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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 160, de 19/05/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1998 VI Legislatura Núm. 160
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 155
celebrada el martes, 19 de mayo de 1998
ORDEN DEL DIA:
Debate de totalidad de propuestas de reforma de Estatutos de Autonomía:
--De la Junta General del Principado de Asturias, de reforma del Estatuto
de Autonomía del Principado de Asturias. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie B, número 188-1, de 31 de marzo de 1998 (número de
expediente 127/000007) (Página 8498)
--Del Parlamento de las Islas Baleares, de reforma del Estatuto de
Autonomía de las Islas Baleares. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie
B, número 190-1, de 20 de abril de 1998 (número de expediente 127/000008)
(Página 8509)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas
prioritarias para la regularización del profesorado universitario y
financiación de las Universidades. «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie B, número 172-1, de 18 de marzo de 1998 (número de expediente
122/000151) (Página 8521)
--Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas urgentes para la
regularización del profesorado universitario. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie B, número 174-1, de 18 de marzo de 1998 (número de
expediente 122/000153) (Página 8521)
Proposiciones no de Ley:
--Del Grupo Socialista del Congreso, sobre modificación del Estatuto
Orgánico del Ministerio Fiscal con el fin de crear y regular la Fiscalía
Especial para la prevención y represión de las infracciones contra el
Medio Ambiente. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, número 95, de
23 de enero de 1997 (número de expediente 162/000078) (Página 8532)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Socialista del Congreso, sobre la posición del Gobierno
respecto a la política universitaria y la modificación del Título V de la
Ley de Reforma Universitaria (número de expediente 173/000081) (Página 8540)
--Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política exterior del gobierno
en relación con el Sáhara y en apoyo de la efectiva aplicación de los
Acuerdos de Houston, alcanzados entre el Frente Polisario y Marruecos,
con el fin de alcanzar una solución pacífica y democrática (número de
expediente 173/000082) (Página 8548)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre elaboración
del Código de Derechos de los Desempleados (número de expediente
173/000083) (Página 8554)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Debate de totalidad de propuestas de reforma de estatutos de autonomía
(Página 8498)
De la Junta General del Principado de Asturias, de reforma del Estatuto
de Autonomía del Principado de Asturias (Página 8498)
Intervienen en la presentación de la propuesta de reforma del Estatuto de
Autonomía del Principado de Asturias por parte de la Junta General del
Principado de Asturias, los señores Suárez González, del Partido
Socialista Obrero Español , y Verdín Bouza, del Paartido Popular.
En turno en contra interviene el señor Santiso del Valle, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Alcaraz Ramos
y Rodríguez Sánchez, del Grupo Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Echevarría, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores López de Lerma i López, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Martínez Noval, del
Grupo Socialista del Congreso, y la señora Fernández González, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía del
Principado de Asturias, presentada por la Junta General del Principado de
Asturias, se aprueba por 288 votos a favor, 12 en contra y tres
abstenciones.
Del Parlamento de las Islas Baleares, de reforma del Estatuto de
Autonomía de las Islas Baleares (Página 8509)
Intervienen en la presentación de la propuesta de reforma del Estatuto de
Autonomía de las Islas Baleares, por parte del Parlamento de las Islas
Baleares, la señora Salom i Coll y el señor Jaén i Palacios, del Partit
Popular, y el señor Triay i Llopis, del Partit Sociaista Obrer Espanyol.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla,
del Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria; y las señoras Uría Echevarría, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Gil i Miró, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió); Urán González, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida; Riera Madurell, del Grupo Socialista del
Congreso, y Cava de Llano y Carrió, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Sometida a votación la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de
las Islas Baleares, presentada por el Parlamento de las Islas Baleares,
se aprueba por 280 votos a favor y 13 abstenciones.
Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 8521)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas
prioritarias para la regularización del profesorado universitario y
financiación de las universidades (Página 8521)
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas urgentes para la
regularización del profesorado universitario (Página 8521)
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, presenta la
proposición de ley la señora Aramburu del Río. Muestra su satisfacción
por presentar hoy ante la Cámara la toma en consideración de una
proposición de ley de medidas prioritarias para la regularización del
profesorado universitario y de financiación de las universidades, ya que
son muchos los miles de profesionales que tienen hoy puestas sus
esperanzas en este Congreso de los Diputados y a los que espera no
defraudar.
Se refiere en primer lugar a los antecedentes, que se ubican en el marco
de la contratación del profesorado universitario. El problema, añade, se
intentó solucionar con la Ley de la Reforma Universitaria del año 1983,
que abrió las posibilidades de promoción a los docentes universitarios al
tiempo que anunciaba la implantación de un modelo de universidad moderna
y progresista, que lamentablemente no llegó a realizarse de modo
satisfactorio, encontrándonos de nuevo con 22.000 docentes contratados,
sobre los que en gran medida se sustenta el normal funcionamiento de las
distintas universidades españolas. Considera inaceptable la reforma de la
LRU propuesta por el Ministerio al día de hoy, ya que perpetúa y legitima
la precariedad y la indefensión laboral de un colectivo de docentes,
produciéndose una manifiesta discriminación con respecto al resto del
personal laboral y estatutario al servicio de la Administración. Estima
que cualquier reforma de la LRU ha de ser profundamente debatida por
todos los colectivos y agentes universitarios, pero no se debe olvidar,
al mismo tiempo, la necesidad de establecer medidas de urgencia que
repercutan en las actuales condiciones laborales de los profesores
contratados en la Universidad. A continuación plantea los tres objetivos
que, a su juicio, son irrenunciables y perentorios: la estabilidad
laboral de los profesores universitarios no permanentes; la modificación
del régimen de contratación del personal docente universitario, y la
creación de un marco normativo que impida la infracontratación y otros
usos irregulares o fraudulentos. Por otra parte, también plantea la
dignificación profesional, el reconocimiento del derecho del profesorado
contratado a participar en el gobierno y gestión de las universidades, el
derecho de negociación colectiva, así como la participación en las mesas
de negociación en que se traten temas que les afecten, y la promoción
profesional de aquellos profesores universitarios que reúnan los méritos
suficientes para acceder a los cuerpos de profesores numerarios
contemplados en la vigente LRU. Termina su intervención apelando a la
sensibilidad de la Cámara para que tome en consideración esta proposición
de ley que actúa como correctora de desigualdades profesionales y arbitra
mecanismos para solucionar vacíos legales en el seno de la Universidad
española.
En defensa de la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Mixto, sobre medidas urgentes para la regularización del
profesorado universitario, interviene el señor Alcaraz Ramos. Manifiesta
que su proposición de ley tiene muchas coincidencias con la que acaba de
ser defendida por la portavoz del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, por lo que no abundará en los mismos argumentos, aunque
puntualiza que su propuesta revitaliza más el papel de los rectores en
todo el proceso.
Se refiere a la urgencia en la solución del problema del profesorado
contratado, reconocida por la ministra de Educación y Cultura el 9 de
octubre de 1997, y a las comparecencias del secretario de Estado de
Universidades en las comisiones de Educación y Cultura del Congreso y del
Senado. Reconoce, por otra parte, que en el orden del día del Consejo de
Universidades del 26 de enero figuraba un proyecto de reforma del título
V de la LRU, pero
considera que la propuesta perpetuaba la inestabilidad. Su grupo
considera que es necesaria una reforma de la LRU en profundidad, y en ese
sentido saludan la iniciativa de la Conferencia de Rectores de promover
un libro blanco, pero propone hacerla compatible con unas reformas
parciales urgentes. A continuación explica las principales
características de su propuesta, sin olvidar la situación injusta de los
titulares doctores de escuela que prestan la misma función en facultades
en el segundo ciclo. Termina su intervención haciendo un llamamiento
directo a los bancos del Grupo Parlamentario Popular y a los grupos
parlamentarios que apoyan al Gobierno para que sean conscientes de la
tremenda situación que se va a presentar si no se da solución al
problema.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez
Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; González de Txabarri Miranda, del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y las señoras Gil i Miró, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Díez de Baldeón García, del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, y García-Alcañiz Calvo, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación, en primer lugar, la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida,
sobre medidas prioritarias para la regularización del profesorado
universitario y financiación de las universidades, se rechaza por 137
votos a favor y 155 en contra.
Sometida a votación, en segundo lugar, la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas urgentes
para la regularización del profesorado universitario, se rechaza por 137
votos a favor y 155 en contra.
Proposiciones no de ley (Página 8532)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre modificación del Estatuto
orgánico del ministerio fiscal con el fin de crear y regular la fiscalía
especial para la prevención y represión de las infracciones contra el
medio ambiente (Página 8532)
En nombre del Grupo Socialista del Congreso, la señora Narbona Ruiz
presenta la proposición no de ley sobre modificación del Estatuto
orgánico del ministerio fiscal con el fin de crear y regular la fiscalía
especial para la prevención y represión de las infracciones contra el
medio ambiente, que es la primera de una serie de propuestas que va a
presentar el Grupo Socialista y que tienen en común el objetivo de
favorecer el cumplimiento correcto de la normativa en materia de política
ambiental. Lo hacen guiados por lo sucedido en la minas de Aznalcóllar y
para evitar en lo posible que se repitan hechos como los que,
lamentablemente, han ocurrido. Afirma que su grupo va a volver a plantear
todas y cada una de las propuestas que hicieron en el debate del estado
de la nación y que les fueron rechazadas relativas a la política
ambiental. Considera que hay que reforzar el control público en las
iniciativas privadas con impacto ambiental y anuncia que solicitarán al
Gobierno que elabore un proyecto de ley general de medio ambiente que
permita sistematizar la compleja situación existente, que fue una
propuesta muy aireada por el Partido Popular cuando estaba en la
oposición.
Por otra parte, manifiesta que hoy en día existe una legislación adecuada
en lo que se refiere a la definición del delito ecológico, pero el
problema está en la escasísima capacidad del Poder Judicial para
garantizar la correcta aplicación del Código Penal en esta materia,
refiriéndose en concreto a la Memoria de la Fiscalía General del Estado
del año 1997, donde se ponen de manifiesto una serie de carencias y
dificultades. Ante estas carencias, su grupo se pregunta si con un Poder
Judicial adecuadamente dotado no podría haberse evitado la catástrofe de
las minas de Aznalcóllar y plantea la creación de una fiscalía especial
de medio ambiente, añadiendo que los grupos parlamentarios deberían
asumir la responsabilidad o bien de aceptar su propuesta o bien de
proponer otras vías de mejora.
Por último, insiste en que la iniciativa que presentan debería ser
impulsada por el Ministerio de Medio Ambiente y solicita de la Cámara que
actúen con responsabilidad en cuanto a proponer mejoras en la actuación
del Poder Judicial para abordar con eficacia las consecuencias que
conlleva el delito ecológico.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla,
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Echevarría,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Silva Sánchez, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Castellano
Cardalliaguet, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y la
señora De Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Socialista del
Congreso, sobre modificación del
Estatuto orgánico del ministerio fiscal, con el fin de crear y regular la
fiscalía especial para la prevención y represión de las infracciones
contra el medio ambiente, se rechaza por 119 votos a favor y 160 en
contra.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 8540)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre la posición del Gobierno
respecto a la política universitaria y la modificación del título V de la
Ley de Reforma Universitaria (Página 8540)
La señora Palma i Muñoz, en nombre del Grupo Socialista del Congreso,
presenta la moción que es consecuencia de la interpelación urgente del
pasado 29 de abril sobre posición del Gobierno respecto a la política
universitaria y a la modificación del título V de la LRU. En dicha
interpelación se plantearon importantes interrogantes sobre la política
universitaria seguida a lo largo de los dos últimos años, interrogantes
que se quedaron sin contestar porque no acudió la señora ministra,
interviniendo en su lugar el señor Rajoy, ministro de Administraciones
Públicas, que sólo dejó claro la presentación al día siguiente en el
Consejo de Ministros de dos reales decretos-leyes, uno sobre la reforma
de los planes de estudio y otro sobre la reforma de los estudios de
tercer ciclo. Sobre el primero opina que llega tarde y sobre el segundo
que habrá que analizarlo a fondo.
A continuación explica el contenido de su moción que se centra
básicamente en solicitar al Gobierno que acometa de una vez la reforma
necesaria del título V de la LRU, estableciendo previamente los recursos
financieros necesarios.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción intervienen el señor
Alcaraz Ramos, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Aramburu del Río,
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; el señor Guerra
Zunzunegui, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y la señora
Gil i Miró, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones interviene el señor González de
Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene la señora Palma i Muñoz.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente,
presentada por el Grupo Socialista del Congreso, sobre la posición del
Gobierno respecto a la política universitaria y la modificación del
título V de la Ley de Reforma Universitaria, se rechaza por 128 votos a
favor y 148 en contra.
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política exterior del Gobierno en
relación con el Sahara y en apoyo de la efectiva aplicación de los
Acuerdos de Houston, alcanzados entre el Frente Polisario y Marruecos,
con el fin de alcanzar una solución pacífica y democrática (Página 8548)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente, en nombre del
Grupo Parlamentario Mixto, el señor Alcaraz Ramos. Manifiesta que
presentan la moción, al igual que la interpelación urgente, con el fin de
recordar a la Cámara la sensibilidad del pueblo español hacia el pueblo
saharaui, puesta de manifiesto a través de numerosas organizaciones no
gubernamentales que realizan un trabajo ejemplar de solidaridad y de
cooperación. De todas formas, no hubieran presentado la moción si no
hubieran comprobado que el Gobierno no ha cumplido estrictamente la
proposición no de ley que fue aprobada por unanimidad de la Cámara en el
mes de diciembre en torno a la cuestión del Sahara, puesto que anunció
que se dejaría de vehicular ayuda humanitaria a través de las ONG que
prestan su trabajo en la zona o que desde España colaboran con el Frente
Polisario, basándose en la neutralidad que España debe mantener entre las
partes. Añade que, aun no estando de acuerdo con la idea de neutralidad
que tiene el Gobierno, no quieren romper el consenso que se logró en la
proposición no de ley, por lo que, en lugar de defender el texto de su
moción, da lectura al texto consensuado al que han llegado todos los
grupos de la Cámara.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Recoder i
Miralles, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la
señora Sabanés i Nadal, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida; el señor García-Santesmases Martín-Tesorero, del Grupo Socialista
del Congreso, y la señora Pulgar Fraile, del Grupo Parlamentario Popular
en el congreso.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del
Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política exterior del Gobierno en
relación con el Sahara y en apoyo de la efectiva aplicación de los
Acuerdos de Houston, alcanzados entre el Frente Polisario y Marruecos,
con el fin de alcanzar una solución pacífica y democrática, se aprueba
por unanimidad.
Del Grupo Parlamentario Federal, sobre elaboración del código de derechos
de los desempleados (Página 8554)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida el señor Vaquero del Pozo, con
el objetivo de centrar el debate sobre el código de derechos de los
desempleados de forma adecuada, puesto que en la interpelación urgente se
descalificaron los postulados al argumentar el señor ministro de Trabajo
y Asuntos Sociales que lo mejor que se podía hacer por los desempleados
era una política económica que consiguiera crear empleo y no convertir el
desempleo en una situación estática. Se muestra conforme con esa
afirmación, pero considera que es una forma de escurrir el bulto, porque
no se trata de debatir sobre qué política conduce a crear más empleo o
qué instrumentos sirven para insertar a los parados en el mercado de
trabajo sino de si los desempleados tienen o no derecho a disfrutar de un
elenco de derechos mínimos mientas están en la situación de desempleo.
Considera que la enmiendas presentadas a la moción demuestran que ésta es
una asignatura pendiente y que algo falla en el sistema. A continuación
se refiere a la enmienda alternativa presentada conjuntamente por los
grupos Popular, Catalán, Vasco y Canario, que no puede aceptar en sus
términos concretos porque se trata de dos modelos de sociedad distintos
totalmente, uno de derechas y otro de izquierdas. Sin embargo, sí se
muestra propicio a aceptar la enmienda del Grupo Socialista en términos
generales y plantea una transaccional, renunciando a algunos postulados
de su moción en aras de la unidad de la izquierda.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Peralta
Ortega y Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario Mixto;
Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió); Caneda Morales, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y
Díaz Sol, del Grupo Socialista del Congreso.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre elaboración del
código de derechos de los desempleados, se rechaza por 80 votos a favor,
125 en contra y una abstención.
Se suspende la sesión a las once y veinte minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
DEBATE DE TOTALIDAD DE PROPUESTAS DE REFORMA DE ESTATUTOS DE AUTONOMIA:
-- DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, DE REFORMA DEL
ESTATUTO DE AUTONOMIA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. (Número de expediente
127/000007)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Miranda y Lozana): Se abre la sesión.
Punto I del orden del día: Debate de totalidad de propuestas de reforma
de estatutos de autonomía.
Primero, de la Junta General del Principado de Asturias, debate de
totalidad de reforma del Estatuto de Autonomía del Principado de
Asturias.
Corresponde el primer turno a la presentación de la propuesta, en este
caso por los miembros Junta General del Principado de Asturias.
En nombre del Partido Socialista, tiene la palabra don Celestino Suárez
González.
El señor DIPUTADO DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (Suárez
González): Señor presidente, señorías, intervengo en nombre de la Junta
General del Principado y del Grupo Socialista para defender la
proposición de ley orgánica de reforma del estatuto de autonomía que la
Junta General del Principado de Asturias aprobó el pasado día 23 de
febrero. Quiero hacerlo recordando que hace ya más de 17 años que fue
aprobado el estatuto de autonomía para Asturias y que aquel estatuto fue
fruto de un amplio acuerdo tanto en las instituciones asturianas como en
estas Cortes Generales. Posteriormente, dicho estatuto fue reformado en
dos ocasiones, una, en 1991, para unificar los procesos electorales y,
otra, en 1992, por medio del Pacto Autonómico de 1992, que conllevó un
incremento sustancial de las competencias de nuestra comunidad autónoma.
De éstas, unas ya están transferidas, como la universidad o el Imserso y
otras están aún sin transferir, como es el caso de la educación.
Creo que este es un buen momento, por la importancia política del acto,
para reafirmar el balance que los socialistas hacemos del estatuto de
autonomía y para reafirmar también nuestro compromiso con éste y con el
proceso autonómico. Porque el Estatuto de Autonomía del Principado de
Asturias fue y sigue siendo un buen instrumento tanto para articular la
participación política de los asturianos y, por tanto, su capacidad para
decidir aspectos muy importantes para su futuro, como fue y es una buena
herramienta para trabajar por nuestra región, por su modernización y por
el progreso desde las diversas opciones políticas.
Señor presidente, señorías, hace dos años y medio la Junta General del
Principado, al considerar que existían condiciones políticas para dar un
impulso al autogobierno asturiano y dando respuesta con ello a las
previsiones de nuestro estatuto de autonomía, decidió poner en marcha un
proceso para reformarlo. Ha sido este un proceso largo e intenso en
reuniones y en debates y en el que buscamos el mayor consenso, consenso
que, en buena medida, ha sido posible.
Señorías, la reforma que hoy defendemos aquí cuenta con el respaldo del
80 por ciento de los diputados del Parlamento regional, es decir, el 80
por ciento de los miembros de la Junta General del Principado. Y cuenta
con el apoyo de fuerzas políticas que representamos a más del 80 por
ciento del electorado asturiano.
Con este bagaje, el de un acuerdo sólido en Asturias, les pedimos hoy
aquí que respalden esta reforma del estatuto de autonomía, reforma que
pretende incrementar sustancialmente los techos competenciales de nuestra
comunidad autónoma. Con esta reforma, 31 nuevas competencias tendrían en
nuestro estatuto la clasificación de exclusivas, entre ellas, cajas de
ahorro, industria agroalimentaria, transporte, puertos y aeropuertos,
comercio, farmacia, ordenación del litoral, protección de menores,
patrimonio arquitectónico, cultura, etcétera. Otras seis serían
contempladas como nuevas en nuestro estatuto con carácter de desarrollo
legislativo y ejecución, entre ellas sanidad, y se introducirían tres
nuevas competencias con carácter ejecutivo.
A la vez, en el plano político, se facultará al presidente del Gobierno
regional para disolver el Parlamento y convocar elecciones, manteniendo
de forma unificada las elecciones autonómicas y municipales en el
conjunto del Estado español. Se denominará también a Asturias como unidad
histórica, se incrementarán los periodos de sesiones del Parlamento
regional y desaparecerán las limitaciones en cuanto al número de miembros
del Consejo de Gobierno. Junto a estas medidas se creará el tribunal de
cuentas del Principado de Asturias y el consejo consultivo y se tomarán
otras iniciativas para dinamizar la actividad del Parlamento regional y
el papel de sus diputados.
Este incremento que proponemos de competencias de nuestra comunidad
autónoma y, por tanto, de su capacidad de gestión, así como la mayor
capacidad política a la que accederemos, significa a nuestro entender,
objetivamente, un avance real en nuestra capacidad de autogobierno y un
paso importante hacia la equiparación real con las comunidades históricas
desde el respeto de los hechos diferenciales.
Esta es una reforma que busca equiparar y consolidar nuestro autogobierno
sin que ello signifique uniformar. Por tanto, defendemos profundizar en
el desarrollo del autogobierno asturiano, desde una idea del Estado
español sustentada en que el interés general y los intereses de las
diferentes nacionalidades y regiones son compatibles y complementarios
para garantizar la solidaridad y la igualdad. Esta es, a nuestro
entender, una iniciativa equilibrada, una iniciativa que se inscribe en
lo que debe ser un proyecto de modelo de Estado, que pasa por
perfeccionar el actual, reforzando la cohesión y la solidaridad. Como
también es ésta una iniciativa que, por los respaldos que ha tenido y que
esperamos que tenga, debe servir para estabilizar el proceso autonómico
y, en ese contexto, para estabilizar el autogobierno asturiano.
Finalizo, señor presidente, diciendo que España es hoy uno de los países
más descentralizados del mundo, y hay que culminar el proceso que
iniciamos con la aprobación de la Constitución y los estatutos de
autonomía. Pero ese proceso de diseño de un Estado más descentralizado no
debe llamarnos a engaño, porque un Estado descentralizado debe plantearse
siempre, al menos en nuestra óptica política, desde el mantenimiento de
los factores de vertebración que nos configuran como nación, en la que
todos los ciudadanos gozan de idénticos derechos, sea cual sea el
territorio en el que residan.
Esta es básicamente nuestra iniciativa, sus premisas políticas y las
razones que nos han llevado a impulsarla y a apoyarla. Una iniciativa
que, de ser aprobada, esperamos que nos permita contar a los asturianos
con un mejor instrumento, con un instrumento más potente para trabajar en
la solución de los problemas básicos de Asturias, son la creación de
empleo, la lucha contra el paro, la reindustrialización, la defensa de
los sectores económicos tradicionales, de nuestra minería, del acero, de
los astilleros, de la leche, de la carne; la defensa y el impulso de un
modelo de desarrollo equilibrado, la puesta en valor de nuestro medio
ambiente, el desarrollo de la sanidad y la educación pública o el apoyo a
nuestra cultura.
En definitiva, señor presidente, señorías, una iniciativa que en el marco
de un proyecto político para nuestro país nos dará un instrumento más
potente para trabajar por el progreso y la igualdad en Asturias. Una
iniciativa, por tanto, para la que les pedimos su apoyo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Suárez González.
En nombre del Partido Popular, tiene la palabra don Leonardo Verdín
Bouza.
El señor DIPUTADO DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (Verdín
Bouza): Gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
Permítame, señor presidente, saludar con alegría que la agenda del señor
presidente del Congreso haya hecho que usted presida hoy esta sesión, de
la que, como asturiano, seguro que guardará buen recuerdo. Permítame
también saludar al presidente y a los miembros de la Mesa de la Junta
General del Principado que están hoy aquí, así como a bastantes invitados
de nuestra comunidad autónoma que han venido hoy desde Asturias, fecha en
la que este Congreso de los Diputados toma en consideración la reforma
del estatuto de autonomía de nuestra comunidad.
Hoy, señorías, es un día relevante para el Principado de Asturias, es un
día especial, es un día de esos que con propiedad solemos llamar día
histórico, y hoy más que nunca. Pero yo les propongo que también lo sea
para el conjunto del Estado Español, por lo que significa, de impulso al
Estado de las autonomías, la reforma del estatuto de Asturias, que fue el
tercer estatuto de autonomía, tras los del País Vasco y Cataluña, que se
aprobó desde la andadura de la nueva Constitución.
Esta que vivimos es la tercera reforma de nuestro estatuto, pero no la
vivimos como una más. Créanme que ésta se ha vivido en nuestra comunidad
como la gran reforma pendiente, como la reforma que siempre estuvo como
referente en las reformas parciales anteriores de nuestro estatuto de
autonomía.
Así, en las elecciones autonómicas de mayo de 1995 y en las elecciones
generales de marzo de 1996, los partidos políticos en Asturias, tanto de
esas, repito, elecciones autonómicas como de las generales, concurrimos a
las urnas recogiendo el sentir de los asturianos de promover esta
profunda reforma política y constitucional de nuestro estatuto de
autonomía.
Por eso, recién comenzado el primer período de sesiones de la actual
legislatura, en noviembre de 1995, la Junta General del Principado
decidió activar el proceso de máxima profundización en nuestro
autogobierno, que culminó con la reforma que hoy presentamos a SS. SS.
Fue un proceso laborioso y muy participativo, que dio lugar a una reforma
madura y reflexiva en sus contenidos y muy ilusionante en sus
expectativas.
De su laboriosidad dan cuenta --lo decía el portavoz del Grupo Socialista
que me ha precedido en el uso de la palabra-- decenas de reuniones,
decenas de sesiones de trabajo en sede parlamentaria, decenas de visitas,
de consejos, de documentos técnicos que nos fueron remitidos por toda la
sociedad asturiana, en busca del más amplio consenso posible, que estuvo
muy cerca de la unanimidad --y es bueno recordarlo para que conste en el
«Diario de Sesiones» de esta Cámara-- en lo que se llamó Cumbre de
Covadonga, en dos días intensos de trabajos en Covadonga, en la que todos
los grupos políticos, con fórmulas muy imaginativas, estuvimos muy cerca
de lograr el apoyo unánime a esta reforma.
Finalmente viene con un gran consenso, porque en política pasar del 80
por ciento es un gran consenso, y viene --decía-- probablemente fruto de
esa laboriosidad y de esa participación muy madura. Es una reforma muy
madura, consecuencia también de la observación de los asturianos, durante
diecisiete años, de los positivos efectos del estatuto de autonomía, de
la España de las autonomías, de lo que significa para una comunidad
autónoma tener un gobierno y un parlamento propios, que gestiona, que
debate, acerca de los intereses más directos y de las necesidades más
próximas en el ámbito de la comunidad de los asturianos. Por eso la he
calificado también de reflexiva, señorías. Presentamos esta reforma con
nuestras propias conclusiones respecto a nuestra forma de autogobierno,
con la que queremos producirnos, relacionarnos, desenvolvernos, en el
ámbito del Estado y en el ámbito de la Unión Europea.
Asturias es una comunidad, Asturias es un territorio, Asturias es un
pueblo, germen del Estado español, con casi 1.300 años de vida, con casi
trece siglos de historia. Por tanto, no hemos querido mirar, a la hora de
proponer esta reforma, cómo la han hecho otros, no hemos querido mirar
cómo se gobiernan los demás para, miméticamente, hacer lo mismo. Los
contenidos, en el ámbito político, en el ámbito institucional y en el
ámbito de identidad de nuestra comunidad son los que hemos querido darnos
desde el Parlamento asturiano. Así, en nuestro estatuto queremos
preservar nuestras señas de identidad y el Derecho consuetudinario
asturiano. Hemos dado un fuerte contenido político al Parlamento
asturiano, eliminando las restricciones que presentaba el anterior
estatuto y las dificultades de la dedicación de los diputados. Señorías,
las instituciones parlamentarias significan mucho para la vida diaria de
los españoles, en este caso de los asturianos. Por tanto, a lo largo de
estos años hemos tenido que superar las restricciones del anterior
estatuto con interpretaciones más o menos ajustadas del reglamento, que
en estos momento subsanamos con esta reforma del estatuto.
También queremos tener la posibilidad de disolución del Parlamento para
articular un sistema que dé alternativas a situaciones que se han
presentado en diferentes ocasiones y en variados escenarios. Algunos nos
han dicho que por signo de autonomía; también por signo de autonomía,
pero la autonomía no está reñida con el sentido común. Por eso nosotros
consideramos que el llamado mandato corto, el que presentamos, no es una
valoración negativa, no es una restricción de la capacidad para disolver
el Parlamento,
es la que marca el sentido común, y nosotros no queremos que el sentido
común sea inferior.
En el orden institucional, me referiré solamente, de forma breve y de
pasada, al interés que tenemos en completar el nivel de los órganos
auxiliares superiores de nuestra comunidad, creando el consejo consultivo
y la sindicatura de cuentas del Principado de Asturias, necesidad que se
acrecienta si, como esperamos de esta Cámara, la asunción de nuevas
competencias se produce con la aprobación de esta reforma.
He querido dejar para el final el ámbito competencial. No me puedo
detener a examinar cada una, pero el portavoz del Grupo Socialista ya ha
enumerado brevemente lo que significan las competencias que contempla la
reforma. Sí quiero manifestar, por parte de nuestro grupo, que en ningún
momento hemos planteado este proceso de reforma como un proceso de
equiparación. Hemos dicho ya anteriormente que esa equiparación será, en
todo caso, un resultado. Nosotros lo hemos analizado desde esa madurez,
desde esa reflexión, sabiendo lo que queremos y lo que necesitamos. Nos
hemos propuesto esa ambiciosa meta de autogobierno desde nuestro análisis
y desde nuestra personalidad.
Para ir terminando, quiero manifestar la importancia excepcional que,
desde el Grupo Popular en la Junta General del Principado, damos a la
aprobación en este momento de nuestro acceso a la autonomía plena. A las
puertas del siglo XXI, señorías, Asturias afronta un nuevo futuro,
afronta una nueva etapa de esa larga historia de la que les hablaba. Nos
hemos fijado en el punto hacia el que caminan las regiones más prósperas
de Europa y nos hemos propuesto llegar a él con decisión, cogiendo el
atajo de nuestra capacidad de esfuerzo colectivo y de la solidaridad del
Estado español. Estamos en el ciclo de la verdad. Hemos priorizado metas
y hemos pasado a la acción. Vivimos la remozada esperanza de que pronto
Asturias sentirá el efecto locomotora que tire con fuerza del despegue de
España en el proceso de la convergencia real con la Unión Europea. Sin
duda, el espaldarazo político a nuestro autogobierno será un instrumento
útil, adecuado e ilusionante en esa consecución. Por eso pido su apoyo no
sin antes recordar en este momento y desde aquí a tantos emigrantes
asturianos, a tantos trabajadores que durante muchas generaciones, con
sus idas y venidas, han influido en nuestras vidas haciendo que Asturias
sea probablemente la comunidad más europea de España y la comunidad más
española del mundo.
Nada más, muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Verdín.
¿Grupos parlamentarios que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra, en primer
lugar, el señor Alcaraz Ramos. (El señor Alcaraz Masats pide la palabra.)
Tiene la palabra, señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Desearía saber si es reglamentario utilizar un
turno en contra.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Si S. S. quiere
utilizarlo en nombre de su grupo parlamentario, por supuesto que sí.
(Asentimiento.)
Perdóneme, señor Alcaraz Ramos, en primer lugar irá el turno en contra.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, a nuestro grupo le hubiera gustado en este momento poder
participar de la posición que traen a la Cámara los grupos mayoritarios
de la Junta General del Principado, pero no podemos compartir esa
posición.
En primer lugar queremos decir que echamos en falta, en esta exposición
ante esta Cámara, la voz de nuestro grupo parlamentario de Izquierda
Unida en la Junta General del Principado, puesto que creemos que es
conveniente en democracia escuchar no solamente los apoyos mayoritarios,
en este caso a una reforma del estatuto de autonomía, sino a aquellos
que, aunque sean el 20 por ciento de la Cámara, como aquí se ha
recordado, también tienen mucho que decir.
Y tienen mucho que decir porque hay que recordar que en Asturias, en este
momento, hay una plataforma cívica, la más importante en este momento en
cuanto a apoyo social, que es la denominada Pautu pol Autogobiernu y la
Oficialidá, en la cual participan los sindicatos Comisiones Obreras, UGT,
Unión Sindical Obrera, Sindicato Unitario Autónomo de Trabajadores de la
Enseñanza de Asturias, Corriente Sindical de Izquierdas; participan
militantes de todos los partidos políticos a nivel personal, no solamente
de Izquierda Unida, sino de otros como Izquierda Asturiana, Lliga
Asturiana, etcétera. También es conocida la posición en contra del
Partido Asturianista, que tampoco está hoy presente aquí, y de muchas
asociaciones ciudadanas y grupos de defensa de la naturaleza, que han
conseguido movilizar a la sociedad asturiana en defensa de la llingua
asturiana y en defensa también de otro tipo de estatuto de autonomía. Por
tanto, ellos son los ausentes en este debate y a los que hay que recordar
antes de simplificar y traducir en mera aritmética parlamentaria lo que
significa el apoyo social.
Nosotros decimos que esta iniciativa, que el portavoz del Partido Popular
o de la Junta del Principado calificaba de la gran reforma y del acceso a
la competencia
plena, sigue siendo una reforma pendiente; que hoy no se cierra el ciclo
y que va a ser necesario e imprescindible abordar más adelante una nueva
reforma. Prueba de ello es esa falta de pulso social y de ilusión que
debería conllevar de verdad el acceso a una autonomía plena.
En este estatuto se consolida un modelo asimétrico que no compartimos.
Nosotros no establecemos una competencia con otras comunidades autónomas
o nacionalidades, sino que lo que reivindicamos es la posibilidad de que
los ciudadanos de Asturias puedan tener, cuando lo consideren conveniente
y en los ámbitos que consideren conveniente, los mismos derechos que
pueden tener otras comunidades autónomas. Entendemos que refleja una
ausencia de proyecto político para Asturias, a la que siguen concibiendo
como una comunidad sin identidad, y a su autogobierno, no como tal, sino
como un mero hecho administrativo. La reforma estatutaria se sitúa, no en
una concepción de autonomía plena para Asturias, sino como una nueva
propuesta de carácter descentralizador.
Hay que reconocer que esta reforma, aprobada por el Parlamento asturiano,
contiene elementos de avance respecto al estatuto actual y, por tanto, no
los vamos a negar, porque hemos participado también en apuntar ideas y en
apuntar la necesidad de aumentar nuestras capacidades y nuestras
competencias, entre otras la sindicatura de cuentas, el Consejo
consultivo o la eliminación de limitaciones sustanciales que el
Parlamento asturiano venía padeciendo. (Rumores.)
Sin embargo, el problema se centra en que este avance, paradójicamente,
no nos sitúa en mejores condiciones en cuanto a la igualación o la
posibilidad de igualación al conjunto de comunidades, sino que nos
condena de nuevo a una Asturias en un tercer nivel en el conjunto de las
comunidades, recordando además que, hace precisamente diecisiete años,
prácticamente todas las fuerzas políticas, excepto la que en aquel
momento gobernaba, firmamos un documento en el que apuntábamos la
necesidad de que Asturias algún día alcanzara esa autonomía plena que
hoy, con esta reforma, se continúa negando. Se niega a Asturias la
posibilidad de acceder a los mismos criterios aplicables a las
nacionalidades históricas. A pesar de introducir el término de
nacionalidad histórica, se nos niegan las posibilidades que establece la
propia Constitución para las nacionalidades históricas. Y creo que nadie
puede negar el carácter histórico que tiene Asturias como tal comunidad y
como tal pueblo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento, señor
Santiso.
Señorías, les ruego guarden silencio. (Pausa.)
Puede continuar, señoría.
El señor SANTISO DEL VALLE: En segundo lugar, se consolida un modelo de
financiación injusto para Asturias e insolidario, dándose la paradoja,
además, de que la propia Junta del Principado ha rechazado este modelo de
financiación, ante lo cual se presentó un recurso en el Tribunal
Constitucional.
En tercer lugar, se impide la capacidad política plena de la comunidad,
obligando a la comunidad autónoma asturiana a celebrar sus elecciones a
la par que en otras comunidades del régimen común y a la vez que las
elecciones municipales, y otorgando una capacidad de disolución del
Parlamento asturiano al presidente del Gobierno de Asturias tan
restringida y limitada que difícilmente será operativa y que puede, en
algún momento en que exista crisis en la comunidad --como la que
probablemente existe en este momento--, resolver este problema en las
mismas condiciones en que las pueden resolver otras comunidades
históricas.
Se impide la creación del Defensor del Pueblo de Asturias, se impide la
posibilidad de recurrir al referéndum, y curiosamente son propuestas que
incluso en otros estatutos también del 141, como es el caso de Murcia o
de Cantabria, vienen recogidas, a pesar de estar consideradas dentro de
ese paquete del antiguo pacto autonómico entre el Partido Popular y el
Partido Socialista, que parece que, aunque no esté escrito, continúa en
vigor, puesto que se aplica la misma plantilla a las competencias que se
van dando a las distintas comunidades.
Se niegan, por tanto, a Asturias competencias sustanciales para su
autogobierno, como las referidas a la calificación de competencia
exclusiva de la sanidad, los montes, aprovechamientos y servicios
forestales, el medio ambiente o la consideración de la enseñanza como
competencia plena. No se incluyen como competencias de desarrollo
legislativo para Asturias la reestructuración de sectores económicos en
crisis, tan sustancial para nuestra comunidad, o la competencia, como
decía antes, de referéndum. Asimismo, se ha negado la competencia de
gestión en instituciones penitenciarias o la participación de Asturias en
la gestión de fondos estatales o comunitarios, por no citar otro tipo de
competencias.
Por último, pero para mí tan importante como lo demás, está todo el
problema lingüístico. Asturias queda, con esta reforma, como la única
comunidad autónoma que tiene lengua propia y que en este momento se le
niega la posibilidad de su cooficialidad. Hemos hecho esfuerzos
importantes por llegar a un consenso y a un acuerdo en el reflejo y en la
consideración de la cooficialidad de la lengua, cosa que algunos se toman
medio en broma, pero quiero recordar que nuestra lengua tiene documentos,
testimonios escritos desde el siglo XII, como es el Fuero de Avilés. El
propio Jovellanos, ahora que está tan de moda y que acaban de inaugurar
en Asturias una exposición, reconocía la necesidad de proteger, de
extender y de continuar el estudio y la promoción del asturiano. Y hay
textos y citas concretas que podríamos traer.
Sin embargo, a pesar de que, en nuestro estatuto de autonomía, ya
existía, en su artículo 4, una referencia a la necesidad de la protección
y el desarrollo del bable o asturiano y también, en una nueva pirueta, se
acaba de aprobar en la misma Cámara una ley de uso y promoción del
asturiano, nos encontramos con la paradoja de que toda esa legislación,
entre comillas, sigue sin permitir su uso normalizado y sin permitir que
la propia Administración la acepte como tal. Por poner ejemplos muy
recientes, hay ya ocho municipios asturianos que han declarado la
cooficialidad del bable o del asturiano en su ámbito y, sin embargo,
automáticamente, esa decisión ha sido recurrida yo diría no ya por un
delegado gubernativo, sino casi por una figura como la del gobernador
civil, donde sistemáticamente se va contra las resoluciones de los
concejos en ese sistema. Otro caso muy reciente, en la última
manifestación celebrada con motivo del Día de las Letras Asturianas, se
produjo la negación de la autorización de la manifestación por considerar
que no se podía aceptar la petición escrita en asturiano. Creo que son
dos hechos simbólicos que demuestran que, mientras no vayamos al
reconocimiento y a la cooficialidad del asturiano, es imposible estimular
su uso y protegerlo.
Por no hablar solamente de nuestras valoraciones, voy a hacer una lectura
de la valoración de la Academia de la Lengua Asturiana, que, lógicamente,
por su procedencia, está en asturiano. La entregaré tanto a los servicios
de la Cámara como a la Presidencia y la traduciré si hay alguna duda
sobre su contenido.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Santiso, le
ruego concluya.
El señor SANTISO DEL VALLE: Termino, señor presidente.
La valoración de la Academia de la Lengua Asturiana sobre el tema del
asturiano es la siguiente: «Nun queda garantizau'I drechu de los
asturianos y asturianes al llibre usu del so idioma dientro'I propiu
país, la tiera asturiana. Vase, a sabiendes, a la escontra de la
Constitución española que dexa afitao que, a más del castellán, les demás
llingües del Estáu habrán ser tamién oficiales. Humíllase y discrimínase
a los asturianos que nun gozarán de los mesmos drechos que los otros
ciudadanos españoles. Llévase a los asturianos, a la escontra de la más
elemental llibertá, a la imposición d'un únicu idioma que nun ye
patrimonial del país».
