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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 166, de 09/06/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1998 VI Legislatura Núm. 166
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 161
celebrada el martes, 9 de junio de 1998
ORDEN DEL DIA:
Debate de totalidad de propuestas de reforma de Estatutos de Autonomía:
--De las Cortes de Castilla y León, de reforma del Estatuto de Autonomía
de Castilla y León. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número
199-1, de 11 de mayo de 1998 (número de expediente 127/000009) (Página 88195
)
Prórroga de plazo:
--De la Subcomisión que estudia el modelo policial (número de expediente
154/000012) (Página 8833)
Declaración institucional
--Sobre la marcha mundial contra la explotación laboral de la infancia
(número de expediente 140/000022) (Página 8833)
*
*
*
*
*
Proposiciones no de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la promoción
de las distintas oportunidades de creación de empleo, vinculadas al
desarrollo y aplicación de las nuevas tecnologías de la información y de
la comunicación (TIC). «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, número
282, de 19 de mayo de 1998 (número de expediente 162/000243) (Página 8834)
--Del Grupo Socialista del Congreso, sobre funcionamiento de los centros
de internamiento de extranjeros en España de conformidad a las garantías
derivadas de nuestro sistema constitucional. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, número 254, de 16 de marzo de 1998 (número de
expediente 162/000220) (Página 8841)
Debate de totalidad de propuestas de reforma de Estatutos de Autonomía
(continuación):
--De la Diputación General de La Rioja, de reforma del Estatuto de
Autonomía de La Rioja. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número
203-1, de 8 de junio de 1998 (número de expediente 127/000010) (Página 8849)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre política del Gobierno para
asegurar las comunicaciones por carretera entre el Norte y el Sur de la
Península, mediante la ejecución de la autovía de la Plata (número de
expediente 173/000087) (Página 8859)
--Del Grupo Socialista del Congreso, sobre política general del Gobierno
en materia medioambiental y política de residuos (número de expediente
173/000088) (Página 8864)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre situación del
sector vitivinícola español y su futuro ante la próxima reforma de la OCM
del vino (número de expediente 173/000089) (Página 8870)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Debate de totalidad de propuestas de reforma de estatutos de autonomía
(Página 8819)
De las Cortes de Castilla y León, de reforma del Estatuto de Autonomía de
Castilla y León (Página 8819)
Intervienen en la presentación de la propuesta de reforma del Estatuto de
Autonomía de Castilla y León por parte de las Cortes de Castilla y León,
la señora Pérez Martínez, de Izquierda Unida, y los señores González
González, del Grupo Socialista, y Herrera Campo, del Grupo Popular.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Alcaraz Ramos
y Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Echevarría, del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores López de Lerma i
López, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Ríos
Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Madrid
López, del Grupo Socialista del Congreso, y Acebes Paniagua, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la propuesta de reforma
del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, presentada por las Cortes
de Castilla y León, se aprueba por 292 votos a favor y 16 abstenciones.
Prórroga de plazo (Página 8833)
De la Subcomisión que estudia el modelo policial (Página 8833)
El señor presidente, de acuerdo con la Mesa y oída la Junta de
Portavoces, somete a la consideración del Pleno la ampliación del plazo
de los trabajos de la Subcomisión, dentro de la Comisión de Justicia e
Interior, que estudia el modelo policial, lo que se aprueba por
asentimiento.
Declaración institucional (Página 8833)
Sobre la marcha mundial contra la explotación laboral de la infancia
(Página 8833)
El señor presidente, de acuerdo con la Mesa y oída la Junta de
Portavoces, somete a la consideración del Pleno una declaración
institucional en apoyo de los objetivos de la marcha mundial contra la
explotación laboral de la infancia, que es aprobada por asentimiento.
Proposiciones no de ley (Página 8834)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la promoción
de las distintas oportunidades de creación de empleo, vinculadas al
desarrollo y aplicación de las nuevas tecnologías de la información y de
la comunicación (TIC) (Página 8834)
En nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la
proposición no de ley el señor Caneda Morales. Comienza su intervención
alegrándose por los últimos datos sobre el paro, pero reconoce que no hay
que dejar de luchar en todos los frentes. Añade que esta proposición no
de ley tiene como objetivo abrir un debate para analizar los efectos que
la tecnología de la información y de la comunicación van a tener en la
organización de las empresas y de la sociedad en su conjunto, en la
creación de nuevos empleos y en la posibilidad de aumentar el acceso de
personas en especial situación al mercado de trabajo. Asimismo hay que
estudiar las necesidades de formación que se derivan de los cambios
tecnológicos, puesto que ello tiene mucho que ver con el deterioro que
sufre el empleo de los trabajadores menos cualificados. Plantea una serie
de interrogantes sobre la adaptación de las nuevas tecnologías de la
información y de la comunicación a las relaciones laborales y considera
que el sector público tiene que crear la infraestructura necesaria para
su desarrollo y aplicación.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Socialista del Congreso
a la proposición no de ley, interviene el señor Navarrete Merino.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Peralta
Ortega, del Grupo Parlamentario Mixto; Rivero Baute, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria; Caballero Basañez, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Campuzano i Canadès, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Alcaraz Masats, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
A los efectos de aceptar o rechazar la enmienda presentada por el Grupo
Socialista del Congreso, interviene el señor Caneda Morales.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, relativa a la promoción de las distintas
oportunidades de creación de empleo vinculadas al desarrollo y aplicación
de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, se
aprueba por 156 votos a favor, 127 en contra y 24 abstenciones.
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre funcionamiento de los centros de
internamiento de extranjeros en España, de conformidad a las garantías
derivadas de nuestro sistema constitucional (Página 8835)
Presenta la proposición no de ley la señora Fernández Sanz, del Grupo
Socialista del Congreso. Comienza su intervención recordando el informe
sobre política migratoria elaborado por la subcomisión que se creó en
junio de 1996, en el que se dice que el Gobierno debe presentar con
carácter urgente una norma que regule el régimen interior y de
funcionamiento de los centros de internamiento de extranjeros, así como
elaborar un plan de creación de nuevos centros y de adecuación de los
existentes con los criterios de esta nueva norma. Añade que, además de
este objetivo, también se han tenido en cuenta para la presentación de la
proposición no de ley el pesimismo que se desprende, según su opinión, de
los diferentes estudios que sobre tendencias sociales se han realizado
por diferentes organismos en el último año y las sentencias del Tribunal
Constitucional.
A continuación pasa a explicar el contenido de la proposición no de ley
del Grupo Socialista, presentando una enmienda transaccional en el punto
tercero, y fija la posición de su grupo en relación con la enmienda
presentada por el Bloque Nacionalista Galego, del Grupo Mixto, al
apartado 1, letra e).
En defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley,
intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto;
Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y Jordano Salinas, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla,
del Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria, y las señoras Uría Echevarría, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Sabanés Nadal, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene
la señora Fernández Sanz.
Sometida a votación la proposición no de ley, del Grupo Socialista del
Congreso, sobre funcionamiento de los centros de internamiento de
extranjeros en España de conformidad a las garantías derivadas de nuestro
sistema constitucional, se aprueba por 309 votos a favor y una
abstención.
Debate de totalidad de propuestas de reforma de estatutos de autonomía.
(Continuación) (Página 8849)
De la Diputación General de la Rioja, de reforma del Estatuto de
Autonomía de la Rioja (Página 8849)
Intervienen en la presentación de la propuesta de reforma del Estatuto de
Autonomía de la Rioja, por parte de la Diputación General de la Rioja,
los señores Escobar de las Heras, del Grupo Popular; Pérez Sáenz, del
Grupo Parlamentario Socialista, y Pascual Ocio, del Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla,
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Echevarría,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores López de Lerma i
López, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Fernández
Sánchez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Martínez
Sanjuán, del Grupo Socialista del Congreso, e Isasi Gómez, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la propuesta de reforma
del Estatuto de Autonomía de la Rioja, presentada por la Diputación
General de La Rioja, se aprueba por 284 votos a favor y 15 abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 8859)
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre política del Gobierno para asegurar
las comunicaciones por carretera entre el norte y el sur de la Península,
mediante la ejecución de la autovía de la Plata (Página 8859)
Presenta la moción el señor Peralta Ortega, del Grupo Parlamentario
Mixto. Comienza su intervención recordando la unanimidad que existía en
la interpelación presentada con anterioridad sobre la importancia de la
ruta de la Plata como mecanismo fundamental de vertebración territorial
entre el norte y el sur, en concreto la conexión que va desde León hasta
Sevilla. Añade que, en base a esta unanimidad, el Grupo de Nueva
Izquierda-Iniciativa per Catalunya persigue con su moción garantizar, de
una parte, que los tramos incluidos por el propio Gobierno en el vigente
plan de actuaciones prioritarias en carretera inicien su ejecución
efectiva antes del 1 de enero del año 2000 y concluyan definitivamente
antes del 31 de diciembre del año 2002; y de otra, que en el plazo de
seis meses el Gobierno presente en la Cámara un calendario detallado de
las fechas del inicio efectivo de las obras, así como de su terminación,
con especificación de las previsiones presupuestarias en cada anualidad
correspondientes a los distintos tramos. A continuación fija la posición
de su grupo en relación con las enmiendas presentadas.
En defensa de las enmiendas intervienen los señores Fernández Fernández,
del Grupo Socialista del Congreso, y Posada Moreno, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Sedó i Marsal,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Fernández
Sánchez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Mixto, sobre
política del Gobierno para asegurar las comunicaciones por carretera
entre el norte y el sur de la Península, mediante la ejecución de la
autovía de la Plata, se rechaza por 141 votos a favor y 159 en contra.
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre política general del Gobierno en
materia medioambiental y política de residuos (Página 8864)
Defiende la moción, en nombre del Grupo Socialista del Congreso, la
señora Narbona Ruiz. En primer lugar, quiere dejar constancia en el
«Diario de Sesiones» de que la señora ministra de Medio Ambiente, en el
debate celebrado con ocasión de la interpelación presentada hace dos
semanas, faltó a la
verdad por lo menos en tres puntos: en relación con los planes nacionales
de residuos peligrosos y de suelos contaminados aprobados en 1995; en
relación con las partidas presupuestarias para 1996 correspondientes a
estos planes, y en relación con la aprobación de un decreto sobre
caracterización de residuos que no está aprobado.
A continuación explica el contenido de los seis puntos de que consta la
moción y opina que el Grupo Parlamentario Popular debería aceptarlos
porque es totalmente necesario reconducir la política de residuos.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción, intervienen las
señoras Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, y De Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Rivero Baute, del
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas, interviene
la señor Narbona Ruiz.
Sometida a votación la moción del Grupo Socialista del Congreso sobre
política general del Gobierno en materia medioambiental y política de
residuos, en los términos resultantes de la transaccional propuesta por
el propio grupo y aceptada por los enmendantes, se aprueba por 275 votos
a favor y una abstención.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre situación del
sector vitivinícola español y su futuro ante la próxima reforma de la OCM
del vino (Página 8870)
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida defiende la
moción el señor Centella Gómez, que muestra su satisfacción por propiciar
una iniciativa que ya está recogida en los documentos elaborados por la
Mesa del vino, dándole así carácter de acuerdo parlamentario. Reitera el
consenso alcanzado hace dos semanas, con motivo de la interpelación,
sobre la urgente reforma de la OCM del vino, para que la Unión Europea
pueda hacer frente a la competitividad ante terceros países, sobre la
necesidad de un presupuesto capaz de garantizar la máxima eficacia y
sobre la necesidad de establecer los mecanismos apropiados de seguimiento
y control. A continuación explica el contenido concreto de la moción y
anuncia que no van a aceptar ninguna enmienda no porque no estén de
acuerdo con las mismas, sino porque esperan alcanzar un consenso general
que permita al sector y a los miles de familias que viven del vino y de
la viña sentirse respaldados por esta Cámara.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Chivite
Cornago, del Grupo Socialista del Congreso, e Isasi Gómez, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vázquez
Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla,
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Companys Sanfeliu, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas interviene el señor
Centella Gómez.
Sometido a votación el punto uno de la moción del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, se rechaza por 16 votos a favor, 140 en
contra y 98 abstenciones.
Sometido a votación el punto dos de la moción del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, se rechaza por 15 votos a favor, 138 en
contra y 96 abstenciones.
Se suspende la sesión a las once y quince minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
DEBATE DE TOTALIDAD DE PROPUESTAS DE REFORMA DE ESTATUTOS DE AUTONOMIA
--DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON, DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA
DE CASTILLA Y LEON (Número de expediente 127/000009)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Se inicia la sesión.
Como punto primero del orden del día, vamos a tramitar el debate de
totalidad de propuestas de reforma de estatutos de autonomía. En primer
lugar, el que presentan las Cortes de Castilla y León, siendo el otro el
presentado por la Diputación General de La Rioja, que tramitaremos con
posterioridad a las proposiciones no de ley, tal como ha acordado esta
mañana la Junta de Portavoces.
Por tanto, como he dicho, en primer lugar, vamos a tramitar la propuesta
de reforma del Estatuto de Autonomía
de Castilla y León. Me complace dar la bienvenida, en nombre de la
Cámara, a los representantes de las Cortes de Castilla y León que van a
defender esta propuesta de reforma del estatuto de autonomía.
Tiene la palabra, en primer lugar, doña Elena Pérez Martínez.
La señora PROCURADORA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON (Pérez Martínez):
Buenas tardes.
Señor presidente, señoras y señores representantes de las Cortes de
Castilla y León, señoras y señores diputados, reciban saludos desde
Castilla y León, desde sus Cortes regionales, desde Nueva Izquierda de
Castilla y León, desde una comunidad autónoma que posee un patrimonio
histórico artístico de incalculable valor, reconocido en España y en
Europa, que tiene un idioma, la lengua castellana, que se ha extendido
universalmente, que conserva una tradición universitaria multisecular, la
más antigua de España; una comunidad, en resumen, con su propia lengua,
identidad, cultura e historia.
Desde estas raíces profundas, la desigual construcción del Estado de las
autonomías, en un proceso sin clara vocación autonómica, ha relegado a
Castilla y León a un plano secundario, generando frustración en las
sentidas aspiraciones de autogobierno de su pueblo, de nuestro pueblo,
por la única vía legítima de los mecanismos democráticos, privándonos,
como he dicho, del derecho a una autonomía plena. Se ha producido durante
estos años un sentimiento de agravio frente a una supuesta asimetría en
la construcción autonómica que ha contribuido a la desmotivación y falta
de conciencia en las gentes de Castilla y León.
El proceso de la Unión Europea ha puesto de manifiesto con una gran
fuerza los cambios que se operan en los viejos Estados, en nuestros
Estados. Asistimos a una importante crisis del modelo de Estado-nación,
paralelo a su vez a la construcción de uniones políticas supra e
infraestatales. Sin duda, Castilla y León, junto con el resto de las
regiones y nacionalidades, debe jugar un papel de primer orden en la
construcción europea. El debate sobre la ampliación de la Unión Europea
plantea una nueva y compleja situación para nuestra comunidad autónoma.
Señorías, hay que abordarlo desde posiciones solidarias, es un debate que
debe desarrollarse con la participación del Gobierno del Estado y, cómo
no, con la participación activa de las comunidades autónomas, también la
nuestra.
La autonomía y el federalismo, valores de primer orden para Nueva
Izquierda, a la que represento en las Cortes regionales, son conceptos
políticos que definen una forma más democrática de articulación de la
sociedad, que aproximan el poder a la ciudadanía y que mantienen un
equilibrio entre un Estado cooperativo y solidario, Gobierno eficiente, y
la identificación con un territorio determinado. Por lo tanto, señoras y
señores diputados, todas las competencias pueden ser ejercidas con esa
eficiencia dentro de Castilla y León, no debe corresponder a otros
ámbitos, desde una autonomía plena, como dice la Constitución, no desde
la simple cesión de atribuciones o mera delegación del poder.
Aquí venimos --junto con otros dos compañeros procuradores-- a defender
esta reforma de nuestra norma básica, nuestro estatuto de autonomía,
desde un procedimiento de consenso al que no siempre nos tienen
acostumbrados los grupos mayoritarios, que suelen mantener políticas
exclusivistas en temas también muy trascendentales para Castilla y León.
Nos felicitamos porque esta reforma haya recogido la mayoría de las
aportaciones que Nueva Izquierda ha planteado, consiguiendo con ello un
consenso amplísimo y general en la elevación de nuestro techo
competencial.
Con este nuevo estatuto se refuerza nuestra propia identidad, nuestras
raíces históricas y culturales, nuestra lengua, sin querer con ello
contribuir al concepto mercantilista del mal uso de los hechos
diferenciales. Estamos convencidos y convencidas de que, más allá de la
denominación, tenemos derecho al mismo nivel de competencias, pero todo
ello con un profundo desacuerdo, desde Nueva Izquierda, en el modelo de
financiación autonómica y, posteriormente, sanitaria; modelo político que
favorece a unas comunidades autónomas u otras, partiendo de un concepto
poco solidario y cooperativo del Estado. Desde Castilla y León y desde
nuestro estatuto apostamos, como Nueva Izquierda ha querido aportar el
velar por la no discriminación, por la suficiencia financiera, la
corresponsabilidad fiscal y la solidaridad interterritorial que nos
proporcione garantías de un sistema justo y no nos condicione el ritmo de
asunción de nuestras competencias, como actualmente nos está sucediendo
con la educación, la enseñanza no universitaria, o la sanidad.
Castilla y León sufre importantes carencias en materias fundamentales
para las personas que en ella habitan --infraestructuras, garantía
social, políticas activas de empleo, etcétera-, que se hacen
particularmente dolorosas en una comunidad escasamente poblada y con la
dimensión más grande de Europa. Reclamamos desde aquí las medidas, las
facultades necesarias para que los y las castellano-leonesas alcancen la
cantidad y calidad de servicios públicos, de asistencia social que
constitucionalmente les corresponde. Esta reforma debe --así lo quiere
Nueva Izquierda-- contribuir a la mejora de la calidad de vida y a
alcanzar el pleno empleo en Castilla y León.
Por todo ello, señorías, les solicito, en nombre de las Cortes de
Castilla y León, que voten afirmativamente la propuesta de reforma del
estatuto de autonomía que traemos hoy a la Cámara.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora Pérez
Martínez.
Tiene la palabra, en segundo lugar, don Jaime González González.
El señor PROCURADOR DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON (González González):
Señor presidente, señoras y señores representantes de la Comunidad de
Castilla y León que ya sea por obligación o por devoción asisten a este
debate, señoras y señores diputados y senadores, es un honor para este
procurador intervenir por mandato de las Cortes de Castilla y León ante
el Pleno del Congreso de los Diputados en defensa de la propuesta de
reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, presentada por las
Cortes de mi comunidad. Por tanto, mi intervención lo es más en nombre
del conjunto del Parlamento de Castilla y León que en el del Grupo
Parlamentario Socialista al que pertenezco.
En primer lugar, debo señalar que es la primera vez que se promueve una
reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León por iniciativa de
las propias Cortes de Castilla y León, como resolución y consecuencia
positiva del último debate sobre política general de la comunidad,
celebrado hace ya año y medio. Debo constatar, además, que esta reforma
va más allá de la mera ampliación de los aspectos competenciales, como
fue la de 1994, impulsada por el pacto autonómico de 1992. Esta reforma
afecta a aspectos tan importantes de la comunidad como sus estructuras
territoriales, institucionales, económicas o administrativas. La reforma
que propone nuestro Parlamento amplía nuestra capacidad de decisión sobre
asuntos que nos afectan mucho y que hasta ahora se decidían en otros
ámbitos.
En segundo lugar, tengo que destacar el elevado grado de consenso
alcanzado por la propuesta en el debate celebrado en las Cortes de
Castilla y León. El voto afirmativo de 79 de los 84 procuradores de la
Cámara avalan esta afirmación, en sintonía con nuestra firme creencia de
que es deseo de los ciudadanos elevar nuestra capacidad de autogobierno.
Ese elevado consenso lo consideramos, además, como un valor superior a
alcanzar y preservar en todo lo que afecta al bloque constitucional, dado
el compromiso histórico de Castilla y León con la configuración
integradora y solidaria del Estado español. Ese compromiso se extiende
también a la estabilidad del sistema y a su garantía, entendiendo que
estabilidad no es inmovilismo, sino equilibrio en todos y cada uno de los
momentos, y ello sólo se logra desde los acuerdos altamente mayoritarios.
Este alto grado de acuerdo cobra hoy más valor porque no fue ese el
espíritu que presidió el inicio de nuestra historia autonómica.
Hoy tenemos que felicitarnos de que se hayan sumado al consenso otras
fuerzas políticas que no lo hicieron entonces. No está de más recordar
que el primer texto del estatuto no fue aprobado por unanimidad y que
necesitó de una ley orgánica para que una de las nueve provincias que hoy
la integran se incorporase a la comunidad. Nuestro estatuto también
superó recursos de inconstitucionalidad que cuestionaban la configuración
territorial de Castilla y León o los procedimientos para su modificación.
Tiempo después, ya en la segunda legislatura, en mayo de 1988, la mayoría
en aquel momento de las Cortes de Castilla y León tomó en consideración
una proposición de ley de reforma del estatuto, consciente esa mayoría de
que no contaba con los votos suficientes en el Congreso de los Diputados.
Valga, por tanto, este repaso a los avatares vividos por nuestro estatuto
para que nos ratifiquemos en la defensa del consenso y la estabilidad
como valores superiores a preservar de cara al desarrollo de nuestro
Estado autonómico.
Esta reforma supone, además, un avance indudable. Cuando su desarrollo y
su ejecución estén finalizados nos permitirá duplicar nuestro presupuesto
y gestionar nosotros mismos más asuntos vitales para nuestros ciudadanos.
Los argumentos esgrimidos ya en 1994 por algunas fuerzas políticas para
votar en contra de aquella reforma son los mismos que se esgrimen ahora
por las mismas fuerzas políticas para votar en contra de ésta. Las
reformas eran escasas y cortas, y representaban en cada momento
--decían-- el punto final del desarrollo autonómico para Castilla y León.
Esos argumentos se han demostrado falsos por la propia dinámica, sucesiva
y ampliadora de las reformas. Por tanto, aunque los respetamos, no
entendemos que nuevamente se vote en contra de una reforma que es un
peldaño más en esta estabilidad dinámica que la experiencia y la voluntad
política de todos configurará en el futuro. Queda claro, por tanto, que
nuestro estatuto y sus reformas no son un fin en sí mismos, sino un
instrumento al servicio de las gentes de Castilla y León para mejorar su
nivel y calidad de vida. Por ello, hemos apostado en todo momento
inequívocamente por su cumplimiento y desarrollo y, por ello, es
inevitable que el proceso de traspaso de las funciones y servicios
necesarios para la ejecución de las competencias en él contempladas sea
ágil y leal, entendiendo que ello es consecuencia lógica del clima de
consenso alcanzado.
Así lo entendió el Gobierno Socialista que, aprobada la reforma de 1994,
negoció con carácter inmediato el traspaso de los medios correspondientes
a la Seguridad Social en las materias encomendadas al Inserso y a la
enseñanza universitaria, con resultados tan solidarios que permitieron al
Gobierno de Castilla y León valorarlos muy positivamente. Es poco
aleccionador que todavía en estos momentos, cuatro años más tarde de la
última reforma en la que se reconocían competencias en enseñanza no
universitaria, no existan, después de los incumplimientos habidos, ni
fechas definitivas ni valoraciones suficientes para el traspaso de los
medios necesarios con el fin de ejercer la competencia en una materia tan
significativa.
El principio de solidaridad y cooperación que presidió la negociación de
los traspasos citados debe informar no sólo los traspasos pendientes,
sino los que se derivan del nuevo estatuto, especialmente la gestión de
la asistencia sanitaria de la Seguridad Social y la administración,
control y policía del dominio público hidráulico de la cuenca del Duero
en el territorio de la Comunidad de Castilla y León. Igualmente es
necesario que ese mismo espíritu de agilidad y lealtad que ha presidido
la negociación y el debate se aplique y alcance a la creación de las
instituciones propias de la comunidad y a su puesta en funcionamiento. La
existencia real del consejo consultivo y del consejo de cuentas
constituirán elementos ciertos de enriquecimiento y normalización del
funcionamiento de la comunidad autónoma.
Los encargos que el nuevo estatuto hace a la comunidad son: velar por que
el Estado garantice la realización efectiva de los principios de igualdad
y solidaridad sin que las diferencias entre los estatutos puedan
significar privilegios económicos y sociales contra Castilla y León, que
en su financiación se ponderen los factores de extensión superficial,
dispersión y baja densidad de población, que constituyen nuestro hecho
diferencial, que la garantía del nivel mínimo de prestación en los
servicios públicos esenciales con cargo a los presupuestos del Estado
determinen un marco legal y financiero que proscriba las relaciones de
bilateralidad entre el Estado y las comunidades autónomas, actualmente
tan en boga, y que no se encuadre en esas situaciones concretas.
Para finalizar, quiero hablar de dos cuestiones: tenemos una extensión de
94.193 kilómetros cuadrados, 2.247 municipios, 2.231 pedanías y 3.917
núcleos de población en donde vivimos sólo dos millones y medio de
personas. Esta reforma del estatuto debe formar parte de un proceso de
descentralización que permita que las viejas y prestigiosas figuras de
nuestro ordenamiento territorial, ayuntamientos y juntas vecinales que
están más cerca de los ciudadanos y, como consecuencia de ello, son
generalmente más eficaces, gestionen en el futuro más asuntos, con más
recursos, con más capacidad de decisión y con arreglo a sus criterios
políticos autónomos.
En definitiva, se trata de que el reconocimiento del autogobierno no
finaliza en las comunidades autónomas e igualmente debe permitir que
otras corporaciones locales emergentes, como las comarcas, entren a
formar parte, sin cicatería y de manera efectiva, del esqueleto
territorial de Castilla y León. Este conjunto de nuevos impulsos a la
descentralización hace urgente la existencia de una Cámara de naturaleza
auténticamente territorial en las Cortes Generales. Ese papel corresponde
inequívocamente al Senado, que debe cumplir, además, con el de ser la
principal instancia de cooperación entre las comunidades autónomas y de
debate de aquellos asuntos europeos de importancia para las mismas. Su
configuración y puesta en marcha deben estar presididas también por el
consenso como valor superior.
Finalizo, como no podía ser de otra manera, solicitando el voto favorable
de esta Cámara a esta propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de
Castilla y León, presentada por nuestras Cortes, a la vez que reclamo
para esta comunidad las políticas solidarias imprescindibles para la
superación de los problemas que afectan a nuestro progreso.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
González.
Finalmente, en este turno de presentación de la propuesta de reforma,
tiene la palabra don Juan Vicente Herrera Campo.
El señor PROCURADOR DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON (Herrera Campo):
Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, es un honor intervenir esta tarde ante el
Congreso de los Diputados formando parte de la delegación de las Cortes
de Castilla y León, y en mi condición de portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en las mismas, para la presentación y defensa de la propuesta de
reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que fue aprobado
por el Pleno de aquellas Cortes el pasado día 29 de abril.
Esta propuesta de reforma es el resultado de un intenso y extenso trabajo
parlamentario que tiene su origen en la voluntad compartida de seguir
desarrollando con decisión el modelo constitucional de organización
territorial y que ha concluido con un amplísimo y muy satisfactorio
acuerdo político que, sin duda, garantiza el respaldo social a todo este
proceso.
Castilla y León acaba de cumplir los quince primeros años de su vida
autonómica. El balance sustancial de esta experiencia es necesariamente
positivo y viene en lo fundamental marcado por una renovada y más
responsable forma de sentir y valorar lo propio, por una natural
adaptación de toda la actividad social al marco territorial de la
comunidad, por una presencia próxima y cotidiana de nuestras
instituciones de autogobierno, por la prestación autonómica de buena
parte de los servicios que más directamente afectan e interesan a los
ciudadanos y a las familias y, en fin, por un continuado esfuerzo de
transformación social y económica sin precedentes en nuestra historia y
que ningún observador objetivo puede negar.
Son éstas algunas de las razones que justifican, sin duda, la existencia
de Castilla y León como comunidad autónoma y que, sobre todo, animan a
progresar en el ejercicio de esa autonomía, nunca desde la complacencia
por las viejas glorias pasadas, sino a base de impulsos de futuro como el
que constituye la propuesta de reforma que hoy comienza a debatirse en
esta Cámara,
con la pretensión de que nuestra norma institucional básica se constituya
en el verdadero estatuto de la consolidación que impulse la Castilla y
León del inminente siglo XXI.
Para conseguir este objetivo era imprescindible sortear a lo largo del
trámite de reforma una serie de tentaciones que considero que han sido
evitadas con éxito y sentido común. No se trataba en ningún caso de
refundar nuestra comunidad ni de cuestionar su plena legitimidad de
origen so pretexto de las especiales circunstancias que concurrieron en
su nacimiento. Tampoco se trataba, señorías, de reescribir la historia,
campo siempre abonado al subjetivismo, pero con el que creo que Castilla
y León no tiene ninguna deuda que saldar. Tampoco se trataba, en fin, de
participar en una loca carrera de hechos diferenciales como vía de
afirmación autonómica o cura de hipotéticos complejos. Se trataba
sencillamente de buscar en el marco constitucional nuevas y más amplias
respuestas a los problemas, intereses, necesidades y aspiraciones de
Castilla y León y de sus ciudadanos, utilizando todo el debate que se ha
considerado necesario para ello hasta alcanzar una propuesta como la que
presentamos, lo más común posible, en la que pueden reconocerse algunos
de los rasgos que caracterizan el ser y el estar de Castilla y León en la
España autonómica: visión integradora, pluralidad, equilibrio, lealtad y
exigencia.
Quisiera destacar ahora brevemente, señorías, algunos de los aspectos a
mi juicio más relevantes de la reforma que proponemos. La lengua
castellana y el rico patrimonio histórico, artístico y natural de
Castilla y León son, sin duda, valores universales y comunes a todos, y
esa evidencia nos llena de orgullo. Pero son también realidades en torno
a las cuales castellanos y leoneses hemos fortalecido sin ningún ánimo
excluyente o exclusivo nuestro sentido de comunidad, lo que explica su
expreso reconocimiento como valores de identidad y, lo que es más
importante, el compromiso de su protección y apoyo.
Las instituciones básicas de la comunidad se ven liberadas de algunas
limitaciones existentes en el actual texto del estatuto con el propósito
de conseguir su más operativo funcionamiento. En particular, las Cortes
de Castilla y León podrán afrontar eficazmente durante las próximas
legislaturas el incremento de trabajo parlamentario que se deriva de la
ampliación de competencias de la comunidad, al desaparecer el límite ya
desfasado de 120 días hábiles para su funcionamiento durante los períodos
ordinarios, y al posibilitarse una nueva y más flexible regulación de la
figura del procurador regional y su grado de dedicación a esas más
intensas tareas. Se incrementan las fórmulas de participación ciudadana
en la labor legislativa a través de la iniciativa popular y se incluyen y
regulan la cuestión de confianza y la facultad del presidente de la Junta
de disolver anticipadamente las Cortes, sin perjuicio de reforzarse el
principio general de coincidencia y coordinación en la celebración de las
elecciones autonómicas con las consultas en otras comunidades autónomas.
Se completa la organización de la comunidad con otras instituciones,
algunas ya existentes pero aún no previstas en el propio estatuto, como
el Procurador del Común o el consejo económico y social y otras de futura
creación mediante ley autonómica como los consejos consultivo y de
cuentas que, por razón de sus respectivas competencias, sin duda,
prestarán un eficaz, cercano y ágil servicio al complejo mundo de las
entidades locales de Castilla y León, cuyas bases de relación con la
comunidad también se modernizan y reordenan.
En su marco competencial la comunidad da un paso decisivo en la asunción
de los servicios que más directa y universalmente afectan e interesan a
los ciudadanos y definen la calidad de vida de éstos y sus familias. En
efecto, tras haber asumido en la anterior reforma estatutaria las
competencias de desarrollo legislativo y ejecución sobre educación, cuya
completa transferencia se negocia actualmente, se incorporará ahora,
entre otros, el título competencial de la asistencia sanitaria de la
Seguridad Social. Además la comunidad quiere también materializar en esta
reforma su vieja aspiración de ampliar cuanto sea posible su
participación en la gestión de la cuenca del Duero, elemento de enorme
trascendencia simbólica, estructural y económica para Castilla y León.
Por otra parte, y en íntima relación con cuanto queda dicho, se ha
entendido que el nuevo texto del estatuto debía necesariamente referirse
a aquellos factores que tanto condicionan y determinan en Castilla y León
la acción eficaz de sus instituciones de gobierno y la digna prestación
de todos los servicios públicos; esto es, una extensión territorial
equivalente al 18 por ciento de la total de España, una densidad de
población 50 puntos inferior a la media nacional y una dispersión de esa
misma población en un fragmentado mapa que agrupa casi el 30 por ciento
de los municipios españoles.
Señorías, debo finalizar y quiero que mis últimas palabras sean para
solicitar su voto favorable a esta propuesta de reforma del Estatuto de
Autonomía de Castilla y León, que consideramos de enorme importancia para
asegurar la estabilidad política, social y económica y el mejor futuro de
nuestra comunidad y que, desde esos rasgos de visión integradora
(pluralidad y equilibrio, lealtad y exigencia) a los que hice anterior
referencia, pretende ser, además, una sincera y respetuosa contribución
de Castilla y León a la estabilidad misma de la España autonómica y
constitucional.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Herrera.
¿Grupos parlamentarios que desean fijar la posición en el debate?
(Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: Muchas gracias, señor presidente.
Subo a la tribuna en nombre de Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya,
y deben ser desde luego mis primeras palabras para dirigir un saludo a
las autoridades de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, a los
procuradores y a la procuradora y, a través de ellos, en definitiva, a
todo el pueblo de Castilla y León. En coincidencia con un saludo que no
solamente es retórico, sino sincero, porque nos traen una buena noticia y
un buen texto político y jurídico, también nos felicitamos por el trámite
que sitúa en una nueva fase el proceso que se iniciaba con la resolución
de las Cortes de Castilla y León el 12 de diciembre de 1996.
En el tiempo transcurrido hay que constatar dos hechos positivos que, en
cualquier caso, son ya claramente citas de referencia, momentos a tener
en cuenta en la historia de esta comunidad autónoma. En primer lugar, ha
habido un debate intenso en Castilla y León, en las Cortes y en toda su
sociedad, sobre su autogobierno; que un pueblo, con su larga historia,
con su gran identidad, con su profundo sentimiento de pertenencia a una
comunidad histórica, reflexione, hable, debata, sobre su autogobierno
siempre es una buena noticia. En segundo lugar, también hay que
felicitarse porque el nivel de consenso alcanzado es muy grande. El
resultado, que es el fruto de ese consenso, es el que hoy se somete a la
consideración de esta Cámara y supone un avance muy considerable, no sólo
respecto del primer estatuto aprobado, sino un avance más importante que
la reforma de 1994.
Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya aquí, como Nueva Izquierda en
Castilla y León, se congratula de esos avances que modestamente trataré
de resumir o sintetizar en dos aspectos: en primer lugar, en el
incremento del techo competencial, que permitirá superar desigualdades
injustificadas. Este hecho además de elevar el contenido material del
autogobierno, como digo, otorga a los poderes públicos de la comunidad
autónoma instrumentos para la profundización del Estado social, para que
sean también un instrumento de remoción de aquellos obstáculos que
igualmente configuran a veces panoramas preocupantes de insolidaridad o
desigualdades en esta comunidad autónoma, como en otras del Estado
español. Por tanto, como desea nuestra Constitución, también se avanza
aquí en la construcción del Estado social, y ello en materia muy
sensible, como la salud, o sin olvidar las posibles actuaciones en
materia de recurso hídricos donde se aúna la preocupación por el medio
ambiente con las legítimas perspectivas de desarrollo económico.
En segundo lugar, también constatamos una mejora sustantiva de los
mecanismos institucionales de ejercicio del poder autonómico, sin los que
el autogobierno es una mera administración, sin alma, sin esa alma
democrática que debe impulsar todas las acciones de los poderes públicos,
en definitiva, una mera administración con déficit democráticos que hay
que superar en el marco constitucional. Con el texto que hoy se trae a la
consideración del Congreso de los Diputados se avanza en este sentido.
Valgan como ejemplos, dicho sea de manera muy sencilla, porque ya los
procuradores y la procuradora que me han precedido en el uso de la
palabra han abundado con más conocimiento de causa que yo mismo en esta
materia, la disolución anticipada de las Cortes, el consejo consultivo,
el consejo de cuentas, la mayor agilidad en el funcionamiento
parlamentario o la posibilidad de utilizar ese importante instrumento de
democracia semidirecta, como es la iniciativa legislativa popular. Por
ello, Nueva Izquierda se sumó en la comunidad autónoma y se suma hoy aquí
a esa gran mayoría que está a favor de la reforma del Estatuto de
Autonomía de Castilla y León.
Por supuesto, como sucede siempre que hay un debate en un tema tan
profundo que va a determinar la vida de las instituciones y de las
personas para los próximos lustros, nos hubiera gustado que en algún
punto la redacción definitiva hubiera sido distinta, que se hubiera
avanzado más. Solamente insistiré en uno, en el referente a la
Administración local que, en definitiva, sigue siendo la gran olvidada en
el diseño político del Estado. Dadas las peculiaridades características
de este tema en Castilla y León, como también se ha puesto ya de
manifiesto en esta tribuna, hubiéramos preferido que se hubiera ido un
poco más allá de lo que el texto dice. Pero en fin, por encima de esos
detalles, volvemos a felicitarnos por los avances, por el incremento que
va a suponer en la identidad y en la contribución a la calidad de vida de
los ciudadanos y ciudadanas de Castilla y León. Por eso, votaremos que sí
a la toma en consideración y, por respeto a la alta mayoría alcanzada en
Las Cortes de Castilla y León, no presentaremos tampoco enmiendas en los
sucesivos trámites parlamentarios que todavía quedan hasta la definitiva
conclusión del debate, la tramitación en Las Cortes Generales y la que
estamos seguros que va a ser la próxima ley orgánica que incorporará este
texto al bloque de constitucionalidad.
Reitero las felicitaciones al pueblo castellano-leonés y a sus
representantes.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Alcaraz.
En segundo lugar, también por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor
Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas y señores diputados de Las Cortes de Castilla y León,
señoras diputadas y señores diputados, en nombre del Bloque Nacionalista
Galego, queremos aprovechar esta ocasión para realizar algunas
reflexiones que, sin duda, esperamos que sean del interés de todos.
