Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 151, de 21/04/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1998 VI Legislatura Núm. 151
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 146
celebrada el martes, 21 de abril de 1998
ORDEN DEL DIA:
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores
Diputados:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, por la que se
modifican determinados requisitos para el cobro de las pensiones de
viudedad. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 167-1, de 18
de marzo de 1998 (número de expediente 122/000146) (Página 8045)
--Del Grupo Socialista del Congreso, por la que se reduce a 15 años el
requisito de cotización, en relación con la pensión de viudedad, para el
supuesto de que el sujeto causante no se encuentre en alta o situación
asimilada a la de alta, en el momento del fallecimiento. «BOCG. Congreso
de los Diputados», serie B, número 158-1, de 13 de febrero de 1998
(número de expediente 122/000139) (Página 8045)
--Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Rodríguez Sánchez), sobre
modificación de la Ley Orgánica de 1 de julio de 1985, del Poder
Judicial. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 106-1, de 17
de junio de 1997 (número de expediente 122/000088) (Página 8051)
Proposiciones no de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al
Gobierno a firmar un convenio con la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP) cuyo objeto sea poner en común políticas tendentes a
evitar la existencia de niños sin escolarizar o con alto absentismo
escolar. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, número 263, de 6 de
abril de 1998 (número de expediente 162/000232) (Página 8062)
--Del Grupo Socialista del Congreso, relativa a la privatización de
Tabacalera, S. A. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, número 263,
de 6 de abril de 1998 (número de expediente 162/000231) (Página 8068)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, relativa a la
privatización de Tabacalera, S. A. «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, número 260, de 1 de abril de 1998 (número de expediente
162/000233) (Página 8068)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la necesidad
de mantener a la empresa Tabacalera, S. A., como empresa pública, no
procediendo a su privatización (número de expediente 173/000077) (Página 8068)
Proposiciones no de Ley. (Continuación.):
--Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Rivadulla Gracia y Sr. Peralta
Ortega), sobre las medidas a adoptar ante el proceso de privatización de
Tabacalera, S. A. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, número 266,
de 20 de abril de 1998 (número de expediente 162/000235) (Página 8068)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Continuación.):
--Del Grupo Socialista del Congreso, sobre política de vivienda del
Gobierno (número de expediente 173/000075) (Página 8081)
--Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las medidas de política general
que va a adoptar el Gobierno para evitar situaciones injustas y
discriminatorias en la reclamación de prestaciones sociales indebidas
(número de expediente 173/000076) (Página 8088)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores
diputados (Página 8045)
Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 8045)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, por la que se
modifican determinados requisitos para el cobro de pensiones de viudedad
(Página 8045)
Del Grupo Socialista del Congreso, por la que se reduce a 15 años el
requisito de cotización en relación con la pensión de viudedad, para el
supuesto de que el sujeto causante no se encuentre en alta o situación
asimilada a la de alta en el momento del fallecimiento (Página 8045)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley, en nombre de
su grupo, el señor Vaquero del Pozo. Manifiesta que con esta proposición
de ley intentan mejorar las prestaciones del sistema público de la
Seguridad Social y se felicita por coincidir
con otra proposición del Grupo Socialista que va a ser defendida a
continuación.
Explica que se trata de modificar el artículo 174, en su apartado
primero, párrafo segundo, del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, que fue modificado a su vez por la disposición
decimotercera de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, Ley de
acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado. Expone que el
requisito de cotizar durante 22 años, aun no estando en situación de alta
ni asimilada al alta en el momento del fallecimiento, para devengar
pensión de viudedad que se estableció en aquel momento resulta ahora
discriminatorio, y da una serie de razones que avalan su razonamiento,
entre otras que para conseguir otro tipo de pensiones, como la
jubilación, sólo hacen falta 15 años, produciéndose, por lo tanto, un
agravio comparativo. Entiende que el debate que se inició en la Ley de
acompañamiento, donde su grupo propuso una enmienda en este sentido,
sigue abierto y propone que su proposición de ley sea tomada en
consideración en nombre de la equidad.
En nombre del Grupo Socialista del Congreso, defiende la toma en
consideración de la proposición de ley, por la que se reduce a 15 años el
requisito de cotización, en relación con la pensión de viudedad, para el
supuesto de que el sujeto causante no se encuentre situación de alta o
asimilada a la de alta en el momento del fallecimiento, la señora López i
Chamosa. Manifiesta que lo hacen con el fin de corregir una injusticia
que la Ley 1/1994, en su artículo 74, ha mantenido a lo largo de todos
estos años, si bien es cierto que en la Ley de acompañamiento de los
Presupuestos Generales del Estado de 1997 se palió en algún sentido,
permitiendo devengar pensión de viudedad con 22 años de cotización, sin
estar en situación de alta ni asimilada al alta. Sin embargo considera un
agravio comparativo que se exijan 15 años para devengar pensión de
viudedad si se está en situación de alta o de asimilada al alta en el
momento del fallecimiento, y solicita la igualdad de trato para las dos
situaciones.
Reconoce las contradicciones que existen entre las manifestaciones que
hacen los grupos parlamentarios cuando hablan con los colectivos
afectados y las medidas que se toman en el Parlamento, y considera
llegado el momento de dar solución al problema y de demostrar a la
sociedad que los partidos políticos son capaces de ponerse de acuerdo, al
margen de su ideología, para corregir injusticias.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Peralta Ortega
y Vázquez Vázquez (don Guillerme) del Grupo Parlamentario Mixto;
Caballero Basañez, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Homs i
Ferret, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la
señora Monstseny Masip, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, se rechaza por 142 votos
a favor y 156 en contra.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del
Grupo Socialista del Congreso, se rechaza por 141 votos a favor y 154 en
contra.
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Rodríguez Sánchez), sobre
modificación de la Ley Orgánica de 1 de julio de 1985, del Poder Judicial
(Página 8051)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor
Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto. Presenta esta
proposición de ley porque considera que la legislación lingüística del
Estado español es una legalidad virtual más que una legalidad real y
alude a unas manifestaciones de don Daniel García Ramos, magistrado del
Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, en el «primer simposio
internacional de lingüas europeas e lexislacions», celebrado los días 16,
17 y 18 de octubre de 1992, en el sentido de que no sólo no se potencia
el empleo del gallego, ni se agotan las posibilidades que la legalidad
les otorga, sino que hay sectores extraños que obstaculizan los esfuerzos
de normalización e incluso, a veces, se conculca abiertamente el
ordenamiento jurídico con actitudes públicamente reiteradas.
Considera que en el Congreso de los Diputados se tiene la tendencia a
aprobar declaraciones pomposas e importantes, si se respetasen en la
práctica, y se refiere a la declaración universal de derechos
lingüísticos, a tratados y convenios internacionales, a la Ley de
normalización lingüística y a la Ley Orgánica del Poder Judicial, que
postulan en algunos de sus artículos el derecho al uso de las lenguas que
no sean el castellano en las actuaciones judiciales en sus respectivos
territorios.
Termina su intervención manifestando que su proposición de ley no tiene
otro objetivo que democratizar la vida de la administración judicial,
para que se pueda impartir justicia respetando el pluralismo lingüístico,
que es la base esencial de toda democracia y que incluso tiene como base
un derecho humano inalienable y fundamental, cual es el derecho de todos
los pueblos a poder expresarse en su lengua en su territorio.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Almeida Castro,
del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Mardones Sevilla, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Echevarría, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Silva Sánchez, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Castellano Cardalliaguet,
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Pedret i Grenzner,
del Grupo Socialista del Congreso, y Trías Sagnier, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del
Grupo Parlamentario Mixto (señor Rodríguez Sánchez), se rechaza por 14
votos a favor, 262 en contra y 27 abstenciones.
Proposiciones no de ley (Página 8062)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al
Gobierno a firmar un convenio con la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP) cuyo objeto sea poner en común políticas tendentes a
evitar la existencia de niños sin escolarizar o con alto absentismo
escolar (Página 8062)
Defiende la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, la señora Barrios Curbelo. En primer lugar afirma que una vida
llena de conflictos, está marcada casi siempre en los primeros años por
el absentismo escolar, por lo que considera muy importante que todos los
menores de nuestra sociedad reciban la educación que se da en la
escuelas. Añade que esto no se cumple en determinados sectores menos
favorecidos de las grandes urbes, donde hay un sentimiento de impunidad y
nadie se mete en la vida del otro. Explica algunas de las causas que
motivan el absentismo escolar y se refiere especialmente a los niños
sobre los que no existe ningún control porque sus padres deambulan de un
municipio a otro. El Grupo Popular, ante la grave situación de absentismo
escolar que se está produciendo, pretende con esta iniciativa exigir un
gran esfuerzo de coordinación entre los ayuntamientos, las comunidades
autónomas, los centros de enseñanza y el Gobierno, para lograr entre
todos una lucha eficaz contra el absentismo escolar, basando su petición
en los artículos 14 y 9 de la Constitución española.
En defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley
intervienen las señoras Sabanés Nadal, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida; Gil i Miró, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y Valcarce García, del Grupo Socialista del
Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene la señora Rivadulla Gracia,
del Grupo Parlamentario Mixto.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas interviene la señora
Barrios Curbelo.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, en los términos resultantes de la transacción
entre el grupo proponente y los grupos enmendantes, se aprueba por
unanimidad.
Del Grupo Socialista del Congreso, relativa a la privatización de
TABACALERA, S. A. (Página 8068)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, relativa a la
privatización de TABACALERA, S. A. (Página 8068)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 8068)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la necesidad de
mantener a la empresa TABACALERA S. A., como empresa pública, no
procediendo a su privatización (Página 8068)
Proposiciones no de ley (continuación) (Página 8068)
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Rivadulla Gracia y Sr. Peralta
Ortega), sobre las medidas a adoptar ante el proceso de privatización de
TABACALERA, S. A. (Página 8068)
Se acumula el debate de la proposición no de ley y de la moción
consecuencia de interpelación urgente referentes a Tabacalera, S. A. del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
En primer lugar, interviene el señor Amarillo Doblado para defender la
proposición no de ley del Grupo Socialista del Congreso. Pone de
manifiesto en primer lugar la alarma social que está produciendo
la privatización progresiva de Tabacalera, porque se trata no sólo de una
empresa con una actividad económica de prácticamente un billón de
pesetas, sino también de unos ingresos del Estado del orden de los
600.000 millones de pesetas, de 6.500 trabajadores y de 15.000
productores.
Aunque reconoce que Tabacalera tiene que adaptarse a las nuevas demandas
de un mercado cada vez más exigente, no está en absoluto de acuerdo en
que se haga una privatización total, que no permita la defensa de los
intereses del Estado y el mantenimiento de los puestos de trabajo y de la
producción.
Por otra parte muestra su convencimiento del resultado favorable en la
votación de la proposición no de ley, puesto que tanto el Grupo Popular
como el Grupo Catalán coinciden no sólo en las ideas sino en la expresión
de las mismas y se refiere a decisiones tomadas en los ayuntamientos de
Tarragona y Cádiz entre otros.
El señor Alcaraz Masats procede a defender la proposición no de ley y la
moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida en relación con la privatización de
Tabacalera. Reitera una vez más que la privatización de Tabacalera no
tiene ninguna justificación, porque es una empresa que recauda mucho en
concepto de impuestos, porque siempre ha tenido beneficios y porque lleva
existiendo en este país mas de 350 años y ha generado en su entorno no
sólo el cultivo, sino una red de expendedores y de transportistas de
enorme importancia que ha dado lugar a gran cantidad de empleos
indirectos. No está de acuerdo con la justificación dada por el señor
Alierta y por la señora ministra de Agricultura en el sentido de que se
trata del programa electoral y de la ideología del Grupo Popular, y
solicita que no se acepte ni la filiación ni la segregación de ningún
centro de trabajo de cara a la reducción del 25 por ciento que se ha
anunciado.
Finalmente, la señora Rivadulla Gracia, del Grupo Parlamentario Mixto,
defiende su proposición no de ley en el mismo sentido. Al contrario que
el señor Amarillo, se muestra pesimista en cuanto al resultado de la
votación, sobre todo después de haber oído a la señora ministra de
Agricultura la semana pasada una defensa encendida de las privatizaciones
y de la liberalización total de la economía.
A continuación reitera las buenas condiciones financieras en que se
encuentra la empresa Tabacalera y muestra su preocupación por las
consecuencias negativas que su privatización podría acarrear para los
puestos de trabajo y, haciendo suya la propuesta que ha hecho el Comité
intercentros de Tabacalera, presenta la presente proposición no de ley
que tiene como objetivo evitar la privatización total de esta empresa
pública, solicitando que, en todo caso, se produzca de una manera
ordenada y parcial, que garantice la viabilidad de la empresa.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Rodríguez
Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto, y Amarillo Doblado, del Grupo
Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Sánchez i Llibre,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Pascual Monzó,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de rechazar o aceptar las enmiendas presentadas a las
proposiciones no de ley del Grupo Socialista del Congreso y del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, intervienen los señores
Amarillo Doblado y Alcaraz Masats.
Sometida a votación en primer lugar la proposición no de ley del Grupo
Socialista, se rechaza por 136 votos a favor, 158 en contra y cinco
abstenciones.
Sometida a votación en segundo lugar la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, se rechaza por 17 votos a
favor, 278 en contra y cuatro abstenciones.
Sometida a votación en tercer lugar la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Mixto (señora Rivadulla Gracia y señor Peralta Ortega), se
rechaza por 133 votos a favor, 161 en contra y dos abstenciones.
A continuación se procede a las votaciones correspondientes a la moción
consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida.
En primer lugar se somete a votación el punto primero de la moción, que
es rechazado por 17 votos a favor y 282 en contra.
En segundo lugar se somete a votación el resto de la moción del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, que es rechazado por 139 votos
a favor, 160 en contra y una abstención.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (continuación) (Página 8081)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre política de vivienda del
Gobierno (Página 8081)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente en nombre del
Grupo Socialista del Congreso la señora Narbona Ruiz. Comienza su
intervención repitiendo las diez preguntas formuladas la semana pasada en
la interpelación urgente, a las que el ministro de Fomento o no supo o no
quiso contestar.
A continuación defiende los diez puntos de que consta su moción. En los
dos primeros solicitan del Gobierno mayor rigor y transparencia en la
información a la Cámara. Asimismo solicitan en los restantes puntos
algunas mejoras reales en el futuro plan de la vivienda; que se mantengan
las ayudas a la rehabilitación, al suelo y a la cofinanciación de
viviendas de promoción pública al nivel en que se encuentran ahora; que
en el nuevo plan de la vivienda se introduzcan innovaciones reales que
tengan que ver con la oferta electoral a los jóvenes en materia de
viviendas en alquiler; que el Gobierno fije para los próximos cuatro años
el compromiso de destinar en los Presupuestos Generales del Estado
150.000 millones de pesetas al plan de vivienda; que el Gobierno acepte
la plena aplicación para 1998 de los convenios previstos con las
entidades de crédito; que se mantenga la desgravación fiscal a la
vivienda en alquiler que aparece en el futuro IRPF dentro del concepto de
mínimo familiar; que se establezcan en el nuevo impuesto ventajas
fiscales previstas por la Ley de Arrendamientos Urbanos en vigor y que se
incentive la oferta de viviendas en alquiler mediante un tratamiento
diferenciado en el IRPF.
Considera que sus propuestas son sensatas y que deberían ser atendidas
por los grupos parlamentarios.
En defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso interviene el señor Ortiz González.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Recoder i
Miralles, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y
Fernández Sánchez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas interviene la
señora Narbona Ruiz.
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las medidas de política general que
va a adoptar el Gobierno para evitar situaciones injustas y
discriminatorias en la reclamación de prestaciones sociales indebidas
(Página 8088)
Presenta la moción del Grupo Parlamentario Mixto el señor Peralta Ortega.
Manifiesta que la reciente publicidad del inicio de actuaciones por parte
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para reclamar más de 36.000
millones de pesetas a un número cuantitativamente elevado de
pensionistas, como consecuencia de la supuesta percepción indebida de
complementos de mínimos, fue lo que dio lugar a que Nueva
Izquierda-Iniciativa per Catalunya presentara una interpelación con el
objetivo de abrir un debate en la Cámara sobre el distinto tratamiento
normativo que existe actualmente para los deudores del Estado por
prestaciones sociales indebidamente percibidas y para los deudores por
incumplimiento de normas fiscales. Reitera los argumentos dados en la
interpelación y explica los tres puntos esenciales de la moción:
equiparación en el plazo de prescripción, equiparación en la tramitación
del expediente y aplicación de estos criterios a los expediente
actualmente en trámite.
Pasa a fijar su posición en relación con las enmiendas presentadas por
los grupos parlamentarios Federal de Izquierda Unida, Socialista del
Congreso y Catalán (Convergència i Unió).
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Homs i
Ferret, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Vaquero
del Pozo, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Cercas
Alonso, del Grupo Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Caballero
Basañez, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Camps Devesa, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas,
interviene el señor Peralta Ortega.
Se procede a las votaciones de las mociones consecuencia de
interpelaciones urgentes.
En primer lugar se procede a la votación separada de los distintos puntos
de la moción del Grupo Socialista del Congreso, solicitada por la señora
Narbona Ruiz.
Sometido a votación el punto uno, se rechaza por 127 votos a favor, 149
en contra y dos abstenciones.
Sometido a votación el segundo punto, se aprueba por 275 votos a favor y
dos en contra.
Sometido a votación el tercer punto, se rechaza por 127 votos a favor y
150 en contra.
Sometido a votación el cuarto punto, se rechaza por 127 votos a favor y
150 en contra.
Sometido a votación el punto quinto, se rechaza por 126 votos a favor,
150 en contra y una abstención.
Sometido a votación el punto sexto, se rechaza por 127 votos a favor y
150 en contra.
Sometido a votación el punto séptimo, se rechaza por 127 votos a favor y
150 en contra.
Sometido a votación el punto octavo, se rechaza por 124 votos a favor,
151 en contra y una abstención.
Sometido a votación el punto noveno, se rechaza por 126 votos a favor,
150 en contra y una abstención.
Sometido a votación el punto décimo, se rechaza por 115 votos a favor,
149 en contra y 12 abstenciones.
A continuación se somete a votación la moción del Grupo Parlamentario
Mixto, en los términos resultantes de la aceptación por el grupo
proponente de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), que es aprobada por 149 votos a favor, cuatro en
contra y 123 abstenciones.
Se suspende la sesión a las diez y veinte minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCION POR NUEVOS SEÑORES
DIPUTADOS:
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, se abre
la sesión.
En primer lugar, conforme al artículo 20.1.3º, procederemos al
llamamiento del diputado proclamado electo por la Junta Electoral
Central, don José Navarro Tornay, en sustitución de don Ramón Rueda
Espinar, para prestar juramento o promesa de acatar la Constitución.
Don José Navarro Tornay, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución?
El señor NAVARRO TORNAY: Sí, prometo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias.
En consecuencia, don José Navarro Tornay ha adquirido la condición plena
de diputado. Bienvenido a esta Cámara. (Aplausos.) TOMA EN CONSIDERACION
DE PROPOSICIONES DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, POR LA QUE SE
MODIFICAN DETERMINADOS REQUISITOS PARA EL COBRO DE LAS PENSIONES DE
VIUDEDAD. (Número de expediente 122/000146)
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, POR LA QUE SE REDUCE A 15 AÑOS EL
REQUISITO DE COTIZACION, EN RELACION CON LA PENSION DE VIUDEDAD, PARA EL
SUPUESTO DE QUE EL SUJETO CAUSANTE NO SE ENCUENTRE EN ALTA O SITUACION
ASIMILADA A LA DE ALTA EN EL MOMENTO DEL FALLECIMIENTO. (Número de
expediente 122/000139)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Punto I del orden
del día, toma en consideración de proposiciones de ley. En primer lugar,
proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida por
la que se modifican determinados requisitos para el cobro de las
pensiones de viudedad. Para su presentación y defensa, en nombre de su
grupo, tiene la palabra el señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor presidente.
Señorías, es para mí una satisfacción presentar hoy, en nombre del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, esta proposición de ley por dos
motivos: primero, porque intenta mejorar las prestaciones del sistema
público de la Seguridad Social, del que todos nos sentimos orgullosos
aunque algunas de sus prestaciones son claramente insuficientes; y
segundo, porque esta proposición de ley coincide con otra del Grupo
Socialista que va a defender doña Isabel López i Chamosa, con la que me
satisface muchísimo coincidir en una de las ocasiones posiblemente
preferentes en esta legislatura.
Esta proposición de ley que Izquierda Unida presenta a SS. SS. trata de
modificar el artículo 174, en su apartado primero párrafo segundo, del
texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, que fue modificado
a su vez por la disposición decimotercera de la Ley 66/1997, de 30 de
diciembre, es decir, la ley de acompañamiento, o de medidas fiscales,
administrativas y de orden social, de la de Presupuestos Generales del
Estado para este año 1998. En el artículo a modificar se recoge el
consenso mayoritario de aquel momento en esta Cámara en el sentido de
establecer el requisito de tener veintidós años cotizados para percibir
una pensión de viudedad en el caso de que el causante haya fallecido no
estando en situación de alta ni asimilada al alta. Sin duda, esto que
recoge la ley es un doble
avance que no queremos menospreciar. Es un avance respecto a la situación
anterior, en que los causantes tenían que estar en situación de alta o
asimilada para poder generar pensión de viudedad --lo mismo que en el
caso de la orfandad, no así en el caso de la pensión a favor de
familiares--, pues la posibilidad de acceder a la pensión aun en el caso
de que el causante no estuviera en alta es ya de por sí un avance que
incluso contemplaba el anteproyecto de ley de acompañamiento. Es un
avance también respecto a la propuesta de dicho anteproyecto pues
inicialmente el requisito contemplaba un período de cotización de treinta
años y, finalmente, en la mayoría parlamentaria que apoya al Gobierno se
transaccionó al período actualmente vigente de veintidós años.
Reconocemos que esto es así, pero a veces los avances sobre el papel se
quedan cortos pese a la buena voluntad. En este caso así nos lo parece.
En primer lugar, se queda corta la medida pues en el contexto de un
mercado laboral como el que tenemos, en el que tres millones y medio de
personas trabajan a salto de mata, de forma precaria, con contratos
basura muchas veces --a pesar de todos los cambios legislativos que se
hayan introducidos siguen existiendo estas situaciones-- y en el que 3,2
millones de personas están desempleadas, el requisito de los veintidós
años resulta un listón muy duro de superar. En segundo lugar, se queda
corta la medida pues el requisito para otro tipo de pensiones, como la de
jubilación, es de quince años de cotización. Así lo establece el artículo
161.4 en relación con el apartado 1 b) del mismo texto refundido de la
Ley General de Seguridad Social. Por tanto, por analogía, esos quince
años podrían ser más equitativos que los actuales veintidós. No
entendemos cómo se puede justificar que para una pensión haya un
requisito de quince años y en el mismo supuesto, para otra pensión, el
requisito sean veintidós. En tercer lugar, se queda corta la medida pues
el desiderátum de todo sistema público de pensiones es minimizar el nivel
asistencial y elevar a nivel contributivo el máximo posible de pensiones
no contributivas, cuestión por la cual se debería hacer un esfuerzo en
considerar con buenos ojos esta proposición de ley, pues ese es, ni más
ni menos, su objetivo: evitar una cierta asistencialización de un
determinado segmento de pensiones. Por cierto, en ningún caso podemos
exhibir datos precisos, tanto por quien plantea esta proposición de ley
para su toma en consideración como por quien pueda eventualmente refutar
las razones que la avalan. Son tres meses prácticamente de vigencia de
esta ley, no tenía precedente como supuesto concreto y, por tanto, no hay
datos. En cualquier caso, estamos convencidos de que los CAI, los centros
de atención e información de la Seguridad Social que tan eficazmente
trabajan, disuadirán a muchos simplemente con la información y la
orientación de este extremo de la legislación a efectos de que ni
siquiera contemplen la eventualidad de solicitar una pensión. Y en cuarto
lugar, se queda corta la medida porque sobre todo para aquellos viudos y
viudas más jóvenes que ven frustrados no sólo su proyectos de vida en
común con sus cónyuges, sino precisamente por la más o menos pronta
ruptura de la convivencia por el trágico evento de la muerte de uno de
ellos, se ven desprovistos de la pensión de viudedad.
Se trata, por tanto, señorías, de retomar un debate que consideramos
inacabado de la Ley de acompañamiento, en el que ya propuso Izquierda
Unida una enmienda en este mismo sentido. En ese momento no prosperó y
esperamos que en esta ocasión pueda tener una consideración más
satisfactoria, más benévola por parte de SS. SS. La equidad justifica
plenamente la toma en consideración de esta proposición de ley y la
analogía señalada con respecto a la pensión de jubilación contradice
cualquier argumentación contraria en nombre de la acción contributiva.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vaquero.
Esta iniciativa es similar a la presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, por lo cual van a ser debatidas conjuntamente para su
posterior votación. Es la proposición de ley, del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, por la que se reduce a quince años el requisito
de cotización en relación con la pensión de viudedad para el supuesto de
que el sujeto causante no se encuentre en alta o situación asimilada a la
de alta en el momento de su fallecimiento.
Para su presentación y defensa tiene la palabra la señora López i
Chamosa.
La señora LOPEZ I CHAMOSA: Gracias, señor presidente.
Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista presento esta
proposición de ley con el fin de corregir una injusticia que la Ley
1/1994, en su artículo 74, ha mantenido a lo largo de todos estos años,
si bien es cierto que en la Ley 66/1997, de acompañamiento, se ha querido
corregir esta situación y la ha paliado en algún sentido añadiendo que
cuando se produce la muerte del marido o de la esposa, habiendo cotizado
durante veintidós años, el cónyuge tiene derecho a pensión aunque en
aquel momento no estuviera dado de alta o asimilado al alta en la
Seguridad Social. La verdad es --repito-- que la Ley 66, de
acompañamiento, ha corregido una situación que se venía dando porque
antes no tenían derecho si no estaban dados de alta en el momento del
fallecimiento, pero ha dejado fuera a la inmensa mayoría de la gente que
tiene este problema. Estos veintidós años chocan mucho con la cotización
que exigimos cuando alguien fallece y se reclama la pensión de viudedad
si está dada de alta o asimilada, que son quinientos días. La comparación
es abismal. A más a más, si tenemos en cuenta que para tener derecho a
una pensión de viudedad mínima requerimos quince años, exigir en este
caso veintidós creo que es realmente un agravio comparativo y que se
sigue manteniendo esa injusticia. Por ello, nuestro grupo parlamentario
ha presentado hoy esta proposición de ley que es idéntica a la enmienda
que presentamos en su día a la Ley de acompañamiento. En aquel entonces,
también nos acompañó CiU apoyando los quince años, pero posteriormente
entre CiU y el PP presentaron una transaccional y lo dejaron en la mitad.
Señorías, reconozco que este es un problema que ni mi grupo ni yo ni
ningún grupo de la Cámara podemos decir con exactitud a cuantos hombres y
mujeres nos estamos refiriendo; no sabemos el número exacto. Yo sólo sé
el número que recoge la Asociación de viudas sin pensión, con la que me
he reunido en dos o tres ocasiones. Sé por ellas mismas que todos los
grupos parlamentarios presentes en esta Cámara se han reunido con ellas.
Y aquí viene la disyuntiva que se produce entre lo que los diputados o
los representantes de la voluntad popular decimos y hacemos a veces,
porque cuando nos reunimos con asociaciones, como en el caso de ésta,
reconocemos que es ciertamente una injusticia que se debe corregir, pero
luego, a la hora de debatir en este Parlamento --única posibilidad de
corregir esa injusticia--, nos encontramos con posiciones bien
diferenciadas, aun, repito, dándoles la razón todos y cada uno de los
grupos. Me decía hoy al mediodía María Angeles Fornosa, que es una de las
representantes de esta organización, que estaba intentando hablar con
todos los grupos parlamentarios, que ha hecho varias llamadas estos
últimos días sin recibir contestación, y que tuvieron una entrevista con
el secretario de Estado de la Seguridad Social en la que les reconoció
que era una injusticia que había que corregir y a petición suya hicieron
un informe. Señorías, ahora todos tenemos la oportunidad de corregir este
hecho. Tenemos el funcionamiento que tenemos y yo, como consecuencia de
estos dos años que llevo aquí, en los que he tenido la satisfacción de
compartir con todos ustedes estos debates y el escaño en este Parlamento,
lo que tengo claro es que los debates en esta Cámara sirven para que uno
se escuche a sí mismo y para que aparezca en el «Diario de Sesiones» lo
que queremos decir y luego podamos ir por ahí presumiendo todos diciendo:
Mira lo que he dicho, porque realmente, por mucho que diga hoy aquí,
estoy convencida --lo tengo clarísimo-- de que no voy a cambiar
absolutamente ninguna de las posiciones de los grupos, que ya están
tomadas de antemano. Me dicen que están de acuerdo con esta proposición
pero que no es el momento; que el momento llegará en la ley de
acompañamiento del año que viene. Es una forma de arreglar el problema,
yo no digo que no. Pero teniendo en cuenta lo que a veces hacemos todos,
que nos comprometemos a una cosa pero cuando llega el momento, como son
circunstancias distintas y nos preocupan otras cosas, se nos olvida, yo
pregunto qué problema tenemos hoy para aprobar todos juntos estas
propuestas, la de Izquierda Unida y la del Partido Socialista, que se
conviertan en la de todos, que lo puede ser, y que iniciemos hoy la
tramitación de la ley. Si cuando llegue el debate de la ley de
presupuestos y de la ley de acompañamiento esta ley todavía no ha salido
porque le falta algún procedimiento y se ve que es más rápido hacerlo
mediante la ley de acompañamiento, retiramos ésta y lo hacemos a través
de la ley de acompañamiento. Señorías, el pueblo es sabio, tiene grandes
refranes y dice: Más vale pájaro en mano que ciento volando. Más vale que
transmitamos a estas personas que ya este Parlamento ha iniciado el
procedimiento para corregir esa injusticia y que ahora sólo es cuestión
de que el Reglamento se siga y en unos meses se arregle, que no decirles
que estamos de acuerdo pero no es el momento. Creo que deberíamos hacer
un esfuerzo y este momento es tan bueno como el que pueda venir en
octubre. Sé por boca de ellas que estarían mucho más tranquilas sabiendo
que ya hemos recogido su reivindicación y la hemos puesto en marcha. ¿O
es que aquí está el prurito de algún grupo parlamentario de decir: Seré
yo el que lo incluya en la ley y no otro grupo en este Parlamento? ¿Es
realmente eso? Porque si es así, señorías, es lamentable que por el
prurito de quién se apunta el tanto no corrijamos una problemática de
noventa o cien personas, porque no estamos hablando de más. Si yo tengo
en cuenta que hace poco tiempo se ha celebrado un congreso de viudas a
nivel nacional y que el propio ministro de Trabajo ha dicho que es verdad
que existe esta injusticia que se tiene que corregir y que con otras
palabras se comprometió a corregirla, yo no veo el problema, repito, para
que en este momento no se pueda apoyar esta proposición de ley.
Señorías, a veces me altero --es mi forma de ser-- cuando tengo las cosas
tan claras y veo que la gente de la calle no puede entender que por
problemas de tecnicismos, porque uno quiera estar primero que el otro, no
corrijamos cosas que son la solución para unas familias que hace años que
se han quedado sin el padre o el cabeza de familia, que no han tenido la
pensión de viudedad ni los hijos la de orfandad, aun habiendo cotizado
15, 17 ó 18 años, y que lo que estamos hablando hoy aquí no pone en
peligro los Presupuestos Generales del Estado ni la continuidad y
viabilidad del Pacto de Toledo ni la continuidad de la Seguridad Social,
no pone nada en peligro, y es decir a una asociación, que es fundamental
para la convivencia de nuestro país (las asociaciones son fundamentales
puesto que a su través analiza la sociedad reivindicaciones como ésta),
que los partidos políticos, los representantes del pueblo, al margen de
la ideología que cada uno tenga, sabemos ponernos de acuerdo para
corregir problemas como éste que pueden hacer que familias, no muchas
pero algunas, puedan
llegar a final de mes con más alegría, sus hijos puedan tener el
ordenador que no tienen y podamos hacerles la vida un poco más feliz
todos juntos, todos, los de izquierdas, los de derechas y los de centro.
Yo creo que esta es una buena oportunidad y ojalá pueda hacerse así. Pero
si no es así, si hoy ni CiU ni el PP apoyan esta enmienda y, por
consiguiente, tenemos que esperar hasta octubre o noviembre...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora López, le
ruego concluya.
La señora LOPEZ I CHAMOSA: Termino enseguida, señor presidente.
Si no es así, les voy a decir una cosa, ésta que les habla no va a
consentir --lo consentiré si no me queda más remedio (Risas.) y perdón
por la palabra--, les puedo asegurar que me van a escuchar reivindicar lo
que hoy digan que van a incluir en los Presupuestos Generales del Estado
y no lo incluyan, porque es de justicia que estas personas cobren la
pensión que con sus esfuerzos sus cónyuges se han ganado.
(Aplausos.--Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): ¿Algún grupo
parlamentario desea utilizar un turno en contra de las proposiciones de
ley? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo
Parlamentario Mixto tiene la palabra, en primer lugar, el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo muy brevemente para manifestar, en nombre de Nueva
Izquierda-Iniciativa per Catalunya, nuestro respaldo a estas
proposiciones de ley que, en definitiva, persiguen equiparar la situación
de determinadas prestaciones actuales de la Seguridad Social como las de
jubilación y de incapacidad absoluta, a las que desde la Ley de Pensiones
del año 1985 no se les pide el requisito de alta siempre que hayan
cotizado durante 15 años, a las prestaciones en este caso concreto de
viudedad, y no sólo por razones de equiparación en el margen de una
sistemática general de la Seguridad Social, sino porque específicamente
en el caso de las prestaciones de muerte y supervivencia está más que
justificado, ante la situación de extraordinaria necesidad que provocan
esas contingencias, que no se requiera un plazo de carencia especialmente
largo como el actual en el Derecho de nuestro país. Simplemente me
permito indicar a los grupos proponentes --a los que, insisto, felicito
por su iniciativa-- que quizás hubiera sido lógico (y en tal sentido me
permito indicar que irán las enmiendas que presentemos en su momento), no
separar la viudedad y la orfandad. Hoy hablamos sólo de la viudedad y se
mantiene la orfandad, en la que en tanto se discutan proposiciones de ley
que tienen presentadas los grupos respectivos, seguirán siendo necesarios
los 22 años de carencia que hay en estos momentos.
