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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 163, de 26/05/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1998 VI Legislatura Núm. 163
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 158
celebrada el martes, 26 de mayo de 1998
ORDEN DEL DIA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre modificación del
artículo 9, apartado 5, del Código Civil. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie B, número 178-1, de 18 de marzo de 1998 (número de
expediente 122/000157) (Página 8663)
--Del Grupo Socialista del Congreso, sobre modificación del artículo 45
del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en la redacción dada
al mismo por la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social para 1998. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número
141-1, de 26 de enero de 1998 (número de expediente 122/000122) (Página 8667)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre reintegro de
prestaciones de la Seguridad Social indebidamente percibidas. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie B, número 191-1, de 24 de abril de 1998
(número de expediente 122/000168) (Página 8667)
Proposiciones no de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al
Gobierno a incentivar la competitividad del sector nacional de
automoción. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, número 277, de 8
de mayo de 1998 (número de expediente 162/000240) (Página 8675)
--Del Grupo Socialista del Congreso, sobre el servicio universal de
telecomunicaciones. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, número
274, de 4 de mayo de 1998 (número de expediente 162/000237) (Página 8682)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre liberalización de
los servicios de telecomunicaciones. «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, número 277, de 8 de mayo de 1998 (número de expediente
162/000238) (Página 8682)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Parlamentario Mixto, para informar sobre el proceso y
consecuencias de la privatización de ENDESA para la economía y el
equilibrio territorial del Estado español (número de expediente
173/000084) (Página 8689)
--Del Grupo Socialista del Congreso, sobre Salud Pública (número de
expediente 173/000085) (Página 8696)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, acerca de la
situación de los ciudadanos españoles condenados en diferentes países y
que cumplen condena en centros de dichos países, y de la asistencia de
las gestiones realizadas con arreglo a los tratados internacionales para
el cumplimiento de sus penas en España (número de expediente 173/000086)
(Página 8702)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 8663)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre modificación del
artículo 9, apartado 5, del Código Civil (Página 8663)
El señor Padilla Carballada, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, solicita a la Cámara el voto favorable a la toma en
consideración de la proposición de ley que propone introducir un nuevo
párrafo en el apartado 5 del artículo 9 del Código Civil que diga lo
siguiente: «La atribución por la ley extranjera de un derecho de
revocación de la adopción no impedirá el reconocimiento de ésta si se
renuncia a tal derecho en documento público o por comparecencia ante el
encargado del Registro Civil.» Expone que se trata de asegurar la
continuidad de la forma en que el ordenamiento jurídico español ha
entendido la institución de la adopción, conjugándola con los compromisos
adquiridos por España en la ratificación del Convenio de la Haya relativo
a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción
internacional.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla,
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Echevarría,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Silva Sánchez, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Castellano
Cardalliaguet, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y
Villarrubia Mediavilla, del Grupo Socialista del Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley, se
aprueba por 278 votos a favor y una abstención.
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre modificación del artículo 45 del
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en la redacción dada al
mismo por la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
para 1998 (Página 8667)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre reintegro de
prestaciones de la Seguridad Social indebidamente percibidas (Página 8667)
En primer lugar, defiende la toma en consideración de la proposición de
ley del Grupo Socialista del Congreso el señor Cercas Alonso. Manifiesta
que su iniciativa tiene como objetivo rectificar una situación que aflige
hoy a un numeroso grupo de pensionistas que se ven obligados no solamente
a dejar de percibir los complementos de mínimos que tienen, sino también
a devolver cantidades importantes. Explica que no se trata de defender la
defraudación ni de reconsiderar la atribución del complemento de mínimos;
se trata exclusivamente de analizar de una manera sensata y serena la
exigencia de retroactividad de cinco años para la devolución de las
percepciones indebidas, para lo que hay que ir al núcleo del problema que
es el artículo 45 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social. Considera que en la ley hay que distinguir entre quienes han
actuado dolosamente y percibido prestaciones mediando mala fe de su parte
y quienes han actuado omitiendo determinadas iniciativas u obligaciones
de carácter administrativo que, en multitud de ocasiones, son
absolutamente desconocidas para estos modestos pensionistas. Añade que es
absolutamente inconcebible que a finales del siglo XX se pueda ir, con
una retroactividad de cinco años, contra la percepción de unas rentas que
no han sido obtenidas ni dolosa ni culposamente, sino por error de la
Administración, y expone que la Seguridad Social ha de ser segura, social
y solidaria.
En defensa de la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, interviene el señor Vaquero del
Pozo. Manifiesta que antes de la Ley de Acompañamiento de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 1998 existía una laguna
legal sobre el reintegro del cobro indebido de las prestaciones de la
Seguridad Social, laguna que fue cubierta, con la mayoría parlamentaria
de la Cámara, de forma insatisfactoria, a juicio del proponente, puesto
que, en aplicación de la ley, se ha solicitado con retroactividad de
cinco años el reintegro del cobro indebido de prestaciones sociales, en
concreto del complemento por mínimos, a muchos pensionistas que, sin duda
alguna, algunos de ellos pudieran ser multimillonarios pero que muchos
otros están en auténtica situación de necesidad. Su grupo considera que
esta norma conculca el principio de seguridad jurídica del administrado,
puesto que si es la Administración la que se equivoca, es ésta la que
debe asumir la responsabilidad del error.
A continuación expone que aun estando de acuerdo con el fondo de la
proposición del Grupo Socialista, opinan que debería plantearse de otra
forma y sugiere que la regla general de prescripción sea de cinco años,
pero admitiendo una sola excepción, y es la de que en el caso de que la
negligencia sea debida a la Administración, no exista obligación alguna
de reintegro. Está de acuerdo con el vicepresidente del Gobierno cuando
en el debate de la interpelación del Grupo Mixto dijo que se debía
respetar el principio de legalidad junto con el de solidaridad, pero
rechaza totalmente que se les reproche, de forma injusta e inaceptable,
que su grupo aprovecha cualquier oportunidad para intentar quebrar el
sistema de la Seguridad Social.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vázquez
Vázquez (don Guillerme) y Peralta Ortega, del Grupo Parlamentario Mixto;
Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Caballero
Basañez, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Homs i Ferret, el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Camps Devesa, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación, en primer lugar, la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Socialista del Congreso sobre modificación
del artículo 45 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en
la redacción dada al mismo por la Ley de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social para 1998, se rechaza por 142 votos a
favor, 163 en contra y una abstención.
Sometida a votación, en segundo lugar, la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida,
sobre reintegro de prestaciones de la Seguridad Social indebidamente
percibidas, se rechaza por 142 votos a favor y 161 en contra.
Proposiciones no de ley (Página 8675)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al
Gobierno a incentivar la competitividad del sector nacional de automoción
(Página 8675)
Defiende la proposición no de ley, en nombre del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, el señor
Gómez-Alba Ruiz, quien pone de relieve los buenos resultados, tanto en
materia de producción y empleo como de precios industriales, de la
política industrial llevada a cabo por el actual Gobierno. Se refiere a
continuación al programa Prever en relación con la renovación tanto del
parque automovilístico como del sector de la motocicleta, colocando a
España en el tercer y segundo puesto respectivamente en cuanto a la
producción. Sin embargo, añade, el sector de la automoción en España
necesita nuevos impulsos para acometer los retos a los que la sociedad
española en su conjunto no puede dar la espalda. Así lo han entendido los
empresarios del sector y el Gobierno, que han puesto en marcha un grupo
de trabajo conjunto para aproximarse con mayor profundidad a la realidad
de este mercado complejo. Pone de relieve el papel jugado por el
Ministerio de Industria, que viene impulsando factores básicos de
competitividad de las empresas, como la capacidad de desarrollo
tecnológico, la innovación, el diseño y la calidad industrial. Por todo
ello animan al Gobierno a no cejar en las medidas que permitan un salto
espectacular de la automoción radicada en España, conjurando así las
amenazas de un escenario terriblemente complicado en su globalidad.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Socialista del
Congreso, interviene el señor Cuevas Delgado.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Peralta
Ortega, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria; Sánchez i Llibre, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Santiso del Valle, del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
A los solos efectos de rechazar la enmienda presentada por el Grupo
Socialista del Congreso, interviene el señor Gómez-Alba Ruiz, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Al no ser aceptada por el Grupo Socialista del Congreso la tramitación de
la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), se somete a votación la proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Popular, que se aprueba por 162 votos a favor, 12 en
contra y 129 abstenciones.
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre el servicio universal de
telecomunicaciones (Página 8682)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre liberalización de
los servicios de telecomunicaciones (Página 8682)
En primer lugar, presenta la proposición no de ley del Grupo Socialista
del Congreso el señor Morlán Gracia. Considera raquítica y exigua la
regulación del servicio universal de telecomunicaciones plasmada en los
artículos 37 y siguientes de la Ley General de Telecomunicaciones. El
Grupo Socialista opina que la nueva sociedad de la información tiene que
garantizar la igualdad y la cohesión social y territorial, ya que en
España, por voluntad de un gobierno que ha renunciado a tener algo que
decir en un sector tan importante para el futuro de la sociedad, el
desarrollo de las telecomunicaciones va a estar sólo en función del mayor
o menor volumen de negocio que generen. Pasa a explicar el contenido de
los artículos 37 y siguientes de la Ley General de Telecomunicaciones y
apuesta por que se incluya en el servicio universal de telecomunicaciones
el acceso, mediante el pago de una tarifa, a lo que son las líneas de
internet y a todas las opciones que existen en el mundo actual de las
telecomunicaciones. Destaca los aspectos más destacados de su proposición
no de ley, como la articulación de un plan que concrete las aplicaciones
que en España tiene el servicio universal de telecomunicaciones, la
distribución de una guía telefónica básica y gratuita o el acceso de los
usuarios discapacitados o entidades sociales especiales a la línea
telefónica básica, englobando todos estos aspectos en una dinámica de
funcionamiento de la Administración con un marco tarifario fijado por la
Comisión del Mercado de Telecomunicaciones y no al amparo exclusivo de lo
que diga el mercado.
Por otra parte se pronuncia sobre la otra proposición no de ley formulada
por el Grupo Popular, en la que se plantea, a su juicio de forma genérica
y vaga, lo que ha de ser una aspiración de completar un proceso de
liberalización de las telecomunicaciones antes del 1 de diciembre de
1998, y defiende la enmienda de sustitución que su grupo presenta a dicha
iniciativa.
En segundo lugar, defiende la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso sobre liberalización de los
servicios de telecomunicaciones, la señora Mato Adrover. Manifiesta que
el proceso de liberalización que emprendió el Gobierno del Partido
Popular, después de trece años de gobiernos socialistas en que no se
había hecho nada al respecto, llegó a su culminación con la Ley General
de Telecomunicaciones y se cerró el 1 de
enero de 1998, tal como España se comprometió con las directivas europeas
y con el Parlamento Europeo. Por lo tanto, añade, su proposición no de
ley tiene como finalidad recordar al Gobierno que el proceso de
liberalización debe concluir definitivamente en diciembre de 1998.
Asimismo se pronuncia sobre la proposición no de ley presentada por el
Grupo Socialista del Congreso, y anuncia su voto contrario a la misma
porque postula unos conceptos distintos a los establecidos en la Ley
General de Telecomunicaciones, porque el calendario, sin duda, se va a
finalizar en 1998, y porque propone añadir servicios al servicio
universal y el servicio universal es el acceso a la línea telefónica.
Termina su intervención poniendo de relieve que la liberalización va a
llegar a buen fin a principios de diciembre de 1998, pero opina que nunca
está de más que los grupos parlamentarios se pongan de acuerdo para
impulsar la acción del Gobierno en dicha liberalización.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rivero Baute,
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Sedó i Marsal, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Alcaraz Masats, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Sometida a votación, en primer lugar, la proposición no de ley del Grupo
Socialista del Congreso, sobre el servicio universal de
telecomunicaciones, se rechaza por 141 votos a favor, 154 en contra y
cinco abstenciones.
Sometida a votación, en segundo lugar, la proposición no de ley del Grupo
Popular, sobre liberalización de los servicios de telecomunicaciones, se
aprueba por 156 votos a favor, 14 en contra y 131 abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 8689)
Del Grupo Parlamentario Mixto, para informar sobre el proceso y
consecuencias de la privatización de Endesa para la economía y el
equilibrio territorial del Estado español (Página 8689)
El señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto, presenta la
moción consecuencia de interpelación urgente realizada la semana
anterior, que consta de seis puntos que pasa a comentar brevemente. En el
primero se propone mantener en manos del Estado un número significativo
de acciones del Grupo Endesa; en el segundo, un control público e
información a los ciudadanos y a los representantes democráticamente
elegidos; en el tercero, igualdad de oportunidades y actuación de los
poderes públicos para conseguir el equilibrio territorial; en el cuarto,
la regulación de la actuación de los agentes económicos en función del
interés general; y los puntos quinto y sexto van destinados a que el Plan
de la minería se aplique en el caso gallego con equidad, justicia e
igualdad de condiciones con otros territorios del Estado español,
logrando una inversión más equilibrada del dinero que va destinado a las
comarcas mineras en crisis.
En defensa de las enmiendas presentadas a esta moción intervienen los
señores Peralta Ortega, del Grupo Parlamentario Mixto; Borreiros
Fernández, del Grupo Socialista del Congreso, y Santiso del Valle, del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Peón Torre, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas,
interviene el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Mixto, procedente
de interpelación urgente, para informar sobre el proceso y consecuencias
de la privatización de Endesa para la economía y el equilibrio
territorial del Estado español, se rechaza por 145 votos a favor y 160 en
contra.
Del Grupo Socialista del Congreso sobre salud pública (Página 8696)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente la señora
Bartolomé Núñez, del Grupo Socialista del Congreso. Manifiesta que ya
tuvieron ocasión en el debate de la interpelación de exponer las
motivaciones que les llevaron a presentar la iniciativa, no recibiendo,
por parte del ministro de Sanidad y Consumo ninguna contestación
convincente sobre el contagio masivo de hepatitis C en dos centros
hospitalarios de Valencia. Aprovecha la ocasión que le brinda el debate
de hoy para formalizar su protesta por aquella contestación y explica los
tres puntos de su moción que su grupo considera imprescindibles: en
primer lugar, instan al Gobierno a que constituya una comisión de
expertos
que, en el plazo de seis meses, presente un libro blanco sobre el estado
de la salud pública en España y sobre el funcionamiento de las
administraciones públicas sanitarias en el ejercicio de sus respectivas
competencias en este ámbito; en segundo lugar, solicitan que se dé
estricto cumplimiento por parte del Ministerio de Sanidad y Consumo a lo
previsto en el artículo 6.1 y 6.4 del Real Decreto-Ley 2210, de 28 de
diciembre de 1995, sobre la difusión de la información disponible a todas
las comunidades autónomas; y en tercer lugar, que se asuman las
responsabilidades políticas por el incumplimiento de lo previsto en el
artículo 12 del antedicho Real Decreto-Ley, en el cual se recoge la
obligación que tienen las comunidades autónomas de comunicar de inmediato
la información epidemiológica que obra en su poder.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto,
interviene el señor Peralta Ortega.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Gómez
Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Caballero
Basañez, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); las señoras Solsona i
Piñol, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Maestro
Martín, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; y el señor
Alcalde Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptar la enmienda interviene la señora Bartolomé
Núñez.
Sometida a votación la moción del Grupo Socialista del Congreso sobre
salud pública en los términos resultantes de la aceptación de la enmienda
del Grupo Parlamentario Mixto por el grupo proponente, se rechaza por 135
votos a favor, 160 en contra y dos abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, acerca de la
situación de los ciudadanos españoles condenados en diferentes países y
que cumplen condena en centros de dichos países, y de la asistencia y de
las gestiones realizadas con arreglo a los tratados internacionales para
el cumplimiento de sus penas en España (Página 8702)
En defensa de la moción interviene, en nombre del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, el señor Castellano Cardalliaguet. En primer
lugar muestra su satisfacción por la forma en que se desarrolló el debate
de la semana pasada con motivo de la interpelación urgente sobre la
situación de los ciudadanos españoles que tienen que cumplir condena como
consecuencia de la actuación de tribunales de otros países, y considera
que la actual moción recoge fundamentalmente las conclusiones a las que
se pudo llegar después de intercambiar opiniones. Recuerda que todo
cuanto se dice en la moción es consecuencia de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, que la Constitución Española reclama como
legislación propia, y de los acuerdos internacionales que España tiene
suscritos en relación con este tema. A continuación explica los puntos de
la moción en los que se insta a continuar en una política de Estado, se
reclama un papel importante del Servicio Exterior y se pide al Ministerio
de Justicia que siga vigilando como hasta ahora el cumplimiento de los
tratados que se suscriben, para que se haga realidad lo que se proclama y
reclama en esta moción como una obligación del Estado social y
democrático de Derecho, que es la protección de todos y cada uno de los
ciudadanos en sus derechos y libertades y en su integridad física y
moral, fuere cual fuere la situación que penosamente tengan que
atravesar. Por último fija su posición sobre las enmiendas que serán
defendidas a continuación por los grupos parlamentarios Socialista y
Popular.
En defensa de las enmiendas presentadas, intervienen los señores Pérez
Solano, del Grupo Socialista del Congreso, y Ollero Tassara, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vázquez
Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla,
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Guardans i Cambó, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los solos efectos de aceptar las enmiendas presentadas, interviene el
señor Castellano Cardalliaguet.
Sometida a votación la moción presentada por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida como consecuencia de la interpelación urgente
debatida en el Pleno anterior acerca de la situación de los ciudadanos
españoles condenados en diferentes países y que cumplen condena en
centros de dichos países, y de la asistencia y de las gestiones
realizadas con arreglo a los tratados internacionales para el
cumplimiento de sus penas en España en los términos resultantes de
aceptación de las enmiendas por el grupo proponente, se aprueba por 294
votos a favor y uno en contra.
Se suspende la sesión a las nueve y quince minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MODIFICACION DEL
ARTICULO 9, APARTADO 5, DEL CODIGO CIVIL. (Número de expediente
122/000157)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley.
En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre
modificación del artículo 9, apartado 5, del Código Civil. Para su
presentación tiene la palabra, en nombre del grupo proponente, don Julio
Padilla Carballada.
El señor PADILLA CARBALLADA: Señor presidente, señoras y señores
diputados, el Grupo Parlamentario Popular plantea esta proposición de ley
de modificación del apartado 5 del artículo 9 del Código Civil --más que
modificación, introducción de un nuevo párrafo a dicho apartado 5-- para
dar respuesta y solución a un problema práctico, un problema que se
cierne sobre muchas personas que acuden a la adopción internacional
cuando se reincorporan a sus hogares y ven afectado el contenido de los
efectos de esa adopción internacional en España.
Es sabido, señorías, que se trata de un fenómeno que en estos momentos no
es excepcional. Por muchos españoles se están llevando a cabo adopciones
de niños en el ámbito internacional --y en el entorno cultural europeo en
su acepción más amplia--, y el hecho de que los efectos de esa adopción
en nuestro ordenamiento interno no sean iguales o similares a los que se
producen para las adopciones en España tiene una importante relevancia.
Por lo demás, España, que como saben SS. SS. ratificó el Convenio de La
Haya relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de
adopción internacional, debe dar todos los pasos necesarios para que esto
sea así, porque la adopción, que como ustedes saben no es una realidad
simétrica en su contenido en todos los países, quizá haya tenido en
España un contenido especialmente relevante.
En definitiva, señorías, de lo que se trata es de que dejen de existir
diferencias entre los efectos de la adopción extranjera y los que produce
esta institución en España sin necesidad de que aquella se constituya ex
novo en nuestro país, siempre que se produzca un importante acto jurídico
o una importante manifestación de voluntad consistente en que la posible
revocación de la adopción que los adoptantes pueden llevar a cabo, en
términos generales, en el ámbito de la adopción de extranjeros, en el
ámbito de la adopción internacional, mientras el adoptado sea menor de
edad, no pueda ser un escenario posible en nuestro derecho.
Señorías, nuestro derecho no contempla en la adopción, sobre todo en la
denominada adopción plena, la posibilidad de esa revocación, y no lo
contempla porque probablemente ha considerado con acierto que ese vínculo
de afinidad que implica el instituto de la adopción tiene una
trascendencia en la vida y en el porvenir, sobre todo, de los adoptados.
Es cierto, señorías --y una consolidada doctrina así lo establece-- que
en la psicología del niño y, sobre todo, del adolescente, se dan
circunstancias que pudieran afectar a la estabilidad emocional al
producirse, por ejemplo, esa eventual revocación de la adopción, que en
otros ordenamientos jurídicos se admite, y que resulta muy negativa para
ese equilibrio, para ese desarrollo y, en definitiva, para el porvenir de
esos niños o eventualmente adolescentes.
Por eso entendemos que es positivo mantener uno de los principios que en
nuestro derecho ha tenido la institución de la adopción y que es esa no
revocabilidad y, por tanto, esa permanencia, en definitiva, esa
adscripción de ese menor a una familia, esa llamada a los derechos de
contenido familiar que le vinculan a sus padres adoptivos y también a las
obligaciones que asume o que asumirá en el momento de la mayoría de edad
respecto de sus padres adoptivos. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Padilla.
Señorías, les ruego guarden silencio, por favor.
Adelante.
El señor PADILLA CARBALLADA: Muchas gracias, señor presidente.
En consecuencia, señor presidente, señorías, lo que esta proposición de
ley pretende es añadir en el apartado 5 del artículo 9 del Código Civil,
como decía, un párrafo final con el siguiente texto: La atribución por la
ley extranjera de un derecho de revocación de la adopción no impedirá el
reconocimiento de ésta si se renuncia a tal derecho en documento público
o por comparecencia ante el encargado del Registro Civil.
En definitiva, así aseguramos la continuidad de la forma en que el
ordenamiento jurídico español ha entendido el instituto de la adopción y
lo conjugamos con los compromisos adquiridos por España en los
instrumentos internacionales a los que antes me había referido y, sobre
todo, a una visión constructiva del instituto de la adopción, a una
continuidad en nuestra tradición jurídica, porque no renunciamos a ese
elemento esencial y exigimos --como es natural-- esa renuncia a la
posible revocación, bien mediante comparecencia ante el encargado del
Registro Civil, bien
mediante escritura pública y, sobre todo, señorías, teniendo en cuenta
que ese hijo adoptivo tendrá la nacionalidad de los padres, aseguramos
también que a quien recibe una familia española como hijo adoptivo lo
reciba también la comunidad nacional, y asegure incluso el compromiso de
ese hijo adoptivo que vendrá a enriquecer, seguro, la realidad y la
entidad de nuestro pueblo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Padilla.
¿Algún grupo desea consumir un turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo con brevedad para anunciar que el Grupo de Coalición Canaria
va a apoyar esta iniciativa en la proposición de ley que nos ha traído el
señor Padilla como portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Vamos a
votar a favor de la toma en consideración porque nos parece perfectamente
ajustado a lo que signó España en el año 1995, cuando ratificamos aquí en
esta Cámara el Convenio de La Haya de protección al menor.
Podría parecer una contradicción con lo que nuestro Código Civil reconoce
en su artículo 9, que viene a dar unas garantías plenas al niño que es
adoptado por unos padres españoles, bien en singular bien en plural, como
destaca el texto de la iniciativa, y que se pudiera encontrar en una
situación en la que, por haberse realizado su adopción en país
extranjero, de acuerdo con una legislación que permitiera la revocación,
pudiera ocurrir que, al adquirir el adoptado la nacionalidad española y
estar residiendo en España, en un momento determinado pudiera alguno de
los adoptantes, acogiéndose a la legislación extranjera del momento de la
adopción, querer revocar la misma, con lo que quedaría en una situación
de indefensión, o al menos de inseguridad jurídica, el adoptado.
Entendemos que esto iría completamente en contra de la letra y del
espíritu de la Convención de La Haya. Y si la Convención de La Haya ha
decidido hacer una protección del menor con base en derecho, es
consecuente este artículo único, que no viene a modificar nada del
contenido actual de los derechos que hay reconocidos para la adopción en
el artículo 9 de nuestro vigente Código Civil, sino a añadirle una
cláusula de garantía jurídica por la que basta la manifestación de los
adoptantes ante un funcionario encargado del Registro Civil en España
para hacer constar que, en el caso de que así lo dispusiera la
legislación del país donde se hizo la adopción del menor, renuncian a
este reconocimiento explícito de ese derecho extranjero. Por tanto, con
esta adición al artículo 9 se dan todas las garantías de protección al
menor.
Señor presidente, creemos que están perfectamente expresados los motivos
en la exposición que trae esta iniciativa legislativa, por lo que
nosotros no añadiremos nada, ni siquiera en el trámite de Comisión para
su toma en consideración, porque nos parece, repito, perfectamente medida
y ajustada a este espíritu. Por esta razón, señor presidente, la vamos a
apoyar sin duda alguna.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
La señora Uría tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vasco.
La señora URIA ECHEVARRIA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, trae hoy ante la Cámara el Grupo Popular la modificación de una
norma de Derecho internacional privado, dentro del título preliminar del
Código Civil, de las normas jurídicas, su aplicación y su eficacia.
Precepto, por cierto, redactado recientemente en la Ley Orgánica 1/1996.
Soluciona un problema, y, por tanto, eso nos parece bueno, en relación
con la conversión de las adopciones extranjeras en España, pero nos
parece un propósito corto en relación con el régimen legal de la
adopción. Se dice en la exposición de motivos que la adopción
internacional es una institución que, por causas bien conocidas, ha
experimentado un notabílísimo aumento en estos años, y una de las causas
bien conocidas es lo complejísima que es la adopción de niños españoles,
niños que existen, y que quizá debiera pensarse en estudiar un cambio,
dado el sentir social, más proclive ahora que en tiempos pasados, ya que
nuestro derecho ha diseñado un modelo de relación jurídica que reproduce
fielmente el contenido de la filiación por naturaleza y somete su
constitución a unos controles judiciales y administrativos complejísimos.
En todo caso, es también un calvario la posterior regularización en
España de las adopciones constituidas en el extranjero que esta
iniciativa pretende aliviar y por eso votaremos a favor de ella. Sin
embargo, tampoco aborda todos los problemas y entre los pendientes citaré
el que se suscita en relación con el reconocimiento de la patria
potestad, lo que también trae causa de este mismo número 5 del artículo
9, cuando se establece que no será reconocida en España la adopción
constituida en el extranjero por adoptante español si los efectos de
aquélla no se corresponden con los previstos en la legislación española.
En los casos de acogida, cuando todavía no es posible la adopción plena,
se plantean problemas en relación con la patria potestad de los niños y,
por tanto, vinculado con el artículo 20 del Código Civil, en relación con
la nacionalidad
de esos niños. Creemos que también este problema debiera haber sido
abordado, creemos que esta es una apuesta corta, pero la consideramos
necesaria y desde luego votaremos a favor.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Silva.
El señor SILVA SANCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) votará la toma en
consideración de esta proposición de ley sobre la base de que es evidente
que la adopción, institución que ha sido siempre de derecho de familia,
por diversos motivos ha asumido otro carácter, el de institución de
Derecho internacional privado. De ahí que no sea extraño que precisamente
el artículo del Código Civil que pretendemos modificar a partir de esta
proposición de ley no esté situado en el título que hace referencia al
derecho de familia, sino al de las normas de Derecho internacional
privado, el título I del Código Civil, precisamente.
Hace escasas semanas, en la Comisión de Justicia del Congreso se votó
favorablemente una proposición no de ley, transaccionada por los dos
grupos mayoritarios y favorecido también el acuerdo por la posición de mi
grupo, que pretendía resolver algunos de los problemas que plantea la
aplicación de estas normas de Derecho internacional privado en virtud del
Convenio de La Haya. La ausencia de autoridad central que pudiese
legitimar estas adopciones en algún país, como era el caso de Rumanía,
determinó, ya digo, la aprobación de esa proposición no de ley para
facilitar la regularización de esas situaciones.
Sin lugar a dudas, la medida que hoy tomaremos en consideración pretende
avanzar también en la eliminación de esas discrepancias, poder
regularizar favorablemente adopciones internacionales, la principal
fuente de adopción en España en estos momentos, intentando, con buen
criterio, que los efectos de la adopción internacional y de la nacional
sean absolutamente equivalentes. Por esos motivos, sin lugar a dudas,
votaremos la toma en consideración de la proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Silva.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra
el señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
En la misma línea de las intervenciones precedentes, el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida va a manifestar su posición
favorable a la admisión a trámite de esta proposición de ley, no
solamente por lo que puede suponer la necesaria coherencia que deben
tener las adopciones verificadas por ciudadanos de nuestro país con
arreglo a legislaciones extranjeras para con los efectos previstos en
nuestra normativa interna, sino porque además tal modificación resulta, a
nuestro juicio, beneficiosa para los adoptados, en la medida en que es
más que dudosa la institución de la revocabilidad en cuanto a adopciones
que se mantiene en otros sistemas jurídicos como instrumento de
protección o como instrumento que efectivamente represente un beneficio
para el adoptado.
En consecuencia, repetimos, no solamente por coherencia legislativa sino
por lo que supone esa renuncia a la revocabilidad, nos parece conveniente
que nuestra normativa jurídica la recoja expresamente, de modo tal que no
quepa lugar a duda en cuanto a cómo configuramos aquí esta institución.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Castellano.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Villarrubia
Mediavilla.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Señor presidente, señorías, la
proposición de ley que el Grupo Parlamentario Popular trae esta tarde a
la Cámara, más que de modificación, de adición de un párrafo al apartado
5 del artículo 9 in fine del Código Civil en relación con las adopciones
internacionales, nos parece interesante como punto de partida, no así
como punto de llegada en función de las pretensiones que de la
intervención del portavoz del Grupo Popular parecen deducirse, porque no
se consiguen los objetivos pretendidos en la exposición de motivos y en
la propia intervención realizada hoy ante el Pleno.
