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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 162, de 21/05/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1998 VI Legislatura Núm. 162
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 157
celebrada el jueves, 21 de mayo de 1998
ORDEN DEL DIA:
Enmiendas del Senado:
--Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica de
Régimen Electoral General. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B,
número 112-1, de 15 de septiembre de 1997 (número de expediente
122/000094) (Página 8615)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios
Internacionales:
--Protocolo al Tratado del Altántico Norte sobre la adhesión de la
República de Hungría, hecho en Bruselas el 16 de diciembre de 1997 «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie A, número 186, de 7 de abril de 1998
(número de expediente 110/000170) (Página 8617)
--Protocolo al Tratado del Altántico Norte sobre la adhesión de la
República Checa, hecho en Bruselas el 16 de diciembre de 1997 «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie A, número 187, de 7 de abril de 1998
(número de expediente 110/000171) (Página 8617)
--Protocolo al Tratado del Altántico Norte sobre la adhesión de la
República de Polonia, hecho en Bruselas el 16 de diciembre de 1997 «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie A, número 188, de 7 de abril de 1998
(número de expediente 110/000172) (Página 8617)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:
--Proposición de Ley de régimen especial de las Illes Balears. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie B, número 9-1, de 11 de abril de 1996
(número de expediente 125/000008) (Página 8620)
--Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de
Madrid. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 137-1, de 30
de diciembre de 1997 (número de expediente 127/000005) (Página 8631)
Avocación por el Pleno:
--Del Proyecto de Ley de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie A, número 109-1, de 18 de marzo de 1998 (número de expediente
121/000107) (Página 8631)
Votaciones:
--De las enmiendas del Senado a la Proposición de Ley Orgánica de
modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie B, número 112-1, de 15 de septiembre de
1997 (número de expediente 122/000094) (Página 8634)
Votación de conjunto:
--De la Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica de
Régimen Electoral General. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B,
número 112-1, de 15 de septiembre de 1997 (número de expediente
122/000094) (Página 8634)
Votaciones (continuación):
--Protocolo al Tratado del Altántico Norte sobre la adhesión de la
República de Hungría, hecho en Bruselas el 16 de diciembre de 1997 «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie A, número 186, de 7 de abril de 1998
(número de expediente 110/000170) (Página 8635)
--Protocolo al Tratado del Altántico Norte sobre la adhesión de la
República Checa, hecho en Bruselas el 16 de diciembre de 1997 «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie A, número 187, de 7 de abril de 1998
(número de expediente 110/000171) (Página 8635)
--Protocolo al Tratado del Altántico Norte sobre la adhesión de la
República de Polonia, hecho en Bruselas el 16 de diciembre de 1997 «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie A, número 188, de 7 de abril de 1998
(número de expediente 110/000172) (Página 8635)
--De las enmiendas presentadas a la Proposición de Ley de régimen
especial de las Illes Balears. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie
B, número 9-1, de 11 de abril de 1996 (número de expediente 125/000008)
(Página 8635)
Votación de conjunto:
--Del dictamen sobre la Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de
la Comunidad de Madrid. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B,
número 137-1, de 30 de diciembre de 1997 (número de expediente
127/000005) (Página 8636)
Propuestas de Resolución relativas a las Memorias del Consejo General del
Poder Judicial correspondientes a 1994, 1995 y 1996:
--Propuestas de Resolución presentadas con motivo del debate de las
Memorias sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo
General del Poder Judicial y de los Juzgados y Tribunales de Justicia
referidas a los años 1994 y 1995 (números de expedientes 245/000001 y
245/000002) (Página 8636)
--Propuestas de Resolución presentadas con motivo del debate de la
Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General
del Poder Judicial y de los Juzgados y Tribunales de Justicia referida al
año 1996 (número de expediente 245/000003) (Página 8636)
Informe anual sobre la Cuenta General del Estado:
--Dictamen de la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta
General del Estado correspondiente a 1995 y resolución adoptada por la
misma (número de expediente 250/000005) (Página 8647)
Votaciones:
--De las Propuestas de Resolución relativas a las Memorias del Consejo
General del Poder Judicial correspondientes a 1994, 1995 y 1996 (números
de expedientes 245/000001, 245/000002 y 245/000003) (Página 8654)
--Del Dictamen de la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas sobre la
Cuenta General del Estado correspondiente a 1995 y resolución adoptada
por la misma (número de expediente 250/000005) (Página 8655)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
Enmiendas del Senado (Página 8615)
Proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica de Régimen
Electoral General (Página 8615)
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Chiquillo Barber,
del Grupo Parlamentario Mixto.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios
internacionales (Página 8617)
Protocolo al Tratado del Atlántico Norte sobre la adhesión de la
República de Hungría, hecho en Bruselas el 16 de diciembre de 1997
(Página 8617)
Protocolo al Tratado del Atlántico Norte sobre la adhesión de la
República Checa, hecho en Bruselas el 16 de diciembre de 1997 (Página 8617)
Protocolo al Tratado del Atlántico Norte sobre la adhesión de la
República de Polonia, hecho en Bruselas el 16 de diciembre de 1997
(Página 8617)
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, interviene
el señor Ríos Martínez para dar por defendidas las enmiendas presentadas
en los justos términos en que están expresadas.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Recoder i
Miralles, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Ríos Martínez, del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Moya Milanés, del Grupo
Socialista del Congreso, y Robles Fraga, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas (Página 8620)
Proposición de ley de régimen especial de las Illes Balears (Página 8620)
En defensa de las enmiendas presentadas a la proposición de ley,
intervienen los señores Mauricio Rodríguez, del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria; Homs i Ferret, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió); la señora Urán González, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida; el señor Costa Costa, del Grupo Socialista
del Congreso, y la señora Cava de Llano y Carrió, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Por alusiones, intervienen el señor Costa Costa y la señora Cava de Llano
y Carrió.
Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid
(Página 8631)
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Ríos Martínez,
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; la señora Alberdi
Alonso, del Grupo Socialista del Congreso, y el señor Bardisa Jordá, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Avocación por el Pleno (Página 8634)
Del proyecto de ley de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (Página 8634)
El señor presidente informa que la Mesa, oída la Junta de Portavoces,
propone la avocación por el Pleno de la deliberación y votación final del
proyecto de ley de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, lo que se aprueba por asentimiento.
Votaciones (Página 8634)
De las enmiendas del Senado a la proposición de ley orgánica de
modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Página 8634)
Sometidas a votación las enmiendas del Senado a la proposición de ley
orgánica de modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General,
se aprueban por 305 votos a favor y uno en contra.
Votación de conjunto (Página 8634)
De la proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica de
Régimen Electoral General (Página 8634)
Sometida a votación de conjunto, por su carácter de orgánica, se aprueba
por 304 votos a favor, uno en contra y una abstención.
Votaciones (continuación) (Página 8635)
Del Protocolo al Tratado del Atlántico Norte sobre la adhesión de la
República de Hungría, hecho en Bruselas el 16 de diciembre de 1997
(Página 8635)
Sometido a votación, se aprueba por 292 votos a favor, 13 en contra y una
abstención.
Del Protocolo al Tratado del Atlántico Norte sobre la adhesión de la
República Checa, hecho en Bruselas el 16 de diciembre de 1997 (Página 8635)
Sometido a votación, se aprueba por 292 votos a favor, 13 en contra y una
abstención.
Del protocolo al Tratado del Atlántico Norte sobre la adhesión de la
República de Polonia, hecho en Bruselas el 16 de diciembre de 1997
(Página 8635)
Sometido a votación, se aprueba por 291 votos a favor, 13 en contra y dos
abstenciones.
De las enmiendas presentadas al dictamen sobre la proposición de ley de
régimen especial de las Illes Balears (Página 8635)
Se someten a votación las enmiendas presentadas y las transaccionales,
así como el dictamen de la Comisión, que es aprobado.
Votación de conjunto (Página 8636)
Del dictamen sobre la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de
la Comunidad de Madrid (Página 8636)
Sometida a votación de conjunto, por su naturaleza de orgánica, el
dictamen sobre la propuesta de reforma
del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, se aprueba por
unanimidad de la Cámara.
Propuestas de resolución relativas a las memorias del Consejo General del
Poder Judicial correspondientes a 1994, 1995 y 1996 (Página 8636)
Propuestas de resolución presentadas con motivo del debate de las
memorias sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo
General del Poder Judicial y de los juzgados y tribunales de Justicia
referidas a los años 1994 y 1995 (Página 8636)
Propuestas de resolución presentadas con motivo del debate de la Memoria
sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del
Poder Judicial y de los juzgados y tribunales de Justicia referida al año
1996 (Página 8636)
En defensa de las resoluciones presentadas a las memorias del Consejo
General del Poder Judicial correspondientes a 1994, 1995 y 1996,
intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria; Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió); Castellano Cardalliaguet, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, y la señora Fernández de la Vega Sanz, del
Grupo Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Uría Echevarría,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y el señor Ollero Tassara, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En un segundo turno y en relación con la enmienda propuesta intervienen
los señores Castellano Cardalliaguet y Ollero Tassara.
Informe anual sobre la Cuenta General del Estado (Página 8647)
Dictamen de la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta
General del Estado correspondiente a 1995 y resolución adoptada por la
misma (Página 8647)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Zabalía
Lezamiz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Gómez Rodríguez, del
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Sánchez i Llibre, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Centella Gómez, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Moreno Monrove, del Grupo
Socialista del Congreso, y Jordano Salinas, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Votaciones (Página 8654)
De las propuestas de resolución relativas a las memorias del Consejo
General del Poder Judicial correspondientes a 1994, 1995 y 1996 (Página 8654)
Se someten a votación las distintas propuestas de resolución presentadas
a las memorias del Consejo General del Poder Judicial correspondientes a
los años 1994, 1995 y 1996.
Del dictamen de la Comisión Mixta del Tribunal de cuentas sobre la Cuenta
General del Estado correspondiente a 1995 y resolución adoptada por la
misma (Página 8655)
Se someten a votación las propuestas de resolución presentadas, así como
el dictamen de la Comisión, que es aprobado.
Se levanta la sesión a la una y treinta minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías.
Vamos a reanudar la sesión.
ENMIENDAS DEL SENADO:
-- PROPOSICION DE LEY ORGANICA DE MODIFICACION DE LA LEY ORGANICA DE
REGIMEN ELECTORAL GENERAL. (Número de expediente 122/000094)
El señor PRESIDENTE: Comenzamos por el punto séptimo del orden del día:
Enmiendas del Senado a la
proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica de Régimen
Electoral General.
Ningún grupo parlamentario ha solicitado intervenir sobre tales enmiendas
del Senado. (El señor Chiquillo Barber pide la palabra)
Tenga tranquilidad, señor Chiquillo.
Dada la naturaleza orgánica de la proposición, ratificamos, como ya se
anunció al Pleno, que la votación no se producirá antes de las once de la
mañana. No creo que hasta entonces agote el tiempo el señor Chiquillo,
que solicita la palabra.
¿A qué efectos, señor Chiquillo?
El señor CHIQUILLO BARBER: Señor presidente, para fijar la posición
respecto a las enmiendas y el texto que se somete a la consideración del
Pleno.
El señor PRESIDENTE: Fije, fije.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente. No voy a agotar el
tiempo ni mucho menos. Voy a ser más bien rápido.
Unió Valenciana interviene en este momento en este trámite procesal
reconociendo, en primer lugar, que llegamos tarde al plazo de enmiendas
en el primer trámite en el Congreso, por lo cual pedimos disculpas, pero
intervengo para fijar la posición, no sólo respecto de la enmienda que
llega del Senado con el texto definitivo de esta reforma de la Loreg,
sino de lo que es en sí la reforma en su conjunto.
Unió Valenciana, aunque en su día no firmó esta proposición, como tampoco
lo hizo ningún integrante del Grupo Parlamentario Mixto --lo hicieron los
otros seis grupos de la Cámara--, en el fondo puede estar de acuerdo con
que esta reforma es por razones de racionalidad, economicistas, para
hacer coincidir las elecciones locales, autonómicas y al Parlamento
Europeo en una misma fecha, pero discrepa muy profundamente en la forma,
en el procedimiento y en los medios que se han empleado. Me explico.
Unió Valenciana, ya en el año 1991, cuando se abordaron las reformas
estatutarias y la reforma de la Loreg --primero, la de las estatutarias y
luego la de la Loreg--, para hacer coincidir las elecciones en diversas
comunidades autónomas del régimen general --no de las que accedieron por
el artículo 151--, estableciendo la cláusula restrictiva, incluida en los
propios estatutos, de que el mandato, en este caso de las Cortes
valencianas, sería de cuatro años y las elecciones se celebrarían el
cuarto domingo de mayo de cada cuatro años, se marcó claramente una
fecha, se encasilló en un día concreto, el cuarto domingo de mayo de cada
cuatro años, en diversos estatutos de autonomía. Sin ánimo de ser
exhaustivo, éste es el caso del Estatuto de la Comunidad Valenciana, de
Cantabria, de Asturias, de Castilla-La Mancha, de Extremadura, de Madrid
y de la Región de Murcia.
Indudablemente, ese encasillamiento en una fecha se hizo por el
procedimiento adecuado, reforma del estatuto, y, posteriormente, reforma
de la Loreg. Pero ahora nos encontramos con que se ha hecho una reforma
que nosotros entendemos, y lo advertimos, que puede chocar y que de
hecho, nosotros así lo entendemos, choca frontalmente con los estatutos
de autonomía de estas comunidades, y en concreto con el Estatuto de
Autonomía de la Comunidad Valenciana, por cuanto se vulnera por una ley
orgánica de rango inferior el estatuto de autonomía de la citada
comunidad, que es y forma parte del bloque de constitucionalidad, un
precepto establecido en él.
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Voy concluyendo, señor presidente.
Nosotros pensamos que hay estatutos, como el valenciano, que en su
artículo 12.4, que he leído, fija de manera expresa que las elecciones se
celebrarán concretamente el cuarto domingo de mayo de cada cuatro años.
Tan tajante prescripción --que, por cierto, no es la única; la hay en
otros estatutos-- hace que la modificación ahora en marcha de la Loreg
deba entenderse, así lo hacemos nosotros, sin perjuicio de estos hechos
concretos, a fin de no incurrir en incumplimiento de un precepto
estatutario, que están afectando a reformas encubiertas de los propios
estatutos. Estamos haciendo, en un trámite, una reforma expresa que no
cabe de un estatuto de autonomía.
Por tanto, advertimos que hay dudas de la constitucionalidad de esta
reforma. Hay una clara falta de respeto al Estatuto de Autonomía de la
Comunidad Valenciana. Demuestra un talante de poca sensibilidad hacia un
estatuto y no tenemos claro si se ha estudiado o se ha solicitado el
preceptivo informe de su incidencia estatutaria.
Con esta reserva y esas cautelas, Unió Valenciana, a pesar de que va a
salir adelante esta reforma, advierte que la luz verde a esta reforma de
la Loreg choca frontalmente con el Estatuto de la Comunidad Autónoma
Valenciana. El procedimiento adecuado hubiera sido reformar los estatutos
y luego reformar la Loreg.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chiquillo.
Quería decir, señorías, tras escuchar al señor Chiquillo, único
interviniente sobre las enmiendas del Senado a la proposición de ley
orgánica, que la votación correspondiente a esta iniciativa, que tiene la
naturaleza comentada y que por ello exige para su aprobación mayoría
absoluta del conjunto del Congreso, se producirá después de las once de
la mañana. Por tanto, también retrasamos para después de esa hora
cualquier
otra votación que pudiera deducirse del desarrollo del orden del día.
DICTAMENES DE LA COMISION DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS
INTERNACIONALES:
-- PROTOCOLO AL TRATADO DEL ATLANTICO NORTE SOBRE LA ADHESION DE LA
REPUBLICA DE HUNGRIA, HECHO EN BRUSELAS EL 16 DE DICIEMBRE DE 1997.
(Número de expediente 110/000170)
-- PROTOCOLO AL TRATADO DEL ATLANTICO NORTE SOBRE LA ADHESION DE LA
REPUBLICA CHECA, HECHO EN BRUSELAS EL 16 DE DICIEMBRE DE 1997. (Número de
expediente 110/000171)
-- PROTOCOLO AL TRATADO DEL ATLANTICO NORTE SOBRE LA ADHESION DE LA
REPUBLICA DE POLONIA, HECHO EN BRUSELAS EL 16 DE DICIEMBRE DE 1997.
(Número de expediente 110/000172)
El señor PRESIDENTE: Punto octavo del orden del día: Dictámenes de la
Comisión de Asuntos Exteriores a tres protocolos constitutivos de
convenios internacionales, que se van a tramitar conjuntamente.
El protocolo al Tratado del Atlántico Norte sobre la adhesión de la
República de Hungría, hecho en Bruselas el 16 de diciembre de 1997, y los
protocolos de la misma fecha al mismo Tratado sobre la adhesión de la
República Checa y la adhesión de la República de Polonia.
Ha presentado enmiendas el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, para cuya defensa tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor presidente, nosotros damos por defendidas
las enmiendas en los justos términos en los que están expresadas.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor
Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo con brevedad, porque ya tuvimos ocasión de mantener un debate
extenso en Comisión acerca de la adhesión... (El señor Mardones Sevilla
pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Recoder.
El señor Mardones me pide la palabra. Si quiere continuar el señor
Recoder en su uso, como le sea más cómodo, después le daríamos la palabra
al señor Mardones. Para que quede constancia.
El señor RECODER I MIRALLES: Como usted decida, señor presidente. Yo ya
estoy interviniendo.
El señor PRESIDENTE: Pues a ello, a ello.
El señor RECODER I MIRALLES: Ya tuvimos ocasión de mantener un debate
pormenorizado sobre un hecho que nuestro grupo parlamentario y el
conjunto de la Cámara valora como de gran importancia, la adhesión de
Hungría, Chequia y Polonia a la Alianza Atlántica.
Queremos felicitarnos por el hecho de que estos tres Estados se
incorporan a la Alianza y con ello se están incorporando a algo que es
mucho más importante, como es un modelo de sociedad, el modelo occidental
de sociedad. Ya decidieron hacerlo hace un cierto tiempo y ahora lo
completan dando este paso más adelante, compartiendo con nosotros un
modelo de relaciones exteriores y un modelo de defensa que es lo que
comporta la pertenencia a la Alianza Atlántica.
No podemos perder de vista la dimensión histórica del paso que hoy
estamos dando, consecuencia de la decisión del Consejo Atlántico del
pasado mes de diciembre, que dio luz verde definitiva a la incorporación
de estos tres Estados a la Alianza. Y quiero subrayar también desde
nuestro grupo parlamentario la importancia que tiene que tres Estados,
que hasta hace poco estaban en lo que se denominaba el otro bando, ahora
se integren a esta organización, encabezando una lista de once
candidatos. Ello es suficientemente demostrativo de lo que ha cambiado
Europa en los últimos tiempos.
Quiero significar también que esta adhesión pone de manifiesto que la
Alianza de hoy es una organización muy distinta de la que era cuando
nuestro país se adhirió hace unos años, una Alianza que, si bien ha
perdido su razón original de ser, consecuencia de la desaparición de lo
que se denominaba el enemigo potencial, también ha buscado el
mantenimiento de la paz y de un statu quo, su nuevo objetivo. Asimismo he
de manifestar el alto grado de consenso que ha obtenido la aprobación de
estos tres protocolos al Tratado del Atlántico y que previsiblemente va a
obtener hoy en la Cámara. Consideramos que el paso que estamos dando,
juntamente con otros Estados europeos, de ratificación de estos
protocolos, es algo positivo para los tres Estados que se incorporan,
pero también es importante para la propia Alianza y sumamente importante
para Europa, que ve incrementada su estabilidad.
Tengo que hacer también mención de dos aspectos por los que desde estos
bancos siempre se ha manifestado
una especial preocupación y sensibilidad, creo que compartida por la
mayoría de la Cámara. Entendemos que la incorporación a la Alianza de
tres Estados atlánticos supone un reforzamiento, dentro de la propia
Alianza, de las tesis de aquellos países que piensan que debemos avanzar
en lo que se ha denominado la identidad europea de seguridad y defensa.
Por último, quiero llamar la atención al resto de grupos de la Cámara,
con la seguridad de que vamos a encontrar un consenso, sobre el hecho de
que la incorporación de tres Estados de Europa del Este, de Europa
central, a la estructura de la Alianza nos obliga a redoblar los
esfuerzos a los países del sur de Europa para hacer que la política
mediterránea de la Alianza Atlántica no sea algo olvidado ni secundario,
sino que esté muy presente en el futuro de esta organización.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Recoder.
Creo que por el grupo de Izquierda Unida se quiere fijar posición.
(Pausa.) El señor Ríos, en su doble condición, auxilia a la Presidencia y
recuerda que el señor Mardones también había solicitado un turno de
intervención para fijar su posición.
Señor Mardones, por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Le agradezco la amabilidad de concederme este turno de palabra, dado que
mi grupo, por cuestiones procedimentales, no pudo fijar su posición en
esta materia en la votación que celebramos en la Comisión de Asuntos
Exteriores. Lo hace ahora, anunciando que nuestro voto va a ser positivo,
favorable, a la ratificación de estos tres protocolos, aprobando el
dictamen que nos llega de la Comisión de Asuntos Exteriores.
¿Por qué lo hacemos? Porque se trata de una ampliación de la Alianza
Atlántica, del Tratado del Atlántico Norte, en tres países europeos, tres
países que pertenecieron a la antigua órbita del Pacto de Varsovia,
tutelado por la Unión Soviética, como son Hungría, Polonia y la República
Checa.
Saben SS. SS. que, cuando el señor presidente del Gobierno planteó aquí
la plena integración de España en la estructura militar de la OTAN,
Coalición Canaria mantuvo una posición de abstención hasta que no se
aclarase cuál era la dependencia del mando que afectase a la islas
Canarias, por encontrarse en zona estratégica atlántica y, por tanto,
dependiendo de un mando que no era europeo. Coalición Canaria reafirma
con este voto su condición de europeidad, de entender que, si solicitamos
que el Mando integrado para Canarias residiera en Europa y no dependiera
del Mando del Saclant del Atlántico, en Virginia, en el territorio de los
Estados Unidos, sino que queríamos depender, como una señal de identidad
europea, a todos los efectos, donde se encuentra incardinada Canarias,
también lo hacemos ahora en este doble sentido de ver que hay una
ampliación europea, fundamentalmente europea, del núcleo central de
Europa, en países con una vinculación, en los órdenes cultural,
comercial, sociológico, incluso histórico, muy fuerte con España, como
son Hungría y Polonia, a las que se suma, aunque en menor grado histórico
o de correlación, pero no ajeno, la República Checa, como parte de la
antigua nación checoslovaca.
Dicho esto y por entender que se contribuye a una distensión, a un
principio de solidaridad, de interrelaciones en todos los órdenes, para
la constitución del espíritu europeo de solidaridad y de agrupación, y
como son naciones que están en la lista de espera, en una inmediatez ya
muy próxima, de la ampliación de la Unión Europea, de la que también
formamos parte, Coalición Canaria, y con esto termino, señor presidente,
hace este voto de europeidad y de solidaridad, ratificando nuestro apoyo.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
Ahora sí, el señor Ríos, por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, tiene la palabra.
El señor RIOS MARTINEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Nosotros tenemos una opinión contraria sobre la firma de estos protocolos
que significa ampliar el Tratado del Atlántico Norte hacia tres países de
lo que antes se denominaba bloque de Europa oriental y del este. Creemos
que en este momento lo que necesita la seguridad, tanto en Europa como en
el mundo, no es fortalecer ejes militares que después dan sellos o
banderas de bondad para entrar en otras estructuras de índole diferente.
Aunque no se dice y no se exige de manera textual, parece que los países
que no se incorporan a la OTAN no se pueden incorporar después a la Unión
Europea. A estos países precisamente se les viene a explicar ese
razonamiento. Nosotros no compartimos esta idea, ni por la forma ni por
el fondo. Hoy, no necesitamos una organización militar para defender a
Europa ni para ampliar Europa, y mucho menos generando inseguridades
hacia otro lado. Pensamos que, a la vez, se debería garantizar una
relación con lo que es Rusia y Ucrania. Aunque hay un tratado firmado con
estos dos países, incorporar y acercar esta estructura militar a estos
países pone en peligro esa relación.
Por eso, no se produce la ampliación hacia Hungría, Polonia y Chequia
garantizando mayores elementos de seguridad, sino añadiendo inseguridad a
una parte oriental de Europa, sin buscar esa tranquilidad que facilite un
proceso normal y, sobre todo, bajo el auspicio de que después será más
fácil entrar en la Unión Europea. Nosotros creemos que ese razonamiento
es negativo,
que una estructura militar no facilita una estructura económica y una
estructura política. La mejor dinámica para una nueva OTAN no es que
ampliarse militarmente, sino resituarse para esa idea de seguridad
compartida.
En todo caso, nuestro voto será manifiestamente contrario a esta
ampliación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ríos.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Moya.
El señor MOYA MILANES: Señor presidente, el Grupo Socialista también se
felicita y quiere felicitar a estos países que hoy dan un paso histórico
en estas fechas, con ocasión de la adhesión a la Alianza Atlántica y de
la integración en su nueva estructura.