Subimos a esta tribuna con el afán de comentar y exponer nuestra posición
en relación con un nuevo artículo, el 4, del Estatuto de Autonomía de
Castilla y León; reformado que de manera soberana los diputados y
diputadas de Las Cortes de Castilla y León han colocado bajo el epígrafe
sintomático de valores esenciales. Y participamos de la creencia de Las
Cortes de Castilla y León de que, efectivamente, el idioma castellano es
un valor esencial, que sustenta cultural y socialmente a Castilla y León,
incluso podemos añadir que sustenta a lo que estricta, precisa y
claramente se denomina la nación española. Pero, lógicamente, nosotros no
somos quien para indicar a los parlamentarios y parlamentarias de
Castilla y León que posiblemente un idioma como el castellano no necesita
de especial protección y apoyo porque, afortunadamente, cuenta con una
sociedad que lo habla, que lo transmite de generación en generación y con
una protección oficial, sin duda, a prueba de bomba, como es legítimo en
su propio territorio. Pensamos que esta terminología de especial
protección y apoyo parecería estar indicada más bien para la situación
del castellano en California o en Puerto Rico --e incito a todos los
hablantes del español a que realicen acciones solidarias en este
aspecto--. Sin embargo, nuestra preocupación viene dada por la redacción
que se da al punto 2 del artículo 4 cuando, siguiendo una terminología
constitucional, la utilizada por el artículo 3.3 de la Constitución
española, se habla de que serán respetadas como patrimonio cultural las
modalidades lingüísticas existentes en determinadas zonas del territorio
de la comunidad.
Si hacemos caso a alguno de los padres de la Constitución española, ellos
admiten claramente, como el señor Fraga Iribarne, que esta redacción se
hizo en función de un criterio jerárquico, conforme a la cual había un
nivel superior, el del castellano o español, un nivel de cooficialidad
aceptable, pero como si fuesen objetores de conciencia, que sería el de
los idiomas que son oficiales en sus comunidades autónomas, y un tercer
nivel, que el señor Fraga Iribarne dijo que era legítimo, que era el
propio del panocho, de las variedades dialectales, de las formas
peculiares a los que nos tienen habituados muchas veces en las comedias y
en los sainetes de rango folclorizante. En ese aspecto, quiero llamar su
atención de que es malo hacer una política de eufemismos reduccionistas
que eliminen la realidad. Sin duda saben sus señorías que no se puede
catalogar de modalidad lingüística la existencia de un idioma como la
lengua gallega, que es hablada en El Bierzo y en parte de Sanabria, en A
Seabra. Nosotros no vamos a criticar las decisiones que toman las
estructuras político-administrativas y la pertenencia de ciudadanos de
cualquier parte del territorio a estas estructuras
político-administrativas, pero sí creo que tenemos derecho a llamar la
atención sobre esta exclusión, sobre este uniformismo, sobre esta
jerarquización que sin duda alude, cuando menos, a la lengua gallega bajo
un eufemismo claramente discriminatorio como una modalidad lingüística
equivalente, en palabras del señor Fraga Iribarne, padre de la patria, al
panocho o a cualquier otra variedad dialectal de una lengua cualquiera de
las habladas en el Estado español.
En función de este criterio intervengo; respetamos la decisión de los
representantes populares de Castilla y León, pero esperamos también que
acepten que hay una realidad objetiva de carácter cultural y lingüístico
y unos derechos humanos que no pueden ser eliminados en nombre de ningún
capricho de carácter político-administrativo. En todo caso, señorías,
esperamos que, a partir de decisiones de la propia Comunidad Autónoma de
Castilla y León y de la voluntad originada, por lo menos, en El Bierzo y
en Sanabria, sea posible la enseñanza de la lengua gallega y en lengua
gallega y en su caso del uso social de este idioma en esos territorios,
de acuerdo también, si ustedes lo consideran oportuno, con la Comunidad
Autónoma de Galicia y en concreto con su Gobierno, que es la Xunta de
Galicia. Hago estos planteamientos en nombre, vuelvo a repetir, de la
claridad y de no emplear eufemismos reduccionistas o discriminatorios.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Rodríguez.
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señor presidente.
Señorías, en nombre de Coalición Canaria y como portavoz de la misma,
sean mis primeras palabras un saludo cordial y de bienvenida a la señora
y a los dos señores procuradores de las Cortes de Castilla y León, que
han presentado este magnífico documento sobre las libertades
constitucionales en España, sobre los derechos de todas sus comunidades
autónomas. Yo quisiera significárselo hoy de una manera muy especial,
desde la representación que mi grupo parlamentario tiene desde esa España
archipielágica en el Atlántico, desde Canarias, a la Comunidad de
Castilla y León, con la que tantos vínculos de origen existen en Canarias
desde hace algo más de quinientos años.
Creemos --y aquí lo digo en primer lugar-- que ustedes tienen en esta
propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León un
magnífico avance de todo ese acervo de posibilidades de autogobierno que
permite el régimen constitucional español. Ustedes tenían la Ley Orgánica
4 de 1983, pero hubo una pequeña reforma de la Ley Orgánica 11 de 1994, y
ellas creo que quedan superadas suficiente y positivamente con este nuevo
proyecto. De aquí que les adelante que Coalición Canaria va a votar
favorablemente
su toma en consideración. A la vista de los contenidos que rápidamente
enumeraré, sintiéndonos satisfechos solidariamente de los mismos, vamos a
votarlo favorablemente en Comisión y en cualquiera de los trámites de
esta Cámara y del Senado, sin presentar ninguna enmienda, para que sirva
de aliento a todos los procesos de los que dentro del ordenamiento legal
español se van dotando las comunidades autónomas. Esto lo digo desde una
comunidad autónoma como la canaria, en nuestra representación compartida
con otras fuerzas políticas aquí presentes, tanto en el Congreso de los
Diputados como en el Senado, e igual que en el Parlamento autónomo de
Canarias. ¿Por qué decimos esto? Porque estamos tratando de equilibrar
armónicamente todas las posibilidades que hay de competencias
autonómicas.
Cuando ustedes presentan un nuevo texto, en el que hay una unanimidad
dentro de las Cortes de Castilla y León, nuestro primer deber de respeto,
democrático y de solidaridad es apoyar esa unanimidad, que nace de una
propia iniciativa de su órgano representativo democrático genuino: Las
Cortes de Castilla y León. Cuando ustedes ponen en sus primeros artículos
los valores esenciales, están conectando precisamente con un compromiso
no solamente sociológico y democrático, sino con un compromiso histórico
y constitucional, un hilo conductor permanente en la historia de esta
nación que llamamos España. Cuando, más adelante, en su artículo 14,
introducen la figura del Procurador del Común, también están sintonizando
con nuestra comunidad autónoma, que tiene la figura del Diputado del
Común, para recoger demandas frente a un posible exceso de la burocracia
administrativa y que el ciudadano de nuestro Estado constitucional
también participe de esta posibilidad. Podía parecer un contrasentido
que, cuando todo el Estado español tiene la figura del Defensor del
Pueblo, las comunidades autónomas no tuvieran la posibilidad de crear una
figura institucional, y hubiera comunidades autónomas con distinta
capacidad y sus ciudadanos pareciera que eran de segunda. Han de tener la
posibilidad de disfrutar de una figura institucional con cualquier
nombre, similar al Defensor del Pueblo del Estado español que tenemos
otras comunidades autónomas. La Comunidad Autónoma de Canarias tiene esta
figura y creemos que en la Comunidad de Castilla y León el ciudadano debe
tener en el Procurador del Común la institución que gestione todas las
reclamaciones.
También creemos que es un avance democrático y de confianza que el
presidente de la comunidad autónoma pueda someterse a una cuestión de
confianza; es una prueba democrática de que el sistema funciona con una
serie de garantías, de que no hay ningún principio de blindaje en ninguna
de estas figuras institucionales. Por tanto, una cuestión de confianza
merecerá siempre el apoyo de todas las fuerzas democráticas, estemos o no
en una comunidad autónoma que la tenga reconocida. Precisamente, esta
casa común, nuestro Congreso de los Diputados, las Cortes Generales,
también tienen reconocida esa figura. Entendemos que ningún ciudadano
español, por el mero hecho circunstancial de nacimiento, de residencia en
una comunidad autónoma puede verse de un derecho que tienen otros.
La figura que introducen en su artículo 23, la disolución anticipada de
esas Cortes, es un derecho perfectamente merecido y respecto al cual van
a tener nuestro apoyo.
Qué decir del artículo 41, donde ustedes mismos se someten a un principio
de solidaridad con las restantes comunidades autónomas, para que no haya
privilegios, y esto dicho desde una comunidad autónoma que, como la de
Canarias, tiene un régimen específico económico y fiscal, precisamente
por viejas concesiones de la reina doña Isabel de Castilla. Todos esos
privilegios que se materializaron el siglo pasado en los antiguos puertos
francos, desde las reales pragmáticas de los Reyes Católicos, hoy también
lo tenemos reconocido aquí por un principio de solidaridad.
Qué decir también de las figuras que ustedes introducen en sus artículos
51 y 54, el consejo de cuentas y el consejo económico y social. En
definitiva, son instituciones nuevas en el ordenamiento de Castilla y
León que vienen a consolidar el entramado democrático institucional de
figuras similares a las que tienen el Estado y en otras comunidades
autónomas, que harán posible una participación activa de todos los
ciudadanos de la comunidad autónoma. En esa línea de solidaridad y con
este sentido de afecto a toda la representación de las Cortes de Castilla
y León, el apoyo, el aliento y el mejor deseo de convivencia dentro de la
Constitución Española de Coalición Canaria.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora
Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Señor presidente, señorías, comienzo saludando
en nombre de mi grupo a la señora procuradora, a los procuradores
representantes de las Cortes de Castilla y León que acompañan a esta
Cámara en la modificación de su Estatuto, que en su preámbulo se califica
de avance decisivo en el proceso de desarrollo y consolidación de la
comunidad autónoma.
La reforma que nos presentan sigue la tónica de la de los estatutos de
las comunidades del 143 que ya hemos venido examinando, y así se alargan
los períodos de sesiones, se regula la disolución anticipada, se
establece el Defensor del Común como comisionado de las Cortes, se
establece el órgano consultivo, el consejo de cuentas y, por supuesto, se
eleva el techo competencial.
Apunto la curiosidad que me suscita el artículo 37, en el que se retiene
la misma previsión que el artículo 148.2 de la Constitución contempla
para la primera etapa de estos estatutos; es decir, se da una segunda
posibilidad de ampliación de competencias, dentro del artículo 149, por
supuesto, sin ser propiamente reforma estatutaria. Es una previsión
original que no he visto en otros estatutos.
El Grupo Vasco no enmienda estatutos de comunidades en los que no tiene
implantación por respeto al principio dispositivo y a la capacidad de
decisión de sus órganos propios, salvo, por supuesto, que estas normas le
afecten o afecten a las normas reguladoras de la Comunidad Autónoma
vasca.
El Estatuto castellano-leonés hoy vigente fue en su día objeto de un
recurso de inconstitucionalidad, al que ha hecho referencia alguno de los
procuradores que han intervenido, interpuesto por el Gobierno y por el
Parlamento vasco por entender que su disposición transitoria séptima,
apartado tercero, de segregación de enclaves pertenecientes a la
Comunidad de Castilla y León, entraba en colisión con lo previsto en el
artículo 8 del Estatuto vasco. La sentencia dictada por el Tribunal
Constitucional, de 11 de julio de 1996, declaró su plena
constitucionalidad, pronunciamiento del que, con el debido respeto al
alto tribunal, discrepamos, estando absolutamente de acuerdo, como ya
manifestamos en su día, con el voto particular del profesor Jesús
Leguina.
Sin entrar ahora en disquisiciones doctrinales de si un estatuto debe
medir su constitucionalidad sólo en relación con la Constitución o si
debe hacerlo con el conjunto del espectro constitucional y estatutario,
lo que sí es evidente es que la sentencia del año 1986 no ha tenido la
virtualidad de servir para solventar conflictos sociales realmente
existentes. El llamado asunto Treviño sigue ahí, de permanente
actualidad, y, por ceñirme a tiempos cercanos, citaré la solicitud de
consulta al Gobierno efectuada por el Ayuntamiento de Condado de Treviño,
la sorprendente negativa del Gobierno, la celebración de la consulta a
pesar de todo, la interpelación formulada por el grupo al que represento
en esta Cámara, distintas iniciativas en el Senado, la dimisión de parte
de su corporación municipal y la dificultad para sustituirles. Quizá, la
tramitación de esta reforma del estatuto sea el momento adecuado para dar
cauce a la posibilidad de que se pronuncien los ciudadanos de Treviño.
Evidentemente, en cualquier procedimiento que se articule, la capacidad
de cierre debe tenerla la Comunidad de la que el territorio se segrega,
es decir, la capacidad de cierre la tendrá siempre la Comunidad de
Castilla y León. Es una decisión política que a ella corresponde, pero,
cuando menos, debería articularse el mecanismo para que la decisión
inicial de empezar el proceso, que es un mero acto administrativo que
proviene de un órgano de este carácter, no tenga virtualidades
impeditivas. No sacralicemos los enclaves, arcanos feudales, y tengamos
en cuenta que hacer prevalecer la vieja teoría del territorio sobre la
voluntad de sus habitantes parece incompatible con los actuales
postulados políticos democráticos.
Es forzoso también que desde mi pertenencia al Partido Nacionalista Vasco
haga referencia a la previsión que se contiene en el artículo 41.
Entendemos que no es materia propia de un estatuto prever actuaciones del
Estado en defensa de los intereses de la propia comunidad autónoma.
Además, creemos que es inútil tal tipo de previsión, pues el riesgo
frente al que se quiere cubrir no existe ni puede existir conforme al
orden de competencias constitucionalmente diseñado. No es aceptable un
precepto que está redactado desde la desconfianza y el recelo ante el
ejercicio legítimo de las competencias de otras instituciones. Además, si
se entiende que tal hipótesis es posible, ¿por qué no se introduce una
cautela idéntica a la inversa que garantice que Castilla y León no
perjudicará, al ejercer sus competencias, a otras comunidades autónomas
limítrofes?
Por otro lado, lo que en realidad pretende este artículo es sortear y
pasar por alto las decisiones reiteradas de los tribunales de justicia,
que niegan legitimación a una comunidad autónoma para impugnar las
disposiciones procedentes de otra. En definitiva, creemos que el artículo
41 es desafortunado, ofensivo para la Comunidad Autónoma vasca, además de
vacío e inútil.
En todo caso, votaremos, por supuesto, como hacemos siempre, a favor de
la toma en consideración de la iniciativa, aportaremos nuestro esfuerzo
para que en el trámite de enmiendas pueda articularse una salida al
llamado asunto del Condado de Treviño y, finalmente, nos veremos
obligados a enmendar el citado artículo 41.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor López de Lerma.
El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Señor presidente, señorías, intervengo
para, en primer lugar, efectuar una cordial salutación a nuestros colegas
de las Cortes de Castilla y León que nos acompañan en este trámite de
aceptación de su propuesta de reforma del estatuto de autonomía de dicha
región.
El Grupo Parlamentario nacionalista Catalán no puede sino sumarse a la
petición de las Cortes de Castilla y León de profundizar en su capacidad
de autogobierno y de incrementar el nivel competencial. En esto
reconocerán que somos absolutamente leales a cuanto prescribe la
Constitución y absolutamente coherentes en cuanto a los métodos y
mecanismos que ella contempla para, en la medida en la que cada comunidad
autónoma tiene capacidad para ello, ir incrementando su autogobierno.
Esta coherencia no siempre se nos reconoce ni en esta Cámara ni fuera de
ella, pero en todo caso que quede constancia en el «Diario de Sesiones»
de la congruencia histórica de nuestros votos siempre que se trate de
incrementar, repito, la capacidad de autogobierno y el nivel competencial
de cualquiera de las comunidades autónomas. No sabemos si esa solidaridad
hacia los demás será solidaridad de los demás hacia nosotros si algún día
Cataluña plantea una revisión de su estatuto de autonomía.
Señor presidente, señorías, reafirmado nuestro voto favorable a la toma
en consideración, no podemos dejar de subrayar algunas cuestiones, que
entendemos como no menores, que plantea esta reforma de estatuto. En
primer lugar, que sea más fruto de un acuerdo partidario que del
ejercicio de soberanía por parte de un parlamento o de un gobierno
autonómico. Se inscribe en lo que está previsto para los estatutos del
artículo 143 y nace de un pacto entre los dos grandes partidos políticos
de actuación estatal. Esto es así, nadie puede negarlo, lo cual tampoco
niega que hayan sido las Cortes de Castilla y León las que hayan iniciado
el trámite correspondiente para la revisión de su propio estatuto. Pero
no nos gusta que las competencias de cada comunidad autónoma sean fijadas
en despachos de Madrid entre partidos políticos o que no surjan
precisamente de la voluntad de los respectivos parlamentos autonómicos.
En segundo lugar, el efecto frontera, por llamarlo así, que contempla el
artículo 41, donde se habla de que la Comunidad Autónoma de Castilla y
León velará para que las competencias de otras comunidades autónomas y
sus estatutos respectivos no puedan implicar en ningún caso privilegios
económicos o sociales en perjuicio de Castilla y León. Esa sí que es una
novedad absolutamente chillona, porque comporta ni más ni menos que una
inquietud respecto de la propia Constitución, una intranquilidad respecto
de otros estatutos, y entendemos, al menos así lo entiende este diputado,
que nada se puede construir desde el recelo ni nadie se puede autoafirmar
desde el desprecio o el temor hacia los demás, y ese artículo 41, en su
apartado 1, no hace otra cosa que dibujar en el horizonte, de una manera
difusa pero muy concreta en su expresión, posibles privilegios
económico-sociales que la Constitución
--¡faltaría más!-- prohibe taxativamente para cualquier comunidad
autónoma respecto de otra. Me parece que es algo que sobra pero que
probablemente resida en el subconsciente histórico de Castilla y León y
de su actual Parlamento.
También debo destacar el artículo 37, tal y como está redactado en su
apartado 1, donde se dice que podrá ampliarse el ámbito de las
competencias, de acuerdo con el artículo 148 de la Constitución, en
aquellas que no estén atribuidas en exclusiva al Estado y en aquellas que
sólo estén atribuidas a las bases o principios, y que tendrán un
mecanismo especial --digámoslo así--, aunque al ser materia orgánica, por
su naturaleza de estatuto de autonomía, deben contar con el beneplácito
de las Cortes Generales.
Me llama mucho la atención, cuando uno lee la prensa de estos días, que
los dos grandes partidos que hacen posible el impulso de esta reforma
propongan uno al otro precisamente cercenar la posibilidad de utilizar
otro artículo, el artículo 150, apartado 2, de la Constitución, que es
tan constitucional como el artículo 148 que se cita en ese estatuto,
donde se da un mecanismo mediante el cual, con la competencia residente
en las Cortes Generales, las comunidades autónomas pueden asumir
competencias de las que inicialmente es titular el Estado. Hay algo que
nos llama la atención en este estatuto de autonomía que es, por un lado,
intranquilidad e inquietud respecto de otras comunidades autónomas y, por
otro lado, velar por una autoprotección que es absolutamente anormal en
un estatuto de autonomía y además se permite el lujo de establecer la
celebración de tratados o convenios internacionales, cosa que hasta el
día de hoy en el Derecho internacional está absolutamente reservado a los
Estados, tanto que así lo dice la Constitución española.
Hay cuestiones en este estatuto de autonomía, señor presidente, que desde
nuestro voto favorable a su toma en consideración nos produce cuando
menos perplejidad; la inquietud reside en quienes lo han redactado.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor López de
Lerma.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra don
Antonio Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor presidente, señorías, vaya por delante
nuestra cordial bienvenida a los portavoces, procuradores de las Cortes
de Castilla y León, que han presentado la proposición de ley esta tarde
aquí y a quienes les acompañan.
Dicho sea de paso, a mí me hubiese gustado también que en ese sitio, y
presentando la propuesta de reforma del estatuto, hubiese estado un grupo
parlamentario; por dos razones: primera, porque tiene cinco diputados,
con independencia de la pérdida de uno, y, segunda, porque un parlamento
se diferencia de un ejecutivo en la manifestación de la pluralidad, tanto
es así que en el siguiente estatuto, que es el de La Rioja, sí que
intervendrán los que tienen diversas posiciones. Pero, en fin, no es
bueno que solamente se oiga una sucesión de apoyos y no las diversas
maneras de entender la autonomía, el Estado, que debe culminar al final
del proceso.
Voy a intentar explicar la posición de Izquierda Unida, que va al renglón
de lo que ha sido la trayectoria de nuestra organización, del Grupo
Federal de Izquierda
Unida, en el trámite de todos los estatutos de autonomía. Estamos a favor
de la reforma de los estatutos de autonomía, de todos y de cada uno de
ellos, de este también. Lo que sucede es que no estamos de acuerdo con el
contenido de esta propuesta, fundamentalmente por dos razones: una,
porque no viene con el grado de consenso con el que otros estatutos han
venido, y no ha sido así --como decía el representante de Convergència i
Unió-- porque no se ha hecho un nacimiento de abajo a arriba, que hubiera
sido muy positivo, sino que ha estado muy condicionado por los elementos
que las dos grandes fuerzas han puesto para el acuerdo de arriba a abajo.
Es como una especie de reedición de los pactos de 1992, que dieron lugar
a la reforma del año 1994, que no han culminado en este caso para este
estatuto de autonomía.
Por ejemplo, sí lo hizo para Castilla-La Mancha. ¿Y por qué lo hizo para
Castilla-La Mancha? Porque en el Estatuto de Autonomía de Castilla-La
Mancha se hacía referencia a un elemento importante, lograr la
proporcionalidad del sistema electoral. El artículo 12 de aquel estatuto
recogía el incremento del número de diputados. ¿Qué significa eso? Que
Castilla y León, que hoy tiene 84 diputados para 2,5 millones de
habitantes y nueve provincias, debería tener mayor posibilidad de
proporcionalidad. Está cercenada la proporcionalidad en los sistemas
mayoritarios. Y eso se introdujo en un estatuto como el de Castilla-La
Macha, pero aquí no se ha introducido, por lo que no viene con el grado
de consenso con el que podían venir otros.
Pero sobre todo, y más importante, a nosotros nos llenan de satisfacción
los avances que supone el estatuto. El estatuto significa más
competencias, el estatuto significa romper trabas del funcionamiento del
Parlamento autonómico, tanto en cuanto a los períodos ordinarios como en
cuanto al trabajo de los propios diputados, incorpora al Defensor del
Pueblo, al Procurador del Común, que ya venía funcionando allá, e
incorpora también al Tribunal de Cuentas, figuras que no se han creado
para otras comunidades autónomas y que pueden ser tramitadas en otro
momento determinado.
Sin embargo, dicho esto, ¿qué se había anunciado, qué posición habíamos
tenido? El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, nuestros
diputados en las Cortes de Castilla y León, había presentado una
interpelación, allá por el mes de abril del año 1996, que culminó en una
moción en noviembre de 1996, donde se planteaba la apertura de un proceso
para la reforma del estatuto de autonomía. Se presentó después una
proposición de ley apostando por la reforma del estatuto de autonomía, y
ha sido después del debate sobre el estado de la Nación, perdón, del
estado de la Región (la nación y la región vienen por el tema de las
cosas secretas, de los servicios secretos) cuando han podido tramitarse.
Lo cierto y verdad ha sido que esas propuestas fueron rechazadas, no
fueron admitidas, y que después de aquel debate se pone en marcha la
reforma del estatuto. Y se pone en marcha la reforma del estatuto
anunciando el presidente de Castilla y León, en primer lugar, que el
estatuto va a recoger todas las competencias que permita la Constitución
española. Pero este estatuto, que es un avance, no recoge todas las
competencias que prevé la Constitución española. Decía más --y después me
referiré al tema de la denominación--: ninguna comunidad autónoma es tan
histórica como Castilla y León. Lo decía en abril de 1997. Pues bien, hay
denominaciones para las comunidades autónomas, como en el caso cántabro,
como comunidad histórica. Hay otras denominaciones, como en los casos
canario o andaluz, donde se recoge la voluntad y trayectoria de
nacionalidad para constituirse en comunidad autónoma, pero aquí se
mantiene como está. En suma, hay una diferencia del anuncio, de la
palabra, al hecho. Hay mucho trecho de lo dicho a lo hecho, y es una de
las críticas que nosotros hacemos.
Pero, sobre todo, a nosotros nos gustaría que esta reforma hubiera
llevado consigo un incremento del techo competencial a nivel de
competencias exclusivas, y les voy a poner tres ejemplos. ¿Obedece esta
reforma a un modelo de Estado para las comunidades autónomas según la vía
de acceso que tuvieron en su momento, puesto que la Constitución fijaba
cinco años para unas comunidades autónomas y a otras se les reconocía de
partida? ¿Hay en ese modelo de Estado base suficiente para justificar que
unas comunidades autónomas, alguna tan histórica que ha tenido su
posterior reforma, como es la de Aragón, tengan competencias exclusivas
en régimen local y que no las tenga Castilla y León? ¿En qué beneficia a
Castilla y León no tener esa competencia exclusiva? La beneficia en el
sentido de que no podrá desarrollar figuras de descentralización en las
pedanías que han anunciado que tienen, que sí lo podrían hacer si fuese
competencia exclusiva. ¿Por qué es mejor para Castilla y León no tener
las competencias exclusivas en sanidad, en higiene y en ordenación
farmacéutica que sí tienen otras comunidades? ¿Por qué es mejor que
Castilla y León tenga solamente competencias en ejecución en el Inserso?
Y les anunciado dificultades, como se las he anunciado a otras
comunidades autónomas, porque el Inserso es una parte de servicios
sociales que reciben del Estado central, mientras que la comunidad tenía
vertientes de los servicios sociales de la propia comunidad, de tal forma
que se van a encontrar ustedes con que los centros de la tercera edad que
tenía la comunidad autónoma anteriormente los podrán regular
normativamente, mientras que para los que reciben por la vía de las
transferencias del Inserso no podrán hacer las normativas, tendrán como
dos realidades, y eso ¿en qué beneficia a la Comunidad Autónoma de
Castilla y León?
Por tanto, la propuesta de Izquierda Unida hubiera sido introducir estas
competencias como competencias exclusivas, junto con el techo
competencial y el
papel del Parlamento, en el trámite de las Cortes de Castilla y León. Hay
un avance, es verdad que hay un avance: la capacidad de disolución que se
introduce como posibilidad a realizar para evitar el ejemplo
--mal ejemplo-- de Navarra o de Cantabria, que tuvo un Gobierno con
17 diputados cuando la mayoría estaba establecida en más de 30.
Pero ¿por qué es una manifestación de equiparación política que una
comunidad autónoma como Andalucía pueda disolver su Parlamento y convocar
sus elecciones y hasta pasados cuatro años no tener otras? ¿Por qué es
una equiparación que allí no se pueda hacer y que aquí siempre tengamos
que ir a unas elecciones autonómicas junto con las municipales? ¿Para
recordarnos que somos diputaciones provinciales mejoradas, o para
manifestar nuestra mayor capacidad de autogobierno? Bien, es un avance,
pero no es el que nosotros queríamos plantear: las competencias del
Parlamento o la posibilidad de un Parlamento con mayor protagonismo
frente al Ejecutivo; competencias para poder definir las actuaciones de
cooperación y los convenios de cooperación; competencias para poder
decidir en lo que es la segregación o participación en las actuaciones de
los distintos municipios que están dentro de la propia comunidad o que
están en el límite de la propia comunidad... En suma, nosotros estamos
defendiendo una reforma del estatuto de autonomía que incorpore la
proporcionalidad, que sea más competente en cuanto a su Parlamento, a sus
Cortes, que tenga mayor techo competencial, que dé un salto cualitativo
en cuanto a lo que es la equiparación de una comunidad autónoma como la
de Castilla y León a lo que son otras comunidades autónomas. (El señor
presidente ocupa la Presidencia.) No hay razón hoy, si no es una especie
de tejer y destejer permanentemente, para un modelo de Estado que tenga
un elemento más federalizante --como decía una de las intervinientes, que
hablaba del federalismo cooperativo--. No es un elemento de mayor
federalismo en nuestro país que haya comunidades de tres clases:
comunidades con unas actuaciones totalmente en su seno, comunidades de
segunda porque tienen competencias mejoradas viniendo del 143 y
comunidades que están situadas en el 143 para in saecula saeculorum; no
sé por qué regla de tres son del 143 para in saecula saeculorum cuando
eran vías de acceso diferentes. (Rumores.) El señor PRESIDENTE: Señorías,
guarden silencio, por favor.
Concluya, señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor presidente, concluyo intentando manifestar
que, en este trámite de toma en consideración, estamos en condiciones de
abrir el consenso de una propuesta que no viene consensuada en su origen,
como han venido otras, a otras formaciones políticas. Por eso nuestra
posición, que es contraria a esa propuesta de reforma para ampliar las
distintas vertientes de sus contenidos, para darle mayor protagonismo a
la propia comunidad autónoma, va a estar abierta en todo el trámite
parlamentario a esas propuestas que amplíen el consenso que tiene en el
punto de origen, con la voluntad de que tenga estabilidad de verdad. Así
demostraremos, de una vez por todas, que la mejor proyección que puede
tener un estatuto de autonomía es la continuidad. No es bueno que veamos
estatutos de autonomía que todavía no han sido modificados después de
veinte años desde que fueron aprobados --y todavía no están cumplidos,
como el de algunas comunidades históricas-- y que haya estatutos de
autonomía que venían de la vía lenta que ya han sido modificados cuatro
veces. Vamos a ver si, de una vez por todas, podemos tener un estatuto
reformado con perspectivas de continuidad, con perspectivas de alcance, y
que no esté abocado a una nueva reforma porque ésta no solventa la
situación de disparidad o de divergencia a la hora de actuar desde un
Estado más cooperativo o un Estado más federal. En todo caso, tienen la
palabra los grupos que traen un grado de consenso, si están dispuestos a
abrirlo y ampliarlo en el trámite parlamentario.
Nosotros anunciamos enmiendas. ¡Ojo! Algunos de los que lo han apoyado
allá van a enmendar también acá, aviso para navegantes. No vayan a
creerse que solamente va a enmendar Izquierda Unida. Ustedes deberán ver
si, al final, ese grado de modificación es también aceptable. Nosotros
enmendaremos para ampliar; otros pueden enmendar para resituar, que será
la palabra exacta que dirán: a situación, a sentencias, a realidades, a
cosas geográficas, que muchas veces los ríos deben encauzarse por un lado
o por otro; pero ya les anuncio que, en la medida en que nuestras
enmiendas sean tenidas en cuenta en el trámite parlamentario, podremos
seguir resituando nuestra posición global. Hoy, nuestra posición no es
favorable a esta propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de
Castilla y León.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ríos.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra don Demetrio Madrid.
El señor MADRID LOPEZ: Señor presidente, señoras diputadas, señores
diputados, señoras y señores procuradores, les saluda quien ha sido, como
ustedes, en un momento diputado de estas Cortes, procurador en las Cortes
de Castilla y León y tuvo el honor de ser ponente del origen de esta ley
que hoy tratamos de reformar. (Rumores.) El señor PRESIDENTE: Un momento,
señor Madrid.
Señora Riera, señor Nadal, por favor. (Pausa.) Muchas gracias.
Adelante, señor Madrid.
El señor MADRID LOPEZ: En el trámite de debate y discusión en las Cortes
de Castilla y León ha habido, como es natural en una Cámara democrática,
todo tipo de posiciones, de desencuentros, pero también de acuerdos y de
consenso. El portavoz del Grupo Socialista ya manifestó --y yo quiero
recordarlo a esta Cámara-- que el grado de consenso ha sido ni más ni
menos que de 79 votos a favor entre 84 parlamentarios.
Me gustaría dar a estas palabras y a esta intervención el aire con el que
terminó el debate de las Cortes de Castilla y León, es decir, un aire
alegre, jovial, de encuentro y responsable de lo que estaban haciendo en
la proposición no de ley de la reforma de la ley básica, del estatuto, en
definitiva, de la propia constitución de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León. También se dijo por nuestro portavoz en aquel momento
que la reforma de este estatuto, pero también de otros, no significa
refundar o relegitimar una ley que establece con claridad el punto de
partida y la relación por la que todos los ciudadanos y ciudadanas de
Castilla y León hemos querido continuar; un sendero que, en definitiva,
nos venía dado por la propia Constitución.
Es cierto, por lo tanto, que Castilla y León, con esta reforma, robustece
y aumenta su autogobierno. ¿En qué sentido se puede hablar de
autogobierno en un Estado en el que por la complejidad institucional
parece que se entremezclan las funciones y se imbrican las competencias
de unas instituciones y otras? Quiere decir, ni más ni menos, desde mi
punto de vista, que el autogobierno, la capacidad de gobernar cerca de
los ciudadanos, es la mejor fórmula para gobernar no solamente con mayor
autoridad y legitimidad, sino acierto político.
Desde el año del desarrollo de todos los estatutos de autonomía y también
del de Castilla y León, desde la ingenuidad y el entusiasmo por crear y
desarrollar el Estado moderno, el Estado de las autonomías, el Estado
democrático, los ponentes, en aquel momento, quisimos decir (y yo mismo
en un momento determinado), ante el Estatuto de Autonomía de Castilla y
León, que era el último estatuto que se debatía y aprobaba en estas
Cortes, que Castilla y León y cierra España. ¿Qué queríamos decir?
Queríamos decir que queríamos incorporar un talante nuevo a nuestra
condición de autónomos, pero unidos al mismo tiempo en los principios de
la Constitución, desde una tierra donde nadie es más que nadie; queríamos
decir que dábamos la mano al resto de las autonomías, una vez que ya
gozaban de su estatuto, con el orgullo natural de nuestra tierra, en esa
tierra en la que nunca hemos tenido, ni pensamos tener, dificultades de
entendimiento con otros pueblos y otros lugares y horizontes, en
cualquier dimensión que se encuentren de nuestro país. Hoy, por suerte,
estamos ya fuera de peligros, peligros que en otros tiempos pusieron en
entredicho la propia constitucionalidad del Estatuto de Autonomía de
Castilla y León. Algunas de esas tentaciones parece que hoy ya no es
posible que se realicen y nosotros nos alegramos profundamente de que
esas veleidades ya no se produzcan en estos momentos para nuestro
estatuto. Segovia, por fin, goza también, con todas las condiciones del
mundo, de la posición de pertenecer a una comunidad donde no se pone para
nada en juego su capacidad de estar en Castilla y León.
Quiero decirle asimismo al señor Rodríguez, del Bloque Nacionalista
Galego, que la capacidad, la convicción y el espíritu de las libertades
que hay en nuestra tierra no solamente permiten que en El Bierzo y en
Sanabria se puedan hablar dos lenguas, es que algunas son trilingües. En
Sanabria, por ejemplo, se habla el gallego, el portugués y el castellano
y a nadie le molesta; es decir, también queremos presentar algún modelo
de convivencia en el sentido de la lengua y de cualquier otra manera de
pensar y de obrar. Por lo tanto, no hay problemas en este sentido.
Nosotros estamos satisfechos del rigor político, de la responsabilidad de
las personas que han estado y que están al frente de la Comunidad de
Castilla y León y queremos mencionar también las buenas manos de los
procuradores, que así decidimos que se llamaran los parlamentarios de
Castilla y León, recogiendo la mejor tradición de los procuradores de la
tierra, la representación popular de aquellos que en los cauces de los
caminos escuchaban y atendían a las necesidades de artesanos y
menestrales, las gentes del común, que yo creo que hoy también hay que
recordar como una experiencia democrática de las instituciones
democráticas que representan las Cortes de Castilla y León.
Señor presidente, quisiera hacer algún tipo de advertencia que me parece
que tiene interés, porque, independientemente de los conceptos
administrativos y competenciales, un buen representante y un buen
gobernante, creo yo, esté en un ayuntamiento o en una comunidad autónoma,
esté en cualquiera de las situaciones donde democráticamente los
ciudadanos lo hayan situado, no es aquel que exclusivamente está
exigiendo y pidiendo más capacidad y más competencias. Yo creo que hay
algunas limitaciones, pero que no hay ningún límite para decir que nada
de lo que ocurre en un lugar determinado pueda ser ajeno a la
responsabilidad de los gobernantes. No estemos encubriendo, quizá, la
falta, la capacidad de gestión política diciendo que no tenemos los
instrumentos suficientes para desarrollar las capacidades porque no están
escritas en un papel o en una ley. Yo creo que tenemos que tomar la buena
nota de saber que en cualquier circunstancia, desde luego compartiendo,
haciéndonos solidarios con otras instituciones, la Junta de Castilla y
León, las Cortes de Castilla y León, los ciudadanos de Castilla y León
van a tener un muy buen instrumento para desarrollar la capacidad de
autogobierno.
Por todas estas razones, señor presidente, por la oportunidad funcional,
por la convicción política y por las convicciones democráticas, como ya
he dicho antes, que en todo caso es recoger la voluntad mayoritaria de
las Cortes de Castilla y León, y se entiende también en todo caso que la
voluntad popular, el Grupo Socialista va a decir que sí a la reforma del
Estatuto de Autonomía de Castilla y León.
Quiero felicitar a aquellos representantes que han venido a un
acontecimiento que para ellos, y también para mí (de una manera
emocionada, aunque no quiero decir las palabras graves que desde esta
tribuna a veces se dicen, de lo histórico, etcétera), es lo
suficientemente importante como para que la Comunidad Autónoma de
Castilla y León sea una comunidad que tenga los instrumentos necesarios
para su autogobierno, para mejorar las condiciones de vida de los
ciudadanos, para estar dando ese contenido social, ese contenido de
resolver desigualdades fuertes, algunas de las cuales son realmente
preocupantes, como es la incorporación de la mujer al mundo del trabajo y
otras cuestiones que no es este el momento de descender a ellas. Desde
ahora, ustedes, que van a tener el instrumento para corregir las
desigualdades de nuestra comunidad, tienen también, desde las Cortes
Generales, desde este Congreso de los Diputados y desde este Grupo
Parlamentario Socialista, nuestro apoyo decidido, entusiasta y, desde
luego, sin ningún complejo.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoras y señores.
(Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Madrid.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Angel Acebes.
