ciudadanos. Rechazamos las políticas de aislamiento de la isla. Queremos
que se ensaye un diálogo con el Gobierno cubano que permita facilitar los
objetivos políticos antes mencionados. La concesión del estatuto de
observador de Cuba durante este proceso negociador entendemos que
estimularía a sus autoridades y permitiría contactos e intercambios que
podrían resultar muy útiles para favorecer las transformaciones a las que
nos referíamos antes. La condicionalidad de la cooperación que establece
la posición común de la Unión Europea debe interpretarse en un tono
positivo y evolutivo en el tiempo. Ello permite una visión progresiva y
no sancionadora y abre de forma constructiva la posibilidad de que en
Cuba se produzcan esas transformaciones democráticas.
Cuba, país caribeño, cumple los requisitos geográfico y de nivel de renta
para su eventual ingreso en el grupo de países ACP, y privarle a priori
de esta posibilidad sería aplicarle un tratamiento discriminatorio. Por
eso mismo, el pasado lunes, en el Consejo de Asuntos Generales de
Luxemburgo defendí que se autorice por parte de la Unión Europea su
presencia como país observador. Tengo que decir que aunque hubo una
intervención que no discutía el fondo pero pedía un poco más de tiempo,
el resto de las intervenciones que siguieron a la mía me apoyaron en esa
demanda que entendemos constructiva y que va a contribuir a una mejora de
la situación en Cuba y de sus relaciones con la Unión Europea en general
y con España en particular.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
--DEL DIPUTADO DON RAFAEL ESTRELLA PEDROLA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE INICIATIVAS Y MEDIDAS ESTA
TOMANDO EL GOBIERNO PARA EVITAR QUE SE EJECUTEN LAS 15 PENAS DICTADAS EN
EL RECIENTE CONSEJO DE GUERRA DE GUINEA ECUATORIAL? (Número de expediente
180/001283)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 25, que formula al Gobierno el
diputado don Rafael Estrella Pedrola, del Grupo Socialista.
Tiene la palabra.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, 117 personas han sido juzgadas en Guinea Ecuatorial y las
sentencias que se han producido suponen 15 penas de muerte y 40 personas
condenadas a 26 años, en un proceso plagado de irregularidades, con
torturas manifiestas y certificadas, con denuncias de personas que han
muerto en las comisarías o en las cárceles y con tan sólo dos horas para
recurrir esa sentencia de un tribunal militar. Por eso queremos preguntar
qué iniciativas y medidas está tomando el Gobierno para evitar que se
ejecuten las 15 penas de muerte dictadas en el reciente consejo de guerra
de Guinea Ecuatorial.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Estrella.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Señor presidente,
señorías, el Gobierno español ya ha manifestado en reiteradas ocasiones
su gran preocupación por las 15 condenas a muerte dictadas el pasado 1 de
junio por un tribunal de Malabo. El Gobierno español sigue muy de cerca
la evolución de los acontecimientos en Guinea y ha hecho diversas
gestiones con todos los países de la Unión Europea, con la propia
Comisión, con los Estados Unidos y otro gran número de países y,
naturalmente, con el Gobierno y el presidente de Guinea Ecuatorial, en el
sentido de que no se apliquen tales sentencias puesto que a ello
responden, en primer lugar, razones humanitarias y, en segundo lugar, de
credibilidad de ese proceso solamente iniciado de apertura que nos ha
anunciado el propio régimen.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Gracias, señor presidente.
La preocupación es bastante menos que una política. En un país que tiene
algo menos de medio millón de habitantes y la renta per cápita más baja
de Africa se producen diariamente 100.000 barriles de petróleo; nadie
sabe a dónde va la riqueza que produce ese petróleo. Es un país cuyo
presidente no ha cumplido los compromisos de democratización que fueron
impulsados por España, como el Pacto Nacional Democrático firmado en el
año 1993 y ratificado en 1997. Es un país donde están anunciadas unas
elecciones y a la vista de lo que ha ocurrido ahora en el proceso cabe
albergar serias dudas sobre las perspectivas de limpieza en un proceso
electoral en el que no existen, en absoluto, garantías de que la
oposición vaya a tener algo parecido a la igualdad de oportunidades.
Nuestro país forma parte de la Unión Europea, que tiene unos mecanismos
de cooperación con Guinea
Ecuatorial y que no hace mucho tiempo acordó reanudar la cooperación sin
ninguna garantía por parte del régimen de Guinea. Quisiera saber, señor
ministro, si en esas gestiones se ha planteado, como decía usted hace
unos momentos hablando de Cuba en su aspiración de unirse a la Convención
de Lomé, la posibilidad de utilizar la cláusula de condicionalidad
democrática, positiva por supuesto, en la configuración de la relación de
cooperación con Guinea. Porque, señor ministro, la verdad es que nosotros
querríamos mantener una política de consenso con el Gobierno en este tema
que permitiera la participación libre y democrática de la oposición; pero
si quiere el Gobierno consenso, éste nunca podrá ser en torno a la
complacencia con el régimen de Guinea, y algo de eso nos tememos que hay.
(Rumores.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Estrella.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): No hay ninguna
complacencia, señor presidente, y además yo no he hablado sólo de
preocupaciones; he hablado de gestiones muy concretas. Por cierto, que
cuando está en juego la vida de 15 personas es mejor hablar de gestiones,
discretas pero eficaces, más que de manifestaciones y de condenas
altisonantes que nada ayudan en esos momentos a salvar la vida de esas
personas. Por otra parte, es público y notorio que la única cooperación
de España con Guinea se establece a través de ONG, prácticamente todas
ellas españolas que se dedican a tareas tan importantes como la educación
y la sanidad.
Yo mismo tuve la oportunidad, el pasado día 16 de abril, de dialogar con
el ministro de Asuntos Exteriores de Guinea, señor Oyono, durante su
breve desplazamiento a Madrid, y le solicité la inmediata libertad
provisional para los cuatro ciudadanos españoles encausados. Su inocencia
ya ha quedado probada y han sido absueltos. Mantuve un diálogo franco
sobre el juicio y le transmití el mensaje de que la moderación es
fundamental en esta ocasión. Al conocerse las sentencias, esa misma tarde
le dirigí una misiva a él y otra al presidente, y emprendí diversas y
discretas gestiones con todos los países socios y amigos para que
realizaran gestiones similares, con discreción y sin palabras
altisonantes, señor Estrella, porque es lo que la situación requiere. El
señor presidente del Gobierno, por otra parte, ha mantenido recientemente
una conversación telefónica con el presidente de Guinea también sobre
este asunto. El pasado día 9, los embajadores de España y de Francia y el
representante de la Comisión fueron recibidos por el Gobierno para dar
cumplimiento a la misma gestión decidida por la Unión Europea. Todos los
países de la Unión Europea, la propia Comisión y los Estados Unidos han
hecho y siguen haciendo gestiones para arreglarlo. El Gobierno no
minimiza en absoluto, por otra parte, la gravedad de los hechos violentos
acaecidos en Bioko en la madrugada del 21 de enero. El Gobierno español
los rechazó enérgicamente entonces, pero considera que en estos momentos
lo que hace falta es sosiego y prudencia en trances de gran sensibilidad.
Confiamos en que el Gobierno guineano comparta esta sensibilidad y
conmute dichas penas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
--DEL DIPUTADO DON CARLES CAMPUZANO I CANADéS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CATALAN (CONVERGéNCIA I UNIO), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE VALORACION
HACE EL GOBIERNO SOBRE EL CODIGO DE CONDUCTA SOBRE TRANSFERENCIAS DE
ARMAS ADOPTADO POR LA UNION EUROPEA EL PASADO 25 DE MAYO? (Número de
expediente 180/001290)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 31, del diputado don Carles
Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).
Señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADéS: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, el pasado 25 de abril, la Unión Europea aprobó el
denominado código de conducta sobre transferencias de armas de acuerdo
con una propuesta franco-británica planteada a principios de 1998. Nos
gustaría conocer cuál es la valoración que hace el Gobierno de este
documento.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campuzano.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Con mucho gusto.
Señor presidente, el código de conducta de la Unión Europea en la
exportación de armamento fue consensuado, en efecto, en el Consejo de
Ministros del pasado 25 de mayo, de asuntos generales. Concreta y precisa
los ocho criterios aprobados por los consejos europeos de Luxemburgo y de
Lisboa para regular las exportaciones comunitarias de armamento. Ese
código de conducta establece un mecanismo de control de las
exportaciones, mediante un sistema de consultas y notificaciones entre
los Estados miembros, que aparece regulado en la disposición operativa
tercera del código y, desde luego, la valoración que hace el Gobierno de
esa aprobación es sumamente constructiva y positiva.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADéS: Señor ministro, coincidiendo con usted,
seguramente, en que este es un documento importante y que supone un paso
adelante en el necesario control del comercio de armas en el ámbito de la
Unión Europea, creo que todos también coincidiríamos en entender que es
insuficiente, al menos en cuatro aspectos que le voy a plantear. En
primer lugar, este código de conducta es una simple declaración, no una
posición común del conjunto de los Estados de la Unión Europea.
Recordemos que ya en 1991 y en 1992 se aprobaron los denominados
criterios comunes, que no han sido suficientemente eficaces para prevenir
y controlar los efectos nocivos que tiene el comercio de armas en todo el
mundo. En segundo lugar, no prevé mecanismos que eviten la utilización de
armas para la represión interna y, por tanto, van a continuar
produciéndose ventas de armas de Estados de la Unión Europea, entre ellos
el español, a Estados como Indonesia o Turquía, donde se vulneran los
derechos humanos. En tercer lugar, no prevé mecanismos de control del uso
final del material exportado. Y en cuarto lugar, tampoco ha introducido
cláusulas o mecanismos multilaterales de control entre los Estados
miembros.
Por consiguiente, es evidente que todo lo que sea avanzar en esta
legislación en el ámbito comunitario es positivo, pero yo creo que
estamos lejos de haber conseguido un instrumento eficaz que evite
--insisto-- esos efectos nocivos. A nuestro entender el Gobierno debería
ser capaz, en su política exterior, de incorporar como prioridad el
impulso de nuevas iniciativas en el ámbito de la Unión Europea que sean
eficaces; ser capaz de introducir los cambios que seguramente este código
de conducta va a tener que efectuar en la legislación española.
Finalmente, continuamos a la espera de conocer la información que el
Gobierno tiene el compromiso de hacer llegar a esta Cámara sobre las
exportaciones de armas españolas en 1997. La información que se nos envió
sobre el período anterior, entre 1991 y 1996, sabe el señor ministro que
no satisfizo a la mayoría de los grupos parlamentarios.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campuzano.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Señor presidente,
es cierto que el código de conducta no colma las expectativas máximas de
algunos, incluidas las del propio Gobierno español. Pero no cabe duda,
por otra parte, de que supone un avance importantísimo hacia una mayor
responsabilidad y transparencia en las exportaciones de armamento. Como
consecuencia de la proposición no de ley de marzo de 1997, el Gobierno
asume el compromiso de enviar al Parlamento el informe anual sobre las
exportaciones, lo que constituye un gran avance en relación a muchos
países de la Unión Europea. Yo quiero destacar que ya antes de la
adopción de este código de conducta el Gobierno había incorporado los
ocho criterios de los consejos de Luxemburgo y Lisboa a nuestra
legislación interna y que este código de conducta es el punto de partida
de un proceso en el que se irá depurando progresivamente su contenido
para adaptarlo en mayor y mejor medida a las inquietudes y aspiraciones
de nuestras opiniones públicas, de nuestros parlamentos, que buscan una
mayor moralidad y transparencia en un terreno tan sensible como es la
exportación de armamentos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro de Asuntos
Exteriores.
--DEL DIPUTADO DON JESUS JOSE GOMEZ RODRIGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
COALICION CANARIA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUANDO SE VA A PROMULGAR EL
DECRETO CONJUNTO MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO Y MINISTERIO DE
EDUCACION Y CULTURA SOBRE LOS MEDICOS ESPECIALISTAS SIN TITULO OFICIAL
(MESTOS)? (Número de expediente 180/001279)
El señor PRESIDENTE: Finalmente pasamos a las preguntas orales que
contestará en nombre del Gobierno el ministro de Sanidad y Consumo. En
primer lugar la número 21, que formula el diputado don Jesús José Gómez
Rodríguez, del grupo de Coalición Canaria.
Señor Gómez Rodríguez.
El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, una de las primeras iniciativas que presentó mi grupo en
esta Cámara fue la referente a los mestos, a través de una proposición no
de ley en la que se pedía el máximo respeto al sistema ideal que es el
MIR. Por razones de tardanza en la tramitación presentamos otra
conjuntamente con el Grupo Popular, dividiendo la inicial en dos
proposiciones que a finales del año pasado fueron aprobadas por esta
Cámara. Recuerdo, señor ministro, que el tema de los mestos ya ha tenido
cinco o seis iniciativas legislativas en anteriores épocas. Lo cierto es
que la ponencia de modernización del sistema sanitario también recoge
este cruento problema, este injusto problema. Usted tuvo la amabilidad de
enviarme el borrador del decreto conjunto que iba a promulgar su
Ministerio y el de Educación y Cultura. En el Ministerio me informaron de
que habría dos fechas: el mes de marzo y el mes de abril, la primera para
los médicos comunitarios y la segunda para los mestos. Estamos al
comienzo del mes de junio. Los diputados de la Comisión de Sanidad y
Consumo,
todos los diputados que la integramos no sabemos qué contestar a los
miles de profesionales afectados porque no sabemos cuándo se va a
promulgar la referida normativa. De ahí nuestra pregunta.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez Rodríguez.
Señor ministro de Sanidad y Consumo.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor presidente.
Es un motivo de satisfacción para mí contestar a esta pregunta dado que
está relacionada, efectivamente, con una proposición no de ley en Pleno
formulada por su grupo parlamentario y por el Grupo Popular, que fue
aprobada en esta Cámara el 7 de octubre de 1997. Conforme a ese mandato,
que es análogo a otro del Senado, los servicios correspondientes del
Ministerio de Sanidad y Consumo, en coordinación con los del Ministerio
de Educación y Cultura, han elaborado un borrador del real decreto. Este
primer borrador, denominado Documento de trabajo sobre un sistema de
excepcional acceso al título de médico especialista, fue distribuido
durante el pasado mes de marzo a las organizaciones en las que se
estructuran los diferentes colectivos mestos, a fin de que tras un
análisis se efectuaran las observaciones y propuestas que consideraran
oportunas. Paralelamente el documento fue presentado al Pleno del Consejo
Nacional de Especialidades Médicas, celebrado el 10 de marzo pasado, que
adoptó el acuerdo de emitir su informe sobre este proyecto a la vista de
los que emitan todas y cada una de las comisiones de especialidades
médicas. En el momento actual, de las 49 comisiones se han reunido ya
para analizar este borrador 45, faltan por tanto cuatro, que son las de
hidrología, neurología, oftalmología y obstetricia y ginecología. Han
emitido el correspondiente informe 27 de las comisiones que se han
reunido. Todas ellas constatan la necesidad de dar solución a la
situación planteada, aunque consideran necesario reafirmar que se trata
de una situación excepcional que no debe dar lugar a que se modifique el
sistema general de formación de especialistas. Según este calendario, el
proceso de informe en las comisiones nacionales finalizará durante este
mes, de tal manera que en el pleno del Consejo nacional de especialidades
del próximo 7 de julio se analizarán los informes emitidos y el Consejo
emitirá su propio informe. De otra parte, se mantiene informada de las
actuaciones a la Dirección General XV de la Comisión Europea, de acuerdo
con los compromisos adquiridos por nuestro país en cuanto a la titulación
de profesionales sanitarios. A la vista de las observaciones e informes
que se están recibiendo, se procederá a la redacción final del proyecto
de real decreto y se iniciará su tramitación. En base a estas
previsiones, el real decreto podría ser aprobado por el Gobierno y
publicado en el Boletín Oficial del Estado a lo largo del último
trimestre de este año. Esta es la situación actual de tramitación de este
proyecto de real decreto que están elaborando conjuntamente los
ministerios de Sanidad y Consumo y Educación y Cultura en cumplimiento
del mandato parlamentario.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro; gracias, señor Gómez
Rodríguez.
--DEL DIPUTADO DON JAIME BLANCO GARCIA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE HA OCURRIDO EN EL SISTEMA
INFORMATICO DEL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO EN LA PUBLICACION DE LAS
LISTAS DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS MIR? (Número de expediente
180/001286)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 28, que formula al Gobierno el
diputado don Jaime Blanco García, del Grupo Socialista.
Señor Blanco.
El señor BLANCO GARCIA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, en plena realización de las pruebas selectivas de los
médicos internos y residentes de 1997-1998 ha procedido el Ministerio a
anular los actos de asignación de estas plazas. Comprenderá que este
hecho tan sorprendente e inédito merece que usted responda a la pregunta
sobre cuáles son las razones que ha habido para que se anule la
asignación de plazas nada menos que cuando faltan 1.083 candidatos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Blanco.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Gracias, señor
presidente.
Señor Blanco, lo que ha habido ha sido un error material en la confección
de uno de los cuadros (Risas.--Un señor diputado: ¡Menos mal!--Otro señor
Diputado: ¡Uno más!) que no tiene nada que ver, por cierto, con el
sistema informático al que se refiere la pregunta de S. S. Ha sido un
error material en la elaboración de unos cuadros que ha dado lugar a ese
contratiempo por el que pedimos disculpas, naturalmente, a todos los
afectados, que será subsanado lo antes posible y esperamos que en muy
pocos días quede resuelto ese problema.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Blanco.
El señor BLANCO GARCIA: Gracias, señor ministro, pero comprenderá que no
puedo estar satisfecho con esa respuesta tan ambigua de que es un error
material.
En primer lugar, ya en los exámenes una de las caras de las pruebas
escritas estaba en blanco y cuando los aspirantes solicitaban que se les
diese una hoja completa se la entregaban, pero les computaban el tiempo
como a los que habían tenido el examen completo desde el principio. Una
irregularidad.
En segundo lugar, una vez anuladas las plazas les han dicho que se
personen, según el número adjudicado a cada uno, el día 9 --es decir,
ayer--, hoy y mañana para la nueva selección de plazas. Pero, señor
ministro, ayer en un periódico de mi tierra, Cantabria --se lo puedo
entregar a usted-- se publicaba que habían tomado posesión ya los médicos
internos y residentes en el hospital Marqués de Valdecilla. (La señora
Cortajarena Iturrioz: ¡Tongo!) ¿Me quiere explicar cómo se puede estar
adjudicando y dotando las plazas en un hospital, e imagino que en todos
los hospitales de España, y a la vez convocando a aquellos 1.083 que se
han quedado fuera de esa selección?
En tercer lugar, señor ministro, le quiero recordar que no hace más de un
mes o mes y medio le preguntaba por las pruebas de los interinos y la
provisión de esas plazas y ya entonces le decía que había una vulneración
de la igualdad de oportunidades. Señor ministro, aquí hay un
desbarajuste, en su Ministerio hay una verdadera chapuza, y ese
desbarajuste, esa chapuza que atenta a la seguridad jurídica la tienen
que solucionar, pero con arreglo a la ley y no diciéndonos que lo
ocurrido es meramente un error material, que ya se subsanará, por el cual
piden disculpas. Ustedes no pueden pedir disculpas, sino que tienen que
hacer las cosas conforme a la ley; tienen que exigir responsabilidades
políticas a los responsables de este desbarajuste.
Gracias. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Blanco.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Señor Blanco, se
produjo un error material en el cuadro resumen del anexo uno consistente
en que las plazas de formación en la especialidad de medicina familiar y
comunitaria, que figuran en la casilla correspondiente a la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, que son 14, eran las que en realidad
correspondían a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y las que
figuraban en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha eran las que en
realidad correspondían a la Comunidad de Castilla y León. (Rumores.) Ese
error se corrigió con la mayor celeridad posible y se ha podido hacer sin
perjudicar el proceso de formación de los futuros especialistas
afectados, a los que ciertamente pedimos disculpas porque se trata de un
error humano, de un fallo humano, pero a mí no me han llegado denuncias
de ninguna otra irregularidad en este proceso, que se ha llevado con el
rigor habitual. Como consecuencia de este error, que ha habido que
subsanar en la forma prevista en el artículo 105.2 de la Ley de Régimen
Jurídico para las Administraciones Públicas y de Procedimiento
Administrativo Común, la toma de posesión en esta nueva convocatoria se
ha pospuesto un mes con relación al resto de los aspirantes. Este plazo,
evidentemente breve, es igual a la prórroga de que disponen a efectos de
toma de posesión todos los aspirantes que están concluyendo el servicio
militar en el momento de la adjudicación.
Señor Blanco, estas cosas nos pasan a todos. (Varios señores diputados:
¡No, no!--Un señor Diputado: ¡A unos más que a otros!) Parece que tienen
la memoria quebradiza, porque en la convocatoria de 1995 de plazas de
formación especializada de farmacéuticos ustedes también se equivocaron y
ofertaron plazas remuneradas juntamente con otra no remuneradas y
tuvieron que repetir todos los actos de adjudicación porque no se había
consignado el código diferente de las plazas remuneradas y de las que no
lo eran, por lo que el programa informático las asignó de forma
indiscriminada, lo que, como digo, obligó a repetir los actos. Nos pasa a
todos, señor diputado. (Aplausos y protestas.--Una señora diputada: ¡Qué
morro!) El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Silencio. No rompamos tan buena tarde, querida amiga que no voy a citar.
Vamos a dejar este «Diario de Sesiones» sin la mención, como no sea
honorífica.
--DEL DIPUTADO DON ENRIQUE MORATALLA MOLINA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿CUALES HAN
SIDO LAS RAZONES POR LAS CUALES EL MINISTRO DE SANIDAD HA ASEGURADO QUE
LA SEGURIDAD SOCIAL SE HARA CARGO DEL VIAGRA? (Número de expediente
180/001287)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 29, que formula al Gobierno el
diputado don José Enrique Moratalla Molina, del Grupo Socialista.
Señor Moratalla.
El señor MORATALLA MOLINA: Gracias, señor presidente.
Señor Romay, hemos conocido a través de los medios su predilección por la
píldora Viagra, su predilección por incluirla en la lista de medicamentos
protegidos por el sistema público. Valorando que el gasto farmacéutico en
el primer cuatrimestre de 1998 ha sido de 313.000 millones frente a
288.000 en 1997, es decir, 25.000 millones más o, lo que es igual, un
crecimiento del 9,41 por ciento; valorando que lo histórico de su acuerdo
con Farmaindustria era de 29.000 millones para todo el año 1998 y en
cuatro meses lo ha tirado por la borda --réstele los 25.000 de
desviación--; valorando que la inclusión del Viagra tiene una estimación
de gasto de alrededor de 60.000 millones, usted nos dirá. Espero escuchar
su valoración. Antes le voy a dar un consejo: ¿se lo ha preguntado a
Barea? No vaya a cambiarnos el Viagra por el bisagra. ¿Cuáles han sido
las razones por las que el Ministerio de Sanidad se hará cargo del
Viagra?
Gracias, señor presidente. (Un señor diputado: ¡Muy mal!)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Moratalla.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Señor Moratalla,
las razones por las que el Ministerio de Sanidad considera que ha llegado
el momento de tomar una decisión sobre la financiación de este
medicamento, por si puede haber algunos casos excepcionales en los que
pueda estar justificada su financiación pública, son las previstas en la
legislación vigente, que debe usted conocer tan bien como yo. Por lo
demás, quiero decirle que a pesar de sus alegatos sobre el crecimiento
del gasto farmacéutico, el que ha habido en el primer cuatrimestre de
1998 es todavía 3 ó 4 puntos inferior al que estábamos acostumbrados a
tener con ustedes, y la aportación de Farmaindustria a la financiación
del sistema nacional de salud en el año 1998 no es de 29.000 millones,
como dijo usted, sino de 39.000. (El señor Moratalla Molina: ¿Cuándo va a
comenzar a gobernar?) (La señora Rubiales Torrejón: No ha empezado
todavía.)
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Moratalla. (Rumores.)
Silencio, señorías.
El señor MORATALLA MOLINA: Gracias, señor presidente.
Tras escucharle, le diré que mi intención era saber si eran globos sonda,
si eran filtraciones de la oficina de Barea o cualquier otro tipo de
necesidad más allá de la de poner primeras piedras en Ciudad Real. Le voy
a contar confidencialmente lo que se dice: Con su recetazo, señor
ministro, dicen que usted cambia mucolíticos por agua, antivaricosos por
paseos y antihemorroidales por baños de asiento con agua fría. Pues
siguiendo esa filosofía, cambie Viagra por imaginación, que puede ser
igual de eficaz pero mucho más barato. En serio. (Un señor diputado: Muy
gracioso.) Tómese en serio el gasto farmacéutico, pues si no corrige las
desviaciones tendrá un agujero de 100.000 millones, sin Viagra, al final
del ejercicio presupuestario. Calcule entonces lo que cuesta con Viagra,
y si no sabe se lo pregunta a Barea. La impotencia gubernamental para
solucionar este gasto no se arregla con pastillas azules, ministro, sino
con dosis bareadas de rigor.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Moratalla.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Gracias, señor
presidente.
Señor diputado, en materia de gasto farmacéutico ustedes tienen muy poca
autoridad y pueden hablar poco porque el récord que consiguieron en esta
materia es difícil de batir: 14 por ciento de crecimiento anual
acumulativo en diez años; 25 por ciento de gasto farmacéutico en el total
del gasto sanitario público. Y el nivel de incoherencia con el que están
tratando estas cuestiones no tiene nombre. En 1993 ustedes prefieren la
solidaridad a los catarritos. El consejero de Salud de la Junta de
Andalucía reclama vehementemente al ministro de Sanidad en el Parlamento
andaluz medidas para excluir determinados medicamentos de la financiación
pública; medicamentos que, por cierto, el Gobierno de Andalucía
recomienda a los servicios médicos que no se utilicen. Pues hacemos
nuestra lista negativa, que, por cierto, tiene ya los avales de todos los
órganos competentes, de todas las comisiones de uso racional del
medicamento, y ustedes dicen que no, que ahora prefieren los catarritos a
la solidaridad y que, efectivamente, están por financiar medicamentos de
limitada utilidad terapéutica que ustedes decían en Andalucía que no se
debían financiar, que nos pedían a nosotros que los estudiáramos, y decía
el consejero de Salud de la Junta de Andalucía: Y que no venga nadie
después hablando aquí de medicamentazos o de recetazos. (Rumores.) Pues
ustedes dicen hoy una cosa, mañana la contraria, al día siguiente vuelven
a decir otra cosa, pero los hechos señalan que, además, el gasto
farmacéutico lo tenían en límites insuperables. Realmente poco podemos
aprender de ustedes en esta materia.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro de Sanidad y Consumo.
INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE LA POLITICA DEL MINISTERIO DE
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION EN RELACION A LA CUOTA LACTEA EN LA
CORNISA CANTABRICA, EN LA MEDIDA QUE CONSTITUYE UN SECTOR ESTRATEGICO
DENTRO DE LAS COMPETENCIAS QUE TIENE ASUMIDAS DICHO MINISTERIO (Número de
expediente 172/000098)
El señor PRESIDENTE: Al haberse aplazado la pregunta que planteaba el
diputado Meyer Pleite, finaliza así el punto IV del orden del día, y
pasamos al V: Interpelaciones urgentes. En primer lugar, la formulada por
el Grupo Vasco (PNV) sobre la política del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación en relación a la cuota láctea en la cornisa
cantábrica, en la medida que constituye un sector estratégico dentro de
las competencias que tiene asumidas dicho Ministerio.
El señor Caballero tiene la palabra en nombre del Grupo Nacionalista
Vasco.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, señora ministra, en el comienzo de esta intervención quiero
manifestar, en nombre del Grupo Vasco, nuestra solidaridad con la señora
ministra de Agricultura Pesca y Alimentación ante la noticia de que ha
podido ser un posible blanco del comando terrorista detenido hace unos
días por la Ertzaintza.
Entrando en el tema objeto de esta interpelación, tengo que decir que
desde el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) contemplamos con
preocupación un creciente deterioro del sector lácteo, que se manifiesta
en forma de crisis del campo, tensión en los precios de las cuotas,
crisis de empresas, desinformación y opacidad, dificultades en la
aplicación del régimen de cuotas e incertidumbres sobre el futuro
sectorial, entre otros.
La producción de leche en la cornisa cantábrica representa más del 30 por
ciento de la producción final agraria y si se le suma la producción de
vacuno de carne, íntimamente dependiente de la leche, el porcentaje se
elevaría al 50 por ciento. En el Estado español esos porcentajes serían
del 8,7 y del 16,1 por ciento, respectivamente, mientras en la Unión
Europea serían del 19 y 31 por ciento, aproximadamente.
El empleo agrario en la cornisa cantábrica es muy elevado, cerca del 12
por ciento, sobre todo en algunas comunidades autónomas, donde representa
cerca del 30 por ciento del empleo. El promedio español se situaría en el
9 por ciento y el europeo en el 5 por ciento. Es decir, se estaría
hablando de una masa laboral dedicada a la producción agraria de unas
450.000 personas, de las cuales casi 90.000 dependen solamente de la
producción de leche, y todo ello en un entorno socioeconómico donde se
registra un elevado nivel de paro, donde sobre todo en algunas
comunidades no hay prácticamente ninguna otra opción económica de
envergadura y donde por aplicación de la PAC en los últimos años se han
suprimido cerca de 85.000 empleos agrarios sólo en el sector lácteo.
La cornisa cantábrica se configura como una zona altamente especializada
en producción láctea, con dificultades para buscar alternativas a dicha
producción. Durante todo el año 1997 y lo transcurrido de 1998, las
comunidades de la cornisa cantábrica han realizado un gran esfuerzo para
contribuir colectivamente a un mejor conocimiento y funcionamiento del
sector. Los consejeros de Agricultura vienen trabajando en la ordenación
interna del sector lácteo, con vistas a conseguir un sector transparente,
estrictamente cumplidor con el régimen de cuotas y competitivo, con el
fin de abordar el año 2000 con garantías de futuro.
Desde la cornisa cantábrica se han propuesto mejoras de orden interno
referidas a las retenciones obligatorias, simplificación de la estructura
de primeros compradores y adecuación del sistema de información y
control. Igualmente, se ha propuesto un documento base para la
negociación de la nueva OCM láctea un plan de reordenación de la
producción y se ha ido trabajando en una propuesta de plan integral de
competitividad sectorial. Sin embargo, después de un año de intenso
trabajo, no se ha conseguido prácticamente nada porque el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, aparte de continuas promesas, no ha
demostrado voluntad de abordar la reordenación del sector lácteo con
seriedad; sólo le quedaría muchas veces realizar la publicación de la
normativa que regule las distintas propuestas elaboradas por las
comunidades autónomas aludidas con anterioridad, pero no lo hace y no
sabemos si tiene voluntad de hacerlo.
Resulta obligado lamentar que la cornisa cantábrica como colectivo no ha
conseguido ser considerada como ese colaborador o interlocutor en temas
lácteos que indudablemente necesita el Ministerio y más concretamente la
Dirección General de Producciones y Mercados Ganaderos. No ha contado con
el apoyo que hubiera sido deseable por parte de dicha dirección general.
Probablemente, esa insuficiente cohesión Ministerio-colectivo cornisa
cantábrica ha podido significar todavía una mayor dificultad y
complejidad en el análisis y tratamiento eficaz de los profundos
problemas del sector.
Somos conscientes de las dificultades que supone conjugar los intereses
de todas las comunidades autónomas, pero cuando hay un bloque importante
de las mismas como el que representa la cornisa cantábrica, que supone el
78 por ciento de las explotaciones lácteas y el 58 por ciento de la cuota
de leche de todo el Estado, lógicamente, hay que escucharlas y tener el
respeto debido a lo que representan. Por el contrario, el
Ministerio de Agricultura y Pesca no sólo no ha escuchado a las
comunidades autónomas de la cornisa cantábrica, sino que ha tenido en
algunos casos una clara falta de respeto hacia las mismas, por ejemplo,
al presentar a los sindicatos agrarios antes que a las propias
comunidades autónomas dos nuevos borradores de decretos sobre
modernización y mejora de la competitividad del sector lácteo y de ayudas
a la mejora integral de las explotaciones de producción y compradores de
leche. Esta falta de respeto la ha protagonizado el director general de
Producciones y Mercados Ganaderos con posturas continuas que de forma
suave las calificaría como de poco serias.
A pesar de todo, desde el Grupo Parlamentario Vasco seguimos firmemente
convencidos de la necesidad, urgencia y viabilidad de un conjunto de
planes de acción a desarrollar de manera integral en el sector, planes
que de forma reducida se podían agrupar o resumir de esta manera.
En primer lugar, es necesario insistir en la aplicación de todas las
medidas de orden interno que se precisan para adecuar y modernizar el
comportamiento sectorial, en el sentido de: abordar de inmediato la
solución de problemas a corto plazo que preocupan prioritariamente a los
ganaderos --reparto de la reserva nacional, pago de sanciones,
etcétera--; aplicar las nuevas normativas de retenciones obligatorias y
primeros compradores como esfuerzos prioritarios para poner orden en el
sector y dar imagen de seriedad y rigor; y mejorar drásticamente los
sistemas de información del sector en todos sus ámbitos.
En segundo lugar, hay que abordar de inmediato un auténtico plan de
calidad con fondos suficientes a fin de permitir la aplicación de la
normativa de la Unión Europea y evitar graves problemas y distorsiones en
este campo.
En tercer lugar, al mismo tiempo que se define el plan de reordenación de
la producción y de forma integrada con éste, se debería diseñar y aplicar
un plan de racionalización industrial que contemple procesos de fusión,
concentración, achatarramiento industrial, mejora de la productividad,
adecuación logística, integración de cooperativas y atención a posibles
crisis de empresas clave.
En cuarto lugar, todos los planes indicados configurarían el plan de
competitividad del sector para el cual deberían asignarse y comprometerse
fondos suficientes acomodándolos según plazos y disponibilidades.
En quinto lugar, es preciso establecer y desarrollar un plan de acción
conjunto ante la Unión Europea incluyendo iniciativas programadas para
conseguir la ampliación de cuota y referenciación grasa, la defensa de
una buena OCM láctea para el Estado español, la visión conjunta de esa
OCM láctea con la relativa a vacuno de carne y la máxima
profesionalización y competencia de los equipos representantes de los
intereses estatales en Bruselas.
Es evidente que para llevar adelante estas iniciativas necesarias y
beneficiosas para todo el sector lácteo español es necesario contar con
el apoyo y consenso de todas las comunidades autónomas en las que el
sector lácteo preocupa, pero es en la cornisa cantábrica y en Castilla y
León donde básicamente se concentran los mayores y más numerosos
problemas y es ahí donde debe actuarse prioritariamente dada la enorme
significación estratégica y socioeconómica del sector lácteo no inferior
a la de otros sectores como, por ejemplo, el aceite, la minería, el
porcino, etcétera.
Todo sería más fácil, eficaz y rentable si el impulso y la dirección real
--no de palabras y promesas inmediatamente incumplidas-- del complejo
proceso de modernización del sector fuese asumida por la propia ministra
de Agricultura, Pesca y Alimentación como mejor vía de unificación de
criterios políticos, económicos y sectoriales al más alto nivel y como
única forma de dar la máxima credibilidad y garantía de éxito a los
planes de acción que obligadamente hay que aplicar en el sector.
En resumen, instamos a la señora ministra de Agricultura, Pesca y
Alimentación a que valore el sector lácteo como sector estratégico, tenga
en cuenta las propuestas realizadas desde las instituciones de la cornisa
cantábrica y lidere con seriedad el proceso necesario para poner al
sector en lugar equivalente al de nuestros socios en la Unión Europea.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Caballero.
En nombre del Gobierno, para contestar a la interpelación, tiene la
palabra la señora ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, doña
Loyola de Palacio.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor presidente.
Antes que nada, quiero agradecer al señor Caballero sus palabras al
inicio de su intervención y decirle que comparto su solidaridad, junto
con las más de 600 personas que estaban en aquella lista, y que no
entiendo que esa sea una gran noticia, ya que es algo que entra
lamentablemente dentro la lógica en la que estamos. Como bien sabe S. S.,
siendo hija de madre guipuzcoana y padre vizcaino, pienso seguir
trabajando por Euskal Herría y por España con todas mis fuerzas
(Aplausos.), dicho lo cual agradezco profundamente la oportunidad que me
brinda de dirigirme nuevamente a la Cámara para hablar de un sector tan
importante y tan estratégico, como ha dicho S. S., como es el sector
lácteo, con especial relevancia en lo que afecta a la cornisa cantábrica
y a la parte norte de Castilla y León, donde representa una actividad
que, junto con el vacuno de carne, no tiene muchas alternativas, por no
decir que muchas veces no tiene ninguna, en nuestra agricultura.
Me complace poder decir con rotundidad que en las cuestiones relativas al
sector lácteo el Ministerio ha mantenido un grado de diálogo y de
entendimiento muy importante con las comunidades autónomas, muy
especialmente con las de la cornisa cantábrica, que han hecho una labor
de impulso, dinamismo, estudio y análisis muy serio a lo largo de este
tiempo. Eso se puede ver porque de las doce conferencias sectoriales que
se han realizado entre los diecisiete consejeros de las comunidades
autónomas y el Ministerio, en siete se ha tratado el problema del sector
lácteo y de la OCM. Todo esto ha cristalizado en la puesta en marcha de
dos proyectos claves, uno de modernización y mejora de la competitividad
del sector lácteo y otro de ayudas a la mejora integral a las
explotaciones lecheras. Además esos proyectos, consensuados con las
comunidades autónomas, no se presentaron antes a las organizaciones
profesionales. En las reuniones técnicas se habían estado discutiendo
sistemáticamente con las administraciones. Nunca suscitaríamos una
cuestión de este tipo, porque los textos, que han sido remitidos al
Consejo de Estado y están esperando el informe correspondiente, una vez
que el Ministerio de Administraciones Públicas ha dado su informe
positivo, entendiendo que son conformes a las atribuciones competenciales
y a la legislación al respecto, tienen en gran medida su origen en
propuestas que venían desde las comunidades autónomas y muy especialmente
desde las de la cornisa cantábrica.
Las cuestiones clave para ese sector son las condiciones climatológicas
de las regiones del norte de España y la importancia que representa
especialmente para Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Navarra,
donde se concentra el 58 por ciento de la producción de leche de nuestro
país, y si añadimos Castilla y León, estamos hablando de las dos terceras
partes, el 56 por ciento de la cuota asignada y el 78 por ciento del
número de explotaciones lecheras. Castilla y León tiene el 13,51 de la
cuota, está en segundo lugar después de Galicia y el número de
explotaciones es de 10.654; en tercer lugar está Asturias. Podría dar
otra serie de datos, pero se ha referido a ellos S. S. y no voy a
insistir.
Creo que el sector lácteo, además de afectar a la cornisa cantábrica y a
Castilla y león, como bien ha señalado, afecta también al conjunto de las
comunidades autónomas. Es cierto que la situación es diferente en las
distintas regiones y que no es lo mismo hablar de nueve compradores de
leche autorizados, por ejemplo, en el País Vasco, donde hay una cierta
concentración, que de los 242 que existen en Galicia, lo cual crea, como
sabe S. S., bastantes dificultades. Esto tiene su importancia porque a
pesar de que se ha ido trabajando y avanzando constantemente, en
ocasiones ha habido que compaginar posiciones y aunar voluntades para
buscar un consenso al respecto.
Sobre las acciones desarrolladas, entiendo que estos proyectos de
modernización y mejora de la competitividad del sector lácteo y de ayudas
a la mejora integral de las explotaciones lecheras son un claro reflejo
de la sensibilidad del Gobierno. Me he ocupado de esto personalmente y en
siete de las doce reuniones que he tenido con los consejeros se ha
tratado el problema del sector lácteo. Hay cuestiones esenciales, como
retenciones obligatorias, ordenación de la estructura de compradores y
transmisiones de cuota, aspectos todos ellos necesarios para la mejor
adaptación del sector al cumplimiento de la normativa comunitaria,
especialmente en la aplicación en materia de tasa suplementaria.
Además --y esto es importante-- buscando el grado de consenso que permita
el mayor éxito posible en las medidas que se van a adoptar, hemos
avanzado un paso más de lo que en principio proponían las comunidades de
la cornisa, junto con Castilla y León, en acciones complementarias
ampliamente demandadas por el sector --que también han sido asumidas y
han recibido un magnífico apoyo por parte de todas las comunidades
autónomas--, como es el cese anticipado de la actividad agraria, cuyos
beneficios se pretende ampliar a los titulares a partir de los 55 años,
lo que es una medida complementaria muy destacable, o la relativa a la
mejora de calidad de la leche, que se ha incorporado al final con un
apoyo específico dentro de estos dos decretos.
El proyecto de real decreto sobre modernización y mejora de la
competitividad se basa en la creación de un fondo nacional coordinado de
cuotas lácteas, que permitirá a los productores el acceso a cuota en
condiciones económicas favorables. Su solo anuncio ha provocado una baja
en el precio del kilo de leche en la transferencia de cuotas entre
particulares. Hemos conseguido rebajar esa tensión que se había producido
--tiene razón, S. S.-- en este último mes, desde que se hizo público
el anuncio del decreto. Creo que ese es un magnífico resultado, porque
era uno de los temores que teníamos tanto los consejeros como el
Ministerio. Hay que citar también la puesta en marcha de unos programas
de abandono indemnizado de la producción, que suponen una importante
inversión de fondos de los Presupuestos Generales del Estado. Para 1999
se contempla una cantidad de 4.500 millones de pesetas, que van a ser
complementados, como saben
SS. SS., con 1.500 más por parte de las comunidades autónomas. Asimismo,
hay una asignación de cantidades complementarias de la reserva nacional a
los productores que hayan adquirido cuota del fondo.
Estos tres aspectos, íntimamente relacionados, van a tener una enorme
influencia en la reestructuración del sector. Naturalmente, del éxito del
programa que se desarrollará durante la actual campaña dependerá su
continuidad y la cuantía económica destinada al mismo en campañas
sucesivas, porque estamos dispuestos a prolongar este proyecto si
funciona bien, como yo espero y creo que también las comunidades
autónomas, en las próximas campañas.
La ordenación de la estructura de los compradores autorizados,
racionalizando el a todas luces excesivo número --aunque en el País Vasco
está bastante bien, pues creo que nueve compradores es una cifra muy
razonable, pero no es así en otros lados--, y la adecuación de los
mecanismos que propicien una aplicación más uniforme y equitativa del
régimen de la tasa suplementaria --las famosas retenciones a cuenta-- son
cuestiones de especial interés para las comunidades autónomas, pues todos
somos conscientes de que sólo desde el cumplimiento riguroso de nuestras
obligaciones con la Unión Europea tendremos la legitimidad para plantear
nuestro apoyo no sólo al mantenimiento del régimen de cuotas sino a un
incremento de la cuota para España que, como ha señalado su señoría, es
absolutamente necesario y que nosotros ciframos en un millón de
toneladas.
También tenemos la codificación y adaptación de la normativa existente en
materia de movimientos de cuotas, transferencias, cesiones temporales y
trasvases. Sabe S. S. que ahí ha habido algunas polémicas porque existía
la preocupación de algunas comunidades autónomas, no sólo de la cornisa
sino también de los archipiélagos, en el sentido de que se produjera una
salida de cuota. Quiero tranquilizar a todo el mundo diciendo que el año
pasado sólo hubo un movimiento, ajeno a las propias comunidades
autónomas, equivalente al 0,7 por ciento de la cuota nacional, lo que
supone un porcentaje realmente limitado en las transferencias entre
distintas comunidades autónomas.
Asimismo, existe otro proyecto de real decreto de ayudas a la mejora
integral de las explotaciones, de la producción y a los compradores de
leche, que pretende impulsar las acciones que se lleven a cabo por las
comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias, especialmente en
calidad de la leche, a lo que se ha referido su señoría.
El señor PRESIDENTE: Señora ministra, vaya concluyendo, por favor.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Sí, señor presidente.
Estas medidas se dirigen principalmente al asesoramiento directo y
modernización de las instalaciones y equipos que deben de llevar a la
adecuación de las condiciones de obtención y almacenamiento del
transporte de leche; adaptación de las condiciones de las explotaciones a
las exigencias en materia de medio ambiente y mejoras en la gestión
técnico-económica y en el cumplimiento de la obligación del régimen de la
tasa suplementaria. Para ese objetivo se prevén 1.800 millones de pesetas
para los próximos Presupuestos Generales del Estado. En definitiva, se
puede decir que después de un periodo de reflexión, este decreto
previsiblemente se va a aprobar a finales de este mes, aunque a mí me
habría gustado que hubiera sido aprobado antes de Navidades, y lamento el
retraso. La verdad, ahí tiene S. S. toda la razón, pero no siempre es
fácil poner de acuerdo a 17 comunidades autónomas ni obtener un consenso
como el que se ha logrado. Al final se ha conseguido, que es lo
importante. Yo espero que en las próximas semanas --ya está en el Consejo
de Estado-- tengamos el informe favorable --supongo-- y que, por lo
tanto, lo podamos aprobar en Consejo de Ministros.
Conviene hacer una brevísima reflexión, señor presidente, sobre la OCM
del sector lácteo dentro de la Agenda 2000, en el sentido de resaltar la
práctica coincidencia del Ministerio de Agricultura con las posiciones
manifestadas por las comunidades autónomas, incluidas las de la cornisa
cantábrica, y el sector. Las negociaciones sobre esta reforma continúan
en los grupos de trabajo de la Comisión y en el Comité especial de
Agricultura, aparte de la reflexión periódica que tiene lugar en el
Consejo de Ministros, por lo que las comunidades autónomas están
perfectamente informadas respecto de los avances de la postura
negociadora del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
En definitiva, señorías, el sector lácteo es un sector prioritario para
el Ministerio de Agricultura. El motivo del retraso en la aprobación de
estos dos decretos --como le he señalado a S. S.-- ha sido por buscar ese
necesario consenso con comunidades autónomas y organizaciones
profesionales agrarias. Los problemas que tiene el sector no son de hoy,
se arrastran desde hace tiempo. Espero que estas medidas en bloque,
consensuadas con las comunidades autónomas que tienen todas las
competencias en el terreno de la agricultura y de su gestión, permitan
dar una salida al sector, reestructurándolo y haciéndolo más dinámico, y
además prepararlo para las situaciones que tenemos sobre la mesa,
partiendo de la base de que el refuerzo y el apoyo desde el Ministerio de
Agricultura ya está preparado no sólo para este año sino para el año que
viene.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
Señor Caballero.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Gracias, señor presidente.
Gracias, señora ministra, por su intervención. De todas maneras, entiendo
que la señora ministra ha realizado encomiables esfuerzos para justificar
lo que la terca realidad a veces hace no tan fácil conseguir. Ya le he
reconocido que somos conscientes de las dificultades que supone conjugar
los intereses de todas las comunidades autónomas, pero tenga en cuenta
que
cuando, como en el caso de la cornisa cantábrica, consejeros de
Agricultura de diversos partidos políticos son capaces de ponerse de
acuerdo en la defensa de unos intereses comunes, eso también supone un
esfuerzo democrático que algo quiere decir. También somos conscientes de
que a lo largo del año 1997 existían diversas dificultades, tales como la
incidencia de las elecciones gallegas, el cambio en la dirección del
FEGA, al actitud de algunas empresas, la proliferación de agentes
sociales, la excesiva receptividad a sus a veces contradictorios
mensajes, etcétera. A pesar de todo ello, tengo que insistir en la cierta
falta de liderazgo y, sobre todo, en la poca seriedad de que ha hecho
gala su Ministerio, sobre todo por parte de la Dirección General de
Producciones y Mercados Ganaderos.
He aludido a los dos borradores de decretos, pero en lo que se refiere
concretamente al País Vasco, tampoco denota seriedad el freno que se está
poniendo por parte de esa dirección general a iniciativas relativas a la
redistribución de la cuota de referencia láctea que se encuentra en la
reserva estatal y que corresponde a la Comunidad Autónoma vasca, bien por
programas propios de abandono o porque proceden de cuotas muertas de
ganaderos de la propia Comunidad Autónoma vasca, incumpliendo la
legislación del Gobierno vasco, que no ha sido en ningún momento
cuestionada ni recurrida. Además, los dos borradores de decretos citados
--insisto-- incumplen en cierta medida los compromisos adquiridos por el
Ministerio con las comunidades autónomas de la cornisa cantábrica, no
arreglan para nada el control de las cuotas de leche ni abordan con
seriedad el tema de la directiva de las mismas, indicando claramente que
no hay voluntad de aplicar las cuotas de leche, permitiendo la compresión
de la producción de leche y permitiendo también en cierta medida el
fraude en la utilización de las cuotas sin hacer ningún esfuerzo por
aplicar la directiva de calidad.
A pesar de todo ello --como he señalado anteriormente--, la unión de
esfuerzos y la claridad de ideas deben ser de vital importancia para
ofrecer una imagen de unidad, seriedad y fortaleza en un momento crucial
para el futuro del sector lácteo. Estamos en el límite de tiempo en el
que todavía es posible actuar de forma controlada y razonable desde las
administraciones públicas para ordenar el sector lácteo. Cualquier
dilación en la toma de medidas nos lleva inexorablemente a imposibilitar
una razonable actuación de las administraciones y que entren en juego las
reglas del mercado en una situación del sector completamente
desequilibrada. Las comunidades autónomas de la cornisa cantábrica han
actuado para ordenar el sector, pero si no se consigue la suficiente
colaboración del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, deberán
pasar a situarse en la otra posición, es decir, la de actuar en un
mercado libre y desordenado defendiendo sus intereses.
Estamos, pues, al final de una etapa cuyo desenlace depende esencialmente
de la actitud del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y nos
gustaría dentro de unos meses no tener que mantener esta actitud crítica
y, por contra, poder felicitar a la señora ministra por un liderazgo real
y eficaz.
Nada más. Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Caballero.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor presidente.
Señoría, puedo coincidir en casi todo con S. S. salvo en lo de poca
seriedad por parte del Ministerio. Seriedad, toda. El sector lácteo
supone más de 90.000 explotaciones, es un asunto importantísimo; en la
zona de la cornisa cantábrica es crucial, en Galicia y en Asturias es
definitivo; o sea, que seriedad, toda, porque el asunto lo merece y la
situación es muy complicada, ya que tenemos una carencia de cuota que
distorsiona todo el mercado, que es lo que está en la base de toda esta
problemática, que tenemos una falta de cuota de un millón de toneladas,
cuando además contamos con una industria instalada con una capacidad muy
superior a la cuota asignada a España. Esa es la otra parte que termina
de distorsionar la situación. O sea, seriedad, toda. Lo que pasa es que
tiene que comprender
S. S. que precisamente por la seriedad del asunto, hay que intentar
buscar los consensos y los apoyos más amplios. Hay que conjugarlo con 17
comunidades autónomas, partiendo de la base, y se lo he dicho en mi
primera intervención, señoría, de que el elemento dinamizador en toda
esta cuestión del grupo de trabajo que se formó desde la cornisa
cantábrica, con Castilla y León y Andalucía, que también ha participado
en algún momento, me ha parecido absolutamente definitivo. Es en lo único
en lo que no coincido con su señoría.
Le he dicho también que me hubiera gustado que estos decretos hubieran
estado aprobados a finales del año pasado o en el mes de enero de este
año. Hay unos meses de retraso, soy la primera que lo ha reconocido, pero
es muy complicado conseguir un consenso, un apoyo, y no sólo de las
comunidades autónomas sino también de las organizaciones profesionales
agrarias, que son clave a la hora de sacar adelante y de hacer efectivos
estos decretos y este plan de modernización y de impulso al sector lácteo
español.
El Ministerio apuesta claramente por el sistema de cuotas, y eso quiere
decir control de las mismas; por eso se plantean las retenciones,
señoría, y está en los decretos, no se han modificado ni un ápice; por
eso hay toda una reestructuración del sector de compradores, que tienen
que aportar unos avales que permitan que cumplan la función que tienen
que cumplir. También
apostamos por la calidad, señoría, cuestión que no estaba en las primeras
propuestas de la cornisa cantábrica, que hemos incorporado desde el
Ministerio de Agricultura en nuestras conversaciones con otras
comunidades autónomas de otras zonas de España, y hemos incorporado 1.800
millones de pesetas para el año que viene para unos programas de calidad,
a cofinanciar con las comunidades autónomas, que son las que tienen que
desarrollarlos y llevarlos a cabo. Espero que ni los productores de la
cornisa cantábrica ni los de la Comunidad Autónoma del País Vasco pasen a
actuar, en ningún caso, como en la ley de la jungla. No se trata de eso.
Al contrario, en el decreto está incorporada, por ejemplo, la limitación
de las transferencias de cuotas entre comunidades autónomas que habíamos
acordado, y cuyo cierre final se hizo antes de enviar ese decreto al
Consejo precisamente para evitar que se produjeran esas situaciones casi
de agresión a las que S. S. hacía referencia. En cuanto a la distribución
de la reserva nacional, ha sido remitida estos últimos días. Son 1.500
toneladas, más o menos, que equivalen a planes de abandono y a cuota
muerta. Nadie había cuestionado la orden del País Vasco.