Digo que es un paso histórico porque habría que recordar que, desde el
año 1991, desde que se inicia en la cumbre de Londres todo el proceso de
adaptación y de reforma de la nueva Alianza, la Alianza Atlántica no ha
dejado de renovarse, tanto en su estructura interna como en su dimensión
exterior. Y quisiera poner de manifiesto que la incorporación de estos
tres países de ninguna manera es forzada. A veces, se suele pensar que la
expansión de la Alianza es una decisión de la propia Alianza, poco menos
que a costa de los países que se quieren adherir a ella. Nada más lejos
de la realidad. Todos sabemos perfectamente que el deseo libre, expresado
de una manera abrumadoramente mayoritaria claramente en las sociedades,
tanto de estos tres países como de otros mucho, es el de la incorporación
libre y con pleno derecho a la Alianza. Por tanto, estamos saludando una
decisión de la Alianza, que responde precisamente a la voluntad libre y
soberana de estos países.
En segundo lugar, quisiera también destacar que la incorporación de estos
países añade más seguridad y estabilidad a Europa; incorpora más
seguridad, porque supone un reforzamiento de lo que son los vínculos
entre países libres, entre países democráticos, en el ámbito de la
seguridad. Y no habría que olvidar que esto se realiza también cuando,
simultáneamente, la Alianza firma un tratado, de carácter bilateral, con
Rusia, donde se recogen y despejan todas las posibles incertidumbres que
pudieran derivarse de esta expansión.
Por tanto, más seguridad, más libertad, más democracia y, al mismo
tiempo, también reforzamiento de la seguridad y de la identidad de
seguridad europea. Para Europa, que está embarcada en un proceso de
identidad, de sus propios signos de identidad, en el ámbito de la
seguridad y de la política exterior, la incorporación de tres países
europeos refuerza sin duda este vínculo netamente europeo del pilar
europeo de la Alianza.
Por todo ello, creemos que estamos ante un momento histórico. Saludamos y
felicitamos a estos países y nos felicitamos, como países aliados, de
incorporar a estos tres nuevos miembros en nuestro seno.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Moya.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Robles Fraga.
El señor ROBLES FRAGA: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, permítanme que felicite al Real Madrid y a los
seguidores del Real Madrid en esta Cámara, que son muchos. También a los
de fuera de esta Cámara.
Este es un debate que no solamente tomamos con la importancia que merece,
sino que además lo hacemos en su debido momento. España no podía
retrasarse ni ser un país que retardase la aprobación de los protocolos
de adhesión de Chequia, Hungría y Polonia. Esta es también la
ratificación del camino histórico de nuestro país, de la plena
participación de España en la Alianza, no sólo en la nueva Alianza, como
ya ha sido dicho, sino asimismo en la antigua, porque, si hoy nos estamos
felicitando por el éxito de la adaptación interna y externa de la Alianza
Atlántica, habrá que reconocer --y lo hago con un cierto orgullo personal
y partidario-- que la vieja Alianza prestó buenos y leales servicios a la
seguridad y a la estabilidad de Europa.
Es cierto que la ampliación es uno de los hechos más importantes de este
proceso de adaptación interna y externa. No es el único, pero en
cualquier caso recoge las aspiraciones de seguridad y de estabilidad y
recoge la voluntad libremente expresada por los países candidatos. En
este camino, del que por cierto la declaración de la cumbre de Madrid es
un hito decisivo, ha sabido garantizar y desarrollar las relaciones de
cooperación, buena vecindad y colaboración entre los países de Europa
central y oriental. Esta es la mejor demostración, la mejor prueba de que
la ampliación de la Alianza Atlántica no ha producido nuevas fracturas ni
nuevas divisiones, sino todo lo contrario; ha ampliado el marco de
seguridad europeo y atlántico a nuevas zonas, que ya no están sometidas a
un poder enemigo, bajo la fuerza, bajo la opresión. Ha permitido que ese
espacio de seguridad sea un espacio íntegro, sin fisuras, sin zonas
grises de seguridad.
La Alianza Atlántica, además, ha sabido responder plenamente a los
distintos desafíos, amenazas y riesgos en este largo, difícil y
complicado trayecto, porque se trata naturalmente de reformar una
organización político-militar y eso es delicado y complicado; ha sabido
responder a las expectativas y no solamente garantizar nuestra libertad,
sino intervenir en aquellos casos, como, por ejemplo, Bosnia, donde la
Alianza Atlántica ha seguido prestando buenos y eficaces servicios
a la causa de la paz, a la libertad y a la estabilidad europea.
La ampliación de la Alianza es también la prueba de que sólo en este
marco de seguridad entre Europa y nuestros aliados americanos deben
desarrollarse o deben concretarse mecanismos que sean capaces de dar esa
garantía mutua que hace que cualquier amenaza a uno de nuestros aliados
sea considerada como una amenaza propia. En ese camino, los países
candidatos han podido satisfacer su voluntad libremente expresada y han
sabido participar --y eso es algo inédito en cualquier organización de
carácter político-militar--, casi desde el principio, en la mayoría de
las decisiones de los organismos que componen la Organización del Tratado
de Atlántico Norte.
Por lo tanto, tenemos nuevos socios, nuevos aliados, nuevos amigos,
dentro de la Alianza, que han sabido expresar de forma clara su voluntad
de adherirse a este marco de seguridad y que han sabido demostrar que
están dispuestos a asumir las graves e importantes responsabilidades que
competen a los miembros de la Alianza Atlántica. Eso, desde luego, no
solamente ratifica el camino histórico de España, sino que también prueba
que la plena participación de España con nuestros socios aliados es el
mejor camino para garantizar nuestra libertad, nuestra prosperidad y
nuestra estabilidad, y para garantizar la libertad, la seguridad y la
estabilidad de nuestros aliados y de nuestros amigos en Europa.
Hoy se suman tres nuevos países a la Alianza, Chequia, Hungría y Polonia
y permítanme que desde aquí les felicite porque se suman a una gran
familia europea y atlántica, que ha sabido y que seguirá sabiendo dar
pruebas de su disposición a contribuir a la paz y a la libertad del
mundo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Robles.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
-- PROPOSICION DE LEY DE REGIMEN ESPECIAL DE LAS ILLES BALEARS. (Número
de expediente 125/000008)
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate correspondiente a los dictámenes
de los tres protocolos que, para la adhesión de Hungría, República Checa
y Polonia al Tratado del Atlántico Norte, ha realizado la Comisión de
Asuntos Exteriores, octavo punto del orden del día, pasamos al punto
noveno: dictámenes de otras comisiones, en este caso sobre la proposición
de ley de régimen especial de las Illes Balears y sobre la propuesta de
reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid.
Dictamen sobre la proposición de ley de régimen especial de las Illes
Balears.
Se mantienen enmiendas por los grupos de Coalición Canaria, Izquierda
Unida y Socialista.
Para su defensa, vamos a dar la palabra, en primer lugar, al señor
Mauricio, por el Grupo de Coalición Canaria.
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Buenos días, señoras y señores diputados.
El Grupo de Coalición Canaria, que se abstuvo en el debate inicial de
toma en consideración del régimen que en aquel momento se llamaba
económico y fiscal de las Islas Baleares, que ha pasado a llamarse
correctamente régimen especial, expresa en esta intervención su apoyo
claro y total a la nueva propuesta que nos trae la Comisión y que regula
el régimen especial para las Islas Baleares. Quisiera expresar brevemente
el cambio que se ha producido en los términos de lo que en el reciente
debate sobre el estado de la Nación se ha llamado pacto constitucional.
La Constitución española, que este año celebra su vigésimo aniversario y
que llevó a cabo una difícil y compleja elaboración del desarrollo
autonómico, a medias entre un Estado de las autonomías, así
caracterizado, y lo que pudiera ser un Estado federal, establece y
consagra una serie de hechos diferenciales y un marco general de lo que
es la descentralización en términos de autogobierno, el desarrollo del
autogobierno en los estatutos de autonomía, y precisamente en estas
últimas reuniones del Congreso y hoy mismo se debaten propuestas de
reforma de los estatutos de autonomía hacia un nivel de desarrollo
competencial equivalente para las distintas comunidades españolas.
Sin embargo, la Constitución también consagra, como decía antes, una
serie de hechos diferenciales, siendo uno de ellos el vasco, otro el
navarro, por razones históricas, y otro el canario, con el régimen
económico y fiscal de Canarias, que tiene razones y antecedentes
históricos muy prolongados. Sobre esa cuestión ha habido una iniciativa
balear, en el sentido de equipararse prácticamente al régimen económico y
fiscal de Canarias. No es que nosotros pretendamos una exclusiva, pero la
Constitución sólo reconoce el régimen económico y fiscal de Canarias, y
no por el carácter de insularidad, sino por el de lejanía. El problema de
este asunto, y de ahí nuestras reservas en el debate inicial de esta ley,
es que en la discusión que precisamente estamos teniendo en este momento
en la negociación europea del régimen económico y fiscal, aprobado por
las Cortes españolas en 1994, Europa y la Comisión Europea nos están
presentando un montón de reservas por lo que se teme hoy en cuanto a la
armonización fiscal europea, que es el problema de la deslocalización de
empresas, de la libre competencia y de la regulación de la libre
competencia. Cuando hay unas islas próximas al continente europeo, caso
por ejemplo en
este momento de Irlanda, de Baleares, de Córcega, de Cerdeña, de Sicilia
o de las islas griegas, dicha proximidad no crea ningna situación que no
facilite la competencia y, por tanto, se produce un fenómeno de
deslocalización. Es decir, al estar próximo, una actividad empresarial
que se ubique en el continente en un momento determinado se puede
trasladar a Irlanda --es una de las razones de ese crecimiento enorme que
ha tenido Irlanda-- y se produce un problema muy serio para el Reino
Unido, territorios próximos y continentales.
Por ello, la Comisión Europea no acepta ningún régimen económico y fiscal
diferenciado en islas próximas al continente europeo. Sólo en el Tratado
de Amsterdam, pendiente de ratificación --ya estaba en el de
Maastricht--, se reconoce la posibilidad de regímenes económicos fiscales
diferenciados en territorios alejados, porque la lejanía crea un coste
tan importante que no facilita en ningún momento la deslocalización. Por
esa razón, sólo la Constitución española reconoce un régimen económico y
fiscal y lo que podría ser la constitución europea, el nuevo Tratado de
Amsterdam, lo reconoce para regiones ultraperiféricas: Madeira, Azores y
Canarias.
A partir de ahí, el régimen económico y fiscal inicial de las Islas
Baleares se ha transformado en un régimen especial, basado --y voy
terminando, señor presidente-- en el hecho insular, reflejado en el
artículo 138.1 de la Constitución. Es decir, que la Constitución
garantiza la solidaridad entre los territorios de España. Para velar por
el equilibrio económico justo y adecuado, por tanto, para garantizar el
principio de solidaridad, es necesario prestar atención al hecho insular,
porque el ser isla, territorio fragmentado y tener una distancia, aunque
sea relativa, del continente --en este caso del territorio peninsular--,
produce una serie de distorsiones económicas que deben ser compensadas,
como la protección a temas específicos de medio ambiente, a problemas de
desarrollo económico, a problemas de transporte que produce la
insularidad, etcétera.
En esos términos de desarrollo del artículo 138.1 de la Constitución
aparece en este momento la Ley de régimen especial de las Islas Baleares.
Nosotros, apoyando esa ley, consideramos que se debería aprovechar esa
iniciativa legislativa para regular todo el hecho insular del artículo
138 de la Constitución, que afecta a Baleares y a Canarias. Por eso,
habíamos presentado un conjunto de enmiendas, aportando elementos de
nuestra experiencia histórica a Baleares e intentando que elementos que
por razón del hecho insular se aplicaran a Baleares, se aplicaran también
a Canarias. Pensábamos que podía ser la ley del hecho insular. No se ha
considerado oportuno, me parece muy bien, incluso respetable, y por eso
lo que vamos a hacer es presentar nuestra propia ley del hecho insular.
El Grupo Popular, el Grupo Catalán y otros grupos --espero que también el
Grupo Vasco-- han considerado conveniente esta cuestión porque está
regulada en la Constitución. Si en algunas islas se considera que por ser
islas y estar regulado en el artículo 138 de la Constitución se debe
aceptar una ley del hecho insular, es lógico que en otras --en este caso
más alejadas--, que por su lejanía tienen derecho a un régimen económico
y fiscal pero que no tienen elementos de compensación del hecho insular,
también se les considere. No ha sido la misma ley. En el futuro podrían
refundirse las dos leyes.
Aprovecho esta intervención para justificar y explicar por qué nos
abstuvimos en el primer momento y ahora apoyamos con total convicción
esta iniciativa en este trámite y en la forma que está. Por tanto, señor
presidente, retiramos todas las enmiendas que significaban su extensión a
Canarias, porque vamos a presentar una proposición de ley, que esperamos
que cuente con el apoyo de todos los grupos que tengan sensibilidad para
el hecho insular y que respeten el pacto constitucional, que resumo
diciendo que reconoce un hecho diferencial vasco, canario, prevé el hecho
insular y lo desarrolla para Baleares y Canarias, aunque falta
completarlo con una ley para Canarias. Por eso, felicitamos esta
iniciativa, al pueblo balear, a sus diputados y vamos a apoyar con total
convicción y entusiasmo este proyecto de ley que esperamos que, por
razones de solidaridad, se extienda también a los canarios, en el respeto
estricto al marco constitucional, cuyo vigésimo aniversario celebramos
precisamente este año.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mauricio. Queda consignada la
retirada de sus enmiendas.
¿El Grupo de Izquierda Unida quiere intervenir? (Pausa.) Estamos
simplemente en el turno de defensa de las enmiendas. Los demás grupos
intervendrán para aceptar o rechazar. Si quieren, lo pueden hacer
conjuntamente.
Tiene la palabra el señor Homs, por el grupo de Convergència i Unió.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor presidente.
En este caso no va a ser un turno de defensa de las enmiendas, sino de
fijación de posición, puesto que los demás grupos están integrando su
intervención en defensa de sus enmiendas junto con la posición del grupo
en relación con las demás enmiendas.
En primer lugar, quisiera pronunciarme acerca de la propuesta que ha
hecho el portavoz del Grupo Canario al defender sus enmiendas y al
comunicar la retirada de las mismas. Nuestro grupo quiere transmitirle,
señor Mauricio, que estamos de acuerdo con su conclusión
final, y en su momento, cuando se traiga a esta Cámara una proposición de
ley que tenga por objeto el reconocimiento del hecho diferencial insular
de las islas Canarias, este grupo va a dar su apoyo para que se debata.
Si lo hacemos para las Islas Baleares, razonablemente también lo debemos
hacer para las islas Canarias. Por tanto, les agradecemos que hayan
retirado ustedes las enmiendas, porque nos incomodaba el voto contrario a
las mismas.
En relación con las demás enmiendas, mi grupo va a votar en contra de
todas ellas, pero, analizándolas una por una y atendiendo a que el texto
que está sometido ahora a debate es muy desigual y no guarda
funcionalidad ni concordancia con muchos de los contenidos y de las
propuestas de enmiendas de los grupos que las mantienen vivas, ha hecho
el esfuerzo de plantear unas enmiendas transaccionales al texto.
Quisiera referirme, en primer lugar, a estas enmiendas transaccionales,
que concretamente son cuatro. Las enmiendas que proponemos hacen
referencia al artículo 15 de la proposición de ley, que se refiere a la
concesión de becas; al artículo 16, que hace referencia a las ayudas para
desplazados por razón de enfermedad; al artículo 20, que hace referencia
a la pesca artesanal, y al artículo 11, que trata de los hidrocarburos.
Estas cuatro propuestas vienen a mejorar el texto existente y recogen
algunas de las sugerencias de otras enmiendas materializadas en el texto,
una de ellas presentada por el Partido Popular en el trámite de Comisión
y algunas otras que también se plantean a estos artículos por otros
grupos.
Nuestra propuesta referente a las becas consiste en incorporar, en los
puntos 1 y 2 del artículo 15, una mayor concreción para que quede
estrictamente reflejado en el texto de este artículo la voluntad de
concesión de becas cuando los alumnos se desplazan del ámbito territorial
de la comunidad autónoma y también cuando se desplazan entre las islas de
la misma comunidad autónoma, es decir, cuando desde las Pitiusas o desde
Menorca se desplazan a la universidad balear, que está en Mallorca.
Creemos que la propuesta que planteamos, que se ha repartido a todos los
grupos, deja clara la voluntad política de que, cuando se establezca el
plan nacional de becas, en este plan figure un apartado específico para
las concesiones de becas a estudiantes de Baleares que deban cursar
estudios universitarios no impartidos en el territorio de la comunidad,
pero también a aquellos estudiantes que, por su doble insularidad, deban
desplazarse de Menorca o de las Pitiusas a otra isla de las Baleares.
La siguiente enmienda transaccional, al artículo 16, hace referencia a la
compensación de la insularidad en materia de atención sanitaria. A
menudo, señorías, por razones de enfermedad, los ciudadanos de las Illes
Balears se tienen que trasladar desde cada uno de sus lugares de
residencia, atendiendo a los hechos insulares, para poder ser atendidos
en los centros sanitarios especializados y de naturaleza pública ubicados
en Mallorca. Nosotros creemos que hay que tener en cuenta esa
problemática. El compromiso de la proposición de ley es, en primer lugar,
iniciar un proceso de estudio sobre esta problemática, y en ese primer
punto nos parece que hay que tener en cuenta la problemática no solamente
del paciente, sino también del familiar o de la persona que
obligatoriamente tiene que acompañar siempre al paciente. Cuando se
aborda en el primer punto el compromiso de estudiar la problemática
derivada de la inseguridad cuando existen circunstancias sanitarias que
obligan a los traslados, creemos que tras enfermos y pacientes, hay que
añadir a los familiares y acompañantes.
El segundo punto establece el compromiso político de que, una vez
analizadas estas circunstancias y definidas cuáles son esas necesidades,
ya se establecerá una compensación. Ya lo acordarán entre el Gobierno de
las Illes Balears y el Gobierno del Estado.
La tercera propuesta es respecto a la redacción del artículo 20, relativo
a la pesca artesanal, donde existía una expresión poco afortunada. «Aunar
esfuerzos» es una expresión coloquial, y en una norma de esa importancia
deberíamos sustituirla por «adoptar medidas oportunas» para conseguir un
objetivo político, que es la preservación biológica de los caladeros en
las Illes Balears. Es más una mejora técnica que de contenido político.
La cuarta propuesta hace referencia a un tema no tratado suficientemente
en los trabajos que hemos realizado hasta ahora. Viene a plantear la
problemática de los precios desiguales entre los carburantes que se
consumen en las Illes Balears y los que se consumen en la península. No
sé si saben SS. SS. que el precio de cualquier carburante en las Illes
Balears es mucho más caro que el de cualquier punto de la geografía
española. Parece razonable que desde esta Cámara seamos sensibles a esta
circunstancia e instemos al Gobierno para que en el desarrollo de la Ley
de Hidrocarburos se recojan los correspondientes criterios para el
establecimiento de precios de referencia y se tenga en cuenta el hecho
insular. La propuesta que hace mi grupo es que en ese proceso de
desarrollo de la Ley de Hidrocarburos, el Gobierno tenga presente que
debe hacer coincidir los precios aplicables en las Illes Balears con la
media general que se aplica en el resto de España. No decimos exactamente
la misma, porque no existe, pero sí la media, porque hoy no es igual ni
siquiera se acerca. Quiero apuntar que el precio que se aplica a un
determinado carburante en las Illes Balears es un 40 por ciento más caro
que el que se aplica en Canarias. Algo podremos hacer para que el precio
que en Canarias, que está mucho más lejos, es el 40 por ciento más
barato, en Baleares esté más próximo a la media del Estado español. Por
eso, proponemos añadir un compromiso político que diga que el Gobierno
del Estado, en concordancia con lo establecido en la Ley de
Hidrocarburos,
tendrá en cuenta la especificidad del hecho insular, a los efectos de
garantizar a los residentes de las Illes Balears que los precios de los
hidrocarburos tiendan a aproximarse a los precios aplicables a la media
estatal. Es un compromiso político, no es una medida articulada, pero
expresa la voluntad de ir armonizando los mecanismos para establecer
precios más o menos similares. La población de las illes es muy sensible
a esa circunstancia, porque es una casuística muy particular a la que
muchas veces no se encuentra explicación ni justificación, no se entiende
el porqué de esas diferencias cuando a veces los costes tampoco explican
claramente esas distancias.
Termino, señor presidente. Respecto a la proposición que estamos
discutiendo, mi grupo ya tuvo la oportunidad de fijar su posición en el
Pleno. Aceptamos la toma en consideración de la iniciativa que venía del
Parlamento de las Illes Balears y abrimos el debate en esta Cámara. Es
verdad que el contenido de esa proposición de ley ha dado un cierto
tumbo, pero quiero cerrar mi intervención elevando una voz política en
favor del contenido que se ha definido en esta Cámara. No digo que en el
Senado no pueda mejorarse más dicho contenido, pero aquello que
preocupaba a algunos grupos parlamentarios hoy no debe preocupar. Se ha
llegado a un contenido que tiene un nivel y una oportunidad para afrontar
la problemática del hecho insular que es importante, y hay que decirlo. A
lo mejor no es suficiente, pero es importante. Es un paso adelante que
deberá tener procesos posteriores que planteen nuevas medidas para ver
cómo se puede mejorar el reconocimiento del hecho insular. Quiero
constatar que mi grupo da su apoyo a ese contenido porque constituye un
paso histórico adelante muy importante, con perspectiva histórica, y
quiero dejar constancia de ello.
No hemos presentado enmiendas, lo saben todos los portavoces de los
grupos, y quiero volverlo a repetir en esta Cámara. No debe sorprenderles
que no lo hayamos hecho en su momento. Pero sí estamos predispuestos a
buscar transaccionales sobre las iniciativas de los grupos políticos que
tienen representación parlamentaria en las Illes Balears, estamos
predispuestos a dejar que la iniciativa política la tengan quienes tienen
representación política y quienes aspiran a representar a los ciudadanos
de las iIles Balears. Mi grupo no aspira a esta representación, como
saben ustedes perfectamente, pero sí somos solidarios. Con nuestra
actuación política hemos expresado nuestra solidaridad hacia una realidad
insular --que también expresaremos con el grupo canario, ya que estamos
predispuestos a hacerlo cuando traigan la proposición de ley a esta
Cámara--, y lo hemos hecho mejorando las iniciativas de los demás grupos
políticos, de todos los grupos que han presentado enmiendas.
Pedimos el voto favorable a estas cuatro mejoras de contenido y reitero
nuestra valoración política del resultado que se ha alcanzado, con el
deseo y la voluntad política de que en un futuro inmediato podamos
mejorar todavía más los propósitos que tenía inicialmente el Parlamento
de las Illes Balears.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Homs.
Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Urán.
La señora URAN GONZALEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, el portavoz de Convergència i Unió, que me ha precedido en el
uso de la palabra, ha sido realmente bondadoso a la hora de explicar qué
es lo que ha sucedido con esta proposición de ley que venía del
Parlamento balear. Ha dicho que ha experimentado un cierto cambio, más o
menos. La verdad, señorías, es que es totalmente diferente. Yo creo que
ninguno de nosotros seríamos capaces de reconocerla si no hubiéramos
seguido el trámite y hubiéramos trabajado en esta ley. Es completamente
diferente, y no porque no compartamos que tenía que ser diferente a lo
que había planteado el Parlamento balear. Lo que planteó el Parlamento
balear era una proposición de ley --desde nuestro criterio, y así lo
dijimos en su toma en consideración, a pesar de votar a favor de que se
tomara en consideración-- que tuviera un régimen económico y fiscal o un
régimen fiscal y económico, que así se llamaba al principio la
proposición de ley, creando un paraíso fiscal, desde nuestro punto de
vista. Nosotros no compartíamos ese criterio. Nosotros compartíamos que
era necesario que se hablara del hecho insular, que se tomaran medidas,
se dieran incentivos y se promocionaran determinados aspectos que
diversificaran la actividad económica de las Islas Baleares para que
pudieran tener un desarrollo más equilibrado y que esto viniera a
beneficiar el hecho de la insularidad.
Pero lo que hoy vamos a votar aquí, señorías, no tiene nada que ver con
esto. Para el reconocimiento del hecho insular, que es lo que se hace en
esta iniciativa que hoy vamos a votar, no hubiera sido necesario hacer
una ley ni específica ni especial, porque la mayoría de las cosas ya
están recogidas en otro tipo de leyes que sí reconocen el hecho insular.
Si nos referimos a la bonificación que para los residentes en las Islas
Baleares se plantea en el texto a la hora de poder desplazarse de las
islas hacia la península o de la península hacia las islas, nos
encontramos con que eso ya lo tienen reconocido en la ley de
acompañamiento, que es un 33 por ciento de bonificación. Pero lo que
tendríamos que haber recogido en esta ley para que hubiera una diferencia
con lo que ya estaba reconocido era la ampliación, como así presentaba el
Grupo Federal de Izquierda Unida en unas enmiendas, para que no solamente
fueran los residentes nacidos en la Unión Europea, sino todos los
residentes de las Islas Baleares los que se
vieran beneficiados de esta bonificación, porque no creemos que los
residentes no europeos que pueda haber en las Islas Baleares puedan poner
en riesgo el equilibrio presupuestario de nuestro Estado.
Señorías, no creemos que vayan a ser estos residentes los que pongan en
peligro el equilibrio presupuestario y el cumplimiento de los objetivos
de convergencia para nuestro ingreso en la moneda única. Era necesario
que se fijaran en la ley --quizás eso hubiera ayudado a las negociaciones
que mantiene Coalición Canaria con el Gobierno central-- bonificaciones
para los desplazamientos entre las islas.
Es curioso que hayamos sido capaces de fijar un porcentaje de
bonificación en los desplazamientos entre las islas y la península, y
entre la península y las islas, y no hayamos sido capaces de fijar esa
bonificación en algo que para los residentes de las islas es totalmente
necesario, y es poder desplazarse de una isla a otra; no hemos sido
capaces de recogerlo, lo hemos dejado al resultado de la negociación que
se mantiene en estos momentos.
