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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 156, de 30/04/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1998 VI Legislatura Núm. 156
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 151
celebrada el jueves, 30 de abril de 1998
ORDEN DEL DIA:
Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados:
--Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre
declaraciones de actividades de Excmos. Sres. Diputados (número de
registro 51256) (Página 8310)
Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes:
--Real Decreto-Ley 2/1998, de 17 de abril, por el que se adoptan medidas
urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones y
temporales acaecidos entre noviembre de 1997 y febrero de 1998 (número de
expediente 130/000044) («BOE» núm. 93, de 18 de abril de 1998) (Página 8310)
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Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios
Internacionales:
--Denuncia del Convenio número 45 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), de 21 de julio de 1935, relativo al empleo de las mujeres
en los trabajos subterráneos de toda clase de minas «BOCG. Congreso de
los Diputados», serie A, número 179, de 18 de marzo de 1998 (número de
expediente 110/000164) (Página 8314)
--Tratado de Prohibición de Ensayos Nucleares, adoptado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 10 de septiembre de 1996 «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie A, número 180, de 18 de marzo de 1998
(número de expediente 110/000165) (Página 8314)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:
--Proyecto de Ley Orgánica para la cooperación con el Tribunal
Internacional para Ruanda. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A,
número 87-1, de 17 de octubre de 1997 (número de expediente 121/000085)
(Página 8314)
--Proyecto de Ley del Servicio Postal Universal y de liberalización de
los servicios postales. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A,
número 94-1, de 19 de diciembre de 1997 (número de expediente 121/000092)
(Página 8315)
--Proposición de Ley reguladora de la objeción de conciencia y de la
prestación social. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número
36-1, de 10 de junio de 1996 (número de expediente 122/000024) (Página 8328)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana, con
carácter secreto, para debatir sobre el dictamen de la Comisión del
Estatuto de los Diputados sobre declaraciones de actividades de señores
Diputados, que es aprobado.
Se reanuda la sesión con carácter público.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes (Página 8310)
Real Decreto-ley 2/1998, de 17 de abril, por el que se adoptan medidas
urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones y
temporales acaecidos entre noviembre de 1997 y febrero de 1998 (Página 8310)
Presenta el Real Decreto-ley, en nombre del Gobierno, el señor ministro
de Interior (Mayor Oreja). Considera que el alcance y magnitud de los
hechos exigen la adopción de medidas extraordinarias para su reparación
y, desde el principio constitucional de solidaridad, se impone una
actuación eficaz de los poderes públicos que permita la recuperación de
la normalidad de las zonas afectadas. Explica que la aplicación de esta
norma será específica y, posteriormente, se determinará, a través de una
orden del Ministerio de Interior, los términos municipales y núcleos de
población afectados en esas comunidades autónomas.
A continuación pasa a explicar las siete medidas contenidas en el Real
Decreto-ley y destaca algunas diferencias que presenta en relación con
otros anteriores.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Sedó i Marsal, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Aramburu del
Río, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; el señor Barrero
López, del Grupo Socialista del Congreso, y la señora Torme Pardo, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-ley
debatido, se aprueba la convalidación por 282 votos a favor y uno en
contra.
Sometida a votación, a petición del Grupo Socialista del Congreso, la
tramitación como proyecto de ley, se rechaza por 125 votos a favor y 157
en contra.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios
internacionales (Página 8314)
Denuncia del convenio número 45 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), de 21 de julio de 1935, relativo al empleo de las mujeres
en los trabajos subterráneos de toda clase de minas (Página 8314)
Tratado de prohibición de ensayos nucleares, adoptado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 10 de septiembre de 1996 (Página 8314)
Sometidos a votación directamente los dos dictámenes de la Comisión de
Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales, se aprueban por
asentimiento.
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas (Página 8314)
Proyecto de ley orgánica para la cooperación con el Tribunal
Internacional para Ruanda (Página 8314)
Sometido a votación el dictamen de la Comisión, se aprueba por
asentimiento.
Proyecto de ley del servicio postal universal y de liberalización de los
servicios postales (Página 8315)
Defienden las enmiendas presentadas a este proyecto de ley, los señores
Saura Laporta y Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto;
González de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV);
Sedó i Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió);
Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda , y Morlán
Gracia, del Grupo Socialista del Congreso.
Contesta, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el
señor Pons Franco.
En un segundo turno intervienen los señores Morlán Gracia, Ríos Martínez
y Pons Franco.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Mardones Sevilla,
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Se procede a las votaciones de las enmiendas mantenidas al proyecto de
ley del servicio postal universal y de liberalización de los servicios
postales que han sido objeto de debate.
A continuación se procede a las votaciones correspondientes al dictamen
del proyecto de ley del servicio postal universal y de liberalización de
los servicios postales.
Votación de conjunto (Página 8328)
Proyecto de ley orgánica para la cooperación con el Tribunal
Internacional para Ruanda (Página 8328)
Sometido a votación de conjunto, por su naturaleza orgánica, el proyecto
de ley para la cooperación con el Tribunal Internacional de Ruanda, es
aprobado por unanimidad.
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas (continuación)
(Página 8328)
Proposición de ley reguladora de la objeción de conciencia y de la
prestación social (Página 8328)
Defienden las enmiendas presentadas a la proposición de ley, la señora
Lasagabaster Olazabal y el señor Alcaraz Ramos, del Grupo Parlamentario
Mixto; la señora Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV); el señor Castellano Cardalliaguet, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, y la señora Del Campo Casasús, del Grupo
Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Campuzano i
Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y
Bermúdez de Castro Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
En un segundo turno intervienen la señora Del Campo Casasús y los señores
Castellano Cardalliaguet y Bermúdez de Castro Fernández.
Se procede a las votaciones de las enmiendas mantenidas a la proposición
de ley reguladora de la objeción de conciencia y de la prestación social
que han sido objeto de debate.
A continuación se procede a las votaciones correspondientes al dictamen
de la Comisión de la proposición de ley reguladora de la objeción de
conciencia y de la prestación social.
Se levanta la sesión a las doce y treinta minutos del mediodía.
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana, con
carácter secreto.
DICTAMENES DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS:
-- DICTAMEN DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE
DECLARACIONES DE ACTIVIDADES DE SEÑORES DIPUTADOS (Número de registro
51256)
Se somete a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los
Diputados, que es aprobado.
Se reanuda la sesión con carácter público.
CONVALIDACION O DEROGACION DE REALES DECRETOS-LEYES:
-- REAL DECRETO-LEY 2/1998, DE 17 DE ABRIL, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS
URGENTES PARA REPARAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LAS INUNDACIONES Y
TEMPORALES ACAECIDOS ENTRE NOVIEMBRE DE 1997 Y FEBRERO DE 1998 (Número de
expediente 130/000044)
El señor PRESIDENTE: Punto VII del orden del día: Convalidación o
derogación de reales decretos-leyes. En primer lugar, y el único, el Real
Decreto-ley número 2/1998, de 17 de abril, por el que se adoptan medidas
urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones y
temporales acaecidos entre noviembre de 1997 y febrero de 1998.
Para su presentación, en nombre del Gobierno tiene la palabra el señor
ministro de Interior, Mayor Oreja.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señoras y señores diputados,
comparezco ante SS. SS. para cumplimentar el trámite de convalidación por
esta Cámara del Real Decreto 2/1998, de 17 de abril, por el que se
adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por inundaciones
y temporales producidos entre noviembre de 1997 y febrero de 1998 en gran
parte de España.
Como SS. SS. conocen, durante ese período de tiempo las comunidades de
Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, han
sufrido las consecuencias de diversos episodios, de fuertes lluvias que
han producido inundaciones y desbordamientos de ríos, causando daños e
importantes pérdidas en zonas afectadas.
El alcance y magnitud de estos hechos exigen la adopción de medidas
extraordinarias para su reparación, y desde el principio constitucional
de solidaridad se impone una actuación eficaz de los poderes públicos que
permita la recuperación de la normalidad de las zonas afectadas.
El ámbito territorial de aplicación de esta norma será específica y
posteriormente determinada a través de orden del Ministerio de Interior,
en la que se establecerán los términos municipales y núcleos de población
afectados en esas comunidades autónomas.
Son siete las medidas contenidas en el real decreto-ley. En primer lugar,
concesión de una subvención estatal de hasta un 50 por ciento a los
proyectos de entidades locales para reparación de infraestructuras y
equipamientos.
En segundo lugar, indemnización por daños directos ocasionados por
inundación, lluvia, arrastre de tierras, en producciones agrarias
aseguradas por el seguro agrario combinado cuando los riesgos causantes
del daño no sean susceptibles de aseguramiento.
En tercer lugar, declaración de emergencia de las obras de reparación y
de infraestructuras hidráulicas, costas, restauración
hidrológico-forestal y conservación de suelos en las cuencas
hidrográficas afectadas.
En cuarto lugar, exenciones o reducciones tributarias en una serie de
impuestos tales como sobre bienes inmuebles, de naturaleza rústica y
urbana, sobre actividades económicas para las empresas cuyos locales
hayan sufrido los efectos de las inundaciones y temporales, sobre
determinados medios de transportes. Asimismo, se establece una exención
de tasas, de matriculación de la Jefatura Central de Tráfico en relación
con vehículos siniestrados, y la reducción en el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas para los agricultores afectados.
En quinto lugar, medidas relativas a expedientes de regulación de empleo
que sean consecuencia de estos fenómenos, los cuales tendrán la
consideración de ocasionados por fuerza mayor, exención de cuotas a la
Seguridad Social y prestaciones por desempleo.
En sexto lugar, concesión de ayudas de emergencia por el Ministerio de
Interior, en virtud de la orden de 18 de marzo de 1993, para paliar daños
materiales.
En séptimo lugar, líneas de préstamo a bajo interés, 3 por ciento TAE,
por parte del Instituto de Crédito Oficial, por un importe de 3.000
millones de pesetas, para anticipar la reparación o reposición de
instalaciones industriales y mercantiles, explotaciones agrarias y
ganaderas y locales de trabajo.
Señorías, la financiación de estas ayudas se va a realizar de la
siguiente forma: un crédito extraordinario de 900 millones de pesetas
concedido al Ministerio de Interior para las ayudas a familias y
particulares. Un crédito de 1.100 millones de pesetas concedido al
Ministerio de Administraciones Públicas para las ayudas de la reparación
de infraestructuras y bienes a las corporaciones locales. El resto de las
medidas contempladas se financiará con cargo a los presupuestos
ordinarios de los departamentos.
Finalmente, como viene siendo habitual en este tipo de normas, se crea
una comisión interministerial para la aplicación de las medidas y
actuaciones previstas. Esta comisión estará coordinada por el director
general de Protección Civil y está integrada por los representantes de
los departamentos ministeriales afectados y por los delegados del
Gobierno en las comunidades autónomas en las que resulte de aplicación
este real decreto-ley.
Para concluir, señorías, me gustaría brevemente destacar algunas
diferencias que presenta este real decreto-ley en relación con los
anteriores. En primer lugar, se concede un tratamiento especial a dos
municipios, Camas y Ecija, en atención a la especial magnitud de los
daños ocasionados por las lluvias y temporales en estos dos municipios.
La disposición adicional tercera establece la creación de una comisión
técnica mixta para la valoración de los daños producidos en estas
localidades, comisión técnica mixta que está integrada por un
representante de la Administración general del Estado y uno por cada una
de las administraciones públicas afectadas. Se excluye la aplicación a
las mismas de la orden de 18 de marzo de 1993 y se prevé la posibilidad
esta vez de conceder ayudas a los particulares de hasta cuatro millones
de pesetas. La excepción en la aplicación de la orden ministerial citada
supone que en estos dos municipios no se tendrán en cuenta las
limitaciones que aquélla establece para acceder a las ayudas previstas
--ya saben ustedes que en aquel momento se determinó que era necesario
acreditar una notable carencia de recursos económicos--, cuya cuantía
máxima además es de un millón y medio de pesetas en caso de destrucción
total de la vivienda.
La financiación de estas ayudas excepcionales se efectuará en un 50 por
ciento por la Administración general del Estado, con cargo al crédito
extraordinario concedido al Ministerio de Interior, y el otro 50 por
ciento por las restantes administraciones públicas en los términos que
las mismas acuerden.
En segundo lugar, esta vez se aprueban dos créditos extraordinarios
específicos para dos departamentos ministeriales, Administraciones
Públicas e Interior, y se financia el resto de las actuaciones previstas
con cargo a los presupuestos ordinarios de los ministerios afectados, en
lugar de aprobarse un crédito extraordinario con el carácter de
ampliable, como ha venido siendo habitual. Esas son las dos diferencias
sustanciales respecto de otros reales decretos-ley que han sido probados
por esta misma Cámara.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
¿Algún grupo desea consumir un turno en contra de la convalidación del
decreto ley? (Pausa.) Si no es así, ¿grupos que desean fijar su posición?
(Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, en primer lugar, tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
Con mucha brevedad vamos a ratificar, una vez más, la línea congruente de
Coalición Canaria en votar siempre afirmativamente la convalidación de
estos
reales decretos-leyes, que traen causa de catástrofes naturales,
basándonos en el principio de reciprocidad y de solidaridad. Teniendo en
cuenta las catástrofes acaecidas con motivo de los acontecimientos
meteorológicos de finales del año pasado y de primeros del corriente, y
en base a ese principio de solidaridad, Coalición Canaria, señor
presidente, va a votar favorablemente la convalidación de este real
decreto ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a usted, señor Mardones.
Señor Sedó, por el grupo de Convergència i Unió.
El señor SEDO I MARSAL: Gracias, señor presidente.
Nosotros también vamos a convalidar el decreto-ley. Se trata de una
disposición que coincide básicamente con otras dictadas por el Gobierno
sobre esta materia, ya que la interrumpida sucesión de fenómenos
meteorológicos de distinta índole durante el año 1997 y los primeros
meses de 1998 han obligado a redactar todos estos decretos. Nuestra
posición es prácticamente la misma que la que fijamos el 27 de febrero de
1997, el 10 de abril, el 27 de noviembre, el 18 de diciembre, el 22 de
diciembre del mismo año y el 17 de febrero de 1998. Es una serie continua
de intervenciones sobre decretos para arreglar todos los problemas que
han causado las inundaciones, las lluvias torrenciales y los desastres.
Así pues, nosotros nuevamente vamos a votar favorablemente este
decreto-ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sedó.
Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora
Aramburu.
La señora ARAMBURU DEL RIO: Señor presidente, señorías, señor ministro,
no debía pasar desapercibido
el debate sobre convalidación o derogación de este real decreto-ley
relativo a las medidas para reparar los daños causados por las
inundaciones y temporales acaecidos entre noviembre de 1997 y febrero de
1998.
Señor ministro, indiscutiblemente sería un ejercicio de irresponsabilidad
política hacer demagogia con un tema de esta magnitud, pero tan
irresponsable como minimizarlo o descualificarlo. Igualmente parece poco
riguroso plantear en la exposición de motivos que las causas del desastre
tienen un único titular que sería, según el Gobierno, la ininterrumpida
sucesión de fenómenos meteorológicos adversos. Señalar a la naturaleza
para describir el origen de nuestros males es, cuando menos, primitivista
y poco serio.
Señorías, en un medio de comunicación no sospechoso de ser de Izquierda
Unida, decía hace pocos días un columnista de reconocido prestigio que
España no es un país sino una chapuza, y nos recordaba la presa de Tous,
el camping de Biescas, el depósito de Melilla, las inundaciones de 1983
en El Aljarafe, etcétera, hasta llegar a la catástrofe anunciada de
Doñana. Decía una obviedad que, como todas las obviedades, es evidente, y
es que el único principio elemental es el de la previsión y el de la
prevención; que no se trata de buscar el mejor cirujano sino de tener el
mejor médico de cabecera que evite el quirófano. Así es y así parece.
Los fenómenos meteorológicos, climatológicos, no son reductibles, pero
sus efectos, mayoritariamente, sí. Eso tiene dos expresiones: los que
defendemos un modelo sostenible e integral y los que están instalados en
un proyecto desarrollista, especulativo, cuyas consecuencias en algunos
casos, como en Andalucía, concretamente en una población sevillana
llamada Ecija, se convierten en irreparables. Las inundaciones, señorías,
no son una maldición. El problema es cuando el criterio preventivo no
pertenece al acervo gubernamental, y el sur es tremendamente vulnerable.
La afectación estructural de los temporales ha salpicado a diferentes
comunidades, pero se ha detenido con especial virulencia en algunas
poblaciones. Los daños en agricultura y obras públicas están
cuantificados, los privados no tienen precio. Hay que reconstruir pueblos
humana y económicamente. Hace unos días, me comentaban que muchos todavía
no han visto un solo duro, y para ellos el paso del tiempo es un arma
cargada y sin futuro. Es absolutamente injusto el permanente discurso
competencial y partidario, y desleal el incumplimiento por demora de
muchas administraciones que al día siguiente hicieron la pasarela in
situ.
La gradualidad en la normalidad es un concepto marginal cuando se habla
de vidas humanas y poco razonable hablar de flexibilidad cuando se habla
de procedimientos y garantías, tal como se expresa en el decreto. No
puede tener tantas aristas la financiación de los gastos para
recuperaciones y reparaciones, no se pueden rehabilitar los siniestros
con calderilla y con demora. Hay demasiada imprevisión y descoordinación
para la aplicación de las necesarias medidas. Los efectos de las
catástrofes han sido desiguales y diferenciados y la modulación del
régimen de ayudas no se acompasa suficientemente para el establecimiento
específico de las correspondientes coberturas.