En definitiva, se trata de unas prestaciones que la Seguridad Social
conceptúa como únicas, las prestaciones por muerte y supervivencia, y
quizás fuera útil que los proponentes unificaran esas proposiciones de
ley de tal manera que por razones sistemáticas hubiéramos llevado a cabo
una modificación coherente y no dando saltos, cambiando poco a poco
prestaciones, incluso prestaciones que pertenecen al mismo grupo familiar
dentro de la Seguridad Social, como es la muerte y supervivencia. En todo
caso, insisto señorías, en nombre de Nueva Izquierda Iniciativa per
Cataluña, nuestro respaldo a estas proposiciones.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Peralta.
Señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente.
Voy a ser muy breve, para expresar la posición del Bloque Nacionalista
Galego acerca de las proposiciones de ley que estamos discutiendo. Estas
proposiciones tratan de reducir a 15 años el requisito de cotización para
el cobro de las pensiones de viudedad, en el caso de que el causante no
se encuentre de alta o en situación asimilada al alta en el momento del
fallecimiento. Tal y como está regulada la cuestión en la actualidad,
como consecuencia de la aprobación de la Ley 66/1997, se exigen 22 años
de cotización para el cobro de una pensión de viudedad en estos
supuestos, y como ya expusieron los proponentes esto da lugar a una
situación injusta que es preciso modificar. Por cierto, este aspecto no
se abordó en la reforma de la famosa ley de pensiones, y sin embargo sí
se hizo a través de esa famosa ley ómnibus, aunque no en un sentido
plenamente satisfactorio. Por tanto, es de justicia reformar esta
cuestión en un sentido más positivo para los ciudadanos y por eso el
Bloque Nacionalista Galego va a votar favorablemente la toma en
consideración de estas proposiciones de ley.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vázquez.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Caballero.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, se nos han presentado dos proposiciones de ley por parte de
Izquierda Unida y del Grupo Parlamentario Socialista, con el fin de
variar el contenido de la disposición adicional tercera, apartado uno, de
la
Ley de medidas fiscales administrativas y del orden social, de 30 de
diciembre de 1997, que establecía el derecho a pensión de viudedad para
el cónyuge superviviente aunque el causante a la fecha del fallecimiento
no se encontrase de alta o en situación asimilada al alta, siempre que el
mismo tuviera contemplado un período mínimo de cotización de 22 años.
Mediante estas dos proposiciones de ley se trata de reducir a 15 años el
requisito de cotización, con el fin de asimilarlo al período mínimo
exigido para acceder a la pensión de jubilación, alegando razones de
equidad.
Indudablemente, lo aprobado en la Ley de acompañamiento de los
presupuestos de 1998 ha supuesto un notable avance sobre la situación
anterior. También es cierto que el período de cotización establecido en
22 años origina una situación de cierta injusticia y discriminación sobre
otros beneficiarios de pensiones de viudedad. Asimismo, no podemos
olvidar que nos encontramos frente a una casuística muy diversa y variada
que debería exigir un estudio más profundo del tema que estamos
debatiendo.
Por todo ello, y aun valorando el avance obtenido hace unos meses pero
reconociendo que existe una situación discriminatoria, el Grupo
Parlamentario Vasco va a votar a favor de estas dos proposiciones.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Caballero.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor presidente.
Subo a la tribuna para explicar la posición de nuestro grupo en el debate
sobre la toma en consideración de estas dos proposiciones de ley, y lo
hago desde la tribuna porque entiendo que la materia requiere cierta
solemnidad toda vez que los destinatarios de esta iniciativa sin duda son
muchas personas de este país que pueden estar muy interesadas en el
debate y en la posición que expresemos los distintos grupos
parlamentarios en torno a esta situación.
He escuchado con atención a los dos portavoces que en defensa de las dos
proposiciones han intervenido para explicar las razones que les han
llevado a plantear esa iniciativa. Debo decirles que mi grupo no puede
más que compartir todas, absolutamente todas las explicaciones que se han
dado excepto una y es por qué no me dan ustedes alguna razón sobre el
porqué tras catorce años esto no se arregló en su momento; simplemente
ésta, ¿por qué durante tanto tiempo, portavoz del Partido Socialista,
este problema no se resolvió? Mi grupo trajo este problema a la Cámara en
el debate de presupuestos, planteamos en el debate sobre reforma de la
Ley de la Seguridad Social esta problemática que heredábamos del pasado,
lo trajimos para resolver y ahora ustedes nos recriminan que hoy tengamos
que resolverlo cuando ustedes no lo hicieron en su momento. ¿Por qué en
el año 1994 se causó este problema a miles y miles de viudas en este
país?
Mi grupo parlamentario planteó en el debate de presupuestos una enmienda
para que cuando sus maridos fallecieran --lo que les da derecho a la
pensión de viudedad--, si no estaban dados de alta en aquel momento en la
Seguridad Social, no se exigieran 35 años de cotización sino solamente
15. Esa era la enmienda de mi grupo parlamentario. En aquel momento con
el Grupo Parlamentario Popular, valorando el alcance y el coste económico
de adoptar esa decisión, se aceptó razonablemente una transacción que nos
situó a un nivel de exigencia de 22 años. Mi grupo entendió que aquello
era un avance positivo en relación con la situación de aquel momento y
aceptó que se exigiera el período de 22 años, pero nuestra enmienda era
15 años, como lo plantean ustedes en este momento.
Tengo que decirles que tras tanto tiempo para haberlo podido hacer, hoy
aseguro a la portavoz del Grupo Socialista que no está usted legitimada
para levantar la voz en la forma que lo ha hecho; al menos podía haber
levantado la voz invitando a un consenso con un tono distinto, pero con
la exigencia y la recriminación que lo ha hecho, le digo que tras 14 años
de gobierno no tienen ustedes legitimación para preguntar a los demás
grupos parlamentarios porque no resolvamos hoy lo que podíamos haber
resuelto hace mucho tiempo. Por tanto, les ruego que hagan ustedes unas
intervenciones en las que a los grupos parlamentarios que hoy realmente
hemos tomado cierto compromiso para resolver este problema no nos
requieran para que hoy tengamos que ir a donde ustedes hace mucho tiempo
podían haber ido y no fueron, no sé por que motivo, y me gustaría
saberlo. Por tanto, sepan las viudas de este país que hoy no tienen
derecho a cobrar una pensión porque se les exige 22 años.
Estoy seguro que cuando intervenga el Grupo Parlamentario Popular dirá
desde esta tribuna que junto con el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) vamos a resolver este problema. Sin duda que lo
vamos a hacer. Hemos dado un paso hacia adelante en el año 1998 y vamos a
dar otro a partir de enero de 1999. Por cierto, sepan los señores y
señoras que puedan estar atendiendo a este debate, que si tomamos hoy en
consideración su proposición de ley, a lo mejor el 1º de enero de 1999 no
podremos todavía haber terminado la tramitación legislativa de esta ley,
en cambio por el procedimiento de una enmienda o un compromiso
incorporado por el Gobierno en la Ley de acompañamiento, a partir de
enero de 1999, señorías, pueden ser 15 los años exigibles a las viudas
cuyos maridos al fallecer no estaban dados de alta en la Seguridad
Social.
Por tanto, compartiendo con ustedes la iniciativa, no puedo estar más que
de acuerdo con ella, simplemente
les pido por favor un poco de humildad en las exigencias al resto de
grupos parlamentarios y que no retrotraigan a los demás grupos
parlamentarios la responsabilidad de tomar esa decisión cuando es de
todos, al menos también de ustedes, que este problema esté como está hoy
y no resuelto.
Sólo tengo que decir, señorías, que vamos a decir no a su propuesta,
porque entendemos que hay un procedimiento más rápido para resolver este
problema y lo vamos a hacer. En enero de 1999 en la Ley de presupuestos,
mi grupo --y estoy seguro que el Grupo Popular va a compartirlo
igualmente-- va a incorporar la solución definitiva de este problema.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Homs.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora
Montseny.
La señora MONTSENY MASIP: Con la venia, señor presidente.
Señorías, el presente debate no se estaría produciendo hoy, no se estaría
discutiendo de seguir el Gobierno socialista en el Poder Ejecutivo por
una sencilla razón, y es que desde la ley que modificó la Ley de
Pensiones en 1985 hasta que se refundió el texto legislativo de la Ley
general de la Seguridad Social en 1994, y desde que en 1982 ustedes
llegaron a formar el Poder Ejecutivo hasta la Ley de 1994 en que ya se
inició el trabajo de la ponencia para estudiar los problemas
estructurales de la Seguridad Social, ustedes nunca mencionaron las
pensiones de viudedad para mejorarlas ni para estudiar el supuesto
contenido en las proposiciones de ley presentadas tanto por el Grupo
Federal de Izquierda Unida como por su grupo, aunque en ellas se daban
realmente situaciones de injusticia. La iniciativa, señorías, se debe al
Grupo Parlamentario Popular, a finales del año 1996. Efectivamente, vimos
que se producían determinadas situaciones de injusticia cuando una
persona, después de haber cotizado durante 30 ó 35 años a la Seguridad
Social si faltaba el requisito de estar en alta o en situación asimilada
al alta, el cónyuge supérstite no tenía derecho a una prestación de
viudedad. Eso nunca se discutió en anteriores legislaturas. Fruto de esa
iniciativa que se plasmó en la Ley de medidas fiscales, administrativas y
de orden social, y fruto también de las discusiones parlamentarias, se
llegó a puntos transaccionales donde se definió que para dar lugar a esa
falta de requisito previsto en la ley, como es la falta de situación en
alta o la falta de situación asimilada al alta, se podía reconocer la
prestación de viudedad con 22 años de cotización.
Quiero compartir algunos argumentos que se han dado aquí y estar en tono
constructivo, pero también tengo que decir, señorías, que cada vez que
tengo el honor de representar a mi grupo parlamentario ante esta Cámara
tomo la precaución de leerme en su totalidad los Pactos de Toledo, la
ponencia que estudió los análisis estructurales de la Seguridad Social
para poder ir dilucidando los problemas que se plantean y, por supuesto,
lo he hecho también en esta ocasión y me he leído todas y cada una de las
recomendaciones. Quiero decir que hay recomendaciones muy importantes que
vienen a cuento de la proposición de ley que estamos debatiendo hoy, y es
ir analizando la evolución del sistema financiero de la Seguridad Social
para ver los equilibrios financieros que se van produciendo. Después de
decir y de reiterar que ustedes en 14 años de Gobierno no hicieron
absolutamente nada por las pensiones de viudedad, que la mejora se ha
iniciado con la ley de racionalización y consolidación, con arreglo a uno
de los puntos electorales de nuestro programa que decía: mejorar a los
perceptores de prestaciones de viudedad menores de 60 años e irlos
equiparando en un plazo de tres años a las prestaciones de viudedad que
perciben las viudas y viudos de 64 años. Eso ha sido una mejora, una
mejora que se ha iniciado y se ha llevado a cabo por el Gobierno, por el
grupo parlamentario que respalda al Gobierno, también en las pensiones de
orfandad que tampoco ustedes mejoraron en 14 años.
Tenía la esperanza de que se acabara la utilización de la demagogia en el
campo de las prestaciones. Tengo que decir, señora López i Chamosa, que
cuando el señor Vaquero ha enfocado el problema, no se ha quedado sólo en
el sistema de prestaciones de la Seguridad Social; creo que el sistema de
la Seguridad Social tiene un contenido mucho más amplio. No es como la
canción del «Todos queremos más y más y más»; absolutamente todos
queremos más, pero tenemos que globalizar este deseo en el mundo de la
economía, en el mundo laboral, en el mundo de la solidaridad, y en un
totum revolutum todo hace que el conjunto del sistema de la Seguridad
Social pueda tener un futuro más o menos alentador si contemplamos
también las medidas que desde el ámbito del Ministerio de Economía y
Hacienda y desde el Ministerio de Trabajo se están tomando, porque en
toda Europa se van analizando los problemas estructurales de un sistema
de Seguridad Social que haga un reparto homogéneo en todos los países que
conforman la Unión Europea. Creo que es importante acometer las reformas
estructurales para ayudar a las pequeñas y medianas empresas de forma que
puedan crear ocupación y empleo, que es uno de los requisitos
indispensables para asegurar la viabilidad del sistema de Seguridad
Social.
Creo que es bueno estudiar, junto con los demás países que conforman la
Unión Europea, todos los planes de reforma del mundo laboral. Se ha
hablado aquí de contratos basura, cuya regulación ha sido prácticamente
eliminada por las nuevas dimensiones de la reforma laboral emprendida por
el Gobierno actual, de acuerdo con los pactos sociales que se llevaron a
cabo entre las centrales sindicales y las organizaciones empresariales.
Eso ha sido positivo para el mundo laboral y para el futuro del sistema
de la Seguridad Social: 800.000 nuevos afiliados en dos años y de aquí a
final de 1998, que nutrirán las arcas de la Seguridad Social. También hay
que tener en cuenta, por otro lado, que gracias a la política económica
del Gobierno y a la reducción de la inflación se ha producido una
contención en los aumentos salariales.
Tengo que decirles que asistí hace escasamente 15 días a un debate en
Cataluña en la segunda cadena de Televisión Española. En el marco de la
Comunidad Autónoma catalana se hizo una encuesta a ciudadanos que
transitaban por la calle, y la respuesta casi unánime de los jóvenes
encuestados era que no creían en un futuro sistema público de Seguridad
Social. Creo que debemos actuar desde la responsabilidad, tener siempre
presente todas y cada una de las recomendaciones del Pacto de Toledo, ver
la evolución del equilibrio financiero entre gastos e ingresos en el
sistema de la Seguridad Social y no contribuir a hacer más demagogia
pidiendo mejores y nuevas prestaciones; se debe estudiar la cuestión con
cuidado y mandar un mensaje de esperanza a los jóvenes que todavía hoy no
encuentran su primer trabajo para que este sistema sea viable. Eso hay
que hacerlo desde la responsabilidad, desde la coherencia y desde la
seriedad.
Por tanto, desde esta tribuna y aunque hoy votemos en contra de la
presente iniciativa, queremos aportar un mensaje de optimismo, queremos
ver la evolución del coste que la reducción que pretendemos puede
acarrear para las arcas de la Seguridad Social y estudiar a fondo la
viabilidad de reducir de 22 a 15 años para reconocimiento de la pensión
de viudedad cuando el cónyuge causante no esté en situación de alta o en
situación asimilada al alta, requisito que no se había contemplado desde
que se aprobó el primer seguro obligatorio, el retiro obrero en 1919,
hasta el año 1985, cuando se dispensó este requisito a las pensiones de
jubilación y de invalidez, y en la actualidad a las pensiones de
viudedad.
Creo que el esfuerzo del ejecutivo es importante en esta materia; creo
que se han estado dando avances constantes en el reconocimiento y mejora
de las prestaciones de la Seguridad Social., y sobre todo no vamos a
aceptar lecciones de nadie en el campo de las pensiones de viudedad y de
orfandad porque la iniciativa, después de 14 largos años, ha sido del
actual Gobierno. Desde este punto de vista positivo y de racionalidad de
cara al futuro, para que nuestros jóvenes no desconfíen del futuro
sistema público de pensiones, vamos a estudiarlo con cautela y con calma,
poniendo nuestro compromiso para aportar gran clarividencia al respecto
de cara a la próxima Ley de presupuestos.
Gracias, señor presidente. Gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Montseny.
Vamos a proceder a la votación. (La señora López i Chamosa pide la
palabra.)
Sí, señora López i Chamosa.
La señora LOPEZ I CHAMOSA: Señor presidente, deseo pedir un turno de
réplica respecto de la intervención del señor Homs, porque ha citado
cosas que yo no he dicho y que no tienen nada que ver con el tema
debatido.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora López i
Chamosa, la fijación de posición de los grupos parlamentarios no ha sido
coincidente con la postura de su grupo parlamentario, pero no ha lugar a
la posibilidad de réplica. Su señoría no tiene la palabra. (Pausa.)
Votación correspondiente a la toma en consideración de la proposición de
ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida por la que se
modifican determinados requisitos para el cobro de las pensiones de
viudedad.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a
favor, 142; en contra, 156.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda rechazada la
proposición de ley.
Proposición de ley del Grupo Socialista del Congreso, por la que se
reduce a 15 años el requisito de cotización, en relación con la pensión
de viudedad, para el supuesto de que el sujeto causante no se encuentre
en alta o situación asimilada a la de alta en el momento del
fallecimiento.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a
favor 141; en contra 154.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda rechazada la
toma en consideración.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR RODRIGUEZ SANCHEZ), SOBRE
MODIFICACION DE LA LEY ORGANICA DE 1 DE JULIO DE 1985, DEL PODER
JUDICIAL. (Número de expediente 122/000088)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Toma en
consideración de proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto sobre
modificación de la Ley Orgánica de 1 de julio de 1985, del Poder
Judicial.
Para su presentación y defensa tiene la palabra el señor Rodríguez
Sánchez. (Rumores.--Varios señores diputados abandonan el hemiciclo.)
Señorías, les ruego silencio. (Continúan los rumores.--Pausa.) Ruego
ocupen sus escaños o abandonen el hemiciclo. (Pausa.) Puede comenzar,
señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor presidente.
Don Daniel García Ramos, magistrado del Tribunal Superior de Xusticia de
Galiza, decía en el Primer simposio internacional de linguas europeas e
lexislacions, celebrado los días 16, 17 y 18 de octubre de 1992: Las
instituciones políticas y sociales de Galicia no sólo no imprimen el
ritmo acelerado deseable, según el mandato legal, de que potenciarán el
empleo del gallego, sino que ni siquiera agotan las posibilidades que la
legalidad les otorga. Aún más, quedan sectores extraños que obstaculizan
los esfuerzos de normalización e incluso, a veces, conculcan abiertamente
el ordenamiento jurídico con actitudes públicamente reiteradas.
Efectivamente, señorías, parece que la legislación lingüística del Estado
español es una legalidad virtual más que una legalidad real. Se mueve en
el terreno de la farsa y de la hipocresía que oculta una gravísima
opresión, y vamos a dejarlo solamente en el carácter lingüístico de la
misma. Pero estamos jugando nada menos que con derecho y con lengua, es
decir, con convivencia, con cohesión y símbolo social, con sistema de
comunicación y con identificación del individuo con su propio grupo.
El Congreso de los Diputados de España tiene tendencia a aprobar
declaraciones pomposas e importantes, si se respetasen en la práctica,
como la declaración universal de derechos lingüísticos, que en su
artículo 15, por ejemplo, dice: Toda comunidad lingüística tiene derecho
a que las actuaciones judiciales y administrativas, los documentos
públicos y privados y los asientos en registros públicos realizados en la
lengua propia del territorio sean válidos y eficaces y nadie pueda alegar
desconocimiento. O bien dice en su artículo 20: Todas las personas tienen
derecho a usar, de palabra y por escrito, en los tribunales de justicia
la lengua históricamente hablada en el territorio donde están situados.
Los tribunales deben utilizar la lengua propia del territorio en sus
relaciones internas y si, por razón de la organización judicial del
Estado, el procedimiento se sigue fuera del lugar de origen, deberán
mantener la lengua de origen. Señorías, esto fue aprobado unánimemente en
este Congreso de los Diputados. Podríamos enumerar cartas en favor de las
lenguas llamadas minoritarias que el Estado español tiene también
firmadas, o tratados y convenios internacionales que garantizan a los
extranjeros los derechos lingüísticos mínimos en Estados que no son los
suyos cuando tienen que participar en cualquier tipo de actividad
jurídica, sobre todo si son acusados y si es en materia penal.
No voy a recurrir a la Constitución española, a los estatutos de
autonomía, pero sí a un ejemplo de legislación concreta derivada de estos
textos que tienen una base constitucional, y lo haré con la Ley de
Normalización Lingüística de mi país, que fue pasada por el microscopio
del Tribunal Constitucional. En concreto, sus artículos 3 y 7, que fueron
declarados constitucionales, dicen: Artículo 3: Los ciudadanos podrán
dirigirse a los jueces y tribunales para obtener la protección judicial
del derecho a emplear su lengua. Artículo 7: En el ámbito territorial de
Galicia, los ciudadanos podrán utilizar cualquiera de las dos lenguas
oficiales en las relaciones con la Administración de justicia. Las
actuaciones judiciales en Galicia serán válidas y producirán sus efectos
cualquiera que sea la lengua oficial empleada. En todo caso, la parte o
interesado tendrá derecho a que se le entere o notifique en la lengua
oficial que elija.
Podríamos seguir, pero realmente, señorías, el dilema está en hacer una
lectura o una comprensión farisaica, cínica y no democrática de respeto
por la libertad de uso institucionalizado, administrativo, con el
correlato del debido amparo institucional, que sabemos todos que tiene
que cubrir la Administración de justicia, que es el garante, el lugar
sensible, para dar amparo y hacer cumplir la legalidad. O bien, si vamos
simplemente con una actitud como la que a veces tiene tendencia a
expresar el actual Gobierno cuando contesta por escrito, a preguntas de
este diputado, que secretarios --ya no jueces--, oficiales, auxiliares y
agentes, como son cuerpos nacionales, no tienen la exigencia de saber
ninguno de los idiomas que no sea el castellano; y, por supuesto, para
los jueces y magistrados no es prioritario.
Pero yo les recuerdo que las leyes que ustedes aprobaron en este
Parlamento, en concreto la Ley Orgánica del Poder Judicial, vuelve a
repetir, en su artículo 231, que se debe permitir, y hay que permitir, el
uso de las lenguas que no sean el castellano en las actuaciones
judiciales en sus respectivos territorios. Yo les hago la pregunta del
millón. ¿Puede haber uso, si los que deben impulsarlo, protegerlo y
vehiculizarlo no solamente no lo saben sino que no lo quieren saber ni
entender, y además se les dice desde el propio poder político que eso
efectivamente es indiferente e incluso se les puede decir que es
anticonstitucional?
En este momento quiero volver a la compañía de mi compatriota Daniel
García Ramos, infelizmente desaparecido. El mismo, en 1990, como
magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, decía que no
solamente era legal y constitucional este requisito, sino que --decía--
tal requisito debe situarse en la línea de servicio que es nota
conformante de toda la actuación administrativa, la cual no puede
impedir, ni mismo dificultar, el derecho de elección idiomática del
ciudadano, que genera el correspondiente deber legal del funcionario, ya
que mal puede ser satisfecho aquel
derecho constitucional si el funcionario desconoce la lengua que el
ciudadano está usando. Señorías, no más hipocresía. Habrá dificultades,
pero el elemento relevante es el ciudadano y los jueces, actuando dentro
de la Administración de justicia, están actuando como el aparato que debe
amparar los derechos de los ciudadanos.
Sin duda alguna, entre todos los pueblos que tenemos lengua propia en el
Estado español hay diferencias de estatus y diferencias entre las
distintas realidades lingüísticas, pero en el caso de Galicia es una
situación brutal de dominio diglósico, afortalado por una ideología y un
poder que pueden hacer a un ciudadano cosas tan terribles como las
siguientes, y solamente voy a poner tres ejemplos vividos, observados y
teniendo que ser sufridos también emotivamente. Uno puede pasar de
acusador y víctima, no respetado en sus derechos lingüísticos, a ser
acusado y verdugo. Yo mismo he comprobado cómo personas que fueron a
pedir medicamentos a una farmacia, ni más ni menos que a una farmacia,
fueron expulsadas violentamente por usar la lengua del país. Cuando se
fue a reclamar a los tribunales de justicia, por poco sale uno acusado
porque utilizó el gallego en la causa oral e inmediatamente el juez le
dijo que no lo toleraba. Si uno en aquel momento se repone o se enfrenta
con un juez, sabemos que la figura jurídica es desacato, señorías.
Podemos comprobar también todos los días cómo se puede pasar de ciudadano
que quiere que se respeten sus derechos lingüísticos, recogiéndose en
acta sus declaraciones de manera fidedigna en esta lengua, a poder ser
luego acusado por desacato precisamente al no verse reflejado. Tengo
múltiples actas de juzgados en las que se permiten la chulería --hay que
decirlo así-- de anotar: el señor compareciente pidió que se tradujese al
gallego, cuando lo único que pidió el señor compareciente fue que le
reflejasen las palabras por escrito, tal como él las estaba pronunciando.
O bien, señorías, ver cómo los ciudadanos que quieren ser normales en su
propio país están siempre en la continua pesadilla de verse convertidos
en sujetos considerados objetores de conciencia; eso sí, en el caso de
que tengan tiempo, paciencia, moral y medios para mantener su dignidad.
Lo demás es una gran masa de gallegohablantes sometida a las condiciones
de curiosidad antropológica ante una justicia sorda, muda, ciega, que
tolera sólo a estos gallegohablantes, en sentido primario, porque no los
va a trasladar en sus manifestaciones orales a los papeles legales y
porque para esa Administración de justicia esos hablantes aún son síntoma
de una curiosidad antropológica atrasada, que no quedará registrada de
todas maneras en los papeles procesales.
Pero, señorías, yo quiero decirles hoy aquí lo siguiente: no estará
registrada en los papeles procesales, pero sí está registrada en nuestra
conciencia de ciudadanos, en nuestra práctica de los que intentamos que
se nos respeten nuestros derechos, amparados constitucionalmente, y en
nuestra esperanza de no ser tratados como extranjeros en nuestra propia
patria.
Esta proposición de ley de hoy no tiene más sentido ni menos que
democratizar la vida de la administración judicial para que se pueda
impartir justicia respetando el pluralismo lingüístico, que es la base
esencial de toda democracia e incluso tiene, en último extremo, como base
un derecho humano inalienable y fundamental, cual es el derecho de todos
los pueblos a poder expresarse en su lengua en su territorio.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rodríguez.
¿Algún grupo parlamentario desea utilizar un turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Almeida.
La señora ALMEIDA CASTRO: Señor presidente, señoras y señores diputados,
nuestro grupo ha estado estudiando la proposición que ha presentado el
Grupo Parlamentario Mixto por medio del Bloque Nacionalista Galego.
No compartimos el criterio de imposición tan evidente que se plantea en
la proposición, pero sí el deber y el derecho de expresarse en la propia
lengua. Cuando unos funcionarios están al servicio de la justicia, al
servicio de los ciudadanos, nos parece un deber moral, a la vez que un
derecho de toda la comunidad, utilizar algo que es la esencia de su
comunicación como es la propia lengua.
No creemos que hacerlo de una forma imperativa, obligatoria e impositiva
sea más convincente que hacerlo por la exigencia de la razón. Nuestro
grupo ha hecho precisamente una propuesta que está en la Comisión
Constitucional para el empleo de las lenguas del Estado.
Aunque hemos estado dudando si abstenernos, vamos a apoyar la
proposición, pero vamos a presentar enmiendas. Hay veces que imponer la
lengua significa también causar inconvenientes. Es verdad que no
imponerla a lo mejor significa dejar demasiada pasividad en un derecho
tan elemental como es identificarse con algo que debe unir a los pueblos,
que son sus lenguas, sus costumbres, aparte de la tolerancia y la
diversidad.
Por todo ello, vamos a apoyar la proposición, aunque vamos a presentar
enmiendas. No solamente desde la imposición, sino desde la convicción,
desde la tolerancia y desde el reconocimiento de los derechos a la
riqueza de la diversidad de nuestro país, de las distintas culturas, nos
vamos a hacer más ricos, más sociables y, sobre todo, más tolerantes.
Por último, me gustaría decirle al diputado Francisco Rodríguez que,
estando en Galicia, un hombre gallego
que sólo hablaba gallego me preguntó si le podía traducir una sentencia
que estaba escrita en gallego, no por lo que de ininteligible tienen las
resoluciones judiciales, que a veces necesitan traducción aunque estén en
la propia lengua, sino porque era un hombre que hablaba gallego pero no
lo escribía, y le dieron por escrito algo que le parecía tan
incomprensible como una resolución judicial. Creemos que el gallego tenía
no sólo que hablarlo, sino el derecho a haberlo aprendido, y los
funcionarios que vayan allí tienen el deber moral de hablar la lengua de
la tierra que les da trabajo, cobijo y tolerancia. Por eso, introduciendo
algunas enmiendas, vamos a apoyar la proposición de ley que se ha
presentado por el Bloque Nacionalista Galego.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Almeida.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo con brevedad para decir que mi grupo parlamentario se va a
oponer a la toma en consideración de esta proposición de ley y, por
tanto, vamos a votar en contra. ¿Por qué razones? Nosotros respetamos
pero no compartimos los principios que ha expuesto el proponente y
portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez Sánchez. En
primer lugar, porque estaríamos metiéndonos en el terreno del pacto
constitucional, cuando se hizo la Constitución española, en el respeto
que había que tener a la manera de actuar y de administrar su poder
institucional, y uno de ellos es el referente al Poder Judicial.
Cuando aprobamos la ley orgánica del 1 de julio de 1985, ya bajo el
Gobierno socialista, este diputado apoyó los principios fundamentales que
se establecían en dicha ley y que se han mantenido hasta el momento
presente. Prueba de ello es el reconocimiento que hacen de las lenguas
propias de las comunidades autónomas --como puede ser la catalana, la
vasca o la gallega-- algunos artículos de la ley de 1985,
fundamentalmente el 231 y la aplicación posterior del 341 y 471.
Pero es que estamos hablando de un instrumento (y esta es la razón
fundamental de mi voto en contra), del Poder Judicial, que es uno de los
poderes del Estado, no de una comunidad autónoma, que rige el cuerpo de
los funcionarios que van sobre todo a estos cargos de jueces y
magistrados y los que se citan expresamente en el artículo 1 de la
proposición de ley del grupo proponente, el Bloque Nacionalista Galego,
para la provisión de las plazas de presidente de los tribunales
superiores de justicia y de las audiencias. Estamos hablando, señorías,
de una carrera única para todo el Estado, no es una carrera --como si
fuera una policía autonómica-- propia de ese Estado autonómico; es una
carrera de todo el Estado español, en la que sus miembros tienen la
capacidad de la movilidad, de la solicitud de los destinos en distintas
comunidades autónomas porque su campo de actuación jurisdiccional es todo
el Estado español donde, incluso --y esto afecta a mi comunidad autónoma,
la canaria--, existe la figura de los destinos forzosos. Pues bien; si se
va a hacer uso por la Administración, por el Consejo General del Poder
Judicial, del destino forzoso para una comunidad autónoma en que, por
problemas de no tener suficientes vocaciones internas --como es el caso
de la Comunidad Autónoma de Canarias, y no pongo el ejemplo de otra
comunidad, sino de la mía, en la que estoy asentado política y
administrativamente--, se ve obligada a recurrir al destino forzoso ¿cómo
le voy a exigir a ese juez o magistrado que el conocimiento de una lengua
vernácula sea requisito inexcusable? Nosotros estamos de acuerdo con el
espíritu y con la letra de la ley orgánica de julio de 1985; es decir,
que el conocimiento tanto del Derecho civil, especial, foral, puede ser
un mérito para el acceso a la plaza
--como podríamos exigir a un magistrado de lo económico que en
Canarias conociera la Ley de Régimen económico y fiscal de Canarias, por
supuesto, para entender cuál es el comportamiento fiscal y económico de
sus ciudadanos y sus entidades empresariales o sindicales--, un mérito
siempre, pero requisito de exigencia, señorías, nos parece que sería
inconstitucional. Por eso he invocado el principio del pacto
constitucional. Lo demás es sentido común para extenderse en lo que
entendemos como Estado español.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la
señora Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Vasco ve con simpatía y votará a favor de la
iniciativa presentada por el Grupo Mixto y, en su nombre, por el BNG, que
supone un cambio de la valoración en el conocimiento de los idiomas
distintos del castellano, que pasará a ser requisito en vez de mérito. No
le vemos, además, ningún problema de constitucionalidad. No hay
vulneración del derecho a la igualdad en el acceso a la función pública,
ya que no se trata del acceso a la función pública judicial, sino del
acceso a un destino territorial concreto de quienes ya ostentan la
condición de jueces o de magistrados, lo cual conlleva, según nos enseña
la jurisprudencia y la doctrina del Tribunal Constitucional, que, sin
vulnerar los principios de mérito y de capacidad, pueda el normador
considerar otros parámetros de tipo organizativo o de otro tipo, siempre
que sean razonables en relación con los objetivos que se trata de
conseguir.
La razonabilidad del requisito se fundamenta ya desde la óptica general
del derecho de todos los ciudadanos a utilizar el idioma propio, derecho
que tiene relevancia especial cuando se habla de lo relativo a las
relaciones de los ciudadanos con los poderes públicos, y muy
especialmente cuando no hablamos ya de funcionarios en sentido genérico,
sino del funcionario juez, se refuerza la necesidad de este requisito
cuando hablamos de garantizar la plena efectividad del derecho a la
tutela judicial sin indefensión de los ciudadanos.
En efecto, si un ciudadano tiene derecho a expresarse en una determinada
lengua, debe poder elegir entre una y otra sin limitaciones ni
condicionantes directos o indirectos cuando se trata de ejercer el
derecho fundamental a defenderse en un procedimiento judicial. El
arbitrio del traductor es un parche, no garantiza la plena efectividad
del referido derecho fundamental. La traducción conlleva el uso de dos
idiomas, y en el paso de uno al otro se pueden quedar aspectos
importantes, a veces esenciales, del alegato en que se manifiesta el
ejercicio del derecho de defensa. Se me dirá que es esto lo que se hace
con los extranjeros, pero es que ni el catalán ni el euskera ni el
gallego son idiomas extranjeros, y los ciudadanos --estamos hablando de
ciudadanos-- tienen derecho a utilizar esa lengua con el carácter de
lengua oficial.
