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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 165, de 28/05/1998
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1998 VI Legislatura Núm. 165
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 160
celebrada el jueves, 28 de mayo de 1998
ORDEN DEL DÍA:
Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes:
- Real Decreto-Ley 3/1998, de 8 de mayo, por el que se establecen las
retribuciones de los Magistrados del Tribunal Supremo en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 404.bis de la Ley Orgánica 6/1985, de
1 de julio, del Poder Judicial, añadido por la Ley Orgánica 5/1997,
de 4 de diciembre, y se aprueba el correspondiente suplemento de
crédito por importe total de 609.680.793 pesetas para su financiación
(número de expediente 130/000045) («BOE» núm. 111, de 9 de mayo de
1998) (Corrección de error «BOE» núm. 116, de 15 de mayo de 1998)
... (Página 8770)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley de Reforma de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del
Mercado de Valores. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie A, número 29-1, de 12 de febrero de
1997 (número de expediente 121/000027) ... (Página 8770)
- Proyecto de Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas
Armadas. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 86-1, de
10 de octubre de 1997 (número de expediente 121/000083) ... (Página 8792)
Dictamen de la Comisión Mixta no Permanente para establecer la
fórmula y plazos para alcanzar la plena profesionalización de las
Fuerzas Armadas, lo que conllevará la no exigencia de la prestación
del Servicio Militar Obligatorio:
- Dictamen de la Comisión Mixta no Permanente para establecer la
fórmula y plazos para alcanzar la plena profesionalización de las
Fuerzas Armadas, lo que conllevará la no exigencia de la prestación
del Servicio Militar Obligatorio. «BOCG. Sección Cortes Generales»,
serie A, número 209, de 21 de mayo de 1998 (número de expediente 154/
000010) ... (Página 8792)
Solicitudes de creación de Comisiones de Investigación:
- Solicitud de creación de una Comisión de Investigación sobre la
catástrofe que ha provocado una situación de emergencia ecológica en
el Parque Nacional de Doñana, formulada por los Grupos Parlamentarios
Federal de Iquierda Unida y Mixto (número de expediente 156/000009)
... (Página 8807)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página 8770)
Real Decreto-Ley 3/1998, de 8 de mayo, por el que se establecen las
retribuciones de los magistrados del Tribunal Supremo en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 404 bis de la Ley Orgánica 6/1985, de
1 de julio, del Poder Judicial, añadido por la Ley Orgánica 5/1997,
de 4 de diciembre, y se aprueba el correspondiente suplemento de
crédito por importe total de 609.680.793 pesetas para su
financiación ... (Página 8770)
El señor presidente, oída la Junta de Portavoces y conforme al
artículo 68.1 del Reglamento, somete a la consideración del Pleno la
exclusión del orden del día del Real Decreto-Ley contenido en este
punto, lo que se aprueba por asentimiento.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página 8770)
Proyecto de ley de reforma de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del
Mercado de Valores ... (Página 8770)
En defensa de las enmiendas mantenidas en este trámite, intervienen
los señores Zabalía Lezamiz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV);
Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida;
Martínez Sanjuán, del Grupo Socialista del Congreso, y Homs i Ferret,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Gómez
Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Fernández
de Trocóniz Marcos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En un segundo turno y para fijar su posición en relación con las
enmiendas transaccionales presentadas, intervienen los señores
Martínez Sanjuán, del Grupo Socialista del Congreso, y Homs i Ferret,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Proyecto de ley orgánica de régimen disciplinario de las Fuerzas
Armadas ... (Página 8792)
En defensa de las enmiendas mantenidas a este proyecto de ley
intervienen la señora Rivadulla Gracia,
del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Mardones Sevilla, del
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Campuzano i Canadès, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Meyer Pleite, del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; la señora Calleja de
Pablo, del Grupo Socialista del Congreso, y el señor Cárceles Nieto,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En un segundo turno interviene el señor Campuzano i Canadès, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En primer lugar se someten a votación las enmiendas que se mantienen
vivas al proyecto de ley de reforma de la Ley del Mercado de Valores.
A continuación se someten a votación los artículos y disposiciones
correspondientes al dictamen del proyecto de ley de reforma del
Mercado de Valores.
En segundo lugar se someten a votación las enmiendas que se mantienen
vivas al proyecto de ley orgánica del régimen disciplinario de las
Fuerzas Armadas.
A continuación se someten a votación los artículos y disposiciones
correspondientes al dictamen del proyecto de ley orgánica de régimen
disciplinario de las Fuerzas Armadas.
Votación de conjunto ... (Página 8792)
Proyecto de ley orgánica de régimen disciplinario de las Fuerzas
Armadas ... (Página 8792)
Sometido a votación de conjunto el proyecto de ley orgánica de
régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, por su carácter de
orgánica, se aprueba por 297 votos a favor, 14 en contra y una
abstención.
Dictamen de la Comisión Mixta no permanente para establecer la
fórmula y plazos para alcanzar la plena profesionalización de las
Fuerzas Armadas, lo que conllevará la no exigencia de la prestación
del servicio militar obligatorio ... (Página 8792)
El señor Muñoz-Alonso y Ledo, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, presenta ante el Pleno de la Cámara el dictamen elaborado
por la Comisión Mixta Congreso-Senado, de la que es presidente,
creada por ambas Cámaras en junio de 1996, con el objetivo de
establecer la fórmula y plazos para alcanzar
la plena profesionalización de las Fuerzas Armadas, lo que
conllevará la no exigencia del servicio militar obligatorio. Pasa a
explicar los trabajos llevados a cabo por la Comisión desde el
momento de su creación hasta la elaboración del dictamen que presenta
a la Cámara y del que hace una breve descripción de sus líneas
maestras. A continuación destaca el consenso alcanzado entre todos
los grupos y la convicción de estar contribuyendo a un cambio
histórico de importantes consecuencias sociales, políticas,
económicas, laborales y de todo tipo. Asimismo muestra su
agradecimiento a los ponentes, a los comparecientes, en especial al
Ministerio de Defensa, y a los servicios de la Cámara por la ayuda y
colaboración prestadas.
En defensa de los votos particulares presentados al dictamen de la
Comisión Mixta, intervienen la señora Rivadulla Gracia, del Grupo
Parlamentario Mixto; y los señores Meyer Pleite, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Moya Milanés, del Grupo
Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría
Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores
Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y Fernández de Mesa Díaz del Río, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Se someten a votación los votos particulares, que son rechazados.
A continuación se somete a votación el dictamen de la Comisión Mixta
no permanente para establecer la fórmula y plazos para alcanzar la
plena profesionalización de las Fuerzas Armadas, que se aprueba por
167 votos a favor y 140 en contra.
Solicitudes de creación de comisiones de investigación ... (Página 8707)
Solicitud de creación de una comisión de investigación sobre la
catástrofe que ha provocado una situación de emergencia ecológica en
el Parque Nacional de Doñana, formulada por los grupos parlamentarios
Federal de Izquierda Unida y Mixto ... (Página 8707)
Defienden la solicitud de creación de la comisión de investigación el
señor Alcaraz Masats, del GrupoParlamentario Federal de Izquierda
Unida, y la señora
Rivadulla Gracia, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Recoder i
Miralles, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); y
las señoras Narbona Ruiz, del Grupo Socialista del Congreso, y De
Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Se somete a votación la solicitud de creación de una comisión e
investigación sobre la catástrofe que ha provocado una situación de
emergencia ecológica en el Parque Nacional de Doñana, formulada por
los grupos parlamentarios Federal de Izquierda Unida y Mixto, que es
rechazada por 13 votos a favor, 269 en contra y una abstención.
Se levanta la sesión a la una y cincuenta y cinco minutos de la
tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:
- REAL DECRETO-LEY 371998, DE 8 DE MAYO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS
RETRIBUCIONES DE LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPREMO EN CUMPLIMIENTO
DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 404. BIS DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE
1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, AÑADIDO POR LA LEY ORGÁNICA 5/1997,
DE 4 DICIEMBRE, Y SE APRUEBA EL CORRESPONDIENTE SUPLEMENTO DE CRÉDITO
POR IMPORTE TOTAL DE 609.680.793 PESETAS PARA SU FINANCIACIÓN.
(Número de expediente 130/000045)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
En relación con el previsto punto VI del orden del día, convalidación
o derogación de reales decretos-leyes, considerando lo acordado por
la Junta de Portavoces y conforme al artículo 68.1 del Reglamento,
sometemos al Pleno la exclusión del orden del día del decreto-ley
contenido en ese punto, número 3/1998, por el que se establecen las
retribuciones de los magistrados del Tribunal Supremo en cumplimiento
de lo establecido en otras disposiciones. ¿Lo acuerda así el Pleno?
(Asentimiento.) Muchas gracias, señorías. En consecuencia, queda
aprobada la exclusión del orden del día del punto VI.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEY 24/1988, DE 28 DE JULIO, DEL
MERCADO DE VALORES. (Número de expediente 121/000027)
El señor PRESIDENTE: Pasamos, por consiguiente, al punto VII, que
hace referencia a los dictámenes de dos comisiones respecto de dos
proyectos de ley, el primero, de reforma de la Ley del Mercado de
Valores y el segundo de la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de
las Fuerzas Armadas. Como quiera que éste último tiene naturaleza
orgánica, quiero comunicar al Pleno que las votaciones
correspondientes a los dictámenes de las comisiones sobre estos
proyectos no se realizarán antes de las 11 de la mañana, y
pasaríamos, si se concluyera antes de esa hora su debate, al
siguiente punto del orden del día.
En conclusión, y sin más preámbulo, pasamos al debate del dictamen
del proyecto de ley de reforma de la Ley número 24/1988 del Mercado
de Valores.
Mantienen enmiendas los grupos Nacionalista Vasco, Catalán de
Convergència i Unió, Federal de Izquierda Unida y Socialista.
Por el Grupo Nacionalista Vasco, tiene la palabra el señor Zabalía.
Si quiere puede tomar posición desde el escaño, pero si lo desea
puede hacerlo desde la tribuna, como prefiera. El escaño le da un
dinamismo especial al debate a estas horas.
El señor ZABALÍA LEZÁMIZ: Gracias, señor presidente.
Voy a hablar desde la tribuna, pero intentando ser lo más breve
posible, para empezar bien la mañana.
Quiero dejar constancia de la postura de mi grupo parlamentario ante
este proyecto de ley, que creo que es muy importante.
El proyecto de ley de reforma del mercado de valores tiene como
objetivo primordial la trasposición al ordenamiento interno de
determinadas directivas comunitarias, si bien se aprovecha también la
ocasión para introducir algunas reformas no exigidas estrictamente
por dicha normativa comunitaria. Mi grupo parlamentario no tiene nada
que oponer a la incorporación al Derecho interno de la normativa
comunitaria; ahora bien, entendemos que esta incorporación debe de
realizarse respetando la distribución de competencias en el ámbito
interno.
Cuando se produjo la reforma del mercado de valores del año 1988
denunciamos la configuración de un mercado de valores de corte
centralista, situación que mantenía el texto del proyecto de ley que
entró en las Cortes. Quiero recordar a SS. SS. que esta postura no es
exclusiva de nuestro grupo parlamentario y del Gobierno vasco, sino
también del Parlamento vasco, puesto que en el Pleno del 1 de junio
de 1993, en el que se aprueba el informe del desarrollo estatutario,
se señala, con ocasión del mercado de valores, lo siguiente: El
estatuto de autonomía, en su artículo 10.29, atribuye
a la Comunidad Autónoma del País Vasco la competencia de
establecimiento y regulación de bolsas de comercio y demás centros de
contratación de mercancías y valores, conforme a la legislación
mercantil. El ámbito competencial descrito ha quedado, en virtud de
la actual normativa básica estatal vigente en el sectordel mercado de
valores, menguado en su potencialidad. La ponencia se pronuncia a
favor de que, bien a través de la modificación de la normativa básica
estatal o a través de los mecanismos constitucionales previstos al
efecto, se proceda a articular un más pleno desarrollo de las
facultades a que se refieren las previsiones estatutarias descritas.
Asimismo, se pronuncia también a favor de que se proceda al traspaso
de funciones y servicios correspondientes.
Señorías, ¿qué es lo que dice con este acuerdo el Pleno del
Parlamento vasco? Dice que la Ley del Mercado de Valores ha incidido
en la competencia autonómica hasta su práctica desaparición.
Pero no hemos sido sólo nosotros quienes hemos denunciado esta
situación; también lo hizo la Generalitat de Cataluña, entendiendo
que la Ley de 1988 del Mercado de Valores invadía competencias
autonómicas. De ahí que ambas administraciones públicas, la vasca
y la catalana, interpusieran recursos de inconstitucionalidad a esta
Ley de 1988.
La resolución del Tribunal Constitucional, nueve años después de
interponer los recursos, ha coincidido con la tramitación de esta
reforma, lo que ha provocado, además de una paralización del proceso,
la reconsideración de ciertos argumentos, que ha tenido como
consecuencia la aceptación de varias de nuestras enmiendas y la
retirada de otras por nuestra parte, fundamentalmente relacionadas
con las empresas de servicios de inversión.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional sigue insistiendo en algo que
debe de ser matizado. Nos referimos a que el hilo conductor de toda
la normativa estatal, en el área económico-financiera, se asienta en
una serie de postulados radicalmente contrarios, a nuestro juicio, a
la configuración del estatuto. Primero, se ha convertido en regla
general la existencia de actos de ejecución de naturaleza básica,
rompiendo el equilibrio entre autonomía y unidad que establece el
artículo 2 de la Constitución. Segundo, se detecta una gran
desconfianza en el modelo económico-financiero que dimana del bloque
constitucional. Se duda de la aptitud y capacidad de las comunidades
autónomas para cumplir adecuadamente los cometidos económicos que
tienen atribuidos según la Constitución y sus propios estatutos de
autonomía. El Estado, en vez de coordinar, como establece el artículo
149.1.13, de la Constitución, la actuación de las comunidades
autónomas, lo que hace es vaciarlas de contenido. Tercero, se ha
producido una sublimación de la llamada unidad del orden económico,
que ha dado como resultado un incorrecto entendimiento del principio
de la territorialidad
de las facultades y competencias autonómicas. Se ha ido
bastante más allá de lo que el propio constituyente estableció al
operar dicha unidad del orden económico en poderes concretos, tanto
del propio Estado como de las comunidades autónomas. Cuarto, se ha
establecido una nueva constitución económico- financiera, al margen
de lo que se colige del propio bloque constitucional. Quinto, y por
último, consideramos que la normativa europea sobre el área
económico-financiera es un paradigma de lo que a nivel estatal
debiera hacerse para conjugar la unidad y la diversidad.
La normativa europea es un claro ejemplo de que no resulta precisa la
intervención de una unidad de autoridad de supervisión, sino que los
mismos resultados pueden alcanzarse mediante la coordinación de las
autoridades competentes en cada lugar. El método comunitario consiste
en que el control sea realizado por el Estado miembro en el que tenga
su sede la entidad y en el que exista un fluido y permanente
intercambio de información entre las autoridades supervisoras de los
Estados miembros donde actúan los distintos agentes económico-
financieros. De una manera semejante, tampoco resulta preciso ni
justificado que en el Estado español se atribuyan todas las funciones
de control de las entidades económicas financieras a una única
administración, pues de lo que se trata no es de que sigan los mismos
criterios sino de que se produzca un ágil intercambio de información
entre las administraciones competentes.
Sin duda, es cierto que en el Estado español la actuación de las
diversas autoridades financieras, tanto estatales como autonómicas,
requerirá la colaboración entre ellas, lo cual se podrá articular a
través de los convenios y otros mecanismos. Pero el punto de partida
para dicha colaboración no debe aceptar que sea el de la atribución
exclusiva a las instancias centrales de unas simples funciones
ejecutivas de carácter notablemente reglado. Sólo desde el respeto al
orden del reparto competencial se estará en las debidas condiciones
para cooperar, pactar y convenir cuando resulte oportuno por la buena
marcha del control y supervisión del sistema económico-financiero.
Por todo ello, mi grupo parlamentario considera que, al margen de
este debate sobre la unidad del orden económico, es preciso que el
Gobierno y esta Cámara sean conscientes de la necesidad puesta de
manifiesto en una de las propuestas de resolución del pasado debate
sobre el estado de la Nación de que en los proyectos de ley que se
presenten ante esta Cámara, el Gobierno, en aquellas materias que
sean competencia exclusiva del Estado, dé participación a las
comunidades autónomas cuando sean titulares de competencias que
puedan estar relacionadas con el ámbito estatal. Esto debe traducirse
en lo que para nosotros es fundamental en este proyecto de ley si se
quiere nuestro apoyo.
El señor PRESIDENTE: Señor Zabalía, concluya, por favor.
El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Voy concluyendo, señor presidente.
Y ello es que en el Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, como órgano ejecutivo, exista un consejero nombrado por cada
una de las comunidades autónomas con competencia en la materia del
mercado de valores, en cuyo ámbito haya un mercado secundario
oficial.
Esta es la propuesta fundamental que realiza mi grupo parlamentario
ante este proyecto de ley recogida en la enmienda número 137, que
espero que sea apoyada por sus señorías.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Zabalía.
El Grupo Catalán de Convergència i Unió espera su turno para ver a lo
largo del debate si le conviene hacer una defensa expresa de las
enmiendas que da por mantenidas en este momento.
El señor Alcaraz, por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, tiene la palabra.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor presidente, con la máxima brevedad
quiero decir que este proyecto de ley de reforma del mercado de
valores ha tenido una tramitación bastante exótica, en el sentido de
que se ha ido retrasando, cambiando su fecha, y a lo largo de esa
tramitación se han producido episodios absolutamente desagradables en
la sociedad que no hemos podido combatir porque no había instrumentos
legales, por lo menos al nivel en que lo queríamos hacer, desde la
aprobación de la legislación correspondiente. En todo caso, hay un
cierto grado de acuerdo que se va a expresar a través de las
distintas intervenciones y también un cierto grado de disenso que se
expresará en las subsiguientes votaciones.
Yo me voy a remitir a la defensa de una enmienda singular que creemos
que marca la delimitación entre la posición de los restantes grupos y
la del Grupo Federal de Izquierda Unida, es la enmienda número 16, en
la que se propone crear un título II bis nuevo con la denominación de
Protector del inversor, es decir, intentamos crear, inútilmente por
ahora, la figura del protector del inversor para ampliar la defensa
de esos inversores, dada la gran movilidad del capital existente y la
aparición de un número cada vez mayor de instrumentos y activos
financieros, todo ello unido a la amplitud que están adquiriendo los
mercados y a su misma volatilidad en ciertos aspectos.
Planteamos que el protector del inversor debe ser el comisionado de
la Comisión Nacional del Mercado de Valores para atender las quejas y
reclamaciones que los inversores formulen en relación con las
operaciones
que se efectúen en los mercados financieros organizados. Dicho
protector debiera ser designado por un período de cinco años, y entre
sus funciones, señor presidente, estaría la de examinar y atender las
quejas y reclamaciones de los particulares en relación con las
actuaciones de los diversos departamentos de servicios dependientes
de la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores y también
preparar y remitir a dicha Comisión cuantos informes,
recomendaciones, propuestas, iniciativas y sugerencias redunden en
beneficio de los inversores. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Perdone, señor Alcaraz.
Señorías, guarden silencio.
El señor ALCARAZ MASATS: El procedimiento para requerir la actuación
de este protector del inversor sería muy simple y absolutamente
gratuito. En este sentido, los interesados deberían dirigirse al
protector del inversor mediante escrito en el que se recogieran las
quejas correspondientes para que el trámite se siguiera de inmediato,
repito, con carácter absolutamente gratuito.
Esta enmienda, que no ha sido aceptada, daría profundidad a la
protección del inversor, que hemos visto que en absoluto está
protegido, ni en la anterior ley ni ahora, pensamos nosotros, con la
reforma del actual mercado de valores.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Martínez Sanjuán.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a hablar desde el escaño, haciendo caso de la recomendación de S.
S., que me parece pertinente, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: El Grupo Parlamentario Socialista quiere
fijar la posición sobre este proyecto de ley de modificación de la
Ley del Mercado de Valores y explicar brevemente las enmiendas que
mantiene vivas para este trámite en el Pleno del Congreso.
Como hice en Comisión, quería fijar la posición en un doble sentido.
En primer lugar, expresando la satisfacción de mi grupo parlamentario
por las coincidencias básicas en la aprobación de este proyecto de
ley que nosotros compartimos casi en su totalidad, no sólo por el
origen del mismo, ya que tuvo pie en una administración socialista
-este posterior proyecto de leyha tomado básicamente origen en el
anterior y por eso
nos reconocemos en sus líneas fundamentales-, sino como consecuencia
de la labor que se ha hecho en Comisión, donde se ha trabajado bien;
tarde, pero bien. Como decía el señor Alcaraz, este proyecto de ley
trae una demora excesiva, que yo diría que nos ha hecho perder un
cierto grado de credibilidad ante la Unión Europea. Ahora que se
lleva tanto el fútbol, creo que nos han sacado la tarjeta roja más de
una vez por no haber adaptado a la normativa española las directivas
comunitarias de servicios de inversión.
Decía que se ha hecho un buen trabajo en Comisión, en la medida en
que ha habido un acercamiento de posturas realmente importante entre
los principales grupos parlamentarios junto con el Partido Popular,
mayoritario de este Parlamento, hasta el punto, señor presidente, de
que, de 53 enmiendas que presentó a este proyecto de ley el Grupo
Parlamentario Socialista, no llegan a una decena las que
prácticamente mantiene en el Pleno, y estoy convencido de que,
después de escuchar la intervención del señor Fernández de Troconiz,
posiblemente le queden bastante menos, en la medida en que va a
presentar enmiendas de acercamiento y de transacción al Grupo
Parlamentario Socialista. Es decir, señor presidente, nos reconocemos
en el origen y prácticamente en el final de este proyecto de ley, por
cuanto que es básicamente el que el Partido Socialista apoyó desde el
comienzo y apoyará en el final.
Pero además estamos satisfechos de este proyecto de ley de
modificación del mercado de valores porque desde el año 1988, en el
que se aprobó en este parlamento la primitiva Ley del Mercado de
Valores, el Grupo Parlamentario Popular ha cambiado radicalmente de
posición política. En aquel año 1988 el entonces portavoz del Partido
Popular y hoy vicepresidente de Gobierno, señor Rato, criticaba
abiertamente un proyecto de ley cuando el que vamos a aprobar hoy es
continuación y similitud de aquél, y decía unas cosas horribles,
bárbaras del actual proyecto de ley que condiciona y marca la Ley del
Mercado de Valores. No voy a hacer en este momento ninguna referencia
de lo que decía, pero realmente se tendría que horrorizar de las
cosas que expuso el señor Rato hace diez años con relación a este
proyecto de ley. Sin embargo, señor presidente, para este grupo
parlamentario algunas transacciones, derivadas del trabajo en
Comisión, tienen ciertas insatisfacciones, y por eso hemos mantenido
vivas algunas enmiendas y no podremos apoyar afirmativamente la
totalidad de los artículos.
Nos preocupa, señor presidente, que en el actual texto que está
estudiándose en este Pleno siga habiendo poca seguridad en los
mercados, en la medida en que se deslegalizan algunas condiciones de
emisión del mercado de valores. Nosotros quisiéramos que hubiera más
capacidad de control, que hubiera una normativa mucho más ajustada,
para que una cuestión tan delicada como es la emisión y puesta en
circulación de
nuevos valores reúna todos los requisitos de publicidad, de
información a los ciudadanos, que no acabamos de ver plasmados en el
actual proyecto de ley.
Nos preocupa la poca transparencia en algunas condiciones de
publicidad en determinadas emisiones. Nos preocupa que en la actual
redacción se quiere dar a la titulación de activos financieros pocas
garantías de seguridad en cuanto a que el activo financiero que va a
haber detrás de estos fondos de titulación son créditos hipotecarios
vencidos, por cuanto nos parece insuficiente la actual redacción.
Esperamos que el último texto que nos aporte en el debate el Grupo
Parlamentario Popular esté más cerca de nuestra postura, al recoger
mejores condiciones y la absoluta necesidad de garantizar toda la
seguridad financiera.
En segundo lugar, aparte del problema de la transparencia, nos
preocupa un cierto grado de contaminación que se puede producir en
los mercados, porque si este proyecto de ley reconoce quiénes son
empresas de servicios de inversión, de acuerdo con la Directiva
comunitaria 93/22, hay un cierto grado de escape en algunos
artículos, concretamente el 65.2 y algunos otros, del proyecto de ley
de quiénes pueden operar en este sector tan sensible y tan delicado,
porque a los largo de estos últimos años hemos visto que demasiados
sectores, demasiadas personas o demasiados ciudadanos o sociedades se
han incorporado en un mercado produciendo lo que se dice auténticos
chandríos en el mundo financiero y causando graves perjuicios a
muchos ciudadanos. Nos preocupa ese grado de deslegalización para que
determinadas figuras, que no se dice cuáles son; determinadas
personas, que no se dicen cuáles son, puedan operar, por ejemplo, en
el mercado de futuros o en el mercado de servicios de inversión. Por
eso, nosotros hemos presentado una serie de enmiendas, dentro de
nuestra posición política, con relación a este proyecto de ley. En
tercer lugar, nos preocupa cierto grado de discrecionalidad.
Por último, señor presidente, se han incorporado a este mercado
determinados 'piratas' -entre comillas- financieros, produciendo
auténticos despropósitos y llevando incluso a la ruina a miles de
ciudadanos que han confiado sus ahorros, su esperanza de unos
servicios de inversión, a gente que se presumía globalmente ética y
preparada y que ha producido circunstancias, bien mediante quiebra o
situaciones preocupantes, en que esos ciudadanos pueden perder el
esfuerzo de sus ahorros a través de las inversiones que han
realizado.
Si esta ley, como decía el señor Alcaraz, se hubiese aprobado,
estaría estado creado ya un fondo de garantía de inversiones que
ofrecería a todos estos ciudadanos la posibilidad de recuperar sus
ahorros, lo mismo que otro ciudadano, a través del Fondo de Garantía
de Depósitos, lo puede hacer del sector bancario. En estos momentos,
si no se aprueba la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario
Socialista, que supone
producir una retroactividad en la aplicación de ley, en la creación
de los fondos de garantía de los inversores a cuando tenía que haber
entrado en vigor la directiva comunitaria, miles de ciudadanos de
este país, sean del grupo AVA o de otras sociedades financieras, se
va a poder encontrar con que, después de ser corneados, han sido
apaleados.
Yo espero del buen sentido de los grupos parlamentarios que apoyen
esta enmienda del Grupo Parlamentario Socialista a la disposición
final primera no sólo por convencimiento, sino con entusiasmo, para
corregir una situación que normalmente, si se hubiese seguido la
lógica política en la tramitación de este proyecto de ley, no se
tenía que haber producido.
Este es el posicionamiento del Grupo Parlamentario Socialista y
después de escuchar al Grupo Parlamentario Popular, al señor
Fernández de Troconiz, mantendremos un número de enmiendas vivas a
efectos de votaciones.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Sanjuán.
Esperamos que nos harán llegar en su momento el resultado de esas
decisiones a efectos de votación.
Como les anticipé, el Grupo Catalán deseaba esperar al desarrollo del
debate para producir su intervención en relación con la defensa,
mantenimiento o retirada de sus enmiendas. Para ello, tiene ahora la
palabra el señor Homs, en nombre del Grupo de Convergència i Unió.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor presidente, le agradezco su
amabilidad.
Nuestro grupo quisiera, antes de nada, expresar que éste ha sido un
proyecto de ley, señorías, que ha tenido una larga tramitación en
esta Cámara, puesto que lleva ya mucho tiempo en el Parlamento. Hemos
tenido muchísimo tiempo para poder tratar y hablar sobre las materias
que contemplan tanto las enmiendas como el propio contenido del
proyecto de ley. El proyecto llega a esta Cámara, señorías, con una
gran aceptación de sus enmiendas, desde nuestro punto de vista, pero
con un profundo problema de discrepancia que quisiera expresar en
estos momentos.