El señor ACEBES PANIAGUA: Señor presidente, señorías, delegación y
autoridades de las Cortes de Castilla y León, reciban el saludo en nombre
del Grupo Parlamentario Popular en este momento en el que procedemos a la
reforma del Estatuto de Autonomía, propuesta con un amplio consenso por
las Cortes de Castilla y León. Responde esta reforma al propósito
manifestado de conseguir un avance decisivo en el proceso de
consolidación y desarrollo de la comunidad autónoma. Ya se había
producido con la modificación de 1994 una primera ampliación de
competencias, que ahora se pretende elevar a cotas más importantes,
profundizando al mismo tiempo en la capacidad de autogobierno mediante la
puesta a punto de las propias instituciones. La Comunidad de Castilla y
León se atiene así a las líneas generales de otras reformas que han
pasado por esta Cámara, recientemente aprobadas o que se encuentran en un
estado avanzado de tramitación, pero no supone la renuncia a satisfacer
cumplidamente las necesidades específicas impuestas a su régimen
estatutario por la identidad castellano y leonesa.
Señorías, Castilla y León aspira a conseguir un nivel homogéneo de
competencias en los servicios básicos, dentro del conjunto de las
comunidades autónomas, pero desea, con la misma legítima fuerza, con el
mismo derecho que cualquier otro pueblo de España, salvaguardar la
esencia de su personalidad, utilizar sus propios cauces de expresión, ser
fiel a su identidad y a su pasado, proteger su rico patrimonio histórico,
defender la lengua española --que no por universal es menos propia-- y
orientar su desarrollo social, económico y cultural en función de las
características y peculiaridades de su territorio, de su población y de
sus recursos.
Pero si Castilla y León encara resueltamente el futuro desde el cariño a
su tierra, desde la confianza en sí misma, desde la consolidación de su
autonomía y desde el reconocimiento de las diferencias, rechaza
categóricamente las discriminaciones, incompatibles con la solidaridad
entre todas las nacionalidades y regiones prevista en el artículo 2 de
nuestra Constitución.
El Grupo Parlamentario Popular --nuestro grupo-- tiene el convencimiento
de que la propuesta que ahora debatimos cumple satisfactoriamente todos
estos objetivos. Entendemos, por otra parte, que sintoniza con nuestro
anuncio programático de impulsar las reformas estatutarias propuestas por
las respectivas comunidades autónomas y que el presidente del Gobierno,
ante esta Cámara, en su discurso de investidura, nos incitaba para su
desarrollo con la finalidad de lograr la progresiva equiparación
competencial sin merma del reconocimiento de los hechos diferenciales
objetivos.
No podemos dejar pasar inadvertido el hecho de que la propuesta, como
dijera en el debate en las Cortes de Castilla y León su presidente, Juan
José Lucas, es el fruto del esfuerzo común, del trabajo realizado por
todos los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León, sin
excluir las discrepancias nacidas sin duda por un enorme interés por
Castilla y León, y que el resultado final, aunque tal vez no satisfaga
por completo a cada uno, ha sido aceptado, como hemos podido comprobar
sin dificultad, por una amplísima mayoría; mayoría que esperamos se
repita en esta Cámara a tenor de lo anunciado por los portavoces de los
grupos parlamentarios que han intervenido.
Sólo quiero hacer una referencia a la exposición realizada por la
portavoz del Partido Nacionalista Vasco para recordarle que parece lógico
que el objeto del debate de hoy sea la reforma del Estatuto de Autonomía
de Castilla y León propuesto por sus Cortes regionales. Quizá a la señora
Uría le hubiese gustado que la propuesta hubiese sido otra, pero la que
ha nacido de la voluntad soberana, libre y democrática de las Cortes de
Castilla y León es la que es, y lo demás supone un exceso de
voluntarismo, o cuando menos aprovechar la ocasión ya que el Pisuerga
pasaba por Valladolid, y nunca mejor dicho en la reforma del Estatuto de
Autonomía de Castilla y León.
Al portavoz del Convergencia i Unió, señor López de Lerma, tengo que
reconocerle con todo afecto que no le he entendido. No sé qué ha querido
decir con que es un acuerdo entre partidos. No es así; es un acuerdo
entre los grupos parlamentarios que han elegido los castellano-leoneses
para que les representen en las Cortes de Castilla y León, y además con
un resultado abrumador: 76 votos a favor, sólo uno en contra y cuatro
abstenciones. Si esto no es la libertad de las Cortes de Castilla y León
para expresar su voluntad, tendrá que explicarme qué es a lo que se
refería con que esto es simplemente un acuerdo entre partidos.
En cualquier caso, creo que hoy debemos felicitarnos porque sobre el
ejercicio del autogobierno, sobre la afirmación de las diferencias, sobre
la autonomía, compatible siempre con la solidaridad, ésta y otras
reformas estatutarias están presididas por la conciencia del papel
vertebrador de las comunidades autónomas en España, que hoy es tanto como
decir del papel de las comunidades autónomas en una perspectiva
europeísta. En esta consideración puede sernos de gran utilidad la
conocida polémica noventayochista, que hoy, vista desde la perspectiva de
los tiempos, podría parecernos tan lejana, cuando nos encontramos a un
Ganivet expresando: no salgáis fuera, en el interior de España está la
verdad; o recordando a Unamuno cuando decía: sólo penetrando en nuestra
intrahistoria podemos encontrar la clave de nuestra salvación. A estas
consideraciones se oponían los que como Varela atribuían las causas de la
decadencia española a nuestro divorcio y aislamiento del resto de Europa,
y los que pensaban como Ortega que España es el problema y Europa la
solución. Hoy, cien años después, visto desde esta perspectiva, sólo el
equilibrio entre estas dos grandes propuestas, que aparecían entonces tan
incompatibles y distantes, y gracias a la madurez de nuestro pueblo,
gracias a la madurez del pueblo español, ha sido posible un momento
esperanzador de una España viva y pujante, confiada en su futuro como
nación e integrada con toda plenitud y merecimiento en una Unión Europea
tan deseable y ventajosa como inevitable.
Paralelamente, esa opción de síntesis es la única viable para asegurar la
construcción del Estado de las autonomías, y a esa construcción, al
reconocimiento de la pluralidad de España, a las diferentes maneras de
ser españoles, es como concibe nuestra convivencia el nuevo estatuto que
hoy vamos a votar favorablemente.
Señoras y señores diputados, señor presidente, hay que construir, desde
el reconocimiento de la diversidad, pero sin extremismos ni
intolerancias, sino desde el acuerdo y el diálogo, sintiéndonos capaces
de una generosa y mutua colaboración, una comunidad dispuesta a
participar desde Castilla y León en la empresa común española y, a través
de ella, en la empresa común europea, la Europa del progreso, la Europa
de la solidaridad, de la prosperidad, la Europa de la libertad; Castilla
y León, España y la Europa que afrontamos para el próximo siglo, para el
siglo XXI.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Acebes.
Finalizado el debate, vamos a proceder a la votación de la toma en
consideración de la proposición de ley de las Cortes de Castilla y León
de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.
Comienza la votación (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a
favor, 292; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración de la
reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, a propuesta de sus
Cortes. (Aplausos.)
Quiero agradecer la presencia del presidente de las Cortes de Castilla y
León y de los representantes de la Mesa y los grupos parlamentarios que
nos han acompañado en la tribuna institucional durante el debate de la
iniciativa.
PRORROGA DE PLAZO:
--DE LA SUBCOMISION QUE ESTUDIA EL MODELO POLICIAL (Número de expediente
154/000012)
El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de que abandonen el hemiciclo
debemos proceder a otras dos votaciones.
La Mesa, oída la Junta de Portavoces, ha tomado la decisión, a propuesta
de la subcomisión que estudia el nuevo modelo policial, de someter al
Pleno la ampliación del plazo de los trabajos de esta subcomisión, que
viene funcionando en la Comisión de Justicia e Interior, hasta el 31 de
diciembre de este año. ¿Lo aprueba así el Pleno? (Asentimiento.) Queda
aprobado.
DECLARACION INSTITUCIONAL:
--SOBRE LA MARCHA MUNDIAL CONTRA LA EXPLOTACION LABORAL DE LA INFANCIA
(Número de expediente 140/000022)
El señor PRESIDENTE: Someto a la aprobación del Pleno, tras las usuales
consultas con la Junta de Portavoces, la siguiente propuesta de
declaración institucional en apoyo de los objetivos de la marcha mundial
contra la explotación laboral de la infancia.
La marcha mundial contra la explotación laboral de la infancia, que
supone la mayor movilización de la
historia en defensa de los más de 250 millones de niñas y niños que han
visto cruelmente interrumpida su infancia, defiende entre sus objetivos
el «promover que los Estados ratifiquen y refuercen las convenciones y
leyes existentes sobre el trabajo infantil y educación», así como la
adopción de medidas encaminadas a la supresión inmediata de las «formas
extremas de trabajo infantil».
En apoyo de sus actividades, el Congreso de los Diputados celebró el
pasado 27 de abril una sesión extraordinaria del Parlamento infantil
(publicada en edición extraordinaria del «Diario de Sesiones» de las
Cortes Generales), en la que se debatieron y aprobaron una serie de
propuestas que reflejan las reivindicaciones que persigue esta
iniciativa: más fondos para luchar contra la pobreza; más inversiones en
educación; más esfuerzos para mejorar las condiciones laborales y
económicas de las familias de los niños y niñas trabajadores;
ratificación y aplicación efectiva de los instrumentos internacionales en
defensa de la infancia.
Por todo ello, el Congreso, ante el convencimiento de la estrecha
vinculación entre el trabajo infantil y la pobreza, como pone de
manifiesto el hecho de que aproximadamente el 95 por ciento del trabajo
infantil se realiza en los países en vías de desarrollo, considera que:
1. La comunidad internacional, y especialmente los países desarrollados,
deben sumar esfuerzos en todo el mundo para proteger y promover los
derechos de todos los niños y niñas, especialmente el derecho a la
educación, con el objetivo de conseguir la implantación de la educación
primaria universal en todos los países antes del año 2015 e incorporar
medidas que permitan eliminar la explotación laboral de la infancia.
2. Nuestro país debe contribuir de manera efectiva a la erradicación de
toda forma de explotación laboral infantil, a través de medidas
encaminadas a prestar asistencia mutua por medio de la cooperación o
ayuda internacional. El proyecto de ley de cooperación internacional para
el desarrollo, recientemente aprobado por el Congreso de los Diputados y
que culminará su tramitación tras su próximo debate en el Senado, en el
marco de los objetivos de erradicación de la pobreza fijados para la
gestión y ejecución de la política española de cooperación internacional,
deberá incrementar el apoyo financiero destinado a la puesta en marcha de
programas de educación primaria adecuados, adaptados a la realidad social
de cada país y poniendo especial énfasis en la alfabetización de todos
los niños y niñas. La contribución que España está realizando a los
programas centrados en el trabajo infantil de la OIT es positiva y deberá
confirmarse su renovación para los próximos años.
3. Además, el compromiso en la erradicación de la explotación laboral de
la infancia debe ser asumido por el conjunto de los sectores sociales
implicados. En este sentido, es necesario impulsar medidas que supongan
un compromiso real efectivo de toda la sociedad, y de manera muy especial
de los sectores económicos, tanto desde la perspectiva de la toma de
conciencia ciudadana como también de la denuncia de todas aquellas
situaciones que puedan suponer la vulneración de los más elementales
derechos de los niños y las niñas del mundo.
4. Asimismo, y en apoyo del esfuerzo de la OIT para elaborar un nuevo
convenio que incluya medidas para la erradicación inmediata de las formas
extremas de trabajo infantil, encomienda al Gobierno de España para que,
a través de la delegación española que acuda a la 87ª reunión de la
Conferencia Internacional del Trabajo, promueva el máximo consenso entre
todos los países, incluidos aquellos que afrontan mayores dificultades
socioeconómicas, y realice los contactos oportunos con el objetivo de
conseguir una redacción final que favorezca su aprobación generalizada.
¿Lo aprueba el Pleno? (Asentimiento.) Queda aprobado.
Muchas gracias. (Aplausos.) PROPOSICIONES NO DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA PROMOCION
DE LAS DISTINTAS OPORTUNIDADES DE CREACION DE EMPLEO, VINCULADAS AL
DESARROLLO Y APLICACION DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE
LA COMUNICACION (TIC) (Número de expediente 162/000243)
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a las proposiciones no de ley,
dejando, por acuerdo de la Junta de Portavoces, el debate de la
proposición de ley que pretende modificar el Estatuto de Autonomía de La
Rioja para después del debate de las proposiciones no de ley. En
consecuencia, continuamos con el punto II del orden del día:
proposiciones no de ley.
En primer lugar, debate sobre la proposición no de ley del Grupo Popular
relativa a la promoción de las distintas oportunidades de creación de
empleo, vinculadas al desarrollo y aplicación de las nuevas tecnologías
de la información y de la comunicación.
Para su presentación, tiene la palabra el representante del Grupo
Parlamentario Popular. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y
Lozana, ocupa la Presidencia.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda
y Lozana): En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
señor Caneda.
El señor CANEDA MORALES: Muchas gracias, señor presidente.
Una vez más venimos a hablar de empleo en esta Cámara y hoy tenemos que
sentirnos todos alegres por los últimos datos del paro, ya situado en
niveles anteriores a 1982. El hecho de que en un año el paro registrado
baje en 221.000 personas o que los cotizantes a la Seguridad Social hayan
aumentado en cerca de 650.000 personas, creo que son datos estimulantes.
Pero en la guerra declarada al paro hay que elegir distintas batallas que
ganar y, sin duda, una de ellas muy importante, diría que especialmente
importante, es esta que hoy trae a debate en esta proposición no de ley
el Grupo Popular.
El principal objetivo es abrir un debate, ver y analizar los efectos que
la tecnología de la información y la comunicación van a tener en tres
vertientes: en la organización de las empresas y de la sociedad en su
conjunto, en la creación de nuevos empleos y en cómo va a afectar en la
posibilidad de aumentar el acceso de personas en especial situación al
mercado de trabajo y, por último, y muy importante, en las acciones
formativas, las TIC, es decir, ver cómo tenemos que preparar la formación
para las nuevas tecnologías.
Consideramos, pues, necesario un serio análisis institucional, dado el
avance continuo de estas nuevas tecnologías. Es indiscutible e inevitable
las incidencias que tiene sobre las relaciones laborales, donde ya
empieza a verse el aumento en la flexibilidad del trabajo, donde se ve
cómo se tiene que reorganizar todo el sistema o cómo aparecen figuras
como el teletrabajo. Actualmente, las nuevas tecnologías se aplican con
gran rapidez a todos los sistemas económicos y a casi todos los sistemas
sociales y laborales. Por eso, depende de nuestra habilidad para saber
adaptarnos el que podamos aprovechar esta tecnología en su plenitud.
El desarrollo de una cultura de tecnología de la información y la
comunicación requiere la participación de todos, fundamentalmente de
empresas, trabajadores, instituciones educativas muy importantes y
administraciones públicas. Sólo de esta manera podemos crear un círculo
donde la capacidad del hombre, como último y definitivo beneficiado del
desarrollo, pueda compatibilizarse con un modelo económico y social que
permita la generalización de una actitud positiva hacia los instrumentos
tecnológicos. Tenemos que hacer que los retos de la competitividad global
inciten a la creación de nuevas profesiones y nuevas empresas.
Hay también que analizar y detectar las necesidades de formación y de
empleo que se derivan de los cambios tecnológicos que se avecinan, porque
las nuevas tecnologías y organizaciones hacen obsoletas las antiguas
cualificaciones, al tiempo que se incrementa la demanda de nueva
formación. Y esto, que es un reto para el sistema educativo, aumenta el
riesgo de exclusión y de que se incremente el desempleo en los sectores
más expuestos del mercado laboral. La creciente desigualdad entre
trabajadores tiene mucho que ver en el deterioro que sufren los
trabajadores menos cualificados. En consecuencia, la formación
profesional debe adelantarse a los nuevos papeles, a las nuevas
divisiones del trabajo y a las nuevas responsabilidades para favorecer el
desarrollo de actitudes, como la capacidad de trabajo, el trabajo en
equipo, resolver problemas o la capacidad de planificación. Hay, pues,
una necesidad latente de formación continua, tanto para las empresas como
para los trabajadores que quieren seguir siendo competitivos. Sólo con
ello será posible la readaptación constante que permite adelantarse a los
cambios tecnológicos que se producirán en los próximos años, porque el
desarrollo de las TIC, señorías, está lejos de concluir, con lo que las
necesidades de formación serán cada vez más altas.
Muchas veces se discute si la aparición de estas nuevas tecnologías crea
o destruye empleo. El debate no deja de ser apasionante. Yo creo que si
se dirige y controla la tecnología, será un grandísimo yacimiento de
empleo el que tenemos delante. En cualquier caso, lo que es indiscutible
es que si no se innova, si no se adapta, se pierde el tren del mercado,
las empresas desaparecen y así sí que se destruye empleo.
Tenemos que ver también cómo afectan las nuevas tecnologías a las
relaciones laborales. Se ve cada vez más que se incrementan los contratos
a tiempo parcial, los contratos a tiempo definido, el trabajo por cuenta
propia y aparece, como dije antes, el teletrabajo. Estos son factores que
hay que estudiar y analizar para ver sus consecuencias. Sólo la figura
del teletrabajo requeriría un análisis y un debate de gran profundidad,
con las modificaciones sociales que está provoncando. Se está
desarrollando un sector de conocimientos que es en sí una industria. Ya
ni siquiera en el sector servicios se fabrica conocimiento. Se está
facilitando la posibilidad de empleo, de tener un trabajo autónomo a
personas que por su discapacidad hasta hace bien poco no lo podían tener.
Se crea un tipo de empresa que pese a ser de alta tecnología requiere una
pequeña inversión inicial para comenzarla. Hay una reducción de costos
para poder atender desde un sitio una gran dispersión de clientes. Mejora
la calidad de vida, pudiendo tener el puesto de trabajo en zonas
residenciales. También va a permitirse mediante el teletrabajo el
desarrollo de zonas excluidas. Hay un largo etcétera de factores a los
que va a afectar, de cambios sociales que hay que entender, analizar y
después de detectarlos, controlarlos. También, por supuesto, tiene
inconvenientes, como toda nueva aparición, y de lo que no cabe duda es de
que la única manera es que se compatibilice el trabajo con la formación y
se cree un sistema permanente de flexibilidad y abierto a las nuevas
tecnologías.
Pero para que la dispersión de estas nuevas tecnologías revierta en
aumento de productividad y creación de empleo hay que cambiar los métodos
de trabajo y de dirección. Nuevas relaciones laborales seguirán
apareciendo donde la iniciativa, la capacidad de decisión,
la motivación y la participación se hacen nuevos elementos. Tecnología y
organización irán dando flexibilidad y polivalencia al trabajador para
adaptarse a estos cambios. Es por ello que juzgamos necesario fomentar el
debate democrático sobre el modelo de sociedad, capaz de garantizar las
mejores condiciones para la plena utilización de las nuevas tecnologías
en respuesta a las nuevas demandas de las personas.
La digitalización, la realidad virtual, multimedia, la estructura social
fragmentada, la economía a tiempo real y la globalización están ahí y el
sector público tiene un papel importante que jugar. Crear la
infraestructura que se precisa para el desarrollo y aplicación de las
TIC. Garantizar su rápida difusión en el tejido productivo. La política
pública de investigación y desarrollo tecnológico en aquellos sectores de
interés público, como puede ser el medio ambiente, la educación, la
salud. La definición de estrategias a largo plazo que permitan conocer a
las empresas cuál es su futuro y hacia dónde deben andar o la
coordinación con otros países de la Unión Europea, cuyo caminar separado
no tiene sentido en este campo. Y lo que es muy importante es conseguir
que las personas crean en el cambio, crean que es posible y positivo. Y
todo ello se conseguirá a través del diálogo, diálogo social en los
diferentes niveles, en todos los niveles, para superar las resistencias
al cambio y evitar las exclusiones tanto personales, cuando un individuo
se queda fuera del mercado, como regionales, cuando alguna zona con
alguna localidad o autonomía queda fuera de este desarrollo tecnológico.
Señorías, en la Unión Económica y Monetaria logramos estar entre los
mejores. En las nuevas tecnologías y en la organización también habremos
de estarlo si queremos una España de progreso y no un progresismo de
pandereta. Es nuestro desafío y hacia él debemos ir.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Caneda.
Ha sido presentada una enmienda por el Grupo Parlamentario Socialista a
esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, para cuya
defensa tiene la palabra el señor Navarrete.
El señor NAVARRETE MERINO: Señor presidente, señoras y señores diputados,
evidentemente hay que hablar de la pandereta, porque la proposición no de
ley que ha motivado nuestra enmienda, que ya intuyo que no va a ser
aprobada, tiene mucho en común con las panderetas y con los tambores que
han sido usualmente utilizados como instrumentos de propaganda.
Ante problemas serios, cualquier dilación, la recurrencia a una comisión,
la recurrencia a un debate, inevitablemente tiene que evocar la situación
de la Constantinopla sitiada por los turcos mientras se discutía cuántos
ángeles cabían en la cabeza de un alfiler y explica un poco las razones
de urgencia. El día 4 de junio se publicaba una carta en uno de los
rotativos más importantes de nuestro país, en la que una investigadora
residente en Méjico se quejaba de su soledad, de su falta de
perspectivas, de su falta de futuro y animaba a otra compañera a que
terminara su tesis porque, eso sí, becas para que nos marchemos al
extranjero --decía-- nos las dan casi todas.
Hace poco tiempo, en la puerta de este edificio teníamos una
manifestación de personal investigador reclamando que nos acomodáramos al
porcentaje promedio de PIB que se dedica a investigación y desarrollo en
Europa, ya que en nuestro país existe un importante agravio comparativo.
Recientemente hemos tenido otros acontecimientos que me recuerdan de
nuevo la urgencia de tener una idea clara en este asunto por parte del
partido que apoya al Gobierno y por parte del Gobierno, y me estoy
refiriendo a la famosa huelga de los controladores, con el desenlace
funesto, por contrario a los vientos de la historia, con que ha terminado
la citada huelga de controladores aéreos.
Mientras tanto, ustedes plantean la preocupación generalizada que tiene
el partido que apoya al Gobierno para que el Gobierno traiga a la Cámara,
en un plazo inconcreto, de una manera completamente descomprometida, una
idea sobre nuevas tecnologías, o lo que se suele llamar globalmente la
tecnología del conocimiento y de la información. Debo decirles que el
incremento de la economía española que se puede producir en las fases
expansivas del ciclo no debe ser tan satisfactorio para el Grupo Popular,
ya que está demostrado que una de las características del empleo en
nuestro país es que crece a mucha velocidad cuando la fase del ciclo es
expansiva y se destruye vertiginosamente cuando la fase del ciclo es
depresiva. ¿A qué se debe esto? Básicamente a que nuestra industria no es
competitiva, no tiene calidad; y no tiene calidad porque el mundo de la
investigación y el mundo de la empresa son dos mundos que apenas si se
rozan y menos son secantes. Es decir, en nuestro país no sólo se invierte
poco en I+D, sino que las empresas invierten aún menos y, si ya se acusa
y se conoce con el nombre de paradoja europea lo que está ocurriendo en
la Unión Europea de que a nivel de investigación básica nos podemos
comparar con Estados Unidos o con Japón, a la hora de la innovación, de
la transferencia de tecnología a las empresas, la paradoja surge porque
se dedican pocos recursos privados y hay pocos científicos y pocos
centros de investigación de carácter privado. Esto es sumamente grave si
se pone en relación con lo que pasa en nuestro país.
Es tan evidente la relación entre empleo, sostenibilidad del empleo, e
investigación y desarrollo que si ustedes observan, verán que Europa, que
gasta aproximadamente la mitad de su PIB en I+D, tiene el doble
de desempleo que Japón o Estados Unidos y España, que en comparación con
Europa gasta menos de la mitad de su PIB, tiene el doble de desempleo que
la Unión Europea. Pero, al mismo tiempo, ustedes omiten que este es un
capítulo esencial a partir de los trabajos de Jacques Delors y, sobre
todo, a partir de las conclusiones de la cumbre extraordinaria de
Luxemburgo sobre el empleo.Yo le puedo decir que a esta materia se
dedican los párrafos 8, 17, 28, 32, 33, 35, 38, 42, 47 y 60. Me parece
que es un repertorio lo suficientemente importante como para que el
Gobierno tuviera la vergüenza torera de venir a esta Cámara y trajera un
proyecto de plasmación en conclusiones y en actuaciones concretas del
Gobierno de las sugerencias de la cumbre de Luxemburgo.
Ha hablado usted de las acciones formativas en esta materia, y el Grupo
Popular nos está acostumbrando a una manera de abordar los temas del
empleo que se parece mucho a la de Telefónica. Lo que no sabemos es si
estas intervenciones formativas en materia tecnológica que va a tener el
Gobierno del Partido Popular se van a computar por segundos o por pasos.
Esto es lo que no sabemos. Pero en realidad esta es una de las materias
que hay que tomarse en serio. Es necesario incluir la tecnología, sin
perjuicio de su equilibrio fundamental con las humanidades y sin
perjuicio del equilibrio que también tiene que guardar con la educación
científica básica, y se tiene que incluir con todo rigor dentro de las
enseñanzas académicas regladas, por supuesto, la reglada de formación
profesional, las ocupacionales, para encontrar empleo, y las continuas,
que hoy debe ser una preocupación de todos los seres humanos. Y todo esto
acompañado no de su inclusión puramente nominal en un plan de estudios,
sino también de la dotación necesaria de recursos humanos y materiales.
El Grupo Popular presenta como una gran novedad algunos de los efectos
que considera que las nuevas tecnologías van a tener en el ámbito del
trabajo. Ustedes están en la onda de las preocupaciones sobre lo que
pueda ocurrir en el mundo del trabajo, y yo le digo que ya hay trabajos
premiados en nuestro país. Le puedo decir que el último premio de la
Agencia de Protección de Datos se ha dado a una obra preparada por la
cátedra de Derecho del trabajo de la Facultad de León sobre utilización y
control de los datos laborales automatizados.
Por consiguiente, no es hora de expresar una preocupación, sino de
ocuparse de dar una fórmula concreta, porque lo contrario huele a
fariseismo o a un tremendo cinismo. Y le voy a dar un ejemplo. En esta
Cámara, en la Comisión de Política Social y Empleo, se aprobó un programa
de empleo, elaborado por el que tiene el honor de dirigirles la palabra,
que tenía como objetivo que, dado que un 20 por ciento de los
desempleados tienen un bagaje tecnológico, ese 20 por ciento, formando
equipo multidisciplinar, buscara en la Oficina de Patentes y Marcas una
patente cuya explotación representara una posibilidad viable de un
incremento de riqueza y de empleo en las empresas españolas. Este
programa fue aprobado por unanimidad de los grupos parlamentarios, y
tengo que agradecer la inicial condescendencia del Ministerio de Trabajo,
donde dijeron que era un programa muy interesante y que lo iban a poner
en marcha. Desde el mes de junio del año pasado este tema está archivado
en el Ministerio de Trabajo. Supongo que en el Ministerio de Defensa
habrá otra serie de iniciativas importantísimas de creación de empleo y
de nuevas tecnologías y, probablemente, en el Ministerio de Educación y
en otros departamentos ministeriales, y mientras todo eso está detenido y
se está rechazando la posibilidad de crear empleo, ustedes vienen con una
propuesta que no sé si tiene como objetivo tranquilizar la conciencia de
ustedes o que todos tranquilicemos nuestra propia conciencia. Nosotros la
rechazamos por demagógica, y si estamos equivocados y estamos haciendo
algún juicio temerario, acepten ustedes nuestra enmienda, que implica
unos compromisos concretos en unos períodos razonables de tiempo, y
entonces nosotros votaremos su proposición no de ley. Pero si no es así,
no nos vamos a prestar a esta ceremonia de la confusión y votaremos en
contra de su propuesta.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Navarrete.
Grupos que sin haber presentado enmiendas desean fijar su posición
(Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor
Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en la última sesión plenaria tuvimos ocasión de debatir una
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a la
industria de automoción en nuestro país. En ella se hacía hincapié en la
importancia que tenía esta industria en el conjunto del sector industrial
de nuestro país, con una importante incidencia en el PIB, en el empleo, y
se terminaba en su parte dispositiva recomendando al Gobierno que
adoptara medidas positivas en relación con la industria de la automoción.
Sinceramente, aquella proposición no de ley nos hizo pensar si el Grupo
Parlamentario Popular pensaba que el Gobierno podía adoptar medidas
negativas.
Hoy nos encontramos con una proposición no de ley relativa a las nuevas
tecnologías de la información y de la comunicación, que en su parte
dispositiva pide que el Gobierno analice el impacto de la aplicación de
las tecnologías citadas o que estudie el impacto de dichas tecnologías
sobre la creación de nuevos puestos de trabajo. La verdad, nos obliga a
seguir pensando que el
Grupo Parlamentario Popular duda de que el Gobierno analice o estudie
este tipo de fenómenos que se insiste que son tan importantes en el
conjunto de la modernización de nuestro país para la mejora de la
actividad económica, mayor creación de empleo, etcétera. Al final, no se
dice absolutamente nada. No se dice nada concreto, y la conclusión que
podemos sacar, más allá de las opiniones que tenga el Grupo Parlamentario
Popular sobre el Gobierno que sostiene, es que dicho grupo tiene
dificultades para decirnos algo concreto sobre los temas que considera
importantes. Desde ese punto de vista, manifestamos nuestro apoyo a la
enmienda que ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Socialista
porque dice cosas concretas con plazos concretos y con objetivos
concretos. El tema es importante, sin lugar a dudas. Celebramos que el
Grupo Parlamentario Popular, aunque con escasa concreción y parquedad de
ideas lo haya traído a la Cámara. Pero una vez aquí, nos parece que el
Grupo Socialista aprovecha este paso para plantear medidas que son
positivas y que nosotros vamos a apoyar.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Peralta.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, no cabe duda que la velocidad de los cambios tecnológicos
supera a cualquier regulación, y todos los planes que en los distintos
ámbitos sectoriales quieran hacerse respecto de las administraciones
públicas precisan tener en cuenta esa nueva realidad.
Las nuevas tecnologías están dando lugar a una nueva sociedad, la de la
información y la comunicación. Con motivo de otro debate sobre una
proposición no de ley del Grupo Socialista, ya se advertía del peligro de
que esa sociedad nueva sea dual, que acentúe las diferencias sociales de
hoy, aislando a las clases más desfavorecidas, aquellas que no sean
capaces de adaptarse a esta revolución de las telecomunicaciones, a la
nueva sociedad de la información y la comunicación. En ese escenario se
enmarca la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular. Se
trata de una iniciativa que compartimos íntegramente, aunque sus
objetivos sean exclusivamente de estudio y su planteamiento pudiera ser
más ambicioso. Ese análisis y estudio se nos propone en tres aspectos: la
aplicación de las tecnologías de la información y de la comunicación a la
reorganización del trabajo en la empresa, el impacto de esas tecnologías
en la creación de nuevos puestos de trabajo y el incremento de las
acciones formativas, especialmente en la formación profesional.
Los dos primeros aspectos están íntimamente enlazados. Creemos que es
necesario estudiar la posibilidad de las nuevas tecnologías en el
desarrollo del Estado del bienestar social, en la mejora de nuestra
calidad de vida incrementando la productividad y, al mismo tiempo,
haciendo posible la reducción del tiempo de trabajo. Lógicamente, este
desarrollo ha de traer consigo la creación de nuevos puestos de trabajo,
sin duda más especializados y en los que se requerirá mayor
cualificación. Por eso, el estudio que se haga no sólo ha de contemplar
esa creación de nuevos puestos, sino la reconversión de los existentes y,
además, el impacto negativo que las nuevas tecnologías puedan producir
sobre los puestos reconvertibles, en definitiva, en la creación de un
nuevo paro estructural.
Señorías, intuimos que ese gran desarrollo tecnológico, esa nueva
sociedad de la información y de la comunicación producirá efectos muy
beneficiosos en nuestro modo de vida y en particular en el empleo, pero
tenemos que estudiar también sus efectos negativos y aplicar las nuevas
tecnologías hasta donde queremos aplicarlas.
Cuando se producía en esta Cámara el debate acerca de los resultados de
la cumbre de Luxemburgo sobre el empleo se expusieron distintas
iniciativas europeas en la creación de nuevas formas de empleo, pero
alguna de esas nuevas formas se correspondía con empleos antaño
existentes y ahora desaparecidos. El estudio que se nos propone es
necesario y urgente, por lo que, de elaborarse, desearíamos que sus
conclusiones pudieran traducirse en iniciativas de los poderes públicos
en la dirección de tan delicado proceso.
Por último, se propone el incremento de las acciones formativas en el
campo de la tecnología y de la información en la comunicación. Espero que
esta propuesta pueda traducirse en acciones concretas en el plan de
empleo del Gobierno, especialmente en materia de empleo juvenil.
Esperamos que el Gobierno sea capaz de aunar esfuerzos con las
comunidades autónomas con competencia en la materia para que en la
educación en general, en la formación profesional específica y en los
cursos de formación profesional ocupacional, así como en los programas de
garantía social, las nuevas tecnologías tengan la importancia que
corresponde a la nueva sociedad que a partir de las mismas se está
desarrollando.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rivero.
En nombre el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Caballero.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Vasco (EAJ-PNV) para fijar
nuestra posición en relación con la proposición no de ley del Grupo
Popular, relativa a la promoción de las oportunidades de creación de
empleo
vinculadas al desarrollo y aplicación de las nuevas tecnologías de la
información y de la comunicación.
A través de esta proposición no de ley se insta al Gobierno a analizar el
impacto de la aplicación de estas tecnologías en la creación de empleo en
las empresas, estudiar su impacto en la integración laboral de personas
en situaciones especiales e incrementar las acciones formativas en el
campo de las TIC para promover el desarrollo y máximo aprovechamiento de
los recursos humanos, introduciendo su enseñanza en los programas de
formación profesional. En nuestra opinión, resulta una proposición de
carácter absolutamente genérico que, en relación con la introducción,
desarrollo y explotación de las tecnologías de la información y de la
comunicación, prácticamente no viene a decir nada, salvo una declaración
de intenciones con escaso valor práctico. Decir, por ejemplo, que se
insta al Gobierno a incrementar las acciones formativas en el campo de
las tecnologías de la información y de la comunicación, introduciendo con
carácter prioritario su enseñanza en los programas de formación
profesional, tanto inicial como continua, no sólo no es decir nada con
respecto a la situación actual, sino que resulta restrictivo porque en el
campo que estamos debatiendo sería importante incrementar acciones
formativas en todo el terreno de la enseñanza reglada.
En este sentido, la enmienda de sustitución presentada por el Grupo
Socialista lleva un mayor contenido de concreción con respecto al
desarrollo y aplicación de las TIC, tanto en lo que se refiere a su
promoción, como en cuanto a la creación de empleo ligada al impacto de
las mismas. El instar al Gobierno, por ejemplo, en dicha enmienda a
presentar en esta Cámara un proyecto de ley en el que se establezcan las
medidas necesarias para que la porción del PIB dedicada a I+D en el
Estado español llegue a ser en el año 2000 equivalente al promedio
existente en la Unión Europea, resulta totalmente adecuado y concreto al
tema que estamos debatiendo. El punto 5 de la enmienda socialista, en
relación con la introducción de las normas en materia educativa, nos
parece también más amplia y conveniente al tema de las nuevas tecnologías
de la información y de la comunicación.
Finalmente, y por todo ello, estaríamos dispuestos a apoyar dicha
enmienda, y en el caso de no ser aceptada por el grupo proponente
anunciamos la decisión de nuestro grupo de abstenerse.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Caballero.
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADéS: Gracias, señor presidente.
Intervengo para anunciar el voto favorable del Grupo parlamentario de
Convergència i Unió a esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular.
Entendemos, y hemos de esperar la intervención del señor Caneda para
conocer su posición respecto a la enmienda que ha presentado el Grupo
Socialista, que puede ser interesante que se haga un esfuerzo para
intentar buscar un texto que pueda recoger lo que son los principios
generales de la propuesta del Grupo Popular, que creo que todos los
grupos parlamentarios compartimos. Sin embargo, es evidente que siempre
hay una mayor necesidad de concreción en las propuestas que se efectúan.
Difícilmente podemos negar nuestro voto a esta propuesta del Grupo
Popular, porque nos parece oportuna y que el debate sobre el impacto de
las nuevas tecnologías en el mundo del trabajo requiere una reflexión y
una adaptación de los instrumentos que hoy tenemos par afrontar los
nuevos retos que se nos plantean. Seguramente es cierto, como se ha
planteado, que el texto es excesivamente genérico. Ahora bien, en el caso
de que el Grupo Parlamentario Popular no encontrase una fórmula para
aceptar algunas de las ideas que se plantean en la enmienda del Grupo
Socialista, nuestro grupo votaría a favor de este texto, entendiendo que
sería importante que en los próximos meses el Gobierno concretase estas
medidas, principalmente el desarrollo del Plan de empleo presentado en
dirección a la Cumbre de Cardiff, que le va a obligar a desarrollar de
manera puntual todas estas cuestiones. Por tanto, estaremos a la espera
de ver cómo evoluciona esta cuestión.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Muchas gracias, señor presidente.
De nuevo el Grupo Popular nos presenta una proposición no de ley que
muestra una voluntad abstracta, una voluntad en absoluto puntual ni
aprehensible desde el punto de vista de las realidades concretas. Más que
nada parece que quieren ustedes llenar un cupo en la presentación de las
proposiciones no de ley, que quieren ocupar tiempo y que presentan esta
serie de proposiciones no de ley --como la del otro día referida al tema
de la automoción-- que nada dicen, salvo que muestran una voluntad que
después no sabemos cómo se concreta. Espero que dentro de poco nos
presenten una proposición no de ley diciendo algo así como: todo el mundo
es bueno, todo el mundo es centrista o cosas por el estilo, para ocupar
plaza en el orden del día correspondiente.
Por eso nosotros consideramos que es abstracta, que no aterriza y que no
tiene un planteamiento serio, desde
nuestro punto de vista. Y no sólo es abstracta sino también parcial. Es
muy parcial porque ustedes intentan diseñar el tema del empleo como
universal y de primera magnitud, pero luego en absoluto figura en su
política económica como eje esencial, ya que su política económica es una
segregación de las magnitudes macroeconómicas, no es otra cosa. No lo han
situado nunca en primer término. Se demuestra, por el documento que va a
Cardiff, que en absoluto es un documento concreto y que en absoluto
señala la creación de empleo como tema específico.