El decreto, en lo que se refiere a indemnizaciones agrarias,
bonificaciones fiscales, ayudas de emergencia, créditos extraordinarios,
cooperación con las administraciones locales y consorcio de compensación
de seguros, es claramente insuficiente. En este sentido, quiero mostrar
mi más severa poreocupación porque el principio constitucional de la
solidaridad de un gobierno con su pueblo en el caso de las inundaciones
se ha quebrado. Por tanto, no vale, señorías, el perverso juego de
generar esperanzas ayer y recortar y demorar el decreto hoy. Eso tiene un
efecto que a veces las urnas reflejan. Termino, señorías, instándoles y
solicitándoles que se tramite como proyecto de ley para salvaguarda del
conjunto de las garantías.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a usted, señora Aramburu.
Tiene ahora la palabra el señor Barrero en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista.
El señor BARRERO LOPEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, señorías, voy a ser muy breve, pero no quisiera dejar
pasar la oportunidad de fijar la posición del Grupo Parlamentario
Socialista en un tema no menor, como es el que hoy, una vez más, un año
más, por estas fechas, a través de la ratificación del real decreto-ley
correspondiente, vienen los legisladores a intentar paliar daños
producidos en distintas comunidades como consecuencia de los temporales
que vienen produciéndose a finales de los años 1996 y 1997. Por tanto,
estamos ante la posibilidad de paliar hoy --insisto-- unos daños
importantes, muy importantes, que se han producido en cinco comunidades
autónomas, de manera especial en la comunidad a la que yo represento en
esta Cámara, es decir, en la comunidad andaluza. Sólo en Sevilla,
señorías, se calculaba que en noviembre los daños producidos superaban
los 5.000 millones de pesetas y en determinados núcleos de población los
propios ayuntamientos valoraban sus daños en cantidades superiores a los
500 millones de pesetas. Un ejemplo era Gibraleón, en la provincia de
Huelva, corporación regida por políticos de la misma ideología que los
que dirigen el Gobierno de la nación y que valoraba los daños en 800
millones de pesetas.
Por tanto, el primer punto a destacar es que hoy muchas poblaciones,
muchas personas, muchas familias y muchas entidades locales esperan a ver
qué hacemos a la hora de valorar sus daños y cómo compensamos la
desgracia que supuso los temporales en estas comunidades autónomas.
En segundo lugar, señor presidente, ha faltado agilidad, porque estamos
hablando de unos daños que se producen en noviembre, señor ministro, y
siete meses después se constatan y valoran los hechos insuficientemente y
se inicia el ejercicio de reparación de daños. El real decreto tiene
fecha de 17 de abril y lo más fuerte del temporal se produce el 2 y 3 de
noviembre de 1997. Por tanto, señor ministro, permítame decirle que ha
faltado agilidad y sensibilidad en un tema especialmente delicado, porque
estamos constatando daños para familias, para personas y ciudadanos.
En tercer lugar, es insuficiente el real decreto-ley, y de ahí nuestra
petición de que pueda tramitarse como proyecto de ley. Es insuficiente
porque estamos intentando paliar, insisto mucho en ello, daños producidos
en cinco comunidades autónomas y destinamos a ellos de manera directa, no
a través de las partidas ordinarias de presupuestos sino con carácter
extraordinario, 900 millones para enseres familiares, para los problemas
que se han producido en las familias y 1.100 millones para reparación de
infraestructuras en entidades locales de cinco comunidades autónomas. Es
decir, la suma son 2.000 millones de pesetas, que si los dividimos entre
los habitantes de cinco comunidades autónomas, entre casi más de la mitad
de los habitantes de este país, haría ridícula la cantidad.
En cuarto lugar, no se determinan los núcleos afectados, aunque eso no
significa, desde este grupo, señor ministro, desconfianza en que la orden
ministerial correspondiente sea sensible a la hora de ir baremando y
determinando los núcleos más afectados, pero parecería importante que se
escuchara la voz de los parlamentarios de cada zona, sobre todo de
aquéllas en las que se han producido más daños, para definir aquellos
núcleos que deberían recoger mayor cantidad de dinero.
En quinto lugar, nada se dice de cómo se van a reparar, con carácter
extraordinario puesto que extraordinarios fueron los daños, las
carreteras, las costas, donde los daños han sido muy importantes, y de
forma muy clara en algunas provincias como la de Huelva, y han
repercutido también en una de las producciones esenciales de estas
provincias, como es el turismo. En la provincia de Huelva los daños en
costas han sido muy importante y graves, nada se dice de ello ni se
arbitran partidas preventivas extraordinarias, es decir, para reparar los
cauces de los arroyos y de los ríos, cuyo desbordamiento ha producido
daños importantes en zonas, insisto, cuyos ayuntamientos forman parte de
su grupo político y han solicitado, con nuestro apoyo, dinero; por
ejemplo, en Gibraleón, en la provincia de Huelva.
Estas acciones preventivas, necesarias para que no ocurra más o para que,
cuando suceda, los daños sean cada vez menores, más la insuficiencia del
dinero aportado en este real decreto, señor ministro, nos llevan a
solicitar con vehemencia, a pedir de su sensibilidad y de la de su grupo,
que pueda tramitarse como proyecto de ley.
Vamos a aprobar el real decreto, considerándolo o no insuficiente, porque
sería peor su no aprobación. Sin embargo, solicitamos vehementemente que
pueda tramitarse como proyecto de ley y que los parlamentarios de las
circunscripciones afectadas podamos, con nuestra voz y con nuestros datos
objetivos, ayudar en la valoración correcta de los daños. Intentamos, sin
duda alguna, hacerlo de tal manera que no sufran los Presupuestos
Generales del Estado, pero sin duda también intentando paliar daños que
han producido, insisto, auténticos dramas en la población de algunas
comunidades autónomas, de manera especial la andaluza y de manera muy
definida en Sevilla y en Huelva.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barrero.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña Ana Torme
Pardo.
La señora TORME PARDO: Gracias, señor presidente.
Por parte del Grupo Popular, intervengo muy brevemente para expresar la
posición de mi grupo respecto a la convalidación del presente real
decreto-ley.
Se trata de una disposición orientada a paliar los daños ocasionados en
los terrenos de las cinco comunidades autónomas aludidas (Andalucía,
Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Cataluña), como
consecuencia de los temporales e inundaciones acaecidos durante los meses
de noviembre de 1997 a febrero de 1998. Con posterioridad, como establece
el propio real-decreto ley, se determinará cuáles son los términos
municipales y núcleos de población afectados a los que concretamente
serán de aplicación las medidas aludidas por una orden ministerial. En
este caso, yo creo que no cabe dudar de la sensibilidad que demostrará el
Ministerio de Interior, como ya la ha demostrado asimismo en el caso del
tratamiento especial que se da a los municipios de Camas y Ecija. Yo creo
que aquí no cabe dudar de esa sensibilidad. Además, se contará, por
supuesto, con la información fundada de los delegados territoriales de
las diversas comunidades afectadas.
Desde la aplicación del principio constitucional de solidaridad, este
real-decreto ley supone la adopción, con carácter urgente, por parte de
los poderes públicos de un conjunto de medidas paliativas y reparadoras
que contribuyan al restablecimiento gradual de la normalidad en todas
estas zonas siniestradas.
Como ha señalado el ministro de Interior, se prevé un amplio conjunto de
medidas como subvenciones a corporaciones locales para la reparación de
infraestructuras, equipamientos y servicios, indemnizaciones
por daños directos ocasionados sobre las producciones agrarias,
declaración de emergencia de las obras destinadas a reparar los daños
causados en infraestructuras hidráulicas así como en otro tipo de
infraestructuras estatales, facultando para ello a los titulares de los
ministerios de Medio Ambiente y de Fomento para declarar zonas de
actuación especial las áreas afectadas; diversas bonificaciones fiscales
en impuestos como el de Bienes Inmuebles y Actividades Económicas,
reducciones fiscales especiales para actividades agrarias, diversas
medidas laborales, ayudas de emergencia regidas por la Orden del
Ministerio de Interior de marzo de 1993, a la que también ha hecho
referencia el ministro de Interior, con ese tratamiento especial para los
municipios que ya he señalado.
Este conjunto de medidas se financia con cargo, por una parte, a créditos
ordinarios de los diversos departamentos ministeriales afectados y, por
otra parte, con cargo al crédito extraordinario de 2.000 millones de
pesetas que se aprueba, cuya gestión corresponderá tanto al Ministerio de
Interior como al Ministerio de Administraciones Públicas. Asimismo se
establecen líneas preferenciales de financiación con cargo a los créditos
de 3.000 millones del Instituto de Crédito Oficial. Se prevén, además,
los mecanismos adecuados de coordinación con la constitución de esa
comisión cuya composición ha detallado ya el ministro de Interior.
Por último, hay que destacar ese tratamiento especial, con lo que ha
quedado demostrada la sensibilidad del ministerio, hacia esos dos
municipios de Andalucía.
Para concluir, desde el Grupo Popular, consideramos que con este
real-decreto ley se da respuesta adecuada a la situación creada como
consecuencia de esta serie de fenómenos meteorológicos adversos y, por
ello, votaremos favorablemente su convalidación.
Por lo demás, señorías, tratar de hacer polémica a costa de este
real-decreto parecería sin duda un ejercicio inútil.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Torme.
Concluido el debate, vamos a proceder a la votación.
Votación sobre la convalidación o derogación del
real decreto-ley debatido.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a
favor, 282; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada la convalidación.
El Grupo Parlamentario Socialsita ha solicitado su tramitación como
proyecto de ley. Por tanto, se somete a votación esa petición.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a
favor, 125; en contra, 157.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la tramitación como proyecto de ley
del real decreto-ley convalidado.
DICTAMENES DE LA COMISION DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS
INTERNACIONALES:
-- DENUNCIA DEL CONVENIO NUMERO 45 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL
TRABAJO (OIT), DE 21 DE JULIO DE 1935, RELATIVO AL EMPLEO DE LAS MUJERES
EN LOS TRABAJOS SUBTERRANEOS DE TODA CLASE DE MINAS (Número de expediente
110/000164)
-- TRATADO DE PROHIBICION DE ENSAYOS NUCLEARES, ADOPTADO POR LA ASAMBLEA
GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 1996 (Número de
expediente 110/000165)
El señor PRESIDENTE: Punto octavo del orden del día, dictámenes de la
Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales, que
parece no han tenido enmiendas y, por tanto, someteremos a aprobación del
Pleno por asentimiento.
En primer lugar, la denuncia del Convenio número 45 de la Organización
Internacional del Trabajo de 1935, relativo al empleo de las mujeres en
los trabajos subterráneos de toda clase de minas.
¿Aprueba el Pleno el dictamen? (Asentimiento.)
Muchas gracias, señorías.
Tratado de prohibición de ensayos nucleares, adoptado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 10 de septiembre de 1996.
¿También lo aprueba el Pleno? (Asentimiento.)
Muchas gracias.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
-- PROYECTO DE LEY ORGANICA PARA LA COOPERACION CON EL TRIBUNAL
INTERNACIONAL PARA RUANDA (Número de expediente 121/000085)
El señor PRESIDENTE: Punto noveno del orden del día, dictámenes de
Comisiones sobre iniciativas legislativas. En primer lugar, al proyecto
de ley orgánica para la cooperación con el Tribunal Internacional para
Ruanda.
Al no tener tampoco enmiendas, ¿algún grupo parlamentario desea
intervenir antes de someterlo a su aprobación? (Pausa.)
Sometemos, pues, ahora a aprobación por asentimiento por el Pleno este
proyecto de ley, sin perjuicio de, al final de este punto, votar por el
sistema electrónico su carácter orgánico.
¿Aprueba el Pleno el dictamen de la Comisión a este proyecto de ley.
(Asentimiento.)
Muchas gracias, señorías.
-- PROYECTO DE LEY DEL SERVICIO POSTAL UNIVERSAL Y DE LIBERALIZACION DE
LOS SERVICIOS POSTALES (Número de expediente 121/000092)
El señor PRESIDENTE: Debate sobre el dictamen de la Comisión al proyecto
de ley del servicio postal universal y de liberalización de los servicios
postales. Existen enmiendas del Grupo Mixto.
El señor Saura tiene la palabra.
El señor SAURA LAPORTA: Señor presidente, pasaré a defender las 34
enmiendas que las diputadas y diputados de Nueva Izquierda-Iniciativa per
Catalunya-Els Verds mantenemos vivas en esta sesión plenaria. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor Barrionuevo, señora Rubiales, señor Solé
Turá... Por favor, desalojen. Señor Solé Turá... (Rumores.)
Adelante, señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
Decía que paso a defender las 34 enmiendas que mantenemos vivas en esta
sesión plenaria, que hemos formulado las diputadas y diputados de Nueva
Izquierda-Iniciativa per Catalunya-Els Verds.
Desde el inicio de la tramitación de este proyecto de ley, hemos creído
que el mismo debía dar respuesta a los grandes retos que hoy tiene el
correo público español que, a nuestro entender, son tres: en primer
lugar, garantizar el derecho de los ciudadanos a tener unas
comunicaciones postales asequibles y accesibles; en segundo lugar,
conseguir un correo público eficaz, eficiente y competitivo; y en tercer
lugar, ordenar el mercado equilibradamente entre operadores públicos y
privados.
Pensamos que el proyecto de ley inicialmente presentado por el Gobierno
no daba respuesta a estos retos, lo que motivó la presentación de nuestra
enmienda a la totalidad y también ha motivado unas movilizaciones
importantes por parte de los trabajadores, en la medida en que los
trabajadores veían y ven que, de haberse llevado adelante el proyecto
inicial del Gobierno, una parte importante de los 65.000 puestos de
trabajo podía peligrar.
Quiero decir --lo hemos dicho estos días, pero quiero repetirlo hoy-- que
nosotros nos hemos solidarizado con las movilizaciones que los sindicatos
han desarrollado en estos últimos días.
A partir de estos tres retos, hemos articulado el conjunto de nuestras
enmiendas sobre la base de cuatro grandes elementos políticos. El primero
es la necesidad de ampliar el servicio postal universal y, en todo caso,
que este servicio postal universal no se sitúe por debajo de lo que marca
la directiva europea; es decir, el primer objetivo es el de ampliar y
fortalecer el servicio postal universal.
El segundo elemento hace referencia a la necesidad de que este proyecto
de ley no deje abiertas posibilidades de erosión del sistema postal
universal. Tenemos una serie de enmiendas que van en ese sentido, pero
quería destacar nuestra preocupación especial por el régimen de
autoprestación que, en función de cómo quede regulado, puede ser una
grieta por la que se vaya erosionando el sistema postal universal.
El tercer elemento político fundamental es que la ley definitiva ha de
garantizar un equilibrio financiero del operador público y, en ese
sentido, hay instrumentos y elementos precisos y concretos que hemos
defendido en nuestras enmiendas, como son el contrato programa, un
contrato programa plurianual, o que la financiación del operador público
esté recogida en los Prespuestos Generales del Estado.
Y el cuarto elemento es que la ley no puede contener de manera alguna la
posibilidad discrecional de que, posteriormente, el propio Ministerio de
Fomento vacíe de contenido algunas de las competencias o servicios del
correo público, como figuraba en el segundo párrafo del punto 2 de la
disposición transitoria primera del proyecto inicial.
Sobre estos cuatro elementos hemos articulado nuestras enmiendas y sobre
estos cuatro elementos creo que ha girado una parte importante del debate
en Comisión. Quiero decir hoy aquí que en el trámite en Comisión el
proyecto de ley ha mejorado; es decir, el texto que hoy discutimos no es,
a nuestro entender, satisfactorio, pero reconocemos que se han
introducido mejoras importantes en relación al proyecto de ley; mejoras
que hacen referencia a la ampliación del servicio postal universal,
mejoras que hacen referencia a delimitar con mayor precisión los
contenidos y el carácter del contrato programa. Se ha retirado del
proyecto de ley uno de los elementos fundamentales de preocupación, que
era este segundo párrafo del punto 2 de la disposición transitoria
primera y hemos aprobado una enmienda transaccional, en relación a las
tasas de contribución a la financiación del servicio postal universal,
que creo que va en la línea que debería ir.
Por todo esto, señor presidente, mantenemos las enmiendas que no han sido
recogidas. Este proyecto de
ley se ha mejorado, cosa de la que estamos satisfechos, pero queremos
instar al Gobierno y al propio Grupo Parlamentario Popular a que en lo
que queda de tramitación hasta el Senado se siga mejorando, se profundice
aún más en el diálogo social y la ley final que apruebe este Congreso de
los Diputados sobre el servicio postal universal dé respuestas
fundamentalmente, insisto, al derecho que los ciudadanos tienen a un
servicio postal asequible y accesible y a un correo público español
eficaz y eficiente.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Saura.
Está dispuesto a defender sus enmiendas el señor Rodríguez, que también
mantiene enmiendas al dictamen.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Mixto, Bloque Nacionalista Galego, presentó una
enmienda a la totalidad para defender el carácter público del servicio
postal de correos y telégrafos. Una vez que el debate a la totalidad ha
sido superado, intentamos mejorar la ley que presentó el Gobierno a
través de una serie de enmiendas parciales, algunas de las cuales fueron
aceptadas en forma de transaccionales, de lo cual nos alegramos, porque
contribuye a mejorar sensiblemente la ley, y otras las hemos mantenido
vivas, específicamente las referidas a cuatro grandes bloques, que paso a
enumerar. El primero es, si se reconoce que hay operadores, empresas que
prestan servicios postales y son privadas, exigirles un grado de
fiabilidad, de carácter económico y legal. Por lo tanto, van referidas a
cuestiones que tienen que ver con las finanzas de las empresas, con su
formalización como empresas mercantiles en el registro y, por
consiguiente, con un capital social determinado y con una garantía de
responsabilidad por los envíos. Esto es lo que intentamos con nuestras
enmiendas números 2, 3 y 4, que modifican los artículos 8, 9.1 y 10.1 de
la ley, y con la enmienda número 12, que modifica el artículo 21.1.