Es más, tampoco hemos sido capaces de establecer unas bonificaciones para
que las mercancías que se tienen que transportar desde las islas a la
península y desde la península a las islas se hayan visto favorecidas.
Hemos dejado que los Presupuestos Generales del Estado establezcan una
cuantía anual, que suponemos que será suficiente o al menos contentará en
parte a los industriales y a los comerciantes de las Islas Baleares, pero
no hemos sido capaces de establecer esa bonificación, alegando que
teníamos que tener en cuenta los beneficios y los equilibrios de los
beneficios portuarios. Señorías, con esta situación no hubiéramos
necesitado una proposición de ley de estas características ni un trabajo
como el que se ha realizado.
Si entramos a valorar cómo han quedado aquellas situaciones específicas
para que haya una mayor diversificación de la actividad industrial en las
Islas Baleares y que no se centre sóla y exclusivamente en la industria
turística, que además perjudica al empleo en las Islas Baleares
convirtiéndolo en un empleo totalmente estacional y que no conduce a un
mejor funcionamiento de toda la sociedad balear, resulta que lo hemos
limitado a la creación de comisiones mixtas, a que el Gobierno central y
el Gobierno autónomo balear, dentro de sus respectivas competencias,
elaboren, potencien y tomen medidas.
Señorías, esto es una ley, y una ley no puede estar constantemente
refiriéndose a que se tomarán medidas. Las medidas se tienen que tomar,
no hace falta que lo diga una ley; es necesario decir qué medidas, para
favorecer a qué sectores y de qué manera. Se nos decía que no era posible
establecer bonificaciones ni deducciones fiscales para aquellas
actividades industriales que fueran a incorporar en sus planes de
desarrollo, en su trabajo diario y cotidiano una mejora de la calidad
medioambiental, del respeto al medio ambiente, que es donde
fundamentalmente este grupo parlamentario ha fijado la mayoría de sus
enmiendas; se nos decía que la armonización fiscal que pretende la Unión
Europea impide que se puedan establecer este tipo de bonificaciones.
Señorías, podíamos haber buscado redacciones diferenciadas para que la
Unión Europea no hubiera visto en esto un intento de mejorar la
fiscalidad de determinados sectores, pero creemos que es necesario
potenciar fiscalmente el respeto al medio ambiente, porque si no, al
final, resulta que estamos creando situaciones industriales que pueden
mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y de las trabajadoras
y crear más empleo, pero estamos destruyendo nuestro entorno, y cuando
hablamos de un territorio como son las islas, resulta que estamos
corriendo graves riesgos porque su medio y sus recursos son mucho más
escasos, y si no se potencia su preservación podemos acabar con algo que
además puede perjudicar lo que es la columna vertebral del desarrollo
económico de las islas, el turismo, que es lo que ustedes, con esta
iniciativa, tal como puede quedar aprobada, van a seguir potenciando.
Nosotros hablamos en nuestras enmiendas de la necesidad de tomar medidas
y que estuvieran ya fijadas en la ley para impedir la temporalidad que
existe en el trabajo de las Islas Baleares, precisamente porque su mayor
punto económico es el desarrollo turístico. Sin embargo, ustedes se han
limitado a la creación de una comisión mixta para que podamos hablar de
qué va a pasar con los trabajadores fijos y continuos o, en todo caso, a
mejorar algún apartado, gracias a una transaccional de Convergència i
Unió sobre el tema de la formación ocupacional. Sin embargo, no hemos
sido capaces, no ha querido la mayoría de SS. SS. abordar con seriedad la
necesidad de regular específicamente, para tener en cuenta el hecho
insular, una situación de los trabajadores y trabajadoras de las Islas
Baleares, que tiene que ser diferente a la del resto del Estado español
porque hay una situación específica, el hecho insular.
Nuestro grupo parlamentario va a votar a favor de las enmiendas
transaccionales que ha presentado Convergència i Unió porque dentro de
esta ambigüedad que existe, excepto algunos apartados a los que haré
referencia posteriormente, hay una mejora en aquello que ya ha
establecido el dictamen de la Comisión. Las vamos a votar a favor porque
nuestro grupo no está en contra de que se mejore lo que desde luego es
manifiestamente mejorable.
Cuando no se quiere establecer criterios reales que se puedan llevar a la
práctica sin necesidad de que tengan que ser en el plazo de un mes o
quince días sino que se pueden acompasar los tiempos, cuando hay un
interés real sí se especifica, como ocurre con el diseño que hace el
dictamen de la Comisión con el fomento de áreas especiales. Al hablar del
fomento de áreas especiales
todos podríamos pensar que es el que tiene que ver con la agricultura,
con la potenciación de los sectores artesanales tradicionales, con la
acuicultura, etcétera. No, señorías, estamos hablando del fomento del
parque balear de innovación tecnológica y de las áreas aeronáuticas, algo
que tiene que ser muy interesante para las Islas Baleares, que va a
diversificar mucho su desarrollo económico y va a suponer un aumento de
puestos de trabajo y de calidad de vida para la mayoría de los ciudadanos
baleares.
Para terminar, es necesario que se cree un fondo de insularidad porque, a
pesar de que las islas tienen un reparto económico de los impuestos que
percibe el Estado bastante alto porque su nivel de renta es alto, no
sucede lo mismo a la hora de repartirlo entre todos ya que ese nivel se
debe a que el desarrollo económico de las islas está muy centrado en el
turismo, muy concentrado en pocas manos y la mayoría de la población
necesita que haya un equilibrio en el que se pueda redistribuir ese
dinero con el que se tiene que financiar el desarrollo de las Islas
Baleares.
Nosotros proponemos este fondo de insularidad de manera clara para que
pueda revertir en los consejos insulares, que constituyen la
Administración que está más próxima a los ciudadanos de las islas, para
que éstos inviertan este fondo de insularidad en la mejora de las
infraestructuras necesarias en las zonas más necesitadas, para que sean
los gestores reales, reequilibren y devuelvan a la ciudadanía aquello que
están pagando a través de sus impuestos, estableciendo los equilibrios
territoriales necesarios entre las islas.
No se nos han aceptado estas enmiendas. Se dice que nuestro texto choca
frontalmente con las posiciones de la Unión Europea. Estamos convencidos
de que si se hubiera tenido voluntad política de hacer un régimen
especial donde no solamente se tuviera en cuenta el hecho insular para
determinadas cosas específicas como la sanidad o la educación, sino
buscar también un desarrollo económico mucho más equilibrado de las Islas
Baleares, nuestras enmiendas hubieran tenido cabida aunque hubieran sido
transaccionadas. El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida está
convencido también de que lo que ha sucedido es que, una vez que se tenía
asegurado el voto mayoritario de la Cámara, no se ha querido consensuar y
trabajar más allá, porque lo que interesaba era salir del paso, no se
quería tener un régimen especial --llámese económico y fiscal-- para las
Islas Baleares que permitiera un desarrollo diferente de estas islas.
Por eso, nuestro voto va a ser diferenciado en algunos artículos, pero en
general va a ser negativo.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Urán.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Costa.
El señor COSTA COSTA: Señor presidente, señorías, debatimos hoy una
proposición de ley tramitada a iniciativa del Parlamento de las Islas
Baleares que poco tiene que ver con la inicial voluntad de sus
impulsores.
Señorías, las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular han supuesto de
hecho una enmienda de totalidad, tanto por su número como por su
concepción, porque ni la exposición de motivos, ni uno solo de los
setenta y tres artículos originales, ni siquiera el título de la ley han
quedado indemnes a las enmiendas del grupo que apoyó su toma en
consideración y que impulsó esta ley. No ha sido, como han manifestado
algunos portavoces del Partido Popular, un parto doloroso; ha sido una
operación traumática de la que no han quedado indemnes ni uno solo de los
artículos, ni la exposición de motivos, ni el título de la ley.
Del proyecto inicial, cuya filosofía pretendía crear un régimen económico
y fiscal para las Islas Baleares, nada ha sobrevivido. Se ha pasado de
aquella postura irresponsable y demagógica, poco respetuosa con la
Constitución española, a otra más comedida y adaptada al marco
constitucional. Se ha pasado a desarrollar el artículo 138 de la
Constitución española estableciendo algunas medidas necesarias para
lograr que los costes para los ciudadanos y las condiciones para la
actividad económica en las Islas Baleares sean equiparables a las
regiones continentales del resto de España.
Las rebajas del Partido Popular, ya en el Gobierno, durante la
tramitación de esta proposición de ley no han suprimido sólo los aspectos
fiscales de la tramitación inicial, cosa en la que coincidimos y de la
que nos alegramos porque la hacían incompatible con nuestro marco
jurídico. También han recortado aspectos fundamentales del régimen
económico, como pueden ser los transportes de mercancías, las
infraestructuras públicas, la energía, las telecomunicaciones, los
hidrocarburos, la estacionalidad del empleo y la economía de las Islas
Baleares sustentada en la actividad turística.
En este trámite, señorías, no pretendemos sólo poner en evidencia las
renuncias y los incumplimientos del Partido Popular respecto de sus
promesas y reivindicaciones en la oposición. Es nuestra obligación como
representantes de los ciudadanos de las Islas Baleares velar por los
intereses generales del Estado y encontrar acomodo a nuestras legítimas
reivindicaciones en armonía con los mismos, sin sacrificar ninguno de
ellos. A ello van dirigidas las enmiendas que mantenemos ante este Pleno.
El Grupo Parlamentario Socialista, lejos de caer en la tentación de la
crítica fácil, pretende mejorar los aspectos de la proposición de ley que
hoy tramitamos, que, como he dicho antes, se ajusta mejor al marco
jurídico derivado de la Constitución española y del Tratado de la Unión
Europea. Para ello enmendamos el artículo 1. Frente a la vaguedad
propuesta por el PP en el texto aprobado por la Comisión, en el que
hablan de
medidas de todo orden, pretendemos mejorarlo técnicamente, acotar el
marco de la ley, establecer las medidas necesarias para lograr que los
costes para los ciudadanos y las condiciones para la actividad económica
sean equiparables a los de las regiones continentales del resto de
España, particularmente en los aspectos que he remarcado antes y que han
sido recortados por el Partido Popular en su tramitación parlamentaria,
es decir, el servicio de transporte de mercancías, los productos
energéticos, las telecomunicaciones las infraestructuras por razón de
insularidad, los servicios de salud y educación, la desestacionalización
de la actividad económica y el empleo, y la diversificación y
modernización de la industria tradicional de las islas Baleares.
Respecto al sistema de transportes, mantenemos cuatro enmiendas a dos
artículos que regulan el tráfico de pasajeros y de mercancías. En esos
artículos introducimos mejoras sustanciales, manteniendo el texto
original del proyecto de ley que fue remitido a esta Cámara. El Partido
Popular aún no ha podido explicar ni en Ponencia ni en Comisión ni ante
la opinión pública por qué en esos artículos ha recortado las demandas,
las reivindicaciones aprobadas por el Parlamento de las Islas Baleares,
que nada tienen que ver con el régimen fiscal, que no conculcan ni la
Constitución española, ni el Tratado de la Unión Europea. Simplemente lo
han recortado porque ha cambiado su posición en esta Cámara; ha cambiado
su posición en el país; han pasado a gobernar y, por tanto, no han hecho
realidad aquello que pedían desde la oposición.
Nosotros pretendemos mantener los textos iniciales con los que
coincidimos porque creemos que son adecuados para el texto de esta ley.
Nuestras enmiendas concretan mejor las condiciones para el transporte de
mercancías y pasajeros que el texto del Partido Popular, que lo deja a lo
que se establezca para otros archipiélagos del Estado español. No estamos
en contra, pero creemos que estaría mejor regulado estableciendo el
porcentaje específico de descuento en los transportes para las Islas
Baleares, así como sus condiciones, en una ley que desarrolla su régimen
especial. En esta ley quedan demasiadas inconcreciones y faltan reglas
que sean exigibles ante el Gobierno para que podamos mejorar la ley entre
todos.
En telecomunicaciones mantenemos una enmienda que tiene un carácter
básicamente garantista y que nos gustaría ver aprobada en esta Cámara. En
el capítulo energético se introduce una mejora en la enmienda
transaccional que ofrece Convergència i Unió y anuncio que vamos a
apoyarla. Nuestro texto, una vez más, concreta mejor las desigualdades
que existen en estos momentos, que deberían estar también reguladas y
regladas en el texto que hoy aprobamos para no dejarlas para futuras
negociaciones, acuerdos, pactos a veces oscuros e incomprensibles para
los ciudadanos, en vez de regularlos y sacarlos a la luz de la opinión
pública. En esos aspectos buscamos con nuestras enmiendas que el precio
de los productos energéticos para los consumidores sea el mismo que el
que rige para los consumidores del territorio peninsular.
Mantenemos también un grupo de enmiendas a algo que nosotros consideramos
muy importante, que tiene antecedentes ya aplicados a las
infraestructuras, se trata del artículo 14. El Partido Popular ha pasado
de defender en el Parlamento de las Islas Baleares, ante la opinión
pública de las Islas Baleares, una dotación mínima de 15.000 millones de
pesetas para infraestructuras públicas, a dejar en la ley algo tan
inconcreto como una priorización, que en cualquier caso el Gobierno
establece para el conjunto de infraestructuras que deben obtener las
Islas Baleares, sin concreción económica, sin ninguna dotación, sin que
sea exigible por parte de nadie si este aspecto es incumplido por el
Gobierno de turno del Estado. A nosotros nos gustaría establecer una
relación directa entre la aportación de las Islas Baleares al producto
nacional bruto y su participación en el capítulo VI, inversiones reales,
y exigir al Estado, sea quien sea el Gobierno de turno, una serie de
infraestructuras, unas cifras y un modus operandi regulado en esta ley.
Señorías, los portavoces del Partido Popular no han podido explicar por
qué han cambiado su postura en este aspecto fundamental --según han
manifestado históricamente sus portavoces aquí y en el Parlamento de las
Islas Baleares en múltiples ocasiones-- en un elemento tan importante
como es la creación de infraestructuras, en una economía que depende
básicamente de la capacidad de la oferta y calidad de los servicios que
éstas pueden ofrecer no sólo a sus habitantes, que también y
principalmente, sino a quienes nos visitan.
Mantenemos también reservas a los artículos 23 a 26, las áreas de interés
económico. Mi compañero Angel Martínez Sanjuán hizo una brillante
exposición en la Comisión de Economía respecto a la competencia de esta
Cámara para regular aspectos que son ya competencia autonómica, que no
tienen por qué estar desarrollados en una ley estatal. El Gobierno
autónomo, en el ejercicio de sus competencias, puede perfectamente
regular y establecer las ayudas y el marco jurídico y económico que,
encajado en la Constitución y en el Tratado de la Unión Europea, quiere
dar a estas áreas. Estamos ante un brindis al sol, ante unos elementos
que nada nuevo aportan a la capacidad de Gobierno y al ejercicio de la
autonomía en las Islas Baleares, y que después ni se desarrollan ni se
dotan económicamente ni se especifican cuáles son las condiciones en las
que estas áreas deben estar.
El señor PRESIDENTE: Señor Costa, debe concluir.
El señor COSTA COSTA: Acabo enseguida, señor presidente.
Hemos visto como el Grupo Popular introducía dos enmiendas referidas a
educación y a sanidad. Saben que estas enmiendas no estaban en el
proyecto inicial y que fue una aportación efectiva del Grupo
Parlamentario Socialista, dialogada con responsables del Gobierno balear,
con el señor Rami --a quien veo presente aquí--, conseller de Economía
del Gobierno autónomo. Es verdad que ha sido una aportación importante
del Grupo Socialista y que recoge aspectos sociales que los ciudadanos de
las Islas Baleares van a tener en consideración. Pero también es cierto
que se ha intentado ningunear el texto de estas enmiendas, dejándolo
absolutamente inconcreto y abierto.
Hoy el Grupo de Convergència i Unió nos presenta también una
transaccional, que anuncio apoyaremos, que mejora el dictamen de la
Comisión, pero nosotros desearíamos que fuera más concreto, como consta
en nuestras enmiendas, las únicas que quedan a estos dos artículos de la
ley. Mantendremos el apoyo crítico a estas propuestas, para que entre
todos podamos mejorar la ley.
Dos elementos más importantes, y acabo ya, señor presidente. La
regulación de la actividad económica y del empleo en las Islas Baleares.
Ese es el núcleo del problema de la economía de las Islas Baleares, su
estacionalidad, y el Grupo Popular despacha este problema, que tiene
mucho que ver con las condiciones de la insularidad, proponiéndonos
campos de golf y puertos deportivos. Señorías, es una simplificación tan
grande del problema que ustedes no se lo pueden creer. Ustedes coinciden
con la postura del Grupo Parlamentario Socialista, una postura
fundamentada en un texto aprobado por esta Cámara en Pleno, aprobado
también por el Grupo Popular, que lo único que pretende es trasladarlo a
un texto legal exigible. Señor Gamero, todos los grupos de la Cámara,
incluido el suyo, aprobamos por unanimidad exactamente el mismo texto que
mi grupo parlamentario propone incorporar a esta ley y por tanto hacerlo
exigible al Gobierno de turno del Estado, no sólo al Gobierno del Partido
Popular. ¿Explicarán ustedes a los sectores socioeconómicos de las Islas
Baleares por qué no incorporan esas enmiendas cuando, si ustedes
quisieran, habría unanimidad en la Cámara para avanzar en este sentido?
Finalmente, mantenemos una serie de enmiendas a las disposiciones
adicionales y derogatorias, a elementos que son importantísimos para las
Islas Baleares, aunque pasen más desapercibidos en el articulado de la
ley: la supresión de las tasas de aproximación aérea y de seguridad
aeroportuaria. Señorías, ha sido un clamor unánime que esa tasa era un
impuesto a la insularidad que penalizaba el único medio de transporte
utilizable para los ciudadanos de las Islas Baleares. Nosotros, al igual
que hicimos en el debate sobre el estado de la Nación, les damos una vez
más la oportunidad de suprimir esas tasas aprobando nuesstra enmienda a
las disposiciones adicionales.
Acabo ya, señor presidente. Queremos agradecer sinceramente al Grupo de
Coalición Canaria el esfuerzo realizado en el debate de esta ley por la
retirarada de sus enmiendas. No estamos en el provincianismo, señor
Mauricio, como alguna vez ha afirmado S. S., estamos por desarrollar el
artículo 138.1 de la Constitución. Se hubiera podido hacer perfectamente,
como S. S. sugería en la Comisión, con una ley marco para todos los
archipiélagos, pero estábamos hablando de una ley para Baleares. Nosotros
apoyaremos en su momento el que exista, si es necesario, un marco
específico para las islas Canarias desarrollando este mismo artículo.
Quiero acabar, señorías, pidiendo a la Cámara que se aleje de las
visiones sectarias y partidistas que no dejan ver más allá de los dos
años próximos de Gobierno; que hagan un esfuerzo de generosidad para
situarse en el marco en que se encuentran los sectores económicos y
sociales de las Islas Baleares; que se sitúen en Inca, en Santa Eulalia,
en Mahón y que por un momento piensen en el ciudadano que tiene que
utilizar los servicios que regula esta ley y los efectos que la misma va
a tener sobre la economía y la sociedad de las Islas Baleares. Imaginen
por un momento que se incorporan las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista y verán que establecemos más seguridad jurídica, un marco
mejor, que desarrollamos aspectos fundamentales para estos ciudadanos en
esta ley y que mejoramos sensiblemente el dictamen de la Comisión y,
desde luego, una operación traumática que comprendemos y con la que nos
solidarizamos con el Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Concluya, señor Costa.
El señor COSTA COSTA: Porque hacer el esfuerzo que ha hecho de cambiar
aspectos tan fundamentales de la ley sin explicarlo a los ciudadanos es,
sin duda, un esfuerzo titánico.
Señorías, en espera de que nuestras enmiendas obtengan una buena acogida,
concluyo mi intervención.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Costa.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Cava de
Llano.
La señora CAVA DE LLANO Y CARRIO: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, la semana pasada ha sido la que podríamos
denominar semana de Baleares por la sencilla razón, como ustedes saben,
de que el martes se tomó en consideración la reforma del estatuto de
autonomía y hoy se inicia en esta Cámara la última fase de un proceso que
ha sido largo, turbulento y complicado, pero que va a culminar con la
aprobación por el Congreso de los Diputados de la primera ley que
desarrolla la especificidad del hecho insular balear. El artículo 138 de
nuestra Constitución reconoce la insularidad como un hecho diferencial
que debe ser particularmente tenido en cuenta al establecer el adecuado y
justo equilibrio económico entre los territorios del Estado español, todo
ello en orden al real y efectivo cumplimiento de la solidaridad
interterritorial.
He dicho que éste ha sido un proceso largo y complicado, y les voy a
explicar por qué. En 1992, el Gobierno balear, a petición de los agentes
sociales y económicos realizó un Plan estratégico de competitividad muy
ambicioso para estudiar las causas de la recesión económica. El análisis
detectó una serie de problemas intrínsecamente propios de las Islas
Baleares en razón de su condición insular; por ejemplo, el encarecimiento
que sufren los empresarios isleños por tener que utilizar un determinado
transporte, y también las situaciones de alteración profunda de los
mecanismos de mercado por tratarse de un territorio pequeño y
fragmentado, observándose en este Plan de competitividad que la
insularidad, en lo económico, constituye una minusvalía geográfica. Ante
esta realidad, se presentó una proposición de ley, que fue aprobada en
1995 por el Parlamento balear con el único voto en contra del Partido
Socialista.
Desde entonces, señorías, han transcurrido más de tres años y ha habido
una evolución sustancial de la economía española y, lógicamente, de la
isleña. Tanto es así que muchas de las peticiones que eran necesarias
para la competitividad de nuestra economía han perdido sentido, sea por
los dictámenes europeos, sea porque se ha producido una reforma en la
legislación estatal española o porque han quedado resueltas con el nuevo
sistema de financiación autonómica. Lo cierto es que hoy lo que
defendemos básicamente es la compensación de la insularidad entendida
como una realidad geográfica diferente en la que los condicionantes de
transporte, medio ambiente, equilibrio territorial, pluriinsularidad,
etcétera, generan una necesidad de compensación. (El señor
vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
Lo que perseguimos son tres objetivos muy concretos. El primero, la
supresión de desventajas que comporta la situación geográfica insular. El
segundo, la compensación de los sobrecostes derivados de la realidad
insular. El tercero, la aplicación de los correctivos económicos que nos
permitan competir en igualdad de condiciones que los territorios
continentales. Todo ello, desde el convencimiento de que estas
desventajas deben ser corregidas o compensadas porque tienen el efecto
económico de incrementar el coste de las actividades productivas que se
desarrollan en las Islas Baleares.
Yo sé que muchos de ustedes pueden estar pensando en este momento por qué
Baleares quiere una ley en la que se reconozca su especificidad si es la
comunidad autónoma con la renta per cápita más alta de España, incluso
superior a la renta europea. Efectivamente, esto es así, señorías, pero
no hay que olvidar, porque es bueno tener memoria, que hasta hace unos
años los habitantes de Baleares tenían que emigrar para subsistir, y si
ahora no tienen que hacerlo es gracias al turismo. Señorías, es evidente
que el turismo ha hecho que Baleares despegara económicamente, pero la
excesiva especialización, es decir, el monocultivo turístico, constituye
para nosotros un motivo de enorme preocupación por la sencilla razón de
que produce un desequilibrio interno en nuestra economía al suponer una
excesiva especialización de la economía productiva en el sector de los
servicios turísticos. Eso comporta una altísima concentración de riesgos
en un terreno que se caracteriza precisamente por su extraordinaria
sensibilidad, por la dependencia de la evolución de la economía europea y
por la estabilidad política de los mercados competidores. Por todo ello,
se hace preciso adoptar una serie de medidas que concilien el
mantenimiento del sector turístico, al que tanto debemos, con la creación
de nuevos sectores de la actividad económica para que, una vez
compensados sus sobrecostes, resulten competitivos. Es decir, señorías,
partimos de una monoespecialización económica, pero aspiramos a la
diversificación por varios razones. En primer lugar, por razones de
seguridad; una estructura productiva diversificada crea una economía más
segura a largo plazo. En segundo lugar, por razones de estabilidad en el
empleo; es evidente que la actividad industrial proporciona una
estructura de ocupación más estable que la de los servicios turísticos.
Y, en tercer lugar, por razones de crecimiento económico.
Ustedes han oído a portavoces de otros grupos políticos, concretamente a
los del Grupo Socialista y los de Izquierda Unida, que han criticado las
modificaciones efectuadas en esta proposición de ley con respecto al
texto inicial proveniente del Parlamento de las Islas Baleares. Se ha
dicho que se ha modificado prácticamente la totalidad de los 73 artículos
originales e incluso el texto de la ley. No lo niego, señorías. El texto
inicial, efectivamente, constaba de 73 artículos y el texto actual ha
quedado reducido a 30. El porqué de este recorte se lo voy a explicar. Se
basa en la eliminación del texto inicial del libro primero regulador del
régimen fiscal que, como ustedes saben, ha sido imprescindible suprimirlo
porque en el momento actual choca frontalmente con la política de la
Unión Europea. Sé que lo que voy a decir no va a agradar a todo el mundo;
lo lamento, pero lo cierto es que los retrasos que durante el Gobierno
del Partido Socialista sufrió la tramitación de esta proposición de ley
han sido quizá los causantes de haber tenido que prescindir de la parte
fiscal.