De ahí que pensemos que si se quiere de verdad situar el tema del empleo
sobre algo concreto es cierto que en esta dirección pueden ayudar algo
las enmiendas que presenta el Grupo socialista mediante el
replanteamiento de la proposición no de ley, haciéndola que aterrice
algo. En ese sentido algo ayuda, concreta plazos, concreta cantidades y
sitúa un poco más específicamente el tema, a nuestro juicio y en nuestro
programa absolutamente fundamental y prioritario, de la creación de
empleo.
No se puede hablar, en este terreno de las nuevas tecnologías en el
sector de la información y de la telecomunicación, de creación de empleo,
o de proyección en el terreno de las nuevas inversiones que creen empleo,
si no se habla de una promoción de las infraestructuras de banda ancha.
Esto ya lo rechazaron ustedes a la hora de debatir la Ley General de
Telecomunicaciones. Ahí nosotros introducíamos el tema del acceso del
usuario a la telefonía básica a través de la fibra óptica. Lo
presentábamos como una enmienda --enmienda fundamental-- en el sentido de
que se inscribiera este punto en el servicio universal de las
telecomunicaciones. Ustedes rechazaron el acceso a la banda ancha, el
tema del Internet como servicio universal de cada escuela e instituto y
de todas las instituciones. Y si rechazan esto, como así lo hicieron en
la discusión concreta que a este sector se refería, he de entender que su
propuesta es abstracta, no aterriza y no tiene un sentido real.
Tampoco tiene sentido real que ustedes hablen de la creación de nuevas
tecnologías, de nuevos empleos en este terreno, sin hablar de la nueva
necesidad de regulación específica de este trabajo, del teletrabajo.
Porque, si no, en el seno de la propuesta que ustedes hacen, el trabajo
que se desarrolle a partir de aquí puede ser un trabajo marginal e
incluso sumergido si no se atiende a una regulación absolutamente
específica del teletrabajo en la relación nueva que suscita en el binomio
trabajo-vida familiar o vida privada, que tiene también una serie de
alcances y de proyecciones sociales que ustedes no prevén en su
proposición no de ley.
Por tanto, si se admite la enmienda del Grupo Socialista, nosotros
podríamos entrar en ese terreno concreto y sería aceptable la propuesta
que surgiera de ahí. Si no, nos van a permitir, señores del Grupo
Popular, que no entremos entonces en el debate. Nos abstendríamos,
lógicamente, porque no nos parece seria la propuesta que hacen para la
creación de empleo en este sector tan específico de las tecnologías de la
información y la comunicación.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Alcaraz.
Señor Caneda, S. S. debe expresar la aceptación o no de la enmienda
presentada por el Grupo Socialista.
El señor CANEDA MORALES: Gracias, señor presidente.
No podemos aceptar la enmienda fundamentalmente porque creemos que no
responde a lo que es la iniciativa.
Presentamos esta iniciativa y decimos que es necesaria porque hay que
hacer un debate sobre el impacto de las nuevas tecnologías en el hombre,
cómo van a influir en su relación laboral, cómo van a influir en su vida
social, por qué hay que regular ese teletrabajo, cómo van a influir en la
persona, en la posibilidad y en el riesgo de exclusión de zonas. Eso no
tiene nada que ver con la inversión en tecnología, que es un debate
fantástico, maravilloso, pero que es otro debate, no el que nosotros
hemos traído aquí.
El Grupo Popular ha traído hoy una iniciativa donde dice que es necesario
analizar el impacto de las TIC en la persona, en las relaciones sociales.
Hay que hacerlo, lo creemos oportuno y, efectivamente, se dice en la
Cumbre de Luxemburgo.
En cuanto a temas concretos, sí que llevamos temas concretos cuando
presentamos el Plan de empleo, pero no es esto lo que traemos. Queremos
hablar también del impacto de las nuevas tecnologías en la persona y en
la sociedad y eso es lo que hemos pedido en estos estudios: analizar,
detectar y poder dirigir después los problemas y las cuestiones.
Hemos dicho que también se dan inconvenientes, por ejemplo con el
teletrabajo. Por eso queremos analizarlo, detectarlo y regularlo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Caneda.
Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.) El señor PRESIDENTE: Vamos a votar la proposición no de ley
debatida, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la promoción de las
distintas oportunidades de creación de empleo, vinculadas al desarrollo y
aplicación de las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a
favor, 156; en contra, 127; abstenciones, 24.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, aprobada la proposición no
de ley.
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS
DE INTERNAMIENTO DE EXTRANJEROS EN ESPAÑA, DE CONFORMIDAD A LAS GARANTIAS
DERIVADAS DE NUESTRO SISTEMA CONSTITUCIONAL (Número de expediente
162/000220)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Socialista sobre
funcionamiento de los centros de internamiento de extranjeros en España,
de conformidad a las garantías derivadas de nuestro sistema
constitucional.
Tiene la palabra para su presentación doña Matilde Fernández. (El señor
vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) El señor
VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por favor, ruego a SS. SS. que si es
imprescindible que continúen hablando, abandonen el hemiciclo o si no
ocupen sus escaños, ya que de lo contrario es imposible continuar la
sesión, puesto que no hay forma de seguir y de poder escuchar a la señora
diputada. (Pausa.) Cuando quiera, señora Fernández.
La señora FERNANDEZ SANZ: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, me corresponde presentarles en nombre del
Grupo Socialista la proposición no de ley sobre el funcionamiento de los
centros de internamiento de extranjeros en España, de conformidad a las
garantías derivadas de nuestro sistema constitucional. Para ello,
quisiera recordar tres objetivos que enmarcan la elaboración de esta
proposición no de ley por parte del Grupo Socialista.
En primer lugar, el informe sobre política migratoria elaborado por la
subcomisión que se creó en junio de 1996 por una iniciativa del Grupo
Socialista, también a través de otra proposición no de ley. El informe se
ha convertido ya en un acuerdo, un acuerdo votado por unanimidad en la
Comisión de Política Social y Empleo en abril de este año y esperamos
--parece ser que esto se ha decidido ya por la Mesa-- que se lo podremos
presentar la próxima semana a todos ustedes en el Pleno de esta Cámara.
En este informe, que pretende ser la política migratoria del Parlamento
hacia el conjunto de la sociedad, también hacia el Gobierno, cómo no,
para los próximos años, se dice: La subcomisión considera que con
carácter urgente --insisto, con carácter urgente-- el Gobierno debe
presentar una norma que regule el régimen interior y de funcionamiento de
los centros de internamiento de extranjeros, así como debe elaborar un
plan de creación de nuevos centros y de adecuación de los existentes con
los criterios de esta nueva norma.
Este sería el primer objetivo tenido en cuenta para enmarcar esta
proposición no de ley, siendo el segundo de carácter más general. Hay
diferentes estudios sobre tendencias sociales que se han realizado por
diferentes organismos en el último año, y el último que ha leído de 1997
la diputada que les habla dice cosas como las que a continuación comento:
La mayoría de los encuestados cree que dentro de diez años serán mayores
las desigualdades sociales en nuestro país; sólo un 16 por ciento piensa
que el futuro será menos desigual en ese plazo. Este pesimismo --si me
permiten-- ha crecido durante los años 1996 y1997 --a pesar de que España
va bien-- y se da más en hombres menores de 45 años, residentes en
ciudades de más de 50.000 habitantes y con estudios medios y superiores,
es decir, en las personas jóvenes, urbanas y bastante preparadas. Se
opina en estos estudios que en los próximos diez años las migraciones
desde los países pobres hacia los países ricos serán mayores aún; sólo un
12 por ciento piensa en nuestro país que habrá menos movilidad
geográfica, que decrecerá el movimiento de inmigrantes hacia nuestros
países; la mayoría manifiesta que se deben hacer bien las cosas. Para eso
hay que reconocer todos los derechos a estos ciudadanos y hay que
impulsar las políticas de integración. Se trata de decidir la política
que debemos realizar, desde un Estado democrático, social y de Derecho,
respecto a la nueva población que viene a vivir con nosotros. No es el
problema de ellos, es nuestro problema.
Sitúo este marco general porque algunas veces se dice que para poner en
marcha tal o cual centro que reúna las mejores condiciones o las
condiciones que ya recogen las sentencias del Tribunal Constitucional se
necesita un mayor gasto. Yo espero que eso no sea un argumento por parte
de nadie. Si se está pensando en rebajar el gasto en capítulos que
afectan a los ciudadanos más desprotegidos de la sociedad española, no sé
qué pasará en otras políticas, pero le pediría al Grupo Parlamentario
Popular que cuando este jueves por la tarde el Gobierno presente el
proyecto de ley del IRPF no piense que hay que seguir reduciendo la
tarta, porque se necesita una tarta todavía mayor para poder atender lo
que está a medias en cuanto a política social o lo que incluso no está
cubierto, como pueden ser algunos centros de internamiento de inmigrantes
en nuestro país.
En tercer lugar, hemos tenido en cuenta las sentencias del Tribunal
Constitucional. Como SS. SS. saben perfectamente, antes de tener en
nuestro país la Ley 85, de extranjería, las sentencias del Tribunal
Constitucional --empezaron a partir del año 1984-- formulaban una teoría
acerca de los derechos de los inmigrantes: tenían los derechos del
artículo 10 de la Constitución --los derechos fundamentales--, no tenían
el derecho de sufragio --estaba reservado a los ciudadanos
españoles o a aquéllos no españoles siempre que hubiera ley-tratado de
reciprocidad-- y el resto de los derechos tenía que ser recogido en leyes
concretas. De esa primera filosofía del Tribunal Constitucional --con la
que se elaboró la Ley de extranjería-, el Tribunal Constitucional pasó,
sobre todo a partir de 1987 -la 115 fue una sentencia importante-- a
cambiar drásticamente la doctrina del Tribunal. Anula las limitaciones de
los derechos fundamentales que les acabamos de citar, deja claro que todo
derecho de reunión y asociación tiene que ser reconocido, que toda
prohibición legal de que los jueces suspendieran resoluciones tiene que
desaparecer y que la competencia queda totalmente en manos de los jueces,
y reinterpreta la regulación legal de internamiento preventivo de los
extranjeros previo a la expulsión. Ahorro a los diputados la lectura de
estos textos porque la hemos recogido en el punto 2 de nuestra
proposición no de ley. Lo que en el punto 2 decimos es lo que la
sentencia 115/1987 del Tribunal Constitucional recuerda que debe ser la
nueva reinterpretación de la regulación legal del internamiento
preventivo de los extranjeros antes y previo a su expulsión. Y así han
sido el resto de las sentencias. Por supuesto, después, en los años 1993
y 1994 hubo nuevas sentencias que todavía trasladan más esperanza a los
derechos de estos inmigrantes, pero no es el caso de esta proposición no
de ley. Además, sí quisiera dejar claro que el Real Decreto 155/1996, con
el nuevo reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 7/1985, de
extranjería, recoge la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de
todos estos años. Pero ese reglamento, cuando después de dialogarse,
pactarse y consensuarse se publica en el Boletín Oficial del Estado, deja
bien claro que en el plazo de un año --que sería febrero de 1997-- se
tendría que disponer de una nueva norma específica sobre los centros de
internamiento, posiblemente fruto de la envergadura de las sentencias del
Tribunal Constitucional.
El Grupo Socialista ha venido a recoger en el punto número 2 de su
proposición no de ley esta sentencia del Tribunal Constitucional y a
recordar al Gobierno que tiene que traernos esta norma en un plazo
inmediato, nosotros decimos de dos meses, para que las lagunas jurídicas
e interpretativas queden resueltas. ¿Por qué, cuando no es el estilo del
Grupo Socialista, hablamos de un tiempo máximo de dos meses? Porque
llevamos dos años pidiendo que esto se resuelva. En esta misma
legislatura se presentó una moción, fruto de una interpelación del Grupo
Socialista, que se aprobó por unanimidad en septiembre de 1996. Tenía 16
puntos, y uno de ellos, el 5, decía que había que potenciar la red de
centros extranjeros para garantizar un alojamiento digno y suficiente. Un
año más tarde, en octubre de 1997, se presentó una nueva moción, también
sobre política inmigratoria, en este caso del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida, que fue aprobada por unanimidad. Esta moción, en su
punto 5 decía que el Gobierno tenía que presentar el proyecto de normas
de funcionamiento de los siete centros de internamiento de extranjeros a
este Parlamento y a las ONG y hacerlo realidad de manera urgente. También
se lo ha pedido al Gobierno el Defensor del Pueblo, que en medio de estas
dos mociones celebró unas jornadas con ONG, y también se lo han pedido
todas las organizaciones en el Foro de integración social de los
inmigrantes.
Con estos antecedentes quiero indicar que ya hemos dado pasos a lo largo
de estos dos años para pedir al grupo que sustenta al Gobierno y al
Gobierno que resuelvan esta laguna jurídica, con el fin de regular el
funcionamiento y las características de los centros de internamiento, en
el marco de esa resolución de una ponencia y de todas las sentencias del
Tribunal Constitucional que a lo largo de estos años están insistiendo
acerca de lo que hay que cambiar de la Ley de extranjería. El Gobierno
socialista ya a principios de 1996 llevó a cabo una parte al elaborar el
reglamento de extranjería y dejó un período para regular la norma de los
centros de extranjería, y hoy el Grupo Socialista presenta esta
proposición no de ley con tres planteamientos: Primero, presentar en el
plazo de dos meses un informe sobre estos centros, de qué plazas se
dispone, el tiempo de internamiento de las personas, cuántos pasan a lo
largo de un año por los centros, así como la previsión de los nuevos
centros que se tienen que crear, para que esta Cámara controle los
necesarios crecimientos de los presupuestos del Ministerio del Interior.
Segundo, desarrollar también en el plazo de dos meses lo dispuesto en el
artículo 113 del Decreto 155/1996, del reglamento, con los contenidos.
Algunos parlamentarios me han dicho que era demasiado meticuloso, puede
ser un procedimiento heterodoxo, pero al final lo único que hemos
sintetizado es lo que el Tribunal Constitucional ha estado dictando a
partir de 1987. Por último, la creación de la figura de un juez de
vigilancia para estos centros de internamiento cara a velar por todos
estos déficit que el Tribunal Constitucional nos plantea. En este tercer
punto es donde ha habido mayores reticencias por parte de los grupos
parlamentarios.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Fernández, vaya
concluyendo.
La señora FERNANDEZ SANZ: Sí, señor presidente. En seguida concluyo.
Hemos presentado a los grupos una enmienda a este punto tercero, que
planteo ahora, en vez del texto que ustedes tienen. Dice así: En tercer
lugar, contribuir a garantizar el control judicial efectivo y
especializado de los centros de internamiento en orden a velar por el
cumplimiento de los derechos de los internos y el correcto funcionamiento
de estos centros. Esta sería nuestra enmienda transaccional.
Termino diciendo que de las enmiendas que ha presentado, por el Grupo
Parlamentario Mixto, el Bloque Nacionalista Galego, el Grupo Socialista
asume la enmienda al apartado 1, letra e), cambiando un poco el orden. Es
decir, que el punto e) del Grupo Parlamentario Mixto pase a ser el d) y
el d) del Grupo Socialista sea el e), sólo por razones de coherencia de
los temas que se tratan.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Fernández.
Si es tan amable, pase a la Presidencia el texto de la propuesta que hace
como alternativa al punto 3 de su proposición no de ley.
A la proposición no de ley del Grupo Socialista han presentado enmiendas
los grupos parlamentarios Mixto, Catalán de Convergència i Unió y
Popular.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, el Bloque Nacionalista Galego
comparte ampliamente el planteamiento de la propuesta presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista en relación con los centros de
internamiento de extranjeros.
Sin embargo, el objetivo de hacer la proposición no de ley más ajustada
al fin perseguido nos lleva a presentar algunas enmiendas. El objetivo no
es otro que el de garantizar que los extranjeros que cometen
irregularidades administrativas en el Estado español y que pueden ser
causa de expulsión del territorio no se vean privados de libertad, ni
directa ni indirectamente.
La sentencia 115/1987 del Tribunal Constitucional admitió la
constitucionalidad del artículo 26.2 de la Ley orgánica 7/1975 en contra
del criterio del Defensor del Pueblo. Por tanto, debemos perseguir la
posibilidad de internamiento forzoso de extranjeros detenidos en
situación que podríamos calificar de burocrática y legal, siempre y
cuando fuese supervisada judicialmente tal medida y que los centros no
tuviesen carácter penitenciario. Dicho artículo, conforme a la sentencia
del Tribunal Constitucional, estará también conforme al ordenamiento
constitucional siempre que se aplique de acuerdo con esta interpretación.
De no hacerlo así, sería inconstitucional.
Es conveniente incidir sobre todo en el punto 3 de la proposición no de
ley, enfatizando la creación de un órgano jurisdiccional encargado de
velar por el cumplimiento de los derechos de los extranjeros internados
en centros no penitenciarios --esto es muy importante-- y sujetos
presuntamente a expulsión, para que, en el caso de que sean apresados, el
órgano jurisdiccional tenga conocimiento inmediato de esa situación y sea
el encargado de autorizarla; que no sólo se encargue de funciones
inspectoras acerca del correcto funcionamiento de los centros de
internamiento. Todo esto porque es una obligación derivada de la
interpretación expresada de la sentencia a la que antes hicimos alusión.
Por otra parte, la falta más importante que vemos en la proposición no de
ley es la ausencia del establecimiento de un plazo máximo de
internamiento en centros no penitenciarios, quedando únicamente fijado de
manera arbitraria en tanto no se resuelva el expediente de expulsión y
aunque el reglamento establezca un plazo que nos parece muchas veces
excesivo.
Esta indeterminación creemos que puede ser inconstitucional, ya que todos
sabemos que el artículo 17.2 de la Constitución española impone un plazo
máximo para las detenciones provisionales y de manera análoga la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, en el artículo 120 bis, también lo establece,
aunque se pueda prolongar una detención preventiva el tiempo necesario
para la investigación, a un plazo máximo de setenta y dos horas, y, bajo
autorización judicial, otras cuarenta y ocho horas. En definitiva, ya que
el ordenamiento jurídico vigente contempla, en los casos más graves que
comportan presuntamente algo ilícito penalmente, un plazo máximo para las
detenciones preventivas por parte de funcionarios, sería también
conveniente que se fijara un plazo máximo para el internamiento de
extranjeros, para evitar arbitrariedades y demoras injustificables en la
Administración.
En nombre de todo esto, nosotros presentamos una serie de enmiendas que
están relacionadas con toda esta temática. La primera se refiere al
apartado 1, añadir una letra e), que sería del siguiente tenor: La
localización de los centros en el territorio del Estado y su distribución
por comunidades autónomas, resaltando aquellas en las que no exista
ninguno en funcionamiento. Al apartado 2a), añadir: en concreto,
estableciendo un plazo máximo de internamiento de setenta y dos horas,
que sólo podrá ser prorrogado mediante autorización expresa de la
autoridad judicial. Al apartado 2 c), sustituirlo, en el caso de las
comunicaciones, para que haya clara comunicación con la sociedad y no se
trate de una retención propia de un delito penal: El derecho a enviar
correspondencia, así como a comunicarse telefónicamente con familiares,
amigos o representantes diplomáticos y a recibir todo tipo de visitas en
dependencias adecuadas, que garanticen la reserva y privacidad de las
comunicaciones.
Por fin, al apartado 2d), algo que lo haga menos maleable, que lo haga
menos interpretable, suprimiendo «siempre que sea posible». Y al apartado
3, que posiblemente sea el más problemático, pero que se le buscó una
solución porque es el más importante también: Proceder a la creación de
órganos jurisdiccionales encargados de autorizar los internamientos en
los centros extranjeros en el Estado español, que velarán además por el
cumplimiento de los derechos de los internos
en el mismo y el correcto funcionamiento de los centros.
En todo caso, señorías, el Bloque Nacionalista Galego está dispuesto a
votar afirmativamente el texto, con las enmiendas integradas, tal como lo
presenta el grupo parlamentario proponente.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y para la
defensa de su enmienda, tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADéS: Gracias, señor presidente.
Preparando la intervención sobre esta proposición no de ley que nos
plantea esta tarde el Grupo Socialista, leía una intervención de la
jurista catalana María Elena Bedoya, en unas jornadas organizadas por el
Ayuntamiento de Barcelona hace unos escasos meses en relación a todo el
mundo de la emigración, que recordaba unas frases escritas hace
doscientos años. Se decía: Conceded a los depositarios de la autoridad
ejecutiva la facultad de atentar a la libertad individual y ya habréis
aniquilado todas las garantías, que son la condición primera y el objeto
último de la reunión de los hombres bajo el imperio de las leyes. Este
principio ha condicionado desde el primer día la existencia de los
centros de internamiento y por tanto está en el centro del debate sobre
su existencia.
La ambigüedad del artículo 26.2 de la Ley de extranjería provocó que en
su día el Defensor del Pueblo interpusiese un recurso de
inconstitucionalidad con relación a esta materia. El Tribunal
Constitucional marcó que no es inconstitucional el internamiento de los
extranjeros, pero también marcó que ese internamiento se debería producir
en determinadas condiciones, enmarcado en la intervención judicial. Si no
era así, era evidente que estábamos concediendo a los depositarios de la
autoridad ejecutiva la capacidad de atentar a la libertad individual.
Yo diría que las sentencias del Tribunal Constitucional, y especialmente
la sentencia del año 1987 que nos ha recordado la señora Fernández, y el
propio desarrollo del reglamento de extranjería del año 1995 han
enmarcado el debate sobre esta materia. Y hoy podemos afirmar que, desde
el punto de vista del marco legal, estaríamos en condiciones de
garantizar el efectivo cumplimiento de la defensa de los derechos de los
internados.
Y son ciertas tres cosas que hacen oportuno el planteamiento que hoy nos
ha hecho llegar el Grupo Socialista. En primer lugar, que el artículo 113
del reglamento de ejecución de la Ley de extranjería del año 1995 no es
un artículo que se haya desarrollado. Todos coincidimos con la señora
Fernández en que hay poca justificación para que ese desarrollo no se
haya producido y, por tanto, coincidimos en la necesidad de que una vez
más el Pleno de la Cámara se pronuncie en relación a esa obligación que
tiene el Gobierno de desarrollar ese artículo.
En este sentido, nuestro grupo parlamentario ha presentado una enmienda
que pretende evitar una cuestión que entendemos que no es simplemente
formal. Dice lo siguiente: Acelerar el desarrollo en el plazo más breve
posible de lo dispuesto en el artículo 113 en cuanto al funcionamiento de
los centros y, teniendo presente el carácter no penitenciario de los
mismos, el necesario respeto a los derechos fundamentales de los
internados así como la cobertura de sus necesidades asistenciales y
sanitarias. Asimismo, deberá procederse a la adaptación de los actuales
centros una vez que se desarrolle esta normativa. Destacando estas
cuestiones, el carácter no penitenciario de los centros de internamiento,
el necesario respeto a los derechos fundamentales de los internados y la
cobertura de sus necesidades asistenciales y sanitarias, estamos
señalando aquello que es esencial de la sentencia del Tribunal
Constitucional del año 1987 y del reglamento de ejecución de la Ley de
extranjería. Además, los puntos concretos que constituyen el listado de
elementos que para el Grupo Socialista debe constituir la esencia del
desarrollo del artículo 113 de hecho están contenidos en el reglamento de
ejecución del año 1995. En concreto, aquello que se afirma entre los
artículos 108 y 113 es el cien por cien de lo que se recoge en la
propuesta del Grupo Socialista. A nuestro entender, nuestro texto es
sintético y recoge aquello que es esencial.
Ahora bien, nosotros ofrecemos sobre esta misma enmienda nuestra una
transacción a los grupos parlamentarios, ya que, en relación con esta
cuestión, se ha dicho, en el debate previo en los pasillos, que el plazo
más breve posible debía ser dos meses. Nuestro nuevo texto sería el
siguiente: Acelerar el desarrollo, en el plazo más breve posible y antes
de finalizar el presente año, de lo dispuesto, etcétera. En segundo
lugar, añadiríamos, después de «y sanitarias», «de acuerdo con las
diversas sentencias del Tribunal Constitucional». Nos parece que estas
dos enmiendas, por un lado, cierran el momento en que el Gobierno debe
presentar ese reglamento, antes de final de año --y, por lo que sabemos,
el Gobierno está en condiciones de publicar este texto-, y, por otro,
hacemos referencia a las sentencias del Tribunal Constitucional para que
orienten esta cuestión.
El Grupo Socialista plantea un debate que a nuestro entender es complejo,
como es la creación de la figura de un juez de vigilancia de los centros
de internamiento. Yo recordaba a la señora Fernández antes que en el seno
de la subcomisión no se había hecho esta propuesta concreta y que me
parecía precipitado decidir hoy en el Pleno el inicio de un proceso que
implicaría necesariamente una modificación de la Ley Orgánica
del Poder Judicial. La enmienda transaccional que nos ofrece la señora
Fernández nos parece especialmente interesante y nuestro grupo
parlamentario estaría en condiciones de aceptarla, entendiendo que existe
una circular de la Fiscalía General del Estado, de hace unos cuantos
años, que instaba a una actuación específica de los fiscales en defensa
de los derechos fundamentales de las personas en los centros de
internamiento. Nos parece que esa es una línea que, desde el punto de
vista de garantizar la efectiva defensa de los derechos humanos en los
centros de internamiento, es una buena medida. Por otro lado, el propio
reglamento de ejecución de la Ley de extranjería prevé en su artículo
109.3 una intervención de las organizaciones no gubernamentales en buena
parte de las actividades que se hacen en estos centros, en especial en
aquello que hace referencia a las condiciones sanitarias y asistenciales.
A pesar de que estas dos reflexiones no vayan a figurar en nuestras
enmiendas ni en el texto que vamos a aprobar, para nuestro grupo
parlamentario, cuando estamos planteando esta necesidad de garantizar que
los centros de internamiento para los extranjeros sean unos centros que
tengan garantías efectivas para que no se vulneren los derechos
fundamentales de los ciudadanos allí internados y que, al mismo tiempo,
se den las condiciones necesarias de orden sanitario y asistencial, esa
intervención de la Fiscalía y de las ONG especializadas en la defensa de
los derechos humanos va a ser importante.
Como en los próximos meses vamos a tener ocasión de debatir diversas
proposiciones de ley de modificación de la Ley de extranjería, donde, por
otro lado, se sitúa el mal de esta historia, estoy seguro de que vamos a
poder seguir avanzando en esta materia.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Campuzano.
Si es tan amable, ¿quiere pasar a la Presidencia la transacción que S.
S. propone? Gracias.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Popular a esta
iniciativa del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Jordano.
El señor JORDANO SALINAS: Gracias, señor presidente.
Utilizaré el turno para referirme a la enmienda presentada por nuestro
grupo y también para hacer una valoración conjunta del texto inicial y de
las distintas enmiendas formuladas.
Cuando el Grupo Popular pretende eliminar el párrafo tercero de la
proposición, que se refiere a la creación de un juez de vigilancia
especial en materia de centros de internamiento de extranjeros, lo hace
porque considera que es regresivo establecer un ámbito judicial separado
para hechos que afectan exclusivamente a extranjeros. Estaríamos
introduciendo una discriminación por la procedencia de la persona a la
que nos estamos dirigiendo. Por otra parte, esta materia, y creemos que
en este sentido la ley orgánica es correcta, tiene que quedar bajo el
control de los juzgados y tribunales ordinarios, en función de cada uno
de los derechos afectados o que puedan verse afectados, pero nunca en
función de una característica determinada de la persona.
No olvidemos, y habría que referirse también a parte del texto propuesto
por el Grupo Mixto, que la ley orgánica establece en su artículo 26,
desde 1985, una competencia exclusiva del juez de instrucción para
acordar el internamiento en un centro. No es una decisión administrativa,
caprichosa o no, fundada o no, sino que es una decisión judicial la que
provoca el internamiento, y es el juez de instrucción del lugar el que lo
decide. Evidentemente, decide ese internamiento y vigila las
consecuencias del mismo, que tampoco está sujeto a ningún plazo
caprichoso, puesto que está establecido un plazo máximo de 40 días. No
entendemos que se pueda crear, dentro del territorio ideal de un juez de
instrucción, la figura de otro juez, ya que esto no es posible ni
siquiera para tribunales con competencias superiores al juzgado de que se
trata; por ello, pretendíamos la supresión de esta figura.
A nuestro modo de ver, hay que tener en cuenta lo siguiente para una
valoración global de la proposición formulada por el Grupo Socialista. A
instancias del Grupo Socialista, se creó en este Parlamento una
subcomisión, que ha estado trabajando durante bastante tiempo en todo lo
relacionado con la situación de los inmigrantes. También, en el informe
de esa subcomisión se habla de los centros de internamiento de
inmigrantes y de las obligaciones que tiene el Gobierno en relación con
esta materia. Lo que parecería más correcto a nuestro grupo es que las
iniciativas particulares sobre puntos contenidos en el informe de la
subcomisión vinieran al Pleno o a las comisiones de este Parlamento
después de haberse aprobado por este Pleno ese informe de la subcomisión.
Desde ese punto de vista, respetaríamos un poco el sentido inicial que ha
guiado los trabajos de la subcomisión.
Por otra parte, el punto primero de la proposición no tiene ningún
problema ni para el grupo parlamentario ni para el Gobierno, puesto que
el informe a que se refiere, con las especificaciones que contiene la
proposición del Grupo Socialista, está redactado por el Gobierno y por
tanto no es necesario ni un plazo de dos meses ni menos meses para poder
hacerlo llegar a esta Cámara.
En cuanto al punto segundo, el proyecto de orden del reglamento de los
centros de internamiento está recogido. Podemos aceptar que en los dos
años que llevamos en el Gobierno no se ha traído este texto; podemos
aceptar que desde que lo aprobó la Comisión interministerial de
extranjería se está retrasando su
publicación en el Boletín Oficial del Estado, pero no aceptamos excesivos
reproches por parte del Grupo Socialista en esta materia. Los centros se
crean como centros de detención o en locales que no tengan carácter
penitenciario, es decir, incidiendo en el carácter policial de la
relación con el extranjero que entra en territorio español, en el año
1985, la ley orgánica, con Gobierno del Partido Socialista. Pasan una
serie de años en que no ha habido dotación específica para estos centros
y se han tenido que nutrir de los gastos generales de la Dirección
General de la Policía. Y cuando llega la hora de publicar un reglamento,
en 1996, se deja para más adelante el régimen interno de los centros y se
remite a una norma posterior. Creemos que ha habido distintos momentos en
que ha podido hacerse esta regulación a lo largo de tantos años, desde
1985. Bien es cierto que en aquellos años no se planteaban en España los
problemas de inmigración y de presencia de inmigrantes irregulares que se
nos presentan ahora. No obstante, era algo que se podía prevenir que iba
a llegar.
Yo pienso que lo que hace el Grupo Socialista no es recoger ni el
espíritu ni el texto de la sentencia; lo que hace básicamente es repetir
el real decreto de febrero de 1996 en su proposición. Por ello nos parece
más acertada la redacción de este punto en la forma que se contiene en la
enmienda formulada por el Grupo de Convergència i Unió, entre otras cosas
porque también es bueno separar las distintas competencias de los
distintos órganos. Cuando comentábamos la última enmienda adicional sobre
el tercer punto de la moción decíamos: no hagamos que el Gobierno se
introduzca en materias que son competencia específica del Poder Judicial.
Y aquí habría que decir también, en relación con el texto detallado que
se contiene en la proposición del Grupo Socialista, que parece que el
Poder Legislativo se está metiendo en una competencia reglamentaria que
es específica del Gobierno. Por tanto, sería más adecuado el texto
propuesto por Convergència i Unió que, sin entrar en el detalle de cómo
tiene que ser el reglamento que es competencia del Gobierno, insta en un
plazo razonablemente rápido al Gobierno para que cumpla y publique el
reglamento de régimen interno de los centros.
Resumiendo y acabando, aprobar el punto tercero de la redacción propuesta
por el Grupo Socialista no nos plantea ninguna duda. El Gobierno está
dispuesto a colaborar con el Poder Judicial en la mejor defensa y en la
protección efectiva de los derechos tanto de los españoles como de los
ciudadanos extranjeros que se encuentran en España en situación regular o
irregular. A nuestro modo de ver, es indiferente el matiz de regularidad
o de irregularidad en la protección de derechos. Respecto al primer
punto, decimos que no tenemos ningún inconveniente en aprobar que llegue
ese informe en el plazo de dos meses, puesto que probablemente llegue a
la Cámara mucho antes de esos dos meses. El segundo punto de la
proposición sí nos plantea bastantes problemas en la forma en que está
redactado y no nos los plantearía si se aceptara la enmienda de
sustitución propuesta por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.
En definitiva, creo que tenemos que hacer una reflexión sobre un problema
que tiene la sociedad española en este momento y que no lo tenía hace
tiempo. Es el problema de la presencia de una serie de inmigrantes
irregulares, que van adoptando una actitud que muchas veces rompe una vía
de paciencia que guiaba la actitud del extranjero sin visado que quería
entrar en territorio europeo. Esta vía de paciencia habitual de quienes
querían entrar en territorio europeo se está rompiendo en determinados
incidentes, que por ahora son aislados, aunque tenemos que ser
conscientes de que esta es una materia que nos va a crear una serie de
problemas tanto a la sociedad española como al Gobierno en el futuro, en
una forma mucho más acentuada de lo que lo ha sido hasta ahora. El
Gobierno actual y el Gobierno anterior también en esta materia pueden
estar satisfechos de que la inmigración no es un problema para la
sociedad española, pero tenemos que reflexionar sobre las iniciativas que
en el futuro se planteen en esta materia, buscando la mayor unanimidad
posible en la iniciativa, renunciando a determinados particularismos y
protagonismos y buscando que la inmigración en España siga sin ser un
problema de la sociedad española. Que la sociedad española tenga la
capacidad de ir absorbiendo al inmigrante que llega a nuestro territorio,
dándole plenos derechos, garantizándole una cobertura efectiva y un trato
como persona, y que no se vea como una vía de obtención de mano de obra
barata, de trabajo irregular, que parece que es lo que se pretende en
determinados ámbitos. Desde luego, esa no es la idea del Gobierno ni del
Grupo Parlamentario Popular.
Nada más, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Jordano.
¿Grupos parlamentarios que no hubieran intervenido en el debate y que
quieran fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
Con lo que han dicho los señores portavoces, tanto la portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, autora de la iniciativa, como los portavoces de
los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas, en verdad estamos
ante un problema de índole, en el fondo, digamos, político, social y, en
la forma, administrativo. Efectivamente, como bien se ha puesto de
manifiesto, cuando aprobamos aquí la Ley Orgánica 7/1985, sobre Derechos
y Deberes de los Extranjeros en España, la
denominada Ley de extranjería, y se dio cabida a la posibilidad del
internamiento en centros que no tuvieran el carácter de centros
penitenciarios, sino lo que se llama con la palabra albergues en la
propia iniciativa del Grupo Socialista, y que nosotros compartimos, se
habló de la necesidad de un real decreto, pero el Real Decreto 155/1996,
como bien se ha evidenciado, en el artículo 108 y siguientes, y sobre
todo en el 113, no resuelve esta cuestión. Este es un asunto que tenemos
que abordar, ya que está apareciendo en todas las memorias; esta mañana
lo hemos visto en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del
Pueblo y hemos visto la posición tan elogiable de esa institución en la
defensa de los derechos humanos de estos colectivos.
El problema no es sencillo, sobre todo económica y solidariamente, y digo
solidariamente porque mi grupo entiende que en España, al transformarse
en frontera con toda la región del Magreb y todo el norte de Africa, debe
haber un principio de solidaridad, sobre todo en lo que es la
financiación de estos centros de internamiento o albergues, y dentro de
la teoría del tercer pilar europeo de justicia y régimen de interior, con
otros países de la Unión Europea, porque nos encontramos recibiendo las
oleadas de inmigrantes ilegales procedentes de todo el continente
africano.
Mi grupo desea una solución de este tema y aquí se han presentado unas
enmiendas que, estando de acuerdo en el fondo, vienen a complementar las
formas. Yo haría una reflexión a la portavoz socialista, porque mi grupo
comparte lo que se contiene en su idea, pero tampoco podemos pedir plazos
perentorios, que no llevarían a ningún cumplimiento posible y fáctico,
dentro de un mínimo de pragmatismo. Se podrían recoger insinuaciones,
propuestas, incluso como enmiendas alternativas que mi grupo comparte,
como ha expresado el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), señor Campuzano. Nosotros estamos en esa línea. En
primer lugar, pedimos la supresión de la figura de un juez específico
para estos centros de internamiento, porque eso nos obligaría a ir donde
debería estar esta figura, que es en la Ley del Consejo General del Poder
Judicial y, por tanto, estaríamos pidiendo una cosa que habría que pedir
en otro lugar, Y, en segundo lugar, que los plazos sean prudenciales.
Nosotros, repito, apoyamos y vemos con mucho interés la enmienda
transaccional que ha ofertado el señor Campuzano. Si no, estaríamos en
una situación de aprobar hoy una iniciativa que tendría que verse
modificada o alterada de alguna manera cuando llegue a esta Cámara el
informe sobre los centros de inmigrantes y personal extranjero en
situación de régimen de expulsión. Parecería más lógico que toda
iniciativa parlamentaria a este respecto procediera de un documento, el
dictamen que próximamente vendrá a esta Cámara, y, a partir de que todos
los grupos, votando, nos comprometamos con los principios fundamentales y
básicos de ese dictamen, individualmente o de forma consensuada,
solicitemos del Gobierno la realización de estos centros de internamiento
o albergues para este personal.
Por tanto, mi grupo estaría en condiciones de apoyar una solución que
fuera un ensamblaje entre los principios fundamentales que contiene la
idea del Grupo Parlamentario Socialista con los de las enmiendas que ha
presentado el Grupo Parlamentario Popular y la de Convergència i Unió que
he indicado, respetando la específica del Grupo Parlamentario Mixto,
Bloque Nacionalista Galego. Si no, tendríamos que votar en contra y
esperar la llegada del dictamen correspondiente para construir, sobre el
dictamen consensuado con el voto mayoritario, al menos, de toda la
Cámara, las futuras iniciativas legislativas, una de las cuales pudiera
ser perfectamente ésta, pero adaptada al dictamen.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Vasco apoya siempre las iniciativas más favorables al
trato humano y digno de los extranjeros, sean legales o ilegales, aun
dentro de los matices diferenciales que consagra el artículo 13 de la
Constitución española. Por eso, nos pareció en su día escasa la
regulación de la Ley Orgánica 7/1985, llamada de extranjería, texto legal
al que yo he calificado en alguna ocasión en esta Cámara de poco
generoso.