En castellano quiere decir: No queda garantizado el derecho de los
asturianos y asturianas al libre uso de su idioma dentro del propio país,
la tierra asturiana. Se va a sabiendas contra la Constitución española,
que deja asentado que, además del castellano, las demás lenguas del
Estado habrán de ser también oficiales. Se humilla y discrimina a los
asturianos, que no gozarán de los mismos derechos que los otros
ciudadanos españoles. Se lleva a los asturianos, contra la más elemental
libertad, a la imposición de un único idioma que no es patrimonial del
país.
Por todas estas razones, nuestro grupo pide el voto contrario a estas
propuestas de reforma del estatuto. No obstante, mantenemos nuestra mano
tendida para, en el proceso parlamentario, que, como es previsible, con
la aprobación de esta toma en consideración continúe abierto, seguir
ofreciendo el diálogo e intentar resolver entre todos esta situación,
porque no podemos permitirnos el lujo, como asturianos, de tener un
estatuto que no sea aceptado, no ya por el 80 por ciento, sino por la
totalidad de los asturianos.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Santiso.
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor
Alcaraz Ramos.
El señor ALCARAZ RAMOS: Gracias, señor presidente.
Quisiera comenzar enviando un saludo en nombre de Nueva Izquierda a los
representantes que han intervenido al comienzo de este debate, a las
autoridades asturianas que hoy nos acompañan y, en definitiva, a todo el
pueblo de Asturias.
Desde nuestro punto de vista, habría que felicitarse por la iniciativa de
reforma. Entendemos que ello es un ejemplo más del dinamismo del proceso
autonómico, así como del incremento de nivel en la identidad del pueblo
asturiano que reclamaba la reforma, una reforma en profundidad. Otra cosa
es que no podamos compartir las felicitaciones por el resultado último
del proyecto que como ley orgánica se somete hoy a la toma en
consideración por esta Cámara. Hay que lamentar que no haya consenso. Si
hubiera existido ese consenso, nosotros hubiéramos intentado no presentar
enmiendas, hubiéramos tratado, en definitiva, de respetar lo que hubiera
sido la voluntad general del pueblo asturiano. Pero en estas
circunstancias me permitiré hacer algunas críticas, que luego trataremos
de convertir en enmiendas.
Desde nuestro punto de vista, sin duda se podrían formular numerosas
críticas al texto que hoy debatimos, tanto en materia competencial como
en materia institucional. Sin embargo, el poco tiempo del que dispongo
hará que me centre en tres ideas. En primer lugar, las dudas sobre el
empleo del concepto comunidad histórica que se hace en el apartado
segundo del artículo 1, un concepto que va perdiendo paulatinamente
virtualidad práctica con su generalización. Ello no supone dudar del
arraigo histórico, de la fuerte identidad del pueblo asturiano, pero sí
significa constatar la imprecisión jurídica que supone. Comunidad remite
a la denominación de los entes regionales o nacionales del Título VIII de
la Constitución en
relación con su artículo 2 y está metido como calzador, y hasta
redundantemente, en el precepto que he citado.
En segundo lugar, entendemos que es posible y necesario mejorar la
regulación sobre el bable asturiano, en el artículo 4 y en el punto 20
del apartado primero del artículo 10, en cuanto a la denominación.
También sería deseable una nueva disposición transitoria que obligara al
Consejo de Gobierno a revisar la situación para una posible modificación
del mismo artículo 4, que viniera a subsanar la típica situación en que
queda el bable en el texto que hoy debatimos. Ciertamente esta cuestión
no puede ni debe desligarse de la extraña tramitación de la ley de uso y
promoción del bable asturiano, que va a tener o que tiene la
consideración de lengua tradicional, en lo que es un eufemismo inédito en
el Derecho lingüístico comparado en nuestro Estado. Porque cabría la
pregunta sobre si conocen SS. SS. una lengua que se use que no sea
tradicional. Es, por lo tanto, una reiteración que nada aporta. Además,
este concepto tiene muy mal encaje con las previsiones del artículo 3.2
de la Constitución española sobre las consecuencias jurídicas que se
derivan de la declaración de una lengua como oficial, con lo que ello
supone para su normalización y con lo que supone, según reiterada
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, de generación de derechos
para las ciudadanos y de obligaciones para todos los poderes públicos.
Nos encontramos en una situación de una especie de limbo jurídico en la
regulación lingüística, sin entrar en el fondo de otros debates
filológicos que no hacen al caso.
En tercer lugar, también defenderemos una modificación de los puntos 3 y
4 del artículo 25. Es positivo que se reflexione y que se intente una
nueva regulación respecto del texto anterior, en la capacidad de tener un
mayor autogobierno con disolución anticipada de la Cámara, pero
discrepamos de las excesivas cautelas introducidas, cautelas que, en
definitiva, afirman un principio en el plano formal, pero le niegan
cualquier virtualidad práctica, política y jurídica en el plano material.
Así, la buena intención queda anulada por el propio texto. Todo ello sin
que exista ninguna obligación ni constitucional ni legal para ello.
Por tanto, anuncio que Nueva Izquierda va a abstenerse en la votación que
esta tarde se produce, esperando, de buena fe, tratando de hacer los
esfuerzos que estén en nuestras manos, que la tramitación como ley
orgánica permita ampliar los consensos y permita, en definitiva, en la
votación final, que nuestro voto sea favorable.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Alcaraz.
Señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, saben SS. SS. que no es habitual en
el Bloque Nacionalista Galego salir a esta tribuna para posicionarse en
relación con las reformas de estatutos de autonomía. No lo es porque
consideramos que el Parlamento respectivo es soberano en la materia,
aparte de consideraciones de otra índole que no viene a cuento explicar
en este momento.
¿Por qué en esta ocasión subimos a la tribuna? Porque creemos, como
Bloque Nacionalista Galego, que no existe decisión política capaz de
anular la realidad objetiva de la existencia de una lengua ni las
realidades culturales y antropológicas que la sustentan. No hay frontera,
ni poder administrativo, ni conciencia alienada que anule la realidad
objetiva.
¿Cuál es la realidad objetiva de la que estamos hablando? Sin duda, la
lengua gallega que se habla fuera de los límites administrativos de la
actual Galicia, hasta cerca de Navia, por supuesto por El Bierzo y
algunas zonas de Zamora.
En este sentido, el punto 5 del artículo único de la propuesta de reforma
de estatuto de autonomía que se nos presenta pensamos que comete un grave
error al no figurar el gallego hablado en el territorio administrativo
del Principado de Asturias, esa lengua que unas veces en ese territorio
administrativo llaman el gallego de Asturias y otras, con menor fortuna
todavía, el gallego asturiano. Esperamos que no exista la tendencia a
convertir nuestra lengua en una variedad lingüística del bable. cNunca
hubo duda en la romanística, ni en Menéndez Pidal, ni en Dámaso Alonso,
ni siquiera en Alarcos Llorach, de que el gallego se hablaba en
territorios que llegaban hasta el río Navia. Sería grave que los datos de
la dialectología y la lingüística fuesen desconsiderados al servicio de
una manipulación política autonómica caprichosamente mítica.
Por eso, desde la perspectiva del Bloque Nacionalista Galego les
anunciamos nuestro mayor respeto por las decisiones políticas de la
Asamblea o del Parlamento del Principado de Asturias, pero con la misma
consideración y respeto les anunciamos la presentación de una enmienda en
el sentido de que figure el reconocimiento de la lengua gallega y el
respeto y amparo a su uso oficial entre el Eo y el Navia, conforme a la
filosofía constitucional que saben ustedes que es de mínimos.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rodríguez.
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
En mi breve intervención, quiero primero dirigir una palabra de
salutación afectuosa y de plena comprensión democrática, dicha desde la
comunidad autónoma más ultraperiférica de España. Y desde allí abajo, en
las aguas atlánticas, un saludo a los dos representantes de la Junta
General del Principado de Asturias que han hecho la defensa de este
acuerdo.
En segundo lugar, manifiesto la posición de Coalición Canaria, en una
línea, primero, de consecuencia y consecuente con el principio de
legalidad que ampara toda la tramitación que ha tenido esta propuesta de
reforma del estatuto asturiano, en razón de los principios de nuestra
Constitución española, marco general de toda esta acción. Segundo, en la
línea congruente de respetar la voluntad soberana expresada por el pueblo
asturiano en su Junta General, Coalición Canaria va a votar
favorablemente la plena consideración y/o apoyo a esta reforma del
estatuto. Respetará letra, palabra, frase y artículos de la modificación
por este respeto a una decisión soberana y democrática de la Junta
General del Principado de Asturias.
Nos congratulamos, señorías, porque, después de la Ley Orgánica 7/1981,
con las modificaciones que se produjeron diez años después, en 1991, y la
última de hace escasamente tres años, en 1994, el nivel de competencias
de la Junta General del Principado de Asturias fue adaptándose a una
exigencia democrática y de evolución del tiempo.
Creemos que es positiva, por la experiencia que hemos tenido en Canarias
con nuestro estatuto de autonomía, la creación de figuras como la
sindicatura de cuentas para un control democrático parlamentario de la
voluntad soberana del pueblo asturiano y de los consejos consultivos, que
pueden dar una garantía de principio de legalidad a las propuestas que
emanen tanto del Ejecutivo asturiano como de la Junta General.
En esa línea consecuente, para corresponder a todos esos principios y
porque creemos que un avance en Asturias es un avance en toda España en
la homologación de las comunidades autónomas, termino con este deseo de
prosperidad y de éxito en la ejecución parlamentario. Coalición Canaria
no va a poner ninguna pega ni objeción en el trámite, por respeto a los
principios de soberanía y democracia y a la voluntad expresada en la
Junta General del Principado de Asturias. Nos sentimos todos copartícipes
en comunidades autónomas tan alejadas geográficamente como las nuestras,
pero tan concordantes y coincidentes en el corazón democrático de España.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora
Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor presidente.
Señorías, quiero, en primer lugar, saludar cordialmente al presidente y a
la Mesa de la Junta General del Principado de Asturias, en nombre del
grupo al que represento, así como a los dos portavoces que han
intervenido.
Nuestra actitud respecto de todos los estatutos es de respeto al
principio dispositivo que plasma la Constitución, entendiendo que cada
comunidad autónoma debe asumir el nivel de competencias que sus órganos
legislativos decidan. Exigimos y propugnamos el mismo respeto que nos
gusta que se tenga respecto del estatuto vasco, que plasma nuestro
instrumento de autogobierno. Creemos, además, que el sistema
constitucional consagra las diferencias entre estatutos. Autonomía, en
nuestro sistema, es diversidad y al estatuto de Asturias hoy vigente le
tocó ser el primero loapizado. Se elaboró después del famoso informe de
la comisión de expertos, que luego se plasmó en lo que quiso ser ley
orgánica de armonización del proceso autonómico y que el Tribunal
Constitucional dejó sólo en Ley del Proceso Autonómico. Ahora también
viene a revisión, fruto de unos pactos autonómicos, pero su texto no
tiene el refrendo de toda su Junta General.
Es costumbre del grupo al que represento no enmendar estatutos respecto
de aquellas localidades en las que no está el partido implantado; sin
embargo, sí solemos apoyar enmiendas de otros grupos, de producirse, si
lo son en el sentido de la obtención de mayores cotas de autogobierno. En
relación con el estatuto asturiano, hay dos aspectos que nos gustaría
apoyar, si son enmendados: uno que hace referencia a sus señas de
identidad y otro que la hace a las instituciones que se regula.
En relación con las señas de identidad, me referiré, como han hecho otros
portavoces, a la lengua. El reconocimiento que se hace de la lengua, en
cuanto lengua usual, no es, desde nuestra óptica, suficiente. Creemos que
debe tener el reconocimiento de la oficialidad, porque así lo exige no
sólo la Declaración de Derechos Humanos, sino también el propio artículo
3.2 de la Constitución. Es una lengua que tiene incluso constituida
academia, que tiene sus propias normas gramaticales diferentes de las
castellanas, de la que se imparte docencia de filología, que se publican
en ella tesis doctorales y en la que existen numerosísimas publicaciones
y hasta un semanario. Ayer mismo, un diario de importante tirada en este
país se hacía eco de una disputa entre altos cargos del partido hoy
mayoritario en esta Cámara y, al transcribir las expresiones de la
discusión, utilizaba el bable en varios de los supuestos. Si el bable o
el asturiano se usa, merece el reconocimiento de la oficialidad. Creemos,
además, que privarle de este reconocimiento de lengua oficial
imposibilita o hace complicada la normalización lingüística.
En cuanto al aspecto institucional, nos gustaría, de ser enmendado por
otros grupos, apoyar la idea de que puedan tener un comisionado del
Parlamento parecido al Defensor del Pueblo. Se va admitiendo respecto de
todos los estatutos, excepción hecha del de Murcia y creemos que también
está justificada su existencia en el caso asturiano.
Si se ha generalizado la exigencia a todas las comunidades autónomas de
la tenencia de consejos consultivos, sólo porque se pretende hacer
efectiva la exigencia de un trámite consultivo independiente en la toma
de determinadas decisiones administrativas, nos parece que más exigencia
tiene la necesidad de un órgano de este estilo, que sirve para vehicular
las quejas de los ciudadanos en relación con la garantía de sus derechos
y libertades públicas en el actuar de las administraciones públicas.
Evita, además, en numerosos casos, la conflictividad judicial.
Hechas estas advertencias, concluyo afirmando que nuestra conducta
habitual en relación con los estatutos es posibilitar su tramitación.
Votaremos a favor de la toma en consideración, pero también anuncio que,
de presentarse enmiendas, siempre que sean a favor de mayores cotas de
autogobierno, serán aprobadas por el Grupo Vasco.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Uría.
En nombre del Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el
señor López de Lerma.
El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Señor presidente, señorías, como ha sido
ya recordado al inicio de este debate --y quisiera sumarme a la
bienvenida que otros grupos han dado a nuestros colegas del Principado de
Asturias--, hace ya dieciséis años, casi diecisiete, que está en vigencia
el estatuto de autonomía para Asturias, que data de 1981, que ha sufrido
dos reformas --sufrido en el sentido positivo, lógicamente-- que han
servido, como también se ha recordado, para fundamentalmente ampliar el
nivel competencial de esa comunidad autónoma, poniendo de manifiesto
nuevamente, y hoy por tercera vez, el acierto de nuestros constituyentes
en no cerrar el marco autonómico que diseña nuestra Constitución e ir
avanzando, por tanto, constantemente en la medida que se impulsa --y es
lo bueno-- desde las propias instituciones autonómicas la ampliación de
cada uno de estos estatutos.
En segundo lugar, se pone de manifiesto que la realidad es cambiante y
que, lo que hoy parece lógico que se consiga, mañana aparece ya como
anticuado y superado y se puede dar un nuevo paso hacia adelante en
materia competencial, si ese es el deseo mayoritario de la institución
autonómica y si esa misma institución autonómica se ve suficientemente
respaldada, no sólo por el voto, sino por su capacidad
técnico-administrativa-política para asumir esas competencias con
eficiencia. Y se pone de manifiesto nuevamente que los mecanismos
constitucionales de reforma estatutaria son válidos por probados.
Hoy tratamos por tercera vez una propuesta de reforma del estatuto de
autonomía para Asturias, casi cuatro años después de haberlo modificado y
además de una manera sustantiva. Y este último intento que hoy tratamos
obedece a la voluntad, como se pone de manifiesto en el preámbulo, en la
exposición de motivos y como han señalado nuestros compañeros de la Junta
de Asturias, a cambios institucionales, a modificaciones competenciales,
a profundizar en el autogobierno, haciéndolo todo ello bajo el prisma del
desarrollo socioeconómico del Principado, es decir, avanzando
equilibradamente ese querido territorio.
No será el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió el que se
oponga a tan loables principios, principios que son motores que impulsan
esa tercera reforma que, desde un punto de vista institucional, no sólo
viene a reforzar la autonomía de Asturias, sino que incluye adecuar el
propio vocabulario empleado a su realidad diferenciada con signo
histórico evidente y respetado, además muy sentido y muy querido. Que esa
reforma obedece al sentir mayoritario también se ha puesto de manifiesto
al contarnos que tiene el respaldo aproximado del 80 por ciento de los
parlamentarios autonómicos. Lo que digo es que es una lástima que no haya
habido un acuerdo total, absoluto, en una reforma que lleva a más, que
lleva al propio Principado de Asturias a avanzar. Pero es obvio que esta
tercera reforma, repito, obedece a una voluntad mayoritaria, como también
es notorio el grado de dificultad para alcanzar un consenso, como ha
expuesto aquí el representante del Grupo Federal de Izquierda Unida que
le ha precedido. Los avatares que forman parte de la historia de esta
reforma, los tiempos y los ritmos empleados precisamente no hacen otra
cosa que subrayar que, a pesar de ese 80 por ciento de apoyo, resta
todavía aportar el 20 por ciento de voluntad consensuada.
Por tanto, hay un sí acompañado de una coma y un pero; es algo que, se
quiera o no, desde un punto de vista institucional nos duele, porque todo
aquello que sea fruto de un acuerdo, si es posible --creo que sería
factible alcanzarlo-- unánime, será mejor para presentarlo ante las
Cortes Generales del Reino de España.
No será, digo, este grupo parlamentario el que se oponga a su tramitación
ni tampoco el que se oponga a las indudables mejoras autonómicas que
recoge. Pero sí queremos significar algo, que es, por ejemplo, la pobreza
imaginativa que acompaña la reforma del vigente artículo 4 --ahora
artículo 5-- cuando habla de la llingua asturiana o el bable, consecuente
denominación oficial bilingüe, que es una realidad palpable, cierta, que
no se puede desconocer, todo lo contrario, deberíamos aplaudir y proteger
esa riqueza cultural,
esa riqueza lingüística, esa realidad diferenciada que a todos nos debe
enorgullecer. También queremos significar el poco atrevimiento en materia
competencial que nosotros encontramos en no pocos aspectos, loables,
pero, repito, de poco atrevimiento, de los artículos de referencia
competencial. Entendemos, en primer lugar, que son restrictivos y, en
segundo lugar, lo enmarcamos en ese juego de tuya-mía que practican los
dos grandes partidos presentes en el Estado cuando se trata de reformar
un estatuto autonómico. Finalmente, también quiero destacar la timidez
con que se recoge la facultad de ordenar el derecho sustantivo de la
propia comunidad autónoma.
Naturalmente, saludamos con profundo respeto la propuesta de reforma que
nos plantea la Junta General, pero reitero los antecedentes: dos
reformas, esta es la tercera, y los precedentes que acompañan a esta
tercera; la timidez conceptual y la poca expresividad de la redacción que
la acompaña nos sugiere una autorretención en su uso en el futuro y
probablemente, dentro de relativamente poco tiempo, la necesidad de
solicitar de nuevo una reforma que no ayudará, creemos, a esa estabilidad
institucional que sería culminar una tarea de reforma estatutaria si
detrás tuviera al conjunto de la Junta General y no sólo a una parte,
aunque sea una parte muy importante, que es ese 80 por ciento.
Concluyendo, señor presidente, nos disponemos a votar a favor de la toma
en consideración de esta tercera propuesta de reforma del Estatuto del
Principado de Asturias e intentaremos someter a consideración de la
Cámara alguna modificación concreta, algunas sugerencias, en la línea de
una mejora institucional, competencial, también de redacción, que nos
atreveremos a presentar en su momento en el trámite procesal oportuno.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor López de Lerma.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Martínez Noval.
El señor MARTINEZ NOVAL: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar, cómo no, quiero dar un saludo no sólo cortés
sino afectuoso a los compañeros de la Junta General del Principado de
Asturias, que esta tarde han subido a esta tribuna para defender la
iniciativa del Parlamento asturiano. Señorías, es obvio que yo no voy a
hacer desde esta tribuna ninguna crítica al contenido de la iniciativa,
de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía del Principado de
Asturias, que esta tarde será tomada en consideración en esta Cámara.
Tampoco puedo perder mucho el tiempo en desgranar o detallar aspectos
positivos de la reforma porque ya se ha hecho desde este lugar hace
escasos momentos por los dos diputados representantes del Parlamento
asturiano.
Sin embargo, dicho eso y sin ánimo de ser reiterativo, sí quisiera
recordar la historia de este estatuto y cuál ha sido el camino político
que ha seguido desde su nacimiento. Este estatuto data de los primeros
años ochenta y ya entonces mi grupo, el Grupo Parlamentario Socialista en
esta Cámara, jugó un papel muy importante --yo recuerdo y quiero recordar
a todo el mundo que en estas cuestiones no conviene atribuirse
protagonismos especiales--, con algún otro grupo, a la hora de alumbrar
un estatuto de autonomía para la región asturiana. Ya entonces los
socialistas fuimos partidarios del máximo grado de consenso y de acuerdo
posible entre todas las fuerzas políticas en torno a la norma básica de
la nueva vida política que se iniciaba en el Principado de Asturias, cual
era la autonomía de la región, la autonomía política claro está. Y,
señorías, desde entonces, desde el año 1981, los socialistas del conjunto
de España, y en especial los socialistas asturianos, hemos mantenido
siempre contra viento y marea el criterio de que siempre nos
inclinaríamos porque el estatuto y las sucesivas reformas del estatuto
tuvieran siempre el mayor grado de apoyo político posible. Esa ha sido
nuestra seña de identidad, ese ha sido siempre nuestro criterio.
Por eso, estando en mayoría en este Congreso de los Diputados y en la
Junta General del Principado de Asturias, buscamos el acuerdo con
aquellos que quisieron participar en el contenido de una reforma en el
año 1992. Lamentablemente, entonces también hubo organizaciones
políticas, grupos parlamentarios que se quedaron al margen del acuerdo
que en aquella ocasión logramos, yo creo que felizmente, entre el Grupo
Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Popular. Y después de
aquello, ahora, en una situación completamente distinta, no estando los
socialistas en mayoría ni en la Junta General del Principado ni en esta
Cámara, como ustedes bien saben, señorías, seguimos manteniendo aquel
criterio. Y por eso, hemos hecho todos los esfuerzos para que este
estatuto tuviera el mayor grado de convergencia entre todas las
formaciones políticas. Los hechos que desvelan esta tarde el contenido de
los discursos realizados desde esta tribuna lo dicen bien claramente.
Lastimosamente, no todo el mundo está de acuerdo con el contenido de esta
reforma. ¡Qué le vamos a hacer! Pero quiero recordar que en un desacuerdo
la responsabilidad nunca está al cien por cien en una de las partes. Hay
responsabilidades compartidas en los desacuerdos, y esos desacuerdos son
producto de visiones muy distintas respecto de realidades concretas.
En segundo lugar, señorías, yo quiero decir también que,
desgraciadamente, los problemas de nuestra región no se solventan con el
contenido del estatuto, porque nosotros tenemos un problema mucho más
agudo y mucho más intenso que la autonomía
política, que es la situación económica y social. No es una tarde para
recordar responsabilidades de nadie, ni de ahora ni de antes. Tengo que
empezar por decir que los problemas económicos y sociales de Asturias son
casi producto de una enfermedad crónica, de hace mucho tiempo, pero esos
problemas están hoy ahí y están manifiestamente concitando apoyos,
consensos y en algunos casos también desacuerdos. Se trata, señoría, de
que la economía asturiana hace muchos años que muestra una incapacidad
manifiesta --antes he dicho crónica-- para crear empleo, para crecer al
ritmo que lo hace la economía española y eso, al cabo de unos cuantos
años, ha decantado en una situación que en estos momentos empieza a ser
ya extraordinariamente preocupante. Desgraciadamente, señorías, el
contenido del estatuto no va a solventar esa cuestión.
En tercer lugar, señorías, no me quiero bajar de la tribuna sin recordar
que el contenido del estatuto, tal como ahora se reforma, es muy
importante, pero lo será más en una región como la asturiana el modo y,
sobre todo, el marco financiero en el que se produzcan las competencias,
algunas todavía pendientes del pacto de 1992 y otras que se anuncian con
el contenido de este estatuto. Algunas de ellas son competencias muy
importantes, con una carga financiera decisiva para una comunidad de
pequeño tamaño en relación con otras --claro está que es muy grande como
reconoce el estatuto al calificar la comunidad de histórica, pero
demográfica y económicamente es una región pequeña--. El modo como se
doten, desde el punto de vista financiero, transferencias tan importantes
como la educación o la sanidad es para nosotros una cuestión capital. De
manera que nosotros haremos como en el pasado y contrapondremos siempre a
la urgencia y a la prisa en la transferencia el mejor tratamiento en las
cuestiones financieras que acompañen el viaje desde Madrid a Oviedo, en
competencias, digo, tan importantes y tan decisivas para la evolución
financiera en el futuro de la comunidad como son, por ejemplo, la
educación y la sanidad. Tengan en cuenta que la financiación de la
sanidad en nuestra región sería casi tan importante como el actual
presupuesto global de la comunidad autónoma. Eso resume bien claramente
cuál es el objeto de nuestras preocupaciones.
Por tanto, señorías, sentadas estas cuestiones, en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista, quiero afirmar que mi grupo votará
favorablemente la propuesta y manifestar esta tarde desde esta tribuna
nuestra satisfacción porque en el Principado de Asturias estemos ya en la
recta final de la consecución de una norma básica que da respuesta a la
mayor parte de de nuestras aspiraciones.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Martínez Noval.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora
Fernández.
La señora FERNANDEZ GONZALEZ: Gracias, señor presidente.
La Junta General del Principado de Asturias --lo han dicho todos los
intervinientes que me han precedido en el uso de la palabra-- ha remitido
a las Cortes Generales una propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía
del Principado de Asturias.
Desde el año 1981, el estatuto --y también se ha hecho referencia a este
extremo-- se ha visto reformado en dos ocasiones: la primera, de menor
calado y transcendencia política, en 1991, y la segunda, y más profunda,
en 1994. Esta segunda reforma, la de 1994, surgía al amparo y dentro del
marco del artículo 148, apartado 2, de nuestro texto constitucional. Se
trataba de una ampliación de competencias para la comunidad autónoma
asturiana, al igual que para otras comunidades autónomas que habían
accedido a la autonomía, al autogobierno a través del marco
constitucional concebido en el artículo 143.
Si bien la reforma y la ampliación competencial se realizaban en el año
1994 como consecuencia de los denominados acuerdos autonómicos, que se
firmaron el 28 de febrero de 1992, la actual, la que en lo sucesivo
denominaremos la reforma de 1998, surge como consecuencia del impulso que
se le da desde el propio Parlamento asturiano. Ya en el debate sobre el
Estado de las autonomías, realizado en el Senado en marzo de 1997, el
presidente del Gobierno, José María Aznar, aludía expresamente a esta
vía, la de la iniciativa legislativa por parte de los parlamentos
autonómicos, como procedimiento adecuado para la consolidación del Estado
de las autonomías, así como para el propio perfeccionamiento del
desarrollo autonómico. El presidente del Gobierno se refería una vez más
al objetivo de construir, de no aplazar ni obstruir el ajuste de
competencias que algunas comunidades autónomas demandan y lo hacen
legítimamente. Por el contrario, se impulsó, se buscó un amplio acuerdo
y, por tanto, esta reforma nace como consecuencia de los arduos e
intensos trabajos que me consta que se realizaron en la ponencia, con
interesantísimas aportaciones de los grupos parlamentarios en la Junta
General de Principado de Asturias. Creo que en este momento es justo y
oportuno agradecer no solamente los trabajos, sino también la presencia
hoy en el Congreso de los Diputados de los portavoces parlamentarios que
vienen del Principado de Asturias y de los miembros de la Mesa y, en
especial, si se me permite, del presidente del Parlamento de Asturias.
Quiero agradecer también la presencia de los senadores asturianos, que
hoy han querido estar aquí, en este impulso que inician las Cortes
Generales para una nueva reforma, la tercera, del Estatuto de Autonomía
de Asturias, de 1981.
Señorías, las principales reformas que se pretenden abordar a través de
esta iniciativa las podríamos clasificar de una forma dual: de un lado,
las denominadas reformas competenciales, incluyéndose un elenco de nuevas
materias sobre las cuales tendrá competencia exclusiva el Principado de
Asturias y, de otro lado, y también dentro del ámbito competencial,
existirá un nuevo marco de desarrollo legislativo y de ejecución dentro
de la legislación básica del Estado.
Dejando aparte otros aspectos novedosos, me gustaría referirme no sólo a
las importantes reformas competenciales, sino también a las reformas
institucionales. En este segundo aspecto, a través de esta iniciativa se
introducen importantes novedades, tales como la posibilidad de una
disolución de la Cámara acordada con anterioridad a la finalización del
mandato de los cuatro años y dentro de unos determinados parámetros que
logren aunar lo dispuesto en el artículo 148.1.c) de la Constitución
española de 1978, esto es la facultad de organización de las
instituciones de autogobierno, que compete a las comunidades autónomas.
En este aspecto, la propia jurisprudencia de nuestro Tribunal
Constitucional no dudo en declarar que, en este supuesto de Asturias, el
estatuto de autonomía debe trazar las líneas esenciales a que deberá
ajustarse la organización y el funcionamiento de la propia Cámara
legislativa y no cabe duda de que una línea esencial es claramente la
duración del mandato. Pero toda vez que el acto de votar la fijación de
calendario y los requisitos de las convocatorias tiene una repercusión
general en el conjunto del Estado, con especial regulación en la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General, en los trabajos de la ponencia
debemos aplicarnos a conciliar, como se concibe en la propia iniciativa,
dos dualidades: la estatal y la autonómica, estableciendo una
coordinación necesaria en materia electoral.
La ampliación de los períodos de sesiones elimina aquel límite inicial de
cuatro meses y establece un período superior que, sin duda, repercutirá
en la mejor y más intensa ocupación en los intereses de Asturias y de los
asturianos. Superamos no solamente, señorías, los antecedentes más
próximos, sino también los antecedentes históricos más remotos, cuando en
los orígenes de la Junta General del Principado de Asturias, como
verdadera asamblea representativa de nuestra región, se celebraban sus
reuniones cada tres años, siempre en el mes de mayo y en la sala
capitular de la catedral de Oviedo. Antecedentes históricos como éste
quedan ya muy lejos en el tiempo, pero sirven para ilustrar acerca de lo
que son los verdaderos antecedentes de nuestras instituciones asturianas.
Sin duda, señorías, pasaron ya muchísimos tiempos, más de 500 años, desde
que se aprobasen nuestras primeras ordenanzas a través de la Junta
General del Principado de Asturias en las Casas de Doña Balesquida, y
seguimos avanzando a través de nuevas instituciones, de nuevas
competencias y de un nuevo marco competencial. En suma, señorías, el
nivel de autogobierno de los asturianos aumentará, y ello nos lleva a
calificar esta reforma como positiva para Asturias, como una reforma que
hoy inicia su tramitación en el Congreso de los Diputados, que con
posterioridad seguirá sus trámites en el Senado y que entendemos que
eleva el nivel competencial de Asturias y el autogobierno de todos los
asturianos.
Quisiera finalizar haciendo una referencia a una figura de un asturiano
universal, Gaspar Melchor de Jovellanos, auténtico reformista, siempre
equidistante entre los que tenían el celo por cambiarlo todo y los que
hacían apología incondicional de todo lo viejo. Jovellanos, cuyo
bicentenario como ministro de Gracia y Justicia conmemoramos en este año
1998, siempre sostuvo y desarrolló --y aquí se ha dicho por otros
intervinientes-- con acierto la idea de un orden social dinámico que va
mejorando de modo constante --decía él-- continuo y flexible. El Estatuto
de Autonomía de Asturias, señorías, ha mejorado a lo largo de estos 16
años, de modo constante, continuo y también flexible. Si a ello
añadiésemos consenso, estaríamos ganando una ocasión para Asturias y para
todos los asturianos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Fernández.
Señorías, vamos a proceder a la votación correspondiente a la propuesta
de reforma del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a
favor, 288, en contra, 12; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
-- DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS BALEARES, DE REFORMA DEL ESTATUTO DE
AUTONOMIA DE LAS ISLAS BALEARES. (Número de expediente 127/000008)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Debate de totalidad
de propuestas de reforma del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares.
En primer lugar, para la defensa de la propuesta de reforma, en nombre
del Partit Popular, tiene la palabra doña María Salom. (Rumores.)
Señorías, les ruego que abandonen el hemiciclo u ocupen sus escaños.
(Continúan los rumores.) Señorías, les ruego que guarden silencio. Señora
Gil i Miró, señor Guerra Zunzunegui,
señor Guerra, señor Serra, señor Alcaraz Masats, les ruego que ocupen sus
escaños.
Puede comenzar, señora Salom.
La señora DIPUTADA DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS BALEARES (Salom i Coll):
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
Permítanme, en primer lugar, saludar a mis compañeros de Baleares, al
presidente del Parlamento y a distintos representantes de los grupos
parlamentarios que han querido asistir hoy a esta sesión donde suponemos
que se va a tomar en consideración la reforma del Estatuto de Autonomía
de las Islas Baleares. (El señor vicepresidente, López de Lerma i López,
ocupa la Presidencia.)
El día 1 de marzo de 1983 se publicaba en el BOE la ley orgánica aprobada
por estas Cortes, por la cual las Islas Baleares se constituían en
comunidad autónoma. Hoy, quince años después, el Parlamento balear ha
aprobado la reforma de este estatuto para el siglo XXI. Esta reforma es
la que ahora sometemos a la consideración de las señoras y señores
diputados. Desde el Partido Popular de Baleares hemos hecho todos los
esfuerzos necesarios para llegar a consensos en todos aquellos temas que
hemos considerado importantes, que básicamente podrían ser tres: reforma
institucional interna, nuevas competencias para nuestra comunidad y el
hecho diferencial de las Islas Baleares; eso sí, dentro de los principios
de autonomía y solidaridad interterritorial que nuestra Constitución así
consagra.
A nadie se le escapa que nuestra situación geográfica ha influido en
nuestra cultura y en nuestra forma de vida. Los hechos diferenciales más
importantes son, sin duda, nuestra cultura, nuestro idioma, nuestro
derecho especial y la insularidad. En Baleares tenemos muy presente
nuestra integración en el Estado español, pero también estamos marcados
por nuestra separación física del continente, con todo lo que ello
conlleva, por nuestra realidad insular y, a la vez, pluriinsular con unas
lenguas y unas culturas propias de nuestra comunidad.
La reforma que hoy traemos a esta Cámara tiene dos objetivos claros. Por
un lado, adaptar nuestro estatuto a la asunción de nuevas competencias,
competencias tan importantes como la del Insalud, comercio interior,
seguros y otras. Así podemos dar cumplimiento a una vieja aspiración de
nuestra comunidad: conseguir, sin prisas pero sin pausas, mayores cotas
de autogobierno y, por otro lado, la reforma institucional interna.
Queremos potenciar la actividad parlamentaria como la expresión más
importante de nuestra democracia. Desde el PP de Baleares hemos impulsado
una reforma que contempla la ampliación del periodo parlamentario.
Pasamos de cuatro a ocho meses, lo que permitirá un mayor protagonismo y
actividad parlamentaria en nuestra comunidad. Nuestra comunidad autónoma
tiene unas peculiaridades internas muy importantes, derivadas de nuestra
situación geográfica. El hecho de ser un archipiélago supone que cada una
de las islas tengan sus propias características, necesidades e
instituciones.
En otras comunidades no tienen instituciones intermedias entre el
Gobierno autónomo y los ayuntamientos. En las Islas Baleares existen unos
consells insulares en cada isla que asumen competencias del Gobierno
balear, dentro de un proceso descentralizador. El Gobierno balear ha
transferido a los consells competencias en materia de turismo, de
patrimonio, de urbanismo, cultura o deportes, y la voluntad del Gobierno
balear es potenciar estas instituciones para que la Administración pueda
estar cada vez más cerca de los ciudadanos.
Nuestra reforma del estatuto también recoge incompatibilidades, lo que
supondrá que el presidente del Parlamento, el presidente de la Comunidad
y el senador de la comunidad autónoma serán incompatibles con los cargos
de conseller del Consell Insular. Por otra parte, hay también la
posibilidad de que los diputados autonómicos renuncien a ser miembros de
los consells insulares y viceversa.
Esta reforma no es la definitiva. Para nosotros se trata de un paso más,
de un nuevo avance. Consideramos que es la única reforma posible en estos
momentos y, sin duda, supone la consolidación de nuestro modelo
autonómico.
Finalmente, desde el esfuerzo dialogante de nuestro partido se ha
conseguido llevar adelante esta modificación junto con el Partido
Socialista. Hoy Baleares propone una modificación de nuestro estatuto de
autonomía desde el respeto más escrupuloso a nuestra Constitución. El PP
rechaza las propuestas o planteamientos que propugnan, ya sea abierta o
veladamente, la autodeterminación o la forma de vulnerar el espíritu de
nuestra Constitución.
Quiero insistir en que esta reforma votada en el Parlamento balear por el
PP y por el PSOE se hace dentro de la lealtad a nuestra Constitución, una
carta magna que reconoce el autogobierno pero con unos límites, los que
la propia Constitución así impone. En esta reforma también se da rango
estatutario a la Sindicatura de Cuentas, al Consell Consultiú y se
modifican ciertos aspectos del Sindic de Greuges. Se actualizan
determinados artículos y disposiciones que ya han perdido vigencia y se
adecuan las peculiaridades propias de la organización judicial, además de
adecuar todo lo relativo a la hacienda y patrimonio, tras la última ley
de impuestos cedidos a las comunidades autónomas .
En cuanto a la financiación, señoras y señores diputados, se recogen
aspectos que contemplan la modificación de la Ley Orgánica de
Financiación de las Comunidades Autónomas, inspirada en el principio de
corresponsabilidad fiscal entre el Estado y las autonomías. La autonomía
financiera hace posible que nuestra comunidad participe en la recaudación
y en la gestión
de sus impuestos, siempre guardando y cumpliendo con el principio de
solidaridad territorial. En todo momento durante la redacción de esta
reforma el Partido Popular ha dado prioridad a los esfuerzos para
conseguir consensos y acuerdos entre todos. Se ha cedido, se ha negociado
y, al final, hemos llegado a un acuerdo mayoritario entre los dos grupos
parlamentarios principales del Parlamento de las Islas Baleares, y más
del 74 por ciento de los diputados del Parlamento de las Islas Baleares
están de acuerdo en la reforma que hoy se tomará en consideración en este
Parlamento.
El Partido Popular de Baleares tiene muy claro que no renunciamos a
reformas venideras, que éste es un paso adelante, un nuevo avance que no
será el último, pero estamos realmente satisfechos del resultado y
esperamos con ilusión la toma en consideración que hoy se producirá en el
Congreso.
Muchas gracias, señoras y señores diputados. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señora Salom.
Por el Parlmento de las Islas Baleares, tiene la palabra el honorable
señor Jaén i Palacios.
El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS BALEARES (Jaén i Palacios):
Señor presidente, señoras y señores diputados, consumo este turno en la
tribuna para defender la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía
de las Islas Baleares. Lo hago como mandatario de la Cámara de nuestra
comunidad y desde el convencimiento de la necesidad de la reforma, de su
conveniencia y también desde el criterio de oportunidad.
Los acuerdos autonómicos en la historia de España arrancan en el año 1981
y siempre se han entendido como una prolongación del espíritu
constitucional, del consenso constitucional. Así fue en el primer acuerdo
del año 1981 y así ha sido después en los acuerdos autonómicos del año
1992, el pacto autonómico que firmaron el Partido Popular, el entonces
Gobierno socialista y el Partido Socialista. Esos traspasos que se
hicieron en el año 1992, a raíz del acuerdo, aunque fueron tardíos,
supusieron un avance competencial importante, pero ahora, señorías, se
trata de avanzar, de dar un paso más, como decía la portavoz de mi grupo
parlamentario en el Parlament de las Illes Balears. Se trata de avanzar
en el quantum de la autonomía y se hace desde la serenidad, desde la
reflexión, desde el acuerdo, pero también desde el sentimiento
autonómico.
En las Islas Baleares, desde los primeros estudios del CIS del año 1979,
el sentimiento autonómico ha ido calando. Recuerdo ese estudio que
entonces venía avalado por la firma de Jiménez Blanco, de buena memoria
para nosotros, que decía que el sentimiento autonómico en Baleares era
muy escaso; hoy día pasa todo lo contrario. Por eso, se hace desde el
sentimiento autonómico, pero también desde el respeto --como la portavoz
Salom decía antes-- a los principios constitucionales de unidad, de
autonomía y de solidaridad.