En efecto, el artículo 9.5 del Código Civil, que trae causa ya de la Ley
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección de los derechos del menor,
es decir, que ya había ratificado España el Convenio de La Haya del año
1993, mediante publicación, el 1 de agosto de 1995, en el Boletín Oficial
del Estado, recoge dos limitaciones al reconocimiento en España de las
adopciones realizadas en cualquier país extranjero por adoptante español:
una, cuando los efectos de esta adopción --que es el debate fundamental
en el día de hoy-- no se correspondan con los previstos en la legislación
española y, dos --que es un tema más formal--, mientras la entidad
pública competente no haya declarado la idoneidad del adoptante.
La adopción, que está regulada en nuestro Código Civil en los artículos
175 y siguientes, recoge, entre otros efectos fundamentales y que vienen
al hilo del debate de hoy, que se extinguen los vínculos jurídicos entre
el adoptado y su familia anterior. Del mismo modo, es irrevocable y
produce plenos efectos jurídicos
en las relaciones paterno-filiales, con independencia de las situaciones
de excepción que se recogen en los artículos 178 y 180, párrafo segundo.
Con carácter general, es así.
El problema que ustedes traen hoy a la Cámara es muy concreto. Se
preguntan qué ocurre en una adopción realizada en cualquier país
extranjero donde exista el derecho de revocación, por parte del adoptante
de ese niño o niña, hasta tanto haya cumplido la mayoría de edad. Con una
interpretación restrictiva de este apartado 5 del artículo 9 del Código
Civil se diría: como no produce los mismos efectos que nuestra
legislación, no se reconoce esa adopción.
Pues bien, entendemos que esa es una interpretación restrictiva, con lo
cual dicen ustedes que habrá que constituir luego ex novo esta adopción.
Entendemos que esa adopción ex novo en nuestro país sería cuando ese
derecho de revocación no pudiera ya producirse, es decir, cuando el niño
o la niña tuviera ya la mayoría de edad. Ustedes dicen que en España,
mediante comparecencia... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Villarrubia.
Señorías, guarden silencio. (Pausa.)
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Ustedes pretenden que en España se pueda
renunciar a ese derecho de revocación en documento público o bien
mediante comparecencia ante el encargado del Registro Civil. Nosotros
estamos absolutamente de acuerdo. ¿Por qué? Porque hay mayor seguridad
tanto jurídica como personal para el adoptado o adoptando y para los
propios adoptantes y, sobre todo, porque hay que velar por el interés
superior del menor.
Sin embargo, me van a permitir un par de reflexiones. El Convenio de La
Haya de 29 de mayo de 1993 sobre protección del niño y de cooperación en
materia de adopción internacional, ratificado por España, en sus
artículos 23 a 27 regula el reconocimiento y efectos de la adopción. Por
no leerlos todos, en el artículo 24 se dice que sólo podrá denegarse el
reconocimiento de una adopción en un Estado contratante si dicha adopción
es manifiestamente contraria a su orden público, teniendo en cuenta el
interés superior del menor. Y posteriormente se recoge la posibilidad de
que no exista ruptura del vínculo de filiación en alguna adopción de
algún otro país. A eso se refiere --entendemos nosotros-- el artículo 9.5
de nuestro Código Civil, que es ya del año 1996.
No obstante, como nos parece que es beneficioso, en cualquier caso, para
el interés del adoptante y fundamentalmente para el interés del menor,
creemos adecuado dar cobertura positiva al contenido de esta proposición
de ley. Pero les hago la siguiente y penúltima reflexión: si de verdad lo
que pretendemos es que la adopción en España tenga plenos efectos
jurídicos --si es necesaria esta modificación, démosla por buena-- ¿por
qué recoger tan sólo, señor Padilla, un aspecto puntual, cual es la
posibilidad de renunciar al derecho de revocación, y vamos apuntando un
apartado más en el artículo 9.5 del Código Civil? Si realmente lo que
queremos es proteger y velar por el interés del menor, ¿por qué no
aprobamos --tenemos tiempo suficiente en el trámite de enmiendas y en el
resto de la tramitación legislativa-- un párrafo genérico en el que no
sólo este supuesto concreto, sino cualesquiera otros efectos que puedan
ser renunciados por parte del adoptante en beneficio del menor, igual que
éste, que sería uno más, puedan ser renunciados en documento público o
mediante comparecencia ante el encargado del Registro Civil?
En cualquier caso, si de verdad pretendemos lo que se dice en la
exposición de motivos y en la intervención plenaria por el portavoz,
necesitaríamos dar mayor alcance --y lo apuntaba la representante del
PNV-- a esta modificación; aprovechemos ya el trámite y resolvamos
definitivamente esta cuestión.
Y un último aspecto. El día 21 de abril se aprobó por unanimidad en la
Comisión de Justicia e Interior una proposición de ley del Grupo
Parlamentario Socialista instando al Gobierno a que resolviera el
problema de las adopciones internacionales realizadas por adoptantes
españoles en Rumanía en los años 1995, 1996 y 1997 y que afectan a no
muchas familias --están cuantificadas, identificadas y concretadas en
70-- que están pasando un auténtico calvario humano, con un grave
problema que ya el Congreso ha acordado resolver. Pues bien; cierto es
que solamente ha pasado un mes y pico, pero se lo recordamos e instamos
al Gobierno a que realice inmediatamente esas actuaciones urgentes que,
por unanimidad, acordamos en la Comisión de Justicia se llevaran a cabo
para resolver el problema de estas 70 familias y de estos niños adoptados
del país rumano, en ese ínterin de la entrada en vigor del Convenio de La
Haya, también suscrito por Rumanía, que tiene sentencias firmes
ratificadas por el Tribunal Supremo con sede en Bucarest, y, si no,
tendremos que volver a recordárselo muy pronto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Villarrubia.
Vamos a proceder a la votación.
Señorías, se somete a votación la toma en consideración de la proposición
de ley debatida, del Grupo Parlamentario Popular, sobre modificación del
artículo 9, apartado 5, del Código Civil.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 279; a
favor, 278; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada la toma en
consideración de la proposición de ley debatida.
-- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE MODIFICACION DEL ARTICULO 45
DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, APROBADO
POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1994, DE 20 DE JUNIO, EN LA REDACCION DADA
AL MISMO POR LA LEY DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DEL ORDEN
SOCIAL PARA 1998. (Número de expediente 122/000122)
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE REINTEGRO DE
PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL INDEBIDAMENTE PERCIBIDAS. (Número de
expediente 122/000168)
El señor PRESIDENTE: Debate sobre la toma en consideración de dos
proposiciones de ley que se acumulan, una del Grupo Socialista, sobre
modificación del artículo 45 del texto refundido de la Ley general de la
Seguridad Social, y otra del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, sobre reintegro de prestaciones de la Seguridad Social
indebidamente percibidas.
En primer lugar, para la presentación de la proposición de ley del Grupo
Socialista, tiene la palabra el señor Cercas. (Rumores.--Varios señores
diputados abandonan el salón de sesiones.)
Señorías, guarden silencio. Quien tenga que abandonar el hemiciclo,
hágalo, por favor, con celeridad y en silencio. (Continúan los rumores.)
Silencio, señorías. Señora Balletbó; señora Mendizábal, doña Arantza;
señor Martínez-Pujalte. Por favor, silencio, señorías.
Señor Cercas, adelante.
El señor CERCAS ALONSO: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista
y conforme previene el artículo 124 de nuestro reglamento, hemos
presentado esta proposición de ley con el objetivo de que se modifique el
artículo 45 del texto refundido de la Ley general de Seguridad Social en
la redacción actualmente vigente, que ha sido incorporada por la Ley de
medidas fiscales, administrativas y del orden social para 1998. Saben SS.
SS. que es un viejo debate que nos ha mantenido con las lógicas
posiciones distintas a lo largo de varias iniciativas y que se refiere,
señoras y señores diputados, a tratar de solucionar una situación que hoy
aflige... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte, no sé qué tiene S. S. que
atrae todas las conversaciones. Señoría, guarde silencio.
El señor CERCAS ALONSO: Les decía, señorías, que tratamos de rectificar
una situación que hoy aflige a un numeroso grupo de pensionistas, en
virtud de la cual están obligados no solamente a dejar de percibir los
complementos de mínimos que tienen, sino también a producir devoluciones
en cantidades muy importantes y con un carácter retroactivo que
consideramos absolutamente abusivo. El problema es muy importante, en
primer lugar por el número de personas concernidas --según cifras
oficiales, estamos hablando de más de 90.000 pensionistas--, casi todos
pensionistas de viudedad en sus cuantías mínimas; en segundo lugar, por
la situación de estas personas, porque todas ellas forman parte de
familias muy modestas de nuestro país; y, en tercer lugar, porque es
quizá una de las quiebras más sonoras que se ha producido en esta
legislatura sobre situaciones preexistentes, en virtud de las cuales la
Seguridad Social contemplaba estos problemas con generosidad, y hemos
visto cómo la Ley de medidas ha retrocedido en la defensa del bienestar
de este colectivo.
En anteriores debates, señorías, hemos tenido que discutir basándonos en
una serie de estereotipos o de caricaturas; a mi me gustaría esta tarde
plantear seriamente la cuestión, porque el problema es serio, huyendo
precisamente de las caricaturas. No se trata, señoras y señores
diputados, de que se discuta --nosotros no discutimos-- o se tenga que
reconsiderar la naturaleza de los complementos de mínimos; no se trata,
señorías, de poner en cuestión el principio general de que quien tenga
rentas familiares, económicas o de otras actividades, no tenga que dejar
de percibir el complemento de mínimos si su situación económica es
incompatible con ese complemento de mínimos; no se trata, ni mucho menos
como también se ha dicho en debates previos, de que estuviéramos poco
menos que alentando o siendo conniventes con la defraudación; mucho menos
se trata, señoras y señores diputados, de que enfrentemos este problema
con el estereotipo de que tenemos enfrente una masa de defraudadores; no
es una masa de defraudadores, lo cual no impide que entre ellos
efectivamente haya alguna persona que haya defraudado, pero el problema
es que se está tratando a todo el colectivo afectado por la rectificación
del artículo 45 como si fuera un ejército de defraudadores, y por la
múltiple experiencia de la información que está llegando a nuestro grupo,
no entendemos que estemos en presencia de este problema.
Por tanto, señorías, cualquiera que sea la posición que tomen los grupos
de la mayoría sobre nuestra iniciativa, no hagan ustedes una caricatura,
no tratamos de defender la defraudación y no tratamos de reconsiderar
la atribución del complemento de mínimos. Estamos discutiendo única y
exclusivamente la exigencia de retroactividad de cinco años para la
devolución de las percepciones indebidas. Pensamos que hasta ahora se ha
analizado mal el problema, y al haberse analizado mal el problema las
conclusiones que ha tenido la mayoría son equivocadas.
La moción que se aprobó en la Cámara el día 21 de abril responde
expresamente a este mal planteamiento, a este mal análisis del problema y
a esta solución insuficiente. Esa moción del 21 de abril no concreta ni
obliga para nada al Gobierno a rectificar el mal de fondo que es la
arbitrariedad y la contundencia con que el artículo 45 de la Ley General
de la Seguridad Social trata un problema que tiene muchas perspectivas,
que tiene gran variabilidad en los comportamientos de las personas
afectadas. La moción del 21 de abril es una moción retórica, y por tanto
no ha arreglado ni arreglará un problema profundamente injusto. Por eso,
señorías, yo les propongo esta tarde que de una manera sensata y serena
vayamos al núcleo de la cuestión, y el núcleo de la cuestión es que
tenemos un artículo, el 45 del texto refundido de la Ley general de la
Seguridad Social, que por ser tan simple y tan tosco no puede arreglar
una situación compleja y con multiplicidad de facetas y variantes.
Desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Socialista hay que
distinguir que en ese gran colectivo de personas que en un momento de su
vida puede percibir prestaciones indebidas un grupo puede haber actuado
dolosamente y efectivamente hayan percibido unas prestaciones que han
construido con actos de mala fe, de dolo. Por supuesto no tenemos el más
mínimo reparo en decir que no van a contar de ninguna manera con nuestra
ayuda, y de hecho el texto que proponemos para la reforma del artículo 45
salva expresamente que quien actúa dolosamente no sólo pierda el
complemento de mínimos sino que tenga que devolverlo con la
retroactividad que en el transcurso del debate subsiguiente a la toma en
consideración de esta iniciativa se podría ver si son de cinco años
--como decimos nosotros-- o de cuatro, porque después de presentar
nosotros la injiciativa el Congreso de los Diputados aprobó una moción en
la que se alumbraba la idea de que tuviesen el mismo tratamiento que en
el sistema fiscal. Por tanto, hay que distinguir en primer lugar --y la
iniciativa socialista lo distingue--, quienes han actuado dolosamente,
han percibido prestaciones mediando mala fe de su parte, y para ellos
bien está que además de la pérdida de los derechos tenga que producirse
la retroactividad para la devolución de lo que ha sido indebidamente
ingresado. Pero junto a quien actúa dolosamente hay un gran colectivo que
todo lo más se podría decir que han actuado culposamente, que han actuado
omitiendo determinadas iniciativas u obligaciones de carácter
administrativo que en multitud de ocasiones son absolutamente
desconocidas para estos modestos pensionistas, ya que la mera cita de una
obligación de tal artículo de tal disposición les es absolutamente
incomprensible para la lógica y para su nivel cultural.
En todo caso, quien actúa sin dolo sino simplemente por ignorancia de la
ley, no debe tener --y no tiene en nuestra iniciativa-- ninguna otra
consideración que una retroactividad mínima y nunca superior a tres veces
la cuantía mensual de la prestación que estuviese indebidamente
atribuida. Sobre todo, señoras y señores diputados, hay que rectificar el
artículo 45 de la ley porque es un precepto odioso como hay pocos
precedentes en la legislación española, ya que en la articulación que ha
dado el grupo mayoritario permite a la Administración española reclamar
una retroactividad de cinco años aun en los supuestos de que haya culpa o
error en el funcionamiento de los órganos de la Administración.
Es absolutamente inconcebible a estas alturas del siglo XX que después de
haber oído discursos en defensa del ciudadano frente a la Administración,
claro es siempre cuando están en cuestión las grandes obligaciones
tributarias, nos enfrentemos a un problema de categorías modestísimas de
la población y que en una ley votada en Cortes se establezcan nada más y
nada menos que se pueda ir con una retroactividad de cinco años a
perseguir la percepción de unas rentas que no han sido obtenidas dolosa
ni culposamente, sino por error de la propia Administración.
Imagínense, señorías, cualquier persona que recibe en su casa la
notificación de una pensión de jubilación o de invalidez en una cuantía
equis por error de la Administración y que cinco años después la
Administración le diga: nos equivocamos y tiene usted que devolver dos o
tres millones de pesetas. Esa es una posibilidad no solamente teórica
sino real que está produciendo ya este artículo 45 de la Ley general de
la Seguridad Social, y ello debería llenarnos de vergüenza como
legisladores. Hoy tenemos la oportunidad de suprimir dicho precepto de
nuestra Ley general de Seguridad Social.
El señor PRESIDENTE: Señor Cercas, concluya, por favor.
El señor CERCAS ALONSO: Si en cualquier texto normativo ésta sería una
característica ominosa y odiosa, cuánto más en una legislación tuitiva y
tutelar de los derechos de los más perjudicados de la sociedad, como son
los pensionistas que están en la cuantía mínima.
Señorías, podríamos seguir argumentando más. El Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, que tiene una posición concordante con la nuestra, lo
hará más in extenso, pero les diría, señoras y señores diputados de la
mayoría, de cuyos votos depende que se levante esta restricción y esta
vergüenza de nuestro derecho de
la Seguridad Social, que piensen que una institución como la Seguridad
Social tiene dos características irrenunciables: la primera que sea
segura (tenemos un ordenamiento jurídico que no da ninguna seguridad
porque todos somos sujetos potencialmente pasivos de tener que sufrir en
nuestras economías personales y familiares los errores y horrores de la
Administración) y la segunda es que sea social y solidaria y hoy se está
tratando con una mano dura e inconcebible en nuestro ordenamiento
precisamente a los más humildes y dentro de los más humildes a los que
están con las pensiones mínimas.
Espero su reflexión, espero su buen hacer y les pido, señoras y señores
diputados, un voto favorable para que se tramite esta proposición de ley
del Grupo Parlamentario Socialista.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cercas.
¿Algún grupo desea consumir un turno en contra de la proposición de ley?
(Pausa.)
El señor Cercas y algún otro portavoz señalan que esta proposición de ley
se va a debatir acumuladamente con la que anunció el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida. Es por tanto más adecuado que sea este grupo
el que exponga primero los fundamentos de su proposición de ley sobre el
reintegro de prestaciones de la Seguridad Social indebidamente
percibidas, para lo cual tiene la palabra el señor Vaquero, en nombre del
grupo proponente.
El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida solicita de esta Cámara
la toma en consideración de la proposición de ley que hoy nos ocupa
respecto al tratamiento del reintegro del cobro indebido de las
prestaciones de la Seguridad Social.
Señorías, antes de la Ley de acompañamiento a la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para este 1998, existía una laguna legal que cubrió
esta Ley de acompañamiento. En efecto, el artículo 45 del texto refundido
de la Ley general de Seguridad Social establecía la obligación oportuna y
eficaz de reintegrar las prestaciones cobradas indebidamente. Asimismo,
el Real Decreto 148/1996 establecía el procedimiento de esa obligación
que pusiera en cauce oportuno la obligación del reintegro, pero faltaba
la definición del plazo de prescripción, y no existía norma en el
artículo 45 de la Ley general de la Seguridad Social ni en el real
decreto de desarrollo.
La Administración de la Seguridad Social cubría esta laguna con un
criterio práctico consistente en la aplicación analógica del plazo de
cinco años de la prescripción de cuotas de la Seguridad Social
contemplada en el artículo 21 de dicha Ley general de Seguridad Social, y
la jurisprudencia estableció un criterio vacilante respecto a esta
aplicación analógica. En efecto, se planteaba que dentro del principio de
prescripción de los cinco años, si el beneficiario no hubiera tenido
buena fe, pudiera existir una restricción, una reducción a tres meses de
esa prescripción.
La Ley de acompañamiento que el Gobierno propuso y que se aprobó con la
mayoría parlamentaria de esta Cámara, cubrió esa laguna legal desde
nuestro punto de vista de forma insatisfactoria. Prueba de ello es que la
dinámica social ha planteado en posteriores fechas cuestiones que han
tenido también tratamiento en esta Cámara y que ha servido de
controversia en la opinión pública, y sin duda alguna de cierto escándalo
social, en la medida que el Gobierno aplicando esa ley ha tenido que
cubrir, ha tenido que solicitar el reintegro del cobro indebido de
prestaciones sociales, en concreto del complemento por mínimos, a muchos
pensionistas que sin duda algunos de ellos pudieran ser multimillonarios
pero que otros muchos están en auténtica situación de necesidad.
Digo que esto se ha debido a que la Ley de acompañamiento, en su
modificación del artículo 45, cubrió la laguna legal de forma
insatisfactoria, porque establecía la obligación del reintegro del cobro
indebido de cualquier prestación a los cinco años, cualquiera que fuera
la causa de ese cobro indebido, pese a que el Consejo Económico y Social
emitió informe desfavorable oponiéndose a esa modificación, a que ese
Consejo Económico y Social plantease que en el caso de que hubiese habido
buena fe por parte del beneficiario y la causa fuese el error o la
negligencia de la administración de la Seguridad Social, que ese plazo de
prescripción de la obligación del reintegro se constriñese al plazo de
tres meses.
Nosotros creemos que esta norma conculca el principio de seguridad
jurídica del administrado. Si la Administración se equivoca, ni por
negligencia o por error de la Administración el beneficiario de la
Seguridad Social debe devolver lo cobrado indebidamente, quien tiene la
responsabilidad de asumir ese error es la Administración y no el
administrado; por ello planteamos una nueva modificación del artículo 45
en el sentido de que se devuelva a una nueva seguridad jurídica a los
administrados y a los beneficiarios de la Seguridad Social.
Caben dos soluciones sin duda alguna. El Grupo Socialista nos ha ofrecido
y nos ofrece hoy una solución en la que se plantea como regla general la
prescripción de los cinco años y se plantean dos excepciones a esta regla
general, una de ellas, en el caso de que el beneficiario sea de buena fe
y no obstante existan errores culposos del beneficiarios, en este caso el
plazo de prescripción serían tres meses, y en el caso de que solamente
existan errores por parte de la Administración, no habrá lugar a
reintegro alguno.
Nosotros creemos que esta proposición, con ser bien intencionada y
coincidir en lo fundamental con nuestro
planteamiento, debería plantearse de otra forma y así lo proponemos.
Sugerimos también que la regla general de prescripción sea de cinco años
y con una sola excepción, evitando por tanto el criterio sin duda alguna
respetable, pero que puede crear situaciones de imprecisión y de duda
para su interpretación. Nosotros nos restringimos al supuesto de que haya
errores, por negligencia de la Administración, en cuyo caso creemos que
no debería existir ninguna obligación de reintegro. Obviamente, tanto
entre la proposición del Grupo Socialista como entre la nuestra existe un
campo común el que se solicita en la disposición transitoria que los
expedientes que estén actualmente en trámite se resuelvan en base a este
criterio, mientras que aquellos expedientes que ya sean firmes porque
tenga una resolución, sean revisados en base a la aplicación de este
nuevo criterio.
Señorías, no se trata de propiciar o de ayudar al fraude. Estamos de
acuerdo con lo que nos planteaba el otro día el vicepresidente del
Gobierno cuando respondía a la interpelación del Grupo Mixto. Estamos de
acuerdo en que se debe respetar el principio de legalidad junto con el de
solidaridad; ambos deben ser compatibles. Nosotros no queremos forzar
para nada el principio de legalidad, por eso queremos cambiar esta ley,
para que la situación que contempla sea más solidaria y más equitativa.
Estamos de acuerdo con el Pacto de Toledo. No vamos a aceptar bajo ningún
concepto que se nos confronte con el Pacto de Toledo --esto entra dentro
del espíritu del Pacto de Toledo--, ni que se nos reproche de forma
injusta e inaceptable, como se hacía el otro día por el portavoz del
Grupo Popular, que decía textualmente: aprovechemos cualquier oportunidad
para intentar que quiebre nuestro sistema de Seguridad Social.
El señor PRESIDENTE: Señor Vaquero, concluya, por favor.
El señor VAQUERO DEL POZO: Protestamos modestamente contra afirmaciones
tremendistas de este tipo. Creemos que estamos en el momento oportuno
para que la moción aprobada el día 21 pueda ayudar en el futuro --y no lo
ponemos en duda-- a homologar los plazos de prescripción entre el cobro
indebido en la Hacienda pública y la Seguridad Social y se pueda llegar a
un plazo de prescripción de cuatro años. Esto nos agradaría y apostaremos
por ello en su momento; sin embargo, mientras tanto, creemos que es
factible cambiar los aspectos modificables del cobro indebido en las
prestaciones de la Seguridad Social, reconociendo en este sentido que la
Administración de la Seguridad Social asuma la responsabilidad de hacer
las cosas mal. Por eso nosotros planteamos la restricción de nuestra
aspiración en la proposición de ley a que cuando exista error por parte
de la Administración, sea ella la que tenga que asumir su responsabilidad
y no los beneficiarios de la misma.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vaquero.
¿Algún grupo parlamentario desea consumir un turno en contra? (Un señor
diputado: A ver si ayudamos un poquito al presidente.)
Muchas gracias, señoría, muy amable.
Insisto, ¿no hay ningún grupo que desee fijar el turno en contra?
(Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Tienen la palabra el señor Vázquez y el señor Peralta por el Grupo Mixto
y sucesivamente, por favor.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Gracias, señor presidente, y
con la mayor brevedad posible, precisamente para ayudarle en sus tareas
parlamentarias.
Estamos discutiendo dos proposiciones de ley que proponen modificar el
apartado 4 del artículo 45 del famoso texto refundido de la Ley general
de la Seguridad Social, al que se dio una nueva redacción al aprobar la
Ley de acompañamiento de los presupuestos para este año 1998, y la
modificación que se hizo en ese momento prevé, entre otras cuestiones,
nada menos que el reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas,
con independencia de la causa que las originó, incluso cuando se deba a
error imputable a la entidad gestora. Esta disposición, señoras y señores
diputados, está creando una situación de indefensión a los ciudadanos,
que es necesario corregir y hacerlo ya.
A nosotros nos parece incomprensible seguir manteniendo un artículo como
éste, seguir manteniendo este tipo de situación. No sólo ya el CES en su
día se opuso a la modificación del artículo 45 sino que también en el
debate de presupuestos se presentaron enmiendas al respecto, entre ellas
una del Bloque Nacionalista Galego, pero a pesar de todo eso la mayoría
de la Cámara apoyó y aprobó esta modificación.
Nosotros creemos que es necesario rectificarla porque está teniendo
consecuencias terribles para muchas personas, la mayoría con medios
económicos escasos. Por no hablar de filosofía les voy a poner un caso
práctico. En el año 1990 una persona al cumplir los 52 años, solicita un
subsidio de desempleo hasta la edad de jubilación. La Seguridad Social le
autoriza a percibir ese subsidio; ocho años después, es decir este año,
la Seguridad Social informa que se le autorizó por error. Conclusión: esa
persona se encuentra con que no sólo debe devolver 2.600.000 pesetas a la
Administración sino que no tiene derecho a percibir su jubilación, como
su único bien es su vivienda la Seguridad Social le pide el embargo de la
misma, y para más inri tiene que recurrir a los servicios de un abogado
con los correspondientes gastos. Yo les pregunto a ustedes si esto es de
recibo. Desde luego, y con toda cordialidad,
desde nuestro punto de vista es absolutamente infumable.
Creo que no merece la pena argumentar mucho más. Nosotros creemos que
está claro que la Administración debe velar por el buen uso de los
dineros públicos, pero debería preocuparse más por controlar el gran
fraude, lo que desde nuestro punto de vista no hace con toda su
intensidad, y no en buscar víctimas propiciatorias entre los más débiles.
Nosotros, en consecuencia, vamos a votar a favor de la toma en
consideración de estas proposiciones de ley porque es de justicia.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vázquez.
Señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
En el Pacto de Toledo que en su día suscribimos todas las fuerzas con
representación parlamentaria y que hoy aquí se ratifica, se preveía
expresamente, señorías, una regulación del tema de la responsabilidad en
los términos correspondientes a un sistema público y en los momentos
históricos en que nos encontramos.
Esa previsión del Pacto de Toledo no ha sido cumplida al día de hoy. Por
parte de nuestro grupo, Nueva Izquierda, se han llevado a cabo
iniciativas en la Comisión de Política Social y Empleo cuestionando al
Gobierno sobre cuándo iba a desarrollar esa previsión, y lo bien cierto
es que esa respuesta del Gobierno hasta la fecha no se ha traducido en
nada positivo. No es extraño, por tanto, que nos encontremos con
supuestos en que la realidad exige ese desarrollo normativo, y aquí en
concreto nos encontramos con el tema de la responsabilidad por la
percepción indebida de prestaciones.
Sobre este tema nuestro grupo, Nueva Izquierda --y ya se ha hecho
referencia por algún otro interviniente anterior--, ya presentó una
interpelación que dio lugar a que el pasado 21 de abril esta Cámara
aprobara por unanimidad una serie de puntos. El primero de ellos rebajar
el plazo de pescripción en términos iguales a los que hoy prevé la
legislación para las deudas por incumplimiento con la Hacienda Pública, y
en el punto tercero de esa moción, aprobada por unanimidad --y creo que
es bueno recordarlo--, se decía: perfeccionar los mecanismos y métodos de
reintegro en el supuesto de prestaciones indebidas.
Hoy nos encontramos con dos proposiciones de ley que por parte de sendos
grupos pretenden llevar a cabo el desarrollo de este punto, especificando
los términos concretos de ese procedimiento de reintegro de prestaciones
indebidas. Por parte de Nueva Izquierda tenemos que decir que
consideramos coherente esas proposiciones de ley en relación con los
puntos acordados hace escasamente un mes de forma unánime por esta
Cámara, y sólo nos queda anunciar el voto favorable a las mismas.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Peralta.
El señor Rivero por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra.
El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, con cierta regularidad venimos asistiendo al debate de
iniciativas de los grupos de la oposición en las que se plantean reformas
puntuales del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Hace sólo una semana se debatían sendas proposiciones de ley del Grupo
Socialista y de Izquierda Unida proponiendo reducir el período de
cotización para tener derecho a una pensión de viudedad cuando el
causante no estuviera de alta al momento de su fallecimiento. Poco
después, tratamos el mismo tema pero respecto a las pensiones de
orfandad. Hoy se plantea una modificación del período de cómputo de las
percepciones indebidas, cuando ese abono indebido sea imputable a una
entidad gestora.