Nuestro grupo planteaba que todas las enmiendas han sido realmente
objeto de debate, transacciones y aceptaciones en los trámites de
ponencia y comisión; no obstante, no ha sido así en cuanto a lo que
nosotros entendemos que debe ser el papel y la composición de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores. Sobre ello teníamos
presentadas tres enmiendas: la enmienda 45, la 64 y la 71. Estas tres
enmiendas venían a configurar una opción alternativa a la que define
el proyecto de ley, a cómo debe estar definida la Comisión Nacional
del Mercado de Valores y cómo debe encajar su papel y su función en
un mercado en el que la Administración
pública, tanto central como autonómica, tiene
competencias en materia de política financiera y en materia
concretamente de regulación y tutela del mercado de valores.
Nosotros proponíamos en la enmienda 64 toda una redefinición de la
composición de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
permitiendo unos consejos territoriales que pudieran asumir las
funciones que hoy tiene la comisión sobre aquellos valores que se
coticen en las bolsas de ámbito territorial. Este planteamiento
estructural ha tenido ciertamente la oposición del Grupo
Parlamentario Popular y también la del Grupo Parlamentario
Socialista. Nos sorprende, claro está, porque entendemos que nuestra
oferta encaja perfectamente en el ámbito constitucional vigente y en
el marco estatutario actual, y permite una vía de reconocimiento de
las competencias de las comunidades autónomas en materia de tutela
del mercado bursátil para poder desarrollar en un futuro una
institución - que sería un consejo territorial compuesto por cinco
miembros-, dentro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ahí
donde hubiera una bolsa de ámbito territorial. Esta enmienda ha sido
rechazada en todos los trámites, como lo ha sido también la enmienda
71 que permitía delimitar en el tiempo la asunción por parte de estas
delegaciones territoriales de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores de las competencias que el artículo 84 propuesto les confiere
y, consecuentemente, los convenios previstos en este mismo artículo.
No obstante, nuestra preocupación y discrepancia se centraban,
preferentemente, en la enmienda 45, que planteaba alternativamente
otra opción de representación de las comunidades autónomas que tienen
competencia en la materia, y tienen también en su ámbito territorial
una institución bursátil, para que pudieran tener una presencia en la
Comisión Nacional del Mercado de Valores y de esta forma darle a toda
la función de la Comisión una dimensión más integrada y más
coordinada respecto al papel de tutela en todo el ámbito bursátil.
La propuesta que hacíamos en nuestra enmienda 45, al igual que el
Partido Nacionalista Vasco, consistía en reconocer una fórmula de
representación de aquellas administraciones autonómicas que, teniendo
competencias en la materia reconocidas por el Tribunal Constitucional
en su última sentencia, como ustedes saben, y además en su territorio
tenían una institución bursátil, pudieran participar con una
presencia, con una delegación o con algún miembro designado, bien por
el Gobierno bien por alguna otra fórmula, para poder integrar en él
la representación de esta Administración pública que asume y ejerce
competencias en este ámbito. Esta enmienda ha sido constantemente
rechazada en esta Cámara, desde su comienzo hasta hoy. Nuestro grupo
quiere expresar su disconformidadcon la posición que tienen los dos
grupos mayoritarios.
Queremos recordar que la última sentencia del Tribunal Constitucional
reconoce, explícitamente, que compete al legislador definir esta
representación, y dice en su sentencia que es perfectamente
constitucional la presencia en este órgano de unos representantes de
las comunidades autónomas y deja a una opción política la decisión de
si se quiere o no reconocer tal representación. Por lo tanto, no hay
obstáculo legal, no hay controversia ni entramos en colisión con
ningún ámbito competencial del Estado, no rompemos el marco
constitucional, estamos perfectamente dentro del ordenamiento
constitucional y estatutario, y, sin embargo, no se quiere aceptar
esta propuesta.
Señor presidente, este es el último esfuerzo que hace mi grupo en
este trámite parlamentario respecto a la enmienda 45, que plantea la
presencia de un consejero nombrado por cada una de las comunidades
autónomas, que tuvieran competencia en materia política financiera y,
a su vez, en su ámbito territorial tuvieran una institución bursátil,
que en España solamente son tres, Valencia, Cataluña y el País Vasco.
Planteamos una enmienda transacciónal a los dos grupos para ver si
podemos acercar las posiciones en un último esfuerzo, dialéctico e
intelecutal, de aproximación de criterios.
Se trata de que este consejero sea nombrado por el ministro de
Economía y Hacienda a propuesta de aquellas personas que puedan
proponer estas comunidades autónomas que tienen competencias en
materia política financiera y tienen en su ámbito territorial una
institución bursátil. Esta es nuestra propuesta consistente en añadir
un punto d) al artículo 17 que dice exactamente que un consejero,
nombrado por el ministro de Economía y Hacienda, a propuesta de las
comunidades autónomas con compentencia en materia del mercado de
valores y en cuyo ámbito territorial exista un mercado secundario
oficial.
Señor presidente, quiero apelar a la sensatez de los dos grupos
mayoritarios de esta Cámara para esta última guinda de este trámite
parlamentario, que simplemente es dar cohesión a todo el papel que
debe ejercer la Comisión Nacional del Mercado de Valores, integrando
en este órgano de tutela y control la realidad del mercado secundario
oficial en España, puesto que tenemos, señor Fernández de Trocóniz,
cuatro bolsas territoriales, que coexisten con una de ámbito
nacional, proponiéndoles que reflexionen en este último trámite
y entiendan que lo único que estamos haciendo es dar a un órgano, que
debe hacer su papel de tutela, toda la cohesión e integración de
todas aquellas administraciones públicas que están en el mercado
ejerciendo las competencias en el ámbito bursátil.
Señor presidente, las demás enmiendas que nuestro grupo plantea
tienen una finalidad menor, una naturaleza más técnica y las doy por
defendidas, apelando por última vez a la sensatez de los grupos
parlamentarios para poder terminar de resolver este último punto.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Homs. ¿Grupos que desean
fijar su posición? (Pausa.)
Señor Gómez Rodríguez, tiene la palabra para fijar su posición, pero
que ello no le sirva para extenderse en exceso, por favor.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Por razones de dinamismo, no pasaré de ocho minutos en este proyecto
de ley que viene a modificar fundamentalmente ocho artículos de la
ley de 1988, basada también en un informe del año 1978.
No cabe la menor duda que el anterior Gobierno tuvo una iniciativa
muy loable con la promulgación de la Ley del Mercado de Valores,
creando la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por cierto
presidida con acierto por mi paisano el señor Croissier. Ahora, el
Gobierno actual también acierta, trasponiendo las tres directivas
europeas que se refieren a los servicios financieros a la legislación
española. Se regulan no solamente cuestiones institucionales, sino
también materias que afectan de nuevo al mercado, como son el mercado
de futuro y todos los nuevos productos que existen en las cuatro
bolsas españolas. La realidad es que nos estamos preparando para que,
después de entrar en el euro, también entremos en una liberalización
absoluta del mercado financiero dentro de la Unión Europea, lo cual
va a reforzar la posición de España.
El actual presidente del Mercado de Valores, señor Armesto, dice que
España no puede resignarse a devenir una plaza financiera periférica
por razones de soberanía económica y porque la actividad financiera
es una importante fuente de riqueza y empleo a la que una economía
terciaria como la española no puede renunciar.
Coalición Canaria ve favorablemente los trabajos de la Comisión,
trabajos arduos pero que hay que considerar que han sido eficaces, y
tenemos la satisfacción de que nuestras enmiendas han sido aceptadas.
Una de ellas era de carácter general, referida a las corporaciones
locales, y con la inclusión del término entidades públicas nos
consideramos satisfechos. La otra enmienda, la número 75, relativa a
la disposición derogatoria, es específica de Canarias y se refiere a
nuestro régimen económico fiscal en la zona C, en la que, como es
sabido, también se autoriza la existencia de instituciones bursátiles
con la misma regulación que existe sobre esta actividad.
En resumidas cuentas, señorías, nosotros vamos a apoyar este proyecto
de ley y, al mismo tiempo, esperamos que se llegue a los acuerdos
pertinentes con las iniciativas de los grupos vasco y catalán para
lograr la aprobación unánime.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez Rodríguez.
Finalmente, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don
Fernando Fernández de Troconiz Marcos.
El señor FERNÁNDEZ DE TROCONIZ MARCOS: Señor presidente, muchas
gracias por la concreción en mi designación.
Señoras y señores diputados, paso a fijar la posición del Grupo
Popular en relación con el dictamen y las enmiendas formuladas al
proyecto de ley de reforma de la Ley 24/1988, de 28 de julio.
Nuestro grupo no mantiene enmiendas vivas en este trámite plenario,
pero sí va a formular una serie de transaccionales a una serie de
enmiendas presentadas por otros grupos parlamentarios, así como dos
enmiendas de las que podemos calificar con rotundidad de enmiendas
senatoriales, es decir de corrección de errores.
Entiendo que la posición de nuestro grupo, en relación con todas y
cada una de las enmiendas presentadas por los demás grupos
parlamentarios, fue comentada, argumentada y razonada. Sin embargo,
señor presidente, me gustaría realizar un breve esbozo del trámite
parlamentario, básicamente en ponencia y comisión, de este proyecto.
A este proyecto de ley fueron presentadas 179 enmiendas y ahora
quedan vivas para debate en Pleno 41, de las cuales a su vez
posiblemente se llegue a la transacción en relación con cinco y se
voten favorablemente tres, con lo cual, señoras y señores diputados,
llegamos, entiendo, a un nivel muy importante de acuerdo, de consenso
que viene a representar el que las discrepancias en torno a la ley
sólo alcanzan a un 18 por ciento de la misma, mirada en los términos
cuantitativos relativos a las enmiendas.
Paso a realizar un breve comentario a la exposición realizada por el
señor Alcaraz, que se ha referido básicamente a la enmienda que
propone la creación de la figura del protector del inversor; figura
que es novedosa y enormemente atractiva, pero que entendemos que no
tiene el grado suficiente de madurez técnica, política y social para
ser introducida en la ley. No olvidemos que ya el artículo 93 de la
Ley del Mercado de Valores establece las figuras de los servicios de
quejas y reclamaciones tanto en la Comisión Nacional del Mercado de
Valores cuanto en las diferentes sociedades gestoras de bolsa. Por
consiguiente, no nos parece adecuado y oportuno introducirla en estos
momentos, pero sí nos parece una figura enormemente atractiva para su
consideración posterior.
En relación a la intervención del señor Zabalía, por parte del Grupo
Vasco (PNV), quiero decir que dicho grupo formuló una serie muy
importante de enmiendas relativas a la delimitación competencial
entre el Estado y las comunidades autónomas relativas al mercado de
valores que fueron básicamente sustanciadas por la sentencia del
Tribunal Constitucional de 17 de
julio del año pasado, enmiendas que en su gran parte han sido
incorporadas al texto del dictamen.
Aprovecho la ocasión para contestar al señor Homs sobre la enmienda
transaccional formulada en relación a la composición de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, en su consejo, no así en su comisión
consultiva en que ya figuran representantes de todas y cada una de
las comunidades autónomas con competencias en la materia y que a su
vez tienen establecido un mercado secundario oficial. No olviden,
señoras y señores diputados, que no solamente las Comunidades
Autónomas del País Vasco, Cataluña y el País Valenciano tienen
competencias en materia de centros de contratación mercantil y de
valores, sino que tal competencia, aunque no tengan establecido el
correspondiente mercado secundario oficial, también la tienen las
comunidades autónomas de Galicia, Andalucía, Navarra, Aragón, y en
cuanto a competencias de ejecución también la Comunidad Autónoma de
Canarias.
He de decir que no podemos estar de acuerdo con que la composición
del consejo de la Comisión se vea ampliada, porque supondría romper
la unidad de criterio, independencia y autonomía de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores en lo relativo a su consejo y a su
órgano de decisión que es el órgano ejecutor, cuando se debe velar,
lógicamente, por los intereses del conjunto de la contratación
mercantil bursátil de valores y de los nuevos instrumentos
financieros cuya creación se prevé en la ley.
Pensemos, señoras y señores diputados, en que el Banco Central
Europeo tuviera un representante en su consejo ejecutivo de todos y
cada uno de los países que conforman el sistema monetario europeo, es
impensable. El consejo del Banco Central Europeo tiene un presidente
y cuatro miembros que lógicamente no pueden abarcar los once países
que conforman el sistema monetario europeo. Lo mismo sucede con el
consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en que sus
miembros han de representar y han de actuar por el conjunto del
mercado de valores español, por el conjunto del sistema mercantil de
contratación español y no velar parcialmente por algunos de estos
centros de contratación.
Por ello hemos de rechazar estas enmiendas, tanto las que se
mantienen vivas al proyecto de ley, cuanto la enmienda transaccional
formulada por el señor Homs. Lo mismo he de decir respecto al resto
de las enmiendas que permanecen vivas por parte del Grupo Vasco (PNV)
en relación a la delimitación de competencias entre el Estado y las
comunidades autónomas, porque ciertamente entendemos que el dictamen
de la Comisión es extroardinariamente respetuoso y estricto en lo
referente al cumplimiento de la sentencia del Tribunal
Constitucional, porque no olvidemos algo muy importante. Las
competencias de las comunidades autónomas se refieren a bolsas y
centros de contratación mercantil
y de valores, no en absoluto, como no podía ser de otra manera, en lo
referente al sistema mercantil de contratación en España, es decir,
qué personas pueden intervenir en el mercado y formas de contratación
mercantil, que lógicamente queda separado y de la competencia del
Estado. Aquí sí que apelo también, señor Homs, a su sensatez, no a la
nuestra, que tanto por parte del Grupo Socialista como por parte
nuestra la tenemos absolutamente demostrada, en el sentido de que
retiren tales enmiendas relativas a la composición del consejo de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores y vayamos a la creación de
una figura unitaria representativa de todo el elenco de la
contratación bursátil y mercantil de valores y otros instrumentos
financieros cuya creación prevé la ley.
Continuando con la exposición, he de pasar a comentar las enmiendas
del Grupo Socialista que permanecen vivas. En este sentido, señor
presidente, en relación con el artículo 65.2, por el que tanta
inquietud le sobreviene al señor Martínez Sanjuán, he de decir que,
efectivamente, después de maduradas, después de meditadas, y a pesar
de la Directiva 93/22, de cuya trasposición se trata ahora en este
proyecto de ley, en estos nuevos mercados que vienen a aflorar, de
nuevos instrumentos financieros, no parece oportuno que intervengan
las personas físicas en un primer momento, porque no nos olvidemos de
que las personas físicas también pueden intervenir a través de la
correspondiente persona jurídica o sociedad anónima unipersonal, pero
lógicamente con un plus de garantías que hoy día en nuestro
ordenamiento no está previsto que se establezcan a favor de las
personas físicas, por cuanto es muy difícil llegar a una separación
patrimonial que delimite perfectamente el campo de lo que supone la
actividad mercantil de estas personas físicas del resto de sus
actividades, que conviene que queden, repito, perfectamente
delimitadas de acuerdo con las enormes posibilidades de intervención
mercantil que pueden tener en los mercados, no ya de los mercados de
valores actuales sino de los nuevos instrumentos con subyacente no
financiero que se van a desarrollar a partir de la entrada en vigor
de la modificación de este proyecto de ley. Por consiguiente, señor
presidente, nuestro voto va a ser favorable a las enmiendas números
106, 120 y 121 del Grupo Socialista.
Asimismo, nos gustaría realizar una serie de transacciones a unas
enmiendas, tanto del Grupo de Convergència i Unió como a otras
formuladas por el Grupo Socialista, estas últimas las números 119,
129 y 134. Por una parte, y en relación con la enmienda 119, relativa
a las operaciones societarias, formulamos una transaccional
consistente básicamente en garantizar de manera contundente y
absoluta que la creación de nuevas empresas de servicios de valores
esté dentro del marco de los requisitos establecidos para la creación
ex novo de este tipo de empresas de servicios de inversión, de forma
que quede perfectamente garantizado
que no vamos a encontrarnos ante lo que podrían denominarse
chiringuitos financieros o artilugios que pueden transformarse
rápidamente en medios para estafar a pobres incautos dentro del
mercado.
En relación con la enmienda 129, para evitar cualquier tipo de duda
que pueda haber sobre la posible condonación de las sanciones que
puedan instrumentarse en contra de empresas de servicios de
inversión, también establecemos las cautelas suficientes para que no
puedan producirse, en ningún caso, enriquecimientos injustos,
enriquecimientos torticeros a favor de personas que maliciosamente
intervienen en el mercado de intermediación.
También formulamos una transaccional a la enmienda 134, en relación a
la creación de los fondos de titulación hipotecaria, respecto a los
créditos hipotecarios vencidos, añadiendo, poniendo incluso más
requisitos de los establecidos en el proyecto de ley, precisamente
para garantizar que estos créditos hipotecarios vencidos, tanto los
créditos como las hipotecas, tengan todas las garantías, requisitos y
condiciones que establece la legislación del mercado hipotecario para
que puedan titulizarse como hipotecas vivas y no hipotecas vencidas
sin ejecución, además, con requisitos añadidos de que han de darse
nuevos procedimientos, nuevos mecanismos, nuevos modos para afianzar
la garantía de la eficacia de la ejecución de estas hipotecas.
Asimismo, decía que formulamos una serie de enmiendas senatoriales
que ya han sido pasadas a la Presidencia. Por supuesto, en todas
estas enmiendas transaccionales solicitamos la benevolencia de todos
los grupos parlamentarios para su adecuada tramitación, en cuanto que
bastaría la oposición de un solo grupo parlamentario para que no se
tramitase en este Pleno.
Formulamos una enmienda transaccional a las números 59 y 72, del
Grupo Catalán (Convergència i Unió), relativas a la necesaria
subsanación de un error cometido en Comisión, que fue que ignoramos
la existencia de las enmiendas número 69 y 70 del Grupo Catalán
(Convergència i Unió); ahora las sometemos a nueva consideración de
esta Cámara, en este caso a consideración del Pleno, como enmienda
transaccional que contendría el contenido estricto de las enmiendas
números 69 y 70 del Grupo Catalán (Convergència i Unió), pero -y
ahora apelo a los servicios de la Cámara su adecuada atención para
que lo tengan en cuenta- con la siguiente modificación. Las enmiendas
números 69 y 70, pasaría la número 69 a ser el apartado 3, la número
70 a ser el apartado 4 y los actuales apartados 3 y 4 pasarían a ser,
respectivamente, apartados 5 y 6.
Por último, señor presidente, he de referirme a la enmienda viva
transaccional presentada en Comisión y ahora defendida por el señor
Martínez Sanjuán en relación a la posible retroactividad de la ley al
momento en que debió entrar en vigor la trasposición de laDirectiva
93/22, que fue precisamente el 1 de enero de
1996, pero sólo en lo relativo al artículo 77 de la ley, que crea los
fondos de garantía de inversión.
Estamos enormemente interesados por esta fórmula imaginativa y
sugerente que plantea el Grupo Socialista, pero es un tema muy
delicado para su implantación actual.
Los servicios del Gobierno, los servicios de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores están haciendo análisis rigurosos y profundos
tanto a la repercusión económica que podría suponer la retroactividad
de esta ley cuanto a la aplicación a los posibles afectados, si es
que hoy en día en España existen posibles afectados como consecuencia
de la creación del anterior Fondo de Garantía de Inversión. Por ello
estamos mirando con el máximo cariño, con la máxima cautela y con el
máximo mimo jurídico la posible inclusión de esta enmienda para
demorarla al trámite del Senado. Esta es la posición que manifiesta
el Grupo Parlamentario Popular.
Quiero agradecer a los grupos parlamentarios la colaboración habida
en los trámites de Ponencia y Comisión para intentar llevar a efecto
el máximo aunamiento de esfuerzo, el máximo consenso posible de esta
ley, para tener por fin y para siempre un mercado de valores español
consensuado y con el acuerdo de todos los grupos políticos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández de Troconiz.
Tiene la palabra el señor Martínez Sanjuán, a efectos de determinar
cómo incide sobre el mantenimiento de sus enmiendas la intervención
del señor Fernández de Troconiz.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Conocidas las enmiendas transaccionales presentadas por el señor
Fernández de Troconiz, el Grupo Parlamentario Socialista retira, para
que puedan ser transaccionadas, las enmiendas números 119, 129 y 134,
y aprovecho la ocasión para retirar la enmienda número 122. El Grupo
Parlamentario Socialista acepta las enmiendas transaccionales
presentadas sobre estas enmiendas.
Si me permite una cuestión muy breve, señor presidente, y sin ánimo
de reabrir el debate, que el Grupo Parlamentario Socialista vote a
favor del actual proyecto de ley no significa en términos políticos
ni en cualquier otro término que sea un grupo parlamentario
insensato.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor presidente.
Intervengo sólo para comunicar que aceptamos esa enmienda
transaccional que se nos ha comunicado a las números 59 y 72 en los
términos que se han expresado por el señor Fernández de Troconiz.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Homs.
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LAS FUERZAS
ARMADAS. (Número de expediente 121/000083)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al dictamen de la Comisión al proyecto
de ley orgánica del régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas.
Mantienen enmiendas la señora Rivadulla, del Grupo Parlamentario
Mixto; el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, por el que
intervendrá el señor Mardones; el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida; el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario
Popular.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora
Rivadulla Gracia.
La señora RIVADULLA GRACIA: Señor presidente, señorías, Iniciativa
per Catalunya-Els Verds mantiene enmiendas al proyecto de ley de
régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas porque del conjunto de
enmiendas que en su momento presentamos prácticamente no se ha
aceptado ninguna, solamente la número 79 que hacía referencia a la
necesidad de que el expedientado pudiera tener acceso en todo momento
a la situación en la que se encontrara su expediente, así como que
fueran gratuitas las copias que necesitara de los documentos
oportunos.
Señorías, mantenemos todas estas enmiendas porque, más allá de la
cuestión formal, pensamos que es un momento muy oportuno y adecuado
para poder configurar entre todas las fuerzas políticas unas Fuerzas
Armadas que sean aceptadas por la sociedad, que sean un modelo de
democracia interna, que sean un modelo de respeto de los derechos
individuales y colectivos de los miembros que las componen. Creemos,
señorías, que con este proyecto de ley nos estamos alejando de este
objetivo que acabo de enunciar.
Hemos presentado todas estas enmiendas sobre todo porque nos preocupa
la situación de los soldados de reemplazo. Debo decirlo con
contundencia, como ya lo he hecho en la Comisión, porque esta ley se
va a aplicar fundamentalmente a los soldados de reemplazo; no lo digo
en vano, sino en base a respuestas que el propio Gobierno ha dado a
preguntas que le hemos formulado en relación con las sanciones que se
han impuesto, por ejemplo, en el año 1997dentro de las Fuerzas
Armadas.
Para que ustedes se hagan una idea de cómo se va a aplicar y a quién
se aplica esta ley, en el año 1997 a militares de carrera y
profesionales de tropa en el Ejército de Tierra solamente se les
aplicó el 3,5 por ciento de las sanciones y, en cambio, los militares
de reemplazo fueron los destinatarios directos del 96,5 por ciento de
las sanciones. Es por eso que la mayor parte de las enmiendas han ido
precisamente a garantizar los derechos individuales del soldado de
reemplazo, a falta del estatuto del soldado que hace tanto tiempo
estamos solicitando, que realmente todavía está ni siquiera sin
plantearse.
Nos preocupa, conjuntamente con el Defensor del Pueblo, que en su
informe de 1996 señaló que la potestad disciplinaria de las Fuerzas
Armadas debe entenderse como un instrumento de garantía de los
derechos fundamentales y libertades públicas de un militar. Hemos
intentado combatir la inseguridad jurídica, la arbitrariedad que se
plasma sobre todo en el título III, el que se refiere a faltas y
sanciones, y en el título IV, relativo al procedimiento sancionador.
Nos parece especialmente preocupante la situación en que todavía
quedan los artículos 7 y 8, en términos absolutamente ambiguos, como
ya señalamos en su momento. La inexactitud en el cumplimiento de las
obligaciones, la ligera irrespetuosidad, la leve desobediencia o la
manifestación de tibieza o disgusto al servicio dan vía a la
arbitrariedad y a la indefensión, sobre todo cuando la potestad
disciplinaria se encomienda al mando militar y no interviene un juez
togado militar como nosotros habíamos solicitado también a través de
nuestras enmiendas.
Se sigue conculcando el principio non bis in idem. Varios grupos
parlamentarios de la Cámara hemos intentado que se subsanara esta
situación por la cual un mismo hecho tiene una doble sanción -la
sanción penal y la sanción disciplinaria-, puesto que esta última no
queda interrumpida por el procedimiento sancionador penal.
Pensamos que todo procedimiento que comporta privación de libertad
debe ser un procedimiento exquisito en el respeto de los derechos,
las garantías y la seguridad jurídica del expedientado. Pensemos que
estamos hablando de penas de privación de libertad de hasta dos
meses, lo que configura un procedimiento sancionador de los más duros
de toda la Unión Europea, que durante todo este procedimiento
sancionador el expedientado no tiene derecho a abogado de oficio y lo
que es más, en el procedimiento oral no existe documentación previa
alguna antes de la resolución sancionadora, lo cual ya ha sido objeto
también de denuncia por parte del Defensor del Pueblo.
Es muy grave el hecho de que no haya esas garantías para las faltas
menores, que se sustancian por un procedimiento oral, porque las
cuatro faltas leves dan lugar a una falta grave, que comporta la
privación de libertad de hasta dos meses. Eso significa que en muchos
casos
los soldados se ven obligados a prolongar su estancia obligatoria
dentro del servicio militar obligatorio. He preguntado también al
Gobierno cuántos soldados se han visto obligados a prolongar la mili
debido a que estaban incursos en algún procedimiento sancionador. El
Gobierno no ha sido capaz de darme los datos relativos al Ejército de
Tierra, lo cual es absolutamente inaudito; no entendemos por qué no
se sabe cuántos soldados se han visto obligados a permanecer en la
mili más tiempo del correspondiente. En el año 1997, en la Armada han
sido 13 y en el Ejército del Aire han sido 11. Si tenemos en cuenta
la proporción que se da en las sanciones en relación con los
distintos ejércitos, está claro que el Ejército de Tierra nos daría
una cantidad muy superior.
El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Sí, voy terminando, señor presidente,
estoy a punto de acabar.
En relación con las faltas graves, pensamos en el artículo 53.2, que
no permite abogado de oficio, el artículo 58, que no permite recurso
contra la resolución que deniega las pruebas, el artículo 55, que
señala el arresto preventivo de un mes, muy excesivo, a nuestro
entender, el artículo 67, que marca unos días de recurso que son de
quince, absolutamente escasos, si tenemos en cuenta que la Ley de
procedimiento administrativo marca treinta, el artículo 8.18, que
coarta la libertad de expresión y sanciona como falta grave el hacer
reclamaciones, peticiones o manifestaciones contrarias a la
disciplina o basadas en aseveraciones falsas y realizadas a través de
los medios de comunicación social o formuladas con carácter
colectivo.
Como saben SS. SS., la mayor parte de las situaciones en las que
hemos sabido de excesos en el Ejército las hemos podido conocer
gracias a la denuncia que han hecho los medios de comunicación. Si el
dar a conocer estas situaciones que se producen a través de los
medios de comunicación es sancionable, está clarísimo que la mayor
parte de las situaciones irregulares no van a ser conocidas.
En suma, pensamos que se está formulando un régimen sancionador
excesivo, ya lo he dicho, excesivo, sobre todo si tenemos en cuenta
el Derecho comparado, somos uno de los pocos países que dentro de la
Unión Europea marcan el período de privación de libertad en dos
meses. Además, señorías, no conseguimos que este modelo de Ejército
sea más democrático, sea más amable, sea más asequible para el
conjunto de la sociedad, cuando esto lo vamos a necesitar mucho en
este proceso que estamos de profesionalización de las Fuerzas
Armadas. Tampoco se garantiza la objeción sobrevenida y ya tendremos
ocasión de hablar de este tema cuando tratemos en el siguiente punto
sobre la profesionalización de las Fuerzas Armadas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rivadulla.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra don
Luis Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor presidente, con la venia.
Señorías, Coalición Canaria mantiene para este trámite en Pleno
cuatro enmiendas, de las cuales la cuarta es una consecuencia
puramente sistemática de la número 3, que es a la que voy a dedicar
el mayor tiempo dentro del reglamentario de mi intervención.