Participo de la preocupación que ha manifestado
S. S. y coincido prácticamente al cien por cien con las soluciones para
el sector, que son las que se recogen en los dos decretos, que han sido,
insisto, consensuados con todas las comunidades autónomas y con las
organizaciones profesionales agrarias. El Ministerio está dispuesto no
sólo a hacer el esfuerzo de coordinación y liderazgo que nos corresponde
en todas las comunidades autónomas, es decir, de impulso de la acción en
esa renovación y modernización del sector lácteo, sino a poner dinero
público ( por un lado, 4.500 millones de pesetas y, por otro, 1.800 )
para conseguir esa modernización del sector, además de los fondos
destinados al abandono anticipado de la actividad a partir de los 55
años, medida complementaria importantísima para dar una solución adecuada
y buscar la modernización de nuestras instalaciones que garanticen la
calidad y el asentamiento de nuevos ganaderos en este sector.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Concluido el debate principal de la interpelación, ¿grupos que desean
fijar su posición?
En el Grupo Mixto desean compartir el turno la señora Rivadulla y el
señor Vázquez. Incluso se ponen de acuerdo en que el señor Vázquez sea el
primero en intervenir. Adelante.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (Don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente.
No sé si concluyó el debate principal, pero va a dar aún mucho que hablar
este tema en esta Cámara. Vamos a intentar expresar la opinión del Bloque
Nacionalista Galego acerca de la interpelación que presenta el Grupo
Vasco (PNV). Una interpelación mediante la que se propone sustancialmente
que el Ministerio de Agricultura sea más beligerante de lo que ya es en
la aplicación de la política europea sobre el sector lácteo, que propone
una ordenación del sector en base a la aplicación del actual régimen de
cuotas y el cobro efectivo de la supertasa como ejes fundamentales. Se
trata de una propuesta que supone la defensa de una política para el
sector lácteo que como Bloque Nacionalista Galego hemos combatido en el
pasado por considerarla perjudicial para el desarrollo de un sector
lácteo competitivo y con futuro; una política, por tanto, a la que nos
seguiremos oponiendo en la medida de nuestras posibilidades. Una
propuesta, coincidente por cierto con la de la señora ministra de
Agricultura, que nosotros consideramos inaceptable y equivocada desde el
punto de vista del sector lácteo de Galicia.
Por matizar, quisiera decir que cuando se emplea el término cornisa
cantábrica en el tema lácteo o en otras cuestiones, como si constituyese
un todo, tanto desde el punto de vista de los problemas existentes como
de las soluciones o de la línea política a adoptar para mejorar el
sector, puede haber algún punto en común, pero, en lo esencial, ni los
problemas, ni sus soluciones pueden tener un tratamiento común o igual.
Conviene no refugiarse en este tipo de eufemismos para obviar problemas
específicos, en concreto, el relativo a la producción láctea en mi
comunidad autónoma.
Nos hemos cansado de repetir en el Congreso, y lo seguiremos haciendo,
que no estamos dispuestos a aceptar una política para el sector lácteo
que se basa fundamentalmente en una nefasta negociación en su día para la
adhesión al mercado común europeo, que no se modificó sustancialmente por
el Gobierno anterior en los últimos años ni bajo el mandato del Gobierno
actual. Además, con la reforma de la OCM sabemos lo que nos espera, ni
más ni menos que el actual statu quo existente entre los Estados
europeos. Los excedentarios seguirán siéndolo; se quedarán además con la
parte del león de las ayudas; se prepararán mejor, por cierto, ante la
eventual desaparición del sistema de cuotas en un mercado liberalizado a
nivel mundial, desaparición que se prevé que tenga lugar a partir del
2006, y de paso eliminan o impiden el desarrollo de un competidor
interno.
Desde nuestro punto de vista, el problema básico del sector lácteo es la
cuota absolutamente insuficiente asignada por la Unión Europea al Estado
español, una cuota que no alcanza a cubrir la demanda interna y que no
permite avanzar en el desarrollo del sector. Solucionar ese problema
debería ser el objetivo fundamental, y a partir de ahí se podría hablar
de otras muchas cuestiones.
Como tengo poco tiempo, señor presidente, quisiera ir concluyendo.
Aplicar un plan de ordenación del sector
en las condiciones en las que se tiene que mover éste, con una cuota
insuficiente, supone pedir que una parte importante del sector
desaparezca y esa desaparición afectaría fundamentalmente a la Comunidad
Autónoma de Galicia. Eso lo sabemos todos. La señora ministra decía en la
anterior interpelación que tuvo lugar en este Congreso que se pretendía,
entre otras cuestiones, movilizar entre 300.000 y 400.000 toneladas de
cuota sacando del sector a las explotaciones que no se adaptasen a las
exigencias de calidad y a los productores de mayor edad, lo que
curiosamente afectaría al 50 por ciento del sector en Galicia, que sería
mayor de 55 años.
No vamos a aceptar un plan de estas características, aunque pueda suponer
beneficios para productores u otro tipo de intereses en otras comunidades
autónomas. Señor presidente, nosotros creemos que siempre hemos sido
tolerantes y respetuosos con las demandas de otras comunidades autónomas
y naciones del Estado, y desde luego demandamos el mismo trato...
El señor PRESIDENTE: Vaya finalizando, señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ ( don Guillerme): Concluyo, señor presidente.
Decía que demandamos el mismo trato para los intereses de una comunidad
autónoma como la nuestra, que produce el 36 por ciento de la leche del
Estado español.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vázquez.
La señora Rivadulla tiene la palabra.
La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor presidente.
Muy brevemente, quiero fijar nuestra posición en relación con la
interpelación del PNV. Señora ministra, al parecer aquí se ha intentado
consensuar mucho, pero si un portavoz que es miembro de una comunidad
autónoma dice que no ha estado suficientemente informado de las medidas y
de los borradores que está sacando el Ministerio, yo debo añadir que esta
tarde mismo he estado hablando con una organización agraria, con la COAG,
y me han dicho que tampoco han consensuado con ellos y que a duras penas
han ido teniendo conocimiento de los borradores que han ido sacando.
Estamos todos de acuerdo en la necesidad de modernizar y de reestructurar
el sector, tanto para aquellos productores que habiendo hecho
innovaciones tecnológicas no tienen la suficiente cuota como para
hacerlas rentables, como para aquellos que tienen una ganadería de zona
de montaña de difícil acceso y que tienen problemas realmente para poder
sacar una renta suficiente.
Hay dos puntos que quisiera comentar, señora ministra. En primer lugar,
con relación a los primeros compradores, el propósito del borrador del
Gobierno es restringir el número de pequeños compradores, lo que
significa que a lo mejor también --y llamo la atención sobre este tema--
los pequeños compradores son los que compran a los pequeños productores.
Tendríamos que tener una garantía de que esos pequeños compradores son
los suficientes como para atender a aquella ganadería de zona de montaña
de difícil acceso, ya que los grandes compradores no quieren acceder a la
compra de pocos kilos porque no les es rentable. En segundo lugar, en
relación con el fondo de cuota, a nosotros nos gustaba más la idea de la
reserva nacional entera, es decir, que el Gobierno, a través de fondos
presupuestarios, retire cuota de aquellos ganaderos que ya no la
necesitan y nutra la reserva nacional que después es repartida de forma
equitativa entre aquellos ganaderos que sí lo necesitan. Al compartir al
50 por ciento fondo de cuota con reserva nacional, pensamos que habrá
ganaderos que no estarán en disposición de comprar la cuota y que, por
tanto, tampoco podrán acceder a la reserva nacional.
Estos son los puntos que nos preocupan. Esperamos conocer el borrador
--también me gustaría a mi tener ese borrador-- y creo que en la Comisión
de Agricultura deberíamos empezar ya a trabajar con el mismo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rivadulla.
¿Otros grupos que deseaban fijar posición ? (Pausa.)
Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo quiere continuar expresando la preocupación por la
evolución que están tomando las cosas en este sector. Recientemente
veíamos en esta Cámara otra interpelación del Bloque Nacionalista Galego
y creo que continuaremos viendo interpelaciones sobre la leche y la
carne, puesto que es difícil separar en muchas explotaciones los dos
problemas.
Nosotros hemos leído con mucho interés el informe no vinculante del
Comité Económico y Social de la Unión Europea --Comité que, como ustedes
saben, está integrado por expertos de diferente ideología--, informe que
estima que la reforma de la política agrícola comunitaria pone en juego
la propia identidad agrícola de la Comunidad y considera prioritario
velar por el mantenimiento del empleo en el sector, promoviendo
iniciativas como la creación de cooperativas. Al mismo tiempo, el
dictamen, entre otras muchas cuestiones, argumenta que la agricultura
debería actuar como impulsora de la economía rural, de modo que la
actividad
agraria contribuya a estabilizar la población del campo en los Estados de
la Unión.
Este informe avala algunas de las consideraciones que venimos reiterando.
Nuestro país debería seguir insistiendo en cambiar el planteamiento de
fondo que late todavía en las ayudas a los distintos ámbitos agrícolas
comunitarios. Esta tendencia demuestra que el 80 por ciento de las ayudas
se las lleva el 20 por ciento de las explotaciones. Pensamos que es un
sistema injusto y no vemos razonable que la Duquesa de Alba o la Reina de
Inglaterra --por poner dos ejemplos de terratenientes muy conocidos--
estén cobrando subvenciones, mientras otras pequeñas explotaciones tienen
grandes dificultades para alcanzar cuantías significativas. Por eso
creemos, y en su día haremos una propuesta más concreta, que estas ayudas
deberían ser matizables en función del empleo creado, del intento de
fijar la población al territorio y otras cosas que hemos reiterado aquí.
Nos preocupa enormemente la evolución que sigue la reforma, entre otras
cosas porque la aplicación del famoso criterio de vaca virtual --por
poner uno de los ejemplos más llamativas-- conduce, insisto, a la
creación de agricultores virtuales, es decir, las primas por vaca lechera
dejan en desventaja a España si se calculan dividiendo la cantidad de
cuota por el rendimiento europeo por vaca y año. Teniendo en cuenta que
nuestra productividad nacional media es de 4.800 kilos y la europea está
en torno a 5.800, cualquiera puede deducir la repercusión
comparativamente negativa que puede tener la aplicación de un criterio de
este tenor. Este sistema propuesto por la Comisión supone que recibiremos
un porcentaje significativamente menor que el que reciben, por ejemplo,
competidores directos como Holanda y Francia.
Por todo ello creemos que es muy importante acertar en la presión a la
propia Comunidad para intentar que la Agenda 2000 no nos sitúe todavía en
peores posiciones que las que ya tenemos y despejar incógnitas a partir
de las que se crean, de lo que puede suceder a partir del 2007. Mucho nos
tememos que podemos continuar la tendencia actual en la que, hablando de
Asturias, en el año 1985 teníamos 35.000 explotaciones, en 1998 tenemos
10.000 y se calcula ya que en el 2010 podemos tener 2.500. A esto
deberíamos añadir el análisis del empleo que se mantiene se puede
mantener en el futuro en el sector.
Dejamos estas reflexiones aquí y veremos con atención la propuesta que
sale de la moción de esta interpelación para acompañarla con iniciativas
de Izquierda Unida.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Santiso.
Señor Blanco.
El señor BLANCO LOPEZ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, queremos saludar la interpelación del Partido
Nacionalista Vasco no porque compartamos los extremos de la misma, sino
porque nos da la posibilidad de volver a hablar en esta Cámara del sector
lácteo. Además, tenemos la percepción en este momento de que no estamos
solos en la denuncia de la falta del compromiso, de la falta de respuesta
y también de la falta de liderazgo. No voy a decirle que de la falta de
seriedad, pero sí de la falta de respuesta y de la falta de eficacia para
dar alternativas a los problemas que tiene el sector lácteo.
Lo hemos dicho en más de una ocasión y hoy se lo recuerda un socio
parlamentario que reconoce que este Gobierno no está liderando un proceso
importante para nuestro país que dé respuesta a la problemática que tiene
el sector lácteo, en el doble ámbito: en el interno, en función de las
competencias que tiene el Gobierno y al que tiene que dar respuesta.
Porque no solamente es necesario reconocer desde la tribuna que el sector
lácteo, por el empleo y por el nivel económico que genera, es un sector
estratégico, sino que es necesario impulsar políticas acordes con esta
descripción de sector estratégico para dar tranquilidad al sector y
avanzar en la respuesta a los problemas.
El otro ámbito que tenemos encima de la mesa es precisamente la
oportunidad que tiene usted, señora ministra, de resarcirse de esa
afirmación que siempre se hace de que hubo una mala negociación. Usted
tiene la oportunidad, en la reforma de la actual OCM, de conseguir un
resultado positivo para los intereses de nuestro país. Tiene la
oportunidad de que en el debate de la Agenda 2000 las conclusiones no
sean lesivas para los intereses de España, como lo es la actual propuesta
de reforma y, por tanto, que podamos salir de ese debate consiguiendo los
objetivos que tenemos como país.
Usted decía en otra intervención hace un momento en esta Cámara que el
Grupo Socialista no la acompañaba ni la apoyaba ante otra reforma de la
OCM. Quiero decirle que me gustaría que tuviera el respaldo no solamente
del Grupo Parlamentario Socialista sino de toda la Cámara ante la reforma
del sector lácteo en el debate de la Agenda 2000. Para eso, señora
ministra, tenemos que buscar el común denominador que nos una a todos, el
definir una posición común de todos, porque lo que no pretenderá es que
hagamos seguidismo de lo que usted propone muchas veces no compartiendo
incluso sus planteamientos y otras veces desconociendo los mismos. Yo le
invito a que busque el marco adecuado, el que usted quiera, que
posibilite una posición común del país y estaremos todos apoyándola en
esa negociación. (El señor Madero Jarabo: ¡No te lo crees ni tú!)
El señor PRESIDENTE: Señor Madero, don José, sosiéguese.
El señor BLANCO LOPEZ: Señoría, el debate de la Agenda 2000 y de la OCM
de la leche es muy importante,
es un debate que tiene que dar satisfacción a la demanda del incremento
de la cuota en un millón de toneladas. La actual propuesta no lo
contempla. Es un debate que tiene que posibilitar un mayor equilibrio
entre los países del norte y del sur. La actual propuesta no lo
contempla. Es un debate que tiene que corregir desequilibrios que existen
para posibilitar que las explotaciones ganaderas de España estén en una
media de producción igual que la producción media de la Unión Europea. Es
un debate que nos tiene que permitir que las primas de compensación por
el descenso de los precios de la leche sean iguales para los ganaderos
holandeses que para los ganaderos españoles. Es un debate, en definitiva,
que nos tiene que permitir que España, que tiene un sector estratégico,
el sector lácteo, no salga perjudicada de esa reforma.
En el orden interno también es necesario seguir avanzando para que exista
una reordenación del sector, pero una reordenación del sector no
significa, como plantea usted en el proyecto que está discutiéndose en
estos momentos, la expulsión del sector de miles de explotaciones,
aquellás que precisamente tienen más dificultades, aquellás que
precisamente necesitan que el Gobierno plantee estrategias que les
posibiliten ser competitivas y rentables, por ejemplo, con los planes de
abandono tratando de que la distribución de esa reserva se siga haciendo
con fines sociales para que los que tienen menos cuota puedan seguir
creciendo y, por tanto, acercándose a la media de producción de la Unión
Europea. Un plan, señoría, que tiene que ser consensuado con las
comunidades autónomas. Reclamaban antes que no se cumplía lo acordado con
las comunidades autónomas.
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Blanco, por favor.
El señor BLANCO LOPEZ: Voy concluyendo, señor presidente.
Pero también con las organizaciones agrarias a las que usted, por cierto
--no sé si fue un lapsus--, culpaba del retraso de ese plan que usted va
a poner encima de la mesa, que yo no contemplo como un plan de
reordenación, sino más bien como de reconversión.
Por otra parte, anuncia usted que en los presupuestos de este año y en
los del próximo va a haber recursos suficientes para abordar el plan de
calidad. Yo sólo tengo que decir que la normativa europea de calidad ha
entrado en vigor el 1 de enero de este año y usted no ha establecido un
criterio de ayudas para poder mitigar los efectos de este plan que
pudiera haber entrado en vigor el año pasado o el anterior para que
cuando entrase en vigor esta normativa europea estuviese preparado para
ello el sector. No lo ha posibilitado y usted lo anuncia ahora, señora
ministra, pero lo hace, una vez más, de forma tardía.
Concluyo, señor presidente --le agradezco su benevolencia--, diciéndole
que comparto esa definición que hacía el interpelante de que usted y su
Gobierno no consideran en los hechos a este sector estratégico; que no
asumen el liderazgo, también con los hechos, en defensa del sector; en
definitiva, que se evidencia una falta de interés, una falta de respuesta
a los problemas.
El sector está en la UVI pero todavía podemos rescatarlo, depende de la
voluntad de su Gobierno de asumir los retos que tenemos planteados.
Aunque no lo crea y busque el marco para poder diseñar un planteamiento
común, sabe S. S. que para la batalla en la Unión Europea contará siempre
con el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Blanco.
Finalmente, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la
señora Castro Masaveu.
La señora CASTRO MASAVEU: Gracias, señor presidente.
Señorías, quisiera recordar que hace aproximadamente un año comparecieron
en esta Cámara, ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación,
los consejeros de las distintas comunidades autónomas de la cornisa
cantábrica. Quizá S. S. no era en aquel entonces miembro de esta Cámara
--no lo sé, pero probablemente no lo fuese-- y no conocía el documento
que en aquellas fechas las distintas comunidades autónomas nos
presentaron y en el que, si lo ha leído, efectivamente comprobará el alto
grado de diálogo mantenido con el Ministerio, reconocido por los
consejeros de las distintas comunidades autónomas de la cornisa
cantábrica. Además, en la comparecencia que cada uno de ellos hizo se
resaltó la forma y la manera en la que el Ministerio se preocupaba por el
problema del sector lácteo y lo negociaba con cada comunidad autónoma. De
la misma forma, hay que destacar que en ningún caso el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, y mucho menos su titular, ha ido en
contra de las organizaciones que representan a este sector.
Pues bien, decía que en aquella comparecencia se había resaltado el
diálogo y se había dejado patente, por parte de la titular del
Ministerio, el alto grado de compromiso con este sector. De entonces a
hoy no creo que hayan cambiado mucho las cosas, en el sentido que aquí se
plantean, como quisiéramos entender, de que existe una falta de deseo de
arreglo del sector. Todo lo contrario, día a día la ministra viene
demostrando, junto con su departamento, el rigor y sobre todo la seriedad
con la que está llevando a cabo este tema. Efectivamente, la problemática
del sector es abundante y la política llevada a cabo hasta que el Partido
Popular llega al Gobierno no fue quizás la más acertada; de ahí que la
situación en estos momentos vaya solucionándose poco a poco.
Hay que tener en cuenta que este sector, que es un sector estratégico y
de una envergadura social muy importante, representa 120.000
explotaciones existentes; son el 14,5 por ciento de las explotaciones
europeas. Considero que este dato deja clara la envergadura social y
económica que el sector lácteo tiene en la tierra de donde procedemos la
mayoría de los intervinientes, sin olvidarnos de que también en otras
regiones del territorio nacional existen explotaciones ganaderas con
importante producción de leche. Pero la interpelación que nos ocupa hoy
se refiere fundamentalmente a las regiones de la cornisa cantábrica, a
Asturias, a Galicia, al País Vasco, a Cantabria y a Navarra. Estas
regiones representan el 58 por ciento de la producción y tienen asignada
una cuota del 56 por ciento; son, en definitiva, el 78 por ciento de las
explotaciones de nuestro país.
Si bien hemos globalizado los datos que acabo de dar en este momento, hay
que decir que la problemática de estas regiones es diferente en cada una
de las comunidades autónomas y que existen una serie de particularidades,
en algunos casos debido a las infraestructuras, que originan puntos de
vista distintos que ya resaltaba la ministra en su comparecencia y que,
por tanto, merecen un trato específico. Esto lleva consigo la obligación
de buscar el consenso y las soluciones que más convengan a cada comunidad
autónoma. El Grupo Parlamentario Popular es consciente de que este
trabajo no se hace de un día para otro y de que, de ser así, no tendrían
vocación de futuro las distintas medidas que se tomasen.
Los proyectos de modernización y de mejora de la competitividad del
sector lácteo y de ayudas a la mejora integral de las explotaciones
lecheras son un claro reflejo de la sensibilidad con la que el Gobierno
de José María Aznar trata los problemas del sector lácteo. Incluso se ha
trabajado más allá de lo que las comunidades autónomas habían solicitado,
de lo que habían planteado como demandas necesarias. Se han puesto en
marcha acciones complementarias que habían sido reivindicadas por el
sector desde hace muchos años pero que no habían visto la luz hasta que
la señora ministra las ha sacado adelante. Usted, señora ministra, ha ido
por delante. Pongo dos casos como ejemplo: aquellas medidas que se
refieren al cese anticipado de la actividad agraria y aquellas otras que
se refieren a la mejora de la calidad de la leche, con un presupuesto de
1.800 millones de pesetas. Me gustaría resaltar la importancia de este
tema pues para un sector que aspira a la competitividad es imprescindible
la calidad. Quiero recordar, además, que es responsabilidad de las
comunidades autónomas, pero que la ministra ha demostrado la importancia
que tiene este asunto, su preocupación y su sensibilidad por el mismo.
Es necesario asegurar de un modo eficaz el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de calidad y salubridad, así como también es necesario
impulsar y promover las mejoras de la calidad del sector. Por ello, el
Grupo Popular está plenamente convencido de que su política, señora
ministra, es una apuesta clara, seria y rigurosa por el futuro del
sector.
El señor PRESIDENTE: Señora Castro, vaya concluyendo, por favor.
La señora CASTRO MASAVEU: Entre sus fines no sólo está la reordenación y
modernización del sector, sino también la potenciación de su imagen.
Además hay que resaltar que esta planificación se hace de un forma
progresiva y no traumática --hecho que también es necesario reseñar-- y
que sólo busca una única finalidad: que los resultados de esta política
redunden en beneficio de los ganaderos.
Decía el portavoz socialista que hoy comprueba que no están sólos en la
defensa del sector. Señor presidente, yo lamento tener que decir que el
Grupo Socialista se ha quedado solo con este sector hace ya mucho tiempo,
cuando se negoció, de una forma errónea, la entrada de España en la Unión
Europea.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Castro.
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, PARA CONOCER LOS EFECTOS QUE EL
ACUERDO UNION EUROPEA-ESTADOS UNIDOS, SOBRE INVERSIONES EN PROPIEDADES
EXPROPIADAS, TENDRA SOBRE LAS RELACIONES HISPANO-CUBANAS Y LAS
INVERSIONES ESPAÑOLAS EN LA REPUBLICA DE CUBA (Número de expediente
172/000099)
El señor PRESIDENTE: Concluido aquí el debate de la primera de las
interpelaciones urgentes dirigida, en este caso, al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, pasamos a la interpelación que formula
el Grupo Socialista para conocer los efectos que el acuerdo Unión
Europea-Estados Unidos, sobre inversiones en propiedades expropiadas,
tendrá sobre las relaciones hispano-cubanas y las inversiones españolas
en la República de Cuba.
Para su presentación ante el Pleno, tiene la palabra, en nombre del grupo
proponente, don Jesús Caldera Sánchez-Capitán.
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Gracias, señor presidente.
Señor ministro de Asuntos Exteriores, España, una vez más --y crea que lo
lamento--, no ha estado a la altura de sus responsabilidades ni ha
cuidado sus intereses y los de sus ciudadanos en el reciente acuerdo
entre Estados Unidos y la Unión Europea que afecta a
Cuba. Lo lamento porque me consta que usted personalmente ha desarrollado
serios esfuerzos para normalizar las relaciones de España con Cuba. Este
acuerdo supone un importante paso atrás. Y van ya tres veces en que su
Gobierno no está a la altura de las responsabilidades.
Si sale a la calle y pregunta a cualquier ciudadano, le dirá
inmediatamente que Cuba no es un asunto de política externa, sino que es
un asunto interno, es un asunto de familia. Y los principios básicos que
el Estado social y democrático español ha mantenido inalterables en
relación con Cuba hasta que ustedes llegaron al Gobierno, son tres: el
firme rechazo al bloqueo norteamericano, el diálogo y la cooperación. En
los tres, ustedes han hechos aguas. El señor Aznar aceptó ante el
vicepresidente americano Gore los principios de la Ley Helms-Burton. Sólo
usted, y de forma bien intencionada, quiere hacernos creer lo contrario
frente a lo que escuchamos y vimos todos los aquí presentes: primera
ocasión en que no estuvieron a la altura de esas responsabilidades.
España intentó en la Unión Europea, señor ministro, torpedear el diálogo
con Cuba, con su propuesta sobre la posición común del año 96. Fue tres
veces corregida, como Pedro tantas veces negó. Para que no me acuse de
sectario, citaré un informe de un prestigioso instituto europeo, Irela,
del 13 de diciembre de 1996, que dice lo siguiente: España presentó una
primera propuesta sobre posición común que fue modificada tres veces
teniendo en cuenta la sugerencia de otros Estados. En esta reunión se
incluyeron nuevas enmiendas, y según fuentes comunitarias fue excepcional
que los Quince participaran activamente en la redacción de una
declaración política. Ello se debió a la polémica que desató la propuesta
española que, en opinión de algunos Estados miembros, estaba demasiado
cercana a la política de Estados Unidos.
Pero además el señor Aznar continuó intentando torpedear el diálogo en la
cumbre iberoamericana de Chile y practicó el monólogo. ¿Recuerda usted?
Monológo, además, impertinente con aquello de: señor Castro, mueva ficha.
Claro que la movió, y estuvimos 18 meses sin embajador en la isla,
período que con gran eficacia han ocupado otros países para ir tomando
posiciones. Segunda ocasión en que no estuvimos a la altura de las
responsabilidad.
Y esta, señor Matutes, es la tercera, al aceptar el Gobierno español
implícita y explícitamente, con este acuerdo que ustedes llaman político
entre Estados Unidos y la Unión Europea, aspectos muy importantes de la
Ley Helms-Burton. ¿Qué significa la Ley Helms-Burton? Todos sabemos que
es la piedra de cierre del bloqueo ilegítimo norteamericano contra Cuba,
considerada ilegítima por tratados internacionales, señorías, y por la
Asamblea General de las Naciones Unidas. Inaceptable desde el punto de
vista político, económico y moral o ético. Político porque constituye un
atentado contra el concepto de soberanía de los Estados, pues sus títulos
I y II, como usted sabe muy bien, definen cómo ha de ser la democracia en
Cuba. Eso sí, al gusto, señorías, del gran hermano del norte, claro está.