La segunda cuestión, fundamental para nosotros como gallegos, es eliminar
del articulado una apertura grave que hay a la discriminación por razones
de ubicación de los ciudadanos, por razones de estructura demográfica y
del hábitat de algunos territorios, que quedan muy malparados en el
proyecto de ley, incluso tal como está formalizado después del debate en
Comisión. Nos gustaría que el Gobierno fuese sensible a no tolerar desde
ningún punto de vista, con artículos que están redactados de una manera
excesivamente abierta, que grandes poblaciones del campo quedasen
desasistidas de un servicio postal público y, por lo tanto, de un derecho
que debe ser comparable, análogo o prácticamente igual para todos los
ciudadanos. Son las modificaciones que hacemos con nuestras enmiendas
números 6, 7 y 8, relativas al artículo 16 de la ley, y la enmienda
número 9, en relación con el artículo 17.2.
Por fin, tenemos unas enmiendas de carácter netamente político. Unas
limitan la capacidad del Gobierno para modificar el servicio postal
universal por real decreto-ley, en concreto las enmiendas números 5 y 11,
que hacen referencia a los artículos 15.5 y 18.2, y sobre todo un debate
político de importancia, que pensamos que se está desaprovechando en una
serie de proyectos de ley, para reformular el carácter competencial del
Estado español, transfiriendo competencias a las comunidades autónomas,
por lo menos a aquellas que estén dispuestas a acogerlas, a través del
mecanismo contemplado en el artículo 150.2 de la Constitución española,
que en el caso que nos ocupa, el servicio postal, debía tenerse muy en
cuenta, precisamente para adaptarlo a la estructura demográfica y
poblacional de cada uno de los territorios del Estado. En este sentido
van nuestras enmiendas números 16, al artículo 37, y 17, al artículo 47.
La primera, para posibilitar esa transferencia y la segunda, para que por
lo menos las comunidades autónomas tengan capacidad de inspección sobre
el servicio, cosa que nos parece fundamental.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
También mantiene enmiendas el Grupo Nacionalista Vasco, para cuya defensa
y mantenimiento en su caso tiene la palabra el señor González de
Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) mantiene estas enmiendas vivas en
este debate en Pleno, entendiendo que este proyecto de la ley postal
tiene por objeto la adaptación del Estado español a la normativa europea
relativa a la aplicación de la Directiva de liberalización del sector
postal.
Nos encontramos ante la situación de contemplar un proyecto de ley que
busca nuevos equilibrios entre lo que ha sido Correos como monopolio en
el sector y la liberalización que pretende la directiva. Es evidente que
el proyecto de ley guarda un equilibrio entre los dos objetivos, pero un
equilibrio que, en nuestra opinión, es muy inestable y no el equilibrio
debido que los objetivos de liberalización pretenden.
Decía el señor Saura que en el trámite en Comisión este proyecto de ley
ha conocido mejoras. Evidentemente, señor presidente, pero en una
dirección, en la dirección de consolidar el servicio postal universal y
afianzar las posturas de Correos en la consecución de sus propios
objetivos. Tanto las enmiendas transaccionales aceptadas al Grupo Mixto
como al Grupo de Izquierda Unida tienen indudablemente ese objetivo y
los contenidos recogidos sobre el proyecto de ley original insisten en
ese eje del servicio universal y esencial en materia postal, pero, señor
presidente, nos encontramos ante un proyecto de liberalización y no se
nos oculta que, por una parte, precisamente los empresarios del correo
privado que rechazan la nueva ley postal son aquellos que ya venían
desarrollando sus trabajos y, por otra, aquellos otros que entendían que
podían extender sus actividades y sus funciones en este sector cuando
estamos abordando precisamente la liberalización de este sector.
Las enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y que
mantiene vivas para su debate en el Pleno intentan encontrar un punto de
equilibro, que, en nuestra opinión, es más estable que el que el Gobierno
sostiene y que en este momento es objeto de discusión por estar recogido
en el dictamen de la Comisión que se presenta y analiza hoy en el Pleno.
Es cierto que las enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV) intentan recoger también los dos ejes. Por una parte, unas
enmiendas refuerzan el eje público de servicio esencial, entendiendo que
si no se recogen esas previsiones difícilmente Correos va a encontrar el
equilibrio financiero necesario y que nos vamos a encontrar en la
necesidad de suscribir contratos programas o aportaciones presupuestarias
en relación al sostenimiento de este servicio público esencial, y, por
otra, un conjunto de enmiendas en orden a establecer la liberalización
más objetiva del sector para que los empresarios del correo puedan
encontrar un nuevo marco en el que desarrollar sus actividades.
En todo caso, señor presidente, el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV),
analizado el dictamen de la ponencia y las incorporaciones que se
admitieron por la misma, va a retirar las enmiendas números 111, 113,
116, 121, 122, 123, 124, 127,129 y 132 por entender que sus contenidos
están recogidos en las enmiendas de otros grupos parlamentarios que se
incorporaron en el trámite de Comisión y, en consecuencia, mantiene vivas
para su votación las enmiendas 110, 114, 115, 118, 119, 120, 126, 128 y
131.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González de Txabarri.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Sedó.
El señor SEDO I MARSAL: Gracias, señor presidente.
En el año 2004 nos encontraremos prácticamente con la liberalización
total del sector postal en Europa. Es absolutamente imprescindible que
Correos pueda competir entonces en un mercado plenamente liberalizado en
la Unión Europea. En el desarrollo de los debates de esta ley, nuestro
grupo siempre ha hecho mención a ello, y al defender nuestras enmiendas,
de forma acertada o no, ha ido sin demagogias con esta intención. Nuestro
grupo estará marcadamente a favor de lograr un plan estratégico de
correos para el futuro inmediato. Para nosotros este es el punto clave de
la cuestión y deberíamos trabajar en ello de manera urgente.
Además de lo que pueda aportar esta ley, se debe trabajar mucho desde
Correos, desde el Gobierno y, cómo no, desde esta Cámara para que en
pocos años, en los anteriores hasta el 2004, se pueda obtener la óptima
posición en gestión empresarial dentro del ente de Correos. Nuestro grupo
siempre estará a favor de lograr este objetivo y va a apoyar dicho texto
porque consideramos que mejora el ente de Correos. Las enmiendas que
nuestro grupo dejó vivas para el Pleno, las damos por defendidas.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sedó.
Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor presidente, señorías, el Grupo Federal de
Izquierda Unida mantiene para su debate en Pleno una serie de enmiendas
que van dirigidas a corregir lo que consideramos defectos fundamentales
del proyecto de ley y del dictamen que sale de la Comisión.
Estamos ante una ley que era necesaria porque el profundo proceso de
liberalización que ha existido en nuestro país en el correo público se ha
hecho sin orden ni concierto. Estimamos que, siendo necesaria la ley para
regular cómo va a funcionar este mercado y cuál va a ser el servicio
postal universal, no se puede olvidar, sea quien sea quien preste el
servicio, cuál es el servicio que todos los españoles, vivan donde vivan,
tengan la capacidad que tengan, deben recibir por el mero hecho de ser
ciudadanos y como garantía de los derechos constitucionales. Por tanto,
el servicio postal universal debe ser igual para todos, no en el centro
de una ciudad con mucha calidad y con mucha frecuencia y en otra zona con
poca frecuencia, una vez a la semana y en peores condiciones; no en un
sitio sólo para la carta, y en otro para toda la gama de servicios, desde
paquetería, hasta telex, etcétera. El objetivo de la ley postal debe
tener como prioridad defender el interés del usuario.
El proyecto de ley del Gobierno nada entre dos aguas. Por un lado, una
liberalización aún mayor de la que existe. Cuando hoy en día en el
paquete de realidad productiva del país tenemos en este sector un volumen
de 65.000 empleos dentro de Correos como actividad pública y unos 40.000
en la actividad privada, se plantea un proceso de liberalización que
intenta regular, pero sin acoger todo lo que debe ser la vertiente de
este proceso, fundamentalmente la directiva europea.
Nosotros somos muy críticos con este proceso europeo, pero me extraña que
haya grupos parlamentarios que defienden una liberalización total cuando
hay una directiva que mandata tres cosas fundamentales. La directiva dice
que tiene que haber unos servicios postales universales definidos para
todos los países de la Unión. No sé por qué en España tienen que ser
menos que en otros países de la Unión Europea. Si queremos liberalizar,
hagámoslo al igual que está en Alemania, en Francia o en Inglaterra; no
vaya a ser que el proceso de liberalización sea que lo que ahora mismo
presta la entidad pública empresarial, que es Correos, vaya a
privatizarse para que empresas públicas alemanas, francesas o inglesas
vengan aquí a prestar un servicio que ya está prestando el servicio
público español. Por tanto, no entendemos por qué la directiva no se
traspone en todos sus elementos: en la parte universal, para que todos
los ciudadanos tengamos los mismos derechos; en la parte de servicios
reservados, para que se sepa cuáles son los servicios reservados que
mantiene el operador público, el operador de las actividades universales,
como lo denomina la ley. A nosotros nos gustaría más --y es una de las
enmiendas que mantenemos-- que se dijera el operador público, porque en
la ley no queda claro si será un operador o dos operadores, si serán
públicos o privados. Creemos que puesto que hay unos servicios
reservados, debe decirse que son para el operador público, que va a
mantener ese proceso durante los años que la directiva tiene eficacia.
La directiva dice que de aquí al 2003 debe producirse una realidad para
que en ese año 2003 estemos en condiciones de poder competir desde la
opción de mejor servicio, mejor tarifa, mejor relación calidad-precio del
servicio que se pueda estar prestando. Pero esa directiva también dice
que en ese tránsito deben producirse unas actuaciones de financiación de
este operador público para garantizar ese servicio universal al margen
del interés privado. ¿Por qué? Porque el interés privado es obtener
beneficios, ganar dinero sea cual sea la calidad del servicio que preste
en determinados puntos a todos los ciudadanos. Esa directiva dice que
debe producirse una financiación de esta obligación aunque no sea
rentable. Es decir, si llevar una carta a 380 kilómetros del centro de la
ciudad más importante cuesta 120 pesetas, y distribuirla entre dos
barrios de una ciudad cuesta 35, todo lo rentable se irá a donde cuesta
poco y donde cuesta mucho no se realizará. Para garantizar ese servicio
universal, esos derechos que recogen todas las manifestaciones de los
distintos Estados cuajadas en sus constituciones, es por lo que se
establecen unos sistemas de financiación. Pues bien, la ley es timorata,
tímida en la precisión de estos tres elementos y, sobre todo, en
garantizar perspectivas de futuro y eficacia a lo que hoy es el sector
público de Correos, que ya tiene una situación complicada, que necesita
un proyecto de modernización, de tecnificación, de capacitación para
poder competir tanto en el servicio universal que debe prestar a todos
los ciudadanos, como en la posibilidad de optar a hacer ofertas rentables
en lo que pudiéramos llamar bocado exquisito, bocado en mejores
condiciones.
El trámite de la Comisión ha contribuido con unas leves precisiones al
proyecto de ley en cuanto a los servicios reservados y al servicio postal
universal. Ha añadido el giro que no estaba en el proyecto de ley, ha
añadido unas precisiones y, sobre todo, creo yo que ha garantizado el
CEN; digo creo porque aquí no está claro conforme evolucionan las cosas.
El CEN se puede relativizar como servicio diciendo que en realidad afecta
a 200 ó a 300 trabajadores. Pero el problema no es que el CEN sólo afecte
a 200 ó 300 trabajadores, sino cuánto factura. Resulta que si miramos los
365.000 millones que factura la entidad pública empresarial Correos, un
paquete importante, casi un tercio, está hecho por el CEN. Si nosotros
relativizamos la exclusividad del CEN dentro del servicio postal
universal y dentro del operador público, estamos poniendo en quiebra un
tercio de la capacidad adquisitiva. Si la empresa tiene que ser rentable
para competir, los ingresos suficientes para modernizarse, con una
financiación paralela desde el Estado y desde lo que son los operadores
privados, pues resulta que estamos debilitando un elemento importante. Yo
creo que en el trámite de Comisión, a través de los artículos 2.2. y 15,
esto se ha definido y se ha mejorado, sobre todo quitando esa precisión
que había en la disposición transitoria primera, apartado 2, párrafo
segundo, que autorizaba al Ministerio de Fomento a que pudiera actuar de
manera excepcional privatizando parte de este servicio. Sin embargo, para
nosotros la ley sigue adoleciendo de elementos básicos, de principios
básicos. La ley ha dado un paso en la financiación. Yo tengo que
reconocer que en el trámite de Comisión se ha dado un carácter plurianual
de cinco años al contrato-programa. Hubo una discusión sobre si era bueno
que hubiera un contrato-programa o si debía haber un plan estratégico con
financiación desde el Estado. Yo creo que los dos persiguen un mismo
objetivo, y es potenciar al operador público para que esté en condiciones
de competencia tecnológica y no se quede desfasado y para poderlo ubicar
con unas mejores condiciones.
Para este debate, nosotros mantenemos vivas enmiendas que amplían y
precisan el servicio postal universal. Nuestra enmienda número 44, que se
refiere al servicio postal universal, pretende ampliar hasta la directiva
europea el servicio postal universal y precisar su definición --que no
queda clara en ese planteamiento--, y pretende consolidar los avances que
se han conseguido en la Comisión en cuanto al contrato-programa de cinco
años. En cuanto a un fondo de compensación --y me quiero detener en el
tema del fondo--, en el proyecto de ley se fijaba en un 1 por mil sobre
todas las empresas que facturen más de 100 millones
de pesetas, y en la Comisión se ha establecido entre un 1 por mil y un 1
por cien, lo que supone un avance sobre el proyecto original. Nosotros
tememos que este fondo sea, simplemente, una definición que después no se
ponga en marcha, y por eso mantenemos dos enmiendas. La primera va
dirigida al límite de los 100 millones de pesetas. No entendemos por qué
la facturación debe ser superior a 100 millones, porque en el entramado
empresarial español se puede producir una atomización de empresas. Es
decir, una empresa puede tener acciones en cinco empresas, facturando
cada una de ellas 50 millones, con lo que ninguna tiene que declarar. Por
tanto, a pesar de facturar 200 millones de pesetas, no se declara; y si
no se declara, no se participa en el fondo. Nosotros pretendemos que
participen en el fondo por una razón importante. A pesar de que los
operadores privados lo critican (en esta discusión, nosotros queremos
huir de los términos trabajadores privados y trabajadores públicos porque
ése no es el problema; no se trata de que haya más trabajadores privados
o más trabajadores públicos con intereses confrontados, sino que el
trabajador público tenga los mismos requisitos y las mismas condiciones
que el trabajador privado; es decir, el trabajador privado no puede tener
contratos de tres horas aunque trabaje doce y prestaciones de seguridad
por tres horas aunque trabaje doce, hay que evitar ese dumping), nosotros
queremos este fondo de compensación. Los operadores privados dicen: Nos
hacen pagar para hacer competencia al operador público y que luego nos
quite negocio a nosotros. No, nadie hace pagar a los operadores privados
para que hagan potente al otro. Al operador privado se le hace pagar para
que garantice el servicio postal universal al que todos los ciudadanos
tienen derecho. ¿Por qué? Porque como éste sólo va donde hay negocio y
donde hay beneficio, no se compromete en la otra parte. De ahí que
creamos que el sistema de financiación de la ley (que es un
contrato-programa mediante el que se compromete a modernizarse la
empresa, la aportación del Estado desde los Presupuestos Generales del
Estado y la aportación de lo que pudiéramos llamar beneficio rentable en
esa parte universalizada) debería precisarse con este grupo de enmiendas
que mantenemos.
Por otro lado está el tema de la autoprestación. Nosotros creemos que la
autoprestación puede ser el vehículo para abrir las puertas y hacer una
especie de estructura paralela al operador público, puesto que esta
autoprestación puede llevar consigo la captación de lo que pudiéramos
llamar grandes clientes --las grandes superficies, las grandes empresas--
a la hora de contratar la distribución. No quiero dar nombres de las
empresas, pero todos sabemos cómo funcionan y distribuyen su información
los bancos y las grandes superficies. Con nuestras enmiendas tratamos que
quede claro que la autoprestación no puede ser una puerta para hacer un
aparato paralelo de un sector empresarial que compite deslealmente
haciéndose con los sectores más rentables.
Doy por defendidas todas las enmiendas referidas a la regulación del
silencio administrativo positivo, que yo creo que en el Senado debe
mejorarse. En la regulación que se hace en el proyecto --fíjense--, a las
empresas a las que se les va a dar la concesión no se les exige que
precisen el número de oficinas que van a abrir, dónde van a operar, cuál
es el volumen de actividad que se plantea. En el proyecto de ley se
señala: Si en el plazo de un mes la Administración no ha respondido al
operador, se entiende que puede empezar a funcionar y tiene la licencia
concedida. Parece que estamos poniendo este plazo tan corto para que no
se revisen las condiciones. Nosotros proponemos que ese plazo sea de tres
meses. En fin, son garantías de forma.
También quisiéramos que se precisara más respecto al consejo asesor, pero
me voy a referir a los dos grandes problemas --y con esto termino, señor
presidente-- que vemos todavía. Además de lo relativo a la
autoprestación, a una mejor definición del servicio postal universal, de
una mayor precisión de los servicios reservados, del contrato privado y
del fondo, el Gobierno se dota de dos agujeros con el artículo 15.5 y con
el artículo 18.2 de este proyecto. Me van a permitir que les lea el texto
de estos artículos para que comprendan ustedes la preocupación que a
Izquierda Unida le producen. Aquí hemos definido el servicio postal
universal, al que tienen derecho todos los españoles, pero el texto del
proyecto del Gobierno de este artículo 15.5 señala: El Gobierno, mediante
real decreto, podrá modificar la delimitación del servicio postal
universal en función de la evolución tecnológica, de la demanda de
servicios en el mercado, de las necesidades de los usuarios o por
consideraciones de política social o territorial, el acuerdo de los
límites, etcétera. Aquí, por decreto, el Gobierno puede hacer todo lo
contrario de lo que estamos definiendo.