El Tribunal Constitucional, cierto es, admite algo tan singular como que
puedan ser internados en determinados centros personas que hayan
incurrido en simples irregularidades administrativas que puedan ser causa
de expulsión, en contra del criterio en su día manifestado por el
Defensor del Pueblo. Entendemos que, aun siendo constitucional esta
medida, deberá ser siempre sin demérito de sus derechos y con la garantía
de mantener su dignidad y su esfera de privacidad íntegra.
Creemos que la regulación de los centros de internamiento contenida en el
reglamento del año 1996 ha devenido insuficiente, tanto por el progresivo
incremento de los flujos migratorios que actualmente acceden a España
como porque no se ha efectuado el desarrollo de las normas de
funcionamiento interno de cada uno de los centros. Señorías, a nosotros
nos gusta que desde esta Cámara se haga un llamamiento al Gobierno en
esta materia con el texto que presentaba el Partido Socialista y nos
gusta la enmienda introducida por el BNG, aunque creemos que, en
definitiva, el texto final acabará siendo consensuado.
Quiero hacer especial referencia a la figura del juez de vigilancia,
puesto que ha sido aludido por otros. Desde nuestra óptica, no hay
inconveniente alguno para que esta figura se pueda establecer, puesto que
constitucionalmente a los jueces no les corresponde sólo juzgar y hacer
ejecutar lo juzgado, sino también la garantía de los derechos, y esa es
la función que tendrían atribuida en este caso. Si examinamos una noticia
aparecida en la prensa en días pasados, en la que se hacía mención a que
los Quince controlarán en breve las huellas dactilares de los inmigrantes
ilegales, en referencia a un acuerdo de los ministros de Justicia e
Interior en el seno de la Unión Europea, una tiene la sensación de que
los europeos acreditan bastantes avances en los aspectos más restrictivos
de los ámbitos de la Justicia y de Interior, pero que la protección y la
tutela de los derechos no se están efectuando tan rápido.
Por ello, votaremos a favor del texto presentado por los socialistas, con
las enmiendas que se acepten, o del texto que, según los indicios de lo
expuesto hasta ahora, será consensuado por todos los grupos.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Bevía Pastor): Gracias, señora Uría.
Finalmente, por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene
la palabra la señora Sabanes.
La señora SABANES NADAL: Gracias, señor presidente.
En el marco del trabajo de la subcomisión para el estudio de la situación
de los españoles que viven fuera, así como de los inmigrantes y
refugiados que han llegado a nuestro país, hemos valorado todos los
grupos la necesidad de cambios de estrategia importantes para enfocar el
futuro de la inmigración desde otras claves y, sobre todo, partiendo de
la realidad actual, que, evidentemente, ha evolucionado en estos últimos
años de una forma espectacular.
Nuestro grupo ha entendido siempre la necesidad de avanzar seriamente en
las políticas de inmigración desde la consideración de la inmigración
fundamentalmente como preocupación policial o de mero control de flujo
migratorio hacia la consideración de la inmigración como un elemento
permanente y, por tanto, con una clara voluntad de integración social y
de otro modelo de relaciones, situando nuestro grupo el problema de fondo
en la desigualdad del desarrollo internacional y en la necesidad de un
nuevo modelo de relación entre los diferentes países y entre las
diferentes zonas.
Nuestro grupo defenderá en su momento el desarrollo de nuevos marcos
legislativos que, más allá de la ordenación y racionalización de los
trámites administrativos, permitan avanzar hacia una verdadera igualdad
de derechos y hacia el respeto de la diversidad cultural. Entre tanto,
vamos a apoyar las reformas o mejoras que puedan significar avances en el
reconocimiento de las garantías y derechos de los extranjeros en España
y, en este caso, como propone la proposición no de ley, de los
extranjeros en centros de internamiento.
La proposición no de ley nos viene a plantear la necesidad de modificar
el reglamento sobre funcionamiento de los centros de internamiento de
extranjeros en España desde una perspectiva que se ajusta a las
suficientes garantías sobre los derechos fundamentales, su tratamiento y
sobre los derechos humanos, para velar por la legalidad de la medida de
internamiento, abundando en la consideración clave de que no son centros
penitenciarios sino, al contrario, centros que denomina la proposición no
de ley como albergues provisionales.
La primera parte de la proposición es importante por cuanto va a
posibilitar una información detallada de la situación. Y en la segunda
parte establece la necesidad de desarrollo del decreto de funcionamiento
de los centros y, por tanto, de una adecuación de las condiciones
actuales, porque esas personas habrían procedido a una infracción
administrativa --eso ha estado condicionado y se ha puesto de manifiesto
en el debate-- y esos centros en ningún caso deben tener un carácter
semipenitenciario, como han establecido las diferentes sentencias.
Nosotros vamos a apoyar esta iniciativa. Vamos a votar favorablemente la
transaccional que ha propuesto la representante del Grupo Socialista,
aunque, a nuestro entender, el punto 3, tal como estaba explicitado,
tampoco tenía ningún inconveniente, así como la creación de la figura del
juez de vigilancia. En todo caso, y en función de la aceptación de la
proponente, vamos a votar favorablemente la proposición no de ley, si es
que se aprueba por consenso. Si no, en todo caso, la proposición final
que ha planteado el Grupo Socialista.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Sabanes.
A continuación intervendrá la señora Fernández para indicar si acepta o
no las enmiendas presentadas y defendidas por los señores Rodríguez,
Campuzano y Jordano, entendiendo que la enmienda presentada por el señor
Campuzano quedaría en los términos que ha ofrecido al final como
transaccional.
Tiene la palabra su señoría.
La señora FERNANDEZ SANZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, recordaba en mi intervención los resultados de las encuestas de
tendencias sociales. Y mientras expresaba el deseo de mi grupo de buscar
una vez más la unanimidad en estas materias, pensaba si a lo mejor
un día nos volvíamos locos en este Parlamento y en vez de encontrar
soluciones y consensos sobre mínimos, en algunos temas podíamos encontrar
consensos sobre máximos.
Buscando esa unanimidad que hemos intentado a lo largo del último año en
una materia que afecta a los ciudadanos con menos derechos de la sociedad
española --por lo menos derechos prácticos-, como son los inmigrantes, el
Grupo Socialista plantea aceptar la primera enmienda del Bloque
Nacionalista Galego, del Grupo Parlamentario Mixto, que se refiere al
punto primero de nuestra resolución. Y, tal como decíamos antes, cuando
el Bloque propone un apartado e) nuevo, nosotros proponemos que se
convierta en apartado d), y que el apartado d) de la propuesta del Grupo
Socialista pase a ocupar el puesto e). El punto 1, quedaría tal como lo
ha planteado el Grupo Socialista, incorporando la enmienda número 1, del
Grupo Parlamentario Mixto; y respecto del apartado 2 de nuestra
proposición no de ley, aceptamos la enmienda que nos plantea el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), pero no la que nos presentó
por escrito, sino la que el diputado Campuzano ha leído y entregado a la
Cámara.
Y en el punto tercero, agradeciendo mucho al Grupo de Izquierda Unida y
al Partido Nacionalista Vasco su apoyo, y buscando el consenso de toda la
Cámara, planteamos esta enmienda que yo he entregado al presidente de la
Mesa.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Fernández.
Vamos a pasar a la votación de la proposición no de ley en los términos
indicados por la señora Fernández.
(El señor presidente ocupa la Presidencia.) El señor PRESIDENTE: Votación
de la proposición no de ley del Grupo Socialista, sobre funcionamiento de
los centros de internamiento de extranjeros en España, de conformidad con
las garantías derivadas de nuestro sistema constitucional, en los
términos resultantes del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a
favor, 309; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada la proposición no de
ley.
DEBATE DE TOTALIDAD DE PROPUESTAS DE REFORMA DE ESTATUTOS DE AUTONOMIA
(Continuación):
--DE LA DIPUTACION GENERAL DE LA RIOJA, DE REFORMA DEL ESTATUTO DE
AUTONOMIA DE LA RIOJA (Número de expediente 127/000010)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de totalidad aplazado,
correspondiente al punto primero del orden del día, relativo a la
propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de La Rioja.
Para la presentación ante el Pleno de la propuesta de reforma, la
Diputación General de La Rioja ha designado a los portavoces de tres de
sus grupos parlamentarios: los señores Pascual Ocio, Pérez Sáenz y
Escobar Las Heras, que, tras asistir a las celebraciones que durante la
mañana de hoy han conmemorado el día de La Rioja, se incorporan al Pleno,
acompañados de la presidenta de su Asamblea. (Rumores.) Ruego a quienes
hayan de abandonar el hemiciclo para atender a otras obligaciones
parlamentarias lo hagan con celeridad y en silencio. Por favor, señora de
Lara, en silencio.
Tiene, en primer lugar, la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en la Diputación General de La Rioja, don Conrado Escobar Las
Heras. La tendrá a continuación el portavoz del Grupo Socialista y
finalmente el del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
El señor DIPUTADO DE LA DIPUTACION GENERAL DE LA RIOJA (Escobar Las
Heras): Gracias, señor presidente.
Señorías, presidenta y miembros de la Mesa del Parlamento de La Rioja que
nos honran en este momento con su presencia, permitirán que diga, en
primer lugar, que acudo a esta tribuna con un doble sentimiento. Por un
lado, la satisfacción que, como portavoz del Grupo Popular me corresponde
al presentar en esta Cámara los trabajos de reforma del Estatuto de La
Rioja, y precisamente en un día tan señalado para todos los riojanos como
es el día de nuestra autonomía, el día de La Rioja. Hoy, 9 de junio, es
para todos los riojanos nuestra fiesta mayor, es el día de La Rioja.
Por otro lado, la tristeza que precisamente como riojano siento al no
haber podido estar compartiendo con mis paisanos, en mi tierra, una
festividad tan señalada. Aunque, en este sentido, justo es reconocer en
esta primera parte de mi intervención la especial sensibilidad que ha
tenido la Cámara al alterar el orden del día y permitir que nos acompañen
autoridades de nuestra comunidad autónoma, en este caso la presidenta y
miembros de la Mesa del Parlamento regional.
Dicho esto, que es una afirmación que imagino compartirán conmigo cuantos
riojanos haya aquí, en esta Cámara, comenzaré diciendo que esta reforma,
estos trabajos, recogen las legítimas aspiraciones de los riojanos,
conjugando nuestras reivindicaciones con la lealtad a los principios de
solidaridad y unidad constitucional.
Es una reforma, señorías, que, gracias al importantísimo esfuerzo
realizado en nuestra Cámara, en el Parlamento regional, se erige como la
más amplia y ambiciosa de la historia del Estatuto de San Millán. También
creo, y ahí queda esta afirmación para el «Diario de Sesiones» de la
Cámara, que es una de las más amplias de cuantas haya tenido ocasión de
conocer este Congreso.
La Rioja, como comunidad autónoma, como región, precisa adaptarse
continuamente a los profundos cambios institucionales que se avecinan.
Nuestra comunidad autónoma necesita disponer de las herramientas para
responder a las demandas de los riojanos, pero también, señorías, para
seguir colaborando en la construcción de un Estado sólido y moderno. En
este punto quiero señalar y hacer especial hincapié en que La Rioja, como
comunidad autónoma, viene contribuyendo, desde una perspectiva cultural,
social y económica, en el desarrollo de España. Esto quiero dejarlo
patente en esta tribuna.
Los riojanos, efectivamente, somos gente solidaria y vamos a seguir
siéndolo, ese es nuestro propósito; pero con esa misma legitimidad, la
que nos brinda el hecho de ser solidarios, exigimos y defendemos
igualmente el pleno y leal ejercicio de todos y cada uno de nuestros
derechos sin cortapisa alguna. Este acto parlamentario constituye, a mi
juicio, la palpable voluntad de un pueblo que, orgulloso de su pasado,
mira al futuro con ilusión.
Mucho se ha dicho aquí de nuestra comunidad autónoma, de La Rioja, pero
una vez más tengo que decir que, efectivamente, la historia de nuestra
región es rica, encrucijada de reinos se la ha denominado, crisol de
culturas o tierra de encuentro. Quizás por eso, por ser una tierra de
encuentro, haya querido el destino correspondernos alojando en nuestra
tierra un nacimiento universal, el de la lengua castellana, y algo he
oído en anteriores intervenciones. Lo cierto es que el destino, insisto,
ha querido correspondernos alojando en nuestra tierra un idioma que hace
posible el diálogo entre todas las regiones españolas, que define e
identifica a más de 400 millones de personas en el mundo, y este estatuto
--los trabajos que aquí se presentan-- no podía ignorar este singular
acontecimiento. De ahí, señorías, que sea precisamente el lugar donde
tuvimos el honor de recoger los primeros balbuceos del castellano, el que
da nombre a nuestro estatuto, Estatuto de San Millán.
Pero hay otro dato que realmente diferencia a La Rioja, y es que tiene su
futuro muy presente. Somos tierra generosa que cultiva el arte de vivir y
de progresar, una tierra que prospera gracias al trabajo constante del
riojano, aprovechando al máximo, eso sí, sus recursos y que siempre mira
al futuro como oportunidad y nunca como amenaza. Esta es nuestra pequeña
gran diferencia, señorías. Los riojanos, con poco, somos capaces de hacer
mucho.
Y con este horizonte presentamos esta iniciativa, porque el modelo de
región que estamos construyendo reclama un nuevo impulso en nuestro
autogobierno a través del marco estatutario. Este es el único camino
posible para seguir manteniendo nuestros niveles de desarrollo, nuestra
posición en el conjunto de España y de Europa. Y hablo de Europa y me
refiero a Europa porque el camino de Santiago, primer itinerario europeo,
ha definido en La Rioja históricamente una vocación creciente hacia el
exterior, una vocación que hoy se prolonga por medio del eje del Ebro y
cuya dimensión nos proponemos desarrollar, tanto en lo cultural como en
lo económico.
En las cercanías del próximo siglo, el Estatuto de San Millán se rige
como nuestro mejor garante ante el siglo XXI y la presente reforma,
señorías, nos afianza en nuestro camino hacia el progreso. Bajo estas
premisas se presenta esta proposición de ley; una proposición que viene
con vocación de permanencia porque ha recibido el respaldo de 29 de los
33 diputados que componen nuestro Parlamento regional y que, tras
intensas deliberaciones, ha supuesto la modificación de 37 artículos de
los 44 con que cuenta inicialmente y que ha engrosado el texto hasta un
total de 57 preceptos. Son cifras elocuentes de lo que ha supuesto el
trabajo en la sede parlamentaria regional. Con esta reforma, señorías,
los riojanos no sólo hemos ampliado en más de 30 nuevas materias nuestro
techo de autogobierno, sino que, además, hemos reforzado e incrementado
nuestras instituciones y sentamos las bases de las reformas
administrativas para un más eficaz servicio al ciudadano, que es otro de
los ejes que nos ha impulsado a presentar esta reforma.
Señorías, y voy acabando, es un estatuto que pretende compartir con
España los mejores valores de La Rioja; un estatuto que, fiel a nuestra
historia, ansía el futuro, que se muestra solidario, pero que también
exige, en correspondencia, solidaridad a todos.
En conclusión, señorías, este es el estatuto que queremos los riojanos y
con este deseo solicito lógicamente el apoyo de esta Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Escobar Las Heras.
Como anticipé, tiene ahora la palabra don José Ignacio Pérez Sáenz,
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor DIPUTADO DE LA DIPUTACION GENERAL DE LA RIOJA (Pérez Sáenz):
Señor presidente, señorías, subo a la tribuna para presentar y defender
la reforma del Estatuto de Autonomía de La Rioja, aprobada por nuestro
Parlamento regional.
Permítanme que mis primeras palabras sean de recuerdo para una de las
personas que trabajó con entusiasmo en la ponencia durante la tramitación
autonómica
de esta reforma. La diputada regional de nuestro Grupo Socialista, doña
Carmen Valle de Juan, senadora años atrás, nos dejó hace dos días de
forma tan inesperada como absurda. Que mis palabras de reconocimiento
agradecido queden en el «Diario de Sesiones» de esta Cámara es deseo
compartido por todos. La defensa de este texto que traemos a las Cortes
será nuestro mejor homenaje.
En la exposición de motivos de la presente proposición de ley de reforma
del Estatuto de Autonomía de La Rioja se alude a la experiencia positiva
de estos años de gobiernos autonómicos. El ejercicio de las diversas
competencias durante el desarrollo autonómico ha reportado indudables
beneficios para los ciudadanos, tanto desde el punto de vista social como
desde el político y el de la convivencia entre los pueblos de España. La
cercanía del poder ha facilitado una mejor y más rápida percepción de los
problemas y de las necesidades, así como de la dimensión territorial de
los mismos. Tener la capacidad de decisión y ejercer el autogobierno ha
posibilitado eficacias y eficiencias, aunque no siempre esa necesidad se
haya convertido en realidad positiva.
La reivindicación del sistema democrático estuvo vinculada a la de la
autonomía. Lo que en principio parecía una solución de problemas
históricos de articulación del Estado y la convivencia pronto se vio
también como la manera idónea de descentralización política y no sólo
administrativa. Si en algunos casos la ampliación competencial pudo
obedecer a una carrera autonomista apoyada en el victimismo o a la
exhibición de agravios comparativos, la verdad es que el ejercicio de
esas competencias ha sido en general beneficiosa para los ciudadanos de
las distintas comunidades autónomas, siendo esa percepción positiva la
que fundamenta el deseo y aspiración de un mayor nivel autonómico.
Si en ocasiones se ha mirado a otras comunidades y se ha solicitado una
equiparación competencial, no creemos que haya sido por envidia, como una
muestra más de uno de los defectos nacionales. Al menos no son ésas las
razones de las reformas estatutarias. Con mayor o menor acierto, los
ciudadanos han vinculado el progreso de la comunidad a la que se miraba
con el ejercicio de mayores competencias. No es extraño, por tanto, que
se haya pretendido y reivindicado ese mismo autogobierno. Hablar
despectivamente de café para todos para deslegitimar estas reformas, la
de 1994 y la actual, no parece muy coherente con la concepción de poder
como servicio a los ciudadanos. ¿Por qué lo que se considera bueno para
los ciudadanos de una comunidad autónoma se quiere negar a las otras?
¿Por qué es necesario, para que algunos se autoafirmen, el negar a los
demás lo que para ellos resulta beneficioso? Dejemos, por tanto, los
enfrentamientos o miradas recelosas entre comunidades autónomas. Los
políticos debemos esforzarnos para que los ciudadanos dirijan su atención
hacia las prioridades que el Gobierno de su comunidad establece en el
ejercicio de sus competencias. La equiparación sustancial que contempla
la reforma de los estatutos con la que nos hemos comprometido permitirá
evitar esta apelación continúa a las diferencias entre comunidades. La
calidad de los servicios que el poder autonómico preste a sus ciudadanos
será la que establezca las diferencias, y las capacidades de autogobierno
que contemplen sus estatutos se ejercitarán de una u otra forma con una u
otra orientación. Esa será la piedra de toque del ejercicio autonómico.
En un principio se pensó en una mera descentralización administrativa
para determinadas comunidades y los estatutos respectivos recogieron una
serie de limitaciones institucionales. La fuerza de los hechos y el
desarrollo de la autonomía de las regiones nos ha conducido a una
verdadera descentralización política y al ejercicio de un verdadero
autogobierno. Por esta razón, la actual reforma que ahora presentamos
elimina limitaciones y adapta el marco institucional a esta realidad. Si
defendemos esta reforma del Estatuto y lo hacemos dentro de un proceso
global con el resto de las comunidades autónomas, es porque creemos que
sólo así puede desarrollarse de forma equilibrada y cooperativa un Estado
complejo. La existencia de diversos niveles de funcionalidad o de
contribución a los intereses generales puede distorsionar la articulación
política de España. Todos los instrumentos de cooperación existentes o
por incorporar serán más operativos y funcionales si entre todas las
comunidades se establece una equiparación sustancial de competencias.
Señorías, esta equiparación sustancial que proponemos y defendemos no
está reñida con la aceptación de los llamados hechos diferenciales; nos
referimos a aquellos que están recogidos en la Constitución o se deducen
de la misma. El reconocimiento de estas singularidades y diferencias debe
ser compatible con el rechazo rotundo de discriminaciones y
desigualdades. Las situaciones de desigualdad o discriminación no se
derivan de la capacidad o competencia, sino de un uso de la misma no
acorde con otros principios, a los que también se debe atender.
Los ciudadanos de La Rioja pueden sentirse perjudicados por determinada
aplicación de la foralidad, no por la foralidad en sí, que quede claro.
Creemos que hay que lograr un correcto equilibrio en la atención a todos
los principios que deben guiar la acción política; sólo así se evitarán
los privilegios discriminatorios. Mientras no se logre esta armonización,
sobre todo en el aspecto fiscal y financiero, por influjo de normativas
europeas o por otras medidas, la reforma del Estatuto que presentamos
establece la posibilidad de un acuerdo para corregir los desequilibrios
que ese ejercicio pueda producir en La Rioja. Se trata de una salvaguarda
ante efectos negativos que pudieran derivarse; no afirmamos que tenga que
ser así o que no existen otras soluciones. Lo que el texto de la reforma
pretende es
asegurar el cumplimiento del mandato constitucional de prohibición de
privilegios o desigualdades para los ciudadanos por razón del territorio.
El Partido Socialista de La Rioja, pese a no haber tenido ofertas de
consenso en otros temas considerados de región o de Estado, ha dado una
muestra de responsabilidad. El Partido Popular, que usa y abusa en La
Rioja de su mayoría absoluta, sólo ha solicitado el acuerdo cuando
nuestros votos le han sido estrictamente necesarios. Ni para la
financiación autonómica ni para la firma de las transferencias últimas se
nos ha querido tener en cuenta. A diferencia de las legislaturas
anteriores, las leyes se imponen y no se llega a consenso alguno. No
obstante, hemos participado activamente en la elaboración del texto
reformado y hemos votado a favor. No estaría de sobra un grado semejante
de responsabilidad de Estado por parte del Partido Popular y a ello
apelamos, porque nunca es tarde.
No me queda, señorías, sino solicitar el apoyo a esta reforma del
Estatuto de Autonomía de La Rioja, con el convencimiento de que así se
contribuye a una mejor y más fructífera funcionalidad del Estado.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Pérez Sáenz.
En fin, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la
palabra don Vicente Pascual Ocio.
El señor DIPUTADO DE LA DIPUTACION GENERAL DE LA RIOJA (Pascual Ocio):
Señor presidente, señoras y señores diputados, es un honor, como
parlamentario de la Diputación General de La Rioja, representar a nuestra
comunidad autónoma en la presentación hoy ante esta Cámara de la
propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de La Rioja, tal y como lo
aprobó la Diputación General en su sesión del día 28 de mayo de este
mismo año.
Una premisa característica que hay que resaltar antes de entrar en
contenidos es que éste es el primer texto del estatuto de autonomía que
no tiene su aprobación por unanimidad en la Diputación General.
Lamentablemente no ha podido ser por la cerrazón de los grupos
mayoritarios que han unido sus votos para cercenar una serie de enmiendas
de los grupos minoritarios, que en el transcurso del trabajo de la
ponencia hemos intentado convencer y fundamentar porque equiparaban la
capacidad política, financiera y competencial con las demás comunidades
autónomas. Es un texto en el que la Diputación General no se ha limitado,
como en otras ocasiones, a cumplir un mero trámite de lo pactado por las
dos fuerzas políticas a nivel de todo el Estado, pero como decía
anteriormente, no se ha conseguido el consenso por las limitaciones
impuestas por los dos grupos mayoritarios. Es un texto que modifica y
amplía el anterior estatuto, que avanza en el autogobierno de La Rioja y
en un Estado más autonómico, y que progresa respecto al hasta ahora
vigente en el techo competencial y en la capacidad del Parlamento
autonómico. Si hubiéramos de resumir el contenido de esta reforma,
diríamos que amplía en algunos de los artículos las competencias para La
Rioja, pero seguidamente también tenemos que decir que no lo hace en
temas que entendemos fundamentales, como es la capacidad política y
financiera. Habrá que esperar otra reforma del Estatuto, que estamos
seguros de que se acometerá en breve tiempo, para convencer a la
Diputación General de la necesidad de asumir las enmiendas que en este
texto no se han aceptado por los grupos mayoritarios.
Efectivamente, hay una ampliación de competencias, operada por la vía de
la reforma, para poder gestionarlas desde una mayor cercanía de la
ciudadanía. Entre ellas está la creación del homólogo del Defensor del
Pueblo en La Rioja, el Tribunal de Cuentas, el consejo consultivo como
órganos de la Diputación General, el desarrollo de competencias
exclusivas y alguna otra competencia de desarrollo legislativo y
ejecutivo.
No hemos podido ampliar el Estatuto en capacidad política, como puede ser
la disolución de la Diputación General, que queda limitada al tiempo de
la legislatura, ni la posibilidad de creación de un cuerpo de seguridad
autonómico, ni la participación en el reparto de los fondos de
compensación del Estado, ni tampoco la organización, la administración y
la tutela de las instituciones en materia de sanidad y Seguridad Social,
los sistemas de consultas populares y otras que por limitación de tiempo
no voy a enumerar. No obstante, esperamos que las enmiendas que el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida de La Rioja ha mantenido --y su no
admisión fue el motivo de nuestro voto en contra del texto de la
Diputación General al ser fundamentadas y defendidas por nuestro Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida en esta Cámara-- sean
consideradas y admitidas por todos los grupos, consiguiendo dotar a
nuestra región de competencias exclusivas similares a las de otras
comunidades autónomas como Aragón, Valencia y Canarias; en régimen local:
ordenación farmacéutica, sanidad e higiene, defensa del consumidor y del
usuario y sobre todo potenciar el protagonismo del Parlamento autónomo
frente al presidencialismo ejecutivo. Venimos con la voluntad de
profundizar en nuestra capacidad de convencimiento para que sean
aceptadas por los grupos parlamentarios estas mejoras que amplíen la
capacidad política, financiera y competencial de la Comunidad Autónoma de
La Rioja.
Por todo lo expuesto, y estando convencidos de la necesidad de la reforma
del Estatuto, esperamos que este texto que hoy presentamos en esta Cámara
en el trámite parlamentario sea mejorado y ampliado en su capacidad
política y competencial. Si así es, nos veremos
más identificados con él de lo que nos encontramos en estos momentos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pascual Ocio.
Concluida la presentación por parte de los representantes de la
Diputación General, pasamos a la fijación de posición de los grupos
parlamentarios del Congreso que deseen hacerlo.
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, don
Luis Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente, y con su venia.
Por parte de Coalición Canaria y como portavoz de la misma, quiero que
nuestras primeras palabras sean de bienvenida y de felicitación por ser
el día de la comunidad autónoma. Anuncio que Coalición Canaria va a votar
favorablemente la toma en consideración de esta propuesta de reforma del
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Es un momento oportuno para que esas pequeñas modificaciones que se
produjeron hace pocos años de la Ley Orgánica 3/1982, con la que La Rioja
accedió a la España de las autonomías en razón del Título VIII de nuestra
Constitución, encuentren hoy aquí una acogida de los grupos de la Cámara
que vamos a apoyar su toma en consideración. Abrimos un horizonte de
optimismo, un horizonte de posibilidades para que la comunidad autónoma,
expresándose democráticamente a través de su Diputación General, de su
Parlamento Autonómico, busque en el principio de solidaridad de las
fuerza políticas y de las restantes comunidades autónomas la
configuración en armonía con el mayor índice de competencias dentro de
las restantes comunidades autónomas.
Desde nuestra lejana, periférica y entrañablemente española Comunidad
Autónoma de Canarias, al dar esta bienvenida, este saludo, esta
felicitación deseamos que lo que comienza hoy como trámite parlamentario
con buenos augurios, ya que tiene lugar en el mismo día de la fiesta de
la comunidad autónoma riojana, encuentre también un remate feliz en el
ejercicio por parte de sus ciudadanos y de todas las fuerzas
parlamentarias representadas hoy y en el futuro en el Parlamento de La
Rioja, para que tengan la plena satisfacción de encontrarse con un traje
constitucional cómodo en el marco de los principios legales que inspiran
el Estado español. Por ese afán de democracia, de vínculos de solidaridad
y de cerrar todo un proceso cuya primera fase estamos realizando hoy
aquí, Coalición Canaria reitera sus votos de apoyo que serán constantes
en todo el trámite parlamentario.
Nada más, deseándoles felicidad y éxito en esta andadura democrática.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora
Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor presidente.
Señorías, quiero saludar en el comienzo de mi intervención, en nombre de
mi grupo, al igual que lo ha hecho quien me ha precedido en el uso de la
palabra, a los representantes de la Diputación General de La Rioja y a su
presidenta, presentes en esta Cámara; órgano que tras la aprobación de
este estatuto, si es que culmina todos sus trámites, como deseamos,
pasará a denominarse Parlamento.Les felicitamos igualmente en el día de
la fiesta de su comunidad que se ven obligados a pasar en nuestra
compañía, pero esperamos que sirva para que fructifique el texto que hoy
comienza su andadura.
Como otras modificaciones llegadas a esta Cámara de los llamados
estatutos del 143, el texto que hoy nos traen tiene una importante
elevación de su techo competencial y, según se dice en su exposición de
motivos, es la primera vez que el Estatuto de Autonomía de La Rioja es
reformado por voluntad de su propio Parlamento, es decir, a partir de una
iniciativa nacida de la propia Cámara, lo que hace que esta reforma
refleje la voluntad del pueblo riojano, no de todo el pueblo riojano,
como ha tenido ocasión de manifestar el representante de Izquierda Unida,
pero a pesar de ello valoramos esa mayoría con la que hoy llega.
Contempla, como también lo hacen otras reformas de estatutos, la
disolución anticipada, si bien con el matiz de referirse al propio tiempo
que quede legislatura. Nos parece significativo el cambio de denominación
al que ya he aludido del órgano legislativo, más en la línea de
consagración de un auténtico poder legislativo que cohonesta mejor con el
órgano o con las potestades que se le quieren atribuir en el estatuto.
Se establece también una institución similar a la del Defensor del Pueblo
como comisionado del Parlamento en su artículo 22, pero renuncian, sin
embargo, a la tenencia de tribunal de cuentas propio, ya que el artículo
32 hace referencia al Tribunal de Cuentas del Estado y a los artículos
136 y 153 de la Constitución Española.
Es curiosa y única, al menos en lo que yo conozco, la previsión del
artículo 41, respecto a la participación de los ciudadanos riojanos en la
Administración de justicia mediante la institución del jurado. No creo
que se contempla en ningún otro estatuto.
Sí consagran en el Estatuto el consejo consultivo, que tenía ya
existencia legal, en lo que yo conozco a través de su presidente, con
cuya amistad me honro, con una enorme solvencia.
No puedo concluir mi intervención sin hacer referencia al artículo 46
previsto en la reforma que hoy se nos somete a consideración ya que este
precepto tiene nombre y apellidos, vascos por cierto.
Creemos que es un texto menos defensivo que el de la proposición del
Estatuto de Castilla y León, pero también incurre en los mismo defectos
en lo relativo al efecto frontera. Desde nuestra óptica no es admisible
el presupuesto del que parte, pues constitucionalmente no es posible que
del legítimo ejercicio de las competencias que tienen atribuidas los
territorios forales se deriven perjuicios para La Rioja. Si no fuera así,
si cupiesen perjuicios, también cabría pensar en que las posiciones de
una y otros podían alterarse en determinados supuestos; es decir, habría
que prever los casos en los que el ejercicio de competencias por parte de
la Comunidad Autónoma de La Rioja pudiese deparar perjuicios a los
territorios forales que le son vecinos. Sin embargo, del mismo modo que
en el caso de Castilla y León, se echa en falta que no se diga nada
acerca de estos posibles perjuicios. Es un defecto achacable a la norma,
si bien --insistimos-- creemos que es una hipótesis, que no es posible,
que la norma queda hueca y que desde este punto de vista resulta inútil.
Más bien parece, como he indicado con ocasión del Estatuto de Castilla y
León, que de lo que se trata es de hacer frente al número importante de
resoluciones judiciales que consideran inviable el que una comunidad
autónoma recurra ante las salas de lo Contencioso-administrativo en
legítimo ejercicio de sus competencias por parte de otra. La legitimidad
o la legitimación no reconocida por los tribunales se quiere plasmar
ahora a través de una norma de este estilo en un estatuto que, repito, no
se cohonesta con el sistema constitucionalmente establecido y que resulta
hueca y por tanto inútil.
También quiero hacer referencia a otra cuestión. La disposición adicional
segunda del texto que se nos somete tiene una previsión sobre enclaves,
en este caso los referidos a territorios vascos. A lo que quiero aludir
es a que, estando ya previsto en el texto actualmente vigente la
posibilidad de que existan territorios enclavados, ahora se articula un
procedimiento en el caso de que se vaya a producir la anexión o
desanexión. A algo así me refería al aludir a la posible solución que
cabría establecer respecto de Treviño en el Estatuto de Castilla y León,
ya que en este caso el procedimiento que se establece en el Estatuto de
La Rioja es exactamente idéntico al establecido en el artículo 8 del
Estatuto de Autonomía del País Vasco.
Con ello --concluyo--, votaremos sin ninguna duda a favor de la toma en
consideración de la iniciativa, facilitando sus pasos por toda la Cámara,
pero, tal y como ha quedado evidente en la exposición que he efectuado,
el artículo 46 será objeto de enmienda por nuestra parte.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor López de Lerma.
El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, voy a fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), que lógicamente va a ser de apoyo a la toma en
consideración de esta propuesta de reforma de Estatuto de Autonomía de La
Rioja, que hoy nos han presentado los dignos miembros de la Diputación
General de La Rioja.
Nos parece acertado que las comunidades autónomas en uso de los
instrumentos y los mecanismos constitucionales vayan alcanzando un techo
mayor de soberanía autonómica, es decir, de competencias y de capacidad
de autogobierno y que esto se haga, como digo, en el marco de lo que
señala la Constitución. Nos parece bien, además, que este estatuto de
autonomía haya surgido del propio Parlamento y que tenga una mayoría muy
cualificada de apoyo; nos parece acertado también todo aquello que
representa un incremento de su capacidad de autogobierno, aunque, como ha
señalado la señora Uría, probablemente se haya quedado a medio camino, si
lo comparamos con otros estatutos que se han venido tramitando en los
últimos meses en esta Cámara y en el Senado.
Nos llama la atención positivamente, y les felicitamos, que nos digan en
su exposición de motivos que la reforma se enmarca en aquellas
posibilidades que tiene La Rioja de acuerdo con la Constitución, pero que
sería preciso una presencia de La Rioja en las instituciones europeas.
Esto nos parece impecable estando en la Unión Europea. Venimos
preconizando precisamente la participación más activa y responsable --si
quieren ustedes lo diré en un lenguaje más común-, más solidaria de las
comunidades autónomas en la toma de decisiones de España en la Unión
Europea. Parece ser --ya no lo decimos sólo los catalanes sino también
los riojanos-- que sería necesaria una intervención acentuada en la
política general del Estado de las Autonomías, que igualmente es lo que
venimos preconizando. La Rioja dice: Es necesario, pero nuestra capacidad
autonómica, de acuerdo con el diseño constitucional, no nos lo permite y
además que lo sea en todo aquello que represente la configuración de un
Estado plural, digámoslo así, para no molestar a nadie. Por tanto, nos
parece muy acertado desde el lamento, porque es desde él como y cuando se
dice en la exposición de motivos. Observamos con satisfacción que van
creciendo en este Estado autonómico que se va construyendo, con
perseverencia y con no pocas tiranteces, unas posiciones muy históricas
de nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López de Lerma.
Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Fernández.
El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero saludar y dar la bienvenida, en nombre del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, a los representantes de la
Asamblea de La Rioja que hoy se encuentran aquí con nosotros. A
continuación, quiero manifestar que normalmente nuestro grupo
parlamentario viene manteniendo en esta Cámara posiciones favorables a la
toma en consideración de las proposiciones de reforma de los estatutos
que vienen de las comunidades autónomas, exceptuando, como es lógico y
por coherencia, aquellos casos en los que nuestro grupo político mantiene
posiciones diferenciadas en los parlamentos autonómicos.
Con esta posición pretendemos ser respetuosos con las decisiones que las
comunidades autónomas adoptan en cuanto a articular su capacidad de
autogobierno en función de sus necesidades pero también, como decía
antes, teniendo en cuenta cuál es nuestra posición político en esas
comunidades.
Como SS. SS. conocen el grupo parlamentario que represento viene
defendiendo el avance real de autogobierno de las comunidades autónomas
y, sobre todo, que tenga las mismas posibilidades para acceder a niveles
competenciales comunes, en función de la determinación de los parlamentos
autonómicos.
Somos conscientes de que la asunción de competencias por las comunidades
autónomas requiere un proceso de velocidad variable en función del diseño
que ellas hayan establecido para sí mismas. Nuestro grupo entiende que la
capacidad y velocidad para completar el autogobierno debe estar marcada
por la decisión de cada uno de los pueblos. También nuestra filosofía en
el modelo de Estado está impregnada por el desarrollo y profundización
del Estado de las Autonomías, basado en la solidaridad, como no podría
ser de otro modo, y corresponsabilidad entre las comunidades autónomas
que conforman el Estado español.
Consideramos importante el día de hoy para la Comunidad Autónoma de La
Rioja, que después de dos años de haber iniciado el trámite parlamentario
en su comunidad culmina hoy este proceso, importante, sin ninguna duda,
iniciando el trámite final en este Parlamento.
Nuestro grupo parlamentario desearía que la reforma del Estatuto de
Autonomía de La Rioja recogiese las aspiraciones de todos los grupos
políticos, pero conocemos y hemos oído las intervenciones que se han
producido en esta Cámara en el sentido de que ha faltado el consenso en
el texto propuesto.
Nuestro grupo parlamentario lamenta que en este tema tan trascendente
para La Rioja las fuerzas políticas presentes en esa comunidad no hayan
acercado posiciones y se impongan las mayorías mecánicas sobre los
razonamientos de otros grupos, perdiendo la perspectiva del consenso.
No es bueno para la comunidad que esta reforma no incluya ninguna de las
aportaciones de los grupos minoritarios. Las exclusiones impiden, sin
ninguna duda, que la mayoría de los ciudadanos se identifique con su
propio estatuto, y sobre todo porque Izquierda Unida de La Rioja ha
defendido con vigor el que La Rioja goce de los mismos derechos
competenciales que otras comunidades, no aceptando un modelo
desequilibrado y desigual.