La enmienda número 1 trata sencillamente de evitar el principio que
está consagrado en nuestra Constitución para no hacer posible el non
bis in idem. Entonces, si hay ya una causa penal abierta, incoar un
expediente disciplinario, que puede conllevar también a una doble
sanción, iría en contra del principio constitucional.
La enmienda número 2 intenta evitar, con la supresión que proponemos
del apartado 34 que viene del informe de la Comisión, la tipificación
generalizada, pero parece que esto es una reiteración de anteriores
reglamentos y normas de disciplina militar y que al no tener
tipificada la falta para ponerle la sanción correspondiente, lo deja
en el aire y a una posible arbitrariedad de algún mando militar.
Dicho esto, paso a la enmienda número 3. La enmienda número 3 plantea
en síntesis el reconocimiento para los profesionales militares del
derecho de asociación. ¿Por qué decimos esto? Porque las reales
ordenanzas, que comienzo por decir que no son ley orgánica, tratan de
los derechos y libertades que están recogidos en la Constitución
española y ésta exige que sean fundamentalmente regulados por ley
orgánica, por lo que nos encontramos con que, una de dos, o
modificamos la Constitución, si es que se empecinan algunas
determinadas autoridades en mantener la prohibición del
asociacionismo militar o hacemos una modificación del artículo 181 de
las reales ordenanzas y lo hacemos con una gran naturalidad. Y digo
naturalidad porque en la transición el que fue nuestro primer
presidente democrático, don Adolfo Suárez, estampilló la frase de que
había que hacer normal en el Gobierno lo que era normal en la calle.
Hagamos normal en el régimen jurídico y disciplinario de las Fuerzas
Armadas lo que es normal en nuestra Constitución y en la sociedad
democrática. Lo contrario sería querer mantener por alguien, con una
torpeza política y mental enorme, una especie de sombra y de duda
sobre el comportamiento ejemplar y el carácter constitucional de
todos los profesionales de nuestras Fuerzas Armadas.
Nuestra enmienda viene a hacer un reconocimiento explícito e
implícito de un derecho constitucional garantizado en el artículo 22
de nuestra Constitución, el derecho de asociación. La Constitución
fue clara porque
el apartado 1 de dicho artículo reconoce el derecho de asociación
y cuando quiere prohibir o excluir uno, en el apartado 5 establece
que las únicas asociaciones que quedan prohibidas son las secretas o
las de carácter paramilitar. Bajo ningún concepto se habla de esto.
¿Qué va a ocurrir ahora cuando España se ha integrado en la
estructura militar de la OTAN y nuestros mandos militares en
concurrencia con otros mandos de países de la Alianza Atlántica, de
democracia probada, de lealtad constitucional, estén en los cuarteles
generales mixtos y combinados de la Organización del Tratado del
Atlántico Norte o de los ejércitos en la Unión Europea Occidental y
hablen, de compañero a compañero, de la profesión militar y vean que
los militares alemanes, italianos, británicos, norteamericanos,
canadienses, tienen perfectamente reconocido su derecho de asociación
mientras que los militares españoles se encuentran en inferioridad de
condiciones?
Estamos siendo plenamente responsables en esta Cámara al aceptar
situaciones sociales de hecho que vienen impuestas. En este momento,
nos encontramos con los pronunciamientos favorables de la Cámara para
despenalizar y suprimir penas de prisión y de multa de los que se
niegan a hacer el servicio militar. ¡Hombre!, ni juran la bandera. A
los insumisos les quitamos la pena de prisión y de multa y pronto
votaremos aquí la proposición de ley correspondiente. ¿Cómo se puede
dar un tratamiento restrictivo a los profesionales de la milicia, de
las Fuerzas Armadas de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire y, sobre
todo, en categorías muy superiores, cuando existe una agrupación en
la Europa democrática occidental de nuestros aliados de las esencias
militares como la Organización del Tratado del Atlántico Norte y la
UEO, el Euromil, donde el asociacionismo militar está plenamente
reconocido como un valor cívico, un valor patriótico más con todo el
sentido de responsabilidad de la palabra y donde está encuadrado el
reservismo, porque el reservismo no es solamente un acto burocrático
y administrativo de estar en un listado de ordenador, sino que el
reservismo implica fundamentalmente el mantenimiento de unos valores
espirituales, de unos valores de identidad? El artículo 8 de nuestra
Constitución dice que las Fuerzas Armadas, entre otros de sus
derechos y deberes, velarán por el ordenamiento constitucional. Es
decir, unas Fuerzas Armadas a las que les encomendamos velar por la
Constitución, incluido el artículo 22 que garantiza el derecho de
asociación, y resulta que no se les reconoce ese derecho a quienes
tienen que velar por él. A estas alturas de la democracia, de la
Constitución española, del comportamiento ejemplar de las Fuerzas
Armadas, es un contrasentido o es una ofensa, y ofende incluso tener
una sombra de duda sobre algo que hoy está plenamente garantizado.
La enmienda transaccional que hemos presentadoes para que esta Cámara
entienda que no se trataba de
hacer una maniobra extraña de favorecer una brecha para el
sindicalismo militar, para las asociaciones reivindicativas; no se
trata de eso y para dejarlo explícitamente claro nuestro texto lo
viene a decir: Los miembros de las Fuerzas Armadas, por cuyos
intereses velará el Estado, no podrán fundar ni participar en
sindicatos en los términos del artículo 28 de la Constitución, sin
perjuicio de los derechos que a este respecto reconoce a los
militares de remplazo el artículo 43 de la Ley Orgánica 13/1991, del
Servicio Militar. Recuerdo a SS. SS. que los soldados de reemplazo
tienen el derecho sindical.
Dice el párrafo segundo de nuestra enmienda: Los miembros de las
Fuerzas Armadas podrán ejercer el derecho de asociación reconocido
por el artículo 22 de la Constitución española, si bien tal ejercicio
no podrá implicar en modo alguno el incumplimiento de lo previsto en
el párrafo precedente. Y este tercer párrafo dice: En ningún caso
podrán los miembros de las Fuerzas Armadas condicionar el
cumplimiento de sus cometidos a una mejor satisfacción de sus
intereses personales o profesionales ni recurrir a ninguna de las
formas directas o indirectas de huelga. Para dejar las cosas en su
sitio.
Más tarde, señorías, en el orden del día de este Pleno vamos a
debatir un dictamen que ha elaborado la Comisión Mixta Congreso-
Senado para la plena profesionalización de las Fuerzas Armadas. En
ese dictamen, después de un exhaustivo y magnífico trabajo que
tendremos ocasión de ponderar en debate posterior, se dice claramente
en el apartado k): Se deberán buscar vías que faciliten cauces para
la presentación de propuestas, peticiones y reclamaciones en el
ámbito militar. Esto se dice en un apartado que comienza diciendo:
Los militares profesionales, como ciudadanos de uniforme, son
titulares de los derechos y libertades establecidos en la
Constitución. Pues bien, si vamos a aprobar que se deberán buscar
vías que faciliten cauces para la presentación de propuestas,
peticiones y reclamaciones en el ámbito militar, aquí, con nuestra
enmienda, tenemos la fórmula que lo propicia aprovechando esta ley de
régimen disciplinario militar.
Por supuesto, vendrán leyes posteriores donde esté reconocido ese
derecho, como puede ser una ley del servicio militar profesional o de
la actividad del militar profesional y de su régimen estatutario y
jurídico, por lo que, si no aprobamos esto, señorías, vamos a
mantener una situación verdaderamente paradójica. Este proyecto de
ley de régimen disciplinario que estamos discutiendo en este momento
ni en su artículo 7, de faltas leves, ni en el artículo 8, de faltas
graves, sanciona para nada si un militar se asocia. ¿Cómo se puede
mantener una prohibición de algo que después no se sanciona? Quien
redacta los papeles debe ser consecuente. Si en el Ministerio de
Defensa se empeñan en no modificar esta situación, sean ustedes
consecuentes y lleven al texto de este proyecto de ley que hoy nos
reúne aquí una aposición para sancionar esta falta. Lo que no se puede
hacer es decir por un lado que tienen prohibido el asociacionismo y
que pueda decir un militar: ¿Y si yo me asocio, qué me pasa? Pues
mire usted, con el proyecto de ley de régimen disciplinario que
estamos debatiendo aquí, a usted no le pasa absolutamente nada. Esto,
en un sistema de disciplina y de jerarquía militar es pernicioso y es
inadmisible. En la milicia, como en todo sistema jerarquizado, las
órdenes se dan para cumplirlas, y el incumplimiento conlleva una
sanción y una penalización. Si no, no funciona el sistema de
congruencia al que está sometido cualquier órgano jerarquizado.
Esto, señor presidente, es fundamentalmente lo que queríamos decir.
No podemos mantener esta prohibición de asociacionismo militar,
aparte de que lo considero una ofensa en un sistema de espíritu de la
milicia para quienes han contraído con el Estado, con la sociedad
y con la Constitución algo más que el común de los ciudadanos como es
un juramento de vinculación de vida con defensa de unos valores de la
sociedad española, porque entendemos que, de hacerse, sería flagrante
contradicción y conculcación de los artículos 22, 53 y 81 de la
Constitución. Les leo la entradilla del artículo 53 de la
Constitución Española: Los derechos y libertades reconocidos en el
capítulo segundo -donde está el artículo 22, que permite el
asociacionismo- del presente título vinculan a todos los poderes
públicos. A todos los poderes públicos, sean del Ministerio de
Administraciones Públicas o sean del Ministerio de Defensa. El
constituyente lo dejó bien claro.
Por esta razón, señor presidente, por esta congruencia y cuando
estamos en esta línea de un pleno reconocimiento a nuestras Fuerzas
Armadas, mi grupo ha presentado esta enmienda para que se reconozca
el asociacionismo militar, empezando por esta ley de disciplina para
que haya congruencia y esperando que los futuros proyectos de ley que
se nos han anunciado y que ya han salido en la prensa de un régimen
profesional militar dejen plenamente zanjada esta cuestión. No pasa
nada por estar tocando las reales ordenanzas, que se aprobaron al día
siguiente de nuestra Constitución y, por tanto, los redactores no
tuvieron presentes los principios de derechos constitucionales que
nuestra Carta Magna después sancionó. Quienes son garantes del
cumplimiento y defensa de la integridad de España y de velar por su
Constitución se merecen el reconocimiento de esta congruencia.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor
Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señorpresidente.
Intervengo para mantener en el debate las enmiendas números 98, 100 y
102 y anunciar la retirada de las enmiendas 90, 91, 92, 93, 94, 95,
96 y 99.
Estas tres enmiendas que vamos a debatir en estos momentos pretenden,
en dos ámbitos muy concretos, que aquello que afecta al derecho de
los soldados de reemplazo y que, lógicamente, en este periodo de
transición hacia el fin del servicio militar obligatorio van a
continuar sometidos al régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas,
responda realmente a un planteamiento de perfecta concordancia con
los derechos que esos ciudadanos tienen en tanto en cuanto
ciudadanos.
A nuestro grupo parlamentario le preocupó y ese es el sentido de una
parte de nuestras enmiendas, en la misma línea del informe del
Consejo General del Poder Judicial -y voy a leer textualmente- que en
el conjunto del texto se apreciaba un exceso de expresiones
y conceptos legales, jurídicamente indeterminados y de muy difícil, si
no imposible determinación, que precisamente por su inconcreción y
ambigüedad pueden provocar algunos problemas de seguridad jurídica.
Precisamente en estos dos ámbitos como son los que afectan a la
libertad sexual de los soldados y los que afectan a la libertad de
militancia política de los soldados, específicamente a los soldados
de reemplazo, nos parecía que el texto del proyecto de ley padecía
los defectos que el Consejo General del Poder Judicial destacaba.
En este sentido presentamos la enmienda número 100, al apartado 22
del artículo 8, donde se incluía como un tipo susceptible de ser
sancionado el realizar conductas sexuales que afectasen a la dignidad
militar. Esa enmienda no fue aprobada en el trámite de la Comisión,
nosotros lo lamentamos evidentemente y en las últimas horas hemos
mantenido contactos con el Grupo Parlamentario Popular. Vamos a
ofrecerle la siguiente enmienda con el objetivo de evitar que esta
expresión, que ha sido interpretada históricamente como una fórmula
de condenar las relaciones homosexuales en el ejército, no pueda
nunca ser interpretada de esta forma. Nos parece que el ejército debe
respetar la libertad sexual de cualquier ciudadano con independencia
de su orientación. Para evitar que esta interpretación sea posible es
bueno acotar con mayor precisión en qué formas y en qué
circunstancias se pueden producir los hechos susceptibles de falta
reglamentaria.
En este sentido, la propuesta transaccional que luego haremos llegar
a la Mesa dirá lo siguiente: Mantener relaciones sexuales en
acuartelamientos, bases, buques, aeronaves y demás establecimientos
militares cuando, por la forma y circunstancias en que se lleven
a cabo o por su transcendencia, atenten contra la dignidad militar. Nos
parece que hemos de acotar con precisión de lo que estamos hablando y
evitar estas interpretaciones que han causado alarma social a lo
largo del tiempo.
También nos preocupaba que la ley no previese lo que hoy es la
realidad. La mayoría de los soldados de reemplazo, por no decir el
cien por cien de ellos, que militan en partidos políticos, en
organizaciones juveniles de todos los grupos de la Cámara, una vez
que se incorporan al servicio militar obligatorio continúan en su
ciudad, en su pueblo, en su barrio participando de las actividades de
su partido político. Todos nosotros podríamos poner ejemplos de
compañeros nuestros de partido que se encuentran en esas
circunstancias. Incluso, la propia interpretación de este proyecto de
ley con la Ley del servicio militar no permitiría encontrar otra
interpretación.
Ahora bien, para evitar cualquier género de dudas, nuestro grupo
parlamentario presentó las enmiendas números 102 y 98, a los
artículos 7 y 8, en sus apartados respectivos, con el objetivo de
dejar muy claro que esa prohibición que se marca en la ley no pudiese
afectar a los soldados de reemplazo. Esta enmienda tampoco fue
aceptada en el trámite de Comisión y hemos planteado también en estas
últimas horas una posible enmienda transaccional con el Grupo
Popular, que paso a leer y luego entregaremos a los servicios de la
Cámara.
En concreto nuestra enmienda número 98 al artículo 7.33 diría:
Prestar colaboración a organizaciones políticas y sindicales, sin
haber solicitado previamente el pase a la situación legalmente
establecida. Los militares de reemplazo deberán cumplir su obligación
de respetar el principio de neutralidad política en los términos
señalados por la ley, sin perjuicio de que fuera de los recintos,
acuartelamientos, buques, bases, aeronaves y demás establecimientos
militares, sin vestir uniforme durante el tiempo en que no estén
obligados a permanecer y pernoctar en los mismos, puedan realizar las
actividades, políticas o sindicales, que deriven de su adscripción de
una u otra índole, y siempre que las mismas no se lleven a cabo en
relación, directa o indirecta, con sus compañeros o sus superiores,
ni incidan directa o indirectamente en actos relacionados con el
servicio, ni con las Fuerzas Armadas, su organización, estructura y
misiones.
Nos parece que este texto, muy acotado, permite esa participación
normalizada de los soldados de reemplazo en aquellas estructuras
políticas en las que habitualmente están participando. Nos parece que
tanto el sentido último de las enmiendas, como también esta nueva
oferta de transacciones mejoran el texto de la ley especialmente en
dos supuestos para los que, a nuestro entender, el planteamiento
inicial del proyecto no nos podía satisfacer.
Quiero decir para terminar, en relación a la enmienda que el señor
Mardones ha defendido con vehemencia hace un momento, que nuestro
grupo parlamentario entiende que el trámite de discusión del proyecto
de ley de disciplina militar no es el mejor momento para abordar con
seriedad el debate que el señor Mardones
nos ha planteado. Creo que en los próximos meses vamos a tener
posibilidad de discutirlo con muchísima tranquilidad en la ley que
afecta al régimen jurídico del personal de las Fuerzas Armadas. En
ese ámbito -y es la primera oportunidad que vamos a tener- el
Gobierno, y nos consta, va a plantear mecanismos que sirvan para
canalizar la participación de los miembros de las Fuerzas Armadas.
También vamos a tener que estudiar con detenimiento lo que sucede en
otros Estados de la Unión Europea en estos momentos, en aquellos
Estados que tiene reconocidos lícitamente el asociacionismo militar y
en aquellos otros que no lo tienen reconocido. Creo que este es un
debate importante que tenemos que afrontar con toda normalidad
democrática. Por tanto, es bueno que el señor Mardones lo haya
planteado para que lo podamos discutir, pero entiendo que nos
equivocaríamos sin pretendiésemos, a través del proyecto de ley de
disciplina militar, resolver esta cuestión.
Por tanto, votaremos en contra de sus enmiendas, incluida la
transaccional, pero nos mostramos abiertos a que en los trámites
legislativos que tendremos que afrontar en los próximos meses,
encontremos mecanismos que garanticen buena parte de los
planteamientos que el señor Mardones ha defendido en su intervención.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra don Willy
Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, Izquierda Unida ha venido manteniendo en la cuestión que
después tendremos oportunidad de debatir sobre profesionalización de
Fuerzas Armadas, un modelo de ejército que en tiempos de paz tenga
reconocidos la práctica totalidad de los derechos de cualquier
ciudadano. Por tanto, hemos abordado este proyecto de ley de régimen
disciplinario con la filosofía de entender que es un colectivo al que
le debe ser reconocida la libre sindicación de los profesionales que
ocupan las Fuerzas Armadas, la realización de reclamaciones laborales
y la defensa de sus intereses profesionales, y esto es compatible con
un colectivo que sea eficaz en combate. Esta reflexión que en algunos
ejércitos europeos existe, como es en el holandés, permite combinar,
no aislar a este colectivo de profesionales de lo que es el conjunto
de la sociedad y tratarlos exactamente igual o con muy pocas
restricciones respecto a cualquier civil. Con este espíritu
presentamos en su momento 54 enmiendas, de las cuales han quedado
vivas 36, y es de lamentar por nuestra parte que el conjunto de lo
que es el proyecto no sea satisfactorio, porque el conjunto de las
fuerzas
políticas han ido por otro camino, por el camino de seguir
entendiendo que este colectivo de profesionales de Fuerzas Armadas
tiene que tener menos derechos reconocidos que los civiles.
Al conjunto de las enmiendas que hemos mantenido vivas pretendíamos
darle este giro, este cambio, y hacer posible que los profesionales
de las Fuerzas Armadas tuvieran ese reconocimiento. Esto no ha podido
ser así, seguiremos insistiendo y seguro que el tiempo y la paciencia
alguna vez nos darán la razón. En todo caso, el conjunto de enmiendas
que hemos presentado pretendía resolver algo que, a nuestro juicio,
sigue sin resolverse en el proyecto: la determinación de la licitud
y legitimidad de las órdenes, el reconocimiento o no de la eximente de
obediencia debida y la asistencia técnico-jurídica al militar, al
expedientado, y el procedimiento a seguir.
El artículo 1 del proyecto ya es definitorio de unas Fuerzas Armadas
que anteponen la jerarquía y la disciplina al respeto a las normas
legales y los derechos amparados por éstas. La solución lógica al
conflicto entre jerarquía y disciplina, versus normas y derechos,
pasa por establecer un límite claro a la posición dominante de las
dos primeras, y ese límite pasa por considerar como ilícita toda
orden cuando incurra en alguno de los supuestos de falta del proyecto
y, por tanto, exenta del cumplimiento. Esto debe tener un carácter
automático y su misión es proteger a los afectados, tanto a los que
se les ordena darla curso y cumplirla como a los afectados por su
cumplimiento.
El problema se agrava, señorías, por cuanto se van a dictar dos
resoluciones sobre dos mismos hechos, una penal que aun siendo
absolutoria contiene siempre la coletilla de sin perjuicio de su
consideración como falta, pese a que en Derecho quien puede lo más
puede lo menos, y a que el juez togado pueda hacer constar la
existencia o no de falta disciplinaria, en virtud de la medida
segunda del artículo 141 de la Ley Orgánica 2/89, procesal militar,
con lo que la vía administrativa sigue abierta y ésta carece de
garantías de independencia de la vía penal, pues se rige en su
instrucción y resolución por el principio de jerarquía en forma de
órdenes.
A pregunta de este diputado, el Gobierno respondió en su momento que
sólo existe la posibilidad de desobedecer una orden, y sólo en ese
caso es ilícita, cuando atenta contra las leyes de la guerra o sean
constitutivas de delito, lo cual supone que cuando constituyan falta
deben ser obedecidas y cumplidas. Es decir, se debe ser coautor o
cómplice por obligación. Y otra cita textual de esta respuesta,
decía: La orden dada no era constitutiva de delito, no era ilícita, o
sea que sólo son ilícitas las órdenes que son delito, pero no las que
son falta. Curiosa disquisición la que hace la respuesta del Gobierno
considerando que las faltas no son actos ilícitos. Debe ser porque
los señores del Gobierno ignoran que el delito y la falta son dos
calificaciones de ilícito,
según el Código Penal. Pero, de acuerdo con tan brillante
razonamiento, si no son ilícitos, ¿por qué se sancionan?
Como consecuencia de lo anterior, señorías, se plantea el problema
del cumplimiento por los subordinados de órdenes que suponen incurrir
en los supuestos de faltas contenidos en el proyecto. Si un
comandante da orden a un capitán de que se repare su coche particular
en los talleres de un acuartelamiento, éste se ve sometido a la
obligación de ordenar a su vez que se realice esa conducta
tipificada, bajo el riesgo de incurrir a su vez en falta por negarse
a cumplir la orden. Y, si lo ordena, incurre a su vez en falta por
cumplirla, al llevar a cabo una conducta tipificada. La situación se
traslada hacia abajo cuando da la orden a un sargento, ya que éste
vuelve a encontrarse ante el mismo dilema que el capitán. Es decir,
que de cumplirse la orden, los tres mandos han incurrido en falta y
los dos que la obedecen sólo pueden eximirse de responsabilidad
mediante la obediencia debida. Y es de todos conocido, señorías, que
la obediencia debida ha tenido en las Fuerzas Armadas unas
consecuencias tremendas en algunos países y en determinadas
situaciones.
Si, por el contrario, los dos mandos inferiores se niegan a
cumplirla, se les abre expediente y se les aplican sanciones aun
antes de que se decida sobre la legitimidad y la licitud de la orden.
Carecen, pues, los miembros de nuestras Fuerzas Armadas de garantías,
ya que el proyecto habla de cualquier orden, sin establecer los
requisitos de validez de las mismas que las harían de obligado
cumplimiento. El cumplimiento automático de órdenes ilícitas, que no
son delito pero sí falta, hace además que los efectos de las mismas
se lleven a cabo, pues si primero deben cumplirse y luego dar parte
de la orden recibida, el efecto se ha consumado y el daño se ha
hecho, sin que el proyecto contenga un mecanismo que impida que esto
suceda. De modo que, una vez hecho el daño, las reclamaciones, como
dicen en la mili, al maestro armero.
El proyecto, a su vez, señorías, no vela por las garantías de defensa
del expedientado, pues prevé la asistencia al mismo por un militar o
por un abogado, con lo que se da la circunstancia de que el militar
es lego en Derecho y el abogado desconoce el régimen de actuaciones
en el seno de las Fuerzas Armadas. Lo lógico sería una doble
asistencia técnica o que ésta correspondiera a un militar licenciado
en Derecho que gozara de independencia, no estando sujeto a presiones
jerárquicas. También el proyecto hace caso omiso de la existencia de
la Ley 30/1992, de procedimiento administrativo común, debiéndose
recalcar lo de común, y ni siquiera la considera supletoria. La
consecuencia es el establecimiento de un sistema procedimental que
reconoce menos derechos al militar que al civil.
Finalmente, señorías, a partir de esta reflexión de fondo queremos
mencionar nuestra oposición al artículo 8.24, que dice: Mantener
relaciones sexuales en
acuartelamientos, bases, buques, aeronaves y demás establecimientos
militares, cuando atenten contra la dignidad militar, al considerarla
contraria a la libertad sexual de las personas. En ese sentido, y
adelantándome a la posición de las enmiendas de los demás grupos
políticos, nos parece interesante la enmienda 69 del Grupo Mixto, que
vamos a apoyar, para que no aparezca ninguna relación, que
desaparezca directamente el artículo 8.24, y no nos satisface la
transaccional que ofrece el Grupo Mixto.
Por tanto, señorías, y para ir concluyendo, mantenemos vivas esas 36
enmiendas; vamos a votar que sí a todas las enmiendas vivas del Grupo
Mixto porque entendemos que van en esta misma dirección. De las
enmiendas de Coalición Canaria votaremos sí a la primera, a la 234
no. Votaremos favorablemente a todas las que ha mantenido el Grupo
Socialista. La enmienda de Convergència i Unió, si no transacciona la
100, la votaríamos a favor, y en el caso de que la transaccione
votaríamos que no, y nos abstendríamos en la 98 y en la 102.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Meyer.
El Grupo Socialista mantiene también enmiendas, para cuya defensa
tiene la palabra doña Carmen Calleja.
La señora CALLEJA DE PABLO: Señor presidente, señorías, el proyecto
que hoy debatimos se justifica, según expuso en su día el señor
ministro de Defensa, en la oportunidad de superar algunas
disfunciones aplicativas apreciadas durante la vigencia de la
legislación actual, incorporando a ésta mejoras técnicas, así como
reflejar en el texto legal los criterios jurisprudenciales emanados
desde la vigencia de la ley de 1985. Pues bien, nosotros creímos en
su momento que el proyecto no alcanzaba sus objetivos de forma
satisfactoria, de ahí, nuestras enmiendas. El trabajo en ponencia, me
complace decirlo, ha sido fructífero, y debo añadir que el Grupo
Popular, en la persona de su portavoz, el señor Cárceles, ha
contribuido a ello con talante abierto y receptivo. Muchas de
nuestras enmiendas han sido aceptadas y otras han sido objeto de
transacción, por lo que sólo hemos reiterado nueve, para su votación
en Pleno.
He dicho que en nuestra opinión el proyecto remitido por el Gobierno
no alcanzaba sus objetivos de forma satisfactoria. No voy a
extenderme en ejemplos por razones de tiempo, pero sí me referiré a
dos extremos que no han sido recogidos por el dictamen de la Comisión
y que me parecen particularmente graves. Uno de ellos es la ausencia
de recurso contencioso-disciplinar contra las faltas leves, salvo
cuando afecten a derechos fundamentales. Créanme SS. SS. que, tras
más de dos décadas de docencia de Derecho administrativo en la
Hispalense, la sola lectura de que contra un acto administrativo no
cabe recurso contencioso ordinario me produce no ya rechazo sino una
cierta sensación de incredulidad. Pero es cierto, el proyecto
mantiene la ausencia de recursos contra las faltas leves, salvo que
afecten a derechos fundamentales; situación sorprendente, cuando la
ley de la jurisdicción contencioso-administrativa, actualmente en el
Senado, ha extendido su ámbito a actos que por no estar regulados por
el Derecho administrativo sino por otros ordenamientos no estaban
incluidos en aquel ámbit;, me refiero a los llamados actos políticos
del Gobierno, a los que la ley jurisdiccional en trámite somete a
control judicial una serie de aspectos como son, en todo caso, el
control por derechos fundamentales, los elementos reglados del acto y
la determinación de las indemnizaciones procedentes. Es decir,
señorías, que a los llamados actos políticos del Gobierno, que no son
en rigor actos administrativos, esta Cámara ha querido, me parece que
con acierto, aplicarle un control judicial más intenso que el que el
proyecto que hoy debatimos prevé para las faltas leves. Aquéllos son
actos del Gobierno; las sanciones por faltas leves son actos
administrativos que pueden emanar de un jefe de pelotón. No parece
que hagan falta más comentarios. Mantenemos nuestra enmienda y
pediremos votación separada, en su caso, del artículo 77.3.