¿Qué proponemos nosotros? Creemos que puede ser necesaria la adecuación.
Si se define por ley el servicio postal universal, que sea por ley y
previo informe del consejo asesor, porque si no el Gobierno puede cambiar
mañana lo que aprobemos aquí, y un texto, aunque tenga buena voluntad,
puede caerse como un castillo de naipes si luego no se concreta.
La otra ventana es el artículo 18.2, que hace referencia a los servicios
reservados que se quedan para el operador público, y dice: La relación de
servicios reservados determinada por el artículo 18.1 será reducida por
el Gobierno para adaptarla a las exigencias del proceso liberalizador
--será reducida-- en base a... Estamos facilitando al Gobierno que no lo
suprima.
¿Por qué decimos todo esto? Porque hay algo positivo en el trámite de
esta ley, hay una demanda social, ha habido una movilización social en la
calle, tres días de paro y un día de huelga en todo el sector, una
demanda
de los usuarios y una demanda de los sectores privados, y creo que es un
momento bueno para que la legislación se ajuste a la voluntad de la
normativa europea y sobre todo para que el futuro sea para todos, no un
futuro competente.
No queremos traer la discusión, huimos de ella, de que lo público es malo
y lo privado es bueno, y como es rentable, ya veremos cómo actúa. ¿Por
qué? Porque iríamos a un proceso de deterioro del servicio público,
estaríamos perdiendo la posibilidad de garantizar el servicio postal
universal para todos los usuarios y haríamos un flaco servicio al futuro,
que es lo que nos debe preocupar a todos y cada uno de nosotros. Por eso
mantenemos estas enmiendas y esperamos que sean tenidas en cuenta en el
debate del Pleno o en otro trámite aunque, como decía aquél: a cada uno
le gusta sopar donde la ensalada está. Además, en el Congreso, tenemos
una presencia, pero en el Senado el grupo mayoritario tiene mayoría
absoluta. Entiendan ustedes que preferiríamos que se aprobara aquí y no
en el Senado; en todo caso, nunca es malo si la dicha es buena. Esperemos
a ver el resultado final.
Nada más, señor presidente; nada más, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ríos.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Víctor
Morlán.
El señor MORLAN GRACIA: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, algún día tendremos que empezar a hablar en
esta Cámara de cuáles son las condiciones mínimas de un servicio público
y qué servicios son públicos, de interés general o esenciales, para que
los ciudadanos de este país sepan qué condiciones mínimas se han de dar
para tener esas prestaciones que el Estado debe ofrecer a la ciudadanía
para atender sus necesidades fundamentales, en el sentido en que viene
establecido en la Constitución, no estamos planteando ninguna cosa
especial.
Hoy estamos debatiendo un proyecto de ley que, sin lugar a dudas, pone en
tela de juicio la existencia de un servicio público para el futuro del
servicio postal universal para todos los ciudadanos y ciudadanas de este
país o al menos establece una clara diferencia entre unos ciudadanos y
otros en razón a cómo sea la gestión de este servicio público. Digo esto
porque si hace unos días estábamos debatiendo la Ley general de
telecomunicaciones y planteábamos que el teléfono básico era servicio
universal, y sin embargo la Compañía Telefónica hace lo que le viene en
gana, ahora estamos discutiendo sobre un servicio postal universal en un
proyecto de ley con el que el Gobierno puede hacer lo que le venga en
gana.
El señor Ríos ha puesto dos ejemplos de dónde estaba la gatera por la que
el Gobierno iba a hacer uso de sus posibilidades para liberalizar todavía
más un sector que ya está muy liberalizado y acabar en un proceso de
privatización, que no sé si es su voluntad, pero sí es cierto que el
camino que se abre puede acabar en ese fenómeno, señor Pons. Yo no sé si
ustedes se dan cuenta de que un servicio postal universal que tenga
voluntad de continuidad y de permanencia en el tiempo tiene mucho que ver
con el volumen del servicio que se presta y la financiación que tiene que
haber para que ese servicio se preste, y si España ha sido un país que ha
liberalizado el correo, como lo ha hecho durante mucho tiempo, y que la
prestación de este servicio ha estado en una situación de alegalidad
--por decirlo de alguna manera--, hoy nos encontramos con un proyecto de
ley que da unos pasos más en esa dirección. Tengo que decirle que en
Comisión hizo usted una afirmación categórica y falsa: que con este
proyecto de ley había 20.000 personas en las empresas privadas que se
iban a ver afectados con el despido. Eso es falso y espero tenga la
gallardía de subir aquí y reconocerlo, porque la comunicación que nos
envían las empresas del sector es que podría afectar a cinco mil
trabajadores y todas las investigaciones que hemos llevado a cabo nos
plantean que pueden ser entre cuatro mil y cinco mil los trabajadores
afectados. Espero que no quiera incluir aquí todos los trabajadores y
autónomos del transporte terrestre y que no me venga usted con ese tipo
de planteamientos.
Las cosas son más sencillas y hay posibilidades de trabajo tanto para el
operador publico con sus 65.000 trabajadores como para los operadores
privados con sus cuatro, cinco, seis o siete mil trabajadores y no hay
ninguna dificultad en que sea así, porque esa compatibilidad se puede dar
y de hecho se da.
Partiendo de esta premisa, como grupo seguimos manteniendo las enmiendas
que propusimos en la Comisión. Ha habido un par de aspectos en los que
este proyecto de ley ha experimentado alguna variación, sobre todo, en
esa disposición transitoria primera en la que se planteaba por parte del
Grupo Catalán que hubiera una liberalización absoluta del correo
interurbano. Nos parece bien que eso haya desaparecido, pero no quiere
decir que no se pueda producir, porque dan al Gobierno la posibilidad de
modificar la ley o incluso cuando están hablando de que en el correo
interurbano pueden intervenir operadores privados siempre y cuando las
tarifas sean cinco veces mayores del precio que establece el operador
público, es una condición fuerte pero se puede cumplir. Eso lo establecen
ustedes en el artículo 18. Pensamos que esa espita está abierta, que esa
posibilidad está abierta. No obstante, en este proyecto de ley hay una
serie de elementos que hay que tener en cuenta, que al menos garanticen
que existe o puede existir un servicio postal público sin ninguna
dificultad y con garantías para todos los ciudadanos y a un precio
asequible.
Cuando hablan ustedes en su título I del objeto de este proyecto de ley,
planteamos en nuestra enmiendas
una trasposición de la directiva comunitaria, una definición con arreglo
a lo que dice la directiva comunitaria de lo que son envíos postales, una
definición perfecta de cuales son los contenidos y cometidos de la
correspondencia básica. Es decir, pretendemos que se amolde este proyecto
de ley a lo que dice la directiva comunitaria, y si en el 2003 hay otra,
veremos a ver qué dice, pero no anticipemos aquí lo que todavía no está
ni discutido en Europa.
Intentemos garantizar que existe ese operador público, que tiene una zona
de reserva que va a ser la que utilizará de ahora en adelante el operador
público y garanticemos que todos los ciudadanos y ciudadanas van a ser
tratados con el mismo rasero, que van a ser ciudadanos y ciudadanas con
perfecto derecho a recibir la carta, la tarjeta, el envío postal en las
mismas condiciones y requisitos tanto si dentro de España viven en el
pueblo más alejado como en la ciudad más importante.
Establecemos en esta ley una clarificación o una ordenación de lo que
tienen que ser los servicios postales y fijamos tres diferencias
sustanciales. La primera es que hay algunas actividades que antes estaban
dentro de lo que son servicios postales que ahora no lo están y que
tienen que estar regulados no por esta ley de servicios postales, sino
por la Ley de ordenación de los transportes terrestres, con arreglo a su
régimen de autorizaciones y de licencias.
Hay un segundo nivel que es el servicio postal universal y la diferencia
que tenemos con ustedes es que lo ciframos, tal como dice la directiva,
en los dos kilos en envíos postales --lo que ustedes llaman cartas y
tarjetas, pero no es lo mismo; el concepto de envío postal es más amplio
que el de cartas y tarjetas-- y hasta veinte kilos en paquetería. Ustedes
plantean diez y la directiva permite hasta veinte. Estamos en nuestro
perfecto derecho de hacer esa formulación de hasta veinte.
Hay un tercer nivel que es lo que ya es la zona reservada del servicio
postal universal al operador público que son los 350 gramos de peso del
envío postal. Lo que proponemos en nuestras enmiendas, y hago referencia
a otros títulos de la ley, es que este tipo de servicios postales tienen
que tener para su gestión unas condiciones administrativas que pueden
venir reguladas de dos maneras. Si se trata de servicios postales que
están fuera de la órbita del servicio postal universal, como es lógico,
es la autorización administrativa que permite la Ley de ordenación de
transportes terrestres y es una forma más ágil de gestión. Si se trata de
servicios postales que están entre la zona reservada y el tope del
servicio postal universal, es decir, desde 350 gramos hasta los 2 kilos
de envíos postales y 20 kilos de paquetería, entendemos que puede ser
también una simple autorización administrativa la que pueda plantear esa
posibilidad o bien una licencia individual. Desde luego, sí que es cierto
que hasta 350 gramos tiene que enviarlo el operador público. Nosotros
decimos operador público, coincidiendo con lo que planteaba el señor
Ríos, porque creemos que es bueno que sea el operador público. Yo no sé
si en el 2003 la vida funcionará de tal manera que tendrá que haber dos o
tres operadores públicos, no lo sé, pero en estos momentos las
posibilidades que hay son ésas y no otras.
Desde esta perspectiva, si de verdad estamos de acuerdo en que tiene que
haber una zona de reserva, si de verdad estamos de acuerdo en que esa
zona de reserva tiene que estar en gran medida autofinanciada, si de
verdad queremos que al no haber un sistema de autofinanciación tenga que
proceder de los Presupuestos Generales del Estado, nuestra propuesta no
va descaminada frente a la suya. Ustedes están hablando de la existencia
de un fondo de compensación; están hablando de la existencia de una
intervención de los Presupuestos Generales del Estado, que nosotros
también aceptamos, cuando no haya posibilidad de financiación del
servicio de otra manera; y desde luego estamos hablando de un
contratro-programa.
La fórmula del contrato-programa es similar a la del Plan nacional de
prestación del servicio postal universal que proponemos, porque cubre más
o menos los mismos objetivos: ver de qué manera se prestan esos servicios
postales, ver de qué manera se financian, que calidades deben de tener,
quién y cómo los debe de prestar; no creo que haya mucha diferencia.
Indudablemente la fórmula del contrato-programa introduce una serie de
variables que en el Plan de prestación del servicio postal no tiene nada
que ver, porque cuando se aplica un contrato-programa parece que se está
abriendo la posibilidad de que exista algún tipo de regulación de empleo,
y no nos parece que ésta sea la fórmula más acertada para garantizar unos
puestos dentro de la administración postal española. Con la fórmula de
autofinanciación, a través de las tasas y de los precios públicos, que se
evalúa también en nuestras enmiendas, pensamos que dentro de esa zona de
reserva de 350 gramos hay una posibilidad clara, nítida de que se
autofinancie el servicio postal.
Yo no sé por qué razón tienen tanto rechazo a este tipo de planteamiento,
no lo sé. No sé por qué razón ustedes en este proyecto de ley han abierto
tantas posibilidades de que la liberalización dé pasos más avanzados,
cuando nadie se lo pide y cuando es mejor llegar a un proceso de
liberalización, si es que es necesario llegar, mediante pautas adecuadas
y correctas y no con un proyecto de ley que permite cualquier
posibilidad. Creo que se equivocan, ya que tenían que ser más pausados y
más prudentes a la hora de adoptar este tipo de medidas. Nos gustaría que
hicieran uso de las enmiendas y de las aportaciones de otros grupos.
Como he dicho en muchas ocasiones, todos estamos en la Unión Europea, no
sólo el Partido Popular; el Partido Socialista también apuesta por esa
estancia. Nosotros estamos dispuestos a que haya una perfecta
compatibilidad entre la existencia de unos servicios postales, unos
servicios de interés general o esenciales, compatibilizados con unos
servicios postales que estén en régimen de libre concurrencia, porque
entendemos ciertos derechos de los ciudadanos tienen que estar
evidentemente garantizados. Pero no entendemos que la fórmula que ustedes
plantean sea la más adecuada.
Nosotros criticamos el régimen de autoprestación que ustedes formulan,
porque es otra de las válvulas que tienen para liberalizar más la gestión
de los servicios postales. En un proceso en el que va a haber unas
controversias fuertes posiblemente entre usuarios y operadores, tanto
privados como públicos, o público y privados, cuando haya solamente uno
público, yel Ministerio no puede ser el que se convierta en el árbitro de
la situación.
La propia directiva establece que tiene que haber una autoridad nacional
de reglamentación, y nosotros ya la tenemos instituida en España, que es
la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, y no pasaría nada
porque se la dotara de algo más de fuerza, de algo más de prestancia,
para que fuera retomando ya no sólo todas las competencias que pueden
tener en materia de telefonía o de telecomunicaciones sino aquellas que
tienen que ver con el correo. No creo que suceda nada especial porque así
sea, ya que no generamos nuevos órganos ni nuevas estructuras. Por ello,
entendemos que esa fórmula que planteamos de la Comisión en cuanto a
autoridad nacional de reglamentación es la más correcta para regular y
dirimir aquellas controversias que existan entre operadores públicos y
privados.
Por último, señor presidente, señorías, quisiera llevar al ánimo de todos
ustedes, señor Pons, que, cuando una estructura como Correos y Telégrafos
está planteando las movilizaciones que están surgiendo entre todos los
sindicatos que hay en Correos, no creo que sea ninguna utopía, ni ninguna
exageración pedir que haya algún punto de encuentro en el que se suavicen
esas tensiones, para atender unas reivindicaciones normales, que son las
de intentar conseguir un servicio postal, que, a la vez que mantienen
unas plantillas, unos puestos de trabajo, tanto en el sector privado como
en el sector público, porque es perfectamente compatible, están
garantizando a todos los usuarios y ciudadanos que no es una
reivindicación corporativa, así como la posibilidad de recibir la carta,
el envío postal o la tarjeta. Los que tenemos la suerte de vivir en
ciudades no tendremos ningún problema en que en el D+1, D+2 o D+3, en
función de la distancia o de la gestión del correo, para recibir nuestra
correspondencia, pero, mucho me temo que los que viven en zonas rurales
van a ser los más afectados y perjudicados, si esto no cambia, si la
gestión de este servicio postal se mantiene, tal y como ustedes la están
proponiendo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Morlán.
¿Desea intervenir algún Portavoz por el Grupo Parlamentario Popular?
(Pausa.)
Señor Pons.
El señor PONS FRANCO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, quizá, quien mejor ha resumido cuáles son los temas importantes
en los que se centra el debate de esta ley haya sido el portavoz de
Izquierda Unida cuando ha dicho que se condensa en cuatro grandes
bloques: el que afectaba al régimen de autoprestación, a la ampliación
del servicio postal universal, a una financiación adecuada del ente
público empresarial y de este servicio postal universal y el que afectaba
a los posibles agujeros en el régimen de reserva del operador pública.
Yo resumiría --pero antes tengo que agradecer la posición de todos los
grupos en esta ley-- estos cuatro puntos en dos grandes bloques: por una
parte, el régimen de autoprestación, que va unido con los posibles
agujeros que podría tener el régimen de reserva. Creo que este punto se
ha mejorado sustancialmente en el trámite de Comisión, puesto que a
partir de unas enmiendas transaccionales que se ha aceptado se han
cerrado los posibles agujeros en el modelo que se prevé del régimen de
reserva. Esta mejora, tal vez, podría permitir a algunos grupos mantener
una posición de un sí, aunque sea crítico, a la ley. Ese era un bloque, y
el otro, que ha sido objeto de discusión de contenido en esta ley, ha
sido la financiación del servicio postal universal por ese operador al
que se encomienda su prestación.
Esta financiación se articula a través de dos sistemas. Por una parte,
está el contrato-programa. Creemos que su redacción también se ha
mejorado sustancialmente mediante una enmienda transaccional referida al
artículo 20, sobre todo porque se prevé un período quinquenal para su
actuación. Por otra parte, en lo que hace referencia al fondo de
compensación, que es el otro sistema para la financiación de este
servicio postal universal, creemos que, con la transaccional al artículo
33, se han mejorado también sustancialmente las aportaciones al fondo de
compensación, abriendo la posibilidad de que las que se tengan que
realizar por parte de los operadores privados sean entre el 1 por ciento
y el 1 por mil, dependiendo de la cantidad que se pueda recaudar.
Nos parece que es en estos dos bloques donde básicamente se ha centrado
de verdad el debate de esta ley. Hay que decir que ha habido dos posturas
claramente diferenciadas sobre estas dos cuestiones; por una parte, los
que defendían una mayor concreción del régimen de autoprestación, quizá
definiéndolo de manera que quedara más cerrado, evitando cualquier
agujero al régimen de reserva; y, por otra, algunos grupos que
pretendían, no sin cierta coherencia y lógica porque estamos ante una
liberalización del sector, quitar de la reserva lo que se conoce
vulgarmente como correo especial de negocio en el correo interurbano.
La redacción que ha salido del proyecto de ley es buena, porque se trata
de una ley que podríamos llamar del equilibrio. Estamos ahí en medio:
presiones y tensiones por un lado, presiones y tensiones por otro lado,
pero el proyecto de ley que ha mantenido el Gobierno y que ha apoyado el
Grupo Parlamentario Popular lo podríamos calificar como la ley del
equilibrio porque estamos en medio. Creemos que éste es el camino, una
ley equilibrada, una ley lógica y, sobre todo, una ley con mucho sentido
común, que recoge perfectamente todas las prescripciones de la directiva
europea.