Lo que acabo de decir tiene un valor general, pero cobra una
significación mayor cuando nos colocamos en el procedimiento penal, y aún
más cuando pensamos en el derecho que la ley procesal penal concede al
imputado a ser oído directamente por el juzgador. En el ejercicio de este
derecho, que forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva, y así
lo ha dicho el Tribunal Constitucional, la viva voz del acusado es un
elemento personalísimo y esencial para su derecho de defensa en juicio.
Estoy hablando del derecho a la última palabra, de lo que se ha dado en
llamar el derecho a la autodefensa.
No he hecho excesivo esfuerzo, pero sí he intentado localizar
jurisprudencia que avalase lo que estoy sosteniendo. En concreto citaré
las sentencias del Tribunal Constitucional 181/1994 o la 29/1995 en
relación con la relevancia que el Tribunal Constitucional da a la
autodefensa, a la última palabra. Más recientemente, el Tribunal Supremo,
en sentencia de 9 de diciembre de 1997, insiste en esta importancia de la
utilización o de la expresión de viva voz por quien sea acusado en un
procedimiento penal de su propio planteamiento.
Se podría contraargumentar que el acusado puede ser oído por el juez si
usa el otro idioma oficial. Pero ese contraargumento se desvirtúa si se
considera que el derecho a expresarse en el propio idioma es instrumento
indispensable para el pleno ejercicio del derecho fundamental a la
autodefensa. Aquí no se enfrenta el deber de conocer un idioma con el
derecho a usar el otro. Los términos del conflicto son otros distintos, a
saber, el sobredicho deber frente al derecho fundamental de autodefensa
eficaz. Es este último el que debe primar y no sólo porque, en abstracto,
en la llamada economía constitucional vale más este derecho que aquel
deber, sino porque el deber expresado no sufre en absoluto, pues no es un
deber de uso, sino sólo un deber de conocimiento, y aunque ese deber de
conocimiento pueda implicar en ocasiones, no ya la obligación de su uso,
que no puede darse nunca, sino la matización de la plenitud del derecho a
usar la otra lengua oficial y propia, no puede ser este el caso, pues no
sólo llevaría matización limitativa del derecho a usar el idioma propio,
sino que a través de esta limitación al uso del idioma propio estaría la
limitación del derecho a la defensa en un procedimiento penal.
Se puede también contraargumentar, y lo admito, que lo que realmente se
restringe no es el derecho de defensa sino el derecho al uso del propio
idioma, puesto que el ciudadano puede autodefenderse con plenitud usando
el otro idioma y no puede escudarse en su desconocimiento, pues tiene el
deber constitucional de conocerlo, pero este contraargumento, que es
complementario del anterior, falla por donde fallaba aquel, que es en el
olvido de la íntima e inescindible relación que se da entre el derecho a
la defensa y el derecho a usar el idioma propio. Si el ser oído es un
instrumento del derecho a defenderse, la plenitud de ese derecho requiere
ser oído en cualquiera de los dos idiomas oficiales en el que uno se
exprese mejor.
El Tribunal Constitucional nos tiene dicho que cualquier restricción por
mínima que sea de un derecho fundamental debe cumplir los requisitos del
principio de proporcionalidad, lo que significa que la restricción tiene
que ser necesaria para garantizar algún otro derecho, valor o bien
constitucionalmente protegido, y esto es lo que creemos que se da en el
supuesto que estamos analizando.
Visto así, no sólo se aprecia con evidencia la razonabilidad del
requisito que se pretende introducir en los artículos 341 y 471 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, sino que tal requisito aparece como una
exigencia de la regularidad constitucional del proceso y en especial,
como he indicado, del proceso penal. Alguien podría opinar que esta
exigencia de un requisito tal podría suponer una merma del derecho a la
tutela judicial efectiva en general, pues podría conllevar una
disminución del número de jueces capacitados para ejercer su función en
el territorio del que se trate con la consiguiente merma del derecho a
una justicia razonablemente rápida por parte de los ciudadanos o una
degradación de los conocimientos tecnicojurídicos de unos jueces que
deban dedicar parte de su tiempo al aprendizaje idiomático.
Estas consideraciones no afectan al requisito sobredicho, tal y como lo
he razonado, ni desvirtúan su fundamento. Para conseguir lo que se
pretende se pueden arbitrar medios que den una respuesta adecuada a tales
consideraciones sin necesidad de cuestionar el requisito, como he
indicado. Podríamos hablar de períodos transitorios, de dotación de
medios, de fórmulas provisionales, como lo de los jueces bilingües
móviles, en relación con los cuales se habla de que sería una negativa al
derecho del juez natural, olvidando que el derecho constitucionalmente
reconocido es el derecho del juez natural reconocido por la ley, y podría
la ley articular un sistema para que existiese este tipo de jueces
bilingües móviles capaces de atender a las necesidades de que se trate.
Se trata de utilizar la imaginación para compatibilizar y equilibrar
todos los aspectos de esta cuestión jurídica y no de ir a lo más fácil,
que es la amputación de uno de los aspectos.
El Grupo Vasco, por tanto, votará a favor de la iniciativa que el BNG ha
traído a esta Cámara.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Uría.
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el
señor Silva.
El señor SILVA SANCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) no puede estar más
de acuerdo en los principios y en el espíritu que preside y que motiva la
iniciativa del Bloque Nacionalista Galego.
Cierto es que en la Ley Orgánica del Poder Judicial en 1994 se
introdujeron algunas modificaciones en los artículos 341 y 471 que venían
a establecer como mérito para la provisión de los cargos de presidente
del Tribunal Superior de Justicia y de audiencias provinciales, y también
como mérito, sometido a un desarrollo reglamentario que se ha producido
recientemente, el conocimiento de los idiomas propios de las comunidades
autónomas que tengan alguna además del castellano como lengua oficial, no
obviamente como lengua propia.
Mi grupo siempre ha entendido que esa modificación de 1994 era total y
absolutamente insuficiente, y no sólo lo ha manifestado así en Cataluña a
través de los órganos correspondientes de los partidos coaligados y del
Gobierno de la Generalitat, sino que también ha tenido ocasión de
manifestarlo en el Congreso de los Diputados. Concretamente en la
comparecencia que se produjo por el presidente del Consejo General del
Poder Judicial el 6 de noviembre del año pasado en la Comisión de
Justicia del Congreso este portavoz que les habla tuvo la oportunidad de
manifestarle al señor presidente, y así consta en el «Diario de
Sesiones», que no cabe concebir una Administración de justicia, desde la
perspectiva del usuario de esa Administración de justicia, sin que este
usuario pueda expresarse ante el órgano jurisdiccional en la lengua que
le es propia. No hay nada más común que el ciudadano se exprese ante la
Administración en cualquiera de las lenguas oficiales, y si además es la
lengua propia, con mayor razón. Todo lo que no sea el reconocimiento de
ese derecho que tiene el usuario a expresarse en la lengua oficial y
propia, y todo lo que no sea garantizarlo --y ahí coincidimos
absolutamente con el planteamiento del Bloque Nacionalista Galego--,
utilizando aquello que indica el artículo 9.3 de la Constitución, esto
es, removiendo aquellos obstáculos que dificultan o impiden la plenitud
del ejercicio de ese derecho, no es desde luego una solución correcta.
La Administración de justicia no puede configurarse como una zona exenta
de la aplicación de los principios que inspiran las leyes de
normalización o de política lingüística que han sido aprobadas por
diversos parlamentos autonómicos. No hay zonas exentas, ni la
Administración tributaria, desde luego, ni la Administración ordinaria,
ni la Administración de justicia, de la aplicación de estos principios, y
nos manifestábamos en favor de la exigencia del requisito del
conocimiento de la lengua propia de las comunidades autónomas para ocupar
o para ejercer estos cargos. Sin embargo, señorías, si decimos que desde
el punto del objetivo, de la ética de los principios últimos, no podemos
estar más de acuerdo con la proposición que se nos ha traído aquí, desde
el punto de vista de la ética de la responsabilidad tenemos que indicar
que la situación o el planteamiento que se hace desde Cataluña es
diferente del que pueda hacerse desde otras comunidades autónomas. Y
decimos esto porque desde el Parlament de Catalunya, desde el órgano que
expresa la soberanía y representa al pueblo de Cataluña, se ha hecho una
opción decidida por el consenso en materia de política lingüística. No un
consenso hipócrita que pone en la excusa de la unanimidad la no adopción
de determinadas medidas, sino sobre la base de un consenso real, de la
búsqueda de una mayoría amplia.
En este sentido, quiero recordar a SS. SS., quiero recordar también a
aquellas señorías de otros grupos parlamentarios presentes en el
Parlament de Catalunya, que el 22 de diciembre del año pasado se presentó
conjuntamente por Iniciativa per Catalunya, por el Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió, por el Grupo Parlamentario Socialista y por el Grupo
Mixto, que también está presente en esta Cámara, una proposición no de
ley que pretendía precisamente cubrir aquellos ámbitos que la ley de
política lingüística no podía cubrir por carecer el Parlament de
Catalunya de competencia al respecto. Se pretendía garantizar la
modificación de aquella legislación del Estado y que por tanto nos
incumbe o incumbe a estas Cortes Generales, con la finalidad de hacer
efectivo el derecho de los ciudadanos de las comunidades autónomas con
lengua propia a poder expresarse, utilizarla, ser atendidos en esta
lengua en todos los ámbitos regulados por la ley.
Si esa proposición de ley mantenía el mismo objetivo que nos trae aquí,
sin embargo difería desde el punto de vista del procedimiento.
Precisamente en aras de ese consenso fue objeto de presentación, como ya
digo, una proposición no de ley de carácter conjunto por estos grupos
parlamentarios, es decir, por todos los grupos parlamentarios
representados en el Parlament de Catalunya, con la excepción de Esquerra
Republicana de Catalunya y del Grupo Parlamentario Popular; quiero
incidir en que eran grupos parlamentarios que tienen la mayoría en este
Congreso de los Diputados y que, por tanto, a diferencia de lo que puede
ocurrir en Galicia, pueden perfectamente hacer aprobar aquí esas
proposiciones. Desde el punto de vista del procedimiento, se ordenaba al
Govern de la Generalitat que, en el plazo de seis meses a contar desde la
fecha de su aprobación, que fue el 30 de diciembre de 1997, enviase al
Parlament de Catalunya propuestas de modificación de legislación del
Estado para hacer efectivo ese principio de igualdad lingüística de los
ciudadanos.
Concretamente, por lo que nos afecta en el día de hoy, hablamos de dos
ámbitos muy concretos: el ámbito de los usos lingüísticos en la
Administración de justicia y el ámbito de la capacidad lingüística de los
magistrados, magistradas, jueces, juezas --supongo-- y miembros del
ministerio fiscal. Por tanto, el objetivo no puede ser más idéntico. Lo
que sí se establecía como procedimiento es que el Gobierno de la
Generalitat debía elaborar esas propuestas en permanente contacto con los
grupos parlamentarios, con las fuerzas políticas representadas en el
Parlament de Catalunya y que después sería ese Parlament de Catalunya --y
vuelvo a reiterar: el órgano que expresa la voluntad de los ciudadanos de
Catalunya-- el que remitiese a este Congreso de los Diputados, como
proposición de ley, esas propuestas de modificación de la legislación a
la que me estoy refiriendo.
Por tanto, consenso en la presentación --propuesta conjunta--, consenso
en la votación --fue votada por esos mismos grupos parlamentarios--, y
posibilidad de aprobación en la medida que esos grupos parlamentarios
representan la mayoría absoluta de esta Cámara. No es, desde luego, la
situación que quizá pudiera producirse en Galicia, no es la situación que
pudiera producirse en otras comunidades autónomas. Pues bien, mi grupo,
que siempre ha defendido el consenso en esta materia --no un
planteamiento, un requisito de unanimidad hipócrita--, entiende que debe
respetar la voluntad del Parlament de Cataluña, que ha optado por ese
procedimiento, entre otras cosas porque le gustaría escenificar
perfectamente en este Congreso de los Diputados que esa modificación de
leyes que regulan usos lingüísticos no es --que lo es ciertamente, valga
la redundancia-- la voluntad, el deseo y el interés del Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió --que es desde luego, repito, la
voluntad, el interés y el deseo de los nacionalistas catalanes--, sino
que es la voluntad mayoritaria de los ciudadanos de Cataluña expresada en
una voluntad también muy mayoritaria del Parlament de Cataluña.
Quizás la decisión que adoptemos en el día de hoy, que ya anuncio que
será la de abstención, nos pueda provocar inconvenientes. Sin lugar a
dudas sería mejor escenificar un voto favorable, aunque luego fuese para
decir que presentaremos cuatrocientas mil enmiendas; quizás desde el
punto de vista de imagen fuese mejor, pero aquí, como he dicho
anteriormente, es donde juega el principio, la ética de la
responsabilidad. No vamos a sacrificar el consenso posible de cara a la
imagen, y lo decimos en un día como hoy en el que ha visto la luz el
número cero del Boletín Oficial del Estado, que por primera vez procede a
publicar en la lengua propia de Cataluña las disposiciones generales, tal
y como se acordó en este Congreso de los Diputados.
Señorías, como señalaba anteriormente, no podemos estar más de acuerdo en
el objeto. Desde luego lo que sí entendemos es que el procedimiento por
el que ha optado el Parlament de Cataluña, el del consenso, el de traer
aquí la voluntad mayoritaria clarísima del pueblo de Cataluña, es el más
adecuado. No podemos negar que nos hubiese gustado escuchar a portavoces
de otros grupos presentes en el Parlament de Cataluña...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Silva, le
ruego concluya.
El señor SILVA SANCHEZ: Acabo ahora mismo, señor Presidente.
Nos hubiera gustado escuchar a grupos, decía, que precisamente podrían
conformar en estos momentos aquí la mayoría. Pero no puedo, señorías,
resistirme a citar un párrafo de la intervención de uno de aquellos
portavoces, que no es el de mi grupo, en el que manifestaba --y
traduzco-- que la lengua es para nosotros, para los que estimamos este
país, una cuestión de Estado, y no tenemos Estado propio. Pero es una
cuestión de Estado, y como no tenemos un Estado propio y por tanto
tenemos menos posibilidad de defender estos trazos esenciales de nuestra
identidad, necesitamos el consenso para avanzar juntos y hacerlo con
seguridad, y esto debiera ser un objetivo prioritario de los catalanistas
responsables. Hay otros grupos posiblemente que entre trabajar lealmente
--y así se decía-- por el catalán o utilizar la coyuntura para hacer
partidismo, optarán por esto último, allá su responsabilidad.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Silva.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el señor
Castellano tiene la palabra.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida quiere, ante todo, que
no confundamos el debate. Daríamos un serio paso atrás y haríamos un mal
servicio a esta Cámara si este debate lo convirtiéramos en el debate
acerca del derecho al uso de la lengua vernácula en cada una de las
nacionalidades, regiones o comunidades autónomas. Daríamos un serio paso
atrás si nos replanteáramos cosas que algunos pensamos que con todas sus
suficiencias están por lo menos en la letra de la ley más que
garantizadas. Por tanto, vaya por delante que en aquella intervención del
proponente en la que se recoge ese fundamental derecho a la utilización
de la lengua, a ser tutelado en la utilización de la lengua, a que en sus
relaciones con la Administración de justicia no se le pueda imponer
ninguna lengua que no sea la que él, de las que son cooficiales, desea
emplear para la comunicación, desde luego cuenta por lo menos con la más
absoluta unanimidad por parte de nuestro Grupo Parlamentario.
Pero ese no es el debate. El propio proponente reconoce que tenemos
legislación, valga la expresión, de sobra para reconocer esas
obligaciones para el respeto de este derecho, y reconoce, por tanto, y a
través de su intervención lo ha señalado, que se trata más bien de usos y
de prácticas que evidentemente hay que contemplar como expresión de una
grave conculcación de los derechos de unos ciudadanos de nuestro Estado.
Por ello, nuestro grupo no cree que sea necesario estar hablando hoy y
aquí de cambios legislativos. A lo mejor de lo que hay que estar hablando
es, sinceramente, de corrección de determinadas prácticas. Este es el
motivo de que nuestro grupo piense que no es tan necesario producir una
reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial como el llamar la atención
del propio Consejo General del Poder Judicial ante prácticas que el
proponente ha señalado y que, efectivamente, son causa inmediata de
apertura de diligencias en la correspondiente comisión disciplinaria.
Me atrevería a decir que nuestro grupo va a adquirir el compromiso de, en
el momento mismo en que acabe este debate --porque no podemos poner en
tela de juicio, bajo ningún concepto, las afirmaciones de S. S.--,
hacerlo llegar al Consejo General del Poder Judicial con nuestra más
profunda preocupación. Porque si hay jueces que no toleran que se pueda
utilizar una lengua que está tan cooficialmente garantizada como el
castellano en la Comunidad Autónoma gallega, es que no se han enterado de
cuáles son sus obligaciones, y esos jueces están en una actitud --hay que
decirlo claramente-- por lo menos aconstitucional. Si efectivamente hay
quien, cuando llega el momento de comunicación con los órganos
procesales, exige, para el conocimiento mejor de la resolución en lo que
tiene de negación o aceptación de sus derechos, que le sea dado en la
lengua que a él le resulta más comprensible y se niega a ello,
sinceramente --y repito que no quiero poner en duda que se hayan
producido estos supuestos-- creo que esto no se soluciona con una
modificación de la ley; modificación que, repito, viene argumentada con
un espíritu o una filosofía que compartimos desde la primera a la última
palabra que ha pronunciado S. S., pero también tenemos que tener mucho
cuidado, porque aquello que puede ser conveniente y aconsejable, separado
del tiempo en que se produce, se puede convertir en un momento
determinado en contrario al resultado que se busca.
Rogaría al proponente que pensara simplemente si la imposición del
conocimiento de la lengua (que no sólo en cuanto al gallego, en cuanto al
vasco o en cuanto al catalán ha sufrido restricciones que no permiten hoy
poder disponer de servidores del Estado que la conozcan perfectamente) se
llevara a sus últimas consecuencias, tal como aquí se nos propone, creo
que so pretexto de salir de una posible indefensión que se produce, o de
una carencia de tutela judicial, que también se produce, no crearía un
vacío tal que sería peor, valga la expresión coloquial, el remedio que la
enfermedad.
Por ello, analizada su proposición de ley, se nos ocurre pensar --y la
propia proposición lo reconoce-- que lo que nos estamos planteando aquí,
quizá, es la falta de un auténtico desarrollo parlamentario; desarrollo
parlamentario que no puede ser completo todavía, que se ha iniciado
lógicamente valorando, además del mérito y capacidad del profesional, el
conocimiento de la lengua. Sabe S. S. que el acceso a los cargos de
presidente de los tribunales superiores de justicia y presidentes de las
audiencias provinciales no es por mero escalafón o concurso de traslado,
sino por la selección que se hace en la correspondiente comisión del
Consejo General del Poder Judicial, que eleva una terna, y es objeto de
valoración primordial el conocimiento no sólo de la lengua sino del
derecho foral y específico de aquélla. Extenderlo al resto de los puestos
judiciales sería pura y sencillamente impedir que muchos que pueden y
tienen derecho, como cualquier otro ciudadano, a prestar sus servicios al
Estado en una tierra como la gallega, la vasca o la catalana, se vieran
en situación, quizá por este tema, de discriminación, cuando a lo mejor
sus conocimiento jurídicos son superiores.
Este es un proceso largo. Este es un proceso en el que el Grupo Mixto
puede saber que contará siempre con la sensibilidad y con la preocupación
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, porque compartimos, repito,
desde la primera hasta la última de las inquietudes que motivan esta
proposición, pero sinceramente pensamos que no es el método adecuado para
solucionar el problema que S. S. quiere poner de manifiesto.
Por todos estos motivos, como no podemos votar en contra de algo que
entendemos que tiene que producirse con la más absoluta racionalidad,
pero tampoco podemos votar a favor, ya que sinceramente iría en
contra de nuestras propias argumentaciones, nuestro grupo se va a
abstener en cuanto a la admisión a trámite. Si resultara admitida,
pondríamos sobre la mesa las enmiendas que consideráramos que podrían
mejorar el texto atendido el fin que se busca, y de no resultar admitida,
en todo caso, repito, nuestro grupo, en lo que tiene de denuncia del
incumplimiento de la legislación vigente y en lo que puede suponer de
causa de indefensión o negación de la tutela judicial efectiva, supongo
yo que aparte de que pueda ser releído nuestro «Diario de Sesiones» por
el Consejo General del Poder Judicial, contará con la remisión expresa, y
desde luego, cuando vuelva otra vez por aquí el presidente del Consejo
General del Poder Judicial a dar cuenta de su Memoria, será objeto de la
correspondiente interpelación específica sobre este tema.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Castellano.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: Señor presidente, señorías, el respeto al
ejercicio de todos los derechos de los usuarios del servicio público de
la justicia es una preocupación básica para el Grupo Socialista. Estos
derechos básicos y fundamentales de los usuarios de la justicia son
varios, uno de ellos, desde luego, el que viene reconocido en la
Constitución y en los distintos estatutos de autonomía --en los que lo
reconocen-- del derecho al uso de las lenguas cooficiales en el
territorio sin ningún tipo de restricción y sin distinción alguna sobre
la administración a la que se dirijan.
Estamos de acuerdo, señor Rodríguez, absolutamente de acuerdo, en el
respeto a los derechos, en la necesidad del fomento del ejercicio de
estos derechos, incluso más allá que el simple respeto pasivo de ellos;
estamos de acuerdo en ello. Creemos, además, que el artículo 9.3 de la
Constitución, que ha sido citado anteriormente por otro interviniente,
obliga a los poderes públicos a remover los obstáculos que aún existen
respecto a la efectiva igualdad de las lenguas en el ámbito de la
Administración de justicia, y en este sentido estamos convencidos de que
las administraciones autonómicas que tienen competencias sobre los medios
materiales de la Administración de justicia son los poderes públicos
obligados en este caso por la Constitución a poner los medios adecuados
para garantizar la igualdad y la posibilidad del ejercicio de los
derechos lingüísticos de los justiciables. La Generalidad de Cataluña, la
Xunta de Galicia y el Gobierno del País Vasco tienen un reto delante que
seguro que van a afrontar.
Sin embargo, el reconocimiento de los derechos, de la libertad, es algo
bastante distinto, señor Rodríguez, al contenido de la proposición que ha
presentado el Bloque Nacionalista Galego. Sabe el señor Rodríguez, porque
hemos compartido debate sobre otros temas, que no sólo este ponente, sino
el conjunto del Grupo Socialista, ha estado y estará siempre por la
libertad en el ámbito lingüístico, por el derecho del ejercicio real de
expresarse en la lengua, y lo hemos hecho así en la modificación de la
Ley de Contratos Mercantiles, lo estamos haciendo así en la modificación
del Registro Civil para la adecuación gráfica y lingüística de apellidos,
etcétera. Algo distinto es el contenido de la modificación de los
artículos 341 y 471 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que se pretende
en su proposición. Y en este asunto, como en todos, pero muy
especialmente en el punto en que hablamos de lengua, que es algo que roza
no sólo el Derecho, no sólo la lógica, sino extraordinariamente la
sensibilidad de los ciudadanos porque es algo tan íntimo que en realidad
es el sistema de relación de cada persona con el mundo, hay que aplicar
más que nunca, de la forma más exquisita posible --y estoy convencido de
que esta Cámara es capaz de ello--, las reglas de la sindéresis. Hay que
ser razonables, hay que ver qué es lo que podemos hacer, hay que ver qué
es lo más adecuado, cuál es el mejor medio para obtener la finalidad en
la que estamos de acuerdo. Y el Grupo Parlamentario Socialista va a votar
en contra de la admisión a trámite de esta proposición porque cree que
este medio que ustedes proponen no es el más adecuado para conseguir la
finalidad.
En la actualidad, lo sabe el señor Rodríguez y lo saben sus señorías, los
artículos 314 y 471 de la Ley orgánica del Poder Judicial regulan como
mérito preferente el conocimiento del idioma propio. Deben saber también
sus señorías, estoy convencido de ello, que en el Pleno celebrado el 25
de febrero de 1998 el Consejo General del Poder Judicial aprobó, a
consecuencia de la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de
29 de abril de 1995, el nuevo Título III del Reglamento de la carrera
judicial, en el que se detalla el sistema de reconocimiento y la
valoración del mérito del conocimiento del idioma propio. Al Grupo
Parlamentario Socialista le parece, cuando llevamos tan poco tiempo desde
la aprobación por el pleno del Consejo General de un nuevo Reglamento que
pretende dar solución al tema, que es quizá precipitado, quizá contrario
a las reglas de la sindéresis que aquí aprobemos, una modificación total
del sistema.
Pero además de este acuerdo del Consejo General del Poder Judicial,
debemos mencionar obligatoriamente un acuerdo político importante, al que
se ha referido antes el portavoz de Convergència y Unió, que es la
votación que se produjo el 30 de diciembre de 1997 en el Parlamento de
Cataluña, por la que se aprobaba la proposición no de ley presentada
conjuntamente por varios grupos parlamentarios y que fue admitida con
sólo 12 abstenciones del conjunto de los 135 diputados que conforman
dicho Parlamento de
Cataluña, en la que se establecía un plazo de seis meses para que el
Gobierno catalán presentara propuestas que, una vez aprobadas por el
Parlamento, se convirtieran en proposición de ley a aportar al Congreso
de los Diputados para la modificación de aquellas leyes de ámbito estatal
y de competencia exclusiva del Estado que se consideran necesarias para
garantizar la plena efectividad de la cooficialidad lingüística. Este
plazo no está aún agotado. Del 30 de diciembre hasta ahora no han
transcurrido los seis meses; quedan dos meses. Suponemos que el Gobierno
de la Generalitat está trabajando en ello; el Parlamento de Cataluña está
trabajando en ello, y de hecho, el jueves pasado, 17 de abril de 1998, se
produjo un debate, con presencia en comparecencia de la Consejera de
Justicia del Gobierno de Cataluña, en el que se habló sobre el tema, y
estoy convencido de que en el plazo que le dio, por práctica unanimidad,
el Parlamento de Cataluña al Gobierno, se presentará aquella proposición.
Cuando tenemos una institución como el Parlamento de Cataluña, que
aprueba con un consenso amplísimo una determinada vía de solución de
problemas; cuando tenemos trabajando al Gobierno de Cataluña en el tema,
al que no da soporte parlamentario mi grupo, creemos que las reglas de la
prudencia, las reglas de adecuación del medio al fin deben llevarnos de
forma necesaria a no tramitar en este momento una proposición de ley como
la presentada por el Bloque Nacionalista Galego y, en cambio, esperar a
las propuestas de consenso que van a llegar próximamente a esta Cámara, y
no apoyarla, porque nosotros pensamos --a diferencia de la interpretación
del cumplimiento del consenso, de la lealtad al consenso que han hecho
otros portavoces-- que esa lealtad al consenso, en nuestra
interpretación, es la de no dar nuestro voto a la admisión a trámite de
la proposición, puesto que va más allá, modifica el consenso y entendemos
que la simple abstención es una posibilidad de que se tramite, ya que
pensamos que va a en contra de aquello que se acordó el 30 de diciembre
de 1997 en Cataluña.
Esta es nuestra opinión y por esto vamos a votar en contra de la admisión
a trámite, porque no entendemos que sea enmendable su proposición. Es una
proposición de contenido único, que modifica el sistema actual de mérito
preferente de la Ley orgánica del Poder Judicial, para convertirlo en
requisito obligatorio con carácter previo a poder concursar en el caso
del artículo 471. La única enmienda posible sería la enmienda a la
totalidad del texto alternativo para dejar la redacción actualmente
vigente. Esto nos parece una pirueta parlamentaria de tal calibre que
consideramos que es necesario, para la claridad de las posiciones de cada
uno de los grupos, manifestar el voto en contra, porque queremos
precisamente que los ciudadanos, los usuarios de la justicia, que somos
todos potencialmente, podamos ejercer con plena igualdad nuestros
derechos lingüísticos ante la Administración de justicia. Lo creemos así
y pensamos también que el método que ustedes proponen no es el adecuado,
por ello votaremos en contra del mismo.
Gracias y nada más.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Pedret.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Trías.
El señor TRIAS SAGNIER: Señor presidente, resulta difícil debatir las
cuestiones lingüísticas --y ésta es una cuestión lingüística-- con
serenidad. Por eso me congratulo y me alegro de decir que puedo suscribir
casi en su totalidad las palabras del orador que me ha precedido en la
intervención, el representante socialista, señor Pedret.
El debate de la lengua, monolinguismo o bilinguismo, es hoy un debate
envenenado, porque en torno a él se ha pretendido construir un discurso
ajeno a lo que es la realidad plural de nuestros pueblos --catalán,
vasco, gallego o valenciano-- y, por otro lado, se ha ignorado que al
menos determinados nacionalismos se han construido también desde el siglo
pasado en torno a la recuperación del hecho diferencial lingüístico.
Yo me niego, y se niega el grupo al que represento, a sucumbir atrapado
en las redes de determinados nacionalistas --ya sean españoles, ya sean
catalanes, vascos, gallegos o valencianos-- de uno u otro signo que
pretenden llevarnos a la confrontación. Pero también quiero decir, desde
la más serena objetividad y con la legitimidad que a uno le da el llevar
25 años diciendo lo mismo y haber colaborado activa y decisivamente en la
celebración de la primera Diada Nacional de Cataluña, que determinadas
iniciativas legales como la que hoy se presenta en esta Cámara por el
Bloque Nacionalista Galego supondrán, de prosperar, un torpedo en la
línea de flotación de lo que se denomina la lealtad constitucional, que,
desde luego, yo no confundo con la beatería constitucional pero sí con el
acatamiento a la letra y al espíritu del denominado Bloque de
Constitucionalidad. No se olvide, por ejemplo, que la carrera judicial,
según la Constitución, según las leyes que la desarrollan, es única, y
que, de prosperar esta proposición de modificación de ley orgánica, se
rompería ese criterio de unidad en la carrera judicial.
No puedo dejar tampoco de pasar por alto las declaraciones que el domingo
pasado hizo el presidente del Consejo General del Poder Judicial en el
diario ABC. El presidente dijo --inicio la cita-: Los jueces no tienen
por qué conocer obligatoriamente el catalán ni ninguna lengua autonómica.
Para ser juez en España, al juez le basta con saber castellano. Fin de la
cita.
Quizá sea cierto lo que ha dicho el presidente del Consejo General del
Poder Judicial, lo dice también la Constitución en su artículo 3, pero no
es menos cierto
que los jueces que acuden a ejercer como tales en las comunidades con
lengua propia sería conveniente que hiciesen un esfuerzo por conocer esas
lenguas pues, de lo contrario, difícilmente podrán, en algunos casos,
impartir justicia con objetividad.
El presidente del Gobierno y de mi partido, en el libro España, la
segunda transición, en la página 47, decía --comienzo la cita-: En
particular, las lenguas de España distintas del castellano han de ser
objeto de especial atención, pues constituyen parte sustancial del
patrimonio cultural que pertenece al conjunto de los españoles y no sólo
a quienes las hablan habitualmente. Creo, en consecuencia, que la
dimensión cultural de la acción del Estado es extraordinariamente
importante como instrumento de integración política, partiendo siempre de
que España es una nación plural, siéndolo igualmente su cultura, por lo
que cualquier tipo de uniformismo resulta forzado y rechazable. Fin de la
cita. Uniformismo forzado y rechazable que se podría dar en la
Administración de justicia si prosperase el desinterés que en algunos
ámbitos judiciales se tiene por conocer las lenguas propias de nuestras
comunidades autónomas.
Voy a pasar muy brevemente por alto la sentencia del Tribunal
Constitucional 82/1986, donde señala tres principios fundamentales del
ámbito de aplicación de la cooficialidad. En primer lugar, el Tribunal
Constitucional se inclina por el criterio territorial; en segundo lugar,
en el fundamento de Derecho octavo de dicha sentencia sostiene el derecho
de los ciudadanos a usar cualquiera de las lenguas oficiales de la
comunidad en sus relaciones con la Administración pública en el ámbito
territorial de la misma; y, por último, señala --lo que es muy
relevante-- el principio de progresividad. Ese principio de progresividad
--ya lo ha citado también el señor Pedret-- ha llevado al Consejo General
del Poder Judicial a tomar el acuerdo de 25 de febrero de 1998,
modificando el Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la carrera judicial.
Quisiera concluir, a modo de apotegmas, con algunas consideraciones. La
primera es la conveniencia
--desde luego es una conveniencia, no un deber-- de que los
funcionarios de la Administración de justicia conozcan las lenguas
propias de las comunidades autónomas donde existen esas lenguas. En
segundo lugar, difícilmente podrán expresarse en su lengua propia los
ciudadanos si los funcionarios que deben administrar justicia no les
entienden. En tercer lugar, el bilingüismo oficial alcanza a todos los
poderes públicos en las comunidades autónomas o nacionalidades con lengua
propia. En cuarto lugar, de la jurisprudencia emanada por el Tribunal
Constitucional se deduce que el principio que debe aplicarse es el de
progresividad, para lo que las estructuras administrativas y los poderes
públicos deberán adecuar su actuación. En quinto lugar, el Consejo
General del Poder Judicial ya ha acometido el desarrollo del artículo
341. En este sentido, como ya he dicho, es cierto lo que ha expresado su
presidente: que los jueces y magistrados en las comunidades autónomas
donde existe lengua propia no tienen que conocer obligatoriamente esa
lengua. Pero estamos seguros de que lo que también quería decir el
presidente del Consejo General del Poder Judicial --aunque la verdad es
que no lo dijo y, en cambio, sí lo dice el texto que desarrolla
reglamentariamente la carrera judicial-- es que sería muy bueno, y no
sólo muy bueno sino saludable, que sobre todo en determinadas zonas y
juzgados conozcan las lenguas propias, incluso con soltura. En sexto
lugar, para fijar nuestra posición contraria a la toma en consideración
de la proposición del Bloque Nacionalista Galego, quiero citar --no digo
ampararme-- una ley paradigmática y controvertida aprobada recientemente
por el Parlamento de Cataluña, la Ley 1/1998, de política lingüística,
donde, por un lado, en su artículo 4º establece como derecho lingüístico
el de conocer las dos lenguas oficiales, el castellano y el catalán, y el
de expresarse en cualquiera de ellas sin necesidad de traducción, a no
ser que deba surtir efectos en otra comunidad autónoma, exactamente igual
que lo que se dice en lo referente a la Administración de justicia en la
Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 231. Por ello, nuestro grupo
considera que no es con requisitos excluyentes como debe implantarse una
lengua, en este caso, en la Administración de justicia, sino, tal y como
se ha señalado en nuestra jurisprudencia constitucional, de forma
progresiva.