Económico porque viola la libertad de comercio y de inversión, es
contrario a la legislación internacional e incompatible con las reglas de
la Organización Mundial del Comerciao. Y moral porque ¿qué quiere Estados
Unidos con la Ley Helms-Burton? ¿Defender los derechos de quienes fueron
expropiados por la revolución o por el régimen castrista? No, por
supuesto que no, señorías. Varios países --Francia, Canadá, España-- en
el año 1986 concertaron acuerdos para indemnizar a quienes se vieron
afectados por aquellas medidas. Estados Unidos nunca quiso. Pudo hacerlo
desde el año 1960 y en condiciones ventajosas. No lo hizo porque no
aceptó el derecho reconocido por la Asamblea de la ONU en 1974 y en la
Carta de derechos y deberes económicos de los Estados de que todo Estado
tiene derecho a nacionalizar, expropiar o transferir la propiedad al
extranjero siempre que medie una compensación apropiada, y Estados
Unidos, señorías, lo ha reconocido para otros Estados y para otras
situaciones, como Albania y la República Democrática Alemana. ¿Por qué no
con Cuba? ¿Por qué se le pide más a Cuba que a los demás? Parece que los
promotores de la Ley Helms-Burton piensan que la propiedad es intocable y
que no tiene ninguna función social. No sé si el Gobierno actual de
España comparte este criterio y no el que está recogido en la
Constitución española. Toda propiedad tiene límites y está sometida al
interés general y al desarrollo que determina soberanamente la
legislación creada por cada país, y esto está reconocido por la Asamblea
General de las Naciones Unidas.
La Ley Helms-Burton, por lo tanto, señor ministro, no quiere el pago de
compensaciones; lo que quiere es impedir que otros países inviertan en
Cuba. La política de bloqueo, recordarán ustedes, nunca tocó a los
inversores extranjeros hasta el año 1996 con la Ley Helms-Burton. ¿Por
qué? Porque después de la apertura de la economía cubana al exterior, de
la formación de empresas mixtas e inversiones cada vez más importantes en
diversos sectores, surgió la preocupación en Estados Unidos. Se dijeron:
Vamos a impedir el desarrollo de Cuba y las oportunidades de negocio para
los demás. Porque quieren reservárselas para ellos en el poscastrismo. Es
decir, detrás de esa ley con efectos extraterritoriales sólo hay un ánimo
de lucro puro y simple y ustedes, señor ministro, no lo han visto. Por
eso nos tenemos que oponer, primero, en el campo de los principios y
después --esto no es desdeñable-- en el de los intereses.
¿Qué significa este acuerdo sobre las propiedades expropiadas, este
acuerdo que se ha firmado entre la Unión Europea y Estados Unidos?
Primero ha habido un gran ocultismo a la opinión pública. El señor
Guardans se lo recordó en una brillantísima intervención
en la Comisión Mixta para la Unión Europea. No insistiré en ello.
Segundo, al día de hoy, señorías, no están traducidos al castellano, al
español --hablo desde el día 18 de mayo de 1998, es decir, casi un mes--
el contenido de este acuerdo para que la opinión pública española, sus
medios de comunicación y todos los ciudadanos puedan valorar de verdad
cuál es el contenido del mismo. Si, como dice el señor ministro, el
acuerdo sólo tiene contenido político (yo demostraré que tiene alguno
más), la cosa es aún más grave. Porque, dígame señor Matutes, si no hay
política comercial y sólo tiene alcance político ¿por qué ha tenido un
papel tan trascendente en su negociación el señor Brittan? Explíquenoslo.
Esto no es una disputa comercial, para eso ya teníamos remedios; es un
problema de política exterior y de soberanía nacional, y ustedes han
consentido, sin decir nada, sin elevar siquiera la voz, que se incorporen
plenamente a este acuerdo criterios que ha venido manejando la parte
norteamericana --y se lo demostró el señor Guardans en la Comisión--
desde el 11 de abril de 1997; es decir, han impuesto todas sus
reivindicaciones y puntos de vista y ustedes exhiben un trofeo. Dicen:
las inversiones hechas por europeos en Cuba en bienes expropiados a
ciudadanos norteamericanos hasta el 18 de mayo del año 1998 no podrán ser
objeto a partir de ahora de sanción y así lo reconoce Estados Unidos.
Claro, pero vaya triunfo, señor ministro, es que en ningún caso iban a
ser objeto de sanción. Nadie en el mundo, señorías, ha aceptado --y, por
supuesto, tampoco España-- los efectos de una legislación
extraterritorial como la Ley Helms-Burton. Estados Unidos está aislado en
la comunidad internacional con esa norma. Europa, y además España, se han
dotado de legislación defensiva para protegerse contra aquellos efectos:
las normas de retorsión que recoge el reglamento comunitario, y hoy se
está tramitando en estas Cortes --ahora se encuentra en el Senado--, una
norma española de similares características. (El señor vicepresidente,
Marcet i Morera, ocupa la Presidencia.) Estas son, señor Matutes,
permítame que se lo diga, las normas que nos protegen, no el acuerdo que
ustedes han firmado. En la Ley Helms-Burton Estados Unidos decidía
unilateralmente qué expropiaciones eran ilegales y me temo que ahora lo
seguirá haciendo, igual que quién debe ser considerado expropiado, aunque
al momento de serlo, como ustedes saben, fuera ciudadano cubano y hoy lo
sea norteamericano. Este principio es radicalmente inaceptable para la
comunidad internacional y para el Derecho internacional público.
A cambio de este triunfo, ¿en qué hemos cedido y qué ha ganado Estados
Unidos? Señor ministro, hemos cedido en algo esencial: hemos dejado
desprotegidas las futuras inversiones en la isla de los inversores
europeos y muy especialmente españoles, que es justamente a lo que
aspiraba Estados Unidos. A partir de ahora, según este acuerdo, no es que
estén prohibidas --¡faltaría más!--, pero ningún inversor podrá recibir
ayuda de tipo alguno ni la protección diplomática o consular que va aneja
a la ayuda que nuestros servicios diplomáticos prestan a los inversores
en el exterior. A partir de ahora seguirá siendo Estados Unidos quien
determine si fueron o no legales esas expropiaciones.
Permítame una vez más referirme a una fuente de autoridad que creo que
todos reconocemos en la Unión Europea. De nuevo el instituto Irela,
financiado por la Comisión Europea, fíjese lo que dice en su informe de
20 de mayo, después del acuerdo sobre la agenda trasatlántica: La
tendencia del Congreso estadounidense de aplicar sanciones
extraterritoriales se refleja también en el reciente acuerdo (se refleja,
señor ministro) entre Estados Unidos y la Unión Europea sobre la
Helms-Burton. Aunque el Gobierno Clinton reconoce la actual inversión
europea en Cuba --ya le he dicho que no hace falta que lo reconozca,
tenemos normas que lo garantizan-- y continuará las consultas con el
Congreso sobre la suspensión ilimitada de los títulos III y IV para
empresas europeas, obtuvo a cambio --y esto es lo importante, señorías--
el compromiso político de la Unión Europea de fortalecer las disciplinas
contra la inversión en propiedades expropiadas, desincentivar futuras
inversiones en Cuba y presentar una propuesta común para el acuerdo
multilateral de inversiones.
En resumidas cuentas, ¿qué significa este acuerdo? Estados Unidos estaba
cada vez más aislado en su política de bloqueo frente a Cuba. Con este
acuerdo consigue romper su aislamiento y recupera posiciones. Y si es un
acuerdo político, señor ministro, vayamos a lo político. Un consejo de
asuntos generales, donde España no es capaz de levantar la voz ante la
ratificación de un acuerdo político que afecta a la Ley Helms-Burton, que
no exija como primera providencia la desaparición del bloqueo
norteamericano y la expulsión del ordenamiento jurídico de una norma
inaceptable para el Derecho internacional público como es la Ley
Helms-Burton, constituye una vergüenza nacional para este país, una norma
además que se acepta sólo para el ámbito de la Unión Europea. ¿Qué
ocurre, señor ministro, con los demás países? ¿Qué pasa con Canadá o con
Méjico? ¿A ellos sí se les aplicará el punto de vista unilateral
norteamericano y su legislación extracomunitaria?
Señor ministro, España tenía que haber denunciado, tenía que haberse
posicionado firmemente contra este acuerdo, como, por cierto --y luego le
diré--, hicieron otros países. Ese debería haber sido su papel y no el
tan triste que ha jugado plegándose por tercera vez a los intereses de
Estados Unidos.
Se cuenta una anécdota en vida todavía del dictador Franco. Cuando
Estados Unidos dio una vuelta de tuerca al bloqueo contra la isla, la
dictadura española
respondió incrementando la cooperación con la isla y los vuelos a Cuba de
la compañía Iberia. El embajador norteamericano acudió a protestar ante
el dictador por esa medida y éste le contestó de la siguiente guisa:
Señor embajador, Cuba es un asunto de política interna para España y no
admitimos presiones exteriores. Me hubiera gustado que ustedes hubieran
hecho lo mismo en el Consejo de Asuntos Generales del pasado 25 de mayo.
De modo que, gracias a su papel, los futuros inversores en Cuba quedan
desprotegidos a cambio de nada, y usted mismo lo reconoció en su
comparecencia --aquí tengo la transcripción-- en la Comisión Mixta, en el
sentido de que Clinton sólo asume el compromiso de presionar para su
modificación, pero el Congreso norteamericano está firmemente decidido a
mantener esta norma, a no mover ni una coma. Esto en relación con su
título IV.
En cuanto al título III, el único compromiso que obtenemos es reconocer
la necesidad de no aplicación, pero no su garantía; es decir, igual que
antes, ¿qué hemos ganado? Que Estados Unidos consiga que Europa no
prohiba, pero sí desincentive, obstaculice, prácticamente imposibilite
las futuras inversiones en Cuba. ¡Vaya éxito de la política española y de
la política comunitaria! Europa está consintiendo así el mantenimiento de
este atentado al Derecho internacional y Estados Unidos se sigue
reservando derechos importantes sobre cómo debería ser el modelo político
y social cubano.
¿A quién afectará --y acabo, señor ministro-- principalmente este
acuerdo? Vamos a la realidad de los datos. Europa es el principal socio
comercial de Cuba y el segundo inversor en la isla después de Canadá y,
dentro de Europa, su primer socio comercial y primer inversor es España.
Por tanto, verde y con asas. Este acuerdo se refiere y nos condiciona a
nosotros; un acuerdo político con enormes repercusiones sobre el régimen
de propiedad y las inversiones, negociado por Leon Brittan, Clinton y
Blair, es decir, por tres personas de formación anlgosajona, que
perjudica gravemente a España y España, en esos consejos, en esas
negociaciones, no levantó la voz ni una sola vez, no hizo ni una reserva
ni una declaración. Francia sí y Bélgica --por ir más allá--; fíjese lo
que dijo el 26 de mayo el ministro belga de Asuntos Exteriores después de
declararse decepcionado por los compromisos concernientes a Cuba, Irán y
Libia, ya que dichos compromisos no modifican en nada el carácter
extraterritorial de las leyes americanas. Dijo: Tomamos nota de este
acuerdo, pero no lo aprobamos.
Señor ministro, nosotros le vamos a dar la oportunidad, en la moción
subsiguiente a esta interpelación, de operar como ha hecho Bélgica: tomar
nota, pero no aprobar este acuerdo; decidir que este acuerdo no nos
afecta y rechazarlo, porque no podemos compartir los principios de orden
político sobre los que se basa. No es política comercial común; es
política exterior, porque, como le dije antes, incluso regula aspectos de
la protección diplomática y consular de ciudadanos españoles.
Por último, han decidido incorporar al acuerdo multilateral de
inversiones este acuerdo; por lo tanto, algún efecto jurídico tendrá. Al
menos, ambos firmantes contraen la obligación de hacer, que en el mundo
del Derecho es como una obligación definitiva. Por lo demás, aunque no
tenga valor jurídico, este simple compromiso de incorporarlo al AMI creo
que tiene un elemento de enorme gravedad: se trata de un compromiso
político que sanciona la Helms-Burton, que --resumo, señorías-- deja en
la indefensión a los futuros inversores en Cuba, que perjudica gravemente
a España y que subordina nuestra política exterior y la de la Unión
Europea a la de los intereses norteamericanos. Ante todo ello hay una
fácil salida: España debe denunciar inmediatamente el contenido político
de este acuerdo y así lo solicitaremos. A nuestro juicio, a juicio del
Grupo Parlamentario Socialista, esta es la única salida para defender
nuestros intereses, para tranquilizar a quienes tienen o desean tener
inversiones en Cuba e incluso para recuperar nuestra autonomía política
exterior, principios básicos de nuestra soberanía, y me atrevería a decir
que también el honor político perdido en esta negociación.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera):
Gracias, señor Caldera.
Para responder a la interpelación, en nombre del Gobierno, tiene la
palabra el señor ministro de Asuntos Exteriores.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Señor presidente,
señorías, casi lo único cierto de cuanto ha dicho el señor interpelante
es que los servicios de la Unión Europea, que son los que tienen la
obligación de hacerlo, no han traducido todavía, ni al español ni a
ninguna otra lengua, los documentos de ese acuerdo. Y por lo que se
deduce de la intervención del señor interpelante, está claro que
S. S. necesitaba esta traducción, porque no ha entendido nada de los
acuerdos y se ha perdido en una serie de consideraciones vanas, vacías,
sin ninguna base, sin ningún rigor. Sólo frases vanas, vacías, históricas
ha pronunciado S. S., sin ningún apoyo en los textos, sin la mínima idea
de su contenido, y tal grado de ignorancia es tanto más lamentable por
cuanto se trata del primer grupo de la oposición y por cuanto yo mismo
les he ofrecido toda la información que pudieran necesitar, justamente
para que tuvieran una idea más exacta y más rigurosa de estos importantes
y positivos acuerdos que yo he venido a explicar esta tarde.
Si he entendido bien el sentido de la intervención de S. S., del texto de
la interpelación, lo que se está pidiendo
en el fondo es que el Gobierno español se hubiera aislado, se hubiera
enfrentado, en primer lugar, a los catorce socios de la Unión Europea,
acto seguido a los Estados Unidos, su principal aliado, para impedir este
acuerdo del pasado 18 de mayo. Y esa postura aislada, de enfrentamiento
total, ¿con qué objeto?, ¿para qué? Supuestamente --y digo supuestamente
porque también entraremos a fondo en la cuestión--, para defender los
intereses de los inversores españoles en Cuba y para no entorpecer,
supuestamente también, pues también vamos a hablar de ello, las
relaciones de España con este país.
Señorías, debo decir, con toda franqueza, con toda rotundidad, con toda
convicción, que el acuerdo del 18 de mayo se suscribe por España, al
igual que por los demás Estados miembros de la Unión Europea, por los
Quince --otra prueba de que no se ha entendido nada--, precisamente
porque este acuerdo da más garantías y seguridades a los inversores
españoles y porque contribuye al proceso de normalización de nuestras
relaciones con La Habana.
Yo lamento haber estado ausente en los días inmediatamente posteriores a
la firma de este acuerdo, porque hubiera deseado comparecer y
explicárselo en detalle, con lo que espero yo que habríamos evitado
lagunas y malas interpretaciones que observo que todavía subsisten. Y ahí
tengo que notar, no obstante, lamentándolo, como he dicho antes, una
cierta voluntad de persistir en el error y la ignorancia por parte de
algunos.
Que el acuerdo supone mayores garantías para los inversores no ofrece
duda alguna; es opinión de destacados juristas. He traído, entre otros
dictámenes, el de la cátedra de Derecho internacional, del catedrático
Jean Monnet, de Instituciones y Derecho Comunitario, de la Universidad de
Zaragoza, que, en un largo informe que tengo a su disposición --está en
español y espero que lo entiendan--, entre otras cosas, dice: El acuerdo
alcanzado se sustenta en cuatro pilares. El primero consiste en la
admisión de un borrón y cuenta nueva para las inversiones realizadas
hasta el 18 de mayo de 1998; quedan todas legalizadas. El segundo pilar
consiste en que desde esta fecha las nuevas inversiones en los países
implicados, Cuba, Libia e Irán, que también son destinos de importantes
inversiones españolas, dejan de estar prohibidas. El tercer pilar
consiste en el reconocimiento, por parte del presidente de los Estados
Unidos, de que dejará inaplicado el conflictivo título III de la Ley
Helms-Burton y de que tratará de obtener en el Congreso la no aplicación
del título IV, los dos títulos preocupantes de la Ley Helms-Burton, no
estando previsto el que pudiera dejar de aplicarse esto último en la
propia ley. Esto supone, según este catedrático, una desactivación
evidente de las partes inaceptables de las leyes norteamericanas en
cuestión. El cuarto pilar tiene una extraordinaria importancia. Se
prohiben en el futuro las inversiones que afecten a bienes expropiados en
contra del Derecho internacional, pero con la condición de que esa
ilegalidad internacional, a partir de ahora, tendrá que estar establecida
por ambas partes, es decir, no sólo por los Estados Unidos, como hasta
ahora, sino también por el país del inversor en cuestión, en este caso
por España, evitando además conflictos jurisdiccionales. Estados Unidos
renuncia así, por vez primera, a imponer su punto de vista unilateral.
Después de otras muchas páginas en la misma línea (voy a excusarles de su
lectura), tengo interés en resaltar este otro párrafo que me parece
importantísimo: Asimismo, en el caso de que Estados Unidos de América se
separase de todo el compromiso adquirido, los Estados miembros de la
Unión podrían y deberían retomar todas las medidas posibles, es decir, el
recurso al mecanismo correspondiente de la Organización Mundial de
Comercio y el recurso a medidas en sede comunitaria, como el reglamento
de bloqueo y posible retorsión y en sede nacional.
Además de esa opinión más que autorizada de la cátedra Jean Monnet, del
Instituto de Estudios Internacionales y de Derecho Comunitario de la
Universidad de Zaragoza, además de los servicios jurídicos de los
ministerios de Asuntos Exteriores de los quince países de la Unión
Europea, todos van en el mismo sentido de que el acuerdo desactiva las
partes más inaceptables de la Ley Helms-Burton, y en particular sus
títulos III y IV.
Permítanme también que por una vez cite, a este respecto, al señor Helms,
presidente de la Comisión de Exteriores del Senado de los Estados Unidos
y autor de la Ley Helms-Burton que, por lo mismo, SS. SS. convendrán que
alguna autoridad tendrá a la hora de interpretar el efecto que este
acuerdo tiene sobre su ley. La declaración del señor Helms fue tajante.
Cito
--entrecomillado--: El acuerdo propuesto Unión Europea-Estados
Unidos supondrá nada menos que la disolución de la Ley Helms-Burton a
cambio de un montón de palabras vacías. Este es el fondo de la cuestión,
señorías. Esa es la sustancia, que la Ley Helms-Burton queda finalmente
desactivada y lo demás, en este caso parafraseando al señor Helms,
palabras vacías, palabras vanas las que ha pronunciado --lo lamento
mucho-- el señor interpelante.
Parecidas declaraciones han hecho otros ilustres congresistas, más o
menos implicados en la redacción de esta ley, pero todos ellos
preocupados por cómo queda ésta tras el acuerdo del 18 de mayo. Ninguno
parece estar de acuerdo con la imaginativa teoría de que la Unión Europea
ha suscrito la Ley Helms-Burton, todo lo contrario. Baste citar al
representante Gilman, el presidente de la Comisión de Exteriores de la
Cámara de Representantes, quien afirmaba que no representa una
sustitución viable para la Ley Helms-Burton. Supongo que hay
declaraciones de los representantes de la Administración americana en el
sentido de defender lo bueno que es para los Estados
Unidos este acuerdo; yo creo que es bueno, pero está claro que cuando
ellos pretenden defender que no han cedido, lo que están intentando es
vender un acuerdo a un Congreso reticente que piensa de ese acuerdo lo
que les acabo de leer. Lo que es evidente es que la Administración
norteamericana va a tenerlo muy difícil ante su Congreso, y lo cierto es
que ha asumido compromisos que suponen de hecho la desarticulación
completa de la Ley Helms-Burton. Tanto es así que cuando intervine el
pasado lunes en el Consejo de Asuntos Generales de Luxemburgo para que se
admitiera a Cuba como observadora en las negociaciones del Convenio de
Lomè, uno de mis colegas señaló que en estos momentos no le parecía
oportuno insistir sobre el status de observador de Cuba. Decía --y ése es
un tema que creo que vamos a conseguir-- que no es oportuno insistir
ahora cuando los Estados Unidos han hecho un gran esfuerzo y han cedido
en todo para llegar a un acuerdo con la Unión Europea, y eso podría poner
todavía a la Administración Clinton en mayores dificultades en el
Congreso americano.
Permítanme que explique brevemente a SS. SS. por qué el acuerdo del 18 de
mayo constituye un avance muy positivo para los inversores españoles en
Cuba. En primer lugar, porque las inversiones anteriores al 18 de mayo
quedan libres de cualquier tipo de amenaza de sanción y, en segundo
lugar, porque las inversiones posteriores al 18 de mayo sólo estarán
sujetas a las medidas previstas, en ningún caso penalizadoras, si se
produce la explícita voluntad española de declarar ilegal una inversión
en bienes expropiados. Sin esta voluntad explícita del Gobierno español,
el mecanismo de las disciplinas no entra en funcionamiento. Eso es lo que
dicen los acuerdos. Todo lo demás son vanas palabras que no están en
ningún sitio escritas. Incluso, si se produjera en un caso determinado
esa voluntad explícita del Gobierno español de declarar ilegal una
expropiación, no estarían prohibidas tales inversiones ni sometidas a
sanción penal alguna; estas inversiones --insisto-- sólo estarían
sujetas, previa voluntad del Gobierno español de que tal expropiación se
considerara ilegal, a no obtener ayudas oficiales del Gobierno español.
Ese es todo el mecanismo pendiente que queda y necesita para ello la
voluntad del Gobierno español.
Señorías, ¿qué teníamos antes? Un sistema unilateral impuesto por Estados
Unidos, unas leyes norteamericanas reprobables, que todos hemos rechazado
y seguimos rechazando, y una situación de notoria inseguridad para
nuestros inversores, ya que los Estados Unidos habían logrado un efecto
disuasorio sobre las inversiones en ciertos países y muy en particular en
Cuba. Frente a ese sistema extraterritorial de sanciones, de notoria
inseguridad, ¿qué tenemos ahora? Un sistema seguro, predecible y un
mecanismo que exige la explícita voluntad del propio Gobierno español o
del de la Unión Europea de que se trate, según sea la nacionalidad de la
empresa en cuestión, para la aplicación de las disciplinas y en ningún
caso con penalizaciones y además con vocación multilateral. En suma,
tenemos ahora un marco seguro y un marco previsible para los inversores
españoles.
Se supone, de acuerdo con la intervención del interpelante, que ya que
ello no perjudica en modo alguno a nuestros inversores, el Gobierno
español tendría que haberse opuesto a este acuerdo. ¿Para qué? ¿Para
mantenernos en el anterior sistema en el que todos coincidimos que era
rechazable y que disuadía las inversiones en la isla, que en el último
año han bajado, como consecuencia, sin duda, de la existencia de la Ley
Helms-Burton por más que la habíamos rechazado? También se argumenta que
se tendría que haber quedado aislado el Gobierno español para no
entorpecer las relaciones con Cuba. Pues bien, de nuevo estamos ante la
situación contraria y es lamentable que
S. S. al menos no haya tenido la prudencia de informarse al respecto.
Yo quiero leerles el párrafo principal de la declaración oficial del
ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, señor Robaina, el pasado día 7,
domingo, hace sólo tres días. Entrecomillo: Aunque todavía no tenemos una
información oficial sobre la interpretación que hacen el Consejo de la
Unión Europea y los diferentes países miembros sobre dicho acuerdo,
confiamos en que tal y como se ha dicho en diferentes foros y han
declarado algunos ministros --confiamos--, los países europeos mantendrán
su rechazo a la extraterritorialidad e injerencismo de la Ley
Helms-Burton, que honrarán los acuerdos suscritos para la promoción de
inversiones en Cuba y harán todo lo necesario para proteger a sus hombres
de negocio en el ejercicio del libre comercio e inversión, que constituye
un concepto codificado en la práctica política y el Derecho mercantil
europeo. El señor Robaina me llamo para decirme: Le mando esta
declaración a su fax particular para que, en todo caso, disponga usted de
ella, señor ministro. Como ven, Cuba ha adoptado una postura de
confianza. Evidentemente comprenden que se ha producido un cambio
positivo. Y está claro, señorías, a mi juicio, que el Gobierno de Cuba ha
entendido el juego y no sería razonable, en estas condiciones, que el
Gobierno español, que el Parlamento fuera mas papista que el Papa, como
pretenden algunos.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor ministro, le ruego
concluya, por favor.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Voy terminando,
señor presidente.
Brevemente me referiré al diálogo con Cuba que preocupa a S. S. Estos día
he tenido ocasión de hablar en múltiples ocasiones con el canciller
Robaina. Hemos hablado sobre la admisión de Cuba como observadora en el
proceso de Lomé. Cuba agradece la
ayuda que España le está brindando frente a actitudes más reticentes de
algunos socios, en su esfuerzo por integrarse en los mecanismos de
interés regional. Dentro de pocos días el ministro español de Industria
viajará oficialmente a Cuba y la próxima semana tendrá lugar la Comisión
Mixta Hispano-Cubana de Cooperación. Está en preparación un amplio
programa de contactos y prospección de futuras inversiones españolas en
Cuba. Yo mismo tengo previsto viajar a Cuba el próximo otoño y dentro de
la complejidad que tienen las relaciones con un país como Cuba los
contactos son frecuentes y las relaciones normales y cordiales.
Señorías, no es la política de aislamiento y enfrentamiento con todos sus
socios y aliados, como S. S. propugnaba, la que conviene a un país serio
y respetado como es España, especialmente si se basa en interpretaciones
precipitadas, sesgadas, erróneas desde la raíz, que a nada conducen
salvo, quizá, a dinamizar la política exterior y de seguridad común, a
perjudicar los intereses europeos y españoles y a dificultar la
normalización de las relaciones con Cuba. Este Gobierno no dudará, como
no dudó en su momento, en oponerse por primera vez, porque antes y desde
el mes de marzo de 1996 estaba en vigor la Ley Helms-Burton, en vetar
cualquier acuerdo o cualquier tratado que afecte negativamente a los
intereses nacionales. Ya ha demostrado que no dudará en hacerlo. En esa
misma negociación a la que S. S. se refiere, que fue con luz y
taquígrafos y que duró varios días, España en todo momento mantuvo una
actitud firme y consiguió en la fase de negociación, muy en especial en
el Coreper del día 17, tres ventajas esenciales para sus intereses.