Respecto a la ampliación del servicio postal universal, que algunos
grupos planteaban, no es necesaria puesto que pensamos que en la
propuesta del servicio postal universal hecha por el Gobierno, en el
artículo 15 del proyecto de ley, se incluyen holgadamente los
planteamientos de la Directiva 97/67 de la Comunidad Económica Europea,
sin resultar cicatera ni mucho menos. Yo creo que, más bien al contrario,
la propuesta conjuga la máxima amplitud posible en el contexto español de
un servicio postal universal, con una contención razonable de los costes
financieros de tal servicio, de forma que se garantice de hecho su
viabilidad económica, aunque obviamente eso suponga renunciar a
determinados planteamientos que, dada la situación española en esta
materia, pueden resultar casi utópicos.
Sí quiero comentar algo de lo que ha dicho el señor Morlán. Ha hablado de
que este proyecto de ley pone en peligro el servicio público postal. La
verdad es que al único grupo al que he oído esta afirmación con tal
contundencia es al suyo. No creo que la opinión de que ponga en peligro
de una forma clara el servicio público sea compartida por los demás
grupos. ¿Dónde se pone en peligro? ¿Por qué? Porque yo no veo por ningún
lado que se ponga en peligro el servicio público. Tiene usted una
definición clara de que es un servicio público porque así lo establece el
artículo 1 del proyecto de ley; tiene la disposición adicional primera
que encomienda la prestación de este servicio postal universal,
perfectamente definido en el artículo 15, al ente público empresarial
Correos y Telégrafos y tiene en el artículo 18 perfectamente delimitada
la reserva que se deja en manos de este operador público del servicio
postal universal.
Usted dice que vamos directos hacia la privatización de la empresa
pública Correos y Telégrafos. Yo creo que no se puede ser tan profeta,
las noticias que tengo y la opinión de nuestro grupo no van en este
sentido ni mucho menos. Por eso se ha creado el ente público empresarial
Correos y Telégrafos, sin ninguna intención de privatizarlo, sino, más
bien al contrario, para darle los instrumentos de derecho privado que le
permitan estar en condiciones de competir en el año 2004; se trata de
hacer del organismo autónomo una empresa pública con un marco de
actuación flexible que le permita competir con otros operadores.
Dice que nosotros abrimos un agujero a la reserva al plantear que se
puede prestar el servicio cuando se paga cinco veces el montante de la
tarifa pública. No lo decimos nosotros, lo dice la directiva y eso es lo
que hemos expresado en el proyecto de ley. ¿Por qué? El precio superior
en cinco veces para que se pueda prestar el correo interurbano es el
límite para que se puedan dar estos servicios --ya se lo he explicado
otras veces-- en régimen de libre concurrencia cuando el producto tiene
un valor añadido importante; por eso, la razón de este artículo. Si se
hubiera leído con calma los considerandos de la directiva, hubiera visto
que así está establecido.
Para acabar, señor presidente, quiero decir que este proyecto de ley sale
mejorado de la Comisión de Infraestructuras. Se ha mejorado en el trámite
con una voluntad decidida de clarificar al ámbito liberalizado del sector
postal en este país y de conjugar esta pretensión con un régimen
específico para el operador encargado de la prestación del servicio
postal universal, en función de sus específicas necesidades y de la
obligación que a éste se encomienda y con amparo de la normativa
comunitaria; con ello se persigue una regulación básica y unitaria del
sector postal en España.
Espero --y estoy de acuerdo con lo que ha dicho el portavoz de
Convergència I Unió en este sentido-- que seamos capaces, desde el
Gobierno y con ayuda de todos los grupos, de poner al ente público
empresarial Correos y Telégrafos en el año 2004 en condiciones de
competir en un mercado que va a estar totalmente liberalizado según la
evolución del sector --todo hace prever que así será--, para que podamos
hablar de una empresa pública que funciona y que puede mantener los
65.000 puestos de trabajo que tiene, que es una de las máximas
aspiraciones de este Gobierno.
Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pons.
Vamos a proceder a las votaciones y a la votación del proyecto de
carácter orgánico. (El señor Morlán Gracia pide la palabra.)
Señor Morlán.
El señor MORLAN GRACIA: Presidente, creo que tenemos derecho a replicar a
las palabras pronunciadas por el portavoz del Grupo Popular respecto a
nuestras enmiendas, aunque sólo sea por unos breves momentos.
El señor PRESIDENTE: ¿Desea hacer una breve réplica? (Asentimiento.)
Adelante. (El señor Ríos Martínez pide la palabra.)
Vamos a ver. El portavoz del Grupo Popular ha fijado posición sobre sus
enmiendas y SS. SS. saben que no cabe reabrir el debate. No vamos a
reabrir ahora todo el debate.
¿Se sienten aludidos o contradichos? Señor Morlán, le había dado la
palabra y se la mantengo. ¿Aludido o contradicho, señor Ríos?
El señor RIOS MARTINEZ: Aludido y contradicho. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: ¡Qué barbaridad!
Adelante, señor Morlán, por tres minutos, y luego el señor Ríos.
El señor MORLAN GRACIA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Pons, lo que usted denomina fondo de compensación, ese uno por
ciento que se ha modificado en la Comisión de Infraestructuras, esa
aportación de los operadores privados, desde luego, no nos ofrece ninguna
garantía de que sean capaces de recaudarla; no nos ofrece esa garantía.
Esa fórmula de financiación que plantea, tal y como se están
desarrollando los acontecimientos, no creemos que sea viable.
En segundo lugar, usted plantea que es una ley de equilibrio con la
posición de Convergència i Unió, y debe serlo con la nuestra. Yo le tengo
que decir que con los artículos 15.5 y 18.2 ese equilibrio desaparece; no
hay ningún equilibrio, señor Pons. Ustedes se sitúan en un proceso de
liberalización, lo que pasa es que Convergència i Unió lo dice más claro
y ustedes lo rechazan, pero ustedes están abriendo la puerta a que esa
liberalización se pueda producir tal y como ustedes desean, que es el
criterio que han mantenido del principio del debate de este proyecto de
ley.
En cuanto a la privatización, estamos acostumbrados a que cuando
nosotros hemos conseguido que las empresas públicas fueran rentables han
llegado ustedes y las han privatizado. Si quiere se lo repito, señor
Pons. Cuando se ha conseguido que las empresas públicas o los entes
públicos fueran rentables, ustedes los han privatizado. Nosotros tenemos
serias dudas de que este proceso...
El señor PRESIDENTE: No vaya a otros temas, señor Morlán; vaya
concluyendo. No abra nuevos campos al debate.
El señor MORLAN GRACIA: De acuerdo, señor presidente.
Nosotros tenemos serias dudas de que este proceso no se reproduzca aquí.
Si no de manera inmediata, pensamos que puede suceder, dado el
planteamiento que ustedes han tenido en otro tipo de sectores de la
actividad industrial española.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Morlán.
Tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor presidente, intervendré muy brevemente.
Solamente quería decir que yo no he encontrado, al margen del
razonamiento que se ha dado por parte del Grupo Popular, ningún
argumentación de por qué es mejor para el servicio postal universal y
para los servicios reservados que se autorice por decreto al Gobierno a
hacer lo que la ley decide por sí. Por tanto, yo considero que la mejor
forma de que la directiva se trasponga y haya garantías de unidad con esa
directiva es que este Parlamento, con informe previo del consejo asesor,
decida la evolución de la ley. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor Ríos, un momento.
Señorías, los diputados intervinientes están haciendo un esfuerzo
especial para que el Pleno se desarrolle y finalice en las mejores
condiciones para quienes, ante la acumulación de viajes de fin de semana,
tienen dificultades para encontrar billete. En consecuencia, colaboren
también todas SS. SS.
Adelante, señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Termino, señor presidente.
Lo que estaba intentando argumentar es que, a pesar de toda la evolución
que pudiéramos tener encima de la mesa, es mejor que exista por ley, con
seguimiento desde la Cámara, para que el desarrollo de la directiva se
haga regulando el proceso de liberalización, garantizando futuro al
servicio postal prestado por el operador público, y sobre todo que la
competencia se haga habiendo financiado y dotado bien a la entidad
pública empresarial. En todo caso, sí le garantizamos una cosa: vamos a
hacer un seguimiento para que la ley no se quede en agua de borrajas,
para que la ley de verdad se cumpla.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
Señor Pons, a pesar del ambiente, si quiere intervenir...
El señor PONS FRANCO: Unicamente para decirle al portavoz del Grupo
Socialista... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, silencio.
El señor PONS FRANCO: Solamente quería decir al portavoz del Grupo
Socialista que en su última intervención prácticamente lo único que ha
hecho es prejuzgar
la futura acción del Gobierno. Lo único que ha dicho es que si el
Gobierno hará, que si el Gobierno no hará, que si el Gobierno dejará de
hacer... Espere usted a ver lo que hace el Gobierno y después seguramente
podrá opinar, pero desde luego el Gobierno no tiene ninguna intención de
hacer la mayoría de las cosas que usted ha dicho.
En cuanto al señor Ríos, deseo decirle únicamente, como ya lo hice en
Comisión, que las facultades que se le dan al Gobierno en este proyecto
de ley no se le dan de forma gratuita, sino porque la evolución de la
directiva puede resultar incomodísima por cuanto ya se prevé en el año
2000 una primera revisión que va a continuar en el año 2003 de forma
segura, para liberalizar en el 2004. Si cada seis o diez meses tenemos
que tramitar en esta Cámara un proyecto de ley, la verdad es que
resultaría poco eficiente y poco práctico. Mucho mejor será que el
Gobierno, en función de esas facultades que le atribuye el proyecto de
ley, pueda establecer esos cambios que van a ser necesarios, pero siempre
adaptados a lo que diga la directiva. En todo caso, señor Ríos, esté
tranquilo porque siempre, por encima de todo lo que pueda decir el
Gobierno, estarán las normas de aplicación directa de la directiva
correspondiente.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pons. (El señor Mardones Sevilla pide
la palabra.)
Tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
Intervengo muy brevemente para fijar la posición del Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria.
Dado que nuestras enmiendas fueron aceptadas en el trámite de Comisión y
el texto que viene en el dictamen ha sido muy mejorado, lo vamos a apoyar
con nuestro voto favorable por entender, en primer lugar, que no hay
ningún peligro para el servicio postal público.
El servicio postal universal queda perfectamente equilibrado, como bien
se señala en los artículo 15 y 18 del proyecto, con los operadores
privados. Lo que tendrá el nuevo organismo de Correos y Telégrafos es el
reto de la eficacia en un mercado cada vez más libre y más competitivo.
Por estas mejoras y porque se recoge todo el espíritu de nuestras
enmiendas, señor presidente, votaremos favorablemente el texto que nos
llega de la Comisión y en contra de las enmiendas presentas al mismo.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
Vamos, en consecuencia, a proceder a las votaciones correspondientes al
dictamen de este proyecto de ley --primero a las enmiendas y luego al
dictamen--, y también al carácter orgánico que se predica del mismo.
Comenzamos por las enmiendas del Grupo Mixto al dictamen de la Comisión
al proyecto de ley del servicio postal universal y de liberalización de
los servicios postales.
En primer lugar, y dentro a su vez del Grupo Mixto, las del señor
Rodríguez, de manera desglosada.
Enmienda número 3, del señor Rodríguez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a
favor, 22; en contra, 289; abstenciones dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 8.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a
favor, 19; en contra, 168; abstenciones, 123.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 11.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a
favor, 140; en contra, 172.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas números 16 y 17.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a
favor, 8; en contra, 169; abstenciones, 136.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas del señor Rodríguez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a
favor, 144; en contra, 168; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas de los señores Saura y Peralta.
En primer lugar, sometemos a votación las enmiendas números 220, 233,
234, 235, 236 y 237.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a
favor, 19; en contra, 291; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 215, 216, 217, 219, 221, 232, 238, 239, 245, 250 al
apartado 2.3 de la disposición transitoria primera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a
favor, 20; en contra, 170; abstenciones, 123.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas de los mencionados diputados del Grupo Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a
favor, 146; en contra, 168.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Nacionalista Vasco. En primer lugar, la número 110.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a
favor, 22; en contra, 289; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 120.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a
favor, siete; en contra, 290; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas números 114 y 115.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a
favor, 151; en contra, 163.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 131 y 128.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a
favor, 35; en contra, 153; abstenciones, 126.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 118 y 119.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a
favor, 148; en contra, 150; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 126.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a
favor, 133; en contra, 165; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda, última de las
correspondientes al Grupo Vasco, PNV.
Pasamos a las enmiendas del Grupo Federal de Izquierda Unida.
En primer lugar, las números 41, 42, 43, 65, 68, 69, 70 a 74 y 76.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a
favor, 19; en contra, 293; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 25, 31 a 36, 48, 51, 63, 64, 77 a 79, 83, 85 a 87, 91,
94 a 96, 103, apartado 2 y 3, y 104.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a
favor, 20; en contra, 169; abstenciones, 124.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas del Grupo de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a
favor, 146; en contra, 168.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas que subsisten del Grupo de Convergència i Unió. En primer
lugar, la número 253.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a
favor, 19; en contra, 279; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Restantes enmiendas y voto particular del Grupo de Convergència i Unió.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a
favor, 20; en contra, 294.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Socialista. En primer lugar, las números 309, 319,
328, 329, 335 y 343.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a
favor, 127; en contra, 184; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 330.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a
favor, 127; en contra, 169; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 325.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a
favor, 128; en contra, 173; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas números 266, 280, 285, 288, 323, 326, 332, 338 y 345.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a
favor, 134; en contra, 168; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 292 a 297, 300 a 304, 313 a 315, 317, 324, 327, 333,
336, 341 y 346.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a
favor, 134; en contra, 180.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a
favor, 146; en contra, 168.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votaciones correspondientes al dictamen.
En primer lugar, sometemos a votación los artículos 46, disposición
adicional primera y disposición final segunda.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a
favor, 164; en contra, 19: abstenciones, 131.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Artículos 21, 25 y 35.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a
favor, 291; en contra, 18; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Disposiciones transitorias cuarta, quinta y sexta, disposición
derogatoria y disposiciones finales primera y cuarta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a
favor, 309; en contra, cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Artículos 5, 6 y 27.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a
favor, 179; en contra, 127; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Artículos 18.1, 20.1, 33, 42.5 y disposición transitoria primera,
apartado 2. (Rumores.)
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a
favor, 167; en contra, 139; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Artículos 3, 4, 9, 11, 30, 32, 35, 40, 41, 47 y disposición transitoria
tercera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a
favor, 177; en contra, 130; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Se somete a votación el artículo 7.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a
favor, 295; en contra, uno; abstenciones, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Artículos 36, 39 y 43.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a
favor, 310; en contra, cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Artículos 44 y 45, disposición transitoria segunda y disposición final
tercera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a
favor, 183; en contra, siete; abstenciones, 125.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Disposiciones adicionales segunda y tercera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a
favor, 315.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Artículos 2, 14, 29, 34, 37 y 38 y disposición final segunda.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a
favor, 164; en contra, 131; abstenciones, 20.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Resto del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a
favor, 164; en contra, 145; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
VOTACION DE CONJUNTO:
-- PROYECTO DE LEY ORGANICA PARA LA COOPERACION CON EL TRIBUNAL
INTERNACIONAL PARA RUANDA (Número de expediente 121/000085)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación correspondiente al carácter
orgánico que se predica del proyecto de ley para la cooperación con el
Tribunal Internacional para Ruanda, cuyo dictamen ya ha sido aprobado por
el Pleno. Esta votación, como anuncié, tiene carácter orgánico.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a
favor, 315.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el proyecto de ley con carácter
orgánico.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS (continuación):
-- PROPOSICION DE LEY ORGANICA REGULADORA DE LA OBJECION DE CONCIENCIA Y
DE LA PRESTACION SOCIAL (Número de expediente 122/000024)
El señor PRESIDENTE: Debate sobre el dictamen de la proposición de ley,
ya no orgánica, reguladora de la objeción de conciencia y de la
prestación social.
Al dictamen se han presentado y mantenido enmiendas por los grupos Mixto,
Nacionalista Vasco, Izquierda Unida y Socialista. En primer lugar, dentro
del Grupo Parlamentario Mixto, mantienen enmiendas la señora Lasagabaster
y el señor Alcaraz.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Gracias, señor presidente.
A la proposición de ley reguladora de la objeción de conciencia y de la
prestación social, que no tiene carácter orgánico...
El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Lasagabaster. La dificultad que
para el Grupo Mixto supone tener que intervenir desde esa última fila no
es genorosamente compensada por el Pleno, que añade la dificultad del
ruido para que no se le pueda escuchar. (Pausa.) Ahora sí. Muchas
gracias, señorías.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Muchas gracias por su amparo, señor
presidente. Ciertamente es difícil a veces hablar desde estos escaños,
pero lo intentaremos.
Hemos presentado seis enmiendas. Yo creo que la enmienda a la exposición
de motivos, la número 23, recoge ciertamente la filosofía que Eusko
Alkartasuna tiene respecto de esta ley y en relación a lo que es el
servicio militar obligatorio y, por tanto, también a la prestación social
sustitutoria. Sin embargo, entendíamos que esta proposición de ley
recogía la necesidad de solventar los múltiples problemas que ha llevado
a que muchos jóvenes hayan tenido incluso penas de prisión por esta
cuestión y trataba de aligerar toda esta situación, por lo que creíamos
que era buena.