Señorías, la mayor parte de las modificaciones propuestas lo son respecto
a la nueva redacción que a distintos artículos se le ha dado en la ley de
acompañamiento de los presupuestos para 1988. No es una buena técnica
acometer modificaciones en el régimen jurídico de la Seguridad Social de
esa manera, y ello por varias razones. En primer lugar, porque la
tramitación del proyecto de ley de presupuestos es ya suficientemente
compleja como para acentuarla en ese paquete desconexo que es la ley de
acompañamiento. En segundo lugar, porque rompemos el espíritu del Pacto
de Toledo con iniciativas sobre la Seguridad Social que deberían tener el
mayor consenso posible. El Pacto de Toledo representa una apuesta por la
supervivencia del sistema público de pensiones, para que los trabajadores
sepan que sus cotizaciones durante su vida laboral activa servirán al
sostenimiento digno y el de su familia cuando llegue el momento del
retiro, por tanto, es una expresión del Estado del bienestar. Los
ciudadanos tienen derecho a exigir a sus responsables políticos un
acuerdo básico sobre la supervivencia del sistema público de pensiones.
Esa supervivencia exige una garantía de ingresos y una adecuada ejecución
de gastos. Las discusiones públicas sobre la salud del sistema, como la
que tuvimos en el pasado debate sobre el estado de la Nación, pueden ser
peligrosas, pueden contribuir al no afloramiento de la economía sumergida
y fomentar la idea de que sólo los planes privados serán capaces de
garantizar las pensiones.
Desde Coalición Canaria queremos seguir apostando por el espíritu del
acuerdo que representa el Pacto de
Toledo y su plasmación en la Ley de Consolidación y Racionalización del
Sistema de Seguridad Social de 1997. La garantía financiera del sistema
exige una adecuada regulación jurídica, y por eso pedimos al Gobierno que
lidere el acuerdo para realizar las revisiones periódicas que sean
necesarias. Sería bueno, pues, evitar legislar sobre este tema a través
de leyes de acompañamiento, o, de hacerlo, tratar de que las
modificaciones que se realicen cuenten con el acuerdo cualificado
exigible en materia de Seguridad Social.
Por nuestra parte, no podemos hacer una valoración sobre las
modificaciones concretas que se proponen, porque no sabemos qué
repercusiones efectivas pueden tener sobre la caja de la Seguridad
Social. No sabemos con qué frecuencia se produce un pago indebido, qué
coste económico tiene en un ejercicio presupuestario; en fin, cómo
repercutirían las reducciones de los plazos de prescripción en esos
supuestos.
Quiero terminar haciendo una petición de consenso en todo lo que se
refiere al régimen jurídico y económico de la Seguridad Social. Una
petición, desde la modesta representación que Coalición Canaria tiene en
el conjunto de la Cámara, pero desde la más firme voluntad en la defensa
del sistema público de pensiones.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias.
Por el Grupo Nacionalista Vasco, el señor Caballero tiene la palabra.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, debatimos la toma en consideración de las proposiciones de ley
presentadas por el Grupo Socialista y por el Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida, que tratan de modificar el artículo 45 del texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social en la redacción que se
dio al mismo en la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social para 1998. Esta redacción establecía que el plazo de prescripción
de la obligación de reintegrar prestaciones indebidamente percibidas,
cualquiera que fuera la causa que originó la obligación de reintegrar,
sería de cinco años. Ciertamente, este precepto necesitará reformas que
expliciten diversos aspectos en relación a la fecha de prescripción,
causas de origen en la obligación de reintegro, inexactitudes derivadas
de las declaraciones, etcétera. Pero, como el portavoz del Grupo de
Coalición Canaria ha señalado, no es una buena técnica este sistema de
continuas reformas parciales. Habrá que abordar el tema globalmente en un
futuro desarrollo adecuado del Pacto de Toledo.
Desde el Grupo Vasco (EAJ-PNV) continuamente hemos defendido el
mantenimiento de un sistema social para todos los ciudadanos que
garantice prestaciones sociales suficientes ante situaciones de
necesidad, dentro de unos principios de legalidad y de solidaridad
social, principios que se deben unir para evitar también situaciones
irregulares en el cobro de pensiones. Este tema ya ha sido discutido en
fechas recientes, y en el último debate entendemos que quedó claro que la
disposición normativa de la ley de acompañamiento es capaz de dar
respuesta a las necesidades actuales, por lo que no vamos a apoyar su
modificación en el momento actual.
Nada más, muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Caballero.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) , tiene la
palabra el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor presidente.
Estamos debatiendo un problema que tenemos con un importante colectivo de
la sociedad. Convergència i Unió está sensiblemente preocupada, señor
Cercas y señor portavoz de Izquierda Unida, por la problemática existente
y porque todavía hoy no se ha resuelto de una forma justa. Pero,
señorías, si hoy tenemos un problema sobre la mesa, y grave, es porque en
su momento las cosas no se hicieron del todo bien. Quizá en los años
1994, 1995 y 1996 no se establecieron los procedimientos legales que
permitieran el pleno conocimiento del ciudadano en el momento de
solicitar el complemento de mínimos.
Decía el señor Cercas que hay muchas personas afectadas que,
lamentablemente, están sometidas a un proceso de devolución y que
actuaron con ignorancia de ley. Sabe S. S. que la ignorancia de la ley no
exime de ninguna responsabilidad, pero quizá sí la hubo entonces por no
poner todos los medios necesarios para que los pensionistas pudieran
actuar con la máxima información y conocimiento del precepto legal, con
lo que ahora no estaríamos ante este problema.
Mi grupo, señoras y señores diputados de los grupos proponentes de estas
dos proposiciones no de ley, ha tomado ya varias iniciativas en torno a
este problema. En el debate de la ley de presupuestos presentamos varias
enmiendas en las que sometíamos a revisión el procedimiento que se
establecía para la devolución. Un diputado de mi grupo, Ramón Companys,
ha planteado una pregunta, con respuesta por escrito, pidiendo al
Gobierno información al respecto. El 21 de abril pasado presentamos en la
Cámara una moción, que se aprobó por unanimidad, en donde instábamos al
Gobierno a actuar en varias direcciones, algunas de las cuales las
podemos comentar ahora.
Hoy nos traen esta proposición de ley que nuestro grupo ha analizado con
detalle, pero creemos que con su iniciativa no se resuelve el problema de
fondo y con justicia. Con todos los respetos a los colectivos afectados,
a quienes ahora me referiré en cuanto a encontrar una solución favorable,
su iniciativa no resuelve el
problema; simplemente lo sitúa en el tiempo y lo difiere hasta no sabemos
cuándo. Porque, en el fondo, lo único sustantivo que nos plantean las dos
proposiciones de ley es abrir una vía judicial para resolver quién tenía
responsabilidad, quién actuaba con conocimiento de la ley, quién con
actitudes dolosas y quién era el responsable de como se actuó, y lo
trasladamos a procesos judiciales que, tratándose de más de 30.000
personas, lo sitúa en una vía compleja sin solución inmediata. Permítanme
que les diga que el Grupo Parlamentario Catalán en ningún momento quiere,
valiéndose de un proceso judicial, amparar a quienes actuaron con dolo y
sin justificación posible, y creemos que ni ustedes ni nosotros queremos
hoy protegerlos. Pero permítanme decirles también que si su proposición
de ley se tomara en consideración, abriríamos y legitimaríamos el proceso
de suspensión para llevar la posible solución de todos los casos a unas
resoluciones judiciales que ampararían tanto a los que han actuado con
dolo como a los que no han actuado así. Y todos aquellos que actuaron con
conocimiento, vulneraron la norma y burlaron la ley, hoy se acogerían a
ese proceso que ustedes nos proponen.
Por tanto, señorías, hay que saber separar el grano de la paja en el
problema que estamos discutiendo, y eso es muy complicado. Traer a esta
Cámara hoy una solución justa del problema causado hace unos años por no
haber hecho las cosas exactamente bien, es muy difícil y complejo. No
obstante, mi grupo, el pasado 21 de abril, planteó una moción al Gobierno
y le instó a cuatro compromisos. En primer lugar, a que nada suceda en el
futuro como ha ocurrido hasta ahora; en segundo lugar, a revisar todos
los procedimientos para evitar que en un futuro podamos volver a estar
ante el problema que hoy estamos. También le instamos al Gobierno a
perfeccionar los mecanismos y métodos de reintegro en los supuestos de
prestaciones indebidas y, lo más importante, a revisar los procesos de
devolución de prestaciones indebidas en aquellos casos en que pudiera
existir responsabilidad por parte de la Administración.
Pero no nos engañemos, señorías --y ésta es la Cámara que hace las
leyes--, ¿quién dirá a quién que tiene la responsabilidad? ¿La propia
Administración dirá que ella tiene responsabilidad? En un Estado de
Derecho quien define la responsabilidad es un juez. Por tanto, señorías,
abrir la vía judicial es no resolver el problema, es dejarlo en suspenso
y amparar a quienes no actuaron conforme a ley, pero con actitudes de
conocimiento de que la estaban burlando.
Señorías, mi grupo político --y me dirijo a los afectados que pudieran
estar interesados en el debate de esta tarde-- quiere resolver el
problema y lo vamos a resolver. Vamos a traer a esta Cámara una
iniciativa en el plazo de quince, veinte, treinta días para proponer una
solución justa que no ampare la actitud dolosa y la actitud de burla de
la norma, porque esto no podemos hacerlo en ningún momento, y para dar un
mensaje de cierta esperanza a quienes realmente hoy tienen justificada su
actitud de devolución, estando situadas estas personas en niveles de
renta muy bajos. Vamos a intentar, señor Cercas, plantear una solución
más justa que la que ustedes nos proponen, que es un totum revolutum, un
abrir una vía judicial para que todo el mundo pueda situarse ahí dentro y
resolver el problema. Ayúdeles, señor Cercas. Usted ha sido durante
muchos años persona que ha podido participar, sin duda, en la
configuración de un marco de Seguridad Social y de prestaciones públicas
que ha sido muy importante en este país. A usted siempre le ha motivado
una actitud de honestidad en la definición de los derechos y de las
obligaciones de los ciudadanos en cuanto a las prestaciones públicas. Yo
les invito, al Partido Socialista y al partido de Izquierda Unida, a que
sean sensatos, a que busquemos una solución justa que separe el grano de
la paja en este problema, a que se defina exactamente dónde está la
frontera de la responsabilidad y a que intentemos evitar el problema en
un futuro.
Mi grupo va intentar --repito, señorías-- en los próximos días,
conjuntamente con el Grupo Parlamentario Popular, traer una solución,
señor Cercas, que no ampare a quien no se le puede nunca justificar su
amparo. Si me lo permiten, hoy votamos en contra. No es un no al
problema, no es un no a querer buscarle solución, es un sí a hacerlo bien
y no volver a estar en un futuro donde estamos.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Homs.
Por el Grupo Popular, finalmente, el señor Camps tiene la palabra.
El señor CAMPS DEVESA: Gracias, señor presidente.
Señorías, en la tarde de hoy, y una vez más, iniciamos un debate sobre
nuestro sistema de Seguridad Social, sobre nuestros pensionistas. Además,
es un debate que reproducimos textualmente de otros que ya han acontecido
en esta Cámara, porque los grupos proponentes de las iniciativas de las
que hoy discutimos su toma en consideración presentaron las mismas ya
como enmiendas a la ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales
del Estado.
Permítanme, por tanto, señorías, y no entiendan nunca que discuto la
legitimidad de los distintos grupos proponentes a la hora de presentar
las proposiciones que entiendan pertinentes para discutir en este
Parlamento; permítanme, decía, calificar esa actuación al menos de poco
original, porque si hace apenas cinco o seis meses debatíamos exactamente
lo mismo y hubo un pronunciamiento en contra de esta Cámara, no es de una
oposición --permítanmelo decirlo, señorías,
nuevamente-- de todo punto responsable volver a instar debates sobre los
que ya saben cuál ha sido el pronunciamiento hace breves fechas de este
mismo Parlamento con la misma configuración que hoy tiene. Qué hubieran
dicho de otros partidos cuando éramos oposición si nos hubiéramos
dedicado a reproducir todas las enmiendas que presentábamos a distintos
proyectos de ley u otro tipo de iniciativas parlamentarias posteriormente
en forma de proposiciones de ley o no de ley apenas tres o cuatro meses
después de que hubieran sido desechadas por el Parlamento. Señores,
seguro que a los grupos proponentes les vendrán a la cabeza muchos
calificativos, aplíquenselos hoy ustedes mismos.
Pero es que, además, las proposiciones de ley de las que hoy discutimos
la toma en consideración no cuestionan en su profundidad, en su razón, lo
que ya conocemos todos: el plazo de prescripción general de cinco años
para el reintegro de prestaciones indebidamente percibidas o incluso,
señorías, que esa exigencia de devolución de cantidades sea una regla
general de nuestro sistema. No se puede discutir que tendremos que estar
ante ellas por una cuestión que no creo que SS. SS. pongan en solfa, que
es defender el interés público de manera que las prestaciones
verdaderamente vengan a ser percibidas por quien reúne los requisitos
para ello y que para quien las percibe de manera indebida tenga el
sistema sus mecanismos para poder reclamárselas y así vuelvan allá de
donde nunca debieron salir, que es la caja de la Seguridad Social.
Por eso, señorías, en vez de discursos más o menos tremendistas --y tengo
que alabar hoy el tono y la responsabilidad de las intervenciones de los
portavoces que me han precedido en el uso de la palabra--, lo que tenemos
que manifestar claramente desde esta tribuna a todos nuestros
conciudadanos, a todas las españolas y españoles, como algún otro
portavoz ha hecho, es que todos ellos pueden tener la garantía absoluta
de que la Seguridad Social les va a otorgar aquello a lo que
legítimamente tengan derecho y en los términos establecidos por la propia
ley.
La obligación de reintegrar lo indebidamente percibido, señorías, que es
de lo que se trata, alcanza a todos los ciudadanos, incluso a los
ciudadanos en sus relaciones entre ellos. ¿Cómo vamos a hacer de peor
condición al Estado en las relaciones con los ciudadanos que a las
propias relaciones que ellos mantienen entre sí? Eso, señorías, es un
sinsentido. Algunos momentos del discurso que han hecho ustedes tenían un
carácter marcadamente neoliberal, en el que colocaban en peor sitio al
Estado que a los propios ciudadanos con relación a él o a los ciudadanos
en sus relaciones entre sí.
De aceptarse los textos de sus proposiciones, y no sólo los textos sino
el propio contenido y los razonamientos que han dado en defensa de los
mismos, hay una realidad que sería incuestionable, señorías: no se podría
recobrar ni una sola de las prestaciones indebidamente percibidas. No es
un problema de culposidad o de dolo; el problema es, señorías, que cuando
se habla de error o negligencia de la Administración nos encontraríamos
con que ese error sería siempre justificable ante un tribunal en virtud
de que, evidentemente, la misma no hubiera puesto los mecanismo
necesarios para que esa prestación, ese pago no se produjera, y eso nos
llevarían a que prácticamente ninguna de las prestaciones indebidas
pudieran ser recuperadas nuevamente por la Administración, o sea, por
todo el sistema.
Aparte de eso, tendríamos que preocuparnos de otras cosas. Preocuparnos
de las recomendaciones del Pacto de Toledo; preocuparnos del equilibrio
económico-financiero de nuestro sistema; preocuparnos de su
mantenimiento, y preocuparnos de que una medida de este tipo,
cuantificada ya, costaría, por disminución de ingresos al sistema de
Seguridad Social, más de 100.000 millones de pesetas. Hay 100.000
millones de pesetas reclamándose en este momento por reintegro de
prestaciones indebidas. No se queden ustedes en los complementos a
mínimos, hay muchísimas más prestaciones indebidas que deben ser
reclamadas por la Seguridad Social, y debe hacerse justamente para dotar
de los ingresos necesarios a nuestro sistema.
Hoy me sorprenden algunos discursos en los que se conjuga el
mantenimiento de posturas como las que aquí se han defendido con otros
discursos que ha habido que oír en esta Cámara por portavoces autorizados
de la oposición, en los que se decía que existían déficit encubiertos,
déficit encubiertos que solamente estaban en la mente de los citados
portavoces. En cambio, parece muy contradictorio que, por un lado, se
pueda mantener desde esta tribuna, como se hizo hace breves fechas por el
candidato del Partido Socialista a presidente del Gobierno, que nuestro
sistema de Seguridad Social tiene claros déficit encubiertos y, por otro,
que todas las proposiciones que por el Grupo Socialista se traigan a esta
Cámara sean de aumento del gasto o de disminución de los ingresos.
(Rumores.) Señores, si verdaderamente creen ustedes que nuestro sistema
está en crisis, no traigan proposiciones que sólo pueden ser calificadas
de una manera: de irresponsables. Porque, o bien su mano izquierda no
sabe lo que hace su mano derecha o son ustedes eso: unos irresponsables
cuando van en contra de lo que manifiestan desde esta tribuna,
intranquilizan o causan incertidumbre en nuestros pensionistas.
No existe justificación para la introducción de medidas, razones y
contenidos como los que hay en sus proposiciones de ley, porque utilizan
ustedes términos jurídicos indeterminados: error, negligencia, buena o
mala fe. Y eso --hago mías las palabras del portavoz que me ha precedido
en el uso de la palabra-- sólo tiene unas consecuencias: litigiosidad,
colapso de la administración de justicia social y hacer de iguales
características
al acreedor --en este caso la Administración-- doloso que al acreedor que
a lo mejor sí ha podido cometer un error o negligencia.
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, por favor, señor Camps.
El señor CAMPS DEVESA: Concluyo, señor presidente.
Por tanto, señorías, estamos ante un tema muy claro: obtener o no el
reintegro de prestaciones percibidas indebidamente, y que vuelvan al
lugar de donde no debieron salir: a la caja de nuestro sistema de
Seguridad Social. Y ello con una clara justificación: mantener el sistema
económicamente saneado; que el equilibrio económico-financiero sea
posible para que no sólo se puedan pagar las pensiones de hoy, sino que
también sea posible que se paguen las pensiones del mañana. Para eso,
señorías, tenemos que ser responsables; tenemos que continuar andando en
la senda del Pacto de Toledo. Hoy parece que las intervenciones de SS.
SS. así lo demuestran. Nosotros retomamos el guante de algunas de ellas y
estamos dispuestos a continuar en la senda que iniciamos con la
aprobación de la moción consecuencia de interpelación urgente que
debatimos hace pocos días en esta Cámara a fin de adoptar las medidas
legislativas que sean necesarias para resolver de una vez por todas el
problema. Pero no proposiciones como las que hoy quieren que tomemos en
consideración, que no ayudarían a ello.
Hoy, al menos, bajo de esta tribuna con cierta tranquilidad, porque las
intervenciones de las señorías que representaban a los grupos de la
oposición han sido más responsables, menos demagógicas, menos
electoralistas que en otras ocasiones en este tema. Estoy seguro de que
hoy muchos de sus votantes se lo agradecerán, y sobre todo de que
millones de pensionistas también se lo agradecerán.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Camps.
Vamos a proceder a las votaciones.
Votaciones correspondientes a la toma en consideración de las
proposiciones de ley debatidas. En primer lugar, la referida a la
proposición del Grupo Socialista sobre modificación de la Ley General de
la Seguridad Social en la redacción dada por la Ley de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden social correspondiente a 1998.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a
favor, 142; en contra, 163; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación sobre la proposición del Grupo de Izquierda Unida relativa al
reintegro de prestaciones de la Seguridad Social indebidamente
percibidas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a
favor, 142; en contra, 161.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, POR LA QUE SE INSTA AL
GOBIERNO A INCENTIVAR LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR NACIONAL DE
AUTOMOCION. (Número de expediente 162/000240)
El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día: proposiciones no de
ley. En primer lugar, la del Grupo Popular, por la que se insta al
Gobierno a incentivar la competitividad del sector nacional de
automoción.
Para su presentación, tiene la palabra el señor Gómez-Alba Ruiz.
(Rumores.)
Silencio, señorías. Señor Posada, señor Ortiz, guarden silencio, por
favor.
El señor GOMEZ-ALBA RUIZ: Señor presidente, señorías, los resultados de
la nueva política industrial que el Gobierno está llevando a cabo son
notables tanto en materia de producción y empleo como de precios
industriales.
La industria de la automoción en España sintoniza con este buen balance
general, y el que ocurra así es importante para la economía española si
pensamos que esta industria supone algo más del cinco por ciento del PIB
y que su capacidad exportadora la sitúa entre los sectores más
industriales y dinámicos. Las ventas están alcanzando en este momento un
bonito crecimiento, especialmente en 1997, con un incremento por encima
del 11 por ciento respecto al año anterior. Todos estos subsectores de la
automoción hacen que España sea el tercer productor en Europa en
fabricación de automóviles y el sexto en el mundo.
A la consecución de estas cifras no ha sido ajeno el entorno económico
general de crecimiento del consumo, que se ha visto favorecido por un
gobierno riguroso en la ejecución de la política económica y que se ha
traducido en menores incertidumbres y en unos costos de financiación cada
vez más bajos. Por tanto, también estas cifras están siendo impulsadas
por una política activa que ha incentivado la renovación del parque
automovilístico a través del programa Prever, que por su carácter
permanente, la cuantía del incentivo, el alcance del mismo y el efecto
positivo sobre la calidad
ambiental, supone una fórmula avanzada y novedosa respecto a medidas
anteriores, ante un envejecido parque automovilístico.
No quiero seguir hablando sin referirme a las medidas contempladas en el
sistema Prever para el sector de la motocicleta, que han supuesto un
impulso al mercado y fabricación de motos, con un aumento de
matriculación del 33,11 por ciento, en el año 1997, sobre el año
anterior. Si decíamos que España era el tercer productor europeo de
automóviles, hay que añadir que es el segundo productor en motocicletas.
Esto se ha subrayado poco y sería deseable que el Gobierno extendiese
también los beneficios que en el programa Prever se conceden a la
chatarra de automóviles, a la de motocicletas, porque este parque está
tan necesitado como lo estaba el del automóvil.
Sin embargo, el sector de automoción en España necesita nuevos impulsos,
para nuevos retos a los que la sociedad española en su conjunto no puede
dar la espalda. No en vano, la apertura de un procedimiento por parte de
la Comisión Europea a las actuaciones del programa Prever industrial
impiden que éste se mantenga como medida incentivadora para la renovación
de vehículos comerciales e industriales. También se debe reparar en que
el 60 por ciento del consumo interior de turismos se satisface con
importaciones y que en 1993 se inicia una tendencia en el desplazamiento
de la demanda interna hacia turismos de mayor cilindrada, turismos en los
que no están especializadas las plantas españolas de fabricación, lo que
origina un aumento de las importaciones.
Este desencuentro creciente entre la oferta nacional y la demanda
interior obliga a pensar en soluciones futuras que lo eviten, porque
muchos de los turismos de la gama alta y tecnología incorporada más
desarrollada no se fabrican en España. Así lo entienden los empresarios
del sector y así lo entiende el Gobierno, porque han puesto en marcha un
grupo de trabajo conjunto para aproximarse con mayor profundidad a la
realidad de este mercado complejo. Entre sus objetivos figura favorecer
un ritmo de renovación mayor de los vehículos, que a su vez traería
mayores cotas de calidad para los consumidores y mayor respeto con el
medio ambiente. Las ganancias en estos dos terrenos se traducen en mayor
seguridad y mayor calidad ambiental para todos los ciudadanos. Esta no es
una cuestión baladí si pensamos que casi el 70 por ciento de los
vehículos que circulan por España estan funcionando sin catalizadores
anticontaminación, ya que esta medida obligatoria apenas tiene cinco
años. Para aprovechar los efectos beneficiosos de esta acelerada
renovación, y teniendo en cuenta la tendencia de la demanda, la oferta
española de automoción debería ser más protagonista en el proceso. De
hecho, va en aumento la opinión de los expertos acerca de que el
incremento del valor añadido de los vehículos automóviles será debido, en
parte, a la incorporación de estos componentes tecnológicos,
especialmente los electrónicos. Por tanto, la competitividad futura de
sus fabricantes se explicará por esta cuestión. Se habla de un
crecimiento de la demanda de estos componentes electrónicos en torno al
50 por ciento en los próximos cinco años. A pesar de todo la fabricación
de los mismos es inexistente en España.
Podríamos afirmar que, así las cosas, se corre un cierto peligro de
deslocalización futura de la industria automovilística española si no se
incentiva convenientemente a fabricantes y proveedores nacionales para
desarrollar estos productos en el marco de la economía española, ya sean
componentes electrónicos de alta tecnología, materiales reciclables de
demanda creciente o vehículos exigidos cada vez más por los españoles y
no producidos por nuestra economía.
También hemos de pensar que hay algunos factores, monetarios o
financieros, que podrían favorecer en algunos momentos la localización de
las fábricas en España y que desaparecen en la nueva fase de integración
en la que ha entrado la Unión Europea, por lo que los factores reales,
especialmente los referidos al mercado de trabajo, a las cuestiones
fiscales o a aquellas más ligadas a las ganancias de competitividad, como
la innovación, el diseño, etcétera, primarán en el futuro inmediato.
Añadimos a todo ello las voces de alarma de algunos expertos que ven un
peligro inmediato de sobrecapacidad del sector a nivel mundial y que
acabará afectando más a aquellos países peor situados dese el punto de
vista competitivo.
Voy terminando, señor presidente, diciendo que el Grupo Popular entiende
que la propia industria está haciendo esfuerzos fructíferos para evitar
estos peligros, como la ya referida mesa del automóvil, pero cabría citar
otros ejemplos como la flexibilización de las condiciones de producción
de SEAT en 1997, a partir de un nuevo convenio colectivo. Hemos de
subrayar una acertada política de incentivos regionales a la industria.
Esta política está permitiendo algunos resultados espectaculares en
Castilla y León, donde se están produciendo inversiones por valor de más
de 20.000 millones de pesetas para ampliación y modernización de la
factoría Renault después de un decidido y activo apoyo del Gobierno a
esta operación.
El Ministerio de Industria ha tenido claro, desde el primer momento, que
la aplicación de medidas de carácter horizontal favorecerían el futuro de
la industria española. Sobre esta cuestión se debe incidir. El Gobierno
está desarrollando la iniciativa de apoyo a la tecnología, la seguridad y
la calidad industrial, que pretende impulsar factores básicos de
competitividad de las empresas, como la capacidad de desarrollo
tecnológico, la innovación, el diseño y la calidad industrial. Todos
ellos son claves para el futuro, pero muy especialmente para los sectores
de producción que, como el de la automoción, se enfrentan a un entorno
terriblemente globalizado, donde ya no es suficiente con
entender la competencia entre las empresas o entre las marcas, sino muy a
menudo entre las factorías de las mismas marcas. De esta forma, la
localización, tanto de vehículos en general, como de las distintas gamas,
arranca de las diferentes condiciones de competitividad que ofrece cada
territorio. En la coincidencia del mayor número de estas condiciones
residirán las ventajas de un lugar concreto frente al resto. Se requiere,
además, que con la canalización adecuada de ciertos apoyos se puedan
provocar nuevos e importantes proyectos en el sector para poder cubrir
esa demanda nacional. Los acuerdos y las regulaciones se han de orientar
hacia la producción de nuevos materiales, especialmente reciclables, pero
también el desarrollo de productos específicos, como los electrónicos o
directamente el desarrollo de capacidades que permitan un sector de la
automoción de vanguardia mundial, aunque no dispongamos de empresas
matriz como punto de partida.
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Gómez-Alba, por favor.
El señor GOMEZ-ALBA RUIZ: Sí, señor presidente.
Esto es muy importante, porque el porcentaje de compras que hacen los
fabricantes españoles al exterior se sitúa en el 70 por ciento del valor
de producción del automóvil. Los apoyos han de dirigirse a las empresas
de componentes fuertes o potentes internacionalmente que los optimicen, a
fin de favorecer que el fabricante oriente sus compras al mercado
interior. Esto es favorecer un entorno general más competitivo.
Señor presidente, finalizo diciendo que conocemos las inquietudes del
Ministerio de Industria respecto a las cuestiones aquí expresadas, que
las acciones realizadas al día de hoy son extraordinariamente positivas.
Por ello, animamos al Gobierno a no cejar en las medidas que permitirán
un salto espectacular de la automoción radicada en España, conjurando así
las amenazas de un escenario terriblemente complicado en su globalidad.
Por ello, instamos al Gobierno en el sentido del texto que figura en la
presente proposición no de ley.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez-Alba.
Para la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene
la palabra el señor Cuevas.
El señor CUEVAS DELGADO: Gracias, señor presidente.
Señorías, créanme que hemos hecho un considerable esfuerzo por saber qué
querían decir ustedes con esta proposición no de ley. No sé si SS. SS. la
han leído y si se han interesado por ella. Dice exactamente así: El
Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas que,
respetando la normativa comunitaria aplicable al sector --¡faltaría
más!--, incidan favorablemente, directa o indirectamente, sobre los
factores de competitividad del mismo y sobre las características del
mercado interno. Esto es lo que quieren hacer con el sector del
automóvil.
Yo esperaba la explicación, porque en la exposición de motivos tampoco
hay lugar para saber qué quieren hacer ustedes con el sector del
automóvil. Sí dicen que tienen una nueva política industrial, que está
basada en el plan Prever. El plan Prever era y es un calco de los planes
Renove de los gobiernos socialistas, con algunos objetivos diferentes.
Esa es la nueva política industrial.
