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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 153, de 23/04/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1998 VI Legislatura Núm. 153
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 148
celebrada el jueves, 23 de abril de 1998
ORDEN DEL DIA:
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:
--Proyecto de Ley sobre Cooperación Internacional para el Desarrollo.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 81-1, de 16 de
septiembre de 1997 (número de expediente 121/000077) (Página 8161)
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas:
--Proyecto de Ley por la que se aprueba la modificación del Convenio
Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie A, número 107-1, de 18 de marzo de 1998
(número de expediente 121/000105) (Página 8176)
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SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas (Página 8161)
Proyecto de ley sobre cooperación internacional para el desarrollo
(Página 8161)
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora
Lasagabaster Olazábal y el señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario
Mixto, y el señor Gómez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Caballero
Basañez, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Recoder i Miralles, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Navas Amores, del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Continuando el turno de defensa de enmiendas interviene el señor Estrella
Pedrola, del Grupo Socialista del Congreso.
Cierra el turno de fijación de posiciones el señor Izquierdo Juárez.
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas
(Página 8176)
Proyecto de ley por la que se aprueba la modificación del convenio
económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra (Página 8176)
Presenta ante el Pleno de la Cámara el proyecto de ley el señor
vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda (De
Rato Figaredo). En primer lugar expresa su especial satisfacción por
traer a la Cámara el proyecto de ley por el que quedarán incorporados al
ordenamiento jurídico positivo los acuerdos alcanzados entre la
Administración del Estado y la de la Comunidad Foral de Navarra en torno
a la reforma del convenio económico de Navarra, institución histórica que
forma parte esencial y constitutiva de la foralidad navarra, que es
elemento vertebrador de las relaciones entre Navarra y el resto de España
desde el siglo XIX hasta nuestros días y que tiene plena acogida en el
ordenamiento constitucional vigente. Por lo tanto, el convenio económico
aparece como una norma paccinada entre el Estado y Navarra que, mediante
su aprobación por ley, pasa a formar parte del ordenamiento jurídico
general, en cuyo contenido cabe advertir dos vertientes íntimamente
vinculadas entre sí, una de naturaleza tributaria y otra de naturaleza
financiera, representada esta última en su dimensión más importante por
el instituto de la aportación económica.
Expone que el presente proyecto de ley debe encuadrarse en el marco
conformado por los preceptos de la Ley Orgánica de reintegración y
amejoramiento de Navarra y por el convenio económico vigente aprobado por
la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, contexto en el que la Comisión
negociadora, integrada por representantes de la Administración central
del Estado y de la Administración foral, ha adoptado el 28 de octubre de
1997 el correspondiente acuerdo de modificación del convenio económico.
A continuación explica las dos vertientes antes mencionadas: la
tributaria, que debe ser considerada desde la perspectiva de la voluntad
política del Gobierno de España de profundizar y completar el desarrollo
del denominado Estado de las autonomías; desde la perspectiva de la
responsabilidad institucional de mantener en cada momento la plena
integridad de la potestad tributaria foral, y desde la perspectiva
estrictamente técnica, la cual conduce directamente a la obligación de
mantener el convenio económico permanentemente adaptado a las
modificaciones sustanciales que va experimentando el ordenamiento
jurídico tributario del Estado. Así pues, añade, el acuerdo alcanzado
entraña una modificación del convenio económico en función de la voluntad
de ambas administraciones, y aprovecha la ocasión para destacar ante la
Cámara la dedicación y responsabilidad con la que se ha llevado a cabo el
proceso negociador por parte de los representantes de ambas
administraciones.
En relación con la vertiente financiera, expone que se introducen
modificaciones en el ámbito financiero derivadas de la adaptación y
modificación de las competencias de la Comunidad Foral en materia
tributaria y de la necesidad de perfeccionar técnicamente el ajuste a
consumo en Navarra de la recaudación del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Resume su intervención manifestando que el presente proyecto de ley
mantiene la metodología del cálculo de la aportación económica,
incorpora, desde el punto de vista financiero, los efectos de la
modificación del convenio en materia tributaria, perfecciona técnicamente
el hasta ahora defectuoso ajuste a consumo de la recaudación del IVA y
prevé el establecimiento de las compensaciones oportunas
para hacer financieramente neutral la armonización y convenio de los
impuestos especiales, por lo que espera el respaldo de la Cámara.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Lasagabaster
Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Zabalía Lezamiz, del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Fernández Sánchez, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida; la señora García Manzanares,
del Grupo Socialista del Congreso, y el señor Del Burgo Tajadura, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas transaccionales
presentadas por el Grupo Popular, intervienen el señor Recoder i
Miralles, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la
señora Rivadulla Gracia, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Estrella
Pedrola, del Grupo Socialista del Congreso, y la señora Lasagabaster
Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto.
En primer lugar se procede a las votaciones de las enmiendas y del
dictamen de la Comisión sobre el proyecto de ley de cooperación
internacional para el desarrollo, en su diferentes artículos y
disposiciones.
En segundo lugar se procede a la votación del dictamen de la Comisión
sobre el proyecto de ley por la que se aprueba la modificación del
convenio económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, que
es aprobado por 292 votos a favor, uno en contra y una abstención.
Se levanta la sesión a las doce y veinticinco minutos del mediodía.
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
--PROYECTO DE LEY SOBRE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO.
(Número de expediente 121/000077)
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores diputados. Vamos a
reanudar la sesión con el punto VI del orden del día, debate sobre el
dictamen de la Comisión al proyecto de ley sobre cooperación
internacional para el desarrollo.
Se mantienen enmiendas por los siguientes grupos parlamentarios: Grupo
Parlamentario Mixto, señoras Lasagabaster y Rivadulla y señor Saura, que
será el que intervenga; señora Almeida, que de momento está in itinere;
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; tomarán posición el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida y Grupo Socialista.
En primer lugar, dentro del Grupo Parlamentario Mixto, comenzamos con la
intervención de la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Muchas gracias, señor Presidente.
En este trámite parlamentario, Eusko Alkartasuna mantiene vivas ocho
enmiendas. Retiramos la enmienda número 73, ya retirada en Comisión, y
las que se mantienen vivas se podrían circunscribir --en concreto, cuatro
de ellas-- a una cuestión clave: la relación del principio de política
exterior en materia de política de cooperación y ayuda al desarrollo. Soy
consciente de que el proyecto de ley que se presentó en esta Cámara ha
sido modificado y, desde nuestro punto de vista, mejorado en la medida
que en ponencia --hay que agradecer a los miembros de la Comisión de
Cooperación lo mucho que han trabajado en ella-- se ha desarrollado y
matizado el principio de que la política de cooperación va más allá que
el principio de unidad de acción exterior o el principio de política
exterior. No obstante, queremos seguir manteniendo estas enmiendas en la
medida en que pueden ser más clarificadoras con relación a esa mejora de
la no admisión de la política exterior, únicamente en la materia de
política de cooperación y ayuda al desarrollo. Alguna otra enmienda, en
concreto la número 82, que coincide con la enmienda número 341 de
Convergència i Unió, pretende la supresión de una serie de conceptos
imprecisos que no van a ser útiles para el desarrollo y la aplicación de
la ley, en concreto lo que se refiere a organizaciones no
gubernamentales, a las que se les requiere unas condiciones muy poco
precisas, como que sean organizaciones de reconocido prestigio o que
tengan tradición, pero que es muy difícil valorar. Por tanto, creemos que
es mejor suprimir ese concepto.
En definitiva, creemos que esta ley, a lo largo del trámite parlamentario
que ha seguido, ha sido muy mejorada. No obstante mantenemos vivas estas
enmiendas ya que creemos que pueden ser más clarificadoras que el texto
que hoy se nos presenta.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
Con esta intervención defendería también las enmiendas que ha presentado
doña Cristina Almeida.
En primer lugar he de decir que el mantenimiento de nuestras enmiendas y
las de doña Cristina Almeida viene fundamentado porque en el trámite
ponencia y Comisión la ley ha mejorado. Creo que ha sido importante el
esfuerzo que se ha hecho por parte de todos los diputados y diputadas de
todos los grupos, pero entendemos que el resultado global que hoy se
presenta a este plenario nos hace tener una actitud escéptica ante esta
ley por dos razones. Primero porque si la ley se aprueba en los términos
que hoy discutimos en este Pleno no proyecta una verdadera política de
cooperación. A pesar de las mejoras que se han introducido, del contenido
de este proyecto de ley se puede deducir que la política exterior del
Estado español seguirá siendo incoherente con la política de cooperación
y ayuda al desarrollo; la política de cooperación no queda integrada en
la política de asuntos exteriores, sino que en parte queda supeditada a
ella. Además, mantenemos una actitud escéptica ante la preocupación que
podemos tener por el futuro desarrollo normativo de una serie de temas
que quedan absolutamente abiertos en el texto que hoy discutimos.
Desde ese punto de vista pensamos que se ha perdido una oportunidad para
hacer una ley que recogiera los aspectos fundamentales y el trabajo
realizado por el conjunto de las ONG para la cooperación y el desarrollo,
reconociendo --insisto-- que en el trámite de ponencia y Comisión se han
recogido una serie de aspectos que las propias ONG planteaban, pero no
queda clara una verdadera política de cooperación y quedan demasiados
temas por desarrollar.
Quiero acabar con cuatro cuestiones críticas por nuestra parte al
proyecto de ley. La más importante es que el Ministerio de Economía y
Hacienda tiene un peso absolutamente excesivo en la futura política de
cooperación del Estado. Este fue uno de los grandes problemas de la etapa
anterior del Gobierno socialista y hemos vuelto a tropezar en la misma
piedra. Es decir, la reivindicación histórica de que toda la política
estuviera dirigida por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de disminuir
el peso del Ministerio de Economía para que la política de cooperación al
desarrollo no estuviera teñida por intereses comerciales o empresariales
vuelve a quedar abierta, independientemente de que se ha avanzado en
algún aspecto en relación con el Ministerio de Asuntos Exteriores. Hay
tres cuestiones concretas de crítica, que nuestras enmiendas, que luego
discutiremos y votaremos, intentan superar. Primero, que la ley impulsa y
garantiza fundamentalmente la participación de la iniciativa empresarial
privada, lo que no nos parece mal en determinadas condiciones, pero en
cambio no garantiza la participación de las instituciones locales que hoy
están jugando un papel de verdaderos dinamizadores, junto con las ONG, en
la política de solidaridad y ayuda al desarrollo. En segundo lugar, que a
pesar del avance que suponen los programas anuales y plurianuales, se
hubiera tenido que concretar más su desarrollo para hacer verdaderamente
efectivos estos programas. El último es que la Comisión interministerial
debería depender más del Ministerio de Asuntos Exteriores y no del
Ministerio de Economía .
Por tanto, señor presidente, este es el hilo conductor político que da
lugar al mantenimiento de nuestras enmiendas, con esta síntesis: una
mejora de la ley en los trámites de ponencia y Comisión, pero un gran
escepticismo por el fondo de la ley y por los demasiados interrogantes
que quedan pendientes y que van a quedar exclusivamente en manos del
Gobierno para su desarrollo.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saura.
Al no estar presente la señora Almeida pasamos ... (El señor Saura
Laporta pide la palabra.)
Sí, señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Señor presidente, daría también por defendidas
las enmiendas de doña Cristina Almeida.
El señor PRESIDENTE: Las damos por defendidas a efectos de votación.
Por cierto, señorías, como parece que se anuncia una votación compleja
por el mantenimiento de tantas y tales enmiendas vamos a acumular esta
votación a la procedente del punto último del orden del día, que será el
siguiente, porque no hay otro, que es la tramitación directa y en lectura
única del proyecto de ley del convenio económico de la Comunidad Foral de
Navarra, para así poderlas ordenar mejor por los servicios, agilizar el
trabajo y facilitar las votaciones al conjunto del Pleno.
Dando, por tanto, por defendidas las enmiendas de la señora Almeida, por
el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Gómez Rodríguez.
El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre de Coalición Canaria para manifestar el
apoyo, en principio, al texto del dictamen de la Comisión sobre esta
importantísima ley de cooperación internacional para el desarrollo,
expresando la satisfacción por las enmiendas que han sido aceptadas. Como
introducción a la defensa de las dos enmiendas que nos quedan vivas,
quiero decir que aunque se trata todavía de una ley mejorable, no es el
desiderátum, supone un avance muy importante por la expectación y eco
popular que genera la cooperación internacional. Modestamente tengo que
aplaudir a los portavoces de los grupos políticos que han intervenido,
tanto en ponencia como en Comisión, porque han
querido mejorar el texto primitivo que nos envió el Gobierno a fin de
conseguir esas metas que la sociedad española demanda en materia de
cooperación internacional.
La enmienda 96, que se refiere al artículo 26.2, perteneciente al
capítulo V, personal al servicio de la Administración general del Estado
en el ámbito de la cooperación oficial para el desarrollo, se refiere a
aquellas personas que prestan servicio en el exterior, diciéndose que
esas personas serán contratadas bajo una relación de carácter especial,
según modalidades previstas en el artículo 2 del Estatuto de los
Trabajadores, pero que se les exigirá, en todo caso, estar en posesión de
la titulación universitaria. Estamos de acuerdo con ello, pero no nos
parece justo que nos olvidemos de los hombres y mujeres que por no tener
esa licenciatura se verán relegados, pese a tener una experiencia
importantísima en la cooperación al desarrollo. Estimamos que en vía
reglamentaria se debía establecer un concepto, que es la importancia de
la experiencia en la cooperación al desarrollo.
La enmienda 102 hace referencia al título del proyecto de ley de
cooperación internacional para desarrollo. Nosotros proponemos que se
respete una ley que ha sido aprobada en este Congreso, la ley conocida
como estatuto del contribuyente. Recordemos que, en su artículo 3, se
señala que las normas que tengan contenido tributario deberán
especificarlo tanto en el título como en el epígrafe. Me pregunto si, al
hablar del IVA, al hablar de acto jurídico documentado, al hablar de
impuestos o patrimonios, no se refieren éstos a normas tributarias. La
mantenemos porque creemos que no es una enmienda de modificación, de
carácter político, sino de modificación, que proponemos por respeto a
nuestros propios actos, por respeto a las leyes que aprobamos aquí.
Por último, señor presidente, amparándome en el artículo 114 de nuestro
Reglamento y con la venia presidencial, me permitiría reiterar
determinadas enmiendas de índole técnico, que defendí tanto en ponencia
como en Comisión, pero que he visto que no han sido recogidas en la
redacción final. Son fundamentalmente de técnica de estilo y me extraña
que no fueran incluidas porque el señor presidente de la Comisión, don
Javier Rupérez Rubio, nos pidió que las entregásemos en la Mesa a los
efectos de su recogida. Por ejemplo, en el artículo 16, al hablar de la
Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica,
que tiene cuatro apartados, en vez de escribirse una sola vez esta larga
denominación, que contiene nueve palabras, o utilizar su anagrama, lo
emplean cuatro veces, una vez al principio de cada párrafo. Propondríamos
que se suprima tanta reiteración y que quede redactado, repito,
suprimiendo esa larguísima frase.
Las otras enmiendas in voce que vuelvo a presentar se refieren no a
acrónimos sino simplemente a siglas. Esta es la ley ideal para aplicar
siglas pues su texto es de expresiones larguísimas sobre titulaciones de
instituciones con una cierta permanencia, pero con unas denominaciones
muy largas. Para eso la técnica moderna utiliza, repito, las siglas y los
acrónimos. Por ejemplo, no entiendo por qué no se emplean las
conocidísimas, utilizadas por al sociedad y la mediática, como son las
ONG o los créditos FAD. Tampoco entendemos por qué no se utilizan para
denominar a la cooperación internacional para el desarrollo, frases que
se repiten, precedidas de la palabra política, más de treinta veces en
esta ley. ¿Por qué no se emplean unas siglas o un acrónimo como Coinde?
Habríamos ahorrado más de cien palabras. En fin, podría decir lo mismo de
los artículos 25, 26, etcétera. Ello nos hace reafirmarnos en nuestra
propuesta de que en el Parlamento se debería rescatar la Comisión que
existió, la de estilo, que ahora se llamaría de estilo y técnica
jurídica. Presumo que los señores parlamentarios senadores van a tener
bastante trabajo de técnica literaria, aparte de sus siempre importantes
valoraciones de fondo.
Esperamos que en el debate de hoy que, como ha dicho la Presidencia, va a
estar lleno de enmiendas transaccionales, entre ellas las nuestras,
logremos lo mejor para esta importantísima ley que espera el pueblo
español.
Repito y reitero que, salvo los temas anunciados en nuestras enmiendas,
apoyaremos el resto del texto propuesto por la Comisión.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gómez Rodríguez.
Como quiera que manifiesta su intención de fijar posición también el
Grupo Parlamentario Vasco (PNV), es más adecuado para la ordenación del
debate que intervenga ahora, como suele hacerse en fijación de
posiciones, de menor a mayor, y así no interrumpir este tracto.
Por el Grupo Nacionalista Vasco, tiene la palabra el diputado Caballero.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en este debate para fijar la posición del Grupo
Vasco, del Partido Nacionalista Vasco, sobre la ley de cooperación
internacional para el desarrollo.
Es necesario destacar, en primer lugar, la importancia que tiene contar
con esta ley, tanto por la necesidad de que la cooperación se dote de un
marco jurídico suficiente, acertado y orientador, como por las
posibilidades que el proyecto ha abierto de un proceso de discusión del
mismo, más allá de la Comisión que lo ha elaborado, posibilitando una
fuerte participación de la sociedad a través de las diversas
organizaciones
que trabajan en el ámbito de la cooperación para el desarrollo. Asimismo
es necesario destacar el grado de consenso alcanzado entre los
representantes de los distintos grupos parlamentarios que han trabajado
en su elaboración dentro de la Comisión correspondiente y que han hecho
variar sustancialmente el anteproyecto inicialmente presentado.
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) considera que el primer
anteproyecto tenía los apartados necesarios para conseguir una ley válida
y clarificadora, pero también tenía algunos vacíos, por lo que
presentamos un grupo de enmiendas para alterar aquellos apartados de la
ley que, en nuestra opinión, tenían una formulación débil y dejaban
demasiados espacios vacíos para la reglamentación posterior y, sobre
todo, se prestaban a confusas interpretaciones de algunos puntos. La
mayor parte de estas enmiendas han sido aceptadas y recogidas en el
proyecto de ley que hoy estamos debatiendo.