Primero, que no se comprometiese a la Unión Europea en la side letter, en
la carta adjunta que suponía un reconocimiento de la ilegitimidad de
determinadas expropiaciones en Cuba. Finalmente esa carta en cuestión que
requerían los americanos fue firmada exclusivamente por Sir Leon Brittan
en nombre de la Comisión y se suprimió cualquier referencia a la Unión
Europea o a sus Estados miembros. Ese es un tema que preocupaba a algunas
de SS. SS., en particular al señor Guardans en la intervención de la
Comisión de hace unos días. Segundo, inclusión de Libia en el ámbito de
aplicación de los principios. Tercero, España solicitó y obtuvo un
compromiso de solidaridad de los Quince miembros de la Unión Europea que
supone una verdadera cláusula-guillotina y que se instrumentó en la
declaración unilateral de los Quince, adoptada unánimemente y que
incluye: a) La garantía de que todos los Estados miembros cesarán
automáticamente en la aplicación del acuerdo, si los Estados miembros
aplican sanciones o no otorgan las dispensas necesarias y comprometidas
en los títulos III y IV. b) La declaración por parte de la Unión Europea
de no renunciar a la no admisión de principios tales como retroactividad,
extraterritorialidad y el rechazo de los embargos secundarios, es decir,
por si quedaba alguna duda de nuestro rechazo a la Ley Helms-Burton.
El señor PRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor ministro, debe concluir S.
S., por favor.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Termino, señor
presidente.
Esta declaración constituye una pieza fundamental del acuerdo y fue
conseguida gracias a la dura argumentación que España realizó en la
citada sesión. Tengo que decir a este respecto que yo recibí en esos días
tres llamadas de la señora Albright pidiendo que España dulcificara su
posición, porque era precisamente la que no podía aceptar un acuerdo que
no dejara muy claros esos extremos.
Señoría, y termino, no es éste el caso del aislamiento, todo lo
contrario. España ha aceptado este acuerdo, como los catorce restantes
miembros, porque se trata de un acuerdo beneficioso para Europa y para
España, y muy positivo, por supuesto, para nuestras inversiones en Cuba,
en Libia e Irán. En suma, un buen acuerdo, el mejor posible, como los
propios cubanos parecen reconocer con su postura de moderación y
confianza.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera):
Muchas gracias, señor ministro.
Señor Caldera, tiene la palabra.
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, lamento el alcance de su respuesta. La misma hubiera
tenido ciertos tonos de credibilidad si usted, su Gobierno, hubiera
hecho, como le he leído aquí, lo propio de Francia o Bélgica, es decir,
inmediatamente celebrado el acuerdo el 18 de mayo, y ratificado en el
Consejo de Asuntos Generales del día 25, desvincularse del mismo y
reprobar de forma clara y terminante la extraterritorialidad de ese
monumento antijurídico e intervencionista que es la Ley Helms Burton.
Fíjese, su Gobierno, usted, señor ministro, ha venido aquí traído,
impelido, por otros grupos parlamentarios, en la Comisión Mixta de la
Unión Europea porque lo pidieron Convergència i Unió y el Grupo
Parlamentario Socialista, y hoy aquí porque lo pide el Grupo
Parlamentario Socialista. En otras ocasiones buena maña se dan para
comparecer inmediatamente cuando les conviene. Es decir, que aquí hay un
pecado original que ustedes tienen y han pretendido ocultarlo, al igual
que han hecho otros países, con el contenido de este acuerdo. No me
extraña.
Su Gobierno --se lo dije antes--, el señor Aznar, aceptó, nada más llegar
en mayo de 1996, los principios de la Ley Helms-Burton, y su grupo
parlamentario
--y supongo que no me desmentirá porque tengo aquí la publicación oficial
de esta Cámara--, el 10 de junio del año 1996, presentó una proposición
no de ley que, en su punto 4 pedía al Gobierno que protegiera los
intereses e inversiones españoles y que defendiera el Derecho
internacional y la libertad de comercio --fíjese lo que decía su grupo--
en cuanto pudiesen ser menoscabados por la aplicación de la Ley
Helms-Burton. Sólo cuando Convergència i Unió le obligó a aceptar una
enmienda, que pedía que se opusiera terminantemente en los foros y
organismos europeos e internacionales competentes a la aplicación de esta
Ley, fue cuando quedó consagrado en el acuerdo parlamentario. Es decir,
ni su Gobierno ni su grupo han sido beligerantes por anteponer una
posición fanática en lo ideológico a una norma repudiada por la comunidad
internacional de forma unánime, menos el Gobierno de España.
Señor ministro, me ha llamado usted ignorante. Permítame que reclame de
la Presidencia que, a partir de ahora, puedan celebrarse debates en esta
Cámara en inglés o en francés, porque no comprendo el alcance de sus
alusiones. Fíjese, lo ha hecho de forma imprudente porque ha dicho que yo
no he entendido nada del acuerdo. Le voy a citar brevísimamente dos
intervenciones de muy dignos representantes de otros grupos políticos en
la Comisión Mixta para la Unión Europea celebrada la semana pasada.
Convergència i Unió, señor Guardans: «Estamos ante una decisión gravísima
y tengo la impresión, señor ministro, de que alguien de su entorno ha
cometido un gravísimo error. Estamos ante una decisión adoptada por la
Comisión Europea, bendecida por el Consejo de Ministros de la Unión
Europea, del que forma parte España, y que afecta gravemente a la
política exterior española, que supone un viraje de 180 grados en la
misma respecto de Cuba y que causará, a partir de ya mismo, un gravísimo
perjuicio a todos y cada uno de los inversores actuales y potenciales en
la República de Cuba.»
El señor Gangoiti, en nombre del Grupo Parlamentario del PNV: «En segundo
lugar, el hecho de que la Unión Europea se haya sumado al planteamiento
americano significa, desde nuestro punto de vista, una pérdida de
soberanía de la propia Unión Europea.»
Y no estaba el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida porque a su
portavoz le fue imposible asistir a aquel debate, creo que por un viaje.
Hoy le escucharemos; espero que se sume a la misma posición que yo he
defendido.
Aquí, quien está aislado, quien está solo, quien mantiene un punto de
vista unilateral es su Gobierno. Eso sí, se permite llamarnos a todos los
demás ignorantes por no haber sabido entender el contenido del acuerdo.
Mire si lo entendió Francia y si lo entendió Bélgica, que se
desvincularon de su aplicación práctica y que declararon de forma expresa
su rechazo y repudio a los principios de esta Ley. Ustedes no lo han
hecho; sólo lo ha hecho hoy aquí cuando le ha sido reclamado por el resto
de los grupos parlamentarios.
Señor ministro, tengo en mis manos el comunicado del ministro de Asuntos
Exteriores cubano, pero a mí no es éste el comunicado que me condiciona.
Me condicionan los intereses de nuestra soberanía, de nuestra política
exterior y de los inversores españoles en Cuba. Pero, ¿qué dice el señor
Lobaina? Justamente que confía --y nos lo pide así a los parlamentos
nacionales-- en que rechacemos el contenido de este acuerdo. (El señor
ministro de Asuntos Exteriores, Matutes Juan, hace signos negativos.) Sí,
y le daremos la oportunidad de hacerlo la próxima semana. Es decir, que
se rechace la Ley Helms-Burton, en tanto en cuanto quedan vigentes
aspectos importantísimos de la misma mediante un acuerdo político. Hasta
ahora, ¿qué ocurría, señor ministro? Que, desde la posición de dignidad,
la Unión Europea, impulsada, hasta que ustedes llegaron al Gobierno, por
el anterior Gobierno socialista español, y esta Cámara, se protegieron
frente a un atentado inaceptable como es la Ley Helms-Burton y
establecieron legislaciones de carácter defensivo --retorsión, se conoce
en el Derecho internacional-- frente a las posibles sanciones que
establecieran los Estados Unidos. Hoy hay un acuerdo (eso sí se lo
reconozco, usted ha tenido la amabilidad de enviarme determinada
documentación esta misma mañana, proveniente de su Ministerio) que
--según usted interpreta; yo no lo hago así-- a partir de ahora exigirá
la comunión o la identidad entre Estados Unidos y los países de la Unión
Europea para determinar el alcance de cuáles son las expropiaciones
ilegalmente realizadas. ¿Cuáles son, señor ministro, si el Derecho
internacional y la Carta de deberes y derechos de las Naciones Unidas
reconocen a todo Estado --más si lo es en transición política-- el
derecho a poder nacionalizar y expropiar siempre que exista una
compensación que, antes, en el Derecho internacional público --según
dicen los servicios de su propio Ministerio--, era plena, rápida y
eficaz, y hoy sólo se pide que sea adecuada? En consecuencia, las
expropiaciones del régimen cubano se solucionan en acuerdos bilaterales
como el que hizo España, como el que hizo Canadá o como el que hizo
Francia, impidiendo o renunciando a cualquier reivindicación ante los
tribunales, tanto cubanos como internacionales, acerca de las mismas.
Pero su asesoría jurídica reconoce que con este acuerdo, lógicamente,
sólo respecto de estos casos concretos --es decir, los que protege la
norma española del año 1986-- España no podrá aceptar la calificación de
ilegales porque --como usted recordaba en su comparecencia ante la
Comisión Mixta-- España no puede ir contra sus propios actos. Pero, ¿qué
ocurrirá con los demás? ¿Qué ocurrirá con todas aquellas inversiones que
cualquier ciudadano europeo desee realizar en la vasta e importante
geografía cubana? Usted sabe que en
el año 1960, por ejemplo, en el ámbito de la propiedad agraria, casi un
50 por ciento estaba en manos de los Estados Unidos. ¿Cómo es posible,
entonces, preservar las inversiones?
Señor ministro, esto es un acuerdo negativo, es un acuerdo que,
efectivamente, determina que las inversiones, a partir de ahora, estarán
prohibidas. Pero es que, señor ministro, ¿cuándo lo estuvieron? Estaban
prohibidas porque así lo declaraba unilateralmente Estados Unidos. España
nunca aceptó ese régimen de prohibición ni esa ilegitimidad de nuestras
decisiones y de nuestros actos en el régimen de propiedad e inversiones
de ciudadanos españoles. En consecuencia, ese avance es nulo por
completo.
Señor ministro, acabo diciéndole que esta Cámara tiene que tomar una
decisión importante, y nosotros propondremos la próxima semana que así lo
haga. ¿Qué aplicamos, el reglamento comunitario, que ahora sí es una
legislación positiva, o el acuerdo que ustedes llaman político y que no
tiene efectos jurídicos? ¿En qué medida se pueden relacionar y qué
afección tienen este acuerdo y los convenios o tratados bilaterales
vigentes? Esto es lo que nos importa saber. ¿En qué medida este acuerdo
no supone, señor ministro, incorporar los contenidos de la Ley
Helms-Burton a la legislación comercial de la Unión Europea? Y no me dé
como único argumento de autoridad --y es muy respetable-- el dictamen de
un catedrático de la Jean Monnet, que es respetabilísimo en el campo del
análisis jurídico, pero aquí estamos hablando de política. ¿Por qué la
Unión Europea tiene que comprometerse con Estados Unidos para
salvaguardar sus expropiaciones? ¿Y por qué la Unión Europea no se ha
mantenido en la posición común del Consejo que aprobó en su día y
entorpece de este modo el diálogo con Cuba?
Por último, ¿por qué nosotros --y usted no habla nada de ello-- como país
miembro de la Unión Europea tenemos que vincularnos, para evitar un
contencioso en la Organización Mundial de Comercio, al registro que
establece Estados Unidos de propiedades expropiadas, que se convierte así
en un registro de carácter internacional, y al que deben acudir posibles
futuros inversores en Cuba?
Señor ministro, sólo hay un camino, que efectivamente no va a tener
problemas de orden jurídico --según ustedes el alcance del acuerdo sólo
es político--, que es la denuncia unilateral e inmediata del contenido de
los mismos. España no sólo puede hacerlo sino que debe hacerlo y debe, en
consecuencia, reparar este grave daño que a la gran mayoría de la Cámara,
salvo al Grupo Popular, nos parece que han cometido ustedes dejándose
colocar este acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea, consagrando
una legislación de carácter extraterritorial que debería ser expulsada
del ordenamiento jurídico.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera):
Gracias, señor Caldera.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Muy brevemente,
señor presidente.
Igual que cien indicios no constituyen una prueba, cien afirmaciones
vacuas o vacías no constituyen un argumento. Primero, todos los acuerdos
bilaterales o multilaterales firmados por España continúan plenamente en
vigor; segundo, continúa en vigor toda la legislación anti Ley
Helms-Burton en la medida en que no hubiera quedado desactivada, como de
hecho ha quedado, por el presente acuerdo político; tercero, no hay
ningún país entre los Quince más desvinculado que otro; el acuerdo tiene
exactamente el mismo valor político para los Quince, y hasta sorprenden
sus afirmaciones cargadas de tanto despropósito. Todas sus afirmaciones
son palabras vanas que no tienen ningún apoyo en los documentos firmados.
(La señora López i Chamosa pronuncia palabras que no se perciben.)
Efectivamente le he dicho que no tenía ni idea del acuerdo, y le he dicho
más, que no tiene ni idea del acuerdo porque persiste en su voluntad de
desconocerlo, a pesar de los ofrecimientos que yo mismo le he hecho
personalmente para darles toda la información y sacarles de su error. (La
señora López i Chamosa: Aparte de eso, ¿por qué no nos da argumentos?)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señora López Chamosa.
(Rumores.) Señora López i Chamosa, le llamo al orden.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Yo comprendo que
hay afirmaciones y razonamientos que no gustan, pero estamos en un
Parlamento y yo le ruego a S. S. que respete mi turno. (Rumores.)
Yo tengo que decir que el Gobierno ha tomado muy buena nota de la
voluntad y del deseo de S. S. de que el Gobierno denunciara este acuerdo.
Esto sería aislarse y desde luego el Gobierno no está sólo. Eso es lo que
S. S. desea y es lo que probablemente ocurriría si S. S. fuera el
ministro de Asuntos Exteriores. Mientras lo sea quien les habla, mientras
este Gobierno esté en funciones procurará seguir acompañado de la
compañía solidaria y estimulante de los demás catorce miembros de la
Unión Europea. Además, espera seguir contando con la confianza del
Gobierno cubano al respecto que es, en definitiva, lo que al parecer
preocupaba a SS. SS. y que una vez más ha quedado descolocado al
respecto.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera):
Muchas gracias, señor ministro.
¿Grupos que desean intervenir en el debate para fijar la posición?
(Pausa.)
Por el Grupo Mixto tiene la palabra, en primer lugar, el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: Muchas gracias, señor ministro del Gobierno en
funciones.
Tras escuchar atentamente su intervención, pensaba si en un parte médico
se indicara que ha llegado un accidentado con el cráneo roto y un dedo, y
dijera el médico: Estamos absolutamente satisfechos de su recuperación
porque parece que el dedo empieza a curarse. La verdad es que no entra en
los dos problemas políticos de fondo. El primer problema político es que
el Gobierno, en el marco de la Unión Europea --por escasez de tiempo no
voy a poder hacer muchas matizaciones, discúlpeme-- ha aceptado como
terreno de juego la política americana y la Ley Helms-Burton. Ese es el
terreno de juego, aunque sea para introducir alguna modificación. En
segundo lugar, la política, en este caso del Gobierno, no se puede ni se
debe desligar de la política permanente que, desde que llegó el señor
Aznar a ser su presidente, ha emprendido sobre Cuba. Cuba se ha
convertido en una suerte de parámetro de medidas de relaciones
internacionales bajo la bandera de los derechos humanos y de la
democracia que, lógicamente, compartimos, pero con una música y hasta con
una letra absolutamente distinta de la que se aplica para hablar de otros
muchos problemas existentes en el mundo, donde se invoca continuamente,
por ejemplo, el mandato de las Naciones Unidas, la prudencia o ciertos
equilibrios, que cuando se habla de Cuba el Gobierno en ningún momento ha
mantenido. Eso significa que la insistencia llevada a veces a niveles
enfermizos en algunas declaraciones de miembros del Gobierno o del
Partido Popular sobre Cuba, priva de legitimidad moral al Gobierno
español al enfrentarse a otros problemas de derechos humanos, de
democracia y de relaciones internacionales, siendo además absolutamente
evidente que el bloqueo no está contribuyendo a que avancen las
posiciones que a Estados Unidos y al Gobierno español también le
gustarían. Ese es el marco político del que, por más que le pese al señor
ministro, no puede desligarse.
Es cierto que se indica que en ese acuerdo se van a moderar los títulos
III y IV de la Ley Helms-Burton. Es cierto, como decía el señor ministro,
que el señor Helms ya ha clamado contra esto. La pregunta ahora es qué
seguridad puede aportar el propio presidente Clinton para que se cumplan
esos acuerdos. Además, el Gobierno español y la Unión Europea pueden
estar haciendo el ridículo ante una cesión que ni siquiera puede llegar a
tener un resultado práctico, desde el punto de vista de Estados Unidos.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Alcaraz, concluya por
favor.
El señor ALCARAZ RAMOS: Inmediatamente, señor presidente.
Por lo tanto, la crítica es evidente. Se admiten los principios de la
ilegal legislación de Estados Unidos; hay una cesión intolerable de
Estados Unidos que provoca una falta de credibilidad de la Unión Europea
y de España en el concierto internacional; es cierto que se invoca ese
estatuto de observador que pide España para Cuba, pero también hay que
relacionarlo con los vaivenes en torno a la posición común que también
habla del rechazo a la coerción. Los perjudicados: en definitiva el
pueblo cubano castigado por el bloqueo, que no se puede ni se debe
olvidar en este debate; el Derecho internacional y los intereses
españoles y europeos que, con independencia de cualquier otro argumento,
no podrá negar el señor ministro que estarían mejor protegidos con una
aplicación estricta del Derecho internacional admitido por casi todos los
Estados.
Esperaremos con atención la moción. Con mucha probabilidad la apoyaremos
en su integridad, pero ojalá se imponga un sentido de la dignidad y del
Estado de Derecho que impidan que esa moción llegue a debatirse porque el
Gobierno denuncie este acuerdo antes de la semana que viene. Muchas
gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Alcaraz.
En segundo lugar, también por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora
Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Muchas gracias, señor presidente.
Hemos escuchado con toda atención el debate que se ha planteado esta
tarde, como lo hicimos en el debate de la Comisión Mixta Unión Europea.
Sorprende que de unos textos haya interpretaciones --suele ocurrir-- tan
diversas y tan divergentes, tanto en el plano jurídico como en el plano
político. No vamos a pronunciarnos respecto a la moción, que la
conoceremos y decidiremos en su momento, pero sí queremos hacer una serie
de consideraciones.
En primer lugar, que de los cuatro títulos de la Ley Helms-Burton,
aparentemente el III y el IV son los más conflictivos. Pero no es menos
cierto que había una posición frontal por las dos razones lógicas y
claves. Una, por el procedimiento americano de conseguir la democracia en
cualquier país, procedimiento que no compartimos por absolutamente
coercitivo y muy grave para los ciudadanos de ese país para el que
pretenden conseguir la democracia. Y un procedimiento en el que la
posición común del 2 de diciembre de 1996 de la Unión Europea dejó claro
que no era la posición europea. En ese sentido desde luego no compartimos
el espíritu de la Ley Helms-Burton y tampoco la aplicación
extraterritorial de una legislación de un Estado a ciudadanos de otros
Estados. Sí hemos de decir que en ese acuerdo político la Unión Europea,
como decía el señor ministro, no tiene personalidad jurídica,
pero no podemos dejar de ver que tendrá unos defectos jurídicos
importantes, aunque no quizá en este momento, pero ciertamente hemos
entrado en la dinámica y dialéctica americana. Es decir, una tendencia a
considerar hasta qué punto no hemos abdicado --por mucho que se diga en
la declaración unilateral, que por cierto, no aparece en el texto del
acuerdo--, aunque sea implícitamente, en la consideración de que ese
procedimiento no es un procedimiento europeo, ni para Cuba ni para ningún
país del mundo, al menos desde nuestro punto de vista. Y en segundo
lugar, hasta qué punto no admitimos un principio o se inicia la admisión,
de manera internacional, de un principio en el que se podría considerar,
en cierta manera o con ciertas condiciones, esa aplicación
extraterritorial de unas leyes frente a ciudadanos de otros países. Eso
realmente creo que sí es preocupante, aunque sólo lo admitamos a efectos
políticos.
Pero también puede haber cuestiones prácticas, jurídicas, de una cierta
inseguridad. Se habla --y lo comentaba también el señor Matutes-- de ese
dictamen jurídico respecto a las inversiones realizadas con anterioridad
al 18 de mayo, y que en el futuro solamente aquellas que pudieran ser
ilegales, desde el punto de vista común de todo el mundo, tendrían que
producir efectos negativos. Pero ciertamente habrá muchas dificultades en
cuanto a no ofrecer determinados servicios que todos los Estados deben
ofrecer a sus empresas o a los ciudadanos, sea donde sea donde vayan a
invertir o vayan a hacer sus actividades. Creo que eso sí podrá
producirnos unos perjuicios que tendremos que tener en consideración.
¿Pero qué va a pasar en el caso de que no se produzcan esas
autorizaciones del Congreso americano? O, ¿qué va a ocurrir en el caso de
que no se cumplan determinados acuerdos? ¿Podrán decirnos en algún
momento determinado que al haber admitido determinadas cuestiones de la
Ley Helms-Burton estamos actuando en contra de lo que dijimos en su
momento y no nos quedarán opciones para poder recurrir a los páneles o a
otra serie de instituciones, a la OMC, etcétera? Creemos que hay muchos
aspectos que deben ser estudiados y que no todo es tan simple como el sí
o el no, el blanco o el negro. Ciertamente nos produce muchísima
preocupación este tema. Creemos que cuando menos en el marco de los
principios y del espíritu sí podemos decir que la Unión Europea se ha
plegado a lo que son los aspectos o a lo que es la filosofía del Congreso
americano, y en ese sentido no podemos estar de acuerdo.
Respecto a los aspectos...
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señora Lasagabaster, concluya,
por favor.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Concluyo, señor presidente.
En cuanto a los aspectos prácticos, creemos que hay muchas más cuestiones
que tendrán muchas repercusiones jurídicas, pero sobre todo nos preocupa
la inseguridad que en el futuro pueda producirse para las empresas que de
manera cualitativa y cuantitativa están invirtiendo en Cuba.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Lasagabaster.
También por el Grupo Mixto, y finalmente, tiene la palabra el señor
Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor presidente.
Como la intervención gubernativa, a pesar de su tartufismo, no pudo velar
el descaro de su orientación y dependencia, me va a permitir, señor
presidente, que use palabras del presidente Fidel Castro para referirme
al acuerdo de mayo de 1998 entre los Estados Unidos y la Unión Europea.
Primero, confuso; segundo, contradictorio; y tercero, amenazador. Y lo
voy a explicar sin la elocuencia, por supuesto, y sin la extensión del
presidente de Cuba.
Confuso, porque es una interpretación pretendidamente legalista que
convalida en la práctica la mayor violación de principios básicos del
Derecho internacional. Por tanto, maniobra confusionista. Contradictorio,
porque en nombre del acuerdo y del diálogo legitima sanciones,
vigilancias e intromisiones intolerables para cualquier país soberano sin
contar con él para nada. Y tercero, amenazador, porque persigue intimidar
a los inversores en Cuba y dar cobertura jurídica, mundialmente aceptada,
a demandas contra decisiones legítimas y legales del Gobierno cubano.
Sin duda alguna, señor ministro, hacen tragable por vía diplomática
multilateral lo que no era aplicable a la brava y unilateralmente. Y por
muchas sesiones que haga Estados Unidos, hay dos cosas claras: las
disciplinas desalientan inversiones extranjeras, y el registro
internacional de expropiaciones mucho más. Formalizar procesos de
reclamaciones ayuda a aumentar la vigilancia sobre los inversores por
parte de Estados Unidos y sobre los proyectos que se puedan realizar en
Cuba. En definitiva, convierte a tres Estados del mundo en conejos de
indias para aplicar previamente un orden internacional que se contempla
en el AMI. En nombre del Bloque Nacionalista Galego, señor ministro,
desde el horror y contra la hipocresía y también con total descaro,
recomiendo a los gobiernos de la Unión Europea y al nuestro en particular
que establezcan la forma más rápida de acabar con el terrorismo brutal
del Estado argelino contra su pueblo y dejen en paz al pueblo cubano y a
su régimen, al pueblo de Libia e incluso a su régimen y al pueblo de Irán
e incluso a su régimen. Con total descaro.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Rodríguez.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor
Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBO: Señor ministro, señor presidente, esta
interpelación plantea dos cuestiones, y hay una previa a la que me
querría referir. Cuando el Consejo de Ministro de la Unión Europea aprobó
lo que hoy estamos discutiendo, la única legitimidad democrática de que
disponía es la que le da esta Cámara y otras catorce cámaras como ésta,
señor ministro. Quince ministros de la Unión Europea asesorados si fuera
posible por miles de asesores diplomáticos, catedráticos de universidad,
no tienen ni una micra de legitimidad democrática sin los quince
parlamentos de los Estados miembros de los que procede su poder.
Le pido, señor ministro, que ni una sola vez más en esta Cámara
desautorice la facultad de este Parlamento de controlarle a usted como
una quinceava parte del Consejo de Ministros de la Unión Europea. Todos
nos llenamos la boca hablando de legitimidad democrática de la Unión, de
transparencia de la Unión Europea. Estamos hablando aquí de un acuerdo
negociado a espaldas de la opinión pública y de cualquier Parlamento,
incluyendo el Parlamento Europeo, hecho público antes de que fuera
aprobado por ningún órgano, en una conferencia de prensa para ir a una
política de hechos consumados. Hecho público por el señor Santer, por el
presidente del los Estados Unidos y por el señor Blair como presidente de
turno, sin que quedara clara ninguna base jurídica para ese documento, y
aprobado siete días más tarde sin que hubiera pasado por ni una sola
Cámara, sin que la opinión pública de toda Europa supiera nada de lo que
estaba ocurriendo ahí, sin que se entregara a nadie el texto de lo que se
está aquí resolviendo aprobado por el Consejo de Ministros de la Unión.