Queremos poner de manifiesto la insatisfacción que ha producido en una
parte de la sociedad riojana que el proyecto que nos ocupa no recoja
mayores techos competenciales, y en este caso nuestro grupo, dentro del
respeto que nos merecen los proyectos que vienen a esta Cámara de las
comunidades autónomas, no puede apoyar la toma en consideración de este
proyecto y anunciamos que en el trámite parlamentario que se inicia hoy
en esta Cámara nuestro grupo parlamentario propondrá con enmiendas que el
Estatuto de Autonomía de La Rioja goce de un techo competencial
asimilable a otras comunidades que han accedido a su autonomía por la
misma vía normativa. Defenderemos en este Parlamento las propuestas que
Izquierda Unida ha hecho en La Rioja para que el texto definitivo que
salga de este Congreso sea duradero y no tenga que reformarse
próximamente por insuficiencia en su capacidad política o financiera.
En definitiva, señorías, quiero concluir esta intervención reclamando que
el Estatuto de Autonomía de La Rioja tenga un tratamiento en esta Cámara
justo e igualitario para que esta comunidad no se sienta discriminada con
respecto a las comunidades que accedieron por la vía del artículo 151 de
la Constitución española.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra don Angel Martínez Sanjuán.
El señor MARTINEZ SANJUAN: Señor presidente, señoras y señores diputados,
hoy, cuando se cumplen 16 años de la aprobación definitiva por el
Congreso de los Diputados del Estatuto de Autonomía de La Rioja,
adquiriendo esta región, mi región, carta de naturaleza como comunidad
autónoma en términos políticos, el Congreso debate la toma en
consideración de la reforma profunda de nuestro estatuto, agradable
coincidencia, como decía el señor Mardones, tras la modificación parcial
del año 1994, comienzo de este debate parlamentario coincidiendo con la
aprobación definitiva y la fiesta de mi comunidad.
Mis primeras palabras, señor presidente, son para felicitar al Parlamento
de La Rioja por el trabajo realizado ya que, si bien no se ha podido
consensuar en su totalidad el texto que se presenta, quizá al abordarse
por parte de algunos grupos parlamentarios de la Diputación
General posturas distintas y diferentes a lo que es la concepción que el
Grupo Parlamentario Socialista tiene del Estado de las autonomías,
recuerdo y valoro el gran trabajo realizado que ha hecho que se presente
un buen texto de la reforma del estatuto de autonomía. Se ha hecho un
buen trabajo, señor presidente, y muy especialmente quiero recordar no
sólo a los miembros de la Diputación General, sino que también quiero
dedicar un homenaje, no sólo personal sino de mi grupo parlamentario,
hacia una de las artífices de la reforma que ha formado en épocas
anteriores parte del Grupo Parlamentario Socialista del Senado, Carmen
Valle de Juan, que nos ha dejado tristemente este fin de semana sin poder
ver terminado su trabajo como ponente del estatuto de nuestra comunidad
autónoma.
Quiero saludar también, señor presidente, a los representantes de los
grupos parlamentarios que han intervenido, así como a los miembros de la
Mesa de la Diputación General que hoy nos acompañan, dejando quizá por
unas horas la fiesta e incorporándose a un trabajo que comienza
ilusionadamente en este Parlamento.
Hoy es un día importante para la Comunidad Autónoma de La Rioja por lo
que celebramos y por lo que espero que celebremos a partir de este
momento y cuando esté definitivamente terminada la reforma del estatuto;
esta reforma que se enmarca en el avance de los estatutos de autonomía
del artículo 143, fruto del diálogo político y de los acuerdos de
carácter institucional; acuerdos en los que, a nivel de la construcción
del Estado, los socialistas queremos seguir avanzando y profundizando una
vez que presentamos y dimos a conocer, no hace mucho tiempo, nuestro
modelo político de la articulación del Estado de las autonomías.
No quiero hablar, señor presidente, ni de la historia ni para la historia
con palabras grandilocuentes. En La Rioja hablamos poco pero claro y
directo, y como socialista de la Comunidad Autónoma de La Rioja, la
autonomía de nuestra región ha supuesto, a lo largo de estos últimos
años, un avance importante. Nos dio carta de naturaleza política como
región, nos ha permitido tomar decisiones más cercanamente, y en una
región como la nuestra es muy importante porque la proximidad es
eficacia, hemos podido tener instrumentos directos y claros para impulsar
nuestra economía, nuestro desarrollo solidario en la construcción del
Estado, nos ha permitido preocuparnos más directamente de los ciudadanos
y de sus problemas y nos ha permitido despegar con fuerza, como región,
en cuanto nos han dejado andar solos.
En los años de 1960 a 1975 España creció en renta disponible un 164 por
ciento, La Rioja lo hizo sólo el 108 por ciento; sesenta y tantos puntos
menos que el conjunto nacional. A partir del año 1985, en el que entran
en vigor los incipientes desarrollos institucionales a través de las
transferencias, el conjunto medio de la renta española ha crecido un 40
por ciento y la de la región de la Comunidad Autónoma de La Rioja el 51
por ciento. Es decir, que la autonomía ha sido eficacia, ha sido
crecimiento, ha sido desarrollo para la región. Pero, como a otras
regiones españolas, nuestro marco estatutario, superado el día a día por
los años de rodaje, por el desarrollo en la gestión, se nos ha quedado
pequeño, hemos crecido como región, como también crecen las personas, y
el traje se nos ha quedado chico. Por eso apoyamos y aprobamos esta
reforma de nuestro estatuto para acercarlo a la propia realidad regional
y para que nos permita seguir transitando en la vida política y social
bien y en condiciones suficientes de cara al futuro.
Esta reforma del Estatuto de Autonomía de La Rioja produce cambios,
adaptaciones, cuestiones nuevas no recogidas y así se introducen
elementos no incluidos en el estatuto anterior, como la bandera, el
himno, que no estaba recogido. Se cambia la denominación de las
principales instituciones llamándolas en el estatuto, una vez aprobado,
como lo hace todo el mundo en la región: Gobierno de La Rioja y
Parlamento. Completa carencias y recoge nuevas instituciones creadas o
por crear, como el Consejo Consultivo, el Tribunal de Cuentas, y recoge
un nuevo título sobre la Administración de justicia. Se suprime la
posibilidad de integrar La Rioja en otras comunidades. Se organiza la
participación de La Rioja en la formación de la voluntad internacional de
España. Se aumentan las competencias a asumir por la comunidad y se
reorganizan.
Tras la reforma que ahora empezamos en este Congreso, La Rioja aumentará
sensiblemente el autogobierno, porque éste nos permitirá seguir dando
respuesta a problemas que afectan a nuestra sociedad, para seguir
luchando contra el desempleo, para seguir luchando contra la exclusión
social, para mejorar la vida de nuestro mundo rural, para equilibrar
nuestro territorio ante las desigualdades vecinas y para converger
también como región hacia los parámetros de lo que es la economía real de
la Unión Europea.
Los socialistas concebimos el desarrollo autonómico desde el acuerdo,
pero también desde la singularidad, desde la multilateralidad en las
relaciones con el Gobierno central y el conjunto de las comunidades
autónomas, pero también desde el respeto a la singularidad y a la
diferencia. Y no es que La Rioja y los riojanos seamos distintos ni nos
consideremos distintos, pero nuestra comunidad tiene características y
circunstancias propias. Quizá no provengan de la historia remota, pero sí
de la realidad más próxima y cercana. Nuestra realidad nos indica que
somos vecinos de comunidades autónomas con regímenes especiales y
distintos, y las consecuencias de ello se notan claramente en la
Comunidad Autónoma de La Rioja, se notan a veces demasiado y en ocasiones
tristemente. Ahí radica nuestra especificidad y por ello la reforma del
estatuto incluye, para algunas cuestiones concretas, una
relación específica entre el Gobierno de España y nuestra comunidad.
Señora Uría, respetamos las normas, pero a veces sufrimos demasiado los
efectos de las decisiones que las normas de las comunidades próximas
producen en nuestra región.
Esta reforma, señor presidente, señoras y señores diputados, está hecha
desde La Rioja y para La Rioja, pero queremos hacerla junto con los demás
pueblos de España y el resto de las comunidades, con el acuerdo también
de los grupos parlamentarios, avanzando hacia un modelo de corte federal
y cooperativo, donde la igualdad no esté reñida con la diferencia, porque
para nosotros, señor presidente, la autonomía es algo más que un proceso
meramente descentralizador, como algunos dirigentes populares en mi
comunidad parecen defender. Por eso, señor presidente, mi grupo
parlamentario va a votar afirmativamente la toma en consideración de la
reforma del Estatuto de mi Comunidad Autónoma, es decir, La Rioja.
(Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Sanjuán.
Finalmente, corresponde fijar la posición al Grupo Parlamentario Popular,
para lo cual tiene la palabra don Neftalí Isasi.
El señor ISASI GOMEZ: Señor presidente, señoras y señores diputados,
permítanme, en primer lugar, saludar y dar la bienvenida a esta casa,
representante integradora de la soberanía nacional de España, a los
diputados del Parlamento de La Rioja, en cuya fundación tengo el honor de
haber participado, presentes en esta Cámara y especialmente, señorías, a
su presidenta, que nos honra con su presencia en la tribuna. También
quería sumarme a un recuerdo especial para doña Carmen Valle de Juan,
fallecida este fin de semana, que fue diputada por La Rioja.
Señorías, es un honor para mí representar al Grupo Popular en este acto
de toma en consideración de la proposición de ley elaborada por el
Parlamento de La Rioja, mediante la cual se propone a las Cortes
Españolas una profunda modificación del Estatuto de Autonomía de La Rioja
que el 25 de mayo de 1982 aprobaba definitivamente este Congreso de los
Diputados. Decía que es un honor especial para este diputado no sólo por
representar a mi grupo, sino porque se da la circunstancia personal y
emotiva a la vez de que formamos parte de esta Cámara dos diputados que
hace 18 años fuimos dos de los tres ponentes del Estatuto de Autonomía de
La Rioja, el señor Sáenz Cosculluela y yo mismo.
Señorías, corría la II Legislatura, iniciada con motivo de las elecciones
generales celebradas el 1 de marzo de 1979, con la Constitución recién
estrenada y las corporaciones locales elegidas democráticamente un mes
más tarde de aquel mismo año y en las que tuve el honor de ser elegido
por primera vez concejal del Ayuntamiento de Logroño y diputado
provincial, asistiendo en alguna medida al gran debate nacional que se
desarrollaba por aquellas fechas en relación al diseño del Estado de las
autonomías entre las organizaciones sociales y las fuerzas políticas que,
en el caso de La Rioja, en un principio había cierta división de
opiniones entre quienes pretendían la anexión con nuestros vecinos del
norte, por parte de la izquierda, y nuestra incorporación o permanencia a
Castilla, que se propugnaba desde los representantes gubernamentales de
la época.
Superadas las primeras dudas de aquellas fuerzas políticas, el 4 de
octubre de 1979 los partidos políticos con representación en la
Diputación Provincial acordamos iniciar el proceso autonómico de la
entonces provincia de Logroño, sobre la base de lo dispuesto en el
artículo 143 de la Constitución, como provincia con entidad regional
histórica que podría acceder a su autogobierno y constituirse en
comunidad autónoma. Si el resto de las comunidades autónomas tenían sus
propias características culturales, sociales o territoriales, La Rioja,
aun siendo la comunidad autónoma más pequeña de España, tiene, entre
otros muchos, el orgullo del hecho histórico de ser la región que ha dado
al mundo uno de los idiomas más importantes, que hablan más de 400
millones de personas y cuyo lugar de nacimiento ha sido recientemente
declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco. Asimismo, ya en 1812
sesenta representantes de otros tantos municipios riojanos se reunían en
Santa Coloma para solicitar la autonomía y segregación de Burgos y Soria
y constituir lo que hoy conocemos como La Rioja. Por tanto, razones
históricas y culturales sin duda existían.
Por todo ello, y de acuerdo con lo establecido en el punto 2 del artículo
143 de la Constitución, aquel 4 de octubre de 1979, en el Pleno del
Ayuntamiento de Logroño, iniciamos el proceso autonómico, consiguiendo no
sólo las dos terceras partes de los ayuntamientos en seis meses, como
pide el texto constitucional, sino que en tan sólo tres meses la
totalidad de los ayuntamientos, a excepción de dos, que representaban
apenas el uno por ciento de la población, se sumaron a la iniciativa del
Ayuntamiento de Logroño solicitando constituirnos en comunidad autónoma.
Como recordaba anteriormente, la Asamblea, conocida por los
Treintaydosantes, compuesta por los diputados a Cortes, senadores y
diputados provinciales, acordó en los primeros meses de 1980 la redacción
del proyecto de estatuto de autonomía para La Rioja, de cuya ponencia
tuve el honor de formar parte, acompañado durante los primeros meses por
un joven, entonces de 26 años, que era el secretario general de mi
partido en La Rioja, que posteriormente fue el presidente de Castilla y
León y que hoy es el presidente del Gobierno de España.
Señorías, una vez elaborado el proyecto de estatuto por parte de la
Asamblea de parlamentarios riojanos, se publica en el Boletín Oficial de
las Cortes el 14 de
julio de 1981, iniciándose todo el proceso ordinario legislativo de
enmiendas y debates en la Comisión Constitucional, Pleno del Congreso,
del Senado, hasta aprobarse definitivamente con el voto afirmativo de la
totalidad de los grupos parlamentarios, una vez introducidas las
modificaciones previstas en la Loapa, en el Pleno del Congreso de los
Diputados del 25 de mayo de 1982 y sancionado por el Rey de España el 9
de junio de 1982. Por tanto, señorías, la casualidad, el destino o lo que
cada uno de ustedes quiera, hace que hoy cumpla 16 años el Estatuto de
Autonomía de La Rioja. Por ello, señorías, hoy también es festivo en La
Rioja, porque celebramos la fiesta del estatuto, la fiesta del
autogobierno, la fiesta de la comunidad autónoma. El destino o la
voluntad del señor presidente y de los portavoces de la Cámara, a quienes
se lo agradecemos, ha querido que sea hoy precisamente cuando pública y
solemnemente, en este Pleno del Congreso de los Diputados, solicitemos a
todas SS. SS. el voto favorable para la toma en consideración del
proyecto de ley que reforma aquel estatuto y que, tras la experiencia de
estos 16 años, se quiere equiparar en nivel competencial y de
autogobierno con el resto de las comunidades autónomas.
Esta es la segunda reforma que se propone tras la modificación de 1994,
con motivo del pacto autonómico firmado entre el Partido Popular y el
Partido Socialista en 1993, mediante el cual se incrementaron más de 30
nuevas competencias, después de haber transcurrido casi 11 años, a pesar
de lo establecido en el artículo 148.2 de la Constitución y 11 del propio
estatuto de autonomía, donde se prevé un período de cinco años para
incrementar las competencias autonómicas, período que, como digo, las
mayorías socialistas prolongaron hasta los 11 años mencionados.
La reforma que se propone en esta proposición de ley es muy amplia, toda
vez que se abordan temas de equiparación competencial con el resto de las
comunidades autónomas, entre las cuales el Grupo Popular da especial
importancia a los que se refieren a aspectos de carácter institucional,
reforzando el papel de las instituciones y del principio de autogobierno.
Señorías, el Grupo Popular quiere destacar de esta reforma estatutaria
cinco objetivos fundamentales: conseguir el mayor techo competencial que
permita nuestra Constitución; mejorar el servicio de administración a los
ciudadanos, dentro de la Constitución y sintiéndonos profundamente
orgullosos como una parte importante de España; profundizar en nuestra
identidad regional; impulsar y fomentar el potencial social, económico y
cultural de nuestra tierra y sus gentes, y consagrar el estatuto como
elemento de convivencia democrática entre todos los riojanos y riojanas.
El mayor techo competencial supone concebir nuestra autonomía con
responsabilidad, gestionando nuestras instituciones con garantías y con
calidad para mejorar nuestro autogobierno. Este objetivo está relacionado
estrechamente con el destacado impulso dispensado a las autonomías por el
Gobierno del Partido Popular, que ha supuesto en los dos últimos años
transferencias a la Comunidad Autónoma de La Rioja por valor de más de
22.000 millones de pesetas en materias como el Inserso, la enseñanza
universitaria, cámaras agrarias, etcétera, así como la enseñanza no
universitaria, cuya transferencia en estos momentos está prácticamente
cerrada, a falta de los últimos trámites legales o reglamentarios.
Finalmente, expresamos nuestra convicción más profunda de que esta
reforma debe contemplar el instrumento legal más propicio para consagrar
el Estatuto de Autonomía de La Rioja como mecanismo de encuentro y
convivencia pacífica y democrática de todos los riojanos, destacando los
valores de tolerancia y diálogo que caracterizan a La Rioja y a sus
ciudadanos.
No obstante, señor presidente, con esta reforma no se solucionan por sí
mismos todos los problemas que históricamente ha venido padeciendo La
Rioja. Hay todavía problemas pendientes con el Gobierno central desde
hace muchos años, problemas de abandono y falta de inversión en
infraestructuras, al mismo tiempo que nuestra economía tiene que
desenvolverse y competir con situaciones y herramientas legales
históricas vecinales que muchas veces rayan en la competencia desleal
entre un lado y otro de la orilla del Ebro. Sin embargo, hay que
reconocer al mismo tiempo que en estos dos años de Gobierno central del
Partido Popular se han ido dando pasos de gigante en la mejora de las
infraestructuras e incluso, a través de diferentes vías, en la
disminución o eliminación de los supuestos agravios que pudieran
producirse en el marco económico entre territorios vecinos.
La reforma del estatuto no debe implicar inventar la historia, pues ésta
se construye día a día, y lo que va a suponer de potenciar su identidad,
sus competencias y sus instituciones tiene que revertir en algo inherente
a lo que significa la autonomía y que en ocasiones olvidamos: una mayor
responsabilidad para los casi 300.000 riojanos que pueblan los 174
municipios agrupados en nueve comarcas, cada una con sus peculiaridades y
potencialidades sociales y económicas, pero también una mayor
responsabilidad en el contexto del Estado, en la construcción cotidiana
de un principio fundamental cual es la solidaridad. Para eso tiene que
servir la reforma estatutaria, para lograr una Rioja con más solidaridad
interna y también para ocupar un lugar destacado en un Estado que debe
ser también solidario y cuya construcción proclama el principio de
igualdad entre todos los españoles.
Por último, señor presidente, permítame terminar recordando las últimas
palabras que pronunciara don Manuel Fraga en esta misma Cámara con motivo
del debate y aprobación final del Estatuto de Autonomía de La Rioja el 16
de febrero de 1982. Decía el señor Fraga: Ha sido un gran acierto cómo se
ha planteado
la autonomía de La Rioja, porque La Rioja es, efectivamente, una creación
de la geografía y de la historia; una importante y gloriosa creación. Y
terminaba diciendo: Por todas estas razones, señor presidente, nuestro
grupo ha votado con verdadero placer positivamente la aprobación de este
estatuto de La Rioja.
Señoras y señores diputados, una vez transcurridos estos 16 años de
experiencia positiva para La Rioja y para España, con el mismo
entusiasmo, si cabe renovado, yo les pido en nombre de mi grupo el voto
favorable a la proposición de ley de reforma del Estatuto de Autonomía de
La Rioja.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Isasi.
Concluido el debate, vamos a proceder a la votación.
Votación de la toma en consideración de la propuesta de reforma del
Estatuto de Autonomía de La Rioja que ha presentado la Diputación General
y han defendido ante el Pleno los portavoces de tres de sus grupos
parlamentarios.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a
favor, 284; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración de la
propuesta de modificación del Estatuto de Autonomía de La Rioja.
(Aplausos.) Felicitamos y agradecemos la presencia de la presidenta de la
Diputación General y de los portavoces que han presentado el texto ante
el Pleno.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE POLITICA DEL GOBIERNO PARA
ASEGURAR LAS COMUNICACIONES POR CARRETERA ENTRE EL NORTE Y EL SUR DE LA
PENINSULA, MEDIANTE LA EJECUCION DE LA AUTOVIA DE LA PLATA (Número de
expediente 173/000087)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto III del orden del día, mociones
consecuencia de las interpelaciones urgentes debatidas en el Pleno
anterior.
En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Mixto sobre política del
Gobierno para asegurar las comunicaciones por carretera entre el norte y
el sur de la Península mediante la ejecución de la autovía de la Plata.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Peralta, que lo va a hacer
desde el escaño con la gratitud expresa de la Presidencia por ese
detalle.
Señorías, en coherencia con lo avanzado de la hora, les ruego que
desalojen, si tienen que atender a otras obligaciones, o guarden
silencio. (Pausa.) Señor Baon y señor Soriano. ¡Señor Baon y señor
Soriano, tan concentrados están en su conversación que no escuchan los
requerimientos de la Presidencia! (Pausa.) Gracias. Señor Puche y señor
Morano; ¡otros dos! (Pausa.) Gracias, señorías.
Adelante, señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Señor presidente, señorías, durante el debate de
la presente interpelación en la última sesión pudimos constatar un
acuerdo unánime de toda la Cámara acerca de la importancia que se concede
a la conversión de la actual nacional 630 en autovía, conocida con el
nombre de la autovía de la Plata. El ministro de Fomento comenzaba su
intervención en aquel debate diciendo que el Gobierno y el propio
ministro comparten la casi totalidad de las apreciaciones que ha hecho el
interpelante sobre la importancia que tiene la ruta de la Plata como
mecanismo fundamental de vertebración territorial entre una parte del
norte de España en su trayectoria hacia el sur, y concretamente en la
conexión que va desde León hasta Sevilla. (El señor vicepresidente, López
de Lerma i López, ocupa la Presidencia.)
Sobre la base de coincidir en su importancia, que se concreta también en
que de hecho los grupos que han presentado enmiendas recogen literalmente
el preámbulo a la moción que presenta este grupo, el Grupo de Nueva
Izquierda, en donde se hace constar expresamente que consciente de la
necesidad urgente de la autovía de la Plata como vía fundamental para la
vertebración territorial equilibrada del conjunto nacional, y consciente
asimismo de la excepcional incidencia de la citada autovía en el futuro
desarrollo de las diferentes comunidades autónomas por las que
transcurrirá; sobre esta base, repito, que era consenso de toda la Cámara
en el pasado debate, se ha presentado una moción por parte de nuestro
grupo, Nueva Izquierda-Iniciativa por Cataluña, que contiene dos puntos
que persiguen, de una parte, garantizar que los tramos incluidos por el
Gobierno --y creo que es importante insistir en este punto-, los tramos
incluidos por el propio Gobierno en el vigente plan de actuaciones
prioritarias en carretera, iniciarán su ejecución efectiva antes del 1 de
enero del año 2000 y se concluirán definitivamente antes del 31 de
diciembre de año 2002. Quiero insistir ante SS. SS. en que estamos
hablando única y exclusivamente de aquellos tramos que el propio Gobierno
ha incluido en el plan de actuaciones prioritarias en carretera. En
relación con esos tramos, la moción de nuestro grupo pretende que se
inicien efectivamente antes del 1 de enero del año 2000 y se concluyan
definitivamente antes del 31 de diciembre del año 2002, un plazo más que
razonable para aquellos tramos considerados por el propio Gobierno como
actuaciones prioritarias en carretera.
En los restantes tramos de la futura autovía de la Plata, el punto
segundo de nuestra moción pretende
que el Gobierno, en el plazo de seis meses, presente en la Cámara un
calendario detallado de las fechas de inicio efectivo de las obras, así
como de su terminación, con especificación de las previsiones
presupuestarias en cada anualidad correspondientes a los distintos
tramos.
Nos parece que es una moción con dos puntos muy razonables, que pretenden
garantizar la culminación en el plazo que establezca el Gobierno, pero
con conocimiento detallado por parte de la Cámara, de esta autovía de la
Plata, que se considera --y así lo dice el propio Gobierno-- como una
infraestructura esencial.
Desde estas consideraciones, señorías, tengo que adelantar que la
posición de nuestro grupo, de Nueva Izquierda, va a ser la de aceptar la
enmienda planteada por el Grupo Socialista, porque las modificaciones que
introduce la misma son compartidas por la filosofía sostenida por Nueva
Izquierda, y en la medida en que concretan más, matizan o mejoran nuestra
moción, pueden ser perfectamente asumidas. No así la enmienda presentada
por el Grupo Parlamentario Popular, en primer lugar, porque el punto
primero de la misma sólo dice que la licitación de los tramos
prioritarios se iniciará antes del 1 de enero del año 2000. Sin embargo,
teniendo en cuenta que los distintos tramos han sido subdivididos en
subtramos, nos podemos encontrar con que la licitación no afecte a todos
ellos; en todo caso, de ninguna manera se nos garantiza la licitación. Y
estamos hablando --se lo quiero recordar a SS. SS.-- de tramos de
actuación prioritaria, en relación con los cuales parece lo lógico y lo
mínimo esperar que se nos indique cuándo se van a terminar.
Por lo que se refiere a los restantes tramos, el segundo punto de la
enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular sólo dice que el
Gobierno, a lo largo de 1998, por tanto en los seis meses que nosotros
pedimos, presentará un programa de vías de gran capacidad de ejecución
prioritaria, en el que aparecerá la autovía de la Plata. Pero en la
justificación de su enmienda se nos dice --y leo literalmente-- que se
está elaborando actualmente el programa de vías de gran capacidad,
documento que definirá la programación del resto de los tramos de la
autovía de la Plata; programación temporal, en cualquier caso, sin que en
dicho programa figuren anualidades detalladas de cada una de las
actuaciones que lo compondrán. Dicho en otras palabras, señorías, se
tratará, pura y exclusivamente, de un simple papel, sin más compromiso en
cuanto a la ejecución del mismo.
Y como estamos hablando, al menos desde la perspectiva de Nueva
Izquierda-Iniciativa per Catalunya, de una autovía que es una
infraestructura fundamental, ese tipo de moción que reduce la
consideración verbal que el Gobierno dice compartir con nosotros a un
simple papel, sin más compromiso, insisto en que no podemos aceptarla, y
pedimos el voto favorable para la moción, que hacemos nuestra a través de
la enmienda del Grupo Socialista.
Gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Peralta.
A esta moción del Grupo Parlamentario Mixto se han presentado y mantenido
dos enmiendas, una firmada por el Grupo Socialista y la segunda avalada
por el Grupo Popular. Para la defensa de la enmienda firmada por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Fernández.
El señor FERNANDEZ FERNANDEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Si algo quedó claro en la discusión de hace 15 días, cuando se debatía la
interpelación de la que trae origen la moción que hoy nos corresponde
discutir, fue que no tenía razón el ministro cuando atribuía al pasado la
inexistencia, en este momento, de obras en ejecución sobre lo que va a
ser, en su día, la autovía de la Plata. Se decía que los estudios estaban
a nivel embrionario y eso no es cierto, porque ya en el plan puente,
previo al plan director de infraestructuras, se habían hecho estudios. En
1996 había trámites administrativos para ejecutar obra en el tramo
meridional de esa infraestructura, en concreto en Extremadura y en
Andalucía, por valor de 40.000 millones de pesetas. Esto es así, y en el
presupuesto nonato, en el proyecto presupuestario del Gobierno socialista
de 1996, aparecían 5.000 millones en ese año y 20.000 en 1997 para ese
proyecto; sin embargo, en el presupuesto del Gobierno del Partido Popular
se convirtió en 1997 en una cantidad insignificante y en 1998 en una
cantidad insuficiente.
En el tramo más septentrional de esta autovía que queda por hacer, es
decir en los 68 kilómetros que van de Onzonilla a Benavente y que
constituyen no sólo un tramo de la autovía de la Plata sino el único que
queda por desdoblar en la comunicación por autovía desde el Principado de
Asturias y desde León con Madrid, había un proyecto para ejecución
inmediata de una autopista de peaje blando, de la prolongación del peaje
de la autopista del Huerna, y la prueba de la ejecución inmediata
estribaba en que la concesionaria del Huerna había emitido obligaciones
por 26.000 millones de pesetas para ponerse a trabajar sobre el proyecto.
Aparte de una serie de cuestiones por las cuales eso no salió adelante,
lo cierto es que el Gobierno del Partido Popular planteó que esa autovía
no debería ser de peaje sino estar libre, lo que me parece muy bien,
porque siempre es mejor una autovía libre de peaje que una de peaje, por
blando que éste sea. Pero también estaremos de acuerdo en que es mejor
una autovía de peaje que nada, y nada es lo que tuvimos en el presupuesto
de 1997, porque 10 millones no es nada para un proyecto de 28.000 en el
presupuesto de 1998.
Lo cierto es que, hace dos semanas, el ministro hacia una prolija
exposición de cómo están todos los tramos de esa autovía de la Plata, en
trámite administrativo todos ellos. Eso no es exclusivo de esa autovía,
es algo que se está produciendo en toda carretera que se vaya a hacer en
este país en un futuro de ocho o diez años. Es decir, se trata de un
esfuerzo que hace el Gobierno para confundir lo que son trámites
administrativos y lo que es ejecución de obra, de tal manera que parece
que estamos en una atmósfera de ejecución de infraestructuras propia de
un Estado de obras, por citar a Fernández de la Mora, y donde nos
encontramos es en una sima en cuanto a inversión en infraestructuras.
El ministro decía que esos trámites demostraban que había voluntad
política de ejecutar esta autovía. Eso de la voluntad política lo hemos
escuchado al más humilde de los voceros del PP o a los más anónimos de
los portavoces en cada uno de los territorios de este país en los que se
haya trazado sobre un plano una línea que indique autovía, carretera o
ferrocarril. ¿Qué es la voluntad política? Porque si la voluntad política
es querer hacer la carretera, estamos de acuerdo, seguro que esa voluntad
política existe, yo no se la niego a este ni a ningún Gobierno porque es
una autovía que va a vertebrar todo el occidente de este país y además va
a solucionar graves problemas de presión de tráfico en zonas concretas.
La voluntad política es otra cosa. La voluntad política es compromiso, es
elegir, es optar, es priorizar. Es priorizar entre esa infraestructura y
otra; o es elegir entre un determinado nivel de dotación presupuestaria
en infraestructuras y otras partidas de gasto o de inversión; o es, sobre
todo, optar entre un nivel suficiente en infraestructuras, en dotación
presupuestaria, o hacer regalos y bonificaciones fiscales a determinados
colectivos sociales como los que se han hecho en este país y los que se
piensa hacer. Eso es tener voluntad política.
La voluntad política no es manifestarse como se manifestaba Juan Ignacio
Barrero, presidente del Senado y senador andaluz, el 29 de setiembre de
1996 en la prensa extremeña cuando decía que esta legislatura se podrá ir
por autovía desde Salamanca a Sevilla. Eso no es voluntad política, es
voluntad populista, que es una cosa absolutamente distinta. Al final,
esas palabras no son nada porque van siendo devoradas por el paso
corrosivo de los días y lo único que se demuestra es que se trata de
políticos que seguramente tienen más inclinación a prometer que a
cumplir.
Señorías, la voluntad política se demuestra, más que en la retórica de
las palabras, con la lógica de las cifras. La lógica de las cifras, en
ese Plan director de infraestructuras sobre el cual ahora no hay
controversia de ningún tipo porque el ministro dijo hace poco en esta
Cámara que era el marco inexorable en el que se debían inscribir todas
las infraestructuras que tengan futuro inmediato en este país; en ese
plan, repito, las necesidades financieras para acometer las actuaciones
en el medio interurbano, bien sean autovías bien carreteras, incluyendo
la conservación y el mantenimiento, se cifran en 348.000 millones de
pesetas/año. Si se hacen unos pequeños cálculos en los Presupuestos
Generales del Estado, en 1997 se incluyeron 261.000 millones, es decir,
un 25 por ciento menos, y en 1998, 292.000 millones, un 16 por ciento
menos. Eso en términos nominales, porque si actualizamos esas pesetas de
1992, tendremos 409.000 millones de 1997 y 418.000 millones de 1998. Eso,
señorías, supone un déficit para el cumplimiento de ese plan del 36 por
ciento en 1997 y del 30 por ciento en 1998. Es decir, el Gobierno tiene
tanta voluntad política que está retrasando la ejecución del Plan de
infraestructuras en un 36 por ciento el año pasado y en un 30 por ciento
este año.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señor Fernández, vaya
concluyendo.
El señor FERNANDEZ FERNANDEZ: Por tanto, si se quiere manifestar algún
tipo de voluntad política
--y voy terminando, señor presidente--, se podría votar
favorablemente esta moción que presenta el Grupo Mixto, el señor Peralta
Ortega, con la enmienda que hemos presentado desde el Grupo Parlamentario
Socialista.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señor
Fernández.
Para defender la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra el señor Posada.
El señor POSADA MORENO: Muchas gracias, señor presidente.
El señor Fernández ha centrado toda su intervención en el tema de la
voluntad política. Lo dijo el ministro de Fomento en la interpelación, lo
reiteré yo entonces y lo reitero ahora. Claro que este Gobierno tiene
voluntad política de hacer esta obra, pero una voluntad política
secundada además por actuaciones, y esas actuaciones fueron las que se
expresaron en la interpelación; no una voluntad política de la que se
habla y se habla y al final no se hace nada.
No me gusta tener que volver la vista al pasado, porque me parece poco
edificante para la construcción de la España que estamos haciendo entre
todos. Cuando se suprimió el ferrocarril de esta autovía, hace más de 12
años, ya se habló de compensación por el Gobierno socialista de la
autovía de la Plata. No se puede decir a estas alturas que no hay
voluntad política. Insisto, no me gusta mirar atrás, pero hay que tener
un poco de decencia para no sonrojarse con ciertas afirmaciones.
El Gobierno va a hacer esta autovía de la Plata, y la va a hacer de una
forma ordenada, como debe hacerse, dentro de un presupuesto en el que hay
que realizar un esfuerzo inversor, puesto que necesita la
complementariedad de fondos extrapresupuestarios públicos --ese es el
modelo alemán-- y de fondos privados. Ese esfuerzo inversor enorme está
dando magníficos resultados, pero hay dificultades para emitir deuda
pública. Por eso recogemos en nuestra enmienda el preámbulo, porque
estamos de acuerdo en la necesidad de esa autovía de la Plata que pide
Extremadura, Andalucía y Castilla y León, y la hemos pedido durante años
y años. Por tanto, no se le puede decir al Grupo Popular que no da
importancia a esa autovía. Pero creemos que se debe hacer de una forma
creíble; que los ciudadanos, las comunidades autónomas, las empresas
constructoras crean en lo que se está proponiendo, que no se hagan planes
que luego se quedan en nada.
Hablaba el señor Fernández de lo que se hizo en 1993, en 1994 y en 1995;
allí no se hizo nada. Cuando se llegó había estudios, pero no proyectos
para contratar, que es lo que permite que las obras se pongan en marcha.
Por eso, en el primer párrafo de nuestra enmienda, cuando se dice
«ejecución efectiva», hablamos de licitación. ¿Por qué? Porque en el
proceso de una obra pública hay estudios informativos, estudios
económicos, aprobaciones, pero en la licitación de la obra es cuando se
reflejan las cantidades que se van a gastar en los años sucesivos,
inmediatamente se contrata y todos ponen interés en que la obra vaya
adelante: la Administración, el contratista y los ciudadanos.
Por consiguiente, basta con decir que se licita, no hay que decir el
plazo de ejecución, porque normalmente son 18 meses, pero habrá alguna en
que serán 36. Pueden ocurrir muchas contingencias, como que una empresa
vaya a la quiebra o un modificado que habría que aprobar a finales de
diciembre del 2002. ¿No haríamos ese modificado para cumplir con lo que
el Congreso dice? El Gobierno, queriendo cumplir, no estaría cumpliendo
políticamente, repito, con lo que dice el Congreso. Por eso hablamos de
licitación. Pero cuando decimos el 1 de enero del 2000 no implica que
todo se licite en diciembre de 1999. Ya hay tres tramos, de unos 37.000
millones y de los que hablamos reiteradamente, que se van a licitar en
1998. Por ejemplo, puerto de Béjar-Aldeanueva del Camino,
Mérida-Almendralejo, Almendralejo-Zafra, que van por el modelo alemán.
Esos se van a licitar en este año. Otros, de los que hablamos en el
primer párrafo, serán en el primer semestre de 1999, y alguno
probablemente en el segundo semestre. Luego se va a cumplir exactamente
en los tramos que están en el vigente plan de actuaciones prioritarias en
carretera.
En cuanto al segundo párrafo, resulta un poco estrambótico que de una
determinada autovía, la autovía de la Plata, tengamos exactamente lo que
se va a gastar en el 2003, que es lo que se pide en esta moción, y en
cambio, de la autovía del Cantábrico no sepamos lo que se va a gastar en
el 2000. Esta es una actuación absolutamente desordenada que no puede
adoptar un Gobierno. Un Gobierno tiene que hacer, en este año de 1998, un
plan, un programa de vías de gran capacidad, en el que se incluyan todas
las actuaciones. Es más, si se hiciera un tratamiento específico para la
autovía de la Plata y en noviembre, por ejemplo, saliera este programa de
gran capacidad, los propios ciudadanos de las tres autonomías pedirían
que se incluyera, porque si no estuviera incluido en ese programa,
considerarían que no se iba a hacer. Esto quiere decir que es muy lógica
la propuesta que hace la enmienda.
Yo aseguro que el Gobierno va a llevar adelante, ordenadamente, la
autovía de la Plata. Se irán haciendo los tramos, primero los de mayor
tráfico, luego los de menor, y se hará a lo largo de una serie de años.
Prometer que se haga todo en dos o tres años es algo que no tiene razón
de ser. Las obras públicas se hacen en un tiempo adecuado, pero lo
importante es la inversión, y ahí es donde estamos haciendo el esfuerzo,
buscando una financiación, ya que no basta con la presupuestaria.
Yo creo, y lamento que se haya adelantado el proponente de la moción a
rechazar la enmienda, que dicha enmienda asegura la voluntad del Congreso
y del Gobierno de llevar adelante la autovía de la Plata.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i
López): Gracias, señor Posada.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Tiene la palabra el señor
Sedó.
El señor SEDO I MARSAL: Gracias, señor presidente.
Tanto mi compañero, señor Recoder, como yo, que prácticamente llevamos
doce años siendo portavoces de nuestro grupo dentro de la actual Comisión
de Infraestructuras --antes de Industria, Obras Públicas y todas sus
distintas denominaciones--, hemos cogido un cierto cariño a la ruta de la
Plata, porque durante todos estos años, y muchos de ellos con la obsesiva
insistencia del entonces diputado don Felipe Camisón, veíamos muchas
veces en Comisión iniciativas sobre la ruta de la Plata, y a nosotros,
insisto, se nos hizo simpática.