Entrando directamente en la opinión que este proyecto de ley merece al
Grupo Parlamentario Vasco, ya he destacado la importancia que tiene
contar con un anteproyecto de ley. Asimismo, es importante el activo
papel que se reserva al Parlamento en la discusión y orientación de la
política de cooperación para el desarrollo. La ley de cooperación ofrece
una oportunidad única para modificar bastantes deficiencias actuales en
el Estado español en materia de estructura administrativa y de criterios
que impiden la mejora cualitativa y cuantitativa de la ayuda oficial al
desarrollo. Dichas deficiencias ya habían sido señaladas en el informe
del Congreso de los Diputados de noviembre de 1992, la ponencia del
Senado de noviembre de 1994 y el informe del CAD de abril de 1994.
Otros aspectos positivos a resaltar son la previsión de planes directores
plurianuales y de unos mecanismos presupuestarios que permitan una mejor
gestión, la consideración de la educación para el desarrollo y el
comercio justo, como modalidades de cooperación. Sin embargo, desde el
Grupo Vasco considerábamos que el anteproyecto debía ser
significativamente modificado, puesto que no resolvía algunos de los
problemas importantes a los que se enfrenta la cooperación, esencialmente
en lo relativo a la definición de los objetivos de la cooperación para el
desarrollo y a la dirección y capacidad de gestión de dicha cooperación
para el desarrollo.
En primer lugar, el Grupo Vasco considera que es importante determinar la
colaboración entre las acciones del Gobierno central y las de las
comunidades autónomas con competencias plenas en dichas materias y, por
ello, hemos introducido diversas enmiendas en el sentido de que el
Gobierno central no tiene competencia de coordinación de la cooperación
que se realiza en el conjunto del Estado, sino que en esta materia sólo
puede coordinar la acción de sus propios órganos. Respecto a las demás
administraciones rige el principio de colaboración y no el de
coordinación. Por ello, desde la Administración pública vasca, pionera en
muchas acciones de cooperación al desarrollo, ha existido y existe una
clara voluntad de colaboración con el Gobierno español y con las
instituciones europeas en este campo, pero, repito, desde el principio
claro de colaboración, no de coordinación. Tomando como base este
principio, también hemos introducido algunas enmiendas al articulado del
anteproyecto de ley que salvaguardasen las competencias de las
comunidades en esta materia y consideramos que este apartado ha quedado
suficientemente recogido en el proyecto que hoy debatimos.
Además, desde la perspectiva del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), el
objetivo prioritario de la cooperación debe ser la promoción de un
desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. Esta concepción
supone prestar atención a los aspectos políticos, al respeto y fomento de
los derechos humanos y a la equidad en términos de género. La experiencia
demuestra que el doble objetivo de la erradicación de la pobreza y la
promoción de la economía y la cultura españolas en algunos momentos lleva
a incoherencias y al predominio de los intereses comerciales y
geopolíticos españoles sobre los intereses de los países pobres. También
debía hacerse una definición correcta de la cooperación e incluir
aspectos como la coherencia de políticas europeas y del Estado español,
los compromisos adquiridos por el Estado español en las conferencias
internacionales y la corresponsabilidad Norte-Sur. Este aspecto creemos
que también queda claramente recogido en la ley.
En tercer lugar, el Grupo Vasco entiende que la ley debe asegurar la
unidad de dirección política y la capacidad de gestión de la cooperación
al desarrollo en lo que se refiere a la Administración española. El
anteproyecto de ley consagraba una estructura bicéfala con dos
ministerios, el de Asuntos Exteriores y el de Economía, que defienden dos
concepciones muchas veces no coherentes. La propia exposición de motivos
señalaba estas diferencias como causa de continuos problemas y
deficiencias. Como han señalado numerosos estudios y análisis de la
cooperación española, la estructura actual dificulta la orientación de la
cooperación hacia el objetivo fundamental señalado anteriormente. En este
aspecto, el proyecto que hoy debatimos se queda a medio camino entre lo
que deseábamos y el anteproyecto inicial, aunque también es necesario
reconocer que, dadas las dificultades existentes, supone un notable
avance sobre la situación actual de partida.
En cuarto lugar, hemos defendido desde el Grupo Vasco el acceso de las
ONG a los programas y proyectos de cooperación técnica y de
sensibilización de la sociedad, así como la necesidad de incluir
incentivos y mejoras de fiscalidad para las ONG debidamente registradas y
que cumplan la legalidad vigente. Finalmente, pensamos que era necesario
regular la participación
de otros agentes sociales, pues, a pesar de que el anteproyecto preveía
la participación de diversos agentes sociales en la cooperación, sólo
reforzaba la regulación ya existente para las ONG. La ley debe señalar
las condiciones y requisitos para el acceso de los agentes sociales a las
diversas modalidades de cooperación. En particular esta regulación debe
garantizar que las ayudas y subvenciones públicas se destinen
exclusivamente a actividades de carácter no lucrativo.
Por todo lo dicho anteriormente y porque consideramos que el resultado
global de esta ley, sin colmar, a pesar de todo, plenamente nuestras
aspiraciones, supone un notable avance sobre la situación actual, vamos a
apoyar sin reservas el proyecto presentado.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Caballero.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Señor presidente, señorías, hace ya cuatro
meses iniciamos en esta Cámara el debate del proyecto de ley de
cooperación internacional para el desarrollo. Decía en el debate de
totalidad quien les habla que, para nuestro grupo parlamentario, éste no
era un debate cualquiera sino que se trataba de un debate muy importante
que justificábamos por diversos motivos. En primer lugar, porque
considerábamos y consideramos que se trataba y se trata esta ley de una
necesidad inaplazable de la política de cooperación y de una deuda del
Estado español hacia los pueblos más desfavorecidos del planeta; una
deuda también, decíamos entonces, para con todo el mundo de la
cooperación, para con todos aquellos miles de hombres y mujeres que dejan
una parte de su tiempo, que dejan su ilusión, incluso a veces llegan a
dejar su vida al servicio de los más desfavorecidos; y obviamente era ya
una necesidad urgente de la política de cooperación española, en tanto en
cuanto el grado de madurez al que había llegado ésta hacía ya inexcusable
e imprescindible la aprobación de una ley de este tipo. También nos
preguntábamos entonces, hace cuatro meses, si cualquier ley era buena, si
ésta era una ley buena, si ésta era una ley que iba a satisfacer todas
las ilusiones y todas las esperanzas que se habían depositado en ella. La
conclusión a la cual llegábamos y que manifestaba desde esta tribuna es
que sin ser una ley excepcional, sin ser una ley que resolviera todos los
problemas que desde la perspectiva legal se pueden resolver en relación a
la cooperación, sí que era un buen texto para iniciar el debate, pero
también era un texto que debía ser notablemente mejorado a lo largo de
las sucesivas fases del debate parlamentario, y expresábamos nuestra
confianza en lo que podía dar de sí ese debate.
Han pasado cuatro meses, han sucedido muchas cosas y lo principal para
nosotros, para este grupo, lo ha constituido el notable trabajo
parlamentario alrededor del proyecto del Gobierno, una labor en la cual
el grupo que represento se ha empleado a fondo con el objetivo de
conseguir un buen marco legal, el objetivo inicial que nos planteamos al
afrontar este proyecto de ley. Decía que nos hemos empleado a fondo en el
debate, pero no nosotros solos sino que nos hemos empleado a fondo con
otros grupos de la Cámara para conseguir una buena ley, un trabajo al que
tanto en ponencia como en Comisión le hemos dedicado muchas y muchas
horas de reflexión en común y de toma de decisiones. También debo decir,
llegado a este punto, que es un trabajo parlamentario en el cual hemos
participado muchos, pero no hemos participado todos. No todos los grupos
de la Cámara nos hemos tomado con el mismo interés, con la misma
intensidad, la necesidad y la conveniencia de hacer una buena ley de
cooperación. En cualquier caso, supongo que la gente que sigue con
interés el debate sobre esta ley ya sabrá a quiénes me estoy refiriendo,
pero creo que es conveniente decir que hay grupos parlamentarios que
hemos apostado por una buena ley de cooperación y hay grupos
parlamentarios que han apostado por hacer una estrategia política
alrededor de la crítica a esta ley de cooperación, pero una estrategia
política que en ningún caso iba acompañada de la actitud de intentar
cambiar la ley donde había que hacerlo, es decir, en ponencia y en
Comisión. Creo que, aunque sólo sea para el «Diario de Sesiones» --y no
tengo ninguna esperanza en que mis palabras vayan a trascender más allá
de esta tribuna--, debía decirlo y lo dejo sentado. El resultado de este
trabajo es un proyecto de ley notablemente mejorado por la introducción
de enmiendas de diversos grupos parlamentarios, pero --también debo
resaltar-- notablemente mejorado por la incorporación de las enmiendas
del grupo parlamentario al cual represento, el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió). Debo decir, llegado a este punto, que
consideramos que este es un proyecto de ley que todavía se puede mejorar
más, que no es suficiente el grado de perfección al cual ha llegado.
Estoy convencido --y lo van a ver SS. SS.-- de que a lo largo de esta
sesión vamos a conseguir dar un paso más adelante en la línea de tener
una buena ley de cooperación, una ley en la cual se puedan ver reflejadas
las aspiraciones de la cooperación española internacional al desarrollo.
No tengo ningún tipo de duda de que esto se va a producir.
Quisiera detenerme un momento, señor presidente, señorías, en la génesis
que ha sufrido este proyecto a lo largo del debate parlamentario, que
creo yo que es muy importante y quienes lo han ido siguiendo lo conocen
pero es bueno ilustrar, aunque sea someramente, a SS. SS. Cuando hablamos
de la génesis no podemos tomar como punto inicial el proyecto de ley del
Gobierno, porque no podemos olvidar que en el Estado español se viene
haciendo política de cooperación
desde hace muchos años. Hace ya bastantes años, por ejemplo, que el
Estado español pertenece al club de los donantes, pertenece al Comité de
Ayuda al Desarrollo de la OCDE; ese era el momento inicial en nuestra
política de cooperación, que tiene un hito importante en la presentación
de esta ley. Pues bien, si hasta la presentación de la ley los objetivos
y principios reales sobre los cuales se basaba la política de cooperación
española estaban absolutamente dispersos, a pesar de que el Congreso en
1992 elaboró un informe que aquí tengo y en el cual tuve el honor de
participar como coponente y el Senado, en el año 1994 también elaboró ese
informe que don Rafael Estrella constantemente nos cita y del cual él fue
también coautor, a partir de esta ley está claro que el objetivo
fundamental de la política española de cooperación no es otro que el de
contribuir a la erradicación de la pobreza en el mundo. Esto queda
clarísimamente sentado en el artículo 1º del proyecto de ley tal como ha
quedado después de ser enmendado en ponencia y en Comisión. Ello nos
parece importante, como también nos parece muy importante que el artículo
1º de la propia ley diga que nosotros no somos nadie --cuando digo que no
somos nadie quiero decir este Parlamento o el Gobierno del Estado
español-- para decir lo que es ayuda oficial al desarrollo, porque
delegamos nuestra responsabilidad y la decisión al respecto en un
organismo, en un árbitro imparcial como es el Comité de Ayuda al
Desarrollo de la OCDE.
En segundo lugar, en el aspecto competencial el proyecto del Gobierno
tenía graves lagunas, era muy confuso y hubo quien llegó a ver con
preocupación --y nuestro grupo así lo veía, compartida esa grave
preocupación con el Grupo Nacionalista Vasco-- que quizá no dejaríamos
lugar a aquella cooperación que representa hoy en día el 50 por ciento de
la ayuda oficial española, que es la que se realiza desde municipios y
comunidades autónomas. El proyecto de ley enmendado deja muy claro que lo
que estamos regulando es la ayuda oficial al desarrollo que se realiza
desde la Administración general del Estado, pero a su vez está regulando
los principios, los objetivos y las prioridades de lo que se ha venido a
denominar cooperación descentralizada.
Respecto al apartado de objetivos, no me ciño exclusivamente a decir que
el gran objetivo de la ley sea contribuir a la erradicación de la pobreza
en el mundo porque el artículo 2º se refiere a los principios y el
artículo 3º a los objetivos y ha habido importantes novedades. Por
ejemplo, el proyecto del Gobierno hacía referencia a la necesidad de
promover el crecimiento económico en las poblaciones más desfavorecidas.
Nosotros considerábamos --y así lo enmendábamos-- que ello no era
suficiente para alcanzar el bienestar de las sociedades destinatarias de
esa ayuda. Añadimos a continuación que el crecimiento económico debía ir
acompañado de una redistribución de los frutos de ese crecimiento
económico y de un aseguramiento del acceso de los ciudadanos a los
servicios básicos que conforman el Estado del bienestar --en una
concepción posiblemente muy simple-- como son los servicios sanitarios o
los servicios educativos.
En cuanto a la ordenación de los principios y objetivos, quiero destacar
que hemos incorporado tres muy importantes que van a influir de una forma
muy decisiva en nuestra política de cooperación, como es, por ejemplo, la
lucha por la igualdad entre el hombre y la mujer, el respeto a la
diversidad de las poblaciones destinatarias de esta cooperación y algo
muy importante --enmienda número 329, de este grupo parlamentario, que ha
conformado el nuevo artículo 4-- que no es otra cosa que el principio de
coherencia. Es decir, que aquello que se realiza a través de la política
de cooperación en ningún caso debe estar en contradicción --por una
equivocada concepción de lo que denominaríamos compartimentos estancos en
las diversas políticas de Estado-- con otras políticas que también tienen
que ver con la política de cooperación, pero que no son estrictamente
política de cooperación. Todos los ministerios del Gobierno, cuando
realicen alguna actividad que pueda interpretarse dentro del ámbito de la
política de cooperación, deberán circunscribirse y respetar los
principios y objetivos de la política de cooperación.
En este somero repaso quiero hacer referencia a otras cuestiones. Ya ha
sido expresada por un anterior interviniente la dicotomía política
exterior-política de cooperación. En el informe del año 1992, en el punto
2º, dejábamos muy claro el sometimiento de la política de cooperación a
la política exterior. No leo el mencionado punto del documento, que está
a disposición de todas SS. SS., sobre objetivos y líneas generales de la
política española de cooperación. En este texto que estamos aprobando hoy
esto no se mantiene de esta manera: aunque se acepta que la política de
cooperación coadyuva a la política exterior, en ningún caso la política
de cooperación queda sometida a la política exterior.
Respecto a la estructura de la cooperación, ¿qué hemos tenido hasta
ahora? Lo que se ha denominado una estructura bicéfala. El ministerio de
cooperación en principio, que era el Ministerio de Asuntos Exteriores, no
era el que dirigía la política de cooperación ni el que controlaba la
mayoría de fondos destinados a la política de cooperación, los fondos de
ayuda al desarrollo, gestionados desde la Secretaría de Estado de
Comercio, Ministerio de Economía. A partir de ahora se produce un
clarísimo reforzamiento de las competencias del Ministerio de Asuntos
Exteriores, lo que ha supuesto un empeño importante de algunos grupos
políticos, entre ellos el nuestro, y creo que se produce un importante
avance.
Respecto a la estructura, quiero referirme a la participación de la
sociedad civil, las ONG y agentes sociales,
en la política de cooperación a través del consejo de cooperación.
Existía una reivindicación constante y muy fundamentada como era que el
consejo de cooperación sirviera también como órgano de diálogo entre
estos agentes y el propio Gobierno, pero ello sólo se podía garantizar
garantizando --valga la redundancia-- la presencia del Gobierno en el
consejo de cooperación, cuestión que no planteaba el proyecto del
Gobierno y ya está aquí. Pero todavía podemos avanzar más en la línea de
dejar claro que el consejo de cooperación es el órgano de participación
que alguien echaba en falta y que hoy, a través de una transacción que
don Pablo Izquierda les explicará y defenderá dentro de unos minutos,
vamos a hacer que sea así.
En relación con los instrumentos de la cooperación, uno de los puntos más
debatidos en ponencia y en Comisión (me centro exclusivamente en el
famoso artículo 24, que es el relativo a los instrumentos económicos o
crediticios --por decirlo mejor-- al servicio de la política de
cooperación; y, si quieren ustedes, voy un poco más allá, a los créditos
FAD), ¿cuál era la realidad hasta el momento de la aprobación del
proyecto de ley? Todos lo sabemos, no hace falta darle demasiadas
vueltas. El informe de la organización independiente Intermón, que se
aprueba anualmente y que evalúa la ayuda oficial al desarrollo que se
produce en España, ha dejado clarísimo, año tras año, que el FAD ha sido
un instrumento perverso al servicio de la política de cooperación. Pero
no lo dice sólo Intermón, lo dice también el Comité de Ayuda al
Desarrollo de la OCDE cuando en el año 1994 viene aquí, evalúa la
política española de cooperación y nos hace una serie de recomendaciones.
El FAD --principal instrumento financiero al servicio de la política de
cooperación-- no respetaba los principios ni los objetivos ni las
prioridades de la política de cooperación. Señor presidente, señorías,
con este proyecto de ley eso se ha terminado; es decir, el FAD va a tener
que adaptarse y subordinarse necesariamente a la política de cooperación.
¿Por qué? Por varias razones: porque se han introducido las enmiendas de
nuestro grupo parlamentario y porque se ha introducido la enmienda de la
señora Lasagabaster que incorpora un punto 3 al artículo 24 que señala
que, en todo caso, los instrumentos financieros que se regulan en ese
artículo se someterán a los principios, prioridades y objetivos de la
política de cooperación. Pero aún iremos más lejos hoy, porque somos
conscientes de la necesidad de ir un poco más allá. Ayer, a altas horas
de la noche, con el señor Izquierdo preparamos una transacción --que él
les expondrá--, con las enmiendas de diversos grupos, que dejará todavía
más claro el carácter subordinado de estos créditos a los principios y
objetivos de la política de cooperación.
En relación con las ONG, señor presidente, señorías, ningún grupo ha
tenido duda alguna respecto a que este proyecto debía servir para
reforzar el tejido asociativo de nuestro país, y en este caso para
reforzar el tejido asociativo al servicio de la política de cooperación,
a la cual este grupo parlamentario le da un papel fundamental. Nosotros
entendemos que, si queremos tener una política de cooperación eficaz,
debemos tener unas ONG fuertes, unas ONG con capacidad de generar
recursos, unas ONG con ideas, unas ONG especializadas que a una buena
voluntad sin límites añadan una especialización y una competencia sin
límites también. ¿Cómo hemos intentado mejorar la situación de las ONG?