Señorías, es verdad que el sector de la automoción ha experimentado una
mejoría y que está en buena situación como consecuencia de las políticas
de esos años, también del plan que han hecho ustedes, evidentemente, y es
verdad asimismo que es necesario adoptar medidas --su Gobierno las
debería haber adoptado ya-- para complementarlas con otras encaminadas a
que la gama alta de vehículos en nuestro país tenga un factor más
relevante en lo que se refiere a la producción nacional. (El señor
vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) Pero
resulta que, en vez de plantear su grupo medidas relativas a ese problema
que usted detecta y que detectamos en esta Cámara, lo que hace es traer
una cosa genérica y no sabemos si está hablando de fiscalidad o de volver
a hacer otro plan Renove dedicado a los componentes de estos vehículos de
gama alta. Comprenderán ustedes que no podemos avalar una proposición tan
genérica, tan vaga, que no dice ni aporta nada, que no sabemos si
pretende el objetivo de no decir nada porque luego se va a hacer otra
cosa o bien pertenece quizás al propósito del autobombo o de decir que
ese sector camina muy bien porque ustedes tienen una nueva política
industrial. Pues no tienen ninguna nueva política industrial o, al menos,
si la tienen, no lo han dicho hasta ahora ni la han puesto en práctica.
La única nueva política industrial que conocemos todos es la política de
la privatización de la empresa, la política que está desmantelando el
tejido público industrial. Venir aquí a plantear una proposición de esta
naturaleza, pretendiendo descubrir el océano Atlántico, eso no es serio;
no es serio que lo haga un grupo que tiene un gobierno que dice que está
gobernando y que propone a otro grupo de la Cámara que apoye algo que
tenga algún contenido.
Hemos presentado una enmienda sin saber, como digo, de qué iba. En ella
se pretende, aunque hablemos en términos genéricos, que acotemos de qué
estamos hablando y qué es lo que queremos hacer. En nuestra enmienda se
propone que se haga un programa de actuación para el sector de
componentes de automoción, que me parece que es lo que S. S. intenta
decir que quieren ustedes impulsar, dirigido a estimular
el desarrollo de nuevos productos y tecnologías que incrementen la
competitividad. No sé si van a considerar o no esa enmienda, pero por lo
menos estaríamos entrando en algo concreto. Ahora bien, comprenderán que
la proposición no de ley que ustedes han presentado aquí no está en
condiciones de decir a ningún diputado de esta Cámara de qué estamos
hablando, qué se pretende hacer y para qué estamos avalando esta
propuesta, para que haga qué cosa el Gobierno. Tendrían ustedes que
explicar a la Cámara y a los ciudadanos qué pretenden hacer con el sector
de la automoción.
Nos tememos que pueda haber alguna intencionalidad. Además de esa
intencionalidad, les diré, ustedes que tanto hablan de que rebajan los
impuestos, que el Gobierno socialista rebajó los impuestos del 12 al 7
por ciento para los vehículos de cilindrada inferior a 1.600 centímetros
cúbicos. Esperemos, señorías, que no estén ustedes planteando que esa
rebaja también se aplique a los vehículos de cilindrada por encima de los
1.600 centímetros cúbicos, porque entonces estaríamos haciendo una
reducción de impuestos, pero sin ningún carácter redistributivo.
Además, les quiero decir que, cuando hagan una propuesta, procuren que su
exposición de motivos por lo menos sea algo más fiel a la realidad de lo
que ha ocurrido. Dicen en su exposición de motivos que el crecimiento del
sector de la automoción se debe exclusivamente al plan que ustedes han
puesto en marcha y que lo anterior no sirve para nada. Les está pasando
como con el euro. Parece que esto es ya la doctrina euro. A partir de
ahora, de todo lo que pase, de todo lo que presenten y de todo lo que se
hable solamente existirá lo que ha hecho el Gobierno del Partido Popular.
Repasen los números y los planes de ayuda y promoción de la industria del
automóvil que elaboró el Gobierno socialista y verán que el suyo está
calcado del que se hizo, con alguna cosa que no deberían haber hecho,
como, por ejemplo, que la medida sea indefinida; esto es, no se ha
acotado en el tiempo cuánto se mantenían las ayudas.
Pues bien, si se analiza, verá usted que en esa etapa de aplicación del
plan Renove las ventas de automóviles fabricados en España se
incrementaron porcentualmente mucho más que con la aplicación del plan
que ha hecho el Gobierno del Partido Popular, con el que ha ocurrido todo
lo contrario, es decir, ha habido un incremento de las importaciones de
automóviles de gran cilindrada. Eso es lo que tendrían ustedes que
analizar para ver si realmente ese es el camino que queremos seguir, si
lo que queremos es apoyar a la industria de componentes para que seamos
capaces de fabricar vehículos con mayor capacidad tecnológica, con mayor
valor añadido y, además, decirnos qué van a hacer en relación con esa
cuestión. Plantear aquí una proposición no de ley que sólo tiene tres
renglones --si le quitamos la primera frase, relativa al Congreso de los
Diputados, se queda en dos--, y además no explican nada, comprenderán
ustedes que es poco serio.
Por eso, mi grupo ha presentado una enmienda --repito-- sin saber
exactamente qué es lo que quieren hacer, pero sí con la intención de que
por lo menos se definan ustedes y sepamos hacia dónde caminamos en este
sector, porque hay voces muy diferentes. Hay grandes empresarios del
sector que están reclamando unas cosas, otros reclaman otras y el
ministro dice que las tasas no se van a bajar, pero ahí hay una gran
indefinición en este momento, que es cuando llega su proposición, que
--repito-- no dice nada. Creemos que ustedes nos lo tienen que aclarar o,
como mínimo, tener la honestidad y la valentía de decirnos (puesto que lo
que nosotros hemos presentado es exactamente lo mismo, en el sentido de
que queremos relanzar el sector de automoción, pero concretando hacia
dónde puede ser) en qué no están de acuerdo y por qué, y plantear algo
mucho más serio.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Cuevas.
¿Grupos que no hayan presentado enmiendas y que desean intervenir?
(Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor
Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Popular pretende, en este trámite, que aprobemos
una proposición no de ley cuyo texto es el siguiente: «El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas que, respetando la
normativa comunitaria aplicable al sector, incidan favorablemente,
directa o indirectamente, sobre los factores de competitividad del mismo
y sobre las características del mercado interno.»
Tal como acaba de exponer el representante del Grupo Socialista, cabría
indicar que esta proposición no de ley no dice absolutamente nada, no
tiene el menor contenido concreto. En esta definición que acabo de leer a
SS. SS. cabe absolutamente de todo, porque no dice nada. Esa es la
realidad: no dice nada. Pero mucho más preocupante es que, además, si se
lee estrictamente el texto de la proposición no de ley, no sabemos a qué
nos estamos refiriendo, porque podemos estar hablando del mercado de
patatas, del mercado de automóviles o del mercado del azulejo; ni
siquiera se dice a qué sector productivo se refiere una proposición que
insta al Gobierno a que adopte las medidas que incidan favorablemente
sobre los factores de competitividad del mercado y sobre las
características del mismo. Ciertamente, es una proposición no de ley
inaudita, porque pone de manifiesto muy escasa capacidad, por parte del
grupo que la suscribe, para conocer la realidad de ese sector al que dice
que se refiere --y que no
sabemos cuál es-- y cuáles son las necesidades del mismo. Mucho más
preocupante, señorías, resulta que una iniciativa de este tenor proceda
del grupo que sostiene al Gobierno, porque nos hace temer no ya que el
grupo parlamentario no conozca la realidad de un sector que, según dicen
en su exposición de motivos, representa el 5 por ciento del PIB y una
parte importante del empleo, sino que además sea esa la característica
que adorna al Gobierno --su ignorancia-- en relación con una realidad
importante.
Creemos, en definitiva, que una proposición no de ley en estos términos
no debe ser aprobada por esta Cámara, porque constituiría un precedente
que no diría nada a favor del prestigio de la misma.
Desde ese punto de vista, como Nueva Izquierda, anunciamos nuestro apoyo
a la enmienda que ha sido presentada por el Grupo Socialista, porque al
menos sabemos que se refiere al mercado de automoción y a un programa de
actuación para el sector de componentes de automoción no sólo por parte
de la Administración central sino también de acuerdo con las comunidades
autónomas. Desde ese punto de vista sabemos, al menos, a qué nos estamos
refiriendo.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Peralta.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra
el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor Presidente.
La estructura el sector de vehículos en España se caracteriza --y lo
resumo muy brevemente-- por la instalación en nuestro país de fábricas de
automóviles que son en verdad auténticas cadenas de ensamblaje o montaje,
de marcas que vienen de multinacionales, con una importancia fundamental
para nuestro sector industrial como generador del producto interior
bruto, tanto por la extensión y la modernización de estas instalaciones
como sobre todo por el número de puestos de trabajo que genera. Estos
puestos de trabajo se dividen en dos escenarios: por un lado, en las
propias cadenas de ensamblaje o montaje de automóviles y de vehículos
industriales, y por otro, en la fabricación de los componentes, donde
prácticamente las multinacionales recurren a la concurrencia de dichos
componentes, desde neumáticos hasta baterías, accesorios, etcétera, que
configuran la masa del vehículo.
Cualquier iniciativa que venga para ordenar un principio de
competitividad no basado en planteamientos fiscales, como la que trae el
Grupo Parlamentario Popular, merece la bienvenida, por lo menos para su
consideración en esta Cámara. Al leer la exposición de motivos, hemos
entendido que está dirigida precisamente al sector de la automoción y al
de los componentes, sobre todo a los que lleven alto valor añadido por su
tecnología, como es el campo de la electrónica.
Pues bien, precisamente en sede parlamentaria, la Comisión Mixta
Congreso-Senado de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico ha
tratado los programas de I+D que se pueden ir refiriendo, con dotación
económica e incentivos administrativos, a la fabricación de componentes
electrónicos del sector del automóvil o de cualquier tipo de vehículos.
Entendemos que la iniciativa que trae el Grupo Parlamentario Socialista
es buena, ya que se refiere a la cooperación de las comunidades
autónomas. Lo que sucedió en la Generalidad de Cataluña con la
Volkswagen, las actuaciones del Gobierno navarro, del Gobierno autónomo
de Valencia o del Gobierno autónomo de la Comunidad de Castilla y León
son ejemplos evidentes de que una conexión de cooperación en ayudas, en
competencias, como la propia ubicación en polígonos industriales o las
facilidades de cualquier comunidad autónoma con competencias
transferidas, puede contribuir a hacer feliz la idea de que es necesario
que en una línea de competitividad técnica, que no fiscal --y eso queda
claro en el texto--, esa iniciativa pueda tener acomodo.
Junto a actuaciones hechas a través de los programas de I+D, del
Ministerio de Industria o del Ministerio de Educación y Cultura, de las
comunidades autónomas competentes en la materia, en todo lo que es
innovación tecnológica que precisa la industria de componentes --que está
en España muy bien establecida--, es necesaria una acción para evitar
cualquier fallo de las industrias de cabecera, de las cadenas de montaje,
de las marcas que nos vienen dadas por las multinacionales, que son las
que en verdad diseñan un automóvil pero que se proveen fundamentalmente a
través de las industrias auxiliares de componentes que lo suministran.
No nos olvidemos de que cuando han querido reducir costes de producción,
las grandes multinacionales del automóvil han empleado las teorías de
racionalización precisamente en las industrias de componentes. La famosa
figura de López de Arriortúa era fundamental para tener todo un sistema
de expertos en el diseño de cuáles eran los costes menores en que la
industria de componentes podía realizarse, confluyendo sobre la industria
del automóvil para tener mejor valor añadido en innovación tecnológica y
menores costes de producción por racionalización de los mismos, lo que en
resumen favorece dicha industria.
Nuestro grupo apoyará la iniciativa por sí misma y desearía que si hay
una posibilidad el concurso quede reflejado aquí, ya que es una idea muy
afortunada del Grupo Parlamentario Socialista, junto a una
racionalización de lo que se quiera hacer en la tecnología, pero que para
nosotros es secundaria frente a la paridad con las comunidades autónomas
que son las que tienen las competencias en este sector de los
componentes,
que es más bien de pequeña y mediana industria, sobre todo pequeña.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a apoyar la
proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular por
la que se insta al Gobierno a incentivar la competitividad del sector
nacional de la automoción.
Es cierto, de acuerdo con lo que han manifestado los diferentes
portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, que esta es
quizá una proposición no de ley muy generalista que no concreta cuáles
son las líneas de actuación y en qué campos concretos tendría que
plantear el Gobierno estas iniciativas para incentivar la competitividad
del sector del automóvil: en el campo de la producción, en el campo del
diseño, en el campo de la investigación, en el campo del desarrollo. Por
tanto, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), a la espera
de lo que decía el Grupo Popular respecto a la enmienda que ha presentado
el Grupo Socialista, quiere plantear ante SS. SS. una serie de cuestiones
importantes que desde nuestra perspectiva aportarían soluciones concretas
y definitivas que incentivarían no solamente la producción media y alta
del sector del automóvil, sino el conjunto global del sector de la
automoción en España.
Nuestro grupo propone a SS. SS. --y esperemos que el Gobierno lo pueda
recoger en futuras iniciativas parlamentarias, si no ya nos reservaríamos
el derecho de presentar iniciativas orientadas única y exclusivamente a
lo que enseguida me referiré-- cuatro campos de actuación importantes.
En primer lugar, se podría mejorar cuantitativa y cualitativamente el
programa Prever. Es cierto que los buenos resultados de este programa
durante 1997 han generado una demanda adicional de casi 60.000 unidades
en cuanto a la venta de coches y también ha proporcionado un incremento
importante en la recaudación de Hacienda que oscila alrededor de 33.000
millones de pesetas. Por tanto, estimamos que quizá sería oportuno
incrementar la dotación del programa Prever hasta una cantidad de 150.000
pesetas. Estas son propuestas que dejo a la Cámara para que el Gobierno
lo tome en consideración.
Asimismo, para incentivar e incrementar las ventas del programa Prever,
pensamos que la eliminación del requisito de los nueve meses de
antigüedad de titularidad de los vehículos a achatarrar podría provocar
un estímulo en la compra de las ventas. La consideración de la unidad
familiar a efectos de la identidad del titular que se exige para la
subvención, también mejoraría ostensiblemente la posibilidad de compra
por parte de los ciudadanos. Si se quiere impulsar decididamente la
retirada y achatarramiento de vehículos viejos, la medida más eficaz
sería establecer por un período limitado la posibilidad de eliminar la
identidad entre el titular del vehículo que se da de baja por desguace y
el comprador del vehículo nuevo que se quiere acoger al programa Prever.
Hay un segundo campo importante que también podría mejorar la
competitividad a la hora de incentivar la producción y venta de
automóviles, como sería la desregulación gradual del régimen de
autorizaciones del transporte de mercancías. Es cierto que el parque de
vehículos industriales mantiene un alto porcentaje de vehículos de más de
diez años en todos sus segmentos --ligeros, rígidos, tractores y
autobuses-- que exigen la adopción por la Administración de medidas
urgentes que palíen este grave problema. Además se debe tener en cuenta
que en la actualidad muchas empresas españolas de transporte de
mercancías se están estableciendo en países de la Unión Europea donde no
existen contingencias de las autorizaciones de transporte y eso provoca
--y es lo más grave-- que se estén comprando sus vehículos allí a través
de leasing o renting. Por este motivo entendemos que en este campo de la
regulación sería bueno establecer, de acuerdo con los agentes económicos
del sector --transportistas, fabricantes, importadores y
distribuidores--, un calendario razonable para la progresiva desaparición
del régimen actual de autorizaciones y transportes partiendo de la
próxima liberalización del cabotaje que entrará en vigor a partir del
próximo mes de julio. También entendemos que se pueden aplicar las
condiciones de renting a los vehículos dedicados al transporte de
mercancías propias, lo que supone una importante discriminación negativa
de las empresas españolas respecto de sus competidoras de otros países
comunitarios.
Hay otro sector en el que también es posible promover la competitividad
de la producción de automóviles, como es la potenciación del mercado de
los vehículos usados. En nuestro país hay un sector importante de la
población española que carece del suficiente poder adquisitivo para
renovar su vehículo adquiriendo uno nuevo con la sola ayuda de las 80.000
pesetas establecidas por el programa Prever. Para este importante
colectivo de personas físicas y familiares, que es titular de la mayor
parte del parque de automóviles de más de diez años de antigüedad y que
no pueden renovárselo, se deben contemplar otras medidas alternativas, al
margen del programa Prever, para impulsar la renovación de los vehículos
usados. Hay dos medidas que nuestro grupo entiende oportunas, una, sería
primar el achatarramiento voluntario de los vehículos de más de
diez años eximiendo de la tasa de baja y, otra, abaratar el conjunto de
tasas de rematriculación de un vehículo usado --tasa nueva de matrícula,
revisión del ITV y cambio de titularidad-- y asimilarlo al coste de las
tasas de un vehículo nuevo.
También sería bueno facilitar la adquisición de vehículos por empresas,
permitiendo la adquisición directa por las empresas para su afectación a
la actividad industrial o empresarial e introduciendo algunas
modificaciones importantes en el área fiscal, como podría ser el
tratamiento del IVA o el Impuesto sobre Sociedades.
Finalmente, sería oportuno contemplar el fomento a la renovación del
parque y de la seguridad vial mediante un control más riguroso de la ITV,
que son las inspecciones técnicas de vehículos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Sánchez i
Llibre, le ruego que vaya concluyendo.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Ya finalizo, señor presidente.
En el caso de que el Grupo Parlamentario Popular no aceptara la enmienda
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, nuestro grupo propone
una enmienda in voce a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular, en el sentido de que en la segunda línea, después de adoptar las
medidas, se incorpore de acuerdo con las comunidades autónomas, y en la
tercera línea, para que no existan dudas de que esta proposición no de
ley va orientada a potenciar y a incentivar el mercado del automóvil,
después de aplicable al sector, incorporar la frase: de la automoción.
Creemos que con esta enmienda in voce quedaría perfectamente encuadrado,
en el caso de que no aceptaran la enmienda presentada por el Grupo
Socialista.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Sánchez i Llibre.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Muchas gracias, señor presidente.
Nuestro grupo está bastante perplejo ante este tipo de proposiciones no
de ley que dan lugar ahacer un debate metafísico sobre qué son las ayudas
necesarias para aumentar la competitividad.
En primer lugar, tiene una virtualidad, y es que esto quiere decir que si
hay que hacer esto es porque no se está haciendo. Supongo que entonces se
desmienten asimismo puesto que los planes Prever y Renove parece ser que
eran la gran panacea que iba a estimular la competitividad en el sector;
por lo tanto, si ustedes reconocen que esto no es suficiente y que hay
que hacer más cosas, sí nos gustaría saber qué creen que se puede hacer.
Cada vez que se escucha aquí lo de la competitividad, me llama la
atención que no se hable de los componentes que llevan a la famosa
competitividad. A mí me gustaría poder hablar, por ejemplo, de calidad,
que es un concepto industrial interesante por el que nuestra competencia
podría venir determinada no por que desciendan los costes salariales o
por la desfiscalización de las empresas privadas, aunque también nos
sorprende esta actitud de cómo se estimula la desfiscalización hacia
determinados sectores industriales cuando estamos vendiendo todo el
sector industrial público. Parece que es malo dedicar esfuerzos al sector
público que, por cierto, es el que más invierte en I+D , y, sin embargo,
ahora hay que intentar buscar apoyos que no quedan muy claros. Por una
parte, se ha hablado de los vehículos de gama alta. Yo siempre he
interpretado que ese no era el problema. No sé si es que queremos
instalar ahora una fábrica de determinados vehículos de gama alta de
Mercedes, de Rolls Royce o de algo similar que, como todo el mundo sabe,
son casi de fabricación artesanal, es decir no hay ningún problema en que
empresario que crea que hay negocio en ello se dedique a hacer, casi a
mano, un vehículo de estos que valen 40 millones de pesetas. Ahora bien,
si lo que se intenta es incentivar el descubrimiento de alta tecnología
para la aplicación en los vehículos, no sé si vamos a inventar las ruedas
sin llantas o el reloj analógico digital, que también son factores
interesantes de competitividad. Lo que me temo es que esto encubre un
intento de buscar un plan de apoyo de desfiscalización a vehículos de
gama alta, con lo que estamos rotundamente en contra.
Otra forma de estimular el consumo de vehículos, como todo el mundo sabe,
es actuar también sobre la demanda. Por tanto, una buena medida es subir
el salario de los trabajadores para que les permita tener un mejor acceso
a los vehículos. Al mismo tiempo, dado que el mercado laboral es bastante
precario y los salarios también, recomiendo que los esfuerzos vayan no
hacia los vehículos de gama alta sino a la venta de bicicletas de
calidad, de motocicletas y también de vehículos de precios mas asequibles
porque, con un contrato en precario de dos meses y 60.000 pesetas al mes,
tenemos bastante difícil que gran parte de los contratados actualmente
puedan acceder a estos vehículos de gama alta.
No obstante, como sigo sin saber muy bien, porque vale para todo, a qué
va destinada esta proposición no de ley , quiero decir que estaríamos de
acuerdo en todo aquello que estimule el I+D, aunque sigue habiendo un
déficit importantísimo de las empresas privadas en cuanto a la inversión
en I+D, ya que curiosamente estas empresas tienen la visión de que el
Gobierno invierta en I+D y que cuando esté inventado y funcione se lo
pasen y así no se gastan en I+D porque eso cuesta
dinero. No hay más que ver lo que dedica la empresa privada española a
I+D comparándola con la europea. Va siendo hora de que les exijamos
contrapartidas cuando desficalizamos. Contrapartidas significa inversión
en I+D y creación de empleo estable y evaluable, antes de lanzarnos a
continuar incentivando no se sabe muy bien qué.
Por tanto, apoyaremos la propuesta alternativa del Partido Socialista
porque va centrada exclusivamente al sector de componentes de automoción.
Nos gustaría que se estimulara también el desarrollo de tecnologías para
todo el tema de los residuos que producen los propios vehículos, del
achatarramiento, el famoso tema de las baterías y los residuos que
produce, y también los componentes reciclables de los vehículos, no vaya
a ser que después de tantos planes Prever y Renove tengamos montañas de
vehículos usados en los alrededores de las ciudades sin saber muy bien
cómo gestionarlo.
Nada más, muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Santiso.
Tiene la palabra el señor Gómez Alba para expresar la aceptación o no de
la enmienda planteada por el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor GOMEZ-ALBA RUIZ: Gracias, señor presidente.
Con respecto a la enmienda de sustitución del Grupo Socialista tengo que
decir que no vamos a aceptarla porque interpretamos que viene a decir lo
mismo que nuestro texto, con una mención a las comunidades autónomas que,
de hecho, viene a redundar con lo que hemos expuesto en nuestra
intervención cuando hablábamos de una política de incentivos regionales a
la industria y hablábamos del caso paradigmático de Castilla y León. Por
contra, sí aceptaremos la enmienda de Convergència i Unió porque, como
acabo de decir, es algo que nosotros contemplamos y vemos como algo
positivo. Yo la dejaría de la manera siguiente: respetando la normativa
comunitaria aplicable al sector de la automoción --para que quede bien
claro-- en coordinación con las comunidades autónomas. El portavoz de
Grupo Catalán propone que se diga de acuerdo y yo diría mejor en
coordinación con las comunidades autónomas.
Nada más, muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Gómez-Alba.
¿Algún grupo parlamentario se opone a la aceptación de la enmienda
transaccional? (El señor Cuevas Delgado pide la palabra.)
¿Es para oponerse, señor Cuevas? (Asentimiento.)
Tiene S. S. la palabra.
El señor CUEVAS DELGADO: Nosotros mantenemos nuestra enmienda.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Cuevas, el
grupo proponente debe aceptar o no la enmienda planteada, por S. S. en
este caso o por otros grupos parlamentarios, para que sea incluida en el
momento de la votación. El señor Gómez-Alba ya ha expresado que no va a
aceptar esa enmienda. La única duda en este momento para la presidencia
es si se admite a trámite la transaccional.
El señor CUEVAS DELGADO: La duda que tengo, señor presidente, es que si
nosotros no aceptamos la enmienda transaccional de Convergència i Unió,
creemos que se debe votar la proposición no de ley del Partido Popular y
nuestra enmienda.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): No, señor Cuevas.
Reglamentariamente, al no aceptarla el grupo proponente, no se pone a
votación.
El señor CUEVAS DELGADO: Perfecto, pero no hay enmienda transaccional a
votación.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): ¿No acepta S. S. la
existencia de la enmienda transaccional?
El señor CUEVAS DELGADO: No.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias.
Entonces procederemos a la votación en los términos iniciales de la
propuesta.
Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la proposición no de ley, del Grupo
Popular, por la que se insta al Gobierno a incentivar la competitividad
del sector nacional de automoción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a
favor, 162; en contra, 12; abstenciones, 129.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
-- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE EL SERVICIO UNIVERSAL DE
TELECOMUNICACIONES. (Número de expediente 162/000237)
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LIBERALIZACION
DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. (Número de expediente 162/000238)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la tramitación conjunta de las
proposiciones no de ley de los grupos Socialista y Popular, la primera
sobre el servicio universal de telecomunicaciones, la segunda sobre
liberalización de los servicios de telecomunicaciones.
Para la presentación de la iniciativa del Grupo Socialista, tiene la
palabra don Víctor Morlán. (El señor vicepresidente, Marcet i Morera,
ocupa la Presidencia.)
El señor MORLAN GRACIA: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, esta Cámara no hace muchas fechas,
concretamente el 8 de abril de 1998, aprobó la Ley general de
telecomunicaciones, y en sus artículos 37 y siguientes establece una
regulación del servicio universal de las telecomunicaciones que, desde
nuestro punto de vista, es raquítica y exigua, ya que limita su contenido
a unos mínimos que el Grupo Socialista no puede compartir. Quedan muy
lejos de lo que ha de ser el contenido de unos derechos que todos los
ciudadanos de nuestro país han de poder alcanzar, si lo desean, en esta
nueva sociedad de la información que está en el inicio de su desarrollo.
(Rumores.)
El señor vicepresidente (Marcet i Morera): Un momento, señor Morlán.
¡Señor Robes, por favor! ¡Señor Villalón! (Pausa.)
Continúe, señor Morlán.
El señor morlAn Gracia: Sociedad de la información que, desde nuestro
punto de vista, tiene que garantizar la igualdad y la cohesión social y
territorial. En un mercado en competencia como es el de las
telecomunicaciones, en España, por voluntad de un gobierno que ha
renunciado a tener algo que decir en un sector tan importante para el
futuro de nuestra sociedad, el desarrollo de las telecomunicaciones va a
estar sólo en función del mayor o menor volumen de negocio que generen.
Desde nuestro punto de vista, es obligación de los poderes públicos
evitar cualquier dualización social. Es obligación de los poderes
públicos, en concreto de este Gobierno, garantizar que todos los
españoles tengan las mismas posibilidades de acceder a unos servicios
mínimos de telecomunicación, con independencia de su capacidad económica
y del lugar de su residencia.
La Ley general de telecomunicaciones, en su citado artículo 37, determina
cuál es el ámbito de aplicación del servicio universal de
telecomunicaciones, ciñéndolo en su aspecto más llamativo al servicio
telefónico básico. Efectivamente, en su artículo 37 introduce otros
aspectos del contenido de este servicio de telecomunicaciones que también
son importantes. Sin embargo, hablar sólo de que exista una guía
telefónica o de que los usuarios y discapacitados o con necesidades
sociales especiales tengan acceso a un teléfono público no creo que tenga
la trascendencia que hay que dar a la implantación del servicio universal
que necesita la sociedad.
En el debate de la ley los socialistas entendimos que el ámbito de
aplicación era algo exiguo y trasnochado. Señorías, hablar sólo de
teléfono básico es como no querer darse cuenta de que en estos momentos
la tecnología, el desarrollo y la investigación están alcanzando cotas
importantes que llevan a que lo que es el teléfono básico, que hace 80
años era un lujo para muchos ciudadanos de este país, en este momento, en
el día a día, sea la necesidad mínima que puede tener todo ciudadano para
comunicarse con sus semejantes, cualquiera que sea el sitio donde
residan.
En este caso concreto, la apuesta debe estar en establecer un marco
jurídico de algo incipiente pero que existe y es algo tangible. Dentro
del contenido del servicio universal de telecomunicaciones, queremos
incluir algo más que un teléfono básico común; entre otros aspectos,
queremos incluir el acceso a los servicios de información en línea, a lo
que vulgarmente se llama Internet, a tener posibilidad de acceder no sólo
a una transmisión de fax, de datos, de voz y de documentos entre dos
personas, sino a que cualquier ciudadano, mediante el pago de una tarifa,
pueda entrar en lo que son las líneas de Internet y hacer uso de aquellos
aspectos que se contemplan en el mundo actual de las telecomunicaciones.
Para ello hemos presentado una proposición no de ley cuyos aspectos más
destacados son los siguientes.