El segundo extremo no recogido en el dictamen de la Comisión y que
reviste mucha gravedad es el relativo al artículo 8, apartado 24, del
texto aprobado por la Comisión, objeto de las enmiendas 100 y 69, que
se mantienen vivas. Como saben, califica de infracción grave mantener
relaciones sexuales en acuartelamientos, bases, buques, aeronaves y
demás establecimientos militares cuando atenten contra la dignidad
militar. Una lectura limpia de este párrafo lo haría tal vez
asumible, aunque les confieso que no deja de suscitar mi recelo el
que sólo se aluda a las relaciones sexuales como potencialmente
atentatorias contra la dignidad militar. Cualquier actividad humana,
creo, y no sólo las relaciones sexuales, incluso las más triviales,
inocuas y de habitual realización en público, podrían incurrir en
falta de decoro. Utilizo el término decoro, por supuesto, en el
sentido que el pintor Pacheco, suegro del gran Velázquez, como saben,
daba al mismo. Pueden incurrir en falta de decoro esas triviales
actividades humanas si son realizadas con transgresión de las formas
adecuadas al caso, piénsese en comer o incluso en vestir. Pero bien,
volvamos a lo nuestro.
Como nos advierte el profesor García de Enterría, la peculiaridad de
las sanciones administrativas disciplinarias reside en la estimación
como ilícitos sancionables de conductas valoradas con criterios
deontológicos más que estrictamente jurídicos y con frecuencia de
deontología convencional o corporativa. Bien, pues en el
entendimiento que los exégetas vienen haciendo en nombre de una
determinada deontología profesional
de este tipo disciplinario se asienta en planteamientos
claramente discriminatorios. No es otra que considerar incursas en
este atentado a la dignidad militar las relaciones sexuales entre
personas del mismo sexo, es decir, la relación homosexual por el solo
hecho de ser de este carácter. Les ilustraré muy brevemente con
textos concretos.
Los comentarios a la Ley de disciplina militar, de Álvarez Roldán y
Fortún, aseguran que la formulación legal no requiere especial
cualidad de los sujetos y por ello no precisa sexo o empleo de los
que mantuvieran la relación. En todo caso, dice, cabe afirmar que las
relaciones sexuales entre personas del mismo sexo atentan contra la
dignidad militar. El Derecho disciplinario militar, de Rojas Caro, se
pregunta lo siguiente: ¿Cuándo sucede que la relación sexual tenida
en lugar militar atente contra la dignidad militar? Y se responde: En
términos generales, atenta contra la dignidad militar la relación
homosexual y no la heterosexual. Permítanme que les añada que esta
interpretación tan profundamente discriminatoria del texto que
comentamos no queda sólo en el ámbito doctrinal. Si nos asomamos a la
jurisprudencia ordinaria, asistiremos a un verdadero calvario de los
militares homosexuales, es más, a una verdadera caza del homosexual.
Encontraremos en la jurisprudencia no sólo una cabal recepción de la
descarriada interpretación deontológica que les acabo de señalar,
sino incluso el mantenimiento de tipos penales ya derogados, como el
artículo 352 del antiguo Código de Justicia Militar, que tipificaba
directamente los llamados hechos deshonestos entre homosexuales,
afirmando la jurisprudencia que, desaparecido aquel tipo delictivo en
el Código Penal Militar promulgado por la Ley Orgánica 13/1985, puede
entenderse que dicha figura criminal ha sido sustituida por la
infracción administrativa de la causa número tres del artículo 59 de
la Ley disciplinaria vigente, que coincide con el texto que debatimos
hoy.
Créanme, señorías, que no exagero cuando califico la situación de
calvario de homosexuales y caza de éstos. Frases tomadas de
sentencias del Tribunal Supremo avalan mi juicio. El artículo 352 del
Código de Justicia Militar, perpetuado contra toda razón en la Ley
disciplinaria vigente, vía hermenéutica añado yo, no puede estimarse
discriminatorio habida cuenta que el citado artículo contempla una
antijuridicidad para hechos cometidos por militares y por su
condición de tales. Dice que la homosexualidad, por su condición
infamante, repugna el honor militar, que tiende a separar del
servicio al que se hace indigno de seguir vistiendo el uniforme. A
nadie se oculta, dice otra sentencia, que el comportamiento
homosexual, en un ámbito social como el militar, en modo alguno puede
ser tenido por serio y decoroso. Apenas puede discutirse que toda
sociedad heterogénea, como lo es la española, tiende espontáneamente
a ser tolerante y permisivacon lo que podemos llamar la conducta
diversa, pero
ello no obsta, dice la sentencia, para que a los miembros de
determinados cuerpos profesionales, en los que, es preciso
subrayarlo, se ingresa vocacional y voluntariamente, les sea exigido
jurídicamente por vía disciplinaria, e incluso por vía penal, un
grado de atenimiento a la moral socialmente vigente, cuando al resto
de los ciudadanos sólo se impone el control difuso que ejerce el
juicio u opinión de la colectividad.
Limitaciones de tiempo y un cierto sonrojo, les confieso, ante una
literatura jurídica tan radicalmente inconstitucional y atentatoria
contra los derechos humanos, me impiden seguir con más citas, pero sí
he de decirles, señorías, para terminar, que no podemos mirar hacia
otro lado sabiendo que un texto legal, en principio asumible,
encierra una mercancía ideológica contraria a la Constitución, a la
propia legalidad positiva y a las más elementales exigencias del
respeto a la libertad individual.
Los homosexuales, señorías, no son los diversos, simplemente son y
tienen derecho a ser tanto como los heterosexuales o los que carecen
de toda apetencia sexual; y las Fuerzas Armadas no tienen por qué
ser, y estoy segura de que no lo son, una isla social a la que sólo
tengan derecho a pertenecer personas heterosexuales. Debemos asumir
nuestra responsabilidad de legisladores y rasgar el velo de la
inocuidad formal de un texto positivo, ver lo que se oculta por vía
aplicativa detrás de él y tomar la decisión que nos corresponde para
eliminar del ordenamiento jurídico cláusulas que han dado pie a la
formulación de deontologías espurias y jurisprudencia contraria a la
prohibición de discriminación de los homosexuales; prohibición
contenida en la recomendación número 924 de la Asamblea Parlamentaria
del Consejo de Europa, en la resolución del Parlamento Europeo de
marzo de 1994, en las sentencias constitucionales números 103 y 104
de 1983, e incluso en textos de esta misma Cámara, como la
proposición de la Comisión Constitucional de junio de 1985.
Termino, señorías, señalando lo siguiente. Decía el señor ministro de
Defensa que una de las razones que justifican el proyecto es
incorporar la jurisprudencia emanada sobre la legislación vigente.
Creemos, señorías, que hay criterios jurisprudenciales que merecen
ser elevados a la categoría de Derecho positivo. En otros casos, sin
embargo, hay que alumbrar un Derecho positivo que impida la
perpetuación de sentencias inaceptables en un Estado de Derecho,
democrático, plural y respetuoso con la libertad individual. Causa
asombro y estupor que se discrimine a las personas por sus
preferencias sexuales, que se ofenda a las personas homosexuales
considerando que su comportamiento sexual es en sí mismo un atentado
a la dignidad de cualquier institución, incluida la militar. Estamos
convencidos de que nos toca imponer nuestra autoridad de legisladores
y desalojar del ordenamiento jurídico una norma cuya aplicación viene
haciéndose
en los términos dichos. Debemos cumplir no sólo el artículo 14 de la
Constitución, que ampara el respeto a la igualdad, sino también lo
dispuesto en el artículo 9, que nos ordena, como poder público que
somos, remover los obstáculos que impidan esa igualdad. Aquí tenemos
un caso, señorías. Mi grupo, por tanto, votará favorablemente la
enmienda número 69 que mantiene viva el Grupo Mixto y la 100, si no
es objeto finalmente de transacción, y pediremos en su caso votación
separada de los artículos 8 y 24 del texto que nos remite la
Comisión.
Como señalaba un viejo militar, el general Gándara, allá por 1878, en
sus ideas sobre disciplina y organización militar, cuando se
preguntaba cómo puede restablecerse la disciplina, diré: sólo, pero
infaliblemente, por la justicia.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Calleja.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Antonio Luis
Cárceles.
El señor CÁRCELES NIETO: Señor presidente, señorías, la disciplina es
factor de cohesión que obliga a todos por igual y tiene su expresión
colectiva en el acatamiento a la Constitución, a la que la
institución militar está subordinada. Vengo a recordar estas
afirmaciones de la exposición de motivos de la ley para demostrar que
se parte de un error técnico en el debate cuando se quiere hablar del
procedimiento administrativo equiparándolo a este procedimiento
sancionador que hoy debatimos. No es el ámbito, es mucho más
restrictivo, es de menor entidad, porque no olviden SS. SS. que
estamos tratando de hacer un régimen disciplinario para sancionar
aquellas faltas leves y graves y que tienen su determinación, su
acotamiento por la expresión del Código Penal, que fija el ámbito de
actuación para aquellas conductas irregulares en un campo y sobre
unas personas, y no podemos establecer una homologación como en el
resto de la Administración pública española, porque son
características muy diversas, muy distintas donde se pueden producir
esas situaciones, entre otras cosas porque no se convive con la misma
intensidad en un acuartelamiento que en cualquier sección de la
Administración del Estado.
Señorías, quiero agradecer, en primer lugar, el reconocimiento sobre
los trabajos que hemos hecho, tanto en ponencia como en Comisión.
Favor por favor, yo tengo que reconocer que con la colaboración, el
talante y el espíritu de los grupos parlamentarios hemos podido hacer
un trabajo que mejore el proyecto de ley y que nos pueda servir a
todos, viendo realizada o reflejada la inquietud que hemos tenido.
Lamento que no sea así con algunos grupos parlamentarios, como el
Grupo Mixto. La señora Rivadulla se quejaba de que sus enmiendas no
han tenido gran
éxito. No lo han tenido, señoría, no por falta de comprensión, ya que
algunas de las inquietudes que establecen las enmiendas han quedado
recogidas, bien en enmiendas de otros grupos parlamentarios o bien en
los trámites transaccionales del informe de ponencia. Quizá no se han
podido recoger sus enmiendas textualmente porque había que optar;
quizá al enmendar la totalidad de la ley, S. S. ha mostrado un
recelo, una desconfianza, hacia la redacción de todo el articulado,
cuando este proyecto de ley quiere regular que no haya abuso,
posición favorable del mando respecto del militar de reemplazo.
Señoría, no es así.
Bien sabe que a lo largo de la ponencia y de la Comisión han
prosperado muchas enmiendas, aparte de las que originalmente traía el
proyecto de ley, donde se garantizan precisamente los derechos del
militar de reemplazo y, además, se incorporan algunas sanciones
disciplinarias contra los mandos que, de una u otra manera, puedan
abusar de un inferior. Por tanto, no es este un proyecto de ley
pensado para el militar de reemplazo, ni mucho menos, señoría, como
hemos razonado a los meros efectos dialécticos, cuando estamos a
punto de profesionalizar las Fuerzas Armadas y el militar de
reemplazo tiene los días contados. Sería absurdo hacer un proyecto de
ley pensado en unas características personales que van a desaparecer
en dos o tres años. De manera que no se corresponde con la realidad.
Sobre el Grupo de Coalición Canaria, tengo que reconocer que son
cuatro enmiendas, pocas pero de gran calado, de un gran contenido.
Empecemos por el artículo 4, el principio non bis in idem. Ese
principio de legalidad de la potestad sancionadora no es interpretado
correctamente. Es posible que un delito y una falta puedan ser
sancionados por unos mismos hechos -atengámonos a la doctrina que ha
establecido el Tribunal Constitucional-, siempre y cuando los que
sean objeto de un ilícito puedan tener una naturaleza distinta de los
bienes jurídicos que se protegen. Por ese supuesto pueden ser
condenados por un delito y, al mismo tiempo, por una falta, que dan
lugar a dos naturalezas distintas en esencia sobre la comisión de un
delito o de una falta; sí puede existir la dispersión de dos acciones
bien distintas. De manera que yo creo que no se ha entendido bien ese
principio de non bis in idem que, de alguna manera, queda bien
recogido,dada la naturaleza del tipo de falta que se puede cometer en
el ámbito de aplicación de este proyecto de ley.
Al artículo 7 apartado 35 hay una enmienda a la quizá se le puede
criticar su aspecto generalista sobre que aquellas faltas que puedan
contravenir lo ordenado en las Reales Ordenanzas no sean objeto de
una sanción por falta leve. No se puede tipificar absolutamente todo
y, evidentemente, por la escasa cuantía y por su condición de leve,
es por lo que se hace una revisión final para que cualquier
contravención de esas normas
pueda dar lugar a una falta leve. Por tanto, creemos oportuno seguir
manteniéndola.
Quizá la cuestión más importante es la que se refiere al
asociacionismo militar de la disposición adicional séptima nueva.
Señoría, tengo que reconocer la inquietud que plantea en este asunto,
pero cuando nos preguntaba por qué no ampliamos o por qué
restringimos los derechos de los militares en esta materia, yo le
contestaría, señor Mardones, que quizá para preservarlos del tira y
afloja, del trae y llévalos. Precisamente por la alta función que
desempeñan para el Estado, no es bueno que, bajo una lámina de
apariencia de una mayor ambición o conquista democrática para un
colectivo de unas características muy excepcionales, posiblemente
plantee una duda muy razonable: si es bueno o malo. Lo es en cuanto a
los derechos cívicos de cualquier otra persona, pero también es
cierto que el militar profesional no tiene unas circunstancias
iguales a las del resto de los ciudadanos, porque precisamente
administra el uso de un poder muy importante, que hace que seamos
todos muy cautelosos; y el sentir de la inmensa mayoría del militar
profesional es también estar apartado de este asunto a veces para no
verse implicado en esas tentaciones.
Sabe S. S. que hemos tenido algunos episodios que han dado lugar a
situaciones de esta naturaleza que si hubieran tenido una cobertura
-como ahora se trata de regular- posiblemente no habrían creado
mayores problemas. En cualquier caso, señoría, yo no tengo una
posición absolutista sobre la materia, por tanto, comprendo
perfectamente que hay inquietud y que es necesario regular este
asociacionismo, y al mismo tiempo lo tengo que contraponer con los
problemas que el asociacionismo puede producir en el proyecto de ley
y en la vida española.
En definitiva, respecto a la disposición final segunda, que va en
coherencia con la disposición séptima nueva, queremos confesar -por
decirlo de otra manera, señor Mardones- un mar de dudas razonable.
Creemos que no estamos en condiciones de fijar una posición en esta
cuestión, aunque quizá no sea éste el marco legislativo más apropiado
para debatir el proyecto de ley que regula el régimen disciplinario
de las Fuerzas Armadas, y sí lo serán las leyes sustantivas donde
realmente se defina la función o el régimen jurídico del personal al
servicio de la Administración militar.
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida ha presentado
muchas enmiendas al conjunto de la ley, señor Meyer, y también han
sido muchas, en porcentaje, aquellas inquietudes que el Grupo Popular
ha recibido como positivas y las ha incorporado a ese proyecto de
ley; no ha incorporado todas porque subyace un modelo de absoluta
confrontación de posiciones políticas sobre la materia, por lo que no
podíamos llegar a acuerdos mayores en algunos de los extremos. No
obstante, creo que sí se han recogido inquietudes
importantes, planteadas por el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida. Otras inquietudes se rechazan y, sin embargo, en
virtud de otras enmiendas o transacciones, si no totalmente, sí
parcialmente, se han recogido en el proyecto de ley.
Por último, me voy a referir al Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió). Hay quizá un punto de coincidencia sobre las
enmiendas que nos proponen tras la intervención de la señora Calleja
del Grupo Socialista, quien nos ha ofrecido un tratado sobre la
homosexualidad en gran parte de su intervención. Si leemos el
artículo veremos que ha hecho una interpretación algo torticera. El
que se prohiban las relaciones sexuales en los acuartelamientos,
buques, etcétera, o aquellas posiciones que puedan atentar contra la
dignidad militar, pensando en la homosexualidad directamente, es
buscar una situación con fórceps. El proyecto de ley no trataba esta
cuestión. Y como prueba de buena fe y en uso de nuestros
reconocimientos de consenso, cooperación y colaboración, no tenemos
ningún inconveniente en recoger los aspectos propuestos por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en las enmiendas
transaccionales a las 98, 100 y 102. Con ellas pretenden expresar
claramente la inquietud que les embarga acerca de esa definición más
general que el proyecto de ley utiliza y así queda más preservada la
seguridad de que no se está legislando en contra de, sino en el marco
general de lo que se puede o se quiere hacer. Nosotros no tenemos
ningún inconveniente, aceptamos de muy buen grado esas enmiendas que
pueden contribuir a que esa inquietud quede salvada y, por lo tanto,
no podemos tener otra posición que la de reconocimiento sobre ese
particular.
Por último, al Grupo Parlamentario Socialista le han quedado muy
pocas enmiendas. Se ha consensuado muchísimo sobre este proyecto de
ley y quedan muy pocas cuestiones pendientes. Muchas de ellas son
aspectos semánticos que a veces tienen importancia, porque por breves
pueden cambiar el marco de comprensión y al ámbito al que quiere
dirigirse la ley. Sin embargo, siendo de menor cuantía las que han
quedado vivas -hemos hecho un gran esfuerzo, pero ya no podemos
aceptar más enmiendas-, sí existe una dificultad de mayor calado, a
la que por cierto se ha referido S. S. en la sesión de esta mañana,
sobre la enmienda 141 sobre el contencioso-disciplinario militar
contra faltas leves del artículo 77.2. Estamos hablando en el marco
que tenemos que hacerlo. Por tanto, no debemos recordar la Ley de
procedimiento administrativo para emparejarla con este proyecto de
ley puesto que éste tiene mucha menos pretensión y ambición -dentro
del marco administrativo común- y trata de resolver pequeñas cosas.
No hay que olvidar que se establece hasta dos meses de sanción para
las faltas graves, con lo cual la sanción para las faltas leves
realmente va a ser muy poco importante. Si para las faltas de
carácter leve queremos abrir todo el aparato
jurídico de un contencioso militar, estaremos matando moscas a
cañonazos, señora Calleja; además creo que hay que tener un razonable
equilibrio de los recursos con que se cuenta para administrar esa
justicia de manera que no se pueda terminar en esa posición. Éste no
es un parecer restrictivo del Grupo Popular o que yo lo quiera ver de
una manera muy particular. Evidentemente, las faltas leves deben de
tener la naturaleza y la característica de su cumplimiento en breve,
es decir, la inmediatez para solventar una determinada situación; el
funcionamiento en los acuartelamientos debe mostrar una facilidad,
sin menoscabo de las garantías que el militar profesional o de
remplazo pueda tener para poder recurrirlas y que se le garantice el
ejercicio de su derecho y, por tanto,la aplicación de la justicia en
ese ámbito. Como digo, ésta no es una opinión particular de este
modesto diputado, señora Calleja. La sentencia del Tribunal Supremo,
de 1 de octubre de 1990, viene a razonar perfectamente la no
necesariedad del contencioso militar sobre una falta leve.
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Cárceles, por favor.
El señor CÁRCELES NIETO: Sí, señor presidente, concluyo
inmediatamente.
No es una apreciación muy particular o graciosa del Grupo
Parlamentario Popular sino que está fundada en la extensión de la
doctrina y la jurisprudencia que se ha generado sobre este asunto y
cuál es el ámbito para que puedan convivir razonablemente el
principio de legalidad, ejemplaridad y la cobertura a las garantías
de los derechos de los militares profesionales que pudieran ser
sancionados injustamente para que cuenten con la vía del recurso.
Luego, la sanción tiene su recurso, pero no queremos abrir el
contencioso militar porque se dispararía en el tiempo y la eficiencia
y la eficacia de la reprensión de una falta leve se vería envuelta en
un asunto litigioso de incalculables consecuencias, que quizá ya no
tendría objeto, sobre todo en las condiciones del militar de
reemplazo.
Por todas esas razones, señor presidente, aceptamos las enmiendas
transaccionales que nos plantea el Grupo de Convergència i Unió como
mejora clara y precisa de estos aspectos que hemos comentado.
Por último, quería decir que, por error en la formación de voluntad,
en el trámite de ponencia se produjo una alteración en la redacción
del artículo 78, por lo que se presentó en Comisión una enmienda in
voce que no tuvo la fortuna de triunfar. La mantenemos hoy en
coherencia con el debate que acabamos de mantener sobre la
eliminación de la prisión y el artículo 77.3, para que no se abra el
camino del contencioso militar para las faltas leves, puesto que no
procede en ningún caso.
Muchísimas gracias a todos los grupos por su colaboración y por la
posibilidad de que este proyecto deley pueda ser aprobado en el día
de hoy.
Muchas gracias. (El señor Campuzano i Canadés pide la palabra.)
Señor Campuzano, supongo que me pide la palabra a efectos de fijar su
posición final sobre las enmiendas.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Sobre todo para aclarar los términos de
la aceptación...
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Para aclarar los términos de la
aceptación de la transacción a la enmienda número 100.
Creo interpretar de lo que ha dicho el señor Cárceles que queda claro
que la nueva redacción del punto que afecta a la sanción de las
conductas sexuales en los acuartelamientos no puede afectar en ningún
caso a las conductas homosexuales. Y creo que en este sentido
aquellos grupos parlamentarios que se han expresado de manera
contraria, entendiendo que la nueva redacción efectivamente sanciona
estas conductas, están justificando interpretaciones regresivas en
esta materia y, por tanto, solicito de estos grupos que replanteen su
posición para evitar que nadie nunca pueda interpretar los términos
de este artículo en aquello que nadie de esta Cámara quiere que sea
interpretado.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campuzano.
Vamos a proceder a las votaciones. (Pausa.)
Vamos a proceder a las votaciones de las enmiendas, del articulado y
del conjunto de los dictámenes debatidos hasta el momento: proyecto
de ley de reforma de la Ley del Mercado de Valores y proyecto de ley
orgánica que modifica el régimen disciplinario de las Fuerzas
Armadas.
Comenzamos por la votación de las enmiendas al proyecto de ley de
reforma de la Ley número 24, de 1988, del Mercado de Valores.
Se someten a votación, en primer lugar, en dos bloques, las enmiendas
del Grupo Nacionalista Vasco. Enmienda número 137.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
306; a favor, 16; en contra, 285; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Restantes enmiendas del Grupo Vasco (PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
305; a favor, 18; en contra, 284; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las restantes enmiendas del
Grupo Vasco.
Enmiendas del Grupo de Convergència i Unió. En primer lugar, las
transaccionales a las números 59 y 72.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, 293; en contra, tres; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las transaccionales.
Enmiendas números 45, con transaccional, más 58, 64 y 71.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
306; a favor, 19; en contra, 285; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Federal de Izquierda Unida. En primer lugar, las
números 4, 9, 16, 20 y 80.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, 12; en contra, 166; abstenciones, 129.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
306; a favor, 136; en contra, 166; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas del Grupo Socialista, tras la retirada de la número 122,
comenzando por la enmienda in voce a la disposición final primera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, 145; en contra, 13; abstenciones, 149.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda in voce. (Aplausos.)
Enmiendas números 106, 120 y 121.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
306; a favor, 290; en contra, cuatro; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas transaccionales a las números 119, 129 y 134.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, 291; en contra, cuatro; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las transaccionales.
Restantes enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, 126; en contra, 169; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas técnicas al artículo 7, 2. 1 a) y b) y al artículo 4.15.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, 307.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad del Pleno las
enmiendas técnicas.
Votaciones correspondientes al dictamen.
En primer lugar, en un mismo bloque, los artículos 3 (que afecta al
artículo 30 de la Ley 24/198) 4.2, 4.15, 5 (artículo 65.2 de la Ley
24/1988) y disposición adicional primera, punto 2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, 166; en contra, 17; abstenciones, 124.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Resto del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, 303; en contra, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el resto del dictamen al proyecto
de ley de reforma de la Ley del Mercado de Valores.
Pasamos al dictamen al proyecto de ley orgánica del régimen
disciplinario de las Fuerzas Armadas.
Votamos en tres bloques las enmiendas que, por el Grupo Parlamentario
Mixto, ha sostenido la señora Rivadulla. En primer lugar, las
numeradas como 69, 78 y 82.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
308; a favor, 139; en contra, 169.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 58, 59, 60, 70, 73, 76, 77, 81, 87, 88 y 89.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
309; a favor, 16; en contra, 172; abstenciones, 121.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas mantenidas por la señora Rivadulla.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, 14; en contra, 292; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
En primer lugar, la enmienda número 1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
309; a favor, 18; en contra, 290; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas números, 2, 3 y 4, con transaccional a la 3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
308; a favor, cinco; en contra, 303.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas, incluida la transaccional
ofrecida.
Enmiendas del Grupo Federal de Izquierda Unida. Tras haberse retirado
las enmiendas números 19 y 25, votamos en primer lugar las números 6,
14, 15, 16, 19, 44, 30, 34, 35, 36 y 52.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
309; a favor, 137; en contra, 171; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Se someten a votación las enmiendas números 8, 17, 20, 21, 22, 23,
26, 29, 37, 38, 39, 40, 42 y 43 Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
309; a favor, 15; en contra, 294.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 9 y 10.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
309; a favor, 18; en contra, 291.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas del Grupo de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
310; a favor, 13; en contra, 175; abstenciones, 122.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a las enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió). En
primer lugar, la enmienda número 96.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
310; a favor, 288; en contra, 19; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmienda transaccional a la enmienda número 100.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
310; a favor, 171; en contra, 139.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmiendas números 91 y 92, del Grupo de Convergència i Unió.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
311; a favor, 170; en contra, uno; abstenciones, 140.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Transaccionales a las enmiendas números 98 y 102.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
311; a favor, 297; en contra, 11; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las transaccionales. (El señor
Cárceles Nieto pide la palabra.)
Señor Cárceles.
El señor CÁRCELES NIETO: Señor presidente, por error, el Grupo de
Convergència i Unió (y podrá constatarlo) en su intervención ha dicho
que retiraba todas las enmiendas a excepción de las números 98, 100 y
102 que en su concepto transaccional planteaba al sometimiento de la
Cámara. Por tanto, creo que en las dos últimas votaciones se ha
producido el error de someter a la consideración de la Cámara
enmiendas que habían sido retiradas por la intervención del señor
Campuzano.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cárceles.
Señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Señor presidente, en mi intervención he
anunciado que retiraba un conjunto de enmiendas, incluida la enmienda
número 96, que ha sido sometida a votación en primer lugar. Quedaban
vivas para la discusión en este trámite las enmiendas números 100, 98
y 102 que han sido objeto de transacción, votadas y aceptadas. Por
tanto, en mi intervención ha quedado claro que quedaba retirada la
enmienda número 96.
El señor PRESIDENTE: Señor Campuzano, la enmienda número 96, que ha
sido la primera votación, ¿se entiende que era una enmienda retirada?
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Sí, quedaba retirada y me remito a las
actas. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Así lo certifican los secretarios. Pero, señor
Campuzano, ¿qué ocurre con las enmiendas números 91 y 92, que también
se han votado?
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Las enmiendas que han sido objeto de
transacción son las números 100, 98 y 102. El resto de enmiendas se
han retirado y así lo he dicho en mi intervención.
El señor PRESIDENTE: Se han retirado todas ¿a excepción de...?
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: A excepción de las números 100, 102 y
98, que han sido objeto de transacción.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, son válidas las votaciones
sobre las enmiendas subsistentes, no sobre las inexistentes y
caducadas, que están retiradas previamente. Por tanto, hemos
producido una votación sobre enmiendas inexistentes, por un lado la
número 96, que fue la primera votación del Grupo Parlamentario
Catalán y, por otro, la tercera votación correspondiente a las
enmiendas 91 y 92. Sí subsisten
aquellas que estaban mantenidas, que son la segunda votación, la
transaccional a la número 100, y la cuarta, que acabamos de votar,
las transaccionales a la 98 y a la 102. ¿Es así?
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Sí, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.
Pasamos a la votación en un solo bloque de las enmiendas mantenidas
por el Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
312; a favor, 139; en contra, 172; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Subsiste una enmienda in voce, del Grupo Parlamentario Popular, que
se somete a votación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
312; a favor, 298; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda in voce.
Votaciones correspondientes al dictamen.
En primer lugar, el artículo 8.24.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
312; a favor, 170; en contra, 142.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
En segundo lugar, el artículo 77.3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
311; a favor, 171; en contra, 6; abstenciones, 134.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo.