En primer lugar, quiero reivindicar la paternidad de las tres enmiendas
de este grupo parlamentario al artículo 31 que sitúan el régimen fiscal
de las ONG, a partir de la aprobación de esta ley, entre los mejores
regímenes fiscales que hoy existen en nuestro ordenamiento para cualquier
tipo de asociación. Las ONG, por el solo hecho de inscribirse en los
registros que crea la ley (en el del Estado --de la AECI-- o en los que
se creen en el seno de las comunidades autónomas, que van a producir
exactamente los mismos efectos), van a tener la consideración y el
tratamiento de entidades de utilidad pública.
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Recoder, por favor.
El señor RECODER I MIRALLES: Termino inmediatamente, señor presidente,
diciendo que mantenemos una enmienda, la 341, que se refiere al concepto
de organización no gubernamental. Ha sido éste un aspecto del proyecto
también muy debatido y al que nuestro grupo parlamentario ha presentado
enmienda pero ha manifestado también en voz alta --y no nos hemos
sonrojado por ello-- las dudas que teníamos al respecto. (El señor
vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) El
proyecto de ley define las ONG como aquéllas en las que dentro de su
objeto social se establece expresamente este carácter y abre la puerta a
que entidades de reconocido prestigio o de tradición social en el campo
de la cooperación puedan ser consideradas como ONG. Obvio las críticas;
seguramente algún otro portavoz se hará eco de ello. En cualquier caso,
hemos preparado una transacción con el señor Izquierdo --que es una
transacción con la enmienda de nuestro grupo pero también con las
enmiendas que otros grupos mantienen-- en la cual eliminamos aquello que
daba lugar a más escepticismo dentro de este artículo 28.
Por último, el tema relativo al personal. El proyecto de ley partía de
una notabilísima confusión entre los que eran voluntarios y profesionales
al servicio de la cooperación, figuras que confundía a pesar de que en la
realidad está muy clara la diferenciación entre voluntarios al servicio
de la cooperación --personas que dedican altruistamente un corto tiempo
de su vida a la cooperación-- y aquellas personas profesionalizadas que
tienen una experiencia y unos conocimientos técnicos y los ponen al
servicio de la cooperación, que es
lo que denominábamos cooperantes expertos y de los cuales el proyecto de
ley no decía nada. Con la incorporación de nuestras enmiendas el proyecto
de ley regula la figura del cooperante --con la enmienda transaccional
del Grupo Socialista-- y a través de una disposición final se da un plazo
de un año para que esté regulado por el Gobierno todo lo relativo a la
figura del cooperante. En el aspecto personal, uno de los temas que
queremos incluir hoy a través de la vía transaccional es la necesidad de
la especialización del personal funcionarial al servicio de la
cooperación. Observamos un notable déficit de especialización en el
cuerpo diplomático en relación a la política de cooperación y queremos
que este proyecto de ley avance en la línea de resolver esta cuestión.
Termino, señor presidente, manifestando la convicción personal y de
nuestro grupo parlamentario de que este proyecto de ley obviamente no va
a resolver el gravísimo problema de la pobreza en el Tercer Mundo, en los
países en vía de desarrollo; seguro, sería de ilusos pretender hacerlo,
no está en nuestra mano, sí está en nuestra mano coadyuvar a ello. El
proyecto de ley que hoy vamos a aprobar y a remitir al Senado supone un
paso muy importante en esta línea, supone un paso muy importante en poner
orden en la política de cooperación española, supone un paso muy
importante en la línea de tener una ley perfectamente homologable que en
muchos casos va más allá que las leyes de nuestro entorno, una ley al
servicio del mundo de la cooperación, una ley al servicio de las
personas, de los colectivos que hacen cooperación, una ley, en
definitiva, al servicio de los más desfavorecidos de nuestra sociedad, de
nuestro planeta.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Recoder.
Para la presentación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Navas.
El señor NAVAS AMORES: Señor presidente, señoras y señores diputados, voy
a hacer un análisis lo más objetivo posible --intentando dificultar el
grado de descalificación que mis palabras pueden inducir a pensar en los
partidos que actualmente están apoyando la aprobación de este proyecto de
ley-- sobre los aspectos que considero positivos y que se han modificado
a lo largo del procedimiento iniciado en la ponencia y después en el
dictamen de la Comisión. Estas modificaciones, como digo, han mejorado
formalmente la ley y básicamente recogen principios como el de la paz, la
igualdad de sexo, el respeto a la diversidad, las medidas que promuevan
una redistribución equitativa de la riqueza, el acceso a los servicios
sanitarios, educativos y culturales. En el artículo 3, sobre los
objetivos, se ha incorporado que se favorecerá la instauración y
consolidación de los regímenes democráticos y el respeto a los derechos
humanos. En el artículo 4 se dice que se prestará especial atención a la
cooperación con los sectores más desfavorecidos. Se establece el papel,
claramente distinto del anterior, que va a jugar el Congreso de los
Diputados para la definición de los planes y principios de la cooperación
española.
Lo más importante de esta ley para nosotros son los aspectos negativos
que incorpora después de su tramitación y aquellos otros que no se han
modificado a pesar de ese trámite parlamentario, porque éste no sólo ha
supuesto la mejora de estos aspectos sino que algunos, que nuestro grupo
no criticaba especialmente, a lo largo del proceso parlamentario han
sufrido una serie de modificaciones que han empeorado el fondo de la ley.
El artículo 6 b), sobre prioridades sectoriales, cuyo objetivo es luchar
contra la pobreza, se orientará, entre otras prioridades, al fomento del
sector privado. No se dice nada de fomento de cooperativas ni con
empresas, pymes, en definitiva de la economía social, que es a lo que se
debería prestar atención puesto que van dirigidas a los sectores de
población más vulnerables. Podríamos haber incluido en este mismo
artículo que la cooperación española podría priorizar --siguiendo esta
misma teoría de fomento del sector privado-- a aquellos países que
diseñasen un plan de modernización de su sector público, y así no sólo
hacíamos cooperación sino ideología con nuestra cooperación.
En el artículo 18, sobre el consejo de cooperación al desarrollo, se ha
eliminado el calificativo de ser un órgano de participación de la
sociedad civil en el diseño, gestión y evaluación de la cooperación.
Ahora estamos escuchando que el Grupo Popular estuvo reflexionando en las
últimas horas de la noche de ayer sobre la posibilidad de modificar este
aspecto. En el proyecto original venía como órgano de participación
social en la definición de la cooperación española. Coherente con la
escasa importancia que el proyecto le da al consejo de cooperación para
el desarrollo, el dictamen también ha eliminado competencias al consejo.
De los cuatro informes sobre los que tenía que trabajar, según el
artículo 18.2 del primer borrador de la ley, que eran las líneas
directrices de la política española en la cooperación para el desarrollo,
el plan director, el plan anual y el plan de evaluación, ahora el texto
que se somete a nuestra consideración sólo recoge dos informes a realizar
por el consejo: el plan director y el plan anual.
El artículo 24.1 del proyecto de ley y 24.2 del dictamen, sobre
financiación y ejecución bilateral, en cada uno de los tres textos que se
han presentado en el trámite parlamentario: el proyecto de ley original
que envió el Gobierno, el informe que realizó la ponencia y el dictamen
de la Comisión de Asuntos Exteriores, ha tenido una redacción distinta.
En los dos primeros casos se esconde que parte de los recursos se
destinarán a la
promoción e internacionalización de la empresa española. En el último
texto, que hoy estamos discutiendo, se esconde que la normativa para
regular las ayudas destinadas a mejorar las condiciones de vida de los
sectores más necesitados de la población la elaborará el Ministerio de
Economía y Hacienda. Para no ofender alguna conciencia sensible a los
principios de lo que debería ser la cooperación, ahora se dice que la
normativa se elaborará en desarrollo de la presente ley; cuestiones que
modifican formalmente el texto original pero que en el fondo mantienen la
filosofía original.
Los aspectos que no se han modificado en la tramitación y que para
nosotros son elementos negativos de la ley se basan en la gestión
fundamentalmente. Se sigue supeditando la política de cooperación a los
intereses de la acción exterior --semántica constantemente, forma; el
fondo se mantiene-- del Estado. Estos intereses los marca el Gobierno a
pesar del paño caliente incluido en el debate de la ley sustituyendo una
expresión por otra. Esto supone en la práctica una injerencia en los
intereses políticos, partidistas, en un campo en el que nuestra
cooperación sólo debería estar supeditada a la erradicación de la pobreza
sin matices ni ambigüedades. Se consolida la bicefalia en cuanto a las
competencias entre el Ministerio de Economía y Hacienda y el Ministerio
de Asuntos Exteriores. Hemos insistido en la unidad de gestión y en la
necesidad de dotar de autonomía a ese único centro gestor de la
cooperación; unidad de gestión porque es la mejor forma de asegurar la
coherencia de nuestra cooperación a los objetivos, principios y
prioridades que se marquen; y autonomía porque es la garantía de que los
intereses ajenos a la cooperación puedan influir en el trabajo que se
realice. Como ejemplo podemos referirnos a la cooperación que durante el
año 1998 ha diseñado el Gobierno para el pueblo saharaui. Un criterio
político acorde con los criterios del Ministerio de Asuntos Exteriores ha
posibilitado que este año no tengamos cooperación para el desarrollo con
los saharauis porque se ha considerado que políticamente no deberíamos
molestar la sensibilidad de Marruecos. Por tanto, este año, por criterios
políticos, un pueblo que está necesitado y para el que la cooperación
española es fundamental no va a disponer de la misma. Según los
principios de la ley, si no hubiese esa referencia de supeditación a la
acción exterior del Gobierno, como es lógico los saharauis deberían tener
cooperación española.
El otro aspecto, que no se modifica en la tramitación y para nosotros es
fundamental, es el aspecto economicista de la ley. Se produce una
paradoja en la aceptación sobre todo de dos enmiendas. La primera se
refiere a los objetivos, artículo 3 bis, y establece un criterio de
coherencia entre la cooperación para el desarrollo y el conjunto de las
políticas públicas relacionadas con los países del sur. Dice
literalmente: «Los principios y objetivos señalados en los artículos
anteriores informarán todas las políticas que apliquen las
administraciones públicas en el marco de sus respectivas competencias y
que puedan afectar a los países en vías de desarrollo.»
La segunda enmienda se refiere a la financiación de la cooperación
bilateral, artículo 24.3, y establece también la coherencia de los
diferentes instrumentos de la cooperación. Dice literalmente: «Estos
recursos se aplicarán a programas y proyectos que se atengan a los
principios, objetivos y prioridades que establece la presente ley.»
Estos dos criterios de coherencia han sido reclamados con fuerza por
organizaciones solidarias que han basado en ellos algunas de las críticas
más duras a la política de cooperación española.
En nuestro caso, los créditos concesionales FAD
--Fondo de Ayuda para el Desarrollo-- han sido manejados hasta la fecha
con objetivos estrictamente comerciales y, por ello, incoherentes con los
principios y objetivos de la cooperación para el desarrollo, de modo que
podría pensarse que estamos ante un giro político enormemente positivo al
poder introducir esas dos enmiendas que subrayan el aspecto de coherencia
de las políticas que se desarrollen por parte del Estado hacia los
principios de la cooperación. Una excelente noticia, especialmente
sorprendente después de la actitud del Partido Popular hace unos meses,
cuando introdujo en la ley de acompañamiento algunas reflexiones sobre
qué debería ser el FAD. Pero, desgraciadamente, las aguas vuelven a su
cauce cuando se lee la letra d), del artículo 3, según el cual uno de los
cuatro objetivos de la cooperación española al desarrollo es impulsar las
relaciones políticas, económicas y culturales con los países en vías de
desarrollo. Así, la ley queda al gusto del Conde de Romanones: a merced
de reglamentos que alejen a la cooperación de los compromisos solidarios
que se reclaman.
Por ejemplo, un crédito FAD puramente comercial se atendrá a los
objetivos de la ley, ya que uno de ellos es impulsar las relaciones
económicas con los países en vías de desarrollo, y una operación de venta
de armamento a un país del sur, por iniciativa del Ministerio de Defensa,
no podrá ser cuestionada como incoherente con los objetivos de la
cooperación al desarrollo, según el artículo 3 bis, porque se
justificaría como un impulso para las relaciones económicas o políticas
con los países del sur. El artículo 3.d), por sí sólo, es, de hecho, una
enmienda a la totalidad a los criterios de coherencia, que quedan
completamente desvirtuados.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Navas, le
ruego que vaya concluyendo.
El señor NAVAS AMORES: Sí, termino en un momento, señor presidente.
El otro aspecto que nosotros criticamos es el aspecto del fomento del
sector privado, que quiero desarrollar especialmente. No es éste el
único, aunque sí el más importante de los problemas que presenta la ley
en el terreno decisivo de las prestaciones comerciales sobre la
cooperación para el desarrollo.
Queremos destacar otro punto que podría pasar desapercibido. La ponencia
aprobó una autoenmienda del Partido Popular, que incluye, entre las
prioridades sectoriales, artículo 6.b), dotación, mejoramiento o
ampliación de infraestructuras. Desarrollo de la base productiva y
fomento del sector privado. El cambio sustancial está en el añadido «y
fomento del sector privado», como hemos dicho anteriormente. El Partido
Popular lo justificó con una lacónica referencia a las recomendaciones de
instancias internacionales. Es verdad que hay instancias internacionales
que recomienda dar un apoyo especial a las empresas privadas. Este es el
significado real del sector privado de los países del sur, por ejemplo,
el Fondo Monetario Internacional es un apasionado de esta idea.
Pero hay también recomendaciones de instancias internacionales a las que
no se hace el menor caso, por ejemplo, la de la Cumbre de Copenhague, que
aprobó el compromiso de dedicar el 0,15 del PIB a la cooperación con los
países más pobres. Tres años después, España dedica solamente el 0,04, lo
que nos coloca en el penúltimo lugar entre los países donantes. Otro
tanto podíamos decir del porcentaje de la cooperación destinada a
servicios sociales básicos, el 11 por ciento, lejos del 20 por ciento,
otro viejo compromiso internacional.
Por la premura de tiempo, debo finalizar haciendo una mención a que no
sólo eran referencias del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
estos aspectos detallados como negativos del proyecto de ley, sino que
las propias ONG, el propio informe del CAD, tan alejado de lo que podía
ser la política económica que mi grupo defiende, hace un diseño de la
política de cooperación española, en el cual da un tirón de orejas
sorprendente, abismal al Gobierno. Por lo único que le da felicitaciones
es por la cooperación que él no hace, que es la cooperación de los
ayuntamientos y ...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Navas, le
ruego concluya.
El señor NAVAS AMORES: Quiero terminar diciendo que para este diputado ha
sido un orgullo especial defender una alternativa distinta a esta ley y
saber que la sociedad civil, los protagonistas de la acción, del diseño y
desarrollo en la cooperación están de mi lado. Siento con la misma
intensidad que la futura ley de cooperación suponga la frustración de
tantas esperanzas depositadas en los representantes políticos, que
deberían saber poner sobre el papel las conclusiones de más de diez años
de cooperación, ya que suponíamos que habíamos aprendido cuáles deberían
ser los principios, objetivos y prioridades de nuestra cooperación, quién
debería gestionarla, de qué recursos dispondría, la importancia de la
participación de los agentes en la cooperación, etcétera. Estamos ante el
cadáver del consenso para dotarnos de una ley de cooperación que no
representa a todos. Se ha demostrado que el diálogo era puro marketing,
que no era una propuesta abierta y, como dice un conocido mío, este
proyecto no es de ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Navas.
Para la presentación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra el señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor Presidente, señorías, permítanme que
comience con una reflexión de carácter personal. Cuando el Gobierno del
Partido Popular presentó su proyecto de ley de cooperación al desarrollo,
les debo confesar que sentí una cierta envidia --envidia sana--, sobre
todo siendo yo una de las personas que en 1984, cuando España no tenía
una política de cooperación al desarrollo ni tenía estructuras para la
cooperación al desarrollo, impulsaron en el Senado, junto con otros locos
que sabíamos muy poco de este tema, el primer informe parlamentario que
se hizo en España. Ahí decíamos cosas como que tenía que haber un órgano
que dirigiera y coordinara la política de cooperación; como que había que
seguir aumentando los recursos para acercarse al objetivo del 0,7 por
ciento; como que había que establecer unos fondos plurianuales que
permitieran hacer más eficaz la cooperación al desarrollo; como que había
que separar los recursos que se destinaban al apoyo a las actividades de
comercio de las actividades dirigidas --decíamos entonces-- a los países
menos avanzados; el lenguaje ha evolucionado.
Sentí también envidia porque era otro grupo político, y no el mío, el que
presentaba este proyecto de ley, y debo decir también que yo fui de los
que en 1995 se opuso, con éxito, a que el Gobierno Socialista presentara
un proyecto de ley que considerábamos que no era suficientemente adecuado
ni capaz de concitar suficiente respaldo. Pero, la verdad, es que luego,
cuando conocí el texto del Partido Popular, lo que sentí fue una cierta
frustración, porque el texto del Partido Popular era tan malo, cuanto
menos, como el que pretendía presentar el Gobierno del PSOE en 1995. El
resultado fue que ese texto recibió cuatro enmiendas de totalidad en la
Cámara y nuestro grupo presentó más de cien enmiendas.
Pues bien, hoy puedo decirle que esa frustración se ha mitigado, porque
la ley se parece hoy bastante poco a la que envió el Gobierno. Se ha
mejorado bastante en algunos aspectos, aunque en otros conserva elementos
claramente insatisfactorios a los que luego me referiré.