Damos un paso más. Es un paso más en el camino, en este camino que hace
quince años iniciamos y que estamos conmemorando esta semana y la
próxima. Es curioso porque las aspiraciones de los más pesimistas en
aquel entonces sobre el proceso autonómico se han visto colmadas de forma
muy holgada. Pocos, muy pocos, son los que hoy ponen en cuestión el
proceso autonómico y son muy pocos los que hoy lo discuten con argumentos
objetivos en un debate. Los últimos estudios de opinión del Centro de
Investigaciones Sociológicas ponen de manifiesto una cuestión importante:
que la autonomía ha servido para profundizar en el autogobierno y acercar
los asuntos públicos a los ciudadanos. Nadie aventuraba en aquel entonces
lo que Baleares iba a llegar a ser. Hoy día las Islas Baleares están a la
cabeza de las autonomías de régimen común, una vez que han asumido las
competencias en materia de educación.
Sobre el contenido de la reforma, la diputada anterior ya ha hecho un
detenido análisis del mismo. Se centra en dos grandes bloques, por una
parte, lo que afecta al Gobierno como institución, lo que afecta al
Parlamento y, por otra, los asuntos competenciales, a los que yo también
me referiré muy de pasada en vista del tiempo que me queda. En cuanto al
Gobierno, se elimina la prohibición expresa en su composición, limitada a
diez consejeros. En cuanto al Parlamento, se amplía el período de
sesiones y se prevé la posibilidad de renuncia a la doble condición que
actualmente ostentan los diputados que lo componen como diputados y
consejeros de los consejos insulares. Se amplía holgadamente el período
de sesiones, que se duplica, y se da rango estatutario a una serie de
organismos e instituciones que ya se han citado: Consejo Consultivo,
Sindicatura de Cuentas y Consejo Económico y Social.
Sí hay que hacer una referencia a una competencia importantísima, que
sólo por eso ya importaría la reforma. Me refiero a la competencia en
asistencia sanitaria de la Seguridad Social, por su importancia, y aunque
sólo fuere por la cantidad presupuestaria que conlleva su traspaso.
Hechos diferenciales ya se han citado. Se ha hecho referencia al hecho
insular, pero, señorías, no venimos al Congreso de los Diputados a hablar
del hecho insular con discriminación, pidiendo privilegios. No queremos
trato de favores, no pedimos privilegios ni deseamos discriminaciones.
Solamente deseamos que las Islas Baleares, como SS. SS. verán el jueves
aquí, atiendan a este hecho diferencial que sirve para paliar las
circunstancias negativas que se derivan del hecho insular.
Otras cuestiones han quedado pendientes, por el camino se han perdido.
Una de ellas es la disolución del
Parlamento, a la que el Partido Popular y su grupo parlamentario han
sabido renunciar en aras del consenso con el Grupo Parlamentario
Socialista. Hemos sido capaces de que una atribución propia de un
ejecutivo, de un presidente, cuando hay situaciones de no gobernabilidad
en una institución, se resuelva para que las urnas decidan cómo debe ser
ese Gobierno. Hemos sabido renunciar a eso en aras del consenso.
Por último, señor presidente, han pasado 15 años en ese Gobierno, en esa
autonomía. Hoy, en este momento, cuando se cumple un centenario del
asesinato de Cánovas, conviene citar una frase predilecta que él siempre
recordaba. Decía Cánovas que en política sólo hay que hacer aquello que
sea realizable. El estatuto que hoy se presenta aquí, que hoy me honro en
presentar y defender, es realizable y por eso les pido a SS. SS. el voto
favorable.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Jaén i
Palacios.
En nombre del Parlament de las Illes Balears, tiene la palabra don Joan
Francesc Triay i Llopis.
El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS BALEARES (Triay i Llopis):
Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, en las Islas
Baleares los grandes acuerdos entre el partido gobernante y los otros
partidos han sido poco frecuentes y muy escasos. Este clima de ausencia
de acuerdos políticos básicos durante los 15 años de autonomía balear, en
los que hay que enmarcar el estrepitoso fracaso del proyecto de reforma
estatutaria que en 1991 impulsó el Partido Popular contra el Partido
Socialista y que condujo a la situación insólita de no merecer ni el
apoyo de su grupo parlamentario en la toma en consideración por esta
Cámara en 1995, así como el final del victimismo reivindicativo del
Gobierno balear, coincidiendo con el acceso del Partido Popular al
Gobierno de España, ha influido sin duda en la tardanza en iniciar una
nueva reforma estatutaria. Agotadas las competencias que formaban parte
de los pactos autonómicos de 1992 y que conformaron la reforma de 1994
con la asunción del sistema educativo desde el 1 de enero pasado, con la
experiencia acumulada de 15 años sobre las disfunciones que aquejan a las
instituciones propias de las Islas Baleares, se ha impuesto la
conveniencia de afrontar entre todos una reforma del estatuto que, por
una parte, responda a una voluntad general de participar en un nuevo
impulso del Estado de las autonomías y, por otra, resuelva los problemas
peculiares de las instituciones de las Islas Baleares.
A los socialistas de las Islas Baleares esta reforma nos merece un apoyo
favorable pero crítico. No nos satisfacen cuestiones importantes como las
que afectan a los consejos insulares, pero nuestra valoración es
favorable en cuanto que avanza en contenido competencial, profundiza en
la función del Parlamento y recalca nuestros hechos diferenciales, que
han de ser protegidos y preservados por mandato constitucional.
La reforma del estatuto, que hoy los delegados del Parlamento de las
Islas Baleares presentamos y que esperamos obtenga un amplio apoyo de
esta Cámara, supondrá un indiscutible avance autonómico en todo lo que
hace referencia al Estado del bienestar en aquellas parcelas de la vida
cotidiana que más afectan al ciudadano, añadiendo la sanidad, la
asistencia sanitaria de la Seguridad Social, a las ya transferidas
competencias en educación y servicios sociales. Con la reforma habremos
dado juntos un paso decisivo en la democratización de nuestras
instituciones. El Parlamento de las Islas Baleares tendrá más capacidad
para ejercer la tarea del control del Gobierno y evitar abusos del Poder
Ejecutivo. La capacidad de acción de nuestra Asamblea legislativa aumenta
hasta los ocho meses anuales. Esto supondrá una más profunda dedicación
de los diputados y una más estricta tarea de control al Gobierno, que
hasta ahora podía confiarse durante largas temporadas, sabiendo que las
sesiones parlamentarias estaban cerradas. La democracia será más
auténtica y efectiva.
La proyección de la reforma es amplia y diversa, la nómina de mejoras es
considerable en muchos ámbitos, desde la gestión ya mencionada de los
hospitales y centros de atención primaria del Insalud, hasta la gestión
de ámbitos vitales en nuestra economía como son los puertos y los
aeropuertos. Esperamos poder convencer al Gobierno central y a las Cortes
Generales de algo tan sencillo como la importancia de los aeropuertos
para un archipiélago de economía turística.
Nuestras instituciones insulares mejorarán su financiación en paralelo
con las mejoras que obtenga el Gobierno balear, dejando así de ser los
parientes pobres de la autonomía balear. Hasta ahora el Ejecutivo
engordaba por diversas vías económicas, mientras que condenaba a los
consejos insulares a padecer una insuficiencia económica permanente. En
el mismo marco parlamentario proponemos otros avances: la terna de
candidatos al Tribunal Superior de Justicia necesitará una mayoría
cualificada del 60 por ciento de los votos, con lo cual se evitarán
espectáculos vergonzosos, como el provocado últimamente por el partido
mayoritario, que llegó incluso a hablar de sus jueces. El Consejo
Económico y Social y el Consejo Consultivo pasan a ser figuras
institucionales plenamente reconocidos en el estatuto.
Sobre la espinosa cuestión de las listas electorales separadas o únicas
de consejeros insulares y parlamentarios autonómicos, la reforma opta por
el mantenimiento de las listas únicas electorales y por la
flexibilización de su aplicación posterior. Es el resultado de un
acuerdo, un punto intermedio de posiciones, no sólo entre los dos
partidos mayoritarios sino también en el interior de cada partido; es una
fórmula flexible que trata de aproximar la necesidad del Parlamento y de
los consejos insulares de políticos dedicados a una única institución y
la extendida opinión, especialmente en las islas de Menorca y de Ibiza,
según la cual el hecho de que los consejeros insulares sean diputados del
Parlamento cohesiona nuestra comunidad. El tiempo dirá si es una
regulación estable o simplemente transitoria.
Ahora bien, no todos los planteamientos de los socialistas de las Islas
Baleares están recogidos en esta reforma estatutaria. En los aspectos
competenciales, el Partido Popular ha optado por lo general por las
expresiones más aguadas, poniendo el rasero en el nivel más bajo de las
reformas estatutarias aprobadas con anterioridad. Hay ausencias en
cuestiones intangibles pero emblemáticas, como es la definitiva y clara
asunción en nuestro estatuto del término nacionalidad para las Islas
Baleares. Defendemos la incorporación de este concepto no como un simple
cambio semántico, sino como la expresión de una voluntad colectiva que
nos empuja a avanzar hacia la consolidación de nuestra identidad como
país. Echamos en falta asimismo en la proposición de reforma del estatuto
una expresión contundente a favor de las lenguas oficiales, la castellana
y la catalana, de su uso normal y oficial, de la obligación de los
poderes públicos de asegurar su conocimiento, así como la referencia a un
horizonte de equiparación lingüística plena en cuanto a los derechos y
deberes de los ciudadanos de las Islas Baleares. Tampoco quiero dejar de
insistir en que el progreso y el fortalecimiento de las instituciones
insulares no es suficiente, que las transferencias de competencias
provenientes de la comunidad autónoma seguirán sometidas a la acción
frecuentemente amputadora de los reglamentos y decretos emanados del
Gobierno balear. No queda garantizado en la reforma que sean los consejos
los que aprueben su propia normativa. Pretendemos que en las
instituciones de las Islas Baleares la potestad reglamentaria sea
inseparable de la función ejecutiva, la ostente quien la ostente.
Tampoco es satisfactorio el sistema de financiación, aunque no sea ésta
una cuestión a tratar unilateralmente en una reforma de estatuto, sino en
el conjunto del Estado y de las comunidades autónomas. El modelo de
financiación actual, que se ha establecido en base a la participación en
el Impuesto sobre la Renta, es un sistema insuficiente, y el tiempo
confirmará sus resultados injustos y desequilibrantes. Estamos por una
financiación en base a participación en impuestos directos e indirectos,
por tanto, por la participación, en la cuantía que corresponda, en el
Impuesto sobre la renta, pero, también, y simultáneamente, por la
participación en el IVA y en los impuestos especiales. Combinando renta y
consumo la suficiencia financiera de todas las comunidades autónomas
resultaría mucho más equiparable.
Los socialistas no defendemos un modelo cerrado del Título VIII de la
Constitución. Tenemos una actitud abierta al futuro y, por tanto, no
participamos de la idea de cerrar definitivamente el modelo autonómico
mediante leyes o pactos políticos que aseguren el actual reparto de
competencias e impidan demandas o replanteamientos futuros. La
Constitución no lo prevé así. El reparto de poder territorial es una
materia dinámica, dentro de una Europa y un mundo de cambios profundos;
por tanto, la flexibilidad es una condición política. Desde esta
flexibilidad, globalmente y sin apasionamientos, esta reforma del
estatuto balear supone un paso adelante para nuestra autonomía. No es la
reforma que queríamos los socialistas, pero hemos evitado caer en la
trampa fundamentalista de o todo o nada, de ahora o nunca. Esta reforma
no cierra definitivamente ninguna puerta, deja abierta cualquier
posibilidad futura y, por ello, merece ser apoyada.
Señoras y señores diputados, no me iría satisfecho si silenciara en esta
tribuna que en las Islas Baleares existe un extendido sentimiento de
frustración respecto a la autonomía; un sentimiento de decepción cuya
responsabilidad sólo un análisis superficial puede atribuir al Estatuto
de 1983 o hacerla recaer sobre la reforma que hoy presentamos. La
realidad autonómica balear ha superado ampliamente las previsiones de los
padres del estatuto en todos los sentidos. Los pactos autonómicos de 1992
supusieron una ampliación competencial sustancial. La reforma que hoy
proponemos es, sin duda, un gran paso adelante. La frustración, la
decepción, es debida a la política practicada por los gobiernos
conservadores, a la mala gestión de las competencias disponibles, a la
concentración del poder autonómico en el Gobierno balear, en contra de la
letra y del espíritu descentralizadores del Estatuto de 1983; a los
abusos y escándalos que han trascendido del ámbito balear y que son
conocidos en toda España.
En paralelo a la reforma del estatuto, es necesario un nuevo impulso
autonómico en las Islas Baleares. Esta nueva voluntad ha de expresarse
con un incremento de la descentralización, con una aplicación de las
leyes institucionales aprobadas por el Parlamento de las Islas Baleares,
como la de la Sindicatura de Cuentas de 1987 o la del Síndico de Agravios
de 1993, con un escrupuloso cumplimiento por parte del Gobierno balear de
las propias leyes de la comunidad, con una rigurosa exigencia moral en
todas las decisiones.
En resumen, la presente reforma tiende a la equiparación de los niveles
de autogobierno con las demás comunidades autónomas; aspira, por tanto, a
un igualitarismo competencial, a un horizonte federal en el que las
comunidades miembros tengan un régimen de autogobierno similar pero en el
que, simultáneamente, se reconozcan los hechos diferenciales de cada
comunidad. Las Islas Baleares poseen, fundamentalmente, dos hechos
diferenciales claros: el hecho diferencial lingüístico y el hecho
geográfico insular, de importantes consecuencias sobre la economía y la
sociedad, y
ambos, aunque insuficientemente, quedan incorporados a la reforma que se
propone.
Quisiera, por último, reconocer la labor de los restantes grupos de la
oposición en el parlamento balear y agradecerles su participación en la
mejora de esta proposición. Tampoco para ellos el voto negativo ha sido
una decisión fácil, tampoco es la reforma que ellos habrían hecho, es
cierto, pero no lo es menos que ésta nos proyecta hacia una nueva etapa
de más autogobierno, de profundización democrática y de mayor equilibrio
institucional, que son, sin ningún género de dudas, metas compartidas por
todos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Triay
Llopis.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Sean mis primeras palabras de salutación cordial y bienvenida en nombre
de mi grupo parlamentario de Coalición Canaria a los tres honorables, la
señora y los dos señores, representantes del Parlamento Autónomo de las
Islas Baleares. En segundo lugar, quiero adelantarles que nuestro voto va
a ser favorable. Cuenten ustedes con nuestro apoyo en todos los órdenes
legales de legitimidad democrática para este proyecto de reforma del
Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares. Y lo digo, como es
tradicional en nuestra agrupación parlamentaria, para mantenernos en una
línea de congruencia con lo que se adapta a los mandatos
constitucionales, al marco de nuestra Ley fundamental y a la voluntad
soberana expresada por el órgano proponente, por el Parlamento de las
Islas Baleares. Digo esto desde un doble sentido de afecto y de
identificación, desde un grupo parlamentario de esa España archipielágica
de nuestras islas Canarias, para que tengamos también esta sintonía con
hechos en los que somos coincidentes.
Por los señores representantes del Parlamento balear se han recordado
unos hechos diferenciales y que no tratan de ser ni privilegio ni una
diferenciación con el resto de las comunidades autónomas de la Península,
como decimos, de insulares a insulares, es decir, el hecho insular.
Canarias se ha sentido cómoda en el propio estatuto de autonomía, emanado
de nuestra propia Constitución por el reconocimiento del hecho insular,
pero nunca lo hemos traído ni como un agravio comparativo ni como un
privilegio. Coincidimos plenamente; es una situación, porque la geografía
nos ha situado donde estamos como parte de la España archipielágica. Pero
esto comporta una serie de principios de solidaridad compartida y
correlativa con las comunidades autónomas cuando demandamos por nuestras
estructuras comerciales, económicas y sociales una especial atención en
el tema de las infraestructuras. No en vano nuestras dos comunidades,
junto al hecho insular, comparten también que la generación de su
producto interior bruto está fundamentado en el turismo, y éste turismo
procede de la Unión Europa fundamentalmente. La agresión a nuestro medio
ambiente, a la contaminación de nuestros recursos naturales, al uso de
los mismos obliga también a un principio de solidaridad dentro del Estado
español, para que se vea reflejado en estatutos de autonomía, en leyes
correspondientes y en presupuestos. El hecho insular del turismo, en la
dependencia que tenemos de nuestro producto interior bruto, hace que la
representación democrática deba de tener este grado de responsabilidad.
No se me oculta, y lo hemos podido observar en las diferentes
intervenciones de la señora y de los señores diputados, honorables
representantes del Parlamento de Baleares, que articular y vertebrar una
sociedad archipielágica es difícil. Esos mismos problemas los tenemos en
Canarias donde, a veces, dentro de las mismas estructuras políticas de
partido se observan diferencias por el mero hecho insular. Nosotros
tenemos los cabildos insulares y ustedes tienen los consejos insulares.
El mismo hecho de estar en un consejo insular o en otro es diferencial
muchas veces dentro del propio archipiélago, ya que parece que se piensa
de distinta manera cuando se está en una isla o en otra. Este es un
fenómeno natural, y hemos de tener la inteligencia y el marco democrático
para saber asumirlo con unas políticas de consenso, de inteligencia y de
entendimiento racional. Ese es otro de los retos que tenemos en los
territorios insulares fragmentados por el hecho geográfico. En esta línea
van también nuestros apoyos, para que ustedes puedan obtener experiencia
en las nuevas instituciones, sobre todo cuando tienen la Ley Orgánica de
1983, después de quince años, como se ha recordado. Se trata con esta
nueva reforma, que supera las de 1994 y 1996, de consolidar lo que la
demanda democrática del pueblo de las Islas Baleares, a través de sus
representantes legítimos en el parlamento insular, había deseado y desea
permanentemente: consolidar y perfeccionar. En esa línea de apoyo irá
también nuestro voto en el mejor sentido político de entendimiento de
este principio de solidaridad que consagra nuestra Constitución. Sean
cuales sean los hechos diferenciales, a fin de cuentas, estamos en la
misma sintonía, que nos une, de ser todos ciudadanos del Reino de España.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor
Mardones.
Por el Grupo Vasco (PNV) tiene la palabra la señora Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor presidente.
Yo también quiero saludar a las autoridades y miembros de la Cámara
legislativa del Parlamento de las Illes Balears presentes en esta Cámara.
Quiero manifestarles, en primer lugar, la sana envidia, a la vez que les
doy la enhorabuena, por tener consagrada su denominación en la lengua
propia oficial distinta del castellano, lo que no ha sido posible, por el
criterio de los dos grupos mayoritarios de esta Cámara, en relación con
los territorios históricos que componen la Comunidad Autónoma del País
Vasco. A este importante aspecto, al reconocimiento de la denominación
oficial en catalán, se consagra el artículo 1 de la modificación, por la
que les doy expresamente la enhorabuena.
Si examinamos los textos de los estatutos que van llegando a la Cámara se
observa que la pretensión de uniformidad es vana. Se podrá intentar
igualar los techos competenciales, pero las singularidades asoman a poco
que se examine uno a uno. Así, el artículo 3 del texto que ahora
debatimos consagra la oficialidad de la lengua catalana en Baleares, pero
a la vez su disposición adicional segunda, respecto a las cuestiones de
consulta o duda en cuanto a la lengua, no lo vincula a una academia, como
suele ser tradicional, sino que lo limita a la comunidad universitaria;
es decir, es en la universidad de las Islas Baleares a la que se
considera última instancia consultiva en materia de idioma.
Igualmente, su artículo 6 contiene una previsión respecto a los
extranjeros que sean residentes en las islas, previsión que sería
ridícula o resultaría inútil respecto de otras comunidades autónomas.
Igualmente es curiosa la previsión que se establece respecto de mayorías
reforzadas para determinados textos legislativos. Creemos que es un
aspecto muy útil y que da estabilidad al sistema, pero es que además se
refuerza pidiendo que los diputados que hayan votado a favor de la
iniciativa pertenezcan, cuando menos,a dos islas, lo cual es reconocer el
carácter complejo de la autonomía insular.
Igualmente no puedo dejar de señalar, como curiosa que soy del Derecho
constitucional y estatutario, la redacción que se ha dado al artículo 16
del estatuto en el apartado 11 de la iniciativa que se somete hoy a la
Cámara. Me parece un precepto curiosísimo; no sé si pretende la reforma
del artículo 149.3 de la Constitución cuando prevé que todo lo no
reservado al Estado es posible asumirlo por los estatutos; si da por no
vigente el artículo 148.2 de la propia Constitución; si pretende
modificar el artículo 150, en su apartado 1 ó 2, aunque yo entiendo que
este precepto se está refiriendo a competencias extra estatutarias. De
salir de la Cámara tal y como está redactado habremos dado trabajo a los
tratadistas de Derecho constitucional, porque, repito, me parece una
previsión que se sale de lo que hasta ahora se establecía respecto de las
modificaciones de los estatutos.
En todo caso, y sin extenderme más sobre las peculiaridades que me parece
que tiene el texto que hoy se nos presenta, quiero indicar que el Grupo
Vasco votará a favor de la toma en consideración de esta iniciativa y la
impulsará en todos sus trámites sin presentarle enmiendas; eso sí, en las
presentadas por otros grupos nos posicionaremos a favor de aquellas que
nos parezcan que van a favor de las mayores cotas de autogobierno.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra
la señora Gil i Miró.
La señora GIL I MIRO: Gracias, señor presidente.
Estimada diputada y estimados diputados de las Illes Balears, es con
afecto que en nombre del Grup Català os doy la bienvenida a esta Cámara.
Deseamos que esta propuesta de hoy de reforma del estatuto logre, en el
momento de su aprobación en esta Cámara, el consenso de todas las fuerzas
políticas de las illes y el consenso de todas las gentes de las illes.
Deseamos también que esta propuesta de reforma signifique para las illes
un avance sólido de su autogobierno y, a la vez, también un avance
significativo de su, ya hoy, excelente desarrollo económico, social y
cultural, y que, además, logre también para las illes el lugar preferente
que sin duda merece en la nueva Europa de las regiones.
La señora diputada ha dicho que las illes están separadas de la
Península. Estimada diputada, puede ser físicamente, pero yo os aseguro
que --y deseo que no lo creáis así, porque estáis para siempre unidas a
mi país, Cataluña, por una historia común y por una lengua compartida--
vuestras illes y vuestras gentes la hacen, si cabe, más rica y más
hermosa. Por ello, nosotros os damos las gracias, por vuestra fidelidad
inquebrantable en la conservación de un patrimonio común único.
Sigueu, doncs, benvinguda i benvinguts. La nostra enhorabona i el nostre
afecte per sempre.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señora Gil i
Miró.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra
la señora Urán.
Cuando quiera, señora Urán.
La señora URAN GONZALEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, voy a fijar la posición del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida con respecto a la proposición de ley que viene del
Parlamento balear.
Con todos los respetos de nuestro grupo parlamentario a los trabajos del
Parlamento balear, a sus posiciones y a la proposición que han traído a
esta Cámara, nuestro grupo parlamentario se va a abstener en la toma en
consideración por razones fundamentales, por razones que son totalmente
respaldadas por nuestro grupo parlamentario en el Parlamento balear. El
reproche hay que hacerlo a esa Cámara por que no hayan sido capaces, ya
que se hablaba de consenso y de no discriminación, de llegar realmente a
un consenso y que esta ley venga solamente respaldada por tres grupos de
esa Cámara y no por la totalidad, señal de que no han sido tales el
consenso y el diálogo. Todo el mundo está dispuesto a rebajar las
posiciones cuando se negocia y, desde luego, nuestro grupo parlamentario
también.
Señorías, ustedes han decidido adoptar un acuerdo que es totalmente
escaso según nuestro criterio en la ampliación de las competencias que
una comunidad autónoma, como la Comunidad Autónoma de les Illes Balears
se merece. Es, una vez más, la pérdida de la oportunidad para profundizar
en la reforma y en la consecución de mayores cotas de autogobierno para
las Illes Balears.
Señorías, esta reforma se ha basado fundamentalmente en el techo
competencial de la gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad
Social; el resto es prácticamente un tímido avance. No vamos a negar que
es un avance, pero tan tímido que queda reducido a poca cosa. Se ha
perdido esta oportunidad de la misma manera que se perdió en 1994 y
cuando ustedes renunciaron a que la reforma del Estatuto de Autonomía de
1991 fuera realmente defendida en estas Cortes por los grupos
parlamentarios que en aquel momento estaban representados en el Parlament
balear. Por tanto, señoría, han renunciado desde el Parlamento balear,
desde determinados grupos que configuran la mayoría en el Parlamento
balear, a alcanzar unas verdaderas cotas de autogobierno, que, por otro
lado, sí tienen otras comunidades autónomas de la misma vía que la de
ustedes, la del 143, y nuestro grupo no entiende por qué se renuncia a
ellas.
Señorías, esta reforma ha renunciado, una vez más, a profundizar
realmente en la modificación de la organización institucional de las
Illes Balears. Han creado ustedes una ampliación del período de sesiones
del Parlamento balear pero se han negado ustedes a que tenga
posibilidades de disolución de la cámara; por tanto, si la cámara se
hubiera podido disolver, las listas hubieran necesitado ser separadas
para la elección de los consejos insulares, entre otras cosas, señorías,
porque no tienen necesariamente que entrar en crisis todas las
instituciones de las Illes Balears a la hora de poder funcionar de una
manera normalizada. Han renunciado ustedes a esta profundización por
intereses partidarios, no por intereses de los ciudadanos y ciudadanas de
las Illes Balears.
Desde luego, señorías, no es esto lo que profundiza en el autogobierno ni
en la mejora en la gestión y en acercar las instituciones a los
ciudadanos y a las ciudadanas. No es realidad el que se hayan dado
mayores cotas de competencias a los consejos insulares; lo dejan ustedes
a una voluntad política. Los consejos insulares deben de ser los grandes
gestores, los que tengan las competencias dentro de cada una de las
islas, y ustedes lo dejan a una voluntad que no sabremos en qué momento
va a llegar.
Desde luego no nos parece justo hablar de que es la reforma posible en
estos momentos. Las reformas han de acometerse con voluntad manifiesta;
otra cosa será cómo llegan después las transferencias, y se pueden
acompasar a las necesidades de las comunidades autónomas, en concreto a
la necesidad de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears de una manera
más rápida o más lenta, pero, señorías, renunciar a ello nos parece
totalmente desastroso.
Por esas razones, y porque todavía nos queda la esperanza de que seamos
capaces de trabajar en esta Cámara por aumentar el nivel competencial
dentro de esta reforma, es por lo que este grupo parlamentario se va a
abstener, pero dejando claro a la Cámara que, si del debate que se
produzca en la misma no se ve reflejada una mayor ampliación del techo
competencial, nuestro voto en la votación definitiva de esta proposición
de ley no va a ser favorable, sino que será en contra. Con eso, estarán
ustedes incidiendo en la separación, en la falta de consenso, de diálogo
en temas tan importantes como los niveles competenciales de las
comunidades autónomas.
Señorías, el Grupo Parlamentari Federal de Izquierda Unida els dona les
gracies per la seva intervenciò y, desde luego, espera que d'el debat que
tingam a esta Cámara sigam capaçes de aplegar a un acord molt mes ample y
que siga el reflexe de tota la Cámara, no a soles de una part, perque la
reste dels parlamentaris balears també representen al poble de les Illes
Balears.
Moltes gracies.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señora Urán.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Riera
Madurell.
La señora RIERA MADURELL: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, yo quisiera iniciar también mi intervención con una palabras de
saludo y de bienvenida a las autoridades de la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares que hoy nos acompañan, a los dos portavoces del Grupo
Popular y al del Grupo Socialista que han subido a esta tribuna para
apoyar la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes
Balears que hoy se somete a consideración de esta Cámara y que va a
contar con el apoyo del Grupo Socialista.
Nuestro apoyo se va a producir, como no puede ser de otra manera, en la
misma línea que han mantenido durante la fase de gestación y de
nacimiento de la propuesta los diputados y diputadas del Grupo Socialista
en el Parlamento autonómico, es decir, según los mismos razonamientos
políticos que explican el apoyo crítico que tanto allí como aquí los
socialistas consideramos necesario manifestar.
Con nuestro apoyo a esta reforma, queremos indicar dos aspectos
relevantes de nuestra actitud frente a los temas de Estado y, en
particular, de nuestra actitud frente a la configuración del Estado
autonómico. Por un lado, queremos poner de relieve la importancia que
damos al consenso y nuestra disposición para que él sea posible en la
práctica; disposición que ya demostramos con ocasión de los pactos
autonómicos de 1992, que representaron en su momento un apreciable paso
adelante para que las comunidades autónomas y, por tanto, también las
Islas Baleares tuvieran ante sí horizontes autonómicos cada vez más
amplios y más satisfactorios.
En segundo lugar, con nuestro apoyo los socialistas queremos manifestar
nuestra voluntad política de avanzar en la consolidación de la plena
autonomía para las Islas Baleares, aunque sea a base de pasos pequeños,
aunque sea a base de pasos posibilistas. Porque, señorías --y esto hay
que decirlo--, estamos frente a una reforma muy suave del Estatuto de
Autonomía de les Illes Balears, una reforma muy minorada, una reforma que
no es todo lo amplia y ambiciosa que hubiésemos deseamos los socialistas
--ciertamente, señor Triay, ésta no es la reforma que queremos los
socialistas--, pero que representa un paso adelante. Los socialistas, tal
como dijimos en el Parlamento autonómico, queremos mirar esta propuesta
desde una perspectiva positiva, superando el discurso de la frustración,
superando la tentación de victimismo, superando la tentación de agravio
comparativo, aunque haya motivos más que suficientes para todo ello.
Señorías, en las Islas Baleares, tal como ya se ha dicho desde esta
tribuna, existe una cierta decepción, existe una cierta frustración en
relación con esta reforma de su estatuto de autonomía. Existe frustración
porque, como se ha explicado también, en 1991 el Partido Popular apoyó
una reforma de estatuto que hoy no mantiene y esto, ciertamente, produce
un sentimiento de frustración; porque muchas enmiendas apoyadas por el
Grupo Socialista en el Parlamento autonómico, y que no prosperaron, no
eran más que la reivindicación de cuestiones que el Grupo Popular había
aprobado en 1991, y retroceder, ciertamente, siempre produce frustración.
Señorías, en el breve tiempo de que dispongo quisiera resaltar únicamente
tres o cuatro rasgos importantes de esta reforma estatutaria. En primer
lugar, el reconocimiento de la lengua y de la insularidad como elementos
característicos esenciales y diferenciales de la comunidad autónoma. En
segundo lugar, la importancia que tiene la ampliación del marco
competencial que es, en definitiva, el contenido real de la autonomía. En
este sentido, merecen especial relevancia las competencias en materia de
sanidad; ciertamente, con las competencias en sanidad, en educación, en
servicios sociales, en medio ambiente o en vivienda, nuestra autonomía
puede jugar ya un papel importante en el desarrollo efectivo del Estado
social que nuestra Constitución prevé. A partir de ahora, los poderes
públicos, el Gobierno de la comunidad autónoma, no podrán ampararse en
excusas competenciales para rehuir sus obligaciones con los ciudadanos y
ciudadanas de las islas. Es cierto que no basta tener atribuidas las
competencias, hay que querer hacer uso de ellas. Y si he hablado antes de
frustración, es también porque el Gobierno de la comunidad autónoma tiene
competencias exclusivas que no ha ejercido, que no ha desarrollado, lo
que ha generado decepción y pérdida de confianza.
El tercer aspecto al que quería referirme es el de la reforma de las
instituciones autonómicas, reforma que nos parece también incompleta e
insuficiente. Es cierto que la reforma refuerza el papel del Parlamento,
que va a disponer de más medios y de más dedicación a las funciones
legislativas y de control; también es cierto que el Consejo Económico y
Social y el Consejo Consultivo pasan a ser figuras institucionales
plenamente reconocidas. Pero, en cambio, els consells insulars quedan
prácticamente como estaban, lo cual significa que la arquitectura
institucional de la Comunidad seguirá manteniendo déficit que podrían
haberse solventado sin demasiadas dificultades.
Para terminar, señorías, no puedo dejar de decir que no existe unanimidad
en las Islas Baleares sobre esta reforma, porque hay grupos políticos con
representación parlamentaria en el Parlament de las Illes Balears que no
comparten el contenido de esta propuesta porque consideran que esta
reforma se queda corta y no están de acuerdo con el modelo de
financiación propuesto, del que dicen que no corresponde al de una
verdadera autonomía. Y por mucho que no coincidamos con ellos en la
conclusión final, es evidente que sí compartimos algunas de sus premisas
y de sus críticas.
Quisiera dedicar unos segundos a afirmar que estos grupos han hecho un
meritorio trabajo en defensa de los intereses de los ciudadanos y
ciudadanas de las Islas Baleares, pero que sus críticas, señora Urán, no
tenían la más mínima posibilidad de prosperar, porque habrían chocado de
frente con la coalición mayoritaria de este Congreso de los Diputados;
una mayoría que se ha construido sobre la base de unos acuerdos en
política autonómica, acuerdos que afectan directamente al sistema de
financiación de las autonomías y, por consiguiente, los acuerdos del
Partido Popular para conseguir el Gobierno tienen, lógicamente, sus
consecuencias sobre esta proposición de reforma estatutaria.
Pero no nos corresponde a los socialistas explicar el alcance de estas
consecuencias. Nosotros únicamente queremos reiterar una vez más nuestro
profundo desacuerdo con el actual modelo de financiación, por considerar
que es inestable y ligado a la coyuntura política, en el que la falta de
consenso tiene como efecto dejar en precario todo el proceso autonómico.
Y quiero también reiterar en este caso concreto nuestro ofrecimiento
general de consenso para el desarrollo de la política autonómica.
Señorías, el Grupo Socialista lamenta que el texto de reforma del
Estatuto de Autonomía de las Illes Balears que ha sido remitido a esta
Cámara no lleve el sello de la unanimidad. Nosotros somos conscientes de
que este hecho puede dificultar la tramitación como ley orgánica, pero
debo decir que deseamos que el trámite sea lo más rápido posible y
también que nuestro grupo se opondrá rotundamente a cualquier cambio a la
baja que se pudiera producir en el texto.
Es el deber de esta Cámara estudiarlo con atención, porque nadie debe
instalarse en la comodidad de dar por terminado el esfuerzo; nadie debe
renunciar a perfeccionar el texto inicialmente propuesto, porque, en
definitiva, señorías, nadie debe desentenderse de la tarea legislativa de
lograr para las Islas Baleares una mayor autonomía.
En democracia el debate y el desacuerdo son consustanciales con la
defensa de posiciones políticas diversas, pero hay cuestiones en que los
ciudadanos y ciudadanas que nos eligen, que depositan su confianza en
nosotros, prefieren que lleguemos a acuerdos y desean más el consenso que
el desacuerdo.
Esta reforma, señorías, no es fruto de un acuerdo político, sino de
acuerdos unilaterales. Lo que el Grupo Popular ha querido pactar se ha
pactado y lo que no ha querido, no se ha podido pactar. Y ha sido el
Grupo Socialista desde la responsabilidad, desde la generosidad y desde
la negociación permanente el que ha hecho posible el texto que hoy
tomamos en consideración. Señorías, el gran debate, el gran acuerdo
político está todavía pendiente y deberemos resolverlo en un futuro. El
gran acuerdo político pendiente es el de consolidar una interpretación
más adecuada del Título VIII de la Constitución, que permita avanzar en
la concepción federalista del Estado que la Constitución ofrece. Avanzar
en esta dirección, como proponemos los socialistas, es garantizar desde
la diversidad la convivencia política. Por tanto, señorías, la posición
del Grupo Socialista va a ser de respeto y de apoyo; de apoyo a la plena
consolidación de la autonomía de las Illes Balears y de respeto a todos
los ciudadanos y ciudadanas de las islas que han hablado a través de su
Parlamento autonómico. Por esto, a pesar de que no es el estatuto que nos
hubiera gustado aprobar, sí que significa un paso más en el camino hacia
la autonomía plena emprendido desde 1983 por la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears. Por esta razón y por lo mucho que representa en relación a
lo que no fue posible durante la Segunda República, quiero recordar hoy
aquí el nombre de dos mallorquines socialistas históricos, Alexandre
Jaume y Andreu Crespí, que lucharon toda su vida por el socialismo y por
la autonomía y que hoy, estén donde estén, estarán satisfechos con los
pasos que se han dado para hacer realidad los que fueron sus ideales.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señora Riera.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Cava de
Llano.
La señora CAVA DE LLANO Y CARRIO: Señor presidente, señoras y señores
diputados, sean mis primeras palabras de cariñosa acogida y bienvenida al
presidente y a la Mesa del Parlament de las Illes Balears, así como a los
senadores de aquellas islas que nos acompañan y a nuestros queridos
compañeros señora Salom, señor Jaén y señor Triay. Con prácticamente
todos ellos tuve la satisfacción de compartir tareas en el Parlamento de
las Islas Baleares y guardo de todos ellos un gratísimo recuerdo.
Hoy tengo la satisfacción de representar a mi grupo, el Grupo
Parlamentario Popular, en este debate de toma en consideración de la
proposición de ley de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes
Balears, reforma que conllevará a buen seguro el enriquecimiento de
nuestra personalidad propia no sólo dentro del Estado español sino
también, como decía la portavoz de Convergència i Unió, en el ámbito de
las instituciones europeas, donde las comunidades y regiones están
llamadas a tener cada vez más protagonismo.
Señorías, como todos ustedes saben, la Constitución española de 1978
diseñó un nuevo modelo de distribución territorial del poder pasando del
centralismo importado del derecho francés a un sistema de
descentralización en el que se reconoce la autonomía a entes públicos
territoriales diferentes de la Administración estatal. Se trataba por
aquel entonces de establecer un marco jurídico que realizase una
descentralización que fuera generalizable a las regiones que deseaban
ejercer una vocación autonomista en razón de su historia o en razón de
las ventajas del autogobierno, todo ello, claro está, sin poner en
cuestión el dato de la unidad del Estado y la homogeneidad de la nación
española. Por eso, el artículo 137 de la Constitución vertebra el poder
regulando la organización territorial del Estado y considerando un Estado
de las autonomías. Esta atribución y reconocimiento de autonomía de las
comunidades autónomas conlleva una doble vertiente: por una parte, la
facultad de autonormación, es decir, la posibilidad de dictar normas para
sí mismas; por otra, la facultad de autoorganización que representa la
posibilidad de dotarse de una estructura organizativa
tanto política como administrativa para el ejercicio de sus poderes.
Señorías, hoy estamos aquí para debatir la reforma del Estatuto de
Autonomía de las Illes Balears, un estatuto de autonomía que según el
artículo 147 de la Constitución constituye la norma institucional básica
de nuestra comunidad y que es reconocido y amparado como parte integrante
del ordenamiento jurídico del Estado. El procedimiento de reforma, como
todos ustedes saben, se estructura en dos fases, la primera, la
aprobación comunitaria o interna, que se efectuó en el Parlamento balear
el 24 de marzo de este mismo año, y la segunda, la aprobación estatal o
externa en las Cortes Generales mediante ley que tiene por objeto
articular normativamente la incorporación de la reforma al ordenamiento
jurídico. Esa dualidad de intervención, señorías, significa, pues, que la
reforma estatutaria requiere necesariamente la integración estatal de la
voluntad comunitaria.
Señorías, quince años después de la vigencia del Estatuto de Autonomía de
las Illes Balears, aprobado por ley orgánica en el año 1983, modificado
también por ley orgánica en el año 1994 y complementado por ley orgánica
en el año 1996, se ha considerado, pues, como digo, conveniente después
de quince años que las Illes Balears consigan un nivel más alto de
autogobierno ampliando el techo competencial de nuestra comunidad
autónoma. Parafraseando a Carl Schmitt, puede decirse que una sinfonía
puede interpretarse de una manera o de otra, pero la sinfonía siempre es
la misma. Del mismo modo que la unidad y ordenación de la sinfonía
residen en la partitura, la unidad y ordenación de nuestra comunidad
autónoma residen en el estatuto, que podrá ser interpretado, pero nunca
violentado si no queremos violentar la misma naturaleza de la autonomía;
de ahí su enorme importancia.