Pretendemos que el servicio universal de telecomunicaciones se articule
en un plan que concrete las aplicaciones que en España ha de tener este
servicio. Dentro de las obligaciones del servicio universal incluimos
aspectos que hacen referencia al derecho que todos los ciudadanos y
ciudadanas y las pequeñas y medianas empresas tienen a la red telefónica
pública fija y a la prestación del servicio público fijo disponible
--coincidimos con lo que plantea el Gobierno en la ley que está en
vigor--, pero también defendemos el derecho de acceso de todos los
ciudadanos y ciudadanas, de todas las pequeñas y medianas empresas a un
precio asequible, a utilizar los servicios de acceso a la información en
línea, en Internet, como he mencionado anteriormente. Como es lógico,
también proponemos que haya una distribución de una guía telefónica
básica y gratuita, porque entendemos que es un instrumento importante en
lo que ha de ser la comunicación entre los ciudadanos. También nos
parece, como es lógico, que tiene que haber un acceso a la línea
telefónica básica de los usuarios discapacitados o entidades sociales
especiales. Pero, indudablemente, nuestra pretensión es que estos
aspectos destacados del servicio universal de telecomunicaciones tienen
que estar englobados en una dinámica de funcionamiento de la
Administración que no esté solamente al amparo de lo que diga el mercado,
sino en razón a que exista una actuación desde la Comisión del Mercado de
Telecomunicaciones en el
marco tarifario. Debe incluirse una estructura tarifaria, a la que
hacemos referencia en nuestra proposición no de ley, en la que
establecemos de qué manera se llega a ella, qué elementos tienen que
contemplarse para fijar el conjunto de las tarifas y también proponemos
que exista calidad y control en los contenidos del servicio universal. A
la vez, y como creemos que éste debe ser un planteamiento que ha de tener
un timing, un camino de desarrollo y una implantación social, pretendemos
también que se explique en este plan al que he hecho referencia los pasos
que hay que dar y el tiempo que ha de transcurrir para que sea una
realidad la implantación de este nuevo servicio universal de
telecomunicaciones.
Indudablemente, tal y como dijimos en nuestras enmiendas al proyecto de
ley de telecomunicaciones, actualmente Ley General de Telecomunicaciones,
seguimos apostando por que la bibliotecas públicas o privadas, los
centros hospitalarios y los centros educativos estén conectados a una red
pública que les permita acceder a los servicios que posibilitan la red de
Internet. Todo ello lo enmarcamos dentro de lo que debiera ser un real
decreto que debiera aprobar el Gobierno con la finalidad de que todos los
operadores --en este caso privados, porque ustedes han conseguido que no
existiera ya ninguno público-- actúen con arreglo a unas pautas, para que
a la hora de prestar su servicio de telecomunicación los usuarios
tuvieran un perfecto conocimiento de cuál iba a ser el presente y el
futuro del desarrollo de las telecomunicaciones.
Esta proposición no de ley se debate en este Pleno con otra que ha
formulado el Grupo Popular, en la que se plantea de forma genérica y
bastante vaga lo que ha de ser una aspiración de completar un proceso de
liberalización de las telecomunicaciones antes del 1 de diciembre de
1998. Es muy complicado oponerse a que este proceso de liberalización, en
el que todos estamos de acuerdo, se lleve a cabo. Lo que sucede es que es
muy complicado también ofrecer un voto favorable a un principio genérico
como éste que no nos lleva a ningún sitio porque no sabemos en modo
alguno cuál es el contenido de este proceso liberalizador, cuáles son los
plazos que se marcan, qué tipo de presencia va a tener el sector público
o la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones en su desarrollo; en
definitiva, se plantean demasiados interrogantes como para que desde el
Grupo Socialista se dé un voto a favor de esta proposición no de ley. Por
ello, hemos formulado una enmienda de sustitución en la que pretendemos
marcar unas pautas de desarrollo de este proceso liberalizador que hacen
referencia, indudablemente, a la fecha de 1 de diciembre de 1998, porque
pensamos que es cuando, de acuerdo con las directivas comunitarias, la
liberalización de las telecomunicaciones entrará en eclosión. No
obstante, pensamos que, para que haya un proceso controlado por un
organismo regulador como es la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, tiene que existir una serie de formulaciones, darse
una serie de pasos, que tienen mucho que ver con lo que he mencionado en
la proposición que he presentado también en este Pleno.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Concluya, señor Morlán, por
favor.
El señor MORLAN GRACIA: Ahora mismo finalizo, señor presidente.
En esta enmienda de sustitución lo que venimos a decirle es que, estando
de acuerdo con la fecha, estando de acuerdo con que es necesario el
proceso de liberalización, también creemos que es necesario que exista no
sólo la voluntad de que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
asuma las funciones que tiene reconocidas por la ley que la constituye,
sino también que recupere lo que el Gobierno en un momento determinado ha
asumido por una ley que ustedes apoyaron y nosotros en todo momento
criticamos. Lo que planteamos es que, antes del 1 de diciembre de 1998,
se tenga en cuenta y se valore la necesidad de marcar de qué manera se
financia, de qué manera se amplía, de qué manera se pone en
funcionamiento un nuevo contenido del servicio universal de
telecomunicaciones. Deseamos igualmente que la implantación de este
servicio universal de telecomunicaciones, de acuerdo con esa fecha que
hemos marcado de 1 de diciembre de 1998, sea extensivo, por la red
pública de Telefónica y con la posibilidad de acceder a Internet, a
centros hospitalarios y sanitarios y que todos los ciudadanos gocen del
derecho de acceder a la información en línea.
Señorías, yo creo que es la propuesta que hacemos es bastante razonable;
aunque parece ser que el Grupo Popular no la va a aceptar porque no está
de acuerdo con nuestro planteamiento y en este proceso de liberalización
prefiere que sea el mercado el que juegue todas las bazas, sin que haya
ningún tipo de posibilidad de que el conjunto de la Administración
pública tenga algo que decir en este proceso para que no produzca una
dualidad social, que es lo que tendremos si las cosas no se remedian.
Espero, señorías, que, de aquí a que se vote, ustedes reconsideren su
opinión, voten favorablemente la proposición no de ley que traemos hoy a
este Pleno, acepten esta enmienda de sustitución que hemos formulado y
entiendan que lo hacemos con el sano criterio y la buena intención de
posibilitar que en este proceso de liberalización todos los ciudadanos
tengan los mismos derechos, en el que se garantice la libertad, en el que
se garantice la cohesión social y la cohesión territorial. Espero que su
voto sea de apoyo porque, indudablemente, haremos un favor al conjunto de
la sociedad.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Morlán.
Para presentar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra la señora Mato.
La señora MATO ADROVER: Señor presidente, señorías, intervengo en nombre
del Grupo Parlamentario Popular para fijar nuestra posición sobre la
proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista
sobre el servicio universal de telecomunicaciones, así como para exponer
nuestra proposición no de ley sobre la liberalización de los servicios de
telecomunicaciones.
Tengo que decir, como SS. SS. conocen perfectamente porque lo hemos
debatido y hablado en muchas ocasiones en esta Cámara, que el Gobierno
del Partido Popular, desde hace dos años impulsó la liberalización de las
telecomunicaciones, de tal manera, que desde el mes de junio de 1996 en
que se trajo a esta Cámara el decreto-ley de liberalización de las
telecomunicaciones, hasta hace escasamente dos meses en que se aprobó la
Ley General de Telecomunicaciones, han ocurrido en España los siguientes
acontecimientos. En primer lugar, hoy existe competencia en materia de
telecomunicaciones; en segundo lugar, hoy tenemos un operador, una
Comisión, la del Mercado de las Telecomunicaciones, que es un órgano
independiente para velar por esa competencia. Con esto quiero decir,
señorías, que el proceso de liberalización que emprendió el Gobierno del
Partido Popular, después de trece años de Gobierno Socialista en que no
se había impulsado en absoluto, tenía que llegar a su culminación y llegó
con la Ley General de Telecomunicaciones, quedando definitivamente
cerrado el 1 de enero de 1998, tal como nos comprometimos con las
directivas europeas y con el Parlamento Europeo.
Por tanto, señorías, la proposición no de ley que presenta el Grupo
Popular lo único que pretende --aunque no nos cabe la menor duda de que
el proceso se va a seguir impulsando para finalizar en diciembre de
1998-- es, como no podría ser de otra manera, recordar al Gobierno,
porque tenemos interés por el bien de los ciudadanos y por su interés
general, que ese proceso de liberalización debe concluir definitivamente,
en la parte que le corresponde, en diciembre de 1998. Precisamente por
eso hemos presentado esta proposición, sin tener la menor duda de que se
van a acabar de dar los pasos que ya se han iniciado y que se han
completado con la Ley General de Telecomunicaciones; el único paso que
queda es aplicar lo que aprobamos hoy en esta Cámara, el desarrollo
reglamentario de la citada ley atribuido al Gobierno. Digo esto porque el
Grupo Socialista dice en su proposición: en primer lugar, nosotros
queremos que haya un servicio universal para todos los ciudadanos; lo
hay, señorías. Hoy disponemos de un servicio universal para los
ciudadanos con los mismos precios y garantizando la cohesión social que
tanto preocupa al señor Morlán, a mí y a mi grupo parlamentario. Nosotros
queremos que haya un servicio universal de calidad y con precios
competitivos y asequibles para todos los ciudadanos; y no es que lo
queramos, es que lo hemos garantizado por ley, que es como hay que
garantizar las cosas. Antes dependía de un contrato-programa con una
empresa que estaba en régimen de monopolio; podía depender de un decreto
que se emitiera por el Gobierno. Ahora no; ahora hay una ley que
garantiza que todos los ciudadanos tienen derecho a un servicio universal
de calidad. Usted me decía que había que incrementar el servicio
universal. Pues bien, señor Morlán, yo, con el permiso de esta
Presidencia, voy a repetirme en esta Cámara, porque en el día de hoy, con
esta proposición, lo único que estamos haciendo es repetir un debate que
durante diez meses hemos hecho en esta Cámara, los diez meses que ha
durado la tramitación de la Ley General de Telecomunicaciones. Sus
señorías saben que cuando se debatió el proyecto de ley general de
telecomunicaciones se presentaron muchas enmiendas, entre ellas las del
Grupo Socialista, y en su mayoría se repiten hoy en este texto. Lo que
ustedes no consiguieron aprobar porque no convencieron a esta Cámara
tratan de meterlo por una proposición no de ley; por lo tanto, no sería
lógico que aceptáramos hoy las enmiendas que hemos rechazado hace escasos
meses tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado.
(Protestas.) No es porque nosotros no queramos un servicio universal --no
sólo lo queremos sino que, como le digo, lo hemos garantizado por ley--,
sino porque ustedes no pueden venir aquí a decir que son los defensores
--de nada, pero en este caso, de telecomunicaciones-- del servicio
universal de telecomunicaciones. (Rumores.) Pueden decirme: nosotros
queremos que haya más servicios, que se ofrezca más calidad y que haya
mejores precios. ¿Sabe usted cómo se consigue eso? Con la competencia, y
ella no ha venido de su mano, sino de la del Gobierno del presidente
Aznar. (Protestas.) Ustedes pueden elegir hoy una compañía de telefonía u
otra y en breve una tercera. Antes no, teníamos que conformarnos con lo
que había. Ahora hay dos compañías de telefonía fija en competencia y
todo el mundo puede hacer sus cuentas para ver cuál le sale más rentable
y más barata. Es verdad que se ha privatizado. En este momento todavía
queda un operador semipúblico, Retevisión. En breve será también
privatizado y contaremos con operadores privados de telefonía en todos
los sectores: tres a nivel nacional, más los suboperadores de cable. Como
usted sabe, los concursos de cable se han puesto en marcha gracias
también al Gobierno del Partido Popular, que los ha impulsado. (El señor
de la Madrid López pronuncia palabras que no se perciben.) Sí, sí, antes
no lo había y ahora hay un segundo operador, y también hay operadores de
cable en telecomunicaciones.
Señorías, como les digo, la competencia es la que trae los mejores
precios y los mejores servicios para los ciudadanos. Pero, no contento
con eso, el Gobierno del Partido Popular, en el proyecto de ley general
de telecomunicaciones
--como digo, me estoy repitiendo porque ustedes han traído otra vez este
debate para que lo volvamos a tratar--, no solamente dijo: queremos un
servicio universal que sea el mismo que marcan las directivas europeas y
que esté financiado igual que en Europa --porque ahora somos europeos en
materia de telecomunicaciones y antes no lo éramos--, sino que esperaba
que el servicio universal fuera un concepto dinámico, de manera que a
medida que se vayan incorporando servicios que la sociedad demande se
vayan incorporando al concepto de servicio universal. Y no solamente eso.
Aparte de lo que permite la Unión Europea, en el proyecto del Gobierno
hemos añadido, también con el apoyo de los grupos de la Cámara, dos
conceptos más: otras obligaciones de servicio público, en las cuales se
contiene parte de los argumentos que usted ha utilizado. No sólo se hace
referencia, como usted decía, a los centros hospitalarios, se hace
referencia a la sanidad; y no solamente a los centros educativos, se hace
referencia a la educación en el texto del Gobierno aprobado por mayoría
de esta Cámara, y se hace referencia a los centros culturales porque
creemos que la cultura también debe ser objeto del servicio universal de
telecomunicaciones garantizado a todos los ciudadanos, y los avances en
materia de cultura también tienen que llegar a todos los ciudadanos a
través de la tecnología. Por lo tanto, señorías, no solamente estamos de
acuerdo con usted en que hay que garantizar un servicio universal, sino
que, además, lo hemos impulsado y lo hemos introducido en la ley. Lo que
usted no puede pretender en el debate de hoy --y es lo que están
intentando-- es que las competencias atribuidas por vía reglamentaria que
se han fijado en la ley --al Gobierno le corresponde desarrollar
reglamentariamente la Ley General de Telecomunicaciones-- las desarrolle
esta Cámara, porque eso no es lo que se ha aprobado. Me parece bien lo
que usted dice; compartirá conmigo que la primera parte de su enmienda a
la proposición no de ley que hemos presentado es casi literal a nuestra
proposición no de ley. Por tanto, estoy segura de que ustedes la votarán
favorablemente, porque la primera parte del texto es casi igual. La
segunda parte de su enmienda, que recoge no literalmente pero sí
sustancialmente su proposición no de ley, pretende quitar las
competencias que tiene la Administración y que sea esta Cámara quien las
establezca, cuando estaba previsto en la ley que fuera de otra manera.
Usted me habla de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones. Ese es
un debate que hemos tenido aquí en numerosas ocasiones. La Comisión del
Mercado de Telecomunicaciones se aprobó por la mayoría de esta Cámara,
todos los grupos de la Cámara apoyamos la creación de ese órgano, cosa
que es lógica y normal, puesto que es una Comisión encargada de velar por
la libre competencia. Lo que sucede es que en la ley que se aprobó venían
reflejadas las competencias que le correspondían a esa Comisión y ustedes
pretenden cambiarlas ahora. Lo que no es posible es aprobar una ley por
este Parlamento, por consenso de toda la Cámara incluido el Grupo
Socialista, y al cabo de los tres meses, porque a ustedes les parece
mejor, decir: no, ahora queremos otra competencia.
Las competencias de interconexión van a llegar a la Comisión como está
previsto, pero vendrán cuando se acabe el proceso liberalizador, porque
así está previsto, ya que el Gobierno para garantizar el servicio
universal que usted pide necesita controlar las tarifas de interconexión,
para que éstas sean suficientemente bajas y pueda haber operadores en
competencia. Después, cuando la liberalización sea total, a partir del 1
de diciembre de 1998, porque así lo ha querido el Gobierno del Partido
Popular, la Comisión será la que se haga cargo de esta competencia, como
todos los grupos de esta Cámara hemos aprobado por consenso. Por tanto,
señorías, no trate usted de decir que el Grupo Popular no ha querido y
que estamos haciendo una cosa extraña, porque eso se ha aprobado por
todos los grupos. Otra cosa es que ustedes ahora hayan cambiado de
opinión, pero cuando se aprobó ese tema todos los grupos estuvimos de
acuerdo con esas competencias. Es verdad que en la Ley General de
Telecomunicaciones ustedes ya plantearon otra cuestión, que fue rechazada
por la mayoría de los votos de esta Cámara.
En cualquier caso, señorías, no podemos apoyar la proposición no de ley
que ustedes presentan, en primer lugar, porque la Ley General de
Telecomunicaciones dice otra cosa distinta de lo que pretende su
proposición no de ley; en segundo lugar, porque el calendario, sin duda,
se va a finalizar en 1998 --y estoy de acuerdo con usted, y ésa es
nuestra proposición no de ley, en que hay que seguir dando los pasos para
llegar a esa liberalización total-- y, en tercer lugar, porque ustedes
proponen añadir servicios al servicio universal. El servicio universal es
el acceso a la línea telefónica. El acceso a la línea telefónica permite
llegar a muchos servicios de telecomunicaciones, simplemente el acceso.
Con tal de que el Gobierno, el Parlamento, la ley garantice el acceso al
servicio telefónico está garantizando el acceso a muchos servicios. Otra
cosa diferente es que las comunidades autónomas en uso de sus legítimas
competencias, por ejemplo la Comunidad Autónoma de Andalucía, decidan
hacer convenios con los operadores que estén funcionando allí, como en
Andalucía, para que haya Internet en las escuelas de manera prácticamente
gratuita. Estoy de acuerdo. Creo que es bueno y que usted se lo debería
proponer al señor Chaves. Es competencia de las comunidades autónomas la
competencia educativa y, por tanto, todo el impulso que se haga para que
cada vez lleguen más servicios a los ciudadanos a través de las escuelas
o de los hospitales es bueno, pero usted debería dejar que lo hicieran
también las administraciones
autonómicas, las administraciones locales que son competentes para ello.
No tenga la menor duda de que todos los ciudadanos, sean de Andalucía,
sean de Extremadura, sean de Cataluña van a tener acceso a los mismos
servicios que los ciudadanos de otras tierras, porque a medida que la
demanda vaya aumentando con la competencia y con la creación de nuevos
operadores, más los que tienen que llegar, sin ninguna duda, va a haber
servicios y mercado para todos. Por tanto, garantizado el servicio
universal --que lo está por ley, porque lo pone en la ley que hemos
aprobado en esta Cámara--, que se ha preservado sobre todo, garantizada
la competencia --ya que está la Comisión del Mercado de
Telecomunicaciones que va a hacer que se respete esa libre competencia--,
no tenga la menor duda de que el servicio universal para los ciudadanos,
un servicio telefónico de calidad, a precio asequible, en el que se vayan
incorporando las mejoras de nuevos servicios está garantizado para todos
los ciudadanos y todos estarán contentos con él. Si ustedes apoyan la
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, en cualquier caso,
con o sin proposición, la liberalización va a llegar a buen fin a
principios de diciembre de 1998, pero nunca está de más que los grupos
parlamentarios nos pongamos de acuerdo para impulsar o para decirle al
Gobierno que siga por ese camino, ni para reconocer por una vez que se ha
hecho bien, que en dos años se ha avanzado mucho en telecomunicaciones,
como no le cabe la menor duda a ningún ciudadano y tampoco a ningún
diputado de esta Cámara. Por tanto, yo creo que es bueno que todos juntos
sigamos en ese camino.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora Mato.
¿Grupos que desean fijar su posición en el debate? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señor presidente.
A menos de dos meses de la aprobación de la Ley General de
Telecomunicaciones y entendiendo que el Gobierno debe estar trabajando en
la elaboración del decreto por el que se desarrollan las obligaciones de
servicio universal, tal como mandata la ley, es difícil debatir acerca de
la propuesta de un plan de medidas como servicios, tarifas, calidad,
calendario y financiación del servicio universal de telecomunicaciones.
Desde Coalición Canaria compartimos que la sociedad de la información y
de las comunicaciones representa una oportunidad para el crecimiento
económico y el empleo, pero con el riesgo de crear una sociedad dual en
la que se agudicen los problemas de exclusión social y los desequilibrios
territoriales.
En la tramitación del proyecto de la Ley General de Telecomunicaciones ya
tuvimos la oportunidad de exponer nuestro criterio y quiero recordar que,
respecto del carácter limitado que el Grupo Socialista atribuía a la
regulación del servicio universal, ya apuntamos que el artículo 42 de la
ley permitiría el establecimiento de nuevas obligaciones de servicio
público, vinculadas al desarrollo tecnológico, a la educación, la
cultura, la sanidad y la cohesión social y territorial. Por tanto, no
compartimos las críticas que la exposición de motivos de la proposición
no de ley hace de la Ley General de Telecomunicaciones. Puede ser cierto
que en algunos aspectos la ley sea inconcreta o incompleta, pero es
innegable que es un buen marco general para las telecomunicaciones en
este fin de siglo.
En consecuencia, la pelota está en el tejado del Gobierno. Es el Gobierno
el que va a definir, a través del desarrollo reglamentario y su
ejecución, la garantía de servicios, tarifas, calidades, plazos y
financiación del servicio universal. Es responsabilidad del Gobierno
definir cómo lo van a hacer posible: si tienen un plan, varios planes,
acuerdos con los operadores, etcétera. Es evidente que la ley mandata que
todos los ciudadanos tienen que acceder a la red telefónica fija, a un
servicio disponible para el público, a una guía telefónica y al acceso al
servicio para los discapacitados, así como que este acceso ha de ser
asequible y de calidad y que debe garantizarse en el menor plazo posible.
Compartimos, por tanto, aquellas partes de la propuesta que hacen
referencia a estos asuntos, incluso la referencia a los servicios de
acceso a Internet para aquellos usuarios que dispongan de los equipos
adecuados. Sin embargo, no podemos compartir las propuestas de
determinación de la asequibilidad del sistema de emisión de calidad o de
la evolución tecnológica. Todas éstas son cuestiones que el Gobierno debe
desarrollar desde el espíritu y la letra de los acuerdos que permitieron
la aprobación de la Ley General de Telecomunicaciones, y habrá que estar
vigilantes para que el desarrollo que el Gobierno haga garantice
adecuadamente el servicio universal y todos los demás aspectos que la ley
regula, desde los objetivos, que todos compartimos, de que la sociedad de
la información sirva al progreso de todos, contribuyendo al desarrollo de
políticas de cohesión social y territorial.
En consecuencia, estamos ante una iniciativa válida, pero quizá prematura
porque no hay ningún indicio que permita afirmar que el Gobierno no esté
apostando por un desarrollo rápido, asequible y de calidad del servicio
universal de las telecomunicaciones. Pensamos que sí apuesta por ello. No
obstante, ya veremos como el Gobierno realiza su tarea y qué iniciativas
será preciso adoptar entonces.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Rivero.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Sedó.
El señor SEDO I MARSAL: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) dará su
voto favorable a la proposición no de ley presentada por el Grupo
Popular. El texto de la misma es genérico --sí, genérico--, pero cumple
con la necesidad y el deseo de recordar, mediante instancia de esta
Cámara al Gobierno, que el 1 de diciembre de 1998 es una fecha cumbre en
la liberalización de las telecomunicaciones.
Por otra parte, la forma genérica nos permite el apoyo, por cuanto en su
desarrollo posterior a nuestro grupo le pueden surgir algunas
discrepancias, que ya resolveremos en su momento, y no creemos
conveniente dar un voto favorable a un texto más amplio pero con carácter
particularizado.
La proposición no de ley de Grupo Socialista tiene un texto más amplio,
pero refleja una intención muy determinada, como el texto de la enmienda
que dicho grupo presenta a la proposición del Grupo Popular. Dichos
textos son clásicos de oposición, por cuanto se insta al Gobierno a
llevar a cabo una iniciativa que no es tal, pues casi se le fijan todos y
cada uno de los que la misma debe contemplar. Es así y siempre lo ha sido
desde la oposición, repitiendo el debate una y otra vez siendo la
oposición la que fuere, antes unos y ahora otros.
Teniendo en cuenta que las dos proposiciones de ley tienen una cierta
relación --la primera, con un texto tan amplio, se presenta con fecha 16
de abril y, al cabo de diez días viene la genérica del grupo del Gobierno
que corrige las posibilidades que podría tener el otro texto--, nosotros
tenemos muy claro que el texto que debemos votar a favor es el de la
proposición no de ley del Grupo Popular. Ya he dicho al principio que le
daríamos el voto favorable y de ninguna manera podemos apoyar los textos
que ha presentado el Grupo Socialista por cuanto son demasiado amplios y
concretos a la vez.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Sedó.
Finalmente, por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Muchas gracias, señor presidente.
Creo que fue Ionesco, uno de los mejores escritores a la hora de definir
metafóricamente el cansancio, el que dijo que la lingüística conduce al
crimen. Creo que es la sexta o séptima vez que discutimos estas cosas en
poquísimo tiempo en el seno de esta Cámara. Las estamos discutiendo con
las mismas palabras y en función de aprobaciones que se acaban de
producir. A la vez, se inicia una nueva andadura en el Grupo Popular que
creo que tienen que reconsiderar porque, para tener cabida en el orden
del día, está introduciendo unas proposiciones no de ley absolutamente
prescindibles. En primer lugar, dice que el Congreso de los Diputados
instará al Gobierno a seguir adoptando las medidas necesarias que está
tomando. Realmente, esto no había que decirlo en absoluto. Además, usted
ha dicho desde la tribuna que el Gobierno seguirá actuando como lo está
haciendo. Por tanto, hemos perdido un tiempo precioso y, a la edad que
tenemos, esto es un auténtico crimen. (Risas.) No entiendo por qué se
introduce esta proposición no de ley.
En todo caso, he de decirle que lo que está haciendo el Gobierno no lo
compartimos algunos diputados, señora Mato. Usted ha dicho que todos los
diputados de la Cámara comparten que el Gobierno lo está haciendo bien en
este terreno. Pues no; nosotros pensamos, primero, que ustedes, con el
nivel de estructuras que hay en España, no tienen por qué privatizar a la
velocidad en que lo están haciendo; segundo, nunca pueden confundir un
proceso de liberalización con un proceso de privatización, como lo están
haciendo; tercero, tendrían que haber ampliado muchísimo más el plazo,
que llega ahora al 1 de diciembre de 1998, en el margen que permite la
Unión Europea. Por tanto, no estamos de acuerdo. Usted ha dicho que todos
los diputados de la Cámara estábamos conformes; debe corregir y decir un
amplio número o cierto número de diputados y diputadas de la Cámara
comparten la acción del Gobierno del Partido Popular en este terreno. No
lo compartimos y tampoco nos parece adecuado que se ocupe el tiempo de
esta Cámara con proposiciones no de ley como la anteriormente discutida o
ésta. Creo que el grupo de dirección del Partido Popular debe pensarlo.
Estamos a punto de votar, desde luego nosotros en contra, que el Gobierno
siga haciendo lo que hasta ahora. Creo que no se corresponde con el
tiempo precioso que se debe dedicar a debates absolutamente necesarios.
En el mismo sentido, he de manifestar que la enmienda del Grupo
Socialista, cuyo contenido sí compartimos, acabamos de votarla hace unos
días al votar las cien enmiendas que presentó el Grupo Socialista a la
Ley General de Telecomunicaciones. Las votamos a favor y ahora votaremos
también a favor las enmiendas que, de forma resumida, presenta en forma
de proposición no de ley. No hay mal año por mucho trigo, pero si el
debate se acaba de producir es absolutamente redundante y sustituible.
Nosotros coincidimos con el Grupo Socialista en que el servicio universal
que concibe el Partido Popular es un servicio de mínimos que ni siquiera
llega al nivel que ha alcanzado en la inmensa mayoría de los países de la
Unión Europea. Si a la vez coincide con poner de vacaciones, entre
paréntesis, el servicio público, convertir en mercancía todo lo que hasta
ahora
era derecho, va a conllevar un bajón en la calidad de los servicios y una
doble velocidad, con una ruptura de la cohesión territorial en estos
servicios de cara al próximo futuro en el Estado español.
Por lo tanto, vamos a votar a favor de esa proposición no de ley, como
hicimos con las enmiendas que a este respecto presentó el Grupo
Socialista a la Ley General de Telecomunicaciones.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Alcaraz.
De la intervención de la señora Mato ha quedado claro que la enmienda
presentada por el Grupo Socialista a su proposición no de ley no era
aceptada. (Asentimiento.)
Muchas gracias, señora Mato.
Vamos, por tanto, a proceder a las votaciones. (Pausa.--El señor
presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación de las proposiciones no de ley debatidas.
En primer lugar, la del Grupo Socialista, sobre el servicio universal de
telecomunicaciones.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a
favor, 141; en contra, 154; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la proposición no de ley del Grupo Popular sobre
liberalización de los servicios de telecomunicaciones.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a
favor, 156; en contra, 14; abstenciones, 131.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley del Grupo
Popular.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, PARA INFORMAR SOBRE EL PROCESO Y
CONSECUENCIAS DE LA PRIVATIZACION DE ENDESA PARA LA ECONOMIA Y EL
EQUILIBRIO TERRITORIAL DEL ESTADO ESPAÑOL. (Número de expediente
173/000084)
El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden del día: mociones
consecuencia de las interpelaciones urgentes debatidas en el Pleno
anterior.
En primer lugar, la del Grupo Mixto, sobre el proceso y consecuencias de
la privatización de Endesa para la economía y el equilibrio territorial
del Estado español. Para su presentación, tiene la palabra el señor
Rodríguez. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio para que el Pleno pueda continuar con el
desarrollo del punto del orden del día, cuya defensa corresponde al señor
Rodríguez.
Señora Alborch, por favor. Señor Yáñez.
Gracias, señorías.
Cuando quiera, señor Rodríguez. (El señor vicepresidente,
Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, la moción que el Bloque Nacionalista Galego
presenta a este Pleno del Congreso como consecuencia de la interpelación
realizada la semana anterior tiene seis puntos que vamos a pasar a
comentar brevemente.
En primer lugar, el Gobierno nos tiene habituados... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento,
señoría, discúlpeme.
Señorías, les ruego guarden silencio. (Continúan los rumores.)
Señor Cuevas, le ruego guarde silencio.
Puede continuar, señoría. Gracias.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor presidente.