El Grupo Socialista ha abordado el debate de esta ley con una posición
absolutamente constructiva, con una voluntad sincera, honrada de mejorar
y conseguir una buena ley. Lo hemos hecho a través de nuestro texto
alternativo, lo hemos hecho a través de ese centenar de enmiendas y lo
hemos hecho, sobre todo para intentar acercar posiciones, presentando una
serie de enmiendas transaccionales de textos que pretendían acercase a
las posiciones de los demás, pidiéndoles que renunciaran a parte de sus
elementos y dispuestos también nosotros a renunciar a algunas de nuestras
pretensiones, y todo ello en aras de modificar un texto del que nos
sentíamos muy distantes. Quiero confesar que no ha sido fácil porque,
habiendo leído los diarios de sesiones de la pasada legislatura y lo que
decían los portavoces del Grupo Popular en temas de cooperación al
desarrollo, la tentación de desligarse y de adoptar la senda del Partido
Popular en la pasada legislatura era muy fuerte, mucho más después de
escuchar ayer al vicepresidente del Gobierno, que traía nuevamente la
crispación a esta casa. Pero hemos seguido, lo hemos hecho en un trámite
un tanto peculiar, donde primero se nos ofrecía a todos los grupos un
diálogo para avanzar enmienda por enmienda, y donde después se cortó ese
diálogo y se abrió la búsqueda de un consenso entre el Partido Popular y
sus socios nacionalistas, lo cual es perfectamente legítimo y lo hemos
respetado. ¿Qué papel le ha quedado al Grupo Socialista? El de mantener
el diálogo, el de intentar contribuir con sus enmiendas, con sus
transaccionales, el de buscar modificaciones e intentar convencer a
nuestros interlocutores. Quiero decir y reconocer que, hasta el momento,
la mayoría formada por el Partido Popular y sus socios nacionalistas ha
sido bastante generosa en lo relativo a los principios y a los objetivos
de la cooperación, más cicatera en lo que se refiere a nuestras enmiendas
dirigidas al instrumento, a las estructuras de la cooperación. Pero, en
conjunto, hay que reconocer que ha existido sensibilidad, capacidad de
diálogo y que se han producido mejoras más importantes.
Los distintos grupo han hecho aquí mención de lo que han aportado a la
ley. Nosotros hemos aportado bastantes cosas, para empezar una definición
mucho más ajustada de lo que es la cooperación internacional al
desarrollo, no tan restrictiva como la transferencia de recursos de la
que hablaba inicialmente la ley. Hemos incorporado conceptos que están
hoy a la orden del día, como el desarrollo sostenible, el principio de
corresponsabilidad, la vinculación del crecimiento económico no como un
objetivo en sí mismo, sino en la medida en que existe una redistribución
de la riqueza, etcétera.
La ley planteaba y plantea todavía hoy una serie de problemas. El primero
de ellos es el principio de coherencia. ¿Tiene sentido definir en una ley
de estas características unos principios, unos objetivos, unas
prioridades, si luego esas prioridades, esos objetivos y esos principios
solamente se aplican a lo que haga el Ministerio de Asuntos Exteriores en
el ámbito de sus competencias? Nosotros entendíamos que no, y hemos
presentado enmiendas que algo han contribuido a clarificar, pero creemos
que no lo suficiente, sobre todo cuando en la ley se mantiene todavía un
componente, que son las relaciones políticas, económicas y culturales que
así, aisladas --y se ha dicho desde la tribuna--, podrían tergiversar
cuáles son los objetivos reales de la cooperación. Por eso, nos parece
esencial que se incorpore una enmienda --tenemos una enmienda y un texto
transaccional presentados-- que vincule esos objetivos, que los haga
depender de la necesaria coherencia con los objetivos y los proyectos de
la cooperación al desarrollo.
Ha habido otro debate importante que no hemos sido capaces de culminar, y
es la relación entre cooperación al desarrollo y política exterior;
debate donde es muy fácil el discurso simplista y donde es muy fácil
también el discurso apasionado. Yo no voy a pretender hacer aquí ese
discurso, pero sí creo necesario hacer dos reflexiones. La primera, que
no se puede disociar completamente política exterior y cooperación al
desarrollo. No se puede disociar, por ejemplo, cuando se habla de
objetivos regionales. De otro modo, no se entendería que estuviéramos
haciendo cooperación y que fuéramos uno de los países pioneros en
Palestina.
Pero es cierto también que a veces los objetivos de política exterior
aplicados a la cooperación llevan a actuaciones que son, cuando menos,
cuestionables como, por ejemplo, la decisión del Gobierno,que se acaba de
recordar desde esta tribuna, de no trabajar a través de las
organizaciones no gubernamentales, sino de organismos internacionales en
el Sáhara en este proceso de referéndum. Además, no pueden considerarse
política exterior determinados aspectos de la cooperación. La ayuda
humanitaria, la ayuda alimentaria, la ayuda de emergencia no son,en modo
alguno ni pueden responder a criterios de política exterior. En ese
sentido, se mantiene una contradicción. Habiéndose modificado el artículo
3, se mantiene una contradicción de la que varios portavoces --y el señor
Recoder lo recordará perfectamente-- hicimos mención y todos entendíamos
que estaba en vías de modificarse y no se ha modificado. En el artículo 4
se define que las prioridades sectoriales responderán a objetivos de la
política exterior. Esto es incoherente con el artículo 3. Además, no es
verdad, porque España se ha comprometido en organismos internacionales a
unos objetivos muy concretos que no son estrictamente los de nuestra
política exterior. Se ha comprometido a que su política de cooperación
irá dirigida a que la educación primaria sea universal para el 2015, a
que la población en situación de extrema pobreza se reduzca a la mitad
para el 2015, a
que se reduzcan en dos tercios las tasas de mortalidad infantil y tres
cuartas partes las tasas de mortalidad general para el 2015, a extender
los servicios de salud, de reproducción, de natalidad, a través de los
sistemas de salud primaria, para el 2015 y a invertir las tendencias en
la pérdida de recursos medioambientales para el 2015 o una estrategia
racional de desarrollo sostenible para el 2015. En eso está España, y son
estrategias que están permitiendo invertir algunas tendencias que se
habían producido durante años. Hoy, por ejemplo, la población que está en
situación de extrema pobreza no está creciendo al mismo ritmo que
anteriormente. Hoy, el doble de la población que hace 20 años tiene
acceso a agua limpia, el 70 por ciento de la población mundial. Pero,
siendo esto cierto, no lo es menos que todavía hoy 1.300 millones de
personas, la cuarta parte de la población mundial, están en situación de
extrema pobreza, con menos de un dólar diario.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Estrella, le
ruego vaya concluyendo.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Sí, señor presidente.
Hay enmiendas para poder modificar este artículo 4º y nos gustaría que se
hiciera.
El Grupo Socialista ha presentado una enmienda que pretendía introducir
la cláusula democrática, algo que ya está haciendo el Parlamento Europeo.
Nos da la sensación de que desde el Gobierno todavía no se está
intelectualmente preparado para ello. Entendemos que, a lo mejor, no es
el momento; vamos a mantener la enmienda, porque queremos esa reflexión,
pero invitaríamos a todos los grupos a hacer algo, y es que, tomando una
parte de la enmienda número 147, del Grupo Socialista, modificáramos el
artículo 6 bis, y donde se habla de la infancia, aprobáramos una
enmienda, que leo in voce, que dijera: la infancia, con especial atención
a la erradicación de la explotación laboral infantil. El lunes habrá en
este Parlamento 350 niños reunidos en torno a esa cuestión. Creo que
sería de justicia y un gesto importante que lo hiciéramos.
Otro elemento importante, central en el debate sobre la política de
cooperación, ha sido la unidad de dirección y la coordinación de la
política exterior, que nada tiene que ver con que el conjunto de los
ministerios realicen actividades que se pueden considerar como
cooperación al desarrollo. Una cosa es quién ejecuta las actividades,
pero hemos venido pidiendo desde hace tiempo que exista una dirección y
una coordinación de esa política de cooperación.
Tal y como queda el texto, hay escenarios para que, habiendo decisión y
voluntad política, se pueda ejercer esa dirección. Se dice ahora que el
ministro de Asuntos Exteriores es el responsable de la dirección de la
política de cooperación y de su coordinación; que el secretario de Estado
coordina la política de cooperación al desarrollo, que asiste al ministro
en la programación, dirección, seguimiento y control y que evalúa, se
dice también, la política de cooperación, sin restricciones.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Navas, le
ruego que concluya.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Sí, señor presidente.
Pero hay otras restricciones, porque la ley es contradictoria. Todavía,
al referirse a la agencia, se indica que tiene responsabilidades en
cooperación y evaluación en aquello que no interfiera con las
competencias de otros ministerios. Nos gustaría que esto se fuera
eliminando.
La agencia , sin lugar a dudas, sale malparada en esta ley. No se
entiende que se haga una ley para modificar o para organizar la
cooperación al desarrollo y, al final, resulte que al principal
instrumento de la cooperación, que es la agencia, que es el órgano que
ejecuta la cooperación al desarrollo, se le dediquen dos párrafos y se
acabe diciendo que se va a hacer un estatuto de la agencia. No
pretendíamos que se hiciera aquí el estatuto, pero nos hubiera gustado
que se especificasen mucho más sus responsabilidades.
Tampoco estamos satisfechos con cómo queda el consejo de cooperación. El
problema es que no hacía falta una ley para dejar las cosas peor que
estaban, porque hoy sabemos quiénes forman el consejo, quién preside el
consejo, cuáles son sus funciones, cuáles son sus competencias, y la ley,
aparte de decir simplemente que es un órgano asesor del Gobierno, lo cual
nos parece insuficiente porque creemos que es también un órgano de
participación, elude hablar de quién lo va a presidir y elude hablar de
sus funciones y de sus competencias. Hay enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista que permitirían modificar esto.
Ha habido un debate amplio en torno al artículo 24, referente al famoso
FAD , y quiero empezar por decir que el Grupo Parlamentario Socialista es
consciente de cuál ha sido el proceso histórico de la cooperación al
desarrollo en la corta historia de España; un proceso en el que empezamos
a hacer una política de cooperación al desarrollo sin tener prácticamente
fondos para la misma, teniendo fondos para la ayuda a la exportación, que
comenzaron, en algunos casos, a derivarse a actividades de desarrollo; en
su inmensa mayoría, eran fondos de ayuda a la exportación, aunque se
llamaban de ayuda al desarrollo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Navas, su
señoría debe concluir de forma inmediata.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor presidente, acabo en dos minutos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Menos de dos
minutos, señor Navas. Ha superado ampliamente el tiempo.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Rogaría al presidente que no me asignase otro
nombre que el mío.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Estrella, le
ruego que me disculpe y que concluya de forma inmediata.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Termino con esto, señor presidente.
Hemos presentado una serie de enmiendas que pretenden ir más allá de lo
que se ha ido en la ponencia. No nos parece suficiente que se mantenga
una estructura; nosotros creemos que el FAD ya no tiene sentido, que ya
está muerto, que lo ha matado el Comité de Ayuda al Desarrollo, y hemos
presentado enmiendas que pretenden que firmemos ya, entre todos, el
certificado de defunción del Fondo de Ayuda al Desarrollo, al margen de
que existan otros instrumentos para la ayuda a la exportación. Se trata
simplemente de segregar las finalidades.
Señor presidente, nos preocupa mucho cómo se definen las ONG, lo de
reconocido prestigio no va a ningún sitio, no es sostenible. Creemos que
el Gobierno tiene la intención de buscar interlocutores y de generalizar
lo que hoy es el mundo de las ONG. Esto nos preocupa, sinceramente, y
esperamos que del resto del debate pueda surgir algo de luz. Hemos
presentado alguna enmienda en ese sentido.
Finalmente --y con esto acabo, señor presidente--, tengo que decir que
esta es una ley que ha mejorado en parte, que viene a ser una
codificación de lo que ya exístia, que se mantiene básicamente el modelo
anterior y sobre la que se nos ha dicho que se nos pedía consenso. A
nosotros nos gustaría más que el consenso existiera no sobre un
documento, que además es muy abierto, con muchos casilleros vacíos, por
lo que nunca podremos dar un cheque en blanco, sino sobre el objetivo de
erradicación de la pobreza, sobre las políticas de cooperación al
desarrollo.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Estrella.
¿Algún grupo parlamentario desea utilizar un turno en contra de las
enmiendas? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Popular , tiene la palabra el señor
Izquierdo.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, quisiera empezar mi intervención haciendo, aunque sea en breves
segundos, un pequeño relato de lo que, a mi entender, ha sido el trabajo
de la ponencia.
En primer lugar, agradezco lo que creo que es una opinión compartida por
todos los portavoces parlamentarios, el importante clima de diálogo, de
consenso y de trabajo que ha existido en el seno de la ponencia. Y
también coincido con que a la mayoría de los grupos parlamentarios nos
hubiera gustado que, aparte de ser muchos los que hemos estado,
hubiéramos estado todos en el seno de la ponencia, motivo por el que es
probable que se produzcan algunos problemas de información, y a mí no me
llevaría ni ocho minutos ni diez, sino probablemente toda la mañana,
intentar resolver algún entuerto sobre este particular. Pero confía
nuestro grupo en la buena voluntad de los portavoces para que, al término
de mi intervención y del debate siguiente, puedan darse cuenta de que la
ponencia, más allá de posiciones iniciales, ha avanzado mucho en el
conjunto de sus trabajos.
Fíjense, señorías, que a esta ley se le ha calificado de extraordinaria
importancia, porque cuando hablamos de solidaridad, de luchar contra la
pobreza, etcétera, es muy fácil llegar a consensos de planteamientos,
aunque sólo sea en términos ideológicos. Creo que ese consenso es bueno y
que las frases hechas, las frases importantes en este tema nacen de ese
consenso y de esa reflexión que todos compartimos. Lo dijimos cuando se
presentó el proyecto de ley. Nuestro grupo parlamentario piensa que la
solidaridad no puede ser más que patrimonio de los solidarios y, por lo
tanto, nosotros entendemos --permítanme el comentario-- que no es
cuestión de ideologías, sino de planteamientos profundos que, por lo
demás, están perfectamente asentados tanto en España como en el seno de
la comunidad internacional.
A esta ley importante se presentaron 388 enmiendas. Al Pleno apenas han
llegado 200 enmiendas vivas, lo que quiere decir, señorías, que la
ponencia ha admitido aproximadamente 200. De esas 200 enmiendas que han
llegado al Pleno --un 50 por ciento del total--, coincidirán muchos
grupos conmigo en que algunas se mantienen vivas precisamente por la
ausencia de quienes tenían que defenderlas en el seno de la ponencia;
otras, porque vienen a decir lo mismo y se han rechazado puesto que ya
estaban incluidas en el texto, en el informe de la ponencia y,
posteriormente, en el dictamen de la Comisión.
Señorías, haciendo un análisis de las enmiendas que han quedado, creo que
apenas habrá 70 ó 75 con una cierta entidad y que planteen cuestiones
novedosas a esta ley, sobre las que nuestro grupo parlamentario va a
hacer hoy ofertas a todos los grupos. Vamos a Ôcolgar' las
transaccionales de una enmienda del Grupo Parlamentario de Convergència i
Unió y de enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, puesto que, es
verdad y así hay que reconocerlo, por parte del principal grupo de la
oposición se ha hecho un esfuerzo de sistematización y de acercamiento de
posiciones. Esto ha sido así, igual que lo ha sido por parte de los
socios que apoyan al Gobierno en esta Cámara y, como dije en Comisión y
reconozco hoy en el Pleno, no me duelen
prendas en reconocer las aportaciones de los grupos que apoyan al
Gobierno, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), del
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV) y también del Grupo Parlamentario Popular, porque éste también
apoya al Gobierno con 156 diputados, que han seguido de modo intenso el
trámite de una ley de cooperación que afecta a muchos, habiendo aportado
numerosas enmiendas a la mejora del texto que el Gobierno presentó.
Señorías, el portavoz de Izquierda Unida terminaba su intervención
haciendo una referencia al informe del Comité de Ayuda al Desarrollo. La
mejor manera para resumir qué significa este proyecto de ley, cuál es el
estado actual de la cooperación, las mejoras que el trabajo de los grupos
parlamentarios han introducido en el proyecto de ley y qué puertas se
abren al futuro de la cooperación española es leer lo que el informe del
CAD, el Comité de Ayuda al Desarrollo, dice sobre nuestra cooperación y
sobre nuestra ley de cooperación. De esta forma ese escepticismo que se
ha manifestado o esa desconfianza probablemente sea menor, no estará el
portavoz del Grupo Parlamentario Popular diciendo su opinión, intentando
contrarrestrar opiniones, sino que lo va a hacer un organismo de probado
prestigio como es el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE.
Dice el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE que el Gobierno español
está realizando esfuerzos notables para consolidar el marco político de
la cooperación para el desarrollo y mejorar la calidad y la transparencia
de su ayuda. En concreto, ha preparado un borrador de ley de cooperación
para el desarrollo que actualmente se discute en el Parlamento y que está
introduciendo nuevos sistemas de planificación y evaluación en la gestión
de su ayuda que incluyen un plan indicativo plurianual y programación por
países. A pesar de las serias restricciones presupuestarias, se prevé un
incremento de los recursos. España realiza una contribución especial en
la cooperación para el desarrollo en Iberoamérica y representa un papel
importante en las complejas áreas de la construcción de la paz, la
gobernabilidad, tanto en América central, como en Africa.
El comité tomó nota, señorías, de la notable mejora en el balance de la
cooperación española para el desarrollo, con un incremento significativo
en el programa de donaciones y de la cooperación descentralizada
proporcionada por las regiones y municipios. Ello se vio acompañado por
un declive en el componente de los créditos FAD. A este respecto, el
comité tomó nota de las mejoras en la gestión del FAD, considera el
comité muy favorable la fuerte motivación entre la opinión pública
española y los parlamentarios en pro de una mejor y mayor ayuda al
desarrollo y mostró su confianza en que este apoyo proporcionará las
bases necesarias para un incremento presupuestario de la ayuda.
En este contexto, el Comité de Ayuda al Desarrollo se ha felicitado por
la mayor implicación del Parlamento en el futuro de la cooperación. El
comité se interesó en los programas de ayuda de las comunidades autónomas
y otras entidades locales. Considera el CAD que esta dimensión
descentralizada del esfuerzo español de ayuda, que parte de un gran
interés en la cooperación para el desarrollo en los niveles regional y
local, podría servir como modelo para otros países de nuestro entorno, de
la OCDE.