Resto del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
312; a favor, 297; en contra, 12; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el resto del dictamen.
VOTACIÓN DE CONJUNTO:
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LAS FUERZAS
ARMADAS
El señor PRESIDENTE: Votación final sobre el conjunto del proyecto
por tener esta ley naturaleza orgánica.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
312; a favor, 297; en contra, 14; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobado el conjunto del
texto al haber superado la mayoría absoluta de la Cámara.
El punto VIII, debates de totalidad, previsto en el orden del día,
según viene impreso y repartido, decae al no haberse presentado
enmienda de totalidad alguna a las dos proposiciones de ley que
figuraban en la previsión.
- DICTAMEN DE LA COMISIÓN MIXTA NO PERMANENTE PARA ESTABLECER LA
FÓRMULA Y PLAZOS PARA ALCANZAR LA PLENA PROFESIONALIZACIÓN DE LAS
FUERZAS ARMADAS, LO QUE CONLLEVARÁ LA NO EXIGENCIA DE LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO (Número de expediente 154/000010)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto IX, dictamen de la Comisión
mixta no permanente para establecer la fórmula y plazos para alcanzar
la plena profesionalización de las Fuerzas Armadas, lo que conllevará
la no exigencia de la prestación del servicio militar obligatorio.
Para la presentación del dictamen ante el Pleno, tiene la palabra el
presidente de la Comisión mixta, señor Muñoz-Alonso. (Pausa.)
Señorías, para el adecuado desarrollo del orden del día, les ruego
que quienes hayan de abandonar el hemiciclo para atender sus
obligaciones parlamentarias en otro lugar, lo hagan con la máxima
celeridad y en silencio, por favor. (Pausa.) ¿Podrían SS. SS.
colaborar con la Presidencia poniendo orden en ese corrillo?
Despejen, por favor. (Pausa.) Señor Guardans, le ruego silencio.
Señora Solsona, tienen SS. SS. otras dependencias del recinto
parlamentario para despachar la transacción de sus enmiendas o esos
interesantes, seguro, trabajos de esta índole.
Cuando quiera, señor Muñoz-Alonso.
El señor MUÑOZ-ALONSO Y LEDO: Con la venia.
Señor presidente, señorías, me corresponde presentar ante el Pleno el
dictamen elaborado por la Comisión
mixta Congreso-Senado que tengo el honor de presidir, Comisión que
fue creada por ambas Cámaras de las Cortes Generales en junio de
1996.
Como seguramente recuerdan SS. SS., el objetivo de esta Comisión
mixta no permanente se fijaba de la siguiente manera: establecer la
fórmula y plazos para alcanzar la plena profesionalización de las
Fuerzas Armadas, lo que conllevará la no exigencia del servicio
militar obligatorio. La Comisión mixta, creada por iniciativa
conjunta del Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) se concebía como el instrumento
político y parlamentario para hacer realidad la propuesta del
presidente del Gobierno en su discurso de investidura en el que, en
el marco de su propósito resuelto de fortalecer nuestra defensa
nacional, se refirió a unas Fuerzas Armadas más operativas, más
flexibles, mas reducidas y mejor dotadas, y expresó la voluntad de
iniciar la paulatina sustitución del actual modelo mixto de Fuerzas
Armadas por otro estrictamente profesional que ya no exigiría la
prestación del servicio militar obligatorio.
Para estos fines se proponía la creación, en el seno de la Comisión
de Defensa de esta Cámara, de una ponencia que estudiase la fórmula y
plazos de la supresión del servicio militar obligatorio. La voluntad
y la conveniencia de asociar al Senado a esta iniciativa y la
inexistencia reglamentaria de la figura de la ponencia mixta
determinó la creación de la Comisión mixta, que quedó constituida el
15 de octubre de 1996 y que celebró su primera sesión de trabajo el
10 de diciembre con la comparecencia del ministro de Defensa, quien
presentó un amplio informe que ha servido de base para la ponencia,
que quedó también constituida ese mismo día. Debo subrayar en este
momento que ya en aquella primera reunión quedó muy claro el consenso
amplísimo de todos los grupos de la Cámara en cuanto al objetivo
final de la Comisión, la creación de un ejército profesional y la
consiguiente supresión del servicio militar obligatorio. Bien es
verdad que a partir de aquel momento ya se percibieron diferencias en
cuanto a las modalidades, en cuanto al propio modelo de Fuerzas
Armadas y en cuanto a otros aspectos del objetivo final que se
proponía.
Entre febrero y junio de 1997, la ponencia constituida recibió las
comparecencias de 50 personalidades, entre las que habría que incluir
autoridades y representantes del Ministerio de Defensa y de las
Fuerzas Armadas, de instituciones del Estado y de las comunidades
autónomas, como el Defensor del Pueblo, el Ararteko de la comunidad
vasca o la directora del CIS; representantes del Ministerio de
Defensa de otros países, así como de sus Fuerzas Armadas; militares
expertos y en la reserva; profesores y otros expertos universitarios
en materias de defensa y seguridad; representantes de la industria de
defensa; representantes de organizaciones de objeción de conciencia,
de insumisos, de ayuda al soldado y a la juventud y otras
asociaciones de estudios e investigación sobre paz, seguridad y temas
militares y de defensa. Muchos de estos comparecientes, así como el
propio Ministerio de Defensa y los cuarteles generales aportaron a la
Comisión mixta una voluminosa documentación, que, junto con las
grabaciones de las sesiones de comparecencia, ha constituido el
abultado material de trabajo y de estudio de los miembros de la
ponencia.
Terminada esta primera fase, ya en el otoño de 1997, en concreto el
16 de septiembre, el presidente de la Comisión presentó a la ponencia
un calendario de trabajo, que más o menos hemos podido ir cumpliendo,
aunque desde el primer momento los ponentes pidieron una cierta
flexibilidad, que, evidentemente, siempre hemos tenido en nuestros
trabajos. Las comparecencias y demás trabajos relacionados con el
debate de los Presupuestos Generales del Estado obligaron a reducir
el ritmo de trabajo de la ponencia, que no obstante prosiguió los
estudios de toda la documentación a la que me he referido y los
contactos entre los grupos parlamentarios, con el propósito, patente
ya desde aquel momento, de aproximar las posiciones de los grupos en
aquellos aspectos en los que se percibían diferencias
y discrepancias.
El 4 de diciembre del pasado año 1997, la ponencia acordó que el
Grupo Parlamentario Popular redactase un borrador que habría de
servir como base para los trabajos subsiguientes. Este borrador fue
entregado por el ponente del Grupo Parlamentario Popular, señor
Fernández de Mesa, doce días después, al filo de las Navidades de
1997. Desde enero hasta abril se ha intentado aproximar posiciones
entre los grupos, pero desgraciadamente no se ha alcanzado un
consenso tan amplio como sería deseable. Y esto, por dos razones que
expongo muy genéricamente. Algunos grupos han mantenido conceptos de
seguridad y modelos de Fuerzas Armadas tan respetables como
diferenciados, que hacían muy difícil, prácticamente imposible, la
aproximación; otros grupos, manteniendo unos acuerdos mucho más
amplios, sin embargo planteaban cuestiones de detalle pero
suficientemente importantes, también en su opinión legítima, como
para hacer imposible ese acuerdo final. Esas posiciones diferenciadas
se reflejan en las enmiendas y en los votos particulares que
defenderán a continuación los diferentes portavoces.
Voy a hacer a continuación una breve descripción de las líneas
maestras del dictamen que presentamos al Pleno, que, en líneas
generales, podemos decir que supone una nueva política de defensa. Y
también es importante señalar ahora que no sólo en España, sino en
todos los países occidentales, se está diseñando en estos momentos
una nueva política de defensa, como consecuencia de los cambios de
todo tipo que se están produciendo en el panorama internacional y a
los que me voy a referir muy brevemente.
Quizás debamos señalar asimismo que aquí el cambio se inició ya con
el modelo llamado FAS 2000. El
nuevo modelo que ahora presentamos al Pleno no debe verse como una
ruptura con aquel, sino como una coronación lógica del mismo, ya que
desde 1991, momento en el que se aprobó ese modelo, se han
consolidado las tendencias que allí se apuntaban y que estaban
podemos decir en líneas muy generales. Ahora están ya muy concretas y
en consecuencia se hacia necesario o conveniente este nuevo modelo.
Vivimos en todo el mundo, y de una manera muy clara en el mundo
occidental, el final de una época que empezó hace 200 años con el
reclutamiento forzoso, lo que los franceses iniciadores del mismo
llamaron la levée en masse, y con las guerras napoleónicas, un
proceso que podemos decir que ha llegado a su culminación y a su
agotamiento con las guerras totales del siglo XX, la primera y la
segunda Guerra Mundial, con su secuela de decenas de millones de
muertos. La nueva época que estamos inaugurando se caracteriza por
unos nuevos conceptos estratégicos, basados en los siguientes
aspectos.
En primer lugar, un nuevo escenario internacional, con la
desaparición de los bloques y con el surgimiento de un mundo
multipolar, mucho más complejo, en el que los aspectos de seguridad
han cambiado de enfoque, pero que siguen siendo igualmente
importantes y, seguramente, mucho más imprevisibles. En segundo
lugar, los nuevos sistemas de armas, las nuevas armas de destrucción
masiva, especialmente las armas químicas y biológicas, pero también
las armas no letales, como las de tipo informático, que obligan a un
planteamiento nuevo en todos los ejércitos y en todas las Fuerzas
Armadas. En tercer lugar, nos encontramos, como ya he apuntado, con
un mundo nuevo en el que hay nuevos riesgos, múltiples y difusos, el
comercio ilegal de armas, el terrorismo internacional, las
actividades relacionadas con el narcotráfico y con mafias de todo
tipo, todo lo cual plantea unos nuevos retos a la seguridad colectiva
de los países.
Debemos subrayar también los progresos que se han producido, en el
ámbito de la cooperación internacional, en aspectos relacionados con
la seguridad y con la defensa, donde es importante ver cómo se está
produciendo un cambio hacia las nuevas misiones de carácter
internacional, las misiones relacionadas con la gestión de crisis o
con las operaciones de mantenimiento de la paz, sin que por ello
hayan desaparecido las exigencias clásicas que estaban concretadas en
la defensa del territorio. Finalmente queremos señalar que se han
producido cambios en la opinión pública. Sería inútil no tomar nota
de cómo en nuestro país se ha producido una progresiva
deslegitimación del servicio militar obligatorio y una tendencia,
cada vez más clara en las opiniones públicas, hacia la
profesionalización. ¿Cuáles son los aspectos más importantes del
dictamen que ahora presentamos ante el Pleno? (El señor
vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) Se trata de un
dictamen en el que, primero, se
prevén unas Fuerzas Armadas total y plenamente profesionalizadas, en
las que no haya discriminación de sexos, unas Fuerzas Armadas en las
que se insista en los aspectos relacionados con la formación
profesional, tanto porque se necesitan militares mucho más preparados
en este momento como para poder dar una salida después a estos
militares a la sociedad civil. Nos encontramos con un modelo de
Fuerzas Armadas en el que se pretende que los nuevos profesionales
tengan el máximo de los derechos ciudadanos, compatibles con las
peculiaridades y con las características de la institución militar.
En el dictamen se establecen también unos efectivos con una horquilla
de soldados y militares profesionales, incluido cuadros de mando,
entre 150.000 y 170.000, y una serie de modalidades, por ejemplo -y
debo señalar que también ha sido uno de los aspectos más debatidos en
la Comisión-, un periodo de transición, cuyo final se prevé que en
principio sea el 31 de diciembre del año 2002, aunque algunos grupos
parlamentarios mantienen posiciones diferenciadas al respecto. No voy
a insistir en otros aspectos de ese modelo, porque los portavoces
expresarán a continuación sus posiciones.
La Comisión mixta ha hecho en este periodo, largo, de prácticamente
año y medio, un trabajo muy amplio, que deberá ser juzgado por el
Pleno, que ha sido presidido por la dedicación, por el entusiasmo y
por la convicción muy clara, expresada también por todos los grupos,
aquí ha habido un consenso clarísimo, de estar contribuyendo a un
cambio histórico, porque evidentemente se debe considerar un cambio
histórico la supresión o por lo menos la no exigencia del servicio
militar obligatorio, que ha formado parte del paisaje sociológico
nacional durante casi dos siglos, durante un buen siglo y medio. Y
todos los grupos parlamentarios han sido conscientes de que esa
decisión del Parlamento, esa decisión que recoge una tendencia muy
amplia de la opinión pública, suponía un cambio histórico de
consecuencias sociales, políticas, económicas, laborales, en suma,
amplísimo y de todo tipo.
Como presidente de la Comisión mixta que ahora da cuenta de sus
trabajos, quiero agradecer la colaboración de todos los ponentes,
que, con independencia de las discrepancias o de las coincidencias,
han hecho un buen trabajo y han dado todas las facilidades para que
se cumplieran los objetivos y los plazos. Igualmente se lo agradezco
a todos los comparecientes y a todas las personas, que han sido
muchas, que han contribuido al trabajo de esta Comisión mixta y de la
ponencia creada en su seno. De una manera muy especial tengo que
expresar mi agradecimiento al Ministerio de Defensa, que creó una
Comisión mixta de seguimiento de nuestros trabajos, presidida por el
subsecretario, y que nos ha facilitado cuanta documentación se le ha
pedido y cuanta ayuda se ha estimado necesaria. También quiero poner
de manifiesto el agradecimiento a los
servicios de la Cámara, sin los cuales habría sido imposible llevar a
buen puerto nuestros trabajos.
Señorías, a partir de este dictamen que presentamos a la aprobación
del Pleno, el Gobierno elaborará los correspondientes proyectos de
ley, que, una vez aprobados por estas Cortes, van a producir unos
cambios muy importantes en el ordenamiento jurídico, militar y de
defensa de España, unos cambios que podemos decir que suponen una
renovación total de ese ordenamiento jurídico, en una línea que
supone clarísimamente la modernización de nuestras Fuerzas Armadas,
la renovación de nuestra política de defensa y la adaptación de las
Fuerzas Armadas a los retos y a los problemas que nos presenta el ya
próximo siglo XXI.
Por mi parte, señorías, señor presidente, no quiero decir nada más,
porque los portavoces expresarán con mucho más detalle que yo los
aspectos más relevantes de este dictamen que presentamos ahora al
debate y aprobación del Pleno.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Muñoz-
Alonso.
Presentado el dictamen por el presidente de la Comisión mixta, vamos
a pasar al debate de las enmiendas que se han mantenido vivas y a los
votos particulares a este dictamen.
En primer lugar, por parte del Grupo Parlamentario Mixto y para la
defensa de su enmienda de texto alternativo, tiene la palabra la
señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Señor presidente, señorías, voy a
defender todavía en este trámite la enmienda con texto alternativo de
Iniciativa per Catalunya- Els Verds, porque, aun compartiendo lo
expresado por el presidente de la Comisión, el diputado Alejandro
Muñoz-Alonso, en relación con que es un gran paso adelante y un
momento histórico, sabe usted que nuestro grupo parlamentario ha
expresado la necesidad de que en este momento hubiésemos ido hacia
otro tipo de modelo de ejército, que creemos que es un modelo más
realista para nuestro país, tanto en cuanto a la caracterización de
los conflictos que se suscitan en el mundo actual como a las
necesidades defensivas de nuestro país y a nuestras disponibilidades
presupuestarias, que están, como ustedes saben, en un momento de
drástica reducción de déficit público. Contrariamente a lo que se
podía pensar, que se trata de posiciones radicales las que vamos a
expresar, creemos que son posiciones mucho más realistas y mucho más
justas, si se me permite.
Discrepamos, señorías, del planteamiento que se hace en los
antecedentes de la justificación de la modificación del modelo de
ejército, porque no es justo ni riguroso que solamente se centre en
los condicionantes tecnológicos y en las necesidades estratégicas y
nada se diga de la lucha que han llevado miles de jóvenes
para llegar al momento actual. En un país donde la objeción de
conciencia alcanza el mayor nivel de todos los países de la Unión
Europea, donde el CIS, en sus encuestas, año tras año, ha ido
expresando la contestación que había por parte de los jóvenes al
servicio militar obligatorio, nosotros pensamos que es de justicia
que en los antecedentes de la ley hubiese constado lo que han
aportado los jóvenes objetores de conciencia e insumisos a que se
realice esta propuesta de profesionalización de las Fuerzas Armadas.
Señorías, pensamos que este modelo que teníamos hasta ahora, el
modelo mixto, ha hecho aguas. No tenemos nada más que pensar que
desde el año 1985 se ha producido la solicitud de objeción de
conciencia de 585.000 jóvenes y de 14.000 insumisos, y todavía hoy -y
lo digo como diputada que soy de Lleida- hay un joven encarcelado
recientemente, porque cuando llegó al cuartel vio que el modelo de
ejército que estaba funcionando, en cuanto a disciplina y respeto de
la dignidad de la persona, dejaba mucho que desear. Pueden ser casos
puntuales, pero esa persona dijo que no quería participar en ese
servicio militar, en este sistema de ejército. Esta persona,
señorías, A. Ricardo Madueño, lleva cinco o seis días en la cárcel y
todos los grupos parlamentarios se están preocupando de ir a verle.
Acabamos de aprobar una ley que impide la objeción de conciencia
sobrevenida y estamos apoyando una ley de régimen disciplinario, no
habiéndose querido aceptar alguna enmienda de nuestro grupo al
respecto.
Tengo que ser muy breve, porque ya me lo ha advertido el señor
presidente, pero quiero decir que los puntos en los que discrepamos
del modelo que ha surgido de la ponencia se refieren al contingente,
a los plazos, a la financiación y a todo el proceso de democratización
del ejército que a nuestro juicio se debería seguir.
Creemos que hemos perdido la posibilidad de aplicar toda una serie de
conceptos muy modernos, en cuanto a seguridad humana y a seguridad
compartida, y pensamos que la seguridad militar sigue siendo el eje
de la actuación. Sabemos, señorías, que en estos momentos los
conflictos se están produciendo en países pobres, que se usa
armamento convencional, que las guerras y los conflictos se están
produciendo no entre Estados, sino en el interior de los Estados, que
muchas de estas guerras tienen su origen en conflictos étnicos
y religiosos y que el objetivo ya no es tanto la ocupación de terrenos,
sino atacar a la población civil y, sobre todo, a las mujeres, como
hemos podido ver en los últimos acontecimientos en Yugoslavia.
Pensamos que, en un momento en que se están abriendo paso, a nivel
teórico y científico, propuestas muy ilusionantes de los años
ochenta, de los movimientos pacificistas, que hablan de la defensa no
provocativa, de la defensa no ofensiva, de la defensa civil y la
reducción pactada de arsenales, hubiese sido muy oportuno que nos
hubiésemos centrado mucho más en el tema de seguridad humana, que
significa la reducción
de los conflictos por la vía política y diplomática, atendiendo al
bienestar económico, social, humano, sanitario y educativo de los
pueblos, a la preservación de su identidad cultural, al derecho al
desarrollo sostenible y a los derechos humanos y libertades. Nos
parece que no ha sido este el eje, que no se ha puesto el énfasis en
esta situación, sino que hemos apostado por un modelo de ejército
profesional, sí, y desde Iniciativa per Catalunya-Els Verds nos
alegramos de ello, pero es un modelo que a nuestro juicio está
excesivamente dimensionado y pensamos que, para las misiones de paz
que se encomiendan a este ejército, a ser fuerza de interposición,
siempre bajo el mando o las órdenes del Consejo de Seguridad, lo más
que se pudiera requerir de nuestro ejército para actuar fuera serían
10.000 efectivos.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Rivadulla, vaya
finalizando.
La señora RIVADULLA GRACIA: Termino, señor presidente.
Pensemos que en las últimas intervenciones sólo hemos podido contar
con 2.000. Sin embargo, estamos hablando de un ejército de 170.000
efectivos; nos parece que es mucho, excesivo.
Nuestro modelo sería un ejército defensivo, que significa que las
inversiones que se realicen sean fundamentalmente en armamento
defensivo, con un alto nivel tecnológico, pero no ofensivo. Reducido.
Creemos que con 80.000 efectivos sería más que suficiente; de esa
manera podríamos garantizar tener un ejército preparado, formado,
cuyos miembros, cuando pasan por ese período corto, pudiesen
tranquilamente integrarse en la vida profesional y laboral, porque
con 80.000 miembros, de los cuales 40.000 podrían ser de tropa y
40.000 de mando, sí que podemos tener presupuesto y condiciones para
poder formarlas en un ejército moderno, tecnológicamente moderno,
pero basado en ese concepto humano de seguridad. Creemos que esa era
una vía mucho más oportuna.
El gasto. A mí me hace mucha gracia. Soy diputada desde 1993. Hemos
estado luchando para que haya una ley de financiación del sistema
educativo y no lo hemos conseguido. Y resulta que ahora ya no se dice
qué financiación, se dice la suficiente. Suficiente ¿cuánto es? ¿un
billón, dos billones, lo que haga falta? No. Desde Iniciativa per
Catalunya-Els Verds pensamos que lo que haga falta, no. Debemos tener
en cuenta el papel que deben jugar los ejércitos y la seguridad, pero
en el país donde nos movemos, con las limitaciones que tenemos. Por
tanto, pensamos que el gasto debe ser el uno por ciento del producto
interior bruto, aunque, desde el sentido común, entendemos que en el
período transitorio, en el que muchas personas tendrán que pasar a
las clases pasivas, ese presupuesto puede ser superior. En cuanto al
gasto, tiene que ser
transparente. Y en cuanto a los plazos, señorías, nada del 2003.
Tenemos que ir al ejército profesional en diciembre del año 2000,
porque las tensiones son muy grandes, el número de objetores cada año
se hace mayor y el grado de tensión social aumenta.
Nada más, señorías. Solamente quiero decir que el modelo de ejército
que nosotros queremos también es un modelo de ejército democrático,
unido, ligado a la sociedad; un modelo de ejército cuyos componentes
sepan que su función es garantizar la paz; que se rija por la
jurisdicción ordinaria, donde exista el derecho de asociación y de
sindicación y donde haya un régimen disciplinario que sea
democrático, justo y que garantice los derechos de las personas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Rivadulla.
Habiendo sido retirada la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) y no habiendo mantenido enmiendas para su defensa en Pleno el
Grupo de Coalición Canaria, vamos a pasar al debate de las enmiendas
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
El señor Meyer Pleite tiene la palabra.
El señor MEYER PLEITE: Gracias, señor presidente.
Señorías, profesionalización del ejército. Así no, gracias. Este
debate va a concluir con una parte muy positiva, una conquista social
y cívica sin precedentes, como es la eliminación de la obligatoriedad
del ejército. Y aquí hay que hacer una mención y un recordatorio
a los verdaderos protagonistas de este debate, que no se inició en esta
Cámara, que no se inicia en los gabinetes ministeriales, ni siquiera
en las fuerzas políticas, sino que se inicia directamente por los
jóvenes españoles, por los objetores y por los insumisos, algunos de
ellos todavía hoy en prisión. Cerca de Madrid, en la prisión militar
de Alcalá de Henares hay cuatro jóvenes, entre ellos un sacerdote,
que está cumpliendo condena de más de dos años por haberse declarado
insumiso en el cuartel. Paradójicamente, el coronel Perote está hoy
con el tercer grado, después de haber cumplido un tercio de su
condena, y estos jóvenes han cumplido más de la mitad y siguen ahí.
Estos jóvenes, junto con los demás, han sido los que han permitido
impulsar que hoy, en este debate, finalmente, se termine con la
obligatoriedad del servicio militar.
Señorías, decía que así no, gracias, porque este debate cierra el
ciclo del debate que hemos tenido en la Cámara sobre el modelo de
seguridad. Hubo uno anterior, en el momento en que se optó por la
entrada en la estructura militar de la OTAN, que fue el previo a éste
y que condicionó este debate, y aquel debate y este concluyen de la
siguiente manera. El Gobierno español, esta Cámara mayoritariamente,
va a optar por un
modelo de continuidad en el modelo de seguridad. Hubo una
oportunidad, hay una oportunidad todavía, que no va a cerrar este
debate, de plantear el mundo a partir de 1991 con la disolución del
Pacto de Varsovia, un nuevo modelo de seguridad, rupturista con el
pasado, por lo tanto, revolucionario. Esa ruptura del pasado
significa una desmilitarización de la seguridad. Este es el debate de
fondo, cuya ola de revolución no llega a esta Cámara. Ya llegará.
El debate está planteado así, incluso por Naciones Unidas, por ONG, y
muy importante, por universidades, por investigadores. Hay que
demilitarizar la seguridad. Es un verdadero disparate que todo el
mundo reconozca que el mundo ha cambiado radicalmente y, sin embargo,
se opte por un modelo de continuidad. Ese modelo de continuidad
significa una alianza militar, OTAN; 4,5 millones de soldados; un
presupuesto militar que representa más del 60 por ciento de todo el
gasto militar en el mundo, el 4 por ciento del PIB mundial se gasta
en armamento; un sistema que sigue apostando por la disuasión
nuclear, se sigue con el arma nuclear de destrucción masiva y se
sigue planteando programas de industria militar muy caros y muy
sofisticados, en detrimento de lo que verdaderamente genera
inseguridad en el mundo, que es el Tercer Mundo y el hambre. Y al
hambre, al Tercer Mundo, a los problemas étnicos, no se puede
anteponer una fuerza como es la que en estos momentos tenemos, de 4,5
millones de soldados, y con ese dispendio de 450.000 millones de
dólares anuales. Esto es un disparate.
Así pues, lo que hay que hacer, lo que desde Izquierda Unida hemos
pretendido hacer, tanto en el debate OTAN como en este, es
efectivamente llegar a la conclusión de que hace falta otro modelo de
seguridad, no este, no el que se nos ofrece hoy, que es de
continuidad en relación con la anterior decisión tomada, de nuestra
entrada en la estructura militar de la OTAN. Una ruptura con el
pasado en cuanto al sistema de seguridad. Esta ruptura significa ser
conscientes, porque no se puede ser quimérico, de que hay que abordar
ese nuevo concepto en una etapa de transición, etapa de transición en
la que Izquierda Unida apostaba por lo que técnicamente se llama el
transarme, es decir, un período de transición en donde de forma clara
se apueste por modelos de defensa de los ejércitos nacionales con una
filosofía absolutamente defensiva, con una reducción de armamento, de
personal, con una reducción de los programas militares a civiles, con
una reducción de programas de I + D a civiles. ¿Qué pretende
Izquierda Unida con esto que se denomina transarme, con este período
de transición? La desaparición de los ejércitos nacionales. Su
desaparición. ¿A favor de qué? A favor de un nuevo orden
internacional, basado en la reforma de Naciones Unidas, unas Naciones
Unidas democratizadas, que tuvieran la capacidad de intervención, en
el sentido de lo que se llama seguridad internacional policial, con
fuerzas
preparadas, solamente para interceptar, para permitir acabar
determinados conflictos reducidos. Y, señorías, desde la reflexión de
que en los conflictos en los cuales hemos intervenido, Bosnia-
Herzegovina y otros de carácter internacional, la fuerza media de
intervención que ha aportado cada país no ha superado los 4.000
efectivos, menos de una brigada. Por lo tanto, ¿para qué hablar de un
modelo de seguridad que necesita más gasto militar, incrementar más
efectivos y sofisticar más el armamento, cuando los conflictos de que
vamos a hablar a partir de ahora se van a reducir a conflictos que no
van a necesitar más de una intervención por país, en multinacional,
de 4.000 hombres?
Todo cambia. ¿Por qué apostar por esta continuidad? Yo creo que se
apuesta por la continuidad, señorías, porque todavía hay una
determinada inercia en la toma de decisiones, una inercia social, que
se nos escapa incluso a las propias fuerzas políticas. Hay una
inercia de la industria de armamento, que tiene que justificar una
industria de armamento potentísima. Hay una inercia en cuanto a la
toma de posiciones de los propios profesionales. A mí me hace gracia
que lo que nos haya condicionado en este debate en cuanto a
efectivos, en cuanto a la cifra final que se ofrece en el debate,
170.000 hombres, haya salido de los profesionales, de los Estados
mayores. Es como si a los trabajadores del sector naval o del sector
del metal se les hubiese dicho que dieran ellos la cifra de la
reconversión. Yo comprendo que, si a cualquier profesional, y en este
caso a las Fuerzas Armadas, se les pregunta cuántos efectivos
necesitan, lógicamente van a dar una cifra de supervivencia, la cifra
de supervivencia de un colectivo.