Tengo que decir, como han hecho otros compañeros que me han precedido en
el uso de la palabra, que esta reforma ha conseguido el 80 por ciento del
consenso de la representación parlamentaria balear; por desgracia, tanto
Izquierda Unida como partidos nacionalistas votaron en contra. Yo quiero
decir a la portavoz de Izquierda Unida que está aquí defendiendo algo que
han negado sus compañeros de grupo en la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears. Ha hecho mención a que se debía dotar al presidente de la
comunidad de facultades suficientes para disolver la Cámara. Sin embargo,
sepa, señora Urán, que sus compañeros en Baleares han defendido
absolutamente lo contrario. De todas formas, aquí no hemos venido a
divergir, sino a converger, por lo que tampoco voy a entrar a contestar
ni a rebatir expresiones efectuadas por otro portavoz del grupo
parlamentario mayoritario de la oposición en Baleares, por la sencilla
razón de que entiendo que en el día de hoy esta tribuna no está destinada
a efectuar mítines, sino a defender una reforma estatutaria. Como digo,
hay quien ha considerado insuficiente la reforma y de ahí su voto
contrario; lamento que eso sea así porque entiendo que nuestro Estado
autonómico, como forma política, debe caracterizarse por la cultura de la
transacción y la negociación y no por la adopción de posturas que no
hacen sino cerrar puertas al avance de nuestra autonomía.
Es justo, y quiero señalarlo, que en los dos años de Gobierno del Partido
Popular se han producido importantes transferencias a las Illes Balears,
tales como, en el año 1996, universidades, juventud, Inserso, sociedades
agrarias, legislación laboral, cooperativas, gabinetes técnicos
provinciales del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
enseñanza náutica deportiva y subacuática deportiva y fundaciones; en el
año 1997, cámaras de propiedad urbana, y en el año 1998, educación. Esto
denota, señorías, la voluntad del Gobierno de la nación de ir
complementando el proceso. Por todo ello, nosotros, desde mi grupo
parlamentario, no vamos a entrar, como ha dicho la representante del
Grupo Parlamentario Socialista, en el juego del victimismo ni del agravio
comparativo, sino que vamos a ir avanzando en el autogobierno y ampliando
el marco de nuestra convivencia democrática sin mirar si otras
comunidades han conseguido más o menos que la nuestra. Nosotros tenemos
claro que vamos a seguir avanzando. También está claro que queremos más
autonomía, más competencias y más capacidad y lo vamos a conseguir,
señorías, pero mirando al frente y no a los lados.
A nuestro juicio, la reforma que hoy debatimos significa una modificación
sustancial y necesaria del Estatuto de Autonomía de las Illes Baleares,
afectando a los aspectos institucionales, competenciales y al régimen
jurídico del propio estatuto. Se ha dicho, sobre todo por la
representante del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que las
reformas no tienen entidad alguna. Yo creo que se equivoca. Claro que
todos queríamos más, pero son suficientes como para considerarlas
sustanciales, y creo que lo que voy a decir corrobora mis palabras. Se
amplían de manera considerable las competencias que se reconocen como
exclusivas a la comunidad autónoma, incorporando a este apartado
competencias que en la actualidad se ejercen a título de desarrollo y
ejecución básica del Estado. Me estoy refiriendo a centros de
contratación y terminales de carga en materia de transportes, cajas de
ahorro e instituciones de crédito cooperativo público o territorial,
defensa de los consumidores y usuarios y denominaciones de origen en
colaboración con el Estado. Al margen de esta elevación del rango
competencial, en el estatuto se introducen diversas competencias
exclusivas completamente nuevas: puertos, aeropuertos y helipuertos no
calificados de interés general por el Estado, tratamiento especial de
zonas de montaña, centros de contratación de mercancías y valores e
investigación científica y técnica en colaboración con el Estado. En el
apartado relativo al desarrollo legislativo y ejecución
de la legislación básica del Estado también se introducen competencias en
materia de régimen local, ordenación farmacéutica y consultas populares.
En el apartado relativo a la ejecución de la legislación estatal, recibe
nuevas incorporaciones basadas en la gestión de la asistencia sanitaria
de la Seguridad Social, crédito, banca y seguros; participación en las
actividades del sector público estatal, y puertos y aeropuertos de
interés general, cuando el Estado no se reserve su gestión. Asimismo, se
extiende al Instituto Social de la Marina la competencia en materia de
gestión del Inserso.
Desde el punto de vista institucional, se incrementa el período de
sesiones del Parlamento balear, se crea la Sindicatura de Greuges,
institución análoga a la del Defensor del Pueblo, que en el actual
artículo 29 de nuestro estatuto aparece como una mera posibilidad, y se
otorga rango estatutario al Consejo Consultivo, integrado por juristas de
reconocido prestigio, así como a la Sindicatura de Comptes, análoga al
Tribunal de Cuentas. Desaparece el número máximo de diez miembros del
Gobierno autónomo. Se amplía la tipología de cargos incompatibles con el
de consejero insular. Se acuerda que la comunidad autónoma nombrará, de
acuerdo con las leyes del Estado, a los notarios, registradores de la
propiedad y mercantiles y a los corredores de Comercio, y un sinfín de
cosas más con las que no quiero cansar a sus señorías. (Rumores.)
Hay en esta reforma una novedad que sí quiero mencionar, porque una de
las notas que más caracteriza a nuestro estatuto y que no se da en
ninguna otra comunidad autónoma, ni siquiera en la comunidad insular,
para nosotros hermana, de las islas Canarias, es la de la identidad
personal entre los miembros de los consejos insulares y los diputados
integrantes del Parlamento balear. Esta fórmula, señorías, que ha venido
funcionando desde 1983, presenta ahora grandes inconvenientes; por un
lado, un enorme trabajo por la doble presencia de estos representantes en
dos instituciones distintas ... (Continúan los rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señorías, por favor,
guarden silencio.
Vaya terminando, señora Cava de Llano, por favor.
La señora CAVA DE LLANO Y CARRIO: ...y, por otro, durante los períodos de
sesiones, al estar en Palma la sede del Parlamento, quedan desatendidos
los asuntos. Ante esta situación, la reforma establece en su articulado
que los diputados podrán renunciar a ser miembros del Consejo Insular
respectivo sin perder la condición de diputado y, asimismo, los
consejeros insulares podrán renunciar a la condición de diputado sin
perder la condición de consejero.
Mención especial merece el contenido de la disposición adicional cuarta,
que se refiere a nuestra querida Formentera, la benjamina de nuestro
archipiélago. Esta disposición contempla que el Consejo Insular de Ibiza
y Formentera podrá dar al ayuntamiento de esta última participación en la
gestión de las competencias que se le hayan atribuido por ley del
Parlamento. (Continúan los rumores.)
He dejado para lo último la adición.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señorías, por favor,
respeten a la oradora.
La señora CAVA DE LLANO Y CARRIO: He dejado para lo último la adición del
punto quinto del artículo 58, por el que se establece que una ley de las
Cortes Generales regulará el reconocimiento específico del hecho
referencial de la insularidad como garantía de la solidaridad y del
equilibrio interterritorial. Me cabe hoy la enorme satisfacción de
comunicar a la Cámara, a los redactores de la reforma del estatuto y al
pueblo balear que pasado mañana, jueves, 21 de mayo, se aprobará en el
Pleno de esta Cámara dicha ley. Esta será, pues, una semana trascendental
para el pueblo de las Illes Balears, que va a ver no sólo la aprobación
de la toma en consideración en el Congreso de los Diputados de la reforma
del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, sino que también va a ver
reconocida su insularidad como garantía de la solidaridad y del
equilibrio territorial.
Acabo, señor presidente, manifestando que la reforma cuya toma en
consideración hoy debatimos no debe ser tomada como punto final de las
aspiraciones de autogobierno de los pueblos de Mallorca, Menorca, Ibiza y
Formentera, sino como un punto y seguido que permita continuar trabajando
en adelante para llegar a alcanzar la cuota de participación política que
en razón de nuestra historia nos corresponde.
Muchas gracias por su atención. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señora Cava de
Llano.
Vamos a proceder a la votación de la propuesta de reforma del Estatuto de
Autonomía de las Illes Balears. (El señor vicepresidente,
Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, se somete
a votación dicha propuesta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a
favor, 280; abstenciones, 13.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda aprobada la
propuesta de reforma.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE MEDIDAS
PRIORITARIAS PARA LA REGULARIZACION DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO Y
FINANCIACION DE LAS UNIVERSIDADES. (Número de expediente 122/000151)
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE MEDIDAS URGENTES PARA LA
REGULARIZACION DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO. (Número de expediente
122/000153)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Punto II del orden
del día: Toma en consideración de proposiciones de ley.
Por acuerdo de la Junta de Portavoces de esta mañana, serán debatidas de
forma conjunta y votadas posteriormente por separado.
Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida sobre medidas prioritarias para la
regularización del profesorado universitario y financiación de las
universidades y de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto
sobre medidas urgentes para la regularización del profesorado
universitario.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra la señora Aramburu. (El señor vicepresidente, Marcet i Morera,
ocupa la Presidencia.--Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Por favor, guarden silencio
aquellas de SS. SS. que vayan a mantener su presencia en el hemiciclo.
Señor Campuzano, señor Llorens. (Pausa.)
Cuando quiera, señora Aramburu.
La señora ARAMBURU DEL RIO: Señor presidente, señorías, es un auténtico
placer poder traer hoy a esta Cámara la toma en consideración de esta
proposición de ley de medidas prioritarias para la regulación del
profesorado universitario y de financiación de las universidades, ya que
son muchos los miles de profesionales que tienen hoy, precisamente hoy,
puestas sus esperanzas en este Congreso de los Diputados y a los que
espero no defraudar. (Continúan los rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señora Aramburu, un momento.
Señorías, guarden silencio, por favor. Señora Riera, señor Milián.
Guarden también silencio los de ese lado, señor Hernando y entorno.
Señora Palma, por favor.
Cuando quiera, señora Aramburu.
La señora ARAMBURU DEL RIO: Como iba diciendo, voy a actuar como portavoz
textual de los afectados y en este sentido voy a hablar en primer lugar
de los antecedentes. Los antecedentes son la Ley Orgánica 11/1983, de 25
de agosto, de Reforma Universitaria, el proyecto de ley de actualización
de la citada ley orgánica, la enmienda a la totalidad con texto
alternativo al proyecto de ley de actualización de la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, presentada por el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, la proposición de ley
marco reguladora de la financiación del sistema educativo y la Ley
23/1988, de 28 de julio, de modificación de la Ley de medidas para la
reforma de la Función pública.
Señorías, sin duda, los antecedentes se ubican en el siguiente marco.
Como bien saben ustedes, uno de los objetivos de la última reforma de la
educación superior en España realizada hace catorce años fue o debió ser
la de solucionar la penenización del profesorado universitario. Los
penenes se aglutinaban entonces en lo que era un importante sector de los
docentes universitarios que se dedicaban de modo exclusivo a la educación
superior mediante el desarrollo de tareas de carácter estructural y
permanente en las distintas universidades. Pese a ello, aquellos penenes
no veían reconocida su dedicación a la institución en la misma medida que
los denominados profesores numerarios. Este problema obtuvo su solución,
al menos aparente, con la Ley de la Reforma Universitaria del año 1983,
que abrió las posibilidades de promoción a los docentes universitarios al
tiempo que anunciaba la implantación de un modelo de universidad moderna
y progresista que, lamentablemente, no llegó a realizarse de modo
satisfactorio.
Hoy, catorce años después, debido a la perversión a que se ha visto
sometido el modelo de universidad de la vigente LRU, nos encontramos de
nuevo con 22.000 docentes subcontratados sobre los que en gran medida se
sustenta el normal funcionamiento de las distintas universidades
españolas. Hoy como entonces la principal característica de ese numeroso
colectivo es su vocación universitaria. Sin embargo, tras una dedicación
media de entre ocho y diez años, primero como becarios y becarias, pre y
posdoctorales, después como ayudantes de primer y segundo ciclo y ahora
como profesores asociados, integran un colectivo en el que se encuentran
en una situación insostenible y cuyas características van desde la
carencia de estabilidad laboral, pasando por la cada vez mayor dificultad
para la promoción y hasta el padecimiento de todo tipo de prácticas de
contratación dudosamente regulares a través de las cuales las
universidades han pretendido disponer de una mano de obra cualificada, a
la vez que barata, insisto, barata. Sin embargo, por su vocación
universitaria y también por su responsabilidad en tanto que profesores
universitarios con una amplia experiencia, insisto, experiencia docente e
investigadora,
creemos que ha llegado el momento de que las universidades y las
administraciones competentes reconozcan su compromiso con ese colectivo
de profesores contratados que, como ellos reconocen y expresan en el
marco de las instituciones, han contribuido a la formación a través de su
dedicación constante a la docencia, a la investigación y a todas las
tareas que asumimos en el día de hoy en las universidades de nuestro
país.
Señorías, en lugar de las lógicas acciones que se deberían derivar del
compromiso que hoy tratamos, recíproco, entre los responsables de la
enseñanza superior y el personal docente contratado, los responsables
políticos, en línea general, del Ministerio y los rectores de las
universidades parece que pretenden perpetuar la situación de ilegalidad e
inestabilidad del colectivo de no numerarios. A este objetivo, si bien no
sólo a éste, obedece la reciente propuesta de reforma del título V de la
LRU acordada entre el Ministerio y la CRUE.
Señorías, mi grupo considera que la reforma de la LRU propuesta por el
Ministerio es inaceptable al día de hoy, ya que perpetúa,
institucionaliza y legitima la precariedad y la indefensión laboral,
bloquea las posibilidades de promoción profesional y coloca a este
colectivo en una situación de manifiesta discriminación respecto al resto
del personal laboral y estatutario al servicio de la Administración.
Estimamos que cualquier reforma de la LRU ha de ser profundamente
debatida por todos los colectivos y agentes universitarios, en particular
la reforma del título V, por afectar al profesorado, uno de los dos
sujetos claves de la educación superior, y pensamos que no puede ser
planteada al margen del colectivo de profesores no numerarios.
Frente a esta exigencia, ustedes lo saben perfectamente, el Ministerio y
los rectores están enmascarando en su apresurada reforma principios y
objetivos que atentan contra los valores constitutivos del actual modelo
universitario, a saber: se restringe la autonomía de las universidades al
modificar los sistemas de selección del personal al servicio de las
universidades; no se aborda el problema de la financiación universitaria,
a pesar de que el porcentaje dedicado en los presupuestos del Estado a la
financiación de las universidades es uno de los más bajos de entre los
países de nuestro entorno, pese a las unánimes demandas referidas al
incremento de la asignación financiera a las universidades. El proyecto
de reforma MEC-CRUE configura un modelo de universidad jerarquizado y
mercantilizado, que descansa sobre una masa de contratados precarios, a
los que se deniegan sus más básicos derechos laborales, llegando a poner
en peligro, en este afán por la inestabilidad de las plantillas, la
calidad de la docencia y la investigación que pueden ofrecer los centros
universitarios.
Señorías, frente a estos objetivos latentes en el actual borrador de
reforma, los profesores, y nosotros a su cabeza, reiteramos el compromiso
con la universidad y con la educación superior. Los profesores no
numerarios no son un lastre para la universidad ni bloquean la carrera
docente; al contrario, son parte de la universidad y sobre sus espaldas
reposa un muy considerable porcentaje del esfuerzo que supone poner cada
día en funcionamiento la educación superior en nuestro país. Vienen
invirtiendo su tiempo y su esfuerzo en el buen funcionamiento de las
universidades. Les consideramos como profesionales de la enseñanza, los
mejores, y por ello, en ese marco, son irrenunciables su estabilización y
dignificación profesionales, así como la rehabilitación de las
posibilidades de promoción, que son una reivindicación innegociable.
Señorías, los contratos de universidad forman parte de la estructura
universitaria y por ello es necesaria y perentoria la solución de la
situación actual de los contratados y contratadas, con un compromiso de
continuidad del personal dedicado a la enseñanza superior universitaria.
La necesidad de abordar serenamente profundas reformas en las normas
reguladoras de la universidad no nos debe llevar a olvidar la necesidad
de establecer medidas de urgencia que repercutan en las actuales
condiciones laborales de los profesores contratados en la universidad. En
este sentido, tres son los objetivos que consideramos irrenunciables y
perentorios y que deberían ser objeto de atención inmediata por parte de
los responsables del Ministerio.
En primer lugar, hay que garantizar la estabilidad laboral de los
profesores universitarios no permanentes. Además, la estabilidad laboral
es un derecho y una condición del buen desarrollo de la actividad docente
e investigadora de los profesionales de la educación superior y en este
sentido sería preciso: el reconocimiento por el Ministerio y las
universidades de su condición de profesores universitarios; la
modificación del régimen de contratación del personal docente
universitario, a cuya finalidad, frente a la irregularidad y
excepcionalidad de los actuales contratados administrativos, desterrados
en la práctica totalidad de la Administración, exigen ellos, y nosotros a
su cabeza, contratos laborales estables; es necesaria la creación de una
figura de profesor con contrato laboral en la que se integre a todos los
contratados que desempeñen única y exclusivamente su actividad laboral en
la universidad. El tercer aspecto es la creación de un marco normativo
que impida la infracontratación y otros usos irregulares o fraudulentos,
como son la división de plazas de tiempo completo a tiempo parcial, la
multiplicación de los tipos dentro de los cuerpos de contratados, la
sobrecarga docente, la realización de tareas y funciones no valoradas, ni
salarial ni curricularmente, o la utilización de los becarios para
funciones no previstas en las condiciones de sus becas, etcétera.
En segundo lugar, señorías, planteamos la dignificación profesional y un
reconocimiento de incentivos
por antigüedad, docencia e investigación. El régimen normativo, como
ustedes saben, y las contrataciones son francamente insuficientes. Por
tanto es necesario reconocer los méritos, la trayectoria, la antigüedad,
la dedicación y las posibilidades de promoción de los profesores
contratados. Las retribuciones y condiciones laborales deben ser
adecuadas no sólo a la importancia de la función desarrollada y a la
cualificación del profesor sino también a su dedicación docente y
producción profesional. Debe de garantizarse la efectividad de estas
medidas mediante su establecimiento legal, de modo que sean indisponibles
para las universidades. Para garantizar su aplicación ha de preverse
también la correspondiente asignación presupuestaria.
En tercera instancia, señorías, los profesores asociados son profesores
universitarios y profesionales dedicados íntegramente a la educación
superior en todas sus facetas. Por ello, solicitamos el reconocimiento, a
todos los efectos, de su condición profesional, es decir, la competencia
para el ejercicio de todos los derechos y facultades de carácter docente
e investigador atribuida a los profesores numerarios, en particular la
dirección de proyectos de investigación y plena capacidad docente.
Planteamos también la necesidad del pleno desarrollo de sus derechos como
integrantes de la comunidad universitaria. Se debe reconocer el derecho
del profesorado contratado a participar en el gobierno y gestión de las
universidades en las mismas condiciones que el resto de los profesores.
Asimismo, se debe reconcoer el derecho de negociación colectiva, así como
la participación en las mesas de negociación en que se traten temas que
les afecten. Los contratados son portadores de la información precisa que
se requiere para solucionar estos problemas.
Termino, señorías, planteándoles la necesidad de la promoción
profesional. Los profesores universitarios contratados reúnen méritos
suficientes para acceder a los cuerpos de profesores numerarios
contemplados en la vigente LRU. Las evaluaciones a las que han sido
sometidos, y aún siguen siéndolo, así como la correcta realización de las
funciones, demuestran su valía. Por ello, exigimos la inmediata
elaboración de un plan de estabilización del personal contratado que, a
través de los oportunos concursos, permita la promoción a profesor
titular universitario de todos aquellos que cumplan los requisitos
exigidos por la actual LRU. Este plan debe contar con la correspondiente
asignación presupuestaria que garantice la estabilización definitiva del
personal contratado.
Ahora sí, señorías, termino apelando a la sensibilidad de la Cámara para
que tome en consideración esta proposición de ley, que actúa como
correctora de desigualdades profesionales y arbitra mecanismos para
solucionar vacíos legales en el seno de la universidad española.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Aramburu.
Para defender la propuesta del Grupo Parlamentario Mixto sobre medidas
urgentes para la regularización del profesorado universitario, tiene la
palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: Muchas gracias, señor presidente.
Subo a la tribuna, en nombre de Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya,
para defender esta proposición de ley de medidas urgentes para la
regularización del profesorado universitario, una proposición que tiene
muchas coincidencias con la que acaba de ser defendida por la portavoz
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. La interesante
intervención de la señora Aramburu hará que no sea necesario que ahonde
en muchas de las cuestiones que ella ha indicado, si bien sí me gustaría
puntualizar que, desde nuestro punto de vista, relativizaríamos el papel
de los rectores en todo este proceso.
Por otro lado, las coincidencias son normales porque beben de la misma
fuente: de reclamaciones sindicales, de reclamaciones de trabajadores
universitarios, que estimamos justas. Pero es que éstas, a su vez, no
hacen sino mostrar un interés por un problema real, un problema de
dimensiones ya francamente alarmantes --la situación de precariedad--,
además con contatos que van a finalizar de manera inminente en muchos
casos, que en especial afecta a los asociados. Hay que recordar que en la
universidad española hay 16.650 asociados a tiempo parcial, 8.200 a
tiempo completo.
Hay que recordar --y esta tarde volveremos a tener un debate más global
sobre la cuestión cuando discutamos una moción-- la inactividad del
Gobierno en esta materia. El 9 de octubre de 1997, la señora Aguirre,
ministra de Educación y Cultura, comparecía en el Senado, aludía a la
reforma de la carrera docente y la incluía dentro de los problemas que
necesitan ser resueltos con urgencia. Insistía en dos problemas urgentes
y uno de ellos era --cito textualmente a la señora ministra-- el de los
20.000 profesores que tienen en este momento un empleo precario y que
penden de una decisión, de un decreto del Gobierno, para que puedan
prorrogarse sus contratos. Pues menos mal --y esto es del mes de
octubre-- que era urgente el problema, según reconocía el Ministerio;
menos mal que el Gobierno iba a tomar medidas rápidas.
Y si traigo a colación esta intervención de la señora ministra es porque
en esa misma Comisión de Educación y Cultura del Senado hacía su debut
parlamentario el actual secretario de Estado de Universidades. Era tanta
la urgencia que el Gobierno tenía en resolver el problema de la
precariedad y de la reforma de la carrera docente que el nuevo secretario
de Estado simplemente no hizo alusión al tema en su primera intervención
parlamentaria. Salvo, eso sí, para incluir unas críticas, en buena parte
infundadas, a nuestro juicio, a los tribunales de oposición.
En las preguntas que le formularon las señoras y señores senadores sí que
hizo --ya no pudo ser de otra manera-- una referencia a los asociados. Y
me van a permitir SS. SS. que les lea algunos de los párrafos que el
secretario de Estado de Universidades pronunció en esta ocasión. Decía
así el señor secretario de Estado: Se me ha preguntado por el problema de
los asociados. Problema es, ciertamente. También de nuevo en eso no es
que quiera quitarme los balones para llevarlos al mundo del pacto, pero
hay una cosa que sí debo decirles: yo, como hijo de la clase obrera, no
veo razón alguna --perdónenme, senadores, esta franqueza asturiana-- para
que, sin pruebas públicas, eficientes, etcétera, se conceda seguridad en
el empleo a unos trabajadores de la enseñanza y no al picador de Hunosa o
al mandrilador o al tornero de Standard. No la veo. No quiero decir que
no haya búsqueda de condiciones de trabajo más estable; no quiero decir
que no sea sensible al problema de estos profesores, compañeros y muchos
de ellos amigos míos; no quiero decir nada de eso. Digo que, de antemano,
con dinero ajeno, con dinero del contribuyente, que sale también del
esfuerzo y trabajo de la clase trabajadora, conceder seguridad en el
empleo sin más pruebas, sin más demostraciones de mérito y de calidades
para que la sociedad los aprecie, con seguridad en el empleo, no lo
encuentro razonable.
Esta era la brillante argumentación y la fórmula sencilla con que el
secretario de Estado despachaba el problema. Luego tendremos alguna
ocasión de referirnos otra vez a esta intervención.
El 16 de octubre, unos días después, comparecía también en la Comisión
correspondiente de esta Cámara y dijo exactamente las mismas palabras. El
señor secretario de Estado, en un alarde de imaginación, se limitó a
repetir, palabra por palabra, lo que allí dijo. Todo esto viene a
demostrar que para la ministra era un problema urgente, el secretario de
Estado el problema se lo quitaba de encima y el resultado es el que vemos
hoy: que no se ha podido solucionar el problema ni hay atisbo, por parte
del Gobierno, de que se solucione.
Es cierto que un proyecto de reforma del Título V de la LRU fue al orden
del día del Consejo de Universidades del 26 de enero. El mismo 26 de
enero, los sindicatos emitieron comunicados muy críticos y razonables. La
propuesta perpetuaba la inestabilidad. Después ha habido algunas
reuniones, todas estériles, un baile de documentos, y ya no se sabe en
este momento cuál es la posición del Gobierno. Y, eso sí, una cerrazón
creciente a negociar.
Nuestra posición ante todo eso es que posiblemente hiciera falta una
reforma de la LRU en profundidad, que no basta seguramente con algunos
parches. Han pasado 15 años y es necesaria la profunda revisión. O, por
decirlo de otra manera, es precisa una reflexión global del sistema
universitario. Y, desde ese punto de vista, saludamos la iniciativa de la
Conferencia de rectores de promover un libro blanco que aborde el
problema en profundidad. Pero esa reflexión debe compatibilizarse, como
digo, con reformas ahora parciales, ahora urgentes. Porque se equivocaba
gravemente el secretario de Estado. Y el Gobierno se equivocaba con esa
opinión. Porque, que sepamos, es la última palabra autorizada de un
miembro del Gobierno, con competencias en esta materia, esa tan curiosa
que yo citaba hace unos momentos. Con un argumento profundamente injusto
e insolidario: con el esfuerzo real de los profesores precarios se
solucionan hoy muchos problemas por encima de sus obligaciones estrictas.
Y, en segundo lugar, porque al problema humano se sobrepone el problema
social. Se está generando, se están poniendo las bases para una crisis
que puede afectar a muchas, por no decir a todas las universidades en la
docencia y en la investigación.
Al final, esta incapacidad del Gobierno por dar respuesta, por remitir
ese decreto a una proposición de ley, repercute en el conjunto de la
sociedad, que ve cómo se dilapida una formación difícilmente conseguida.
Por esta razón, Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya ha presentado
esta proposición de ley. Su objetivo: la reforma de los artículos 33, 34,
39 y disposiciones adicionales de la LRU, para reforzar la estabilidad
laboral y la autonomía universitaria, concepto que no debemos nunca
olvidar cuando hablamos de estas materias.
Sus principales características: las universidades podrán contratar
temporalmente a los que denominamos profesores pre-numerarios, con
funciones de docencia e investigación en las condiciones especificadas en
el correspondiente contrato de trabajo, cuyas características concretas
planteamos en un anexo que SS. SS. tienen; también a los profesores
asociados a tiempo parcial entre especialistas de reconocida competencia
con cinco años fuera de la universidad, argumento principal que viene a
contradecir el argumento que daba el secretario de Estado, y profesores
colaboradores en materias o para créditos determinados.
También incluimos la naturaleza laboral de los contratos de ayudantes y
más medidas para integrar, subsanando una injusticia arrastrada durante
hace bastantes años, en el cuerpo de profesores al profesorado
proveniente del cuerpo de maestros de taller o de laboratorio, capataces
de escuelas técnicas y cuerpo de profesores numerarios de escuelas
oficiales de náutica.
No quisiera terminar sin hacer una referencia que es de justicia, aunque
no se ha incluido en la proposición, y es que deberá buscarse una medida
inmediata a otra situación injusta perpetuada en el tiempo: la de los
titulares doctores de escuela que prestan la misma
función en facultades, al menos teóricamente --e insisto en
teóricamente-- en el segundo ciclo. Es necesaria --y así lo abordaremos--
la presentación inmediata de iniciativas, bien como autoenmiendas a
nuestro texto, bien por otra vía.
Señorías, esta es la proposición que hoy defendemos. Si la anterior
interviniente acababa apelando a la sensibilidad de la Cámara, cosa que
no puedo por menos que suscribir, quisiera hacer una llamada muy directa
a los bancos del Partido Popular y a los grupos parlamentarios que apoyan
al Gobierno para que sean conscientes de la tremenda situación que se va
a plantear si en el Pleno de hoy --porque no hay más tiempo-- no sólo no
se empieza a generar una vía de esperanza a estas personas, sino que
también no se da solución a un problema que no se anuncia, que está
presente, que va a afectar a muchas personas y a muchos trabajadores
universitarios pero que, en definitiva, va a minar la credibilidad de
todo el sistema universitario, de la docencia y también de la
investigación.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Alcaraz.
¿Algún grupo desea consumir un turno en contra de las proposiciones de
ley? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor presidente.
Intervengo para mostrar de forma breve nuestro apoyo a las dos
proposiciones de ley porque compartimos el criterio de que se ha
efectuado una perversión grave de la función original de la figura de
profesor asociado. Si bien es cierto que estas proposiciones de ley abren
la vía a un sistema de relación propio de las empresas privadas, cual es
un contrato laboral, pensamos que sin duda está muy por encima este
criterio del actual contrato administrativo.
Es cierto también que las proposiciones de ley establecen una
configuración del profesorado, que es discutible, sobre todo en cuanto no
garantiza que algunas de las clases que establece, como la de los
profesores asociados, no vayan a verse obligados a una especie de
pluriempleo poco atractivo e incluso poco consecuente con lo que debe ser
la función docente e investigadora. Hay otros aspectos de estas
proposiciones de ley que son altamente interesantes, cual puede ser el
plan de financiación de las universidades a ocho años vista, cosa que es
fundamental, o la solución o posibilidad que da de integración de los
profesores de taller, de los profesores numerarios de escuelas oficiales,
o la integración en plazas de titulares de universidades y escuelas
universitarias.
Es posible que estas proposiciones de ley sean poco exigentes, en algún
caso, en cuanto a la titulación universitaria exigida para la función
docente en algunos de los profesores que contempla esta nueva
estructuración, como pueden ser los profesores permanentes, los
profesores asociados o los profesores visitantes; a nuestro modo de ver
en algún caso sería exigible la titulación de doctor a inicio.
Posiblemente sean poco combativas también en cuanto a acabar con el
fenómeno de la endogamia y poco afectas a establecer una carrera docente
que contemple desde el ciclo de la enseñanza no universitaria, de la
enseñanza infantil en primaria, hasta la enseñanza universitaria.
No cabe duda de que tienen el gran mérito, aparte de establecer el plan
de financiación, de clarificar la situación de muchas personas
actualmente ejerciendo la docencia --según una de las proposiciones de
ley, más del 50 por ciento bajo una espada de Damocles--, que debe ser
solucionado con un contrato más digno y con una función docente más
claramente considerada. Como las proposiciones de ley no solamente no
combaten el estatus laboral del funcionariado estable, del profesorado
numerario, sino que, además, lo sitúan como un punto de llegada de todo
este profesorado, vamos a apoyar las dos proposiciones de ley porque
pensamos que es un paso positivo en la clarificación de una situación muy
negativa.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Rodríguez.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor González de Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor presidente.
Estas dos proposiciones de ley, que presentan tanto el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida como el Grupo Parlamentario
Mixto, son, para el Grupo Parlamentario Vasco, como un aldabonazo en
relación a estas materias. Conocen bien SS. SS. que ya, desde la IV
Legislatura, hemos conocido reformas legislativas en relación a estos
temas y que ni en la IV ni en la V Legislatura se ha conocido una mayoría
suficiente como para poder actualizar el Título V de esta Ley de Reforma
Universitaria. Digo como un aldabonazo porque es evidente, señor
presidente, que necesita una actualización y una reforma este Título V.
Creo que el consenso entre todos los grupos parlamentarios termina en ese
punto.
Es evidente que existe una situación laboral que no es del gusto de casi
nadie, en este momento, en el sector universitario; que existe una
carrera universitaria que no es, desde ningún punto de vista, razonable y
que existen una serie de déficit en la función de contratación del nuevo
profesorado que lleva a situaciones no recomendables y a que los
estándares de calidad y
de investigación en la universidad pública no alcancen los niveles que
todos desearíamos. Hasta ahí, señor presidente, parece que estamos todos
de acuerdo. El problema es constituir una mayoría suficiente para
actualizar y reformar este Título V de la Ley de Reforma Universitaria.
Ahí es donde hemos pinchado en la IV y en la V legislatura, y donde no se
termina de arrancar en esta VI Legislatura. El Gobierno, repetidamente,
en las comparecencias que el secretario de Estado de Universidades ha
tenido en esta Cámara, ha anunciado la voluntad de remitir un proyecto de
ley que recoja estos objetivos, pero hasta el día de la fecha tampoco esa
es la situación en la que nos encontramos. En un punto posterior del
orden del día existe una moción del Grupo Socialista, con una serie de
contenidos, que tiene también relación con esta materia.
Desde el Grupo Parlamentario Vasco quisiéramos trasladar al Grupo Popular
la necesidad de conformar esa mayoría. En las distintas legislaturas han
existido modelos alternativos distintos. Este es un tema de poco cariz
político, pero que, en definitiva, tiene un modelo universitario detrás.
Los modelos que los grupos parlamentarios hemos presentado en las
enmiendas en las dos legislaturas anteriores son difícilmente
conciliables entre sí mismos. Lo que parece razonable a todas luces es
encontrar esa mayoría que respalde el modelo, que goce del mayor consenso
en esta Cámara, sin esperar que los grupos mayoritarios se pongan de
acuerdo y entendiendo razonable que la labor opositora no vaya más allá
de presentar un modelo distinto. El modelo que se nos presenta hoy en
estas proposiciones de ley no es el que ha sostenido reiteradamente el
Grupo Parlamentario Vasco en esta Cámara y, por ello, no vamos a votar su
toma en consideración, insistiendo en que, para nosotros, lo fundamental
es suscitar un mecanismo que garantice esa mayoría en torno a un modelo.
Esperamos que el Grupo Popular tome buena nota de estas observaciones y
que se aceleren los procesos en orden a que estos títulos puedan ser
actualizados, así como otros aspectos de la reforma universitaria a lo
largo de esta legislatura. Esa es la voluntad del Grupo Parlamentario
Vasco.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor González de
Txabarri.
En nombre del Grupo Catalán (Convèrgencia i Unió), tiene la palabra la
señora Gil i Miró.
La señora GIL I MIRO: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, me parece de interés poner de relieve ante
ustedes que hoy por vez primera en esta legislatura se debate un tema
relacionado con la universidad. Ese silencio es llamativo y preocupante
dado que la universidad es no sólo el motor del crecimiento intelectual,
cultural, tecnológico e investigador de un país, sino que también es, y
especialmente, la institución que forma los técnicos, el profesorado, los
periodistas, los intelectuales, los banqueros, los economistas, los
políticos y, especialmente, los gobernantes.
Deberíamos haber hablado con anterioridad porque nos hallamos en una
época nueva que precisa de nuevas maneras, de ideas nuevas y de una
refundación clara de la universidad, una institución enormemente compleja
que está ya mostrando una extrema fragilidad. Está regida por una ley que
la constriñe, una ley que fue adecuada en su momento, pero que hoy se
muestra inútil, que no acierta a encajar con el Estado de las autonomías
y con una inflexibilidad que ha logrado herir a diversos colectivos del
profesorado.
Pero hablamos también de una universidad que ha experimentado grandes
cambios, que ha crecido en financiación, que ha crecido enormemente en
cantidad y también enormemente en calidad, y que en el uso de su
autonomía se ha vuelto extraordinariamente permeable respecto al tejido
económico e industrial, cuya aportación, también investigadora, tiene un
relieve internacional. Pero hoy sufre graves tensiones entre el
inmovilismo y la innovación, y se encuentra la universidad en una abierta
crisis: una crisis de autonomía, una crisis de gobierno y una crisis de
estructura, que en un tiempo fue moderna, pero que hoy se ha convertido
en un lastre. Es, pues, una universidad lastrada, que necesita un nuevo
vigor para diseñar un futuro diferente, con una diversificación de
programas y que se va a enfrentar con una demografía drásticamente
reducida de cohortes jóvenes, que se encuentra, además, inmersa en un
entorno internacionalizado, con exigencias de nuevas demandas y de una
nueva competitividad. Ha finalizado, pues, una época, y quizá luego
hablemos de ello.
Pero hoy sólo se trata en este primer acercamiento a la universidad de un
tema muy importante, el tema del profesorado, el estamento que sufre en
sus diversos colectivos problemas profundos. El tema es muy importante,
el problema es muy importante. He leído con atención las proposiciones de
ley del Grupo Mixto y de Izquierda Unida, ciertamente casi idénticas
entre ellas. No creo que hayan sido un plagio. Una está acostumbrada a
haber estudiado en un momento las fuentes de los manuscritos y nos
podemos encontrar quizá la fuente primigenia. Es cierto, también, que he
conocido con anterioridad su contenido, ya que responde literalmente a un
documento, muy bien elaborado por el sindicato de Comisiones Obreras o,
para ser más exactos, un documento cuya autoría se atribuye Comisiones
Obreras. Un documento, como digo, muy interesante, que pretende, con
hartas dosis de reflexión, la solución para los problemas de determinados
colectivos, y yo lo conozco bien. Tan conocido es por mí que incluso he
visto desarrollado en un artículo una aportación mía personal.
Por ello, no va a sorprender a la autoría del documento, a la estimada
diputada y al estimado diputado
que han defendido con tanta vehemencia e inteligencia sus propuestas, que
en nombre de mi grupo hoy no las apoye. Creemos que este tema debe
incluirse en un concepto nuevo de universidad y en un concepto moderno de
recursos humanos. La solución a este problema debe subsumirse en una
revisión global de la Ley de Reforma Universitaria, que debe ser más
autónoma, más estratégica y más innovadora, y debe permitir a nuestra
institución élite ser el motor y la guía de la nueva modernidad de los
próximos 20 años.
Esta ley, y cualquiera de sus partes, debe negociarse no sólo con los
sindicatos docentes, sino también con los rectores, que son el referente
del gobierno universitario y el garante de su autonomía; y debe
negociarse con los gobiernos autonómicos que tienen competencias en la
materia y también con los grupos políticos, porque la universidad es una
institución pública muy compleja, polifacética y su renovación va a
necesitar un enfoque panóptico y no monofocal, aunque la visión que hoy
se propone sea importante e inteligente.
Las demandas de los colectivos del profesorado son legítimas, como
también lo es la exigencia de soluciones. Hallar soluciones, pues, es
necesario, pero todo problema tiene soluciones y todos sabemos también
que los caminos para lograrlas pueden ser plurales, porque en un sistema
democrático los logros siempre surgen de la negociación.
Se sabe que el Ministerio de Educación y Cultura está elaborando un nuevo
documento sobre el Título V de la Ley de Reforma Universitaria. Creemos
que en breve va a iniciar negociaciones con los grupos políticos al
respecto y hemos de suponer también que con los sindicatos.
Mi grupo en esta negociación va a ocupar el lugar que le corresponde; el
sindicato de referencia o sindicatos, el suyo, y ustedes, Izquierda
Unida, Nueva Izquierda y otros grupos, aquel que elijan y les
corresponda, pero sea el que sea deben tener ustedes la certeza, y
asimismo los sindicatos docentes y los colectivos del profesorado, que
para el encuentro y la solución existe siempre un lugar, y que es en este
lugar donde van a hallar al Grup Parlamentari Catalá.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora Gil.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra doña Clementina Díez de
Baldeón.
La señora DIEZ DE BALDEON GARCIA: Gracias, señor presidente.
Señorías, abordamos hoy un tema de gran trascendencia para la calidad de
la enseñanza universitaria, como es la reforma del Título V de la LRU
referente al profesorado; una reforma que no puede analizarse, en nuestra
opinión, de forma aislada a dos asuntos nucleares de la universidad
española: Qué modelo de universidad queremos para el siglo XXI y cómo
pretendemos financiarla.
Dar respuesta a la caótica situación creada por la precarización laboral
en la que se encuentra un amplísimo colectivo de más de 21.000
profesores, lo que implica casi la mitad de los docentes universitarios,
perdiendo de vista el horizonte de la universidad del mañana, es hacer un
flaco servicio y poner un parche a una situación que reclama, por otro
lado, una urgente respuesta.
El espectacular crecimiento de la universidad española, que en quince
años ha duplicado su número de estudiantes, de profesores y de
titulaciones, constituye una sólida realidad no exenta de problemas. La
autonomía universitaria, la distribución de competencias entre los
distintos poderes públicos, el incremento del número de universidades y
centros universitarios, el aumento de plazas ofertadas y el acceso en
condiciones de igualdad para todos los estudiantes que demuestren su
capacidad, constituyen la cara luminosa y esperanzada de un proceso
construido entre todos a lo largo de los últimos años que presenta, no
obstante, zonas de sombra que conviene desvelar y diagnosticar para hacer
una adecuada planificación futura.