La primera de las enmiendas planteadas, a la exposición de motivos, hace
referencia al párrafo segundo, que creíamos que era una descripción muy
leve dadas las situaciones que habían ocurrido en relación a esta ley que
hoy se pretende modificar. Creíamos que había que recoger la realidad de
lo que había pasado a lo largo de todo este tiempo. Otra serie de
enmiendas hacen referencia a la necesidad de que no solamente haya un
consejo estatal de objeción de conciencia, sino consejos de objeción de
conciencia en aquellas comunidades autónomas que así lo pactaren. En este
sentido, entendíamos
que había que proponerlo y que estos consejos de objeción de conciencia
debieran depender de la consejería o del departamento de Justicia, no del
de Defensa, como hoy se establece en esta proposición de ley.
Otras dos enmiendas hacían referencia a aligerar las presentaciones de
declaración de objeción de conciencia. En concreto entendemos que la mera
presentación debe producir efectos inmediatos sin necesidad de que esté
admitida e igualmente el hecho de que no se tenga que presentar o exigir
una manifestación de los motivos. En definitiva, estas enmiendas lo que
tratan es de manifestar un menor número y menor tipo de exigencias a la
declaración de objeciones de conciencia.
También quiero señalar que, independientemente de las enmiendas
presentadas, reconocemos que puede ser un avance sobre lo que hay en el
momento actual, pero no estamos de acuerdo en dos temas claves: uno, en
el no reconocimiento de la objeción sobrevenida
--el artículo 1.3-- y, otro, en el período de disponibilidad, ya que
nos parecen demasiados condicionamientos para las personas que son
objetores de conciencia. En concreto, en el artículo 8.1 se establece un
período de tres años que nos parece excesivamente prolongado y puede
suponer graves perjuicios y consecuencias negativas para las personas que
son objetores de conciencia y así lo han ejercitado con sus derechos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, voy a defender en nombre de Nueva Izquierda-Iniciativa per
Catalunya votos particulares a los artículos 1.3, 2, 8.1 y a la
disposición adicional tercera.
Nosotros recibimos con satisfacción y esperanza la proposición de ley
sobre la reforma del marco legal de la objeción de conciencia porque
entendíamos que era urgente, porque la acumulación de problemas, de
injusticias, de situaciones de insensibilidad social ante el
comportamiento de muchos jóvenes de nuestro Estado requería de diversas
medidas, entre ellas, como digo, una reforma en profundidad de la ley.
Pero hay que constatar, el día en que por fin esta Cámara va a aprobar el
texto, que el retraso experimentado difícilmente puede justificarse.
Nadie puede explicarse cómo una proposición que fue tomada en
consideración en junio de 1996 haya tardado casi dos años. En ese tiempo
desgraciadamente se han acumulado otros problemas, se han acumulado
situaciones negativas que afectan a los jóvenes que están en la cárcel
como insumisos y otras situaciones.
Lo que ha hecho el trabajo en la ponencia y en la Comisión ha sido
empeorar el texto primitivo, que entendíamos que era avanzado, que era un
texto que solucionaba de manera interesante algunos de estos problemas
que estaban convirtiéndose en crónicos. Nos hubiéramos evitado problemas
si este texto se hubiera aprobado anteriormente, pero qué le vamos a
hacer. Lo grave, como digo, es que el texto que ahora llega queda peor
que el anterior, al menos en tres casos, y de ello se deriva el
mantenimiento de nuestro votos particulares. En primer lugar, porque no
se recoge la objeción sobrevenida, que sí figuraba en el artículo 1.3 del
texto de la proposición. Ahora, sin embargo, tanto en el artículo 1, como
en el artículo 2, no se admite esa posibilidad.
Desde un punto de vista razonable, no se entiende que a la propia lógica
que lleva al reconocimiento democrático del derecho de objeción de
conciencia se le marque un plazo, como si la conciencia a prestar
servicio armado acabara el día en que uno traspasa la puerta de un
cuartel. No se sostiene, desde el punto de vista de la racionalidad que
afortunadamente ha hecho avanzar este derecho y, por tanto, discrepamos
del informe y defendemos el texto originario.
Igualmente discrepamos del plazo de la disponibilidad, que en el artículo
8.1 de la proposición ahora se amplía considerablemente. Hay que recordar
que la ley anterior no recogía un plazo concreto y que una sentencia del
Tribunal Supremo decidió que no pudiera ser más de un año. La proposición
de ley proponía precisamente un año, entendemos que en consonancia con
esta sentencia y, sin embargo, en el informe que hoy se somete se
triplica ese tiempo y se convierte en tres años. Ese plazo se
convertiría, además, en ilimitado si el ejército profesional comienza su
existencia en el año 2001. No entendemos, por tanto, las situaciones de
incertidumbre absolutamente innecesarias que se van a generar en muchos
jóvenes con este amplio período de tres años.
Finalmente, nuestra discrepancia también para la propuesta que viene
ahora en la disposición adicional tercera, cuando se alude a la objeción
en tiempo de guerra, algo que no aparecía en las disposiciones
adicionales de la proposición. La alusión que hace el texto actual parece
francamente desafortunada. La remisión a una futura regulación jurídica,
cuando estamos aprobando ahora una ley para el tiempo de guerra, no
parece que sea lo más apropiado. Quede constancia de que lamentamos los
cambios introducidos. Esperamos todavía que en este trámite se pueda
reconsiderar el retorno hacia posiciones menos avanzadas que las del
texto de la proposición y expresamos una cierta decepción, si así no
fuera, por el texto que finalmente va a salir.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora
Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Señor presidente, señorías, el Grupo Vasco
asistió al inicio de la tramitación de esta proposición sin excesivo
entusiasmo. Desde nuestra óptica, hemos sostenido siempre la necesidad de
desaparición del servicio militar y de su sustituto, sobre todo en la
situación actual de promesa de un ejército profesional en breve plazo.
Por lo tanto, creemos que lo que procedía era establecer la desaparición
de la obligación.
Visto que esto no va a ser así --el juego de mayorías en la Cámara parece
manifestarlo-- hemos optado porque los jóvenes sujetos a la obligación
puedan cumplirla en las condiciones más favorables posibles en este
tiempo que queda y porque se reduzca todo lo posible la llamada bolsa de
objetores. Debo señalar el notable esfuerzo realizado desde el grupo
mayoritario de la Cámara y también desde el grupo proponente de la
iniciativa aceptando enmiendas o proponiendo transacciones como la que
hace referencia a la posibilidad de compaginar, en la medida de lo
posible, el cumplimiento de la prestación social con otras actividades
como, por ejemplo, los estudios.
En este trámite me restan, sin embargo, dos enmiendas que van en el mismo
sentido: la número 19, referida a una respuesta sancionadora que
consideramos excesiva desde el punto de vista de la proporcionalidad y
que nos gustaría ver reducida, y la más importante, desde nuestra óptica,
que hace referencia al período de disponibilidad, que nos gustaría ver
fijado en el tiempo de un año, como ya admiten los tribunales, si bien es
cierto que esto es en ausencia de norma legal expresa. Cuando se tomó en
consideración la iniciativa, escribí en el diario Deia un artículo que,
utilizando el estribillo de una pegadiza canción se titulaba: un pasito
palante. Estaría hoy dispuesta a reconocer que el pasito es paso si por
lo menos se aprobase esta enmienda número 16 referida al período de
disponibilidad.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra
el señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Gracias, señor presidente.
Las enmiendas formuladas en su día por nuestro grupo parlamentario a este
proyecto de ley han sido todas, absolutamente todas, desestimadas tanto
en ponencia como en Comisión, y diría que casi con un criterio unánime
por parte del resto de los grupos de la Cámara, y esto no refleja más que
una situación de absoluta coherencia de todos y cada uno. Izquierda Unida
es la única fuerza política que ha mantenido, desde el principio del
tratamiento de esta cuestión, una clara separación entre la necesidad de
una regulación de la objeción de conciencia, y no sólo la innecesariedad,
sino lo negativo de la introducción con carácter obligatorio de una
prestación social sustitutoria que no viene, que no dimana de la
interpretación mínimamente rigurosa de la Constitución y que,
efectivamente, no supone la conculcación de la misma, pero sí supone una
interpretación restrictiva de la objeción de conciencia, y es pura y
sencillamente una condena disimulada o una discriminación sobre aquellos
ciudadanos que han querido ejercitar ese derecho constitucional de la
objeción de conciencia.
Resumo, en consecuencia, señor presidente. Sí a la regulación de la
objeción de conciencia. No a la regulación de la prestación social
sustitutoria con todas y cada una de sus consecuencias. En suma, todas y
cada una de nuestras enmiendas, como podrán comprobar S. S. y el resto de
miembros de la Cámara, tienen por objeto eliminar de esta proposición de
ley toda referencia a la prestación social sustitutoria, aceptando
nuestro grupo todo lo que se refiere lógicamente a normativizar la
objeción de conciencia.
Es ésta ya la última ocasión en que vamos a poder tratar un tema tan
importante, excepción hecha de cuando pueda venir del Senado con las
enmiendas que allí se hayan querido introducir. Y ¿por qué va a ser la
última ocasión? Porque resulta que estamos regulando --y me refiero a la
prestación social sustitutoria-- una institución que todos y cada uno de
los miembros de la Cámara saben que es una institución destinada a su
desaparición en el breve plazo de dos años. El anuncio en su día de la
desaparición del servicio militar no sólo era ocasión para haber
eliminado el llamado delito de insumisión, incluso su tratamiento
administrativo, sino para haber eliminado la prestación social
sustitutoria. Y como es la última ocasión, es el momento de hacer un
balance, y el balance, señor presidente y resto de miembros de los grupos
parlamentarios, no puede ser más negativo. ¿Qué se ha conseguido con la
prestación social sustitutoria? ¿Dónde están las ventajas? ¿Cuáles son
los beneficios? Ciento cincuenta mil ciudadanos que han decidido objetar
en conciencia han acabado viéndose en un saco, en una expectativa, la
prestación social sustitutoria, que muchos de ellos ni siquiera han
podido llevar adelante. Al final, con un cierto cinismo --vamos a decirlo
con todas sus letras--, ha habido que acudir a una especie de amnistía
disimulada para que no sean ni siquiera llamados a cumplirla. Y mientras
tanto, ¿dónde están esos beneficios cívicos o sociales que se hayan
podido obtener? Lo único que se ha hecho es mantener en situación de
inestabilidad y de inseguridad a muchísimos ciudadanos por haber
ejercitado un derecho constitucional; interrumpir lo que tenía que ser el
proceso vital para que se pudieran haber colocado y haber realizado lo
que pueda ser, pura y sencillamente, ese deseo de trabajar en condiciones
normales con los demás; haber ocupado puestos de trabajo que debían estar
en el mercado a
disposición de trabajadores que están en paro, y además haber creado una
enorme cantidad de conflictos.
Pero no contentos con todo este balance negativo, ahí sigue figurando la
insumisión, aunque ahora, con bastante mala conciencia, se abandone la
inserción en el Código Penal --que nuestro grupo político ya denunció-- y
se quede reducida --según algunos-- a una pura infracción de carácter
administrativo que trae unas gravísimas consecuencias, y es que el que se
niegue a realizar esta prestación social sustitutoria queda discriminado
e inhabilitado ni más ni menos que para, con arreglo a la Constitución,
según mérito y capacidad, poder acceder a cualquier cargo.
Son todo un conjunto de situaciones vergonzantes que, sinceramente,
deberían ruborizar a quienes las han mantenido y que, efectivamente, se
están escudando en que, al final, desaparecerá el servicio militar y
desaparecerá esta institución, pero las secuelas van a quedar ahí. Desde
luego, yo no sé si alguno tendrá una especial sensibilidad para poder
poner de manifiesto qué ha tenido esto de positivo. Porque si incluso se
quiere estimar como positivo el que algunos objetores de conciencia,
utilizando la prestación social sutitutoria, hayan participado en tareas
humanitarias, que no se engañe nadie, lo hubieran hecho exactamente
igual, porque nacía de su propio talante, como lo están haciendo muchos
en organizaciones no gubernamentales, sin pedir nada a cambio, porque es
fruto ni más ni menos que de su propia propensión a la generosidad. (El
señor vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la Presidencia.)
En consecuencia, esta disimulada condena de la prestación social
sustitutoria va a tener que durar todavía otros dos años; esta figura de
la insumisión va a tener que durar todavía otros dos años más, con todo
lo que tiene de negativo y de represivo. Para que nos demos cuenta de lo
que tiene de represivo, asómense ustedes al propio proyecto de ley y
verán que, cuando llega el momento de analizar las posibles faltas, toda
la terminología que se utiliza es de carácter absolutamente castrense: la
falta de respeto, la desobediencia, la insubordinación, la no
presentación a cumplir el trabajo determinado. ¿Por qué? Porque detrás de
todo esto se ve la larga mano de un sector de la sociedad
--que es el ejército-- que no ha querido aceptar seriamente y a
conciencia la voluntad de los constituyentes y la voluntad de nuestra
propia sociedad, y ha querido seguir teniendo una espada de Damocles con
la que poder estar diciendo a todos que aquí hay dos clases de
ciudadanos: los que hacen el servicio militar --buenos, justos y
benéficos-- y los otros, hacia los cuales, incluso desde jerarquías del
ejército y en revistas militares, se les ha hecho objeto, no ya de
discriminaciones, sino de toda clase de insultos. Esto es lo que subyace
en esta ley: la poca audacia, el poco sentido de soberanía y una cierta
sumisión a lo que en esta Cámara no debía apreciarse.
Por ello, entenderán ustedes que nosotros mantengamos en este Pleno
nuestras enmiendas y, mantenidas estas enmiendas, vayamos a votar,
lógicamente, a favor de las mismas. Y en lo que se refiere al proyecto, a
favor de todo lo que recoge en cuanto a la objeción de conciencia, y no
podamos votar jamás lo que se refiere a la prestación social
sustitutoria.
Como observo muy nervioso a uno de los padres de la Constitución, a un
constituyente --que me merece toda clase de respetos--, y que da
instrucciones al portavoz de su grupo para que rechace esas afirmaciones
que le parecen absolutamente antipatrióticas, digo a semejante padre de
la patria que, al fin y al cabo, no se ponga nervioso, que le cedemos
gustosamente todo el patriotismo de esta ley y le cedemos también
gustosamente el que se pueda colocar en el ojal de la solapa la
responsabilidad, junto con todos los demás, de los que han sufrido
privación de libertad, de los que han sufrido paralización de sus
proyectos vitales y de los que están siendo objeto de represión con esta
ley que ustedes van a aprobar, y que les aproveche.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Castellano.
Para defender el voto particular y las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra la señora Del Campo.
La señora DEL CAMPO CASASUS: Gracias, señor presidente.
Voy a defender el voto particular que el Grupo Parlamentario Socialista
mantiene al texto de esta proposición de ley, un texto de contenido
muchísimo más escaso que el que debatimos allá por noviembre de 1996.
Señorías, el larguísimo proceso de negociación entre los socios de
gobierno ha supuesto para esta proposición de ley una eficaz cura de
adelgazamiento, han quedado en el tintero, a lo largo de ese proceso,
muchas de las pretensiones que el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) traía a esta Cámara en el año 1996. El texto actual
resulta más similar a la Ley de objeción de conciencia del año 1984 que
al texto que presentó el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) en aquellos días. La reforma ha quedado reducida a extremos mucho
menores, y en ese aspecto mi grupo no tiene demasiadas objeciones que
hacer, porque creemos que en una situación de muerte del servicio militar
obligatorio y, como consecuencia, de la prestación social sustitutoria,
las modificaciones que han de hacerse son las imprescindibles para
facilitar este tránsito de una manera pacífica y ordenada, y creemos que
el texto que hoy llega a nosotros contiene, de manera acertada, algunas
de esas modificaciones imprescindibles. Me refiero fundamentalmente al
hecho de que se reduce la duración del período de actividad de la
prestación social sustitutoria a nueve meses, los
mismos nueve meses de duración del servicio militar obligatorio. Esta es
una pretensión compartida por la mayoría de la Cámara, una pretensión que
el Partido Socialista llevaba ya en su programa electoral y que no
podemos por menos de aplaudir al verla realizada hoy.
Lamentamos que algo tan simple, tan fácil de articular, tan fácil de
aprobar y llevar a la práctica, haya visto retrasada su aplicación
durante diecisiete meses hasta el día de hoy, y veremos lo que tarda en
volver del Senado, por el debate larguísimo que se ha originado en torno
a los otros aspectos de la proposición de ley.
Hay algún otro aspecto positivo, señorías, que hemos señalado ya en el
debate en Comisión, y no quisiera alargar esta sesión repitiéndolo. Sin
embargo, junto a estos aspectos positivos, para mi grupo la proposición
de ley contiene dos graves errores, uno de los cuales justifica nuestro
voto particular y el otro justificará nuestra abstención en la votación
de determinados artículos.
El primer error, y a nuestro entender el más grave, es, como han señalado
ya los portavoces de otros grupos, el mantenimiento del periodo de
disponibilidad en tres años; un establecimiento de un periodo de
disponibilidad que se enfrenta con el texto original de la proposición de
ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y también con
la proposición no de ley que hace pocas fechas defendió el Grupo
Parlamentario Socialista y que pretendía, por otras vías, establecer el
periodo de disponibilidad en un año. Nosotros creemos que con esta
innovación, señorías, los proponentes están en un vano intento de poner
puertas al campo, y al campo nunca se le puede poner puertas.
Señorías, hoy tenemos una avalancha de solicitudes de reconocimiento de
la condición de objetor de conciencia, solicitudes que se deben a
distintas causas, pero sin duda la fundamental es la proximidad del fin
del servicio militar obligatorio. Hemos visto incrementado el número de
solicitudes casi en un 30 por ciento entre el año 1996 y 1997. Si los
meses de marzo y abril de este año han seguido al mismo ritmo de aumento
que los meses de enero y febrero, posiblemente estemos ahora en torno o
por encima de los 140.000 objetores pendientes de reconocimiento de su
condición o de cumplimiento de la prestación social sustitutoria. Es
decir, señorías, que, con plan de choque o sin él, es prácticamente
seguro que estamos por encima de aquella cifra de 130.000 que en mayo de
1996 se reprochaba al Gobierno socialista. De esta cifra, señorías, hay
50.000 personas aproximadamente que llevan más de un año esperando para
cumplir la prestación social sustitutoria y unos 15.000 que llevan más de
tres. Va a ser una magra disminución de la bolsa la de estos 15.000,
aunque a algún otro, a lo largo de los años próximos, al ir cumpliendo el
plazo de los tres años, se les puede incorporar.