Voy a concluir. Creo que uno de los efectos más saludables de los
acuerdos firmados por el Partido Popular con los partidos nacionalistas
ha sido la normalización de hechos que han provocado serios problemas en
el Estado, en España, en los últimos 375 años. Y cito, porque es quizá el
hecho más paradigmático, que la lengua catalana fue apartada de la
Administración de justicia por el Decreto de Nueva Planta de 1716 y que
es a partir de la Constitución de 1978, a partir del Estatuto de
Cataluña, a partir de la Ley de Normalización Lingüística de 1983, a
partir de todas las leyes que se han ido estableciendo y regulando en
este Parlamento, es a partir de entonces cuando se ha normalizado casi
totalmente esta situación, quedando, evidentemente, algunos escollos en
la Administración de justicia. Por ello, será recomendable, a partir de
ahora, que los jueces y magistrados que acudan a las comunidades con
lengua propia y con Derecho propio conozcan sus lenguas y su Derecho,
aunque resulte evidente que constitucionalmente no es necesario. El
conocimiento de la lengua nunca debe basarse en la imposición, sino en la
formación progresiva, como ha dicho el Tribunal Constitucional.
Es por esta razón, señorías, por la que mi grupo fija negativamente su
posición en la toma en consideración de la proposición de ley del Bloque
Nacionalista Galego.
Nada más, señorías, y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Trías.
Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a la votación de la toma
en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto
(señor Rodríguez Sánchez), sobre modificación de la Ley Orgánica de 1 de
julio de 1985, del Poder Judicial.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a
favor, 14; en contra, 262; abstenciones, 27.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración de la
proposición de ley.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, POR LA QUE SE INSTA AL
GOBIERNO A FIRMAR UN CONVENIO CON LA FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y
PROVINCIAS (FEMP) CUYO OBJETO SEA PONER EN COMUN POLITICAS TENDENTES A
EVITAR LA EXISTENCIA DE NIÑOS SIN ESCOLARIZAR O CON ALTO ABSENTISMO
ESCOLAR. (Número de expediente 162/000232)
El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: Proposiciones no de ley.
En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por
la que se insta al Gobierno a firmar un convenio con la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP) cuyo objeto sea poner en común
políticas tendentes a evitar la existencia de niños sin escolarizar o con
alto absentismo escolar.
Para su presentación ante el Pleno, tiene la palabra doña María Bernarda
Barrios. (El señor vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la
Presidencia.--Rumores.) El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera):
Señorías, si dejan de hacer corros para hablar, podrá empezar la señora
diputada, que está esperando para poder realizar la defensa de la
proposición no de ley. (Rumores.) ¡Señora Maestro y señor Corominas!
Cuando quiera, señora Barrios.
La señora BARRIOS CURBELO: Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, el síntoma más importante que
refleja que un menor tiene graves problemas personales, familiares o
sociales es su continuada ausencia de la escuela sin justificación
alguna. Si leemos los historiales de nuestros menores infractores, de
nuestros delincuentes adultos, podríamos decir que la primera parte de su
vida está plagada de ausencias escolares, de abandonos de metas, de
abandono prematuro de estudios, de expulsiones de colegios. Y es que el
primer paso de una vida llena de conflictos es aquella vida que está
marcada en los primeros años por el absentismo escolar.
La enseñanza que se recibe en las escuelas sirve para que nuestros
menores en todo momento se formen por dentro y por fuera; crezcan a la
par y puedan vivir en comunidad. Es por eso que es muy importante que
todos nuestros menores reciban esa educación que se da en la escuela y
que no se les nieguen los conocimientos y los saberes de nuestros mayores
y de nuestros maestros. Una sociedad que tiene visión de futuro, que
tiene las esperanzas depositadas en las nuevas generaciones exige como
condición previa la escolarización y exige a las administraciones
públicas que tienen competencia para ello que remuevan los obstáculos
para que todos los niños puedan acudir a su centro de enseñanza, a su
escuela primaria, secundaria y bachiller.
Sin embargo, en determinados sectores menos favorecidos de las urbes esto
no sucede, hay un gran absentismo escolar y es porque en las grandes
ciudades hay un sentimiento de impunidad, de no intervenir en la
actividad del otro. Sin lugar a dudas, muchos de nosotros nos hemos
encontrado a menores en edad escolar en la calle o en centros comerciales
deambulando y no se nos ha ocurrido preguntarles qué es lo que hacen a
esas horas que no están en su colegio. Pero es todavía peor en
determinados ambientes degradados, en ambientes con graves problemas y
deficiencias económicas y sociales, en donde el menor acude al colegio
sin una alimentación adecuada, contempla cómo no puede centrar su
atención en las explicaciones, se considera diferente, incapaz, abandona
las metas que se ha fijado, a los doce años empieza a entrar en una
rebeldía en las aulas y, al final, abandona prematuramente la escuela. Y
es que cuando no se tiene un buen referente paterno, los niños
normalmente no quieren ir al colegio. Sin embargo, no podemos decir que
los padres den el visto bueno, pero en muchísimas ocasiones, alegando que
el niño no tiene inteligencia suficiente, que no le gusta acudir al
colegio, prefieren que se quede en casa, que cuide de los menores o que
cuide de la casa. Y muchas veces en las escuelas se mira hacia otro lado,
son niños normalmente problemáticos que además distraen a sus compañeros
y se puede entrar en una dinámica bastante peligrosa que es la dinámica
de: ¡niño, sal al pasillo!; del pasillo sale al patio; del patio sale a
la calle y de la calle este niño no vuelve con la continuidad y con el
interés que debiera o ya no vuelve. Muchas veces entran en contradicción
las reglas
de la escuela con las reglas que se imparten en el hogar y el niño, ante
esa dinámica, termina teniendo una ausencia escolar y un grave fracaso
escolar.
Normalmente, los profesores dan información a los padres que se preocupan
de cómo va la dinámica escolar del menor, de cuáles son sus perfiles, de
cuáles son sus problemas y cómo evoluciona; sin embargo, estos padres, en
muchísimas ocasiones, ni siquiera acuden al colegio, se despreocupan. En
este caso el proverbio turco de que el padre que no forma a su hijo para
una profesión, para un estudio, lo está formando para ser ladrón, se le
podría aplicar, porque son familias despreocupadas, no existe un horario
para comer, no existe un horario para dormir, no existe un horario para
salir y, al final, hasta los padres pierden la autoridad que tienen sobre
sus hijos.
Todavía es peor en aquellos menores que ni siquiera acuden al colegio, no
es que tengan absentismo escolar, es que ni siquiera hay un control de
los mismos. Estos menores no sirven ni para nutrir las cifras del
absentismo escolar. Nos estamos encontrando con menores cuyos padres
deambulan de un municipio a otro, que no se empadronan, que no tienen
vivienda y que viven en zonas desfavorecidas totalmente y que, en un
momento dado, la gente no quiere ni puede entrar por la situación tan
terrible en la que viven y los encontramos casi abandonados a su propia
suerte.
Es por ello que nosotros, con esta iniciativa que hoy les explano a
ustedes en nombre del Grupo Parlamentario Popular, intentamos que ante la
grave situación del absentismo escolar que estamos sufriendo, ante la
grave situación de no escolarización de nuestros menores, se exija un
gran esfuerzo de las administraciones públicas competentes, de tal manera
que se coordinen ayuntamientos y comunidades autónomas que tienen
competencia para ello, centros de enseñanza y el Gobierno nacional, para
que entre todos logren una lucha eficaz contra el absentismo escolar.
Nos encontramos en múltiples ocasiones con que a estos niños, pasado un
determinado tiempo, les es muy difícil remontar la situación en la que se
han visto inmersos. Así, el artículo 14 de la Constitución española, que
recoge que todos somos iguales con independencia de nuestra situación
personal, familiar o social, vemos que no se aplica, puesto que según se
nazca en una determinada familia o en otra, en un determinado territorio
o en otro, un niño va a tener determinadas condiciones y formación para
desarrollarse como persona, como ser humano en la sociedad, mientras otro
va a estar mucho más limitado. Esto también habrá que tenerlo en cuenta,
y en eso incide esta iniciativa que nace del mandato constitucional del
artículo 9. El artículo 9 regula la igualdad sustancial de todos los
españoles, de tal manera que nos dice que serán los poderes públicos los
que removerán las dificultades para que la igualdad y la libertad de los
individuos y de los grupos en los que se encuentran sean reales y
efectivas, y eso es lo que se pretende. Nuestros menores, nuestros niños,
nuestros chavalillos son titulares de derechos individuales y colectivos,
y, al ser titulares de estos derechos, también lo son del derecho a la
educación. Por tanto, deben vivir en el seno de una familia que les
proteja y que les permita ejercitar todos los derechos para que puedan
desarrollarse perfectamente como personas, con su personalidad totalmente
integrada y completa. Y si, en un momento dado, los padres, los
cuidadores y los guardadores no desempeñan esa labor, son los poderes
públicos los responsables de que esto suceda y serán quienes deben exigir
y remover las dificultades que puedan tener algunos menores en España
para poder acudir en condiciones de igualdad y de normalidad a los
colegios.
Nosotros exigimos en todo momento que dentro de este convenio que se
firmaría, como ya he dicho, entre las administraciones competentes, se
elija al ayuntamiento, y no sólo porque tiene competencias para ello sino
porque es la Administración más cercana a la familia, la más cercana al
individuo, la que puede conocer mejor su problemática y, por tanto,
desarrollar de forma más eficaz esta labor. Además, que dentro del
convenio no sólo se replanteen unas medidas específicas y unas políticas
a desarrollar, aprovechando los centros escolares, las canchas
polideportivas para utilizarlas mañana y tarde, sino también que exista
un mayor número de profesionales, estoy hablando de maestros, psicólogos,
pedagogos, educadores, para que estén pendientes del menor desde los
colegios, para que eliminen el no hacer nada, el estar dando vueltas las
24 horas del día, y que los enganchen con su propia autoestima, que los
estimulen en lo mejor que tiene el ser, que los integren y que eliminen
este aislacionismo que en algunos sectores y en algunos barrios de
grandes urbes se plantea.
Sin embargo, no es sólo eso. También sería importante que la policía
local, apoyándose en la Ley de Protección Jurídica del Menor y en la Ley
de Bases de Régimen Local, también estuviera pendiente de estos menores
que vagan por las calles en los horarios escolares. O que los padres,
guardadores y educadores tengan que acudir a declarar a la Fiscalía
cuando hay una continuidad en la ausencia escolar, sin mayor
justificación, para dar explicaciones al respecto.
En definitiva, coincidirán ustedes conmigo en que es importante una
política de pleno empleo, de plena vivienda, de unos presupuestos con un
reparto justo, pero es muy difícil conseguirlo en muy poco tiempo. Por
ello, para intentar tener una política más ágil, para eliminar estas
diferenciaciones, desde el Grupo Popular estamos explanando ante ustedes
esta iniciativa, para conseguir un convenio en donde los ayuntamientos,
comunidades autónomas y Gobierno nacional intenten no sólo controlar la
existencia de menores dentro de los términos de cada municipio sino una
escolarización completa, así como una oferta de horas de ocio
sanas, un acercamiento a determinados programas de recuperación del menor
y, en fin, un gran esfuerzo para que por los municipios se exija la
escolarización del menor a aquellas familias que se benefician de
viviendas oficiales, de salarios, de becas, de ayudas, que no sólo dan
los municipios sino también determinadas entidades.
Señoras y señores diputados, en múltiples ocasiones he escuchado aquí
intervenciones magníficas y brillantes defendiendo la libertad del
individuo como el derecho estrella del firmamento constitucional. Dentro
de esta iniciativa late también la defensa de la libertad porque, como
decía Epícteto, sólo las personas que reciben educación son libres. Por
ello presentamos esta iniciativa, para que todos nuestros menores, todos
los que están en este momento en el territorio español reciban en los
primeros años una educación completa, para que, posteriormente, durante
toda su vida, sean libres.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Barrios.
A esta proposición no de ley han presentado enmiendas el Grupo de
Izquierda Unida, el Grupo de Convergència i Unió y el Grupo Socialista.
Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, tiene la palabra la señora Sabanés.
La señora SABANES NADAL: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida para defender nuestra enmienda a la proposición no de ley
presentada por el Grupo Popular, que hace referencia a la firma de un
convenio con la Federación Española de Municipios cuyo objeto sea poner
en común políticas tendentes a evitar la existencia de niños sin
escolarizar o con alto índice de absentismo escolar.
Nuestro grupo entiende y comparte las preocupaciones expresadas en la
exposición de motivos y, sobre todo, comparte la importancia de proteger
a los menores más vulnerables de nuestra sociedad, pero también entiende
que la mejor fórmula de garantizar el acceso y la permanencia al sistema
educativo es el cumplimiento exhaustivo de lo dispuesto en el título V de
la Logse, tanto en su preámbulo como en los artículos 63, 64 y 66. De la
misma forma entiende el cumplimiento del Decreto de 28 de febrero de
1996, de ordenación de las acciones dirigidas a la compensación
educativa. Por cierto, a los dos años de su promulgación, en los ámbitos
del territorio MEC tiene un desarrollo desigual y totalmente
insuficiente. Efectivamente, uno de los objetivos fundamentales de la
escuela es, o debería ser, compensar desigualdades educativas. En el caso
del que estamos hablando, la vulnerabilidad del menor en entornos
determinados, en los grandes distritos de las grandes ciudades o en
circunstancias parecidas, la educación debe ser capaz de generar
expectativas positivas de aprendizaje y éxito educativo. Es el mismo
sistema educativo el que tiene que ser capaz de generar esas
expectativas. De otra manera, los niños y niñas en situación más
desfavorecida, por sus condiciones personales, por su procedencia o por
otras circunstancias de su entorno, estarán abocados al fracaso escolar,
acabarán percibiendo la escuela como algo irrelevante y será entonces
cuando el absentismo y la frustración acabarán por cerrarles el acceso a
la cultura. En este contexto, en el propio título V de la Logse se señala
como prioridad en las políticas de compensación educativa la adopción de
medidas de discriminación positivas y la escolarización en la educación
infantil de los alumnos en condiciones de desventaja económica,
geográfica o de otro tipo. Evidentemente, se trata de corregir la
desigualdad de origen. Además, todos los expertos coinciden en que, para
avanzar en la integración de minorías y de grupos más desfavorecidos, la
escolarización temprana se convierte en una medida fundamental.
Ahí encuentra nuestro grupo una parte importante del problema y este es
el sentido de la enmienda que presentamos a la proposición no de ley. No
se puede propugnar la importancia de la educación compensatoria y de la
escolarización en este caso, por un lado y, por otro, poner barreras
técnicas y administrativas para realizarlas con garantías. No podemos
reducir el debate sólo a medidas como las que se ofrecen en la
proposición no de ley, sino que tenemos que garantizar todos los
elementos que sabemos que influyen en el proceso de escolarización y de
permanencia en el sistema educativo. En la Comunidad Autónoma de Madrid,
sin ir más lejos, SOS Racismo ha denunciado la interpretación sesgada y
contraria a la ley que se hace desde la propia subdirección territorial
de Educación para denegar, por ejemplo, el transporte escolar a los niños
y niñas de educación infantil de poblados marginales escolarizados en
centros distantes de los mismos, además de las dificultades que se tienen
para este tipo de medidas compensatorias no sólo en educación infantil
sino en primaria y secundaria. Esta actuación es tanto como negar en sí
misma la posibilidad de educación infantil a estos niños y niñas, que
cuando vayan a iniciar la educación primaria se encontrarán en una clara
situación de desventaja y les obligaremos a introducirse en el sistema,
sistema en el que tendrán muchas posibilidades de ser beneficiarios
fracasados. La protección a menores vulnerables es, pues, un tema hoy de
actualidad, sobre todo si planteamos los efectos que produce la misma
desprotección. La infancia no debería ser un mero objeto de disertación.
La desvinculación, la desigualdad y la no permanencia en el sistema se
aprenden como se aprende la solidaridad.
Les pido el voto favorable a nuestra enmienda porque creemos que puede
dar credibilidad y complementariedad
a la propuesta que hoy se nos plantea aquí, si es que la misma pretende
realmente mejorar la protección de los niños y niñas en situaciones de
desigualdad a través de la escolarización y no se pretende una simple
cuestión de imagen o un debate simplificado de lo que es la
escolarización, el absentismo y el fracaso escolar.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Sabanés.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Gil.
La señora GIL I MIRO: Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, unas breves palabras sólo para
decir que si el convenio propuesto entre el Ministerio de Educación y
Cultura y la Federación de Municipios asegura los recursos necesarios
para que desaparezcan las condiciones que imposibilitan la escolarización
universal obligatoria, la propuesta será muy loable, pero, si no es así,
será una proposición absolutamente innecesaria, ya que sólo recordaría
aquello que ya sabemos, que es una competencia propia del municipio la
participación en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad
obligatoria, tal como establece la Ley 7/1985 de Régimen de Bases de la
Administración Local.
Sean o no provechosos los efectos de esta proposición, el Grupo
Parlamentario Catalán supedita en todo caso su apoyo a que el grupo
proponente acepte nuestra enmienda, que solamente remarca algo que es
evidente, que el límite geográfico de acción del Gobierno del Estado
español en la suscripción de este convenio es exactamente el límite del
territorio de gestión del Ministerio de Educación y Cultura.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Gil.
Finalmente, para la presentación de la enmienda del Grupo Socialista,
tiene la palabra la señora Valcarce.
La señora VALCARCE GARCIA: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Socialista saluda,
como no podía ser de otra manera, esta proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular, que aborda una vez más una cuestión referida a la
educación, y la saluda con satisfacción porque para nosotros los
socialistas la educación es la actuación política prioritaria.
Cuando situamos la educación entre nuestras prioridades como la
fundamental es debido a que sabemos que precisamente la educación es un
derecho no sólo reconocido en el artículo 27 de la Constitución, sino que
lo leemos a la luz de su artículo 9.2, que de una forma muy acertada nos
recordaba la diputada que intervino en nombre del Grupo Popular y que
efectivamente exige remover cualquier obstáculo o dificultad para
conseguir la libertad y la igualdad de los ciudadanos. Y si es
especialmente importante la garantía de un derecho social como es el
derecho a la educación, para nosotros lo es más porque entendemos que la
educación es precisamente la base para luchar contra la exclusión social.
Esta proposición no de ley, que persigue precisamente erradicar la
desescolarización y el absentismo escolar, aspira --y para eso puede
contar con nuestro apoyo sin lugar a dudas-- a que ningún ciudadano,
ningún niño ni niña pueda quedar al margen de una formación integral como
persona que ha de ofrecerle la educación, no sólo para garantizar ese
desarrollo integral, sino porque sabemos que será la base para su acceso
a la cultura y al trabajo y, de una forma muy especial, porque es una
garantía de poder ejercer los derechos democráticos que como ciudadano le
corresponden. Por tanto y en negativo, que una niña o un niño esté al
margen de la escuela supondrá por una parte que no podrá desarrollarse de
una forma integral como persona, pero sobre todo que quedará excluido de
la sociedad. Para todos los demócratas debe ser una cuestión prioritaria
garantizar que ningún ciudadano quede al margen de nuestra sociedad.
Dicho esto, quiero llamar la atención a las señoras y señores diputados
del Grupo Parlamentario Popular porque hay al menos dos cuestiones que
nos han parecido especialmente desafortunadas en la exposición de motivos
de esta proposición no de ley, y les invito a una reflexión sobre las
mismas y, acaso, a una rectificación. Por una parte, nos ha parecido
especialmente desafortunado que se pueda pensar que hay alguna cultura
que puede propugnar la desescolarización o justificar, en aras a esas
especiales bases culturales
--sean de una etnia, de un grupo social o de una comunidad--, que la
desescolarización, la no asistencia a la escuela o el no ejercicio
efectivo del derecho a la educación pueden ser las señas de identidad de
dicha cultura. Nos parece que esto merece una rectificación.
En segundo lugar, a nuestro juicio, en la exposición de motivos se hace
un mayor hincapié en medidas coercitivas y no se pone el énfasis o el
acento en las medidas de compensación de las desigualdades y de remoción
eficaz de los obstáculos para la efectiva garantía de que erradicaremos
de nuestro país la desescolarización y el absentismo escolar. Los
socialistas vinculamos esto a dos cuestiones. Una de ellas es que
cualquier medida que nosotros queramos poner en marcha ha de ir unida a
una serie de recursos para que sea eficaz. Queremos llamar su atención,
señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Popular, sobre la
cuestión de la reducción presupuestaria, precisamente en el capítulo que
va orientado a remover
estos obstáculos. Me estoy refiriendo a la educación compensatoria,
porque debo recordarles --es mi obligación-- que en los presupuestos del
año 1997 ustedes redujeron las partidas orientadas a tal fin en un 25 por
ciento con respecto al presupuesto base de 1996 y que el presupuesto para
el año 1998 no ha recuperado el nivel de inversión y de gasto
correspondiente al año 1996. Si esto es así, es especialmente importante
la reducción de recursos materiales y humanos orientados a conseguir la
plena escolarización de los alumnos con mayor riesgo, y me estoy
refiriendo sobre todo a las familias itinerantes, a la integración de
alumnos y alumnas procedentes de otros países, inmigrantes; y sobre todo
se han reducido los capítulos de personal dedicados precisamente a los
trabajadores sociales, que en colegios de educación infantil y primaria y
también en los institutos de educación secundaria tienen como objetivo
fundamental hacer el seguimiento y desarrollar las acciones educativas
tendentes a evitar la desescolarización y el absentismo escolar.
No sólo es una cuestión de reducción de recursos; es que en el día a día
de la gestión del Ministerio de Educación hay una actuación cicatera en
lo que se refiere a la escolarización. Quiero llamar muy especialmente su
atención sobre una situación que afecta a una alumna, aunque no por ello
es menos importante. Esta situación se produce en una pequeña localidad
de Salamanca, en Gallegos de Solmirón. Esta alumna, por no contar con
transporte escolar, lleva algo más de cuatro meses desescolarizada. Debe
ser un importante toque de atención para todos nosotros.
Estamos en el Congreso de los Diputados indudablemente para instar al
Gobierno a llevar a cabo un convenio entre la administración educativa y
las administraciones local, provincial y autonómica, pero también para
recordarle que la competencia en materia de educación, sin menoscabo de
lo que dice la Ley de Bases de Régimen Local, es ante todo una
competencia y una responsabilidad del Ministerio de Educación y Cultura.
Es esencial hacer frente a esa responsabilidad. Sin embargo, como
socialistas, saludamos que precisamente sean las administraciones más
próximas al ciudadano las que ayuden, colaboren y coordinen sus políticas
con la administración educativa para hacerlas más eficaces a la hora de
conseguir erradicar el problema que nos ocupa. No es un problema
gravísimo en nuestro país por el número de alumnos a los que afecta, pero
sí es muy importante porque supone la exclusión social de estos niños. Si
se cumpliese la normativa, por supuesto la Constitución, pero también las
leyes que la desarrollan --y me estoy refiriendo concretamente a dos de
ellas, a la Logse, que en su preámbulo y en el título V obliga de una
forma muy especial a desarrollar políticas compensatorias para garantizar
no sólo la plena escolarización sino una educación de calidad para todos
los ciudadanos, y al Real Decreto de educación compensatoria--,
probablemente esta proposición no de ley no sería necesaria. Es un
compromiso que debe movernos a todos, pero como Grupo Parlamentario
Socialista recordamos al Gobierno y al Grupo Parlamentario Popular que su
responsabilidad es dar cumplimiento a las leyes, a la Logse y al Real
Decreto de educación compensatoria.
Lo que pretende nuestra enmienda es completar la proposición no de ley
presentada por el Grupo Parlamentario Popular, porque nos parece una
proposición declarativa y bienintencionada, pero si no va unida a un
compromiso firme y a un desarrollo de compromisos presupuestarios para
que haya a su vez una puesta en común, una perfecta coordinación entre
las administraciones, por una parte la administración educativa y, por
otra, las administraciones locales provinciales y autonómicas, para
desarrollar políticas concretas con recursos específicos, no será nada
más que una bienintencionada proposición no de ley, pero que no tendrá la
virtualidad que entendemos ha de tener.
Permítanme, señorías, que termine mi intervención con una referencia a lo
que Fernando Savater nos recordaba a los lectores de El País Semanal este
domingo, porque entiendo que nos coloca en lo que ha de ser nuestro
objetivo fundamental, que es educar ciudadanos. Decía que educar no debe
ser meramente una de tantas tareas que nos impone la vida social, sino el
principal instrumento de las democracias para lograr personas menos
desiguales y más libres.
Señoras y señores diputados, muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Valcarce.
¿Grupos distintos de los enmendantes que desean fijar posición en el
debate? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor presidente.
Intervengo para fijar la posición de Iniciativa per Catalunya y Nueva
Izquierda. En primer lugar, quisiera decir que cómo no se va a votar a
favor de una proposición no de ley de estas características. Desde
Iniciativa per Catalunya y Nueva Izquierda valoramos, como no podía ser
menos, la gran importancia que tiene la educación como factor que hace
libres a las personas y también como factor de compensación de las
desigualdades y que garantiza la igualdad de oportunidades. Sin embargo,
señora diputada, consideramos que esta proposición no de ley no es
acorde, a nuestro entender, con lo que correspondería a un grupo
parlamentario que da apoyo al Gobierno. Pensamos que no se hace un
estudio suficientemente claro de las causas y además en algunos casos se
trata alguna de éstas como determinantes y nosotros no pensamos que sea
lo más afortunado.
Se habla del escasísimo valor cultural de las familias, que incide sobre
el absentismo, y, sin embargo, señorías, no se tiene en cuenta que hay
familias de alto nivel cultural que se preocupan poco por la educación y
por la asistencia de sus hijos a clase y, al contrario, que hay familias
con muy bajo nivel cultural cuyo objetivo principal es que sus hijos
puedan adquirir unos niveles culturales y de educación muy superiores a
los que ellos han tenido. Se habla de automarginación de las familias y
nosotros más bien creemos que deberíamos hablar de familias que son
víctimas de la marginación.
Por otra parte, señorías, a nosotros nos hubiese gustado que la
exposición de motivos de esta proposición no de ley aportase datos y
cifras que evaluasen la dimensión exacta del problema. Se hace
responsables sobre todo a las familias y, sin embargo, nada se habla de
la responsabilidad que tienen las administraciones educativas. ¿Qué pasa
con las direcciones provinciales? ¿Han pedido datos a los colegios y a
los institutos? ¿Hay suficientes medios informáticos para hacer un
control y una evaluación del absentismo? ¿Se analiza y se evalúa ese
control? ¿Se pasan los datos a la inspección? Nosotros, señorías,
pensamos que, con matices a todo lo que he afirmado, no.
De cualquier manera, creemos que una de las soluciones al problema del
absentismo tendría que venir por dar más competencias a la Administración
local en temas educativos. Cuando se debatió la Logse en 1990 Iniciativa
per Catalunya presentó varias enmiendas en relación a este asunto,
enmiendas que no prosperaron, y ahora nos encontramos con que los
ayuntamientos fundamentalmente tienen competencias en materia de limpieza
y de policía, pero nosotros pensamos que la Administración local debería
tener muchas más competencias en materia educativa, competencias que
llegasen a las actividades extraescolares, educación compensatoria y
relación del centro con el entorno.
Señorías, vamos a votar a favor de esta proposición no de ley y de las
enmiendas, que a nuestro entender la mejoran, pero pensamos que la misma
tiene un cierto aire de buscar la solución solamente a través de medidas
policiales, y el problema es mucho más complejo y hubiese requerido de
una proposición no de ley más extensa, en la que nos pudiésemos
pronunciar con más conocimiento de causa.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Rivadulla.
Señora Barrios, tiene la palabra al objeto de manifestar la aceptación,
rechazo o lo que tenga por conveniente respecto a las enmiendas que han
planteado los grupos.
La señora BARRIOS CURBELO: Gracias, señor presidente.
Los grupos hemos llegado a un acuerdo para la elaboración última de la
proposición no de ley, pero respecto a alguna pequeña intervención que se
ha hecho, debo decir que el Grupo Popular ha presentado esta iniciativa
con una determinada finalidad...
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señora Barrios, usted sabe
mejor que nadie que no es momento de reabrir el debate ni de replicar a
las otras intervenciones.
La señora BARRIOS CURBELO: Señoría, es que se interpretan las iniciativas
en las intervenciones y no me parece adecuado.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): ¿Cómo dice, señora Barrios? No
la he oído.
La señora BARRIOS CURBELO: Decía que se interpretan las finalidades y los
motivos de las iniciativas y no me parece adecuado.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Cada uno es libre de
interpretar lo que quiera en su intervención respecto a las iniciativas
propias y ajenas, pero usted debe limitarse, como bien sabe, a reflejar
la aceptación o no de las enmiendas y en qué términos.
La señora BARRIOS CURBELO: Muy bien, señor presidente.
Hemos llegado a un acuerdo todos los grupos. Aquí no se refleja el
contenido de la enmienda que ha presentado el Grupo de Izquierda Unida,
porque se ha convenido en que posteriormente van a presentar una
iniciativa en la cual se va a recoger que se aseguren las actuaciones
preventivas y compensatorias que garantizan las condiciones favorables
para la escolarización en base a la Logse; en eso hemos quedado con
Izquierda Unida.
La enmienda que hemos elaborado entre todos será del siguiente tenor: El
Congreso de los Diputados insta al Gobierno a firmar un convenio con la
Federación Española de Municipios y Provincias, cuyo objeto sea poner en
común políticas en las cuales se decidan los términos de colaboración y
coordinación para evitar la existencia de niños sin escolarizar o con
alto absentismo escolar, con efectos en el ámbito territorial de gestión
de los diferentes ministerios afectados.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Barrios. Por favor, haga llegar esta enmienda transaccional entre los
diversos grupos a la Mesa y, por tanto, podremos proceder a su votación
de forma inmediata.
Debo entender, señora Gil --antes de que salga--, señora Valcarce y
señora Sabanés que hay acuerdo entre los diversos grupos con la señora
Barrios. (Pausa.--El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la proposición no de ley del Grupo
Popular por la que se insta al Gobierno a firmar un convenio con la
Federación Española de Municipios y Provincias cuyo objeto sea poner en
común políticas tendentes a evitar la existencia de niños sin escolarizar
o con alto grado de absentismo escolar, en los términos resultantes de la
transacción entre el grupo proponente y los grupos enmendantes.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a
favor, 294.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley por
unanimidad del Pleno.
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, RELATIVA A LA PRIVATIZACION DE
TABACALERA, S. A. (Número de expediente 162/000231)
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, RELATIVA A LA
PRIVATIZACION DE TABACALERA, S. A. (Número de expediente 162/000233)
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE LA NECESIDAD
DE MANTENER A LA EMPRESA TABACALERA, S. A., COMO EMPRESA PUBLICA, NO
PROCEDIENDO A SU PRIVATIZACION. (Número de expediente 173/000077)
PROPOSICIONES NO DE LEY. (Continuación):
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA RIVADULLA GRACIA Y SEÑOR PERALTA
ORTEGA), SOBRE LAS MEDIDAS A ADOPTAR ANTE EL PROCESO DE PRIVATIZACION DE
TABACALERA, S. A. (Número de expediente 162/000235)
El señor PRESIDENTE: Proposiciones no de ley de los grupos Socialista,
Federal de Izquierda Unida y Mixto (señora Rivadulla y señor Peralta),
todas ellas relativas a la privatización de Tabacalera, S. A., y a las
medidas a adoptar al respecto.
En primer lugar, por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Amarillo. (El señor vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la
Presidencia.)
El señor AMARILLO DOBLADO: Gracias, señor presidente.
Señorías, la privatización progresiva de Tabacalera está produciendo una
justificada alarma en amplios sectores de nuestra sociedad. Esto es
lógico, porque hablar de Tabacalera es no solamente hablar de una
actividad económica de una empresa prácticamente de un billón de pesetas,
sino de unos ingresos del Estado del orden de los 600.000 millones de
pesetas, de un conjunto de 6.500 trabajadores, 15.000 productores que, en
definitiva, de una u otra manera, nos afecta a todos. Tenemos que decir
que estamos preocupados, si la privatización se hace total, por el sesgo
que puedan tomar los ingresos de Tabacalera, que es el motivo fundamental
por el que esta empresa fue declarada de interés general, de interés
especial, y así lo recoge el decreto de privatización de 13 de febrero de
1998.
Conviene decir en estos momentos que Tabacalera está obligada a hacer un
doble esfuerzo al marcar los objetivos de carácter empresarial. No hay
ninguna duda de que Tabacalera tiene que adaptarse a las nuevas demandas
de un mercado cada vez más exigente, en el que los condicionantes
sanitarios están presentes. No hay ninguna duda de que tanto Tabacalera
como los ingresos que se derivan de la actividad inherente a la propia
empresa, estos 600.000 millones de ingresos que tiene el erario público,
de alguna forma tienen que incidir en que la investigación sea cada vez
más profunda, con el fin de que consigamos unas labores cada vez menos
nocivas, cada vez menos perjudiciales que, por otro lado, coinciden con
la demanda progresiva del mercado.