Esta proposición de ley llegó al Congreso de los Diputados en el año 1995
y se guardó en un cajón hasta que en el año 1997, gobernando ya el
Partido Popular, se sacó de ese cajón y se inició su tramitación. En
aquel entonces, señorías, no existía como hay ahora una política de
armonización fiscal en la Unión Europea que impide en estos momentos
asumir todo el tema referente al régimen fiscal. Como ustedes saben, la
política de la Unión Europea tiende a la armonización de todos los
territorios. De ahí que ya en el año 1996 la Comisión Europea presentara
un primer borrador de política fiscal. En abril de 1996 tuvo lugar la
primera reunión de ministros de Finanzas en Verona y se constituyó el
grupo de política fiscal bajo la presidencia del comisario europeo Mario
Monti, en el que participaron altas personalidades políticas y
científicas con el objetivo de examinar y promover las armonizaciones
necesarias para el buen funcionamiento del mercado interior en el
contexto de una sana competencia.
En septiembre de 1997 se reunió el Ecofin y adoptó el primer acuerdo para
comenzar a desarrollar una política de coordinación fiscal. En octubre
del mismo año, la Comisión Europea hizo público un código de conducta
sobre fiscalidad y un triple compromiso de los Estados miembros, que
consistía en no introducir ningún tipo de medida fiscal que fuera
contraria a los intereses comunitarios, en analizar las medidas fiscales
que existían en ese momento, congelarlas y en eliminar esas medidas
perjudiciales. Quiero decir con todo ello que tener que suprimir todo el
contenido del libro primero referente a la parte fiscal ha sido por
imperativo de la Unión Europea.
Por lo que respecta a la parte económica de la proposición de ley,
insisto en que no ha variado esencialmente ni en su filosofía ni en su
enfoque, únicamente ha experimentado una mejor sistematización que ha ido
acompañada de una redistribución de artículos por materias, una
adaptación a las legislaciones vigentes y una mejora de redacción de los
artículos.
Por consiguiente, no es de recibo lo que ha manifestado el portavoz del
Grupo Socialista de que estamos ante un texto diferente. Este texto,
señorías, no es cualitativamente diferente, salvo en lo que se refiere a
lo que he comentado...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Cava, le
ruego que vaya concluyendo.
La señora CAVA DE LLANO Y CARRIO: Señor presidente, apelo a su
generosidad ya que tengo que rebatir gran cantidad de enmiendas que han
presentado los otros grupos.
El señor PRESIDENTE: Señora Cava, no pierda S. S. tiempo. Vaya
concluyendo, no se exceda y hágalo cómodamente.
La señora CAVA DE LLANO Y CARRIO: Sí, señor presidente.
Los principales aspectos del régimen especial quedan relacionados, en
primer lugar, con los transportes y comunicaciones, que son fundamentales
para garantizar la normal actividad del archipiélago, elevando la
magnitud actualmente existente y estableciendo una serie de
bonificaciones al transporte de mercancías que hasta ahora no existían.
En segundo lugar, se establece un bloque de medidas relacionadas con
nuestras limitaciones territoriales, las barreras de la competencia y la
necesidad de introducir actuaciones en el sector energético, educativo y
sanitario. En tercer lugar, se recoge un conjunto de medidas que parten
del convencimiento de la conveniencia de garantizar un desarrollo
sostenible, arbitrando medidas para incidir en la problemática de
recursos hídricos, mundo rural, pesca, acuicultura y problemática de los
residuos sólidos. En cuarto y último lugar, un grupo de medidas que
tienen como objetivo potenciar la diversificación de la actividad
económica mediante la declaración de áreas de especial interés. Se
incluye también medidas de soporte a nuestra actividad industrial
tradicional y medidas para reequilibrar la desestacionalización y las
disfunciones que provoca la estructura de nuestra economía en el ámbito
laboral. Entendemos, señorías, que éste es el mejor y máximo régimen
especial que podemos tener en el día de hoy, con garantías de que está
ajustado a la normativa nacional y al ámbito de la Unión Europea.
En cuanto a las enmiendas presentadas por otros grupos, quiero agradecer
a don José Carlos Mauricio la retirada de sus enmiendas en este trámite y
decirle que estoy totalmente de acuerdo en que no es equiparable la
situación de Baleares con la de Canarias. En Baleares reunimos la
condición de la insularidad, no la de la ultraperificidad y nunca hemos
querido equipararnos, porque somos conscientes de ello. Sin embargo, ante
la manifestación que ha efectuado de la posible iniciativa legislativa de
una ley que contemple el hecho diferencial de Canarias, sí quiero
decirle, como isleña y, por tanto, como perfecta conocedora de las
múltiples desventajas que comporta la insularidad, que entiendo
perfectamente su postura y que espero que mi grupo la acepte.
En cuanto a las enmiendas de Convergència i Unió, agradezco muchísimo al
señor Homs su inestimable ayuda y comprensión a lo largo de la
tramitación de la proposición de ley. Unas enmiendas fueron retiradas y
otras incorporadas al dictamen de la Comisión, porque mejoraban el
informe de la ponencia. Respecto a las que ha presentado en este trámite
en relación con el artículo 15 y referente a las becas vamos a admitir su
enmienda, porque efectivamente aclara el contenido del artículo. En
cuanto al artículo 16, relativo a la sanidad, nos parece muy oportuna su
matización, aunque podría sobreentenderse que lo que abunda no daña y de
esta forma se clarifica enormemente el texto. Respecto al artículo 20,
referente a la pesca artesanal, nos parecen mejores los términos que
usted utiliza y que quede como texto: adoptar las medidas oportunas, en
vez del actualmente existente: aunar esfuerzos.
En cuanto a las enmiendas de Izquierda Unida, quiero decir a la señora
Urán que agradezco mucho todo el trabajo que han efectuado a lo largo de
la tramitación. Comprendo su interés, entre otras cosas porque no
pudieron participar en la elaboración de la proposición de ley, porque en
aquel momento Izquierda Unida no tenía representación en el Parlamento
Balear. Asimismo no podemos aceptar...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Cava de
Llano, le ruego concluya.
La señora CAVA DE LLANO Y CARRIO: Señor presidente, le rogaría
benevolencia, porque tengo que contestar a las enmiendas que se han
presentado. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Su señoría sabe que
el tiempo de intervención es limitado, le ruego concluya.
La señora CAVA DE LLANO Y CARRIO: Me gustaría detenerme mucho más en las
enmiendas presentadas por el Grupo Socialista, pero parece ser que no
tengo tiempo para ello. Por tanto, únicamente quiero decir que no
entiendo lo que ha manifestado el señor Costa con respecto a los campos
de golf, ni la crítica que ha hecho, cuando una de las cosas de que
presume el Partido Socialista en las Islas Baleares es respecto a la
ciudad de Calviá, porque su alcaldesa --persona muy competente, por
cierto--, doña Margarita Nájera, cuando acude a foros internacionales
habla de Calviá como de la ciudad de los campos de golf. Existen en este
momento seis y en cartera está llegar hasta 14.
Los enfoques practicados por el Grupo Socialista han debido ser
rechazados por mi grupo, bien porque no aportan sensiblemente nada nuevo
a lo que ya existía, bien por ser fuente potencial de rigideces, bien por
cuestiones de técnica jurídica, bien por cuestiones de oportunidad
política, bien por el diferente momento en que nos encontramos en
relación con Europa.
En consecuencia, señor Costa, lamento que usted no pueda asimilar que en
13 años de Gobierno socialista ustedes no hayan hecho absolutamente nada
por reconocer el hecho insular de Baleares (Rumores.--Aplausos.). En
cambio, señor Costa, han bastado dos años de Gobierno del Partido Popular
para que Baleares tenga un marco legal en el que se reconozca la
especificidad insular.
Finalizando, solicito a todos los grupos políticos que empujemos en la
misma dirección y obtengamos, por fin, las compensaciones que palien la
insularidad. Sería bonito conseguir el consenso, señora Urán, señor
Costa, y demostrar así que la defensa de los intereses de nuestras islas
están por encima de nuestras diferencias y de nuestros intereses
partidistas, porque creemos que la compensación de la insularidad es para
nuestra comunidad una cuestión de Estado que nos ha de hacer superar las
diferencias, realizando un esfuerzo para presentarla ante otras regiones
con un planteamiento tan contundentemente y unitario que no haga dudar a
nadie de la legitimidad de nuestras reivindicaciones.
Finalizo, señor presidente, queriendo expresar públicamente, como
legítima representante del pueblo de las Islas Baleares, mi
agradecimiento al Gobierno de la nación (El señor Ros Maorad: ¿Dónde está
el Gobierno?) y a los grupos políticos que han dado soporte a esta
proposición de ley por la sensibilidad y comprensión que he encontrado en
todos ellos y por su inestimable ayuda en la conformación de la historia
de un pueblo, el balear, tranquilo, hospitalario, trabajador y solidario,
que quiere que su destino dependa de su capacidad de trabajo y no de su
condicionante geográfico.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Cava de Llano. (El señor Costa Costa pide la palabra.)
¿A qué efectos me solicita la palabra, señoría?
El señor COSTA COSTA: Señor presidente, por alusiones. (Protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Silencio, señorías.
Ha habido una fijación de posición obviamente no coincidente en las
posturas de los distintos grupos parlamentarios, pero que no da lugar a
la apertura de un nuevo turno de réplica. No tiene S. S. la palabra.
El señor COSTA COSTA: Señor presidente, ha habido alusiones directas, no
fijación de posición, al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y
pido el amparo de la Presidencia para poder responder a esas alusiones.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Estrictamente para
responder a esas alusiones y de forma breve, señoría.
El señor COSTA COSTA: Gracias, señor presidente.
Simplemente, se trata de una alusión que ha hecho la portavoz del Grupo
Popular respecto de la necesaria unanimidad para presentarse ante los
ciudadanos de las Islas Baleares con un texto de ley en defensa de sus
intereses. (La señora Villalobos Talero: Alusiones personales.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): ¡Señora Villalobos!
El señor COSTA COSTA: Señoría, ustedes tienen la palabra; apoyen las
enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista, pero no entiendan la unanimidad como el asentimiento a sus
ideas, que es lo que siempre ha hecho la derecha en este país. (El señor
Cisneros Laborda: No son alusiones personales.--Rumores.)
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señoría.
(La señora Villalobos Talero: Eso no son alusiones)
Señora Villalobos, le ruego guarde silencio. (La señora Cava de Llano y
Carrió pide la palabra.)
¿Señora Cava de Llano?
La señora CAVA DE LLANO Y CARRIO: Me gustaría poder contestar al señor
Costa y decirle que las enmiendas que han presentado son inasumibles y
que me llama la atención que se quiera convertir ahora en adalid de la
defensa de los intereses de Baleares quien se ha opuesto sistemáticamente
a la tramitación de esta ley.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señoría.
-- PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE LA COMUNIDAD DE
MADRID. (Número de expediente 127/000005)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pasamos al dictamen
de la Comisión sobre la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de
la Comunidad de Madrid.
¿Turno a favor del dictamen? (Pausa.)
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor presidente, señorías, voy a defender la
posición del Grupo Federal de Izquierda Unida en este trámite sobre el
dictamen de la Comisión Constitucional en cuanto a la reforma del
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Madrid.
En el caso de esta comunidad autónoma el proceso de reforma del Estatuto
ha cumplido dos requisitos que no hemos visto para otras comunidades. El
primer requisito ha sido que viene pactado, discutido, negociado desde la
Asamblea de Madrid por todos los grupos parlamentarios que componen e
integran dicha Asamblea. Es decir, en este caso tenemos una voluntad
común que ha sido mantenida íntegramente en el Congreso.
El Estatuto de Madrid recibe con esta reforma fundamentalmente un
incremento de competencias exclusivas, equiparables a las de los
estatutos del 151 de la Constitución, y viene a recibir, aunque no
ubicadas, como a nosotros nos hubiese gustado como competencia exclusiva,
competencias de gestión en sanidad.
Con esta reforma se ultima el techo competencial de la comunidad
autónoma, tanto en educación como en sanidad; se fortalece la capacidad
del Parlamento, puesto que elimina los límites que tenía antes de la
anterior reforma del año 1994, pactada entre el Grupo Popular y el Grupo
Socialista (limitaciones en períodos ordinarios, limitaciones en cuanto a
la actualidad del Gobierno, limitaciones en cuanto al funcionamiento de
los diputados y su dedicación); en suma, creemos que se da un salto
sustantivo en cuanto a la capacidad del autogobierno, cifrada en su
Asamblea.
Todos hemos dejado en este camino parte de lo que eran nuestras demandas.
A nosotros nos hubiese gustado que, en el seno de las competencias
exclusivas, se contemplase alguna de las competencias que otras
comunidades autónomas del mismo nivel competencial ya tienen, como
Aragón, Valencia, que en esta reforma de estatuto no se recoge para
Madrid. Pero no se trata de poner de manifiesto lo que nos diferencia; lo
importante en este caso --decía al principio-- era las dos ventajas que
tiene esta reforma. La primera, que el grado de consenso que se ha
producido en la Comunidad de Madrid se ha mantenido en el trámite del
Congreso; es decir, lo pactado, lo discutido, lo consensuado, que abre
puertas a un mayor dinamismo en la Comunidad Autónoma de Madrid en cuanto
a su capacidad reglamentaria, a su funcionamiento, a su dedicación, a la
posibilidad de control del Ejecutivo, ha sido mantenido en el trámite del
Congreso. El mismo pacto, con el mismo grado de apoyo, va a ser
respaldado aquí, hecho que no se ha producido en otros estatutos de
autonomía. Por eso, con independencia, dentro de la realidad
plurinacional y plurirregional de hechos diferenciales que tiene nuestro
país, de lo que son voluntades de acceso, culminación de los derechos que
tiene cada uno de los pueblos en su capacidad de decisión, en este caso
están sobreguardados, con independencia de que algunas de las
competencias estén ubicadas en desarrollo legislativo o capacidad
exclusiva o ejecución. La verdad es que ha sido marcada por el consenso
de todas las fuerzas de la Asamblea. Quiere esto decir que esos derechos
podrán ser movidos por el mismo grado de decisión, de acuerdo o de
encuentro. Así se podrá efectuar un mínimo diseño de Estado que pueda
servir como cauce para un camino posterior en lo que significa la
evolución de todas y cada una de las comunidades. Es cierto que este
mismo grado no se ha producido en otros estatutos, ni en el de Asturias
ni en el de Castilla y León, pero sí en otros, como el de Castilla-La
Mancha y el de Murcia, que se termina hoy en el Senado.
Yo estoy convencido del camino del diálogo y del consenso para que los
Parlamentos de las comunidades
autónomas tengan la posibilidad de marcar el tope de derechos, la
capacidad de autogobierno que quieran, el protagonismo que deben de tener
dentro de la realidad institucional de la comunidad autónoma y que los
procesos de elección sean lo más proporcionados posibles; y en este caso
se cumplen. Esa es la razón por la que hemos mantenido el consenso que se
produjo en la Comunidad Autónoma de Madrid y en este Congreso. Esperamos
que en el trámite del Senado también se pueda mantener.
Deseamos que los ajustes técnicos de precisión de las competencias no
provoquen movimiento para reducir la capacidad de competencias que ahora
mismo recoge este estatuto, pactado y negociado, y que esa evolución de
precisión técnica en cuanto al funcionamiento institucional tampoco lo
pueda reducir. Si eso se consigue, estaremos ante el mantenimiento de una
voluntad común en el trámite parlamentario. Eso es lo que favorece que el
modelo de Estado, su configuración definitiva y su modelo de
financiación, sea más estable, tenga mayor perspectiva de continuidad,
puesto que lo apoyan todos lo que integran la pluralidad de esa
comunidad, sin ir a una pugna, a una controversia, a una confrontación en
función de la mayoría que puedan tener unos u otros. Esa es la gran
ventaja que tiene esta reforma del estatuto, que va a tener continuidad
en el futuro, lo que para Izquierda Unida no quiere decir que no sea
modificable, que no sea mejorable en una futura reforma, que pueda
resituar mejor los techos competenciales en materia exclusiva y los
desarrollos legislativos. No entendemos, por ejemplo, que el Imserso y la
gestión de lo transferido por el Insalud esté mejor en ejecución que en
desarrollo legislativo, porque se va a dar una realidad. La gestión de lo
que son las transferencias del Imserso con la gestión de la red de
servicios sociales que tenía la propia comunidad va a suponer en unos
casos una capacidad de desarrollo normativo ajustándose a la realidad de
Madrid, mientras que lo que recibimos del propio Imserso va a crear
dificultades para poder actuar sobre ello. Por tanto, nos encontramos con
que desarrollaremos una parte de los servicios que ahora gestionamos y la
otra no la podremos regular. Yo creo que eso no es beneficioso; sin
embargo, es el punto del que partimos y estoy convencido de que en el
desarrollo de la gestión de esas competencias se producirá una evolución
posterior marcando una nueva dimensión del protagonismo que el pueblo de
Madrid quiere jugar en el concierto del Estado.
Siempre se ha hablado mucho confundiendo lo que es centralismo con lo que
es Estado de las autonomías y voluntad federal; se confunde la voluntad
del pueblo de Madrid con la de quien quiere imponer, controlar y decidir,
cosa que, al final, no solamente no sea así, sino que es todo lo
contrario. Resulta que la actuación del Gobierno central parece que es la
del propio pueblo de Madrid; pues bien, eso no es así. La Comunidad
Autónoma de Madrid es una comunidad autónoma más que quiere jugar su
propia acción protagonista en el concierto del Estado y que lo desea
hacer aportando lo que es su realidad, su opinión, su bagaje como tal
pueblo y su bagaje relativo a la capacidad dinámica de la sociedad y su
realidad económica. Eso le dará un protagonismo en el concierto del
Estado y, por qué no decirlo, dentro de él, en el concierto europeo,
donde habrá protagonismo de las propias comunidades autónomas.
Nada más, señor presidente. Nada más, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ríos.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora
Alberdi.
La señora ALBERDI ALONSO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, vemos de nuevo en el Pleno de esta Cámara la reforma del
Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, tratándose hoy del
dictamen de la Comisión sobre la propuesta de dicha reforma.
Como es sabido, la Asamblea de Madrid, por consenso de sus grupos
parlamentarios, acordó en su día la reforma que afecta a un gran número
de artículos del estatuto vigente, aunque muchos de ellos son meros
cambios nominales o de ordenación sistemática. Las principales
modificaciones son de dos tipos: institucionales y competenciales. Gran
parte de las institucionales responden a la necesidad de eliminar
rigideces estatutarias, como la prohibición de que los diputados
regionales puedan percibir retribuciones fijas o bien la ampliación de
los períodos de sesiones. Destaca la creación de la cámara de cuentas,
que ejercerá el control económico y presupuestario de la Comunidad de
Madrid y la posibilidad de disolución anticipada de la Asamblea con
ciertos límites. Se trata de los mismos límites incorporados a otros
estatutos de autonomía de las comunidades que se han desarrollado a
través del artículo 143 de la Constitución y que han introducido en sus
estatutos la potestad de disolución anticipada de sus asambleas.
Respecto a las elecciones, la única modificación que se propone es la
adición de una disposición adicional segunda, la cual establece que la
celebración de las elecciones atenderá a lo que dispongan las Cortes
Generales, con el fin exclusivo de coordinar el calendario de las
diversas consultas electorales.
Desde el punto de vista competencial, se eleva la capacidad de
autogobierno, se amplían las competencias exclusivas y se aumentan las
relativas a la Administración de justicia, entre otras. Se incluyen
dentro del artículo 26 competencias exclusivas que no voy a enumerar y
luego tenemos en el artículo 27 las competencias de desarrollo
legislativo y de ejecución relativas al régimen local y también al
ejercicio de las profesiones tituladas, la protección del medio ambiente,
la ordenación farmacéutica y los establecimientos farmacéuticos.
Asimismo,
se asumen como competencias de ejecución la gestión de la asistencia
sanitaria de la Seguridad Social, crédito, banca y seguro, aeropuertos,
helipuertos con calificación de interés general, cuya gestión directa no
se reserve al Estado, y el transporte de mercancías y viajeros que tengan
su origen y destino en el territorio de la Comunidad de Madrid, sin
perjuicio de la ejecución directa que se reserva el Estado.
Es importante destacar, como he dicho, el tema relativo a la organización
judicial, que no difiere sustancialmente de lo previsto hasta ahora en lo
que se refiere a la organización judicial en otros estatutos de
autonomía. Corresponderá a la Asamblea fijar, mediante ley, los límites
de las demarcaciones territoriales de los órganos jurisdiccionales de la
Comunidad de Madrid y de la capitalidad de las mismas.
Además se incorpora la participación de la Comunidad en la fijación de
las demarcaciones correspondientes a las notarías, registros de la
propiedad y mercantiles radicados en su territorio y el nombramiento de
notarios, registradores de la propiedad y mercantiles y otros fedatarios
públicos. También se incluye, en esta breve relación que estoy
enumerando, en la disposición adicional primera, el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, con los límites y condiciones que se
establezcan en la cesión.
Con esta reforma del Estatuto de la Comunidad de Madrid se reducen las
desigualdades institucionales y competenciales que tenía Madrid con
respecto a otras comunidades autónomas. Desde nuestro grupo queremos
valorar positivamente el consenso que ha presidido los trabajos
parlamentarios en la Asamblea y en esta Cámara. En esa línea, el trabajo
en comisión ha propuesto enmiendas que son consecuencias de ajustes
técnicos, que no afectan a la voluntad política expresada por la Asamblea
de Madrid y que se han aprobado con la unanimidad de todos los grupos.
Por todo ello, señor presidente, podemos felicitarnos los grupos
parlamentarios por la forma en que se ha llevado a cabo la reforma del
Estatuto de Autonomía de Madrid y hacer votos para que, continuando su
tramitación en el Senado, pueda entrar en vigor en breve plazo.
A pesar de las diferencias, ya sabidas, que tenemos con otros grupos
políticos en temas autonómicos, como el modelo de financiación, somos
conscientes de la necesidad de consensuar temas como el que nos ocupa. El
consenso en este caso contribuye a dotarnos de más y mejores instrumentos
para la acción política de los diputados, de los grupos parlamentarios,
de la Asamblea y del Gobierno de la Comunidad.
Aún quedan temas pendientes, de los que todos somos conocedores, como por
ejemplo la ley de la capitalidad de la Villa de Madrid, a lo que se ha
referido también otro interviniente. Sin embargo, este trabajo conjunto
ha merecido el esfuerzo. Desde diferencias ideológicas y de partido hemos
consensuado este nuevo texto del Estatuto de la Comunidad Autónoma de
Madrid, al que nuestro grupo parlamentario dará su apoyo y que contribuye
de forma destacada a la construcción y consolidación del Estado de las
Autonomías.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor
Bardisa.
El señor BARDISA JORDA: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías. Yo creo que hoy es un día importante para la
Comunidad de Madrid, porque se va a aprobar la reforma del Estatuto de su
Autonomía, y también --como diputado por Madrid, así quiero dejar
constancia-- por la obtención de la séptima Copa de Europa por un equipo
emblemático, como es el Real Madrid. (Aplausos.--Rumores.)
Hace dos meses tuve el honor de defender ante este Pleno el voto
favorable del Grupo Parlamentario Popular para la reforma del Estatuto de
la Comunidad de Madrid. Pues bien, en el día de hoy vuelve dicha reforma
estatutaria, y vuelve prácticamente con el mismo texto que fue remitido
por la Asamblea de Madrid, ya que el dictamen de la Comisión
Constitucional introduce una única enmienda, aprobada por unanimidad de
todos los miembros de dicha Comisión. Dicha enmienda es una mejora
técnico-legislativa formulada por los tres grupos políticos que tienen
representación democrática en la Asamblea de Madrid, es decir, por
Izquierda Unida, el Partido Socialista y el Partido Popular, y se formula
con el fin de que el Estatuto de Autonomía delimite de manera adecuada
los contenidos competenciales establecidos en el artículo 149 de nuestra
Constitución. Por tanto, la enmienda que se ha aprobado lo es como
consecuencia de estos ajustes técnicos, que no afectan para nada a la
voluntad política expresada por la Asamblea proponente.
Quiero resaltar la importancia de la reforma estatutaria que se somete a
aprobación de esta Cámara. Es una reforma importante, tanto a nivel
institucional como por la asunción de nuevas transferencias para la
Comunidad de Madrid, que así se equipara a las comunidades del artículo
151 de nuestra Constitución.
En el campo institucional se garantiza la estabilidad de la comunidad
autónoma y la confianza de los madrileños en su propia autonomía. El
objetivo de la Comunidad de Madrid y de los grupos políticos que forman
su Asamblea ha sido siempre construir una Administración más cercana y
más eficaz a los cinco millones de habitantes que viven y residen en la
comunidad madrileña. Por tanto, la Comunidad de Madrid justifica su
existencia en la eficacia de sus servicios y en la cercanía de éstos a
los ciudadanos.
Hoy en día, la Comunidad de Madrid forma parte de la vida cotidiana de
los madrileños, que necesitan y sienten su propio autogobierno para hacer
frente a sus
necesidades, a sus proyectos y a sus problemas. Por eso, con esta
reforma, que es la más importante que se ha aprobado, se asumen
competencias significativas, destacando principalmente la gestión de la
asistencia sanitaria de la Seguridad Social por parte del Gobierno de la
Comunidad de Madrid.
También quiero poner de relieve el esfuerzo del papel del Parlamento
regional, de la Asamblea de Madrid. Con esta reforma se dignifica el
trabajo que realizan los diputados autonómicos en la Asamblea de Madrid,
haciendo posible su labor legislativa y su labor de control al Gobierno.