Por tanto, señorías, nosotros apostamos, y por eso hemos presentado
una enmienda de totalidad con texto alternativo, por que de forma
audaz, valiente, muy enraizada en la realidad de los problemas, nada
quimérica, sí utópica -porque lo utópico nos permite ver más allá del
problema de hoy, es decir, hay que ver el problema que podemos tener
dentro de 10,15, 20, 25, 50 ó 100 años, esa es la utopía a la que
nosotros no renunciamos-, se vaya hacia un modelo de Fuerzas Armadas
de transición. Es una apuesta en política exterior.
Hoy, un Gobierno que apueste por tener un ejército reducido y que
centre su iniciativa hacia el exterior, fundamentalmente en plantear
reformas en el orden internacional, que permita la democratización de
Naciones Unidas, que permita un marco continental de seguridad en la
OSCE entre Vancouver y Vladivostok, que permita una Unión Europea con
capacidad real de abordar nuestro sistema se seguridad, esa política
exterior necesita, en nuestra opinión, un ejército reducido, con un
modelo de defensa que, lógicamente, pasa por lo que se llama una
defensa alternativa, es decir, plantear como primera medida en la
política exterior la desnuclearización. Señores, ¿para qué esperar a
que
el Estado español se ponga a la cabeza de un tratado internacional de
destrucción de armas nucleares? Si efectivamente uno de los riesgos,
que es cierto que tenemos, es un posible uso de este arma de
destrucción masiva, ¿por qué no encabezar, por qué no plantear este
acuerdo internacional de destrucción ecológica de todo el arsenal
nuclear?
Hay que ir a una defensa alternativa no provocante, no amenazante,
que no participe en alianzas militares, desestimulando el rearme,
reduciendo la cultura militarista, no llevándola a las escuelas, como
se va a hacer con un criterio claro de llevar a los centros docentes
la necesidad de incorporarse a lo que significa la ideología militar,
conversión de los programas de la industria militar a civil,
conversión de los programas de I+D a civil, etcétera. Esta es una
apuesta cuyo debate se va a cerrar hoy. Izquierda Unida va a votar en
contra, y no se engañen, señorías, el voto que va a dar Izquierda
Unida representa a un porcentaje de la población, pero la
representación social no se va a reflejar hoy aquí.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Meyer, vaya
concluyendo, por favor.
El señor MEYER PLEITE: Voy concluyendo.
Si se consultan atentamente las encuestas del CIS, a las que todos
hacemos mención cada cierto período, se ve el estado real de opinión
de los españoles. Como desgraciadamente la democracia representativa
tiene sus limitaciones, todavía no tenemos posibilidad de hacer
llegar directamente la opinión sobre determinados temas a esta
Cámara, pero esas encuestas reflejan muy claramente la opinión de los
españoles. Primero, que no se sienten amenazados por nada ni por
nadie; nunca han estado más seguros. Segundo, que no quieren que suba
el gasto militar. Tercero, que se cuestionan incluso la necesidad de
un ejército profesional, más del 15 por ciento de los encuestados no
quieren ni siquiera ejército, y nosotros representamos el 10 por
ciento. Pero incluso hay un margen de opinión que plantea que tiene
que existir un ejército muy reducido y solamente pensado para ayudas
internacionales. Es decir, sumado todo eso queda un estado de opinión
que se va a dar y que no llega aquí, que nosotros vamos a intentar
sintonizar con él, pero que indudablemente no va a dejar el debate
cerrado.
Nosotros optamos por ese modelo de ejército profesional reducido, que
no tenga un gasto militar más allá del uno por ciento del PIB, con
unos efectivos en transición de 90.000 soldados entre tropa,
marinería, jefes y oficiales, pero en perspectiva de reducción, y
lógicamente en ese marco de apuesta internacional por una verdadera
revolución en los conceptos de seguridad. La ola de esa revolución no
va a llegar hoy aquí con la intensidad que debiera, pero sin duda
alguna, señorías, el impulso que significa acabar con el ejército
obligatorio
nos va a ayudar a lo que significa el movimiento pacifista, a
las personas que están planteando este debate desde las
universidades, incluso desde dentro de los propios profesionales de
la defensa, a que esa ola algún día, esperemos que no muy lejano,
llegue a esta Cámara.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Meyer.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Moya.
El señor MOYA MILANÉS: Gracias, señor presidente.
Señorías, también el Grupo Socialista, como ha manifestado algún otro
portavoz, está de acuerdo con el objetivo, con la filosofía de la
profesionalización, pero no con el modo y manera con que se pretende
llegar a ella. Precisamente, el enunciado de la Comisión mixta y de
este dictamen habla de la fórmula y plazos para llegar a la
conclusión del ejército profesional. Entendemos que la fórmula debe
hacer mención fundamentalmente a la dimensión del ejército
profesional, a la financiación del ejército profesional, y los plazos
a la duración del período transitorio. Pues bien, mantenemos
discrepancias esenciales en la fórmula y en los plazos, y esto hace
que, si la Comisión mixta está orientada precisamente a determinar
esta fórmula y estos plazos y ahí no hemos encontrado un punto de
acuerdo, consecuentemente, el Grupo Socialista no podrá apoyar el
informe final en este momento.
También hemos escuchado del Grupo Popular en ocasiones, del Gobierno
fundamentalmente, que el Grupo Socialista carece de alternativas, que
no presenta alternativas concretas y que hace una política general de
oposición destructiva. Aquí tienen un ejemplo bastante claro, a mi
juicio, de que durante bastantes meses el Grupo Socialista ha
mantenido unas alternativas muy detalladas, bastante estudiadas, en
relación con elementos esenciales de este proceso. Tenemos que decir
que a diferencia de otros proyectos de ley, como el que se ha visto
esta mañana, en el que sí hemos encontrado una receptividad en el
Grupo Popular o en el Gobierno, no ha ocurrido lo mismo para este
dictamen. ¿Cuáles son esas alternativas concretas que mi grupo
defiende y que encontramos claramente desatendidas por parte del
Gobierno? En primer lugar, las referidas a la duración del período
transitorio. Desde hace ya varios meses hemos ofrecido, a nuestro
juicio, una fórmula y seguimos lamentando que el Gobierno no haya
querido profundizar en ella. Entendíamos que era una fórmula que
salvaba, por una parte, la lógica duración de un período de
transición o de un período de profesionalización que debe ser
ordenado y tranquilo, almismo tiempo que la urgencia de una solución
al problema
de la finalización del servicio militar, dadas las consecuencias y
las características traumáticas que este período de transición puede
tener en España como consecuencia de muchos factores que todos
ustedes conocen ya. Ofrecimos esa profesionalización en dos tiempos:
un tiempo de finalización del servicio militar para el 2000 y otro de
finalización del proceso de profesionalización para el 2002, fórmula
que, seguimos sosteniendo, no es traumática, es viable, es realista,
no es costosa y además es acorde con la demanda social y de los
jóvenes. ¿Por qué no se ha atendido esta fórmula? A estas alturas,
seguimos sin respuestas serias, a nuestro juicio, por parte del
Gobierno para no haberla atendido. Se nos han dado algunos argumentos
que se podrían calificar benévolamente de peregrinos, no voy a
insistir en ellos, pero, en cualquier caso, hemos encontrado bastante
falta de receptividad por parte del Gobierno para atender un sistema
que creemos sigue siendo viable.
En segundo lugar, un elemento de discrepancia también importante hace
referencia a la dimensión del ejército profesional, no tanto por
entrar en una guerra de subasta sobre cifras -140, 160, 170-, sino
porque simplemente creemos que tampoco se ha profundizado
suficientemente en la filosofía y naturaleza de un ejército
profesional. Si hace pocos años sosteníamos todos los grupos de la
Cámara que el ejército no profesional debía mantener unas cifras, en
cuanto a su tamaño y dimensión, de alrededor de 170.000 efectivos, no
tiene mucho sentido que, cuando se va a profesionalizar, no haya una
reducción sensible y se mantenga, más o menos, la misma cifra final.
Es acorde, por otra parte, con la filosofía de todos los ejército
europeos ir a una mayor reducción de efectivos como consecuencia de
la profesionalización y, en su medida exacta, esto no lo vemos
sensiblemente reflejado en este dictamen.
En cuanto a la financiación, creo que el proceso ha sido todavía un
tanto más penoso por la incertidumbre y por los vaivenes que hemos
visto por parte del Gobierno en esta materia. En primer lugar, cuando
el Gobierno anunció el compromiso no dio cifra de coste porque no la
tenía evaluada, lo cual, a nuestro juicio, ya es grave.
Posteriormente se anunciaron unas cifras que oscilaban entre una
banda de gasto de 350.000 millones a una banda de gasto de 700.000
millones según el modelo final que se escogiera, lo cual también
reflejaba una ciertas incertidumbres. Finalmente, en el dictamen se
decide incluir una cifra de coste definitivo alrededor de 350.000
millones, que incluye gastos de personal y gastos de modernización,
lo que implica unos incrementos presupuestarios anuales, sostenidos
durante los próximos cinco años, en torno al siete u ocho por ciento
para el presupuesto de defensa.
Vista la dificultad de conseguir estos objetivos, el Gobierno, en
última instancia, después de haber colocado estas cifras en su primer
borrador del dictamen,
decide no incluir ninguna cantidad en el dictamen, no hacer ninguna
evaluación cuantitativa, lo cual a nuestro juicio no resuelve el
problema; el silencio, repito, no resuelve el problema del costo.
Tendremos indefectiblemente que volver a él y volveremos todos los
años en el debate presupuestario. Pero este silencio y estos
vaivenes, cuanto menos, al Grupo Socialista nos produce una impresión
de inseguridad financiera que hace que el proyecto en sí mismo tenga
una base frágil.
Nuestro grupo sigue discrepando esencialmente de esta fórmula y de
estos plazos, y en este momento no puede anunciar, de ninguna manera,
un consenso en esta materia. Son desacuerdos esenciales, que afectan
a la viabilidad y a las garantías financieras del proceso, sobre las
que también habíamos ofrecido algunas fórmulas concretas, tanto para
el gasto en personal como para el gasto en modernización, que no han
sido atendidas, y son desacuerdos que afectan, sobre todo, a las
expectativas de los jóvenes en cuanto a la conclusión final del
proceso puesto en marcha.
Por todo ello, nosotros deseamos que en el desarrollo legislativo
posterior a este trámite, en las leyes próximas que tendrán que venir
a la Cámara para dar cumplimiento a este dictamen y donde tendremos
que discutir en detalle todos estos aspectos que hoy están esbozados
en el mismo, haya más posibilidades reales de obtener un consenso que
todavía no existe en esta materia. Deseamos que el Grupo Popular o el
Gobierno hable menos de la falta de alternativas del Grupo Socialista
y estudien más las que ya hay y las atienda mejor. Si es así,
nosotros deseamos que en el futuro podamos obtener -en una materia
que consideramos esencial, puesto que desde el punto de vista de la
política general es uno de los temas fundamentales de Estado que
deberían estar consensuados- importantes acuerdos entre los partidos
mayoritarios; lamentamos la falta de receptividad que el Gobierno y
el Grupo Popular han demostrado en la materia en este trámite y
deseamos que en el futuro, en las leyes posteriores, podamos
encontrar un punto de acuerdo que en este momento no existe.
Nada más y muchas gracias.
El señor El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Moya.
¿Grupos que no hayan intervenido en el debate y que quieran fijar su
posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor presidente, con la venia. Señorías,
Coalición Canaria ocupa la tribuna para fijar la posición respecto al
dictamen de la Comisión mixta para establecer fórmulas y plazos con
el fin de alcanzar la plena profesionalización de nuestras Fuerzas
Armadas, lo que conlleva, como bien dice
su título, la exigencia de la supresión del servicio militar
obligatorio.
Adelanto que nuestro voto va a ser afirmativo. Vamos a apoyar este
dictamen. ¿Por qué lo apoyamos? Porque es un dictamen que contempla
un planteamiento racional y sensato de lo que nos toca hacer a partir
de estos próximos años, y sobre todo en la entrada en el nuevo
milenio.
Hemos debatido tres conceptos fundamentales. El presidente de nuestra
Comisión, don Alejandro Muñoz Alonso, lo ha explicado
extraordinariamente bien y suscribo toda su intervención. Hemos
debatido políticamente, y prueba de ello es que hay discrepancias; yo
diría que discrepancias menores desde el punto de vista del Grupo
Parlamentario Socialista, más bien casi de fórmulas de compromiso que
no se han podido alcanzar, y lo comprendo porque a veces hay que
mantener una línea coherente con lo que dijo el Gobierno socialista
en 1991. El próximo mes de junio hará siete años que aprobamos aquí,
después de un amplio debate, el grupo mixto de Fuerzas Armadas.
Pero con lo que no estoy de acuerdo ni conforme, porque es un modelo
diametralmente opuesto, es con lo planteado por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida. He de decir al señor Meyer
que no alcanzo a saber qué es eso del transarme. Nosotros estamos de
acuerdo con todos los planes de reducción -incluso con los planes de
disciplina que para la entrada en el euro nos obligará la Unión
Europea-, pero garantíceme usted a mí, señor Meyer, que las posibles
amenazas se me reducen también. Diga usted en Canarias, al lado del
ejército marroquí, que a mí se me van a reducir las amenazas del
Magreb, porque si me garantizan que no llueve, no me compro el
paraguas, pero mientras no me lo garanticen me tengo que dotar del
paraguas y de todos los sistemas de protección que sean necesarios.
Nosotros no estamos de acuerdo, repito, con la desaparición de
ejércitos nacionales. Aquí se consolida un modelo de ejército
nacional racional, es decir, sensato y adaptado a las circunstancias.
¿Por qué? Porque los ejércitos nacionales, mientras no desaparezcan
las naciones y los estados, son fórmulas que, en procesos
internacionales de aliados y de cohesión, producen un entramado, un
tejido conjuntivo no solamente económico (dentro de la economía está
la que se genera en la industria de defensa, en la electrónica y en
todas las coadyuvantes que existen ahí), sino que también se generan
unos sistemas de modos de conducta, de comportamiento y de
transmisión de datos sociológicos, y esto es importante. Creemos que
el informe que llega hoy aquí tiene un componente fundamental al
desarrollar el binomio en el que hemos trabajado: profesionalización
y modernización, y empiezo por la modernización.
Señorías, hace cien años, por no tener unas Fuerzas Armadas modernas,
nos ocurrió lo que nos ocurrió
frente a la marina norteamericana en Cavite y en La Habana,
fundamentalmente eso, donde un navío de guerra norteamericano podía
situarse a 500 metros de una fragata española y ésta no podía
alcanzarle con su artillería, mientras que la artillería naval
norteamericana sí le alcanzaba. Luego esto nos exige una reflexión en
los procedimientos de modernización. Esto es verdaderamente un valor
fundamental que aquí se ha contemplado y a eso se hará frente con el
control parlamentario, que es una cosa de la que ya nos ocupamos los
grupos parlamentarios que hemos venido aquí sin enmiendas porque
fueron aceptadas en comisión. Y quiero en este punto rendir un acto
de agradecimiento al portavoz del Grupo Popular, señor Fernández de
Mesa, que fue tremendamente dialogante con los grupos que, como el
mío, presentamos enmiendas que venían, en esa vertebración de una
idea en la que coincidíamos, a dar aquellos aditamentos, sobre todo
desde un punto de vista de control parlamentario, en leyes de
plantillas, en dotaciones presupuestarias para equipamientos, para
modernización y para pagos de los haberes que debe de recibir
cualquier profesional en una actividad digna, con la que mantiene esa
dignidad profesional y por supuesto a su familia.
Nosotros coincidimos en esa línea de modernización e insistimos
fuertemente en que esto tuviera una conexión con el sistema de la
industria de defensa española, y que esta industria de defensa fuera
a su vez conexa con la industria de defensa de nuestros aliados
occidentales, porque no solamente hay que normalizar calibre sino que
hay que normalizar la tecnología de unos sistemas de armas que han de
funcionar de manera coordinada. A nadie se le ocurriría hoy, en el
mundo de la aviación comercial, de la navegación aérea civil,
organizar por su cuenta los sistemas de transmisión o de
radiocomunicación; sería insensato. Y si nadie normaliza los
querosenos de aviación, los motores de aviación, eso no funciona en
un entramado colectivo internacional.
Se habla en nuestro informe -y quiero destacarlo fundamentalmente- de
los principios generales del nuevo modelo de Fuerzas Armadas.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Mardones, vaya
concluyendo, por favor.
El señor MARDONES SEVILLA: Termino, pero permítame unos minutos
porque creo que estamos trabajando en una cuestión muy importante en
materia de Estado.
Hay una palabra clave que pusimos, me refiero a la mentalización, y
esa mentalización, nosotros, que nos reservamos el control
parlamentario, creemos que es fundamental en la formación de unas
Fuerzas Armadas profesionales. La mentalización debe ser al servicio
de un ideal común, de unos valores democráticos, de una cooperación
internacional y de una solidaridad
con base constitucional. Aquí vuelvo a decir que no puedo reducir, si
tengo que tener esta mentalización, unos efectivos si no tengo
garantizado que mis previsibles amenazas o mi coyuntura internacional
no han variado también, y como esto no lo garantiza nadie, tengo que
estar preparado en todos estos aspectos. Un repaso a estos puntos que
están en los principios generales del nuevo modelo de Fuerzas Armadas
me va a permitir reafirmar esta convicción.
Señalo, en cuanto a la horquilla de 170.000-150.000, que estamos
conformes. El control parlamentario decidirá, sobre las propuestas
que traiga el gobierno aquí a través del Ministerio de Defensa o del
Ministerio de Economía y Hacienda, cuál es la adecuación
presupuestaria a un contingente. Los equipamientos de material, la
formación de este personal, el respaldo económico presupuestario son
los aditamentos de esta doctrina. ¿Qué hay también en este aspecto de
la doctrina? Lo que hemos puesto en el apartado g): criterios acordes
con las doctrinas de acción conjunta y estructuras operativas
comunes. Señores, si no nos insertamos en las estructuras de defensa
del mundo democrático occidental no servimos para nada, nos
quedaremos sencillamente de vigilantes de la puerta trasera de las
instituciones de la seguridad occidental.
Creo que es importante que hayamos guardado aquí una citación
explícita para los reservistas. Concebir hoy la defensa nacional y
este entramado de profesionales sin el reservismo, sería haberle
hecho un flaco servicio a la idea general. Y yo me congratulo de que
hayamos recogido aquí cuestiones que ya el propio Ministerio de
Defensa ha puesto inteligentemente en marcha -y va en consonancia con
la mentalización- como es la gestión de personal y sobre todo el
estilo de mando. Un nuevo sistema profesional exige un sistema de
mando. Hay que olvidarse ya de esa prehistoria del ejército español
de los oficiales chusqueros, de las actividades cuarteleras con un
lenguaje peyorativo.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Mardones, termine por
favor.
El señor MARDONES SEVILLA: Estamos ahora ante unos profesionales
nacidos de un concepto de convicción vocacional y realizados en unas
academias militares para todos los niveles.
Solamente una parte final en esa línea de la mentalización, y se la
dedico muy especialmente al señor ministro de Defensa aquí presente,
dado que no ha podido estar en el debate anterior, es nuestro
apartado k). Los militares profesionales, como ciudadanos de
uniforme, son titulares de los derechos y libertades establecidos en
la Constitución. Porque yo sí quiero -y se lo digo al portavoz del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida que pide supresión de
ejércitos nacionales- que mis militares sean constitucionalistas
españoles,
ya que, afortunadamente, nuestra Constitución es incluso muy
superior democrática y participativamente a las constituciones de
otros países de nuestro entorno.
Señor ministro, tiene usted la colaboración personal mía y de mi
grupo para buscar lo que decimos en este apartado que vamos a votar
favorablemente: vías que faciliten cauces para la presentación de
propuestas, peticiones y reclamaciones en el ámbito militar. Es lo
que dice el artículo 22 de nuestra Constitución. Por eso hemos
defendido, con un criterio constructivo y de lealtad, el derecho de
asociación de nuestros militares profesionales. Se lo tienen bien
merecido y ganado. Un escritor antiguo dijo que las condecoraciones
lo importante no es recibirlas, sino merecerlas. Lo tienen merecido y
por esa razón Coalición Canaria votará afirmativamente este modelo de
Fuerzas Armadas que necesita España para su futuro inmediato.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Nacionalista Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora
Uría.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, me corresponde fijar la postura del Grupo Vasco respecto
del dictamen de la Comisión mixta para establecer la fórmula y plazos
para alcanzar la plena profesionalización de las Fuerzas Armadas, lo
que conllevará la no exigencia de la prestación del servicio militar.
Señorías, desde las primeras elecciones democráticas hemos concurrido
como partido a los distintos procesos con un programa que propugna la
desaparición del servicio militar obligatorio -de ello nos han oído
hablar en esta Cámara hasta la saciedad-, pero también un nuevo
modelo de ejército profesional desde nuestra indiscutible vocación
atlantista y sobre todo europea, plenamente integrado en el seno de
la Alianza Atlántica, reclamando políticas activas tendentes a la
definición de una identidad europea de la defensa y de la seguridad.
Esta ha sido la pauta que ha determinado nuestra postura en distintas
iniciativas vinculadas con el ejército.
Por mantener esta postura nos opusimos a la Ley Orgánica del Servicio
Militar de 1984, al considerar que el sistema que articulaba no
respondía a las necesidades, entonces emergentes, de un statu quo
internacional cambiante y en profunda crisis. Esta misma postura nos
llevó a abstenernos en la Ley de Plantillas, por no estar de acuerdo
con el modelo mixto, aunque sí considerábamos que era ya un avance.
En esta legislatura hemos participado en la Comisión mixta para la
profesionalización, cuyo dictamenhoy viene a esta Cámara, y lo hemos
hecho con espíritu
constructivo, aunque obviamente desde nuestros postulados de partido
a los que ya me he referido.
Apuntábamos en el informe de la ponencia tres problemas que motivaron
tres enmiendas. La primera hacía referencia al número de efectivos.
Este ha quedado recogido en el dictamen de una forma que nos parece
razonable, aunque nos hubiera gustado que fuesen menos. Se habla de
una horquilla entre 150.000 y 170.000 militares profesionales que se
irán adecuando en función del proceso de modernización y de
racionalización, de la aprobación de la ley de plantillas que vendrá
a esta Cámara y de los ajustes quinquenales que puedan hacerse cuando
se someta a este mismo Parlamento la evolución previsible.
Presentábamos una segunda enmienda que se refería a la fecha prevista
de culminación del proceso que también considerábamos irrenunciable
que fuese lo más pronto posible. Ha quedado establecido en el informe
que el proceso deberá estar terminado, en su conjunto, no más tarde
del 31 de diciembre del año 2002 e igualmente se prevén en el informe
medidas a adoptar durante este período transitorio.
Una tercera enmienda motivó nuestra abstención en el informe de la
ponencia y se refería a los órganos de reclutamiento. Es conocida la
postura de mi grupo, contraria a que éste deba hacerse desde las
instituciones locales. Contenía dos aspectos: uno, referido al
período transitorio hasta que se apruebe la ley de
profesionalización, y otro después de producida, de aprobada la ley
de profesionalización.
Desde el 11 de mayo, fecha en la que se vio en Comisión, hasta hoy,
ha habido cambios a este respecto. Con ocasión del debate sobre el
estado de la Nación se aprobó, con el voto del grupo mayoritario en
esta Cámara, como propuesta de resolución número 99, el compromiso
del Gobierno -que agradecemos- de adoptar las medidas necesarias para
evitar la conflictividad social que la ejecución de las acciones de
reclutamiento ha suscitado en muchos ayuntamientos; resolución que
desde nuestra óptica tiene virtualidad para solucionar conflictos
sociales y políticos realmente existentes en el ámbito vasco.
Nos quedaba un segundo aspecto, el reclutamiento tras la
profesionalización. Pero conocido el compromiso de los grupos que
conforman la mayoría de la Cámara de que éste se hará desde la
administración de la defensa, como por otra parte es habitual en los
países de nuestro entorno, hemos retirado la enmienda que manteníamos
a este respecto, considerando que el lugar adecuado para plasmar esta
previsión es la ley de profesionalización, que deberá presentarse en
un momento futuro.
Por tanto, conforme a lo que he expuesto y desde esta óptica,
considerando que la plena profesionalización del ejército es
requisito para la desaparición de la obligación del servicio militar,
mi grupo votará a favor del dictamen de la Comisión.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor
Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señor presidente.
Con la aprobación del presente dictamen, el Pleno del Congreso da luz
verde de manera definitiva seguramente a una de las decisiones
políticas y sociales de mayor calado que vamos a tomar en esta
legislatura. La legislatura que empezó el 3 de marzo de 1996 va a ser
la que va a sentar las bases del servicio militar obligatorio, y creo
que es bueno que hoy el Pleno dé toda la importancia que tiene a este
hecho.
Estamos tomando una decisión que va a afectar a millones de familias
de todo el Estado español, que va a afectar directamente a millones
de jóvenes. Vamos a iniciar un proceso para acabar con una situación
injusta y discriminatoria que durante cerca de 200 años, como decía
el señor Muñoz-Alonso, ha afectado exclusivamente a los valores de
nuestras sociedades y específicamente a determinados valores de
nuestras sociedades. Por tanto, yo creo que hoy la Cámara se debe
sentir satisfecha.
Desde la perspectiva de Convergencia i Unió, que desde 1989 había
incorporado este objetivo en su propuesta política, esta satisfacción
debe ser especial; y más aún cuando si en esta legislatura ha sido
posible iniciar este proceso fue porque Convergencia i Unió no sólo
lo llevaba en su propuesta electoral, sino que además fue condición
básica para permitir la investidura del señor Aznar como presidente
del Gobierno. La incorporación al pacto de gobernabilidad de este
objetivo político de Convergencia i Unió justifica en buena parte la
estabilidad parlamentaria de la que ha gozado y gozará
previsiblemente este Gobierno.
Por tanto, nos vemos satisfechos desde esta perspectiva estrictamente
partidista, pero también entendemos, y de ahí la oportunidad de
nuestra propuesta, que la misma es coherente en diversos aspectos: en
primer lugar, respecto al cambio de escenario filoestratégico que el
conjunto de intervenciones ha puesto de manifiesto. En segundo lugar,
los cambios tecnológicos y de utilidad de los propios ejércitos. En
tercer lugar, la propia evolución del modelo de Fuerzas Armadas. Si
hoy es posible que esta Cámara dé luz verde al proceso de fin de la
mili es también porque en tiempo de UCD y del vicepresidente
Gutiérrez Mellado fue posible iniciar un proceso de acercamiento de
las Fuerzas Armadas hacia la democracia, y en época de los ministros
socialistas se pudo culminar este proyecto de normalidad de los
ejércitos en nuestra sociedad. En cuarto lugar, y fundamental, el
cambio de valores que el conjunto de las sociedades europeas, en
concreto de la nuestra, han asumido en los últimos 10 ó 15 años;
conceptos de cooperación, diplomacia preventiva, seguridad
humana, asunción de la seguridad compartida, etcétera, constituyen
elementos que hoy están orientando todas las políticas de seguridad
en Europa occidental. Sólo tenemos que recordar el nuevo concepto
estratégico de la Alianza Atlántica de 1991, que enfatiza los
aspectos de diálogo y de cooperación, y seguramente también la
política que la Alianza y el conjunto de Estados de la Unión Europea
han desarrollado en estas materias.
Este cambio de valores, este cambio tecnológico, este cambio de
escenario, esta evolución de los modelos de Fuerzas Armadas lleva
necesariamente a la definición de nuevas misiones para las mismas y a
la elaboración de un nuevo modelo de ejército. Pero me gustaría,
señor presidente, remarcar que en el caso del Estado español, el
cambio de valores ha sido fundamental. Somos el Estado de la Unión
Europea con un mayor número de objetores de conciencia -lo recordaba
la señora Rivadulla-, lo que expresa ese profundo cambio de valores
de nuestra sociedad. Einstein afirmó que los objetores eran los
precursores de un mundo sin guerras. En nuestra sociedad los
objetores de conciencia han sido los precursores y la avanzada de esa
exigencia de financiación del servicio militar. Todas ellas son
razones que justifican aún más nuestra satisfacción por el trámite de
esta mañana.