Hablaremos del fondo; voy a intentar hablar del fondo de ese texto, señor
ministro. Le niego, y lo digo con tanto respeto como firmeza, señor
ministro, el derecho a negarnos a nosotros, diputados democráticamente
elegidos y en los que se basa la legitimidad democrática de usted y de
cada uno de esos catorce colegas, la facultad de controlar la decisión
del Consejo de Ministros. No nos diga más, por favor, no nos diga más el
argumento --lo utilizó en la Mixta y lo pasé por alto, hoy no se debía
hacer aquí-- de cómo se nos ocurre impugnar una decisión de quince
ministros con sus asesores. Lo impugnamos. Con razón o sin ella, pero lo
impugnamos porque este Parlamento es el único que da a ese Consejo de
Ministros el ápice de democracia que le queda a la Unión Europea. (Un
señor diputado: ¡Muy bien!)
Dicho esto, vamos a entrar en el fondo, señor ministro. Ya desgrané en la
Comisión Mixta y en la comparecencia el contenido del acuerdo. Usted
niega que el acuerdo diga lo que yo entiendo que dice. Tradúzcalo, páselo
a la opinión pública, hágalo llegar, que la gente opine; pero vamos a ir
un poco al contenido. Es un texto de naturaleza profundamente complicada.
Lo hemos leído, señor ministro. Por favor, no nos desprecie; discuta, y
si discutimos yo estoy muy dispuesto a ceder. No voy a hacer un concurso
de inglés con usted, señor ministro, pero modestamente no me niegue mis
conocimientos de inglés. Perdone que lo personalice de esta manera. No
nos llame ignorantes, señor ministro, a mí ni a ningún portavoz en esta
Cámara. No descalifique las impresiones o las opiniones políticas que
tengamos sobre ese texto; niéguelas, está en su derecho. Defienda lo que
ha aprobado, pero no descalifique a este portavoz ni a ningún otro por
creer que no ha entendido aquello de lo que está hablando; sabemos muy
bien de lo que estamos hablando, señor ministro, otra cosa es que
tengamos razón. Hemos estudiado, hemos trabajado y hemos hecho los
deberes antes de venir. Respétenos la discrepancia, señor ministro, y a
partir de ahí impúgnela y haga su descalificación de los argumentos
presentando unos argumentos distintos.
No es un problema de saber inglés, señor ministro, aunque es cierto que
efectivamente si ese texto lo tuviéramos en castellano no sólo quienes
algo de inglés sabemos lo podríamos conocer, sino que las otras personas
que están aquí --y alguna de ellas quizá no sabe inglés-- también podrían
haber accedido a ello.
Resumo muy brevemente el contenido del texto, señor ministro. Un registro
de bienes expropiados, una declaración obligatoria para inscribir en ese
registro aquellas expropiaciones que son ilegales. Una ilegalidad de
expropiaciones realizadas en Cuba que no queda claro en manos de quién
está. Usted entiende que queda en manos de las dos partes, Unión Europea
y Estados Unidos, yo entiendo que no. En todo caso en el documento no
está claro o permítame que opine que no está claro, déjelo así por lo
menos, en ese nivel más bajo; permítame que opine que no está claro, que
no queda nada claro en ese documento quién debe decidir, cuándo y cómo
una expropiación es ilegal y en caso de que esas expropiaciones sean
ilegales y estén inscritas en el registro, una muerte civil de las
empresas, una negación de toda asistencia por parte del Estado, por parte
del Ministerio de Asuntos Exteriores, por parte del seguro de crédito a
la exportación, por parte de la embajada en Cuba, etcétera. Eso es lo que
está ahí, con el asunto de que se dice: ya veremos cuándo es ilegal esa
expropiación.
¿A quién se aplicará ese texto, señor ministro? ¿Cuándo y cómo? ¿Es eso
un cambio de política? ¿Es o no es inseguridad jurídica? Usted tiene una
opinión y es muy cualificada. Nosotros, al menos hasta hoy, y a la espera
de sus argumentos, creemos que no.
Usted hace una lectura de ese texto, una lectura que respeto
profundamente y sé que está hecha desde la buena fe, desde el sentido de
responsabilidad como
ministro del Reino de España, y por tanto le presupongo, como no puede
ser de otra manera, la consciencia de que está usted defendiendo los
mejores intereses; pero permítanos que haya otras lecturas. Este portavoz
y otros muchos inversores hacen de ese mismo texto, que sí conocemos y
que sí hemos leído, señor ministro, que sabemos leer y hacemos una
lectura distinta. ¿Equivocada? quizá, no hay dogmas, puede que estemos
todos equivocados. Convénzanos.
La lectura que hacemos nosotros es la misma que hacen un montón de
inversores. Es la misma, señor ministro, que hace el señor Helms. Ha
citado usted al señor Helms, no pensaba citarlo, pero me voy a permitir
hacerlo antes de otras citas. Después de trece años de negociaciones
--dice el señor Helms-- los europeos han finalmente reconocido que
tomaron control de propiedades en Cuba que no les pertenecían, que han
usado en su provecho propiedades americanas robadas, que continuarán
traficando en propiedades robadas que confiscó Castro y que se reservan
el derecho de continuar haciendo nuevas inversiones en propiedades
americanas robadas en Cuba mientras estas inversiones no reciban apoyo
gubernamental. Para mí aceptar este acuerdo ofrecido por la Unión Europea
sería permitir el robo y la deshonestidad. ¿Por qué dice el señor Helms
que no le gusta este acuerdo? Porque se sigue permitiendo el robo y la
deshonestidad, efectivamente, porque no se han prohibido las inversiones
y porque quedan aceptadas las anteriores al 18 de mayo.
Le decía que yo doy una determinada lectura a este acuerdo que no es la
suya y por casualidades de la vida la lectura que yo le doy es la misma
que le da la otra parte que lo firmó. Día 3 de junio de 1998, Internet
tiene entre otras la maravilla de permitirnos acceder aquí al Diario de
Sesiones de allí, fíjese usted qué ventaja, comparecencia de la parte
americana que negoció este acuerdo ante la Cámara de Representantes de
los Estados Unidos para explicar su versión de lo que había firmado y
justificarlo así ante los miembros de la Cámara: dice el señor Eizenstat
(y todo lo que voy a decir a partir de ahora, consten o no comillas en el
«Diario de Sesiones», son citas del Diario de Sesiones de la Cámara de
Representantes de los Estados Unidos), con pleno apoyo del Congreso, la
Administración ha hecho un esfuerzo enorme para traer otras naciones en
apoyo de los objetivos de la Ley libertad, la Ley Helms-Burton. Yo he
sido un gran defensor de la Ley libertad contra todos los críticos
interiores y exteriores, en los Estados Unidos y en todo el mundo, desde
Méjico y América Central y por toda Europa. Sigo citando de otro párrafo:
Los europeos --dice el señor ministro, el señor Brittan por su cuenta--
ahora reconocen por escrito que uno de los instrumentos principales del
régimen utilizado por el señor Castro en sus expropiaciones masivas de
ciudadanos norteamericanos aparece como contrario al derecho
internacional. Lo han reconocido los europeos, entienden en Estados
Unidos y entiende modestamente este portavoz, con error o sin él.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Vaya resumiendo, pro favor,
señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBO: Voy terminando, señor presidente.
Basados en esta conclusión, los europeos afirman que es razonable asumir
que las disciplinas --es decir, este texto-- se aplicarán a algunas
expropiaciones de ciudadanos americanos. Tomado --sigo citando-- en su
literalidad, este acuerdo --estas disciplinas le llaman-- efectivamente
frenará cualquier inversión en propiedades confiscadas y de hecho
desanimará cualquier inversión en Cuba en general, acentuando el mayor
riesgo en tales inversiones en distintas vías. Primero, acentúan el
récord escandaloso de Cuba de expropiaciones ilegales. Segundo, sacan a
la luz pública a potenciales inversores el riesgo serio que cualquier
inversión en Cuba podría tener si incluye propiedades expropiadas.
Tercero, proclaman que los Estados Unidos y la Unión Europea desaprueban
absolutamente cualquier inversión en Cuba y en propiedades expropiadas.
Cuarto, proclaman que a partir de hoy cualquier inversor que tenga
relación con propiedades expropiadas no puede esperar ayuda ni asistencia
de sus gobiernos y estará completamente desnudo y en un entorno inseguro
y peligroso. Son estos factores, su predecible impacto en las inversiones
en Cuba y su significación política más amplia desde el punto de vista
europeo, respecto de la política europea hacia Cuba, la que ha enfuriado
a Fidel Castro. Fidel Castro ha entendido perfectamente que este acuerdo
es en efecto apoyo multilateral de los principios básicos de la Ley
Helms-Burton. Aprecia perfectamente que un compromiso multilateral para
aplicar este acuerdo le dará un efecto más profundo que la acción
unilateral por parte norteamericana. Es por esta razón por la que
suponemos que hará todo lo posible por impedir este acuerdo.
Podría seguir, señor ministro. Usted entiende que esto no es cierto.
Usted considera que todo lo que yo acabo de leer y lo que dijo la parte
norteamericana en la Cámara de Representantes es mentira, que les han
engañado, que les intentan hacer aprobar algo que no es así. Señor
ministro, nos vamos a fiar de usted, no nos queda más remedio que fiarnos
de usted.
Con esto termino. Espero que tenga usted razón, espero que esto sea
mentira, espero que todo esto sea falso, espero estar profundamente
equivocado, señor ministro, me alegrará profundamente no tener la más
mínima razón en todo lo que acabo de citar; permítame haberlo citado, no
son opiniones abstrusas, no es mera propaganda. Queremos creerle,
queremos que usted tenga razón. El tiempo nos dirá si usted tiene razón
o si la tenían los norteamericanos que redactaron este texto. Este
Parlamento y este grupo político en particular impedirán que esta
interpretación sea la válida, señor ministro, pondrá todo su empeño en
impedir que ésta sea la interpretación válida y esperará con gusto que
sea la suya la que prevalezca y que sea realmente la que la Unión Europea
consiga hacer prevalecer. Suspendamos el juicio a ver cuál de las dos
partes tiene razón. No es muy bueno que un contrato cada parte lo
interprete de forma radicalmente contraria, pero no nos queda más
remedio; vamos a suponer que es su Gobierno y los otros catorce de los
quince quienes tienen razón. Este grupo político, insisto, hará todo lo
posible porque así sea, impedirá por todos los medios --sus modestos
votos en esta Cámara-- que este texto se incorpore al acuerdo
multilateral de inversiones; queremos contar con su ayuda para eso, y
esperamos estar en su momento del mismo lado.
Muchas gracias, señor ministro.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Guardans.
Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Navas.
El señor NAVAS AMORES: Gracias, señor presidente.
Con su venia y con la venia del señor ministro también, porque creo que
ya se va reiterando en exceso un principio que el ministro de Exteriores
lleva implantando a lo largo de su mandato, y es que difícilmente podemos
entrar en contradicciones con él porque sus calificativos llevan siempre
aparejada la desacreditación en lo personal, en lo técnico y poco menos
que deslegitima incluso el poder que tenemos para poder representar las
ideas o a los ciudadanos que nos han votado. Yo no sé si al final también
tengo que pedir disculpas por no pertenecer a ese grupo de técnicos de
los quince países de la Unión Europea que son los que con todo su
conocimiento profundo del acervo comunitario y del Derecho internacional
han conseguido un acuerdo que para nosotros es una bicoca.
No le pienso pedir disculpas por todo esto, y además sería exigir, como
han hecho otros portavoces, que respete de una vez por todas a los
distintos portavoces, a lo que representan, y desde luego al foro en el
que nos encontramos, puesto que a mí por lo menos me dijeron siempre que
era el foro donde estaba la soberanía popular. Esta es una introducción
obligatoria, porque me refiero que ya se está produciendo en demasiadas
ocasiones y, desde luego, no sé lo que usted pretende con esa estrategia.
Creo que gana muy poco. Un Ministerio de Asuntos Exteriores del que se
supone que una de las características es la diplomacia, más bien parece
el ministro de la taberna. (Rumores.) Manteniendo respeto por su figura,
sólo le pido ayuda para que al menos lo poco que me queda lo mantenga.
Ha hecho referencia a unas declaraciones públicas del señor Robaina,
ministro de Exteriores cubano, argumentando, según su criterio, su apoyo
o su comprensión al acuerdo que se había firmado por la Unión Europea. Yo
no sé de ese párrafo cómo usted. En el contexto global llego a la
conclusión de que es normal que estemos todos tan distantes de usted, si
de tal párrafo llega a esa conclusión. Un párrafo que acaba de leer
usted, que dice: no tenemos una información oficial como Gobierno cubano
sobre el acuerdo alcanzado; eso sí, suponemos que mantendrá su rechazo a
la extraterritorialidad y a la injerencia de la Ley Helms-Burton honrará
los acuerdos suscritos, protegerán sus hombres, sus negocios, etcétera.
Esta es una declaración de intenciones de que al menos el Gobierno cubano
espera que lo que se haya firmado no tenga consecuencias en todos esos
ámbitos; de ahí a sacar esas conclusiones, desde luego me parece
demasiado pretencioso.
Subrayo también su insistencia en quedarse exclusivamente sólo en la
interpretación que usted hace. Me sumo al resto de portavoces que aquí
han estado expresando la opinión de los distintos grupos en la crítica al
contenido de ese acuerdo, y desde luego en que está muy alejado,
totalmente alejado de lo que era el criterio anterior de la Unión Europea
y el criterio mayoritario de esta Cámara.
La primera reflexión que le quiero plantear en este acuerdo es sobre los
antecedentes, antecedentes que hacen referencia al oscurantismo,
entendiendo que la configuración democrática de la acción exterior debe
partir de una premisa fundamental, y es la negación de ser un ámbito
exento a los controles parlamentarios, entregado a la prerrogativa del
Gobierno. No hay razón que justifique la impermeabilidad de la acción
exterior del Estado; su democratización tampoco implica la sustitución
del Gobierno por las Cámaras legislativas.
Nuestro modelo se confronta con el de la otra parte contratante del
acuerdo, donde el Parlamento dicta al Ejecutivo las líneas de la política
exterior, con una visión claramente nacionalista y unilateral del mundo
que se pretende imponer a los demás. El presidente norteamericano ha
firmado un acuerdo del que no puede garantizar no sólo su cumplimiento,
que eso ya se verá, sino en algo todavía mucho más simple como es que su
texto sea aprobado por quien dispone realmente de las competencias para
decidir sobre esas cuestiones, que es el Congreso norteamericano.
Esta negociación la debería haber realizado la Unión Europea con el señor
Helms, por ejemplo, porque depende de su grupo político la certificación
del acuerdo. La voluntad de los gobiernos de la Unión Europea tenía como
interlocutor a una Administración parcialmente legitimada para tomar esos
acuerdos. Este no es un acuerdo que tenga como objetivo final la
abolición de esta ley, tal como viene defendiendo la posición
común de la Unión Europea. Supone la aceptación de sus principios, de su
filosofía, de la nula legitimidad para que un país pueda violar el
Derecho internacional, aunque se llame ese país Estados Unidos de
Norteamérica.
No aceptamos la afirmación del Ministro de Asuntos Exteriores español de
que la situación a partir de ahora es mucho mejor. Para nosotros es la
aceptación de un mal menor y abandonar la estrategia de rechazo frontal a
la Ley Helms-Burton. Este atajo no nos sirve porque supone también una
total indiferencia con la suerte que corran el resto de los países que
comercian con Cuba. Hemos abierto un paraguas pequeño, con goteras, para
protegernos parcialmente contra el imperialismo norteamericano,
imperialismo sobre el que digo que va a haber que rescatar ya la
terminología del pasado, porque nuestro diccionario define claramente el
imperialismo como la actitud de un Estado partidario de extender su
dominio de un país sobre otro u otros por medio de la fuerza o por
influjos económicos y políticos abusivos. Parece que el redactor del
diccionario de la lengua había leído la Ley Helms-Burton.
Por tanto, mal referente político y económico será la Unión Europea para
la comunidad internacional si no logra representar los objetivos de paz,
desarrollo, cooperación, democracia, derechos humanos y respeto al
Derecho internacional. Las grietas de nuestra pretendida acción exterior
común nos hacen naufragar cada vez que la sacamos del dique seco en que
se encuentra habitualmente. La actitud que consideramos coherente de la
Unión Europea respecto a la vulneración unilateral del Derecho
internacional que supone la Ley Helms-Burton, es plantear reclamaciones
por vías bilaterales o multilaterales, como por ejemplo se podía hacer
con la Organización Mundial de Comercio, y la adopción de leyes para no
dejarse avasallar en la idea de resarcir de los perjuicios sufridos por
estas medidas especialmente disuasorias cuando se trata de empresas
filiales o participadas por sociedades registradas en Estados Unidos que
trabajan con sus patentes, con sus licencias, que dependen de la
importación de sus bienes de equipo o que cuentan necesariamente con el
mercado norteamericano para sobrevivir.
El 12 de mayo de 1996 el presidente Clinton firmó está ley compatible con
las normas de Derecho internacional. El 18 de mayo de 1998 la Unión
Europea hace posible que esta medida unilateral e ilegal sea vinculante
para todos sus Estados miembros en los términos acordados, que son la
parte troncal fundamental de la referida ley. Se vende como un fruto de
la negociación la no aplicación permanente del Título III, cuando el
presidente de Estados Unidos ha ejercido la facultad que la ley le
reconoce de suspender la aplicación de este título por períodos
semestrales; lo que no se puede discutir es la plena vigencia de este
título.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor, Navas, le ruego
concluya.
El señor NAVAS AMORES: Ya termino, señor presidente.
El acuerdo --en esto sí que difícilmente podríamos entrar en
discrepancia-- es parte de la política exterior norteamericana. El
representante de la Unión Europea es el Comisario de Comercio;
contradicciones evidentes. Es una ley para promocionar la democracia en
Cuba. En Estados Unidos no paran de repetirlo. No se puede hacer una
coacción exterior para promocionar la democracia en Cuba; ése es el
acervo del discurso comunitario, totalmente contradictorio con lo
anterior. Antes los países de la Unión Europea podían sancionar a sus
ciudadanos si acataban la Ley Helms-Burton; ahora los países de la Unión
Europea sancionarán a sus ciudadanos por incumplir la Ley Helms-Burton.
Desde luego, situaciones totalmente rocambolescas.
Por último quiero hacer una reflexión de la relación entre Derecho y
poder, que para mí es innegable. Hay quien llega incluso a confundirlos,
lo que sin duda supone un fuerte desmerecimiento para el Derecho. A
medida que aumenta el poder de un Estado también lo hace su capacidad
para tutelar sus intereses, influir en las políticas acerca de los
contenidos y revisión de las normas, además de presentar adecuadamente
sus comportamientos, incluso como el ángel protector de los intereses
generales. Se ha dicho que un orden internacional no puede basarse sólo
en el poder porque los ciudadanos se revolverán contra él. Esta
observación ya ha sido corregida por los países poderosos consiguiendo
emboscar su poder en el Derecho, es decir para buscar un imperio con el
Derecho. La aplicación de todo o parte de la Ley Helms-Burton supone la
puesta en práctica de la tentación hegemónica de los grandes a la
soberanía limitada de los demás, es la activación de una política cuyo
fin es la imposición de nuevas limitaciones a la soberanía de los demás.
Se trata de justificar la invasión natural de las competencias ajenas y
de criminalizar decisiones soberanas.
Deje de estar en la actitud del señor erre que erre, y por favor deje de
ver a su criatura --a este acuerdo-- como único recluta que lleva el paso
cambiado y los otros 199 lo llevan uniforme. Entienda que todos estos
portavoces, que hasta ahora han reflexionado sobre sus opiniones, son la
voluntad mayoritaria no sólo de esta Cámara sino de los ciudadanos de
España.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Navas. (El
señor Martínez Casañ pide la palabra.)
El señor Martínez Casañ no había pedido la palabra. Está en su derecho de
pedirla ahora, pero agradecería que normalmente cuando se hace la
relación de
los grupos que desean intervenir, levanten ustedes la mano.
El señor Martínez Casañ tiene la palabra.
El señor MARTINEZ CASAÑ: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Popular en cuyo nombre intervengo, no puede sino
compartir la postura que el ministro de Asuntos Exteriores ha expresado
en su intervención y lo hacemos porque estamos plenamente convencidos de
que el acuerdo firmado entre la Unión Europea y los Estados Unidos
(acuerdo de índole política y sujeto a una condición suspensiva en su
entrada en vigor hasta en tanto en cuanto el Congreso de los Estados
Unidos de América respalde los compromisos del presidente Clinton y
cumpla con los términos del acuerdo) supone un claro avance en esta
política de pasos.
Siento que voy a desilusionar a algunos miembros de esta Cámara al no
entrar en el juego de la demagogia y centrarme en el análisis político y
jurídico del asunto. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y
Lozana, ocupa la Presidencia.) ¿Qué teníamos antes? Unas leyes
norteamericanas reprochables, una oposición frontal de la Unión Europea a
ellas, iniciada, liderada y mantenida por España, pero que dado el peso
de Estados Unidos y la no resolución del contencioso había logrado el
efecto de disuadir a invertir en ciertos países a ciertas empresas
españolas y de otras nacionalidades.
¿Qué se logra con este acuerdo? Primero, asegura y consagra todas las
inversiones realizadas en el extranjero con anterioridad al 18 de mayo
cualquiera que haya sido el carácter de la expropiación realizada de los
bienes --disciplinas C--, dotando por tanto de seguridad jurídica a una
de las variables más dinámicas de nuestra economía. Quiero recordar que
sólo en 1997 se invirtieron 1,5 billones de pesetas en el exterior, que
el monto de las inversiones consolidadas en Cuba mediante este acuerdo se
eleva a 2.300 millones de pesetas y que en Libia la empresa Repsol, que
cuenta con 750.000 accionistas, ha invertido 51.000 millones de pesetas.
Segundo, se han despejado incertidumbres sobre las decisiones de
inversión futura de nuestros empresarios en Cuba sobre bienes que no
hayan sido expropiados ilegalmente como dice el documento disciplinas
C-2. Tercero, no aplicación de la legislación Helms-Burton a ningún
español, incluso si se realizan inversiones que no gocen del apoyo
oficial por haberse decidido de común acuerdo que se lleven a cabo sobre
bienes expropiados ilegalmente.
¿Qué dice el documento disciplinas? En el punto I.B.3.d. se dice
expresamente para aquellos casos en que uno de los países miembros
participantes haya suscitado una presunción de ilegalidad, que en los
casos en los cuales los otros participantes llegan a la conclusión de que
una propiedad individual ha sido expropiada en el país en cuestión
contraviniendo el Derecho internacional, se aplicarán las disciplinas
descritas en el párrafo I.B.2., acción diplomática coordinada, ausencia
de apoyo gubernamental. Por tanto, señorías, la aceptación de ilegalidad
necesaria para el no otorgamiento de apoyo gubernamental a las
inversiones es una decisión libre --y bien digo libre-- de cada uno de
los Estados miembros de la Unión Europea en este caso a partir de una
presunción de ilegalidad declarada por otro Estado y anotada en un
registro común, y al documento me remito.
Cuarto. Como es lógico, no creo que SS. SS. estén en contra del último
punto acordado y por el cual los Estados se comprometen a no permitir
inversiones futuras en activos que sean expropiados a partir de ahora en
contra del Derecho internacional y recuerdo a SS. SS. --todos habrán
leído en los periódicos de ayer, por ejemplo, en Negocios-- cómo la Unión
Europea sanciona a Milosevic con la prohibición a las empresas europeas
de invertir en Serbia. Creo que a todos nos parece bien.
Pero todo esto, señor presidente, señorías, como he dicho anteriormente y
ha dicho el señor ministro, está sujeto a unas condiciones suspensivas en
tanto en cuanto el Congreso de los Estados Unidos acepte las condiciones
pactadas. Esto está muy claramente dicho en la declaración unilateral de
la Unión Europea en el párrafo cuarto, puntos primero y segundo, en
tercer párrafo del non paper y en el documento disciplinas, cuarto y
quinto, cuando dice expresamente que la aplicación de las disciplinas y
el ejercicio de la renuncia, del waiver serán simultáneos. Si esto no es
claro, espero que me lo explique alguien. Evidentemente, la situación
ideal hubiera sido que el Congreso de los Estados Unidos retirara
unilateralmente su legislación, pero esta posibilidad no era realista,
tendrán que reconocerlo, y la alternativa de no llegar a un acuerdo
hubiese supuesto un conflicto largo, abierto, de resultado incierto ante
la Organización Mundial de Comercio y, por supuesto --y esto es
importante--, no se hubiese dado para los intereses españoles ninguno de
los beneficios que antes he enumerado.
No voy a repetir las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores
cubano, señor Robaina, que ha mencionado nuestro ministro de Asuntos
Exteriores. No solamente se ha avanzado respecto a la defensa de nuestros
intereses en Cuba, sino que hemos profundizado en el desarrollo de la
relación trasatlántica impulsada por España desde la presidencia española
de la Unión en 1995; hemos fortalecido la cooperación internacional en
materia de terrorismo; hemos fortalecido la cooperación internacional en
materia de armas de destrucción masiva, hoy de dramática actualidad por
la escalada nuclear en Asia; hemos disuadido de la utilización de
instrumentos unilaterales y promovido acuerdos internacionales del tipo
del multilateral de inversiones, como se cita específicamente en el
documento
de disciplinas, y esta es la primera vez que los Estados Unidos, a alto
nivel y de manera formal, descartan el unilateralismo en estas decisiones
y pasan a utilizar criterios compartidos. También hemos fortalecido --lo
cual no es menos importante-- nuestras relaciones con Estados Unidos en
lo económico y en lo político, y tengo que recordar que el 5,5 por ciento
del total de nuestro comercio y entre el 25 y el 30 por ciento del
acumulado de las inversiones que recibe nuestro país provienen de los
Estados Unidos.
Por tanto, creo que el Gobierno, tras estudiar a fondo el asunto, valorar
el interés nacional y consultar con otros países, ha decidido
acertadamente suscribir el acuerdo, aceptando, como lo ha hecho siempre,
la legitimidad de este Parlamento para conocer con prontitud y
transparencia de cualquier asunto, como ha demostrado desde el principio
de su gestión el ministro de Asuntos Exteriores.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Martínez
Casañ, le ruego que vaya concluyendo.
El señor MARTINEZ CASAÑ: Para finalizar, quiero decir que tampoco
suscribo la teoría expresada en la exposición de motivos de la
interpelación del Grupo Socialista de que el acuerdo contradice el
reglamento comunitario, la legislación que tramita el Parlamento español
y el acuerdo sobre indemnizaciones por los bienes españoles afectados por
la expropiaciones del Gobierno de Cuba.