No voy a entrar en el tema de lo que el señor ministro dijo el otro día o
lo que ahora mismo ha dicho el portavoz del Grupo Popular; no voy a
entrar en el hecho de si va a ser una realidad o no, porque estamos
completamente seguros de que la autovía de la Plata, que sustituiría esta
ruta de la Plata, va a ser un hecho, una realidad. No obstante, nosotros
no vamos a votar la moción en su texto original. Lógicamente, hubiésemos
votado a favor de la enmienda del Grupo Popular, pero el texto no lo
podemos votar, insisto, porque creemos, y yo lo he repetido alguna vez,
que es una moción
con ganas de que sea votada negativamente, de no ganar. A veces la
rentabilidad política de una moción es más positiva cuando el resultado
es negativo. Si no es por eso, yo diría, y sé que no es verdad, que en el
texto hay una especie de desconocimiento del procedimiento administrativo
en la obra pública. Sé que no es así y, por tanto, me reafirmo en esta
impresión de que es una moción para que no pueda votarse.
Se habla mucho de la voluntad política e incluso del Plan director de
infraestructuras, y tendríamos que tener en cuenta --algo parecido ya se
ha dicho-- que esa voluntad política se podría haber superado dentro del
PDI de hace unos años, cuando todo el tema de carreteras o de otras
cosas, como podrían ser los ferrocarriles, se sustituía por planes
puente. Yo no he visto ningún plan puente que tuviese una voluntad
política real de construcción de la autovía de la Plata.
De todas formas, quede claro que nosotros manifestamos mucha simpatía y
estamos muy contentos de que se vaya construyendo la autovía de la Plata
dentro de sus plazos y con las formas que actualmente están programadas,
y por ello nuestro voto a la moción que esta tarde se nos presenta es
negativo.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Sedó.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra
el señor Fernández.
El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Gracias, señor presidente.
Quiero manifestar la posición de nuestro grupo parlamentario ante la
moción que ha presentado don Ricardo Peralta. Como no podía ser de otra
manera, nuestro voto va a ser favorable, ya que la semana pasada todos
los grupos coincidíamos en esta Cámara en la importancia que tiene para
el desarrollo de varias comunidades la autovía de la Plata. En la
importancia de esta autovía coincidía incluso el propio ministro, que se
comprometió en esta Cámara a licitar obras en determinados plazos, plazos
que incluso entran dentro de lo que solicita la moción.
Quiero recordar que esta ruta, la autovía de la Plata, toca nueve
provincias y cuatro comunidades autónomas, y que sin ninguna duda
favorecerá el intercambio social y económico entre el norte y el sur
español. La comunicación entre León y Sevilla, eludiendo el paso por el
centro de España, mejorará notablemente las distancias y, a su vez,
descongestionará las vías centrales.
En el punto primero de la moción se pide que determinados tramos de la
autovía de la Plata --que, por otra parte, están incluidos en los
Presupuestos Generales del Estado-- se inicien antes del 1 de enero del
año 2000 y se concluyan antes del 31 de diciembre del año 2002. A nuestro
grupo le parece que esa petición es totalmente razonable teniendo en
cuenta, como decía antes, que el ministro, hace 15 días, se comprometió
en esta Cámara a ejecutar varios de los tramos que hoy se están pidiendo.
En el punto segundo, la moción se limita exclusivamente a pedir que se
presente en esta Cámara un calendario detallado de las fechas de inicio y
de finalización de obras. Nos parece que es una petición de mínimos, ya
que entendemos que el pedir que se presente un calendario de inicio y
finalización de obras debería ser más una obligación del Gobierno que una
petición de los grupos de la oposición.
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Posada, nos ha hablado
de voluntad política por parte del Gobierno para la ejecución y
desarrollo de esta autovía, pero yo --por la exposición que ha hecho--
entiendo que la voluntad política también se manifiesta con los acuerdos
que hoy se tomen aquí. Cuando se está diciendo que la autovía de la Plata
es necesaria, que hay una coincidencia en cuanto al desarrollo de esta
vía y luego, prácticamente sin argumentos, se dice que no van a apoyar
esta moción, creo que falla esa voluntad política a la que se hace
alusión.
En el punto primero de la moción se pide algo razonable y se establece un
plazo de cuatro años, 1998-2002, para la ejecución de unos pocos tramos
de la autovía de la Plata, con lo que el Gobierno tendría cuatro años
para todo el trámite de proyectos, adjudicaciones y ejecución. Tengo que
manifestar que no encuentro sentido a la negativa a adquirir este
compromiso con la Cámara para desarrollar un asunto que tiene una gran
importancia y trascendencia para cuatro comunidades autónomas.
Sin más, reiteramos nuestro voto favorable a la moción presentada por don
Ricardo Peralta y nos parecería oportuno que el resto de los grupos
apoyara esta moción.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor
Fernández.
Señor Peralta, de su intervención, la Presidencia ha deducido que acepta
la enmienda de sustitución presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista. ¿Es así? (Asentimiento.) Entonces, vamos a someter a votación
el texto resultante de la aceptación de la enmienda de sustitución
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la moción consecuencia
de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto. (El señor
presidente ocupa la Presidencia.) El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a
la votación de la moción presentada por el señor Peralta, del Grupo
Parlamentario Mixto, sobre política del Gobierno para asegurar las
comunicaciones por carretera entre el norte y el sur de la Península,
mediante la ejecución
de la autovía de la Plata en los términos resultantes de la aceptación de
la enmienda de sustitución propuesta por el Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a
favor, 141; en contra, 159.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE POLITICA GENERAL DEL GOBIERNO
EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL Y POLITICA DE RESIDUOS (Número de expediente
173/000088) El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Socialista sobre
política general del Gobierno en materia medioambiental y política de
residuos, para cuya presentación y defensa tiene la palabra la señora
Narbona. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la
Presidencia.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Puede
comenzar, señora Narbona.
La señora NARBONA RUIZ: Gracias, presidente.
Señoras y señores diputados, antes de defender el contenido de la moción
consecuencia de la interpelación formulada por mi grupo hace dos semanas,
quisiera que quedara constancia en el «Diario de Sesiones» de que en su
intervención la ministra de Medio Ambiente faltó a la verdad por lo menos
en tres puntos importantes, algo que quiero que quede reflejado
formalmente, puesto que aunque sea por falta de información por parte de
la ministra, no es aceptable que se utilice la tribuna de esta Cámara
para decir cosas que no son ciertas.
En relación con los planes nacionales de residuos peligrosos y de suelos
contaminados aprobados en 1995, la ministra dijo literalmente, y así
consta en el «Diario de Sesiones», que las comunidades autónomas estaban
completamente al margen de dichos planes porque ustedes no habían
negociado ni acordado nada con las comunidades autónomas.
Pues bien, señorías, aquí están al peso todos los convenios firmados por
las comunidades autónomas, con el Gobierno de la nación a lo largo de
1995, publicados en el Boletín Oficial del Estado y a disposición de SS.
SS. por si quieren comprobar el desconocimiento de la ministra en materia
de política de residuos. (Aplausos.) Es posible que no los conozca, pero
debería venir a la Cámara con cierta información previa.
En segundo lugar, la ministra afirmó que las partidas presupuestarias
para 1996 correspondientes a estos planes no estaban incluidas en el
presupuesto, por lo que tengo que dudar de su sinceridad. Me permito sólo
dudar de la memoria de la ministra porque quizá no recuerda que 1996 fue
un año en el que no hubo presupuesto, se prorrogó el de 1995. ¿Cómo iban
a recogerse los compromisos comprendidos dentro de estos convenios
firmados con todas las comunidades autónomas?
De todas formas, en materia presupuestaria la ministra sólo maneja bien
los presupuestos cuando se trata de no ejecutarlos y, por tanto, también
aquí tenemos que señalar que confundió en varias ocasiones durante su
intervención previsiones de financiación de un plan quinquenal con las
disponibilidades presupuestarias de una subdirección general en un año
aislado. Por cierto, hemos pedido la comparecencia de la ministra en la
Comisión de Presupuestos para que explique también las razones del
bajísimo grado de ejecución del presupuesto de su departamento en 1997, a
la vista de que el otro día, en lugar de explicar a la Cámara las razones
de ese exceso de celo en la lucha contra el déficit, afirmó que esta
portavoz manipulaba las cifras oficiales. Pues bien, veremos en la
Comisión de Presupuestos si es la ministra la que manipula la información
o si es este grupo parlamentario. En cualquier caso, sería bueno conocer
por qué el Ministerio de Medio Ambiente no gasta el presupuesto que se
aprueba en los distintos ejercicios en los que gobierna el Partido
Popular.
Una tercera mentira que queda registrada también en el «Diario de
Sesiones» es que la ministra se atribuye la aprobación de un decreto
sobre caracterización de residuos que no está aprobado. El Ministerio
lleva trabajando en él bastante tiempo, pero nos consta que no ha
avanzado y no pertenece al acervo de los acuerdos alcanzados durante la
presente legislatura.
Señorías, tenemos que señalar también en esta intervención que esta misma
semana hemos conocido la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, de
28 de mayo de 1998, en contra del Gobierno español en que se condena a
España por no haber adoptado un programa nacional de pilas usadas, algo
que estaba contemplado en el borrador del Plan nacional de residuos
urbanos que desde hace dos años está también aparcado en el Ministerio.
El decreto correspondiente a la directiva sobre pilas usadas fue aprobado
durante la etapa socialista y es, como digo, la trasposición de la
directiva. Lo que no ha hecho el Gobierno es lo que tiene que hacer,
según le recuerda el Tribunal Europeo, que es hacer, además de la
trasposición de las normas, programas nacionales que garanticen su
cumplimiento, y es importante señalar que el alto tribunal dice que un
Estado miembro no puede cumplir la obligación que le incumbe de elaborar
un programa global con vistas a la consecución de determinados objetivos
sólo mediante actuaciones materiales parciales.
El Gobierno de la nación en 1997 se había justificado respecto al
expediente en materia de pilas usadas, mandando a la Comisión información
sobre actuaciones particulares de determinadas comunidades autónomas.
Señorías, no es así como hay que hacer la política de resíduos. Hemos
tenido ocasión de insistir en la necesidad de que existan planes
nacionales que no sean una pura yuxtaposición de los planes autonómicos,
y esto es algo que querríamos que quede suficientemente claro a partir de
la moción que hoy presentamos.
Pasando al contenido de la moción, quisiera decir que los dos primeros
puntos se refieren a la exigencia de que la conferencia sectorial conozca
la evolución de los planes aprobados en 1995, es decir, los planes
nacionales de residuos peligrosos, de suelos contaminados y de depuración
de aguas residuales, así como las actuaciones en materia de política
forestal, actuaciones en las cuales en estos momentos España está
perdiendo fondos de la Unión Europea por cantidades no inferiores a los
20.000 millones de pesetas en el año 1996, a causa de la incapacidad por
parte del Gobierno de montar adecuadamente la cofinanciación de estas
actuaciones.
Queremos señalar además que la evolución de la ejecución de los planes,
en particular del Plan nacional de residuos peligrosos, es extremadamente
insatisfactoria. En 1995, éstas son también cifras oficiales, se
transfirieron a las comunidades autónomas por el capítulo VII, 1.056
millones de pesetas; en el año 1996, 810 millones de pesetas; en el año
1997, sólo 70 millones de pesetas. Pues bien, este es el déficit que en
estos momentos se está produciendo en la ejecución de un plan que creemos
que debe conocer la conferencia sectorial y que debe procederse a una
puesta en común con las comunidades autónomas en relación con su
cumplimiento, así como con el resto de las actuaciones que se señalan en
la moción.
El segundo punto de nuestra moción es la propuesta en la citada
conferencia sectorial de un Plan nacional de residuos urbanos que
incorpore el programa nacional de envases, conforme a lo que se establece
en la vigente Ley de Envases y que debía ya a estas horas estar aprobado
por el Gobierno de la nación.
En tercer lugar, en nuestra moción señalamos la necesidad de convocar de
forma inmediata el Pleno del Consejo Asesor de Medio Ambiente, para que
exista un informe previo sobre estas iniciativas, en particular sobre el
Plan nacional de residuos urbanos y sobre otras iniciativas de carácter
legislativo programático que tiene el Ministerio y que no han sido
conocidas por falta de convocatoria de dicho Consejo, en lo que se
refiere a esas últimas actuaciones.
El cuarto punto es una petición al Gobierno de que la ministra de Medio
Ambiente atienda los puntos del acuerdo que estableció el día 22 de abril
de 1997, es decir, hace más de un año. Son once puntos pactados con las
organizaciones miembros del Consejo asesor que la ministra aceptó para
poner en marcha de nuevo el funcionamiento del Consejo Asesor de Medio
Ambiente.
Ninguno de esos once puntos se han cumplido a lo largo de este último
año, y esa es la razón, entre otras, de que el Día mundial de medio
ambiente se celebrara en el Ministerio de Medio Ambiente con peticiones
de dimisión por parte de las organizaciones ecologistas y que éstas
dieran plantón a la ministra en el almuerzo que a última hora había
convocado para intentar firmar la paz una vez más sin haber cumplido,
como digo, los puntos de un acuerdo que por escrito existe, que es de
fecha 22 de abril de 1997.
El quinto punto se refiere al informe que ya existe sobre el uso del PVC
en envases de carácter alimentario, informe que existe desde hace dos
meses, que tiene conclusiones que nos parece que son extremadamente
relevantes, que esta Cámara no conoce de manera formal, pero que debería
dar lugar, tal como establece la Ley de Envases, a medidas concretas a
proponer por parte del Gobierno respecto a la limitación y a las
restricciones en el uso del PVC.
Por último, en nuestra moción tenemos también la petición de que se
informe a la mayor brevedad en el Congreso de los Diputados sobre el
funcionamiento de la planta de incineración de Melilla; planta de
incineración de la que es titular la empresa Remesa en la cual participa
la empresa pública estatal... (Ruidos de la megafonía impiden la audición
de la oradora.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento, señora
Narbona. (Pausa.)
Continúe, señora Narbona, y le ruego que concluya a la mayor brevedad
posible.
La señora NARBONA RUIZ: Después de esta interrupción musical con marcha,
continuamos.
En el último punto de nuestra moción pedimos que se informe a la mayor
brevedad al Congreso de los Diputados respecto del contenido de denuncias
que se han producido en relación con la planta de incineración de
Melilla, planta de la que es titular la empresa Remesa, participada al 50
por ciento por Ingrisa, a su vez empresa pública estatal dependiente del
Ministerio de Medio Ambiente, y que en la intervención de la ministra se
atribuía exclusivamente a la titularidad y a la gestión del Ayuntamiento
de Melilla.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Narbona, le
ruego concluya.
La señora NARBONA RUIZ: Estoy concluyendo, presidente.
En realidad en la planta de Melilla, como digo, también tiene el
Ministerio del Medio Ambiente algo que ver. Existen denuncias graves
sobre el hecho de que se
están incinerando residuos peligrosos para los cuales, al parecer, esta
planta no tiene los medidores que son exigidos por la legislación y, por
tanto, el ultimo punto de nuestra moción es pedir a la Cámara este tipo
de información con carácter urgente.
Espero que esta tarde la posición el Grupo Popular no siga en la onda de
la intervención de la ministra del otro día porque, repito, lo primero
que hizo fue negar la existencia de planes autonómicos, de planes
nacionales que están bastante bien documentados. El Partido Popular y los
partidos que apoyan al Gobierno deberían aceptar el contenido de nuestra
moción porque es completamente necesario reconducir la política de
residuos en nuestro país.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señora Narbona.
Han sido presentadas a esta moción del Grupo Socialista una enmienda del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y otra por parte del Grupo
parlamentario Popular.
En primer lugar, para la presentación y defensa de la enmienda del Grupo
Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Urán.
La señora URAN GONZALEZ: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida comparte los criterios
que establece la moción del Grupo Socialista porque no son excesivamente
exigentes, sino todo lo contrario; son criterios de mínimos que se
establecen para que haya una información y un funcionamiento adecuado de
los órganos de los que está dotado el Ministerio de Medio Ambiente en el
cumplimiento de sus obligaciones. Por tanto, estamos de acuerdo con lo
que se ha planteado y las enmiendas que voy a defender lo que intentan es
incidir en aquellos aspectos que consideramos importantes en la política
que se tiene que desarrollar de protección del medio ambiente y en la
política de residuos.
Nosotros también queremos hacer hincapié en que es necesario dotar de
partidas presupuestarias adecuadas para que se puedan llevar a cabo los
planes nacionales tanto en residuos peligrosos como en recuperación de
suelos, depuración de aguas y políticas de repoblación forestal.
Está claro que poco a poco, paulatinamente, los presupuestos que han
venido a dar cobertura económica a estos planes han ido disminuyendo año
tras año, con lo cual cada vez resulta mucho más difícil para las
comunidades autónomas poder llevar a cabo este tipo de actuaciones. En
realidad, al final estamos dejando que estos planes queden reducidos a
meras expresiones en textos que no conducen a una aplicación real. De ahí
nuestra insistencia constantemente de la necesidad, no solamente de que
haya planes nacionales que fijen objetivos y que ayuden a que las
comunidades autónomas puedan llevarlos a cabo, sino de que haya una
financiación que permita que se puedan cofinanciar estos planes en las
comunidades autónomas.
Por eso, nuestra primera enmienda está dirigida al punto número 2 de la
moción del Grupo Socialista, en la que precisamente lo que hacemos desde
esta Cámara, a pesar de que la conferencia sectorial hable y debata sobre
los criterios para establecer la financiación en los planes nacionales,
es seguir presionando cerca del Gobierno y de las comunidades autónomas a
que se establezcan criterios de financiación del Plan nacional de
residuos, dado que en la ley recién aprobada no se quiso introducir el
fondo ambiental para la financiación precisamente de la ley de residuos
urbanos.
Creemos también necesario no solamente que se hagan comisiones de
seguimiento, sino que además los datos que puedan manejar las mismas en
cuanto a los cumplimientos de los planes se informen y se hagan públicos
para que sea de conocimiento general cómo se están aplicando los planes y
cómo se están llevando a cabo los cumplimientos de los objetivos que
deben figurar.
Creemos que es importante también, y de ahí nuestra segunda enmienda,
que además del informe que ha sido elaborado por la comisión de expertos
con el uso del PVC se tenga en cuenta el informe que han emitido las
organizaciones ecologistas que, como todos sabemos, se salieron de esa
comisión de expertos y han elaborado su propio informe. Creemos que es
necesario que el Ministerio tenga en cuenta, a la hora de tomar medidas,
no solamente lo que ha dicho de manera más o menos oficial el grupo de
expertos sin los grupos de ecologistas, sino también lo que dicen las
organizaciones ecologistas, porque desde luego yo creo que en los últimos
tiempos en nuestro país si algo está quedando demostrado es que las
organizaciones ecologistas, a pesar de que muchas veces se les acuse de
alarmistas y de que están poniendo en tela de juicio determinadas
actuaciones políticas, al tiempo están teniendo razón y se la damos
cuando ya no tiene arreglo el desastre que se ha producido. Creemos que
es necesario que se tengan en cuenta sus criterios y desde luego mucho
más de lo que se han venido teniendo hasta ahora.
También somos conscientes de la necesidad de incidir en el punto número
6 de la moción del Grupo Socialista. Como ustedes saben, este grupo
parlamentario es contrario a la incineración de cualquier tipo de
residuos, ya sean residuos urbanos y desde luego mucho más residuos
peligrosos, entre otras cosas no solamente por la contaminación que se
puede producir en el medio ambiente, sino por los riesgos que tiene para
la salud pública. Está claro que si hay una forma de eliminar residuos es
la incineración, también lo está que la misma produce otro tipo de
residuos que en la mayoría de las ocasiones son peligrosos y, por tanto,
señorías, necesitamos información clara de qué es lo que está sucediendo,
en este caso con la incineradora de Melilla. Además, esa información
tiene que ser lo suficientemente explícita para saber en qué condiciones
se están incinerando los residuos peligrosos, porque cuando empieza a
haber denuncias de estas situaciones es porque en realidad se están
produciendo, con independencia de que después se puedan haber adoptado
medidas para mantenerlas dentro de la legalidad pero que pueden estar
perjudicando al medio ambiente.
Nosotros seguiremos defendiendo la necesidad de que el Plan nacional de
residuos no sea una suma de los planes nacionales. No vaya a ocurrirnos
con éste
lo que la directiva europea que se ha aplicado a través de la Ley
básica de residuos nos obliga a elaborar y no nos suceda como con la
aplicación de la directiva sobre pilas usadas, que nos veamos al cabo de
un par de años con una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo en el
que se nos diga que no nos sirve que las comunidades autónomas tengan sus
propios planes, sino que el plan nacional debe existir, no puede ser una
suma de los planes de las comunidades autónomas, ha de tener objetivos y
ha de llevar a cabo aquello que las directivas dicen.
Señorías, estas son las enmiendas que hemos presentado, esperamos que el
Grupo Socialista las acepte y votaremos a favor de la moción presentada
por este grupo.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Urán.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, para la presentación y defensa
de sus enmiendas, tiene la palabra la señora de Lara.
La señora DE LARA CARBO: Gracias, señor presidente.
Señora Narbona, usted tiene, ya se lo he dicho en otras ocasiones, dos
fijaciones obsesivas: una, la señora ministra de Medio Ambiente y la
otra, los borradores que dejó --según dice usted-- en el Ministerio de
Medio Ambiente. La fijación por la ministra le ha hecho decir aquí, con
muy mal estilo, que ha mentido, y como prueba de ello nos ha traído una
serie de convenios que firmó con las comunidades autónomas. Mi pregunta,
señora Narbona, es si estos convenios tenían o no consignación
presupuestaria, porque convenios y consignación presupuestaria ustedes
dejaron muchos, en temas de costas, de aguas. Esto es muy fácil, yo no
les llamaría convenios, señora Narbona.
Respecto a los borradores que usted dejó en el Ministerio, que parece que
dejó de todo lo habido y por haber, cabría preguntarse por qué se
quedaron en borradores, por qué no pasaron a proyectos de ley. ¿O es que
antes de que usted llegara al Ministerio de Medio Ambiente, antes de que
usted fuera secretaria de Estado, nadie había hecho nada? ¿Solamente se
hicieron sus borradores? ¿Por qué no transformaron estos borradores en
proyectos de ley, en decretos, señora Narbona? Tal vez, si ustedes
hubieran transformado los borradores en su momento en los decretos o
proyectos de ley, nosotros, al ganar las elecciones en marzo de 1996, no
nos hubiéramos encontrado con una serie de directivas que había que
trasponer y con toda la legislación en materia de residuos que estaba
pendiente. Creo que usted sabe, señora Narbona, que esto es cierto y tal
vez, si un día usted olvida estas dos obsesiones, la señora ministra y
los borradores, podremos debatir seriamente sobre los problemas de medio
ambiente. (Aplausos.) Respecto al tema que hoy nos trae aquí, que es la
moción que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, nuestro grupo
ha presentado también una enmienda de sustitución que, a mi juicio, a la
vez que recoge los puntos de la moción, refleja la intensa actuación del
Ministerio de Medio Ambiente en el área de residuos.
El primer punto de la enmienda del Grupo Popular insta al Gobierno a
informar, en el ámbito de la conferencia sectorial de medio ambiente,
sobre la evolución del desarrollo, durante el presente ejercicio, de los
planes nacionales de residuos peligrosos, de recuperación de suelos
contaminados y de depuración de aguas residuales, sobre su evolución
presupuestaria, así como sobre las actuaciones de las comunidades
autónomas apoyadas financieramente desde la Administración central. Creo
que es un punto que usted, señora Narbona, lo había olvidado y es
importante que conozcamos las actuaciones de las comunidades autónomas
que tienen subvenciones de la Administración central. En este punto,
quería indicar a SS. SS. que la distribución de los recursos
presupuestarios destinados en los Presupuestos Generales del Estado a los
planes nacionales antes citados, se hace en la addenda a los convenios
existentes con cada comunidad autónoma, en donde se fijan las actuaciones
que se cofinanciarán. A su vez, señorías, y como bien conoce usted,
señora Narbona, de su época de secretaria de Estado, dichas actuaciones
se perfilan en las reuniones de los comités de seguimiento de cada
convenio, que tienen frecuencia semestral. Los temas de carácter más
general se tratan en las reuniones del grupo de trabajo de calidad
ambiental de la conferencia sectorial. La próxima reunión, donde se
tratarán temas de residuos, está ya prevista, señora Narbona, para una
fecha próxima. Dadas las numerosas iniciativas y trabajos en curso del
Ministerio de Medio Ambiente en materia de residuos, muchas de las cuales
requieren la aprobación expresa de la conferencia sectorial, el
Ministerio de Medio Ambiente ha estimado conveniente la convocatoria de
la citada conferencia sectorial, con independencia de esta moción.
El segundo punto de nuestra enmienda insta al Gobierno a elaborar con la
máxima celeridad el Plan nacional de residuos sólidos urbanos, que
incorpore, como ha dicho usted, el programa nacional de envases,
informando del mismo al Consejo Asesor de Medio Ambiente para que pueda
ejercer sus funciones y acordándolo con las comunidades autónomas a
través de la conferencia sectorial. Este punto, señorías, que incluye los
apartados segundo y tercero de la moción socialista matizándolos,
garantiza, de un lado, el informe previo sobre la propuesta del Plan
nacional de residuos sólidos urbanos por parte del Consejo asesor y, de
otro, la presentación en la conferencia sectorial del citado plan que ha
elaborado el Ministerio de Medio Ambiente. Como se ha indicado en esta
tribuna en otras ocasiones, el plan nacional de residuos sólidos urbanos
integrará los distintos planes regionales y lo hará porque --ya lo he
repetido, pero parece que la señora Narbona no se ha enterado-- como el
Partido Socialista no puso al día la legislación en materia de residuos,
nos hemos encontrado con que muchas comunidades autónomas tenían su
propio Plan regional de residuos sólidos urbanos, que obviamente no puede
ignorarse. Asimismo, está previsto convocar al Consejo Asesor de Medio
Ambiente, pero no solamente para recabar el informe sobre la propuesta
del plan nacional, sino para otras iniciativas pendientes y para aprobar
la reforma del reglamento, necesaria para elevar la eficacia del Consejo
asesor.
En el punto tercero de la enmienda se insta al Gobierno a pronunciarse a
la mayor brevedad sobre la necesidad de dictar medidas legales
adicionales sobre el uso del PVC, teniendo en cuenta el informe emitido
por el grupo de expertos y oídos los agentes económicos y sociales
--había olvidado usted este aspecto, señora Narbona--, tal como se
establece en la Ley de envases y residuos de envases.
Finalmente, el último punto de nuestra enmienda sobre la planta de
incineración de Melilla corrige un párrafo de la moción que es incierto.
Yo no digo, señora Narbona, que usted haya mentido en la moción; digo que
es un párrafo en el que usted ha cometido un error, consistente en poner
que la incineradora, aunque hoy lo ha aclarado, es propiedad del
Ministerio de Medio Ambiente, lo cual no es cierto porque, como ya ha
indicado usted, es de la empresa Remesa, el 50 por ciento de la cual es
Ingrisa. Sin embargo, el otro día en la interpelación usted nos indicaba,
y hoy ha repetido, que ha recibido muchas denuncias de que en la planta
incineradora de Melilla se queman una serie de residuos que no son
residuos sólidos urbanos, cuando usted debía saberlo, señora Narbona,
porque la planta se inició cuando era usted secretaria de Estado de Medio
Ambiente. Esta planta, señora Narbona, se diseñó y se construyó para
poder quemar otro tipo de residuos, no solamente residuos sólidos
urbanos. Usted debe saberlo y si no lo sabe es porque cuando era
secretaria de Estado no se enteraba de lo que estaban haciendo, ya que
esta planta tiene autorización para quemar residuos tóxicos, para quemar
residuos hospitalarios, para quemar aceites usados. Luego no venga usted
aquí con que se presentan denuncias porque se diseñó de esta forma con su
autorización, con la autorización del entonces ministro de Obras
Públicas, señor Borrell, y se autorizó cuando ustedes hacían campañas por
toda la geografía española diciendo no a la incineración. Primero nos
decían que no a la incineración porque emitía dioxinas; luego nos
hablaban de las cenizas y finalmente acabaron diciendo que la
incineración era más cara que otras formas de eliminación.
Por lo tanto, yo no digo que usted haya mentido en la moción; digo que
usted se ha equivocado al redactar la moción y, por consiguiente, el
cuarto punto de nuestra enmienda simplemente subsana este error, dice que
se informe sobre el funcionamiento de la planta de incineración de
Melilla. Señora Narbona, dejando aparte lo que hemos dicho antes, usted y
yo podemos discutir de problemas de medio ambiente y verá que la moción
es razonable y que en ella, recogiendo bastantes de sus puntos desde una
visión realista, se convoca la conferencia sectorial, se convoca el
Consejo Asesor de Medio Ambiente y que pronto tendremos un Plan nacional
de residuos sólidos urbanos.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE
(Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora De Lara.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señor presidente.
Si al contenido de esta moción sumamos el debate de la semana pasada
sobre la interpelación de la que trae causa, podemos afirmar que casi
estamos ante un debate general sobre la política medioambiental de este
Gobierno.
Cuando la crítica más dura del Grupo Socialista al Gobierno es su
incapacidad para articular acuerdos con las comunidades autónomas en la
conferencia sectorial de medio ambiente, suponemos que habrán de ser las
propias comunidades autónomas las que tengan que manifestar su desacuerdo
acerca de cómo está funcionando y, por tanto, no nos parece conveniente
que esta Cámara inste al Gobierno a la convocatoria de dicha conferencia.
Coalición Canaria quiere compromisos del Gobierno acerca de la ejecución
de la legislación aprobada. Creemos que es notorio que en materia
legislativa medioambiental este Gobierno puede presumir de haber hecho
bien la tarea y que nadie puede negar la evidencia, como nadie puede
negar la evidencia de que el Grupo Popular precisa del apoyo de los
grupos nacionalistas
de esta Cámara para contar con una mayoría que garantice la
gobernabilidad del Estado y que esa mayoría ha permitido la aprobación de
leyes tan importantes como la de envases, la de residuos o la
modificación de la Ley 4/1989, sobre el régimen jurídico de los parques
nacionales. Pero eso no es suficiente. Es cierto que el Ministerio de
Medio Ambiente debe desarrollar reglamentariamente las medidas necesarias
para impulsar los planes estatales y la colaboración con las comunidades
autónomas y si, como señala el Tribunal Constitucional, la colaboración
es un deber consustancial a la organización territorial del Estado
español, es preciso que el Ministerio consiga realizar la colaboración en
la ejecución de compromisos concretos y quizá en ese ámbito no está
haciendo lo suficiente. Coalición Canaria, y creo que todos los grupos
nacionalistas, asistimos atónitos y sorprendidos a cómo las polémicas
entre el Partido Popular y el Partido Socialista se traducen en problemas
de relaciones entre gobiernos. Me refiero concretamente a la polémica
entre el Gobierno del Estado y el Gobierno de Andalucía; hasta tal punto
llega la confusión que hemos asistido a debates, concretamente con motivo
de la interpelación de la semana pasada, en los que el Grupo Socialista
parece hablar en nombre del Gobierno andaluz y el Gobierno se dirige al
Grupo Socialista imputándole responsabilidades por la acción u omisión en
sus competencias del Gobierno andaluz.
Señorías, quiero significarles que en nuestro compromiso con la
gobernabilidad del Estado hemos apoyado los proyectos de ley que este
Gobierno ha presentado en materia medioambiental y estamos satisfechos de
las leyes finalmente aprobadas; ahora corresponde al Gobierno la
ejecución. Creemos que existe una decidida voluntad de hacer posible la
planificación que en materia de envases y de residuos, de residuos
peligrosos y residuos urbanos prevén las citadas leyes y esperamos fechas
y compromisos concretos por parte del Gobierno. Nos sorprende, por
ejemplo, que aún no se hayan implantado los modelos de cogestión de los
parques nacionales a que se refiere la Ley de modificación de la Ley
4/1989.
Finalmente, quiero añadir que en esta materia no sabemos dónde está el
mínimo a que se refiere el Grupo Socialista cuando sostiene que el
Ministerio de Medio Ambiente hace dejación de responsabilidad porque no
tiene un proyecto estatal que establezca unos mínimos para todo el
territorio. Colaboración, coordinación y cooperación son términos a los
que el Tribunal Constitucional ha ido dando contenido por impugnación de
normas y conflictos de competencias entre el Estado y las comunidades
autónomas. La mayor parte de esas normas fueron aprobadas en etapas del
Gobierno socialista. Deseamos que el Gobierno del Partido Popular no
cometa los mismos errores, que colabore y promueva con decisión acuerdos
con las comunidades autónomas y que las discrepancias que pueda tener con
alguna de ellas no implique la parálisis en la ejecución de esas buenas
leyes medioambientales que hemos aprobado en esta legislatura.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): muchas gracias,
señor Rivero.
Señora Narbona, tiene la palabra para expresar la aceptación o no de las
enmiendas presentadas tanto por el Grupo de Izquierda Unida como por el
Grupo Popular.
La señora NARBONA RUIZ: Gracias, señor presidente.
Efectivamente, esta tarde se puede llegar a una votación de consenso,
aprovechando la buena disposición del Grupo Popular a través de la
enmienda de modificación que ha presentado y teniendo en cuenta la
enmienda presentada por Izquierda Unida. Por tanto, nuestro grupo hace
una propuesta de enmienda transaccional que los dos grupos conocen ya y
que daré a la Mesa para someterla a votación.
En ella, a partir del texto planteado por el Grupo Parlamentario
Popular, en el punto 1 se añade una referencia concreta a las actuaciones
de política forestal, que no aparecía y parece oportuno que cuando se
reúna la conferencia sectorial exista para las comunidades autónomas la
posibilidad de saber qué está pasando en esta materia. Por supuesto,
entendemos que es asumible el que no aparezca en la redacción, tal como
propone el Partido Popular, que la conferencia sectorial se convoque a la
mayor brevedad, confiando en que el Gobierno cumpla con el reglamento de
la conferencia sectorial, que prevé que se reúna esta conferencia en
plenario como mínimo dos veces al año. Teniendo en cuenta que se reunió
en el mes de enero, correspondería ahora su convocatoria; por tanto,
entendemos que es posible aceptar que no se haga referencia a la
convocatoria inmediata, tal como nosotros pedíamos.
En el punto segundo relativo al Plan nacional de residuos sólidos
urbanos, aceptaríamos la propuesta que nos hace el Grupo Popular,
añadiendo, para tener en cuenta también la enmienda que proponía
Izquierda Unida, una frase al final que dijera: Así mismo, en la
conferencia sectorial se debatirá el modelo de financiación de dicho
plan, puesto que, efectivamente, nos parece trascendente con vistas a la
puesta en vigor de la legislación.
En el tercer punto, relativo al informe sobre el uso del PVC, hemos
propuesto que en la enmienda transaccional además de los agentes
económicos y sociales se añadan las organizaciones ecologistas, puesto
que, como planteaba la representante de Izquierda Unida, se ha producido
una ruptura en el grupo de expertos, del que se han separado tres
organizaciones presentes en dicha comisión, y creemos oportuno que
aparezca en la enmienda transaccional esa referencia.
Por lo tanto, con estas modificaciones, que pasaré a continuación a la
Mesa, estaríamos de acuerdo en una enmienda que plantearía,
efectivamente, compromisos al Gobierno de forma inmediata, más allá de la
aprobación de esa legislación, por la cual, lógicamente, hay que
felicitarle, lo que no obsta para decir que había legislación aprobada
antes respecto de la cual está habiendo sentencias de la Unión Europea.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Narbona, le
ruego que concluya.
La señora NARBONA RUIZ: Sí, enseguida.
Decía que en materia de aguas residuales, de pilas y de nitratos habíamos
hecho la trasposición de las directivas, y lo que no está haciendo el
Gobierno son los planes nacionales correspondientes. (Protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Narbona, si
ha concluido, yo se lo agradezco; si no, limítese exclusivamente a la
aceptación o no. Yo entiendo que ha sido expuesta suficientemente la
enmienda transaccional y doy por supuesto que los grupos enmendantes la
aceptan y retiran sus propias enmiendas. Por tanto, puede dar por
concluida su intervención, lo que yo le agradecería, señora Narbona.
La señora NARBONA RUIZ: Sí, señor presidente. La hora es tardía y, por lo
tanto, las alusiones personales las responderé otro día.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Narbona. Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente
ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la moción del Grupo Socialista del
Congreso sobre política general del Gobierno en materia medioambiental y
política de residuos, en los términos resultantes de la transaccional que
por el propio grupo se ha propuesto y aceptado por los enmendantes.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 276; a
favor, 275; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE SITUACION DEL
SECTOR VITIVINICOLA ESPAÑOL Y SU FUTURO ANTE LA PROXIMA REFORMA DE LA OCM
DEL VINO. (Número de expediente 173/000089)
El señor PRESIDENTE: Finalmente, moción del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida sobre situación del sector vitivinícola español y su
futuro ante la próxima reforma de la organización común del mercado del
vino. (Rumores.)
Señor Centella, tiene la palabra.
Silencio, señorías, silencio para que pueda comenzar el señor Centella.
El señor CENTELLA GOMEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor presidente, señorías, lamento la hora de mi intervención.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Centella.
Veo que SS. SS. son menos sensibles que el diputado interviniente a lo
avanzado de la hora. Silencio, por favor, silencio. (Rumores.)
Señor De Luis, lleva una tarde tremenda. Señor Fernández de Mesa,
obedezca, por favor. (Pausa.)
Adelante, señor Centella.
El señor CENTELLA GOMEZ: La verdad es que uno entiende que estamos en una
hora más proclive a beber vino que a hablar de vino.
(Aplausos.--Risas.--Un señor diputado: ¡Bravo, bravo!) Pero es inevitable
que afrontemos con seriedad la discusión de esta moción porque nuestra
intención al presentarla es propiciar un acuerdo que sirva de referencia
a los planteamientos que debe llevar nuestro Gobierno ante la Unión
Europea en la negociación de la reforma de la OCM del vino. (El señor
vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) Sobre esta base,
nuestro grupo no busca en este debate la originalidad, no busca el marcar
diferencias, sino que, al contrario, nos sentimos contentos de poder
propiciar iniciativas que ya vienen recogidas en los documentos
elaborados por la Mesa del vino y darle carácter de acuerdo
parlamentario. Como decíamos la semana pasada, estamos en este momento en
mejor disposición que hace años para afrontar una buena OCM del vino.