Decía que el Gobierno nos tiene habituados a hablar eufemísticamente de
la modernización del sector público empresarial para referirse a la
privatización de empresas públicas rentables que está llevando a cabo y,
como no podía ser menos, en este caso a la joya de la Corona que
representa el grupo Endesa, después de abrir el mercado eléctrico a la
competencia, según palabras del Gobierno, y de realizar una nueva
identificación estratégica por parte de la compañía, lo cual significa
actuar, desde luego, sin una influencia por parte del Estado y al
servicio de núcleos que están constituidos fundamentalmente por acciones
de bancos, como el Central Hispano, el Chest Manhattan Bank, Argentaria y
el Banco de Santander.
La primera pregunta que nos hacemos, como Bloque Nacionalista Galego, es
por qué no podía actuar mejor la SEPI y el accionariado público a la hora
de dirigir una empresa que tiene un importante valor estratégico --como
reconoce el propio Gobierno--, una empresa que da beneficios --por lo
tanto, estos beneficios se podían invertir a favor de la sociedad-- y
además una empresa que podía ser controlada democráticamente por parte de
esta institución, en primera instancia. Cabe recordar que --ya hace
tiempo, pero a
partir de ahora mucho más-- el presidente de Endesa no puede ni debe
comparecer, como no lo hizo en los últimos tiempos el señor Martín Villa.
De esta manera, una deficiencia democrática se convierte en una virtud. A
combatir ese tipo de dialéctica política va destinado el primer punto de
nuestra moción, que propone mantener en manos del Estado un número
significativo de acciones del grupo Endesa, precisamente por su gran
valor estratégico, por su capacidad de dar beneficios vitales para el
erario público y, por lo tanto, para el conjunto de la sociedad.
En segundo lugar, estamos habituados a que se privaticen empresas
públicas, que dejan, por lo tanto, de ser objeto de información y de
control, e incluso con una gran opacidad sobre el proceso y el resultado
final de esta oferta pública de venta de acciones. Pensamos que hay una
responsabilidad gubernativa en un sector estratégico y en dar cuenta a la
opinión pública y a los representantes democráticamente elegidos de sus
acciones y del resultado de sus acciones. ¿Quién controla cómo se gastan
los dineros que se consiguen con las privatizaciones? Además, ¿para qué
se va a emplear y cómo el decreto de autorización administrativa que
también se quiere aplicar a Endesa?
En tercer lugar, pensamos que es muy importante --siguiendo la línea de
intervención del señor Piqué-- que se asegure la igualdad de
oportunidades y la actuación de los poderes públicos. Nunca se nos dice
cómo se va a asegurar esta igualdad de oportunidades y la actuación de
los poderes públicos. El tercer punto de nuestra moción va destinado a
lograr el equilibrio territorial y, por lo tanto, a que se comprometa el
Gobierno a invertir una parte significativa del dinero que se obtenga de
esta privatización en infraestructuras y tejido productivo en los
territorios de los que Endesa sacó parte fundamental de sus beneficios,
donde fueron expoliadas --sí, expoliadas-- sus materias primas y donde se
cargó con la consiguiente contaminación y deterioro medioambiental.
Específicamente, en Galicia, As Pontes de García Rodríguez y toda su
comarca, en El Bierzo y en Andorra (Teruel).
En cuarto lugar --y es fundamental--, el Gobierno no deja de hablar del
interés general --¡faltaría más!-- y nosotros queremos que se nos diga
cómo se va a facilitar y regular la actuación de los agentes económicos
en función del interés general. Por eso, en el cuarto punto se llega a
concretar que sería gravísimo que a partir del año 2010 no hubiese
garantía de continuidad de la central térmica de As Pontes de García
Rodríguez. Por lo tanto, el cuarto punto va destinado a la continuidad de
la central térmica (lógicamente, si se agota el lignito, a través de una
central de ciclo combinado), a garantizar el potencial de producción de
energía eléctrica de Galicia (que hoy es excedentaria, pero si no se
toman estas medidas, pasaría a ser deficitaria, con todo lo que eso
significa) y a amparar, por lo menos políticamente, la construcción de
una planta de regasificación en Ferrol, contando con la iniciativa
privada, con la administración autonómica y con la continuidad de la
central térmica de Endesa a partir de una central de ciclo combinado.
Por tanto, señorías, el cuarto punto va destinado exclusivamente a que se
clarifique la actuación de Endesa a partir del año 2010, y quiero
recordarles que el llamado Plan energético nacional de 1991 estaba
comprometido precisamente en la planta regasificadora de Ferrol; no
estamos inventando nada nuevo, y además, prácticamente todas las
infraestructuras portuarias se pusieron al servicio de Endesa. Sólo hay
que visitar la ría de Ferrol para comprobar hasta qué extremo se hizo una
agresión ambiental brutal, con un puerto carbonero en medio de la ría.
Señorías, pensamos que no hay por qué territorializar todo, pero en una
parte hay que tener un mínimo de garantía y de responsabilidad cara al
futuro.
Los puntos quinto y sexto van destinados a que el Plan de la minería se
aplique en el caso gallego con equidad, justicia e igualdad de
condiciones con otros territorios del Estado español. Efectivamente, el
artículo 4.8 del Plan de la minería reconoce que hay que crear cuatro
puestos de trabajo nuevos por cada once prejubilaciones. El único sitio
donde no se quiere aceptar es en As Pontes de García Rodríguez. Lo
aceptan para Hunosa, para Mineras y Figaredo, para Coto Minero Sil, y eso
que tiene 17.000 millones de deudas. El grupo Endesa, incluso, tiene
planes de creación de puestos de trabajo en función de las jubilaciones y
prejubilaciones hasta un total del 10 por ciento, prácticamente en todas
las empresas del grupo. Curiosamente, el grupo notoriamente más
beneficioso no quiere cumplir este tipo de plan equilibrador de creación
de puestos de trabajo. Si esto no se hace así, prácticamente asistiríamos
a una voladura controlada del centro de As Pontes de García Rodríguez.
Finalmente, que se haga una inversión más equilibrada del dinero que va
destinado a las comarcas mineras en crisis. No se puede aceptar que se
diga que esto se debe a que el carbón de los lignitos no es carbón CECA;
el carbón CECA es un tratado del año 1950, no es una directiva de la
Unión Europea. Se puede hablar de carbón autóctono y los lignitos pardos
de As Pontes de García Rodríguez son carbón autóctono como el que más,
como el del Bierzo o como el de cualquier otra parte del Estado español.
Por tanto, señorías, no es de recibo que, produciendo el 30 por ciento
del carbón del Estado, se esté dispuesto a conceder desde 1998 hasta el
2005, en siete años, 16.000 millones de pesetas, cifra que se duplica ya
sólo con el convenio que acaba de aprobar este viernes el Consejo de
Ministros para Asturias y para León. Pedimos, por tanto, que haya un
trato más equilibrado.
Acabo ya, señor presidente, haciendo una reflexión. En el momento
político que vivimos, estos temas parecen tabúes ante la opinión pública,
y esto es gravísimo.
Sabemos que la privatización y la liberalización se quieren presentar
como un grado de culminación absurda y antisocial de desterritorializar
todo, no sólo los dividendos, como hasta ahora, sino también las mínimas
responsabilidades de los gobiernos.
Pensamos que el Gobierno, los parlamentos y la política son necesarios
para regular el beneficio público, para regular el beneficio de los
individuos y de las sociedades, y éstas están, querámoslo o no,
territorializadas. Todo lo demás será ir a un mundo desequilibrado, a un
mundo inarmónico y a un mundo profundamente injusto.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
A esta moción se han presentado enmiendas por parte del propio Grupo
Parlamentario Mixto, por parte del Grupo Socialista y por parte del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, para la
presentación y defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el señor
Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Intervengo muy brevemente por cuanto hemos presentado simplemente una
enmienda de adición. Compartimos el tenor literal de la moción que ha
sido presentada por los compañeros del Grupo Mixto, del Bloque
Nacionalista Galego. En nombre de Nueva Izquierda-Iniciativa per
Catalunya, planteamos que al primer punto, en la medida en que el texto
original de la moción habla de que por parte del Estado se mantenga un
número significativo de acciones --lo que parece que al día de hoy ha
sido sobrepasado por los acontecimientos, puesto que se han puesto en
oferta pública de venta la totalidad de las acciones que eran de
propiedad pública-- y atendiendo precisamente a esa importancia
estratégica que tiene la empresa y su repercusión de manera prioritaria
en sectores productivos de determinadas zonas geográficas del país, se
aplique lo previsto en la Ley 5/1995, de 23 de marzo, en cuanto a
autorización administrativa para la posible venta de participaciones
sociales a partir del momento en el que las mismas pasen a ser propiedad
privada. Con esto seguiría existiendo una determinada intervención por
parte de la Administración pública, en definitiva, de los intereses
colectivos, en relación con una empresa que ha tenido una participación y
una apropiación importante de intereses colectivos, que no puede pasar de
una manera pura y simple a la órbita privada sin antes compensar
mínimamente esos importantes intereses colectivos de los que se ha
apropiado y de los que lógicamente tienen que resarcir.
Nada más y gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Peralta.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Borreiros Fernández.
El señor BORREIROS FERNANDEZ: Gracias, señor presidente.
En relación a la moción presentada, estamos de acuerdo en el control para
la seguridad y orientación de Endesa, desde el punto de vista público.
Seguimos manteniendo la participación pública en tal empresa.
Endesa por sí misma rompe con el apriorismo antipúblico tan en boga en
nuestro país por el sector sociológico que está enfrente. La propia
empresa pública creó valor a sus accionistas, ayudó al desarrollo
regional, abrió mercados a sí misma y a otras empresas y tuvo un carácter
importante en la política anticíclica en épocas de declive económico como
sucedió en el año 1994.
En concreto, en la zona de Ferrol mantiene a 2.000 trabajadores y tiene
una inversión anual media de 8.000 millones de pesetas, con 10.000
millones a los proveedores y un gasto general entre los propios y los
auxiliares de 15.000 millones de pesetas de personal.
No hemos oído al ministro la semana pasada ni a nadie decir que Endesa
sea una empresa anómala con respecto a lo que es la empresa pública. En
este momento, el Gobierno la está midiendo ideológicamente dentro de una
simetría que no es real, y no nos conviene a la mayoría de los españoles,
entre empresa pública y empresa privada.
Los socialistas creemos que el sector público empresarial debe hacerse y
adaptarse según lo que exija el momento, tanto el mercado como el interés
general; alentar la participación privada e incorporar pautas de gestión;
cotizar en Bolsa controlando la gestión y el valor propio de la empresa,
por supuesto, pero el control y la orientación debe ser público por su
seguridad estratégica.
El otro día el señor ministro dijo que se sirven mejor los intereses
generales privatizando las empresas públicas. Nosotros creemos que no es
cierto, que no se atiene a la realidad. Sí hay que contar con la
influencia del mercado, pero también con el servicio público que entraña
esta empresa. Por tanto, estamos de acuerdo con el punto 1 de la moción.
Respecto al punto 2, coincidimos en que por parte del Gobierno existe un
carácter tangente a la claridad con relación a la privatización en
general y, en concreto, con la de Endesa, incluso antes, cuando el Estado
mantenía un fuerte peso accionarial económico dentro de esa empresa.
El presidente de Endesa continúa, aunque no es profesional; es un
presidente nombrado por lo público, continúa en lo privado y continuará.
Es una forma más de apropiación primitiva, de nuevo cuño, económica y
política de las empresas.
Echamos de menos en este proceso el sosiego, la tranquilidad y la
inteligencia. Es tremendista que se nos diga en estos días, a estas
alturas y en tan poco tiempo, que no hay nada que hacer porque ya está
privatizada. El Parlamento, el Congreso, los ciudadanos tienen derecho a
saber la verdad de lo que funciona y no funciona en las privatizaciones,
en este caso en la de Endesa, sin pasar por épocas y días lúgubres o días
de grandes chispazos, como ocurrió recientemente.
No se puede hablar, siguiendo con este punto, de que Endesa tiene con la
zona de Ferrol una deuda moral. O se tiene deuda o no se tiene deuda, no
puede haber deuda moral. Se invierte o no se invierte. Se consolida una
empresa y una factoría competitiva o no se hace.
Por lo que se refiere a la enmienda que presentamos al punto 4, le diría
al proponente que el problema excede lo establecido en la moción. Hay que
ir a la auténtica raíz. Los socialistas --y no hay que olvidarlo-- hemos
empezado los trámites, las compras de terreno, etcétera, para que hubiese
planta regasificadora en Ferrol. Estamos a su favor y, además, estamos a
favor de que exista en un nuevo puerto exterior.
También estamos a favor del ciclo combinado de gas, si no habría unas
pérdidas de prácticamente el 50 por ciento para Endesa en As Pontes y en
la zona, no sólo en personal propio, en equipamiento propio, sino también
prácticamente en el cien por cien de auxiliares, de más de 10.000
millones de pesetas al año, riqueza que se genera en esa zona, y que
quedaría al margen.
Pero nosotros queremos ver si se puede aquí, con la mera aprobación de
una declaración de intenciones, asegurar que la central de ciclo
combinado va a ser competitiva, porque no hay que olvidar que la Ley del
sector eléctrico obliga a que la electricidad sea competitiva en precio,
y la actual normativa de 13 de enero de 1998 de este Gobierno lo impide
y, en materia de gas, hace que sea más caro cuanto más alejado está. El
factor transporte y el factor distancia en relación al gaseoducto del
Magreb es importante en el precio final del gas, sobre todo para las
zonas del norte, como estima el análisis que ha hecho el Consejo
Económico y Social del proyecto de ley de hidrocarburos, que está hoy en
el Senado.
El Consejo Económico y Social dice: Esta estructura redunda en el
encarecimiento de los suministros al norte y noroeste español e incide,
por tanto, sobre las oportunidades de implantación industrial y sobre la
actividad económica en estas zonas. Por tanto, estamos hablando de un
nuevo potencial, claro y diáfano desequilibrio territorial.
No sólo estoy preocupado por lo que supone la planta de gas en esa zona
para Endesa, sino también para las demás empresas que se dedican a otras
actividades y que demandan el gas, como estamos viendo todos los días,
para sus procesos industriales, y que, lógicamente, a la hora de mirar la
cuenta de resultados, irán a aquellas zonas donde el gas sea más barato.
Necesitamos, y así lo hemos empezado a hacer, regasificar Ferrol; lo
iniciamos y expropiamos también para asegurarnos el suministro, pero por
gaseoducto somos en este momento discriminados territorialmente. Somos
conscientes de que el gas más barato es el canalizado y, aparte de esas
visitas histriónicas de miembros del partido que apoya al Gobierno, por
ejemplo, a Libia, creemos que lo importante es comprometerse con la
planta de gas y con la gasificadora, pero también que se nos asegure un
precio competitivo con otras zonas.
Por lo tanto, lo que los socialistas intentamos con esta enmienda es que
se reconozca por el Congreso la necesidad de que el gas sea suministrado
a cualquier parte del territorio nacional en las mismas condiciones de
precio. El gas debe costar igual en todo el territorio español. El PP ha
impuesto leyes que discriminan al territorio. Esos territorios --en
concreto del que estamos hablando-- van a ser un medio hostil para
localizar y atraer futuros emprendedores y nuevas empresas.
La solución para As Pontes, para Meirama, etcétera, es cambiar la Ley
eléctrica y la Ley de hidrocarburos, si no, no iríamos a la raíz del
problema. En definitiva, es cambiar la política de este Gobierno.
Por eso, creemos que se debería aceptar nuestra enmienda, que va a la
raíz del problema, y que propone lo siguiente: energía en condiciones
similares a las del resto del territorio español.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Borreiros, le
ruego concluya.
El señor BORREIROS FERNANDEZ: Estamos de acuerdo con el punto 5 porque
creemos que se deben equiparar los acuerdos en otras zonas CECA; es
carbón, nos da igual que esté dentro de CECA o no, y nos interesa sobre
todo el rejuvenecimiento en el empleo.
Con respecto al punto 6, queremos cambiarlo y para ello presentamos una
enmienda, a ver si es posible que se acepte, porque el Plan 1998-2005 de
la minería del carbón lo han suscrito las dos centrales mayoritarias, la
sección minera de UGT y Comisiones. No se trata de repartir fondos que ya
están repartidos, sino que lo más importante es que el Partido Popular en
Galicia y aquí, en Madrid, cumpla sus promesas; promesas de
industrialización desde el año 1992 al 1996, un plan firmado por el señor
Fraga y los sindicatos, con 500 nuevos empleos, y no hay ninguno; los
fondos estructurales han bajado en estos dos últimos años en la zona y no
se ha hecho ninguna infraestructura desde el año 1991. Esta es la
realidad; no se trata de repartir cuestiones que han sido repartidas por
representantes de los trabajadores, se trata de que las promesas que se
han hecho desde Galicia y desde aquí, por el señor
ministro de Industria y el señor ministro de Fomento, se lleven a la
práctica.
Con respecto al punto 3 estimamos, después de la exposición hecha por el
proponente y el carácter territorial más amplio y en aras a buscar una
unanimidad necesaria para esta zona y para las zonas en declive en este
momento con relación al carbón, vamos a retirar la enmienda número 3 en
el caso de que sean aceptadas nuestras otras enmiendas.
Para terminar, señor presidente, abusando de su generosidad, quería decir
que no se puede cuantificar el beneficio y la ayuda que ha dado Galicia
en términos minero-energéticos al resto de España desde la crisis
petrolera de los años setenta. No se puede hablar ni de un 30, ni de un
20 por ciento.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Borreiros.
El señor BORREIROS FERNANDEZ: Lo único que queremos es que se considere,
en primer lugar...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Borreiros.
El señor BORREIROS FERNANDEZ: ...impagable la energía aportada por los
gallegos a la crisis energética española y, en segundo lugar, que el
partido...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Borreiros, le
ruego concluya.
El señor BORREIROS FERNANDEZ: Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Para la
presentación y defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Muchas gracias señor presidente.
Con brevedad, puesto que tuvimos oportunidad de debatir la semana pasada
con el propio señor ministro sobre este tema, quiero decir que nuestro
grupo comparte el espíritu que contienen las propuestas de moción del
Bloque Nacionalista Galego, sobre todo porque comparte, en primer lugar,
la visión sobre la necesidad de mantener una presencia pública
significativa en el grupo Endesa, empresa que, como es conocido, ha
tenido una aportación importante a la caja del Estado con los recursos
que iba aportando anualmente y que desgraciadamente está ya en la recta
final para su privatización definitiva; empresa que venía participando en
programas importantes de investigación al sector energético y que en este
momento parece que, una vez más, está abocada a afrontar una
reestructuración con una pérdida de empleo importante que, como siempre,
probablemente sea pactada, pacífica, etcétera, pero lo cierto es que
vamos a tener, de nuevo, una empresa con una pérdida aproximadamente del
orden de los 7.000 u 8.000 empleos en pocos años.
Quiero hacer también unos matices a la propuesta que hace el Bloque
Nacionalista Galego, por ejemplo, al tema de la central de ciclo
combinado, no porque no estemos de acuerdo, porque nos parece bien como
propuesta, sino porque queremos llamar la atención para que nadie se
llame a engaño, porque las centrales de ciclo combinado crean muy poquito
empleo. Por ejemplo, la central de Castejón, con 400 megavatios, creará
aproximadamente 25 empleos; la central de Allariz, que conoce muy bien el
Bloquee Nacionalista Galego, con una potencia lógicamente más pequeña, de
5 megavatios, genera casi el mismo nivel de empleos. Por tanto, nosotros
somos partidarios de todas aquellas medidas que tengan una visión amplia
de la comarca, ya que esta comarca está muy castigada en este momento por
distintos factores, y hay que apostar por todas aquellas medidas de
reindustrialización y de impulso que puedan generar soluciones de futuro
en todo el entorno, no solamente actuando directamente sobre la propia
Endesa, sino con actuaciones como la famosa línea ferroviaria, que está
estudiada pero sobre la que todavía no ha habido acuerdo posible entre
Renfe, la propia Endesa y la Xunta de Galicia para intentar que ese ramal
ferroviario, que creemos que es viable entre Ferrol y As Pontes, se
construya, y podría ser suficiente con el compromiso de Endesa en un
tiempo prudencial para que fuese al menos rentable en términos de
supervivencia económica.
En cuanto al tema de los empleos en la minería, creo que es lícito
reivindicar el mismo tratamiento que al resto de la minería del carbón.
También es cierto que Minas de Lignito desgraciadamente está en su fase
terminal, y que al final de todo el proceso habrá que ir a la
recolocación de nuevo, en todo caso, en otras actividades dentro de la
propia empresa, porque el propio yacimiento está dando las últimas
bocanadas, lo que queda es un carbón de muy baja calidad y, por tanto, de
difícil aprovechamiento dentro de muy poco tiempo.
En resumen, apoyaremos la moción con estos matices, insistiendo en que
hay que ir más allá de la actuación sobre la propia Endesa; hay que
actuar en la comarca para evitar la paulatina pérdida de empleos que se
está produciendo en un territorio ya muy golpeado como es el de la Mariña
de Lugo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Santiso.
¿Grupos que no han presentado enmiendas y que desean fijar su posición?
(Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Peón.
El señor PEON TORRE: Gracias, señor presidente.
Señorías, nos ha sorprendido la intervención de algunos de los grupos de
esta Cámara, principalmente el que tuvo responsabilidades de Gobierno en
la etapa anterior, porque hemos apreciado un discurso diferente. Hemos
debatido ya sobre privatizaciones en este hemiciclo en muchas ocasiones y
había un discurso de tipo ideológico que niega la bondad de la
privatización como tal, que apuesta por la intervención pública en el
sector empresarial, y que identificábamos en los grupos del Bloque
Nacionalista Galego, Izquierda Unida y Nueva Izquierda. Hoy, el Grupo
Socialista se suma a esas tesis. Nos parece legítimo, pero creemos que,
haciendo balance de lo que se hacía hasta ahora por los Gobiernos
anteriores, no resulta excesivamente coherente.
Señorías, las privatizaciones no las ha inventado este Gobierno, sino que
ya vienen de muy lejos, en concreto, y por remitirme sólo al año 1988, la
misma Endesa sufrió procesos de privatización por parte del Gobierno
socialista anterior en un porcentaje del 20,4 por ciento en el año 1988;
la empresa Ence el 39 por ciento; Repsol en 1989; Repsol en 1992; Repsol
en 1993; Argentaria en 1993; Argentaria de nuevo en 1993; Endesa de nuevo
en 1994, etcétera.
Aquí de lo que se trata es de saber, señorías, si esta culminación de un
proceso de privatización de una empresa tan importante como Endesa tiene
una lógica, se produce en un marco coherente y persigue unos objetivos de
defensa de los intereses generales, y la contestación a estos
interrogantes tiene que ser sí, en primer lugar, porque se produce en el
marco del llamado programa de modernización del sector público
empresarial aprobado por el Gobierno en junio del año 1996 y que ha
resultado, como parece que resulta poco discutible por aquellos que sí se
fían de los datos que dan todos los analistas, muy positivo para el
conjunto de la economía española; programa de modernización del sector
público empresarial que ha conducido a un aumento de la eficiencia y de
la competitividad global de la economía.
La experiencia del debate sobre cuál debe ser la titularidad de la
empresa, si es mejor que sea pública o privada, teniendo en cuenta la
ecuación empleo y bondad para la economía, ya está resuelta, señorías.
Alguien todavía sigue pretendiendo mantener en esta Cámara que
privatización es igual a cierre de empresas, es igual a pérdida de
empleo, y no es así. Los datos hablan por sí solos, señorías. Fíjense, en
el período de 1988 a 1996 se produjo una inversión de fondos públicos en
el sector público empresarial (porque, señorías, no sólo Endesa ha dado
fondos al conjunto del sector público, también el sector público ha dado
fondos a las empresas públicas) de más de dos billones --con be de
barbaridad-- de pesetas, sin contar costes de Seguridad Social y sin
contar costes financieros.
¿Qué ha supuesto eso para el empleo en el sector público, señorías? Ha
supuesto que ha pasado de 70.000 empleos a menos de 42.000. Luego ¿dónde
está esa ecuación en la cual titularidad pública es igual a empleo
garantizado? Todo lo contrario; lo que ha demostrado es que la gestión no
era la más eficiente y que se estaba deteriorando el entramado
empresarial hasta el punto de que se estaban produciendo pérdidas de
empleo muy importantes y cierres de empresas públicas, señorías, porque
no era posible sostenerlas, y mucho menos lo era cuando el propio
contexto de la Unión Europea nos impide seguir trasladando fondos
públicos a empresas. No hay que olvidar, señorías, que estamos en un
mercado global, competitivo, en la Unión Europea, y que cualquier ayuda
pública a una empresa es vista por la Unión Europea, lógicamente, como
ayuda desleal. Todas las empresas de todos los países tienen que competir
en igualdad de condiciones, y la Comisión Europea vela de forma muy
celosa porque ningún Estado miembro pueda ayudar a sus empresas
nacionales con fondos, porque supondría competencia desleal para otras
empresas de otros países. Eso no puede seguir haciéndose y ustedes lo
saben, señorías. Los que mantienen el discurso por el cual hay que seguir
dotando de fondos a las empresas públicas saben que eso no va a ser
posible con el nuevo marco en que nos estamos moviendo.
Por tanto, señorías, el proceso de privatizaciones no es un proceso
arbitrario ni caprichoso del Gobierno, tiene un sentido coherente y tiene
una lógica que pretende mejorar la eficiencia global de la economía y
garantizar la viabilidad empresarial de las empresas sometidas a ese
proceso y, por tanto, de los niveles de empleo que están soportando.
Señorías, se habla también del control del carácter estratégico de una
empresa como Endesa, y es cierto, pero, ¿por qué tiene que identificarse
control público con mantenimiento de acciones en esa empresa? ¡Pero si ya
existen experiencias, que se contemplan en una ley aprobada por el
Gobierno anterior el año 1995, que es el famoso mecanismo de la golden
share, la acción de oro, que exige una autorización administrativa previa
para determinadas operaciones que afecten a la empresa! Esa es la manera
de controlar que están salvaguardados los intereses generales, y eso es
lo que ha hecho, señorías, este Gobierno, porque, en aplicación de la ley
de 23 de marzo de 1995, y por acuerdo del 6 de marzo de 1998, el Consejo
de Ministros, antes de dar lugar al proceso de oferta de venta de
acciones, el 14 de mayo, concretamente, aprobó este mecanismo para
controlar que aquellas acciones estratégicas del grupo tuvieran ese
control del Gobierno para salvaguardar los intereses generales. Luego,
señorías, ese control por supuesto que va a existir con arreglo al
principio de intervención mínima y con arreglo a la propia legislación
aprobada ya en legislaturas anteriores.
Voy terminando, señorías. Se habla del destino de los fondos. El destino
de los fondos está tasado legalmente y, además, existe la garantía de que
no puede utilizarse de forma arbitraria por el Gobierno, primero, por lo
que se contempla en los presupuestos generales y, segundo, porque la
propia normativa reguladora de la Sepi ya establece que esos fondos se
van a destinar, en primer lugar, a dotarla con los fondos para realizar
su propia función; en segundo lugar, para amortizar la deuda histórica
industrial de nuestro país, del INI; y, en tercer lugar, para ayudar a
los procesos de reestructuración de otras empresas, públicas aún, que
continúan dependiendo de la Sepi. Por tanto, esos fondos están orientados
a garantizar que el entramado público empresarial va a tener viabilidad
de futuro y va a permitir mantener los niveles de empleo que hay en este
momento, como diferencia fundamental con respecto a lo que ocurría
anteriormente.
Termino ya, señorías, con una breve y esquemática referencia a Galicia,
ya que ha salido en el debate, negando lo que parece que se dan aquí como
verdades a medias. Se decía que Galicia ha sufrido una discriminación
permanente por parte del Partido Popular. Es sorprendente, porque desde
el año 1989 el Partido Popular viene ganando con mayoría absoluta en esa
comunidad autónoma, luego muy tontos deben entender algunas de SS. SS.
que son los gallegos si sufren tal discriminación y siguen apoyando con
mayoría absoluta al Partido Popular. Nosotros creemos que es lo
contrario, que son lo suficientemente listos e inteligentes como para
comprobar lo que son los hechos y los discursos políticos demagógicos.
Finalizo recordando que en Galicia existe un plan alternativo de Endesa,
concretamente un plan de actuaciones de energía eólica que va a suponer
más de 70.000 millones de pesetas de inversión; existe también un plan de
regasificación por la famosa ruta del Río de la Plata, hasta Galicia,
tratando de solventar el problema del retraso en la planta de
regasificación de Ferrol, que saben SS. SS. que no se ha debido a la
voluntad de este Gobierno, ni al de Galicia, sino que...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Peón, le
ruego concluya.
El señor PEON TORRE: Termino, señor presidente.
... ha sido una empresa italiana la que ha retrasado los proyectos de la
puesta en marcha de la planta.
Una última referencia, de forma muy breve, señor presidente, respecto a
lo que se decía que eran grupos de interés. Es en esta oferta pública de
venta de acciones donde se da más importancia al tramo minorista. Endesa
va a tener más accionistas que Telefónica, una histórica del capitalismo
popular, más de dos millones de accionistas; un 75 por ciento del tramo
que se dedica al mercado nacional se va a dedicar a los particulares, al
tramo minorista. Luego es absolutamente imposible hablar de grupos de
intereses cuando estamos hablando de más de dos millones de accionistas y
de un tramo dedicado a ese sector de más del 75 por ciento, que es lo que
se pone a la venta.
Unicamente quiero recordar, y termino ya, señor presidente...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Peón, le
ruego concluya de forma inmediata.