En primer lugar, el reglamento comunitario, la posición común y el
proyecto de ley español, que espero que sea aprobado, no sólo son
perfectamente compatibles con los compromisos alcanzados el 18 de mayo
pasado, sino que persiguen el mismo fin: la no aplicación a personas
físicas o jurídicas europeas de las leyes extraterritoriales mencionadas.
En efecto, en el caso de que los Estados Unidos no respeten completamente
su compromiso respecto a los títulos III y IV de la Ley Helms-Burton y a
la Ley D'Amato, el reglamento comunitario y la posición común, que ya
están en vigor, serán aplicados inmediatamente. Además, en este caso el
entendimiento sobre disciplinas de 18 de mayo no se ha puesto en práctica
por los gobiernos europeos; es decir, que no se tendrán en cuenta las
consideraciones de los Estados Unidos sobre posible ilegalidad de
expropiaciones para aplicar las disciplinas. Espero que las Cortes
aprueben el proyecto de ley sobre sanciones en cumplimiento del
reglamento comunitario, que también serían aplicadas inmediatamente en el
caso de que en el futuro las leyes extraterritoriales norteamericanas se
impusiesen a personas o empresas españolas.
En segundo lugar, y respecto a la compatibilidad del acuerdo con el
convenio sobre indemnizaciones por los bienes expropiados, el ministro de
Asuntos Exteriores ya dijo la semana pasada en su comparecencia ante la
Comisión Mixta para la Unión Europea que el Gobierno, a pesar de que
sería fácilmente criticable, lo ha asumido, y lo ha vuelto a repetir esta
tarde en el curso de esta interpelación.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Martínez
Casañ, le ruego concluya.
El señor MARTINEZ CASAÑ: Voy acabando, señor presidente.
La contraprestación española está contenida en el artículo 5, por el que
el Gobierno de España se compromete a no presentar ni mantener ante el
Gobierno de Cuba o instancia arbitral o judicial posibles
reivindicaciones de las personas naturales o jurídicas españolas
relativas a los bienes, derechos, acciones e intereses a los que se
refiere el presente convenio y, en la medida en que España cumple este
artículo, da por conformes al Derecho internacional ciertas
expropiaciones concretas efectuadas por Cuba que afectaron a ciudadanos
españoles. Lógicamente, respecto a estos casos no podré aceptar nunca la
calificación de ilegales prevista en el acuerdo del 18 de mayo. No existe
pues --para finalizar-- contradicción con el acuerdo político Estados
Unidos-Unión Europea de 18 de mayo, puesto que para que una apropiación
sea calificada de ilegal, como he dicho, debe haber coincidencia de
valoración de estas características por las dos partes, o sea, por los
países de la Unión Europea y los Estados Unidos. Pero todas estas
consideraciones resultarán quizá vanas para quien, desde esta tribuna, ha
hecho una alegato del general Franco como modelo a seguir en el diseño de
nuestras relaciones internacionales.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Martínez Casañ.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGéNCIA I UNIO), SOBRE EL PROCESO
DE DEVOLUCION DE LOS COMPLEMENTOS PARA MINIMOS INDEBIDAMENTE PERCIBIDOS
(Número de expediente 172/000102)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Interpelación
urgente, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre el
proceso de devolución de los complementos para mínimos indebidamente
percibidos. Para su presentación y defensa tiene la palabra el señor
Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar quisiera dirigirme a la ministra de
Agricultura, a quien ha correspondido intervenir
en nombre del Gobierno en el proceso de esta interpelación. Vaya por
delante, señora ministra, nuestra comprensión porque la sometemos hoy a
un debate que no corresponde a su ámbito de responsabilidad, pero
quisiera indicar a la Cámara y a usted que nuestro grupo ha valorado que
retrasar el debate de esta interpelación por encontrarse el ministro de
Trabajo en una reunión de la OIT llevaría a que, al no haber la siguiente
semana sesión de control por realizarse la comparecencia del presidente
del Gobierno, esta interpelación se incluiría en la última sesión de este
período y, por consiguiente, la moción se trasladaría al mes de
septiembre y, como van ustedes a escuchar, el tema que vamos a tratar
requiere una inmediata actuación, por lo que en beneficio de los
preocupados por el problema que vamos a debatir hemos considerado, señora
ministra, que era conveniente que asistiera otra persona del Gobierno a
este debate de hoy. Por tanto, vaya por delante nuestra comprensión
porque usted va a tener que representar al Gobierno, pero nuestro grupo
no la va a someter a la presión de un cúmulo de consideraciones puesto
que corresponde al ministro de Trabajo atender estos problemas.
Señoras y señores diputados, nuestro grupo vuelve a traer a esta Cámara
el problema de los pensionistas que en su momento cobraron indebidamente
una pensión de complemento por mínimos y a los que la Administración de
la Seguridad Social está exigiendo hoy la correspondiente devolución. Y
lo hacemos, señorías, con un tono de total predisposición a que entre
todos los grupos parlamentarios encontremos una mejor vía de exigir estas
cantidades a aquellas personas que las cobraron indebidamente para que
podamos atender a las personales circunstancias a las que sometemos a
estas personas al verse obligadas a devolver unas deudas que en su
momento percibieron indebidamente. No queremos entrar en si estas
actuaciones fueron o no realizadas a conciencia, con dolo o por actos de
omisión o desconocimiento, porque esta Cámara no puede llegar a analizar
individualmente todos los comportamientos sometidos a esta problemática;
quizá correspondería a otra instancia analizar y judicializar estos
procedimientos para resolver si hay o no responsabilidades.
En cualquier caso, señora ministra, nuestro grupo trae esta interpelación
con el ánimo de que la moción que de ella se va a derivar pueda abrir una
vía de mejor solución al problema generado. Sus señorías están atentas a
esta problemática y conocen, porque lo hemos debatido ya en muchas
ocasiones, el origen del problema, que puede llevarnos a grandes
discusiones para dilucidar quién es el responsable de esta situación
actual. Nuestro grupo no quiere entrar por esta vía; quiere simplemente
reconocer que, a partir del mes de septiembre del año 1996, las entidades
gestoras de la Seguridad Social inician un proceso más intenso de control
en la percepción del complemento de mínimos, y para ello se cruzan las
informaciones de la Seguridad Social con los datos en poder de la
Hacienda pública relativos a los pensionistas que percibían complemento
de mínimos. Después de detectar la existencia de percepciones de
complementos de manera indebida, es decir, personas que estaban cobrando
complementos de mínimos y con rentas superiores a los límites exigidos
por la norma, se procedió a la supresión o a la reducción de dicho
complemento en un número elevado de casos, que luego hemos podido
constatar que tampoco eran tantos como se aparentaba aunque significa un
grupo importante de ciudadanos del país. Para estos casos la Seguridad
Social, en virtud de lo que ha dispuesto el Real Decreto 148/1996, de 5
de febrero, ha establecido un procedimiento de devolución, de reintegro
de estas prestaciones percibidas indebidamente. Nuestro grupo ha sacado
la conclusión de que someter a los pensionistas a la obligación de
retornar lo que habían percibido indebidamente ha generado para mucha
gente, la mayoría con rentas bajas o circunstancias familiares muy
concretas y colectivos de edad muy avanzada, verdaderos problemas y ha
ocasionado perjuicios.
Nuestro grupo, señorías, señora ministra, ya trajo este tema a debate en
la sesión del 21 de abril de 1998. Entonces propusimos al Gobierno unas
posibles vías de revisión del problema. En aquella moción, que presentó
mi grupo parlamentario a una interpelación iniciada por el Grupo de
Izquierda Unida, había cuatro puntos de los cuales dos decían que
mandatábamos al Gobierno a perfeccionar los mecanismos y métodos de
reintegro en el supuesto de prestaciones indebidas y a revisar los
procesos de devolución de las mismas en aquellos casos en que pudieran
existir responsabilidades por parte de la Administración. Este era,
literalmente, el compromiso que se acordó entonces en esta Cámara. Hace
dos semanas mantuvimos un debate sobre dos proposiciones de ley de los
grupos Socialista y de Izquierda Unida. Las soluciones que nos proponían
no eran tales porque se nos planteaba la suspensión o la judicialización
del problema como vía de suspender el reintegro. Nuestro grupo no
compartía ni una vía ni otra porque no estamos de acuerdo con la
suspensión, ya que es amparar a quien ha no ha cumplido debidamente con
su obligación. Francamente, en esta Cámara no podemos considerar a esas
personas en esas circunstancias. La judicialización es una vía
inteligente pero que nos lleva a no resolver el problema, a demorar, a
suspender los procesos y a traer la causa de más de 70.000 personas a la
Administración de justicia. Creemos que esa solución que nos proponían no
era la mejor. Por eso nos comprometimos entonces a buscar una solución y
a atemperar los efectos de este proceso.
Señora ministra, traemos otra vez esta interpelación para conocer las
actuaciones que el Gobierno ha llevado a cabo o tiene previsto hacer en
plazos muy breves, a raíz de dar cumplimiento a la moción que aprobamos y
poder estudiar, si puede ser con el consenso
de todos los grupos, algunas vías de solución de estos problemas que se
causan como consecuencia de la exigencia de nuestro grupo de que no se
pueden justificar las pensiones cobradas indebidamente. No vamos a
amparar, en ningún momento, el no cumplimiento de la ley; no lo vamos a
hacer nunca, señorías. En esta Cámara no podemos hacer interpretaciones
que nos sitúen en la franja del amparo a quien no ha cumplido la norma.
Si ésta no es adecuada, la Cámara debe cambiarla, pero nunca proceder a
justificar comportamientos que nos sitúan al margen de la norma. Hemos de
ser sensibles y exigir el cumplimiento de la norma a las personas que
están en estas circunstancias, ver las causas que les han llevado a esta
situación y cuáles son los problemas reales de sus niveles de renta y
familiares en que se encuentran estas personas que sometemos al proceso
de devolución. Hemos de saber discernir donde está la frontera, atemperar
estos procesos y, al menos, resolver este problema a las personas de
menos renta, mayor edad y mayor carga familiar para evitarles los mayores
perjuicios que pudiera acarrear este proceso. Este es el sentido profundo
de la interpelación. Por eso le requerimos, señora ministra, que ahora
usted nos explique aquellas cuestiones o aquellos planteamientos que el
Gobierno está considerando en torno a esta materia. Posteriormente,
señorías, no les quepa ninguna duda, nuestro grupo va a traer una moción
que ofreceremos a todos los grupos para que mediante el diálogo
encontremos algunos criterios nuevos de exigencia para el cumplimiento de
la norma, pero más sensibles ante determinadas circunstancias, niveles de
renta y situaciones familiares específicas.
Nada más, señora ministra. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Homs.
Para contestar en nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora
ministra de Agricultura.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor presidente.
Señoría, le agradezco su intervención y he de decir que mi presencia hoy
aquí contestando a esta interpelación obedece a que el ministro titular
está en la OIT. Obviamente, estas cuestiones las tratamos a fondo tanto
en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos como en el propio Consejo
de Ministros y la decisión que se tomó en su día de luchar contra el
fraude en la Seguridad Social es conjunta del Gobierno. Voy a intentar
contestar a las preguntas que ha planteado S. S.
En primer lugar, quiero resaltar algo que ha dicho
S. S. y que es clave: que no apoya en ningún caso la suspensión de la
medida, que considera que hay que llevar a cabo y que hay que
desarrollar, ni la judicialización, que supondría un parón por la
complejidad de todo este asunto y un aumento de trabajo en nuestros
juzgados. Esto es básico. Quiero resaltar la coincidencia en la lucha por
la mejor utilización de los fondos públicos para garantizar la
solidaridad entre los ciudadanos, que es de lo que se trata y de lo que
estamos hablando; precisamente se trata de garantizar, no sólo hoy sino
de cara al futuro, esa solidaridad hacia todos aquellos que más la
necesitan. El mantenimiento de un sistema de Seguridad Social que
garantice prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad
es un objetivo básico para el Gobierno, en el que se han querido implicar
no sólo todas las fuerzas políticas sino también todos los agentes
sociales. Para que el sistema público de Seguridad Social pueda
proporcionar adecuadamente las prestaciones sociales que lo fundamentan
es esencial que se mantenga, en todo momento, el equilibrio económico
necesario entre los recursos económicos de los que dispone y las
prestaciones que debe cubrir con los mismos. Por ello y porque entendemos
que supone insolidaridad social la cobertura con fondos públicos de
situaciones que no se corresponden con las necesidades previstas en la
legislación vigente se llevan a cabo este tipo de medidas. La existencia
de estas irregularidades y desviaciones debe ser identificada mediante la
detección de las áreas de riesgo correspondientes para poder establecer
mecanismos permanentes de control que posibiliten, de presente y de
futuro, medidas eficaces que reduzcan y eliminen dichas situaciones
irregulares. Igualmente deben permitir la prevención de estas situaciones
dentro de un ámbito de coordinación entre las distintas administraciones
públicas y en ello se está trabajando, de cara al futuro, para evitar
situaciones como las que se han producido o corregirlas con mucha más
inmediatez, con lo cual evitaremos la situación difícil y complicada de
la devolución a veces costosa. En eso tiene razón su señoría.
El primer objetivo de la política de bienestar social es la plena
consolidación del actual sistema de Seguridad Social en los términos
acordados en el Pacto de Toledo. Con esa finalidad el Gobierno, en julio
de 1996, adoptó una serie de medidas para luchar contra el fraude y la
morosidad, entre ellas 27 en el ámbito del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales que actualmente están en pleno desarrollo. La aplicación
de esas medidas de lucha contra el fraude y la morosidad durante estos
dos años de gestión ha supuesto un ahorro de 427.000 millones de pesetas.
Dentro de estas medidas se encuentran precisamente las de control de los
perceptores de complementos de mínimos. Ya en las revisiones efectuadas
en los años 1994 y 1995 se detectaron irregularidades, se cruzaron las
declaraciones de rendimientos o la ausencia de ellas con los datos de las
declaraciones de Hacienda. Durante los ejercicios de 1994, 1995 y 1996,
aunque así se establecía legalmente, nunca se realizó este procedimiento
sencillísimo consistente en cruzar los datos de Hacienda
con los de las peticiones de prestaciones de complementos para mínimos.
Realmente creo que fue una dejación de funciones del Gobierno anterior;
dejación de funciones que nosotros no hemos querido mantener y que hemos
asumido sabiendo que no es lo más popular pero sí la mejor garantía de
cara al futuro de un sistema de pensiones equilibrado y, por tanto, el
futuro de nuestro sistema de pensiones. Como consecuencia de los datos se
han detectado casos singulares de pensionistas que perciben complementos
de mínimos rebasando ampliamente los límites legales establecidos para su
percepción. Hay casos concretos que S. S. conoce en que incluso superan
ingresos multimillonarios y que, sin embargo, habían solicitado y
percibían esos complementos de mínimos creando la más absoluta de las
injusticias.
Por consiguiente, no sólo hay que plantear el asunto en ese terreno sino
decir que lo que estamos haciendo es proteger a los más de siete millones
de personas que reciben pensiones del sistema. Es nuestra obligación
hacerlo así. Hemos que decir que, en general, todas las medidas afectan
al 2 por ciento de nuestros pensionistas. No es una cuestión
generalizada, sino que el grupo que se ve afectado es reducido. En la
campaña de 1997 fueron 87.027 pensionistas; en 1998 fueron 9.531, a los
que habría que sumar 11.349 de un tercer cruce a los que ya se les había
reclamado en la campaña de 1997. Lo que sí es general es el beneficio de
esta medida que afecta a la seguridad del propio sistema. Señorías, no se
está buscando un ahorro de las cantidades dedicadas a la protección
social. Lo que se está consiguiendo es la adecuada utilización de los
recursos públicos y, por tanto, la auténtica y mejor solidaridad. El
Ministerio de Trabajo se ha limitado a cumplir la ley porque entiende que
es lo mejor para conservar y garantizar el poder adquisitivo de nuestras
pensiones. Por eso se está manteniendo durante 1998, como no podía ser de
otra forma, el control anual sobre el cumplimiento de los requisitos
exigidos para percibir el complemento de mínimos; requisitos establecidos
anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, explicados
individualmente a los pensionistas en la comunicación que la entidad
gestora envía cuando notifica la revalorización de pensiones; requisitos
que se le comunican a aquel que solicita precisamente la percepción de
los complementos de mínimos. Por tanto, no falta información: se
garantiza a todos los perceptores cuáles son sus derechos y también
cuáles son sus obligaciones. Los afectados no han sido elegidos
aleatoriamente sino como consecuencia de un cruce informático y los datos
cruzados por parte de la Administración y la Seguridad Social fueron los
relativos a todos los pensionistas perceptores de mínimos. El número de
pensionistas que percibieron indebidamente complementos a mínimos
representa únicamente el 3,5 por ciento del conjunto de perceptores de
complementos a mínimos. Quiero decir que aquellos que no cumplían
adecuadamente los requisitos y, por tanto, percibían de manera indebida
las percepciones es un porcentaje absolutamente mínimo dentro de lo que
es la medida concebida globalmente que todos respaldamos y que es
perfectamente adecuada. No es una cuestión arbitraria la que dice cuándo
se deben recibir o no esos complementos a mínimos sino que, como sabe S.
S. y todos conocemos, esto es consecuencia de la normativa aplicable que
califica como tales a percepciones que no reúnen los requisitos exigidos
para ser consideradas como debidas o correctas y que arranca desde el año
1993.
Quiero recordar que la percepción de los complementos a mínimos obedece
sencillamente a un criterio de solidaridad que pretende garantizar mejor
esos mínimos exigibles para aquellos pensionistas que cotizaron en su
momento y que por distintas razones no llegaron a perfeccionar la
totalidad de la pensión a la que podían haber accedido. La limitación
referida al nivel de rendimientos con los que cuentan los beneficiarios
para la percepción de un complemento de mínimos que no llegue a los
mínimos que cada año se fijan no es nueva; la establece la Ley General de
la Seguridad Social, artículo 50, y los sucesivos decretos sobre
revalorización de pensiones de cada año. Dentro de este escenario, lo
único que puede resultar novedoso respecto a la situación anterior es el
esfuerzo de este Gobierno para controlar que perciben los complementos de
mínimos aquellos que de verdad, realmente, tienen derecho conforme a la
ley --ley que se puede modificar pero que es la vigente-- y, por tanto,
garantizar una adecuada utilización de los fondos públicos. Evitar
situaciones injustas y discriminatorias se consigue justamente impidiendo
ese cobro fraudulento de prestaciones económicas de la Seguridad Social,
en este caso los complementos de mínimos.
Entramos en al situación más desagradable, pedir el retorno de esas
cantidades indebidamente percibidas, que también obedece sencillamente a
la legalidad vigente, como ha dicho muy bien S. S. en su intervención y
creo que nadie puede negar. La moción que el Parlamento aprobó por
unanimidad en 1998 para instar al Gobierno a adoptar medidas tendentes a
perfeccionar los métodos de reintegro en los supuestos de prestaciones
indebidas está presente en todas las actuaciones de la Administración
respecto a este colectivo. Es fundamental que el procedimiento de
exigencia de la devolución de las cantidades indebidamente percibidas por
complementos de mínimos no genere situaciones difíciles, como ha dicho S.
S., que en algún caso concreto es cierto que se pueden producir. El
procedimiento se inicia con la petición de aportación de documentación
justificativa --declaraciones de la renta así como una declaración
personal de ingresos-- para aquellos que en principio y según los datos
cruzados se encuentran en situación irregular. Eso ha hecho que en varios
casos, después de ser revisados, se haya
seguido abonando los complementos de mínimos porque una vez analizada más
a fondo la documentación había lugar a esa percepción. Sin embargo, en el
caso de que se apreciara que se había percibido indebidamente se ha
suspendido cautelarmente la prestación de los complementos de mínimos.
Estas son las actuaciones que se llevan a cabo en una primera fase, con
total respeto a la confidencialidad y a las exigencias de garantía de los
derechos del pensionista, como son los de audiencia previa y presunción
de buena fe, de inocencia, por entendernos, por su parte. En una segunda
fase, mediante la presentación de declaraciones de renta por parte de los
interesados, se estudia individualmente cada una de ellas para proceder a
la solicitud de reintegro de lo indebidamente percibido. Se adaptan las
exigencias de reembolso por cobro indebido a las situaciones de cada
pensionista, estableciéndose plazos de hasta cinco años con determinación
de la cuantía mensual a reintegrar según los importes de las pensiones e
intentando llegar a unos acuerdos con los propios pensionistas.
Respecto al espacio temporal a que se extiende la devolución, la
Administración, aunque legalmente pudo hacerlo hasta en cinco años, no ha
retrotraído la exigencia de devolución a fechas anteriores al primero de
enero de 1995, cuestión que también es importante, señoría. Por tanto, no
llega a los cinco años sino que hay un período que se deja fuera de esa
exigencia de devolución. Incluso en la exigencia de devolución de lo
indebidamente percibido se ha tenido en cuenta la actitud del interesado
y se actúa sistemáticamente de manera individualizada, analizando caso
por caso e intentando llegar a acuerdos con los propios afectados. Es
cierto que en algunos supuestos la necesidad de que se produzca la
devolución en un plazo máximo de cinco años genera situaciones muy
complicadas y con una reducción muy sustancial de la pensión. A fin de
evitar estas consecuencias, en particular en aquellos casos en que el
pensionista que percibía indebidamente complementos por mínimos ha venido
a una situación más difícil, cosa que a veces se ha producido --ha habido
un cambio; percibían unos ingresos en un momento dado, cuando recibían
los complementos de mínimos sin derecho y, sin embargo, eso ha cambiado y
han dejado de percibir esos ingresos suplementarios--, se está estudiando
la articulación de unas medidas para modificar el Real Decreto 148/1996,
de 5 de febrero. Esta modificación pretende que el plazo máximo de cinco
años en orden a la devolución de las cantidades indebidamente percibidas
pueda ser superado para que, en cualquier caso, se garantice al
pensionista la percepción de una cuantía de pensión equivalente como
mínimo al importe de la pensión no contributiva de la Seguridad Social.
En cualquier caso, señoría, supongo que el Grupo Parlamentario Popular
estudiará --y el Gobierno la espera con gran interés-- la moción que
pueda presentar para, como ha dicho muy bien S. S., buscar una vía de
mejor solución. Eso es lo que todos pretendemos partiendo de la base de
que hay que respetar la legalidad vigente, que no se pueden suspender las
actuaciones, que no se puede dejar de llevar a cabo este tipo de
controles y que tampoco se puede judicializar, que de lo que se trata es
de garantizar el equilibrio de la Seguridad Social, de garantizar la
percepción cara al futuro de las pensiones por todos nuestros
pensionistas.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
Señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor presidente.
Efectivamente, señora ministra, ha acotado usted el volumen e incluso nos
ha dado las cifras de las posibles personas afectadas por este problema.
Nuestro grupo ha indicado que no estaba por el proceso de suspensión,
porque no queremos amparar algunos de los casos que usted ha mencionado,
pero sepa, señora ministra, que estamos hablando de un colectivo, esos
ochenta y pico mil afectados, en el que casi la mayoría se sitúa en
rentas inferiores a tres millones de pesetas y, concretamente, el 40 por
ciento está en rentas inferiores a dos millones de pesetas.
Nuestro grupo ahora no quiere invitar a la Cámara a discutir el proceso
de concesión del complemento de mínimos. Quizás lo tendremos que hacer
algún día, quizá deberemos estudiar si hay que revisar el punto 3 del
artículo 45 de la Ley General de la Seguridad Social, como nos proponía
alguno de los grupos parlamentarios, pero, señorías, esto no nos
resolverá el problema que tiene este mes y el mes siguiente el
pensionista afectado por el proceso en el que le exigen el reintegro de
aquellos complementos cobrados indebidamente.
Mi grupo quiere centrar la atención del debate político en este colectivo
que usted indicaba, señora ministra, y que hoy tiene un problema muy
concreto, que se le está exigiendo el reintegro de un complemento,
lógicamente, porque lo percibió en su momento de forma indebida. Señora
ministra, creo que hemos de hacer cumplir la norma --sin duda, y lo he
dicho--, pero también tenemos que ser flexibles en los procesos que
establece el Real Decreto 148/1996. Usted nos ha anunciado que el
Gobierno ya está predispuesto y está estudiando la corrección y la
modificación del citado real decreto. Me parece una buena decisión. Mi
grupo, como base inicial de la moción, va a proponer afrontar la
modificación del Real Decreto 148/1996, que es el que establece los
procedimientos del reintegro de complementos indebidamente percibidos.
Ahora bien, mi grupo quiere trasladarle al Gobierno que el proceso de
concesión de los complementos de mínimos
permite una franja de fluctuación en la percepción de rentas que
sobrepasa los límites que la norma establece, en función de particulares
circunstancias del perceptor correspondiente. Como usted muy bien ha
dicho, hay momentos en que los niveles de renta oscilan, básicamente por
el trato del ahorro acumulado de estos pensionistas; por ejemplo, la
fluctuación que ha tenido el tipo de interés de los activos financieros
sometidos a tipos fijos, que ha tenido una evolución decreciente, puede
hacer oscilar los niveles de renta percibidos.
¿Qué cree mi grupo que tendríamos que hacer a partir de ahora? Creo que
debíamos ser flexibles en las franjas exigibles, incluso en la concesión
del complemento de mínimos, porque hay muchas fluctuaciones que se pueden
suceder en la vida de un pensionista y que deberíamos tener muy
presentes. Ahora bien, en el proceso de exigencia de devolución en que
nos encontramos en este momento, deberíamos tener muy presente la edad
del pensionista. Por ejemplo, señorías, en el caso de un pensionista de
85 años, que está ya en la franja última de su vida, deberíamos ser
sensibles a esta circunstancia; también deberíamos tener en cuenta la
renta de las personas a las que se les exige, para darles más
flexibilidad, más margen y más nivel de adaptación para poder cumplir con
la devolución. Siempre cumplir con la devolución, pero con unos criterios
mucho más flexibles. Mi grupo quiere traer al debate, por ejemplo, la
circunstancia, paradójica, de que en algunos supuestos hay personas que
tienen derecho a complemento de mínimos, pero al exigirles la devolución
de percepciones de años anteriores, en el actual ejercicio se sitúan por
debajo del límite por el cual hoy se les permite recibir el complemento
de mínimos. En algunas circunstancias, es absurdo exigir la devolución a
quien se sitúa por debajo del límite que le da derecho a un complemento,
como también es absurdo exigir a un ciudadano que hoy está por debajo del
límite que le da derecho al complemento la devolución de lo que percibió
en años anteriores, porque estaba por encima y, por tanto, debe
devolverlo. Son dos casos que mi grupo trae al debate, porque estamos
hablando de límites de rentas muy bajas y son circunstancias a las que
deberíamos ser sensibles, no condonando, pero sí estableciendo criterios
más flexibles en el proceso de devolución; dando más margen, no exigiendo
un 20 o un 30 por ciento de deducción en la pensión, sino dando la
posibilidad de unos límites más bajos para que no soporten el peso de la
minoración de sus ingresos en la forma en que se plantea.