Dicho esto, mantener los ingresos del Estado, conservar el tejido
industrial, es decir, defender los puestos de trabajo y la producción,
son los ejes fundamentales que motivan que mi grupo pida que no se haga
una privatización total. Entendemos que es bueno que recursos que
pertenecen al sector privado, recursos que muchas veces están ociosos en
cuentas bancarias, pasen a engrosar una actividad económica de carácter
industrial y que esto se haga en el lógico mercado de capitales, la
Bolsa. Pero esta es una cuestión, y otro tema muy diferente es que se
pierda el control total de la empresa y no se mantenga un porcentaje
suficiente que permita la defensa de los intereses del Estado, que
permita el mantenimiento de los puestos de trabajo y, por tanto, del
actual tejido industrial, y que permita, por tanto también, el
mantenimiento de la producción.
Afortunadamente, este interés nacional, que ya de manera legal de alguna
forma acordó el propio decreto de privatización de 13 de febrero de 1998,
ha calado profundamente en los grupos parlamentarios. En estos momentos
estoy muy tranquilo respecto a cuál puede ser el resultado de la
votación, porque tanto el Grupo de Convergència i Unió como el propio
Grupo Popular han manifestado ya en distintos ámbitos que coinciden
totalmente con la proposición no de ley del Grupo Socialista, y además
que coinciden no solamente de manera profunda en las ideas, sino que hay
una convergencia, incluso formal, en la expresión de las mismas.
Así que yo no abrigo la menor duda de que el resultado va a ser
favorable; no puede ser de otra manera. Y no puede ser de otra manera
cuando nos encontramos --y yo me alegro de que haya sido así, tengo que
manifestar mi satisfacción-- con decisiones, como la del Ayuntamiento de
Tarragona, donde el 16 de abril de 1998, en una resolución que aprueba el
Pleno del Ayuntamiento, dice textualmente --y traduzco del catalán,
aunque el catalán no lo hablo en la intimidad, pero creo que lo traduzco
lo suficientemente bien-- lo siguiente: En cualquier caso --refiriéndose
a la privatización de Tabacalera-- el Estado garantizará con su presencia
en el accionariado, que debe ser decisiva para salvaguardar los intereses
generales. Esto es textualmente nuestra proposición no de ley. Entiendo
que como se aprobó por unanimidad y que tanto Convergència i Unió como el
Grupo Popular lo aprobaron en Tarragona, por pura coherencia lo que vamos
a hacer --y me alegro de que sea así-- será ratificar en el Pleno del
Congreso de los Diputados lo que ya se decidió en Tarragona.
Me tengo que alegrar también de lo sucedido en Cádiz --y lamento que en
estos momentos no esté presente en el hemiciclo la alcaldesa de Cádiz--,
aunque tengo que confesar que no comparto un radicalismo tan grande, pero
entra en el espíritu de lo que nuestra proposición no de ley dice. Va más
allá la resolución del Ayuntamiento de Cádiz en la sesión del 3 de abril
de 1998, porque en el Ayuntamiento de Cádiz, el 3 de abril de 1998, se
aprueba, también por unanimidad de los grupos, y se dice que en defensa
de los intereses ciudadanos se rechace --la palabra rechace puesta con
mayúsculas-- cualquier proceso de privatización en las industrias
públicas de la bahía de Cádiz. Puesto que las instalaciones de Tabacalera
están en el campo de la bahía de Cádiz, entendemos que se oponen también
a la privatización. Me imagino que matizarán qué clase de privatización
harán.
Con estos antecedentes --he citado solamente dos, porque no quiero
aburrir a la Cámara; hay muchísimos más--, lo único que puedo hacer es
manifestar el amplísimo consenso que hay en cuanto a que conserve el
Estado el número de acciones suficiente, que tenga una presencia
significativa --tal como dice el Ayuntamiento de Tarragona-- para poder
defender los intereses generales del Estado respecto a los ingresos, los
intereses del tejido industrial y los intereses de la producción.
Entiendo que cuando se dice una presencia suficiente, como se aprobó en
el caso de Tarragona, en ningún caso nos podemos referir a presencia de
carácter simbólico, de elementos mínimos de carácter minoritario que no
pueden garantizar esa presencia. Creo que el espíritu ha sido manifestado
tanto por Convergència i Unió, en el Ayuntamiento de Tarragona, como por
el Grupo Popular también en el Ayuntamiento de Tarragona, como
clarísimamente por el Ayuntamiento de Cádiz y en otros ámbitos
territoriales, por lo que no me cabe la menor duda de que esta
proposición no de ley va a ser aprobada por unanimidad.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Amarillo.
Para la defensa de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, relativa al mismo asunto, tiene la palabra el
señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor presidente.
En este momento me dispongo, si no hay problemas técnicos o
reglamentarios, a defender tanto la proposición no de ley que corresponde
al punto del orden del día que estamos debatiendo, como la moción
consecuencia de interpelación que debatimos la semana anterior. No podía
ser de otra manera, por coherencia respecto a los contenidos que
defendemos, que son exactamente iguales.
Ya dijimos la semana pasada aquí, en este foro --y lo hemos dicho en otra
serie de foros donde se ha debatido este asunto, y no son pocos, no sólo
los que se han citado en la intervención anterior, sino en muchos más--,
que la privatización de Tabacalera no tiene justificación alguna desde
ningún punto de vista. No tiene justificación porque es una empresa que
recauda impuestos en cantidades de enorme importancia y hasta ahora no
hemos conseguido que se nos aclare qué tipo de compromisos adquiriría la
empresa a partir de ahora para que esa recaudación de impuestos se
hiciera de manera tan rigurosa como hasta ahora, con cantidades que
llegan a unos 550.000 millones de pesetas al año. Por lo tanto, aquí
vemos una falta de seguridad flagrante a la hora de vender esta empresa y
no consolidar esta recaudación fiscal de enorme importancia para el país.
En segundo lugar, es una empresa que siempre ha tenido beneficios. A lo
largo de los últimos diez años puede hablarse de más de 100.000 millones
de pesetas. Por consiguiente, la cantidad que le corresponde al Estado,
en función de su paquete accionarial, es bastante alta. También hemos
aducido, a la hora de explicar el por qué no puede privatizarse
Tabacalera, que es una empresa que lleva existiendo en este país
aproximadamente 360 años, y ha generado en su entorno no sólo el cultivo,
sino también una red de expendedores y de transportistas de enorme
importancia, junto a empleos indirectos, que suman cantidades muy
importantes de empleo en un país con el 20 por ciento de paro.
Por tanto, no tiene justificación de ningún tipo que esta empresa, que
almacena en su interior una cultura productiva de enorme importancia, se
venda. Tanto el señor Alierta, que pasa constantemente del tema --dice
que él es un gestor y no tiene porqué entrar en la política que sirve de
base a esta privatización--, como la señora Loyola de Palacio la semana
anterior, que no
dio ningún tipo de explicación, no nos han dado la justificación real de
esta venta. No la han dado y nos han dicho que se corresponde con su
programa electoral y con su ideología. Leyendo el programa electoral se
ven miles de privatizaciones, es cierto, incluida la de Televisión
Española, pero después vemos que en la aplicación de este programa no
funciona la cosa tan mecánicamente. Por ejemplo, hemos leído en la
prensa, en un periódico publicado el viernes, que Convergència i Unió
consigue que el Partido Popular acepte 15 años de moratoria para
liberalizar el gas. Esto rompe todos los esquemas que el otro día utilizó
doña Loyola de Palacio al hablar de coherencia estratégica, ideológica y
política, que se rompe radicalmente cuando llega el momento de diseñar la
política desde el punto de vista de convertir la política en una moneda
de cambio, en función de mantener el sillón de la Moncloa como sea con
los 16 votos de Convergència i Unió. Ahí se ha roto totalmente el esquema
ideológico de doña Loyola de Palacio, que decía que había que
privatizarlo todo porque eso era lo moderno, lo actual, y ahora nos
encontramos con que la empresa catalana de Gas Natural actuará sin
competencia total hasta el año 2013. Desde luego la habilidad y la
rentabilidad de los 16 votos de Convergència i Unió es envidiable desde
cualquier punto de vista. Lo digo un poco en broma, pero también desde
cierta irritación que mantengo en el seno de lo que es el horizonte de la
cortesía parlamentaria.
No hay justificación para esta privatización. Hoy mismo hay una
manifestación en Sevilla, de enorme importancia, contra las
privatizaciones, contra este desenfreno, contra esta precipitación en las
privatizaciones, que afecta muchísimo en todos los niveles y en todos los
territorios, pero más en territorios como Andalucía, Asturias,
Extremadura, País Valencià; en general afecta a todos los territorios,
que tienen en la empresa pública un elemento para conseguir un grado de
cohesión territorial muy importante. De ahí viene la gran contradicción
que se demuestra en ayuntamientos y en comunidades autónomas cuyos plenos
han aprobado rechazar la privatización con los votos, en muchos casos, de
los representantes institucionales del Partido Popular o de Convergència
i Unió, por razones de cohesión territorial, que son de enorme
importancia. Porque ya ha reducido esa empresa su personal en un 20 por
ciento en los últimos 10 años, con dos expedientes de regulación de
empleo, y ahora el señor Alierta nos dice que el próximo expediente de
regulación de empleo, que se acaba de anunciar en el mes de diciembre, ya
tiene el consenso sindical. Nosotros decimos que eso no es cierto, porque
incluso ese expediente de regulación de empleo puede tener no una
aplicación consensuada con los sindicatos, sino una aplicación forzosa,
como se ha dicho en algunas comparecencias públicas de miembros de la
dirección de Tabacalera, Sociedad Anónima. Y no está garantizado de
ninguna manera el tipo de traslados que va a haber ni en función de qué
criterios. Tampoco se ha dicho por parte del Gobierno, en el caso de que
no haya consenso con los sindicatos, si se va a actuar de manera
administrativa directamente, permitiendo ese expediente de regulación de
empleo. Por lo tanto, nosotros no vamos a admitir pasivamente esta
privatización; nosotros no aceptamos la política confusa del Partido
Popular, en absoluto basada en principios, que los rompe corrientemente,
en función de intereses partidistas, que no tienen en cuenta nunca los
intereses sociales ni los intereses territoriales de nuestro país.
Tampoco tiene justificación esta privatización, señorías, en función de
los sagrados --aquí, comillas-- criterios de Maastricht. Acabamos de
entrar en la primera velocidad y como una especie de niño prodigio, como
los primeros de la clase. Por lo tanto, en primer lugar, teniendo en
cuenta este tema y, en segundo lugar, teniendo en cuenta que ya la Unión
Europea no permite de ninguna manera --está absolutamente prohibido--
llevar el dinero de las privatizaciones a la reducción del déficit --ya
no se puede hacer esta operación--, no entendemos por qué en este momento
se privatiza Tabacalera y se intenta privatizar el resto de las empresas
públicas rentables social, territorial, laboral y económicamente que
tiene el Estado en estos momentos en su poder. También lo dijimos la
semana anterior: ningún otro país, en ningún otro momento --hablando en
general--, ni siquiera la señora Thatcher que privatizó a lo largo de
ocho ó nueve años --ahora se está haciendo con un horizonte de dos
años--, ni ningún otro país en este momento en Europa se está
desprendiendo de todas las acciones de una serie de empresas que son de
interés público, como en este caso una empresa que recauda 550.000
millones de pesetas al año; eso no está pasando en ningún país de Europa;
con respecto a empresas que rinden estos beneficios siempre se reservan
un paquete accionarial de enorme importancia. Y cuando sucede lo
contrario, en poquísimos casos, se aprueba una acción dorada mucho más
amplia y rigurosa que blinda mucho más el futuro de la empresa y de los
sectores laborales y sociales que la golden share que se nos ha anunciado
que se va a emitir con respecto a Tabacalera, Sociedad Anónima.
Por lo tanto, señor presidente, nosotros vamos a defender que no se
proceda a esta privatización, y cuando se nos conteste que ya se ha
empezado a vender, nosotros pediremos que una parte importante de las
acciones pendientes de venderse, de pasar por el trámite de la OPV, se
reserven, que es posible --es posible hacerlo todavía de cara al 27 de
abril--, y que no se nos diga que hay una imposibilidad técnica por la
que ya no se puede hacer, como se ha dicho a los trabajadores --por
cierto, hay una representación de ellos hoy aquí-- en las entrevistas con
los grupos parlamentarios. Algún diputado ha dicho que incluso ellos
estarían dispuestos a que el Estado se quedara con un 5 por ciento, que
se procediera a esto, que se tuviera en
cuenta, pero cuando llega la hora de la verdad ese diputado no va a dar
la cara aquí hoy, y lo que pedimos es que se hable claro con los
trabajadores, que se les diga que desde el punto de vista de la ideología
neoliberal tal grupo o tal otro está a favor de la privatización total de
todas las empresas, sean rentables o no; que no se les engañe, grupos que
ya no intervinieron la vez anterior cuando se debatió la interpelación en
este pleno del Congreso. Y a los trabajadores se les crean expectativas,
de cara a que se puede mantener el 5 por ciento, que después no son
verdad, que no se corresponden con los intereses ni con la ideología de
esos grupos parlamentarios que están jugando con las esperanzas de la
gente. Es posible hoy técnicamente, si se quiere, mantener una parte del
porcentaje de esas acciones. Por tanto, lo que pedimos es que se hable
claro desde el punto de vista de la ideología, que aunque sea posible
técnicamente no se hace porque no estamos de acuerdo. Eso es lo que
corresponde decir. No corresponde decir que hay problemas técnicos, que
no se siga engañando a la gente. También pedimos que los futuros
accionistas, de forma colectiva o individual, que deseen obtener un
número importante de acciones, tengan que acompañar a su propuesta de
compra planificación de inversiones, planificación laboral, social,
pormenorizada de cara al mantenimiento de esta empresa.
Termino, señor presidente, pidiendo que no se acepte ni la filialización
ni la segregación de ningún tipo de centros de trabajo de cara a la
reducción de este 25 por ciento que se ha anunciado, tanto con respecto a
los centros como con respecto a la estructura laboral de la empresa. Y es
muy importante el punto 4 que nosotros planteamos.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Vaya concluyendo ya, señor
Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Sí, señor presidente.
Mañana comparece aquí el señor Pimentel, secretario de Empleo, y le vamos
a preguntar si, en el caso de que no haya acuerdo con los trabajadores,
el expediente de regulación de empleo o expediente de filialización o
segregación va a seguir adelante; si es verdad que quieren seguir siendo
una especie de campeones del diálogo social. Mañana nos tendrán que
responder porque hoy, si es verdad esa exposición tan clara, señor Núñez,
pedimos que se vote el punto 4. Cualquier reducción de plantilla,
cualquier reducción en la calidad del trabajo, cualquier filialización,
cualquier segregación de la empresa, tiene que hacerse de acuerdo con los
trabajadores; esto es votable plenamente. Pero si aquí hoy no se vota y
mañana el señor Pimentel no lo aclara en la Comisión de Economía, ustedes
han dejado la empresa ya en manos privadas ante un futuro absolutamente
incierto. Esto es lo que estamos diciendo. La contradicción se ha
planteado territorialmente. Los parlamentos de Cantabria, de Andalucía,
de Galicia, donde tienen ustedes mayoría absoluta, del País Valencià, de
Extremadura y de Asturias, han votado contra la privatización de
Tabacalera y la desaparición de los centros territoriales
correspondientes. Los ayuntamientos de Sevilla, de Cádiz, de Logroño, de
Plasencia, de Malpartida de Plasencia y de La Coruña, también han votado
que no se privatice la empresa y que no haya consecuencias estructurales,
sociales y laborales. Por tanto, aquí está el tema de fondo y ni por
razones económicas ni por razones de integración en la Comunidad Europea
ni por razones de que esta empresa no rinda beneficios ni por razones de
ningún tipo tiene justificación lo que ustedes están haciendo: tirar por
la borda una empresa con 360 años de existencia, que rinde un gran
beneficio a este Estado en todos los niveles.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Alcaraz.
Finalmente, se presentará por parte del Grupo Parlamentario Mixto, señora
Rivadulla, una proposición no de ley en el mismo sentido.
Por tanto, para su defensa, tiene la palabra la señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor presidente.
Señorías, creo que da idea de lo grave de la situación y de la
preocupación de los distintos grupos parlamentarios el hecho de que hoy
se estén debatiendo aquí en este Congreso tres proposiciones no de ley y
una moción que es consecuencia de la interpelación que presentó la semana
pasada Izquierda Unida. Yo, contrariamente a lo que ha manifestado el
portavoz socialista, señor Amarillo, no soy nada optimista. Es más, diré
que no me creo su optimismo y sé que ha hecho alarde de una ironía
infinita porque él, como yo, estuvimos presentes cuando la ministra de
Agricultura, señora De Palacio, hizo una loa encendida de las
privatizaciones y de su fe en la liberalización total de la economía,
independientemente de que estemos hablando de una compañía como es la
empresa Tabacalera que, como los distintos intervinientes que me han
precedido han señalado, es una empresa rentable, que ha dado muchos
beneficios, tanto en su objeto de recaudación de impuestos --tres
billones en diez años--, como en los beneficios que produce anualmente,
que están en torno a los 100.000 millones de pesetas. Estamos hablando de
una empresa que, además, tiene un gran contenido social, con 47 centros
de trabajo, como se ha dicho, repartidos por toda la geografía nacional.
Quiero recordar que en la Comunidad Autónoma de Cataluña --por eso estoy
esperando que intervenga Convergència i Unió para ver qué dice--, en
Tarragona concretamente, la empresa Tabacalera es un punto importantísimo
en el tejido industrial. Tiene un gran volumen de empleo y, además, tiene
empleo estable, algo que ya empieza a ser muy poco común en nuestro país;
independientemente de que en los últimos años ha reducido la plantilla en
2.000 personas, quedan todavía 6.500 trabajadores con un empleo estable.
Pero estamos metidos de lleno, señorías, en la vorágine de una fiebre
absolutamente liberalizadora, y el Grupo Parlamentario Popular dice que
todo lo que tenga que ver con lo público es antiguo y está desfasado,
cuando tuvimos ocasión de decir la semana pasada, señorías, que los
únicos que están desfasados son los que sustentan a un Gobierno cuyo
objetivo es adelgazar al Estado de tal manera que está totalmente en
contra de los vientos que corren ya por toda Europa. Sí hubo momentos,
efectivamente, de fiebre liberalizadora, pero ustedes, señores del
Partido Popular, han llegado tarde. A nosotros nos preocupa que si la
empresa se privatiza totalmente, el peligro es que, como toda empresa,
lógicamente querrá obtener el máximo beneficio a costa de lo que sea, y
nos preocupa muchísimo que se produzca la desaparición de centros de
trabajo y una pérdida de empleo. Y estos temores, señorías, no son
gratuitos, porque tenemos estudios de distintas empresas de auditorías en
los que se habla del posible cierre de entre siete y once centros. El
presidente de Tabacalera dijo cuando compareció aquí que se comprometía a
mantener los centros hasta el año 2000. ¿Qué pasará después del año 2000?
No queremos alarmar a la plantilla de Tabacalera, pero es precisamente
por eso por lo que el Partido Socialista, Izquierda Unida y nosotros
estamos dando la batalla para que esta privatización no se produzca en su
totalidad.
Por todo ello, señorías, quiero decirles que en Iniciativa per
Catalunya-Nueva Izquierda hemos acogido la propuesta que nos ha hecho el
Comité intercentros de Tabacalera y la presentamos hoy en el Congreso en
forma de proposición no de ley. Tiene como objetivo evitar la
privatización total de esta empresa pública; que, en todo caso, se
produzca un proceso ordenado y parcial de privatización y que se
garantice, sobre todo, la viabilidad de la empresa.
El punto 4 de la proposición no de ley de Iniciativa per Catalunya-Nueva
Izquierda hace referencia también, señorías, a la permanencia de todo el
patrimonio histórico-artístico y bienes inmuebles de Tabacalera como
bienes del Patrimonio del Estado. Su desafectación, en todo caso, sólo se
llevará a cabo para obras de utilidad pública o interés social. Quiero
decir, señorías, que no desconoce esta diputada que el presidente de
Tabacalera señaló en su comparecencia que el patrimonio artístico mueble,
o sea, los dos cuadros de Goya que, por cierto, compraron los
trabajadores de Tabacalera en 1796, pasaría, junto con el archivo --un
archivo muy amplio que tiene Tabacalera de su comercio de tabaco con
Cuba--, al Archivo de Indias, pero no se les debe ocultar, señorías, que
Tabacalera tiene también bienes inmuebles que no queremos que sean objeto
de especulación. Queremos, en todo caso, que estos bienes inmuebles, de
llevarse a cabo la desafectación, pasen a ser patrimonio del Estado y
sean destinados a objetivos de utilidad pública o de interés social.
Señorías, sólo me queda decir que pensamos que la voluntad política del
Grupo Parlamentario Popular y de Convergència i Unió, que entendemos que
le da apoyo --señor Sánchez i Llibre, le ha tocado a usted, que está aquí
--, es cero. No pensamos que esta proposición no de ley tenga carácter
póstumo y esperamos que pueda realmente hacer reaccionar a los que hoy
tienen la responsabilidad de gobierno y que entiendan que es una empresa
pública de gran trascendencia, que no se puede privatizar en su
totalidad, que se deben garantizar los centros de trabajo y, sobre todo,
se debe garantizar que los puestos de trabajo tengan carácter estable y
no se reduzcan.
Nada más, señor presidente, muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Rivadulla.
Por parte también del Grupo Parlamentario Mixto, el señor Rodríguez, en
este caso, ha presentado formalmente una enmienda a una de las
proposiciones no de ley.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Desde aquél día de febrero en que el Bloque Nacionalista Galego presentó
una enmienda a la totalidad a la ley de ordenación del mercado de
tabacos, que fue la primera ocasión en la que estuvo planeando el
problema de la privatización de Tabacalera, hasta hoy, tenemos que
celebrar que el entusiasmo contrario a la privatización haya alcanzado el
justo cenit que tenía que alcanzar por parte de todas las fuerzas
políticas que no son favorables a una economía de mercado en plan salvaje
y destructivo que no hace más que perjudicar gravemente a Estados como el
español que, por lo que se ve, está dispuesto a tener una vocación de
Estado periférico y no de Estado central en la actual evolución
económico-política. Y lo primero que tendremos que decir y remachar es
que hay una tendencia en los gobiernos de muchos Estados del mundo, y en
particular del Estado español, a tomar una serie de iniciativas de
carácter económico que solamente van acompañadas y no acompasadas
precisamente con los trámites parlamentarios. Nosotros, como Bloque
Nacionalista Galego, queremos volver a denunciar hoy aquí que el proceso
de privatización de Tabacalera se hizo sin contar con todo el marco legal
que debía acompañarla previamente, cual era, en primer lugar, la
aprobación en su totalidad y después de todo el proceso de la ley de
ordenación del mercado de tabacos y la
aparición de la misma en el BOE, y no vernos como nos vemos, con una
Tabacalera prácticamente privatizada en toda esa longitud de acciones sin
que realmente haya una cobertura total para su legalidad. Ya sabemos que
las instituciones de carácter democrático muchas veces parecen
decorativas, pero nuestra intención es que no lo sean, igual que puede
ser muy importante este primer ataque, esta primera beligerancia contra
la privatización de una empresa pública, porque van a venir muchas más y
sería de desear que todos actuásemos con la debida diligencia y a su
debido tiempo.
Dicho esto, señorías, el proceso de transnacionalización en el caso del
Estado español va por una vía de total privatización, es decir,
periférico y dependiente. Volvemos a alertar sobre que este tipo de
privatización y transnacionalización conduce, sin duda alguna, a no poder
garantizar ni la producción del tabaco en el Estado español; ya ven que
el Gobierno introduce una cláusula de cinco años para garantizar la
compra, por lo menos la mitad, de lo que pueda ofertar Cetarsa. En
segundo lugar, con este tipo de procesos privatizadores es imposible
garantizar la permanencia de todos los centros, las fábricas y el número
de puestos de trabajo. No lo decimos nosotros; ya hay claros anuncios de
bancos que están dedicados a la colocación de acciones y, por si esto
fuese poco, hay un marco legal de carácter laboral que no permite
garantizar que los puestos de trabajo vayan a mantenerse, sobre todo si
se trata de una economía totalmente privatizada. A nosotros nos preocupan
sobremanera no sólo los 6.800 trabajadores del Estado español, sino en
particular --es lógico y legítimo-- los trabajadores de la fábrica de A
Coruña, porque estamos en una zona especialmente deprimida y en una
comarca que se está convirtiendo exclusivamente de servicios, y ya se
sabe que los servicios pueden aguantar cuando hay alguien que compra
porque hay producción que crea riqueza. Y en tercer lugar, señorías, el
propio Gobierno anuncia ya que los peligros son evidentes y se cura en
salud, pero malamente, como siempre se hace cuando no se está dispuesto a
coger el toro por los cuernos. En concreto, el Consejo de Ministros de
principios de este mes de abril ya hablaba de que haría falta
autorización administrativa para la disolución voluntaria, la fusión, la
sustitución de objeto social y la adquisición por terceros de acciones
que superen el 10 por ciento. Estas palabras indican cuáles pueden ser,
cuando menos, los peligros no ya a ocho años vista sino después, caso de
que cualquier Gobierno estuviera dispuesto a ser beligerante con esta
cláusula de carácter administrativo.
Para terminar quiero recordar las palabras del presidente de Tabacalera,
que el otro día dio una lección maestra de la conciencia que tenía de que
sería la última vez que tendría que pasar por este tipo de oprobio de
venir a declarar ante los representantes democráticamente elegidos y que
en una ostentación de irresponsabilidad total dijo lo siguiente: Como ya
he repetido varias veces, la preocupación de la llamada gerencia de la
empresa por los activos inmobiliarios de la compañía es mínima, ya que es
tal el grado de poca preocupación que tenemos porque son activos fabriles
que ni tenemos valoraciones ni hemos pedido la situación urbanística, que
indudablemente es un tema que no nos preocupa porque no es trascendental
para la empresa, es un tema que tiene escasa relevancia a nivel de la
empresa y la empresa no está preocupada por esto. Si esto es
responsabilidad de un gestor público, que venga Dios y lo vea.
Señorías, nosotros vamos a apoyar las proposiciones no de ley presentadas
y pensamos que para que pueda ser cierto que se mantenga la producción,
el tejido productivo y los puestos de trabajo, que es nuestra enmienda de
adición a la proposición no de ley del Grupo Socialista, hace falta un
núcleo duro al servicio de la sociedad o, lo que es igual, al servicio
del Estado, que es el único que puede garantizar que el proceso de
transnacionalización siga siendo beneficioso para la sociedad española,
Como dijo el señor presidente, en su terminología, a los españoles nos
dejaba mucho más ricos que cuando él empezaba a gobernar, con 9.000
pesetas cada uno, pero ahora nos va a dejar sin nada. Por tanto, lo
lógico es oponerse a este proceso y votar favorablemente estas
proposiciones no de ley.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Rodríguez.
Como quiera que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida ha defendido en
la misma intervención la proposición no de ley y la moción consecuencia
de interpelación, antes de pasar a las intervenciones de los grupos no
enmendantes para que fijen su posición, debo dar la palabra nuevamente al
Grupo Socialista para que defienda las enmiendas que tenía presentadas a
la moción consecuencia de interpelación y así unificar formalmente el
conjunto del debate.
El señor Amarillo tiene la palabra.
El señor AMARILLO DOBLADO: Gracias, señor presidente.
Señorías, en este debate dividido, que nos hemos visto obligados a
unificar para retirar la moción, había dos partes totalmente diferentes,
como habrán podido comprobar SS. SS. (El señor vicepresidente,
Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) Por un lado estaba y
está el llegar a un consenso lo suficientemente amplio entre todos los
grupos para aprobar una proposición no de ley --decimos para aprobar-- y
que no tenga un carácter testimonial, una derrota, sino que lo que
queremos es que sea aprobada por la Cámara y que la voluntad se demuestre
después surtiendo los efectos que lógicamente se deriven como
consecuencia de este posicionamiento firme. En este
sentido, tenemos que decir que después de que hemos comprobado las
enormes dudas que abrigábamos respecto de la privatización de Tabacalera
en todos los órdenes, tenemos dudas muy graves respecto a los objetivos.
Sabemos que hay objetivos que no se hacen públicos, lo que nos produce
una gran inquietud. Tenemos enormes dudas de qué se va a hacer con su
patrimonio y no hemos sido capaces de conseguir en ninguna de las
intervenciones, que han sido ya numerosas a este respecto, incluso en la
última con el propio presidente de Tabacalera, Cesáreo Alierta, una
clarificación de su patrimonio, tanto del patrimonio histórico artístico
como del patrimonio inmobiliario. El patrimonio inmobiliario de
Tabacalera es muy grande, tiene solares ubicados en zonas claves,
céntricas, de las ciudades y no conocemos en estos momentos, no hemos
sido capaces de tener un listado detallado, que es el que hemos exigido y
seguimos exigiendo, en el cual estén la ubicación, la valoración y el
asiento que tienen para que podamos comprobar cómo se puede jugar en un
momento dado con revalorizaciones o plusvalías de solares. Y estas
cuestiones, lógicamente, también deben ser recogidas. Respecto a los
gestores las dudas son gravísimas. Yo no voy a repetir aquí lo que ya
consta en el «Diario de Sesiones» sobre la comparecencia del presidente
de Tabacalera, pero no puedo por menos que decir que la responsabilidad
de mantenerlo es suya, que son ustedes, lógicamente, los responsables.
También quiero decirles claramente que una cosa es cómo se interpreta una
legalidad y otra muy diferente es la ética política. Ustedes en muchas
ocasiones han puesto la bandera de la ética política por delante de
otras, pero cuando se trata realmente de llevarlo a cabo no lo están
haciendo. Hay enormes oscuridades respecto a los gestores. Hay
oscuridades que figuran ya en el «Diario de Sesiones» y que ustedes
siguen sin aclarar y esperamos que en un momento dado aclaren.
Por todo ello conviene que lo que aprobemos sea algo totalmente viable.
Nosotros vamos a ser coherentes con lo que hemos hecho. No renunciamos,
porque estamos convencidos de que lo hicimos bien, a actuaciones
anteriores. Nosotros nunca nos hemos opuesto a que se privatice parte de
Tabacalera. A lo que sí nos oponemos es a que se privatice totalmente
Tabacalera, a que no haya un conjunto de acciones que salvaguarden los
intereses generales, y en esta dirección va la proposición no de ley que
el Grupo Socialista presenta. Por ello, a la proposición de Izquierda
Unida nos obligamos a presentar, por coherencia con nosotros mismos, una
serie de enmiendas. Entiéndase bien que estas enmiendas se presentan
compartiendo el espíritu. Compartimos, señores de Izquierda Unida,
exactamente el mismo objetivo de clarificación, el objetivo de que el
patrimonio inmobiliario y el patrimonio histórico-cultural vayan a los
fines a los que deben ir
--incluso hay alguna resolución nuestra presentada y aprobada en
esta Cámara en este sentido-- y compartimos el conservar el tejido
industrial. Quiero decir a algún miembro de otro grupo que cuando
hablamos de conservar el tejido industrial es tanto como decir conservar
los puestos de trabajo; es casi una redundancia hablar de conservar el
tejido industrial y los puestos de trabajo. Realmente estamos diciendo lo
mismo. Pero, junto a ello, tenemos que obviar el aprobar cosas que sería
muy difícil llevar a cabo.
Por ello y resumiendo, en enmiendas que ustedes conocen les hemos
propuesto añadir la palabra total entre privatización y de la empresa,
con el fin de señalar este carácter de que no nos oponemos a que parte se
pueda privatizar y que incluso puede ser bueno. Además, en vez de darle
un carácter totalmente imperativo a la palabra adoptando, pretendemos
mantener un carácter potestativo.
Respecto al punto segundo no hay problema alguno, coincide exactamente
con la proposición no de ley.
En cuanto al punto tercero estamos de acuerdo en lo que ustedes dicen,
pero la cuestión es que tenemos que darle un asiento, una percha de
carácter legal para poderlo materializar, porque si lo dejamos tan
implícito, como viene en la proposición presentada, fíjense que podría
interpretarse algo que nos conduciría a un gran absurdo. Imagínense, tal
como está redactado, que estamos exigiendo que cuando se compren acciones
cualquiera que las compre, sea persona física, jurídica o privada, tenga
un plan respecto a cuál va a ser el objetivo en la capitalización y cuál
va a ser su plan de inversión. Es imposible hacer ese plan de manera
genérica porque no se puede viabilizar, como pueden comprender ustedes,
en una empresa que entre otras cosas está en Bolsa. Sin embargo, los
objetivos y los fines, que los compartimos, quedarían subsanados con la
redacción de sustitución que proponemos, que consiste en condicionar la
autorización de venta que estipula el decreto de privatización de
Tabacalera S. A. a la existencia de un plan de inversión y futuro de la
empresa. ¿Por qué? Porque estamos ya ligando inversores fuertes, que son
los que realmente pueden condicionar una inversión de futuro, al decreto
de privatización que marca el tope del 10 por ciento, y eso ya es viable.
Ahí estamos concretando totalmente.
Añadir un punto 4 bis sería otra de las enmiendas...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Amarillo, le
ruego vaya concluyendo.
El señor AMARILLO DOBLADO: Señor presidente, un momento.
Compartiendo todo lo que dicen en el punto 4, que respetamos
íntegramente, respecto al inventario de carácter histórico-artístico, sin
embargo no podemos obviar el carácter inmobiliario y el de los solares.