¿Qué modelo de universidad queremos para el siglo que estamos a punto de
inaugurar? ¿Queremos una universidad restringida o abierta? ¿Queremos una
universidad que forme únicamente durante los años de una carrera, o más
bien queremos una universidad planteada desde la necesidad de una
educación continua, que sea para las personas una posibilidad abierta a
lo largo de toda la vida? ¿Cómo vamos a financiar esa universidad?
¿Consideramos conveniente asegurar un plan de financiación plurianual que
permita la planificación y asegure, entre otras cosas, la racionalización
de las plantillas de profesorado? ¿Creemos necesario que el Ministerio de
Educación controle y procure la calidad en todas las universidades
públicas? ¿Consideramos conveniente que el Gobierno asuma la
responsabilidad de ir compensando las desigualdades existentes entre las
distintas universidades? Señorías, es necesario que demos respuesta
política a estos interrogantes. Otros Gobiernos europeos ya lo han hecho.
En el Reino Unido, el informe Dearing ha supuesto desde hace diez meses
un exhaustivo libro blanco sobre la educación superior británica para la
que, entre otras cosas, recomienda que el gasto público en educación
superior aumente cada año al ritmo del PIB y, además, se determine el
importe del gasto con una antelación de tres años. En España esta
recomendación debería ser un imperativo, puesto que el gasto actual por
estudiante universitario es la mitad de la media de la OCDE. La media
española, les recuerdo, es de 4.030 dólares por estudiante y año, frente
a los 9.830 dólares de los países más desarrollados.
En este sentido ha venido manifestándose en reiteradas ocasiones la
Conferencia de rectores, que ha
propuesto recientemente al presidente de esta Cámara que el Parlamento
promueva una comisión similar a la del Reino Unido que permita la
elaboración de un libro blanco sobre la educación superior española. Este
estudio deberá analizar en profundidad la financiación de las
universidades para garantizar un servicio público de la enseñanza
superior competitivo y de calidad. Señorías, es urgente realizar cuanto
antes este estudio de financiación que permita, entre otras cosas,
establecer un plan plurianual para atender las necesidades actuales. Unas
necesidades que no podrán ser resueltas mientras exista una insuficiente
dotación presupuestaria, puesta de manifiesto en reiteradas ocasiones por
todos los representantes de la comunidad universitaria.
En este momento, según datos recientes de la Secretaría de Estado de
Universidades, existen 21.240 asociados, un número extraordinario si
tenemos en cuenta que del total de 70.374 profesores de la universidad
española, 40.069 son numerarios y 4.695 son ayudantes. Eso significa que
el 36 por ciento es profesorado no numerario, en condiciones, por tanto,
de inestabilidad. La figura del profesor asociado, tal como fue concebida
en la LRU, ha terminado convirtiéndose en un cajón de sastre donde se
engloban situaciones muy diversas y, lo que es más grave, desconocidas.
Sorprende, por ejemplo, que la Secretaría de Estado de Universidades
reconozca por escrito que no tiene ninguna información sobre más de 9.000
profesores asociados. ¿Cómo es posible que los máximos responsables de la
educación superior no sepan cuál es la titulación y situación de casi la
mitad de los asociados? ¿Cómo es posible que pretenda una reforma
desconociendo la realidad sobre la que debe operar?
Los datos conocidos son también, cuando menos, inquietantes. Un 40 por
ciento de asociados, 8.500, tiene dedicación a tiempo completo. Sabemos
también que, de estos asociados, al menos 7.000 son doctores. ¿Qué
impide, por tanto, señorías, que estos asociados doctores y con
dedicación a tiempo completo puedan integrarse normalmente en las figuras
funcionariales previstas en la LRU? ¿Qué lo impide? ¿Qué ocasiona que
sigan siendo asociados cuando podrían ser ya titulares si se convocaran
oposiciones? La respuesta, señorías, creo que es evidente: falta dinero.
Un asociado es siempre más barato que un titular y, sin financiación, las
universidades se ven forzadas a recurrir al profesorado más económico.
El problema no es, por tanto, achacable en última instancia a la falta de
flexibilidad del título V de la LRU. Si hubiera financiación suficiente,
las universidades podrían convocar oposiciones para cubrir las plantillas
que estimen necesarias. Como no lo hay, nos encontraremos con la
frustrante realidad de que los profesores doctores a tiempo completo, mal
catalogados como asociados, vean abortada su carrera docente.
La reforma del título V de la LRU es un asunto complejo que lleva tiempo
aplazándose. El inicial diálogo del Gobierno con los representantes de la
comunidad universitaria entró en crisis con la destitución de los máximos
responsables universitarios del Ministerio, en julio del año pasado.
Desde entonces, la parálisis es la norma. No se equivoca quien no actúa.
Esa debe ser la consigna del Ministerio de Educación que pasea un
borrador de reforma y dice querer consensuar, pero sin prisas y sin
convocar a las partes implicadas; entre ellas, los representantes
políticos de esta Cámara. Mientras tanto los rectores, los afectados y
los distintos interlocutores sociales han perdido la voz reclamando
ininterrumpidamente una respuesta al problema. A estas alturas, por
ejemplo, no sabemos cómo piensa actuar el Ministerio de Educación y en
qué plazos. Desde luego, urge su respuesta para definir la situación del
colectivo de asociados el próximo curso.
Esta, señorías, es la razón de que tres grupos políticos de esta Cámara
--el Partido Socialista, Izquierda Unida y el Partido Democrático de
Nueva Izquierda-- tomemos la iniciativa a través de la presentación de
sendas proposiciones de ley y de una moción del Grupo Socialista que será
debatida más tarde.
Por lo que respecta a la proposición de ley presentada por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, quisiera hacer las siguientes
consideraciones. Se propone una nueva figura de profesor permanente de
universidad, que ya ha sido descrita y no voy a reiterar. Señoría, mi
grupo parlamentario considera necesario acabar con la inestabilidad de
una buena parte del profesorado asociado, pero consideramos conveniente
que exista un margen de flexibilidad. Los contratos permanentes no pueden
romper el modelo de carrera docente universitaria, que debe estar basada
en dos principios irrenunciables: el de la capacidad y el del mérito. No
parece razonable que las plazas salgan a concurso sólo cuando el
interesado que la ocupa lo estime oportuno. Por un lado, se generaría así
una dinámica de dotación de plantillas que puede responder más a
intereses personales que a una racional planificación de las plazas de
los departamentos. Por otro, dado que la duración de los contratos del
profesorado permanente es indefinida y la remuneración es la misma que la
del titular según esta propuesta, ¿qué profesor con estas ventajas querrá
que la plaza que ocupa salga a concurso? ¿Para qué va a opositar si tiene
las mismas ventajas que los titulares?
Además, en el caso improbable de que un profesor permanente quisiera que
la plaza que ocupa saliera a concurso y no aprobara la oposición, se
daría una situación afuncional, ya que las universidades se encontrarían
con dos profesores para la misma plaza, puesto que el profesor permanente
seguiría vinculado por el tipo de contrato a la universidad, lo que
suponemos que generaría disfunciones poco rentables para las
universidades e hipotecaría de forma negativa el futuro
crecimiento de nuevas titulaciones y dotación de nuevas plazas debido a
las sobrecargas de personal que se producirían en determinadas
asignaturas.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Concluya, por favor, señora
Díez de Baldeón.
La señora DIEZ DE BALDEON GARCIA: Ya termino.
Mi grupo parlamentario pone también objeciones a los concursos
específicos de promoción para la reconversión ad personam. Consideramos
que la promoción va contra el actual modelo, que debe seguir basado en la
selección objetiva según la capacidad y el mérito.
Tampoco comprendemos que las universidades tengan que negociar estos
concursos específicos de promoción únicamente con los sindicatos para
establecer el presupuesto y los derechos individuales entre las
solicitudes presentadas, porque eso implica dejar fuera de la negociación
a los representantes de los restantes órganos colegiados de cada
universidad, como la junta de gobierno o el consejo social. Por el
contrario, nada que objetar a las otras figuras de cuerpos de maestros de
taller y de escuelas de profesores numerarios de escuelas oficiales de
náutica.
Por lo que respecta a la proposición de Nueva Izquierda, la propuesta se
centra en dos figuras nuevas: la del profesor prenumerario y la del
colaborador. La primera es prácticamente idéntica a la presentada por el
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, por tanto los comentarios son los
mismos. En cuanto a la figura del colaborador, si bien es cierto que esta
figura puede dar respuesta a necesidades eventuales de las universidades
para contar con profesores que impartan materias o créditos determinados,
flexibilizando así una parte de las plantillas, no es menos cierto que
esta figura tiene todas las papeletas para terminar pervirtiendo la
carrera docente al garantizar estabilidad a cambio de sueldos más bajos.
Esta figura complica las actuales categorías y puede hipotecar el futuro
de la universidad al bloquear en muchos casos la carrera docente. Es más,
puede contribuir a incrementar de manera abismal los niveles de calidad
entre unas universidades y otras, entre unas facultades y otras, incluso
entre unos departamentos y otros. Así, junto a universidades y facultades
con una larga andadura histórica y, por tanto, con plantillas estables,
pueden surgir otras de reciente creación con escasos recursos económicos
que recurran a los colaboradores como contratados a bajo coste.
En definitiva, señorías, pese a todas las objeciones que hacemos a estas
dos proposiciones de ley, el Grupo Socialista votará a favor de su toma
en consideración y lo hacemos por varias razones.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señora Díez de Baldeón, hágalo
muy sucintamente, por favor.
La señora DIEZ DE BALDEON GARCIA: Termino ya, señor presidente.
Votaremos a favor porque creemos que es importante que se abra este
debate para acabar con la parálisis del Ministerio; creemos también
conveniente establecer la figura del profesor contratado de universidad,
pero garantizando la fluidez de la carrera docente, que debe estar
siempre basada en la capacidad y el mérito; creemos que es indispensable
abrir este modelo de universidad del mañana y establecer un acuerdo sobre
financiación que debe configurarse en un plan plurianual, pero este será
el tema de la moción que presentamos a continuación.
Gracias, señorías. Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Díaz de
Baldeón.
Para fijar la posición del Grupo Popular, tiene la palabra doña Elena
García-Alcañiz.
La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Señor presidente, señorías, voy a fijar
la posición del Grupo Popular en cuanto a las proposiciones de ley del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas
prioritarias para la regulación del profesorado universitario y
financiación de las universidades y, asimismo, del Grupo Parlamentario
Mixto, sobre medidas urgentes para la regulación del profesorado
universitario.
Desde el Grupo Popular reconocemos, señora Aramburu, la buena voluntad de
su intención al presentar aquí esta proposición de ley. Compartimos con
S. S. la intencionalidad, que es evidente: es necesaria una reforma del
régimen legal de parte del profesorado universitario. También es evidente
que hay que mejorar las condiciones económicas y de movilidad del
profesorado; para ello, hay que modificar el título V de la LRU. Sin
embargo, señorías, discrepamos en el procedimiento que SS. SS. nos
proponen en esta proposición de ley.
Todos sabemos que el crecimiento cuantitativo de la universidad se ha
realizado en muchas ocasiones a costa de un deterioro cualitativo que
impide que la universidad alcance los niveles de calidad exigibles al
país que España quiere ser y quiere seguir siendo. Dotar al profesorado
de las condiciones necesarias que atendiendo a estrictos criterios --como
se ha dicho aquí bastante claro por personas que me han precedido en el
uso de la palabra-- de profesionalidad, mérito y capacidad le den
motivación para asumir activamente el papel de protagonistas, junto a los
alumnos, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es uno de los objetivos
que el Gobierno popular que preside el señor Aznar pretende conseguir.
Señorías, para que esto sea así hay que abordar una modificación más
amplia que la que se propone este tarde. Hay que abordar una
modificación, al menos a nuestro juicio, del título V de la LRU. Qué duda
cabe
de que hay aspectos de la LRU que son positivos y que hay otros que no
han favorecido ni contribuido a elevar el nivel de calidad de la
enseñanza universitaria, entre ellos la situación, a veces precaria, del
profesorado. Por ejemplo, la disposición transitoria novena, en su
apartado 2, dice: El Ministerio de Educación y Ciencia convocará en el
plazo de seis meses desde la publicación de esta ley pruebas de idoneidad
para acceder a la categoría de profesor titular de universidad.
Así pues, se hicieron estas pruebas de idoneidad para seleccionar, pero,
como todos ustedes saben, fueron claramente unas pruebas no idóneas para
seleccionar con rigor, para seleccionar con objetividad al profesorado.
Unos, sin duda alguna, podrían haber pasado y figurar como están, siendo
profesores de Universidad, o quizás algunos hoy podrían ser catedráticos
ya, con todo merecimiento, porque tenían el mérito, la capacidad y las
publicaciones suficientes para haber entrado de otra forma más digna.
Otros, señorías, hay que decirlo, en modo alguno hubieran podido acceder
a la universidad si no fuera por estas pruebas tan poco idóneas.
Todos sabemos, repito, que las pruebas de idoneidad fueron un
procedimiento de selección ciertamente poco digno, como acabo de decir,
para personas valiosas, que sin duda alguna, repito, habrían superado
cualquier tipo de prueba. El tribunal o comisión que juzgaba no sabía si
el aspirante era capaz de hablar o tenía una deficiencia sensorial que le
impedía pronunciar palabra, si era o no sordomudo, lo desconocía porque
nunca vieron a estas personas, situación curiosa pero lamentable y real.
Es evidente que determinados aspectos de la norma no han sido los más
adecuados ni pertinentes para lograr un profesorado de alta
cualificación, y mucho se ha conseguido en los últimos años, a pesar de
este aspecto poco afortunado de la ley.
Señor presidente, también la LRU en su título V, artículo 33, apartado 3,
dice que las universidades podrán contratar temporalmente, en las
condiciones que establezcan sus estatutos y dentro de sus previsiones
presupuestarias, profesores asociados, de entre especialistas de
reconocida competencia --y subrayo, porque lo pone la ley, de entre
especialistas de reconocida competencia-- que desarrollen normalmente --y
hago este subrayado-- su actividad profesional fuera de la universidad, y
profesores visitantes. La contratación de estos profesores podrá
realizarse a tiempo completo o parcial. El número total de unos y otros
no podrá superar el 20 por ciento de los catedráticos y profesores
titulares de cada universidad, salvo en las universidades politécnicas,
donde dicho número no podrá superar el 30 por ciento.
Pues bien, señorías, por razones diversas es evidente, y parece que es
cierto, que si existe ese número de asociados es porque la norma se ha
transgredido. Se ha transgredido continuamente por las razones que fuere,
justificadas o no, pero de hecho así es. Y resulta que estos asociados en
vez de serlo a tiempo parcial por su reconocido prestigio en la industria
o en otra serie de instituciones públicas o privadas, están contratados a
tiempo completo por la universidad. ¿No les parece un poco paradójico que
esto haya sido así? ¿No les parece un poco sorprendente que se vuelva a
repetir otra vez el viejo problema de los PNN de la antigua universidad?
¿No les parece sorprendente que ahora algunos diputados nos asombremos de
esto que ha acontecido y no se hayan dado cuenta a lo largo de tantos
años de que esto estaba pasando? A mí, señorías, como a algunos otros,
creo que sí nos sorprende.
El Gobierno socialista anterior, hay que decirlo, consciente de esta
carencia de la ley --y pienso que con la intención de mejorar la ley para
corregir sus errores, cuya evidencia es palpable en el desarrollo y
aplicación de la norma--, trajo a esta Cámara en dos legislatura, en la
IV y en la V, dos proyectos de ley para modificar el título V: uno en el
año 1992 y otro en 1994. Ninguno de los dos llegó a buen puerto por
razones diferentes, pero el hecho es ése.
Señor presidente, creo yo que estamos todos de acuerdo en que las leyes
deben adecuarse a la realidad social y no quedar encorsetadas e
inamovibles. Es lógico que se modifiquen aquellos aspectos legislativos
que han demostrado su inoperancia, su ineficacia y sin ninguna
rentabilidad, en este caso, de ningún tipo, como, por ejemplo, los
concursos. Los concursos en el título V son inadecuados en cuanto a las
pruebas de selección e inadecuados en cuanto a la composición de los
miembros que los han de juzgar. Si a esto añadimos, señorías, otra serie
de deficiencias, como es el caso de los sorteos de los miembros de la
comisión, el resultado ha sido el contrario del que se pretendía y del
que se esperaba. Es decir, no hay, señora Aramburu, igualdad de
condiciones entre los candidatos --creo que alguien lo ha mencionado
anteriormente-- y no existe en general, salvo honrosas excepciones,
respeto a los principios de mérito y capacidad.
Este problema es la consecuencia de una norma no cumplida por la falta de
claridad y transparencia de algo tan importante como son los sorteos.
Señorías, estos sorteos que la norma dice que son públicos, como ustedes
saben, corresponden a los tres miembros de cada una de las comisiones,
puesto que el presidente y secretario los nombra la universidad.
Permítame, señor presidente, permítanme, señorías, que recuerde que los
sorteos se realizan por ordenador y no hay mejor forma de manipular una
variable --entiéndaseme manipulación en el sentido terminológico de la
misma-- que con la utilización del ordenador. Por lo tanto, no son
públicos como la ley manda. Hace unos años esta diputada hacía una
propuesta a la entonces secretaria de Estado de Universidades, la señora
Pérez Vera, para que estos sorteos fuesen públicos, y le proponía la
cooperación de los niños del Colegio San Ildefonso de Madrid, porque así
sería un sorteo público y, por tanto,
equitativo y no discriminatorio para ningún candidato, sería un sorteo
transparente y estoy segura que también un sorteo animado. Permítanme,
señorías, que les recuerde que desde esta tribuna se ha hablado en muchas
ocasiones de ello, de uno de los problemas más preocupantes que a todos
los grupos parlamentarios nos inquieta y que padece nuestra universidad.
Me refiero al problema de la endogamia, que va en contra del carácter
definitorio de la propia universidad y que es el de su universalidad.
Todo ello --repito esto que he enumerado y no me voy a extender,
señorías, con otros asuntos parecidos o similares-- favorece ese exceso
de endogamia que padece nuestra universidad. Y la endogamia no favorece a
nadie, ni a la universidad, porque no la hace competitiva, ni a la
sociedad a la que pertenece, porque la anquilosa y no la dinamiza, ni
siquiera a los que la han practicado. (Un señor diputado: ¡Tiempo!)
Señor presidente, en el hipotético supuesto de aceptar esa proposición de
ley de Izquierda Unida no sólo no se resolvería uno de los principales
problemas de la universidad, sino que se acrecentaría esta endogamia con
las medidas que nos proponen. El Grupo Popular entiende, y yo también,
que hay que afrontar y corregir esta situación con el diálogo y con el
consenso. Hay que restablecer la movilidad del profesorado universitario
y restituir la posibilidad de realizar concursos de traslado del
profesorado numerario o cualquier otra fórmula consensuada que permita
esta movilidad que, en definitiva, redunda en el enriquecimiento de las
universidades.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señora García-Alcañiz,
concluya, por favor.
La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Voy terminando, señor presidente.
Por todo ello, y compartiendo el deseo de solucionar la situación de
parte del profesorado universitario, creemos que debe abordarse de forma
rigurosa y amplia la modificación del título V. El Gobierno que preside
el señor Aznar se ha comprometido en esta Cámara a modificar el título V.
Así lo expresaba el ministro de Administraciones Públicas, señor Rajoy,
en su comparecencia del pasado 25 de abril, quien decía textualmente: El
Gobierno tiene la firme voluntad de abordar la reforma del título V de la
Ley Orgánica de Reforma Universitaria. Y continuaba diciendo el señor
Rajoy: El Gobierno no puede abdicar de sus propias responsabilidades como
gobierno, pero tiene que hacer un esfuerzo para que todos los proyectos
de ley que envía a las Cortes Generales gocen del máximo consenso y de la
aquiescencia del mayor número posible de colectivos --partidos políticos,
instituciones, etcétera--. Y continuaba diciendo el señor Rajoy: Hacer
una invitación --y la hacía a todos los grupos de esta Cámara,
naturalmente también al grupo parlamentario que usted representaba, se
refería en este caso concreto al Grupo de Izquierda Unida-- para intentar
llegar a un acuerdo sobre un tema que no tiene por qué ser necesariamente
un asunto en el que sea imposible el acuerdo. Creo que es más que posible
que lo haya, no sólo posible, sino sobre todo necesario. Para conseguir
lo necesario y lo posible debemos hacer un esfuerzo no sólo los
representantes del Gobierno, sino también los representantes de la
oposición que han sido y pueden ser también gobierno en el futuro.
Con esto termino, señor presidente, señalando la voluntad del Gobierno de
traer a esta Cámara el proyecto de ley.
En cuanto a la segunda parte, y termino --permítame unos segundos, señor
presidente--, con respecto a la financiación de las universidades
simplemente enumeraré lo siguiente: que esta Cámara debe ser respetuosa
con las competencias que corresponden a las comunidades autónomas y así
se dice textualmente en el preámbulo de la Ley 11/83, Orgánica de Reforma
Universitaria.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señora García-Alcañiz, está
usted rebasando con mucho ya el tiempo. ¿Quiere usted ya concluir, por
favor?
La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Espero de su generosidad que me deje
terminar, señor presidente. Muchas gracias. (Protestas.)
El título VIII de la Constitución y los correspondientes estatutos de
autonomía han efectuado una distribución de competencias universitarias
entre los distintos poderes públicos. Esta doble referencia
constitucional exige efectuar un nuevo reparto de competencias en materia
de enseñanza universitaria entre el Estado, las comunidades autónomas y
las propias universidades.
En 1996 finalizó el proceso de transferencias de las universidades a las
comunidades autónomas y hay que añadir que, como consecuencia de este
proceso de transferencias, la financiación de las universidades españolas
corresponde fundamentalmente a las comunidades autónomas a las que
pertenecen; es decir, sus gobiernos, los gobiernos autonómicos, elaboran
los presupuestos que corresponden y son sus asambleas las que los votan y
deciden libremente. Esta Cámara debe ser respetuosa con las competencias
que ya han sido transferidas, y permítanme que recuerde que las leyes
deben servir a los intereses generales de toda la comunidad, en este caso
de la comunidad universitaria.
Por todo esto, señorías, señor presidente, nuestro voto va a ser negativo
a la toma en consideración.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
García-Alcañiz.
Vamos a proceder a las votaciones. (El señor vicepresidente,
Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Votación
correspondiente a la toma en consideración de la proposición de ley del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas
prioritarias para la regularización del profesorado universitario y
financiación de las universidades.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a
favor, 137; en contra, 155.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda rechazada la
toma en consideración.
Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario
Mixto, sobre medidas urgentes para la regularización del profesorado
universitario.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a
favor, 137; en contra, 155.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda rechazada la
propuesta.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
-- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE MODIFICACION DEL ESTATUTO
ORGANICO DEL MINISTERIO FISCAL CON EL FIN DE CREAR Y REGULAR LA FISCALIA
ESPECIAL PARA LA PREVENCION Y REPRESION DE LAS INFRACCIONES CONTRA EL
MEDIO AMBIENTE. (Número de expediente 162/000078)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Punto III del orden
del día: Proposiciones no de ley. Proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre modificación del Estatuto orgánico del
ministerio fiscal con el fin de crear y regular la fiscalía especial para
la prevención y represión de las infracciones contra el medio ambiente.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora
Narbona.
La señora NARBONA RUIZ: Gracias, presidente.
Señoras y señores diputados, me corresponde presentar hoy la primera de
una serie de propuestas que presenta el Grupo Parlamentario Socialista y
que tienen en común el objetivo de favorecer el cumplimiento correcto de
la normativa en materia de política ambiental.
Creemos que lo sucedido en las minas de Aznalcóllar debería llevar a
todos los grupos de la Cámara a presentar iniciativas, reformas de
nuestro marco legislativo, y a exigir respuestas más eficaces por parte
del Gobierno de la nación y de las administraciones en general para
evitar en lo posible que se repitan hechos como los que lamentablemente
han acaecido. Por ello, el Grupo Socialista ha formulado varias
propuestas relativas a la política ambiental, todas ellas rechazadas la
semana pasada tras el debate sobre el estado de la Nación, pero que vamos
a volver a plantear una a una en esta Cámara, como lo hacemos hoy con la
primera de ellas, la relativa a la creación de la fiscalía especial de
medio ambiente. Seguiremos, por lo tanto, en las próximas semanas con
otras iniciativas, que, como decía al principio, tienen todas en común el
necesario fortalecimiento de la acción pública para garantizar el
cumplimiento de las normas ambientales.
Ya sabemos que el actual Gobierno nos considera excesivamente
intervencionistas por reclamar una y otra vez un mayor control social de
la iniciativa privada con impacto ambiental. Pero, señorías, si se
hubiera controlado con mayor eficacia la actividad en las minas de
Aznalcóllar quizás se hubiera podido evitar la tragedia. Desde luego,
somos intervencionistas si así se entiende cuando reclamamos, como
hicimos la semana pasada en una de nuestras propuestas, que se aumente la
dotación de medios humanos y técnicos de las confederaciones
hidrográficas.
Tras escuchar esta mañana en la Comisión de Medio Ambiente al comisario y
al presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, no nos
cabe más que insistir en propuestas de este tipo. Creemos, efectivamente,
que hay que reforzar la acción pública. Hemos presentado también alguna
iniciativa adicional a las de la semana pasada, relativa, en concreto, a
lo sucedido en las minas de Aznalcóllar en lo que se refiere, por
ejemplo, a la solicitud de la intervención del ejército en la retirada de
los lodos tóxicos del entorno de Doñana, siempre que así lo requieran las
administraciones que copresiden el organismo de coordinación del plan de
actuaciones de la retirada de los lodos tóxicos. Comprendo que esto
también puede ser tachado de intervencionista, pero parece algo
absolutamente necesario.
Señores diputados del Partido Popular, nuestro grupo también va a
presentar en los próximos días una iniciativa que seguro que les suena.
Vamos a pedir que el Gobierno elabore un proyecto de ley general de medio
ambiente que permita sistematizar la compleja situación existente, que
fue una propuesta muy aireada por los señores del Partido Popular cuando
estaban en la oposición y que incluso constituye la segunda medida que
aparece en su programa electoral de 1996, pero que, al parecer, ha sido
abandonada en cuanto han llegado al Gobierno.
Señorías, hoy me corresponde defender ante la Cámara una iniciativa
ampliamente reclamada no sólo
por los fiscales más comprometidos con la defensa del medio ambiente,
sino por todos aquellos que se preocupan por la insatisfactoria respuesta
judicial en esta materia. En síntesis, podemos decir que en España existe
hoy una legislación adecuada en lo que se refiere a la definición del
delito ecológico. El nuevo Código Penal ha recogido en 22 artículos una
definición amplia y ambiciosa del delito ecológico, superando la escasa e
insuficiente definición contenida en la anterior versión del Código
Penal, donde se dedicaba a esta materia solamente el artículo 374 bis.
Durante la anterior legislatura, desde la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, y con la colaboración del Consejo Asesor de Medio Ambiente,
tuvimos ocasión de aportar sugerencias respecto de esta definición al
Ministerio de Justicia y creemos que el resultado es, sin duda,
satisfactorio.
Sin embargo, el problema está --como se ha reconocido en la memoria de la
Fiscalía General del Estado publicada en 1997-- en la escasísima
capacidad del Poder Judicial para garantizar la correcta aplicación del
Código Penal en esta materia. En concreto, la memoria señalaba, en primer
lugar, el aumento muy significativo de diligencias en esta materia, tras
la aprobación del nuevo Código Penal. En segundo lugar, los muy escasos
medios técnicos a disposición, en general, de las fiscalías que se ocupan
de temas ambientales y la irregularidad de estos medios entre las
diferentes fiscalías, encontrándose algunas bastante más dotadas que
otras. En tercer lugar, la ausencia de criterios comunes y la falta de
coordinación en las actuaciones de las diferentes fiscalías. Hay que
recordar que desde 1990, cuando se promulgó una circular en esta materia,
no ha habido ni circulares ni instrucciones y, después de haberse
aprobado el nuevo Código Penal, esta es una carencia absolutamente
relevante. En cuarto lugar, se destaca en la memoria la deficiente
colaboración de las administraciones con el Poder Judicial, llegando
incluso a obstaculizar su labor en esta materia. En quinto y último
lugar, la memoria señalaba las dificultades de las fiscalías para
intervenir de oficio con carácter preventivo cuando no hay todavía una
infracción penal, sino simplemente de carácter administrativo.
Quiero destacar la importancia de estas carencias denunciadas por la
Fiscalía General en 1997 y, en particular, la última, la dificultad de
actuar desde el Poder Judicial con carácter preventivo. Señorías, debemos
hoy preguntarnos si con un Poder Judicial adecuadamente dotado no podría
haberse evitado la catástrofe de las minas de Aznalcóllar.
Ante las carencias señaladas caben varias soluciones. Lo que no nos
parecería en absoluto adecuado políticamente es que no se plantee ninguna
alternativa a la solución que hoy proponemos, es decir, a la creación de
una fiscalía especial de medio ambiente. Creemos que los grupos
parlamentarios deben asumir la responsabilidad o bien de aceptar esta
propuesta o bien de proponer otras vías de mejora de una situación en la
cual se carece de política criminal en esta materia y se carece de la
capacidad de ejercer la acción penal de manera adecuada.
Tenemos, señorías, antecedentes, la Ley 5/1988, de 24 de marzo, y la Ley
10/1995, de 24 de abril, por las cuales se modificaba el Estatuto del
Poder Judicial, para crear las fiscalías especiales en materia de droga y
en materia de corrupción respectivamente. Por supuesto, es obvio que no
se puede pedir la creación de una fiscalía especial para cualquier
materia, pero creemos que estamos ante algo en lo que, por su
complejidad, por su dificultad, por el elevadísimo número de normas
administrativas, más de 14.000, que definen en estos momentos el panorama
con el cual tienen que enfrentarse desde el Poder Judicial y los propios
ciudadanos, estaría justificada la creación de una fiscalía especial en
materia de medio ambiente.
Nuestra propuesta, señorías, coincide con recomendaciones que se han
formulado, en primer lugar, en el año 1990, desde el Consejo de Europa,
la resolución 77/28, ratificada en la XVII Conferencia de ministros de
Justicia del Consejo de Europa, en Estambul, en ese año, que insta a los
gobiernos a la creación de fiscalías especiales en medio ambiente.
También, la recomendación de la propia Comisión de Medio Ambiente del
Parlamento Europeo, que, en su sesión de 9 de octubre de 1996, aprobó el
informe del eurodiputado Ken Collins, donde se pedía, entre otras cosas,
el establecimiento de tribunales y de fiscalías especiales en materia de
medio ambiente.
Insisto en que la iniciativa que hoy presentamos debería ser impulsada
dentro del Gobierno por el Ministerio de Medio Ambiente, a la vista de
que, desde que ha entrado en vigor el nuevo Código Penal, el Ministerio
de Justicia no ha abordado con suficiente eficacia las consecuencias de
esta definición del delito ecológico, tal y como señalaba la propia
memoria de 1997.
Lamentaría que no fuera así, que el Ministerio de Medio Ambiente no
impulsara medidas de este tenor dentro del Gobierno, porque ello sería
una muestra más de la escasa importancia que dentro de este Gobierno se
da a la política ambiental, a pesar de haberse creado en esta legislatura
un ministerio con esta denominación.
Recuérdenlo, señorías, una medida como la que estamos proponiendo hoy
desde el Grupo Parlamentario Socialista podría haber evitado la
catástrofe de las minas de Aznalcóllar; podría haberla evitado porque en
esa catástrofe no sólo han incidido fallos de la propia empresa o de las
administraciones que vigilaban su actividad, sino que también nos
encontramos con el archivo de denuncias por parte de los correspondientes
juzgados.
Por tanto, señoras y señores diputados, les pido que actúen, con la
responsabilidad que tenemos dentro de
esta Cámara, en cuanto a proponer mejoras en la posibilidad de actuar
desde el Poder Judicial y de dotarnos de instrumentos para una adecuada
política criminal en materia de cumplimiento del Código Penal en lo que
se refiere al delito ecológico, fortaleciendo todos aquellos instrumentos
que puedan suponer una acción preventiva y, por tanto, contribuir a
evitar nuevas tragedias como la que lamentablemente estamos viviendo
ahora mismo.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Narbona.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra
el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Qué duda cabe, como bien lo ha sabido expresar con énfasis la portavoz
del grupo parlamentario proponente, que la señora Narbona nos trae una
materia de alto interés y sensibilidad en todos los órdenes: el político,
el jurídico y el social en materia medioambiental, al pedir la creación
de esta fiscalía especial para la prevención y represión de las
infracciones contra el medio ambiente.
Cuando debatimos en la pasada legislatura el vigente Código Penal, mi
grupo fue de los que apoyó la iniciativa del ministro de Justicia e
Interior, señor Belloch, y del portavoz socialista en los debates, para
que la figura del delito ecológico tuviera un grado mayor frente a la
indeterminación y levedad con que el anterior Código Penal trataba dicho
delito ecológico. Creo que esta figura ha quedado plenamente definida y
responsabilizada en el uso del Derecho positivo español, con la
aplicación del Código Penal en su artículo correspondiente al delito
ecológico.
Dicho esto, mi grupo quiere hacer las siguientes matizaciones al
respecto. Somos reacios a que, cuando ocurre --por cualquier razón y más
dentro de lo que llamaríamos alarma social o escándalo periodístico-- un
hecho ecológico de trascendencia, como se ha encargado de poner de
manifiesto con el ejemplo de lo ocurrido en las inmediaciones del coto de
Doñana y por los vertidos tóxicos de las minas de Aznalcóllar, en Huelva,
vayamos a justificar su prevención con la creación de una fiscalía. Son
muy distintas las circunstancias que nos llevaron ya, y lo ha recordado
con los antecedentes legales, con las leyes 5/1988 y 10/1995
respectivamente, en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y en la
lucha contra el delito económico versus corrupción. Digo esto porque
estaríamos entrando en un proceso, que creo que el legislador no
consideró cuando discutimos el Código Penal vigente, en el delito
ecológico, de ir dotando distintas figuras con una fiscalía especial.
Esta fiscalía que se propone supondría desgajar de la Fiscalía General
del Estado una nueva competencia, exclusivamente para lo ecológico.
He repasado las últimas memorias del fiscal general del Estado y no llama
precisamente la atención que, en los últimos tres años, las causas
incoadas en las distintas jurisdicciones por delitos ecológicos
trascendentes, importantes, escandalosos, tengan la significación que en
un análisis coste-beneficio económico para la Administración de Justicia
hiciera necesaria esta figura. Ha señalado la señora Narbona --y
participo de esto-- que quienes nos opongamos o no tengamos todas las
razones para crear y apoyar una fiscalía especial no demos soluciones al
tema, porque efectivamente hay que darlas.
Mi grupo no va a votar favorablemente la creación de esta fiscalía
general porque por el momento entendemos que no hay casuística
cuantitativa y cualitativa suficiente que la justifique. Punto primero.
Punto segundo. Entendemos que la Fiscalía General del Estado, en razón
del principio de exigencia de legalidad, puede incentivar, con las
instrucciones circulares pertinentes, a los fiscales del Estado de las
distintas administraciones periféricas, para extremar su celo en la
persecución del delito ecológico. Que los magistrados y jueces
correspondientes carguen todo el peso que les permite el vigente Código
Penal para hacer ejemplares sus sentencias sobre el delito ecológico.
Se trata, fundamentalmente, de un delito que juzgamos a posteriori de su
comisión y, en el tema ecológico, es necesario valorar también lo que es
la disuasión previa. No podemos acusar de delincuentes a determinadas
industrias, personas jurídicas, a las que les ocurre una catástrofe, por
imprudencia si se quiere. No se puede hacer una presunción, como ocurre
en el crimen organizado del tráfico de drogas o de los delitos económicos
de corrupción, en los que hay una intencionalidad jurídica, una
intencionalidad de posicionamiento de quien va a programar la comisión de
un delito. Aquí no la hay en sentido estricto y, por eso, en su
proposición, ustedes distinguen perfectamente, y lo hacen valer y notar,
que se trata de un bien jurídico de carácter colectivo, que no es un
derecho público subjetivo.
Lo que sí propondríamos nosotros es que, a través de la Fiscalía General,
se instara al celo de los fiscales para que emprendan todas las
actuaciones correspondientes, de acuerdo con su estatuto, para que los
jueces y tribunales activen todo tipo de sentencia con la máxima dureza
en relación con esta cuestión fundamental.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que la competencia ecológica está
transferida a las comunidades autónomas, que son, a nuestro entender, las
que tienen que instrumentar medidas, por medio de los parlamentos
autonómicos y de la acción de Gobierno de la comunidad autónoma, para
que, a través de los órganos jurisdiccionales correspondientes, tanto de
sus audiencias
provinciales como de sus tribunales superiores de Justicia, de acuerdo
con la problemática que tengan en cuestiones ecológicas en su territorio,
den las instrucciones pertinentes.
Estas son, grosso modo, señora Narbona, nuestras razones, en un orden de
prudencia y esperando que esto no vaya a más, porque entonces podríamos
entrar verdaderamente en el fondo de la cuestión. Quiero recordar,
repasando todas las notas con las que he preparado esta intervención, que
el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, con anterioridad a la
aprobación del vigente Código Penal, se opuso por estas razones a la
creación de esta fiscalía en este sentido especial, que creo que había
propuesto algún senador del Grupo Mixto, remitiéndolo al nuevo Código
Penal, que en ese momento todavía no se había aprobado.
Creemos que hay suficientes instrumentos, sobre la base del Código Penal
y de las facultades de la Fiscalía General del Estado, para no desgajar
una nueva fiscalía especial. Si no, abriríamos una dinámica de ir creando
fiscalías por cada cosa delictiva que vaya apareciendo de una manera
singularizada o episódica.
Por nuestra parte, se dará todo el apoyo a cualquier otra medida que vaya
en la línea de incentivar a los fiscales en el cumplimiento del principio
de legalidad, para lo cual ellos siguen teniendo todos los instrumentos
legales a su disposición. Sin embargo, en cuanto a la idea de su
iniciativa de una fiscalía especial para el delito ecológico, nosotros no
la vamos a apoyar en este momento.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la
señora Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor presidente.
Señorías, desde el Grupo Vasco hemos visto con interés la proposición de
la señora Narbona, porque la protección medioambiental forma parte de las
preocupaciones que son credo para el partido al que pertenezco, pero la
creación de una fiscalía especial nos suscita dudas importantes.
Es cierto que el Código Penal de 1995 mejora las tipificaciones del
precedente con un único delito, que además era de muy complicada
aplicación y con escasísima jurisprudencia. Ahora, hemos pasado a 22
artículos más los delitos relativos a la seguridad colectiva, energía
nuclear, radiaciones ionizantes, además de los incendios forestales. Pero
para su mejor persecución veríamos más adecuado empezar por lo que ha
sido una constante petición por parte de nuestro partido, modificar, sí,
el Estatuto del ministerio fiscal, pero desde otra óptica. Dar de una vez
facultades instructoras al ministerio fiscal, en la línea de lo que se
sugiere en el propio Libro Blanco del ministerio fiscal. Cierto que ello
conllevaría otras reformas que son importantes, pero que el propio libro
pormenoriza en la línea de reformar necesariamente el proceso penal,
reformas estructurales, reformas organizativas y la dotación de mayores
medios materiales.
El propio libro blanco no se muestra en absoluto partidario de que
proliferen estas fiscalías especiales, porque pueden incidir --dice--
negativamente en la estructura y el funcionamiento de la fiscalía común.
Incluso algunos propugnan su supresión. En todo caso, debe establecerse
una regulación de las fiscalías especiales, no fiscalías especiales en
concreto, sino regulación de estas fiscalías especiales.
Lo que decía tiene una cierta corroboración en un artículo de reciente
publicación, de José Jiménez Villarejo, fiscal especial para la
prevención y la represión del tráfico ilegal. En el resumen que hace de
lo que ha sido la actuación de esta fiscalía especial dice que sus
actividades se orientan en dos frentes fundamentales: los mismos órganos
del ministerio fiscal y la policía judicial especializada. Dice que los
logros en ambos aspectos no son los mismos. Hacia el futuro --dice--, es
absolutamente necesario clarificar definitivamente las relaciones del
fiscal especial con la policía de estupefacientes en este caso, y para
ello puede ser un presupuesto insustituible institucionalizar la figura
de los fiscales especiales en el nuevo estatuto orgánico. Esta sería
también ahora nuestra preferencia y que los fiscales auténticamente
instructores tuvieran a su servicio la policía especializada adecuada que
les permitiese la conveniente persecución de las conductas a las que se
refiere la proposición que desde el Grupo Socialista se nos presenta.