El señor PEON TORRE: Termino ya, señor presidente.
En cuanto a la transparencia de este tipo de procesos, únicamente quiero
recordar que el presidente de Endesa no es que tenga vetada su presencia
en esta Cámara, es que el día 18 de marzo de este año compareció ante la
Comisión de Economía de esta Cámara para explicar precisamente todo el
proceso de venta pública de acciones y que allí mismo demostró que un
dato muy simbólico de lo que se está haciendo ahora es que las comisiones
por este tipo de procedimientos ahora son la mitad de las que se cobraban
en la legislatura anterior.
Nada más y muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Peón.
En nombre del grupo parlamentario proponente, el Grupo Mixto, el señor
Rodríguez debe expresar la aceptación o no de las enmiendas presentadas a
su iniciativa.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor presidente.
Vamos a aceptar las enmiendas de sustitución a nuestros puntos 4 y 6
presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, en la medida en que no
alteran la intención de nuestra moción, aunque la dulcifiquen desde el
punto de vista formal o incluso la hagan algo más abstracta. Celebramos
que retiren su enmienda de sustitución a nuestro punto 3, que quedaría
como está en nuestra moción. La enmienda del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida la consideramos como una adicional a nuestro punto 4, es
decir, a la enmienda de sustitución del Grupo Parlamentario Socialista, e
iría a continuación de ese punto donde dice: «apoye, con los diversos
instrumentos de actuación pública disponibles, el desarrollo de
iniciativas y proyectos de inversión en las tecnologías de ciclo
combinado y en las infraestructuras gasísticas en Galicia para conseguir
un suministro diversificado y eficaz de energía en condiciones similares
al resto del territorio español». Y a continuación vendría la enmienda
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida: «así como la puesta en marcha
de programas de ahorro y eficiencia energética
y la introducción de energía eólica y otras fuentes de energía renovable
como la biomasa».
La enmienda presentada por el Grupo de Nueva Izquierda-Iniciativa per
Catalunya no la podemos aceptar porque prácticamente está hecha efectiva
por el Gobierno. La autorización administrativa para movimientos de
capital creo recordar que fue aprobada en el penúltimo Consejo de
Ministros celebrado este mes.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rodríguez.
Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Mixto, procedente de
interpelación urgente, para informar sobre el proceso y consecuencias de
la privatización de Endesa para la economía y el equilibrio territorial
del Estado español.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a
favor, 145; en contra, 160.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción del Grupo Mixto.
-- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO SOBRE SALUD PUBLICA. (Número de
expediente 173/000085)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Socialista sobre salud pública.
(Rumores.) Silencio, por favor. Gracias.
Para su presentación, tiene la palabra, en nombre del grupo proponente,
doña María Luisa Bartolomé.
La señora BARTOLOME NUÑEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, ya hemos tenido ocasión el pasado miércoles
de exponer, a la hora de justificar nuestra interpelación sobre salud
pública, las motivaciones que nos han llevado a presentarla y no me voy a
extender en ello, pero es precisamente el último caso, el relacionado con
el contagio masivo de hepatitis C en dos centros hospitalarios de
Valencia, el que ha encendido la luz de alarma en relación con el nivel
de cumplimiento de las normas vigentes en cuanto a los servicios de
vigilancia epidemiológica.
El ministro de Sanidad y Consumo no aportó nada nuevo en su intervención
... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías, por favor.
La señora BARTOLOME NUÑEZ: ... el pasado miércoles. No asumió ningún tipo
de responsabilidad, simplemente se dedicó a afirmar que nada había
fallado. Pero esta afirmación pierde peso cuando hacemos un repaso y
observamos en este caso concreto cómo han pasado varios meses desde que
empiezan los primeros casos sin que las autoridades sanitarias hayan
puesto en marcha ningún tipo de medida ni para atajar el problema de
inmediato ni para dar la máxima información y atención a los pacientes
infectados o posiblemente infectados.
El estudio de un posible brote epidémico supone la búsqueda activa de
todos los posibles casos y su estudio detallado para tratar de establecer
las posibles fuentes de infección o de exposición a riesgo y, por
supuesto, la toma inmediata de todas las medidas preventivas, protectoras
o de cualquier otro tipo para solucionar el problema de salud
correspondiente, evitar la aparición de nuevos casos entre la población y
erradicar la causa. Pero esta tarea no se ha llevado con la celeridad
suficiente ni con la eficacia necesaria. La actuación prioritaria debería
haber sido devolver la seguridad a los ciudadanos que han perdido su
confianza en el sistema sanitario, tanto público como privado. Ello se
consigue, primero, asumiendo los fallos y, después, transmitiendo
información rápida, veraz y documentalmente creíble. Creemos que se ha
estado más pendiente de buscar culpables que de informar a los ciudadanos
y de prestar la asistencia necesaria.
A esta falta de información y de asumir la responsabilidad que les
corresponde ha contribuido de manera especial el señor ministro de
Sanidad que, lejos de tratar con la seriedad y respeto que merece un
problema tan importante como éste del contagio masivo de hepatitis C,
probablemente el problema de salud pública más grave de los últimos
tiempos en la Comunidad Valenciana, sobre todo por las graves
consecuencias para la salud de los individuos, por tratarse de una
enfermedad casi incurable y que les va a condicionar su vida, en vez de
afrontar el problema con seriedad --como decía-- se dedicó a hablarnos de
los medicamentos milagrosos. Esto no es serio. De ahí la protesta que el
Grupo Parlamentario Socialista quería hacer constar al finalizar el
debate de la interpelación, pero que aprovecho ahora que estoy en el uso
de la palabra para poner de manifiesto. No es realmente lo que
esperábamos de la máxima autoridad en salud pública. Por eso presentamos
la moción consecuencia de la interpelación debatida en la que incluimos
tres puntos que consideramos imprescindibles. Un primer punto en el que
instamos al Gobierno a que se constituya una comisión de expertos que, en
el plazo de seis meses, presente un libro blanco sobre el estado de la
salud pública en España y sobre el funcionamiento de las administraciones
públicas sanitarias en el ejercicio de sus respectivas competencias en
este ámbito.
En este período corto de tiempo hemos tenido varios episodios
relacionados con la salud pública, meningitis, legionella y contagio
masivo de hepatitis C, que han creado alarma social por la forma en que
las autoridades sanitarias los han abordado. Sería necesario, por tanto,
bajo nuestro punto de vista, que en el plazo de seis meses un grupo de
expertos puedan presentarnos un análisis del estado de la salud pública
en nuestro país. Esto nos serviría para analizar los posibles fallos y
poder así aplicar las medidas correctoras que se precisen. Un segundo
punto está referido a que se dé estricto cumplimiento por parte del
Ministerio de Sanidad y Consumo a lo previsto en el artículo 6.1 y 6.4
del Real Decreto 2210, de 28 de diciembre de 1995. El ministro de
Sanidad, el miércoles pasado, reconoció que no había procedido a la
difusión de la información disponible a todas las comunidades autónomas a
fin de evitar situaciones como las de Valencia porque, según sus
afirmaciones, no era un tema de carácter supracomunitario. Nosotros, por
el contrario, pensamos que esta información ha de transmitirse, de ahí
nuestra solicitud de que se dé estricto cumplimiento a los puntos
referidos en el real decreto.
Al Grupo Parlamentario Socialista le ha quedado claro en todo este
proceso que los sistemas de información han fallado. Cuando los sistemas
que un político pone en marcha y de los que es responsable directo
fallan, ese político es responsable del fallo. Por tanto, no cabe mirar a
otro lado. Es el momento de asumir responsabilidades políticas y
sanitarias con todas las consecuencias. De ahí que incorporemos a nuestra
moción un tercer punto solicitando que se asuman las responsabilidades
políticas por el incumplimiento de lo previsto en el artículo 12 del
antedicho real decreto, en el cual se recoge la obligación que tienen las
comunidades autónomas de comunicar de inmediato la información
epidemiológica que obra en su poder.
Señorías, esperamos contar con el voto favorable a esta moción que
presentamos con el ánimo de mejorar el estado de la salud pública en
nuestro país. Son problemas que afectan muy directamente a los ciudadanos
y todos nosotros estamos en la obligación de aportar soluciones.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.--Varios señores diputados:
¡Muy bien!)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Bartolomé.
Se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Mixto. Para su
defensa, tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Tal como se indicaba por la representante del Grupo Socialista, los
hechos que han ocurrido, fundamentalmente en el ámbito de la Comunidad
Valenciana pero que también han tenido extensión individualizada en
algunos otros ámbitos territoriales, han sido de la máxima gravedad.
Nadie puede explicarse cómo se ha podido producir un fenómeno de esta
trascendencia y de esta gravedad sin que los servicios epidemiológicos de
la Comunidad Valenciana hayan sido capaces de detectar esa situación.
Cualquier persona que piense sobre los hechos producidos puede llegar a
la conclusión de que la hipotética repetición de supuestos similares
tiene interés no sólo referido al ámbito territorial de la Comunidad
Valenciana, sino que pueden tener incidencia en el conjunto del Estado.
Desde ese punto de vista nos pareció muy importante y muy interesante que
por parte del Grupo Socialista se planteara un debate en el Congreso de
los Diputados sobre unos hechos que si bien inicialmente habían afectado
y siguen afectando principalmente al ámbito de la Comunidad Valenciana,
por su preocupación lógicamente deben tener también debate en esa Cámara.
Por parte de nuestro grupo, Nova Esquerra, se ha presentado una enmienda
a la moción del Grupo Socialista, con el objetivo fundamental de
adicionar un cuarto punto pretendiendo que al objeto de dar cumplimiento
a los puntos que se contienen en la moción del Grupo Socialista se
promueva la convocatoria urgente del Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud --debe entenderse redactado en estos términos--. y que
simultáneamente y por parte del Ministerio se intensifiquen los contactos
con las autoridades sanitarias valencianas. Esta última precisión,
señorías, responde a que si uno de los puntos de la moción del Grupo
Socialista que nosotros apoyamos hace referencia a que se asuman las
responsabilidades políticas, no cabe duda que estas responsabilidades
políticas tienen un ámbito principal de exigencia en el de las
autoridades sanitarias valencianas, y por tanto es a ellas a quien debe
entenderse especial y principalmente referida esta exigencia de
responsabilidades políticas que por parte de nuestro grupo, Nova
Esquerra, se ha planteado en las Cortes autonómicas, pero que
manifestamos aquí también con toda rotundidad son exigibles allí y
también sin lugar a dudas y en la medida la que se hayan producido
incumplimientos de la normativa estatal, en el ámbito de las autoridades
sanitarias estatales.
Por ello, señorías, vamos a apoyar la moción del Grupo Socialista y
pedimos que sea admitida la enmienda de Nova Esquerra.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Peralta.
¿Grupos que desean fijar su posición sobre la moción y la enmienda?
(Pausa.)
El señor Gómez Rodríguez, por el Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria, tiene la palabra.
El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo con brevedad para fijar la posición de nuestro grupo
en relación a esta moción, presentada por el Grupo Socialista, sobre el
contagio masivo por hepatitis en la Comunidad Valenciana, que como es
sabido ha afectado exclusivamente en dicha comunidad a unas 346 personas
y ha sido originada, al parecer, por las inexplicables actuaciones de un
jefe de servicio de anestesia de un hospital de la capital del Turia.
Según el artículo 40 de la Ley general Sanitaria, se trata de un tema
tanto de competencia autonómica como del Ministerio de Sanidad y Consumo.
Toda la legislación epidemiológica se desarrolla en el Real Decreto
2.210/1995, de 28 de diciembre, y por los decretos autonómicos
espectivos. Por cierto, que la Comunidad Valenciana tiene ya el suyo
desde enero de 1997.
Los mecanismos de la red de vigilancia epidemiológica creados por el
citado real decreto funcionan bien, señorías. Hay que reconocer que
funcionan cada vez mejor y también tenemos que reconocer que cuando han
surgido chirridos en el funcionamiento de esa maquinaria, rápidamente se
han adoptado medidas como las que se han producido en la Comunidad
Valenciana: expediente disciplinario, que es lo que correspondía, y al
mismo tiempo también llegar hasta la justicia porque se ha reconocido el
incumplimiento del artículo 12 del citado real decreto sobre los deberes
de notificación.
Tenemos que hacer constar que no concurren circunstancias para la
adopción de medidas supracomunitarias, por cuanto --como se ha dicho--
afecta exclusivamente a la Comunidad Valenciana. Todos estamos de acuerdo
en que no hay motivos para sembrar la alarma social, pero se siembra.
Todos estaremos también de acuerdo en que no se puede establecer una
relación de causa a efecto o concomitante entre la posible actuación
anómala, extraña de un médico o de su asistente y la responsabilidad
política de las autoridades, ya sean de la Comunidad Valenciana o del
Ministerio.
Como el Sistema Nacional de Salud --nos guste o no nos guste--, tanto en
el Insalud como en las comunidades transferidas viene progresando tanto
en prestaciones como en infraestructuras, y concretamente en materia
epidemiológica, nuestro grupo, vigilando también las competencias que
corresponden a las comunidades autónomas, votará en contra de esta moción
y de su enmienda.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez Rodríguez.
Por el Grupo Nacionalista Vasco, el señor Caballero tiene la palabra.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Socialista nos
presenta una moción consecuencia de la interpelación urgente sobre salud
pública con un contenido de tres puntos. Desde la motivación de esta
moción se plantea una situación de casi auténtica alarma social en el
campo de la salud pública, alarma que trata de basarse ante determinados
problemas sanitarios que se han producido en España en los últimos
tiempos y a los que se alude en la motivación de la moción que presenta
el Grupo Socialista.
Desde nuestro grupo, y sin minusvalorar los problemas surgidos, nos
parece excesivo el clima de alarma social que se dibuja. El hecho de que
la vigilancia epidemiológica no haya funcionado en determinados casos no
debe llevarnos a plantear una situación irreal de fuerte deterioro de la
salud pública y de no funcionamiento de la red epidemiológica. En segundo
lugar, del contenido de la moción cabe interpretar una invasión de
competencias que corresponden a las comunidades autónomas con
competencias en materia sanitaria, aspecto con el que evidentemente no
podemos estar de acuerdo.
Por otro lado, veríamos con buenos ojos la constitución de una comisión
de expertos para que en un plazo razonable elaborase un amplio informe
--no un libro blanco-- sobre la situación de la salud pública en el
Estado español, aspecto al que alude el primer punto de la moción.
Resumiendo, por todo lo dicho, desde el Grupo Vasco (EAJ-PNV) no vamos a
apoyar dicha moción.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra la señora Solsona.
La señora SOLSONA I PIÑOL: Gracias, señor presidente.
Nos encontramos, señorías, ante un tema sumamente preocupante y
doblemente delicado. Delicado porque un tema de salud pública siempre
produce preocupación entre la población y más si se trata de enfermedades
infecciosas como la hepatitis C, enfermedad de declaración nominal
obligatoria, y delicado también por lo que representa intervenir en temas
de competencias transferidas a comunidades autónomas.
Los casos de hepatitis C detectados en la Casa de Salud, de Valencia, y
en el hospital La Fe, de la misma ciudad, han provocado --como es
natural-- alarma social por el peligro que representa un posible contagio
masivo de esta enfermedad. No queremos entrar aquí a valorar las
actuaciones de la Conselleria de Sanidad de la Comunidad Valenciana, pero
es a quien deberían pedirse responsabilidades en todo caso, y la que debe
ejercer la vigilancia epidemiológica necesaria, exigir las declaraciones
de la enfermedad, abrir los correspondientes
expedientes disciplinarios y establecer estrategias de choque con
urgencia y efectividad.
Señorías, el Real Decreto del año 1995 establecía la red de vigilancia
epidemiológica para todo el Estado español. Por su parte, las comunidades
autónomas han ido desarrollando sus actividades y la Comunidad
Valenciana, en el Decreto 16/1997, de 28 de enero, ha establecido su
propia red. El sistema se va ampliando a todas las comunidades autónomas
que dentro de sus competencias pueden ampliar el listado de las
enfermedades de declaración nominal obligatoria según sus características
y necesidades. Por otro lado, en la Comisión de Salud Pública del Consejo
Interterritorial se trabaja de acuerdo entre todas las comunidades y el
Insalud.
Por todo ello, señorías, nuestro grupo quiere expresar su profunda
preocupación por el tema y su solidaridad con los afectados, pero no
puede votar a favor de la moción presentada por el Grupo Socialista ya
que, primero, la creación de una comisión de expertos para que informe
sobre el funcionamiento de las administraciones públicas sanitarias
entraría en conflicto con las competencias de las comunidades autónomas.
Segundo, exigir el cumplimiento de las normas básicas de vigilancia
epidemiológica, difundir información y formular reclamaciones oportunas
corresponde en este caso a la Comunidad Valenciana, que es por otro lado
la única en que se ha detectado la enfermedad. Tercero, las
responsabilidades políticas, por las mismas razones expuestas
anteriormente, deberá asumirlas también la Comunidad Valenciana.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Solsona.
Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida en relación con la moción planteada por el Grupo Socialista, que va
a consistir en un voto positivo a la misma, tanto por los contenidos que
en ella se expresan como por el resultado absolutamente insatisfactorio
obtenido en esta Cámara en el momento de la interpelación, en el cual
asistimos a una actitud que sólo cabe calificar como de irresponsable por
parte de la máxima autoridad sanitaria de nuestro país.
No obstante, quiero señalar en mi intervención que el proceso seguido en
nuestro país desde la aprobación de la Ley general de Sanidad, sobre todo
en lo referente a la forma y al contenido de las transferencias en
materia de salud pública, hace que una de las preocupaciones que se
establecían en el preámbulo de la Ley general de Sanidad, la preocupación
de que el sistema sanitario público en nuestro país pudiese derivar en 17
sistemas diferentes insuficientemente coordinados, es una realidad, por
desgracia, en lo que se refiere a materia de salud pública.
Señorías, de una manera poco seria en mi opinión, por parte de los
gobiernos correspondientes hubo un apresuramiento en las transferencias a
las comunidades autónomas de materias que tenían pocos problemas
económicos y financieros, como eran las responsabilidades en salud
pública, y por tanto se asistió a un proceso insuficientemente
coordinado, que no hace más que desarrollarse en estos momentos.
Creo que con el proceso de contagio masivo de la hepatitis C en Valencia,
o lo que se ha puesto de manifiesto con motivo de brotes epidémicos de
distintas enfermedades en otros territorios del Estado, ha sido una falta
de coordinación muy seria en materia de vigilancia epidemiológica y una
devaluación progresiva de la preocupación de algunas administraciones
sanitarias en esa materia. La vigilancia epidemiológica no supone sólo
las enfermedades de declaración obligatoria sino que constituye un
sistema de control permanente, de ida y vuelta de la información, que
permite que las autoridades sanitarias puedan intervenir ágilmente cuando
se detecten procesos fuera de lo esperado.
Evidentemente, en lo que respecta a las autoridades sanitarias del país
valenciano, no solamente no ha habido diligencia --creo que eso es
manifiesto--, sino que ha habido negligencia; la actuación ágil habría
sido imprescindible y no se ha producido en esta comunidad autónoma, como
ha ocurrido en otras, como en la Comunidad Autónoma catalana, en la que,
cuando un brote se detecta, se interviene ágil y rápidamente.
Más allá del proceso de transferencias sanitarias a las diferentes
comunidades autónomas en materia de salud pública, quedan
responsabilidades ineludibles e intransferibles al Estado en el sistema
de vigilancia epidemiológica y en la coordinación de las medidas
oportunas de intervención.
Por otro lado, la miopía política caracterizó la actuación del ministro
de Sanidad aquí la otra tarde, atribuyendo exclusivamente
responsabilidades individuales a la actuación negligente y presuntamente
delictiva de un médico, no tiene nada que ver con la necesidad de que
sucesos desagradables, peligrosos y probablemente irreversibles para
muchas personas, sean ocasión para que por parte de la Administración
sanitaria se aborden los temas con la seriedad que corresponde y se
impida que sucesos como éste puedan repetirse.
Los contenidos de la moción del Grupo Socialista son adecuados desde el
punto de vista del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y vamos a
votarlos a favor.
Quiero decirles, señorías, que ojalá no tengamos que lamentar sucesos
como los que se están produciendo aquí ante una actuación negligente y
descoordinada en
materia de salud pública en muchos territorios de este Estado, y no
tengamos que estar acusándonos mutuamente de actuaciones que provocan
alarma social intentando matar al mensajero en lugar de afrontar los
problemas tal y como vienen, adoptando las medidas oportunas.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Maestro.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Alcalde
Sánchez.
El señor ALCALDE SANCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, ante esta moción del Grupo Socialista, relativa al brote
epidémico de hepatitis C en la Comunidad Valenciana, en primer lugar
quiero mostrar la preocupación de mi grupo por el grave problema
sanitario y humano que ha tenido lugar en esta comunidad, así como
nuestra solidaridad con los afectados.
Sin que esto sirva para restar un ápice de la preocupación que acabo de
comentar, para tranquilizar a los valencianos en particular y a los
españoles en general y en contradicción con las dudas que se han sembrado
aquí, quiero mostrar también nuestra satisfacción porque el brote ya esté
controlado. Esta afirmación sobre el control del brote no la hago yo ni
mi grupo, señorías basándonos en criterios epidemio-partidistas
(Rumores.) como los que se utilizaron en la interpelación del pasado
miércoles, sino que la hace la Comisión científica asesora del brote de
hepatitis C en el acta de su reunión del pasado 12 de mayo. El brote
epidémico está presuntamente relacionado con la actividad profesional de
un médico anestesista, que se inició aproximadamente en 1995 y que
aparece limitado a los hospitales en que realizaba su actividad
profesional. El caso se encuentra en los tribunales que determinarán en
su momento las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.
Señorías, se han hecho aquí muchas afirmaciones y acusaciones que si bien
algunas pueden ser comprensibles desde un punto de vista político de
ejercicio de la oposición, me van a permitir que califique a otras de
ausencia del rigor más elemental, cuando no de irresponsables (Rumores.),
porque no se puede decir que ha fallado todo, señorías, hay que decir
concretamente qué ha fallado, cómo lo habrían resuelto ustedes, y qué
medidas se toman en los países de nuestro entorno que no se hayan tomado
aquí. (Rumores y protestas.--Aplausos.) Señorías, yo me pongo a temblar
cuando algunos dicen aquí que quieren contribuir a tranquilizar a la
población y a no crear más alarma social de la que ya existe en estos
momentos, y a continuación hilvanan este brote epidémico con el de
meningitis del año pasado o la legionella, intentando trasladar la falsa
imagen a la sociedad de que la sanidad pública española es un caos. No se
pueden sembrar dudas injustificadas sobre la existencia de más focos de
contagio, salvo que se busque lo contrario de lo que se presume evitar:
crear más alarma social con fines partidistas. (Rumores.--Aplausos.)
¿Cómo pueden venir aquí, señorías, y en un alarde de imaginación, repetir
exactamente las mismas palabras que su portavoz señor Moreno dijo en las
Cortes valencianas el 30 de abril: que no se puede estar a expensas de la
irregularidad o del incumplimiento de un facultativo, cuando se está
hablando de salud pública y que hasta para los fallos humanos tienen que
estar previstos sistemas de control? En este caso no estamos hablando de
un fallo o de un error humano, sino de una presunta conducta que atenta
contra las más elementales normas éticas y deontológicas que han de guiar
a cualquier persona, mucho más si se trata de un médico.
Han insistido SS. SS. en vincular el plan de choque contra las listas de
espera con la génesis del problema. Sería tanto como culpar a las
autopistas de que un piloto suicida circule en dirección contraria a la
marcha. (Rumores.--Aplausos.) Supongo que a nadie le molestará que haya
autopistas, como espero que tampoco molestará a nadie que se reduzcan
ostensiblemente las listas de espera.
¿Qué tiene que ver, señorías, la evaluación permanente de la calidad
asistencial a la que están sometidos nuestros profesionales y centros, y
que demuestra el excelente nivel de unos y otros, con lo que aquí ha
sucedido: la presunta actuación de un solo individuo, que no puede
manchar la profesionalidad y dedicación de todos los demás? (Un señor
diputado: ¡Tiempo!)
Buscar en todas las medidas que adoptan los distintos gobiernos del
Partido Popular afanes privatizadores, además de falso supone no entender
la necesidad de compatibilizar nuestro sistema sanitario público con una
gestión más eficaz y eficiente del mismo (Un señor diputado: ¡Hala!);
supone señorías aferrarse a un modelo sanitario burocratizado e ineficaz
del que huyen todos los países de nuestro entorno. (Un señor diputado:
¡Agua!)
Señorías, las funciones y competencias del Ministerio de Sanidad en
materia de vigilancia epidemiológica, sin perjuicio de las que
corresponden a las comunidades autónomas, son las que determina el
artículo 6º del Real Decreto 1.210/1995. Son las que son, no las que
algunos pretenden ahora que sean con la lectura interesada y parcial del
artículo 40.12 de la Ley general de Sanidad, al olvidar intencionadamente
la última frase del citado punto que a continuación de donde se quedó la
señora Bartolomé en su lectura, tras una coma, no tras un punto, dice lo
siguiente: en los procesos y situaciones que supongan un riesgo para la
salud de incidencia e interés nacional e internacional.
El brote, señorías, está circunscrito a dos centros sanitarios de la
Comunidad Valenciana, por lo que no
tiene carácter supracomunitario, o sea estatal. Por tanto, el Ministerio
ha de ser muy respetuoso con las competencias que asigna la Constitución
y los estatutos correspondientes de las autonomías. Concretamente la
Comunidad Valenciana, señorías, tiene transferidas todas las competencias
en materia sanitaria, por lo que el asunto es de su total competencia.
El Ministerio ha cumplido antes y después del brote con las suyas. Antes,
impulsando el desarrollo de la red nacional de vigilancia epidemiológica,
potenciando el trabajo que viene desarrollando la Comisión de Salud
Pública del Consejo Interterritorial con la ponencia de vigilancia
epidemiológica, en la que se trabaja con las comunidades autónomas en la
elaboración y desarrollo de los protocolos de vigilancia e intervención.
En concreto, señorías, el protocolo de la hepatitis C fue aprobado en
diciembre de 1996. Una vez conocido el brote, el Ministerio, además de
mantener una estrecha comunicación y coordinación con la consejería
valenciana, ha puesto a disposición de ésta y desde el primer momento, el
apoyo técnico de los servicios del Centro Nacional de Epidemiología del
Instituto Carlos III. En su momento, cuando se acabe exhaustivamente todo
el estudio epidemiológico, se informará debidamente a las comunidades
autónomas.
Mi grupo entiende que no ha existido fallo alguno en la red nacional de
vigilancia epidemiológica, pero es que tampoco se puede atribuir en
puridad que haya fallado la red valenciana. (Rumores.) Lo que ha fallado
realmente es el elemento clave, el elemento esencial para que el sistema
básico de vigilancia demuestre su eficacia, como ha venido demostrando
tradicionalmente, que es la declaración, la notificación obligatoria de
la enfermedad y la notificación de situaciones epidémicas o brotes ante
la sospecha de los mismos.
La propia comisión científica asesora, constituida a raíz de este brote e
integrada por científicos de reconocido prestigio en el campo de la salud
públicas, señorías, en su reunión del día 22 de abril, dice en el acta de
la misma que no podía haberse detectado el brote con anterioridad al no
haberse producido la comunicación del mismo por parte de aquellos que lo
sospechaban. Cuando esta notificación se produjo, la red ha actuado
correctamente, señorías. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!)
La declaración de brote o situación epidémica es obligatoria y urgente,
efectuándose ante la menor sospecha y por el medio más rápido posible,
afectando dicha obligatoriedad a todos los médicos en ejercicio de los
centros sanitarios, tanto públicos como privados, que detecten la
aparición del brote. El incumplimiento de todo esto constituye una
infracción administrativa, señorías, por la que está plenamente
justificada la apertura de expedientes que ha llevado a cabo la
consellería, impidiendo actuar a la red de vigilancia para aclarar estas
circunstancias.
Además, señorías, la hepatitis C no es una enfermedad como el sarampión,
la varicela o la meningitis que delatan su presencia por la aparatosidad
de sus síntomas, sino que es una enfermedad emergente, difícil de
detectar, pues cursa de manera sintomática entre el 80 y el 90 por ciento
de los casos, por lo que su presencia, cuando se detecta, es generalmente
a posteriori, cuando han pasado ya meses o años desde que se produjo el
contagio. (Rumores.) En nuestro país hay una prevalencia del 2 ó 3 por
ciento y alrededor del 40 por ciento de los portadores no saben la causa
del contagio, no existen apenas, señorías, las luces de alarma que
algunos de ustedes echaban de menos; dada la peculiaridad de la
enfermedad, la única luz de alarma eficaz es la declaración.
Señorías, el Grupo Popular va a votar en contra de esta moción que
estamos debatiendo porque además de demagógica nos parece inaceptable,
empezando por la motivación y siguiendo por todos sus puntos. Empezando
por el primero de ellos, porque el Ministerio ya tiene en fase avanzada,
y ustedes lo saben, la elaboración de un informe sobre el estado de salud
de los españoles, lo que hace superfluo su libro blanco. La comisión de
expertos que ustedes plantean se solaparían con la Comisión de Salud
Pública constituida en el seno del Consejo Interterritorial e integrada
por todas las comunidades autónomas. La valoración del funcionamiento de
las administraciones públicas sanitarias, además de no aparecer recogida
en el marco normativo vigente, constituye desde nuestro punto de vista
una injerencia en las competencias de las comunidades autónomas.