Lo que proponemos en el punto 4 bis es adoptar las medidas necesarias
para que en el proceso de privatización, condicionado por las iniciativas
aprobadas por el Congreso,
el patrimonio de Tabacalera tanto de carácter histórico-artístico como
inmobiliario quede puntualmente esclarecido, detallado y valorado. Es
decir, no solamente el artístico, con lo que estamos de acuerdo, sino
añadir todo el de carácter inmobiliario, que es enormemente importante y
tras el cual puede haber operaciones claramente especulativas que
queremos impedir. Si SS. SS. aceptan estas enmiendas, nosotros no
tendríamos inconveniente alguno en votar a favor. Creemos francamente que
las enmiendas mejoran el texto y, desde luego, compartimos los fines y
los objetivos.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Amarillo.
No han intervenido en el debate, hasta ahora, los grupos de Coalición
Canaria, Convergència i Unió y Popular. ¿Desean estos grupos
parlamentarios fijar su posición? (Asentimiento.) En primer lugar, en
nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
El tema del monopolio de tabacos, de Tabacalera como empresa arrendataria
de este monopolio, ha sido siempre mirado desde Canarias --y esta es una
de las ópticas desde la que Coalición Canaria lo hace a través de mí como
portavoz de este tema-- con desconfianza y suspicacia, porque Canarias
afortunadamente quedó siempre, por sus leyes de puertos francos y por su
régimen económico y fiscal especial y específico, fuera del área del
monopolio de combustibles por Campsa como del de tabacos por Tabacalera.
Por tanto, la empresa se desarrolló en un marco de economía libre de
mercado y de libre competencia y nos fue bien. Nos fue bien hasta que una
Tabacalera estatal fue cercenando una serie de posibilidades de mercado,
marquista, etcétera, en el área peninsular. De aquí la justificación de
esta suspicacia hacia Tabacalera, situada en una posición predominante.
Los litigios no han terminado, hasta tal punto que en este momento hay
abierta una querella criminal ante los tribunales por parte de una
empresa tabaquera mixta, de capital de Tabacalera y de CITA, en Canarias,
porque no nos consideramos bien tratados.
Ante estas iniciativas sobre la privatización de Tabacalera que nos traen
estos grupos el día de hoy, Coalición Canaria manifiesta y fija su
posición en los siguientes extremos porque va a votar en contra de las
mismas por las siguientes razones, que trataré de objetivar. Señores, el
próximo día 21 de abril termina el período abierto de las adquisiciones
de acciones del paquete, prácticamente un 52,4 por ciento de acciones de
Tabacalera, que tiene en propiedad el Estado español, frente al paquete,
llamémosle minoritario, de las acciones que se han venido cotizando en
Bolsa, de capital privado, aproximadamente un 47 por ciento. Por tanto,
recientemente se han abierto unos plazos cuya interrupción, si se
decidiera aceptar un proceso de paralizar la privatización, en un Estado
de Derecho nos pondría en una tesitura financiera nacional e
internacional muy delicada. En primer lugar, la pérdida de un crédito
para el Estado español, anunciando públicamente y bajo el principio de
legalidad lo que ahora citaré, una oferta pública de venta de acciones de
Tabacalera S. A., de propiedad estatal hasta el momento. Por tanto, el
ciudadano privado o institucional, abierto este período de solicitud de
acciones, que como he dicho termina el 21 de abril, se vería
verdaderamente frustrado y defraudado y legítimamente habilitado para
concurrir ante los tribunales de justicia y exigir las responsabilidades
pertinentes. Porque ¿quién pagaría en caso de desistimiento, caso de que
se aceptara paralizar la privatización, con las normas vigentes que hay
en este momento? La Sociedad Estatal de Participaciones Patrimoniales, en
razón del folleto que ha aprobado la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, se vería obligada a pagar los costes y gastos de este
desistimiento. Pero el daño no solamente sería de tipo financiero para
las arcas del Estado, sino del prestigio financiero nacional e
internacional. Y sobre eso, señores, debemos ser serios, porque estas
proposiciones no de ley llegan tarde en este momento procesal.
Todo el procedimiento que mi grupo ha estudiado está al amparo, primero,
de la Ley 5/1995, que regula el régimen jurídico de enajenación de
participaciones públicas en estas determinadas empresas. Podía faltar el
requisito, que se contemplaba en la ley, de la exigencia de una normativa
de rango de real decreto para dar la autorización administrativa previa.
Esto se ha hecho por el Real Decreto 552, aprobado por el Gobierno y
publicado el 2 de abril del corriente año. Cumplidos, por tanto, los
preceptos de normativa legal y ajustándose a derecho, existe esta razón
para el mantenimiento que hago de esta postura a la hora de fijar
posición y de tener que votar en contra de estas proposiciones no de ley.
Aparte de eso, y con todas las reservas que siempre nos ha merecido el
señor presidente de Tabacalera, en su última comparecencia ante la
Comisión de Economía, Comercio y Hacienda se dieron unas garantías sobre
los temas laborales y de patrimonio. Mi grupo votó una feliz iniciativa
que tuvo el Grupo Socialista sobre el patrimonio histórico-artístico de
las empresas públicas que se privatizaban para que no quedara en almoneda
y subasta pública, sino que pasara unos controles patrimoniales oficiales
de las comunidades autónomas, de las corporaciones o del Estado. Apoyamos
esa iniciativa del Grupo Socialista porque era muy oportuna, atinada,
sensata y razonable. Por esta misma razón y de cara a los argumentos que
he dado, y dándose las garantías de tipo laboral, en Canarias preferimos
que Tabacalera sea una empresa privada en todos
sus órdenes y que se garanticen, por supuesto, los tributos que se
obtienen por el Impuesto sobre Sociedades. La recaudación fiscal por el
impuesto de tabacos debe hacerse sin necesidad de ser empresa pública,
como se hace con los alcoholes. Todo fabricante de una bebida alcohólica
paga sus impuestos y pone el precinto sobre el tapón de la botella. Para
eso están las inspecciones fiscales del Ministerio de Economía y
Hacienda.
Por todas estas razones y para no agotar más mi tiempo, señor presidente,
mi grupo va a votar en contra de estas proposiciones no de ley.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Mardones.
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Sánchez i Llibre.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
La posición del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió va a ser la de
no apoyar las iniciativas presentadas por el Grupo Parlamentario
Socialista, por el Grupo de Izquierda Unida y por el Grupo Mixto. Nuestra
decisión básicamente la mantenemos en función de la coherencia que ha
tenido nuestro grupo parlamentario en los últimos años. (Rumores.)
Como todas SS. SS. saben perfectamente, el Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió ya apoyó un proceso de reestructuración del sector
público empresarial español cuando el Grupo Socialista lo presentó en
esta Cámara a través del señor Eguiagaray cuando era ministro de
Industria, y lo hemos seguido apoyando cuando el Gobierno del Grupo
Popular ha cambiado el nombre de las privatizaciones basándolo no en la
reestructuración que mantenía el Grupo Parlamentario Socialista o el
Gobierno socialista, sino en función de la modernización del sector
empresarial español. Lógicamente, dentro de las propuestas socialistas
comprendidas en los años 1993 a 1996 y posteriormente de las propuestas
del Gobierno del Grupo Popular, estaba contemplada, dentro del proceso de
privatización, la modernización de sectores que englobaban empresas tan
importantes como Enagas, Repsol, Aldeasa, Argentaria y, lógicamente,
dentro de este paquete de empresas importantes también se encontraba la
empresa Tabacalera, S. A. Por este primer motivo de coherencia política
con estos planteamientos, nosotros seguimos insistiendo en que no sería
prudente paralizar este proceso de privatización que inicialmente apoyaba
el Grupo Socialista y ha seguido apoyando el Grupo Popular en su etapa de
gobierno desde el año 1996.
Tampoco apoyamos este proceso de paralización de la privatización porque
en estos momentos se dan una serie de circunstancias importantes, ya que
se ha producido una liberalización en el mercado de tabaco --la semana
anterior aprobamos la Ley de liberalización del sector del tabaco--, y
una vez liberalizado dicho sector, en el que desaparece el monopolio de
la producción, no vemos lógico un planteamiento empresarial en el cual
participe el Estado en una proporción que oscila entre el 10 y el 20 por
ciento, como plantean el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo
Parlamentario Mixto y el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Hay otro motivo importante y es que, aunque el Estado no participe en
Tabacalera por las circunstancias anteriormente mencionadas, existe una
disposición aprobada en la etapa del Gobierno socialista y apoyada por
Convergència i Unió en el sentido de que el Estado tiene a su abasto la
posibilidad de autorizar todas aquellas adquisiciones de acciones que
superen un 10 por ciento del paquete accionarial. Desde esta perspectiva
es importante que dicha concesión pueda ser controlada
administrativamente por el Gobierno no autorizando posiciones del mercado
que pudieran ir en contra de los intereses de la economía española.
Hay otra cuestión que han planteado los diferentes portavoces que me han
precedido en el uso de la palabra. En todos ellos existe la percepción de
que probablemente haya una reducción de puestos de trabajo, pero yo diría
a sus señorías que repasaran cuál ha sido la evolución de Tabacalera y de
las empresas públicas durante los años 1886-1996. Desgraciada y
lamentablemente, el que una empresa sea pública o tenga una participación
pública no es sinónimo de plena ocupación, porque justamente en
Tabacalera, en los últimos años, ha habido reducciones importante de
plantilla, participando mayoritariamente el Estado. Por tanto, el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) es sensible a los
planteamientos según los cuales pueda haber una reducción de trabajo,
pero la ministra, desde esta tribuna, y el presidente de Tabacalera se
comprometieron a que en los próximos años no habría reducciones de
plantilla, que se mantendrían los puestos de trabajo. Nosotros confiamos
en lo que ha dicho el Gobierno y, lógicamente, si no se cumplen dichas
previsiones, desde nuestra perspectiva parlamentaria actuaríamos en
consecuencia a fin y a efecto de que no se produzcan reducciones
drásticas de plantilla en los diferentes centros de trabajo que están
actualmente en marcha dentro de Tabacalera.
Hay un cuarto aspecto que a nuestro entender es importante. En dicho
proceso de privatización se han contemplado una serie de precauciones que
estaban perfectamente delimitadas por el Consejo consultivo de
privatizaciones y también a raíz de la intervención del presidente de
Tabacalera en el sentido de que dicha privatización se ha basado en el
principio de continuidad del proyecto empresarial. En dicha memoria en
ningún momento se contempla que este proyecto empresarial
no pueda tener cabida cuando esté prácticamente privatizada; se han
cumplido los requisitos de concurrencia y publicidad para garantizar la
transparencia del proceso y también ha participado en dicho proceso de
privatización la Intervención General del Estado así como el Tribunal de
Cuentas.
Hay otro aspecto importante que Convergència i Unió ha contemplado
positivamente. En el caso de que la participación que se ofrecía a los
trabajadores no hubiera podido ser cubierta, nuestro grupo hubiera
apoyado la posibilidad de que dichas acciones que no hubieran sido
cubiertas por los trabajadores hubieran vuelto a pasar a manos del Estado
a fin y a efecto de poder contemplar posteriormente mejores condiciones,
ya que entendemos que es muchísimo mejor que el núcleo importante esté en
manos de los trabajadores de Tabacalera que no en manos del Estado. Por
este motivo, y en función de los datos que hemos podido recabar, va a
haber una importante participación en la compra de las acciones por parte
de los trabajadores, en el sentido de que parece ser hay una demanda tres
veces superior a la oferta existente.
En cuanto a la manifestación que ha hecho el diputado de Izquierda Unida
respecto a la liberalización del gas en España, sería bueno no confundir
al personal de esta Cámara en el sentido de que la liberalización que ha
hecho el Gobierno español ha sido muchísimo más rápida que la de los
diferentes gobiernos de la Unión Europea. Teniendo en cuenta que en
España sólo está gasificada una tercera parte del territorio, que faltan
dos terceras partes para gasificar, y que en las dos terceras partes que
faltan va a haber una libre concurrencia, lógicamente la empresa que ha
gasificado la tercera parte del territorio español, que ha invertido casi
un billón de pesetas, va a tener este proceso de liberalización para
recuperar las inversiones correspondientes.
Muchas gracias, señores Diputados, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Sánchez i Llibre.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Pascual. (Rumores.) El señor PASCUAL MONZO: Muchas gracias, señor
presidente.
Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Popular voy a fijar la
posición respecto tanto de las tres proposiciones no de ley presentadas
por los distintos grupos parlamentarios sobre la privatización de
Tabacalera, como de la moción presentada por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida como consecuencia de la interpelación de la semana
pasada.
La intervención de la semana pasada la inicie felicitando al Gobierno por
la forma en que había desarrollado... (Rumores.--Aplausos.--En la tribuna
de invitados se muestran pancartas y se arrojan octavillas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento, señor
Pascual.
Pido a los invitados que abandonen las tribunas. Ruego a los servicios de
la Cámara procedan al desalojo de las tribunas.
Suspendemos la sesión durante diez minutos.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, se
reanuda la sesión.
Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, el señor
Pascual. (Rumores.) Ruego silencio, señorías. (Pausa.) Señor Pascual,
cuando quiera.
El señor PASCUAL MONZO: Señorías, voy a continuar mi intervención,
interrumpida por el lamentable incidente, en el debate de privatización
de la empresa patrimonial del Estado Tabacalera Sociedad Anónima. Decía
al comienzo de mi intervención que en el debate de la interpelación del
pasado miércoles inicié dicha intervención felicitando al Gobierno porque
estaba cumplimiento un proceso modélico en cuanto al cumplimiento del
programa electoral del Partido Popular y en cuanto al proceso de
privatización de Tabacalera. No solamente está cumpliendo su programa
electoral el Partido Popular, sino que como desde esta tribuna manifestó
en el debate de investidura el presidente del Gobierno el proceso de
privatización de Tabacalera se está realizando de acuerdo con los
principios establecidos en el programa de modernización del sector
público empresarial del Estado aprobado por el Gobierno el 28 de junio de
1996, en cumplimiento de los compromisos citados anteriormente. En dicho
acuerdo, señorías, se establece por primera vez, repito... (Rumores.) El
señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento, señor
Pascual.
Señorías, les ruego silencio. Señor Echániz. (Pausa.)
Continúe, señor Pascual.
El señor PASCUAL MONZO: Gracias, señor Presidente.
En dicho acuerdo se establecen por primera vez, repito por primera vez,
unos criterios generales que deben seguirse en todos los procesos de
privatización y en particular los siguientes: primero, la continuidad del
proyecto empresarial de las empresas privatizadas, que en el caso de
Tabacalera se sigue con el Real Decreto 552/1998, del régimen de
autorización administrativa previa de Tabacalera; segundo, la publicidad
y concurrencia para garantizar la transparencia del proceso; y, tercero,
el establecimiento de controles que antes
no existían, señorías, establecimiento de controles que en anteriores
gobiernos no existían, a través de la Intervención General de la
Administración del Estado, del Tribunal de Cuentas y del Consejo
Consultivo de Privatizaciones.
Se han respetado, señorías, todas las condiciones de transparencia. El
hecho de privatizar las acciones de Tabacalera en poder del Estado a
través de una oferta pública de venta, es una garantía de publicidad y de
libre concurrencia. La Sociedad Estatal de Participaciones Patrimoniales
ha depositado la correspondiente documentación en la Comisión Nacional
del Mercado de Valores donde se dan todos los detalles de la operación.
El Consejo Consultivo de Privatizaciones ha informado favorablemente,
señorías, el proceso seguido para privatizar Tabacalera y dice
textualmente que se han respetado los principios de publicidad,
transparencia y libre concurrencia, informe que fue dado a conocer el
pasado 23 de marzo. Por último, señorías, la Intervención General de la
Administración del Estado informó el 20 de marzo el expediente relativo
al acuerdo del Consejo de Ministros por el que se autoriza a la Seppa la
venta de acciones de Tabacalera. Por tanto, señorías, tengo que rechazar
una vez más y categóricamente las acusaciones que se han hecho en todos
los debates que hemos tenido sobre la privatización de Tabacalera de
oscuridad, de falta de información, de desconocimiento.
Señorías, llegamos al debate de hoy con tres proposiciones no de ley y
una moción sobre el mismo tema. Las cuatro iniciativas podríamos
separarlas en cuatro bloques. Un primer bloque en el que se pide que no
se privatice Tabacalera y caso de que se privatice que se mantenga un
porcentaje, incluso la señora Rivadulla, del Grupo Mixto, pide que ese
porcentaje sea el 20 por ciento. ¿Por qué el 20 por ciento? ¿Qué cantidad
habría que fijar? No se aduce ningún argumento que explique el porcentaje
o por qué debe seguir habiendo una participación estatal en Tabacalera.
Según esa teoría, señorías --y de momento no han demostrado ustedes lo
contrario--, si el Estado ha de tener una participación en Tabacalera,
tendría que tenerla también en todas las empresas que hay en este país.
También han hablado ustedes, señorías, del tema del fraude, del
contrabando. Esa es una obligación que no tiene nada que ver con la
privatización de Tabacalera, porque es una función de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado y hay que decir que desde que está en el
Gobierno el Partido Popular está mejorando mucho su efectividad, porque
cuando el Partido Popular llegó al Gobierno el contrabando era del 14,2
por ciento y actualmente ha descendido al 9 por ciento.
Se han dado también varios argumentos. El señor Amarillo ha hablado de
alarma, de sesgo de los ingresos en cuanto a la recaudación de los
impuestos, de que se van a poner en peligro los 700.000/800.000 millones
de pesetas recaudados a través de los impuestos, porque se privatiza
Tabacalera. Según ese argumento, señorías, tendría que intervenir el
Estado en todas las empresas que están recaudando el IVA para evitar que
haya fraude, para evitar que se pierda recaudación. El argumento no tiene
nada que ver. Si la razón que usted da para que siga habiendo patrimonio
estatal en Tabacalera es la recaudación de impuestos, el Estado tendría
que estar participando en todas las empresas de España.
Señorías, esa es una teoría retrógrada, es una teoría que hace años pasó
a mejor vida porque es totalmente inoperante. En ningún parlamento
europeo, ni siquiera sus propios compañeros socialistas, incluso de
Izquierda Unida, se atreven a plantearlo, porque, repito, es un argumento
totalmente retrógrado y pasado de moda.
Como les dije el último día, vienen como los malos estudiantes, haciendo
los deberes el último día, deprisa y corriendo. (Rumores.) Sí, como los
malos estudiantes. Vienen hoy con cuatro iniciativas de golpe, queriendo
entorpecer un proceso que está prácticamente finalizado. Si ahora
entorpeciéramos el proceso de privatización de Tabacalera --que es lo que
ustedes pretenden con sus iniciativas-- como muy bien ha expuesto el
señor Mardones, seríamos el hazmerreír de todos, provocaríamos una falta
de credibilidad del Estado español y, además, sería una burla para los
miles y miles de españoles que demandan acciones de Tabacalera.
También han hablado de que es una empresa estratégica. Ya me dirán
ustedes dónde está la parte estratégica de Tabacalera (Rumores.--Un señor
diputado: ¡En la venta!), porque según los datos, en España fuma un 37
por ciento de la población adulta y hasta ahora, que se sepa, fumar es
totalmente voluntario, no es una actividad que preste un servicio o
proporcione algún bien; por tanto señor Amarillo, señorías, no tiene nada
de estratégico el mantenimiento de Tabacalera por parte del Estado.
La semana pasada aprobamos la Ley de ordenación del mercado del tabaco,
con la supresión de los monopolios y la apertura de la fabricación y la
distribución al por mayor; es decir, está dentro de la política de
liberalización de la economía, el mantenimiento del tejido industrial o
de la producción, señorías.
Ustedes, sibilina e interesadamente, están engañando o tratando de
engañar a los mismos que dicen defender los partidos de la izquierda: a
los trabajadores (Rumores y protestas.) Están ustedes confundiendo la
privatización de Tabacalera con la pérdida de puestos de trabajo en los
centros o fábricas de Tabacalera, y nada tiene que ver que ver una cosa
con otra, señorías.
Les recuerdo señores socialistas (Rumores y protestas.), que ustedes ya
privatizaron en su momento casi el 50 por ciento, lo que ahora es
público, de Tabacalera (Continúan los rumores.); les recuerdo, señores
socialistas (Varios señores diputados: ¡Bien!), que ustedes ya aplicaron
dos expedientes de regulación de empleo en Tabacalera. Les recuerdo
también, señores socialistas, (Varios señores diputados: ¡Bien!) que bajo
su mandato...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Pascual, un
momento, por favor.
Señorías, les ruego permitan que la intervención del señor diputado no
sea interrumpida continuamente. Se lo digo al señor Martínez Sanjuan y a
los diputados que rodean al señor Martínez Sanjuan.
El señor PASCUAL MONZO: Señor presidente, veo que algunos diputados
socialistas se toman a cachondeo la privatización de Tabacalera
(Rumores.), con lo que demuestran, una vez más, qué poco les importa lo
que pase.
Como decía anteriormente, durante el Gobierno socialista, la plantilla de
Tabacalera disminuyó el 25 por ciento (Rumores.), en regulaciones de
empleo también.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Pascual, le
ruego vaya concluyendo.
El señor PASCUAL MONZO: Señor presidente, como son muchas iniciativas,
pido un poco de magnanimidad con el tiempo.
La ministra de Agricultura, en la pasada interpelación, ya trajo el
argumento a la Cámara de decir que la titularidad pública de Tabacalera o
de cualquier empresa pública no es garantía suficiente de mantenimiento
de puestos de trabajo, pues más del 50 por ciento de los puestos de
trabajo de las empresas estatales, del INI, se perdieron durante los
gobiernos socialistas; más del 50 por ciento del empleo; más de 64.000
empleos durante 13 años. (Rumores.) Por tanto, señorías, es un problema
de viabilidad de empresas, y ésa es la mayor garantía que se está
ofreciendo en este momento en Tabacalera: la gestión y la viabilidad
futura de la empresa.
Actualmente ha cambiado la gestión de Tabacalera. Desde que entró el
Partido Popular a gobernar se ha roto la tendencia de la cuota de
mercado, que era de una pérdida del 5 por ciento anual; se ha mejorado la
gestión (Rumores.); se han reducido los costes; se ha hecho una política
de expansión internacional, siendo hoy la primera empresa mundial en
puros, y en la diversidad del riesgo, entrando también en el sector de la
distribución; se ha triplicado, señorías, en dos años el valor de la
empresa (Rumores.); se han empleado más de 850 millones de pesetas en dos
años en formación de los trabajadores (Un señor diputado: ¡Ah!); por
tanto, señorías, no tiene sentido alguno la teoría o argumento que
estaban empleando, señores del Grupo Socialista y de Izquierda Unida.
(Rumores.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor
Pascual, le ruego concluya.
El señor PASCUAL MONZO: El portavoz de Izquierda Unida ha hablado en el
punto 4, y el del Grupo Mixto en el 2, sobre la filiación o segregación
de las empresas. Señorías, en la documentación presentada en la Comisión
Nacional del Mercado de Valores no se dice nada sobre la filiación o
segregación de la empresa; por tanto, me parece absurdo que ustedes sigan
intentando engañar a los trabajadores metiéndoles miedo en el cuerpo
porque la política de privatización de Tabacalera no es un capricho del
Gobierno (Un señor diputado: ¿Qué es?--Rumores.), no es un capricho
momentáneo, es la política de liberalización de los mercados que está
llevando el Gobierno del Partido Popular, y dentro del contexto de esa
política general está la política de privatización de Tabacalera;
política que está consiguiendo disminuir la deuda pública que ustedes,
señores socialistas, dejaron; que está consiguiendo disminuir de forma
considerable la inflación; que está consiguiendo disminuir de forma
importante los intereses bancarios y las hipotecas; que está consiguiendo
disminuir los impuestos de los españoles (Rumores.); que está
consiguiendo disminuir el paro como aumentando el empleo estable; que
está consiguiendo, señorías, el mantenimiento del bienestar social; que
estamos consiguiendo, señorías, cumplir con Maastricht y, por tanto, con
el euro. (Rumores.) El señor Alcaraz ha citado antes la mala política
industrial del Partido Popular. Pues, señorías, estamos en unos aumentos
espectaculares de la política industrial del Gobierno del Partido
Popular, con un aumento del 11 por ciento del producto interior bruto,
cosa que ustedes nunca han conseguido. (Rumores.) El señor VICEPRESIDENTE
(Fernández-Miranda y Lozana): Señor Pascual, S. S. debe concluir de forma
inmediata.
El señor PASCUAL MONZO: Termino, señorías, diciendo que me parece absurdo
que se intente, bajo el escudo de defender a aquellos que se quiere
defender, los trabajadores o los centros de trabajo, decir que va a
peligrar, cuando es todo lo contrario. Y es más, se ha dicho aquí
sibilinamente, porque no es verdad, que varias comunidades autónomas o
varios municipios han votado en contra de la privatización de Tabacalera
y de que Tabacalera retenga un porcentaje de patrimonio. Eso no es
verdad, señores Amarillo y Alcaraz. En Logroño no se ha aprobado nada y
en la Comunidad Valenciana o en Cantabria --y estoy hablando de memoria,
porque no tengo aquí los papeles-- se aprobó mantener los puestos de
trabajo y que no se cierren los centros. (El señor Alcaraz Masats muestra
al orador unos papeles.) No, señor Alcaraz, no venga usted exhibiendo
numeritos de los que nos tienen ustedes
acostumbrados, porque yo tengo también lo que se ha aprobado en estas
comunidades autónomas. En Logroño no se ha aprobado nada y en Cantabria y
en la Comunidad Valenciana se ha aprobado mantener los puestos de trabajo
y los centros. Con todo el trámite que se ha llevado adelante --termino,
señor presidente-- se garantizan los puestos de trabajo y que los centros
fabriles van a seguir abiertos.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.--Protestas.) El señor
VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor
Pascual.
A la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, señor
Amarillo, ha sido presentada una enmienda por parte del Grupo
Parlamentario Mixto y S. S. debe expresar si la acepta o no.
El señor AMARILLO DOBLADO: Por parte del Grupo Parlamentario Socialista,
en lo que se refiere a la enmienda del Bloque Nacionalista Galego, no
podemos aceptarla, porque en nuestra proposición va implícito lo que en
ella se dice.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Amarillo.
El señor AMARILLO DOBLADO: Por una cuestión de orden, y sin ánimo de
reabrir el debate, quisiera que S. S. me diera la palabra por un minuto.
(Rumores.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana):
¡Silencio!
Señor Amarillo, no tiene S. S. la palabra. El trámite en las
proposiciones no de ley se cierra, sin posibilidad de contrarréplica, con
la aceptación o no de las enmiendas. No tiene S. S. la palabra.
El señor AMARILLO DOBLADO: Tenía la mano en alto con anterioridad, pero
S. S. no lo ha visto.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Amarillo, no
tiene la palabra S. S., salvo para el trámite que ya ha cubierto. Muchas
gracias.
Señor Alcaraz, a su moción ha sido presentada una enmienda por parte del
Grupo Parlamentario Socialista y debe expresar S. S. la aceptación o no
de la misma.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor presidente, son varias enmiendas.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Son varias
enmiendas y le ruego que exprese si las acepta o no el grupo al cual
representa su señoría.
El señor ALCARAZ MASATS: Con respecto a la enmienda de sustitución
prácticamente del punto número 1, no podemos aceptarla. Esa es la
enmienda de fondo que plantea el Grupo Parlamentario Socialista . El
resto de las enmiendas son más bien superficiales, en el sentido de que
hacen variantes semánticas que no afectan al fondo de la cuestión. Por lo
tanto, para poder coincidir en el máximo número de votaciones, nosotros
no vamos a aceptar las enmiendas, lo cual permitiría separar el punto
número 1 en la votación, y en el resto, donde hay una coincidencia
altísima, podíamos votar en el mismo sentido, pienso yo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Alcaraz.
Señor Amarillo, tiene la palabra para expresar si va a solicitar su grupo
parlamentario la votación separada de los distintos puntos de la moción o
no.
El señor AMARILLO DOBLADO: Aceptamos la votación separada del punto 1 del
resto de los puntos de la enmienda.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Amarillo.
Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.) El señor PRESIDENTE: Votaciones correspondientes a las
proposiciones no de ley debatidas y a la moción que se ha acumulado.
Votamos en primer lugar la proposición no de ley del Grupo Socialista
relativa a la privatización de Tabacalera, Sociedad Anónima.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a
favor, 136; en contra, 158; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a
favor, 17; en contra, 278; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la proposición no de ley del Grupo Mixto, señora Rivadulla y
señor Peralta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a
favor, 133; en contra, 161; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley. (El señor
Alcaraz Masats pide la palabra.)
Señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor presidente, con respecto a la proposición
de Izquierda Unida había que votar, primero, el punto número 1 y después
el resto. Creo que ahí ha habido un pequeño error.
El señor PRESIDENTE: Las anotaciones de los servicios jurídicos que
asisten a la Presidencia me han indicado que es en la moción de Izquierda
Unida que vamos a proceder a votar ahora. ¿Es en la moción?
(Asentimiento.--Rumores.) Silencio, señorías.
Votamos, en consecuencia, la moción del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida sobre la necesidad de mantener a la empresa Tabacalera,
Sociedad Anónima como empresa pública, no procediendo a su privatización
y, en efecto, sometemos a votación, primero, por separado, el punto 1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a
favor, 17; en contra, 282.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el punto 1.
Resto de los puntos de la moción del Grupo de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a
favor, 139; en contra, 160; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados el resto de los puntos de la
moción del Grupo de Izquierda Unida.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES (Continuación.):
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO SOBRE POLITICA DE VIVIENDA DEL
GOBIERNO. (Número de expediente 173/000075)
El señor PRESIDENTE: Continuamos con las mociones consecuencia de las
interpelaciones urgentes debatidas en el pasado Pleno de control de la
Cámara.
En primer lugar, la del Grupo Socialista sobre política de vivienda del
Gobierno, para cuya defensa ante el Pleno tiene la palabra la señora
Narbona. (Rumores.--Pausa.) Señorías, guarden silencio. Señor Izquierdo,
señor Serra, señor Barrionuevo, guarden silencio para que pueda comenzar
la intervención.
Adelante, señora Narbona.
La señora NARBONA RUIZ: Gracias, presidente.
Señoras y señores diputados, la interpelación en materia de política de
vivienda que tuvo lugar la pasada semana sirvió para dejar constancia en
el «Diario de Sesiones» de esta Cámara de que el ministro de Fomento no
supo o no quiso contestar a diez preguntas formuladas por esta portavoz
en materia de política de vivienda sobre temas de extraordinaria
trascendencia en ese ámbito de la acción del Gobierno como, por ejemplo,
los datos sobre el suelo urbanizable existente en España, sobre el precio
medio del suelo, sobre el número de viviendas que van a ser objeto de
financiación en el futuro Plan de la vivienda, sobre el nivel de recursos
presupuestarios que prevé el Ministerio afectar para esta política, sobre
los cambios efectuados en el proyecto del IRPF en materia de vivienda y
algunas otras que, como digo, quedaron sin contestar.
No me resisto a leer literalmente lo que dijo el ministro de Fomento en
su única contestación a las preguntas de esta portavoz en relación con
las mejoras que aporta el nuevo Plan de la vivienda. Literalmente dijo
que, en síntesis, no se podía cambiar mucho respecto de lo que había, que
no podía haber cambios radicales y que había que mantener, en cierta
medida, lo que había porque no iba mal. Pero, eso sí, lo más importante
--lo digo literalmente-- de las mejoras es una previsión, no es ni
siquiera una fórmula inmediatamente aplicable, y es la de que hay que
empezar a cambiar el sistema porque las circunstancias económicas
permiten cambiarlo. Ciertamente, sorprendente declaración del Ministerio
de Fomento cuando se pregunta a su titular qué es lo que mejora en el
nuevo Plan de la vivienda. Por lo visto, mejora una previsión de que algo
habrá que cambiar, no se sabe el qué ni en qué dirección.
Por otra parte, como estábamos en tarde futbolística, el ministro de
Fomento nos abrumó con una serie de supuestas goleadas que el Gobierno de
la nación tenía a su favor en materia de política de vivienda y, en
particular, de la evolución de los tipos de interés y de la accesibilidad
a la vivienda. Retomando simplemente las palabras del ministro, si vamos
a hablar de goles, estamos justamente en ventaja en relación con la
evolución de los tipos de interés y con la evolución del ratio de
accesibilidad. Según el ministro, en el año 1991 el ratio de
accesibilidad a la vivienda era del 58 por ciento --el esfuerzo para
adquirir una vivienda--, ese ratio se había reducido, según el ministro,
en 1996 al 34 por ciento, es decir, 24 puntos menos, y en dos años se
había reducido en 6 puntos. Por lo tanto, si contabilizamos en goles, 2 a
1 en cuanto a la evolución del ratio de accesibilidad.
Pero como hoy no está el ministro aquí, no sé si porque hay otro partido
de fútbol o porque no le interesa responder a lo que no respondió la
semana pasada --para eso tiene a su portavoz, que seguro que lo haría
mucho mejor--, en cualquier caso, quiero defender la
moción, que consta de diez puntos, y esperamos que al menos algunos de
ellos sean aceptados por los grupos en esta Cámara, porque se trata,
señorías, por lo que se refiere a los dos primeros puntos, de pedir al
Gobierno mayor rigor y mayor transparencia en la información que da a
esta Cámara. Aquí se ha hablado mucho de suelo urbanizable, y el Gobierno
no contesta sobre el suelo urbanizable que existe; y no contesta porque
sabemos que el último dato es de hace algunos años, y como indica que hay
muchísimo suelo urbanizable, al Gobierno no le interesa comentarlo aquí.
Pedimos que se traiga un informe anual a esta Cámara sobre el suelo
urbanizable y sobre el suelo vacante en las ciudades.
El segundo punto es también una petición de información sistemática a
esta Cámara, puesto que el ministro de Fomento demostró el otro día no
sólo su despiste respecto de algunos temas de fondo, sino también que, en
materia de cifras, ni siquiera sabía que desde esta misma tribuna el
señor Aznar había comprometido al Gobierno el año pasado en 182.000
viviendas financiadas para ese ejercicio, y el ministro de Fomento nos
comentó que el objetivo del año del Gobierno habían sido 140.000.