En definitiva --y no voy a extenderme más, dado el voto favorable de
todos los grupos políticos-- quiero señalar, como no podía ser menos, el
voto favorable del Grupo Parlamentario Popular para esta reforma del
Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, en coherencia además con
la política que lleva a cabo el Partido Popular, en coherencia con
nuestra política dentro del Estado de las autonomías, donde sigue
teniendo vigencia lo manifestado por nuestro presidente nacional, José
María Aznar, que fue candidato número uno en las listas electorales del
Partido Popular de Madrid, quien dice que es imprescindible un consenso
fundamental entre las diversas fuerzas políticas en todos aquellos
asuntos que afecten directamente a la misma esencia del Estado, tal y
como está estructurado en nuestra Constitución. Con estas palabras,
nuestro presidente del Gobierno, José María Aznar, señaló en el discurso
de investidura su propuesta dentro de la política nacional del Estado de
las autonomías.
Quiero resaltar el consenso obtenido entre todos los grupos
parlamentarios para aprobar por unanimidad la reforma de este estatuto de
autonomía. En la vida política es necesaria la renovación del consenso
constitucional y no olvidemos que el consenso estatutario es una
prolongación de aquél.
No me queda nada más que felicitar a todos los madrileños y a todos los
diputados que han intervenido, tanto regionales como de esta Cámara, en
la elaboración de la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de
Madrid.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Bardisa. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
AVOCACION POR EL PLENO:
-- DEL PROYECTO DE LEY DE MODIFICACION DE LA LEY 30/1992, DE 26 DE
NOVIEMBRE, DE REGIMEN JURIDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y DEL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMUN. (Número de expediente 121/000107)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a las votaciones
correspondientes a los puntos del orden del día hasta el momento
debatidos y tramitados.
Previamente, someto a la consideración del Pleno, de conformidad con el
artículo 149.1 del Reglamento, si acuerda recabar para sí la deliberación
y votación final del proyecto de ley de modificación de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, del régimen jurídico de las administraciones públicas
y del procedimiento administrativo común.
¿Lo acuerda así el Pleno? (Asentimiento.)
Muchas gracias. Se entiende aprobada, en consecuencia, la propuesta de
avocación.
VOTACIONES:
-- ENMIENDAS DEL SENADO A LA PROPOSICION DE LEY ORGANICA DE MODIFICACION
DE LA LEY ORGANICA DE REGIMEN ELECTORAL GENERAL. (Número de expediente
122/000094)
El señor PRESIDENTE: El punto VII del orden del día, que nos ha ocupado a
primera hora de la mañana, versa sobre las enmiendas del Senado a la
proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica de Régimen
Electoral General.
Votamos, en primer lugar, las enmiendas del Senado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a
favor, 305; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas del Senado.
VOTACION DE CONJUNTO:
-- DE LA PROPOSICION DE LEY ORGANICA DE MODIFICACION DE LA LEY ORGANICA
DE REGIMEN ELECTORAL GENERAL. (Número de expediente 122/000094)
El señor PRESIDENTE: Votación final y de conjunto por ser la ley de
naturaleza orgánica.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a
favor, 304; en contra, uno; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Al haber superado la mayoría absoluta de la Cámara,
queda aprobada la proposición de ley.
VOTACIONES. (Continuación.):
-- DEL PROTOCOLO AL TRATADO DEL ATLANTICO NORTE SOBRE LA ADHESION DE LA
REPUBLICA DE HUNGRIA, HECHO EN BRUSELAS EL 16 DE DICIEMBRE DE 1997.
(Número de expediente 110/000170)
El señor PRESIDENTE: El punto VIII del orden del día está integrado por
los tres protocolos que formalizan la adhesión de las repúblicas de
Hungría, Checa y de Polonia al Tratado del Atlántico Norte.
En primer lugar, votamos el Protocolo al Tratado del Atlántico Norte
sobre la adhesión de la República de Hungría.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a
favor, 292; en contra, 13; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
-- DEL PROTOCOLO AL TRATADO DEL ATLANTICO NORTE SOBRE LA ADHESION DE LA
REPUBLICA CHECA, HECHO EN BRUSELAS EL 16 DE DICIEMBRE DE 1997. (Número de
expediente 110/000171)
El señor PRESIDENTE: Se somete a votación el Protocolo al Tratado del
Atlántico Norte sobre la adhesión de la República Checa.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a
favor, 292; en contra, 13; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
-- DEL PROTOCOLO AL TRATADO DEL ATLANTICO NORTE SOBRE LA ADHESION DE LA
REPUBLICA DE POLONIA, HECHO EN BRUSELAS EL 16 DE DICIEMBRE DE 1997.
(Número de expediente 110/000172)
El señor PRESIDENTE: Protocolo al Tratado del Atlántico Norte sobre la
adhesión de la República de Polonia. (Rumores.)
Silencio, señorías.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a
favor, 291; en contra, 13; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
-- DE LAS ENMIENDAS PRESENTADAS AL DICTAMEN SOBRE LA PROPOSICION DE LEY
DE REGIMEN ESPECIAL DE LAS ILLES BALEARS. (Número de expediente
125/000008)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las votaciones del punto IX del orden del
día, dictámenes de comisiones sobre las iniciativas legislativas que se
han debatido.
En primer lugar, votaciones correspondientes a las enmiendas al dictamen
sobre la proposición de ley de régimen especial de las Illes Balears.
Se han retirado las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria y pasamos, por tanto, a votar en un solo bloque las del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a
favor, 16; en contra, 167; abstenciones, 123.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas y transacciones del Grupo Socialista. Vamos a
votarlas en un solo bloque.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a
favor, 139; en contra, 163; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar las transaccionales presentadas a los artículos 11, 15,
16 y 20 por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a
favor, 305; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las transaccionales referidas.
Votaciones correspondientes al dictamen, con las enmiendas aprobadas e
incorporadas, en su caso.
En primer lugar, se someten a votación los artículos 2, 15 y 16 del
dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a
favor, 305; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Votación sobre los artículos 4, 14, 23, 24, 25, 28 y disposiciones
finales.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a
favor, 294; en contra, 12.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Votamos el resto del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a
favor, 293; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el resto del dictamen de la
proposición de ley de régimen especial de las Illes Balears.
VOTACION DE CONJUNTO:
-- DEL DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA
DE LA COMUNIDAD DE MADRID. (Número de expediente 127/000005)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación del dictamen correspondiente a
la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de
Madrid.
Al no haber enmiendas, se producirá una sola votación, que es a la vez
votación de conjunto, al tener también la propuesta naturaleza orgánica.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a
favor, 306.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado, por unanimidad del Pleno, al haber
alcanzado la mayoría absoluta requerida. (Aplausos.)
Respecto al punto X del orden del día, debates de totalidad de
iniciativas legislativas, no se ha presentado ninguna enmienda de tal
carácter a los proyectos y proposiciones de ley incluidos en tal punto,
que en consecuencia se da por superado.
PROPUESTAS DE RESOLUCION RELATIVAS A LAS MEMORIAS DEL CONSEJO GENERAL DEL
PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTES A 1994, 1995 Y 1996:
-- PROPUESTAS DE RESOLUCION PRESENTADAS CON MOTIVO DEL DEBATE DE LAS
MEMORIAS SOBRE EL ESTADO, FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DEL CONSEJO
GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE JUSTICIA
REFERIDAS A LOS AÑOS 1994 Y 1995 (Números de expedientes 245/000001 y
245/000002)
-- PROPUESTAS DE RESOLUCION PRESENTADAS CON MOTIVO DEL DEBATE DE LA
MEMORIA SOBRE EL ESTADO, FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DEL CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL Y DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE JUSTICIA REFERIDA AL
AÑO 1996. (Número de expediente 245/000003)
El señor PRESIDENTE: Punto XI del orden del día, propuestas de resolución
relativas a las memorias del Consejo General del Poder Judicial
correspondientes a los años 1994, 1995 y 1996, que vamos a tramitar
conjuntamente. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio, ocupen o desocupen sus escaños, pero por
favor permitan que continúe la sesión.
Se han presentado resoluciones, que, insisto, se van a tramitar
conjuntamente, a las dos memorias a debate por los grupos de Coalición
Canaria, Convergència i Unió, Izquierda Unida y Socialista.
Para la defensa de sus resoluciones tiene, en primer lugar, la palabra el
señor Mardones, que así deja el teléfono, si es tan amable y si alguno
que los diputados que le circundan le avisa de que tiene el uso de la
palabra. (Rumores.)
Señor Gómez Rodríguez, señora García-Alcañiz, por favor, qué afición, qué
afición.
Adelante, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, por su amparo, señor
presidente, porque cualquier indicación de la Presidencia era inaudible
por el ruido ambiental.
Mi grupo ha presentado una propuesta de resolución, la número 14,
dirigida al segundo punto, que es la memoria del Consejo General del
Poder Judicial correspondiente al año 1996. Ya habíamos significado al
señor presidente de este organismo con motivo de su comparecencia...
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
Señor Madrid, por favor. Gracias, le agradezco su colaboración.
Señor Cercas y acompañante en el banco azul, por favor.
Adelante, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Venía diciendo que ya le habíamos manifestado
al señor presidente del Consejo General del Poder Judicial con motivo de
su comparecencia para exponer la memoria anual sobre el estado,
funcionamiento y actividades del Consejo General que preside que habíamos
notado la aparición de unas referencias a las incidencias del tribunal
del jurado.
Dados los controvertidos comentarios que a veces se han producido,
incluso algunas propuestas de modificación
de la Ley del Tribunal del Jurado, consideramos que ya era pertinente que
la memoria anual del Consejo General del Poder Judicial que se hiciera
para los años sucesivos a 1996 trajera ya un capítulo específico y
vinculara al Consejo a realizar --es el contenido concreto de nuestra
propuesta de resolución-- un informe con toda la casuística generalizada
y singularizada, con las sentencias o incidencias o cualquier otro
detalle y circunstancia interesante desde un punto de vista jurídico,
legal, sociológico, etcétera, respecto a los juicios celebrados en España
a través de la institución del jurado, porque si iba a haber que adoptar
alguna iniciativa legislativa de adecuación o modificación de la vigente
Ley del Tribunal del Jurado, por un uso racional de los datos tenía que
hacerse precisamente con un conocimiento lo más fidedigno posible, y qué
mejor que a través de los órganos especializados, por los componentes
miembros del Consejo General del Poder Judicial.
Este es el alcance y el sentido, señor presidente, que trae nuestra
propuesta de resolución número 14 para que en lo sucesivo en la memoria
anual del Consejo se incluya, pues, con un contenido específico de su
índice, la materia de análisis de las vicisitudes, incidencias y
circunstancias del tribunal del jurado en cualquiera de los juicios que
la ley señala para su competencia que se celebren en cualquiera de las
audiencias españolas.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Tiene la palabra el señor Silva, por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), para presentación y defensa de sus propuestas.
El señor SILVA SANCHEZ: Señor presidente, en primer lugar, quisiera
preguntar si hay que aprovechar este trámite para fijar posición sobre la
propuesta del resto de los grupos.
El señor PRESIDENTE: Naturalmente.
Adelante.
El señor SILVA SANCHEZ: Muchas gracias.
El Grupo Parlamentario Catalán presentó en la ya lejana fecha de
septiembre de 1996 dos propuestas de resolución relativas a la memoria
todavía del año anterior del Consejo General del Poder Judicial de 1995.
Como no podía ser menos, el tiempo borra muchas cosas, lo cual determina
que de una de esas propuestas, concretamente la número 13, procedamos en
este momento a su retirada por hacer referencia a la ley de la
jurisdicción contencioso-administrativa, que está a punto de aprobarse en
el Senado y que supongo que antes de un mes será objeto de aprobación
definitiva por el Congreso.
La otra propuesta consistía --partiendo de la consideración del Código
Penal, como allí se indica, como una obra importante y de envergadura, en
la que es importante el consenso-- en plantear que las modificaciones de
dicho Código viniesen propuestas o se enmarcasen no tanto en
planteamientos exclusivamente de partido o de grupo parlamentario,
perfectamente legítimos, sino que intentásemos conservar un cierto
espíritu de consenso de cara a dichas modificaciones, y a esos efectos se
solicita en la propuesta de resolución que sea el Consejo General del
Poder Judicial, sin perjuicio obviamente de la legitimación que tienen y
tenemos los grupos parlamentarios, el que vaya informando a esta Cámara
de las diversas vicisitudes que tanto en el ámbito material como en el
procesal deriven de la aplicación de este Código Penal, con la idea que
ya mi grupo parlamentario expuso en otro momento de que fuese la Comisión
de Justicia del Congreso la que sobre esa base fuese haciendo un
seguimiento de la aplicación del mismo y propusiese las medidas de
modificación oportunas. Esta es una propuesta que aunque presentada hace
veinte meses, mantiene su eficacia, quizá más incluso que en aquellos
momentos, por las importantes propuestas de modificación en aspectos
sustanciales del Código Penal que hemos ido, en algunos casos, aprobando
aquí vía proposición no de ley y que, en otros, estamos debatiendo en
estos momentos.
Precisamente, el hecho de ver que unas propuestas respecto de la memoria
del Consejo General del Poder Judicial formuladas en septiembre de 1996
no habían sido en absoluto tramitadas o que a la fecha de noviembre de
1997 no se había celebrado ningún Pleno para su debate fue el hecho que
determinó que no presentásemos ninguna propuesta a la memoria del Consejo
General del Poder Judicial de 1996, en el plazo de propuestas que acaba
precisamente en noviembre de 1997. Lo que sí queremos es aprovechar este
trámite para fijar posición respecto de propuestas de otros grupos.
Hace justo una semana, en el debate de política general, se aprobó por
este Congreso de los Diputados la propuesta de resolución número 133, a
iniciativa de Convergència i Unió, referente precisamente al tema de la
justicia, en la que se manifestaba al Gobierno que el Congreso de los
Diputados consideraba urgente afrontar con el máximo consenso una reforma
global de la justicia, partiendo de las recomendaciones del Consejo
General del Poder Judicial, que incluyesen entre otras medidas mejoras en
la formación y acceso a la carrera judicial, creación y dotación de
nuevas plazas, informatización, uso de las lenguas, reforma en
profundidad de diversas legislaciones, y de forma prioritaria se
solicitaba del Gobierno que antes de 31 de diciembre de 1998 remitiera a
esta Cámara o aprobara proyectos de reforma de Ley Orgánica del Poder
Judicial, de la Ley de Planta y Demarcación, de la Ley de Enjuiciamiento
Civil y de Enjuiciamiento Criminal, así como proyectos de ley de justicia
juvenil, procedimientos
concursales y procedimiento laboral. Obviamente, la aprobación de esta
propuesta, reitero que a iniciativa de mi grupo, hace escasamente una
semana, determina que debamos votar en contra de propuestas realizadas
por otros grupos que pueden entenderse perfectamente introducidas o
asumidas en tal propuesta de resolución 133. De ahí que votemos en contra
de solicitudes de modificaciones legislativas que se formulan por parte
de otros grupos.
Votaremos a favor de algunas de las propuestas presentadas por el Grupo
Parlamentario Socialista, que no tienen por objeto esa iniciativa
legislativa sino impulsar o instar determinada documentación o
determinadas actuaciones por parte del Consejo General del Poder
Judicial. Sin embargo, hay algunas otras propuestas (concretamente, la 11
y la 12, respecto de la memoria de 1995, y la 9, 10, 11, y 13, respecto
de la memoria de 1996) que votaremos en contra por entender que los
plazos, incluso el contenido de la resolución --requerir del Consejo
General del Poder Judicial determinada información trimestral, o bien
información sobre determinados expedientes disciplinarios--, afectan a lo
que podría denominarse esquema de relaciones entre las Cortes Generales y
el Consejo General del Poder Judicial que nos gustaría poder abordar con
otros grupos, no de una forma tan puntual, sino con la idea de delimitar,
eso sí, con un consenso importante, cuáles son los principios que deben
presidir esas relaciones entre las Cortes Generales y el Consejo General
del Poder Judicial. De ahí que anuncie que votaremos a favor de las
propuestas del Grupo Parlamentario Socialista números 8, 9 y 10, respecto
de la memoria de 1995, y 6, 7, 8 y 12, respecto de la memoria de 1996.
Votaremos también favorablemente la propuesta de Coalición Canaria a la
que se acaba de hacer referencia y defensa por parte del señor Mardones.
Respecto de las propuestas de Izquierda Unida, hemos de decir que tenemos
ciertas simpatías; el problema es que son simpatías parciales respecto de
cada uno de sus puntos, lo cual nos dificulta notablemente efectuar un
voto favorable. Si en el apartado primero se procediese por parte del
grupo proponente a retirarla parcialmente, a partir del primer punto,
estaríamos en condiciones de votar favorablemente esa primera propuesta
de resolución.
Por tanto, y con el voto tal y como ha sido manifestado por mi grupo,
acabo la intervención.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Silva.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra
el señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
Ciertamente, este es un debate en alguna medida perjudicado, por utilizar
una expresión cariñosa, por la demora en su tratamiento. Puede parecer
hasta surrealista. De ahí que todo un conjunto de proposiciones tengan
que ser realizadas en este momento por diferentes grupos, porque fíjense
ustedes con qué celeridad hemos operado que hasta ha dado tiempo a hacer
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-- Administrativa. Lo cual pone de
manifiesto que no somos un modelo de parlamentarios vertiginosos. En
segundo lugar, porque es un debate que podría, desde el propio Consejo
General del Poder Judicial, estimarse como poco respetuoso con la
institución.
Cuando hacemos venir al presidente del Consejo General del Poder Judicial
a presentar la memoria, insistimos muy frecuentemente en la colaboración
con dicha institución y en la posibilidad de plantear resoluciones, y
éstas acaban tramitándose con cinco años de retraso y con pérdida de toda
actualidad. Hago estas consideraciones desde el punto de vista
autocrítico. No achaco de esto responsabilidad a nadie, porque es una
responsabilidad conjunta, para que, a lo mejor, en el próximo Reglamento
de la Cámara, del que todos estamos encariñados --quizá con un cariño que
entra dentro del amor platónico y que nunca vamos a ver hecho eficaz--,
esta clase de resoluciones adoptadas en la Comisión de Justicia pudieran
ser de más fácil resolución. En todo caso vamos a ello.
Quiero destacar que nuestro grupo insiste en la conveniencia, sea cual
fuere el retraso en la tramitación, de la presentación de esa memoria por
el Consejo General del Poder Judicial, en la positividad que para todos
nosotros tiene en cuanto al conocimiento de la Administración de justicia
y en cómo destaca el trabajo de una institución que sinceramente debe ser
cuidada por todos y cada uno de nosotros, porque ha supuesto en la
Constitución española uno de los grandes avances.
De esa memoria se destacan cuatro puntos, a nuestro juicio, y como se
dice generalmente en el foro, sin perjuicio de mejores opiniones, que son
muy importantes: el juicio que merece nuestra Administración de justicia
en cuanto a la lentitud, que evidentemente pone muy en duda el precepto
constitucional de un juicio justo sin dilaciones excesivas; el tema de la
independencia, por ese problema del que somos capaces a lo mejor de
hablar en los pasillos y luego no hablamos en la Cámara; la imagen de
politización, que no comporta nada positivo para lo que significa la
Administración de justicia; y sobre todo un tema muy importante que ya
destacaba el que fue presidente del Consejo General del Poder Judicial,
que se llama eficacia. Hablar de independencia del Poder Judicial sin
hablar de eficacia es pura retórica, porque si las resoluciones de los
jueces no son eficaces, no son rápidamente utilizadas, estamos negando la
tutela judicial efectiva. Entenderán ustedes que desde esa perspectiva,
el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida proponga como
resolución a este Pleno cinco puntos que se circunscriben
a instar, solicitar o requerir al Consejo General del Poder Judicial.
Creemos que no es este el momento, a través de este trámite, de
dirigirnos al Gobierno. Al Gobierno nos podemos dirigir con proposiciones
no de ley, con proposiciones de ley y con todos los medios que facilita
el Reglamento de la Cámara en materia de control de la acción del
Ejecutivo. Por ello, hemos volcado nuestra atención en la institución del
Consejo General del Poder Judicial.
Nos parece que si se ha constatado que en muchísimos órganos
jurisdiccionales la paralización tiene su causa en que la famosa
inamovilidad de los jueces, cuando se trata de garantía, se convierte en
un auténtico sentido peripatético de la carrera por parte de algunos (los
que les gusta pasearse por la geografía nacional pasando de juzgado en
juzgado, en cada juzgado pasan poco tiempo y por el que pasan
sinceramente no lo pueden dejar peor), y hay una figura que se llama el
alarde, en virtud de la cual los jueces tienen que decir cómo dejan su
juzgado, pues que el alarde sirva para algo y que no se pueda ir pidiendo
destinos con esa ligereza y con esa irresponsabilidad. El alarde tiene
que tener una función, y entre otras la de comprobar si el titular del
órgano jurisdiccional ha cumplido con sus obligaciones o ha pecado, como
diría también nuestro querido don Antonio Hernández-Gil, de grato
recuerdo, de timidez laboral excesiva, hasta el extremo de que no da
golpe, dicho en un terreno coloquial. Es necesario que el alarde sirva
para algo, y tiene medios el Consejo General del Poder Judicial para
exigir, cuando llegan los traslados y los concursos, que efectivamente el
alarde no sea, pura y sencillamente, una pieza retórica.
Creemos también que el Consejo General del Poder Judicial, al que en
muchísimas ocasiones los jueces y magistrados le piden amparo, porque
están siendo objeto --vamos a utilizar si quieren ustedes la expresión
más suave-- de algún intento desprestigiador, cuando no de una auténtica
campaña, lógicamente no tiene por qué soportar y conformarse con lo que a
veces constituye una auténtica difamación. Y si se abre por la comisión
disciplinaria un expediente para averiguar, a instancia de otros, cuál ha
sido su comportamiento, nuestros jueces y magistrados tienen que tener
derecho a que esa manifestación de amparo del Consejo General del Poder
Judicial no sea una pura retórica, no sea un flatus vocis, sino que se
manifieste en aquellas medidas, las que fuere, las que están dentro de su
capacidad y su potestad reglamentaria, que pongan de manifiesto la
limpieza y la integridad de una conducta, de modo tal que no quede la
menor tacha ni sombra acerca de su comportamiento.
Nos hemos preocupado mucho en esta Cámara --y saben ustedes cuál ha sido
la posición de Izquierda Unida-- por la imagen de la justicia, lo que
ustedes han dado en llamar la contaminación de jueces y magistrados,
hasta llegar al descubrimiento de la llamada Cámara de despolitización,
en virtud de la cual jueces y magistrados que hayan pasado por la
política tienen que estar tres años sin poder ocupar ninguna
responsabilidad judicial, y esto contrasta muy seriamente con que las
medidas que tomamos con jueces y magistrados que han sido diputados,
senadores o cargos públicos, desaparecen cuando se trata de la elección
de los magistrados del llamado turno autonómico, produciéndose la
paradoja de que un determinado político en concreto a lo mejor puede
acceder por el cuarto turno autónomo a un tribunal superior de justicia,
y que le toque ni más ni menos que ser ponente en un procedimiento en el
que quien es objeto de enjuiciamiento es su contradictor político hace
unas fechas. No voy a poner nombres porque están en la cabeza de todos
ustedes. Solamente voy a señalar en la dirección al Tribunal Superior de
Justicia de Cantabria, por ejemplo; pero también voy a ponerles a ustedes
en la línea de reflexionar acerca de lo poco congruente que es que quien
ha sido abogado defensor de un cargo público ante un tribunal superior de
justicia en el que estaba siendo acusado de prevaricación, a los cuatro
días, ese propio abogado defensor sea ni más ni menos que miembro de ese
tribunal superior de justicia, como ha ocurrido en el Parlamento de
Baleares. Yo no quiero hacer ningún juicio de intenciones pero lo que sí
digo es que esto, lógicamente, tiene que ser corregido. Tiene que ser
corregido de modo tal que, si utilizamos medidas a posteriori para jueces
y magistrados que han pasado por la política, utilicemos medidas
precuatorias para que determinados profesionales del Derecho vinculados a
cargos políticos, profesionales o miembros de partidos no puedan acceder
a un tribunal superior de justicia porque, tan preocupados como estamos
por la imagen, no creemos que la mejoren estas actitudes.
También nos preocupa que, estableciendo nuestra Constitución un principio
para nosotros inexcusable, como es el del juez predeterminado por la ley,
determinadas figuras puedan seguir perviviendo en nuestro sistema;
determinadas figuras que no nos parecen nada aconsejables y que lo
vulneran. Me voy a referir en concreto, con todo el respeto personal pero
con muy poco respeto institucional, a la figura de los magistrados
suplentes del Tribunal Supremo, cuyo acceso depende del Consejo General
del Poder Judicial. Se produce sobre magistrados del Tribunal Supremo que
se jubilan. No digo que siempre sea así, pero admitamos que puede ocurrir
en algún caso. El año anterior a su jubilación, tan preocupados por
perdurar en el cargo, están más pendientes de cómo gustan sus
resoluciones a quienes les pueden nombrar después como magistrados
suplentes que de una rigurosa interpretación de la legislación y la
jurisprudencia. Como además son objeto de nombramiento periódico, a lo
mejor tienen una proclividad a ser gratos a aquellos de los que depende
su posterior nombramiento. Con esta figura hay que
acabar porque además sirve, como saben todos ustedes, para que luego se
puedan constituir algunas salas a la carta. Basta con que algún
magistrado titular tenga una enfermedad más o menos diplomática para que
se pueda nombrar a determinados magistrados suplentes. Aquí hay algún que
otro diputado que a lo largo de su ejecutoria se ha manifestado siempre
desde el principio del recelo y la sospecha. Yo le pediría expresamente
--no le voy a citar para que no pida el turno por alusiones, que no se
haga ninguna ilusión en las alusiones-- que, guiado por ese espíritu de
cautela y sospecha, en este caso dé un pasito hacia este campo y a lo
mejor comparte estas valoraciones.