Esta posibilidad de una fiscalía instructora dotada de medios policiales
adecuados sería también más efectiva desde la otra óptica que la
iniciativa socialista plantea, que es la protección, cuando no se trata
de delitos, sino de infracciones administrativas. Vemos difícil que ahí
pueda entrar el fiscal en la normativa actual; únicamente en los
supuestos en los que el ordenamiento articula la existencia de acción
pública sería posible su persecución mediante la fiscalía. Son muy
escasos, los supuestos referidos de la Ley del Suelo, de la Ley de
Patrimonio Histórico y de la Ley de Costas. En los demás, el fiscal no
tendría actuación ninguna. Sí, sin embargo, policías especializadas, en
el sentido que yo antes indicaba, que podrían dar parte, bien a las
autoridades administrativas, si se trataba de sancionar en este ámbito,
bien a los fiscales instructores para que se siguiese adelante con un
procedimiento penal. De momento, por eso, creemos que debe abordarse la
situación de la fiscalía con carácter general y no ir parcheando cada vez
que surgen ámbitos del ordenamiento que están necesitados de persecución
especial.
Esa es nuestra postura y, por tanto, nos opondremos a la iniciativa que
se presenta desde el Grupo Socialista.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Uría.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Silva.
El señor SILVA SANCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Si, como ha hecho el resto de los grupos, examinásemos las últimas
memorias de la fiscalía, o al menos las dos últimas, las de 1996 y 1997,
es cierto que se aprecian, en materia medioambiental, importantes
claroscuros. Por un lado, tenemos --y ha sido citada-- la circular 1/90,
sobre la base del Código Penal anterior, sobre la intervención del
ministerio fiscal en la investigación y represión de los delitos
medioambientales. Cierto también que ya hace varios años que se insta por
la Fiscalía General del Estado a las fiscalías para que incluyan en sus
memorias la evolución de sus actuaciones en relación con el delito
medioambiental. Cierto es que en varias de estas fiscalías se han creado
ya secciones especializadas en materia medioambiental; hay otras en las
que existen varios fiscales especialistas, dirigidos por un coordinador.
Y es cierto también que las actuaciones de la Policía judicial se van
multiplicando, tanto cuantitativa como cualitativamente. Por lo que hace
referencia al caso de Cataluña, puede hablarse encomiásticamente de la
actuación del Seprona, del Servicio de Protección de la Naturaleza de la
Guardia Civil, así como también del área central de medio ambiente de los
mossos d'esquadra o de la actuación de la Policía nacional.
Sin embargo, después de estos claros, llegan los absolutos oscuros y,
como también ha sido dicho, las memorias ponen de manifiesto una tremenda
descoordinación entre las administraciones gestoras de medio ambiente y
las fiscalías, hasta el punto de que en la memoria de 1997 nos
encontramos con la curiosidad de que hay fiscales o secciones
especializadas de la fiscalía que se quejan de la escasa o nula remisión
de expedientes por parte de algunas administraciones gestoras. Ese es el
caso de Cataluña. Hay otras, como podía ser el caso de alguna fiscalía de
Andalucía, que se queja de que la Administración le envía absolutamente
todo, existan o no indicios de delito, Por lo tanto, hace falta una
coordinación en estas materias.
A veces da la impresión de que están vigentes en el territorio del Estado
códigos penales diferentes en esta materia. Alguna justificación existe:
los delitos medioambientales se configuran en buena parte como normas
penales en blanco y, por tanto, se integran con normativas autonómicas,
pero es lo cierto que en algunos casos la actuación de las diferentes
fiscalías en materia medioambiental es total y absolutamente
descoordinada.
Hace falta también una delimitación precisa de cuáles son las
competencias en esta materia. No deja de ser sorprendente que en la
memoria de 1996 la propia Fiscalía General del Estado tenga, de alguna
manera, que llamar al orden a una fiscalía en el sentido de no aplicar
pena de banquillo ante el optimismo de esta fiscalía, que dice que,
aunque existan resoluciones absolutorias o los procedimientos no lleguen
a feliz término, no debe cundir el desánimo entre las instituciones
llamadas a prevenir y perseguir estos delitos, al haberse comprobado que
una fase de investigación policial y judicial tiene ocasionalmente una
extraordinaria eficacia como función de control y preventiva, que puede
frenar y corregir actuaciones gravemente peligrosas para el medio
ambiente, es decir, la pena de banquillo pura y dura. De lo que sí se
quejan todas las fiscalías es de la falta de medios, de la falta de
especialización y, en última instancia, lo que se pone de manifiesto es
una falta real de política criminal. Como se dice en la propia memoria,
la política criminal no consiste pura y simplemente en el establecimiento
y la aprobación de las normas, sino que hay que gestionar los mecanismos
de aplicación.
Por tanto, estaríamos muy de acuerdo en algunas de las cosas que se han
dicho aquí por otros grupos; sin embargo, en lo que discrepamos es en que
la mejora de esta situación, que es absolutamente necesaria, venga
precisamente por la vía de las fiscalías especiales. Por un lado, si nos
acogemos a lo que podríamos llamar doctrina cualificada, el Libro Blanco
del ministerio fiscal, aprobado por el Consejo Fiscal, no se muestra en
absoluto partidario de esta vía. La fiscalía especializada supone una
alteración de las normas ordinarias de competencia dentro de la propia
fiscalía, de ahí que no deba en modo alguno proliferar.
Yo aportaba la resolución del Comité de Ministros del Consejo de Europa
en un sentido contrario al que ha expuesto la señora Narbona. Al menos en
una traducción literal, esa resolución se pronuncia en favor de secciones
especializadas, que es lo que tenemos, no tanto de fiscalías especiales.
En cualquier caso --y para terminar--, los principios que han determinado
la creación de las otras dos fiscalías especiales son diferentes del tema
que ahora nos ocupa. Tanto en la fiscalía que tiene por objeto la
represión de delitos económicos relacionados con la corrupción como en la
del tráfico ilegal de estupefacientes nos encontramos ante la persecución
de actuaciones que se realizan a través de bandas organizadas que suelen
afectar al territorio de varias audiencias provinciales y que, por tanto,
el lugar ordinario de enjuiciamiento es precisamente la Audiencia
Nacional. De ahí que algunos hayan propuesto que estas fiscalías
especiales deberían ser suprimidas en favor de la competencia de la
Fiscalía de la Audiencia Nacional.
Por ello, no nos vamos a encontrar con delitos medioambientales, que no
se cometen, en principio, a través de organizaciones, aunque no digo que
no sea posible, tampoco afectan, en principio, al territorio de diversas
audiencias y, por tanto, nos vamos a encontrar
ante una fiscalía especial, si se crease, que va a tener que actuar ante
órganos judiciales absolutamente territoriales y no centralizados, que va
a tener que actuar a través de fiscales delegados que, además de estas
competencias, van a tener que realizar las funciones que incumben a la
Fiscalía de la Audiencia Provincial en la que prestan servicios y, por
tanto, ante fiscales que van a tener una doble dependencia, de una
fiscalía territorial y de la fiscalía especial. No parece que ése sea el
mejor de los sistemas.
Parece, sin embargo, que lo que debe impulsarse es una actuación
coordinada, una dirección desde la Fiscalía General del Estado de las
diversas secciones especializadas de las fiscalías en las distintas
audiencias provinciales, cosa que hasta ahora no se ha realizado. Sobre
la base de la potenciación de la policía judicial, de la coordinación con
la propia administración gestora del medio ambiente y de este impulso y
coordinación, como se propone en la memoria de 1997 desde la Secretaría
Técnica de la Fiscalía, seguro que podremos obtener frutos que sean
preciados para todos.
Sobre esta base, obviamente, votaremos en contra de la propuesta.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Silva.
En nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
No es la primera vez que, bien sea con motivo de la discusión del delito
ecológico o de los malos tratos a las mujeres o de cualquier otra de
estas fórmulas delictivas sobre las cuales la ciudadanía va adquiriendo
paulatinamente una mayor sensibilidad, se ha suscitado el tema de las
fiscalías especiales. Es cierto que es un problema en el que hay una
profunda división de opiniones. Hay quienes piensan que no es necesario
acudir a esa especialización de las fiscalías y que podemos dar respuesta
adecuada con el sistema actual de funcionamiento. Pero también es cierto,
y el «Diario de Sesiones» de esta propia sesión plenaria va a ser
testigo, que en todas las intervenciones aparece una profundísima
preocupación. Hay una constatación de que las cosas no están funcionando
como deben y que, según va aumentando ese grado de sensibilidad ciudadana
y de reproche social hacia conductas que ponen en peligro, como bien
protegible, lo que llamamos el medio ambiente --no olvidemos, un derecho
constitucionalmente protegido--, sin embargo, cada vez que llegan esta
clase de temas somos incapaces de acometer soluciones con una mínima
audacia. Es cierto que a lo mejor la especialización de los fiscales no
es suficiente y que, además, se está produciendo una tendencia cada día
mayor a exigir que esa especialización también llegue a los órganos
jurisdiccionales que lógicamente tienen, en muchísimos casos, que
resolver sobre temas que son de una enorme complejidad. Y es cierto
también que la complejidad de esta clase de delitos ha llevado hasta que
haya en la propia Guardia Civil una sección especial, cada día mejor
formada y más preocupada, dentro de lo que llamamos la Policía judicial,
para ir procurando descubrir las infracciones que se cometen contra este
bien común y corrigiéndolas en la medida en que en la mayoría de los
casos no son atribuibles exclusivamente a una desidia de la
Administración, sino que hay quien antepone, lógicamente, sus intereses
fabriles o mercantiles a lo que deben ser los intereses colectivos.
Hoy nos viene una proposición no de ley, del Grupo Parlamentario
Socialista, que quiere, de una forma a lo mejor no total ni
satisfactoria, que empecemos a preocuparnos de este problema. Lo que se
pide es simplemente que se remita a estas Cortes una modificación del
Estatuto del ministerio fiscal. Quiero recordar a SS. SS. que, por
resolución de esta Cámara, el Ministerio de Justicia quedó emplazado a
remitirnos una reforma del Estatuto del ministerio fiscal, en la que,
además de otras cuestiones, cual es el nombramiento del fiscal general
del Estado, el plazo de duración, la dación de cuentas, su forma de
comportamiento en su relación con esta Cámara, se puede contemplar de una
forma muy seria lo que significa el criterio de la conveniencia o no de
unas fiscalías especiales que, repito, no es la primera vez que asoman en
algunos de nuestros debates.
A mí sí me resulta un poco paradójico que estemos todos de acuerdo en que
este es un tema que nos preocupa profundamente, que estemos todos de
acuerdo en que no estamos dando la suficiente respuesta judicial, que
estemos incluso de acuerdo en que nuestra Policía judicial está muy
necesitada de formación en este tema, como en otros, porque ha salido a
relucir, por ejemplo, la Fiscalía anticorrupción, y tengo datos
suficientes para saber que en algunas fiscalías autonómicas --no me
refiero ya de carácter provincial-- a lo mejor en materia de
especialización, como brigada de delitos económicos, gozan de tres o
cuatro agentes, y cuando se recaba el auxilio de la Administración, éste
no aparece por ningún sitio. Y lo digo porque aquí se ha hablado de que,
primero, es necesario el auxilio de la Administración, preparar y
sensibilizar a las instituciones locales y autonómicas, que además es
necesario preparar a la Policía judicial, que conviene que haya unos
peritos que sean capaces de auxiliar en la función jurisdiccional y, por
qué no, que podríamos ir avanzando en la especialización de tribunales,
que no significa ni más ni menos que ir buscando una tutela judicial cada
día más efectiva por el conocimiento del juzgador.
Hoy nos va a pasar lo de siempre. Se nos ofrece la ocasión de empezar un
camino en el que el Grupo Parlamentario
Socialista pone el énfasis en lo que le interesa en cuanto al delito
ecológico, pero no prejuzga que, una vez que sea aprobada esta
proposición no de ley y el Gobierno la cumpla, lo cual sí que puede ser
un desiderátum, dado el resultado que están teniendo todas las mociones y
proposiciones no de ley que se acuerdan en esta Cámara, pero podría
ocurrir, porque se puede creer en los milagros hasta desde el punto de
vista agnóstico, llegara esa reforma del estatuto y otros tratáramos de
introducir en ella temas que nos preocupan. No podemos perder las
ocasiones y colocarnos en que lo perfectible es mejor que lo cotidiano.
Yo creo que hoy hay una ocasión de llamar la atención al Gobierno. Vamos
a aprovecharla porque tampoco le ponemos plazo imperativo. No se le dice
nada más que vaya en esta línea, y luego ya discutiremos. ¿Qué trabajo
cuesta que esto sea admitido a trámite, que esto pueda prosperar, que
podamos ponernos a discutir? A no ser que haya el prurito de que aquí no
puede tratarse ningún tema que no haya sido objeto del pacto de
investidura entre ustedes, que todos respetamos, o que no haya sido
objeto de último acuerdo con motivo del debate del estado de la Nación o
se haya puesto de manifiesto en la Ley de Presupuestos. Haría falta un
poco de respeto al resto de los grupos de la Cámara cuando hay una
iniciativa en la que coinciden todos y que responde a una realidad.
Repasen ustedes sus intervenciones, que yo no voy a decir que sean
lacrimosas, pero es evidente que no son nada halagüeñas. Tengan la
amabilidad, si coincidimos en este panorama, de abrir el portillo para
que esta Cámara cumpla su obligación, que es esa y así de sencilla:
empezar a desbrozar los temas. ¿Que cuando hayamos desbrozado los temas
llegamos a otras conclusiones? Pues, muy bien, somos gentes serenas y
razonables. Yo lo espero o, por lo menos, lo predico de todos ustedes,
hecha la salvedad de mi persona, para poder ir avanzando en algo. Lo que
no tiene ninguna racionalidad es la cerrazón de, por razones de carácter
puramente estratégico político, decir que un tema de esta importancia no
puede ser objeto de tratamiento.
Por ello, uno mi voz a la voz de la proponente para pedirles de verdad
que cesen en su empecinamiento, no sean tan contumaces en la defensa de
nadie sabe qué posiciones y voten a favor, que ya verán cómo nos va a
salir bastante bien la reforma del Estatuto orgánico del ministerio
fiscal, si es que como, repito, algún día tenemos la ocasión de que el
Gobierno envíe a la Cámara algo que la Cámara le pida. Puede ocurrir. Me
refiero a los bancos del Gobierno que, como se ve, tienen una
sensibilidad por estos temas ecológicos que, sinceramente, les tiene tan
abrumados que no han sido capaces ni de encontrar el autobús para venir
hoy a la sala. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Castellano.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora De
Lara.
La señora DE LARA CARBO: Gracias, señor presidente.
Señores diputados, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista, que tiene como objeto la modificación del Estatuto orgánico
del ministerio fiscal y la creación de una fiscalía especial para la
prevención y represión de las infracciones contra el medio ambiente,
tiene fecha de entrada en el Congreso de los Diputados de 17 de diciembre
de 1996 y fue publicada en el Boletín del Congreso el 23 de enero de
1997, es decir, hace ahora 16 meses.
Es precisamente ahora, señoras y señores diputados, cuando a todos nos
preocupan las noticias cotidianas del desastre ecológico ocurrido en el
entorno del parque nacional de Doñana, cuando el oportunismo del Grupo
Parlamentario Socialista lo trae a esta Cámara para su debate. Y digo
oportunismo, señorías, por dos motivos. El primero de ellos es que con
estas propuestas medioambientales el Partido Socialista pretende que
olvidemos que es la Junta de Andalucía, gobernada por el Partido
Socialista, quien tenía las competencias en el tema de la balsa de
Aznalcóllar. La Consejería de Industria tenía las competencias de las
actividades mineras y, por consiguiente, el control de las instalaciones.
La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía es quien tiene
encomendada la gestión de medio ambiente y, por consiguiente, la gestión
del parque natural en el que se encontraba ubicada la balsa. (Varios
señores Diputados: Muy bien, muy bien.)
En segundo lugar, señorías, he hablado de oportunismo porque el 23 de
marzo de 1995 se debatió en el Senado una moción del Grupo Mixto con
idéntica finalidad: crear una fiscalía especial de medio ambiente. A esa
moción el Grupo Socialista votó en contra, es decir, se opuso a la
creación de esa fiscalía, alegando una serie de razones que por su
vigencia voy a reproducir.
El Grupo Socialista alegó entonces, en primer lugar, que corresponden a
las comunidades autónomas y a los ayuntamientos las competencias en la
vigilancia, inspección y control del medio ambiente, por lo que debe ser
la Administración de justicia más cercana a esta problemática la que
combata y castigue los actos delictivos que deterioren el medio ambiente.
En segundo lugar, el responsable del Grupo Socialista indicó que la
posible sensación de impunidad que existe --son frases de marzo de 1995--
va a quedar subsanada con el nuevo Código Penal en tramitación, hoy ya en
vigor. Por ello --dijo--, no cabe promover la fiscalía especial en base
al vacío legal existente, ya que éste se resolverá con la aplicación del
Código Penal desde las audiencias provinciales, que es a quienes compete
actuar en estos casos, señora Narbona.
El tercer motivo que alegó el Partido Socialista es que no se puede crear
una fiscalía especial desgajando y despojando de contenido a la Fiscalía
General cada vez que aparezcan figuras delictivas que preocupen al
conjunto de los ciudadanos. Las peculiaridades concurrentes y que han
justificado la creación de la fiscalía especial de represión de tráfico
de drogas y de represión de delitos económicos relacionados con la
corrupción no se dan en el supuesto objeto de la moción, es decir, no se
dan para crear la fiscalía especial de medio ambiente, en palabras del
representante socialista.
En cuarto lugar, indicaron ustedes que existen otras vías que no
conllevan la modificación del Estatuto orgánico del ministerio fiscal
para conseguir una mayor especialización y eficacia del ministerio fiscal
en esta materia, como es la creación de secciones especializadas de medio
ambiente en el seno de las fiscalías de las audiencias provinciales, o
mediante instrucción de la Fiscalía General a los fiscales de la
Audiencia Provincial incitándoles a mantener especial cuidado con esta
problemática.
En quinto y último lugar indicaron ustedes que la creación de esa
fiscalía supone un coste añadido para el Estado cuando se está hablando
de reducir el déficit público y de no crear nuevos organismos.
Estos cinco razonamientos, señora Narbona, están en el «Diario de
Sesiones» del Senado, de fecha 25 de marzo del año 1995, y entonces
creíamos que eran sus razones, sus objetivos, lo que ustedes pensaban
seriamente.
Ahora bien, nosotros vemos claramente que lo que expusieron ustedes en el
año 1995 y lo que exponen ahora no tiene nada que ver. Por consiguiente,
no sabemos si realmente opinan ustedes lo que decían entonces o lo que
dicen ahora, no sabemos si querían fiscalía o si no la querían, señora
Narbona. ¿Qué argumentos son los que defienden ustedes realmente? ¿Qué
argumentos creen, señora Narbona, los que dijeron entonces, o los que
dicen ahora? (Un señor diputado: Los de ahora.)
Creemos que es su demagogia, señorías, la que nos obliga a recordarles
que en estos dos años de Gobierno del Partido Popular no hacen más que
solicitar que hagamos lo que ustedes, con mayoría absoluta, no supieron,
no pudieron o no quisieron hacer.
Señores diputados, la protección del medio ambiente es una materia que en
los últimos años ha alcanzado una amplia sensibilización social,
acompañada de una mayor regulación tanto en el ámbito administrativo como
en la esfera penal. Asimismo, la intervención del ministerio fiscal en
temas medioambientales es un proceso evolutivo imparable.
Como portavoz de medio ambiente del Grupo Parlamentario Popular, creo que
es necesario apoyar cualquier iniciativa que fomente un incremento de la
eficacia y del rigor en la lucha contra los llamados delitos ecológicos y
que suponga una mejora en la prevención y minimización de los daños y
perjuicios al medio ambiente.
No obstante, creo, señorías, que se están poniendo en práctica una serie
de medidas que pueden resultar mucho más eficaces. Cada día es mayor el
número de fiscalías en las que desarrollan su función uno o varios
fiscales especialistas en medio ambiente, así, junto a fiscalías donde
esta especialidad ya viene siendo tradicional, como son Valencia,
Barcelona, Madrid, Murcia y Jaén, se ha creado recientemente esa
especialidad en la de Bilbao, San Sebastián y Pontevedra. La cercanía de
los fiscales a la realidad medioambiental facilita su función
investigadora al posibilitar el contacto directo con la problemática que
se puede suscitar. Ello, unido al hecho de que el conocimiento de los
delitos relacionados con el medio ambiente corresponde a los juzgados de
lo penal y a las audiencias provinciales, es el motivo por el que desde
el Grupo Parlamentario Popular creemos que hay que seguir avanzando en el
proceso seguido hasta el momento, fomentando la designación de fiscales
especialistas en medio ambiente en las distintas fiscalías, así como la
formación y la cooperación entre los mismos.
Por otra parte, los argumentos recogidos en la exposición de motivos de
la iniciativa que debatimos no resultan convincentes. Como fundamento de
la iniciativa se alude a la dificultad que, a juicio de los proponentes,
tienen en la actualidad las fiscalías para desarrollar su labor en
materia medioambiental, tales como penuria de medios económicos y
técnicos y complejidad de la materia.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora De Lara, le
ruego concluya.
La señora DE LARA CARBO: Sí, señor presidente.
Señores diputados, mi grupo parlamentario cree que la solución a estas
dificultades pasaría por incrementar esos medios y proporcionar formación
adecuada a los miembros del ministerio fiscal, si así se requiere, o
crear secciones especializadas en las fiscalías, tal como se está
haciendo ya en algunas audiencias y tribunales superiores de justicia.
Pero crear una fiscalía especial que, en cualquier caso, sólo se haría
cargo de procesos de especial trascendencia no mejoraría sustancialmente
la situación general y, en consecuencia, es preferible dedicar los
recursos que se necesitarían para organizar esta nueva estructura para
dotar de mayor eficacia a las ya existentes.
También conviene plantearse, señorías, si la creación de una fiscalía
como la propuesta, con sede en Madrid y competencia ante cualquier órgano
judicial del territorio nacional, no supondría una quiebra poco
justificada de la estructura del ministerio fiscal y hasta qué punto sus
actuaciones no generarían problemas de coordinación con otras fiscalías,
dado que las infracciones en materia medioambiental son muy diversas
y su enjuiciamiento corresponde a distintos órganos judiciales según sus
características.
Para concluir, señorías, diré que el control y vigilancia del
cumplimiento de la legislación ambiental está en manos de las comunidades
autónomas, que son las que tienen asumidas las competencias en materia de
gestión de medio ambiente. Es imprescindible reforzar ese control y esa
vigilancia, es imprescindible fomentar las políticas preventivas en la
defensa de nuestro entorno y es importante seguir avanzando en la
creación de la especialidad medioambiental en las fiscalías.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora De Lara, le
ruego concluya.
La señora DE LARA CARBO: Creo, señora Narbona, que la catástrofe
ecológica del entorno del parque nacional de Doñana se podía haber
evitado, más que con la creación de una fiscalía especial de medio
ambiente, con una correcta actuación de la Consejería de Industria de la
Junta de Andalucía.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora De Lara.
Vamos a proceder a la votación. (Pausa.)
Votación correspondiente a la proposición no de ley del Grupo Socialista
sobre modificación del Estatuto orgánico del ministerio fiscal, con el
fin de crear y regular la fiscalía especial para la prevención y
represión de las infracciones contra el medio ambiente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 279; a
favor, 119; en contra, 160.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda rechazada la
proposición no de ley.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
-- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE LA POSICION DEL GOBIERNO
RESPECTO A LA POLITICA UNIVERSITARIA Y LA MODIFICACION DEL TITULO V DE LA
LEY DE REFORMA UNIVERSITARIA. (Número de expediente 173/000081)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Punto cuarto del
orden del día, mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Moción
del Grupo Parlamentario Socialista sobre la posición del Gobierno
respecto a la política universitaria y la modificación del Título V de la
Ley de Reforma Universitaria.
Para su presentación y defensa, tiene la palabra la señora Palma.
La señora PALMA I MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, retomamos en este punto el debate sobre
política universitaria, que ha sido motivo hoy también de discusión
respecto a dos proposiciones de ley presentadas por los grupos
parlamentarios de Izquierda Unida y de Nueva Izquierda. (El señor
vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
La moción que presenta el Grupo Parlamentario Socialista es consecuencia
de la interpelación del pasado 29 de abril, interpelación que calificamos
de urgente, sobre posición del Gobierno respecto a la política
universitaria y a la modificación del título V de la LRU. En gran parte,
su contenido tiene estrecha relación con los dos puntos tratados
anteriormente. En dicha interpelación planteamos al Gobierno importantes
interrogantes sobre la política universitaria seguida en los últimos dos
años; concretamente pretendíamos que la ministra de Educación expusiera
ante el Parlamento su posición y sus previsiones de actuación en materia
de política universitaria y muy especialmente, por la urgencia de la
cuestión, sobre la reforma del título V de la LRU.
Pues bien, en la interpelación no tuvimos ni ministra ni política
universitaria. Como ustedes sabrán, el señor Rajoy --que actuó en
sustitución de doña Esperanza Aguirre, que en aquellos momentos asistía a
la final de la Copa del Rey de fútbol--, siguiendo los informes que desde
el Ministerio, suponemos que concretamente desde la Secretaría de Estado
de Universidades, le habían proporcionado, no contestó a las preguntas
fundamentales que le formulamos. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señora Palma.
Por favor, señorías, guarden silencio y ocupen sus escaños.
Cuando guste, señora Palma.
La señora PALMA I MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
Sólo quedó claro un tema y además se cumplió tal como anunció el
ministro: la aprobación, al día siguiente, por el Consejo de Ministros de
dos reales decretos: uno, sobre la reforma de los planes de estudio y,
otro, sobre la reforma de los estudios de tercer ciclo. Sobre el primero,
hay que decir que llega tarde y que seguimos sin entender el retraso en
aprobar este real decreto que provocará que sea imposible llevar a cabo
la revisión de los nuevos planes para el próximo curso. Señorías, no me
lo invento, no se lo dice a ustedes esta diputada, sino que los rectores
de las universidades españolas,
antes y después de la aprobación del real decreto, así lo han
manifestado. Respecto al segundo real decreto, el de la reforma del
tercer ciclo, tiempo tendremos de analizarlo a fondo; de momento, parece
que ha levantado muchas críticas.
Al margen de esta concreción, la respuesta del Gobierno fue un relato de
los traspiés que la ministra de Educación ha dado en los últimos tiempos
en materia de universidades: promesas anunciadas con toda solemnidad;
intentos por parte del equipo de la Secretaría de Estado, en una primera
época, de acercarse a las cuestiones planteadas, intentos que acabaron
con la defenestración del propio equipo; negociaciones en la mesa
sectorial de universidades con los sindicatos, que no han fructificado;
creación de comisiones y grupos de trabajo, al margen de los órganos ya
establecidos que tenían en su haber trabajos muy avanzados respecto a los
diversos temas. En realidad, parálisis total en estos últimos tiempos.
El tema central de esta moción y el de las proposiciones de ley debatidas
anteriormente es el de la reforma del título V de la LRU, referido al
profesorado. La necesidad de esta reforma anunciada desde hace tiempo
surge, hay que reconocerlo, de las conclusiones del grupo de trabajo
presidido por el señor González Seara, aunque su alumbramiento y
desarrollo posterior no ha estado exento de despropósitos: cambios
sustanciales en su contenido inicial en sólo 24 horas; opacidad absoluta
sobre su negociación acerca de dónde se llevan a cabo estas negociaciones
y con quién; dudas sobre la parte de las propuestas que quedan vivas e
incluso dudas sobre la supervivencia de dicho borrador. En cualquier
caso, el compromiso del Gobierno era atender a lo largo del presente
curso académico las demandas a través de la reforma del títuloV de la ley
para que pudiese entrar en vigor a partir del próximo curso. A estas
alturas, a punto casi de finalizar el curso y hasta la fecha, no se ha
movido nada.
Señorías, la atención que el Gobierno quiera prestar al sistema público
universitario no puede nutrirse sólo de retórica. La universidad como
institución responsable de la enseñanza superior de los ciudadanos no es
simplemente un lugar para aprender, es también fuente de conocimiento y
el ámbito adecuado para responder a necesidades educativas de una
audiencia cada vez más numerosa y variada, en contra de los que auguran
una disminución de sus usuarios esgrimiendo criterios demográficos. La
universidad del futuro deberá dar respuesta también a nuevas exigencias
de calificación, a nuevas exigencias crecientes de acuerdo con la
evolución de las estructuras laborales. Asimismo, y citando palabras de
Jacques Delors, las universidades deben seguir siendo el lugar
privilegiado de enriquecimiento cultural. Son, dice Delors, el
conservatorio viviente del patrimonio de la humanidad, patrimonio
constantemente renovado por el uso que de ella hacen los enseñantes y los
investigadores. Es, pues, uno de los motores del desarrollo económico y
social y uno de los ejes de la educación a lo largo de la vida. Por ello
merece una atención prioritaria de los responsables políticos. Esto es lo
que el Grupo Parlamentario Socialista pide en esta moción, una atención
prioritaria acometiendo unas actuaciones relativamente sencillas.
La evolución de las universidades en España pasa en los últimos quince
años, como se ha dicho aquí esta tarde, por una gran expansión del
sistema, con un fuerte crecimiento de la demanda, un crecimiento de la
oferta y un importante incremento de la financiación, que se ha producido
a un ritmo superior al crecimiento de los alumnos. Los recursos
destinados a educación superior --quiero recordar-- pasaron, entre 1983 y
1993, del 0,39 por ciento del PIB al 1 por ciento, pero no podemos
olvidar que la media de los países de la OCDE en 1993 era del 1,5 por
ciento del PIB. Qué mejores logros que favorecer el acceso en igualdad de
oportunidades durante esta época a más de un millón y medio de alumnos.
Este incremento cuantitativo ha tenido también efectos positivos en la
calidad de la formación de nuestros universitarios. En cualquier caso,
nos encontramos ahora en un momento en el que es necesario profundizar en
estos criterios de calidad. No podemos olvidar que un momento en el que
la entrada en la Unión Monetaria representa cambios importantes para
nuestro país, alcanzar una convergencia real con los países de la Unión
Europea pasa necesariamente por financiar mejor la universidad. El reto
principal en estos momentos es el de la mejora de la calidad. No vale la
excusa de que en los próximos años va a descender el número de alumnos y
que la presión de necesidades económicas va a disminuir.
Señorías, mejorar la calidad, así como asumir los retos relacionados con
la posición central de la educación superior como garantía de cohesión
social y de competitividad, es una prioridad para afrontar los retos
futuros. La calidad, la eficacia y la eficiencia son piezas clave de un
sistema de educación superior moderno y competitivo. Así pues, un
adecuado modelo de financiación del sistema público universitario es
indispensable para fomentar dicha equidad, eficiencia y eficacia. Es
absolutamente necesario impulsar la elaboración de este modelo, puesto
que cualquier escollo que aparezca en la evolución de nuestro sistema
universitario tropezará con el mismo problema: incremento y gestión de
recursos.
La moción que presenta el Grupo Parlamentario Socialista se centra
básicamente en solicitar al Gobierno que acometa de una vez la reforma
necesaria del título V de la LRU, pero estableciendo previamente los
recursos financieros necesarios para esta reforma del profesorado y
también para los déficit que se detectan en el sistema universitario
español. Por ello pedimos un plan plurianual de financiación del sistema
público universitario en cuya elaboración deberán participar
las comunidades autónomas, dotadas todas ellas de plenas competencias en
materia de enseñanza universitaria.
Para terminar, simplemente quiero decir que no es un buen indicador que
un representante del Gobierno del Estado realice afirmaciones como las
que hizo el secretario de Estado de Universidades en una comparecencia
ante el Senado, donde decía --y así consta en el «Diario de Sesiones»--
que la enseñanza superior es un bien de consumo como el buen vino, como
una obra de arte y que como tal bien de consumo genera unos flujos de
placer o de satisfacción que debe pagar el que lo consume, como pagamos
el vino de Rioja o de la Ribera del Duero o la sidra asturiana. ¿Cómo es
posible que el responsable de política universitaria a nivel estatal
realice semejantes afirmaciones? ¿Conocía en realidad el secretario de
Estado el informe que sobre financiación elaboró ya en el año 1994 el
Consejo de Universidades?
Partimos de unos trabajos serios y rigurosos que ahí están y durante este
tiempo han dormido en el sueño de los justos. No se puede decir que se
está trabajando en el tema cuando tienen clamando a los sindicatos, a las
asociaciones de estudiantes, a los rectores y a los grupos políticos que
es necesario acometer estas reformas. Son dos temas fundamentales, dos
compromisos que representan el mínimo indispensable para que algo se
mueva en la política universitaria, que hasta la fecha ha estado
claramente huérfana de dirección y orientación. Esperamos, pues, que los
cuatro puntos de la moción del Grupo Parlamentario Socialista sean
tomados en consideración y votados favorablemente por sus señorías .
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Palma.
A la moción del Grupo Socialista se han presentado enmiendas por parte
del Grupo Mixto, del Grupo Federal de Izquierda Unida, del Grupo Popular
y del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Mixto, señor Alcaraz y señora Rivadulla, tiene la palabra el señor
Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: Muchas gracias, señor presidente.
La semana pasada en que debatimos la interpelación indicaba, en nombre de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que la considerábamos oportuna
porque es uno de los grandes temas olvidados de la política, con una
incidencia enorme no solamente en decenas de miles de personas que en los
diversos estamentos como la comunidad universitaria están preocupados,
sino porque incide también en el conjunto de la vida social, de la vida
económica y de la vida cultural de España. Criticábamos también --como
hemos dicho en la Comisión de Educación y Cultura-- el que se apreciara
una importante ausencia de ideas por parte del Gobierno, por no decir que
de propuestas concretas.
La verdad es que después de haber pasado tanto tiempo sin que llegara a
este Pleno un debate sobre esta cuestión, hoy tenemos una cierta
inflación sobre política universitaria. Pero también es verdad que las
ocasiones pasan --y desgraciadamente esta tarde hemos vuelto a
comprobarlo-- sin que conozcamos lo que en realidad piensa el Partido
Popular, lo que en realidad piensa el Gobierno sobre política
universitaria. Yo insisto en los diversos debates que se producen en que
no aparece ningún hilo conductor, sino una acumulación de tópicos, de
lugares comunes; en que no aparece una línea que apueste claramente por
un modelo universitario que responda a las demandas actuales y futuras.
Al Gobierno le va a costar vivir mucho tiempo de lo único tangible que ha
conseguido hacer: la reforma de los planes de estudio, para lo cual
seguramente tampoco hubiera tenido que esperar tanto. Ni lo que manifestó
--lo que se le pudo entender; luego, leyéndolo, ya es más sencillo-- el
ministro que representó a la ministra del ramo ni lo que hoy ha señalado
la portavoz del Partido Popular vienen a aclarar la situación. Yo creo,
en primer lugar, que no se puede acusar a los sindicatos o a las diversas
fuerzas en presencia de que no hay voluntad negociadora y, al mismo
tiempo, decir que lo deseable es que lo que se concluya en estas materias
sea el resultado del más amplio consenso.
Hay que reconocer --y hablo en nombre de Nueva Izquierda-Iniciativa per
Catalunya, pero me atrevería a decir que el resto de los grupos que han
presentado proposiciones o esta moción coincidirían conmigo-- que el que
estos temas lleguen aquí es un cierto fracaso. No es un cierto fracaso de
los grupos proponentes, sino del Gobierno. Es un tipo de iniciativas
parlamentarias que gustaría no tener que hacer porque lo importante
precisamente es que se llegue a un acuerdo: con los sindicatos en un tema
y con el conjunto de la comunidad universitaria, con las comunidades
autónomas, en otro. Sin embargo, como el Gobierno ha sido incapaz o no ha
querido, no ha tenido voluntad de promover ese diálogo fructífero, hoy
tenemos que seguir hablando de estas cuestiones.
También es fácil coincidir con las buenas intenciones expresadas en las
intervenciones; por supuesto que sí. La acumulación de tópicos sobre la
universidad es algo bastante generalizado; es sencillo hablar de la
importancia que ésta tiene para la formación de las generaciones del
futuro. Pero, una vez dicho eso, ¿cómo lo llevamos a la práctica? Es muy
fácil decir que todos queremos una reforma en profundidad de la carrera
docente que asegure una mejor calidad. Pero, una vez planteado eso,
¿dónde están las ideas y las alternativas?
En el punto anterior me ha parecido entender, en una lógica no diría que
maquiavélica pero sí en un pensamiento circular, que la conclusión a la
que puede llegar el Partido Popular, y seguramente algunos de sus aliados
parlamentarios, es, aceptando los defectos de la ley bien originarios o
bien por la evolución posterior de la vida universitaria, que no hay que
reformarla porque por motivos de urgencia se traen las propuestas y lo
que se hace es votar en contra y ni siquiera se utiliza la puerta para
que en la vía posterior de la tramitación se pueda dar respuesta a
problemas cuya solución es urgente. Además --y ya se ha dicho
reiteradamente desde esta tribuna, pero habrá que volverlo a hacer--,
existen numerosas promesas incumplidas de urgencia, de negociación,
etcétera. Claro que al final siempre queda el recurso de la alusión a la
endogamia. Es un tópico en el cual estaremos todos de acuerdo. Si alguien
pregunta si se está de acuerdo en una endogamia que provoca efectos
nocivos en la enseñanza y en la investigación, estoy seguro de que todos
vamos a coincidir en la respuesta. El problema es que aislar eso de un
conjunto de situaciones también graves se convierte en un lugar común que
a veces conduce a una cierta indignidad en el razonamiento porque no se
acaba de entender por qué esa insistencia en la endogamia cuando se habla
del profesorado universitario, no a lo mejor cuando se habla de otros
sectores, y por qué no el mismo énfasis cuando se alude a otros problemas
mucho más graves. Seguramente si hubiera mucha más financiación y, por lo
tanto, más capacidad de contratación de profesorado, la endogamia
descendería. Hablemos de financiación y no nos quedemos en uno de los
problemas solamente.
Hechas estas consideraciones generales, quisiera indicar que las
enmiendas que ha presentado Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya
pretendían concretar más el texto de la moción. Se nos ha comunicado que
se han aceptado en lo esencial las que defendíamos. Si estábamos de
acuerdo con la moción, con mayor razón anunciamos que vamos a votar
favorablemente, esperando que sirvan, si se aprueban, para progresar.
No quiero bajar de la tribuna sin insistir en dos ideas: el plan
plurianual de financiación y, de nuevo, siquiera sea ahora brevemente, la
reforma de la LRU, que son los dos puntos absolutamente centrales sobre
los que gira el debate.
Primero habría que deshacer un equívoco que también se va convirtiendo en
otro lugar común, y es que el problema de la financiación es competencia
exclusiva de las comunidades autónomas. No parece serio ni razonable
esgrimir este argumento, en primer lugar y ante todo porque es un
problema global. SS. SS. tendrían ocasión de leer ayer mismo, si no
recuerdo mal, publicado en un diario, un artículo de Vicent Navarro,
director del programa de políticas públicas y sociales, conjunto de la
Universidad Pompeu Fabra y de la Universidad John Hopkins, en el que,
bajo el sugerente título de: España no va tan bien, se hace alusión, yo
creo que de forma muy inteligente, al informe reciente de la OCDE sobre
educación. Allí aparecen algunos argumentos científicamente contrastados
que desmontan algunos de los argumentos no científicos que esgrime el
Gobierno. En este informe de la OCDE se dice que en el indicador del
gasto por estudiante España está a la cola de los países de la OCDE, sea
éste estudiante de primaria, secundaria o universidad; este gasto es de
los más bajos de la Unión Europea. El gasto por estudiante universitario
--dice el artículo-- es casi la mitad del promedio de la OCDE. Lo que el
autor --yo creo que acertadamente-- denomina respuesta racionalizada de
los que creen que España va bien es que ello se debe a la masificación,
es decir, al gran porcentaje de población que está en las universidades.
Pero la evidencia empírica no apoya estos supuestos. El porcentaje de la
población que está en las universidades en España es semejante, incluso
ligeramente inferior, al promedio de la Unión Europea. Y concluye que es
la pobreza de medios en educación, cuyos recursos han sido recortados en
últimos presupuestos, la responsable en gran parte de esta situación.
España es, junto con Méjico, Turquía y Portugal, el país de la OCDE que
se gasta menos en infraestructura en los tres niveles educativos. Como
consecuencia, el promedio de alumnos por maestro en las escuelas primaria
y secundaria es mayor que el promedio de la Unión Europea; en el caso de
la universidad, el número de estudiantes por profesor académico es casi
el doble.