(Rumores.) Un baile de 50.000 viviendas protegidas no está mal, teniendo
en cuenta...
El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego que guarden silencio.
La señora NARBONA RUIZ: ... teniendo en cuenta quién las estaba
prometiendo en esta Cámara. Queremos que esto no se repita, que el
presidente del Gobierno no tenga que hacer el ridículo y el ministro
tampoco y que nos informen trimestralmente, si es posible, de la
evolución de la política de vivienda en términos de objetivos y de
viviendas financiadas, y que no haya las disparidades de las que se
quejan las propias comunidades autónomas.
En tercer lugar, y en los puntos sucesivos, lo que pedimos son algunas
mejoras reales en el futuro Plan de la vivienda, incorporando en estas
mejoras algunas de las promesas electorales del Partido Popular en
materia de vivienda. Por ejemplo, en el punto 3 pedimos que el objetivo
mínimo anual sea de 150.000 actuaciones, exactamente las que el Partido
Popular proponía en su diseño de política de vivienda en el momento de
las elecciones; 150.000 actuaciones, de las cuales pedimos que al menos
30.000 sean viviendas en alquiler para jóvenes, porque creo que hemos
compartido en campaña electoral los dos grupos parlamentarios el interés
y el énfasis en la vivienda para jóvenes.
En cuarto lugar, pedimos que en el nuevo Plan de la vivienda por lo menos
--por lo menos-- se mantengan las ayudas a la rehabilitación, al suelo y
a la cofinanciación de viviendas de promoción pública al nivel en que se
encuentran ahora, porque el borrador del futuro Plan de la vivienda
empeora en todos estos aspectos.
Esta Cámara tuvo ocasión la semana pasada de aprobar una proposición en
la cual se aceptaba por parte del grupo que apoya la acción del Gobierno
que por lo menos en materia de rehabilitación las cosas iban a quedar
como estaban. En este punto pedimos que no sólo en rehabilitación, sino
en los otros aspectos, como poco, las cosas se queden como están. Por
supuesto, si ustedes incluyen mejoras, no será este grupo parlamentario
el que critique semejante decisión. Aquí pedimos, en particular, que en
materia de rehabilitación acepten ustedes algo que también llevamos
pidiendo desde hace tiempo: que para aquellos casos de deterioro en los
inmuebles provocado por causas naturales, como terremotos, inundaciones o
corrimientos de tierras de diverso origen, haya unas ayudas más
importantes que para el resto de las intervenciones inmobiliarias
habituales.
En quinto lugar pedimos que en el nuevo Plan de la vivienda se
introduzcan innovaciones reales que tengan que ver con esa oferta
electoral a los jóvenes en materia de viviendas en alquiler. En
particular, pedimos que se introduzcan ayudas para algo que todavía no es
una actuación protegible en nuestras normas en vigor, que es el incentivo
a los propietarios de inmuebles que se encuentran desocupados para que
los cedan en uso a unos niveles de alquiler que sean análogos a los de la
promoción pública en arrendamiento.
En sexto lugar pedimos que el Gobierno fije para los próximos cuatro años
un compromiso de volumen de recursos presupuestarios anuales destinados
al Plan de la vivienda no inferiores a 150.000 millones de pesetas. Esta
cifra es algo superior a la que en estos momentos se produce cada año en
el presupuesto, pero creemos que estamos legitimados para pedirla en la
medida en que el nuevo IRPF va a suponer un ahorro neto en lo que se
refiere precisamente a la ayuda fiscal a la vivienda con las
modificaciones que se van a introducir en dicho IRPF. Un ahorro que no
será inferior a esos 50.000 millones de pesetas que pedimos que se
adicionen al nivel de los 100.000 millones actuales.
En séptimo lugar pedimos que el Gobierno acepte la plena aplicabilidad
para 1998 de los convenios previstos con las entidades de crédito, puesto
que a estas alturas del año solamente están activados los convenios en un
40 por ciento y prácticamente todos los recursos financieros están
comprometidos, y al Plan de vivienda nuevo, por mucho que el Gobierno
intente acelerarlo, todavía le quedan trámites muy importantes para su
implantación definitiva. Seguramente no habrá nuevo Plan de la vivienda
1998-2001 hasta el año 1999. Lo que pide el Grupo Parlamentario
Socialista es que el Gobierno acepte esta situación y establezca para
este año, en esta transitoriedad, que siga en vigor el plan actual a
todos los efectos y no se produzcan, como ya se han producido durante los
dos años de su gestión al
frente del Gobierno, interrupciones que son dañosas para el mercado de la
vivienda protegida.
Por último, hay tres puntos que se refieren al tratamiento de la vivienda
en el IRPF, algo que no sólo critica el Grupo Parlamentario Socialista,
sino que ayer el propio Consejo Económico y Social denunciaba en su
informe sobre el proyecto del nuevo impuesto, donde, efectivamente, no
sale la vivienda bien parada, ni la vivienda en propiedad ni la vivienda
en alquiler. Lo que nosotros desearíamos es un compromiso por parte del
Gobierno, en primer lugar, de que mantenga la desgravación fiscal a la
vivienda en alquiler, que en estos momentos aparece en el proyecto del
futuro IRPF dentro de ese concepto modulable del «mínimo vital» o mínimo
familiar. Creemos que es importante que exista un incentivo fiscal
específico para las personas que viven en alquiler y que suelen ser
aquellas con mayores problemas de accesibilidad a la vivienda.
En noveno lugar pedimos que se establezcan en el nuevo impuesto ventajas
fiscales previstas por la Ley de Arrendamientos Urbanos en vigor, donde
se estableció un mandato legal, que este Gobierno no ha cumplido, en
relación con la compensación a los propietarios de inmuebles de renta
antigua, no menos de 100.000 familias en España, que están desde hace dos
años esperando que el Gobierno del Partido Popular cumpla con un mandato
legal. Vamos a seguir insistiendo en esta iniciativa. Ya lo hemos hecho
en esta Cámara, pero, como grupo de la oposición, creemos que no podemos
pasar por alto un incumplimiento que afecta a 100.000 familias españolas.
Por último, pedimos que se incentive la oferta de viviendas en alquiler
mediante un tratamiento diferenciado en el IRPF entre la vivienda de
propiedad ocupada por su propio propietario, la vivienda habitual, y el
resto de las viviendas del mismo contribuyente en la medida en que éste
ponga alguna de estas viviendas en alquiler, es decir, que la tributación
sea más favorable para este contribuyente en el supuesto de que las
viviendas no habituales sean puestas en arrendamiento.
Creemos que estamos haciendo propuestas sensatas que deberían ser
atendidas por los grupos parlamentarios, puesto que nos encontramos en un
momento especialmente importante para la política de vivienda que no
puede quedar camuflado por esa evolución favorable de los tipos de
interés en el sentido que el ministro apuntaba el otro día, quitándole
importancia a una política de vivienda mal gestionada, insuficiente o sin
innovaciones reales, que es lo que estamos pidiendo desde esta moción.
Señores del Partido Popular, hagan un esfuerzo en el sentido efectivo de
introducir innovaciones, de asumir compromisos concretos y de procurar
que esta Cámara sepa lo que sucede en materia de política de vivienda.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora
Narbona.
A la moción se han presentado enmiendas por parte del Grupo Popular, para
cuya defensa tiene la palabra el señor Ortiz.
El señor ORTIZ GONZALEZ: Con la brevedad que corresponde a la hora y
ciñéndome al trámite en el que estamos, que es la defensa de una moción,
paso a referirme de modo casi inmediato a las enmiendas, o se diría una
enmienda con cinco apartados de texto alternativo que ha presentado mi
grupo. Pero sin traicionar el propósito fundamental de esta intervención,
he de hacer antes algunas matizaciones a cosas que uno ha oído hace
escasos instantes.
No es cierto que el señor ministro no supiera o no quisiera contestar. La
señora Narbona, con la habilidad que la caracteriza, formuló una serie de
preguntas de imposible contestación. Bastaría habérselas hecho a ella
misma en su etapa de secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda
para ver si era capaz de contestarlas. ¿Hay alguien en este país que
pueda, de verdad, dar respuesta en términos de galimatías al precio medio
del suelo urbanizable o urbanizado, sumando lo que cuesta el metro
cuadrado en el barrio de Salamanca y en Alcorcón, o en Bollullos del
Condado? Señora Narbona, me parece que hacer peticiones de ese orden no
es razonable, salvo que lo que se pretenda sea la pura irracionalidad o,
como se refleja en otra de las propuestas que integran su moción, aplicar
aquella regla de la revolución de 1968 --que usted recuerda bien-: ser
sensatos, pedir lo imposible. Pues esto, señora Narbona, es lo que usted
pide en no pocas de las propuestas que integran su moción.
Hay cambios y habrá cambios importantes en el Plan de la vivienda.
Espere, todavía no lo ha aprobado el Gobierno, no lo ha aprobado el
Consejo de Ministros, cosa que va a hacer en breve, aunque S. S. conoce
un borrador. Yo le anuncio a título de botón de muestra dos o tres, la
subsidiación de intereses no va a ser en un quantum fijo, sino en un
porcentaje para evitar el ridículo que se venía haciendo en la última
época en la que los tipos de interés subsidiados a la vivienda de
protección pública eran más altos que los que se practicaban en el
mercado libre. Por tanto, el Estado va a preferir a partir de ahora
subsidiar un porcentaje y no una cifra absoluta. Va a haber un subsidio
reforzado y además parece que se va a contemplar la posible suspensión
del pago de las cuotas de intereses y de amortización en los supuestos de
dificultades para encontrar empleo. Estas y otras novedades las
encontrará
S. S. cuando el Gobierno, de verdad, apruebe el plan de viviendas.
Respecto al número de actuaciones, quiero decirle, para empezar, que en
los años 1996 y 1997 el Gobierno del Partido Popular, del señor Aznar, ha
superado ya la cifra de aquello que se había comprometido en términos
electorales, porque en el año 1996 --y este dato lo ha dado el ministro
el otro día-- ha financiado 174.286 viviendas y en el año 1997 han sido
144.234, con un total en el bienio de 318.000, que rebasan no sólo las
previsiones de su tiempo, sino incluso la franja en la que se pensaba
mover el Gobierno del Partido Popular en el momento de redactar su
programa, obviamente con carácter previo.
En todo caso, estamos en una época en que lo trascendental no es tanto
hablar del número de actuaciones sino de tres datos importantes, a los
que se refirió el otro día el ministro y que repito rapidísimamente. En
primer lugar, el esfuerzo familiar; en segundo lugar, la evolución del
precio de la vivienda, y, en tercer lugar, el coste de la financiación de
la vivienda.
Hay que recordar que en materia de esfuerzo familiar --y lo recordaba
también la señora Narbona-- se ha pasado del 58 por ciento, en que se
situaba como punta en el año 1991, al 28 por ciento en el último
trimestre de 1997. Un poquito menos de la mitad, señora Narbona.
En lo que concierne al precio no tengo que recordarle que la suma de la
vivienda usada más la vivienda libre, según los datos del Ministerio de
Fomento, que son incontrovertibles, ha evolucionado por debajo del IPC
general, porque el IPC general ha subido un dos por ciento y el precio
conjunto de la vivienda nueva más la usada el 1,6 por ciento. Y respecto
al coste de la financiación, sólo quiero darle un dato: el tipo de
interés de los préstamos hipotecarios el año 1995 era el 11 por ciento, y
el año 1997, último trimestres, era del seis por ciento.
Consiguientemente, creo que tenía razón el ministro el otro día cuando
hablaba de que ganamos por goleada en esta batalla de la política de
vivienda y que de lo que realmente se trata es de aprobar cuanto antes el
plan de vivienda, como pide S. S. en una de sus propuestas.
Su señoría formula 10 propuestas, de las cuales quiero decir, a priori,
que hay tres, que son las últimas, las que se refieren a la reforma del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que las ha formulado a
ciencia y conciencia de que están fuera de lugar. Formúlelas en el debate
correspondiente, que sin duda será larguísimo, que ocupara buena parte de
este año; formúlelas en el momento oportuno y se tendrán en cuenta, si
procede, tanto por su planteamiento general como por el contexto y por el
nuevo prototipo de IRPF que tiene en cartera el Gobierno del Partido
Popular.
Respecto a las siete restantes, quiero decirle, señora Narbona, que mi
grupo --en buena parte en mi persona, y lo sabe-- ha hecho un esfuerzo
importante por acercarse a las propuestas que integran su moción. No se
las voy a leer, porque no quiero cansar a la Cámara en estos momentos,
pero la número 1 es equivalente a su número 1; la número 2 es equivalente
a su número 2, e incluso estoy dispuesto a modificar la periodicidad con
la que quiere que se remita un informe trimestral al Congreso de los
Diputados con las actuaciones seguidas en materia de vivienda, por tipo
de vivienda, por comunidades autónomas, etcétera, y la número 3 integra
perfectamente los puntos 3, 4 y 5 de su moción. Se dice todo en este
punto 3: establecer una política que en el actual contexto económico y
presupuestario --no en otro cualquiera, no a cualquier precio, no para
cualquier presupuesto, no de cualquier modo-- facilite el primer acceso a
la vivienda en propiedad a las familias de menos recursos, especialmente
a los jóvenes --tema en el que S. S. insiste--, que fomente la
construcción de viviendas destinadas al arrendamiento --tema en el que
nuevamente se insiste y que, por supuesto, constituye el leit motiv del
programa electoral del Partido Popular--, mejorando sus ayudas y
limitando la renta máxima anual, y que estimule la rehabilitación de
edificios y viviendas especialmente en los centros urbanos más
deteriorados.
En cuanto a nuestras enmiendas números 4 y 5, se corresponden con sus
puntos 6 y 7. Usted quiere que nos comprometamos a un montante concreto
de recursos presupuestarios, con nombre y apellidos y con números. En los
años de la convergencia, en los años de la presencia en la Unión Europea,
en los años donde hay que contemplar periodos superiores a los anuales,
no tiene sentido un compromiso concreto de cifras precisas y exactas para
cada ejercicio. Nos parece que es más que suficiente el apartado 4 de
nuestra moción, que dice: Establecer un programa de recursos
presupuestarios anuales destinados a ayudas directas a la vivienda, en
consonancia con los objetivos de política de vivienda establecidos en los
apartados anteriores.
Finalmente, para responder a su preocupación por la transición entre el
plan del año anterior y el plan que entrará en vigor en el año 1998 con
toda seguridad, se formula una enmienda, que creo que debe darle
satisfacción, que dice: Establecer las medidas financieras oportunas con
el fin de asegurar, para las actuaciones protegibles, su actividad
durante 1998 y la de su transición hasta la efectiva entrada en vigor del
nuevo plan de vivienda que, como sabe S. S., se va a producir muy en
breve. Es presumible que en los próximos consejos de ministros se apruebe
definitivamente el decreto; después, como sabe también S. S., el acuerdo
de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, con la determinación de
los recursos a concertar, por vía de convenios de crédito, con las
entidades financieras y, finalmente, la normativa específica de las
comunidades autónomas.
En definitiva, mi grupo ha hecho un esfuerzo de tender la mano por estar
de acuerdo con el espíritu de sus propuestas, no así con su letra, y
mucho menos con las trampas saduceas que quieren colar en forma de
preguntas sin respuesta o de propuestas imposibles.
En resumen, señora Narbona, señores del Grupo Parlamentario Socialista,
señorías, ésta es la posición del Gobierno del Partido Popular respecto a
esta moción,
que nos parece que acredita más que de sobra que, si ustedes tienen
interés por la política de vivienda, nosotros más (Rumores.); que si
ustedes hicieron un plan, el del año 1992-1995, de cumplimiento
aceptable, nosotros, en dos años, 1996 y 1997, les hemos ganado por
goleada.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE:
¿Grupos que desean fijar su posición aun no habiendo presentado
enmiendas? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor
Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Señor presidente, voy a fijar la posición de
nuestro grupo parlamentario acerca de la moción que ha planteado el Grupo
Parlamentario Socialista sobre política de vivienda, y quiero decir, de
entrada, que coincidimos con la importancia de esta moción y la
oportunidad del debate en este momento, un debate que está vivo en este
Parlamento y en nuestra sociedad, pero no podemos coincidir, obviamente,
con el tono de la crítica por parte del Partido Socialista a lo que
vienen siendo los ejes fundamentales de la política de vivienda y suelo
del Gobierno. No podemos coincidir como no hemos coincidido con el Grupo
Socialista últimamente en el debate sobre la reforma de la Ley del Suelo
que recientemente ha concluido en esta Cámara.
La moción que nos ha planteado la señora Narbona incorpora tres tipos de
propuestas, o así lo entiende nuestro grupo parlamentario. En primer
lugar, hay una serie de puntos en los que lo que se pretende básicamente
es mejorar la información disponible en materia de suelo y de
cumplimiento de los resultados en materia de política de vivienda y que
se ponga a disposición del Congreso de los Diputados. Ello nos parece muy
interesante de cara al análisis de esta política, de cara al control de
la eficacia de estas políticas, pero debo decir a continuación que
tenemos que hacer algunas objeciones sobre cómo se plantea concretamente
esta cuestión en el texto de la moción. Por citar alguna, en el primer
punto quiero recordar que la política de vivienda --todos lo sabemos,
pero es bueno recordarlo-- es competencia de las comunidades autónomas, y
entiendo que debería de existir una participación de dichas comunidades
autónomas en la elaboración de estos informes, como propone exactamente
la enmienda que ha planteado don Luis Ortiz y que no creo que tuviera
ningún tipo de inconveniente en incorporar a su moción la señora Narbona.
También me parece que, en algún caso, el contenido de la información que
se exige en la moción es de difícil cumplimiento, y no voy a extenderme
más porque lo ha dicho quien me ha precedido en el uso de la palabra, en
la exigencia de datos sobre el precio medio de suelo urbanizables.
En lo que se refiere al apartado de información, en el punto segundo,
donde la señora Narbona fija como periodicidad para la remisión de la
información la trimestral, a mí personalmente me parece exagerado. Lo que
pasa es que si el Gobierno está dispuesto a aceptarlo, yo en ningún caso
me voy a oponer y lo podríamos votar, obviamente. El señor Ortiz
inicialmente planteaba el carácter semestral de esta información. Digo
que me parece exagerada la exigencia trimestral porque no sé exactamente
qué vamos a hacer en el Congreso de los Diputados. Creo que no somos
capaces de poder mantener un debate sobre política de vivienda en la
Comisión de Infraestructuras cada trimestre, pero si nos remiten la
información seguramente alguna utilidad positiva le vamos a dar.
En cuanto a los puntos que se refieren al nuevo plan, estamos totalmente
de acuerdo en que es necesaria su aprobación. Saben SS. SS. que
actualmente está en vigor un plan que ha quedado desfasado por la
coyuntura económica y fundamentalmente por la caída de los tipos de
interés, ya que era un plan de vivienda que tenía como instrumento
fundamental para incentivar el acceso de los ciudadanos a la vivienda la
subsidiación de los tipos de interés. El plan que está en estudio
--coincido con la señora Narbona-- es un plan continuista. No sé si lo
dice con mala o con buena intención. Con mala intención, como diciéndole
al Gobierno que no sabe hacer nada original; con buena intención en el
sentido de apropiarse, en cierta forma, la paternidad de la idea, en la
cual ella participó muy activamente. Yo estoy de acuerdo en que es un
plan básicamente continuista. Nuestro grupo parlamentario apoyó el
anterior y éste también lo va a apoyar, y creo, además, que la
tramitación en la discusión del mismo con las comunidades autónomas ha
ido mejorando hasta la situación actual, en que incluso el señor Ortiz
decía que va a mejorar todavía más.
Simplemente tengo que hacer una crítica a este plan, y es que creo que
podíamos haber aprovechado la circunstancia para dar un paso más en la
agilización de lo que es la gestión del plan de vivienda, que supone un
coste importante en los planes anteriores, y podíamos haber recurrido a
algo que tradicionalmente se ha planteado, pero que nadie se ha atrevido
a afrontar, como es reducir subvenciones con cargo a un incremento de los
beneficios fiscales a las figuras del plan; es decir, aquella crítica
tradicional que hemos efectuado en el sentido de que el Ministerio de
Obras Públicas financiaba determinadas figuras de acceso a la vivienda
para que a continuación el Ministerio de Economía y Hacienda recaudara
impuestos muchas veces con cargo a esas ayudas.
Por último, tiene una serie de propuestas en relación con el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas. La opinión de nuestro grupo
parlamentario es que este es un debate que hay que mantener y en el que
cada grupo va a defender sus posiciones de una
forma muy inminente en esta Cámara. Por tanto, pensamos que ese es el
momento en el que todos y cada uno de nosotros debemos manifestar, en
forma de argumentos políticos, en forma de enmiendas o con nuestro voto,
qué posición mantenemos al respecto. En todo caso, sentado que creemos
que este no es el momento de determinar, a través de una votación, las
posiciones sobre esa cuestión, sí debemos decir que nuestro grupo
parlamentario --ya lo hemos manifestado-- es partidario de mantener un
sistema de ayudas para facilitar el acceso a la vivienda, sea en
propiedad o sea en alquiler.
Y en cuanto al cumplimiento de la disposición final de la Ley de
Arrendamientos Urbanos, tengo que decirle a la señora Narbona que estamos
totalmente de acuerdo. No creo que haya nadie en esta Cámara que no esté
de acuerdo en cumplir lo que estableció una ley que aprobamos, si no
recuerdo mal, al final del año 1994, en la cual la señora Narbona tuvo un
papel protagonista desde el Gobierno y el señor Ortiz y quien les habla
un papel protagonista desde el Parlamento, junto con otros portavoces, y
todos recordamos que la inclusión de esta disposición final costó sangre,
sudor y lágrimas --nos lo recordaba muy a menudo don Jenaro
García-Arreciado, compañero que ya ocupa otras responsabilidades-- y no
es casualidad que incluyéramos esta disposición final en la Ley de
Arrendamientos Urbanos.
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Siempre hemos dicho que la ley tuvo como
virtud principal el conseguir mantener un difícil equilibrio entre
propietarios y arrendadores y arrendadores y propietarios, y obviamente
todos los grupos coincidimos en que la carga social de la ley no podía
recaer sobre las espaldas de aquellos propietarios cuyos inquilinos no
llegaran al mínimo de ingresos que la Ley de Arrendamientos Urbanos
establecía como límite para actualizarlos.
Termino, señor presidente, diciendo que no me siento, por principio,
obligado a coincidir con don Luis Ortiz, pero en este caso su enmienda a
la propuesta de la señora Narbona esconde de una forma muy clara un
esfuerzo de aproximación, y sugiero a la portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista que la acepte. Si no fuera así, pediríamos votación separada
de todos y cada uno de los puntos de su moción y votaríamos alguno
favorablemente.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Recoder.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra
el señor Fernández.
El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Gracias, señor presidente.
En principio, quiero decir que esta moción consecuencia de la
interpelación presentada la semana pasada por el Grupo Parlamentario
Socialista es totalmente oportuna porque va unida a otra moción que
presentó nuestro grupo parlamentario el año pasado en esta Cámara. Esto
demuestra que, después de dos años de gobierno del Partido Popular, a
pesar de los esfuerzos que estamos haciendo desde la oposición para que
el gobierno se preocupe por el problema que tienen los ciudadanos con
respecto a la vivienda, todavía no han traído aquí nada que avale esta
preocupación que en ocasiones dicen tener. Creemos que debemos compartir
el problema de la vivienda, que los ciudadanos sitúan como segundo
problema en orden de importancia. Por tanto, el Gobierno tendría que
hacer un mayor esfuerzo para prestar atención a este problema.
En esta Cámara se están haciendo reiteradas declaraciones por parte del
ministro y del portavoz del Partido Popular diciendo que todas sus
expectativas las ponen en lo que ellos llaman economía de mercado, es
decir, dan por sentado que la iniciativa privada es la llamada a
solucionar este problema. Creemos que es un error, porque las medidas
liberalizadoras que ya han empezado a aplicar con la nueva Ley del Suelo
no van a tener efectos inmediatos, como así reconocía el ministro en esta
Cámara la semana pasada. Sí, señor Ortiz, en esta Cámara se reconocía la
semana pasada que la Ley del Suelo empezará a dar sus frutos de aquí a
unos cuantos años, pero los ciudadanos no pueden estar esperando esos
cuantos años que ustedes dicen porque, aparte de que no sabemos quién
tendrá razón, si ustedes o nosotros en cuanto a la bondad de sus medidas,
en todo caso pensamos que el tiempo tampoco les va a dar la razón, porque
lo aprobado en esta Cámara con respecto a la Ley del Suelo no supone
medidas tendentes a solucionar este problema.
Hoy agradezco al señor Ortiz que haya hecho referencia a ese borrador o
plan de vivienda que parece que tienen. Por lo menos ha hecho referencia
a algunos de los aspectos que posiblemente contemple ese plan, y yo tengo
que reiterar en esta Cámara que a nosotros se nos ha negado esa
información. Creo que aparte de negar información a un grupo
parlamentario es una falta de ética personal que se venga pidiendo
reiteradamente este tipo de documentación y que no se nos envíe, y no
entendemos por qué esta ocultación de datos, que ni siquiera llega a
ocultación de datos porque es un documento que ya ha pasado por bastantes
manos. Creo que, o se está intentando ocultar información, o hasta ahora
está muy verde ese futuro plan de vivienda y a lo mejor todavía no tienen
nada que entregar.
Como decía antes, no se puede seguir esperando indefinidamene para
mejorar el nivel de accesibilidad a
la vivienda en España. Hay que tener en cuenta que el esfuerzo que está
haciendo en este momento una familia media para acceder a una vivienda,
con unos ingresos a anuales de dos millones, es 6,5 veces el salario
anual. También vemos que el Estado dedica enormes recursos económicos en
ayudas al acceso a la vivienda, más de 600.000 millones en 1998 en gasto
fiscal. Pero si sólo se dedican 112.000 millones en ayudas directas y
612.000 en ayudas indirectas, es una manera de invertir enormes sumas de
dinero pero no solucionan el problema que nos ocupa.
Cuando la semana pasada aludía a que había otros mecanismos para corregir
este problema, y decía que el Estado promoviera vivienda directamente, el
señor Ortiz me acusaba de que en Izquierda Unida hacemos programas cuasi
soviéticos, esa fue la frase textual. Tengo que decirle al señor Ortiz
que desconoce la realidad que existe en este país. Hay muchos
ayuntamientos que promocionan viviendas directamente, hay varias
comunidades autónomas que promocionan viviendas directamente, algunas
incluso del Partido Popular, y no creo que porque estas comunidades
promocionen viviendas directamente apliquen ningún programa cuasi
soviético. Por tanto, señor Ortíz, habrá que situar las cosas en sus
justos límites sin hacer descalificaciones cuando se tiene problemas de
argumentación, porque esa es la descalificación fácil que utilizó la
semana pasada en esta Cámara.
Centrándome en lo que es la moción que ha presentado el Grupo Socialista,
tengo que adelantar que vamos a apoyar los nueve primeros puntos. No
votaremos a favor del punto décimo porque que trata de incentivar a la
segunda vivienda en vez de penalizar la vivienda deshabitada. Sí
consideramos necesarios los puntos que piden que se remita información a
esta Cámara para tener control sobre el suelo y también para tener
conocimiento no sólo de la información que proceda del Estado, sino
también de las comunidades autónomas.
Creemos que es de sumo interés el punto cuatro, que habla de
rehabilitación...
El señor PRESIDENTE: Señor Fernández, vaya concluyendo, por favor.
El señor FERNANDEZ SËNCHEZ: Termino, señor Presidente.
El punto cuatro habla de rehabilitación, y lógicamente nosotros lo
compartimos por lo que conlleva de recuperación de cascos antiguos.
En definitiva, como adelantaba al principio, vamos a apoyar los nueve
primeros puntos de la moción del Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández.
Tiene la palabra la señora Narbona, a los solos efectos de aceptar o
rechazar las enmiendas.
La señora NARBONA RUIZ: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, agradezco al señor Ortíz los términos que ha empleado en
aquella parte en la que se ha esforzado en tender una mano a esta
portavoz para proponer una enmienda de sustitución, donde en tres de sus
apartados prácticamente se recogen tres de nuestras propuestas. Por
razones técnicas de votación no puedo sustituir mi texto por el suyo, y
lo que voy a hacer es someter a votación cada uno de los diez puntos de
esta moción por separado. Espero que continúe con esa coincidencia y esa
buena voluntad que ha demostrado en aspectos que son de extraordinaria
importancia a la vista del desconocimiento que existe sobre algunos
temas. Le agradezco que haya dejado claro en esta Cámara que ni el
Partido Popular ni el Gobierno sabe lo que vale el suelo urbanizable,
porque han construido ustedes una teoría para defender que en España hay
poco suelo urbanizable, y me dice que no lo saben...
El señor PRESIDENTE: Señora Narbona, al grano.
La señora NARBONA RUIZ: Señor presidente, era una pequeña distracción.
En cualquier caso, agradezco también que por parte de Convergència i Unió
se haya reconocido la coincidencia en algunos aspectos sobre los cuales
no se ha pronunciado el Partido Popular y en su enmienda no aparecen,
referentes a la necesaria mejora en el texto relativo al IRPF, y en
particular veo que por parte del portavoz de Convergència i Unió se
anuncia una actitud favorable en su momento a que de una vez esta Cámara
inste al Gobierno a aprobar las ventajas fiscales para los propietarios
de inmuebles de rentas antiguas. Señor Ortiz, éste es un tema pendiente,
volveremos sobre él cuando proceda, pero no nos vamos a olvidar del
mismo.
Por tanto, voy a pedir la votación separada de cada uno de los puntos de
esta moción. También anuncio que sobre los contenidos de aquellas partes
que no resulten aprobadas en este momento, nuestro grupo seguirá tomando
iniciativas, porque, dado que el plan de vivienda no está aprobado y que
todavía existe tiempo para de alguna manera incentivar una mejora por
parte del Gobierno, creemos que la labor de oposición no es sólo defender
el pasado; el plan actual es continuista en el buen y en el mal sentido.
Por supuesto que creemos que no se puede hacer un cambio radical, pero le
pedimos al Gobierno...
El señor PRESIDENTE: Señora Narbona, le ruego que no vuelva a entrar en
el fondo del asunto, dado lo avanzado de la hora.
La señora NARBONA RUIZ: Termino, señor presidente.
Pedimos compromisos e imaginación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Dado que la portavoz del Grupo Socialista solicita la votación separada
nada menos que de los diez puntos, en el ejercicio de las competencias
que me da el Reglamento vamos a acumular esas votaciones a las de la
siguiente moción, a cuyo debate pasamos a continuación, a efectos de
ahorrar tiempo de desarrollo del Pleno.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LAS MEDIDAS DE POLITICA GENERAL
QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA EVITAR SITUACIONES INJUSTAS Y
DISCRIMINATORIAS EN LA RECLAMACION DE PRESTACIONES SOCIALES INDEBIDAS.
(Número de expediente 173/000076.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Mixto sobre las
medidas de política general que va a adoptar el Gobierno para evitar
situaciones injustas y discriminatorias en la reclamación de prestaciones
sociales indebidas.
Para su presentación, tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Señorías, la reciente publicidad del inicio de actuaciones por parte del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para reclamar a un número
elevado, aunque porcentualmente pequeño pero cuantitativamente elevado,
repito, de pensionistas de nuestro país, diferencias por una cifra
importante, más de 36.000 millones de pesetas, como consecuencia de la
supuesta percepción indebida de complementos de mínimos, dio lugar a que
por parte de Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya se presentara una
interpelación, con el objetivo de traer a esta Cámara una reflexión sobre
el distinto tratamiento normativo que existe actualmente para los
deudores del Estado según sean deudores por prestaciones sociales
indebidamente percibidas o según sean deudores por incumplimientos de
normas fiscales.
Este distinto trato legal es hoy una realidad evidente. Cuando se trata
de deudores al Estado por incumplimientos fiscales, en función de
recientes cambios normativos el plazo de prescripción es de cuatro años,
no se pueden reclamar atrasos más allá de ese período y, por otra parte,
se contemplan toda una serie de supuestos en la tramitación de los
expedientes que pueden dar lugar al decaimiento de esos expedientes
administrativos de reclamación.
Frente a esta realidad legal existe también la normativa de carácter
social en cuya virtud las deudas al Estado por percepción indebida de
prestaciones sociales tienen un plazo de prescripción superior, cinco
años, no cuatro sino cinco años, y además, en virtud de una norma expresa
contenida en la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
social para este año 1998, la famosa ley de acompañamiento a los
presupuestos de 1998, ese plazo de prescripción es de cinco años,
cualquiera que sea la causa por la que se haya producido esa percepción
indebida. Por tanto, incluso cuando haya habido error o negligencia por
parte de la Administración, supuestos en los que el Tribunal Supremo
había tenido ocasión de establecer una doctrina ya consolidada en
relación con los cuales el plazo de prescripción quedaba reducido a tres
meses. Ese criterio del Tribunal Supremo es desautorizado por esta
reforma legislativa que se produce en esta Cámara en la Ley de
acompañamiento para este año 1998.
Esta contradictoria realidad legal es la que por parte de Nueva
Izquierda-Iniciativa per Catalunya queríamos poner en conocimiento de
esta Cámara, con el objeto de plantear una moción en la que intentamos
darle solución. La moción que presentamos en nombre de Nueva
Izquierda-Iniciativa per Catalunya pretende conseguir una equiparación.