Dice también el CAD que las subvenciones de las administraciones a las
organizaciones no gubernamentales de desarrollo españolas se han
incrementado en los últimos años. Y en relación con otras prácticas
correctas de gestión en vigor entre los diversos donantes, el comité
indicó su apoyo decidido a las medidas que se están poniendo en
funcionamiento en lo que se refiere al perfeccionamiento de la eficacia
del programa español de ayuda y su capacidad para llevar a la práctica la
nueva perspectiva de colaboración y asociación. Pero también el Comité de
Ayuda al Desarrollo establecía en su informe del pasado 10 de febrero
(informe que les ha venido muy bien a los grupos parlamentarios y a la
ponencia, puesto que en función de este informe todos hemos hecho
notables mejoras al proyecto de ley) los retos de la cooperación española
para el próximo siglo: una aplicación más rigurosa de los criterios de
desarrollo en la identificación y selección de los proyectos financiados
por el FAD y una mejor coordinación con el programa de donaciones con
particular atención a los países pobres muy endeudados. El CAD nos pide
una evolución hacia una mayor autonomía de la AECI en cuanto a la
normativa financiera y de selección de personal. Nos pide que España
empiece a reflexionar, que este Parlamento empiece a reflexionar sobre la
desvinculación de la ayuda que pueda servir de base para una comprensión
amplia de esta cuestión y un esfuerzo continuado también para mejorar los
métodos de gestión del programa de organizaciones no gubernamentales de
desarrollo.
En función de este informe que establece el estado actual de la
cooperación y los retos de la cooperación para el desarrollo del próximo
siglo, los grupos parlamentarios hemos venido haciendo nuestras
aportaciones finales al informe de la ponencia y al dictamen de la
Comisión, porque estamos plenamente convencidos, señorías, de que lo que
definimos en esta ley de cooperación es un modelo español de cooperación
para el desarrollo que va a ser perfectamente exportable a otros países
del entorno OCDE. Una ley de cooperación que, sin lugar a dudas, es el
primer texto legal en el mundo que incorpora una resolución de Naciones
Unidas que consagra el derecho al desarrollo como uno más de los derechos
fundamentales de la persona. No hay otro texto legal en nuestro entorno
occidental. No lo hay. En sus términos y con las palabras precisas de la
resolución de Naciones Unidas se incorpora que
el derecho al desarrollo no es una aspiración, no es un objetivo, es un
derecho fundamental de la persona humana y que la cooperación para el
desarrollo, señorías, no se basa en cuestiones asistenciales, de caridad
o de generosidad, sino que es una cuestión de justicia internacional, es
la defensa de un derecho fundamental. Esto estaba en el proyecto de ley
original que ha sido enormemente mejorado, y bien mejorado, por el
trabajo de la ponencia.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Izquierdo, le
ruego vaya concluyendo.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Voy concluyendo, señor presidente.
Por tanto, el proyecto de ley incorpora la defensa de los derechos
humanos, de la democracia, del medio ambiente y del desarrollo sostenido
como eje de nuestra cooperación española. Se ha dicho --y yo quiero
decirlo también-- que por aportaciones de los grupos parlamentarios el
principio de coherencia que ya existía en el proyecto de ley ha quedado
mejor redactado. El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha
especificado ese principio de coherencia en un artículo concreto de la
ley, con lo cual va a ser éste también el primer texto legal de nuestro
entorno que consagre por ley el principio de coherencia de todas las
políticas de cooperación para el desarrollo, lo cual en mi opinión,
señorías, y sin ánimo de parecer pedante, es de una extraordinaria
importancia y supone una revolución en las cuestiones de la cooperación
para el desarrollo. Porque el Libro Blanco de Blair, del que tanto se
habla, es un documento muy importante, pero es una declaración
programática de principios de política que se han de seguir. El texto
español, y por la voluntad de SS. SS., va a consagrar el principio de la
coherencia de todas las políticas a los objetivos de la cooperación para
el desarrollo.
Además, el proyecto de ley del Gobierno y el informe de la ponencia han
incorporado un nuevo principio de la cooperación, el principio de la
corresponsabilidad del donante con el receptor de la ayuda. No es posible
seguir manteniendo siempre la donación y la deuda como el único objetivo
de la cooperación. El objetivo de la cooperación no es otro que el
desarrollo, no puede ser otro. Y para que los pueblos alcancen su
desarrollo social y económico sus gobiernos tienen que comprometerse en
programas de desarrollo social y converger e invertir más en esas
cuestiones que en otras.
Por tanto, incorporamos el principio de corresponsabilidad y también la
cuestión de la deuda externa como uno de los objetivos principales de la
cooperación para el desarrollo, para solventar los problemas de la deuda
externa que atenazan a los países más endeudados.
Por ello, señorías, voy resumiendo y terminando, esta ley va a dar a la
cooperación un marco jurídico estable y claro que establece, creo que de
manera eficaz, lo que puede ser el principio de un camino de coordinación
de todos los actores de la cooperación para el desarrollo, clarificando
la posición institucional de cada cual, comunidades autónomas,
ayuntamientos, agentes sociales, organizaciones no gubernamentales,
Gobierno de la nación, en un modelo que responde perfectamente a la
pluralidad de este Estado y a la organización territorial que los
españoles nos hemos dado en virtud de la Constitución de 1978.
Por eso, nuestro grupo parlamentario, en aras de ese consenso que anunció
el ministro en la presentación del proyecto de ley, ese consenso y ese
diálogo que han animado a todos los portavoces de los grupos
parlamentarios, hoy quiere presentar una serie de enmiendas
transaccionales a algunas de las que se han mantenido vivas, y para su
explicación breve pido la comprensión de la Presidencia.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Izquierdo, le
ruego concluya.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Voy a concluir, señor presidente, enunciando
las enmiendas transaccionales que ofrecemos al conjunto de los grupos
parlamentarios para intentar que esta ley obtenga el respaldo mayoritario
de la Cámara, ya que no ha sido otra la intención del Grupo Popular.
Se ha discutido la ambigüedad en que podía quedar la definición jurídica
de organización no gubernamental de desarrollo. Muchos grupos
parlamentarios pretendían suprimir una frase que hablaba del reconocido
prestigio y tradición histórica en este campo como uno de los elementos
que definían a las organizaciones no gubernamentales de desarrollo. La
preocupación del Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular es que no
quedaran fuera de la definición de organizaciones no gubernamentales de
desarrollo aquellas fundaciones, organizaciones, asociaciones e
instituciones de una enorme tradición histórica, de años y de siglos, que
han trabajado siempre, y siguen trabajando, por la solidaridad, como Cruz
Roja Internacional, organizaciones no gubernamentales que no tienen en
sus estatutos el objeto expreso de la cooperación para el desarrollo,
pero sí se dedican en general a estos temas. He de referir a SS. SS. a
Amnistía Internacional, a Greenpeace y a tantas otras, o a comités
intergubernamentales como CEAR, Acnur, etcétera, y también las iglesias,
la Católica y el conjunto de las iglesias que trabajan desde hace muchos
años por la solidaridad. Esto era lo que se pretendía.
Creo que podemos y debemos incorporar al artículo 28 una nueva redacción
que satisfaga al conjunto de SS. SS. y definir como organización no
gubernamental, según la enmienda que he planteado a los grupos, aquellas
legalmente constituidas, como dice el proyecto, y sin fines de lucro que
tengan entre sus fines o como
objeto expreso, según sus propios estatutos, la realización de
actividades relacionadas con los principios objetivos de la cooperación
internacional para el desarrollo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Izquierdo, S.
S. debe concluir de forma inmediata.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Voy terminando, señor presidente.
Se ha hablado, señorías, del artículo 24, de los créditos FAD, del
principio de coherencia. Nuestro grupo parlamentario quisiera presentar a
ese artículo 3.d), que preocupa a la opinión pública, una transaccional
que incorpora lo que ya decía el artículo 3 bis, el principio de
coherencia, impulsar las relaciones políticas, económicas y culturales
con los países en vías de desarrollo desde la coherencia con los
principios y demás objetivos de la cooperación.
No tenemos inconveniente, señor Estrella, en incorporar al consejo de
cooperación el concepto de participación, que por otro lado estaba ya en
el proyecto inicial del Gobierno, y además eliminar el término de las
conclusiones para establecer exactamente los informes a los cuales nos
referimos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Izquierdo, le
rogaría que concluyese y no me obligase a privarle de la palabra. Su
señoría ha excedido ampliamente el tiempo concedido a otros grupos
parlamentarios. Le ruego concluya de forma inmediata.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Voy a terminar, señor presidente.
Haré entrega de las enmiendas transaccionales a la Mesa. Las conocen el
resto de los grupos parlamentarios. Lo que pido a SS. SS. es que las
estudien y que, en el turno de aceptación de las enmiendas
transaccionales presentadas, nos digan si las aceptan.
Quiero terminar, señor presidente, hablando, aunque sea de pasada, del
artículo 24, en diez segundos escasísimos. Creemos que el propio informe
del Comité de Ayuda al Desarrollo, que está contemplado en unas enmiendas
del Grupo Parlamentario Socialista, incorpora conceptos importantes para
la mejora de la gestión del recurso económico y financiero que --es
criterio de nuestro grupo y del Gobierno-- tiene que estar condicionado a
los criterios del CAD y a los principios generales de la cooperación para
el desarrollo. Por tanto, proponemos una enmienda transaccional que viene
a garantizar esta cuestión de una manera todavía más clara.
Termino, señor presidente, diciendo que han pasado catorce años desde
que, en este Parlamento, un grupo parlamentario del centro político
solicitara la ley de cooperación para el desarrollo. Este año celebramos
veinte años de Constitución española y creo que es una muy buena noticia
que, por fin, por iniciativa de este Gobierno y también con el impulso
unánime de este Parlamento, estemos desarrollando uno de los principales
preceptos de la Constitución de 1978, que consagra sin lugar a dudas
cuáles deben ser los principios de la política exterior española, que no
son otros que la paz y la cooperación. Creo, con sinceridad, que esta ley
viene a desarrollar un precepto constitucional demandado por la sociedad
que no estaba desarrollado, y dice cuáles serán en el futuro las
características exactas de la presencia de España en el mundo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Izquierdo. (El señor Estrella Pedrola pide la palabra.)
Señor Estrella, ¿a qué efectos solicita la palabra?
El señor ESTRELLA PEDROLA: No sé si es el momento oportuno para
pronunciarnos sobre las enmiendas transaccionales que ha presentado el
señor Izquierdo a enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Los servicios de la
Cámara están procediendo al reparto de las enmiendas transaccionales que
ha presentado el señor Izquierdo entre los distintos grupos
parlamentarios y a la ordenación de las distintas fragmentaciones de
enmiendas, que también se han solicitado. Yo le rogaría que si
efectivamente hubiese algún inconveniente en la aceptación de las
transaccionales, antes de la votación, que será al final de la siguiente
iniciativa, S. S. utilizase un breve turno, pero en este momento le
agradecería que esperase a que las conociesen todos los grupos
parlamentarios.
Gracias, señor Estrella.
TRAMITACION DIRECTA Y EN LECTURA UNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
--PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE APRUEBA LA MODIFICACION DEL CONVENIO
ECONOMICO ENTRE EL ESTADO Y LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. (Número de
expediente 121/000105)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Punto IX del orden
del día: tramitación directa y en lectura única del proyecto de ley por
el que se aprueba la modificación del convenio económico entre el Estado
y la Comunidad Foral de Navarra.
Para su presentación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor
vicepresidente don Rodrigo Rato.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato y Figaredo): Gracias, señor presidente.
Señorías, es para mí un motivo de especial satisfacción poder traer a
esta Cámara y presentar a SS. SS. el proyecto de ley por el que quedarán
incorporados a nuestro ordenamiento jurídico positivo los acuerdos
alcanzados entre la Administración del Estado y la Comunidad Foral de
Navarra en torno a la reforma del convenio económico de Navarra.
El convenio económico es una institución histórica que forma parte
esencial y constitutiva de la foralidad navarra, que es elemento
vertebrador de las relaciones entre Navarra y el resto de España desde el
siglo XIX hasta nuestros días y que tiene plena acogida en nuestro
ordenamiento constitucional vigente. En efecto, la Ley Orgánica 13/1982,
de 10 de agosto, de reintegración y amejoramiento del Régimen Foral de
Navarra, en su artículo 45, dispone que las relaciones financieras de la
Comunidad Foral de Navarra y el Estado se regirán por el sistema
tradicional del convenio económico, todo ello enmarcado en el
reconocimiento de los derechos históricos de Navarra, expresados en la
disposición adicional primera de nuestra Constitución.
Así, y en al ámbito conformado por ese marco jurídico, la esencia del
régimen foral navarro, por lo que se refiere al plano estrictamente
financiero, que es el que aquí nos ocupa, se concreta fundamentalmente en
la potestad de la Comunidad Foral de Navarra para mantener, establecer y
regular su propio régimen tributario. El ejercicio de la potestad foral
se traduce finalmente en la capacidad de Navarra para regular y recaudar
sus propios tributos y, en consecuencia, en la necesidad de que la
comunidad foral realice la oportuna aportación para el sostenimiento de
las cargas generales del Estado y la efectiva materialización del
principio de solidaridad interterritorial. Ello da lugar a su vez a la
necesidad de regular las relaciones de orden tributario entre el Estado y
Navarra, así como a la necesidad de fijar los términos en los que ha de
señalarse la aportación de Navarra, lo cual se lleva a cabo mediante el
sistema foral tradicional de convenio económico, según preceptúa la Ley
Orgánica de reintegración y amejoramiento.
El convenio económico aparece como una norma paccionada, como un pacto o
acuerdo entre el Estado y Navarra que, mediante su aprobación por ley,
pasa a formar parte del ordenamiento jurídico general, en cuyo contenido
cabe advertir dos vertientes íntimamente vinculadas entre sí, una de
naturaleza tributaria y otra de naturaleza financiera, esta última
representada en su dimensión más importante por el instituto de la
aportación económica.
Ambas vertientes, la de naturaleza tributaria y la de naturaleza
financiera, constituyen el objeto del proyecto de ley que tengo el honor
de presentar hoy a
SS. SS., puesto que entraña una importante reforma del contenido
tributario de aquél a la vez que introduce determinadas modificaciones en
el ámbito de la aportación económica.
El proyecto de ley que hoy nos ocupa, señorías, debe encuadrarse en el
marco conformado por los preceptos de la Ley Orgánica de reintegración y
amejoramiento de Navarra y por el convenio económico vigente aprobado por
la ley 28/1990, de 26 de diciembre. Es, en efecto, en este contexto en el
que la comisión negociadora del convenio económico, integrada por
representantes de la Administración central del Estado y de la
Administración foral, han adoptado el pasado 28 de octubre del año 1997
el correspondiente acuerdo de modificación del convenio económico.
En cuanto a la primera vertiente del acuerdo, esto es, la vertiente
tributaria, debe ser considerada a su vez desde una triple perspectiva.
En primer lugar, desde la perspectiva de la voluntad política del
Gobierno de España de profundizar y completar el desarrollo del
denominado Estado de las autonomías, ahondando en la integración de las
esferas de autogobierno con sujeción a las prescripciones establecidas al
efecto en la Constitución y en los estatutos de autonomía. En el caso de
Navarra, esta voluntad general del Gobierno de la nación ha de tener la
correspondiente incidencia en las particularidades que concurren en la
especial fórmula de autogobierno de esa comunidad foral, esto es, en la
foralidad navarra, y más concretamente en la manifestación tributaria y
financiera de esta foralidad.
En segundo lugar, y todavía en el ámbito tributario, el acuerdo alcanzado
con Navarra debe contemplarse desde la perspectiva de la responsabilidad
institucional de mantener en cada momento la plena integridad de la
potestad tributaria foral, es decir, facilitar el más amplio ejercicio de
esta capacidad dentro de los límites establecidos al efecto en la
Constitución y en la Ley Orgánica de reintegración y amejoramiento.
Y, por último, todavía dentro del ámbito tributario, el acuerdo alcanzado
ha de considerarse desde una perspectiva estrictamente técnica, la cual
conduce directamente a la obligación de mantener el convenio económico
permanentemente adaptado a las modificaciones sustanciales que va
experimentando el ordenamiento jurídico tributario del Estado, obligación
ésta que, además de ser consustancial a la propia naturaleza del convenio
económico, aparece también como una obligación legal expresamente
configurada como tal en el vigente convenio económico aprobado, como ya
he dicho, por una ley de 26 de diciembre de 1990.
En suma, la presente reforma del convenio, la segunda desde 1990, ya que
existió otra llevada a cabo en 1993, como recordará la Cámara, viene
motivada tanto por el firme propósito de cumplir una voluntad política
clara como por la obligación legal y técnica
de mantener permanentemente actualizado el convenio. Este triple
origen de la reforma acordada, cuya incorporación a una ley formal vengo
hoy a solicitar de SS. SS., permite afirmar que estamos ante una
modificación y también ante una adaptación del convenio.
Así, en efecto, el acuerdo alcanzado entraña, en primer lugar, una
modificación del convenio económico cuya naturaleza paccionada permite su
alteración en función de la voluntad de ambas administraciones. Por esta
razón, quiero aprovechar ahora la ocasión para destacar ante esta Cámara
la dedicación y responsabilidad con la que se ha llevado a cabo el
proceso negociador por parte de los representantes de ambas
administraciones.
Sobre la base de esta negociación y de estos acuerdos, y con el fin antes
indicado de profundizar en las competencias de la comunidad foral, se ha
acordado modificar el vigente convenio en los siguientes términos.
Primero, previendo la posibilidad de que la Comunidad Foral de Navarra
pueda colaborar con el Estado en los acuerdos internacionales que incidan
en la aplicación del convenio económico, y especialmente nos referimos,
como es natural, a los convenios de doble imposición. En segundo lugar,
las modificaciones atienden a atribuir a la Comunidad Foral de Navarra la
competencia para la exacción en su territorio de los tributos en los que
los sujetos pasivos sean personas o entidades no residentes. Tal
atribución, que no alcanza --y quiero subrayarlo-- a las competencias
normativas en esta materia, las cuales permanecen en todo caso en la
esfera competencial del Estado, esta posibilidad de exacción sobre los no
residentes, se concreta en la Comunidad Foral de Navarra en la obligación
real de contribuir por el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, por el Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto de Sociedades y
el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, todo ello recogido en los
artículos 8, 14, 15, 16, 17 y 26 del proyecto que presento ante SS. SS.
Al mismo tiempo, también se dota de mayor equilibrio a las relaciones
competenciales entre el Estado y Navarra en el ámbito del régimen de
tributación consolidada a este grupo de sociedades en el artículo 25. Y
finalmente la modificación del convenio económico se completa armonizando
el resto de los impuestos especiales de fabricación distintos del alcohol
y las bebidas alcohólicas, que ya se encontraban convenidos.