Entendemos que es bueno que hoy, en términos políticos e ideológicos,
como sucedía hasta 1996, nadie defienda ya la existencia del servicio
militar obligatorio. En los debates de esta Cámara de 1991 se dieron
motivos del entorno estratégico, del coste del ejército profesional,
de su mayor carácter igualitario y de su aspecto cohesionador de la
sociedad. Ni en 1991 ni hoy esos argumentos se sostienen. Hoy el
entorno apuesta claramente por modelos de ejércitos profesionales. En
cuanto al coste, queda claro que es más caro aquello que no funciona,
y el modelo mixto no podía funcionar para los nuevos retos. El señor
Meyer ha citado las cifras que ponen de manifiesto las insuficiencias
reales de nuestras Fuerzas Armadas para ser capaces de apostar por
este nuevo tipo de intervenciones de carácter de imposición de la
paz, ni tampoco era igualitario ese modelo de carácter mixto. La
propia objeción de conciencia estaba convirtiendo en no igualitaria
la existencia del servicio militar obligatorio, y finalmente la
cohesión de la sociedad española no puede venir nunca por la
existencia del servicio militar obligatorio. Sólo pueden permitir
este carácter cohesionador políticas sociales y de reconocimiento del
carácter plural en el terreno cultural, nacional y lingüístico.
Hoy ya no hay motivos ideológicos -no los había en 1991, menos los
hay hoy- para mantener el carácter del servicio militar obligatorio
como tal. En este sentido, desde la perspectiva de Convergència i
Unió el dictamen que se somete a la aprobación del Pleno de la Cámara
recoge determinados aspectos, a nuestro entender
esenciales, que justifican con razón que no podamos votar
ninguna de las enmiendas que se mantienen vivas.
En primer lugar, el dictamen da un marco político para la decisión y
va a permitir al Gobierno las próximas semanas traer a la Cámara los
proyectos de ley que desarrollen el nuevo modelo.
En segundo lugar, el dictamen deja muy claro que se sitúa en este
nuevo entorno de seguridad de Europa derivado del escenario de la
postguerra fría.
En tercer lugar, el dictamen recoge este nuevo concepto de seguridad.
El dictamen habla de la seguridad compartida y de una visión más
amplia de la seguridad, entendiendo que hoy la seguridad no tan sólo
se resuelve a través de la vía militar, sino que los problemas a los
que deben hacer frente las sociedades europeas son problemas
políticos, económicos, sociales, culturales, demográficos y
ecológicos y, por tanto, las respuestas fundamentalmente deben ser
políticas, económicas, sociales, demográficas, ecológicas. El
dictamen recoge estos planteamientos que ligan perfectamente con los
planteamientos pacifistas de los años setenta.
En cuarto lugar, el dictamen apuesta inequívocamente por una
identidad europea de defensa y por potenciar la Unión Europea
occidental como un espacio privilegiado para asegurar la defensa de
los europeos manteniendo el vínculo trasatlántico.
En quinto lugar, el dictamen destaca la coherencia de ese proceso
también en relación al proceso iniciado en 1991, que no contó con
nuestro apoyo en aquellos momentos, pero, evidentemente, supuso un
avance hacia este objetivo.
En sexto lugar, el dictamen también recoge que estas Fuerzas Armadas
deben responder en sus objetivos a estos valores -a los valores de la
paz, de la solidaridad, de la democracia, del derecho y las
libertades- y que es evidente que la elaboración de una cultura de la
defensa que sea asumida por el conjunto de la sociedad tan sólo se
puede fundamentar en estos valores. No va a tener sentido fundamentar
una cultura de la defensa basada en discursos patrioteros que hoy no
pueden encontrar complicidades en nuestra sociedad.
En séptimo lugar, el dictamen recoge también una determinada cifra
del contingente. Lo sitúa entre 150.000 y 170.000. La apuesta de
Convergència i Unió ha sido por un contingente más reducido. Nos
parece que la horquilla satisface las legítimas pretensiones del
Ministerio de Defensa en respuesta a aquello que planteaban los
cuarteles generales a través del ciclo de planeamiento, pero también
a la exigencia del conjunto de la Cámara, y creo que del propio Grupo
Popular, de entender que ese contingente tenía que ser más reducido
de lo que se planteaba. Creo que damos satisfacción a este
planteamiento a través de la horquilla y nos acercamos muchísimo a la
propuesta que defiende elGrupo Socialista. Al Grupo Catalán
(Convergència i
Unió) se le escapa entender por qué hoy el Grupo Socialista,
manteniendo posiciones absolutamente tan aproximadas a las que
defiende el dictamen, no es capaz de llegar a un punto de
aproximación. Nos parece que la horquilla podía haber satisfecho
perfectamente sus perspectivas. El dictamen también recoge la
necesidad de avanzar hacia una reducción paulatina de este
contingente. Por tanto, desde ese punto de vista Convergència i Unió
se siente satisfecha.
En octavo lugar, el dictamen recoge el concepto de los militares como
ciudadanos de uniforme. Nos parece este concepto importante desde la
perspectiva de avanzar en la integración real de la sociedad militar
en nuestra sociedad civil.
En noveno lugar, el dictamen recoge la necesidad de una mayor
transparencia y control de las políticas de defensa. Tenemos un
ejemplo de esta mayor transparencia de hace escasísimas semanas como
ha sido la ley de minas antipersonales.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Campuzano, vaya
concluyendo.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Voy terminando, señor presidente.
El dictamen recoge esta necesidad de avanzar en esta materia. En
décimo lugar, también recoge la formación en la realidad
pluricultural del Estado. Nos parece importante que estas nuevas
Fuerzas Armadas tengan en cuenta esta perspectiva. Apuesta por una
transición lo más corta posible, y ahí tampoco entendemos la actitud
del Grupo Socialista. El dictamen recoge que podemos hacerlo antes
del 31 de diciembre de 2002. Creo que al Gobierno hay que dar el
margen para hacerlo posible.
En undécimo lugar, asume la necesidad de una mayor objetivación de
las causas de exclusión del servicio militar y, en último lugar, no
asume ningún compromiso específico en materia de finalización. No
queremos que suceda lo que ocurrió en 1991. Se preveía entonces un 2
por ciento del PIB. Hubiese supuesto un aumento brutal del gasto en
defensa promovido por el Partido Socialista que luego no se cumplió.
Por tanto, entendemos que el dictamen recoge las posiciones
esenciales de Convergència i Unió.
Y voy terminando, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Termine, brevemente, señor
Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Sí, señor presidente.
A partir de ahora se imponen dos necesidades: la tramitación de los
correspondientes proyectos de ley para concretar en leyes estos
planteamientos, y nos consta que el Gobierno así lo va a efectuar
próximamente; y avanzar también en un concepto, que sólo
tiene sentido en el conjunto de Europa y en el conjunto del mundo,
que es el concepto de desmilitarizar las políticas de seguridad. Pero
este es un reto que no tan sólo podemos desarrollar del Estado
español. Si queremos ser eficaces, este es el reto de escala
planetaria. Va a estar el compromiso del Grupo Catalán; y lo va a
estar no tan sólo porque forma parte de nuestra tradición política
como partido, sino también de nuestra tradición como pueblo.
Termino, señor presidente, leyendo dos párrafo del preámbulo del
Estatuto de Nuria de 1931, que decía: Ni el nostre cor ni el nostre
pensament estan embrollats per cap aspiració imperialista, ni estem
sota lamenaÁa de cap enemic secular. El poble de Catalunya, no com
una aspiració exclusiva, sino com una redempció de tots els pobles
dEspanya, voldría que la joventut fos alliberada de lesclavatge del
servei militar.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Campuzano, si quiere S.
S. que conste en el 'Diario de Sesiones', facilite la traducción a
los servicios de la Cámara.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Así lo haré, señor presidente.
Hoy, con esta votación, el Pleno de la Cámara da respuesta a la
aspiración del pueblo de Cataluña, como mínimo, desde 1931.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Fernández de Mesa.
El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: Muchas gracias, señor
presidente.
Señorías, señor ministro de Defensa, hoy cerramos la etapa inicial,
consecuencia de los compromisos adquiridos por el presidente del
Gobierno en el debate de investidura, rematando el dictamen de la
ponencia para la plena profesionalización de las Fuerzas Armadas,
pero también retomando el testigo y la bandera que la Ley 13/1991, de
20 de diciembre, dejó las puertas abiertas a seguir avanzado en este
proceso de profesionalización de nuestras Fuerzas Armadas para
conseguir tener en el siglo XXI las Fuerzas Armadas que España
necesita, sobre todo de acuerdo con los nuevos compromisos
internacionales que hemos venido adquiriendo.
Quiero iniciar esta intervención dando las gracias al presidente de
la Comisión mixta por su certero y objetivo relato que acaba de
ofrecernos aquí esta mañana sobre lo que ha pasado durante todos
estos meses en el seno de la ponencia y en el seno de la Comisión,
donde entre todos hemos sido capaces de conseguir un proyecto que
presentamos con o sin discrepancia, pero
donde por encima de todo el talante abierto y dialogante de nuestro
presidente Muñoz-Alonso ha hecho mucho más fáciles todos los debates
que hemos mantenido.
Señorías, voy a entrar a contestar las enmiendas que se han mantenido
vivas en este debate, y lo haré de la manera más breve posible para
poderlo hacer de manera individualizada.
A mí me gustaría decir a la señora Rivadulla, de Iniciativa per
Catalunya-Els Verds, que el texto que hoy presentamos y que vamos a
aprobar no se refiere exclusivamente a las tecnologías y a las
estrategias. Es un error, porque si hablamos de algo y se reconoce
algo en este texto es esa gran demanda social que existe por la plena
profesionalización de las Fuerzas Armadas por entender que el modelo
actual está agotado, y precisamente dando respuesta a esa gran
demanda social es por lo que se pone en práctica la ponencia, la
Comisión Mixta, que hoy remata con la aprobación del dictamen de esta
Comisión.
Tampoco me parece justo decir que en este período, en contra de lo
que podría parecer, no se han dado pasos importantes en materia de
objeción de conciencia y en materia de insumisión; pasos mucho más
importantes de los que se han dado nunca en la reciente historia
democrática, sobre todo de este Parlamento, con la despenalización de
las penas privativas de libertad para los insumisos y con las grandes
ventajas que se han realizado desde el tema de la objeción de
conciencia, producto del diálogo y del consenso de aquellos partidos
políticos que hemos estado precisamente por el diálogo y por el
consenso para resolver un gran problema social del que todos éramos
partícipes, pero al que no todos estábamos dispuestos a solucionar.
Asimismo, quiero decirle, señora Rivadulla, que no es cierto ni se
puede afirmar en este momento que las Fuerzas Armadas y, por
supuesto, las españolas se estén dedicando exclusivamente a las
guerras. Baste recordar lo que estamos haciendo en la antigua
Yugoslavia, con misiones de paz y pacificación iniciadas en la época
y en la etapa del Gobierno Socialista, con la primera misión en el
año 1988 de democratización, de participación en desarmes, de
verificación y de un largo etcétera de misiones humanitarias que es
justo reconocer desde este Parlamento que están realizando las
Fuerzas Armadas de todo el mundo, pero en especial las Fuerzas
Armadas españolas.
Termino, señora Rivadulla, en cuanto a la enmienda que se refiere a
los plazos. Ustedes creen que el servicio militar obligatorio debe
terminar en diciembre del año 2000. Le pregunto: ¿por qué no en
diciembre de este año? ¿Por qué no en diciembre del año 1999? ¿En qué
se fundamentan ustedes para llevar el final de los plazos al año 2000
y no decir que es necesario en el año 1998 ó del año 1999? No existe
una justificación razonada y fundamentada en algo que pueda avalar la
propuesta que ustedes realizan.
Le garantizo que, con el mismo talante que hemos tenido durante dos
años, el Grupo Parlamentario Popular está dispuesto a estudiar en
profundidad la propuesta razonada que usted presente, y si reúne
todas aquellas garantías para realizar la plena profesionalización,
pero para mantener también la plena operatividad de las Fuerzas
Armadas, no tendremos ningún inconveniente en mantener los criterios
que usted plantea aquí esta mañana.
De la intervención realizada por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida, el señor Meyer, reconozco por encima de todo la coherencia que
mantienen permanentemente en su discurso diametralmente opuesto al
nuestro y que continúa estancado en una posición rígida que no quiere
ni pretende evolucionar en lo más mínimo en relación a lo que está
pasando en el mundo entero.
De sus enmiendas, señor Meyer, que ya hemos tenido oportunidad de
debatir en profundidad en la Comisión mixta la pasada semana, quiero
decirle tres cosas concretas: respecto a los protagonistas de este
debate, los que usted quiera, objetores, insumisos, etcétera, pero
permítame que también le digamos que hay juventudes populares, las
nuevas generaciones, juventudes socialistas, juventudes de
Convergència i Unió, del Partido Nacionalista Vasco y gran parte de
la sociedad española que ha estado aportando desde hace muchos años
iniciativas en el sentido de alcanzar la plena profesionalización de
las Fuerzas Armadas. De manera que a las que usted aporte, permítanos
poder decir que hemos apostado también por esta iniciativa que hoy
estamos debatiendo en la Cámara.
No puedo aceptar, señor Meyer, que usted compare la reducción y la
cifra final que se va a obtener de las Fuerzas Armadas del futuro con
lo que ha pasado con la reconversión del sector naval y el sector
industrial, porque si usted dice que hay que tener en cuenta los
criterios de los cuarteles generales para alcanzar la cifra final,
simplemente por una razón de confianza de este Gobierno y del
anterior en los cuarteles generales de unos ejércitos totalmente
adaptados a la situación real nacional, si es cierto eso señor Meyer,
no se ha modificado un ápice los criterios mantenidos por los
gobiernos socialistas para fijar los números de efectivos. También le
voy a decir más. Es cierto que con los efectivos militares no se ha
contado nunca, ni en esta ocasión, para debatir con ellos cuáles son
los números de efectivos. Y ahí si hay una auténtica labor
disciplinaria que todos deberíamos de reconocer, porque para la
reducción que se ha realizado en la industria del sector naval, usted
sabe que ha habido negociaciones, acuerdos y pactos con los agentes
sociales que han sido los que han dado al final la cifra definitiva
de los trabajadores que tenemos en el sector público y privado de la
construcción naval, cuestión que aquí no pasa.
De manera que desde nuestro punto de vista, ni siquiera en esa
apreciación que usted hace puede tener la más mínima razón a la hora
de esgrimir que desde el Gobierno, desde el Ministerio de Defensa se
puedan fijar esos efectivos.
Por último, señor Meyer, no creo que se pueda poner en duda que lo
que pase aquí es fiel reflejo de lo que quiere la sociedad española.
No creo que usted quiera dudar de la representatividad democrática de
esta Cámara, y no creo que pueda dudar de que los que estamos aquí
sentados representamos la voluntad soberana del pueblo español. Por
tanto, tampoco acepto, ni creo que sea aceptable, decir que en este
momento no representamos la voluntad de la mayoría de los españoles.
Al Grupo Socialista le digo que, efectivamente, sigue habiendo
discrepancias en tres puntos concretos: en los plazos, en el número
de efectivos y en el presupuesto. Nadie podrá dudar del diálogo
permanente, abierto y leal que se ha mantenido con todos los grupos
políticos. No lo hubo en el año 1991, cuando yo también era ponente
de la Ley 13/1991. En ese sentido, señor Moya, puedo decirle que no
ha habido la más mínima razón de vaivén -que usted esgrime- en los
planteamientos que ha venido haciendo el Gobierno. A medida que
avanzábamos en la plena profesionalización, a medida que avanzábamos
en la ponencia, lo que iba remitiendo el Gobierno, ajustado a esos
criterios, era lo que creía que se debería poder ir haciendo. Pero
hay una cuestión, señor Meyer, perdón, señor Moya, que es importante.
(Rumores.) No se preocupen, señorías, yo no tengo el problema de que
me molesten mientras hablo; llevamos muchos años aquí. (Rumores.-
Aplausos.) En cuanto a la duración del periodo transitorio, señor
Meyer, yo le voy a hacer una pregunta concreta: ¿Ustedes creen
realmente que este Gobierno tiene la intención de llevar más allá de
lo necesario la plena profesionalización de las Fuerzas Armadas?
¿Pueden creer ustedes que haya alguien más interesado que el Gobierno
en acabar este proceso lo antes posible? Yo creo que no, y ahí hay
que agradecer un ejercicio de responsabilidad, de sensatez y de
prudencia de este Gobierno para, por un lado, tratar de
profesionalizar y, por otro, mantener la plena operatividad de
nuestras Fuerzas Armadas de la misma manera que ustedes lo hacían en
el año 1991.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Fernández de Mesa, vaya
concluyendo, por favor.
El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: Voy concluyendo, señor
presidente.
En el año 1991, señor Meyer, quien fijaba -y así lo dice la ley en
sus artículos 8 y 18- el número de efectivos no era esta Cámara, como
estamos haciendo aquí ahora, sino el ministro de Defensa quien lo
planteaba al Consejo de Ministros, y allí quedaba fijado. No se
puede decir que fueran 170.000 los efectivos, como ustedes proponían,
porque eran entre 180.000 y 190.000; ni se puede decir que lo que se
está haciendo ahora no es mucho más participativo y, sobre todo,
mucho más adecuado a las necesidades reales.
En cuanto a la financiación, señor Moya, si nuestro modelo de Fuerzas
Armadas va a tener el mismo número que el suyo, si nuestras Fuerzas
Armadas van a ser más modernas porque no sólo está contemplada la
profesionalización sino la aparejada modernización -y hay programas
que así lo demuestran-, si nuestras Fuerzas Armadas van a ser
iguales, si van a ser más flexibles, más reducidas, más operativas,
más versátiles, en una palabra, y el presupuesto, en lugar de ser el
que ustedes proponían para el año 2000, el 2 por ciento, va a ser
inferior a las cifras que usted ha manejado del 1,4 por ciento, yo me
doy por satisfecho de que con menos dinero seamos capaces de tener
unas Fuerzas Armadas profesionales y acordes con las necesidades
reales de España. Creo que en esto también ustedes tendrán que estar
de acuerdo.
Termino, señor presidente. Quiero agradecer al Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria, al Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y al Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) que después de muchos
meses de trabajo, desde la disparidad de ideologías, pero con la
voluntad política del consenso, con la voluntad política real,
hayamos sido capaces de dar respuesta a la demanda social que tenemos
delante. (Rumores.-El señor Madrid López pronuncia palabras que no se
perciben.) No, no es un mitin.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señoría, no entre en diálogo
con los diputados. (Rumores.)
Silencio, por favor, señorías.
El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: No se preocupe, señor
presidente, los diputados de provincia tenemos la ventaja de que
estamos acostumbrados a hablar aun con gritos y voces. No se
preocupe. No nos van a hacer perder el hilo. (Rumores.- Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Fernández de Mesa, la
Presidencia se encarga de mantener el orden. Continúe y termine, por
favor.
El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: Yo no he mandado callar a
nadie, señor presidente. (Risas.) Sólo he expresado lo que en este
momento quería decir. (Rumores.)
Termino, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Popular agradece al Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria las importantísimas aportaciones que ha realizado
en el seno del debate de esta ponencia desde un punto de vista
constructivo, como no podía ser de otra forma.
Al Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) le agradecemos el consenso que
ha alcanzado con el Partido Popular y que, a pesar de mantener viva
la enmienda número 27, que vimos hace unos días en la Comisión mixta
Congreso-Senado, como resultado de la propuesta de resolución
presentada en el debate del estado de la Nación, hoy haya retirado su
voto particular, en el bien entendido de que este grupo parlamentario
acepta y, desde luego, asume que en la futura ley quedará recogido lo
que ellos proponen y entienden que es necesario en el capítulo
concreto de esta posición.
Al Grupo de Convergència i Unió quiero agradecerle desde el Grupo
Parlamentario Popular, no que se haya sumado a ningún documento, al
igual que el PNV y Coalición Canaria, sino que, entre todos, hayamos
sido capaces de dar respuesta a esa gran demanda social y, sobre
todo, de conseguir un texto en el que hemos dejado al margen aquello
que nos separaba para lograr un texto global de aquello que nos une,
que es lo que espera la sociedad española.
Señor presidente, señorías, este nuevo modelo es un modelo moderno,
que le ofrecemos a la sociedad española con unas Fuerzas Armadas que
se merece España y se merece en este momento la aportación
internacional.
Señorías, termino ofreciendo, como ha hecho el presidente del
Gobierno, el ministro de Defensa y el Grupo Parlamentario Popular, el
permanente diálogo con el Grupo Parlamentario Socialista, a quien le
pedimos la misma capacidad de generosidad que el Grupo Parlamentario
Popular tuvo en el año 1991 con un modelo que no era el nuestro,
porque estamos convencidos de que es necesario que la mayoría de los
grupos políticos de la Cámara, incluido el socialista también, se
puedan sumar a este gran proyecto en el que todos los grupos
políticos coincidimos: la plena profesionalización de nuestras
Fuerzas Armadas para el nuevo siglo, para el nuevo milenio.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Fernández de
Mesa.
Vamos a pasar a la votación de las enmiendas y del dictamen
presentado. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votaciones correspondientes al dictamen que
acaba de debatirse de la Comisión Mixta no Permanente para establecer
la fórmula y plazos para alcanzar la plena profesionalización de las
Fuerzas Armadas, que conllevará la no exigencia de la prestación del
servicio militar obligatorio.
Votamos, en primer lugar, los votos particulares del Grupo Mixto,
sostenidos por la señora Rivadulla y el señor Alcaraz.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, 14; en contra, 292; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.
Al haberse retirado los votos particulares del Grupo Vasco y de
Coalición Canaria, pasamos a votar los del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, 14; en contra, 293.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.
Votamos también, en un solo bloque, los propuestos por el Grupo
Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
308; a favor, 125; en contra, 169; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.
Votación del dictamen de la Comisión Mixta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, 167; en contra, 140,
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen de la Comisión Mixta.
(Aplausos.)
SOLICITUDES DE CREACIÓN DE COMISIONES DE INVESTIGACIÓN:
- SOLICITUD DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA
CATÁSTROFE QUE HA PROVOCADO UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA ECOLÓGICA EN
EL PARQUE NACIONAL DE DOÑANA, FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA Y MIXTO. (Número de expediente 156/000009)
El señor PRESIDENTE: Punto X y último del orden del día: Solicitud de
creación de una Comisión de investigación sobre la catástrofe que ha
provocado una situación de emergencia ecológica en el parque nacional
de Doñana, formulada por los grupos parlamentarios Federal de
Izquierda Unida y Mixto.
Para su presentación ante el Pleno, tiene la palabra el señor
Alcaraz. (El señor vicepresidente, Fernández- Miranda y Lozana, ocupa
la Presidencia.)
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor presidente.
En la madrugada del 25 de abril, hace hoy poco más de un mes, un
ciudadano que pasaba cerca del Guadiamar, oyó un ruido extraño, un
ruido de riada, de una riada extraña que él denunció de inmediato. No
lo denunció la autoridad, las instituciones no se enteraron, incluso
alguna institución, de gente representativa, fundamentalmente del
parque natural, que no vive en la zona sino en Sevilla, se incorporó
a los trabajos de emergencia solamente a partir del lunes. Hay que
recordar que el 25 ya había empezado la feria de Sevilla.
Esto, hasta cierto punto, retrata la cuestión que vamos a tratar hoy
aquí. Sin lugar a dudas, las administraciones han sufrido una enorme
quiebra de confianza por parte de los ciudadanos debido a este tema.
Han pasado años y años denunciándose la posibilidad de la rotura de
la presa de Aznalcóllar, de la empresa Boliden Apirsa. Incluso
técnicos como el señor Castillo, procedente de la empresa,
denunciaron que se iba a producir la catástrofe. Y la Administración,
años y años, durmiendo, de fiesta; una Administración trufada de
inútiles y, como ahora intentaré demostrar, de embusteros, de
mentirosos, puesto que se ha mentido constantemente. A estas alturas
del debate todavía se sigue mintiendo cínicamente con la excusa de
que no hay que alarmar. Por eso estamos solicitando una Comisión de
investigación absolutamente necesaria.
Hay que analizar las causas y consecuencias para que esto no vuelva a
ocurrir; hay que oír a los grupos y asociaciones ecologistas y
culturales de todo tipo; hay que traer aquí a las autoridades, que no
dicen la verdad, y consecuentemente, hay que depurar las
responsabilidades políticas. A estas alturas de la tragedia no ha
dimitido nadie. Esto es un gran escándalo, un escándalo moral para
esta sociedad. Aquellos que no han dimitido y que dicen que
posteriormente pueden asumir responsabilidades políticas, aunque es
posible que otra vez las pospongan a las responsabilidades
judiciales, se están poniendo gravemente de espaldas a la sociedad.
La señora ministra, en la comparecencia que se realizó en esta Cámara
en el seno de la Comisión de Medio Ambiente, por siete veces a lo
largo de su intervención dijo que se constituiría la Comisión de
investigación, siete veces siete, Comisión de investigación que ella
apoyaba. Al día siguiente, los titulares de la prensa no la dejaban
mentir. Todos partían de la idea de que se constituiría la Comisión
de investigación con el apoyo de la señora Tocino.
La portavoz del Grupo Popular, señora De Lara, al final ya casi de la
sesión de la Comisión, dijo exactamente lo que voy a leer: Voy a
consumir mucho menos tiempo, señor presidente, solamente quiero decir
que en mi intervención he olvidado aludir a esa Comisión de
investigación. Termina diciendo: Nuestro grupo
parlamentario se plantea la creación de dicha Comisión aquí y la va a
apoyar. Según las noticias que llegan al Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida, nos vamos a quedar de nuevo solos, luego a la
incapacidad se está sumando la mentira constante y la desautorización
de la señora ministra. Esto se ha dicho siete veces por la señora
ministra y una vez por la señora portavoz del Grupo del Partido
Popular, como acabo de leer aquí. No se puede sustituir esta Comisión
de investigación por ningún otro tipo de comisión de encuesta y
estudio, como se ha hecho en el Parlamento de Andalucía, con el voto
del Partido Popular y del Partido Socialista, o como se intenta aquí,
a través de una iniciativa que se ha presentado en el Senado, de
acuerdo con el artículo 59.2 de su Reglamento, constituir una
Comisión mixta de encuesta y estudio para el seguimiento simple y
superficial de los hechos, con el ritmo que se le quiera dar, al
margen de lo que está ocurriendo en Doñana y su entorno. No vale
después del compromiso, no vale después de hablar siete veces de la
constitución de esta comisión de investigación. Queremos denunciar
esa mentira a la Cámara, que es muy grave. No se dimite por
irresponsabilidad, no se dimite por negligencia y tampoco se dimite
después de una mentira flagrante.
Señor presidente, la situación es tremenda. ¿Qué autoridad tiene el
Gobierno de la nación ahora para hablar de Doñana? ¿Qué autoridad
tiene cuando se está mintiendo descaradamente fuera y dentro de la
Cámara? ¿Qué autoridad se tiene en Andalucía? El señor Chaves ha
dicho que asumirá en su momento la responsabilidad que le concierna,
lo que quiere decir que la dimisión tiene que ser del señor Chaves,
después de lo que ha pasado y de lo que se viene demostrando. ¿En qué
autoridad puede confiar a partir de ahora el ciudadano, la sociedad?
Fue un ciudadano el que denunció y somos los ciudadanos y los
políticos de izquierda los que estamos denunciando esta situación en
confluencia con las asociaciones ecologistas y con la comunidad de
científicos. Y son los partidos que han llegado a un acuerdo, el
Partido Popular y el Partido Socialista, los que se ponen de espalda
a esta situación y al escándalo que está ocurriendo aquí, en
Andalucía, en España y en toda Europa.