Finalmente, aquí se produce otra paradoja, mis queridos amigos, y es que
tenemos los denominados jueces sustitutos, que son aquellos que van a
parar a determinados juzgados porque no tienen titular y a lo mejor
pueden estar hasta 10 años ejerciendo la función. Cada año el
correspondiente presidente del Tribunal Superior de Justicia los propone,
el Consejo los nombra y a lo mejor llevan hasta 10 años como jueces
sustitutos y se les ocurre presentarse al acceso a la carrera por el
cuarto turno y reciben un suspenso y no ingresan, lo cual quiere decir
que no están capacitados. Expliquémosles a los ciudadanos, que durante 10
años han sido objeto de sus resoluciones, que no están capacitados. Y
puede ocurrir que no accediendo a la carrera como jueces de profesión les
volvamos a nombrar sustitutos a continuación porque hay vacantes. En esto
tiene que haber un poco de seriedad.
El señor PRESIDENTE: Señor Castellano, vaya concluyendo.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Acabo enseguida, señor presidente.
Yo creo que si hay jueces sustitutos que llevan 10 años de ejercicio, que
se les va nombrando sin la oposición de los colegios de abogados ni de
procuradores y sin que se produzcan quejas, lo lógico y lo normal es que
puedan acceder porque eso es lo que daría congruencia a su posición.
En cuanto al resto de las propuestas, querido señor presidente, todas
ellas van a gozar de nuestro voto favorable, igual que gozó de nuestro
voto favorable la propuesta que presentó el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) con motivo del debate del Estado de la nación,
porque no son en modo alguno contradictorias. Y, además, pensamos que
todas ellas van orientadas desde la misma finalidad que orienta a este
grupo, que es contribuir a que los principios constitucionales del
derecho a un juicio justo, la tutela judicial efectiva, la igualdad ante
la ley, la independencia judicial, en suma, la seguridad jurídica, se
hagan cada día más realidad. Por ello van a gozar todas de nuestro voto
favorable.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Castellano.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra doña María Teresa Fernández de
la Vega.
La señora FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ: Señor presidente, señorías, con
motivo de las dos últimas comparecencias de los presidentes del Consejo
General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, en el año 1996 y en
noviembre de 1997 para presentar la memoria sobre el estado,
funcionamiento y actividades del Consejo y de la situación de los
juzgados y tribunales, el Grupo Socialista presentó un conjunto de
propuestas dirigidas a comprometer, tanto al Consejo General del Poder
Judicial como al Gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias,
una serie de decisiones dirigidas a mejorar el servicio público de la
justicia, que se completa con alguna otra relativa al desarrollo y
ejecución de las previsiones contenidas en el Libro Blanco de la
justicia, al que también se refirió el presidente del Consejo en su
última comparecencia.
Señorías, creo que es evidente la existencia de una preocupación
generalizada en nuestra sociedad sobre la justicia española. Preocupación
que alcanza no sólo a quienes acuden a ella como usuarios, sino que se
extiende a la sociedad española en su conjunto, que quiere una justicia
mejor, exigiendo no sólo mayor transparencia, sino, sobre todo, mayor
eficacia y eficiencia, que quiere confiar en su justicia, recuperar el
crédito, la confianza en los jueces y en los tribunales, en quienes están
llamados a tutelar sus derechos y libertades cuando se ven quebrantados,
en quienes están llamados a resolver los conflictos que afectan a su vida
cotidiana y que no son susceptibles de resolverse por otras vías. Y creo
que eso no es sólo así porque hoy en nuestro país vivamos en una sociedad
más consciente de la responsabilidad de los poderes públicos que
gestionan el servicio de la justicia, más consciente de que en un sistema
democrático no cabe ningún poder sin responsabilidad, y yo creo que
también más consciente, con pesadumbre --y así lo ponen de manifiesto las
últimas encuestas de los últimos años-- de que la percepción negativa o
muy negativa de los ciudadanos sobre el funcionamiento de la justicia ha
crecido, sobre todo en los dos últimos años, donde ha aumentado en 11
puntos esa misma percepción negativa.
Creo, por tanto, que ante esta gravísima situación el debate sobre el
tema de las resoluciones del Consejo adquiere mayor importancia y
actualidad si cabe, porque todos debemos comprometernos en tratar de
hacer algo por eso que los ciudadanos legítimamente nos están reclamando.
Es por ello, señorías, por lo que el Grupo Socialista solicita el voto
favorable a las propuestas que hoy presentamos, que agruparé en dos
bloques: las que van dirigidas al Consejo General del Poder Judicial y
otras que van dirigidas al Gobierno, porque yo creo que tanto el Gobierno
como el Consejo
deben adoptar medidas para contribuir a mejorar esta situación en la que
nos encontramos.
Al Consejo lo primero que le pedimos, señorías, es que las estadísticas
contenidas en la memoria que nos remite a la Cámara contengan los datos
reales al 31 de diciembre del año en el que nos la remite. Este es un
problema muy antiguo, porque no es posible que, por ejemplo, cuando se
trae aquí la memoria de funcionamiento de los juzgados en noviembre de
1997, ésta se refiera a la situación de los juzgados en 1996, pero los
datos sean de 1995. Y esto está ocurriendo cada año. Cada año conocemos
aquí con casi tres años de retraso cuál es la situación de los juzgados y
de los tribunales, y creo que ha llegado el momento de que los diputados
de esta Cámara trabajemos con los datos de la situación real de la
justicia, por lo menos dentro del año en el que la memoria se analiza.
Señorías, si no se adopta pronto esta medida va a ocurrir que dentro de
unos meses, en octubre de 1998, va a volver a comparecer aquí el
presidente del Consejo General del Poder Judicial y nos va a explicar
cómo estaban los juzgados en el año 1996. Yo creo que deberíamos tener
los datos de cómo están los juzgados en 1998 y no llevar tres años de
retraso.
Al mismo tiempo, el Libro Blanco de la justicia señala --y el propio
Consejo lo reconoce-- que la determinación y alcance de un problema tan
generalizado como, por ejemplo, las dilaciones indebidas, es decir, los
retrasos de los que se quejan todos los ciudadanos, presentan notables
dificultades. La primera de ellas es la falta de una información
estadística adecuada; es decir, que el propio Consejo reconoce esta
disfunción. Incluso señala a continuación la inexistencia de una
estadística fiable referida a aspectos tan esenciales como, por ejemplo,
los procesos de ejecución, las ejecuciones civiles o las ejecutorias
penales. Por ello pedimos que la estadística sea solvente y que se
refiera a datos actuales.
Lo segundo que le pedimos al Consejo es que remita también
trimestralmente a las Cámaras un informe en el que se recojan las
denuncias y quejas recibidas de los ciudadanos y profesionales, con
expresión de las causas más comunes o frecuentes de las denuncias y
órdenes jurisdiccionales a los que afecta. Todo ello, por supuesto --y se
lo digo al representante de Convergència i Unió en esta propuesta y en la
que analizaremos a continuación--, salvaguardando los datos concretos que
haya que salvaguardar.
El Consejo General del Poder Judicial recibió --según dice la propia
memoria de 1996-- miles de escritos en forma de queja, denuncia o
petición de los ciudadanos. Es lógico que en esta Cámara tengamos
información de lo que se van quejando los ciudadanos, si queremos cumplir
rectamente con nuestra función. No pretendemos que se nos traslade toda
la información que tiene el Consejo, sino que nos traslade, previo
tratamiento de la información que allí existe, que es enorme --pero que
parece que no sirve para nada--, la que corresponda para que podamos
detectar cuáles son los puntos más negros de los que se quejan los
ciudadanos y poder abordar soluciones acertadas.
En el mismo sentido va la propuesta dirigida a obtener información de la
inspección de tribunales, que es el instrumento del Consejo a través del
cual se obtiene el mayor y mejor número de datos reales sobre los
problemas de los juzgados y tribunales, salvando la confidencialidad que
haya que salvar en los datos de la inspección. El mismo Libro Blanco de
la justicia dice que la inspección es uno de los grandes temas pendientes
del Consejo, que hasta ahora se ha dirigido más a comprobar el
funcionamiento de los juzgados en sus aspectos cuantitativos y que debe
en un futuro inmediato abordar también el cumplimiento de todos y cada
uno de los deberes del personal judicial y los principios del
procedimiento, tales como cumplimiento del horario, incumplimiento de la
inmediación, motivación de las resoluciones, etcétera, sobre cuyo
presunto incumplimiento recaen precisamente la mayoría de las quejas y
denuncias ciudadanas.
El Consejo ha de poner en marcha a la mayor brevedad todas las medidas
precisas para reformar la inspección, incluida --como afirma el propio
Libro Blanco-- la prioritaria elaboración de un nuevo reglamento sobre la
inspección de juzgados y la tramitación de quejas y denuncias ciudadanas.
También recogen nuestras propuestas, señorías, solicitar información al
Consejo General del Poder Judicial sobre la aplicación, la utilización
que el propio Consejo está haciendo de las facultades que la Ley Orgánica
del Poder Judicial del año 1994 le atribuyó para la adopción de medidas
de apoyo judicial a aquellos órganos que se encuentran en una situación
de atasco tal que origina que los ciudadanos tengan que estar esperando
durante mucho tiempo la resolución de sus conflictos.
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señora Fernández de la Vega.
La señora FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ: Señor presidente, permítame un
momento más porque son muchas las resoluciones que hemos presentado.
El señor PRESIDENTE: Naturalmente.
La señora FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ: Muchas gracias.
Es evidente que este es uno de los temas más graves que están provocando
dilaciones y de ahí que en el año 1994, cuando esta Cámara reformó la Ley
Orgánica del Poder Judicial, le otorgó al Consejo mayores facultades a la
hora de determinar los apoyos y equipos de refuerzo a los juzgados y lo
hizo con una doble finalidad. Primera, que determine el refuerzo quien
mejor
conoce la carencia o el problema y, segunda, que se responsabilice de su
resultado, ya que exige medidas presupuestarias que hay que administrar.
Mi grupo quiere saber qué está pasando, cómo se ha ejecutado esta
facultad, cómo se están controlando los resultados de las inversiones que
se están introduciendo en equipos de apoyo.
Todos los años SS. SS. se encuentran en los presupuestos con más de 1.000
millones de pesetas destinadas a los equipos de apoyo, pero lo que nunca
sabemos luego es qué resultados está dando esa inversión y nos gustaría
que el Consejo nos dijese qué utilización está haciendo de estos
instrumentos, a los efectos de que adoptemos las medidas necesarias. A su
vez, eso tiene muchísimo que ver con otros problemas que aborda el
Consejo en el Libro Blanco, como son la determinación de la carga de
trabajo, razonable en cada juzgado, los módulos de trabajo a la
productividad o el sistema de incompatibilidad entre jueces y
magistrados, cuestiones todas ellas de la máxima relevancia, por lo que
instamos al Consejo a que, por lo menos, nos envíe el calendario de
instrumentos que va a adoptar para llevar a cabo estas medidas, ya que no
se les ocultará, señorías, que algunas de ellas, obligadamente, pueden
conllevar modificaciones legales que esta Cámara deberá adoptar.
Para acabar con los requerimientos al Consejo quiero plantear dos
cuestiones. La primera, los magistrados de lo contencioso-administativo.
La disposición adicional tercera --y tenemos aquí la ley casi aprobada--
de la reforma de 1994 requería al Consejo a que fuese preparando y
formando a los magistrados de lo contencioso-administrativo. No sabemos
de qué facultades ha hecho uso para ello, pero en cualquier momento va a
estar aprobado por la ley y me temo que todavía no tendremos los
magistrados necesarios para cubrir los más de 100 juzgados que hay que
crear.
De igual modo cabe decir que también nos gustaría saber cuáles son los
resultados de las previsiones que establece el artículo 311.1 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial en el tema de la convocatoria del cuarto
turno, porque parece un poco paradójico que el propio presidente del
Consejo General del Poder Judicial se quejara ante esta Cámara del número
de vacantes que hay, cuando sabemos que en los últimos años no se ha
convocado un cuarto turno. Queremos saber por qué no se ha hecho uso de
esa facultad y cuáles son las razones.
Las resoluciones mediante las cuales instamos al Gobierno consisten en
reiterar que, a excepción de lo referente a la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa, las reformas procesales siguen sin venir. Lo
pedimos en el año 1996, lo volvimos a pedir en el año 1997 y lo
reiteramos en el año 1998. Creemos que son urgentes las reformas
procesales, pero no cualquier reforma procesal sino aquellas que
respondan, en el ámbito de lo penal, al auténtico principio acusatorio, a
la atribución de la instrucción al fiscal, a la doble instancia y a la
protección a la víctima y, en el ámbito civil, la que responda a los
principios de oralidad y de inmediación y a las necesidades de los
ciudadanos. Lo mismo cabe decir de la Ley de responsabilidad penal del
menor y de la necesidad de reformar la Oficina judicial mediante la Ley
Orgánica del Poder Judicial.
Finalmente, señorías, mi grupo tampoco se va a cansar de repetir la
urgencia y la necesidad de que el Gobierno adopte medidas para la plena
ejecución y aplicación del Código Penal.
Quisiera decir, respecto de las propuestas de resolución planteadas por
el Grupo Socialista, que de las que se refieren a las memorias de 1994 y
1995, retiramos las números 2, 4 y 7, porque ya se han visto cumplidas, y
respecto de las propuestas de resolución referentes al año 1996 retiramos
la número 13, porque también se ha visto cumplida.
En cuanto a nuestra posición respecto a las restantes propuestas
presentadas por los demás grupos, quiero decir que vamos a apoyarlas
todas. Vamos a solicitar votación separada de las números 4 y 5
planteadas por Izquierda Unida, no porque no estemos de acuerdo con su
filosofía, sino porque creemos que todavía no estamos en condiciones de
prescindir de todos los magistrados suplentes del Tribunal Supremo,
aunque sí sería bueno que el Consejo fuese adoptando medidas para ir
restringiendo una figura que desnaturaliza lo que, por otra parte, hemos
aprobado en esta Cámara.
Respecto al tema de que para los jueces sustitutos que lleven ya un
tiempo ejerciendo tal cargo se tengan en cuenta sus méritos a la hora de
ingresar en la carrera judicial por el tercero o el cuarto turno, nos
parece razonable, pero ese es un tema que, en nuestra opinión, debe
tenerse en consideración en la regulación de los baremos
correspondientes, que van unidos a las pruebas de acceso por estas vías a
la carrera judicial.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández de la Vega.
Desea también intervenir para fijar su posición el señor Ollero, en
nombre del Grupo Popular. (La señora Uría Echevarría pide la palabra.) Un
momento, señor Ollero, parece que el Grupo Vasco pide ahora turno de
fijación de posición.
Adelante.
La señora URIA ECHEVERRIA: Señor presidente, lo tenía pedido con
anterioridad, lo que pasa es que mi grupo no tiene presentadas propuestas
de resolución.
El señor PRESIDENTE: Tiene S. S. razón. Han terminado las exposiciones de
la propuestas de resolución y comienza el turno de fijación de posición,
al que tiene derecho su grupo.
Adelante.
La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor presidente.
Pertenezco a un grupo que sostiene posturas de vinculación y cercanía al
Consejo General del Poder Judicial en relación con el órgano legislativo;
las sostenemos constantemente sobre la elección de sus miembros y con las
posibilidades de control y conocimiento de la memoria anual que se
presenta a esta Cámara.
El hecho de que estemos examinando ahora propuestas de resolución
referidas a memorias que fueron presentadas el 26 de junio de 1997 y el 6
de noviembre del mismo año, 1997, no dice mucho en favor de la utilidad
de este trámite. Pese a esta crítica por la falta de inmediatez en la
presentación de las memorias y de las propuestas de resolución, mi grupo
pasará a exponer cuál es el criterio que le merecen las presentadas por
los grupos que han efectuado este trámite.
El paso del tiempo hace estragos en casi todas las cosas y también en las
propuestas, ya que la actividad de la Cámara ha hecho que deban
considerarse decaídas algunas de las iniciativas que se contenían en las
propuestas de los grupos. Respecto de las presentadas a la memoria de
1994 por el Grupo Socialista, la primera hace referencia a la regulación
del artículo 53.2 de la Constitución, en cuanto a la tutela de derechos y
libertades. Está en marcha la reforma del procedimiento de protección
jurisdiccional de derechos en la Ley de la jurisdicción
contencioso-administrativa e igualmente el anteproyecto de la Ley de
Enjuiciamiento Civil tiene previsiones sobre esto. De la reforma de la
Ley de la jurisdicción contenciosa, los grupos que me han precedido han
reiterado que está ya muy próxima la culminación de su tramitación en
esta Cámara. Con relación a las reformas de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, fue aprobado el compromiso del Gobierno de presentarlo a la
Cámara en determinados plazos, fruto de una iniciativa de Convergència i
Unió con ocasión del debate sobre el estado de la Nación.
Parecido criterio nos merece la propuesta de resolución número 4, en
cuanto a las necesarias reformas a fin de garantizar la potestad del
Supremo para unificar criterios interpretativos. El recurso de casación
es objeto de modificación, tanto en la Ley de la jurisdicción
contencioso-administrativa como en las previsiones que tiene el
anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Sobre las audiencias provinciales en relación con la entrada en vigor del
Código Penal, en este momento está en la Cámara la reforma del artículo
14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En el punto sexto, se hace
referencia a la necesidad de establecer criterios de capacidad y
especialización en el acceso a secretarías, oficinas judiciales y resto
del personal al servicio de la Administración de justicia. Creemos que
esto está ya recogido en los reglamentos aprobados en la última etapa del
Gobierno socialista, en 1996. Lo que hace falta es que se respeten.
Precisamente en la falta de respeto de estos criterios es donde está la
discrepancia entre lo pretendido desde el Gobierno vasco, en relación con
la aprobación de las plantillas, y la postura sostenida desde el
Ministerio de Justicia, que esperamos que se solucione. Pero, repetimos,
las normas existen y los reglamentos actualmente vigentes recogen ya la
necesidad de tener en cuenta estos criterios.
El punto número 7, referido a la formación continuada de jueces y
magistrados, creemos que el Consejo lo tiene articulado debidamente.
Existen los centros y la escuela de Barcelona y la establecida para la
formación continua en Donostia, San Sebastián. Además, existen los
convenios de formación celebrados entre el Consejo y las comunidades
autónomas, que, según las noticias que tenemos, funcionan debidamente.
Sí votaríamos a favor de las propuestas 8, 9 y 10, del Grupo Socialista,
en la medida en que nos parece que tienen interés, singularmente la
primera, puesto que efectivamente es cierto que entrará en vigor de forma
inmediata la Ley de la jurisdicción contenciosa y se requerirá que exista
una plantilla de magistrados idóneos. Igualmente, en lo que hace
referencia a las medidas de refuerzo de los órganos judiciales y a cómo
se van cumpliendo las previsiones del artículo 311.1 en relación con el
cuarto turno.
La remisión de informes trimestrales, tanto en las propuestas de
resolución referidas al año 1995 como en las siguientes, nos parecen
excesivas. Una cosa es que el Consejo General del Poder Judicial deba
rendir cuentas y otra que desde la Cámara intentemos supervisar paso a
paso su labor. Nos oponemos a que se aprueben estas iniciativas. En
relación con la información estadística, según las noticias de que
disponemos, el Consejo está hoy en condiciones de poder aportar los datos
en la memoria correspondiente a este año, con la previsión anual que la
señora Fernández de la Vega ha expresado al hablar de la propuesta de su
grupo.
De la iniciativa presentada respecto a la memoria del año 1995 por
Convergència i Unió, la número 13 ha sido retirada por el propio grupo,
por referirse a la jurisdicción contencioso-administrativa. Y, en cuanto
a la 14, nos parece una propuesta prudente y necesaria, puesto que
efectivamente la puesta en vigor del Código Penal está evidenciando
distintos problemas y se hace necesario que el Consejo estudie cuáles son
estos problemas y tenga al tanto al Congreso de sus conclusiones.
No me voy a entretener en las propuestas de resolución del Grupo
Socialista referidas al año 1996, pues el criterio, a la hora de las
votaciones, va a ser el mismo. Votaremos a favor de las números 6, 7 y 8,
y nos opondremos a la nueva remisión de estadillos trimestrales, que nos
parece que se convierten en un auténtico acoso al Consejo General del
Poder Judicial.
Me resta referirme...
El señor PRESIDENTE: Para concluir, señora Uría, por favor.
La señora URIA ECHEVARRIA: Sí, señor presidente.
Por supuesto, votaremos a favor de la iniciativa de Coalición Canaria, en
cuanto que es interesante el seguimiento puntual de lo que va dando de sí
la puesta en marcha la Ley del Jurado.
Y nos gustaría hacer alguna referencia, con la venia de la Presidencia, a
las propuestas de resolución presentadas por Izquierda Unida. En el texto
inicialmente presentado, hubiésemos votado que no, a pesar de parecernos
interesante, a las propuestas 1 y 3, puesto que nos parecía que en la
primera había una cierta duda sobre las facultades disciplinarias o sobre
cómo se realiza la inspección desde el Consejo. Se ofrece una nueva
redacción por el grupo autor de la iniciativa y ello nos pone en
condiciones de votar que sí a los puntos 1 y 3 de la iniciativa.
El punto número 2 de las propuestas de resolución nos parece que denota
una cierta contradicción entre lo sostenido por el Grupo de Izquierda
Unida en relación con la modificación de la Ley Orgánica del Poder
Judicial y los años de vacatio que debe tener quien ha desempeñado cargos
políticos y la pretensión ahora existente. Si aquello nos parecía una
violación del artículo 23.2 de la Constitución, esto lo es, desde nuestro
punto de vista, en mayor medida y nos opondremos a votarlo
favorablemente.
Conocemos el criterio que le merece al señor Castellano la existencia de
magistrados suplentes en el Tribunal Supremo. Desde la óptica de nuestro
grupo, es una solución mala, pero una solución mala que es todavía
necesaria y, por tanto, no votaremos a favor de su propuesta de
resolución. Y en cuanto a que puedan consolidar su situación por el mero
transcurso del tiempo los jueces y sus sustitutos, tampoco nos parece
adecuado. Creemos que es más correcto que se compute en las condiciones
de acceso como mérito este tiempo transcurrido, pero que el mero
transcurso del tiempo, sin más, no suponga la consolidación de una
situación.
Reiterando la petición de inmediatez entre la presentación de las
memorias y el trámite de las propuestas de resolución en Pleno, concluyo
esta exposición en nombre de mi grupo.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.
Señor Ollero, por el Grupo Popular.
El señor OLLERO TASSARA: Señor presidente, señorías, el Grupo Popular no
ha sido partidario de presentar resoluciones. Entendemos que la
comparecencia del presidente del Consejo General del Poder Judicial
anualmente en esta Cámara y el debate que suscita da ocasión cumplida
para que cada grupo pueda expresar de una manera suficientemente concreta
cuáles son sus conclusiones, a partir de la memoria que hemos estudiado
previamente. De ahí que no hayamos presentado ninguna resolución, como
digo.
En cuanto a las presentadas por otros grupos, ya se ha señalado la
originalidad del Grupo Socialista de haber presentado, meses después de
abandonar el Gobierno, una serie de resoluciones dirigidas al Gobierno,
ya, lógicamente, al siguiente, cuando de lo que estamos hablando aquí es
del Consejo General del Poder Judicial, que gobierna a los jueces. No me
voy a extender sobre la división de poderes, para no hacer demasiado
largo el turno, puesto que son nociones de todos conocidas. De todas
maneras, esa originalidad socialista ha venido bien porque ha dado
ocasión para resaltar la extremada diligencia del Gobierno popular para
ir llevando a la práctica lo que dejó sin hacer el Gobierno socialista,
pues, como ya se ha puesto de relieve, retirando incluso algunas de las
resoluciones, nos encontramos con que esas peticiones están ya cumplidas.
Ha sido quizás un detalle de cortesía querer demostrar cómo en sólo año y
medio se puede hacer lo que a veces en 14 no se ha hecho.
Yendo ya a las propuestas de resolución concretas, en primer lugar la
relativa al procedimiento previsto en el artículo 53.2 de la
Constitución, quisiera hacer notar que la preconstitucional, por un día,
Ley 62/1978, que regula estos extremos, como es bien sabido, está en
estos momentos sometida a una revisión total, puesto que sus artículos 6
a 10 quedan modificados por la ley de lo contencioso-administrativo, de
inminente aprobación, y los artículos 11 a 15 están también contemplados
en el anteproyecto de ley de enjuiciamiento civil, que prevé un recurso
extraordinario en todo lo relativo a infracciones procesales, por tanto
artículo 24 de la Constitución, que, como es bien sabido, es un buen
número de los recursos que acaban presentándose ante el Tribunal
Constitucional por vía de amparo. Por tanto, esa ley preconstitucional
prácticamente va a quedar replanteada por estas dos.
La propuesta de una ley de lo contencioso ha sido ya suficientemente
cumplida, aunque no sabemos muy bien cuál es la actitud del Grupo
Socialista sobre ella, porque, en el último debate, por un lado dijo que
era suya y por otro votó en contra, quedándonos en una situación rayana
en lo psiquiátrico. Pero la ley ahí está, eso no lo duda nadie.
En cuanto a la Ley de Enjuiciamiento Civil, existe ya un anteproyecto que
ha sido sometido a informe del Consejo General del Poder Judicial. Por
tanto, tampoco hay mucho que pedir sobre el particular. Con respecto a la
Ley de Enjuiciamiento Criminal, se ha aprobado alguna resolución con
motivo del debate sobre el estado de la Nación y se abordará en su día.