Señorías, para el Grupo Socialista excluir a estas 50.000 personas que
llevan más de un año pendientes de que los llamen para realizar la
prestación social sustitutoria es cuando menos igual de justo y seguro
que fundado en bases más objetivas que el sorteo de excedentes de cupo
por lo que hace al servicio militar. Insistir en mantener ese plazo de
tres años es aumentar cada vez más esa bolsa sin esperanza posible de
salida.
La medida --y voy a ser muy breve en esto-- puede hacer a los objetores
de conciencia en un futuro de peor condición de la que tienen
actualmente. Hoy el Tribunal Supremo --y lo ha señalado la señora Uría--
amparándose en el vacío de la ley vigente que no fija la duración máxima
del período de disponibilidad, ha empezado a declarar la caducidad de los
expedientes de adscripción a la prestación social que no se hayan
resuelto en catorce meses. Es decir, la jurisprudencia está abriendo una
vía de salida para una situación distinta a aquella que contemplaban la
Ley de 1984 y el Reglamento de 1995, aquella situación de servicio
militar obligatorio y duradero. Sin embargo, al aprobarse esta ley, todos
los jóvenes en situación de disponibilidad tendrán que esperar ese plazo
de tres años para ver resuelta esta obligación, dar un rumbo definitivo a
su vida y no estar pendiente del cumplimiento de esta prestación.
El cumplimiento de esta prestación, señorías, y aquí viene la segunda
objeción que mi grupo debe plantear a esta proposición de ley, es un
cumplimiento en fase de declive, en fase de decadencia. Queremos que la
prestación social sustitutoria, lo mismo que el servicio militar
obligatorio, tengan una muerte dulce y no una agonía traumática, y por
ello estamos convencidos de que en este período tampoco tiene sentido
mantener el reproche penal para las conductas de incumplimiento de una
prestación que dentro de poco va a dejar de existir como tal prestación
personal obligatoria.
Ya hace tiempo, pero desde luego con posterioridad a esta antiquísima
proposición de ley, habíamos propuesto que se excluyeran del Código Penal
estas conductas y se contemplaran para ellas sanciones administrativas en
este período de transición. No se aceptó entonces nuestra postura;
tampoco en este amplio debate y en las profundas modificaciones que ha
sufrido la proposición de ley a lo largo de él se han incluido como
sanciones administrativas las correspondientes a las conductas de
incumplimiento de la prestación social sustitutoria, y precisamente por
ese motivo nuestro grupo se abstendrá en la votación de los artículos 17
y 18 que se refieren a sanciones e infracciones.
Señorías, hemos perdido una buena oportunidad para resolver también este
problema de una manera rápida y eficaz.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Del Campo.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a hacer una síntesis porque esta proposición de ley ha sido ya objeto
de varios debates en la Cámara, tanto en la toma de consideración como en
el trámite de Comisión. Coalición Canaria es cofirmante y copartícipe,
junto con el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el Grupo
Parlamentario Popular, del texto de esta iniciativa.
Las enmiendas que habíamos considerado de perfeccionamiento sobre el
texto consensuado en trámite de Comisión, enriquecieron este texto. Por
tanto, nuestra primera valoración como copartícipes, y en el consenso de
los tres grupos, es que el texto sale mejorado de la Comisión.
Se ha dicho aquí que hay errores. En todo texto sobre el que hay un
debate dialéctico de fondo y una interpretación, a juicio del consumidor
puede haber errores, pero según este portavoz no los hay, al menos los
dos señalados.
Respecto a si se reduce el tiempo de la lista de espera a tres años o a
un año, ya lo podían haber pensado en 1984 cuando se dejó indeterminado
el tiempo de espera para hacer la prestación social sustitutoria. Ahora,
buscando un equilibrio con el interés de la defensa de los llamamientos
de los conscriptos, hemos entendido que un año hubiera hecho saltar por
los aires las previsiones de cupo de sustitución con los que estaban en
la lista de espera para hacer la prestación social sustitutoria. En
segundo lugar, incentivar un período de transición en la desaparición del
servicio militar obligatorio sería incentivar, de alguna manera, la vieja
tradición de la picaresca en este país, con todos los respetos, porque
hay que distinguir aquí los cumplidores que se acogen a un derecho
constitucional reconocido en el artículo 30, porque de verdad son
objetantes u objetores de conciencia, de los que tratan sencillamente de
utilizar un vericueto de la ley para sus intereses personales.
Viene la segunda parte que se ha expuesto aquí sobre el tema de la
objeción sobrevenida. Nosotros hemos entendido que con el texto nuestro
de la ley, al equiparar la duración de la prestación social sustitutoria
en los nueve meses con el servicio militar efectivo, al haber hecho esa
determinación del plazo de lista de espera, al haber hecho la
modificación fundamental del consejo nacional con la entrada de
sindicatos para abortar cualquier interpretación de competencia desleal
en el mercado laboral y haberle dado a las comunidades autónomas un plus
de responsabilidad en la firma de convenios para ofertar plaza junto a
los ayuntamientos para prestar la sustitutoria que regula la ley; todo
ello nos parecen avances.
Pero ya que se ha puesto en tela de juicio el asunto de la objeción
sobrevenida, quiero decir que como proponente puedo cometer errores, pero
no soy ingenuo, porque ya la sentencia del Tribunal Constitucional de
1987 vino a señalar que, como había pretendido el Defensor del Pueblo, la
exclusión de la objeción sobrevenida, una vez que el mozo está en filas,
no era conculcar ningún derecho constitucional que no estuviera amparado
por el artículo 30 de la Constitución Española y otros derivados
contemplados en su mismo marco de derechos fundamentales; lo que venía
era a poner en correlación que no había menoscabo del derecho a la
objeción de conciencia, pero que, defendiendo un bien superior, cual es
el bien jurídico a proteger --la defensa nacional-- en un sistema de
orden en nuestros equipamientos de las Fuerzas Armadas, es una
dislocación de todo este procedimiento de normalidad, que, dentro del
servicio militar, con el uniforme y la impedimenta puesta ya allí, se
haga uso de una objeción de conciencia sobrevenida que nosotros no
podíamos amparar, porque teníamos además la interpretación favorable de
esta sentencia de 1987 del Tribunal Constitucional para darle amparo por
la objeción sobrevenida a algo que iba a producir una dislocación y un
menosprecio de los bienes jurídicos de superior categoría a defender,
como es el de la defensa nacional, basada en unos organigramas técnicos
operativos del contingente de fuerza que tienen que tener los ejércitos
de España. Eso venía totalmente a dislocarlo.
Vamos a ser sinceros, porque vuelvo a decir que aquí no es que hayamos
cometido un error, no hemos querido restringir ningún derecho
constitucional, e invoco por tercera vez esta sentencia; lo que no se
puede hacer es, por una vía de querer reconocer un derecho que no estaba
menoscabado, acogerse al mismo como un clavo ardiendo y producir una
distorsión de la eficacia de los efectivos del contingente de tropa.
Por todas estas razones, señor presidente, votaremos en contra de estas
enmiendas y defendemos el texto que ha salido de nuestra Comisión como
cofirmantes y solidarios del mismo.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADES: Gracias, señor presidente.
Con satisfacción, nuestro grupo parlamentario aborda este trámite final
de la proposición de ley de objeción de conciencia y de la prestación
social que fue tomada en consideración por este Pleno en noviembre
de 1996. Y con la satisfacción personal del diputado que les habla,
quiero recordar que el 6 de octubre de 1992 comparecí en esta Cámara, en
representación del Parlamento de Cataluña y en relación a una iniciativa
de características similares a ésta. En aquel momento el Partido
Socialista y también el Partido Popular impidieron la tramitación de
aquella iniciativa del Parlamento de Cataluña, pero también con la
satisfacción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en su
globalidad. En los debates de 1984, Joaquim Molins, entonces ponente de
Convergència i Unió en esta materia, defendió buena parte de los
argumentos que concurrían en esta iniciativa, y desde 1986, el hoy
portavoz adjunto de nuestro grupo parlamentario, Lluis Recoder, también
defendió buena parte de aquellos argumentos. Yo creo que para
Convergència i Unió, que desde 1984 ha defendido el contenido material de
esta iniciativa, que hoy demos este impulso y lo hagamos con una mayoría
suficiente en la Cámara es un motivo de evidente satisfacción.
Al mismo tiempo, también quiero decir que éste ha sido un proceso largo;
largo desde 1984, cuando el propio Defensor del Pueblo recurrió la Ley de
objeción de conciencia, cuando desde 1988 se plantearon en esta Cámara
por diversos grupos iniciativas tendentes a cambiar esta ley, y también
largo desde la toma en consideración, en noviembre de 1996, de nuestra
iniciativa.
Es evidente que las discrepancias ideológicas con el Grupo Parlamentario
Popular en relación al tratamiento de esta ley han marcado el debate
político de la misma. Esta ley, en términos ideológicos, no va a ser la
ley de Convergència i Unió, lo manifestamos en el debate en Comisión y lo
manifestamos en el debate en el Pleno. También decimos que esta es la ley
posible en el contexto de transición hacia la supresión del servicio
militar obligatorio. Esta ley la tenemos que entender fundamentalmente
desde esa perspectiva, y tenemos que entender también los esfuerzos de
aproximación que han hecho el Grupo Parlamentario Popular, Coalición
Canaria y Convergència i Unió para hacerla posible en un periodo de
transición.
Para nosotros este trámite es un trámite de reivindicación de la objeción
de conciencia en dos conceptos. En primer lugar, la objeción de
conciencia en sus términos ideológicos puros, como expresión de los
valores de la no violencia y de la paz y, por tanto, también como
expresión de la conciencia colectiva de sectores de nuestra juventud en
su rechazo al servicio militar. Al mismo tiempo, también nuestra
reivindicación de la objeción de conciencia como respuesta práctica, y
llena de sentido común, de miles de jóvenes que delante de la existencia
de lo absurdo del servicio militar, aprovecharon este derecho
constitucional. En este sentido, para nosotros la objeción de conciencia
es un no a una concepción militarista de la sociedad; es un no a una
concepción machista de las relaciones entre las personas; es un no a una
determinada concepción del Estado; es un no a la existencia de una
obligación ineficaz y absurda. Pero igualmente es un sí. Es un sí al
compromiso con el país, con el barrio, con la ciudad, con el pueblo; un
sí a la solidaridad; un sí al compromiso con los menos favorecidos; un sí
al compromiso personal desde la perspectiva de la propia formación; un sí
a una manera diferente de entender las relaciones entre los pueblos. Para
nuestro grupo, y ahí justificaría nuestra posición contraria a las
enmiendas de Izquierda Unida, es también un sí, una reivindicación de la
prestación social sustitutoria.
En un libro de reciente publicación, que me voy a permitir traducir,
Ramón Panyella, presidente de la Asociación de Objetores de Conciencia de
Cataluña, hoy Moviment per la Pau, afirmaba: Hay que reivindicar la
dignidad y la generosidad del colectivo de objetores que libremente
optaron por el servicio civil, colectivo mayoritario, en contra de las
descalificaciones injustas que han tenido que padecer y aguantar con
paciencia inteligente de los sectores más beligerantes y agresivos de la
insumisión al servicio civil.
Hoy, si en el Estado español más de 500.000 jóvenes han optado por este
derecho constitucional es porque la existencia de cientos de plazas de la
prestación social, que en el caso de Cataluña más del 50 por ciento de
ellas han sido impulsadas dentro de la sociedad civil, han permitido
normalizar la existencia de ese derecho constitucional.
Nosotros queremos reivindicar el sentido positivo que ha tenido la
prestación social porque en nuestro país, en Cataluña, eso ha sido
respuesta también de la existencia de la demanda del movimiento juvenil
catalán y de amplios sectores del movimiento pacifista. La existencia de
esas plazas de prestación social en pueblos del Segriá o de la Segarra,
han permitido que jóvenes del ámbito rural, con menos capacidad de
acceder a información, optasen por el ejercicio de ese derecho
constitucional. A mí me parece que este es un elemento positivo
inevitable.
También hemos querido justificar la presentación de esta iniciativa en
función del momento, no tan sólo del fin del servicio militar sino del
desastre de la administración de la prestación social que hemos padecido
durante todos estos años. Los gobiernos anteriores dedicaron escasos
recursos para hacer frente a la avalancha de objetores de conciencia.
Pensemos que la primera adscripción de la materia de la prestación social
fue en la Dirección General de Asuntos Religiosos, porque hasta 1994 la
media de espera de los objetores para incorporarse a realizar la
prestación social era superior a tres años. Hoy, eso ha cambiado porque
entendemos que el Ministerio de Justicia ha mejorado sustancialmente el
panorama del ejercicio de este derecho. Hoy, los jóvenes que se declaran
objetores están realizando la prestación social en unas medias que se
sitúan alrededor de los dieciocho meses.
Entendemos que esta nueva ley va a permitir avanzar en tres líneas que
van a facilitar el ejercicio del derecho desde esta perspectiva. En
primer lugar, la posibilidad de que la prestación social sea controlada
efectivamente por las comunidades autónomas --y anuncio que el Gobierno
de Cataluña va a optar por la opción que marca la ley--, va a contribuir
de manera muy importante en una mejor gestión de la misma. En segundo
lugar, el hecho de que reduzcamos la prestación social sustitutoria a
nueve meses va a permitir que las mismas plazas de prestación social sean
utilizadas por un mayor número de objetores. En último término, la
existencia del periodo de disponibilidad también va a ayudar a terminar
con la situación de indefensión que se producía hoy, que no existe ningún
periodo de disponibilidad, porque, remarquémoslo, el Tribunal Supremo se
ha tenido que pronunciar sobre ello, entre otras cosas porque la Ley de
1984 y la aplicación reglamentaria que hicieron los gobiernos anteriores
impedían resolver en sentido positivo los largos periodos de espera a los
que se sometía a los jóvenes.
Además, el efecto retroactivo que la ley asume va a tener consecuencias
muy importantes desde un punto de vista cuantitativo. Entre los meses de
junio y septiembre de este año, 60.000 jóvenes pasarán directamente a la
situación de reserva porque llevarán nueve meses de prestación social
sustitutoria, y más de 15.000 jóvenes, previsiblemente cerca de los
25.000, que llevarán tres años en situación de espera, van a pasar
también a la situación de reserva.
Entendemos que la descentralización, la reducción a nueve meses, la
creación de este periodo de disponibilidad a tres años y el carácter
retroactivo de la ley van a ayudar principalmente a los jóvenes más
afectados por la inexistencia de ese periodo de disponibilidad y por la
mala gestión --y les puedo asegurar que esto no es responsabilidad del
grupo al que represento--; van a permitir reducir sustancialmente la
existencia de la bolsa histórica de objetores, y van a permitir al
Ministerio de Justicia gestionar de manera racional, en este proceso de
supresión del servicio militar, el ámbito de la objeción de conciencia.
Decía anteriormente que esta es una ley que tiene sentido para el Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió hoy en su redactado actual, en
función del momento que vivimos. La señora Del Campo ha dicho, y yo
coincido con ella, que teníamos que afrontar con suavidad los cambios
legislativos que se marcaban en la ley. El Grupo Parlamentario Catalán de
Convergència i Unió ha sido sensible a esta necesaria prudencia y de ahí
ese esfuerzo que hemos hecho para elaborar una ley que va a tener un
cambio positivo. Las cuestiones que se asumen, la reducción a nueve
meses, el periodo de disponibilidad, el pleno control de la prestación
social por parte de las comunidades autónomas, la reducción a tres meses
del silencio positivo para los objetores que se declaren en su momento,
el hecho de la compatibilidad entre poder trabajar en la Administración
pública y realizar la prestación social sustitutoria, el hecho de poder
compatibilizar los estudios con la realización de la misma, constituyen
un catálogo de derechos que cambian radicalmente el panorama del
ejercicio de este derecho en el Estado español. Además, lo hacemos sin
afectar negativamente el objetivo de la supresión del servicio militar
obligatorio.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Campuzano, concluya, por
favor.
El señor CAMPUZANO I CANADéS: Voy concluyendo.
Por tanto, vamos a rechazar el conjunto de enmiendas que nos plantea el
resto de los grupos parlamentarios.
En primer lugar, queremos agradecer, de manera muy especial, al señor
Bermúndez de Castro su voluntad de permitir llegar a acuerdos en esta
tramitación. Creo que su actitud ha sido decisiva para poder plantear
esta ley. También al señor Lesmes, que nos acompaña en esta sesión,
porque entendemos que la Dirección General ha facilitado los puntos de
acuerdo, y a los portavoces de Coalición Canaria y del PNV, el señor
Mardones y la señora Uría, que han permitido que el trámite parlamentario
llegase a buen fin.
Pero también, y aprovechando que nos acompañan los señores Tolrá y
Cartañá, de la Asociación de Objetores de Conciencia Moviment per la Pau,
quiero agradecer el hecho de que el Grupo Parlamentario de Convergència i
Unió en toda esta tramitación, incluso desde 1984, se ha sentido
acompañado en su reivindicación por los sectores más activos del
movimiento pacifista de Cataluña. Desde esta perspectiva, entendemos que
esta ley no es su ley, pero también sabemos que ellos sabrán valorar que
es la ley que va a permitir acabar con el servicio militar obligatorio,
elemento fundamental de la reivindicación de buena parte de la juventud
de Cataluña y de la mayoría de los sectores más activos de nuestro
movimiento asociativo; a ellos, también, muchas gracias.