Siguiendo con el segundo punto, también hemos de rechazarlo, porque como
precisamente he comentado anteriormente lo que está haciendo el
Ministerio en materia de vigilancia epidemiológica es justamente cumplir
el artículo 6 del Real Decreto 2210, que determina sus competencias en la
materia.
Y para finalizar, nos oponemos también al tercer punto.
El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.
El señor ALCALDE SANCHEZ: Voy concluyendo, señor presidente.
Nos oponemos, puesto que en este caso lo que ha habido es un
incumplimiento en la obligación de declarar a las autoridades sanitarias
competentes y no un incumplimiento por parte de la comunidad autónoma del
artículo 2 del real decreto al informar a la Administración central.
Respecto a la enmienda presentada por el Grupo Mixto, tampoco podemos
apoyarla por ser de adición al texto socialista que rechazamos.
Entendemos, además, que no es procedente la convocatoria urgente del
Consejo Interterritorial por ser éste un problema intracomunitario y
estar ante un brote ya controlado, amén
de que el Ministerio ya está en continuo contacto con las autoridades
sanitarias valencianas.
En definitiva, señorías, y con esto ya acabo señor presidente, habremos
causado un flaco favor al sistema sanitario público del que todos debemos
estar orgullosos, si de este desgraciado suceso sacamos con afanes
partidistas conclusiones negativas del funcionamiento y eficacia del
Sistema Nacional de Salud, de la dedicación y calidad de sus
profesionales y servicios, así como de esa excelente herramienta que
tiene a su servicio, que es la red nacional de vigilancia epidemiológica.
Un caso aislado, y por qué no decirlo inconcebible por lo insólito, por
graves que hayan sido sus consecuencias, que lo han sido señorías, no
puede ser tomado como botón de muestra de una realidad completamente
distinta. Instigar, aunque sea indirectamente, la alarma social, acaba
por volverse como un boomerang contra aquel que lo ha lanzado.
Finalizo ya, señor presidente. A partir de estas premisas, señorías,
reflexionemos en profundidad sobre lo ocurrido, aprendamos de ello y
mejoremos aquello que sea susceptible de mejorar, pero hagámoslo desde la
racionalidad y desde la seriedad, nunca desde la demagogia y el
partidismo con el que ha planteado el Partido Socialista esta moción.
Muchas gracias. (Fuertes rumores y protestas.--Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alcalde.
Señora Bartolomé, tiene la palabra a efectos de rechazar o aceptar la
enmienda que le ha presentado el Grupo Mixto.
La señora BARTOLOME NUÑEZ: Señor presidente, efectivamente, vamos a
aceptar la enmienda que nos presenta el Grupo Mixto para añadirla a
nuestro texto.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Bartolomé.
Vamos a proceder a la votación de la moción con la enmienda aceptada.
Votación de la moción del Grupo Socialista sobre salud pública, en los
términos resultantes de la aceptación de la enmienda del Grupo
Parlamentario Mixto por el grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a
favor, 135; en contra, 160; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, ACERCA DE LA
SITUACION DE LOS CIUDADANOS ESPAÑOLES CONDENADOS EN DIFERENTES PAISES Y
QUE CUMPLEN CONDENA EN CENTROS DE DICHOS PAISES, Y DE LA ASISTENCIA Y DE
LAS GESTIONES REALIZADAS CON ARREGLO A LOS TRATADOS INTERNACIONALES PARA
EL CUMPLIMIENTO DE SUS PENAS EN ESPAÑA. (Número de expediente 173/000086)
El señor PRESIDENTE: Finalmente, moción del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida acerca de la situación de los ciudadanos españoles
condenados en diferentes países y que cumplen condena en centros de
dichos países, y de la asistencia y de las gestiones realizadas con
arreglo a los tratados internacionales para el cumplimiento de sus penas
en España.
Para la presentación de la moción, tiene la palabra don Pablo Castellano
Cardalliaguet, en nombre del grupo proponente. (Rumores.)
Señorías, despejen el centro del hemiciclo.
Por favor, señorías, vamos a continuar para finalizar el desarrollo del
orden del día. (Rumores.)
Señor Peralta, señor Soriano, por favor, guarden silencio.
Cuando quiera, señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
para presentar ante esta Cámara la moción consecuencia de la
interpelación que tramitamos la pasada semana y que tuvo como objeto,
como ustedes recordarán, la preocupación, que yo me atrevería a calificar
de unánime, de todas SS. SS. sobre la situación de los ciudadanos
españoles que lamentablemente tienen que cumplir condena, como
consecuencia de la actuación de tribunales, en otros países y que no por
ello pueden ser objeto de olvido en lo que son sus más elementales
derechos.
Quiero manifestar la satisfacción de nuestro grupo por cómo se desarrolló
aquel debate, y creemos que esta moción recoge, de forma fundamental, las
conclusiones a las que podríamos llegar después de haber intercambiado
las diferentes opiniones entre unos y otros. Por ello, la moción quiere,
de forma muy escueta, en primer lugar, y como pórtico de la misma,
recordar que todo cuanto a continuación se insta del Gobierno es
consecuencia de la declaración universal de los derechos humanos que
nuestra Constitución reclama como legislación propia, de los principios
que en nuestra Constitución se recogen y de los acuerdos internacionales
que nuestro país tiene suscritos en relación con este punto.
Se insta en dicha moción a continuar en una política de Estado, para que
no quepa la menor duda de que no es esta una política programática que
pudiera ser propia de este partido o de otro. Se trata de llevar adelante
un compromiso y una obligación de los poderes públicos, fuere cual fuere
el partido gobernante, que tenga en cuenta que allá donde haya un
ciudadano español, fuere cual fuere su conducta, es portador de todo un
conjunto de derechos, de esos derechos humanos de los cuales nuestro
Estado se reclama en la responsabilidad de su tutela. En consecuencia, se
trata de llevar, a través de la firma de los tratados que sean
necesarios, esa obligación de protección de la forma que pueda resultar
más eficaz, y es conseguir el traslado de los penados o reclusos para que
puedan cumplir sus condenas en establecimientos penitenciarios españoles
en los que, con arreglo a nuestra legislación, se lleve a cabo ese fin
reeducador y reinsertador que toda privación de libertad debe llevar
inherente.
Se reclama además un papel importante de nuestro servicio exterior
--repito-- como política de Estado, para que todos estos ciudadanos estén
asistidos, de modo tal que fuere cual fuere el ordenamiento jurídico bajo
el cual puedan haber sufrido una represión, sus derechos estén
debidamente protegidos, y sobre todo que en el proceso en cuestión o en
el cumplimiento de la condena, hayan gozado, dentro de lo que sea posible
en cada Estado firmante de estos tratados, de las garantías más
elementales que pongan de manifiesto el respeto a su integridad física y
moral y que efectivamente tengan cubiertas sus más elementales
necesidades.
La privación de libertad, incluso antes de ser condenados, de estar
cumpliendo una condena, debe ser objeto también de especial atención para
que mientras dure la misma no se convierta en una situación de auténtica
tortura o de trato degradante o inhumano y haya un absoluto respeto a sus
derechos.
Finalmente, tal como se está cumpliendo --y no tenemos ningún empacho en
reconocerlo hoy como el otro día--, el Ministerio de Justicia dedicará
esa especial atención a ver si estos tratados que así se suscriben y con
tal finalidad son objeto de cumplimiento con la mayor rapidez posible,
procurando evitar toda dilación o demora injustificada para que se haga
realidad lo que se proclama y reclama en esta moción como una obligación
del Estado social y democrático de Derecho: la protección de todos y cada
uno de los ciudadanos en sus derechos y libertades y en su integridad
física y moral, fuere cual fuere la situación que penosamente tengan que
atravesar.
No sé si procede o no pronunciarme ya sobre las enmiendas que han sido
presentadas. En todo caso, es lógico reservar a cada uno de los grupos
enmendantes su turno para la defensa, pero queremos añadir que está en el
ánimo del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida la aceptación de dichas
enmiendas con aquellas matizaciones que procedan en cada momento.
En cuanto a la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, que reproduce el
texto de la moción, incluye un determinado cambio en su párrafo primero
que no creemos que tenga otro motivo que la reclamación por parte del
Grupo Popular de una especie de privilegio, no ya en la iniciativa
legislativa que le corresponde como Gobierno, sino una especie de
privilegio o derecho de pernada hasta en el control del Gobierno, porque,
si no, no se entiende. Se trata ni más ni menos de que, con una simple
inclusión de una determinada frase, la moción de Izquierda Unida no sea
aprobada como tal y parezca que es una moción del Grupo Parlamentario
Popular. Pero como al fin y al cabo de lo que se trata es de poner de
manifiesto una preocupación común y de conseguir un fin en el que todos
estamos de acuerdo, tampoco tenemos ningún inconveniente, a la cadena de
éxitos que siempre es capaz de coleccionar el Grupo Popular, brindarle
también la ocasión para que patrimonialice esta iniciativa, y además,
como corresponde a su pensamiento, se apropie de una moción ajena, porque
después de todo eso está en su filosofía y no nos vamos a sentir molestos
por ello.
Respecto a la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, los primeros
puntos que se refieren a reivindicaciones nos parecen asumibles, pero
pensamos que quizá sea mejor tratarlos en la discusión de presupuestos,
por ello les rogaríamos que revisaran su mantenimiento. Pero ya le
aclaramos que en lo que se refiere a los últimos párrafos somos
coincidentes en la preocupación que manifiestan sobre la situación de los
ciudadanos que sufren reclusión y sobre la forma de cumplimiento de la
condena de modo tal que, como ellos lo explicarán ahora, quedará
perfectamente claro ante SS. SS. que tenemos motivos suficientes y razón
para aceptarlo.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Castellano.
En efecto, como anticipaba elocuentemente el señor Castellano se han
presentado dos enmiendas, una del Grupo Socialista y otra del Grupo
Popular. Para la defensa de la primera, prioritaria a su vez en el
tiempo, tiene la palabra el señor Pérez Solano.
El señor PEREZ SOLANO: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Socialista va a votar favorablemente la moción de
Izquierda Unida en su integridad.
Si siguiéramos un procedimiento litúrgico para manifestar la aceptación,
nos limitaríamos a decir al señor Castellano amén, y a la enmienda del
Grupo Parlamentario Popular, como es copia de la del señor Castellano, le
diríamos así sea. Pero este laconismo nos impediría explicar brevemente
nuestra posición y la fundamentación de la enmienda de sustitución que a
la moción hemos presentado.
La moción de Izquierda Unida contiene un conjunto de requerimientos al
Gobierno dirigidos a que incremente su actividad de obligarse por medio
de tratados con el mayor número de países que permitan el traslado a
España de los ciudadanos que están cumpliendo condena en las prisiones de
estos países, para que se les puedan aplicar las finalidades reeducadoras
que nuestra Constitución establece para dichas penas.
Naturalmente, el Grupo Socialista coincide con tan benéficas y solidarias
intenciones, que, por otra parte, es cierto que fueron el hilo conductor,
como decía el señor Castellano, del debate de la interpelación de la que
esta moción trae causa. Pero creo que hay que dar un paso más en la
articulación y ordenación de la acción protectora del Estado con sus
ciudadanos que se encuentran cumpliendo condena en prisiones de otros
países. A esta finalidad responde la enmienda de sustitución presentada
por el Grupo Socialista, que coincide en un todo con la presentada en el
Senado por este mismo grupo como consecuencia de la interpelación
celebrada el pasado 20 de mayo en la Cámara alta.
Explicamos brevemente, señor presidente, nuestra enmienda de sustitución.
Se trata genéricamente de impulsar la acción exterior del Estado con la
finalidad de que preste, con mayor amplitud y más coordinadamente, las
ayudas económicas, jurídicas y humanitarias que actualmente se ofrecen a
nuestros conciudadanos presos en cárceles extranjeras. Tratamos de que se
establezcan ayudas con el fin de que los detenidos y presos españoles que
acrediten insuficiencia de recursos para litigar puedan hacer frente a su
defensa jurídica por profesionales con solvencia técnica y deontología y
moralidad profesional en aquellos supuestos en los que las legislaciones
de los países nacionales no contemplen un sistema de justicia gratuita.
Sabemos que en la actualidad ya se prestan estas ayudas, pero con
excesivas limitaciones y carencias que con nuestra enmienda proponemos
subsanar asumiendo el Gobierno una mayor dotación presupuestaria para
estos fines. Es necesario, señor presidente, regular también
normativamente las ayudas que se prestan por nuestra red de consulados y
secciones consulares de España en el exterior con el fin de objetivarlas
y tratar de evitar discriminaciones.
El conjunto de ayudas económicas y asistenciales actualmente existentes
no despliegan toda su eficacia y aprovechamiento porque algunas están
dispersas, y no existe una estructura administrativa coordinadora de
todas ellas, una especie de ventanilla única gestora. A paliar esta
descoordinación responde nuestra enmienda de creación del servicio
interdisciplinar de atención social y jurídica.
En los tratados multilaterales o bilaterales sobre el traslado de
personas condenadas suelen existir cláusulas en virtud de las cuales los
Estados de cumplimiento pueden solicitar de los Estados de condena la
concesión de indultos o conmutaciones de la pena. El Grupo Socialista
pretende que así se haga por el Gobierno español en aquellos tratados y
respecto a los ciudadanos españoles presos en otros países que tengan
setenta años de edad y padezcan enfermedades incurables, pues estos son
los requisitos que la legislación penitenciaria española prevé para
conceder la libertad condicional.
Finalmente, el último apartado de nuestra enmienda pretende que, a
efectos de la aplicación de la legislación penitenciaria española, en
punto a clasificación, tratamiento o libertad condicional y demás
beneficios penitenciarios, se tenga en cuenta el tiempo de condena
cumplida en centros de otros países de los españoles trasladados a España
en virtud de estos tratados internacionales, tanto si nuestro país, como
Estado de cumplimiento, optare por la prosecución del cumplimiento de la
pena, como si se optare por la conversión de la condena en una sanción
penal prevista en nuestro ordenamiento jurídico.
Señor presidente, antes de manifestarnos, aprovechando el turno, respecto
de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular y de la
invitación que se nos ha formulado por Izquierda Unida para la
modificación, en este acto, de alguna parte de nuestra enmienda y así
poder votar unánimemente todos los grupos de la Cámara, tenemos que
decir, en primer lugar, señor presidente, que en el último párrafo de
nuestra enmienda queremos hacer una enmienda in voce que consiste en
añadir lo siguiente:» Se tenga en cuenta, en su caso, ...», y el resto de
la moción seguiría igual.
Acabo, señor presidente, diciendo que el Grupo Socialista, para facilitar
que esta moción pueda ser votada favorablemente por todos los grupos de
la Cámara y despliegue su eficacia a favor de los ciudadanos españoles
que están cumpliendo prisión en las cárceles de otros países, retira en
este acto los apartados primero, segundo y tercero de su enmienda y
mantiene el resto, con la salvedad de la corrección técnica que hemos
formulado al último párrafo.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pérez Solano.
En defensa de la enmienda del Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Ollero.
Les ruego celeridad a sus señorías.
El señor OLLERO TASSARA: Señor presidente, señorías, debatimos hoy la
moción correspondiente a una interpelación inusual, porque habitualmente
las interpelaciones dan ocasión a manifestar su discrepancia a los
diversos grupos y, sin embargo, la de la semana pasada fue una
interpelación que era toda una llamada a la coincidencia en esa
solidaridad que compartimos con quienes cumplen penas en el extranjero en
circunstancias que impiden, con frecuencia,
que puedan derivarse de ellas la finalidad de reeducación y de
reinserción que el artículo 25.2 de nuestra Constitución les atribuye.
Observo que hay una sana emulación entre los diversos grupos, tanto en
esta Cámara como en el Senado, por protagonizar iniciativas, no solamente
en el hemiciclo sino también en gestiones personales, en relación a estos
problemas. Este mismo portavoz podría contar algún detalle y la enorme
satisfacción que se experimenta cuando llegan a tener éxito. Citaré al
senador del Grupo Popular Manuel Jaén Palacios, por ejemplo, que está
haciendo gestiones en relación a un compatriota español condenado a
muerte en el Estado de Florida, y cada grupo podría exhibir, sin duda con
un legítimo orgullo, gestiones similares.
En la interpelación del otro día se dio, además, un loable
reconocimiento, como hoy se ha repetido, de la labor que desde el
Ministerio se viene realizando y que se plasma con facilidad en cifras.
Hay un incremento del 45 por ciento en las ayudas económicas durante 1997
en relación al año anterior, y un claro esfuerzo por firmar nuevos
convenios. Hasta 1996 se habían firmado 11, en 1997 se firman cuatro más
y en 1998 ya se han firmado tres más, lo cual quiere decir que un 40 por
ciento de los existentes han sido firmados en los dos últimos años. El
número de traslados, que fue de 95 españoles en 1995, se elevó a 132 en
1996, con un incremento del 38 por ciento, y a 161 en 1997, lo cual
supone un incremento del 51 por ciento respecto a la cifra inicial.
Por otra parte, nos encontramos hoy con una moción inusualmente
constructiva. De ahí que, lógicamente, más que una enmienda de
sustitución, el Grupo Popular ha presentado una enmienda de
identificación; nos identificamos con su contenido. Yo comprendo la
dificultad que a veces se encuentra para hacer realidad ese rótulo de
Izquierda Unida porque, para una vez que desde nuestra conocida ubicación
en el centro-izquierda nos acercamos hacia esa izquierda para unirnos a
ella, se nos habla de derecho de pernada; tampoco es para tanto, no
pretendemos privatizar la moción. Pero, señor Castellano, quien mejora la
redacción a nadie agravia, y aquí el redactor decía: «El Congreso de los
Diputados, de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, de sus propios principios constitucionales...» Propios ¿de
quién? ¿De la Declaración? Evidentemente, no. Por eso nos hemos permitido
meter pluma ahí como en cosa propia por identificación, entiéndalo así S.
S. sin duda alguna.
Igualmente hemos querido poner un especial énfasis en que lo que
dificulta la reinserción y reeducacicón de los españoles que cumplen pena
en el extranjero no es necesariamente que el sistema penitenciario de ese
otro país sea pero que el nuestro. En ocasiones será así, pero desde
luego no parece buena fórmula para lograr el objetivo que su grupo
propone, con gran sabiduría, de aumentar los tratados, echarles en cara a
aquellos con los que queremos tratar que ellos lo hacen peor que nosotros
y por eso queremos firmar un tratado. Parece lógico que no sea así, y por
eso, en identificación con su enmienda, hemos corregido algún pequeño
matiz.
También hemos acentuado lo que ya S. S. ha explicado aquí, que se trata
de continuar una política de Estado, y en el último punto nos hemos
permitido recordar que las dilaciones o demoras, con frecuencia, como
ocurre en el caso argentino al que se hizo alusión el último día, se
deben muchas veces a la actitud del Estado donde se halla ese español o
incluso del sistema judicial por existir recursos pendientes, como era el
caso en esta ocasión.
Es muy de agradecer el afán de solidaridad que ha habido por parte de
todos los enmendantes, y yo creo que en ese sentido no queda la menor
duda de que la moción que hoy se va a votar aquí es de Izquierda Unida,
suyo es el éxito parlamentario como expresión de ese afán solidario de
todos los grupos por colaborar en esta tarea. Incluso yo añadiría que sin
duda la votación que se reflejará al final tendrá mucho que ver con el
talante del propio señor Castellano en concreto, que en cinco minutos,
con su proverbial afabilidad, ha conseguido ponernos de acuerdo a todos,
desarmando cualquier posible actitud de recelo o suspicacia, y ha
permitido que todos los grupos se muestren abiertos a las enmiendas.
En ese sentido, como es lógico cediendo el protagonismo en su momento al
proponente, por parte del Grupo Popular no habría inconveniente alguno,
en caso de que dicho proponente así lo aceptara, en asumir igualmente los
dos últimos puntos de la enmienda que ha defendido el Grupo Socialista.
Queda esto, por tanto, puesto de relieve, y nuestra enhorabuena, en
nombre del Grupo Popular, al de Izquierda Unida desde el centro izquierda
(Rumores.) por esta moción tan atinada y tan digna de apoyo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ollero.
¿Algún grupo desea fijar su posición? (Pausa.)
El señor Vázquez, por el Grupo Mixto, tiene la palabra. No se inquieten
que habrá tiempo para todos si se ajustan al tiempo.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Gracias, señor presidente.
Muy brevemente, para que efectivamente haya tiempo para todos, quiero
expresar nuestro voto favorable a la moción presentada por Izquierda
Unida o a la transacción que resulte.
Desde nuestro punto de vista se trata de un tema muy importante, se trata
de estimular al Gobierno a preocuparse con más intensidad por la
situación de los
ciudadanos españoles presos en cárceles de otros Estados, por el traslado
de estos ciudadanos a cárceles españolas para cumplir su condenas a la
luz de los convenios firmados con ese motivo, y por fin a extremar el
celo en la atención a estos ciudadanos por parte de los servicios
exteriores.
El que el Congreso apruebe una resolución en este sentido es muy
importante para que, cuando menos, muchas personas sepan que no se
encuentran solas o abandonadas a su suerte, sino que existe preocupación
por ellos en esta Cámara. Es necesario que el Gobierno dedique esfuerzos
a esta cuestión y esperamos que la aprobación de esta moción sirva para
impulsar una política más clara y más decidida en este sentido. Todo lo
que se haga en este terreno es evidente que no redundará más que en
beneficio de estos ciudadanos y de sus familias.
No quisiéramos dejar pasar esta ocasión sin solicitar al Gobierno que
refuerce en lo posible sus gestiones para conseguir el traslado a
cárceles españolas de dos ciudadanos que cumplen hoy penas de prisión en
Argentina, que son Joaquín Ramos y Luis Ramos.
También aprovechamos, cómo no, para solicitar al Gobierno que preste toda
la atención posible a un ciudadano preso en Estados Unidos, el señor
Ferreiro, condenado por comerciar con Cuba, condenado, por tanto, por
ejercer la libertad de comercio, y desde luego condenado, desde nuestro
punto de vista, por leyes manifiestamente injustas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vázquez.
El señor Mardones, por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente, y con su venia.
Coalición Canaria no quiere faltar tampoco con su voz a este principio de
concurrencia y de solidaridad. Nos congratulamos de la iniciativa del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida que tan bien ha defendido
el señor Castellano. Vamos a votarla por su fondo de coincidencia tanto
con la enmienda que ha presentado el Grupo Popular, defendida por el
señor Ollero, como con la que ha presentado el Grupo parlamentario
Socialista, donde tengo que decir que también nosotros apoyaremos que se
incluya esta llamada al compromiso de Gobierno de solicitar los indultos
o las cancelaciones de las penas cuando los penados hayan cumplido ya más
de setenta años. ¿Por qué todo ello? Porque está inserto en algo que,
afortunadamente, para todos los grupos parlamentarios, como buenos
demócratas en este Parlamento, es el punto de convergencia: los derechos
humanos. Este discurso a favor, tanto de lo que fue la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, como el que España haya venido
signando, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, los convenios
y acuerdos internacionales sobre cumplimiento de penas (incluso ha
recordado aquí el señor Ollero labores de algún senador en acciones de
este tipo, así como parlamentarios canarios en el tema de Venezuela,
donde se firmó en la anterior legislatura y se ratificó aquí un convenio
de cumplimiento de penas entre la República de Venezuela y el Reino de
España) significa que sean muy pocos los venezolanos que, cumpliendo
condena en España, quieran irse a cárceles venezolanas y, en cambio,
todos los españoles en cárceles venezolanas quieren cumplir sus condenas
en las prisiones españolas; esto quiere decir algo favorable hacia el
amparo constitucional de los derechos humanos en nuestro país.
Creemos que esta síntesis de las enmiendas, con una transacción global,
recoge fundamentalmente el fondo y los principios deontológicos y de
derechos humanos que contiene afortunadamente la iniciativa que ha
defendido el señor Castellano, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida, y como nosotros no vamos a patrimonializar nada, nos sentimos
copartícipes de apoyar con nuestro voto afirmativo, en esta declaración
de principios, la resolución que nace con los signos de paternidad del
grupo parlamentario que la ha presentado en la Cámara.
Por esta razón, señor presidente, reitero que Coalición Canaria votará
favorablemente esta anunciada enmienda transaccional por el fondo de
coincidencia para los penados españoles en estas circunstancias.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
Tiene la palabra el señor Guardans i Cambó, por el Grupo de Convergència
i Unió.
El señor GUARDANS I CAMBO: Muchas gracias, señor presidente.
Ante todo, quería empezar felicitando a Izquierda Unida, concretamente a
su portavoz, por esta iniciativa, cuya paternidad es evidente. Aunque el
Partido Popular ha presentado una enmienda, que evidentemente la mejora y
perfecciona, cuando una iniciativa de este estilo, que finalmente va a
conseguir el apoyo unánime de la Cámara, sale adelante, merece que sea
destacado aquel que la ha propuesto.
El tema que planteaba la interpelación sobre la situación de los
ciudadanos en prisiones extranjeras puede llegar a ser dramático, y
algunos lo conocemos muy directamente. Las cifras que dio la ministra de
Justicia en la interpelación la semana pasada no son simplemente
estadísticas, son verdaderos dramas humanos. Por tanto, es muy importante
el contenido de fondo que esta interpelación, y la moción que hoy
votamos, plantea.
Las situaciones de prisión provisional o definitiva, es cierto --sobre
todo las de prisión definitiva-- que
recaen sobre personas condenadas y, por tanto, autoras de un delito, en
muchos casos, como ya se comentó, de narcotráfico. Sin embargo, también
es cierto que no sólo la lejanía, la dificultad de lengua o, en muchos
casos, la dificultad cultural, sino la propia condición de las cárceles
en las que se encuentran, supone un plus que va mucho más allá de la pena
que se le hubiera podido imponer. Ese plus de pena es el que debe ser
corregido y, en ese sentido, es habitual el hecho de intentar el
acercamiento de los presos y condenados a su país de origen. También es
cierto que muchos tratados bilaterales firmados por España (hay que
indicar que en este caso, dicho sea en honor, en parte, de este Gobierno
y en buena parte del anterior, España va a la delantera de muchos países
de su entorno en tratados de estas características) quedan a veces en
papel mojado por la poca colaboración, por parte de los otros Estados, en
el efectivo traslado de los condenados hacia España.
Quería dejar constancia que el servicio exterior no merece ningún
reproche en este contexto. La dedicación de los cónsules y del servicio
consular en la atención a los presos muchas veces va más allá, y lo sabe
el señor Castellano, de lo que estrictamente les ordena su propia
descripción de funciones. Hay cónsules en lugares muy lejanos donde con
gran empeño personal, porque acaban teniendo esa relación con los
condenados, desarrollan sus energías fuera de lo que sería una dedicación
fría o meramente burocrática. No debe haber en esta iniciativa el más
mínimo reproche al servicio consular, sino más bien ser esta una ocasión
para el reconocimiento, por la tarea tan desconocida por parte de la
ciudadanía, de la función de los cónsules en los Estados donde están
acreditados. Bienvenida sea esta iniciativa, no como un reproche a la
actuación del Estado español, que ha hecho lo que debía al firmar los
tratados que ha suscrito e ir por delante en este ámbito, ni como un
reproche a la Administración general del Estado, cuyos representantes
--insisto, el servicio consular-- vienen desarrollando muy bien su
trabajo, sino como parte de lo que son las tareas de esta Cámara, que es
impulsar que el Gobierno siga este tema muy de cerca. No tengo la lista,
pero quizá exista la posibilidad de firmar nuevos tratados con algún
Estado importante desde la realidad práctica y que se siga con el
cumplimiento. Bienvenida también esa iniciativa tan concreta de solicitar
el indulto de los condenados mayores de 70 años. Por tanto, vamos a dar
nuestro apoyo al texto de la moción tal como resulta, según la
información de que disponemos, de la enmienda presentada por el Grupo
Popular, con las adiciones de la enmienda del Grupo Socialista.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias señor Guardans.
Vamos a proceder a la votación, previa la intervención del señor
Castellano para la aceptación o rechazo de las enmiendas que se han
presentado.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
A la vista de lo ocurrido, no sé si soy yo el que se está aproximando al
centro, pero en todo caso espero que no sea penitenciario. (Risas.)
Acatado el principio de respeto a los mayores de edad, iguales en
dignidad, superiores en el saber y entusiasmados en el gobierno, voy a
aceptar la enmienda del Grupo Parlamentario Popular. En la medida en que
ha sido expuesta por mi compañero el señor Pérez Solano, y agradeciéndole
el esfuerzo que ha realizado para que todos contribuyamos al consenso,
incorporo muy gustosamente, porque la enriquece, los dos últimos
párrafos, sin los cuales esta enmienda no tendría el mismo valor.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Castellano.
Señorías, tomen asiento, ocupen sus escaños o alcancen al menos el
mecanismo de votación, a la que vamos a proceder.
Votación de la moción presentada por el Grupo Federal de Izquierda Unida,
consecuencia de interpelación urgente debatida en el Pleno anterior,
acerca de la situación de los ciudadanos españoles condenados en
diferentes países y que cumplen condena en centros de dichos países, y de
la asistencia y de las gestiones realizadas con arreglo a los tratados
internacionales para el cumplimiento de sus penas en España, en los
términos resultantes de aceptación de las enmiendas por el grupo
proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a
favor, 294; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción.
El Pleno se reanudará mañana, a las 16 horas.
Se suspende la sesión.
Eran las nueve y quince minutos de la noche.