En virtud de esta armonización, corresponde a la comunidad foral la
exacción de dichos impuestos cuando los mismos se devenguen en territorio
navarro, como puede verse en el artículo 30. Ello no significa, sin
embargo, que desde el punto de vista financiero la armonización de la
totalidad de los impuestos especiales vaya a suponer mayores ingresos
para la Comunidad Foral ni tampoco para el Estado, ya que el acuerdo
incluye los oportunos ajustes y compensaciones por razón del convenio de
armonización de tales tributos.
Por último, el convenio económico ha tenido que ser adaptado a las
modificaciones sustanciales operadas en el ordenamiento jurídico
tributario del Estado, tal y como ordena la disposición adicional tercera
de aquél. En esencia, las modificaciones que se han tenido que considerar
en orden a la adaptación del convenio tienen su causa fundamental en la
implantación del Impuesto sobre Primas de Seguros y también y
especialmente en el nuevo régimen de cesión de tributos del Estado a las
comunidades autónomas de régimen común.
La primera de las circunstancias, la que se refiere al Impuesto sobre
Primas de Seguros, ha hecho necesaria la armonización del mencionado
impuesto en el artículo 31 del proyecto de ley que presento. Por su
parte, el nuevo régimen de la cesión de tributos del Estado a las
comunidades autónomas de régimen común, que fue implantado por Ley
Orgánica de 27 de diciembre de 1996 y por la ley del 30 de diciembre de
1996, ha hecho necesario introducir las oportunas modificaciones en el
convenio, a fin de que no se produzcan desajustes en la aplicación de los
tributos cedidos y de los tributos convenidos. Además, la adaptación del
convenio económico incorpora a éste una pluralidad de modificaciones
técnicas operadas en el ordenamiento jurídico tributario del Estado desde
la última adaptación, que fue --quiero recordar a la Cámara una vez más--
en 1993. En fin, con esta reforma del convenio económico se aborda el
desarrollo de la autonomía foral y la plena integridad de la potestad
tributaria de Navarra.
En relación con la vertiente financiera, con la segunda vertiente,
después de la tributaria, a la que hice mención al principio de mi
intervención, el proyecto de ley tiene una doble incidencia. Por una
parte, y en esta vertiente tributaria, mantiene, y por tanto no modifica,
el método de determinación de la aportación económica de la comunidad
foral a las cargas generales del Estado que se contienen en los capítulos
I y II del título II del convenio, y por otra parte introduce
modificaciones, eso sí, en el ámbito financiero derivadas de la
adaptación y modificación de las competencias de la comunidad foral en
materia tributaria y de la necesidad de perfeccionar técnicamente el
ajuste a consumo en Navarra de la recaudación del Impuesto sobre el Valor
Añadido.
Tales modificaciones se concretan fundamentalmente en las siguientes
medidas. En relación al ajuste a consumo en Navarra de la recaudación del
IVA, que aparece en el artículo 59.1 del proyecto de ley, se introducen
mejoras técnicas que se traducen en la posibilidad de practicar un solo
ajuste que engloba tanto las adquisiciones intracomunitarias como las
operaciones interiores, al haberse definido un nuevo coeficiente de
capacidad recaudatoria único para ambos tipos de operaciones. Hasta el
momento, como SS. SS. saben, el ajuste es doble: ajuste por operaciones
intracomunitarias, por un lado, y ajuste por operaciones interiores, por
otro, debiéndose después realizar una estimación muy costosa y discutible
de recaudación por operaciones intracomunitarias.
Al haberse acordado el convenio de los impuestos especiales de
fabricación, el proyecto de ley, en su artículo
59.2, introduce la regulación de los ajustes a consumo en Navarra de la
recaudación de los impuestos especiales de fabricación sobre
Hidrocarburos y Labores de Tabaco y también en coherencia con los ya
convenidos, es decir, con los impuestos sobre el Alcohol y Bebidas
Derivadas, productos intermedios y cervezas. Tal ajuste, como en el caso
del IVA que he mencionado anteriormente, está constituido por la
diferencia entre la recaudación correspondiente al consumo en Navarra de
los productos sujetos a estas figuras impositivas y de las capacidades
recaudatorias de Navarra en tales figuras.
Por otra parte --y por último ya--, con respecto a las modificaciones
financieras, con la finalidad de hacer financieramente neutral el
convenio y la armonización de impuestos especiales de fabricación, el
proyecto de ley, en su disposición transitoria décima, prevé el
establecimiento de las compensaciones financieras entre las
administraciones.
Para concluir, señor presidente, el proyecto de ley que tengo el honor de
presentar ante la Cámara mantiene la metodología del cálculo de la
aportación económica, incorpora, desde el punto de vista financiero, los
efectos de la modificación del convenio en materia tributaria,
perfecciona técnicamente el hasta ahora defectuoso ajuste a consumo de la
recaudación del IVA y prevé el establecimiento de las compensaciones
oportunas para hacer financieramente neutral el convenio y la
armonización de los impuestos especiales.
Por todo ello, espero el respaldo de la Cámara a este proyecto de ley del
Gobierno.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor vicepresidente.
¿Algún grupo parlamentario desea utilizar un turno a favor del proyecto
de ley? (Pausa.)
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Grupo parlamentarios que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora
Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Señor presidente, intervengo en nombre
de Eusko Alkartasuna y adelanto que nuestro voto será favorable a la
aprobación de este proyecto de ley por el que se aprueba la modificación
del convenio económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra.
No podía ser de otra manera, como ya señalamos en los debates que
tuvieron lugar en el Parlamento de Navarra con fecha de 10 de diciembre
del pasado año.
Ciertamente el vicepresidente, señor Rato, ha hecho una descripción de la
naturaleza del convenio económico que me gustaría volver a señalar porque
me parece un punto clave: es el instrumento jurídico que regula las
relaciones económicas y financieras entre Navarra --Nafarroa-- y el
Estado español, y concreta el porcentaje de las cargas generales del
Estado en aspectos que se siguen discutiendo y aplicando por parte del
Estado.
Creemos que el quinto convenio, de 1990, ha sido un instrumento
fundamental y sirvió en su momento para recuperar en Navarra
transferencias importantes que habían sido paralizadas por el Estado
antes de que se aprobara el convenio de 1990. Como se puso de manifiesto
en el Parlamento de Navarra, era necesario cerrar algunos ajustes. El
señor vicepresidente ha señalado cuáles han sido las importantes
innovaciones de este convenio en la armonización tributaria, en los
flujos financieros, y nosotros estamos absolutamente de acuerdo en las
cuestiones que se plantearon.
Quisiera señalar que hay alguna cuestión que ha ido un poco a remolque de
otras cuestiones, en concreto me estoy refiriendo al tema de la cesión de
tributos. Planteábamos algunas dudas en relación al artículo 38 del
convenio, que es esencialmente distinto a lo que establecía el convenio
del año 1990 e incluso los textos que fueron manejados hasta última hora.
La Ley de cesión de tributos tiene mucho que ver y no entendemos muy bien
cuál ha sido el planteamiento respecto al convenio económico entre
Navarra y el Estado. Creemos que no tiene por qué desvirtuar la propia
naturaleza jurídica --como señalaba antes-- de este convenio, el cual es
absolutamente diferente. No es una simple cesión de tributos, son dos
administraciones con competencias propias que pactan o paccionan una
serie de cuestiones. En este sentido velaremos por que no haya
distorsiones en el cumplimiento del artículo 38. En definitiva --y no
quiero extenderme más--, lo que ahora tendrá que hacer Navarra será
desarrollar una política fiscal propia, como viene haciendo, de forma que
pueda ayudar a redistribuir y facilite el desarrollo equilibrado de la
Comunidad Foral de Navarra y de sus ciudadanos. Vuelvo a señalar que
votaremos a favor de este proyecto de ley.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Lasagabaster.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el
señor Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor presidente.
Para el Grupo Parlamentario Vasco del PNV es motivo de satisfacción el
que la Comunidad Foral de Navarra vaya alcanzando en todos los ámbitos
competenciales, al igual que el resto de las comunidades autónomas, el
nivel de competencias que desea, refrendadas en su Parlamento. En este
caso, este avance se refiere al desarrollo y actualización del convenio
económico, instrumento fundamental de soberanía tributaria de la
Comunidad Foral de Navarra. Por ello,
hay que dar la enhorabuena a los navarros y felicitarles por el nivel de
autonomía normativa tributaria alcanzado en esta reforma del convenio
económico y por su actitud permanente de deseo para desarrollar su nivel
competencial.
Buscando el paralelismo existente, la reforma del convenio económico con
la Comunidad Foral de Navarra que ahora debatimos se fundamenta en las
mismas razones que motivaron la aprobación de la Ley 38/1997, por la que
se aprobó la modificación del concierto económico de la Comunidad
Autónoma del País Vasco. Estas razones pueden resumirse en dos,
fundamentalmente. La primera de ellas se encuentra en la propia evolución
natural del sistema tributario de este país --si de natural puede
calificarse el ritmo al que este sistema ha evolucionado--, lo que hacía
necesaria una puesta al día de estas instituciones. La segunda razón
radica en la propia voluntad de las administraciones en profundizar en el
contenido del concierto y del convenio. En este sentido, se han dado
pasos importantes en la consolidación de estas instituciones, pero no
considero éste el momento oportuno para repetirlo. Pues bien, el evidente
paralelismo entre el concierto y el convenio económico justifica
plenamente el contenido de este proyecto de ley, que incorpora al
convenio económico con la Comunidad Foral de Navarra el contenido de la
Ley 38/1997, a la que he hecho referencia anteriormente. No se trata,
obviamente, de un proceso de mimetismo. Más bien lo que ocurre es que la
justificación del contenido de las modificaciones en ambas normas es la
misma, por lo que es conveniente que las soluciones también lo sean.
Con la aprobación de este proyecto de ley se producirá la necesaria
coordinación de los puntos de conexión de los impuestos en todas las
haciendas con capacidad normativa y exaccionadora, lo que redundará en un
incremento de la seguridad jurídica de los ciudadanos y en el cierre de
la reforma que se emprendió en esta materia en el año 1996. En cualquier
caso, el convenio tenía --y sigue manteniendo-- una estructura
diferenciada respecto al concierto. La situación previa a la aprobación
de la modificación del concierto le otorgaba una clara ventaja, cuyos
aspectos más destacados eran la no existencia de limitación en cuanto a
la duración del convenio, el hecho de que las normas armonizadoras eran
mucho más sencillas y la existencia de la plena capacidad en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, sin restricciones; además, se
ingresaban las retenciones de organismos autónomos y en el Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones se aplicaba siempre la normativa foral;
finalmente, la gestión del Impuesto sobre alcoholes.
Con la aprobación de la Ley del concierto económico del País Vasco se
rebasó el convenio en determinadas materias, como era el criterio de
armonización de la presión fiscal equivalente --no inferior en Navarra--,
la concertación de los no residentes, la concertación del Impuesto
especial sobre Hidrocarburos y el Impuesto especial sobre las Labores del
Tabaco, la concertación del Impuesto sobre Primas de Seguros, el
tratamiento de los grupos de sociedades, además de otras cuestiones
menores y mejoras técnicas. Con la aprobación de este proyecto de ley,
concierto y convenio han aproximado notablemente su contenido, aunque se
mantienen algunas diferencias de escasa consideración. En definitiva,
concierto y convenio tienden a igualarse, como no podía ser de otra
forma, al partir de situaciones provenientes de derechos históricos
reconocidos por la Constitución y los estatutos de autonomía.
Todo el proceso, que finaliza con la aprobación por las Cortes de la
modificación del convenio económico de Navarra, ha tenido un equilibrio
entre los dos instrumentos, concierto y convenio, en base, por supuesto,
a la capacidad competencial propia de cada parlamento autonómico. Si
acaso,a mi grupo parlamentario le llama la atención un aspecto
diferencial en ambos procesos, en los procesos en los que se aprobó la
reforma del concierto y la reforma del convenio. Si SS. SS. se molestan
en observar el ambiente que ha rodeado las modificaciones del concierto y
del convenio, comprobarán fácilmente el distinto tratamiento que se ha
dado en ambos procesos. La actualización y modificación del concierto
económico del País Vasco produjo una especie de convulsión política y
mediática, no hay más que ver las hemerotecas de junio de 1997.
Declaraciones de responsables políticos, principalmente de un partido
político que no creo necesario decir cuál
es --entre otras razones porque no quiero abrir un debate cruzado en
estos momentos--, en algunos casos fueron manifestaciones incluso graves.
Artículos de prensa, declaraciones en todos los medios de comunicación,
tertulias radiofónicas, en fin, toda una de batería de declaraciones en
contra del concierto económico y de la capacidad autonómica en materia
tributaria del País Vasco. Para muestra, algunas perlas como éstas: El
presidente de una comunidad autónoma respondía a la pregunta de ¿Le
gustaría tener un concierto económico como el País Vasco?, contestando:
No, porque entonces, ¿qué pedirían los vascos? Un dirigente político
escribía: El acuerdo del cupo vasco nos coloca ante el problema más
preocupante de nuestra realidad económica y política. Otras
manifestaciones insistían en que el acuerdo era un mero intercambio de
intereses entre el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco para
asegurar el apoyo parlamentario. Se denunciaban aspiraciones de
desigualdad y discriminación, de desamortización fiscal, de ventajas
financieras de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de agravios
comparativos, de privilegios y un largo etcétera. Esto era lo que rodeaba
el acuerdo del concierto económico que se aprobó el año pasado. En
definitiva, toda una serie de manifestaciones que contenían falacias,
demagogias y opiniones interesadas de quienes
no admitían y no admiten la institución del concierto económico del País
Vasco. Pero, qué curioso, hoy se presenta ante esta Cámara la
modificación del convenio económico de la Comunidad Foral de Navarra y
pasa absolutamente desapercibida; no se ha producido ninguna
manifestación por parte de los que denunciaban el concierto económico, ni
de ningún tertuliano de esos que entienden de todo, ningún artículo
rasgándose las vestiduras de los defensores de la homogeneidad y de la
igualdad. Sólo con los vascos, ¡qué curioso! En cualquier caso, nada
nuevo, porque lo vasco siempre es motivo de sospecha, siempre es motivo
de análisis con lupa, presuponiendo que, por principio, lo que es bueno
para los vascos es malo para los demás, por si acaso. Los nacionalistas
vascos, en concreto el Partido Nacionalista Vasco, ya estamos
acostumbrados a esto y a cosas peores. Ellos sabrán por qué. Nosotros,
mientras tanto, seguiremos en defensa de los intereses de Euskadi, de
todos los ciudadanos de Euskadi, y en este caso compartimos y apoyamos el
convenio económico de Navarra, porque defenderlo es un modo también de
defensa de los intereses de Euskadi.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Zabalía.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Fernández Sánchez.
El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Gracias, señor presidente.
Quiero empezar mi intervención en nombre del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida recordando que el año pasado, en octubre de 1997,
concluía la negociación entre la Administración central del Estado y la
de Navarra sobre el convenio económico aprobado por ambas
administraciones. Esta negociación concluyó satisfactoriamente para ambas
partes, de lo cual nos podemos felicitar mutuamente, y quiero recordar
que el proyecto de ley que hoy nos ocupa viene a modificar la Ley
18/1990, de 26 de septiembre. También debo recordar a esta Cámara que los
convenios económicos entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra
están previstos conforme lo establecido en el artículo 45 de la Ley
Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y amejoramiento del
Régimen Foral de Navarra.
El concierto económico que hoy debatimos representa o forma parte
esencial del autogobierno de una comunidad, en este caso la Comunidad
Foral de Navarra. Quiero resaltar brevemente por qué Navarra es la única
comunidad foral y no autónoma del Estado español. El origen de este hecho
está en la Edad Media, en la Reconquista, cuando se conceden fueros a los
lugares recuperados a los musulmanes. Por lo tanto, los fueros en la Edad
Media no son algo exclusivo de Navarra sino común a los reinos existentes
en aquel momento. Navarra perdió su condición de reino en el siglo XIX,
pero no perdió sus fueros, conciliando el fuero con la unidad
constitucional y con el interés general de la nación, siendo así desde la
Ley Paccionada de 1841 y adaptada a la configuración de la Constitución
española de 1978.
Señorías, quiero remarcar que el concierto económico entre Navarra y el
Estado no supone ningún tipo de privilegio hacia esta comunidad y tampoco
ningún tipo de insolidaridad con el resto del Estado. El convenio
cuantifica y determina el índice de aportación de la comunidad foral a
las cargas del Estado, contribuyendo de este modo a los gastos generales
con la parte alícuota correspondiente, fruto de la negociación entre
Estado y la comunidad. Los convenios económicos entre Navarra y el Estado
no son novedosos en el sentido de que han sido varios los firmados desde
1927 hasta éste, que hoy, con toda seguridad, aprobará esta Cámara.
Señorías, he hecho este breve repaso histórico para despejar alguna duda
que pudiera surgir en cuanto al origen del hecho diferencial existente
entre Navarra y otras comunidades, que en ocasiones no es del todo
entendido. Reitero que la autonomía tributaria y competencial de Navarra
se ha ido manteniendo a lo largo del tiempo con independencia del régimen
político vigente o de cada época histórica. Muchas de las competencias
que hoy tiene Navarra ya las venía ejerciendo antes de la promulgación de
la Constitución de 1978, al amparo de la Ley Paccionada de 1841, y otras
se vienen asumiendo según el Gobierno central las transfiere al amparo
del título VIII de la Constitución española. El convenio económico
permite que Navarra cuente con su propio sistema impositivo, aunque el
ordenamiento navarro no puede apartarse de la estructura impositiva
estatal, como establece el artículo 7, apartado b), del proyecto de ley,
que dice textualmente: Se establecerá y mantendrá una presión fiscal
efectiva global equivalente a la existente en el resto del Estado.
Los cambios más significativos de este nuevo convenio en materia
tributaria son la exacción de tributos sobre personas y entidades no
residentes, los impuestos especiales de fabricación, la implantación del
Impuesto sobre las Primas de Seguro y la adaptación a la reordenación del
sistema tributario español. La exacción de tributos sobre personas y
entidades no residentes es evidentemente una imposición de la Unión
Europea en virtud del principio de igualdad. El convenio otorga a Navarra
los impuestos especiales de fabricación que en 1990 no fueron convenidos
por su carácter de monopolio --creemos que esta transferencia es neutra
desde el punto de vista financiero--, así como el cobro del nuevo
Impuesto sobre las Primas de Seguro que, al concertarlo desde su inicio,
evitará dificultades en el futuro.