Sobre que tenga que seguir lo señalado en la Ley del Jurado cada grupo
mostrará su postura, a través de enmiendas o
por las vías adecuadas. No parece que sea lógico, aprovechando un debate
respecto al Consejo General del Poder Judicial, obligar a que la postura
de un grupo determinado se tenga ya en cuenta.
Sobre las competencias de las audiencias provinciales en el ámbito penal,
tenemos ya en marcha una proposición de ley convertida en proyecto,
después de haber sido tomada en consideración, para transformar el
artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por tanto, asunto
resuelto también.
La proposición relativa a los magistrados del Tribunal Supremo, tan de
actualidad hoy y ayer por razones que tienen que ver con el Consejo
General del Poder Judicial, por cierto, también ha sido retirada, porque,
en efecto, se ha integrado en una ley aprobada en esta Cámara, aunque
quisiera señalar dos detalles. En la propuesta de resolución se habla de
la plena potestad de los magistrados del Tribunal Supremo y la verdad es
que no sabemos muy bien a qué se refiere, porque las enmiendas que en su
día presentó el Grupo Socialista más bien parecía que pretendían hacer de
los magistrados del Tribunal Supremo unos magistrados del Tribunal
Constitucional, hasta el punto de que una enmienda de dicho grupo
contemplaba una curiosa incompatibilidad que prohibía a los magistrados
del Tribunal Supremo ocupar cargos en los partidos políticos, cuando ni
siquiera se pueden afiliar. Eso queda ahí para la historia. No sé si esa
es la plena potestad a la que se refería. En todo caso, queremos recordar
que el Grupo Socialista, en la votación de carácter orgánico de esa ley,
votó en contra, lo cual ha hecho que no pudieran convertirse en ley
algunos aspectos de los que sí figuraban en sus propias enmiendas --es un
asunto que lamentablemente ocurrió--, porque por lo visto tenían más
interés en votar en contra de una ley con carácter orgánico que en contra
de su contenido.
En cuanto a la propuesta del tratamiento de la justicia juvenil o de la
responsabilidad penal del menor, existe ya un anteproyecto igualmente,
informado por el propio Consejo, con lo cual es también una proposición
superflua. En la propuesta de creación de plazas en las audiencias
provinciales, lo que se ha hecho, como ya se ha señalado, es una reforma
del artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, siguiendo el
criterio prácticamente unánime; sólo hubo un voto particular discrepante
del propio Consejo General del Poder Judicial, que no consideraba que
fuera la vía oportuna el aumento de plazas en las audiencias
provinciales, por lo que llevaría consigo de improvisación de magistrados
y también por el desfase numérico en cuanto a las competencias que se
producen entre juzgados, órgano unipersonal, y audiencias provinciales,
órgano colegiado, como es sabido, con lo que no se sustanciaría
suficientemente el problema. En todo caso, quiero que quede constancia de
que en los años 1996 y 1997 el Gobierno popular ha creado siete nuevas
secciones en las audiencias provinciales y ha dotado de un cuarto
magistrado a 34 secciones. Por tanto, a nuestro modo de ver, la cuestión
se ha abordado de manera satisfactoria.
Sobre el criterio de especialización de acceso del personal de la
Administración de justicia, ya ha señalado una portavoz que ha
intervenido con anterioridad que eso ya está recogido en un reglamento
que, además, tiene fecha de febrero de 1996. No entendemos cómo se
propone desde el Grupo Socialista, siete meses después de que su último
Gobierno socialista haya elaborado un reglamento, que se modifique. Es
una especie de autocrítica desmesurada, que quizás esté fuera de lugar.
La propuesta sobre inmuebles para formación de jueces se ha retirado, con
toda lógica, porque la comisión mixta Ministerio de Justicia-Consejo
trabaja de manera satisfactoria en ello.
Por último, en relación con las propuestas socialistas, quiero referirme
a algunas que sí que nos preocupan un tanto más. Por una parte, las
relativas --y ya se han aludido en el debate-- a estas peticiones de
informes trimestrales. Algunos grupos han pasado paulatinamente de
defender el autogobierno de la magistratura --en aquellos felices días,
ya pasados, en los que se aspiraba a un modelo muy distinto-- a recelar
de la mayoría de los magistrados y jueces, so capa de recelar de la
asociación mayoritaria, cuando realmente a quien no se quiere dejar
hablar es a la mayoría de los jueces y magistrados no asociados a ninguna
y que, sin embargo, tienen la mala costumbre adquirida de votar siempre
por la mayoritaria. Eso ha hecho que se cambiara incluso el sistema
previsto en el momento de debatirse la Constitución, como es sabido, y
que se llegue a una situación donde parece que se pretende gobernar al
Consejo.
Yo comprendo que, cuando se ha estado en el Consejo y se conocen bien sus
entresijos, queda un poco de nostalgia y un decir: me gustaría estar
haciendo esto, esto y esto, que sé que se quedó sin hacer. Pero aquí
estamos para otros menesteres y tampoco es cuestión de dar a la moviola e
intentar seguir gobernando el Consejo. Lo de los informes trimestrales
--parece que vamos a ser nosotros los que hagamos la agenda de trabajo
del Consejo-- nos parece excesivo, y por ello no vamos a votar esas
resoluciones que piden informes trimestrales sobre denuncias o montan una
especie de inspección sobre las inspecciones. No creemos que eso sea
lógico. En cuanto a la estadística, suscribimos lo que se ha dicho y
entendemos que el Consejo se halla ya en condiciones de proporcionarnos
mejores datos.
Sí votaremos a favor de la especialización de jueces de lo contencioso.
Nos parece muy lógico.
El señor PRESIDENTE: Señor Ollero, ha de ir concluyendo.
El señor OLLERO TASSARA: Voy terminando, señor presidente.
Sin embargo, hay una errata, si no está equivocado este modesto portavoz,
porque se alude a la Ley 14/1994 y es la Ley 16/1994. Como se ha hecho
repetidamente en las dos propuestas --quizá por esto de los ordenadores,
que son tozudos a la hora de las erratas--, convendría tenerlo en cuenta
a la hora de considerarla aprobada, para que el Consejo no piense que no
sabemos cuáles son las leyes de las que hablamos: Ley 16/1994.
Hay una errata también en la propuesta relativa al artículo 216 bis, que
se nombra como 217, cuando no lo es. Quedemos bien ante el Consejo,
demostremos que nos conocemos los artículos. Por tanto, votaremos que sí,
pero, por favor, subsanando la errata.
Estamos de acuerdo en el informe sobre el cuarto turno y que se nos envíe
un calendario sobre el libro blanco nos parece muy razonable. Nos parece
también lógico que se haya retirado la petición de un proyecto docente,
que nos parecía desmesurada para este trámite. Votaremos a favor de la
resolución que ha quedado viva de Convergència i Unió y de la propuesta
de resolución de Coalición Canaria para que se hable del jurado en las
memorias anuales.
Respecto a las de Izquierda Unida, nuestro grupo le había propuesto una
nueva redacción de los puntos 1 y 3, redacción que conserva su contenido
sabio pero le quita presión --por utilizar un término futbolístico, ya
que hoy estamos todavía dentro de este ambiente posfinal europea--, para
que no parezca que queremos atosigar al Consejo. Si el portavoz del Grupo
Izquierda Unida aceptara esta nueva versión, que conocen los grupos y que
con mucho gusto pasaré a la Presidencia, votaríamos a favor de esos
puntos 1 y 3. No así del punto 2, en el cual nos declaramos sorprendidos,
porque el señor Castellano ha consumido piezas oratorias de las que sólo
él es capaz de dar a luz en esta misma Cámara considerando que la
contaminación política estaba fuera de lugar, y hoy nos propone algo que
nos llama la atención, porque no solamente admite la contaminación
política, sino que pretende que, sin respetar la reserva de ley y de ley
orgánica, sea simplemente el Consejo, por su cuenta, el que decida quién
puede o no presentarse a un concurso. La verdad es que eso nos parece
desmesurado. Habría que hacer una ley orgánica, señor Castellano, para
que eso pudiera salir adelante y por tanto no vamos a aceptarlo.
En cuanto a los magistrados suplentes, no estamos a favor de que existan,
en eso suscribimos plenamente la filosofía de la sospecha, pero entre un
magistrado jubilado y alguien aún inmaduro para ocupar esa función, mal
que nos pese, preferimos que por el menor tiempo posible siga siendo así.
Por último, respecto a los sustitutos que llevan diez años --y ahí mi
experiencia universitaria me hace llegar a un paralelismo fácil--, ocurre
igual en la universidad, hay personas que llevan diez años dando clase,
se presentan a un concurso y no lo aprueban. Lo único que demuestra eso
es cómo está la universidad. Igualmente, en el caso de la justicia, si
alguien que lleva diez años poniendo sentencias, luego, en el cuarto
turno, no es aprobado, lo único que demuestra es cómo está la justicia.
Pero, señor Castellano, no metamos la cabeza debajo del ala, no digamos
convirtámonos en juez, para que no se note.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ollero. (El señor Castellano
pide la palabra.)
Señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Entenderíamos reglamentariamente que
es pronunciarse sobre una enmienda.
El señor PRESIDENTE: Tiene S. S. toda la razón.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Coincido con el señor Ollero y acepto
su nueva redacción, pero quiero aclararle que no le quita ninguna
presión, porque yo no he tratado de presionar a nadie, lo que le quita es
impresión. A usted le había impresionado el tono. Muy bien. Le gusta otro
tono. Yo le acepto el punto uno y tres bajo otra clase de impresiones.
Muy brevemente, señor presidente, pero apelo a su generosidad. No hay
ninguna contradicción en haber mantenido una posición, cuando ustedes han
llevado adelante en una ley el llamado tratamiento de la suspicacia sobre
jueces y magistrados que han pasado por la política, ustedes han aprobado
la ley, con que yo diga ahora: ya que ustedes han aprobado la ley. No
sean contradictorios, porque si han aprobado esa ley para los jueces y
magistrados, apruébenla para los prejueces o premagistrados que podían
estar en la misma situación.
Finalmente, estoy de acuerdo, señor presidente, en que hay que tener
mucho cuidado con los jueces inmaduros, aunque pediría al señor Ollero
que tenga un poco de cuidado con los jueces pasados, porque estamos
asistiendo a situaciones de jueces que les llega la edad de jubilación y
llegan a los 72, ahora piden los 75, luego quieren ser sustitutos.
Siguiendo la tradición de la Constitución española, que tiene figuras en
esa línea, propongan ustedes que haya jueces vitalicios. (El señor Ollero
pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: ¿Va a proponerlo, señor Ollero? Adelante.
El señor OLLERO TASSARA: Señor presidente, simplemente quiero aclarar,
leyendo el texto inicial, impresionante, del señor Castellano, qué es lo
que decía. Dice que se sugiere al Consejo General del Poder Judicial la
conveniente adopción de medidas para que su Comisión de calificación,
llegado el momento de
formular ternas para la cobertura del llamado turno de juristas en Sala
de lo Civil y Penal de los tribunales superiores de justicia, rechace la
inclusión en toda candidatura de aquellos que hayan ocupado cargos
públicos institucionales o internos de partidos políticos.
Señor Castellano, con todo el respeto que sabe que le profeso, esto, sin
la cobertura de una ley, de una reforma legal, que S. S. está en
condiciones de presentar en esta Cámara cuando quiera, nos parece que no
es de recibo.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
XII. INFORME ANUAL SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO:
-- DICTAMEN DE LA COMISION MIXTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS SOBRE LA CUENTA
GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A 1995 Y RESOLUCION ADOPTADA POR LA
MISMA. (Número de expediente 250/000005)
El señor PRESIDENTE: Queda así, cerrado este debate del punto undécimo y
vamos a pasar al punto duodécimo, antes de proceder a las votaciones de
ambos puntos.
Informe anual sobre la cuenta general del Estado, que se refiere a la
correspondiente a 1995.
¿Qué grupos desean consumir un turno a favor del dictamen y de la
propuesta de resolución de la Comisión? (Pausa.) ¿Solamente el señor
Sánchez i Llibre? (Pausa.) Señor Centella, ¿a favor también del dictamen?
(Pausa.)
Creo que la ordenación más racional sería que los grupos que desean
intervenir fijen su posición --parece que todo es favorable-- con el
orden habitual.
¿Grupos que desean intervenir sobre el dictamen? (Pausa.) ¿No lo desea el
Grupo Mixto? ¿No, el Grupo Canario? ¿No, el Grupo Vasco? (Pausa.) A
reserva de que pueda intervenir un representante del Grupo Nacionalista
Vasco, después de las consultas que a tal efecto está despachando la
señora Uría --quede constancia--, el señor Sánchez i Llibre, por el Grupo
de Convergència i Unió. (Pausa.)
Se incorpora el señor Zabalía, que desea intervenir para fijar la
posición del Grupo Nacionalista Vasco. Tiene la palabra S. S.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, la cuenta general del Estado del ejercicio 1995, al igual que
en ejercicios anteriores, sigue presentando irregularidades contables e
infracciones de normas presupuestarias. Hay que reconocer que se están
produciendo avances en cuanto al cumplimiento y rigor en la elaboración
de los estados financieros de las cuentas públicas, pero entendemos que
esto no es suficiente.
Según el informe del Tribunal de Cuentas, las salvedades e infracciones
de las normas presupuestarias y contables que se expresan en la
declaración limitan el reflejo en la cuenta de la actividad económico--
financiera llevada cabo en el ejercicio por el Estado y los organismos
autónomos, así como su situación patrimonial. Pero al margen de estas
salvedades e infracciones y de la excepción, el Tribunal de Cuentas dice
que la estructura y contenido se presenta de acuerdo con normas que le
son de aplicación y es coherente con la documentación complementaria. No
entendemos demasiado cuál es el alcance que quiere dar el Tribunal de
Cuentas para expresar si verdaderamente las cuentas del Estado de 1995
reflejan la situación patrimonial del Estado en este ejercicio. Estamos
hablando de salvedades e infracciones importantes. En primer lugar,
demoras en los plazos establecidos para la presentación de las cuentas
por parte de once organismos autónomos, cuatro de carácter administrativo
y siete de carácter comercial, aunque sí es cierto que fueron rendidas
con posterioridad, salvo uno. En segundo lugar, los ajustes realizados en
la cuenta de Administración General del Estado por diferencia entre
derechos y obligaciones reconocidos ascienden a 618.000 millones de
pesetas, sobrepasando el límite del conjunto de obligaciones fijado en el
artículo 11 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para ese año.
Por otra parte, tampoco se ha aplicado al presupuesto de ingresos
derechos por importe de 120.000 millones de pesetas. A esto habría que
añadir anomalías contables en el inmovilizado de material, en tesorería,
en la cuenta de deudores, todo ello con incidencia en los resultados
económico-patrimoniales. En tercer lugar, también ha sido necesario
realizar ajustes importantes en las cuentas de los organismos autónomos,
tanto de carácter administrativo como en los comerciales, industriales,
financieros o análogos, poniéndose de manifiesto diversas irregularidades
y deficiencias contables.
Al final, el propio Tribunal de Cuentas y la fiscalía de este tribunal
proponen a las Cortes Generales que se requiera al Gobierno para que
adopte las medidas que sean necesarias para que la cuenta general del
Estado y de las entidades que lo conforman se ajusten plenamente a la
legislación aplicable y a los principios que deben informar su
elaboración y su rendición.
En consecuencia, nuestro grupo parlamentario presentó en la Comisión
Mixta un conjunto de propuestas de resolución que pretenden obligar al
Gobierno a incorporar en la cuenta general del Estado las salvedades e
irregularidades contables. Además, desde el Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV) entendemos que el Parlamento debe ser más exigente y riguroso
con el requerimiento en el cumplimiento de la ejecución de los
presupuestos y la elaboración de las cuentas públicas,
por lo que, entre las propuestas de resolución, propusimos la
paralización transitoriamente de la aprobación de la cuenta general del
Estado de 1995, en tanto no sean introducidas las propuestas de
resolución aprobadas en la Comisión.Y nos hubiese gustado que esta
propuesta hubiese tenido éxito, pero, desgraciadamente, el resto de los
grupos parlamentarios no han estado de acuerdo. Parece ser que no importa
aprobar las cuentas generales del Estado, aunque tengan estas salvedades
o deficiencias, porque, en definitiva, son estados financieros del año
1995, que hoy no tienen ningún vigor para esta Cámara. Pero esto está
ocurriendo permanentemente, todos los años.
Nosotros pretendemos romper esta dinámica, porque nos da lo mismo aprobar
en 1998, dos meses antes o dos meses después, las cuentas generales del
Estado del año 1995. De esta forma demostraríamos que esta Cámara se toma
en serio la elaboración de las cuentas generales del Estado. No es
suficiente con reconocer estos defectos. ¿Algún consejo de administración
de alguna empresa aprobaría las cuentas del ejercicio con las salvedades
que están en el informe del Tribunal de Cuentas? ¿Ustedes se imaginan
eso? Ni siquiera las propuestas de resolución que son aprobadas son
eficaces si no demostramos desde el Parlamento firmeza en el cumplimiento
de las normas vigentes para la elaboración de los registros contables.
Otro tema distinto es que sea necesario regular todo el proceso legal de
rendición de cuentas, que lo es, desde nuestro punto de vista, pero
mientras tanto al menos obliguemos a que se cumplan las normas vigentes.
Año tras año se aprueban las cuentas públicas con poco o nulo debate,
desde luego con muy poco interés --no hace falta más que ver el interés
de la Cámara en este aspecto--, y siempre con un trámite sin
trascendencia; no hace falta más que ver que casi siempre es el último
punto del orden del día de la semana. Es por eso necesario que se
analicen, se estudien, se debatan en profundidad las normas legales sobre
la ejecución, elaboración y rendición de cuentas, que se dote de medios
legales y materiales a los órganos auditores de la Intervención General
de la Adminsitración del Estado a nivel interno y del Tribunal de
Cuentas, como organismo auditor externo al Ejecutivo. Si no es así,
señorías, mi grupo seguirá denunciando esta situación, aunque al final
tenemos la impresión de que estamos predicando en el desierto.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Zabalía.
Se ha incorporado, con un retraso que ha justificado debidamente ante la
Presidencia, el portavoz en esta materia del Grupo de Coalición Canaria,
el señor Gómez Rodríguez. Por tanto, voy a darle la palabra para que fije
brevemente la posición de su grupo respecto del informe general.
El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Con toda brevedad, voy a exponer la posición de mi grupo acerca de la
aprobación de la cuenta general del Estado para el ejercicio al que nos
estamos refiriendo. Como introducción, me permito recordar que, conforme
al artículo 134 de la Constitución española, corresponde a estas Cortes
Generales el examen, enmienda y aprobación de los presupuestos del
Estado, realizándose en el Pleno un debate de totalidad para fijar las
cuantías globales de los estados presupuestarios, es decir, se establecen
en un sistema restrictivo. Pero cuando se trata de la gestión del
presupuesto, sobreviene una verdadera laxitud, amparada muchas veces por
textos legales y otras por exceso de la propia Administración. La
doctrina y la práctica se quejan de esa permisividad al margen del
Parlamento.
Asistimos al acto solemne de la aprobación de las cifras, pero no nos
enteramos de los suplementos, créditos extraordinarios y otra clase de
incrementos que se hacen en el presupuesto del Estado. Eso sí, se aprueba
con toda solemnidad, pero el desarrollo se hace de una forma defectuosa.
Parece mentira que en estos años finiseculares no solamente se cometan
violaciones a los principios de contabilidad, sino que se omitan
documentos, no se rindan cuentas por organismos autónomos, ya sean
administrativos, comerciales, industriales o financieros --en el
ejercicio que comentamos faltan las cuentas de once organismos--, y se
presenten estados de tesorería excesivos, cuando existen posibilidades de
reducirlos al disminuir los créditos pendientes de pago, etcétera. (El
señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
No voy a enumerar todo el informe del Tribunal de Cuentas, que viene
detallado y cuyo trabajo felicitamos, pero tenemos que hacer constar
nuestro desagrado por la poca importancia que le damos a la aprobación de
las cuentas generales del Estado, por el poco respeto que por parte de
muchos funcionarios se tiene a la ley presupuestaria y porque no podemos
conseguir que brille con todo su vigor el principio de imagen fiel.
Me permito recordar que el Tribunal de Cuentas solicita al Gobierno que
cumpla con la legalidad y que aún no están vigentes los artículos que se
refieren a la exigencia de responsabilidad contable, que debería ser
exigida ante la reiteración de estas situaciones que hacen que la
rendición de las cuentas generales del Estado no sea el paradigma de la
perfección.
Por ello, señor presidente, al mismo tiempo que felicitamos al Tribunal
de Cuentas y estamos conforme con su propuesta, nuestro grupo se va a
abstener en la aprobación de las cuentas generales del Estado.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió) valora positivamente este trámite parlamentario para la
aprobación del dictamen de la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas
respecto a la cuenta general del año 1995, básicamente por dos
cuestiones. En primer lugar, porque vamos ganando tiempo al tiempo, es
decir, estamos a mediados del año 1998 y se nos propone la aprobación de
las cuentas del año 1995, y no es descabellado pensar que a finales de
este año tendremos la posibilidad de aprobar las cuentas del año 1996.
También es cierto que lo ideal sería que en el año 1998 pudiéramos
aprobar las cuentas del año 1997, pero para poder dar luz verde a este
trámite que acabo de mencionar, es necesario modificar la Ley Orgánica
del Tribunal de Cuentas en el sentido de modificar los plazos de
presentación de las cuentas generales del Estado a las Cortes. En
definitiva, estamos plenamente convencidos de que con los avances
informáticos y con las nuevas tecnologías en el plazo de dos o tres
meses, a más tardar, todos los organismos podrán presentar las cuentas al
Tribunal de Cuentas y así tendríamos la posibilidad de analizar y
fiscalizar de un año para otro las cuentas correspondientes del Estado.
En segundo lugar, consideramos interesante este debate porque cerramos un
ciclo de informes de cuentas aprobadas por un mismo gobierno,
concretamente el socialista, y a partir de estos momentos, concretamente
a mediados de 1996, se inicia otro periodo de gestión de cuentas que
obedecerá a la gestión del Partido Popular. Es cierto, señorías, que las
últimas cuentas han experimentado una tendencia contable sensiblemente
mejor año tras año, pero la realidad es que todavía estamos muy lejos de
lo que debería ser una correcta cuenta general, y muestra de lo que acabo
de decir es lo que mantiene el Tribunal de Cuentas en página 2 de su
informe, que también han repetido otros ponentes que me han precedido en
el uso de la palabra.
Dice que las salvedades de infracciones de las normas presupuestarias y
contables que se expresan limitan el reflejo de la cuenta general de la
actividad económica y financiera llevada a cabo en el ejercicio por el
Estado y sus organismos autónomos, así como de su situación patrimonial.
En este aspecto patrimonial hay que decir que, de acuerdo con la
aplicación del Plan general de contabilidad pública respecto a 1995, los
resultados se presentan en una cuenta única que determina el resultado
global, a diferencia de lo que se venía manifestando en los ejercicios
anteriores, en los cuales la situación patrimonial se reflejaba en
diferentes cuentas extraordinarias.
Asimismo hay que decir a continuación que siguen existiendo notables
deficiencias contables que habrían de corregirse en un futuro. El
inventario continúa siendo incompleto y le resta fiabilidad al balance,
ya que no existe un inventario detallado del inmovilizado. No se han
hecho amortizaciones del inmovilizado material ni del inmaterial, con lo
cual no se puede visualizar una imagen fiel de la realidad contable de la
cuenta definitiva. Siguen existiendo cuentas corrientes abiertas en el
extranjero sin registrar; las cuentas corrientes de los organismos
autónomos también presentan notables deficiencias; falta una
consolidación de los balances con organismos autónomos y sociedades
mercantiles; respecto a los organismos autónomos integrados en la cuenta
general, los resultados que figuran en las cuentas rendidas se ven
afectados por operaciones pendientes de aplicación; la cuenta general
está incompleta porque hay organismos administrativos, así como
organismos comerciales, industriales y financieros, que tampoco han
rendido cuentas. Se constata o se sigue constatando igual que en
ejercicios anteriores que se dejan de contraer presupuestariamente
obligaciones generadas, posponiendo su contabilización para los
ejercicios siguientes, con lo cual tenemos la constatación de que hay
facturas guardadas en los cajones de los diferentes organismos
departamentales.
La mayoría de estas cuestiones son reincidentes y se van repitiendo año
tras año, con lo cual, si existiera una modificación de la Ley del
Tribunal de Cuentas, podríamos exigir o implementar un control efectivo y
exhaustivo y probablemente también podríamos subsanar la mayoría de estas
deficiencias que todos los grupos parlamentarios venimos denunciando año
tras año.
Como contrapartida querríamos manifestar que han existido en esta cuenta
general cuestiones positivas, como podría ser la aplicación por primera
vez del Plan general de contabilidad pública, así como también la
dotación de provisiones para insolvencia que todos los grupos
parlamentarios veníamos manteniendo a lo largo de dicho debate. Es cierto
que se han practicado por primera vez provisiones para insolvencia,
aunque tampoco ha quedado perfectamente explicitado cuáles han sido los
criterios por los cuales se han aplicado dichas dotaciones para
insolvencias, y también nos ha sorprendido que la cuenta de insolvencia
relativa al consorcio de compensación del seguro, así como las cuentas de
Rumasa, continúen sin estar dotada.
Por este motivo, para que puedan subsanarse estas deficiencias, nuestro
grupo parlamentario ha presentado --y vamos a votar a favor de la mayoría
de las propuestas de resolución de los otros grupos parlamentarios-- una
propuesta de resolución dirigida a instar al Gobierno a adoptar las
medidas que fueran necesarias, de acuerdo con las propuestas del informe
que ha presentado el Tribunal de Cuentas, para que la cuenta general del
Estado y de las entidades que la conforman se ajusten plenamente a la
legislación aplicable y para
que en las próximas cuentas generales no se detecten estas anomalías
contables, que si se refirieran a las anomalías contables de una sociedad
anónima privada no serían aprobadas por la junta general de accionistas.