Nos parece que un Estado social de Derecho, como mínimo, debe contener
esa equiparación. Quizás sería coherente un mejor tratamiento, pero nos
basta con que exista una equiparación. Desde ese punto de vista, la
moción presentada por Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya pretende
esa equiparación en tres puntos. El primero de ellos, la equiparación en
cuanto al plazo de prescripción. El segundo, la equiparación en cuanto a
causas de la tramitación del expediente que pueden dar lugar a distintos
tratamientos. Y el tercer punto, en el que se pretende que los
expedientes actualmente en trámite se queden a resultas de esos criterios
y se les apliquen esos criterios. Nos parece que esta era la posición
coherente y razonable en función del debate que se mantuvo el otro día,
en el que hubo una posición abierta por parte de todos los grupos para
reconocer que esa era una realidad legal y que normalmente esa realidad
legal era de difícil justificación.
Nos consta --y aprovecho, señor presidente, en aras a la brevedad, para
fijar posición en relación con las enmiendas-- que se han presentado
distintas enmiendas por parte de grupos parlamentarios. En primer lugar,
el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida ha presentado una enmienda que
pretende ampliar el debate de tal manera que se modifique el criterio
cuantitativo que da lugar a la percepción de complementos de mínimos.
Compartiendo esos criterios, nos parece que no es ese el debate, no
pretendíamos ese debate. Ese debate nos parece lógico que se plantee en
otro momento y seguramente coincidiremos en muchas posiciones, pero no
creemos que sea el debate, creemos
que es algo ajeno a este debate aunque relacionado con él.
En segundo lugar, el Grupo Socialista ha presentado una enmienda en la
que se pretende que se revisen los expedientes con determinados criterios
muy concretos. Nosotros creemos que esos criterios deben ser objeto de
una reflexión detenida. Anticipo que la opinión de mi grupo es que
razonablemente el Tribunal Supremo --porque hay que presumir que tiene
razón, y nosotros creemos que la tiene-- había establecido un criterio
determinado: la norma genérica de prescripción salvo en los casos en los
que exista error o negligencia de la Administración, en cuyo caso el
Tribunal Supremo creía que el criterio era el de tres meses. Nos parece
que es el criterio razonable, entre otras cosas, porque es el criterio
del Tribunal Supremo. Pero admitimos que sea necesario llevar a cabo una
reflexión sobre ese tema. No obstante, creo que todos los grupos
deberíamos ser conscientes de que existía ese precedente, un precedente
marcado por el Tribunal Supremo, razonablemente marcado por el Tribunal
Supremo.
Dicho esto, quiero manifestar mi conformidad sustancial con la enmienda
que firma el Grupo de Convergència i Unió. He intentado que este criterio
de razonabilidad establecido por el Tribunal Supremo se contuviera
expresamente en esa enmienda. Parece ser que, en función de los acuerdos
del bloque de Gobierno, no era posible introducirlo --esa es al menos la
razón que se me da--, pero creo que es bueno que transmitamos una imagen
positiva a los pensionistas de nuestro país. Pediría que hagamos un
esfuerzo entre todos por que quede claro que hay que cambiar la
legislación que se ha aplicado a los pensionistas y hay que revisar los
expedientes, tal como se dice explícitamente en esa moción. A la hora de
revisar esos expedientes, lógicamente habrá que tener algunos criterios.
Si no hemos querido establecerlos explícitamente en esta moción, porque
es necesario continuar esa reflexión, sí me gustaría que por parte de
todos los grupos se valore adecuadamente ese criterio de razonabilidad
fijado arduamente y después de un amplio debate jurisprudencial por el
Tribunal Supremo, criterio que nuestro grupo comparte porque entendemos
que distingue claramente aquellos casos en los que hay un fraude
consciente por parte del pensionista que tiene que devolver todas las
cantidades indebidamente percibidas y aquellos casos en los que ha habido
buena fe por parte del pensionista y, por el contrario, ha existido error
o negligencia por parte de la Administración. En ese caso el tratamiento,
lógicamente, debe ser distinto, tal como se hace en otro tipo de
expedientes.
Creemos que esa es la posición razonable y desde Nueva
Izquierda-Iniciativa per Catalunya así se lo planteamos a SS. SS.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Peralta.
Como el proponente ha recordado y anunciado al Pleno, se han presentado
tres enmiendas por los grupos de Izquierda Unida, Socialista y de
Convergència i Unió.
Para la defensa de esta última, tiene la palabra el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor presidente.
Efectivamente, hemos planteado una enmienda con el deseo de intentar
configurar un posible consenso en torno a toda la problemática que se ha
generado alrededor de ese problema complejo de las devoluciones, de
reclamación de prestaciones sociales cobradas indebidamente.
Señorías, mi grupo, en esencia, está de acuerdo con el espíritu de la
iniciativa propuesta por el Grupo Mixto; creo que, incluso, todos los
grupos estamos bastante de acuerdo con ese deseo de delimitar mejor ese
proceso complejo de exigencia de devoluciones de prestaciones sociales
cobradas indebidamente, para saber seleccionar aquellos casos en los que
pudiera haber atendidas de forma justificada muchas razones en el proceso
de concesión de dicha pensión y aquellos otros en los que se ha optado
por una actuación incorrecta, en los que ha habido una acción
fraudulenta, en los que no tiene ninguna justificación salir al paso de
ninguna revisión para amparar el derecho del ciudadano que ha hecho un
uso equivocado, a conciencia o no, pero equivocado e incorrecto de la
normativa vigente.
Señor presidente, mi grupo ha presentado esta enmienda que viene a
recoger el primer punto de la moción del grupo proponente. Desde nuestro
punto de vista, es aceptable armonizar los plazos de caducidad o de
prescripción de las responsabilidades. En este caso creemos que la
propuesta de situar a cuatro años, como ya hoy la ley permite y reconoce,
la prescripción de las deudas del Estado es una buena decisión. El primer
punto de nuestra enmienda recoge en esencia el punto que propone la
moción del grupo proponente, para que se puedan armonizar dichos plazos
de prescripción entre las deudas al Estado por percepción indebida de
prestaciones sociales con las de prescripción de las deudas del Estado
por incumplimientos por parte de la Hacienda pública.
El segundo punto de nuestra enmienda, señor presidente, tiene por
finalidad salir al paso de esta situación, instando al Gobierno a
reforzar todos los mecanismos hoy existentes, todas las condiciones
exigibles de información a los ciudadanos para que esos derechos y
obligaciones se puedan ejercer con pleno conocimiento, para que en un
futuro inmediato no vulneremos o interpretemos equivocadamente las normas
y haya una clara transparencia por parte de
la Administración, y también que el contribuyente tenga la certeza de que
está haciendo un uso correcto del ámbito normativo vigente. Por eso,
proponemos reforzar las condiciones de información a los ciudadanos sobre
los derechos y obligaciones asociados a las prestaciones, con el fin de
evitar situaciones de inseguridad jurídica y no tener que volver a tratar
dentro de poco tiempo los problemas derivados de una mala o incorrecta
utilización de los procedimientos administrativos.
El tercer punto quizá es más problemático. Salimos al paso de los
mecanismos y métodos hoy existentes para el proceso de reintegro. Nuestro
grupo cree que podríamos perfeccionarlos. Estamos debatiendo una moción,
no estamos haciendo un decreto ni una norma legal, pero sí instamos al
Gobierno a perfeccionar estos procesos y mejorar los métodos de reintegro
en los supuestos de prestaciones indebidas.
Hay circunstancias de rentas específicas que se podrían considerar, hay
determinadas circunstancias personales que se podrían tener en cuenta
para poder facilitar la demora y el alargamiento de los plazos hoy
exigibles, que son cinco con posibilidad de ampliarlos a diez, pero
podríamos reconocer algunos supuestos específicos de situaciones de renta
determinada o situaciones específicas de carácter digamos familiar que
podrían perfectamente justificar prolongación de los plazos, de los
métodos y mecanismos de devolución u otras circunstancias que son de
detalle pero que podrían ayudar a flexibilizar mucho más ese proceso de
devolución.
La última cuestión, señor presidente, es también otra de las
consideraciones que hacemos intentando salir al paso del problema quizá
más central de la iniciativa del Grupo Mixto. Se trata de revisar los
procesos de devolución de las prestaciones indebidas en aquellos casos en
los que pudiera existir responsabilidad por parte de la Administración.
Mi grupo ya propuso en el debate de presupuestos una modificación de la
legislación vigente para intentar clarificar la interpretación de los
procesos en los casos en que exista una responsabilidad por parte de la
Administración en el proceso de la concesión del complemento a mínimos.
Se matizó muy suavemente la legislación en aquel momento, pero hoy
creemos que también es importante instar al Gobierno para que no haya
exigencia de devolución cuando realmente ha existido responsabilidad por
parte de la Administración, y eso se puede tipificar y definir. Por eso
creemos que hay que revisar el proceso de devolución de prestaciones en
los casos que podamos tipificar como supuestos en los que hay
responsabilidad por parte de la Administración pública. Por eso el punto
4 nos permite abrir, señor ponente del Grupo Mixto, un proceso de
revisión, ahora bien, siempre circunscrito a la definición y existencia
de responsabilidad por parte de la Administración pública.
Creo, señor presidente, que con estos cuatro puntos podemos dar un paso
adelante. Quizá no resolvamos plenamente el conflicto, puesto que es
complejo separar, en el tema que estamos discutiendo, aquellos casos en
donde no podemos por ningún supuesto justificar la actuación del
contribuyente y de los ciudadanos, puesto que no podemos nunca legitimar
el incumplimiento de las normas. Sin embargo, hay otros supuestos en los
podríamos incorporar nuevos criterios para perfeccionar los mecanismos y
métodos de reintegro.
Señor presidente, esta enmienda de nuestro grupo, a cuya aceptación
invitamos, es una instancia al Gobierno que podría atemperar la
problemática que en muchos ciudadanos del país está causando esta
circunstancia. Espero que el grupo proponente pueda aceptar la enmienda
que sugerimos.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Homs.
El señor Vaquero, por el Grupo de Izquierda Unida, quiere intervenir
desde la tribuna. Vamos allá.
El señor VAQUERO DEL POZO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, decíamos en la interpelación urgente que nos presentó por parte
del Grupo Mixto el señor Peralta que la opinión pública estaba recibiendo
una imagen negativa, falseada, deformada de lo que estaba pasando
respecto a un supuesto abultadísimo fraude en los complementos a mínimos
de pensiones del sistema público de Seguridad Social. Decíamos que hay
defraudadores y defraudadores y que unos tenían una circunstancia
socioeconómica y otros otra bien diferente; unos tienen un nivel
económico de subsistencia y otros, favorecidos económicamente, reciben un
trato diferente por parte de la legislación, como lo son las facilidades
que suponen el plazo de prescripción de cuatro años en vez de cinco años,
e incluso un mecanismo de caducidad de las acciones para reclamarles las
deudas. Por eso los dos puntos primeros de la moción que se nos presenta
hoy cumplen satisfactoriamente el objetivo de instar al Gobierno a
adoptar las medidas oportunas, también legislativas, para acabar con este
trato desigual. En este sentido, nosotros apoyamos plenamente, sin duda
alguna, estos dos primeros puntos. Incluso creemos que es pertinente lo
que añade la enmienda del Grupo Socialista, en el sentido de que se
devuelva lo reintegrado a la Seguridad Social en función de este perverso
mecanismo.
Aunque un tanto confuso, el punto 4 de la transaccional que plantea el
Grupo Catalán contiene algún elemento que hace referencia a esta
cuestión. Sin embargo, creemos que no se produce una clarificación exacta
de los criterios que se deben contemplar
a la hora de la acción administrativa en el caso de supuestos de error
por parte de la Administración y, por tanto, en la reversión de la
responsabilidad hacia la Administración de la Seguridad Social, que es la
que debería pagar los platos rotos de este desaguisado.
Por otro lado, nosotros añadíamos otro aspecto al que damos y dábamos en
nuestra enmienda tanta importancia como los elementos contemplados hasta
ahora. Porque decíamos que la Administración de la Seguridad Social es,
en último término, la que ha dado lugar a este cobro indebido. No es que
haya habido fraude, entendemos nosotros, sino que ha habido una normativa
manifiestamente mejorable que permite una deficiente actuación por parte
de la Administración. Es el artículo 5.5 del Real Decreto 4/1998, de 9 de
enero, el que plantea la posibilidad discrecional de que la
Administración de la Seguridad Social pueda revisar los requisitos para
conceder el complemento a mínimos, cuando nosotros creemos que se tendría
que hacer una actuación ex ante, es decir, que tendría que revertir en la
Administración de la Seguridad Social la responsabilidad de que conceda o
no conceda los complementos a mínimos, pero con plenas garantías de que
el presunto beneficiario cumple plenamente a satisfacción los requisitos,
de forma que no tenga que verse incurso en determinadas responsabilidades
o ser señalado con el dedo por un supuesto fraude que, a veces, existe y,
a veces, no es tal.
El señor Peralta ha dicho que quizás esta modificación que planteamos
exceda el objeto de la presente moción. No creemos que exceda el objeto
de la presente moción, porque el mecanismo que pretendemos modificar en
el real decreto es doble. Primero, está la cantidad, a la que hacía
referencia el señor Peralta, que quizás exceda el objeto de la presente
moción. La cantidad máxima, sin duda alguna, tiene mucho que ver con si
se producen o no irregularidades y, por tanto, supuesto fraude. En la
medida en que sea una cantidad pequeña, será un listón difícil de superar
por parte de determinados beneficiarios y se estará, de alguna forma,
incentivando actuaciones para salvarse de la quema de forma fraudulenta.
Eso es así y, por tanto, habría que acondicionar una cantidad superior.
Nosotros planteamos el mecanismo de que sea el mínimo exento del IRPF.
En cualquier caso, planteamos también un segundo mecanismo, el de la
revisión ex ante de los expedientes, para que haya una asunción plena por
parte de la Administración de la Seguridad Social de todo el mecanismo
que finalmente dará o no el complemento a mínimos. Este es otro elemento
que no ha contemplado tampoco el ponente de la moción, pero que nosotros
creemos que también es muy importante. No se contempla en la enmienda
transaccional este aspecto, pues se entiende que va a haber muy buena
voluntad por parte del Gobierno de revisar todos los elementos, tanto
legislativos como de actuación administrativa, para que todo esto que
planteamos se cumpla y se vea finalmente revisado.
Entendemos cuál es la posición del grupo que presenta la moción, de un
posibilismo que pretende sacar lo más posible. Nosotros no compartimos
ese criterio, pero lo respetamos. En todo caso, creemos que a esta
enmienda transaccional le faltan muchos elementos para que obtenga
nuestro voto positivo. Nosotros no retiramos nuestra enmienda. El que
ayude a que definitivamente se vayan resolviendo los temas se verá con el
tiempo, pero presentaremos la enmienda que hoy planteamos en otra ocasión
y en otro contexto (en la Comisión de Política Social y Empleo ya lo
hemos hecho) y allí debatiremos estos aspectos. Mientras tanto, nos queda
abstenernos, deseando éxito a los que impulsen esta moción. En cualquier
caso, creemos que faltan elementos para conseguirlo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vaquero.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Cercas. (Rumores.) Un
momento, señor Cercas.
Señor Burgos y compañía, seguro que tienen mejor tertulia atrás, aunque
les agradecería que se sentaran en los escaños.
Adelante, señor Cercas.
El señor CERCAS ALONSO: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, me dirijo a SS. SS. desde el escaño haciendo
simplemente un gesto de contemplar con racionalidad la hora en la que
estamos (Varios señores diputados: ¡Muy bien!), pero quiero dejar patente
que no es muestra ni de indiferencia ni de la falta de importancia que mi
grupo da a un asunto que, nada más y nada menos, se refiere a las formas
mínimas de subsistencia de más de 85.000 familias españolas, de momento,
y a un menor gasto en la Seguridad Social del orden del 36.000 millones
de pesetas. Por tanto, señoras y señores diputados, es para nosotros de
suma importancia contemplar este problema no aisladamente, sino dentro
del rosario de actuaciones del Grupo Parlamentario Popular, del Gobierno
popular, en el que, grano a grano, tratan de ir eliminando partes
sustanciales del Estado de bienestar de nuestro país. Cada una de estas
medidas --la que veíamos la anterior semana, la que vemos ahora, la que
veremos la próxima semana-- no son más que pequeñas agresiones pero que,
en su conjunto, forman el decidido propósito de que en cada ocasión que
hay un debate sobre la interpretación del ordenamiento jurídico siempre
toman la más restrictiva para el conjunto de los beneficiarios. Hoy se
trata nada más y nada menos que de los pensionistas más humildes del
país, de los que cobran el complemento de mínimos,
que, en virtud de una modificación de la legislación que estaba vigente
cuando llegó el Partido Popular al Gobierno, en estos momentos están
obligados a devolver cantidades indebidamente percibidas en todos los
supuestos, incluido en aquellos casos en los que ha habido error de la
propia Administración, y con una retroactividad de cinco años, superior
incluso a la que en este momento rige para los grandes defraudadores de
Hacienda.
Ha roto el Partido Popular una tradición que era la interpretación del
artículo 45 de la Ley General de la Seguridad Social, donde estas medidas
tan extraordinarias se reservaban exclusivamente a los defraudadores. Y
el señor vicepresidente del Gobierno nos ilustró en la Cámara de que no
tiene nada que ver la campaña que hace el Gobierno, de que se trata de
80.000 ó 90.000 defraudadores al sistema, de grandes rentistas, sino que
él mismo, por sus palabras, nos hablaba de una docena de grandes
rentistas y de menos del 3 por ciento de los actuales beneficiarios que
podíamos considerar dentro del estereotipo que se ha vendido en la
prensa. La inmensa mayoría son viudas, la inmensa mayoría son jubilados
que están con pensiones de 50.000 pesetas al mes, que apenas sí tienen
modesta renta de subsistecia que es la que se les incompatibiliza con el
complemento de mínimos. Ningún problema hay por parte de nuestro grupo en
que se aplique la legislación vigente en sus estrictos términos, pero hay
todos los problemas para aceptar la legislación del Partido Popular y
hacer con carácter retroactivo una demanda de satisfacción de las
prestaciones indebidas con estas características tan injustas, tan
crueles, tan inusitadas en el ordenamiento jurídico español.
Hoy los diputados de Nueva Izquierda nos traen una moción con tres
apartados con la que estamos totalmente de acuerdo, señor Peralta.
Nosotros queremos que se equiparen los plazos, como quieren ustedes;
nosotros queremos que se equiparen las causas respecto a otros deudores
del sistema público; nosotros queremos que a los expedientes que están
aún en trámite no se les aplique una legislación, como digo, tan cruel y
tan inusitada. Pero hemos presentado una enmienda, señor Peralta, porque
a ustedes se les ha olvidado, a pesar de que sus mociones tratan de
rectificar, como ustedes dicen, un tratamiento injusto
--creo que dicen-- y discriminatorio, un gran colectivo, los que ya
han sufrido el zarpazo de la derecha de este país en sus rentas mínimas;
esos que ya han sufrido, que ya están siendo objeto de devolución de
cantidades que a ustedes ya sé que les hace mucha gracia, pero que son
personas con 50.000 pesetas al mes a las que se les ha bajado la pensión
a 40.000 pesetas y, además, se les eliminan otras 10.000 pesetas para
devolver las cantidades de cinco años. Y hay personas, por tanto, en cuya
unidad familiar no van a entrar en los próximos cinco años más allá de
30.000 pesetas al mes. Por consiguiente, señor Peralta, lo que pretende
nuestra enmienda es que se revisen los expedientes que ya han sido objeto
de este tratamiento tan injusto, tan cruel.
Mucho nos tememos, señor Peralta, que, en aras de un posibilismo, ustedes
acepten la enmienda de Convergència i Unió y no la del Grupo
Parlamentario Socialista, cuando la causa común --y esta sí que es una
causa común-- debería llevarles a aceptar nuestra enmienda más que la de
Convergència i Unió. Nosotros no podemos votar la enmienda que usted
transacciona con Convergència i Unió. No vamos a votar en contra porque,
en todo caso, mejora algo la situación actual y se van a mejorar los
plazos de prescripción, pero no podemos aceptarla al no dar respuesta a
ese gran colectivo de agraviados por el cambio de la legislación vigente.
La enmienda de Convergència i Unió, en su apartado 4, acepta una revisión
de expedientes pero solamente en una causa: en el caso de que haya una
responsabilidad por parte de la Administración. Y no se prevé la solución
de la inmensa mayoría de los problemas. La inmensa mayoría de los
problemas están generados por un cambio de criterio, porque hasta este
momento se entendía en la Seguridad Social que la retroactividad de cinco
años, de cuatro después de su enmienda, solamente se producía cuando
había una manifiesta mala fe por parte del beneficiario. Pero cuando ha
habido error, cuando ha habido negligencia por parte de la
Administración, no podemos aceptar que no se revisen esos expedientes que
ya están siendo objeto de devolución.
Me permitirá, señor presidente, para terminar, decir que al menos hay
tres razones para que esta posición sea razonable. El cambio de criterio
se ha hecho en contra del espíritu del Pacto de Toledo. No ha sido
consultado ningún grupo de la Cámara para hacer una modificación del
artículo 45, pese a que tenían un acuerdo con nosotros de consensuar
cualquier modificación de la acción protectora. La segunda razón es que,
desde nuestro punto vista, si no se contempla la modificación del
artículo 45 con carácter retroactivo, va a romper la igualdad de unos
pensionistas con otros. A los que están en trámite se les va a evitar,
como digo, esa actitud injusta, cruel, del Partido Popular, pero los que
ya la han sufrido no tendrían ningún tipo de satisfacción. Por último,
señorías, en unas fechas en las que la Cámara conoce el anuncio de una
nueva reforma del Impuesto sobre la Renta que se acumulará a las que ya
hicieron el año pasado fiscalizando rentas del capital; en un momento en
el que el Partido Popular y el Gobierno del Partido Popular está
deteriorando las bases fiscales y la capacidad fiscal del Estado, hemos
dicho hasta la saciedad que eso tendrá consecuencias en el Estado de
bienestar, ya las está teniendo. Las ha tenido en el medicamentazo; las
ha tenido en el intento de excluir de los beneficios de la jubilación
anticipada a los cotizantes anteriores a 1967; las tiene hoy
en una cuantía de 35.000 pesetas. Este es el aperitivo de una destrucción
ladina, sistemática, taimada...
El señor PRESIDENTE: Señor Cercas, concluya, por favor.
El señor CERCAS ALONSO: Una destrucción, en definitiva, de elementos
fundamentales. Nosotros, por tanto, denunciaremos esa política del
Gobierno de la nación.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Muchas
gracias.
El señor Caballero, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la
palabra.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, en el debate de la semana pasada se insistió
por parte del proponente en la diferencia que existe entre el plazo de
prescripción de las deudas por percepción indebida de prestaciones
sociales y el plazo de prescripción de deudas por motivos fiscales. En
ese sentido, el primer punto de la moción presentada insta al Gobierno a
adoptar las medidas necesarias para equiparar dichos plazos de
prescripción, y en esa línea nuestro grupo está de acuerdo. Sin embargo,
mantenemos diferencias respecto al segundo y tercer punto de la moción,
porque no hay que olvidar que el problema origen de esta moción no es
creado por la ley, el problema tiene su origen en que en el momento
oportuno no se realizó el debido control, sino que se continuaron
realizando pagos indebidos. Si el control se hubiera realizado en su
momento, un reducido número de pensionistas no se vería obligado en estos
momentos a estas devoluciones. Por ello, nos parece más correcta la
enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), que en su primer punto recoge fundamentalmente el primer punto de
la moción, mientras que en los tres puntos siguientes propone reforzar el
sistema de información a los ciudadanos sobre sus derechos y obligaciones
en relación al sistema de prestaciones, perfeccionar el sistema y
mecanismos de reintegro cuando hayan existido prestaciones indebidas y,
finalmente, revisar los procesos de devolución de prestaciones indebidas
cuando pueda existir responsabilidades por parte de la Administración.
En resumen, por todo ello, no podemos apoyar esta moción tal como ha sido
presentada, así como tampoco, en su caso, las enmiendas presentadas por
Izquierda Unida y el Grupo Socialista, que además de los tres puntos de
la moción original añaden un cuarto. Votaríamos favorablemente la
enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) en caso de ser aceptada por el grupo proponente.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Caballero.
Señor Camps.
El señor CAMPS DEVESA: Gracias, señor presidente.
Señorías, una vez más en la tarde de hoy, tarde-noche ya, tenemos ocasión
de debatir de nuevo sobre nuestro sistema de protección pública, nuestro
sistema de Seguridad Social; incluso hoy es la segunda ocasión que
tenemos de hacerlo respecto a algunas de las cuestiones que afectan a
millones de pensionistas españoles, pero no nos equivoquemos, es el mismo
debate que venimos teniendo en esta Cámara prácticamente semana a semana,
mes a mes, porque es el debate y es la disyuntiva entre aquellos que
están por una gestión valiente y eficaz de nuestro sistema de Seguridad
Social que asegure su pervivencia de futuro y aquellos que están por una
utilización demagógica y electoral del mismo sistema al que hacía
referencia. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa
la Presidencia.)
Señorías, debemos manifestar claramente hoy, sin ningún tipo de
ambigüedad, si estamos de parte de la ley o si estamos de parte de
quienes infringen y vulneran la ley. Por eso, yo debo coincidir no sólo
en el tono sino con la mayor parte de las argumentaciones que ha expuesto
el proponente en este caso de la moción desde la tribuna, así como con
las que han hecho los representantes del Partido Nacionalista Vasco o del
Grupo de Convergència i Unió. No puedo decir lo mismo de los
representantes de Izquierda Unida o del Partido Socialista, porque,
señorías, la preocupación de todos debería ser garantizar un nivel digno
de rentas a nuestros pensionistas, pidiendo la solidaridad de todo el
conjunto de los mismos, y eso se hace justamente evitando el cobro
fraudulento de prestaciones económicas de Seguridad Social. No sé cómo
ustedes desde esos escaños alientan al incumplimiento de la ley a pesar
incluso de la existencia de principios generales del Derecho como que la
ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento.
Este Gobierno, el Gobierno del Partido Popular, apoyado por este partido
y por el grupo parlamentario que aquí lo representa, se ha limitado,
señorías, y ténganlo claro, a cumplir la ley; además, a cumplir una ley
cuya paternidad no es nuestra, no es de este grupo, no es de este
partido; a cumplir una ley cuya paternidad corresponde a un Gobierno
cuyos representantes hoy se sientan ya --aunque ya no son Gobierno-- en
esos bancos de la izquierda y cuyo grupo parlamentario, también de ese
partido, está representado mayoritariamente en esta Cámara en la
oposición. Esas leyes que hicieron ustedes en el año 1993 son las que
aplica este Gobierno, únicamente con una clarificación legal en orden a
poner en claro una laguna que ya había sido puesta en evidencia por
nuestro Tribunal Supremo. Pero señorías, esa
clarificación no es el problema. El problema es la aplicación o no
aplicación de aquella ley. El Partido Socialista Obrero Español dejó
huérfana la aplicación de esa norma. Nunca realizaron ustedes algo tan
sencillo como los controles en los años 1994 y 1995 de la percepción de
los complementos a mínimos, a su vez cruzándola con las declaraciones de
Hacienda y si tenían otras rentas por encima del nivel económico, que,
por cierto, también pusieron ustedes. Son ustedes también los padres en
este caso no de la criatura sino del montante económico incompatible con
la percepción de los complementos a mínimos. Y son ustedes los que
dejando huérfana la aplicación de la ley, y reitero, con algo tan
sencillo como era cruzar las declaraciones de Hacienda con las
declaraciones de nuestro sistema de Seguridad Social, en realidad,
incumpliendo esa ley, realizaron claramente un fraude.
Señorías, nosotros no podemos ser corresponsables de ese fraude que
ustedes realizaron de dejar huérfana la aplicación de sus propias leyes
(La señora López i Chamosa: ¡Estamos vivos, no muertos!), y como no
podemos ser corresponsables con ello, con la dejación de otros gobiernos
anteriores
--supongo que por motivos electoralistas y demagogos--, no tenemos
más que, evidentemente, aplicar aquella ley que supongo que a ustedes al
menos cuando la hicieron les pareció lo suficientemente buena como para
poder aprobarla. Señores del Partido Socialista, no sólo no realizaron
ustedes control alguno de las prestaciones a mínimos con los ingresos
como rentas por parte de quienes las percibían, sino que, además, ustedes
son los responsables del pago indebido de las prestaciones que se
realizaron durante esos años, porque ¿quién, si no, autorizó el pago de
más de 36.000 millones, a sabiendas de que era un pago indebido? Y no me
digan, señores del Partido Socialista, que esos 36.000 millones se
pagaron porque existía error o negligencia de la Administración, porque
la Administración tiene cara, la Administración tiene responsables y los
responsables de esa Administración se sientan hoy en su grupo
parlamentario. Si mantienen ustedes esa teoría, entonces vuelvan sus
caras y pidan a los que hoy se sientan en su grupo que sean ellos los
responsables de que la Administración de la Seguridad Social no ingresara
36.000 millones de pesetas, porque si el error o negligencia era de la
Administración, la negligencia, señores del Partido Socialista, fue suya
y de los que hoy se sientan en esos bancos de la izquierda.
(Aplausos.--Protestas.--La señora López i Chamosa: ¡Si todos pagaran la
Seguridad Social, no haría falta!) Y no nos digan...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): ¡Señora López, le
ruego que guarde silencio!
El señor CAMPS DEVESA: No nos diga, señor Cercas, que estamos hablando de
nuestros pensionistas más desfavorecidos, que estamos hablando de rentas
para las unidades familiares de menos de 40.000 pesetas, porque eso
simplemente tiene una palabra, que es hacer demagogia desde ese escaño,
en este caso no desde la tribuna. Y lo es, señor Cercas, porque los
únicos afectados por esta medida son aquellos pensionistas que perciben
el complemento a mínimos y tienen más de 820.00 pesetas de ingresos, ya
sea por rentas del capital o del trabajo, aparte de su pensión, y si
usted supiera de matemáticas, que yo creo que sabe, pero que no quiere
decirlo aquí, podría hacer unos cálculos muy sencillos. Se los voy a
hacer. La pensión mínima del sistema son 35.000 pesetas al mes, que,
multiplicadas por 14, son más de 500.000 pesetas al año. Si a ello
añadimos 820.000 pesetas, estaremos hablando de percepciones de renta
anuales de más de 1.300.000 pesetas, o sea, de más de 100.000 pesetas al
mes, que es el caso de los pensionistas a los que nos estamos refiriendo
(Protestas.), muy por encima, señor Cercas, de la pensión media
contributiva del sistema. Muy por encima, señor Cercas, de la pensión
media contributiva de jubilación, que son las más altas, que no llegan a
las 90.000 pesetas.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Camps, le
ruego que vaya concluyendo.
El señor CAMPS DEVESA: Voy concluyendo, señor presidente.
Muy por encima, señor Cercas, del salario mínimo interprofesional que
fijamos en esta Cámara y que está en 68.000 pesetas. Muy por encima,
señor Cercas, de las prestaciones medias que perciben los desempleados de
nuestro país. No nos hable, por tanto, de las capas más desprotegidas de
la sociedad, no haga demagogia, no mienta desde ese escaño (Fuertes
protestas.--Aplausos.) y reconozca que no estamos hablando de las
personas más necesitadas, pero si usted lo prefiere así, colóquese usted
del lado de estos defraudadores. Nosotros preferimos colocarnos del lado
de los jóvenes, del lado de los parados, del lado de los pensionistas
jubilados (Fuertes protestas.) y del lado de los pensionistas más
desfavorecidos. (Un señor diputado: ¡Muy bien!--Aplausos.)
Por último, señor presidente, acabo diciendo que este debate, si no
hubiera sido por la intervención del representante del Grupo
Parlamentario Socialista, hubiera podido servir para algo más, señorías,
hubiera podido servir para continuar en la senda del consenso del Pacto
de Toledo; hubiera podido servir para desterrar el electoralismo y la
demagogia de un debate de una materia tan sensible como es esta para
nuestros pensionistas; hubiera servido, señorías, en definitiva, para que
hubiéramos podido seguir en el consenso tan
necesario en esta materia --medios tenemos para ello--, y no caer en la
irresponsabilidad en la que algunos grupos caen. Allá ustedes con su
responsabilidad. Más de siete millones de pensionistas supongo que no se
lo agradecerán.
Muchas gracias, presidente. (Protestas.--Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Camps.
Señor Peralta, S. S. debe expresar la aceptación o no de las enmiendas
presentadas a su moción.
El señor PERALTA ORTEGA: Intervengo muy brevemente para manifestar
nuestra aceptación, en los términos que he indicado en mi exposición, de
la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.) El señor PRESIDENTE: Señora Narbona, ¿persiste S. S. en la
decisión de someter a votación separada los diez puntos de su moción,
dada la hora?
La señora NARBONA RUIZ: Persisto, presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Vamos a proceder a las votaciones correspondientes a las dos últimas
mociones, comenzando por la del Grupo Socialista, sobre política de
vivienda del Gobierno, que la portavoz, señora Narbona, solicita que se
someta a votación separada en sus diez puntos.
Sometemos a votación el primer punto de la moción del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 278; a
favor, 127; en contra, 149, abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Segundo punto de la moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 277; a
favor, 275; en contra, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Tercer punto de la moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 277; a
favor, 127; en contra, 150.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto cuarto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 277; a
favor, 127; en contra, 150.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto quinto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 277; a
favor, 126; en contra, 150; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto sexto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 277; a
favor 127; en contra, 150.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto séptimo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 277; a
favor, 127; en contra, 150.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto octavo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 276; a
favor, 124; en contra, 151; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto noveno.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 277; a
favor, 126; en contra, 150; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Finalmente, punto décimo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 276; a
favor, 115; en contra, 149; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votación de la moción del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las medidas de
política general que va a adoptar el Gobierno para evitar situaciones
injustas y discriminatorias en la reclamación de prestaciones sociales
indebidas, en los términos resultantes de la aceptación por el grupo
proponente de la enmienda del Grupo Catalán, como ha quedado explicitado
en el debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 276; a
favor, 149; en contra, cuatro; abstenciones, 123.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción.
Se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Buenas noches.
Eran las diez y veinte minutos de la noche.