El asunto más vidrioso para nosotros del acuerdo es el criterio de
armonización fiscal. Izquierda Unida entiende que el término de presión
fiscal efectiva global equivalente a la existente en el resto del Estado
es un magnífico instrumento para esconder una menor presión fiscal en
determinados impuestos. El ejemplo es claro porque ya se ha intentado
poner en práctica: disminuir la presión fiscal en el Impuesto de
Sociedades con respecto al territorio común, lo que en Izquierda Unida
denominamos desfiscalización de las rentas del capital, unida a una
fuerte presión sobre las rentas del trabajo. En cualquier caso, es
importante diferenciar el convenio económico y la gestión que del mismo
harán los que legítimamente ostentan el poder político en Navarra. La
mayor capacidad de autogobierno es una buena noticia para los navarros y
esperemos que esta capacidad plena en la fiscalidad no se utilice para
desfiscalizar las rentas del capital.
Queremos dejar bien claro nuestro voto favorable al convenio económico
por lo que supone de autogobierno, pero también hacemos matizaciones en
el sentido de que el convenio no debe instrumentarse por la derecha para
poner en práctica políticas regresivas que perjudiquen, sobre todo, a los
trabajadores.
Por último, quiero apuntar brevemente que en este convenio debiera
haberse incluido el aspecto financiero derivado del traspaso de
competencias que están siendo reclamadas por Navarra. Concretamente me
refiero al traspaso de las competencias en materia de tráfico y de las
políticas activas de empleo. No entendemos muy bien por qué la
Administración central se niega a transferir la competencia de tráfico a
una comunidad que históricamente la ha venido detentando y que
probablemente, en un futuro no muy lejano, estará obligada a transferir.
El fracaso del Gobierno en políticas activas de empleo debiera haber
acelerado el traspaso de esta competencia que, con toda seguridad, la
comunidad gestionará de forma más racional y efectiva que el Gobierno
central.
Concluyo diciendo que el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
va a votar favorablemente el convenio económico recogido en este proyecto
de ley que hoy nos ocupa y que lamenta el desencuentro que recientemente
ha tenido el Partido Popular con UPN para agilizar el traspaso de
competencias al que me he referido anteriormente.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Fernández Sánchez.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora
García Manzanares.
La señora GARCIA MANZANARES: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, desde la integración de la Comunidad Foral
de Navarra en la unidad constitucional española, plasmada lógicamente en
las leyes de 25 de octubre de 1839 y de 16 de agosto de 1841 --no se
preocupen SS. SS., no voy a leérselas--, los convenios económicos han
venido regulando la actividad tributaria y financiera de Navarra y han
determinado, por tanto, la capacidad de ingreso y de gasto de la
Comunidad Foral y, en consecuencia, la capacidad de sus instituciones,
Parlamento y Gobierno, para impulsar el desarrollo económico, el progreso
social y para, a través del sistema fiscal, redistribuir la renta y la
riqueza. El fundamento de la potestad tributaria de Navarra radica en su
régimen foral, es decir, en la autonomía reconocida a Navarra tras su
integración en la unidad constitucional española. Ahí radica el
fundamento de su potestad tributaria. Los distintos convenios económicos
que se han ido produciendo a lo largo de la historia son una consecuencia
de esta potestad tributaria previa, o, más exactamente, son consecuencia
de una doble necesidad: por una parte, la necesidad de armonizar el
régimen tributario propio de Navarra con el régimen general del Estado y,
por otra, la necesidad de determinar la aportación de la Comunidad Foral
a las cargas generales del Estado.
La Constitución española de 1978 tiene presente, como no podía ser menos,
la existencia del régimen foral y, en su disposición adicional primera,
ampara y respeta los derechos históricos de Navarra. También en el
apartado 2 de su disposición derogatoria mantiene la vigencia en
territorio foral de las leyes anteriormente mencionadas.
El definitivo reconocimiento y confirmación del régimen foral se produce,
como ya conocen SS. SS., en la promulgación de la Ley Orgánica de
reintegración y amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, de 1982. Por
tanto, señorías, son razones históricas que se han mantenido y conservado
gracias al entendimiento y a la capacidad de negociación que a lo largo
de los años, a pesar de las diversas vicisitudes y de los distintos
regímenes políticos, han tenido los navarros y que explican el singular
régimen de Navarra dentro de la unidad política de España.
El convenio económico actualmente en vigor es el de 1990. Introdujo
importantes cambios en la delimitación de las competencias de ambas
administraciones, la foral y la estatal, estableciéndose puntos de
conexión derivados de nuevos criterios de reparto de recaudaciones de
cada uno de los tributos, con el objeto de conseguir que tal reparto
fuera lo más equitativo posible. También se produjo una simplificación de
estos criterios en relación con los establecidos en convenios anteriores.
Y en cuanto a la aportación económica, se estableció un sistema
sustancialmente diferente al de anteriores convenios y se planteó un
nuevo método por el que deben cuantificarse las cargas generales del
Estado, a las que Navarra debe contribuir de una manera mucho más
solidaria que la que se venía realizando en convenios anteriores al de
1990. Igualmente,
en dicho convenio de 1990 se regula que el procedimiento de
cuantificación y aportación tendrá carácter indefinido en tanto no se
modifique por acuerdo de ambas partes, pero que se aplicará y se revisará
cada cinco años mediante acuerdo.
Por tanto, señorías, las cuestiones que se abordan hoy en la modificación
del convenio que estamos debatiendo responden a dos tipos de operaciones:
por una parte, las referidas a la aplicación del actual convenio
económico en vigor, es decir, al cierre del quinquenio 1990-1994, y
determinación del año base de 1995, que no pudo ser realizado en su día
por diversas circunstancias y que, por tanto, estaban pendientes, con
especial importancia en lo que a las liquidaciones del IVA de los años
1993 y 1994 se refiere, y que introducían incertidumbres sobre las cifras
presupuestarias de la comunidad foral.
Por otro lado, las operaciones se refieren a la modificación de dicho
convenio económico como consecuencia de los cambios introducidos en el
campo de los impuestos especiales de fabricación, que hasta este momento
no gestiona la Hacienda foral y que en el año 1990 no fueron convenidos
en razón de su carácter de monopolio. Señorías, me interesa resaltar que
estas modificaciones no amplían la capacidad normativa de la comunidad
foral, amplían su capacidad de gestión, y en las nuevas figuras sujetas a
exacción por la comunidad foral deberá aplicar las mismas normas que las
establecidas en todo momento por el Estado para el conjunto de las
comunidades sometidas al régimen común. Quisiera recordar a SS. SS. que
en la actualidad la comunidad foral ya gestiona la mayoría de impuestos
especiales, sobre Alcohol y Bebidas Derivadas, el Impuesto especial sobre
Productos intermedios, Impuesto especial sobre determinados elementos de
transporte, y esto es así desde la creación de dichas figuras
tributarias. Al mismo tiempo, la competencia para la exacción del
Impuesto especial sobre Labores del Tabaco correspondía a Navarra hasta
1990, año en que fue traspasado al Estado precisamente por su carácter
monopolístico. Por tanto, habiendo desaparecido en estos momentos la
naturaleza monopolística, no parecen existir razones para que dichas
figuras impositivas que gravan consumos específicos no puedan ser
exaccionados por la Hacienda foral en la misma medida que lo viene
haciendo con el resto de los impuestos especiales.
Se producen también, señorías, algunas modificaciones, fundamentalmente
técnicas, y otras de armonización y adecuación a lo establecido para las
comunidades del régimen común. Lo ha expuesto ya el señor vicepresidente
del Gobierno. De esta manera también se armoniza el convenio con la Ley
Orgánica 3/1996 y con la Ley 14 de 1996.
Finalmente, señorías, quiero recordar que el uso histórico que Navarra ha
dado a sus competencias normativas en los impuestos directos demuestra la
prudencia que siempre ha guiado sus actuaciones dentro de la diversidad;
igualmente, que los cambios derivados de la aplicación de sus
competencias tributarias que hoy planteamos no significan ninguna
ganancia financiera al asegurar la neutralidad en el primer ejercicio en
el que se produzcan estos cambios, y si tales variaciones se produjeran
en el futuro, en cualquier caso tendrían su origen en diferencias de
gestión.
Señor presidente, señorías, el pasado 28 de octubre de 1997, estas
modificaciones del convenio se produjeron en las instituciones de Navarra
dentro de un amplio consenso de todos los grupos presentes en la comisión
negociadora; consenso que nos hizo recordar gratamente el momento de la
aprobación del actual convenio en 1990 y del que trae causa este debate.
Quiero reiterar, señorías, que este consenso prácticamente unánime se
alcanzó también en el Parlamento foral; unánime, si pudiéramos exceptuar
--cosa que los demócratas nunca haremos-- a un grupo que se acoge siempre
para la defensa de sus intereses a las instituciones democráticas que
denosta, pero que no utiliza para defender ni el derecho a la vida, ni al
bienestar, ni al desarrollo económico y social de Navarra, ni a la
necesaria solidaridad con el conjunto de los pueblos de España. La
inmensa mayoría de la Cámara foral, a través de los representantes de los
grupos de Unión del Pueblo Navarro, del Partido Socialista Obrero
Español, de Convergencia de Demócratas Navarros, de Izquierda Unida, de
Nueva Izquierda y de Eusko Alkartasuna, han colaborado en la consecución
de un acuerdo favorable para todos, dejando de lado intereses partidistas
y posturas de Gobierno u oposición. Se ha trabajado con responsabilidad y
prudencia y así ha sido transmitido a la opinión pública. Las
explicaciones pueden ser diversas. Una de ellas puede ser que quizá no
existe un grupo que, como en otras comunidades, pretenda rentabilizar en
su exclusivo haber cualquier existencia de ventajas, de supuestas
ventajas, de convenios, de aprobaciones y de modificaciones. En cualquier
caso, la prudencia, la responsabilidad, el acuerdo y la concordia de
todos los grupos políticos así ha sido trasladada a la opinión pública
con serenidad, sin ninguna crispación y sin ningún rifirrafe entre
protagonistas de uno u otro grupo.
Para el Grupo Socialista es importante resaltar, señorías, no solamente
la consideración positiva de que las modificaciones introducidas en este
convenio incrementan el reconocimiento de la capacidad tributaria de la
Hacienda de Navarra, cuestión básica del autogobierno de la comunidad
foral, sino también que Navarra, nuevamente, como ya es una tradición en
su comportamiento social y político, responde con cuotas de solidaridad
importantes para con el conjunto de los pueblos de España. El Grupo
Socialista entiende, señorías, que las singularidades estatutarias que se
puedan materializar en mecanismos financieros singulares como es este
convenio económico de Navarra no
deben ser discriminatorias entre los españoles, ya que el principio de
igualdad que proclama la Constitución es un derecho superior, y los
socialistas creemos que la solidaridad constituye el eje vertebrador de
toda nuestra política.
Concluyo ya, señorías, señor presidente, diciendo que el respeto
histórico, el reconocimiento y el cumplimiento constitucional, el acuerdo
político, el desarrollo de Navarra y la solidaridad siguen siendo los
pilares del convenio económico que aprobamos en 1990 y que hoy sometemos
a la consideración de esta Cámara con las modificaciones ya señaladas. El
Grupo Parlamentario Socialista considera que se trata de un buen convenio
y quiere compartir también en este Parlamento la voluntad mayoritaria del
Parlamento foral votando favorablemente este proyecto de ley.
Muchas gracias, señorías. Gracias, señor presidente
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora García Manzanares.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Del
Burgo.
El señor DEL BURGO TAJADURA: Señor presidente, señorías, este hemiciclo
ha sido testigo, a lo largo de su ya dilatada historia, de numerosos
debates sobre los fueros; debates no siempre producidos, como el de hoy,
bajo el signo de la serenidad y la comprensión. Sirva como ejemplo el
protagonizado el 7 de julio de 1876, entre el entonces presidente del
Consejo de Ministros, Antonio Cánovas del Castillo, y el diputado navarro
Antonio Morales. Se debatía un artículo de la Ley de Presupuestos que en
la práctica implicaba la supresión de la autonomía tributaria de Navarra,
razón por la que Morales se vio obligado a desplegar desde esta tribuna
toda una batería de argumentos a favor del carácter paccionado de la Ley
de 1841 y, por tanto, de la imposibilidad de proceder a su alteración
unilateral, pero el brillante alegato de mi antecesor en la
representación de Navarra no conmovió a la Cámara. De nada sirvió el
recordatorio de la contribución de los navarros a las glorias nacionales;
ni la solidaridad demostrada en los momentos en los que la nación estaba
amenazada en su propia existencia; ni mucho menos la mención a los pactos
de integración de 1515 y 1841, el primero, sancionador de la unión de
Navarra con los demás Reinos de la Corona de Castilla, sin mengua de su
personalidad como Reino de por sí, y el segundo, integrador de los fueros
navarros en el Estado constitucional español.
Cánovas pidió la palabra y echó por tierra los alegatos del diputado
navarro con una frase tristemente célebre, que más adelante y en este
mismo hemiciclo rectificaría, pues empañaba sin duda su merecida fama de
estadista: «Durante la serie de los tiempos» --dijo textualmente
Cánovas-- «sucede en esto, como ha ocurrido en la misma anexión de
Navarra, aunque luego se confirmara por las Cortes, que un hecho de
fuerza es lo que viene a constituir el derecho, porque cuando la fuerza
causa estado, la fuerza es el derecho.» La postura navarra sólo recibió
el apoyo de once diputados, mientras que 123 votos ampararon el atropello
antiforal. Sin embargo, Navarra resistió y, sin planteamientos
numantinos, al año siguiente consiguió un acuerdo satisfactorio con el
Gobierno, que constituye el primer convenio económico tras la Ley
Paccionada de 1841, que ha pasado a la historia con el nombre de Convenio
de Tejada-Valdosera, por ser este el nombre del comisionado regio que
pactó con la Diputación en Pamplona.
Mas el peligro para Navarra no había desaparecido. No olvidemos,
señorías, que el liberalismo español había asumido el carácter jacobino
de la Revolución francesa, porque entendía que la centralización y el
progreso eran conceptos inseparables, y, en consecuencia, en el marco de
una Constitución centralista y uniformadora como la de 1876, no era fácil
aceptar pacíficamente el hecho de que una provincia española disfrutara
del ejercicio de la competencia exclusiva en materia tributaria,
considerada como una de las funciones inseparables de la soberanía. Y
así, veinte años más tarde, casi con los mismos protagonistas, las Cortes
volverían a ser el escenario de una nueva confrontación entre los
derechos históricos de Navarra y la concepción unitaria de la fiscalidad.
Los navarros bautizaron este gravísimo episodio antiforal con el nombre
de «la Gamazada», por ser Valentín Gamazo el ministro de Hacienda
impulsor del propósito de suprimir la autonomía tributaria de Navarra con
ocasión de la Ley de Presupuestos de 1893. El pueblo navarro se movilizó
en defensa de la foralidad amenazada y aunque el Gobierno venció en el
Parlamento, tampoco se atrevió a consumar el contrafuero. Cayó Gamazo,
sus sucesores se olvidaron del asunto y algunos años más tarde, en 1927,
un nuevo convenio económico vino a reconocer sin reserva alguna el
derecho de Navarra a mantener y a establecer su propio sistema
tributario.
¿Hay algún paralelismo entre los episodios antiforales que acabo de
relatar y el debate parlamentario que protagonizamos hoy? Indudablemente,
no. Ni el actual ministro de Economía y Hacienda se asemeja a Valentín
Gamazo --y confío en que nunca se verá obligado a dimitir por causa de
los fueros, y menos después de la brillante defensa de los mismos que ha
realizado en este episodio parlamentario-- ni el diputado navarro que os
habla lo hace desde una exigua minoría parlamentaria, sino en nombre del
grupo parlamentario que sustenta al Gobierno y en plena sintonía con el
sentir generalizado de la Cámara, como lo prueban las intervenciones que
me han precedido en el uso de la palabra y que además demuestran hasta
qué punto el fuero constituye un elemento de integración de la inmensa
mayoría del pueblo navarro.
Estoy seguro de que tampoco el presidente del Gobierno, pese a asumir
políticamente la herencia positiva de Cánovas, vendría a este hemiciclo a
recordar que cuando la fuerza causa estado, la fuerza es el derecho,
porque, señorías, es el derecho el que ampara el convenio económico entre
Navarra y el Estado cuya modificación ratificamos hoy; un derecho
fundamentado en la historia que la Constitución de 1978 quiso
expresamente amparar y respetar en su disposición adicional primera; un
derecho actualizado a través del amejoramiento del fuero de 1982,
auténtica novación por vía de pacto de la vieja Ley Paccionada que pese a
todas las dificultades por las que atravesó hizo que en Navarra nunca se
apagara la antorcha de las libertades forales; un derecho, en fin, que
demuestra lo que en un reciente recordatorio dijo en Pamplona el que fue
presidente de la República Italiana, Francesco Cossiga: «Navarra es un
ejemplo de cómo se puede conjugar la defensa de la propia autonomía con
la solidaridad de una nación».
No voy a reiterar en qué consiste la modificación acordada entre las
representaciones de la Administración del Estado y de Navarra del
convenio de 1990. Me remito a cuanto ha expuesto el ministro de Economía
y Hacienda en defensa del acuerdo alcanzado y a cuanto han expuesto
también cuantos diputados y diputadas me han precedido en el uso de la
palabra. Sólo diré que esta ley es el fruto de una negociación serena y
rigurosa, como lo fue, y es de justicia reconocerlo así, la que en 1990
tuvo lugar con el Gobierno socialista, que asumió sin reserva alguna la
singularidad de Navarra en el Estado de las autonomías y procedió a la
renovación pactada del convenio de 1969.
Quisiera, sin embargo, formular algunas consideraciones sobre la
autonomía fiscal de Navarra. Algunos piensan que la comunidad foral
disfruta, por mucha que sea la justicia de sus títulos históricos, de una
autonomía tributaria que la convierte en una especie de paraíso fiscal.
Nada más lejos de la realidad. Es cierto que Navarra tiene autonomía para
establecer y mantener su propio sistema tributario. En el ámbito de los
impuestos directos ejerce plena potestad normativa, mientras que en el de
la imposición indirecta la unidad del mercado exige una total
homologación con los impuestos del Estado. En uso de esa autonomía
normativa, Navarra mantiene ciertas diferencias con el sistema tributario
del Estado, pero la estructura del sistema es idéntica y existe una
coincidencia básica en la regulación de los tributos. No se olvide,
además, que el convenio obliga a Navarra a mantener una presión fiscal
efectiva global, equivalente --dice ahora el convenio-- a la del resto
del Estado.