Estos son los problemas reales; no son la endogamia o, simplemente, echar
balones fuera. Pero, además, hay un segundo dato importante para decir
que el problema no es una simple cuestión de las comunidades autónomas.
Hace falta dirigir un esfuerzo coordinado. En esto no se trata de quién
tenga el protagonismo sino de que hace falta una colaboración de todos,
pero parece lógico que también, y de manera prioritaria, del Gobierno,
porque las medidas que se adopten en esa materia deben ser concurrentes y
coherentes con otras medidas generales e incentivos relacionados a
mejorar la calidad global de la investigación y la docencia y a conseguir
unos objetivos generales que no son sólo educativos, sino que afectan,
por ejemplo, al empleo o a la maximización de los esfuerzos en I+D.
Todo eso viene ligado al otro punto al que quería referirme, y con ello
concluyo: la reforma de la LRU, sobre la que hemos debatido
anteriormente. La única conclusión que yo personalmente he sacado del
debate es que sólo tenemos una nueva promesa. Con lo de nueva promesa
ahora soy yo el que usa el eufemismo: es una vieja promesa que ha sido
reiterada una vez más en esta sala. El problema es que las promesas
incumplidas ya van a dar para una tesis doctoral.
Quisiera acabar con una parte del manifiesto que la conferencia de
rectores de las universidades españolas emitía al día siguiente de que en
el Consejo de Universidades
del 26 de enero se presentara un proyecto de reforma del título V. Tras
matizar aspectos de la propuesta, la conferencia de rectores decía que
consideraba logrado su objetivo --el de la CRUE, la conferencia de
rectores-- de desbloquear una reforma que había sido demandada de forma
insistente por las universidades. En este punto los rectores fueron
demasiado optimistas. Pero insisto en lo que decían los rectores de
España al día siguiente, que algo tendrán que decir en materia
universitaria: A partir de ahora debe abrirse un proceso de negociación
política que es responsabilidad exclusiva del Ministerio.
Señores del Gobierno, la pelota está en su tejado y hoy no han dado
respuestas a muy justas y necesarias demandas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Alcaraz.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Aramburu.
La señora ARAMBURU DEL RIO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, a estas horas de la noche y después de 12 horas de tajo lo más
constructivo, como profesora, sé que es la brevedad, pero debo decir lo
siguiente. Creo que el debate sobre la moción respecto a las políticas
universitarias y la modificación del título V de la Ley de Reforma
Universitaria es altamente ilustrativo. Me remito íntegramente a mi
intervención anterior sobre la iniciativa que mi grupo planteó en
términos de proposición de ley, sobre las medidas prioritarias para la
regularización del profesorado universitario y de financiación de la
universidad.
Voy a intervenir con la brevedad a la que aludía. Permítanme que les
recuerde la idea que tiene la sociedad española sobre la universidad. Es
una idea netamente diferenciada en dos concepciones: una, la
conservadora, que ha construido un sistema basado en la autoridad de una
jerarquía académica, y la otra, la de la izquierda, que con algunos
tirones ha mantenido como principio la democracia en su funcionamiento y
el rigor científico.
Permítanme recordarles, señorías, algo que ilustra, y es que el gasto
público en enseñanzas universitarias es del 0,7 por ciento del PIB frente
a la media europea, que supera el 1 por ciento. ¿Preocupante? Bastante
preocupante, señorías.
Nosotros consideramos que la enseñanza superior debe ser un servicio
público. Su fundamento es una universidad de calidad, independiente y que
garantice la libertad de expresión, intelectual, cultural y de
investigación. Consideramos igualmente necesaria la integración en la
enseñanza superior en la estructura social y económica, requiriendo una
clara definición de los objetivos en el campo de la formación y de I+D
que potencie su imprescindible contribución a un proyecto de desarrollo
económico socialmente justo y sostenible, así como una financiación
suficiente y solvente y una estabilidad real y definitiva del profesorado
como garantía de la superación de los desequilibrios y déficit
existentes.
En este marco, quiero aportar cuatro enmiendas, que SS. SS. conocen, para
mejorar el texto, y que son las siguientes. La primera, de adición,
contempla el problema de la estabilidad de los asociados a tiempo
completo y a tiempo parcial. La segunda plantea abordar con la suficiente
profundidad las necesidades de financiación del sistema público. En la
tercera se establecen las necesidades de la plantilla a corto, medio y
largo plazo. Y la cuarta, de adición también, pide que se establezcan
todos los mecanismos normativos y de regulación de las figuras recogidas
en el marco de la reforma del título V de la LRU.
Señorías, termino anunciando el voto favorable en el compromiso de
consenso contraído con la sociedad de construir entre todos una
universidad pública de calidad para todos y todas las ciudadanas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Aramburu.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el señor Guerra Zunzunegui.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Muchas gracias, señor presidente.
Esta Cámara lleva debatiendo durante más de dos horas el problema de
nuestra universidad. Es un problema importante e interesante. Dijimos en
la contestación a la interpelación que, pensando en el porvenir del país,
es uno de los temas en los que interesa que toda la Cámara tenga
verdadera ilusión por ver cómo vamos cambiando los problemas que tiene
nuestra universidad.
Quiero recoger de algunas intervenciones anteriores, concretamente de la
señora Gil, algunas frases en las que coincidimos. Dice que la
universidad debe ser el motor intelectual, que debe existir una
refundación de nuestra universidad de cara al siglo XXI y un concepto
nuevo de universidad. Pero la moción de hoy hace referencia concreta a a
la reforma del título V, especialmente al profesorado. Alguno de los
intervinientes que me han precedido en el uso de la palabra han dicho una
frase con la que estamos totalmente de acuerdo: mejora de la calidad. Eso
significa que lo que no podemos hacer, como se pide en otras enmiendas de
otros grupos, es que a los 20.000 profesores asociados, por estar dentro
de esa figura, ya se les considere titulares o incluso catedráticos.
Señorías, hemos dicho y reiteramos que hay que traer una ley de reforma
del Título V. Se ha comprometido
el Gobierno y lo ha dicho el Grupo Popular, pero esa reforma tiene que
estar consensuada. Primero fue el conjunto de estudios presidido por
González Seara, luego la CRUE y el otro día nos comprometimos a que ese
borrador sería facilitado a los grupos parlamentarios antes de que
entrara como proyecto de ley.
Sabemos, indudablemente, que la calidad de nuestra universidad ha
disminuido, quizás --lo ha dicho la señora García Alcañiz--, porque
nuestra universidad, con 1.560.000 estudiantes, tiene graves problemas.
Eso no quiere decir que nosotros entendamos que no es positivo que haya
ese número de universitarios, lo que nos parece que no es positivo es que
estemos formando a estos universitarios para algunos conocimientos que
nuestra sociedad no pide, creando un problema de desempleo tremendo.
Por ello, y en aras a una conjunción de esfuerzos, señor presidente,
hemos presentado una moción estudiada, que recoge prácticamente la que
presenta Convergència i Unió, en la que se pide que el Gobierno remita a
esta Cámara informe actualizado sobre la situación general del
profesorado en todas las universidades. Sus señorías, especialmente los
que se muevan en el campo de las universidades, saben que éstas no han
remitido a la Secretaría de Estado el número de profesores asociados que
tienen, cuáles son doctores, etcétera. Aprobando esta moción por parte de
la Cámara se reforzarían las peticiones de la Secretaría de Estado de
universidades.
En segundo lugar, indicamos el acuerdo con las comunidades autónomas,
puesto que son ellas las que tienen competencia sobre la universidad ya
desde hace tiempo, para elaborar un estudio sobre financiación de las
universidades españolas y que no esté basado exclusivamente en el número
de alumnos. Quiero aquí hacer un paréntesis. Tenemos 1.560.000 alumnos,
pero SS. SS. saben que en el primero y segundo curso hay un fracaso
escolar de cerca del 40 por ciento. Algo no funciona cuando en nuestros
dos primeros cursos fracasa el 40 por ciento de nuestros estudiantes. Por
eso, ese estudio para una posible financiación tiene que estar basado no
solamente en el número de estudiantes de cada universidad, sino en los
factores de rendimiento académico, de calidad docente e investigadora.
El tercer punto es continuar los trabajos emprendidos. Sus señorías los
conocen, ya en el mes de noviembre se entregaron las conclusiones del
trabajo presidido por el señor González Seara, posteriormente, las de la
CRUE y hay diferentes borradores que incluso hay que estudiarlos
jurídicamente para el futuro. Reitero que el Gobierno y nuestro grupo
parlamentario se comprometen a traerlo a la Cámara.
Finalmente, y deseando que esta moción con este texto pudiese ser
aprobada por todos los grupos de la Cámara, dando con ello una verdadera
impresión de que estamos preocupados por los temas de la universidad, por
su calidad y por esos 20.000 docentes, lo que no se puede hacer es lo que
se hizo anteriormente con los penenes, sino que lleguen a ser titulares
los que realmente tengan mérito y capacidad, como dice nuestra
Constitución, mediante las correspondientes oposiciones o exámenes.
Señor presidente, he dicho que iba a ser breve y lo voy a ser. Quiero
significar el aumento del presupuesto de educación --y no me voy a
referir a él porque lo conoce toda la Cámara, pero sí el de investigación
y desarrollo--. En I+D, señorías --y hago referencia especialmente a los
representantes del Gobierno anterior--, se ha aumentado en los
presupuestos, no solamente en el de Educación sino también en el de
Industria y abarcando algún ministerio más, el 27 por ciento. Creo que un
aumento del 27 por ciento en investigación --y lo ha citado alguna de las
señorías que han intervenido-- es importante. Ojalá se hubiese conseguido
un aumento similar en los años anteriores, porque en estos momentos en
I+D estaríamos alcanzando ya algunas de las cotas de los países de
nuestro entorno.
Termino, señor presidente, reiterando el deseo de consenso respecto de
este tema. La enmienda que hemos presentado a la moción tiene ese
espíritu, y quiero insistir en que el Gobierno y el Grupo Popular pasarán
un borrador antes de que el anteproyecto tenga entrada en la Cámara, con
el deseo de que con todas SS. SS. --muchas de las cuales han dicho frases
que suscribimos totalmente respecto de la universidad-- se consiga, si no
la unanimidad, la mayoría, porque éste es un problema en el cual debemos
dejar a un lado la política partidaria de los grupos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Guerra Zunzunegui.
La señora Gil tiene la palabra para defender la enmienda del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
La señora GIL I MIRO: Señor presidente, señoras diputadas, señores
diputados, de nuevo participo en la sesión de hoy, para hablar de
universidades. En cualquier caso quiero decir que éste ha sido y es
todavía un espacio de reflexión y debate inteligente, respetuoso y, sobre
todo, muy útil. Muy útil porque se ha hablado no sólo de la universidad
de hoy y de sus problemas sino y sobre todo de la universidad del futuro.
Y hablando de esta universidad del futuro me permito, aunque sea una hora
tardía, hacer una breve referencia a aquellas fechas de las cuales ha
sido hija la universidad caduca española de hoy. Justa y curiosamente se
cumplen este mes, estos días, los 30 años del seísmo francés que puso al
descubierto la crisis del sistema universitario.
Algunos de ustedes --aquellos que tenían 20 años, algunos que no han
nacido pero son hijos de esta época
y los que teníamos bastante más de 20 años-- recordarán la espontaneidad
y la palabra en libertad cuando los alumnos superaron a los profesores y
los hijos superaron a los padres. Incluso en aquella época los
estudiantes por las calles decían que no a la universidad y pedían una
universidad utópica, pero pidiendo una universidad utópica seguían
pidiendo una universidad.
En ese mayo del 68, cuando se desacralizó la universidad y, creo que para
bien y para siempre, se abolió también el derecho divino del profesorado
universitario, no se menoscabó ni un ápice el prestigio social de la
universidad. No han cambiado tanto los valores pero a partir del 68 y de
la nueva universidad cambiaron las conductas, y la palabra mítica
participación ha formado parte de nuestra vida democrática.
La universidad de hoy es, pues, la heredera de aquellas crisis y la
juventud del 68 es el profesorado de hoy de la universidad, y esto debe
recordarse. Hoy la universidad adolece de problemas estructurales que le
impiden afrontar su refundación, como el de una crisis demográfica.
Alguien ha dicho aquí, creo que la diputada Montserrat Palma, que quizá
no era tan importante la crisis demográfica, pero sí lo es. Usted sabe
perfectamente que en Cataluña, en este momento, existen ya tantas plazas
universitarias como niños y niñas nacen en Cataluña, y esto es una crisis
demográfica. Además, hay necesidades cambiantes y necesidades de más
ligazón con la empresa, lo que nos obliga a un concepto nuevo de
universidad, que precisa para su desarrollo y autonomía medios
financieros, --de acuerdo con un diseño de futuro, no con el presente ni
con el pasado sino con el futuro--, gran flexibilidad en las condiciones
de uso de sus recursos materiales y humanos, libertad en el reclutamiento
de su profesorado, establecimiento de una cultura directiva de sus
órganos de gobierno y, además, responsabilidad ante la sociedad de sus
resultados.
La moción de hoy trata de un problema puntual e importante, pero puntual
de la universidad, como bien ha expuesto la señora diputada. Este
problema, ciertamente --lo hemos dicho antes--, precisa solución, pero
aquella que sea adecuada y que se inscriba en un diseño de futuro porque,
de otro modo, la solución de hoy se puede convertir en un bloqueador del
sistema del mañana.
Nosotros hemos presentado una enmienda que pretende hacer evidente que
cualquier modificación de la Ley de Reforma Universitaria necesita
encuadrarse en la renovación del sistema; un sistema que ha de poder
afrontar con éxito la conformación de la comunidad universitaria europea,
cuya resolución al respecto tuvimos el honor de presentar en el llamado
debate de la Nación y la satisfacción de que fuera aprobada de manera
unánime. El cambio en el nuevo contexto al que se enfrenta exige generar
programas específicos de formación, de formación permanente sin duda,
como ha dicho la señora diputada Palma, y situar su actuación en un
contexto de globalización en que las universidades españolas no solamente
deberán competir entre ellas sino que habrán de hacerlo con ofertas de
universidades extranjeras dentro del Estado español y ofrecer sus
programas propios fuera del Estado.
La nueva universidad, pues, debe ser una institución de múltiples
actividades: de formación, de investigación y de espíritu crítico. Por
ello, se deben establecer estrategias para el futuro, y en este sentido
van nuestras enmiendas. Yo creo que se ven explícitamente. De ninguna
manera creemos que un estudio de financiación deba hablar de hoy, porque
el hoy está sujeto al pasado; debe hablar siempre de cómo ha de ser ese
futuro y, a partir de ese futuro, de la oferta y de la demanda, del
rendimiento de la propia universidad ante la sociedad, porque no podemos
olvidar que a la universidad no llegan todas las capas sociales y que
capas sociales muy poco favorecidas socioeconómicamente están también
costeando la universidad de las elites. Por tanto, es necesario un
control, un rendimiento y alta responsabilidad.
Todo ello se encierra implícitamente en nuestra enmienda, que habríamos
deseado que fuera aceptada en su redacción. En todo caso, mi grupo ha
estado dispuesto a transigir con el grupo proponente para lograr un
consenso que nos condujera a una reflexión inteligente, política y
generosa, sobre la universidad del futuro, ya que sus múltiples facetas,
su autoridad y su posición institucional la convierten en uno de los
elementos estratégicos de mayor importancia y dinamismo de la movilidad
social y del desarrollo económico, cultural, político y social del Estado
español.
Un consenso hoy habría sido un indicio y un signo para la propia
universidad, y para la sociedad misma, de que gentes diversas, como
nosotros, apuestan por un futuro que es sin duda el de este país. En
cualquier caso, creo que el consenso se alcanzará en su momento, si no ha
sido ahora, y que nuestro grupo, y yo en particular, negociará y se
esforzará para que los distintos colectivos del profesorado que hoy se
sienten desesperanzados formen parte activa también de este futuro.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Gil.
¿Grupos parlamentarios que no hubieran participado en el debate y que
quieran fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
González de Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor presidente.
Las enmiendas que se presentan y las mociones consecuencia del debate de
hace 15 días dejan bien en evidencia aquello en lo que desde el Grupo
Parlamentario
Vasco hemos insistido en nuestra intervención anterior. Por mucho que los
objetivos puedan ser compartidos --cuanto más genérico es el objetivo más
compartido es por todos los grupos parlamentarios--, estamos en la
realidad ante modelos distintos de cómo afrontar la política
universitaria. Compartimos la necesidad de actualizar y modificar el
Título V de la Ley de Reforma Universitaria, pero a la hora de afrontar
ese objetivo los modelos que se proponen son radicalmente distintos y los
contenidos de las enmiendas así lo reflejan.
Lamentaremos desde el Grupo Parlamentario Vasco que, tras estas horas de
debate en relación con la política universitaria, su consecuencia sea el
punto muerto o la consideración, por parte del portavoz del Grupo
Popular, señor Guerra Zunzunegui, de que el Gobierno remitirá a la mayor
brevedad el borrador que está circulando en este momento por ámbitos
universitarios en relación con la reforma del Título V y poco más.
Nosotros no podemos apoyar la moción que han presentado tanto el Grupo
Socialista como Izquierda Unida o el Grupo Mixto, porque ni desde el
punto de vista de la función pública ni desde el presupuestario
compartimos la filosofía con la que están redactadas. Ni se puede atender
a los actuales profesores con los criterios que se recogen en estas
mociones ni presupuestariamente son habituales, ni en esta Cámara ni en
las comunidades autónomas, los planes plurianuales que en las mociones se
pretende.
En consecuencia, al final del debate, más allá de lo que es la política
universitaria y de las grandes declaraciones que hemos podido oír en la
tarde hoy, nos encontramos con la cruda realidad de la función pública y
de los presupuestos. Los criterios sobre los cuales estas mociones del
Grupo Socialista, del Grupo Federal de Izquierda Unida o del Grupo Mixto
están redactadas no son compartidos ni creemos que se ajustan a la
legalidad en relación con estas consideraciones, por lo que las vamos a
votar desfavorablemente.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor González de
Txabarri.
Señora Palma, tiene la palabra, como conoce S. S., exclusivamente para
indicar si acepta o no las enmiendas que se han presentado a la moción y
que S. S. ha defendido.
La señora PALMA I MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
Aceptamos básicamente, como ha quedado bastante explícito a lo largo del
debate, las enmiendas de Izquierda Unida y del Partido Democrático de la
Nueva Izquierda, las incorporamos a una nueva redacción de la moción y
proponemos una transacción que incorpora la mayoría de estas enmiendas.
Lamentablemente, no podemos aceptar las enmiendas presentadas por el
Grupo Popular y por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
que en cualquier caso son prácticamente idénticas. Si antes hemos hablado
de plagio, no sabemos cuál ha sido plagiada. En ambos casos, puesto que
son idénticas, eliminan el compromiso firme de nuestra moción y con el
que pretendemos instar al Gobierno, que es precisamente el plan
plurianual de financiación. Por lo tanto, las enmiendas del Grupo Popular
y de Convergència i Unió desvirtúan completamente el sentido que nosotros
pretendemos dar a esta moción y, lamentablemente, aunque nos hubiera
gustado que esta iniciativa hubiera salido adelante con el consenso de
todos los grupos, no podemos aceptarlas.
Si quiere, señor presidente, puedo proporcionarles el texto.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Sí, señora Palma, aunque ya se
nos ha hecho llegar uno, que supongo que es el mismo.
De todas maneras, como es muy breve, voy a dar lectura a los añadidos,
para ver si éste es exactamente el contenido de las modificaciones que
hace.
Consistiría en que en el apartado 1 de la moción del Grupo Socialista,
después de decir universidades públicas españolas, se añadiera: con
especial referencia a los tipos de contratación y situaciones
administrativas.
En el apartado 2, después de hablar de acuerdo con las comunidades
autónomas y las universidades, se añade: un sistema estable y objetivo de
financiación para las plantillas que sean necesarias a corto, medio y
largo plazo.
En el apartado 3, a continuación de: los problemas de financiación de las
universidades españolas, habría que añadir: para remitir al Congreso de
los Diputados en el plazo máximo de seis meses un plan plurianual de
financiación del sistema público universitario, atendiendo a criterios de
calidad docente e investigadora, y continuaría con el texto inicial de la
moción, que dice: que permita, entre otras cosas, alcanzar una dotación
de profesorado de acuerdo con las necesidades existentes.
Finalmente, en el apartado 4, se incluye, detrás de: mecanismos
normativos, un inciso que diga: en el marco de la reforma del Título V de
la LRU. Esas serían las modificaciones.
Vamos a pasar a la votación de este texto. (El señor vicepresidente,
Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Votación
correspondiente a la moción consecuencia de interpelación urgente del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre la posición del Gobierno respecto a
la política universitaria y a la modificación del Título V de la Ley de
Reforma Universitaria, en los términos resultantes de la aceptación de
enmiendas por parte del grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 276; a
favor, 128; en contra, 148.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda rechazada la
moción.
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LA POLITICA EXTERIOR DEL GOBIERNO
EN RELACION CON EL SAHARA Y EN APOYO DE LA EFECTIVA APLICACION DE LOS
ACUERDOS DE HOUSTON, ALCANZADOS ENTRE EL FRENTE POLISARIO Y MARRUECOS,
CON EL FIN DE ALCANZAR UNA SOLUCION PACIFICA Y DEMOCRATICA. (Número de
expediente 173/000082)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Moción del Grupo
Parlamentario Mixto, sobre la política exterior del Gobierno en relación
con el Sahara y en apoyo de la efectiva aplicación de los acuerdos de
Houston, alcanzados entre el Frente Polisario y Marruecos, con el fin de
alcanzar una solución pacífica y democrática.
Para su presentación y defensa, tiene la palabra el señor Alcaraz Ramos.
El señor ALCARAZ RAMOS: Muchas gracias, señor presidente.
La moción que presento, en nombre de Nueva Izquierda y de Iniciativa per
Catalunya, trae su consecuencia lógica de la interpelación con el debate
que tuvimos con el ministro de Asuntos Exteriores hace algunas semanas y
que tenía algunos objetivos muy claros. El primero era recordar y traer a
esta Cámara la gran sensibilidad que existe en el pueblo español,
sensibilidad estructurada en el trabajo de muchas organizaciones no
gubernamentales que realizan un trabajo ejemplar de solidaridad y de
cooperación con el pueblo saharaui. Decíamos aquella noche, y creo que
era asumido por todos los grupos de la Cámara, que por razones históricas
muy comprensibles y por el trabajo de esas organizaciones no
gubernamentales seguramente ninguna causa justa relacionada con los
derechos humanos y con el derecho a la autodeterminación de los pueblos
tiene tanta simpatía en nuestro país como la del Sahara.
Cuando el plan de arreglo parece que avanza, cuando se abren esperanzas,
cuando parece que es posible acabar con una cruenta guerra, con el exilio
de muchas personas, con violaciones sistemáticas de derechos humanos, es
lógico y natural que esta Cámara se preocupe por ello. Pero, siendo esta
la primera razón que justificaba la interpelación, no se hubiera llegado
a presentar si hubiéramos creído que el Gobierno era escrupuloso en
entender esa sensibilidad del pueblo español y, al mismo tiempo, en el
cumplimiento estricto de la proposición no de ley que, por el mes de
diciembre, aprobábamos por unanimidad en esta Cámara. Nos parecía que
sobre todo en un punto central se había quebrado el consenso
parlamentario en torno a la cuestión del Sahara, cuando el Gobierno
español, por diversos responsables cualificados como secretarios de
Estado, secretario general de la Agencia de Cooperación Internacional,
etcétera, anunciaba que se dejaría de enviar ayuda humanitaria a través
de las ONG que prestan su trabajo en la zona o que desde España colaboran
con el Frente Polisario, en definitiva, con el pueblo saharaui. Esto, que
había causado una gran preocupación, debía debatirse aquí. Todavía había
un tercer elemento, conforme nos acercamos a la realización del
referéndum, con independencia de que sufra o no algún retraso, aparecen
nuevas situaciones humanas que conviene tener en cuenta.
El debate de la interpelación nos dejó en algún punto una cierta
esperanza por algunas palabras del ministro, pero, globalmente
considerado, nos dejó un poso de preocupación más que notable, sobre todo
porque el hilo conductor de la intervención del señor Matutes se centraba
en la idea de la neutralidad que España debe mantener entre las partes y,
en definitiva, en la resolución del conflicto vía referéndum.
Nadie impugna que el Estado español sea beligerante a favor de una de las
partes, como podría ser si de alguna manera se expresara una simpatía
explícita en ese sentido desde los órganos del Estado, pero admitiendo
ese principio, también advertíamos, y lo reitero esta noche, que no
entendíamos qué había en nuestra propuesta de debate ni qué hay en la
moción que presentamos que pueda entenderse como una vulneración de la
neutralidad. Por otro lado y más allá de esa percepción más o menos
subjetiva, hay que recordar siempre que cuando se habla de neutralidad
estricta entre dos fuerzas claramente desiguales, que son objetivamente
desiguales, que han sido desigualmente tratadas por la historia,
incluyendo en la historia algunos papeles nefastos del Estado español,
cabe la pregunta de dónde acaba la invocación a la neutralidad y dónde
empieza el sarcasmo. No hará falta que indique a SS. SS. que en la
historia hay algunos terribles ejemplos de adónde ha conducido alguna
neutralidad exquisita cuando ello significaba que aquel que estaba en
peores condiciones se veía privado de recursos y de ayudas, en este caso
puramente humanitarias, por la presión del que era más fuerte.
Dicho esto, pese a ese sabor negativo que nos quedaba, porque entendemos
que esa línea de neutralidad así entendida, como un lavarse las manos, va
a seguir manteniéndose y a nuestro juicio no es una política justa,
también pensábamos que era bueno tratar de reproducir el consenso que se
obtuvo con la proposición no de ley. Hay que decir que ese consenso,
afortunadamente, se ha conseguido y, más que defender el texto de mi
moción, voy a dar cuenta a SS. SS. del acuerdo
que ha sido alcanzado prácticamente por todos los grupos de la Cámara, al
menos con aquellos que habían presentado enmiendas, salvo el caso
concreto de Coalición Canaria, con la que en un punto no ha sido posible
el acuerdo, pues aunque yo como proponente sí que lo admitía, no había
conformidad por parte de algún otro grupo.
El acuerdo que, como digo, ha sido trabajosamente alcanzado, es
defendible para Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya como promotores
porque cumple con los cuatro grandes objetivos que nos proponíamos.
Primero, se da el cumplimiento de la proposición no de ley, volver a la
situación del mes de diciembre y recordar al Gobierno su obligación de
cumplir con la proposición. Segundo, se asegura que la ayuda humanitaria,
distinta de aquella que se vehicule a través del Acnur o de otros
organismos internacionales, también se va a seguir produciendo a través
de las ONG que han venido trabajando en la cuestión, no conformándonos
con las ambiguas palabras que el señor Ministro de Asuntos Exteriores
pronunció en esta Cámara en el debate de la interpelación. En tercer
lugar, se favorece la participación de observadores españoles. En cuarto
lugar, se facilita el traslado de los ciudadanos saharauis residentes en
España que deseen acudir a votar. Todo ello está en el texto acordado.
Si le parece al señor presidente, doy lectura al texto directamente y
evitamos el trámite posterior. Diría así: El Congreso de los Diputados
insta al Gobierno a que, primero, continúe aplicando la proposición no de
ley aprobada por la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los
Diputados el día 22 de diciembre de 1997, de modo que se reafirme la
neutralidad de España con respecto al plan de arreglo para el Sahara
Occidental y se sigan respaldando los esfuerzos de las Naciones Unidas
para la efectiva aplicación del mismo. Segundo, siga instando a los demás
Estados miembros de la Unión Europea para que ofrezcan su plena
colaboración a la Organización de las Naciones Unidas y, en particular,
su apoyo a los esfuerzos de la Minurso. Tercero, mantenga la ayuda
humanitaria que España tiene prevista para el pueblo saharaui en 1998 a
través de ONG que presenten proyectos viables como complemento a los
recursos canalizados a través de organismos internacionales de carácter
humanitario en el Sahara. Cuarto, apoye cuanto en su momento disponga la
comisión de referéndum de la Minurso, de acuerdo con el código de
conducta suscrito por las partes en Houston sobre la participación de
observadores independientes, para que tal y como la ONU y su secretario
general han señalado, el referéndum sea libre e imparcial, sin
restricciones militares ni administrativas y sin intimidación ni
interferencia alguna. Quinto, favorezca, en la medida en que esté
contemplado por el plan de arreglo, la participación de ciudadanos
españoles que sean personas reconocidas y con experiencia en la
observación electoral, como observadores en el proceso de celebración del
referéndum, de conformidad con las modalidades que se establezcan. Sexto,
facilite la participación en el referéndum de los saharauis residentes en
España que lo deseen, garantizando en todo caso la posibilidad de su
retorno al territorio español, de conformidad con lo previsto en nuestro
ordenamiento jurídico.
Este es el texto sobre el cual se ha llegado a un consenso por parte de
los diversos portavoces de los grupos que habían planteado enmiendas.
Dicho esto y para concluir, he de indicar que somos conscientes de dos
cosas. Primero, hemos renunciado a un punto que estaba en nuestro texto
original y que incluía una alusión directa a posibles violaciones de
derechos humanos por parte de Marruecos, que nosotros lamentablemente nos
tememos que están ocurriendo o que al menos han ocurrido hasta hace muy
poco. Por cierto, vamos a seguir ocupándonos de este tema, con
independencia ya de la moción, y vamos a denunciarlos ni más ni menos que
como denunciamos otras violaciones de derechos humanos. Insisto en que ni
más ni menos, aunque desde la responsabilidad que además contrae un
Estado que pueda violar unos derechos humanos, hecho que por otra parte
puede contribuir al entorpecimiento de un plan de paz.
En segundo lugar, algunas frases pueden ser todavía ambiguas.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Alcaraz, le
ruego concluya.
El señor ALCARAZ RAMOS: Inmediatamente, señor presidente.
Estaremos atentos al cumplimiento. La próxima ocasión de debatir este
tema en la Cámara se producirá cuando presente el Gobierno el programa de
apoyo al plan de arreglo antes del final de este período de sesiones, es
decir, antes de unos cuarenta días, según viene obligado por la
proposición no de ley y viene hoy de nuevo a confirmarse con el punto
primero de lo que aquí se indica: que cumpla ese mandato, y después el
examen de lo que diga ese programa será la medida de la sinceridad y de
la buena voluntad del Gobierno en esta materia.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Alcaraz.
Le ruego haga llegar a los servicios de la Cámara el texto del acuerdo.
Han sido presentadas enmiendas por los grupos de Izquierda Unida,
Popular, Socialista y Coalición Canaria. ¿Puedo deducir de la
intervención del señor Alcaraz que todos los grupos parlamentarios
enmendantes, independientemente de que después fijen su posición, han
retirado sus enmiendas? (Asentimiento.)
Todos han retirado sus enmiendas; por tanto, ¿grupos parlamentarios que
desean fijar su posición? (Pausa.)
En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria,
tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
En aras de esa concordia que el señor Alcaraz bien ha señalado como
proponente de la iniciativa, retirando ellos mismos también algunas
partes del texto de su moción, Coalición Canaria, que había presentado
tres enmiendas, también las retira, señor presidente, en pro de encontrar
un documento de consenso y fundamentalmente para mostrar nuestro énfasis
en el mantenimiento de los compromisos contraídos desde esta Cámara y que
obligan, al menos política y moralmente, al Gobierno al cumplimiento de
los acuerdos implícitos en la proposición no de ley que votamos en la
Comisión de Asuntos Exteriores de esta Cámara el 22 de diciembre del
pasado año.
Esta sensibilidad sobre los problemas del pueblo saharaui y de la
situación para el referéndum en el Sahara Occidental, en Canarias, toma
un valor de familiaridad por la proximidad del territorio. Somos vecinos
del pueblo saharaui y del problema que allí afecta y queremos todo el
respeto para que los acuerdos de Naciones Unidas los cumplan ambas
partes, porque la neutralidad de España no es, a nuestro entender,
pasiva, ni la entendemos así desde Canarias, sino activa para insistir a
todas las partes, desde Naciones Unidas, a través de la Minurso, a la
parte marroquí y a la parte saharaui, cualquiera que tenga su
representación institucional, a que el referéndum se haga de la manera
más democrática, más rápida y más satisfactoria posible. No queremos
tener al lado de Canarias una zona inestable y en conflicto permanente.
Esta es la razón que nos lleva a dar nuestro voto a la enmienda
transaccional que hemos hechos todos.
No se nos alcanza --únicamente quiero decir esto, señor presidente-- por
qué se da una oposición a aceptar una oferta de cortesía que el Gobierno
de Canarias y las fuerzas políticas en el archipiélago han hecho para que
Canarias, como plataforma de paz, sea un sitio de apoyo logístico a todas
las actuaciones de la Minurso. Toda la misión de las Naciones Unidas para
el referéndum en el Sahara Occidental podría encontrar en Canarias las
posiciones y las plataformas de apoyo logístico para llevar a buen
término todas las reuniones que sean necesarias en esta parte del
territorio español. Nosotros seguiremos insistiendo como hicimos con
nuestra proposición en el pasado debate del estado de la Nación. En este
momento, queremos dar nuestro apoyo al texto conjunto que hemos hecho e
insistir en los principios que --como ha señalado el señor Alcaraz--
vamos a seguir defendiendo en bien de la paz en la zona y de los
legítimos intereses del pueblo saharaui.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
En nombre del Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el
señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Gracias, señor presidente.
Intervengo brevemente también, porque ya tuvimos ocasión en el debate de
la interpelación de exponer con detalle cuál era la posición de nuestro
grupo parlamentario en relación con este conflicto; de hecho, tuvimos
ocasión de hacerlo una vez más, porque recientemente han tenido lugar
varios debates en la Cámara sobre el problema del Sahara Occidental y
ello es buena prueba de la preocupación que esta cuestión tiene para los
grupos parlamentarios, yo diría que incluso para una parte muy importante
de nuestra sociedad.
Quiero decir simplemente que esta moción llega en muy buena hora, que
estamos en un momento clave para conseguir una solución pacífica para el
tema del Sahara Occidental, que es precisamente el de la identificación
de los votantes, de la confección del censo electoral que ha de permitir
la celebración del referéndum de autodeterminación. Este proceso, como
era previsible y como algunos de nosotros nos temíamos tras su inicio,
está contando con algunos problemas y con algunos obstáculos, unos
obstáculos que para ser escueto y sintético diría que son provocados por
los de siempre, por los que siempre han planteado problemas a la solución
pacífica del conflicto. En cualquier caso, lamentablemente, un referéndum
que inicialmente estaba previsto celebrar en el mes de diciembre de este
año va a tener que aplazarse. Ello, obviamente, no es un buen síntoma.
Por todo ello, piensa nuestro grupo parlamentario que es bueno que, una
vez más, reafirmemos en la Cámara cuál debe ser la actitud del Gobierno
español ante esta recta final del conflicto y que quede claro que, por
nuestra parte, manifestamos la necesidad de que exista una actitud activa
y comprometida por parte del Gobierno español en la exigencia del
cumplimiento estricto de lo que son los acuerdos de Houston. A juicio de
nuestro grupo parlamentario, esta actitud es la única que se puede
deducir de la voluntad manifestada por el Gobierno y que además hoy se
reitera en la transacción a la que se ha llegado por acuerdo de los
grupos proponente de la moción y enmendantes, transacción en la cual
nosotros también hemos participado. Ese es el espíritu de lo que se
recoge en el sentido de que se reafirma la voluntad de mantenerse
neutral; neutral, pero beligerante en el cumplimiento de unos acuerdos
aceptados por ambas partes, Marruecos y Frente Polisario. Por tanto, se
trata de una neutralidad comprometida con el cumplimiento del plan de
arreglo; una neutralidad comprometida motivada por la responsabilidad que
una vez más reiteramos que tiene España en la solución de este conflicto
y una neutralidad de nuestro
grupo parlamentario comprometida en nuestro caso con la esperanza que el
pueblo saharaui ha depositado en dicho plan. Esta actitud quedaba muy
clara en la proposición no de ley que aprobamos por unanimidad a finales
de diciembre en la Comisión de Asuntos Exteriores y es bueno y
absolutamente imprescindible que hoy ratifiquemos y seamos capaces --como
lo vamos a ser-- de aprobar una vez más por unanimidad una moción que
señala otra vez la línea que definimos en ese acuerdo del mes de
diciembre.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Recoder.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra la señora Sabanés.
La señora SABANES NADAL: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida para fijar nuestra posición en la moción consecuencia de
la interpelación que debatimos el pasado día 29 y con la política
exterior de España en el tema del Sahara Occidental.
Nosotros habíamos presentado inicialmente unas enmiendas al texto de la
moción, aunque en términos generales estábamos de acuerdo con el
planteamiento y con los elementos que en ella se recogían, considerando
fundamentalmente la responsabilidad histórica de nuestro país y que se
introducía un punto importante relacionado con la necesidad de que España
coordinara esfuerzos en el entorno europeo entendiendo que el esfuerzo
internacional y el compromiso de la Unión Europea conforman una parte
esencial de lo que significa una ayuda activa en este proceso.
Ciertamente la Unión Europea expresó su voluntad de impulsar y apoyar el
desarrollo del plan de paz en su recomendación en marzo de este mismo año
y tanto en esta recomendación como en la proposición no de ley aprobada
en esta Cámara, así como en la moción que hoy estamos debatiendo con la
resultante del consenso de todos los grupos, están planteadas las
preocupaciones que deben de ser esenciales en este momento, a saber, el
apoyo para que el referéndum se desarrolle en condiciones de igualdad de
oportunidades entre partes y la seguridad de los electores valorando en
todo caso --y esa es una exigencia que se deberá de mantener en el ámbito
de la actuación de este Gobierno-- que el apoyo a la celebración libre y
transparente del referéndum se tiene que hacer con una participación o de
forma activa, como ya se ha dicho por anteriores intervinientes. También
se recoge de forma clara la necesidad de facilitar y mantener la ayuda
humanitaria y los programas desarrollados a través de las ONG.
Parece que quedó claramente expresado en el debate de la interpelación
del 29 de abril que no se puede ni se debe, bajo la excusa de la
neutralidad, permitir un tratamiento desigual o restrictivo en la ayuda
humanitaria o hacia los proyectos desarrollados en los campamentos por
las organizaciones no gubernamentales, de igual modo que la mejor manera
--se ha dicho en varias ocasiones-- de garantizar la neutralidad
exquisita a la que aludía el ministro debe entenderse con una defensa
activa y con una exigencia del cumplimiento de los acuerdos de paz. Nadie
duda en ningún momento de la importancia de las relaciones de nuestro
país con Marruecos, pero estas relaciones bilaterales no deben de
significar en ningún caso una actitud de permisividad ante la presión o
los incumplimientos de ese país en lo que afecta a los acuerdos de paz.
Desgraciadamente, de las circulares que el Ministerio del Interior del
Reino de Marruecos envía a los gobernadores se deduce una clara
intencionalidad --se denunciaba el otro día en la interpelación-- de
manipulación que debería de ser identificada y corregida. La comunidad
internacional debe vigilar estrechamente estas actuaciones y estas
circulares que se envían por el propio Ministerio del Interior de
Marruecos.
Nuestro grupo había presentado varias enmiendas. La primera pretendía
incidir en lo que significaba el proceso de identificación y la actuación
de nuestro Gobierno, así como la internacional, porque consideramos que
en la actualidad va a ser el elemento esencial del proceso sobre el que
se va a intentar maniobrar, como en otras ocasiones ha hecho Marruecos.
La siguiente enmienda planteaba incluir un compromiso más firme de enviar
una delegación de observadores, en línea con lo que se dice en la
recomendación del Parlamento Europeo; por tanto, entendíamos que era
perfectamente asumible y así nos lo había expresado el proponente de la
moción.
Por último, añadíamos un nuevo apartado para trasladar a la Minurso el
ofrecimiento del Gobierno central y del Gobierno canario de la
utilización del territorio de Canarias como base logística para el
desarrollo del referéndum sobre la autodeterminación en el Sahara
Occidental. Entendemos --lo ha expresado también el representante de
Coalición Canaria-- que por sus características y por su vinculación a la
causa saharaui, Canarias ofrece unas condiciones que le permitirían
cumplir un importante papel en el apoyo necesario a la Minurso y en el
desarrollo del referéndum, correspondiendo de esta forma a un sentimiento
de solidaridad que el pueblo canario ha expresado, igual que el conjunto
del pueblo español pero especialmente el pueblo canario, y también a las
demandas de las autoridades saharauis.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Sabanés, le
ruego que vaya concluyendo.