Nada más.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Campuzano.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Bermúdez de Castro.
El señor BERMUDEZ DE CASTRO FERNANDEZ: Señor presidente, señorías, la
reforma de la Ley de objeción de conciencia que hoy debatimos pretende
conseguir dos objetivos fundamentales. De un lado, corregir los
desequilibrios existentes en la vigente legislación que penalizaba a los
objetores de conciencia respecto a los jóvenes que optaban por la
realización del servicio militar y, de otro, mejorar las condiciones
de cumplimiento de la prestación social sustitutoria. Son, pues, los
principios de no discriminación y seguridad jurídica los que han
inspirado el acuerdo de varios grupos, plasmado en el dictamen de la
Comisión, todo ello desde el respeto a la doctrina del Tribunal
Constitucional en esta materia y en el marco de una situación, de un
proceso de tránsito hacia la profesionalización de nuestras Fuerzas
Armadas que, como ya he tenido oportunidad de reiterar en varias
ocasiones en esta tribuna, exige, a nuestro juicio, una actitud de
responsabilidad, por lo que se hace necesario garantizar el ejercicio
constitucional de este derecho de objeción de conciencia y, a la par,
amparar y proteger el valor y las necesidades de defensa durante este
período de tránsito.
Nos encontramos, por tanto, ante una reforma cuyas novedades ya han
resaltado anteriores portavoces y que supone un avance muy significativo
en relación a la actual regulación de la objeción de conciencia.
En cuanto a las enmiendas que permanecen vivas, adelanto que no las vamos
a aceptar. Y como quiera que este debate ya se produjo la pasada semana
en la Comisión Constitucional, sólo me detendré en realizar alguna
valoración o reflexión en relación a aquéllas que considero más
relevantes. Comienzo por las presentadas por el Grupo de Izquierda Unida,
que pretenden se suprima la obligatoriedad de la prestación social
sustitutoria en la medida que consideran que dicha prestación es una
sanción que se impone a los objetores, por lo que abogan también por la
despenalización de la insumisión. Nosotros no compartimos esa concepción,
señor Castellano. Y no la compartimos porque la prestación social
sustitutoria no es una sanción sino una obligación que nace,
precisamente, del ejercicio del derecho de objeción de conciencia que,
como usted sabe muy bien, hemos regulado con la máxima amplitud en cuanto
a sus causas, interpretando que es la incompatibilidad entre las
actividades militares y las convicciones del ciudadano, y no la
naturaleza de dichas convicciones, lo que justifica la exención del
servicio militar; exención que, para evitar precisamente discriminaciones
entre los ciudadanos en razón de sus creencias e ideologías, lleva pareja
la obligación de cumplir una prestación de carácter sustitutorio al
servicio militar. Y para dejar de cumplir la prestación social,
difícilmente se pueden invocar razones de conciencia, ya que si las
obligaciones militares pueden entrar en contradicción con las
convicciones del ciudadano, no parece que realizar un actividad o
servicio en favor de intereses generales o sociales pueda entrar en
contradicción con la conciencia. No parece, o al menos a nuestro grupo no
nos lo parece, y por lo que se ve tampoco al Tribunal Constitucional, que
ha establecido en reiteradas ocasiones que la Constitución no reconoce a
los objetores ningún derecho a negarse a cumplir la prestación social
como medio para imponer sus particulares opiniones acerca de la
organización de las Fuerzas Armadas o de su radical supresión. ¿Por qué
hay que mantener ligada la prestación social al valor de la defensa?
Sencillamente, porque cuando un joven es reconocido como objetor no queda
exento del deber general de la defensa recogido en el artículo 30; queda
exento de una forma del deber, pero no del deber mismo. Por ello,
mientras subsista la obligatoriedad del servicio militar, debemos
mantener igualmente la obligatoriedad de cumplir una prestación social
sustitutoria a dicho servicio.
Tampoco podemos aceptar las enmiendas presentadas por Eusko Alkartasuna.
Señora Lasagabaster, ustedes pretenden que la condición de objetor no
precise de reconocimiento sino que se obtenga por la mera declaración
formal del joven. Y eso no es posible. No es posible porque vulneraríamos
en este punto la doctrina del Tribunal Constitucional que, como usted
sabe muy bien, tiene un carácter vinculante para todos los poderes
públicos. Así, dicho tribunal estableció, en una célebre sentencia del 27
de octubre de 1987, que el derecho de objeción de conciencia introduce
una excepción que ha de ser declarada existente en cada caso, por lo que
el objetor no tiene el derecho de abstenerse de un deber sino el derecho
a ser declarado exento del mismo. Por ello la objeción de conciencia
tiene un carácter no incondicionado, necesitado de su expresión,
constatación y reconocimiento, dada la excepcionalidad que supone
respecto al deber general. En consecuencia, la condición de objetor no
puede obtenerse por la mera declaración, sino a través del reconocimiento
por el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, que en ningún caso,
para su tranquilidad, podrá entrar a investigar o valorar los motivos
alegados por el solicitante.
Respecto al voto particular mantenido por el señor Alcaraz, poco que
añadir a la explicación dada por el señor Mardones, que creo que ha sido
muy clara y que ha justificado de manera muy razonable los motivos por
los que nosotros no hemos ampliado la posibilidad de ejercitar el derecho
de objeción de conciencia durante el periodo de permanencia en filas.
De otro lado, la enmienda número 16 del Grupo Nacionalista Vasco (PNV) y
el voto particular del Grupo Socialista hacen referencia a un mismo
objetivo: que el periodo máximo de disponibilidad sea de un año. Pues
bien, señora del Campo, como le recordé la pasada semana en la Comisión
Constitucional, ya tuvimos hace un mes ocasión de debatir en este Pleno
una proposición no de ley de su grupo que perseguía tal objetivo, si bien
le recordaré que con una particularidad. El entonces portavoz del Grupo
Socialista, señor Caballero, entendía que, de acuerdo con la vigente
legislación, es decir la que ustedes habían elaborado, la duración máxima
del periodo de disponibilidad era de 14 meses, pero no porque lo dijera
la Ley de objeción de conciencia, que no lo establece, sino consecuencia
de la caducidad de los expedientes de objeción iniciados de oficio
en aplicación de la Ley de procedimiento administrativo. No voy a
reproducir los argumentos que en su día utilicé en esta tribuna porque
están en el «Diario de Sesiones», pero le recordaré uno, dado que ustedes
han reiterado el mismo argumento.
Cuando en mayo de 1996 el Partido Popular accede al Gobierno había una
bolsa de 130.000 objetores en situación de espera. ¿Sabe cuántos
objetores que llevaran más de 14 meses de espera fueron exonerados por la
Administración socialista de cumplir con la prestación social
sustitutoria, consecuencia de que habían caducado sus expedientes?
Ninguno. ¿Por qué? Porque sencillamente ustedes no interpretaban que, de
acuerdo con dicha legislación, la que ustedes habían elaborado, se
estableciese dicho límite temporal a la situación de espera. De hecho, la
Ley de objeción de conciencia del año 1984 no sólo no establecía un
límite de 14 meses, es que no establecía ni un año, ni tres, ni cinco, lo
que colocaba a muchos objetores en una situación de incertidumbre y de
indefensión, que es lo que precisamente ahora queremos corregir. Y si ese
argumento no nos parece acertado, mucho menos podemos aceptar aquel que
pretende justificar ahora esa medida de la situación de disponibilidad en
un año en la existencia actual de un colapso en la gestión de la
prestación social, porque esa afirmación, señora del Campo no se
sostiene, y me voy a explicar.
Usted mantiene que en la actualidad hay aproximadamente 140.000 objetores
en situación de espera, cifra que le corrijo porque no llega ni siquiera
a 125.000, pero no olvide que en mayo de 1996 había 130.000 objetores en
espera, lo que significa que desde la llegada al Gobierno del Partido
Popular la bolsa de objetores no sólo no ha aumentado sino que ha
disminuido. Es más, si ustedes no nos hubiesen endosado un volumen tan
importante de objetores pendientes de cumplir con la prestación social
sustitutoria, al día de hoy prácticamente ningún objetor se encontraría
en dicha situación. ¿Cómo hemos podido, en dos años, controlar esa
situación, teniendo en cuenta que además ha crecido el número de
objetores? La respuesta es muy clara: gestionando bien. Por eso en los
dos últimos años se ha incrementado en más de un 50 por ciento el número
de puestos de actividad y se ha doblado el número de conciertos y el
número de objetores en activo. Es más, han sido llamados a realizar la
prestación social sustitutoria en los últimos 20 meses más objetores que
en los siete años anteriores.
¿Por qué digo siete y no doce años, si la Ley de objeción de conciencia
es de 1984 y han pasado doce años desde 1984 hasta que llegó el Partido
Popular al Gobierno en 1996? Simplemente, y yo de eso a usted, señora del
Campo, no la hago responsable, porque hubo un tiempo en que la
Administración socialista no es que gestionara mal la prestación social,
es que no la gestionaba. Le voy a dar un dato que creo que es
concluyente. El primer objetor que realizó la prestación social en
España, ¿saben cuándo la inició? En abril de 1989, cinco años después de
la entrada en vigor de la Ley de 1984, cuando ya había más de 28.000
objetores en espera, a muchos de los cuales, por cierto, los pasaron
ustedes directamente a la reserva por vía de decreto. Así que, señora del
Campo, no me hable ahora de colapso o de deficiencias en la gestión
porque le aseguro que este Gobierno aguanta cualquier comparación en esta
materia.
En todo caso, en la medida en que muchos puestos de actividad se
desarrollan en administraciones gobernadas por ustedes, con independencia
de discrepancias del presente (no lo hago con ánimo de polémica, créame,
y menos con usted, que sé que tiene una sensibilidad especial en este
tema, sino para que, al menos, todo el mundo conozca la situación de
partida en que nos encontramos cuando llegamos al Gobierno), estoy
seguro, señora del Campo, de que contaremos con su colaboración y apoyo
para seguir mejorando la gestión de la prestación social en los próximos
años, dentro del llamamiento al acuerdo que en varias ocasiones le he
realizado y hoy le vuelvo a reiterar desde esta tribuna.
¿Por qué no estamos de acuerdo en establecer --voy terminando, señor
presidente-- un límite de un año en la situación de espera? Con ello
contesto también a la señora Uría. Sencillamente porque supondría un
nuevo desequilibrio, esta vez en favor del objetor respecto del joven que
realiza el servicio militar. Así, en el servicio militar, desde la
clasificación a los 17 años hasta la efectiva incorporación a filas,
pueden pasar casi tres años. Esa es la razón, bajo el principio de no
discriminación, por la que también establecemos para el objetor un
período máximo de tres años en su situación de disponibilidad.
Agradeciendo también, en justa reciprocidad, el talante que han
demostrado los señores Mardones y Campuzano renunciando a planteamientos
iniciales en aras de un consenso, termino diciendo que esta reforma
mejora las condiciones de cumplimiento de la prestación social
sustitutoria, cumple con el artículo 30 de nuestra Constitución al
regular la objeción de conciencia con las debidas garantías, recoge la
doctrina del Tribunal Constitucional en esta materia y elimina la
discriminación que hoy sufren los objetores al equiparar los tiempos de
cumplimiento del servicio militar y de la prestación social sustitutoria.
En definitiva, es un reforma que, con independencia de su período de
vigencia, supone un avance muy importante porque va a afectar a decenas
de miles de jóvenes que, estoy seguro, van a saber reconocer y valorar
las mejoras que bajo los principios de no discriminación y seguridad
jurídica hemos incorporado para la mejor defensa del sistema de derechos
y garantías de los objetores de conciencia en España.
Nada más y muchas gracias. (Varios señores diputados: Muy
bien.--Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Bermúdez
de Castro.
Señora del Campo, tiene la palabra para la réplica. Entiende esta
Presidencia que la intervención del señor Bermúdez de Castro ha sido un
verdadero turno en contra de las enmiendas. (Rumores.)
La señora DEL CAMPO CASASUS: Va a ser un turno muy breve, señor Bermúdez.
Yo quisiera felicitar a S. S. por el gran logro que según sus cálculos
--que no coinciden con los míos, pero algún día confrontaremos cifras con
calma-- ha realizado el Gobierno del Partido Popular con ese plan de
choque de la prestación social sustitutoria que ha conseguido reducir, en
un plazo de más de dos años, la gloriosa cifra de 4.000 objetores de
conciencia pendientes de realizar la prestación social sustitutoria; en
este caso hablo de sus cifras.
Señor Bermúdez de Castro, seamos serios. Yo creo que lo más claro para
refutar los argumentos a que usted se refiere sobre actitudes del
Gobierno socialista (de no reconocimiento de caducidad de expedientes, de
iniciación tardía de la prestación social sustitutoria debido, sin duda,
a que había que elaborar un reglamento, como S. S. no desconocerá), son
las palabras que decía en Comisión precisamente el padre de esta
criatura, el señor Campuzano, y que son las que explican el fundamento de
esta proposición de ley y las que explican el fundamento de la postura
del Grupo Socialista.
El señor Campuzano decía que en 1991 el Congreso de los Diputados había
aprobado mantener un sistema mixto de reclutamiento y eso creaba un
espacio legal, un espacio político y un modelo determinado de defensa y
seguridad; que en 1996 el Congreso de los Diputados ha iniciado un
proceso de supresión del servicio militar y eso necesariamente condiciona
el marco legal que otorguemos a la regulación de la objeción de
conciencia.
Lo único que mi grupo pretende es que esta Cámara comprenda íntegramente
ese hecho y que adaptemos de verdad el marco legal a una desaparición de
la objeción de conciencia sin traumas y sin problemas añadidos.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora del Campo.
Señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Con toda brevedad, señor presidente,
porque en la argumentación del señor Bermúdez hay una pequeña falacia. Es
una auténtica falacia decir que la prestación social sustitutoria no es
una sanción porque es un deber dimanante del no cumplimiento de la
obligación del servicio militar; no será un deber, será la sanción
dimanante del no cumplimiento de la obligación del servicio militar.
Porque si fuera pura y sencillamente un deber no vendría acompañada, como
así ha ocurrido a lo largo de los tiempos, ni más ni menos que de la
inserción de un delito en el Código Penal y sigue acompañada de la
inhabilitación para la ocupación de cargos públicos. ¿Qué deber es ése?
Revise usted esa relación de causa efecto porque si seguimos por ese
camino va a resultar que los delitos se han convertido todos ellos en
deberes incumplidos y entonces sería una teoría con respecto al delito
muy peculiar.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Castellano.
Señor Bermúdez de Castro.
El señor BERMUDEZ DE CASTRO FERNANDEZ: Nada nuevo que añadir a lo dicho
anteriormente porque en realidad la señora del Campo, que es a quien
contesto, no ha establecido ni un solo nuevo argumento. Es evidente que
entre 125.000 objetores pendientes, que son los que hoy nosotros tenemos,
y 130.000, que fueron los que heredamos, hemos conseguido reducir el
número en 5.000 objetores en relación al que nosotros habíamos recogido
precisamente de esa herencia. En caso contrario, le vuelvo a reiterar, al
día de hoy no nos encontraríamos en una situación tan preocupante como la
que usted ha puesto de manifiesto en esa tribuna.
En relación a si nos encontramos ante una sanción o una obligación, es
evidente que hay una diferencia de concepción entre el señor Castellano y
la nuestra. Es una obligación y, como consecuencia de su incumplimiento,
lleva pareja una sanción que está contemplada como delito en el Código
Penal, que es muy reciente, de 1995, que castigó con penas privativas de
prisión a los que incumplían tanto el servicio militar y la prestación
social sustitutoria, en este caso agravada, y eso se deberá a quienes
votaron a favor de aquel Código Penal de 1995, no nuestro grupo ni
siquiera este diputado que en aquel momento no pertenecía a esta Cámara.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Bermúdez de
Castro.
Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a las votaciones
correspondientes a este último punto del orden del día.
Votaciones correspondientes a las enmiendas presentadas al dictamen de la
Comisión a la proposición
de ley reguladora de la objeción de conciencia y de la prestación social.
Votamos en primer lugar las enmiendas del Grupo Mixto, comenzando por las
de la señora Lasagabaster.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a
favor, ocho; en contra, 287; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Alcaraz.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a
favor, seis; en contra, 288; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Nacionalista Vasco. En primer lugar, la número 16.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a
favor, 131; en contra, 166; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 19, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a
favor, 12; en contra, 284; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a
favor, 13; en contra, 289; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Voto particular del Grupo Socialista al artículo 8.1
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a
favor, 133; en contra, 172; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votaciones correspondientes al dictamen.
En primer lugar, el artículo 1, apartado segundo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a
favor, 293; en contra, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votación sobre la letra c) del artículo 13.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a
favor, 294; en contra, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación sobre los artículos 6, 7, 9, 10, 11, 12 y 16.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a
favor, 296; en contra, 10.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Pasamos al artículo 8, párrafo 1, apartado tercero.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a
favor, 169; en contra, 132; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Resto del artículo 8.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a
favor, 296; en contra, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votación de los artículos 17 y 18.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a
favor, 170; en contra, 10; abstenciones, 125.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Disposiciones adicionales primera y tercera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a
favor, 291; en contra, 14; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Disposición transitoria segunda.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a
favor, 295; en contra, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Resto del articulado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a
favor, 304; en contra, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Exposición de motivos, párrafo tercero.
Comienza la votación (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a
favor, 169; en contra, 136; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Resto de la exposición de motivos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a
favor, 289; en contra, 11; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Ha concluido el orden del día. Muchas gracias, señoras y señores
diputados.
Se levanta la sesión.
Eran las doce y treinta y cinco minutos del mediodía.