Señora ministra, yo le agradezco la información que nos trae de que el
Gobierno se predispone a modificar el Real Decreto 148/1996. Me parece
bien. Mi grupo va a proponer una moción también instando a la corrección
de este decreto y va a sugerir nuevos criterios para poder tener, en ese
proceso de exigencia, más flexibilidad y atemperar, especialmente en el
caso de personas con cargas familiares y con rentas más bajas, el impacto
de esta exigencia. Con ello, señorías, no vamos a resolver plenamente
todo el problema, pero podremos aminorar la angustia de un colectivo de
personas de rentas muy bajas, favorecer el proceso de devolución y no
someterles al impacto de minoración de rentas que se pretende.
Señor presidente, antes de ceder la palabra a los demás grupos que van a
intervenir, les invito a que no polemicemos hoy entre nosotros, si es
posible, ni en la moción en torno a este problema, les invito a que no
nos peleemos, no busquemos las responsabilidades, porque son 86.000
personas muy preocupadas por este problema y lo que deberíamos hacer es
encontrar entre todos un mejor criterio, porque si hemos de hurgar en el
pasado, encontraremos responsabilidades para todos. Por tanto, invito a
que nos predispongamos a un acuerdo para resolver finalmente de una vez
por todas este problema.
Nada más.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Homs.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor presidente.
Agradezco la ocasión que esta interpelación da a la Cámara de
pronunciarse sobre una cuestión que hemos coincidido S. S. y yo que es
absolutamente necesaria, que es la lucha contra el fraude en la Seguridad
Social en general, y esta es una de las medidas, y que manteniendo y
garantizando lo que son los principios, es decir, la exigencia de
devolución de aquellas cantidades indebidamente cobradas, sin embargo, se
busque una flexibilización. Como he señalado, por parte del Gobierno se
está analizando la modificación del Real Decreto 148/1996, que le
recuerdo a S. S. y al resto de la Cámara, por si acaso a alguno se le ha
olvidado, que es del 5 de febrero de 1996. Quiero decir que es un
procedimiento perfectamente tasado aprobado por el Gobierno anterior. Lo
recuerdo por si alguno tiene mala memoria.
El procedimiento se está aplicando de manera escrupulosa, respetando lo
que es la confidencialidad de todo el proceso, tratando de manera
individualizada caso por caso, acordando la manera más cómoda
--entrecomillado lo de cómoda, porque devolver dinero nunca es cómodo,
estaremos de acuerdo en ello; a nadie le sabe bien, como dicen, devolver
dinero-- o menos difícil para devolver esas cantidades indebidamente
percibidas.
Es verdad que existe ese tope de los cinco años, que en algunos casos
genera situaciones muy complicadas, y precisamente por eso es por lo que
estamos analizando la posibilidad de ampliar ese tope y plantear que haya
unos ingresos mínimos garantizados en esas pensiones.
Estamos trabajando en ello. Le agradezco, señor Homs, el planteamiento de
la interpelación, pero, insisto una vez más, el Real Decreto 148/1996 que
el Gobierno quiere cambiar fue aprobado por el Gobierno anterior; creemos
que es mejorable, y porque lo creemos y pensamos que garantizando el
principio, que es la devolución de las cantidades indebidamente
percibidas, se puede hacer de una manera más humana, que esa es la base
del asunto, es por lo que lo estamos estudiando y desde luego las
sugerencias que se hagan desde esta Cámara serán tenidas en cuenta por
parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida tiene la palabra el
señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Señor presidente, señorías, con enorme
brevedad y sin ánimo de polémica, estamos dispuestos a la búsqueda de
soluciones para este colectivo, pero tendremos que insistir en nuestros
planteamientos, porque a pesar de que respetamos las opiniones de todos,
tenemos que matizar algunas de las afirmaciones que se han hecho, ya que
si no no encontraríamos la solución definitiva de este problema, que debe
ser la voluntad no sólo de nuestro grupo sino del conjunto de esta
Cámara.
Tenemos que matizar la afirmación de que el Gobierno se ha limitado a
cumplir la ley. Es evidente, pero también ha hecho alarde de lo abultado
del fraude que existía con este complemento y ha limitado las
aportaciones de las cantidades asignadas presupuestariamente para este
complemento con cargo a la Hacienda pública y no a las cotizaciones
sociales. Hay una política que permítannos que les digamos que nos
sorprende e incluso nos despista. Respecto al complemento por mínimos,
estamos muy vigilantes. No somos Freud, no queremos psicoanalizar ni al
Gobierno ni a nadie, pero con esta prestación concreta a lo mejor hay
alguna intencionalidad subconsciente y oculta. Por tanto, nosotros
estamos preocupados.
Junto al respeto a la ley y a la búsqueda de que no haya ningún fraude,
también tenemos que buscar las responsabilidades, no para hacer sangre
con ningún colectivo, ni buscar ninguna intencionalidad en el Gobierno;
simplemente debemos hacerlo porque hay situaciones en las que hay
responsabilidades por parte de la Administración. Eso es lo que
seguiremos argumentando. En estos casos los errores y negligencias de la
Administración no deben pagarlos los administrados. Este debe ser un
principio de seguridad jurídica para garantizar a todos los ciudadanos y
ciudadanas de este país que no van a estar sometidos nunca a una
inseguridad jurídica, por mucho que luego se les palie con medidas
bienintencionadas, incluso con la aplicación de la ley, en función de
cuestiones tan subjetivas como las que han salido esta noche, como la
actitud que tengan los perceptores en estas situaciones, que yo no sé qué
quiere decir, pero lo ha dicho la señora ministra, o el hecho de que la
edad implique algún grado no sé si de excepcionalidad en la aplicación de
la ley o en qué. Ya lo veremos en la moción.
Nos sorprenden estas cuestiones cuando lo que hay que plantearse es si la
ley es la correcta, en la medida en que se introduzca el elemento de la
responsabilidad de la Administración para algunos de estos casos. Por eso
el otro día planteábamos algo que no coincide con el diagnóstico del
interpelante. Nuestra propuesta, es justo decirlo, no significa suspender
el control del fraude ni judicializar el tema, a no ser que se entienda
que cualquier acción administrativa no vaya a significar por parte de los
administrados la posibilidad de ejercer el derecho de reclamar por vía
judicial. En cualquier caso, va a existir esa judicialización posible en
la aplicación de cualquier norma. Por tanto, no entendemos este
argumento.
Manifestamos, no obstante, nuestra disposición constructiva a estudiar la
moción, planteando de salida --y somos leales en esto-- que, desde
nuestro punto de vista, tendría que tener por lo menos cinco elementos,
más los que quiera el proponente de la moción. Primero, medidas que
homologuen los plazos de prescripción y de cantidad con respecto al cobro
indebido de la Seguridad Social con el de las deudas con Hacienda,
reconociendo la jurisprudencia y aclarándola, porque ha sido vacilante,
no introduciendo elementos, porque sabemos que hay grupos que plantean
otras cuestiones, como el de la buena o mala fe --el dolo puede
entorpecer una aplicación ágil y correcta de la ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Vaquero, le
ruego concluya.
El señor VAQUERO DEL POZO: Con ello planteamos que la prescripción se
baje y que se contemplen los errores de la Administración respecto al no
reintegro, en el caso de que haya error por parte de ésta. Nosotros
creemos que eso no judicializa el asunto o que por lo menos es más justo.
La segunda cuestión que creemos que se debe plantear es que, mientras
tanto, se resuelvan los expedientes y se revisen también las resoluciones
firmes con este mismo criterio. En tercer lugar, que se modifiquen las
condiciones de incompatibilidad del derecho a percepción de los
complementos a mínimos con las rentas del perceptor, en el sentido de
elevar el máximo de renta desde las 805.900 pesetas al mínimo exento del
IRPF, porque no se nos negará que no solamente el Gobierno anterior sino
también el presente ha legislado respecto a este asunto y ha puesto unos
topes que
nosotros entendemos que pueden haber generado también una situación en la
que haya incurrido en fraude algún otro colectivo más amplio y, por
tanto, podría modificarse esta cuestión.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Vaquero, S.
S. debe concluir.
El señor VAQUERO DEL POZO: Acabo ahora mismo, señor presidente.
Por otro lado, somos partidarios de que se contemple la posibilidad de
solicitar al perceptor de complementos por mínimos la declaración de
ingresos del año anterior y que eso sea sustituido por la elevación a
preceptiva de la necesidad de que el trámite excepcional de cruzar datos
se haga habitual y anteriormente a la emisión de resolución que conceda o
deniegue. Y finalmente pedimos que se cumpla el Pacto de Toledo,
consignando ya con cargo a Hacienda los complementos por mínimos en una
cuantía adecuada y progresiva hasta el año 2001.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): En nombre del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Cercas.
El señor CERCAS ALONSO: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, voy a ver si desde el escaño y con la mayor
brevedad posible trato de introducir algún elemento de claridad en un
debate con el que, sinceramente, si es que tenemos lectores de nuestras
intervenciones en el 'Diario de Sesiones', además de nuestras mujeres,
maridos e hijos, poco se van a enterar de lo que se está discutiendo
aquí. Disculpo a la señora ministra, porque quizás es nueva en estas
artes, pero, tal vez por ignorancia o por una decisión premeditada de
confundirlo todo, hemos presenciado un debate donde se confunde
absolutamente todo. Hasta tal punto es delirante el debate que ha
planteado la señora ministra que el origen del problema, que es el
artículo 45 de la Ley General de la Seguridad Social, no ha sido citado.
Todo ha girado en torno a un decreto puramente procedimental de cómo se
reconocen o no se reconocen los complementos de mínimos, etcétera, cuando
aquí el problema que hay --y se origina por el Gobierno actual de
España-- es que se han cambiado los plazos de prescripción que producían
que no se pudiera ir más allá de lo que decía la jurisprudencia del
Tribunal Supremo, que es que en la exigencia de devoluciones no había
retroactividad de más de tres meses, y este Gobierno lo ha puesto en
cinco años y como consecuencia el problema, señora ministra, es que han
llevado ustedes el drama a 85.000 familias españolas, a las que además de
agredirlas de obra, al contrario de lo que dice Miguel de Cervantes
Saavedra, también las agreden con la palabra y les llaman defraudadores.
Y es posible que entre esos 85.000 haya algún defraudador, pero la
inmensa mayoría no lo son, son personas que no han cumplido determinados
trámites porque no sabían que tenían que cumplirlos o porque son sujetos
pasivos de errores de la Administración, a los que se les agrede de obra
y de palabra.
No es nada cierto lo que aquí se ha estado discutiendo por parte de la
señora ministra, y luego trataré de hacer algún comentario sobre el señor
Homs. Yo tengo aquí un expediente, de uno de tantos de los que se han
dirigido a nosotros, que lo he cogido de Sabadell para que me entiendan
mejor los diputados de Convergència i Unió y para hacer honor a un
diputado autonómico, don Manuel Bustos, porque se ha discutido en el
Parlament de Cataluña. Señora ministra, nada de personalización de esas
relaciones con los pensionistas, nada de trato exquisito, nada de buscar
la justicia, mucho menos nada de que no estén buscando debajo de las
piedras el dinero que posiblemente se está yendo por otros caminos.
Reciben los señores pensionistas --y tengo aquí incluso el nombre del
señor que firma estas circulares-- el siguiente oficio: De acuerdo con lo
establecido en los sucesivos reales decretos --no cita cuáles son-- usted
puede estar incurso en un proceso de devolución --no de atribución de
complemento de mínimos, señora ministra, nadie les discute que no den
ustedes los mínimos o que se los quiten a quien esté percibiéndolos
indebidamente; estamos hablando de devolución con cinco años de
retroactividad--. «A este respecto» --dice el señor director provincial
don Javier Codera-- «le informamos que se puede establecer la presunción
de que usted viene percibiendo el complemento por mínimos indebidamente.»
Fíjese, señora ministra, qué literatura administrativa. Se presume con un
oficio circular la culpabilidad. No les dicen que se ha cruzado con
Hacienda, como afirma usted, y que han descubierto no sé qué rentas y que
acudan a las oficinas de la Seguridad Social a demostrar que no es
cierto. No, no; les dicen que se pasen por las oficinas de la Seguridad
Social a justificar su nivel de rentas del año 1996. ¿No dice usted,
señor ministra, que todo era porque al anterior Gobierno socialista no
cruzaba los registros del INSS con los de Hacienda y que como
consecuencia ustedes lo están haciendo diligentemente? No, señora
ministra, ustedes han empezado la caza del pensionista.
Vuelve otra vez a hablar en la tribuna de 400.000 millones de pesetas,
cuando resulta que hay dos millones y medio de pensionistas que perciben
el complemento por mínimos en España y solamente han encontrado 85.000
que lo estaban percibiendo indebidamente. De esos 85.000, como muy bien
ha recordado el señor Homs, que son el tres por ciento del conjunto,
habrá escasamente un 10 por ciento de defraudadores, con lo cual la
defraudación real que había suponía el 0,3 por ciento de los pensionistas
de España y el sistema previo
a que ustedes cambiaran la norma significaba que el 99,7 por ciento de
los pensionistas españoles no eran defraudadores. Es obvio que no éramos
tan omniscientes en el anterior Gobierno como para poder evitar que
algunas decenas de miles de pensionistas, posiblemente con esa
complejidad a que se ha referido el señor Homs, en algún año determinado
hayan cobrado complemento de mínimos indebidamente; es obvio, como les
pasará a ustedes, señoras y señores del Partido Popular.
Andan ustedes en una especie de arbitrismo de querer arreglar todo --de
arreglar siempre en la misma dirección, en contra de los más débiles--
para que no haya ningún defraudador. Muy bien, háganlo ustedes, pero no
con estos procedimientos. Mire, señora ministra, los diputados
socialistas nos daríamos por satisfechos si los pensionistas de la
Seguridad Social tuvieran los derechos y garantías que tienen los
contribuyentes. Son normas coetáneas, esas con las que ustedes agreden a
los pensionistas y las que enmarcan un régimen jurídico de equilibrio
entre la Administración y el administrado en la Hacienda pública. En la
ley hay un artículo 33 --y se lo digo también a los que la semana que
viene hagan la moción--: derechos y garantías de los contribuyentes.
Aplíquenles a los pensionistas ese artículo 33: la actuación se presume
realizada de buena fe. Diríjanse ustedes a los pensionistas cuando hayan
descubierto rentas fraudulentas, pero no hagan demostrar a los
pensionistas que no tienen rentas fraudulentas. No presuman la
culpabilidad como se presume en estos oficios del Instituto Nacional de
la Seguridad Social.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Cercas, le
ruego concluya.
El señor CERCAS ALONSO: Sí, señor presidente, concluyo.
Lamento no contestar al señor Homs, porque he visto con esperanza la
interpelación que ha hecho Convergència i Unió. Creo que empiezan a
entender que hay un problema, quizá porque éste que he relatado de
Sabadell lo tendrá usted corregido y multiplicado por miles. No está
significando gran cosa para el equilibrio de la Seguridad Social, pero
está significando un drama para miles y miles de familias españolas. Es
injusto que se esté planteando de manera equivocada, porque no es un
problema de que se dé o no el complemento de mínimos a quien no lo
merezca, sino de que no se exijan cinco años de retroactividad con estos
procedimientos. Nosotros, señor Homs, votaremos afirmativamente todo lo
que signifique suavizar la terrible losa que ha caído sobre los
pensionistas españoles. El problema, señor Homs, es el artículo 45,
reformado por el Partido Popular. Cumplen la legislación vigente. ¡Cómo
no la van a cumplir! Lo que no dicen es que han cambiado la legislación
vigente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Cercas, le
ruego concluya.
El señor CERCAS ALONSO: Concluyo, señor presidente, diciendo: señor Homs,
haremos con ustedes todos los ajustes que sean posibles, pero estaremos
en la superficie del problema. El problema es el artículo 45; el problema
es ese trato y esa filosofía, por una parte arbitrista, pero por otra
también revanchista frente al Gobierno anterior, y mientras no arreglemos
el artículo 45, no arreglaremos una injusticia.
Desde luego, respecto a todas las demás historias que se han dicho esta
tarde, si quieren arreglar, señora ministra, el equilibrio de Seguridad
Social, no les busquen en los bolsillos a estos pensionistas; pongan en
la Seguridad Social los 800.000 millones de pesetas, que está pagando la
Seguridad Social obligaciones del Estado que ustedes no pagan.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE
(Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Cercas.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Camps.
El señor CAMPS DEVESA: Gracias, señor presidente.
Señorías, iba a empezar mi intervención --y lo haré de todas maneras--
con una cita de un clásico, un pensador español, que dijo algo así como
que vivimos en un país donde los hombres son más sensibles a la
destrucción que a la construcción, y quería empezar justamente con esta
cita porque esperaba --y al menos era así hasta la intervención del
último portavoz-- que en la tarde de hoy tuviéramos la ocasión todos de
quitarle la razón al pensador y de demostrar que éramos capaces de estar
mucho más unidos cuando construimos que cuando otros intentan destruir,
pero no ha podido ser así hasta el final. Aun así mantendré el tono, bien
distinto del que ha usado el portavoz que me ha precedido en el uso de la
palabra, porque creo que al menos nuestros pensionistas se lo merecen, ya
que si hay alguien confundido hoy aquí, ha sido el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista y si quiere lo hago extensivo a dicho grupo si
comparte sus afirmaciones. Lo peor no es que sea el único confundido,
sino que además quiere confundirnos a los demás, que hemos expresado bien
claramente aquí por lo que estábamos justamente al tratar este tema.
Señorías, no podemos olvidar que estamos en un debate de tracto sucesivo,
donde ya aprobamos una moción --algunos; otros votaron en contra o se
abstuvieron-- que ha llevado justamente a que se pueda presentar esta
otra, a observar cuáles eran las actuaciones que estaba llevando a cabo
el Gobierno, a ver la magnitud justa del problema y a poder afrontar las
soluciones, algunas de las cuales las hemos atisbado hoy aquí y desde
luego mi
grupo parlamentario está de acuerdo con lo que se ha manifestado.
Si ha quedado algo claro en el debate de hoy --al menos hasta la última
confusa intervención del portavoz del Grupo Socialista--, es que aquí
teníamos un Gobierno responsable que aplicaba una ley, aunque no fuera la
suya, que lucha contra el fraude, porque hay fraude y defraudadores, y
que es capaz, cuando observa también que el sistema necesita de mejoras,
de cambios o modificaciones, de poder afrontar las mismas en beneficio
justamente siempre de las capas más desfavorecidas, en este caso de los
que perciben complementos a mínimos o dejan de percibirlos, que están más
cerca del nivel de renta incompatible con dicha percepción. Por tanto,
señorías, hasta ahí todos de acuerdo. No comparto alguno de los criterios
más generales que ha manifestado el portavoz de Izquierda Unida sobre los
que tendremos ocasión de discutir, pero sí la mayoría de los que ha
expuesto sobre esta cuestión.
No me hable, señor Cercas, de que estamos aquí yéndonos a otro punto del
debate porque no hablamos de la prescripción de los cinco años, que es
justamente el meollo de la cuestión. No es verdad. Además, no subo a esta
tribuna a darle lecciones jurídicas a nadie, pero la prescripción de
cinco años era también la prescripción que había con su Gobierno y había
una laguna legal que fue complementada por el Tribunal Supremo, que
estableció el plazo de tres meses, pero la prescripción general seguía
siendo la de cinco años con su Gobierno, y se reclamaban percepciones
indebidas por cinco años con su Gobierno y debería usted saberlo antes de
realizar afirmaciones como las que hace desde esta tribuna, que yo, en
todo caso, creo que son debidas al desconocimiento jurídico que usted
tiene sobre la materia.
Esa laguna legal respecto a las reclamaciones es lo único que este
Gobierno ha modificado posteriormente justamente para cubrirla, pero
ustedes tampoco se hagan solidarios con ella, porque lo que han
pretendido va mucho más allá; si ustedes no quieren que se pueda reclamar
ni esos tres meses; si ustedes han dicho que cuando haya ignorancia por
parte del propio afectado sean los tres meses, lo que nunca ha dicho el
Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo hablaba de tres meses cuando
existía buena fe y una conducta reprobable de la Administración. Por
cierto, señor Vaquero, nunca error o negligencia; hablaba de retraso
comprobado de la misma cuando tenía conocimiento de la situación y no lo
hacía. Es que es cuestión distinta, eso está mucho más delimitado. Error
o negligencia podría judicializar como han dicho otros portavoces.
Por tanto, señor Cercas, no nos confunda, plazo de cinco años, siempre el
mismo de prescripción. Tres meses, laguna legal que el Supremo en su
momento complementó. Modificación legal posterior y situación con la que
nos encontramos ahora, que es muy sencilla: me coloco a favor de los
defraudadores o me coloco con la ley, y si la ley no es buena,
modifiquémosla. Usted hasta ahora se está colocando en el lado de los
defraudadores. (Protestas.) Sí, señorías, sí, porque vamos a ver, dicen
que hacemos una agresión generalizada, y usted siempre pluraliza, a los
pensionistas de este país, a la caza del pensionista. Pero si se lo
acaban de decir, si estamos hablando del tres y medio por ciento de los
perceptores a mínimos, si estamos hablando del dos por ciento de los
pensionistas del país. ¿Qué caza del pensionista? ¿Qué agresión
generalizada a ningún colectivo? No haga demagogia, no sea irresponsable
desde su escaño, señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Le voy a decir más. No sé si habrá hecho los números, pero yo se los voy
a hacer. De ese número de pensionistas más del 50 por ciento tiene una
renta superior al millón y medio de pesetas, la que queremos dejar exenta
si hiciéramos caso, propuesta que puede ser desde luego muy discutible
pero que es mucho más coherente que la que hacen otros grupos
parlamentarios. Estamos en más del 50 por ciento; es decir, estamos
hablando de un colectivo de menos del 1 por ciento de los pensionistas de
este país. ¿Esa es una agresión generalizada al colectivo de los
pensionistas? ¿Este es un Gobierno que va a la caza del pensionista? No.
Esa es una oposición irresponsable y demagógica, que es muy distinto,
señor Cercas.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Camps, le
ruego que vaya concluyendo.
El señor CAMPS DEVESA: Voy concluyendo, señor presidente.
Nunca ha faltado información, ha habido un tratamiento sistematizado,
caso por caso, de todos los pensionistas. Ustedes no lo hicieron. ¿Por
qué? Porque incumplieron su ley, años 1994, 1995 y 1996. ¿Cómo iban a
tratar de mejor manera a los pensionistas si simplemente no los trataron?
Se declararon objetores legales de su propia norma --eso es lo que
hicieron ustedes--, lo cual a nosotros nos traería más o menos sin
cuidado si a la vez no hubieran hecho con ello que 36.000 millones de
pesetas dejaran de ser ingresados en las arcas públicas, en esa Seguridad
Social de la que tanto se preocupan ahora ustedes con el déficit.
Pues bien, vaya apuntando, señor Cercas: su gestión, su administración
--porque no hubo error o negligencia de la Administración en más de
80.000 casos--, sus gestores, los diputados que se sientan en esos
escaños --al menos, si lo entiende así-- le han costado a la Seguridad
Social 36.000 millones de pesetas que nunca han entrado. Pero es que
encima ahora se oponen a que los recobremos. Si S. S. me lo permite
--póngalo entre comillas--, es el colmo de la desfachatez política. No
los cobran ustedes y ahora impiden que se pueda luchar contra el fraude y
que los cobren otros.
Luego habla usted de problemas o de déficit en la Seguridad Social, señor
Cercas. Cada discusión que traen a esta Cámara siempre es para disminuir
los ingresos o para aumentar los gastos. Dice usted que hay un déficit
con este Gobierno de 800.000 millones de pesetas, que sólo existe en su
mente. Si hiciéramos caso a lo que ustedes pretenden cada semana en este
Parlamento superaríamos seguramente el billón y medio de pesetas. Su
preocupación no deja de ser más que una soflama incendiaria para crear
incertidumbre e intranquilidad, posiblemente en un intento demagógico y
electoralista de volver a hacer de los pensionistas campo de batalla
electoral. No pasa de ahí, señor Cercas. Y usted, que por lo menos antes
de números sí que sabía, lo sabe.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Camps, le
ruego que concluya.
El señor CAMPS DEVESA: Acabo, señoría, recogiendo el guante del grupo
interpelante, también el del Grupo de Izquierda Unida y estoy seguro que
el de todos los grupos de esta Cámara. Nosotros estamos dispuestos,
señores de Convergència i Unió, a arrimar el hombro, dentro del marco del
Pacto de Toledo, para arreglar esta situación. Lo estamos, además, porque
somos muy sensibles con esa franja de pensionistas que percibían el
complemento de mínimos y que, aunque pudieron estar por encima de la
cuantía, pueden estar otra vez ahora por debajo y cuyos rendimientos no
superan en mucho el millón de pesetas; estamos dispuestos a que exista
una sensibilidad suficiente para lograr una flexibilidad. Llamo a arribar
el hombro a esa tarea a todos los grupos de esta Cámara, a todos. Observo
que algunos prefieren estar en posturas alejadas del Pacto de Toledo,
demagógicas y que sólo pueden generar incertidumbre en el colectivo de
nuestros pensionistas. Nosotros en este caso vamos a arrimar el hombro a
la causa común, estoy seguro de que con otros grupos de la Cámara. Si hay
quienes se deciden por ello, miles de pensionistas que perciben el
complemento de mínimos o que lo van a volver a percibir se lo
agradecerán; los que no estén dispuestos a ello serán responsables no
sólo frente a estos miles de pensionistas sino frente a los millones de
pensionistas que luego les pedirán cuentas.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.--El señor Cercas Alonso pide
la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Camps.
Señor Cercas, ¿a qué efectos solicita la palabra?
El señor CERCAS ALONSO: El diputado del Partido Popular, en lugar de
hablar con el interpelante, se ha dedicado a hacer un debate y alusiones
personales a este diputado, al que ha llamado siete veces demagogo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Cercas, S. S.
ha fijado la posición de su grupo parlamentario de igual forma que lo han
hecho el señor Camps y el señor Vaquero. No son posiciones coincidentes,
pero eso no supone abrir el debate. No tiene S. S. la palabra.
Muchas gracias, señorías. El Pleno se reanudará mañana a las nueve de la
mañana.
Se suspende la sesión.
Eran las nueve y treinta y cinco minutos de la noche.