La señora SABANES NADAL: Nuestro grupo va a apoyar la propuesta final, la
transacción de todos los
grupos. Ve reflejada una parte importante de los contenidos, si bien se
renuncia a algunos redactados más precisos. Sinceramente, lamentamos que
no se haya expresado una voluntad de la mayoría de la ciudadanía canaria
que responde a un deseo expreso de participación activa en el proceso. No
obstante, como he dicho, nos sumaremos al consenso en la propuesta final
y votaremos favorablemente la moción.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Sabanés.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
García-Santesmases.
El señor GARCIA-SANTESMASES MARTIN-TESORERO: Gracias, señor presidente.
Intervengo para mostrar la voluntad de consenso de nuestro grupo y el
apoyo a la resolución después de la larga negociación que hemos tenido.
Quiero felicitar al señor Alcaraz por el esfuerzo que en tal sentido ha
realizado.
Sólo quiero plantear que entre las fechas del 22 de diciembre, que fue
cuando llegamos a ese consenso, el 29 de abril, cuando tuvimos el último
debate, y el día de hoy se han producido algunos acontecimientos, entre
otros, una declaración importante del presidente de la República Arabe
Saharaui Democrática, donde dice algo relevante de cara al debate y a lo
que tiene que ser la voluntad de esta proposición. El señor Recoder ha
dicho muy bien que no puede ser una neutralidad que implique
indiferencia; el señor Alcaraz ha dicho que no puede ser una neutralidad
que se plantee como un sarcasmo, dado lo que es nuestra responsabilidad
histórica, pero más importante que lo que nosotros expresemos es lo que
nos dice la máxima autoridad, el presidente de la República Arabe
Saharaui Democrática.
¿Qué nos dice? Nos dice que efectivamente hay un impulso y una buena
predisposición de España y del Gobierno español, pero que aun siendo
globalmente positiva la posición española, lamenta que la actitud
discriminatoria de Marruecos provoque que no se haya producido una
participación más activa de nuestro país, ayudando y posibilitando los
trabajos de Naciones Unidas.
Me parece que el espíritu con el que deberíamos aprobar esta resolución y
con el que instamos al Gobierno, además de la lectura de los puntos en
los que hemos llegado a esa transacción, debía ser el de esa petición que
nos hace la máxima autoridad de la República Arabe Saharaui Democrática,
cuando nos dice: Madrid puede tener mayor protagonismo técnico en el
desarrollo y puesta en marcha de las siguiente fases del plan de paz.
Creo que este es el punto más importante. Y al decir Madrid no podemos
referirnos únicamente a las organizaciones no gubernamentales que aquí ha
traído y ha recogido con gran acierto el señor Alcaraz, porque como él ha
dicho muy bien, a la hora de mostrar esa solidaridad y esa cooperación,
si hay un tema en el que están sensibilizadas esas organizaciones no
gubernamentales, es el del Sahara; también debe actuar nuestro Gobierno,
que más allá de la prudencia debe procurar estar a la altura de las
circunstancias, colaborar con Naciones Unidas, colaborar con los
observadores y lograr cumplir lo que nos piden, que es que en esta
coyuntura el papel de Madrid sea más activo.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor García-Santesmases.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora
Pulgar.
La señora PULGAR FRAILE: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, nos encontramos aquí, una vez más, debatiendo una iniciativa
sobre la política exterior del Gobierno en relación con el plan de paz
para el Sahara. Me alegro de ver la importancia que se concede a esta
cuestión por parte de los diferentes grupos parlamentarios y de la que es
buena prueba el consenso encontrado en la Comisión de Asuntos Exteriores
de esta Cámara cuando se aprobó por unanimidad la proposición no de ley
sobre el tema en diciembre pasado. El texto de dicha proposición no de
ley concretó y explicó cuál debería ser la posición de España en el
proceso de paz en una región vecina y de vital interés para nuestro país.
Nos encontramos también en un momento histórico, diríamos que
esperanzador, con unas posibilidades muy reales de encontrar por fin una
solución definitiva a la situación anómala que ha vivido el Sahara
Occidental durante muchos años. El proceso, como casi todos los procesos
que culminan en cambios históricos, no será fácil, pero valdrá la pena si
el referéndum previsto para diciembre del año 1998, en el cual el pueblo
saharaui votará a favor de la independencia o a favor de su integración
en Marruecos, se lleva a cabo en condiciones transparentes, libres y
honestas. España hará todo lo que esté en su poder para que esto sea así.
Como SS. SS. comprenderán, España tendrá que desempeñar un papel
colaborador pero en la más estricta neutralidad. Es precisamente por los
lazos históricos y culturales tanto con Marruecos como con el Sahara por
lo que España no puede adoptar una posición de indiferencia, pero tampoco
puede condicionar los resultados del referéndum.
Muchas de SS. SS. han hablado de las obligaciones que tiene España con el
Sahara en virtud de nuestra condición de antigua potencia colonizadora.
En una época de descolonización, sin embargo, es difícil justificar una
injerencia directa de la antigua metrópoli y
más aún cuando de un proceso de autodeterminación se trata. De hecho, la
única autoridad reconocida por las partes en todo lo relativo al proceso
de paz que debe culminar en el referéndum es la Organización de las
Naciones Unidas y, como consecuencia, corresponde a esta Organización, en
virtud del plan de arreglo y los acuerdos de Houston, garantizar que se
den las condiciones para que pueda tener lugar un referéndum libre y
justo. España, sin embargo, ha seguido muy de cerca todo el proceso de
paz desde el principio y ha ofrecido su plena colaboración a las Naciones
Unidas. En el ámbito europeo, no deja de instar a sus socios comunitarios
para apoyar los esfuerzos de la ONU, y la situación en el Sahara en
general y el estado de aplicación del plan de arreglo en particular
vienen siendo objeto de atención en los niveles adecuados de la PESC.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular había presentado una enmienda de
modificación a la moción que estamos discutiendo, que creemos que ajusta
y clarifica los términos de la política que hemos de seguir; reafirma la
neutralidad de nuestro país en el proceso de paz; confirma nuestro apoyo
a las Naciones Unidas para la aplicación del plan de arreglo; demuestra
la voluntad de seguir impulsando este tema en el seno de la Unión Europea
y, sobre todo, subraya la importancia de mantener la ayuda humanitaria
prevista para el Sahara Occidental. (Rumores.)
Esta tarde hemos llegado al consenso, con lo cual todos estamos de
enhorabuena. Como el ministro de Asuntos Exteriores nos explicó en este
foro el pasado 29 de abril --ya voy finalizando, señorías, no se pongan
nerviosos, nada más necesito dos o tres minutos de silencio--, el
Gobierno español tiene previsto seguir apoyando la colaboración con los
saharauis mediante la concesión de becas, ayudas alimentarias y
subvenciones a las organizaciones no gubernamentales que presenten
proyectos viables para su ejecución en el Sahara. Cabe destacar una vez
más la importante contribución monetaria de la AECI al Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados, con el fin de atender las
necesidades humanitarias derivadas de la operación de repatriación de
refugiados.
Permítanme clarificar, señorías, nuestra posición respecto a la
participación de observadores españoles en el eventual proceso de
celebración del referéndum. Normalmente, una misión de observación
electoral, como las que organiza la propia ONU, se lleva a cabo para
garantizar que el proceso electoral desarrollado en un Estado determinado
reúne las necesarias condiciones de limpieza y fiabilidad. En este caso
es la propia ONU quien desde el principio está organizando el proceso
referendario y, por lo tanto, está garantizando y certificando la
transparecencia de este proceso. No obstante, el código de conducta
adoptado en Houston introduce un concepto nuevo, el de los observadores
independientes debidamente acreditados por el representante especial de
la ONU. Para poder ser acreditados los observadores deberán ser personas
reconocidas y con experiencia en la observación electoral y, desde luego,
llevarán a cabo exclusivamente funciones de observación e información.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Pulgar, le
ruego concluya.
La señora PULGAR FRAILE: Voy terminando, señor presidente.
Estimamos muy importante también permitir la participación en el
referéndum de los ciudadanos saharauis residentes en España y facilitar
su eventual retorno al territorio español, siempre de conformidad con lo
dispuesto en el ordenamiento jurídico.
Para terminar quiero decir, señorías, que me gustaría felicitar a todos
los grupos parlamentarios por otorgar tanta importancia al tema del
proceso de paz en el Sahara y en esta ocasión hemos llegado a un acuerdo
para respaldar la moción presentada con los cambios que proponemos y que
refuerza la original proposición no de ley aprobada por la Comisión de
Asuntos Exteriores.
Quiero decirle al señor Mardones que no se preocupe puesto que ya se está
utilizando Canarias.
Déjenme unos segundos para felicitar al Gobierno por su actitud
equilibrada, concisa y colaboradora, que está contribuyendo a la paz y
estabilidad en una región en vías de recobrar la normalidad política
tanto en su ámbito interno como en el ámbito internacional.
Muchísimas gracias a todos por vuestra paciencia. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): muchas gracias,
señora Pulgar.
Vamos a proceder a la votación.
Votación correspondiente a la moción consecuencia de interpelación del
Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política exterior del Gobierno en
relación con el Sahara y en apoyo de la efectiva aplicación de los
acuerdos de Houston, alcanzados entre el Frente Polisario y Marruecos,
con el fin de alcanzar una solución pacífica y democrática, en los
términos resultantes de la aceptación de enmiendas por parte del grupo
proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 251; a
favor, 251.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda aprobada la
moción por unanimidad.
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE ELABORACION
DEL CODIGO DE DERECHOS DE LOS DESEMPLEADOS. (Número de expediente
173/000083)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Moción consecuencia
de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, sobre elaboración del código de derechos de los desempleados.
Para su presentación y defensa, tiene la palabra el señor Vaquero.
(Rumores.)
Señorías, ruego silencio.
El señor VAQUERO DEL POZO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, después del desenfocado debate de la interpelación urgente que
precedió, creo que la moción que tengo el honor de presentar hoy en
nombre de Izquierda Unida va a poder centrar de forma adecuada el tema
del código de derechos de los desempleados. Este código de derechos de
los desempleados no puede descalificarse argumentando... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento, señor
Vaquero. Señorías, les ruego que guarden silencio.
El señor VAQUERO DEL POZO: Muchas gracias, señor presidente. Estoy
convencido de que es la hora y no el tema. (Aplausos.)
Decía, señorías, que no se puede descalificar el código de derechos de
los desempleados argumentando que lo mejor que se puede hacer por los
desempleados es una política económica que consiga crear empleo o, como
me dijo el otro día el ministro de Trabajo, que el desempleo nunca debe
convertirse en un statu quo, en una situación estática. Efectivamente,
nosotros estamos de acuerdo, pero eso es, permítanme que lo diga, de
alguna forma, escurrir el bulto, es decir, hilar con la aguja de marear.
Porque el debate no es qué política conduce a crear más empleo o qué
instrumentos sirven para insertar a los parados en el mercado de trabajo.
El debate es si los desempleados tienen o no derecho a disfrutar de un
elenco de derechos mínimos mientras están en la situación de desempleo.
Aunque haya un solo parado en este país, aunque ese solo parado esté un
solo día de su vida laboral en paro y en desempleo, se trata de ver si
este Estado social y democrático de Derecho existe también para ese
parado, si efectivamente lo es y, por tanto, si estamos dispuestos aquí a
reconocer a los parados la categoría de ciudadanos con plenitud de
derechos.
El ministro Arenas resolvió el otro día el tema afirmando que ni yo era
Cáritas ni él el Banco de España; palabras textuales, muy gráficas, por
cierto. Estoy de acuerdo porque, por mi parte, yo no pretendo ser
Cáritas. No se trata de hacer caridad con los desempleados; se trata de
reconocerles sus derechos, argumentables incluso ante los tribunales,
como cualquier derecho; derechos que competen a los poderes públicos en
un sentido de obligación para ellos. Esos son los derechos; no es
caridad, por tanto, lo que nosotros pedimos aquí cuando intentamos que
este Congreso de los Diputados establezca un código de derechos de los
desempleados. Se trata de justicia, no de caridad; de redistribución de
la riqueza; de respetar los derechos constitucionales con una fiscalidad
progresiva que redistribuya la riqueza, con unos presupuestos que, en vez
de ir mermando las cantidades destinadas a las políticas activas, en base
a ir reduciendo una cobertura de desempleo que no llega hoy ni a un
tercio de los parados, según las cifras de la EPA, los lleve a unos
límites razonables, sin que se utilice la excusa de ir dotando mejor las
partidas destinadas a las políticas activas, con lo que en principio
estamos de acuerdo, pero no a costa de la cobertura del desempleo.
En todo caso, la enmienda que hoy presentan a esta moción el Grupo
Popular y los demás grupos que apoyan al Gobierno demuestra que en este
terreno hay una asignatura pendiente, que no lo tenemos claro nadie, que
hay algo que falla en el sistema. Preocupan, y mucho, ese millón
ochocientos mil parados de larga duración, de los cuales 1.200.000 llevan
dos años en paro. Pero si preocupa que para este impresionante colectivo
el mercado no sea capaz de encontrar soluciones y que debe hacerlo el
Estado, ello debe hacerse en un doble sentido, no sólo para buscarles una
ocupación o dedicación activa, bien sea formativa, bien de incentivación
de la iniciativa empresarial o del apoyo a su espíritu emprendedor,
etcétera, sino también en el sentido de que mientras esos mecanismos
obtengan o no sus frutos, estos parados de larga duración y los parados
en general tengan cubiertas sus más elementales necesidades personales o
familiares. Porque, señorías, podremos ensayar muchas fórmulas, pero los
parados, mientras están en esa situación, no son cobayas de la ingeniería
social con cuya situación y la de sus familias se pueda jugar.
La filosofía del código de derechos de los desempleados que Izquierda
Unida plantea en esta moción es bien sencilla. Los ciudadanos y
ciudadanas que se encuentren en la situación de paro tienen que obtener
del Estado al menos una renta sustitutiva de la salarial que no
encuentran en el mercado; es el salario social que proponemos. Deben
tener garantizado también el ejercicio de su derecho a ser sujetos de
acciones formativas y de inserción laboral a cargo de las
administraciones, tanto del Estado como de las administraciones públicas
e incluso de los municipios. Por tanto, esas políticas activas no deben
ser sólo un servicio ofertado en la medida de las posibilidades
presupuestarias, sino un derecho ejercible gracias a las previsiones
presupuestarias, y aun exigible, como todo derecho. Deben obener, además,
ayudas para mantener un cierto nivel de vida de esa España que va bien y
que, afortunadamente, no es sólo un mercado discriminador. España no es
sólo un mercado discriminador, sino un Estado consensuado por todos como
social, y así lo hemos escrito. Y por ello proponemos que se habiliten
ayudas y subvenciones para el pago de los alquileres, de los gastos
domésticos de agua, luz, comunidad u otros programas vacacionales, de
residencias de tiempo libre ofertados por las administraciones públicas
para ponerlos a disposición de los desempleados y desempleadas de este
país. Proponemos también que en campañas institucionales y en el empleo
público en general se habiliten fórmulas para que el dinero público mire
primero a cubrir las necesidades de ocupación de los parados antes que
cualquier otro criterio, de forma que se contraten primero los servicios
de colectivos parados con especial dificultad de inserción laboral. Estas
son, resumiendo, las propuestas de ese código de derechos de los
desempleados.
La derecha de esta Cámara, los grupos Popular, Catalán, Vasco y Canario,
nos proponen conjuntamente una enmienda alternativa que no podemos
aceptar. Agradecemos, no obstante, los buenos oficios de aquellos que han
intentado plantear una alternativa para darnos más tiempo a todos y
estudiar las cosas con más serenidad. Sin embargo, los términos concretos
no son aceptables. No es que no estemos de acuerdo en la constitución de
una subcomisión para estudiar fórmulas de apoyo a los parados de larga
duración. De hecho hubiéramos apoyado esta propuesta si no se hubiese
presentado como alternativa a la nuestra cuando realmente no tiene por
qué serlo, en principio. Saben ustedes, señores que apoyan al Gobierno,
que ambas propuestas hubieran podido ser perfectamente compatibles si
hubieran querido plantearlas así. Sensu contrario, el carácter
alternativo de su enmienda encierra una negativa de nuestra propuesta de
los derechos de los parados que nosotros recogemos. Es, por tanto, el
retrato de un modelo societario que cada uno defiende. Cada uno el suyo,
distinto --y no les quepa la menor duda que respetable--, pero que
nosotros, en cualquier caso, no podemos compartir. Es la muestra de que
todavía existen políticas sociales de izquierdas --la nuestra-- y
políticas sociales de derecha. Sociales todas, pero de distinto signo. No
nos engañemos. Ustedes tienen una política decidida --en último término
este es el fondo de la cuestión-- de trasvasar presupuestos de políticas
pasivas a políticas activas. Y nosotros no estamos de acuerdo, en la
actual situación de cobertura del desempleo, absolutamente insuficiente,
de poder hacerlo así. Esa es la diferencia de fondo. La enmienda que
ustedes nos plantean, a pesar de decir que es una enmienda de mejora
técnica no lo es, ni muchísimo menos. Al menos, nosotros lo consideramos
así.
De otra parte, el Grupo Socialista presenta una enmienda que sí vamos a
aceptar en términos generales, aunque planteemos una transaccional a
efectos de su aceptación por el grupo enmendante. Aunque se rebajan
algunas de las aspiraciones de nuestra moción en lo referente a la
incompatibilización del salario social con cualquier renta personal o
familiar o al cupo que debería crearse en las ofertas de empleo público
en las administraciones públicas, que desaparece de la moción, incluso
respecto al tratamiento de la cobertura del desempleo, creemos que es
necesario aceptar la enmienda del Grupo Socialista en casi todos sus
términos, pues ésta asume en el contenido y en la forma el resto de
nuestras propuestas, excepto lo que ya he enunciado. Al mismo tiempo y,
sobre todo, participa de la filosofía de conceder a los ciudadanos en
paro un elenco de derechos sustitutorios de las rentas salariales
directas e indirectas que no disfrutan. Contiene, a su vez, algún
elemento añadido que enriquece nuestra moción y no descarta un
tratamiento más favorable a la cobertura del desempleo, pues la pospone a
la elaboración de un informe por parte del Gobierno, que luego sería
estudiado respecto a la situación de la cobertura del desempleo.
En aras a crear esta nueva situación desde la izquierda, por la que
apostaba Julio Anguita en el debate del Estado de la nación, renunciamos
a estos elementos de nuestra moción, aunque creamos en ellos, pues
consideramos que sería conveniente que se aceptase la introducción de
unos condicionantes al punto 2 de la enmienda del Grupo Socialista...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Vaquero, le
ruego que vaya concluyendo.
El señor VAQUERO DEL POZO: Termino ahora mismo, señor presidente.
Decía que en el sentido de que el informe sobre la situación de la
cobertura de desempleo se haga con el fin de mejorarla, así como que
después el Gobierno deba dialogar con los sindicatos, con lo que
enlazaríamos con la enmienda propuesta por Nueva Izquierda, y propiciar
el correspondiente debate parlamentario. Tal es el contenido de nuestra
enmienda transaccional a la enmienda del Grupo Socialista.
Señorías, esta moción debería salir con el consenso del conjunto de la
Cámara. No hay motivos de fondo, sólo un ensayo de trasvasar elementos
presupuestarios, pero que, en cualquier caso, estoy convencido de que no
estamos tan alejados en el fondo. Convendría que esta Cámara tuviera la
valentía de adelantarse a los movimientos de los parados, a la dinámica
social; que pudiéramos adelantarnos por una vez, que no fuéramos por
detrás de esa dinámica. Sin embargo, si hoy no sale adelante esta moción,
estoy convencido de que vamos a contribuir de forma muy positiva a la
historia legislativa de este país.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Vaquero,
concluya.
El señor VAQUERO DEL POZO: Acabo ahora mismo, señor presidente.
El código de los derechos de los desempleados será uno de los puntos
fuertes de la convergencia programática de la izquierda española en el
futuro.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vaquero.
La primera enmienda está firmada por el Grupo Parlamentario Mixto. Para
su presentación y defensa tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Quisiera pedir al señor presidente que tenga en consideración que el
turno del Grupo Mixto va a ser consumido muy brevemente por este
representante del Partido Democrático de Nueva Izquierda, así como por
don Guillerme Vázquez, en representación del Bloque Nacionalista Galego.
En nombre de Nueva Izquierda y para defender la enmienda presentada por
nuestro grupo, tengo que decir, señor presidente, que, sin lugar a dudas,
el desempleo es el tema principal de nuestra sociedad y que compartimos
buena parte de las preocupaciones que han sido manifestadas por el
representante del Grupo de Izquierda Unida.
Nosotros, al presentar la enmienda, creíamos que lo importante era exigir
al Gobierno que, llevando a la práctica ese reiterado afán de diálogo
social que ha proclamado en los últimos meses, iniciara inmediatamente
negociaciones con los agentes sociales para ampliar la cobertura de
desempleo, que lleva una tendencia decreciente en nuestro país y que
resulta especialmente preocupante.
En este sentido han sido recogidas algunas ideas por parte del
representante de Izquierda Unida en la enmienda transaccional que
presenta a la del Grupo Socialista. En aras de ese acuerdo de las fuerzas
progresistas para atender situaciones de necesidad de nuestro país y
especialmente el tema del desempleo, Nueva Izquierda está dispuesta a
colaborar decididamente y vamos a apoyar esa enmienda transaccional que
ha sido anunciada por parte del representante de Izquierda Unida en
relación con la enmienda del Grupo Socialista.
Nada más y gracias, señoría.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Peralta.
Señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente.
Intervengo para expresar que vamos a votar favorablemente esa enmienda
transaccional y manifestar nuestro apoyo, creo que con entusiasmo, a la
moción que presenta el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida,
porque está claro que el paro es uno de los problemas más graves que
padece la sociedad, si no el más grave.
El paro, señoras y señores diputados, ocasiona una dramática situación
personal que no se puede abordar, desde nuestro punto de vista, con
simples declaraciones formales, con la preocupación que causan, u
ocultarlo bajo las cifras de paro que periódicamente se publican.
Desde nuestro punto de vista es preciso modificar las políticas
económicas que son las causantes de la alta tasa de desempleo y que, al
margen de oscilaciones coyunturales, no están resolviendo este problema.
Por tanto, es necesario acometer políticas destinadas a garantizar una
competencia en condiciones de igualdad, a combatir la actual distribución
internacional del trabajo, de manera que se corrijan, entre otras
cuestiones, los desequilibrios territoriales; a defender la capacidad de
producir; a reducir la jornada laboral como instrumento para crear nuevos
puestos de trabajo. Y mientras la situación de pleno empleo no se
alcanza, es preciso adoptar iniciativas que garanticen una mínima
suficiencia económica a todos los desempleados y desempleadas.
No es aceptable para nuestro grupo que se considere como inevitable la
existencia de un sector social excluido de unos mínimos de bienestar, y
más aún en un contexto en el que la economía crece, por lo que hay que
decir que determinadas capas sociales se ven muy beneficiadas.
Estamos situados ante una alta tasa de paro, con un alto número de
parados de larga duración, con sectores donde tiene especial incidencia,
como ocurre entre los jóvenes y las mujeres, y con un gran número de
desempleados que no reciben ningún tipo de prestación económica. Y esta
situación traza un panorama de injusticia social con unas consecuencias
de pobreza, de marginación y de violencia que no se pueden ignorar.
Por tanto, el Gobierno debe afrontar esta situación para corregirla.
Entre las medidas que debe tomar, es evidente que un salario social es
algo necesario para paliar la situación por la que atraviesa un
importante número de personas. Desde nuestro punto de vista este salario
social debería ir ligado a la prestación de un trabajo útil socialmente o
a la formación profesional. Salario social que se podría acompañar de
otras medidas de apoyo complementarias, desde la exención de determinadas
tasas a la reducción del precio del transporte público.
La aplicación de medidas de este tipo permitiría mantener una situación
de mínima dignidad a las personas que están esperando conseguir un
trabajo, supone un factor redistribuidor de la riqueza y reduce, por
tanto, la marginación social, la exclusión y la violencia. Supondría, en
fin, un marco social más justo, más acorde con una sociedad que se dice
democrática y desarrollada y es, por tanto, una medida que sería un
beneficio para toda la sociedad. No abordar la solución de estas
cuestiones no hará más que ahondar en las diferencias sociales y mantener
una situación injusta.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vázquez.
La segunda de las enmiendas está firmada de forma conjunta por los Grupos
Parlamentarios Popular, Catalán (Convergència i Unió), Vasco (PNV) y
Coalición Canaria.
En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADéS: Muchas gracias, señor presidente.
La moción de Izquierda Unida se sitúa en un momento determinado, cuando
mañana vamos a celebrar el primer año de vigencia de la reforma laboral
de 1997, con 980.000 contratos indefinidos que se han generado desde ese
momento, triplicando las cifras del año anterior, manteniendo aún unas
tasas de temporalidad elevadísimas, porque tan sólo el 9 por ciento del
total de contratos son indefinidos.
Al mismo tiempo, este debate se produce a escasísimas semanas de que el
Gobierno haya presentado en la comisión el plan de empleo. Un plan de
empleo derivado precisamente de la cumbre de Luxemburgo. Cumbre de
Luxemburgo que todos hemos reivindicado y en donde se ponía el énfasis en
la generación de políticas activas para combatir la desocupación. De
hecho, desde la cumbre de Essen de 1994, forma parte del discurso de
todos los grupos políticos esa necesidad de reforzar esas políticas
activas.
Digo esto porque, en su intervención, el señor Vaquero justificaba su no
aceptación de nuestra enmienda, esta enmienda conjunta planteada por los
grupos Canario, Vasco, Popular y Catalán, en esa voluntad de potenciar lo
que eran políticas activas en lugar de las políticas pasivas. Hoy, todos,
desde la izquierda hasta los grupos democristianos y conservadores,
pasando por los grupos progresistas como Convergència i Unió, entendemos
que potenciar las políticas activas es lo principal que hay que hacer
para crear ocupación, que dar oportunidades a los desempleados es la
única garantía para poder combatir esta lacra que es el paro.
Dicho esto, en relación al texto concreto de la moción, está claro que la
moción tiene un impacto presupuestario evidentísimo --no creo que sea
necesario que yo lo justifique-- y, además y sobre todo, va acompañada de
una falta de debate social y político en relación a las propuestas que
contiene. En el año 1992, durante el mandato socialista, se produjo una
importantísima reforma sobre las coberturas por desempleo que, en opinión
de muchos expertos, ha provocado una disminución de esa cobertura social
de los desempleados. Seguramente, aquella decisión del Ejecutivo de 1992
no se produjo en el marco de un debate político ni de un debate social
serio. La enmienda que plantean los grupos Canario, Vasco, Popular y
Catalán pretende que aquello que constituye un problema de verdad, la
situación de los desempleados de larga duración, sea motivo de un debate
político en serio en esta Cámara. Proponemos la creación de una
subcomisión, puesto que hoy las tres subcomisiones que existen han
finalizado ya sus trabajos, que nos permita buscar soluciones en la línea
en que se está debatiendo en otros lugares de la Unión Europea. Hoy, el
político de moda en toda Europa, Tony Blair, plantea, en relación al
desempleo, que seguramente quizás convenga menos wellfare y más
ocupación.
Creo que el planteamiento que hace Izquierda Unida en su moción tiene una
carga de excesiva visión caritativa del problema. Cuando digo esto, lo
digo desde una terrible incomodidad. En el debate de la interpelación, el
señor Vaquero inició su discurso recordándonos que no estábamos hablando
de cifras, de magnitudes económicas, sino que estábamos hablando de
personas con apellidos, de vidas concretas, de familias azotadas por el
desempleo. Pues bien, creo que si realmente queremos abordar este tema
desde esta filosofía debemos ser conscientes de que, seguramente, para
plantear algunas de las propuestas positivas que contiene su iniciativa,
debemos ser capaces de encontrar un espacio político de diálogo que nos
permita evaluar la eficacia real de estas políticas para conseguir lo que
pretende el señor Vaquero y pretendemos los demás grupos de la Cámara,
que haya menos desempleados en nuestra sociedad.
Por tanto, me parece que es una pena que el Grupo de Izquierda Unida no
acepte nuestra enmienda, que incluso no intente proponer una transacción
a la nuestra, porque no aceptar la creación de una subcomisión que
estudiase las posibilidades que tenemos de desarrollar nuevas medidas,
tanto en políticas activas como en políticas pasivas, para hacer frente a
los problemas de los parados, especialmente de los parados de larga
duración, es perder una buena oportunidad.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Campuzano, le
ruego concluya.
El señor CAMPUZANO I CANADéS: En el marco de esta subcomisión, muchas de
estas cuestiones, empezando por un nuevo código de conducta, se podrían
haber debatido. Seguramente hoy, con su negativa a aceptar nuestra
enmienda, no vamos a avanzar demasiado en objetivos que seguro que todos
compartimos.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): En nombre del Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Caneda. (El señor Díaz
Sol pide la palabra.)
Señor Díaz Sol, es una enmienda firmada por varios grupos parlamentarios
y están repartiéndose el tiempo; última enmienda entrada en el registro.
Adelante, señor Caneda.
El señor CANEDA MORALES: Señor presidente, señorías, el tema es tan
importante que merece que se le preste la atención debida, aparte de que
la seriedad que siempre tiene el señor Vaquero a la hora de presentar
iniciativas así lo requiere. Por ello, tengo que decirle que, sin duda,
compartimos todos el problema. Con el corazón estoy de acuerdo con su
moción, pero desde luego no con el cerebro.
Le diré por qué. En la introducción de la moción ya me invita a que
votemos que no, cuando dice que se adopten, por parte de los poderes
públicos, políticas orientadas a la consecución del pleno empleo. Este
Gobierno es lo que está haciendo; todas las medidas que toma, desde el
rigor presupuestario, la bajada de los tipos de interés, el control de la
inflación, la rebaja de impuestos, todas, tienen un objetivo fundamental:
conseguir empleo. Por eso ya nos invita a que votemos que no.
Seguimos convencidos de que la política de creación de empleo es lo más
importante. También estamos convencidos --ya he dicho que con el corazón
estoy de acuerdo en que tenemos que luchar por ello-- de que la moción
que presenta Izquierda Unida va en contra de la creación de empleo; es
decir, generaría paro. Como estoy convencido, le digo por qué. El otro
día, en la interpelación, decía que se había desenfocado el problema. No.
Yo creo que el problema hay que enfocarlo, el problema es el paro y de
eso tenemos que hablar, del problema del paro.
Cuando las dos intervenciones que se produjeron el otro día desde la
izquierda me hablaban de que siempre vamos a tener tres millones de
parados, yo me sorprendía. Nosotros no admitimos esto, no nos resignamos
en absoluto. Es más, nos parece una atrocidad que un político diga que se
va a mantener esa cifra de tres millones de parados.
No se nieguen a ver los resultados. Desde que estamos en el Gobierno,
primero gateando, luego andando y después corriendo, se está creando
empleo. En 1996, 1997 y primer cuatrimestre de 1998. Cada vez mejor.
Estamos creciendo a más de un 3 por ciento, habiendo bajado el número de
desempleados inscritos en el paro en 367.000. Querer negar esto es querer
negar la evidencia. Había un barco al que le entraba mucha agua, por
muchos agujeros. Se han tapado, a los desaguadores, que eran las pyme, se
les ponían muchos problemas. Ahora se les están quitando. Gracias a eso,
los resultados están siendo positivos.
En su moción habla de derechos y deberes. Esos derechos y deberes
existen. No estarán en un código único, pero desde que se aprobó la Ley
básica de empleo existen unos derechos para la intermediación, para la
formación, para la ayuda a la consecución de empleo. La Ley de la
Seguridad Social da el derecho a tener una prestación y una renta
sustitutoria. Partamos el debate, como ha dicho el señor Campuzano, en
cuánto de los recursos disponibles destinamos a políticas activas y
cuánto a políticas pasivas. ¿Qué ha hecho el Gobierno del Partido
Popular? Las dos cosas, señor Vaquero. Insiste en decir que estamos
sustituyendo políticas activas por políticas pasivas. No. Estamos
teniendo políticas activas, que se han aumentado descaradamente en un 82
por cien en este año: 127.000 millones. Pero, además, hay un millón de
acciones previstas en el nuevo Plan de empleo para este fin. Para las
políticas pasivas tenemos la misma tasa de cobertura que había desde
1995: el 50 por ciento del paro registrado, porque no me vale que me
hable del paro EPA. Ya me explicará cómo le puede dar una prestación a
alguien que no está inscrito en ningún lado. Se mide sobre el paro
registrado y es la misma desde 1995. Además, desde que este Gobierno está
en el poder, se ha llegado a un acuerdo en 1996 con los agentes sociales
para que los empleados eventuales agrícolas pasen al Régimen General de
la Seguridad Social, lo cual aumentará la cobertura. Desde el 27 de marzo
de este año de 1998 también vamos a contemplar las prestaciones a los
empleados a tiempo parcial con menos de 12 horas semanales o 48
mensuales. Eso también ampliará la cobertura. Eso es trabajar en
políticas pasivas y en políticas activas.
Decimos no a esta moción porque va contra la creación de empleo, porque
es mala para el objetivo que quieren defender desde otra postura. De la
nuestra estamos convencidos. Mantenemos la ilusión de poder vencer la
batalla del paro y con esta moción no se lucha contra él.
Si descendemos brevemente a su moción vemos que dice que el salario
social debe ser igual al salario mínimo interprofesional. El salario
mínimo para todos, y lo dice de una manera genérica. Además, se
contradice con el punto 1.4, cuando habla de la cobertura de las
prestaciones, porque si todo el mundo tiene derecho al salario
asistencial, no sé cómo va a tener también una cobertura. ¿De verdad cree
que es posible que haya un salario asistencial para todo el mundo, tal
como lo solicita? ¿Con qué requisitos? ¿Para quién? ¿Con qué
incompatibilidades? ¿Todo ciudadano entre 16 y 65 años se puede apuntar
al paro y cobrar eso? Hablábamos de costes y desde luego pasaremos sólo
con este punto a más de un billón 200.000 o a más de un billón 300.000
millones, y además de forma creciente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Caneda, le
ruego concluya.
El señor CANEDA MORALES: Voy concluyendo.
Esto va frontalmente contra el acuerdo de Luxemburgo, firmado por todos.
Crearía una distorsión y un agravio con los que cobran cobertura, eso sí,
con requisitos, con cotizaciones y con incompatibilidades. Por un montón
de motivos, creo que razonadamente, aunque no estén de acuerdo, no
podemos apoyar esto.
El punto siguiente pide un aumento general en tiempo, en prestaciones y
en cuantía. En el sistema es fundamental guardar equilibrio y, si no se
contempla de esta forma, no se puede hacer. En este punto sí estoy de
acuerdo. Aunque existen unas prestaciones en la Seguridad Social, en el
artículo 215 de su Ley, para los empleados de larga duración, es
insuficiente. Por ello, y se lo ha dicho el señor Campuzano, le ofrecemos
un lugar donde debatirlo. Creemos que tenemos que debatir el tema de los
empleados de larga duración para sacar luz y poder apoyarlo, pero de
forma genérica, diciendo solamente más y más y más, es romper el
equilibrio y no es bueno para el sistema ni para los desempleados del
futuro.
Los otros puntos de los derechos de los desempleados que piden se
contemplan en el Plan de empleo, tanto la colaboración de las
administraciones, como las campañas de formación.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Caneda, le
ruego concluya.
El señor CANEDA MORALES: Concluyo.
Por último, en relación al apoyo a los colectivos desafectados, le vuelvo
a decir lo mismo. Para estos colectivos hay dos leyes aprobadas por
acuerdo de la Cámara, y de los 600.000 contratos indefinidos que se han
hecho después de la reforma, 355.000 van a jóvenes y 196.000 a mujeres.
Las medidas son las correctas y están dando resultado.
En definitiva, creo, primero, que no podemos renunciar a ello, es un
objetivo irrenunciable la bajada del paro hasta niveles que la sociedad
pueda digerir y su medida va contra esto; segundo, que el paro se ha
empezado a solucionar desde que el Partido Popular ganó las elecciones el
3 de marzo, y, tercero, que existe un problema real, humano, grave,
social en los parados de larga duración. Por ello le invitamos a que
reconsidere su actitud y acepte la creación de esta subcomisión.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Caneda.
Para la presentación y defensa de la enmienda del Grupo Socialista,,
tiene la palabra el señor Díaz Sol, al cual le ruego que exprese la
aceptación o no de la transaccional que ha ofrecido el grupo proponente
de Izquierda Unida.
El señor DIAZ SOL: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, intervenir en un tema como éste a estas horas de la noche
produce una cierta sensación de tristeza, pero espero que en mi voluntad
de ser breve no deje de decir las cosas importantes que hay que aportar a
este debate.
Después de oír la intervención del portavoz del Grupo Popular, diré que
hay un compañero mío, el señor Griñán, que dice que ustedes tienen
complejo de Adán, porque parece que desde que han entrado a gobernar es
cuando se han empezado a hacer las cosas. El señor portavoz ha dicho que
desde que el Partido Popular está gobernando se ha empezado a arreglar el
problema del paro. (Rumores.) Eso es una muestra evidente del complejo, y
además, por lo que veo, están ustedes en un estado realmente avanzado y
preocupante de ese complejo. Hablar con ustedes de solucionar el problema
de los desempleados, en la situación tan avanzada de ese complejo de Adán
y con la euforia económica que les rodea, es prácticamente imposible, y
les voy a decir por qué.
Ustedes no hablan del problema de los desempleados, que es de lo que
trata este debate, ustedes hablan del paro y del empleo, que es otra
cuestión, pegada, casi junta, pero que no es el contenido de este debate.
El contenido de este debate no es hablar del número de parados, sino del
número de parados que tienen problemas individualmente, día a día en las
grandes ciudades, con situaciones realmente angustiosas, que usted a lo
mejor no conoce, pero que otros sí conocemos.
Creemos que la iniciativa que ha presentado Izquierda Unida habría que
haberla considerado. Ustedes están en la convicción de que mientras haya
un crecimiento económico duradero, el problema del paro se tiene que
solucionar con el tiempo, es como estar regando una planta que queremos
que llegue a los tres metros y creer que con ir todos los días a regarla
lo conseguiremos. Pero se olvidan de que hay que abonarla y cuidarla de
alguna otra forma. El crecimiento económico es una condición necesaria
para solucionar el problema del paro, pero no es suficiente, porque el
empleo que se está produciendo en este país hay que analizarlo en
profundidad y ahora no es el momento. Me gustaría que me contestara
alguno de ustedes por qué con ese crecimiento económico tan enorme y esa
fabulosa creación de empleo está prácticamente congelado el crecimiento
de la población activa. En el último año el crecimiento no ha llegado ni
al 1 por ciento, con unas magníficas condiciones que animarían a todo el
mundo a incorporarse al mercado de trabajo.
En definitiva, señorías, hemos acogido con mucha atención la iniciativa
de Izquierda Unida, pero hay algo que quería decirle al portavoz del
Grupo Catalán. Si yo fuera inglés, haría lo mismo que hace Tony Blair,
que tanto les gusta, pero él tiene el 4 por ciento de desempleo mientras
que en España tenemos el 20 por ciento. Por tanto, no es trasladable el
planteamiento que se hace de un lado al otro.
Hemos estudiado y hecho una propuesta de moción con algunos límites y
matizaciones. Hemos querido aportar un punto que nos parece importante,
como es el apoyo psicosocial, a través de la red de servicios sociales,
para las personas que están fuera de toda prestación. Creemos que es una
buena aportación la que ha hecho en su intervención el señor Vázquez,
cuando habla del salario social entre las medidas de reinserción. Le
puedo decir que en Andalucía eso se está haciendo así.
En resumen, viendo que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida acepta
las sugerencias que le hemos hecho y que hemos llegado a una redacción
conjunta, aceptamos esa transaccional y, por tanto, apoyaremos esta
redacción definitiva. Les vuelvo a decir lo mismo, no tengan sólo para
las cosas buenas complejo de Adán, piensen también para las cosas malas
y, a lo mejor, nos convencen a los demás. (Aplausos.--Protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Díaz Sol.
Expresada ya la aceptación de las distintas enmiendas, vamos a proceder a
la votación.
Votación correspondiente a la moción consecuencia de interpelación
urgente, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre
elaboración del código de derechos de los desempleados, en los términos
resultantes de la aceptación de las distintas enmiendas por parte del
grupo proponente, así como de la enmienda transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 206; a
favor, 80; en contra, 125; abstenciones una.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda rechazada la
moción.
El Pleno se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las once y veinte minutos de la noche.