Por otra parte, el régimen de convenio implica el ejercicio por Navarra
de una plena responsabilidad fiscal, lo que conlleva que los ingresos
tributarios deben asegurar la suficiencia presupuestaria en el campo del
gasto público. En consecuencia y con independencia de que legalmente no
sería posible la implantación de un paraíso fiscal, si Navarra ha de
atender con sus propios recursos la inmensa mayoría de los servicios
públicos, incluidas las actuaciones y prestaciones más significativas del
Estado del bienestar, como la sanidad, la educación y la lucha contra la
marginación, todo ello no puede conseguirse sin un rendimiento tributario
adecuado. El recurso al papá Estado está vedado en Navarra, cuya
Hacienda, si se empeñara en vivir por encima de sus posibilidades,
entraría en bancarrota. Las cifras son elocuentes. En 1998, el
presupuesto de Navarra alcanza los 325.000 millones de pesetas
aproximadamente, una cifra que para una pequeña comunidad de poco más de
500.000 habitantes supone un gran esfuerzo fiscal.
La otra consideración hace referencia al cumplimiento del principio de
solidaridad. En la memoria que acompaña al proyecto de ley se puede
comprobar cómo la cuantía de la aportación de Navarra a las cargas
generales de la nación ascenderá en 1998 a la cantidad de 54.678 millones
de pesetas, que resultan de aplicar el índice de imputación (la renta
relativa de Navarra) al importe de los gastos del Estado no asumidos por
la comunidad foral. Y en este punto debo decir al digno representante de
Izquierda Unida que esté tranquilo, porque las futuras asunciones por
Navarra de servicios están pefectamente contempladas con arreglo a la
normativa del propio convenio económico, y su financiación está
perfectamente determinada en el artículo 55 del convenio de 1990, que en
este punto no tiene modificación alguna.
Señorías, sin estridencias ni reivindicaciones utópicas, sin necesidad de
echar ningún pulso al Estado, con espíritu de solidaridad y con respeto
al principio de lealtad constitucional --el señor Zabalía ha hecho
referencia a cómo le parecía extraño que siendo sustancialmente idéntica
esta modificación a la del concierto económico haya producido diversas
reacciones en la opinión pública--, insisto, con respeto al principio de
lealtad constitucional, el Gobierno y la comunidad foral han alcanzado un
acuerdo que supone el fortalecimiento del pilar sobre el que se asienta
la autonomía foral al extender su competencia a la exacción de los
tributos sobre las rentas obtenidas en Navarra por los residentes en el
extranjero, a la del nuevo Impuesto sobre las Primas de Seguros y la de
los impuestos especiales de fabricación distintos del alcohol y bebidas
alcohólicas, que por haber desaparecido su gestión en régimen de
monopolio, debían incorporarse al sistema tributario navarro.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Le ruego que vaya
concluyendo.
El señor DEL BURGO TAJADURA: Termino ya, señor presidente.
Todo esto se ha obtenido porque ambas partes han actuado con la vista
puesta en la satisfacción de los intereses generales y sin poner en
cuestión los derechos históricos de Navarra, que precisamente por serlo
constituyen una limitación de la soberanía del Estado, al igual que
también lo son los estatutos de autonomía, aunque su naturaleza jurídica
sea diferente a la de su foralidad histórica.
Navarra hace uso una vez más de la potencialidad autonómica inherente al
respeto constitucional de sus derechos históricos, cuya inserción
paccionada en el ordenamiento jurídico no pone en cuestión, sino al
contrario, el principio de unidad constitucional. Estamos convencidos de
la plena validez del gran pacto constituyente contenido en el artículo 2
de nuestra Constitución, fiel reflejo de la España plural, cuya unidad no
puede entenderse sin el pleno reconocimiento de los hechos diferenciales
de los diversos pueblos que la integran.
He dicho en muchas ocasiones que el fuero es la manera navarra de ejercer
la autonomía en el marco de la nación española. Es cierto que hubo
problemas en el pasado, pero los tiempos de la incomprensión y la
intolerancia, por fortuna, han desaparecido para siempre. No sentimos
insatisfacción por la evolución de nuestro autogobierno, entre otras
cosas porque no aspiramos a convertirnos en el decimosexto Estado de la
Unión, sino a contribuir con los demás españoles en la construcción de
Europa. Somos plenamente conscientes de que ese gran esfuerzo común y
solidario exige mantener y reforzar los vínculos que nos unen, en vez de
sembrar división y alentar cuanto pueda separarnos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Del Burgo, le
ruego concluya.
El señor DEL BURGO TAJADURA: Señorías, la inmensa mayoría del pueblo
navarro desea vivir en paz y en libertad en el marco de una democracia
solidaria. Por eso refrendó la Constitución y alumbró la fórmula del
amejoramiento del fuero que garantiza su identidad de acuerdo con su
tradición histórica y sus derechos originarios. Esta modificación del
convenio no supone, por tanto, ningún hito histórico porque es fruto del
normal funcionamiento de las instituciones democráticas de acuerdo con el
ordenamiento constitucional, pero sí representa un nuevo y rotundo mentís
para aquellos que, incluso con violencia, siguen empeñados en hacer creer
que «Madrid» --y escríbase entre comillas-- sigue siendo el enemigo.
Señorías, en nombre de Unión del Pueblo Navarro y del Partido Popular
anuncio a la Cámara --como no podía ser de otra forma-- el voto favorable
del Grupo Popular a la ratificación de las modificaciones pactadas con
Navarra. Como diputado del viejo Reino al que me honro en pertenecer y
como miembro de esta Cámara donde siento también el orgullo de compartir
con SS. SS. la representación de la soberanía del pueblo español, os doy
las gracias anticipadas por vuestro voto.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señor Del Burgo.
Vamos a proceder a la votación de ambas iniciativas. (El señor presidente
ocupa la Presidencia.--Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, ocupen sus escaños. Vamos a proceder a las
votaciones correspondientes a los dos debates de esta mañana. (El señor
Recoder i Miralles pide la palabra.)
¿Señor Recoder?
El señor RECODER I MIRALLES: Señor presidente, creo que falta expresar la
aceptación o no de las enmiendas transaccionales presentadas.
El señor PRESIDENTE: ¿Por el Grupo Socialista?
El señor RECODER I MIRALLES: Y por parte de nuestro grupo también, en
tanto en cuanto hemos sido objeto de una transacción.
El señor PRESIDENTE: Adelante, señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Para manifestar la aceptación de la enmienda
transaccional planteada por el Grupo Popular a nuestra enmienda 341, que
se refiere al artículo 28, y también para valorar de nuevo, y hacerlo de
cara al Grupo Parlamentario Socialista, la importancia de las
transacciones que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular, pero
preparadas conjuntamente con nuestro dos grupo, en relación a las
enmiendas del Partido Socialista, que también son transaccionales con
enmiendas de otros grupos parlamentarios, pero por la premura de tiempo
no lo hemos podido hacer constar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Recoder.
Señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: No sé a qué se refiere, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: A si S. S. acepta o no la enmienda transaccional.
La señora RIVADULLA GRACIA: Sí, señor presidente, la aceptamos.
El señor PRESIDENTE: La acepta.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor presidente, para recordar a la Cámara
que la enmienda transaccional que acaba de aceptar la señora Rivadulla
introduce la erradicación de la explotación infantil y que el Grupo
Socialista acepta la enmienda transaccional a la número 113 nuestra a la
exposición de motivos, que mejora el papel del Parlamento en la gestión y
en el control de la cooperación. Aceptamos también la transaccional a la
enmienda 110, que introduce en la exposición de motivos el objetivo
fijado por Naciones Unidas de destinar el 1 por ciento del PIB a los
países en vías de desarrollo. Esto era lo que pretendía el Grupo
Socialista con su enmienda 110. También aceptamos la transaccional a la
enmienda 114, que suprime un párrafo de la exposición de motivos...
(Rumores.) El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías. Es imposible seguir
la exposición del señor Estrella y, por tanto, ordenar las votaciones
correspondientes.
Adelante.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Aceptamos la transaccional y nos parece muy
importante que se nos haya recogido nuestra enmienda 128 al artículo
3.d), por la que no solamente se impulsan las relaciones políticas,
económicas y culturales con los países en vías de desarrollo, sino que
ello se hará desde la coherencia con los principios y con los demás
objetivos de la cooperación.
Naturalmente, señor presidente, todas estas enmiendas que vamos aceptando
implican la retirada de nuestras enmiendas a los artículos
correspondientes.
La transaccional a la enmienda número 150, al artículo 7.2, referida a
una mejora de la definición de los documentos de estrategia, también la
aceptamos, así como la ofrecida a la 157, relativa a la formación y
especialización de cuadros. La correspondiente a la 171, al artículo 18,
también la aceptamos en la medida en que mejora la definición del papel
del consejo de cooperación al definirlo como órgano no solamente
consultivo sino también de participación. Lamentamos que no se nos haya
aceptado la definición de quién dirige ese consejo. La transaccional a la
enmienda 174, al artículo 21, que pretende incluir un artículo relativo a
promover la creciente especialización de los funcionarios y, en general,
del personal que presta sus servicios en la cooperación, también la
aceptamos. La transaccional a la enmienda 162, al artículo 24, no sabemos
por qué está colgada de una enmienda de Convergència i Unió, que
pretendía simplemente la eliminación de esa parte, cuando había un texto
nuestro que dice lo mismo que la enmienda transaccional. Se refiere a
todos los fondos de cooperación, todos sin excepción, y dice: Deberá
garantizarse su adecuada instrumentación, el rigor y control en la
aplicación de los criterios de desarrollo para identificar y seleccionar
los proyectos que se propongan financiar a través de esos créditos y se
promoverán mecanismos que faciliten su adecuada coordinación con los
programas de ayuda no reembolsable, prestando especial atención a los
países pobres altamente endeudados. Esa era una enmienda del Grupo
Socialista. Aceptamos también, y la vamos a apoyar, la enmienda
transaccional que ha aceptado CiU, porque elimina la noción de
organizaciones de reconocido prestigio. Las enmiendas 187 y 188 también
han sido objeto de una enmienda transaccional por parte del Grupo
Popular. (Rumores.) El señor PRESIDENTE: Por favor, señorías, guarden
silencio.
Es absolutamente necesario que quede clara la aceptación o no de las
transaccionales, por lo que les ruego que guarden silencio.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Es esencial que entre los distintos registros
que van a existir --además del registro central-- no sólo exista una
coordinación, sino una homologación. Esa petición nuestra queda recogida
en la enmienda transaccional del Grupo Popular y, por tanto, la
aceptamos. Finalmente, también aceptamos la transaccional a la enmienda
177, por la que se podrá recoger, junto con los presupuestos generales,
el conjunto de las inversiones.
Señor presidente, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha
hecho un llamamiento al Grupo Socialista. Creo que después de mis
palabras de aceptación de estas enmiendas transaccionales queda claro que
el Grupo Socialista va a apoyar la ley, manteniendo sus reservas, como lo
vamos a manifestar en las votaciones a algunos de los artículos,
manteniendo el llamamiento a que esta ley no se modifique en nada
sustancial en su trámite en el Senado y agradeciendo sinceramente su
trabajo a todos los ponentes, pero también a los que han trabajado fuera
de esta Cámara, en los movimientos sociales, en las organizaciones no
gubernamentales, en la Plataforma del 0,7, y a todos los expertos que,
con su esfuerzo, han contribuido a que esta ley venga como viene hoy a
esta Cámara. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Estrella.
Señorías, una vez aclarada la aceptación de las transaccionales, vamos a
proceder a las votaciones. (La señora Lasagabaster Olazábal pide la
palabra.)
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Muchas gracias, señor presidente.
Simplemente quiero señalar que como algunas enmiendas transaccionales han
recogido el espíritu de algunas de nuestras enmiendas, vamos a
retirarlas. Para que sea más claro, diré que mantenemos vivas para la
votación tres enmiendas.
El señor PRESIDENTE: La enmiendas números 74, 83 y 79. ¿Es así?
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: No; la enmienda 74, 83 y 79.
El señor PRESIDENTE: Exacto. (Risas.) La señora LASAGABASTER OLAZABAL:
Perdone. Es que estamos en la última fila y a veces no llega el sonido.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Ya lo siento, señora Lasagabaster,
procuraremos encontrar remedio. En cualquier caso, agradezco su esfuerzo
y el de todas SS. SS. y les anuncio que las votaciones serán, como ha
podido comprobarse, tan prolijas como largas. Se ha procurado agrupar las
enmiendas, según las peticiones de los distintos portavoces, pero aun así
va a ser necesaria la atención de SS. SS. en cada una de las votaciones,
que comienzan en este momento.
Votaciones relativas al dictamen al proyecto de ley de cooperación
internacional para el desarrollo. En primer lugar, sometemos a votación
las enmiendas de la señora Lasagabaster, para las que se ha pedido
votación separada.
Sometemos a votación la enmienda número 74, de la señora Lasagabaster.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a
favor, 127; en contra, 166; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 83.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a
favor, 14; en contra, 166; abstenciones, 114.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 79.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a
favor, dos; en contra, 178; abstenciones, 114.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas de la señora Rivadulla.
Votamos en primer lugar la transaccional a la enmienda 266.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294;
a favor, 287; en contra, dos; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmiendas números 227, 231, 242, 260, 276 y 277, de la señora Rivadulla.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a
favor, 16; en contra, 165; abstenciones, 111.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 211, 219, 220, 221, 224, 234, 235, 238, 240, 248, 252,
253, 258, 259, 274, 275 y 277 bis.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a
favor, 13; en contra; 279; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 206 y 239.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a
favor, dos; en contra, 168; abstenciones, 124.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 247, 271, 272 y 273.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a
favor, 115; en contra, 179.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 232.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a
favor, 116; en contra, 164; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas números 205 y 267.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a
favor, cuatro; en contra, 277; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 237, 265, 268 y 277.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a
favor, dos; en contra, 167; abstenciones, 125.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas de la señora Rivadulla.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a
favor, 128; en contra, 166.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a las enmiendas de la señora Almeida. En primer lugar, las
números 357, 370, 373, 374, 379, 383 y 384.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a
favor, 12; en contra, 278; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 358, 364, 367, 371 y 385.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a
favor, 13; en contra, 169; abstenciones, 112.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 356.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a
favor, dos; en contra, 165; abstenciones, 126.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 386.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a
favor, uno; en contra, 167; abstenciones, 124.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas números 380 y 381.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a
favor, 116; en contra, 177.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 359, 376, 382, 387 y 388.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a
favor, 114; en contra, 167; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas de la señora Almeida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a
favor, 127; en contra, 166; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a las enmiendas de Coalición Canaria, solamente dos. En primer
lugar, la número 96.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a
favor, 278; en contra, dos; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda número 102.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a
favor, cinco; en contra, 282; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Federal de Izquierda Unida. En primer lugar, las
números 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 23 y 42.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a
favor, 128; en contra, 166.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 3, 5, 12, 15, 18, 19, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
38, 43, 45, 46 y 47.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a
favor, 12; en contra, 280; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas números 1, 2 y 25.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a
favor, 12; en contra, 168; abstenciones, 114.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas del Grupo de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a
favor, 12; en contra, 168; abstenciones, 114.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a la enmienda transaccional a la 341 del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a
favor, 293; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmiendas del Grupo Socialista, una vez aceptadas las transaccionales por
su portavoz. Pasamos, en primer lugar, a votar las números 129, 173, 175,
185 y 195.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a
favor, 114; en contra, 178; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 151, 181, 190 a 193, 203, 109 y 112.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a
favor, 114; en contra, 166; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas mantenidas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a
favor, 127; en contra, 166.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Transaccionales a las que se ha referido el señor Estrella, a las
enmiendas números 128, 171, 174, 162, 187 y 188, 110, 113, 150, 157, 177
y 114.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a
favor, 292; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las transaccionales.
Pasamos a las votaciones correspondientes al dictamen, con las
transaccionales aprobadas que se han incorporado. Votamos, en primer
lugar, el artículo 1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a
favor, 292; en contra, uno; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Artículo 3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a
favor, 279; en contra, 12; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Artículo 4.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a
favor, 165; en contra, 127; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Artículos 3 bis, 10 ter, 23 y 30.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a
favor, 293; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Artículos, 2, 6, 10 bis, 13, 16 bis, hasta el 17.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a
favor, 281; en contra, 12; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Artículos 25, 27, 29, 32 y disposición transitoria segunda.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a
favor, 169; en contra, 12; abstenciones, 113.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Votaciones sobre el artículo 7.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a
favor, 293; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Artículos 8, 10 y 12.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a
favor, 169; en contra, 12; abstenciones, 113.
Comienza la votación. (Pausa.)
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Votación sobre el artículo 15.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a
favor, 166; en contra, 13; abstenciones 114.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votación sobre el artículo 20.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a
favor, 166; en contra, 13; abstenciones, 113.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Artículos 9, 24 y 28.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a
favor, 281; en contra, 12; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Artículos 5, 16, 22, 31 y disposición adicional segunda, más la
transitoria primera, artículos 18 y 21.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a
favor, 165; en contra, 13; abstenciones 116.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los artículos y disposiciones.
Votación sobre el artículo 26 y la disposición adicional primera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a
favor, 276; en contra, 12; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Votación sobre el artículo 11.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a
favor, 167; abstenciones, 126.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Artículos 14 y 19, más las disposiciones finales.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a
favor, 278; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Votación sobre la disposición derogatoria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a
favor, 281; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación sobre el artículo 35.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a
favor, 293; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votación sobre el artículo 33.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a
favor, 282; en contra, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votación sobre el artículo 34 bis.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a
favor, 282; en contra, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Resto del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a
favor, 280; en contra, 11; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el resto del dictamen.
Pasamos a la votación relativa al punto IX del orden del día: Tramitación
directa y en lectura única del proyecto de ley por la que se aprueba la
modificación del convenio económico entre el Estado y la Comunidad Foral
de Navarra.
Al no haber enmiendas, se somete a una sola votación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a
favor, 292; en contra, uno; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Se levanta la sesión.
Eran las doce y veinticinco minutos del mediodía.