De todas formas, confiamos en que en el futuro todas las fuerzas
políticas nos pongamos de acuerdo para modificar estas cuestiones y
nuestro grupo, al igual que ha hecho en otras cuentas generales, va a
votar favorablemente la cuenta general del Estado de 1995.
Muchas gracias, señoras y señores diputados, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): En nombre del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
Centella.
El señor CENTELLA GOMEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Nuestro grupo va a votar favorablemente el dictamen presentado, aunque
tenemos algunas reservas que vamos a señalar.
Nuestro grupo presentó en la Comisión una serie de propuestas de
resolución que partían de reconocer que se ha producido un avance
importante, ya que en los últimos tiempos hemos conseguido agilizar el
funcionamiento de la Comisión Mixta, hemos conseguido ver con una mayor
prontitud las cuentas generales del Estado y evitar el espectáculo de
verlas con cuatro o cinco años de diferencia.
Todavía quedan elementos que corregir. Así lo hicimos ver en algunas
resoluciones, algunas de las cuales se tomaron en consideración, como la
que intentaba solucionar el problema de hacer referencia a que se
imputase en el tiempo adecuado la obligación originada en cada ejercicio
para evitar de esta manera que las cuentas no reflejen, como ocurre en la
actualidad, la situación real en un ejercicio, porque se produce un
deslizamiento de la contabilidad presupuestaria.
También se aprobó que se tuviese en cuenta la necesidad de que los
órganos de la administración que conforman la cuenta general del Estado
tuviesen una mayor colaboración con el Tribunal. Todavía existe esa falta
de colaboración ante la circunstancia de que órganos de la Administración
no tomen en cuenta esta tramitación.
Pero aun con estos elementos positivos, por los que vamos a votar a
favor, tenemos que señalar que no tuvo en cuenta una tercera propuesta de
resolución que hacía referencia a que sistemáticamente se viene
produciendo un hecho, que es común a gobiernos anteriores, que es el
abuso de la discrecionalidad a la hora de de imputar determinados gastos.
Creemos que la importancia que se le da en esta Cámara, como no puede ser
de otra manera, a la aprobación de los presupuestos no se corresponde con
la importancia que se le da a su seguimiento, y los gobiernos de turno se
aprovechan de esta circunstancia para hacer de su capa un sayo y abusar
de esta discrecionalidad. Entendemos que si es importante para una
democracia aprobar los presupuestos, es mucho más importante que a la
hora de la verdad, cuando se valoran las cuentas generales, se
identifiquen con los presupuestos aprobados.
Por eso, seguimos reclamando que se tenga en cuenta al Parlamento en el
desarrollo de los presupuestos, que el Congreso, que es quien aprueba los
presupuestos, sea el garante efectivo, y que comuniquen a esta Cámara los
cambios que se hacen, para que, al final, no ocurra, como viene
ocurriendo, que los presupuestos que se valoran en la cuenta general del
Estado no se parecen casi nada a los presupuestos que se aprueban en la
Cámara.
Es importante porque de esta manera ganaremos confianza de cara al
ciudadano y, aunque no se aprobó, esperamos que se tenga en cuenta. El
voto favorable que hoy da Izquierda Unida, evidentemente no es ningún
cheque en blanco. Otras veces nos hemos abstenido, pero esta vez creemos
importante votar a favor en la perspectiva de que los próximos
presupuestos, que corresponden al Gobierno que está en ejercicio, tengan
esa fiabilidad que en este momento creemos que no tiene la cuenta general
que hoy vamos a aprobar.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): En nombre del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Moreno.
El señor MORENO MONROVE: Señor presidente, señorías, vamos a abordar en
este Pleno el dictamen de la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas sobre
la cuenta general del Estado de 1995, que ha sido aprobada por unanimidad
el día 21 de abril de 1998.
Dicho dictamen ha sido emitido tras dos intensos debates en la Comisión.
El Grupo Parlamentario Socialista va a apoyar el dictamen de la Comisión
porque considera que la cuenta de 1995 ha superado favorablemente los
cuatro grandes objetivos fiscalizadores del Tribunal de Cuentas y que las
incidencias recogidas en la declaración definitiva son menores que las
reflejadas en cualquier otro ejercicio económico; que el propio Tribunal
de Cuentas resalta varios aspectos que por primera vez se incorporan al
control y a la disciplina presupuestaria, y que la única propuesta que
hace el Tribunal de Cuentas se reduce a una recomendación general, a una
apelación general de ajuste de los principios y normas vigentes, por lo
tanto, seguir mejorando propuestas que mi grupo hizo suyas y presentó
como resolución a la Comisión.
Efectivamente, señorías, la declaración definitiva comienza con una
opinión global, sintética de lo que el
Tribunal de Cuentas piensa sobre la cuenta general del Estado. Y dice: la
cuenta general del Estado del año 1995, con las excepciones que se
indican posteriormente, presenta la estructura y contenido establecido en
las disposiciones que le son de aplicación. Es coherente internamente y
con la documentación complementaria que le sirve de fundamento.
Para nuestro grupo esta declaración genérica es ilustrativa del resultado
general de la fiscalización. Destacaré, sin embargo, señorías, por su
significación general, algunos aspectos de la cuenta que han centrado
nuestro debate en Comisión. En primer lugar, la coherencia interna; esto
es, la concordancia entre los datos aportados por las entidades pagadoras
y perceptoras, relativos a operaciones de transferencia internas, es
prácticamente total por primera vez, y sólo existe una diferencia de 65
millones de pesetas en un montante global de un billón 400.000 millones,
lo que representa un porcentaje absolutamente insignificante que habla
mucho del control. Además, también por primera vez dice el propio
Tribunal de Cuentas que se explica las discrepancias internas, lo que
permite una conciliación exhaustiva.
Las modificaciones de crédito, señorías, factor ligado a la disciplina
presupuestaria, presentan un montante similar al del año 1994, pero
existe un avance formal muy importante, que resalta el Tribunal de
Cuentas, consistente en que los estados de ejecución de los organismos
autónomos se han rendido con el máximo grado de desagregación, lo que ha
permitido comprobar que se han cumplido los límites presupuestarios
individualizados de gasto.
En el balance se incorpora, por primera vez también, como no podía ser
menos, la nueva estructura establecida en el Plan general de contabilidad
pública, que ha recordado algún portavoz, y con él nuevos elementos de
control, como son que, por primera vez, se incorporan provisiones para
insolvencias de activos financieros de deudores, de préstamos de difícil
reembolso y de retraso en la gestión.
Mi grupo quiere detenerse especialmente, antes de entrar en la
consideración final, en la liquidación de los presupuestos. Este apartado
de la declaración siempre ha contado con el máximo interés de la Cámara,
por cuanto que con ella se resume el debate ligado a criterios contables,
devengo o caja, criterios de imputación, disciplina presupuestaria y,
sobre todo, la incidencia en el déficit público de estos factores ligados
a la liquidación del presupuesto.
El Tribunal de Cuentas señala que hay gastos e ingresos que han sido
indebidamente aplicados temporalmente a distintos ejercicios y que, por
tanto, hay una determinada carga neta presupuestaria, no contable, de
nivel un poco superior al de 1994 pero de entidad básicamente similar,
que debe ser regularizada a lo largo del tiempo. Sin embargo, por vez
primera, y a pesar de lo mantenido insistentemente por el Grupo Popular
en el debate parlamentario, dice el propio Tribunal de Cuentas que la
carga neta presupuestaria pendiente de regularizar no debe confundirse
con magnitudes de contabilidad nacional, especialmente con el déficit
público, cuya determinación responde a criterios distintos de los aquí
aplicados. Dichos desfases temporales, señorías, en algunos casos
responden a diferencias de criterio en cuanto a la imputación, en otros a
la propia naturaleza del gasto o a tensiones presupuestarias normales. Es
el caso de las relaciones financieras con la Unión Europea, que llega a
alcanzar en este ejercicio que estamos analizando el importe de 120.000
millones de pesetas, o del propio crédito a Muface, por valor de 44.000
millones de pesetas, o de los 100.00 millones de pesetas de
expropiaciones de emergencia o revisión de precios obligados. Dichas
obligaciones, no reconocidas en la liquidación presupuestaria de 1995,
están, sin embargo, recogidas en toda la documentación aportada y, como
indica el Tribunal de Cuentas, además están contabilizadas en la cuenta
general del Estado.
Por tanto, a nuestro grupo le resulta cuanto menos tremendamente
sorprendente que, después de la calificación que dio el propio Gobierno y
el Grupo Parlamentario Popular a la regularización del decreto-ley de
junio de 1996, de 700.000 millones de pesetas, que le dio la
consideración de agujero, la carga neta presupuestaria que establece el
Tribunal de Cuentas pendiente de regularización sea un billón de pesetas.
Si se regularizan 700.000 y tiene la consideración de agujero, a nosotros
nos sorprende profundamente esta calificación, porque o era todo agujero,
o no era nada agujero. Lo que se ha puesto de manifiesto con el texto del
Tribunal de Cuentas, con la declaración definitiva, es, primero, que no
había agujero y sí había problemas de imputación contable, de cuándo
contabilizar presupuestariamente el desfase temporal, y había otros
elementos, ninguno de ellos ligados a déficit público, ninguno de ellos
ligado a la calificación de agujero, que demagógicamente ustedes
lanzaron. Afortunadamente, el propio Tribunal de Cuentas consagra
definitivamente esta situación que espero quede remarcada a partir de
ahora. Segundo, no debe confundirse nunca más con déficit público lo que
son desfases temporales que en la inmensa mayoría de los casos pertenecen
a las propias tensiones presupuestarias y a la naturaleza de los
conceptos, como bien sabe el portavoz del Partido Popular. Y tercero, el
propio informe de la Intervención General de la Administración del Estado
dice que los conceptos están perfectamente justificados; más aún, así lo
reconoce el actual Gobierno en sus alegaciones al Tribunal de Cuentas,
que dice que, lejos de recibir una crítica, hace una alabanza de las
situaciones que se han corregido durante el año 1995. Y aún dice más, y
me alegro: que estas situaciones no son sino descriptivas de una realidad
contable.
Señorías, ustedes...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Moreno, le
ruego vaya concluyendo.
El señor MORENO MONROVE: Señores del Partido Popular, ustedes buscaban
entonces --y ahora el Tribunal de Cuentas ha venido a darnos la razón a
nosotros-- trasladar un déficit imaginario a 1995, ustedes buscaban
entonces incrementar la posibilidad de gasto en 1996 aumentando los
créditos, ustedes buscaban entonces facilitar el presupuesto de 1997 para
que pareciera restrictivo, ustedes buscaban entonces lanzar la fantasía
del agujero y con ella poder subir los impuestos especiales a todos los
españoles, como hicieron después de bajar aquellos impuestos que a
ustedes les tenían más comprometidos, como son los impuestos sobre la
renta del capital. Permítanme que les diga que lo que no ha sido agujero
durante el Gobierno socialista sí lo será en sus cuentas públicas,
señores del PP, si nos atenemos a lo manifestado por el señor Barea, que
dice lo siguiente: La Ley de disciplina presupuestaria 11/1996 pretendió
corregir la situación de la modificación y los desfases temporales en el
reconocimiento de obligaciones, pero el Real Decreto 612/1997, dictado en
desarrollo de la citada ley, ha abierto un agujero presupuestario de
incalculables consecuencias al establecer que las obligaciones
unilaterales se imputarán al ejercicio en que se que dicte el acto
administrativo. La indisciplina presupuestaria ha vuelto de nuevo a
implantarse en detrimento del principio de imputación temporal del gasto.
Es una frase del profesor Barea.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Moreno, le
ruego concluya.
El señor MORENO MONROVE: Inmediatamente, señor presidente.
Estas son algunas de las respuestas positivas y de los elementos que
destaca el Tribunal de Cuentas sobre los objetivos de fiscalización y que
constituyen, desde nuestra perspectiva, las razones para aprobar la
cuenta del Estado de 1995, sin ignorar que siguen existiendo problemas
que hay que seguir solucionando. A eso apuntan las resoluciones aprobadas
por la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas, que serán ratificadas
ahora en el Pleno.
Quisiera finalmente afirmar que en el año 1995, que es el último
ejercicio económico del Gobierno socialista hasta que el Partido Popular
gana las elecciones en marzo de 1996, las cuentas públicas han mejorado
sustancialmente tanto en el fondo, que afecta al propio resultado de la
gestión presupuestaria, como en los aspectos formales, generales y
parciales. Nuestro grupo se alegra de ello y votará a favor del dictamen.
Espero, señorías, poder decir lo mismo en los ejercicios siguientes, que
son responsabilidad del Gobierno del Partido Popular.
Nada más, señor presidente. Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Moreno.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Jordano.
El señor JORDANO SALINAS: Gracias, señor presidente.
Señorías, voy a procurar ser breve en las consideraciones sobre el
dictamen de la cuenta general de 1995, pero permítanme que precise
algunas indicaciones de la intervención del portavoz del Grupo
Socialista. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Señor Moreno, si los desfases temporales y las obligaciones no
reconocidas son cosas de poca importancia, resulta sorprendente su
intervención en relación con la del señor Borrell hace muy pocos días
desde esta misma tribuna. Pónganse de acuerdo en la valoración de los
problemas contables. Se pueden utilizar criterios contables, pero lo que
denuncia el Tribunal con reiteración y lo que no logran arreglar los
gobiernos socialistas es que utilizan a la vez el criterio del devengo y
el criterio de caja. Se puede utilizar cualquier otro, lo que no se puede
hacer es conjugar los dos criterios según convenga. Esa es la observación
que reiteradamente hace el Tribunal de Cuentas y ustedes no quieren
convencerse de que eso es así.
En cuanto a las alabanzas a situaciones corregidas por parte del actual
Gobierno, ya lo dijimos en Comisión y no interesa volver a repetirlo. El
Gobierno no tiene nada que ver con las cuentas anteriores y todos somos
conscientes de que las cuentas de 1995 no son las cuentas de 1992 ni las
cuentas de 1993. Evidentemente algo se ha mejorado, de estar en una
situación muy mala se ha pasado a una situación mala, pero no beatifique
las cuentas por una supuesta bendición del Gobierno actual.
Respecto a los informes, copia usted también del señor Borrell. Utiliza
un informe que ya estaba corregido. Ese informe que usted menciona se
corrigió a la semana. Lea usted la prensa completa, no sólo la del día
que le interesa y verá que ese informe que ha utilizado ya estaba
corregido. Le pasa lo mismo que al señor Borrell, debe ser un problema de
imagen de partido.
Volviendo al núcleo de la intervención, durante años ha sido tradicional,
y así lo han puesto de manifiesto algunos de los portavoces, comenzar el
análisis de la cuenta general con una referencia a la demora en su
presentación ante esta Cámara. Hoy --ya lo han remarcado otros portavoces
con anterioridad-- la cuenta se presenta en un plazo razonable,
atendiendo al marco legal en el que se mueve y con la expectativa de que
durante este año pueda también considerarse la cuenta del año 1996. No
obstante, ante este Parlamento que hace hoy las veces de junta general
del pueblo español, debemos preguntarnos sobre las razones que motivan
que las cuentas auditadas del sector público
se presenten para su aprobación a los dos años y medio de su cierre y,
por el contrario, en las grandes empresas privadas los accionistas
conozcan los estados contables auditados al mes del cierre. La amplia
informatización de las administraciones públicas y los nuevos métodos de
gestión contable han eliminado los sistemas tradicionales y los
obstáculos que aconsejaban fijar largos plazos para la valoración y
presentación de las cuentas. Estos medios no se están utilizando a pleno
rendimiento, no parece tener sentido que se sigan utilizando documentos
en soporte tradicional y que haya un trasiego de justificantes originales
entre distintas oficinas administrativas. En otro orden de cosas, creemos
que debe abrirse camino el concepto de auditoría continuada y, por tanto,
que la acción del controlador no se inicie cuando los escalones
inferiores han concluido totalmente su trabajo, al cierre del ejercicio,
sino que deben producirse cierres provisionales que permitan una
conciliación de las cuentas a lo largo del año auditado.
Con carácter general, el Tribunal de Cuentas realiza un control de
legalidad y de regularidad contable. La Intervención General del Estado
se mueve también en estos dos ámbitos y los escalones inferiores se
preocupan básicamente de la corrección formal del gasto.
En el dictamen del Tribunal sobre el ejercicio de 1995 no se analiza el
gasto público desde el prisma de la eficacia y la eficiencia. Una vez
estudiado el dictamen, no sabemos si se ha gastado bien; lo que sí
sabemos es que lo gastado no tiene nada que ver con lo presupuestado,
porque el Gobierno socialista, en el año 1995, no respetó los límites
presupuestarios y produjo modificaciones de crédito por un importe
superior al billón 600.000 millones de pesetas: en la misma órbita del
año 1994, como señalaba el portavoz del Grupo Socialista, pero muy
inferior a la del año 1993, en el que se alcanzó en las modificaciones de
crédito la cifra de cuatro billones y medio de pesetas.
Todavía se produce en este año una demora en la entrega de la cuenta y en
la misma faltan organismos autónomos. Por tanto, la cuenta general ha
llegado tarde y está incompleta. Estas dos objeciones no pueden
combatirse con afirmaciones como que es muy poco importante el retraso de
un mes o que los organismos autónomos no incluidos representan un
porcentaje mínimo. Se ha producido un incumplimiento y este hecho es
grave, entre otras cosas, porque a los ciudadanos, en sus relaciones con
la Administración, no se les permiten retrasos poco importantes ni
porcentajes mínimos. Un retraso de un solo día en los pagos implica una
sanción del 20 por ciento en concepto de recargo de apremio.
En el informe se recogen, en el anexo II, 276.000 millones de pesetas que
no estaban registrados en la contabilidad patrimonial y una partida de
26.000 millones que no se habían reconocido en el ejercicio a pesar de
haberse gastado. De esta partida global, 182.000 millones correspondían
al Ministerio de Obras Públicas. Este no es un problema de derechos
devengables; no es un problema de anticipaciones de ingresos; no es un
problema de diferimientos de pago --estas tres frases entre comillas
porque no me corresponde su autoría--; no es un desplazamiento de gasto a
ejercicios futuros. Esto es, pura y simplemente, un agujero en términos
presupuestarios y en términos contables, y un paquete de facturas en el
cajón.
Quien ha estimado desde esta tribuna que existen gravísimas
responsabilidades por ajustes contables en la Seguridad Social, que
supuestamente consisten en la estimación como cobrables de partidas
atrasadas, debe asumir las consecuencias de una actuación de la que
podrían derivarse responsabilidades de índole penal o disciplinaria, de
acuerdo con el artículo 140 del texto refundido de la Ley General
Presupuestaria. Gastar no teniendo presupuesto, no registrar
contablemente cerca de 200.000 millones de pesetas o gastar sin reconocer
la partida, puede calificarse como una dramática realidad de las cuentas
públicas. Esta última frase tampoco es mía, la dejo entrecomillada.
En ejercicios anteriores a 1995, el Tribunal de Cuentas ha venido
refiriéndose con reiteración a dos grupos de irregularidades. De un lado,
el desplazamiento a ejercicios futuros de gastos realizados y, de otro,
computar en el balance activos ficticios o de muy dudoso cobro. En
definitiva, lo que se llamó aquí la semana pasada ingresos virtuales
procedentes de créditos incobrables. La primera, el desplazamiento,
supone un grave incumplimiento del presupuesto, un claro desprecio al
Parlamento y lastrar a gobiernos futuros. La segunda, supone alterar
gravemente la contabilidad nacional, que las cuentas sean poco
representativas y también trasladar a la gestión de gobiernos futuros la
responsabilidad de dotar estos activos ficticios.
A 31 de diciembre de 1995 se encontraban pendientes de regularizar, según
el informe del Tribunal, un billón 19.000 millones, que correspondían a
gastos de ejercicios anteriores. Es verdad que en el año 1995 se
regularizan gastos de otros ejercicios anteriores, pero continúa
manteniéndose esta partida. Esta situación se arrastra desde el ejercicio
de 1991, que es cuando empieza la técnica contable del desplazamiento. Es
verdad que se van reduciendo los casi cuatro billones de 1992 al billón
de 1995, lo cual supone una reducción. Pero el tratamiento político de
este hecho aconsejaría que el Tribunal de Cuentas aportara, junto a la
declaración definitiva, un balance y una cuenta del resultado económico
patrimonial de la Administración general del Estado y de los distintos
organismos autónomos que permita determinar claramente cuál es la
situación que un gobierno transfiere a otro y, por tanto, cuál es la
responsabilidad exacta que cada gobierno debe asumir por corresponder a
su propia gestión.
Se ponen también de manifiesto en el informe del Tribunal generaciones de
crédito indebidas, es decir,
sin haber obtenido previamente ingresos superiores a los previstos y sin
respetar normas presupuestarias. Este tipo de actuación, junto a la mala
gestión de tesorería y a la falta de control sobre la existencia contable
de organismos autónomos --piénsese que las confederaciones hidrográficas
acabaron 1995 con una tesorería disponible de 57.000 millones de
pesetas--, revela un escaso rigor en el control presupuestario del
Gobierno socialista y una enorme despreocupación sobre la deuda que se
transfiere a generaciones futuras.
El Grupo Popular, en Comisión, valoró positivamente el trabajo del
Tribunal de Cuentas y aprobó el dictamen emitido, lo que conlleva la
aprobación de las cuentas del ejercicio 1995. Aprobar las cuentas no
supone desconocer el cúmulo de incumplimientos, salvedades, errores y
manipulaciones que el Tribunal ha puesto de manifiesto; si bien sólo
estamos ante incumplimientos de normas contables y presupuestarias. Las
posibilidades de exigir responsabilidades en esta materia son limitadas
con el actual marco legislativo, y en esto coincidimos con los
planteamientos que se han hecho por el representante del PNV y de
Convergència i Unió. Debemos estudiar las reformas necesarias para que
los incumplimientos en esta materia supongan para los responsables un
castigo eficaz y no se traduzca, como ocurre en la práctica, en un largo
procedimiento en la sesión de enjuiciamiento del Tribunal, que muchas
veces se extingue al apreciarse la prescripción.
El señor PRESIDENTE: Señor Jordano, vaya concluyendo, por favor.
El señor JORDANO SALINAS: Termino, señor presidente.
Finalizo con la seguridad --la pueden tener el señor Moreno y el Grupo
Socialista-- de que el Gobierno del Partido Popular, en la primera cuenta
general que presente, no tendrá que pedir benevolencia por ser la
primera, por ser primerizo en esa función. Son cuentas parciales las que
va a presentar pues sólo responde de la gestión de la mitad del
ejercicio, pero creemos que estarán sensiblemente mejor hechas que las
que hoy votamos.
Nada más, señor presidente.
VOTACIONES:
-- DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCION RELATIVAS A LAS MEMORIAS DEL CONSEJO
GENERAL DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTES A 1994, 1995 Y 1996.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Jordano.
Vamos a proceder a las votaciones. (Pausa.)
Votaciones correspondientes al punto undécimo del orden del día,
propuestas de resolución relativas a las memorias del Consejo General del
Poder Judicial respecto de los años 1994, 1995 y 1996. Comenzamos por la
que resume los dos primeros años 1994 y 1995.
Propuesta de resolución número 14, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), única que permanece.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a
favor, 300.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la propuesta por unanimidad del
Pleno.
Propuestas de resolución del Grupo Socialista. Se han retirado las
números 2, 4 y 7. Pasamos a votar, en primer lugar, las numeradas como 8,
9 y 10.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a
favor, 300.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las propuestas por unanimidad.
Restantes propuestas mantenidas por el Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a
favor, 140; en contra, 159; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar las propuestas de resolución a la memoria correspondiente
al año 1996. En primer lugar, propuesta de resolución de Coalición
Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a
favor, 298; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a votar las propuestas del Grupo Federal de Izquierda Unida. Se
ha pedido por el grupo efectuar una votación separada de los distintos
apartados y ha sido aceptado por los restantes grupos. En primer lugar,
los apartados números 1 y 3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a
favor, 300.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados por unanimidad los citados
apartados.
Pasamos a votar los apartados números 4 y 5.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a
favor, 14; en contra, 286; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.
Finalmente, el apartado número 2, de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a
favor, 138; en contra, 161; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda también rechazado el apartado 2.
Propuestas de resolución del Grupo Socialista. Retirada que ha sido la
número 13, pasamos a votar, en primer lugar, las numeradas como 6, 7, 8 y
12.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a
favor, 301.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad del Pleno.
Restantes propuestas mantenidas por el Grupo Socialista, salvo la número
13.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a
favor, 135; en contra, 163; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
-- DEL DICTAMEN DE LA COMISION MIXTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS SOBRE LA
CUENTA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A 1995 Y RESOLUCION ADOPTADA
POR LA MISMA.
El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora a las votaciones correspondientes al
punto duodécimo, dictamen de la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas
sobre la cuenta general del Estado de 1995 y la resolución
correspondiente.
En primer lugar, votamos los puntos 1 y 2 de la propuesta de resolución.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a
favor, 171; en contra, uno; abstenciones, 128.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los referidos puntos.
Pasamos a votar el punto 8 de la propuesta de resolución.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a
favor, 170; en contra, 124; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el punto 8.
Resto de la propuesta de resolución.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a
favor, 296; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el resto de la propuesta de
resolución.
Votación correspondiente al dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a
favor, 297; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Finalizado así el orden del día, se levanta la sesión. Muchas gracias.
Era la una y treinta minutos de la tarde.