Estamos en una mejor situación porque ya se han producido algunas
reconversiones, que si bien han ajustado la demanda, también es verdad
que algunas de ellas han tenido una dudosa rentabilidad.
Todos coincidíamos la semana pasada en que era necesaria y urgente la
reforma de la OCM del vino y que era necesaria y urgente para que la
Unión Europea pudiese hacer frente a la competitividad que tiene
planteada por terceros países, por algunos que eran ya tradicionalmente
competidores de la Unión Europea y por otros que han irrumpido en los
últimos años con una fuerza importante en el mercado internacional. Por
tanto, es preciso que la Unión Europea, para mantener el papel de
liderazgo, afronte esta reforma de la OCM.
También coincidíamos la semana pasada en la necesidad de que, junto a la
OCM, hubiese además un
presupuesto suficiente, un presupuesto capaz de garantizar la máxima
eficacia en la medida en que se adopte, de forma que se pudiese permitir
la convivencia en igualdad de condiciones entre todos los viticultores
europeos. Por ello en nuestra moción, una vez corregido el error que
cometimos en la redacción en el punto 1.b), del que todos ustedes tienen
conocimiento, queremos plantear algunos objetivos, que entendemos que es
un acuerdo de mínimos comunes sobre los cuales el Gobierno, una vez
asumidos, puede plantear una batalla, una lucha por una buena OCM que
beneficie al sector. Por tanto, presentamos esta moción sin ningún
carácter excluyente y con el ánimo de poder alcanzar un acuerdo
mayoritario en esta Cámara que reafirme la postura española ante la Unión
Europea.
En ese sentido, en primer lugar, consideramos imprescindible posibilitar
la permanencia y el desarrollo del viñedo comunitario en las zonas
tradicionales. Consideramos imprescindible también mejorar su
competitividad en el mercado sobre la base de la calidad y la
diferenciación del producto, con un desarrollo controlado de la
producción y de una manera que se asegure la renta equitativa a los
productos y que se refuerce la competitividad con una financiación
exclusivamente a cargo de la Unión Europea.
En segundo lugar, creemos que hay que defender el mantenimiento del
actual potencial productivo. La Unión Europea dispone actualmente de la
mayor extensión vitivinícola del mundo con una abundante riqueza de
variedades viníferas y de tipos de vino, si bien gran parte del viñedo
está bastante envejecido y precisamente debido al carácter fragmentado de
la estructura productiva presenta también serias dificultades para el
mantenimiento y renovación de la materia vegetal. Por tanto, la nueva OCM
debe adoptar como premisa fundamental el mantenimiento de este potencial
productivo vitivinícola descartando medidas que obliguen o que incentiven
el arranque de viñedos. Por el contrario, deben establecerse ayudas para
la recuperación del viñedo comunitario de manera que se mantenga el
control de la superficie. Como decía, nos sentimos satisfechos de poder
coincidir con la Mesa para la defensa del vino y de la viña, que
considera que este objetivo básico es alcanzable mediante dos tipos de
medidas que en la práctica pueden resultar complementarias. De una parte,
con la optimización de los recursos de los derechos de reimplantación y,
por otra, con especial atención a la gestión de los derechos de
reimplantación. Esta es una cuestión primordial, hay que mantener un
estricto control de la superficie para evitar un crecimiento
indiscriminado de la oferta, pero también es lamentable que se produzca
una pérdida importante de derechos como consecuencia de una desacertada e
incontrolada gestión de los mismos. Es necesario establecer los
mecanismos apropiados de seguimiento y control que favorezcan la
reutilización de los derechos y que eviten su desaparición en una cuantía
tan notable como ha podido suceder hasta ahora.
En tercer lugar, también hemos querido reafirmar, como una seña de
identidad de la postura española en la reforma de la OCM del vino, el
hecho de que no se pueda tolerar desde los intereses españoles que se
siga permitiendo la fabricación del vino con productos sucedáneos de la
uva, mediante la adición de otros productos exógenos al sector, como la
sacarosa. Obviamente nos referimos a la chaptalización que rechazamos
rotundamente, como hace todo el sector español. Y la rechazamos porque
viola la definición de vino como producto natural obtenido exclusivamente
de la uva, definición oficialmente adoptada por la propia Unión Europea y
mundialmente reconocida. También lo hacemos porque estimula los altos
rendimientos y contribuye a la formación de excedentes.
Junto a esta defensa del vino como producto derivado exclusivamente de la
uva, también se debe afrontar una promoción del consumo moderado, para lo
que es necesario dotar este capítulo de los recursos financieros
suficientes hasta alcanzar las cotas deseables de comercialización y
consumo de los productos vitivinícolas comunitarios. En este sentido, se
han realizado innumerables estudios que demuestran el desconocimiento que
existe por parte de la mayor parte de los consumidores del vino y de
otros productos derivados de la uva, incluso en los países productores.
El sector vitivinícola español está firmemente convencido de que la
fórmula idónea, que es equilibrar la oferta y la demanda, pasa por
ampliar la base de consumo de todos los productos y no por la reducción
drástica de la producción, como se ha pensado en otros momentos, ya que
en campañas de cosecha escasa estas deficiencias van a ser suplidas por
vinos o mostos procedentes de terceros países, como lamentablemente hemos
tenido ocasión de comprobar en España hace pocas campañas.
Para conseguir los objetivos planteados y para alcanzar el equilibro
deseable entre la oferta y la demanda es imprescindible que el sector
vitivinícola disponga, como ya hemos dicho, del presupuesto suficiente.
Por tanto estamos de acuerdo con la Mesa del vino y de la viña en el
empleo más eficaz y eficiente de estos recursos financieros, con una
mayor repercusión positiva de la competitividad del viñedo europeo sobre
la base, repito, de la calidad y de la diferenciación.
Señorías, la semana pasada también coincidíamos en la necesidad de que el
brandy no sea el gran sacrificado en esta reforma de la OCM del vino. Por
eso en cuanto al brandy y los vinos de licor es necesario que se asegure,
tal y como proponemos en nuestra moción, un volumen mínimo de vino para
destilación, que se establezca un sistema de precios equiparables al
resto de alcoholes agrícolas y que se cree un estado de regulación.
Por último, señorías, el consenso alcanzado la semana pasada en el debate
nos animó a introducir un segundo
elemento en la moción que hoy nos proponemos votar y, en este sentido,
queremos que se entienda bien el texto literal de nuestra propuesta, que
dice que se supedite la tramitación de la ley del vino y de la viña a la
existencia de un consenso para no debilitar la postura española en la
discusión de la OCM del vino. Lo proponemos porque no nos podemos
engañar, no podemos mirar para otro lado, y hay que reconocer que
tramitar en la actualidad la ley, tal cual salía de los estudios de la
subcomisión que se creó en este Parlamento, podría suponer un elemento de
choque, un elemento de confrontación, fundamentalmente en lo referente a
la denominación de origen y a sus consejos reguladores.
Sus señorías conocerán el texto aprobado en la asamblea general de la
conferencia española de consejos reguladores, en donde se apostaba
radicalmente por que estos consejos tuvieran personalidad jurídica propia
y que esta apreciación debería estar figurar en el Derecho público y
estar dentro del ámbito de lo público. Esto choca frontalmente con otras
posturas y creemos que en estos momentos plantear la ley, como ya se dijo
aquí la semana pasada, podría suponer un elemento más de división que de
unidad.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Centella, vaya terminando.
El señor CENTELLA GOMEZ: Voy terminando, señor presidente.
Planteamos esta segunda parte de la moción con la idea de que hoy el
sector quedara convencido de que no se va a romper la unidad con la
tramitación de esta ley. Termino diciendo que nos interesaba admitir
algunas de las enmiendas presentadas, sobre todo en el primer apartado,
porque entendemos que pueden coincidir e incluso ampliar nuestra moción,
pero la realidad es que el trámite de votación, al tener que votarlas por
separado, nos impide admitir ninguna enmienda. Por tanto, no vamos a
admitir enmienda alguna y entiéndase que no es tanto porque no estemos de
acuerdo con las mismas sino porque, repito, de admitir una sola enmienda
nos veríamos obligados a votar las dos partes en conjunto cuando
preferimos que se voten por separado, para intentar alcanzar un consenso
en lo que sea posible.
En definitiva, nosotros esperamos alcanzar hoy un acuerdo que permita al
sector y a los miles de familias que viven del vino y de la viña sentirse
respaldados por esta Cámara. Ese era el compromiso que adquirimos la
semana pasada y creemos, con toda sinceridad, que lo hemos cumplido con
nuestra moción, porque, tal y como señala la Confederación de
Cooperativas en el documento que todos los grupos tienen, está planteada
en unos términos idóneos para iniciar el debate, para ser un punto
unitario de partida que respalde la postura del Gobierno español. Si esto
no se consigue, no habrá sido responsabilidad de Izquierda Unida.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Centella.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista, tiene la palabra el
señor Chivite.
El señor CHIVITE CORNAGO: Gracias, señor presidente.
Señorías, la verdad es que hoy se producen unas coincidencias curiosas.
Hemos aprobado al comienzo de la sesión los estatutos de Castilla y León
y de La Rioja, regiones especialmente vitivinícolas, y terminamos
hablando de vino.
En cualquier caso, en mi intervención con motivo de la interpelación, en
nombre del Grupo Parlamentario Socialista, ya expresé la semana anterior
nuestra opinión respecto a la oportunidad de la iniciativa en unos
momentos claves para este sector, por la inminente propuesta a la
Comisión del documento de reforma de la OCM. Enuncié también nuestras
preocupaciones y formulé las preguntas concretas al respecto. También
anuncié que quedábamos a la espera de la moción para completar y
concretar nuestra posición.
La oportunidad que tenía el Gobierno para aclarar en esta Cámara su
posición no fue aprovechada ni para informar sobre los criterios que se
habían mantenido ni sobre los que se van a mantener en Bruselas para
defender adecuadamente los intereses del sector. Una gran parte de la
intervención de la ministra la dedicó a inundarnos de datos y cifras que
se encuentran en cualquier manual de estadística agraria y otra parte a
criticar a algunas comunidades, a las que acusó de aplicar una inadecuada
política vitivinícola. En cuanto a la OCM, pasó de largo sobre ella.
A nuestro juicio, esa no es la mejor manera para iniciar un proceso de
diálogo con los partidos políticos, con las comunidades autónomas y con
el sector, para conseguir el consenso deseable en una cuestión de vital
importancia social y económica que creo que todos compartimos. Por ello,
si oportuna considerábamos la interpelación, más oportuna consideramos la
moción que hoy se debate en esta Cámara. Compartimos plenamente los
objetivos generales formulados en la moción, pero consideramos que su
texto es generalista, carece de concreción al plantear las propuestas y
está incompleto, ya que no contempla alguno de los aspectos fundamentales
para una buena reforma de la OCM.
Por ello, nuestro grupo, con el único objetivo de contribuir en positivo
y completar la moción, ha presentado cuatro enmiendas al texto original.
La primera de ellas propone que se defienda ante la Unión Europea una OCM
del vino con visión de futuro, que posibilite al sector vitivinícola
español la adaptación de sus estructuras productivas, elaboradoras y
comerciales,
al escenario de liberalización y mundialización de los mercados. Hemos
propuesto veinticinco medidas concretas que, a nuestro juicio, se deben
incluir en la nueva OCM, de las que, por no extenderme en su lectura,
destacaré por su importancia cinco: no a la chaptalización, suficiencia
de la ficha financiera y no a la cofinanciación, ayudas a la renta para
viñedos de bajo rendimiento e interés agroambiental, mayor concreción y
cuantificación en los sistemas de destilación e incremento de las
prestaciones vínicas para asegurar, entre otros, el sector del brandy de
Jerez.
La segunda de las enmiendas quiere que se supedite la tramitación
parlamentaria de la ley de la viña y el vino a la aprobación de la OCM
del sector vitivinícola. Abordar ahora la reforma de la Ley 25/1970
sería, a nuestro juicio, un grave error. No es una cuestión de ser más o
menos osado o tener más o menos agallas, como decía el señor Isasi en el
debate, no es cuestión de que el año 1998 sea conocido como el año del
nuevo estatuto de la viña y el vino. Es cuestión de ser más inteligentes,
más oportunos, para dotar al sector de una normativa nacional coherente y
armónica con la normativa europea.
La tercera de las enmiendas se dirige a conseguir, a través del diálogo
con los partidos políticos, comunidades autónomas y organizaciones de
productores, elaboradores y comercializadores, el consenso político y
social necesario para lograr una legislación nacional adecuada que
permita mantener en la Unión Europea una posición cohesionada y unánime.
Para ello se exige al Gobierno información puntual, completa y concreta
de las actuaciones, así como participación de los partidos políticos, de
las comunidades autónomas y del sector.
Con esta enmienda, señorías, tratamos de mandatar al Gobierno para que
haga efectivo su anuncio permanente de diálogo y participación, pero no
de la forma habitual, parcial y sectariamente, sino general y abierto.
La nueva forma de legislar que el señor Isasi tan bien apuntaba y de la
que tan orgulloso se sentía no consiste sólo en hablar con los amigos,
aceptar sus propuestas y legislar bajo sus dictados; no consiste en pedir
la opinión a los sectores, sino en tener en cuenta la misma; no consiste,
por fin, en reaccionar deslegitimando a los consejos reguladores cuando
sus opiniones no coinciden con las del Partido Popular o con las del
Gobierno. El vino y su OCM es la nueva reválida que el Gobierno de España
en general y su ministra de Agricultura en particular tiene que superar
en Europa. Esperamos de verdad que esta vez apruebe el examen y deseamos
que, a ser posible, sea con notable alto.
A los socialistas nos sigue preocupando el sector vitivinícola, nos
preocupa cómo van a quedar los diferentes factores que inciden en su
desarrollo y viabilidad futuros. Nos gustaría que la ministra, en su
negociación en Bruselas, se preocupe de conectar bien con los posibles
aliados, con los que cuenta para sacar adelante una propuesta favorable a
los intereses españoles. Esperamos de verdad que esta vez el Gobierno sea
diligente, eficaz y eficiente y, cumpliendo los mandatos parlamentarios,
negocie con habilidad en Bruselas, pero no de forma aislada, sino con los
socios adecuados, que sirvan de apoyo en la defensa del sector
vitivinícola.
Desde la coherencia de una posición constructiva, queremos ayudar al
Gobierno, pero si el Gobierno nos deja; queremos ayudar a la ministra, si
la ministra nos deja; queremos recuperar el espíritu del 94 respecto a la
reforma del vino y, al igual que el Grupo Popular hiciera con nosotros,
le solicitamos no más ni menos, simplemente lo mismo. Queremos lo mismo
que el Grupo Popular exigía a los socialistas en épocas precedentes y no
muy lejanas, siempre con carácter imperativo y, a veces, con excesiva
violencia verbal. Y simplemente se resume en dos puntos: que se informe a
los grupos parlamentarios, representantes legítimos del pueblo español,
de las intenciones de su Ministerio respecto a la OCM del vino. Y que
defienda adecuadamente en la Unión Europea los intereses del sector
vitivinícola español. Los socialistas, señorías, ya cumplimos; paramos
una reforma mala para el sector. Ahora les toca a ustedes cumplir con sus
obligaciones y conseguir una reforma favorable.
Nuestro grupo apoya básicamente el contenido de la moción, pero
entendemos que queda muy poco clara y que es manifiestamente mejorable. A
estas alturas de la cuestión, con un documento de propuesta prácticamente
finalizado --lo conocemos por filtraciones y no precisamente por
informaciones del Ministerio-, no sirven las generalidades, sino que es
necesario plantear cuestiones concretas y fijar posición respecto a cada
una de ellas. Por eso, el Grupo Parlamentario Socialista ha traído hoy
estas enmiendas.
Hemos intentado de verdad llegar a un acuerdo para presentar ante esta
Cámara un texto de consenso, que, partiendo de la moción de Izquierda
Unida, integrase las propuestas recogidas en las enmiendas presentadas
tanto por el Grupo Socialista como por el Grupo Popular. Lamentablemente
no ha sido posible. Estamos, señorías, ante una reforma de inminente
discusión en Europa. Empieza el debate y su resolución va a tener una
incidencia de presente y sobre todo de futuro en un sector de la
relevancia e importancia económica, social, cultural y agroambiental,
como es en nuestro país el sector vitivinícola.
Queremos conseguir una OCM del vino que nos permita mantener una posición
de dominio, impulsando nuestro liderazgo reconocido. Nuestra voluntad es
lograr el consenso. Con ese espíritu hemos tratado de aportar en positivo
nuestras consideraciones a través de las enmiendas. La no aceptación de
un texto negociado nos hace anunciar la abstención de mi grupo a la
moción debatida.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Chivite.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Popular, tiene la palabra el
señor Isasi.
El señor ISASI GOMEZ: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, señorías, permítanme agradecer a mi compañero José
Madero la sustitución que tan brillantemente hizo con motivo del debate
de la interpelación de la que es objeto la presente moción y que en estos
momentos debatimos, pues, por diferentes motivos personales, no pude
estar en ese Pleno.
Señor presidente, en segundo lugar, quiero agradecer también a Izquierda
Unida la iniciativa que ha tenido con la interpelación y la presente
moción sobre la nueva propuesta de reforma de OCM del vino. Y, en tercer
lugar, es de justicia manifestar mi reconocimiento y el de mi grupo por
la posición del Gobierno expuesta en este Pleno el pasado 27 de mayo con
motivo del debate de la interpelación por la ministra de Agricultura,
agradeciendo a la señora ministra el hecho inédito hasta ahora de haber
enviado a la Comisión un memorándum o documento expresando la posición
española respecto de la reforma de la OCM del vino.
Señorías, quien dé por sentado lo contrario estará faltando a la verdad y
además incurriendo en un acto de cinismo político de todo punto
inadmisible. (La señora Leiva Díez: ¡Cínico! ¡Cínico!--Rumores.)
Tranquilos, tranquilos. Señores diputados, sin estar este diputado
presente pueden decir lo que quieran, porque de todas formas los
ciudadanos son lo suficientemente inteligentes y tienen la suficiente
memoria para no tomarles en serio cuando hacen ciertas afirmaciones, pero
en mi presencia no pueden hacer alardes de cinismo sin que les ponga en
evidencia con sus propias contradicciones, pues me imagino que no serán
capaces de pedir a este Gobierno lo que ustedes no fueron capaces de
hacer. (Rumores.) Tranquilos, no se pongan nerviosos.
Hubo una vez un ministro de Agricultura, conocido como el condecorador de
consejeros de su mismo ramo en plena campaña electoral, que oficialmente
dijo por escrito lo siguiente... (Rumores.) ¡Tranquilos! Dijo que las
alegaciones efectuadas por España a la propuesta de la Comisión Europea
sobre la reforma de la OCM vitivinícola se concretan en las diferentes
intervenciones del ministro de Agricultura en los consejos de ministros
de forma oral. Ese fue todo el memorándum, toda la posición española en
la pasada legislatura del ministro de Agricultura y del Gobierno. (La
señora Leiva Díez: ¡Mentiroso!) Eso figura en contestación escrita del
ministro de Agricultura anterior a este diputado. ¡Vaya perla!
Con respecto a la chaptalización, no me hagan recordarles, señorías, la
postura de otro ministro de Agricultura conocido por el breve, ya que
tuvo que salir casi por piernas a los pocos meses de haber tomado
posesión por problemas personales con la Hacienda pública. O si quieren
les recuerdo la dejación de la defensa de los intereses de los españoles
y del sector vitivinícola entre otros durante la Presidencia española de
la Unión Europea, el segundo semestre de 1995, ello a pesar de las
promesas realizadas por escrito en el documento de prioridades que
presentaron a esta Cámara en junio de 1995, donde figuraba que iban a
sacar adelante desde esa Presidencia la reforma de la organización común
de mercado del vino de acuerdo con los intereses españoles.
En cuanto a la moción que nos presenta el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, la verdad es que hay que hacer un gran esfuerzo para
entenderla. Además de mezclar la reforma de la OCM con nuestro estatuto
de la vid, se nota, señorías, que no asistieron ni participaron en la
subcomisión del vino creada al efecto y ahora quieren reabrir un nuevo
debate, después de que se cerró en el debate último, donde se discutió el
documento de la citada subcomisión.
Por otra parte, señorías de Izquierda Unida, ustedes resaltan la
importancia del sector cuantificando la producción vitivinícola española
en 200.000 millones de pesetas, cuando esta cifra solamente corresponde a
las exportaciones de productos vitivinícolas españoles, que, como pueden
apreciar, han crecido los últimos dos años de forma espectacular.
Señorías, el valor de la producción vitivinícola española se sitúa entre
el medio billón y los 600.000 millones de pesetas.
Señor presidente, dado lo farragoso de la redacción de la moción, el
Grupo Popular ha querido aprovechar esta ocasión para renovar su posición
y al mismo tiempo invitar a la Cámara a compartirla y a ofrecer el más
amplio consenso a la ministra de Agricultura para la defensa del sector
vitivinícola respecto de la futura propuesta de reforma de la OCM del
vino, con las cautelas imprescindibles motivadas por el momento en que
estamos debatiendo este tema, ya que no tenemos documento de reflexión,
ni borrador, ni propuesta concreta con los que podamos discrepar o dar
nuestra hipotética conformidad.
Con estas premisas, mi grupo parlamentario presenta una enmienda a la
totalidad con texto alternativo basada en los siguientes principios. El
primero de ellos es que creemos importante resaltar y dejar claro por
nuestra parte, ante el resto de los países miembros, que somos el primer
país del mundo, no solamente de Europa. España es el primer país del
mundo en superficie vitícola y, sin embargo, es el país de más bajo
rendimiento de uva por hectárea del mundo también. Además, España, por
nuestra situación geográfica mediterránea, características de nuestras
tierras, clima, etcétera, produce uno de los mejores vinos del mundo.
Creemos que nuestro sector tiene unas características, aparte de las
económicas, eminentemente sociales y medioambientales de fijación de la
población
en el medio rural y, por lo tanto, de creación de empleo.
Creemos que es imprescindible el mantenimiento de nuestro potencial de
producción. No podemos consentir por más tiempo que en nuestro país se
hayan perdido --como ha ocurrido durante los últimos 10 ó 15 años-- más
de 350.000 hectáreas de superficie de viñedo. Algunos presidentes
autonómicos de las regiones más importantes de España, incluso de Europa
en cuanto a superficie, deberían dar cuenta también a sus ciudadanos de
cómo les han privado del potencial económico y social que representa la
pérdida de esas 350.000 hectáreas de viñedo.
En tercer lugar, nos parece que la nueva OCM debe contemplar la
subsidiariedad de los Estados miembros de cara a las nuevas superficies
que producen vinos de calidad. Igualmente, señorías, creemos que, para
que no se pierda ese potencial de superficie vitícola que tiene nuestro
país, se debe crear una reserva nacional de derechos de replantación,
que, finalmente, el Ministerio redistribuiría entre las diferentes
comunidades autónomas.
Señorías, desde un país mediterráneo, desde España como primer país del
mundo en cuanto a superficie, que produce uno de los mejores vinos del
mundo, debemos rechazar la práctica de la chaptalización, la fabricación
de vino con uva y remolacha. En ese sentido, proponemos también una serie
de medidas estructurales, entre ellas, que se garantice el
aprovisionamiento de alcoholes vínicos para la producción de brandy y
licores. Al mismo tiempo, pensamos que uno de los ejes fundamentales en
la nueva reforma debe ser un capítulo importante dedicado a la
información y promoción del consumo inteligente y moderado del vino.
En cuanto a la dotación presupuestaria, debe ser lo suficientemente
importante como para poder cumplir todos estos principios que acabo de
enunciar.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Isasi, vaya concluyendo.
El señor ISASI GOMEZ: Sí, señor presidente. Termino en seguida.
Por otra parte, señorías, entendemos que la nueva OCM debe contemplar
también un capítulo concreto para la financiación, la promoción de la
viticultura tradicional europea y mediterránea, sus características y
peculiaridades gastronómicas, y la posibilidad de constituir fondos
operativos compartidos.
Señorías, porque creemos que esta propuesta es mucho más concisa,
concreta y realista, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, invito a
Izquierda Unida a que acepte nuestra enmienda y así la Cámara tenga
oportunidad de votarla.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Isasi.
¿Grupos parlamentarios que no hayan intervenido en el debate y que
quieran participar? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente.
Señoras y señores diputados, intervengo para fijar la posición del BNG
acerca de la cuestión que hoy estamos debatiendo, porque estamos ante una
reforma a la que hay que prestar mucha atención para que la resolución
que finalmente se adopte en el seno de la Unión Europea no sólo no
resulte perjudicial para nuestros intereses, sino que suponga la adopción
de una serie de medidas que permitan hacer rentable este cultivo para los
productores y permitan además el adecuado desarrollo de la industria que
gira alrededor de la transformación de este producto. Estamos --yo creo
que eso lo compartimos todos-- ante la necesidad de defender una
producción de la que viven comarcas enteras y para cuya desaparición no
existen alternativas. Esperamos que el Gobierno dedique los mejores
esfuerzos a conseguir que de los fueros donde la reforma se está gestando
salgan acuerdos que favorezcan nuestros intereses, para lo cual tendrá
nuestro apoyo.
Como siempre, el Bloque Nacionalista Galego va a estar atento a las
propuestas que se hagan sobre el tema, porque la propuesta de reforma que
en 1994 presentó la Comisión Europea sobre la OCM del sector vitivinícola
era absolutamente impresentable y, aunque las referencias existentes a
las propuestas de reformas parecen haber cambiado algo sus líneas,
experiencias en otros sectores y los antecedentes citados hacen que haya
que estar especialmente vigilantes, y nosotros así lo haremos. Por tanto,
el Gobierno español debe prestar atención a las propuestas y sugerencias
que parten del propio sector, de las comarcas afectadas, de las
comunidades autónomas, etcétera.
Compartiendo básicamente el espíritu que anima la moción del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, no quisiéramos sin embargo dejar de
subrayar que la reforma debe tender en todo momento al mantenimiento del
potencial productivo de aquellas zonas con vocación vitivinícola, con
apoyo decidido a la reestructuración, que no a la reconversión de las
explotaciones, así como a su modernización en el camino de la calidad y
adaptación al mercado, a la limitación de los excedentes actuando sobre
los rendimientos y mediante la prohibición de la chaptalización.
También consideramos imprescindible que la financiación de las medidas
que la nueva OCM contemple proceda exclusivamente de los fondos europeos,
rechazando toda posibilidad de cofinanciación que agravaría la
discriminación y el desequilibrio preexistente. Es evidente que los 800
mecus que la ficha financiera de la Agenda 2000 contempla para el sector
parece indicar que los tiros no van por ahí. Además, la nueva
OCM debe tener una especial sensibilidad por la viticultura de montaña o
de fuertes pendientes, que tiene una importancia superficial relativa,
pero que es trascendental desde el punto de vista social y necesario para
el desarrollo endógeno de zonas altamente deprimidas. Toda vez que el
impacto sobre la generación de excedentes que estas zonas producen es
insignificante, consideramos que deberían quedar excluidas del principio
general de prohibición de nuevas plantaciones.
Por último, coincidimos en supeditar la tramitación de la ley del vino y
de la viña al consenso del sector, posponiendo la redacción definitiva de
la OCM del vino, para evitar posibles restricciones internas que puedan
situarnos en inferioridad respecto a otros Estados, y evitando, en
definitiva, ser más papistas que el Papa, pues no sería ya la primera
vez.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vázquez.
Tiene la palabra el señor Mardones, por el Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Intervendré con gran brevedad por la hora y por lo magro que es el
contenido de esta moción.
Al portavoz del grupo proponente quiero decirle que el oportunismo
político estará siempre legitimado, pero para que tenga viabilidad
necesita una solidez de conceptos y de planteamientos, y más cuando se
trata de una materia como ésta en que se dice que se deje en suspenso la
nueva ley del vino y de la viña, precisamente en este acuerdo que hemos
tenido con la subcomisión, para que haya consenso en el sector. Como
usted dice que no va a aceptar ninguna de las enmiendas, menudo ejemplo
edificante para que el sector tenga consenso, si no lo hay aquí mismo por
una cerrazón a propuestas de enmiendas que, a juicio de este portavoz,
tanto las del Grupo Socialista como las del Grupo Popular, tienen una
tremenda carga de realidad y de sentido común. Si usted se niega a
aceptar enmiendas que pueden llevar al consenso parlamentario, ¿cómo nos
pide en el último punto que haya consenso en el sector para no debilitar
la postura española en la discusión de la OCM del vino? Ojalá los
enemigos europeos de la OCM del vino español no lean lo que usted ha
dicho en este debate de hoy y la propuesta que han traído.
El señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha dicho bien
claramente dos ideas en las que participa mi grupo. Una moción
generalista, más bien de un voluntarismo en su artículo 1, de vaguedades,
carencia e indeterminación. Una política parlamentaria para conseguir un
estatuto de la viña y del viñedo, una ley al respecto, una OCM del vino
necesita un fundamento que al menos políticamente tenga la ejemplaridad
del consenso, aceptándose enmiendas de los grupos que las han traído con
un gran sentido de la responsabilidad. Casi diría que solamente con la
justificación de su iniciativa, si fuera posible el consenso, ensamblando
las propuestas que han hecho el Grupo Socialista y el Grupo Parlamentario
Popular obtendríamos una buena moción, al menos presentable en los foros
europeos.
Es más, cuando creamos la subcomisión para hacer las propuestas de
modernización para todo el sector vitivinícola español del vino y del
viñedo, mi grupo se sintió reconocido en la peculiaridad canaria con un
artículo que se aceptó con el consenso de toda la Cámara,
fundamentalmente por los grupos parlamentarios mayoritarios, porque vamos
en un régimen distinto. Cuando vemos este texto ahora, no nos sentimos ni
reconocidos, ni siquiera para enganchar en una percha una posibilidad de
aquellas reclamaciones que se hacen desde el sector vitivinícola y del
viñedo en Canarias.
Por tanto, señoría, si usted cierra esta posibilidad de consenso, no cabe
más respuesta que decirle que vamos a votar que no a esta moción.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mardones.
Finalmente, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIU: Señor presidente, señoras y señores
diputados, el Estado español es el tercer país del mundo en producción de
vino y el primero en superficie de viñedo. En algunas zonas la viña es el
monocultivo desde tiempos inmemoriales, siendo este producto uno de los
más emblemáticos de la cultura mediterránea. Por tanto, no sería bueno
que, cuando se intenta modificar una política sectorial tan importante
como es esa, no se tengan en cuenta los intereses de uno de los
principales países productores.
Todos estamos de acuerdo en que el sector tendrá que hacer un gran
esfuerzo para adecuarse a los nuevos retos que nos reserva el futuro, que
tendrá que adaptar sus producciones y sus cualidades a las nuevas
demandas de los mercados, que tendrá que realizar un esfuerzo para
mejorar la calidad del producto y para ser competitivo. Además, todos
tenemos que ser conscientes de que esos cambios no van a ser fáciles y
que difícilmente podremos pedir a nuestros agricultores que sean capaces
de producir con éxito en el marco de la desregularización feroz que
propone la Unión Europea, adelantándose incluso en muchos casos a las
propuestas de la Organización Mundial del Comercio, pero no voy a
profundizar en este tema ahora.
Tenemos que ser realistas y a nuestro entender no va a ser fácil llegar a
un consenso. Hay que tener en cuenta que existen otros países, como
Francia, Italia y Alemania,
que intentarán imponer su modelo y, por otro lado, existen otros, como
Australia, Chile Argentina y los Estados Unidos, que están intentando
copar los grandes mercados mundiales. Por tanto, debemos disponer de una
estrategia en defensa de nuestro sector que evite, como en otras
ocasiones, que nos quedemos solos en el momento de la negociación.
¿En qué situación nos encontramos ahora? Se está trabajando en un
borrador para la modificación de la OCM del vino y en este momento existe
aún poca información, pero si estamos a favor de la viña en general, de
la potenciación de los buenos caldos, si queremos que esa política sea
coincidente con las medidas de carácter medioambiental de mantenimiento
del suelo, de lucha contra la desertización, con medidas de carácter
social como la protección del empleo, a favor de un modelo de desarrollo
territorial equilibrado, estoy seguro de que encontraremos una fórmula en
la que coincidiremos todos.
Si lo que se pretende es que en la propuesta unos salgan beneficiados,
aunque sus mostos no sean capaces de fermentar por sí solos, y que las
propuestas pasen por posicionamientos que tienden a separar las rentas de
las zonas productoras o que la diferencia entre las OCM modificadas
lleven en su caso a la renacionalización de las ayudas, ya sea con
aportaciones individuales o del Estado, será difícil que todos lleguemos
a un acuerdo.
No sería en este momento justo si no reconociera el acierto de frenar la
OCM del vino porque, de haberse llevado a cabo, la situación actual sería
muy diferente a la que tenemos. Por tanto, hay que reconocer el esfuerzo
que se hizo en aquel momento.
Aunque haya trascendido poca cosa sobre el borrador, ya comienza a correr
una versión anglosajona, y de modo global ya no se habla de arranque
obligatorio, y eso sin duda es una gran noticia.
Por lo tanto, señor presidente, señoras y señores diputados, sería bueno
que el Congreso conociese de primera mano la propuesta, el memorándum que
el Ministerio ha elaborado de cara a la negociación de la OCM del vino, y
sería bueno que dispusiésemos en este momento de toda esa documentación.
De todas formas, le adelanto algunos temas que son de gran importancia y
que se tendrían que tener en cuenta en el momento de la negociación.
Estamos claramente en contra de la chaptalización; en todo caso, en zonas
absolutamente definidas y de forma excepcional se podría aceptar esa
técnica siempre que el enriquecimiento de los mostos se produjese con la
adición de mosto concentrado y rectificado. Tendría que quedar
absolutamente regulado el uso del término vino, en su expresión general,
para aquellos productos que para lograr la fermentación no han usado
aditivos exógenos. Hay que asegurar que la ficha financiera sea
suficiente y en ningún caso podemos apostar por la renacionalización de
las ayudas, ya sea con cofinanciación individual o estatal, ya que sería
un trato absolutamente discriminatorio frente a otras OCM, y sobre todo
tendría efectos negativos para los países que tienen menos recursos.
Resumiendo, continuaremos insistiendo en que no es bueno para los
intereses globales del sector agrario la estrategia que está realizando
la Unión Europea, negociando sector por sector; sería mucho mejor que la
negociación y la aprobación de las nuevas OCM se realizarán a la vez, lo
que como mínimo facilitaría la unificación de criterios en los
tratamientos de las diferentes producciones y evitaría los tratamientos
discriminatorios. Sería bueno que el Congreso conociese las propuestas
del memorando del propio Ministerio y sobre todo sería bueno que se
aprobase una OCM que fuese beneficiosa para el propio sector.
¿Cuál es el posicionamiento de nuestro grupo?
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Companys, vaya terminando,
por favor.
El señor COMPANYS SANFELIU: Termino enseguida, señor presidente.
Es una pena que en un tema tan importante como éste no haya habido
suficiente voluntad política para llegar a una propuesta unitaria cuando
la diferencia de posicionamiento de los diferentes grupos es mínima, a
nuestro entender.
El Partido Socialista ha presentado un documento con 25 puntos, que más
que unas recomendaciones para negociar, da la impresión de que es el
pacto prácticamente cerrado. Todos estos puntos son interesantes, pero
darían poco margen al Ministerio para que pudiese negociar.
El Partido Popular ha presentado un buen documento, en el que habría que
modificar los apartados 1 y 2, porque parece que antes de iniciar la
negociación ya están de acuerdo con la cofinanciación de las ayudas
comunitarias. Además, esa propuesta iría en contra del acuerdo jumbo de
1993 y representaría un trato discriminatorio frente a otros sectores
modificados.
Con la propuesta de Izquierda Unida, en su generalidad, podríamos estar
de acuerdo, pero, a nuestro entender, habría que mejorar su redacción.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Companys, termine, por
favor.
El señor COMPANYS SANFELIU: Termino, señor presidente.
El apoyo a la investigación y a la armonización fiscal del vino y de sus
industrias no puede ser regulado en una OCM. Tampoco estamos de acuerdo
con el apartado 2, que dice textualmente que se supedite la tramitación
de la ley del vino y de la viña a la existencia de un consenso en el
sector. Entiendo que ese posicionamiento es una renuncia a la
responsabilidad que tenemos como diputados. En todo caso, si no hay
consenso
es porque no somos capaces entre todos de encontrar puntos de
coincidencia, como hoy con seguridad va a pasar.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Companys. (El
señor Centella Gómez pide la palabra.)
Señor Centella, S. S. ha indicado ya al principio de su intervención que
no iba a aceptar ninguna enmienda. Solamente tiene la palabra para
ratificarlo, no para entrar en debate con nadie.
El señor CENTELLA GOMEZ: Solamente para informarle al señor Mardones que
habíamos propuesto...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): No, señor Centella.
El señor CENTELLA GOMEZ: Solamente quiero decir que habíamos ofrecido
retirar nuestro texto si se alcanzaba un acuerdo entre el PSOE y el
Partido Popular para llegar a una moción conjunta. Al no ser posible,
hemos mantenido nuestro texto. Por tanto, al señor Mardones le ha sobrado
su intervención por no estar informado.
Dicho esto, quiero repetir que no hemos admitido ninguna enmienda, puesto
que después de una negociación no ha sido posible alcanzar un texto
unitario, y no precisamente por Convergència i Unió o por Izquierda
Unida, sino por el Partido Popular y el PSOE.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Centella.
Vamos a pasar a la votación. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señor Centella, entendió la Presidencia que no
aceptaba ninguna enmienda y que quería someter a votación separada los
puntos 1 y 2. ¿Es ese su deseo? (Asentimiento.) Gracias.
Votación de la moción del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida,
sobre situación del sector vitivinícola español y su futuro ante la
próxima reforma de la organización común del mercado del vino.
Votamos, en primer lugar, el punto 1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 254; a
favor, 16; en contra, 140; abstenciones, 98.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el punto 1.
Se somete a votación el punto 2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 249; a
favor, 15; en contra, 138; abstenciones, 96.
El señor PRESIDENTE: Queda también rechazado el punto 2 de la moción,
concluyendo así el punto tercero del orden del día.
Se suspende la sesión que continuará mañana miércoles, a las 16 horas.
Eran las once y quince minutos de la noche.