Es cierto que hay una crisis institucional permanente entre el
Gobierno de la nación y la Junta de Andalucía, una especie de guerra
civil sin escopetas y constante con respecto a cualquier tema,
incluso si va la señora Tocino y monta en helicóptero y no lo hace al
mismo tiempo la señora De Palacio o el consejero de Agricultura. Pero
la primera vez que se ponen de acuerdo el Gobierno de la nación y el
de la Junta de Andalucía ha sido ahora para intentar tapar, para
intentar que no se cree, que no se investigue, que este Congreso de
los Diputados no depure las responsabilidades políticas concernientes
a este tema de enorme e irreversible responsabilidad. Es el primer
acuerdo que
se produce entre el Partido Popular y el Partido Socialista de
Andalucía. Es un acuerdo vergonzante, es un pacto de silencio que no
estamos dispuestos a asumir desde la tibieza o desde una costra de
silencio que en este caso no se corresponde con los hechos que hay
que acometer, porque se sigue mintiendo y son mentiras de enorme
gravedad. Al ritmo que va la retirada de los lodos -hasta ahora sólo
se han retirado el 10 por ciento de los mismos- llegaremos al mes de
enero o febrero. Con las lluvias por medio y al ritmo que se va -no
es cierto que se esté acometiendo con seriedad la retirada de los
lodos ni la forma en que se hace- llegaremos al mes de enero o
febrero. Además, se están situando en una corta muy cerca del
acuífero 26, el acuífero de Niebla-Posadas, y hasta ahora no hay
nadie que haya podido certificar la situación de impermeabilidad de
ese terreno por encima del acuífero 26, nadie ha podido certificar
eso.
La señora Tocino volvió a decir hace tres días que el corazón de
Doñana -no sabemos qué es para ella el corazón de Doñana- no está
contaminado, mientras que el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, Greenpeace y el estudio que ha hecho la Universidad de
Sevilla dicen que sí, que el acuífero 27 ya está contaminado. Y el
presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas acaba
de decir hace tres días que pozos que van directamente al acuífero 27
ya tienen un grado de contaminación específico. Ustedes mienten,
porque esto se ha dicho: el acuífero 27 está contaminado. (El señor
Medina Toledo: ¡El que miente eres tú!)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Alcaraz,
le ruego vaya concluyendo.
Señorías, les ruego guarden silencio.
El señor ALCARAZ MASATS: Nadie puede asegurar que el acuífero 26 no
se vaya a contaminar, así como tampoco nadie puede asegurar que el
acuífero 25, del Alcarafe, no esté ya contaminado por un principio
que va a afectar al agua que se bebe en toda la zona de Sevilla. Esta
es la situación.
Más cosas, señor presidente: la rotura de la balsa. Se habló incluso
de que había habido un corrimiento de tierras, y eso es mentira, pero
no se ha hablado de que las detonaciones en el interior de la mina
son más fuertes que las de cualquier mina de estas características en
Europa, detonaciones tremendas, pudiendo estar ahí una de las causas
de la rotura de la presa.
Y no se ha dicho sino a través de la prensa, la cual está jugando un
papel muy importante en este tema, respecto a que varios de los
sensores estaban inutilizados o no trabajaban al nivel adecuado, y
que a pesar de haberlo denunciado la empresa de control Geocisa,
tampoco se había hecho caso. Ni tan siquiera ahora se dice de manera
clara cómo ha ocurrido directamente. Y no se dice que se han hecho
recrecimientos por encima
de lo permitido y constantes. ¿Hasta dónde puede llegar el
recrecimiento con material inadecuado y con pactación absolutamente
también inadecuada? Se sigue mintiendo y echando sombras sobre las
posibilidades de esclarecimiento de estos hechos.
Asimismo no se dice -se ha logrado evitar por ahora, pero la semana
que viene se va a intentar desaguar- que los cuatro millones de
metros cúbicos de agua que hay en Entremuros no se pueden salvar con
un poco o con un mucho de cal e inmediatamente desaguarlos en el
Guadalquivir. Nos vamos a oponer rotundamente y desde las fuerzas
sociales y laborales de la desembocadura del Guadalquivir -Sanlúcar,
Trebujena y compañía- se van a oponer también. El Consejo Superior de
Investigaciones Científicas dijo en el estudio tan conocido que hizo
que había que instalar una depuradora, que había que ir a balsas
pequeñas confinadas para depurar a fondo, para conseguir que los
metales pesados se sedimentaran y proceder, cuando estuviera depurada
el agua, a su desagüe al Guadalquivir.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Alcaraz,
le ruego concluya.
El señor ALCARAZ MASATS: Ahora se intenta una situación de emergencia
totalmente inaceptable para que a través de una depuración falsa y
artesanal mediante cal se vierta el agua en la desembocadura del
Guadalquivir. Nos vamos a oponer de manera rotunda y desde aquí
alertamos a todos los pueblos que están junto a la desembocadura del
Guadalquivir de que van a sufrir una contaminación seria si esto se
hace como se ha anunciado en el último momento.
No se ha dicho tampoco, y un medio de comunicación lo denuncia, que
los vertidos que se estaban realizando no tenían una autorización
definitiva, es decir, que había vertidos y que había una
responsabilidad de la anterior Administración de Medio Ambiente
-quizás para eludir las anteriores responsabilidades ha llegado al
pacto de silencio que ahora se va a ver en la votación-, aludiéndose
también a las responsabilidades de estos últimos dos años de la
ministra de Medio Ambiente. Si había filtraciones, y las ha habido al
Crispín y al Agrio, era responsabilidad del Ministerio de Medio
Ambiente, era responsabilidad de un Ministerio que, de acuerdo con el
artículo 95 de la Ley de Aguas, podía cerrar esa explotación tal como
se estaba produciendo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Alcaraz,
le ruego que concluya de forma inmediata.
El señor ALCARAZ MASATS: Termino en seguida, señor presidente.
El artículo 95 de la Ley de Aguas dice que la autorización
administrativa sobre establecimientos, modificación
o traslado de instalaciones o industrias que originen o puedan
originar vertidos se otorgará condicionada a la obtención de la
correspondiente autorización de vertidos. El Gobierno -de la nación-
podrá prohibir en zonas concretas aquellas actividades y procesos
industriales cuyos efluentes, a pesar del tratamiento a que se han
sometido, puedan constituir riesgo de contaminación grave para las
aguas, bien sea en su funcionamiento normal o en caso de situaciones
excepcionales previsibles. Se sabía que había balsas y contaminación
del Agrio y del Crispín desde hace doce años, y es responsabilidad de
anteriores gobiernos y de éste desde hace dos años, y eso ya no
pertenece a la Junta, eso pertenece al Gobierno de la nación.
Señor presidente, Doñana es hoy una flecha en el tiempo, y la
irresponsabilidad de muchísima gente puede hacer que esta flecha
pierda su impulso, irresponsabilidad como la del otro día del
portavoz del Grupo Popular en la Comisión, que opuso el futuro de
Doñana al futuro de Huelva, los hizo contradictorios, e
irresponsabilidad como la que se va a cometer hoy aquí por los grupos
mayoritarios de la Cámara no apoyando la Comisión de investigación.
(Varios señores diputados: Muy bien.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Alcaraz.
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora
Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Señor presidente, muy brevemente para
defender la solicitud de constitución de una Comisión de
investigación para la situación de emergencia ecológica en el parque
nacional de Doñana, y también para que el señor Alcaraz no se sienta
tan solo. Sin embargo, señorías, la verdad es que todo lo que
teníamos que argüir lo hicimos en la Comisión de Medio Ambiente, que
tuvo lugar el 7 de mayo, donde la señora ministra y la portavoz del
Grupo Popular se comprometieron públicamente, en el seno de la
Comisión, a dar su voto para que en el Congreso de los Diputados se
pudiese crear una Comisión de investigación. Quisiera saber -estoy
esperando que intervenga la portavoz del Grupo Popular- cuáles son
las razones que en tan poco espacio de tiempo les han hecho cambiar
de opinión cuando tan rotundamente se manifestaron a favor de esa
Comisión de investigación.
Señorías, creemos que la empresa tiene graves responsabilidades -los
tribunales decidirán- de tipo civil y de tipo penal, pero aquí
también hay responsabilidades de las administraciones y nos interesa
saberlo no sólo para que cada cual asuma su responsabilidad política,
sino para que se pueda prever en otras situaciones dónde acaba la
responsabilidad de unos y dónde empieza la de otros. El Congreso de
los Diputados tendrá que examinar exclusivamente las responsabilidades
que competen al Ministerio de Medio Ambiente y el Parlamento de
Andalucía tendrá que ser el competente para ver si la Junta de
Andalucía ha actuado conforme a ley y conforme a sus competencias,
pero sí es muy importante que aquí, en el Congreso, se constituya
esta Comisión. Por tanto, espero de la portavoz del Grupo Popular que
nos pueda confirmar que no han cambiado de opinión en relación a lo
expuesto en Comisión el día 7 de mayo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Rivadulla. ¿Algún grupo parlamentario desea utilizar un turno
a favor de la solicitud? (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos
que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Señor presidente, señorías, ha
transcurrido ya casi un mes desde la mañana en que nos despertábamos
sobresaltados con la noticia de esta catástrofe medioambiental que
afectó a un espacio declarado patrimonio de la humanidad por la
Unesco, como es Doñana. Transcurrido ya casi un mes, como decía al
principio, todavía pervive en nuestro ánimo la sensación de
estupefacción, la sensación de tristeza que nos embargó en ese
momento. Hoy, obviamente, hemos recuperado ya una cierta serenidad
y podemos valorar los efectos de la catástrofe para concluir que de
entrada estos han sido y son terribles para el entorno de Doñana, muy
especialmente para la zona del parque natural, que se han hecho notar
gravemente sobre la flora, sobre el agua, sobre la fauna, y a estas
alturas, cuando comenzamos a saber con una cierta nitidez cuáles
pueden ser los efectos de esta muerte silenciosa que ha asolado y que
ha envenenado Doñana, también empezamos a tener claro que se van a
notar durante tiempo y, por tanto, no sabemos todavía si lo peor ya
ha pasado o aún está por venir.
No quiero lanzarme -también intenté evitarlo el día 7 de mayo durante
la comparecencia de la ministra ante la Comisión de Medio Ambiente-
por la senda de considerar inevitable el desastre total. Prefiero y
preferimos creer desde nuestro grupo parlamentario que el ser humano,
que es capaz de causar voluntariamente por negligencia e incluso por
incompetencia daños de consecuencias imprevisibles en el medio
natural, también dispone de medios para paliar los desastres de su
mala actuación. En ese sentido, debo decir que, contrariamente a la
sensación que se llevó quien me ha precedido en el uso de la palabra,
la comparecencia ayer ante la Comisión de Medio Ambiente del director
del Centro Superior de Investigaciones Científicas con relación a las
posibilidades de regenerar el sistemaafectado fue sumamente
tranquilizadora. No obstante,
también debo añadir que todas aquellas incógnitas que no disipó sobre
lo que puede venir, francamente no invitan al optimismo y confirman
las dudas que durante este mes han ido sembrando los expertos. Por
ejemplo, sobre si el acuífero 27 está salvado o no está salvado, él
nos manifestó que hasta el momento la contaminación es mínima, casi
imperceptible, y que no va a tener ningún tipo de consecuencia
negativa. Sin embargo, fue incapaz de decir si esto va a quedar así y
tampoco fue capaz de hacer un diagnóstico exacto sobre la afectación
futura en la flora y la fauna de Doñana y de su entorno. Sí que
disipó, contrariamente a lo que decía el señor Alcaraz, la duda
respecto al ritmo de retirada de los lodos. Él nos dijo, y este grupo
parlamentario se lo planteó, que al ritmo actual él no temía por el
peligro que podía suponer el impacto de las lluvias de otoño sobre
estos mismos lodos, cuestión sobre la que se había escrito y
comentado. Nos dijo el señor Nombela que, al ritmo actual, en
octubre-noviembre los lodos estarían retirados, que si había un
porcentaje que no iba a serlo no era porque el ritmo fuera
insuficiente, sino porque simplemente era imposible retirarlo, y nos
sugirió toda una serie de vías paralelas para evitar que el impacto
del veneno que incorporan estos lodos pueda afectar al medio
ambiente.
Quiero decir también que valoramos positivamente el que ante la
constatación del desastre todas las administraciones -Ministerio,
Junta de Andalucía- se pusieran a trabajar a una. Pensamos que no
podía ser de otra forma, pero también lamentamos la imagen que se dio
de que se pasaban la pelota unos a otros por lo que se refiere a las
responsabilidades, esa sensación de que se envolvían en una nebulosa
competencial para eludirlas. Hemos deplorado el que a lamentos y
exclamaciones haya que sumar esa impresión de que se miraban los unos
a los otros preguntándose por qué fueron incapaces de hacer algo que
evitara la tragedia.
Desgraciadamente, se ha puesto de manifiesto una vez más el principio
medioambiental tan invocado pero tan a menudo omitido de la necesidad
de prevenir antes el riesgo potencial. En Aznalcóllar el riesgo
estaba documentado. Había sido reiteradamente denunciado por
particulares y asociaciones de defensa ambiental, en vía
administrativa, en vía judicial e incluso ante la Unión Europea. A
pesar de ello, se dejó de actuar y ahora todo son lamentos. Las
demandas judiciales se archivaron, las denuncias también y luego vino
la catástrofe. En Doñana han quedado, pues, en evidencia las trágicas
consecuencias que puede comportar ignorar el riesgo, pero también se
han evidenciado las consecuencias de la mala gestión de la
Administración.
Hoy se nos plantea por parte de dos grupos parlamentarios la creación
de una Comisión de investigación para determinar, se nos dice, las
responsabilidades políticas de los miembros del Gobierno. Yo voy a
decir hoy lo mismo que dije el día 7 de mayo, cuando
el impacto de la catástrofe era muy reciente aún, aunque tengo la
sensación de que no todos los grupos parlamentarios van a decir los
mismo hoy que ese día. Dije entonces que coincidía con aquellos que
nos proponían la constitución de una Comisión de investigación, pero
a continuación me preguntaba si había que constituirla en este
Parlamento o quizá la conclusión a que llegáramos, después de
estudiar el magma competencial, era que el lugar idóneo para crear
esa Comisión no era este Parlamento, sino el Parlamento andaluz.
De ninguna forma pretendemos inmiscuirnos en las decisiones de otro
Parlamento. Dios me libre de hacerlo, nada más lejos de mi intención
y del pensamiento político de nuestro grupo parlamentario. Pero
tenemos muy claro que, de acuerdo con nuestro sistema de distribución
de competencias entre los distintos niveles de administración, la
principal responsabilidad para evitar o no el desastre no corresponde
al Ministerio de Medio Ambiente, sino a la Administración autonómica,
que es la responsable de la gestión medioambiental, de los vertidos
industriales y de la política de minas. La autonomía política implica
el ejercicio de la responsabilidad de gobierno asumiendo, cuando haga
falta, la toma de decisiones, aunque sean difíciles.
Obviamente que el Ministerio -lo dije ese día- tiene competencias. La
ministra preside el Patronato de Doñana y, según el artículo 23 de la
Ley 4/1989, de protección de la flora y fauna silvestre, desde el
Patronato se pueden y se deben promover las acciones oportunas en
favor del espacio protegido. Y desde la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir, que también depende del Ministerio, al amparo de la
Ley de Aguas, se debe velar por la protección del dominio público
hidráulico. En ningún caso, se trata de competencias ejecutivas que
puedan ir más allá de instar a quien tenía responsabilidad para
obligar a la empresa Boliden a dejar de actuar, como a menudo se nos
ha dicho que actúan algunas empresas occidentales en el Tercer Mundo.
Por tanto, creo que más que investigar sobre la actuación del
Ministerio, lo que debemos y podemos hacer es debatir si su actuación
fue correcta y si de la misma se deriva alguna responsabilidad, pero
pensamos que poco hay que investigar, a no ser que alguien crea que
en materia de medio ambiente el Estado detenta una especie de alta
inspección o algo parecido. Esto ya lo denunciamos en la Comisión y a
menudo se repite en esta Cámara en las manifestaciones, en los
debates y en las peticiones de algunos grupos parlamentarios.
A nosotros -no quiero ser ofensivo- esta concepción del Estado de las
autonomías nos parece de vuelo gallináceo, de corto vuelo. Nosotros,
obviamente, no la compartimos y es totalmente contraria a la
Constitución y a los estatutos de autonomía. Por tanto, repito, y
termino, esto es algo que nuestro grupo no sólo no comparte, sino
que, además, lo combate políticamente.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Recoder.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la
señora Narbona.
La señora NARBONA RUIZ: Señoras y señores diputados, señor
presidente, el Grupo Parlamentario Socialista mantiene hoy en esta
tribuna la misma posición que sostuvo durante la comparecencia de la
ministra de Medio Ambiente en nuestra Comisión a propósito de la
rotura de la balsa de las minas de Aznalcóllar. Entonces dijimos -y
hoy lo repetimos- que es imprescindible que este Parlamento conozca
las causas de lo sucedido, precisamente para contribuir a que esto no
vuelva a acontecer, que no se vuelvan a provocar hechos como los que
han traído consecuencias catastróficas de carácter ambiental, social
y económico. Por lo tanto, el Grupo Parlamentario Socialista va a
seguir adoptando todas aquellas iniciativas que considere necesarias,
tanto para esclarecer lo sucedido como para proponer medidas que, en
lo posible, eviten que se den hechos semejantes en el futuro.
Nuestro grupo ya ha presentado, después del debate del estado de la
Nación, algunas propuestas concretas que han sido rechazadas por el
Grupo Popular y por los grupos que apoyan al Gobierno en relación con
posibles cambios legislativos y con posibles actuaciones concretas,
precisamente para prevenir desastres semejantes; me voy a referir
brevemente a ellas. En el debate del estado de la Nación entre las
resoluciones planteadas por el Grupo Parlamentario Socialista estaba,
por ejemplo, la de instar al Gobierno a una dotación adecuada de las
confederaciones hidrográficas para permitir el correcto control del
dominio público hidráulico, una competencia no transferida a las
comunidades autónomas en las que la Administración central tiene
plena responsabilidad de carácter ejecutivo. Pedíamos también la
revisión de la legislación minera en vigor en España, porque creemos
que, a pesar de la nueva Ley de Residuos, existen posibilidades de
una interpretación no correcta desde el punto de vista ambiental.
Pedíamos un plan de actuaciones urgentes en las distintas
instalaciones mineras que pueden presentar en estos momentos riesgos
semejantes a los que han contribuido al desastre de las minas de
Aznalcóllar, así como la creación de una fiscalía especial de medio
ambiente. Todas estas propuestas fueron rechazadas en las votaciones
que siguieron al debate sobre el estado de la Nación y ya dijimos
entonces que iríamos ofreciendo estas medidas de forma sucesiva para
su debate en esta Cámara. Tuvimos ocasión de hacerlo la semana
pasada, proponiendo la creación de la fiscalía especial en materia de
medio ambiente y nos encontramos con que el Grupo Popular, a pesar de
no haberse opuesto a una iniciativa similar en el Senado en el año
1994, votó en contra en esta ocasión con respecto
a la creación de la fiscalía especial de medio ambiente.
En cualquier caso, insistimos en que nuestras prioridades en estos
momentos son, en primer lugar, que se esclarezca lo sucedido para
impulsar las reformas oportunas y, por supuesto, la mejor
recuperación posible de las zonas afectadas. Para aclarar lo sucedido
creemos que no es imprescindible la creación de una Comisión de
investigación; lo dijimos en la comparecencia de la ministra y lo
repito hoy. La experiencia en particular durante la presente
legislatura respecto de la eficacia de las comisiones de
investigación no satisface en absoluto a nuestro grupo parlamentario.
La única Comisión de investigación que ha tenido vida durante esta
legislatura, la Comisión de investigación creada para saber si se
había producido algún delito a propósito de la deuda tributaria de
200.000 millones de pesetas, atribuida por el presidente del Gobierno
a un regalo fiscal del Gobierno socialista, concluyó afirmando que no
había habido ningún tipo de delito sino carencias y cuestiones a
resolver en la Agencia Tributaria; sin embargo, estamos todavía
esperando que la responsabilidad política sea asumida por el presente
Gobierno en cuanto a rectificar las palabras de su presidente y de
otros miembros del mismo. Las comisiones de investigación, por tanto,
dan lo que dan de sí en esta legislatura y en esta Cámara y no
creemos que sean una herramienta que contribuya de la manera más
eficaz posible a la depuración de responsabilidades políticas,
responsabilidades políticas que también, lo dijimos desde el primer
momento, deben de ser asumidas por todos los niveles de la
Administración puesto que todos ellos en este caso han podido tener
que ver con la no prevención de lo sucedido.
Por tanto, reiteramos nuestra posición y por supuesto tenemos que
manifestar nuestra sorpresa ante el cambio de la del Grupo Popular,
no sólo de la ministra de Medio Ambiente, cosa que ya se ha señalado
en esta tribuna, puesto que el señor Calvo Castañor, diputado del
Partido Popular en el Parlamento de Andalucía, el día 12 de mayo,
defendió en la cámara autonómica la creación de una Comisión de
investigación en el Parlamento andaluz, agregando además que por
supuesto el Partido Popular, a nivel nacional, en el Congreso de los
Diputados, también apoyaría una iniciativa semejante. Las
contradicciones en este caso son importantes y esta Cámara debe
conocerlas. Si ha existido un cambio en el planteamiento del Partido
Popular respecto de la creación de la Comisión de investigación es, a
nuestro juicio, porque al cabo de varias semanas algunos de sus
miembros han podido comprender que su creación en el Congreso de los
Diputados quizá no era tan inocua para la Administración central como
la propia ministra creía cuando afirmó que apoyaría la creación de
esa Comisión de investigación.
Señorías, nosotros también tenemos que lamentarque el Grupo Popular
actualmente haya cambiado de
doctrina con respecto a la de la anterior legislatura, cuando se
decía que las responsabilidades políticas debían ser exigidas antes
de que los jueces dictaminaran respecto de hechos acaecidos. Esa
doctrina ha cambiado por lo visto en estos momentos, puesto que la
propia ministra ha dicho que las responsabilidades políticas se verán
cuando los juicios terminen y los jueces dictaminen. Este cambio
también nos parece muy significativo porque, si lo que ha sucedido en
las minas de Aznalcóllar hubiera pasado durante la anterior
legislatura, seguramente hubiéramos escuchado en esta Cámara
valoraciones muy distintas de las que oiremos después.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Narbona.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora
De Lara.
La señora DE LARA CARBÓ : Gracias, señor presidente.
Señorías, a veces debatir ciertos temas nos recuerda aquella metáfora
de arar en el agua, precisamente por su inutilidad, señorías. El
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida nos propone la constitución de
una Comisión de investigación para -y leo textualmente- determinar
las responsabilidades políticas de miembros y altos cargos del
Gobierno y analizar los hechos que han provocado la situación de
emergencia ecológica del Parque Nacional de Doñana. La redacción de
esa petición hace inviable en sí misma que votemos a favor y trataré
de explicar el porqué.
Primero, el Gobierno de la nación, por medio de sus altos cargos
competentes en las materias medioambientales, ha comparecido ante la
Comisión de Medio Ambiente de esta Cámara para explicar cumplidamente
los hechos ocurridos y cuál ha sido su actuación en la catástrofe del
entorno de Doñana. Estas comparecencias demostraron lo que ya todas
SS. SS. debían saber de antemano: que las competencias sobre las
actividades mineras y el control de la balsa de decantación de
Aznalcóllar, que sufrió la rotura que originó el accidente, residen
en la Consejería de Industria de la Junta de Andalucía; que las
competencias de gestión de medio ambiente y, por tanto, la gestión
del parque natural del entorno del Parque Nacional de Doñana residen
en la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y que la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que depende del
Ministerio de Medio Ambiente, era responsable de la autorización de
vertidos y de su control; vertidos que eran exactamente los adecuados
el día antes del desgraciado suceso.
Segundo, el Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento andaluz
solicitó en su día, precisamente porque allí residían las
competencias, la constitución de una Comisión de investigación en el
Parlamento andaluz
para que comparecieran ante ella los responsables de la Junta de
Andalucía, entre otros, el Consejero de Industria y el de Medio
Ambiente. Aquella solicitud de Comisión de investigación no prosperó
por los votos en contra de socialistas y andalucistas que cogobiernan
en aquella comunidad.
Tercero, una vez excluido el ámbito competencial adecuado resulta una
mera instrumentación política más cercana a la demagogia que a la
realidad de la preocupación ciudadana solicitar una Comisión de
investigación para, supuestamente, juzgar unas responsabilidades,
competencialmente no existentes, y a la que no podrían comparecer
precisamente los responsables políticos andaluces que tienen estas
competencias.
Cuarto, el fenómeno Doñana ha sido afrontado por el Gobierno de la
nación con prontitud y eficacia, y ahí están las actuaciones
decididas en el último consejo de ministros. Ahora de lo que se trata
es de resolver los problemas creados por la ineficacia y la dejadez
de los responsables de la Junta de Andalucía y conseguir que el
Parque Nacional de Doñana y su entorno, buque insignia de los parques
nacionales españoles, recupere cuanto antes el esplendor que poseía
antes del desgraciado accidente. Ello se conseguirá con la
colaboración, que felizmente existe, de las diferentes
administraciones públicas, desde la serenidad y desterrando la
crispación y sobre todo no confundiendo a la opinión pública.
Quinto, en los días siguientes al desastre hubiera sido oportuna una
comisión para investigar lo ocurrido, y así lo manifestó nuestro
grupo parlamentario, tras la falta de respuesta en el Parlamento de
Andalucía y las explicaciones dadas por los altos cargos del Gobierno
ante la Comisión de Medio Ambiente del Congreso, tras las actuaciones
del Gobierno de la nación. El momento de plantear la constitución de
esa Comisión ha pasado, sobre todo, señorías -y he aquí una
consideración esencial a la que me refería al principio-, porque el
tenor de la solicitud que trae a este Pleno Izquierda Unida es
inadmisible por su irrealidad. Resulta esperpéntico, y desde luego
demagógico y confuso para la opinión pública, querer investigar las
responsabilidades de altos cargos del Gobierno de la nación que
competencialmente no eran ni son responsables. En esta trampa
política, en esa utilización sesgada de la realidad, señorías, no
vamos a caer.
Sexto, como saben SS. SS., se ha propuesto la creación de una
Comisión Mixta Congreso-Senado para el estudio y seguimiento de los
planes de actuación para la recuperación del entorno de Doñana. Creo
que la Comisión Mixta Congreso-Senado es importante y que el Senado
es el ámbito competencial al ser la Cámara de representación
territorial. Por todo ello, señorías -y no deseo extenderme más-,
nuestro voto será en contrade la petición de la Comisión de
investigación.
Digo como aquel personaje de Hemingway: Está bien que los cazadores
pongan trampas, incluso que las enmascaren. Lo que a nadie debe
sorprender es que las posibles víctimas no se dejen engañar y estén
atentas para no caer en ellas. Pongan SS. SS. de Izquierda Unida las
trampas que política y estratégicamente les apetezca, pero, por
favor, no se sorprendan de que no caigamos en ellas.
Muchas gracias. (Aplausos.-El señor Alcaraz Masats pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Alcaraz,
¿a qué efectos me solicita la palabra?
El señor ALCARAZ MASATS: Señor presidente, se han utilizado aquí
expresiones como esperpéntico y demagógico dirigidas al Grupo de
Izquierda Unida. Por tanto, pensamos que hay que deshacer esa alusión
directísima. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, les
ruego que guarden silencio.
Señor Alcaraz, todos los intervinientes se han expresado dentro de
los márgenes de la cortesía parlamentaria
con la más absoluta libertad. Señor Alcaraz, no tiene S. S. la
palabra.
Ha finalizado el debate y vamos a proceder a la votación. (El señor
presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación sobre la solicitud de creación de una
Comisión de investigación sobre la catástrofe que ha provocado una
situación de emergencia ecológica en el Parque Nacional de Doñana,
formulada por los Grupos Parlamentarios Federal de Izquierda Unida y
Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
283; a favor, 13; en contra, 269; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada, en consecuencia, la solicitud
de creación de la mencionada Comisión de investigación.
Se levanta la sesión.
Era la una y cincuenta y cinco minutos de la tarde.